PREGUNTA ESCRITA P-0256/99

de Manuel Porto (PPE) a la Comisión

(5 de febrero de 1999)

Asunto: Violación del Derecho de competencia en la coincineración en Portugal

El Gobierno portugués concedió, sin licitación pública, mediante protocolo de mayo de 1987, un monopolio de hecho al consorcio privado SCORECO en lo que respecta al transporte, almacenamiento, coincineración, exportación y depósito final en vertedero de los residuos industriales peligrosos.

Dicha decisión precedió a la publicación de la resolución del Consejo de Ministros de Portugal, de lo que se supone que debe constituir la política en ese ámbito, perjudicando así a otros posibles interesados.

El presidente de la citada empresa es además miembro de la administración de la EGF, empresa de capital público con una presencia dominante en el mercado portugués de residuos y con acceso privilegiado a todos los datos referentes al sector.

A la vista de tales hechos y de otros no menos extraños como, por ejemplo, la solicitud de autorización de instalaciones de coincineración antes de la publicación del decreto-ley que regula tal actividad y a la conclusión del debate público de un estudio del impacto medioambiental, obligatorio según el Derecho comunitario, se plantean cuestiones en cuanto al respeto de la normativa europea sobre la competencia.

1. ¿Son aplicables o no al sector del tratamiento de residuos industriales las disposiciones del Derecho europeo relativo a la competencia?

2. En caso afirmativo, ¿cumplió el Gobierno portugués dicha normativa, concretamente en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades entre todos los posibles interesados en presentar soluciones empresariales para tan grave problema medioambiental?

Respuesta del Comisario Van Miert en nombre de la Comisión

(15 de marzo de 1999)

No debería haber ninguna duda con respecto a la aplicabilidad de las normas comunitarias sobre competencia (artículos 85 a 94 del Tratado CE) en el sector del tratamiento de residuos industriales. Efectivamente, la oferta de los servicios remunerados es, por regla general, una actividad económica conforme a estas disposiciones y las empresas y autoridades públicas deben por lo tanto respetar las normas destinadas a garantizar que la competencia en el mercado común no sea impedida, restringida o falseada.

Estas normas prohiben acuerdos anticompetitivos entre empresas y la explotación abusiva del control del mercado cuando tal acuerdo o comportamiento pueda tener efectos apreciables en el comercio entre Estados miembros. También prohibe que el Estado regule si así fuerza a las empresas a adoptar prácticas anticompetitivas que afectarían al comercio entre Estados miembros o reforzarían los efectos de tales prácticas.

La información contenida en la cuestión de Su Señoría no revela sin embargo la existencia de tales prácticas anticompetitivas por parte del consorcio Scoreco que, según se alega, tendría un monopolio de facto en el tratamiento de los residuos industriales peligrosos portugueses. La información disponible no es suficiente para que la Comisión concluya si efectivamente se ha violado la normativa europea sobre competencia.

La Comisión no tiene conocimiento de dichas irregularidades para la adjudicación del contrato al que se refiere Su Señoría. No es posible apreciar este asunto únicamente sobre la base de la información facilitada por Su Señoría.

La Comisión hará todo lo posible para verificar si la licitación fue hecha de conformidad con el derecho comunitario sobre mercados públicos y también examinará todos los elementos complementarios que Su Señoría tenga a bien comunicarle.