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PREGUNTA ESCRITA E-3400/00

de Luciano Caveri (ELDR) a la Comisión

(7 de noviembre de 2000)

Asunto: CD ROM editado por la Comisión Europea

En el CD ROM distribuido por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas titulado Hola Europa Guía de Europa y la Unión Europea para jóvenes, editado por la Comisión Europea a través de su Dirección General de Educación y Cultura (Unidad Publicaciones), se constata una diferencia en lo relativo a la descripción de las lenguas minoritarias en los Estados miembros.

Para ello basta con consultar la descripción de España e Italia y elegir primero la opción Si desea saber más y a continuación Escuche la lengua [mldr]:

- España: La lengua oficial es el castellano, que con frecuencia se denomina simplementeespañol. En determinadas regiones, el catalán, el vasco y el gallego son también lenguas oficiales.

- Italia: Nuestra lengua es el italiano y nuestra capital Roma.

¿Por qué en este CD ROM no se tiene en cuenta la diversidad lingüística existente en Italia, representada, por ejemplo, por el francés en el Valle de Aosta y el alemán en el Tirol del Sur?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(7 de diciembre de 2000)

El CD-ROM Hola Europa ha sido editado por la Comisión para informar a los jóvenes europeos sobre los aspectos de la Unión que pueden interesarles. Se trata de una presentación general que permite a los usuarios del CD-ROM familiarizarse con los diferentes Estados miembros de la Unión.

En esta presentación, se indica en primer lugar la lengua o las lenguas oficiales de cada Estado miembro, que en la mayoría de los casos están inscritas en su constitución. El artículo 3 de la Constitución Española, por ejemplo, recoge las lenguas oficiales en España, e indica que las lenguas de las Comunidades Autónomas son lenguas oficiales. El italiano es la lengua oficial del Estado italiano.

Por otra parte, la diversidad lingüística italiana se describe en el apartado Población del CD-ROM en cuestión.
PREGUNTA ESCRITA E-2688/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Procedimientos disciplinarios

1. En vista de: a) el escasísimo número de funcionarios de la Comisión que son despedidos, y de b) la respuesta dada por el Parlamento británico al diputado Matthew Taylor (113608) en la que indica que cada año son despedidos o separados del servicio entre un 0,1 y un 0,2 % de los funcionarios del sector no industrial, ¿piensa matizar la Comisión su respuesta a mi Pregunta escrita E-0557/00(1) relativa a los procedimientos disciplinarios para su personal?

2. ¿Cree la Comisión que puede existir una relación inversa entre su bajísima tasa de medidas disciplinarias contra sus funcionarios y los casos demostrados de malas prácticas, ineficacia y demoras (por ejemplo en los pagos debidos)?

3. ¿Podría indicar la Comisión si en cualquiera de los Estados miembros hay algún cuerpo de funcionarios que tenga una menor tasa anual de despidos que la propia Comisión?

4. En caso negativo, ¿tiene la Comisión alguna prueba de que sus funcionarios sean intrínsecamente menos proclives a caer en la tentación o en la pereza que los empleados de cualquier otra organización o institución?

(1) DO C 374 E de 28.12.2000, p. 105.

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(4 de octubre de 2000)

1. La Comisión no ve motivo alguno para reconsiderar su respuesta a la pregunta escrita E-0557/00 de Su Señoría a la luz de los datos estadísticos comunicados por Su Señoría y contenidos en una respuesta parlamentaria dada en la Cámara de los Comunes. Si bien reconoce la necesidad de mejorar su sistema disciplinario objetivo que persigue también la estrategia de reforma, la Comisión sigue pensando que la mejor medida de la eficacia global de un régimen disciplinario viene dada por el grado en que contribuye a prevenir la indisciplina, y no tanto por el número de empleados despedidos.

2. En la medida en que existen malas prácticas, ineficacia y demoras dentro de la Comisión, son con frecuencia el resultado de normas y sistemas insatisfactorios, más que de actuaciones individuales de los funcionarios de la Comisión. Éste es, en gran medida, el caso, por ejemplo, de las demoras en los pagos a las que alude específicamente Su Señoría. En estas circunstancias, incoar procedimientos disciplinarios contra las personas no soluciona nada. Es necesario modificar el sistema y éste es también uno de los objetivos que se persigue activamente.

