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PREGUNTA ESCRITA E-0243/00

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(7 de febrero de 2000)

Asunto: Realización de los aparcamientos de Piazza Vescovio y de Via Moricone en Roma

El Ayuntamiento de Roma ha comenzado la construcción de dos grandes aparcamientos subterráneos, uno en Piazza Vescovio, de 92 plazas, y otro en Via Moricone de aproximadamente 100 plazas. La zona afectada por estas obras es inestable desde el punto de vista geológico por la presencia de grutas, catacumbas, antiguas canteras de puzolana y aguas subterráneas, por lo que dichas obras constituyen un peligro para los habitantes y los edificios de la zona. Además, la Piazza Vescovio acaba de ser restaurada.

Estas obras, cuya duración se estima en al menos 16 meses, afectarán la calidad de vida de todo el barrio. La importancia de las obras y las posibles consecuencias que se derivarán de la naturaleza del terreno sugieren la necesidad de llevar a cabo una detallada evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente, prevista en la Directiva 85/337/CEE(1).

Esta necesidad se ve confirmada en la carta dirigida el 25 de marzo de 1997 por el Comisario Enthoven al Embajador Cavalchini, en la que señala que dicha evaluación es necesaria para los proyectos de este tipo. La concesión de la utilización de suelo público exclusivamente a los compradores de las plazas de aparcamiento de que se trata (llamados PUP) configura un abuso contra los ciudadanos que no podrán adquirir el derecho de utilización durante los 90 años previstos, por lo que se verán privados del derecho de utilizar un bien público.

1. ¿No considera la Comisión que estas obras deben estar sujetas a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente?

2. ¿No considera que dichas obras no deberían realizarse sin la consulta previa de los habitantes del barrio, según lo previsto en la Directiva 85/337/CEE?

3. ¿Puede hacer saber si existen directivas relativas al posible abuso por parte de los PUP que limitan el aprovechamiento público de un bien común?

4. ¿Puede dar a conocer su opinión sobre el asunto de referencia?

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(13 de marzo de 2000)

Se invita a Su Señoría a remitirse a la respuesta de la Comisión referente a la pregunta escrita E-2858/99(1).

1. Solo se requiere la consulta de los residentes locales si los trabajos están sujetos a un procedimiento de evaluación del impacto ambiental.

2. La Comisión no tiene conocimiento de ninguna directiva comunitaria sobre la restricción del uso público de los bienes públicos.

3. Sin tener conocimiento de la situación descrita por Su Señoría, la Comisión tomará las medidas adecuadas para reunir información detallada al respecto y asegurar el cumplimiento de la normativa comunitaria.

(1) DO C 303 E de 24.10.2000, p. 120.
PREGUNTA ESCRITA E-0505/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(28 de febrero de 2000)

Asunto: Pago de contratistas y proveedores

¿Cuál es la política de la Comisión para establecer el calendario de pagos para sus contratistas y proveedores? ¿Qué plazo de tiempo se prevé en los procedimientos de la Comisión entre la entrega o la factura y el pago de la misma? ¿Se toma alguna medida para controlar el cumplimiento de estos objetivos?

Respuesta de la Comisaria Schreyer en nombre de la Comisión

(4 de mayo de 2000)

La Comisión examina periódicamente los plazos que sus servicios necesitan para proceder a los pagos.

Ya en 1991 se fijó como objetivo que sus pagos deberían realizarse en un plazo de 60 días a partir de la recepción por sus servicios de una solicitud de pago en buena y debida forma. De este plazo de 60 días se dejan 40 a los servicios ordenadores (para la liquidación y la orden de pago) y 20 a los servicios horizontales (visado del Control Financiero, certificado de validez del recibo liberatorio por el contable y ejecución bancaria).

En 1995 la Comisión se fijó como objetivo que un 95 % de las operaciones finalizaran en los 60 días. Por último, en 1997, la Comisión enmendó su política contractual para, en caso de pago tardío, dar a sus acreedores derecho a pedir intereses de demora.

Las estadísticas disponibles para 1999 demuestran que, para el conjunto de los servicios, el plazo (desde la fecha de recepción de la factura hasta el día del adeudo en la cuenta bancaria de la Comisión), fue de 54,1 días. No obstante, sólo el 65,1 % de los pagos se ejecutaron en el plazo de 60 días.

Un Grupo de Trabajo interservicios compuesto de representantes de las unidades financieras de las distintas Direcciones Generales examina actualmente las causas de este resultado peor y formularán propuestas para mejorarlo.

