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PREGUNTA ESCRITA E-1627/98

de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión

(27 de mayo de 1998)

Asunto: Quinto Programa marco IDT (dotación financiera)

En relación con "la propuesta modificada de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al quinto Programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1998-2002)" y con "la propuesta modificada de Decisión del Consejo relativa al quinto Programa marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euroatom) para acciones de investigación y de enseñanza (1998-2002)" (COM(97)439 final - 97/0119 COD - 97/0120 CNS)(1),

¿Podría garantizar la Comisión una estrecha interacción entre el Programa marco y los ámbitos de cooperación europea no comunitaria, en particular EUREKA y COST, así como, basándose en análisis por áreas geográficas, desarrollar una acción articulada para los países PECO, los países de la Cuenca mediterránea, los países NEI, los países con una economía dinámica de Asia e Iberoamérica, los países en desarrollo y terceros países industrializados?

Respuesta de la Sra. Cresson en nombre de la Comisión

(14 de julio de 1998)

La política e instrumentos de cooperación con otros marcos de cooperación en materia de investigación y desarrollo tecnológico (IDT), así como con terceros países se precisan en la propuesta de programa específico "Consolidar el papel internacional de la investigación comunitaria"(2). Uno de los ámbitos principales dentro del tema C de este programa es la coordinación con COST y Eureka a fin de sacar el máximo partido a la complementariedad entre los respectivos instrumentos y el programa marco. Por consiguiente, la Comisión puede responder afirmativamente a la primera parte de la pregunta de Su Señoría.

Por lo que respecta a la segunda parte de la pregunta, la Comisión propone para la cooperación con determinadas categorías de terceros países establecidos en el tema A del citado programa específico la estructura siguiente:

- Estados en fase de preadhesión;

- Nuevos Estados Independientes (NEI) y países de Europa Central y oriental (PECO) que no están en la fase de preadhesión;

- países asociados de la cuenca mediterránea;

- investigación para el desarrollo (focalizada a los países en desarrollo);

- países industrializados y de economía emergente.

Esta estructura se basa en la experiencia adquirida durante el actual programa marco, la evolución de la relaciones de la Comunidad con respecto a determinados grupos de terceros países, el dialogo en materia de política de IDT con autoridades de terceros países y los estudios sobre países concretos. Es coherente con la estructura presentada en la pregunta (los países de economía emergente mencionados se sitúan en Asia y América Latina);no obstante, dados los diferentes objetivos e instrumentos, la propuesta de la Comisión establece una diferencia entre los países que están en la fase de preadhesión (Chipre y 10 PECO)y los PECO que no están en esa fase, pero están agrupados con los NEI.

(1) DO C 291 de 25.9.1997, pp. 15 y 16.

(2) COM(98)305 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2009/98

de Fernando Fernández Martín (PPE) a la Comisión

(30 de junio de 1998)

Asunto: Situación en el norte de Malí

¿Cuáles son los proyectos de desarrollo de la Comisión para el norte de Malí y qué progresos se han alcanzado hasta ahora?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión

(4 de agosto de 1998)

La Comunidad sigue siendo la que más contribuye al desarrollo de las regiones del Norte de Malí.

En el marco del programa indicativo nacional que corresponde al 7o Fondo Europeo de Desarrollo (FED), las acciones en curso en estas regiones alcanzan un volumen financiero de 22 MECUS aproximadamente y se refieren, por una parte, a la reactivación de actividades económicas y a la conservación de los recursos naturales y productivos (proyecto de lucha contra el enarenamiento, programa de desarrollo en zonas ganaderas, fondos de apoyo al crédito iniciativa)y, por otra parte, a la rehabilitación de las infraestructuras sociales (escuelas primarias y formaciones sanitarias) y económicas. El programa de microproyectos contribuye, al margen de los proyectos específicos, a la realización de estos objetivos. Por último, se presta un apoyo institucional en forma de ayuda presupuestaria a la Comisaría del Norte (a través de los fondos de contrapartida del programa de apoyo al ajuste estructural, así como un apoyo a la coordinación de las ayudas en las regiones del Norte (mediante asistencia técnica con base en Gao).

Está en curso una nueva decisión de financiación relativa a un programa de apoyo institucional a la coordinación de las acciones de desarrollo en las regiones del Norte (1,85 MECUS). Debería contribuir a aumentar las capacidades de planificación y coordinación de las autoridades de estas regiones, así como a armonizar los modos de intervención de los distintos agentes.

