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PREGUNTA ESCRITA E-2115/96 de Miguel Arias Cañete (PPE) a la Comisión (26 de julio de 1996)

Asunto: Exportaciones ilegales de carne contaminada por la EEB

El Ministro de AAEE italiano ha admitido la localización de una partida de carne de «vacas locas» que pretendía pasar la aduana italiana como importación declarada de patatas. Esta no es la primera vez que leemos en la prensa noticias sobre exportaciones ilegales de este tipo de carne en los últimos días.

Ante el evidente peligro que estas prácticas suponen para la salud de los ciudadanos de la UE y ante la advertencia realizada por inspectores comunitarios de que los controles británicos para impedir la exportación de esta carne eran susceptibles de mejora, ¿Qué medidas ha tomado la Comisión para evitar que se produzcan exportaciones ilegales de carne vacuna británica y para lograr que el Reino Unido realice controles verdaderamente efectivos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (24 de septiembre de 1996)

La Comisión ha llevado a cabo diversas inspecciones en el Reino Unido, incluida la que se desarrolló entre el 22 y el 26 de julio de 1996. Durante esta misión se estudiaron detenidamente las medidas adoptadas por el Reino Unido para impedir las exportaciones ilegales. Las autoridades británicas han confirmado que su legislación prohíbe la exportación de los productos de origen animal que no cumplan una serie de condiciones sanitarias. A raíz de la información recientemente recibida sobre las exportaciones ilegales de harina de origen bovino procedente del Reino Unido en incumplimiento de la citada prohibición de exportación, la Comisión se puso en contacto con funcionarios del Ministerio de Agricultura del Reino Unido, quienes, una vez investigado el asunto, comunicaron a la Comisión no haber encontrado prueba alguna de las supuestas exportaciones ilegales. La Comisión ha solicitado que las partidas destinadas a la exportación sean objeto de controles físicos sobre el terreno cuyos resultados deberán ser periódicamente comunicados a la Comisión y a los Estados miembros. Las autoridades británicas han accedido a esta petición.

Está previsto que prosigan las inspecciones comunitarias y que esta cuestión vuelva a estudiarse de nuevo.
PREGUNTA ESCRITA E-1954/96 de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión (16 de julio de 1996)

Asunto: Repercusiones de las patentes sobre los animales

¿Qué repercusiones tienen las patentes sobre los animales en los mercados situados en una fase posterior del circuito económico, como el mercado de los medicamentos?

Respuesta del Sr. Monti En nombre de la Comisión (11 de octubre de 1996)

En respuesta a la pregunta planteada por Su Señoría, la Comisión desea señalar que, en su opinión, la concesión de patentes sobre animales no tendrá consecuencias negativas para el mercado de productos farmacéuticos, ni respecto a los precios de los medicamentos ni a su calidad o diversidad. Al contrario, se favorecerá la comercialización de nuevos medicamentos, al tener los investigadores la posibilidad de estudiar mejor determinadas enfermedades a través de animales transgénicos que sirven de modelo.
PREGUNTA ESCRITA E-2048/96 de Nuala Ahern (V) a la Comisión (19 de julio de 1996)

Asunto: Vertido de municiones en la Bahía de Cárdigan

En una carta enviada en mayo por el Ministro de Defensa inglés, Sr. Earl Howe, con competencias en asuntos de medio ambiente, al diputado del Parlamento británico, Sr. Cynog Dafis, se revelaba que se habían arrojado al mar algunas bombas incendiarias sin control oficial, en la Bahía de Cárdigan tras la segunda guerra mundial. El vertido de estas municiones se hizo durante unas 36 expediciones a la llamada «área de echazón».

Puesto que el Ministerio de Defensa del Reino Unido admite que no dispone de unos registros completos de estos vertidos, ¿puede la Comisión tomar medidas para ayudar a la localización, control y, en caso necesario, retirada de las municiones, para proteger el medio ambiente marino de una posible contaminación?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (1 de octubre de 1996)

La Comisión no tenía conocimiento del vertido de municiones en la Bahía de Cárdigan pero es consciente de que, en el pasado, se han vertido municiones en el mar en las aguas de varios Estados miembros. El vertido de municiones no es competencia de la Comunidad. La Comisión considera que, en la medida en que una actuación sea necesaria, corresponde a los Estados miembros afectados decidir las medidas específicas que sea preciso adoptar.
PREGUNTA ESCRITA E-2683/96 de José Valverde López (PPE) a la Comisión (15 de octubre de 1996)

Asunto: Iniciativa de la Junta de Andalucía para excluir del Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana a los municipios de Sanlúcar de Barrameda y Trebujena

Ciertas organizaciones ecologistas de Andalucía han denunciado una iniciativa de la Junta de Andalucía para excluir del Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana a los municipios de Sanlúcar de Barrameda y Trebujena, como maniobra para permitir la construcción de una urbanización de lujo en los terrenos denominados «Loma de Martín Miguel». Construcción que podría ser similar al polémico plan denominado «Costa Doñana».