En su libro blanco sobre la reforma, parte 2, plan de acción(1), la Comisión confirma como uno de los objetivos de la reforma es alcanzar, de aquí al 2002, un nivel del 95 % de los pagos realizados en 60 días (acción 10: invitar a los servicios a fijar sus propios objetivos para cumplir el objetivo general que la Comisión se fijó, para el 2002, de pagar un 95 % de las facturas en el plazo de 60 días y describir las medidas adecuadas así como los resultados obtenidos en el informe de actividad anual. La evaluación por la Comisión de los resultados facilitados por los servicios tendrá en cuenta este indicador).

Por otra parte, la Comisión establecerá un registro central de las facturas con el fin de seguir los plazos de gestión de éstas (acción no 11 del libro blanco).

(1) COM(2000) 200 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0338/00

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(14 de febrero de 2000)

Asunto: Índice de desempleo en Grecia

Con el título EUROPE weekly SELECTED STATISTICS no 1128 la revista Europe de 20 de diciembre de 1999 publicó información procedente del no 120/99 de News Release de Eurostat sobre las cifras de desempleo en los países de la Unión Europea, en el Japón y en los Estados Unidos. Sin embargo, como hemos señalado repetidas veces, estas estadísticas no incluyen las cifras de desempleo para Grecia. En respuesta a la pregunta escrita E-1448/97(1), la Comisión señalaba que el Instituto nacional de estadística de Grecia prevé aplicar a partir de 1998 una encuesta continua sobre población activa y obtener índices de desempleo trimestrales.

A la vista de esta información, se pide a la Comisión que responda a los siguientes puntos:

1. ¿Por qué se sigue sin disponer de cifras de desempleo en Grecia?

2. ¿Se ha comprometido Grecia a facilitar datos exactos y fiables sobre el desempleo a los diferentes servicios y publicaciones de la Unión Europea?

3. ¿Qué medidas está adoptando la Comisión para garantizar que las informaciones relativas a la cifra de desempleo en Grecia aparezcan en las diversas publicaciones de manera rápida y fiable?

4. ¿Se ha facilitado financiación a los servicios griegos para registrar y publicar datos sobre el desempleo y, en caso afirmativo, en el marco de qué programas?

(1) DO C 373 de 9.12.1997, p. 133.

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(29 de marzo de 2000)

En aplicación del Reglamento (CE) no 577/98 del Consejo, de 9 de marzo de 1998, relativo a la organización de una encuesta muestral sobre la población activa en la Comunidad(1), el Instituto nacional de estadística de Grecia llevó a cabo una encuesta continua sobre población activa proporcionando resultados trimestrales.

El apoyo financiero comunitario para la transición a una encuesta continua sobre población activa se concedió en 1997, 1998 y 1999 al Instituto nacional de estadística de Grecia, con arreglo al plan de acción griego en materia de estadísticas.

Ahora están disponibles los datos trimestrales sobre las tasas de desempleo en Grecia correspondientes a los cuatro trimestres de 1998. Sin embargo, para obtener tasas de desempleo ajustadas estacionalmente es necesario haber recopilado datos trimestrales durante un período mínimo de tres años antes de que puedan publicarse las series ajustadas estacionalmente.

Entretanto, los datos anuales sobre tasas de desempleo disponibles hasta 1998 procedentes de la encuesta sobre población activa están publicados en el informe conjunto sobre el empleo de 1999, adoptado por el Consejo el 29 de noviembre de 1999(2).

(1) DO L 77 de 14.3.1998.

(2) http://ue.eu.int/newsroom/main.cfm?LANG=1.
PREGUNTA ESCRITA E-1137/00

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(11 de abril de 2000)

Asunto: Libro Blanco sobre seguridad alimentaria y Organismo alimentario europeo

En enero de 2000 se publicó el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria (COM(1999) 719 final). El capítulo 4 del mismo trata de la creación de un Organismo alimentario europeo (OAE), y el capítulo 5, de la legislación relativa a la seguridad alimentaria.

Dicho Organismo tendrá ocasión de comunicarse de manera directa y abierta con los consumidores y podrá informar directamente a todas las partes interesadas sobre las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición. La Comisión seguirá siendo responsable de la comunicación de las decisiones de la gestión de los riesgos (apartado 51).

1. En opinión de la Comisión, ¿cuál es el límite entre la información al público y los comunicados relacionados con la gestión de riesgos?

