PREGUNTA ESCRITA E-3640/02

de Juan Ojeda Sanz (PPE-DE), Manuel Pérez Álvarez (PPE-DE)y Roy Perry (PPE-DE) a la Comisión

(17 de diciembre de 2002)

Asunto: Revalorización de pensiones en Gibraltar

El 3 de julio de 2001 formulé una pregunta a la Comisión (P-1962/01(1)) sobre la situación de las pensiones de españoles ex trabajadores en Gibraltar que, según los datos aportados por la Asociación Linense de Pensionistas Ex trabajadores en Gibraltar (ALPEG), no se habían revalorizado ni experimentado ningún incremento desde 1990, constituyendo una discriminación por razón de residencia conforme a la normativa comunitaria. Recuerdo a la Comisión su respuesta a dicha pregunta, en la que me informaba de estar analizando dicha problemática a la luz del Derecho comunitario (respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión, de 4 de septiembre de 2001).

¿Tiene la Comisión nueva información detallada sobre el sistema de revalorización de las pensiones en Gibraltar tras haber solicitado dicha información a las autoridades británicas?

¿Que medidas adoptará o ha adoptado la Comisión?

(1) DO C 40 E de 14.2.2002, p. 150.

Respuesta comúna las preguntas escritas E-3544/02 y E-3640/02dada por el Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(21 de enero de 2003)

Las preguntas planteadas se refieren al problema de la no revalorización o no indexación de las pensiones de jubilación a cargo del Gobierno de Gibraltar. Sin duda Sus Señorías recordarán que éste ya había sido el asunto de preguntas escritas, a las cuales la Comisión respondió que se disponía a solicitar a las autoridades británicas información adicional a este respecto.

Para responder con precisión a sus preguntas es necesario centrar el caso en cuestión. Por ello, cabe recordar que el Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF), organismo creado por el Gobierno de Gibraltar para el pago de las pensiones de jubilación de los trabajadores en la colonia británica, quebró en 1993, y que, desde entonces, el Gobierno británico garantiza el pago de las pensiones, congelando sus cuantías. Dicha congelación se aplica a todos los trabajadores jubilados, independientemente de su nacionalidad, de conformidad con el Derecho comunitario.

Conviene recordar que el Derecho comunitario no establece en los Reglamentos (CEE) no 1408/71(1) y no 574/72(2) más que una coordinación de los distintos sistemas de seguridad social de los Estados miembros a fin de ofrecer una protección social a las personas que se desplazan en el interior de la Unión. En este espíritu, compete sólo a los Estados miembros determinar las condiciones de apertura y de concesión de las prestaciones asignadas, respetando el Derecho comunitario y, en especial, el principio de no discriminación.

Las preguntas planteadas por Sus Señorías se refieren además a la existencia de dos prestaciones asignadas por el Gobierno de Gibraltar, la Elderly Persons Allowance (EPA) y la Household Cost Allowance (HCA). Las preguntas planteadas apuntan más precisamente a la naturaleza jurídica de estas dos prestaciones. Se trata de determinar, en este caso, si la existencia y la asignación de estas dos prestaciones de tipo no contributivo pudieran ser un medio indirecto de indexación de las pensiones de jubilación, infringiendo el Derecho comunitario al imponer una condición de residencia para beneficiarse de las mismas.

De las informaciones obtenidas de las autoridades británicas, puede deducirse que ambas dependen de la asistencia social y que, en consecuencia, se hallan fuera del campo de la seguridad social y, por ende, de la normativa comunitaria.

De hecho, la EPA depende de una organización de beneficencia privada, Community Care Limited, que distribuye fondos del Gobierno de Gibraltar de acuerdo con las condiciones siguientes: beneficia a las personas de 65 o más años residentes en Gibraltar que hayan vivido en Gibraltar durante al menos diez de los últimos veinte años y que no hayan sido beneficiarias de una pensión de jubilación contributiva o de cualquier otra prestación de asistencia social que supere la cuantía de la EPA. Según las autoridades británicas, esta prestación tiende a desaparecer y, actualmente, sólo beneficia a un centenar de personas.

En cuanto a la HCA, se destina a ayudar a ciertas personas mayores a hacer frente a sus gastos domésticos, siempre con arreglo a unas condiciones de subvencionabilidad basadas en la residencia y en los ingresos. Su gestión depende también de Community Care Limited.

De lo anterior puede deducirse que las dos prestaciones señaladas dependen de la asistencia social, tanto por su naturaleza jurídica como por sus condiciones de subvencionabilidad. En este sentido, no se ha apreciado ninguna discriminación basada en la nacionalidad. Además, es necesario decir que la asistencia social no entra en el campo de aplicación de la normativa comunitaria, como se desprende claramente del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (CEE) no 1408/71.

Por lo que se refiere a las pensiones de jubilación contributivas, la Comisión no ha apreciado la existencia de ninguna discriminación basada en la nacionalidad de los trabajadores. De hecho, estas prestaciones están congeladas para todos los antiguos trabajadores de Gibraltar, tanto si son ciudadanos británicos como españoles.

(1) Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, DO L 149 de 5.7.1971.

(2) Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familiares que se desplacen dentro de la Comunidad, DO L 74 de 27.3.1972.