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PREGUNTA ESCRITA E-2973/96 de Florus Wijsenbeek (ELDR) a la Comisión (8 de noviembre de 1996)

Asunto: Discriminación de no residentes por parte de la SNCF

¿Está al corriente la Comisión de que a los viajeros de tren (franceses) que viajen por el interior del país y que lleguen a su destino con un retraso de más de 30 minutos se les abona un 80% del precio del billete a modo de compensación?

¿Puede aclarar la Comisión el hecho de que los viajeros que hayan adquirido su billete fuera de Francia y que, procedentes del extranjero, lleguen a su destino en Francia con ese mismo retraso, no entran en consideración para dicho reintegro?

¿No opina la Comisión que se trata de un caso de discriminación de los no residentes?

En caso afirmativo, ¿no considera la Comisión que, en el marco de la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea, dicha norma debería aplicarse a todos los viajeros de los ferrocarriles franceses que lleguen con ese retraso a su lugar de destino, siempre que no se pueda demostrar que dicho retraso se debe a otra compañía ferroviaria?

Finalmente, ¿está dispuesta la Comisión a considerar la posibilidad de aplicar esta norma francesa a nivel europeo y a presentar propuestas al Consejo a tales fines?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (20 de diciembre de 1996)

La Comisión analizará las disposiciones aplicables en Francia a la indemnización de los viajeros en caso de retraso en la llegada de los trenes para determinar si implican una discriminación por motivos de nacionalidad contraria al Tratado CE.

No obstante, la Comisión considera que la normativa sobre indemnización en caso de retraso en la llegada de los trenes u otros modos de transporte ha de incumbir a los Estados miembros en aras de la subsidiariedad, siempre que sea conforme al Derecho comunitario.
PREGUNTA ESCRITA E-2841/96 de Guido Podestà (UPE) a la Comisión (25 de octubre de 1996)

Asunto: Caza de la perdiz nival

La caza es una actividad importante desde el punto de vista deportivo, así como desde el punto de vista del medio ambiente y del mantenimiento del equilibrio de la fauna del territorio.

Por lo que se refiere a la caza de la perdiz nival nórdica en Escocia, actualmente es necesario repoblar esta especie volátil y, por ello, se debería impedir su caza en la mencionada región hasta que se obtenga un nuevo equilibrio de la fauna.

A pesar de ello, las federaciones escocesas basan sus actividades en la caza de esta especie y, además, para compensar la disminución de la misma, se ven obligadas a eliminar sistemáticamente otras especies de rapaces y mamíferos depredadores, alterando de esta manera el equilibrio de estas regiones.

¿Puede informar la Comisión si piensa conceder los subsidios que dichas federaciones han solicitado para hacer frente a las pérdidas financieras cada vez mayores debidas a los altos costos de gestión y a la reducción del personal y, en caso afirmativo, si piensa vincular la concesión de dichos subsidios a la obtención del equilibrio de la fauna antes mencionado?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (29 de noviembre de 1996)

La Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres ((DO L 103 de 25.4.1979, p. 1, modificada en último lugar por la Directiva 92/24/CE del Consejo, de 8 de junio de 1994, DO L 164 de 30.6.1994, p. 9. )) brinda un marco global para la protección de las aves y de sus hábitats en la Comunidad, al tiempo que permite la caza controlada de algunas especies tales como Lagopus mutus (perdiz nival). Corresponde a los Estados miembros velar por que las prácticas de caza sean sostenibles y se realicen según el principio de un uso prudente.

La Comisión no tiene conocimiento de ninguna solicitud de las federaciones de caza escocesas para obtener subsidios comunitarios. Aun en el caso de que se presentara tal solicitud, debería cumplirse plenamente el Derecho comunitario de medio ambiente, incluida la normativa sobre conservación de la naturaleza. La autoridad escocesa encargada de la conservación de la naturaleza (Scottish natural heritage) participa en el comité que supervisa el uso de los Fondos Estructurales en esa región.

