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PREGUNTA ESCRITA E-1421/96 de Joan Vallvé (ELDR) a la Comisión (6 de junio de 1996)

Asunto: La aplicación de los programas ACNAT y LIFE en la Comunidad Autónoma Valenciana

En 1992 la Generalitat Valenciana presentó a la Comisión Europea en el marco del Reglamento (CEE) no 3907/91 ((DO L 370 de 31.12.1991, p. 17. )) sobre las acciones comunitarias para la conservación de la naturaleza (ACNAT) un proyecto con el objeto de adquirir alrededor de 1300 hectáreas para la restauración del antiguo marjal de «Oliva-Pego» y la creación de un espacio natural protegido.

La Comunidad Autónoma Valenciana ha recibido importantes ayudas en base al programa LIFE. En 1994 las Cortes Valencianas (órgano legislativo autonómico) aprobaron la declaración de Parque Natural.

La consejera de Medio Ambiente del Gobierno de la Comunidad Valenciana declaró en su comparecencia ante las Cortes Valencianas el día 7 de mayo de 1996 que «los propietarios de los terrenos no saben lo que pueden hacer». El alcalde de Pego, municipio donde se sitúan parte de los terrenos, ha iniciado una actuación de transformación agrícola que puede dañar el ecosistema del parque, situación que ha sido denunciada por Seprona (Guardia Civil del Medio Ambiente).

¿Puede informar la Comisión qué actuaciones ha realizado el Gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana en línea al cumplimiento de las ayudas recibidas en base a las actuaciones previstas en los programas ACNAT y LIFE?

Respuesta de la Sra. Bjerregard en nombre de la Comisión (17 de julio de 1996)

Basándose en estudios científicos cofinanciados por la Comunidad, las autoridades españolas han clasificado los marjales de Pego-Oliva como zona de protección especial en aplicación de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres ((DO L 103 de 25.4.1979. )).

La Comisión ha tenido conocimiento recientemente de que el municipio de Pego ha llevado a cabo algunas obras, presumiblemente ilegales, con fines agrícolas, por ello ha pedido información al respecto a las autoridades españolas. Si la respuesta no fuese satisfactoria, la Comisión está dispuesta a suspender la financiación con cargo a LIFE y a iniciar las acciones judiciales pertinentes.
PREGUNTA ESCRITA E-1607/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (24 de junio de 1996)

Asunto: Apoyo y consulta al Foro europeo de personas minusválidas por parte de la Comisión

¿Podría la Comisión informar pormenorizadamente de las medidas que ha tomado para apoyar, asesorar y garantizar la consulta al nuevo Foro europeo independiente de personas minusválidas?

¿Cuántas reuniones se van a organizar entre el Foro y los representantes de los Estados miembros con relación a las tres reuniones anuales que se celebran en la actualidad y cómo van a ser estas reuniones?

¿Cómo piensa garantizar la Comisión que todas las Direcciones Generales consulten previamente al Foro sobre las propuestas legislativas pertinentes?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (17 de septiembre de 1996)

Tal como declaró en la Comunicación sobre la igualdad de oportunidades de las personas con minusvalía ((COM(96)406 final. )) recientemente aprobada, la Comisión se felicita de la reciente creación del nuevo Foro europeo de personas minusválidas que reúne a las organizaciones de minusválidos de todos los Estados miembros que representan a la gran mayoría de los intereses de las personas con minusvalías en la Comunidad. Sus estatutos han sido firmados por organizaciones no gubernamentales europeas (ONG) y los consejos nacionales que actualmente participan en Helios II. El nuevo Foro tendrá la oportunidad de trabajar en estrecho contacto con las instituciones europeas por iniciativa propia. Por su parte, la Comisión se compromete a cooperar activamente y reunirse de forma periódica con el Foro europeo de personas minusválidas con vistas a consolidar la cooperación iniciada con una serie de ONG en los últimos años.

Para facilitar el diálogo iniciado bajo los auspicios del programa Helios II, la Comisión propone organizar una reunión conjunta al menos una vez al año entre el Foro europeo de personas minusválidas y el grupo de alto nivel de los representantes de las personas con minusvalía de los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-1347/96 de Jean-Yves Le Gallou (NI) a la Comisión (3 de junio de 1996)

Asunto: Subvenciones comunitarias a asociaciones, ONG y otros organismos

En relación con la línea B7-211 (ayuda alimentaria de emergencia a los países en vías de desarrollo y a terceros países víctimas de catástrofes o de crisis graves), ¿puede comunicar la Comisión Europea la lista completa de las asociaciones, ONG u organismos que se beneficiaron de subvenciones comunitarias durante el último ejercicio presupuestario cerrado y el importe exacto de dichas subvenciones?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1346/96, E-1347/96 y E-1348/96 dada por el Sra. Bonino en nombre de la Comisión (15 de julio de 1996)

Habida cuenta del hecho de que las líneas mencionadas por Su Señoría se refieren a la ayuda humanitaria, es necesario recordar que la ayuda humanitaria es la que tiene por objeto ayudar a las víctimas de catástrofes naturales o de catástrofes causadas por el hombre en situaciones de guerras o de conflictos. Esta ayuda se dirige directamente a las víctimas, de manera imparcial y sin distinción de raza, religión o color político, generalmente a través de los socios «habituales» de la Comisión.

