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PREGUNTA ESCRITA E-1666/00

de Mario Mauro (PPE-DE) al Consejo

(5 de junio de 2000)

Asunto: Violación de los derechos del niño

El 3 de mayo de 2000, la Presidencia del Consejo de Ministros, Departamento de Asuntos Sociales, Comité para los menores, decidió la expulsión a Suiza de Izabayo Fidencie, una niña rwandesa encontrada en territorio italiano, sin documentación de identidad, en el domicilio de Nshimiyimana Juvenal, quien sostiene ser el padre de la niña, a pesar de la existencia de documentos que certifican sin lugar a dudas la mala fe de este último.

El recurso ante el Tribunal Administrativo de la Región Lacio contra la decisión adoptada por la Presidencia del Consejo de Ministros, Departamento de Asuntos Sociales, en esta dramática situación, sin un examen detenido de las pruebas disponibles facilitadas por el Gobierno rwandés, que demuestran la falsedad de las afirmaciones de Nshimiyimana Juvenal, ponen de manifiesto la superficialidad de la medida administrativa adoptada.

La Unión Europea, desde siempre, ha proclamado su compromiso en favor del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y ha confirmado de manera explícita dicho compromiso respecto de los derechos sociales fundamentales, como queda patente en el Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales.

Además, el artículo 3 de la Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas establece que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño, y se proclama también el derecho del niño a tener una familia y no el derecho de alguien a tener un hijo.

1. ¿Qué acciones piensa emprender el Consejo para lograr que Italia averigüe quiénes son efectivamente el padre y la madre de la niña Izabayo Fidencie y la entregue a los padres legítimos o naturales?

2. ¿Qué acciones piensa emprender el Consejo para que, a la vista de los nuevos documentos presentados y en espera de la sentencia del Tribunal Administrativo de la Región Lacio, Italia suspenda la expulsión a Suiza de Izabayo Fidencie?

Respuesta

(26 de septiembre de 2000)

No entra en las competencias del Consejo interferir en el ejercicio por los Estados miembros de sus competencias en materia de expulsión de extranjeros de sus territorios.
PREGUNTA ESCRITA E-1644/00

de Adriana Poli Bortone (UEN) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Programa Operativo Nacional

¿Puede indicar la Comisión los motivos por los que supuestamente devolvió a las autoridades italianas el PON (Programa Operativo Nacional)?

¿No considera que esta devolución traerá aparejados importantes retrasos para las regiones (especialmente las del Objetivo 1) que deben formular complementos de programación, afectando gravemente a la utilización de los recursos 2000-2006?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(11 de julio de 2000)

Las informaciones aportadas por Su Señoría no permiten a la Comisión identificar el programa en cuestión.

El marco comunitario de apoyo para las regiones italianas incluidas en el objetivo no 1 para el período de programación 2000-2006, aprobado en principio por la Comisión el 14 de abril de 2000, se ejecutará a través de 14 programas operativos, de los cuales siete son regionales (POR) y siete nacionales (PON).

En general, la necesidad de intensificar el examen de un programa concreto, por ejemplo sectorial, no implica la aprobación de los demás programas, en particular los programas regionales. Cuando el contenido de un programa sectorial todavía sin aprobar influye de manera significativa en la ejecución de los programas regionales, éstos deben incluir los procedimientos de adecuación del programa en cuestión.
PREGUNTA ESCRITA E-2240/00

de Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) a la Comisión

(5 de julio de 2000)

Asunto: Turismo

¿Qué medidas va a proponer desde la Comisión, ante la situación de disminución en la recepción del turismo, a los países de la Unión Europea?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2176/00 y E-2240/00 dada por el Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(19 de septiembre de 2000)

En aplicación del principio de subsidiariedad, incumbe a las autoridades locales, regionales o nacionales de los Estados miembros conocer, estudiar, analizar y, en su caso, remediar las causas estructurales que puedan causar una disminución del número de turistas en la Costa del Sol, o en cualquier otra parte.

