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PREGUNTA ESCRITA E-2890/02

de Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) a la Comisión

(14 de octubre de 2002)

Asunto: Detención de una norcoreana y de su intérprete en China

¿Podría instar la Comisión a las autoridades chinas a que informen sobre la situación de la norcoreana Yu Kum-shil, de 32 años, que fue detenida el 31 de agosto en la ciudad fronteriza de Erenhot al emprender un viaje a Mongolia para visitar allí a su marido?

¿Podría informarse igualmente la Comisión ante las autoridades chinas acerca de la situación de su marido, el surcoreano Kang Yong-chol, y la del intérprete que acompañaba a la Sra. Yu Kum-shil, el Sr. Shin Yong-in?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(12 de noviembre de 2002)

La Comisión agradece a Su Señoría la información relativa al arresto, el 31 de agosto de 2002, de la ciudadana norcoreana Yu Kum-shil y de su intérprete en la ciudad fronteriza de Erenhot. La Comisión proseguirá el estudio de este caso específico.

En el pasado, la Unión ha seguido con especial atención la situación de los refugiados norcoreanos en China y ha planteado el asunto en todas las ocasiones posibles tanto a la República Popular Democrática de Corea como a China. El trato de los refugiados norcoreanos se abordará durante la próxima sesión del diálogo bilateral entre la UE y China en materia de derechos humanos los días 13 y 14 de noviembre de 2002 en Pekín.
PREGUNTA ESCRITA E-2759/02

de Frank Vanhecke (NI) a la Comisión

(1 de octubre de 2002)

Asunto: Terrorismo

Según la revista semanal Valeurs actuelles del viernes 13 de septiembre, la Comisión Europea elaboró en julio de este año una lista de organizaciones terroristas en el marco de la campaña internacional contra el terrorismo.

¿Podría publicar la Comisión esta lista de organizaciones?

¿Sobre qué criterios se basó la Comisión a la hora de elaborar esta lista?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(15 de noviembre de 2002)

La Unión ha expresado su apoyo a la campaña internacional contra el terrorismo, iniciada por las Naciones Unidas mediante la Resolución 1373 (2001) y reforzada por la Resolución 1390 (2002) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ello se llevó a cabo mediante las posiciones comunes 2001/930/PESC, 2001/931/PESC y 2002/402/PESC(1).

De acuerdo con esos instrumentos, el Consejo adoptó dos Reglamentos que imponían entre otras cosas, el bloqueo de los fondos y recursos económicos de personas, grupos y entidades incluidos en las listas referentes al terrorismo internacional.

El Reglamento del Consejo 2580/2001/CE, de 27 de diciembre de 2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo(2) establece una lista de la Unión referente a personas, grupos y entidades terroristas con objeto de combatir el terrorismo. Esta lista debería incluir personas, grupos y entidades ligados a o relacionados con terceros países, así como aquellos que, por cualquier razón, sean objeto de atención de los aspectos de la PESC de la posición común 2001/931/PESC. La lista ha sido adoptada por el Consejo y publicada posteriormente en el Diario Oficial(3).

Un acto específico, el Reglamento del Consejo 881/2002/CE. de 27 de mayo de 2002, que impone determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra ciertas personas y entidades asociadas con Osama Bin Laden, con la red Al Qaida y con los talibanes, y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo, que prohíbe la exportación de ciertos bienes y servicios a Afganistán, que refuerza la prohibición de volar y que amplia la congelación de fondos y otros recursos financieros por lo que se refiere a los talibanes de Afganistán(4), autoriza a la Comisión a modificar la lista de personas, grupos y entidades asociados con Al Qaida y con los talibanes adjunta a dicho Reglamento. Mientras tanto, la Comisión ha adoptado siete enmiendas a esa lista(5), todas sobre la base de decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del Comité pertinente de sanciones de dicho Consejo.

(1) DO L 344 de 28.12.2001 y DO L 139 de 29.5.2002.

(2) DO L 344 de 28.12.2001.

(3) Véase la Decisión del Consejo 2002/848/CE, DO L 295 de 30.10.2002.

(4) DO L 139 de 29.5.2002.

