PREGUNTA ESCRITA E-2524/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(29 de julio de 2003)

Asunto: Violación de la libertad religiosa en Italia

Considerando que: a) el 15 de julio la Cámara de Diputados de la República Italiana aprobó las Normas sobre la situación jurídica de los profesores de religión católica de los institutos y las escuelas de todo tipo y grado;

b) dicha ley equipara a los profesores de religión católica a los profesores de las otras asignaturas, por lo que se los puede contratar por tiempo indefinido y podrán enseñar otras asignaturas si se encuentran en excedencia;

c) la enseñanza de la religión católica en todas las escuelas públicas está establecida en el Acuerdo por el que se modifica el Concordato lateranense y el correspondiente Protocolo adicional, que entraron en vigor en virtud de la Ley no 121 de 25 de marzo de 1985, y por el Acuerdo entre el Ministro de Educación Pública y el Presidente de la Conferencia Episcopal italiana, que entró en vigor en virtud del Decreto del Presidente de la República no 751 de 16 de diciembre de 1985, y las sucesivas modificaciones;

d) la nueva ley establece que, para acceder a la enseñanza, los candidatos deberán aprobar previamente una oposición basada en diplomas y pruebas; por lo que se refiere a los diplomas, deberán contar, entre otros, con el reconocimiento de idoneidad a que se refiere la letra a) del apartado 5 del Protocolo adicional a que se refiere el apartado 1 del artículo 1, expedido por el responsable diocesano competente para el territorio;

e) la competencia para celebrar el contrato por tiempo indeterminado corresponderá al responsable directivo regional, de común acuerdo con el ordinario diocesano que tenga la competencia territorial.

Visto que en Italia hay actualmente 20 000 profesores de religión y que, tras la aprobación de la ley en cuestión, unos 14 000 serán titularizados, a pesar de que enseñan una asignatura optativa gracias a la idoneidad concedida de manera discrecional por el Obispo, sobre la base de normas no elaboradas por la República Italiana sino por otro Estado y que, en caso de que la autoridad diocesana retire la idoneidad a un profesor de religión católica, éste se convierte automáticamente en profesor titular de otra asignatura, conculcando los derechos de otros profesores;

¿Cree la Comisión que las Normas sobre la situación jurídica de los profesores de religión católica de los institutos y las escuelas de todo tipo y grado de la República Italiana y el Concordato lateranense sobre el que se basan dichas normas son conformes al principio de libertad religiosa establecido y reconocido a escala internacional?

¿Cree que dicho sistema es conforme a la Directiva 2000/78/CE(1) relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación?

(1) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(12 de septiembre de 2003)

Su Señoría desea saber si la normativa italiana sobre la situación jurídica de los profesores de religión católica y el Concordato lateranense sobre el que se basan dichas normas son conformes al principio de libertad religiosa y si dicho sistema es conforme a la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

La Comisión recuerda que el artículo 149 del Tratado CE establece que la Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando la acción de éstos en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística. La Comisión considera, por tanto, que siempre que se respeten otros aspectos del Derecho comunitario, las disposiciones relativas al nombramiento de profesores pertenecen al ámbito de competencias de los Estados miembros.

Por tanto, la pregunta formulada por Su Señoría sobre el respeto de la libertad religiosa debe valorarse a nivel nacional.

Por lo que se refiere a la Directiva 2000/78/CE del Consejo y sobre la base de la información disponible, la Comisión no aprecia la existencia de conflicto inmediato con las disposiciones destinadas a proteger el empleo de profesores a los que las autoridades diocesanas retiran la autorización para enseñar religión católica.