ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 70/257

(2004/C 70 E/278)

PREGUNTA ESCRITA E-3337/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(12 de noviembre de 2003)

Asunto: Protección jurídica de las actividades subacuáticas

Desde hace mucho años el European Diving Technology Committee (EDTC) trabaja en la difusión de las normas de aptitud del personal dedicado a actividades subacuáticas industriales (Certificate Commercial Diving) para simplificar las actuales normativas nacionales de los Estados miembros de la UE. Actualmente, sólo los países del norte de Europa han regulado las actividades subacuáticas como servicio a la industria petrolera, olvidando, sin embargo, las actividades subacuáticas de interés para el sector recreativo y turístico, las cuales constituyen un sector de desarrollo económico importante y en plena expansión. Actualmente, de hecho, no existe un fundamento jurídico que armonice tal sector en toda la UE. Ya en 1994 el EDTC elaboró un documento denominado Goalsetting Principles for Harmonised Diving Standards in Europe, patrocinado por la Dirección General de Trabajo de la Comisión y cuyo objeto es mejorar la normativa europea relativa al trabajo subacuático industrial.

No obstante, no parece que dicho sector se haya incluido en la propuesta de Directiva COM(2002)119 final (1), relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

Sin embargo, uno de los principales objetivos señalados por el Consejo Europeo de Estocolmo de marzo de 2001 es garantizar un mercado de trabajo más flexible, fomentando la movilidad y adoptando los instrumentos jurídicos necesarios, así como eliminando los obstáculos reglamentarios no necesarios para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

1. ¿No considera la Comisión que la falta de armonización en dicho sector viola el principio de libre circulación de personas y servicios?

2. ¿Qué instrumentos piensa adoptar para aproximar las legislaciones vigentes, tal como está previsto en los artículos 40, 47 y 55 del Tratado CE?

3. ¿Cuál es el cuadro general de la situación?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(12 de diciembre de 2003)

El derecho de libre circulación de los trabajadores, el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios son principios fundamentales del Tratado CE. Para que puedan ejercerse estos derechos, se han adoptado varios instrumentos jurídicos a nivel comunitario, con arreglo al artículo 47 del Tratado CE, sobre el reconocimiento de diplomas.

El principal objetivo de estas disposiciones es establecer las condiciones adecuadas para el reconocimiento de las cualificaciones de profesiones reguladas. Por norma general, corresponde a cada Estado miembro determinar si una actividad profesional debe regularse.

Según la información de que dispone la Comisión, la mayoría de los Estados miembros no han regulado la actividad de buzo profesional y, en este sector, la enseñanza y formación no se coordina a nivel de la Unión.

No obstante, si alguien solicita la convalidación de un diploma para ejercer una profesión regulada en el ámbito de las actividades subacuáticas profesionales en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que ha obtenido su cualificación profesional, podrá acogerse a una de las dos Directivas siguientes, en función del nivel de estudios que acredite su diploma: la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (2) (selectivaza o equivalente, + tres años) o la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales (3), aplicable a los diplomas, certificados y otras titulaciones de nivel más bajo que las contempladas en la Directiva 89/48/CEE (sistema general).

Gracias a estas Directivas, los ciudadanos de la Unión tienen derecho a ejercer una profesión regulada concreta en cualquier Estados miembro en las mismas condiciones que los titulares de diplomas del Estado miembro en cuestión. Cuando existan diferencias significativas entre, por un lado, las cualificaciones y la experiencia del solicitante y, por otro, los requisitos del Estado de acogida, éste podrá exigir al solicitante una medida compensatoria en forma de un período de experiencia profesional pertinente, una prueba de aptitud o un período de prácticas supervisado. En particular, cuando la profesión en cuestión no esté regulada en el Estado miembro de procedencia del solicitante, pero sí lo esté en el de acogida, este último deberá permitir que el solicitante que haya ejercido la profesión en otro Estado miembro durante un período suficientemente largo tenga acceso a ella o siga ejerciéndola en las mismas condiciones que sus propios nacionales. No obstante, el Estado miembro de acogida podrá aplicar medidas compensatorias al solicitante cuando, a pesar del período de práctica, se detecten diferencias sustanciales entre sus competencias y las cualificaciones exigidas en dicho Estado (véanse la letra b) del artículo 3 y la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/48/CEE, así como la letra b) del artículo 3 y la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 92/51/CEE).

La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (4), que actualmente se encuentra en la fase de primera lectura en el Parlamento, consolida el mecanismo por el que se garantiza el reconocimiento de cualificaciones profesionales y, al mismo tiempo, lo simplifica y lo clarifica. En este contexto, el artículo 15 de la propuesta ofrece a las asociaciones profesionales la posibilidad de crear plataformas profesionales destinadas a facilitar el proceso de reconocimiento gracias al establecimiento de los criterios que deben cumplir las cualificaciones. Previa adopción de una plataforma por medio de una decisión de la Comisión, los profesionales que cumplan los criterios pertinentes tendrán derecho a que no se les aplique ninguna medida compensatoria.

Este mecanismo, que podría aplicarse también a los buzos profesionales, es por lo tanto muy flexible y parece especialmente adaptado a situaciones relacionadas con profesiones que no estén reguladas en todos los Estados miembros.

(1) DO C 181 E de 30.7.2002, p. 183.

(2) DO L 19 de 24.1.1989.

(3) DO L 209 de 24.7.1992.

(4) DO C 181 de 30.7.2002.