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PREGUNTA ESCRITA E-1302/98

de Francesco Baldarelli (PSE) a la Comisión

(29 de abril de 1998)

Asunto: Supresión del vuelo directo de Alitalia a Santiago de Chile

La comunidad italiana en Chile informa de que Alitalia, la compañía aérea italiana de bandera, suprimirá a partir del 31 de marzo próximo el vuelo semanal directo a Santiago de Chile. Por lo tanto, los vuelos de Alitalia llegarán únicamente a Buenos Aires y la compañía L.A.N. Chile se encargará de la conexión con Santiago de Chile, de conformidad con un acuerdo alcanzado entre ambas compañías.

Esta noticia ha provocado desconcierto y preocupación en la comunidad italiana, habida cuenta de que esta decisión de Alitalia llega a poco más de un año del comienzo del Jubileo del 2000, que conducirá a Italia a millones de turistas y peregrinos de todo el mundo, incluidos muchísimos miembros de la comunidad italiana en Sudamérica.

Si esta decisión tuviera carácter definitivo, Chile sería el único país de Sudamérica sin una conexión aérea directa con Italia. Este hecho pondría de manifiesto una importante pérdida de imagen y de credibilidad de Italia con respecto a Chile y supondría una inversión de tendencia con respecto a la atención manifestada en los últimos tiempos tanto por el Gobierno italiano (dos visitas oficiales recientes: la primera en julio de 1997 por parte del Vicepresidente del Gobierno, Walter Veltroni, y la segunda pocos días después por parte del Presidente del Gobierno, Romano Prodi), como por los empresarios italianos, cada vez más presentes en territorio chileno.

¿Puede indicar la Comisión qué medidas tiene intención de adoptar para atender las exigencias legítimas de nuestra comunidad italiana en Chile, que se vería especialmente afectada por la decisión imprevista e intempestiva de interrumpir los vuelos directos con este país, precisamente en un momento en que se intensificarán los contactos entre ambos países?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(10 de junio de 1998)

La Comisión entiende que la decisión adoptada por Alitalia se debe a motivos puramente comerciales. La Comisión no es competente para intervenir en casos como éste, u otros comparables, en los que una empresa decide interrumpir un servicio que antes ofrecía. Por consiguiente, las quejas deben formularse a la compañía aérea responsable.
PREGUNTA ESCRITA E-2137/98

de Freddy Blak (PSE) a la Comisión

(10 de julio de 1998)

Asunto: Reestructuración del diálogo social

1. La Comisión quiere disolver los comités conjuntos para el diálogo social en el sector de correos y telecomunicaciones. ¿En qué ámbitos opina la Comisión que no han funcionado satisfactoriamente estos comités?

2. ¿Qué induce a pensar que las nuevas estructuras funcionarán mejor que los comités conjuntos?

3. ¿Cómo se ha pensado asegurar que la buena cooperación que caracterizaba a los comités conjuntos se mantendrá en las nuevas estructuras?

4. Tengo la impresión de que, entre las organizaciones afectadas, existe una amplia oposición a esta decisión. ¿Cuál es la posición de la Comisión a este respecto?
PREGUNTA ESCRITA E-2228/98

de Kirsi Piha (PPE) a la Comisión

(16 de julio de 1998)

Asunto: Subvenciones congeladas en el presupuesto

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha congelado los fondos para subvenciones sociales de la Comisión argumentando su carácter "ilegal" debido a que estos programas de asistencia no contaban con la aprobación del Consejo de Ministros. Sin embargo, los programas revisten una gran importancia desde el punto de vista de la Europa de los ciudadanos.

¿Podría indicar la Comisión cuántos y qué proyectos se quedan a partir de ahora sin subvenciones y para cuáles es posible obtener la aprobación del Consejo?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(17 de septiembre de 1998)

El 29 de julio, al amparo del acuerdo interinstitucional sobre los fundamentos jurídicos y la ejecución del presupuesto, y del acuerdo ad hoc para 1998 firmado el 17 de julio de 1998, la Comisión autorizó que se retomara la línea B3-4109 (Medidas para combatir la violencia ejercida contra los niños, los adolescentes y las mujeres).

