PREGUNTA ESCRITA P-3345/02

de Vitaliano Gemelli (PPE-DE) a la Comisión

(19 de noviembre de 2002)

Asunto: Criterios para la selección de directores generales y otros cargos directivos en la Comisión Europea

Las respuestas de la Comisión a las preguntas escritas E-1268/02(1) y E-0286/02(2) requieren un examen más detallado. En efecto, si la situación es la que expone la Comisión, hay que constatar que las críticas formuladas reiteradamente por el sindicato R & D carecen de fundamento. Ahora bien, nos sorprende, por una parte, el hecho de que la Comisión no haya creído necesario intervenir para defender la honorabilidad de las personas comprometidas en las notas y cartas de R & D. Por otra parte, los detalles que se facilitan en éstas son suficientemente explícitos para identificar los casos de nepotismo a los que se hace referencia. No se trata pues de comprender cómo R & D consiguió saber anticipadamente los nombres de los candidatos que se seleccionarían después, sino de tranquilizar a la opinión pública sobre el hecho de que los nombramientos no obedecieron a consideraciones de reparto entre países, como ha constatado recientemente el TPI ratificando el nombramiento de un subdirector general, habida cuenta, entre otras cosas, de que los altos cargos de la DG de Agricultura se han venido repartiendo desde 1973 entre cinco grandes países. Otro ejemplo podría ser el procedimiento aplicado para el nombramiento del Director de Seguridad, cargo para el que resulta verosímil la elección de un candidato que es ahora agente temporal y que ya fue miembro de un servicio de inteligencia de un Estado miembro entre 1980 y 1996.

A la luz de cuanto precede, ¿no cree la Comisión que los procedimientos de selección que se utilizan actualmente no permiten eliminar todas las duda razonables sobre la transparencia del nombramiento de sus altos cargos?

¿No cree también la Comisión que las sentencias dictadas por el TPI y por el Tribunal de Justicia en la materia cuestionan claramente estos procedimientos en relación con la supuesta evaluación objetiva de la capacidad de dirección y de la competencia profesional de los candidatos? ¿Cuántos nombramientos de funcionarios A1, A2 y A3 se han anulado a raíz de las sentencias del TPI y del Tribunal de Justicia en los últimos tres años?

(1) DO C 277 E de 14.11.2002, p. 173.

(2) DO C 205 E de 29.8.2002, p. 107.

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(6 de enero de 2003)

En los pasquines del sindicato citado no se mencionaba, de hecho, el nombre de ninguna persona en concreto, por lo que sería difícil, si no imposible, para la Comisión reaccionar de modo alguno en tales circunstancias.

Sin embargo, el artículo 24 del Estatuto de los Reglamentos y reglamentaciones aplicables a los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas permite a la Comisión asistir a los funcionarios que así lo soliciten en los procedimientos iniciados contra los autores de amenazas, ultrajes, injurias o difamaciones.

En lo que concierne a la afirmación acerca de la existencia de un sistema de cuotas por países, desearía señalar a Su Señoría que, en su primera reunión, celebrada el 18 de septiembre de 1999, la actual Comisión subrayó que la nacionalidad del funcionario que haya ocupado previamente un cargo determinado no debe ser un factor a tener en cuenta al efectuar un nuevo nombramiento para

el cargo en cuestión, reafirmando de este modo las disposiciones del artículo 27 del Estatuto, según las cuales ningún puesto de trabajo puede estar reservado a nacionales de un Estado miembro determinado. Desde la entrada en funciones de la actual Comisión, se han producido en varias ocasiones cambios entre los efectivos de las categorías A1 (Directores Generales o equivalente) y A2 (Directores o equivalente); la última ocasión en la que ello sucedió fue en noviembre de 2002. A lo largo de los últimos tres años se han efectuado cerca de 60 nombramientos en la categoría A1 (incluidos los traslados). Estos cambios se han producido en el contexto de un total de 62 puestos de nivel A1 dentro de la Comisión. De forma análoga, se han realizado aproximadamente 117 nombramientos (incluidos los traslados) en la categoría A2, dentro de unos efectivos totales de 223 puestos. Cabe señalar que, en el contexto de estos amplios cambios, las personas que han ocupado sucesivamente los cargos han sido en muy pocas ocasiones de la misma nacionalidad. Las distintas decisiones sobre nombramientos (incluidas las adoptadas en el contexto de la movilidad) ponen de manifiesto que la Comisión está aplicando de forma efectiva la política que había enunciado y está respetando lo establecido en el artículo 27 del Estatuto. La Comisión se esfuerza por llevar a cabo una política de nombramientos basada en la competencia, manteniendo, no obstante, un equilibrio geográfico razonable (tal como lo exige el Estatuto y el carácter multinacional y multilingüístico de la Institución), y no posee ni aplica un sistema de cuotas por países de ningún tipo.

Su Señoría hace referencia a dos casos concretos. En relación con el primero, cabe señalar que es errónea la afirmación de que el Tribunal de primera instancia dictó sentencia en contra del nombramiento de un subdirector general habida cuenta, entre otras cosas, de que los altos cargos de la DG Agricultura se han venido repartiendo desde 1973 entre cinco grandes países. El Tribunal de primera instancia no emitió ningún juicio sobre la validez o falta de validez de los argumentos del demandante sobre esta cuestión. Debe observarse, además, que el puesto en cuestión fue publicado cerca de ocho meses antes de la entrada en vigor de las nuevas normas de la Comisión relativas a la evaluación, selección y nombramiento de altos directivos de la Comisión. La sentencia del Tribunal no pone en cuestión ninguna de las nuevas medidas puestas en práctica por la Comisión desde diciembre de 2000. No obstante, la Comisión no ha adoptado una actitud complaciente ni en este ni en otros ámbitos. Los procedimientos de reclutamiento son objeto de un proceso de revisión continuo y están siendo constantemente perfeccionados. La designación de un Ponente permanente ante el Comité Consultivo de Nombramientos (de Altos Cargos) (el CCN) ha permitido mejorar considerablemente el flujo de información hacia los candidatos, lo cual contribuye no sólo a aumentar la transparencia sino también a ayudar a los candidatos para prepararse más adecuadamente de cara a nuevas posibilidades profesionales que puedan surgir en el futuro.

En relación con el segundo caso citado en la pregunta, la Comisión desconoce cuál puede ser el fundamento de la afirmación de Su Señoría, dado que el procedimiento de reclutamiento apenas se ha iniciado.

En cuanto a la última pregunta de Su Señoría, cabe señalar que, además del caso al que hace referencia, durante los últimos tres años los Tribunales solamente han anulado una decisión de nombramiento más. Debe observarse que, en este segundo caso, el procedimiento de reclutamiento se inició durante el mandato de la anterior Comisión. No obstante, la anulación de dos nombramientos a lo largo de los últimos tres años debe valorarse en el contexto de los más de 360 nombramientos de altos funcionarios efectuados durante el mismo período.