PREGUNTA ESCRITA E-3040/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (1 de octubre de 1997)

Asunto: Programa PHARE

El Tribunal de Cuentas formula severas críticas sobre la forma en que la Comisión aplicó las normas de adjudicación de contratos. Cerca del 80 % de los fondos PHARE gestionados de forma descentralizada se destinan a contratos de servicios (asistencia técnica), de suministros o de obras. Su adjudicación se rige por el artículo 188 del Reglamento financiero y por el artículo 7 del Reglamento Phare. El Reglamento financiero prevé que estos contratos se adjudicarán «mediante concurso restringido»; el artículo 7 del Reglamento PHARE estipula, en cambio, que en los casos de contratos superiores a los 50.000 ecus, la participación en los concursos y licitaciones estará abierta, «en igualdad de condiciones», a todas las personas físicas y jurídicas de los países beneficiarios del programa.

¿Puede confirmar la Comisión si es cierto que decidió que los contratos de servicios superiores a los 50.000 ecus se adjudicaran mediante concursos restringidos, de manera que no siempre se ha respetado el acceso para todos «en igualdad de condiciones»?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3039/97, E-3040/97 y E-3041/97 dada por el Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (11 de noviembre de 1997)

Su Señoría recoge en sus preguntas observaciones y críticas planteadas por el Tribunal de Cuentas en su informe especial relativo al sistema descentralizado de aplicación (DIS) del programa PHARE, y en particular sobre el funcionamiento de las unidades de gestión de los programas (UGP), el procedimiento de adjudicación de los contratos de servicio y el equilibrio en la elección de los licitadores.

La Comisión recuerda que, en el marco de dicho informe, respondió ampliamente a las observaciones del Tribunal, y de forma más exhaustiva que lo que permite el contexto de las presentes preguntas. La Comisión reitera que respetó los procedimientos y normas vigentes, en un contexto en el que era preciso garantizar al máximo y simultáneamente objetivos a veces difícilmente conciliables como son la eficacia, la responsabilización del país socio, la competencia y la apertura en la adjudicación de los contratos. No hay que olvidar, en este sentido, que los contratos de servicios examinados por el Tribunal (muestra 1993-1994) pertenecían fundamentalmente al ámbito de la asistencia técnica a un proceso sin precedentes de transición hacia un modelo de democracia y de economía de mercado.

Con el desarrollo del programa más allá de primeras urgencias y la experiencia cada vez mayor de los servicios de los países socios y de la Comisión, los ámbitos considerados insatisfactorios en el informe del Tribunal fueron o están a punto de ser abordados por la Comisión. Las principales decisiones y correcciones son las siguientes:

- medidas de aplicación del artículo 118 revisado del Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977, aplicables al presupuesto general de las Comunidades Europeas ((DO L 356 de 31.12.1977. )); además de su publicación en el Diario Oficial, los contratos de servicios PHARE se anuncian en Internet y actualmente todas las expresiones de interés son objeto de una precalificación (procedimiento introducido a mediados de 1996);

- adopción de una modificación de los procedimientos de licitación restringidos para la adjudicación de los contratos de servicios PHARE (y TACIS): se mejora la normativa de los concursos, en particular ofreciendo mejor información a los licitadores, precisando la composición de los Comités de evaluación y favoreciendo una mayor diversificación de los contratistas;

- nuevas orientaciones PHARE, elaboradas por la Comisión en marzo de 1997, que persiguen una mejor integración de las estructuras de aplicación del programa en las estructuras «normales» de los países socios, una mayor descentralización y desconcentración hacia los países y las delegaciones de la Comisión (cuyo personal se aumentaría), la movilización de nuevas fuentes de consultoría (junto a los gabinetes de asesores) como son los hermanamientos entre instituciones y administraciones;

- la actualización del manual DIS y su introducción antes de finales de 1997, que integra en un único documento las nuevas disposiciones relativas a la transparencia de los contratos, precisa las modalidades de apoyo (regresivo) a los costes de funcionamiento de las UGP y prevé un modelo de transferencia de know-how en materia de gestión de los programas con el fin de reducir eficazmente la dependencia de la asistencia técnica en la materia.

La Comisión espera que este conjunto de medidas corrija las principales insuficiencias detectadas en las secciones del informe del Tribunal de Cuentas a las que se refiere Su Señoría.