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PREGUNTA ESCRITA P-2976/01

de Winfried Menrad (PPE-DE) a la Comisión

(19 de octubre de 2001)

Asunto: Cámaras oficiales de trabajadores en Austria, Luxemburgo y en dos comunidades autónomas alemanas

En Austria, Luxemburgo y en dos comunidades autónomas alemanas (Sarre, Breme) existen así denominadas Cámaras de trabajadores.

La existencia de estos órganos viene a ser una consagración conforme a derecho público de los derechos de participación de los trabajadores en la gestión de las empresas:

- ¿Son estas Cámaras de trabajadores compatibles con el Derecho de la Unión?

- ¿Es compatible con el Derecho de la Unión la adscripción obligatoria de empresas a las respectivas cámaras industriales (Cámaras oficiales de Industria y Comercio, etc.)?

- ¿Reviste la adscripción obligatoria a las Cámaras de trabajadores una naturaleza distinta, desde el punto de vista del Derecho comunitario, de la adscripción a las Cámaras de comercio?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(14 de noviembre de 2000)

Ante la ausencia de disposiciones comunitarias al respecto, la obligación de afiliación a organizaciones profesionales impuesta a las empresas y a los trabajadores en algunos Estados miembros es una cuestión que compete exclusivamente a éstos.
PREGUNTA ESCRITA E-2268/01

de Gordon Adam (PSE) a la Comisión

(31 de julio de 2001)

Asunto: Fiebre aftosa Problemas de comercio con los países candidatos a la Unión Europea

¿Puede indicar la Comisión qué medidas está tomando contra los países candidatos a la adhesión que incumplen los Acuerdos, tanto en lo relativo a la fiebre aftosa como a cuestiones similares, como la EEB?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2266/01, E-2267/01, E-2268/01 y E-2269/01dada por el Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(27 de septiembre de 2001)

Las decisiones comunitarias que se toman en materia de salvaguardia en los ámbitos veterinario y fitosanitario forman parte integrante del acervo comunitario. Las negociaciones de adhesión se basan en el principio de la incorporación del acervo comunitario por parte de los países candidatos. Desde el momento de la adhesión, éstos están obligados por el acervo, incluido en materia de salvaguardia, por ejemplo por lo que se refiere a las disposiciones relativas a la fiebre aftosa o a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Todos los países candidatos han suscrito este principio. Además, la Comisión insiste a fin de que los países candidatos efectúen una integración progresiva del acervo comunitario en el período de preadhesión.

Durante el período de preadhesión, las relaciones entre la Comunidad y los países candidatos se rigen por los acuerdos de asociación. En este contexto, así como en el marco de diferentes foros internacionales, la Comisión ha planteado la cuestión de las medidas restrictivas, en algunos casos excesivas, aplicadas por los países candidatos. La Comisión hace todo lo posible a fin de que estas medidas no sean más estrictas que las medidas preventivas tomadas por la Comunidad. La Comisión confirma que las disposiciones que deben adoptar los países candidatos no deben constituir discriminaciones arbitrarias o restricciones encubiertas en los intercambios. A este respecto, los acuerdos de asociación constituyen un elemento fundamental de la estrategia de preadhesión. La Comisión tiene la intención de continuar en esta dirección. Además, con motivo de sus frecuentes contactos con las autoridades veterinarias de los países candidatos, la Comisión transmite regularmente información sobre la evolución más reciente de la situación en los Estados miembros y sobre las medidas aplicadas.
PREGUNTA ESCRITA E-3042/01

de Frank Vanhecke (NI) a la Comisión

(5 de noviembre de 2001)

Asunto: Uso de las lenguas en la presentación de proyectos europeos ante la Comisión

En los formularios de presentación de propuestas para obtener ayuda financiera en el marco del instrumento de financiación de la Comunidad Europea para el medio ambiente, LIFE-Environment, que se puede consultar en el sitio web http://europa.eu.int/comm/life/envir, se pide a los candidatos que la descripción técnica de su proyecto se facilite también o únicamente en inglés, dado que en la evaluación participan expertos externos.

Sin embargo, los ciudadanos de la UE son libres de utilizar su lengua materna para la presentación de dichas propuestas.