3. La Comisión no dispone de cifras concretas sobre los funcionarios separados del servicio anualmente en los Estados miembros, por lo que no se halla en condiciones de responder a la pregunta de Su Señoría.

4. La Comisión no presupone que los funcionarios comunitarios sean intrínsicamente más o menos proclives a las malas prácticas que cualquier otra persona. Sí considera, en cambio, que no sería razonable o sensato introducir un sistema de separaciones del servicio determinado por la media que pueda existir en cualesquiera otras organizaciones o instituciones.
PREGUNTA ESCRITA E-2996/00

de John Cushnahan (PPE-DE) al Consejo

(25 de septiembre de 2000)

Asunto: República Democrática del Congo

¿Está el Consejo al corriente de la precaria situación que atraviesan los medios de comunicación en la República Democrática del Congo? Desde la llegada al poder de Kabila en 1997, más de 130 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han sido acosados, apaleados, encarcelados arbitrariamente u obligados a exiliarse.

¿Cuáles son las intenciones del Consejo respecto a la situación de los dos periodistas de Kinshasa detenidos y acusados de alta traición al Estado?

Respuesta

(20/21 de diciembre de 2000)

El Consejo es plenamente consciente de la precaria situación que atraviesan desde hace años los medios de comunicación en la República Democrática del Congo, una situación que lamentablemente no ha tenido una evolución favorable con la llegada al poder del Presidente Kabila. El Consejo, pese a no haber recibido noticias específicas de los casos concretos mencionados por Su Señoría, ha reaccionado en varias ocasiones a los sucesos acaecidos en este país y tiene una política bien definida frente a la crisis de la región de los Grandes Lagos. Con ocasión de su debate celebrado el 22 de mayo de 2000 sobre los conflictos en Africa, el Consejo manifestó su honda preocupación en particular ante las violaciones de los derechos humanos, que no dejan de cometer las Partes tanto estatales como no estatales, en la región de los Grandes Lagos. La Unión ha recordado también recientemente, en una declaración realizada el 22 de septiembre de 2000, que el retorno a la paz en la región de los Grandes Lagos exige el respeto de las normas del Derecho internacional, la protección de las poblaciones y los derechos humanos y el restablecimiento de la democracia.

En el marco de las Naciones Unidas, la Unión Europea ha asumido la iniciativa, en la Tercera Comisión como en la Comisión de Derechos Humanos, de proponer textos destinados a la adopción de resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en este país.

El Consejo puede garantizar a Su Señoría que no dejará de seguir velando por el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluido el respeto de la libertad de prensa, en cualquier circunstancia, y que seguirá de cerca la suerte de los periodistas injustamente perseguidos. Por otra parte, el Consejo seguirá manteniendo la presión diplomática, concretamente mediante el trabajo efectuado por su Representante especial en la región de los Grandes Lagos, dirigido a apoyar la aplicación del acuerdo de Lukasa, único instrumento con capacidad para propiciar una solución negociada al conflicto y un retorno a la paz, a la estabilidad y a la democracia en la República Democrática del Congo.
PREGUNTA ESCRITA E-2976/00

de Ioannis Souladakis (PSE) a la Comisión

(20 de septiembre de 2000)

Asunto: Subvención de regiones insulares de la Unión Europea

En el primer párrafo de la respuesta de la Comisión del 24.7.2000 a mi anterior pregunta escrita E-1738/00(1) sobre la subvención de regiones insulares de la UE, el Comisario Barnier da por hecho que no se creará el fundamento jurídico necesario para financiar las regiones insulares, pese a lo previsto en el Tratado de Amsterdam. El Parlamento Europeo, en el marco de sus competencias y, en concreto, de las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2001, decidió incluir la subvención pertinente entre las prioridades del presupuesto, dado además que el Tratado de Amsterdam ha comenzado a aplicarse a partir del año 2000 en curso. Es sorprendente que, si bien la Comisión debería emprender iniciativas para la aplicación de los Tratados, parece a juzgar por su respuesta no prestar interés, cuando menos, a una cuestión de considerable importancia para el desarrollo de determinadas regiones de la UE.

