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PREGUNTA ESCRITA E-2393/99

de Jean-Claude Martinez (TDI) al Consejo

(13 de diciembre de 1999)

Asunto: Inundaciones mortíferas en el Sur de Francia

Las lluvias diluvianas, las crecidas de los ríos, los corrimientos de tierras y la destrucción de infraestructuras han devastado en noviembre de 1999 cuatro departamentos del sur de Francia, Aude, Hérault, Tarn y los Pirineos Orientales, causando casi 30 muertos y destruyendo carreteras, vías férreas y todas las redes públicas de electricidad, agua y teléfono. ¿Está dispuesto el Consejo a iniciar inmediatamente un procedimiento presupuestario para movilizar créditos de ayuda de urgencia a las víctima de catástrofes naturales? Tiene la intención de conceder ayudas de este tipo en el marco del presupuesto 1999 para liberar las primeras transferencias antes de que finalice el año como ha sido el caso para Turquía, para la que desde 1999 se han liberados 180 millones de euros, es decir más de mil millones de francos franceses, tras el seísmo del 17 de agosto?

Respuesta

(28 de febrero de 2000)

Su Señoría pregunta si el Consejo podría iniciar un procedimiento presupuestario para movilizar créditos de ayuda de urgencia a las víctimas de catástrofes naturales en el Sur de Francia.

Hasta el final del ejercicio 1997 figuró en el presupuesto una línea denominada Ayudas urgentes a poblaciones de la Comunidad víctimas de catástrofes. No obstante, esta línea no se propuso en el anteproyecto de presupuesto 1998 debido a las críticas formuladas por la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, que subrayó que la ayuda de este tipo debía efectuarse a nivel nacional y no mediante el presupuesto comunitario.

Por dicho motivo, los créditos destinados a la ayuda humanitaria en el presupuesto general sólo se prevén para terceros países. En consecuencia, no se puede prever para Francia un procedimiento similar al de la ayuda concedida a Turquía, que es un país tercero.

En cualquier caso, toda iniciativa para comprometer créditos destinados por la autoridad presupuestaria en el presupuesto general corresponde a la Comisión. Por ello incumbe a ésta ver si, a título de otros capítulos del presupuesto, pueden movilizarse créditos en favor de zonas y personas afectadas por catástrofes naturales, como la referida por la pregunta formulada.
PREGUNTA ESCRITA E-2866/99

de Guido Podestà (PPE-DE) a la Comisión

(18 de enero de 2000)

Asunto: Personas ancianas en el Reino Unido

En el respeto del principio de subsidiariedad vigente en el ámbito de la sanidad, es deber de las instituciones comunitarias asegurarse de que los Estados miembros ofrezcan a los ciudadanos unos servicios de elevada calidad.

El objeto de la presente pregunta es señalar a la atención de la Comisión las acusaciones formuladas por un conocido médico de Londres y publicadas en los principales periódicos de todos los Estados miembros, según las cuales en algunos hospitales británicos se producen casos de verdadera eutanasia involuntaria.

Estas duras afirmaciones dejan entrever una situación de absoluta gravedad, en la que se deja morir a las personas ancianas, privadas de un mínimo de asistencia e incluso de alimentos, para disponer de camas libres.

Visto lo anteriormente expuesto:

- ¿no cree la Comisión que los hechos denunciados constituyen una forma brutal de violación de los derechos humanos y que, en consecuencia, entran en el ámbito de competencias de la propia Comisión?

- ¿Cómo piensa intervenir en este caso específico?

- ¿No considera indispensable iniciar una investigación en todos los Estados miembros para conocer las verdaderas condiciones en que las personas ancianas que ya no son autosuficientes viven en los países de la Unión Europea?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(22 de febrero de 2000)

Corresponde a cada Estado miembro organizar su sistema de salud y determinar las condiciones para la concesión de prestaciones con arreglo al mismo. Por lo tanto, si bien la Comisión no está al corriente de los pormenores de la información aparecida en la prensa, no parece tratarse de una obligación derivada de la legislación comunitaria, por lo que sería más apropiado ponerse directamente en contacto con las autoridades del Reino Unido para obtener cualquier otra aclaración al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-2701/99

de LORD Inglewood (PPE-DE) a la Comisión

(12 de enero de 2000)

