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PREGUNTA ESCRITA P-2472/00

de Juan Izquierdo Collado (PSE) a la Comisión

(12 de julio de 2000)

Asunto: Trazado del tren de alta velocidad Madrid-Levante

¿Conoce la Comisión Europea la propuesta del Ministro de Fomento español, Sr. Álvarez Cascos, sobre un trazado de la línea de ferrocarril de alta velocidad Madrid-Levante denominado A modificado?

¿Tiene constancia de la gravedad del impacto medioambiental que el trazado propuesto ocasionaría al atravesar zonas de especial protección para la avifauna y espacios de alto valor ecológico?

¿Asume la Comisión la posición del Parlamento Europeo que, en su Resolución relativa al informe anual sobre el Fondo de Cohesión de 1998 (A5-0140/2000) aprobado en junio de 2000, insta a la Comisión a que, entre distintas alternativas para un mismo proyecto, prime aquellas que generen un menor impacto medioambiental?

En estas condiciones, ¿podría contar con financiación comunitaria un proyecto que no contemple las recomendaciones del Parlamento?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(7 de septiembre de 2000)

En este momento la Comisión no conoce en detalle las distintas soluciones alternativas previstas por las autoridades españolas para el trazado del futuro tren de alta velocidad entre Madrid y Levante, que competen exclusivamente al Estado miembro. En cualquier caso, será preciso efectuar una declaración de efectos del trazado en el medio ambiente, de conformidad con la normativa comunitaria.

En caso de que se presente una solicitud de cofinanciación del proyecto por el Fondo de Cohesión, la Comisión comprobará atentamente el cumplimiento real de la normativa comunitaria de medio ambiente basándose en la documentación que se adjunte a la solicitud de ayuda.
PREGUNTA ESCRITA P-3324/00

de Bernd Lange (PSE) a la Comisión

(18 de octubre de 2000)

Asunto: Emisiones sonoras de los trenes de alta velocidad

Según ha podido saber el autor de la pregunta, las especificaciones sobre la emisión sonora de los trenes de alta velocidad concebidas como complemento de la Directiva 96/48/CE(1) sólo se establecerán en el marco de la adaptación técnica.

¿Es esto cierto? En caso afirmativo, ¿por qué opina la Comisión que puede prescindir en este caso de la participación del PE y del Consejo a través del procedimiento de codecisión?

(1) DO L 235 de 17.9.1996, p. 6.

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(28 de noviembre de 2000)

La Directiva del Consejo 96/48/CE, de 23 de julio de 1996, relativa a la interoperatividad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad(1) prevé los mecanismos para la elaboración y la adopción de especificaciones técnicas de interoperatividad (ETI). Éstas incluyen, entre otros elementos, las condiciones que deben respetar los parámetros fundamentales del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad. Uno de los parámetros fundamentales mencionados en el anexo II de la Directiva se refiere a las Características límite relacionadas con los ruidos exteriores. Las ETI fijarán en este marco legislativo el nivel de emisiones sonoras que debe respetar el material rodante sobre una infraestructura de referencia y, en caso necesario, las especificaciones que deberá respetar la infraestructura para que el nivel de emisiones sonoras globales sea aceptable. Las propuestas de ETI serán objeto de consultas con los Estados miembros dentro del Comité instituido por la Directiva 96/48/CE, según el apartado 1 de su artículo 6. De acuerdo con lo estipulado en el acuerdo interinstitucional sobre comitología, se informará al Parlamento de los trabajos de este Comité.

Por otra parte, no está previsto que las ETI fijen el nivel aceptable de percepción por los residentes, dado que éste depende en gran parte de las condiciones locales y es responsabilidad de los Estados miembros. No obstante, la Comisión propuso recientemente indicadores de ruido y métodos de evaluación del ruido percibido, aunque sin proponer valores límite para los indicadores de ruido definidos. Esta propuesta de Directiva(2) está sometida actualmente al proceso de codecisión del Parlamento y el Consejo. A más largo plazo, de adoptarse y aplicarse, la Directiva podría servir de base para establecer dichos valores límite.

(1) DO L 235 de 17.9.1996 y DO L 262 de 16.10.1996.

