PREGUNTA ESCRITA E-3758/98

de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión

(11 de diciembre de 1998)

Asunto: Ampliación de información relativa a la vigilancia armada privada en Italia

Con referencia a la pregunta precedente, E-1713/98(1), relativa a la reglamentación de la vigilancia armada privada en Italia, ¿puede indicar la Comisión:

1. si existen documentos de la Comisión concernientes al reconocimiento de las nuevas profesiones que pudieran ser aplicables asimismo al reconocimiento de la figura profesional de los guardias de seguridad privados, que actualmente en Italia se encuadran en la categoría de trabajadores sin cualificar?

2. si la particularidad y el carácter sensible del sector, justamente mencionado por el Comisario Monti, no deberían hacer que se reconociera a los guardias privados el estatuto de oficiales públicos?

3. si no considera que la falta de reconocimiento de la profesión puede perjudicar a la preparación de los guardias privados y a la protección social de los trabajadores?

Respuesta facilitada por el Sr. Monti en nombre de la Comisión

(12 de febrero de 1999)

1. La Comisión no ha iniciado estudios específicos sobre los servicios privados de seguridad. En lo que respecta al reconocimiento de las cualificaciones profesionales exigidas en un Estado miembro, la Comisión llama la atención de Su Señoría sobre la Directiva 89/48/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años(2), y sobre la Directiva 92/51/CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE(3).

2. En la medida en que los servicios privados de seguridad constituyen una actividad económica en el sentido del Tratado CE, los Estados miembros no pueden sustraer ningún sector económico del campo de aplicación del principio de no discriminación. Se trata de una actividad económica ya que las funciones de vigilancia y protección se basan en relaciones privadas y su ejecución no implica que las empresas y el personal dispongan de poder coercitivo. La simple contribución al mantenimiento de la seguridad pública, para la que se puede recurrir a cualquier individuo, no se puede asimilar a un poder coercitivo y no puede, por lo tanto, considerarse una participación directa y específica en el ejercicio del poder público en el sentido del artículo 55 y del apartado 4 del artículo 48 del Tratado CE. La posición de la Comisión se ha visto confirmada recientemente por el Tribunal de Justicia en el asunto Comisión contra España (sentencia de 29 de octubre de 1998, C-114/97).

3. Las medidas necesarias relativas a la formación y a la protección social de los miembros del personal de las empresas privadas de seguridad dependen, en la fase actual del derecho comunitario, de la competencia de los Estados miembros. En la medida en que se respeten el principio de no discriminación y el del reconocimiento de las cualificaciones profesionales de conformidad con las directivas mencionadas más arriba, el Estado miembro afectado puede adoptar medidas destinadas a alcanzar un objetivo de interés general en los límites del principio de proporcionalidad.

(1) DO C 13 de 18.1.1999, p. 67.

(2) DO L 19 de 24.1.1989.

(3) DO L 209 de 24.7.1992.