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PREGUNTA ESCRITA E-3259/97 de Rosemarie Wemheuer (PSE) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: Fabricación y exportación de objeto de tortura

Según señalaba la prensa a finales de julio de 1997, Gran Bretaña ha modificado las directrices sobre el comercio mundial con armas de producción británica, y además ha prohibido la exportación de objetos de tortura.

1. ¿Existe en los distintos Estados miembros de la UE una definición que determine qué mercancías han de considerarse «objetos de tortura» en el sentido más amplio?

2. ¿En qué Estados miembros de la UE se producen y comercializan objetos de tortura?

3. ¿Dispone la UE de un fundamento jurídico en que pudiera apoyarse para prohibir la producción, comercialización y, en particular, la exportación de objetos de tortura?

4. ¿Ha habido en el pasado iniciativas europeas comunes a ese respecto, o están previstas iniciativas europeas para un futuro próximo?

Respuesta de Sir Leon Brittan en nombre de la Comisión (20 de noviembre de 1997)

1. y 2. La Comisión lamenta no tener suficiente información para poder contestar a estas preguntas.

3. En la Comunidad, la base jurídica para prohibir la producción, venta y exportación de instrumentos de tortura se encuentra fundamentalmente en la legislación de los Estados miembros.

El artículo 36 del Tratado CE permite a los Estados miembros prohibir o restringir las importaciones y exportaciones y el tránsito de mercancías dentro de la Comunidad por razones de moralidad pública, orden público, seguridad pública o protección de la salud y la vida de las personas. Por lo que se refiere a las exportaciones a terceros países, el Reglamento (CEE) no 2603/69 del Consejo por el que se establece un régimen común para las exportaciones ((DO L 324 de 27.12.1969. )) permite a los Estados miembros prohibir o restringir las exportaciones a estos países por idénticas razones. El artículo 113 del Tratado CE puede servir de base para una prohibición de exportación a la Comunidad en su conjunto.

4. En respuestas a preguntas escritas anteriores (no E-664/92, del Sr. David ((DO C 247 de 24.9.1992. )) y no E-741/97, del Sr. Nicholson ((DO C 139 de 5.6.1995. ))) sobre la exportación de instrumentos de tortura, la Comisión señaló que cualquier objeto, dependiendo de las circunstancias, puede convertirse en instrumento de tortura, aunque no esté concebido originalmente para ello. Por tanto, es muy poco lo que puede hacer la legislación para impedir la producción, venta o exportación de mercancías que puedan llegar a ser utilizadas como instrumentos de tortura.

En cualquier caso, y a la luz de la información obtenida de los Estados miembros sobre su definición de los instrumentos de tortura y su política nacional en materia de producción, venta y exportación, la Comisión estaría dispuesta a considerar una iniciativa encaminada a un planteamiento común.
PREGUNTA ESCRITA E-3346/97 de Frank Vanhecke (NI) al Consejo (23 de octubre de 1997)

Asunto: Contribución de Bélgica al presupuesto europeo

Con motivo de la reunión de los Ministros de Hacienda en Mondorf los días 13 y 14 de septiembre de 1997, los Países Bajos pidieron que se redujera su contribución a la Unión, aduciendo, sobre la base de un cuadro interno, que los Países Bajos son el país contribuyente neto más importante de la Unión.

¿Puede el Consejo presentar un ejemplar del cuadro aducido por los Países Bajos?

¿Dispone el propio Consejo de unos cálculos realizados por él mismo que indiquen de modo detallado qué Estados miembros de la Unión son contribuyentes netos o receptores netos y en qué medida? ¿Puede suministrar estos datos para los ejercicios 1995, 1996 y 1997?

Respuesta (20 de enero de 1998)

1. El documento de trabajo al que se refiere Su Señoría fue citado por la Delegación de los Países Bajos en una reunión oficiosa de los Ministros de Hacienda y no ha sido objeto de comunicación oficial al Consejo. Según el uso, la transmisión de un documento de esas características, interno de una delegación y comentado en un marco oficioso, es competencia exclusiva de la delegación autora, en el caso que nos ocupa, la Delegación neerlandesa.

