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PREGUNTA ESCRITA E-3663/97 de Carlo Ripa di Meana (V) a la Comisión (19 de noviembre de 1997)

Asunto: Adjudicación del contrato público para el proyecto de la «Nuova Tangenziale Est»

En una pregunta formulada por la concejal Adriana Spera al Sr. Francesco Rutelli, alcalde de Roma, se señala que el Ayuntamiento de Roma, al haber adjudicado el contrato público para proyectar la «Nuova Tangenziale Est» (nueva variante este de la autopista de circunvalación) a la empresa «Ferrovie dello Stato spa» («Ferrocarriles Estatales, s.a.») por un importe de más de 6.000 millones de liras, ha violado las disposiciones de la Directiva 92/50/CEE ((DO L 209 de 24.7.1992, p. 1. )), traspuesta por el Estado italiano con el Decreto Legislativo no 157/95. Concretamente, el Ayuntamiento de Roma adjudicó el contrato mediante el procedimiento negociado, sin recurrir a un concurso europeo, por considerar, erróneamente, que dicho contrato pertenecía al grupo de los «excluidos». Dado que tanto la concejal Spera como la «Usicons» (asociación de consumidores) pusieron a la Comisión al corriente de este asunto en su momento, ¿puede decir la Comisión si ha intervenido en la cuestión y, caso de ser así, con qué resultados?

¿Puede asimismo decir la Comisión si está informada de que el alcalde de Roma revocó la decisión por la que había adjudicado el contrato a «Ferrovie dello Stato spa» y lo adjudicó, de nuevo con el procedimiento negociado, a la «S.T.A. spa», una empresa controlada totalmente por el Ayuntamiento de Roma que se encarga de retirar los vehículos aparcados en zonas prohibidas y que no realiza proyectos de obras, por lo que no puede optar al procedimiento negociado en calidad de organismo con derechos exclusivos en los servicios a que se refiere el contrato?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (6 de enero de 1998)

El 17 de marzo de 1997, la Comisión solicitó información a las autoridades italianas expresando sus dudas en cuanto a la compatibilidad con el Derecho comunitario del contrato que atribuye a Ferrovie dello Stato S.p.A. el diseño de la nueva vía rápida oriental. Las autoridades italianas respondieron el 2 de octubre de 1997 formulando sus observaciones al respecto e indicando que estaban examinando soluciones alternativas.

Entretanto, la Comisión ha sido informada de que el Ayuntamiento de Roma adoptó una nueva decisión el 1 de agosto de 1997 por la que se derogaba la decisión precedente. El 24 de octubre de 1997, la Comisión remitió a las autoridades italianas una segunda petición de información en relación con dicha nueva decisión, indicando que el nuevo contrato por el que se atribuye el proyecto a la sociedad «S.T.A. spa» también plantea dudas en cuanto a su compatibilidad con la normativa comunitaria sobre contratos públicos y, en particular, con la Directiva 92/50/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios.
PREGUNTA ESCRITA E-3766/97 de Cristiana Muscardini (NI), Gastone Parigi (NI) y Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (21 de noviembre de 1997)

Asunto: Niveles de seguridad de la normativa europea

Considerando que algunos Estados, entre ellos Italia, no respetan las disposiciones comunitarias vigentes sobre niveles de seguridad, no sólo en los lugares de trabajo sino sobre todo en los lugares de cura y rehabilitación considerando que en algunos Estados, como en Italia, las disposiciones sobre normas de seguridad se contradicen entre ellas, ¿podría iniciar la Comisión una investigación en todos los Estados de la Unión para comprobar la aplicación de las normas europeas de seguridad, introduciendo procedimientos de emplazamiento contra aquellos países que resulten parcial o totalmente incumplidores?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (9 de enero de 1998)

La Comisión realiza constantemente actividades relacionadas con el control de la aplicación del Derecho comunitario; en el caso específico de las Directivas relativas a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo, este control se encuentra en una fase de desarrollo, debido a que el plazo de incorporación de las Directivas expiró en una fecha relativamente reciente.

Si su Señoría desea obtener más información sobre esta actividad de la Comisión, puede consultar el decimocuarto informe anual de la Comisión al Parlamento sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario ((DO C 332 de 3.11.1997. )) y, en particular, el Anexo «Aplicación de las Directivas».