Asunto: Medidas legales relativas a la situación de la carne de vacuno británica en el mercado francés

¿Piensa acelerar la Comisión la tramitación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con vistas a obtener una decisión prejudicial que permita volver a comercializar la carne de vacuno británica en el mercado francés, del que ha quedado excluida ilegalmente?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(16 de febrero de 2000)

La Comisión ya ha entablado el procedimiento de infracción contra Francia, en virtud del artículo 226 (antiguo artículo 169). Además, el 4 de enero de 2000 presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia (número de referencia: Asunto C-1/00).

La Comisión ha decidido no presentar una demanda de medidas provisionales ante el Tribunal. Para que una demanda de este tipo prospere han de cumplirse unas condiciones particularmente estrictas. Teniendo en cuenta, en particular, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en asuntos anteriores en los que se trataba de medidas provisionales, especialmente en el ámbito de la salud pública, la Comisión ha llegado a la conclusión de que es poco probable que en este caso el Tribunal ordene medidas de ese tipo.
PREGUNTA ESCRITA E-2753/99

de Ole Krarup (EDD) a la Comisión

(18 de enero de 2000)

Asunto: Utilización delictiva de billetes de euro de gran valor

Ciertas investigaciones llevadas a cabo en los Estados Unidos han revelado que sólo una parte del total de los billetes de 100 dólares que se emiten se utiliza en el circuito económico oficial norteamericano, de lo que se deduce que el resto de los billetes entran de otra forma en otros circuitos, por ejemplo, en la economía clandestina y como medio de transacción en relación con el narcotráfico.

¿Puede indicar la Comisión si ha estudiado el papel internacional que pueden desempeñar los billetes de euro de gran valor (que pueden alcanzar un valor hasta cinco veces superior al billete de dólar más valioso) en los círculos delictivos, por ejemplo, como medio de transacción en el tráfico de estupefacientes?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 2000)

Actualmente, varios Estados miembros participantes Bélgica, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Austria cuentan con billetes de banco de alto valor, que van de los 200 a los 600. En Alemania, por ejemplo, existe un billete de banco de 1000 DM. De modo que por lo menos una parte de la población europea está acostumbrada a utilizar billetes de banco de alto valor para transacciones y como reserva de valor. Cabe añadir, además, que actualmente los billetes más altos de euro ya están sustituyendo a varios de los billetes nacionales más altos.

Es muy probable, además, que los billetes de euro, una vez introducidos, circulen en cantidades apreciables fuera de la zona del euro puesto que el euro es una de las monedas más importantes del mundo. Pero evidentemente es difícil evaluar el grado en que el euro vaya a ser utilizado en transacciones ilegales.

Todavía más difícil resulta predecir si los billetes de 200 y de 500 van a tener alguna influencia en ese uso. De hecho, tal como señala Su Señoría, parece efectivamente que los billetes de dólar desempeñan un importante papel en las transacciones relacionadas con la economía sumergida y con el tráfico de drogas a pesar de lo limitado de su valor nominal.

A partir del 2001 la Comisión se esforzará, en los límites de su competencia, por detectar toda circulación desproporcionada de billetes de euro que pueda estar relacionada con transacciones ilegales.
PREGUNTA ESCRITA E-2514/99

de Pedro Marset Campos (GUE/NGL) a la Comisión

(22 de diciembre de 1999)

Asunto: Ubicación de una depuradora de aguas residuales financiada con fondos europeos en una zona de turismo rural, financiada por los programas LEADER II de la UE y FUTURE de la Administración del Estado español en Abarán (Murcia, España)

En la localidad de Abarán (Murcia), la Comisión aprobó y financió, desde el 18 de junio de 1999, a través del Programa LEADER II, un proyecto de Casa Rural en la zona de Cañada Hidalgo (expediente: B.B3.080, a nombre de Trinidad González Maquilón por un importe total de 1 370 096 pesetas).

Además, se proyecta la ubicación de una depuradora de aguas residuales, financiada también con fondos europeos, en la misma zona a menos de 100 metros de la anterior, frenando la iniciativa de vecinos del lugar de acondicionar sus casas para turismo rural mediante subvención.