¿Qué iniciativas concretas de calendario fijo piensa emprender la Comisión con el fin de que se cree el fundamento jurídico necesario para financiar las regiones insulares de la UE, según lo ya previsto en los Tratados pertinentes?

(1) DO C 113 E de 18.4.2001, p. 38.

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(30 de octubre de 2000)

La Comisión, tal como indicó a Su Señoría en la respuesta a su pregunta escrita E-1738/00(1), no tiene previsto crear una base jurídica para la financiación de las regiones de la Comunidad. Las políticas comunitarias existentes ya dedican una especial atención a estas regiones, puesto que un buen número de ellas están incluidas en los objetivos no 1 o no 2 del período de programación 2000-2006 de los Fondos Estructurales.

Las regiones insulares de la Comunidad presentan una gran diversidad de situaciones. En consecuencia, sus bazas y sus necesidades varían considerablemente. Con objeto de disponer de un mejor conocimiento, la Comisión tiene previsto encargar un estudio sobre el conjunto de las regiones insulares de la Comunidad. El estudio propone analizar comparativamente su situación a partir de distintos criterios estadísticos vinculados, por ejemplo, a la demografía, la situación socioeconómica, las infraestructuras existentes o el medio ambiente.

Se prevé que los resultados de dicho estudio estarán disponibles a finales del primer semestre de 2001. Se remitirán a Su Señoría en cuanto se publiquen.

(1) DO C 113 E de 18.4.2001, p. 38.
PREGUNTA ESCRITA E-3291/00

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) a la Comisión

(25 de octubre de 2000)

Asunto: Difusión de la labor de la UE

La Unión Europea posee un importante radio de intervención en muchos ámbitos de la vida social y económica de nuestro continente, y es bien sabido que sus iniciativas obtienen el apoyo de la gran mayoría de los ciudadanos en la mayoría de los Estados miembros, al menos según las encuestas sobre la opinión pública que elabora periódicamente Eurostat en los 15 países que forman parte de la Unión.

¿Podría informar la Comisión sobre la legislación comunitaria existente relativa a la difusión de la labor de los órganos de la Unión Europea en los medios de comunicación de masas de los Estados miembros? ¿Acaso la difusión de la labor de los órganos de la Unión Europea es competencia exclusiva de los Estados miembros, o bien existen iniciativas complementarias por parte de los servicios de la Comisión Europea? ¿De ser así, de qué iniciativas se trata?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(8 de diciembre de 2000)

Las instituciones comunitarias, en cooperación con los Estados miembros, informan al ciudadano de las políticas e iniciativas comunitarias, las decisiones adoptadas y las etapas de la construcción europea, con objeto de facilitar su aproximación a la Comunidad.

Para ello el presupuesto comunitario dedica un título específico (B-3) a las actividades de información y comunicación, con un crédito disponible que ascendió a 93,5 M en 2000.

Un grupo de trabajo interinstitucional, compuesto por representantes del Parlamento y la Comisión, define los temas de interés común y coordina las actividades de información.

La Comisión y el Parlamento se encargan de llevarlas a cabo, a menudo en colaboración con los Estados miembros. Existen en efecto tres tipo de acciones: las realizadas por las representaciones en los Estados miembros (acciones de comunicación directa, difusión de la información), las realizadas desde la sede de la Comisión (análisis de la opinión pública y publicaciones sobre las políticas comunitarias destinadas al público en general) y las realizadas en colaboración con los Estados miembros en el marco de convenios para las acciones de información sobre la ciudadanía europea (euro, Conferencia Intergubernamental).
PREGUNTA ESCRITA E-3028/00

de Isidoro Sánchez García (ELDR) a la Comisión

(26 de septiembre de 2000)

Asunto: Grado de cumplimiento de los créditos de compromiso de los proyectos del Fondo de Cohesión

¿Cuál ha sido el grado cumplimiento, al 31 de agosto de 2000, de los créditos de compromiso de cada uno de los proyectos contemplados en el Fondo de Cohesión, por parte de cada uno de los países receptores, España, Portugal, Grecia e Irlanda?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(10 de noviembre de 2000)

Debido a la gran extensión de la respuesta, que consta de numerosos diagramas, la Comisión la remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-2495/00

de Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) a la Comisión

(2 de agosto de 2000)

Asunto: Partidas de fondos estructurales con destino a la protección del Medio Ambiente en Madrid

En su reciente reunión de Oporto, los ministros de medio ambiente de la UE han manifestado que la misma debe acabar con la dispersión y el desorden, de sus acciones políticas a favor de la ciudad y hacer de la protección del entorno una de sus prioridades. Los quince admitieron, en dicha reunión, que las grandes ciudades generan problemas económicos graves, derivados del uso ineficaz de la energía y de la inadecuada organización de sus actividades y servicios.

