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PREGUNTA ESCRITA E-0796/00

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(16 de marzo de 2000)

Asunto: Transporte de animales de granja

Tras los compromisos adquiridos por el Comisario David Byrne en la reunión del 16 de febrero de 2000 del Eurogrupo sobre Bienestar Animal relativos a la aplicación obligatoria

de las leyes relativas al transporte de animales de granja vivos, y la referencia hecha por el Comisario durante la reunión al hecho de que solamente se dispone de un inspector en la Oficina de Alimentación y Veterinaria que se ocupe específicamente de asuntos relacionados con el transporte, ¿podría el Comisario indicar qué otras medidas piensa adoptar para garantizar que los Estados Miembros apliquen efectivamente las leyes pertinentes, y qué número exacto de funcionarios piensa consagrar a esta tarea concebida específicamente?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(2 de mayo de 2000)

La Comisión siempre se ha preocupado del bienestar de los animales durante su transporte.

La primera Directiva sobre la protección de los animales durante su transporte se adoptó en 1977 (Directiva 77/489/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1977)(1). Fue sustituida por la Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991(2), y posteriormente modificada por la Directiva 95/29/CE del Consejo, de 29 de junio de 1995(3).

La aplicación cotidiana y sobre el terreno de las normas comunitarias es competencia de las autoridades de los Estados miembros.

El artículo 13 de la Directiva 95/29/CE del Consejo requiere a la Comisión que presente al Consejo un informe, eventualmente acompañado de propuestas, sobre la experiencia adquirida por los Estados miembros desde el comienzo de la aplicación de la Directiva. Este informe debe presentarse al Consejo antes de junio de 2000, teniendo en cuenta toda la información disponible. En función de las conclusiones del citado informe, la Comisión presentará propuestas de modificación de la normativa vigente para mejorar su ejecución.

Actualmente, tres expertos veterinarios de la Comisión están trabajando en la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) de Dublín, concretamente en el campo del bienestar animal. Las misiones que estos expertos desempeñan en los Estados miembros incluyen algunos aspectos del bienestar animal durante el transporte. La aplicación de la Directiva 91/628/CEE del Consejo, sobre la protección de los animales durante el transporte, seguirá ocupando un lugar especialmente prioritario en el trabajo del grupo sobre bienestar de los animales de la OAV.

Además, las cuestiones relacionadas con el bienestar de los animales también forman parte de las misiones llevadas a cabo por otros inspectores de la OAV, especialmente el bienestar de las gallinas ponedoras en jaulas en batería y de los animales en el momento del sacrificio.

(1) DO L 200 de 8.8.1977.

(2) DO L 340 de 11.12.1991.

(3) DO L 148 de 30.6.1995.
PREGUNTA ESCRITA E-0409/00

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(15 de febrero de 2000)

Asunto: Reducción de la utilización de turba en la horticultura

¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para fomentar la reducción de la utilización de turba en la horticultura doméstica y comercial y de fomentar la utilización de productos alternativos a fin de proteger los hábitats de las turberas de las tierras bajas?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(31 de marzo de 2000)

Respecto a la búsqueda de alternativas para el uso de turba en la horticultura, la Comisión analiza actualmente la posibilidad de regular la producción de compost a partir de la fracción biodegradable de los residuos urbanos. El compost de calidad adecuada (en cuanto a presencia de metales pesados, compuestos orgánicos y sustancias patógenas) puede sustituir a la turba en una serie de usos en la horticultura doméstica y comercial.

Por otra parte, los mecanismos clave en los que participa la Comunidad para la protección de los hábitats de las turberas de las tierras bajas, es el establecimiento en la red Natura 2000 de zonas protegidas con arreglo a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(1).

La Comunidad viene apoyando igualmente numerosos proyectos para la conservación y recuperación de las turberas dentro del Reglamento Life.

(1) DO L 206 de 22.7.1992, modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo de 27.10.1997, DO L 305 de 8.11.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-0239/00

de Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) a la Comisión

(7 de febrero de 2000)

Asunto: Pactos territoriales del empleo

Tras la adopción de los pactos territoriales del empleo, ¿puede la Comisión:

1. informar sobre el número exacto de los pactos territoriales del empleo que han sido creados en los países de cohesión.

2. ofrecer una evaluación de su desarrollo hasta el momento en cada país de cohesión.

