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PREGUNTA ESCRITA E-3801/98

de Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) a la Comisión

(22 de diciembre de 1998)

Asunto: Ruptura de contrato de Texas-Samsung (Maia) con el Estado portugués

La empresa de semiconductores Texas Instruments-Samsung Electronic (TISE), anunció la semana pasada a sus 748 trabajadores que cesaría la actividad de la fábrica instalada en Maia -Portugal- hasta el 31 de marzo de 1999.

Además de la enorme gravedad social de semejante decisión, fue anunciada por la empresa como algo irreversible rompiendo así una situación contractual con el Estado portugués, en base a un contrato-programa firmado en julio de 1995 con un horizonte temporal hasta 2004, que dio lugar a la puesta a disposición de voluminosos incentivos financieros en nombre de la "joint venture". Aunque el Gobierno portugués tuviera ya conocimiento de la intención de ruptura unilateral de ese contrato desde la semana anterior, fue la empresa quien hizo pública la decisión y el contrato sigue sin ser público, con el pretexto de que su divulgación puede perjudicar el proceso de negociaciones, donde lo más importante parece ser la devolución de los incentivos atribuídos a la empresa al abrigo del contrato-programa mencionado.

Sin embargo, en una situación con la presente, que es particularmente grave bajo diferentes ángulos, pero ante todo bajo la perspectiva social, es plenamente pertinente y urgente preguntar a la Comisión si tiene conocimiento de este contrato-programa, si existen fondos comunitarios implicados en el mismo, y qué precauciones se tomaron en defensa de los dineros públicos, ya sean nacionales o comunitarios.

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(22 de enero de 1999)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-3620/98

de José Barros Moura (PSE) a la Comisión

(3 de diciembre de 1998)

Asunto: Consecuencias del embargo sobre las exportaciones de toros de lidia

Considerando el embargo provisional decretado por la Comisión, ¿puede indicar ésta su implicación para las exportaciones portuguesas de toros de lidia a España? ¿También están incluidos en el embargo? En caso afirmativo, ¿por qué razón, teniendo en cuenta que no se destinan, prioritariamente, al consumo humano?

En ese caso, ¿qué postura adopta la Comisión ante hechos anteriores que sin duda alguna debe conocer, y que indican que las autoridades españolas, cediendo a la presión de los productores de aquel país, ya han estado violando las libertades comunitarias por lo que se refiere a la exportación de este ganado bravo de Portugal a España?

Respuesta del Sr. Fischler En nombre de la Comisión

(22 de enero de 1999)

La Decisión 98/653/CE de la Comisión, de 18 de noviembre de 1998, relativa a medidas de emergencia para hacer frente a la presencia de casos de encefalopatía espongiforme bovina en Portugal(1), establece la prohibición del envío de animales de la especie bovina desde Portugal, a excepción del territorio de la región autónoma de Azores. Esta disposición se revisará dentro de 18 meses a la vista de la evolución de la enfermedad, del cumplimiento efectivo de las medidas correspondientes y de los nuevos conocimientos científicos.

Esta prohibición que afecta a los bovinos vivos se ha adoptado a raíz del riesgo de que se envíen animales que estén incubando la enfermedad, aunque no muestren aún los síntomas de la misma. Una vez sacrificados, estos animales pueden entrar en la cadena alimentaria humana y animal de los Estados miembros receptores. Los toros de lidia no están exentos de esta prohibición, ya que, hasta ahora, una vez sacrificados, se destinan bien a la transformación junto con otros animales muertos, bien al consumo humano, por lo que, pese a su principal destino, acaban entrando bien en la cadena alimentaria humana, bien en la cadena alimentaria animal.

Ni las autoridades portuguesas, ni las españolas, ni las francesas han solicitado la exención de los toros de lidia de la aplicación de las disposiciones. Esta cuestión requiere un análisis detenido a la vista de los riesgos inherentes para la saluda humana y animal, la salvaguardias previstas y la viabilidad de los controles señalados. No obstante, cualquier posible modificación de la Decisión 98/653/CE de la Comisión requeriría la mayoría cualificada del Comité Veterinario Permanente. En caso de que no se consiga tal mayoría, la propuesta debe enviarse al Consejo para ser examinada de nuevo.

(1) DO L 311 de 20.11.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-3386/98

de Klaus-Heiner Lehne (PPE) a la Comisión

(17 de noviembre de 1998)

Asunto: Cese definitivo en sus funciones de funcionarios de las Comunidades Europeas

Mediante tres sentencias de 30 de septiembre de 1998 (Asuntos T-154/96, T-164/96, T-13/97), el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas ha aceptado el recurso presentado por 20 funcionarios del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Cuentas que han manifestado su interés en cesar definitivamente en sus funciones.

