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PREGUNTA ESCRITA E-1468/00

de Ulla Sandbæk (EDD) a la Comisión

(10 de mayo de 2000)

Asunto: El régimen danés de jubilación anticipada

Al parecer, la Comisión ha llegado a un acuerdo con el Gobierno danés sobre los derechos relacionados con la modalidad de jubilación anticipada vigente en Dinamarca. ¿Podría indicar la Comisión si ha aceptado que la jubilación anticipada danesa es un régimen basado en el mercado de trabajo y que no tiene carácter social, en cuyo caso entraría dentro del ámbito de aplicación del Reglamento no 1408/71(1)?

(1) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(9 de junio de 2000)

En 1995 la Comisión presentó una propuesta al Consejo(1) por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad(2); dicha propuesta incluye disposiciones de la coordinación de las prestaciones de jubilación anticipada. La Comisión indicó en la exposición de motivos que los regímenes de jubilación anticipada de los que forma parte el efterløn danés, no se encuentran contemplados explícitamente por el Reglamento (CEE) no 1408/71. Por lo tanto, la Comisión propuso que se elaborara un capítulo independiente para dichas prestaciones, así como disposiciones para asegurar la acumulación de los períodos de seguro y la exportación de la prestación. Sin embargo, el Consejo todavía no ha aprobado la propuesta. Además, la Comisión ha incluido disposiciones de similares características en su propuesta de análisis y simplificación del Reglamento (CEE) no 1408/71(3) que actualmente está estudiando el Consejo.

Por lo tanto, las prestaciones de jubilación anticipada, como el efterløn, no entran todavía dentro del ámbito de las disposiciones del Reglamento (CEE) no 1408/71 (véase, por ejemplo, la jurisprudencia referente al asunto C-171/82, Valentini(4); asunto C-198/90, Comisión contra Países Bajos(5); asunto c-25/95, Otte(6)).

Sin embargo, debería tenerse en cuenta que, recientemente, el Gobierno danés acordó con la Comisión que la prestación de jubilación anticipada danesa constituye una ventaja social en el sentido del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad(7), y que su requisito de residencia constituye una discriminación indirecta en detrimento del derecho de libre circulación de los trabajadores. Posteriormente, el Gobierno danés informó a la Comisión de que se eliminará este requisito.

(1) DO C 62 de 1.3.1996.

(2) DO L 149 de 5.7.1971 última versión consolidada: Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo de 2 de diciembre de 1996 DO L 28 de 30.1.1997.

(3) DO C 38 de 12.2.1999.

(4) Rec. 1983 p. 2157.

(5) Rec. 1991 p. I-5799.

(6) Rec. 1996 p. I-3745.

(7) DO L 257 de 19.10.1968.
PREGUNTA ESCRITA E-2343/00

de Isidoro Sánchez García (ELDR) a la Comisión

(13 de julio de 2000)

Asunto: Integración de Cuba en el grupo ACP

¿Cómo valora la Comisión la petición del Gobierno de la República de Cuba al grupo ACP (África, Caribe y Pacífico) para integrarse como miembro de dicho grupo, al margen del acuerdo de partenariado entre los ACP y la Unión Europea, y, en su caso, qué repercusiones sociopolíticas podría conllevar tal aceptación?

Respuesta del Comisario Nielson en nombre de la Comisión

(25 de septiembre de 2000)

Hasta ahora la Comisión no ha sido informada sobre una solicitud en este sentido. En caso de que fuera presentada, la decisión debería ser adoptada por los países ACP. Sin embargo, la Comisión recuerda que la pertenencia al grupo ACP no implica siempre ser automáticamente beneficiaria del Acuerdo de Porto Novo. Como no hay ningún precedente de un país que forme parte del grupo ACP sin ser parte del acuerdo de los países ACP con la Comunidad, las consecuencias sociales y políticas de tal estatuto no pueden evaluarse en este momento.
PREGUNTA ESCRITA E-3178/00

de Luis Berenguer Fuster (PSE) a la Comisión

(10 de octubre de 2000)

Asunto: Neutralidad de la Comisión en el expediente abierto al Reino de España por los costes de transición a la competencia para las empresas eléctricas

En anteriores ocasiones la Comisión ha contestado que, en su opinión, la Vicepresidenta de la Comisión, Sra. de Palacio, no era incompatible para intervenir en el expediente relativo a los costes de transición a la competencia (CTCs) a las empresas eléctricas, a pesar de haber intervenido ella misma como miembro del Gobierno que adoptó esa medida.

