PREGUNTA ESCRITA E-0481/03

de Antonios Trakatellis (PPE-DE) a la Comisión

(20 de febrero de 2003)

Asunto: Aplicación del principio de solidaridad para afrontar las repercusiones socioeconómicas debidas a las fuertes presiones migratorias en los Estados miembros (art. 63 del Tratado CE)

En los últimos decenios, Europa se ve sometida a fuertes presiones migratorias, con el consiguiente incremento de peticiones de asilo en los Estados miembros de UE y la explosiva intensificación del fenómeno de la inmigración clandestina, es decir la entrada y residencia ilegales de inmigrantes de terceros países en el territorio de la UE. Por otra parte, las limitadas medidas aprobadas u ocasionalmente propuestas (por ejemplo, la Directiva 2001/55/CE(1), el servicio SCIFA+, la propuesta de creación de un cuerpo europeo de protección de fronteras, etc.) no son suficientes para afrontar este fenómeno en la UE. La situación sigue siendo poco clara y especialmente preocupante en lo concerniente a las presiones migratorias de terceros países, principalmente desplazamientos masivos de población debidos a crisis locales.

Habida cuenta de que los Tratados prevén expresamente el reparto, entre los Estados miembros, de los costes relativos a la acogida y a las repercusiones de la acogida de refugiados y desplazados (letra b) del apartado 2 del artículo 63 del Tratado CE), ¿cómo se va a hacer frente, basándose en las normas actuales, a las olas de refugiados debidas a una guerra inminente y, exactamente, de qué forma se prevé que funcione en la práctica el principio de solidaridad y la justa distribución de los costes entre los Estados miembros para afrontar estas situaciones y acoger a los refugiados, tal y como está estipulado en los Tratados?

Tomando como base los mecanismos comunitarios existentes para afrontar crisis económicas imprevistas y conociendo los límites de tolerancia de cada economía, ¿qué mecanismos están previstos en el caso de un desplazamiento masivo de población cuya repercusión directa sea una grave crisis que implique la desestabilización social, política y económica de una región de la Unión? ¿Cuáles son los límites de tolerancia de los Estados miembros o de una región de la UE en tales situaciones?

Habida cuenta de que, en un discurso pronunciado el 12 de junio de 2002, el Presidente de la Comisión Europea, el Sr. Prodi, subrayó la preocupación de los ciudadanos europeos respecto a la inmigración ilegal e insistió en la necesidad de reforzar urgentemente los controles en nuestras fronteras exteriores, ¿cuáles son los progresos realizados, teniendo en cuenta los acontecimientos recientes? ¿Tiene la Comisión la intención de proponer, basándose en el principio de solidaridad, la creación de un fondo específico para hacer frente a situaciones urgentes, destinado a los Estados miembros sometidos a fuertes presiones migratorias?

(1) DO L 212 de 7.8.2001, p. 12.

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(2 de abril de 2003)

Tal como señala acertadamente Su Señoría, la letra a) del apartado 2 del artículo 63 del Tratado CE prevé la aprobación de medidas con el fin de garantizar un equilibrio entre los esfuerzos realizados por los Estados miembros para acoger refugiados y desplazados y asumir las consecuencias de este esfuerzo.

Sobre esta base, la Unión se dotó de dos instrumentos:

- El primero, es el Fondo Europeo para los Refugiados (FER), establecido mediante la Decisión 2000/596/CE del Consejo de 28 de septiembre de 2000 por la que se crea el Fondo Europeo para los Refugiados(1). Se trata de un instrumento de solidaridad financiera por medio del cual se distribuyen recursos comunitarios entre los Estados miembros proporcionalmente a los solicitantes de asilo que reciben y el número de refugiados y desplazados que residen en su territorio. Su presupuesto es de 216 millones de euros durante cinco años, incluyendo una reserva de 10 millones de euros al año destinada a hacer frente a las primeras necesidades en caso de afluencia masiva.

- El segundo, es la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida, a la que Su Señoría se refiere en su pregunta. Esta Directiva establece no sólo las modalidades de concesión de la protección temporal y el régimen aplicable a las personas acogidas sino también un mecanismo de solidaridad entre Estados miembros basado en la capacidad de acogida de cada uno y un programa de retorno voluntario. Entre las medidas de solidaridad previstas, dispone que en caso de que el número de personas que puedan acogerse a la protección temporal a raíz de una afluencia masiva repentina supere la capacidad de acogida (), el Consejo estudiará la situación con carácter urgente y adoptará las medidas oportunas, incluyendo recomendar ayuda adicional para los Estados miembros afectados.