Por otra parte, la Comisión adoptó, a finales de 1996, una decisión de financiación con cargo al presupuesto (línea presupuestaria para la seguridad y la ayuda alimentaria) que debería contribuir a la estabilización del proceso de paz y a la reconstrucción posterior al conflicto a través de acciones de apoyo a la seguridad alimentaria. Con un volumen financiero de 2 MECUS para un período de 18 meses, tiene por objetivo contribuir a la reinserción de las poblaciones afectadas por el conflicto (poblaciones desamparadas, desplazadas o refugiadas). Estas acciones, con un planteamiento basado en el fomento de los recursos locales (rehabilitación de pozos de agua, reactivación de actividades productivas como la ganadería, cultivo de huertas), las llevan a cabo organizaciones no gubernamentales (ONG) que ya intervienen en estas regiones.

Por último, también en el Norte de Malí, la Comisión interviene en tres ámbitos prioritarios (salud, hidráulica y sector alimentario). El volumen financiero de estas intervenciones es de cerca de 7 MECUS (1996 - mediados de 1998) y debería continuar a partir de julio de 1998 con una financiación complementaria de 5 MECUS.
PREGUNTA ESCRITA E-1140/98

de José Apolinário (PSE) a la Comisión

(24 de abril de 1998)

Asunto: Artículo 10 del FEDER y las Azores

Habida cuenta de la especificidad de la región de las Azores (Portugal), región ultraperiférica y, como tal, con un estatuto especial consagrado por el Tratado de la Unión Europea, ¿puede indicar la Comisión en qué medida esta región ha recibido ayuda comunitaria en virtud del artículo 10 del FEDER durante el período 1994-1999 y que ayudas prevé la Comisión para el período 2000-2006?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(27 de mayo de 1998)

Durante el actual período de financiación (1994-1999), la región de las Azores no ha participado en los proyectos aprobados en virtud del artículo 10 del Reglamento (CEE) 2083/93 del Consejo, de 20 julio 1993, que modifica el Reglamento (CEE) 4254/88 por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 2052/88, en lo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional(1).

Durante el próximo período de financiación (2000-2006), está previsto continuar la asistencia a medidas innovadoras y proyectos piloto. De acuerdo con las propuestas de la Comisión(2), se asignará a esta acción hasta el 0,7 % de los Fondos estructurales, pero, en el momento actual, no es posible determinar el importe que se destinará a una región concreta.

(1) DO L 193 de 31.7.1993.

(2) COM(98)131 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1774/98

de Ernesto Caccavale (UPE) a la Comisión

(5 de junio de 1998)

Asunto: Cartel bancario en Italia

Según algunos diarios y dadas las denuncias presentadas por algunas asociaciones de consumidores, los bancos italianos miembros de la ABI (Asociación de Banca Italiana) parecen estar exigiendo a sus clientes que firmen contratos bancarios con cláusulas abusivas, oscuras y/o no reconocibles por quienes las suscriben. Según estas informaciones, parece ser que en muchos contratos de préstamos para la adquisición de la primera vivienda, los bancos están imponiendo tipos de interés notablemente superiores a los previstos por la denominada ley italiana antiusura. Las denuncias, como consecuencia de la rebaja de los tipos de interés, parecen revelar la existencia de un fuerte cartel bancario dirigido por la propia ABI.

En algunos casos parece haberse comprobado la existencia de acuerdos recíprocos y ocultos que distorsionan la competencia y limitan el funcionamiento en Italia de los demás bancos europeos, que obviamente no pertenen a la ABI.

