PREGUNTA ESCRITA E-1713/98

de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión

(29 de mayo de 1998)

Asunto: Reglamentación relativa a la vigilancia armada privada en Italia

En Italia, la figura profesional del guarda jurado (vigilancia armada privada) está regulada por disposiciones que se remontan a 1932 y, hasta ahora, la legislación no ha dado indicaciones claras sobre las características profesionales de tal figura o de las entidades que deben organizar su trabajo.

Por esta razón, desde un punto de vista contractual, dichos guardas jurados son equiparados, a cualquier otro trabajador sin tener en cuenta su particular condición como de auxiliares de las fuerzas del orden, su labor de disuasión de la delincuencia y el hecho de que portan armas. Los guardas jurado prestan servicios de transporte de objetos de valor, de vigilancia nocturna y diurna y de seguridad por cuenta de particulares y de entidades públicas. A pesar de ello, los guardas jurado en cuestión están equiparados a cualquier ciudadano y, por lo tanto, no disponen de derecho de detención, excepto en caso de fragante delito, y del de uso legítimo de armas excepto en caso de defensa personal.

Además, la falta de una legislación adecuada ha hecho posible la proliferación de institutos de vigilancia, que no están sujetas a ninguna reglamentación y, en consecuencia, a controles serios de garantía y formación profesional en un sector tan delicado, poniendo de esta forma en peligro la seguridad de los trabajadores y de los ciudadanos e ignorando toda norma de respeto de la competencia. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿podría responder la Comisión a las siguientes cuestiones?

1. ¿Existen en otros países de la Unión normativas al respecto?

2. En caso afirmativo, ¿prevén tales normativas la equiparación del estatuto de los guardas jurado al de los funcionarios públicos?

3. ¿Existen directivas o documentos de la Comisión al respecto?

4. ¿Cómo valora de forma general el sector de la vigilancia privada armada en Europa?

Respuesta del Sr. Monti En nombre de la Comisión

(28 de julio de 1998)

Desde principios de la presente década, varios Estados miembros han venido adoptando nuevas reglamentaciones con objeto de controlar las actividades de la empresas de seguridad privada, como por ejemplo la empresas de vigilancia privada, de transporte de fondos, así como aquellas que prestan servicios de instalación y mantenimiento de sistemas y centrales de alarma. Según la información de que dispone la Comisión, estos países son Bélgica, España y Portugal. En Francia, se han iniciado discusiones a fin de elaborar una nueva legislación.

Algunos Estados miembros tratan de limitar el acceso al mercado de servicios de seguridad privada estableciendo requisitos de nacionalidad o de establecimiento sobre el territorio nacional. En Italia, por ejemplo, el Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza de 13 julio 1931 impone la condición de poseer la nacionalidad italiana tanto a las empresas que desean establecerse en el territorio como a sus empleados. La Comisión considera que dichas condiciones constituyen claros actos de discriminación contrarios a los artículos 48, 52 y 59 del Tratado CE. Por lo tanto, el 18 junio 1998, decidió enviar un dictamen motivado al Gobierno italiano.

No existe ninguna directiva comunitaria que regule el acceso al sector. La Comisión considera que se trata de un sector sensible en el que las autoridades nacionales deben ejercer un control, si bien respetando las normas del Tratado.