PREGUNTA ESCRITA E-3144/02

de Herbert Bösch (PSE) a la Comisión

(4 de noviembre de 2002)

Asunto: Privatizaciones en Bulgaria

En el marco del procedimiento de privatizaciones emprendido por el Gobierno búlgaro se ha incluido la empresa Bulgartabac, una de las tabacaleras más importantes de Europa del Este. Sin embargo, en el proceso de venta de la empresa parecen haberse cometido múltiples violaciones de lo establecido en el pliego de condiciones de licitación y privatización, a saber:

Tobacco Capital Partners (TCP) obtuvo la adjudicación pese a la existencia de serias dudas de que dicha empresa hubiera presentado la mejor oferta. Entre otras cosas, la empresa no presentó prueba de solvencia alguna que garantizara la financiación y su oferta económica se situaba claramente por debajo de las ofertas presentadas por otros concursantes. Además, los miembros fundadores de TCP resultaron ser los mismos letrados que habían elaborado previamente el análisis jurídico de la privatización para el Gobierno búlgaro.

¿Qué información referida a este asunto obra en poder de la Comisión?

¿Qué importancia concede la Comisión Europea a la transparencia de los procesos de privatización en los países candidatos?

¿Se sabe si recientemente se han dado problemas similares en los procesos de privatización de los países candidatos?

¿Qué medidas tiene intención de emprender la Comisión en caso de que no se haya respetado lo dispuesto en el pliego de condiciones de licitación y privatización?

¿Está la Comisión en condiciones de garantizar que en la asignación de proyectos financiados por los instrumentos de la ayuda de preadhesión como Sapard, ISPA o Phare no se han dado problemas del mismo cariz?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(9 de enero de 2003)

El procedimiento de privatización de Bulgartabac ha sido objeto de varias denuncias por parte de los licitadores rechazados, que después contestaron ante el Tribunal la decisión de la agencia de privatización búlgara. El procedimiento se inició el 5 de septiembre de 2002. El 29 de octubre de 2002, el Tribunal Supremo administrativo dictó una sentencia por la que rechazaba los recursos presentados por los licitadores en cuestión contra el procedimiento. No obstante, el Tribunal anuló la decisión de la agencia de privatización en relación con la designación del licitador seleccionado. Según el Tribunal, la agencia no había respetado todos los procedimientos. El recurso presentado contra la sentencia del Tribunal fue rechazado el 16 de diciembre de 2002.

El Tratado de Roma respeta las normativa que rige los derechos de propiedad en los Estados miembros (artículo 295), pero en determinadas circunstancias la venta de empresas públicas puede comportar un elemento de ayuda estatal.

Cuando una privatización se efectúa mediante la venta de acciones en el mercado de valores, generalmente se presume que dicha venta se realiza en condiciones de mercado y que, por lo tanto, no implica ningún tipo de ayuda.

Si la empresa no se privatiza mediante la emisión de acciones negociables en bolsa sino mediante una venta, para que se pueda presumir sin ulterior examen que no ha habido ayuda estatal, se habrán de cumplir las siguientes condiciones:

- se ha de convocar una licitación abierta a todos los interesados, trasparente y no subordinada a la ejecución de otras acciones tales como la adquisición de activos distintos de los sacados a subasta o el mantenimiento de determinadas actividades económicas;

- la empresa se ha de vender al mejor postor;

- se ha de dar a los postores el tiempo e información necesarios para que puedan realizar una valoración adecuada del activo, sobre la que puedan basar su oferta.

En ningún caso puede haber discriminación basada en la nacionalidad de los posibles compradores de las acciones o del activo en cuestión.

Algunos países candidatos han experimentado notables dificultades en relación con la transparencia de los procesos de privatización. La Comisión ha puesto de relieve esas dificultades en sus informes periódicos sobre el progreso de los países candidatos en los preparativos para la adhesión.

Obviamente, no se puede garantizar que no surjan problemas en la aplicación de los instrumentos de preadhesión. Pero en caso de fraude, irregularidades o infracción de los procedimientos o de la normativa, la Comisión asegura que se adoptarán las medidas oportunas, incluido, si fuera necesario, el reembolso total de la financiación comunitaria.