PREGUNTA ESCRITA P-1806/99

de Paul Rübig (PPE-DE) a la Comisión

(11 de octubre de 1999)

Asunto: Envío transfronterizo directo de anuarios telefónicos nacionales

La International Telecommunication Union es una asociación de empresas de telecomunicación a escala europea. Para obtener un anuario telefónico de un Estado miembro, esta asociación aconseja a los usuarios dirigirse a la administración de su propio país. Muchas administraciones hacen caso de esta recomendación de un organismo no estatal y no comunitario y entregan sus correspondientes anuarios telefónicos sólo dentro de sus propias fronteras.

¿Qué consideración le merece a la Comisión este proceder a la luz de la liberalización de Telecom y de la realización progresiva del mercado interior?

¿Puede la Comisión evitar la sospecha de una violación del derecho de competencia o de la normativa relativa a la discriminación?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(5 de noviembre de 1999)

La cuestión planteada por Su Señoría se refiere a las condiciones de aplicación, por las autoridades reglamentarias nacionales de los Estados miembros, de las disposiciones pertinentes de la Directiva 98/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 1998, sobre la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo(1).

En efecto, esta Directiva prevé en el apartado 2 del artículo 15 que (con la única reserva del respeto de la legislación correspondiente sobre la protección de los datos personales) los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar cualesquiera restricciones reglamentarias que impidan la prestación de los servicios y facilidades enumerados en la parte 3 del anexo I, en cumplimiento de las normas sobre la competencia del Derecho comunitario. En las letras e) y f) de la lista incluida en la parte 3 del anexo I figuran el acceso a los servicios de operadora de otros Estados miembros así como el acceso a los servicios de consulta de guías de otros Estados miembros.

La descripción hecha por Su Señoría de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y sus procedimientos data de la época (anterior a la puesta en marcha por la Comunidad de un marco reglamentario de liberalización de las telecomunicaciones) en que la UIT agrupaba, efectivamente, las administraciones nacionales responsables de las telecomunicaciones en un entorno de monopolios públicos. Entre tanto, las estructuras de la UIT han comenzado a evolucionar para reflejar la distinción creciente, y cada vez más extendida en el mundo, entre los operadores de telecomunicaciones y las administraciones responsables de su reglamentación.

Esta distinción se impuso progresivamente en Europa, en especial por la política de liberalización, y en particular la eliminación de los derechos exclusivos y especiales de los que se beneficiaban los operadores históricos, lo que dio lugar a la elaboración del principio de separación entre el regulador nacional y el operador histórico en el marco de la normativa adoptada por la Comunidad. En la actualidad, tanto las administraciones nacionales como los agentes económicos de los países miembros de la UIT participan en estas tareas, pero ahora las normas comunitarias imponen que las administraciones participantes de los Estados miembros actúen de manera totalmente independiente respecto a los intereses de todas las categorías de operadores que pueden contribuir a los trabajos de la UIT.

Por otra parte, conviene destacar que las recomendaciones elaboradas por las instancias de la UIT, como su propio nombre indica, no tienen fuerza jurídica vinculante directa, por lo que los Estados miembros únicamente pueden aplicarlas cuando no entren en conflicto con el Derecho comunitario vigente.

Por último, al día de hoy la Comisión no ha recibido información en el sentido de que haya recomendaciones de la UIT cuyo objeto sea contrarrestar ni facilitar la aplicación efectiva de las citadas disposiciones de la Directiva 98/10/CE por parte de las administraciones responsables de los Estados miembros.

(1) DO L 101 de 1.4.1998.