PREGUNTA ESCRITA E-0635/96 de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión (15 de marzo de 1996)

Asunto: Casos excepcionales de jubilación anticipada

Según un artículo publicado el 28 de febrero en el periódico belga HET NIEUWBLAD, al parecer se ha concedido a un alto funcionario de la Comisión, arrestado como consecuencia de la investigación del caso AGUSTA, relativo a la financiación ilegal del partido socialista flamenco, ua baja ilimitada por enfermedad.

¿Puede explicar la Comisión las razones de esta curiosa y soprendente disposición?

¿Puede confirmar además si dicho alto funcionario ha sido sometido al procedimiento previsto por el Estatuto de los funcionarios de las instituciones comunitarias por las responsabilidades en que pueda incurrir por este asunto, y para averiguar si su comportamiento se atiene a los dispuesto por el artículo 12 del Título II de dicho Estatuto?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (13 de mayo de 1996)

El antiguo funcionario a que hace referencia Su Señoría ya no está al servicio de la Comisión, al haberse jubilado acogiéndose a una pensión de invalidez de conformidad con los procedimientos previstos a tal fin en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades, previa intervención de una comisión médica que constató tal invalidez. Cabe señalar que, a la hora de seleccionar a los componentes de la citada comisión médica, la Institución se cercioró de que existiera un máximo de garantías de objetividad, designando para ello a un eminente especialista escocés, quien a su vez designó, de común acuerdo con el médico elegido por el antiguo funcionario, a un profesor de universidad alemán como tercer médico necesario para la constitución de la comisión de invalidez. Según lo dispuesto en el Estatuto, el dictamen emitido por dicha comisión vincula a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de la Institución, que no dispone de potestad discrecional alguna en la materia.

El antiguo funcionario en cuestión fue citado en la prensa belga en relación con un procedimiento judicial incoado por las autoridades belgas que todavía se halla en fase de instrucción. La Comisión recuerda a Su Señoría que el Estatuto de los funcionarios establece que, en caso de considerarse que un funcionario ha incurrido en falta grave, tanto en contra de sus obligaciones profesionales como en el caso de una presunta infracción penal, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos puede acordar la suspensión de funciones del interesado previa apertura de un procedimiento disciplinario. No obstante, con arreglo al régimen disciplinario, sólo se adoptará una decisión definitiva sobre la situación del funcionario cuando el órgano jurisdiccional nacional haya pronunciado resolución firme.

En el caso que nos ocupa se han aplicado todas estas disposiciones.

La autoridad facultada para proceder a los nombramientos tomó la decisión de incoar un procedimiento disciplinario en contra del funcionario en cuestión, procediendo a suspenderlo en cuanto tuvo conocimiento de las medidas adoptadas respecto del susodicho funcionario en el plano penal. Una vez suspendido el procedimiento disciplinario, la situación del funcionario sólo podrá resolverse cuando la decisión emitida por el tribunal competente pase a ser definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 88 del Estatuto.