PREGUNTA ESCRITA P-0770/00

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(9 de marzo de 2000)

Asunto: Cooperación judicial en el ámbito de la pederastia

El establecimiento de una política de cooperación en el ámbito de la Justicia y de los Asuntos de Interior por parte del Tratado de Maastricht constituyó un paso fundamental en la construcción europea.

Efectivamente, resulta difícil entender que en una Europa de libertad total de circulación y establecimiento la justicia siga sometida a fronteras rígidas.

Desgraciadamente, este nuevo pilar de la política europea ha dejado de lado el delito internacional en el ámbito del abuso y tráfico de niños y de mujeres, que, como ha demostrado la realidad, está en clara expansión.

En opinión del autor de la pregunta, se trata del tipo de delito desarrollado a gran escala que amenaza de manera más profunda a la sociedad democrática en que vivimos.

El reciente caso en el que están implicados un nacional belga (Frans de Ryck) y niños portugueses de la Región Autónoma de Madeira ha puesto de manifiesto las deficiencias debidas a la falta de cooperación en el ámbito de la Justicia en este tipo de situaciones.

El Estado Belga denegó la extradición a Portugal del nacional acusado de dicho delito, mientras que el Estado Portugués, a través de la Fiscalía de la República, denegó cualquier tipo de ayuda judicial a las víctimas.

Como bien se hace eco la prensa (Diário de Notícias), el problema únicamente pudo resolverse con el esfuerzo privado de la Asociación Portuguesa de Ayuda a la Víctima y con el apoyo de un bufete de abogados portugués. Sin embargo, mientras que el acusado recurrió la decisión, las víctimas ignoran la manera en que se está desarrollando el recurso.

En estas circunstancias, ¿puede indicar la Comisión si prevé tomar alguna iniciativa que pueda reforzar la defensa de las víctimas de este tipo de delitos cuando traspasan las fronteras nacionales?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(13 de abril de 2000)

La Comisión considera que la Comunidad ha tomado varias iniciativas y desarrollado una política en la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños, con especial atención a la ayuda a las víctimas de estos tipos de delitos. La Comisión ha dado previamente cuenta al Parlamento sobre estas iniciativas y políticas (véanse, por ejemplo, las respuestas a la pregunta escrita E-2797/99, del Sr. Matikainen-Kallström(1), y a la pregunta oral H-0140/00 de la Sra. Kratsa durante el turno de preguntas de la sesión(2) de marzo de 2000). Por lo tanto, la Comisión no entrará en detalle sobre esa parte de la cuestión aunque desea subrayar que las conclusiones de Tampere citaron la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños como cuestiones de gran prioridad. Por ello la Comisión ha incluido este problema en el plan diseñado para revisar los avances en la creación de una zona de libertad, seguridad y justicia.

La denegación de extradición mencionada por Su Señoría puede ser debida a que la persona reclamada era ciudadano del Estado miembro que recibió la petición. La denegación de extradición por esta razón se permite de conformidad con el artículo 6 del Convenio sobre Extradición del Consejo de Europa de 1957, que aún constituye la espina dorsal de las relaciones de extradición entre los Estados miembros de la Unión. El convenio comunitario de extradición de 1996 prevé, en su artículo 7, que la extradición no puede rechazarse si la persona reclamada es ciudadano del Estado miembro que recibe la solicitud. Sin embargo, los Estados miembros pueden declarar que no aplicarán esta norma, declaración que debe renovarse cada cinco años, porque de no hacerse así, expira. En cualquier caso, el convenio comunitario de 1996 no ha entrado en vigor todavía, pues no todos los Estados miembros lo han ratificado.

Por lo que se refiere a la protección de las víctimas, la Comisión adoptó, el 14 de julio de 1999, una comunicación(3) que aboga por ciertos niveles o normas mínimos en la Unión para proteger a las víctimas y se refiere, especialmente, a prevención, ayuda, compensación, y posición de las víctimas en el procedimiento judicial. La comunicación no se dirige específicamente a las víctimas mencionadas por Su Señoría sino que muchas de las medidas propuestas servirán para mejorar de forma general su situación.

(1) DO C 303 E de 24.10.2000, p. 111.

(2) Debates del Parlamento europeo (marzo de 2000).

(3) COM(1999) 349 final.