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PREGUNTA ESCRITA E-1330/96 de Ana Miranda de Lage (PSE) y Josep Pons Grau (PSE) a la Comisión (3 de junio de 1996)

Asunto: Condiciones de las ONG para acceder a la financiación comunitaria

Las ONG se han constituido en instrumentos para encauzar una parte de la cooperación comunitaria en favor de los países en desarrollo.

Aunque las acciones iniciales con las ONG empezaron con la línea de cofinanciación a través de la Dirección General de Desarrollo, actualmente hay una gran profusión de líneas accesibles a las ONG en el presupuesto de la UE.

Esta situación produce confusión respecto a porcentajes de cofinanciación, condiciones de trabajo de las ONG con los servicios de la Comisión y relaciones contractuales, lo que provoca que las ONG estén desorientadas respecto a procedimientos y posibilidades.

¿Tiene previsto la Comisión realizar una armonización respecto a las condiciones exigibles a las ONG para acceder a la financiación comunitaria?

¿Podrían armonizar las condiciones contractuales en las líneas presupuestarias abiertas a las ONG de la DG I, DG IA, DG IB, DG VIII y ECHO?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión (24 de junio de 1996)

En el ámbito de las políticas de cooperación, las organizaciones no gubernamentales (ONG) administran una parte considerable y creciente de los fondos comunitarios y su campo de acción se ha diversificado. Resulta de ello que acceden a numerosas líneas presupuestarias y mantienen relaciones múltiples con la Comisión.

Este papel creciente y diversificado traduce la apreciación del trabajo de las ONG. Pero ha generado nuevas dificultades en cuanto a la identificación correcta de las ONG auténticas, en cuanto a los principios destinados a governar las relaciones entre la Comisión y las ONG y en cuanto a la coherencia de los procedimientos a aplicar a través de las líneas presupuestarias accesibles a las ONG.

Por eso la Comisión, de común acuerdo con el Comité de enlace de las ONG, inició un examen de estas cuestiones, con el fin de lograr el mínimo necesario de coherencia en la gestión, teniendo en cuenta la inevitable diversidad de las situaciones y objetivos en los distintos ámbitos de intervención. Este ejercicio se lleva en cabo consultando a y colaborando con el Comité de enlace de las ONG.

Hay que señalar que la Comisión publica cada año «una Recopilación comentada de las líneas presupuestarias accesibles a las ONG», que contiene las informaciones necesarias para que las ONG puedan definir más fácilmente los objetivos, las condiciones de acceso, los procedimientos y los puntos de contacto para las distintas líneas presupuestarias.
PREGUNTA ESCRITA E-0906/96 de Pieter Dankert (PSE) y Carlos Pimenta (ELDR) a la Comisión (23 de abril de 1996)

Asunto: Financiación de un nuevo puente sobre el río Tajo por el Fondo de cohesión

Desde 1994 se ha mantenido informada a la Comisión, en relación con la construcción de un nuevo puente sobre el río Tajo cofinanciada por el Fondo de Cohesión, de la infracción de las Directivas 79/409/CEE ((DO L 103 de 25.4.1979, p. 1. )) y 92/43/CEE ((DO L 206 de 22.7.1992, p. 7. )), de las medidas mencionadas en el informe sobre el impacto medioambiental y del Anexo I de la decisión de la Comisión relativa al proyecto no 94/10/65/005. A pesar de las conversaciones que han tenido lugar entre la Comisión y las autoridades portuguesas, las medidas que deberían haberse adoptado al comienzo de las obras continúan sin tomarse en 1996 y las infracciones continúan.

¿No considera la Comisión que ya hubiera debido llevar a cabo un examen de la situación o que, en cualquier caso, debe hacerlo inmediatamente, tal como se estipula en el artículo 10 de su decisión relativa al proyecto no 94/10/65/005, tras lo cual podrá suspender, reducir o retirar la ayuda financiera?

