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PREGUNTA ESCRITA E-1321/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consejo

(3 de mayo de 2000)

Asunto: Intervención contra el hambre en Etiopía y en otros países africanos

La celebración de la reunión del Cairo entre la Unión Europea y los Estados africanos coincidió con una situación dramática denunciada por las Naciones Unidas, las ONG y los medios de comunicación: la hambruna que afecta en este momento a millones de personas del continente vecino, especialmente en Etiopía.

La sequía y la guerra con Eritrea están poniendo en peligro de muerte a dos millones de personas en Etiopía. ¿Qué medidas está adoptando la Unión Europea para poner remedio con urgencia a esta tragedia? ¿Estará dispuesta incluso a decidir una intervención humanitaria, sin tener miedo de la necesaria injerencia, e imponer a Etiopía y Eritrea una distribución de alimentos que se lleve a cabo utilizando las vías de comunicación más útiles de las existentes?

Respuesta

(26 de septiembre de 2000)

El Consejo ha condenado en reiteradas ocasiones la insensata reanudación de los combates entre Etiopía y Eritrea. Al tiempo que recuerda que el bienestar de los pueblos es responsabilidad de sus gobiernos, deplora que en una situación de grave crisis alimentaria en la región se estén desviando recursos de inestimable valor para costear el conflicto. En consecuencia, el Consejo celebra el embargo de armas unánimemente impuesto a ambos países en virtud de la Resolución 1/298 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y recuerda su propia decisión sobre un embargo de armas, que entró en vigor el 15 de marzo de 1999.

El Consejo confía en que los contactos que mantienen actualmente Etiopía y Eritrea bajo los auspicios de la OUA den sus frutos y declara que la Unión Europea está dispuesta a respaldar los esfuerzos que se realicen en pro de la paz bajo la presidencia de la OUA, incluso a través de la misión del Representante Especial de la UE, el Senador SERRI.

El Consejo confirma la voluntad de la UE de seguir enviando ayuda de emergencia y humanitaria, destinada de modo selectivo al pueblo que más la necesite con objeto de impedir todo posible desvío de la misma. La Comisión, que podría facilitar información más detallada sobre las acciones concretas que se emprendan, es la que adopta las decisiones relativas a dicha ayuda de acuerdo con los procedimientos administrativos en vigor.
PREGUNTA ESCRITA E-1283/00

de Bart Staes (Verts/ALE) al Consejo

(27 de abril de 2000)

Asunto: Exportación de residuos a terceros países / Tratado de Basilea

A pesar de la existencia de tratados internacionales, la exportación de residuos (tóxicos) a países en desarrollo está aumentando. Estos flujos de residuos transfronterizos están regulados por el Tratado de Basilea y por el Reglamento 259/93/CEE(1). Según el PNUMA, en 1989 los países de la OCDE exportaron la quinta parte de sus residuos. Fatma-Zohra Ksentini, relatora de las Naciones Unidas, sitúa a Australia, los Estados Unidos y Estados miembros de la UE como los Países Bajos, Alemania y el Reino Unido entre los principales exportadores. La relatora manifiesta su preocupación ante la creciente tendencia a transportar residuos tóxicos por vía marítima a países en desarrollo y proceder allí a su simple vertido.

1. ¿Cómo garantiza la Unión Europea el respeto del Tratado de Basilea y del Reglamento 259/93/CEE? En particular:

a) ¿qué servicio se ocupa de ello?

b) ¿cuántos funcionarios se destinan a este fin?

c) ¿cuántos controles se realizan anualmente?

d) ¿en qué lugar se realizan los controles?

2. ¿Qué cantidad de residuos de la categoría 1 han exportado los 15 Estados miembros de la UE a terceros países desde la entrada en vigor del Tratado de Basilea y del Reglamento 259/93/CEE (desglosada por año, Estados miembros exportadores y países receptores)?

3. ¿Qué cantidad de residuos de la categoría 2 han exportado los 15 Estados miembros de la UE a terceros países desde la entrada en vigor del Tratado de Basilea y del Reglamento 259/93/CEE (desglosada por año, Estados miembros exportadores y países receptores)?

4. Desde la entrada en vigor del Tratado de Basilea y del Reglamento 259/93/CEE, ¿cuántas infracciones se han constatado en la exportación de residuos comunitarios a terceros países? En particular:

a) ¿en qué Estados miembros?

b) ¿hacia qué terceros países?

c) ¿por parte de qué empresas?

d) ¿de qué sustancias y cantidades se trata (relación detallada de tipos y pesos)?

e) ¿cuándo (relación cronológica de las infracciones constatadas)?