El Tribunal ha aceptado así la excepción de ilegalidad del Reglamento (CE, Euratom, CECA) del Consejo no 2688/95(1) por el que se establecen medidas especiales de cese definitivo en sus funciones de funcionarios de las Comunidades Europeas con motivo de la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia.

En sus sentencias, el Tribunal establece que el Consejo ha modificado sustancialmente el texto de la propuesta inicial de la Comisión, sobre el que el Parlamento había emitido dictamen el 12 de octubre de 1995(2), sin consultar de nuevo a este último, que había pedido explícitamente al Consejo que le consultase "en caso de que se proponga modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión".

¿Podría explicar la Comisión qué consecuencias piensa sacar de estas sentencias e indicar cuándo tiene la intención de presentar al Consejo una nueva propuesta de reglamento para paliar las lagunas que se censuran en las sentencias del Tribunal?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(8 de diciembre de 1998)

La propuesta de Reglamento que prevé la adopción de medidas especiales de cese definitivo en sus funciones de funcionarios comunitarios en el conjunto de las instituciones ha sido presentada oportunamente por la Comisión al Consejo, de modo que la Comisión no tiene la intención de tomar otras iniciativas en la materia.

La Comisión también desea informar a su Señoría de que el Consejo ha decidido presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, a raíz de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 30 de semptiembre de 1998 en los asuntos T-154/96 y T-13/97.

(1) DO L 280 de 23.11.1995, p. 1.

(2) DO C 287 de 30.10.1995, p. 186.
PREGUNTA ESCRITA P-3052/98

de Ursula Stenzel (PPE) a la Comisión

(2 de octubre de 1998)

Asunto: ECHO

En la audiencia a los miembros de la Comisión Emma Bonino, Erkki Liikanen y Anita Gradin, los miembros de la Comisión de Control Presupuestario criticaron duramente a la Comisión Europea por los casos de fraude en ECHO.

¿Podría informar la Comisión Europea sobre cuándo estará disponible la evaluación interna sobre los denominados "submarinos" mencionada por el Comisario Liikanen en la reunión de la Comisión de Control Presupuestario?

¿Podrá garantizar el Comisario, una vez realizada la revisión, que dichos hechos no podrán volver a repetirse en el futuro?

¿Podría explicar la Comisión, de forma concluyente y comprensible para los ciudadanos de la UE, por qué el informe de la UCLAF no es remitido íntegramente al PE?

Respuesta del Comisario Liikanen en nombre de la Comisión

(20 de noviembre de 1998)

La Comisión ha llevado a cabo una investigación minuciosa sobre la utilización de ayuda técnica y administrativa exterior. El 5 de noviembre de 1998 se presentó a la Comisión de Presupuestos del Parlamento una primera síntesis global de los resultados. En su momento se facilitará a la Autoridad Presupuestaria información más detallada en la segunda lectura del presupuesto de 1999.

La Comisión pone todo su empeño para que la evaluación a la que se refiere Su Señoría esté disponible rápidamente, habida cuenta de los plazos necesarios para recoger y analizar los resultados de la investigación actualmente en curso.

La Comisión velará por que se adopten las medidas adecuadas para corregir definitivamente las situaciones irregulares que se descubran.

La Comisión, como lo indicó el Presidente Santer con motivo de la primera sesión plenaria del mes de octubre de 1998, está examinando actualmente con el Parlamento los medios de proporcionar mayor información a esta última Institución sobre las investigaciones que lleva a cabo el Grupo de Trabajo "Coordinación de la lucha contra el fraude", respetando siempre la obligación de no perjudicar los derechos de las personas ni de violar la confidencialidad de las investigaciones y el secreto de la instrucción.

A este respecto, el Presidente ya ha tomado la iniciativa de remitir directamente al Presidente del Parlamento el informe del Grupo de Trabajo "Coordinación de la lucha contra el fraude".
PREGUNTA ESCRITA E-2902/98

de Robin Teverson (ELDR) a la Comisión

(2 de octubre de 1998)

Asunto: Directiva 96/23/CE

¿Han aplicado ya íntegramente todos los Estados miembros la Directiva 96/23/CE(1)? ¿Están cumpliendo íntegramente los Estados miembros los requisitos relativos a la recopilación de información? ¿Cuáles han sido los resultados de las pruebas relacionadas con las hormonas del crecimiento ilegales?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(13 de noviembre de 1998)

La Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa a las medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos y por la que se derogan las Directivas 85/358/CEE y 86/469/CEE y las Decisiones 89/187/CEE y 91/664/CEE ha sido aplicada por 11 Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y Reino Unido). Francia ha aplicado la Directiva parcialmente, mientras que Irlanda, Italia y Portugal no lo han hecho aún. La Comisión ha incoado procedimientos de infracción contra los Estados miembros que todavía no han aplicado la Directiva.

