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PREGUNTA ESCRITA E-1926/98

de Armelle Guinebertière (UPE) a la Comisión

(18 de junio de 1998)

Asunto: Medidas de acompañamiento en el marco de la abolición de las tiendas libres de impuestos

La decisión de suprimir el sector de tiendas libres de impuestos el 30 junio 1999 (Directiva 91/680/CEE)(1) se ha visto confirmada por la negativa del Consejo ECOFIN del 18 mayo 1998 a acceder a la solicitud irlandesa de llevar a cabo un estudio de impacto, prometido por la Comisaria Scrivener a los diputados europeos en 1992. Se toma nota.

Si bien es lícito interrogarse sobre la oportunidad de semejante decisión cuando la armonización fiscal apenas si ha dado comienzo en los Estados miembros de la UE, no lo es menos preguntarse sobre las medidas nacionales y europeas que acompañarán la reestructuración de las redes de tiendas libres de impuestos.

Agradecería a la Comisión que tuviera a bien aclarar su posición: ¿qué medidas piensa tomar y según la experiencia de qué instrumentos con el fin de acompañar la adaptación de los sectores que ahora disfrutan del régimen libre de impuestos?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(17 de julio de 1998)

La Comisión se permite recordar a Su Señoría que corresponde a los Estados miembros analizar las consecuencias de la abolición de las ventas libres de impuestos a partir del 30 junio 1999, tal como decidió el Consejo, por unanimidad, en 1991. Compete a los Estados miembros la adopción, en su caso, de las medidas de apoyo que estimen necesarias.

La Comisión puntualiza que, el 19 mayo 1998, se comprometió ante el Consejo Ecofin a especificar, a través de un documento de trabajo, los instrumentos de los que podrán servirse los Estados miembros para paliar las posibles dificultades.

El referido documento, que recoge los mecanismos existentes a escala comunitaria, se encuentra actualmente en vías de elaboración. Como es natural, se mantendrá informado al Parlamento al respecto.

(1) DO L 376 de 31.12.1991, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA E-1460/98

de Umberto Bossi (NI) a la Comisión

(13 de mayo de 1998)

Asunto: Armonización de los niveles máximos de DDT permitidos en algunas especies pesqueras

En mis precedentes preguntas P-0385/97(1) y P-0906/97(2) planteaba el problema de los límites admitidos para los contaminantes (como el DDT) encontrados en las especies pesqueras y de los niveles máximos establecidos por los Estados miembros.

¿Puede informar la Comisión si se han iniciado procedimientos con vistas a la armonización de los límites permitidos en los distintos Estados miembros?

¿Puede actualizar la Comisión la lista de Estados miembros que han regulado (y en qué medida) los límites máximos del antiparasitario clororgánico denominado DDT observados en algunas especies pesqueras?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(2 de julio de 1998)

La situación de la legislación relativa a los niveles máximos de residuos de diclorodifeniltricloroetano (DDT) en los distintos Estados miembros continúa invariable.

La Comisión no ha iniciado procedimientos para la armonización de los límites permitidos en cada Estado miembro.

Se envía a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento un estudio detallado por Estados, basado en información actualizada de los Estados miembros.

(1) DO C 217 de 17.7.1997, p. 170.

(2) DO C 45 de 10.2.1998, p. 9.
PREGUNTA ESCRITA E-1801/98

de Daniela Raschhofer (NI) a la Comisión

(11 de junio de 1998)

Asunto: Contribuciones a la EU y volumen de las ayudas

En diversas publicaciones y comunicaciones de la prensa aparecen una y otra vez diferentes cifras de dudosa proveniencia sobre los pagos anuales que realiza Austria a la UE, así como sobre los créditos que recibe este país de los diversos programas de ayuda. Ante esta situación se pide a la Comisión que responda a lo siguiente:

1. ¿A cuánto ascendieron en 1996 y 1997 las contribuciones brutas de Austria?

2. ¿En qué supuestos se basarán previsiblemente las contribuciones para 1998?

3. ¿A cuánto ascendían los créditos de compromiso previstos por la Comisión (1996 y 1997) que podrían haber sido devueltos a Austria?

4. ¿A cuánto ascienden los créditos autorizados por la Comisión (1996 y 1997)?

5. ¿Qué créditos han vuelto efectivamente de la UE hacia Austria en 1996 y 1997? (indicando detalladamente las regiones asistidas y los conceptos de la ayuda)

6. ¿Cuál es la diferencia en cada caso entre los créditos de compromiso, las ayudas autorizadas por la UE y las ayudas que han sido devueltas efectivamente a Austria en 1996 y 1997?

