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PREGUNTA ESCRITA P-3167/96 de Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) a la Comisión (14 de noviembre de 1996)

Asunto: Almacenamiento de material nuclear en Dounray

En 1992, la Comisión formuló una advertencia a los operadores del complejo industrial nuclear de Dounray, porque se había detectado una serie de graves infracciones de las disposiciones del Tratado Euratom. Muy recientemente se ha publicado de nuevo información sobre depósitos dudosos de residuos radiactivos problemáticos, especialmente en un pozo situado en el terreno del complejo nuclear de Dounray. Los operadores de la instalación habían clasificado dicha información como confidencial.

1. ¿Puede facilitar la Comisión datos sobre las sustancias depositadas en el pozo de Dounray?

a) En caso afirmativo:

- ¿De qué sustancias se trata exactamente?

- ¿Cuándo fueron depositadas allí?

- ¿Fue registrado dicho depósito por el sistema de balances de la instalación de Dounray?

- ¿Cumple el depósito efectuado las normas de seguridad vigentes?

- ¿Considera la Comisión la posibilidad de entablar acciones legales contra los operadores?

b) En caso negativo:

- ¿Qué opina la Comisión acerca de esta forma de almacenamiento de sustancias radiactivas extremadamente peligrosas, teniendo en cuenta, entre otros puntos, las disposiciones del artículo 37 del Tratado Euratom (posible contaminación radiactiva de las aguas, del suelo o del espacio aéreo de otro Estado miembro) así como el cumplimiento de las normas básicas de Euratom?

2. ¿Con qué frecuencia, cuándo y con qué resultados han revisado inspectores de Euratom la instalación nuclear de Dounray y especialmente sus lugares de almacenamiento de sustancias nucleares?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (16 de diciembre de 1996)

1. a) En el pozo del complejo de Dounreay se hallan almacenados menos de 3000m3 de residuos, principalmente de nivel intermedio. La información detallada sobre corrientes de residuos, cantidades e inventarios de radionucleidos está a disposición pública ((Informe DOE/RAS/96.001, Informe UK Nirex no 695, de mayo de 1996. )). El Reino Unido sigue una política de retirada de los residuos del pozo y descontaminacion de la instalación. La disposición de los residuos recogidos ha de realizarse siguiendo las normativas industriales más exigentes y respetando las normas de seguridad relativas a la protección de las radiaciones.

1. b) La actividad del pozo de residuos de Dounreay finalizó antes de que el Reino Unido se incorporase a la Comunidad, y el artículo 37 del Tratado Euratom no puede aplicarse de forma retroactiva. No obstante, sí son aplicables las normas básicas comunitarias relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes.

2. En 1995, el esfuerzo de inspección de seguridad realizada en la instalación de Dounreay fue de 619 hombres/días. Con excepción de los asuntos incluidos en las sanciones citadas en esta pregunta, los cuales se resolvieron posteriormente, no se detectaron anomalías en lo que atañe a la seguridad en la instalación de Dounreay.
PREGUNTA ESCRITA E-2343/96 de Richard Howitt (PSE) al Consejo (27 de agosto de 1996)

Asunto: Decisiones del Consejo bloqueadas por la política de no cooperación del Gobierno del Reino Unido

¿Podría enumerar el Consejo todas las decisiones bloqueadas por la política de no cooperación del Gobierno del Reino Unido a causa de la crisis de la EEB, indicando respecto de cada una de ellas si la propuesta ha sido retirada o se ha fijado una fecha provisional en que cada una de ellas vaya a ser reexaminada por el Consejo?

Respuesta (13 de diciembre de 1996)

Como ha recordado Su Señoría, cierto número de textos para cuya aprobación se requiere unanimidad no ha podido ser aprobado en varias sesiones del Consejo durante el período comprendido entre el 28 de mayo y el 20 de junio de 1996, debido exclusivamente a las reservas presentadas por el Reino Unido en relación con su última postura acerca del problema de la EEB.

Uno de los 36 textos de que se trata -la acción común relativa a la acción de la Unión en apoyo del proceso electoral en Bosnia y Herzegovina- fue adoptado por el Consejo de Asuntos Generales en su sesión del 10 de junio de 1996. Los 35 restantes se adoptaron en sesiones del Consejo subsiguientes al Consejo Europeo de Florencia del 21 y 22 de junio de 1996.

