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PREGUNTA ESCRITA P-3623/98

de Hilde Hawlicek (PSE) a la Comisión

(24 de noviembre de 1998)

Asunto: Procedimiento de licitación para la elaboración de un estudio sobre el precio fijo transnacional de los libros

En respuesta a mi pregunta a la Comisión, de 1 de julio de 1998 (P-2184/98(1), sobre la institución a la que había encomendado la realización de un estudio sobre el precio fijo transnacional de los libros en las regiones lingüísticas europeas, el 11 de septiembre el Comisario Oreja contestó lo siguiente: "En virtud de la oferta de manifestación de interés(2) se publicó una licitación restringida. Tras las diferentes etapas del procedimiento, se eligió a la empresa asesora Euromonitor Consultancy."

Tras haber buscado infructuosamente dicha convocatoria en ese Diario, formulo las siguientes preguntas:

¿Por qué se realizó únicamente una licitación restringida? ¿Qué restringida fue la licitación realmente y por qué no hay una referencia al Diario Oficial?

¿Podría facilitar la Comisión, al responder a esta pregunta, el texto literal de la licitación?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión

(5 de febrero de 1999)

La elección del contratista se decidió a raíz de un proceso de selección y adjudicación. La Comisión, antes de celebrar un contrato, debe apelar a la competencia. Dadas las características del contrato, relativo a un tema muy específico, a saber, la realización de un estudio sobre los distintos aspectos económicos y culturales del libro y la lectura, la Comisión optó por un procedimiento restringido que supone la difusión a las personas físicas y jurídicas escogidas en razón de sus cualificaciones particulares, sobre la base de las candidaturas obtenidas tras el anuncio de la convocatoria de manifestaciones de interés publicado en el Diario Oficial(3). Este procedimiento, que suele utilizarse cuando el importe del contrato es inferior a un determinado límite máximo, tiene también la ventaja de ser más rápido. En efecto, la Comisión deseaba dar curso a la petición del Consejo cuanto antes posibles. Por ello, se lanzó a estos efectos un concurso en noviembre de 1997, del que se envía un ejemplar directamente a Su Señoría así como a la Secretaría del Parlamento.

(1) DO C 118 de 29.4.1999, p. 40.

(2) DO S 153 de 8.8.1997.

(3) DO S 153 de 8.8.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-2846/98

de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión

(28 de septiembre de 1998)

Asunto: La "Centrale del latte" de Roma: situación actual

En relación con preguntas anteriores formuladas a propósito de la "Centrale del latte" de Roma, no E-3408/97(1), E-0547/98(2) y E-1511/98(3), y en relación con la última respuesta del comisario Fischler del pasado 10 de agosto a la pregunta E-1511/98, la Comisión afirmaba haber emprendido el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE con el fin de comprobar la existencia y, en su caso, la compatibilidad con el propio Tratado de determinadas ayudas que, al parecer, habían sido concedidas a la "Centrale del latte" de Roma en el ámbito del procedimiento de privatización.

¿Puede decir la Comisión cuál ha sido el resultado de dicho procedimiento?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(21 de octubre de 1998)

La Comisión informa a Su Señoría de que, en esta fase, analiza las observaciones recibidas en virtud del procedimiento abierto con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE. Una vez finalizado este análisis, adoptará una decisión final en relación con las ayudas en cuestión, de conformidad con el procedimiento antes mencionado.

(1) DO C 158 de 25.5.1998, p. 103.

(2) DO C 310 de 9.10.1998, p. 84.

(3) DO C 13 de 18.1.1999, p. 39.
PREGUNTA ESCRITA P-3357/98

de Georges Berthu (NI) a la Comisión

(30 de octubre de 1998)

Asunto: Transferencia de las reservas de oro de los bancos centrales nacionales al BCE

El 21 de octubre de 1998, con motivo del examen en sesión plenaria del informe sobre las reservas de cambio en la tercera fase de la UEM, el autor de la presente pregunta preguntó al Comisario de Silguy si se transferirían físicamente, en su totalidad o en parte, a Fráncfort las reservas de cambio en oro conservadas actualmente por los bancos centrales nacionales. Hasta ahora, las distintas declaraciones hechas a nivel europeo siguen siendo en efecto ambiguas sobre este punto. Ahora bien, no se respondió a esta pregunta en el debate subsiguiente. ¿Podría la Comisión facilitar una respuesta formal?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión

(15 de diciembre de 1998)

Según el artículo 3 del Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales (ESCB) y del Banco Central Europeo (ECB), las reservas exteriores oficiales de los Estados miembros son tenidas y gestionadas por el ESCB.