7. ¿Qué créditos no utilizados por Austria en 1996 y 1997 caducan y representan por ello una pérdida para Austria?

8. ¿Qué ayudas para 1998 ha solicitado Austria hasta la fecha?

9. ¿Qué ayudas para 1998, relativas a Austria, ha autorizado la Comisión hasta la fecha?

Respuesta complementaria

del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(30 de julio de 1998)

Debido a la gran extensión de la respuesta, que consta de numerosos diagramas, la Comisión la remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-2071/98

de Gerardo Fernández-Albor (PPE) a la Comisión

(7 de julio de 1998)

Asunto: Proyecto Camino Europa

Según una encuesta -denominada "Proyecto Camino Europa"- que se acaba de efectuar entre un total de 1.300 estudiantes de la Universidad de Madrid, siete de cada diez universitarios están dispuestos a trabajar en otro país de la UE, el 78 % se siente "ciudadano europeo" y el 75 % está de acuerdo con la moneda única.

Tan entusiasta devoción europeísta debe ser tenida en cuenta para que no pueda producirse ninguna decepción posterior al paso por las aulas de los protagonistas de la referida encuesta y para ello debería posibilitarse que existan caneles fluídos para facilitar a los jóvenes universitarios europeístas, de los distintos países miembros, el acceso a puestos de trabajo en otros países diferentes al suyo propio.

¿Considera la Comisión que la motivadora encuesta de referencia debería incentivar la creación de los referidos canales de interconexión, sobre ofertas de trabajo, en los distintos países miembros para facilitar la movilidad de los profesionales universitarios, a través de todos los Estados miembros, tras finalizar sus estudios en su país de origen?

Respuesta del Sr. Flynn En nombre de la Comisión

(3 de agosto de 1998)

La Comisión es consciente de que los jóvenes cualificados forman parte del grupo de personas con más disposición a trasladarse a otro Estado miembro para trabajar.

La Comisión concede mucha importancia a los mecanismos que permiten que los ciudadanos europeos puedan ejercer el derecho a la libre circulación que les confiere el Tratado CE. Por ello, dedica un apoyo especial a la red EURES de servicios públicos de empleo, interlocutores sociales y otros socios locales. Con más de 500 Euroconsejeros y las tecnologías modernas de la información, esta red tiene por misión informar y aconsejar a las personas que buscan trabajo (también a los empresarios) y que muestran interés por la movilidad geográfica. Esta red puede resultar útil a las personas interesadas en encontrar trabajo en el extranjero, sobre todo por su base de datos, que dispone de unas 100.000 ofertas de trabajo especialmente seleccionadas. Una parte de estas ofertas está disponible en la página de Internet de EURES (http://europa.eu.int/jobs/eures), desde donde se puede acceder a otras páginas de otros servicios públicos de empleo europeos.

Una presentación detallada de las actividades de EURES figura en el informe(1) aprobado por la Comisión el 3 julio 1998, que ya se ha transmitido al Parlamento.

(1) COM(98)413 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1977/98

de Graham Mather (PPE) a la Comisión

(30 de junio de 1998)

Asunto: Normas de seguridad para carritos de niños

¿Está la Comisión satisfecha con las normas de seguridad en vigor en la UE para los carritos de niños y, en particular, con las relativas a las llamadas plataformas de ensamblaje posterior?

¿Tiene la Comisión algún otro comentario que hacer sobre esta cuestión?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión

(31 de julio de 1998)

Hasta ahora, la Comisión no ha tenido motivos para preocuparse por las plataformas que permiten el transporte de un segundo niño, de pie, en la parte posterior del carrito. Además, no se ha recibido a ese respecto ninguna notificación del sistema de alerta rápida que, en el marco de la Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 junio 1992, relativa a la seguridad general de los productos(1), informa entre otras cosas de la presencia de un producto peligroso en territorio comunitario.

En cuanto a la normalización, aparte de las normas nacionales como la británica BS 4792, todavía no existe ninguna norma europea sobre los carritos de niños. Sin embargo, se están llevando a cabo estudios y dentro de poco se someterá un proyecto de norma al voto de los miembros nacionales del organismo europeo de normalización, el Comité Europeo de Normalización (CEN).

Este proyecto no tiene en cuenta la plataforma en cuestión. Si a pesar de todo se considerara que representa un peligro concreto, podría incluirse en una revisión posterior de la norma europea, y la Comisión velará por ello.