El Consejo está disponiendo lo necesario para enviar directamente a Su Señoría la lista de los textos mencionados, junto con la indicación de las sesiones del Consejo en que se adoptaron.
PREGUNTA ESCRITA P-2827/96 de Antoni Gutiérrez Díaz (GUE/NGL) a la Comisión (16 de octubre de 1996)

Asunto: Privatizaciones de empresas públicas

¿Existe alguna normativa, recomendación u orientación de la Comisión Europea que prohíba, limite o ponga determinadas condiciones a que la privatización-venta de empresas públicas en un Estado miembro pueda ser utilizada para reducir la deuda pública de dicho Estado?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión (21 de noviembre de 1996)

A excepción de las reglas de competencia, no existe ninguna norma comunitaria que prohíba, limite o ponga determinadas condiciones a la privatización o la venta de empresas públicas por un Estado miembro.

Las operaciones vinculadas a la privatización de empresas públicas se registran como operaciones financieras, de conformidad con las normas y principios de la contabilidad económica europea (sistema europeo de cuentas económicas integradas - SEC). Por lo tanto, los ingresos de las privatizaciones no tienen incidencia en el déficit de las administraciones públicas, pero disminuyen la deuda del Estado.
PREGUNTA ESCRITA E-2687/96 de Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) a la Comisión (15 de octubre de 1996)

Asunto: Trabajo «negro» en la Comisión

Tras la publicación de determinados artículos (Le Soir de 3 de agosto de 1996 y Le Vif/L'Express de 7 de junio de 1996), ¿puede indicar la Comisión si es cierto que hay personas que realizan trabajo «negro» en las dependencias mismas de la Comisión en Bruselas, o puede desmentir oficialmente esas acusaciones?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (3 de diciembre 1996)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita P-2814/96 de la Sra. Dury ((Ver p. 81. )).
PREGUNTA ESCRITA E-2180/96 de Susan Waddington (PSE) a la Comisión (2 de agosto de 1996)

Asunto: Queja no P/93/4742 - Lentitud en el expediente

Mediante carta del 28 de julio de 1993, la empresa WESCO, de Cerizay (Francia), presentó a la Comisión una queja relativa a las dificultades planteadas por las autoridades italianas en relación con una tarifa postal para un catálogo de venta por correspondencia. Dicha carta de julio de 1993 recibió una respuesta de la DG XV de la Comisión en mayo de 1996.

¿Necesita 3 años la Comisión para responder a las quejas de los ciudadanos?

Además, en su respuesta a la empresa, la Comisión señala que «si ustedes presentan nuevos elementos que demuestren la existencia de una nueva infracción, se registrará una nueva queja que será tratada con la debida diligencia».

Según la Comisión, la «debida diligencia» ¿tardará otra vez 3 años?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (3 de octubre de 1996)

Mediante carta de 28 de julio de 1993, la sociedad Wesco llamó la atención de la Comisión sobre la circular no 13 prot. DCSP/1/1/1594/ST/76, de 21 de agosto de 1978, del Ministerio de Correos italiano, que preveía que, para disfrutar de la tarifa preferente aplicable a las ventas por correspondencia, el solicitante debía enviar un certificado de la Cámara de Comercio italiana en el que constase expresamente que ejercía este tipo de actividad. Esta carta fue registrada como denuncia el 7 de septiembre de 1993.

Para obtener un certificado de la Cámara de Comercio italiana era necesario contar bien con un representante legal, o bien con un establecimiento en Italia. Esta condición era incompatible con el artículo 30 del Tratado CE. La Comisión se ha puesto en contacto en diversas ocasiones con las autoridades italianas para comunicarle la incompatibilidad de dicha circular con el Tratado. En particular, este asunto fue objeto de varias cartas dirigidas a las autoridades italianas y se inscribió en el orden del día de la reunión «global» de los días 3 y 4 de octubre de 1994 y de la reunión «de seguimiento» del 16 y 17 de enero de 1995 entre los representantes de la Comisión y los de las autoridades italianas.

El resultado de la intervención de la Comisión ha sido la modificación de la circular cuestionada por el denunciante mediante la circular no DSP/1/12724/102/95, de 2 de agosto de 1995, que dispone que las empresas con sede en otro Estado miembro pueden disfrutar de la tarifa preferente mediante la presentación de un certificado de su Estado miembro de origen equivalente al exigido a las empresas italianas.