Dado que en estos momentos se está aplicando el programa «Doñana II» con una aportación de la CE de más de 40 millones de ecus, a lo que se suma la subvención extraordinaria acordada en 1992, en el Consejo Europeo de Edimburgo, para el período 1994-1997, de 105 millones de ecus, se desea conocer qué noticias tiene la Comisión sobre estas posibles actuaciones y su compatibilidad con el «Plan Director de Doñana».

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (15 de noviembre de 1996)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-2281/96 de Joan Colom i Naval (PSE) a la Comisión (27 de agosto de 1996)

Asunto: Calidad de las aguas de baño en Holanda

Según el decimotercer informe de la Comisión sobre la calidad de las aguas de baño en 1995, en Holanda sólo el 0% de los puntos de medición de aguas costeras y el 18% de las interiores se mostraban conformes con los valores imperativos de calidad.

¿Ha tomado la Comisión alguna medida para tratar de remediar esta situación?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2281/96 y E-2282/96 dada por la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (25 de septiembre de 1996)

La situación insatisfactoria de la calidad de las aguas de baño de los Países Bajos acaba de señalarse en el informe de la Comisión al respecto correspondiente a 1995, publicado muy recientemente.

La Comisión ha decidido interrogar a las autoridades neerlandesas sobre este problema en una carta de emplazamiento, primer paso del procedimiento establecido en el artículo 169 del Tratado CE.

En cuanto a la mala calidad de las aguas interiores de baño de Alemania, la Comisión, que detectó esta situación hace algún tiempo, ha iniciado un procedimiento de infracción, que incluye un dictamen motivado. Este dictamen, última etapa del procedimiento precontencioso establecido en el artículo 169 del Tratado, ya se ha notificado. El procedimiento de infracción sigue adelante.
PREGUNTA ESCRITA E-1884/96 de Brigitte Langenhagen (PPE) a la Comisión (11 de julio de 1996)

Asunto: Impuesto sobre el volumen de negocios a la importación

Los tripulantes de veleros de la UE que atraviesan las fronteras dentro de la Unión por vía marítima tropiezan continuamente con dificultades planteadas por las autoridades correspondientes, sobre todo en lo relativo a la justificación del impuesto sobre el volumen de negocios a la importación.

Para resolver este problema, ¿no sería útil disponer de un justificante de la UE, internacional y en varias lenguas, relativo al impuesto sobre el volumen de negocios a la importación? De este documento debería desprenderse la exención o el pago del impuesto por el yate, con indicación de la fecha, el lugar y el importe del mismo.

¿Apoya la Comisión o está incluso elaborando ya dicho justificante de la UE en varias lenguas relativo al impuesto sobre el volumen de negocios a la importación?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (9 de octubre de 1996)

La prueba de la situación fiscal de un barco sólo puede exigirse en situaciones muy concretas: por una parte, para asegurarse de que los buques que a 1 de enero de 1993 se encontraban en una Estado miembro al amparo de un régimen nacional de admisión temporal se acogieron a la dispensa del pago del IVA a la salida de regímenes de admisión temporal (fecha de primera puesta en servicio anterior al 1 de enero de 1985) y, por otra, para determinar si un barco, que no se encontrara a 1 de enero de 1993 en un Estado miembro al amparo de un régimen nacional de admisión temporal, ha sido adquirido o importado en las condiciones generales de fiscalidad del mercado interior de un Estado miembro.

Si se observa claramente que un barco entra en las aguas de un Estado miembro procedente directamente de otro Estado miembro, no procede solicitarle que certifique su situación fiscal.

