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PREGUNTA ESCRITA P-2919/96 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (25 de octubre de 1996)

Asunto: Informe sobre la evolución de las relaciones entre Turquía y la UE tras la entrada en vigor de la unión aduanera

Una lectura atenta del citado informe provoca numerosos interrogantes. En este contexto, desearíamos preguntar a la Comisión cuáles son las razones por las que el informe:

1. Omite el hecho de que la petición del Consejo de evitar el recurso a la fuerza va dirigida a Turquía, que amenaza con la guerra a Grecia, en caso de que ésta haga uso del derecho a ampliar sus aguas territoriales de conformidad con el Derecho del mar;

2. Ignora el hecho de que la violencia en Chipre ha sido provocada desde el lado turcochipriota, que ha llegado hasta el asesinato de dos chipriotas desarmados. ¿No es esto una violación de la letra y el espíritu de las declaraciones de la Comisión tras los asesinatos?;

3. Se refiere únicamente al número de presos políticos que han sido liberados, sin referirse a los que permanecen en prisión, así como a aquellos que han sido detenidos desde entonces;

4. Se refiere a las declaraciones del ministro de Justicia del anterior gobierno sobre la persecución de los torturadores. ¿Se ha ocupado la Comisión de hacer un seguimiento de cómo han evolucionado estas persecuciones? En caso negativo, ¿cuál es el valor de citar simplemente tales declaraciones?

5. Ignora la situación de los Derechos humanos en la parte norte de Chipre, que es especialmente grave, precisamente porque el Ejército de ocupación de Turquía ejerce el poder real en el norte de Chipre?

6. No se refiere en absoluto a los más de 400 recursos contra Turquía pendientes ante la Comisión Europea de Derechos Humanos, así como a las primeras sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenan a Turquía;

7. Ignora completamente las resoluciones del Parlamento Europeo.

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (27 de noviembre de 1996)

El informe de la Comisión al cual se refiere Su Señoría responde al compromiso asumido por la Comisión en el otoño 1995, durante el debate celebrado en el Parlamento sobre la unión aduanera Comunidad-Turquía, de elaborar un informe anual sobre la ejecución de la unión aduanera, así como sobre los aspectos económicos y políticos, incluido el proceso democrático y la situación de los derechos humanos en Turquía.

Por lo que respecta a la primera pregunta de Su Señoría, relativa a unas declaraciones del Consejo, la Comisión hace alusión, sin más comentarios, a esas declaraciones, que por otra parte el Parlamento conoce perfectamente. Además, no siendo Chipre el objeto de su informe, la Comisión alude a las declaraciones de la Presidencia en relación con la política exterior y de seguridad común.

En cuanto a las otras cuestiones específicas, la Comisión ha procurado en tener en cuenta todos los datos que obraban en su poder y presentarlos de la manera más objetiva posible.

La Comisión puede garantizar a Su Señoría que tuvo en cuenta esas resoluciones, y especialmente la de 19 de septiembre de 1996, al redactar su informe.
PREGUNTA ESCRITA E-2767/96 de Georges Berthu (I-EDN) al Consejo (17 de octubre de 1996)

Asunto: CIG - Protección del medio ambiente

En su intervención ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento Europeo, el 25 de septiembre de 1996, el Sr. Gay Mitchell, Ministro de Asuntos Europeos de Irlanda y Presidente en ejercicio del Consejo, señaló que la Presidencia considera importante que, con ocasión de la CIG, la Unión integre en todas sus políticas la protección del medio ambiente.

Siguiendo esa línea, ¿no juzga conveniente la Presidencia proponer a la CIG que confirme claramente el artículo 36 y el apartado 3 del artículo 100 A, a los que se objeta hoy en día con demasiada frecuencia, en virtud de los cuales todo Estado miembro tiene derecho a proteger el medio ambiente mejor que sus países vecinos adoptando normas nacionales conformes a la voluntad de su pueblo?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2765/96, 2766/96, 2767/96, 2768/96, E-2769/96, 2770/96, 2771/96, 2772/96, E-2773/96, 2774/96, 2775/96 y 2776/96 (30 de enero de 1997)

No imcumbe al Consejo pronunciarse sobre las distintas propuestas que la Conferencia Interbubernamental está estudiando.
PREGUNTA ESCRITA E-2448/96 de Luigi Moretti (ELDR) al Consejo (25 de septiembre de 1996)

Asunto: Personalidad jurídica europea de las regiones

Visto que según el actual ordenamiento constitucional, algunas regiones italianas, al igual que los Estados Federados alemanes, ya disponen de competencias exclusivas o por lo menos en competencia con las del Estado italiano;

Considerando que la aplicación de muchas disposiciones comunitarias es competencia de las regiones;

Considerando que en la situación actual de la evolución del Derecho comunitario, las regiones pueden mantener relaciones directas con los servicios de la Comisión para la realización de proyectos regionales de interés europeo.

