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PREGUNTA ESCRITA E-3236/97 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: La Comisión Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente

La Comisión Europea participa en la gestión de la Agencia Europea de Medio Ambiente y, según indica la Sra. Bjerregaard, Miembro de la Comisión, en su respuesta de 18 de septiembre de 1997 a mi pregunta E-2575/97 ((DO C 82 de 17.3.1998, p. 109.)), propone los créditos que se han de asignar a dicha Agencia, así como el número de empleados de la misma, cifras que figuran cada año en el anteproyecto de presupuesto comunitario.

Habida cuenta de esta situación, ¿puede indicar la Comisión:

1. cuál es el reparto por nacionalidades del personal de la Agencia;

2. de cuántos contratos de agentes auxiliares y temporales de cada grado piensa disponer la Agencia para 1998, una vez que se apruebe el presupuesto que ya ha presentado por su cuenta la Comisión?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (5 de diciembre de 1997)

Como ya sabrá Su Señoría, la Agencia Europea de Medio Ambiente es un órgano independiente sobre el que la Comisión no tiene un control directo. La responsabilidad de todos los asuntos que guardan relación con el personal de la Agencia, incluso por lo que se refiere a su contratación, recae exclusivamente sobre el director ejecutivo de la Agencia, que tiene que responder ante el Consejo de Administración. La Comisión está representada en esa instancia, pero no participa en la administración, funcionamiento ni operaciones de la Agencia. Así pues, la Comisión no tiene competencias en asuntos de contratación del personal de la Agencia ni está en condiciones de ofrecer la información que se le solicita.

Se sugiere a Su Señoría que se ponga en contacto con los Srs. Scoullos (Universidad de Atenas) y Wynne (Universidad de Lancaster), que son los dos representantes del Parlamento en el Consejo de Administración de la Agencia. No hay que olvidar, por último, que el Parlamento tiene la posibilidad de formular observaciones con respecto al presupuesto de la Agencia en el marco de los procedimientos anuales de aprobación del mismo.
PREGUNTA ESCRITA E-1870/97 de Gerardo Fernández-Albor (PPE) a la Comisión (30 de mayo de 1997)

Asunto: Colaboración de la Unión Europea para el desarrollo de la comarca gallega de As Pontes

El Gobierno de la región española de Galicia ha firmado un acuerdo de colaboración con una de las principales compañías eléctricas del país y con las centrales sindicales, para el desarrollo económico de la comarca gallega de As Pontes.

El Plan de reindustrialización estará vigente hasta el 2001. La Administración autonómica invertirá 300 millones y la compañía eléctrica 900 millones.

¿Puede indicar la Comisión en qué medida la Unión Europea podría sumarse al referido plan, ¿cuál podría ser su aportación al mismo y en el marco de qué programa o actuación comunitaria específica, podría considerar su participación en el desarrollo de la mencionada comarca gallega?

Respuesta complementaria de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (21 de noviembre de 1997)

Para poder especificar de dónde procedería una posible contribución financiera de los Fondos estructurales en el marco del acuerdo de colaboración firmado por la «Xunta de Galicia» con la compañía eléctrica Endesa y los representantes de los sindicatos para el desarrollo económico de la comarca gallega de As Pontes, sería necesario recibir de las autoridades interesadas una solicitud de financiación específica para este proyecto dentro de un programa concreto de intervención estructural.

Dado que no se ha recibido esa solicitud, sería prematuro determinar el origen específico de los fondos que pudieran concederse para este proyecto, particularmente española de Galicia se beneficia de más de 20 programas financiados por los Fondos estructurales comunitarios, algunos de los cuales (entre ellos el programa operativo Galicia 1994-1999) podrían proporcionar ayuda financiera a un proyecto de estas características si se dieran las condiciones necesarias.
PREGUNTA ESCRITA E-2662/97 de Patricia McKenna (V) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Niños y adolescentes acusados de crímenes de guerra en Rwanda

UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, calcula que 2.300 de las 100.000 personas encarceladas en espera de juicio como presuntos autores de crímenes de guerra en Rwanda son niños o adolescentes. Se cree que unos 200 tenían menos de 14 años cuando se produjo el genocidio en 1994. Muchos consideran las condiciones que padecen en prisión como intolerables.