Por otro lado, los Estados miembros deben informar periódicamente a la Comisión de las aplicación práctica de las disposiciones de las Directivas. En cuanto estos informes estén disponibles serán transmitidos, junto con el informe de base elaborado por la Comisión, al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social.
PREGUNTA ESCRITA E-3906/97 de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión (11 de diciembre de 1997)

Asunto: Fondos estructurales destinados a la Toscana y violación de la legislación antisísmica

Es una opinión generalizada que la Toscana es una región que se beneficia de importantes ayudas comunitarias. No obstante, y a pesar de ello, hay casos en los que se puede comprobar una gran negligencia en la lucha contra el desempleo y en la incentivación del desarrollo industrial, precisamente dos de los objetivos financiados. Cabe citar, a modo de ejemplo, la inoperabilidad de una fábrica (mecánica de alta precisión), cuya construcción se inició hace catorce años, a causa de la no verificación, por parte del organismo de obras públicas regional, de las normas antisísmicas; Un litigio político-burocrático entre el presidente de la región, quien se niega a ordenar la reparación de las inobservancias de dicha legislación al constructor de la fábrica, y el alcalde del municipio de Pisa, quien ha declarado que la fábrica es peligrosa para la seguridad pública y privada, ha impedido el inicio de la producción y la consecuente contratación de mano de obra desde hace catorce años.

1. ¿Podría informar la Comisión de a cuánto ascienden las ayudas financieras concedidas por la Comunidad a la Toscana para el desarrollo industrial y la lucha contra el desempleo?

2. ¿No considera la Comisión que es indispensable una colaboración armoniosa entre los poderes públicos, cuyo objetivo debería ser únicamente el interés general y, por lo tanto, aquellas soluciones que exigen el respeto de las normas antisísmicas y favorecen la lucha contra el desempleo?

3. ¿Podría informarme la Comisión de los procedimientos que se han utilizado para controlar la utilización de los recursos comunitarios en la Toscana, teniendo en cuenta que esta región ha mantenido cerrada durante catorce años una fábrica que podría contratar personal y empezar a producir inmediatamente, por razones aparentemente incomprensibles?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (21 de enero de 1998)

La región de Toscana debería recibir unos 500 millones de ecus como ayuda de los Fondos estructurales comunitarios durante el período de 1994-1999, para estimular las zonas industriales en declive, las zonas rurales y el desarrollo de los recursos humanos.

Los comités de control con representantes de la Comisión supervisan la realización de dichos programas. En cuanto al control financiero, los Estados miembros verifican periódicamente que las actividades financieras se lleven a cabo de forma adecuada. Además los funcionarios de la Comisión pueden realizar controles in situ.

En cuanto a la empresa de Pisa que menciona Su Señoría, la Comisión no dispone de información precisa sobre la cuestión. Sin embargo, parece poco probable que el proyecto en cuestión haya recibido fondos comunitarios, dado que Pisa no pudo acogerse a las ayudas comunitarias hasta enero de 1994. En cualquier caso, los problemas políticos y burocráticos mencionados por Su Señoría competen esencialmente a las autoridades italianas pertinentes.
PREGUNTA ESCRITA E-3640/97 de David Martin (PSE) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Experimentos con animales salvajes

¿Podría especificar la Comisión qué medidas están adoptando actualmente ella y los Estados miembros a fin de asegurar que no se utilizan primates capturados en la naturaleza cuando otros animales son «suficientes para los objetivos del experimento»?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (18 de diciembre de 1997)

Corresponde a los Estados miembros garantizar que se cumplan en su territorio las disposiciones de la Directiva 86/609/CEE relativa a la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos ((DO L 358 de 18.12.1986. )). Puede obtenerse una exención con el fin de utilizar animales que no han sido criados para fines experimentales «según las modalidades que determine la autoridad» (apartado 4 del artículo 19 de la Directiva). Corresponde asimismo a los Estados miembros determinar si el solicitante justifica de forma satisfactoria que «otros animales no [son] suficientes para los objetivos del experimento» (apartado 3 del artículo 7).