Con esta circular, puesta en conocimiento de la Comisión mediante carta de las autoridades italianas del 9 de enero de 1996, ha quedado eliminado el obstáculo señalado por el denunciante. Por esta razón, la Comisión ha decidido archivar la denuncia y, mediante carta de 23 de marzo de 1996, informó al denunciante de la eliminación del obstáculo denunciado y de la decisión de archivo, al mismo tiempo que quedaba a su disposición en caso de que encontrase nuevos obstáculos en el desarrollo de su actividad comercial.
PREGUNTA ESCRITA P-2506/96 de Frode Kristoffersen (PPE) a la Comisión (23 de septiembre de 1996)

Asunto: Diálogo entre la Comisión y los parlamentos nacionales

En su respuesta a una pregunta anterior (H-0542/96) ((Debates del Parlamento Europeo no 4-487 (julio de 1996). )) sobre la información de los parlamentos nacionales, la Comisión había señalado que considera que las representaciones permanentes de los Estados miembros en Bruselas son el canal «normal» para transmitir documentos a las autoridades nacionales de los Estados miembros. Por su parte, en un documento de trabajo de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento Europeo de 25 de julio (PE 218.746) se propone la modificación de esta práctica con vistas a garantizar la transmisión directa de las propuestas de distintas iniciativas de la UE a los parlamentos nacionales (preferentemente por vía electrónica), de forma que éstos reciban la información sobre las propuestas al mismo tiempo que el Parlamento Europeo. En el documento de trabajo se propone, asimismo, que los miembros de la Comisión celebren reuniones de forma más sistemática en los parlamentos nacionales (o que los presenten las nuevas propuestas importantes de la Comisión).

Como continuación a su respuesta de 18 de julio de 1996, ¿podría señalar la Comisión si considera que el diálogo con los parlamentos nacionales es un elemento importante en los esfuerzos que se realizan con vistas a aumentar el interés de la opinión pública en las labores de la UE? De ser así, ¿podría indicar si tiene intención de profundizar sus contactos con éstos, por ejemplo mediante el cumplimiento de las recomendaciones recogidas en el documento de la Comisión de Asuntos Institucionales al que se ha hecho referencia anteriormente?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión (24 de octubre de 1996)

La Comisión puede únicamente confirmar que, en su opinión, las Representaciones Permanentes de los Estados miembros en Bruselas son, por el momento, la vía inicial normal de transmisión a las autoridades nacionales. Los Parlamentos nacionales han solicitado a la Comisión que se les comuniquen las iniciativas legislativas inmediatamente después de que se presenten al Consejo y al Parlamento Europeo. La petición más reciente proviene del Parlamento danés, que ha solicitado que la Comisión envíe dichos textos electrónicamente. Ello sería, por supuesto, posible desde un punto de vista técnico pero, puesto que plantea una cuestión de relaciones entre los Gobiernos nacionales y los Parlamentos nacionales, la Comisión ha planteado la cuestión ante el Consejo y está esperando su reacción.

Miembros de la Comisión y altos funcionarios acuden de vez en cuando a reuniones de las comisiones de los Parlamentos nacionales a invitación de las mismas para explicar las propuestas. No obstante, la Comisión insiste en que su responsabilidad constitucional fundamental es para con el Parlamento Europeo.
PREGUNTA ESCRITA E-2228/96 de Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) y Honório Novo (GUE/NGL) a la Comisión (9 de agosto de 1996)

Asunto: Programa POSEIMA-Agricultura - Ayuda a la producción de plátano en Madeira

Es sabido que la producción de plátano reviste una especial importancia en la economía de la región autónoma de Madeira y que constituye una actividad histórica tradicional con una importancia fundamental para miles de pequeños agricultores de baja renta.

¿Puede indicar la Comisión si las ayudas comunitarias a la producción de plátano en la región autónoma de Madeira se siguen gestionando al amparo del POSEIMA-Agricultura o si, por el contrario, las medidas de ayuda destinadas a la producción de plátano en Madeira dependen íntegramente de la aplicación de los mecanismos de la Organización Común de Mercado del Plátano?

En este último caso, ¿puede informar la Comisión de si existen o no diferencias entre las ayudas contempladas en esta OCM en relación a las diferentes regiones comunitarias productoras de plátanos?

En caso de que existan diferencias, ¿cuáles son las razones de su existencia?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (26 de septiembre de 1996)

La producción de plátanos en la región autónoma de Madeira, en Portugal, se acoge a dos tipos de ayudas comunitarias, uno de finalidad estructural y otro en el marco de la organización común de mercado en el sector del plátano (OCM).

Las ayudas estructurales se dirigen a aumentar la competitividad y la calidad de la producción y se conceden en el marco del programa de desarrollo regional.

