PREGUNTA ESCRITA E-1727/03

de Antonio Di Pietro (ELDR) a la Comisión

(23 de mayo de 2003)

Asunto: La ley Merloni sobre los contratos públicos

La Ley italiana no 166 sobre los contratos públicos, de 1 de agosto de 2002, conocida también como Ley Merloni, ha suprimido el principio, ya integrado

en la normativa vigente, de que también en los contratos de un presupuesto inferior a 40 000 euros (umbral que ha sido elevado ahora a 100 000 euros), los órganos licitadores deben asegurar la suficiente publicidad del procedimiento (frase ahora suprimida).

¿No considera la Comisión que tras la supresión de esta obligación, la normativa italiana deja de ser conforme con la Directiva comunitaria 92/50/CEE(1), de 18.6.1992?

¿Es cierto que debido a éste y otros elementos de la Ley Merloni contrarios a los principios consagrados en el Tratado en materia de competencia y libre prestación de servicios, la Comisión ha abierto un procedimiento de infracción contra Italia?

En caso afirmativo, ¿sería posible conocer exactamente los motivos, el calendario y las fases del procedimiento en curso?

(1) DO L 209 de 24.7.1992, p. 1.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(4 de julio de 2003)

La Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios(1), se aplica por lo general a aquellos contratos cuyo valor estimado sin IVA es igual o mayor al equivalente en euros de 200 000 derechos especiales de giro, es decir, 249 681 EUR para los años 2002 y 2003. En lo referente a las administraciones del gobierno central, la Directiva se aplica por lo general a aquellos contratos cuyo valor estimado sin IVA es igual o mayor al equivalente en euros de 130 000 derechos especiales de giro, es decir, 162 293 EUR para los años 2002 y 2003. En consecuencia, la modificación de la normativa italiana en materia de obras públicas citada por Su Señoría, por la cual se ha elevado este umbral de 40 000 a 100 000 EUR, más allá del cual se impone un requisito de publicidad adecuada, no viola la Directiva 92/50/CEE. No obstante, incluso para aquellos contratos que no sobrepasan los umbrales de aplicación de las Directivas comunitarias en materia de contratación pública, los poderes adjudicadores deben respetar, como ha aclarado el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia reciente, las normas pertinentes del Tratado CE, especialmente aquellas en materia de libertad de establecimiento y libre prestación de servicios, así como los principios generales de no discriminación, igualdad de trato y transparencia(2). En lo referente al respeto de este último principio, el Tribunal ha estipulado que la transparencia que incumbe a los poderes adjudicadores consiste en garantizar, a favor de cualquier candidato potencial, un grado de información adecuado, que permita la apertura del mercado de servicios a la competencia, así como el control de la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación(3).

El 19 de diciembre de 2002 la Comisión abrió un procedimiento por incumplimiento contra Italia, al hilo de ciertas disposiciones de la Ley 109 de 1994 (ley marco en materia de obras públicas), y a sus correspondientes modificaciones, la última de las cuales se hizo en virtud de la Ley 166 de 2002. Entre las disposiciones que fueron objeto del citado procedimiento, por violar el principio general de transparencia, figura la relativa a aquellos contratos de servicios de ingeniería y arquitectura que no sobrepasan el umbral de los 100 000 EUR.

El procedimiento por incumplimiento de la Comisión también tiene por objeto, además de la disposición mencionada, aquellas relativas a la delimitación del ámbito de aplicación de las normas en materia de contratos de obras con respecto a aquellas relativas a los servicios y al suministro; las normas relativas a la ejecución de obras con deducciones de gastos de urbanismo; las disposiciones relativas a los servicios de dirección de las obras y a la validación de proyectos; los servicios de comprobación técnica (collaudo) de las obras; el papel del promotor en el procedimiento de financiación de proyectos, entre los que se encuentran el artículo 37 bis y los siguientes de la mencionada Ley. La Comisión decidirá las medidas que deben adoptarse en el citado procedimiento, en función de las observaciones del gobierno italiano, que se esperan a corto plazo.

(1) DO L 209 de 24.7.1992.

(2) Para ello, véase la Orden de 3 de diciembre de 2001, asunto C-59/00, §19-20.

(3) Véase, especialemente, la sentencia de 7 de diciembre de 2000, asunto C-324/98, § 61-62.