La responsabilidad de la Comisión radica en examinar si la Directiva ha sido incorporada y aplicada adecuadamente por los Estados miembros. En lo que se refiere a las disposiciones sobre utilización de animales que no han sido criados para fines experimentales (apartado 3 del artículo 7, apartado 4 del artículo 19 y artículo 21), la Comisión ha incoado cuatro procedimientos de infracción relacionados, en parte, con uno o varios de los artículos mencionados. Sólo uno de estos procedimientos se refiere a una aplicación incorrecta de la Directiva; los demás se refieren a aspectos técnicos de su incorporación en la normativa nacional.
PREGUNTA ESCRITA E-3827/97 de Marco Cellai (NI) a la Comisión (28 de noviembre de 1997)

Asunto: Concesión de una excepción para la financiación de una cooperativa de producción de dulces

La «Cooperativa Dolciaria Toscana», sociedad cooperativa de responsabilidad limitada, que se constituyó en Empoli (FI) el 26 de julio de 1995 y que cuenta con 43 empleados, presentó, con fecha de 28 de febrero de 1996, una solicitud de participación en el capital social de la «Compagnia Finanziaria Industriale», de conformidad con la Ley no 49 de 1985 (Ley Marcora), para la concesión de una ayuda de 1.069.828.000 liras, solicitud que fue aprobada por la «Conferenza dei Servizi» con fecha de 29 de julio de 1996.

Dicho decreto permanece bloqueado por el total del importe en espera de la necesaria excepción de la Unión Europea; no obstante, tras haber obtenido en marzo de 1997 una cuota de la ayuda equivalente a 189.986.000 liras, es decir, la ayuda «de minimis», el Ministro de Industria ha solicitado en varias ocasiones a la Unión Europea la excepción completa para las cooperativas que ya han obtenido la «de minimis».

Las financiaciones concedidas bajo la Ley Marcora se han entregado sólo a una parte de los solicitantes, mientras que otros, como la «Cooperativa Dolciaria Toscana», están todavía a la espera.

¿Puede decir la Comisión en virtud de qué criterios se han establecido las prioridades para la concesión de las financiaciones y, sobre todo, por qué motivos la Unión Europea sigue hoy día sin haber autorizado la excepción necesaria para desbloquear el decreto y el importe correspondiente, si se dan las condiciones y la voluntad necesarias para dicho desbloqueo y, por último, si las autoridades italianas competentes han cumplido todos los trámites necesarios para la solicitud de dicha excepción?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (15 de enero de 1998)

La Comisión ha decidido incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE respecto de determinadas disposiciones de la Ley 49/85 (Ley Marcora), cuya refinanciación fue presentada por las autoridades italianas.

La Decisión fue comunicada a las autoridades italianas mediante carta de 11 de junio de 1997, las cuales respondieron mediante carta de 31 de julio de 1997.

La decisión de incoar un procedimiento ha de ser publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en las once lenguas comunitarias, según se establece en las disposiciones que regulan la incoación del propio procedimiento. Dado que la Decisión se publicó en el Diario Oficial ((DO C 309 de 9.10.1997. )), los Estados miembros y los terceros interesados dispusieron de un mes para presentar sus observaciones.

Posteriormente, la Comisión puede archivar el procedimiento adoptando una decisión en la que se pronuncie sobre la compatibilidad del régimen notificado con las normas sobre ayudas estatales.

Entretanto, las autoridades italianas pueden aplicar -y así lo han hecho- este régimen dentro de los límites «de minimis».
PREGUNTA ESCRITA E-4028/97 de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión (14 de enero de 1998)

Asunto: Minas antipersonales y ayuda de la UE

¿Acoge la Comisión con satisfacción la decisión del RU de reconsiderar la cuantía de las ayudas al desarrollo destinadas a países que no «suscriben» el acuerdo de Ottawa sobre minas antipersonales?

¿No sería, entonces, oportuno que la Comisión recomendase a la UE la adopción de medidas análogas contra los países beneficiarios de ayudas al desarrollo procedentes de la UE que continúen produciendo y exportando minas antipersonales?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (2 de febrero de 1998)

La Comisión se felicita por las medidas de los Estados miembros que ayudan a superar las trágicas consecuencias del uso irresponsable e indiscriminado de minas terrestres antipersonales en muchos países en vías de desarrollo, y que impulsan la firma del convenio de prohibición de las minas antipersonales concluido en Ottawa el 3 de diciembre de 1997.

La Comisión se alegra de que un gran número de países en desarrollo haya firmado el Tratado de Ottawa los días 3 y 4 de diciembre de 1997.

Con todo, la Comisión destaca que las políticas comunitarias de cooperación al desarrollo no establecen condiciones relacionadas con la actitud de los países beneficiarios ante el asunto de las minas antipersonales.

