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PREGUNTA ESCRITA E-3536/00

de Avril Doyle (PPE-DE) a la Comisión

(13 de noviembre de 2000)

Asunto: Informe de evaluación del régimen de la carne de ovino

Habida cuenta de que el miembro de la Comisión, Sr. Fischler, aseguró en marzo a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo que el informe de evaluación sobre el régimen de la carne de ovino se publicaría inmediatamente después de Semana Santa, ¿podría dar la Comisión una explicación para este retraso excesivo en la publicación del informe, a la luz de las dificultades por las que atraviesan los propietarios de ganado ovino en algunos Estados miembros?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 2000)

La Comisión lamenta el retraso con el que ha llegado al público el informe de evaluación del régimen de la carne de ovino y de caprino. No obstante, desde principios de noviembre, podía consultarse ya ese informe en el sitio evaluación de la Dirección General de Agricultura de la Comisión.

El consultor exterior encargado del estudio tardó más tiempo del inicialmente previsto para elaborar la versión final del informe. Debe observarse, sin embargo, que los plazos previstos eran extremadamente cortos y que sólo en circunstancias ideales habría sido posible publicar el informe en el primer semestre del 2000.

Además, durante el proceso de elaboración, el grupo director encargado de la evaluación decidió, de acuerdo con el consultor, que, para aumentar la validez de los resultados obtenidos, debía someterse a una revisión completa la metodología aplicada en el proyecto de informe. Esta revisión causó un nuevo retraso en la presentación del informe final, que tuvo así que aplazarse hasta el otoño del 2000. El retraso se justifica, sin embargo, por el hecho de que, como confirma el dictamen del grupo director que acompaña a la publicación del informe, la buena calidad de éste se haya debido precisamente a esa revisión.
PREGUNTA ESCRITA E-4057/00

de Generoso Andria (PPE-DE), Umberto Scapagnini (PPE-DE) y Stefano Zappalà (PPE-DE) a la Comisión

(9 de enero de 2001)

Asunto: La agricultura en Capaccio Paestum

Visto que en el Golfo de Salerno existe un territorio (Capaccio-Paestum) declarado de interés arqueológico por las numerosas riquezas que contiene (templos dóricos, necrópolis, etc.) y que se trata de un territorio especialmente rico debido a la presencia del río Sele y de otros cursos de agua.

Considerando que si bien la normativa defiende legítimamente un patrimonio de valor inconmensurable, no tiene en cuenta la actividad centenaria de los agricultores del lugar (cría de búfalos, cultivo de hortalizas, etc.).

¿Puede intervenir la Comisión ante las autoridades locales a fin de que, sin dejar de proteger el patrimonio arqueológico y paisajístico, adopten todas las medidas necesarias a fin de que los agricultores en cuestión reciban permisos especiales para mejorar sus explotaciones y accedan a facilidades fiscales y económicas, así como a la financiación de la Comunidad Europea?

En concreto, ¿piensa adoptar medidas para que estas personas disfruten de las mismas oportunidades que los agricultores que no residen en las zonas protegidas?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(16 de febrero de 2001)

La Comisión considera que el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección del patrimonio arqueológico, el paisaje y el medio ambiente constituye un requisito ineludible para cualquier intervención de las autoridades públicas en favor del sector agrario, y ello independientemente de que se trate de una acción estrictamente nacional o de una intervención cofinanciada a nivel comunitario en el marco de los Fondos Estructurales o en el del Plan de desarrollo rural de la región de que se trate.

Respecto a la posibilidad de intervenir ante las autoridades locales con el fin de permitir que los agricultores tengan acceso a autorizaciones especiales para mejorar sus empresas y a facilidades en materia de contribución, fiscalidad y financiación nacional, la Comisión considera que esta tarea no entra dentro de sus competencias. Sólo en los casos en que se establecen ayudas nacionales, tiene competencia la Comisión para controlar el cumplimiento de las normas que disponen en materia de ayudas estatales los artículos 87 a 89 (antiguos artículos 92 a 94) del Tratado CE.

