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PREGUNTA ESCRITA E-3077/97 de John Iversen (PSE) a la Comisión (2 de octubre de 1997)

Asunto: Terneras

Según la revista danesa «Landsbladet», cada año se exportan más de 40.000 terneras de Dinamarca a Holanda, donde son criadas en jaulas. Dado que en Dinamarca la normativa sobre el sacrificio de terneras establece un límite de peso de 110 kg, mientras que en Holanda el límite es de 138 kg, esta exportación significa que las terneras que en Dinamarca carecen de valor en Holanda suponen una doble ganancia. Por una parte, los ganaderos pueden recibir primas por sacrificio y, por otra, crían terneras en jaulas, cuya carne se puede vender. ¿No considera la Comisión que esta práctica es contraria a las intenciones de retirar carne del mercado?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (3 de noviembre de 1997)

El informe de prensa en cuestión, que la Comisión no ha visto, puede que Su Señoría lo haya comprendido mal en algunos aspectos importantes.

La prima por la transformación de los terneros se paga sólo por el sacrificio de los terneros muy jóvenes que no entran en modo alguno en la cadena alimenticia. Hay otra prima para los terneros, la prima por comercialización adelantada, que se paga cuando los terneros se sacrifican para carne con un peso por debajo de los pesos tradicionales de los Estados miembros. Es probable que por algunos terneros nacidos en Dinamarca se solicita esta prima en los Países Bajos.

La Comisión no está de acuerdo en que los movimientos de terneros de un Estado miembro a otro constituyan una amenaza para la reducción de la producción de carne roja. Por el contrario, si los 40.000 terneros se quedaran en Dinamarca, su período de engorde sería probablemente más largo que en los Países Bajos, lo que incrementaría los excedentes de carne de vacuno del mercado comunitario.
PREGUNTA ESCRITA E-3417/97 de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión (28 de octubre de 1997)

Asunto: Comercio mundial y protección de los animales

Las normas de la OMC no permiten actualmente hacer diferencia alguna sobre la base de criterios que no se puedan comprobar en el producto final. No obstante, para la protección de los animales son esenciales los llamados métodos de producción no relacionados con el producto (non-product related Process & Production Methods, PPMs), tales como las condiciones de reproducción y cría, los métodos de captura o la utilización de animales para probar vacunas.

1. ¿Hasta que punto se puede cubrir esta disposición con la condición relativa a la protección del artículo XX? ¿Es posible separar la «producción» del «producto final» en el ámbito de la protección de los animales?

2. Si se han de respetar los criterios no relacionados con la producción, ¿Se pueden mantener o mejorar sin resistencias los niveles de protección de los animales en la UE, aunque el artículo XX pueda interpretarse de manera desfavorable a la protección de los animales?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3414/97, E-3415/97, E-3417/97 y E-3418/97 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión (24 de noviembre de 1997)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-2569/94 del Sra. Oddy ((DO C 145 de 12.6.1995. ))
PREGUNTA ESCRITA P-3354/97 de Bertel Haarder (ELDR) a la Comisión (15 de octubre de 1997)

Asunto: Ayudas de los Fondos estructurales a los países de la Europa central y oriental en el marco de Agenda 2000

La Comisión ha asegurado reiteradas veces que además de Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovenia y Estonia, otros países tienen la posibilidad de formar parte de la primera ola de adhesión, siempre que se desarrollen rápidamente y se aproximen a las condiciones que se exigen a los miembros de la UE. Esto fue lo que declaró el Presidente de la Comisión, Jacques Santer, en respuesta a la pregunta que le formulé en la sesión plenaria de julio en Estrasburgo.

Teniendo esto en cuenta, no deja de ser extraño que la Comisión se propone conceder 38.000 millones de ecus en concepto de ayudas estructurales a los cinco países mencionados y sólo 7.000 millones de ecus a los países que deberán esperar algún tiempo.

Tal reparto de los créditos sólo puede confirmar la sospecha de que los países se dividen en dos clases: los países que disponen de medios y que recibirán aún más y los países que no disponen de medios y que recibirán menos. Este principio «Matheus» es desafortunado e injusto y no es el mejor mensaje que se les puede enviar a los países que tienen más necesidad de afianzarse en el camino hacia la democracia y la economía de mercado.

