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PREGUNTA ESCRITA P-1142/97 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (21 de marzo de 1997)

Asunto: Adopción de niños y posible discriminación en la legislación europea

En respuesta a la experiencia de una persona de mi circunscripción, ¿podría indicar la Comisión los ámbitos relevantes de la legislación y de la ayuda comunitarias en relación con la adopción de niños? En el caso particular de una autoridad pública europea que denegó a una mujer la posibilidad de adoptar, por razones de exceso de peso (cosa que ella rebate enérgicamente), ¿podría una decisión de este tipo constituir una discriminación injusta de las mujeres con arreglo a la legislación europea o una violación de sus derechos humanos?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (11 de abril de 1997)

En los ámbitos que no son competencia exclusiva suya, la Comunidad sólo interviene si y en la medida en que los objetivos de la acción considerada no pueden ser realizados adecuadamente por los Estados miembros y, por lo tanto, debido a las dimensiones o a los efectos de la acción considerada, pueden realizarse mejor a escala comunitaria. En consecuencia, no se adoptó ninguna medida comunitaria relativa a la institución de derecho civil que es la adopción.

En cambio, el Consejo de Europa adoptó, en abril de 1967, un convenio europeo en materia de adopción de los niños que entró en vigor en abril de 1968. Hasta ahora, este convenio ha sido ratificado por nueve Estados miembros de la Unión (Dinamarca, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Austria, Portugal, Suecia y el Reino Unido) y firmado por Francia y Luxemburgo. Este convenio se refiere solamente a la institución jurídica de la adopción de un niño que, en el momento en que el solicitante pide su adopción, no alcance la edad de 18 años, no esté o no haya estado casado, y no se considere mayor de edad.

Por otra parte, el convenio sobre los derechos del niño, adoptado el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificado por todos los Estados miembros de la Unión, en su artículo 21, concede una atención especial a la adopción internacional y establece algunas normas jurídicas con el fin de garantizar que «el interés superior del niño es la consideración primordial» en materia de adopción (internacional) y anima, en particular, a los Estados a celebrar «acuerdos o acuerdos multilaterales» con el fin de perseguir los objetivos definidos en este artículo.

Por último, el observatorio europeo de las políticas nacionales familiares sacará, en el transcurso de este año, su sexto informe 1996 dónde sin duda se realizará un examen comparativo de las distintas legislaciones nacionales.
PREGUNTA ESCRITA E-1400/97 de Olivier Dupuis (ARE) a la Comisión (22 de abril de 1997)

Asunto: Década de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas del Mundo

A la vista de la Década de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas del Mundo, de la que ya han transcurrido prácticamente dos años y medio, ¿podría la Comisión indicar con qué proyectos ha prestado ayuda a los pueblos indígenas de la Polinesia Francesa en 1995 y 1996?

¿Podría la Comisión enumerar los nombres de los proyectos y el importe de las ayudas destinadas a los diferentes instrumentos financieros de que dispone en favor de los pueblos indígenas de la Polinesia Francesa?

¿Considera la Comisión que ha reaccionado de manera adecuada ante las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien ha pedido a los estados y a las organizaciones intergubernamentales que fomenten los derechos e intereses de los pueblos indígenas que viven en sus territorios, tal y como se refleja en el propio título de la década: «Pueblos indígenas: socios en acción»?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión (3 de junio de 1997)

La Comisión no lleva a cabo en sus programas una política exclusivamente dirigida a los pueblos indígenas de la Polinesia francesa. Considera que toda la población debe beneficiarse del proceso de desarrollo. A través de los programas indicativos sexto y séptimo, proporciona ayuda financiera por un importe de 21,35 millones de ecus en apoyo de las políticas estatales de desarrollo rural y diversificación económica. El 83 % de esta ayuda se asigna a proyectos en curso en los sectores agrícola y pesquero y de infraestructura económica, que mejorarán la situación socioeconómica de los pueblos indígenas. Se remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento una lista de estos proyectos. La Comisión piensa, en consecuencia, que ha respondido adecuadamente a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
PREGUNTA ESCRITA E-1160/97 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (26 de marzo de 1997)

Asunto: Desglose a nivel regional de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

