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PREGUNTA ESCRITA E-3022/98

de Florus Wijsenbeek (ELDR) a la Comisión

(8 de octubre de 1998)

Asunto: Rutas pedestres de utilidad pública

¿Está al tanto la Comisión de que algunas rutas pedestres de la Unión Europea han sido clasificadas como "GR" ("grande randonnée")?

¿Es consciente la Comisión además de que estas rutas pedestres constituyen un recurso importante para el fomento del turismo rural?

¿Tiene intención la Comisión de promover la mejora de la señalización de los enlaces entre los circuitos pedestres de un Estado miembro a otro?

¿Tiene intención la Comisión de promover en la Unión Europea publicaciones en las que figuren las rutas pedestres de larga distancia y los enlaces con otras infraestructuras pedestres, como las ya existentes para las rutas de cicloturismo?

¿Tiene intención la Comisión de promover la concesión de estatuto jurídico a las rutas pedestres de utilidad pública que atraviesen terrenos públicos y privados?

En caso afirmativo, ¿de qué manera piensa hacerlo?

En caso negativo, ¿por qué motivo?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión

(3 de diciembre de 1998)

La Comisión conoce la existencia de rutas pedestres dedicadas al excursionismo y que se distinguen con la sigla "GR" (grande randonnée). Sin embargo, no dispone de estudios sobre su repercusión en el desarrollo del turismo rural.

La Comisión no cuenta con un fundamento jurídico que permita regular la señalización de estas rutas, ni su enlace de un Estado miembro a otro, ni tampoco la publicación de planos de los circuitos pedestres. Estos aspectos de regulación son competencia de los organismos que intervienen en la creación, equipamiento, señalización y mantenimiento de dichas rutas en los distintos Estados miembros. La Comisión tampoco dispone de un fundamento jurídico que permita fomentar la implantación de un estatuto jurídico de las rutas de utilidad pública que atraviesen terrenos públicos y privados. Esta cuestión, que tiene que ver sobre todo con los derechos de propiedad, acceso y utilización, es competencia de los Estados miembros por el principio de subsidiariedad.

No obstante, dentro de los programas de desarrollo rural aplicables en algunas zonas de la Comunidad, los fondos estructurales cofinancian operaciones relacionadas con rutas pedestres creadas por las autoridades de los Estados miembros y clasificadas "GR". La cofinanciación se da en particular en las regiones turísticas más inclinadas por el turismo de naturaleza y aventura (puesto de observación de la vida salvaje, estudio de los biotopos, etc.). Cuando la rutas atraviesan terrenos privados, el Estado miembro realiza de antemano los trámites necesarios para que sigan abiertos al público. También es posible cofinanciar la publicación de planos de los circuitos pedestres dentro de los mismos programas, cuando este material informativo sirve para fomentar actividades turísticas que permitan aprovechar mejor las inversiones y el potencial endógeno.

Por último, cuando la situación geográfica lo permite, las rutas pedestres pueden enlazarse incluso con otras situadas en regiones extracomunitarias, como sucede entre Austria y Hungría o entre Alemania y Polonia.
PREGUNTA ESCRITA E-3498/98

de Bernd Lange (PSE) a la Comisión

(25 de noviembre de 1998)

Asunto: Campaña en Alemania para fomentar la venta de flores

Según el Reglamento no. 2275/96, de 22 de noviembre de 1996(1), la Unión Europea financia medidas en el sector de las plantas vivas y mercancías del comercio de flores. Con parte de los fondos disponibles para tal fin se financia también la campaña alemana con el lema "Blumen - Die schönste Sprache der Welt" (flores, la lengua más hermosa del mundo).

1. ¿De qué manera está garantizado que los fondos empleados se utilizan para aumentar la venta de flores europeas, evitando así, desde una perspectiva ecológica, transportes innecesarios y asegurando, desde una perspectiva social, los puestos de trabajo regionales?

2. ¿Por qué criterios se rige el contenido de las medidas publicitarias en ese contexto? ¿Se ajusta el prospecto informativo que se adjunta a tales criterios?

Respuesta del Sr. Fischler En nombre de la Comisión

(7 de enero de 1999)

1. La Comisión debe informar a Su Señoría de que el objetivo de la promoción comunitaria en este sector es aumentar el consumo de flores y plantas vivas europeas.

