PREGUNTA ESCRITA P-2714/97 de Johanna Maij-Weggen (PPE) a la Comisión (28 de julio de 1997)

Asunto: Medidas de salvaguardia

¿Conoce la Comisión las repercusiones socioeconómicas que las medidas de salvaguardia relativas a la exportación de arroz desde las Antillas Neerlandesas/Aruba han tenido sobre esta pequeña isla, donde numerosas empresas arroceras se han visto obligadas a cerrar, más de 500 trabajadores se han quedado en el paro, las actividades portuarias se han visto seriamente afectadas y todo ello ha repercutido de manera negativa sobre el clima inversor general de la isla?

¿Podría indicar la Comisión si consideró de antemano las repercusiones socioeconómicas de las medidas de salvaguardia sobre los países y territorios de ultramar (PTU) y cuál es su reacción en la actualidad?

¿Es consciente la Comisión de que las medidas de salvaguardia contra las Antillas Neerlandesas/Aruba han ocasionado series dificultades a más de 10.000 campesinos en Guyana y Suriname?

¿Está al corriente la Comisión de que comerciantes españoles han adquirido a precios dumping parte del arroz en cuestión -ahora almacenado en graneros de Suriname y Guyana- con lo cual acabará por introducirse en la Comunidad? ¿Podría aclarar la Comisión por qué motivo los países y territorios de ultramar no pueden exportar a la Comunidad ese mismo arroz tipo Indica, pero sí puede exportarse si lo tramitan comerciantes españoles?

¿Tiene intención la Comisión de continuar con su política de salvaguardia, que tantos daños ha ocasionado en países del Tercer Mundo, o está dispuesta a buscar una solución de compromiso aceptable para todas las partes? ¿Cuáles son sus propuestas concretas?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (10 de septiembre de 1997)

Las medidas de salvaguardia referentes a la importación de arroz originario de los países y territorios de ultramar (PTU), que figuran en los Reglamentos (CE) no 304/97 y (CE) no 1036/97 del Consejo ((DO L 51 de 21.2.1997 y DO L 151 de 10.6.1997. )), se establecieron como consecuencia de graves perturbaciones en el mercado comunitario del arroz. Si se considera que, después de tres meses de aplicación de la segunda medida de salvaguardia, no se ha alcanzado aún la cuota de 69.610 toneladas y que, entre el 1 de septiembre de 1996 y el 15 de julio de 1997, se importaron 157.000 toneladas de arroz en equivalente de arroz blanqueado de los PTU, mientras que, en el mismo período de la campaña anterior, cuando no se aplicaba ninguna medida de salvaguardia, se habían importado 185.000 toneladas, es difícil creer que estas medidas puedan tener las consecuencias negativas en la actividad económica e industrial de los PTU a que alude Su Señoría. Además, el Tribunal de Primera Instancia ha desestimado dos solicitudes del Gobierno de las Antillas neerlandesas y de la sociedad Antillean Rice Mills encaminadas a obtener mediante recurso una suspensión de las medidas de salvaguardia, puesto que las partes demandantes no probaron ningún daño grave e irreparable para los agentes económicos y para la situación macroeconómica de las Antillas neerlandesas. Es necesario también recordar que, desde 1993, la Comisión ha advertido varias veces acerca del riesgo de inversiones especulativas en los PTU.

Los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) tienen la posibilidad de exportar directamente a la Comunidad 125.000 toneladas de arroz en equivalente de arroz descascarillado con derechos reducidos, pero esta cuota sólo se utilizó muy parcialmente debido a la «ruta PTU», que se ha utilizado también ampliamente en 1996-1997. Por otro lado, la Comisión ayuda desde hace años a los productores de arroz de Surinam y de Guayana a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), con el fin de mejorar la competitividad de su producto y a diversificar su mercado de exportación.

Vista la situación crítica del mercado del arroz europeo (compras de arroz indica en intervención y exportaciones con restitución en un mercado deficitario) causada sobre todo por las importaciones de los PTU, la aplicación de medidas de salvaguardia era inevitable. No obstante, la Comisión siempre ha defendido la necesidad de encontrar un compromiso en el Consejo entre los intereses de desarrollo de los PTU y la política agrícola común, a través de una limitación cuantitativa de las importaciones de arroz de este origen. Esta solución, aceptada desde noviembre de 1996 por catorce Estados miembros y rechazada por los Países Bajos, se está debatiendo actualmente en el Consejo.