Si la Comisión no comparte esa opinión, ¿puede indicar hasta qué punto llegará su tolerancia, teniendo en cuenta que ya se han ahogado dos niños porque todavía no se han colocado las vallas protectores exigidas en el informe sobre el impacto medioambiental y teniendo en cuenta el hecho de que, según la información publicada en la prensa, el Gobierno portugués ha reconocido finalmente la existencia de infracciones de las normas y ha multado a la empresa «Lusoponte» por obras de dragado y vertidos ilegales?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0904/96, E-0905/96, E-0906/96, E-0907/96 y E-0908/96 dada por el Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (9 de julio de 1996)

La Comisión está realizando un minucioso examen del problema al que se refieren Sus Señoras, y les informará de su resultado lo más rápidamente posible.
PREGUNTA ESCRITA E-0541/96 de Martina Gredler (ELDR) a la Comisión (11 de marzo de 1996)

Asunto: «Helen Joseph Women's Development Centre»

El «Helen Joseph Women's Development Centre» centra su actividad, como parte de un programa de desarrollo para aumentar el nivel de vida de las mujeres en la provincia de El Cabo en Sudáfrica, en cursos de formación destinados a mujeres desempleadas. Este centro está ubicado en el township de Galeshewe en Kimberley.

La Unión Europea denegó la concesión de ayuda a este centro en 1995, aduciendo que Sudáfrica no es un país en desarrollo.

¿Existe alguna otra posibilidad de financiar el «Helen Joseph Women's Development Centre»?

¿Es adecuada una línea presupuestaria para conceder una ayuda?

En caso afirmativo, ¿qué línea presupuestaria es la idónea?

¿Cuáles son los plazos que se han de respetar en caso de una solicitud de ayuda para 1996 y 1997?

¿Qué condiciones se han de cumplir?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión (10 de mayo de 1996)

A partir del 1 de enero de 1996 Sudáfrica está incluida en lista de beneficiarios del comité de ayuda al desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico como país de renta media-baja, al igual que Costa de Marfil y Camerún.

La pequeña línea presupuestaria B 7-611 (mujeres en el desarrollo) se utiliza normalmente para promover la movilización de fondos en vez de para financiar intervenciones directas in situ. Financiar las actividades de desarrollo que incluyen la atención a los problemas de la mujer es específicamente responsabilidad de la financiación principal, según lo subrayado en la reciente resolución del Consejo del 20 de diciembre de 1995 sobre la integración de los problemas de la mujer en la cooperación al desarrollo.

El programa europeo para la reconstrucción y el desarrollo (EPRD) en Sudáfrica se financia a través de la línea presupuestaria B 7-3200 de la Comisión, que financia programas para mejorar la situación de los grupos más desfavorecidos de la sociedad sudafricana. Uno de los proyectos aprobados por la Comisión para el EPRD es el programa del apoyo a una organización no gubernamental (ONG), (Transitional national development trust) que debe actuar como cámara de compensación para los proyectos ONG.

Las propuestas de proyectos en los sectores acordados (educación, salud, desarrollo rural, desarrollo urbano, apoyo al sector privado y buen gobierno) se discuten y se elaboran en cooperación entre la Comisión y el Gobierno sudafricano. Para propuestas específicas, como el centro de desarrollo de las mujeres de Helen Joseph, es mejor ponerse en contacto con la delegación de la Comisión en Sudáfrica.

De hecho, la valoración inicial del proyecto es llevada a cabo en Sudáfrica por la delegación de la Comisión que evalúa, en estrecha colaboración con las ONG implicadas, si una propuesta refleja las prioridades de la Comisión y el Gobierno sudafricano y la manera en que puede tratarse en el marco del programa europeo para la reconstrucción y el desarrollo de Sudáfrica.
PREGUNTA ESCRITA E-0980/96 de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión (26 de abril de 1996)

Asunto: Derechos de pensión en las delegaciones de la UE

¿Puede indicar la Comisión cómo tiene intención de abordar el descontento existente en las delegaciones de la Unión Europea en lo relativo a los derechos de pensión de los agentes locales?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (18 de junio de 1996)

El reglamento marco contempla que «La Comisión establecerá regímenes de pensiones suplementarios o independientes cuando no existan regímenes locales o cuando el régimen local se considere inadecuado».

Con este fin, la Comisión pensó en crear un fondo de seguridad social al que debían contribuir tanto el empleado como el empleador. Hasta ahora, 79 condiciones específicas para la contratación de agentes locales rigen la participación de dichos agentes en este fondo. De manera provisional, la Comisión empezó a pagar sus contribuciones el 1 de enero de 1996 y a recolectar las de los agentes locales. Dados los retrasos en la puesta en marcha del fondo, la Comisión está negociando el pago de atrasos a partir del 1 de julio de 1991.

