ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/311

(2004/C 78 E/0313)

PREGUNTA ESCRITA P-3666/03

de Mario Mantovani (PPE-DE) a la Comisión

(2 de diciembre de 2003)

Asunto: Servicios sanitarios y libre circulación de los pacientes

En la sentencia sobre el asunto Müller-Fauré/Van Riet (C-385/99), el Tribunal de Justicia Europeo establece una clara distinción entre cuidados ambulatorios y asistencia hospitalaria. En el informe sobre el futuro de los servicios sanitarios (12/2002 — A5-0452/2002), del que el autor de la pregunta ha sido ponente, el Parlamento Europeo afirma que para lograr los objetivos de sostenibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios sanitarios es necesario, entre otras cosas, crear un mercado interior de los servicios y productos sanitarios que ofrezca garantías de elevada calidad, accesibilidad y sostenibilidad financiera para todos. Todo ello, teniendo en cuenta la rentabilidad y capacidad financiera de los regímenes de los Estados miembros y con la garantía de la libre circulación de los ciudadanos, así como del acceso a los servicios en todos los países de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad.

¿Cómo es posible que respecto de la asistencia hospitalaria el Tribunal no se haya pronunciado en el mismo sentido? En particular:

¿Puede decir la Comisión:

— cómo se concilia esta distinción con el estatuto de ciudadano europeo, cuyo derecho a la protección de la salud, a raíz de la mencionada sentencia y en función de una lógica puramente económica, se garantiza plenamente sólo en el caso de los tratamientos ambulatorios, pero no de los hospitalarios?

— ¿Cómo se concilia este «doble régimen» de libre elección de las prestaciones no hospitalarias y de autorización previa obligatoria para la asistencia hospitalaria con la garantía de un nivel elevado de protección de la salud, sancionada por los Tratados vigentes?

— ¿Cómo puede el ejercicio de la libre elección por parte de los ciudadanos europeos representar un riesgo para el equilibrio financiero de un régimen nacional que no reembolsa por las prestaciones recibidas en otro Estado miembro una tarifa superior a la aplicada en su propio régimen?

— Considerando que en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 (1) relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias los Estados miembros ya han previsto mecanismos de reembolso a posteriori de los cuidados dispensados en un Estado miembro distinto del competente, ¿cómo se justifican las dificultades técnicas planteadas respecto de las compensaciones entre Estados en el caso de la libre elección del lugar para los cuidados hospitalarios del resto de los ciudadanos europeos?

— ¿No representa la obligación de solicitar autorización previa para los cuidados hospitalarios un modo de impedir la libre elección de los pacientes en función de la calidad y de la accesibilidad para todos, lo que constituye una discriminación para los ciudadanos que no disponen de los medios financieros suficientes para evitar la autorización y conseguir cuidados rápidos y adecuados?

— Puesto que la realización concreta del mercado interior exige el pleno reconocimiento de las cuatro libertades fundamentales, ¿para cuándo la libre prestación de servicios para todos, tanto afiliados como operadores?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(15 de enero de 2004)

La Comisión ya tuvo ocasión de responder a la pregunta oral H-0763/03 sobre el mismo tema formulada por Su Señoría durante el turno de preguntas de la sesión de diciembre de 2003 (2). En el marco de la pregunta escrita que ahora nos ocupa, la Comisión está en condiciones de responder de manera más detallada.

Como indica Su Señoría, el Tribunal de Justicia se pronunció en la sentencia Müller-Fauré/Van Riet (3) sobre la cuestión de la autorización de reembolso de la asistencia médica dispensada en otro Estado miembro. Esta sentencia sigue a otras sentencias dictadas por el Tribunal sobre esta misma cuestión desde 1998 (4). Conviene indicar que el Tribunal se pronunció de nuevo a este respecto en el asunto Inizan (5). Por lo tanto, las preguntas formuladas a la Comisión deben considerarse a la luz del conjunto de esta jurisprudencia.

En dichas sentencias, el Tribunal reconoció el derecho de los pacientes a obtener un reembolso de los costes relativos a la asistencia médica recibida en otro Estado miembro. No obstante, el Tribunal sometió el ejercicio de este derecho a condiciones destinadas, en particular, a salvaguardar el equilibrio financiero de la seguridad social y garantizar un elevado nivel de protección de la salud. Estas consideraciones son la causa de la distinción establecida por el Tribunal entre cuidados ambulatorios y asistencia hospitalaria. No obstante, conviene destacar que si bien el Tribunal admitió el requisito de autorización en el caso de la asistencia hospitalaria, reconoció que esta exigencia ya no se justificaba cuando el paciente debía sufrir plazos de espera excesivos teniendo en cuenta su estado de salud. Por lo tanto, el Tribunal antepuso la protección de la salud del paciente a consideraciones de naturaleza puramente económica que, según jurisprudencia reiterada, no pueden justificar un obstáculo al principio fundamental de la libre prestación de servicios.

Por lo que se refiere a los cuidados ambulatorios, el Tribunal reconoció la libertad de elección de los pacientes indicando que el requisito de autorización previa para obtener un reembolso no era justificada y debía suprimirse. El Tribunal confirmó que, con el fin de no poner en peligro el equilibrio financiero de la seguridad social del Estado miembro de afiliación, el reembolso de los costes debe efectuarse dentro de los límites de la cobertura por enfermedad de la que se benefician los pacientes en su Estado miembro de afiliación. Así pues, el Estado miembro de afiliación sólo está obligado a reembolsar el coste de los cuidados dispensados en otro Estado miembro en la medida en que estos mismos cuidados estén cubiertos por su sistema de seguridad social cuando se prestan en su propio territorio. El reembolso de estos costes se efectúa con arreglo a las tarifas del Estado miembro de afiliación y las condiciones impuestas por los Estados miembros para dispensar cuidados ambulatorios en su territorio, como el requisito de la consulta previa a un médico generalista antes de consultar a un especialista, siguen siendo aplicables en el caso de la asistencia proporcionada en otro Estado miembro.