Así puede garantizarse que la caza de la perdiz nival cumple el principio de un uso prudente y respeta la conservación de otras especies protegidas en virtud del Derecho comunitario.
PREGUNTA ESCRITA E-3209/96 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (22 de noviembre de 1996)

Asunto: Ontinyent: Fecha de la decisión sobre los proyectos y el artículo 10 del Feder

El 30 de noviembre de 1995 la Comisión publicó la convocatoria a concurso para presentar proyectos urbanos piloto, en el marco de las medidas innovadoras del artículo 10 del FEDER. Entre los proyectos presentados, 91 proceden de España.

Uno de los proyectos presentados tiene como misión la restauración urbana en el Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia).

¿Cuándo va a decidir la Comisión si el proyecto de Ontinyent es susceptible de recibir financiación europea a través del artículo del FEDER?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3198/96, E-3199/96, E-3200/96, E-3201/96, E-3203/96, E-3204/96, E-3205/96, E-3206/96, E-3207/96, E-3208/96, E-3209/96, E-3210/96, E-3211/96, E-3212/96, E-3213/96, E-3214/96 y E-3215/96 dada por el Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (20 de diciembre de 1996)

En respuesta a la convocatoria de propuestas, se presentaron a la Comisión más de 500 expedientes, de los cuales 97 proceden de España. El presupuesto disponible, 60 millones de ecus, permitirá a la Comisión cofinanciar unos 25 proyectos en todos los Estados miembros.

Por lo que se refiere al procedimiento de selección, la citada convocatoria de propuestas señala que «... un grupo de expertos internacionales independientes ayudará a los servicios de la Comisión a encontrar las ideas más innovadoras para seleccionar las propuestas que se ajusten lo máximo posible a los criterios establecidos. La Comisión decidirá el número final de propuestas que se vayan a cofinanciar, tomando en consideración los fondos disponibles, los temas de las propuestas y la distribución en el territorio de la Unión de los proyectos que se consideren adecuados».

Dado que el procedimiento está en marcha, en estos momentos no es posible hacer ninguna estimación sobre las posibilidades de que una ciudad sea elegida ni sobre el previsible importe de cofinanciación comunitaria que le correspondería. Lo mismo sucede con cualquier otra estimación referida a un Estado miembro o región determinada.

Por lo que se refiere al número y al nombre de los proyectos que podrían afectar a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Valencia, además de los mencionados explícitamente en las preguntas mencionadas más arriba, la Comisión no puede pasar por alto el principio de confidencialidad que se impone en esta fase del procedimiento y asimismo en consideración al hecho de que las propuestas relativas a actuaciones en las que participan más de una autoridad local pueden ser aceptadas si tal cooperación proporciona un valor añadido.

Habida cuenta del número excepcionalmente elevado de propuestas presentadas, el plazo necesario para el análisis profundo y la selección rigurosa de los expedientes no permite pensar que la Comisión pueda adoptar una decisión antes de finales de año.
PREGUNTA ESCRITA E-2632/96 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (15 de octubre de 1996)

Asunto: Protección contra los peligros de las radiaciones

Con referencia a la propuesta de directiva del Consejo relativa a la protección de la salud frente a los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas, por la que se substituye la Directiva 84/466/EURATOM (COM(95)0560).

Gracias al uso de las radiaciones ionizantes ha sido posible realizar progresos notables en el campo médico, no sólo en el plano del diagnóstico, sino también de la terapia y de la prevención. A partir de finales del siglo pasado, cuando se introdujeron los rayos X con fines de diagnóstico, el creciente aumento del parque radiológico y la multiplicación de los usos de las radiaciones ionizantes han hecho que las exposiciones médicas constituyan, para los ciudadanos de la Unión Europea, la fuente principal de exposición a radiaciones ionizantes artificiales.

