PREGUNTA ESCRITA P-1799/02

de Wolfgang Ilgenfritz (NI) a la Comisión

(19 de junio de 2002)

Asunto: Garantía por las importaciones de azúcar procedentes de la antigua Yugoslavia

Desde mediados de mayo de este año, en Austria se está exigiendo una garantía por las importaciones de azúcar procedentes de la antigua Yugoslavia (Serbia y Croacia).

La imposición de tal garantía hace que corra peligro la existencia de pequeñas y medianas empresas, porque, por un lado, es evidente que Italia no impone dicha garantía, con lo que las empresas austríacas se verán perjudicadas en su capacidad competitiva, y, por otro, los controles que ha de realizar la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude duran demasiado.

En consecuencia, tienen que depositarse millones como garantía, sin que las pequeñas y medianas empresas estén en condiciones de financiar tales operaciones:

- ¿Opina la Comisión que se trata en este caso de una violación de las normas de competencia vigentes?

- ¿Cómo piensa proceder la Comisión para que las pequeñas y medianas empresas no vayan a la ruina económica como consecuencia de tales medidas?

- ¿Está informada también la Comisión de que los controles necesarios por parte de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude duran demasiado?

- Si fuere ese el caso, ¿qué medidas piensa tomar la Comisión para que los controles necesarios se realicen con la máxima rapidez y así se impida que las empresas vayan a la ruina?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(18 de julio de 2002)

De conformidad con la normativa aduanera comunitaria (Código Aduanero Comunitario y sus disposiciones de aplicación), las autoridades aduaneras tienen derecho a solicitar la provisión de una garantía para asegurar el pago de una deuda aduanera.

En el caso de las importaciones de azúcar provenientes de países de los Balcanes Occidentales, la Comisión ha constatado recientemente un aumento significativo de su volumen, así como un aumento de las exportaciones comunitarias a esos países. Existen dudas razonables sobre el carácter de estos intercambios comerciales en las dos direcciones. Al mismo tiempo, hay indicios de una incorrecta declaración del origen.

Por consiguiente, la Comisión ha decidido publicar un aviso a los importadores aconsejándoles que adopten medidas de precaución, habida cuenta de la existencia de dudas razonables en cuanto a la correcta aplicación del régimen preferencial aplicable al azúcar por parte de los países de los Balcanes Occidentales. En dicho aviso se informa igualmente a los operadores comunitarios de que la introducción a libre práctica de las mercancías en cuestión podría dar lugar a una deuda aduanera y a una situación de fraude contra los intereses financieros de la Comunidad.

Entretanto, los Estados miembros que importan azúcar de los países de los Balcanes Occidentales han enviado a los países en cuestión solicitudes de verificación a posteriori de las pruebas de origen presentadas. La acción emprendida por las instancias aduaneras austríacas, es decir, la exigencia de que los operadores provean una garantía sobre la importaciones del azúcar sujeto a dicha verificación, debe ser considerada en este contexto y, por lo tanto, es ajusta a las normas aplicables.

Por lo que se refiere al tiempo que pueda transcurrir hasta que la garantía sea liberada, dependerá de la finalización de los controles necesarios para demostrar que las preferencias arancelarias solicitadas puedan ser legítimamente concedidas. Los normas aplicables prevén un plazo máximo de diez meses para la recepción de una respuesta del país exportador.

Los Estados miembros son libres de decidir si exigen o no dicha garantía, pero son responsables de proteger los intereses financieros de la Comunidad y tendrán que hacerse cargo del pago de cualquier posible deuda aduanera incurrida. La garantía puede proporcionarse en metálico o mediante un avalista. La forma en que la garantía exigida deberá prestarse puede, naturalmente, ser acordada con cada operador para evitar dificultades financieras, pero corresponde a las autoridades aduaneras decidir qué forma de garantía puede ser aceptada para proteger adecuadamente los intereses financieros en juego.

Por último, la situación descrita en la pregunta de Su Señoría no parece plantear problema alguno con respecto a las normas comunitarias en materia de competencia. No parece constituir un acuerdo restrictivo entre empresas (artículo 81 del Tratado CE), un abuso de posición dominante (artículo 82 del Tratado) ni una ayuda estatal (artículo 87 del Tratado CE).