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PREGUNTA ESCRITA E-1796/01

de Antonios Trakatellis (PPE-DE) a la Comisión

(19 de junio de 2001)

Asunto: Concesión de licencias de radiodifusión y garantía de pluralidad de los medios de comunicación

La legislación impuesta por el Gobierno griego en relación con la concesión de licencias de radiodifusión, basada en estudios controvertidos por los que se autoriza la concesión de tan sólo 28 frecuencias por razones de orden público y se prohibe la concesión de licencias a emisoras de radio de amplia difusión, ha conducido a una situación de estancamiento y perjudicado a numerosas emisoras de radio, además de vulnerar el principio de pluralidad y de libertad de los medios de comunicación, así como el artículo 6 del TUE.

Según las conclusiones de una comisión de expertos presentadas ante el Parlamento griego, pueden funcionar en el Ática 39 frecuencias de radio, lo cual demuestra que el Gobierno griego actúa en los límites de la legalidad, además de no tener en cuenta las necesidades democráticas y sociales de la sociedad griega.

Habida cuenta de la concesión selecta de licencias de radiodifusión y de la flagrante vulneración de los principios fundamentales anteriormente citados, ¿puede indicar la Comisión:

1. Si considera o no requisitos indispensables el respeto y la salvaguardia de los principios mencionados y, en particular, del principio de pluralidad de los medios informativos por parte de los Estados miembros, y en qué medida se garantiza su cumplimiento, a la vista de estos hechos;

2. Si se ha armonizado el marco legislativo griego sobre radiodifusión con la legislación comunitaria y con las normas establecidas en los Tratados;

3. Cómo piensa actuar para que el Consejo Nacional de Radio y Televisión ponga fin a estas prácticas ilegales de concesión de licencias y deje de vulnerar la pluralidad de los medios de comunicación?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(27 de julio de 2001)

Recientemente, la Comisión ha recibido una queja respecto al sistema de concesión de licencias de radiodifusión en el Ática. La Comisión ha examinado esta queja y ha solicitado a las autoridades griegas que le comunicasen más informaciones. Dado que el caso presenta una situación bastante compleja, es demasiado pronto para decir si las medidas tomadas por el gobierno griego son o no coherentes con la legislación europea. La Comisión atribuye gran importancia a la creación de un mercado único de radiodifusión dentro de la Comunidad y prestará la debida atención a este caso.
PREGUNTA ESCRITA E-0853/01

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(22 de marzo de 2001)

Asunto: Política fiscal de los Estados miembros

¿Considera la Comisión que existen algunas circunstancias financieras en las que el gobierno de un Estado miembro podría, legítimamente, ejercer una política fiscal favorable a la coyuntura? En caso afirmativo, ¿de qué circunstancias se trata?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre del Comisión

(13 de junio de 2001)

El marco de política económica creado por el Tratado de Maastricht y complementado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento exige a los Estados miembros que eviten déficits excesivos y logren una situación presupuestaria próxima al equilibrio o excedentaria a medio plazo. La coordinación de las políticas económicas se traduce, entre otras cosas, en una serie de Orientaciones Generales de Política Económica (OGPE) que deben aplicar los Estados miembros. Con respecto al problema de la política fiscal pro cíclica, las OGPE para el 2000 especifican que ante un crecimiento de la producción que se espera supere la tasa potencial, será preciso evitar una política presupuestaria pro cíclica.

Además de aumentar las fluctuaciones de la producción, la aplicación de una política fiscal pro cíclica en la fase de expansión también puede implicar un endurecimiento pro cíclico en las fases de ralentización, especialmente en el caso de los Estados miembros con un déficit excesivo que corren el riesgo de superar el nivel de referencia del 3 %. En este caso, el Tratado CE prevé que el Consejo puede instar a un Estado miembro a mejorar su posición presupuestaria, lo cual daría lugar a una política pro cíclica. Esta cláusula constituye un elemento disuasorio para prevenir comportamientos fiscales inadecuados y se considera que los efectos pro cíclicos son menos importantes que la consecución de una situación presupuestaria sana.