¿No opina la Comisión que la insistencia en que se utilice el inglés constituye una forma de discriminación de los numerosos ciudadanos que no dominan esta lengua?

¿Se propone la Comisión velar por que todas las solicitudes reciban un mismo tratamiento, con independencia de la lengua comunitaria en la que estén redactadas?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(6 de diciembre de 2001)

La Comisión no insiste en que la descripción técnica de las propuestas de proyectos Life-Medio ambiente deba presentarse también o únicamente en inglés. Se limita a recomendar que la parte técnica (y sólo esa parte) de las propuestas esté redactada también o sólo en inglés porque en el proceso de evaluación participan varios expertos de la Comisión y otros especialistas externos.

Los solicitantes tienen derecho a presentar su propuesta en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad. Por esa razón, el formulario completo de solicitud se publica en todas ellas. La Comisión garantiza que todas las solicitudes, independientemente de la lengua en que se hayan completado, reciben el mismo trato y que no hay ninguna discriminación durante la evaluación de cada expediente (porque, por ejemplo, en los grupos de expertos existe una amplia cobertura de lenguas comunitarias).
PREGUNTA ESCRITA E-2818/01

de Jean Lambert (Verts/ALE) a la Comisión

(10 de octubre de 2001)

Asunto: Préstamos para cursar estudios destinados a estudiantes británicos residentes en el extranjero

Últimamente, nos ha llamado la atención el hecho de que ciudadanos británicos residentes en el extranjero y que estudian en centros de enseñanza superior no reúnen actualmente los requisitos exigidos por el programa de préstamos para cursar estudios destinados a los estudiantes británicos que residen en el Reino Unido. Este hecho supondría que futuros estudiantes vean denegado su acceso a centros de enseñanza británicos debido a problemas financieros. Parece una anomalía que estudiantes británicos que no hayan residido en el Reino Unido durante algunos años no tengan acceso a los préstamos, lo que parece una discriminación innecesaria contra dichos estudiantes.

- ¿Considera la Comisión que este hecho constituye igualdad de trato para los estudiantes que se encuentran en esa situación?

- ¿Qué medidas va a adoptar la Comisión para asegurar la igualdad de trato para dichos estudiantes?

- ¿Ha encontrado la Comisión pruebas de discriminación contra ciudadanos de otros países comunitarios en lo que respecta a la financiación y a los centros de enseñanza superior británica?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(14 de noviembre de 2001)

De conformidad con lo previsto en el artículo 149 (antiguo artículo 126) del Tratado CE, cada Estado miembro es responsable del contenido y la organización de su sistema educativo. Sin embargo, en lo que se refiere a las condiciones de acceso a la educación, los Estados miembros deben respetar el principio de igualdad de trato.

En el estado actual de desarrollo del Derecho comunitario, la jurisprudencia del Tribunal establece que el principio de igualdad es aplicable a la ayuda que cada Estado miembro concede a sus nacionales para realizar estudios universitarios, sólo en la medida en que la ayuda esté destinada a cubrir gastos de inscripción o similares, en especial los gastos de matriculación exigidos para acceder a la educación.

El caso que menciona Su Señoría afecta a los ciudadanos británicos residentes en el extranjero que se desplazan al Reino Unido para estudiar en instituciones de enseñanza superior. Las condiciones de acceso a los préstamos para cursar estudios forman parte de la normativa interna del Reino Unido y no están cubiertas por el Derecho comunitario.

El mencionado sistema de préstamos británico para cursar estudios cubre los gastos de manutención (alojamiento, alimentación, ropa, etc.) y por lo tanto no está sujeto a la normativa comunitaria.