2. Según el artículo 6 del Reglamento (CE) 803/98 que establece para 1998 las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 2275/96 del Consejo por el que se aprueban medidas específicas en el sector de las plantas vivas y de los productos de la floricultura(2), "la lista de las acciones seleccionadas se elaborará principalmente en función de las estrategias presentadas, la calidad de las acciones propuestas y la repercusión previsible de su realización, así como la capacidad de ejecución y las garantías de eficacia y de representatividad de las agrupaciones". Los Estados miembros conceden cierta preferencia a las acciones que se desarrollan en el territorio de varios Estados miembros.

La Comisión responderá directamente a Su Señoría en relación con la segunda parte de la segunda pregunta, ya que acaba de recibir el folleto informativo mencionado.

(1) DO L 308 de 29.11.1996, p. 7.

(2) DO L 115 de 17.4.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-3658/98

de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión

(7 de diciembre de 1998)

Asunto: El error informático del milenio

Se ha descubierto la posibilidad potencial del "error informático del milenio", también llamado problema del efecto 2000 en todo tipo de sistemas electrónicos programables (SEP), desde los ordenadores centrales hasta los chips.

Dado que dichos sistemas se utilizan con todo tipo de fines industriales (en las diferentes etapas del proceso de fabricación), transportes, servicios públicos, etc., que dichos sistemas dependen de la fecha, y que es importante el modo en que se pueden comportar el día del cambio de milenio, es conveniente identificar los riesgos.

¿Ha pensado la Comisión organizar algún tipo de seminario de información y prevención, en relación con este problema potencial?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión

(18 de enero de 1999)

Los problemas relacionados con el error informático del milenio han sido objeto de un amplio debate en los últimos años, sobre todo en 1998, en numerosos congresos y a través de diversos medios de comunicación, entre los que se incluyen la prensa y la televisión. La mayoría de Estados miembros ya ha llevado a cabo campañas de información, o prevé hacerlo en breve. En este contexto, no resulta evidente que una campaña de información de la Comisión pueda aportar un valor añadido importante. Asimismo, deben tenerse en cuenta diversos aspectos prácticos derivados de las especificidades nacionales y locales.

El sitio de la Comisión en Internet sobre el efecto 2000 (http:/www.ispo.cec.be/y2keuro) facilita abundante información internacional sobre el problema y las medidas que deben tomarse.
PREGUNTA ESCRITA E-3324/98

de Kirsi Piha (PPE) a la Comisión

(10 de noviembre de 1998)

Asunto: El empleo de mano obra infantil en Europa

Según estimaciones del Comité Económico y Social, el trabajo infantil en Europa afecta a más de cinco millones de niños, sobre todo en sectores tales como la pornografía, la venta de drogas y el turismo sexual.

Habida cuenta de ello, ¿cómo piensa la Comisión determinar la dimensión real del trabajo infantil en Europa? ¿Qué medidas prevé tomar la Comisión para, haciendo uso de políticas comunitarias, contribuir a la lucha contra el trabajo infantil?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(26 de enero de 1999)

La Comisión condena enérgicamente todas las formas de trabajo infantil, y especialmente las mencionadas por Su Señoría.

Con arreglo a lo establecido en la Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo(1), los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para prohibir el trabajo de los niños. Deben velar asimismo por la protección de los jóvenes contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda perjudicar su seguridad, su salud o su desarrollo físico, psicológico, moral o social, o poner en peligro su educación. Esta Directiva comunitaria debía incorporarse antes del 22 de junio de 1996 a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, que, por tanto, están obligados a poner en práctica todas las medidas necesarias a fin de garantizar una aplicación efectiva de estas disposiciones.

La Acción común de 24 de febrero de 1997(2) exige a los Estados miembros que consideren como un delito y que castiguen la explotación sexual de los niños, incluida la persuasión o la coacción a un niño para participar en cualquier actividad sexual ilícita, así como la explotación de niños mediante la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales, incluidas las actuaciones y el material de carácter pornográfico.

Además, Europol, con su mandato para luchar contra el tráfico de seres humanos, participa también en la lucha contra este tipo de explotación sexual en cooperación con los organismos responsables de la aplicación de la legislación en los Estados miembros.

Por otra parte, la Comisión dirige el programa STOP, que apoya a las autoridades públicas en la lucha contra el tráfico de niños y su explotación sexual, así como el programa DAPHNE, que asiste a organizaciones no gubernamentales (ONG) en su lucha contra todas las formas de violencia ejercida contra los niños, incluida la explotación sexual.

(1) DO L 216 de 20.8.1994.