El Consejo y la Comisión también han anunciado en una declaración conjunta que, en materia de lucha contra la exclusión social, el Consejo considera que el Tratado de Amsterdam, una vez ratificado, ofrecerá los medios para establecer los fundamentos jurídicos necesarios. La Comisión estudiará cómo reorientar las medidas cubiertas por las líneas presupuestarias B3-4101 (Cooperación con las asociaciones de solidaridad), B3-4102 (Acciones preparatorias para fomentar la cooperación entre Estados miembros en materia de lucha contra la exclusión social), y B3-4116 (Cooperación con las organizaciones y las asociaciones no gubernamentales para la lucha contra la exclusión social) de manera que puedan considerarse como preparatorias de una nueva acción comunitaria.

Por otra parte, ya el 14 de julio de 1998 la Comisión decidió desbloquear las líneas B3-4106 (Personas con minusvalías), B3-4113 (Acción de integración para los refugiados) y B3-4114 (Lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo).

Por lo que se refiere a la línea B3-4304 (Salud y bienestar), la Comisión está a la espera de que se adopte el correspondiente fundamento jurídico. En el ámbito de la ayuda social, las únicas líneas en relación con las cuales todavía no se ha adoptado ninguna solución son las líneas B3-4108 (Acciones en favor de la familia y los niños) y B3-440 (Lucha contra las drogas).
PREGUNTA ESCRITA E-2431/98

de Françoise Grossetête (PPE) a la Comisión

(30 de julio de 1998)

Asunto: Interpretación del artículo 4 de la VI Directiva relativa al IVA

Ciertas empresas realizan alquileres de larga duración de vehículos mediante los denominados contratos "de libros abiertos" cuyo objeto es que el arrendatario participe en el resultado financiero del alquiler, resultante de los costes reales de funcionamiento de los vehículos, de la duración de su utilización y del producto de su venta.

En caso de robo o destrucción del vehículo alquilado, el contrato prevé que el vehículo siniestrado sea evaluado por un perito y se establece que, únicamente sobre la base del valor así determinado, la empresa de seguros indemnizará a la empresa de alquiler y que esta última volverá a facturar al arrendatario la posible diferencia entre el valor de la indemnización así determinado por el perito y el valor neto contable del mencionado vehículo, tal como aparece en sus libros de contabilidad.

Por el contrario, en caso de siniestro, la empresa de alquiler no percibe en ningún caso la indemnización de rescisión correspondiente al valor actualizado de los alquileres no vencidos que hubiera percibido si el contrato hubiera llegado a su fin.

¿Podría confirmar la Comisión Europea que la indemnización abonada a la empresa arrendataria, correspondiente al valor del vehículo siniestrado o robado tal como es determinado por el perito, no incide en el ámbito de aplicación del IVA tal como es definido en el artículo 4 de la VI Directiva?

¿Podría confirmar asimismo la Comisión que, en virtud del apartado 1 de la parte A del artículo 11 de la VI Directiva, las indemnizaciones así percibidas no tienen ningún vínculo directo con el contrato de arrendamiento concluido y no pueden ser consideradas un complemento de precio que tenga por objeto asegurar el equilibrio financiero de las prestaciones comunes entre las partes y que, en consecuencia, las mencionadas indemnizaciones no deben estar sujetas al IVA?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(5 de octubre de 1998)

La Comisión está de acuerdo en que las indemnizaciones pagadas por las compañías de seguros tras la realización del riesgo por ellas asegurado no pueden considerarse como el pago de una prestación de servicios, y por lo tanto no entran en el ámbito de aplicación del IVA.

En cuanto al tratamiento de la cantidad cargada al arrendatario cuando la indemnización pagada por la compañía de seguros a la empresa de alquiler es inferior al valor contable neto en las cuentas de la empresa de alquiler, está claro que este importe no constituye el pago de un servicio suministrado por la empresa de alquiler. El pago efectuado por el arrendatario está basado en un hecho exterior (el hecho de que el automóvil haya sido robado, dañado, perdido o accidentado) no relacionado con la transacción imponible que constituye el alquiler del coche. Por tanto, el pago de una indemnización por parte del arrendatario a la empresa de alquiler no puede entenderse como pago de una prestación de servicios y no está sujeto al IVA.
PREGUNTA ESCRITA E-1930/98

de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión

(18 de junio de 1998)

