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PREGUNTA ESCRITA E-2872/96 de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión (31 de octubre de 1996)

Asunto: Thermie 1993

Pregunta adicional a la respuesta del 29 de abril de 1996 a la pregunta escrita E-0627/96 ((DO C 217 de 26.7.1996, p. 81.)):

1. ¿Por qué, de conformidad con el apartado 1 del artículo 10 y la letra c) del apartado 2 del artículo 9 del Reglamento (CEE) no 2008/90 ((DO L 185 de 17.7.1990, p. 1.)), el Comité Thermie no participó en la decisión de la Comisión de 13 de diciembre de 1993, a pesar de que en la lista de reserva no se había establecido ninguna prioridad?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (7 de enero de 1997)

En su reunión de los días 3 y 4 de junio de 1993, el Comité Thermie emitió un dictamen favorable a la reserva de una parte del presupuesto de 1993 para los proyectos con objetivos específicos de que era objeto la convocatoria de propuestas del 22 de junio de 1993 ((DO C 171 de 22.6.1993. )). La decisión de la Comisión de 13 de diciembre de 1993 fue adoptada después de conocerse el dictamen favorable del Comité.

Sobre esta cuestión, la Comisión ruega a Su Señoría que se remita a la respuesta dada a su pregunta escrita E-2871/96 ((Ver p. 28. )).
PREGUNTA ESCRITA E-2757/96 de Caroline Jackson (PPE) a la Comisión (21 de octubre de 1996)

Asunto: Acuerdos de pesca entre la UE y Gambia

¿Puede la Comisión explicar qué medidas ha adoptado para garantizar que los buques de la UE, que faenan en virtud de los acuerdos de pesca celebrados con las autoridades de Gambia, no pongan en peligro el desarrollo sostenible de las comunidades locales que dependen de los recursos pesqueros existentes en sus aguas costeras?

Respuesta de la Sra Bonino en nombre de la Comisión (29 de noviembre de 1996)

El último Protocolo del Acuerdo de pesca con Gambia expiró el 30 de junio de 1996, sin que se haya ratificado ningún otro desde entonces. Las autoridades de Gambia anularon en el último momento su llegada a Bruselas y su participación en las negociaciones oficiales previstas para el 25 de junio de 1996.

Desde esa fecha no se ha recibido ninguna solicitud de reanudación de las negociaciones por parte de Gambia.

Según la letra G del Anexo del último Protocolo, los buques comunitarios puede desarrollar actividades pesqueras en las siguientes zonas:

- más allá de las 7 millas desde la costa, en el caso de los arrastreros con un tonelaje de 250 toneladas de registro bruto (TRB) o menos;

- más allá de las 12 millas desde la costa, en el caso de los arrastreros con un tonelaje de más de 250 toneladas de registro bruto (TRB).

Al faenar en esas zonas de pesca, los buques comunitarios no dificultan el desarrollo sostenible de las poblaciones locales. Además, se ha utilizado menos del 7% de las posibilidades de pesca ofrecidas por el último Protocolo. Con un porcentaje tan bajo de utilización, no se ha podido perjudicar a las poblaciones locales.
PREGUNTA ESCRITA E-2609/96 de Noël Mamère (V) a la Comisión (11 de octubre de 1996)

Asunto: Transposición de la Primera Directiva sobre las marcas a los Derechos respectivos de los quince Estados miembros

¿Han transpuesto todos los quince Estados miembros a sus Derechos respectivos la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 sobre las marcas? ((DO L 40 de 11.2.1989, p. 1. ))

¿Qué ha ocurrido en particular en Austria, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos y Suecia?

¿Qué cuenta hacer la Comisión para remediar las distorsiones de la competencia en el seno del mercado único que podrán resultar de una eventual falta de transposición?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (19 de noviembre de 1996)

Todos los Estados miembros han incorporado a sus legislaciones la Directiva (CE) no 89/104 del Consejo.

Austria, Finlandia y Suecia incorporaron la Directiva en su legislación sobre marcas durante el período de creación del Espacio Económico Europeo (Austria con efectos a 1 de enero de 1993 y Finlandia con efectos a 1 de febrero de 1993). Los Estados miembros del Benelux unificaron su legislación sobre marcas a través de la Ley uniforme de marcas del Benelux, de 19 de marzo de 1962, que entró en vigor el 1 de enero de 1971. La Directiva se incorporó a dicha ley, con efectos a partir del 1 de enero de 1996. Irlanda ha incorporado la Directiva a través de la Ley de marcas, de 1996, que entró en vigor el 4 de julio de 1996.