Sin embargo, pueden aceptarse excepciones a las Orientaciones para evitar políticas fiscales pro cíclicas cuando la agravación temporal del déficit se debe a una reforma fiscal importante (como, por ejemplo, en Alemania), a condición de que no entrañe el riesgo de superar el valor de referencia del nivel de déficit y no exacerbe las presiones inflacionistas.
PREGUNTA ESCRITA P-0416/01

de Roy Perry (PPE-DE) al Consejo

(8 de febrero de 2001)

Asunto: Armas de descarga eléctrica

Dada la posibilidad de que las llamadas armas de descarga eléctrica sean contrarias a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, promulgados por Naciones Unidas y cuya disposición general no 3 establece que se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas, ¿qué medidas piensa adoptar el Consejo para garantizar el cumplimiento de este principio en lo que a este tipo de armas se refiere?

Respuesta

(31 de mayo de 2001)

Los Estados miembros consideran que las autoridades nacionales deberían controlar la exportación de determinados bienes no militares que puedan utilizarse con fines de represión interna, basándose, en el caso de los bienes civiles, en normas comunitarias, para evitar así que materiales originarios de la Unión Europea puedan ser utilizados para acciones que violen los derechos humanos.

Para ello, el Consejo emprendió la elaboración de una lista común de bienes no militares de seguridad y policía cuya exportación debería controlarse con arreglo al segundo criterio del Código respeto de los derechos humanos en el país de destino final. Entre los artículos incluidos en dicha lista figuran los dispositivos portátiles diseñados o modificados para el control de disturbios o la autodefensa mediante la administración de un electrochoque, incluidas las porras eléctricas, los escudos eléctricos, las armas de ruido y las pistolas de descarga eléctrica, así como sus componentes especialmente diseñados o modificados a tal efecto.

Esta lista se enviará a la Comisión, a la que incumbe adoptar la iniciativa de proponer un proyecto de mecanismo comunitario para el control de la exportación de equipos no militares con fines de represión interna.

El Consejo tomó nota de la intención de la Comisión de presentar lo antes posible un propuesta, basada en la lista, que debería incluir los artículos que se acaban de mencionar, que permita establecer un régimen comunitario de control.
PREGUNTA ESCRITA E-0884/01

de Nuala Ahern (Verts/ALE) a la Comisión

(27 de marzo de 2001)

Asunto: Muestreo radiológico en terrenos militares en donde se han probado municiones con uranio empobrecido

¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del Tratado Euratom, para efectuar muestreos radiológicos en terrenos militares o de otro tipo en el Reino Unido y Francia en los que se hayan probado municiones con uranio empobrecido?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0884/01, E-0979/01, E-0980/01 y E-0981/01 dada por el Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2001)

Los polígonos de tiro donde se han realizado ejercicios con municiones con uranio empobrecido pueden ser terrestres o marinos.

En el caso de los polígonos de tiro marinos, la Comisión ha señalado en varias ocasiones (la más reciente en su respuesta a la pregunta oral H-0055/01 de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou durante el turno de preguntas en la sesión parlamentaria de febrero de 2001(1)) que este tipo de actividad no causa contaminación alguna del medio ambiente marino que pueda distinguirse de las concentraciones naturales de uranio. La Comisión tiene entendido que este asunto no se ha abordado aún en el marco del Convenio Oslo-París (OSPAR).

En cuanto a los polígonos de tiro terrestres, de conformidad con el artículo 35 del Tratado Euratom, la Comisión tiene derecho de acceso a las instalaciones para realizar controles continuos del aire, el agua y el suelo (por lo tanto, del medio ambiente) a efectos de verificación. Por lo tanto, la Comisión no tiene acceso a las instalaciones nucleares o militares como tales y solicitaría el acceso sólo en caso de que fuesen necesarios dispositivos de control in situ para evaluar el impacto medioambiental fuera del perímetro de las instalaciones.

La Comisión vigilan la situación en cuanto a los niveles de radiactividad medioambiental partiendo de la información recibida en virtud del artículo 36 del Tratado Euratom, los datos específicos sobre cada lugar proporcionados por las autoridades de los Estados miembros y otras fuentes de información. La Comisión no tenía noticias del estudio británico sobre la zona de Solway Firth ni del estudio similar realizado por Francia.

La legislación comunitaria vigente habilita ya mecanismos que garantizan la supervisión de la radiactividad ambiental. La aplicación de estas disposiciones no indica necesidad alguna de que las mismas se vean complementadas por muestreos ambientales de uranio empobrecido realizados por la Comisión.