En la actualidad existen nuevas circunstancias que podrán hacer variar la situación. Por una parte, se ha publicado que la Comisión va a abrir un expediente formal; por otra parte, las presiones del Gobierno español se han acentuado (Gobierno que sigue siendo sustancialmente el mismo al que perteneció la Sra. de Palacio), mientras que las declaraciones de la Vicepresidenta muestran una gran comprensión y coincidencia con la postura del Gobierno.

En esta situación se pregunta a la Comisión:

- ¿Continúa la Comisión creyendo que la Vicepresidenta Sra. de Palacio no tiene ningún tipo de incompatibilidad para intervenir en el expediente de los CTCs?

- ¿Tiene algún peso el hecho de que no sólo la Sra. de Palacio intervino en esa decisión, sino que el Gobierno actual, interesado en una determinada solución, es el mismo al que ella perteneció?

- ¿Cómo se puede garantizar en este caso la neutralidad de la Vicepresidenta?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(30 de octubre de 2000)

1. Por las razones expuestas por el Miembro responsable de la competencia, en nombre de la Comisión, en respuesta conjunta a las preguntas escritas E-1761/99 y P-1889/99(1) de Su Señoría, la futura decisión de la Comisión acerca de este expediente se tomará en cumplimiento del principio de colegialidad.

2. El hecho de que un Miembro de la Comisión haya formado parte de un Gobierno no debe impedirle participar en el proceso de toma de decisiones de la Comisión. En este contexto, me permito recordar a Su Señoría lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 213 del Tratado CE (antiguo artículo 157).

(1) DO C 170 E de 20.6.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-2871/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(14 de septiembre de 2000)

Asunto: Restricción de la competencia en el precio de los carburantes posiblemente acordada por las compañías petroleras en el Estado español

El pasado mes de mayo, en un momento de especial subida de los precios de los carburantes, la Comisaria responsable del sector de la energía declaró públicamente que consideraba sorprendente la coincidencia de precios que se registraba en el Estado español, subrayando que la Comisión Europea examinaba este asunto con suma atención y pareciendo sugerir que podríamos estar ante la existencia de un cártel de compañías petroleras contrario a las normas de competencia de la Comunidad. Ahora, pasados varios meses, y cuando los precios de los carburantes siguen subiendo, ¿puede decir la Comisión si ha adoptado ya una posición acerca de la posible restricción de competencia por parte de las compañías distribuidoras de carburante en el Estado español, y, en particular, sobre el comportamiento de Repsol, Cepsa y BP, que representan un 80 % del carburante vendido en el Estado?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(20 de octubre de 2000)

La Comisión informa a Su Señoría que las autoridades de competencia españolas están investigando actualmente los acuerdos y prácticas en el sector de la distribución de carburantes que podrían ser contrarios a las normas comunitarias y españolas sobre competencia. En aplicación de los principios contenidos en la comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros para la gestión de los asuntos contemplados en los artículos 81 y 82 del Tratado CE (antiguos artículos 85 y 86)(1), las autoridades nacionales de competencia se ocupan, como norma general, esencialmente de los asuntos cuyas presuntas restricciones de la competencia producen sus efectos esencialmente en su territorio.

En lo tocante al aumento de los precios de los carburantes en España, la Comisión invita a Su Señoría a remitirse también a las respuestas de la Comisión a las preguntas escritas E-1881/00 del Sr. Knörr(2) y E-2149/00 de la Sra. Sornosa y otros(3).

La Comisión quiere ratificar ante Su Señoría que seguirá velando por la buena aplicación del Derecho comunitario de la competencia y del mercado interior en este sector.

(1) DO C 313 de 15.10.1997.

(2) DO C 72 E de 6.3.2001, p. 140.

(3) DO C 103 E de 3.4.2001, p. 74.
PREGUNTA ESCRITA E-2708/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Producción de billetes de euro

1. ¿Podría indicar la Comisión cuántas imprentas participan en la producción de billetes de euro?

2. ¿Cuál es el número equivalente de imprentas involucradas en la producción de billetes de dólar en los Estados Unidos?

3. ¿Podría indicar la Comisión qué medidas se han adoptado para garantizar la uniformidad en la calidad de los billetes de euro producidos en distintas imprentas?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(4 de octubre de 2000)

1. Son 12 las imprentas que fabrican los billetes de euro.

2. La Reserva Federal estadounidense se divide en doce distritos y cada uno éstos puede emitir dólares. El Bureau of engraving and printing del Departamento del Tesoro es responsable de la fabricación de los billetes, que actualmente se ejecuta en dos lugares (Washington y Fort Worth).