El hecho de que la Comisión no apruebe la creación de un documento comunitario en varias lenguas que certifique las situaciones que se acaban de mencionar se debe a que los problemas de este tipo sólo afectan a muy pocos casos y se plantean muy raramente. Por regla general, los Estados miembros aceptan cualquier documento expedido por uno de ellos destinado a demostrar el pago del impuesto. A este respecto, conviene señalar que los propietarios de barcos disponen de varios medios para demostrar el pago del IVA: la factura, una factura certificada por la administración, el documento aduanero T2L u otros documentos utilizados a nivel nacional en determinados Estados miembros. Con la adopción de un documento comunitario único se correría el riesgo de fomentar la idea de un control sistemático, hecho que podría resultar más restrictivo para los operadores que la situación actual. Por último, en caso de duda, las administraciones pueden recurrir a la asistencia mutua.

Éste es, por otra parte, el enfoque compartido por las administraciones en el marco de los trabajos del Comité consultivo del IVA.
PREGUNTA ESCRITA E-2391/96 de Glyn Ford (PSE) a la Comisión (6 de septiembre de 1996)

Asunto: Derechos para los comerciantes en mercados al aire libre

¿Cuál es la postura de la Comisión en relación con las normas que rigen el comercio en mercados al aire libre en la Unión Europea, especialmente en lo concerniente a derechos de vacaciones y de enfermedad?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (8 de octubre de 1996)

Los derechos de las personas que trabajan en mercados al aire libre dependen de su situación laboral. Por lo que respecta al derecho a vacaciones, en los casos en que las personas que trabajan en mercados al aire libre sean consideradas trabajadores con arreglo a la legislación nacional, se les aplican las siguientes disposiciones:

- El apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 91/533/CEE del Consejo, relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o la relación laboral ((DO L 288 de 18.10.1991. )), establece que el empresario debe comunicar al trabajador la duración de las vacaciones pagadas a que tiene derecho o las modalidades de atribución y de determinación de las mismas.

- El artículo 7 de la Directiva 93/104/CE del Consejo, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo ((DO L 307 de 13.12.1993. )), establece que cada trabajador tiene derecho a unas vacaciones anuales retribuidas de un mínimo de cuatro semanas.

Por lo que respecta a los derechos de enfermedad, no existen disposiciones comunitarias que regulen el contenido material de los mismos. La coordinación de la legislación en materia de seguridad social está regulada por el Reglamento (CEE) 1408/71 ((DO L 149 de 5.7.1971, versión codificada DO C 325 de 10.12.1992. )), que se aplica a los trabajadores por cuenta propia, a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan en la Comunidad. No obstante, tal como ha señalado el Tribunal de Justicia en muchas ocasiones, los Estados miembros tienen libertad para determinar las características de sus propios sistemas de seguridad social, incluidos los tipos de prestaciones por enfermedad que se conceden y los criterios para poder acceder a las mismas, siempre y cuando no exista ninguna discriminación por motivos de nacionalidad.
PREGUNTA ESCRITA E-2301/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (27 de agosto de 1996)

Asunto: Fijación de plazos para el pago de subvenciones a ONG de ayuda a los minusválidos en el marco de HELIOS II

1. ¿Ha establecido la Comisión plazos fijos para el pago de subvenciones a ONG de ayuda a los minusválidos en el marco del programa HELIOS II?

2. ¿Puede explicar la Comisión porqué en el pago de subvenciones a ONG se registran importantes retrasos que perturban gravemente el desarrollo de la parte del programa correspondiente a las mismas?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (3 de octubre de 1996)

De conformidad con las estipulaciones contenidas en todo contrato de subvención, los pagos se efectúan en un plazo de 60 días a contar desde la firma del contrato por ambas partes. Los retrasos constatados se deben esencialmente al hecho de que, por tratarse de una asignación de dinero público, se requieren determinados controles financieros en relación con la concesión de fondos públicos para garantizar la adecuada utilización de los mismos y la aplicación de los principios de una buena gestión financiera.
PREGUNTA ESCRITA P-2507/96 de Hugh Kerr (PSE) a la Comisión (23 de septiembre de 1996)

Asunto: La escolarización de los niños gitanos e itinerantes y de los niños cuyos padres ejerzan profesiones itinerantes

La Comisión en su informe sobre la educación de los hijos de migrantes en la Unión Europea (COM(94)0080), indicó que esperaba publicar los siguientes informes en 1993:

1. Un informe sobre la escolarización de los niños gitanos e itinerantes ((DO C 153 de 21.6.1989, p. 3. )), y

2. Un informe sobre la escolarización de los niños cuyos padres ejerzan profesiones itinerantes ((DO C 153 de 21.6.1989, p. 1. )).

