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PREGUNTA ESCRITA E-3488/01

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(8 de enero de 2002)

Asunto: El BEI y el medio ambiente

¿Qué piensa la Comisión de los detalles que ofrece la página web del Banco Europeo de Inversiones sobre las repercusiones de sus proyectos sobre el medio ambiente?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(14 de febrero de 2002)

La Comisión entiende que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha creado un sitio web(1) en el que se facilita una información limitada sobre proyectos presentados al BEI para su financiación.

Aparentemente, el objetivo consiste en proporcionar a todos los interesados una visión general sobre todos los aspectos importantes relacionados con dichos proyectos, por ejemplo la descripción del proyecto, los objetivos del proyecto y los aspectos medioambientales.

Se puede obtener mayor información sobre esos aspectos en el Departamento de Información y Comunicaciones del BEI, como se indica en el sitio web mencionado.

(1) http://www.europaworld.org/issue15/theeuropeaninvestmentbank291200.htm.
PREGUNTA ESCRITA P-3473/01

de Gerardo Galeote Quecedo (PPE-DE) a la Comisión

(10 de diciembre de 2001)

Asunto: Informaciones aparecidas en Euronews

Constatamos que, incluso en estos momentos, la cadena televisiva de noticias Euronews continúa refiriéndose a la banda terrorista ETA en sus informativos como una organización separatista.

¿Considera la Comisión Europea que tal denominación es compatible con los principios y objetivos fundamentales de la Unión Europea, especialmente en lo que atañe a la defensa de la libertad y respeto a los Derechos Humanos?

Dado que la cadena Euronews recibe fondos del Presupuesto de la Unión Europea, ¿No considera la Comisión Europea que las instituciones comunitarias tienen la responsabilidad de velar para evitar que se produzca cualquier justificación implícita del terrorismo, lo que podría desprenderse de la denominación utilizada por Euronews a una banda terrorista? Todo ello es perfectamente compatible con el más profundo respeto a la libertad de pensamiento y expresión a los profesionales de esa cadena de televisión.

Respuesta comúna las preguntas escritas P-3466/01 y P-3473/01dada por el Sr. Presidente Prodi en nombre de la Comisión

(30 de enero de 2002)

La Comisión comprende la preocupación expresada por Su Señoría por el hecho de que EuroNews continúe haciendo referencia en sus informativos a la banda terrorista ETA como organización separatista.

Es cierto que EuroNews recibe financiación del presupuesto comunitario pero el convenio firmado con la Comisión (con el apoyo total del Parlamento) solamente se refiere a la coproducción de una serie de programas de información sobre la Unión. Como en el caso de las demás empresas de medios de comunicación, la Comisión respeta la completa libertad editorial de EuroNews.

Sin embargo, en su próxima reunión con EuroNews (en la que el Parlamento, como de costumbre, también participará) la Comisión planteará este asunto.

La Comisión expresa una vez más su compromiso contra el terrorismo, incluyendo a ETA, tal como lo simboliza la presencia del Presidente Prodi en las concentraciones de solidaridad con las víctimas del terrorismo y las numerosas declaraciones hechas públicas.
PREGUNTA ESCRITA E-1026/01

de Professor Sir Neil MacCormick (Verts/ALE) a la Comisión

(30 de marzo de 2001)

Asunto: Esquí fuera de pista

Dada la frecuencia con que sufren accidentes los esquiadores fuera de pista, incluso los que van acompañados por guías, ¿considerará la Comisión la posibilidad de revisar las condiciones de seguridad de las estaciones de esquí y la posible conveniencia de establecer unas normas de seguridad comunes para todos los Estados miembros?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(21 de junio de 2001)

No existe legislación comunitaria aplicable al esquí fuera de pista.

La Comisión no tiene previsto preparar una propuesta de directiva por la que se establezcan normas de seguridad específicas a este respecto. El esquí fuera de pista no es más que una de las muchas prácticas deportivas y actividades recreativas que presentan riesgos potenciales. No sería posible establecer directivas comunitarias sectoriales para tratar todo este tipo de riesgos.