En cuanto a las ayudas cofinanciadas a nivel comunitario dentro de los marcos arriba mencionados, debe señalarse que el programa operativo del objetivo no 1 (POR) de la región de Campania (período 2000-2006), aprobado por la Decisión de la Comisión de 8 de agosto de 2000, no prevé con relación al desarrollo rural ninguna medida que sea específica de esa región o que esté limitada a ella.

No obstante, en el uso de las facultades que les competen en la aplicación de ese programa, las autoridades regionales podrían disponer unas condiciones particulares para facilitar la realización de las medidas del POR en la zona considerada, siempre, claro está, que tales condiciones se ajustaran a a la normativa comunitaria en materia de Fondos Estructurales y de desarrollo rural.
PREGUNTA ESCRITA E-3728/00

de Lord Inglewood (PPE-DE) a la Comisión

(30 de noviembre de 2000)

Asunto: La EEB en Francia

¿Puede la Comisión garantizar que todas las medidas emprendidas en Francia en respuesta a la reciente crisis de la EEB se adopten y se lleven a cabo sin hacer referencia a la nacionalidad?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(28 de febrero de 2001)

La Comisión ha seguido atentamente las medidas nacionales adoptadas por Francia y otros Estados miembros en respuesta a los recientes sucesos relacionados con la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Estas medidas unilaterales han sido comunicadas al Comité director científico, y la Comisión está estudiando el dictamen de este último sobre sus méritos o deficiencias. La Comisión prevé actuar, basándose en dichos dictámenes, con el fin de lograr la armonización de las medidas. Cualquier discriminación por razones de nacionalidad constituiría una infracción de la legislación comunitaria y sería tratada como tal.
PREGUNTA ESCRITA E-3699/00

de Torben Lund (PSE) a la Comisión

(29 de noviembre de 2000)

Asunto: Captura accesoria de marsopas

De la respuesta de 16 de octubre de 2000 a la pregunta E-2584/00DA(1), se desprende que, en general, la Comisión tiene conocimiento de muy pocos datos relativos a la influencia sobre las existencias de marsopas de la dinámica de la población y las capturas accesorias.

¿Piensa la Comisión, en este contexto, exponer la valoración realizada por Ascobans de la situación de las marsopas en el Mar del Norte y el Mar Báltico, respectivamente?

¿Piensa la Comisión, además, informar de la cooperación con Ascobans e indicar si la Comisión participa como observadora en las reuniones del Comité Asesor de Ascobans?

(1) DO C 113 E de 18.4.2001, p. 125.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(1 de febrero de 2001)

La Comisión, junto con la comunidad científica, lamenta la falta de información sobre esta especie. No es sorprendente por ello que incluso organismos tan especializados como el Acuerdo sobre la conservación de pequeños cetáceos del mar Báltico y del mar del Norte (Ascobans) sigan apoyando nuevas investigaciones al respecto.

La Comisión acoge favorablemente cualquier esfuerzo por mantener en condiciones satisfactorias de conservación a las especies enumeradas en el Anexo IV de la Directiva de hábitats, como es el caso de todos los cetáceos, y celebra reuniones periódicas con organizaciones ecológicas regionales para intercambiar puntos de vista e información. El 8 de diciembre de 2000 estaba prevista una reunión con representantes de Ascobans pero, por causas imprevistas, hubo de aplazarse.

Por lo que respecta a la participación en las actividades de Ascobans, la Comunidad figura como organización de integración económica regional, según la definición del texto del Acuerdo, y puede por tanto enviar observadores a las reuniones.

Hasta el momento, la Comunidad ha firmado el acta final de la reunión en que se aprobó el texto del Acuerdo y el Acuerdo en sí. Este último, sin embargo, aún no ha sido ratificado. Habida cuenta de la actual carga de trabajo de la Comisión y de lo escaso de sus recursos humanos, la participación en las reuniones de Ascobans se decide en función de cada caso.
PREGUNTA ESCRITA E-3922/00

de Anna Karamanou (PSE) al Consejo

(20 de diciembre de 2000)

Asunto: Aumento de la xenofobia en Europa

En el informe anual publicado recientemente por el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia se confirma un aumento significativo del racismo en la Unión Europea. La señora Beate Winkler, Directora del Centro, señala que en Suecia, Francia, Alemania y otros muchos países se pone de manifiesto un aumento preocupante de incidentes de violencia racista, cuyas víctimas son principalmente inmigrantes africanos y árabes, albaneses y gitanos, al mismo tiempo que se registra un aumento de los ataques a sinagogas, cementerios judíos y mezquitas. El informe del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para 1999 subraya también el significativo aumento de la utilización de Internet por parte de organizaciones neonazis para impulsar su propaganda política y racista.