En la medida en que el sistema británico proporciona ayuda para cubrir los gastos de matriculación, aspecto que sí está regulado por el Tratado CE, las condiciones impuestas se ajustan al Derecho comunitario: el estudiante tiene que ser un nacional de un Estado miembro o hijo de un nacional, y haber residido en el Espacio Económico Europeo (EEE: los Estados miembros e Islandia, Liechtenstein y Noruega) los tres años anteriores al inicio del primer año académico de los estudios para los que solicita la ayuda económica.
PREGUNTA ESCRITA E-2801/01

de Gian Gobbo (NI) a la Comisión

(9 de octubre de 2001)

Asunto: Protección de los productos alimentarios típicos y estrategia de salvaguardia de la agricultura europea

Considerando:

- que la evolución de la denominada enfermedad de las vacas locas (EEB) ha conmovido profundamente la opinión pública y ha suscitado graves interrogantes sobre la aplicación exclusiva de la lógica industrial a la producción agrícola, y

- que el uso de organismos modificados genéticamente (OMG) en la producción agroalimentaria, además de suponer un posible riesgo para la salud del consumidor, parece favorecer a algunas grandes multinacionales extraeuropeas en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas europeas que operan en este sector,

- ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para salvaguardar el mundo agrícola europeo?

- ¿No considera útil proteger y fomentar, mediante un acción global, los tradicionales productos agroalimentarios de las diferentes regiones de Europa, que aseguran la autenticidad y son una expresión de la riqueza cultural de dichas regiones?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(26 de noviembre de 2001)

La protección y el fomento del modelo de agricultura europeo constituye una de las principales metas de la reforma de la política agrícola común aprobada en 1999 en el contexto de la Agenda 2000. Las características de este modelo europeo y, por consiguiente, de los objetivos de dicha reforma, son múltiples: un sector agrario competitivo; un nivel de vida justo para la comunidad agraria; métodos de producción seguros, capaces de suministrar productos de calidad y no agresivos para el medio ambiente; una agricultura diversificada, que mantenga la riqueza de tradiciones y paisajes y constituya una fuente de empleo en el medio rural. En resumen, se trata de un modelo de agricultura duradera y polivalente desde los puntos de vista social, económico y medioambiental. El fomento de semejante modelo no sólo constituye un objetivo estratégico en el contexto de la Agenda 2000 y ante la perspectiva de la ampliación, sino también en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio.

De hecho, entre los componentes de ese modelo figuran la calidad y la diversidad de la producción agrícola y alimentaria de la Unión. Debido precisamente a esa diversidad, la calidad de los alimentos no puede definirse de forma apropiada y completa a escala comunitaria. No obstante, la Comisión tiene sin duda un papel por desempeñar en la mejora de la información de los consumidores, motivo por el que ya ha presentado diversas iniciativas al respecto.

Concretamente, según lo indicado en la pregunta a la respuesta escrita P-2555/01 de la Sra. Sbarbati, a la que rogamos a Su Señoría se remita, la Comisión se propone aplicar una política global y coherente de información sobre productos agrícolas y promoción de los mismos y, con carácter subsidiario, de los productos alimentarios en el mercado interior y en terceros países.
PREGUNTA ESCRITA E-2657/01

de Graham Watson (ELDR) al Consejo

(3 de octubre de 2001)

Asunto: Acuerdo de asociación UE-Argelia

¿Qué medidas ha tomado el Consejo para garantizar el cumplimiento por las autoridades argelinas de los acuerdos con la UE en relación con el respeto de los derechos humanos?

Respuesta

(12 de febrero de 2002)

La UE está negociando un acuerdo euromediterráneo con Argelia que sustituirá al Acuerdo de cooperación de 1976. Las negociaciones se intensificaron a partir del año pasado y podrían concluirse en los próximos meses. Este acuerdo institucionalizará un diálogo político regular a distintos niveles sobre todos los temas que presenten interés común.

Según el proyecto de acuerdo, el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncia en la declaración universal de los derechos humanos, inspirará las políticas interiores e internacionales de las Partes y constituirá un elemento esencial del acuerdo. Por consiguiente, tan pronto como entre en vigor, el respeto de los derechos humanos se convertirá en un elemento esencial del acuerdo, cuya infracción grave obligará a la otra Parte a adoptar las medidas apropiadas.