2. En cuanto a la segunda pregunta, el Consejo ha tomado nota de las cifras preparadas por los servicios de la Comisión en relación con el desglose de los recursos y de la mayor parte de los gastos por Estado miembro. El Consejo ha contado en ocasiones anteriores con datos del mismo tipo para su trabajo sobre medidas financieras. Además, en los informes del Tribunal de Cuentas figuran datos similares. No obstante, ni la Comisión ni el Consejo han establecido nunca de común acuerdo saldos netos por Estado miembro.
PREGUNTA ESCRITA E-3304/97 de Raymonde Dury (PSE) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: Reducción de los accidentes de tráfico

¿Podría estimar la Comisión el coste económico de las muertes ocurridas por accidentes de tráfico en Bélgica e indicar las soluciones que propone para reducir el número de muertos y heridos en toda Europa?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3304/97 y E-3305/97 dada por el Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (15 de diciembre de 1997)

En 1994, los accidentes de tráfico en Bélgica arrojaron un balance de 1.543 muertos y 73.338 heridos. Sobre la base del número de muertos por cada millón de habitantes durante el período 1991-1994, la situación de Bélgica es peor que la media comunitaria, por debajo de otros siete Estados miembros. Sin embargo, es difícil establecer comparaciones precisas entre Estados miembros, dado que determinados factores, como la calidad de la infraestructura, no son comparables.

La Comisión ha calculado que el coste directo de los accidentes de tráfico (incluido el coste de los servicios policial y médico de urgencia, las reparaciones de vehículos y las pérdidas de producción) es de 45.000 millones de ecus anuales para el conjunto de la Comunidad. Si se divide por el total anual de accidentes mortales de carretera en la Comunidad: 45.000, se obtiene una media aritmética de un millón de ecus por muerte.

La Comisión ha adoptado la Comunicación «Promoción de la seguridad vial en la Unión Europea: programa para 1997-2001» ((COM(97)131 final. )), en la que se perfilan los planes de la Comisión sobre la base de los resultados del primer programa de acción correspondiente al período 1993-1996. Las medidas de la Comisión se centrarán en tres ámbitos: recogida y difusión de la información para determinar y supervisar la situación; puesta en marcha y apoyo de medidas destinadas a la prevención de accidentes, con especial énfasis en el factor humano y en su interacción con el entorno; y puesta en marcha y apoyo de medidas para reducir las consecuencias de los accidentes cuando se produzcan. La Comisión cree que la aplicación de las medidas propuestas en el programa de acción podría reducir en 18.000 el número anual de accidentes mortales en el horizonte del año 2010.
PREGUNTA ESCRITA E-2232/97 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) al Consejo (18 de julio de 1997)

Asunto: Ejercicio del derecho de sufragio de los emigrantes albaneses en la UE

En los países de la Unión Europea, y sobre todo en Grecia e Italia, trabajan cientos de miles de emigrantes albaneses. Es evidente que pocos de dichos trabajadores podrán ejercer su derecho de sufragio, a pesar de los buenos propósitos mostrados por algunos gobiernos para facilitarles el viaje a su región de origen para poder ejercer dicho derecho.

Dada la importancia de las actuales elecciones en Albania, el elevado número de emigrantes y la necesidad de una participación general de los ciudadanos albaneses, ¿puede decir el Consejo si tiene intención de pedir al Gobierno albanés, los Estados miembros y LA OSCE que propongan iniciativas que permitan a los emigrantes albaneses votar en sus países de residencia, de modo que el resultado de las elecciones sea lo más representativo posible?

Respuesta (19 de enero de 1998)

La pregunta de Su Señoría no corresponde a las competencias del Consejo.

En efecto, el Consejo no es competente para pronunciarse sobre una cuestión que se refiere a la forma en que un tercer Estado, Albania, organiza la participación de sus nacionales emigrados fuera de sus fronteras en las elecciones que tienen lugar en Albania.
PREGUNTA ESCRITA E-3195/97 de Bernie Malone (PSE) a la Comisión (16 de octubre de 1997)

Asunto: SLIM

¿Puede la Comisión aclarar qué efectos va a tener, en su caso, el proceso SLIM en lo que atañe al papel del Comité de Enlace de las Matronas Europeas y su comité consultivo respecto de la Comisión?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (18 de noviembre de 1997)

Ante todo debe distinguirse el comité de enlace de matronas, organización profesional europea de las matronas, sin ningún vínculo institucional con la Comisión, del comité consultivo de formación de matronas, vinculado a la Comisión y creado mediante la decisión del Consejo 80/156/CEE de 21 de enero de 1980 ((DO L 33 de 11.2.1980. )), momento en que se adoptaron las directivas sectoriales 80/154/CEE sobre reconocimiento recíproco de diplomas, certificados y otros títulos de matrona y con medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios1, y 80/155/CEE relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre el acceso a las actividades de matrona y al ejercicio de las mismas1.

