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PREGUNTA ESCRITA E-0176/01

de Patricia McKenna (Verts/ALE) a la Comisión

(1 de febrero de 2001)

Asunto: Exceso de capacidad

La Comisión calcula que la flota de la UE excede en un 40 %, como mínimo, la capacidad adecuada para los recursos disponibles. ¿Qué planes propondrá la Comisión para abordar este grave problema?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0176/01 y E-0209/01 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(9 de marzo de 2001)

De acuerdo con los informes elaborados por dos grupos de expertos independientes establecidos para asesorar a la Comisión en la preparación de los programas de orientación plurianuales para la flota pesquera (POP), los índices de mortalidad por pesca de las poblaciones que se encuentran en aguas europeas son excesivamente elevados. Se estima que sería necesaria una reducción de la mortalidad por pesca del orden del 40 % para garantizar la gestión sostenible de dichas poblaciones.

A la vista de las conclusiones de los grupos de expertos, la Comisión propuso la aplicación de recortes sustanciales del esfuerzo pesquero tanto para el POP III (1992-1996) como para el POP IV (1997-2001). No obstante, en ambas ocasiones el Consejo consideró excesivamente rigurosas las reducciones inicialmente propuestas por la Comisión.

Las reducciones del esfuerzo pesquero logradas durante el POP III y el POP IV fueron insuficientes para contrarrestar los efectos del progreso tecnológico, que tiende a incrementar la eficacia de la flota a lo largo del tiempo. Por consiguiente, la Comisión considera que la dimensión de la flota europea sigue siendo excesiva en relación con los recursos disponibles.

La Comisión tienen previsto abordar este problema a través de propuestas de nuevas reducciones permanentes del esfuerzo pesquero después del POP IV.
PREGUNTA ESCRITA P-0346/01

de Helena Torres Marques (PSE) a la Comisión

(6 de febrero de 2001)

Asunto: Distribución de antes de enero de 2002

En el cuadro final del informe mensual publicado por la Comisión sobre la Preparación del cambio al euro (Preparation for the changeover to euro) se indica que el preabastecimiento de a los minoristas está previsto entre el 1 de septiembre y el 17 de diciembre de 2001.

¿Puede confirmar la Comisión esta información? ¿Cuál es la posición de la Comisión sobre el preabastecimiento al público en general de billetes de 5 y 10 a partir del 1 de diciembre de 2001?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(15 de marzo de 2001)

El cuadro que aparece al final del Boletín mensual de la Comisión titulado Preparación del cambio al euro se realizó con los datos aportados por los Estados miembros participantes.

Los Estados miembros de la Unión Económica y Monetaria (UEM) han acordado reducir al máximo el período de doble circulación de billetes y monedas en 2002 para evitar confusiones entre los ciudadanos y simplificar al sector minorista la necesidad de operar con dos monedas.

La entrega anticipada de billetes al público podría alargar el periodo de doble circulación e ir contra las razones que llevaron a su reducción. Por otra parte, dicha entrega anticipada podría implicar el riesgo de que los billetes entrasen en circulación antes del 1 de enero de 2002. Esa es la razón de que los ministros de Finanzas y la Comisión compartan la posición adoptada por el Banco Central Europeo de no entregar billetes al público con antelación.
PREGUNTA ESCRITA E-0017/01

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la Comisión

(17 de enero de 2001)

Asunto: La industria del mejillón en la UE

La mitilicultura tiene una importancia trascendental en la zona litoral gallega, pues supone aproximadamente 11 500 empleos directos, de los que 8 500 son fijos así como 7 000 de carácter indirecto. Esta circunstancia se hace más relevante cuando se constata que los recursos generados por la actividad productiva son distribuidos en una amplia base social y, dado que la capacidad de decisión está localizada en el mismo ámbito territorial, se reinvierten en la propia zona. Esto genera un efecto multiplicador de la economía local que permite actuar de estabilizador socio-económico.

A nivel de la acuicultura en general, es el mejillón el que da peso y consistencia, ya que en Galicia se cultivan anualmente entre 250 y 300 millones de kilos. Esta circunstancia hace de Galicia el segundo productor mundial tras China y el primero europeo con aproximadamente el 50 % de la producción total de la Unión Europea, destinado un 35 % al mercado fresco, 41 % a la conserva tradicional y 24 % a nuevas alternativas de procesado que se encuentran en constante crecimiento.