Sin embargo, la Comisión sí tiene previsto presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, antes de finalizar 2001, una comunicación sobre la seguridad de los servicios, en la que se evaluará la necesidad de medidas comunitarias y se propondrá un planteamiento adecuado de la acción comunitaria. En esta comunicación se tendrán en cuenta, entre otros, los servicios turísticos. La idea que subyace a las posibles iniciativas comunitarias que se emprendan en el futuro en relación con la seguridad de los servicios es, sin embargo, establecer un marco legislativo de espíritu similar al de la Directiva relativa a la seguridad de los productos, y no entrar en los pormenores de actividades concretas. Por otro lado, el principio de subsidiariedad descartaría probablemente medidas encaminadas, por ejemplo, a restringir o someter a condiciones determinadas el acceso a las actividades de esquí fuera de pista.
PREGUNTA ESCRITA E-3428/01

de Giacomo Santini (PPE-DE) a la Comisión

(21 de diciembre de 2001)

Asunto: Controles excesivos en Austria para los vehículos pesados

El cierre del túnel de San Gotardo, a consecuencia del accidente del pasado 15 de octubre, ha provocado la desviación de gran parte del tráfico pesado y ligero que se dirige al sur hacia Austria e Italia. Habida cuenta de la situación de constante riesgo medioambiental y circulatorio de la autopista de Brenner, dicho incremento preocupa seriamente a los habitantes y las autoridades de los territorios que ésta atraviesa. Esto no justifica la actitud humillante mediante la cual el Gobierno austríaco y la policía de Tirol del Norte, en particular, obstaculizan la circulación de los vehículos pesados (extranjeros) tanto a

la entrada como a la salida del puerto de Brenner. Los controles revisten un carácter instrumental de inspección técnica minuciosa, larga y excesiva de las estructuras mecánicas del vehículo e incluyen el peso de cada eje, mediciones injustificadas de cada nimiedad, registro de los bienes transportados, etc.

Estas operaciones conllevan una gran pérdida de tiempo, que a menudo asciende a varias horas, y que acarrea considerables daños económicos y paraliza la circulación, además de generar una grave contaminación a consecuencia de las emisiones gaseosas y sonoras de los vehículos. Dichas medidas contrastan con lo dispuesto en los tratados constitutivos de la Unión, que estipulan el derecho a la libre circulación de bienes, y con el acuerdo de adhesión firmado por Austria. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo ya sancionó gravemente al Gobierno austríaco y al Estado federado del Tirol por la realización de otros controles similares acompañada del cobro de peajes que se consideraron abusivos. ¿Tiene la Comisión la intención de intervenir urgentemente para evitar daños graves y prohibir dicha discriminación inaceptable, que va en contra de lo dispuesto en los tratados?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(8 de febrero de 2002)

La Comisión está al corriente del problema apuntado por Su Señoría, referido al fuerte aumento de los controles de carretera de los vehículos pesados en un tramo de la autopista austriaca del Brenner, que obstaculizan el tráfico por carretera.

La legalidad de estas prácticas está siendo examinada por la Comisión con arreglo al Reglamento (CE) no 2679/98 del Consejo, de 7 de diciembre de 1998, sobre el funcionamiento del mercado interior en relación con la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros(1).

La Comisión velará, en efecto, por que se respeten las normas comunes en la materia.

(1) DO L 337 de 12.12.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-3650/01

de Cristiana Muscardini (UEN) al Consejo

(15 de enero de 2002)

Asunto: Somalia y medidas antiterroristas

En el ámbito de las medidas de lucha contra el terrorismo se ha llevado a cabo el bloqueo de la red financiera Al Barakat como medida para impedir que el terrorismo fundamentalista disponga de grandes medios financieros con fines ilícitos. No obstante, cabe señalar que los emigrantes somalíes recurrían a esta red financiera para transferir dinero a sus familiares en Somalia.

¿Puede indicar el Consejo si puede solicitar a los Gobiernos nacionales que habiliten un canal oficial, a través de sus entidades de crédito nacionales, para que los refugiados políticos y los emigrantes somalíes que residan legalmente en los países de acogida puedan enviar fondos a sus familiares en Somalia?