No obstante, la Resolución de 22 de noviembre de 1996 del Consejo de Desarrollo relativa a un enfoque integrado y coordinado en la lucha contra las minas antipersonales excluye, naturalmente, del beneficio de las operaciones de limpieza de minas a los países que sigan vendiendo, produciendo y almacenando minas antipersonales, excepto para proyectos de investigación y para actividades del ámbito humanitario y en interés de las comunidades vulnerables.

La extensión de las disposiciones de esta Resolución al conjunto de la política de cooperación al desarrollo de la Comunidad es algo que debería considerarse en el marco de los debates sobre el futuro de las relaciones con los países en desarrollo, en el sentido de estimular a estos países a abandonar la producción, el almacenamiento, el comercio y la utilización de minas antipersonales.
PREGUNTA ESCRITA P-3714/97 de Luciano Vecchi (PSE) a la Comisión (12 de noviembre de 1997)

Asunto: Obstáculos a la libre circulación de los médicos en el Reino Unido

Varios ciudadanos comunitarios que cuentan con una licenciatura en medicina y cirugía y con un certificado que les habilita para el ejercicio de la medicina o que, en cualquier caso, han adquirido una especialización en medicina, han sido víctima de clara discriminación por parte de las autoridades del Reino Unido para el acceso a la profesión médica.

Concretamente, en muchos casos, se pide obligatoriamente a los médicos con formación en otros países comunitarios contar con el certificado de MRCP («Member of the Royal College of Physicians», Miembro del Real Colegio de Médicos), que sólo se puede obtener en el Reino Unido tras dos años de ejercicio de la medicina general, para poder acceder al ejercicio de la profesión o a actividades de formación, requisito que no se pide en los demás países europeos.

Dado que dicha situación está en abierta contradicción con los principios de libre circulación de los trabajadores y con las directivas, horizontales y verticales, relativas al acceso a las profesiones reglamentadas, ¿puede decir la Comisión:

1. Si está al corriente de dicha discriminación;

2. Si ha emprendido o tiene intención de emprender acciones ante las autoridades del Reino Unido para resolver los problemas existentes;

3. Con qué recursos cuentan los ciudadanos comunitarios discriminados por dichas normas?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (6 de enero de 1998)

1. y 2. Ante la falta de datos precisos que permitan a la Comisión hacer las averiguaciones necesarias sobre el problema reseñado, la Comisión lamenta no poder responder, por el momento, a su pregunta. Por ello, ruega a Su Señoría que tenga a bien aclarar más el hecho que motiva la consulta.

3. Los ciudadanos comunitarios que se consideren discriminados por una decisión de las autoridades de un Estado miembro en relación con el acceso a una formación o a una actividad profesional y a su ejercicio pueden presentar un recurso ante las autoridades judiciales, con arreglo al derecho interno de dicho Estado miembro. Si existieran dudas sobre la compatibilidad de una disposición de derecho interno con el derecho comunitario, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden, si lo juzgan necesario, dirigir al Tribunal de Justicia una o varias cuestiones prejudiciales. Además, los ciudadanos comunitarios pueden también denunciar el caso a la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-3908/97 de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión (11 de diciembre de 1997)

Asunto: Suministros de uranio altamente enriquecido para el reactor FRM II

1. ¿Puede confirmar la Comisión que la Agencia de Abastecimiento de Euratom está negociando con organismos rusos sobre el abastecimiento de los reactores de investigación europeos con uranio altamente enriquecido? ¿Abarcan también dichas negociaciones los suministros para el controvertido reactor FRM II de Munich?

2. ¿En qué fase se encuentran las negociaciones? ¿En qué puntos se ha alcanzado ya un consenso y qué puntos quedan aún por debatir? ¿Cuándo se espera que finalicen las negociaciones?

3. ¿Puede confirmar la Comisión que la Agencia de Abastecimiento de Euratom ha elaborado un borrador de acuerdo sobre suministros de uranio altamente enriquecido procedentes de Rusia para el reactor FRM II?

4. ¿No tiene la Comisión reserva alguna en cuanto a que la no difusión de uranio altamente enriquecido para el FRM II pudiera sufrir un serio revés? Si es así, ¿por qué motivos?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (2 de febrero de 1998)

Remitimos a Su Señoría a la respuesta de la Comisión a su pregunta escrita E-2903/97 ((DO C 134 de 30.4.1998, p. 33. )).

