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PREGUNTA ESCRITA E-1349/00

de Jeffrey Titford (EDD) a la Comisión

(4 de mayo de 2000)

Asunto: Adopción obligatoria del sistema métrico decimal para los productos a granel

El 1 de enero de 2000 el Gobierno del Reino Unido aprobó una normativa que pretende prohibir que los comerciantes británicos realicen sus ventas sirviéndose del sistema de pesos y medidas tradicional o imperial (libras, onzas, pies, pulgadas, pintas, galones, etc.).

Aunque el Gobierno británico permitió expresamente a los comerciantes británicos vender sus productos utilizando el sistema británico de pesas y medidas en virtud de la Ley de Pesos y Medidas de 1985, ahora insiste en que debe atenerse a la normativa comunitaria y aplicar una Directiva de 1989 conforme a la cual todas las ventas en el Reino Unido deben efectuarse en unidades métricas.

Según las últimas encuestas de opinión, más del 90 % de los consumidores británicos se oponen rotundamente a efectuar sus compras de productos a granel en kilos, metros y demás unidades del sistema métrico.

En sus publicaciones, la Unión Europea presume con frecuencia de defender la diversidad cultural en Europa.

Hay actualmente en el Reino Unido un amplio movimiento de resistencia al sistema métrico, con decenas de miles de comerciales que plantan cara a la normativa de conversión obligatoria. El motivo de esta resistencia es que la población británica no ve razón alguna para abandonar su sistema tradicional, que tantas ventajas tiene con respecto al sistema métrico.

Se pregunta a la Comisión:

1. ¿Qué procedimientos existen para revocar la Directiva de 1989, o cualquier otra que verse sobre conversión obligatoria al sistema métrico, habida cuenta del deseo manifiesto de la mayoría de la población de mantener el sistema tradicional?

2. ¿Insiste realmente la Unión Europea en que los productos a granel deben venderse todos en unidades métricas, o dispone por el contrario el Gobierno británico de alguna opción, conforme a la Unión Europea, para retrasar la aplicación de estas medidas?

3. ¿Aprueba la Unión Europea la imposición de sanciones penales a los comerciantes británicos que infrinjan la normativa de conversión obligatoria?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(22 de junio de 2000)

1. La modificación de la Directiva 89/617/CEE del Consejo del 27 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Directiva 80/181/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las unidades de medida(1) requeriría una nueva directiva.

2. La Comisión no ha recibido a ninguna representación del Gobierno británico que proponga revocación alguna de la política de conversión al sistema métrico.

3. Los mecanismos de aplicación para asegurar la aplicación de la legislación del Reino Unido que pone en vigor la Directiva son por supuesto de la incumbencia de las autoridades británicas.

(1) DO L 357 de 7.12.1989.
PREGUNTA ESCRITA E-0090/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(26 de enero de 2000)

Asunto: Cuotas lecheras en Galicia

Un alto responsable, portavoz del Comisario de Agricultura y Pesca, el recientemente nombrado Director General de Agricultura, ha manifestado, según recogieron los periódicos gallegos, que Galicia no va a conseguir una ampliación de su cuota lechera y que incluso parece que habría que agradecer su reducida participación en el incremento de 550 000 toneladas asignadas a España para este año y los siguientes. Esto quedó dicho a pesar de conocer, como debe conocer todo responsable de la Comisión, la evidente escasez de la cuota lechera disponible, que impide a Galicia modernizar su agricultura sin provocar una extinción maltusiana de unas explotaciones potencialmente capacitadas para alcanzar un nivel de productividad semejante a la media europea, de manera que podría conseguir una producción no muy diferente de la que tienen países como la Bretaña francesa o Irlanda.

Ante esta situación, ¿puede la Comisión decir qué estrategia de desarrollo rural cabe para una región como Galicia, que se ve privada del incremento de la producción de leche que es la principal y más clara y efectiva de las posibilidades con que puede contar para ello, sin perjuicio de otras vías de diversificación que también está poniendo en práctica?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(28 de febrero de 2000)

El Reglamento sobre el desarrollo rural contiene toda una serie de medidas para fomentar la adaptación y el desarrollo de las zonas rurales. No obstante, no corresponde a la Comisión sino a la autoridad nacional o regional competente para el establecimiento del programa de desarrollo de la región el proponer la estrategia de desarrollo y las medidas para aplicar dicho Reglamento en una perspectiva a medio plazo teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas específicas.

