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PREGUNTA ESCRITA P-3375/00

de Antonio Tajani (PPE-DE) al Consejo

(25 de octubre de 2000)

Asunto: Antisemitismo y actos de violencia en Europa: incendio de la sinagoga de Trappes (Francia)

Causa grave preocupación la oleada de antisemitismo que sacude Francia, donde ha sido incendiada la sinagoga de Trappes, cerca de París. Este atentado, junto a la agresión perpetrada contra un grupo de niños, es el más alarmante de los numerosos actos de violencia de los que han sido víctimas ciudadanos europeos de religión judaica.

Pero también en otros países de la Unión las comunidades judías siguen sufriendo ataques que comprometen la integridad física de sus miembros. Aumentan la tensión declaraciones como las del ex Presidente del Consejo italiano, Massimo D'Alema, quien, al hablar de la ferocidad de los ciudadanos del Estado de Israel, contribuye a nutrir los sentimientos de antisemitismo dentro de la Unión Europea.

¿Qué iniciativas piensa emprender el Consejo para hacer frente a estos actos criminales y atajar este grave fenómeno?

¿No considera el Consejo que debe denunciar cualquier declaración antisemítica de representantes políticos de los Estados miembros?

Respuesta

(20/21 de diciembre de 2000)

1. El Consejo condena los actos de violencia a que hace referencia la pregunta escrita.

2. El Consejo llama la atención de Su Señoría acerca de la respuesta que se dio a la pregunta escrita no E-3089/00 relativa a la agresión de un profesor de origen judío por un grupo de cabezas rapadas neonazis.
PREGUNTA ESCRITA E-3125/00

de Phillip Whitehead (PSE) a la Comisión

(6 de octubre de 2000)

Asunto: Directiva reguladora para combatir la difusión de pornografía en los canales televisivos de pago

¿Podría indicar la Comisión qué Estados miembros permiten la difusión de pornografía dura en los canales de pago nacionales y vía satélite y si existe alguna propuesta de directiva reguladora en este terreno?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(30 de noviembre de 2000)

La Directiva sobre la televisión sin fronteras (Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva(1), modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento y del Consejo de 30 de junio de 1997(2)) establece el marco jurídico para la radiodifusión televisiva en la Comunidad.

La Comisión es consciente de las repercusiones que puede tener la pornografía en los menores. Por lo que se refiere a la difusión por televisión de material audiovisual, la Directiva establece una norma mínima común para la protección de los menores (artículo 22) y exige a los Estados miembros que garanticen que los programas retransmitidos por empresas que se encuentren bajo su jurisdicción no incluyan programas que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en particular, programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita.

En cuanto al tema concreto de la protección de los menores y de la dignidad humana, la Comisión está elaborando un informe para el Parlamento y el Consejo sobre las medidas tomadas por los Estados miembros para aplicar la Recomendación 98/560/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, relativa al desarrollo de la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información mediante la promoción de marcos nacionales destinados a lograr un nivel de protección comparable y efectivo de los menores y de la dignidad humana(3). Se ha remitido recientemente a los Estados miembros un cuestionario con vistas a la preparación del informe.

La Comisión concede una gran importancia a la aplicación y puesta en práctica de la legislación comunitaria; así pues, se han tomado medidas en una serie de casos, de conformidad con el apartado 2 del artículo 2 y del artículo 22 de la Directiva, y la Comisión, tal como establece la Directiva, ha cumplido sus obligaciones por lo que se refiere a la evaluación de estas medidas.

Solamente podría estudiarse la posibilidad de elaborar una directiva a nivel comunitario sobre este asunto si el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior hicieran necesaria la aproximación de las disposiciones aplicadas en la actualidad en los Estados miembros. La Comisión no conoce ninguna circunstancia que haga necesaria esta acción, pero recibiría con interés cualquier otra información que se le pudiera comunicar a este respecto.

(1) DO L 298 de 17.10.1989.

(2) DO L 202 de 30.7.1997.

(3) DO L 270 de 7.10.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-2341/00

de Concepció Ferrer (PPE-DE) a la Comisión

(13 de julio de 2000)

Asunto: Criterios de elegibilidad de PHARE Business Support Programme

¿Podría informar la Comisión sobre los criterios que han servido de base para la evaluación de las propuestas presentadas en el marco del Programa PHARE Business Support Programme, sobre cuáles han sido los proyectos elegidos y, en su caso, a qué sectores representan?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2340/00 y E-2341/00 dada por el Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(7 de septiembre de 2000)

El Business Support Programme de PHARE (BSP) pretende reforzar la capacidad de las organizaciones empresariales sectoriales y horizontales representativas en los diez países candidatos de Europa Central y Oriental para ayudar a empresas de estos países a prepararse para la adhesión, especialmente en lo que respecta a su cumplimiento del acervo en materia de mercado interior.

