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PREGUNTA ESCRITA E-2315/02

de Ole Krarup (GUE/NGL) al Consejo

(26 de julio de 2002)

Asunto: Fundamento jurídico de la decisión marco relativa a la lucha contra el racismo

¿Puede el Consejo indicar cuál es su opinión acerca del fundamento jurídico elegido para la decisión marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia,(1), especialmente en relación con la letra e) del artículo 31 del TUE, dado que en dicha disposición no se menciona el racismo y la xenofobia como objeto al que se aplica el mencionado artículo?

La letra e) del artículo 31 se refiere únicamente a la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas. ¿Ha emitido el Servicio Jurídico del Consejo algún dictamen al respecto? En caso afirmativo, se ruega adjuntar dicho dictamen en anexo a la respuesta.

(1) COM(2001) 664 DO C 75 E de 26.3.2002, p. 269.

Respuesta

(4 de marzo de 2003)

El Consejo tiene el gusto de informar a Su Señoría de que la Decisión marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia, para la que la Comisión propone la letra e) del artículo 31 del TUE como fundamento jurídico, sigue siendo objeto de deliberaciones en el Consejo.
PREGUNTA ESCRITA E-3861/02

de Barbara Weiler (PSE) a la Comisión

(10 de enero de 2003)

Asunto: Introducción de la tarjeta europea de discapacitado

Con motivo del Año Europeo de las Personas con Discapacidad resulta oportuno introducir la tarjeta europea de discapacitado. Tal medida sería un paso importante, también desde el punto de vista de la movilidad.

Sin duda, el artículo 13 del Tratado CE (artículo contra la discriminación) podría constituir la base de una iniciativa europea de ese tipo. ¿Tiene intención la Comisión de presentar una propuesta sobre el asunto? En caso afirmativo, ¿para cuándo está prevista?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(10 de febrero de 2003)

La pregunta formulada por Su Señoría no afecta a ninguna cuestión relativa a la discriminación por razones de discapacidad. Por consiguiente, la Comisión opina que no se puede utilizar el artículo 13 para legislar acerca de la cuestión planteada en la pregunta escrita. Por otra parte, el Consejo ha expresado claramente su parecer de que la normas relativas a la asignación de tarjetas a las personas con discapacidad son responsabilidad de los Estados miembros(1). En consecuencia, la Comisión no tiene la intención de hacer ninguna propuesta sobre esta cuestión.

(1) Recomendación 98/376/CE del Consejo de 4 de junio de 1998, DO L 167 de 12.6.1998.
PREGUNTA ESCRITA P-2587/02

de Ingo Schmitt (PPE-DE) al Consejo

(11 de septiembre de 2002)

Asunto: Armas radiotécnicas

¿Sabe el Consejo que sigue existiendo un gran número de armas radiotécnicas o de radiofrecuencia de la época de la Guerra Fría, a menudo en manos de particulares?

¿Está previsto establecer controles al respecto?

¿Ha tomado medidas el Consejo para aplicar la Resolución del Parlamento Europeo A4-0005/1999? En caso afirmativo, ¿cuáles?

Respuesta

(4 de marzo de 2003)

Nunca se ha planteado al Consejo la cuestión a que alude Su Señoría en lo relativo a las armas radiotécnicas.
PREGUNTA ESCRITA E-3248/02

de Antonio Di Pietro (ELDR) a la Comisión

(19 de noviembre de 2002)

Asunto: Situación de emergencia como resultado de la actividad del Etna

Desde hace algunas semanas, el Etna, el volcán más alto de Europa, ha vuelto a entrar en actividad con una violencia que no se verificaba desde hacía años.

Por esta razón, los habitantes de los pueblos y ciudades próximos al volcán se ven obligados a hacer frente a una situación de alarma constante. El flujo de magma que se desliza, a veces de forma inesperada, por las laderas de la montaña ha destruido algunos centros habitados, tales como la localidad de Linguaglossa, y ya ha arrasado 400 hectáreas de la pineda más importante de Sicilia, así como la estación de esquí de Piano Provenzana, famosa a nivel internacional por las actividades de esquí alpino y esquí nórdico.

Esta situación de emergencia tiene graves repercusiones en la economía de la zona, en la medida que afecta a sectores importantes, como la agricultura y el turismo, y contribuye, asimismo, a agravar una situación ya precaria.