El Tratado de la CE encomienda a la Comisión la tarea de velar por que la legislación de incorporación se aplique apropiadamente. En consecuencia, la Comisión está examinando actualmente las leyes de marcas de los Estados miembros para determinar si la Directiva se ha incorporado correctamente a su legislación. Si algún Estado miembro hubiera incumplido las obligaciones impuestas por la Directiva, la Comisión, en virtud del artículo 169 del Tratado CE, adoptará las medidas oportunas para que la legislación de ese Estado miembro sea conforme a la citada Directiva.
PREGUNTA ESCRITA E-3403/96 de Graham Mather (PPE) a la Comisión (5 de diciembre de 1996)

Asunto: Pensiones y requisitos para la atribución de las mismas

La Comisión ha propuesto diversas directivas sobre igualdad de trato, seguridad y libertad de circulación de las pensiones laborales. Sin embargo, no tiene la Comisión ningún marco globalizador para legislar sobre pensiones complementarias más allá del derecho derivado.

En el Reino Unido existen fechas límite para ciertas pensiones laborales. Por ejemplo, algunas personas jubiladas han tenido que trabajar durante cierto número de años antes de tener derecho a la pensión mientras que otros trabajadores nuevos tienen acceso a las mismas con menos número de años de trabajo.

¿Podría la Comisión explicar si tiene los medios legales para tratar los requisitos de atribución de las pensiones en términos de años de servicio? De ser así, ¿podría la Comisión informar si prevé presentar medidas para atender este tema? Por último, ¿podría la Comisión informar si existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia en este terreno?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (22 de enero de 1997)

Los períodos de carencia varían de manera considerable según los Estados miembros. La Comisión, con arreglo al artículo 51 del Tratado CE, posee competencias a fin de proponer medidas en materia de seguridad social para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores. Por tanto, la Comisión podría proponer un período de carencia máximo a fin de eliminar barreras a la libre circulación.

La repercusión de los largos períodos de carencia en la libre circulación es un asunto que ha sido examinado por el Grupo de expertos de alto nivel sobre la libre circulación de las personas, presidido por la Sra. Simone Veil, que elaboró recientemente un informe sobre las pensiones complementarias en el que aboga por delimitar las propuestas en este ámbito, al menos en una primera fase, a un triple enfoque que incluya los siguientes elementos: el mantenimiento de los derechos adquiridos, los pagos transfronterizos y los breves períodos de empleo en otro Estado miembro. La Comisión está estudiando en la actualidad el informe y podría decidir posteriormente la presentación de una propuesta al respecto.
PREGUNTA ESCRITA P-2502/96 de John Iversen (PSE) a la Comisión (23 de septiembre de 1996)

Asunto: La EEB

En opinión de la Comisión,¿qué consecuencias debería tener para el Director General Guy Legras el haber declarado con respecto a la EEB que habría que evitar la celebración de debates en el seno de los comités científicos, ya que cada debate sobre la EEB provoca inevitablemente problemas al mercado de la carne?

¿Considera la Comisión que con estas declaraciones el Sr. Legras otorgaba más importancia a la estabilidad de los mercados que a la salud de los consumidores?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (11 de noviembre de 1996)

El asunto a que se refiere Su Señoría consiste probablemente en una carta del Sr. Legras, Director General de agricultura, dirigida al Sr. Perissich, Director General de mercado interior, con fecha 1 de marzo de 1993. En aquel momento Francia había establecido desde hacía poco la prohibición de utilizar determinados tejidos de animales de las especies bovina y ovina en la alimentación de los bebés, prohibición que va incluso más allá del dictamen del Comité Científico Veterinario. El asunto se planteó en una reunión de los jefes de servicio en la que se trató el tema de la inocuidad de los alimentos. Los delegados solicitaron que el asunto se remitiese al Comité Científico de la alimentación humana.

