PREGUNTA ESCRITA E-1815/96 de Roberto Mezzaroma (UPE) a la Comisión (5 de julio de 1996)

Asunto: Incentivos en favor de las pequeñas y medianas empresas europeas

En un congreso internacional celebrado recientemente sobre las empresas artesanales se han facilitado datos cuando menos interesantes y que deben hacer reflexionar a la Unión Europea.

En Europa, la pequeña y mediana empresa representa el 99% del sistema productivo y el 66% de los trabajadores del sector; en los últimos tres años, el sector ha creado el 75% de los nuevos puestos de trabajo y su facturación ha crecido en un 6%, frente al 3-4% de las grandes empresas.

A pesar de estos significativos datos, hay que señalar que la política económica europea se dirige fundamentalmente a los grandes grupos industriales.

Por consiguiente, es necesario crear unas condiciones favorables para las pequeñas y medianas empresas, incentivando y fomentando un nuevo empresariado dinámico, colaborando con las estructuras públicas que actúan en cada país de la Comunidad, y alentando los «hermanamientos» de empresas de diferentes países en sectores fértiles.

Con este fin, ¿no considera la Comisión que es conveniente invertir la tendencia en favor de estos pequeños y medianos empresarios europeos, no por medio de los instrumentos de incentivación clásicos, sino creando las premisas y las condiciones adecuadas para el desarrollo de estas empresas?

Respuesta del Sr. Papoutsís en nombre de la Comisión (16 de septiembre de 1996)

La Comisión está de acuerdo en que las pequeñas y medianas empresas (PYME) son un sector clave de cara al crecimiento y la creación de oportunidades de empleo. No obstante, es necesario dedicar más esfuerzos y recursos a fin de liberar todo el ptencial que las PYME encierran para lograr los objetivos de crecimiento, competitividad y empleo. En consecuencia, la Comisión presentó al Consejo Europeo de Madrid un documento político en el que se abogaba por un planteamiento más ambicioso en favor de las PYME. El Consejo Europeo hizo suyas las ideas de la Comisión y exhortó a poner lo antes posible en práctica el documento político de Madrid, en el marco del próximo programa integrado en favor de las PYME. La Comisión, por tanto, acaba de aprobar u nuevo programa integrado en favor de las PYME y el artesanado ((COM(96)329 final. )) a fin de dotar de un marco amplio la creciente coordinación de medidas políticas en favor de las PYME dentro de las diversas políticas comunitarias. El programa integrado cubre por sí mismo tres elementos clave de la política sobre las PYME:

* medidas para promover una mayor coordinación entre las políticas de los Estados miembros que tienen que ver con las PYME, en especial mediante el intercambio de las mejores prácticas

* medidas que garanticen una mejor coordinación de las diversas medidas comunitarias en favor de las PYME a través de programas y políticas tales como los fondos estructurales o el programa de investigación y desarrollo tecnológico, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones

* medidas en favor de las PYME adoptadas como parte de las actuaciones comunitarias específicas en materia de política de las PYME, propuestas en el Tercer Programa Plurianual en favor de las PYME (1997-2000) ((DO C 156 de 31.5.1996. )), debatido actualmente por el Consejo.

Es de esperar que esta nueva dinámica y este enfoque integrado resulte beneficioso para las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad. Una parte importante de dicha política, tanto en su vertiente comunitaria como en la de los diferentes Estados miembros, es la mejora del entorno empresarial en su conjunto, a fin de que favorezca el espíritu empresarial y la asunción de riesgos a fin de que las empresas puedan crecer y desarrollarse.

En diciembre de 1994 se dio un gran paso en esa dirección al crear dentro de la Comisión el comité encargado de mejorar y simplificar el entorno empresarial. Dicho comité es un instrumento práctico que pone de manifiesto el compromiso conjunto de los Estados miembros y de la Comisión en favor de una política de simplificación administrativa y normativa, particularmente en relación con las PYME. Constituye un marco para el intercambio de las mejores prácticas entre Estados miembros. Donde así proceda, la Comisión formulará recomendaciones a los Estados miembros en relación con medidas que podrían adoptarse para seguir mejorando el entorno empresarial y las relaciones entre las administraciones y las empresas.