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PREGUNTA ESCRITA E-0416/98 de Freddy Blak (PSE) al Consejo (25 de febrero de 1998)

Asunto: Directiva SAFE

¿Piensa el Consejo hacer lo necesario para que la Directiva SAFE, que se encuentra en estudio desde hace tanto tiempo, se apruebe en el curso de la actual presidencia?

Respuesta (18 de mayo de 1998)

La Comisión presentó al Consejo en 1995 una propuesta de Decisión para la adopción de un Programa comunitario de acción a fin de mejorar el nivel de seguridad, higiene y salud en el centro de trabajo (Programa SAFE). Esta propuesta fue modificada en marzo de 1997 y los órganos del Consejo continuaron trabajando en ella durante todo ese año. Cabe observar que hasta ahora no se ha conseguido la unanimidad necesaria para la adopción de esta Decisión, cuya base jurídica la constituye el artículo 235 del TCE.

En ausencia de nuevos elementos, la Presidencia del Reino Unido no ha previsto en este semestre la inscripción de este expediente en el orden del día del Consejo (Trabajo y Asuntos Sociales).
PREGUNTA ESCRITA E-0686/98 de Amedeo Amadeo (NI) y Salvatore Tatarella (NI) al Consejo (16 de marzo de 1998)

Asunto: Imposición de los productos energéticos

En relación con la propuesta de Directiva del Consejo por la que se reestructura el marco comunitario de imposición de los productos energéticos (COM(97)30 final - 97/0111 (CNS)) ((DO C 139 de 6.5.1997, p. 14. )), se destaca que, a pesar de que se concede a los Estados miembros un cierto margen de maniobra para la definición técnica de los impuestos sobre los productos energéticos, no se deberían registrar distorsiones de la competencia en el mercado interior.

Lamentando que no se haya proporcionado ninguna indicación clara en torno a la neutralidad desde el punto de vista de la recaudación fiscal, se subraya que la experiencia ha demostrado desgraciadamente que los nuevos impuestos sobre la energía no se ven compensados en el régimen fiscal por una reducción de la carga impositiva.

¿Podría comprometerse el Consejo Europeo, al mismo tiempo que procede a la aprobación de la directiva, a aprovechar los posibles incrementos de recaudación fiscal para reducir las cargas fiscales que gravan la actividad laboral? Habida cuenta de que son principalmente las familias las que se resienten de un posible aumento de los límites impositivos mínimos, ¿no considera oportuno el Consejo adoptar medidas sociales de compensación en favor, sobre todo, de las categorías con los ingresos más reducidos?

Respuesta (28 de mayo de 1998)

El apartado 2 del artículo 1 de la propuesta que mencionan Sus Señorías establece lo siguiente:

«Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros tratarán de evitar un incremento de su presión fiscal global. Para alcanzar este objetivo, procurarán, en particular, reducir al mismo tiempo las exacciones obligatorias sobre la mano de obra.»

Dicha propuesta está siendo examinada en la actualidad por los órganos del Consejo. En este contexto, el Consejo recuerda que, según las conclusiones de Consejo Europeo extraordinario sobre el empleo celebrado en Luxemburgo en noviembre de 1997:

«Cada Estado miembro se fijará el objetivo, en la medida necesaria y en función de su nivel actual, de reducir progresivamente la carga fiscal total y, cuando proceda, el objetivo de reducir progresivamente la presión fiscal sobre el trabajo y los costes no salariales del trabajo (en particular el trabajo poco cualificado y poco retribuido), sin poner en entredicho el saneamiento de la hacienda pública ni el equilibrio financiero de los regímenes de seguridad social. Examinará, si ha lugar, la conveniencia de crear una tasa sobre la energía o sobre las emisiones contaminantes, o cualquier otra medida fiscal.»
PREGUNTA ESCRITA E-0346/98 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (17 de febrero de 1998)

Asunto: Marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas

En relación con la «Propuesta de directiva del Consejo por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas» (Doc. COM(97)49 final - 97/0067SYN) ((DO C 184 de 17.6.1997, p. 20. )), y en lo que se refiere a los artículos 13 y 21, ¿no podría ofrecer la directiva marco una metodología uniforme que deberá seguirse al definir las normas de calidad medioambiental necesarias en la lucha contra la contaminación de las aguas a todos los niveles (comunitario, nacional, etc.)?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0344/98, E-0345/98, E-0346/98, E-0347/98 y E-0348/98 dada por la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (18 de marzo de 1998)