Respuesta

(25-26 de marzo de 2002)

El Consejo no ha debatido la cuestión que plantea Su Señoría sobre la habilitación de un canal oficial a través del cual los refugiados políticos y los emigrantes somalíes que residan legalmente en los países de acogida puedan enviar fondos a sus familiares en Somalia.
PREGUNTA ESCRITA E-3282/01

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(27 de noviembre de 2001)

Asunto: Contaminación medioambiental en San Claudio (Oviedo-Asturias)

La Agrupación medioambiental de San Claudio Aire Limpio (Amascal) ha denunciado ante diferentes administraciones asturianas la contaminación del aire y el suelo que produce la empresa Indasa, instalada en San Claudio, municipio de Oviedo (Asturias). Esta empresa utiliza en su horno de fundición, chatarra, restos de pintura, tinta y aceites lubricantes, todos ellos considerados residuos peligrosos. La contaminación del aire y del suelo por metales pesados (plomo, cadmio, etc.) que genera dicha empresa situada a unos 300 metros del núcleo denso de la población, infringiendo la normativa española donde se establece que este tipo de industrias ha de estar a más de 2 000 metros de las zonas habitadas, hace temer a los vecinos por su salud y por el futuro de la zona en la que viven.

En 1966 la Unión Europea adoptó una Directiva marco con objeto de aumentar la calidad del aire y también existe legislación comunitaria sobre límites máximos nacionales de emisión. Por otra parte, por lo que se refiere a los residuos, la Directiva 75/442/CEE(1) que fija los principios de base relativos a la recogida, eliminación, reutilización y tratamiento de éstos, ha sido completada por la Directiva 78/319/CEE(2) relativa a la eliminación de los residuos tóxicos y peligrosos.

En este caso pudieran ser de aplicación las siguientes Directivas:

- Directiva 1999/30/CE(3), relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente;

- Directiva 82/884/CEE(4) y sus modificaciones, relativa al valor límite para el plomo contenido en la atmósfera;

- Directiva 88/609/CEE(5) y sus modificaciones, relativa a la limitación de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión;

- Directiva 96/62/CE(6), sobre evaluación y gestión del aire ambiente.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión en el caso que nos ocupa, para garantizar la correcta aplicación de la legislación comunitaria vigente?

(1) DO L 194 de 25.7.1975, p. 39.

(2) DO L 84 de 31.3.1978, p. 43.

(3) DO L 163 de 29.6.1999, p. 41.

(4) DO L 378 de 31.12.1982, p. 15.

(5) DO L 336 de 7.12.1988, p. 1.

(6) DO L 296 de 21.11.1996, p. 55.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(25 de enero de 2002)

La Comisión está al corriente de los hechos mencionados por Su Señoría debido a una denuncia recibida a este respecto.

Cabe señalar que, en el marco de la instrucción de esa denuncia, la Comisión se dirigió a las autoridades españolas a fin de solicitarles sus observaciones sobre la aplicación del Derecho comunitario de medio ambiente que podría aplicarse en el caso que nos ocupa.

Acabamos de recibir la respuesta de las autoridades españolas, que está siendo examinada por la Comisión. En cualquier caso, la Comisión, en su papel de garante de los Tratados, tomará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Derecho comunitario.

La Comisión informará a Su Señoría de los resultados de su examen.
PREGUNTA ESCRITA E-3664/01

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(15 de enero de 2002)

Asunto: Financiación de la campaña sobre la política europea de seguridad alimentaria

¿Se concederán créditos a la Federación Europea de Sindicatos de Trabajadores de Agricultura, Alimentación y Hostelería para la realización de la campaña de información de las organizaciones sindicales, cuyo objetivo es informar a sus miembros de los principales proyectos y objetivos en materia de productos alimenticios de la política europea de seguridad alimentaria?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(18 de febrero de 2002)

La Comisión convocó un concurso en todos los Estados miembros con vistas a la realización de una campaña de información sobre seguridad alimentaria dirigida a los consumidores.

Tras analizar los expedientes presentados por los candidatos, se eligió una organización en cada Estado miembro para llevar a cabo dicha campaña, en función de los criterios enumerados en la convocatoria.