(2) COM(2000) 468 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3043/00

de José Gil-Robles Gil-Delgado (PPE-DE) a la Comisión

(28 de septiembre de 2000)

Asunto: Importación de aves exóticas

Un informe reciente redactado por el Eurogrupo para la protección de los animales y la Sociedad holandesa para la protección de los animales muestra claramente que la UE podría enfrentarse a un grave riesgo para la salud debido a la importación de aves exóticas y de mamíferos destinados al mercado de animales de compañía. Estas afirmaciones se basan en hechos proporcionados por los Jefes de los Servicios Veterinarios en diez de los Estados Miembros.

¿Reconoce la Comisión que existe el riesgo de un importante brote, por ejemplo, de la enfermedad de Newcastle y, por lo tanto, examinará urgentemente las sensatas recomendaciones incluidas en el informe?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3043/00 y E-3052/00 dada por el Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(31 de octubre de 2000)

La Comisión es perfectamente consciente del riesgo de introducción de enfermedades aviares que entraña la importación de aves exóticas, máxime cuando éstas pueden proceder de una gran variedad de países de todo el mundo.

Desde la realización del mercado interior, existen disposiciones legislativas armonizadas a escala comunitaria que regulan las importaciones de aves. Además, a fin de prevenir el riesgo de introducción de enfermedades aviares debido a la importación de aves exóticas, la Comisión acaba de proponer un proyecto de decisión(1) por la que se establecen las condiciones zoosanitarias y la certificación veterinaria aplicables a la importación de aves distintas de las aves de corral y las condiciones de cuarentena.

Todas las aves distintas de las aves de corral importadas con fines comerciales deberán permanecer en cuarentena al menos 30 días en una instalación o centro autorizado de un Estado miembro. Durante la cuarentena, se llevarán a cabo inspecciones clínicas y análisis de laboratorio para tratar de detectar la enfermedad de Newcastle y la influenza aviar. Las aves sólo podrán liberarse previa autorización oficial y a condición de que todos las pruebas hayan dado resultados negativos. Este periodo de observación permitirá asimismo detectar otras posibles enfermedades.

La Comisión es de la opinión de que la introducción de esta normativa armonizada puede servir para calmar la inquietud de que se hacía eco el informe titulado The veterinary control in the European Union of imported pet birds and mammals of Cites and non-Cites species, elaborado por el Eurogrupo para la protección de los animales.

La importación de aves que acompañan a sus dueños es regulada por las normativas nacionales. Por el momento, la Comisión no tiene la intención de introducir disposiciones armonizadas en este ámbito, ya que, según las informaciones procedentes de los Estados miembros, ningún brote de enfermedad aviar puede atribuirse a tales importaciones.

(1) SANCO/1295/2000, rev. 6.
PREGUNTA ESCRITA E-2366/00

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(13 de julio de 2000)

Asunto: Viabilidad económica del aeropuerto de Spata

Según publicaciones de la prensa griega, el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, que cofinancia la construcción del aeropuerto de Spata, en cartas dirigidas a directivos del Aeropuerto Internacional de Atenas, ha manifestado su inquietud por la viabilidad económica del proyecto.

1. ¿Conoce la Comisión el contenido de dichas cartas?

2. ¿En qué razones basa su inquietud el vicepresidente del Banco?

3. ¿Cuál es la opinión de la Comisión sobre el asunto?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(6 de octubre de 2000)

De acuerdo con la información facilitada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), en febrero de 1999 tuvo lugar un intercambio de correspondencia entre el Sr. Gennimatas, ex Vicepresidente del BEI, y el Dr. Jorg Schill, máximo responsable por entonces del aeropuerto internacional de Atenas. En dicha correspondencia se mencionaban asuntos rutinarios relacionados con la construcción y el funcionamiento del aeropuerto. En aquel momento, el aspecto clave que centraba la atención de la mayoría de los interesados era la construcción, dado que la planificación operativa y económica estaba aún en fase embrionaria.

El BEI considera que, desde entonces, como hubiera cabido esperar dada la buena marcha del proyecto, el énfasis se ha ido desplazando gradualmente hacia la gestión operativa y económica. En julio de 2000, un equipo de inspección BEI confirmó que, en conjunto, la ejecución del proyecto avanza de manera plenamente satisfactoria, y que el aeropuerto podrá estar en funcionamiento en los plazos previstos y con arreglo al presupuesto fijado.

