ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/883

(2004/C 78 E/0935)

PREGUNTA ESCRITA E-3935/03

de Bert Doorn (PPE-DE) a la Comisión

(19 de diciembre de 2003)

Asunto: Competencia judicial en asuntos transfronterizos de Derecho civil y mercantil en virtud del Reglamento (CE) no 44/2001

En su informe sobre asuntos de Derecho civil y mercantil (informe Wallis — A5-0253/2003) aprobado por el Pleno el 2 de septiembre, el Parlamento Europeo insistía en que la Comisión evaluara y, en caso de necesidad, modificara el Reglamento (CE) no 44/2001 (1).

Recientemente he tenido conocimiento de nuevo de un problema referente a la aplicación de este Reglamento. Un trabajador procedente de Alemania ejercía su actividad profesional en los Países Bajos en el marco de un contrato laboral neerlandés. El Derecho alemán prevé una rescisión del contrato laboral mediante despido unilateral, pero el Derecho neerlandés no contiene dicha disposición. Al surgir un conflicto laboral, el empresario neerlandés, en virtud del Reglamento (CE) no 44/2001, tuvo que pedir al juez alemán que rescindiera el contrato laboral, algo totalmente desconocido para el juez alemán.

¿Comparte la Comisión el punto de vista del autor de esta pregunta de que la situación antes expuesta conduce a unos procedimientos complicados y a una carga administrativa y financiera innecesaria para las empresas en las regiones fronterizas y sus trabajadores?

¿Tiene la Comisión la intención, conforme a la solicitud del Parlamento Europeo, de tomar medidas para evitar en lo sucesivo este tipo de situaciones no deseadas?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(12 de febrero de 2004)

En su resolución legislativa del 2 de septiembre de 2003 el Parlamento Europeo rechazó la iniciativa del Reino de los Países Bajos y pidió a la Comisión que considerara los problemas que conllevaría, particularmente en las zonas fronterizas, la jurisdicción exclusiva de los tribunales del Estado miembro en que el empleado está domiciliado a efectos de demandas legales interpuestas por la empresa para anular judicialmente un contrato de empleo.

El informe adoptado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sugiere en primer lugar examinar si han surgido problemas y su magnitud, o si es probable que surjan y, en segundo lugar, dependiendo del resultado de este análisis, estudiar las modificaciones de la legislación.

En el marco de su responsabilidad general de supervisar la aplicación y funcionamiento de la legislación adoptada, la Comisión puede considerar ciertamente la cuestión que Su Señoría plantea o cualquier otra dificultad relativa al Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo que le sea comunicada. Por lo que se refiere al problema que nos ocupa, hay que observar que el período relativamente corto desde la entrada en vigor de dicho Reglamento hace un tanto difícil, debido a la falta de jurisprudencia accesible, determinar claramente si y hasta qué punto la disposición jurisdiccional del apartado 1 del artículo 20 ha planteado problemas prácticos en casos como los mencionados en la pregunta escrita. Sin embargo, la base de datos de la Comisión que empezará a funcionar en el 2004 y que facilitará el acceso a las decisiones de los tribunales de los Estados miembros sobre la interpretación del Reglamento será muy valiosa en este aspecto. Además, la Red judicial europea podría ser ciertamente un foro apropiado para ocuparse de este asunto. No obstante hay que tomar nota del hecho de que incluso después haberse planteado el asunto a los Estados miembros, con motivo de la iniciativa de los Países Bajos, ningún otro Estado miembro, incluidos los fronterizos con los Países Bajos, han notificado a la Comisión ninguna dificultad similar ni han apoyado de ningún modo la iniciativa.

Por lo que se refiere al problema sustantivo subyacente, la Comisión confirma que está firmemente comprometida con el principio de protección del empleado como parte más débil y comparte la opinión expresada en el informe por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior de que este principio debe mantenerse. En este contexto debe subrayarse que si pudo establecerse que en casos muy específicos la aplicación del artículo 20 del Reglamento (CE) no 44/2001 no es imprescindible para proteger a la parte más débil en un contrato laboral, varias soluciones serían concebibles, sin necesariamente crear una nueva regla jurisdiccional y ya se mencionan algunas posibilidades específicas en el informe de la susodicha Comisión. Por ejemplo, la sugerencia de requerir el consentimiento del empleado para iniciar un procedimiento en el Estado miembro donde habitualmente trabaja no requeriría ningún cambio del Reglamento ya que esa posibilidad existe de conformidad con el artículo 21. Así pues, si se demuestra que la aplicación del artículo 20 del Reglamento (CE) no 44/2001 crea problemas prácticos en situaciones específicas, todas las posibles opciones tendrán que ser cuidadosamente analizadas, incluida la posibilidad de que puedan abordarse con éxito en el marco del actual Reglamento (CE) no 44/2001, por ejemplo recurriendo a la elección de tribunal de conformidad con el artículo 21.

(1) DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.