La Comisión, en su papel de catalizador de las diversas políticas e instrumentos comunitarios, puede ayudar a las autoridades de los Estados miembros a desarrollar su potencial turístico. Recientemente, la Comisión ha publicado, en su sitio de Internet, una guía titulada Procedimientos de la UE en apoyo del turismo. Itinerario Internet para el sector turístico.

La Comisión trabaja actualmente, bajo el mandato del Consejo, y en cooperación con expertos elegidos por los Estados miembros, en el desarrollo del turismo europeo en las áreas de la información, la formación, la calidad de productos turísticos y de la promoción de la protección del medio ambiente y la sostenibilidad en el turismo. Con este fin se han creado cuatro grupos de trabajo que publicarán para finales de 2001 un informe final con las conclusiones y las recomendaciones, sobre las que la Comisión analizará su política de turismo de los próximos años.

Para proporcionar directrices a las empresas turísticas y países europeos sobre cómo llegar a una estrategia integrada de gestión de la calidad en destinos costeros, urbanos y rurales, la Comisión ha llevado a cabo tres estudios. En ellos se seleccionan las mejores prácticas, se sacan conclusiones y se ofrecen recomendaciones para una estrategia integrada de la calidad.
PREGUNTA ESCRITA E-1448/00

de Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE) a la Comisión

(10 de mayo de 2000)

Asunto: Ayuda económica de la DG Comercio a las ONG medioambientales brasileñas

En 1997, la Comisión (DG Comercio) celebró una serie de acuerdos con distintas organizaciones no gubernamentales brasileñas activas en el ámbito del medio ambiente en los que se prometía a éstas ayuda económica para distintos proyectos. Desde hace ya tres años, los interlocutores brasileños están a la espera de noticias y, sobre todo, de la ayuda económica. Un ejemplo de estos contratos es el celebrado con Ecotropia con la referencia BR97/023/B7-6201/04.

¿Podría responder la Comisión a las siguientes preguntas?:

1. ¿Cuáles son los objetivos generales que se persiguen con la ayuda a los proyectos de las ONG brasileñas?

2. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta la fecha? ¿Se han evaluado las medidas de apoyo?

3. ¿Cómo se explica que no se haya entregado la ayuda económica?

4. ¿Tiene la Comisión intención de adoptar medidas a corto plazo para cumplir sus obligaciones contractuales?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(29 de junio de 2000)

El proyecto mencionado por Su Señoría forma parte de un amplio compromiso al que se llegó en 1997 (el paquete de Brasil, B7-6021/97/0542). Este consiste en 12 proyectos de organizaciones no gubernamentales (ONG) que tratan de problemas ambientales, apoyados por una unidad central de gestión. Desgraciadamente, todavía no se ha aplicado el paquete de medidas ni se ha firmado ningún contrato con las ONG asociadas.

Los objetivos de los proyectos que van a ser llevados a cabo por las ONG asociadas dentro de este paquete están relacionados con la protección y el uso sostenible de los bosques tropicales en Brasil a través de una serie de acciones.

Todavía no se han iniciado los proyectos y, por lo tanto, no se ha llevado a cabo ninguna evaluación. La Comisión no ha firmado contratos con ninguna de las ONG asociadas, aunque se les informó de que se había aceptado financiar sus proyectos. Se tomaron una serie de medidas preparatorias, especialmente el envío de una misión para concluir la planificación de los distintos proyectos. El principal es crear una base jurídica para la unidad de gestión del proyecto y definir procedimientos de ejecución, ya que no existen casos similares previos en Brasil. Tales procedimientos están negociándose actualmente.

Tal como se ha declarado anteriormente, la Comisión no tiene obligaciones contractuales respecto a las ONG asociadas, puesto que no ha firmado ningún contrato. Sin embargo, está haciendo todo lo posible para desbloquear la situación con las autoridades brasileñas.