El artículo 30 del Estatuto del ESCB/ECB especifica las condiciones en que los bancos centrales nacionales deben propordionar al ECB los activos exteriores de reserva. El artículo dispone que el ECB tendrá pleno derecho a tener y gestionar las reservas exteriores que le sean transferidas y a utilizarlas para los fines establecidos en el Estatuto.

Pero, en todo caso, no está prevista ninguna transferencia física de las reservas de oro de los bancos centrales nacionales al BCE.
PREGUNTA ESCRITA E-4007/98

de Frank Vanhecke (NI) a la Comisión

(5 de enero de 1999)

Asunto: No percepción de tasas aduaneras en el puerto de Amberes

En los servicios aduaneros del puerto de Amberes y de unos efectivos previstos de 1600 agentes, se constata la falta de 400 aduaneros. Por esta razón, se pierden numerosas recaudaciones, en particular en lo que respecta a las tasas europeas a la importación. Esta situación se viene arrastrando desde hace varios años.

¿Está la Comisión al corriente de esta situación?

¿Se ha hecho una valoración de la cuantía de las tasas aduaneras no percibidas?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(11 de marzo de 1999)

Los Estados miembros perciben los derechos de aduana, que constituyen recursos propios tradicionales asignados al presupuesto de las Comunidades, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, adaptadas en su caso a las exigencias de la normativa comunitaria. A tal efecto, los Estados miembros retienen, en concepto de gastos de recaudación, el 10 % de los importes adeudados como derechos de aduana.

Es, pues, competencia de cada Estado miembro la organización de sus propios servicios aduaneros y la dotación de personal suficiente para poder percibir de manera eficaz estos recursos propios. Del mismo modo, los Estados miembros tienen la obligación de proceder a las comprobaciones y las investigaciones relativas al funcionamiento del sistema de percepción en su territorio. Por su parte, la Comisión, en su calidad de ordenador de los ingresos, realiza controles, incluidas acciones de comprobación sobre el terreno, que se suman a los efectuados por los Estados miembros.

La Comisión no dispone de información que permita concluir que se ha comprometido la percepción de los recursos propios debido a un déficit del personal aduanero que trabaja el puerto de Amberes. Sin embargo, si Su Señoría dispone de elementos que pudieran justificar sospechas a este respecto, se le invita a que los comunique a la Comisión, que procederá a las investigaciones que resulten necesarias.
PREGUNTA ESCRITA E-2890/98

de Gianni Tamino (V) a la Comisión

(28 de septiembre de 1998)

Asunto: Jardín botánico de Padua

En Padua, en la zona colindante con las antiguas basílicas de San Antonio y Santa Justina, se encuentra el primer ejemplo de jardín botánico del mundo, fundado en 1545 por la República de Venecia, siendo en la actualidad patrimonio de valor incalculable, hasta el punto de haber sido declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad.

El Jardín, gestionado por la Universidad de Padua, se encuentra en la actualidad en una grave situación, rodeado de nuevos edificios en construcción que han deteriorado la capa acuífera indispensable para el mantenimiento del gran número de plantas raras y antiguas que crecen en el jardín. Para protegerlo de las moles de cemento que lo rodean se ha contemplado un proyecto que prevé la adquisición de los terrenos circundantes, la demolición de los edificios en construcción, la creación de una zona de protección y el empalme de los espacios del antiguo jardín con los de las basílicas de San Antonio y de Santa Justina. Dicho proyecto requiere, no obstante, la inversión de una enorme suma de dinero (se habla de 30.000 millones de liras), que por el momento las autoridades italianas implicadas (Universidad de Padua, Ayuntamiento de Padua, Región del Véneto y Gobierno italiano) no han logrado conseguir.

Puesto que en 1993 (en el marco de un proyecto piloto para la conservación del patrimonio arquitectónico europeo) el Jardín botánico de Padua contó con una ayuda de 31.829 ecus concedida por la Comisión Europea para la restauración de la piedra de la balaustrada del muro que lo rodea (ref. 93/IT/83), ¿puede decir la Comisión de qué manera piensa salvaguardar la inversión realizada en su día y qué programas comunitarios piensa que pueden ser útiles para proteger un patrimonio que la humanidad corre el riesgo de perder?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión

(4 de diciembre de 1998)

Tanto el inestimable valor del jardín botánico de Padua, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) patrimonio mundial de la Humanidad, como la ejemplaridad de las intervenciones programadas para su conservación ya han sido reconocidos mediante una contribución financiera concedida por la Comisión en 1993 en el marco de su acción de apoyo a proyectos piloto de conservación del patrimonio arquitectónico europeo. Con arreglo a las normas vigentes para esta acción, dicha contribución se asignó para la realización de un proyecto específico y no es, pues, prorrogable.

