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PREGUNTA ESCRITA P-3560/97 de Jaime Valdivielso de Cué (PPE) al Consejo (3 de noviembre de 1997)

Asunto: Sensibilización respecto al aprovechamiento de productos incautados por fraude comunitario

La aplicación del Reglamento de protección de marcas y de los derechos de propiedad intelectual provoca cada año en la UE incautaciones de mercancías fraudulentas por valor de miles de millones de pesetas.

Nos encontramos con dos situaciones problemáticas que deben ser solucionadas. Por un lado, los derechos de los legítimos fabricantes cuyo diseño, marca y logo han sido imitados o plagiados. Acreedores del derecho a la garantía de que dichos productos no vuelvan en ningún caso a los circuitos comerciales. Este derecho hasta ahora ha sido satisfecho procediendo a la destrucción de mercancías en España por valor de 20.000 millones de pesetas anualmente.

Por otro lado, es patético contemplar impasibles estas destrucciones que bien pudieran ser aprovechadas por los millones de europeos que sufren la exclusión social y la lacra de la pobreza en el denominado «cuarto mundo».

¿Ha considerado el Consejo la posibilidad de informar y de sensibilizar a las diferentes administraciones de justicia de los distintos Estados miembros de una solución alternativa a la destrucción?

Respuesta (19 de enero de 1998)

El Consejo invita a Su Señoría a que se remita a las respuestas dadas a las preguntas escritas no 0065/97 y no 0845/97 que se refieren al mismo asunto. El Consejo recuerda que las legislaciones nacionales fijan el destino de las mercancías incautadas y que ninguna disposición del Reglamento 3295/94 del Consejo, pertinente a nivel comunitario, impide a las autoridades nacionales que ofrezcan las mercancías incautadas a instituciones de beneficencia. El Consejo no ha previsto llevar a cabo ninguna acción de información o de sensibilización sobre los productos confiscados ya que este ámbito es competencia de cada Estado miembro.
PREGUNTA ESCRITA E-3305/97 de Raymonde Dury (PSE) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: Accidentes de tráfico en Bélgica

¿Podría proporcionarme la Comisión, a partir de los datos de que dispone, el número de personas que han muerto o han resultado heridas en accidentes de tráfico en Bélgica en los últimos años? ¿Podría indicarme la Comisión qué porcentaje de muertes por millones de automóviles representan estos datos en Bélgica y en comparación con el conjunto de la situación en la Unión Europea?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3304/97 y E-3305/97 dada por el Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (15 de diciembre de 1997)

En 1994, los accidentes de tráfico en Bélgica arrojaron un balance de 1.543 muertos y 73.338 heridos. Sobre la base del número de muertos por cada millón de habitantes durante el período 1991-1994, la situación de Bélgica es peor que la media comunitaria, por debajo de otros siete Estados miembros. Sin embargo, es difícil establecer comparaciones precisas entre Estados miembros, dado que determinados factores, como la calidad de la infraestructura, no son comparables.

La Comisión ha calculado que el coste directo de los accidentes de tráfico (incluido el coste de los servicios policial y médico de urgencia, las reparaciones de vehículos y las pérdidas de producción) es de 45.000 millones de ecus anuales para el conjunto de la Comunidad. Si se divide por el total anual de accidentes mortales de carretera en la Comunidad: 45.000, se obtiene una media aritmética de un millón de ecus por muerte.

La Comisión ha adoptado la Comunicación «Promoción de la seguridad vial en la Unión Europea: programa para 1997-2001» ((COM(97)131 final. )), en la que se perfilan los planes de la Comisión sobre la base de los resultados del primer programa de acción correspondiente al período 1993-1996. Las medidas de la Comisión se centrarán en tres ámbitos: recogida y difusión de la información para determinar y supervisar la situación; puesta en marcha y apoyo de medidas destinadas a la prevención de accidentes, con especial énfasis en el factor humano y en su interacción con el entorno; y puesta en marcha y apoyo de medidas para reducir las consecuencias de los accidentes cuando se produzcan. La Comisión cree que la aplicación de las medidas propuestas en el programa de acción podría reducir en 18.000 el número anual de accidentes mortales en el horizonte del año 2010.
PREGUNTA ESCRITA E-1684/97 de Franz Linser (NI) a la Comisión (20 de mayo de 1997)

Asunto: Contribución a la UE y ayudas

Los medios de comunicación austríacos divulgan cifras diferentes sobre el importe real al que asciende la contribución de este país y el de las cantidades que recupera en el marco de los distintos programas de ayuda.