En estos momentos que el proceso de negociación con los países candidatos a la adhesión se encuentra bastante avanzado, sobre todo con respecto a los países del Grupo de Luxemburgo, ¿podría informar la Comisión si es consciente del esfuerzo de racionalización efectuado por los Estados miembros en este sector y si está siendo o va a ser tenido en cuenta en el marco de dichas negociaciones con el objetivo de evitar una desestabilización del sector dedicado al cultivo del mejillón en la Unión?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(16 de febrero de 2001)

Dado que los países candidatos no producen cantidades importantes de mejillones, no parece que la ampliación de la Comunidad pueda tener consecuencias negativas para los criadores comunitarios de ese molusco.
PREGUNTA ESCRITA P-0035/01

de María Izquierdo Rojo (PSE) a la Comisión

(16 de enero de 2001)

Asunto: Discriminaciones en la bonificación por hijo a los pensionistas varones

Considerando que la aplicación de la legislación que hace Francia sobre bonificación por hijo a los pensionistas varones resulta discriminatoria e injusta, ya que el régimen nacional de pensiones civiles y militares de retiro prevé la obtención de una bonificación por hijo únicamente a las mujeres o con condiciones discriminatorias, y teniendo en cuenta que en Alemania, en cambio, sí se aplica correctamente esta bonificación por hijo percibiéndola, indistintamente y en la misma cuantía correspondiente, tanto los hombres como las mujeres de manera no discriminatoria.

Observando que con esas aplicaciones, discriminatorias para los hombres, se están vulnerando los Tratados de la UE y que no se está respetando el principio de igualdad entre hombres y mujeres en materia de seguridad social ni el principio de igualdad de percepción; consciente de que la Comisión tendría que velar por que se aplique el principio de igualdad entre los sexos y de que los hombres europeos puedan también beneficiarse de las políticas de igualdad. Pregunto a la Comisión Europea: ¿No cree que debería corregirse esta discriminación?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(7 de marzo de 2001)

En relación con la pregunta planteada por su Señoría, la Comisión tiene el gusto de informarle de que la Comisión ya inició el 5 de abril de 2000 un procedimiento de infracción contra las autoridades francesas por incumplimiento del artículo 141 (antiguo artículo 119) del Tratado CE, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, en concreto en los asuntos C-7/93 (Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds contra G.A. Beune)(1) y C-147/95 (DEI contra Efthimios Evrenopoulos)(2), y por incumplimiento de la Directiva 96/97/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, por la que se modifica la Directiva 86/378/CEE, de 24 de julio de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social(3), que refleja la jurisprudencia mencionada. Hay que señalar que Francia ya fue objeto el 8 de julio de 1999 de una sentencia inculpatoria del Tribunal de Justicia en el asunto C-354/98 (Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa)(4) por no haber comunicado las medidas de transposición de la Directiva 96/97/CE.

Además, en relación con las pensiones, civiles y militares, los tribunales nacionales franceses han planteado ya dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia (C-366/99 Criesmar y C-206/00 Moufflin).

(1) RTJ 1994 I-4471.

(2) RTJ 1997 I-2057.

(3) DO L 46 de 17.2.1997.

(4) RTJ 1999 I-4927.
PREGUNTA ESCRITA E-0234/01

de Bart Staes (Verts/ALE) al Consejo

(8 de febrero de 2001)

Asunto: Visados y pasaportes belgas ilegales

En el marco del tercer pilar de la Unión Europea (justicia y asuntos de interior), el fraude con los visados y pasaportes belgas merece la necesaria atención sobre todo porque un título de residencia temporal o permanente válido para la Federación Belga proporciona al mismo tiempo acceso a todos los países de Schengen. Tales títulos de residencia no tienen precio para los delincuentes y hacen que el sector de los migrantes sea enormemente sensible a la corrupción.

Estos últimos años se habló de un tráfico de tarjetas diplomáticas en el Ministerio belga de Asuntos Exteriores y de un fraude a gran escala en relación con los visados en la embajada belga de Sofía. A finales de 1997, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores reconoció haber vendido unas 300 tarjetas especiales a los rusos. Este mismo funcionario era también responsable de la emisión de miles de tarjetas especiales destinadas al personal doméstico de las embajadas, especialmente a chicas filipinas que a menudo fueron explotadas e incluso acabaron en la prostitución.

