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PREGUNTA ESCRITA E-2380/98

de Ernesto Caccavale (UPE) a la Comisión

(27 de julio de 1998)

Asunto: Gravísimas violaciones debidas a la prórroga arbitraria de los plazos de las investigaciones preliminares

En el curso de las investigaciones preliminares de un proceso judicial ante la fiscalía de Avellino (Italia), relativo a la determinación de las causas de la muerte de la Sra. Enrica Romano, han aparecido graves irregularidades relativas a la arbitraria modalidad de cálculo de los plazos de las investigaciones preliminares por parte del ministerio fiscal. Tales violaciones se han concretado en las reiteradas solicitudes de archivación del caso (hasta el número 71 del Anexo), que han dado lugar a la pérdida de un tiempo que, por el contrario, podría haber utilizado para ulteriores investigaciones.

El ejercicio de este poder discrecional ha causado, por lo tanto, un daño injusto e inadmisible a las personas afectadas. En efecto, la excesiva duración del proceso ha lesionado su derecho fundamental a la defensa, derecho reconocido por los tratados internacionales, las Constituciones y la jurisprudencia constitucional de todos los Estados miembros.

Por otra parte, lo anterior debe ser considerado una violación directa del artículo 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, en el que se prevé que todo proceso debe desarrollarse en "un tiempo razonable". Efectivamente, los plazos inherentes al derecho de acción para la defensa no se deben traducir jamás en la exclusión u obstrucción de la efectiva protección de las partes agraviadas.

1. ¿Cómo tiene intención la Comisión de proceder a investigar las mencionadas violaciones del derecho a un proceso en un "tiempo razonable"?

2. ¿Puede indicar la Comisión qué medidas tiene intención de adoptar a fin de prevenir qué, en el ejercicio de acciones penales los fiscales recurran de forma arbitraria a un poder puramente discrecional, que se traduce en violaciones inadmisibles de derechos humanos fundamentales?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión

(14 de septiembre de 1998)

La Comisión otorga gran importancia al respeto de los derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, los Tratados no confirieron a la Unión una competencia general para garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Sólo tiene competencia a este respecto en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, el cual se basa en el respeto de los derechos fundamentales.

Por lo que se refiere a los hechos mencionados por Su Señoría, la Comisión quiere recordar que el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales está ampliamente garantizado en los Estados miembros, tanto en el interior por medio de los recursos internos, como en el exterior gracias a los mecanismos establecidos por el Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales del Consejo de Europa.
PREGUNTA ESCRITA E-2256/98

de Miguel Arias Cañete (PPE) a la Comisión

(22 de julio de 1998)

Asunto: FEOGA-Garantía en Francia, 1986-1995

¿Puede especificar la Comisión cuál es el importe total recibido durante los años 1986 a 1995 por Francia con cargo al FEOGA-Garantía, especificando

- la distribución por capítulos (cultivos herbáceos, azúcar, textiles y gusanos de seda, otros sectores o productos vegetales, sector vitivinícola, tabaco, leche y productos lácteos, carne de vacuno, carne de ovino y caprino, carne de porcino, huevos y aves de corral, otras medidas de producción animal, restituciones de productos agrícolas transformados, restituciones de ayuda alimentaria de la UE, distribución de productos agrarios a los desfavorecidos, medidas de acompañamiento, medidas de desarrollo rural relacionadas con el funcionamiento de los mercados, otras medidas, ayudas a la renta y Fondo Europeo de Garantía Pesquera);

- y por modalidades (restituciones a la exportación, ayudas compensatorias de precios, ayudas por superficies, ayudas por cabeza de ganado, primas orientativas, ayudas al almacenamiento privado, retirada y operaciones similares, montantes compensatorios, medidas de acompañamiento de la reforma de la PAC, y gastos de almacenamiento público)?
PREGUNTA ESCRITA E-1741/98

de Mary Banotti (PPE) a la Comisión

(5 de junio de 1998)

Asunto: Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción

De conformidad con la Directiva 91/439/CEE(1), el estado epiléptico del interesado debe tenerse en cuenta a efectos de expedirle o renovarle un permiso de conducción. La Directiva menciona a título orientativo una ausencia de crisis epilépticas en los dos últimos años.

¿Puede explicar la Comisión en qué se basa este periodo de dos años?

¿Tiene conocimiento la Comisión de que en el Reino Unido sólo se invoca un periodo de un año a efectos de expedir o renovar el permiso de conducción?

