PREGUNTA ESCRITA E-2414/00

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(18 de julio de 2000)

Asunto: Proyecto de construcción de una cementera y una cantera en la Sierra de Alconera

La Sierra de Alconera, donde se pretende construir una cementera y una cantera, ha sido identificada como Area Importante para las aves.

Este proyecto, teniendo en cuenta el alto valor ecológico de la zona donde se quiere realizar, podría vulnerar las siguientes Directivas comunitarias en materia de medio ambiente:

a) la Directiva 79/409/CEE(1) relativa a la conservación de las aves silvestres,

b) la Directiva 92/43/CEE(2) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres,

c) la Directiva 85/337/CEE(3) relativa al estudio de impacto ambiental.

¿Qué acciones puede emprender la Comisión acerca de las autoridades españolas con el fin de verificar el cumplimiento de las citadas Directivas e intentar impedir que se cometan infracciones al Derecho comunitario?

(1) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(2) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

(3) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(14 de septiembre de 2000)

La Comisión está al corriente del proyecto señalado por Su Señoría. De hecho, se ha tramitado una denuncia al respecto.

A principios de 1998, un empresa de cemento anunció su intención de proceder a la construcción de una cementera y una cantera en la Sierra de Alconera, Badajoz. Solicitó a las autoridades la expropiación de varios derechos de extracción minera y los obtuvo. Con toda probabilidad, los terrenos expropiados debían servir de emplazamiento para la cementera. Además, pidió autorización para explotar la cantera, mientras se retrasaba la solicitud de autorización para la cementera. Las autoridades efectuaron una evaluación de impacto ambiental de la cantera y la autorizaron el 22 de julio de 1998. El denunciante se opuso a la construcción de la cementera, considerando que la evaluación de impacto no se había realizado correctamente puesto que sólo se había tenido en cuenta la cantera y que el proyecto podía afectar a una zona natural de gran valor.

Según la información recabada, y por lo que respecta a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(1), la Directiva de Hábitats, dichas instalaciones se situarían dentro de un lugar de importancia comunitaria (LIC) no 273. Además, parece que en esos parajes se encuentran linces, especie prioritaria del Anexo 2 de la Directiva de Hábitats. Por consiguiente, los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 de la citada Directiva son de aplicación en este caso.

Desde el punto de vista de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(2), es evidente que la cantera está destinada a suministrar la materia prima necesaria para la producción de cemento en la futura cementera. En estas condiciones, no se puede dividir un proyecto económico global, es decir, la construcción de una cementera con cantera en las cercanías para el suministro de materia prima, en dos partes y evaluar solamente las repercusiones directas e indirectas de una de las partes del proyecto (la cantera).

En este sentido, se envió una carta a las autoridades españolas. Tras conocer que se había registrado una denuncia sobre el caso, éstas informaron a la Comisión de su intención de revisar el estudio de impacto para evaluar las repercusiones directas e indirectas del proyecto en su conjunto. La Comisión manifestó su satisfacción en cuanto a la revisión del citado estudio y advirtió a las autoridades españolas que, dado que se trataba de un proyecto situado dentro de un lugar de importancia comunitaria (LIC), debían tener en cuenta las obligaciones derivadas del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE.

La Comisión ha solicitado a las autoridades españolas una copia del nuevo estudio de impacto sobre el proyecto para comprobar el cumplimiento del Derecho comunitario aplicable.

(1) DO L 206 de 22.7.1992.

(2) DO L 175 de 5.7.1985.