PREGUNTA ESCRITA E-1427/97 de Ernesto Caccavale (UPE) a la Comisión (23 de abril de 1997)

Asunto: Aeropuerto de Capodichino (Nápoles): violación de las normativas europeas sobre los contratos públicos

Recientemente se ha sabido a través de las noticias de la prensa que la gestión del embarcadero internacional de Nápoles Capodichino se adjudicará a la British Airport Authority (BAA), gracias a un contrato firmado en negociación privada entre el Alcalde de Nápoles y el Presidente de la Provincia de Nápoles, por un lado, y la BAA, por otro.

Si se confirma la noticia, dicho acuerdo habrá de considerarse nulo, por haberse efectuado violando las normativas comunitarias referentes a los contratos públicos de servicios y contradiciendo las normativas internacionales, como el acuerdo GATT, que, obedeciendo a los principios básicos de la transparencia establecidos por los Tratados, prevén:

- la obligación de convocar una licitación pública internacional;

- la publicación de tal licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas Serie S, y

- parámetros rígidos en el caso de las licitaciones que se realicen de acuerdo con el método de la negociación privada.

¿Tiene intención la Comisión de realizar las debidas investigaciones para comprobar la posible ilicitud del comportamiento de la Ciudad y de la Provincia de Nápoles?

¿Tiene intención la Comisión de censurar en el seno del GATT el comportamiento de que aquí se trata?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (11 de junio de 1997)

Su Señoría no especifica si el contrato por el que se encomendó la gestión del aeropuerto de Capodichino a British Airport Authority (BAA) es un contrato de concesión de servicios, es decir, un contrato por el que al menos parte de la remuneración de BAA consiste en el derecho a explotar el aeropuerto asumiendo los riesgos económicos, por ejemplo, estableciendo comercios o vendiendo el derecho a hacerlo, o un contrato «normal» de servicios, en virtud de cual el poder adjudicador abona a BBA la totalidad los servicios prestados.

Con todo, se dispone de suficiente información para concluir que el hecho de no haber publicado un anuncio de licitación en el suplemento del Diario Oficial no constituye una infracción a las directivas sobre contratación pública.

De hecho, si se trata de un contrato de concesión de servicios, no entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios ((DO L 209 de 24.7.1992. )), ni del de la Directiva 93/38/CEE, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones ((DO L 199 de 9.8.1993. )).

Si en cambio es un contrato «normal» de servicios, entonces pertenece a la categoría 20 («Servicios de transporte complementarios y auxiliares», especialmente al número de referencia CCP 7461 «Servicios de operaciones de aeropuertos») del Anexo I B de la Directiva 92/50/CEE o del Anexo XVI B de la Directiva 93/38/CEE. En ambos casos, ello implica que el procedimiento de adjudicación sólo debe cumplir dos requisitos: aplicar las disposiciones sobre prescripciones técnicas e informar a la Comisión de la adjudicación del contrato, indicando si puede publicarse el anuncio de adjudicación del contrato. No es en absoluto obligatorio que se publique un anuncio de licitación o cualquier otro tipo de anuncio utilizado para sacar a concurso el contrato.

Esta cuestión es un asunto interno de la Comunidad que puede solventarse adecuadamente aplicando la normativa comunitaria. Por lo tanto, no es necesario, ni tan siquiera oportuno, dirigirse a la Organización Mundial del Comercio.