PREGUNTA ESCRITA E-0382/01

de Jeffrey Titford (EDD) a la Comisión

(15 de febrero de 2001)

Asunto: Propuesta de directiva relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

¿Podría señalar la Comisión la razón por la que ha presentado una propuesta de directiva sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que obligará a los minoristas de productos eléctricos a ofrecer gratuitamente a los consumidores un servicio de recogida de los productos eléctricos viejos, teniendo en cuenta que la propuesta de directiva:

1. obligará a los pequeñas y medianas empresas a destinar una superficie cara destinada al almacenamiento de aparatos eléctricos usados;

2. generará dificultades de tipo práctico a los consumidores que transporten estos productos a los puntos de venta;

3. generará problemas de salud y seguridad a los empleados porque deberán manipular todo tipo de equipos peligrosos, sucios, grasientos y, posiblemente, contaminados devueltos por los consumidores;

4. provocará costes adicionales enormes a las pequeñas y medianas empresas porque deberán recoger productos usados al entregar los nuevos;

5. obligará a los pequeños y medianos minoristas a solicitar licencias de gestión de residuos que sólo podrán obtener si el personal sigue una serie de cursos caros;

6. expondrá a las pequeñas y medianas empresas a sanciones penales por la venta de equipos eléctricos sin licencia, lo que supone una sanción penal más de las muchas generadas por la Unión Europea (por ejemplo, el reciente intento del Gobierno británico de prohibir la venta de productos a granel a los consumidores británicos sobre la base del sistema británico de pesas y medidas)?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(6 de abril de 2001)

El artículo 4 de la propuesta de Directiva de la Comisión Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)(1), dispone, entre otras cosas, que los Estados miembros garantizarán que se organicen sistemas que permitan a los distribuidores y a los usuarios finales devolver gratuitamente los RAEE procedentes de hogares particulares. Para cumplir tal obligación, los Estados miembros velarán además por la disponibilidad y accesibilidad de las instalaciones de recogida que sean necesarias en función de la densidad de población. Los Estados miembros velarán por que los distribuidores, cuando suministren un producto nuevo, se ofrezcan a hacerse cargo de forma gratuita de los RAEE similares, procedentes de hogares particulares, a condición de que el aparato en cuestión esté exento de contaminantes (incluidos los de tipo radiactivo y biológico). Los Estados miembros garantizarán que todos los RAEE recogidos de conformidad con lo dispuesto en este artículo se transporten a instalaciones de tratamiento autorizadas.

El principio básico es el de que los distribuidores y usuarios finales puedan devolver gratuitamente los aparatos eléctricos. A juicio de la Comisión, este principio no supone necesariamente que los aparatos eléctricos que ya no sirven tengan que ser transportados físicamente a los puntos de venta. Al contrario, de la experiencia en zonas donde la gestión de este tipo de residuos ya ha comenzado se desprende que el transporte a los lugares de desmontaje o tratamiento se organiza de tal manera que no supone una carga ni para los puntos de venta ni para los consumidores. Las reuniones celebradas entre la Comisión y los representantes de las organizaciones de vendedores confirmaron que en muchos casos la recogida gratuita, tal como la propone la Comisión, forma ya parte del servicio prestado al consumidor.

Si, a pesar de todo, surgieran costes suplementarios, la Comisión está convencida de que redundarían en beneficio del medio ambiente. En este contexto, el principio de internalización de costes en el precio final de los productos es uno de los principios básicos del desarrollo sostenible. Como se decía en la exposición de motivos de la propuesta, de los proyectos piloto en materia de RAEE se desprende claramente que cobrar a los consumidores los gastos de recogida en el punto en el que ésta se lleva a cabo tendría una repercusión negativa en los resultados. Por otro lado, la propuesta ha sido objeto de una evaluación de impacto económico en la que se ha hecho un análisis especial de la incidencia sobre las pequeñas y medianas empresas (PYME). Esta evaluación, publicada por la Comisión en el Anexo II de la exposición de motivos de la propuesta RAEE, se llevó a cabo tras consultas con las asociaciones implicadas (incluidos los vendedores), y no arrojó efectos negativos de importancia para las PYME.

Por lo que se refiere a la necesidad de solicitar una licencia de gestión de residuos, la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos(2), no dispone en su artículo 12 que los establecimientos que recogen residuos deban contar con una autorización, sino sólo que se registren ante las autoridades competentes. Todo establecimiento comercial está, por definición, registrado ante las autoridades competentes. La propuesta de Directiva RAEE no cambia esta situación.

El tema de las posibles sanciones penales no está prevista por la legislación comunitaria. Sin embargo, debido a que se dan regularmente casos de inobservancia grave de la normativa medioambiental comunitaria, la Comisión ha adoptado una propuesta de Directiva relativa a la protección del medio ambiente por medio del derecho penal(3). Ésta establecería unas normas mínimas para los delitos contra la legislación comunitaria de medio ambiente.

(1) DO C 365 E de 19.12.2000.

(2) DO L 194 de 25.7.1975.

(3) COM(2001) 139 final.