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PREGUNTA ESCRITA P-2142/03

de Adriana Poli Bortone (UEN) a la Comisión

(20 de junio de 2003)

Asunto: Desgraciado accidente en la planta siderúrgica de Ilva en Tarento (Italia)

Hace unos días se produjo un desgraciado accidente en la planta siderúrgica de Ilva en Tarento (Apulia Italia) en el que fallecieron dos jóvenes de tan solo 24 y 27 años. ¿Puede indicar la Comisión si tiene intención de promover la apertura de una investigación sobre las causas de tan luctuoso suceso en esta empresa del Grupo Riva?

¿De qué manera se ha garantizado la seguridad en el lugar de trabajo? ¿Cuáles son las medidas concretas?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(7 de julio de 2003)

La Comisión trabaja para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo mediante el control estricto de la aplicación del Derecho comunitario.

En el caso en cuestión, la protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores queda cubierta mediante la Directiva marco 89/391/CEE(1) y sus directivas particulares.

Los Estados miembros deben transponer las directivas a sus ordenamientos jurídicos, así como asegurar el control y la vigilancia de las disposiciones nacionales mediante la aplicación de las directivas comunitarias en materia de salud y seguridad de los trabajadores en los lugares de trabajo (véase el artículo 4 de la Directiva 89/391/CEE).

Las autoridades italianas competentes en el control y la vigilancia de aquellas disposiciones nacionales que transponen las directivas comunitarias relativas a la salud y la seguridad de los trabajadores en el trabajo deben garantizar la aplicación correcta y efectiva de las mismas.

Por tanto, en el caso que nos ocupa, la responsabilidad de investigar las causas del accidente y de tomar las medidas que procedan como consecuencia de dicha investigación recae en las autoridades nacionales y, en particular, en la Inspección de Trabajo competente en la región de Apulia, que está capacitada para controlar, entre otras cosas, si se aplica la legislación que transpone las directivas comunitarias en cuestión.

En este caso, la Comisión intervendrá únicamente si existen pruebas feacientes de que la legislación comunitaria no se ha transpuesto al ordenamiento jurídico nacional o no se ha aplicado de manera efectiva.

(1) Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. DO L 183 de 29.6.1989.
PREGUNTA ESCRITA E-2039/03

de Joan Vallvé (ELDR) al Consejo

(19 de junio de 2003)

Asunto: Régimen de ayuda a los frutos secos

El problema de los frutos secos, y concretamente el de la avellana, es un grave inconveniente para algunas comarcas de Catalunya.

Teniendo en cuenta que en la Resolución legislativa del Parlamento Europeo (P5_TA-PROV(2003)0256) sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y por el que se instauran regímenes de ayuda a los productores de determinados cultivos, adoptada en Estrasburgo el 5 de junio de 2003, el Parlamento Europeo votó mayoritariamente a favor de la enmienda 133 al informe del diputado Arlindo Cunha (A5-0197/2003), que pedía aumentar la subvención a los frutos de cáscara de 100 a 241,50 euros por hectárea y por año, ¿piensa el Consejo aprobar el plan de reforma de la PAC tomando en consideración la votación del Parlamento Europeo del 5 de junio de 2003?

Respuesta

(7 de octubre de 2003)

En la sesión de junio el Consejo de Agricultura y Pesca alcanzó un acuerdo político sobre las propuestas legislativas relativas a la reforma de la PAC sobre la base de una transacción de la Presidencia que contaba con el apoyo de la Comisión.

En cuanto al sector de los frutos secos, se acordó que se concederá ayuda comunitaria para un área máxima garantizada (AMG) de 800 000 hectáreas. El importe de dicha ayuda será de 120,75 euros por hectárea y año, calculado como media nacional.

Además, los Estados miembros podrán conceder una ayuda nacional máxima de hasta 120,75 euros por hectárea.

De este modo, se dispone de una ayuda total de 241,50 euros por hectárea para la producción subvencionable en este sector, que equivale al nivel de ayuda concedida bajos los planes decenales de mejora (prorrogados por última vez mediante el Reglamente (CE) del Consejo n.o 545/2002), aunque la ayuda está sujeta a varios requisitos y condiciones. En comparación con la propuesta de la Comisión, la transacción establece un nivel total de ayuda superior y una mayor contribución de los fondos comunitarios.