(5) Reglamentos de la Comisión (CE) no 951/2002 (DO L 145 de 4.6.2002), no 1580/2002 (DO L 237 de 5.9.2002), no 1644/2002 (DO L 247 de 14.9.2002), no 1754/2002 (DO L 264 de 2.10.2002), no 1823/2002 (DO L 276 de 12.10.2002), no 1893/2002 (DO L 286 de 24.10.2002) y no 1935/2002 (DO L 295 de 30.10.2002).
PREGUNTA ESCRITA E-2774/02

de Struan Stevenson (PPE-DE) a la Comisión

(3 de octubre de 2002)

Asunto: Euro

En un estudio suizo (The Times, 12.9.2002) se ha descubierto recientemente que las euromonedas liberan hasta 320 veces más níquel de lo que permiten las normas de la Unión Europea,

lo que produce afecciones cutáneas en el 10 % de la población que padece algún tipo de alergia a este metal. Tal fenómeno se debe al diseño bicolor de las monedas, que facilita la corrosión y liberación del níquel, en particular, cuando entra en contacto con el sudor corporal.

¿Ha examinado la Comisión si las monedas de 1 y 2 euros pueden ser nocivas para la salud?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(6 de noviembre de 2002)

Esta conclusión de los autores del estudio es engañosa porque la Directiva 94/27/CE del Consejo, de 30 de junio de 1994, por la que se modifica por duodécima vez la Directiva 76/769/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos(1), hace referencia a objetos que entran en contacto directo y prolongado con la piel humana, tales como los relojes o las joyas pero no cita a las monedas. En segundo lugar, los resultados se generaron pegando monedas de 1 y 2 euros a la piel de pacientes con una alergia conocida al níquel durante 48-72 horas, tras lo cual mostraron una reacción alérgica. Como estas condiciones no reflejan el uso normal de las monedas de euro la Comisión no ve la necesidad de adoptar medidas.

Esta reciente publicación no cambia la opinión de la Comisión de que el uso normal de las monedas de euro no representa un riesgo para los ciudadanos europeos. La Comisión no conoce ningún caso particular de pacientes que sufran alergia al níquel debido al contacto con monedas de 1 y 2 euros. Además no hay pruebas científicas de un aumento reciente de las alergias al níquel entre ciudadanos europeos.

Estas conclusiones han sido confirmadas por un estudio independiente reciente, que mostró que la cantidad de níquel liberado por las monedas de 1 y 2 euros es perceptiblemente inferior a las monedas nacionales utilizadas antes de la introducción del euro.

(1) DO L 188 de 22.7.1994.
PREGUNTA ESCRITA E-3763/02

de Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) a la Comisión

(23 de diciembre de 2002)

Asunto: Seguridad marítima

Un estudio del Memorándum de Acuerdo de París sobre el control de los buques por el Estado del puerto es ilustrativo del caos existente en la Unión Europea. Por ejemplo, mientras que Italia inspecciona prácticamente uno de cada dos buques que pasan por sus puertos, Francia inspecciona sólo uno de cada diez. Cabría señalar que esta última fue de las pioneras respecto a la decisión de excluir a los petroleros de casco único de más de 15 años de antigüedad de la zona económica exclusiva.

¿Qué medidas pretende tomar la Comisión con miras a la armonización de las inspecciones de los buques en los puertos a fin de incrementar la seguridad marítima?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(10 de febrero de 2003)

Como indica Su Señoría, las estadísticas anuales publicadas por la Secretaría del Memorando de París sobre el control del Estado rector del puerto muestran importantes disparidades entre los índices de inspección de los diversos Estados. Ahora bien, esto no significa que la situación sea caótica.

En realidad, las normas del control del Estado del puerto fueron armonizadas a nivel comunitario por la Directiva 95/21/CE de Consejo, sobre el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas bajo jurisdicción de los Estados miembros(1).

Las disposiciones de dicho texto fueron reforzadas a raíz del accidente del Erika, en especial para implantar un procedimiento de exclusión aplicable a los buques que hubieran sido inmovilizados varias veces en los dos o tres años anteriores y figurasen en la lista negra de los pabellones con un número de inmovilizaciones superior a la media. Estas modificaciones a la Directiva 95/21/CE entrarán en vigor a finales de julio de 2003.

La Comisión atribuye especial relieve a la observancia de las normas del control del Estado rector del puerto, y varias veces ha recordado a los Estados miembros sus obligaciones, por última vez en su Comunicación del 3 de diciembre de 2002(2). En este sentido, les ha pedido con insistencia que contraten a un número suficiente de inspectores para poder inspeccionar al menos un 25 % de los buques, según prescribe la Directiva. Además, les ha invitado a garantizar un nivel suficiente de inspecciones en todos sus puertos y zonas de fondeo, para evitar que se conviertan en auténticos puertos de conveniencia.

