PREGUNTA ESCRITA E-2293/99

de Reinhold Messner (Verts/ALE) a la Comisión

(13 de diciembre de 1999)

Asunto: Prórroga de la concesión a la sociedad italiana Autoestrade SpA

El Gobierno italiano ha aprobado por decreto la prórroga de la concesión a la sociedad Autoestrade del 2018 al 2038(1), a pesar de los dictámenes negativos del Tribunal de Cuentas y del defensor de la competencia y el mercado (Antitrust)(2), que han movido al Tribunal a recurrir al registro con reserva de los correspondientes decretos ministeriales, procedimiento que prevé el pronunciamiento del Parlamento italiano, cosa que, sin embargo, no ha sucedido(3). Los

dictámenes negativos se basan en la imposibilidad de aplicar la prórroga de 20 años generalizada concedida a las sociedades IRI al sector específico de las concesiones de autopistas, el desequilibrio del plan financiero entre la duración de la concesión, las inversiones, las contribuciones y las tarifas, la no aplicación de la normativa comunitaria y nacional en materia de contratos de trabajos públicos, y sobre todo porque la renovación de las concesiones debería haberse realizado mediante el procedimiento de información pública. A raíz de una carta de la Comisión Europea al Gobierno italiano, de 30 de julio de 1998, en la que aquélla exigía la asunción del riesgo de gestión por parte del concesionario, se creó una comisión de técnicos externos encargada de la gestión de los contratos de Autoestrade. Semejante medida está, sin embargo, en contradicción con la normativa italiana(4), que no permite la separación de construcción y gestión en la concesión, y no garantiza la aplicación de las prescripciones de la Comisión Europea, porque faltaría el principio del riesgo conexo a la gestión de una obra. La prórroga de la concesión se justificó además con la necesidad de cubrir los gastos de obras no pagadas y otros asuntos contenciosos; en realidad, en la concesión se han previsto nuevas inversiones de aproximadamente 8 billones 400 000 millones de liras para mejorar todo el tramo Florencia-Bolonia, siendo así que, según los acuerdos del Gobierno de julio de 1996, sólo se habían autorizado la construcción del tramo del puerto Aglio-Canova y la mejora de la Florencia norte-Florencia sur. Todo esto sucede también en contra de la normativa nacional(5) y sin tener en cuenta de ninguna manera el hecho de que ya está en curso de elaboración el plan general de transportes.

1. ¿No considera la Comisión que la renovación de la concesión va en contra de las Directivas 92/50/CEE, 93/37/CEE y 89/440/CEE, al no haber tenido lugar una licitación pública europea para la asignación de la concesión(6)?

2. ¿Opina que con la creación de una comisión de técnicos se cumple el requisito exigido de aplicar el principio del riesgo implícito en la gestión de una obra?

3. ¿Cómo puede la Comisión aceptar semejante prórroga, que hace que sean vanos los trabajos de preparación de un plan general de transportes que refleje las indicaciones comunitarias en materia de reequilibrio modal y reducción del tráfico motorizado?

(1) Sobre la base de la convención ANAS-Autoestrade de 4.8.1997 y actas adicionales de 11.2.1999 y julio de 1999.

(2) Véanse las deliberaciones del Tribunal de Cuentas no 136 de 27.10.1997 y 20/E/98 de 17.2.1998, así como el dictamen del Antitrust emitido el 22 de mayo de 1998.

(3) Hay que señalar que las modificaciones de los plazos de las concesiones siempre se habían realizado hasta ahora por la vía legislativa.

(4) Véase la ley no 463 de 21.5.1955 y el decreto legislativo no 547 de 17.4.1948.

(5) La normativa vigente no permite a las sociedades concesionarias y a la ANAS construir nuevos tramos de autopista si no han sido expresamente autorizados por la ley. De hecho está todavía vigente la ley no 376 de 13.8.1975, que en el artículo 18 bis establecía la suspensión de la construcción de nuevas autopistas, tramos de autopistas y túneles y pedía una reforma general del sistema de las concesionarias de autopistas. La reforma no se ha efectuado jamás.

(6) DO L 209 de 24.7.1992, DO L 199 de 9.8.1993 y DO L 268 de 15.9.1989. Según la Directiva 89/440/CEE, las concesiones de trabajos públicos se asignan ordinariamente mediante el procedimiento de la licitación privada, mientras que la Directiva 93/37/CEE establece la licitación europea para la asignación de la concesión de construcciones y gestión.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(20 de enero de 2000)

El procedimiento relativo a la prórroga de la concesión de Autostrade SpA se encuentra aún abierto, aunque parece que va a dar lugar a una solución positiva. En efecto, las autoridades italianas han expresado su total disposición a cooperar con la Comisión y se han comprometido a adoptar las medidas necesarias respetando la legislación comunitaria.

La previsión de la comisión independiente encargada de los procedimientos de gestión de los contratos públicos de obras dependientes de la concesión no debería modificar el componente de riesgo derivado de la gestión de una obra, ya que no tiene consecuencias para el plan financiero de la concesión y constituye solamente una garantía suplementaria de la apertura de los contratos a la competencia.

Teniendo en cuenta las consecuencias que pueda tener esta cuestión, la Comisión va a seguir examinando el proceso actual y no se procederá al archivo del expediente mientras la Comisión no esté convencida de que se han observado los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato durante todo ese proceso.

La Comisión está plenamente comprometida en la promoción de la movilidad sostenible dentro de la Comunidad, fomentando la creación de sistemas de transporte eficaces y compatibles con el medio ambiente a la vez que seguros y socialmente aceptables.

El programa de acción Movilidad sostenible: perspectivas especifica las iniciativas que pretende adoptar la Comisión en este sentido.

No obstante, la responsabilidad del desarrollo de los programas marco nacionales en materia de transportes e infraestructuras de transporte es competencia de los Estados miembros. La función de la Comisión consiste en garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria en cuestión.