PREGUNTA ESCRITA E-3149/01

de Brice Hortefeux (PPE-DE) al Consejo

(15 de noviembre de 2001)

Asunto: Paraísos fiscales en la UE

Los atentados del 11 de septiembre 2001 han suscitado la movilización general tanto por parte de la opinión pública como de las instituciones europeas. No obstante, se han producido numerosas críticas respecto al alcance de la campaña de lucha contra la financiación del terrorismo mediante los centros extraterritoriales (offshore) y los circuitos ilegales de blanqueo de capitales. Una gran parte de estos centros está situada en pleno corazón de la Unión Europea, concretamente en la City de Londres y en los territorios dependientes de la Corona británica (Gibraltar, Jersey y Guernesey).

Parece inconcebible e ilógico que la existencia de estos paraísos reglamentarios no sea puesta en cuestión por aquellos que combaten el terrorismo y su financiación. No hay que engañarse: hacer una guerra contra 27 organizaciones no significa combatir la existencia de un sistema que prolifera en el interior mismo de un Estado miembro de la UE. Estos territorios ofrecen un paraíso no solamente fiscal, bancario y financiero, sino desgraciadamente también judicial en más de un aspecto.

Teniendo en cuenta esta dramática observación, ¿cuál es la postura del Consejo y qué tipo de medidas piensa adoptar para poner remedio a este hecho?

Respuesta

(1 de marzo de 2002)

En la sesión del Consejo de 16 de octubre de 2001 se formularon diversas conclusiones en relación con los avances realizados y las medidas que han de adoptarse en la lucha contra el terrorismo, el blanqueo de capitales y la delincuencia financiera,

entre las que cabe mencionar las siguientes:

1. Los Estados miembros han firmado el proyecto de Protocolo del Convenio de 29 de mayo de 2000 relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea. Dicho Protocolo constituye una importante mejora para la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra la delincuencia económica y financiera. Los Estados miembros se comprometen a ratificar este Protocolo tan pronto como sea posible y a más tardar a finales del próximo año.

2. El Consejo, ha adoptado, en codecisión con el Parlamento Europeo, la Directiva que tiene por objeto la modificación de la Directiva de 10 de junio de 1991 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. Esta nueva Directiva sobre blanqueo de capitales es de extrema importancia para luchar contra la delincuencia organizada, pues amplía la prohibición de blanqueo de capitales hasta abarcar no sólo el tráfico de drogas, sino también otros delitos graves, y extiende las obligaciones de la Directiva a determinadas actividades y profesiones que no tienen carácter financiero, incluidos los abogados y auditores.

3. El Consejo tiene intención de adoptar el proyecto de Decisión marco relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.

4. De acuerdo con las conclusiones de su sesión de 17 de octubre de 2000, el Consejo, tal como recomendó el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), reitera que las instituciones financieras de los Estados miembros prestarán especial atención a sus relaciones comerciales y transacciones con personas, incluidas empresas e instituciones financieras, de los países y territorios identificados como no cooperativos (PTNC). La lista de dichos países y territorios fue puesta al día el 7 de septiembre de 2001 y en la actualidad es la siguiente: Dominica, Egipto, Filipinas, Guatemala, Granada, Hungría, Indonesia, las Islas Cook, las Islas Marshall, Israel, el Líbano, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Rusia, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Ucrania.

5. El Consejo toma nota de que el GAFI observó el 22 de junio de 2001, y reiteró el 7 de septiembre de 2001, que Filipinas no había adoptado medidas significativas contra el blanqueo de capitales, y apeló a sus miembros a que apliquen contramedidas a dicho país. Se ha tenido conocimiento de que el 29 de septiembre de 2001 Filipinas ha promulgado una legislación contra el blanqueo de capitales. En consecuencia, el GAFI ha indicado a todos sus miembros que suspendan la aplicación de contramedidas a Filipinas, a la espera de que se verifique la promulgación de hecho de la legislación contra el blanqueo de capitales. El GAFI ha tomado nota asimismo de que el 28 de agosto de 2001 Nauru promulgó una ley contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, se considera que esa nueva legislación contiene varias deficiencias y no aborda adecuadamente el serio problema del blanqueo de capitales en Nauru. Por lo tanto, el GAFI ha determinado que sus miembros deberían aplicar contramedidas a este país, a menos que adopte enmiendas legislativas adecuadas antes del 30 de noviembre de 2001.