El Parlamento ha previsto examinar la propuesta de directiva del Consejo por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas ((COM(97)47. COM(97)614. COM(98)76. )), presentada por la Comisión, en las reuniones de marzo y abril de 1998 de la comisión parlamentaria de medio ambiente. En dichas reuniones, la Comisión abordará las cuestiones planteadas por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-0522/98 de Shaun Spiers (PSE) a la Comisión (2 de marzo de 1998)

Asunto: Bienestar de los animales que van a sacrificarse

¿Cuándo piensa plantear la Comisión propuestas para mejorar de las condiciones de los animales que van a sacrificarse?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (16 de marzo de 1998)

En el artículo 13 de la Directiva 93/119/CE del Consejo, relativa a la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza ((DO L 340 de 31.12.1993. )), se establece que la Comisión debe presentar al Consejo un informe elaborado a partir de un dictamen del Comité científico veterinario acompañado de propuestas pertinentes en lo que se refiere a la utilización de pistolas de balas, gases o sus combinaciones para el aturdido o la matanza y cualquier otro procedimiento de aturdido o de matanza científicamente reconocido. La Comisión tiene la intención de presentar al Consejo dicho informe junto con las propuestas correspondientes en un futuro próximo.
PREGUNTA ESCRITA E-0448/98 de Gerardo Bianco (PPE), Michl Ebner (PPE) y Pierluigi Castagnetti (PPE) al Consejo (27 de febrero de 1998)

Asunto: Tragedia de Cavalese (TN)

El 3 de febrero de 1998, un avión militar estadounidense seccionó los cables del teleférico del Monte Cermis, en Cavalese (TN), lo que provocó la muerte de 20 personas de seis nacionalidades diferentes. El avión efectuaba un vuelo de adiestramiento a baja altitud, al parecer en infracción con las normas de seguridad previstas para estas operaciones militares.

¿Tiene la intención la Presidencia en ejercicio de intervenir ante los mandos de las fuerzas de aviación que operan en el territorio europeo para adoptar todas las medidas necesarias de modo que se respeten las normas de seguridad establecidas por los reglamentos de vuelo?

Respuesta (4 de junio de 1998)

Sin duda Sus Señorías no ignoran la gran importancia que el Consejo concede a las cuestiones relacionadas con la seguridad aérea.

Con el fin de mejorar las normas de seguridad, la Comunidad Europea se dispone ahora a solicitar el ingreso en Eurocontrol con objeto de establecer y aplicar un mecanismo para el desarrollo y la armonización multilaterales de la normativa de seguridad en la gestión del tráfico aéreo. Al mismo tiempo, la Comunidad Europea está estudiando la posibilidad de crear una Autoridad Europea para la Seguridad de la Aviación Civil.

En cuanto a las enseñanzas que cabe extraer del accidente concreto al que se refieren Sus Señorías, el Consejo no ha recibido propuesta alguna de la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-0125/98 de Petrus Cornelissen (PPE) a la Comisión (30 de enero de 1998)

Asunto: Investigación de incidentes en la aviación civil

1. ¿Puede facilitar la Comisión un balance de los incidentes graves en la aviación civil que han sido objeto de investigación en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea desde la entrada en vigor de la Directiva 94/56/CE ((DO L 319 de 12.12.1994, p. 14. )) de 21 de noviembre de 1994?

2. ¿Qué autoridades u organismos recibieron los informes de investigación y qué medidas de carácter general o para mejora de la seguridad se han derivado de los mismos?

3. ¿Cuándo piensa la Comisión presentar propuestas para la investigación de los distintos incidentes en la aviación civil, tal como prometió durante el examen en el Pleno de dicha directiva?