Las medidas adoptadas en aplicación de la Directiva se benefician del apoyo del FER mediante el desbloqueo de los créditos en reserva. Si el importe es insuficiente para cubrir las necesidades en caso de afluencia masiva, se concederá un aumento de los fondos concedidos con el acuerdo de la autoridad presupuestaria.

El principio de un equilibrio entre los esfuerzos realizados por los Estados miembros no se enuncia explícitamente en el Tratado CE en relación con la política de inmigración; no obstante, contribuye a inspirar la reflexión en materia de lucha contra la inmigración clandestina y la residencia ilegal, incluida la repatriación de los residentes ilegales y la gestión de las fronteras exteriores.

A este respecto, la Comisión invita a Su Señoría a remitirse a la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a una política común de inmigración ilegal(2) de 15 de noviembre de 2001.

La Directiva 2001/40/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países(3), y la Propuesta de Decisión del Consejo(4) por la que se establecen los criterios y modalidades prácticas para la compensación de los desequilibrios financieros resultantes de la aplicación de dicha Directiva, constituyen un ejemplo de la manera en que la solidaridad se va imponiendo progresivamente en este ámbito.

Por lo que se refiere a la gestión de las fronteras exteriores, la Comunicación de la Comisión adoptada el 7 de mayo de 2002(5) propuso establecer progresivamente una política común de gestión integrada de las fronteras exteriores sobre la base del Título IV del Tratado CE y el desarrollo del acervo de Schengen. El objetivo propuesto por la Comisión consiste en estructurar acciones que garanticen su continuidad en el marco de una política que incluya cinco componentes esenciales: un corpus común de legislación comunitaria; un mecanismo común de concertación y cooperación operativa entre los directores de los servicios responsables de las fronteras exteriores; una evaluación común e integrada de los riesgos en la Unión; personal formado en la dimensión europea y equipamiento interoperativo y, por último, y a más largo plazo, una división de la carga entre los Estados miembros con vistas a la creación de un Cuerpo europeo de guardia fronteras.

Inspirándose principalmente en las propuestas de la Comisión, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) adoptó el 13 de junio de 2002 el Plan de gestión de las fronteras exteriores(6) en el que se incluía una lista de acciones que debían ser realizadas según un calendario que abarcaba desde junio de 2002 a junio de 2007. El Consejo Europeo de Sevilla (los días 21 y 22 de junio de 2002) saludó las propuestas de la Comisión y el Plan adoptado por el Consejo JAI, y pidió acelerar la realización de algunos objetivos como la organización de acciones conjuntas en las fronteras exteriores, la puesta a punto de un modelo de análisis de riesgos para las fronteras exteriores o la introducción de un curso común de formación de los agentes responsables del control y la vigilancia de las fronteras exteriores.

Hasta el presente, la creación de un Cuerpo europeo de guardias de frontera no ha obtenido el consenso de los Estados miembros. No obstante, recientemente se han formado equipos multinacionales que han participado en el Mar Mediterráneo y en las fronteras terrestres de la Unión en experiencias innovadoras de control y vigilancia de las fronteras exteriores. Varios Estados miembros participaron poniendo a disposición por un período de tiempo determinado personal y, a veces, también equipamiento. La Comisión considera que el tipo de acción en común puede prefigurar formas operativas de división de la carga que están en el espíritu de las propuestas contenidas en su Comunicación de 7 de mayo de 2002.

Por último, Su Señoría deberá tener en cuenta que la acción exterior de la Comunidad puede contribuir, directa o indirectamente, a mitigar la presión migratoria apoyando la acogida de refugiados y desplazados en la región.

(1) DO L 252 de 6.10.2000.

(2) COM(2001) 672 final.

(3) DO L 149 de 2.6.2001.

(4) COM(2003) 49 final.

(5) COM(2002) 233 final.

(6) Documento del Consejo no 10019/02 LIMITE FRONT 58 COMIX 398 de 14 de junio de 2002.