¿Puede verificar la Comisión:

1. si el comportamiento de los bancos no incumple el Tratado de Roma en lo que se refiere a acuerdos, pactos ocultos o prácticas concertadas que tengan como consecuencia la inobservancia de las reglas de competencia;

2. si la Asociación de Banca Italiana no abusa de su posición dominante;

3. si el Ministerio del Tesoro, la autoridad antimonopolio italiana o el Banco de Italia no son responsables, en cierto modo, de comportamientos negligentes relativos al sistema bancario italiano que dificultan la aparición en el mercado italiano de otros competidores y, por consiguiente, de nuevos bancos europeos;

4. si es posible abrir una investigación exhaustiva sobre los presuntos acuerdos entre la ABI y las principales asociaciones bancarias europeas para repartirse geográficamente el mercado, lo que traería aparejadas con enormes desventajas para los clientes de los bancos, que quedarían en una posición de dependencia contractual con relación a los mismos?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión

(22 de julio de 1998)

1., 2. y 4. La Comisión confirma que está al corriente de los problemas que han surgido en Italia al procederse a la renegociación de préstamos bancarios (principalmente hipotecarios) solicitada por clientes que deseaban beneficiarse de la baja de los tipos de interés, y sigue su evolución. El artículo 3 del Reglamento no 17 del Consejo, de 6 febrero 1962, primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado(1), confiere a la Comisión la facultad de poner fin a las infracciones de las disposiciones de los artículos 85 y 86 del Tratado, y actualmente está examinando los hechos más a fondo.

3. La Comisión no tiene conocimiento de elementos que indiquen que el Ministerio del Tesoro, la autoridad italiana de defensa de la competencia o el Banco de Italia hayan obstaculizado la entrada de nuevos competidores en el mercado. Por otra parte, en el marco de este asunto está en contacto con el Banco de Italia, así como con la autoridad de defensa de la competencia.

(1) DO 13 de 21.2.1962.
PREGUNTA ESCRITA E-1194/98

de Angela Sierra González (GUE/NGL) a la Comisión

(24 de abril de 1998)

Asunto: Actividad profesional de expertos técnicos inmobiliarios

La Asociación Profesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios, legítimamente creada de conformidad con la legislación española de asociaciones como de carácter profesional y debidamente inscrita en el ministerio correspondiente viene ejerciendo legalmente las funciones de gestión y mediación en el sector inmobiliario desde 1993.

A pesar de cumplir todas las características previstas en el segundo y tercer párrafo del artículo 1, letra d) de la Directiva 89/48/CEE(1) o conforme al segundo y tercer párrafo de la letra f) del artículo 1 de la Directiva 92/51/CEE(2), el Estado español se niega a equiparar dicha actividad profesional como una actividad regulada en el sentido de dichos preceptos y a incluir dicho título profesional como entre los ahí definidos, en violación del cumplimiento de las mencionadas directivas y en incumplimiento de los objetivos del artículo 3 del TCE de libertades de circulación de personas y servicios, y el artículo 52 de libertad de establecimiento de actividades no asalariadas, puesto que se le niega su carácter de asociación a nivel europeo.

Teniendo en cuenta que la Comisión es la guardiana de los Tratados y debe velar por el cumplimiento del respeto de los principios fundamentales comunitarios como son la libertad de establecimiento y libre prestación de servicios para cuyo cumplimiento se han dictado diversas directivas para el reconocimiento de títulos y actividades profesionales de los distintos Estados miembros, ¿Cómo piensa la Comisión Europea resolver este tipo de actuación discriminatoria y obstaculizadora de las libertades comunitarias por parte del Estado español al trasponer las mencionadas directivas, privando del disfrute de los derechos que ellas confieren a algunos sectores profesionales que tienen cabida en dichas directivas?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(14 de julio de 1998)

De un primer examen de la pregunta se deduce que el asunto abordado por Su Señoría es competencia del Estado miembro afectado, en este caso España, al tratarse del acceso, las condiciones de acceso y de ejercicio cuya regulación o no regulación en un Estado miembro es competencia nacional.

(1) DO L 19 de 24.1.1989, p. 16.

(2) DO L 209 de 24.7.1992, p. 25.
PREGUNTA ESCRITA E-1951/98

de Anita Pollack (PSE) a la Comisión

(30 de junio de 1998)

Asunto: Ahorro de energía en los edificios ya construidos

¿A qué análisis se ha procedido de las cifras publicadas en el informe presentado a la Comisión por EuroACE el 27 de abril y el 12 mayo 1998 titulado "Evaluación del ahorro potencial de emisiones de dióxido de carbono en el parque inmobiliario europeo" y elaborado por CALEB Management Consultants? Por otra parte, ¿ está de acuerdo la Comisión en que, tal y como se adelanta en dicho informe, podrían ahorrarse 450 millones de toneladas de dióxido de carbono al año en este sector? En caso afirmativo, ¿qué medidas se están tomando para garantizar una aplicación rápida de las políticas encaminadas a lograr este objetivo tan deseable?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard de parte de la Comisión de

(29 de julio de 1998)

El informe de mayo de 1998 sobre la "Evaluación del ahorro potencial de emisiones de dióxido de carbono en el parque inmobiliario europeo" se ha estudiado con detenimiento.