A la luz de lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que el 2002 ha sido declarado Año Internacional de las Montañas, ¿puede la Comisión adoptar medidas de emergencia con miras a aliviar los daños causados principalmente a la economía y también al medio ambiente, a los que se enfrentan los habitantes de Catania y de los pueblos limítrofes como resultado de estos fenómenos naturales? ¿Tiene intención de hacerlo?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 2002)

La Comisión informa a Su Señoría que el Consejo aprobó, el 11 de noviembre de 2002, el Reglamento (CE) no 2012/2002 por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea(1) que tiene como finalidad ejecutar las acciones de primera necesidad en caso de catástrofe extraordinaria. Si, en este marco, las autoridades italianas presentan una solicitud de ayuda que cumpla las condiciones previstas en el Reglamento, la Comisión la examinará con el fin de ayudar lo más rápidamente posible a la región en cuestión.

Por otra parte, la Comisión recuerda a Su Señoría que, por lo que se refiere a las zonas y regiones seleccionables por los Fondos Estructurales, los créditos del período de programación 2000-2006 que aún no fueron comprometidos para proyectos previos podrán ser redistribuidos, a petición de los Estados miembros, entre las distintas prioridades de los programas regionales.

(1) Reglamento (CE) no 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, DO L 311 de 14.11.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-2689/02

de Bart Staes (Verts/ALE) al Consejo

(26 de septiembre de 2002)

Asunto: Definición de los conceptos del Código de Conducta de la UE en materia de exportación de armas

En 1998, el Consejo aprobó el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas. En este Código, los Estados miembros de la UE declaran que están decididos a impedir la exportación de equipos que puedan utilizarse para la represión interna o la agresión internacional o contribuir a la inestabilidad regional.

En el criterio 3 del Código se habla de la situación interna del país de destino final: Los Estados miembros no permitirán las exportaciones que provoquen o prolonguen conflictos armados o que agraven las tensiones o los conflictos existentes en el país de destino final.

¿Podría comunicar el Consejo lo que los Estados firmantes del Código entendían por conflictos armados y tensiones o conflictos existentes?

¿Podría comunicar igualmente el Consejo lo que los Estados firmantes del Código entendían por provocación o prolongación de un conflicto? ¿A qué acciones se referían los Estados firmantes al establecer que éstas podían agravar tensiones o conflictos existentes?

Respuesta

(18 de febrero de 2003)

El Consejo comunica a Su Señoría que la interpretación y la aplicación cotidiana de los principios del Código de Conducta a las decisiones sobre la concesión de una autorización de exportación son competencia individual de cada uno de los Estados miembros. No corresponde al Consejo examinar estas decisiones.
PREGUNTA ESCRITA E-3330/02

de Ioannis Marínos (PPE-DE) a la Comisión

(26 de noviembre de 2002)

Asunto: Imposición de tributos a los yates de recreo en Grecia

Según un artículo del (deltío?) informativo Agence Europe (cursiva?) publicado el /con fecha de(?) 24 de julio de 2002, la Comisión decidió interponer un recurso contra (?verificar con mi trad anterior) Grecia ante el Tribunal de Justicia de las CE debido a que impone/aplica un impuesto especial

a los yates de recreo privados que entran en las aguas territoriales griegas. De acuerdo con la misma fuente, en 1999, el Parlamento griego votó una ley que impone este impuesto a los yates de más de siete metros de eslora (?) que naveguen en /que se introduzcan(?) en las aguas territoriales griegas cuando no tienen (agkyrovolio?) estable(?) en algún puerto griego.

¿Es exacta la información mencionada? ¿Cuáles serán las posibles sanciones contra Grecia en caso de que sea condenada? ¿Qué otros Estados miembros aplican un impuesto similar?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(23 de diciembre de 2002)

Es cierto que la Comisión ha abierto un procedimiento contra Grecia por el Derecho tributario de ese país. La Comisión, que no tiene conocimiento de la existencia de normas análogas en vigor en otros países de la Unión, ha sabido que el Derecho tributario griego prevé la aplicación de impuestos de circulación a las embarcaciones de recreo privadas de más de siete metros cuando entran en aguas griegas. Estos impuestos constituyen, en interpretación de la Comisión, impuestos de efecto equivalente, prohibidos por el Tratado CE, en concreto en sus artículos 23 y 25.

Una vez que el Tribunal de Justicia dicte sentencia, si confirma la interpretación de la Comisión, ésta abrirá con Grecia un diálogo, conforme a las formas y los procedimientos prescritos en el Tratado para los casos de infracción del Derecho comunitario. Este diálogo se espera que dé lugar a un proceso de reforma del Derecho tributario nacional. Concluida la reforma, la Comisión reexaminará la legislación griega y determinará si ya es compatible con el Derecho comunitario.