La prioridad política es centrarse en la protección del medio ambiente de las ciudades, donde vive el 80 % de los ciudadanos de la Unión. Para ello, es necesario aprovechar mejor la financiación existente, en concreto los multimillonarios fondos estructurales.

¿Puede indicar la Comisión, por ello, cuáles han sido las partidas que, con cargo a los referidos fondos, ha recibido la ciudad de Madrid, una de las más contaminadas de la UE, y en qué medida puede solicitar que el espíritu de la mencionada declaración de Oporto contribuya en un futuro inmediato a hacer más humana, y confortable, la vida en dicha ciudad?.

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(25 de octubre de 2000)

La protección del medio ambiente es una de las principales prioridades de los programas de los Fondos Estructurales y la Comisión reconoce la importancia que tiene la calidad de la infraestructura medioambiental para el desarrollo socioeconómico regional.

Las ayudas concedidas por los programas regionales cofinanciadas por los Fondos Estructurales van destinadas a las zonas más necesitadas de la Unión. Consecuentemente, la ciudad de Madrid, relativamente próspera en términos europeos, se ha beneficiado menos que las regiones españolas más pobres que pueden optar a las ayudas al amparo del objetivo no 1.

En el período de programación 1994-1999, la iniciativa comunitaria URBAN destinó a una zona desfavorecida situada en el centro de la ciudad 11.9 M. En el programa figuraban medidas de mejora del medio ambiente. Para el período 2000-2006 algunas zonas pueden recibir ayudas al amparo del objetivo no 2. Madrid también recibe ayudas del Fondo de Cohesión, aplicable a todo el territorio nacional, aplicable a todo el territorio nacional, y que ha financiado varios proyectos relativos al medio ambiente en la ciudad, con una ayuda total de 146 M.
PREGUNTA ESCRITA E-2953/00

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(19 de septiembre de 2000)

Asunto: Regiones remotas por su altitud

Con referencia a la respuesta dada por la Comisión a la pregunta E-0605/00(1), en la que manifiesta su propósito de tener más en cuenta la situación de las regiones ultraperiféricas a partir del año 2007, este diputado desea expresar su aprobación a una iniciativa semejante. A este respecto, sin embargo, ¿comparte la Comisión la opinión del diputado de que la denominación regiones ultraperiféricas debería incluir aquellas de situación remota no sólo en sentido horizontal, sino también vertical por su altitud, de modo que en el futuro también las regiones montañosas podrían considerarse por definición regiones pertenecientes al Objetivo 1?

(1) JO C 46 E de 13.2.2001, p. 17.

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(16 de noviembre de 2000)

El Tratado CE no hace referencia a la noción de regiones periféricas, por lo que, consecuentemente, no aparece en ningún acto del derecho derivado.

El artículo 299 (antiguo artículo 227) del Tratado CE es el único que reconoce las regiones ultraperiféricas y las enumera de manera exhaustiva. Menciona los departamentos franceses de ultramar, las Azores, Madeira y las islas Canarias.

Paralelamente, varias regiones periféricas, incluidas las regiones insulares, así como las zonas de montaña, pueden optar a las ayudas de los Fondos Estructurales de la Unión en virtud del objetivo no 1 (regiones menos desarrolladas) y del objetivo no 2 (regiones en reconversión).
PREGUNTA ESCRITA E-3341/00

de Bartho Pronk (PPE-DE) a la Comisión

(25 de octubre de 2000)

Asunto: Obstáculo a la libre circulación de trabajadores con coche

En los Países Bajos está prohibido circular con un vehículo de matrícula extranjera siendo residente de dicho país. Para la obtención de la matrícula neerlandesa se requiere un período de espera de 8 semanas.

