PREGUNTA ESCRITA E-3112/02

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(30 de octubre de 2002)

Asunto: Legalidad de los apresamientos en alta mar

El tráfico ilegal de personas que desembarcan en las costas de la Unión Europea aumenta constantemente. Muchos inmigrantes ilegales llegan a Grecia e Italia procedentes de los Balcanes, otros a España desde el norte de África. Las autoridades logran detener a algunos de los inmigrantes y traficantes ilegales, pero carecen de los medios necesarios para resolver el problema con eficacia. Muchos de los que llegan a destino se trasladan posteriormente a otros Estados miembros.

Hace algunos años, hubo voces, entre ellas la de Tony Blair, que pidieron que los Estados miembros con mayor afluencia de inmigrantes ilegales deberían ser asistidos por las fuerzas navales de otros países.

Durante muchos años, los Estados Unidos apresaban barcos procedentes de Haití que llevaban rumbo a los Estados Unidos y repatriaban a las personas a bordo a territorio haitiano. ¿Puede aclarar la Comisión si considera legal que los Estados miembros de la Unión apresen barcos en alta mar, en caso de suponer que se dedican al tráfico de personas, aunque no haya signos de piratería (considerada por el Derecho aduanero internacional durante mucho tiempo como un delito sujeto a jurisdicción universal)? ¿Afectaría a la legalidad del apresamiento que el barco enarbole o no un pabellón reglamentario, que se sospeche que realiza actividades de contrabando, incluidas sustancias psicotrópicas, o que suponga de alguna manera un peligro para el país apresador o sus ciudadanos?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(20 de diciembre de 2002)

La inmigración ilegal por mar es un problema que preocupa a la Comisión y que sigue de cerca. El Consejo presentó un plan global de lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos en la Unión Europea el 28 de febrero de 2002 y un plan global de gestión integrada de las fronteras exteriores de los Estados miembros el 13 de junio de 2002, ambos basados en las Comunicaciones de la Comisión sobre dichos temas. La correcta aplicación de las medidas relacionadas con este asunto, tal y como se identifican en estos planes, es de vital importancia para solucionar este problema. Por tanto, la Comisión acoge con satisfacción las recientemente acordadas operaciones y actividades conjuntas de los Estados miembros de la región mediterránea.

En el marco del Plan de acción sobre la lucha contra la inmigración clandestina y la trata de seres humanos en la Unión, y teniendo presente la necesidad de adoptar a nivel europeo iniciativas legislativas y/u operativas para mejorar los controles en las fronteras marítimas, el Consejo invitó a la Comisión a llevar a cabo un estudio de viabilidad para examinar cómo se podrían mejorar estos controles. El estudio de viabilidad está en curso y las conclusiones estarán disponibles a finales del primer semestre de 2003.

Por otra parte, la Comisión convocó dos reuniones de expertos relativas a la inmigración ilegal por el mar el 21 de mayo de 2002 y el 27 de septiembre de 2002 con el objetivo de determinar las acciones operativas para prevenir y combatir la inmigración ilegal en la región mediterránea. Durante estas reuniones, se consideró que la cooperación con terceros países era la forma más eficaz y acertada de resolver el problema de la inmigración ilegal por mar y prevenir más tragedias humanas. A este respecto, la firma y ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y del protocolo adjunto sobre la introducción clandestina de emigrantes por mar, tierra y aire es de una importancia extrema. El protocolo establece un marco institucional que permite mejorar la cooperación con los países de embarque, salida o tránsito y prevé la posibilidad de, entre otras cosas, inspeccionar los buques sospechosos de estar relacionados con la introducción clandestina de seres humanos con el permiso del Estado del pabellón.

De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) del 10 de diciembre de 1982 (Convención de Montego Bay), los buques en alta mar están sujetos a la jurisdicción y control exclusivos del Estado del pabellón. No obstante, en circunstancias excepcionales, otro Estado puede abordar un buque en alta mar. El derecho de visita o de emprender otras acciones está limitado a cinco casos concretos (piratería, trata de esclavos, transmisiones no autorizadas, falta de nacionalidad y falta o uso fraudulento del pabellón; cf. artículo 110, Unclos). Cabe mencionar que se puede aplicar el derecho de persecución cuando las autoridades competentes del Estado ribereño tengan motivos fundados para creer que el buque ha cometido una infracción de las leyes y reglamentos de ese Estado. Sin embargo, la persecución ha de empezar mientras el buque extranjero o una de sus lanchas se encuentre en las aguas interiores, en las aguas archipelágicas, en el mar territorial o en la zona contigua del Estado perseguidor, y sólo podrá continuar fuera del mar territorial o de la zona contigua a condición de no haberse interrumpido (cf. artículo 111, Unclos).

No obstante, la Convención de Montego Bay no permite todavía la intervención en alta mar de buques de otro Estado que el del pabellón con el objetivo de luchar contra la inmigración ilegal por mar y el tráfico de seres humanos.