3. El Banco Central Europeo realiza un estrecho control de la calidad de la producción de los billetes con el fin de garantizar su perfecta homogeneidad.
PREGUNTA ESCRITA E-3195/00

de Caroline Jackson (PPE-DE) a la Comisión

(12 de octubre de 2000)

Asunto: Investigación sobre los usos alternativos del tabaco

¿Podría explicar la Comisión si la Unión Europea está realizando investigaciones sobre los usos alternativos del tabaco? ¿Sabe la Comisión que en la India dicha investigación ha dado lugar a la fabricación de Solanesol, un alcohol de gran valor obtenido del tabaco así como a la producción de sulfato de nicotina, que podría ser un insecticida ecológico?

Respuesta del Sr. Busquin en nombre de la Comisión

(8 de diciembre de 2000)

El Fondo comunitario del tabaco, con arreglo a su nuevo Reglamento de aplicación (CE) no 1648/2000, de 25 de julio de 2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2075/92 del Consejo en lo que se refiere al Fondo comunitario del tabaco y se deroga el Reglamento (CEE) no 2427/93(1), puede financiar proyectos de investigación, incluida la divulgación entre las autoridades nacionales y los sectores interesados de los resultados relativos a la creación y al desarrollo de usos alternativos del tabaco crudo, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 1 del citado Reglamento (por ejemplo, métodos de cultivo más compatibles con el medio ambiente). Todavía no se ha subvencionado ningún proyecto sobre este tema, que se introdujo con el nuevo Reglamento de aplicación.

Por lo que se refiere a la investigación y al desarrollo tecnológico en el contexto del Quinto Programa Marco (1998-2002)(2), la acción clave de investigación Agricultura, pesca, silvicultura y agroindustria sostenibles, incluida en el programa específico Calidad de vida, prevé la financiación de proyectos de investigación sobre usos alternativos de cultivos industriales, incluido el tabaco. No obstante, las convocatorias de propuestas de investigación publicadas por la Comisión no han dado lugar hasta el momento a la presentación de proyectos que tengan el alto nivel de calidad científica requerido.

La Comisión está al corriente de los avances logrados en la India en el sector de los productos no alimenticios.

(1) DO L 189 de 27.7.2000.

(2) DO L 26 de 1.2.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-2509/00

de Nicholas Clegg (ELDR) a la Comisión

(2 de agosto de 2000)

Asunto: Vinos españoles e italianos en Calais

¿Consideraría la Comisión que la importación en franquicia de aduana de cervezas y vinos franceses al Reino Unido sería un problema serio para el mercado interior si los Estados miembros afectados no fuesen Francia y el Reino Unido?

¿Es consciente la Comisión de que el volumen de vinos italianos y españoles vendido a clientes del Reino Unido en Francia representa, aproximadamente, la mitad de las ventas que se registran en el Reino Unido de vinos procedentes de estos países?

¿Comparte la Comisión la opinión de la industria cervecera del Reino Unido en el sentido de que España deja de vender unos 7 millones de litros de vino al año como consecuencia de las importaciones franquicia de aduana que se registran entre Calais y Dover, y que, en el caso de Italia, esta cantidad asciende a unos 10 millones de litros anuales?

¿Tiene la Comisión intención de evaluar estos hechos en el marco del proyecto de investigación sobre las diferencias existentes en los impuestos sobre consumos específicos que presentarán consultores externos a principios del año próximo?

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(14 de septiembre de 2000)

La Comisión no ha recibido ninguna información sobre la posible reducción de ventas de vinos españoles e italianos en el Reino Unido a consecuencia de crecientes compras transfronterizas por consumidores británicos en Francia. Por consiguiente, la Comisión no puede expresarse sobre las cifras citadas por el sector cervecero británico.

