ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
PREGUNTA ESCRITA E-0537/02

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) a la Comisión

(28 de febrero de 2002)

Asunto: Construcciones ilegales en Grecia

El Ministro del Mar Egeo, Sr. Sifounakis, ha visitado recientemente las islas Cícladas, donde ha tomado la palabra en reiteradas ocasiones, exhortando a los ciudadanos a evitar las construcciones ilegales. Merece la pena señalar que ya han transcurrido 21 años desde que el partido al que pertenece accedió al poder, que ha detentado de forma ininterrumpida, salvo un pequeño paréntesis; este período se caracteriza por la construcción de miles de edificaciones ilegales, con los consiguientes daños irreparables sufridos por el entorno natural griego, y las monstruosidades arquitectónicas creadas constituyen una afrenta a la tradición cultural de Grecia.

¿Está enterada la Comisión de la inconcebible degradación y alteración sufridas en los últimos años por el entorno natural y cultural de Grecia? ¿Dispone de datos sobre las construcciones ilegales en los 14 países restantes de la UE? ¿Ha habido otros países de la Unión que se hayan enfrentado a un problema comparable al de Grecia y hayan logrado solucionarlo, algo que no ha hecho el Gobierno griego, que se ha sometido a los intereses partidistas a corto plazo y ha perjudicado al medio ambiente y la tradición arquitectónica del país?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(12 de abril de 2002)

Por lo que se refiere a las obras de construcción ilegales mencionadas, parece ser que Su Señoría se refiere a construcciones privadas que se han efectuado sin permiso de construcción. No obstante, la mala aplicación de la legislación griega sobre normas de construcción urbana por parte de las autoridades locales no entra en el ámbito de aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente.

Además, habida cuenta de que los proyectos de construcción evocados por Su Señoría no figuran entre los proyectos mencionados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1), modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997(2), no se les aplica esta Directiva. Por otra parte, debe señalarse que la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente(3) no se aplicará antes del 21 de julio de 2004 (fecha de transposición a la legislación nacional).

Debe señalarse que el artículo 151 del Tratado CE establece que la Comunidad no tiene competencias en materia de armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros en el sector cultural, que sigue siendo una competencia exclusiva y total de los Estados miembros.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.

(2) DO L 73 de 14.3.1997.

(3) DO L 197 de 21.7.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-0098/02

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(29 de enero de 2002)

Asunto: Crecimiento regional del PNB

¿Puede proporcionar la Comisión el índice de crecimiento del PNB nominal (PNB a precios corrientes o su equivalente más próximo) para cada una de las regiones de los Estados miembros de la UE durante el decenio 1990-1999?

¿Podría proporcionar, además, datos más recientes, en la medida en que estén disponibles?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0098/02 y E-0099/02dada por el Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(20 de marzo de 2002)

Una copia de los cuadros con la información solicitada le será enviada directamente a Su Señoría así como a la Secretaría del Parlamento.

Le ruego que observe atentamente los puntos siguientes:

- Los cálculos se basan en el producto interior bruto (PIB) en las monedas nacionales ( para EUR15) para evitar cualquier evolución en las tasas de crecimiento por variaciones en los tipos de cambio y en la población regional.

- Los datos se suministran desde 1995, fecha desde la que están disponibles de conformidad con el Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad(1). Por otro lado, los datos sobre un período más largo podrían verse afectados por las modificaciones realizadas en la nomenclatura regional utilizada (NUTS 2).

- Toda la información básica utilizada para la realización de estos cálculos está disponible en el sitio http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-catalogue/EN?catalogue=Eurostat, al que puede remitirse Su Señoría. Esta base de datos contiene igualmente otro tipo de datos más concretos (por ejemplo, al nivel NUTS 3 de la nomenclatura regional).

Los datos relativos al año 2000 estarán disponibles en enero de 2003.

(1) DO L 310 de 30.11.1996.
PREGUNTA ESCRITA E-0097/02

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(29 de enero de 2002)

Asunto: Subsidios para personas con discapacidad

¿Podría ofrecer la Comisión un cuadro comparativo de los subsidios y otras asignaciones a que tienen derecho las personas con discapacidad en cada uno de los Estados miembros?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 2002)

Pueden encontrarse datos sobre las prestaciones a las que tienen derecho las personas con discapacidad en la base de datos del Sistema de información mutua sobre la protección social en los Estados miembros (MISSOC), disponible (DE, EN y FR) en la siguiente dirección: http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc2001/index_en.htm.

