PREGUNTA ESCRITA E-1591/96 de Gerhard Botz (PSE) a la Comisión (24 de junio de 1996)

Asunto: Modo de proceder de la Comisión en el marco de las investigaciones de casos de fraude en relación con el FSE

1. ¿Podría exponer la Comisión las medidas de carácter general que adopta cuando, en el marco de sus controles en los Estados miembros, descubre casos de fraude en la asignación de los recursos del FSE?

2. Además de las medidas de carácter general, ¿qué medidas específicas existen? Es decir,

- En estos casos, ¿pueden imponerse sanciones a los Estados miembros afectados?

- En caso afirmativo, ¿de qué sanciones se trata? ¿Con arreglo a qué criterios se fijan? ¿Durante cuánto tiempo son válidas?

- Si las investigaciones se alargan, ¿pueden aplazarse los pagos de los programas en cuestión, incluso si los socios nacionales ya han suprimido las causas de la imputación de fraude?

3. ¿Qué piensa hacer la Comisión para que los procedimientos de investigación concluyan con mayor rapidez que hasta el momento?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (23 de septiembre de 1996)

Si a raíz de un control in situ realizado con arreglo al apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CEE) no 4253/88 ((DOCE 374 de 31.12.1988. )) la Comisión descubre un fraude en el destino de los créditos del Fondo Social Europeo, recurre al artículo 24 de ese Reglamento. Este artículo permite reducir, suspender o suprimir la ayuda para la acción o la medida de que se trate. El Estado miembro afectado queda obligado a recuperar las sumas indebidamente pagadas. En su caso, las sumas se incrementan con intereses de demora. Según el artículo 23, el Estado miembro es responsable subsidiario del reembolso salvo que pruebe que el fraude no le es imputable.

La Comisión invita al Estado miembro a entablar una actuación judicial siguiendo los procedimientos nacionales vigentes. Colabora con el Estado miembro y sigue el desarrollo de los procedimientos judiciales. La Comisión no controla la duración de estos procedimientos.

A nivel operativo, en el caso de sospecha de fraude la Comisión puede bloquear todos los pagos, y a ella incumbe decidir el eventual desbloqueo tras haber obtenido pruebas del Estado miembro de que la sospecha era infundada.

En tal caso, la Comisión está facultada para efectuar en cualquier momento ella misma un control in situ. Pueden encargarse de ello el servicio gestor, el control financiero o la unidad antifraude (UCLAF) de la Comisión.

De conformidad con el artículo 169 del Tratado CE, la Comisión puede recurrir al Tribunal de Justicia si considera que un Estado miembro ha incumplido una de sus obligaciones en virtud del Tratado. Según el artículo 171, el Estado miembro está obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia.

Si el Estado miembro afectado no adopta las medidas que entraña la ejecución de la sentencia del Tribunal en el plazo fijado por la Comisión, ésta puede someter el asunto de nuevo ante el Tribunal de Justicia. La Comisión indica el importe que considera adaptado a las circunstancias para la suma a tanto alzado o la multa coercitiva que debe pagar el Estado miembro afectado. El Tribunal puede entonces imponer el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva.

Como ha indicado en su programa de lucha contra el fraude para 1996 ((COM(96)17 final. )) elaborado a raíz del Consejo Europeo de Madrid, la Comisión examina la posibilidad de extender el sistema de corrección financiera al sector de los fondos estructurales. Este examen tiene lugar en el marco de los trabajos relativos a la buena gestión financiera (SEM 2000).