PREGUNTA ESCRITA E-2047/00

de Heinz Kindermann (PSE) a la Comisión

(21 de junio de 2000)

Asunto: Imputación de las liquidaciones de cuentas del FEOGA

En virtud del Reglamento (CE) 1287/95(1) se amplió el artículo 5 del Reglamento (CEE) no 729/70(2) en varios puntos decisivos. Por primera vez, se definieron reglamentaciones para el rechazo de una financiación por parte de la Comisión con cargo al FEOGA-Sección Garantía. En el cuarto párrafo de la letra c) del apartado 2 del artículo 5 se establece que:

La Comisión determinará los importes que deban excluirse basándose, en particular, en la importancia de la no conformidad comprobada. Para ello, la Comisión tendrá en cuenta la naturaleza y la gravedad de la infracción así como el perjuicio financiero causado a la Comunidad.

El párrafo arriba mencionado del Reglamento (CEE) no 729/70 se incorporó textualmente en el cuarto párrafo del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CE) 1258/1999 actualmente en vigor. En particular, la segunda frase genera reiteradamente confusiones puesto que en ella se pone claramente de relieve la necesidad de demostrar el perjuicio financiero para no reconocer los pagos con respecto al Estado o a los Estados miembros. Queda sin embargo abierta la forma en que debe demostrarse y presentarse con esta prueba el perjuicio financiero para la Comunidad.

La ampliación del procedimiento de examen de las liquidaciones de cuentas para el nuevo período de fomento a algunos ámbitos del fomento estructural en el entorno rural (fuera de las regiones del Objetivo 1) exige, sin embargo, cada vez más una aclaración inequívoca de la aplicación práctica de este texto reglamentario por parte de los servicios responsables de la Comisión.

1. ¿Cómo deben los servicios de la Comisión demostrar y presentar en un caso concreto la prueba prescrita en el reglamento mencionado del perjuicio financiero causado a la Comunidad?

2. ¿En qué medida ha llevado la norma, contemplada por primera vez en 1995 en un reglamento, relativa a la imputación de un Estado miembro en relación con un perjuicio financiero sufrido a una modificación en la valoración de los resultados del examen por parte de los servicios de la Comisión?

(1) DO L 125 de 8.6.1995, p. 1.

(2) DO L 94 de 28.4.1970, p. 13.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(28 de julio de 2000)

1. El Tribunal de Justicia aplica determinadas normas generales relativas a la carga de la prueba en los asuntos relativos a la financiación de la política agrícola común. El Tribunal siempre ha mantenido que compete a la Comisión demostrar la infracción de las normas relativas a la organización común de mercados (véanse, p. ej., los asuntos 347/85, 262/87 y C-335/87). Si la Comisión confirma que se ha producido una infracción de ese tipo, el Estado miembro en cuestión tiene que demostrar entonces, si procede, que la Comisión ha cometido un error en cuanto a las posibles consecuencias financieras. En tal caso, la Comisión goza de un margen de discrecionalidad a la hora de evaluar el importe del gasto que ha de imputarse al Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) (véase, p. ej., el asunto C-281/89).

En el párrafo cuarto del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 sobre la financiación de la política agrícola común(1), se encuentran los criterios en virtud de los cuales la Comisión ha de realizar dicha evaluación. La Comisión considera la expresión así como el perjuicio financiero causado a la Comunidad y los demás criterios presentados en dicho párrafo como un límite cuantitativo de sus correcciones financieras. El perjuicio financiero causado a la Comunidad, en el sentido del párrafo cuarto del apartado 4 del artículo 7, no implica que la Comisión tenga que determinar con precisión dicho perjuicio. El hecho de que se hayan realizado gastos que no se ajustan a la normativa comunitaria crea un (riesgo de) perjuicio financiero.

En los casos en los que la Comisión está comprobando la organización y funcionamiento del sistema de control de los Estados miembros (enfoque de auditoría de los sistemas), establecer con exactitud las cifras correspondientes a las deficiencias de dichos sistemas y, por consiguiente, determinar con precisión suficiente el perjuicio financiero resulta difícilmente viable y prácticamente imposible.

Las deficiencias de control crean un riesgo para el fondo y un probable perjuicio para el fondo. Los criterios del párrafo cuarto del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1258/1999 permiten un porcentaje de corrección que está claramente relacionado con el perjuicio probable.

2. Las enmiendas del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 729/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, sobre la financiación de la política agrícola común, incorporaron algunos de los principios que regulan el procedimiento de liquidación de cuentas, que el Tribunal de Justicia considera fundamentales. Los párrafos primero y cuarto de la letra c) del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 729/70 se han considerado como una codificación de la jurisprudencia del Tribunal. En la práctica no ha cambiado nada, salvo el hecho de que la evaluación de la corrección financiera por parte de la Comisión ahora está consagrada en un Reglamento del Consejo, en vez de basarse únicamente en las sentencias del Tribunal.

Antes de la modificación del Reglamento (CEE) no 729/70, la Comisión recurría al documento de trabajo VI/216/93 que establecía los diferentes porcentajes de las correcciones. El documento de trabajo VI/5330/97, aprobado por la Comisión tras los cambios del Reglamento (CEE) no 729/70 y tras la introducción del criterio así como el perjuicio financiero causado a la Comunidad, no difiere significativamente de su predecesor. Esto refleja el hecho de que no ha habido ningún cambio en la evaluación por parte de la Comisión de los resultados de sus controles sobre el terreno.

(1) DO L 160 de 26.6.1999.