El consumo de energía en los edificios representa una proporción muy elevada del consumo total de energía de la Comunidad y está en el origen de una gran parte de las emisiones de dióxido de carbono. La referencia en la que se señala que el parque inmobiliario representa el 40 % del total del consumo de energía de la Comunidad se basa en ciertas premisas relativas a la definición del uso de energía en relación con el parque inmobiliario. Existe un amplio consenso en torno a la idea de que hay un potencial importante de ahorro energético y de reducción de las emisiones de dióxido de carbono en el sector inmobiliario. Es evidente que si la Comunidad y sus Estados miembros desean cumplir sus compromisos del acuerdo de Kioto, serán necesarias medidas para mejorar la eficacia energética de los edificios.

La posibilidad de eliminar 450 millones de toneladas de CO2 para el año 2010 a que se hace referencia en el informe constituye probablemente el máximo del potencial técnico. No obstante, el desarrollo de las medidas adecuadas tanto a nivel nacional como comunitario requiere la consideración de otros criterios como el de rentabilidad, con el fin de estimar el potencial económico. Este aspecto no se aborda en el informe.

La reciente comunicación de la Comisión "Eficacia energética en la Comunidad Europea: hacia una estrategia de racionalización del uso de la energía"(1) incluye una lista con posibles acciones que podrían ser adecuadas para este sector.

(1) COM(98)246 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2006/98

de Gunilla Carlsson (PPE) a la Comisión

(30 de junio de 1998)

Asunto: Obligaciones de los operadores por cable

En la mayor parte de los países europeos existen obligaciones para los operadores por cable en lo relativo a la distribución de programas de radio y televisión. Por lo general, estas obligaciones afectan a un limitado número de retransmisiones públicas. En la actualidad, parece que existe una tendencia a ampliar estas obligaciones a:

1. programas nacionales de carácter comercial,

2. programas de televisión de pago, y

3. nuevos canales temáticos de emisoras públicas.

Las repercusiones de esta ampliación podrían ser adversas para el funcionamiento del mercado interior y, particularmente, para la libre prestación de servicios.

¿Podría exponer brevemente la Comisión su punto de vista sobre si son admisibles o no estas obligaciones (y la ampliación de las mismas) con arreglo a las normas sobre el mercado interior y, especialmente, en virtud del artículo 59 del Tratado?

Respuesta del Sr. Monti En nombre de la Comisión

(29 de julio de 1998)

La Comisión ha recibido numerosas denuncias según las cuales algunas normas establecidas por los Estados miembros en relación con las obligaciones de los operadores por cable crean obstáculos a la libre circulación de servicios de radiodifusión en el mercado interior. La Comisión está examinando dichas denuncias y ha incoado un procedimiento de infracción en uno de los casos.

Con objeto de evaluar estas denuncias, la Comisión analizará si es necesario adoptar normas interpretativas específicas por lo que respecta a la proporcionalidad de cada una de las medidas nacionales y sus objetivos (en relación con la Directiva del Consejo 89/552/CEE de 3 octubre 1989 sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en los Estados miembros relativas al ejercicio de las actividades de radiodifusión televisiva(1) y con el artículo 59 del Tratado CE). Además, la Comisión está elaborando un cuestionario que se enviará en breve a todos los interesados.

(1) DO L 298 de 17.10.1989.
PREGUNTA ESCRITA E-1789/98

de Viviane Reding (PPE) al Consejo

(11 de junio de 1998)

Asunto: Aplazamiento de la prohibición de la experimentación con animales

Considerando que la Directiva 93/35/CEE(1) prevé la supresión de la experimentación con animales en la industria cosmética y establece que esos experimentos tienen que sustituirse a partir del 1 enero 1998 por pruebas alternativas,

Considerando que algunos Estados miembros de la UE (Países Bajos, Alemania) han introducido esa prohibición, pero que la mayoría no lo ha hecho,

Considerando que la industria cosmética dispone ya de miles de ingredientes experimentados con animales,