2. ¿Podría el Organismo alimentario europeo informar a la población por propia iniciativa sobre los riesgos de determinados productos, como en el caso de la listeriosis? En caso negativo, ¿quién se encargaría de este tipo de comunicados, vista la importancia que tienen para los consumidores?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1121/00, E-1124/00, E-1126/00, E-1129/00, E-1130/00, E-1131/00, E-1132/00, E-1135/00, E-1136/00, E-1137/00, E-1138/00 y E-1139/00 dada por el Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(8 de junio de 2000)

En el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria(1), la Comisión presentó las orientaciones generales que guiarán su actuación de cara a la creación del Organismo alimentario europeo e invitó a todas las partes interesadas a que le remitieran sus opiniones y contribuyeran al debate durante el periodo de consulta. Por lo que respecta a muchas de las cuestiones planteadas por Su Señoría, la Comisión no formalizará sus propuestas ni detallará mecanismos de funcionamiento en tanto no haya examinado los puntos de vista expresados en el procedimiento de consulta.

Por lo que se refiere a la cuestión de las competencias, en cambio, el Libro Blanco precisa que al Organismo alimentario europeo se le confiarán la evaluación de riesgos, la recopilación de datos y la información de los consumidores en los ámbitos de su competencia. Por razones jurídicas y de responsabilidad democrática, la Comisión estima que, en el contexto actual, no está justificada una transferencia de poderes reglamentarios a una autoridad independiente. Ahora bien, a la vista de la experiencia que se extraiga del funcionamiento del Organismo y de la confianza que éste inspire, debería considerarse una posible ampliación de sus competencias, sin excluir la posibilidad de una modificación del Tratado.

(1) COM(1999) 719 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0585/00

de Mark Watts (PSE) a la Comisión

(29 de febrero de 2000)

Asunto: Política europea de transportes sostenible

¿Puede comunicar la Comisión cómo piensa intensificar los estudios de impacto medioambiental de las iniciativas políticas, con especial referencia a las emisiones de CO2 y al cambio climático?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(12 de abril de 2000)

Si bien la pregunta podría plantearse igualmente en un contexto más general, ya que las iniciativas que repercuten en el cambio climático emanan igualmente de las políticas de otros campos, al haberse formulado con referencia a la política de transporte, la respuesta va a centrarse en este mismo sector.

Las emisiones de dióxido de carbono CO2 debidas al transporte deben entenderse como un elemento dentro del ámbito general del transporte y el medio ambiente. Este planteamiento más general es importante para evitar soluciones por debajo de lo óptimo que podrían repercutir negativamente en otros aspectos medioambientales (por ejemplo, sustituir la gasolina por el gasóleo sin adoptar medidas complementarias reduciría las emisiones de CO2 pero podría aumentar las de partículas). Con el fin de sustentar este esfuerzo integrador para el logro de un sistema de transporte sostenible desde el punto de vista ambiental, la Comisión ha creado un grupo conjunto de expertos de transportes y medio ambiente en el que participan especialistas ministeriales de los Estados miembros. El grupo presentó recomendaciones de inestimable ayuda a la presidencia finlandesa en el momento de redactar la estrategia de integración del Consejo de Transportes celebrado el 6 de octubre de 1999 y en la actualidad está dedicado a las labores preparatorias y de seguimiento que permitirán un nuevo examen de la estrategia.

Aparte de esta actividad de integración en la que se enmarcan todos los aspectos ambientales del transporte, incluido el cambio climático, la Comisión acaba de adoptar la comunicación sobre Políticas y medidas de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero: hacia un Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC)(1). En respuesta a la petición del Consejo de medio ambiente de octubre de 1999, en la comunicación se recoge una serie de posibles políticas y medidas que irán desarrollándose dentro del PECC y en cuyo conjunto destaca el papel otorgado al transporte. Las formas concretas que puede adoptar la aportación de este último al Programa se están definiendo en la actualidad.

Las actividades arriba señaladas serán de especial importancia en lo que se refiere a la revisión de la política común de transportes prevista para la segunda mitad del presente año, y a la presentación del Libro Verde sobre el transporte urbano.

