PREGUNTA ESCRITA P-4047/00

de Reinhold Messner (Verts/ALE) a la Comisión

(20 de diciembre de 2000)

Asunto: Renovación de la concesión a la empresa de autopistas Brescia-Padua y construcción de la autopista de Valtrompia

En mayo de este año, sin convocar licitación pública, se renovó por nueve años más (hasta 2011) el convenio entre la empresa concesionaria de la autopista Brescia-Padua y ANAS (Azienda Nazionale Autonoma Strade), la entidad pública italiana que gestiona la red de carreteras.

En virtud de la directiva denominada Ciampi-Costa(1), a título excepcional, las concesiones de autopistas se pueden prorrogar únicamente para subsanar contenciosos existentes (ausencia de adecuación de las tarifas, reconocimiento de obras para Mundiales 90 y Colombianas 92, otros posibles contenciosos respecto de los cuales se deberá recabar el dictamen de la Abogacía del Estado). En cambio, en el caso objeto de la pregunta, la renovación se justifica con la construcción de un nuevo enlace de autopistas: la denominada autopista de Valtrompia. En realidad, se trata de una nueva autopista, de unos 30 kilómetros, que enlazará Gardone Valtrompia con la autopista Brescia-Padua. La empresa concesionaria ya ha encargado a la empresa de Verona, Tecnital, el proyecto de ejecución y ha previsto en su plan de financiación una inversión de 550 000 millones de liras (284 millones de euros) para la construcción de la nueva autopista. Sin embargo, se trata de una subestimación, si se considera que, hoy en día, el coste de un kilómetro de autopista oscila entre los 25 000 y los 30 000 millones de liras (entre 12 y 15 millones de euros), lo que hace dudar de la pertinencia de las previsiones de gasto. La nueva autopista se justifica con la necesidad de reducir el recorrido para los vehículos pesados que suministran las empresas manufactureras de Valtrompia.

¿No considera la Comisión que la renovación de esta concesión es contraria a las Directivas 92/50/CEE, 93/37/CEE y 84/440/CEE, puesto que no se ha convocado una licitación pública europea para su adjudicación(2)?

¿Estima la Comisión que es admisible justificar esta renovación sin licitación mediante un intercambio en inversiones para la construcción de una nueva autopista?

¿No considera la Comisión que aceptar esta política de intercambio entre empresas concesionarias y la administración pública en favor de nuevas infraestructuras de autopistas anula la opción prioritaria de la Unión Europea que consiste en restablecer el equilibrio modal entre la carretera y el ferrocarril?

(1) Véase Directiva del Ministro de Obras Públicas, en concertación con el Ministro de Economía y Hacienda, Presupuesto y Programación Económica, de 20.10.1998, Protocolo no 011790/Ministerio de Economía y Hacienda.

(2) DO L 209 de 24.7.1992, DO L 199 de 9.8.1993 y DO L 268 de 15.9.1989.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(8 de febrero de 2001)

La pregunta formulada por Su Señoría se inscribe en el marco más general de las modalidades de adjudicación de las concesiones de autopistas en los diferentes Estados miembros. La Comisión ha solicitado información detallada a todos los Estados miembros sobre su situación a este respecto.

La Comisión está estudiando actualmente la información facilitada por las autoridades italianas, así como la procedente de las autoridades de los demás Estados miembros, con objeto de definir una posición coherente para la totalidad de las concesiones de autopistas en la Comunidad, teniendo en cuenta las importantes consecuencias económicas y sociales del tema en cuestión.

La Comisión solicitó, durante una reunión con las autoridades italianas celebrada en Roma el 18 de diciembre de 2000, toda la información necesaria para evaluar la compatibilidad con la legislación comunitaria de los contratos públicos de la construcción de un nuevo tramo de autopista en Valtrompia y de la renovación de la concesión a la sociedad concesionaria de la autopista Brescia-Padua, como señala Su Señoría. En caso de que el examen de la citada información mostrara una posible incompatibilidad de los procedimientos seguidos con la legislación comunitaria, podría incoarse el procedimiento por incumplimiento del artículo 226 (antiguo artículo 169) del tratado CE.

Con respecto a la política de transportes, la Directiva 1999/62/CE del Parlamento y del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras(1) limita los importes de los peajes a los costes de construcción, de gestión y de desarrollo de la red vial. Ello no impide que los Estados miembros destinen a la protección del medio ambiente y al desarrollo equilibrado de las redes de transportes, un porcentaje del importe de los peajes siempre que dicho importe respete los límites mencionados. En el contexto de la preparación de un libro blanco sobre la política común de transportes previsto a principios de este año, la Comisión está examinando las medidas que permitirían un reequilibrio entre la carretera y el ferrocarril en la Comunidad, revisando principalmente las normas en materia de tarificación y financiación de las infraestructuras. Esas medidas deberían permitir en determinados casos justificados utilizar los ingresos de la tarificación vial para desarrollar alternativas ferroviarias.

Por otra parte, hay que destacar que la renovación de una concesión de autopistas adjudicada por un organismo estatal infringiendo la normativa comunitaria relativa a los contratos públicos que pueda ser aplicable, y sin que dicha operación implique, por parte de la empresa beneficiaria, la asunción de los riesgos o la simple compensación de los gastos reales que afrontaría cualquier inversor privado en una economía de mercado, debería examinarse igualmente a la luz de la normativa relativa a las ayudas de Estado en el ámbito de los transportes.

(1) DO L 187 de 20.7.1999.