ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/206

(2004/C 84 E/0251)

PREGUNTA ESCRITA P-0445/04

de Mario Mastella (PPE-DE) a la Comisión

(10 de febrero de 2004)

Asunto: Crisis de la fábrica AST de Terni

Thyssen Krupp, grupo alemán líder en el sector siderúrgico, propietario de la planta AST de Terni, en Italia, anunció hace pocos días el cierre de la sección magnética de dicha planta.

Esta decisión afectará, puestos indirectos incluidos, al menos a 900 trabajadores. Un cierre que parece completamente injustificado y que ha provocado gran desconcierto, además de airadas protestas de los trabajadores afectados y de los sindicatos presentes en la empresa. El cierre de la planta de que se trata supondría el desmantelamiento de un foco industrial bien enraizado en la zona y a la vanguardia en cuanto a infraestructuras, dotaciones y, sobre todo, en cuanto a la alta especialización de su personal, con importantes repercusiones sociales, por la existencia de una alta tasa de empleo, especialmente juvenil, en la zona.

¿Puede la Comisión

— verificar si esta decisión se ajusta a las directivas europeas en materia de defensa de los trabajadores y, en concreto, si puede suponerse que ha habido un incumplimientodel Reglamento (CE) no 2204/2002 (1), de 12 de diciembre de 2002, en cuanto a la preservación del empleo?

— ¿constatar si se ha procedido con tiempo a consultas con los dirigentes y los representantes de los trabajadores, tal como establece el artículo 2 de la Directiva 98/59/CE (2) del Consejo?

— Por último, ¿puede indicar a través de qué medidas piensa intervenir para salvaguardar el futuro de estos 900 trabajadores, teniendo en cuenta que Italia sigue teniendo en estos momentos una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión Europea?

Respuesta común

a las preguntas escritas P-0376/04, P-0388/04 y P-0445/04

dada por el Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(5 de marzo de 2004)

La Comisión no tiene competencias para impedir o aplazar el cierre de una empresa o de parte de la misma. Corresponde a los interlocutores sociales y a otras terceras partes negociar con la empresa una posible alternativa. No obstante, la Comisión confía en que se podrá alcanzar una solución aceptable a fin de paliar el impacto considerable en la región afectada por esta reestructuración.

En cuanto a una eventual intervención de los Fondos Estructurales, la Comisión confirma a Sus Señorías que la zona de Terni puede beneficiarse del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. A este respecto, las autoridades regionales pueden solicitar, en particular en el marco de la revisión intermedia del DOCUP Umbría que tendrá lugar en 2004, la financiación de las acciones de reconversión del territorio de Terni, para hacer frente a las consecuencias del cierre de la empresa.

Del mismo modo, por lo que respecta a la intervención del Fondo Social Europeo (FSE), la Comisión informa a Sus Señorías de que la dotación presupuestaria a cargo del FSE para el programa operativo destinado a la Región de Umbría asciende a más de 97 millones de euros y cubre un 45 % del importe total del programa, mientras que el resto procede de fondos nacionales. El 26 de enero de 2003, la región de Umbría publicó una convocatoria interregional de propuestas para el sector del hierro y el acero: «Disposiciones para la presentación de proyectos con arreglo al objetivo 3 del programa operativo regional, 2000-2006». La convocatoria se financia con arreglo a las medidas A2, A3 y D1 del objetivo 3 del programa operativo regional.

Las intervenciones financiadas en el pasado o en la actualidad tienen por objeto:

— la introducción o reintroducción en el mercado laboral de jóvenes y adultos siguiendo un planteamiento preventivo (medida A2, financiación: 350 000 euros);

— la introducción o reintroducción en el mercado laboral de hombres y mujeres que hayan estado desempleados durante más de seis o doce meses (medida A3, financiación: 350 000 euros);

— el desarrollo del aprendizaje permanente, la flexibilidad del mercado laboral y la competitividad tanto en las empresas públicas como en las privadas (medida D1, financiación: 500 000 euros).

Existen varias Directivas comunitarias que establecen procedimientos de información y consulta a los representantes de los trabajadores que pueden ser aplicables en el caso de los cierres de empresas, en particular, la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a los despidos colectivos y la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre los comités de empresa europeos. El 11 de marzo de 2002, el Parlamento y el Consejo adoptaron una nueva Directiva a fin de completar el mecanismo comunitario al respecto (Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea). Las dos primeras Directivas ya se han incorporado a las legislaciones nacionales de los Estados miembros (la tercera deberá hacerlo el 23 de marzo de 2005 a más tardar). Las autoridades nacionales competentes (en particular, los tribunales) deben encargarse de evaluar su aplicación correcta y efectiva en cada caso.