La Comisión ya participa en nombre de los agentes locales en el régimen estatal de cada país en el que está representada. En las negociaciones con los sindicatos, se ha visto obligada a señalar que el reglamento aprobado, citado más arriba, no la obliga a establecer un fondo de pensiones que garantice a cada agente local jubilado una pensión vitalicia, tal como proponen los sindicatos.

La Comisión sigue comprometiéndose a aplicar lo aprobado en las normas básicas. En ese sentido, ha entablado negociaciones con los sindicatos locales representativos.
PREGUNTA ESCRITA E-1404/96 de Laura De Esteban Martin (PPE) a la Comisión (6 de junio de 1996)

Asunto: Programa ALFA

¿Podría la Comisión especificar cuáles han sido los proyectos financiados dentro del Programa ALFA y cuál ha sido el porcentaje de participación de las universidades españolas en los mismos?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión (24 de junio de 1996)

La Comisión ha invitado hasta ahora en cuatro ocasiones a la presentación de candidaturas en el marco del programa Alfa. En las tres primeras (la cuarta todavía se está examinando), la Comisión consideró que 387 proyectos podrían ser objeto de una financiación. Estos 387 proyectos se eligieron entre los 1.637 que se habían presentado. La lista de los proyectos aprobados se envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.

En el desarrollo de estos 387 proyectos aprobados están implicadas más de 800 instituciones de enseñanza superior, entre las cuales se cuentan 50 instituciones españolas (6,25%). En la medida en que las distintas instituciones participan en varios proyectos a través de sus facultades o departamentos, otro elemento importante será el del número de proyectos en los que cada Estado miembro está presente. En este contexto, hay que subrayar que España participa en 312 de los 387 proyectos aprobados, lo que representa un 80,6%.
PREGUNTA ESCRITA P-1304/96 de Barbara Weiler (PSE) a la Comisión (22 de mayo de 1996)

Asunto: Ayudas estatales al sector textil

¿Son ciertas las informaciones según las cuales el Gobierno francés tiene el propósito de eximir a la industria textil y de la confección de cotizaciones sociales por un importe anual de, al cambio, aproximadamente 600 millones de marcos alemanes?

¿Comparte la Comisión la opinión de que se trata de una grave perturbación de las condiciones de competencia y de una infracción a la prohibición de las subvenciones estatales en el mercado interior?

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión con vistas a garantizar unas condiciones de competencia iguales para las industrias textiles de los Estados miembros de la UE, en el caso de que el Gobierno francés lleve a cabo su propósito?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1177/96 y P-1304/96 dada por el Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (12 de junio de 1996)

El 27 de marzo de 1996, las autoridades francesas notificaron a la Comisión un conjunto de medidas experimentales de reducción de las cotizaciones sociales en favor de los sectores textil, de la confección y del calzado. El importe de la reducción de las cotizaciones ha sido evaluado en 325 millones de ecus anuales. La Comisión considera que estas ayudas entran dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE.

La posición de la Comisión con respecto a las ayudas sectoriales destinadas a la creación de puestos de trabajo se desprende de las Directrices sobre ayudas al empleo ((DO C 334 de 12.12.1995. )). Basándose en estas Directrices, la Comisión adoptó el 30 de abril de 1996 una decisión definitiva negativa sobre las medidas experimentales de reducción de las cotizaciones sociales que el Gobierno italiano tenía intención de conceder al sector del calzado, al considerar que las ayudas eran incompatibles con el mercado único.

El 15 de mayo de 1996, la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado con respecto a estas medidas, debido a su carácter sectorial y al no estar justificada la necesidad de que estos sectores reciban un trato más favorable que los demás. La carta que la Comisión ha dirigido a las autoridades francesas recuerda los efectos suspensivos del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE, así como el hecho de que toda ayuda concedida ilegalmente puede ser objeto de una orden de reembolso.

En desarrollo de este procedimiento, la Comisión está esperando la respuesta de las autoridades francesas sobre la conformidad de estas medidas con las citadas Directrices.
PREGUNTA ESCRITA E-1171/96 de Bertel Haarder (ELDR) a la Comisión (15 de mayo de 1996)

Asunto: Financiación conjunta de proyectos en el marco del Fondo Social Europeo

Las disposiciones que regulan el Fondo Social Europeo se basan en el principio de la participación nacional en la financiación de los proyectos, por ejemplo, destinados a la creación de empleo. (Reglamento del Consejo 2084/93/CEE ((DO L 193 de 31.7.1993, p. 39. )), artículo 2, de 20 de julio de 1993).

