PREGUNTA ESCRITA P-0906/02

de Karla Peijs (PPE-DE) a la Comisión

(25 de marzo de 2002)

Asunto: Discriminación de los extranjeros en el sistema belga de infracciones de tráfico

El año pasado formulé una pregunta a la Comisión (E-0830/01(1)) sobre la discriminación que sufren los extranjeros en Bélgica en lo que se refiere a las infracciones por exceso de velocidad. Ese mismo año la Comisión respondió que debía analizar la legislación belga en detalle antes de pronunciarse sobre este asunto. Ahora, un año más tarde, la situación no sólo no ha cambiado sino que, incluso, ha empeorado.

El Gobierno belga ha aumentado considerablemente la suma fijada en los acuerdos amistosos para las infracciones por exceso de velocidad (200 de multa por cada 10 km en los que se exceda el límite de velocidad), una decisión que sólo afecta a los extranjeros. Los acuerdos amistosos para los belgas aún están fijados en francos belgas y, por lo tanto, no se pueden cobrar ya que los francos belgas han dejado de ser una moneda de curso legal. Esta situación es inaceptable. El año pasado el Gobierno belga comunicó que el asunto no revestía carácter prioritario. Después de la última reforma, he llegado a la conclusión de que únicamente tienen prioridad las infracciones por exceso de velocidad cometidas por extranjeros, lo cual vuelve a representar una nueva forma de discriminación. A la vista del Libro Blanco sobre Transportes, con el que la Comisión desea armonizar las sanciones y los controles, nos preguntamos si no es hora de pedir aclaraciones al Gobierno belga ya que esta situación se está haciendo intolerable. Espero que su investigación de la legislación belga apoye mi tesis y le pido que tome las medidas oportunas al respecto.

Mientras tanto, he podido comprobar que existe una sentencia (C-224/00) sobre un caso parecido en Italia, al que la Comisión alude en su respuesta. Gracias a esta sentencia las autoridades italianas ya no pueden discriminar a las personas con matrícula extrajera. ¿No cree la Comisión que va siendo hora de que redacte un inventario de la legislación relativa a multas en los diferentes Estados miembros e investigue si, tal vez, también existen formas de discriminación de los extranjeros en otros países? Este asunto está causando una enorme preocupación y molestias entre los ciudadanos y hace que surjan las dudas sobre la eficacia de la Unión.

(1) DO C 318 E de 13.11.2001, p. 129.

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(28 de mayo de 2002)

Según la información de que dispone la Comisión, la legislación belga sobre percepción y consignación de multas por infracciones de tráfico rodado establece un régimen diferenciado para los contraventores residentes y no residentes. Los primeros pueden elegir pagar la multa inmediatamente o en un plazo fijado por la ley y los segundos deben pagar inmediatamente la suma reclamada o depositar dicha suma y una cantidad destinada a cubrir los gastos de justicia.

Según esta información los importes de las sanciones previstas en la legislación a la cual Su Señoría hace referencia, no se han modificado desde enero de 1998. El decreto de 10 de junio de 1985 relativo a la percepción y consignación por infracciones del reglamento general sobre tráfico, modificado mediante el decreto real de 24 de octubre de 1997, que entró en vigor el 1 de enero de 1998, ya preveía en su artículo 1 una sanción de 8 000 BEF (equivalente a 200) por sobrepasar la velocidad máxima autorizada en más de 10 km/hora y en menos de 21 km/hora, siempre que el autor de la infracción no tenga domicilio o residencia fija en Bélgica. El decreto de 1985 fue modificado después mediante los decretos de 19 de julio de 2000 y 11 de diciembre de 2001, en particular, para adaptar las sanciones al euro, sin que se haya aumentado el importe de las sanciones. Las sanciones aplicables a los residentes se cobran sobre la base de la ley relativa a la policía de tráfico de carreteras (decreto real de 16 de marzo de 1968), adaptadas a euros por medio de la ley relativa a la introducción del euro para las materias contempladas en el artículo 78 de la Constitución de 26 de junio de 2000.

Como la Comisión ya indicó en la respuesta a la pregunta escrita E-0830/01(1) de Su Señoría, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal(2) en el asunto Pastoors, a falta de instrumentos convencionales que permitan garantizar la ejecución de una condena en un Estado miembro distinto de aquél dónde se ha pronunciado, una diferencia de trato entre contraventores residentes y no residentes está justificada y un Estado miembro puede imponer a los contraventores no residentes la obligación de pago de una suma como fianza, si optan, en caso de infracción, por un procedimiento penal en vez de por el pago inmediato de una multa.

La Comisión termina su examen de la legislación belga a la luz de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de marzo de 2002 en el asunto C-224/00, Comisión contra Italia, referente a la legislación italiana que regula la misma materia, antes de pronunciarse sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario.

Una de las razones que ha llevado a las autoridades belgas a distinguir entre residentes y no residentes es la dificultad de que una multa impuesta por un tribunal belga sea ejecutada cumplir en otro Estado miembro. En este contexto la Comisión llama la atención sobre la iniciativa de Francia, Suecia

y el Reino Unido para la adopción de una decisión marco del Consejo sobre la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las sanciones pecuniarias(3). La propuesta establece que una multa impuesta por un tribunal en un Estado miembro se reconocerá y hará cumplir en otros Estados miembros. Las multas impuestas por infracciones de tráfico son sanciones a menudo administrativas en vez de sanciones penales. Si la decisión quisiera abarcar las multas administrativas (este problema se está discutiendo actualmente) habríamos dado un gran paso para solucionar el problema de la aplicación transfronteriza de multas y por lo tanto para obviar la necesidad de tratamientos distintos para residentes y no residentes.

(1) DO C 318 E de 13.11.2001.

(2) Sentencia del Tribunal del 23 de enero de 1997 en el asunto C-29/95.

(3) DO C 278 de 2.10.2001.