El retraso experimentado en la puesta en práctica de este proyecto constituye un grave problema. Sin embargo no debe ocultar el hecho de que se han financiado otros cuatro proyectos de ONG por un valor de 3,9 M con cargo a la línea presupuestaria sobre bosques tropicales en Brasil entre 1997 y 1999, y se han comprometido más de 22 M destinados a Brasil a partir de la línea de cofinanciación con las ONG.
PREGUNTA ESCRITA E-1402/00

de Jeffrey Titford (EDD) a la Comisión

(5 de mayo de 2000)

Asunto: Comisión Europea y Banco Central Europeo

¿Puede indicar la Comisión qué reuniones de alto nivel han tenido lugar entre el personal de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo? La información debería incluir las fechas de las reuniones, los lugares de reunión y la identidad de los asistentes, así como un resumen de los temas tratados en cada ocasión.

¿Puede también indicar la Comisión si el Banco Central Europeo es totalmente independiente de la Comisión o si, por el contrario, puede de una forma u otra verse influido por la Comisión?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(23 de junio de 2000)

La Comisión mantiene numerosos contactos entre sus funcionarios y los del Banco Central Europeo (BCE) por teléfono, por escrito y en reuniones. Estos contactos son una consecuencia natural de las tareas respectivas de ambas instituciones y sirven para consolidar la eficiencia de su trabajo.

Una de las formas de contacto consiste en la participación de representantes de la Comisión en algunos subcomités o grupos de trabajo del BCE, en las que el personal del BCE y de los bancos centrales nacionales elaboran decisiones o posiciones de los organismos decisorios del BCE. Se invita generalmente a la Comisión a participar en el subcomité de supervisión bancaria, el grupo de trabajo sobre sistemas de pagos y el grupo de trabajo sobre estadísticas.

A su vez, la Comisión invita a funcionarios del BCE a ciertas reuniones organizadas por la Comisión en las que es deseable contar con representantes del BCE, como el Comité Consultivo Bancario o las reuniones sobre pronósticos macroeconómicos. Además de esto, a menudo se organizan reuniones ad hoc sobre temas de interés común. Un ejemplo es una reunión celebrada el 6 de abril de 2000 en Bruselas sobre la preparación de la legislación contra la falsificación de billetes de banco en, presidida por el Director General de los Asuntos Económicos y Financieros.

Por último, cabe señalar que el personal de la Comisión celebra regularmente reuniones de funcionarios de alto nivel con representantes de alto grado del BCE pertenecientes al Comité Económico y Financiero. Los altos funcionarios de ambas instituciones también se encuentran frecuentemente en foros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, etc.).

Como en cualquier otro ámbito, la Comisión respeta plenamente las disposiciones del Tratado CE en sus relaciones con el BCE.
PREGUNTA ESCRITA E-2455/00

de John McCartin (PPE-DE) a la Comisión

(24 de julio de 2000)

Asunto: Precio de los automóviles en Irlanda y en la UE

¿Es consciente la Comisión del precio desorbitado de los vehículos de motor en Irlanda, en comparación con el de otros Estados miembros? ¿Puede explicar qué porcentaje de esta diferencia de precio se debe a los impuestos estatales, y qué porcentaje al fracaso de la libre competencia en el mercado?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(13 de septiembre de 2000)

El actual Reglamento (CE) no 1475/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles(1), establece, en su artículo 11, que la Comisión evaluará periódicamente la aplicación del Reglamento, examinando en particular las diferencias de precios en los Estados miembros y la calidad del servicio a los usuarios finales. Con este fin, la Comisión, desde 1993, ha supervisado las diferencias de precios de los automóviles en la Comunidad en su informe semestral al respecto. El artículo 11 también requiere que la Comisión elabore un informe sobre la evaluación del Reglamento antes del 31 de diciembre de 2000. En este informe se analizarán los distintos factores que producen estas diferencias de precios.