Su Señoría puede consultar en el comunicado de prensa de 23 de julio de 2002(1) el análisis jurídico que ha llevado a la Comisión a denunciar a Grecia ante el Tribunal por el impuesto de circulación aplicado a las embarcaciones de recreo.

(1) IP/02/1120.
PREGUNTA ESCRITA E-2329/02

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) al Consejo

(26 de julio de 2002)

Asunto: Violaciones de los derechos humanos en la República Islámica del Irán

Las recientes informaciones que nos llegan sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán son cada vez más alarmantes. El número de ejecuciones anunciadas por la prensa oficial durante los seis primeros meses de 2002 se ha triplicado con relación al mismo período del año 2001. La represión que conoce en estos momentos el país da un saldo de 21 ejecuciones públicas en una semana y miles de personas encarceladas.

Además, según fuentes gubernamentales, 4 mujeres condenadas a muerte por lapidación esperan en la cárcel su trágico destino. Su ejecución elevaría, bajo la presidencia de Khatami, a 23 el número de víctimas por este bárbaro castigo sin contar las flagelaciones públicas y los acosos a los ciudadanos por las fuerzas de seguridad.

El fracaso, por un voto de diferencia, de la Resolución sobre los derechos humanos en la República Islámica del Irán, presentada en Ginebra durante la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU bajo la Presidencia española de la UE, ha sido interpretada por las autoridades de Teherán como un signo de relajamiento por parte de la UE, estimulando de esta forma al Gobierno iraní a agravar una situación ya de por sí bastante dramática.

¿Qué mecanismos puede utilizar la UE para asegurar una vigilancia acerca de la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán, independientemente del diálogo que se está llevando a cabo con las autoridades de ese país?

Siendo la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas el plazo para realizar una evaluación sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán, ¿piensa la UE presentar una resolución al respecto?

Respuesta

(6 de febrero de 2003)

El Consejo observa que Su Señoría parte del supuesto, en su pregunta, de que ya se está llevando a cabo un diálogo sobre derechos humanos entre la UE y las autoridades iraníes. Es cierto que los derechos humanos son una de las muchas cuestiones políticas que ya han tratado la UE y el Irán en el curso de las reuniones semestrales que se celebran en el marco del diálogo político ampliado.

Sin embargo, hasta su reunión de 21 de octubre pasado, en Luxemburgo, el Consejo no había decidido entablar un diálogo oficial con el Irán sobre los derechos humanos. Se ha previsto iniciarlo en diciembre de este año.

No obstante, el hecho de entablar un diálogo formal sobre derechos humanos con un determinado país no impide a la UE denunciar, especialmente ante los órganos internacionales competentes, las violaciones de los derechos humanos que se cometen en ese mismo país ni plantear la cuestión en reuniones con el tercer país afectado en todos los niveles; es lo que ha hecho la UE con Irán.
PREGUNTA ESCRITA E-1461/02

de Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) a la Comisión

(23 de mayo de 2002)

Asunto: Detención de 10 periodistas en Eritrea

Antecedentes:

- Yosef Mohamed Ali (m), redactor jefe, Tsigenay

- Amanuel Asrat (m), redactor jefe, Zemen

- Seyoum Tsehaye (m), redactor/fotógrafo independiente, antiguo director de la televisión estatal de Eritrea

- Temesgen Gebreyesus (m), reportero, Keste Debena

- Mattewos Habteab (m), redactor, Meqaleh

- Dawit Habtemichael (m), redactor jefe adjunto, Meqaleh

- Medhanie Haile (m), redactor jefe adjunto, Keste Debena

- Dawit Isaac (m), reportero, Setit (ciudadano suizo)

- Fessahaye Yohannes (Joshua) (m), reportero, Setit

- Said Abdulkadir (m), redactor jefe, Admas

¿Está la Comisión al corriente de la detención de estos diez periodistas?

¿Está dispuesta la Comisión a solicitar aclaraciones al respecto al Gobierno de Eritrea?

¿Qué medidas puede adoptar la Comisión para lograr la puesta en libertad de los periodistas y para evitar este tipo de detenciones en el futuro?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(25 de junio de 2002)

La Comisión está al corriente de la detención de los periodistas mencionados. La vida política en Eritrea desde septiembre de 2001 preocupa mucho a la Comisión, quien considera que la detención de disidentes políticos y de periodistas son un grave revés en el desarrollo político de Eritrea.

La Comisión deplora que no se haya tomado ninguna decisión sobre temas tales como cuándo van a comparecer los detenidos ante la Justicia o si se les liberará y la tomada sobre el aplazamiento de autorización de formas partidos políticos. Se espera que el Comité creado para estudiar el futuro de la prensa en Eritrea permita pronto levantar la suspensión de la prensa privada.