Junto al acuerdo de asociación, que requerirá el dictamen conforme del Parlamento Europeo y que no entrará en vigor hasta después de su conclusión por el Consejo y su ratificación por los Parlamentos de los Estados miembros, el Consejo inició hace tres años un diálogo político a nivel ministerial con Argelia. En esta instancia la Unión Europea representada por la Troica ministerial aborda periódicamente con las autoridades argelinas las cuestiones relativas al respecto de los derechos humanos e insiste enérgicamente para que se eviten cualquier irregularidad o abuso en la lucha antiterrorista. La Unión Europea ha señalado en numerosas ocasiones su preocupación por los informes de detenciones arbitrarias, los encarcelamientos extrajudiciales, el recurso a la tortura y la suerte de las personas desaparecidas. En este contexto, la apertura del país a las ONG que se ocupan de los derechos humanos constituye un elemento muy positivo. Hay prevista una reunión de este tipo para mediados de noviembre en Bruselas, que brindará una nueva oportunidad para continuar el debate sobre estas cuestiones con las autoridades argelinas.

Para terminar, en el marco del Proceso de Barcelona, Argelia suscribió también una serie de principios entre los que se encuentra el respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho. En la cuarta conferencia euromediterránea de Marsella de los días 15 y 16 de noviembre de 2000, las conclusiones de la Presidencia hicieron un llamamiento más específico a que se profundizara en el diálogo sobre los temas siguientes: el proceso de consolidación del Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos. Éste diálogo se ha entablado además a nivel de altos funcionarios en lo concerniente a la cuestión los derechos humanos.
PREGUNTA ESCRITA E-2888/01

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(22 de octubre de 2001)

Asunto: Proyecto de aeropuerto en Castellón (España)

La Diputación Provincial de Castellón está actualmente promoviendo un proyecto para la construcción de una instalación aeroportuaria en Castellón (Comunidad Valenciana). Dicho proyecto fue remitido en su día al Ministerio español de Fomento para su aprobación, sin que este Ministerio haya emitido respuesta alguna al respecto. Por su parte, AENA se ha posicionado ante las posibles instalaciones aeroportuarias calificándolas de innecesarias, pues considera que el aeropuerto de Valencia, a tan sólo 70 km. de Castellón, ya cubre todas las necesidades comerciales y de transporte de la población.

Actualmente, acaba de ser publicado el anuncio de expropiación de los terrenos donde supuestamente tendrá que ser ubicado (la Comisión puede consultarlo en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV 4070 con fecha de 23/8/2001).

Atendiendo a los hechos descritos y desde el punto de vista de las necesidades de la Unión Europea en materia aeroportuaria y de transporte aéreo, ¿qué opinión le merece a la Comisión el proyecto de instalación de un nuevo aeropuerto en la Comunidad Valenciana?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(27 de noviembre de 2001)

La construcción de un nuevo aeropuerto es una decisión que depende exclusivamente de las autoridades competentes españolas. La Comisión no tiene nada que decir en esta fase del proceso decisorio.
PREGUNTA ESCRITA E-3081/01

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(13 de noviembre de 2001)

Asunto: Entrada en funcionamiento de Eurodac

En la práctica, la creación de un sistema informático central de impresiones dactilares es, indudablemente, una cuestión compleja.

¿Sabe la Comisión cuándo va a entrar en funcionamiento Eurodac como registro central de impresiones dactilares?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(21 de diciembre de 2001)

La Comisión comparte la opinión de Su Señoría de que el desarrollo de la Unidad Central de Eurodac es realmente una cuestión compleja.

No obstante, el establecimiento de la Unidad Central está progresando a buen ritmo y según el calendario previsto.

La evolución dependerá de la aprobación de las normas de desarrollo por parte del Consejo de la Unión Europea, que todavía está pendiente. A condición de que las normas de desarrollo se aprueben antes de enero de 2002 y las pruebas de funcionamiento con los Estados miembros den los resultados previstos, la Unidad Central podría estar preparada para mediados de 2002.

Sin embargo, el artículo 27 del Reglamento Eurodac(1) estipula, entre otras cosas, que Eurodac sólo empezará a funcionar una vez que los Estados miembros hayan notificado a la Comisión que han tomado las medidas técnicas necesarias para transmitir los datos a la Unidad Central. Todos los Estados miembros a los que se aplica actualmente el Reglamento estiman que dicha notificación tendrá lugar antes de finalizar 2002. Así pues, a condición de que estas estimaciones sean correctas, Eurodac podría iniciar sus operaciones al final de 2002.