En lo que se refiere a las consecuencias de la iniciativa SLIM (Simplificación de la legislación en el mercado interior) para la función del comité consultivo de formación de matronas, en su Comunicación al Consejo y al Parlamento sobre los avances de SLIM ((COM(96)559 final. )), la Comisión indicó que en 1997 presentará propuestas para analizar el funcionamiento de los comités consultivos (formación de médicos, enfermeros, dentistas, veterinarios, matronas y farmacéuticos). Actualmente la Comisión continúa trabajando al respecto, sin que por el momento haya llegado a ninguna conclusión oficial.
PREGUNTA ESCRITA E-3673/97 de Patricia McKenna (V) a la Comisión (19 de noviembre de 1997)

Asunto: Elecciones en Camboya

¿Puede informar la Comisión sobre las medidas que tiene intención de adoptar para contribuir a la celebración de elecciones en Camboya el próximo año?

Durante los últimos meses ha habido continuas informaciones sobre violaciones de los derechos humanos en Camboya, entre las que se encuentran la intimidación y el acoso de activistas políticos y el encarcelamiento de muchos periodistas y defensores de los derechos humanos.

Como consecuencia de dichas violaciones se teme que las elecciones no se celebren en un ambiente pacífico.

¿Tiene intención la Comisión de adoptar alguna medida particular para asegurar que se garantiza la seguridad de los candidatos que participan en las elecciones?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión (16 de diciembre de 1997)

Previo dictamen conforme de los Estados miembros en el Comité PVD/ALA de 11 de septiembre de 1997, la Comisión decidió contribuir con 9.5 MECU al proceso electoral en Camboya. Esta contribución se destinó al registro electoral (7 MECU) y a la instauración parcial del dispositivo de observación (2.5 MECU).

La Comisión es perfectamente consciente de la situación política en Camboya, que observa en estrecha concertación con los Estados miembros, las Naciones Unidas y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Por otra parte, presta especial atención a los casos de violación de los derechos humanos denunciados en el pasado. Con el fin de prevenir un clima electoral que pudiera dar origen a episodios de intimidación y de violencia, la Comisión ha previsto expresamente una cláusula de suspensión de su apoyo al proceso electoral en caso de que se produzcan hechos de este tipo.

Por lo que se refiere a medidas apropiadas para la seguridad de los candidatos, estas dependerán de un enfoque compartido y concertado in situ con cada representante de la comunidad internacional implicado en el proceso electoral, y, más concretamente, con los que tendrán la tarea de recoger las informaciones, instruir los expedientes y aplicar los procedimientos de recurso previstos para la protección de los candidatos.
PREGUNTA ESCRITA E-3652/97 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión (19 de noviembre de 1997)

Asunto: Programa para los pónticos de origen griego

Los griegos del Ponto repatriados (rusos de origen griego) constituyen un grupo con derecho a recibir subvenciones en el marco de programas de iniciativa comunitaria como Horizon, Tacis y Phare y del programa operativo para la lucha contra la exclusión del mercado laboral del segundo marco comunitario de apoyo para Grecia 1994-1999. ¿Puede indicar la Comisión:

1. qué acciones se han llevado a cabo para prestar ayuda a estas personas en el marco de dichos programas;

2. cuál es la tasa de utilización de créditos, desglosada para cada acción, en los años 1994, 1995, 1996 y 1997;

3. y si existen retrasos en la utilización de los créditos y, en caso afirmativo, cuáles son las principales razones para ello?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (9 de enero de 1998)

Los griegos repatriados del Ponto (rusos de origen griego) constituyen un grupo destinatario en el marco del subprograma 2 «Migrantes, griegos repatriados y refugiados políticos» integrado en el programa operativo «Lucha contra la exclusión del mercado de trabajo» (Marco comunitario de apoyo para Grecia 1994-1999).

1. Este subprograma prevé la puesta en marcha de paquetes integrados de medidas que abren cauces para la integración en el mercado de trabajo del grupo destinatario antes mencionado. Entre estas medidas destacan la formación previa (es decir, la enseñanza del griego como lengua extranjera, la enseñanza de terminología científica o profesional a científicos y especialistas, la información sobre la situación jurídica, laboral y social), la formación, la promoción del empleo, los servicios de acompañamiento o apoyo (es decir, asistencia psicológica y social, asistencia a personas dependientes y ayuda en materia de alojamiento).