Asunto: Actualizaciones alta velocidad

En relación con las anteriores preguntas escritas E-0508/97(1) y E-2352/97(2), y vista en particular la primera respuesta de la Sra. Bjierregaard en la que anunciaba medidas destinadas a garantizar el respeto de la normativa comunitaria pertinente, cabe observar que, hasta ahora, las obras para el tren de alta velocidad de la línea Roma-Nápoles sustancialmente siguen sin cambios, puesto que los ciudadanos residentes no han participado, según dispone la Directiva 85/337/CEE(3), ni se ha llevado a cabo la evaluación del impacto ambiental. Además, las obras para el tren de alta velocidad en la zona de Roma, en particular en las localidades denominadas "La Rustica" y "Casal Bertone", causarán numerosos inconvenientes, entre ellos la contaminación acústica, la contaminación por emisiones de polvo y propagación de exhalaciones de sustancias químicas, vibraciones de elevada intensidad y duración, debido a la proximidad de dicha línea de las viviendas. Todos estos fenómenos perjudicarán quizá irremediablemente la habitabilidad de la zona y las obras de compensación podrían resultar inadecuadas y provocar embotellamientos de tráfico. Además, al parecer las obras de demolición necesarias en muchos casos no han tenido en cuenta las necesarias medidas de seguridad y contra la contaminación.

¿Podría decir la Comisión:

1. si entretanto se han emprendido nuevas iniciativas ante las autoridades italianas para pedir que se respete la normativa comunitaria;

2. si no considera oportuna una nueva intervención para pedir una modificación sustancial de los proyectos de alta velocidad en las zonas señaladas;

3. si no considera que la financiación del BEI por 700.000 millones de liras concedida para la realización proyecto en cuestión se debería condicionar a la efectiva correspondencia de los proyectos con la normativa comunitaria?

4. ¿Podría la Comisión dar su opinión general sobre este asunto?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(3 de septiembre de 1998)

La Comisión remite a Su Señoría a su respuesta a su pregunta escrita no 578/98(4).

Las circunstancias a que alude Su Señoría no añaden ningún elemento de interés jurídico en relación con la aplicación de la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

En la evaluación del proyecto de ferrocarril de alta velocidad Roma-Nápoles, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) aplicó sus normas ambientales vigentes contenidas en su declaración sobre política de medio ambiente. Con arreglo a ellas, el proyecto se ajusta a la totalidad de las directivas comunitarias y nacionales pertinentes.

(1) DO C 391 de 23.12.1997, p. 15.

(2) DO C 187 de 16.6.1998, p. 1.

(3) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(4) DO C 386 de 11.12.1998, p. 26.
PREGUNTA ESCRITA E-2658/98

de Ernesto Caccavale (UPE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Incumplimiento de la normativa en materia de contratos públicos por parte de la empresa Multiservizi de Catania

A propuesta de la Junta municipal, en 1997 el Consejo municipal de Catania decidió crear una empresa mixta, denominada Multiservizi S.p.A., a la que se confió el servicio de limpieza, vigilancia y custodia, sin que se convocara licitación pública alguna que permitiera la participación paritaria de todas las empresas en principio aptas para prestar dichos servicios. La operación, que por otra parte tenía que garantizar la creación de empleo, ha producido una significativa disminución de los puestos de trabajo existentes y el aumento del coste global de los servicios. De hecho, la empresa Multiservizi no ha respetado las cláusulas de protección de los trabajadores, exigidas en el pasado a las empresas ganadoras de las licitaciones, que prevén el paso directo de los puestos de trabajo. En cambio, ha exigido que los trabajadores dimitieran de las empresas que anteriormente prestaban estos servicios y, posteriormente, ha procedido, en su caso, a contratarlos nuevamente.

1. ¿No considera la Comisión que sería necesario y oportuno verificar la regularidad del procedimiento seguido por el Consejo municipal en esta contrata?

2. ¿No considera la Comisión que hay razones suficientes para temer que se haya producido el incumplimiento no sólo de la legislación comunitaria relativa a la competencia sino también de la Directiva 92/50/CEE(1) relativa a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios, que exige de la administración el respeto de los criterios de economía, transparencia y publicidad?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(23 de septiembre de 1998)

La Comisión tomará contacto con las autoridades italianas para indagar los elementos de hecho y de derecho necesarios para comprobar la conformidad de la adjudicación del servicio de limpieza y vigilancia de la empresa Multiservizi S.pA, por parte del municipio de Catania, con la legislación comunitaria en materia de contratos públicos.

