PREGUNTA ESCRITA E-2153/01

de Francisca Sauquillo Pérez del Arco (PSE)y María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(18 de julio de 2001)

Asunto: Planta de gasificación de plásticos de Poligás en Ribesalbes (Comunidad Valenciana)

La planta Poligás, de obtención de gas a través de la incineración de plásticos, instalada recientemente en el municipio castellonense de Ribesalbes, ha empezado a funcionar con gran oposición por parte de los vecinos de la localidad y los grupos ecologistas.

Concretamente, los ciudadanos han venido denunciando que, entre otros:

- No existe evaluación de impacto ambiental. Únicamente se presenta una mera declaración de impacto ambiental realizada por el Gobierno valenciano, que presenta preocupantes deficiencias ya que, por ejemplo, omite toda referencia a emisiones de metales pesados, dioxinas y furanos.

- El proyecto de actividad, aunque estuvo sometido a exposición pública, no fue publicitado, de manera que la ciudadanía no supo de su existencia y no pudo presentar ningún tipo de alegaciones.

- Las instalaciones de la planta se encuentran situadas demasiado cerca del núcleo poblacional, con los correspondientes riesgos para la salud que ello supone (emisiones de gases altamente tóxicos, contaminación de las aguas, lluvia ácida, etc.).

- Se está realizando un incorrecto almacenamiento de los residuos plásticos (bidones procedentes de otras plantas que han contenido sustancias peligrosas).

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Directiva 84/360/CEE(1) sobre la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de instalaciones industriales, la Directiva 88/609/CEE(2) sobre la limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, la Directiva 2000/76/CE(3) sobre incineración de residuos (especialmente su artículo 12 sobre participación pública), la Directiva 90/313/CEE(4) sobre acceso a la información medioambiental, la Directiva 85/337/CEE(5) sobre evaluación de impacto ambiental y las diferentes normativas sobre protección de las aguas, y considerando así mismo tanto la gran oposición que la planta ha despertado entre la ciudadanía, como el papel de garante de la legislación comunitaria que le corresponde a la Comisión:

- ¿Estaría dispuesta la Comisión a verificar si la planta de Ribessalbes está funcionando dentro del respeto de los límites de emisiones, los criterios de almacenamiento de sustancias peligrosas y el buen estado de las aguas establecidos por la legislación comunitaria?

- ¿Podría determinar la Comisión si el proceso de aprobación de la planta se ha realizado atendiendo a la Directiva 85/337/CEE de impacto ambiental y a un correcto proceso de acceso a la información, tal y como prescribe la legislación comunitaria al respecto?

(1) DO L 188 de 16.7.1984, p. 20.

(2) DO L 336 de 7.12.1988, p. 1.

(3) DO L 332 de 28.12.2000, p. 91.

(4) DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.

(5) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(27 de septiembre de 2001)

La Comisión no tiene conocimiento de los hechos mencionados por Su Señoría.

Según la información disponible, la Comisión no puede pronunciarse sobre la posible aplicación incorrecta de la Directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1984, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales(1).

Por lo que se refiere a la Directiva 88/609/CEE del Consejo de 24 de noviembre de 1988 sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión(2), la información proporcionada por Su Señoría en su pregunta escrita no permite concluir que la Directiva es aplicable al caso en cuestión, ya que dicha Directiva sólo se aplica a las instalaciones de combustión cuya potencia térmica nominal sea igual o superior a 50 megavatios.

Las disposiciones de la Directiva 2000/76/CE del Parlamento y el Consejo de 4 de diciembre de 2000 relativa a la incineración de residuos(3) serán aplicables a partir del 28 de diciembre de 2005 a las instalaciones existentes y a partir del 28 de diciembre de 2002 a las nuevas instalaciones.

La Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente(4) prevé en su artículo 3 que las autoridades públicas deben poner la información relativa al medio ambiente a disposición de cualquier persona física o jurídica que lo solicite y sin que dicha persona esté obligada a probar un interés determinado.

El apartado 4 de dicho artículo precisa que las autoridades públicas deben responder al interesado cuanto antes y a más tardar en dos meses. La negativa a comunicar la información solicitada debe justificarse y basarse en una de las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 3.

Los hechos mencionados por Su Señoría no permiten a la Comisión establecer si se ha remitido a las autoridades españolas una solicitud de información a la que hubieran dado curso inadecuado, incurriendo, por tanto, en una posible violación de las disposiciones de la Directiva.

En el supuesto de que la autoridad competente haya rechazado una solicitud de acceso a la información, incumpliendo las disposiciones de la Directiva, correspondería al solicitante interesado interponer el recurso previsto en el citado artículo 4 de la Directiva a través de la legislación española de transposición.

La información proporcionada por Su Señoría no permite a la Comisión determinar si se ha incumplido la Directiva del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(5).

Por lo tanto, la Comisión enviará próximamente a las autoridades españolas una solicitud de información sobre los hechos denunciados, para comprobar que la legislación comunitaria vigente se aplica correctamente.

(1) DO L 188 de 16.7.1984.

(2) DO L 336 de 7.12.1988.

(3) DO L 332 de 28.12.2000.

(4) DO L 158 de 23.6.1990.

(5) DO L 175 de 5.7.1985.