PREGUNTA ESCRITA E-3259/02

de Generoso Andria (PPE-DE)y Stefano Zappalà (PPE-DE) a la Comisión

(19 de noviembre de 2002)

Asunto: Circulación de productos deteriorados entre los Estados miembros

¿Qué puede decir la Comisión a propósito de que las autoridades de algunos Estados miembros hayan expedido certificados de idoneidad higiénico-sanitaria para algunos productos, probablemente deteriorados, que podrían ser objeto de fraude en detrimento de los países compradores y, lo que es más grave aún, poner en peligro la salud de los ciudadanos europeos?

En particular, ¿puede indicar la Comisión qué iniciativas pretende adoptar en lo que concierne el embargo, por parte de la Guardia di Finanza (policía fiscal italiana), de decenas de toneladas de concentrado de tomate deteriorado proveniente de Grecia y destinado a empresas de la provincia de Salerno?

Asimismo, ¿puede indicar si el producto en cuestión iba acompañado de certificados de idoneidad higiénico-sanitaria no conformes a la verdadera calidad del producto, expedidos por las autoridades del lugar de origen antes de su embarque con destino a Italia?

¿Puede realizarse una encuesta sobre estos tráficos y sobre el eventual control de los mismos por parte de organizaciones no autorizadas o, incluso, sin carácter jurídico alguno?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-3259/02 y E-3303/02dada por el Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(14 de enero de 2003)

En la Directiva 93/43/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a la higiene de los productos alimenticios(1) se establece que las empresas del sector alimenticio deben garantizar que sólo se comercialicen productos que hayan sido producidos de manera higiénica y no sean peligrosos para la salud. En esta Directiva, aplicable a todos los productos alimenticios de origen vegetal, no se prevé la entrega de certificados de higiene para el intercambio de productos entre Estados miembros, por lo que no está claro a qué certificado se hace referencia, o por qué debe entregarse dicho certificado, habida cuenta de que no es obligatorio con arreglo al Derecho comunitario.

Corresponde a las autoridades competentes de cada Estado miembro, según las disposiciones de la Directiva 89/397/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa al control oficial de los productos alimenticios(2) garantizar que las empresas del sector alimenticio cumplan todas las medidas comunitarias y nacionales aplicables a los productos alimenticios, por medio de inspecciones, tomas de muestras, exámenes de registros escritos y otras actividades. Si, en el curso de los controles, las autoridades competentes determinan que la inobservancia del derecho aplicable a los productos alimenticios puede generar riesgos para la seguridad o salubridad de los mismos, adoptarán las medidas adecuadas, que pueden llegar a la retirada o destrucción del producto en cuestión o el cierre de la empresa, o de parte de la misma, durante un período de tiempo apropiado.

Además, en los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/99/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, sobre medidas adicionales relativas al control oficial de los productos alimenticios(3), se establece un sistema de asistencia administrativa mutua entre los Estados miembros en todos los procesos por infracción del derecho aplicable a los productos alimenticios. Para facilitar esta asistencia administrativa, en cada Estado miembro se designa un órgano de enlace único, encargado de facilitar y coordinar la comunicación y, en particular, la transmisión y recepción de las solicitudes de asistencia.

En el supuesto de que, durante el intercambio de información, resulte evidente que puede haberse dado un caso de incumplimiento del derecho comunitario o nacional, la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio se haya cometido el supuesto incumplimiento deberá informar a su debido tiempo a la autoridad competente del otro Estado miembro de toda actuación que haya podido llevarse a cabo en relación con el supuesto incumplimiento, así como de toda medida adoptada con el fin de impedir que se repita el supuesto incumplimiento.

La asistencia administrativa mutua no excluye en modo alguno la obligación de los Estados miembros de notificar a la Comisión, a través del sistema de alerta rápida establecido con arreglo a las disposiciones del Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo(4), cualquier riesgo directo o indirecto para la salud humana derivado de productos alimenticios.

En relación con el caso en cuestión, la Comisión no ha recibido ninguna notificación a través del sistema de alerta rápida, ni está en posesión de elementos específicos que justifiquen una acción comunitaria más allá de las medidas que podrían adoptarse más adecuadamente a nivel de los Estados miembros.

La Comisión invita a Sus Señorías a que le proporcionen, si disponen de ella, más información sobre el incidente al que se refieren en sus preguntas, lo que permitiría a la Comisión juzgar si es pertinente emprender acciones a nivel comunitario.

(1) DO L 175 de 19.7.1993.

(2) DO L 186 de 30.6.1989.

(3) DO L 290 de 24.11.1993.

(4) Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, DO L 31 de 1.2.2002.