3. explicar cuáles son los principios en que se basan los nuevos pactos para el período 2000-2006?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(23 de marzo de 2000)

La lista detallada de los 89 pactos territoriales en favor del empleo establecidos en 1997 por iniciativa de la Comisión y el primer balance de los mismos se encuentran publicados en el documento de la Comisión titulado Segundo informe intermedio relativo a los Pactos Territoriales en favor del Empleo(1).

Por lo que respecta al próximo período de programación, el enfoque básico seguido por la Comisión consiste en fomentar la consolidación y la difusión de los pactos territoriales en los programas operativos de los Fondos Estructurales. El documento de la Comisión titulado Guía de los Pactos Territoriales en favor del Empleo 2000-2006(2) ofrece directrices pormenorizadas para ello.

(1) SEC(1999) 1932.

(2) SEC(1999) 1933.
PREGUNTA ESCRITA E-0779/00

de Nicholas Clegg (ELDR) a la Comisión

(16 de marzo de 2000)

Asunto: Política comercial común y la CIG

En el dictamen de la Comisión sobre la Conferencia Intergubernamental se propone que las disposiciones de la política comercial común, incluido el voto por mayoría cualificada en el Consejo, se amplíen a los acuerdos sobre servicios y propiedad intelectual.

¿Puede confirmar la Comisión si esta ampliación de la política comercial común abarcará a todos los servicios sin excepción, incluidos los relativos al ámbito de la cultura y, en particular, los servicios audiovisuales?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(7 de abril de 2000)

El dictamen de la Comisión sobre la Conferencia Intergubernamental (CIG) no hace distinción alguna entre los tipos de servicios con el fin de ampliar las disposiciones sobre la política comercial establecidas en el artículo 133 (ex artículo 113) del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-0833/00

de Bertel Haarder (ELDR) a la Comisión

(21 de marzo de 2000)

Asunto: Derecho a solicitar compensación por expropiaciones en Polonia

De acuerdo con la nueva reglamentación polaca, sólo los ciudadanos polacos que han residido en Polonia durante más de cinco años pueden solicitar compensaciones por propiedades privadas expropiadas tras la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que las personas que se vieron obligadas a huir de Polonia durante o después de la Segunda Guerra Mundial no pueden solicitar una compensación al Estado polaco.

¿Puede indicar la Comisión si se conoce este problema y, en caso afirmativo, si se ha examinado en relación con las negociaciones de adhesión con Polonia?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(27 de abril de 2000)

Según lo indicado por el Sr. Titley en la respuesta a la pregunta oral H-0642/99 durante el turno de preguntas de la sesión parlamentaria(1) de noviembre de 1999, la Comisión sigue con gran interés el debate en Polonia acerca del nuevo proyecto de ley del Gobierno polaco relativo a la restitución de la propiedad expropiada.

La Comisión es plenamente consciente de que este problema es complejo y fundamental para la política interna de Polonia. En cuanto a los Estados miembros existentes, la creación de sistemas de restitución es competencia de Polonia.

Las modificaciones propuestas en la ley de restitución, relativas a cláusulas de nacionalidad y residencia, están impugnadas actualmente en el Sejm y están sujetas a una revisión por el Tribunal Constitucional de conformidad con la constitución polaca. Todavía queda por ver cuál será el alcance final de la nueva legislación.

La Comisión acogerá con satisfacción cualquier progreso que se haga en la aprobación de la ley, continuará supervisando de cerca el asunto e informará sobre este tema en el próximo informe periódico.

(1) Debates del Parlamento europeo (noviembre de 1999).
PREGUNTA ESCRITA E-0986/00

de Bill Miller (PSE) a la Comisión

(31 de marzo de 2000)

Asunto: Caso Loi Evin

¿Puede asegurar el Comisario Bolkestein que, si estas negociaciones no conducen a una solución compatible con el Tratado y que ofrezca seguridad jurídica a los intereses privados, remitirá el asunto al Tribunal de Justicia?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0984/00, E-0985/00 y E-0986/00 dada por el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(3 de mayo de 2000)

La Comisión insiste en que está examinando este caso con especial esmero, no sólo por la gran atención que ha suscitado en el Parlamento, sino también porque la Comisión tiene interés por garantizar que se respetan las normas del mercado interior.