¿Podría facilitar la Comisión un cuadro -del último año para el que se disponga de estadísticas- en el que se desglose el total de los pagos realizados en el marco del FEDER según la nomenclatura de unidades estadísticas territoriales (NUTS III) en Europa? A título comparativo, ¿podría facilitar las mismas cifras para el período de 1993? Dada la falta de transparencia que conlleva facilitar datos contradictorios e incompletos en este sentido, ¿está dispuesta la Comisión a comprometerse a elaborar un cuadro de este tipo que resuma las operaciones de los Fondos estructurales y a que éste figure sistemáticamente en los próximos Informes Anuales?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (14 de mayo de 1997)

A partir del Sexto informe anual sobre los Fondos estructurales (1994) relativo al año de lanzamiento de la programación de 1994-1999 ((COM(95)583. )), la Comisión publica un desglose regional de la ejecución financiera en el Informe anual sobre los Fondos estructurales.

Desde el Séptimo informe (1995) ((COM(96)502. )), transmitido al Parlamento, que lo examina actualmente, este desglose presenta la ejecución de todos los Fondos estructurales correspondientes al conjunto de las intervenciones (marcos comunitarios de apoyo, documentos únicos de programación e iniciativas comunitarias).

Los cuadros en cuestión recogen la ejecución del año al que se dedique el informe, así como la ejecución acumulativa desde 1994 de los pagos y compromisos de créditos.
PREGUNTA ESCRITA E-0920/97 de Peter Skinner (PSE) a la Comisión (12 de marzo de 1997)

Asunto: Contaminación acústica

La Directiva del Consejo relativa a los niveles sonoros admisibles no contempla la contaminación acústica producida por los vehículos deportivos a motor. Sin embargo, este problema concreto afecta a la salud de la población activa y de los residentes de ciertas zonas del Reino Unido.

¿Puede la Comisión comunicar si tiene previsto emprender alguna acción en el campo de la contaminación acústica producida por vehículos deportivos a motor?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (5 de mayo de 1997)

La Directiva 70/157/CEE, relativa al nivel sonoro admisible y al dispositivo de escape de los vehículos a motor ((DO L 42 de 23.2.1970. )) tiene como objeto facilitar el buen funcionamiento del mercado interior de los vehículos a motor, y asegurar un nivel de protección elevado contra las molestias sonoras provocadas por el tráfico de carretera. Esta Directiva se aplica a los vehículos destinados puestos en circulación en carretera desde la concesión del certificado de circulación. No se aplica a los vehículos destinados a competiciones deportivas que, en cambio, obedecen a normas técnicas establecidas a nivel nacional o por las federaciones deportivas.

Es responsabilidad de las autoridades locales, que autorizan las competiciones deportivas, tomar posibles medidas complementarias, como la instalación de pantallas anti-ruido, que pueden reducir las molestias al vecindario.
PREGUNTA ESCRITA P-0421/97 de Fiorella Ghilardotti (PSE) al Consejo (6 de febrero de 1997)

Asunto: Condiciones de trabajo precarias y problemas de higiene en la nueva sede del Consejo

Durante los últimos meses, varios artículos publicados en la prensa belga han señalado graves problemas en la nueva sede de la Secretaría General del Consejo, el edificio Justus Lipsius, que afectan a las condiciones de trabajo en determinados servicios y, más en particular, problemas de higiene en las cocinas, debido a la mala concepción y ejecución de las obras.

En vista del plazo del 9 de abril de 1997, fecha en la que el Consejo deberá proceder a la recepción definitiva del edificio, ¿ha identificado el Consejo, con la preocupación de velar por el presupuesto comunitario, sobre quién de los diferentes actores que han participado en las múltiples fases de concepción y realización del edificio recaen las responsabilidades?

Respuesta (1 de julio de 1997)

Con arreglo al contrato de 26 de febrero de 1985 entre el Estado belga y las Comunidades Europeas relativo a la construcción del edificio Justus Lipsius, que se acabó de construir en 1995, no es el Consejo, sino el Estado belga el que debe proceder a la aceptación definitiva, con arreglo a lo prescrito en los distintos pliegos de condiciones. No obstante, el contrato estipula que el Consejo ha de dar su visto bueno antes de que se pueda proceder a la aceptación definitiva. Ésta podrá tener lugar una vez se haya encontrado una solución satisfactoria para los problemas que actualmente están siendo objeto de un estudio exhaustivo. Por otra parte, se está preparando la firma de la escritura pública de venta.