(2) DO L 63 de 4.3.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-3224/98

de Umberto Bossi (NI) a la Comisión

(26 de octubre de 1998)

Asunto: Producción lechera

El Gobierno italiano ha pagado a la Unión Europea unas multas elevadísimas por haber declarado una producción lechera superior a la cantidad general de referencia. El Gobierno lleva sin abonar las compensaciones desde 1995, lo que supone una fuerte reducción de liquidez para los productores (equivalente a 4 billones de liras), toda vez que los compradores de la leche conservan el importe retenido en espera de dicha compensación. Para 1997-98, la cantidad de leche comercializada declarada por los compradores está muy por debajo de la CGR.

Estos elementos, enlazados entre sí, llevan a suponer una alteración del mercado interno y una violación del sistema de competencia entre países en perjuicio de los productores de leche padanos.

¿Puede decir la Comisión:

1. si cree haber aplicado escrupulosamente todas las iniciativas destinadas a obligar al Gobierno italiano a actuar de forma correcta;

2. si cree que puede haber estructuras privadas y/o públicas, nacionales o comunitarias, que hayan podido aprovecharse de la situación caótica provocada por el Gobierno italiano para sacar provecho en perjuicio del principio de libre competencia;

3. si no cree indispensable poner bajo la protección comunitaria el sistema de gestión y control de la producción lechera italiana;

4. si no cree que las enormes sumas retenidas por diversos conceptos por los compradores, equivalentes a un 50 % aproximadamente del valor de mercado de la leche italiana, constituyen un factor de privilegio frente a la competencia?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de noviembre de 1998)

1. La respuesta es afirmativa. Desde 1984, la Comisión ha reaccionado con todos los medios a su disposición. Basta recordar los procedimientos de infracción incoados contra Italia en 1985, 1988, 1995 y, el último, el 12 de enero de 1998. Por otra parte, la Comisión ha reducido los anticipos sobre la aceptación de los gastos agrícolas en todas las ocasiones en que Italia no ha cumplido el plazo de pago de la exacción debida a la Comisión.

2. La Comisión no dispone de datos suficientes para responder. No obstante, la única certeza en materia de libre competencia en un mercado regulado por un sistema de cuotas es el cumplimiento de la normativa comunitaria por parte de los Estados miembros en caso de rebasarse la cantidad global garantizada.

3. El Estado miembro es responsable de la gestión y el control del régimen de cuotas lecheras a escala nacional y la Comisión es competente para comprobar el funcionamiento del sistema, especialmente en el marco de la liquidación de cuentas y de sus competencias de control de la aplicación correcta de la normativa comunitaria. La Comisión no tiene el poder ni el derecho de suplantar a un Estado miembro en la gestión y el control de la producción lechera nacional.

4. La Comisión no comparte la opinión de Su Señoría y le sugiere que consulte la respuesta a la pregunta escrita P-3146/98(1), que la Comisión le ha enviado recientemente.

(1) Ver página 32.
PREGUNTA ESCRITA E-2563/98

de Christoph Konrad (PPE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Escándalo financiero en Alemania (Oberhausen, Renania del Norte-Westfalia) con los fondos de promoción económica para el Centro de Medios de Comunicación HDO

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de que el Centro de Medios de Comunicación HDO de Oberhausen se creó, entre otras cosas, con fondos de la UE?

2. ¿Se ha promocionado el Centro de Medios de Comunicación, que es un proyecto de prestigio para la transformación estructural en la Cuenca del Ruhr, en el marco de los Fondos Estructurales de la UE?

En caso afirmativo, ¿en qué "objetivo" y por qué importe?

3. ¿Tiene conocimiento la Comisión de que la Fiscalía alemana ha abierto un sumario en este contexto por una presunta malversación de fondos públicos?

4. ¿Qué consecuencias saca la Comisión al respecto?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(17 de noviembre de 1998)

El Centro de Medios de Comunicación HDO de Oberhausen fue subvencionado por medio de créditos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La subvención, concedida en el marco del objetivo no 2, se pagó en dos fases. La ayuda del FEDER concedida en la primera fase (1989-91) fue de 1.932.444 DM y la de la segunda (1992-93) de 415.346 DM. Las ayudas así concedidas se limitan a cubrir los costes de explotación durante la fase de comienzo del proyecto. Los costes de inversión posteriores, o sea cerca de 100 millones de DM, no han sido cofinanciados por el FEDER.

La Comisión tiene conocimiento de las actuaciones judiciales iniciadas contra dos gestores de la sociedad de explotación del Centro tecnológico, aunque éstas estarían, sin embargo, vinculadas, según nuestras informaciones, a otras operaciones financieras. Parece en efecto que los hechos investigados se refieren exclusivamente a los costes de inversión del proyecto financiados al 100 % por fondos nacionales.