(1) DO L 30 de 6.2.1993, p. 1.

Respuesta

(18 y 19 de septiembre de 2000)

La pregunta planteada por Su Señoría se refiere a un tema que no entra dentro de las competencias del Consejo. Las cuestiones relativas a la aplicación del Convenio de Basilea y del Reglamento 259/93/CEE son responsabilidad de los Estados miembros o de la Comisión con arreglo a sus respectivas competencias.
PREGUNTA ESCRITA P-1430/00

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(3 de mayo de 2000)

Asunto: Atribuciones para realizar auditorías en el Banco Europeo de Inversiones

¿Podría explicar la Comisión los antecedentes y motivos de la decisión adoptada de llevar al BEI ante el Tribunal de Justicia Europeo a principios de este año? ¿Considera la Comisión que es necesario modificar el Tratado durante la próxima Conferencia Intergubernamental con el fin de conferir al Tribunal de Cuentas atribuciones para supervisar todas las actividades del BEI?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(8 de junio de 2000)

Con respecto a las razones de la acción emprendida por la Comisión contra el Banco Europeo de Inversiones (BEI), remitimos a Su Señoría al resumen detallado publicado(1).

Los procedimientos de auditoría del BEI con respecto a las operaciones financiadas con cargo a recursos propios son definidos por su estatuto, en especial sus artículos 14 y 9. El artículo 14 describe las tareas del Comité de auditoría del BEI y el 9 estipula que el informe anual y el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias son aprobados por el Consejo de Gobernadores. Sería necesario modificar el Tratado CE en caso de que las normas estatutarias (el estatuto es un protocolo anexo al Tratado CE) quisiera adaptarse para permitir al Tribunal de Cuentas auditar al BEI.

La decisión de si el BEI debe estar sujeto o no a la auditoría completa del Tribunal de Cuentas y si el Tratado CE debe cambiarse tiene que ser tomada, en definitiva, por los Estados miembros.

Las operaciones del BEI hechas bajo mandato son auditadas por el Tribunal de Cuentas sobre la base del acuerdo tripartito que se renovó el año pasado.

(1) DO C 122 de 29.4.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-2807/00

de Robert Goebbels (PSE) a la Comisión

(4 de septiembre de 2000)

Asunto: Destino de un terreno industrial revalorizado mediante ayudas de la UE

El Polo europeo de desarrollo (PED) situado entre las localidades de Longwy, Athus y Pétange-Rodange, en la zona fronteriza franco-belgo-luxemburguesa, ha contribuido de manera incuestionable al crecimiento económico de esta antigua cuenca siderúrgica.

Los gastos de infraestructura en favor de la realización del PED, tal como otras realizaciones en esta zona transfronteriza se han beneficiado ampliamente de los fondos estructurales comunitarios. Ahora bien, resulta que el Gobierno luxemburgués acaba de decidir el destino de 4 hectáreas de terreno industrial revalorizado con la ayuda de la Unión Europea a la reconstrucción del Liceo Mathias Adam de Pétange.

¿Considera la Comisión que esta decisión es compatible con los objetivos perseguidos por el Polo europeo de desarrollo? ¿Los fondos europeos comprometidos en su momento también preveían el destino de este terreno industrial a actividades escolares?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(20 de septiembre de 2000)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-1355/00

de Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) a la Comisión

(4 de mayo de 2000)

Asunto: Diagnóstico preciso sobre la distancia tecnológica entre el Nuevo y el Viejo Continente

Según un reciente informe, el rápido crecimiento de algunos sectores de la industria de las tecnologías de la información disimula el hecho de que, globalmente, la competitividad de Europa sigue cayendo frente a otras regiones, como son Norteamérica y el Japón.

Por ello, se ha querido tirar de la señal de alarma sobre el distanciamiento entre el Nuevo y el Viejo Continente y las fracturas que la nueva economía está creando dentro de la propia Europa.