En virtud de sus competencias, la Comisión tiene el propósito de utilizar todas las vías legales a su alcance para garantizar una estricta aplicación de las citadas normas. Así, ha iniciado un procedimiento ante el Tribunal de Justicia contra Francia e Irlanda por inobservancia del nivel mínimo del 25 % de buques inspeccionados.

(1) DO L 157 de 7.7.1995.

(2) COM(2002) 681 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1431/02

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(23 de mayo de 2002)

Asunto: Posición de la Comisión ante las previsiones del Ministerio de Fomento sobre la llegada del tren de alta velocidad a Galicia

La prensa española del pasado 30 de abril dio cuenta de las previsiones del Ministerio Fomento del Gobierno español con respecto a la ejecución de las líneas de alta velocidad en el territorio del Estado, contemplando la conexión entre Madrid y Valladolid, Extremadura, Valencia, Córdoba, Asturias y Toledo, además de Barcelona, sin hacer referencia alguna a la conexión con Galicia. ¿Qué proyectos presentó el Gobierno español en este ámbito para recibir cofinanciación de la UE?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(23 de julio de 2002)

En lo que respecta a la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la Comisión recuerda a Su Señoría que, en virtud del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(1), los Estados miembros únicamente están obligados a notificarle los grandes proyectos, según se definen en el artículo 25 del citado Reglamento.

Hasta la fecha, las autoridades españolas han presentado a la Comisión dos solicitudes de cofinanciación con cargo al Fondo de Cohesión para las líneas de alta velocidad Madrid/Barcelona/frontera francesa y Madrid/Valladolid. La línea de alta velocidad Madrid/Córdoba, por su parte, está en funcionamiento desde 1992.

Por lo que se refiere a las líneas de alta velocidad en Galicia, la Comisión se remite a las numerosas respuestas ya ofrecidas a este respecto; entre ellas, las más recientes son: H-0362/02(2), H-0274/02(3), así como E-2455/01 y E-2466/01(4).

(1) DO L 161 de 26.6.1999.

(2) Respuesta escrita de 11.6.2002.

(3) Respuesta escrita de 14.5.2002.

(4) DO C 115 E de 16.5.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-3875/02

de Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) a la Comisión

(10 de enero de 2003)

Asunto: Criterios comunitarios que regulan el desarrollo de la aviación regional

Actualmente la aviación regional, por sus características, es el sector aéreo mundial de más rápido crecimiento, considerado como el verdadero transporte de élite actual y futuro.

Pero de circunscribirse a rutas estrictamente regionales, muchas compañías de este sector han evolucionado para cubrir rutas internacionales, operando para grandes compañías del sector aéreo, lo que ha provocado la queja de las grandes compañías que ven como una importante competencia las rutas que cubren ahora muchas compañías regionales.

Ante las quejas mencionadas, ¿podría indicar la Comisión si existe una regulación comunitaria específica, que ordene el desarrollo de la aviación regional, de forma que no se provoquen conflictos de competencia con la aviación que cubre trayectos internacionales desde siempre, haciendo frente a costosas obligaciones por su volumen de actuación?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(6 de febrero de 2003)

A partir del 1 de enero de 1993, fecha de entrada en vigor de los tres reglamentos que constituyen el tercer paquete de liberalización del transporte aéreo (Reglamentos (CEE) no 2407/92(1), no 2408/92(2) y no 2409/92(3)), todas las compañías aéreas comunitarias tienen libertad de establecer las rutas aéreas que consideren de interés comercial entre los aeropuertos comunitarios (artículo 3 del Reglamento (CEE) no 2408/92). Por ello, en este mercado liberalizado y abierto a la competencia, las opciones de las compañías aéreas obedecen a su propia estrategia comercial y a sus imperativos de rentabilidad económica, sin que se haga distinción alguna entre las distintas rutas.

La legislación comunitaria no incluye disposiciones específicas para las compañías regionales: estas están sujetas a las mismas reglas de competencia y de control de las ayudas públicas que las otras compañías.

(1) Reglamento (CEE) no 2407/92 de Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre la concesión de licencias a las compañías aéreas, DO L 240 de 24.8.1992.

(2) Reglamento (CEE) no 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias, DO L 240 de 24.8.1992.