¿Puede el Consejo indicar si es jurídicamente previsible, con ocasión de la revisión de los Tratados:

- tomar nota de la personalidad jurídica europea de las regiones, y en particular de Padania;

- reconocer su derecho de recurso y de ser convocada a juicio;

- su derecho a participar en las deliberaciones del Consejo para las cuestiones que la afectan directamente?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2448/96 y E-2450/96 (17 de enero de 1997))

No puede realizarse modificación alguna del Tratado si no es el resultado de una Conferencia Intergubernamental que, como indica su nombre, es una conferencia de los Gobiernos de los Estados miembros.

No corresponde al Consejo, como tal, responder a las preguntas planteadas por Sus Señorías.
PREGUNTA ESCRITA E-3107/96 de Joaquín Sisó Cruellas (PPE) a la Comisión (18 de noviembre de 1996)

Asunto: Documento franco-alemán acerca de las «cooperaciones reforzadas»

El ministro francés de Asuntos Europeos, Barniet, y su homólogo alemán, Hoyer, presentaron al Grupo Dorr y a la prensa, el pasado 22 de octubre de 1996, el documento franco-alemán sobre «cooperaciones reforzadas». Como ya conoce la Comisión, las propuestas franco-alemanas tienden a definir las modalidades de dichas cooperaciones dentro del marco comunitario, sin replantear la cohesión ni el acervo de la Unión.

¿Podría indicar la Comisión qué opina acerca de dicho documento?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (16 de diciembre de 1996)

El documento franco-alemán se presentó como contribución a los debates de la Conferencia Intergubernamental.

Como tal, dicho documento ha tenido una buena acogida en la medida en que, por una parte, plantea la cuestión respondiendo al doble desafío de la ampliación y de la intensificación, preservando, al mismo tiempo, el acervo comunitario y el marco institucional y, por otra parte, parece excluir cualquier concepción de una Europa a la carta y de círculos concéntricos. Se afirma abiertamente la voluntad de proteger los intereses de todos los Estados miembros.

No obstante, la ausencia de precisiones suficientes acerca de los ámbitos en los que se concretaría la cooperación reforzada y, en particular, sobre los términos exactos de la puesta en práctica y del funcionamiento de tal cooperación, muestra que el documento franco-alemán representa una etapa, útil, del trabajo de reflexión que debe realizarse.
PREGUNTA ESCRITA E-2863/96 de Anita Pollack (PSE) a la Comisión (25 de octubre de 1996)

Asunto: Plantas resistentes a los herbicidas modificadas genéticamente

¿Es cierto que investigadores daneses han descubierto la transmisión de genes resistentes a los herbicidas, procedentes de colza oleaginosa producida mediante manipulación genética, a una mala hierba denominada brassica capestris? ¿Cuál es el punto de vista de la Comisión acerca de este tipo de problemas?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (13 de enero de 1997)

La Comisión tiene conocimiento de los resultados del estudio llevado a cabo por un grupo de investigadores daneses que demuestra que determinados genes, y en particular los que confieren resistencia a los herbicidas, pueden transferirse de la colza oleaginosa modificada genéticamente Brassica napus a la mala hierba emparentada con ésta Brassica campestris. Los datos obtenidos por dicho grupo también pueden aplicarse a la colza oleaginosa modificada genéticamente, liberada o comercializada conforme a lo establecido en la Directiva 90/220/CEE ((DO L 117 de 8.5.1990. )) sobre la liberación intencional de organismos modificados genéticamente. No hay pruebas de que dicha transferencia entrañe riesgos para el medio ambiente. En efecto, según los investigadores, no cabe esperar que las especies vegetales resultantes de ese tipo de cruce desplacen a ninguna de las especies parentales.

Se sabe desde hace tiempo que B. napus y B. campestris pueden cruzarse espontáneamente en la naturaleza. Desde ese punto de vista, las conclusiones de la investigación danesa no aportan ningún elemento que no se haya tomado en consideración en la evaluación del riesgo ambiental que se exige para conceder una autorización con arreglo a la Directiva anteriormente mencionada.