Si es así, ¿tiene conocimiento la Comisión de los avances en la ciencia médica que avalan el periodo de doce meses previsto en el Derecho británico?

Dado que el periodo de doce meses contemplado por la Directiva parece tener un valor meramente recomendatorio, ¿no podría cambiarse por uno que sea acorde con las directrices aplicadas en el Reino Unido?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(15 de julio de 1998)

Las disposiciones relativas a la expedición y renovación del permiso de conducción a las personas que padecen crisis de epilepsia están establecidas en el punto 12 del Anexo III de la Directiva 91/439/CEE del Consejo sobre el permiso de conducción(2).

Por lo que respecta al grupo 2 (camiones y autobuses), el punto 12.2 estipula que "no debe expedirse ni renovarse el permiso de conducción a ningún candidato o conductor que presente o pueda presentar crisis de epilepsia u otras perturbaciones graves del estado de conciencia". No obstante, el permiso de conducción para el grupo 1 (motocicletas y automóviles) podrá expedirse supeditado a una serie de condiciones, entre las que figura la evolución clínica de la epilepsia (punto 12.1).

Para la elaboración de su propuesta, la Comisión contó con el asesoramiento de expertos en medicina. Dada la existencia de numerosos tipos de epilepsia, los expertos que estudiaron dichas disposiciones a finales de la década de los ochenta no consideraron oportuno establecer con precisión el período de tiempo que debía pasar desde la última crisis. Por consiguiente, la Directiva proporciona una indicación: "por ejemplo, ausencia de crisis en los dos últimos años".

El 23 de marzo de 1998, el Comité del permiso de conducción, establecido en la Directiva 97/26/CE de 2 de junio de 1997(3) (por la que se modifica la Directiva 91/439/CEE) estudió esta cuestión a fin de tratar de armonizar el período transcurrido desde la última crisis. Aunque el período fijado por los Estados miembros varía en general entre 6 meses y 2 años, puede ser asimismo de 5 años para algunos tipos concretos de epilepsia.

Por tanto, es evidente que siguen siendo válidos los motivos para no especificar un período fijo.

(1) DO L 237 de 24.8.1991, p. 1.

(2) DO L 237 de 24.8.1991.

(3) DO L 150 de 7.6.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-1342/98

de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión

(29 de abril de 1998)

Asunto: EURO 1999

En la página 110 del Informe de la Comisión Europea sobre el estado de convergencia y la recomendación asociada en vista del paso a la tercera fase de la UME con fecha de 25 de marzo de 1998 se indica que bajo el término ajuste de flujos de stock se reagrupan un conjunto de factores distintos del déficit público, que influyen sobre la reducción de la deuda pública bruta: se trata de variaciones del montante neto de los activos detenidos, de variaciones de la deuda liberada en monedas extranjeras y de un cierto número de ajustes estadísticos.

¿Podría la Comisión precisar de qué tipo de ajustes estadísticos se trata?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión

(3 de junio de 1998)

El déficit público es el elemento más importante a la hora de explicar la variación en la acumulación de deuda pública. Sin embargo, debido a las definiciones específicas de déficit (endeudamiento neto de las administraciones públicas) y deuda (deuda bruta consolidada de las administraciones públicas en valor nominal) y a las especificidades técnicas, en la variación del nivel de la deuda influyen otros elementos. Entre ellos se encuentran los cambios en la titularidad de activos financieros, las oscilaciones en el valor de la deuda pública denominada en monedas extranjeras y otros ajustes estadísticos.

Entre estos últimos se cuentan los realizados en el valor de las obligaciones indexadas y en la valoración de las letras del Tesoro y las obligaciones en caso de que existan diferencias entre el precio de emisión y el valor nominal. Asimismo, estos ajustes son necesarios para tener en cuenta el hecho de que no se contabilizan en la deuda las cuentas por cobrar y por pagar ni los créditos comerciales, aunque se trata de operaciones que influyen en el déficit.

Estos ajustes pueden influir positiva o negativamente en la evolución del nivel de la deuda. Sin embargo, son pequeños y, por regla general, no superan el 1 % del producto interior bruto (PIB).
PREGUNTA ESCRITA E-1729/98

de Jaime Valdivielso de Cué (PPE) a la Comisión

(5 de junio de 1998)

Asunto: Reestructuración del sector del carbón

¿Podría explicar la Comisión qué tipo de ayudas se están contemplando para el programa de reestructuración del sector de la minería del carbón en España, teniendo sobre todo en cuenta su importancia en determinadas regiones españolas?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión

(17 de julio de 1998)

Las ayudas previstas en favor del programa de reestructuración del sector del carbón en España se dividen en dos categorías.