2. La tasa de utilización de los créditos de compromiso de compromiso anuales concedidos por el Fondo Social Europeo (FSE) al conjunto del subprograma en cuestión fue del 16 % en 1994, el 0 % en 1995, el 74 % en 1996 y el 43 % (estimado) en 1997.

3. Como ya se apuntaba en anteriores respuestas de la Comisión relativas a otros grupos destinatarios de este programa operativo, esta baja tasa de utilización se debe principalmente a las dificultades que plantea el enfoque innovador del programa operativo, a la ausencia de estructuras de aplicación adecuadas y a los problemas surgidos durante el periodo 1995-96, especialmente respecto a la creación y puesta en marcha de sistemas y procedimientos que garanticen una aplicación eficaz.

A la luz de la experiencia adquirida durante el primer periodo de aplicación, las autoridades griegas preparan actualmente una modificación en profundidad del programa operativo con vistas a elaborar políticas y medidas más orientadas a las necesidades específicas del grupo en cuestión.
PREGUNTA ESCRITA E-3403/97 de Ole Krarup (I-EDN) al Consejo (28 de octubre de 1997)

Asunto: Directivas sobre el derecho de residencia

Con referencia a las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam sobre un incremento de la libertad de circulación de las personas, etc, ¿puede el Consejo decir hasta qué punto las tres directivas adoptadas en 1990 sobre el derecho de residencia se aplican ahora a un grupo más extenso de personas?

Respuesta (12 de febrero de 1998)

Las tres Directivas adoptadas en 1990, a las que se refiere Su Señoría, fijan claramente las categorías de personas a las que son aplicables.

Cuando el Tratado de Amsterdam entre en vigor, los nacionales de terceros Estados podrán ser objeto, en virtud de los futuros apartado 3 del artículo 62 y apartado 4 del artículo 63, de medidas por las que se fijen las condiciones con las que podrán circular por el territorio de los Estados miembros, así como las condiciones de residencia en los Estados miembros.

En el marco de su derecho de iniciativa, corresponderá a la Comisión o a los Estados miembros proponer, después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, disposiciones relativas al derecho de residencia de otras categorías de personas.
PREGUNTA ESCRITA E-3489/97 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (3 de noviembre de 1997)

Asunto: Disparidades entre las disposiciones británicas y españolas en materia de derecho a prestaciones por invalidez de la Seguridad Social

¿Podría la Comisión informar sobre los principios que se derivan del caso del Sr. Thomas Hawking, habitante de la circunscripción del autor de la presente pregunta, quien se trasladó de Gran Bretaña a España en 1995, antes de quedar inválido a causa de una grave enfermedad en 1996?

La Comisión debe tomar nota de que la persona en cuestión cotizó de modo continuado a la Seguridad Social en España, pero se le denegaron las prestaciones debido a que el plazo de 2 años de cotización era insuficiente; además, su traslado le privó de la facultad de reclamar las prestaciones en Gran Bretaña, dado que sus anteriores cotizaciones completas en aquel país se habían interrumpido al trasladarse, y sus derechos en este país eran inferiores a dos años completos.

¿Está de acuerdo la Comisión en que este hecho es evidentemente injusto? ¿Tiene previsto presentar propuestas para poner fin a tales situaciones anómalas para que los ciudadanos de la Unión Europea puedan ejercer su derecho a la libre circulación en la Unión Europea? Mientras tanto, ¿qué mecanismos existen en la Comisión o en los Estados miembros para permitir un estudio individual de estos casos?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (25 de noviembre de 1997)

Su Señoría formula una pregunta sobre el derecho de un trabajador migrante a una pensión por invalidez.

El Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad ((En virtud del Reglamento (CE) del Consejo no 118/97 de 2.12.1996, DO L 28 de 30.1.1997 se ha aprobado una versión actualizada de este Reglamento. )) prevé normas detalladas sobre la invalidez. En concreto, una persona que haya estado asegurada en un Estado miembro en el que la cuantía de la pensión sea independiente de la duración del período de seguro debe percibir una pensión del Estado miembro en el que estaba asegurada en el momento de resultar aquejada de una invalidez. La institución competente de ese Estado miembro debe determinar si la persona en cuestión cumple las condiciones para tener derecho a las prestaciones, computando, en la medida necesaria, los períodos de seguro cubiertos bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro (artículo 38). La única condición es que la persona estuviera asegurada al menos un año en el Estado miembro en el que se solicita la pensión.