En 1996, la primera secretaria de la embajada belga de Sofía presentó contra el embajador y sus colaboradores una querella, en la que se constituía parte civil, por actividades ilegales. Había constatado que los visados y los pasaportes se tramitaban más rápidamente previo pago. Al parecer, la propia embajada había organizado un sistema de falsas invitaciones de empresas belgas. En abril de 2000, dos magistrados viajaron a Sofía y constataron que en la embajada belga se habían emitido efectivamente durante años visados ilegales.

¿Está el Consejo al corriente del fraude con los visados y pasaportes belgas?

En caso afirmativo, ¿qué medidas ha adoptado el Consejo para que la Federación Belga encuentre una solución a este problema?

En caso negativo, ¿va el Consejo a informarse sobre el fraude con los visados y pasaportes belgas en vista de la importancia del mismo para el tercer pilar de la Unión Europea (justicia y asuntos de interior) y la política de los países de Schengen?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0234/01 y E-0235/01

(14 de mayo de 2001)

El Consejo concede importancia a la lucha contra el fraude documental. Por ello, desde hace tiempo se celebran reuniones de expertos en los grupos de trabajo del Consejo para intercambiar informaciones y experiencias, y para estudiar iniciativas y propuestas al respecto.

No obstante, el problema planteado por Su Señoría afecta a una cuestión que deben resolver las autoridades belgas competentes.

El Consejo no tiene por costumbre interpelar a los Estados miembros por cuestiones que son de la competencia interna de éstos.

En la medida en que los actos u omisiones por parte de un Estado miembro perjudicasen al buen funcionamiento de las normas comunitarias relativas a los visados, correspondería entonces a la Comisión pedir a dicho Estado miembro que le presentase observaciones.
PREGUNTA ESCRITA P-0361/01

de Bernd Lange (PSE) a la Comisión

(8 de febrero de 2001)

Asunto: Directiva 1999/94/CE relativa a la información sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones de CO2 facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos

El 18 de enero de 2001 vencía el plazo para incorporar al Derecho nacional las disposiciones de ejecución de la Directiva 1999/94/CE(1) relativa a la información sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones de CO2 facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos.

¿Es cierto que, hasta el 18.1.2001, sólo en cuatro Estados miembros se habían cumplido las obligaciones jurídicas pertinentes y se había transpuesto correctamente la Directiva en Derecho nacional?

En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para garantizar la incorporación de la Directiva y suministrar sin demora a todos los consumidores europeos información suficiente sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 con arreglo a la estrategia de reducción de estas emisiones?

(1) DO L 12 de 18.1.2000, p. 16.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(22 de marzo de 2001)

La Comisión, en su función de guardiana del Tratado CE con arreglo a su artículo 211 (antiguo artículo 155), vigila la aplicación de la legislación comunitaria por los Estados miembros.

Esto es aplicable a la comunicación a la Comisión por los Estados miembros de las medidas nacionales por las que incorporan al Derecho interno las directivas comunitarias.

A tal efecto, la Comisión comprueba la comunicación por los Estados miembros de las medidas nacionales por las que incorporan las directivas comunitarias e inicia los procedimientos de infracción correspondientes, con arreglo del artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE, contra los Estados miembros que no han comunicado las medidas nacionales de incorporación de las directivas comunitarias dentro del plazo previsto para dicha incorporación.

La Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, relativa a la información sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones de CO2 facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos, debería haber sido incorporada a su Derecho interno por los Estados miembros a más tardar el 18 de enero de 2001.

En este momento (12 de febrero de 2001), tres Estados miembros (Países Bajos, Finlandia y Dinamarca) han comunicado a la Comisión medidas nacionales de incorporación referidas a dicha Directiva.

La Comisión pondrá en marcha el ejercicio de control ordinario en relación con la ausencia de incorporación de la mencionada Directiva y remitirá escritos de emplazamiento a todos los Estados miembros que no hayan comunicado medidas de incorporación en la fecha señalada. En ausencia de una respuesta positiva al mencionado escrito, la Comisión remitirá un dictamen motivado a todos los Estados miembros que sigan sin haber comunicado la legislación nacional correspondiente.
PREGUNTA ESCRITA E-0010/01

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(17 de enero de 2001)

Asunto: Pesca recreativa con caña en el mar

Los pescadores que pescan con caña en el mar en el Reino Unido han tenido que hacer frente a la reducción de las capturas durante los últimos 10 años.

