PREGUNTA ESCRITA P-0351/02

de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión

(6 de febrero de 2002)

Asunto: Régimen fiscal aplicado a los vehículos de segunda mano en Grecia

Según denuncia la Asociación de importadores de vehículos de Grecia, las importaciones de vehículos en Grecia por parte de estos importadores (y no de representantes de las distintas marcas) ascendieron en 2000 al 31 % de las importaciones totales de vehículos en el país, mientras que en 2001 apenas alcanzaron el 3 %. Como se desprende de una encuesta efectuada por dicha Asociación entre sus miembros, a lo largo de 2001 han cerrado unos 500 establecimientos de importación de vehículos en Grecia. Esta situación se debe a la aplicación de la Ley 2682/99 que, junto con la Decisión ministerial F 1039/642, ha duplicado el impuesto especial de clasificación correspondiente a la categoría de vehículos de pasajeros que cumplen los requisitos establecidos en la Directiva 94/12/CE(1).

Considerando:

- que estas disposiciones contradicen el artículo 95 del Tratado de la UE, al crear discriminaciones desfavorables para los vehículos de segunda mano importados de otros Estados miembros frente a los adquiridos en Grecia,

- que se impone a los vehículos de segunda mano importados en Grecia el impuesto especial adicional de forma global, como si se tratase de vehículos nuevos,

- que los vehículos de segunda mano importados, equipados con tecnología anticontaminación, no se benefician de coeficientes más bajos del impuesto especial sobre el consumo,

- que existe una sentencia de 23 de octubre de 1997 (Asunto C-375/95) del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por la que se condena a Grecia,

¿puede indicar la Comisión si Grecia se ha ajustado a la decisión del Tribunal de Justicia y, de no ser así, qué curso piensa dar la Comisión a este asunto?

(1) DO L 100 de 19.4.1994, p. 42.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(27 de marzo de 2002)

La Comisión es consciente de que Grecia aplica un impuesto de matriculación a los vehículos que se registran por primera vez en su territorio para ser utilizados allí. En el estado actual de armonización del derecho comunitario, los Estados miembros pueden en principio imponer este tipo de impuestos.

Sin embargo, se ha iniciado contra Grecia un procedimiento de infracción en virtud del artículo 228 del Tratado (no ejecución de una sentencia del Tribunal) porque la Comisión opina que este impuesto se aplica de forma discriminatoria respecto de los vehículos de segunda mano procedentes de los otros Estados miembros, y ello a pesar de la condena de Grecia por el Tribunal de Justicia mediante la sentencia de 23 de octubre de 1997 en el asunto C-375/95.

En cuanto a la exclusión del beneficio de los tipos reducidos del impuesto especial sobre el consumo aplicable a los vehículos de segunda mano importados, equipados con tecnología anticontaminación, el Tribunal ha hecho constar que se trataba de una violación del artículo 90 del Tratado CE.

De acuerdo con las informaciones que obran en poder de la Comisión, al parecer Grecia, en un primer momento, había aplicado a los vehículos de segunda mano las mismas reducciones de tipos de las que se beneficiaban desde 1989 los vehículos nuevos fabricados con arreglo a una tecnología anticontaminación, pero, a partir del 1 de enero de 2001, había vuelto a introducir una discriminación fiscal a través de un tipo más elevado del nuevo impuesto de matriculación, en perjuicio de los vehículos de segunda mano importados en comparación con los vehículos de segunda mano importados que se encuentran ya en el mercado nacional y que se han fabricado con arreglo a la misma tecnología anticontaminación.

Según la Comisión, Grecia sólo ha ejecutado parcialmente la sentencia dictada en su momento y el procedimiento de infracción emprendido en virtud del artículo 228 del Tratado por no ejecución de la sentencia antes citada se refiere a este aspecto.

En cuanto al cálculo de la depreciación de los vehículos de segunda mano, Grecia había modificado su legislación, adoptando, tras la condena del Tribunal en 1997, un nuevo sistema de evaluación del desgaste real de los vehículos de segunda mano, pero posteriormente la sentencia del Tribunal en el asunto Gomes Valente, C-393/98 de 21 de febrero de 2001, aclara la jurisprudencia anterior en materia de base imponible de los vehículos de segunda mano. El régimen griego se debe revisar a la vista de esta nueva sentencia. La Comisión está estudiando actualmente si se debe abrir un nuevo procedimiento de infracción en virtud del artículo 226.