Dado que los tribunales y los servicios jurídicos de Rwanda están saturados,UNICEF ha subrayado la necesidad de que la comunidad internacional proporcione abogados a Rwanda que puedan trabajar en casos relacionados con niños y adolescentes.

¿Puede hacer la Comisión alguna propuesta para proporcionar ayuda económica a los abogados que trabajen con niños y adolescentes en Rwanda?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión (30 de octubre de 1997)

La Comisión sabe que hay muchas personas encarceladas en espera de juicio. Los últimos cálculos dan una cifra de casi 130.000 personas, entre ellas niños y adolescentes.

La Comisión ha vuelto a plantear a las autoridades ruandesas la situación de los niños presos sospechosos de genocidio, en una gestión diplomática de la «troika» sobre las prisiones, el 4 de septiembre de 1997.

La Comisión, preocupada por la situación carcelaria y deseosa de que los procesos por el genocidio avancen rápidamente y en un marco jurídico correcto, ayuda al Gobierno para el desarrollo de los juicios mediante la financiación de dos proyectos de la línea presupuestaria «Democracia - derechos humanos», y hay otro proyecto en preparación.

El primer proyecto, «Programa de apoyo al Ministerio de Justicia de Ruanda» (1,4 millones de ecus), se ocupa de la formación y el pago de los salarios de 600 empleados judiciales adicionales durante 18, meses para ayudar al sistema judicial.

El segundo proyecto es una contribución a los esfuerzos de Abogados Sin Fronteras para dar asistencia jurídica tanto a los acusados como a las partes civiles de los procesos. Esta ayuda continuará. y supone más de 1,2 millones de ecus.

Está en preparación un proyecto con «Penal Reform International» (1,25 millones de ecus) para contribuir a la mejora de la gestión de la administración de prisiones y poner en marcha actividades productivas dentro de las prisiones.

Además, el 2o programa de rehabilitación del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) prevé la financiación de la rehabilitación del Tribunal Supremo y de las oficinas del Ministerio Público. Se contribuye asimismo a la rehabilitación de los 143 tribunales de distrito. La ayuda total al sistema judicial del 2o programa FED de rehabilitación asciende a 4,9 millones de ecus.

Con los programas citados la Comisión contribuye a la mejora tanto de la situación de las prisiones como de la defensa jurídica, en interés de todos los presos, incluidos los menores.
PREGUNTA ESCRITA E-3585/97 de Kirsten Jensen (PSE) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Comité Fitosanitario Permanente

¿Puede indicar la Comisión qué organizaciones están representadas en el Comité Fitosanitario Permanente?

La Federación Europea de Sindicatos de Trabajadores Agrícolas en la Comunidad (EFA) lleva pidiendo desde hace tiempo ser admitida a formar parte de este Comité. ¿Puede indicar la Comisión por qué razón la EFA sigue sin convertirse en miembro del Comité?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (18 de diciembre de 1997)

El Comité Fitosanitario Permanente se creó por la Decisión 76/894/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1976 ((DO L 340 de 9.12.1976. )), y está integrado por representantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión.

El Comité realiza las funciones que se contemplan en las medidas adoptadas por el Consejo en cuestiones fitosanitarias, en las circunstancias y de acuerdo con los términos establecidos en la Decisión. Varias directivas, como la Directiva 79/117/CEE del Consejo, relativa a la prohibición de salida al mercado y de utilización de productos fitosanitarios que contengan determinadas sustancias activas ((DO L 33 de 8.2.1979. )), y la Directiva 91/414/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios ((DO L 230 de 19.8.1991. )), otorgan un mandato a la Comisión para que tome ciertas medidas de acuerdo con el procedimiento del comité de reglamentación. El Comité Fitosanitario Permanente emite sus dictámenes sobre los proyectos de medidas propuestos por la Comisión en el marco de este procedimiento de toma de decisiones.