1. ¿A qué importe ascendió en 1996 la contribución de Austria a la UE?

2. ¿A qué importe ascenderá esta contribución en 1997 y 1998?

3. ¿A qué importe ascendían las cantidades previstas por la Comisión que, teóricamente, podrían haberse devuelto a Austria?

4. ¿A qué importe ascienden las cantidades previstas por la Comisión que, teóricamente, pueden devolverse a Austria?

5. ¿A qué importe ascendieron realmente en 1996 las cantidades devueltas por la UE a Austria, desglosados en ámbitos y conceptos?

6. ¿A qué importe ascienden las diferencias entre las ayudas teóricas, las ayudas concedidas por la UE y las ayudas reales devueltas a Austria en 1996?

7. ¿A qué importe ascienden las ayudas que no fueron utilizadas por Austria en 1996 que pueden transferirse a 1997 y que no se pierden?

8. ¿A qué importe ascienden las ayudas que no utilizó Austria en 1996 que caducan y que se pierden?

9. ¿Qué solicitudes de ayuda ha presentado Austria hasta la fecha para 1997?

10. ¿Cuáles son las solicitudes de ayuda presentadas por Austria para 1997 que la Comisión ha aprobado hasta la fecha?

Respuesta complementaria del Sr. Santer en nombre de la Comisión (14 de noviembre de 1997)

Remitimos a Su Señoría al estudio sobre las contribuciones al Presupuesto comunitario enviado al Parlamento el 14 de octubre de 1997 ((SEC(97)1918. )).
PREGUNTA ESCRITA E-3341/97 de Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) a la Comisión (22 de octubre de 1997)

Asunto: Medidas de acompañamiento de Erasmus

Varios participantes del programa Sócrates (acción III) han expresado su extrañeza por el hecho de que las medidas de acompañamiento del programa Sócrates se concentrarán a partir de ahora fundamentalmente en organizaciones nacionales y no en las transnacionales.

¿Puede la Comisión confirmar esta modificación?

Si fuera así, ¿qué razones tiene la Comisión para proceder a esta modificación?

Respuesta de la Sra. Cresson en nombre de la Comisión (21 de noviembre de 1997)

Su Señoría hace probablemente referencia a las medidas complementarias en el marco del programa Sócrates y que se describen en la sección B del punto 5 de la Acción 3 del Capítulo III del Anexo de la Decisión 819/95/CE ((DO L 87 de 20.4.1995. )) por la que se crea este programa de acción.

A este respecto, la Comisión puede confirmar que no se ha producido ningún cambio de política. Tal como se indicó en la Guía del Candidato de 1997, las medidas complementarias están abiertas a los establecimientos, organizaciones y asociaciones que actúan en el sector de la educación. Por regla general, se da prioridad a las actividades emprendidas por asociaciones o agrupaciones europeas. Además, una de las actividades apoyadas es la creación o la consolidación de asociaciones europeas en el ámbito de la enseñanza.

Para el conjunto de los proyectos apoyados en el marco de esta acción del programa, se tiene especialmente en cuenta el carácter multilateral de las actividades y la calidad de los proyectos a fin de introducir la dimensión europea en el ámbito de la educación.
PREGUNTA ESCRITA E-3017/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (1 de octubre de 1997)

Asunto: Silvicultura

Con relación al documento «Situación y problemas de la silvicultura en la Unión Europea y potencial de desarrollo de las políticas forestales»(CES 476/97) ((DO C 206 de 7.7.1997, p. 128. )),

Visto que el sector forestal es fuente de bienestar económico y un factor importante para el empleo en la Unión Europea, ¿puede procurar la Comisión que el objetivo principal de la estrategia forestal comunitaria consista en la promoción del aprovechamiento de los bosques, lo que permitiría garantizar y mejorar la situación del empleo en las regiones más débiles, a pesar de la pérdida de puestos de trabajo que conlleva el desarrollo tecnológico?