(1) DO L 228 de 11.8.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-1752/98

de Anita Pollack (PSE) a la Comisión

(5 de junio de 1998)

Asunto: Coste de la creación de empleos

En su Comunicación sobre el medio ambiente y el empleo (COM(97)592 final), la Comisión dice que en 1996 se crearon unos 1500 empleos en los proyectos LIFE, con un coste anual por empleo a tiempo completo de unos 30000 ecus. ¿Concuerda la Comisión con que se trata de un coste extremadamente elevado por empleo?¿Tiene alguna idea sobre cómo hacer que estos empleos sean más eficaces en cuanto a su coste?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(22 de julio de 1998)

El principal objetivo de los proyectos Life-Naturaleza es proteger los espacios y hábitats naturales. La creación de empleo constituye un efecto secundario, aunque positivo. Por consiguiente, las consideraciones de rentabilidad no se aplican en la misma medida que si se llevaran a cabo medidas sin un objetivo medioambiental.

La cifra correspondiente al coste de un empleo a tiempo completo por año, proporcionada en el Cuadro 6 "Efecto en el empleo de los proyectos Life-Naturaleza" del Anexo 2 de la Comunicación de la Comisión sobre el medio ambiente y el empleo (Hacia una Europa sostenible)(1), constituye una cifra media basada en un número relativamente reducido de proyectos y fue una de las conclusiones del informe de evaluación de los proyectos Life-Naturaleza de 1996. La cifra es más bien indicativa y no representa los costes absolutos en el ámbito de la protección de la naturaleza. Por otra parte, dichos costes se refieren únicamente a los empleos directos y no tienen en cuenta los efectos indirectos sobre el empleo como, por ejemplo, los producidos a través de la creación o ampliación de las actividades turísticas y el alojamiento en medio rural. Es preciso señalar la importancia del lugar en el que se crean algunos de estos empleos, ya que los proyectos Life-Naturaleza constituyen a menudo una oportunidad para desarrollar actividades en lugares remotos en donde no existen otras posibilidades de creación de empleo.

(1) COM(97)592 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1595/98

de Caroline Jackson (PPE) a la Comisión

(25 de mayo de 1998)

Asunto: Normas técnicas para los equipos de vigilancia electrónica

¿Existen normas técnicas comunitarias destinadas a salvaguardar el correcto funcionamiento de los marcapasos en las proximidades de los equipos de vigilancia electrónica ( equipos de detección de etiquetas de seguridad en los comercios, circuitos cerrados de televisión, etc.)? Si no es así, ¿considera la Comisión que son necesarias unas normas de este tipo?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión

(2 de julio 1998)

En el mercado europeo, los marcapasos tienen que cumplir las disposiciones de la Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 junio 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los productos sanitarios implantables activos(1).

Los requisitos esenciales de esa directiva se refieren específicamente a la protección contra los riesgos resultantes de la influencia de las condiciones medioambientales que cabe esperar de forma razonable y, en particular, de los campos electromagnéticos, incluidos los emitidos por los equipos de vigilancia electrónica que se utilizan, por ejemplo, en los comercios.

En apoyo a la aplicación de esa directiva, se ha preparado un proyecto de norma europea sobre marcapasos implantables (pr EN45 502, en sustitución de la norma EN 50 061). Algunos de los requisitos que impone esta norma se refieren al tema de la inmunidad de los marcapasos a esos campos electromagnéticos externos.

Los riesgos resultantes de los campos electromagnéticos emitidos por los equipos de vigilancia no pueden, sin embargo, eliminarse por completo con requisitos técnicos aplicables únicamente a marcapasos. Por consiguiente, la Directiva 90/385/CEE obliga al fabricante de marcapasos a incluir información sobre las precauciones que deben tomarse para la protección contra los riesgos de interferencias electromagnéticas externas. Además, conviene considerar la posibilidad de adoptar medidas de seguridad adecuadas aplicables a los equipos de vigilancia electrónica que tengan en cuenta el riesgo inherente a esos aparatos.

(1) DO L 189 de 20.7.1990.
PREGUNTA ESCRITA P-1982/98

de Allan Macartney (ARE) al Consejo

(17 de junio de 1998)

Asunto: Documento de la Comisión sobre medidas compensatorias por la supresión de las ventas libres de impuestos

La Comisión ha elaborado un documento que esboza las posibilidades para la aplicación de medidas compensatorias en favor de las regiones más afectadas por la supresión de las ventas con exenciones arancelarias y fiscales dentro de la UE que, de acuerdo con lo decidido en el Consejo ECOFIN de mayo, se producirá a partir de 1999. ¿Garantiza el Consejo que la presentación y el debate de este documento tendrán lugar durante el Consejo ECOFIN del próximo otoño?