Coincidiendo en que es urgente realizar una revisión de la Directiva de 1984 y compartiendo el juicio de la Comisión, según el cual las disposiciones del proyecto de directiva tienen por objeto limitar, con rapidez y eficacia, la exposición no justificada por fines médicos de la población a las radiaciones ionizantes, ¿puede explicar la Comisión cómo es posible que dicha Directiva, doce años después de su adopción, no se haya aplicado aún plenamente en la totalidad de los Estados miembros, especialmente en lo que se refiere a la realización del inventario de las instalaciones radiológicas, previsto en el artículo 3?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (25 de noviembre de 1996)

La Directiva 84/466/Euratom del Consejo, de 3 de septiembre de 1984, por la que se establecen las medidas fundamentales relativas a la protección radiológica de las personas sometidas a exámenes y tratamientos médicos ((DO L 265 de 5.10.1984. )), aborda una amplia gama de asuntos (formación de los médicos, dentistas y auxiliares, disponibilidad de especialistas titulados en radiofísica, normas técnicas, criterios de calidad y control de instalaciones). Por lo general, esto ha implicado que los Estados miembros hayan tenido que enmendar o completar las disposiciones nacionales correspondientes adoptadas en diferentes niveles administrativos, cuya modificación y aplicación implica la participación de varios sectores sociales y organismos administrativos.

En los últimos años, la Comisión inició procedimientos de infracción contra varios Estados miembros, buscando una aplicación más completa de la Directiva. Se han llevado algunos casos ante el Tribunal de Justicia y en el futuro se pueden iniciar otros procesos dependiendo de la resolución de éstos.
PREGUNTA ESCRITA E-3055/96 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (18 de noviembre de 1996)

Asunto: Desechos

Con relación a la propuesta de la Comisión Europea sobre la estrategia comunitaria en el sector de los desechos se pone de relieve que la Comisión no efectúa ningún balance sobre la realización de los objetivos preestablecidos anteriormente, principalmente el de estabilizar antes del año 2000 la producción de desechos municipales por habitante al nivel de 1985. Ahora bien, según las cifras de la OCDE para el año 1995, la cantidad de desechos por habitante producidos en la UE pasó de 330 kg en 1985 a 390 kg en 1990 y a 400 kg en 1992.

¿No piensa la Comisión que es difícil, si no imposible, alcanzar el objetivo de la estabilización sin un aumento importante de las iniciativas y de los medios financieros de la Comunidad con el fin de detener dicha evolución?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (17 de diciembre de 1996)

La comunicación de la Comisión sobre la revisión de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos ((COM(96)399 final. )) reconoce que «los resultados de la Comunidad en materia de prevención de la producción de residuos no son satisfactorios. De hecho, la producción global de residuos ha seguido aumentando» (para. 33). Esta es la evaluación general que puede realizar la Comisión a partir de las estadísticas limitadas y no armonizadas sobre desechos disponibles en la Comunidad.

La Comisión considera por ello que deberán concentrarse más los esfuerzos a todos los niveles para invertir esta tendencia. La estrategia comunitaria de gestión de residuos junto con la legislación existente relativa a los residuos constituye el marco adecuado para las futuras iniciativas comunitarias en este sector.

Los principales instrumentos financieros comunitarios que pueden utilizarse para financiar las medidas medioambientales en materia de residuos son los fondos estructurales, el fondo de cohesión, LIFE (Instrumento financiero para el medio ambiente) y los programas de investigación.

Estos constituyen, sin embargo, un complemento financiero relativamente reducido para la financiación de este sector por parte de los Estados miembros. Sería deseable que existieran más iniciativas para fomentar la prevención y recuperación de residuos, como la promoción de tecnologías limpias para la fabricación de productos, medios para la limpieza de los lugares contaminados y otros proyectos piloto o de demostración.
PREGUNTA ESCRITA E-2742/96 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (21 de octubre de 1996)

Asunto: Telecomunicaciones

En relación con la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a equipos terminales de telecomunicación y los equipos de estaciones terrenas de comunicación por satélite, incluido el reconocimiento mutuo de su conformidad (versión codificada) (COM(95)612), con el fin de dotar de la mayor transparencia y claridad al Derecho comunitario, la Comisión ha dispuesto, con Decisión de 1 de abril de 1996, que sus servicios procedan a la codificación constitutiva u oficial de los actos jurídicos a más tardar después de la aprobación de la décima modificación.

