ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
PREGUNTA ESCRITA E-1582/01

de Helle Thorning-Schmidt (PSE) a la Comisión

(1 de junio de 2001)

Asunto: Protección de los trabajadores contra los disolventes orgánicos

Muchos trabajadores europeos, entre ellos pintores, se encuentran diariamente expuestos a sustancias y materiales peligrosos como por ejemplo, los disolventes orgánicos.

Uno de los principales elementos de la legislación comunitaria relativa al entorno laboral es la sustitución de las sustancias peligrosas por otras que no revistan peligro, llamadas también sustancias de sustitución. Pero esto no siempre es factible.

¿Qué opina la Comisión respecto de la posibilidad de presentar una propuesta encaminada a mejorar la protección contra los disolventes orgánicos y tiene la Comisión conocimiento de sistemas nacionales que proporcionen a los trabajadores indicaciones claras y fáciles sobre las medidas de seguridad que hay que adoptar en el caso de que no exista la posibilidad de sustituir las sustancias peligrosas por otras inocuas?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(17 de julio de 2001)

La Comisión conoce bien el problema planteado por Su Señoría, con relación a la sustitución de una sustancia peligrosa por otra sustancia que no revista peligro o que sea menos peligrosa para la salud de los trabajadores.

Por otra parte, ésa es una de las obligaciones de los empresarios, como se establece en el apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo(1).

Es cierto, como indica Su Señoría, que el principio de la sustitución no siempre resulta posible, en particular debido a las características específicas de determinadas sustancias químicas; no obstante, el citado apartado 2 del artículo 6 establece otras medidas de protección y de prevención aplicables en una situación de ese tipo.

Por lo que respecta a los disolventes orgánicos, la Comisión está informada de que algunos Estados miembros han establecido orientaciones dirigidas a los empleados con vistas a reducir al mínimo los riesgos relacionados con la utilización de esas sustancias químicas.

Teniendo en cuenta las experiencias llevadas a cabo en los Estados miembros, y de conformidad con el apartado 2 del artículo 12 de la Directiva del Consejo anteriormente mencionada, la Comisión elaborará próximamente orientaciones prácticas de carácter no vinculante centradas, entre otras cosas, en la cuestión planteada por Su Señoría.

(1) DO L 131 de 5.5.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-1119/01

de Esko Seppänen (GUE/NGL) a la Comisión

(6 de abril de 2001)

Asunto: Asunto Fléchard

¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para investigar el denominado asunto Fléchard y encontrar a los posibles culpables entre el propio personal de la Comisión?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(13 de julio de 2001)

El denominado asunto Fléchard ha sido examinado exhaustivamente, durante más de dos años, por la Comisión, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Durante este tiempo, la Comisión ha facilitado información en reiteradas ocasiones a las diversas instancias interesadas. Se recomienda a Su Señoría que consulte la documentación completa a este respecto de que dispone el Parlamento, como, por ejemplo, la respuesta de la Comisión de 10 de mayo de 2000 a la carta del Presidente del Tribunal de Cuentas, la respuesta de 19 de marzo de 2001 al cuestionario dirigido a la Comisión por el grupo de trabajo Fléchard de la Comisión de Control Presupuestario y la declaración realizada ante el Parlamento en abril de 2001 por el Comisario responsable del presupuesto, con motivo del procedimiento de descargo del ejercicio 1999. Además, la OLAF remitió en marzo de 2001 a la Comisión y al Parlamento su informe sobre el acta de la reunión interservicios de la Comisión de 7 de enero de 1994.

La Comisión opina que este caso ha sido documentado por extenso y no considera que sea posible, o necesario, tomar otras medidas para resolverlo.
PREGUNTA ESCRITA E-0747/01

de Nicholas Clegg (ELDR) a la Comisión

(13 de marzo de 2001)

Asunto: Inicio de un proceso en el marco de los procedimientos de solución de diferencias de la OMC (orden del Consejo de Ministros)

Cuando el Consejo de Ministros ordena a la Comisión que inicie un proceso en el marco de los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, ¿de qué manera se garantiza que los motivos para iniciar dicho proceso sean accesibles al público de forma inmediata?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0746/01 y E-0747/01 dada por el Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(11 de mayo de 2001)

Como sabe Su Señoría, la Comisión dispone de dos vías posibles para garantizar la aplicación de los derechos de la Comunidad a través de los procedimientos de resolución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La primera es actuar en virtud del Reglamento de obstáculos comerciales, es decir, el Reglamento (CE) no 3286/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio(1).

