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PREGUNTA ESCRITA E-1651/01

de John Cushnahan (PPE-DE) al Consejo

(12 de junio de 2001)

Asunto: Incumplimiento persistente de las promesas realizadas por Rusia

¿Tiene presente el Consejo que en Rusia no se ha creado todavía la Comisión Nacional de Investigación que requerirá la resolución aprobada el año pasado sobre Chechenia? ¿Qué medidas tiene pensado adoptar sobre este asunto?

Respuesta

(8 de octubre de 2001)

En su 56a sesión, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó su Resolución no 2000/58, en la cual exhortaba al Gobierno de la Federación de Rusia a que establezca con urgencia, conforme a las normas internacionales reconocidas, una comisión nacional de investigación de amplia base e independiente para que investigue sin demora las presuntas violaciones de los derechos humanos y contravenciones del derecho internacional humanitario cometidas en la República de Chechenia a fin de establecer los hechos e identificar a los responsables para enjuiciarlos e impedir que gocen de impunidad.

El 20 de febrero de 2001, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación en la República de Chechenia de la Federación de Rusia. El Gobierno de la Federación de Rusia había remitido a la Oficina de la Alta Comisionada comunicaciones escritas como contribución a la elaboración de dicho informe. En ellas daba cuenta de la creación de una Comisión Pública nacional para la investigación de las violaciones de los derechos humanos y la observancia de los derechos humanos en la República de Chechenia, presidida por D. P. V. Krasheninnikov, miembro de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.

En su 57a sesión, la Comisión de Derechos Humanos adoptó su Resolución no 2001/24, en la que tomó nota del establecimiento de la Comisión Pública nacional para la investigación de las violaciones de los derechos humanos y la observancia de los derechos humanos en el Cáucaso septentrional (Comisión Krasheninnikov).

Tal vez merezca recordarse que la Resolución 2000/58 fue presentada a la Comisión de Derechos Humanos por la UE. Este año igualmente, la UE fue la patrocinadora de la Resolución 2001/24. Efectivamente, la UE se ha pronunciado con firmeza contra todos los atentados a los derechos humanos y a la dignidad cometidos en Chechenia, con independencia de quiénes fueran sus autores. Una y otra vez, la UE se ha servido de todos los foros a su alcance para abordar esta cuestión con las autoridades rusas al máximo nivel. La UE hace votos por que dichas autoridades respeten sus compromisos, y espera con interés el primer informe de la Comisión Krasheninnikov, a cuya creación contribuyó.
PREGUNTA ESCRITA E-3399/98

de Luciano Schifone (NI) a la Comisión

(17 de noviembre de 1998)

Asunto: Exordio catastrófico de Malpensa 2000

El catastrófico exordio de Malpensa 2000, con los enormes retrasos, la ineficacia de los servicios y el caos general, ha provocado graves molestias a los pasajeros que con frecuencia han tenido que esperar varias horas antes de su salida o incluso renunciar a viajar debido a la cancelación de numerosos vuelos.

La situación ha confirmado la preocupación y las criticas procedentes de varias partes, incluso de ámbito europeo, por la presumible ineficiencia y la incapacidad de organización estructural y de gestión del nuevo aeropuerto.

Puesto que las molestias y las consecuencias de esta confusa situación pueden incluso comprometer aspectos económicos de las regiones del sur, que una vez más quedan fuera de las conexiones con el norte de Italia y con gran parte de las capitales europeas, ¿no considera la Comisión que sería oportuno intervenir en defensa de los ciudadanos usuarios y contra el proceso de marginación del sur que se lleva a cabo mediante una política de interferencias en el mercado por parte del Gobierno y de la compañía aérea?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(21 de diciembre de 1998)

El Derecho comunitario reconoce expresamente la facultad de los Estados miembros para establecer los objetivos y prioridades de su propia política aeroportuaria. Pueden así decidir la expansión de un aeropuerto específico adoptando normas de distribución del tráfico cuyo objetivo sea concentrar éste en dicho aeropuerto. De igual modo, los Estados miembros disponen de la facultad de perseguir objetivos de política regional mediante la imposición de obligaciones de servicio público a rutas específicas que se consideran de interés vital para el desarrollo económico de una región.