La función de la Comisión es examinar si el análisis efectuado y las medidas propuestas constituyen una respuesta pertinente a las necesidades de reestructuración y reconversión de la región.

En lo que se refiere a las cuotas de producción lechera, remito a Su Señoría a la respuesta dada a su pregunta escrita E-91/00(1).

(1) DO C 330 E de 21.11.2000.
PREGUNTA ESCRITA P-1189/00

de Sebastiano Musumeci (UEN) a la Comisión

(10 de abril de 2000)

Asunto: Sanciones por el uso de productos tóxicos en las naranjas españolas

Considerando que, en respuesta a la pregunta P-0357/98(1) del que suscribe, la Comisión confirmó que la utilización de la colofonia transformada mediante anhídrido maleico y esterificada con pentaeritrita en el sector alimentario era inadmisible;

Teniendo en cuenta que dicha sustancia se emplea en la elaboración y conservación de las naranjas españolas;

Considerando que la Comisión se reservó el derecho de llevar a cabo un análisis detallado, para verificar si habían de aplicarse sanciones por la violación de las normas comunitarias:

1. ¿Puede la Comisión confirmar si, transcurridos dos años, se han recabado las informaciones necesarias para proceder a un examen pormenorizado de un problema tan inquietante?

2. ¿Qué medidas se propone adoptar respecto de los responsables españoles por la reiterada violación de la Directiva 95/2/CE(2) del Parlamento Europeo y del Consejo?

3. ¿Qué iniciativas tiene la intención de promover para que se lleve a cabo un control eficaz de las barreras fitosanitarias a fin de impedir la comercialización de productos tóxicos para el consumidor?

(1) DO C 223 de 17.7.1998, p. 170.

(2) DO L 61 de 18.3.1995, p. 1.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(19 de mayo de 2000)

A raíz de la información que Su Señoría había puesto en conocimiento de la Comisión por medio de su pregunta escrita P-357/98, la Comisión realizó las gestiones oportunas ante las autoridades españolas para obtener todas las precisiones necesarias e incoó un expediente de preinfracción en este contexto.

Las autoridades españolas respondieron que habían autorizado el tratamiento de los cítricos, tras su recogida, con una sustancia que contenía resinas transformadas por medio de anhídrido maleico y esterificadas con pentaeritritol. No obstante, aclararon que consideraban que la sustancia en cuestión estaba cubierta por las disposiciones de la Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fitosanitarios(1).

Tras indicar la Comisión que la práctica en cuestión era contraria a la legislación comunitaria aplicable, y en particular a la Directiva 95/2/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de febrero de 1995, relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes, las autoridades españolas confirmaron recientemente que procederían a retirar las autorizaciones de utilización de las citadas sustancias. Por tanto, la Comisión procederá a archivar el expediente.

De modo general, el control de la aplicación correcta de la mencionada legislación por los agentes económicos entra dentro de la responsabilidad de los Estados miembros.

En caso de incumplimiento de dicha obligación, es competencia de la Comisión decidir la incoación, en su caso, del procedimiento previsto en el artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE.

(1) DO L 230 de 19.8.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-0660/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(9 de marzo de 2000)

Asunto: Las empresas gallegas Bazán y Astano en la fusión de los astilleros públicos españoles

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del Estado Español está estudiando la posible fusión de los astilleros gallegos de las empresas Bazán y Astano, lo que daría lugar a una única empresa de construcción naval civil y militar.

¿Tiene conocimiento la Comisión de este proyecto? ¿Puede indicar si dicha fusión significaría que estos astilleros gallegos podrían volver a construir buques para la marina mercante?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(10 de abril de 2000)

Esta pregunta escrita aborda el mismo tema que la no E-0094/00(1) de Su Señoría. La Comisión remite por lo tanto a Su Señoría a su respuesta a la misma, en la que afirma que ninguna fusión de ninguna empresa estaría en condiciones de reanudar la construcción naval mercantil.

(1) DO C 280 E de 3.10.2000, p. 176.
PREGUNTA ESCRITA E-0423/00

de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) al Consejo

(17 de febrero de 2000)

Asunto: Respeto de los derechos humanos en la política exterior de la Unión Europea

La Conferencia de la Cumbre África-Europa constituirá una oportunidad excepcional para el acercamiento y la comprensión mutua de ambos mundos y el establecimiento de nuevas relaciones de cooperación.

La Unión Europea deberá insistir en la adopción de un orden del día que recoja los principios de la democracia y del respeto de los derechos humanos.

