PREGUNTA ESCRITA E-0654/02

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consejo

(19 de marzo de 2002)

Asunto: Lenguas en peligro de extinción en el mundo; las lenguas no oficiales de los Estados europeos: el gallego en el Estado español

El Atlas de las lenguas del mundo que corren el riesgo de desaparecer, que acaba de presentar la Unesco con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, señala que la mitad de las 6000 lenguas que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. El Atlas confirma que actualmente 3000 lenguas están en serio peligro de muerte en muchas partes del mundo. Por este motivo, el Director General de la Unesco, Koïchiro Matsura, ha afirmado que el reconocimiento en pié de igualdad de todas las lenguas es la única respuesta que está a la altura de la condición humana. En el Atlas se consideran diferentes zonas de crisis situadas en todas las regiones del mundo, desde Asia, como China, hasta las islas del Pacífico, pasando por Australia, Africa, América del Norte, incluidos los Estados Unidos, o las regiones del Artico y también la América Central y la América del Sur. Sin embargo, en el estudio también se pone de manifiesto la dramática situación de muchas lenguas europeas, no sólo fuera, sino también dentro de la misma Unión Europea. Dentro de la Unión, el Atlas considera amenazadas incluso lenguas que viven subordinadas y bajo el dominio real de la lengua oficial del respectivo Estado, a pesar de tener en su territorio específico el estatuto legal de lengua cooficial.

Tal es el caso del gallego, en el Estado español, que el Atlas considera lengua en peligro. A pesar de ser la lengua propia de Galicia y de ser comprendida por el 97 % y hablada por el 86 % de la población, la presión de la lengua oficial del Estado, en la administración, las empresas, los medios de comunicación o en la Iglesia, la realidad de ser el castellano la única lengua de conocimiento legalmente obligatorio y la falta de una acción política y educativa comprometida y eficaz de defensa y potenciación del uso del gallego por parte de las autoridades del Gobierno de Galicia, que

no cumplen con su obligación, son factores que actúan negativamente en la normalización del uso de una lengua como el gallego, que cuenta con una historia singular y con una literatura culta reconocida. Naturalmente, tales circunstancias legales, políticas y sociales influyen inevitable y negativamente en el uso normal y en la transmisión social y familiar de la lengua. Todo esto demuestra que la lengua gallega sola puede gozar de igualdad de condiciones con otras lenguas, en este caso con el castellano, como exige la condición humana y recuerda el Director General de la Unesco, pero lo cierto es que su estatuto legal se altera, tal como la actitud política y administrativa de las autoridades del Estado y de Galicia.

Es paradójico e inadmisible que determinadas circunstancias políticas del Estado español pongan en peligro en Galicia, precisamente el lugar donde nació, una lengua europea que, además de ser lengua propia de la nación gallega, es también una lengua universal, por formar parte del sistema lingüístico galaico-portugués, usado por centenares de millones de habitantes de cuatro continentes, particularmente en el Brasil.

Habida cuenta de tal situación, ¿qué medidas piensa tomar el Consejo y la Presidencia española para colaborar con la Unesco en la salvaguardia de la riqueza lingüística universal en peligro de extinción? ¿Qué medidas políticas y legales piensa tomar para garantizar que las lenguas europeas como el gallego tengan igual estatuto legal y condiciones sociales y culturales de desarrollo y uso normal iguales a las de las lenguas oficiales de los respectivos Estados? En caso de que no se alcance la igualdad de estatuto legal y político, ¿resultará que las naciones y regiones que tienen una lengua propia no tendrán otro remedio para mantenerla y defenderla que constituirse en Estados?

Respuesta

(26 de junio de 2002)

El Consejo remite a Su Señoría a la respuesta que ya facilitó a la pregunta H-0076/02 formulada por Josu Ortuondo Larrea con ocasión del turno de preguntas celebrado durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo de marzo de 2002, así como a la respuesta que facilitó a la pregunta E-0063/02 que planteó Su Señoría sobre este mismo tema.