La Comisión comparte la opinión según la cual la ejecución del proyecto de aeropuerto de Spata avanza de manera plenamente satisfactoria, y que aquél podrá estar en funcionamiento en los plazos previstos y con arreglo al presupuesto fijado.
PREGUNTA ESCRITA P-3325/00

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(18 de octubre de 2000)

Asunto: Bloqueo norteamericano a las exportaciones comunitarias de rabil y derivados

El Acuerdo del Plan Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD), del que la Comunidad es signataria, exige a sus partes la elaboración de un Reglamento de seguimiento estadístico del atún. La falta de aprobación por parte de la Comisión de este Reglamento ha motivado la actitud del Departamento de Comercio de Estados Unidos de decretar un bloqueo contra las exportaciones comunitarias de rabil y productos derivados. Ello afecta gravemente a determinadas empresas comunitarias.

¿En qué fase se encuentra el proceso de elaboración y aprobación del citado reglamento en la Comisión? ¿A qué se debe el retraso? ¿Es consciente la Comisión del perjuicio que este retraso supone a determinadas empresas comunitarias que no pueden exportar sus productos a Estados Unidos?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3205/00 y P-3325/00 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(10 de noviembre de 2000)

La Comisión, consciente de que la falta de legislación para la aplicación del sistema de seguimiento y verificación del atún (tuna tracking and verification system, TTVS) podía dar lugar a un embargo, y al objeto de evitarlo, abordó este extremo con Estados Unidos en las reuniones de alto nivel en materia de pesca celebradas entre la Comunidad y Estados Unidos (Washington, julio 2000). En esa ocasión, la Administración americana mostró la necesaria flexibilidad para dar más tiempo a que la Comunidad aprobara dicha legislación. Sin embargo, tras una sentencia dictada como consecuencia de la demanda presentada por una empresa americana de importación de atún, el Gobierno estadounidense se vio obligado a embargar a todos aquellos países que aún no han obtenido lo que se conoce como decisión favorable(affirmative finding).

Posteriormente, la Comisión y el Gobierno español han acordado que, con el fin de resolver esta situación, la Comisión preparará una propuesta de reglamento para la aplicación del TTVS, que podría aprobarse en el plazo de seis meses. Entre tanto, al objeto de que España pueda obtener la decisión favorable necesaria para levantar el embargo, la Administración española aplicará el TTVS provisionalmene a través de la legislación española.

La Comisión considera que estas iniciativas, que ya se han comunicado a las autoridades americanas, permitirán solucionar el problema.
PREGUNTA ESCRITA E-2660/00

de Michl Ebner (PPE-DE) al Consejo

(3 de agosto de 2000)

Asunto: Persecución de cristianos en las Islas Molucas

El Parlamento Europeo ha aprobado dos resoluciones sobre la situación, intolerable para la dignidad humana, reinante en las Islas Molucas (Indonesia) (la primera en enero, la segunda en julio de 2000), para denunciar la persecución, que se prolonga ya durante meses, de cristianos y la devastación de aldeas habitadas por poblaciones de religión cristiana.

¿Puede comunicar el Consejo qué medidas ha adoptado después de ambas resoluciones para mejorar realmente la situación?

Respuesta

(30 de noviembre de 2000)

El Consejo ya ha manifestado en varias ocasiones, en particular a través de los Jefes de las misiones de los países miembros de la UE representados en Yakarta, a las autoridades indonesias entre ellas el Presidente y Vicepresidente de la República su profunda preocupación por el conflicto entre comunidades en las Islas Molucas. Ha solicitado, entre otras cosas, el libre acceso a las organizaciones humanitarias. La Comunidad prevé una nueva contribución en materia de asistencia humanitaria a las poblaciones desplazadas, por un importe aproximado de 2 M.