¿Considera la Comisión que este reparto es adecuado? ¿En qué medida prevé la Comisión modificar dicho reparto? ¿Se propone la Comisión presentar una propuesta modificada al Parlamento?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (11 de noviembre de 1997)

La Comisión siempre ha afirmado que la ampliación es un proceso global que engloba a todos los países candidatos y que incluye la apertura de las negociaciones de adhesión con los distintos países en función de los progresos realizados por cada uno de ellos en lo que se refiere al respeto de los criterios de adhesión fijados por el Consejo Europeo de Copenhague. En el contexto de los informes que se ha comprometido a redactar anualmente, el primero a finales de 1998, la Comisión recomendará al Consejo la apertura de negociaciones con todos los países que considere cumplen dichas condiciones.

En cuato a los importes financieros, la Comisión no comparte la valoración de Su Señoría, ya que la ayuda global preadhesión prevista en el marco de la Agenda 2000 ((COM(97)2000 final. )) asciende a 21 MECU, lo que representa, en media anual, duplicar el nivel esperado en 1999.

Cabe añadir que la ayuda preadhesión prevista para los países que deberán esperar la adhesión, según los términos utilizados por Su Señoría, es realmente sustancial, puesto que, medida en porcentaje de su producto interior bruto, alcanza un nivel ampliamente comparable con el de los demás países candidatos.
PREGUNTA ESCRITA E-2582/97 de Johanna Maij-Weggen (PPE) a la Comisión (24 de julio de 1997)

Asunto: Internet

¿Está al corriente la Comisión de que el proveedor de Internet XS4ALL ha decidido suprimir todo material de contenido pornográfico de sus servicios de Internet?

¿Sería posible -técnica y jurídicamente hablando- que todos los proveedores de Internet adoptaran una medida similar? En caso afirmativo, ¿estaría dispuesta la Comisión a adoptar semejante medida?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (6 de octubre de 1997)

No hay problema jurídico o técnico alguno para que un proveedor de servicios de Internet tome la misma medida que el proveedor de servicios holandés y elimine la pornografía infantil de sus servidores.

La publicación de pornografía infantil es ilegal en todos los Estados miembros, sea cual sea el medio por el que se distribuya, incluido Internet. Quienes deben tomar medidas contra un contenido ilegal son las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en el lugar en que se produzcan los hechos. El sector puede contribuir a reducir la circulación de contenido ilegal mediante sistemas de autorregulación que funcionen bien (los códigos de conducta o la creación de líneas directas a disposición del público, por ejemplo) de conformidad con el ordenamiento jurídico y contando con el apoyo de este.

No se puede exigir que los servicios que toman contenido de un tercero ejerzan un control previo sobre ese contenido, cuya ilegalidad no tienen motivos para suponer. Si tuvieran conocimiento de esa ilegalidad, incluido el caso de la pornografía infantil, deben tomar las medidas necesarias para eliminarlo.

Para luchar contra la pornografía infantil a través de Internet es necesaria la cooperación entre todos los interesados a nivel nacional, europeo e internacional, ya que ese contenido puede circular en cualquier país conectado a Internet. La Comisión colabora activamente con las demás instituciones y los Estados miembros en el fomento de medidas eficaces en esta área, pero no puede actuar en lugar de las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley. Para más información, puede dirigirse a la siguiente dirección electrónica: http://www2.echo.lu/legal/en/internet/internet.html.
PREGUNTA ESCRITA E-3241/97 de Alfonso Novo Belenguer (ARE) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: Regiones del objetivo no 1

El pasado 16 de julio de 1997, la Comisión Europea presentó la «Agenda 2000» en la que se describen las perspectivas de la Unión Europea para el comienzo del próximo siglo.

Entre dichas perspectivas, destaca el capítulo dedicado a la reforma de los Fondos estructurales, en el que la propia Comisión tiene previsto reducir el número de objetivos prioritarios, pasando de los 7 actuales a 3.

Concretamente se propone que, para después de 1999, el objetivo no 1 sea elegible estrictamente y sin flexibilidad en aquellas regiones cuyo PIB no supere el 75 % de la media comunitaria.

Sin embargo, para las regiones actualmente bajo el objetivo no 1, que después de 1999 se sitúen por encima del 75 % del PIB comunitario, se preverá una fase transitoria de apoyo, es decir, un mecanismo de retirada progresiva de las ayudas procedentes del objetivo no 1 de los Fondos estructurales.