(1) Respuesta oral de 13.2.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-1708/01

de Heidi Hautala (Verts/ALE) a la Comisión

(14 de junio de 2001)

Asunto: Venta y fabricación de tabaco rapé de uso oral contrarias a la directiva

La región autónoma de Åland no respeta la prohibición de la venta de tabaco rapé de uso oral vigente en la UE, sino que dicha venta se consiente en su territorio y en los buques que realizan el trayecto marítimo entre Finlandia y Suecia. La región de Åland no obtuvo, como Suecia, una autorización especial de la Comisión para proseguir la venta de tabaco rapé. El control de la aplicación de la directiva es tarea de la Comisión. El tabaco rapé que se vende en la región de Åland y en los buques se fabrica en Suecia. Según informaciones salidas a la luz pública, en Åland se está empezando a fabricar tabaco rapé para su venta en los buques.

Cuando Suecia obtuvo una exención para la venta de tabaco rapé de uso oral, se comprometió a que este producto fabricado y vendido en Suecia no se pudiera comercializar en los demás Estados miembros de la Comunidad, donde dicha venta está prohibida. El compromiso se está incumpliendo puesto que el tabaco rapé de uso oral se vende libremente en Åland y en los buques que realizan el trayecto marítimo entre Suecia y Finlandia. Según experiencias mostradas en los medios de comunicación, el tabaco rapé de uso oral se puede adquirir también fácilmente, por ejemplo, en los quioscos de Finlandia.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para poner fin a la venta de tabaco rapé de uso oral contraria a la directiva que prohíbe su venta en la región finlandesa de Åland y en el resto de Finlandia? ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para que Suecia respete las condiciones de la exención obtenida en el Tratado de la UE y no siga permitiendo la comercialización del tabaco rapé de uso oral en los demás Estados miembros?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(23 de julio de 2001)

La prohición de comercializar tabaco de uso oral que establece el artículo 8 de la Directiva 2001/37/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco(1), es aplicable en todo el territorio de Finlandia.

A raíz de una queja presentada, la Comisión ha tenido noticia recientemente de que esta prohibición no parece haberse aplicado en las Islas Åland. Por tal motivo, pedirá al Gobierno finlandés que verifique si la legislación pertinente se encuentra en vigor en las Islas Åland y si la citada disposición se aplica correctamente.

La Comisión se dirigirá también a las autoridades suecas para informarse de cómo ponen en práctica su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que el tabaco de uso oral, cuya venta es legal en Suecia, se comercialice en otros Estados miembros, de conformidad con las disposiciones del artículo 151 del Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia.

(1) DO L 194 de 18.7.2001.
PREGUNTA ESCRITA P-1105/01

de Robert Goodwill (PPE-DE) a la Comisión

(28 de marzo de 2001)

Asunto: Fiscal general europeo

En recientes comunicaciones de la Comisión e informes del Parlamento Europeo se ha pedido la creación de una Fiscalía General Europea para la protección de los intereses financieros de la Comunidad.

Si se creara esta Fiscalía General, ¿puede declarar inequívocamente la Comisión que nunca tratará de extender las competencias del Fiscal más allá de la mera protección de los intereses financieros de la Comunidad?

Respuesta de la Comisaria Schreyer en nombre de la Comisión

(2 de mayo de 2001)

La Comisión se permite remitir a Su Señoría a su dictamen y a su comunicación de enero y septiembre del 2000(1), con arreglo a los cuales procede a la protección de los intereses financieros comunitarios.

La Comisión está a este respecto elaborando un libro verde que precisará las posibilidades de aplicación derivadas de la creación de un fiscal europeo competente en el ámbito de la protección de los intereses financieros comunitarios. Este libro verde debería ser adoptado por la Comisión antes de que finalice el año.