4. A la hora de preparar sus propuestas, ¿podría la Comisión tener en cuenta la voluntad del Parlamento Europeo, ya expresada con anterioridad, de hacer públicos no solamente los informes de los accidentes sino también los de los incidentes?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (23 de marzo de 1998)

Son varios los Estados miembros de la Unión (Bélgica, Austria, Luxemburgo e Italia) que todavía no han incorporado a la legislación nacional las disposiciones de la Directiva 94/56/CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil. La Comisión ha enviado los correspondientes dictámenes motivados a los Estados miembros que no dieron respuesta satisfactoria a las cartas de emplazamiento remitidas en mayo de 1997. Incluso en los casos en que sí se ha efectuado la transposición, subsisten los problemas prácticos a la hora de la investigación de incidentes graves, como consecuencia de los distintos procedimientos de investigación aplicados. Esta es la razón por la que la Comisión sólo ha recibido un número muy limitado de informes de investigación sobre incidentes graves, motivo por el cual no ha sido posible adoptar medidas adicionales.

El proyecto piloto de centro europeo de coordinación de los sistemas de investigación sobre incidentes en aviación (ECCAIRS) que desarrolla la Comisión parece ya lo suficientemente maduro para pasar a la fase operativa. Se organizará una presentación formal del sistema en marzo; por su parte, la propuesta de la Comisión, que tendrá en cuenta los comentarios recibidos a raíz de la presentación, está prevista en 1998.

La Directiva 94/56/CE del Consejo obliga a la publicación de los informes sobre accidentes y a la circulación más restringida de los informes sobre incidentes, habida cuenta del carácter muy diferente de ambos. La Comisión no tiene la intención de modificar estas exigencias en un futuro inmediato, si bien se propone examinar la cuestión global de la recopilación y difusión de datos relativos a la seguridad, como actividad previa a la posible elaboración de una propuesta sobre la publicación de la información relacionada con la seguridad. El legítimo interés de la opinión pública al respecto recibirá, en cualquier caso, la atención que merece.
PREGUNTA ESCRITA E-0427/98 de Esko Seppänen (GUE/NGL) a la Comisión (24 de febrero de 1998)

Asunto: Gastos en pensiones del personal al servicio de la Comunidad

Los gastos futuros en pensiones del personal al servicio de la Comunidad no están cubiertos por el presupuesto de la UE. Serán los países miembros quienes deberán correr con los gastos en cuestión en el futuro. ¿En cuánto estima la Comisión la cifra de gastos en pensiones sin cubrir y cómo se podrán tener mejor en cuenta en los futuros presupuestos?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (2 de abril de 1998)

La Comisión remite a Su Señoría el artículo 83 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. Este artículo establece, por una parte, que el pago de las prestaciones será garantizado colectivamente por los Estados miembros y que constituye una carga del presupuesto de las Comunidades y, por otra, que los funcionarios y otros agentes contribuirán con un tercio del coste del régimen de pensiones (la contribución se fija actualmente en el 8,25 % del sueldo base), constituyendo las sumas deducidas un ingreso del presupuesto.

Por lo que se refiere a la carga actuarial de las pensiones para el presupuesto comunitario, que representa una obligación financiera, el Tribunal de Cuentas solicitó a la Comisión que inscribiera en adelante esta carga en el balance de las Comunidades.

Esta práctica, que debe realizarse a partir del ejercicio de 1997 (al 31 de diciembre de 1997), es especialmente difícil y compleja dado que es la primera vez que se hace y requiere, por una parte, información de cada una de las instituciones y agencias que participan en el régimen comunitario de pensiones y, por otra, una competencia específica. Por ello, la Comisión ha pedido a una empresa especializada que cuantifique esta carga en el marco más amplio de un estudio actuarial que cubra también cuestiones relacionadas con la problemática del régimen de pensiones comunitario y su equilibrio a largo plazo. Dado que los resultados de este estudio no se conocerán hasta finales de septiembre de 1998, la Comisión se ha comprometido a inscribir para el balance financiero al 31 de diciembre de 1997 un cálculo indicativo del importe de esta deuda actuarial.