Como parte de su próximo informe sobre el impuesto especial y sus tipos mínimos aplicados por los Estados miembros, que la Comisión quiere presentar a principios del 2001, la Comisión tiene que examinar estos niveles habida cuenta del funcionamiento apropiado del mercado interior. En la medida en que haya datos disponibles, fenómenos tales como el citado por Su Señoría se tratarán en este informe, así como en el estudio que se ha encargado a los expertos exteriores. Este estudio analizará, más en concreto, el problema de la competencia entre distintas categorías de bebidas alcohólicas e intentará averiguar y explicar las tendencias en su consumo. Por lo tanto la Comisión invita a Su Señoría a presentar cualquier información pertinente que tenga sobre este asunto.
PREGUNTA ESCRITA P-3390/00

de Phillip Whitehead (PSE) a la Comisión

(25 de octubre de 2000)

Asunto: Ayudas estatales a la industria manufacturera

¿Puede la Comisión indicar cuántas investigaciones sobre concesión de ayudas estatales a industrias manufactureras francesas se han efectuado en el período 1995-2000? ¿Puede la Comisión indicar los nombres de las empresas o holdings afectados y la medida en que están relacionados con la industria del agua y la industria manufacturera en este sector?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(24 de noviembre de 2000)

Entre 1 de enero de 1995 y el 25 de octubre de 2000 la Comisión concluyó 272 investigaciones sobre ayudas estatales a empresas francesas en sectores distintos de la agricultura, la

pesca, el transporte y la hulla. La gran mayoría de estas investigaciones se referían a sistemas de ayuda en los cuales los nombres de las empresas beneficiarias no eran conocidos por la Comisión. En cuanto a las investigaciones directas sobre empresas, nos remitidos a los informes anuales de la Comisión sobre la política de competencia. No es posible para la Comisión indicar en qué medida las empresas concernidas están ligadas a las industrias del agua y la industria manufacturera en este sector.
PREGUNTA ESCRITA E-3059/00

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(28 de septiembre de 2000)

Asunto: Prohibición de la fabricación de cigarrillos con alto contenido de alquitrán

¿Puede señalar la Comisión si ha llevado a cabo un estudio sobre pérdida de empleos como consecuencia de la prohibición de fabricar y exportar cigarrillos con un contenido superior a los 10 miligramos de alquitrán, denominados full flavour?

En caso contrario, ¿por qué recomienda la Comisión dicha medida?

¿Tiene conocimiento la Comisión de un estudio publicado conjuntamente por representantes del servicio internacional y para el Reino Unido de la British American Tobacco, la MSF y la AEEU, en el que se señala que están en juego 8 300 puestos de trabajo sólo en dos fábricas de Inglaterra?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(29 de noviembre de 2000)

La nueva propuesta de reducción del contenido de alquitrán de los cigarrillos de 12 miligramos (mg) a 10 mg(1) continúa un proceso que se inició con la adopción de la Directiva 90/239/EEC del Consejo, de 17 de mayo de 1990, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros respecto al contenido máximo de alquitrán de los cigarrillos(2). La Comisión no tuvo noticia de que las importantes reducciones decididas en la Directiva de 1990 incidieran negativamente en la economía o el empleo y tampoco tiene motivos para pensar que la reducción mucho menos importante de los niveles de alquitrán de la nueva propuesta vaya a tener consecuencias importantes en este sentido. Esto se ha confirmado en el formulario de evaluación anexo a dicha nueva propuesta.

De acuerdo con el reciente informe del Banco Mundial Frenar la epidemia, los efectos del control del tabaco para el empleo podrían considerarse incluso positivos (creación de hasta 100 000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en el Reino Unido) por la inversión en otros ámbitos de la economía del dinero que se destinaba a la compra de tabaco (Banco Mundial, Washington, 1999).

La Comisión conoce los datos mencionados por Su Señoría. Además, la Comisión se ha reunido varias veces con representantes del sector en los últimos meses. Con arreglo a las informaciones del propio sector tabaquero, las exportaciones de la Comunidad representan aproximadamente el 15 % de la producción total y no todos estos cigarrillos rebasarían el límite máximo propuesto.

No obstante, para que los fabricantes tengan tiempo suficiente para adaptarse a los nuevos niveles establecidos por la Comunidad, la Comisión ha propuesto la ampliación del periodo transitorio.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es cada año el causante de más de medio millón de fallecimientos en la Comunidad.

(1) COM(2000) 428 final.

(2) DO L 137 de 30.5.1990.
PREGUNTA ESCRITA E-2112/00

de Luis Berenguer Fuster (PSE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Aplicación del artículo 87 TCE en el expediente de ayudas al sector eléctrico español

La Comisión Nacional de la Energía en su informe sobre la misma operación de concentración entre Unión Fenosa e Hidrocantábrico, al evaluar el efecto de la operación sobre los CTC señala la absoluta incertidumbre en lo relativo a la cláusula de salvaguardia prevista en la nueva Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/97 del Sector Eléctrico (Sistema CTC) una vez que se permita la titulización de los CTC.