La Comisión está trabajando con la Presidencia y los Estados miembros en una respuesta firme a la actual crisis y cree que el diálogo debería mantenerse en el marco del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú.

El 5 de abril de 2002, la troika en Asmara debatió la situación de los periodistas y presionó el Gobierno para que iniciara procedimientos legales contra ellos o los liberase.

Está prevista una visita de alto nivel de la troika para abordar la actual callejón sin salida. El objetivo de esa misión es discutir la situación interna en Eritrea así como el máximo potencial de los beneficios del Acuerdo de Cotonú y de las razones subyacentes en sus elementos y valores esenciales. También se explicarán al Gobierno las consecuencias de la falta de progresos adicionales en las Unión Europea-Eritrea.
PREGUNTA ESCRITA E-2299/02

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(25 de julio de 2002)

Asunto: Precisiones sobre la respuesta a la pregunta escrita E-1187/02 sobre la posible implicación del Vaticano en fraudes en el sector agrícola

D la respuesta del 2 de julio de 2002 a la pregunta escrita E-1187/02(1) sobre la posible implicación del Vaticano en fraudes en el sector agrícola se deduce que, con arreglo a las informaciones que posee, la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha decidido no abrir una investigación sobre este asunto.

- ¿Puede indicar la Comisión las razones por las que la OLAF no ha abierto una investigación? ¿Implica este hecho que la OLAF no ha informado a la Guardia di Finanza (policía fiscal) o a las autoridades judiciales italianas?

- ¿Tienen conocimiento la Comisión o la OLAF de que una central lechera austríaca ha exportado al Vaticano 800 toneladas de mantequilla?

- En este caso concreto, ¿se han concedido subvenciones a la exportación? En caso afirmativo, ¿por qué cuantía?

(1) DO C 28 E de 6.2.2003, p. 81.

Respuesta de la Comisaria Schreyer en nombre de la Comisión

(26 de septiembre de 2002)

La Comisión ha recibido la siguiente información de la OLAF con respecto a las cuestiones de Su Señoría:

1. La Oficina Europea Antifraude (OLAF) se ha puesto en contacto con las autoridades italianas. Sobre la base de la información facilitada por Italia y a la luz del acuerdo aduanero Italia-Vaticano, que rige el comercio comunitario con el Vaticano, la OLAF considera que no hay argumentos para abrir una investigación.

2. Sí.

3. Basándose en la información recibida de las autoridades austríacas, entre 1996 y el 2002 se pagaron restituciones a la exportación por un total de 1 544 079 euros, correspondientes a 898,2 toneladas de mantequilla.
PREGUNTA ESCRITA E-2882/02

de María Valenciano Martínez-Orozco (PSE) a la Comisión

(14 de octubre de 2002)

Asunto: Recurso interpuesto por la Comisión contra el Estado español Asunto C-358/01 importación de productos de limpieza con lejía

¿Podría la Comisión informar sobre el estado actual de este procedimiento?

¿Podría la Comisión especificar si ha recibido algún tipo de respuesta por parte del Gobierno español ante dicho requerimiento?

¿Qué medidas concretas piensa llevar a cabo la Comisión para la resolución del expediente mencionado a fin de que quede garantizado el cumplimiento de la legislación comunitaria?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(18 de noviembre de 2002)

El procedimiento de infracción que menciona Su Señoría es el no 1999/4134, sobre la legislación española relativa a la lejía.

Las autoridades españolas han respondido a la Comisión en las distintas etapas del procedimiento administrativo que se puso en marcha con arreglo al artículo 226 del Tratado CE.

La Comisión considera que, dado que las respuestas ofrecidas no son satisfactorias, España no se ha atenido al dictamen motivado y ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 del Tratado CE al denegar el acceso al mercado español a productos fabricados y comercializados legalmente en otros Estados miembros con la denominación producto de limpieza con lejía o una denominación análoga, si su concentración en cloro es inferior a 35 g por litro. En consecuencia, la Comisión ha recurrido al Tribunal de Justicia (asunto C-2001/358).