Unas 170 organizaciones internacionales y no gubernamentales, entre ellas algunas instituciones de las Naciones Unidas y la Cruz Roja, están asociadas a la Comisión por el contrato-marco de asociación, con el fin de poder aplicar en un marco adaptado proyectos humanitarios que son por su parte objeto de contratos de ejecución.

Se envía directamente a Su Señoría así como a la secretaría general del Parlamento un cuadro en el que figuran los importes asignados a las líneas presupuestarias B7-210, B7-211 y B7-217, a las distintas organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y distintos socios que efectuaron operaciones financiadas por la Comisión, así como la lista completa de las organizaciones que firmaron el contrato marco de asociación con la Comunidad en el sector humanitario.
PREGUNTA ESCRITA E-1649/96 de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión (24 de junio de 1996)

Asunto: Ayudas no autorizadas otorgadas por la empresa Hamburger Elektrizitäts Werke (HEW)

1. ¿Sabe la Comisión que la empresa HEW (cuyo principal accionista es la ciudad de Hamburgo) vende electricidad a empresas como Hamburger Stahlwerke (la acería de Hamburgo) y Vereinte Aluminiumwerke (fábrica de aluminio) a precios de dumping al aplicar tarifas para los grandes clientes?

2. ¿Se han notificado estas ayudas?

3. ¿Ve la Comisión alguna razón para adoptar medidas aduciendo una infracción de las disposiciones relativas a las ayudas que se recogen en los artículos 91 y 92 del Tratado CEE?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (17 de julio de 1996)

1. La Comisión no ha recibido notificación alguna sobre la concesión de ayudas estatales en favor de Vereinte Aluminiumwerke y Hamburger Stahlwerke GmbH en forma de tarifas anormalmente bajas en el suministro eléctrico efectuado por Hamburgische Electricitätswerke.

2. Tampoco tiene la Comisión ningún indicio de la existencia de ayudas estatales encubiertas consistentes en el cobro de precios especiales para el suministro eléctrico de estas dos empresas.

3. La Comisión hará indagaciones sobre las cuestiones planteadas por Su Señoría con el fin de investigar el asunto y, si procediera, tomará las medidas necesarias.
PREGUNTA ESCRITA E-1199/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (15 de mayo de 1996)

Asunto: La carretera de enlace de la bahía en Canvey (Essex)

¿No opina también la Comisión que el tráfico de camiones procedentes de los depósitos de petróleo de Oikos y de la planta industrial de Charfleets ocasionan tanto un deterioro ambiental como un riesgo de tráfico a los residentes de la isla de Canvey (Essex) de mi circunscripción electoral?

¿Va a considerar la Comisión la posibilidad de contribuir económicamente a la construcción de una carretera de enlace a través de las proyectadas instalaciones navales de West Canvey?

¿De qué programas concretos de financiación comunitaria se dispondría para un propósito semejante?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (18 de julio de 1996)

La responsabilidad legal de evaluar y reducir los daños para el medio ambiente corresponde a los Estados miembros. El impacto medioambiental derivado del uso de infraestructuras existentes está fuera del alcance de la actual legislación comunitaria y, por lo tanto, la Comisión no puede opinar sobre esta cuestión.

El enlace propuesto no parece formar parte de la red de carreteras identificada en las directrices propuestas de redes transeuropeas y, en cualquier caso, la solicitud de ayuda comunitaria necesitaría el apoyo del gobierno del Reino Unido, como se especifica en el artículo 129 del Tratado CE.

Actualmente la isla de Canvey, como ya sabrá Su Señoría, no es una zona con derecho a ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y, por consiguiente, el tipo de proyecto citado en la pregunta no sería financiado por el FEDER de acuerdo con los programas actuales del Reino Unido.
PREGUNTA ESCRITA E-1461/96 de Antonio Tajani (UPE) a la Comisión (12 de junio de 1996)

Asunto: Tallas mínimas que se pueden pescar

La Comisión ha difundido una propuesta de reglamento que introduce normas transitorias sobre la talla mínima de los peces que se pueden pescar (apartado IV del Reglamento 1626/94 ((DO L 171 de 6.7.1994, p. 1.))), limitadas a las especies merluza y salmonete, y únicamente para el Adriático.