En contraste con lo que afirma Su Señoría, los informes periódicos de la Comisión sobre precios de los automóviles no han revelado que los precios antes de impuestos en Irlanda sean particularmente

altos con respecto a otros Estados miembros, excepto quizás para algunos modelos(2). A este respecto, la Comisión ha constatado que en los Estados miembros con impuestos altos para la compra de vehículos, tales como Irlanda, los precios antes de impuestos son relativamente bajos. Por lo que se refiere a los precios después de impuestos, hay que observar que los impuestos aplicables a las compras siguen siendo un asunto sobre el cual los Estados miembros deciden ya que este problema ha sido excluido hasta ahora de las acciones comunitarias de armonización fiscal en el mercado único.

(1) DO L 145 de 29.6.1995.

(2) Véase, por ejemplo, el reciente comunicado de prensa IP/00/781 de 13.7.2000.
PREGUNTA ESCRITA P-1660/00

de Patricia McKenna (Verts/ALE) a la Comisión

(18 de mayo de 2000)

Asunto: Rehabilitación de Ballymun, Dublín, Irlanda

La rehabilitación de Ballymun, una de las zonas más deprimidas de Dublín, implica la demolición de cientos de edificios y la reinstalación de 10 000 personas. Esta operación afecta a una superficie de aproximadamente 280 acres y algunos de los proyectos se financian en parte con la iniciativa URBAN. El proyecto de rehabilitación incluye la creación de un centro de negocios y tecnología sobre una superficie de 100 acres.

Dado que, de conformidad con la Directiva 85/337/CEE(1) del Consejo y sus posteriores modificaciones (97/11/CE)(2), los nuevos proyectos en zonas urbanas ya existentes de dimensiones superiores a 2 hectáreas necesitan la evaluación del impacto en el medio ambiente, ¿no considera la Comisión que dicha evaluación se debería aplicar a todo el proyecto de rehabilitación de Ballymun?

¿Está dispuesta la Comisión a iniciar una acción contra Ballymun Regeneration Ltd. por no haber participado en una licitación ni efectuado la evaluación del impacto ambiental del proyecto de rehabilitación en Ballymun?

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(2) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(9 de junio de 2000)

En 1999 la Comisión recibió varias denuncias por el hecho de que no se hubiera sometido el proyecto completo de rehabilitación de Ballymun a una evaluación del impacto ambiental de conformidad con la Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE de 3 de marzo de 1997. La Comisión solicitó información en 1999 a las autoridades irlandesas. Éstas señalan en su respuesta que el plan de rehabilitación global no entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 85/337/CEE y que la rehabilitación se lleva a cabo mediante una serie de proyectos independientes, algunos de los cuales, aunque no todos, están sometidos a una evaluación del impacto ambiental con arreglo a dicha Directiva. La Comisión remitió la información que figuraba en esta respuesta a los denunciantes y actualmente está estudiando las exhaustivas observaciones enviadas por éstos. La Comisión tiene previsto adoptar una decisión sobre este asunto en los próximos meses. En los casos en que, a raíz de una denuncia, se decide incoar un procedimiento, éste se dirige contra el Estado miembro y no contra una entidad jurídica como la empresa citada por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-1331/00

de Giovanni Pittella (PSE) a la Comisión

(27 de abril de 2000)

Asunto: Posibilidad para los ciudadanos de la Unión de recurrir ante el Tribunal de Justicia por violación de los derechos fundamentales

Con la entrada el vigor del Tratado de Amsterdam, el 1 de mayo de 1999, el artículo 7 del TUE instituye un procedimiento para constatar y sancionar los incumplimientos de los Estados miembros por lo que concierne al respeto y garantía de los derechos humanos.

¿Puede la Comisión aclarar si los ciudadanos de un Estado miembro pueden utilizar este procedimiento para que se sancione al Estado en caso de incumplimiento?

¿Es posible, además, para el ciudadano de la Unión, recurrir ante el Tribunal de Justicia por violación de los mencionados derechos en el interior del país?

