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PREGUNTA ESCRITA E-0992/01

de Geoffrey Van Orden (PPE-DE) a la Comisión

(30 de marzo de 2001)

Asunto: Financiación para Bulgaria

¿Qué se ha hecho hasta la fecha para satisfacer la solicitud realizada por el Parlamento Europeo hace más de cinco meses, en su Resolución de 4 de octubre de 2000 sobre la solicitud de adhesión de Bulgaria a la Unión Europea (A5-0241/2000), donde pide a la Comisión que facilite lo antes posible al Parlamento un desglose detallado y completo de toda la financiación destinada recientemente a Bulgaria, así como una evaluación de la contribución de sus programas de ayuda para la consecución de progresos económicos y administrativos en Bulgaria?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(8 de junio de 2001)

La Comisión ha enviado directamente a Su Señoría y a la secretaría del Parlamento una descripción detallada del marco de programación y de los proyectos financiados en

Bulgaria por el programa Phare desde 1999, por el Instrumento de Política Estructural de Preadhesión (ISPA) y el Programa especial de adhesión para la agricultura y el desarrollo rural (Sapard) desde su inicio en el año 2000.

Existe un sistema bien implantado de supervisión y evaluación para determinar el impacto de los proyectos en curso y de los terminados financiados por la Comunidad. Se utilizan los informes elaborados por evaluadores independientes para afrontar y solucionar las deficiencias de ejecución de los proyectos y sacar conclusiones generales que puedan aplicarse en la programación de nuevas ayudas. A juzgar por dichos informes, la eficacia con la que Bulgaria utiliza la ayuda comunitaria no es uniforme, lo que a menudo refleja deficiencias en la capacidad de ejecución de proyectos de las instituciones búlgaras. La Comisión ha respondido a esta deficiencia con un diseño más cuidadoso aplicando condiciones más estrictas en las ayudas recién programadas.

En la evaluación de la eficacia de la ayuda comunitaria a los preparativos de la preadhesión de Bulgaria, resulta difícil distinguir entre la contribución de las iniciativas apoyadas por la Comunidad y aquellas financiadas por los programas complementarios de las instituciones financieras internacionales y las agencias bilaterales.

Sin embargo, a la Comisión le anima la orientación general de la reforma en Bulgaria. La autoridades han conseguido estabilizar la situación macroeconómica, al adoptar gran parte del acervo comunitario y empezar a afrontar temas sociales delicados. Por ahora Bulgaria también ha hecho buenos progresos en las negociaciones de adhesión. Por otra parte, Bulgaria todavía no cuenta con una economía de mercado en funcionamiento, la calidad de la administración pública (especialmente el sistema judicial) y la aplicación del acervo es desigual y la corrupción sigue siendo un problema. Estos constituyen los asuntos principales en los que se centrará la ayuda comunitaria en el futuro inmediato.
PREGUNTA ESCRITA E-0483/01

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(21 de febrero de 2001)

Asunto: Retención ilegal de un ciudadano grecochipriota por parte del régimen turcochipriota

El pasado 13 de diciembre de 2000, mientras se hallaba en territorio de las bases británicas, el ciudadano grecochipriota Panikos Tsiakourmas fue secuestrado por un grupo de turcochipriotas y conducido por la fuerza a la zona ocupada por Turquía, donde lo abandonaron junto a un kilo y medio de cannabis indio. Inmediatamente después apareció la Policía Turcochipriota, que lo arrestó bajo la acusación de tenencia de estupefacientes.

Desde entonces, el Sr. Tsiakourmas permanece retenido por parte del régimen ilegal turcochipriota bajo condiciones infrahumanas y sin asistencia médica y farmacéutica, pese al hecho que sufre de diabetes.

Dado que el Sr. Tsiakourmas tiene un registro de antecedentes penales impecable y que un informe de la policía de las bases británicas certifica que nunca ha habido indicios de que estuviera vinculado con estupefacientes, resulta evidente que su secuestro constituye un acto de terrorismo y su encarcelamiento por parte del régimen ilegal turcochipriota equivale a la retención de un rehén.

