PREGUNTA ESCRITA P-0901/00

de Robert Evans (PSE) a la Comisión

(21 de marzo de 2000)

Asunto: Operadores y guías turísticos

Al parecer, la Comisión Europea ya ha intervenido en esta cuestión en cierta medida en el pasado y tiene pleno conocimiento de las dificultades que encuentran los operadores turísticos que desean ejercer su derecho a trabajar en otros países de la UE.

Los miembros londinenses de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos se han puesto en contacto conmigo. Si bien reconocen la clara diferencia de formación con respecto a los guías turísticos, que ofrecen recorridos culturales por los diferentes monumentos históricos y museos, consideran que la ampliación de su definición y los excesivos criterios de cualificación exigidos a los guías turísticos (en algunos lugares, incluso la residencia), son unas restricciones desmesuradas.

Se cita como caso habitual la imposición de multas a operadores turísticos que guían a un grupo de viajeros del autobús al restaurante.

¿Proyecta la Comisión adoptar medidas adicionales para eliminar la confusión reinante y poner fin a tales restricciones?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(13 de abril de 2000)

La cuestión de las dificultades que encuentran los operadores turísticos al ejercer su profesión en el extranjero ya fue planteada a la Comisión por las organizaciones profesionales pertinentes, como la European Tour Operators Association, el European Travel & Tourism Action Group y la Unión Internacional de Transportes por Carretera. Sobre la cuestión en general, la Comisión quisiera recordar a Su Señoría las respuestas dadas a las preguntas escritas E-2615/96 del Sr. Kellett-Bowman(1) y E-0797/98 de la Sra. Daskalaki(2). El documento de trabajo de la Comisión sobre guías turísticos, aprobado en 1997, incluye todos los detalles importantes de la legislación comunitaria aplicable(3).

Su Señoría indica que la Asociación Internacional de Operadores Turísticos considera desmesuradas dos restricciones: la interpretación de la definición monumentos históricos y museos y las excesivas cualificaciones exigidas a los guías.

Sobre el primer punto, la Comisión observa que el Tribunal de Justicia, en sus sentencias sobre guías turísticos (sentencias de 26 de febrero de 1991 en los asuntos C-154/89, Francia, Rec. 1991, p. I-659; C-180/89, Italia, Rec. 1991, p. I-709, y C-198/89, Grecia, Rec. 1991, p. I-727), dictaminó de forma clara que supeditar la prestación de servicios de los guías turísticos a la posesión de una licencia profesional infringe la libertad de prestación de servicios cuando éstos consistan en guiar a los turistas en lugares distintos de museos o monumentos históricos que sólo puedan visitarse con un guía profesional especializado. Así pues, la prestación de servicios por parte de los guías turísticos procedentes de otros Estados miembros está limitada por esta excepción. En cuanto al tipo de museos y monumentos históricos sujetos a normas nacionales específicas, los guías turísticos deben cumplir la legislación nacional. La Comisión ha estudiado atentamente la legislación aprobada por los Estados miembros para ajustarse a estas sentencias y la considera compatible con el Derecho comunitario a la luz de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. La Comisión considera que, a falta de criterios detallados de interpretación establecidos por el Tribunal de Justicia, la excepción de museos o monumentos históricos que sólo puedan visitarse con un guía profesional especializado puede interpretarse a la luz del principio de proporcionalidad.

Con arreglo a este principio, las leyes nacionales que restringen las libertades establecidas en el Tratado CE deben ser proporcionadas a los fines perseguidos. El Tribunal de Justicia dictaminó que el objetivo de esta excepción es proteger el interés general de la promoción de las riquezas históricas y garantizar la mejor difusión posible de los conocimientos relativos al patrimonio artístico y cultural de un Estado miembro (véase la sentencia de 26 de febrero de 1991 en el asunto C-154/89, apartado 21). Así pues, la proporcionalidad de la legislación aprobada por cada Estado miembro para ajustarse a las sentencias sobre guías turísticos, para cada sitio o categoría de sitios incluidos en esta excepción, debería evaluarse según el requisito de un guía profesional especializado para proteger la valoración de las riquezas históricas y garantizar la mejor difusión posible de los conocimientos relativos al patrimonio artístico y cultural. Tal valoración depende fundamentalmente del Estado miembro afectado, pues las autoridades nacionales son las mejor situadas para evaluar los intereses históricos, culturales y artísticos locales. La Comisión considera que una interpretación demasiado amplia de esta excepción, que abarcara prácticamente todos los museos y monumentos históricos, podría entrar en contradicción con las sentencias del Tribunal de Justicia.

Sobre el segundo punto, a falta de armonización de la formación y de otras condiciones de acceso a la profesión, cada Estado miembro conserva la libertad de regular profesiones en su territorio y establecer el nivel de cualificaciones requeridas para su ejercicio. Cuando los Estados miembros regulan la profesión de guía turístico aplican la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años(4), y la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE(5). La Comisión no conoce ningún Estado miembro que exija la condición de residencia para reconocer la cualificación de guía turístico. La Comisión no ha recibido nunca ninguna queja ni sobre el rechazo de un Estado miembro a reconocer

una cualificación de guía turístico ni sobre la existencia de dificultades particulares en los procedimientos de reconocimiento en este sector. La Comisión solicita a las partes interesadas que pongan en su conocimiento la existencia de tales dificultades.

En lo que se refiere a la imposición de multas a operadores turísticos, es un problema cuyo origen principal parece ser una confusión entre la profesión de operador turístico y la de guía turístico. Con arreglo al principio de subsidiariedad, la responsabilidad de definir el alcance de ambas profesiones recae en los Estados miembros. Los hechos puestos hasta ahora en conocimiento de la Comisión a este respecto no indican una práctica que pudiera constituir una violación del Tratado CE. En todo caso, la Comisión quisiera recordar a Su Señoría que el artículo 49 (antiguo artículo 59) del Tratado CE (libertad de prestación de servicios) puede tener efecto directo y otorga a los particulares unos derechos que las autoridades nacionales deben respetar. Así pues, las partes interesadas pueden proteger mejor sus derechos invocando esta disposición ante los tribunales nacionales para la anulación dichas multas.

(1) DO C 72 de 7.3.1997.

(2) DO C 323 de 23.10.1998.

(3) SEC(97) 837 final.

(4) DO L 19 de 24.1.1989.

(5) DO L 209 de 24.7.1992.