En la Declaración de la Conferencia Europea contra el Racismo, que tuvo lugar el mes pasado en Estrasburgo, se subraya que Europa es una comunidad de valores, multicultural en el pasado, presente y futuro. ¿En qué medida son eficaces las medidas promovidas por el Consejo y cómo pueden respetarse los compromisos de Estrasburgo y combatirse el racismo y la xenofobia, el fanatismo religioso, la intolerancia, el antisemitismo y el odio al Islam que amenazan a las sociedades democráticas y sus valores fundamentales?

Respuesta

(8 de marzo de 2001)

1. El Consejo remite a Su Señoría a la respuesta que el Consejo dio a la pregunta escrita E-3089/00.

2. Por lo que respecta a las medidas para luchar contra la discriminación directa o indirecta basada en el origen étnico, la religión o creencias, la discapacidad, la edad o la orientación sexual, el Consejo recuerda que, en su sesión de 27 de noviembre de 2000, adoptó una Decisión por la que se establece un programa de acción comunitario para luchar contra la discriminación (2001-2006)(1). En dicha Decisión se invitaba a la Comisión a supervisar periódicamente el programa en cooperación con los Estados miembros, y a evaluarlo con la asistencia de expertos independientes.

(1) DO L 303 de 2.12.2000, p. 23.
PREGUNTA ESCRITA E-4016/00

de Carlos Carnero González (PSE) a la Comisión

(21 de diciembre de 2000)

Asunto: Referéndum contra la libertad sindical en Venezuela

El pasado 4 de diciembre tuvo lugar en Venezuela un referéndum contra la libertad sindical auspiciado por el Presidente Hugo Chávez. Cerca de un 80 % de los ciudadanos no acudieron a las urnas.

La celebración de la consulta ha sido considerada absolutamente contraria a los convenios internacionales que garantizan la libertad sindical, empezando por los de la OIT, como ha puesto de manifiesto públicamente el Director de ese organismo.

Por similar motivo, también la CIOSL (entidad a la que pertenecen las principales centrales sindicales de los países miembros de la Unión Europea) ha protestado reiteradamente por la convocatoria del citado referéndum y ha alertado sobre sus negativas consecuencias.

¿Cuál es la opinión de la Comisión Europea respecto a ese referéndum? ¿La ha transmitido formalmente a las autoridades de Venezuela? ¿Piensa insistir ante el Gobierno de Caracas en la necesidad de respetar una libertad como la sindical, definitoria de un Estado de Derecho?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(30 de enero de 2001)

Éste es un problema nacional que puede discutirse en la reunión entre la Unión y el Grupo Andino (programada para marzo en Santiago de Chile).

Hay que señalar que Venezuela, junto con los otros países latinoamericanos y del Caribe, firmó una declaración conjunta en la Cumbre de Río, reiterando su apoyo a la democracia y a la libertad de opinión. La Comisión seguirá de cerca el cumplimiento de los acuerdos celebrados entre las Partes y, en caso de necesidad, considerará la posibilidad de proporcionar apoyo específico a estos países. Además, debe señalarse que los problemas relacionados con los derechos humanos están incluidos en los tres puntos prioritarios identificados en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento sobre el seguimiento de la Cumbre de Río(1).

(1) COM(2000) 670 final.
PREGUNTA ESCRITA P-3613/00

de Olivier Dupuis (TDI) al Consejo

(15 de noviembre de 2000)

Asunto: Lucha contra la trata, la explotación y el abuso sexual de niños

El problema de la trata, explotación y abuso sexual de niños está adquiriendo cada vez más dimensiones transnacionales y desconcierta por la atrocidad de los crímenes que se cometen, así como por la lentitud con la que los aparatos judiciales europeos se ocupan de los casos acaecidos en numerosos Estados miembros.