Desde 1997, la Comisión dispone de un programa específico para la financiación de proyectos de cooperación transnacional cuyo objetivo sea la salvaguardia y la valorización del patrimonio cultural, denominado "Rafael". La Comisión podría eventualmente tomar en consideración un nuevo proyecto relativo a la salvaguardia y valorización del mencionado jardín en la medida en que responda a los criterios formales precisados en las convocatorias de propuestas que se publican cada año en el Diario Oficial.
PREGUNTA ESCRITA E-3951/98

de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión

(4 de enero de 1999)

Asunto: Integración de la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Comisión

1. ¿Cómo aplica en la práctica la Comisión en sus actividades su reivindicación de integrar en todos los ámbitos el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres?

2. ¿Se aplica el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las diferentes direcciones generales, por ejemplo, en la de Agricultura?

3. En caso de no ser así, ¿por qué no se hace? ¿Es, tal vez, el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres papel mojado?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(3 de marzo de 1999)

1. La Comisión tiene en cuenta la preocupación por la integración del principio de igualdad de trato en sus propias políticas de personal, especialmente a través de la aplicación de su tercer programa de acción en favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1997/2000), adoptado el 2 de abril de 1997(1). En virtud de este programa, la Comisión encargó a los Directores Generales y Jefes de Servicio que establecieran planes de acción específicos destinados a integrar el principio de igualdad de trato en los distintos aspectos de la vida profesional de los funcionarios (contratación, carrera, formación, horarios de trabajo, etc.).

2. Actualmente, la mayoría de las Direcciones Generales ya han establecido un plan de acción y ya han nombrado a un Comité de acompañamiento encargado del seguimiento de su aplicación. En la Dirección General de Agricultura, se han creado dos grupos de trabajo cuyo objetivo es potenciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Uno de los grupos trata de las cuestiones directamente vinculadas a la política agrícola y el otro se ocupa de las cuestiones relacionadas con el personal de la Dirección General. Ambos grupos están presididos por sendos directores.

3. La integración del principio de igualdad de trato forma parte de las prioridades de la Comisión. Una unidad específica para la "igualdad de oportunidades", constituida en la Dirección de Personal, tiene a su cargo el seguimiento de la evolución de la situación y el desarrollo de iniciativas que contribuyan a una mayor integración del principio de igualdad de trato en las políticas de personal, especialmente a través de la organización de seminarios sobre este tema o un asesoramiento directo a las Direcciones Generales y Servicios.

(1) SEC(97)536.
PREGUNTA ESCRITA E-3082/98

de José Pomés Ruiz (PPE) a la Comisión

(16 de octubre de 1998)

Asunto: Aplicación del Reglamento (CEE) 3696/93 del Consejo

Considerando la importancia del Reglamento (CEE) 3696/93 del Consejo(1), que supone la armonización de criterios en la clasificación estadística de productos por actividades (CPA) en la UE, desearía saber:

¿Cuál es el grado actual de aplicación de este Reglamento en los distintos Estados miembros?

¿Ha establecido la Comisión algún tipo de seguimiento o control para verificar su efectiva aplicación?

¿Tiene constancia la Comisión de posibles infracciones en los Estados miembros? Y en tal caso, ¿qué tipo de sanciones se han aplicado?.

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión

(24 de noviembre de 1998)

El Reglamento (CEE) 3696/93 del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativo a la clasificación estadística de productos por actividades (CPA) en la Comunidad, ha sido modificado por el Reglamento (CE) 1232/98 de la Comisión,(2) que ofrece un marco para garantizar la comparabilidad entre las clasificaciones nacionales y comunitarias y, en consecuencia, entre las estadísticas nacionales y comunitarias.

El Reglamento permite a los Estados miembros que lo deseen utilizar una clasificación nacional derivada de la CPA. Nueve Estados miembros (Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia y Suecia) han desarrollado clasificaciones nacionales de productos vinculadas a la CPA. Seis Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Luxemburgo y el Reino Unido) garantizan que sus aplicaciones sectoriales están armonizadas con la CPA.