Con arreglo a estos principios, la Comisión únicamente puede intervenir en aquellos casos en los que las medidas adoptadas por los Estados miembros infringen la legislación comunitaria. Esto ocurría con las normas de distribución del tráfico que inicialmente había adoptado Italia para el sistema aeroportuario de Milán, puesto que no respetó el principio de no discriminación ni el principio de proporcionalidad. La Decisión aprobada por la Comisión el 16 de septiembre de 1998 llegó a esta conclusión debido a que el nivel del tráfico que el aeropuerto de Malpensa tendría que gestionar hubiera sido incompatible con las infraestructuras de acceso existentes y porque todas las compañías de aviación no recibían igual trato.

No obstante, la Comisión no tiene capacidad legal para asumir responsabilidades relativas a la calidad de la gestión aeroportuaria en los Estados miembros, ni puede tampoco imponer el funcionamiento de rutas aéreas específicas en regiones determinadas.
PREGUNTA ESCRITA E-3775/98

de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión

(11 de diciembre de 1998)

Asunto: Destrucción de los valores éticos y sociales como consecuencia de la aproximación comercial a la muerte y a los cadáveres

1. ¿Puede facilitar la Comisión indicaciones sobre la admisibilidad jurídica (con independencia de la cuestionabilidad ética) de la donación por testamento del propio cadáver a un instituto privado para su preparación con la técnica llamada de la plastinación? ¿No cabe partir a ese respecto de la base, al igual que ocurre con las "donaciones de órganos" procedentes de países extremadamente pobres, de que se trata de una "donación" forzada como consecuencia de la violencia estructural causada por la pobreza (véase también a ese respecto la pregunta 4)?

2. ¿Coincide la Comisión en que ya la propia deontología médica prohíbe el "descuartizamiento" de un cadáver para fines de escenificación personal o para su utilización como "material"?

3. ¿No opina también la Comisión que la exposición comercial y la comercialización de preparaciones de todo el cuerpo en supuestas "exposiciones artísticas", vídeos o CD-ROM constituye un escarnio de los principios fundamentales de la comunidad jurídica y de valores europea?

4. ¿Existen autorizaciones para la importación en Alemania de al menos tres cadáveres transformados en "obras de arte" procedentes de China, Rusia y Kirguistán?

5. ¿Es compatible con las ideas de la comunidad europea sobre la universalidad de los derechos humanos que los cadáveres de personas condenadas y ejecutadas en China -en unas condiciones cuestionables desde el punto de vista del Estado de Derecho- se utilicen en Europa en forma de preparaciones de todo el cuerpo o de parte del mismo o como "objetos de exposición"?

6. ¿Cómo es posible que a los particulares normalmente se les prohíba en general conservar un cadáver pero que en este caso al parecer esta autorización se haya concedido sin problemas?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión

(12 de febrero de 1999)

La Comisión considera que el derecho comunitario no ofrece un fundamento jurídico adecuado para tratar este asunto. Por lo tanto, las instituciones de la Unión Europea carecen de competencias para actuar en este campo. Ello no implica, no obstante, que no se pueda elevar el asunto al Tribunal europeo de derechos humanos.

Dado el carácter extremadamente delicado de las cuestiones planteadas por Su Señoría, la Comisión ha decidido remitir el asunto al Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías.
—

No obstante, esta disposición no tiene ninguna influencia sobre la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1954/2003 y, en particular, de su artículo 5, ya que sucede muy a menudo en derecho que varias disposiciones regulan la misma materia. En caso de conflicto, se aplica la norma posterior. Tal es el caso por lo que se refiere al artículo 5 del Reglamento (CE) no 1954/2003. Este artículo ofrece una exclusividad menos amplia a los buques españoles y portugueses que el régimen anterior oficialmente aún sin derogar. En este caso, es la norma posterior la que prevalece, es decir, el Reglamento (CE) no 1954/2003.
2.