(1) Dictamen de 26 de enero del 2000: Adaptar las instituciones para que la ampliación sea un éxito, COM(2000) 34 final, y Comunicación de 29 de septiembre del 2000 Contribución complementaria de la Comisión a la Conferencia Intergubernamental sobre las reformas institucionales. La protección penal de los intereses financieros de la Comunidad: el Fiscal Europeo, COM(2000) 608 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0669/01

de Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) a la Comisión

(6 de marzo de 2001)

Asunto: Consejo Europeo de Lisboa y sostenibilidad de los sistemas de pensiones

El Consejo Europeo de Lisboa de 2000 invitó al Consejo a que otorgue mandato al Grupo de Alto Nivel para la Modernización de la Protección Social [] con objeto de que apoye esta cooperación [política social] y, como su primera prioridad, prepare, basándose en una comunicación de la Comisión, un estudio sobre la evolución futura de la protección social desde una perspectiva a largo plazo, prestando particular atención a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en distintos marcos temporales hasta el año 2020 y más allá, de ser necesario. ¿Se disponía en diciembre de 2000 de dicho informe sobre la marcha de los trabajos? ¿Qué calendario ha establecido el Grupo de Alto Nivel para sus próximos trabajos?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(2 de mayo de 2001)

El Consejo de Empleo y Asuntos Sociales aprobó los días 27 y 28 de noviembre de 2000 un informe de situación del Grupo de Alto Nivel para la Modernización de la Protección Social relativo a un estudio sobre la sostenibilidad de las pensiones, y lo transmitió al Consejo Europeo de Niza.

Posteriormente, el Grupo de Alto Nivel (en la actualidad Comité de Protección Social) creó un cuestionario dirigido a los Estados miembros para que sirviera de base para elaborar los informes nacionales. Se están analizando estos informes nacionales, que se utilizarán en el estudio final que se presentará en el Consejo Europeo de Gotemburgo de junio.

La Comisión tiene la intención de proseguir y reforzar esta cooperación sobre la sostenibilidad de las pensiones a fin de proponer una comunicación dirigida al Parlamento y el Consejo.
PREGUNTA ESCRITA P-0902/01

de W.G. van Velzen (PPE-DE) a la Comisión

(19 de marzo de 2001)

Asunto: Adquisición de empresas estadounidenses

La empresa europea ASML, fabricante de máquinas para microchips, lleva meses intentando conseguir una autorización de las autoridades competentes de los Estados Unidos, así como del Gobierno de dicho país, para adquirir la empresa estadounidense SVG. Da la impresión de que el competidor norteamericano de ASML, Ultratech Stepper, intenta retrasar este traspaso ejerciendo presiones políticas sobre el Congreso.

¿De qué forma ha participado el Comisario Lamy en las conversaciones con las autoridades estadounidenses sobre este traspaso?

¿Qué presiones puede ejercer o ha ejercido el Comisario Lamy sobre Bob Zoelick, representante de los Estados Unidos para el Comercio, a fin de que dicho traspaso, que incluye Tinsley Laboratories, se produzca cuanto antes y se eviten nuevas prórrogas y condiciones por parte del Congreso?

¿En qué medida mencionará el Comisario, durante sus conversaciones con el nuevo Gobierno estadounidense, las trabas impuestas por el Congreso cuando empresas europeas de tecnologías de la información y comunicaciones intentan comprar empresas estadounidenses, en el contexto de la nueva ronda comercial en el marco de la OMC? ¿Considera el Comisario que existen otras posibilidades de agilizar la mencionada adquisición?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2001)

A petición de ASM Lithography (ASML) y de las autoridades holandesas en Washington, el Miembro de la Comisión responsable del comercio habló con el Representante estadounidense para el comercio, Sr. Zoellick, y con el Subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Sr. O' Neill, acerca de la investigación, conforme a la legislación sobre seguridad nacional Exon-Florio, sobre la propuesta de adquisición de la empresa Silicon Valley Group por ASML.

En sus contactos con las autoridades americanas, la Comisión ha dejado claro que ASML está dispuesta a respetar cualquier preocupación razonable en materia de seguridad nacional, pero que los asuntos de política comercial o industrial no deben interferir en este caso. Tanto el Embajador Zoellick como el Secretario O' Neill prometieron estudiar este asunto.

La Comisión seguirá de cerca este caso para que se respeten plenamente los derechos de las empresas comunitarias, en este caso ASML.
PREGUNTA ESCRITA E-1320/01

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(3 de mayo de 2001)

Asunto: Exclusión de los centros privados de formación profesional del programa operativo sobre formación y orientación profesional inicial en Grecia

En el nuevo programa operativo sobre formación y orientación profesional inicial se excluye a los centros privados de formación profesional de la financiación procedente de los programas de la Unión Europea, a pesar de ciertas propuestas anteriores del Ministerio de Educación y lo inicialmente acordado entre dicho Ministerio y la Comisión Europea sobre la aplicación de procedimientos abiertos en la adjudicación de proyectos relativos a la formación profesional inicial. Ocurre exactamente lo contrario en lo que se refiere al programa operativo sobre formación profesional continua, en cuyo marco las entidades competentes, los centros públicos y privados de formación profesional, una vez certificados, presentan su candidatura para hacerse cargo de los programas de formación anunciados por la autoridad responsable.