Por otra parte, hay aprobados en el misma zona Senderos de Pequeño Recorrido financiados por el Programa FUTURE de la Administración del Estado español, a través de la Consejería de Turismo, que también son receptores de fondos europeos.

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de esta contradictoria situación?

2. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para aclarar este caso?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(25 de enero de 2000)

La Comisión no ha sido informada de los proyectos financiados en la región de Murcía en 1999 a través de la iniciativa comunitaria Leader II.

No obstante, los hechos a los que alude Su Señoría merecen toda su atención.

La Comisión está realizando averiguaciones y no dejará de informar a Su Señoría del resultado de las mismas.
PREGUNTA ESCRITA E-2838/99

de Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) a la Comisión

(18 de enero de 2000)

Asunto: Variabilidad estacional y fluctuaciones regionales en los análisis del cambio climático

¿Qué análisis ha llevado a cabo la Comisión o qué proyectos de investigación han recibido su apoyo en relación con la variabilidad estacional y las fluctuaciones regionales que se producen en los análisis de la variabilidad natural del clima y del cambio climático?

Respuesta del Sr. Busquin en nombre de la Comisión

(11 de febrero de 2000)

Varios proyectos en curso y de reciente financiación (p.ej. Provost y Demeter) se refieren a la variabilidad estacional y regional del clima. Los proyectos del Cuarto Programa Marco han servido para desarrollar una capacidad de predicción sin igual que ha permitido por primera vez pronosticar la aparición de El Niño y sus repercusiones en Europa.
PREGUNTA ESCRITA E-2348/99

de Salvador Jové Peres (GUE/NGL) y Pedro Marset Campos (GUE/NGL) a la Comisión

(13 de diciembre de 1999)

Asunto: Importaciones de tomate procedentes de Marruecos

¿Por qué la Comisión de la UE no ha adoptado las medidas necesarias para que Marruecos respete la distribución mensual del contingente y el margen del 20 % de rebasamiento permitido en el Acuerdo de Asociación y en su Protocolo número 1, artículo 3?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2344/99, E-2345/99, E-2346/99, E-2347/99, E-2348/99 y P-2483/99 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(20 de enero de 2000)

La Comisión sigue con atención la evolución de las importaciones de tomates frescos originarios de Marruecos.

Tras comprobarse, al final de la campaña 1998-1999 un rebasamiento de las cantidades acordadas, la Comisión llamó la atención de las autoridades marroquíes sobre la importancia del respeto de dichas cantidades para el correcto equilibrio del mercado comunitario.

Para la campaña en curso, la Comisión, a la vista de la evolución de las importaciones durante el mes de octubre de 1999, solicitó a las autoridades marroquíes la celebración de consultas urgentes. Dichas consultas, celebradas en Rabat el 22 de diciembre de 1999, no permitieron encontrar una solución que pueda garantizar que no se rebasará el contingente acordado. Por este motivo, y sin perjuicio de consultas posteriores, la Comisión implantó, mediante el Reglamento (CE) no 2767/1999, un régimen de certificados de importación, de conformidad con el intercambio de notas entre la Comunidad y el Reino de Marruecos de 22 de diciembre de 1994.

La Comisión recuerda que los Estados miembros son responsables de la aplicación correcta de las disposiciones vigentes en el momento de las importaciones y, en particular, de la fijación de los derechos de aduana exigibles.
PREGUNTA ESCRITA E-2745/99

de Ioannis Marínos (PPE-DE) a la Comisión

(18 de enero de 2000)

Asunto: Posible vulneración de la legislación comunitaria

Mediante la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas(1), se obliga al fabricante a instaurar, aplicar y mantener un sistema de calidad que abarque hasta la fase de comercialización, tal como prevé la citada Directiva. Sin embargo, mediante la Decisión E3/833/22.6.1999 del Ministro de Sanidad y Bienestar (Boletín Oficial del Gobierno helénico no 1329, 2a parte, de 29.6.1999), en vulneración de la citada Directiva 93/42/CEE, se hacen extensivas las obligaciones del fabricante a las empresas de comercialización de tales productos, con la obligación añadida de certificarlos, a más tardar, transcurrido un año de la publicación de la mencionada Decisión Ministerial (es decir, el 30 de junio de 2000).