Dada la alarmante situación sobre el particular, ¿entiende la Comisión que debe proponer la creación de un Comité de Sabios que pueda establecer un diagnóstico preciso sobre el retraso europeo al respecto y las distintas fórmulas que puedan proponerse para salir de una situación de distanciamiento tecnológico que, sin duda, es el mayor reto al que debe hacer frente hoy la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(26 de junio de 2000)

La competitividad de las empresas europeas en los sectores que componen la sociedad de la información es de una importancia esencial para el conjunto de la economía europea. En efecto, estos sectores son responsables de una gran parte del crecimiento económico y, por tanto, del crecimiento actual del empleo.

En este contexto, la Comisión ha puesto en marcha la iniciativa eEurope y las estrategias para el empleo en la sociedad de la información, que han logrado interesar a los responsables políticos. Con arreglo a esta iniciativa, el Consejo Europeo de Lisboa ha tomado nota de la evolución en curso y ha solicitado medidas adecuadas para favorecer el desarrollo de la nueva economía.

No obstante, habida cuenta de los trabajos de análisis emprendidos conjuntamente por la industria y la Comisión, sobre todo a través de varios grupos de consulta, como el Grupo de alto nivel para la dimensión social y el empleo en la sociedad de la información, el Foro de la sociedad de la información o el Diálogo Empresarial Global, que constituyen una aportación de los agentes que trabajan sobre el terreno, no se prevé la creación por el momento de un nuevo Comité de Sabios para evitar solapamientos y duplicación de tareas con las estructuras existentes.
PREGUNTA ESCRITA E-2180/00

de Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) a la Comisión

(7 de julio de 2000)

Asunto: Construcción naval

El pasado día 18 de mayo, el Comisario de Competencia Mario Monti reiteró que las ayudas al sector de la construcción naval no van a poder ser prolongadas más allá del año 2000.

Teniendo en cuenta la competencia desleal a la que nos está sometiendo países como Corea, aspecto que ha quedado demostrado en cada uno de los informes elaborados por la Comisión Europea a este respecto y especialmente en el del 14 de abril de 2000, ¿qué medidas se van a poner en marcha para potenciar la producción y la competitividad de nuestros astilleros en el seno de la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(13 de septiembre de 2000)

La Comisión señala que las observaciones del miembro de la Comisión responsable de la competencia sobre ayudas en el Consejo de Industria el 18 de mayo de 2000 se relacionaban solamente con la ayuda a la explotación para astilleros comunitarios. De conformidad con el Reglamento 1540/98 del Consejo por el que se establecen nuevas normas sobre ayudas estatales para la construcción naval(1), esta clase de ayuda se suprimirá a finales del año 2000. Sin embargo, el Reglamento también prevé una serie de otras ayudas que pueden concederse a la construcción naval con ciertas condiciones hasta 2003, entre las que se cuentan las de cierre y reestructuración, las de investigación y desarrollo, las de innovación y las de inversión regional para ampliar o modernizar astilleros existentes.

La Comisión comparte plenamente la preocupación por la competencia desleal de Corea. El Consejo acogió con satisfacción el reciente acuerdo bilateral con ese país como primer paso hacia la restauración de condiciones justas y competitivas y consideró que esta y, en caso de necesidad, otras acciones y medidas bilaterales y comerciales apropiadas deben llevarse a efecto con energía persiguiendo dicho fin. La Comisión ha iniciado ya los procedimientos de consulta previstos en el acuerdo e informará al Consejo sobre los resultados para finales de septiembre.

En cuanto a medidas para mejorar la productividad y competitividad de los astilleros comunitarios, la Comisión considera que las ayudas mencionadas anteriormente son más adecuadas para ayudar a los astilleros comunitarios a mejorar su competitividad que continuar la ayuda de explotación.

(1) DO L 202 de 18.7.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-1652/00

de Jeffrey Titford (EDD) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Herbicida glifosato

¿Podría indicar la Comisión qué medidas ha adoptado para prohibir el herbicida glifosato, del que hasta ahora se afirmaba que era seguro? En particular, ¿podría indicar qué acciones se han emprendido tras la reciente revisión del glifosato dentro de la Directiva sobre autorizaciones de la Comisión Europea?

¿Podría mencionar los informes escritos u otras pruebas que la Comisión Europea haya tomado en consideración? La presente solicitud de información se realiza de conformidad con las disposiciones sobre transparencia aplicables a la Comisión Europea.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(16 de junio de 2000)

La Comisión ruega a su Señoría se remita a las respuestas que dió en su día a la pregunta oral H-50/2000 del Sr. Krarup (turno de preguntas del período parcial de sesiones de febrero de 2000(1)) y a la pregunta escrita E-34/2000 de la Sra. Kinnock(2).