¿Que temas propone el Consejo para el orden del día de la Conferencia de la Cumbre África-Europa? ¿Recoge temas sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres, la protección de menores, así como el respeto de la Convención internacional sobre los Derechos del Niño?

Respuesta

(2 de mayo de 2000)

El Consejo comparte la opinión de Su Señoría según la cual la Cumbre África-Europa, que se celebrará en El Cairo los días 3 y 4 de abril, representará una excelente oportunidad para establecer, en el umbral del nuevo siglo, una colaboración estratégica entre los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados del continente africano, colaboración que se basará en la herencia histórica que nos une y en nuestro interés común de fomentar la paz, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la erradicación de la pobreza.

Los temas que serán objeto de los debates de los Jefes de Estado y de gobierno que participan en la Cumbre han sido aceptados de común acuerdo por la Unión Europea y por sus asociados africanos; se trata de temas relacionados con los ámbitos político, económico y del desarrollo. La Unión Europea concede especial importancia al diálogo político con sus asociados africanos, que incluirá un debate exhaustivo sobre el fomento de la democracia y de los derechos humanos, incluidos los temas a los que hace referencia Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-0701/00

de Francesco Turchi (UEN) a la Comisión

(17 de marzo de 2000)

Asunto: Reglamentación de la información

La Directiva 98/34/CE(1), modificada por la Directiva 98/48/CE(2) del Parlamento y del Consejo, de 20 de julio de 1998, establece un procedimiento de información en lo relativo a las normas y reglamentos técnicos: a partir del 5 de agosto de 1999, los Estados miembros deben comunicar a la Comisión, en la etapa de proyecto, toda nueva norma relativa a los servicios de la sociedad de la información, con objeto de evitar los obstáculos a la libre circulación de los servicios en línea.

Teniendo en cuenta que la adopción de un proyecto de reglamentación nacional sin notificación previa a la Comisión constituiría una violación del derecho comunitario por parte del Estado miembro interesado, independientemente de lo establecido en la legislación nacional, ¿puede hacer saber la Comisión si Italia ha respetado dicho procedimiento en lo relativo a la Ley 4197 B del Senado, denominada par conditio, y en caso negativo, si piensa incoar el procedimiento de infracción contra el Estado miembro de que se trata?

(1) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.

(2) DO L 217 de 5.8.1998, p. 18.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(27 de abril de 2000)

En sus respuestas a las preguntas escritas P-1608/99 del Sr. Tajani(1) y E-1734/99 del Sr. Ferri(2), la Comisión observó que el proyecto de ley italiana sobre información y publicidad político-electorales (llamada ley par condicio) contenía a la sazón disposiciones relativas a servicios de la sociedad de la información.

No obstante, tales disposiciones no figuran ya en el texto definitivo de la Ley no 28 de 22 de febrero de 2000 adoptada por el Parlamento italiano, que sólo regula la comunicación y los mensajes políticos en las cadenas de radiodifusión (véanse sus artículos 2 y 4).

Habida cuenta de que la información y la publicidad político-electorales en línea (por ejemplo en Internet) no se rigen por dicha ley italiana y que la Directiva 98/34/CE (modificada por la Directiva sobre transparencia 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de julio de 1998 por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas)(3), excluye explícitamente los servicios de radiodifusión sonora y audiovisual de su ámbito de aplicación, la aprobación de la ley italiana par condicio no vulnera el procedimiento de notificación que prevé esta Directiva.

(1) DO C 27E de 29.1.2000.

(2) DO C 170E de 20.6.2000.

(3) DO L 217 de 5.8.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-0416/00

de Caroline Jackson (PPE-DE) a la Comisión

(23 de febrero de 2000)

Asunto: Tipo reducido de IVA para los productos recombinantes

¿Puede indicar la Comisión si está dispuesta a formular una propuesta para que se aplique un tipo reducido de IVA a los productos hematológicos recombinantes? En caso de respuesta negativa, ¿por qué motivo?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(6 de abril de 2000)

Por lo que se refiere a los productos derivados de la sangre debe hacerse una distinción entre los distintos tipos de productos en materia de IVA.

Algunos derivados de la sangre o el plasma humanos como la albúmina, factores de coagulación y las inmunoglobulinas, se consideran medicamentos (conforme a la Directiva 89/381/CEE del Consejo de 14 de junio de 1989)(1).