No está prevista la participación de representantes de organizaciones profesionales en este comité. Sin embargo, se consultará a estas organizaciones dentro de los comités consultivos que la Comisión ha establecido para los principales sectores de la agricultura comunitaria. El establecimiento de un grupo de trabajo permanente para las cuestiones fitosanitarias se incluye en la reestructuración prevista de estos comités.
PREGUNTA ESCRITA P-3227/97 de Dominique Souchet (I-EDN) a la Comisión (9 de octubre de 1997)

Asunto: Autorización de comercialización de productos fitosanitarios

Teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia dictada el 12.11.1996 en el asunto C-201/94 sobre los productos farmacéuticos, cuando la autoridad competente de un Estado miembro tenga pruebas de que una especialidad fitosanitaria que dispone de autorización de comercialización en otro Estado miembro y de que una especialidad fitosanitaria para la cual esta misma autoridad competente ya ha expedido autorización de comercialización son fabricadas por un mismo industrial o por concesionarios del mismo, y de que estas dos especialidades fitosanitarias, sin ser absolutamente idénticas, han sido fabricadas, por lo menos, según la misma fórmula y utilizando el mismo ingrediente activo y de que, además, tienen los mismos efectos físico-químicos, ¿tiene la mencionada autoridad competente que hacer que la especialidad fitosanitaria importada se beneficie de esta autorización de comercialización, a menos que consideraciones relativas a la protección eficaz de la vida y de la salud de las personas se opongan a ello?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (7 de noviembre de 1997)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita P-2431/97 del Sr. des Places ((DO C 134 de 30.4.1998, p. 8. )).
PREGUNTA ESCRITA E-3393/97 de Graham Watson (ELDR) a la Comisión (23 de octubre de 1997)

Asunto: Agenda 2000 y el medio ambiente

¿De qué manera se adecúan las propuestas de modificaciones en el régimen del sector de los cereales comunitario a las propuestas de la Comisión para la protección del medio ambiente?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (18 de diciembre de 1997)

La Comisión todavía no ha hecho propuestas detalladas sobre una reforma del régimen del sector de los cereales. Puede encontrarse un esbozo general de la pretendida reforma en el documento de la Comisión «Agenda 2000» ((COM(97)2000 final. )).

La Comisión quiere proponer una reducción de la intervención para los cereales del nivel actual de 119,19 ecus la tonelada a un nivel de seguridad neto de 95,35 ecus la tonelada junto con el pago de una ayuda específica por superficie, independientemente del tipo de cultivo, que se fijaría en 66 ecus la tonelada, multiplicado por los rendimientos regionales de referencia de la reforma de 1992. Estos pagos se calculan estrictamente con vistas a mitigar las consecuencias económicas de un nivel de intervención menor.

La Comisión presentará una propuesta para permitir a los Estados Miembros conceder pagos directos a los cultivos herbáceos y la retirada de tierras condicionados al respeto de las disposiciones medioambientales, para que se utilicen cada vez más en la búsqueda de objetivos medioambientales. Si los Estados Miembros hacen uso de esta posibilidad, los beneficios para el medioambiente podrían ser considerables.

La Comisión considera que financiar medidas agroambientales con un objetivo constituiría el uso más efectivo del presupuesto agrícola para alcanzar objetivos medioambientales. La Comisión propone, por tanto, reforzar el capítulo agroambiental de la política agrícola común a través de una mayor financiación del presupuesto y, si fuera necesario, mayores índices de financiación parcial.

Además, la Comisión propondrá transformar el régimen aplicable a las zonasmenos favorecidas en un instrumento básico para mantener y promover sistemas agrícolas de bajo rendimiento. Esto sería especialmente importante en los casos en que el ajuste del régimen del sector de los cereales y de otras organizaciones de mercado, junto con condiciones naturales desfavorables, dificulta la continuación de este tipo de agricultura, considerada en muchas zonas como una condición previa para el mantenimiento y la conservación del medio rural.

La Comisión espera, además, consecuencias medioambientales positivas de un régimen reformado del sector de los cereales donde a la reducción del nivel de intervención le siga una caída real del precio del mercado. Esto reduciría el incentivo para un uso excesivo de fertilizantes y pesticidas. Dichas consecuencias de extensificación se han observado como resultado de la introducción de los llamados estabilizadores de precios en 1988 y de la reforma de la política agrícola común en 1992.
PREGUNTA ESCRITA E-3495/97 de Katerina Daskalaki (UPE) a la Comisión (10 de noviembre de 1997)