Es importante recordar que la Directiva 98/59/CE sobre despidos colectivos establece que, cuando el empresario tenga la intención de efectuar despidos colectivos, deberá consultar, en tiempo hábil, a los representantes de los trabajadores con vistas a llegar a un acuerdo. Las consultas versarán, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento destinadas, en especial, a la ayuda para la readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos.

Debido a la preocupación generalizada que suscitan la reestructuración y sus consecuencias sociales, la Comisión ha tratado de ampliar y profundizar el debate sobre qué se puede hacer a escala comunitaria para garantizar que la reestructuración se efectúe prestando la debida atención a sus consecuencias sociales. En 2002, la Comisión puso en marcha la primera fase de consultas de los interlocutores sociales: «La prevención y la gestión del cambio: un enfoque dinámico sobre los aspectos sociales de la reestructuración de empresas». El documento defiende un enfoque positivo con respecto a la reestructuración de empresas en el que se equilibren los intereses de las empresas, que afrontan el cambio de las condiciones en las que se desarrolla su actividad y los de los empleados, que se ven amenazados por la pérdida de sus empleos.

En respuesta a este documento, los interlocutores sociales acordaron examinar las posibilidades de diálogo social al respecto y lo incluyeron como elemento clave de su programa de trabajo conjunto adoptado en noviembre de 2002. Tras una serie de seminarios dedicados a explorar la experiencia práctica de la reestructuración, los interlocutores sociales presentaron a la Comisión un texto conjunto en octubre de 2003: «Orientaciones de referencia para la gestión del cambio y sus consecuencias sociales». La Comisión acoge con gran satisfacción el hecho de que los interlocutores sociales hayan señalado su intención de seguir trabajando en asuntos relacionados con este tema en su programa de trabajo para el período 2003-2005.

Existe una serie de iniciativas adoptadas por la Comisión que también están relacionadas con la cuestión de la reestructuración de empresas:

— El seguimiento del Libro Verde sobre la responsabilidad social de las empresas y la posterior comunicación de la Comisión (3). El concepto de la responsabilidad social de las empresas entraña el compromiso continuado de las empresas de comportarse honesta y responsablemente y de contribuir al desarrollo económico, mejorando al mismo tiempo la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, de la comunidad local y de la sociedad en su conjunto, también en los procesos de reestructuración y cuando se prevean cambios.

— La Comunicación de la Comisión: «El diálogo social europeo, fuerza de modernización y cambio» (4). En esta Comunicación, la Comisión destaca el hecho de que la consecución de los objetivos estratégicos fijados en Lisboa (pleno empleo y refuerzo de la cohesión social) depende en gran medida de las acciones emprendidas por los interlocutores sociales a todos los niveles. El dialogo social europeo se considera, por tanto, un instrumento clave para garantizar la gestión positiva del cambio, a fin de reconciliar la flexibilidad esencial para las empresas con la seguridad necesaria para los trabajadores, especialmente en el caso de una reestructuración de gran magnitud.

— Se ha creado un Observatorio Europeo del Cambio con el fin de facilitar el acceso a datos fiables y ofrecer oportunidades de intercambiar opiniones, ideas y prácticas destinadas a promover un mejor entendimiento, previsión y gestión del cambio. El objetivo del Observatorio es proporcionar los instrumentos necesarios a los principales agentes de la política social europea para que puedan adoptar decisiones mejor informadas sobre la gestión de los procesos de cambio.

Con respecto a la verificación de la posible violación del Reglamento (CE) no 2204/2002 de la Comisión (5), la Comisión no dispone de información que indique que se haya concedido ayuda alguna a Acciai Speciali Terni en virtud de dicho Reglamento.

A juzgar por los elementos de información presentados por Su Señoría, no se puede llegar a la conclusión de que se haya producido una violación de la normativa comunitaria en materia de competencia y, en particular, del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo (6) y del artículo 82 del Tratado CE.

(1) DO L 337 de 13.12.2002, p. 3.

(2) DO L 225 de 12.8.1998, p. 16.

(3) COM(2002) 347 final.

(4) COM(2002) 341 final.

(5) Reglamento (CE) no 2204/2002 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo.

(6) Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas.