PREGUNTA ESCRITA P-2085/01

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(5 de julio de 2001)

Asunto: Escándalos en la gestión del catastro en Grecia

Son de todos conocidos los problemas registrados en relación con la realización del catastro en Grecia, a resultas de los cuales la Comisión envió ya el 19.1.2001 una carta al Gobierno griego.

Mientras prosigue el diálogo entre la Comisión y el Gobierno griego sobre la modalidad de financiación del proyecto a través del 2o MCA y sobre una posible financiación a través del 3er MCA, han llegado a conocimiento de este diputado los siguientes datos:

- Los encargados del proyecto son remunerados sobre la base de los derechos declarados, por lo que descubren derechos que, sin embargo, no existen con arreglo al derecho real. Por ejemplo, en el caso de un edificio dividido en viviendas se le indica al declarante que presente declaración sobre tantos derechos de propiedad como viviendas posee, cuando en realidad se trata de un derecho real sobre el conjunto de las viviendas.

- Se prevé una remuneración adicional de los encargados del proyecto por cada expediente enviado, por lo que se envían tantos expedientes como derechos se han declarado, en lugar de un expediente que incluya todos los extractos de todos los derechos declarados.

- Se prevé una remuneración adicional de los encargados del proyecto por la tramitación de las reclamaciones, por lo que no les interesa que la documentación expuesta al público no contenga errores.

- Una parcela declarada no se incluye -por no localizada- en la documentación expuesta al público por primera vez y, a causa de una tramitación deficiente por el encargado del proyecto, el titular se ve privado del derecho a presentar reclamación contra los datos expuestos al público en la primera ocasión, de modo que en el fondo se anula el artículo 6 de la Ley 2308/1998.

- En Kastoria, prácticamente todos los extractos enviados con ocasión de la primera exposición al público de la documentación figuran como no localizados, sin número de código provisional del catastro nacional.

¿Tiene conocimiento la Comisión de estos datos? ¿Cómo se propone abordar la cuestión?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(4 de septiembre de 2001)

La elaboración del catastro en Grecia es objeto de cofinanciación dentro del Programa operativo para el medio ambiente aprobado para el período de programación de 1994-1999. La gestión y el control de este proyecto competen a las autoridades griegas, que han creado un organismo especial (Ktimatologio SA) encargado de llevar a cabo esa labor.

Frente a la Comisión, en su calidad de cofinanciadora, las citadas autoridades están obligadas a: velar por la buena gestión de los fondos comunitarios; mantener a la Comisión plenamente informada del estado de los trabajos, en particular a través del Comité de seguimiento del programa antes citado; pedir la conformidad de la Comisión antes de introducir cambios significativos en la definición del proyecto en el curso de su desarrollo.

Ante la falta de información, la Comisión decidió iniciar una investigación formal, al amparo de lo establecido en el artículo 24 del Reglamento (CEE) no 2082/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993, que modifica el Reglamento (CEE) no 4253/88 por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes(1).

De este modo, el 19 de enero de 2001, la Comisión se dirigió por escrito a las autoridades griegas, que respondieron con fecha 11 de febrero de 2001. La Comisión pidió aclaraciones adicionales por carta de 11 de abril de 2001, a la que respondieron las autoridades griegas el 11 de mayo de 2001. La Comisión conoce bien los problemas que plantea Su Señoría y se están analizando, junto con otros, dentro de la investigación abierta.

La Comisión volverá a dirigirse a las autoridades griegas, exponiendo su análisis de la situación. Basándose en este análisis y en la respuesta de dichas autoridades, la Comisión trazará sus conclusiones finales, proceso que se prevé finalizará en septiembre de 2001.

(1) DO L 193 de 31.7.1993.