Ante esta situación,

1. ¿Puede especificar la Comisión en qué consistirá concretamente ese mecanismo de retirada progresiva?

2. En su defecto, ¿cuándo dará a conocer la Comisión dicho mecanismo?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (10 de noviembre de 1997)

La Comisión ha propuesto que se aplique estrictamente el criterio del producto interior bruto (PIB) por habitante inferior al 75 % de la media comunitaria a la selección de las regiones subvencionables con cargo al objetivo no 1 durante el periodo 2000-2006. Las regiones actualmente subvencionables con arreglo a este objetivo cuyo PIB per capita supere el citado límite recibirán una ayuda transitoria decreciente que deberá interrumpirse antes de que concluya el periodo 2000-2006, ya que en este último año deberá alcanzarse el objetivo de concentración geográfica recomendado por la Comisión.

La Comisión precisará las disposiciones prácticas del sistema transitorio con ocasión del debate sobre los nuevos Fondos estructurales que se celebrará en 1998.
PREGUNTA ESCRITA E-2925/97 de Patricia McKenna (V) al Consejo (16 de septiembre de 1997)

Asunto: Entrenamiento del ejército ruandés a cargo de los EE.UU.

El periódico francés Le Monde informaba, el 28 de agosto de 1997, de que el ejército estadounidense está proporcionando entrenamiento bélico en técnicas de combate y guerrilla al ejército ruandés, dominado por la etnia tutsi. Le Monde afirma haber visto un informe del Pentágono que confirma este extremo.

El programa de entrenamiento militar comenzó, al parecer, en 1994 y, según el informe, hay actualmente nueve instructores estadounidentes entrenando a 60 oficiales ruandeses.

El ejército ruandés ha sido acusado de masacrar a cientos de miles de hutus en el este del Zaire.

¿Ha presentado el Consejo protestas formales a las autoridades de Estados Unidos por este informe? ¿Cree que esta colaboración militar puede haber infringido de algún modo el embargo impuesto a Ruanda por las Naciones Unidas? ¿Qué medidas piensa tomar el Consejo a este propósito?

Respuesta (21 de noviembre de 1997)

El Consejo sigue atentamente la situación existente en la zona de los Grandes Lagos y ha manifestado su preocupación por las alegaciones que denuncian matanzas en el Zaire, actual República Democrática del Congo. La Unión ha insistido ante las autoridades para que las Naciones Unidas realicen sin obstáculos una investigación con el fín de determinar los hechos y los responsables.

El Consejo no ha recibido informe alguno sobre los hechos que alega la prensa y que cita Su Señoría. Por lo tanto, no ha efectuado ninguna gestión al respecto ante las autoridades estadounidenses.

Por lo que se refiere a la posible violación del embargo sobre el armamento, impuesto a Rwuanda por las Naciones Unidas, el Consejo hace observar las Resoluciones 918 (1994), 1011 (1995) y 1053 (1996) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. la Resolución 918, de 16 de mayo de 1994, establece que todos los Estados impedirán la venta o la entrega a Rwuanda de armamento y material similar de cualquier tipo, incluidos armas y munición, vehículos y material militar, material de policía paramilitar y piezas de recambio. Se refiere únicamente al material, y no al entrenamiento militar. La Resolución 1001 de 16 de agosto de 1995 levanta las sanciones de la Resolución 918 en lo que se refiere a las ventas o entregas al Gobierno de Rwuanda. En la Resolución 1053 de 23 de abril de 1996, el Consejo de Seguridad declara estar dispuesto a hacer que se aplique plenamente, con arreglo a su Resolución 1011 (1995), la prohibición de vender o suministrar las fuerzas no gubernamentales armas o material similar destinados a ser utilizados en Rwuanda.
PREGUNTA ESCRITA E-2971/97 de Michael Hindley (PSE) a la Comisión (17 de septiembre de 1997)

Asunto: Delegación en el Consejo de Cooperación del Golfo

Teniendo en cuenta la enorme importancia de nuestro comercio con los países del Consejo de Cooperación del Golfo, ¿entra en los planes de la Comisión el establecimiento de una delegación en los países del CCG?