La Comisión esta controlando estos desarrollos a través del Comité del programa estadístico, tal como establece el artículo 4 del Reglamento. Está prevista una auditoría suplementaria para 1999, como parte del procedimiento para la próxima actualización de la CPA en el año 2002.

(1) DO L 342 de 31.12.1993, p. 1.

(2) DO L 177 de 22.6.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-3808/98

de Karin Riis-Jørgensen (ELDR) a la Comisión

(22 de diciembre de 1998)

Asunto: Orientaciones para las PYME

En su comunicado de prensa sobre la revisión del Reglamento EMAS, la Comisión indica, entre otras cosas, que desea realizar un esfuerzo especial en favor de las pequeñas y medianas empresas mediante la elaboración de orientaciones sobre el tratamiento que las autoridades responsables deben dar a las PYME, de manera que se asegure que dichas autoridades actúan tomando en consideración y respetando la cultura de las PYME.

Dado que aún no se han elaborado dichas orientaciones, ¿cómo ha pensado la Comisión que van a elaborarse? ¿Quiénes van a participar en un eventual grupo de trabajo, de qué manera establecerá la Comisión un diálogo razonable con las PYME a este respecto y si se podría invitar a una serie de PYME de todos los Estados miembros?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(26 de febrero de 1999)

El 30 de octubre de 1998, la Comisión adoptó una Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales(1) (SGAM), al objeto de revisar el Reglamento (CEE) 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1993, por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales(2). El artículo 10 de la Propuesta establece una serie de medidas para fomentar la participación de las organizaciones en este sistema voluntario, destinadas, principalmente, a las pequeñas y medianas empresas (PYME). Las medidas previstas se reparten entre los Estados miembros y la Comisión.

Por lo que se refiere a la Comisión, está prevista, principalmente, la elaboración de directrices destinadas a los verificadores medioambientales acreditados, que son los responsables de comprobar que una organización cumple todos los requisitos del Reglamento SGAM y que la información producida es veraz y fidedigna. En la medida en que estos verificadores garantizan la interfaz entre el Reglamento y su aplicación a nivel de las organizaciones, principalmente PYME, es importante que también puedan comprender el funcionamiento de una PYME, a fin de garantizar una verificación adaptada a la realidad de este tipo de empresas.

Las directrices se elaborarán conjuntamente con los verificadores medioambientales acreditados y la Unión Europea del Artesanado y de las Pequeñas y Medianas Empresas (UEAPME), ya que la representatividad europea de esta organización permite garantizar que se tenga en cuenta la situación de las PYME en los distintos Estados miembros. Así pues, las empresas que deseen participar en el desarrollo de las directrices mencionadas podrán utilizar perfectamente el canal de la UEAPME.

(1) COM(98)622 final. .

(2) DO L 168 de 10.7.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-3848/98

de Manuel Escolá Hernando (ARE) a la Comisión

(22 de diciembre de 1998)

Asunto: Parada del AVE Madrid-Zaragoza

Entre los 14 proyectos prioritarios de la red transeuropea de transporte aprobados en el Consejo de Essen figura la construcción de la línea de alta velocidad del Sur de Europa que unirá Madrid, Zaragoza, Barcelona, Perpiñán y Montpellier.

La construcción de esta línea permitirá cubrir el trayecto entre Zaragoza y Madrid o Barcelona, que en la actualidad dura tres horas y media, en poco más de una hora y quince minutos, lo que supondrá en la práctica acercar considerablemente estas ciudades.

Sin embargo, el proyecto no considera la posibilidad de efectuar paradas en Calatayud, población situada entre Madrid y Zaragoza, que en la actualidad es un importante nudo de comunicaciones ferroviarias y que puede así ver mermadas sus posibilidades de desarrollo futuro.

Teniendo en cuenta que está previsto que la línea del tren de alta velocidad atraviese el casco urbano de Calatayud y que esta ciudad por su dimensión, población e importancia es la cuarta de Aragón, desde diversos ámbitos se ha solicitado que el AVE efectúe paradas en esta ciudad.

¿No considera la Comisión que sería lógico que, si no todos, sí alguno de los trenes de alta velocidad que diariamente atravesarán Calatayud efectuase parada en esta ciudad?

¿No conseguiría de esta manera que la red europea de transporte, de la que el AVE forma parte, favorecería también a los ciudadanos que viven en ciudades pequeñas o medianas que en muchas ocasiones se ven relegados de los proyectos europeos?