¿Tiene previsto la Comisión tomar medidas para ofrecer un mayor reconocimiento a estos pescadores, especialmente en lo relativo al empleo que ofrecen y a la contribución que prestan a la economía?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(1 de marzo de 2001)

Los objetivos generales de la política de conservación de las pesquerías son dos: proteger y mantener disponibles los recursos marinos vivos y organizar sobre unas bases sostenibles la explotación racional y responsable de los mismos. Debido al declive de algunas poblaciones de peces, se ha venido trabajando e invirtiendo fondos en la conservación de esas poblaciones así como en la mejora del medio ambiente y el aumento de la competitividad y el valor añadido. Además, por reconocerse que numerosas zonas costeras (en especial, las dependientes de la pesca y la acuicultura) presentan importantes deficiencias socioeconómicas, uno de los principales fines de la política estructural de la pesca es contribuir a la revitalización de esas zonas.

La pesca recreativa y deportiva es una actividad que puede beneficiar económicamente a los habitantes de esas zonas y, como tal, ha sido apoyada por los Fondos Estructurales comunitarios con las ayudas financieras que se destinan al turismo asociado a la pesca, la creación de criaderos para repoblación, la ejecución de planes de restauración de poblaciones, la reconversión de buques, la mejora de instalaciones portuarias o la realización de estudios. Estos diversos tipos de proyectos podrán seguir cofinanciándose en el futuro con el respaldo de los Fondos Estructurales.

Es preciso observar, no obstante, que, por disposición del artículo 2 del Reglamento de base (CEE) no 3760/92 del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura(1), los Estados miembros deben impedir que las actividades no comerciales pongan en peligro la conservación y la gestión de los recursos cubiertos por la política pesquera común.

(1) DO L 389 de 31.12.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-0082/01

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(29 de enero de 2001)

Asunto: Pruebas obligatorias para detectar posibles casos de encefalopatía espongiforme bovina en animales de más de treinta meses sacrificados en los mataderos de Galicia

Desde el inicio del año 2001, ¿cuál es la situación por lo que se refiere a la aplicación en Galicia de estas pruebas obligatorias?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(20 de marzo de 2001)

De resultas de la evolución de la epidemia de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) a finales del 2000, con fecha de 1 de enero de 2001 se introdujo el muestreo sistemático de todos los bovinos de más de 30 meses de edad destinados a la cadena alimentaria, para reforzar la protección de los consumidores frente a la EEB.

A comienzos de este año, se pidió a los Estados miembros que enviaran un informe a la Comisión sobre la situación de la aplicación de las nuevas medidas comunitarias relativas a la EEB. España confirmó haber aplicado el requisito de someter a las pruebas de detección a todos los bovinos de más de 30 meses sacrificados para el consumo humano.

La Comisión tiene la intención de realizar una inspección para verificar la aplicación, dentro de la serie de inspecciones que comenzará en marzo de 2001.
PREGUNTA ESCRITA P-0122/01 de Brian Crowley (UEN) al Consejo. Política comunitaria enfocada a la erradicación de la tortura.



Diario Oficial n° 235 E de 21/08/2001 p. 0125 - 0126



PREGUNTA ESCRITA P-0122/01 de Brian Crowley (UEN) al Consejo (24 de enero de 2001) Asunto: Política comunitaria enfocada a la erradicación de la tortura Teniendo en cuenta que, según parece, la tortura existe en más de la mitad de los países del mundo y que sus víctimas son mujeres, niños y hombres ¿tiene intención el Consejo de comprometerse, bajo la Presidencia sueca, a trabajar activamente en la UE y a nivel internacional con el fin de desarrollar una política comunitaria global destinada a la eliminación y la prevención de la tortura y de los malos tratos, como objetivo clave de la política comunitaria en materia de derechos humanos? ¿Hará el Consejo todo lo posible para que el procesamiento de los responsables de infligir torturas llegue a ser también un elemento clave de este tipo de política comunitaria? Respuesta (14 de mayo de 2001) El Grupo Derechos Humanos del Consejo estudia las posibilidades de reforzar la política de la Unión Europea contra la tortura y ha comenzado a elaborar directrices relativas a una política de la UE respecto de terceros países en relación con la tortura y otros tratos y castigos crueles, inhumanos o degradantes. La Presidencia sueca se esfuerza por que el Consejo pueda adoptar el proyecto de directrices antes de julio de 2001.
PREGUNTA ESCRITA E-0290/01

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(9 de febrero de 2001)

Asunto: Programas para la igualdad de los géneros

¿Puede enumerar la Comisión las organizaciones que reciben fondos para promover la discriminación positiva sobre la base del género?

