PREGUNTA ESCRITA E-2502/99

de Rolf Linkohr (PSE) al Consejo

(4 de enero de 2000)

Asunto: Acuerdos europeos con los países del este de Europa

Los Acuerdos europeos firmados por la UE con los países del este de Europa contienen la condición de igualdad de trato para el establecimiento de sociedades y para los ciudadanos procedentes de los países signatarios de los acuerdos (con reserva de algunas cláusulas de excepción para profesiones específicas).

1. ¿Opina el Consejo que dicha condición de igualdad de trato implica que se prohíbe la discriminación?

2. ¿Opina el Consejo que un Estado miembro de la UE no puede verificar las necesidades, con respecto a ciudadanos de los países firmantes de los acuerdos, cuando ello no se exige con respecto a los ciudadanos del propio país que ejercen profesiones autónomas?

3. ¿Comparte el Consejo la opinión de que con respecto a las profesiones autónomas, para las que un determinado Estado miembro no exija el examen de conocimientos previos a sus propios ciudadanos, es inadmisible que exija dicha comprobación de conocimientos previos a los ciudadanos de los países firmantes de los acuerdos europeos?

4. ¿No opina el Consejo que con respecto a las profesiones autónomas, cuando para su ejercicio los ciudadanos de un Estado miembro no tengan que demostrar poseer capital propio, tampoco se puede exigir este requisito a los ciudadanos de los países firmantes de los acuerdos?

Respuesta

(16/17 de mayo de 2000)

Como menciona Su Señoría, los Acuerdos Europeos celebrados entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y cada uno de los países candidatos de Europa Central y Oriental (Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia), por otra, establecen efectivamente determinadas disposiciones relativas al derecho de establecimiento. Este es el objeto del Capítulo II del Título IV de cada uno de los Acuerdos.

A tenor de esas disposiciones, que son sin embargo diferentes para cada Acuerdo, se establece por regla general lo siguiente:

- que los Estados miembros deberán garantizar, desde la entrada en vigor del Acuerdo, un tratamiento nacional en materia de derecho de establecimiento, sin perjuicio de algunos ámbitos o materias;

- asimétricamente, que el Estado asociado sólo deberá garantizar el tratamiento nacional progresivamente, según los sectores;

- que cada una de las partes podrá regular el establecimiento y las actividades de las empresas y de los nacionales que se hallen en su territorio, siempre que dichas normativas no supongan discriminación alguna entre sus nacionales y los de la otra parte.

Sin embargo, cabe señalar que las disposiciones anteriormente citadas relativas al derecho de establecimiento se entienden sin perjuicio de la aplicación por las partes de sus legislaciones y normativas relativas, en particular, a la admisión y a la residencia.

Por lo tanto, puede responderse de la manera siguiente a las preguntas concretas de Su Señoría, sin perjuicio de determinadas disposiciones particulares de cada Acuerdo europeo:

1. El tratamiento nacional aplicado al derecho de establecimiento supone la prohibición de toda discriminación entre los nacionales propios y los de la otra parte, para el establecimiento y el ejercicio de una actividad económica.

2. A tenor del tratamiento nacional, un Estado miembro de la Unión no podrá limitar el derecho de establecimiento y de ejercicio de una actividad de los nacionales de la otra parte por razones de oportunidad de ejercer dicha actividad si no limita ese derecho a sus propios nacionales. Este

principio se aplica sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55 del Acuerdo Europeo con Estonia, el artículo 56 de los Acuerdos Europeos con Letonia y Lituania, el artículo 57 del Acuerdo Europeo con Eslovenia, el artículo 58 de los Acuerdos Europeos con Hungría y Polonia y el artículo 59 de los Acuerdos Europeos con Rumania, Bulgaria, la República Eslovaca y la República Checa.

3. De igual modo, no pueden imponerse condiciones relativas a conocimientos particulares únicamente a los nacionales de la otra parte. Sin embargo, cabe señalar que hasta el momento no se ha aplicado la disposición de los Acuerdos que permite adoptar medidas para el reconocimiento mutuo de las cualificaciones.

4. De forma similar, tampoco pueden imponerse condiciones de índole financiera únicamente a los nacionales de la otra parte para su establecimiento y para el ejercicio de una actividad económica. Algunos Estados miembros, en cambio, tienen disposiciones de esa índole sobre la admisión y la residencia de nacionales de terceros países en sus territorios.