PREGUNTA ESCRITA P-0126/03

de Giuseppe Di Lello Finuoli (GUE/NGL) a la Comisión

(21 de enero de 2003)

Asunto: Ayudas del Estado italiano y de la Región Campania al contrato de programa presentado por la empresa Agrifuturo Scarl

El Estado italiano, mediante decisión del Comité Interministerial de Planificación Económica (CIPE) de 28.3.2002, y la Región Campania, mediante decisión no 1479 de 30.3.2001, aprobaron un contrato de programa presentado por la empresa Agrifuturo Scarl por un importe de 118 425 640 euros, relativo a 37 iniciativas de inversión, y le asignaron una contribución pública de fondos nacionales por un total de 75 752 640 euros (aproximadamente el 63,97 %).

¿Puede decir la Comisión si:

- el contrato aprobado es conforme a la decisión CIPE de 25.2.1994, y sus posteriores modificaciones y adiciones, por la que se establece que el contrato de programa es un instrumento de negociación a disposición de los consorcios de PYME que tienen la intención de llevar a cabo un programa de inversiones en sectores de actividad coherentes e integrados, mientras que el contrato de programa aprobado prevé intervenciones (7 en los sectores de preparación de comidas, repostería, galletas, carne, etc.) que poco tienen que ver con el contenido principal del mencionado proyecto de programa que se refiere al sector conservero del tomate;

- las inversiones previstas y financiadas relativas al sector conservero del tomate y al sector de la carne crearán las condiciones para incrementar la capacidad de producción, y si dicho incremento es admisible y conforme a las disposiciones vigentes y a las normas de la PAC;

- el porcentaje de la ayuda (aproximadamente el 63,97 %) es conforme a las normas comunitarias relativas a las ayudas estatales?

¿Puede decir asimismo la Comisión qué medidas tiene la intención de adoptar contra el Estado italiano y la Región Campania en caso de que se detectaran graves incumplimientos o violación de la normativa comunitaria?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(14 de febrero de 2003)

La Comisión no está al corriente del proyecto de inversiones presentado por la empresa Agrifuturo S.c.a.r.l., por lo que va a ponerse en contacto cuanto antes con las autoridades italianas para aclarar la situación. Dado que no dispone de información alguna sobre el proyecto, se encuentra en la imposibilidad de contestar por ahora a las dos primeras preguntas de Su Señoría.

En cuanto a la pregunta de si el porcentaje de ayuda utilizado (63,97 %) es conforme a las normas comunitarias relativas a las ayudas estatales, son varios los elementos que deben tenerse en cuenta:

- Si el proyecto presentado por la empresa sólo conlleva inversiones materiales cuyos gastos subvencionables corresponden a los enumerados en el punto 4.2.3 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario(1), el porcentaje de ayuda utilizado es demasiado alto ya que, según lo señalado en ese punto, en las regiones del objetivo no 1, de las que forma parte Campania, tal porcentaje no puede sobrepasar el 50 % de los gastos subvencionables.

- En cambio, si el proyecto presentado conlleva otros gastos subvencionables como, por ejemplo, medidas de asistencia técnica, es preciso comprobar qué proporción del coste total del proyecto representan dichos gastos dado que las ayudas que les atañen pueden afectar al porcentaje global de ayuda del proyecto; como ya se ha indicado, la Comisión no dispone actualmente de información para efectuar las comprobaciones necesarias.

Por último, en lo que respecta a las medidas que deberían adoptarse en caso de violación de la normativa comunitaria sobre ayudas estatales, la regla es la siguiente: cuando se observa que un Estado miembro dado ha incumplido las normas sobre ayudas estatales aplicables al caso, la Comisión incoa

el procedimiento de examen previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, tras lo cual el Estado miembro dispone de un mes para justificar la compatibilidad de la ayuda prevista con el mercado común. Al incoar el procedimiento, se informa a los terceros interesados, mediante una comunicación que se publica en el Diario Oficial, de que pueden presentar observaciones (de haberlas, estas observaciones se comunican al Estado miembro para que pueda responder a ellas). De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 659/1999(2), la Comisión procura adoptar una decisión en el plazo de dieciocho meses después de incoar el procedimiento. La decisión puede ser positiva, negativa o condicional.

(1) DO C 232 de 12.8.2000.

(2) Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83 de 27.3.1999).