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PREGUNTA ESCRITA E-1198/00

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la Comisión

(12 de abril de 2000)

Asunto: Importaciones en la UE de conservas de sardina procedentes de Venezuela y Perú

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento 2136/89(1) del Consejo de 21 de junio de 1989 por el que se establecen normas comunes de comercialización para las conservas de sardinas, sólo podrán comercializarse como conservas de sardina y recibir la denominación de venta contemplada en el artículo 7, los productos que cumplan, entre otros, el requisito de estar preparados exclusivamente a partir de la especie Sardina Pilchardus Walbaum.

Las especies que cumplen este requisito son las pertenecientes a las partidas arancelarias:

- 0302.61.10 (Sardinas Pilchardus frescas o refrigeradas)

- 0303.71.10 (Sardinas Pilchardus congeladas)

Sólo a partir de estas especies se obtendrán las conservas de sardinas que pueden denominarse como tal y serán aquellos productos englobados en las partidas arancelarias 1604.13.11.20 y 1604.13.19.20.

¿Puede la Comisión informar del seguimiento que está realizando para el cumplimiento exacto de la citada legislación comunitaria?

¿Puede la Comisión informar de los resultados del seguimiento efectuado en el control de la normativa comunitaria citada para las importaciones de conservas de sardina procedentes de Venezuela y Perú?

(1) DO L 212 de 22.7.1989, p. 79.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(13 de junio de 2000)

El Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común(1), obliga a los Estados miembros a controlar en su territorio todas las actividades relacionadas con la pesca, incluida la comercialización, con el fin de garantizar el cumplimiento de toda la normativa vigente. Por tanto, la aplicación y el control del Reglamento (CEE) 2136/89 es competencia y responsabilidad de los Estados miembros.

A raíz de una denuncia presentada por un Estado miembro en julio de 1999 y de la información facilitada por algunas organizaciones privadas, la Comisión instó al Estado miembro importador (Alemania) a que aplicara de manera estricta el Reglamento en cuestión. De este modo se corrigieron algunas prácticas no conformes con la normativa comunitaria. No obstante, puesto que la situación no parecía aún enteramente satisfactoria, Comisión inició un procedimiento de infracción contra el Estado miembro importador. Este procedimiento está aún en curso.

La denuncia y el procedimiento mencionado se refieren a la importación de sardina chilena (especie sardinops) procedente de Perú y de sardinela procedente de Venezuela con la denominación sardina. Cabe señalar el bajo volumen de importaciones comunitarias de conservas de sardina procedentes de estos dos países. En 1999 no se registró ninguna importación de productos de los códigos 1604 13 11 20, 1604 13 19 20 ni 1604 20 50 10 de Venezuela y, en lo que respecta a Perú, el Estado miembro al que se ha incoado un procedimiento de infracción importó 70 toneladas.

(1) DO L 261 de 20.10.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-1854/00

de Baroness Sarah Ludford (ELDR) a la Comisión

(9 de junio de 2000)

Asunto: Corte Penal Internacional (CPI)

En el contexto de la PESC, ¿qué punto de vista conjunto van a adoptar los Estados miembros por lo que respecta a las propuestas estadounidenses modificar el Estatuto de Roma por el que se establece la Corte Penal Internacional (CPI), a fin de, por ejemplo, evitar que sus propios ciudadanos sean juzgados por la Corte, de eximir a los individuales que actúen bajo la dirección general de un Estado, de permitir a la Corte alcanzar acuerdos con Estados individuales y de permitir que se negocie un documento suplementario que tendría como resultado modificar radicalmente el Estatuto de Roma?

¿Están de acuerdo los Estados miembros y la Comisión, actuando de común acuerdo con arreglo a la PESC, con que es de la mayor importancia convencer a los EE.UU. de que le conviene respaldar y firmar el actual Estatuto, y resistirse a cualquier intento de socavar la integridad el Estatuto, que ya cuenta con 96 signatarios y ha sido ratificado por ocho países?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(6 de julio de 2000)

La Comisión coincide en declarar que la íntegra participación de los Estados Unidos en la Corte Penal Internacional (CPI) constituiría un elemento muy valioso. La Comunidad ha analizado cuidadosamente la propuesta presentada por los Estados Unidos respecto al reglamento interno de la Corte y ha llegado a la conclusión de que el texto actual conduciría a una modificación inaceptable de las disposiciones clave del Estatuto en el ámbito de la jurisdicción de la Corte.