Respuesta del Sr. van den Broek en nombre de la Comisión (27 octubre 1997)

La Comisión evalúa de forma constante su red de delegaciones. La Comisión es plenamente consciente de la importancia cada vez mayor de las relaciones entre la Comunidad y los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC). En este contexto, la apertura de una Delegación en Riad sigue siendo objetivo de la Comisión. Sin embargo, no puede abrirse ninguna nueva Delegación sin disponer de los recursos necesarios, mediante reasignación de recursos existentes o mediante aumento presupuestario.
PREGUNTA ESCRITA E-2888/97 de Glyn Ford (PSE) al Consejo (16 de septiembre de 1997)

Asunto: Muerte del Rdo. Yusefi en Irán en septiembre de 1996

¿Puede indicar el Consejo qué medidas ha adoptado después del asesinato del Rdo. Yusefi, pastor de la Asamblea de Dios iraní, en Irán en septiembre de 1996?

¿Sabe el Consejo que el Rdo. Yusefi pudo ser asesinado únicamente a causa de sus creencias cristianas? ¿No constituye esto una violación de los derechos humanos?

Respuesta (26 de noviembre de 1997)

Mohamed Yusefi, que se convirtió al Cristianismo a la edad de 24 años y que se ocupó de las congregaciones cristianas de Irán, fue encontrado muerto el 28 de septiembre de 1996 cerca de su ciudad natal de Sari, en la provincia de Mazandaran. Los informes sobre las circunstancias de su muerte sugieren que podrá haber sido asesinado, y se detuvo a varias personas para interrogarlas. Con todo, las autoridades iraníes mantienen que el Sr. Yusufi se suicidó, y que ni la iglesia a la que pertenecía ni él mismo habían tenido problema alguno con las autoridades iraníes.

La Unión Europea mencionó el caso del Sr. Yusufi a las autoridades iraníes en el contexto del diálogo crítico UE-Irán, que hasta abril de 1997 sirvió de marco para tratar con Irán, entre otras cosas los temas relativos a los derechos humanos.

La Unión y sus Estados miembros desempeñan además un papel activo en los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del Tercer Comité en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el principal foro para debatir la situación de los derechos humanos en Irán.
PREGUNTA ESCRITA E-2356/97 de Leonie van Bladel (UPE) al Consejo (18 de julio de 1997)

Asunto: Apertura de una parte de la frontera de Siria con Irak

1. ¿Ha garantizado Siria -como figura importante en el proceso de paz de Oriente Medio y en su calidad de socio de la política mediterránea comunitaria- a las Naciones Unidas y a la UE que, a través de la parte de su frontera con Irak recientemente abierta, no transportará o suministrará en manera alguna armas, material estratégico militar o componentes con los que fabricar armas biológicas?

2. En el transcurso de las negociaciones sobre la ayuda financiera a dicho país por valor de 31 millones de ecus, destinada al desarrollo de las telecomunicaciones, al fomento del turismo y a la protección del patrimonio histórico, ¿exigió la Comisión que cesara de inmediato la participación siria en la producción de drogas en el valle de Beka, cuyo valor en la calle se estima en unos 2.000 millones de florines?

3. En caso negativo, ¿cómo piensan justificar el Consejo y la Comisión al ciudadano de la UE la asignación de una ayuda por valor de 31 millones de ecus, teniendo en cuenta que las drogas provenientes de Siria y Turquía contribuyen a minar la salud de los jóvenes europeos?

4. ¿A qué se debe que el Consejo no haya facilitado aún al Parlamento Europeo el informe sobre la situación de los derechos humanos en Siria? ¿Acaso contiene información que deba ocultarse?

Respuesta (17 de noviembre de 1997)

1. El Consejo espera que Siria respete todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las NU que conciernan a Iraq.

2. y 3. Su Señoría debería dirigir su pregunta a la Comisión, que es responsable de la ejecución de la ayuda financiera a Siria. Los proyectos sobre telecomunicaciones y desarrollo del turismo se presentaron al Comité MED en septiembre y mayo de 1996. No obstante, la Comisión sigue negociando con las autoridades sirias el Acuerdo marco que define las disposiciones generales de aplicación del programa MEDA en Siria. En espera de la conclusión de dichas negociaciones, no se ha llevado a cabo la ejecución de los proyectos.