Considerando que existen alternativas a la mayoría de los experimentos, a menudo crueles, sobre seres vivos, pero que no se utilizan, y que la investigación de nuevas alternativas de experimentación recibe sólo poco apoyo,

Considerando que la Comisión no ha adoptado todavía ninguna iniciativa en relación con la directiva prometida sobre la prohibición de la experimentación con animales para los productos cosméticos acabados,

¿Podría indicar el Consejo por qué aplaza la prohibición prevista en la directiva para 1998? ¿Tiene prioridad, en opinión del Consejo, la política comercial sobre la protección de los animales? ¿Qué razones llevan al Consejo a aplazar siempre las decisiones relativas a ese tema?

Respuesta

(24 de septiembre de 1998)

El Consejo llama la atención de Su Señoría sobre la respuesta dada por la Comisión a la pregunta escrita n.° 1790/98 sobre el mismo asunto. La decisión de aplazar hasta el 30 junio 2000 la fecha de aplicación de la prohibición de la experimentación con animales fue tomada por la Comisión basándose en la Directiva 97/18/CE, tomando en consideración el objetivo de la protección de la salud pública y teniendo en cuenta el hecho de que no se ha observado un progreso satisfactorio en la elaboración de métodos que permitan sustituir la experimentación con animales.

(1) DO L 151 de 23.6.1993, p. 32.
PREGUNTA ESCRITA P-1522/98

de Antonio Tajani (PPE) a la Comisión

(11 de mayo de 1998)

Asunto: Ayudas a las regiones Marcas e Umbría afectadas por el terremoto

La legislación italiana contempla medidas financieras en favor de los territorios afectados y dañados de las regiones Marcas e Umbría como consecuencia del terremoto del 26 septiembre 1997.

El Ministerio de Industria italiano, mediante la circular no 234425 de 29 de diciembre de 1997, ha establecido dos nuevos niveles especiales para la admisión de las solicitudes de acceso a las ayudas destinadas a las empresas a que se refiere la Ley italiana 428/1992, subordinándolas al dictamen favorable de la Comisión Europea.

¿Cuándo piensa la Comisión elaborar las directivas sobre las medidas de ayuda a las regiones italianas afectadas por el terremoto?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión

(5 de junio de 1998)

La Comisión se complace en confirmar que está examinando el régimen de ayudas a las empresas de las regiones de Las Marcas y Umbria contempladas en las disposiciones por las que se modifica la Ley 488/92. Se trata de la Ley 64/97 que fue modificada el 23 de diciembre de 1997. En el marco de la instrucción de este expediente, la Comisión solicitó que se le comunicasen las modalidades de aplicación del citado régimen. En la actualidad estas disposiciones -probablemente se trata de la circular mencionada por Su Señoría- no le han sido enviadas todavía.

Así pues, la Comisión se halla a la espera de los elementos solicitados con objeto de poder pronunciarse sobre la compatibilidad del citado régimen a tenor de los artículos 92 y siguientes del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-1143/98

de José Apolinário (PSE) a la Comisión

(24 de abril de 1998)

Asunto: Medidas agroambientales / Azores

Habida cuenta de la especificidad de la región de Azores (Portugal), región ultraperiférica y, como tal, con un estatuto especial consagrado en el Tratado de la Unión Europea, ¿puede indicar la Comisión en qué medida recibió esta región ayudas en concepto de medidas agroambientales para el período comprendido entre 1994 y 1999 y cuáles son sus previsiones sobre la aplicación de estas ayudas para el ejercicio financiero 2000-2006?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(20 de mayo de 1998)

El programa agroambiental específico para las Azores en aplicación del Reglamento (CEE) 2078/92 del Consejo, de 30 junio 1992, sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural(1), fue aprobado por Decisión de la Comisión de 3 junio 1994.

El presupuesto cofinanciable aprobado para el periodo 1993/1997 ha sido de 18,77 millones de ecus con la siguiente distribución:

>SITIO PARA UN CUADRO>

La previsión para 1998, en la misma fecha que la decisión, ha sido de 16,8 millones de ecus.

A partir del año 2000 y de acuerdo con la Agenda 2000(2), las medidas agroambientales se integrarán en los programas de desarrollo regional preparados por las autoridades competentes en Portugal.

(1) DO L 215 de 30.7.1992.

(2) COM(97)2000 final.