¿Puede intentar también que la gestión y el aprovechamiento de los bosques sean sostenibles desde el punto de vista económico, social y medioambiental?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3017/97 y E-3018/97 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión (7 de noviembre de 1997)

Su Señoría hace referencia al dictamen del Comité Económico y Social (CES) sobre la situación y los problemas de la silvicultura en la Comunidad y las posibilidades de desarrollo de las políticas forestales.

La Comisión, que consideró este informe sumamente interesante, comparte las opiniones en él expresadas acerca de numerosos aspectos, sobre todo en lo que respecta al concepto de gestión duradera de los bosques, que abarca tanto los aspectos económicos como los medioambientales y sociales, y al papel de los bosques y las industrias conexas como fuente de empleo e ingresos en el mundo rural.

Antes de que acabe el año, la Comisión presentará un informe sobre la aplicación de las medidas forestales en el sector agrario que pondrá de manifiesto las repercusiones económicas, medioambientales y sociales de dichas medidas. Además, las intervenciones de la Comunidad en el sector de la silvicultura se describen en el Informe de la Comisión de agricultura y desarrollo rural del Parlamento (A4-0414/96).

Al comienzo de 1999 y en respuesta a la resolución del Parlamento sobre la estrategia forestal de la Comunidad de 30 de enero de 1997 (informe Thomas), la Comisión presentará una propuesta de estrategia forestal europea que tendrá en cuenta, entre otras cosas, los objetivos de la Agenda 2000 ((COM(97)2000 final. )).
PREGUNTA ESCRITA E-3154/97 de Mark Watts (PSE) a la Comisión (13 de octubre de 1997)

Asunto: Semilla de colza genéticamente modificada

¿Podría la Comisión tener la amabilidad de informarme sobre la última posición sobre los experimentos de modificación genética de la semilla de colza y sobre cuándo y dónde se podrán a disposición del gran público los resultados de estos experimentos?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (12 de noviembre de 1997)

Según la Directiva 90/220/CEE sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente ((DO L 117 de 8.5.1990. )), se requiere autorización para liberar con fines de investigación y desarrollo plantas genéticamente modificadas. De acuerdo con la Directiva, se nombra a nivel de los Estados miembros una autoridad competente que se encarga de aplicar el sistema de autorización. La Comisión no interviene en este procedimiento aunque es informada por la autoridad competente, que le remite un resumen de cada notificación, al mismo tiempo que la envía también a los demás Estados miembros. Hasta finales de septiembre de 1997, la Comisión ha sido informada de 251 casos de liberación de organismos modificados genéticamente referentes a semillas de colza, que han tenido lugar en Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Francia, los Países Bajos, Finlandia, Suecia y el Reino Unido.

Los notificadores que lleven a cabo liberaciones de estos organismos están obligados, según el artículo 8 de la Directiva, a notificar a la autoridad competente el resultado de su actuación en relación con cualquier riesgo para la salud humana y el medio ambiente. La Directiva no exige que los Estados miembros hagan públicos estos informes. De cualquier modo, algunos Estados miembros, como el Reino Unido, ponen estos informes a disposición del público en determinados centros de información. Las personas que deseen obtener información sobre los resultados de la liberación de semillas de colza, en relación con los riesgos que pueda suponer para la salud humana y el medio ambiente, tendrían que solicitar esta información en los centros de contacto de los Estados miembros, cuya lista tengo el gusto de enviar directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-3036/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (1 de octubre de 1997)

Asunto: Aplicación de gravámenes a los vehículos industriales

Vista la propuesta de directiva del Consejo relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos industriales por el uso de determinadas infraestructuras (COM(96)0331 - 96/0182 SYN) ((DO C 59 de 26.2.1997, p. 9. )), se señala que, actualmente, en la Unión Europea el planteamiento que prevalece en la imposición de los combustibles se basa en elementos de política fiscal más que de política de transporte, dado que los impuestos especiales sobre los combustibles son y seguirán siendo un importante recurso.