¿Tiene la intención la Comisión de hacer que se adopte cuanto antes la Directiva 89/336 ((DO L 139 de 23.5.1989, p. 19. )) relativa a la compatibilidad electromagnética, con el fin de evitar confusiones en relación con la abolición del apartado 4 del artículo 10, prevista por el apartado 4 del artículo 9 de la Directiva 91/263 ((DO L 128 de 23.5.1991, p. 1. ))?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (28 de noviembre de 1996)

Las disposiciones de la Directiva 89/336/CE, sobre compatibilidad electromagnética han estado vigentes desde el 1 de enero de 1992. No obstante, su amplio alcance demostró la necesidad primordial de establecer un período transitorio para asegurar un paso armonioso de la aplicación de sistemas de carácter puramente nacional a un sistema exclusivamente comunitario, ya que dicha Directiva es una Directiva de armonización global. El 28 de abril de 1992, el Consejo adoptó la Directiva 92/31/CEE ((DO L 126 de 12.5.1992. )) para conceder un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 1995. Por lo tanto, la Directiva sobre compatibilidad electromagnética entró en vigor el 1 de enero de 1996.

Una versión consolidada de la Directiva 89/336/CEE, que fue modificada no sólo por la Directiva 92/263/CEE, sino también por las Directivas 92/31/CEE, 93/68/CEE ((DO L 220 de 30.8.1993. )) y 93/97/CEE ((DO L 290 de 24.11.1993. )), no ha sido aún redactada para no confundir a la industria europea con diferentes códigos de una legislación que ha sido obligatoria sólo desde el inicio de 1996.

No obstante, en términos generales, la Comisión considera que debería disponerse de una versión consolidada de la Directiva 89/336/CEE tras un período adecuado.
PREGUNTA ESCRITA E-2733/96 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (21 de octubre de 1996)

Asunto: Fondo Europeo de Garantía para el sector audiovisual

El establecimiento de un mercado europeo en el sector audiovisual supone la creación de obras europeas, esto es, de obras producidas en los Estados miembros de la Comunidad, de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 89/552 ((DO L 298 de 17.10.1989, p. 23.)). En junio de 1995, la Comisión, tras la Conferencia Europea sobre los medios audiovisuales, comprendió la necesidad de un instrumento financiero encaminado a reducir los riesgos inherentes a la financiación de películas europeas. Se creó, por consiguiente, un fondo europeo de garantía con vistas a reducir los riesgos inherentes a la financiación del sector audiovisual. El Fondo Europeo de Inversiones (FEI), constituido en junio de 1994, ha puesto de manifiesto su capacidad de administrar un fondo de garantía dedicado específicamente al sector audiovisual.

Pedimos a la Comisión:

1. Que busque una financiación autónoma del fondo en el presupuesto comunitario, sin sustraer, como se propone, los 90 millones de ecus del crédito previsto para el Programa MEDIA II;

2. Que resuelva el problema de la adecuación del crédito a los objetivos del fondo. No se trata de averiguar si los 90 millones de ecus son suficientes o no, sino de ver si el hecho de haberlo puesto a disposición no sólo de la industria cinematográfica, sino también de la producción de guiones para la televisión no supone derrochar sus recursos limitados.

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión (28 de noviembre de 1996)

1. La contribución comunitaria no procederá del presupuesto del Programa MEDIA II. Dicha contribución se integra en el marco de la programación financiera para el sector audiovisual para la cual la Comisión ha propuesto una dotación global de 400 millones de ecus, de los cuales 310 se destinarán al Programa MEDIA II (período 1996-2000).

2. Una cantidad mínima en términos de capital será necesaria para garantizar la eficacia financiera del fondo. Según los estudios de mercado y las consultas a profesionales, dicha cantidad ha sido estimada en 200 millones de ecus, que deberían ser aportados tanto por la Comisión como por el sector financiero, público y privado. Teniendo en cuenta los acuerdos de cogarantía y de seguro que el fondo podrá celebrar con terceros contratantes, el importe de las garantías generadas a plazo podrá alcanzar, de aquí al año 2000, los 100 millones de ecus en favor de la producción audiovisual europea.