Esta transacción se alcanzó en el contexto de un paquete global que cubre una amplia gama de sectores y cuyo coste presupuestario global está sujeto a los límites impuestos por el Consejo Europeo de Bruselas de octubre de 2002.

El acto legislativo formal se adoptará con el resto del paquete de la reforma una vez se hayan ultimado los textos necesarios.
PREGUNTA ESCRITA E-2423/03

de Kathleen Van Brempt (PSE) a la Comisión

(21 de julio de 2003)

Asunto: Tasa máxima autorizada de alcohol en la sangre durante la conducción

La Comisión ha lanzado una iniciativa para que se conozca también en otros Estados miembros de la UE la campaña belga del BOB (el miembro de la cuadrilla que se queda sin beber). Se trata de una buena iniciativa, pero el problema es la legislación en los diferentes Estados miembros de la UE sobre las tasas máximas de alcohol en la sangre autorizadas por la ley durante la conducción. Estos máximos aún siguen siendo muy diferentes de país en país.

¿Comparte la Comisión el punto de vista de que se necesitan normas europeas al respecto? ¿Tiene la Comisión la intención de lanzar una iniciativa al respecto?

¿Puede armonizar la Comisión las tasas máximas autorizadas de alcohol en la sangre de los automovilistas a escala europea? En caso afirmativo, ¿en qué tasa máxima está pensando la Comisión?

Respuesta de Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(9 de septiembre de 2003)

La Comisión propuso en 1988 una Directiva al efecto de armonizar las tasas de alcoholemia legales para los conductores, que ni el Consejo ni el Parlamento nunca llegaron a adoptar. Por eso, la Comisión adoptó el 17 de enero de 2001 una recomendación sobre la tasa máxima de alcoholemia(1) para los conductores al efecto de que existieran unas orientaciones a escala comunitaria.

La Comisión ya no contempla en este momento armonizar las tasas máximas de alcohol en la sangre autorizadas por los Estados miembros para los conductores.

De hecho, la lucha contra la alcoholemia excesiva de los conductores precisa la contribución de una serie de medidas de las que la tasa máxima autorizada sólo constituye un aspecto.

Así, el Reino Unido, que tiene la tasa máxima autorizada más alta de la Unión, tiene un número relativamente escaso de accidentes en comparación con los demás Estados miembros.

La Comisión remite, pues, a Su Señoría al texto de la recomendación de 17 de enero de 2001 que explica la línea de actuación de la Comisión para luchar contra la grave plaga del alcohol al volante.

(1) Recomendación de la Comisión de 17 de enero de 2001 sobre la tasa máxima de alcoholemia permitida para los conductores de vehículos de motor, DO C 48 de 14.2.2001.
PREGUNTA ESCRITA P-2322/03

de Véronique De Keyser (PSE) al Consejo

(8 de julio de 2003)

Asunto: La moneda de dos euros acuñada en los Países Bajos

La moneda de dos euros acuñada en los Países Bajos lleva impresa en el canto una referencia a un Dios (God zij met ons Dios sea con nosotros). Sin menoscabo de que este hecho figure consignado en el Diario Oficial(1), ¿puede indicar el Consejo de qué Dios se trata (católico, protestante, islámico, israelita, budista, etc.)? En una Europa tan multiconfesional como laica, es importante a mi modo de entender, saber a quién se refiere esta moneda.

(1) DO C 373 de 28.12.2001.

Respuesta

(13 de octubre de 2003)

La inscripción referente a Dios acuñada en el canto de la moneda de dos euros emitida por los Países Bajos tiene su origen en una tradición de este país presente anteriormente en las monedas nacionales que fueron sustituidas por las monedas en euros.

Dicha inscripción se ajusta a la decisión del Consejo de dotar a las monedas en euros de una cara europea uniforme y una cara nacional con objeto de aumentar la aceptación de dichas monedas entre los ciudadanos europeos (véase considerando 10 del Reglamento (CE) n.o 975/98 del Consejo relativo a los valores nominales y las especificaciones técnicas de las monedas en euros destinadas a la circulación).