En la carta se pone de relieve que el Comité Científico Veterinario viene asesorando sistemáticamente a la Comisión desde 1989 sobre temas relacionados con la encefalopatía espongiforme bovina y que, por consiguiente, constituye el comité científico más experto en la materia. De hecho, el Comité Científico de la alimentación humana creó un grupo de trabajo sobre el tema al referirse específicamente la propuesta de directiva sobre la alimentación de los bebés a la utilización de despojos. Así las cosas, un grupo de trabajo conjunto de ambos comités examinó el tema y, en su reunión celebrada los días 16 y 17 de septiembre de 1993, el Comité Científico de la alimentación humana confirmó el dictamen emitido anteriormente por el Comité Científico Veterinario, según el cual las medidas actualmente en aplicación ofrecen una protección suficiente de la salud pública.

Aunque da prioridad a la protección de la salud pública, la Comisión asume al mismo tiempo la responsabilidad de la gestión del mercado de la carne de vacuno, por lo que debe cerciorarse de que las medidas resulten adecuadas y necesarias. Sería irresponsable por parte de la Comisión que reaccionase ante cualquier nuevo asunto o información de un modo que originase una preocupación pública innecesaria y causara graves repercusiones en el mercado.
PREGUNTA ESCRITA E-3279/96 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (5 de diciembre de 1996)

Asunto: Concesión de servicios públicos y cálculo del déficit público

Los medios de comunicación reflejan cada vez con más exigencia las dificultades existentes para encontrar mediciones estadísticas universalmente aceptadas.

¿Las cantidades recibidas por la concesión del derecho a prestar servicios públicos en régimen de concesionario pueden computarse para reducir el déficit en caso de venta?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3276/96, E-3277/96, E-3278/96 y E-3279/96 dada por el Sr. de Silguy en nombre de la Comisión (21 de enero de 1997)

En el caso de la privatización u otras formas de venta de acciones y otras participaciones, los ingresos realizados por la administración pública constan como transacciones financieras por lo que no tienen una repercusión directa en la tasa del déficit público, que se define en el Tratado como el balance de las operaciones no financieras. Esta regla se aplica tanto a las ventas directas hechas por la administración como a las ventas indirectas (organizadas por una sociedad de cartera de inversiones, por ejemplo).

Por el contrario, la venta de derechos o licencias por la administración pública se considera en principio como transacción no financiera, se registra en la cuenta de capital y, por ello, se tiene en cuenta al determinar el déficit público.
PREGUNTA ESCRITA P-3670/96 de Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) a la Comisión (11 de diciembre de 1996)

Asunto: Bienestar de los animales

¿Podría informar la Comisión de las acciones que está llevando a cabo para la posible inclusión en el Tratado de un nuevo título relativo al bienestar de los animales?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (14 de enero de 1997)

La Comisión mantiene una postura clara en favor de un alto nivel de protección de los animales en la agricultura, durante el transporte y cuando se utilizan para fines de investigación. No obstante, no ha adoptado la iniciativa de sugerir que se incluya en el Tratado un título específico a este respecto. Sin embargo, diversos Estados miembros propusieron que se incluyera una referencia concreta sobre la protección de los animales en el Tratado revisado.
PREGUNTA ESCRITA E-2770/96 de Georges Berthu (I-EDN) al Consejo (17 de octubre de 1996)

Asunto: CIG - Competencia de la Comunidad en materia de empleo

En su intervención ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento Europeo, el 25 de septiembre de 1996, el Sr. Gay Mitchell, Ministro de Asuntos Europeos de Irlanda y Presidente en ejercicio del Consejo, indicó que la Presidencia había presentado a la CIG un proyecto de texto por el que se crea en el Tratado un nuevo título (o un nuevo capítulo) relativo a las competencias de la Comunidad en materia de empleo.