De este modo, el Consejo vela por la salvaguardia de sus intereses en el marco de la aplicación de las disposiciones legales y contractuales.
PREGUNTA ESCRITA P-1195/97 de Ernesto Caccavale (UPE) a la Comisión (26 de marzo de 1997)

Asunto: Fondos estructurales: riesgos para la Región Campania

Según los datos dados a conocer por el Servicio Central de Contabilidad del Estado italiano, la Región Campania ha comprometido, en el período 1994/1999, el 16 % de los Fondos estructurales y ha gastado el 2,5 % de los mismos, convirtiéndose en la última Región de Europa en lo relativo a la utilización de los Fondos estructurales.

Si bien actualmente se está produciendo un cambio de tendencia positivo, resulta evidente que la Región Campania, que ha perdido 600.000 millones de liras en el período precedente, corre el riesgo de seguir perdiendo fondos por importes no menos importantes.

¿Puede informar la Comisión si la Región Campania corre el riesgo de perder sus Fondos estructurales y en qué cantidad?

¿Cree la Comisión que es posible prorrogar el período establecido para los gastos previstos?

¿Pedirá la Comisión al Gobierno que simplifique las exigencias burocráticas para que la Región Campania pueda aumentar la utilización de los Fondos estructurales?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (24 de abril de 1997)

La Comisión confirma que el programa operativo de 1994-1999 para Campania está conociendo graves retrasos en su aplicación y, por consiguiente, hay un riesgo real de pérdida de los recursos que los Fondos estructurales destinan a ese programa. La dotación total de la ayuda comunitaria de dicho programa asciende a 1.327,9 millones de ecus.

La Comisión no tiene la intención de establecer ninguna prórroga para completar los programas de los Fondos estructurales del periodo actual de programación.

En 1995, la Comisión llevó a cabo un convenio con el Estado italiano y las regiones, consistente en una serie de medidas que debían permitir una mejor y más rápida puesta en práctica de las intervenciones de los Fondos estructurales en Italia. Entre esas medidas, se concedió especial importancia al compromiso del Estado y de las regiones de simplificar los procedimientos que regulan la preparación y la realización de las intervenciones. La Comisión vela por el cumplimiento de este compromiso y continúa insistiendo ante las autoridades italianas para que se traduzca en actuaciones concretas.
PREGUNTA ESCRITA E-1024/97 de Hiltrud Breyer (V) al Consejo (24 de marzo de 1997)

Asunto: Examen sanitario para los productos alimenticios obtenidos o modificados mediante técnicas genéticas

El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios prevé la realización de un examen sanitario para los productos alimenticios modificados u obtenidos mediante técnicas genéticas.

1. a) ¿Qué criterios se han previsto para estos exámenes sanitarios?

b) ¿De qué métodos de ensayos se dispone?

2. a) ¿Cómo se prueban los posibles efectos alérgenos de los productos alimenticios modificados u obtenidos por técnicas genéticas?

b) ¿De qué métodos de ensayo se dispone a ese respecto?

c) ¿Cómo valora el Consejo el hecho de que la Administración para Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos afirme que actualmente no dispone de ningún método de ensayo para estimar por anticipado los efectos alérgenos de los productos alimenticios modificados u obtenidos por técnicas genéticas?

3. ¿Comparte el Consejo la opinión de con ello los consumidores pasan a ser casi conejillos de Indias?

Respuesta (2 de julio de 1997)

1. y 2. Tal como indica la pregunta de Su Señoría, los nuevos alimentos y los nuevos ingredientes alimentarios están sometidos a examen sanitario; en efecto, estos productos alimentarios se someten a los controles establecidos en la Directiva 89/397/CEE del Consejo relativa al control oficial de los productos alimenticios y en la Directiva 93/99/CEE sobre medidas adicionales relativas al control oficial de los productos alimenticios.

Por lo que se refiere a los métodos de análisis, se recuerda que el artículo 4 de la Directiva 93/99/CEE establece que los Estados miembros velarán por que los métodos de análisis utilizados en el contexto del control oficial de los productos alimenticios cumplan en la medida de los posible determinados criterios establecidos por la Directiva 85/591/CEE referente a la introducción de modos de toma de muestras y de métodos de análisis comunitarios para el control de los productos destinados a la alimentación humana.

3. En lo relativo a la protección del consumidor, el artículo 3 del Reglamento 258/97 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios establece que los alimentos o ingredientes alimentarios que dicho Reglamento abarca no deben:

- suponer ningún riesgo para el consumidor,

- inducir al error al consumidor,

- diferir de otros alimentos e ingredientes alimentarios a cuya sustitución se destinen de tal manera que su consumo normal implique desventajas para el consumidor desde el punto de vista de la nutrición.