No obstante, la información que facilita Su Señoría es demasiado general para que la Comisión pueda determinar si, en este caso concreto, se ha respetado la legislación comunitaria. Por consiguiente, la Comisión propone a Su Señoría que presente más detalles del caso, para que la Comisión pueda examinarlos a la luz de la legislación comunitaria.
PREGUNTA ESCRITA E-1374/97 de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) a la Comisión (21 de abril de 1997)

Asunto: Incidencia de los acuerdos de la UE con terceros países en las conservas de pescados y moluscos

Considerando la influencia directa que sobre el sector de las conservas de pescados y moluscos lleva aparejada la firma de determinados acuerdos con terceros países y el desconocimiento de muchas de las empresas europeas de este sector del contenido de dichos acuerdos, puede la Comisión informar: ¿En qué situación se encuentran las negociaciones y/o relaciones, o en su caso, los últimos Acuerdos alcanzados por la Unión Europea con Turquía, PECOS, ASEAN, ACP y SPG - Pacto Andino (droga) y otros, en lo que al sector conservero de productos del mar se refiere?

Respuesta complementaria de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (7 de enero de 1998)

Habida cuenta de la amplitud de la respuesta, la Comisión la envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-3418/97 de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión (31 de octubre de 1997)

Asunto: Comercio mundial y protección de los animales

La Comisión Europea ha aducido reiteradamente que resulta más prometedor mejorar la protección de los animales mediante acuerdos multilaterales.

1. ¿Es esta pretensión realista a la luz de la experiencia obtenida de las negociaciones sobre disposiciones de protección de los animales en la Unión? ¿En qué tipo de acuerdos se piensa concretamente?

2. ¿Si este proceder es realista, ¿qué impide perseguir simultáneamente la mejora de los reglamentos de la OMC?

3. ¿Qué medidas puede adoptar básicamente la UE para fomentar la protección de los animales en los países terceros?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3414/97, E-3415/97, E-3417/97 y E-3418/97 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión (24 de noviembre de 1997)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-2569/94 del Sra. Oddy ((DO C 145 de 12.6.1995. ))
PREGUNTA ESCRITA E-3180/97 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión (13 de octubre de 1997)

Asunto: Accidentes en la carretera Tsakona-Kalamata

Doce alcaldes y vecinos de municipios por los que pasa la carretera Tsakona-Kalamata, de 30 kilómetros de longitud, han denunciado que debido al paso de la carretera por zonas residenciales, a la inexistencia de semáforos, a defectos de construcción y a la excesiva velocidad de los vehículos, los últimos años ha habido 60 muertos y decenas de heridos graves. El paso de la carretera por pueblos que no tienen ni siquiera aceras rudimentarias y que carecen de alumbrado, visibilidad y controles, es especialmente duro de soportar para sus ciudadanos, en particular para los ancianos, los escolares y los niños. Ante las protestas de los vecinos, las autoridades de la región del Peloponeso consideran que la única solución al problema es la construcción de una nueva carretera de circunvalación que evite las zonas habitadas. ¿Puede indicar la Comisión:

1. si las autoridades de la región del Peloponeso han propuesto que dicho eje viario se incluya en el segundo marco comunitario de apoyo con miras a su revisión,

2. y si existe posibilidad de intervención en el marco del segundo marco comunitario de apoyo para que se haga un nuevo trazado de la carretera o se busquen otras alternativas?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (25 de noviembre de 1997)

La Comisión informa a Su Señoría que, de acuerdo con la información de que dispone, las autoridades griegas ya adjudicaron los contratos para la realización de estudios de algunos tramos de la futura autopista Tripoli-Kalamata, de la que forma parte el tramo Tsalona-Kalamata. Se trata de un nuevo trazado que no atraviesa las zonas habitadas, como ocurre con la carretera existente objeto de quejas por parte de los ciudadanos.

Dado que dichos estudios no finalizarán antes del año 2000, el nuevo trazado no podrá recibir una cofinanciación dentro del marco comunitario de apoyo de 1994-1999. Sin embargo, las autoridades griegas podrían presentar una propuesta de cofinanciación de los estudios dentro del período de programación actual.

Por otra parte, es evidente que no es competencia de la Comisión intervenir en el trazado de las carreteras que financia y todavía menos en el de aquéllas para las que no se ha solicitado todavía una financiación.