¿Puede explicar la Comisión el largo retraso que se ha producido en la publicación de estos informes y también cuándo se puede esperar que se publiquen estos importantes informes?

Respuesta común a las preguntas escritas P-2505/96 y P-2507/96 dada por la Sra. Cresson en nombre de la Comisión (8 de octubre de 1996)

En la respuesta a su pregunta escrita no P-90/96, la Comisión comunicó a Su Señoría el calendario previsto para la finalización de las traducciones y los procedimientos de aprobación y publicación de estos dos informes relativos, respectivamente, a la escolarización de los niños gitanos e itinerantes y la escolarización de los niños cuyos padres ejercen profesiones itinerantes. Estos informes abarcan cuatro años de trabajo intenso en este ámbito (1991-1994). En ellos se analizan y evalúan las políticas llevadas a cabo por los Estados miembros y la Comisión y se incluyen propuestas a fin de desarrollar la cooperación europea en la materia.

Se están llevando a cabo en la actualidad las traducciones y la Comisión debería aprobar ambos informes en breve plazo. Así pues, se presentarán al Parlamento y al Consejo en las próximas semanas.
PREGUNTA ESCRITA E-2066/96 de Claude Desama (PSE) a la Comisión (26 de julio de 1996)

Asunto: Apertura del mercado de los transportes colectivos urbanos, ferroviarios y regionales

Parece ya seguro que la Comisión va liberalizar próximamente los mercados del transporte colectivo urbano, interurbano y regional. ¿Tiene intención la Comisión de obligar a los candidatos a respetar los cometidos del servicio público?

En caso afirmativo, ¿cuáles serían estos cometidos y cómo garantizará la Comisión su cumplimiento? Por otra parte, ¿en qué situación se encuentra la financiación de los cometidos del servicio público?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (13 de septiembre de 1996)

En su Libro Verde «Una red para los ciudadanos» ((COM(95)601. )), la Comisión presentó sus ideas sobre el desarrollo del transporte de pasajeros en la Comunidad y, entre otras cosas, hizo referencia al marco reglamentario del transporte público urbano, suburbano y regional. Aunque no se pronunció por ninguna solución definitiva, la Comisión expresó su intención de examinar la manera de fomentar la licitación de las concesiones para la prestación de servicios de transporte urbano y regional de pasajeros. En lo que respecta al transporte nacional de viajeros, la Comisión hizo hincapié repetidamente en la necesidad de permitir a los Estados miembros garantizar el principio de servicio público.

El Reglamento no 1191/69 ((DO L 156 de 28.6.1969. )) (CEE) del Consejo, modificado por el Reglamento no 1893/91 ((DO L 169 de 29.6.1991. )) del Consejo, expone detalladamente el concepto de obligatoriedad del servicio inherente al transporte público ferroviario, por carretera y por las vías interiores de navegación de conformidad con el artículo 77 del Tratado CE. Este último Reglamento establece en el apartado 4 de su artículo 1 que los Estados miembros pueden otorgar contratos de servicio público a una empresa de transporte para garantizar unos servicios de transporte público suficientes. Actualmente, el artículo 1.1 establece la posibilidad de que los Estados miembros excluyan del ámbito del Reglamento a cualquier empresa cuya actividad se limite exclusivamente a la prestación de servicios urbanos, suburbanos o regionales. Tal y como se menciona en el Libro Verde, la Comisión tiene previsto reconsiderar el alcance de esta excepción general con objeto de ofrecer los incentivos financieros y de gestión apropiados para que esas empresas mejoren sus servicio y aumenten su eficacia. Los contratos de servicio público para garantizar dichos incentivos deben incluir, entre otras cosas, el precio de los servicios convenidos entre la autoridad pública y la empresa de transporte y podrían adecuarse a las posibles licitaciones de concesiones.
PREGUNTA ESCRITA E-1656/96 de Yannos Kranidiotis (PSE) a la Comisión (24 de junio de 1996)

Asunto: Contactos de la Comisión Europea con el ilegítimo régimen turcochipriota

Según informaciones confirmadas filtradas a la prensa, la Comisión Europea está en contacto con el ilegítimo régimen turcochipriota y, en concreto, negocia con la denominada «Universidad del Mediterráneo oriental» acerca de la creación de un centro de documentación, cofinanciada por la Unión Europea.