Además, con vistas a la comercialización en la Comunidad de los nuevos alimentos y de los nuevos ingredientes alimentarios, en los artículos 4, 6, 7 y 8 se establece un procedimiento de evaluación de dichos productos.
PREGUNTA ESCRITA E-1146/97 de Andrea Manzella (PSE) a la Comisión (26 de marzo de 1997)

Asunto: Carácter vinculante del Derecho comunitario de la competencia

¿Tiene conocimiento la Comisión de la creciente tendencia en algunos Estados miembros, aparentemente inspirada por las conclusiones del Abogado General en la causa Van Scijndel (apdo. 49), de poner en duda el principio fundamental de la supremacía del Derecho comunitario sobre el Derecho nacional? ¿Tiene conocimiento la Comisión del hecho de que parece que en los Países Bajos esta preocupante línea de pensamiento ha llegado hasta el Tribunal de Casación?

En particular, ¿tiene conocimiento la Comisión del hecho de que, en un procedimiento que tiene como objeto la suspensión de la ejecución de un laudo arbitral por ser contrario al ordenamiento público, un Abogado General del Tribunal de Casación de los Países Bajos ha mantenido que el carácter vinculante del Derecho comunitario de la competencia no prevalece sobre la autonomía de las partes y que, por lo tanto, el juez nacional no tiene que aplicar el artículo 85 del Tratado, aunque una de las partes hubiese solicitado expresamente ante el Tribunal la suspensión y anulación del laudo arbitral por ser contrario al ordenamiento público?

¿No considera la Comisión que si prevaleciera tal punto de vista, éste podría abrir el camino a una forma de resolución privada de las controversias que ignore el principio del ordenamiento público, como está establecido en el artículo 85 del Tratado de Roma, y permita a las partes evitar deliberadamente la aplicación de dichos principios?

¿Cómo piensa actuar la Comisión a fin de hacer valer un punto de vista que defienda la integridad de todo el sistema jurídico comunitario?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (2 de mayo de 1997)

La Comisión ha tenido conocimiento del procedimiento pendiente ante el Tribunal de Casación de los Países Bajos al que se refiere Su Señoría. Sin embargo, la Comisión no ha podido constatar una tendencia en los organismos jurisdiccionales nacionales consistente en cuestionar la primacía del derecho comunitario y en particular de sus normas de competencia, sobre el derecho nacional de los Estados miembros. Si no fuera este el caso, la Comisión no dudaría en adoptar todas las medidas necesarias para restablecer el respeto del orden jurídico comunitario, de conformidad con su función de guardiana del Tratado.
PREGUNTA ESCRITA E-1269/97 de Alessandro Danesin (UPE) a la Comisión (11 de abril de 1997)

Asunto: Evaluación del impacto medioambiental de un proyecto de vertedero en Spresiano (Treviso)

El consorcio «Priula» para la recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos es la entidad responsable de la cuenca TV2 (Treviso 2) para la eliminación de los residuos sólidos urbanos (disposición no 785 del Consejo Regional del Veneto de 28.10.1988). Este consorcio, a través de la empresa de capital mixto público-privado «Contarina spa», de la que es socio mayoritario, ha presentado un proyecto para la construcción de una instalación de tratamiento de los residuos sólidos urbanos con producción de «compost» y de COR (combustible obtenido de residuos), aprobado el 29.11.1991, que se habría de realizar en el Ayuntamiento de Spresiano con un coste previsto de aproximadamente 30.000 millones de liras.

La Región Veneto ha aprobado el proyecto, por medio de la decisión no 6105 del 23.10.1992, tras el dictamen favorable de la Comisión Técnica Regional, sección Medio Ambiente, basado en el estudio de compatibilidad medioambiental presentado por la propia «Contarina spa».

Ahora bien, dicho estudio presenta datos falsos respecto de la situación real, como lo ha puesto en evidencia el Alcalde y el Concejo de Spresiano. Se trata de datos fundamentales para la aprobación del proyecto.

Por ejemplo, se dice que la instalación se establecerá:

- a por lo menos 1,4 km. de la localidad más cercana, pero en realidad estará a 420 m. de la aldea de Lovadina (en el proyecto regional de eliminación de residuos sólidos urbanos se prevén 500 m.);

- a aproximadamente 100 m. del perímetro de la instalación existe una autopista (límite mínimo previsto: 200 m.);

- a 20 m. aproximadamente hay casas particulares habitadas y a aproximadamente 30 m. un núcleo de cuatro casas habitadas (el límite regional previsto es de 100 m.).

