PREGUNTA ESCRITA P-0790/00

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(9 de marzo de 2000)

Asunto: Construcciones portuarias en la Ría de Arousa (España) sin evaluación de impacto ambiental

La construcción en la Ría de Arousa (Pontevedra, España) de un puerto para buques quimiqueros y petroleros y, por otro lado, la instalación sobre su superficie de un parque de almacenamiento de petróleo y productos petroquímicos, ha provocado manifestaciones de rechazo por parte de la población por su impacto ecológico en toda la comarca. Para ninguna de las dos construcciones se han realizado los pertinentes estudios previos de evaluación e impacto ambiental.

La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa ha presentado ante la Comisión Europea una denuncia por incumplimiento de la normativa comunitaria referente a la evaluación de impacto ambiental (Directiva 85/337/CEE)(1).

Por otra parte, el Gobierno español no ha respetado el plazo fijado para la transposición de la Directiva 97/11/CE(2), relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, que modifica la Directiva 85/337/CEE.

La sensibilidad ciudadana, después de la reciente catástrofe medioambiental causada por el hundimiento del petrolero Erika, va en aumento, y demanda de nosotros, sus representantes, cada vez mayor sensibilidad hacia las cuestiones medioambientales. En este sentido, el PE ha aprobado en estas fechas dos resoluciones (20 de enero y 2 de marzo de 2000). Por otra parte, mucho se ha hablado en este Parlamento acerca de la coordinación de la política medioambiental de la UE con otras políticas, por ejemplo los Fondos estructurales.

¿Era necesario para la construcción de estas instalaciones portuarias un estudio de evaluación de impacto ambiental?

¿Puede confirmar la Comisión si ha habido financiación comunitaria para la construcción de ambas construcciones? ¿En qué cuantía y en qué fecha? ¿En favor de qué empresas?

¿Qué seguimiento hizo la Comisión de los proyectos para que cumplieran con los requisitos medioambientales comunitarios?

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(2) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

Respuesta común a las preguntas escritas P-0790/00 y E-0804/00 dada por el Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(5 de abril de 2000)

En el caso de la Directiva 85/337/CEE(1) del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, cabe indicar que el artículo 2 establece que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, deberán someterse a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones. Esta disposición se aplica a los proyectos enumerados en los Anexos I y II de la Directiva.

En lo que se refiere a las instalaciones mencionadas por Su Señoría, el punto 8 del Anexo I incluye los puertos de comercio marítimo, así como las vías navegables y los puertos de navegación interior que permitan el paso de barcos superiores a 1 350 toneladas. La letra d) del punto 10 del Anexo II incluye la construcción de puertos (incluidos los puertos pesqueros) que no figuran en el Anexo I. La letra d) del punto 6 del Anexo II menciona las instalaciones de almacenamiento de petróleo, productos petroquímicos y químicos. En virtud del artículo 4, los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas en el Anexo I deberán someterse en todos los casos a una evaluación del impacto ambiental. En cuanto a los proyectos del Anexo II, deberán someterse a evaluación cuando los Estados miembros consideren que sus características lo exigen.

La Directiva 97/11/CE(2) del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, establece en el apartado 1 del artículo 3 que los Estados miembros deberán cumplir sus disposiciones a más tardar el 14 de marzo de 1999. Conviene recordar que, con arreglo al apartado 2 del artículo 3, si una solicitud de autorización ha sido presentada antes del 14 de marzo de 1999, seguirán aplicándose las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE en la versión anterior a la modificación. Cabe recordar que, en virtud del artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE, la Comisión inicia un procedimiento de oficio si no se comunican en el plazo establecido las medidas adoptadas para la incorporación en el ordenamiento jurídico nacional. En lo que se refiere a la Directiva 97/11/CE, la Comisión no ha recibido ninguna comunicación oficial, por lo que acaba de emitir un dictamen motivado contra España.

En cualquier caso, la Comisión, en su función de garante de los Tratados, tomará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Derecho comunitario en este caso. La Comisión se ha dirigido a las autoridades españolas para pedirles información sobre la cofinanciación de las dos construcciones mencionadas.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.

(2) DO L 73 de 14.3.1997.