¿Podría la Comisión establecer una verdadera coherencia entre los impuestos indirectos, fruto de la política fiscal, y los impuestos directos por el uso de infraestructuras y la cobertura de los costes externos, que pertenecen al ámbito de la política de transportes?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (12 de noviembre de 1997)

La Comisión admite que los impuestos especiales sobre los combustibles se utilizan fundamentalmente en los Estados miembros como un medio para recaudar ingresos. Sin embargo, en su propuesta de Directiva por la que se reestructura el marco comunitario de imposición de los productos energéticos ((DO C 139 de 6.5.1997. )), la Comisión ha reconocido que los derechos especiales sobre los carburantes también son utilizados por los Estados miembros para alcanzar otros objetivos estratégicos nacionales en materia de medio ambiente, transporte y energía.

La Comisión también reconoce la necesidad de que los impuestos directos e indirectos que gravan el uso de la infraestructura viaria formen parte de un sistema de tarificación coherente.

Por consiguiente, la reciente propuesta de Directiva del Consejo sobre la imposición de los productos energéticos, presentada por la Comisión, prevé una disposición especial de reestructuración que permitirá a los Estados miembros aplicar a los carburantes unos niveles impositivos inferiores a los niveles mínimos especificados en esta Directiva, conjuntamente con la introducción o modificación de sistemas de tarificación específicos del transporte por carretera relacionados con la recuperación de costes, como los costes ambientales, de congestión o de infraestructura.
PREGUNTA ESCRITA E-3176/97 de Armelle Guinebertière (UPE) a la Comisión (13 de octubre de 1997)

Asunto: Aplicación del tipo reducido del IVA en el sector de la vivienda

Todo indica que la actividad del sector de la construcción está mejorando. En el sector de la vivienda, las cifras de mantenimiento y rehabilitación representan el tercio del volumen de negocios de las constructoras. Ahora bien, en virtud de la Sexta Directiva de 17 de mayo de 1977, la legislación comunitaria limita la aplicación del tipo reducido del IVA a la entrega, construcción, renovación y transformación de las viviendas construidas en el marco de la política social (apartado 3-a del artículo 12 y punto 9 del Anexo H de la Sexta Directiva 77/388/CEE ((DO L 145 de 13.6.1977, p. 1. )).

¿Sería posible que la Unión, y en particular la Comisión, invite a los Estados miembros a ampliar el tipo reducido del IVA?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3176/97 y E-3187/97 dada por el Sr. Monti en nombre de la Comisión (25 de noviembre de 1997)

En su reciente informe al Parlamento y al Consejo ((COM(97)559. )), la Comisión expone detalladamente su posición sobre la utilización de tipos de IVA reducidos a fin de promover el sector de la construcción y de fomentar la recuperación de determinadas actividades de dicho sector dominadas por la economía sumergida (Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento, presentado de conformidad con el apartado 4 del artículo 12 de la VI Directiva del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme).

De manera general, la Comisión es escéptica en cuanto a la utilización de los tipos de IVA como instrumento para alcanzar objetivos económicos específicos, en particular si se compara con otras medidas más directas y mejor orientadas. No obstante, el problema fundamental que subyace a la pregunta de Su Señoría está siendo reexaminado actualmente por la Comisión a la luz de su proyecto de nuevo sistema común de IVA. En ese contexto, la Comisión estudia seriamente la idea de aplicar un tipo de IVA reducido, con carácter experimental y durante un periodo limitado, a ciertos servicios con elevado factor de trabajo proporcionados a escala local.
PREGUNTA ESCRITA E-3151/97 de Klaus Lukas (NI) a la Comisión (13 de octubre de 1997)

Asunto: Costes de la representación de la Comisión en Viena

¿Puede la Comisión responder a las siguientes preguntas?:

¿A cuánto ascienden los costes anuales de alquiler (alquiler base y gastos adicionales) de su representación en el Kärntnerringhof de Viena? ¿De cuántos metros cuadrados de alquiler se trata?

¿Qué tanto por ciento se encuentra este alquiler por encima de los alquileres medios para oficinas en Viena?

¿Qué ofertas alternativas obtuvo la Comisión en el momento de alquilar, en 1996, sus oficinas (se pide una lista de los locales/precios totales de alquiler por m2?

