PREGUNTA ESCRITA P-1615/01

de W.G. van Velzen (PPE-DE) a la Comisión

(28 de mayo de 2001)

Asunto: Los Gobiernos tendrán el derecho de impedir que compañías estatales extranjeras adquieran sus compañías privatizadas

¿Constituye esta postura del Comisario un reflejo de la posición de la Comisión en relación con la renacionalización de empresas privadas por parte de los tiburones financieros (raiders) de otro país?

¿Considera la Comisión que la adquisición de un servicio público privatizado por parte del servicio público de otro Estado miembro, que en parte siga estando en manos del mismo (ya sea mediante poderes especiales sobre las acciones (golden share) u otro tipo de participaciones), debería estar prohibida? En caso afirmativo, ¿en qué fundamento jurídico del Tratado de Amsterdam basa la Comisión su posición?

En el caso contrario, ¿de qué posibilidades dispone la Comisión para corregir la actuación de un Estado miembro que, sobre la base de estos argumentos erróneos, impida una alianza o fusión transfronteriza? ¿Está realmente dispuesta la Comisión a emprender acciones contra el Estado miembro en cuestión?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de noviembre de 2001)

1. La Comisión esbozó el marco jurídico comunitario apropiado para tratar de las adquisiciones de participaciones, en particular en las sociedades privatizadas, por parte de sociedades de otros Estados miembros, en su Comunicación de 1997 relativa a determinados aspectos jurídicos que afectan a las inversiones intracomunitarias(1).

2. La cuestión específica de la adquisición de participaciones en sociedades privatizadas por parte de sociedades de otros Estados miembros cuya titularidad éstos posean total o parcialmente, se ha planteado en el contexto de los procesos de liberalización en curso, y en particular en el contexto de la apertura asimétrica de los mercados comunitarios de la energía.

La Comisión debatió este punto el 20 de junio de 2001 y confirmó los principios apuntados en la Comunicación de 1997, aclarando al mismo tiempo algunos aspectos.

3. Se reitera que las inversiones directas gozan de la libre circulación de capitales y del libre establecimiento.

Por tratarse de dos libertades fundamentales del Tratado CE, las únicas excepciones admitidas son las establecidas de forma expresa y limitativa por el Tratado, así como las derivadas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es decir, excepciones por razones imperiosas de interés general, y siempre que las medidas adoptadas respeten los principios de no discriminación y de proporcionalidad. En este contexto la Comisión ratificó la posición ya adoptada en el examen de un caso concreto en el que, en la primera fase de una privatización, y cuando el Estado mantenía aún el control de la sociedad, consideró conforme con el Tratado, en particular, una limitación temporal de las adquisiciones de participaciones en empresas públicas en función de objetivos bien definidos de política económica y en condiciones precisas, objetivas, no discriminatorias y establecidas con anterioridad.

La Comisión concluyó que seguirá inspirándose en su Comunicación de 1997 para examinar los obstáculos, en particular en forma de derechos especiales, puestos por los Estados miembros a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento, sin perjuicio de futuras decisiones del Tribunal de Justicia sobre los asuntos actualmente pendientes en esta materia. La Comisión, en su papel institucional, seguirá haciendo uso de los poderes que le confiere el Tratado como guardiana de la legalidad comunitaria.

4. En el mismo debate, sin embargo, tras reafirmar que la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento son libertades fundamentales y directamente aplicables del Tratado, la Comisión constató que los progresos en la apertura de los mercados de la energía han sido, en la mayor parte de los Estados miembros, más rápidos de lo previsto por las Directivas, dando pie a posibles distorsiones de la competencia entre las empresas.

La Comisión considera que esta situación exige: una aplicación estricta de las normas de competencia y de las normas sobre ayudas estatales, incluso para la energía nuclear; la aceleración de la aprobación por el Consejo y el Parlamento de su segundo paquete de liberalización; en caso de retraso en la adopción de este paquete, la posible aplicación del artículo 86, y en particular de su apartado 3, para dirigir a los Estados miembros Directivas o Decisiones destinadas a eliminar posibles distorsiones de competencia, preservando al mismo tiempo las obligaciones de servicio de interés económico general; y, por último, una solución rápida a los problemas de tarificación en los intercambios intracomunitarios y de desarrollo de las infraestructuras que obstaculizan la apertura efectiva de los mercados.

En cambio, estas distorsiones no justifican ni la aplicación de un principio de reciprocidad ni medidas de represalia entre Estados miembros, conceptos ajenos al Tratado y en particular a los principios del mercado interior. En efecto, la Comisión recuerda que la liberalización no implica obligación alguna de privatización. La liberalización avanza por iniciativa de la Comisión, en particular por medio de la armonización, pero los Estados miembros mantienen su libertad de privatizar o no sus empresas. Ahora bien, una vez efectuada la opción, deben aplicarse las normas del Tratado.

(1) DO C 220 de 19.7.1997.