La Comunidad ha abordado en varias ocasiones esta cuestión en el contexto del diálogo de Política Exterior y de Seguridad Común entre la Comunidad y los Estados Unidos. El 31 de mayo de 2000, en la cumbre celebrada entre la Comunidad y los Estados Unidos, el responsable de relaciones exteriores de la Comisión debatió el problema con la Secretaria de Estado estadounidense, la Sra. Albright, y asimismo señaló que la Comunidad se mostraba dispuesta a considerar otras propuestas emitidas por los Estados Unidos respecto a la CPI pero una propuesta de este tipo sólo podría ser aceptada siempre que se respetara plenamente la integridad del Estatuto de la Corte. Asimismo, la Presidencia ha informado recientemente a los funcionarios americanos sobre esta posición.
PREGUNTA ESCRITA E-1548/00

de Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) a la Comisión

(18 de mayo de 2000)

Asunto: Mercado interior

El pasado 5 de abril, la Comisión Europea hizo público el inicio de procedimientos legales contra bancos de tres países de la Unión Europea, concretamente de Alemania, Francia, Italia y España, sospechosos de incrementar las comisiones para el cambio de billetes en la zona del euro, con posterioridad a la entrada en vigor del euro.

¿Qué acciones va a poner en práctica la Comisión Europea para evitar estas prácticas?

¿Mediante qué mecanismos se prevé indemnizar a los consumidores?

¿En qué plazo podremos contar con un Área de Pago y de Cambio Única en la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(30 de junio de 2000)

La pregunta formulada por Su Señoría se basa en una noticia de agencia difundida el 5 de abril de 2000. La Comisión no confirma la información contenida en la pregunta.

En febrero de 1999, la Comisión efectuó una serie de investigaciones en bancos para comprobar si había habido acuerdos en materia de tarifas con ocasión de la introducción del euro. El miembro de la Comisión encargado de la competencia anunció en febrero de 2000, con motivo de una comisión parlamentaria, que se habían descubierto indicios de acuerdo y que se iban a abrir diligencias. En este momento del procedimiento, es totalmente imposible facilitar la menor información sobre los Estados miembros o las entidades en cuestión.

En su comunicación sobre los pagos de poco valor en el mercado interior(1), la Comisión indicó de qué manera preveía la realización progresiva de una zona única de pagos. El objetivo consiste en obtener unos pagos transfronterizos igual de rápidos, poco costosos y seguros que los pagos nacionales. Los trabajos de infraestructuras necesarios para la automatización de esos pagos son considerables y llevarán su tiempo. No obstante, la Comisión espera que se progrese de forma continua y que se llegue a una mejora sustancial el 1 de enero de 2002.

(1) COM(2000) 36 final (http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/finances/payment/2k-108.htm).
PREGUNTA ESCRITA E-1847/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(9 de junio de 2000)

Asunto: Contaminación acústica procedente de aeronaves

¿Puede indicar la Comisión si existen, o si deberían existir, disposiciones comunes en relación con la contaminación acústica causada por las aeronaves en los aeropuertos comunitarios, y hasta qué punto dichas disposiciones abarcan a las aeronaves ligeras?

¿Existen, o deberían existir, requisitos que garanticen que se consulte a las comunidades locales que puedan verse afectadas?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(12 de julio de 2000)

En el marco de su política medioambiental, la Comisión tiene previsto presentar en breve a las demás instituciones una propuesta de directiva marco sobre evaluación y reducción de la exposición al ruido ambiente. Dicha directiva se aplicará a los principales aeropuertos, es decir, aquéllos en que el número anual de vuelos supere un umbral determinado. Por consiguiente, las disposiciones de la directiva abarcarán la contaminación acústica causada por las aeronaves ligeras en la medida en que éstas operen en los principales aeropuertos y sus niveles de ruido estén incluidos en los métodos de evaluación de la exposición al ruido.

Tal y como prevé el proyecto de directiva marco, la Comisión considera que debe ponerse a disposición de los ciudadanos información objetiva y transparente sobre los niveles de exposición al ruido, ya que ello facilitará el proceso de consulta a los afectados.

Por otra parte, en su comunicación sobre transporte aéreo y medio ambiente(1), la Comisión subrayó que era preciso considerar la posibilidad de establecer el derecho de los habitantes de las inmediaciones de los aeropuertos a exigir consultas y negociaciones sobre la imposición de nuevas normas de explotación en los aeropuertos, así como garantías de que el ruido se reduzca realmente y no sea sólo trasladado a otras zonas. La Comisión tiene previsto iniciar conversaciones con las partes interesadas sobre la conveniencia de adoptar a tal fin reglamentos marco a escala comunitaria.

