PREGUNTA ESCRITA E-2365/00

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(13 de julio de 2000)

Asunto: Emisión de un permiso para ejercer la profesión de acompañante turístico en Grecia

Los acompañantes turísticos griegos afrontan sanciones administrativas y penales durante el ejercicio de sus funciones en numerosos Estados miembros de la Unión Europea, porque no se les ha concedido un permiso para ejercer la profesión por falta de criterios y de autoridad competente en Grecia.

No obstante, según la respuesta de la Comisión a la pregunta E-2775/99(1), las autoridades actualmente competentes en Grecia para expedir tales certificados son los prefectos, en virtud del Decreto Presidencial 33/1993, pero el Ministerio de Desarrollo griego y, en concreto, el Organismo Griego de Turismo, se viene negando insistentemente hasta la fecha a fijar los criterios que certifiquen la profesión de guía turístico y las condiciones de emisión de una tarjeta específica de identificación que atestigüe que su titular es acompañante turístico.

Dado que la falta de permiso crea dificultades a los acompañantes turísticos griegos para ejercer libremente su profesión en otros Estados miembros, ¿qué medidas se propone tomar la Comisión para que se dicten normas legislativas que regulen la profesión de guía turístico y funcione lo antes posible un mecanismo por el que se certifique ésta y se emita un permiso para ejercerla?

(1) DO C 225 E de 8.8.2000, p. 204.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(21 de septiembre de 2000)

En cuanto a las sanciones administrativas y penales impuestas a acompañantes turísticos griegos en varios Estados miembros conviene recordar que, si bien los Estados miembros que regulan la profesión de acompañante turístico tienen que autorizar el acceso a esta profesión a los profesionales que cumplen las condiciones de experiencia profesional impuestas por la Directiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de junio de 1999 por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos respecto de las actividades profesionales a que se refieren las Directivas de liberalización y de medidas transitorias, y se completa el sistema general de reconocimiento de los títulos(1) (que deroga y sustituye a la Directiva 75/368/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975(2)), dichos profesionales deben también satisfacer las demás exigencias y trámites previstos por la legislación del país de acogida, tales como la inscripción en un registro profesional o la obtención de una licencia profesional, en la medida en que, para las prestaciones de servicios, estas exigencias están justificadas en el Derecho comunitario. Así pues, la exigencia de una licencia profesional en el Estado miembro de acogida es independiente de la posesión o no de una licencia en el país de origen.

Para que los acompañantes turísticos griegos puedan beneficiarse de la Directiva es indispensable que las autoridades griegas, en este caso, los gobernadores civiles (), expidan los certificados exigidos sobre la naturaleza y duración de la actividad ejercida en el país de origen. Corresponde a estas autoridades determinar las condiciones de emisión de tales certificados. Esta cuestión depende de la organización interna de la administración griega, y la Comisión no podría obligar a las autoridades griegas a crear una licencia de acompañante turístico en su territorio. No obstante, estas mismas autoridades no podrían alegar tampoco dificultades de organización interna para justificar una posible negativa a expedir certificados a los acompañantes turísticos griegos que deseen ejercer la profesión en otro Estado miembro. Tal denegación privaría de efecto a la Directiva respecto a los nacionales griegos interesados y sería contraria al Derecho comunitario. La Comisión no ha tenido conocimiento hasta ahora de que se haya denegado la expedición de los certificados relativos a la naturaleza y duración de la actividad profesional ejercida en Grecia. Está dispuesta por supuesto a examinar los casos que Su Señoría desee presentarle, con el fin de aplicar los medios que le confiere el Tratado CE para poner término a tal situación.

(1) DO L 201 de 31.7.1999.

(2) DO L 167 de 30.6.1975.