La primera incluye las ayudas derivadas del régimen de intervención de los Estados miembros en favor de su industria del carbón, que están reguladas por la Decisión 3632/93/CECA de 28 de diciembre de 1993(1). El 3 de junio de 1998, la Comisión autorizó a España a conceder ayudas por un importe de 438 104 millones de pesetas con la finalidad principal de contribuir a solucionar problemas sociales y regionales fruto de la reestructuración.

La segunda categoría engloba las ayudas destinadas a la reconversión regional. Cuando España notificó a la Comisión el plan de modernización, racionalización, reestructuración y reducción de actividad de la industria del carbón correspondiente al período 1998-2002, manifestó su intención de realizar otro plan de desarrollo de las cuencas mineras con objeto, principalmente, de suscitar condiciones favorables a la creación de empleo. La Comisión contribuye a esos planes por medio de los programas operativos de los Fondos Estructurales y de Rechar.

(1) DO L 329 de 30.12.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-1727/98

de Joaquín Sisó Cruellas (PPE) a la Comisión

(5 de junio de 1998)

Asunto: Aumento de las exportaciones vietnamitas de calzado a la UE

La Comunidad Europea estableció derechos antidumping definitivos para algunas importaciones de calzado textil originarias de China en octubre de 1997 y a las importaciones de calzado de cuero y sintético, en febrero de 1998. Los servicios antifraude de la Comisión llevan a cabo en la actualidad una investigación en Vietnam para verificar si el aumento de las exportaciones vietnamitas de calzado a la UE no se debe a una desviación de los derechos antidumping.

¿Podría indicar la Comisión cuáles son los primeros resultados de dicha investigación?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión

(1 de julio de 1998)

La Comisión, en estrecha colaboración con las autoridades competentes de los Estados miembros y de Vietnam, está llevando a cabo una serie de averiguaciones en relación con la importación en la Comunidad de calzado declarado como originario de Vietnam y acompañado de certificados de origen Fórmula A preferenciales SPG (Sistema de Preferencias Generalizadas) supuestamente expedidos en Vietnam.

Las investigaciones continúan. No es por lo tanto posible determinar por el momento si se están describiendo incorrectamente determinados envíos de zapatos de origen chino como de otro origen -Vietnam, por ejemplo- para eludir el pago de los derechos antidumping.
PREGUNTA ESCRITA E-1378/98

de Susan Waddington (PSE) a la Comisión

(7 de mayo de 1998)

Asunto: Libre circulación de personas

En relación con un caso reciente señalado a mi atención y que afecta a una persona de mi circunscripción electoral cuyo pasaporte fue retenido por un hotelero en Australia por un período superior a doce meses, ¿puede garantizar la Comisión que los hoteleros de los Estados miembros de la UE no tienen legalmente derecho a actuar de la misma manera negando, de hecho, a los ciudadanos comunitarios el derecho a la libre circulación?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(7 de julio de 1998)

La Comisión no tiene conocimiento de legislaciones de los Estados miembros que permitan a los hoteleros retener el documento de viaje de sus clientes en una estancia prolongada en el establecimiento, que pudiera dar lugar a la repetición de casos similares al que menciona Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-1826/98

de Karl-Heinz Florenz (PPE) a la Comisión

(12 de junio de 1998)

Asunto: Prohibiciones municipales de utilización de PVC en Alemania

Desde hace bastante tiempo, numerosos municipios alemanes boicotean productos con cloruro de polivinilo. Debido a la gran variedad de sus aplicaciones, el cloruro de polivinilo se utiliza sobre todo en accesorios para la construcción. Más del 50 % del mercado de cloruro de polivinilo de la Comunidad corresponde a este sector.

Los municipios alemanes cursan ahora instrucciones internas para dejar de adquirir productos con cloruro de polivinilo, y en cuanto a los contratos públicos, sobre todo de obras, se recomienda condicionar la adjudicación a la utilización de productos sin PVC. En la práctica se trata de una especie de "prohibición municipal" de productos con PVC.