Por tanto, no le corresponde al Consejo contestar a la pregunta formulada por su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-1634/03

de Carlos Coelho (PPE-DE) al Consejo

(15 de mayo de 2003)

Asunto: Discriminación por razón de nacionalidad

La evolución de nuestra Comunidad Europea ha superado ya la dimensión puramente económica. Actualmente, somos más de 375 millones de personas, que ya no son sólo consumidores en un vasto mercado único, sino también ciudadanos de la Unión Europea que tienen derecho a desplazarse libremente dentro de ésta y a establecerse en cualquier parte de su territorio, ya sea por razones personales o profesionales, y que esperan poder vivir sin miedo de convertirse en blanco de cualquier tipo de discriminación.

Se ha dirigido a mí un ciudadano portugués que, habiendo realizado una carrera internacional al servicio de la Shell Accounting Service, en Glasgow, trabaja y reside ahora en el Reino Unido (Escocia) desde hace aproximadamente dos años. Dicho ciudadano opina que es objeto de discriminación, por razón de la nacionalidad, por parte del banco Halifax (perteneciente al grupo Royal Bank of Scotland), que se negó a hacer el upgrade de su cuenta bancaria, como había solicitado, argumentando que para eso era necesario residir en el país por lo menos durante tres años. Ahora bien, tratándose de un ciudadano europeo, ¿no debe tener los mismos derechos y deberes que un ciudadano natural del Reino Unido?

El artículo 12 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea dice lo siguiente: En el ámbito de aplicación del presente Tratado, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en el mismo, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad. En consecuencia, ¿no ha de considerarse discriminatoria la política seguida por el banco Halifax, ya que va en contra de la esencia de la Unión Europea y constituye una clara violación del principio de no discriminación consagrado en el Tratado?

Respuesta

(2 de octubre de 2003)

El Consejo está de acuerdo con Su Señoría en la importancia de la prohibición de toda discriminación ejercida por razón de nacionalidad, que figura en el artículo 12 del TCE.

No obstante, no corresponde al Consejo pronunciarse sobre los hechos que se recogen en la pregunta.
PREGUNTA ESCRITA E-2239/03

de Mario Borghezio (NI) a la Comisión

(7 de julio de 2003)

Asunto: Peste en Argelia, control de los inmigrantes clandestinos y legales procedentes de las zonas de riesgo

El silencio decretado por las autoridades argelinas sobre los casos de peste en Orán recuerda el error cometido por el Gobierno chino durante los primeros días en que se manifestó el virus del SARS. Lamentablemente, las espantosas condiciones higiénicas y sanitarias en Argelia hacen muy real el riesgo de una epidemia de peste en las puertas de Europa, en una región de la que proceden muchos inmigrantes clandestinos que se dirigen hacia los países de la Unión Europea.

¿Ha examinado la Comisión este problema?

¿No considera que debe alertar a las autoridades competentes sobre este grave peligro para que tomen las necesarias medidas de prevención, también desde el punto de vista sanitario?

¿No considera la Comisión que es urgente crear un pasaporte sanitario para los ciudadanos no comunitarios que de manera legal acuden a la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(31 de julio de 2003)

El 2 de julio de 2003, el Ministerio de Sanidad de Argelia notificó un total de 10 casos de peste a la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los cuales ocho han sido analizados en el laboratorio. Se trata de ocho casos de peste bubónica y dos de peste septicemia, de los que uno ha sido mortal. Otros ocho casos están siendo investigados. La mayoría de los incidentes ha tenido lugar en las cercanías de Orán, en la ciudad de Kehalia, a 400 km en dirección Oeste de Argel. Los pacientes fueron tratados con antibióticos y ya se han tomado medidas de prevención.

La Comisión mandó un comunicado de alerta rápida advirtiendo a los Estados miembros sobre el brote, a través de la red sobre enfermedades transmisibles de la Unión Europea, que vincula las estructuras de vigilancia con las autoridades sanitarias (Decisión no 2119/98/CE(1)). Esta red garantiza un intercambio rápido de información dentro de la Unión Europea y, a su vez, una coordinación de las respuestas. Tanto los países candidatos como los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) toman parte en esta red y existe una estrecha colaboración con la OMS para transmitir mensajes de alerta rápida.