¿Qué acciones emprenderá la Comisión para la liberación inmediata e incondicional del Sr. Tsiakourmas? ¿Qué medidas de presión ejercerá sobre Turquía, único responsable de los actos perpetrados por su subordinado, el ilegal régimen de ocupación de Chipre?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(27 de marzo de 2001)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita P-0045/01 del Sr. Zacharakis(1)

(1) Ver página 168.
PREGUNTA ESCRITA E-0386/01

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(15 de febrero de 2001)

Asunto: Efectos del sonar activo de baja frecuencia

¿Podría indicar la Comisión las medidas de precaución adoptadas por las autoridades y navíos civiles y militares en las aguas de la UE para proteger a los cetáceos de los efectos del sonar activo de baja frecuencia (LFAS)?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(3 de abril de 2001)

Ciertas especies y hábitats marinos están específicamente protegidos por la Directiva sobre hábitats(1), que constituye la principal medida legislativa a escala comunitaria para la protección de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Todas las especies de cetáceos figuran en el Anexo IV de la Directiva, lo que obliga a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias para establecer un sistema estricto de protección de las citadas especies en su área de distribución natural. Además, los hábitats de los cetáceos incluidos en el Anexo II de la Directiva (como es el caso del Tursiops truncatus y del Phocoena phocoena) requieren asimismo protección mediante la designación de zonas especiales de conservación.

No obstante, la aplicación de tales medidas incumbe a los Estados miembros y la directiva no les obliga a facilitar datos tan detallados como los que se señalan en la pregunta. Así pues, la Comisión no puede proporcionar la información solicitada por Su Señoría.

(1) Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, DO L 206 de 22.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA P-0342/01

de Reinhold Messner (Verts/ALE) a la Comisión

(6 de febrero de 2001)

Asunto: Contribución comunitaria a infraestructuras turísticas en Valsesia y en el Monterosa

En respuesta a mi pregunta P-3610/00(1), la Comisión ha declarado que no conocía la situación descrita y que había adoptado las medidas oportunas para recabar información detallada al respecto y garantizar el respeto de la normativa comunitaria.

En cuanto a la contribución comunitaria de 4 943 millones para la conexión del funicular de Valesia y el Valle de Gressoney, esta contribución se ha hecho efectiva en un 60 % y la parte restante debería hacerse efectiva tras la recepción de las obras.

En realidad, esta contribución se ha utilizado también para la apertura de una carretera que sube hasta la cuota de 2 500 metros, carretera que se ha construido sin las autorizaciones debidas y sobre la que el Comité para la defensa de Monterosa ha presentado regularmente denuncias a las autoridades competentes (sin obtener respuesta alguna al respecto).

¿No cree la Comisión que es necesario suspender el pago de la parte restante de la contribución comunitaria hasta que termine el procedimiento de investigación, en relación en particular con la protección preventiva del lugar de interés comunitario afectado por el proyecto en cuestión?

(1) DO C 163 E de 6.6.2001, p. 179.

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(12 de marzo de 2001)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA P-0537/01

de John Hume (PSE) a la Comisión

(16 de febrero de 2001)

Asunto: La agricultura en Irlanda del Norte

Habida cuenta de que la agricultura constituye el sector productivo más importante de Irlanda del Norte y vistas las repercusiones de la grave crisis que está atravesando, ¿piensa la Comisión realizar un estudio sobre la situación de la agricultura en Irlanda del Norte para hallar la manera de resolver esta crisis?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(15 de marzo de 2001)

La Comisión es plenamente consciente de las dificultades por las que atraviesa el sector agrícola en Irlanda del Norte y de su importancia para la economía regional. En lo que respecta a un estudio del sector, la Comisión concede gran importancia al desarrollo regional integrado con iniciativas bien fundadas respaldadas por estudios y evaluaciones con la participación de las autoridades públicas y los agentes económicos y sociales.