Las instituciones financieras, en conexión con los expertos del fondo europeo de inversión y del sector profesional, evaluarán los proyectos seleccionados. Esta evaluación se ajustará a criterios de credibilidad financiera y de capacidad de circulación por el mercado europeo e incluso internacional.
PREGUNTA ESCRITA E-2989/96 de Iñigo Méndez de Vigo (PPE) a la Comisión (8 de noviembre de 1996)

Asunto: Propuesta de reglamento en respuesta a la Ley Helms-Burton

El pasado día 8 de octubre de 1996 fue publicada en el DOCE la propuesta de reglamento del Consejo relativa a la protección frente a los efectos de la aplicación por parte de los EE UU de la Ley Helms-Burton ((DO C 296 de 8.10.1996. )).

En su artículo 9 se señala que «Cada Estado miembro determinará las sanciones que deban imponerse en caso de vulneración de las disposiciones del presente Reglamento. Estas sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasivas».

¿Puede precisar la Comisión si cada Estado miembro puede adoptar de manera unilateral las medidas que considere oportunas? ¿Debe obtener antes la autorización de la Comisión o del Comité compuesto por los representantes de los Estados miembros?

Respuesta de Sir Leon Brittan en nombre de la Comisión (9 de diciembre de 1996)

El 28 de octubre de 1996 el Consejo aprobó la propuesta de la Comisión de un reglamento comunitario que ofrece protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de determinadas leyes de determinados terceros países. El artículo 9 dispone: «Cada Estado miembro determinará las sanciones que deban imponerse en caso de vulneración de las disposiciones del presente Reglamento. Estas sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasivas.»

No se requiere una autorización previa de la Comisión o del comité instituido en virtud del artículo 8 del Reglamento. Cada Estado miembro determinará las sanciones, de conformidad con el artículo 9, en el marco de su propio sistema nacional rector del cumplimiento de las obligaciones jurídicas. El margen de discrecionalidad otorgado a los Estados miembros se define, no obstante, en la segunda frase del artículo 9 anteriormente citado.

La Comisión, en su calidad de guardiana del Tratado, controlará la aplicación del artículo 9 del Reglamento por los Estados miembros y se asegurará de que se cumplan todos los requisitos de éste, especialmente los mencionados en su segunda frase.

En este contexto, la Comisión también se asegurará de que las sanciones se determinarán atendiendo a los artículos 2 y 5 del Reglamento, que la Comisión considera disposiciones pertinentes del Reglamento.
PREGUNTA ESCRITA E-2964/96 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) y Juan Colino Salamanca (PSE) a la Comisión (8 de noviembre de 1996)

Asunto: Impacto del cultivo del olivo en algunas regiones

¿Es plenamente consciente la Comisión de que el cultivo del olivar es uno de los cultivos de mayor impacto social por el empleo que genera en zonas deprimidas de la Unión Europea con índices muy elevados de desempleo?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2953/96, E-2954/96, E-2955/96, E-2956/96, E-2957/96, E-2958/96, E-2959/96, E-2960/96, E-2961/96, E-2962/96 y E-2964/96 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión (26 de noviembre de 1996)

La Comisión discutirá en breve las diferentes opciones que se presentan para la reforma de la organización común del mercado (OCM) del aceite de oliva, y transmitirá rápidamente un documento al Parlamento y al Consejo para que se debata antes de que quede ultimada cualquier propuesta concreta.

La Comisión tendrá, desde luego, en cuenta las observaciones y preguntas de sus Señorías con relación al empleo, a la ayuda a la producción, a las ayudas por árbol y al consumo, a la calidad, al impacto medioambiental y a los problemas particulares de España y de algunas de sus regiones productoras.

No sería correcto en esta fase comentar con detalle las diversas alternativas de reforma planteadas, y lo único que cabe es repetir que la nueva OCM, además de ser transparente, sencilla y fácil de controlar, deberá constituir un marco eficaz para las actividades de los productores.

La Comisión, que concede gran importancia a la calidad, tiene el convencimiento de que, cualquiera que sea la opción elegida, habrá una función de peso para los Estados miembros y las regiones.