PREGUNTA ESCRITA E-3808/00

de Neil MacCormick (Verts/ALE) a la Comisión

(7 de diciembre de 2000)

Asunto: Lectores

En una carta del gabinete del presidente Prodi, de 24 de octubre de 2000, al Sr. David Petrie, presidente de la Asociación de lectores extranjeros en Italia, la Comisión afirma que el estatuto profesional en las universidades italianas sólo puede regularlo la ley italiana. ¿Piensa pues la Comisión que ninguna ley italiana puede ser contraria al Derecho de la Comunidad Europea? ¿No es esto contrario a los principios de supremacía y efecto directo?

¿Puede confirmar la Comisión si la legislación adoptada por Italia o cualquier otro Estado miembro puede quedar sin efecto cuando entra en conflicto con el Tratado u otras disposiciones comunitarias vinculantes? ¿Puede decir la Comisión por qué considera que la Ley italiana no 236/95 es conforme al Derecho de la Unión en lo referente a sus consecuencias para los derechos de los lectores? ¿Constituye el mero hecho de que esta ley se refiere a puestos universitarios que en Italia se consideran empleos públicos un obstáculo al control por parte de la Comunidad?

Por último, ¿puede decir la Comisión que medidas piensa adoptar en respuesta a la Resolución del Parlamento de 27 de octubre de 2000?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(15 de febrero de 2001)

La Comisión está de acuerdo con Su Señoría en que el principio general del Derecho comunitario impone la inaplicabilidad de cualquier disposición legislativa nacional que sea contraria a la legislación europea.

La Comisión no considera que la Ley italiana no 236/1995 constituya en sí misma una violación de la legislación comunitaria, en tanto en cuanto se limita a establecer las condiciones de contratación de los lectores de idiomas y a describir sus principales tareas, al tiempo que remite la regulación de sus condiciones concretas de trabajo al nivel pertinente de negociación colectiva. Además, la Ley confirma los derechos adquiridos de los lectores que desempeñaban su labor antes de su entrada en vigor.

Así pues, la Comisión considera que este régimen jurídico no supone discriminación alguna en relación con los ciudadanos italianos y que es conforme con las normas jurídicas italianas que rigen la modificación o la adaptación del estatuto jurídico de cualquier otra categoría profesional que trabaje para el Estado italiano.

No obstante, a la vista del gran número de denuncias presentadas por ciudadanos comunitarios y de la información recabada al efecto, la Comisión dispone de pruebas suficientes que demuestran que la aplicación de este régimen jurídico en varias universidades estatales no respeta plenamente los derechos adquiridos de los lectores, a pesar de lo dispuesto en la Ley no 236/1995.

Así, al tiempo que reconoce que la organización del personal docente y no docente en las universidades italianas no es asunto de su competencia, la Comisión estima que la insuficiente tutela de los derechos adquiridos de los antiguos lectores, en su mayoría ciudadanos comunitarios que no tienen nacionalidad italiana, podría constituir una violación del Derecho comunitario.

En este contexto y a la vista de la Resolución del Parlamento de 27 de octubre de 2000 sobre los lettori, la Comisión desea confirmar que ha incoado ante el Tribunal de Justicia un procedimiento por incumplimiento contra Italia. Dicho procedimiento se basa en la insuficiente tutela de los derechos adquiridos de los lectores resultante de las prácticas adoptadas por algunas universidades estatales italianas al aplicar la Ley no 236/1995.

Con este procedimiento, la Comisión trata, dentro de su ámbito de competencia, de restablecer un equilibrio jurídico apropiado entre la competencia legítima del Estado italiano y el deber esencial de la Comisión de proteger los derechos de los ciudadanos europeos.