(1) COM(1999) 640 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1861/00

de Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) a la Comisión

(9 de junio de 2000)

Asunto: ZEPAs en la Comunidad Autónoma Valenciana

La Comunidad Autónoma Valenciana se ha demorado año tras año en el cumplimiento de la protección de las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) establecidas por la Unión Europea.

Actualmente y a raíz de la denuncia por parte de la propia Comisión Europea, el Gobierno valenciano pretende aumentar el terreno a proteger como ZEPA a aquellos espacios que ya disfrutan de protección, pero a pesar de ello la protección que se prevé queda muy lejana de los criterios de la propia Unión Europea. El informe que en su día elaboró la SEO-Birdlife para la Comisión preveía en el territorio valenciano la protección como ZEPA de cerca de 736 637 hectáreas, de éstas el Consejo Valenciano sólo pretende proteger 266 049 hectáreas.

Con esta distribución de las ZEPA se reduce el número de hectáreas protegidas y quedan sin protección zonas de gran importancia como son el Marjal d'Almenara, grandes zonas de la sierra de Alicante, las sierras de La Marína y los puertos de Morella y Beceit.

¿Cómo piensa la Comisión obligar al cumplimiento de la política de protección y de impulso de las zonas declaradas ZEPA?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(19 de julio de 2000)

La Comisión desconoce la superficie exacta del territorio que el Consejo de la Comunidad Autónoma Valenciana se propone declarar zona de especial protección para las aves (ZEPA).

Tal como indica Su Señoría, la Comisión ha incoado un procedimiento de infracción contra España por no haber designado estas zonas, o haberlas designado parcialmente, en todo el territorio español. Huelga decir que este procedimiento también incluye los casos de no designación o de designación insuficiente de la Comunidad Autónoma Valenciana. La Comisión, en sus funciones de custodia de los Tratados, no dudará en adoptar todas las medidas que considere oportunas para garantizar que el Derecho comunitario se cumpla en todo el territorio español.
PREGUNTA ESCRITA E-1240/00

de Brigitte Langenhagen (PPE-DE) a la Comisión

(14 de abril de 2000)

Asunto: Situación del cormorán Phalacrocorax (carbo carbo) en la Directiva 79/409

La Directiva 79/409/CEE(1) del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres incluía a la especie Phalacrocorax carbo sinensis entre aquellas cuyo hábitat está protegido en virtud del Anexo I. En julio de 1997, la Directiva 97/49/CEE(2) de la Comisión modificó el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE y se suprimió al cormorán P. carbo sinensis de la lista.

¿Tiene previsto la Comisión suprimir también del Anexo I de la Directiva 79/409/CEE el cormorán P. carbo carbo?

(1) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(2) DO L 223 de 13.8.1997, p. 9.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2000)

La especie del cormorán Phalacrocoraz carbo carbo no está ni ha estado nunca incuida en la lista del Anexo I de la Directiva del Consejo 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. Por lo tanto, no procede la pregunta formulada por su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-1860/00

de Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) al Consejo

(13 de junio de 2000)

Asunto: Carretera Cabanes-Oropesa (provincia de Castellón)

En la provincia de Castellón en España existe un proyecto de construcción de una carretera de Cabanes a Oropesa. La obra ha sido ya adjudicada a la empresa Necso-Rover Alcisa.

El mencionado proyecto de construcción de carretera no contiene un estudio de impacto medioambiental para el Paraje Natural del Desierto de las Palmas y su entorno sede de numerosas especies únicas y endémicas tanto en la cueva de L'ullal de Miravet como en las demás del entorno, una fauna altamente sensible a su hábitat por lo que cualquier alteración de su hábitat puede significar la extinción de estas especies.

Asimismo en su variante Sur el mencionado proyecto de carretera afectaría a terrenos de alto nivel paisajístico y medioambiental tanto o más importantes que los propios del paraje natural del Desierto de las Palmas.

No habiéndose elaborado el correspondiente estudio de impacto medioambiental para cada una de las propuestas iniciales de la carretera (variante Norte, Intermedia y Sur), ¿qué medidas piensa adoptar el Consejo para asegurar el cumplimiento de las normas medioambientales?