La Unión se ha concentrado, hasta ahora, en la relación entre la pederastia e Internet, descuidando otros aspectos mucho más importante. En particular, el Consejo estaba obligado, en virtud del punto B del Título IV de la Acción común relativa a la lucha contra la trata y la explotación sexual de niños, a proceder en 1999 a una evaluación del modo en que los Estados miembros hubieran cumplido las obligaciones que les imponía la acción común en materia de mejora de la cooperación judicial y de aproximación y revisión de las normas nacionales referentes a la lucha contra la trata, la explotación y el abuso sexual de niños. En la respuesta, de 28 de septiembre de 2000, a la pregunta P-1748/00, el Consejo declara que no ha cumplido tal obligación, afirmando que la evaluación se efectuará próximamente, según las normas previstas en la decisión, y que no está aún en condiciones, por lo tanto, de proceder a la evaluación de las legislaciones de los Estados miembros en esta materia.

¿Cuándo cumplirá el Consejo su obligación de realizar dicha evaluación? ¿Por qué motivos no la ha efectuado aún? ¿Cuáles han sido los obstáculos encontrados? ¿No considera el Consejo que no realizar dicha evaluación significa vaciar de sentido y eficacia la acción común? ¿Hay oposición dentro del Consejo? ¿Qué otras medidas piensa tomar el Consejo para aplicar el artículo 29 del Tratado de la Unión Europea, el cual indica, entre los medios para crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, la lucha contra la trata de seres humanos y los delitos contra los niños?

Respuesta

(26 de febrero de 2001)

El Consejo no está al corriente de la existencia de renuencias a la evaluación de la Acción común 97/154/JHA de 24 de febrero de 1997 sobre la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños(1) por parte de los Estados miembros o en su propio seno.

En su respuesta a la cuestión escrita no P-1748/00 sobre el mismo tema, el Consejo indicaba las iniciativas emprendidas en la Unión Europea desde la adopción de la Acción Común, el 24 de febrero de 1997, a la que hace referencia Su Señoría, para luchar contra la trata de seres humanos y los delitos contra los niños. Estas medidas constituyen una prueba de la voluntad del Consejo y de los Estados miembros de luchar contra esta forma de delincuencia especialmente odiosa.

Por otra parte, el Consejo desearía referirse a la respuesta dada a la pregunta escrita no P-3618/00.

(1) DO L 63 de 4.3.1997, p. 2.
PREGUNTA ESCRITA P-3883/00

de Claude Desama (PSE) a la Comisión

(4 de diciembre de 2000)

Asunto: Gestión del personal de la UEO

El destino que espera al personal de la UEO es inquietante. En el marco del segundo pilar se han creado nuevas estructuras sin tener en cuenta todas las competencias disponibles en la UEO. Estas decisiones conllevan numerosos despidos seguidos de nuevas contrataciones, múltiples mudanzas y costosas reorganizaciones de los edificios de la UE y de la UEO.

En un contexto en el que Europa afirma más que nunca su dimensión social, el autor de la pregunta se interroga sobre el fundamento de los despidos y la buena gestión de los fondos.

¿No considera la Comisión que antes de proceder a nuevas contrataciones sería más sensato sacar el mayor provecho posible de los recursos humanos disponibles en la UEO? En caso afirmativo, ¿qué perspectivas piensa ofrecer a los funcionarios afectados?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(5 de enero de 2001)

La contratación de personal para las instituciones comunitarias se regula claramente mediante el Estatuto. De conformidad con el artículo 29 de éste, excepto en un número limitado de casos (funcionarios de grado A1 y A2 y, excepcionalmente, contratación de puestos que requieren una formación especial), la contratación de funcionarios permanentes sólo puede efectuarse tras haber superado una oposición. Las oposiciones están abiertas a todos los nacionales de los Estados miembros.