En la práctica, esto plantea situaciones problemáticas. Toda persona que vaya a los Países Bajos con objeto de permanecer allí por un período más o menos largo de tiempo se convierte automáticamente en residente en el sentido jurídico. De conformidad con la legislación sobre tráfico en vigor, los nuevos residentes en posesión de un vehículo están obligados a registrarlo con una matrícula neerlandesa.

Según la legislación europea, una persona en busca de empleo está autorizada a permanecer en otro Estado miembro por un período de tres meses, sin dejar de percibir las prestaciones correspondientes. Si esta persona busca empleo en los Países Bajos es considerada residente de conformidad con la legislación neerlandesa y, por consiguiente, está obligada a registrar su vehículo con una matrícula neerlandesa. Antes de disponer de la misma, la persona no está autorizada a hacer uso de dicho vehículo.

1. ¿En qué medida considera la Comisión que la legislación neerlandesa constituye un obstáculo para las posibilidades de las personas procedentes de otros Estados miembros que buscan empleo en los Países Bajos?

2. ¿Considera la Comisión que dicha legislación neerlandesa constituye un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(14 de noviembre de 2000)

La Comisión lleva a cabo en el Estado miembro correspondiente una investigación sobre los hechos mencionados por Su Señoría y le informará sobre los resultados de la misma.
PREGUNTA ESCRITA E-2980/00

de Marie-Noëlle Lienemann (PSE) a la Comisión

(20 de septiembre de 2000)

Asunto: Precio de los carburantes en la Unión Europea

El importante incremento del precio de los carburantes que, probablemente, no tendrá caráter transitorio, acentúa los problemas de las empresas europeas de transporte, que ya eran importantes desde la apertura a la competencia sin una reglamentación social de protección, y que deben competir diariamente con empresas que practican el dumping social y que llevan a cabo sus actividades en condiciones de trabajo inaceptables.

¿Qué decisiones tiene intención de adoptar la Comisión para reducir el coste de los carburantes y fijarlo a un nivel razonable que, además, incite al ahorro de energía, independientemente de las decisiones de la OPEP?

¿Tiene la Comisión intención de presentar rápidamente una nueva versión del proyecto de directiva sobre la jornada laboral de los camioneros?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(6 de noviembre de 2000)

Con el fin de reforzar la cohesión del sector del transporte por carretera, la Comisión presentó ante el Parlamento y el Consejo, el 21 de junio de 2000, la comunicación Hacia un transporte por carretera de calidad, más seguro y más competitivo en la Comunidad(1).

En esta Comunicación, la Comisión:

a) Está dispuesta a prever una exclusión temporal de los conductores autónomos con el fin de desbloquear los debates en el Consejo acerca de su propuesta de Directiva relativa a la distribución del tiempo de trabajo de los trabajadores móviles que realizan actividades de transporte por carretera y de los conductores autónomos(2),

b) anuncia la presentación de una propuesta de Reglamento del Consejo dirigida a luchar contra el dumping social y a garantizar la regularidad de las condiciones de contratación de los conductores,

c) indica las medidas necesarias para una mayor eficacia en los controles de los transportes por carretera y

d) anuncia la presentación de una propuesta de Directiva cuyo objetivo es introducir normas comunes relativas a la formación inicial y continuada de los conductores profesionales.

La Comisión no piensa tomar iniciativas para reducir el coste de los carburantes. Al margen de si la Comisión tiene competencia para ello, tal medida sería ineficaz y no daría lugar al tipo de ahorro de energía que desea Su Señoría.

Por el contrario la Comisión prevé presentar, antes de que concluya el año, un conjunto de medidas para reforzar la cohesión del sector del transporte por carretera. Estas medidas incluirán, en particular, la propuesta modificada relativa a la prohibición de la circulación de camiones durante los fines de semana, una propuesta relativa a las condiciones de trabajo de los conductores profesionales, la distribución del tiempo de trabajo, una modificación de las normas comunitarias relativas al tiempo de conducción y de descanso de los conductores, una propuesta en materia de formación profesional de los conductores e iniciativas en el ámbito de los controles de carretera.

(1) COM(2000) 364 final.

(2) DO C 43 de 17.2.1999.