PREGUNTA ESCRITA E-0741/00

de Jannis Sakellariou (PSE) a la Comisión

(13 de marzo de 2000)

Asunto: Servicios municipales y competencia leal

Las experiencias realizadas en los Estados Unidos e Inglaterra muestran que sólo es posible organizar mercados libres si existen autoridades de control realmente fuertes.

1. ¿Sobre la base de qué medidas asegura la Comisión que las condiciones sociales y las normas medioambientales, la protección de los consumidores, la transparencia de los informes anuales así como las condiciones de competencia leal están garantizadas para todos los prestadores de servicios municipales?

2. ¿Garantiza la Comisión la creación de autoridades de control para asegurar el cumplimiento de estas normas sociales y medioambientales?

3. La Directiva relativa a la electricidad da prioridad a las fuentes de energía renovables y a la producción combinada calor y electricidad. ¿A través de qué instrumentos se piensa garantizar este trato prioritario?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(10 de mayo de 2000)

1. La primera cuestión que plantea Su Señoría se refiere a las medidas que se han adoptado a escala comunitaria para que los prestadores de servicios que participan en la adjudicación de contratos públicos de los municipios cumplan las obligaciones o normas que les correspondan.

Por lo que se refiere a las exigencias sociales y normas medioambientales, es preciso señalar que actualmente las directivas comunitarias sobre contratos públicos (en particular, la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios)(1) contienen disposiciones que permiten al órgano de contratación excluir en determinadas condiciones del procedimiento de adjudicación de un contrato a todos los potenciales prestadores de servicios que no hayan cumplido sus obligaciones, en concreto en el ámbito social.

En general, las directivas sobre contratos públicos tienen por objeto garantizar la transparencia de los procedimientos de adjudicación de contratos y establecer una competencia leal entre prestadores de servicios con el fin de evitar cualquier discriminación entre los posibles prestadores de servicios.

2. En el estado actual del desarrollo del Derecho comunitario, corresponde a las autoridades de los Estados miembros garantizar el cumplimiento por las empresas que prestan servicios municipales de las disposiciones medioambientales derivadas del Derecho comunitario. La propia Comisión es competente para comprobar si las autoridades nacionales han ejercido correctamente esta función de control. También hay que señalar que la Comisión, en su papel de guardiana de los Tratados, no está habilitada para intervenir cuando las normas medioambientales correspondientes no derivan de directivas comunitarias.

3. La Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad(2), en el apartado 3 de su artículo 8 establece un mecanismo explícito para el tratamiento favorable de la electricidad procedente de fuentes energéticas renovables y la producción combinada de calor y electricidad:

El Estado miembro podrá imponer al gestor de la red de transmisión la obligación de que, en la ordenación del funcionamiento de las instalaciones de generación, dé preferencia a las instalaciones de generación que utilicen fuentes de energía renovables o de residuos o que exploten un procedimiento de producción combinada de calor y electricidad.

No obstante, hay que señalar que la Directiva se limita a una ordenación favorable y no abarca planes que ofrezcan sistemas de apoyo directo o indirecto a las fuentes de energía renovables.

En principio corresponde al Estado miembro decidir acerca de un sistema concreto de apoyo a las energías renovables o producción combinada de calor y electricidad, siempre que sea compatible con las normas del Tratado CE, en especial las normas sobre ayudas estatales que se establecen en los artículos 87-88 (antiguos artículos 92-93).

Existe una gran cantidad de sistemas nacionales de apoyo distintos, como la obligación de compra garantizada a precio garantizado (a menudo basado en los costes evitados o, en un marco reglamentario, en un cálculo de la ayuda necesaria para generar la cantidad deseada de electricidad a partir de fuentes renovables), la exención de impuestos, en particular sobre la energía y el CO2, pero igualmente de otros impuestos no energéticos, el sistema de apoyo por kWh producido y otros sistemas de apoyo, como el apoyo a la investigación y el desarrollo o a la inversión de capital.

(1) DO L 209 de 24.7.1992.

(2) DO L 27 de 30.1.1997.