En este caso, conforme a la aplicación combinada de la letra a) del apartado 3 del artículo 1) y del Anexo H, categoría 3 de la sexta Directiva IVA 77/388/CEE(2), estos productos pueden beneficiarse, con carácter facultativo, de la aplicación de un tipo reducido.

Los productos sanguíneos recombinantes (resultantes de la ingeniería genética pero que no se extraen de la sangre humana) son medicamentos ya que están incluidos en la parte A del Anexo del Reglamento (CEE) no 2309/93(3) del Consejo que obliga a la concesión de una autorización de comercialización (AC) según el procedimiento centralizado comunitario. A este respecto, pueden pues beneficiarse también de un tipo reducido de IVA.

En cambio, los productos derivados lábiles de la sangre, como el plasma y las células sanguíneas de origen humano, no se consideran medicamentos. Por lo tanto, se les aplica el tipo normal, mientras que la sangre total se beneficia de una exención del IVA.

Quizá convendría revisar esta anomalía, que consiste en exonerar la sangre total pero en gravar al tipo normal los productos lábiles que emanan de esta sangre. En consecuencia, este expediente está actualmente en estudio por la Comisión, con el fin de comprobar la práctica en los Estados miembros.

Por lo tanto, se tendrá en cuenta esta cuestión en el marco de una próxima revisión del ámbito de aplicación de los tipos reducidos de IVA, y se presentarán propuestas convenientes para un tratamiento IVA más uniforme de las operaciones referentes a los productos sanguíneos.

(1) DO L 181 de 28.6.1989. Directiva de ampliación del ámbito de aplicación de las directivas 65/65/CEE y 75/319/CEE relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a las especialidades farmacéuticas, y previendo disposiciones especiales para los medicamentos derivados de la sangre o el plasma humanos.

(2) DO L 145 de 13.6.1977. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/85/CE (DO L 277 de 28.10.1999).

(3) DO L 214 de 24.8.1993. Reglamento (CEE) no 2309/93 del Consejo, del 22 de julio de 1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y la vigilancia de los medicamentos de uso humano y de uso veterinario y por el que se instituye una Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos. .
PREGUNTA ESCRITA P-0393/00

de Caroline Lucas (Verts/ALE) a la Comisión

(8 de febrero de 2000)

Asunto: Directiva 91/628/CEE del Consejo (modificada por la Directiva 95/29/CE del Consejo, de 29 de junio de 1995), de 19 de noviembre de 1991, sobre la protección de los animales durante el transporte

La Directiva 91/628/CEE del Consejo(1) (modificada por la Directiva 95/29/CE del Consejo(2) sobre la protección de los animales durante el transporte estipula que no se podrán transportar animales vivos en condiciones que les puedan causar sufrimientos y que los Estados miembros están obligados a hacer cumplir debidamente la citada directiva.

De conformidad con el artículo 13 de la Directiva 95/29/CE del Consejo, de 29 de junio de 1995, antes del 31 de diciembre de 1999 la Comisión hubiera debido presentar un informe al Consejo sobre la experiencia adquirida por los Estados miembros desde la aplicación de dicha directiva, junto con las propuestas que pudieran resultar procedentes. ¿Cuándo prevé cumplir la Comisión dicho precepto?

¿Opina la Comisión que las propuestas que acompañen al informe de la Comisión al Consejo deberían abogar por una modificación importante de la política comunitaria en este ámbito, de tal forma que se sustituya el transporte de animales vivos a larga distancia por el de carne?

(1) DO L 340 de 11.12.1991, p. 17.

(2) DO L 148 de 30.6.1995, p. 52.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(3 de marzo de 2000)

Las últimas modificaciones del Tratado CE, que exigen a las instituciones europeas y a los Estados miembros que consideren el bienestar animal como una prioridad cuando conciban medidas en los sectores de la agricultura, los transportes, el mercado único y la investigación, han acrecentado la responsabilidad de la Comisión en materia de protección animal.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13 de la Directiva 91/628/CEE del Consejo, modificada por la Directiva 95/29/CE, de 29 de junio de 1999, sobre la protección de los animales durante el transporte, la Comisión presentará al Consejo en el primer trimestre del año un informe sobre la experiencia adquirida por los Estados miembros en la aplicación de la normativa comunitaria.

La Comisión estima que, si se aplican con rigor todas las disposiciones de la normativa comunitaria, los animales pueden transportarse en condiciones de bienestar satisfactorias. No obstante, es evidente que existen problemas, especialmente en el transporte de larga distancia, tanto en el que se lleva a cabo dentro de la Comunidad como en el de animales importados de otros países europeos. La Comisión examina atentamente los problemas que se producen y los comunica a los Estados miembros.