Respuesta

(23 de octubre de 2000)

La cuestión planteada por Su Señoría no entra en las competencias del Consejo. Es la Comisión, como guardiana del Tratado, quien tiene que velar, según el artículo 226 del mismo, por que la legislación comunitaria pertinente sea transpuesta correctamente en la legislación nacional y aplicada debidamente.
PREGUNTA ESCRITA P-2504/00

de María Izquierdo Rojo (PSE) a la Comisión

(24 de julio de 2000)

Asunto: Microcréditos y mujeres emprendedoras

A la vista de la cumplida respuesta a mi pregunta H-0546/00(1) y sabida la realidad de mi país donde las mujeres que quieren emprender cualquier tipo de negocio precisan de un capital mínimo de 500 000 pesetas sostenibles,

¿Cuántas mujeres europeas se han beneficiado realmente de algún microcrédito, y en qué Estados miembros? ¿Repercuten los Estados miembros y los responsables regionales estas políticas de microcréditos en las mujeres o, más bien, dichos beneficios se quedan diluidos y englobados en las condiciones generales de cofinanciación establecidas y se pierden?

(1) Pregunta contestada por escrito el 5.7.2000.

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(19 de septiembre de 2000)

La Comisión no dispone de datos sobre el número de mujeres europeas que se benefician de un microcrédito, ni globalmente, ni para cada Estado miembro. La gestión de tales programas de microcréditos corresponde normalmente a los propios Estados miembros según el principio de subsidiariedad.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Comisión apoyó de 1987 a 1995 el Programa de Iniciativas locales para el empleo de las mujeres (ÎLE). En una evaluación de 1619 proyectos se analizó la evolución de las ayudas concedidas a mujeres en el marco de este programa. Con la experiencia acumulada en el marco del programa ÎLE se lanzó la iniciativa NOW para apoyar proyectos de creación de empresas realizados por mujeres. Se elaboró un CD-ROM que recogía una descripción detallada de los proyectos NOW sobre el empresariado de las mujeres. Se enviará una copia en CD-ROM de este estudio directamente a Su Señoría y también a la Secretaría General del Parlamento. Se han realizado otras evaluación en el marco del apoyo ofrecido por los fondos estructurales. No obstante, estas evaluaciones proporcionan informaciones agregadas sobre las ayudas en favor de la creación de empresas sin especificar si se trata de microcréditos.
PREGUNTA ESCRITA E-1868/00

de Cristiana Muscardini (UEN) a la Comisión

(9 de junio de 2000)

Asunto: Productos típicos y política alimentaria

La realización de una política alimentaria europea supone la salvaguarda de los productos típicos y de calidad y la garantía de las peculiaridades ligadas a un territorio. Estas características aseguran un elevado nivel de protección de la salud humana y de los consumidores. Este no es el caso de los 6 millones de quintales de queso rallado vendidos con la etiqueta Parmesano, que no se trata de verdadero parmesano puesto que se produce en zonas que carecen de las peculiaridades del territorio de origen y con técnicas distintas de las que se usan desde siempre en el territorio de Parma y Reggio.

En la perspectiva de la aplicación del programa de seguridad alimentaria:

1. ¿Permitirá la Comisión que se siga utilizando la marca Parmesano para un producto que se elabora con cualquier tipo de leche y que lleva más de treinta aditivos, entre ellos, blanqueadores, antioxidantes y antifermentadores varios?

2. ¿Garantizará, en cambio, que el queso grana denominado parmigiano-reggiano sea el que se produce con leche genuina de los valles que le dan nombre, elaborado con procedimientos de tradición secular?

3. ¿Defenderá el carácter genuino de los productos típicos europeos contra el riesgo de homologación con los estándares de producción de los grandes distribuidores?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(26 de julio de 2000)

La Comisión considera que el término Parmesano es la traducción de inspiración francófona de la denominación protegida Parmigiano-Reggiano. Dadas estas circunstancias, es evidente que al finalizar el período transitorio expresamente previsto en el apartado 2 del artículo 13 del Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios(1), es decir, a partir del 21 de junio de 2001, se prohibirá todo uso del término Parmesano para productos que no se ajusten al pliego de condiciones inscrito en virtud de dicho Reglamento y que correspondan a la denominación de origen protegida Parmigiano-Reggiano. Esta medida hará que la situación jurídica y la de mercado se ajusten al sistema comunitario, que pretende consagrar el uso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas.