La Federación Europea de Sindicatos de Trabajadores de Agricultura, Alimentación y Hostelería no presentó su candidatura para esta campaña de información a los consumidores. Por consiguiente, no se financiarán sus actividades de información sobre alimentación.
PREGUNTA ESCRITA E-2641/01

de Anna Karamanou (PSE) a la Comisión

(28 de septiembre de 2001)

Asunto: La detención por los islamistas talibán de 8 ciudadanos extranjeros en Afganistán

Desde el pasado 5 de agosto, las fuerzas del régimen de los fanáticos islamistas talibán retienen a 8 ciudadanos extranjeros (4 alemanes, 2 australianos y 2 estadounidenses) y 16 ciudadanos afganos, miembros todos ellos de la ONG Shelter Now International, bajo la acusación de intentar convertir musulmanes al cristianismo, mientras que cientos de miembros de organizaciones humanitarias internacionales trabajan para ayudar a muchos miles de civiles afganos a sobrevivir a la guerra civil. Según la ley islámica de la sharia, los detenidos corren el peligro de ser condenados a muerte.

¿Qué medidas se propone tomar la Comisión y qué gestiones e iniciativas diplomáticas está emprendiendo de modo que el régimen islamista se vea obligado a garantizar la seguridad de los ciudadanos extranjeros detenidos y el respeto de sus derechos humanos y se ejerza presión sobre el Gobierno ilegítimo de Afganistán para que acate la legislación internacional y respete la libertad religiosa y el derecho a la libertad de expresión y elección?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(24 de octubre de 2001)

Los tres gobiernos directamente afectados por el proceso a los ocho cooperantes extranjeros que se está llevando a cabo actualmente en Kabul han indicado a la comunidad internacional que, por el momento, prefieren actuar de forma bilateral en este asunto.

La Comisión respeta plenamente esta posición y está preparada para realizar junto con otros socios de la Unión las intervenciones adecuadas en caso de que los gobiernos alemán, australiano o americano se lo pidan.

Su Señoría sabe sin duda que en cuestiones tales como las relaciones con el régimen actual de Kabul, la Comisión actúa en colaboración con los Estados miembros. A este respecto, adoptó el 22 de enero de 2001 una posición común sobre Afganistán (2001/56/CFSP)(1) que, entre los objetivos de la Unión en Afganistán cita la promoción del respecto de la legislación humanitaria internacional y de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y de los niños.

A través de la posición común, la Unión ha impuesto un embargo sobre las armas en todo Afganistán y aplica las sanciones contra el régimen talibán impuestas por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267 y 1333.

(1) DO L 21 de 23.1.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-3613/01

de Anna Karamanou (PSE) al Consejo

(9 de enero de 2002)

Asunto: Trata y explotación de niños en Albania

Según datos del Ministerio de Orden Público albanés sobre el período 1992-2000, 4 000 niños resultaron víctimas de la delincuencia organizada en Albania. Los niños fueron trasladados de forma ilegal principalmente a países de Occidente con el propósito de explotarlos para la pederastia, la mendicidad y, en ciertos casos, el tráfico de órganos.

¿Piensa emprender el Consejo acciones coordinadas, con la mayor contribución posible de Europol y en estrecha colaboración con las autoridades albanesas, italianas y griegas, para poner fin a los circuitos de trata y explotación de niños? Por otra parte, ¿cuándo piensa tomar decisiones en relación con el marco jurídico relativo a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil que votó el Parlamento Europeo el 12 de junio de 2001(1)?

(1) Texto aprobado el 12.6.2001.

Respuesta

(25-26 de marzo de 2002)

Se remite a Su Señoría a la respuesta facilitada a su pregunta oral no H-0626/01, en la que el Consejo recordaba que luchaba contra dicha explotación dentro del territorio de la Unión Europea, pero que no le era posible hacerlo fuera de éste.

La propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, a la que se refiere Su Señoría, sigue siendo objeto de estudio. En la sesión del Consejo [en su formación Justicia y Asuntos de Interior y Protección Civil] de los días 6 y 7 de diciembre de 2001 se logró un amplio consenso sobre las definiciones y los comportamientos tipificados. Los trabajos prosiguen sobre esta base y debería lograrse un acuerdo político en breve.
PREGUNTA ESCRITA E-3440/01

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(21 de diciembre de 2001)

