PREGUNTA ESCRITA E-3287/02

de Carlos Coelho (PPE-DE) a la Comisión

(20 de noviembre de 2002)

Asunto: Principio de no discriminación y respeto de las diferentes culturas y tradiciones

Un ciudadano portugués cuestiona la Ley sobre nombre y apellidos y orden de los mismos (Ley 40/1999, de 5 de noviembre) vigente en España. En su opinión, dicha Ley resulta lesiva para los hijos de matrimonios hispano-lusos, ya que altera sin el consentimiento de los padres los nombres y el orden de los apellidos de los hijos.

El problema se plantea cuando se inscribe a un niño nacido de padre o madre de nacionalidad española en el Registro Civil o en el consulado españoles para adquirir asimismo la nacionalidad de este país. Al llevarse a cabo la inscripción, tanto en el Registro Civil como en los consulados españoles se alteran los apellidos de los niños (invirtiendo el orden de los mismos) sin la autorización de los padres casi siempre contra su voluntad y se ignoran documentos de identidad, partidas de nacimiento o cualquier otro documento oficial portugués.

Teniendo en cuenta los principios en los que se basa la construcción europea, es decir, en una Europa en la que existe, entre otras cosas, libre circulación de personas, reconocimiento mutuo de títulos y reconocimiento mutuo de sentencias, ¿no se trata en este caso de una violación de un derecho básico consistente en que una persona es libre de elegir el nombre que quiere para sus hijos? ¿No supone una falta de consideración con respecto a la identidad (nombre y apellidos) de una persona, su cultura y sus tradiciones en este caso una entrañable tradición que implica dar continuidad al nombre del padre y del abuelo ?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(21 de enero de 2003)

La Comisión recibió directamente la denuncia del ciudadano portugués a la que se refiere Su Señoría, que cuestiona la ley española de registro (Ley 40/1999 de 5.11.1999). El demandante considera que la legislación española, que estipula que los padres pueden decidir de común acuerdo el orden de transmisión de su primer apellido a su hijo sería discriminatoria con relación a los hijos de ciudadanos portugueses que tienen también la nacionalidad española porque, sobre la base de las normas vigentes en España, estos hijos pierden, al registrarse en España, el último apellido del padre, que es el que se transmite a los hijos en Portugal. Según el demandante, esta ley sería perjudicial para estos niños ya que tiene como consecuencia una modificación de sus apellidos y del orden de sus apellidos en los registros españoles, sin tener en cuenta los carnés de identidad, las partidas de nacimiento o cualquier otro documento oficial portugués.

El Tribunal de Justicia recibió una solicitud de decisión prejudicial del Consejo de Estado de Bélgica en un caso similar, relativo a la interpretación de los artículos 17 y 18 del Tratado CE en un litigio pendiente ante esa jurisdicción y que oponía a un nacional español al Estado belga con respecto a la legislación belga en materia de registro de los apellidos de los niños. Se trata de un español casado con una belga, ambos residentes en Bélgica y cuyos hijos, que tienen la doble nacionalidad, son objeto de la aplicación de la legislación del fuero, es decir, de la ley belga, de acuerdo con las normas del derecho internacional privado.

En sus observaciones al Tribunal la Comisión mantuvo que los principios del Derecho comunitario en materia de ciudadanía de la Unión y libre circulación de personas, consagrados, en los artículos 12 y 17 del Tratado CE, deben interpretarse en el sentido en que se oponen a una legislación que impide a una autoridad administrativa, a la que se ha presentado una solicitud de cambio de apellido para menores residentes en ese Estado miembro y que disponen de la nacionalidad de dicho Estado miembro, por parte de madre, y de la nacionalidad de otro Estado miembro por parte de padre, aplicar las normas derivadas de la legislación de ese otro Estado miembro cuando la aplicación de las normas derivadas de la legislación de este otro Estado miembro no puede considerarse razonablemente que afecta al interés público del Estado miembro de acogida.

La Comisión considera que sería necesario esperar la posición del Tribunal de Justicia sobre el tema antes de decidir la solución que debe darse a este asunto.