Entre los días 12 y 19 de octubre de 2000 viajó a las Molucas una misión europea compuesta por representantes de las Embajadas de nueve Estados miembros y de la Comisión Europea en Yakarta. Esta misión, abierta a todos los Estados miembros de la Unión Europea presentes en Yakarta, permitió que se celebrasen reuniones con los principales protagonistas sobre el terreno, a saber, las administraciones y las fuerzas del orden, las comunidades religiosas, musulmana, protestante y católica, y las ONG internacionales e indonesias. Completaron estos distintos contactos sendas visitas a los campamentos de refugiados de Ambon y Ternate. Esta misión confirmó que la tensión y los abusos en las Molucas dañan el ejercicio de los derechos fundamentales para la población, lo cual es causa de preocupación para la Unión. Además, concluyó que el respaldo a los proyectos de ayuda humanitaria podría contribuir a una vuelta a la vida normal, especialmente si se incluye en un marco regular de diálogo con las partes afectadas.

El Consejo garantiza a Su Señoría que seguirá atento a cualquier evolución de la situación.
PREGUNTA ESCRITA E-3316/00

de Claude Turmes (Verts/ALE) y Alexander de Roo (Verts/ALE) a la Comisión

(25 de octubre de 2000)

Asunto: Malta: Central nuclear y visita de la Comisaria Wallström

Habida cuenta de las negociaciones de adhesión que se están celebrando con Malta, ¿cuál es la posición de la Comisión con respecto a los graves problemas ecológicos y para la salud que ocasiona la anticuada y obsoleta central nuclear de Marsa? ¿Es consciente la Comisión de este problema? ¿Piensa la Comisaria Wallström reunirse durante su visita a Malta a finales de este año con las ONG medioambientales, los municipios locales y el Partido Verde de Malta, que han hecho suyo este tema?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(12 de diciembre de 2000)

La Comisión ha recibido información de las autoridades de Malta sobre la central nuclear de Marsa y no parece haber ningún problema medioambiental específico vinculado a dicha central. La Comisión es consciente de que la central de Marsa fue construirá entre 1964 y 1987 y, por lo tanto, está incluida en las centrales existentes de acuerdo con la normativa comunitaria relativa a las grandes instalaciones de combustión. Por esta razón, no se le aplica el valor límite para las emisiones aunque dichas emisiones serán tomadas en cuenta en los límites máximos nacionales de emisión.

Por otro lado, las autoridades maltesas han comunicado a la Comisión que la responsabilidad conjunta del departamento de protección medioambiental y del departamento de salud pública es la de garantizar el cumplimiento de las normas de calidad del aire en Malta. Malta ha identificado zonas de aglomeración para la calidad del aire y tiene en marcha un plan de gestión para la calidad del aire ambiente, que cumple con los requisitos establecidos en la Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre la evaluación de la calidad del aire ambiente(1).

La Comisión sigue poniendo de relieve la importancia de acelerar la adopción y aplicación de todo el acervo en las reuniones con los representantes de Malta y se esforzará en poner de acuerdo a todas las partes interesadas para conseguir un entendimiento global de la situación en lo que se refiere al medio ambiente y la salud en la isla.

(1) DO L 296 de 21.11.1996.
PREGUNTA ESCRITA E-2169/00

de Ioannis Souladakis (PSE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Estabilidad en la ARYM

De acuerdo con informaciones de la prensa, últimamente se observan intentos de penetración de grupos de personas en la ARYM, con el fin de desestabilizar el país. Estos grupos proceden de Kosovo, se han formado a partir de tropas del UCK, están implicados en el tráfico de drogas, el contrabando, el

tráfico de armas, el tráfico de seres humanos, y, últimamente, pretenden adquirir un tinte político, mezclándose en las intrigas que rodean los esfuerzos de normalización de la situación en Kosovo. Por ello, es necesario y políticamente conveniente que se garantice la estabilidad, la paz y la seguridad de un Estado como la ARYM, que ha mostrado repetidamente su sentido de la responsabilidad durante la crisis de Kosovo, y, más en general, en la región. Además, hay que considerar que los órganos encargados de la administración en Kosovo son responsables de sus actos ante la Unión Europea.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para poner fin a los esfuerzos de desestabilización de la ARYM por parte de estos círculos?

¿Ha controlado la Comisión si se han desarrollado relaciones de colaboración entre estos grupos y la peculiar autoridad establecida en Kosovo?

Respuesta del Comisario Patten en nombre de la Comisión

(28 de julio de 2000)

La Comisión no es consciente de los incidentes específicos a los cuales Su Señoría hace referencia. Sin embargo debe señalar que el UCK/KLA fue desmilitarizado y se disolvió en septiembre de 1999, según lo pedido por la administración militar internacional de Kosovo.

