PREGUNTA ESCRITA E-1450/00

de Wolfgang Ilgenfritz (NI) a la Comisión

(10 de mayo de 2000)

Asunto: Leasing de vehículos de transporte en el mercado interior europeo

La empresa de transportes austríaca Unitrans ha adquirido una empresa de transportes italiana y la ha salvado, así, de la ruina.

Unitrans ha alquilado sus propios vehículos austríacos a su filial italiana debido a la situación financiera que atraviesa ésta (cuenta con pocos recursos propios).

Este tipo de cooperación les ha sido prohibida, ya que Unitrans no dispone de un certificado de propiedad de los vehículos como el que se expide tras la inscripción en el registro italiano de vehículos.

En este registro sólo pueden figurar los propietarios de vehículos que tienen su domicilio comercial en Italia, por lo que se excluye a las empresas extranjeras de leasing.

1. ¿Está la Comisión al tanto de la situación aquí descrita?

2. En caso afirmativo, ¿qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión contra esta violación del principio de la libre circulación de mercancías y servicios?

3. En caso negativo, ¿de qué modo justifica la Comisión su posición?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2000)

Su Señoría planteó la cuestión de en qué medida podía actuar la Comisión contra la legislación italiana, que exige que una sociedad de arrendamiento financiero procedente de Austria tenga su domicilio social en el territorio de Italia para matricular allí sus vehículos de arrendamiento financiero. La sociedad tiene la intención de firmar un contrato de arrendamiento financiero con una empresa italiana que previamente ha adquirido.

La cuestión debe examinarse en relación con la libre circulación de servicios (artículo 49 (antiguo artículo 59) y ss. del Tratado CE), pero no con la libre circulación de mercancías (artículo 28 (antiguo artículo 30) y ss. del Tratado CE). En el caso analizado, parece, en efecto, que un contrato de arrendamiento financiero consiste en poner el vehículo a disposición de un usuario que lo devuelve en todos los casos previsibles a la sociedad de arrendamiento financiero al término del contrato. En repetidas ocasiones, el Tribunal de Justicia ya reconoció la aplicabilidad del artículo 49 del Tratado CE a este respecto(1).

Cuando la matriculación de un vehículo se somete a la condición de tener el domicilio social en el territorio nacional, se priva a una sociedad de arrendamiento financiero de la posibilidad de ofrecer sus servicios en un Estado miembro distinto del de establecimiento.

Ahora bien, tal restricción sólo sería justificable si la medida nacional se pudiese acoger a una excepción explícita del Derecho comunitario, como el artículo 46 (antiguo artículo 56) del Tratado CE, o se basase en una razón imperiosa de interés general dentro de los límites del principio de proporcionalidad. Las condiciones de una matriculación deben por lo tanto analizarse con relación a la seguridad vial, y también al pago de los impuestos de matriculación.

Por lo que se refiere a todas estas cuestiones, el Tribunal de Justicia actualmente debe pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial del tribunal de comercio de Viena de 10 de noviembre de 1999 (asunto Cura Anlagen, C-451/99), relativa a la interpretación del artículo 49 del Tratado CE. El asunto se refiere al mismo tipo de obstáculos encontrados por una sociedad de arrendamiento financiero alemana que desea ofrecer sus servicios de arrendamiento financiero en Austria. A la luz de la sentencia del Tribunal, que no se pronunciará probablemente antes del año 2001, la Comisión está dispuesta a reexaminar la conveniencia de emprender iniciativas sobre este problema.

(1) Asuntos ARO Lease, C-190/95, sentencia de 17.7.1997; Lease Plan, C-390/96, sentencia de 7.5.1998.