4. En el marco del Acuerdo de Cooperación CE-Siria, el Consejo plantea cuestiones relativas al fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En la última reunión de 1996 del Consejo de Cooperación la Unión Europea tomó nota con satisfacción las mejoras observadas en Siria en materia de derechos humanos, si bien manifestó la convicción de que era necesario seguir progresando.

Se ha pedido a la Comisión, no al Consejo, que informe al Parlamento sobre la situación de los derechos humanos en Siria.
PREGUNTA ESCRITA E-2488/97 de Nikitas Kaklamanis (UPE) al Consejo (28 de julio de 1997)

Asunto: Atrocidades cometidas por soldados de la UE en Somalia

Según informaciones difundidas en la prensa internacional, soldados de los Estados miembros de la Unión Europea que participaron en la fuerza multinacional de 21 Estados bajo la égida de las Naciones Unidas se entregaron a actos de violencia y tortura inusitados e inhumanos contra la población civil de Somalia.

Se supone que el objetivo de esta fuerza era proteger y ayudar al pueblo de este país africano víctima del azote de la guerra civil, pero lo que se relata (torturas, humillación de niños y mujeres, violaciones y apaleamientos despiadados) despierta el convencimiento de que el comportamiento de algunos soldados de determinados Estados miembros no se compagina con la imagen a que deben responder los Estados europeos en el mundo actual.

¿Puede comunicar el Consejo cómo piensa reaccionar ante estas atrocidades sin precedente, perpetradas por soldados de Estados miembros de la Unión (es más: de Estados miembros fundadores), un comportamiento que atenta contra su prestigio en conjunto y desvirtúa completamente sus declaraciones sobre la «protección de los derechos humanos»?

Respuesta (13 de noviembre de 1997)

La pregunta formulada por Su Señoría no es competencia del Consejo.
PREGUNTA ESCRITA P-2841/97 de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Irregularidades en el concurso público para la informatización del Ministerio de Educación italiano

El artículo 85 de Tratado CEE establece que: «Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común».

En la pregunta escrita P-1972/97 ((DO C 45 de 10.2.1998, p. 132.)) se exponía a la Comisión una situación en la que podría darse una violación del artículo 85. En dicha pregunta se señalaba que el Ministerio de Educación italiano había adjudicado un concurso público de 640.000 millones de liras para la informatización de sus servicios a la agrupación temporal de empresas formada por EDS Electronic Data Systems Italia, s.a. y Ferrovie dello Stato, s a.

La cesión de la sociedad Telesistemi Ferroviari por parte de Ferrovie dello Stato, s.a., en agosto de 1996, es decir, en la fase de adjudicación, provocó, al parecer, la pérdida de la capacidad operativa de Ferrovie dello Stato en el sector informático, lo que suscita dudas sobre su participación en el concurso público. A este punto precisamente aludió el dictamen emitido por la Fiscalía General del Estado en diciembre de 1996, en el que se consideraba a dicha agrupación no apta para participar en el concurso.

Así, pues, parece ser que, en este asunto, la agrupación temporal de empresas mencionada ha falseado la competencia al obtener la adjudicación del concurso público en cuestión.

¿Puede decir la Comisión:

1. si la agrupación temporal de empresas compuesta por EDS y FS tenía como único objetivo la participación en el concurso en cuestión y si este factor puede influir en el juicio de la Comisión respecto a una posible violación del artículo 85 de Tratado CEE;

2. si considera que dicha agrupación era apta para participar en el concurso;

3. qué respuesta ha recibido de las autoridades italianas en relación con el respeto de la normativa sobre concursos públicos, y cuál es su opinión al respecto?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (21 de octubre de 1997)

El acuerdo a que se refiere Su Señoría no ha sido notificado a la Comisión, por lo que ésta no puede pronunciarse sobre su compatibilidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Tratado CE. Con todo, el hecho de asociarse a otra empresa para facilitarle la obtención de un contrato público no infringiría, en sí, la prohibición prevista en el citado artículo.

Poco después de haber respondido a la pregunta escrita P-1972/97 de Su Señoría, la Comisión recibió una denuncia en relación con la adjudicación de un contrato público de servicios para la informatización del Ministerio de Educación italiano. Basándose en la información remitida por el denunciante, la Comisión está redactando una carta, dirigida a las autoridades italianas, en la que formula preguntas concretas sobre el desarrollo del referido procedimiento.