Asunto: Expolio del patrimonio arqueológico y eclesiástico de Chipre

A finales de octubre han aparecido en Munich obras de gran valor arqueológico y eclesiástico robadas en iglesias y monasterios de la zona ocupada de Chipre. Se trata concretamente de más de 40 iconos, mosaicos y frescos del primer período bizantino, vendidos ilegalmente por el traficante de nacionalidad turca Alitín Dikman, cuya extradición ha sido solicitada por las autoridades de la República de Chipre. Considerando que no se trata del primer caso de expolio del patrimonio arqueológico y eclesiástico de Chipre a manos de los ocupante turcos, ¿puede indicar la Comisión si tiene intención de prestar mayor atención a esta actividad delictiva de destrucción y tráfico de obras importantes del patrimonio cultural europeo y, en caso afirmativo, qué medidas concretas piensa adoptar al respecto?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (22 de diciembre de 1997)

La Comisión se remite a sus respuestas a la pregunta escrita no E-3079/96 ((DO C 105 de 3.4.1997. )) de Su Señoría y no P-3094/96 del Sr. Alavanos ((DO C 83 de 14.3.1997. )). No hay nuevos datos que añadir por el momento.
PREGUNTA ESCRITA E-3273/97 de Gianni Tamino (V) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: Proyectos de exterminio de las ardillas grises

Según el diario italiano «L'Unità» de 27 de julio de 1997, Gran Bretaña y Bélgica han presentado una solicitud a la Unión Europea para un programa de erradicación de la ardilla gris, movidos por la preocupación de que está conquistando zonas cada vez mayores en detrimento de la ardilla roja autóctona. En Italia la Magistratura ha bloqueado un proyecto de la Universidad de Turín, autorizado por el Instituto Nacional de la Fauna Salvaje, por violación de las normas nacionales sobre la caza. ¿Ha financiado la Comisión este tipo de proyectos u otros similares para la eliminación de la ardilla gris?

¿No considera que, una vez examinado por expertos independientes el problema ecológico ocasionado por la invasión casual de estos animales, sería conveniente financiar sólo programas incruentos de desplazamiento de la ardilla roja o de reducción de sus posibilidades de reproducción?.

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (6 de noviembre de 1997)

Las ardillas grises (Sciurus carolinensis) no pertenecen a la fauna europea, proceden de los bosques de maderas duras de América del Norte y se establecieron en el Reino Unido hacia 1890. En 1913 fueron introducidas en Irlanda y, hace poco, relativamente, en Italia.

Esta especie no está incluida en los anexos de la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y la fauna y la flora silvestres ((DO L 206 de 22.7.1992. )), por lo que su protección no es competencia de la Comunidad.

No hay pruebas de que las ardillas grises hayan causado daño a especies o hábitats comunitarios importantes. Por otra parte, sí que se conoce y está ampliamente documentado el efecto negativo que tienen sobre la ardilla roja nativa (Sciurus vulgaris).

La preocupación principal que despierta la población de ardilla gris de Europa continental (en Italia y en todos los demás lugares donde se ha introducido) es que puede expandirse y convertirse en una amenaza para otras formas nativas de vida silvestre. Tal es el motivo principal de las medidas que se han tomado para controlar la población de esta especie foránea. Ningún proyecto ni programa financiado por la Comunidad ha subvencionado directamente ese tipo de medidas.

Algunos países están estudiando métodos de control alternativos como, por ejemplo, la anticoncepción de origen inmunológico.

La conclusión es que el control de la población de ardillas grises es competencia de las autoridades de los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-3095/97 de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión (2 de octubre de 1997)

Asunto: Ampliación del cauce del Danubio 2

Como bien sabe la Comisión (carta enviada por la Cancillería del Estado Federado de Baviera al Foro cívico «Medio Ambiente» el 21 de marzo de 1997; respuesta del Gobierno federal alemán no 11/86, 11/87 de 23 de enero de 1997), ni el Estado Federado de Baviera ni el Gobierno federal alemán están dispuestos a cumplir con lo dispuesto en la Directiva comunitaria relativa a la protección de las aves y en la Directiva FFH (Directiva relativa a la fauna, la flora y el hábitat), con el fin de declarar zona protegida al ecosistema de la vega del Danubio entre Straubin y Vilshofen. En las respuestas mencionadas, tanto el Estado Federado de Baviera como el Gobierno federal afirman que se deja para más adelante la declaración de zona protegida en consideración de los actuales trabajos de ampliación del Danubio, «dado que, hasta el 2000, no se adoptará ninguna decisión acerca de la naturaleza del segundo proyecto de ampliación del cauce en esta parte del Danubio».

