PREGUNTA ESCRITA E-2671/01

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(2 de octubre de 2001)

Asunto: Repercusiones medioambientales de la ampliación del aeropuerto de Barcelona

La asociación de defensa del patrimonio natural (Depana) ha presentado numerosas alegaciones al proyecto de ampliación del aeropuerto del Prat de Barcelona.

Hace varios años que esta asociación trabaja en la elaboración de un plan alternativo para el desarrollo sostenible del delta del Llobregat. En este momento ha presentado una propuesta alternativa a la ampliación del aeropuerto y ordenación territorial de su entorno, coherente con el trabajo que viene realizando estos últimos años, con el objeto de minimizar el impacto que esta ampliación supone para la zona.

Si no se tiene en cuenta esta alternativa pueden verse afectadas varias zonas de especial protección y hábitats de interés comunitario (marinas de I'lla, la Volatería, el Pas de les Vaques y la Reguera de les Bogues, Can Sabadell y Can Fargues, la pineda del Prat de Llobregat, etc.).

¿Tiene conocimiento la Comisión de esta alternativa, claramente más razonable desde el punto de vista de un desarrollo sostenible?

¿Puede averiguar la Comisión si en el caso que nos ocupa se está aplicando correctamente la legislación comunitaria y especialmente, las Directivas 92/43/CEE(1) (Hábitats), 79/409/CEE(2) (Aves) y la 97/11/CE(3) que modifica la 85/337/CEE(4) relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente?

Por otra parte, cabe observar que de conformidad con los valores límite establecidos en la futura Directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, el incremento del tráfico aéreo con la apertura de nuevas pistas supondrá una mayor contaminación acústica lo que estaría en contradicción con el objeto de dicha Directiva: evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana de la exposición al ruido ambiental.

(1) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

(2) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(3) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

(4) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(21 de noviembre de 2001)

La Comisión conoce el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona por las diversas quejas que ha recibido al respecto. Hay que señalar que el caso ha sido objeto de varios intercambios de información entre la Comisión y las autoridades españolas. Este caso también se ha debatido en diversas reuniones con las autoridades españolas.

El proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto medioambiental con arreglo a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997.

Se deduce que el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona tendrá repercusiones considerables en la zona de protección especial de aves (ZPE) del Delta del Llobregat. En consecuencia, las autoridades españolas deben tener en cuenta las obligaciones derivadas del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, aplicable a las ZPE designadas en virtud del artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.

La Comisión ha recibido copia de las alegaciones presentadas por la asociación mencionada por su Señoría en relación con el estudio de impacto medioambiental de este proyecto.

Hay que señalar que el procedimiento de evaluación de impacto medioambiental de este proyecto está actualmente en curso. Dado que, según las autoridades españolas, este proyecto tendrá en cuenta las obligaciones derivadas de la Directiva 92/43/CEE, la Comisión, en la fase actual, no puede presumir que se ha infringido el Derecho comunitario.

Por otra parte, el objetivo de la propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo sobre evaluación y gestión del ruido ambiental(1) es confiar a las autoridades competentes en el seno de los Estados miembros la responsabilidad de elaborar mapas de ruido estratégicos para evaluar la exposición de las poblaciones al ruido, informar a la población sobre el ruido y sus efectos y poner en práctica planes de acción para reducir el ruido y proteger el medio ambiente sonoro en lugares donde sea de calidad. Esta nueva normativa permitirá prevenir la exposición de la población al ruido ambiental. Sin embargo, en la fase actual no se prevé fijar a nivel comunitario un valor límite para el ruido ambiental, y esta competencia se deja a los Estados miembros.

(1) DO C 337 E de 28.11.2000.