Dado que estas prestaciones pueden presentarse bajo distintas formas, conviene consultar los siguientes capítulos:

- Capítulo III: Enfermedad Prestaciones en metálico

- Capítulo V: Invalidez

- Capítulo VIII: Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

- Capítulo XI: Garantía de recursos.
PREGUNTA ESCRITA P-0269/02

de Malcolm Harbour (PPE-DE) a la Comisión

(1 de febrero de 2002)

Asunto: Preparación del Consejo Europeo de Barcelona

El Consejo Europeo de Lisboa de 2000 solicitó a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que, de conformidad con las competencias respectivas de cada cual, adopten las medidas necesarias para garantizar que a más tardar en 2003 sea posible efectuar las contrataciones públicas comunitarias y nacionales por vía electrónica. ¿Cree la Comisión que se cumplirá este objetivo? ¿En qué evidencias se apoya su opinión?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(22 de febrero de 2002)

En el marco de la iniciativa e-Europe, ratificada por el Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 2000, la Comisión se comprometía por su parte a actuar para poner en práctica un marco jurídico propicio para la contratación pública en línea.

La Comisión adoptó el 10 de mayo de 2000 dos propuestas de Directivas(1) encaminadas, entre otras cosas, a permitir la adjudicación electrónica de contratos públicos. El debate continúa en el seno del Consejo y del Parlamento, que presentó el 16 de enero de 2002 sus enmiendas en la primera lectura.

La Comisión ha adoptado además iniciativas para completar el marco jurídico de la contratación pública electrónica con la adopción de la Directiva sobre la utilización de formularios normalizados en la publicación de los anuncios de contratos públicos (Directiva 2001/78/CE de la Comisión de 13 de septiembre de 2001)(2) y de la propuesta de Reglamento relativo al Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV)(3).

La Comisión ha hecho todo lo posible por su parte para que se respete el plazo de 2003.

(1) DO C 29 E de 30.1.2001.

(2) Directiva 2001/78/CE de la Comisión, de 13 de septiembre de 2001, por la que se modifica el anexo IV de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, los anexos IV, V y VI de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, los anexos III y IV de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, con las modificaciones introducidas por la Directiva 97/52/CE, así como los anexos XII a XV y los anexos XVII y XVIII de la Directiva 93/38 del Consejo, modificada por la Directiva 98/4/CE (Directiva sobre la utilización de formularios normalizados en la publicación de los anuncios de contratos públicos) DO L 285 de 29.10.2001.

(3) DO C 25 E de 29.1.2002.
PREGUNTA ESCRITA P-0250/02

de Elisa Damião (PSE) a la Comisión

(31 de enero de 2002)

Asunto: Libre circulación de trabajadores

Vistos los artículos 39 y 40 del Tratado, vistas las Directivas 91/533/CEE(1) y 96/71/CE(2), visto el Reglamento (CEE) no 1408/71(3), visto el Reglamento (CEE) no 1612/68(4), vistas las Sentencias del Tribunal de Justicia Europeo relativas al Reglamento (CEE) no 1408/71;

Considerando que la Comisión tendría que haber presentado en diciembre del pasado año al PE y al Consejo un informe de evaluación de la Directiva 96/71/CE; considerando que son numerosísimos los trabajadores de la UE perjudicados por fenómenos como la contratación ilegal, la existencia de condiciones de trabajo y de retribución desiguales, el incumplimiento de los principios consagrados en las legislaciones nacionales y comunitarias sobre protección social y contratos, así como la violación de los derechos fundamentales; considerando que la integración del mercado de trabajo implica la movilidad de los trabajadores;

¿Puede hacer la Comisión una valoración de las irregularidades comprobadas en los Estados miembros con respecto a la legislación nacional y comunitaria, así como de las medidas que se han adoptado para prevenir y castigar esta manera de proceder, especialmente por parte de las empresas de trabajo temporal que operan legal e ilegalmente a gran escala?

(1) DO L 288 de 18.10.1991, p. 32.

