PREGUNTA ESCRITA P-1769/01

de Luciana Sbarbati (ELDR) a la Comisión

(12 de junio de 2001)

Asunto: Mercado electrónico y protección de las denominaciones de origen

La mundialización y el comercio electrónico afectan hasta tal punto a la propiedad intelectual y a las denominaciones típicas que la defensa de éstas se ha convertido en una necesidad impostergable. Los productos típicos italianos se encuentran amenazados. De hecho, en la red las imitaciones de productos regionales viajan sin control y sin limitaciones.

Es necesario establecer normas para reprimir todas las prácticas comerciales desleales que falsean la competencia internacional, engañan al consumidor y afectan a los productores. La decisión del Tribunal de Justicia, que se espera para el 6 de junio, podría resultar decisiva para el futuro de algunos productos como el parmesano, el jamón, el gorgonzola, los vinos y el aceite de oliva.

Los perjuicios a los productos típicos llegan en el momento en que está en discusión la revisión de la política agraria común y favorecen a aquellos productos de origen dudoso y de calidad discutible. ¿Qué hará la Comisión para garantizar la aplicación de normas que permitan el comercio leal de los productos agroalimenticios de calidad específica y para proteger a las PYME y a las empresas artesanales del sector?

¿Por qué no se aplica el Reglamento (CEE) no 2081/92(1) del Consejo (marco jurídico que protege a los consumidores contra los abusos y relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios) citado por la Comisión en la respuesta dada a una pregunta mía anterior (P-0724/01(2))? ¿Acaso no es suficiente?

(1) DO L 208 de 24.7.1992, p. 1.

(2) DO C 235 E de 21.8.2001, p. 240.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de julio de 2001)

El Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, establece las normas para la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

Como ya se ha indicado en la respuesta a la pregunta escrita E-0794/01 de los Sres. Vinci y Bertinotti(1), el registro de un producto con arreglo a este Reglamento otorga a los productores el derecho exclusivo a emplear el nombre registrado. Se trata de un derecho de propiedad industrial.

La característica esencial del derecho exclusivo es, por consiguiente, que únicamente el productor está autorizado a utilizar esa denominación. El artículo 13 del Reglamento determina el significado exacto del término utilización, además de fijar las facultades de los titulares del derecho, que son de amplio alcance. La prohibición abarca todas las prácticas que guarden relación con alguna denominación geográfica protegida y se dirijan a sacar un provecho indebido de su reputación. Por lo tanto, el Reglamento refuerza con carácter duradero la posición de los productores con derecho a que sus productos ostenten la denominación registrada.

El Reglamento prohibe, en concreto, las prácticas siguientes:

- toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no abarcados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida;

- toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o si la denominación protegida se traduce o va acompañada de una expresión como género, tipo, método, estilo, imitación o una expresión similar;

- cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una opinión errónea acerca de su origen;

- cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto.

No obstante, para permitir a los fabricantes que se ajusten a esas normas, el Reglamento establece una serie de disposiciones transitorias, en algunos casos especificadas de forma expresa: los Estados miembros pueden mantener los sistemas nacionales que autoricen el uso de las denominaciones registradas con arreglo al procedimiento simplificado durante un periodo máximo de cinco años a partir de la fecha de publicación del Reglamento. Si se cumplen determinadas condiciones, también puede concederse un periodo transitorio para las denominaciones registradas con arreglo al procedimiento normal. Tal es el motivo de que se haya admitido, con carácter transitorio, el empleo de ciertas denominaciones para productos que no cumplían el pliego de condiciones de los productos registrados.

No cabe duda de que el Reglamento (CEE) no 2081/92 establece un marco legal sólido y bien estructurado para proteger a los productores de posibles abusos y usurpaciones.

Como es lógico, ninguna garantía de este tipo es eficaz si se carece de un sistema de inspección. El Reglamento establece que los responsables de las inspecciones son los Estados miembros, con cierto margen de libertad para organizar sus propios sistemas. No obstante, el artículo 10 tiene únicamente por objeto el control de las denominaciones registradas y no se ocupa de las utilizaciones ilegales de las mismas. La defensa de los derechos de propiedad concedidos en virtud del Reglamento es responsabilidad de los Estados miembros y toda infracción de los mismos debe trasladarse a los Tribunales nacionales.

La protección otorgada por el Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo sólo tiene valor comunitario, excepto en caso de acuerdos bilaterales o multilaterales.

Además, la Comisión participa activamente en el fomento de debates sobre cómo aumentar el nivel de protección actualmente disponible para las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios con arreglo al Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).

(1) DO C 350 E de 11.12.2001, p. 37.