PREGUNTA ESCRITA E-0455/02

de Luis Berenguer Fuster (PSE)y Fernando Pérez Royo (PSE) a la Comisión

(22 de febrero de 2002)

Asunto: Fiscalidad y mercado de hidrocarburos

La Ley española 24/2001, de 27 de diciembre de 2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE de 31 de diciembre de 2001) contiene entre sus medidas la creación de un nuevo impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos en España con efectos a partir del pasado día 1 de enero de 2002.

Entre las disposiciones que rigen este nuevo impuesto se encuentra, como más relevante, la afectación (en su totalidad) de los rendimientos que de él se deriven a la financiación de gastos de naturaleza sanitaria orientados por criterios objetivos fijados en el ámbito nacional. No obstante lo anterior, la parte de los recursos derivados de los tipos de gravamen autonómicos podrá dedicarse a financiar actuaciones medioambientales que también deberán orientarse por idéntico tipo de criterios. El tipo de gravamen aplicable se formará mediante la suma de los tipos estatal y autonómico.

Considerando la actual existencia de imposición especial sobre hidrocarburos en un nivel suficiente y adecuado en España, y de acuerdo con las políticas fiscales tendentes a la armonización del nivel de dicha imposición especial en la Unión Europea al objeto de evitar distorsiones en los intercambios que pudieran tener su origen en las referidas diferencias fiscales.

Considerando la naturaleza de los impuestos especiales como aquella que pretende la igualación entre costes privados y públicos diferentes debido a las consecuencias del uso o consumo de los bienes objeto de dicha imposición, hasta el punto de que podría hablarse de una existencia justificada por razones de carácter socioeconómico en pro de la persecución de fines socialmente deseables.

Considerando que la combinación de los elementos antes referidos, la cercanía de este impuesto en lo esencial al régimen de imposición indirecta vía impuesto sobre el valor añadido y la ambigüedad sobre el régimen de afectación de los recursos derivados de este nuevo impuesto, a lo que se añade la peculiaridad legislativa empleada en su aprobación.

1. De acuerdo con las necesidades y objetivos de armonización fiscal comunitaria, ¿considera la Comisión que el Gobierno español está facultado para crear un nuevo impuesto sobre un hecho imponible ya gravado y sujeto a normas de armonización?

2. Si lo estuviera, ¿puede asignarse una finalidad específica o afectación a los recursos derivados de dicho nuevo impuesto?

3. Si pudiera atribuirse un fin o afectación específicos, ¿podría éste no estar relacionado con la naturaleza propia de la existencia de los impuestos especiales tal y como antes se definía?

4. En caso de que la respuesta a las tres primeras cuestiones fuera afirmativa, ¿puede el Gobierno español llevar a cabo esta novación impositiva sin (i) solicitar la autorización a las autoridades comunitarias y/o (ii) sin informar a éstas en el marco de políticas progresivamente integradas y tendentes a la armonización de tipos de gravamen?

5. En caso de que la respuesta a la cuarta pregunta fuera negativa, ¿qué medidas ex ante hubiera debido adoptar el Gobierno español a satisfacción de las autoridades comunitarias? ¿Qué acciones va a solicitar la Comisión al Gobierno español en esta materia?

6. En caso de que la respuesta a la cuarta pregunta fuera positiva, ¿en qué medida y sentido considera la Comisión que este hecho puede afectar a los intercambios comunitarios o a las políticas de progresiva armonización?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(9 de abril de 2002)

Conforme al artículo 33 de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme(1), en lo sucesivo denominada la Sexta Directiva, las disposiciones de la presente Directiva no se oponen al mantenimiento o al establecimiento por los Estados miembros de impuestos sobre consumos específicos, de derechos de registro y, en términos generales, de cualquier impuesto, derecho o tasa que no tenga carácter de impuesto sobre el volumen de negocios. Como ha mantenido el Tribunal de justicia repetidamente (el caso más reciente lo constituye la sentencia en el Asunto C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien contra Abgabenberufungskommission Wien and Wein & Co. HandelsgesmbH contra Oberösterreichische Landesregierung), el artículo 33 de la Sexta Directiva no excluye el mantenimiento o el establecimiento de un impuesto, siempre que no tenga ninguna de las características esenciales del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Además, el artículo 33 de la Sexta Directiva exige que dichos impuestos, derechos o tasas no den lugar, en el comercio entre Estados miembros, a formalidades relativas al cruce de fronteras.

Según el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 92/12/CEE del Consejo de 25 de febrero de 1992 relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales(2), los productos enumerados en el apartado 1 de dicho artículo (entre los que se encuentran los hidrocarburos, definidos en las Directivas correspondientes) podrán estar gravados por otros impuestos indirectos distintos de los impuestos especiales, a condición de que tales impuestos persigan una o varias finalidades específicas según se definen en dicha disposición y respeten las normas impositivas aplicables en relación con los impuestos especiales o el IVA para la determinación de la base imponible, la liquidación, el devengo y el control del impuesto.

Como ha indicado el Tribunal de Justicia en el Asunto C-437/97 anteriormente mencionado, el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 92/12/CEE no exige que los Estados miembros respeten todas las normas aplicables a efectos de impuestos especiales o del IVA para la determinación de la base imponible, la liquidación, el devengo y el control del impuesto. Bastará con que los impuestos indirectos que persiguen objetivos específicos concuerden, en estos puntos, con el régimen general de una o varias de estas técnicas de tributación (impuestos especiales o IVA), estructuradas por la legislación comunitaria.

En su sentencia sobre el Asunto C-434/97, la Comisión contra Francia, el Tribunal de Justicia subrayó que por una finalidad específica se entenderá una finalidad que no sea meramente presupuestaria.

Por último, conforme al apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 92/12/CEE, los Estados miembros conservarán la facultad de introducir o mantener gravámenes sobre otros productos que no sean los enunciados en el apartado 1 del artículo 3, siempre y cuando dichos gravámenes no den lugar, en el comercio entre Estados miembros, a formalidades relativas al cruce de fronteras.

La aplicabilidad del apartado 2 del artículo 3 o del apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 92/12/CEE depende del alcance de la pertinente legislación española.

Es intención de la Comisión recabar, mediante el envío de una carta a las autoridades españolas, pormenores de la legislación española en la materia. A la luz de la respuesta que remita el Gobierno español, se analizará la compatibilidad de esta ley con la ley española.

(1) DO L 145 de 13.6.1977.

(2) DO L 76 de 23.3.1992.