La letra a) del apartado 1 del artículo 8 del Reglamento dispone que, cuando la Comisión considere que existen elementos de prueba suficientes para justificar la apertura de un procedimiento de investigación, publicará un anuncio en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en el que incluirá un resumen de la información recibida e invitará a las partes interesadas a presentar sus alegaciones.

Si, al final del procedimiento de investigación, la Comisión decide incoar un procedimiento de resolución de diferencias en el contexto de la OMC, el apartado 4 del artículo 12 del Reglamento del Consejo dispone que esa decisión deberá exponer las razones en las que se basa y deberá publicarse de nuevo en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. También se realiza una publicación similar en caso de que no se emprenda ninguna acción.

La Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, incluidos los acuerdos internacionales, también podría ejercer los derechos negociados de la Comunidad al margen del marco específico del Reglamento de obstáculos comerciales (véase el artículo 15 del Reglamento del Consejo).

En ese caso, la Comisión consulta al Comité especial creado en virtud del apartado 3 del artículo 133 del Tratado CE.

En ambas instancias, la actual Comisión ha decidido, en pro de una mayor transparencia, incluir en el sitio web de la Dirección General de Comercio (TRADE) los textos de las solicitudes de consulta a la OMC y de las solicitudes de establecimiento de un grupo de la OMC presentadas por la Comisión en nombre de la Comunidad. Esos documentos ofrecen una descripción de la medida o la práctica puesta en cuestión en la OMC, así como la indicación de las disposiciones legales que se alega han sido infringidas.

(1) DO L 349 de 21.12.1994. En el sitio web de la Dirección General Trade figura una descripción de ese Reglamento.
PREGUNTA ESCRITA E-1424/01

de Cristiana Muscardini (UEN) a la Comisión

(17 de mayo de 2001)

Asunto: Libertad de ejercicio de las profesiones deportivas

Como sabe la Comisión, los diplomados italianos con el título de técnicos deportivos no pueden ejercer su profesión si no están inscritos en el CONI(1), puesto que se trata de una profesión no reglamentada. Dado que Italia no ha transpuesto la Directiva 92/51/CEE(2) de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de las formaciones profesionales, la Comisión ha iniciado un procedimiento de infracción. Teniendo en cuenta la existencia del monopolio del CONI, y a la espera de que se aclaren los aspectos jurídicos y sociales de la situación, se produce la contradictoria situación de que decenas de miles de técnicos deportivos ejercen su profesión de forma sumergida, o incluso ilegal, pero a la luz del día. En realidad, entre las competencias del CONI no se encuentra el reconocimiento legal de las profesiones deportivas.

¿Es compatible esta situación con el buen funcionamiento del mercado interior en el sector del deporte? ¿Cabe justificar, en este mercado, la existencia de zonas de nadie en relación con el ejercicio de determinadas profesiones? Aunque el reconocimiento sea competencia de los Estados nacionales, ¿no constituye la imposibilidad de ejercer la profesión una distorsión del funcionamiento del mercado?

Si es posible autorizar el ejercicio de su profesión a un técnico deportivo extracomunitario en Italia, ¿cómo se puede justificar que a un ciudadano italiano le resulte imposible hacer lo mismo?

La actividad deportiva, sobre todo en algunos sectores como el fútbol, es en nuestros días una importante inversión económica. Si se reconoce el ejercicio legal de esta actividad a una sola entidad, ¿no se trata de una posición monopolista?

En caso afirmativo, ¿es concebible la existencia en la Unión de monopolios, aunque sólo sea en el sector deportivo, que mueve miles de millones al año?

(1) Comité olímpico nacional italiano.