Esta práctica es contraria a derecho. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo, son inadmisibles las consideraciones económicas a la hora de declarar una zona protegida o de delimitar sus fronteras.

El Gobierno del Estado Federado de Baviera es responsable de que todavía no existan informes oficiales del Departamento de medio ambiente del Estado federado. Estos informes nunca fueron solicitados, dado que tanto el Estado Federado de Baviera como el Gobierno federal alemán quieren evitar la declaración de zona protegida.

1. ¿Piensa la Comisión, de conformidad con el artículo 169 del Tratado CEE, exigir a la República Federal de Alemania que adopte las medidas necesarias, en el plazo que establezca la Comisión?

2. ¿Piensa la Comisión solicitar, de conformidad con el artículo 171 del Tratado CEE, que se impongan multas a la República Federal de Alemania por el evidente incumplimiento, tanto por parte del Gobierno federal alemán como del Estado Federado de Baviera de las disposiciones de los artículos 3 y 4 de la Directiva relativa a la protección de las aves, así como de la obligación de presentar una propuesta, que establece la Directiva FFH?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (11 de noviembre de 1997)

La Comisión, como bien apunta Su Señoría, está al corriente de este asunto. Esta zona, al igual que otras a orillas del Danubio, se menciona de forma expresa en el contexto del recurso por incumplimiento (92/4575) abierto en 1994 en relación con la designación insuficiente de áreas especiales protegidas en Alemania de acuerdo con la Directiva 79/409/CEE ((DO L 103 de 25.4.1979. )) sobre la conservación de aves salvajes.

1. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 169 del Tratado CE, la Comisión dio a Alemania la oportunidad de presentar sus observaciones.

2. De acuerdo con el artículo 171 del Tratado CE está prevista una sanción únicamente en caso de que el Estado miembro no cumpla una sentencia del Tribunal de Justicia. Dicha sentencia no existe en este caso por el momento.
PREGUNTA ESCRITA E-3568/97 de Frédéric Striby (I-EDN) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Intoxicación crónica de los ovinos por el cobre

Parece ser que de un país miembro de la Unión Europea a otro varía la cantidad de ppm de cobre a partir de la cual se considera que hay una intoxicación crónica de los ovinos.

Entre otras cosas, esto tiene repercusiones sobre las indemnizaciones financieras pagaderas en caso de muerte de ovinos.

¿Está informada la Comisión sobre los límites máximos de cobre a partir de los cuales se considera que existe una intoxicación crónica de los ovinos por el cobre en los distintos Estados miembros? ¿Cuál es la cantidad máxima de cobre en el hígado? ¿En los riñones? ¿En la sangre?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3568/97 y E-3569/97 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión (17 de diciembre de 1997)

Al no disponer de información más precisa que le permita efectuar las investigaciones necesarias sobre el problema planteado, la Comisión lamenta no poder responder a la pregunta por el momento. Por lo tanto, ruega a Su Señoría que precise más su cuestión.
PREGUNTA ESCRITA P-3575/97 de Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) a la Comisión (4 de noviembre de 1997)

Asunto: Supresión de la obligatoriedad de un examen para obtener licencia de caza en España

Como complemento de mi pregunta H-0727/97 ((Debates del Parlamento Europeo (octubre 1997). )), el Parlamento español, al modificar la ley 4/1989, de Conservación de Espacios Naturales y Flora y Faunas Silvestres, ha suprimido la obligatoriedad de superar un examen para obtener la licencia de caza.

¿Qué valoración puede hacer la Comisión de esta modificación?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (25 de noviembre de 1997)

Las competencias de la Comisión están limitadas por el Tratado CE y esta sólo puede poner objeciones a la legislación de un Estado miembro si conculca el derecho comunitario.

La legislación ambiental comunitaria, aunque que contiene disposiciones referentes a la caza, no establece ningún requisito sobre los exámenes que deben superar los cazadores para obtener una licencia de caza.

Por lo tanto, la Comisión no tiene competencias en este asunto y no considera apropiado pronunciarse sobre el mismo.