La información solicitada por Su Señoría se encuentra en la publicación de la cuenta de gestión y del balance financiero correspondientes a las operaciones del presupuesto del ejercicio 1997, actualmente en preparación.
PREGUNTA ESCRITA E-0516/98 de Paul Rübig (PPE) al Consejo (27 de febrero de 1998)

Asunto: Octavo Fondo Europeo de Desarrollo

En el marco del Convenio Lomé IV estaba previsto que a finales de 1997 comenzara el Octavo Fondo Europeo de Desarrollo. El objetivo es la cooperación financiera y técnica para superar desequilibrios estructurales de los países beneficiarios del Convenio de Lomé. Los puntos más importantes son la lucha contra la pobreza, la formación, la industrialización, así como el sector sanitario, la mejora de la competitividad y la agricultura. También Austria debía participar por primera vez en este programa.

Ahora bien, el Octavo Fondo Europeo de Desarrollo no pudo empezar en el momento previsto y se demora aún más dado que no todos los Estados miembros del Consejo Europeo han ratificado el plan.

¿Puede exponer el Consejo los motivos de esta demora?

¿Para cuándo cabe esperar, a juicio del Consejo, una ratificación definitiva?

Respuesta (18 de mayo de 1998)

En aplicación del apartado 1 del artículo 360 del Cuarto Convenio de Lomé, tal como quedó revisado por el Acuerdo de Mauricio, de 4 de noviembre de 1995, el Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que se hayan depositado los instrumentos de ratificación de los Estados miembros y de dos por lo menos de los Estados ACP, así como el acta de notificación de la celebración del Convenio por la Comunidad.

Esta condición la han cumplido tanto los Estados ACP como los quince Estados miembros. En su sesión del 27 de abril de 1998, el Consejo adoptó la decisión relativa a la celebración del Acuerdo por el que se modifica el cuarto Convenio de Lomé. Por consiguiente, el Convenio revisado entrará en vigor el 1 de junio de 1998.
PREGUNTA ESCRITA E-0244/98 de Karla Peijs (PPE) al Consejo (17 de febrero de 1998)

Asunto: Cierre de Centros Europeos de Información Comercial (European Business Information Centers)

1. ¿Puede motivar el Consejo su decisión de cerrar los Centros Europeos de Información Comercial (European Business Information Centers - EBICs) en el Sur y Sudeste asiáticos, a pesar del éxito de dichos centros?

2. ¿Es consciente el Consejo de las consecuencias que acarrea esta decisión para:

a) la participación de las PYME asiáticas en futuros europartenariados,

b) las economías asiáticas locales,

c) Asia-Invest, Asia Enterprise y Asia Partenariat,

u opina el Consejo que el cierre no influye en dichos ámbitos?

3. ¿Cómo piensa el Consejo compaginar la supresión de los EBICs con la defensa de los intereses comerciales comunes de la Unión Europea en Asia, decidida por los Estados miembros en Essen en diciembre de 1994?

Respuesta (28 de mayo de 1998)

La Comisión europea ha formulado varias propuestas para que sigan financiándose los tres Centros Europeos de Información Comercial (CEIC) que han funcionado durante cinco años en Bangkok, Kuala Lumpur y Bombay. Dichas propuestas están siendo examinadas en el Comité Asia/América Latina (integrado por los representantes de los Estados miembros bajo la presidencia de la Comisión) conforme a los procedimientos establecidos en el Reglamento no 443/92 del Consejo.

El Consejo no ha tenido por lo tanto que adoptar ninguna decisión sobre esta propuesta.
PREGUNTA ESCRITA E-0280/98 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (17 de febrero de 1998)

Asunto: Exclusión de los productores de manzanas de Kastoriá de la percepción de ayudas

Decenas de productores de manzanas de la provincia de Kastoriá (Grecia) -cuya producción, que ascendía a 700 toneladas, resultó totalmente destruida en abril de 1997 a causa de las heladas- han quedado excluidos del derecho a percibir una indemnización o ayuda, con el argumento de que su «renta familiar» supera el 50 % de su renta agraria, tal como se afirma en la correspondiente circular del Ministerio de Agricultura griego.