La Comisión considera que la creación de pasaportes sanitarios no mejoraría el control de las enfermedades transmisibles. La peste es una de las tres enfermedades epidémicas sujetas al Reglamento Sanitario Internacional y de declaración obligatoria a la OMS. A su vez, es endémica en muchos países de África, América del Sur y Asia. Existen tratamientos eficaces (mediante antibióticos y terapia complementaria), que permiten la curación de los pacientes de peste diagnosticada a tiempo. Los pasaportes sanitarios no pueden garantizar el nivel requerido de protección sanitaria y podrían, incluso, reflejar una sensación errónea de seguridad.

(1) Decisión no 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de septiembre de 1998 por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad; DO L 268 de 3.10.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-1676/03

de Professor Sir Neil MacCormick (Verts/ALE) a la Comisión

(19 de mayo de 2003)

Asunto: IVA aplicable a las reparaciones en lugares de culto declarados de interés

El Gobierno del Reino Unido ha presentado una propuesta para reducir al 5 % el IVA aplicable a las reparaciones realizadas en los lugares de culto declarados de interés. Teniendo en cuenta la importancia arquitectónica, cultural y ambiental de los edificios religiosos y lo oneroso que resulta su mantenimiento para las congregaciones, ¿prestará la Comisión su apoyo activo a esta propuesta ante el Consejo? ¿Cuándo se espera una decisión acerca de este asunto?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(20 de junio de 2003)

La Comisión no tiene conocimiento de que el Gobierno del Reino Unido tenga previsto presentar una propuesta de aplicación de un tipo reducido de IVA a las obras de reparación de lugares cultuales declarados de interés. En virtud de la normativa comunitaria vigente no es posible aplicar un tipo reducido a estos servicios. No obstante, la Comisión es consciente del problema mencionado por Su Señoría, al cual, por otra parte, ya había aludido en su informe sobre los tipos reducidos adoptados en octubre de 2001(1).

La Comisión se propone presentar, antes del verano de este año, una propuesta de Directiva sobre los tipos reducidos del IVA. El objetivo esencial de esa propuesta será mejorar el funcionamiento del mercado interior, racionalizando el uso de los tipos reducidos por los Estados miembros, para evitar posibles distorsiones de la competencia otorgando a los Estados miembros iguales posibilidades de aplicar los tipos reducidos.

En la preparación de la próxima revisión de los tipos reducidos se estudiará cuidadosamente la oportunidad de ampliar su ámbito de aplicación.

(1) COM(2001) 599 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1201/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(2 de abril de 2003)

Asunto: Utilización de los fondos del programa Deporte para personas con discapacidad por parte del ayuntamiento de Prato

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales y territoriales en particular, como es el caso del municipio de Prato, registran una gran necesidad de fondos europeos para la integración de las personas con discapacidad a través del deporte, se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Ha presentado el ayuntamiento de Prato proyectos en el marco del programa Deporte para personas con discapacidad?

2. ¿Ha obtenido financiación para dichos proyectos?

3. ¿Se han utilizado dichos fondos?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0860/03, E-0885/03, E-1191/03, E-1192/03,E-1193/03, E-1194/03, E-1195/03, E-1196/03, E-1197/03, E-1198/03,E-1199/03, E-1200/03, E-1201/03, E-1202/03 y E-1203/03dada por el Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2003)

La Comisión no duda de la importancia de la inserción de los discapacitados a través del deporte pero no dispone de ningún programa específico en este ámbito.

Por lo que se refiere a la pregunta de si los municipios italianos citados por Su Señoría han recibido cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la Comisión remite a sus respuestas a las preguntas escritas E-0834/03(1), E-1118/03(2), E-1119/03(3) a E-1124/03 y E-1125/03(4).

(1) DO C 280 E de 21.11.2003, p. 96.

(2) Ver página 160.

(3) DO C 268 E de 7.11.2003, p. 172.