Los órganos encargados de la administración en Kosovo a los que Su Señoría hace referencia son, por lo que se refiere a la administración civil internacional, la misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y, por lo que se refiere a la administración militar internacional, la KFOR. Estos entes fueron creados conforme a la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU y son, contrariamente a lo que afirma Su Señoría, responsables no ante la Unión sino ante las Naciones Unidas. Obviamente, las partes de la administración civil internacional que reciben fondos comunitarios son responsables ante las autoridades pertinentes de la Unión por lo que se refiere al uso de tales fondos.

En lo tocante a las relaciones de colaboración que Su Señoría alega existen entre los grupos a las cuales hace referencia y la peculiar autoridad establecida en Kosovo, a la Comisión le gustaría recordarle que la autoridad en Kosovo según ya hemos dicho está basada en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y no es de ninguna manera peculiar. La Comisión está igualmente segura de que Su Señoría no sugiere que esta administración civil internacional se dedique a actividades ilegales o poco claras.

La Comisión comparte la preocupación de Su Señoría por la importancia de la estabilidad, la paz y la seguridad de la Antigua República Yugoslava de Macedonia y está actualmente desarrollando negociaciones con ese Estado para la conclusión del primero de los nuevos acuerdos de estabilización y asociación.
PREGUNTA ESCRITA P-2475/00

de José Ribeiro e Castro (UEN) al Consejo

(11 de julio de 2000)

Asunto: Reconocimiento de la especialidad del deporte en los Tratados

En las Conclusiones de la reciente Cumbre de Santa Maria da Feira, la última que tuvo lugar bajo Presidencia portuguesa, se señalaba: El Consejo Europeo ha pedido a la Comisión y al Consejo que tomen nota de las características del deporte en Europa, así como de su función social, a la hora de gestionar las políticas comunes.

En una entrevista reciente(1), Jacques Delors hacía el siguiente comentario sobre el tema: [mldr] decidir sobre la libre circulación de los futbolistas por analogía con la libre circulación de trabajadores es una medida con graves consecuencias para el futuro del deporte desde el punto de vista educativo y popular. [mldr] Señalé a la atención de Jacques Chirac y de Lionel Jospin la necesidad de redactar un protocolo sobre la excepción deportiva en Europa al igual que existe una excepción cultural con objeto de moralizar el deporte, insistiendo en el aspecto educativo. [mldr] Sería normal, por otro lado, exigir a cada club profesional que disputa los campeonatos en los Estados miembros de la Unión Europea la utilización como mínimo de seis jugadores nacionales del país respectivo. [mldr] Es responsabilidad suya [de la Presidencia francesa] introducir en el futuro Tratado de Niza del próximo mes de diciembre el protocolo por el que lucho.

En la presentación de las líneas generales de la Presidencia Francesa ante el Parlamento Europeo (Estrasburgo, 4 de julio de 2000), el Presidente Jacques Chirac garantizó por su parte: Debemos velar por que la Unión Europea tenga más en cuenta la especialidad del deporte y su función social. Se trata de un verdadero problema que debe estudiarse y al que hay que aportar una solución. La Presidencia francesa procurará trabajar en ese sentido.

En la línea de la Presidencia portuguesa, manifestada de forma tan enfática por la Presidencia francesa ante el Parlamento Europeo, ¿qué medidas efectivas está desarrollando el Consejo en el sentido de la próxima aprobación de un Protocolo anejo a los Tratados en el que se reconozca debidamente la especialidad del deporte y en el que se dé una respuesta adecuada y equilibrada a los diferentes problemas que se han debatido intensa y ampliamente, teniendo en cuenta el valor social, popular y educativo del deporte, incluso cuando se refiere a su práctica profesional?

(1) Le Figaro de 4 de julio de 2000, primer cuadernillo, p. 13.

Respuesta

(16 de noviembre de 2000)

El Consejo, pese a ser consciente del debate sobre la cuestión de la posible inclusión de una referencia al reconocimiento de la especificidad del deporte en los Tratados, no puede prejuzgar los resultados de la Conferencia Intergubernamental en curso, que está estudiando la revisión de los Tratados. Cabe recordar por lo demás que toda modificación aportada a los Tratados es adoptada de común acuerdo por los Estados miembros.