En efecto, el beneficiario de las ayudas de cofinanciación del FEDER era la sociedad poseedora del capital social (Besitzgesellschaft) y no la sociedad de explotación (Betriebsgesellschaft) encargada de la gestión operativa. Al controlar el Bezirksregierung (el más alto órgano administrativo local) de Dusseldorf los certificados de uso final de los fondos no constató ninguna anomalía al revisar las cuentas. Las dudas expresadas en mayo de 1993 por el Landesrechnungshof (Tribunal de Cuentas del Estado Federado) en el marco de la comprobación contable de la primera fase pudieron disiparse enteramente. El Landesrechnungshof declaró el procedimiento de comprobación sobreseído el 15 de septiembre de 1995. No obstante, la Comisión seguirá atentamente las consecuencias del asunto del Centro HDO.

Si las autoridades alemanas constatasen, durante sus investigaciones, que las irregularidades detectadas se refieren también a las ayudas comunitarias, deberían notificarlo a la Comisión en aplicación del Reglamento (CE) 1681/94 de la Comisión de 11 de julio de 1994(1). En tal hipótesis, la Comisión adoptaría entonces las medidas apropiadas.

(1) DO L 178 de 12.7.1994.
PREGUNTA ESCRITA E-3665/98

de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión

(7 de diciembre de 1998)

Asunto: Falsificaciones y piratería

La Comisión Europea anunció el pasado 22 de octubre la publicación del Libro Verde en torno a la lucha contra las falsificaciones y la piratería en el mercado único, iniciando con él una amplia consulta con los medios interesados de los Estados miembros respecto a este tema.

Una vez realizadas las consultas, y conforme a la legislación vigente, ¿qué tipo de iniciativas podría contemplar la Comisión?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-3664/98 y E-3665/98 dada por el Sr. Monti en nombre de la Comisión

(29 de enero de 1999)

Uno de los objetivos del Libro verde sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado único(1) consiste en evaluar las repercusiones económicas de dicho fenómeno en el mercado único. Tal evaluación será posible por medio de las respuestas que se darán a las preguntas planteadas en el Libro verde a todos los sectores interesados, especialmente las empresas, los titulares de derechos de propiedad intelectual y las organizaciones profesionales. Su Señoría ha constatado, sin duda, que en el Libro verde se plantean preguntas precisas sobre las posibles consecuencias económicas y sociales de la usurpación de marca y la piratería en el mercado único, tanto para las empresas (pérdidas de cuotas de mercado, pérdidas de empleos, descenso del volumen de negocios), como para las economías (descenso de las inversiones, recurso al trabajo clandestino, pérdidas de ingresos fiscales). A partir de las contribuciones aportadas por los sectores interesados, la Comisión tendrá una idea más precisa de la incidencia de la usurpación de marca y la piratería en la economía europea.

En lo relativo a las iniciativas que la Comisión puede prever a raíz de la consulta, todavía es demasiado pronto para responder con precisión a Su Señoría, puesto que dicha consulta aún no ha concluido. No obstante, la Comisión no piensa excluir a priori ninguna forma de intervención ni dar prioridad a ningún medio de combatir la usurpación de marca y la piratería con respecto a otro. Dado que en el Libro verde se prevé gran diversidad de medios, las iniciativas que habrá de tomar la Comisión, en su caso, no serán necesariamente de tipo legislativo, sino que podrán consistir, por ejemplo, en acciones de apoyo financiero a actividades de lucha contra la usurpación de marca o la piratería, medidas organizativas o de índole administrativa, o incluso medidas de incitación o simplificación.

(1) COM(98)569 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3085/98

de Karin Riis-Jørgensen (ELDR) a la Comisión

(16 de octubre de 1998)

Asunto: Cámaras de video con entrada y salida digital

Una cámara de video digiral adquirida, por ejemplo, en Singapur, que tiene el mismo sistema de televisión que Dinamarca, está equipada con el interfaz internacional estandar IEEE1394, lo que, en la práctica, significa, entre otras cosas, que se puede pasar de manera digital el programa grabado a un disco duro así como pasar la señal de manera digital del disco duro a la cámara tras su edición definitiva. Si bien las cámaras son físicamente idénticas, esta última operación no es posible si se compra la cámara en la UE, dado que aquí las cámaras están programadas de distinta manera.

¿Por qué motivo ha decidido la Comisión que las cámaras de video digitales que se venden en el interior de la UE no deben tener el interfaz de entrada IEEE1394?

Además, ¿por qué motivo se impone a las cámaras de video digitales con grabación digital un derecho de importación de un 14 % en comparación con el 4,9 % de las cámaras sin posibilidad de grabación digital?