(1) COM(2000) 88 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1376/00

de Giles Chichester (PPE-DE) a la Comisión

(4 de mayo de 2000)

Asunto: Abono de una pensión a una ciudadana de la UE que traslada su domicilio a Australia

Una ciudadana neerlandesa de nacimiento que en 1954 se trasladó a Inglaterra, se casó y adquirió la nacionalidad británica desea ahora, a los 70 años y divorciada, trasladar su domicilio a Australia para vivir con sus hijos. La jubilación que recibe del Reino Unido quedará congelada pero se le seguirá abonando, mientras que la pequeña jubilación que recibe actualmente de los Países Bajos será anulada si traslada su domicilio fuera de la UE para vivir en Australia.

La explicación, poco convincente, de la parte neerlandesa es que la pensión de jubilación neerlandesa empezó a aplicarse en 1957, fecha posterior al momento en que abandonó los Países Bajos, por lo que no tiene derecho a dicha pensión según la ley neerlandesa, sino únicamente conforme a la legislación europea.

¿No es éste un caso de discriminación por razón de la nacionalidad? ¿No opina la Comisión que los derechos de jubilación en la UE deberían ser aplicables por igual a todos nuestros ciudadanos en todas partes?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2000)

La pregunta de Su Señoría hace referencia al pago de una pensión de jubilación con arreglo a la legislación de los Países Bajos a una antigua ciudadana neerlandesa que adquirió posteriormente la nacionalidad británica y que actualmente tiene la intención de establecer su residencia en Australia.

Con arreglo al Derecho comunitario, no existe un régimen de seguridad social unificado a escala europea. Cada Estado miembro es responsable de su propio régimen de seguridad social y decide las prestaciones que ofrece, su valor y las condiciones para poder optar a ellas.

Existen, sin embargo, disposiciones comunitarias para la coordinación de estos regímenes en el Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad(1), y el Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familiares que se desplacen dentro de la Comunidad(2), a fin de garantizar que los trabajadores migrantes y sus familiares no pierdan sus derechos de seguridad social al desplazarse dentro de la Comunidad.

La exportación de prestaciones a personas que no tienen su residencia en el territorio de la Unión no entra, pues, dentro del ámbito de aplicación de los referidos reglamentos.

La cuestión planteada por Su Señoría es competencia exclusiva de la legislación neerlandesa.

(1) DO L 149 de 5.7.1971.

(2) DO L 74 de 27.3.1972, en su última versión consolidada: Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo de 2 de diciembre de 1996 DO L 28 de 30.1.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-0227/00

de José Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE) y Gerardo Galeote Quecedo (PPE-DE) a la Comisión

(4 de febrero de 2000)

Asunto: Detención de disidentes moderados cubanos

Han sido detenidos recientemente en Cuba los disidentes moderados Osvaldo Payá Sardiñas y Hector Palacios, habiendo sido posteriormente conducidos a un lugar desconocido. Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, desde el pasado mes de noviembre se han producido cerca de 300 detenciones de disidentes y de activistas de derechos humanos.

¿Tiene la Comisión conocimiento de estos hechos?

¿Qué valoración le merece a la Comisión estas detenciones?

¿Tiene pensado la Comisión emprender algún tipo de acciones ante esta situación?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(8 de marzo de 2000)

La Comisión sigue atentamente la situación de los derechos humanos en Cuba especialmente por lo que se refiere a los disidentes políticos a través de la supervisión que lleva a cabo el grupo de trabajo sobre derechos humanos, compuesto por representantes de las embajadas de los Estados miembros y de la Comisión en La Habana. La Unión ha venido expresando regularmente a las autoridades cubanas, mediante declaraciones y contactos a nivel local, su desaprobación en cuanto al trato que se da a los disidentes y activistas políticos.

La Comisión está al tanto de la detención de esos disidentes en los últimos meses y de que, en la mayoría de los casos, han sido detenciones cortas (los grupos de derechos humanos cubanos afirman que de los 262 detenidos tendrán que comparecer ante la justicia aproximadamente 11) pero la Comisión considera que no debe subestimarse su importancia.

También se informó a la Comisión sobre la detención de Osvaldo Payá y Hector Palacios el 25 de enero de 2000 y de que los dos fueron liberados después de ser interrogados por los funcionarios de seguridad. Considerando todo lo anterior, la Unión ha acordado no adoptar formalmente ninguna medida al respecto en esta fase del asunto. Sin embargo, la Comisión continuará esforzándose en pro de los objetivos comunes de promover los derechos humanos en Cuba y aprovechará cualquier oportunidad para plantear la cuestión ante las autoridades cubanas.
PREGUNTA ESCRITA E-0654/00

de Marie-Noëlle Lienemann (PSE) a la Comisión

(9 de marzo de 2000)

Asunto: Ayuda a las víctimas en Europa

¿Cómo puede intervenir la Comisión para que las víctimas de delitos penales reciban una mayor atención en el sentido de que se las escuche, comprenda, acompañe, apoye y se las tenga más en cuenta tanto durante el procedimiento judicial como a la hora de obtener reparaciones e indemnizaciones y de recibir asistencia humana, social y psicológica, y que esto se produzca en todos los países de la Unión Europea?