En 1998, todos los Estados miembros han presentado un plan nacional de residuos y la Comisión ha adoptado las decisiones oportunas según el dictamen favorable del Comité Veterinario Permanente.

La Comisión enviará directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento los resultados de las pruebas de 1996. La Comisión no dispone aún de datos sobre los resultados de las pruebas realizadas en 1997 en relación con las hormonas del crecimiento ilegales, pero está intentando recoger estos datos. Respecto a 1998, la Directiva obliga a los Estados miembros a comunicar a la Comisión los resultados el 31 de marzo de 1999 como fecha límite.

(1) DO L 125 de 23.5.1996, p. 10.
PREGUNTA ESCRITA E-3219/98

de Anita Pollack (PSE) a la Comisión

(26 de octubre de 1998)

Asunto: Primeros auxilios para conductores

¿Ha considerado la Comisión la idea de que una formación en materia de primeros auxilios sería útil como parte de las modificaciones necesarias para la obtención del permiso de conducción?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(8 de diciembre de 1998)

Los puntos 2 y 7 del Anexo II de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción(1), contienen disposiciones relativas a la formación en materia de primeros auxilios dentro de las cualificaciones necesarias para conducir. El punto 2.13 establece que "los conductores deberán poder demostrar que poseen conocimientos y una buena compresión de las normas generales que especifican el comportamiento que debe adoptar el conductor en caso de accidente (balizar, alertar) y medidas que puede adoptar, si procede, para socorrer a las víctimas de accidentes de carretera". El punto 7.2 establece que el contenido de la prueba teórica para todas las categorías de vehículos debe referirse al punto 2.13 y que "el contenido de los puntos se dejará a iniciativa de cada Estado miembro" (punto 7.2.1).

Toda vez que esta Directiva no entró en vigor hasta el 1 de julio de 1996, parece prematuro proponer modificaciones hasta que la experiencia demuestre si las disposiciones mencionadas resultan o no satisfactorias.

(1) DO L 237 de 24.8.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-3946/98

de Anita Pollack (PSE) a la Comisión

(4 de enero de 1999)

Asunto: Pesca sostenible

¿Ha examinado la Comisión su política de financiación pesquera con objeto de recompensar la pesca respetuosa con el medio ambiente, ofreciendo, por ejemplo, incentivos para la gestión ecológica de los recursos y las actividades de conservación de la naturaleza y penalizando la sobreexplotación comercial de las reservas pesqueras en declive?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión

(7 de abril de 1999)

En el contexto de los programas de los Fondos Estructurales, os Estados miembros y la Comisión están encargados de evaluar la incidencia de la financiación comunitaria, cuyas reglas aprueba el Consejo, en los sectores y las regiones interesados, incluido el sector de la pesca. Asimismo, la Comisión ha cofinanciado varios proyectos de investigación científica dedicados a la incidencia de las ayudas sobre la evolución de la capacidad de captura, y, a largo plazo, sobre los recursos. Las actividades correspondientes aparecen recogidas en el catálogo de proyectos FAIR(1) e incluyen los proyectos FAIR 1454, 3541 y 3936.

La Comisión confirma que las ayudas para la modernización no deben poner en peligro los objetivos de conservación de los recursos. Además, la utilización de artes y métodos de pesca más selectivos constituye uno de los criterios esenciales para la concesión de ayudas comunitarias.

La reglamentación de la explotación de los recursos de la pesca mediante TAC y cuotas de captura, o mediante medidas normativas aplicables a los esfuerzos de pesca por pesquerías, limitan la sobreexplotación de las poblaciones de peces, fomentando paralelamente una pesca responsable. Por otro lado, cada Estado miembro es libre de fijar las normas de repartición internas que considere oportuno, entre las que se hallan las que respetan mejor los recursos y el medio ambiente.

Todo incumplimiento de estas disposiciones de la normativa comunitaria puede sancionarse mediante los procedimientos contemplados en el artículo 169 del Tratado. Por otro lado, la Comisión acaba de adoptar una propuesta de Reglamento del Consejo(2) que recoge las conductas que infringen gravemente las normas de la PPC, entre las que está la sobrepesca. Aunque este Reglamento no conducirá a una armonización de las sanciones a nivel comunitario, contribuirá a incrementar la transparencia en la aplicación de las reglas de la PPC.