(2) DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.

(3) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.

(4) DO L 257 de 19.10.1968, p. 2.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(26 de febrero de 2002)

Su Señoría nos presenta diversas prácticas que ella califica de ilegales y que supondrían una violación de los diferentes instrumentos comunitarios.

El control del respeto de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de las disposiciones comunitarias anteriormente citadas por parte de los operadores nacionales establecidos en un Estado miembro es competencia del Estado miembro a través de las autoridades nacionales competentes y, en último término, de la jurisdicción nacional.

En cuanto a la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios(1), su artículo 8 prevé que la Comisión reexaminará las modalidades de aplicación de la directiva con objeto de proponer al Consejo, si fuera necesario, las modificaciones oportunas. Los trabajos de reexamen comenzaron en 2001. Se están elaborando informes sobre la transposición de la Directiva en los quince Estados miembros y se ha realizado una encuesta entre las administraciones públicas sobre las modalidades de aplicación práctica. Una vez analizados estos trabajos, la Comisión estará en condiciones de decidir qué seguimiento debe darse a dicho artículo.

(1) DO L 18 de 21.1.1997.
PREGUNTA ESCRITA P-0273/02

de Lord Inglewood (PPE-DE) a la Comisión

(4 de febrero de 2002)

Asunto: Preparativos para la reunión del Consejo Europeo de Barcelona

El Consejo Europeo de Lisboa celebrado en 2000 pedía a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros, de conformidad con las competencias respectivas de cada cual, que [] concluyan a tiempo los trabajos sobre las próximas propuestas de actualización de las normas de contratación pública con objeto, en particular, de que sean accesibles a las PYME, a fin de que puedan entrar en vigor a más tardar en 2002. ¿Entrarán las nuevas normas en vigor este año?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(22 de febrero de 2002)

En mayo de 2000 la Comisión adoptó dos propuestas de Directivas(1), sobre la adjudicación de los contratos públicos de suministros, de servicios y de obras (la Directiva del Sector Público) y la adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía y de los transportes (la Directiva de Servicios Públicos), respectivamente.

En referencia al Consejo Europeo de Lisboa (23-24 marzo de 2000), donde se pedía a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que actuaran de manera oportuna para permitir que estas dos propuestas entraran en vigor en 2002, Su Señoría pregunta si este objetivo se llevará a cabo este año.

Como Su Señoría debe saber, el Parlamento aprobó los informes relativos a estas propuestas el 17 de enero de 2002, junto con 103 enmiendas a la Directiva del Sector Público y 82 enmiendas a la Directiva de Servicios Públicos, que incluían, entre otras, enmiendas cuyo efecto sería aumentar algunos de los umbrales hasta niveles elevados inaceptables, incompatibles además con el objetivo de facilitar el acceso a la adjudicación de contratos públicos a pequeñas y medianas empresas.

Que sea posible adoptar las dos propuestas de Directivas sobre adjudicación de contratos públicos dependerá del tiempo que se necesite para concluir el proceso legislativo en las dos instancias legislativas, es decir, el Parlamento y el Consejo. Llegar a alcanzar el objetivo de Lisboa requerirá por tanto que todas las instituciones en cuestión actúen de forma rápida y constructiva.

(1) DO C 29 E de 30.1.2001.
PREGUNTA ESCRITA P-2890/01

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(10 de octubre de 2001)

Asunto: Deficiencias de construcción en las obras públicas financiadas por el 2o MCA

En respuesta a mi pregunta E-3481/00(1), la Comisión reconocía la amplia existencia de problemas de mala calidad en las obras públicas realizadas en Grecia con financiación del 2o MCA.

¿Podría indicar la Comisión si dispone de datos más recientes sobre el número de defectos de construcción detectados desde abril de 2000 así como en total en las obras financiadas por el 2o MCA? ¿Está satisfecha la Comisión con las medidas tomadas por Grecia con miras a su reparación? En caso contrario, ¿qué acciones piensa emprender la Comisión con el fin de que se ataje este enorme problema?

(1) DO C 174 E de 19.6.2001, p. 62.