Respuesta

(24 de septiembre de 1998)

Los debates del Consejo ECOFIN de 19 mayo 1998 pusieron de manifiesto la falta de acuerdo para proceder a un estudio de alcance comunitario sobre el efecto de la supresión de las ventas libres de impuestos.

No obstante, basándose en diversos estudios nacionales y en las observaciones escuchadas durante la reunión arriba citada, la Comisión aclarará en un documento de trabajo los instrumentos a disposición de los Estados miembros para tratar las consecuencias de dicha supresión.
PREGUNTA ESCRITA P-2122/98

de David Hallam (PSE) a la Comisión

(30 de junio de 1998)

Asunto: Imposición de multas: Reglamento (CEE) 1765/92

En relación con el Reglamento (CEE) 1765/92(1), ¿es consciente la Comisión de las multas tan elevadas que se han impuesto cuando se han cometido errores al reclamar pagos por superficies cultivables con arreglo al IACS (Sistema integrado de administración y control)?

Hemos observado que en el Reino Unido muchas de dichas multas se han impuesto incluso cuando era evidente de que se trataba de (constituían) auténticos graves errores por parte del productor. ¿Qué flexibilidad puede ofrecer la Comisión para ayudar a los productores afectados?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(29 de julio de 1998)

El Reglamento (CEE) 3887/92 de la Comisión, de 23 de diciembre de 1992, por el que se establecen las normas de aplicación del sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias(2) establece sanciones para los casos de que los agricultores declaren superficies excesivas con vistas a la obtención de subvenciones o incumplan otras normas.

No obstante, la Comisión ha admitido la necesidad de mostrar cierta flexibilidad en algunos casos. El Reglamento (CEE) 3887/92 dispone que los Estados miembros pueden permitir el reajuste de las solicitudes de ayudas por superficies sin aplicar sanciones cuando se trate de errores genuinos, que deberán ser reconocidos como tales por las autoridades de los Estados miembros. La responsabilidad de reconocer los errores recae, en efecto, en los Estados miembros.

Además de las normas vigentes, la Comisión ha propuesto recientemente una modificación del Reglamento (CEE) 3887/92 por la que se introduce una cláusula que permite a los agricultores, en determinadas condiciones, corregir los datos de sus solicitudes que podrían conducir a la imposición de una sanción.

(1) DO L 181 de 1.7.1992, p. 12.

(2) DO L 391 de 31.12.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-1572/98

de James Janssen van Raay (UPE) al Consejo

(25 de mayo de 1998)

Asunto: Banderas en el 15 de agosto

1. Visto que los Países Bajos son el único Estado aliado que deja pasar desapercibido el 15 de agosto como día en que se finalizó la Segunda Guerra Mundial, he formulado intencionadamente bajo la Presidencia neerlandesa unas preguntas que nunca han sido contestadas. Resulta que se han traspapelado. ¿Cómo es posible?

2. El Reino Unido conmemora tanto el final de la Primera Guerra Mundial (poppy-day) como el de la Segunda Guerra Mundial. ¿Puede intentar la Presidencia británica que el 15 de agosto se convierta en un día de conmemoración oficial con la tradicional exhibición de banderas, aunque sólo fuera para celebrar el largo período de paz que siguió al período de guerra?

3. Dentro de poco el Emperador japonés va a visitar Londres, donde recibirá una alta condecoración (Orden de la Jarretera). ¿Va a aprovechar la Presidencia británica esta ocasión para recordar al Japón la miseria indescriptible de los pueblos asiáticos oprimidos por dicho país y para que esa realidad desencadene una prestación masiva de ayuda, ahora que esas mismas poblaciones vuelven a sumirse en la miseria?

Respuesta

(24 de septiembre de 1998)

Por lo que respecta a la instauración de una fiesta de la paz el 15 de agosto, el Consejo ruega a Su Señoría se remita a la respuesta dada a la pregunta escrita E-1331/98, única que se ha formulado al Consejo sobre este tema.