En el contexto del régimen comunitario de información y promoción de productos agrícolas y alimentos en el mercado interior y en terceros países, que se rige por los Reglamentos (CE) no 2826/2000 del Consejo, de 19 de diciembre de 2000 (3), y (CE) no 2702/1999 del Consejo, de 14 de diciembre de 1999 (4), la UE cofinancia varios programas de promoción de algunas categorías de vino, preparados por organizaciones profesionales o interprofesionales, que están llevándose a cabo no sólo en terceros países sino también en el mercado interior de la UE. Así, en el mercado interior, la UE cofinanció ocho programas de ese tipo en el período de 2001-2003, por un total de 5,2 millones de euros.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/931

(2004/C 84 E/1029)

PREGUNTA ESCRITA P-1026/04

de Joachim Wuermeling (PPE-DE) a la Comisión

(26 de marzo de 2004)

Asunto: Pesaje de camiones en la frontera germanocheca

Con la ampliación desaparecerán todos los controles en las fronteras interiores de la UE, salvo los controles de personas. Durante una visita al puesto fronterizo de Schirnding se me comunicó, sin embargo, que el Gobierno checo tiene intención de seguir pesando los camiones, especialmente mediante el pesaje por eje. Ello daría lugar a considerables períodos de espera para atravesar la frontera. Así desaparecería una de las ventajas perceptibles de la ampliación, a saber, la supresión de las esperas de horas en las fronteras.

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de semejante intención del Gobierno checo?

2. ¿Sería dicha práctica compatible con las obligaciones resultantes del ingreso en la Unión Europea?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(27 de abril de 2004)

El artículo 3 del Reglamento (CEE) no 4060/89 (1) del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre la eliminación de controles practicados en las fronteras de los Estados miembros en el transporte por carretera y por vía navegable, estipula que los controles que se realicen con arreglo a las disposiciones comunitarias o nacionales en materia de transporte por carretera o por vía navegable entre los Estados miembros no podrán practicarse en lo sucesivo en concepto de controles en las fronteras, sino únicamente en el marco de los controles normales aplicados de forma no discriminatoria en el conjunto del territorio de un Estado miembro.

El anexo V del Tratado de Adhesión, que se refiere a las disposiciones transitorias aplicables a la República Checa, no prevé la inaplicación temporal de esta norma. Así pues, el mantenimiento por la República Checa de los controles fronterizos sistemáticos a que se refiere Su Señoría tras la fecha de entrada en vigor del Tratado de Adhesión no parece compatible con el Derecho comunitario, si se confirma que responden a lo indicado.

A todos los efectos, la Comisión recuerda que la República Checa no disfruta de ningún período transitorio en lo que se refiere a la aplicación de la Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996 (2), modificada por la Directiva 2002/7/CE (3) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico internacional. Esta Directiva será plenamente aplicable a partir de la adhesión de la República Checa.

(1) DO L 390 de 30.12.1989.

(2) DO L 235 de 17.9.1996.

(3) DO L 67 de 9.3.2002.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/760

(2004/C 84 E/0856)

PREGUNTA ESCRITA E-0081/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(20 de enero de 2004)

Asunto: Aplicación en Irlanda de la Directiva relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación (IPPC)

¿Qué respuesta ha recibido la Comisión del Gobierno irlandés en relación con el apercibimiento final escrito enviado a Irlanda en julio de 2003 (véase la información publicada en IP/03/1049) por la deficiente aplicación de la Directiva 96/61/CE (1) relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación? ¿Qué medidas piensa adoptar o proponer la Comisión al respecto?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(11 de marzo de 2004)

El 11 de julio de 2003, la Comisión remitió a las autoridades irlandesas un dictamen motivado debido a la incorporación incompleta en su legislación nacional de la Directiva 96/61 del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (2). El 29 de julio de 2003, Irlanda remitió una nueva Ley, denominada «Protection of the Environment Act», la cual, según Irlanda, incorpora de forma adecuada la Directiva. No obstante, parece ser necesaria la elaboración de una legislación secundaria en relación al artículo 6 de la Directiva. Asimismo, deben adoptarse disposiciones que fijen oficialmente la fecha de entrada en vigor de la nueva Ley. Todavía se está a la espera de tales elementos de gran relevancia, por lo que la Comisión estudia las siguientes medidas que tomar.

(1) DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.

(2) DO L 257 de 10.10.1996.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/210

(2004/C 84 E/0254)

PREGUNTA ESCRITA E-0393/04

de Bill Miller (PSE) a la Comisión

(12 de febrero de 2004)

Asunto: Reglamento sobre los subproductos animales

El Reglamento mencionado ha entrado en vigor recientemente en Escocia y ha sido objeto de numerosas interpretaciones. Si bien ninguna va en contra del espíritu de la legislación, su aplicación en Escocia es objeto de preocupación, dado que un gran número de empresas pequeñas o unipersonales deben hacer frente a unas cargas económicas inaceptables que terminarán por llevarlas a la quiebra.