La Comisión aprobó el plan de desarrollo rural de Irlanda del Norte el 4 de diciembre de 2000. Este plan está financiado por la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) y cubre las denominadas medidas de acompañamiento (ayuda a las zonas más desfavorecidas, medidas agroambientales y de forestación de tierra agrícola). El plan incluye una evaluación previa de estas medidas y una descripción de la situación actual y de los puntos fuertes y débiles del sector agrícola en Irlanda del Norte. La pertinencia de estas medidas volverá a examinarse en las evaluaciones intermedia y posterior del plan.

El 20 de diciembre de 2000, la Comisión también aprobó el Marco Comunitario de Apoyo (2000-2006) de Irlanda del Norte sobre la base de un plan de desarrollo estructural (DOCUP). Las medidas de desarrollo rural en el seno de este marco estarán cofinanciadas por la Sección de Orientación del FEOGA. Este DOCUP se acompañó de una evaluación previa (preparada conjuntamente por la Northern Ireland Statistics and Research Agency y una empresa consultora del sector privado) que también evocaba los puntos fuertes y débiles del sector agrícola y la economía rural.

La Comisión también tiene conocimiento de varios estudios específicos sobre el sector agrícola realizados últimamente. Dado el número de estudios recientes sobre esta cuestión, la importancia de asociar a los agentes locales y la financiación de los Fondos Estructurales para la realización de tales estudios, la Comisión no considera que sea apropiado emprender por su parte tal estudio por el momento.
PREGUNTA ESCRITA E-0267/01

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(8 de febrero de 2001)

Asunto: Programa URBAN II

¿Cuál es el calendario de la Comisión para la evaluación de las ofertas en el marco del nuevo programa URBAN II?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(27 de marzo de 2001)

En la Comunicación de la Comisión por la que se fijan las orientaciones de la iniciativa comunitaria URBAN II(1), se invitaba a los Estados miembros a presentar sus propuestas de programas URBAN II en los seis meses siguientes a su publicación, esto es, antes del 20 de noviembre de 2000.

A partir de mediados de noviembre comenzaron a recibirse las propuestas de programas, cuyo número total es en la actualidad de 36. De éstas, la Comisión declaró admisibles 28, en tanto que las ocho restantes debían ser perfeccionadas por las autoridades nacionales. La Comisión está examinando detenidamente en la actualidad aquellas que se han considerado admisibles, a la luz de los requisitos contenidos en el Reglamento de los Fondos Estructurales y las orientaciones de URBAN II. En principio, la Comisión debe tomar una decisión en el plazo de cinco meses a partir de la recepción de la propuesta admisible.

Cabe esperar que, antes de julio de 2001, se apruebe un primera serie de programas.

(1) DO C 141 de 19.5.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-0370/01

de Antonio Tajani (PPE-DE) a la Comisión

(14 de febrero de 2001)

Asunto: Organización común de mercados en el sector del lino

¿Está el Presidente de la Comisión al corriente de que desde 1993 en España, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de mayo de 1992 en el asunto 79/92, el examen de los documentos pertinentes y la concesión y el control del pago de las subvenciones derivadas de la organización común de mercados en el sector del lino dependen exclusivamente de la competencia de las autoridades regionales de las comunidades autónomas españolas?

¿Tiene conocimiento el Presidente de la Comisión de que el informe de 19 de diciembre de 2000 del fiscal encargado especialmente del asunto del lino en España, dirigido a la OLAF, menciona en varias ocasiones que desde 1993 el examen de los documentos pertinentes y la concesión y el control del pago de las subvenciones derivadas de la organización común de mercados en el sector del lino dependen exclusivamente de la competencia de las autoridades regionales de las comunidades autónomas españolas?

Respuesta del Presidente Prodi en nombre de la Comisión

(28 de marzo de 2001)

Sí, la Comisión está informada de que según la distribución de competencias propia del Derecho español la concesión y el control del pago de las subvenciones de la organización común del mercado del lino es exclusivamente competencia de las autoridades de las comunidades autónomas españolas. Por lo tanto el informe del fiscal describe esta distribución. Dicho esto, la Comisión en su relación con las autoridades nacionales se dirige siempre formalmente a las autoridades centrales y son éstas las que pueden remitirse a su vez, posteriormente, a las autoridades competentes en este tema.
PREGUNTA ESCRITA E-0221/01

de Jules Maaten (ELDR) a la Comisión

(5 de febrero de 2001)

Asunto: Marea negra en las islas Galápagos

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de que el Ministro de Medio Ambiente del Ecuador, Sr. Rendón, ha solicitado más ayuda internacional para hacer frente a la marea negra que afecta a las islas Galápagos?