¿Puede la Comisión informar de si es aceptable que Dinamarca haga consistir su parte en la financiación de proyectos en el marco del Fondo Social exclusivamente en los pagos a través de sus regímenes de seguro de desempleo (subsidio de desempleo), es decir, los pagos que los participantes hubieran percibido en cualquier caso?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (12 de junio de 1996)

El Fondo Social Europeo (FSE) financia parcialmente los gastos de formación profesional y ayudas a la contratación de los Estados miembros. El volumen de la financiación parcial se determina en el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento (CEE) marco del FSE no 2084/93.

Las demandas de pago dirigidas al FSE deben basarse en gastos admisibles y realizados. Los gastos corrientes de los proyectos y las asignaciones pagadas a los alumnos durante los mismos se consideran «gastos admisibles».

El hecho de que Dinamarca considere los subsidios de desempleo de los participantes como financiación parcial nacional no constituye ningún incumplimiento de los reglamentos del FSE.
PREGUNTA ESCRITA E-1051/96 de Susan Waddington (PSE) a la Comisión (13 de mayo de 1996)

Asunto: Discriminación por razón de edad en las políticas de reclutamiento de las Instituciones de la Comunidad

De anuncios recientes, se desprende que, al parecer, la Comisión continúa practicando una política de reclutamiento discriminatoria por razón de edad a pesar de que, durante años, ha venido prometiendo que esta situación cambiaría. ((«Independent on Sunday» de 18.2.1996. ))

Teniendo en cuenta la opinión de la Comisión a la Conferencia Intergubernamental en la que recomienda la introducción en el Tratado de «disposiciones relativas a la prohibición de cualquier tipo de discriminación», ¿piensa la Comisión cambiar su política de reclutamiento?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (5 de junio de 1996)

Al igual que las demás Instituciones comunitarias, la Comisión, con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Estatuto, aplica límites de edad para participar en los concursos de selección de funcionarios.

El artículo 27 del Estatuto dispone que la selección tendrá como objetivo garantizar a la Institución los servicios de funcionarios que posean las más altas cualidades de competencia, rendimiento e integridad, seleccionados según una base geográfica lo más amplia posible entre los nacionales de los Estados miembros. Los funcionarios serán seleccionados sin distinción de raza, creencias o sexo.

La experiencia de estos últimos años demuestra que la aplicación de límites de edad constituye un elemento no desdeñable para garantizar un mayor equilibrio tanto geográfico como de relación entre hombres y mujeres en la participación en los concursos. Es concretamente el caso de los concursos para los grados de base, en particular para administradores adjuntos A8. Ello se explica por el hecho de que la movilidad disminuye con la edad y, sin límites de edad, la afluencia de candidatos procedentes del mercado de trabajo local podría implicar desequilibrios difícilmente aceptables entre los participantes y los aprobados. También resulta claro que las mujeres jóvenes tienen mayor movilidad y están más predispuestas a presentarse a concursos antes de contraer obligaciones familiares. Han podido observarse las mismas tendencias con ocasión de la organización de los concursos A para nacionales austríacos, finlandeses y suecos en 1995.

Por estas razones y, en particular, las carreras, la Comisión ha aplicado límites de edad.

Tras las conclusiones del grupo tripartito, se fortalecerá la cooperación interinstitucional en materia de organización de concursos. Esto significa que todos los aspectos de la política de selección, incluidos los límites de edad en las convocatorias de concursos, serán examinados en el marco de dicha cooperación.
PREGUNTA ESCRITA E-0941/96 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión (26 de abril de 1996)

Asunto: Horarios de la guardería post-escolar interinstitucional

La guardería post-escolar interinstitucional, sita en la Avenida Wilson, acoge a los alumnos de las escuelas europeas, hijos de los funcionarios de las Instituciones comunitarias, hasta las 18.15 horas de lunes a jueves y hasta las 17.30 horas los viernes. Estos horarios no están adaptados a los horarios de los funcionarios del Parlamento Europeo que trabajan hasta las 18.30 horas.

Visto el carácter interinstitucional de la guardería, ¿no debe la Comisión prorrogar la apertura hasta las 19.00 horas, horario que permitiría a los funcionarios del Parlamento Europeo ir a recoger a sus niños después del trabajo, tal como es el caso en la guardería Eastman del Parlamento Europeo?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (14 de junio de 1996)

El horario de las guarderías postescolares, al igual que el de las simples guarderías, está calcado del horario oficial de trabajo de las Instituciones y del de los establecimientos locales.