(1) Reglamento (CE) no 2725/2000 del Consejo, de 11 de diciembre de 2000, relativo a la creación del sistema Eurodac para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín, DO L 316 de 15.12.2000.
PREGUNTA ESCRITA P-2981/01 de Rosemarie Müller (PSE) a la Comisión. Declaración de productos alimenticios como vegetarianos al 100 %.



Diario Oficial n° 134 E de 06/06/2002 p. 0164 - 0164



PREGUNTA ESCRITA P-2981/01 de Rosemarie Müller (PSE) a la Comisión (19 de octubre de 2001) Asunto: Declaración de productos alimenticios como vegetarianos al 100 % Cuando un producto alimenticio etiquetado como vegetariano al 100 % contiene gelatinas de origen animal, ¿incumple la Directiva 2000/13/CE(1) del Parlamento Europeo y del Consejo? El artículo 2bis de dicha Directiva prohíbe indicaciones que induzcan al comprador a error acerca de las características del producto alimenticio, en particular, por cuanto se refiere a la naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia, y modo de fabricación o de obtención o a la atribución al producto de efectos o propiedades que no posee. (1) DO L 109 de 6.5.2000, p. 29. Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión (21 de noviembre de 2001) Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-2709/01 de la Sra. Breyer(1) (1) Ver página 83.
PREGUNTA ESCRITA E-2663/01

de Armando Cossutta (GUE/NGL) a la Comisión

(1 de octubre de 2001)

Asunto: Contratos públicos en Italia y la Mafia

El Ministro de Obras Públicas, Pietro Lunardi, declaró públicamente que, por lo que se refiere a la realización del programa de grandes obras públicas anunciado por el Gobierno Berlusconi, debe tenerse en cuenta que, en la situación italiana, debe convivirse con la Mafia.

Aparte de la gravedad política y de las consecuencias judiciales de esta declaración, que atañe únicamente al Estado italiano:

1. ¿puede indicar la Comisión si considera que, al convivir con la Mafia en materia de contratos públicos, el Gobierno italiano esta incumpliendo las normas comunitarias en la materia?

2. ¿qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para garantizar que los contratos de obras públicas en Italia están exentos de condicionamientos mafiosos y que, por lo tanto, cualquier empresa de la Unión pueda participar con la certeza de que la posible exclusión de su candidatura obedece únicamente a criterios objetivos y no a criterios mafiosos?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(12 de noviembre de 2001)

La Comisión desea destacar la gran importancia que concede a la prevención de la participación de operadores vinculados a organizaciones criminales en procedimientos de otorgamiento de contratos públicos.

En este sentido, la Comisión recuerda que introdujo, en el apartado 1 del artículo 46 de su propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios y de obras, una obligación para excluir la participación en una licitación de cualquier licitador que haya sido condenado en sentencia firme por participación en una organización criminal, o por motivos de corrupción o de fraude a los intereses financieros de las Comunidades Europeas.

Esta propuesta obedece, fundamentalmente, a las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999, y corresponde a las prioridades políticas definidas en los planes de acción de lucha contra el crimen organizado adoptados por el Consejo en junio de 1997 y marzo de 2000 y en la Comunicación de la Comisión de 1997 sobre una política de la Unión en materia de lucha contra la corrupción(1).

Además, con objeto de dar eficacia a la disposición que figura en el apartado 1 del artículo 46 antes mencionado, la Comisión pretende proponer la adopción de una nueva Directiva para introducir un sistema de intercambio de informaciones entre Estados miembros y las Instituciones Europeas, con objeto de que los poderes adjudicatarios en los Estados miembros puedan procurarse las informaciones necesarias para comprobar que un operador económico no deba excluirse de la participación en un concurso público por motivos de condena o por una de las infracciones mencionadas en el apartado 1 del artículo 46 antes citado.

En este contexto, la Comisión observa que el Gobierno italiano siempre ha demostrado un pleno compromiso a favor de los objetivos antes señalados.

(1) COM(97) 192.