PREGUNTA ESCRITA E-0948/00

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(29 de marzo de 2000)

Asunto: Desmantelamiento y traslado de depósitos de hidrocarburos de Ferrazo fuera de la Ría de Arosa (Galicia, España)

La Ría de Arosa es el espacio natural y productivo más importante del conjunto de las rías gallegas. Con una superficie de 250 kilómetros cuadrados y 75 kilómetros de costa, contiene 9 estuarios y zonas húmedas importantes, así como diversos ecosistemas submarinos. Esta Ría alberga una abundante flora y fauna, y tiene reconocidos tres espacios naturales protegidos que representan una quinta parte de su superficie. Esta privilegiada base natural ha permitido el desarrollo de una importante actividad socioeconómica, centrada en los sectores del mar, la industria y el turismo, que genera un valor de 730 M anuales y 26 000 empleos directos. Estos sectores básicos sostienen a su vez la actividad comercial, de construcción y de servicios en toda la zona costera, y constituyen sectores estratégicos para el futuro desarrollo socioeconómico de la Ría de Arosa y del conjunto de Galicia.

Por su ubicación, los depósitos de hidrocarburos de Ferrazo, en Villagarcía de Arosa, constituyen una actividad incompatible con la salvaguardia de los valores naturales y socioeconómicos de la Ría de Arosa y representan un peligro para la seguridad de los vecinos.

¿Podría intervenir la Comisión ante de las autoridades españolas competentes en caso de que los mencionados depósitos de hidrocarburos sean incompatibles con la Directiva 92/43/CEE(1) del Consejo, sobre la conservación de los hábitats naturales, de la fauna y de la flora silvestres, con la Directiva 85/337/CEE(2) del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y con el Convenio Ramsar sobre protección de zonas húmedas? ¿Podría la Comisión promover el traslado de estos depósitos a otra zona de menor riesgo potencial, fuera de la Ría de Arosa, así como la prohibición del transporte de hidrocarburos en la Ría, tal y como han solicitado varias fuerzas políticas y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa? ¿Podría la Comisión obligar a las autoridades españolas competentes a que faciliten las informaciones solicitadas por la Plataforma en defensa da Ría de Arousa y que les han sido denegadas, en aplicación de la Directiva 90/313/CEE(3) del Consejo, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente?

(1) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

(2) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(3) DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(8 de mayo de 2000)

Por lo que respecta a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, cabe señalar que el artículo 2 dispone que los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, deben someterse a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones antes de concederse la autorización. Esta disposición se aplica a los proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva.

En relación con las instalaciones a que se refiere la presente pregunta escrita, la letra d) del apartado 6 del anexo II recoge las instalaciones de almacenamiento de petróleo y los productos petroquímicos y químicos. Con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del artículo 4, los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas en el anexo II deben someterse a una evaluación cuando el Estado miembro afectado considere que sus características lo exigen.

En cuanto a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, el artículo 6 establece que cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable al citado lugar, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, debe someterse a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del mismo. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones, las autoridades nacionales sólo pueden declararse de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.

En lo relativo a la Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, cabe precisar que, a diferencia de otras directivas, ésta contempla, en su artículo 4, la posibilidad de presentar, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional en la materia, un recurso judicial o administrativo contra la decisión de la autoridad pública por la que se deniega el acceso a la información medioambiental solicitada. La Directiva 90/313/CEE se incorporó al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 38/1995 de 13 de diciembre de 1995, modificada por la Ley 55/1999 de 29 de diciembre de 1999, que introduce las vías nacionales de recurso.

Conviene mencionar que, como consecuencia de las preguntas escritas P-0790/00 de la Sra. Miguélez Ramos(1), E-0804/00 del Sr. Nogueira Román(2) y la presente pregunta escrita, relativas todas ellas al mismo asunto, la Comisión ha abierto de oficio un expediente, registrado con la referencia B-2000/2076. Así pues, la Comisión se ha dirigido a las autoridades españolas para solicitar información relativa a las instalaciones anteriormente mencionadas.

En cualquier caso, en su calidad de guardiana de los tratados, la Comisión adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que se cumple el Derecho comunitario en el asunto objeto de la pregunta.

(1) DO C 374 E de 28.12.2000, p. 155.

(2) DO C 374 E de 28.12.2000, p. 155.