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PREGUNTA ESCRITA E-1113/00

de Lord Inglewood (PPE-DE) a la Comisión

(11 de abril de 2000)

Asunto: Ámbito de aplicación de la ley británica del IVA de 1994

¿Tiene alguna objeción que formular la Comisión Europea a que el artículo 33 de la ley británica del IVA de 1994 se amplíe a los museos y galerías dependientes de los fondos públicos y cuyos patronatos son designados por el Gobierno del Reino Unido?

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(19 de mayo de 2000)

La sección 33 de la ley británica sobre el IVA de 1994 introdujo un sistema de devolución por el que el IVA recaudado, para el cual la recuperación no es posible bajo el procedimiento normal, se devuelva a determinadas autoridades locales y departamentos gubernamentales. Este sistema de devolución es una operación financiera entre diversos organismos públicos que no plantea conflicto con el sistema común europeo del IVA y que puede considerarse como un tipo de subvención concedida a ciertas autoridades locales y departamentos gubernamentales. La cuestión sobre cuáles de estos organismos puedes incluirse en la sección 33 es una cuestión puramente nacional que debe ser determinada por las autoridades británicas.
PREGUNTA ESCRITA E-1088/00

de Antonio Tajani (PPE-DE) a la Comisión

(7 de abril de 2000)

Asunto: Proceso contra trece judíos iraníes por parte de las autoridades del Irán

Las autoridades iraníes han comunicado que el próximo 13 de abril se iniciará el proceso contra trece ciudadanos iraníes de origen judío, procedentes de la ciudad de Shiraz y acusados de espiar en favor del régimen sionista y de los Estados Unidos, así como de comportamiento arrogante.

Israel y los Estados Unidos han desmentido categóricamente cualquier relación con los detenidos. A pesar de ello y sobre la base de otros casos similares ocurridos en el pasado, hay grandes posibilidades de que el Tribunal de Teherán emita un veredicto favorable a la pena capital.

¿Qué iniciativas tiene intención de adoptar la Comisión Europea para que se respeten los derechos humanos fundamentales y se garantice un desarrollo correcto del proceso, habida cuenta de que las condiciones tanto de la detención de los acusados como del desarrollo del proceso no reflejan las normas mínimas necesarias para garantizar que se administrará justicia?

¿Puede intervenir la Comisión ante el Gobierno de Teherán para que se autorice la presencia de observadores de la Comisión, del Parlamento o de ambos, para verificar que se respetan y aplican de manera efectiva las garantías de defensa y que el proceso se desarrolla de acuerdo con criterios de equidad y justicia?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1088/00, E-1209/00 y E-1251/00 dada por el Sr. Patten en nombre de la Comisión

(24 de mayo de 2000)

La Comisión sigue con atención la cuestión de los derechos humanos en Irán. En el marco general del diálogo entre la Unión Europea e Irán, las cuestiones relativas a los problemas de derechos humanos ocupan un lugar importante y la Unión siempre las aborda.

Por lo que se refiere a los 13 judíos y los 8 musulmanes iraníes detenidos en Shiraz y acusados de espionaje, la Unión y los Estados miembros de manera individual realizaron gestiones en varias ocasiones a lo largo del año pasado. Los representantes iraníes han asegurado que los detenidos tendrán un juicio justo y público, y las autoridades iraníes son, sin duda, conscientes de la fuerte reacción internacional que provocaría un resultado negativo del proceso. Tres de los judíos detenidos han sido liberados recientemente bajo fianza.

La Unión ha tratado en repetidas ocasiones con las autoridades iraníes de la importancia de que se garantice un juicio justo y público, incluido el aspecto de la representación legal de los detenidos. Es deplorable que anteriores promesas de juicio público no se hayan mantenido.

Mientras el régimen iraní siga mostrándose sensible a la presión internacional, se debería evitar dar la impresión de interferencia extranjera, que podría perjudicar la causa de los detenidos. Así pues, es evidente que el resultado del proceso y la evaluación internacional con respecto a su desarrollo será un factor determinante de las perspectivas de mejorar las relaciones con Irán.
PREGUNTA ESCRITA E-2441/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(19 de julio de 2000)

Asunto: Posible incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres

El Estado Español propuso la inclusión de la zona de la playa de As Catedrais, situada entre los concejos de Barreiro y Ribadeo (Galicia), en la Red Europea Natura 2000, por lo que se va a crear un espacio natural bajo un régimen de protección general.