Un compromiso en este sentido por parte de la Comisión contribuiría a garantizar, principalmente, los derechos de las víctimas, lo que sería una consecuencia lógica de la libre circulación de personas, y a impulsar el avance de la Europa de los ciudadanos.

Respuestas del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2000)

En su Comunicación del 14 de julio de 1999 sobre Víctimas de delitos en la Unión Europea: normas y medidas(1) la Comisión sostenía que tanto por lo que se refiere a la ayuda a las víctimas de delitos como al acceso de las víctimas al procedimiento penal en que están implicadas y a su posición en el mismo, debían darse algunos pasos para mejorar la situación. Sobre la base de las reacciones recibidas a la Comunicación y de las opiniones de expertos que se obtengan en el curso de varios acontecimientos que se organizarán a nivel europeo en los próximos meses, la Comisión decidirá qué clase de medidas deben tomarse para hacer avanzar este importante expediente. La Comisión ha observado con satisfacción que Portugal ha tomado una iniciativa y propuesto ya una decisión marco sobre la posición de la víctima en el procedimiento penal.

Por lo que se refiere a la indemnización de las víctimas de infracciones penales, la Comisión intenta obtener la ratificación por todos los Estados miembros del Convenio europeo de 1983 relativo a las compensaciones a las víctimas de infracciones violentas y examina esta cuestión a fondo con el fin de garantizar la mejora de la situación de las víctimas.

(1) COM(1999) 349 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0928/00

de Malcolm Harbour (PPE-DE) a la Comisión

(25 de marzo de 2000)

Asunto: Publicación de las cuentas de las empresas

En el Reino Unido, las empresas privadas están legalmente obligadas a publicar todos los años sus cuentas y a mantenerlas en archivos de forma que estén disponibles para que las consulte cualquier interesado. El resultado es que los competidores pueden obtener de este modo una valiosa información comercial para basar en ella su planificación comercial.

En Alemania, la ley establece también que las empresas o sociedades están obligadas a publicar sus cuentas, bajo pena de una pequeña multa. Resulta que muchas empresas alemanas prefieren pagar la multa en vez de publicar sus cuentas, porque no quieren dar ventajas a sus competidores.

¿Puede la Comisión exponer:

1. si considera que esta discrepancia en las legislaciones nacionales viola los principios del mercado interior, puesto que establece ventajas competitivas injustas para determinadas categorías de empresas;

2. si las desventajas competitivas para las empresas del Reino Unido tienen equivalente en otros países, aparte de Alemania;

3. en caso de respuesta afirmativa al apartado 1, qué medidas se propone adoptar para resolver el problema?

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(14 de abril de 2000)

La Comisión considera como una infracción a los principios del mercado interior el que las autoridades nacionales sean incapaces de asegurar la publicación de las cuentas anuales de las sociedades de responsabilidad limitada (de acuerdo con la primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados Miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros(1), y con la cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad(2).

Por esta razón, se pusieron en marcha los procedimientos de infracción contra Alemania por su incapacidad para imponer sanciones apropiadas contra las empresas que no presentan sus cuentas anuales de acuerdo con la letra f) del apartado 1 de artículo 2 y con los artículos 3 y 6 de la Directiva 68/151/CEE del Consejo, y con el apartado 1 del artículo 47 de la Directiva 78/660/CEE.

El Tribunal de Justicia emitió una sentencia en favor de la Comisión el 28 de septiembre de 1998 (asunto C-191/95) afirmando que al no prever penas apropiadas en caso de que las empresas de responsabilidad limitada no hagan públicas sus cuentas anuales según lo dispuesto por las disposiciones anteriormente mencionadas, la República Federal de Alemania no cumplió sus obligaciones conforme a dichas Directivas. En consecuencia, actualmente Alemania está adoptando una legislación que corregirá la situación.

La Comisión no es consciente de que este problema exista en otros Estados miembros.

(1) DO L 65 de 14.3.1968.

(2) DO L 222 de 14.8.1978.