PREGUNTA ESCRITA P-3113/00

de Gerhard Hager (NI) a la Comisión

(27 de septiembre de 2000)

Asunto: Reacciones previsibles a la reforma del texto que sucede a la reglamentación relativa a las Foreign Sales Corporations

El Congreso de los Estados Unidos modificará en breve la reglamentación de este país relativa a las Foreign Sales Corporations (sociedades extranjeras de venta). En virtud de esta reforma, no se gravarán los ingresos generados por las ventas efectuadas en el extranjero. Según ha declarado Stuart Eizenstat, Secretario de Estado del Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos de América, el órgano de solución de diferencias de la OMC ha señalado que los Estados miembros son completamente libres para decidir si gravan estos ingresos o no. El Comisario competente en la materia considera, además, que la nueva reglamentación es incompatible con las normas de la OMC.

En este contexto:

1. En caso de que entre realmente en vigor la nueva reglamentación de los Estados Unidos de América relativa a las exportaciones, ¿podría señalar la Comisión si tiene intención de adoptar medidas de protección comercial, de conformidad con el artículo 133 del Tratado CE, en el plazo de 30 días previsto en el procedimiento de la OMC?

2. En caso afirmativo, ¿cómo tiene intención la Comisión de defender los intereses de la UE?

3. ¿A qué medidas y empresas afectarían estas medidas?

4. ¿Qué otras medidas alternativas de protección del comercio de conformidad con el artículo 133 del Tratado CE podría adoptar la Comisión?

5. ¿Considera la Comisión que los distintos Estados miembros de la Unión Europea tienen competencias para decidir por sí solos con respecto al gravamen de los ingresos?

6. En caso negativo, ¿cómo justifica la Comisión su enfoque jurídico?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(7 de noviembre de 2000)

El grupo especial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los informes del órgano de apelación adoptados por el órgano de solución de diferencias de la OMC estiman que la legislación actual de las sociedades extranjeras de venta (FSC) proporciona a los exportadores americanos una subvención a la exportación prohibida por los acuerdos de la OMC.

En julio de 2000, la administración de EE.UU. presentaba al Congreso un proyecto de legislación para reemplazar las disposiciones sobre las FSC, pero este proyecto de legislación mantiene los principales elementos incompatibles con la legislación OMC, en especial las ayudas a la exportación. Efectivamente, la única manera de que las empresas americanas puedan beneficiarse de la subvención (la exención fiscal) según lo previsto en este nuevo proyecto de legislación sería exportando. Sin embargo, el Congreso no podía adoptar la legislación pertinente dentro del plazo del 1 de octubre de 2000 establecido por la OMC para retirar esta subvención prohibida. Se ha pedido por lo tanto que este plazo se amplíe un mes.

En este contexto del incumplimiento por los Estados Unidos de sus obligaciones internacionales, la Comunidad tiene que tomar varias medidas formales en defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, para no aumentar la tensión, la Comunidad y los Estados Unidos concluyeron el 29 de septiembre de 2000 un acuerdo sobre los próximos pasos en el procedimiento de solución de diferencias.

1. y 2. El acuerdo de la OMC sobre subvenciones y medidas compensatorias y la normativa de la OMC sobre las normas y procedimientos que rigen la solución de diferencias (DSU) declara que cuando un miembro de la OMC no modifica las medidas incompatibles con el acuerdo OMC o no aplica las medidas o las recomendaciones previstas para el caso concreto en el plazo previsto por la OMC, la

parte perjudicada (en este caso la Comunidad) puede solicitar una autorización a la OMC para aplicar las contramedidas pertinentes. Sin embargo, tal autorización es inapelable solamente si se concede en el plazo de 30 días después del plazo para el cumplimiento.

Por lo tanto, para proteger sus derechos conforme a los acuerdos de la OMC, la Comunidad está obligada, desde un punto de vista procesal, a pedir, en la primera fase del procedimiento, la autorización para aplicar contramedidas. Se concederá la autorización a menos que los Estados Unidos soliciten el arbitraje en relación con el importe de las contramedidas. En ese caso, la autorización para la aplicación de contramedidas se retrasa hasta la decisión del órgano de arbitraje.

3. El propósito de las contramedidas es inducir a la parte en desventaja a retirar la subvención a la exportación prohibida. No se ha concluido todavía la lista de exportaciones americanas a las que se les aplica derechos de aduana cada vez mayores.

4. No en esta fase.

5. y 6. En la Comunidad, los impuestos directos son principalmente competencia de los Estados miembros, que tienen que actuar sin embargo de conformidad con las obligaciones previstas en el Tratado (por ejemplo, el principio de no discriminación) y la legislación secundaria existente (por ejemplo, la Directiva sobre el pago de dividendos entre empresas). Sin embargo, la cuestión planteada por Su Señoría es diferente, pues se refiere al respeto por un miembro de la OMC de su obligación de no proporcionar una subvención a la exportación. Efectivamente, la medida en cuestión en el conflicto sobre las FSC es una subvención para promover exportaciones de EE.UU. prohibida por los acuerdos de la OMC. El hecho de que la subvención tome la forma de una exención de los impuestos sobre la renta o una subvención a empresas es irrelevante desde la perspectiva de la OMC.

El órgano de apelación ha confirmado que un miembro de la OMC puede elegir cualquier clase de sistema impositivo que desee siempre que, en ese caso, ese miembro aplique ese sistema de una manera coherente con sus obligaciones en el marco de la OMC. Cualquiera que sea la clase de sistema impositivo que elija un miembro, dicho miembro no habrá cumplido con las obligaciones que le impone la OMC si proporciona, a través de su sistema impositivo, subvenciones a la actividad exportadora incompatibles con los acuerdos cubiertos.