¿Puede indicar la Comisión cómo tiene previsto practicar el acercamiento a los ciudadanos tantas veces invocado desde un sexto piso de un edificio de lujo en el que se obstaculiza el acceso mediante frecuentes barreras?

¿Puede indicar la Comisión el número de ciudadanos vieneses que se han perdido en los últimos 12 meses en sus dependencias?

¿A cuánto ascendía el alquiler anual de los antiguos locales de su representación en la Hoyosgasse?

¿Qué tanto por ciento ha aumentado el coste de alquiler desde el traslado?

¿Cómo es de grande (en m2) el despacho del jefe de la representación?

¿En cuántos m2 supera al despacho del Presidente Santer?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión (4 de diciembre de 1997)

Habida cuenta de la amplitud de la respuesta, la Comisión la envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-3438/97 de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión (31 de octubre de 1997)

Asunto: Condiciones higiénicas en las instituciones penitenciarias

Considerando otras preguntas presentadas sobre este tema en la legislatura actual y en la anterior para denunciar las muertes por leptospirosis acaecidas el pasado mes de agosto en la cárcel de San Vittore de Milán y teniendo en cuenta las condiciones higiénicas incalificables de muchas cárceles tanto en Italia como en los demás países comunitarios, ¿se puede crear una comisión de investigación que controle las condiciones de vida e higiene en las instituciones penitenciarias?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (25 de noviembre de 1997)

No es competencia de la Comisión tratar el tema planteado, que compete únicamente a las autoridades nacionales responsables.
PREGUNTA ESCRITA E-3275/97 de Florus Wijsenbeek (ELDR) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: Sentencias en Bélgica

¿Tiene conocimiento la Comisión de que, en 1985, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas prohibió a las universidades belgas exigir a los estudiantes extranjeros matrículas más elevadas que las que pagan los propios belgas (sentencia de 13 de febrero de 1985, asunto no 293/83)?

¿Está la Comisión asimismo al corriente de que, tres años más tarde, el Tribunal de Justicia dictó de nuevo una sentencia según la cual todos los estudiantes damnificados podían reclamar el importe abonado en exceso (sentencia de 2 de febrero de 1988, asunto no 24/86) y que a raíz de ello el Tribunal de Amberes condenó en 1988 al Estado belga a devolver miles de florines (30 de junio de 1988, no 11582)?

¿Está la Comisión al corriente de que, después de esa sentencia, el Estado belga no ha cumplido hasta la fecha la obligación de abonar su deuda, a pesar de las repetidas reclamaciones de los damnificados, presentadas también a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos?

¿No considera la Comisión inadmisible que un Estado miembro haga caso omiso durante tanto tiempo de una sentencia a favor de un ciudadano de otro Estado miembro?

¿Se propone la Comisión adoptar medidas al respecto? En ese caso, ¿cuáles?

En caso negativo, ¿por qué no?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (21 de noviembre de 1997)

La Comisión está plenamente al corriente de la jurisprudencia mencionada por Su Señoría.

Habida cuenta de esta jurisprudencia, la Comisión inició un procedimiento por incumplimiento contra Bélgica basándose, entre otras cosas, en el hecho de que Bélgica continuaba impidiendo a algunos estudiantes comunitarios que recuperasen los derechos complementarios de matrícula universitaria indebidamente pagados (minerval). El Tribunal de Justicia sostuvo que Bélgica incumplía la legislación comunitaria «... al limitar de manera ad hoc las posibilidades de obtener la devolución de los «minervales», indebidamente pagados según el Derecho comunitario, únicamente a los nacionales comunitarios que hubieran iniciado un procedimiento judicial antes del 13 de febrero de 1985...» ((Sentencia de 3 de mayo de 1994, Comisión contra Reino de Bélgica, Asunto 47/93. Rec. 1994, p. 1-1593. )).

La Comisión considera que la legislación belga todavía no se ajusta al Derecho comunitario por lo que respecta al derecho a la devolución de los derechos ilegalmente exigidos, por lo que ha incoado un procedimiento por incumplimiento basado en el artículo 171 del Tratado CE por no aplicación de la sentencia del Tribunal, procedimiento que sigue su curso en la actualidad.