¿Puede indicar la Comisión Europea si dicha consideración es acorde con la legislación comunitaria en la materia y, en concreto, con el Reglamento (CE) no 950/97 ((DO L 142 de 2.6.1997, p. 1. )), de 20 de mayo de 1997, teniendo en cuenta que la no concesión de ayuda a los productores de manzanas de la región citada entraña su completa ruina económica?.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (11 de marzo de 1998)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-3890/97 del Sr. Alavanos ((DO C 196 de 22.6.1998, p. 31. )).
PREGUNTA ESCRITA E-0102/98 de Caroline Jackson (PPE) a la Comisión (30 de enero de 1998)

Asunto: Normas de ámbito comunitario para la protección del medio ambiente

¿Podría indicar la Comisión si proyecta proponer una directiva que establezca las normas relativas a la formación y actividad de los inspectores del medio ambiente en toda Europa, dado que, en la actualidad, los diversos estándares ponen en peligro la aplicación general de la legislación de la UE en materia medioambiental?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (23 de febrero de 1998)

La Comisión considera especialmente importantes las actividades de inspección y aplicación efectiva en los Estados miembros para garantizar que, en la práctica, se aplique adecuadamente la normativa comunitaria sobre medio ambiente.

En su Comunicación sobre aplicación del derecho comunitario de medio ambiente, de 22 de octubre de 1996 ((COM(96)500 final. )), la Comisión reconoció que la variedad de normas para la aplicación en los Estados miembros podía suponer un problema, por lo que propuso varias medidas para subsanarlo. Algunas se refieren específicamente a los inspectores y demás funcionarios de los Estados miembros encargados de la aplicación de las normas ambientales.

A raíz de las resoluciones del Parlamento y del Consejo a la Comunicación, la Comisión, junto con la red extraoficial comunitaria de funcionarios nacionales encargados de la aplicación del Derecho de medio ambiente (IMPEL), ha venido elaborando una serie de requisitos mínimos para las inspecciones en los Estados miembros. La Comisión tiene previsto presentar propuestas pertinentes para el establecimiento de normas sobre la forma, el contenido y la publicidad que deberá darse a las inspecciones de las instalaciones contaminantes, habida cuenta del acervo comunitario. Estas normas se referirán a la planificación de las inspecciones, la realización de visitas en los establecimientos, el análisis de las comprobaciones, los informes y la publicidad que conviene dar a los resultados. Este el punto prioritario y fundamental de la estrategia progresiva que la Comisión piensa aplicar para mejorar las inspecciones ambientales de las instalaciones en los Estados miembros.

Por lo que se refiere a las normas relativas a la formación y actividad de los inspectores del medio ambiente en toda la Comunidad, IMPEL está dedicándose a la definición de dicha formación y al fomento de buenas prácticas profesionales para los inspectores. Se estudiará asimismo la frecuencia adecuada de las inspecciones y el funcionamiento de los centros de inspección medioambiental. Esta labor incluye programas de intercambio, talleres sobre cuestiones técnicas específicas relacionadas con determinados procesos o sectores industriales, así como la elaboración de un libro de referencia y de un curso de formación para inspectores. Estas medidas constituirán una ayuda clara para la armonización de las normas relativas a la formación y actividad de los inspectores en los Estados miembros. Los resultados de estos programas figurarán en el estudio anual que publicará la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-0005/98 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión (29 de enero de 1998)

Asunto: Protección de los niños frente a emisiones televisivas que contienen fuertes cambios de luz

En Japón se han dado recientemente crisis epilépticas en 700 niños que miraban en la televisión unos dibujos animados con colores intensos y rápidos cambios de imágenes, lo que ha suscitado la preocupación de la opinión pública. Dado que el problema afecta a la mayor parte de los niños que siguen programas similares, ¿tiene intención la Comisión de limitar este tipo de emisiones televisivas?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión (23 de febrero de 1998)

El apartado 1 del artículo 22 de la Directiva 97/36/CE del Parlamento y del Consejo del 30 de junio de 1997 que modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo dirigida a coordinar ciertas disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros que se refieren al ejercicio de las actividades de los organismos de radiodifusión televisiva ((DO L 202 del 30.7.1997. )) estipula que los Estados Miembros adoptarán las medidas oportunas para garantizar que las emisiones de televisión de los organismos de radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción no incluyan ningún programa que pueda perjudicar gravemente el desarrollo físico, mental o moral de los menores. Por consiguiente, si la emisión a la que se refiere Su Señoría tuviera lugar en uno de los Estados del Espacio Económico Europeo, constituiría una violación del derecho comunitario. Hasta el momento la Comisión no ha tenido noticia de que una emisión semejante haya tenido lugar en Europa.