2. ¿Qué posibilidades ve la Comisión de satisfacer esta solicitud de ayuda con el fin de proteger la flora y la fauna únicas de esa región?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(26 de marzo de 2001)

El 23 de enero de 2001, la Comisión recibió una solicitud de ayuda urgente de las autoridades ecuatorianas en relación con la marea negra en las Islas Galápagos.

El 24 de enero de 2001, la Comisión anunció el envío de un grupo operativo europeo compuesto por tres expertos(1). Esta decisión se adoptó con arreglo al dispositivo que establece la Decisión no 2850/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de cooperación en el ámbito de la contaminación marina accidental o deliberada(2). La misión de los expertos consistió en ayudar a las autoridades ecuatorianas a definir los medios más adecuados para atenuar el impacto de la contaminación y facilitar la recuperación de las zonas afectadas.

(1) IP/01/104.

(2) DO L 332 de 28.12.2000.
PREGUNTA ESCRITA P-0571/01

de Gabriele Stauner (PPE-DE) a la Comisión

(20 de febrero de 2001)

Asunto: Comunicación de información confidencial por la Comisión

El artículo 197 del Tratado CE es el fundamento jurídico para el control de la Comisión por el Parlamento Europeo y sus miembros. Necesariamente, ello incluye la comunicación de información confidencial por la Comisión.

¿Puede la Comisión proporcionar copias del informe de auditoría de sus controles financieros sobre ECHO-Flight y de los informes de auditoría de Ernst & Young sobre el edificio Berlaymont?

Respuesta del Presidente Prodi en nombre de la Comisión

(3 de abril de 2001)

Los informes de auditoría relativos a los dos expedientes mencionados por Su Señoría así como la información sobre las consecuencias derivadas se comunicaron de conformidad con las disposiciones del artículo 276 (antiguo artículo 206) del Tratado CE, respetando la confidencialidad.

La Comisión comunicó el informe relativo al vuelo ECHO en el contexto de la descarga de 1998 y envió copias de los informes confidenciales de auditoría de Ernst & Young el 9 de febrero de 2001 a la Sra. Theato, Presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, en el marco de la descarga de 1999.
PREGUNTA ESCRITA E-0095/01

de Herman Schmid (GUE/NGL) al Consejo

(1 de febrero de 2001)

Asunto: Intervención en Estados soberanos en caso de crisis

¿Qué opina la UE sobre la intervención en Estados soberanos en caso de crisis?

¿Es necesario que el Estado en el que ha de tener lugar la intervención lo solicite, o puede la UE intervenir, cuando estén en juego los valores y/o intereses de la UE, sin tener en cuenta la voluntad del Estado en cuestión?

Respuesta

(14 de mayo de 2001)

Desde que se inició el proceso de desarrollo de la PESD, el Consejo Europeo ha venido declarando sistemáticamente que las acciones de la Unión en el ámbito de la gestión de crisis se decidirán de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OSCE y el Acta final de Helsinki. La Unión Europea reconoce que la responsabilidad del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales corresponde en primer lugar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
PREGUNTA ESCRITA E-0090/01

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(29 de enero de 2001)

Asunto: EEB: cofinanciación de medidas de lucha

Las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros de la Unión con relación al plan para erradicar la EEB y luchar contra la extensión de esta enfermedad a los humanos están siendo aplicadas, con mayor o menor fortuna, por los 15 Estados miembros. Algunas de estas medidas, como el transporte de las reses muertas y la destrucción de los materiales de riesgo (MER), están suponiendo en determinadas regiones españolas, al repercutirse su costo sobre los ganaderos, el empobrecimiento de un sector ya de por sí empobrecido, dado el carácter familiar de las explotaciones, puesto que el Gobierno nacional y los Gobiernos regionales parecen ser incapaces de afrontar el costo que supone aplicar las medidas adoptadas por la Unión Europea.