En la sesión de 17 de octubre de 2000, los Estados miembros se han comprometido a aplicar inmediatamente, de forma concertada y concomitante, las contramedidas decididas por el GAFI y, en su caso, a adaptar su legislación.

Las medidas recomendadas por el GAFI son las siguientes:

a) requisitos rigurosos para identificar clientes y potenciación de las circulares a las entidades financieras, incluidas las circulares financieras sobre territorios específicos, con objeto de identificar a los titulares beneficiarios antes de que se establezcan relaciones comerciales con individuos o empresas de esos países o territorios;

b) refuerzo de los mecanismos de información relevantes o información sistemática sobre las transacciones financieras, partiendo de la base de que las transacciones financieras con dichos países tienen más posibilidades de ser sospechosas;

c) al examinar las solicitudes para autorizar el establecimiento en los países miembros del GAFI de filiales, sucursales u oficinas de representación de bancos, tener en cuenta si el banco correspondiente está establecido en uno de los PTNC;

d) advertir a las empresas que no sean del sector financiero de que las transacciones con entidades de los PTNC entrañan riesgo de blanqueo de capitales.

Los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, han decidido aplicar de manera concertada y concomitante las contramedidas mencionadas más arriba a Filipinas y Nauru, en su caso, con efecto inmediato. De ser necesaria la adopción de una legislación para hacer factible la aplicación de las contramedidas, los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, se comprometen a garantizar que sus legislaciones les permitirán aplicar las contramedidas a partir del 1 de enero de 2002.

6. El Consejo pone de relieve la urgencia de adoptar acciones firmes contra la financiación del terrorismo de acuerdo con la Resolución 1373/01 del Consejo de Seguridad. El Consejo decide utilizar también el mecanismo del GAFI para las contramedidas coordinadas contra los PTNC en relación con aquellos países que albergan, apoyan o dan refugio a terroristas y a sus medios de financiación. El Consejo insta a la Comisión a que estudie con premura propuestas para garantizar que los Estados miembros adopten acciones eficaces contra dichos países de manera concertada y concomitante.

7. El Consejo se felicita por el trabajo realizado sobre un modelo de acuerdo relativo a la asistencia judicial con los PTNC y encomienda al grupo competente la aceleración de los trabajos. Una vez desarrollado el modelo de acuerdo, el Consejo tiene intención de autorizar rápidamente a la Presidencia para que, en función de cada caso y con la asistencia de la Comisión si fuese pertinente, inicie negociaciones con los PTNC, basándose en particular en el procedimiento contemplado en los artículos 24 y 38 del Tratado de la Unión Europea y de conformidad con el mismo.

8. Los Estados miembros de la UE instan al FMI a acelerar el ritmo de los esfuerzos que está llevando a cabo, en estrecha colaboración con el Foro sobre Estabilidad Financiera, para evaluar la adecuación de la supervisión en centros financieros extraterritoriales y proporcionar la asistencia técnica necesaria para reforzar su deontología profesional. Asimismo, piden al FMI y al Banco Mundial que adopte más medidas para tener en cuenta las normas contra el blanqueo de dinero en su asesoramiento político y en sus programas.

Como puede observar Su Señoría, el Consejo concede gran importancia a los territorios no cooperativos, y está dispuesto a adoptar las medidas necesarias para impedir que sean utilizados con fines de blanqueo de capitales.