¿Tiene la Comisión conocimiento de estos hechos? y ¿qué valoración le merece esta práctica, habida cuenta de la importancia económica del sector de la construcción y de los puestos de trabajo que dependen de la producción de PVC y que se ven amenazados por estas "prohibiciones municipales"?
PREGUNTA ESCRITA E-1766/98

de Paul Rübig (PPE) a la Comisión

(5 de junio de 1998)

Asunto: Configuración más atractiva del Canal Rin-Meno-Danubio

En su Libro Verde correspondiente, la Comisión define el entorno de la futura política de transportes. Es evidente que la navegación, a diferencia de los medios de transporte habituales, es más barata, registra menos accidentes y produce muchas menos emisiones contaminantes.

En 1992 se inauguró el Canal Rin-Meno-Danubio, con lo que se hizo navegable una red fluvial de más de 1.000 Km en Europa occidental. El transporte de mercancías por el Danubio se ha incrementado desde entonces positivamente.

Sin embargo, en particular con vistas a la ampliación de la UE, es importante que el Danubio sea aún más útil para el comercio europeo y garantizar su cometido de vía de transporte natural, ecológica y barata.

Resulta necesario, en particular, eliminar el tramo de aguas bajas entre Straubing y Villshofen, con objeto de conseguir un calado mínimo de 2,5 m. Deberá fomentarse también focalizadamente la construcción de almacenes con objeto de poder abastecer continuadamente a la industria mercancías y materias primas también en períodos de sequía.

¿Cómo proyecta la Comisión apoyar tales medidas?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(10 de julio de 1998)

La Comisión es consciente de que el canal Rin-Meno-Danubio adolece todavía de una serie de estrangulamientos, en especial en el río Danubio.

Para abordar este problema, se ha incluido la mejora del tramo de 69 km entre Straubing y Vilshofen en las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte(1) en calidad de proyecto de interés común. Dichas orientaciones constituyen un marco general de referencia con el que se pretende estimular a los Estados miembros interesados para que lleven a cabo los proyectos que constituyen dicha red.

El Gobierno federal alemán y el Gobierno del Estado de Baviera acordaron en 1996 aplazar cualquier decisión con respecto a la mejora del tramo Straubing-Vilshofen hasta el año 2000, si bien, durante ese intervalo, seguirán realizándose nuevos estudios económicos y ecológicos.

Hasta el momento, las autoridades nacionales competentes en relación con este proyecto no han presentado ninguna solicitud de ayuda. La Comisión está dispuesta a estudiar una solicitud motivada de ayuda una vez se hayan realizado los estudios necesarios.

(1) Decisión no1692/96/CE, DO L 228 de 9.9.1996.
PREGUNTA ESCRITA P-2479/98

de Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) a la Comisión

(23 de julio de 1998)

Asunto: Derecho al voto de los ciudadanos europeos en las elecciones municipales en Bélgica

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia del pasado 9 de julio de 1998, en la que condena a Bélgica por no haber transpuesto la directiva que desarrolla el artículo 8 B.1 del Tratado, relativo al derecho de voto en las elecciones municipales para todos los ciudadanos europeos, independientemente de que residan en un Estado miembro distinto de su nacionalidad, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos europeos que residen en Bélgica en las próximas elecciones municipales de octubre del 2000?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(22 de septiembre de 1998)

Si el Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones no adopta las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia citada por Su Señoría en un plazo razonable, la Comisión abrirá un expediente con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 171 del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-1500/98

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) a la Comisión

(13 de mayo de 1998)

Asunto: Sociedad de la información y cohesión económica y social

En su comparecencia ante la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo, el 23 de enero de 1997, en el marco de la presentación de la Comunicación de la Comisión titulada "La Cohesión y la Sociedad de la Información" (COM(97)7 final de 22.1.1997), la comisaria W. Mathies hizo referencia a que se habían puesto recursos presupuestarios en el marco del art. 10 del FEDER a disposición de cierto número de regiones, con vistas a la elaboración de una estrategia y un programa de acción para el tránsito a la sociedad de la información.