¿Contempla la Comisión habilitar créditos extraordinarios para cofinanciar medidas tales como incineración, transporte, análisis y adquisición de tests, construcción o habilitación de nuevos laboratorios de referencia e incineradoras, de manera que estos costos no repercutan, como así ocurre en algunos casos, directamente sobre el sector, y para que estas medidas sean realmente aplicadas y puedan restablecer un clima de confianza entre los consumidores europeos?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(21 de marzo de 2001)

En la actualidad, la Comisión ya cofinancia de manera considerable el coste de esta crisis, en concreto a través de un plan específico de adquisición establecido por el Reglamento (CE) no 2777/2000 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2000, por el que se adoptan medidas excepcionales de apoyo al mercado de la carne de vacuno(1), así como mediante la financiación de la compra de pruebas de detección rápida de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y la aplicación del régimen de intervención pública en el marco de la organización común del mercado de la carne bovina.

Se estima que la repercusión financiera de esta serie de medidas se eleva en la actualidad a casi mil M.

En el marco de un primer presupuesto rectificativo y suplementario para el ejercicio 2001, la Comisión ha pedido a la autoridad presupuestaria que destine el importe de reserva (60 M) a la financiación de nuevas actividades de detección de la enfermedad.

La Comisión, en el contexto presupuestario y jurídico actual, no puede comprometerse a la financiación de nuevas medidas tales como la incineración y el transporte de las reses muertas.

(1) DO L 321 de 19.12.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-0114/01

de Nelly Maes (Verts/ALE) al Consejo

(1 de febrero de 2001)

Asunto: Suministro de armas a Turquía

En octubre de 1999, el Ministerio belga de Asuntos Exteriores autorizó la venta a Turquía de máquinas destinadas a la producción de munición. Este suministro va a permitir en el futuro que la fábrica en Turquía produzca munición para las ametralladoras Heckler & Koch 33. No cabe duda alguna de que la policía y el ejército turcos van a utilizar estas armas mortales.

Dicha autorización ha tenido lugar a pesar de la existencia del código de conducta de la UE para las exportaciones de armas (Code of Conduct of the EU concerning the arms export) en cuya letra a) del segundo criterio se dispone que cuando exista un riesgo de que las armas que se van a exportar puedan utilizarse en el interior para ejercer la represión, se ha de denegar la licencia de exportación.

Dicha autorización ha tenido lugar a pesar de la mala fama de Turquía en el ámbito de los derechos humanos, a pesar de las prácticas de tortura denunciadas por organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, a pesar de las intervenciones militares en la zona kurda. Vistos todos estos indicios claros, deseamos que se respete el código de conducta.

¿Opina el Consejo que este suministro de armas a Turquía es conforme al mencionado código de conducta europeo?

En caso afirmativo, ¿no se han de modificar las disposiciones del código para que sean más severas?

En caso negativo, ¿cuál va a ser la reacción del Consejo frente al Estado miembro implicado, a saber, Bélgica?

Respuesta

(14 de mayo de 2001)

La posición de la Unión Europea respecto de la exportación de armamento está reflejada en el Código de Conducta en materia de exportación de armas adoptado el 8 de junio de 1998. Entre los criterios establecidos en dicho Código se menciona el respeto por los derechos humanos como una de las principales condiciones que ha de cumplirse para la concesión de una autorización. Las correspondientes decisiones las adoptan los Estados miembros, tomando plenamente en consideración el Código de Conducta. El Consejo no recibe información alguna sobre los motivos por los que éstos deciden conceder o denegar una autorización. En cualquier caso, no corresponde al Consejo pronunciarse al respecto. No obstante, los Estados miembros tienen obligación de intercambiar cada año, en el marco del Consejo, información sobre sus exportaciones de armamento. Sobre la base de dicha información, se elabora un informe anual que permite efectuar una evaluación común del funcionamiento del Código.