La cuestión del horario de las guarderías postescolares ya ha sido examinada en otras ocasiones rechazándose su eventual prolongación por razones de orden organizativo y presupuestario. Además, el Comité de Gestión del Centro de la Infancia (COCEPE), órgano paritario interinstitucional, en su reunión de 22 de febrero de 1992, se pronunció contra esa eventualidad en la medida en que pudiera ir en detrimento de los menores, que ya pasan numerosas horas fuera de la célula familiar. Ello no obstante, el COCEPE ha decidido proceder en una próxima reunión a un nuevo examen de la cuestión, así como de sus eventuales implicaciones.

La Comisión no dejará de comunicar a Su Señoría los resultados de este proceso de reflexión.
PREGUNTA ESCRITA E-0878/96 de James Provan (PPE) a la Comisión (17 de abril de 1996)

Asunto: Jaulas en batería

Según el artículo 7 de la directiva 88/166/CEE ((DO L 74 de 19.3.1988, p. 83. )) sobre estándars mínimos para la protección de las gallinas ponedoras instaladas en jaulas en batería, la Comisión debe llevar a cabo inspecciones para asegurar su aplicación uniforme. Desde el 1 de enero de 1995 los requisitos mínimos que establece esta directiva son de aplicación en todas las jaulas en batería.

¿Podría la Comisión indicarnos cuantas inspecciones se han llevado a cabo desde el 1 de enero de 1995 y si estas inspecciones confirman los rumores de que no todos los Estados miembros están aplicando adecuadamente esta directiva y de que las jaulas en batería en muchas granjas no se conforman completamente aún a los requisitos mínimos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (21 de mayo de 1996)

La Comisión lamenta informar a Su Señoría de que no ha podido organizar inspecciones sobre la aplicación uniforme de la Directiva 88/166/CEE, debido a que actualmente no dispone de personal en número suficiente para poder llevar a cabo estas inspecciones.
PREGUNTA ESCRITA E-1177/96 de Werner Langen (PPE) a la Comisión (15 de mayo de 1996)

Asunto: Subvenciones a la industria textil y de la confección francesa

El Gobierno francés proyecta eximir a la industria textil y de la confección del país del pago de cargas sociales por un importe anual equivalente a 600 millones de marcos. Esto representa para el sector textil francés una ventaja considerable desde el punto de vista de los costes y, con ello, para la competencia frente a productores de otros Estados miembros.

1. ¿Está informada la Comisión de los proyectos de subvención del Gobierno francés?

2. En caso afirmativo, ¿cómo piensa la Comisión que puede conciliarse una concesión de subvenciones tan masiva con el principio de la armonización de las condiciones de competencia en la UE?

3. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión contra la proyectada exención del sector textil francés?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1177/96 y P-1304/96 dada por el Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (12 de junio de 1996)

El 27 de marzo de 1996, las autoridades francesas notificaron a la Comisión un conjunto de medidas experimentales de reducción de las cotizaciones sociales en favor de los sectores textil, de la confección y del calzado. El importe de la reducción de las cotizaciones ha sido evaluado en 325 millones de ecus anuales. La Comisión considera que estas ayudas entran dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE.

La posición de la Comisión con respecto a las ayudas sectoriales destinadas a la creación de puestos de trabajo se desprende de las Directrices sobre ayudas al empleo ((DO C 334 de 12.12.1995. )). Basándose en estas Directrices, la Comisión adoptó el 30 de abril de 1996 una decisión definitiva negativa sobre las medidas experimentales de reducción de las cotizaciones sociales que el Gobierno italiano tenía intención de conceder al sector del calzado, al considerar que las ayudas eran incompatibles con el mercado único.

El 15 de mayo de 1996, la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado con respecto a estas medidas, debido a su carácter sectorial y al no estar justificada la necesidad de que estos sectores reciban un trato más favorable que los demás. La carta que la Comisión ha dirigido a las autoridades francesas recuerda los efectos suspensivos del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE, así como el hecho de que toda ayuda concedida ilegalmente puede ser objeto de una orden de reembolso.

En desarrollo de este procedimiento, la Comisión está esperando la respuesta de las autoridades francesas sobre la conformidad de estas medidas con las citadas Directrices.