Esta propuesta no parece resolutoria en cuanto:

- está elaborada sin tener en cuenta la curva de crecimiento de las especies en cuestión,

- se limita a dos de las seis especies que han creado dificultades a los pescadores por haberse capturado grandes cantidades de medidas inferiores a las autorizadas,

- sólo está prevista para el Adriático, mientras que los datos científicos que posee la Comisión demuestran que el problema es el mismo en todo el Mediterráneo y también en los otros mares italianos,

- está elaborada sin prever, en el período de régimen transitorio, las investigaciones científicas específicas para la adquisición ulterior de los datos necesarios para verificar la viabilidad efectiva de las tallas mínimas en relación con el Reglamento 1626/94.

Ruego a la Comisión que comunique:

1) Los supuestos sobre cuya base se ha elaborado la propuesta de modificación del Reglamento 1626/94,

2) Los motivos por los cuales no se ha considerado la hipótesis de suspensión del artículo IV del Reglamento 1626/94 para Italia.

3) Qué piensa a hacer para dar respuestas concretas a los pescadores italianos.

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (1 de julio de 1996)

El Reglamento (CE) no 1626/94 del Consejo establece una determinada talla mínima de los peces desembarcados, en particular de la merluza y el salmonete, cuyo objetivo es evitar la explotación de los peces pequeños, permitiéndoles de esta manera desarrollar la mayor parte de su crecimiento potencial, de forma que la actividad pesquera pueda obtener un mayor rendimiento en el marco de una actividad de pesca responsable.

Sin embargo, a la vista de las dificultades que determinados pescadores italianos del Mar Adriático están teniendo para adaptar sus prácticas de pesca a la nueva situación, la Comisión ha propuesto, recientemente, una serie de medidas transitorias que permitan su progresiva integración en el régimen general para el Mar Mediterráneo.

Esto responde al compromiso entre las necesidades inmediatas de determinados pescadores italianos y la obligación de la Comunidad de racionalizar la explotación de los recursos marinos sobre una base sostenible a largo plazo. La suspensión de las disposiciones del Anexo IV del Reglamento (CE) no 1626/94 pondría en peligro los recursos marinos afectados y, consecuentemente, la continuidad de las actividades pesqueras.
PREGUNTA ESCRITA E-1291/96 de Elena Marinucci (PSE) a la Comisión (31 de mayo de 1996)

Asunto: Diferencia entre las ayudas a los alcoholes destilados de orujo y las ayudas a los alcoholes destilados de lías de vino

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento no 2046/89 ((DO L 202 de 14.7.1989, p. 14. )) los Estados miembros podrán decidir la aplicación de los precios diferenciales cuando la aplicación del precio global origine o entrañe el riesgo de originar en determinadas regiones de la Comunidad la imposibilidad de que se destilen uno o varios de los subproductos de la vinificación.

Habida cuenta de que el coste del alcohol destilado de orujo es como media el triple del destilado de lías de vino, la ayuda global aplicada en Italia en todas las regiones puede suponer un perjuicio para los destiladores de orujo.

Esta situación ha provocado la crisis de varias empresas que destilan únicamente orujo, con graves consecuencias sociales y en el empleo y con el riesgo de que las lías de vino acaben en el mercado de la adulteración.

1. ¿Qué debe entenderse por «imposibilidad» o por «riesgo de imposibilidad» de la destilación de uno o más productos?

2. ¿Por qué dicha imposibilidad debería materializarse específicamente en algunas regiones?

3. ¿Cuál es el sistema aplicado (global o diferencial) en cada Estado miembro y en sus regiones?

4. ¿No considera conveniente la Comisión aportar una aclaración al problema, si procede, con una decisión o recomendación ad hoc que garantice una aplicación equitativa de las directivas en vigor?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (24 de junio de 1996)

La Comisión, en aplicación del artículo 18 del Reglamento (CEE) no 2046/89 del Consejo, fija para cada campaña de comercialización una ayuda global y una ayuda diferencial, en función de la materia prima destilada.

El Estado miembro, de conformidad con el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo, podrá decidir la aplicación del precio diferencial si el precio global incita al destilador de una determinada región, debido a la diferencia de costes de la destilación, a preferir un subproducto concreto de la vinificación, en lugar del tratamiento de todos los subproductos.

