PREGUNTA ESCRITA E-2607/97 de Florus Wijsenbeek (ELDR) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Quejas sobre el sistema de multas belga para las empresas de transporte por carretera

¿Es consciente la Comisión de que el sistema de multas para conductores extranjeros en Bélgica es sumamente discriminatorio, dado que estos han de abonar las multas en el acto, cosa que no es necesaria para los conductores belgas?

Este sistema continuará en vigor hasta que se efectúe la adaptación de la legislación nacional a la europea, mientras que dicho sistema -como estipuló en su momento el Tribunal de Justicia en el caso C-29/95 E.Pastoors y Trans-Cap GMbH contra el Estado belga de 23.1.1997- atenta de pleno contra la legislación europea.

Las organizaciones de empresas de transporte por carretera de los Países Bajos han presentado recientemente ante la Comisión una denuncia contra la Administración belga, para solicitar la supresión inmediata de este sistema de multas que afecta a los conductores extranjeros.

¿Está al corriente la Comisión de otros hechos o datos sobre el funcionamiento de los sistemas de multas para conductores extranjeros en otros Estados miembros y de si dichos sistemas resultan también discriminatorios? ¿Está dispuesta la Comisión a inventarizar las situaciones discriminatorias en otros países y cotejarlas con la sentencia del Tribunal de Justicia previamente citada?

¿Está dispuesta la Comisión a examinar con celeridad la denuncia presentada por las empresas neerlandesas de transporte por carretera y a ocuparse de la implantación inmediata en Bélgica -y, eventualmente en otros Estados miembros- de un sistema de multas eficaz y equitativo, independientemente de futuros planes de adaptación de la legislación nacional a la europea?

En caso afirmativo, ¿de qué manera? En caso negativo, ¿por qué razón?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2607/97 y E-2930/97 dada por el Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (17 de octubre de 1997)

De vez en cuando la Comisión recibe quejas sobre la manera en que las autoridades de diversos Estados miembros ejercen sus actividades de control. En el caso de Bélgica, no se ha producido aumento exponencial alguno del número de quejas. La Comisión tiene conocimiento, no obstante, de la anomalía existente en la actualidad en el Derecho belga, según la cual los transportistas no residentes en Bélgica que en vez de proceder al pago inmediato de la multa optan por ir a juicio están obligados a abonar, por cada infracción, un importe más elevado. La Comisión ha solicitado de las autoridades belgas una confirmación oficial de que se están elaborando las modificaciones legislativas necesarias para corregir cuanto antes esta situación.

En otro ámbito distinto, pero relacionado con el anterior, la Comisión solicitará a todos los Estados miembros información sobre los regímenes de sanción que aplican en la actualidad, a fin de determinar si las prácticas de represión de las infracciones de algunos Estados miembros son discriminatorias para los nacionales de otros países. En esta comprobación se tendrá en cuenta la sentencia dictada en la materia por el Tribunal de Justicia (asunto C-29/95, E. Pastoors). Si los resultados que se obtengan justifican su intervención, la Comisión entrará en contacto con los Estados miembros interesados para hallar una solución al problema.

La Comisión no tiene indicios de que existan en Bélgica ni en Francia convenios específicos entre la gendarmería y las empresas de remolque de vehículos que pudieran plantear algún conflicto de interés. Tras la investigación de una denuncia concreta al respecto, las autoridades belgas garantizaron a la Comisión que no existe ningún acuerdo irregular entre la gendarmería y la empresa de remolque de vehículos y que se han dictado instrucciones a fin de que las prácticas de represión de las infracciones sean objeto de verificaciones periódicas.