En el caso de que existiera un sistema de cuotas para las cámaras de video digitales, ¿considera la Comisión que esto es razonable si se tiene en cuenta que gran parte del desarrollo tecnológico en este ámbito se lleva a cabo fuera de la UE?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(14 de enero de 1999)

La Comisión no ha tomado decisión alguna que impida que productos electrónicos digitales de consumo como son las cámaras de vídeo digital provistas del interfaz IEEE 1394 puedan importarse o comercializarse en la Comunidad. Tampoco ha decidido exigir que estas cámaras estén provistas de un interfaz de ese tipo. En efecto, los fabricantes y los minoristas pueden, si lo desean, utilizar el interfaz digital que consideren más conveniente para el mercado de que se trate.

Por lo que se refiere al tratamiento arancelario de las cámaras de vídeo digital, la Comisión remite a Su Señoría a su contestación a la pregunta escrita E-3811/97 de la Sra. Hawlicek(1) relativa a la discriminación aduanera contra las cámaras de vídeo con conectores de entrada. Las cámaras vídeo con conectores para la grabación de programas de televisión reciben el mismo tratamiento arancelario que los grabadores de vídeo, es decir, un tipo de derecho normal del 14 %, de conformidad con el Arancel Aduanero Común de la Comunidad. Las cámaras vídeo sin conectores para la grabación de programas de televisión no pueden reemplazar a los grabadores de vídeo, por lo que estos productos están sujetos a un tratamiento arancelario similar al de las demás cámaras, con un tipo normal del 4,9 %.

El hecho de que un producto sea digital y funcione con un ordenador no modifica su tratamiento arancelario. Por tanto, la respuesta vale también para las cámaras de vídeo digital.

Por último, la Comisión desea señalar que las cámaras de vídeo digital no están sujetas a contingentes.

(1) DO C 187 de 16.6.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-3874/98

de Raimo Ilaskivi (PPE) a la Comisión

(4 de enero de 1999)

Asunto: Informe sobre las ayudas de la UE obtenidas por Jasser Arafat

Según un informe de la UE dado a conocer a la opinión pública, las ayudas concedidas por la Unión Europea para fomentar el desarrollo de las zonas pobres de Gaza y Cisjordania, parecen haber sido utilizadas para la construcción de viviendas para personas del entorno próximo al dirigente palestino Jasser Arafat. Según el informe, el importe que puede haber sido destinado a proyectos poco claros asciende a unos 115 millones de marcos finlandeses.

¿Qué medidas piensa emprender la Comisión para aclarar la veracidad de las sospechas que pone de manifiesto el informe? Si se confirma la veracidad de las sospechas ¿qué medidas piensa tomar la Comisión para recuperar las ayudas de la UE utilizadas de forma incorrecta?

Respuesta del Vicepresidente Marín en nombre de la Comisión

(12 de febrero de 1999)

La Comunidad es el primer donante mundial para Palestina. El presupuesto comunitario y los Estados miembros proporcionan el 54 % de ayuda total destinada a Cisjordania y la Franja de Gaza.

Algunos artículos de prensa han cuestionado recientemente el modo en que se ha ejecutado un proyecto financiado por la Comunidad referente al apoyo dado al Consejo Palestino de la Vivienda (PHC).

El proyecto se concibió justo después de la Guerra del Golfo en circunstancias políticas, económicas y sociales excepcionales. Los principales objetivos eran proporcionar vivienda a 2.000 familias (alrededor de 12.000 personas), crear trabajo (más de 30.000 hombres/mes), inyectar inversiones en la deprimida economía palestina, crear un fondo rotatorio para más construcción de viviendas y estimular un efecto multiplicador para los pequeños negocios. El proyecto ha logrado resultados ya que se han construido más de 2.000 pisos y se ha establecido un fondo rotatorio para nuevas construcciones. Hasta ahora se han prestado 30.700 hombres/mes de mano de obra en la construcción.

En julio de 1998 se realizó una auditoría financiera del proyecto que constató que no se había encontrado ninguna irregularidad financiera en el proyecto y que la mayoría de los objetivos se habían cumplido (promoción del desarrollo de viviendas, estímulo a un planteamiento equilibrado para cubrir las necesidades económicas y sociales, creación de empleo, estímulo de las necesidades económicas y sociales internas, desarrollo de las cualificaciones de gestión y financieras y estímulo de la formación en la construcción). Uno de los objetivos, lograr un coste muy bajo de construcción, no se logró. La auditoría financiera afirma que no debería reembolsarse ningún fondo comunitario.