La Comisión considera que la Directiva 90/220/CEE recoge disposiciones apropiadas para hacer frente a la posibilidad de que se descubran nuevos riesgos debidos a la liberación intencional de un organismo modificado genéticamente. En virtud del apartado 6 del artículo 6 y del artículo 16 de la Directiva, la autoridad competente puede modificar o terminar la liberación, o prohibir o restringir la venta o el uso de dicho producto en su territorio. No obstante, tal como ya se ha señalado, los resultados de la investigación danesa no aportan ningún dato que no se hubiera tenido presente en la evaluación del riesgo ambiental.
PREGUNTA ESCRITA E-3281/96 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (5 de diciembre de 1996)

Asunto: Criterios para la medición de la deuda

Los medios de comunicación reflejan cada vez con más exigencia las dificultades existentes para encontrar mediciones estadísticas universalmente aceptadas.

¿Qué criterios utiliza la Comisión para distinguir entre deuda pública y deuda privada?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión (21 de enero de 1997)

El procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo se refiere a la deuda bruta consolidada del sector de las administraciones públicas, que comprende la administración central, la local y la administración de la seguridad social, pero no abarca las empresas públicas que forman parte del sector de sociedades o cuasisociedades. Se trata, pues, de la deuda concedida (o asumida) por entes institucionales de la administración pública a entes no públicos.
PREGUNTA ESCRITA E-2932/96 de Johanna Maij-Weggen (PPE) a la Comisión (8 de noviembre de 1996)

Asunto: Creciente criminalidad en Sudáfrica

¿Está enterada la Comisión de que Sudáfrica está acusando un rápido crecimiento de la criminalidad?

¿Es consciente de que esto es un factor disuasorio a la hora de invertir en Sudáfrica y de que ocasiona un estancamiento del turismo, sector que representa numerosos puestos de trabajo, lo cual incide muy negativamente en el problema del empleo que ya se da en este país?

¿Está enterada la Comisión de que el Reino Unido ha ofrecido 9,5 millones de ecus al Gobierno de Pretoria para la lucha contra la creciente criminalidad?

¿Puede indicar la Comisión qué proyectos lleva a cabo y qué fondos destina a la prevención y a la lucha contra la criminalidad en Sudáfrica y cuáles son las iniciativas individuales de los Estados miembros en este ámbito?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión (10 de diciembre de 1996)

La Comisión está preocupada por la criminalidad registrada en Sudáfrica, si bien cree que no conviene exagerar su incidencia en la economía. De hecho, no existen pruebas de que la criminalidad esté perjudicando las inversiones y el turismo, ni de una renuencia de los extranjeros a trabajar en Sudáfrica.

No obstante, la Comisión contribuirá con nueve millones de ecus al Programa de «ayuda al mantenimiento del orden en la provincia del Cabo oriental», con cargo a la línea presupuestaria B 7-3200 de 1996 destinada al programa europeo para la reconstrucción y el desarrollo de Sudáfrica. Además el Gobierno británico ha asignado 2,8 millones de ecus al mismo programa. El objetivo global del programa, que ha sido diseñado para complementar y apoyar el proceso de reforma del cuerpo de policía iniciado por el Gobierno, es el de ayudar a crear, en la provincia del Cabo oriental, un clima de seguridad propicio al crecimiento económico y el desarrollo social. Concretamente, el programa permitirá incrementar el control civil del servicio de orden, mejorar su gestión, además de estrechar las relaciones entre la comunidad y la policía, apoyar el desarrollo de los recursos humanos tanto en el servicio de policía como en la administración provincial y mejorar la calidad, distribución y gestión de los recursos utilizados por la policía.

Respecto a las actividades de los Estados miembros, la Comisión se mantiene informada gracias a las reuniones que celebran periódicamente los representantes de las embajadas y la Delegación de la Comisión en Pretoria, en las que se intercambian impresiones sobre las intervenciones respectivas. Además del apoyo brindado por el Gobierno británico, los Gobiernos belga, danés, francés, alemán y sueco también están contribuyendo a la reestructuración de la policía sudafricana.
PREGUNTA ESCRITA E-2616/96 de Graham Watson (ELDR) a la Comisión (14 de octubre de 1996)

Asunto: Normativa en materia de productos farmacéuticos genéricos

¿Qué medidas propone la Comisión para fomentar el uso de productos farmacéuticos genéricos, cuya importancia para la política industrial de la UE reconoció el Parlamento en una votación celebrada el 16 de abril de 1996? ¿Está la Comisión tomando alguna medida para poner en aplicación dicha recomendación del Parlamento, y en particular para permitir los ensayos y la inscripción de productos farmacéuticos genéricos antes de la expiración de la patente?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (4 de noviembre de 1996)

La política industrial de la Comisión siempre ha fomentado la libre competencia y la transparencia. Así pues, la Comunicación de la Comisión de 1994 relativa a la política industrial aplicable al sector farmacéutico ((COM(93)718. )) reconoce que las medidas que incrementan la transparencia del mercado favorecen la competencia amplia, incluido el sector de los medicamentos genéricos.

