PREGUNTA ESCRITA E-3689/01

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(17 de enero de 2002)

Asunto: Destrucción del patrimonio cultural europeo. El caso de Manises en Valencia (España)

El alcalde de la localidad de Manises (Valencia) ha ordenado, sin que exista ninguna justificación de carácter urbanístico, el derribo del muro que rodea la Casa de Cultura y Juventud, elemento arquitectónico que forma parte del conjunto histórico del Convento de las Carmelitas construido en 1925. Asociaciones y partidos políticos han emprendido diversas acciones de protesta contra este derribo, que están siendo secundadas por los vecinos de la localidad. Los ciudadanos de Manises consideran la desaparición del muro histórico como una negación de nuestra historia y una destrucción de nuestro pasado y de nuestro legado. Esta es una nueva acción de destrucción llevada a cabo en pocos meses por este alcalde. En el mes de agosto destruyó la valla del conjunto arqueológico industrial del filtrado de agua (Los Filtros) y poco después arrasó un jardín que era una barrera verde contra el ruido del aeropuerto y donde ahora se construye una residencia.

Aunque existen algunos instrumentos en el ámbito europeo destinados a la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural como es el caso del artículo 151 del Tratado de la UE y de la Recomendación 75/65/CEE(1) la gestión sigue siendo exclusivamente competencia de los Estados miembros, con lo que la salvaguarda o no de lo que podría ser nuestro patrimonio comunitario europeo queda a la merced de acciones aleatorias de gobiernos puntuales que, como en el caso de Manises, no siempre son favorables a la conservación de los bienes culturales que definen la identidad europea.

Por otro lado, y tal y como ha reconocido la Comisión ante esta diputada en los expedientes E-2416/00, E-2417/00, E-2418/00(2) y E-3846/00(3) referidos a la destrucción de los edificios históricos del barrio Cabanyal-Canyamelar de Valencia, toda acción u obra que afecte al patrimonio cultural entra en el ámbito de la Directiva 97/11/CE(4) y, por lo tanto, los gobiernos locales competentes deberían someterla a una evaluación de impacto, siendo responsabilidad de los Estados miembros el velar porque se aplique la citada normativa.

Ante todas estas consideraciones, ¿cómo puede la Comisión, en tanto que garante de los Tratados, intervenir para que las demandas ciudadanas de conservación del patrimonio cultural como está ocurriendo en el caso de Manises y en otros casos que se están registrando en diferentes puntos del territorio comunitario sean tenidas en cuenta por los gobiernos nacionales, locales y regionales, de manera que se cumplan los preceptos del artículo 151 del Tratado y de la Recomendación 75/65/CEE?

¿De qué manera piensa actuar la Comisión para conseguir que el Estado español reclame a sus autoridades locales el correcto cumplimiento de la Directiva de impacto por lo que respecta al patrimonio cultural?

(1) DO L 21 de 28.1.1975, p. 22.

(2) DO C 136 E de 8.5.2001, p. 31.

(3) DO C 187 E de 3.7.2001, p. 61.

(4) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(4 de abril de 2002)

Ni las disposiciones del artículo 151 del Tratado CE ni la Recomendación 75/65/CEE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1974, a los Estados miembros relativa a la protección del patrimonio arquitectónico y natural(1), permiten que la Comisión actúe en el sentido indicado por Su Señoría.

En cuanto al estudio del impacto medioambiental, la Comisión remite a Su Señoría a la respuesta dada a su pregunta E-3846/00(2). En este caso, la decisión de realizar o no una evaluación de impacto medioambiental depende del Estado miembro, en aplicación de umbrales o criterios, o adoptando decisiones caso por caso y, en todo caso, aplicando los criterios establecidos en el anexo III de la Directiva 97/11/CEE(3) del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE.

(1) DO L 21 de 28.1.1975.

(2) DO C 187 E de 3.7.2001.

(3) DO L 73 de 14.3.1997.