Respuesta complementaria comúna las preguntas escritas P-2890/01 y E-3197/01dada por el Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(31 de enero de 2002)

La Comisión informa a Sus Señorías que todavía no ha recibido respuesta a su carta de 29 de enero de 2001 a las autoridades griegas, a pesar de haber enviado una nota de apremio el 2 de julio de 2001, solicitando información precisa sobre el curso reservado a los expedientes de las categorías 2 y 3 así como las posibles sanciones financieras, administrativas o de otra índole.

La Comisión continuará reiterando su solicitud ante dichas autoridades y procederá en todos los casos a un examen profundo de estos expedientes en el momento del cierre del marco comunitario de apoyo para el período de programación 1994-1999.

Sus Señorías deberán remitirse a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-1894/01 del Sr. Hatzidakis(1) por lo que se refiere a las comunicaciones de las autoridades griegas en virtud del Reglamento (CE) no 1681/94 de la Comisión, de 11 de julio de 1994, relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidamente abonadas en el marco de la financiación de las políticas estructurales, así como a la organización de un sistema de información en esta materia(2). Entretanto se ha recibido una parte de la información complementaria solicitada sobre la base del artículo 5 de dicho Reglamento.

(1) DO C 134 E de 6.6.2002, p. 5.

(2) DO L 178 de 12.7.1994.
PREGUNTA ESCRITA E-3709/01

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(16 de enero de 2002)

Asunto: Acuerdo de libre comercio con Mercosur

¿Considera la Comisión que es posible celebrar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y la unión aduanera sudamericana Mercosur(1) en un futuro próximo y puede indicar la Comisión si se están realizando progresos en las negociaciones entre la Unión Europea y Mecosur?

(1) Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(18 de marzo de 2002)

La Unión apoya desde hace tiempo un refuerzo del proceso de integración regional que representa Mercosur, iniciativa a la que viene respaldando desde su inicio en 1991. A pesar del mal momento del ciclo que se vive actualmente a ambos lados del Atlántico, la Unión sigue trabajando en pos de una relación más estrecha con Mercosur y para profundizar desde dentro el proceso de Mercosur. De acuerdo con las directrices de negociación de la Comisión, el acuerdo de asociación tiene tres pilares: política, cooperación y comercio.

Ya se han realizado seis rondas de negociación de un acuerdo de asociación birregional entre Mercosur y la Unión. La séptima ronda de negociaciones tendrá lugar en Buenos Aires entre el 8 y el 12 de abril de 2002.

Se ha progresado mucho en los capítulos político y de cooperación.

En cuanto a los aspectos comerciales, se está negociando un paquete muy completo y ambicioso que incluye, entre otras cosas, la liberalización de bienes y servicios, las inversiones, los contratos públicos, los derechos de propiedad intelectual, la competencia y un mecanismo de resolución de conflictos. Se han realizado importantes progresos hasta la fecha, especialmente en la segunda mitad del año 2001, con el intercambio de ofertas arancelarias y de textos de negociación para los capítulos de bienes, servicios y contratos públicos. Por su naturaleza y por el número de interlocutores, estas negociaciones requieren tiempo. Su progreso depende, al menos en parte, de la evolución de la integración económica en el seno de Mercosur.

La situación actual de la región y, en particular, la crisis de Argentina constituye, sin duda, motivo de preocupación: no obstante, es evidente que ambas partes están determinadas a llevar a cabo su programa de trabajo en estas negociaciones y a seguir avanzando. El Consejo de Asuntos Generales de 28 de enero de 2002 adoptó una declaración política en favor de Mercosur, ya que en opinión de la Unión un Mercosur fortalecido será la clave para el desarrollo de la región. En esta reunión, la Unión reiteró también el compromiso de seguir progresando en las negociaciones.
PREGUNTA ESCRITA E-3333/01

de Joan Colom i Naval (PSE) a la Comisión

(30 de noviembre de 2001)

Asunto: Impuesto sobre la renta personal de los ciudadanos comunitarios residentes en el Principado de Andorra

La Unión Europea y sus Estados miembros han puesto en marcha una serie de medidas para luchar contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal en los llamados paraísos fiscales. Esta lucha, cuyas finalidades comparte plenamente este Diputado, ha logrado ya algunos éxitos significativos pero, no obstante, cuenta ya con algunas primeras víctimas inocentes: algunos ciudadanos comunitarios que residen y trabajan en Andorra.