El Consejo no tiene ninguna observación que hacer acerca de las sugerencias manifestadas por Su Señoría a la Presidencia del Reino Unido.
PREGUNTA ESCRITA P-2093/98

de Karin Riis-Jørgensen (ELDR) a la Comisión

(30 de junio de 1998)

Asunto: Situación de competencia de los piscicultores en Dinamarca

A los piscicultores de agua dulce en Dinamarca se les imponen restricciones en cuanto a la cantidad máxima de alimento para los peces que pueden utilizar, en aplicación del artículo 3 de del decreto del Ministerio de Agricultura no 224, de 5 abril 1989. En la práctica, esto significa que se imponen restricciones a la producción de las piscifactorías.

No existen, que se sepa, restricciones similares en otros países de la UE.

¿Son conformes las normas danesas que limitan la producción de las piscifactorías con las disposiciones del Tratado en el ámbito de la competencia?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión

(28 de julio de 1998)

La legislación relacionada con el sector de la acuicultura en Dinamarca es amplia y al mismo tiempo restrictiva. Debido al nivel de contaminación existente en este país, se han impuesto, a través de la legislación, normas estrictas para el tratamiento del agua. En lo concerniente a la piscicultura de agua dulce, se ha establecido el objetivo nacional de reducir el impacto medioambiental en un 50 %. La filosofía de la legislación consiste en controlar el impacto medioambiental producido por la piscicultura mediante la imposición de restricciones sobre la cantidad máxima de alimento para los peces que se puede utilizar. A cada piscicultura se le asigna una cantidad anual de alimentos determinada.

Si bien estas medidas de control no se aplican en otros Estados miembros, el Tratado de la CE no impide que los Estados miembros adopten medidas para proteger el medio ambiente más estrictas que las previstas en el Derecho comunitario.
PREGUNTA ESCRITA E-1958/98

de Mirja Ryynänen (ELDR) a la Comisión

(30 de junio de 1998)

Asunto: Información sobre los países de la UE en los intercambios oficiales

En numerosos Estados miembros de la UE se han armonizado al mismo nivel las tarifas de los servicios dirigidos a otros países de la Unión. Sin embargo, las experiencias de muchos finlandeses demuestran que, por ejemplo, las tarifas postales de las cartas enviadas a Finlandia son más elevadas que las del correo destinado a otro país de la UE. El motivo reside en el hecho de que las autoridades no disponen de fuentes con datos actualizados acerca de la pertenencia de Finlandia a la UE.

1. ¿Cuál está siendo la actuación de la Comisión Europea para que los países de la UE dispongan de información actualizada sobre los distintos Estados miembros en sus intercambios oficiales?

2. Si el objetivo es la aplicación de una tarificación común, ¿cómo está actuando la Comisión para lograr que el precio de los servicios postales con destino a Finlandia y Suecia sea igual que para el resto de los países de la UE?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión

(29 de julio de 1998)

La Comisión considera esencial la difusión de información actualizada sobre la situación de la Comunidad y sobre su evolución. Para ello desarrolla permanentemente una actividad de comunicación de cara a las autoridades nacionales y los ciudadanos comunitarios a través de todos sus servicios, y especialmente en sus relaciones con los Estados miembros. Continuamente se facilitan y se da amplia difusión a numerosas publicaciones sobre la composición de la Comunidad, principalmente a través de las representaciones de la Comisión en los distintos Estados miembros. Las autoridades nacionales transmiten, por su parte, esta información, integrándola en su propio contexto. Estas acciones sólo tienen la limitación del presupuesto que razonablemente puede asignarse a este fin.

Por lo que se refiere a las tarifas del sector postal, la Comunidad es partidaria de que los precios se fijen teniendo en cuenta los costes, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio(1). En consecuencia, y de acuerdo con este principio, algunas tarifas pueden ser diferentes en función de los destinos dentro de la Comunidad.

(1) DO L 15 de 21.1.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-1144/98

de José Apolinário (PSE) a la Comisión

(24 de abril de 1998)

Asunto: Ayudas financieras - medidas agroambientales en Portugal

¿Puede facilitar la Comisión información pormenorizada por Estado miembro sobre los importes financieros aplicados en medidas agroambientales de 1994 a 1997 y sobre los compromisos ya contraídos hasta 1999?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(20 de mayo de 1998)

El gasto del programa agroambiental en Portugal (la parte del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria (FEOGA) del 75 %) ha sido el siguiente (en millones de ecus):

>SITIO PARA UN CUADRO>

El impacto financiero (la parte del FEOGA del 75 %) de los compromisos que existen el 15 octubre 1997 es de 65 millones de ecus para el ejercicio presupuestario 1998 y de 23 millones de ecus para el ejercicio presupuestario 1999.