PREGUNTA ESCRITA E-0207/99

de Heidi Hautala (V) a la Comisión

(12 de febrero de 1999)

Asunto: Pagos a las Organizaciones No Gubernamentales

Han surgido problemas con los pagos de las subvenciones destinadas a las Organizaciones No Gubernamentales de la Unión Europea. En la respuesta E-2156/98 del 10.9.1998 dada por el Comisario Erkki Liikanen en nombre de la Comisión, se afirma que la concesión de subvenciones se rige por criterios legales y, en último término, de acuerdo con las normas y directrices establecidas por la Comisión. La respuesta recomienda que se negocie directamente con el servicio que haya concedido la subvención.

Las Organizaciones No Gubernamentales tienen dificultades para llegar a conocer las razones de los retrasos en los pagos, incluso en los casos en que la propia Comisión ha aprobado el cierre de cuentas y el informe final. Las múltiples tomas de contacto por correo, fax y teléfono no dan ningún resultado. Algunos retrasos duran hasta un año sin que la organización consiga saber por qué no llega la subvención prometida. Para dichas organizaciones, esta situación ocasiona problemas tanto en la gestión de los proyectos como en la contabilidad.

¿Puede el servicio de la Comisión responsable de la gestión y supervisión de los proyectos controlar y acelerar las actividades del servicio financiero? ¿Cómo supervisa la Comisión los pagos efectuados por el servicio financiero? ¿Puede informar la Comisión de las normas y directrices que se siguen en la financiación de los proyectos?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(28 de abril de 1999)

Cabe señalar que la ejecución presupuestaria por parte de la Comisión se basa en el principio de separación de las funciones de ordenador, contable e interventor. Este principio se traduce, desde el punto de vista de la organización, en la separación de esas funciones en las distintas Direcciones Generales, bajo la autoridad de los distintos Comisarios. Los servicios ordenadores, o Direcciones Generales operativas, administran los proyectos y son competentes para comprometer gastos y emitir órdenes de pago. Los ordenadores deben solicitar un visado del interventor para las operaciones de ejecución. Dicho visado se refiere a la disponibilidad de los créditos, a la conformidad de las operaciones con la normativa y al respeto de la buena gestión financiera. Por último, el contable realiza el pago, que libera a la Institución de sus obligaciones hacia sus acreedores.

En los últimos años, la Comisión lanzó, en el marco del programa Sound and Efficient Management (SEM) 2000, distintas iniciativas destinadas a eliminar, en la medida de lo posible, los retrasos en los pagos de las ayudas comunitarias.

La Comisión sigue atentamente la eficacia de los servicios en lo que a los plazos de pago se refiere. Así, en el ejercicio 1998, el plazo medio global de ejecución de los pagos fue de 55,1 días. Ese plazo comienza a correr a partir de la fecha de recepción de una factura o solicitud de pago aceptable y termina el día en que el banco de la Comisión ejecuta la instrucción de pagar en favor del beneficiario. Las estadísticas ponen de manifiesto que los retrasos más importantes se producen en los servicios ordenadores. Se ha observado, por otro lado, que el 74 % de todos los pagos de la Comisión se realizan en menos de 60 días y el 15 % requieren más de 90 días. El objetivo que la Comisión fijó a sus servicios es que el 95 % de los pagos se efectúen en menos de 60 días y la Comisión tiene la clara intención de proseguir sus esfuerzos para lograr este objetivo.

Las estadísticas internas ponen también de manifiesto que, excepto en los casos en los que los retrasos tienen su origen en circunstancias imputables a los propios beneficiarios (informaciones bancarias erróneas, justificaciones insuficientes, falta total o parcial de justificantes o incumplimiento de las disposiciones contractuales), los pagos se efectúan en unos plazos razonables desde el punto de vista de la práctica comercial corriente.

Además, la Comisión aprobó el 10 de junio de 1997, la comunicación sobre los plazos de pago de la Comisión y los intereses de demora(1), en la que se establece la obligación de que, a petición del beneficiario, la Comisión conceda el pago de intereses de demora en caso de que los pagos no se hayan efectuado en los plazos que la práctica comercial considera conveniente (60 días) y a condición de que el beneficiario haya respetado las disposiciones contractuales vigentes. La mencionada obligación debe figurar en todos los contratos celebrados por la Comisión a partir de la fecha de la comunicación. Por si fuera poco, la Comisión ha propuesto una modificación del Reglamento financiero(2) y de sus modalidades de ejecución con el fin de consagrar el derecho de los acreedores a los que se les pague tarde a intereses de demora.

Recientemente, la Comisión encargó un estudio externo sobre los plazos de pago que acaba de concluir. Sus resultados y recomendaciones serán próximamente objeto de una comunicación de la Comisión.

Desde el punto de vista operativo, la Comisión ha continuado sus esfuerzos por mejorar en el ámbito de la gestión financiera mediante la puesta en marcha de su nuevo sistema informático de contabilidad (Sincom2) que, permitirá, con total seguridad, en cuanto esté plenamente operativo, una mayor eficacia en la ejecución de los pagos.

Las normas de ejecución presupuestaria se recogen en el Reglamento financiero y en sus textos de la aplicación.

(1) SEC(97)205.

(2) SEC(98)1228 final.