PREGUNTA ESCRITA E-0614/00

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(3 de marzo de 2000)

Asunto: Régimen lingüístico para la información del consumidor

De la Comunicación de la Comisión sobre el régimen lingüístico para la información del consumidor en la Comunidad (10 de noviembre de 1993) se desprende que no existe obligación europea para el uso de las lenguas nacionales oficiales, salvo en el caso de los vinos, los medicamentos y el tabaco. Las etiquetas en los productos alimenticios y la información sobre los valores nutritivos de los alimentos se han de redactar en un idioma que sea de fácil comprensión para el comprador. También puede ocurrir que la cuestión del régimen lingüístico ni siquiera se plantee, como en el caso de la publicidad engañosa o los créditos al consumo, o que se deje en manos de los Estados miembros la elaboración de requisitos referentes al régimen lingüístico (seguridad de los juguetes, productos cosméticos).

La Comisión afirma igualmente que las disposiciones sobre el régimen lingüístico pueden considerarse como obstáculos a la libre circulación. Este punto de vista no es conforme con otro extremo de la Comunicación de la Comisión, a saber, que la información de difícil lectura y comprensión puede tener unas consecuencias muy negativas para la seguridad y la salud del consumidor. Además, con ello se menoscaba el derecho de todo consumidor a la información y a unas instrucciones de uso redactadas como mínimo en las lenguas oficiales nacionales del Estado miembro en cuestión.

1. ¿Se limita la obligación europea del uso de las lenguas oficiales nacionales a los vinos, a los medicamentos y al tabaco, tal como se establece en la Comunicación de la Comisión de 10 de noviembre de 1993? En caso negativo, ¿qué otros productos han de ir acompañados de un folleto o instrucciones de uso en las lenguas oficiales nacionales?

2. ¿Está dispuesta la Comisión a elaborar una directiva general sobre el régimen lingüístico con el fin de imponer el uso de como mínimo los idiomas oficiales nacionales para la información del consumidor en los quince Estados miembros, dado que a) la información de difícil lectura y comprensión puede tener unas consecuencias muy negativas para la seguridad y la salud del consumidor y b) se menoscaba el derecho de todo consumidor a una información completa? En caso negativo, ¿qué argumentos aduce la Comisión para oponerse a una directiva general sobre el régimen lingüístico con vistas a una información plena del consumidor?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(15 de junio de 2000)

En la Comunicación sobre el régimen lingüístico para la información del consumidor en la Comunidad que menciona Su Señoría(1), la Comisión señala que las normas relativas a las lenguas derivan naturalmente de la competencia de los Estados miembros y principalmente de la aplicación del principio de subsidiariedad. En la misma Comunicación se destaca asimismo que sería conveniente examinar, caso por caso, si se respeta el equilibrio entre los distintos intereses lingüísticos enfrentados, a saber, la salvaguardia de la libre circulación frente a la protección de un requisito imperativo como es el caso de la protección de la salud, la protección de los consumidores o la lealtad de las transacciones comerciales.

En la medida en que no existe una legislación específica a escala europea, los Estados miembros están en principio facultados para aplicar sus propias normas y reglamentos sobre el uso de la lengua, a condición de que sean coherentes con las disposiciones del Tratado CE en especial por lo que respecta a la protección de los consumidores y a la libre circulación de mercancías y proporcionados con el objetivo de la legislación nacional.

Este enfoque es conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ha sostenido de manera constante recientemente en el asunto C-33/97(2) que los Estados miembros pueden adoptar medidas para que las etiquetas de los artículos importados se redacten en la lengua de la región en la que van a venderse los productos o en cualquier otra lengua fácil de entender para los consumidores de la región de que se trate. Estas medidas deben aplicarse indistintamente a los productos nacionales y a los importados, deben ser proporcionadas al objetivo de proteger a los consumidores y deben limitarse

a las indicaciones que sean obligatorias con arreglo a la legislación nacional. La garantía de una información adecuada a los consumidores debe prevalecer sobre el principio de la libre circulación de mercancías previsto en el artículo 28 (antiguo artículo 30) del Tratado CE.

La aplicación de los principios mencionados a las circunstancias de casos prácticos es una prerrogativa de las autoridades nacionales y de los tribunales de justicia, y únicamente puede hacerse caso por caso.