(2) DO L 209 de 24.7.1992, p. 25.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de julio de 2001)

Como indicó la Comisión en respuesta a su pregunta escrita E-3976/00(1), en virtud del artículo 149 (antiguo artículo 126) del Tratado CE, los Estados miembros son responsables del contenido de la enseñanza y de la organización de su sistema educativo. De este modo, cada Estado miembro puede regular o no una profesión en su territorio, fijar las modalidades al respecto y determinar el nivel y tipo de titulación necesaria para ejercerla. La Comisión no puede intervenir en este ámbito que es competencia exclusiva de los Estados miembros. Por consecuencia, el hecho de que una profesión como la de técnico deportivo no esté regulada en Italia y de que la práctica del deporte profesional dependa del CONI no es algo en sí mismo incompatible con el buen funcionamiento del mercado interior.

En cuanto a la situación de los técnicos deportivos nacionales de países terceros y de los técnicos deportivos italianos, remitimos a Su Señoría a la respuesta dada a su pregunta escrita E-3976/00.

(1) DO C 174 E de 19.6.2001, p. 205.
PREGUNTA ESCRITA P-1447/01

de Michael Cashman (PSE) a la Comisión

(11 de mayo de 2001)

Asunto: Gastos bancarios transfonterizos tras la implantación del euro

¿Puede indicar la Comisión de qué forma piensa tratar el problema que plantea el hecho de que los gastos bancarios transfronterizos seguirán siendo probablemente elevados, aun cuando el euro haya sustituido totalmente a las monedas nacionales? ¿Cómo pretende evitar que los bancos sustituyan los ingresos originados por el cambio de moneda, que desaparecerán, por esos gastos transaccionales?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(26 de julio de 2001)

El 3 de abril de 2001, la Comisión adoptó una Comunicación sobre los preparativos para la introducción de los billetes y monedas de euros(1). Esta Comunicación incluye una descripción de los trabajos en curso para la creación del espacio de pago en euros(2).

La conclusión de la Comisión sobre este punto es muy clara:

Ahora bien, es preciso un esfuerzo urgente por avanzar en la creación de un espacio de pago en euros. La Comisión acudirá a todos los medios a su alcance y adoptará todas las medidas necesarias a fin de que el 1 de enero de 2002 los precios de las operaciones transfronterizas sean similares a los de las operaciones nacionales.

La Comisión comparte la preocupación de Su Señoría. Considera que cualquier pago realizado en la zona euro debería ser tratado de la misma manera, sea nacional o transfronterizo. Por ello está reflexionando sobre las medidas que podrían adoptarse para aproximar los precios de las operaciones transfronterizas de la zona euro a los de las operaciones estrictamente nacionales.

(1) COM(2001) 190 final.

(2) [P 47-48] de la comunicación.
PREGUNTA ESCRITA P-2335/01

de Gerard Collins (UEN) a la Comisión

(26 de julio de 2001)

Asunto: Disolución del Consejo Asesor sobre Formación Médica (CAFM)

El CAFM, que es el organismo responsable de asegurar niveles equivalentes de educación y de formación de postgraduados en toda la UE, no se ha reunido en tres años. Teniendo en cuenta la libre circulación de trabajadores tras la ampliación, ¿cómo se propone la Comisión asegurar niveles aceptables en el ámbito de la sanidad entre los profesionales y las instituciones de formación en los países candidatos?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de septiembre de 2001)

Según la Decisión 75/364/CEE del Consejo que lo instituye(1), el Comité consultivo para la formación de médicos pretende contribuir, asesorando a la Comisión, al objetivo de que la formación ofrezca unos niveles de exigencia comparables. La Comisión ha propuesto ya que se substituya dicho Comité, junto a los Comités activos en virtud de las demás directivas de reconocimiento de las profesiones del sector sanitario, por procedimientos más flexibles de recogida e intercambio de información y consejo. Entretanto se han utilizado al efecto, como acordó el Comité en su última reunión, procedimientos informales para concluir los trabajos emprendidos.

La Comisión sigue también elevando consultas al Comité de altos funcionarios de la salud pública sobre toda cuestión pertinente para la ejecución de la Directiva Médicos y otras directivas particulares del sector sanitario. Este Comité se creó con la tarea de identificar y analizar cualquier dificultad que surgiere como consecuencia de la aplicación de las directivas relativas al derecho de establecimiento y a la libre prestación de los servicios de médicos, mediante la recogida de la información pertinente sobre las condiciones de la atención médica en los Estados miembros, y evacuando dictámenes para orientar a la Comisión sobre las posibles modificaciones de dichas directivas (Decisión 75/365/CEE(3) del Consejo, modificada por la Decisión 77/455/CEE(2) del Consejo y posteriores).