¿Tiene la Comisión la misma preocupación que el órgano regulador español?

¿No considera la Comisión que es preciso modificar las disposiciones españolas para asegurarse que la titulización no impida la aplicación de variables de mercado conforme prevé en su Metodología aprobada en junio del pasado año?

¿Piensa la Comisión que el artículo 87 del Tratado permite la concesión de una ayuda de Estado de funcionamiento de un billón de pesetas sin que exista mecanismo legal alguno que asegure que se produzca una verdadera transición a la competencia con posterioridad a la titulización?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(13 de septiembre de 2000)

La Comisión recuerda a Su Señoría que, hasta ahora, no se ha producido ninguna titulización (posibilidad de ceder a terceros el derecho a percibir compensaciones en concepto de costes de transición a la competencia). Sin pronunciarse sobre el informe de la Comisión Nacional de la Energía, emitido en otro contexto, reconoce que, en caso de titulización, deberán adoptarse disposiciones para garantizar un control real y efectivo de la transición a la competencia.

La Comisión no excluye actualmente que la ley española deba modificarse o completarse.

La Comisión no puede pronunciarse en esta fase sobre el carácter de ayuda al funcionamiento de las medidas objeto de la presente. El mecanismo al cual hace referencia Su Señoría podría ser obtenido por modificación de las disposiciones legales, introducción de una legislación nacional derivada, compromiso unilateral del Estado miembro o ser impuesto por decisión final de la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA P-2246/00

de Lord Inglewood (PPE-DE) al Consejo

(30 de junio de 2000)

Asunto: Artículo 296 del Tratado CE tras la revisión de Niza

En el Informe de la Presidencia sobre el refuerzo de la Política Europea Común de Seguridad y Defensa dirigido al Consejo Europeo reunido en Santa Maria da Feira, se incluye una cita del Servicio Jurídico del Consejo en la que se afirma que, para modificar las disposiciones del Tratado relativas a la UEO, sería necesario modificar el Tratado, y que los Estados miembros determinarán si es políticamente conveniente u operativamente oportuno. ¿Opina el Consejo que la necesidad de modificar el Tratado conllevaría también la creación de una Agencia Europea de Armamento mediante la fusión del OCCAR y la OAEO, la creación de las condiciones necesarias para el establecimiento de un mercado único de equipos de defensa mediante una mayor flexibilización del artículo 296, y la garantía del pleno respeto del Código de Conducta sobre armamento por parte de todos los Estados miembros, tal como se solicita en los apartados 23 y 24 de la Resolución Lalumière del Parlamento Europeo de 15 de junio? En caso de que el Consejo no considere necesario modificar el Tratado, ¿cómo piensa garantizar la realización de estos tres objetivos en la práctica?

Respuesta

(20 de noviembre de 2000)

Como se indica en el informe de la Presidencia al Consejo Europeo de Feira, sigue en estudio la cuestión de una posible revisión del Tratado en el ámbito de la PECSD. No se ha establecido la necesidad de dicha revisión para que la Unión pueda dotarse de una política en el sector armamentístico.

Los Estados miembros de la Unión respetan plenamente el Código de conducta relativo a las exportaciones de armas. La posible transformación de ese Código en un acto jurídico obligatorio, si el Consejo así lo decidiera, no supondría ninguna revisión del Tratado.
PREGUNTA ESCRITA E-3640/00

de António Campos (PSE) a la Comisión

(22 de noviembre de 2000)

Asunto: Política Agrícola Común

Uno de los principales objetivos de la Unión, por no decir el más importante, en los próximos años es la ampliación. Este objetivo va a exigir profundas reformas políticas, entre ellas la de la PAC.

¿Puede indicar la Comisión cuál es el incremento de los gastos del FEOGA-Garantía respecto de la ampliación a los tres países que se mencionan a continuación, partiendo del principio de que el trato que se dispensaría a estos países sería el mismo que el dispensado en la actualidad a los 15 Estados miembros de la Unión Europea?:

1. Incremento del gasto del FEOGA-Garantía por la ampliación a Polonia.

2. Incremento del gasto del FEOGA-Garantía por la ampliación a Hungría.

3. Incremento del gasto del FEOGA-Garantía por la ampliación a la República Checa.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(21 de diciembre de 2000)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-2690/00 del Sr. Huhne(1).

(1) DO C 103 E de 3.4.2001.