La Comisión comparte la opinión de Su Señoría de que las competencias y la experiencia del personal de la Unión Europea Occidental (UEO) afectado por los cambios de organización que se están produciendo en ésta pueden ser valiosas para las instituciones comunitarias. De ahí que la Comisión haya iniciado ya un diálogo con la Secretaría General de la UEO y con los representantes del personal de ésta con el fin de explorar las posibilidades de contratar personal de la UEO de conformidad con el Estatuto.
PREGUNTA ESCRITA E-3958/00

de Nelly Maes (Verts/ALE) al Consejo

(20 de diciembre de 2000)

Asunto: Reestructuración de la industria europea

El 27 de julio, en el marco de una feria de armamentos en el Reino Unido, se concluyó un acuerdo sobre la reestructuración y el funcionamiento de la industria de la defensa entre 6 países de la Unión Europea denominado Framework Agreement Concerning Measures to Facilitate the Restructuring and Operation of the European Industry (Acuerdo marco sobre medidas destinadas a facilitar la reestructuración y el funcionamiento de la industria europea). A través de este acuerdo marco se facilita la industria armamentista internacional, por ejemplo, porque el país en que tiene lugar la última adición a un sistema puede extender la autorización de exportación del arma en cuestión.

¿Es esto compatible con el código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas?

¿Opina el Consejo que la firma de este acuerdo por Suecia, Reino Unido, Francia, España, Italia y Alemania no va en contra de los esfuerzos realizados a favor de un mundo pacífico?

Respuesta

(7 de mayo de 2001)

El Acuerdo marco entre la República Francesa, la República Federal de Alemania, la República Italiana, el Reino de España, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte sobre medidas destinadas a facilitar la reestructuración y el funcionamiento de la industria europea de defensa fue firmado el 27 de julio de 2000. Uno de los objetivos de este acuerdo (letra d) del artículo 1) es aproximar, simplificar y reducir, cuando proceda, los procedimientos nacionales de control de exportación para las transferencias y exportaciones de bienes y tecnologías militares.

Al otorgar licencias de exportación, los Estados signatarios del Acuerdo marco, que son todos miembros de la Unión Europea, deberán respetar los criterios establecidos en el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas adoptado por el Consejo el 8 de junio de 1998. La situación interna del país de destino final, en términos de la existencia de tensiones o conflictos armados, y el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales están entre los criterios establecidos por el Código de Conducta, que están todos pensados para evitar el riesgo de que la exportación de armas desde Estados miembros de la UE pueda utilizarse para la represión interna, la agresión internacional o la inestabilidad regional.
PREGUNTA ESCRITA P-3997/00

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(13 de diciembre de 2000)

Asunto: La Carta de los derechos fundamentales (estatuto jurídico)

¿Comparte la Comisión el punto de vista de Keith Vaz, Secretario de Estado británico para Europa, según el cual la Carta de los derechos fundamentales, de ser aprobada por los representantes de los Estados miembros en Niza pero no incorporada a los Tratados, constituiría un mero documento declarativo con el mismo estatuto jurídico que The Beano (famoso cómic infantil)? Si no lo comparte, ¿entiende la Comisión en que de no incorporarse la Carta a los Tratados Europeos, el Tribunal de Justicia actuaría de modo poco prudente y al margen de sus competencias si intentase modificar el equilibrio de derechos y obligaciones en la Unión Europea o restringir la libertad de los individuos o de las empresas, o las prerrogativas de los Estados soberanos basándose en la Carta a menos que el Tribunal hubiera sido expresamente autorizado para ello mediante un Tratado internacional?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(23 de enero de 2001)

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión fue proclamada por el Presidente del Consejo, la Presidenta del Parlamento y el Presidente de la Comisión, al margen del Consejo Europeo de Niza, el 7 de diciembre de 2000.

La Carta presenta a los ciudadanos los derechos fundamentales ya reconocidos, pero, en algunos casos, recogidos en fuentes dispersas y difícilmente accesibles a los ciudadanos. Por lo tanto, según la Comisión, es probable que el Tribunal de Justicia se inspire en la misma para el desarrollo de su jurisprudencia.

Por otra parte, la Comisión ya se ha pronunciado sobre este punto en la Comunicación adoptada el 11 de octubre de 2000(1) y transmitida al Parlamento, en la que destaca que la Carta es el instrumento de control del respeto de los derechos fundamentales por las instituciones y los Estados miembros cuando actúan en el marco del derecho de la Unión.

(1) COM(2000) 559 final.