En cuanto a la asistencia hospitalaria, el Tribunal admitió que el requisito de autorización se justificaba por las necesidades de planificación de los Estados miembros. Se trata, en efecto, de que éstos puedan garantizar en su territorio una accesibilidad suficiente y permanente a una gama equilibrada de cuidados hospitalarios de calidad, así como de controlar los costes y evitar, en la medida de lo posible, todo derroche de recursos técnicos y humanos. Así pues, el mantenimiento del requisito de autorización en este caso sirve a los intereses de los pacientes que deberían poder beneficiarse en su propio Estado miembro de un tratamiento adecuado. El Tribunal indicó, además, que si tal no era el caso, por ejemplo en el supuesto de que existan listas de espera en el territorio nacional para beneficiarse de los cuidados requeridos por el estado de salud del paciente, no se justificaría una denegación de autorización de tratamiento en otro Estado miembro. El Tribunal destacó, en efecto, que la autorización para recibir un tratamiento en otro Estado miembro sólo puede denegarse cuando sea posible ofrecer al paciente, en tiempo oportuno, un tratamiento idéntico o con el mismo grado de eficacia en el territorio nacional. Señaló que «para apreciar si se puede conseguir en tiempo oportuno un tratamiento que presente el mismo grado de eficacia para el paciente en un establecimiento que haya celebrado un concierto con la caja de enfermedad a la que esté afiliado el asegurado, las autoridades nacionales tienen la obligación de tomar en consideración todas las circunstancias que caracterizan cada caso concreto, teniendo en cuenta debidamente no sólo la situación médica del paciente en el momento en que se solicita la autorización y, en su caso, el grado del dolor o la naturaleza de la minusvalía de este último, que podría, por ejemplo, hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de una actividad profesional, sino también sus antecedentes». Así pues, los ciudadanos tienen derecho al reembolso de los cuidados hospitalarios requeridos por su estado de salud cuando éstos se dispensen en otro Estado miembro. La posibilidad de desplazarse al extranjero para recibir asistencia ya no se reserva únicamente a los pacientes cuyos medios financieros les permiten sufragar estos gastos médicos sin intervención de la seguridad social

El Reglamento (CEE) no 1408/71 (6), destinado a apoyar y facilitar la libre prestación de servicios prevista en el artículo 49 del Tratado CE, otorga a los asegurados sociales el derecho a las prestaciones en especie servidas en el Estado miembro de estancia por cuenta de la institución competente, según las disposiciones de la legislación que ésta aplique, como si el asegurado estuviera afiliado en dicho Estado. A este respecto, el Derecho comunitario no menoscaba la competencia de los Estados miembros para organizar sus sistemas de seguridad social y, en ausencia de una armonización a escala comunitaria, corresponde a la legislación de cada Estado miembro determinar, por una parte, las condiciones del derecho o la obligación de afiliarse a un régimen de seguridad social y, por otra, las condiciones que abren el derecho a las prestaciones.

El artículo 22 del Reglamento (CEE) no 1408/71 prevé, en efecto, un mecanismo para el reembolso de los gastos relativos a tratamientos que los pacientes han sido autorizados a recibir en otro Estado miembro, en particular, en el caso de la asistencia hospitalaria. El artículo 36 del Reglamento organiza en la práctica las condiciones de reembolso entre las instituciones de seguridad social. Por lo que se refiere a los cuidados que una persona tiene intención de recibir en otro Estado miembro, el artículo 22 antes citado prevé los casos en los que los Estados miembros no pueden rechazar la autorización de reembolso de la asistencia recibida en el extranjero. Ofrece, en consecuencia, a los Estados miembros la libertad de determinar otras circunstancias en las que puede concederse una autorización en virtud de su legislación nacional. Los problemas a los que se refiere Su Señoría fueron planteados por los Estados miembros en relación con el reembolso de la asistencia hospitalaria obtenida directamente en otro Estado miembro en virtud de la libre prestación de servicios y no del Reglamento 1408/71. En efecto, éste prevé el requisito de una autorización previa para la asistencia hospitalaria, lo que el Tribunal considera justificado. Este instrumento contiene, pues, soluciones técnicas y administrativas para garantizar el reembolso de los gastos realizados por los pacientes en otro Estado miembro en condiciones seguras, siempre que los Estados miembros lo utilicen más ampliamente y de manera más transparente.

(1) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.

(2) Respuesta escrita de 17.12.2003.

(3) Sentencia V.G. Müller-Fauré contra Onderlinge Waarborgmaatschappij OZ Zorgverzekeringen UA y E.E.M. van Riet contra Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen. Asunto C-385/99 de 13.5.2003, Rec. 2003 p. I-04509.

(4) Sentencia Kohll, asunto C-155/96 de 28.4.1998, Rec. 1998 p. I-1931, Sentencia Decker, asunto C-120/95 de 28.4.1998, Rec. 1998 p. I-1831, Sentencia Smits y Peerbooms, asunto C-157/99 de 12.7.2001, Rec. 2001 p. I-05473, Sentencia Vanbraekel, asunto C-368/98 de 12.7.2001, Rec. 2001 p. I-05363.

(5) Sentencia Patricia Inizan/Caisse primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine, asunto C-56/01 de 23.10.2003 (no publicada todavía).

(6) Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, DO L 149 de 5.7.1971, versión actualizada por el Reglamento (CE) no 118/97, DO L 28 de 30.1.1997.