Respuesta del Presidente Prodi en nombre de la Comisión

(18 de julio de 2000)

La Comisión recuerda que con arreglo al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea solamente los Estados miembros o la Comisión pueden plantear el asunto al Consejo, reunido a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, de una propuesta para constatar la existencia de una violación grave y persistente por un Estado miembro de los principios enunciados en el apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

Las disposiciones del Tratado CE relativas al Tribunal de Justicia (artículo 220 y siguientes (antiguo artículo 164)) no prevén ninguna vía de recurso directa al Tribunal por parte de un particular contra actos de los Estados miembros. En cambio, pueden plantearse cuestiones prejudiciales al Tribunal con arreglo al artículo 234 (antiguo artículo 177) del Tratado CE por los órganos jurisdiccionales nacionales, incluso en litigios en los cuales un particular alega una violación, por un Estado miembro que actúa en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, de los derechos fundamentales en tanto que principios generales del Derecho comunitario.
PREGUNTA ESCRITA E-1076/00

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(7 de abril de 2000)

Asunto: Programa Phare

En relación con el programa Phare, ¿podría indicar la Comisión por qué si bien la estrategia global del mismo va dirigida al desarrollo y apoyo de las pequeñas y medianas empresas determinados programas que saca a licitación, como el denominado Lot 1 project title: Assesssment of Phare national programmes, son de tan amplio alcance que, en la práctica, las pequeñas y medianas empresas no pueden abarcar el gran número de ámbitos afectados y, en consecuencia, quedan excluidas en el fondo de la adjudicación?

Respuesta del Comisario Verheugen en nombre de la Comisión

(23 de mayo de 2000)

Efectivamente, el programa PHARE tiene como uno de sus principales fines el apoyo y desarrollo de pequeñas y medianas empresas locales (PYME) a través de programas y mecanismos específicamente diseñados. El caso planteado por Su Señoría hace referencia a una licitación de la Comisión para la evaluación del programa y que cubre a todos los países candidatos a la adhesión.

Los servicios requeridos son altamente especializados. Se prevé que las respuestas a esta licitación vendrán de consorcios que podrían incluir a empresas más pequeñas pero especializadas.
PREGUNTA ESCRITA E-1513/00

de Imelda Read (PSE) a la Comisión

(12 de mayo de 2000)

Asunto: Información sobre los incendios domésticos

A la vista de los 3000 incendios domésticos registrados en mi circunscripción (East Midlands, Reino Unido) en 1998, ¿podría indicar la Comisión qué otros Estados miembros recogen datos sobre los incendios domésticos? ¿Qué medidas proyecta adoptar la Comisión, en aras de la seguridad, para velar por que se armonice la recogida de datos en este ámbito en el conjunto de la Unión Europea?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(26 de junio de 2000)

La Comisión es consciente de la escasez de información sobre los incendios domésticos. De hecho, los datos recogidos sobre los mismos por los Estados miembros no son en absoluto exhaustivos ni comparables.

No obstante, la seguridad en caso de incendio es una de las prioridades previstas en el marco de la aplicación del programa de acción comunitario en favor de la protección civil adoptado por el Consejo el 9 de diciembre de 1999 mediante Decisión 1999/847/CE(1). Una iniciativa en este campo, así como los trabajos que actualmente se realizan a nivel profesional, especialmente por parte de la federación de asociaciones de bomberos en la Comunidad, contribuirán a mejorar la situación.

Por otra parte, la Comisión está reflexionando actualmente sobre un nuevo enfoque más global de la prevención de riesgos naturales y tecnológicos.

Por último, hay que señalar también que la cooperación comunitaria en materia de protección civil está evolucionado. El 30 de mayo de 2000 la Comisión decidió presentar al Consejo una propuesta para reforzar los medios de que dispone la Unión en este ámbito. Para más información sobre la actividad de protección civil de la Comunidad, puede dirigirse a la siguiente dirección:

http://www. europa.eu.int/comm/environment/civil/.

(1) DO L 327 E de 21.12.1999.