(1) Debates del Parlamento europeo (Febrero de 2000).

(2) DO C 330 E de 21.11.2000, p. 71.
PREGUNTA ESCRITA E-1938/00

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(16 de junio de 2000)

Asunto: Partida presupuestaria A-3022

Los centros de estudio e investigación europeos reciben 1 500 000 con cargo a la partida A-3022. ¿Puede señalar la Comisión cómo se seleccionan estos centros y qué actividades de estudio o de investigación llevan a cabo?

¿Qué objetivos específicos establece la Comisión para que estos centros puedan ser beneficiarios de una subvención comunitaria?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(13 de septiembre de 2000)

La partida A-3022 del presupuesto general de la Comunidad prevé subvenciones para las actividades organizadas por los centros de estudio y de investigación universitarios al objeto de sensibilizar a la sociedad civil sobre la integración europea.

Para garantizar la calidad del resultado, se intentó tener en cuenta en el procedimiento de selección todos los aspectos posibles. El texto de la convocatoria de propuestas se publicó en el Diario Oficial(1) con una amplia difusión, y se dio prioridad a la información a través de Internet. Durante el procedimiento de selección, los proyectos fueron evaluados por un grupo de expertos independientes compuesto por profesores universitarios.

El objetivo de la Comisión es apoyar las actividades sobre la integración europea organizadas por los organismos y los centros de estudios universitarios.

La convocatoria de proyectos contiene asimismo otros objetivos más específicos entre los que cabe mencionar la búsqueda de un efecto multiplicador a través del apoyo a las actividades de calidad y a las actividades de reflexión y debate organizadas por los medios universitarios y abiertas a la sociedad civil. Se fijaron diversos temas prioritarios (la ampliación, el euro, la Conferencia intergubernamental (CIG) y la Unión y el comercio mundial) al objeto de satisfacer el criterio de eficacia de los gastos presupuestarios. Otros objetivos eran la selección de los solicitantes que demostraban capacidad técnica y financiera en la gestión de proyectos y la valorización y el apoyo a las redes de profesores, estudiantes y universidades con mayor capacidad de proyección a escala nacional o internacional.

(1) DO C 61 de 3.3.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-0862/00

de Marielle De Sarnez (PPE-DE) a la Comisión

(22 de marzo de 2000)

Asunto: Posición de la Comisión sobre la introducción de la publicidad en los establecimientos de enseñanza pública

Desde hace años se asiste a la penetración de las empresas en los establecimientos de enseñanza pública a través de la publicidad, la esponsorización, las marcas o la enseñanza a distancia. Esta práctica, cuyo objetivo es transformar a los jóvenes alumnos en consumidores, adquiere hoy en día proporciones inquietantes en Francia y en otros países de la Unión Europea. El resultado es que se atenta contra el principio de igualdad reconocido en la enseñanza pública. En efecto, estas empresas privadas aprovechan con frecuencia la falta de medios de los profesores para llevar a cabo su trabajo.

Dado que este fenómeno tiende a generalizarse y a banalizarse en el conjunto de la Unión, ¿cuál es la posición de la Comisión al respecto? ¿Se encuentra actualmente en preparación algún texto legislativo que limite la introducción del comercio en la escuela pública?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(27 de julio de 2000)

La Comisión es consciente de la importancia del problema planteado por Su Señoría y de los aspectos positivos y negativos de estas prácticas comerciales, como se puede comprobar si se examina el estudio Le marketing à l'école, financiado por la Comisión y disponible desde finales de 1998 en internet(1).

Si dichas prácticas tienen como consecuencia la difusión de publicidad engañosa o de mensajes publicitarios ocultos, deben aplicarse las disposiciones de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa(2).

No obstante, la Comisión, en aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, no considera que la adopción de textos legislativos más precisos a nivel comunitario sea la mejor iniciativa para dar solución a un problema de esa índole. En este contexto, la Comisión ya se ha puesto en contacto con las partes interesadas, incluidas las organizaciones de consumidores, a fin de alentarlas a emprender un diálogo con vistas a negociar la adopción de disposiciones no obligatorias en materia de prácticas comerciales dirigidas a los niños y los jóvenes.

(1) http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/surveys/sur03_fr.html (versión francesa).