La Comisión modificará la actual normativa comunitaria atendiendo a los datos relativos a la aplicación de la Directiva sobre protección de los animales durante el transporte que proporcione el informe antes mencionado así como a las nuevas pruebas científicas que se obtengan.
PREGUNTA ESCRITA E-1712/00

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Proyectos del FSE y plazos

El FSE ha financiado un proyecto lanzado en Gloucester, Reino Unido, denominado Childcare for all. Durante la ejecución del proyecto, la responsable de la red Childcare manifestó su preocupación por los plazos tan cortos impuestos por el Fondo Social Europeo y declaró que, en su opinión, estas limitaciones hacían que fuera prácticamente imposible llevar a cabo los trabajos de creación de redes y equipos con los proyectos y organizaciones asociados necesarios para garantizar el éxito del proyecto.

¿Podría indicar la Comisión si va a examinar la posibilidad de permitir que el Fondo Social Europeo continúe proporcionando su ayuda durante un período de tiempo superior al previsto actualmente?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(23 de junio de 2000)

La Comisión y las autoridades nacionales del Reino Unido son conscientes de que la limitada duración de los proyectos cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE) podría haber causado algunos problemas durante el período de programación 1994-1999.

La responsabilidad de establecer reglas detalladas para la aplicación del FSE dentro de un Estado miembro recae en la autoridad que gestiona el programa. Por poner un ejemplo, los documentos de programación adoptados por la Comisión no contienen información sobre la duración de los proyectos; por tanto, la Comisión no puede intervenir al respecto. No obstante, la Comisión ha alentado al Ministerio de Educación y Empleo (DfEE) a perseguir el objetivo de adaptar las prácticas actuales.

El DfEE y las administraciones públicas regionales están preparando en la actualidad medidas específicas de aplicación así como folletos de instrucciones y formularios de candidatura para promotores de proyectos. A lo largo de este proceso, se ha acordado que, por lo que se refiere al FSE en Inglaterra, la duración del proyecto será de dos años como regla general y de tres años en casos excepcionales. Estas medidas deberían contribuir a garantizar que en el futuro los proyectos cofinanciados por el FSE se planifican mejor y se ejecutan de manera más eficaz.
PREGUNTA ESCRITA E-0264/00

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(7 de febrero de 2000)

Asunto: Polución producida por la iluminación

¿Qué está haciendo la Comisión para combatir la polución producida por la iluminación en los alrededores de las grandes ciudades, problema medioambiental que no sólo constituye un obstáculo grave para la labor de los astrónomos sino que también contribuye al calentamiento global debido a las emisiones de dióxido de carbono de los focos de luz de mucha potencia?

Respuesta de la Sra. Wallström En nombre de la Comisión

(7 de marzo de 2000)

Actualmente, la Comisión no está realizando ningún trabajo sobre la contaminación producida por la iluminación en las grandes ciudades de la Comunidad. En la medida en que representa un problema, las soluciones a este tipo de contaminación deben de tener en cuenta otros factores de seguridad. La mejor manera de hacer esto es a nivel local, dadas las circunstancias diversas relacionadas con el principio de subsidariedad.

La Comisión es muy consciente de que el despilfarro y el consumo excesivo de energía para iluminar, incluido el alumbrado público, así como las emisiones asociadas de gases con efecto invernadero que se derivan de la producción y consumo de esta energía procedente de combustibles fósiles puede contribuir al calentamiento mundial. En el marco del programa SAVE, la Comisión ha tomado una serie de iniciativas para fomentar tecnologías de alumbrado con bajo consumo energético y para reducir el consumo de energía en el alumbrado de los edificios. Estas iniciativas oscilan entre normas de rendimiento mínimo de los reactores de alumbrado fluorescente a programas voluntarios como el programa Greenlight, dirigido a animar a los particulares y empresas privadas a instalar tecnologías de iluminación con bajo consumo energético. La Comisión está trabajando en muchas de estas iniciativas en estrecha colaboración con los organismos nacionales de energía, que pueden proporcionar un apoyo técnico adecuado. La industria europea también esta desarrollando tecnologías de alumbrado público que pueden reducir considerablemente el consumo de energía en las instalaciones. Para fomentar estas tecnologías en el mercado, la Comisión ha otorgado recientemente un mandato a los organismos europeos de normalización.