PREGUNTA ESCRITA E-3220/98

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) y Pedro Marset Campos (GUE/NGL) a la Comisión

(26 de octubre de 1998)

Asunto: Irregularidades en la adjudicación de obras en Cerceda, La Coruña (Galicia, España)

SOGAMA S.A. es una empresa pública gallega de gestión medioambiental creada por las autoridades autonómicas como medio de ejecución de sus funciones en este campo. Para el desarrollo de su actividad, esta empresa convocó una licitación entre varias empresas para la construcción de una planta termoeléctrica de tratamiento de residuos en el municipio de Cerceda (La Coruña) que contará con financiación comunitaria. El primer proceso de selección quedó desierto y, posteriormente, sin realizar anuncio alguno, en un momento que los sindicatos desconocen, se adjudicaron las obras a una empresa ubicada fuera de la comunidad autónoma. Importantes cargos públicos, incluidos el Defensor del Pueblo gallego, censuraron públicamente la adjudicación por entender que no se respetaron los principios administrativos llegando a acusar a las autoridades regionales de haber adoptada la forma de sociedad anónima para eludir el control de toda autoridad pública.

Los trabajadores del sector han establecido recursos ante la administración de Justicia española a través de sus representantes sindicales.

1. Dado que este proyecto de construcción cuenta con financiación comunitaria ¿puede la Comisión instar a las autoridades competentes la apertura de una investigación para estudiar las denuncias de los sindicatos españoles?

2. Considerando que Galicia se encuentra entre las regiones europeas con mayores índices de desempleo, ¿no estima la Comisión que los fondos europeos destinados al proyecto de construcción citado cumplirían mejor su objetivo si las empresas beneficiarias fuesen aquellas radicadas y con factorías abiertas en Galicia?

3. ¿Qué gestiones pueden emprender la Comisión con las autoridades españolas con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente y, en concreto: a) la Directiva 91/156/CEE(1) relativa a residuos, b) la Directiva 85/337/CEE(2) relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, c) la Directiva 90/313/CEE(3) relativa a la libertad de información en materia de medio ambiente.

4. ¿En qué medida considera la Comisión, como guardiana de los Tratados, que los trabajadores de las empresas gallegas han sido discriminados con la adjudicación de obras a otra empresa foránea?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(14 de enero de 1999)

1. La Comisión aprobó el 7 de mayo de 1998 la cofinanciación por el Fondo de Cohesión del proyecto sobre la gestión de residuos en Galicia. El proyecto incluye la construcción de la central termoeléctrica mencionada por Sus Señorías.

La Comisión no ha detectado irregularidades en la adjudicación del contrato público al que se refieren Sus Señorías, y resulta difícil juzgar este asunto basándose en los datos aportados. En consecuencia, la Comisión ruega a Sus Señorías que le suministren datos más precisos sobre el caso para poder iniciar diligencias fundadas ante el Gobierno español con el fin de comprobar si se ha cometido una infracción del Derecho comunitario relativo a los contratos públicos. En concreto, deberían aportarse detalles sobre la situación de Sogama S.A. (participación pública en el capital de la empresa, gestión y órganos de administración, dirección o control de la misma, objeto por el que se constituyó la sociedad), todo documento disponible relativo al procedimiento inicial que no obtuvo resultado (anuncio de licitación, concurso, pliego de condiciones, informe de evaluación), así como datos sobre las irregularidades que pudieron cometerse durante dicho procedimiento, toda la información relativa al procedimiento por el que se adjudicó finalmente el contrato y datos precisos sobre las posibles violaciones del Derecho comunitario sobre contratos públicos cometidas.

2. y 4. Las Directivas comunitarias relativas a la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos(4) contribuyen a la realización del mercado único mediante disposiciones que tienen como objetivo garantizar el respeto de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato. Es incompatible con estos principios y con el Tratado CE en sí mismo establecer cualquier tipo de preferencia, incluso regional, que pudiera favorecer a ciertos licitadores en relación con otros.

3. El cumplimiento a las Directivas 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(5), y 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE del Consejo, relativa a los residuos(6), así como de otras disposiciones sobre las emisiones a la atmósfera, es una condición previa a la toma de decisiones de financiación sobre proyectos de gestión de residuos con arreglo al Fondo de Cohesión. Por lo que respecta especialmente a la Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente(7), la Comisión no ha detectado que se haya producido violación alguna.

(1) DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.

(2) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(3) DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.

(4) Directivas 93/36/CEE, 93/37/CEE y 93/38/CEE de 14 de junio de 1993 (DO L 199 de 9.8.1993), así como la Directiva 92/50/CEE de 18 de junio de 1992 (DO L 209 de 24.7.1992).

(5) DO L 175 de 5.7.1985.

(6) DO L 78 de 26.3.1991.

(7) DO L 158 de 23.6.1990.