PREGUNTA ESCRITA E-0785/02

de Bartho Pronk (PPE-DE), Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE)y Toine Manders (ELDR) a la Comisión

(19 de marzo de 2002)

Asunto: Reglamento (CE) no 44/2001

El 1 de marzo de 2001 entró en vigor el Reglamento (CE) no 44/2001(1) relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. En el apartado 1 del artículo 20 de dicho Reglamento se establecía lo siguiente:

1. Los empresarios sólo podrán demandar a los trabajadores ante el tribunal del Estado miembro en el que estos últimos tuvieren su domicilio.

En vista de las grandes diferencias existentes en el ámbito del derecho laboral, el derecho de seguros sociales y el derecho fiscal entre los diversos Estados miembros parece que, a primera vista, pueden surgir procedimientos largos, intrincados y costosos. En caso de litigio, el juez del Estado miembro del trabajador debe examinar primero el derecho específico del Estado miembro del empresario dicho trabajador. A continuación se debe traducir el expediente, lo cual implica mucho tiempo y dinero. Este procedimiento se justificaría si el trabajador realizara realmente sus actividades en el territorio del Estado miembro donde tiene su residencia, pero obviamente éste no es siempre el caso. Así pues, la disposición también parece bastante rígida.

1. ¿Puede señalar la Comisión cuál es la interpretación, el fondo y las consecuencias que se derivan de esta disposición, atendiendo también a la preocupación anteriormente mencionada? ¿No sería mejor mantener como criterio que sólo sean competentes los tribunales del Estado miembro donde realmente se lleven a cabo las actividades?

2. ¿Acaso no implica el actual sistema altos costes de traducción innecesarios? ¿Podría explicar la Comisión quién asume los costes adicionales de traducción? ¿No considera la Comisión que dichos costes representan una carga extra e innecesaria para los ciudadanos y/o las empresas en la Unión Europea?

(1) DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(21 de mayo de 2002)

La preocupación por una buena administración de la justicia representa un factor esencial en la elaboración de las normas de derecho internacional privado. Pero este derecho aplica también otros objetivos de interés general, como la proximidad del litigio al tribunal y la legislación competente así como la protección de la parte más débil.

El Reglamento (CE) no 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil acaba de entrar en vigor el 1 de marzo de 2002(1). Las disposiciones relativas al contrato de trabajo se modificaron a fin precisamente de proteger a la parte más débil mediante normas de competencia más favorables a sus intereses que las normas generales, que habrían conducido a favorecer un fuero más próximo al empresario. El artículo 20 enuncia pues que los empresarios sólo podrán demandar a los trabajadores ante el tribunal del Estado miembro en el que estos últimos tuvieren su domicilio. Por el contrario, el empresario puede ser requerido por el trabajador ante los tribunales del Estado miembro donde tiene su domicilio o, en otro Estado miembro, ante los tribunales del lugar en que el trabajador realiza habitualmente su trabajo o del último lugar donde realizó habitualmente su trabajo.

Por lo que respecta al derecho aplicable, el Convenio de Roma de 19 de junio de 1980, vinculante para todos los Estados miembros, prevé que el juez que conoce el asunto aplique la legislación elegida por las partes pero esta elección no podrá privar al trabajador de la protección que le aseguran las disposiciones imperativas de la ley del lugar de ejercicio habitual del trabajo, en principio. A falta de elección, la ley aplicable es la del país donde el trabajador realiza habitualmente su trabajo. Existe pues, en las situaciones transfronterizas cubiertas solamente por el Reglamento no 44/2001, una determinada disociación entre la ley aplicada y la ley del tribunal competente. Esta solución se justifica no obstante por la necesidad de procurar que todos los asalariados de una misma empresa están sujetos a la misma legislación y de que la ley del lugar de ejercicio del trabajo, y en particular sus disposiciones imperativas protectoras de los trabajadores, presente vínculos estrechos con el litigio. Para su información

le comunicamos que la Comisión prepara actualmente un libro verde sobre la transformación del Convenio de Roma en instrumento comunitario así como su modernización. No se excluye que las disposiciones de este convenio relativas a los contratos de trabajo sean objeto de una evaluación crítica.

Además el artículo 73 de este Reglamento prevé que la Comisión presentará un informe sobre su aplicación al Parlamento Europeo a más tardar cinco años después de su entrada en vigor. Así pues, aunque la situación descrita por Su Señoría, que ya existía en el momento de la adopción del Reglamento por el Consejo, no se mencionó ni suscitó la presentación de enmiendas durante las negociaciones, la Comisión podría examinarla con motivo de la elaboración de este informe, si resultara, a la luz de su aplicación en los Estados miembros, que el artículo 20 plantea dificultades, en particular derivadas de un encarecimiento del coste de los procedimientos.

La Comisión no tiene pues la intención de proponer una revisión del Reglamento (CE) no 44/2001, que acaba de entrar en vigor.

(1) DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.