Desde entonces, se han producido contactos entre los responsables, en la Comunidad, de algunos reactores de investigación y las autoridades rusas. En el caso de que tales contactos condujeran a la adquisición de suministros de uranio altamente enriquecido, dicha adquisición se haría en el marco de las normas estrictas de control de seguridad existentes y de la política de no proliferación.
PREGUNTA ESCRITA E-3533/97 de Nikitas Kaklamanis (UPE) al Consejo (14 de noviembre de 1997)

Asunto: Conducta agresiva de Turquía frente a Grecia

Las continuas provocaciones de los turcos contra Grecia, Estado miembro de la UE, superaron todo precedente cuando, el 16.10.1997, dentro del espacio aéreo griego, aviones de combate de Turquía obstaculizaron el vuelo del aparato C-130 que trasladaba al Ministro de Defensa Nacional de Grecia y sus acompañantes desde Chipre a Creta.

Dicha acción pone en peligro la paz en el Mediterráneo sudoriental, vulnera todos los principios de la UE, ignora el Acuerdo de Madrid -que constituye ya letra muerta-, desprecia todas las «admoniciones» del Consejo Europeo y de la Comisión Europea sobre la coexistencia pacífica de los dos países y conculca todos los tratados internacionales. Mediante el citado acto, Turquía muestra además su indiferencia a la seguridad y la vida de los ocupantes del aparato.

¿Puede indicar el Consejo qué medidas piensa adoptar frente a Turquía, país asociado a la UE, ante su conducta de continuas provocaciones?

¿Se debatirá esta cuestión a iniciativa de la Presidencia en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE o en la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en el mes de diciembre?

Respuesta (17 de marzo de 1998)

Turquía figura constantemente en el orden del día del Consejo. Éste concede mucha importancia al fomento de las relaciones entre Grecia y Turquía y a la resolución de sus litigios de conformidad con el Derecho internacional, recurriendo incluso al Tribunal Internacional de Justicia, así como al fomento de relaciones de buena vecindad y al rechazo de la amenaza o del uso de la fuerza con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo subraya la importancia de evitar cualquier acción unilateral que pudiera ser contraria a este espíritu.

El Consejo acoge con satisfacción la decisión adoptada por los Sres. SIMITIS y YILMAZ con ocasión de la Cumbre de los Balcanes celebrada en Creta a primeros de noviembre de 1997 de reanudar el proceso de normalización de las relaciones entre sus respectivos países. Confía en que se aplique el acuerdo de principio informal celebrado en Madrid para alcanzar este objetivo. En la misma óptica, el Consejo hará todo lo posible para facilitar las relaciones. En concreto, la Presidencia cooperará con los expertos del Grupo «de personalidades» en su misión de elaborar sugerencias de procedimiento para resolver los problemas en la región del Mar Egeo.

El Consejo europeo de Luxemburgo recordó que el fortalecimiento de las relaciones de Turquía con la Unión Europea depende, entre otras cosas, del establecimiento de relaciones satisfactorias y estables entre Grecia y Turquía.

Tras las conclusiones del Consejo europeo de Luxemburgo, el Consejo trabaja actualmente en la elaboración de una estrategia de la Unión Europea con respecto a Turquía.
PREGUNTA ESCRITA E-1720/97 de Heidi Hautala (V) al Consejo (22 de mayo de 1997)

Asunto: Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

En noviembre de 1995 el Parlamento aprobó una resolución sobre el proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (B4-1415/95) ((DO C 323 de 4.12.1995, p. 117. )). Desde entonces se han celebrado dos sesiones del grupo de trabajo de la Comisión especial de Derechos Humanos sobre la Declaración.

1. ¿Han participado los Estados miembros de la UE en los trabajos de este grupo de trabajo?

2. En caso afirmativo, ¿ha habido una posición común de la UE?

3. Si no es así, ¿por qué no?

4. ¿Está estudiando el Consejo la posibilidad de debatir una posición común con relación a la Declaración y/o con relación al problema de los pueblos indígenas en general?

Respuesta (30 de marzo de 1998)

No ha habido una posición común de la UE sobre el asunto al que Su Señoría se refiere en su pregunta. El Consejo no está en condiciones de indicar cuáles de los Estados miembros de la UE han participado en la actividad del Grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos sobre la Declaración. Esta materia corresponde a la competencia nacional de los Estados miembros.

Por el momento el Consejo no está estudiando una posición común en relación con la Declaración ni en relación con la cuestión de los pueblos indígenas en general.