(2) DO L 250 de 19.9.1984.
PREGUNTA ESCRITA E-1128/00

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(11 de abril de 2000)

Asunto: Libro Blanco sobre seguridad alimentaria y Organismo alimentario europeo

En enero de 2000 se publicó el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria (COM(1999) 719 final). El capítulo 4 del mismo trata de la creación de un Organismo alimentario europeo (OAE), y el capítulo 5, de la legislación relativa a la seguridad alimentaria.

El Libro Blanco aduce tres motivos que justifican la no inclusión de la gestión de los riesgos en el mandato del Organismo (apartado 33). La Comisión presupone implícitamente que el proceso actual de toma de decisiones garantiza un grado elevado de responsabilidad democrática y transparencia, afirmación que no concuerda con la realidad. En la mayoría de los Estados miembros existe un escaso control democrático en la toma de decisiones en los comités de reglamentación. La mayor parte de las veces no existen órdenes del día, documentos ni informes de las reuniones de los comités de reglamentación. Por consiguiente, el proceso actual de toma de decisiones no es transparente.

¿Va a tomar la Comisión iniciativas para reforzar el control democrático de los comités de reglamentación? a) En caso afirmativo, ¿cuáles? b) En caso negativo, ¿por qué es contraria al control democrático de los comités de reglamentación?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1122/00, E-1127/00, E-1128/00, E-1140/00, E-1141/00, E-1142/00, E-1143/00, E-1144/00, E-1145/00, E-1146/00, E-1147/00, E-1148/00, E-1150/00, E-1151/00, E-1152/00, E-1153/00, E-1155/00, E-1156/00, E-1157/00, E-1158/00, E-1160/00, E-1161/00 y E-1162/00 dada por el Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(9 de junio de 2000)

Se están examinando los diferentes asuntos planteados por Su Señoría con vistas a presentar propuestas de legislación de conformidad con los períodos de tiempo previstos en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria.

No sería pertinente en este momento dar a conocer información detallada sobre cada propuesta.
PREGUNTA ESCRITA E-2588/00

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(1 de agosto de 2000)

Asunto: Mercados de divisas estables

A la luz de la injustificable especulación contra el Euro y otras divisas, ¿qué planes tiene la Unión Europea para estabilizar los mercados de divisas y hacer que sean responsables de sus acciones?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(20 de septiembre de 2000)

El artículo 111 (antiguo artículo 109) del Tratado CE estipula que el Consejo puede, actuando unánimemente por recomendación del Banco Central Europeo (BCE) o de la Comisión y después de consultar al Parlamento, concluir acuerdos formales sobre un sistema de tipo de cambio para el euro. No hay actualmente planes para sugerir una relación tan formal entre el euro y las principales divisas internacionales no comunitarias. Aunque esta solución podría estabilizar los mercados monetarios internacionales, las políticas monetarias, así como otras políticas económicas de los participantes estarían sometidas a objetivos exteriores que podrían interferir con la realización de objetivos nacionales tales como la estabilidad de precios y el alto empleo.

A falta de un sistema de tipo de cambio, el Consejo puede formular orientaciones generales para la política de tipo de cambio en relación con las monedas no comunitarias. Tales orientaciones no obstarían al objetivo primario del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) de mantener la estabilidad de los precios. Así pues, lo que ocurre con el tipo de cambio se tiene en cuenta en la medida en que afecta a la perspectiva sobre la estabilidad de precios. Si el BCE considera que los avatares del tipo de cambio podrían amenazar el objetivo de estabilidad de los precios (a través de su influencia en los precios de importación y en la competitividad de las exportaciones), puede contrarrestarlos a través de su política de tipo de interés y mediante intervenciones en los mercados de divisas. Aunque en mayo del 2000 los ministros del Euro-11, el Comisario de Asuntos Económicos y Financieros y el Presidente del Banco Central Europeo subrayaron una preocupación común por el hecho de que el nivel del euro no refleje los sólidos parámetros fundamentales de la economía en la zona del euro, ni el Consejo ni la Comisión ni el BCE han considerado necesario o deseable publicar tales orientaciones generales.

Otras políticas económicas, en especial la fiscal y estructural, también tienen un impacto en el tipo de cambio. Una combinación de políticas fiscales y monetarias bien equilibrada, una reforma estructural y un mercado que funcione bien pueden aumentar el rendimiento esperado de las inversiones en la zona del euro, atrayendo así flujos de capitales y consolidando el tipo de cambio del euro.