Desde este punto de vista, parece lógico que se adopte una actitud de prevención para evitar la instalación de establecimientos que, por su carácter, puedan resultar contradictorios con el destino ambiental de la playa y de su medio ambiente circundante.

En este sentido, se tiene conocimiento de que el Servicio de Calidad Ambiental de la Xunta de Galicia no ha emitido el dictamen previsto para la concesión de una licencia de apertura de un bar-restaurante solicitada en marzo de 1999.

¿Tiene conocimiento la Comisión de esta actitud del Gobierno gallego? ¿Tiene intención de proceder a las investigaciones necesarias y adoptar medidas contra este incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE(1) del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres?

(1) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(7 de septiembre de 2000)

La Comisión no está al tanto del caso mencionado por Su Señoría. Las autoridades nacionales son las encargadas de conceder la licencia de apertura de un bar-restaurante en una zona propuesta por la Red Europea Natura 2000.

Sólo con la escasa información aportada por Su Señoría, la Comisión no está en condiciones de determinar si dicho proyecto afectará a la zona de forma considerable. Ésta es la única circunstancia que podría llevar a la aplicación de las disposiciones de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
PREGUNTA ESCRITA E-2409/00

de John Cushnahan (PPE-DE) a la Comisión

(18 de julio de 2000)

Asunto: Americans with Disabilities Act (Ley de personas discapacitadas en Estados Unidos)

¿Sabe la Comisión que en los Estados Unidos, en virtud de la Americans with Disabilities Act, los jueces deben tener en cuenta la discapacidad de una persona a la hora de dictar sentencia? ¿Cuenta alguno de los Estados miembros con una disposición jurídica similar? ¿Estaría dispuesta la Comisión a presentar una propuesta para alentar a todos los Estados miembros a incorporar a sus legislaciones una medida similar a la contemplada en la Americans with Disabilities Act?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(25 de septiembre de 2000)

A la Comisión no le consta la existencia de disposiciones específicas, vigentes en Estados Unidos, por las que se impone a los jueces determinadas obligaciones respecto a las personas con discapacidad. Asimismo, desconoce si existen medidas similares en los Estados miembros. La Comisión no tiene intención de presentar propuestas en este sentido.
PREGUNTA ESCRITA E-2105/00

de Struan Stevenson (PPE-DE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Cetáceos amenazados por arrastreros franceses y españoles

¿Es consciente la Comisión de la grave amenaza que suponen para los cetáceos los arrastreros franceses y españoles? Visto que la Comisión considera que una pesquerías sostenibles figuran entre las cuestiones clave de la política pesquera común, ¿no debería intentar proteger los mamíferos marinos de la misma manera que las especies de pescado capturado para el consumo humano? ¿Va a proponer la Comisión el rápido lanzamiento de una iniciativa a tales efectos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(24 de julio de 2000)

La Comisión tiene constancia de que este año han aparecido varados 350 delfines en el golfo de Vizcaya y, con anterioridad, una cantidad inferior en la costa sudoccidental de Inglaterra. La Comisión es también consciente de que los medios de comunicación han señalado que estos sucesos se deben al uso de redes de arrastre pelágico en buques españoles y franceses.

A este respecto, cabe señalar que la legislación nacional española prohíbe el uso de este tipo de redes.

La Comisión considera que resulta necesario encontrar los medios que aseguren un adecuado nivel de protección para los cetáceos.

En el Consejo celebrado el 16 de junio de 2000, la Comisión manifestó su profunda preocupación respecto a ésta y a otras cuestiones similares. Con el objeto de realizar un seguimiento de esta cuestión, la Comisión se pondrá en contacto próximamente con los Estados miembros para informarse de las medidas que se han adoptado o se pretende adoptar en el plano nacional. Además, el Comisario responsable de Pesca manifestó su intención de dar prioridad a una investigación más exhaustiva y de meditar sobre las medidas que se deban adoptar a corto plazo.
PREGUNTA ESCRITA E-1719/00

de Raffaele Costa (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE), Stefano Zappalà (PPE-DE), Mario Mantovani (PPE-DE), Vittorio Sgarbi (PPE-DE), Luigi Cesaro (PPE-DE), Amalia Sartori (PPE-DE), Renato Brunetta (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE), Giuseppe Gargani (PPE-DE), Francesco Musotto (PPE-DE), Guido Viceconte (PPE-DE), Giorgio Lisi (PPE-DE), Mario Mauro (PPE-DE), Giuseppe Nisticò (PPE-DE), Marcello Dell'Utri (PPE-DE), Guido Podestà (PPE-DE), Raffaele Fitto (PPE-DE), Umberto Scapagnini (PPE-DE), Pier Casini (PPE-DE) y Raffaele Lombardo (PPE-DE) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: La crisis del euro

La innegable crisis que está atravesando el euro ha creado y sigue creando una seria preocupación en todos los países que han adoptado la moneda única y, en general, en toda la Unión Europea.