Asunto: Los montes comunales de Galicia y el desarrollo rural

En Galicia (Estado Español) existe una forma de propiedad de tipo germánico, los montes comunales, que se caracteriza por la pertenencia de estos terrenos rurales a los vecinos por el solo hecho de vivir en una determinada comunidad. Los montes que revisten esta característica son 2 800, con una superficie media de 243 hectáreas, y representan en total una tercera parte de la superficie de terrenos rurales en Galicia. El número de habitantes censados en las localidades que poseen montes comunales asciende a 250 000. Una vez recuperada esta propiedad tradicional, tras haber sido usurpada en gran parte

durante la dictadura franquista, el uso de estos montes (indivisibles e inalienables) está regulado por una legislación específica de la Comunidad Autónoma. Estos montes pueden destinarse, dentro de los límites específicos de su peculiar carácter y de la legislación aplicable, a usos forestales, agrícolas, medioambientales, turísticos, industriales, mineros, etc., si bien se mantiene siempre la propiedad de los vecinos. Las posibilidades económicas y sociales que ofrecen estos montes comunales, escasamente aprovechadas hasta ahora, son extraordinarias. ¿Pueden ser objeto estos montes de iniciativas en el ámbito del desarrollo rural como segundo pilar de la PAC?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-3440/01, E-3441/01, E-3443/01 y E-3444/01dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(1 de febrero de 2002)

La Comisión contribuye con los Fondos Estructurales a la aplicación de diferentes programas de desarrollo rural en España. En lo que se refiere a Galicia, algunos programas del sector agrícola y del desarrollo rural reciben participación comunitaria.

No obstante, no existe un programa específico para los montes comunales mencionados por Su Señoría.

El Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos(1), establece todos los criterios en virtud de los cuales puede concederse una contribución comunitaria.

Así pues, siempre que esos terrenos se consideren subvencionables de acuerdo con el citado Reglamento, los Fondos Estructurales, entre ellos la Sección de Orientación del FEOGA, pueden financiar iniciativas.

La Comisión se permite sugerir a Su Señoría que tenga a bien dirigirse a las autoridades regionales o nacionales para obtener información complementaria a este respecto.

(1) DO L 160 de 26.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-2958/01

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(25 de octubre de 2001)

Asunto: Lista de sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Turquía

En respuesta a una anterior pregunta de este diputado al Consejo (H-0727/2001)(1) relativa a la condena de Turquía por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por mantener encarcelados a Leyla Zana y otros tres diputados, la Presidencia del Consejo afirmó que esta institución no dispone de ninguna lista de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que Turquía no acata. Dado que en el marco de la asociación para la adhesión Unión Europea-Turquía y del diálogo político reforzado se prevé el respeto de las sentencias del TEDH, tal como ha pedido el Parlamento Europeo, ¿puede publicar la Comisión la lista de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que Turquía no acata? ¿Se propone remitirla al Consejo de Ministros?

(1) Respuesta oral del 3.10.2001.

Respuesta del Comisario Verheugen en nombre de la Comisión

(6 de diciembre de 2001)

La competencia para supervisar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos humanos incumbe a los órganos competentes del Consejo de Europa, en particular el Comité de Ministros de esta organización.

Según las informaciones disponibles, el Comité de Ministros supervisa actualmente la ejecución de unos 230 casos contra Turquía.

Únicamente en el caso Loizidou, el Comité de Ministros declaró clara y reiteradamente que Turquía se negaba a cumplir la decisión del Tribunal Europeo. En otra serie de casos, sin embargo, el Comité de Ministros ha expresado su descontento por la lentitud o la forma en que se aplicó esta decisión. Esto se debe esencialmente a la falta de medios en la legislación turca para anular los efectos de las condenas que el Tribunal Europeo considera violan el derecho a la libertad de expresión (artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos).

Desde un punto de vista general, el Comité de Ministros reconoció el 12 de septiembre de 2001, en una respuesta a los miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se habían realizado progresos significativos en determinados ámbitos relacionados con las sentencias del Tribunal Europeo. No obstante, el Comité señaló que todavía no se habían adoptado determinadas medidas específicas de carácter individual o general. El Comité recordó la importancia y urgencia de tales medidas, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de las violaciones constatadas y el período de tiempo transcurrido desde que se pronunciaron las sentencias.

La Comisión espera que Turquía cumpla plenamente los compromisos asumidos en el marco de la Convención Europea de Derechos Humanos y seguirá atentamente todos los avances relativos a la ejecución de las decisiones del Tribunal Europeo por parte de Turquía.