¿No teme la Presidencia multiplicar la superposición de competencias entre las instituciones europeas y los Estados miembros, haciendo así más confusas las respectivas responsabilidades, más frecuentes los atentados contra la subsidiariedad y aún más aleatorios los resultados globales?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2765/96, 2766/96, 2767/96, 2768/96, E-2769/96, 2770/96, 2771/96, 2772/96, E-2773/96, 2774/96, 2775/96 y 2776/96 (30 de enero de 1997)

No imcumbe al Consejo pronunciarse sobre las distintas propuestas que la Conferencia Interbubernamental está estudiando.
PREGUNTA ESCRITA E-2978/96 de Pietro Di Prima (UPE) a la Comisión (8 de noviembre de 1996)

Asunto: Inmigración masiva en Lampedusa

Lampedusa, la isla más meridional de Italia, es conocida ya como el coladero de Europa. En un año han desembarcado allí más de tres mil inmigrantes clandestinos extracomunitarios. Todos ellos denunciados, todos ellos embarcados en buques con destino a Porto Empedocle, todos ellos provistos de una orden de expulsión. Los extracomunitarios de Lampedusa, que cuenta con una población de 5 500 habitantes, ya han provocado problemas: peleas, amenazas e incluso agresiones a funcionarios públicos. Los habitantes de la isla, justamente, protestan ante el Estado italiano porque se sienten abandonados y poco protegidos, y amenazan con una huelga que bloquee todas las actividades de la isla. También los extracomunitarios, por su parte, sufren un trato inhumano, dado que son embarcados a precios elevados en embarcaciones que apenas se mantiene a flote, y muchos de ellos mueren ahogados durante el viaje. Esta es la Ley Martelli, una Ley superada para una Italia que ya habría debido adecuarse a las condiciones del Acuerdo de Schengen.

¿No considera la Comisión que debería intervenir para:

1. pedir al Estado italiano una pronta reforma de la Ley Martelli;

2. pedir a las autoridades italianas competentes que vigilen las líneas fronterizas para poner remedio a esta inmigración masiva?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (2 de diciembre de 1996)

1. Los debates políticos internos sobre la reforma de una legislación nacional en el ámbito de la inmigración son competencia de los Estados miembros. Se están realizando trabajos preparatorios en Italia para reformar la legislación sobre la inmigración. La Comisión es consciente de la importancia de la lucha contra la inmigración ilegal y sus redes, que requiere una aplicación eficaz de los controles en las fronteras exteriores de los Estados miembros. Por este motivo, desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, que establece que estas cuestiones son en lo sucesivo consideradas de interés común por los Estados miembros (apartados 2 y 3 del artículo K.1), se han adoptado varias decisiones en materia de admisión y de expulsión. Estos textos, aunque no son jurídicamente obligatorios, constituyen un primer esbozo de respuesta común.

2. En cuanto al cruce de las fronteras exteriores de los Estados miembros y la práctica de controles en las fronteras, la Comisión presentó al Consejo en 1993 un proyecto de Convenio ((DO C 11 de 15.1.1994. )), que propone normas comunes. Desafortunadamente, a pesar de que el Consejo Europeo se ha pronunciado a este respecto en numerosas ocasiones (recientemente en el Consejo de Florencia de junio de 1996), el Consejo no ha logrado adoptar un acuerdo sobre dicho proyecto. En consecuencia, dichos controles se ejercer con arreglo a las normas nacionales o acuerdos internacionales en vigor entre dos o más Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-2991/96 de Iñigo Méndez de Vigo (PPE) a la Comisión (8 de noviembre de 1996)

Asunto: Restructuración del sector pesquero

En el marco de las negociaciones relativas a la restructuración de la flota pesquera europea para el período 1997-2002, se ha hecho pública recientemente la postura del Gobierno británico que establece un nexo político entre esta negociación y las discusiones de la Conferencia intergubernamental (CIG).

¿Qué actitud va a adoptar la Comisión en relación con esta reserva británica?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (19 de diciembre de 1996)

El Reino Unido establece un nexo político entre el programa de reestructuración de la flota pesquera europea para el periodo 1997-2002 ((DO C 259 de 6.9.1996. )) y el problema de la cesión de cuotas (quota hopping), planteado por ese país en el marco de la Conferencia intergubernamental.

El Gobierno del Reino Unido considera que la cesión de cuotas es una consecuencia de la aplicación de las reglas fundamentales del Tratado CE relativas a la libre circulación de mercancías, trabajadores, capitales y servicios en el sector pesquero. El Tribunal de Justicia ha confirmado en varias ocasiones la legalidad de una operación que supone el establecimiento de una sociedad comunitaria dedicada a la pesca en el territorio de un Estado miembro distinto del de origen.
PREGUNTA ESCRITA E-1842/96 de David Bowe (PSE) a la Comisión (5 de julio de 1996)

Asunto: Demeton-S-Metil

¿Es consciente la Comisión de los efectos nocivos de la sustancia química Demeton-S-Metil empleada como plagicida en los productos fitosanitarios?

