PREGUNTA ESCRITA E-2869/01

de Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) a la Comisión

(17 de octubre de 2001)

Asunto: Homologación comunitaria del Acuerdo hispano-marroquí sobre mano de obra

La firma, el pasado 25 de julio del año en curso, del Acuerdo sobre mano de obra entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, en Madrid, ha supuesto un muy significativo progreso en el ámbito de las relaciones laborales entre ambos países.

La regulación, mediante el citado acuerdo sobre mano de obra marroquí en España, afectará a los trabajadores migrantes del Reino de Marruecos como ciudadanos de este país autorizados para ejercer una actividad remunerada por cuenta ajena en el territorio español.

Por su implicación en el resto del mercado laboral comunitario, ¿entiende la Comisión que la estructura formal de dicho acuerdo es homologable con el conjunto de disposiciones comunitarias en la materia y se adapta a un esquema jurídico formal que todos los países comunitarios deberían de observar, para garantizar la homogeneidad jurídica comunitaria en el conjunto de los países miembros de la UE?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(14 de diciembre de 2001)

Las relaciones entre las Comunidades y sus Estados miembros y Marruecos se rigen por el Acuerdo Euro-Mediterráneo, que fue firmado por las partes en febrero de 1996 y entró en vigor en marzo de 2000(1).

El Título VI del Acuerdo contiene varias disposiciones en el ámbito social. En particular, el artículo 64 dispone que deberá garantizarse a los nacionales marroquíes empleados en los Estados miembros la igualdad de trato en lo que respecta a las condiciones de trabajo, remuneración y despido. No obstante, el Acuerdo no incluye disposiciones sobre el acceso de los ciudadanos marroquíes al empleo, cuestión que es competencia de cada Estado miembro.

La Comisión no ha tenido la oportunidad de examinar detenidamente el Acuerdo hispano-marroquí sobre mano de obra(2), celebrado el 25 de julio de 2001, al que hace referencia Su Señoría. No obstante, a priori, parece que este acuerdo podría en efecto plantear alguna duda en cuanto a su compatibilidad con los principios consagrados en la Resolución del Consejo, de 20 de junio de 1994, sobre las limitaciones de la admisión de nacionales de países no comunitarios para trabajar en el territorio de los Estados miembros(3).

En la Resolución antes citada se plasma el acuerdo unánime del Consejo de la Unión de que las políticas nacionales de los Estados miembros en relación con los ciudadanos de terceros países que pretendan ser admitidos o autorizados a permanecer en su territorio para trabajar deberían regirse por determinados principios, principios que los Estados miembros no podrán flexibilizar en sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Estos principios por los que se rigen las políticas de los Estados miembros incluyen la norma general de que los Estados miembros tendrán en cuenta las solicitudes de entrada en su territorio con fines laborales solamente cuando la oferta de empleo en un Estado miembro no pueda cubrirse recurriendo al mercado de trabajo de la Comunidad (preferencia comunitaria para el empleo inciso i) del punto C). Si bien se mantiene la posibilidad de facilitar el acceso de nacionales no comunitarios en virtud de los acuerdos bilaterales celebrados con terceros países con los que se mantengan vínculos estrechos, los Estados miembros se comprometieron a renegociar dichos acuerdos con arreglo a la Resolución (cláusula de moratoria, inciso vii) del punto C).

El texto del Acuerdo hispano-marroquí de 25 de julio de 2001 sobre mano de obra no menciona la obligación de examinar la posibilidad de cubrir la oferta de empleo en España con mano de obra comunitaria, antes de ofrecérsela a los ciudadanos marroquíes. Esto podría ser contrario al principio de preferencia comunitaria para el empleo antes mencionado, en particular teniendo en cuenta que el Acuerdo hispano-marroquí es posterior a la fecha de adopción de la Resolución, a saber, el 20 de junio de 1994 (fecha límite prevista en el inciso vii) del punto C de la Resolución).

La Resolución constituye un compromiso político de los Estados miembros, y no es jurídicamente vinculante. Además, los principios contenidos en la misma no podrán alegarse como fundamento de acciones judiciales de trabajadores, empresarios o instituciones comunitarias a título individual. A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam en 1999, la Comisión está facultada para proponer legislación comunitaria vinculante en materia de inmigración y, en este sentido, el 11 de julio de 2001, adoptó una propuesta de Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y de actividades económicas por cuenta propia(4). La propuesta recoge algunos elementos de la Resolución de 1994, entre otros el principio de que los nacionales de terceros países sólo podrán acceder al mercado de trabajo de la UE cuando los puestos vacantes no puedan cubrirse con trabajadores comunitarios.

(1) DO L 70 de 18.3.2000.

(2) Publicado en el BOE no 226 de 20.9.2001, pp. 35091-35093.

(3) Adoptada en virtud del antiguo artículo K.1 del Tratado de la Unión Europea, DO C 274 de 19.9.1996.

(4) COM(2001) 386 final.