PREGUNTA ESCRITA E-2863/00

de Elspeth Attwooll (ELDR) a la Comisión

(14 de septiembre de 2000)

Asunto: Política agrícola común y márgenes parcelarios

¿Cómo piensa alcanzar la Comisión su objetivo declarado de una agricultura sostenible aplicando escrupulosamente las normas actuales que establecen unos márgenes de dos metros como máximo entre el límite de un campo y la superficie cultivada, para poder beneficiarse de los pagos por área agrícola sin sufrir una penalización económica?

Los Reglamentos (CE) 1257/1999(1) y 1259/1999(2) ofrecen diversos instrumentos para el fomento de la agricultura sostenible respetuosa con el medio ambiente. ¿Puede confirmar la Comisión si se podrían aplicar y, en caso afirmativo, de qué manera estos instrumentos para evitar la aplicación estricta de la norma de los dos metros en aquellos casos en que dicha norma implicara la eliminación de setos vivos para cumplir los requisitos?

(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 80.

(2) DO L 160 de 26.6.1999, p. 113.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(3 de noviembre de 2000)

La Comisión es consciente de la necesidad de aclarar si (y, en caso afirmativo, en qué medida) las márgenes de los campos y, concretamente, las superficies plantadas con setos vivos pueden considerarse parte de las parcelas agrícolas con derecho a las ayudas por superficies cultivadas. La Comisión ya tuvo que resolver un problema similar, relacionado con la presencia de árboles en las parcelas agrarias, para el que se establecieron disposiciones normativas en el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CEE) de la Comisión no 3887/92, de 23 de diciembre de 1992, por el que se establecen las normas de aplicación del sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias(1). Actualmente, la Comisión está examinando las diversas posibilidades de encontrar una solución normativa a esta cuestión. Además, no hay que olvidar su compromiso con la mejora y el mantenimiento del entorno rural en el contexto de la política agrícola común. La Comisión considera que los setos vivos y las zanjas de parcela revisten una gran importancia para la fauna salvaje y otras funciones medioambientales que rodean a toda la gama de actividades agrarias, especialmente las de gestión más intensiva. No obstante, tiene que asegurar que sólo las tierras subvencionables reciben la ayuda contemplada en el régimen aplicable a los cultivos herbáceos.

Su Señoría pregunta de qué forma pueden utilizarse las disposiciones del Reglamento (CE) no 1257/1999, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos, y del Reglamento (CE) no 1259/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común, para proteger las márgenes de los campos.

El Reglamento (CE) no 1257/1999 establece un marco dentro del cual los Estados miembros pueden elaborar, en el nivel geográfico apropiado, planes de desarrollo rural que deben ser sometidos a la Comisión para su aprobación. Dentro de estos planes tiene cabida toda una serie de medidas que pueden ser cofinanciadas por la Comisión mediante una asignación financiera fijada por Estados miembros. Todos los planes deben incluir una medida agroambiental cuyo objetivo sea fomentar los métodos especiales de producción dirigidos a proteger el medio ambiente y preservar el entorno natural. El contenido detallado de las medidas agroambientales es, fundamentalmente, responsabilidad de los Estados miembros, los cuales deben asegurarse de que esas medidas se ajustan bien a las necesidades de la región

correspondiente, aunque puede incluir ayuda a los agricultores para el establecimiento, mantenimiento o recuperación de las lindes tradicionales de los campos si esas medidas van más allá de las buenas prácticas agrícolas habituales de la zona.

El artículo 3 del Reglamento (CE) no 1259/1999 establece que los Estados miembros deben adoptar las medidas medioambientales que consideren apropiadas habida cuenta de la situación específica de las tierras agrarias utilizadas o de la producción de que se trate y que correspondan a los efectos potenciales de dichas actividades sobre el medio ambiente. Tales medidas pueden incluir la vinculación de la ayuda a los compromisos medioambientales (con arreglo al Reglamento (CE) no 1257/1999), requisitos medioambientales obligatorios de carácter general y requisitos medioambientales específicos a los que pueden quedar supeditados los pagos directos. Esta tercera posibilidad podría incluir la condición de que los agricultores mantengan elementos beneficiosos del paisaje, como los setos vivos, para la recepción de ayudas directas.

(1) DO L 391 de 31.12.1992.