En los últimos años se ha intensificado la protección de la propiedad intelectual en la Comunidad, al tiempo que se desarrollaba el sector de dichos medicamentos debido a que médicos, farmacéuticos y pacientes están cada vez mejor informados.

Sin embargo, no puede asegurarse que la modificación de las normas que rigen las actividades permitidas antes de la caducidad de las patentes tuviera un efecto apreciable en el consumo de dichos medicamentos. El empleo de los medicamentos genéricos depende en mayor medida de los precios establecidos en los distintos Estados miembros.

La dificultad reside en garantizar el grado de protección de la propiedad intelectual necesario para fomentar la elaboración de medicamentos nuevos reforzando la industria innovadora y teniendo presentes los intereses de los fabricantes de productos genéricos, en particular, respecto a sus competidores de terceros países. Ese equilibrio debe vigilarse continuamente a la luz de los acontecimientos económicos y legislativos a escala mundial, entre los que destaca la sentencia inminente del Tribunal de Justicia sobre la interpretación de la normativa vigente. La Comisión tiene previsto proponer, sobre la base del estudio que publicará próximamente acerca de los medicamentos genéricos y de la sentencia del Tribunal, medidas que tomen en consideración a todos los agentes económicos afectados.
PREGUNTA ESCRITA E-2986/96 de Juan Colino Salamanca (PSE) y Jesús Cabezón Alonso (PSE) a la Comisión (8 de noviembre de 1996)

Asunto: Impacto de la nueva OCM del aceite de oliva sobre la cohesión económica y social

La Comisión Europea está procediendo al estudio de una nueva propuesta sobre la OCM del aceite de oliva. ¿Ha valorado la Comisión el impacto territorial y sobre la cohesión económica y social que dicha propuesta puede acarrear?

¿Cuál puede ser su repercusión en el empleo?

¿Ha valorado asimismo la Comisión su repercusión medioambiental?

¿Podrían suministrar a estos diputados los estudios de repercusión social y medioambiental llevados a cabo?

¿Cuál serían sus consecuencias sobre el desarrollo rural de amplias zonas del sur de la Unión Europea, y especialmente Andalucía?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (2 de diciembre de 1996)

La Comisión examinará próximamente las distintas opciones para la reforma de la organización común de mercado del aceite de oliva. Se transmitirá un documento al Parlamento y al Consejo para que estas instituciones lo estudien antes de la aprobación definitiva de ninguna propuesta concreta.

La Comisión no puede anticipar el resultado de sus deliberaciones, respondiendo a las cuestiones concretas sobre las distintas opciones, si bien tendrá en cuenta las observaciones de Su Señoría. Por supuesto, la Comisión es consciente de la importancia estratégica de la producción andaluza en el mercado comunitario del aceite de oliva en dicha región. La Comisión estudiará la forma de responder de la mejor forma posible a las situaciones regionales específicas.

De forma general, hay que señalar que la nueva organización común de mercado del aceite de oliva deberá ser sencilla, más transparente y más fácil de controlar que el régimen actual. Deberá concederse gran importancia a la calidad, que deberá constituir el principal objetivo de los productores. Asimismo, deberán tomarse en consideración las diferencias de carácter regional, social y ambiental.
PREGUNTA ESCRITA E-1196/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (15 de mayo de 1996)

Asunto: Residuos venenosos y peligrosos en el vertedero de Westwick de la isla de Canvey (Essex)

¿Está informada la Comisión de la amenaza potencial para la salud pública que ocasiona la presencia de residuos venenosos y peligrosos en el vertedero de Westwick de la isla de Canvey (Essex), anterior a la existencia de normativa de control de instalaciones semejantes? ¿Piensa investigar la Comisión el citado problema, incluidas las posibles fugas a las aguas costeras adyacentes? ¿Puede indicar con exactitud qué aspectos de la legislación europea son aplicables al tratamiento de una instalación semejante y de qué programas europeos de financiación se dispone para contribuir económicamente a tal fin?

Respuesta complementaria de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (21 de noviembre de 1996)

Como complemento a su respuesta del 11 de julio de 1996, la Comisión posee ahora la siguiente información:

Se sabe que el vertedero de Westwick, situado en la isla de Canvey,Essex, recibió desechos industriales y domésticos entre 1935 y 1972, fecha de su cierre. Así pues, las actividades de vertido finalizaron antes de la entrada en vigor de las Directivas 75/442/CEE ((DO L 194 de 25.7.1975. )) y 76/464/CEE ((DO L 129 de 18.5.1976. )).