1. ¿Por qué se aplican diferentes modelos de financiación a la formación profesional inicial y continua, cuando en el fondo se trata del mismo objeto?

2. ¿Considera la Comisión que esta reglamentación asegura la competencia entre los centros públicos y privados de formación profesional?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(9 de julio de 2001)

La Comisión desea recordar que las intervenciones comunitarias están concebidas como complementos de las acciones nacionales o como contribución a estas últimas. Por ello, el Fondo Social Europeo financia y completa las actividades de los Estados miembros dirigidas a desarrollar el mercado de trabajo y los recursos humanos.

Por otra parte, cabe señalar que, en lo que respecta al sector específico de la formación profesional en Grecia, en el programa operativo educación y formación profesional inicial está prevista la realización de un estudio sobre las condiciones de una posible participación de los centros de formación profesional privados en la revisión intermedia. Según los resultados de dicho estudio, en concertación con las autoridades griegas se estudiará la posibilidad de que los centros de formación profesional privados participen en las acciones del programa con arreglo a procedimientos abiertos.

Por consiguiente, el nuevo programa operativo Educación y formación profesional inicial, que fue aprobado por la Comisión el 14 de marzo de 2001, corresponde al objetivo del tercer marco comunitario de apoyo (MCA) y contribuirá significativamente al esfuerzo de modernización del sistema educativo realizado por las autoridades griegas.
PREGUNTA ESCRITA E-1522/01

de Luciano Caveri (ELDR) a la Comisión

(21 de mayo de 2001)

Asunto: Preparados nocivos a base de hierbas utilizados en las dietas de adelgazamiento

En toda Europa se ha extendido el uso de preparados adelgazantes a base de hierbas que, en diversas ocasiones, han causado daños, e incluso la muerte, a las personas que seguían este tipo de dietas. El empleo de hierbas como la Larrea tridentata (responsable de la hepatitis), la Teucrium chamaedris o la Scutellaria laterifolia (perjudiciales para el hígado), la Datura stramonium o la Plox rhododendri (problemas cerebrales), así como las llamadas hierbas chinas, como la Aristolochia fangchi o la Stephania tetranda (letales para los riñones) debería someterse a una reglamentación a nivel europeo que enumere las hierbas perjudiciales de uso no permitido en fitoterapia y cuya importación estará, en determinados casos, prohibida.

¿Cuál es la opinión de la Comisión por lo que se refiere al problema anteriormente mencionado?

¿Qué propuestas piensa presentar al respecto?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(16 de julio de 2001)

La actual legislación comunitaria prohíbe la comercialización de un medicamento en un Estado miembro a menos que la Comisión o uno de los Estados miembros hayan emitido una autorización al respecto. La autorización de comercialización sólo se concede si se demuestra que el producto cumple con los requisitos fundamentales de calidad, seguridad y eficacia. Su objetivo es impedir la comercialización de medicamentos que presenten una relación beneficio-riesgo negativa. Esta legislación se aplica a todo tipo de medicamentos, incluidos aquellos a base de hierbas.

No obstante, no es totalmente coherente el tratamiento que las autoridades nacionales conceden a las sustancias a base de hierbas, poniéndose en peligro la protección eficaz de la salud pública mediante la legislación comunitaria farmacéutica. Algunas de las diferencias son la clasificación de los productos y los requisitos y procedimientos de aplicación.

Para mejorar esta situación, la Comisión está preparando actualmente una directiva separada sobre los medicamentos a base de hierbas empleados tradicionalmente. Se prevé el establecimiento de un procedimiento de registro especial y se dispondrán criterios específicos que se consideren adecuados para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de estos productos. Si un medicamento a base de hierbas no se autoriza con arreglo a la legislación vigente o no se registra en virtud de la nueva directiva, no podrá comercializarse dentro de la Comunidad. Por este motivo, no se considera necesaria una lista separada de productos o sustancias prohibidas, por lo que no se contempla en el proyecto de directiva.