El principal objetivo de la Comisión en este caso es garantizar que los efectos extraterritoriales de la Loi Evin sean compatibles con el artículo 49 del Tratado CE (antiguo artículo 59), a saber: que sean proporcionales al objetivo de proteger la salud pública, objetivo este que cuenta con el pleno apoyo de la Comisión. A este respecto, la Comisión opina que el Código de Conducta de 1995 podría ser, en principio, un medio adecuado para garantizar que se cumplen los requisitos de proporcionalidad. Sin embargo, la Comisión sostiene la opinión de que las autoridades francesas deben seguir mejorando el código con el fin de limitar su aplicación a un número limitado de casos bien definidos y de garantizar que proporciona una mayor seguridad jurídica y una mayor previsibilidad a todos los interesados, incluidos los organizadores de acontecimientos deportivos en otros Estados miembros. La Comisión tiene la intención de debatir estos puntos en un futuro próximo con las autoridades francesas. Cuando la Comisión tome una decisión definitiva sobre este asunto, dicha decisión será hecha pública siguiendo los procedimientos habituales y, por supuesto, será un placer para la Comisión responder a cualquier otra pregunta que puedan plantear Sus Señorías.
PREGUNTA ESCRITA E-0501/00

de Christopher Huhne (ELDR) al Consejo

(25 de febrero de 2000)

Asunto: Horario de trabajo del personal del Consejo

¿Qué horario de trabajo se ha previsto tanto respecto al número total de horas por semana como a las horas de inicio y finalización de la jornada laboral para los miembros de la plantilla del Consejo? ¿Qué soluciones se ofrecen al personal para hacer posibles los horarios flexibles?

Respuesta

(18 de mayo de 2000)

El Consejo informa a Su Señoría de que la duración de trabajo del personal del Consejo se halla regulada por los artículos 55 a 56 ter del Capítulo I del Título IV del Estatuto aplicable a los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas. Con arreglo a dichos artículos, la duración normal del trabajo no podrá exceder de 42 horas semanales según un horario diario establecido por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. En la Secretaría General del Consejo este horario se ha establecido, para un trabajo a tiempo completo, en una duración semanal de trabajo de 37,5 horas como mínimo, repartidas en un horario laboral que va desde las 8.00-8.45 h. de la mañana hasta las 17.00 h. de la tarde, y que incluye una pausa para el almuerzo que debe situarse entre las 12.15 h. y las 14.15 h. en función de la hora de llegada, sin que ello impida no obstante que las reuniones puedan continuar hasta las 18.00 h.

El Consejo desea asimismo precisar que el primer párrafo del artículo 55 del mencionado Estatuto estipula también que los funcionarios en activo estarán a disposición de su institución en todo momento, no pudiendo superar el total de horas extraordinarias exigidas a un funcionario las 150 horas cumplidas por cada período de seis meses (artículo 56). Además, resulta necesario aclarar también que en el marco de las disposiciones mencionadas con anterioridad, el ritmo de actividad de los funcionarios y agentes de la Secretaría General del Consejo está estrechamente vinculado y depende en gran medida de la cantidad y ritmo de actividad del propio Consejo, lo que lleva a considerar las cifras solicitadas en la pregunta desde una óptica más indicativa que puramente matemática. Así pues, en la práctica, la mayor parte del personal que se encarga directamente del seguimiento de los trabajos de los órganos del Consejo, trabaja por lo menos hasta las 18.00 h. Por último, en el marco de la reflexión que se está llevando a cabo sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Secretaría General se está estudiando un proyecto de reforma del horario de trabajo.
PREGUNTA ESCRITA E-0519/00

de Elizabeth Lynne (ELDR) a la Comisión

(28 de febrero de 2000)

Asunto: Transparencia

Durante la Sesión de información del Servicio de Prensa del Parlamento Europeo para el período parcial de sesiones del 12 al 16 de febrero de 1996 se declaró que, en relación con la Directiva Aves, la Comisión proponía asimismo que en el futuro decisiones semejantes las tomara en secreto un comité especial, lejos de los focos de la publicidad y sin someterse a control parlamentario.