(1) DO L 208 de 24.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-1744/00

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(31 de mayo de 2000)

Asunto: Hemofílicos

¿Puede proporcionar la Comisión la siguiente información sobre los hemofílicos de los países de la UE:

1. Número/porcentaje de hemofílicos por Estado miembro;

2. Porcentaje de hemofílicos en cada uno de los Estados miembros infectado con el virus HIV;

3. Porcentaje de hemofílicos en cada uno de los Estados miembros infectado con el virus de la hepatitis C;

4. Estados miembros que pagan compensaciones económicas a los hemofílicos que han resultado infectados por uno de los virus a través de hemoderivados contaminados?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(29 de junio de 2000)

La Comisión no recopila información sobre el número de enfermos de hemofilia en cada Estado miembro, el porcentaje de personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana (HIV), ni el porcentaje de infectados por la hepatitis C. Sin embargo, se estima que, entre la población general, aproximadamente 1 de cada 10 000 personas padecen hemofilia.

Casi todos los Estados miembros han otorgado una compensación o ayuda económica a los hemofílicos infectados por el virus HIV a través de productos sanguíneos.

En cuanto a la compensación para los infectados por el virus de la hepatitis C (HCV), se transmite directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento la información compilada por el Consorcio europeo de la hemofilia en 1999.
PREGUNTA ESCRITA E-1587/00

de Jürgen Zimmerling (PPE-DE) a la Comisión

(19 de mayo de 2000)

Asunto: Repercusiones de las resoluciones sobre Chipre

El Parlamento Europeo aprobó el 16 de noviembre de 1995 y el 27 de marzo de 1996 resoluciones sobre la situación política en Chipre (B4-1387/95(1) y B4-0334/96(2)):

- ¿Qué repercusiones han tenido las resoluciones?

- ¿Qué reacciones han podido registrarse por parte turca?

(1) DO C 323 de 4.12.1995, p. 117.

(2) DO C 117 de 22.4.1996, p. 15.

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(27 de junio de 2000)

La pregunta de Su Señoría hace referencia a incidentes y tensiones a lo largo de la zona de seguridad entre las dos comunidades de Chipre.

La Comisión cree firmemente que, tras los progresos realizados en el Consejo Europeo de Helsinki, en diciembre de 1999, y teniendo en cuenta que las relaciones entre Grecia y Turquía han mejorado considerablemente y que los Estados miembros han aceptado a Turquía como país candidato, se ha dado un paso hacia la disminución de las tensiones políticas en Chipre. Este verano se reanudarán en Ginebra las conversaciones de aproximación entre las dos comunidades auspiciadas por las Naciones Unidas. La Comisión espera que se siga avanzando hacia una solución duradera de este problema político. Mientras tanto, las negociaciones de ampliación con la República de Chipre están progresando, y ya se han cerrado provisionalmente 15 de los capítulos de la negociación. Se están tomando actualmente otras iniciativas para poner en marcha proyectos bicomunales tras la visita del Miembro de la Comisión responsable de la ampliación a Chipre, en marzo de 2000. La Comisión opina que las conversaciones de aproximación y el proceso de adhesión pueden reforzar mutuamente ambas comunidades y reducir las tensiones e incidentes, tal como se señala en las resoluciones del Parlamento citadas por Su Señoría.

La Comisión no está al tanto de ninguna reacción precisa de las autoridades turcas ante estas resoluciones.
PREGUNTA ESCRITA P-2389/00

de Pedro Marset Campos (GUE/NGL) a la Comisión

(7 de julio de 2000)

Asunto: Inicio de obras de una planta depuradora en Ulea (Murcia, España)

La situación en Ulea es preocupante, tal como se desprende de los últimos acontecimientos que se están viviendo en la zona, a causa de la persistencia del Gobierno regional y del ayuntamiento de la localidad en construir una planta depuradora con fondos europeos, a pesar de la oposición ciudadana y de los criterios adversos dados por la propia Comisión, que ve indicios de posibles irregularidades y admite a trámite la denuncia contra la instalación.

Al ser esta planta contraria a las normas y directivas europeas en materia medioambiental, ¿no piensa la Comisión que urge la adopción de decisiones y acciones concretas junto con las autoridades españolas para que se ponga fin a esta situación de indeterminación con respecto a la aplicabilidad de las normas?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(7 de septiembre de 2000)

La Comisión no está al tanto de los hechos mencionados por Su Señoría.

Hasta el momento, la Comisión no ha recibido ninguna denuncia sobre el incumplimiento de directivas comunitarias referentes al proyecto mencionado por Su Señoría.

Dadas las circunstancias y en vista de la información disponible, la Comisión no está en condiciones de determinar si este caso viola el derecho comunitario.