¿Puede informar adecuadamente la Comisión con carácter urgente al Parlamento Europeo y de manera más general a los ciudadanos europeos de las medidas que se han adoptado o que se adoptarán para evitar que se prolongue una situación que todos esperamos que tenga carácter transitorio, pero que persiste desde hace ya muchos meses?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(11 de julio de 2000)

Aunque buena parte de la depreciación del euro desde su introducción puede ser explicada por un valor inicial relativamente alto (tras una apreciación sustancial en 1998) y por la evolución cíclica relativa en la zona del euro y en las otras grandes zonas del mundo, la mayor parte de los observadores coincide en que el actual nivel, de unos 0,90 dólares por euro, no refleja las condiciones económicas y está muy por debajo de la mayor parte de los cálculos de un valor duradero de equilibrio.

Una oscilación de similar amplitud en los tipos de cambio de las principales monedas mundiales no es en absoluto inusual en el sistema de libre flotación actual. En circunstancias normales estos movimientos del tipo de cambio cumplen un papel estabilizador pero a veces, sin embargo, los tipos de cambio abandonan temporalmente los principios básicos de la economía. Como los índices de crecimiento económico en los Estados Unidos yen la zona del euro convergen, puede esperarse que cada vez más el tipo de cambio refleje estos principios básicos, de modo que el euro subirá hasta su índice de equilibrio sin necesidad de una respuesta política.

El Banco Central Europeo (BCE) y el grupo Euro-11 han declarado claramente que el euro tiene un potencial fuerte de apreciación. Aunque tal apoyo verbal ha tenido hasta ahora sólo un efecto limitado, debe subrayarse que el BCE, en completo cumplimiento de su mandato derivado del Tratado CE, sólo puede inmiscuirse en el nivel del tipo de cambio en la medida en que éste tenga un impacto en la inflación.
PREGUNTA ESCRITA E-1761/00

de Daniela Raschhofer (NI) a la Comisión

(31 de mayo de 2000)

Asunto: Elecciones en Grecia / viaje para participar en las mismas

El domingo 9 de abril de 2000 se celebraron elecciones en Grecia. Puesto que los ciudadanos griegos residentes en el extranjero no tienen la posibilidad de votar por correo, la Olympic Airways lanzó una oferta consistente en la venta de billetes de avión a precios muy reducidos, para permitir que el mayor número posible de ciudadanos griegos pudiese participar en las elecciones.

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de este asunto?

2. ¿Puede señalar la Comisión si esta oferta sólo era válida para los ciudadanos griegos o si cualquier ciudadano de la Unión podía comprar dichos billetes de avión a precios reducidos?

3. ¿Puede informar la Comisión sobre quién ha pagado, en su caso, la diferencia entre la tarifa reducida y la tarifa regular, y a cuánto asciende dicho importe?

4. ¿A qué itinerarios se aplicó dicha oferta?

5. ¿Considera la Comisión que lo mencionado supone una distorsión de la competencia?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(18 de julio de 2000)

De acuerdo con el Reglamento (CEE) no 2409/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre tarifas y fletes de los servicios aéreos(1), las compañías aéreas pueden fijar libremente sus tarifas aéreas. Dado que los ciudadanos griegos que viven en el extranjero tienen que desplazarse hasta Grecia para votar, la Comisión entiende, según la información de que dispone, que se trataba de un acuerdo sobre vuelos charter entre la compañía aérea y los partidos políticos.

Con el fin de determinar si esta práctica es contraria a las disposiciones de la ley comunitaria, la Comisión está examinando las circunstancias de este acuerdo sobre vuelos charter. Así, ha escrito tanto al gobierno griego como a la compañía aérea Olympic Airways para determinar si el acuerdo era apropiado, considerando que otras compañías aéreas realizan vuelos a los mismos destinos en Grecia.

(1) DO L 240 de 24.8.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-1348/00

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(4 de mayo de 2000)

Asunto: Reforma institucional

En el informe sobre la reforma de la Comisión Europea se da un importante primer paso a la hora de abordar los problemas de incompetencia y corrupción dentro de una minoría del personal

de la Comisión. El autor de la pregunta felicita a la Comisión por haber tenido la valentía de hacer frente a los poderosos sindicatos de funcionarios. No obstante, ¿no sería una buena idea que la cúpula de la estructura de la Comisión (es decir, los propios Comisarios) ofreciese un buen ejemplo a su personal y asumiese los mismos estrictos objetivos en materia de rendimiento que sus empleados y que cada uno de sus miembros se sometiese a una evaluación anual?