En el momento de elaborar este instrumento legislativo, ¿se planteó la Comisión establecer un límite a partir del cual las empresas pequeñas quedaran excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento? ¿Sería posible establecer dicho límite a nivel nacional?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(22 de marzo de 2004)

El Reglamento (CE) no 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002 (1), modificado por el Reglamento (CE) no 808/2003 de la Comisión, de 12 de mayo de 2003 (2), establece las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano. Se adoptó el 3 de octubre de 2002, se publicó el 10 de octubre de 2002 y se aplica desde el 1 de mayo de 2003.

El ámbito de aplicación del Reglamento abarca a las pequeñas empresas en la medida en que se trate de la recogida, transporte, almacenamiento, manipulación, transformación y utilización o eliminación, importación, exportación y tránsito de subproductos animales, con el objeto de impedir que estos productos entrañen algún tipo de riesgo para la salud humana o animal. No se prevé ningún umbral para excluir a las pequeñas empresas del ámbito de aplicación del Reglamento, y los Estados miembros no pueden introducir excepciones al cumplimiento de sus disposiciones.

Fue necesario revisar a fondo la normativa comunitaria aplicable a los subproductos animales a la luz de las recientes crisis provocadas por la alimentación animal (encefalopatía espongiforme bovina [EEB], dioxinas, fiebre aftosa, etc.) y de la amplia variedad de enfoques que existían en los Estados miembros acerca de la ayuda financiera a la transformación, recogida, almacenamiento y eliminación de los subproductos animales.

Con arreglo al artículo 35 del Reglamento, que se refiere a las disposiciones nacionales, se ha solicitado a los Estados miembros que comuniquen a la Comisión las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento del Reglamento, así como cualquier dificultad que hallen. Antes del término de 2004, la Comisión presentará un informe al Parlamento y al Consejo acompañado, en su caso, de propuestas legislativas que tengan en cuenta las dificultades señaladas por los Estados miembros.

Por tanto, si han surgido problemas para los explotadores más pequeños, cabría esperar que las respuestas al artículo 35 de los Estados miembros permitiesen a la Comisión recomendar soluciones a dichos problemas antes del término de 2004.

(1) DO L 273 de 10.10.2002.

(2) DO L 117 de 13.5.2003.
1.

¿puede hacer saber la Comisión si no considera que se ha incumplido el artículo 137 del Tratado CE y, en particular, la Directiva 83/477/CEE (3), acogida con el Decreto Legislativo no 277/91;
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 33/185

(2004/C 33 E/187)

PREGUNTA ESCRITA P-1889/03

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(27 de mayo de 2003)

Asunto: Eurostat

¿Podría presentar la Comisión datos pormenorizados de todos los informes de auditoría interna relativos a Eurostat y recibidos desde septiembre de 1999?

¿Podría asimismo dar detalles que resuman lo mencionado en dichos informes con relación a Eurostat?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(4 de septiembre de 2003)

Dentro del seguimiento de la aprobación de la gestión de 2001, y a petición del Parlamento, la Comisión comunicó a la secretaría de la Comisión de Control Presupuestario (Cocobu), con fecha 16 de mayo de 2003, seis informes de auditoría interna redactados por el servicio de auditoría interna de Eurostat durante el período 1999-2002, con arreglo a las modalidades previstas por el acuerdo marco relativo a la transmisión de documentos confidenciales al Parlamento. Posteriormente, el 20 de mayo de 2003, también se comunicó a la secretaría de la Cocobu un informe resumido sobre el seguimiento dado a los informes de auditoría interna según estas disposiciones. El 3 de julio de 2003, y con arreglo a las mismas modalidades, la Comisión comunicó al Presidente del Parlamento el informe de auditoría titulado «Internal audit of the financial systems for Eurostat» (auditoría interna de los sistemas financieros de Eurostat), redactado por la Dirección General (DG) AUDIT el 7 de junio de 2000.

