PREGUNTA ESCRITA E-0375/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(13 de febrero de 2003)

Asunto: Cese de producción de la empresa Clarks en Portugal. Fondos comunitarios.

En los medios de comunicación portugueses ha sido noticia destacada el reciente anuncio de la multinacional inglesa C & J Clark relativo al próximo cierre de una fábrica de calzado que posee en Castelo de Paiva, en el norte del país. Este inesperado cierre se saldará con el despido de casi 600 trabajadores y tendrá graves repercusiones para las familias que residen en estos lugares y la población trabajadora de toda la comarca, situada a efectos de los fondos estructurales en una región del Objetivo 1.

Para la instalación de la fábrica y su puesta en funcionamiento en Castelo de Paiva, la empresa recibió en 1988 importantes ayudas nacionales y comunitarios. Según el Ministerio de Economía de Portugal, esta multinacional del calzado firmó en 1989 un contrato de inversión con el Estado portugués por valor de mil millones de escudos (unos cinco millones de euros), después de que C & J Clark recibiera 121 millones de escudos (600 000 euros, aprox.) con cargo al I Marco comunitario de apoyo, a cambio del compromiso de seguir trabajando en Castelo de Paiva al menos hasta el año 2007.

En el año 2001, la misma empresa procedió al cierre de una unidad del mismo tipo en un municipio vecino de Castelo de Paiva, Arouca, a raíz del cual se han quedado sin trabajo 400 trabajadores.

¿Ha tomado la Comisión alguna medida contra C & J Clark por los efectos sociales y económicos sumamente negativos resultantes del cierre de estas plantas, primero en Arouca y ahora en Paiva? ¿Dispone la Comisión de elementos que permitan calificar de fraudulento el procedimiento de gestión de la empresa, que después de beneficiarse de ayudas comunitarias (directa o indirectamente, en exclusiva o en combinación con otras ayudas estatales), cerró estas fábricas antes incluso de haber expirado los plazos que se fijaron en el momento de la concesión de las ayudas o incentivos económicos? Y, si así fuera, ¿no piensa la Comisión que así debería poder procederse en el futuro, como forma de combatir o sancionar prácticas empresariales contrarias no sólo a los intereses sociales y económicos en juego, sino a los propios intereses financieros de la Unión Europea?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0374/03, E-0375/03, E-0377/03 y E-0378/03dada por la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(28 de marzo de 2003)

Por lo que respecta al período cubierto por los marcos comunitarios de apoyo 2000-2006, las normas en vigor relativas a los Fondos Estructurales prevén las medidas siguientes:

- En primer lugar, en las directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional (1998), la Comisión ha previsto disposiciones que obligan a los beneficiarios de

las ayudas a mantener en la región de que se trate, durante un período mínimo de cinco años, todas las inversiones y todos los puestos de trabajo creados. La Comisión considera que el período de cinco años para el mantenimiento de la inversión, establecido en los puntos 4.10 y 4.14 de las directrices, comienza cuando se ha completado la inversión para la que se ha concedido la ayuda, es decir, a partir del momento en el que se utiliza la inversión en la empresa(1).

- En segundo lugar, y en este mismo sentido, el Reglamento general de los Fondos Estructurales (1999) prevé que sólo se garantice la participación de los Fondos en actividades productivas a condición de que no se modifique la localización de estas actividades en un período de cinco años a partir de la decisión de participación(2).

- En tercer lugar, para que pueda cofinanciarse un gran proyecto (es decir, superior a 50 millones de euros) en el marco de un programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, debe solicitarse expresamente a la Comisión, y los Estados miembros deben cumplimentar un cuestionario que incluye una pregunta sobre el riesgo de provocar una deslocalización. La Comisión tiene en cuenta este aspecto a la hora de explicar la decisión sobre el nivel de cofinanciación del FEDER acordada (que puede alcanzar el 35 % en las regiones del Objetivo 1) o, en su caso, los motivos de la denegación.

En cuanto al período cubierto por los MCA de 1994-1999, la norma de los cinco años solamente entró en vigor en 1998, pero ya estaba en vigor desde 1993 el Reglamento (CEE) no 2082/93(3), que prevé en su artículo 24 una reducción o supresión de la ayuda cuando la realización de la acción no la justifique. La Comisión debe verificar este extremo en el marco de la cooperación con el Estado miembro.

En todo caso, por lo que respecta a la posible utilización ilegal de estas ayudas, corresponde en primer lugar al Estado miembro emprender una acción judicial a partir de los acuerdos efectuados con la empresa en el momento de la entrega de la ayuda. Así pues, si la empresa beneficiaria no ha respetado las normas comunitarias en materia de ayudas de estado, es el Estado miembro quien debe conseguir el reembolso de estas ayudas de estado autorizadas a las autoridades que las concedieron. Por otra parte, en caso de que las ayudas sean cofinanciadas por los Fondos Estructurales, el Estado está obligado a devolver la cofinanciación correspondiente al presupuesto comunitario.

(1) Directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/1998/c_074/c_07419980310fr00090031.pdf. Estas directrices se aplican a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, DO C 74 de 10.3.1998. 4.10. Las ayudas a la inversión inicial deberán supeditarse, mediante su forma de desembolso o las condiciones ligadas a su obtención, al mantenimiento de la inversión de que se trate durante un período mínimo de cinco años.

(2) Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999 por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, letra b) del apartado 4 del artículo 30, DO L 161 de 26.6.1999 http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/l_16119990626fr00010042.pdf. 4. Los Estados miembros comprobarán que sólo se garantice la participación de los Fondos en una operación si ésta no sufre ninguna modificación importante durante cinco años a partir de la fecha de la decisión de la autoridad nacional competente o de la autoridad de gestión sobre la contribución de los Fondos: a) que afecte , y b) que resulte, bien de un cambio en la naturaleza del régimen de propiedad de una infraestructura, bien de la interrupción o del cambio de localización de una actividad productiva.

(3) Reglamento (CEE) no 2082/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993, que modifica el Reglamento (CEE) no 4253/88 por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes, DO L 193 de 31.7.1993.