¿Qué opina la Comisión de la propuesta del autor de la pregunta consistente en que cada Comisario fije una cita anual con el Parlamento para proceder a un análisis a dos bandas, exhaustivo y abierto, de sus resultados personales y de los resultados obtenidos por su DG?

¿Podría indicar la Comisión si, en aras de la equidad, los Comisarios tienen previsto aceptar que se les apliquen los mismos procedimientos disciplinarios que al personal bajo sus órdenes, con lo que, en los casos más extremos, a los Comisarios con pobres resultados se les podría destinar a otro puesto, como en el caso del personal bajo sus órdenes?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(26 de junio de 2000)

La calificación del personal tiene como fundamento jurídico el artículo 43 del Estatuto de los funcionarios, que recomienda que éstos sean objeto de un informe periódico al menos cada dos años y sólo es aplicable a los funcionarios y otros agentes de las Comunidades, salvo a los de los grados A1 y A2. En el caso de estos últimos, el Libro Blanco sobre la reforma administrativa de la Comisión publicado en marzo propone la introducción de un sistema de evaluación independiente (COM(2000) 200, Capítulo IV.2, página 11).

A diferencia de los funcionarios a los que se aplica el artículo 43, los miembros de la Comisión asumen una responsabilidad política, establecida en el Tratado, que no entra en el ámbito de aplicación del Estatuto de los funcionarios.

Los Comisarios asisten a las reuniones de las comisiones parlamentarias de forma periódica, con una frecuencia mucho mayor que una vez al año, a fin de debatir y dar cuentas de los objetivos y resultados de las actividades desarrolladas en el sector del que asumen la responsabilidad política.

Como Vd. sabe, se están celebrando negociaciones sobre un nuevo acuerdo interinstitucional relativo a las relaciones mutuas y, por otro lado, la cuestión de las relaciones políticas entre el Parlamento y la Comisión se integrará en el futuro en un marco aprobado de común acuerdo.

El artículo 160 (antiguo artículo 130c) del Tratado CE establece el cese de todo miembro de la Comisión que deje de reunir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o haya cometido una falta grave. Además, cada uno de los miembros de la Comisión actual se ha comprometido con el Presidente a dimitir en caso de que éste lo solicite.
PREGUNTA ESCRITA E-2258/00

de Lord Inglewood (PPE-DE) a la Comisión

(7 de julio de 2000)

Asunto: Revisión del artículo 296

Considerando el apartado 23 de la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 15 de junio de 2000 (Informe Lalumière), ¿tiene la Comisión la intención de proponer ahora a la CIG que se revise el artículo 296 del Tratado de Niza y se flexibilice para crear las condiciones necesarias para un mercado único del material de defensa?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(4 de agosto de 2000)

El artículo 296 (antiguo artículo 223) del Tratado CE, que autoriza a los Estados miembros a eximir a sus respectivas industrias de defensa del derecho común de la competencia, se considera cada vez más un obstáculo al desarrollo de una industria europea de defensa. El dispositivo de excepciones nacionales previsto en dicho artículo, justificado en una época en la que no existía una perspectiva europea de defensa, en la actualidad puede resultar a veces ineficaz.

El Tribunal de Justicia tiende a interpretar dicho artículo de forma cada vez más restrictiva, concretamente en su sentencia de 16 de septiembre de 1999 (C414/97, Comisión contra España). El derecho común del Tratado se aplica normalmente a los productos contemplados en dicho artículo y el Estado miembro que solicita una excepción debe presentar pruebas que la justifiquen.