Las ayudas establecidas en la OCM del plátano, y sobre todo la ayuda compensatoria a la producción son, en principio, idénticas a las concedidas a las demás regiones de producción comunitarias. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 12 del Reglamento (CEE) no 404/93 ((DO L 47 de 25.2.1993. )), la producción de Madeira recibió una ayuda complementaria durante los años 1993 y 1994, debido a que los ingresos fueron significativamente inferiores a la media comunitaria.
PREGUNTA ESCRITA P-1684/96 de Mair Morgan (PSE) a la Comisión (17 de junio de 1996)

Asunto: Etiquetado de los alimentos para animales

¿Se propone la Comisión elaborar disposiciones legislativas que obliguen a los fabricantes a declarar todos los ingredientes en el etiquetado de todas las bolsas de alimentos para animales con el fin de prevenir una posible repetición de la catástrofe del tipo de encefalopatía espongiforme bovina?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (9 de julio de 1996)

Como ya indicó la Comisión en sus respuestas a las preguntas escritas E-932/96 ((DO C 345 de 15.11.1996, p. 18. )) del Sr. Spiers y P-1232/96 ((DO C 322 de 28.10.1996. )) de la Sra. Kinnock, se está elaborando una modificación de las normas de etiquetado de los alimentos para animales de manera que el ganadero esté siempre informado acerca de la naturaleza de los distintos ingredientes que forman parte de los alimentos utilizados para criar a sus animales.

Las medidas previstas, que se presentarán en fecha inmediata al Comité permanente de la alimentación animal, deberán reforzar de forma sustancial la normativa actual. La Directiva 79/373/CEE ((DO L 86 de 6.4.1979. )) ya prevé disposiciones específicas para la declaración de los ingredientes contenidos en los piensos compuestos para animales.
PREGUNTA ESCRITA P-2069/96 de Carlos Pimenta (PPE) a la Comisión (16 de julio de 1996)

Asunto: Puentes sobre el Tajo

Resulta ahora irrefutable que se han infringido gravemente las disposiciones medioambientales de la Decisión de financiación del puente sobre el Tajo.

Se sabe asimismo que el requisito más importante de la evaluación del impacto ambiental, a saber la elaboración de un plan de ordenación territorial para la zona afectada por el puente, aún no se ha completado y quizás ni siquiera se ha iniciado.

No obstante, la evaluación del impacto ambiental exige que dicho plan esté listo para la primera mitad de 1995. La ausencia de este plan permite que tenga lugar una especulación salvaje ocasionada por los nuevos accesos a los que da lugar el puente, que tendrán repercusiones irreversibles en la región.

¿Piensa la Comisión seguir efectuando sus pagos hasta que el plan esté listo y aprobado?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (8 de octubre de 1996)

En las conversaciones celebradas entre la Comisión y el Gobierno portugués se han asentado unas bases satisfactorias que permitan tratar los problemas relativos a la ordenación territorial que plantea el nuevo puente sobre el Tajo. Se trata de lo siguiente:

- los posibles problemas relacionados con el desarrollo urbano, que pueden tener una incidencia en la zona de protección especial, deben resolverse de acuerdo con las indicaciones de la evaluación del impacto ambiental;

- el Gobierno portugués confirma que las disposiciones legales a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 de la Decisión de financiación han sido aplicadas de forma adecuada y seguirán siéndolo, especialmente en lo que atañe a la zona «non aedificandi» a que se refiere el punto 8 del Anexo 1 de la Decisión de financiación y el control de la ordenación territorial en el margen sur del Tajo;

- el Gobierno portugués informará a la Comisión acerca del modo en que, dentro de los planes de ordenación territorial relativos a la zona de Lisboa, incluida la de Alcochete, cubierta por las disposiciones medioambientales de la Decisión de financiación, se tendrá en cuenta esa zona «non aedificandi» y del control de la ordenación del margen sur del Tajo, en cumplimiento de la normativa comunitaria;

- el Gobierno portugués seguirá informando a la Comisión de cuantos problemas detecte en relación con las disposiciones legales a que se refiere el apartado 3 del artículo 5.
PREGUNTA ESCRITA E-2099/96 de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión (26 de julio de 1996)

Asunto: Inspección de la DG XX en la Región del Lazio

Haciendo referencia a mi pregunta E-2387/95 ((DO C 311 de 22.11.1995, p. 52. )) del 1.09.95 y E-3649/95 ((DO C 112 de 14.4.1996, p. 56. )) del 12.01.96, relativa a la inspección de las oficinas de la FILAS en la región del Lazio por parte de la Dirección de Control Financiero de la DG XX, que tuvo lugar del 9 al 13 de enero de 1995; no habiendo las autoridades nacionales recibido aún comunicación oficial al respecto y habiendo transcurrido tiempo suficiente para obtener las aclaraciones requeridas;

Se pregunta a la Comisión sobre el estado de las investigaciones y sobre el tiempo que será aún necesario para su resolución.