1-2. El «riesgo de imposibilidad» de hacer destilar determinados subproductos de la vinificación está en función del aprovechamiento económico de los productos resultantes de esa destilación. Si la demanda de esos productos es débil, es mayor el riesgo de no poder destilar determinados subproductos. El coste de la transferencia de los subproductos de la vinificación puede influir y delimitar el interés por el alcohol resultante de esa destilación.

3. Los Estados miembros productores aplican un sistema u otro de ayudas, en función de los criterios enumerados y de su propia estructura administrativa.

4. La Comisión estudia actualmente la posibilidad de proponer al Consejo un proyecto de Reglamento por el que se modifica el mencionado artículo 18, con el fin de tener en cuenta la exigencia económica de los agentes económicos del sector.
PREGUNTA ESCRITA E-1063/96 de Carlos Robles Piquer (PPE) a la Comisión (13 de mayo de 1996)

Asunto: Las catástrofes y la coherencia

Según una breve noticia probablemente filtrada por la Comisión (Boletín EUROPE, edición española, no 3673, 26.1.1996, p. 11), ésta pretendía tomar contacto con las autoridades del Parlamento Europeo para poner remedio a la contradicción de la que éste sería culpable al solicitar ayudas de urgencia en catástrofes naturales después de haber suprimido la correspondiente dotación presupuestaria.

¿Ha tenido lugar tal toma de contacto y, en tal caso, cuál ha sido su resultado?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (28 de junio de 1996)

En diciembre de 1995 el Parlamento aprobó en segunda lectura la asignación de la mención «p.m.», para 1996, a la línea presupuestaria B4-3400: «Ayudas a las poblaciones de la Comunidad víctimas de catástrofes». Por otra parte, desde el comienzo del año 1996, el Parlamento ha aprobado varias resoluciones en las que solicitaba a la Comisión que concediera ayudas de urgencia a favor de poblaciones de varios Estados miembros víctimas de inundaciones con carácter catastrófico.

En este contexto, se han producido efectivamente contactos entre la Comisión y el Parlamento con el fin de aclarar los deseos de este último en materia de ayudas de urgencia. La Comisión a propuesto entonces a la autoridad presupuestaria un incremento excepcional de un millón de ecus para la línea B4-3400, lo que permitirá afrontar un número muy reducido de casos caracterizados por su gravedad y amplitud excepcionales en el curso del año 1996. La Comisión espera ahora la aprobación de este giro por el Consejo y el Parlamento, la comisión de presupuestos del Parlamento habiendo por otra parte expresado su voluntad de reducir el importe de este giro a una cantidad de 300.000 ecus.
PREGUNTA ESCRITA P-2004/96 de Francesco Baldarelli (PSE) a la Comisión (12 de julio de 1996)

Asunto: Distorsión de la libre competencia en detrimento de las empresas públicas de las corporaciones locales en Italia

La Unión Europea ha reiterado en varias ocasiones el principio de que los organismos públicos económicos deben operar en el mercado con arreglo a las normas de la libre competencia; por otra parte, ha venido considerando contraria al Derecho comunitario cualquier norma nacional que tendiera a favorecer a las empresas públicas en relación con los operadores económicos.

En Italia, las empresas públicas de las corporaciones locales (empresas especiales, consorcios) que llevan a cabo servicios de transporte público están sujetas a las normas sobre la Tesorería única (Ley italiana no 720 de 29.10.1984 y Decreto Ministerial de 2 de julio de 1990).

Según dichas leyes italianas, las empresas públicas de las corporaciones locales están obligadas a depositar sus activos líquidos exclusivamente en las secciones provinciales de la Tesorería del Estado. En la práctica, las reservas de liquidez no pueden ser invertidas o depositadas en una institución bancaria para obtener intereses, dado que la obligación de depositarlas exclusivamente en la Tesorería del Estado tiene por finalidad ayudar a reducir las necesidades financieras del Estado.

No todos los operadores económicos están sujetos a dichas normas, sino solamente las empresas públicas de las corporaciones locales, con lo que quedan excluidas las sociedades comerciales privadas.

¿No cree la Comisión que estas normas nacionales italianas violan flagrantemente el principio de la libre competencia y perjudican a las empresas públicas de las corporaciones locales que realizan servicios de transporte público? ¿No considera la Comisión que -frente a la reducción de la capacidad competitiva debida a la ley italiana es necesario incoar un procedimiento formal de infracción?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (5 de agosto de 1996)

La Comisión estima que el tema no es de su competencia, dado que el transporte público local de pasajeros no da generalmente lugar a una competencia comunitaria o a intercambios entre los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-1139/96 de Iñigo Méndez de Vigo (PPE) al Consejo (8 de mayo de 1996)

Asunto: Financiación de las PYMES

La Comisión ha propuesto recientemente al Consejo la creación de un nuevo instrumento (ELISE) para la financiación de las garantías de préstamo en favor de las PYMES.