Aun cuando su lectura sea la misma que la del Tribunal de Justicia, la Comisión es plenamente consciente de lo que está en juego y de los debates suscitados por el citado artículo. Por ese motivo, la Comisión está estudiando actualmente la oportunidad de una posible propuesta de modificación del mismo en el ámbito de una futura conferencia intergurbernamental (CIG). La Comisión está estudiando también la posibilidad de proponer una especie de código de conducta para una lectura y prácticas armonizadas del citado artículo 296 del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-1688/00

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: La curvatura de los pepinos de clase 2

En verano de 1997 se produjo un incidente en Suecia entre un agricultor que cultivaba pepinos y un inspector de Agricultura. El inspector opinó que los pepinos tenían muy poca curvatura y que, para ponerlos a la venta calificándolos de clase 2, la curvatura debía ser de 2 cm. El agricultor afirmó que, para mayor seguridad, calificaría los pepinos en cuestión de clase 1 y aceptó que los de clase 2 deben tener una curvatura de 2 cm. Mientras tanto los pepinos se pudrieron. Habida cuenta de ello, ¿qué opina la Comisión sobre la curvatura que deben tener los pepinos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(20 de julio de 2000)

Hasta el momento la Comisión no había tenido conocimiento del caso descrito por Su Señoría y sugiere que interrogue al respecto a los servicios suecos de control competentes en la materia.

Por otro lado, la Comisión debe subrayar que la norma comunitaria para los pepinos, establecida por el Reglamento (CEE) no 1677/88 de la Comisión, de 15 de junio de 1988, por el que se fijan las normas de calidad para los pepinos(1) y basada en las normas internacionales reconocidas, no establece normas de curvatura mínima o máxima para los pepinos de categoría II. En esta categoría, pueden comercializarse todo tipo de pepinos, independientemente de su forma rectilínea o curva.

(1) DO L 150 de 16.6.1988.
PREGUNTA ESCRITA E-1478/00

de Karin Riis-Jørgensen (ELDR) a la Comisión

(11 de mayo de 2000)

Asunto: Matriculación de vehículos de empresa

Según el comunicado de prensa de la Comisión de 31 de marzo de 1998, la Comisión incoó un procedimiento por incumplimiento contra Dinamarca en relación con, entre otras cosas, la práctica danesa aplicable a la utilización, por parte de trabajadores residentes en Dinamarca, de vehículos de empresa matriculados en otro Estado miembro.

¿Puede indicar la Comisión qué medidas ha adoptado desde la publicación del comunicado de prensa, y qué medidas piensa adoptar con respecto a Dinamarca, ya que este país al parecer sigue aplicando un procedimiento que contraviene, entre otros, la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Ledoux, asunto C-127/86, cfr. más recientemente el segundo asunto Ryborg, notificado a la Comisión en noviembre de 1999, cfr. el documento de la Comisión D(99) EMPL/D/4-45329?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(5 de julio de 2000)

La Comisión puede comunicar a Su Señoría que, tras su dictamen motivado de 18 de mayo de 1998, las autoridades danesas modificaron la normativa nacional pertinente. En concreto, la Ley sobre el impuesto de matriculación de vehículos fue modificada por la Ley no 385 de 2 de mayo de 1999, y también se ha modificado el decreto del Ministerio de Transportes sobre la matriculación y la inspección de vehículos.

Aunque las nuevas normativas permiten la utilización de los vehículos de empresa en Dinamarca por trabajadores transfronterizos en determinadas circunstancias que no estaban previstas en las anteriores regulaciones y prácticas, la Comisión considera que todavía existen incompatibilidades con la legislación comunitaria aplicable, en particular con los artículos 39 y 49 (antiguos artículos 48 y 59) del Tratado CE, junto con el artículo 10 (antiguo artículo 5) del Tratado CE. En consecuencia, continúa con el procedimiento de infracción contra Dinamarca.
PREGUNTA ESCRITA E-2061/00

de Per Gahrton (Verts/ALE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Requisito de visado para Rumania y Bulgaria

Desde principios de 2000 la Comisión está planeando suprimir el requisito de visado para Rumania y Bulgaria. Sería un paso importante para ayudar a estos países hacia un desarrollo más positivo, y sobre todo constituiría una señal por parte de la UE de que no se va a seguir discriminando a los Estados europeos que no son miembros de la Comunidad.

¿Qué efectos ha tenido la propuesta de la Comisión a los Estados miembros de suprimir el requisito de visado para Bulgaria y Rumania? ¿Tiene la intención la Comisión de seguir trabajando para acabar con la discriminación de estos dos países?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(27 de julio de 2000)

La Comisión adoptó el 26 de enero una propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece la lista de terceros países cuyos ciudadanos deben poseer un visado para atravesar las fronteras exteriores y de aquellos países cuyos ciudadanos están exentos de esta obligación(1). En esta propuesta, Bulgaria y Rumania figuran entre los terceros países cuyos ciudadanos no tienen la obligación de poseer un visado.

La propuesta de la Comisión se transmitió al Consejo y al Parlamento para que estas dos instituciones la examinaran de acuerdo con los procedimientos previstos a tal efecto.

(1) COM(2000) 27 final.