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (7 de octubre de 1996)

Tal y como ya se señala en la respuesta de la Comisión a las preguntas escritas E-2387/95 y E-3649/95 de Su Señoría, los resultados de las inspecciones efectuadas por la Comisión con arreglo al artículo 23 del Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo, modificado por el Reglamento (CEE) no 2082/93 del Consejo ((DO L 193 de 31.7.1993. )), son objeto de un informe confidencial de la Comisión, copia del cual se envía al Tribunal de Cuentas.

Los resultados de la inspección in situ realizada en la región del Lacio se recogen en un informe provisional que requiere un análisis más pormenorizado.

El informe definitivo sobre la citada inspección se remitirá al Tribunal de Cuentas y sus resultados serán objeto de seguimiento por parte de la Comisión, en colaboración con los organismos competentes del Estado miembro, a fin de proceder a la corrección de posibles errores o irregularidades.
PREGUNTA ESCRITA P-2026/96 de Angela Billingham (PSE) a la Comisión (12 de julio de 1996)

Asunto: Ley de nacionalidad del Reino Unido 1981

Con anterioridad a la Ley de nacionalidad del Reino Unido de 1981, que entró en vigor en 1983, un niño únicamente podía obtener la nacionalidad británica a través de su padre y no de su madre. Esta ley no es retrospectiva.

He tenido noticias de un caso en el cual una mujer de nacionalidad británica,casada con un nacional sudanés, no puede obtener la ciudadanía británica ni el pasaporte británico para su hijo, nacido en 1962, porque no solicitó un pasaporte británico para él antes de que cumpliese los 16 años.

La ley británica anterior a 1981 aún le afecta directamente a ella. Si su hijo hubiera nacido después de 1981 o si se hubiese tratado de un ciudadano británico con una esposa extranjera, su hijo hubiera tenido derecho a la nacionalidad británica aunque no se hubiese solicitado un pasaporte para él antes de los 16 años.

¿No considera la Comisión que esto constituye un caso de discriminación sexual directa?

¿Tiene la Comisión conocimiento de casos similares a éste? ¿Existen medidas o salvaguardias europeas para proteger a las personas contra este tipo de discriminación, derivado del carácter no retrospectivo de la Ley de nacionalidad del Reino Unido de 1981? ¿Tiene la Comisión proyectos de introducir este tipo de salvaguardias?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (16 de septiembre de 1996)

Las normas que rigen la concesión de nacionalidad de un Estado miembro no son competencia de la Comunidad.

De conformidad con la Declaración no 2 anexa al Tratado CE, siempre que en el Tratado se hace referencia a nacionales de un Estado miembro la cuestión de si un particular posee la nacionalidad de un Estado miembro se determinará únicamente ateniéndose a la legislación nacional de ese Estado miembro. Por consiguiente, no procede que la Comisión intervenga en la forma que propone Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-1960/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (16 de julio de 1996)

Asunto: Liberalización del mercado laboral

¿Sabe la Comisión que los trabajadores temporales contratados a través de empresas de trabajo pueden ser considerados responsables en caso de reclamaciones financieras contra la empresa para la que están trabajando, lo que no ocurre con los trabajadores fijos de la misma empresa?

¿Sabe la Comisión si existen en otros Estados miembros existen problemas semejantes a causa de la mayor liberalización del mercado laboral? ¿Están previstas a nivel europeo, en el marco del Capítulo Social, medidas legales de protección para evitar este tipo de discriminación?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (5 de septiembre de 1996)

La Comisión no tiene conocimiento de que, como afirma Su Señoría, los trabajadores temporales contratados a través de oficinas de empleo puedan ser considerados responsables en el caso de reclamaciones financieras interpuestas por terceros contra la empresa para la que trabajan. Por otra parte, la Comisión destaca que, en ausencia de regulación comunitaria, el examen de esta cuestión en concreto incumbe prioritariamente al derecho y a las prácticas vigentes en los Estados miembros.

Respecto al problema más general de la liberalización del mercado de trabajo, la Comisión espera que este proceso de liberalización traiga aparejado una adecuada protección de los trabajadores afectados.

La aspiración de garantizar un equilibrio entre los aspectos sociales y económicos condujo a la adopción de la Directiva 91/383/CE de 25 de junio de 1991 por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal ((DO L 206 de 29.7.1991. )) e inspira asimismo la reciente iniciativa de la Comisión, emprendida en el marco del Acuerdo sobre la política social, relativa a la flexibilización del tiempo de trabajo y a la seguridad de los trabajadores.