ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/689

(2004/C 84 E/0775)

PREGUNTA ESCRITA P-0870/04

de Wolfgang Ilgenfritz (NI) a la Comisión

(15 de marzo de 2004)

Asunto: Permiso de trabajo para trabajadores temporales en Italia

Una empresa austríaca suministra mano de obra, integrada básicamente por trabajadores austríacos o procedentes de alguno de los otros 14 Estados miembros de la UE, a otras empresas ubicadas en el territorio de la UE, concretamente, en el Tirol Meridional. Las autoridades del Tirol Meridional han indicado en repetidas ocasiones que los trabajadores de nacionalidad austríaca o de otro Estado miembro de la UE precisan sendos permisos de trabajo para ejercer su actividad laboral en esa región. Obviamente, ello obstaculiza la actividad de la empresa.

1. ¿Es posible que en Italia se exijan permisos de trabajo debido, tal vez, a la vigencia de eventuales normas transitorias?

2. ¿Pudiera ser, por el contrario, que las autoridades italianas estén actuando ilegalmente al poner trabas a la actividad de esa empresa austríaca?

Respuesta del Sr. Dimas en nombre de la Comisión

(19 de abril de 2004)

De conformidad de la letra d) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (1), los Estados miembros deben velar por que las empresas que desplacen trabajadores a su territorio, en el marco de la prestación transnacional de servicios, respeten las condiciones para el suministro de trabajadores que establece su legislación. Con relación a su contenido, estas disposiciones deben estar motivadas por la protección de los trabajadores u otros requisitos esenciales de interés público, ser adecuadas para garantizar el cumplimiento del objetivo propuesto, y no sobrepasar lo estrictamente necesario para la consecución de este objetivo.

La cuestión de si una medida nacional específica cumple estos criterios o no depende de su contenido preciso, de las situaciones concretas a las que afecte y de las condiciones que deben reunirse para cumplir con la disposición en cuestión.

La Comisión desea poner de manifiesto que, en general, el requisito de exigir permisos de trabajo a los nacionales de otros Estados miembros no es compatible con el artículo 49 del Tratado CE. No se han estipulado disposiciones transitorias para Italia respecto a la aplicación de la Directiva 96/71/CE, y las medidas transitorias que dispone el Tratado de adhesión no son aplicables en lo tocante a la relación entre los Estados miembros actuales.

Según las informaciones de que dispone la Comisión, la legislación italiana (concretamente, el artículo 4 del Decreto-ley no 72, de 25 de febrero de 2000, y el artículo 2 de la Ley no 196, de 24 de junio de 1997) obliga a las empresas que suministran trabajadores temporales a empresas establecidas en Italia al registro en una lista a este efecto depositada en el departamento responsable del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para registrarse en dicha lista, las empresas deben obtener una licencia, que se concede inicialmente con carácter temporal y, tras dos años de funcionamiento de la empresa, durante un período ilimitado. La concesión de tal licencia depende, a su vez, de que se reúnan determinadas condiciones relativas a la protección de los trabajadores. No obstante, no se exige esta licencia a una empresa de trabajo temporal si puede demostrar que opera con arreglo a disposiciones administrativas similares decretadas por la autoridad competente de un Estado miembro distinto de Italia.

Como ha puesto de relieve el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su jurisprudencia, el suministro de mano de obra es una cuestión especialmente sensible desde un punto de vista ocupacional y social, que afecta tanto a las relaciones en el mercado de trabajo como a los intereses legítimos de la mano de obra en cuestión. Por consiguiente, el TJCE ha considerado admisible, con arreglo a la legislación comunitaria y en la medida en que se trate de una opción legítima de políticas encaminadas al interés público, la vinculación del suministro de mano de obra a un sistema de licencias, siempre y cuando el Estado receptor tenga en cuenta las pruebas y garantías facilitadas por el prestador de servicios para la realización de sus actividades en el Estado miembro en que está establecido.

El Decreto-ley italiano no 72, de 25 de febrero de 2000, por el que se transpone la Directiva 96/71/CE, no comprende requisitos de autorización adicionales con respecto al suministro transnacional de trabajadores que sean nacionales de otro Estado miembro, y la Comisión no tiene conocimiento de otras partes de la legislación que prescriban permisos de trabajo para tales trabajadores.

(1) DO L 18 de 21.1.1997.