(1) DO L 209 de 24.7.1992, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA E-2350/98

de James Moorhouse (ELDR) al Consejo

(28 de julio de 1998)

Asunto: Relaciones con China

Con ocasión de su viaje a China, el presidente Clinton calificó públicamente la represión sangrienta de la plaza Tiannanmen como "error" y abogó en favor de los derechos humanos.

¿Piensa el Consejo proceder de la misma forma cuando tenga contactos oficiales con las autoridades chinas?

Respuesta

(9 de noviembre de 1998)

Es bien conocida la posición de la UE respecto de la represión sangrienta de la plaza Tiananmen en junio de 1989. Como los Estados Unidos, actualmente la Unión intenta lograr una mayor integración de China en la comunidad internacional, mediante un diálogo político más intenso, y trata de fomentar la transición de China hacia una sociedad abierta basada en el Estado de Derecho y en el respeto de los derechos humanos.

La situación de los derechos humanos en China es fuente de preocupación constante para la Unión. Todos los Estados miembros de la UE comparten el objetivo común de desear una mejora palpable de la situación de los derechos humanos en China.

Los derechos humanos se hallan constantemente en el orden del día de los contactos políticos a todos los niveles entre la Unión, cada uno de sus Estados miembros y China.

En el otoño de 1997, la Unión Europea reanudó el diálogo con China sobre los derechos humanos a nivel de expertos. Tras dos reuniones celebradas en octubre de 1997 en Luxemburgo y en diciembre de 1997 en Pekín, tuvieron lugar en esta última ciudad varias series de conversaciones a finales de febrero de 1998 (paralelamente a un seminario jurídico conjunto sobre la protección de los derechos humanos y la administración de la justicia), así como en Londres en mayo de 1998. La próxima serie de conversaciones debe celebrarse en Pekín a finales de octubre, tras un seminario jurídico conjunto sobre las condiciones de detención y la pena de muerte, así como sobre el tema de las minorías. Inmediatamente después, se celebrará un seminario de una semana sobre los derechos fundamentales de la mujer. El diálogo sobre los derechos humanos tiene su complemento en programas de cooperación concretos destinados a realizar los proyectos acordados entre la Unión y las autoridades chinas en el ámbito de los derechos humanos.

Antes de que se inicie el período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de este año, el Consejo evaluará la situación de los derechos humanos en China, así como el actual diálogo entre la UE y China sobre los derechos humanos y el programa de cooperación en materia de derechos humanos acordado con China, con vistas a alcanzar una posición común de la UE en la CDH.
PREGUNTA ESCRITA E-2076/98

de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión

(7 de julio de 1998)

Asunto: Contaminación acústica en Via Val d'Ala en Roma

Cerca de Via Val d'Ala, en Roma, existe una línea de ferrocarril de uso frecuente (tramo Roma-Orte y tren local por Fiumicino), que comporta un elevado nivel de ruido, con la consiguiente contaminación acústica en una zona densamente poblada.

Hace un año, aproximadamente, los residentes presentaron a las autoridades una petición en la que solicitaban su intervención para proteger su calidad de vida; a raíz de ello, se decidió enviar a los guardias municipales para que inspeccionaran la zona con el fin de comprobar el nivel de contaminación acústica.

Por consiguiente:

1. ¿Puede decir la Comisión si ello es contrario a la Directiva 85/337/CEE(1) relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente?

2. ¿Puede decir si considera oportuno intervenir ante las autoridades italianas para pedir que se instalen las barreras antirruido necesarias?

3. ¿Puede emitir un juicio general sobre este asunto?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(15 de septiembre de 1998)

1. La Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(2), es aplicable a las clases de proyectos enumeradas en sus Anexos I y II (incluidas las vías para el tráfico a gran distancia de los ferrocarriles) antes de su realización o, en determinadas condiciones, antes de su modificación. No es aplicable a las infraestructuras ya existentes.

2. Esta cuestión es competencia de cada Estado miembro.

3. La Comisión publicó un Libro verde sobre la política de lucha contra el ruido en 1997(3). Tras analizar las respuestas suscitadas por dicho Libro verde, la Comisión prepara ahora una propuesta de Directiva marco sobre el ruido ambiente. Grupos de expertos científicos elaborarán documentos de síntesis e informarán a la Comisión.