¿Puede facilitar la Comisión detalles acerca del contexto de dicha declaración? ¿Ha especificado la Comisión en otras ocasiones que el control parlamentario no era necesario? De ser así, ¿en qué circunstancias se considera innecesario?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(4 de abril de 2000)

La declaración del Servicio de Prensa del Parlamento se realizó en el contexto de la primera lectura del Parlamento (sesión de 15 de febrero de 1996) de la propuesta de la Comisión(1) para modificar el apartado 4 del artículo 7 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres(2).

La Comisión no comparte la opinión de la declaración señalada por Su Señoría. Por el contrario, de las siete enmiendas votadas por el Parlamento(3), la Comisión aprobó inmediatamente la enmienda no 4 relativa a la transmisión a los Estados miembros y al Parlamento del informe de síntesis sobre la aplicación de la Directiva.

Además, la Comisión informa periódicamente al Parlamento sobre los procedimientos del Comité, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(4).

(1) DO C 100 de 9.4.1994.

(2) DO L 103 de 25.4.1979.

(3) Boletín, 1996/1/2, p. 1.3.152.

(4) DO L 184 de 17.7.1999.
PREGUNTA ESCRITA P-0575/00

de Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) a la Comisión

(23 de febrero de 2000)

Asunto: Fondos estructurales

De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Europea y en aplicación de los criterios, ¿qué cuantía tendrán los Fondos estructurales que reciban las islas Baleares en el período 2000-2006 y su desglose?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(21 de marzo de 2000)

El 22 de diciembre de 1999, la Comisión adoptó una decisión de principio acerca de la lista de zonas españolas subvencionables con cargo al objetivo no 2 durante el período de programación de 2000-2006. Tras celebrar a finales de enero de 2000 la consulta con los tres comités contemplada en el Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(1), la Comisión tiene previsto aprobar en los próximos días una decisión definitiva al respecto. Las islas Baleares figurarán parcialmente en esa lista y serán por lo tanto beneficiarias de los créditos del objetivo no 2.

El 1 de julio de 1999, la Comisión aprobó la distribución indicativa entre Estados miembros de los créditos de compromiso del objetivo no 2 para el período de programación 2000-2006. La asignación correspondiente a España asciende a 2 553 M para las zonas subvencionables y 98 M para las zonas beneficiarias de la ayuda transitoria del objetivo no 2. Inmediatamente después de adoptar la decisión definitiva sobre la lista de zonas subvencionables con arreglo al objetivo no 2, la Comisión remitirá a las autoridades españolas una propuesta de distribución de los créditos disponibles con cargo a ese objetivo entre las regiones beneficiarias, elaborada con arreglo al método utilizado por la Comisión para repartir los créditos del objetivo no 2 entre los Estados miembros.

No obstante, es preciso subrayar que se trata de una propuesta indicativa. La distribución definitiva será decidida de común acuerdo entre el Estado miembro y la Comisión cuando se aprueben los diferentes documentos únicos de programación. Resulta por lo tanto imposible, en la fase actual, avanzar el importe de los créditos que corresponderán a las islas Baleares con cargo al objetivo no 2.

Lo mismo cabe decir de las demás intervenciones estructurales que podrían interesar a las islas Baleares, es decir, el objetivo no 3, el instrumento financiero de orientación de la pesca o las iniciativas comunitarias Interreg, URBAN, EQUAL y Leader.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA P-1025/00

de Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) al Consejo

(28 de marzo de 2000)

Asunto: Posición contradictoria del Consejo en relación con la anulación del boicot contra Austria

Durante el turno de preguntas al Consejo en el Pleno de Estrasburgo, el Sr. Seixas Da Costa, representante del Consejo, respondió a una pregunta relativa a la posibilidad de que los Estados miembros restablezcan las relaciones diplomáticas con Austria. Según el Sr. Da Costa, los Estados miembros, individualmente y con independencia de la posición de los demás países miembros, pueden perfectamente alejarse de la posición común y restaurar las relaciones diplomáticas y reanudar la cooperación política normal con Austria.

Antonio Guterres, por su parte, respondió a la pregunta que le formuló la prensa en París sobre el mismo asunto de la siguiente forma: Adoptamos una posición común y los catorce países sólo la podrán cambiar algún día si se producen en Austria las condiciones de cambio que justifiquen esa medida (Boletín Quotidien Europe no 7680, lunes-martes, 20 y 21 de marzo de 2000). Así pues, según el Sr. Guterres, la modificación de la posición común requerirá una decisión conjunta de los catorce países en el sentido de anular el boicot iniciado el 31.1.2000.