Este asunto se encuentra actualmente pendiente ante el Tribunal.
PREGUNTA ESCRITA E-3243/02

de Brice Hortefeux (PPE-DE) a la Comisión

(15 de noviembre de 2002)

Asunto: Acción para la prevención de la osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad grave e insidiosa debido a que puede permanecer en estado latente durante un largo período de tiempo. En las mujeres occidentales de más de 50 años, el riesgo de sufrir una fractura osteoporótica es del orden del 40 %, y la probabilidad de morir a causa de dichas fracturas iguala las resultantes de un cáncer de mama. Por otra parte, el incremento de la esperanza de vida conllevará un aumento del número de fracturas de cadera, que, según las estimaciones de la OMS, corren el riesgo de duplicarse, pasando de 414 000 a 912 000 en los próximos cincuenta años en la UE.

En consecuencia, nos encontramos ante un problema de salud pública que se plantea de forma permanente. Es fácil imaginar el coste económico que puede representar. Como ejemplo ilustrativo, el coste medio de una fractura de fémur que requiera una hospitalización de larga duración se estima en 11 000 euros.

En 1998, y a petición del Parlamento Europeo, la Comisión llevó a cabo un estudio y publicó un Informe sobre la osteoporosis en la CE Acción para la prevención. Tres años después, la investigación llevada a cabo por la International Osteoporosis Foundation (IOF, Fundación Internacional de Osteoporosis) revela los escasos progresos realizados por los Estados miembros desde el informe de la Comisión, así como un agravamiento de la situación. En efecto, desde 1998, el número de fracturas osteoporóticas en Europa ha aumentado en un 25 % y el coste de la enfermedad, en un 33 %, para alcanzar unos 4 800 millones de euros al año en Europa.

Dado que la Comisión no puede intervenir directamente en el ámbito de la salud debido al principio de la subsidiariedad, ¿está preparando el ejecutivo europeo otras iniciativas o programas para la prevención de la osteoporosis? Y, en caso afirmativo, ¿cuál será su contenido?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(5 de diciembre de 2002)

En 1998, la Comisión publicó ocho recomendaciones en el Informe sobre la osteoporosis en la Comunidad Europea Acción para la prevención.

Sobre la base del mencionado informe, la Comisión financia, en el marco del programa de trabajo de 2002, un proyecto que llevará a cabo la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF en sus siglas en inglés) con objeto de analizar cómo los Estados miembros han aplicado las recomendaciones de este informe.

Los objetivos de este proyecto son trabajar con un grupo de consulta en la aplicación de las ocho recomendaciones y elaborar un plan práctico rentable con las futuras políticas en este ámbito. Además, la Comisión tiene intención de utilizar la información recopilada en el marco de este proyecto como base de un informe.
PREGUNTA ESCRITA E-3760/02

de Gerhard Schmid (PSE) a la Comisión

(23 de diciembre de 2002)

Asunto: Fiscalidad de productos alimentarios que contienen juguetes

En Alemania los productos alimentarios se gravan con un tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido del 7 %. Sin embargo, hay planes de gravar en el futuro los artículos combinados de productos alimentarios y juguetes (por ejemplo, huevos sorpresa) con el tipo completo del impuesto sobre el valor añadido del 16 %.

En este contexto, formulo las siguientes preguntas a la Comisión:

1. ¿En que países de la Unión Europea se consideran tales artículos combinados productos alimentarios y en cuáles se consideran juguetes?

2. ¿Con arreglo a qué fundamento jurídico pueden los Estados miembros decidir por sí mismos la catalogación fiscal de tales artículos combinados?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(3 de febrero de 2003)

Las disposiciones del Derecho comunitario vigentes actualmente en materia de IVA están recogidas en la Sexta Directiva del IVA(1). Dado que las directivas no son aplicables directamente, los Estados miembros deben incorporar el contenido al Derecho nacional y, en su caso, establecer las disposiciones de aplicación práctica.

En virtud del apartado 3 del artículo 12 de la Sexta Directiva del IVA, el tipo normal, como mínimo el 15 %, se aplicará a los juguetes, y los Estados miembros tienen la facultad de aplicar un tipo reducido, que no podrá ser inferior al 5 %, a las entregas de productos alimenticios.

Pero tales disposiciones comunitarias no establecen medidas concretas para las entregas de artículos combinados vendidos a un precio único. Como se trata de disposiciones de aplicación, con arreglo al principio de subsidiariedad corresponde a los Estados miembros decidir en cada caso el IVA aplicable a este tipo de entregas.

La Comisión no dispone de datos precisos sobre el modo en que los Estados miembros han solucionado esta cuestión en su legislación nacional.

(1) Directiva 2002/92/CE del Consejo, de 3 de diciembre de 2002, por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE con el fin de prorrogar la facultad para autorizar a los Estados miembros a que apliquen un tipo reducido del IVA sobre determinados servicios de gran intensidad de mano de obra, DO L 331 de 7.12.2002.