Debido a sus riesgos para la salud pública, este plagicida ha sido prohibido en los Estados Unidos de América. ¿Proyecta la Comisión limitar el empleo de Demeton-S-Metil con objeto de evitar la difusión de esta sustancia peligrosa en la atmósfera?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (17 de septiembre de 1996)

La Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades de los Estados Unidos con el fin de obtener la información necesaria para responder a la pregunta. Comunicará sus conclusiones tan pronto como sea posible.
PREGUNTA ESCRITA E-3125/96 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (22 de noviembre de 1996)

Asunto: Piratería marítima

Según publicaciones de la prensa griega, se ha registrado un aumento del número de casos de piratería durante los últimos dos años.

En un informe de la Oficina Marítima Internacional (IMB) y del Centro Regional de Piratería se citan el Extremo Oriente, Centroamérica y América del Sur, el sudeste de Asia y Somalia como las regiones con el mayor número de casos y se afirma que, en 1995, en Brasil se decuplicó el número de actos de piratería en relación con 1994.

Fueron objeto del mayor número de actos de piratería los buques graneleros, seguidos de los buques de carga general, los buques cisterna, los buques portacontenedores y, por último, los transbordadores de carga rodada.

Esta situación entraña no sólo perjuicios económicos, sino lesiones e incluso muertes de miembros de las tripulaciones en numerosos casos.

Dado que la cuestión es muy grave, ¿puede indicar la Comisión si ha abordado el asunto y qué medidas piensa adoptar con el fin de erradicar este fenómeno, que tanto perjudica a la navegación comunitaria, de la que constituye un componente básico la flota griega, especialmente afectada por la situación?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (19 de diciembre de 1996)

Es cierto que, según los datos de que dispone la Comisión, transmitidos por la Oficina Marítima Internacional, el número de actos de piratería, que había disminuido notablemente en 1994, parece haber aumentado de nuevo en 1995 y durante el primer semestre de 1996. Las regiones más afectadas son el sureste asiático y, últimamente aunque en menor medida, América Latina y, en efecto, Brasil.

Estas cuestiones son esencialmente competencia de los Estados en cuyas aguas territoriales se producen los incidentes. La Comisión sigue de cerca los acontecimientos y aprovecha con los Estados miembros todas las ocasiones para sensibilizar a los Estados afectados e inducirlos a adoptar medidas en la materia. No obstante, recuerda a Su Señoría que no dispone de derecho de iniciativa al tratarse de cuestiones de cooperación policial en materia de lucha contra la piratería marítima.
PREGUNTA ESCRITA E-2960/96 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) y Juan Colino Salamanca (PSE) a la Comisión (8 de noviembre de 1996)

Asunto: Medio ambiente y cultivo del olivo

¿Es consciente la Comisión del impacto en el medio ambiente que originaría una crisis en el cultivo del olivo, fundamentalmente en algunas regiones del sur de la Unión Europea?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2953/96, E-2954/96, E-2955/96, E-2956/96, E-2957/96, E-2958/96, E-2959/96, E-2960/96, E-2961/96, E-2962/96 y E-2964/96 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión (26 de noviembre de 1996)

La Comisión discutirá en breve las diferentes opciones que se presentan para la reforma de la organización común del mercado (OCM) del aceite de oliva, y transmitirá rápidamente un documento al Parlamento y al Consejo para que se debata antes de que quede ultimada cualquier propuesta concreta.

La Comisión tendrá, desde luego, en cuenta las observaciones y preguntas de sus Señorías con relación al empleo, a la ayuda a la producción, a las ayudas por árbol y al consumo, a la calidad, al impacto medioambiental y a los problemas particulares de España y de algunas de sus regiones productoras.

No sería correcto en esta fase comentar con detalle las diversas alternativas de reforma planteadas, y lo único que cabe es repetir que la nueva OCM, además de ser transparente, sencilla y fácil de controlar, deberá constituir un marco eficaz para las actividades de los productores.

La Comisión, que concede gran importancia a la calidad, tiene el convencimiento de que, cualquiera que sea la opción elegida, habrá una función de peso para los Estados miembros y las regiones.