Teniendo en cuenta lo anterior:

- ¿puede indicar la Comisión si se vulnera la legislación comunitaria?

- ¿qué gestiones piensa emprender la Comisión Europea ante el Gobierno griego para que se anulen las consecuencias negativas de la reglamentación antes citada?

(1) DO L 169 de 12.7.1993, p. 1.

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(24 de febrero de 2000)

La Comisión no ha tenido conocimiento de la decisión ministerial griega mencionada por Su Señoría, que extendería a las empresas de comercialización las obligaciones que incumben a los fabricantes en virtud de la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios. Establecerá los contactos necesarios con el fin de recabar todos los detalles sobre los hechos denunciados y, cuando proceda, tramitará el expediente con arreglo al procedimiento de infracción previsto en el artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-2350/99

de Roger Helmer (PPE-DE) a la Comisión

(13 de diciembre de 1999)

Asunto: Subvenciones

¿Cuál es el coste total derivado de la auditoría de todas las subvenciones comunitarias (Fondos estructurales y proyectos con financiación directa), incluidos:

- los costes de auditoría interna y

- los costes generados por contratistas externos empleados para la auditoría de fondos comunitarios?

Partiendo del principio de que la Comisión Europea reclama los fondos obtenidos fraudulentamente o que han sido objeto de malversación:

¿Qué porcentaje del total de subvenciones considera la Comisión Europea que ha sido objeto de utilización incorrecta y debe ser reembolsado?

¿Existe un plazo en el cual los beneficiarios de financiación deban reembolsar el dinero objeto de malversación y/o concedido erróneamente?

¿Cuál es el porcentaje medio de los fondos nunca recuperados o irrecobrables?

Respuesta de la Comisaria Schreyer en nombre de la Comisión

(23 de febrero de 2000)

La contabilidad de los gastos administrativos de la Comisión está organizada por naturaleza del gasto y no por fondo, objetivo político o tipo de coste administrativo. Por ello, el coste total de auditar todas las subvenciones comunitarias no es conocido con precisión. La auditoría del gasto

de las direcciones generales es organizada por las mismas direcciones generales y puede incluso financiarse con cargo a la parte B del presupuesto. Actualmente no existe ningún procedimiento de consolidación que pudiese dar una indicación del coste total de la actividad de auditoría. La introducción de la gestión por actividades, acordada por la Comisión en noviembre de 1999, debería permitirle proporcionar este tipo de información a su debido tiempo.

Cuando se detectan fondos incorrectamente acordados, la Comisión emprende el procedimiento de recuperación previsto por los artículos 28 y 29 del Reglamento financiero(1). Los ordenadores nacionales competentes redactan las órdenes de recuperación, que se envían al interventor para su aprobación y son registradas por el contable. Este último es responsable de la nota de débito y efectúa todas las gestiones necesarias para asegurarse de que las cantidades debidas a la Comisión son recuperadas, iniciando el procedimiento de recuperación si las cantidades no son pagadas en la fecha acordada.

Como el principal propósito del sistema de información es la recuperación eficaz de deudas individuales, no puede darse en esta fase ningún porcentaje general de recuperación de subvenciones. El desarrollo futuro de la transmisión de información en el plan contable Sincom2 debería permitir a la Comisión establecer estadísticas más generales de este tipo.

(1) DO L 356 de 31.12.1977.
PREGUNTA ESCRITA E-2596/99

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(11 de enero de 2000)

Asunto: Autores de Corpus Juris

Corpus Juris era un Libro verde que, evidentemente, no reflejaba el punto de vista oficial de la Comisión.

¿Obstentaba alguno de los autores un cargo oficial en la Comunidades Europeas?

¿Tiene alguno de ellos influencia sobre el desarrollo de las políticas?

Respuesta de la Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(7 de febrero de 2000)

El Corpus Juris(1) no es un Libro Verde y no constituye un documento de la Comisión. No obstante, este estudio se realizó a petición del Parlamento, bajo los auspicios de la Comisión. El informe de síntesis de septiembre de 1999 sobre el seguimiento del Corpus Juris fue transmitido de manera informal a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento(2).