Con respecto a la ampliación de la Unión, se está organizando una iniciativa para la movilización de expertos conjuntamente con la Oficina de intercambio de información y asistencia técnica (TAIEX), a fin de facilitar los intercambios de información con los países candidatos. Asimismo, la Comisión ha publicado recientemente un documento de consulta sobre el futuro del régimen de reconocimiento profesional, que se exhibe en: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/qualifications/consult.htm. La

consulta comprende, en parte debido a la ampliación, la cuestión de cómo pueden simplificarse los procedimientos vigentes. La Comisión aceptará las respuestas que se envíen hasta el 28 de septiembre de 2001.

(1) DO L 167 de 30.6.1975.

(2) DO L 176 de 15.7.1977.

(3) DO L 167 de 30.6.1975.
PREGUNTA ESCRITA E-1672/01

de Jacqueline Foster (PPE-DE) a la Comisión

(14 de junio de 2001)

Asunto: Desfibriladores en vuelos de corta distancia

¿Puede confirmar la Comisión si hay en curso alguna iniciativa de la UE relativa al transporte de equipos salvavidas (con particular referencia a la disponibilidad de desfibriladores en vuelos de corta distancia) a bordo de los aviones civiles que transportan pasajeros?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre dela Comisión

(20 de julio de 2001)

La obligación de contar con desfibriladores a bordo de aeronaves comerciales está comprendida en el campo de los requisitos operativos que pueden imponerse a los operadores de aeronaves.

La Comisión propuso al Parlamento Europeo y al Consejo la adopción de normas técnicas para la aviación civil(1) entre las cuales no figura esa obligación.

Como ya sabrá Su Señoría, la Comisión se basó para la elaboración de su propuesta en los trabajos de las Autoridades Aeronaúticas Conjuntas (JAA) subrayando que no tenía intención de poner en tela de juicio las conclusiones en cuanto a seguridad a alcanzadas por los expertos. Este punto de vista contó con el respaldo de numerosos diputados durante el debate sobre la propuesta mencionada anteriormente.

Tras la adopción por parte del gobierno estadounidense de una normativa por la que se impone la presencia de desfibriladores en ciertos aviones comerciales, el tema será discutido por las JAA. La Comisión tendrá en cuenta las conclusiones a que se llegue con vistas a una eventual modificación de su propuesta.

(1) DO C 311 de 31.10.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-0927/01

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(28 de marzo de 2001)

Asunto: Reembolso de las ayudas comunitarias en caso de descubrirse irregularidades

Según datos de los medios de comunicación, el 90 % de las reclamaciones pecuniarias de la Comunidad por motivo de fraude nunca llegan a reembolsarse.

¿Qué porcentaje de las ayudas económicas que la Comisión exige que le sean devueltas lo son realmente? ¿Puede la Comisión ofrecer datos sobre estos porcentajes desglosados por Estado miembro? ¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para garantizar que se realicen la totalidad de los reembolsos?

Respuesta de la Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(19 de julio de 2001)

Conviene distinguir entre las irregularidades en materia de gastos indirectos del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA-Garantía, acciones estructurales) en cuyo caso la recuperación de los importes indebidamente pagados es competencia de los Estados miembros y las que se producen en el marco de los gastos directos, en las que el cobro de los importes indebidamente pagados incumbe a la Comisión.

En materia de gastos indirectos, existen diversas estadísticas y análisis sobre el seguimiento financiero en:

- los últimos informes anuales 1999(1) y 2000(2) presentados por la Comisión sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude y cuadros anexos, así como en:

- el primer informe de actividades operativas de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) del 1 de junio de 1999 al 31 de mayo de 2000(3).

En el marco de los gastos indirectos, los Estados miembros se encargan de incoar las diligencias adecuadas, según los procedimientos nacionales aplicables, de acuerdo con la normativa comunitaria en vigor.

Con respecto a los casos de irregularidades en materia de gastos directos, la Comisión no dispone actualmente del porcentaje de los importes recuperados.