(3) Reglamento (CEE) no 2409/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre tarifas y fletes de los servicios aéreos, DO L 240 de 24.8.1992.
PREGUNTA ESCRITA P-3804/02

de Christos Folias (PPE-DE) a la Comisión

(18 de diciembre de 2002)

Asunto: Catástrofes naturales

Bastantes zonas de Grecia Occidental resultaron afectadas por un fuerte seísmo el 2.12.2002. Viviendas y establecimientos sufrieron gravísimos daños, resultaron destruidas mercancías y la economía de la provincia de la Élide, en particular, sufrió desajustes.

¿Concurren las condiciones y los requisitos necesarios para que se aplique el nuevo reglamento por el que se ha creado el nuevo fondo para catástrofes naturales?

¿Puede el Gobierno griego derivar fondos de los POR para la reparación de los daños?

¿Qué otra medida podría tomar o proponer la Comisión a tal fin?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(24 de enero de 2003)

El principal objetivo del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) es conceder ayuda de urgencia en el caso de catástrofes naturales graves con serias repercusiones en las condiciones de vida, el entorno natural o la economía de una o más regiones del país afectado. A efectos del Reglamento por el que se crea el FSUE, se considera catástrofe grave toda catástrofe que produzca daños que se estimen en más de 3 000 millones de euros a precios de 2002 o representen más del 0,6 % del PIB del Estado miembro de que se trate.

En circunstancias excepcionales, una región también puede beneficiarse de la asistencia del Fondo cuando haya sufrido una catástrofe extraordinaria que afecte a la mayor parte de su población con repercusiones graves y duraderas en las condiciones de vida y la estabilidad económica de la región.

La movilización del FSUE exige la presentación de una solicitud a la Comisión por parte de las autoridades nacionales en el plazo de diez semanas a partir de la fecha en que se registró el primer daño.

Por otra parte, en lo que se refiere a la utilización de los fondos disponibles en virtud del programa regional en cuestión (POR de Grecia Occidental), es competencia de las autoridades griegas decidir si desean recurrir a estos fondos para hacer frente a determinados daños provocados por el seísmo al que hace referencia Su Señoría, observando los reglamentos por los que se rigen los Fondos Estructurales, en lo referente en particular a las normas de subvencionabilidad en vigor.
PREGUNTA ESCRITA P-3455/02

de Giacomo Santini (PPE-DE) a la Comisión

(28 de noviembre de 2002)

Asunto: Epidemia de influenza aviar en Italia

Las Provincias de Verona, Mantua y Brescia sufren actualmente una epidemia de influenza aviar producida por el virus H7N3 de baja patogenicidad que, por ahora, afecta casi exclusivamente a la cría de pavos. Con objeto de evitar la difusión de la enfermedad, las autoridades italianas pedirán a la UE autorización para vacunar a las especies sensibles en las zonas de riesgo.

No obstante, la vacunación podría conllevar la pérdida de la posibilidad de exportar hacia los Estados miembros los productos avícolas procedentes de las zonas vacunadas. Las 3 provincias producen aproximadamente el 80 % de los pavos italianos y la exportación representa el 20 % de la producción total.

En caso de que se prohíba la exportación, ello significará:

- una reducción del 20 % de la producción de pavos;

- la importación de carnes de terceros países (Brasil y Tailandia);

- la pérdida del mercado alemán;

- la reducción de la zona vacunada con el riesgo de que la enfermedad se perpetúe y el virus se modifique pasando de una baja patogenicidad a una alta.

¿Puede decir la Comisión si se puede obtener la autorización para proceder inmediatamente a la vacunación, conservando al mismo tiempo la posibilidad de exportar a los Estados miembros? Dicha posibilidad se otorgó con ocasión de la epidemia de 2000, en la que las pruebas discriminatorias (DIVA) permitían diferenciar a los animales positivos porque habían sido vacunados de los animales positivos porque tenían la enfermedad.

¿Sería posible vacunar en una extensa zona con una vacuna heteróloga (H7 N1) y seguir exportando con la total garantía de que las carnes de los animales destinados a la exportación no transmiten el virus puesto que dichos animales estaban sanos antes del sacrificio?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(9 de enero de 2003)

Una vez que Italia presentó un programa de vacunación de urgencia y siguiendo el dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal, la Comisión, mediante la Decisión 2002/975/CE de la Comisión, de 12 de diciembre de 2002, relativa a la introducción de la vacunación para completar las medidas destinadas a controlar las infecciones de influenza aviar de baja patogenicidad en Italia y a las medidas específicas de control de los desplazamientos(1), autorizó a Italia aplicar la vacunación de urgencia contra la influenza aviar en determinadas zonas de las regiones de Lombardía y del Véneto.