La elaboración del Corpus Juris se confió a un grupo integrado por ocho investigadores independientes, de los que ninguno desempeñó una función oficial en las Comunidades Europeas durante la realización del estudio.

A través de las ideas que se desarrollan en el Corpus juris y en el informe de seguimiento, la Comisión se propone, al igual que el Parlamento, profundizar en la reflexión de las instituciones sobre las reformas institucionales que, en su caso, se hayan de proponer, incluso con vistas a la Conferencia Intergubernamental.

(1) Corpus Juris con disposiciones penales para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. Ed. Economica 1997.

(2) Necesidad, legitimidad y viabilidad del Corpus Juris.
PREGUNTA ESCRITA E-1781/99

de Mark Watts (PSE) a la Comisión

(11 de octubre de 1999)

Asunto: Investigaciones sobre accidentes marítimos

A la luz de la última colisión ocurrida en el Canal y con vistas a mejorar la seguridad de los pasajeros, ¿piensa la Comisión garantizar la introducción de mecanismos independientes de investigación de accidentes para todas las operaciones marítimas en la UE, similares a los mecanismos de investigación de los accidentes aéreos en la UE?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(10 de noviembre de 1999)

Una primera iniciativa de la Comisión para introducir fórmulas independientes de investigación de accidentes se ha plasmado en la adopción de la Directiva 1999/35/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, sobre un régimen de reconocimientos obligatorio para garantizar la seguridad en la explotación de servicios regulares de transbordadores de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad(1). Esta Directiva ha de aportar a los Estados miembros interesados el derecho legal de participar, cooperar, o cuando así lo prevea el Código para la investigación de siniestros marítimos de la Organización Marítima Internacional (OMI)(2), llevar a cabo cualquier investigación de siniestros ocurridos a transbordadores de carga rodada o naves de pasaje de gran velocidad.

La Comisión reconocía en la exposición de motivos de dicha propuesta(3) que la justificación y legitimidad de la participación de los Estados miembros en las investigaciones sobre accidentes marítimos no debería limitarse a estos tipos de naves. Por considerar que la propuesta no era sino un primer paso hacia una aplicación más general del código de la OMI, anunció su intención de evaluar, a la luz de la experiencia obtenida con la aplicación de la Directiva, cómo, y con qué pasos complementarios, sería necesario a nivel comunitario garantizar una aplicación efectiva del código de la OMI en todos los siniestros marítimos y en los que se produjeran en aguas de competencia comunitaria.

La Comisión ha confirmado su intención con la comunicación Política común de transportes Movilidad sostenible: Perspectivas, en la que señala una propuesta sobre investigación de accidentes y estadísticas como uno de los posibles cometidos principales para su programa de acción 2000-2004(4).

(1) DO L 138 de 1.6.1999.

(2) Resolución de la Asamblea de la OMI A.849(20), adoptada el 27 de noviembre de 1997.

(3) DO C 108 de 7.4.1998.

(4) COM(98) 716 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2588/99

de Marialiese Flemming (PPE-DE) al Consejo

(3 de enero de 2000)

Asunto: Directiva sobre la protección de las aves

El 1 de marzo de 1994, la Comisión presentó una propuesta(1) de modificación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres(2). Habida cuenta de que esta propuesta se basa en el artículo 175 (antiguo artículo 130 S) del Tratado CE, se aplica el procedimiento de cooperación con el Parlamento. El 15 de febrero de 1996, el Parlamento emitió su dictamen(3). Hasta el momento el Consejo no ha adoptado ninguna posición común.

¿Se va a tratar este asunto en el seno del Consejo?

En caso afirmativo, ¿en qué fase se encuentran las negociaciones?

¿Cuándo va a adoptar el Consejo una posición común?

(1) DO C 100 de 9.4.1994, p. 12.

(2) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(3) DO C 65 de 4.3.1996, p. 151.

Respuesta

(14 de febrero de 2000)

Se invita a Su Señoría a examinar la respuesta dada a la pregunta escrita no 1676/99.