Conviene tener en cuenta que cuando hay una presunción de fraude relativa a los gastos directos, la Comisión indica estos casos a la OLAF, que lleva a cabo las oportunas investigaciones e inicia, si fuere necesario, procedimientos judiciales penales en los cuales la Comisión se constituye, cuando procede, en parte civil.

Las cuestiones relativas a los cobros de deudas son tratadas por la Acción 96 del Libro Blanco(4) relativo a la mejora de la gestión del cobro de las deudas comunitarias.

(1) COM(2000) 718 final.

(2) COM(2001) 255 final.

(3) http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/documents/rapport_fr.pdf.

(4) SEC(2000) 2204/3.
PREGUNTA ESCRITA E-1354/01

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(7 de mayo de 2001)

Asunto: Derechos Humanos en Malasia

¿Está la Comisión al corriente de que la policía malasia detuvo el 10 de abril a los señores Tian Chang Chua, Hishamudin Rais, Sarri Sungip y Abdul Malekhusin basándose principalmente en la Ley de Seguridad Interior?

¿Está la Comisión al corriente de que se han producido estas (y posiblemente otras) detenciones justo antes de la presentación por parte de grupos defensores de los derechos humanos de un memorándum dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos creada hace dos años por el Gobierno Malasio?

¿Cuál es la valoración que la Comisión hace de estos acontecimientos y qué medidas se dispone a tomar?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(25 de junio de 2001)

La Comisión está al corriente de la detención de los diez activistas a favor de la reforma, efectuada por la policía malasia el 10 de abril y los días siguientes, al amparo de la Ley de Seguridad Interior.

Tal como ha indicado Su Señoría, las detenciones tuvieron lugar unos días antes de la celebración de una reunión de grupos de derechos humanos con el fin de presentar un memorándum a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Malasia.

Esta reunión coincidió con el segundo aniversario (14 de abril) de la condenación de Anwar Ibrahim, anterior Viceprimer Ministro malasio y prisionero de conciencia registrado en los archivos de Amnistía Internacional.

La Comisión está muy preocupada por estas detenciones, que considera contrarias a las prácticas democráticas establecidas y que acentúan aún más sus preocupaciones anteriores sobre la situación general de los derechos humanos en Malasia. A este respecto, se congratula del hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Malasia haya cuestionado la validez de estas detenciones.

La Comisión propone que este tema sea abordado por los Estados miembros en el Consejo.
PREGUNTA ESCRITA E-1630/01

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(12 de junio de 2001)

Asunto: Libro Blanco sobre la gobernanza europea

¿Podría proporcionar la Comisión un calendario para la publicación de una comunicación sobre la futura consulta a la sociedad civil, a la que se refiere el plan de acción relativo a la aplicación de la política de la UE sobre cooperación al desarrollo, y explicar el motivo del retraso inaceptable registrado hasta la fecha?

¿Cómo pretende garantizar la Comisión que se consulta plenamente a la sociedad civil sobre esta comunicación?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(26 de julio de 2001)

La Comisión ha elegido el marco del Libro Blanco sobre la gobernanza para reforzar y centrar mejor políticamente los compromisos adquiridos sobre la mejora cualitativa de la consulta de la sociedad civil y de las Organizaciones no gubernamentales (ONG). Con este planteamiento se pretende dar mayor repercusión a las acciones específicas que se contemplen en el Libro blanco.

En los trabajos preparatorios del Libro Blanco se aprovecharon al máximo los resultados de la consulta llevada a cabo a principios del año 2000 sobre el Documento de reflexión de la Comisión La Comisión y las organizaciones no gubernamentales: el refuerzo de la colaboración y, en general, la experiencia de la Secretaría General de la Comisión en lo que se refiere a las prácticas de consulta de la sociedad civil existentes.

Además, la preparación del Libro Blanco contó con diversas contribuciones específicas, espontáneas o solicitadas, de todas los grandes colectivos de la sociedad civil organizada.

El Libro Blanco se acompañará de un calendario que detallará las distintas etapas de su aplicación. Será objeto de un amplio debate con el conjunto de los agentes interesados y, entre éstos, de los representantes de la sociedad civil.