ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/815

(2004/C 78 E/0865)

PREGUNTA ESCRITA E-3463/03

de Christos Folias (PPE-DE) a la Comisión

(21 de noviembre de 2003)

Asunto: Determinación de porcentajes máximos de ganancia en la comercialización de productos frescos

En Grecia, con arreglo al Decreto 14/1989 en materia de inspección de mercados, modificado por los Decretos 16/1991 y 2/1992, se fijan porcentajes máximos de ganancia en la comercialización de frutas y verduras frescas. Dichos porcentajes oscilan entre el 7 % y el 12 % para la venta al por mayor y entre el 25 % y el 40 % para la venta al por menor.

— ¿Está informada la Comisión de la existencia de dichos Decretos y su aplicación por las autoridades griegas?

— ¿Está permitido fijar un porcentaje máximo de ganancia en la venta de productos, tanto al por mayor como al por menor?

— En estas circunstancias, ¿cómo se garantiza la competencia razonable y cómo se salvaguarda la ley de la oferta y la demanda?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(28 de enero de 2004)

La Comisión no ha sido informada por las autoridades griegas sobre las medidas específicas introducidas por el Decreto de Mercado 14/1989 (1). Sin embargo los Estados miembros pueden adoptar medidas nacionales para hacer más eficaz la aplicación de una política nacional aplicable a un sector o industria específicos, y así lo hacen, aunque el sector esté cubierto por una organización común de mercado («OCM»).

Como Su Señoría sabe, en 1972 el Consejo adoptó una organización común del mercado en fruta y hortalizas (2). En los sectores donde se aplican OCM los Estados miembros no pueden en principio interferir libremente en los mecanismos de precios de la OCM, por ejemplo, aplicando leyes nacionales unilaterales que tengan el efecto directo o indirecto de fijar los precios de determinado sector. Esto sin embargo no prohíbe a Estados miembros como Grecia la adopción de medidas relativas a la formación de precios en las etapas al por menor y de consumo siempre que tales medidas no comprometan los objetivos o el funcionamiento de la OCM (3).

Sin embargo la Comisión señala que hay que distinguir entre la fijación de precios por las empresas y la legislación sobre precios adoptada por los poderes públicos. En este último caso los Estados miembros tienen la responsabilidad de respetar el artículo 3, el apartado 2 del artículo 10 y el artículo 81 y siguientes del Tratado CE.

Las reglas de competencia del Tratado (artículos 81 a 86) se aplican a las prácticas concertadas entre empresas tales como fijación de precios directa o indirecta. Con arreglo al artículo 36 del Tratado, las normas sobre competencia se aplican a la agricultura en la medida determinada por el Consejo en el marco de los requisitos de la Política Agrícola Común. Aunque con ciertas excepciones, el Reglamento (CEE) no 26/62 del Consejo (4) en general también permite aplicar las reglas de competencia a los productos agrícolas.

Sin embargo el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dictaminado que, por lo que se refiere a la aplicación de los artículos 3 y 81 del Tratado CE a las normas sobre precios, debe observarse que el propósito de tales normas no es obligar a los comerciantes a concluir acuerdos o tomar otras medidas del tipo prohibido por el apartado 1 del artículo 81, sino confiar la responsabilidad con respecto a los precios a los poderes públicos (5) y que los artículos 3 y 81 no prohíben la adopción por los Estados miembros de normas nacionales que establezcan que los precios de venta al por menor deban ser fijados por los poderes públicos (6).

Desde el punto de vista de las normas del Tratado CE sobre libre circulación de mercancías (artículos 28 a 30), debe considerarse que el margen de beneficio máximo debe calcularse sobre la base de un precio de compra que tenga en cuenta los costes de importación y adquisición soportados efectivamente por los minoristas, neutralizando así el impacto de la distancia y evitando obstáculos a los intercambios comerciales contrarios al artículo 28 del Tratado (7).

(1) Modificado por los Decretos de Mercado 16/1991 y 2/1992.

(2) Reglamento (CEE) no 1035/72 del Consejo, de 18 de mayo de 1972, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (DO L 118 de 20.5.1972) sustituido en 1996 por el Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996 (DO L 297 de 21.11.1996).

(3) Sentencia de 17.1.1980 en los asuntos conjuntos 95 y 96/79, Kefer y Delmelle (1980) REC, p. 103.

(4) Reglamento (CEE) no 26/62 del Consejo sobre la aplicación de determinadas normas sobre la competencia a la producción y al comercio de productos agrícolas, DO B 30 de 20.4.1962.

(5) Sentencia de 2 de julio de 1985 en el asunto 188/86 Lefevre ((1987)) REC 2963.

(6) Sentencia de 29 de enero de 1985 en el asunto 231/83 Cullet c. Leclerc ((1985)) REC 305.

(7) Sentencia de 24 de enero de 1978 en el asunto 82/77, Openbaar Ministerie c. Van Tiggele, (1978) REC 25.