PREGUNTA ESCRITA E-2655/00

de Diana Wallis (ELDR) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Sistemas de interceptación en el ámbito de las telecomunicaciones en la UE

En la audiencia de confirmación celebrada en el Parlamento Europeo el 31 de agosto de 1999, el comisario Liikanen afirmó que, como se manifestó en el debate del Parlamento de la pasada primavera, reviste la mayor importancia que el nuevo sistema preserve los valores de la sociedad europea, y no aceptaremos la existencia de sistemas incorporados de interceptación en el ámbito de nuestras telecomunicaciones.

Algunos Estados miembros, especialmente el Reino Unido, están elaborando legislación sobre el tipo de sistemas incorporados de interceptación que el citado comisario considera inaceptable. ¿Prevé la Comisión emprender alguna acción para limitar dichas inaceptables medidas, habida cuenta de que violan el derecho a la intimidad y la libertad de opinión? ¿Prevé la Comisión garantizar que cualquier intento que se haga en la UE para imponer dichos sistemas incorporados de interceptación se someta al control democrático del Parlamento Europeo?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(23 de octubre de 2000)

La Comisión supone que Su Señoría se refiere a la Regulation of Investigative Powers Act (Ley de regulación de competencias en materia de investigación) que se votó en la Cámara de los Comunes del Reino Unido el 26 de julio de 2000 y recibió la sanción real el 28 de julio de 2000.

El proyecto de esta ley se notificó a la Comisión el 23 de febrero de 2000 según el procedimiento previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas(1), también denominada Directiva de la Transparencia.

La Comisión está examinando actualmente la ley para determinar si es compatible con varias disposiciones comunitarias como el anexo a la Directiva 97/13/CE del Parlamento y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones(2) que reconoce que las condiciones para los permisos se entenderán sin perjuicio de las medidas adoptadas por los Estados miembros por razones de interés público reconocidas en el Tratado, específicamente en relación con la seguridad pública.

Por otra parte, el artículo 5 de la Directiva 97/66/CE del Parlamento y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones(3) garantiza la confidencialidad de las comunicaciones realizadas a través de redes de telecomunicación y de los servicios de telecomunicación accesibles al público. Los Estados miembros prohibirán la escucha, la grabación, el almacenamiento u otros tipos de interceptación o vigilancia de las comunicaciones por personas distintas de los usuarios, sin el consentimiento de los usuarios interesados, salvo cuando esté autorizada legalmente, de conformidad con el apartado 1 del artículo 14. Según dicho artículo, los Estados miembros no podrán adoptar medidas legales para limitar su obligación de garantizar la confidencialidad de las redes en razón de los intereses económicos o financieros de un Estado miembro, a menos que dichas limitaciones sean necesarias para proteger la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública, la prevención, la investigación, la detección y la persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de telecomunicación. Además, la Directiva 97/66/CE establece la protección de los intereses legítimos de personas jurídicas abonadas a los servicios de telecomunicaciones como, por ejemplo, las empresas y de la confidencialidad de sus comunicaciones en las redes públicas.

Por otra parte, la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(4) garantiza el libre flujo de datos. La Directiva 97/66/CE complementa y especifica la Directiva general para el tratamiento de datos personales y, especialmente, la confidencialidad de las comunicaciones en el sector de las telecomunicaciones. También protege los datos y las comunicaciones de personas jurídicas.

Por último, la Comisión está examinando la ley habida cuenta del artículo 49 (antiguo artículo 59) del Tratado CE, para comprobar que no supone un obstáculo para la libre circulación de servicios, imponiendo obligaciones específicas a los proveedores de servicios de la sociedad de la información relacionadas con la interceptación de telecomunicaciones, la adquisición de datos de las comunicaciones y el acceso a datos cifrados.

En cuanto a la segunda parte de la pregunta, la Comisión comunica a Su Señoría que no dispone de información alguna sobre un intento de imponer sistemas incorporados de interceptación a escala comunitaria.

(1) DO L 204 de 21.7.1998.

(2) DO L 117 de 7.5.1997.

(3) DO L 24 de 30.1.1998.

(4) DO L 281 de 23.11.1995.