¿Podría informar la Comisión sobre todos los proyectos referidos a la sociedad de la información cofinanciados por la Comisión Europea en el marco del artículo 10 del FEDER hasta la fecha, así como aquéllos que van a serlo hasta el final del actual período de programación, especificando las regiones favorecidas, el coste total de la ejecución y la cofinanciación comunitaria?
PREGUNTA ESCRITA E-1568/98

de Andrea Manzella (PSE) a la Comisión

(20 de mayo de 1998)

Asunto: Asesinato del obispo Juan Gerardi

En relación con el asesinato del obispo Juan Gerardi, ¿podría informar el Consejo sobre qué medidas urgentes considera la Unión Europea que debe adoptar para solicitar al Gobierno de Guatemala que realice una investigación eficaz y auténtica a fin de descubrir a los ejecutores materiales y a los, con toda seguridad, instigadores políticos del asesinato del obispo Juan Gerardi, delito que podría reabrir las páginas más horribles de la guerra civil en Guatemala?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión

(18 de junio de 1998)

La Comisión se ha enterado con satisfacción de la declaración del Gobierno de Guatemala de que aplicará todos los medios de los que dispone para identificar y llevar ante los tribunales a los responsables del asesinato de Monseñor Gerardi. También tiene intención de seguir atentamente las deliberaciones de la comisión de alto nivel que se ha constituido para garantizar un seguimiento constante de la investigación judicial que está en curso.

La Comisión es consciente de que las deficiencias en el funcionamiento de las estructuras del Estado de derecho, sobre todo de las fuerzas de seguridad y la administración de justicia, pueden representar un obstáculo serio para que dé sus frutos la investigación.

A este respecto, la Comisión puede darle a Su Señoría la seguridad de que, en cumplimiento del respeto a la soberanía de Guatemala y al espíritu de los acuerdos de paz, hará todo lo que esté en su poder para que se superen esas carencias y que el Estado guatemalteco disponga de instrumentos eficaces que permitan realizar la voluntad expresada por el Gobierno de esclarecer plenamente quiénes son los ejecutores materiales y los instigadores del crimen y establecer las condiciones para una vida en común pacífica.

Con esa intención, la Comisión acaba de firmar un importante convenio de financiación para apoyar la creación del nuevo cuerpo de policía nacional civil, acción que se inscribe en el programa de paz y que representa la mayor medida de cooperación jamás financiada por la Comunidad en América Latina (casi 32 MECU) y a la que seguirá este año una significativa intervención destinada a reformar y consolidar el sistema judicial.
PREGUNTA ESCRITA E-1949/98

de Anita Pollack (PSE) a la Comisión

(30 de junio de 1998)

Asunto: OMC

¿Qué opina la Comisión sobre la exclusión, tal y como se permite actualmente, de las patentes de plantas y animales del acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual vinculados al comercio?

Respuesta de Sir Leon Brittan en nombre de la Comisión

(3 de septiembre de 1998)

El artículo 27.3 (b) del Acuerdo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) crea una opción para que los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) excluyan a las plantas y a los animales de la patentabilidad.

A nivel europeo, los Estados miembros están vinculados jurídicamente por la letra b) del artículo 53 del Convenio de Munich, que excluye expresamente de la patentabilidad a las variedades de plantas o animales o los procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o de animales.

A nivel comunitario, el Reglamento (CE) 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetale(1), proporciona protección comunitaria a los derechos de propiedad intelectual respecto de las nuevas obtenciones vegetales, como sistema sui generis efectivo a efectos de la segunda frase del artículo 27.3 (b) del Acuerdo ADPIC. Por otra parte, se ha adoptado recientemente la Directiva 98/44/CE del Parlamento y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas(2). El artículo 4 de la Directiva declara que serán patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.

Es opinión de la Comisión que ambos instrumentos comunitarios son plenamente conformes con la letra b) del artículo 53 del Convenio de Munich y con el artículo 27.3 (b) del Acuerdo ADPIC.

Lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 27 del Acuerdo ADPIC se revisará a más tardar el 1 de enero de 1999, pero la Comisión no tiene todavía en esta fase una posición firme al respecto.

(1) DO L 227 de 1.9.1994.

(2) DO L 213 de 30.7.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-2505/98

de Jean-Yves Le Gallou (NI) a la Comisión

(30 de julio de 1998)

Asunto: Estado de las acciones emprendidas contra Francia por infracción del Derecho comunitario en materia de medio ambiente

Habida cuenta de la importancia de las consideraciones medioambientales, ¿podría dar a conocer la Comisión Europea la lista y el contenido de los procedimientos emprendidos contra Francia por incumplimiento de la legislación comunitaria en el ámbito del medio ambiente?