PREGUNTA ESCRITA P-0632/97 de Maartje van Putten (PSE) a la Comisión (21 de febrero de 1997)

Asunto: Decisión sobre los PTU (países y territorios de ultramar) en relación con las Antillas Neerlandesas

1. ¿Conviene la Comisión en que la modificación intermedia de las preferencias comerciales de las Antillas Neerlandesas en el marco de la decisión sobre los PTU forma parte de una estrategia deliberada y constituye una medida orientada anticipadamente a la inminente revisión de la decisión sobre los PTU?

2. ¿Conviene la Comisión, asimismo, en que esto denota una gestión inadecuada?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión (8 de abril de 1997)

Al proponer la modificación del régimen comercial aplicable a los Países y Territorios de Ultramar (PTU), la Comisión se basó en datos precisos y no actuó de forma «prematura». No dio por ello muestra alguna de administración incorrecta sino, al contrario, de constancia y coherencia.

El 14 de febrero de 1996, la Comisión presentó al Consejo una propuesta sobre la revisión intermedia de la Decisión 91/482/CE del Consejo relativa a la asociación de los PTU a la CE ((COM(95)739 final. )), revisión prevista por el artículo 240 de esa misma Decisión.

Por lo que se refiere al régimen preferente unilateral del que se benefician los productos exportados por los PTU a la Comunidad desde 1991, las adaptaciones propuestas por la Comisión pretenden atenuar las graves perturbaciones ya constatadas o que pueden manifestarse a corto plazo en los mercados comunitarios de productos agrícolas sensibles, en particular arroz, azúcar, productos lácteos, carne de vacuno y zumos de frutas. Pero con estas adaptaciones la Comisión no propuso la supresión del libre acceso al mercado comunitario en vigor desde 1991 para los productos originarios de los PTU, único caso entre todos los regímenes comerciales vigentes.

La Comisión considera por otra parte que las disposiciones cuya modificación propone favorecieron maniobras especulativas, fuente de graves perjuicios para los productores y el presupuesto comunitarios, sin que estas disposiciones sirvan para alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social de los PTU enunciados en la Decisión de asociación.

La urgencia de proceder a una adaptación de este régimen fue señalada ya por la Comisión, singularmente a raíz de las medidas de salvaguardia debieron adoptarse en 1993 contra el arroz de los PTU, en el informe que presentó al Consejo en noviembre de 1993 ((COM(93)555 final. )). En efecto, el apartado 3 del artículo 240 de la Decisión de 1991 preveía expresamente que debería procederse «a más tardar antes del 31 de diciembre de 1993, sobre la base de un informe de la Comisión, a un examen de la aplicación de los mecanismos del régimen comercial que permitiera la revisión de éstos».

Ese informe incluía varias fórmulas para paliar estos problemas y se acompañaba ya de una propuesta de precios mínimos, que se discutió en el Consejo durante dos años (1994 y 1995) sin que fuera posible su adopción.

Desde entonces, en ausencia de una decisión del Consejo sobre la revisión intermedia propuesta a principios de 1996 por la oposición de un Estado miembro contra los otros catorce (una treintena de reuniones, entre las cuales siete del Coreper y dos del Consejo de asuntos generales), la Comisión y el Consejo tuvieron que adoptar nuevamente, en enero de 1997, medidas de salvaguardia.