El 9 de julio de 2003, la Comisión tomó nota de dos informes de sus servicios sobre la gestión financiera y el control en Eurostat. El primero es el análisis finalizado por la DG Presupuestos de los informes de auditoría realizados por la capacidad de auditoría de Eurostat (IAC). Este informe fue encargado por la Comisión el 21 de mayo de 2003 y en él se analizan los sistemas de gestión financiera y de control de Eurostat y el seguimiento de los informes internos de auditoría de cara a la conformidad con el Reglamento Financiero. Este informe se transmitió a la Cocobu el 11 de julio de 2003. El segundo es el informe provisional realizado por el Servicio de Auditoría Interna (SAI) con arreglo al mandato del Colegio de 11 de junio de 2003. El informe del SAI se ha transmitido a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Finalmente, Eurostat acaba de finalizar (8 de julio de 2003) un análisis de determinados aspectos relativos al Programa Sup Com. Este informe se transmitió a la OLAF el 22 de julio de 2003 en virtud del apartado 1 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1073/1999.

La Comisión también desea destacar que la OLAF está investigando determinados informes de auditoría. Algunos de estos informes, además, figuran en los expedientes remitidos por la OLAF a las autoridades judiciales de Luxemburgo o a la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de París. La Comisión desea garantizar el respeto de la protección de las investigaciones en curso.
—

supondrá consecuencias medioambientales negativas, para un cultivo como la vid (muy sensible a ellas) que no han sido debidamente tomadas en cuenta en la evaluación de impacto (nieblas, cambios de temperatura, movimientos de tierras, lodos y vertidos, etc.).
1.

Como autoridad facultada para proceder a los nombramientos, la Comisión, en el marco de lo dispuesto en el Estatuto y sus normas operativas, puede decidir en cualquier momento destinar a un funcionario de un puesto de gestión a funciones no directivas, si se considera que ello redunda en interés del servicio. Así pues, los Directores pueden ser destinados a la función de «Consejero principal». La función no directiva correspondiente para los Directores Generales y los Directores Generales Adjuntos es la de «Consejero hors classe». Los «Consejeros especiales» son personas contratadas como tales por su experiencia y cualificaciones y dependen de un Comisario. Pueden ser expertos externos o antiguos funcionarios jubilados (de alto nivel); en este último caso sólo tienen derecho al reembolso de gastos. Los Consejeros especiales de la Comisión no son (o dejan de ser) funcionarios de la Comisión, por lo que no ejercen funciones directivas ni aparecen en el organigrama.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/600

(2004/C 78 E/0634)

PREGUNTA ESCRITA E-3587/03

de Koenraad Dillen (NI) a la Comisión

(5 de diciembre de 2003)

Asunto: Informe del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia sobre el antisemitismo

Según las informaciones publicadas esta semana en el Financial Times y otros periódicos europeos, el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia ha decidido no publicar el contenido de un informe reciente sobre el antisemitismo. El Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia está constituido por representantes de los Estados miembros, del Consejo de Europa, de la Comisión y del Parlamento Europeo. El informe en cuestión, que ocupa 112 páginas, fue elaborado por la Universidad Técnica de Berlín a petición del Observatorio. De conformidad con los periódicos, el informe muestra un fuerte aumento de las declaraciones y los delitos antisemitas en el entorno de la migración. Por consiguiente, aduciendo como motivo la «corrección política», se ha decidido no publicar el informe.

¿Son ciertas estas informaciones?

¿Estaba la Comisión al corriente de la decisión de no publicar este informe? ¿Puede averiguar la Comisión cuánto ha costado este estudio?

¿Quién ha tomado la decisión, y sobre la base de qué consultas, de no publicar el informe? ¿En qué argumentos se basa la decisión de descalificar de esta forma la investigación científica de la Universidad Técnica de Berlín?

¿Con qué subvenciones se financia el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia? ¿A cuánto ascienden estas subvenciones? ¿Cuántas personas trabajan para el Observatorio? ¿Cuál es la composición de su Consejo de Administración? ¿En qué medida patrocina la Comisión este Observatorio?

¿Es posible, pese a todo, poner este informe a disposición de los diputados al Parlamento Europeo?
3.

La Comisión no tiene información sobre las presuntas prácticas relacionadas con la carne de animales domésticos, conejo o caza en los Estados miembros. La Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, se refiere a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (1). En el apartado 1 del artículo 2 de esta Directiva se establece que el etiquetado no deberá inducir a error al comprador sobre las características del producto alimenticio, ni atribuir al producto alimenticio efectos o propiedades que no posea.