(4) DO C 280 E de 21.11.2003, p. 117.
PREGUNTA ESCRITA E-1766/03

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(28 de mayo de 2003)

Asunto: Retrasos en la firma de contratos de cesión en el eje PATHE

El Gobierno griego ha anunciado que la construcción de 8 tramos del eje viario Patras-Atenas-Salónica-Evzoni (PATHE) se asignará mediante contratos de cesión. Muchos de los estudios preparatorios se han financiado a través del 2o marco comunitario de apoyo. Hasta el momento se observa un considerable retraso en la firma de los contratos correspondientes. Por ejemplo, para el tramo Evangelismos-Skotina, de 25 km de longitud, con dos túneles dobles de 11 km de longitud en conjunto, la preselección de los cuatro consorcios que competirán en la fase final se concluyó en septiembre de 2002, pero inmediatamente después las empresas excluidas presentaron reclamaciones. Por el momento, el Ministerio de Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Obras Públicas calcula que el contrato de cesión se firmará finalmente a principios de 2004, con miras a que la obra se concluya para 2008. Un retraso similar se observa en otros tramos del eje PATHE que se prevé asignar mediante contratos de cesión.

¿Puede indicar la Comisión

1. si han surgido impedimentos legales durante la realización del concurso para el tramo Evangelismos-Skotina y, en caso afirmativo, cuáles exactamente, y

2. cuál es el calendario inicial para la asignación de los contratos de cesión de los restantes tramos del eje PATHE y en qué fase se encuentran los procedimientos correspondientes?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(23 de julio de 2003)

La Comisión no tiene conocimiento de que existan impedimentos legales respecto a la licitación para la finalización del eje viario Patras-Atenas-Salónica-Evzoni (PATHE).

Dentro del programa operativo Ejes de carreteras, puertos, desarrollo urbano 2000-2006, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) aportará a este proyecto 125 millones de euros, en relación con el gasto público total de 250 millones de euros. Esperamos que las autoridades griegas concedan los contratos de cesión antes de 2006. Los beneficiarios últimos, en este caso los concesionarios, deben recibir la contribución pública tanto de origen nacional como comunitario antes de 2008.

El abono de la ayuda pública proporcionada a los contratos de cesión PATHE mediante el antes mencionado programa operativo será posible para finales del año 2008.
PREGUNTA ESCRITA E-0745/03

de Jens-Peter Bonde (EDD) a la Comisión

(11 de marzo de 2003)

Asunto: Relación de normas

¿Podría la Comisión presentar una relación de todas las normas consideradas vinculantes en virtud de las directivas y los reglamentos de la UE, indicar el número total de páginas que esto representa y explicar si este número debe añadirse a la totalidad de la reglamentación de la UE, cuyo volumen, según cálculos recientes de la Comisión, asciende a 97 000 páginas?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(28 de marzo de 2003)

Si por el término standards que aparece en el texto en lengua inglesa de esta pregunta escrita, se quiere hacer referencia a las normas técnicas con arreglo a la definición de la Directiva 98/34/CE del Parlamento y el Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas(1), conviene precisar que éstas no son normas vinculantes sino normas voluntarias que no están incluidas, por otra parte, en la producción normativa del legislador comunitario.

Las 97 000 páginas a las que hace mención Su Señoría constituyen el conjunto de las normas jurídicas vinculantes vigentes, por lo que se refiere al Derecho comunitario derivado (reglamentos, directivas y decisiones según lo dispuesto en el artículo 249 del Tratado CE), al término de 2002. En consecuencia, estas normas técnicas no podrían añadirse al conjunto mencionado anteriormente.

Si por el término standards, se quiere hacer referencia a normas jurídicas que adoptan una de las tres formas de actos jurídicos vinculantes previstas en el artículo 249 del Tratado CE, el conjunto de estas normas se incluye en el volumen estimado de 97 000 páginas antes citado.

En ambos casos, las investigaciones necesarias para dar una respuesta precisa a la pregunta de Su Señoría serían desproporcionadas en relación con el resultado deseado, y sobrepasarían el marco de una respuesta a una pregunta escrita.

(1) DO L 204 de 21.7.1998.