¿Puede indicar la Comisión hasta qué punto son ciertas dichas informaciones y en qué medida se han celebrado consultas con el Gobierno chipriota, conforme a la decisión del 6 de marzo de 1995? ¿Qué medidas adopta para evitar la creación de una relación institucional con un órgano ilegítimo, garantizando así el respeto de las resoluciones de las Naciones Unidas y de la postura oficial de la UE frente a la República de Chipre?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1656/96 y E-1766/96 dada por el Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (27 de septiembre de 1996)

La política comunitaria de información a la comunidad turcochipriota se deriva de las conclusiones del Consejo de 6 de marzo de 1995: «la adhesión de Chipre a la Unión Europea debe incrementar la seguridad y la prosperidad de ambas comunidades en la isla». El Consejo consideró además que «esta comunidad debe percibir más claramente las ventajas de la adhesión a la Unión Europea y es preciso disipar sus temores ante esta perspectiva». Se solicitó a la Comisión que «organizara los contactos necesarios para ello con la comunidad turcochipriota, en consulta con el Gobierno de Chipre».

La Comisión, en consecuencia, ha llevado a cabo una serie de actividades de información, en Bruselas y en Chipre, en consulta con el Gobierno chipriota.

La Comisión no considera que esta iniciativa discrepe de la coherente política comunitaria en relación con Chipre, y singularmente del pleno respeto de las resoluciones de las Naciones Unidas mencionadas por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-1939/96 de Miguel Arias Cañete (PPE) a la Comisión (16 de julio de 1996)

Asunto: «Quota Hopping»

En el contexto de la situación conocida como «quota hopping», el Reino Unido está examinando la posibilidad de presentar durante la Conferencia Intergubernamental propuestas de cambios en el Tratado para que, en el marco de la Política Común de Pesca, un Estado pueda distribuir sus cuotas a barcos de su pabellón de conformidad con determinados requisitos para establecer de esta manera un vínculo económico real entre dichos barcos y las comunidades que dependen de la pesca en dicho Estado.

¿Piensa la Comisión apoyar las tesis británicas de reforma de los Tratados a estos efectos?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (10 de septiembre de 1996)

La Comisión está al corriente de las intenciones del Reino Unido de presentar propuestas sobre el «quota-hopping» en la Conferencia Intergubernamental.

La Comisión recuerda a Su Señoría que el derecho comunitario en su forma actual no se opone a que, para permitir que uno de sus buques que enarbole su pabellón utilice las cuotas de pesca nacionales, un Estado miembro determinado imponga determinadas condiciones destinadas a garantizar que el buque en cuestión tenga una vinculación económica real con ese Estado miembro. No obstante, esa vinculación sólo debe afectar a las relaciones entre las actividades pesqueras de ese buque y las poblaciones que dependen de la pesca e industrias afines.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las condiciones destinadas a garantizar esa vinculación económica no deben ser discriminatorias sobre en función de criterios de nacionalidad, ni impedir el ejercicio de una actividad pesquera normal.

En este contexto, la Comisión, como garante de los Tratados, vela por que las legislaciones nacionales en materia de asignación de las cuotas nacionales se ajusten al derecho comunitario.
PREGUNTA ESCRITA E-2006/96 de Miguel Arias Cañete (PPE) a la Comisión (17 de julio de 1996)

Asunto: Olivos plantados en España

Según la información que obra en poder de la Comisión, ¿Qué cantidad de olivos están plantados en la actualidad en España?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2006/96, E-2007/96, E-2008/96, E-2009/96, E-2010/96, E-2011/96, E-2012/96 y E-2013/96 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión (9 de septiembre 1996)

Dependiendo de la fuente de información y de las definiciones empleadas los datos estadísticos en el sector olivarero pueden variar sensiblemente y en consecuencia deben aceptarse con cautela. En lo que se refiere a los datos concretos solicitados por Su Señoría, le puedo adelantar las estadísticas siguientes.

El número total de olivos productivos en cada uno de los Estados miembros solicitados, comunicado oficialmente a la Comisión por las administraciones nacionales en el ámbito legal de la fijación anual del rendimiento de los olivos y en aceite para la campaña de 1994-1995, es el siguiente:

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La densidad media de olivos en estos mismos Estados miembros, en árboles por hectárea, es la siguiente:

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Esta densidad media, muy distinta en los diferentes Estados miembros, también puede variar de forma significativa de una región, o de una explotación, a otra, en función de la especialización o de la sistematización más o menos importante de la oleicultura.