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(2) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(3) COM(96)540 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3259/98

de Francisco Sanz Fernández (PSE) a la Comisión

(28 de octubre de 1998)

Asunto: Cultura y cooperación exterior

¿Puede precisar la Comisión el número, la naturaleza y el importe de las ayudas que ha concedido en los ámbitos de la cultura, la educación y la formación en el marco de los Acuerdos de cooperación con los países del área del Mediterráneo y los países de América Latina durante el período comprendido entre 1994 y 1998?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión

(24 de noviembre de 1998)

La Comisión envía la información solicitada directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-2057/98

de Felipe Camisón Asensio (PPE) al Consejo

(6 de julio de 1998)

Asunto: Certificado "Europass Formation"

¿Cuándo y cómo podrán acceder los estudiantes europeos de Formación Profesional al programa de referencia? ¿Tendrá ventajas y facilidades semejantes a las del programa "Erasmus"?

Respuesta

(22 de octubre de 1998)

La promoción de "itinerarios europeos" de formación en alternancia incluido el aprendizaje no es un programa comunitario, sino un documento destinado a certificar a escala comunitaria períodos de formación efectuados en otro Estado miembro. La utilización del "Europass Formation" debe servir para que resulten más claramente perceptibles las competencias y experiencia adquiridas durante el período de formación en el extranjero. Se trata, pues, de un enfoque completamente distinto al del programa ERASMUS, que ha sido sustituido por el programa SÓCRATES y se refiere a intercambios universitarios.

En su sesión del 16 de julio de 1998, el Parlamento Europeo acusó recibo de una posición común del Consejo sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la promoción de itinerarios europeos de formación en alternancia incluido el aprendizaje. El Presidente del Parlamento Europeo solicitó que el plazo de que dispone el Parlamento para emitir su dictamen se ampliase un mes.

El Consejo reanudará sus trabajos una vez que el Parlamento Europeo haya emitido su dictamen, y podría alcanzar un acuerdo político sobre el texto en el Consejo (Trabajo y Asuntos Sociales) del 2 de diciembre de 1998.

Una vez adoptada la Decisión, se prevé que surta efectos a partir del 1 de enero de 2000.
PREGUNTA ESCRITA E-1123/98

de Marjo Matikainen-Kallström (PPE) a la Comisión

(8 de abril de 1998)

Asunto: Informe sobre la utilización de autocares largos en el territorio de la Unión

La Directiva 96/53/CE(1) sobre transportes, relativa a la armonización de las dimensiones máximas autorizadas y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional por carretera establece la longitud máxima de los autocares en 12 metros. A algunos países miembros de la Unión, como Finlandia, se les concedió una autorización excepcional para utilizar material de mayor longitud.

La utilización en todo el territorio de la UE de autocares más largos, es decir, con una longitud superior a los 12 metros, ha sido también objeto de debate. Con ocasión del examen de la directiva sobre transportes en 1996 se incluyó en el acta de la sesión del Consejo una cuarta declaración en la que se solicitaba a la Comisión la elaboración de un informe sobre las posibilidades de utilización en el territorio de la Unión de autocares de 15 metros.

¿Qué acciones acordes con la declaración del Consejo ha emprendido la Comisión para elaborar un informe sobre las posibilidades de utilización de autocares largos en el transporte realizado en el territorio de la Unión?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(29 de mayo de 1998)

La Directiva 96/53/CEE del Consejo, de 25 de julio 1996, por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional(2) no limita, en realidad, la longitud de los autocares rígidos que se emplean en el transporte internacional a un máximo de 12 metros. La Directiva establece que los autocares rígidos de hasta 12 metros de longitud tienen derecho a circular libremente en toda la Comunidad. Los autocares rígidos de más de 12 metros pueden circular pero están sujetos a la legislación nacional sobre la longitud máxima autorizada.

La finalidad principal de la propuesta legislativa de la Comisión, que se convirtió luego en la Directiva 96/53/CEE, era armonizar todas las dimensiones y pesos máximos de los vehículos en toda la Comunidad. Sin embargo, la longitud máxima de los autocares rígidos era un tema en el que no había consenso y no se consiguió un apoyo mayoritario para establecer un límite de 15 metros. En esas circunstancias, la Comisión se comprometió ante el Consejo a presentar un informe sobre la cuestión.

La Comisión informa a su Señoría de que está previsto quesu informe sobre los autocares de 15 metros se apruebe en un futuro próximo, una vez aprobado, se enviará al Consejo y al Parlamento para su estudio.

(1) DO L 235 de 17.9.1996, p. 59.

(2) DO L 235 de 17.9.1996, p. 59.