(1) Project synopses. Volume VI: Fisheries & aquaculture (FAIR: 1994-1998).

(2) COM(99)70 final.
PREGUNTA ESCRITA P-3992/98

de David Hallam (PSE) a la Comisión

(21 de diciembre de 1998)

Asunto: Prohibición de antibióticos

La Comisión proyecta prohibir, sobre la base de recomendaciones científicas, los cuatro productos siguientes:

- bacitracina-cinc,

- virginiamicina,

- espiramicina y

- tilosina.

Existe una cierta inquietud, porque dicha medida reduciría la competitividad de la agricultura europea, mientras que los productos citados podrían utilizarse aún en la cría de aves y otros animales en terceros países y seguir constituyendo una amenaza para la salud pública, si se utilizaran en exceso.

¿Puede explicar la Comisión qué medidas piensa tomar para impedir la importación de carne y aves u otros animales a los que se hayan administrado los citados antibióticos?

Respuesta del Sr. Fischler En nombre de la Comisión

(29 de enero de 1999)

En la reunión del Consejo donde se acordó suspender la utilización de las sustancias mencionadas por Su Señoría como activadores del crecimiento también se trató de las consecuencias de la importación de animales vivos y productos alimenticios de origen animal de terceros países.

El Consejo y la Comisión reconocieron la importancia de la dimensión exterior de este expediente. Por ello, pusieron de manifiesto su empeño común de garantizar la protección de la salud de los consumidores sin dejar de cumplir los compromisos internacionales de la Comunidad.

Como resultado de ese debate, se invitó a la Comisión a presentar, antes del 30 de junio de 1999, un informe sobre las implicaciones económicas, legales y sanitarias de la cuestión de la resistencia a los antibióticos en relación con la dimensión exterior anteriormente mencionada.
PREGUNTA ESCRITA n. 3887/98 del Glenys KINNOCK a la Comisión. Kansalaisjärjestöille myönnettävän tuen hakumenettely



Diario Oficial n° C 297 de 15/10/1999 p. 0111



PREGUNTA ESCRITA E-3887/98 de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión (4 de enero de 1999) Asunto: Procedimiento de solicitud de financiación de ONG ¿Podría indicar la Comisión los criterios en los que se basa a la hora de evaluar y establecer prioridades con respecto a las solicitudes de financiación de ONG con cargo a la partida B7-6000?
PREGUNTA ESCRITA E-4065/98

de Esko Seppänen (GUE/NGL) al Consejo

(15 de enero de 1999)

Asunto: Reglamentos Wassenaar

La organización Wassenaar, heredera de las actividades desarrolladas por la organización COCOM durante la guerra fría, ha decidido acceder a los intereses de los EE.UU. y de sus servicios secretos y no liberalizar la exportación de tecnología criptográfica, lo que cuestiona el principio de libre comercio de servicios en el ámbito de la UE. ¿Cómo se elabora en la UE el reglamento sobre el procedimiento de autorización especial de la exportación de tecnología criptográfica acordado en Wassenaar? ¿Cómo justifica el Consejo jurídicamente la aprobación de tal restricción a la libertad de comercio?

Respuesta

(22 de abril de 1999)

Como sabe Su Señoría, todos los Estados miembros participan en el Acuerdo Wassenaar. Este régimen de control de exportaciones responde a la necesidad de garantizar que los países participantes aplican controles adecuados de las exportaciones en caso de transferencias de productos de doble uso y de la tecnología militar conexa.

Los compromisos contraídos por los Estados miembros con arreglo al Acuerdo "Wassenaar" así como con arreglo a otros regímenes de control de las exportaciones, han quedado recogidos en un sistema integrado de la UE: el Reglamento (CE) 3381/94 de 19 de diciembre de 1994 (base jurídica artículo 113 del Tratado CE) y la decisión del Consejo 94/942/PESC de 19 de diciembre de 1994 (base jurídica artículo J.3 del Tratado de la Unión) en lo que se refiere a los aspectos PESC.

Con arreglo a los procedimientos establecidos en el Tratado, las modificaciones de las listas correspondientes, convenidas en el marco Wassenaar, han quedado incluidas en el régimen de productos de doble uso establecido por la Unión Europea.