¿Se ha presentado ya este proyecto a la Comisión o, por lo menos, conoce la Comisión dicho proyecto?

¿Considera que se han respetado las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE ((DO L 175 de 5.7.1985, p. 40. )) sobre la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente y las Directivas 75/442/CEE ((DO L 194 de 25.7.1975, p. 39. )) y 91/156/CEE ((DO L 78 de 26.3.1991, p. 32. )) relativas a los residuos?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (6 de mayo de 1997)

Los hechos expuestos por Su Señoría no son objeto de una verificación por parte de la Comisión. Eventualmente, pueden plantearse ante la jurisdicción nacional.

Los proyectos de obras amparados por la Directiva 85/337/CEE, relativa al procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente, no se comunican de oficio a la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-1051/97 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) a la Comisión (19 de marzo de 1997)

Asunto: Objetivos de los Fondos Estructurales

¿Estima la Comisión que con el desarrollo de los Fondos Estructurales, durante los últimos años, puede pensarse que ya se han cumplido los objetivos de acercar los niveles de desarrollo entre las regiones de la Unión Europea?

Respuesta de la Sra.Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (18 de abril de 1997)

El Primer informe sobre la cohesión de la Comisión ((COM(96)542. )) muestra que se han realizado importantes progresos en la reducción de la diferencia en materia de renta entre muchos de los Estados miembros y regiones más pobres y el resto de la Comunidad. Al mismo tiempo, las diferencias regionales en materia de nivel de vida siguen siendo significativas y sigue habiendo mucho por hacer en relación con el desempleo y la creciente diferencia entre regiones y entre grupos sociales en relación con su acceso al empleo.

La reestructuración de las regiones y la creación de oportunidades de empleo permanente para todos siguen suponiendo un reto a largo plazo tanto para los Estados miembros como para la Comunidad, siendo necesario un compromiso a largo plazo a través de políticas nacionales y comunitarias centradas eficazmente en las zonas más afectadas y en los problemas más graves.
PREGUNTA ESCRITA E-1449/97 de Angela Sierra González (GUE/NGL) a la Comisión (28 de abril de 1997)

Asunto: Riesgos para la salud y el bienestar de los vecinos de un local de formación profesional en las Islas Canarias

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Canarias) se vienen desarrollando, financiados por el Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM) del Gobierno de Canarias y por el Fondo Social Europeo, unos cursos de formación gratuitos organizados por la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal de Las Palmas (FEMEPA). En una de las sedes de estas Federación se imparten cursos de formación relativos a un Taller de «Chapa y Pintura». El citado local está situado en una zona residencial del municipio. Aun cuando las normas urbanísticas prohíben este tipo de actividades en la zona, por su carácter y por las escasas dimensiones del local, causando a los vecinos perjuicios para la salud (expulsión de gases y humos, polvos de pintura de naturaleza tóxica, etc.), éstas se siguen desarrollando, sin que se haya procedido a su traslado, como han pedido repetidas veces los vecinos.

Sin negar la importancia de estos cursos de formación para la cualificación profesional de los trabajadores/as y desempleados/as de la isla de Gran Canaria, ésta debe hacerse sin perjudicar la salud de la población y respetando la normativa urbanística de la zona.

¿Considera la Comisión que, en estos casos, es necesario compatibilizar las actuaciones en favor de la formación con la preservación de los riesgos para la salud de la población y la preservación de los riesgos para la misma?

¿Qué medidas considera la Comisión que es conveniente llevar a cabo para que, en el presente caso, se compatibilicen los intereses formativos de los alumnos y los derechos de los vecinos?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (6 de junio de 1997)

El Reglamento (CEE) no 2081/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993 ((DO L 193 de 31.7.1993. )), subraya la compatibilidad necesaria entre las medidas financiadas mediante los fondos estructurales y las demás políticas comunitarias, de acuerdo con las disposiciones vigentes del Derecho comunitario.

La Comisión considera necesario, en el caso que nos ocupa, que la institución nacional competente garantice la compatibilidad entre la acción de formación y la protección de la salud.

A este respecto, la Comisión se dirigirá a las autoridades españolas para llamarles la atención sobre los problemas expuestos por Su Señoría.