PREGUNTA ESCRITA P-3320/01

de Jorge Moreira Da Silva (PPE-DE) a la Comisión

(22 de noviembre de 2001)

Asunto: Reconocimiento de títulos de medicina en la Unión Europea

Desde hace varios años los países de la Comunidad Europea se enfrentan a graves problemas de convalidación de títulos de medicina obtenidos en Europa del Este, incluida Rusia.

¿Podría precisar la Comisión si un nacional de la Unión Europea, en posesión del título de medicina de un país de Europa del Este (Polonia, Rusia) y del certificado de convalidación de cualificaciones universitarias expedido por el ministerio de educación de un Estado miembro, puede obtener el reconocimiento automático de cualificaciones en los demás Estados miembros de la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(18 de diciembre de 2001)

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha tratado ya en varias ocasiones la cuestión de los títulos concedidos fuera del Espacio Económico Europeo a ciudadanos de uno de los Estados miembros; ello afecta particularmente a los que poseen alguno de los títulos de las denominadas directivas sectoriales, incluida la Directiva de los médicos, Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos(1).

En su sentencia Haim I, el Tribunal de Justicia declaró que [] el reconocimiento por parte de un Estado miembro de títulos expedidos por Estados terceros, aun cuando su equivalencia haya sido reconocida en uno o varios Estados miembros, no vincula a los demás Estados miembros(2). Sin embargo, el Estado miembro anfitrión está obligado a verificar si [] la experiencia que ya acredita el interesado, [] en otro Estado miembro, corresponde a la exigida.

En una sentencia reciente, el Tribunal de Justicia ha podido especificar más las obligaciones del Estado miembro anfitrión conforme al Tratado CE. En el caso Hocsman(3) se declara que el artículo 52 del Tratado (en la actualidad, artículo 43 CE) debe interpretarse en el sentido de que, cuando en una situación no regulada por una Directiva relativa al reconocimiento mutuo de diplomas, un

nacional comunitario presente una solicitud de habilitación para ejercer una profesión cuyo acceso está subordinado, según la legislación nacional, a la posesión de un título o de una capacitación profesional, o también a períodos de experiencia práctica, las autoridades competentes del Estado miembro de que se trata están obligadas a tomar en consideración todos los diplomas, certificados y otros títulos, así como la experiencia pertinente del interesado, efectuando una comparación entre, por una parte, las aptitudes acreditadas por dichos títulos y por dicha experiencia, y, por otra, los conocimientos y capacitación exigidos por la legislación nacional.

Mediante la Directiva 2001/19/CE del Parlamento y del Consejo, de 14 de mayo de 2001, por la que se modifican las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE del Consejo, relativas al sistema general de reconocimiento de las cualificaciones profesionales, y las Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE y 93/16/CEE del Consejo, relativas a las profesiones de enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona, arquitecto, farmacéutico y médico(4), que los Estados miembros deben aplicar a más tardar el 1 de enero de 2003, se ha añadido el artículo 42 quater a la Directiva 93/16/EC. Según este artículo, los Estados miembros examinarán los diplomas, certificados y otros títulos en el ámbito cubierto por la presente Directiva que el interesado haya obtenido fuera de la Unión Europea cuando hayan sido reconocidos en un Estado miembro y tomarán en consideración la formación y/o la experiencia profesional adquiridas en un Estado miembro. La decisión del Estado miembro deberá producirse en el plazo de tres meses a partir de la presentación del expediente completo del interesado. Además, el Estado miembro anfitrión deberá motivar la decisión, que podrá ser objeto de un recurso jurisdiccional con arreglo al Derecho interno. Al consagrar estas obligaciones directamente en la Directiva, el legislador comunitario ha contribuido considerablemente a la seguridad jurídica de las situaciones descritas por Su Señoría.

(1) DO L 165 de 7.7.1993.

(2) Asunto C-319/92 TJE (HAIM I).

(3) Asunto C-238/98 TJE (Hocsman).

(4) DO L 206 de 31.7.2001.