Por lo que respecta a las disposiciones específicas sobre el régimen lingüístico actualmente vigentes a escala europea además de las relativas a los vinos, los medicamentos y el tabaco las siguientes son especialmente pertinentes para la información del consumidor: la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final(3), en cuyo artículo 14 se establece que los Estados miembros prohibirán en su territorio el comercio de los productos alimenticios cuyas indicaciones no figuren en una lengua fácilmente inteligible para los compradores (esta disposición no impide que dichas indicaciones figuren en varias lenguas), y la Decisión 93/13/CEE de la Comisión, de 22 de diciembre de 1992, por la que se establecen los procedimientos de los controles veterinarios en los puestos de inspección fronterizos de la Comunidad al introducirse productos procedentes de terceros países(4), en la que se exige que todos los certificados para productos de origen animal procedentes de terceros países que se introduzcan en la Comunidad estén redactados, al menos, en la lengua o en una de las lenguas del puesto de inspección fronterizo donde los productos procedentes de países terceros son introducidos en la Comunidad, y en la lengua o en una de las lenguas del país destinatario del producto.

Su Señoría pregunta qué productos, aparte de los vinos, los medicamentos y el tabaco, deben obligatoriamente ir acompañados, con arreglo a la legislación comunitaria, de un folleto o de instrucciones de uso en las lenguas oficiales nacionales del Estado miembro de que se trate. La Comisión enviará directamente a Su Señoría la información necesaria, tan pronto como disponga de ella.

Por lo que respecta a la posibilidad de introducir una directiva general sobre el régimen lingüístico, la Comisión manifestó en su Comunicación(6) de 1993 que no consideraba adecuado prever nueva legislación comunitaria, e indicó en cambio una estrategia equilibrada, basada en cinco temas: el desarrollo no reglamentado de información multilingüe, la preservación de la libertad de los Estados miembros para exigir la utilización de la lengua del país de comercialización, la mejora de la coherencia del dispositivo legislativo comunitario, la mejora de la información en relación con las normas lingüísticas aplicables en los Estados miembros, y la asignación a los agentes económicos de responsabilidades en materia de información al consumidor.

En 1998 se llevó a cabo una nueva evaluación de la situación en materia de requisitos lingüísticos aplicados a la información de los consumidores, en el marco de la Resolución del Consejo sobre las instrucciones de uso de los bienes de consumo técnicos(5), en la que se tuvieron en cuenta las opiniones expresadas por los Estados miembros y por la Comisión. En este documento, el Consejo invitó a los Estados miembros y a los agentes económicos a perseguir el objetivo de brindar [mldr] información a los consumidores teniendo en cuenta una serie de indicaciones relativas a unas instrucciones de uso correctas para bienes de consumo técnicos, que incluyen, por lo que respecta a la lengua de los manuales, que los consumidores deberán poder acceder fácilmente a las instrucciones de uso al menos en su propio idioma oficial de la Comunidad de manera que el usuario pueda leerlas y comprenderlas con facilidad. En esta Resolución no se solicitaba la adopción de nueva legislación europea ni se proponían modificaciones de los instrumentos legales vigentes.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, la Comisión considera que el enfoque equilibrado propuesto en la Comunicación de 1993 apoyado sistemáticamente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sigue siendo válido, en especial por lo que respecta al reparto de responsabilidades entre la Comunidad y los Estados miembros, a la conveniencia de que se introduzcan requisitos lingüísticos, cuando sea necesario, en atención a las circunstancias particulares de cada caso, y a la improcedencia de introducir una legislación general europea para aportar una respuesta adecuada a los diversos intereses implicados en la cuestión del régimen lingüístico aplicado a la información del consumidor.

(1) Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo en relación con los requisitos lingüísticos relativos a los derechos de los consumidores en la Comunidad (COM(93) 456 final). En otra Comunicación (DO C 345/3 de 23.12.1993) se expone el planteamiento de la Comisión en el ámbito de los productos alimentarios, en especial por lo que respecta al requisito fundamental para la política europea de equilibrar las necesidades de consumidores y productores.

(2) Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de junio de 1999 en el asunto C-33/97 Colim NV.

(3) DO L 33 de 8.2.1979.

(4) DO L 9 de 15.1.1993.

(5) Resolución del Consejo de 17 de diciembre de 1998 sobre las instrucciones de uso de los bienes de consumo técnicos (DO C 411 de 31.12.1998).

(6) Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo en relación con los requisitos lingüísticos relativos a los derechos de los consumidores en la Comunidad (COM(93) 456 final). En otra Comunicación (DO C 345/3 de 23.12.1993) se expone el planteamiento de la Comisión en el ámbito de los productos alimentarios, en especial por lo que respecta al requisito fundamental para la política europea de equilibrar las necesidades de consumidores y productores.