PREGUNTA ESCRITA E-3365/01

de Luciano Caveri (ELDR) a la Comisión

(6 de diciembre de 2001)

Asunto: Legislación regional del Valle de Aosta

El 13 de octubre del año pasado el valle de Aosta sufría inundaciones terribles, con características destructivas realmente extraordinarias. La región autónoma, entre las varias medidas

que adoptó sobre la base de las competencias que le confiere su estatuto especial de autonomía, aprobó medidas para el sector agrícola, y transmitió el correspondiente proyecto de ley a la DG Agricultura hace más o menos un año; desde entonces, se ha producido una sucesión continua de solicitudes de documentación a través de la Representación Permanente de Italia, como por ejemplo, de cartografía de las zonas inundadas y medidas de los sedimentos, como si existiese la sospecha de que la inundación se hubiera inventado. La lectura de la correspondencia asombra y amarga, pues parece que en ella falta, como corresponde a las peticiones de la Comisión, el buen sentido de entender que la respuesta a los agricultores por los daños de una inundación tiene que llegar a tiempo; de forma increíble, la solicitud se transfirió recientemente al registro de las ayudas no notificadas, ya que la Ordenanza de Protección Civil del año 2000 del Estado italiano no se ha notificado a Bruselas. Basta con leer las leyes regionales para entender que no tienen relación alguna con la Ordenanza.

Por tanto, pregunto a la Comisión: ¿son lógicos los retrasos acumulados? ¿No se concede ninguna prioridad, contrariamente a los Tratados, a las respuestas a las calamidades naturales? ¿Se trata de actuar de forma urgente y transparente?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(21 de enero de 2002)

La Comisión es consciente de los problemas sufridos por el Valle de Aosta como consecuencia de las inundaciones que se produjeron el 13 de octubre de 2000.

Es cierto que, como indica Su Señoría, Italia notificó un proyecto de las autoridades regionales para la concesión de indemnizaciones a los agricultores. No obstante, la información complementaria facilitada por las autoridades italianas sobre este proyecto permitió a la Comisión comprobar que ya se habían abonado ayudas a las víctimas de las inundaciones con el objetivo primordial de volver a poner en marcha las actividades productivas y, entre ellas, las del sector agrícola.

Habida cuenta de que la orden por la que se establecen estas ayudas no ha sido notificada y de que la Comisión debe verificar si las ayudas concedidas a los agricultores afectados no entrañan un exceso de compensación por los daños sufridos, la Comisión se ha visto obligada a transferir el expediente compuesto por el conjunto de ayudas al registro de ayudas sin notificar.

Se recuerda a Su Señoría que, en virtud del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento (CE) no 659/199 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado (CE)(1), el plazo de examen de dos meses fijado para las ayudas estatales notificadas deja de ser aplicable en caso de ayuda no notificada.

No obstante, la Comisión puede asegurar que el expediente del Valle de Aosta se tramitará en el plazo más breve posible.

Por último, en lo que respecta más concretamente a las mediciones de los sedimentos mencionadas en la pregunta, la Comisión no ha solicitado semejante información. De hecho, dado que una de las medidas previstas por las autoridades regionales a raíz de las inundaciones podía plantear problemas medioambientales derivados del incremento de la carga ganadera en algunos terrenos, la Comisión solicitó simplemente que se comprobasen los efectos de la presencia de los animales en esos terrenos.

(1) DO L 83 de 27.3.1999.