La carne de pavos vacunados puede ser despachada para el comercio intracomunitario a otros Estados miembros, a condición de que se lleven a cabo ciertos controles en la explotación de origen, incluido el uso de una prueba de laboratorio capaz de distinguir las aves de corral vacunadas y las aves sanas de las aves infectadas, dado que estos controles se consideran suficientes para asegurar un elevado nivel de seguridad de la carne de estos animales por lo que se refiere a la influenza aviar.

(1) DO L 337 de 13.12.2002.
PREGUNTA ESCRITA P-3366/02

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) al Consejo

(20 de noviembre de 2002)

Asunto: Pretensiones de la Unión Europea en las negociaciones del GATT

¿Cómo es posible que no se haya hecho público qué desregulaciones exige la Unión Europea de otros países en el marco de las negociaciones del GATT?

¿Se prevé hacer público cuáles son las pretensiones de la Unión Europea en el marco de las negociaciones del GATT? Si es así, ¿cuándo?

Respuesta

(20 de febrero de 2003)

En julio de 2002, la CE y sus Estados miembros presentaron a otros miembros de la OMC sus solicitudes iniciales para mejorar el acceso al mercado en los sectores de los servicios con arreglo al Programa de Doha para el Desarrollo.

Por supuesto, el objetivo de la CE y de sus Estados miembros es ser lo más transparente posible en lo que se refiere a las negociaciones del GATT. Por ello se consultó ampliamente a la sociedad civil y a las partes interesadas, ya antes de la presentación de las solicitudes, con el fin de obtener su contribución al proceso. Además, en el pasado mes de julio la Comisión publicó una relación detallada de las solicitudes.

La UE tiene más de 140 asociados en la OMC. Por lo tanto, las negociaciones del GATT deben llevarse a cabo de forma que deje a los terceros países tiempo y espacio suficiente para desarrollar sus propias posiciones. Por otra parte, es necesario preservar el carácter confidencial a lo largo de las negociaciones para permitir a cada socio decidir en soberanía la forma de proceder respecto de las solicitudes y de desarrollar contraofertas.

Así pues, al tiempo que se pretende la máxima transparencia posible con todos los interesados y con el público, debe existir el equilibrio adecuado entre esa transparencia y la capacidad de la UE para negociar en un ambiente que posibilite unos debates francos y abiertos.
PREGUNTA ESCRITA E-2983/02

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) al Consejo

(23 de octubre de 2002)

Asunto: Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca

El Parlamento Europeo aprobó el 5 de abril de 2001 una Resolución sobre seguridad y accidentes en las actividades de pesca(1) en cuyo apartado 3 instaba al Consejo a que promueva una mayor inclusión de los pescadores en la Directiva 93/104/CE del Consejo, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, modificada por la Directiva 2000/34/CE del PE y del Consejo, de manera que mejore su protección.

¿Qué ha hecho el Consejo al respecto?

¿Cómo cree el Consejo que se puede avanzar en la seguridad en las actividades de pesca?

(1) DO C 21 E de 24.1.2002, p. 359.

Respuesta

(20 de febrero de 2003)

La Directiva 2000/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 2000 amplió el ámbito de la Directiva 93/104/CE del Consejo para incluir, entre otras categorías, a los pescadores.

El apartado 2 del artículo 17 ter de la Directiva 93/104/CE, tal como ha sido modificado, obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar que cualquier trabajador que ejerza actividad a bordo de un barco de pesca marítima que enarbole pabellón de un Estado miembro tenga derecho al descanso adecuado y a que se limite el número de horas de trabajo a una media de 48 horas semanales.

Los Estados miembros tienen que transportar esta Directiva a su legislación nacional el 1 de agosto de 2003.

Con arreglo al artículo 3 de la Directiva 2000/34/CE, la Comisión procederá al examen del funcionamiento de las disposiciones relativas a los trabajadores a bordo de buques de pesca marítimos a más tardar el 1 de agosto de 2009, en concreto en lo que se refiere a la salud y a la seguridad.

El Consejo considera, pues, que cualquier medida futura para cambiar el horario de trabajo de los pescadores con vistas a mejorar la seguridad de los mismos deberá tomarse a la luz de los resultados del examen de la Comisión antes mencionado. En cualquier caso, el Consejo no se encuentra en posición de tomar otras medidas en ausencia de una propuesta de la Comisión.