¿Qué vídeos ha producido la Asociación de mujeres de Europa meridional? ¿Qué fondos comunitarios se le concedieron para la realización de los mismos? ¿Puede la Comisión facilitar copias de los mismos a la biblioteca de la DG IV a fin de ponerlos a disposición de los diputados?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(28 de marzo de 2001)

La Comisión ha subvencionado a varias organizaciones en el marco del Programa de acción comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000), creado mediante la Decisión 95/593/CE de 22 de diciembre de 1995(1), a fin de permitir el intercambio de información y experiencia sobre las prácticas correctas a nivel transnacional o identificar y desarrollar dichas prácticas y la transferencia de información y experiencia para fomentar la integración de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.

La Comisión presentará un informe final sobre la aplicación del Programa al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones antes del 31 de diciembre de 2001.

Entre tanto, la Comisión tiene el honor de enviar personalmente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento Europeo la lista de proyectos subvencionados en los ejercicios presupuestarios de 1966 a 1999 y la relación de organizaciones subvencionadas en el ejercicio de 2000.

La Asociación de Mujeres de Europa meridional (AFEM) ha producido un vídeo titulado Mujeres y hombres, decidamos juntos. El Parlamento Europeo, antecámara de la igualdad a fin de difundir una imagen positiva del papel de las mujeres y los hombres en la sociedad. La Comisión subvencionó la producción de dicho vídeo con 23 112 euros. La propiedad, los derechos sobre el título y los derechos de propiedad industrial e intelectual corresponden al beneficiario, por lo que las solicitudes de copias deben enviarse a AFEM, a la atención del Sr. Yannick Ladroyes; 48 rue de Vaugirard; F-75006 París (telefax: 33.(0)1.43.25.93.87).

(1) DO L 335 de 30.12.1995.
PREGUNTA ESCRITA E-0583/01

de Sergio Berlato (UEN) a la Comisión

(1 de marzo de 2001)

Asunto: Indemnización de los trabajadores forzados

A raíz de las negociaciones entre los representantes de la industria alemana y las asociaciones de las víctimas de trabajos forzados en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, el Parlamento alemán aprobó el 7 de julio de 2000 una ley por la que se crea un Fondo de diez billones de marcos para la indemnización de los ex deportados y prisioneros que fueron obligados a trabajar en las fábricas alemanas durante ese período. Los Estados Unidos presionaron asimismo en favor de la creación de dicho Fondo por medio de causas civiles colectivas que desembocaron en un acuerdo entre los Estados Unidos y la República Federal Alemana para el resarcimiento de los trabajadores forzados en la industria de armamento alemana.

Dicho acuerdo prevé la indemnización de los ciudadanos ucranianos, húngaros, belarusos y los de la antigua Checoslovaquia, pero no de los italianos. Cabe recordar que, en virtud del acuerdo de 1944 entre la República social italiana y la Alemania nazi, decenas de miles de militares y civiles italianos, prisioneros e internados durante la guerra, fueron obligados a trabajar en la industria de armamento.

De esa manera, los ciudadanos italianos podrían verse excluidos de los beneficios económicos asignados a través del Fondo a los ciudadanos de los restantes países que participaron directamente en las negociaciones. Por lo tanto, el Gobierno italiano tiene el deber moral de hacer algo para que se reconozca lo antes posible el derecho de los trabajadores forzados italianos a una indemnización equitativa y digna.

¿Puede precisar la Comisión si tiene la intención de intervenir ante el Estado italiano para conocer las iniciativas llevadas a cabo eventualmente por el mismo a fin de que los trabajadores forzados italianos durante la Segunda Guerra Mundial obtengan un resarcimiento pleno y adecuado por parte de Alemania?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2001)

El asunto al que se refiere la pregunta no es competencia de la Comisión.