En efecto, recientes cambios en la normativa fiscal española del impuesto sobre la renta de las personas físicas han roto con la situación tradicional y creado una sobreimposición de los españoles residentes habituales en el Principado de Andorra, en el que constituyen el principal contingente de ciudadanos comunitarios. El problema parece residir en la confusión entre el concepto de residencia fiscal y el de residencia habitual. Lo que no sucede con los residentes de otros Estados miembros. Todo ello redunda en una discriminación de trato entre ciudadanos comunitarios. ¿Tiene la Comisión conocimiento de estos hechos?

En el marco de la lucha antes mencionada y en el contexto de la armonización fiscal ¿piensa la Comisión mantener esta diferenciación fiscal? ¿Tiene en cuenta la Comisión los intereses legítimos de estos ciudadanos que no tienen ninguna relación con actividades delictivas de ningún tipo? Piensa la Comisión presentar alguna propuesta legislativa al respecto?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(18 de enero de 2002)

La cuestión suscitada por el honorable parlamentario se refiere a la aplicación de las nuevas disposiciones resultantes de la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas que entraron en vigor en 1999. Con estas nuevas normas es probable que un nacional español considerado previamente como residente en España a efectos fiscales y que cambia su residencia a un paraíso fiscal siga estando sujeto al impuesto español a escala mundial, tanto el año del cambio de residencia como en los cuatro años siguientes. En las normas españolas, el Principado de Andorra es un paraíso fiscal.

La Comisión tiene que señalar que al no haber armonización a nivel comunitario, la imposición sobre la renta entra fundamentalmente en las competencias de los Estados miembros, sujeta al cumplimiento de los principios básicos del Tratado; en particular la prohibición de discriminar por la nacionalidad.

Pero los Tratados no entran en el caso del ciudadano de un Estado miembro que se mude a Andorra, que no es un Estado miembro, en cuyo caso no es de aplicación la legislación comunitaria y España puede implantar normas para sus ciudadanos en esta situación, incluso aunque tales normas puedan dar lugar al tipo de diferencia de trato mencionado.
PREGUNTA ESCRITA E-3550/01

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consejo

(8 de enero de 2002)

Asunto: El estado de conflicto entre Israel y Palestina

Dado el agravamiento del conflicto entre Israel y Palestina, ¿tiene previsto el Consejo impulsar, junto con los EE.UU., una acción política que sea determinante para lograr la paz y asegurar la existencia futura de ambos Estados?

Respuesta

(25 de junio de 2002)

El Consejo Europeo de Laeken (14-15 de diciembre de 2001) hizo pública una declaración general en la que se exponían los principios sobre los que se asienta la línea de acción que la UE sigue defendiendo resueltamente, a fin de hallar una solución política a la situación en Oriente Próximo. A la vista de la escalada de violencia registrada en los últimos tiempos, el 28 de enero de 2002 el Consejo reiteró la validez de esta declaración y, en el período posterior, ha prestado constantemente una gran atención a la evolución de la situación en esa región.

El Consejo Europeo, reunido en Barcelona los días 15 y 16 de marzo de 2002, adoptó una declaración relativa a Oriente Próximo en la que se expone con claridad la posición de la Unión Europea. Con motivo de la aceleración de los acontecimientos que se han producido a continuación, los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión celebraron una reunión especial en Luxemburgo el 3 de abril de 2002, a cuyo término se confirmaron los principios enunciados en Barcelona y se decidió enviar in situ una misión de alto nivel compuesta por los señores Piqué y Solana para que transmitieran el mensaje de la Unión, que contenía, en particular un llamamiento a la íntegra e inmediata aplicación del contenido de la Resolución 1402 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Evidentemente, la UE es consciente de que esta acción no será efectiva si se emprende de forma aislada y por ello aprovecha cualquier oportunidad para presionar en favor de un avance a través del diálogo y la cooperación con otros actores principales. La UE alberga el convencimiento de que la acción decidida y concertada de la Unión Europea, las Naciones Unidas, los Estados Unidos, la Federación de Rusia y los países árabes más afectados resulta esencial y urgente para contribuir a reabrir la vía de la negociación política.