¿No cree la Comisión que propuestas como esta ayudan a ordenar el territorio europeo, evitando la despoblación y proporcionando posibilidades de desarrollo a poblaciones que de otra manera pueden ver cerradas sus posibilidades de desarrollo?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(1 de marzo de 1999)

El Tratado CE dispone que los proyectos de interés común definidos en el marco de las redes transeuropeas deben ser viables económicamente. Por lo que respecta a la construcción de nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad, es frecuente que la única forma de hacer competitivos tales proyectos sea reducir el tiempo de viaje y las paradas entre los principales núcleos urbanos. La empresa ferroviaria tiene que calcular la viabilidad económica de un proyecto considerando el mercado potencial desde el punto de vista del número de viajeros entre paradas. La Comisión no puede influir en las decisiones adoptadas a este respecto.

No obstante, la Comisión conviene en que las ciudades pequeñas y medianas deben también poder disfrutar al máximo de las ventajas de la red transeuropea de alta velocidad, por lo que son necesarias soluciones complementarias que garanticen su accesibilidad.
PREGUNTA ESCRITA E-4110/98

de Bartho Pronk (PPE) a la Comisión

(14 de enero de 1999)

Asunto: Placas de matrícula europeas en Suiza

1. ¿Contiene el proyecto de acuerdo entre la Unión Europea y Suiza disposiciones sobre el reconocimiento mutuo de las placas de matrícula emitidas por los Estados miembros de la Unión Europea y Suiza?

2. En caso contrario, ¿no opina la Comisión que los turistas de la Unión Europea pueden quedar expuestos a multas en Suiza, dado que las autoridades suizas podrían continuar exigiendo e imponiendo multas a los turistas para que, además de su matrícula nacional (con las estrellas de la UE) que indica su país de origen, también lleven una pegatina en el vehículo? Esta pegatina ha dejado totalmente de ser usual en el tráfico normal entre los Estados miembros de la UE.

3. ¿Qué piensa hacer la Comisión para modificar esta situación?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(9 de marzo de 1999)

1. No existe ninguna disposición para el reconocimiento por parte de Suiza de las placas de matrícula emitidas en los Estados miembros y de acuerdo con el Anexo del Reglamento (CE) 2411/98 del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativo al reconocimiento en circulación intracomunitaria del signo distintivo del Estado miembro de matriculación de los vehículos de motor y sus remolques(1).

2. En dicho reglamento se establece el reconocimiento en circulación intracomunitaria del signo distintivo del Estado miembro de matriculación de los vehículos de motor y sus remolques(2).

Obviamente, no cubre los vehículos comunitarios que circulan por terceros países, como Suiza. Por lo tanto, las autoridades suizas podrían exigir la presencia de la pegatina elíptica prevista en el artículo 37 del Convenio de Viena.

3. La Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades suizas con el fin de solicitar el reconocimiento del signo distintivo de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 2411/98. Los Estados miembros serán informados a la mayor brevedad una vez que la Comisión obtenga una respuesta de las autoridades suizas.

(1) DO L 299 de 10.11.1998.

(2) DO L 299 de 10.11.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-3850/98

de Sören Wibe (PSE) a la Comisión

(22 de diciembre de 1998)

Asunto: El folleto "La guerra del helado de frambuesa"

¿Podría señalar la Comisión a qué importe han ascendido los costes de elaboración, impresión y distribución del folleto "La guerra del helado de frambuesa", así como el número de ejemplares publicados en las distintas lenguas oficiales?

¿Podría indicar la Comisión si tiene intención de llevar a cabo otras ofensivas informativas de esta naturaleza dirigidas a los jóvenes?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión

(5 de marzo de 1999)

Los costes totales de producción de la publicación "La guerra del helado de frambuesa" (título sueco "Glasskriget") ascienden a 181 970 euros. Los costes de la subsiguiente distribución, previa petición, en los distintos Estados miembros son parte integrante del trabajo de las Representaciones de la Comisión, por lo que no pueden calcularse. Se ha editado el siguiente número de ejemplares de la publicación, por lenguas: 14 650 en danés, 97 530 en alemán,136 100 en inglés,10 900 en griego, 112 100 en francés, 31 520 en italiano, 43 050 en holandés, 47 000 en español, 33 400 en portugués, 5 500 en finlandés y 7 250 en sueco.

La Comisión recibe muchas peticiones de material informativo sobre la Comunidad para su uso en escuelas. No tiene actualmente ningún plan para elaborar publicaciones similares a "La guerra del helado de frambuesa".