La Comisión presentó recientemente una propuesta de Reglamento (CE) del Consejo, basado exclusivamente en el artículo 113, por la que se modifica, actualiza y completa el régimen comunitario de control de las exportaciones de productos y tecnología de doble uso. El Consejo estudia actualmente esta propuesta.
PREGUNTA ESCRITA E-4113/98

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(14 de enero de 1999)

Asunto: Higiene de los productos alimenticios: aplicación de la Directiva 93/43 CEE

¿Está informada la Comisión de los problemas en la aplicación de la Directiva 93/43 CEE(1) derivados de la falta de competencias de la autoridades sanitarias de los puertos para subir a bordo de buques y aviones con el fin de inspeccionar y comprobar el cumplimiento de las normas de higiene de los productos alimenticios? Si es necesario subir a bordo de buques y aviones para comprobar que se cumplen las normas de la directiva, ¿no están los Estados miembros obligados a otorgar las competencias necesarias a las correspondientes autoridades de inspección sanitaria?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de Comisión

(24 de febrero de 1999)

La Directiva 93/43/ CEE de 14 de junio de 1993 relativa a la higiene de los productos alimenticios se aplica a los agentes del sector alimenticio que se ocupan de una amplia gama de actividades, tales como la preparación, transformación, fabricación, embalaje, depósito, transporte, distribución, tratamiento, venta y suministro de productos alimenticios.

Con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 2, 4 y 11 de la Directiva 89/397/CEE de 14 de junio de 1989(2) relativa al control oficial de los productos alimenticios, es responsabilidad de las autoridades que se encargan del control alimentario en cada Estado miembro asegurarse de que la industria del sector alimentario respete todas las medidas nacionales y europeas que se aplican a los productos alimenticios a través de inspecciones, muestreos, exámenes de documentación escrita y otras actividades de control.

Además, los Estados miembros deben garantizar que los inspectores tengan los derechos necesarios para realizar actividades de control de cumplimiento de las normas. En los textos jurídicos mencionados no hay una referencia específica a la facultad de acceso para estos inspectores, aunque se puede asumir que sería imposible realizar actividades de cumplimiento de la ley en el sector alimentario si el acceso no estuviera permitido.

(1) DO L 175 de 19.7.1993, p. 1.

(2) DO L 186 de 30.6.1989.
PREGUNTA ESCRITA E-3612/98

de Luciano Vecchi (PSE) a la Comisión

(3 de diciembre de 1998)

Asunto: Reconocimiento de DOP e IGP para el vinagre balsámico

La Comisión tiene actualmente en estudio la solicitud, presentada en los pasados meses por las autoridades italianas, relativa al reconocimiento de Denominación de Origen Protegida (DOP) para el vinagre balsámico tradicional de Módena y para el vinagre balsámico de Reggio Emilia, así como de la Indicación Geográfica de Procedencia (IGP) para el vinagre balsámico de Módena.

Este reconocimiento es de importancia fundamental para la protección y valorización de productos de elevada calidad y con características únicas.

1. ¿Podría la Comisión dar a conocer su opinión sobre dicha solicitud?

2. ¿En qué plazos piensa conceder los mencionados reconocimientos de DOP e IGP?

Respuesta del Sr. Fischler En nombre de la Comisión

(21 de diciembre de 1998)

En enero de 1994, el Gobierno italiano, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (CEE) 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios(1), comunicó a la Comisión las denominaciones legalmente protegidas a escala nacional o consagradas por el uso que deseaba que se registrasen como denominaciones de origen protegidas (DOP) o indicaciones geográficas protegidas (IGP).

Entre las denominaciones legalmente protegidas a escala nacional figuraba "aceto balsamico y aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia", que el Gobierno italiano pedía se registrase como DOP. Sin embargo, el pliego de condiciones inicialmente remitido a la Comisión hablaba de tres productos diferentes: "aceto balsamico tradizionale di Modena", "aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" y "aceto balsamico di Modena", por lo que la Comisión inició una abundante correspondencia al respecto con el Gobierno italiano que desembocó en 1998 en la solicitud del Gobierno italiano de escindir en tres solicitudes separadas (una para cada producto) la solicitud de registro inicial.

Corresponde ahora a la Comisión pronunciarse sobre cada una de las tres solicitudes de registro presentadas, basándose en los criterios enunciados en el Reglamento (CEE) 2081/92. La Comisión es absolutamente consciente tanto de la importancia de esos productos como del hecho de que el fomento de productos con determinadas características puede ser una baza importante para el mundo rural. Si las solicitudes de registro cumplen las condiciones prescritas por el Reglamento (CEE) 2081/92, se propondrá el registro de esos productos con arreglo al procedimiento previsto por dicho Reglamento.

(1) DO L 208 de 24.7.1992.