¿Tiene el Consejo la intención de aprobar la creación de este instrumento u otro análogo, teniendo en cuenta que las PYMES representan la principal fuente de empleos en la Unión y que se encuentran en situación de desventaja al considerar generalmente los bancos que comportan un riesgo más elevado y ofrecen menos garantías?

Respuesta (14 de octubre de 1996)

La propuesta de la Comisión de referencia acaba de transmitirse al consejo y será examinada lo antes posible por un Grupo a la espera del dictamen del Parlamento Europeo.
PREGUNTA ESCRITA E-2139/96 de Luciano Vecchi (PSE) a la Comisión (3 de agosto de 1996)

Asunto: Escuelas de especialización en medicina y cirugía en Italia (aplicación de la Directiva 82/76/CEE)

En Italia, la transposición de las directivas comunitarias relativas a la especialización en medicina y cirugía ha sido objeto de reservas y controversias, en particular en lo referente a la conformidad de los actos legislativos italianos con las Directivas comunitarias 75/362/CEE ((DO L 167 de 30.6.1975, p. 1. )), 75/363/CEE ((DO L 167 de 30.6.1975, p. 14. )) y 82/76/CEE ((DO L 43 de 15.2.1982, p. 21. )).

En particular, se observa que en las mencionadas directivas, los médicos que tienen la intención de especializarse se configuran como trabajadores que frecuentan cursos especiales de formación, mientras que según la legislación italiana se trata de «estudiantes», sujetos en cualquier caso a las obligaciones típicas de un contrato laboral, aunque no se beneficien de los correspondientes derechos.

¿Considera la Comisión que la legislación italiana se atiene a las normas comunitarias? En caso contrario, ¿estaría dispuesta a emprender iniciativas específicas al respecto?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (11 de septiembre de 1996)

Se ruega a Su Señoría se remita a la respuesta de la Comisión a las preguntas escritas E-2821/94 y E-3105/95 del Sr. Burtone ((DO C 139 de 5.6.1995. )) y la Sra. Gyldenkilde ((DO C 79 de 18.3.1996. )).
PREGUNTA ESCRITA E-1428/96 de Klaus Rehder (PSE) a la Comisión (6 de junio de 1996)

Asunto: Cuotas y precios de importación para la fruta de Hungría y de otros países de la Europa central y oriental

En su última visita a Hungría, el Comisario de Agricultura de la UE, Sr. Fischler, afirmó que en las exportaciones de frutas se mantendrían las relaciones comerciales tradicionales entre Hungría y la Unión Europea.

1. ¿Qué medidas ha decidido tomar la Unión Europea para que se pueda cumplir esta promesa antes de la cosecha de este año?

2. ¿Qué motivos existen para que desde hace algún tiempo también se fijen precios de referencia no sólo para fruta fresca, como antes, sino también para fruta destinada a una reelaboración?

3. ¿Qué precios de referencia se han fijado para ambos tipos de fruta y qué criterios se han seguido para fijar el precio para cada uno de los tipos de fruta?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (10 de julio de 1996)

Tras las negociaciones celebradas en el marco de la Ronda Uruguay, el régimen vigente de precios de referencia para la importación de determinadas frutas y hortalizas en la Comunidad ha quedado sustituido por el sistema de precios de entrada. El nivel de esos precios ha sido fijado matemáticamente sobre la base de los precios de referencia aplicados a los productos en cuestión durante el periodo 1986-1988. El nuevo régimen se aplica, al igual que el anterior, a las frutas y hortalizas a él sometidas, independientemente de su destino y de que se consuman en fresco o transformadas.

En el caso de dos productos, a saber, las guindas y los pepinos destinados a la transformación, la Comisión, el año pasado, consideró necesario fijar con carácter provisional precios de entrada reducidos válidos 'erga omnes', habida cuenta de sus características de mercado y de las necesidades de abastecimiento de la industria comunitaria. Al mismo tiempo, propuso al Consejo hacer permanentes estos precios de entrada reducidos. El Consejo adoptó esas propuestas ((Reglamento (CE) no 1191/96 del Consejo de 26.6.1996 y Reglamento (CE) no 1192/96 del Consejo de 25.6.1996, DO L 156 de 29.6.1996. )).

Las condiciones futuras del régimen de importación de los productos procedentes de los países de Europa central y oriental se están negociando actualmente con esos países, por lo que resulta aún prematuro emitir una opinión sobre los resultados de esa negociación.