El vertedero de Westwick no es objeto de un control específico por parte de la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido. No obstante, de acuerdo con la sección 84 (2) de la ley de Recursos Hidrológicos de 1991, dicha agencia tiene el deber de supervisar el grado de contaminación de las aguas controladas (incluyéndose los ríos y el mar hasta tres millas de la costa). Un control regular revelará si algún índice de contaminación de las aguas del Támesis o las costeras es atribuible a dicho vertedero. La Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido (así como, anteriormente, las autoridades fluviales nacionales) no posee evidencias de contaminación de las aguas controladas que provenga del vertedero de Westwick.

En lo que respecta al posible tratamiento del vertedero, Su Señoría sabe que no se dispone de fondos comunitarios destinados a apoyar la financiación de esa obra.
PREGUNTA ESCRITA E-2626/96 de Ulf Holm (V) a la Comisión (15 de octubre de 1996)

Asunto: Iniciativa para limitar el consumo de tabaco

En los EE.UU. el Presidente Clinton ha tomado una iniciativa para limitar el consumo de tabaco. El 23 de agosto se presentó una nueva ley del tabaco que incluye una reglamentación más estricta de la publicidad y la venta de los productos del tabaco. La ley prohíbe, entre otras cosas, la publicidad exterior en un radio de 300 m. de los colegios, y además estos anuncios sólo pueden ser en blanco y negro y sin imágenes. Las personas de menos de 27 años deben mostrar su documento de identidad para poder comprar los productos del tabaco. Esta medida va dirigida a proteger a los niños y a los adolescentes evitando que empiecen a fumar. La mayoría de los Estados en los EE.UU. han adoptado medidas de protección de las personas que no desean verse expuestas al humo del tabaco en sus lugares de trabajo.

1. ¿Está la Comisión trabajando con alguna propuesta destinada a limitar el consumo de tabaco en la UE?

2. ¿Es compatible con el mercado interior el hecho de que los Estados miembros puedan prohibir totalmente, por razones de salud, la publicidad del tabaco y establecer límites de edad siempre que estas normas se apliquen a todos los fabricantes?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (15 de noviembre de 1996)

A nivel comunitario, la prevención del tabaquismo tiene lugar sobre todo en el marco del Programa «Europa contra el Cáncer». La Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se crea un tercer Plan de acción de lucha contra el cáncer ((DO L 95 de 16.4.1996. )) considera prioritaria la prevención del tabaquismo, ya que alrededor de una tercera parte de los cánceres tienen su causa en el tabaco. Se calcula que en la Comunidad el tabaco es cada año el responsable de medio millón de fallecimientos. Por ello, en el tercer Plan de acción la Comisión reserva un lugar destacado a la prevención del tabaquismo.

Con respecto a la publicidad del tabaco, la propuesta sobre este tema ((DO L 129 de 21.5.1992. )) se está debatiendo en el Consejo, como sabe su Señoría. Su objetivo es eliminar los obstáculos al comercio en el mercado interior, incluidos los que podrían derivarse de las prohibiciones nacionales en el ámbito de la publicidad. Con arreglo al artículo 100 A del Tratado CE, la Comisión debe basarse en un nivel de protección elevado en sus propuestas en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protecciónd de los consumidores. Por esta razón, la propuesta en cuestión prevé la restricción casi completa de la publicidad del tabaco.
PREGUNTA ESCRITA E-2520/96 de Fernand Herman (PPE) a la Comisión (25 de septiembre de 1996)

Asunto: Trabajo en negro en la Comisión

Los días 3 y 4 de agosto de 1996 el diario «Le Soir» publicó un artículo firmado por el Sr. G. Dewarichet y titulado «Trabajo en negro en la Comisión» que ponía de manifiesto la existencia de prácticas totalmente ilegales en materia de contratación de personal.

Parece ser que estos hechos se han puesto en conocimiento de la DG IX y del Comisario responsable y que se ha enviado una carta al Presidente Santer, de la que no se ha recibido ninguna respuesta.

¿Podría la Comisión confirmar o desmentir las informaciones que aparecen en el artículo de referencia?

En caso de que estas informaciones fueran, lamentablemente, ciertas, ¿podría la Comisión informarme de lo que ha hecho o piensa hacer para acabar con estas prácticas delictivas?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (3 de diciembre de 1996)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-2814/96 de la Sra. Dury ((Ver p. 81. )).