Por otro lado, el Sr. Guterres ha comentado también la fórmula que se empleará para que el Sr. Schüssel, Canciller Federal austriaco, se dirija a los dirigentes de los países de la UE durante la cena que se celebrará con ocasión de la Cumbre de Lisboa. Según él, Portugal tiene previsto que al Sr. Schüssel se le ofrezca la posibilidad de intervenir, pero tras ello, no continuará el debate, sino que el propio Sr. Guterres respondería al Sr. Schüssel en nombre de todos los países de la UE. Esto también indicaría que el Sr. Guterres considera que puede hablar como representante de la Presidencia de la UE en nombre del conjunto de los catorce Estados miembros, a pesar de que anteriormente los representantes de Portugal habían dado a entender que la decisión sobre las sanciones es bilateral.

¿Podría indicar el Consejo cómo cabe interpretar estas posiciones contradictorias? ¿Es la posición de los catorce Estados miembros de congelar sus relaciones de alto nivel con Austria una decisión bilateral, es decir, un asunto que afecta a cada Estado y a Austria, o se trata, en cambio, de algo diferente, por ejemplo, de una decisión Consejo-menos-uno? ¿No están facultados los Estados miembros para tomar una decisión independiente en relación con el boicot? ¿Determina la UE no sólo las decisiones internas de gobierno de los Estados miembros, sino también las relaciones exteriores entre Estados miembros y el derecho a mantener contactos diplomáticos?

Respuesta

(8 de junio de 2000)

La declaración a la que se refiere Su Señoría fue realizada por el Primer Ministro de Portugal en nombre de los gobiernos de catorce Estados Miembros. No corresponde al Consejo ni opinar sobre dicha declaración ni entrar en detalles sobre ella. Por ello, el Consejo no se ha pronunciado sobre ninguna de las cuestiones planteadas en la pregunta de Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-1129/00

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(11 de abril de 2000)

Asunto: Libro Blanco sobre seguridad alimentaria y Organismo alimentario europeo

En enero de 2000 se publicó el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria (COM(1999) 719 final). El capítulo 4 del mismo trata de la creación de un Organismo alimentario europeo (OAE), y el capítulo 5, de la legislación relativa a la seguridad alimentaria.

El Libro Blanco aduce tres motivos que justifican la no inclusión de la gestión de los riesgos en el mandato del Organismo (apartado 33). Uno de ellos es que el Tratado UE prevé que la función de control y las competencias en materia de reglamentación incumben a la Comisión.

¿Se propone la Comisión incluir en el orden del día de la próxima Conferencia Intergubernamental (CIG) la cuestión de la función de control y la delegación de competencias de reglamentación, de forma que puedan examinarse soluciones a largo plazo? En caso negativo, ¿no considera la Comisión necesario que, en su momento, el Organismo alimentario obtenga una función de control y la delegación de competencias de reglamentación?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1121/00, E-1124/00, E-1126/00, E-1129/00, E-1130/00, E-1131/00, E-1132/00, E-1135/00, E-1136/00, E-1137/00, E-1138/00 y E-1139/00 dada por el Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(8 de junio de 2000)

En el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria(1), la Comisión presentó las orientaciones generales que guiarán su actuación de cara a la creación del Organismo alimentario europeo e invitó a todas las partes interesadas a que le remitieran sus opiniones y contribuyeran al debate durante el periodo de consulta. Por lo que respecta a muchas de las cuestiones planteadas por Su Señoría, la Comisión no formalizará sus propuestas ni detallará mecanismos de funcionamiento en tanto no haya examinado los puntos de vista expresados en el procedimiento de consulta.

Por lo que se refiere a la cuestión de las competencias, en cambio, el Libro Blanco precisa que al Organismo alimentario europeo se le confiarán la evaluación de riesgos, la recopilación de datos y la información de los consumidores en los ámbitos de su competencia. Por razones jurídicas y de responsabilidad democrática, la Comisión estima que, en el contexto actual, no está justificada una transferencia de poderes reglamentarios a una autoridad independiente. Ahora bien, a la vista de la experiencia que se extraiga del funcionamiento del Organismo y de la confianza que éste inspire, debería considerarse una posible ampliación de sus competencias, sin excluir la posibilidad de una modificación del Tratado.

(1) COM(1999) 719 final.