En junio de 1999, se publicaron dos convocatorias de propuestas en el marco de este programa para cofinanciar proyectos bianuales, en un ambiente de asociación y hermanamiento entre organizaciones de los países comunitarios y de Europa Central y Oriental (PECO). La primera, denominada Strengthening of business support organisations in the CEEC destina una cantidad total de 14 M para proyectos que totalizan entre 0,5 y 2 M. La segunda, Strengthening the activities of business support organisations in helping the CEEC companies adjust to the Community acquis destina una cantidad total de 8 M para proyectos entre 0,5 y 1 M. Una vez agotado el plazo para ambas convocatorias, el 15 de octubre de 1999, la Comisión había recibido 98 propuestas, 55 para la primera y 43 para la segunda.

La evaluación de los proyectos seleccionables se llevó a cabo aplicando un baremo para una serie de criterios detallados establecidos sobre la base de los criterios de selección publicados en la convocatoria de propuestas. El proyecto en cuestión obtuvo 802 puntos sobre un máximo de 1 500, y los proyectos que obtuvieron menos de 965 puntos no se consideraron financiables. La Comisión envía directamente estos criterios a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento.

La evaluación dio como resultado que podían financiarse 17 proyectos (nueve para la primera convocatoria y ocho para la segunda). Siete organizaciones obtuvieron apoyo para proyectos en el ámbito de ambas convocatorias de propuestas. Las actividades o los sectores cubiertos por dichos proyectos son: cámaras de comercio; pequeñas y medianas empresas de artesanía; industria de mobiliario y maderera; cooperativas de productores, empresas sociales y participativas; industria química; industria alimentaria y de bebidas; industria del acero; industria textil y de confección; industria de maquinaria y tecnología de la información empresarial y producción animal.
PREGUNTA ESCRITA E-2745/00

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Reforma del sistema de ayudas al sector del arroz

La Comisión presentó una propuesta de reforma por la que se modifica el reglamento relativo al sistema de ayudas en favor de los cultivadores de semillas, entre ellos el arroz.

Italia es el primer productor de arroz en Europa, por lo que tiene gran interés en los cambios relativos a la reforma, que podría plantear dificultades a Italia en términos de reducción de la producción y, en consecuencia, de desempleo en el sector, a la vista de que se ha previsto reducir en hasta el 10 % los terrenos cultivados, abolir la retirada del producto no vendido a cambio de una prima por hectárea cultivada y suprimir el precio de intervención, con la posibilidad de establecer una nueva tarifa para facilitar las importaciones.

Señalando que el abandono de los arrozales producirá desempleo, consecuencias negativas para las actividades económicas derivadas y, en particular, un desastre ecológico ya que si se dejan de controlar las aguas, las zonas se convertirán en pantanos y se producirán inundaciones, y considerando que los Estados Unidos han rechazado la intervención sobre el precio para establecer nuevas tarifas, y han anunciado su intención de recurrir a la OMC,

1. ¿Puede hacer saber la Comisión cuál es la situación actual del proceso de reforma?

2. ¿Puede hacer conocer la situación actual de los otros Estados miembros?

3. ¿Puede proporcionar información sobre el posible futuro recurso de los Estados Unidos a la OMC?

Respuesta de la Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(13 de octubre de 2000)

Tras haber analizado atentamente todas las opciones posibles, la Comisión llegó a la conclusión de que la integración del sector de arroz en el sistema de cultivos herbáceos y la supresión del precio de intervención permitirá un equilibrio entre la oferta y la demanda, preservando al mismo tiempo la renta de los cultivadores de arroz.

Por lo que respecta a los efectos de las modificaciones propuestas, cabe esperar un aumento de la competitividad del arroz comunitario y una mayor fluidez del mercado.

En cuanto a las consecuencias sobre el medio ambiente, las medidas propuestas tienen por finalidad garantizar la continuidad del cultivo del arroz en las zonas donde es importante una gestión prudente del agua para la preservación de las características medioambientales específicas. La reducción del 10 % de la superficie cultivada no afecta a los pequeños productores, por lo que el alcance de esta medida será limitado.

La propuesta de reforma de la organización común de mercados (OCM) se remitió al Consejo el 7 de junio de 2000 y con posterioridad a esta fecha se han celebrado reuniones de trabajo con el grupo Cultivos herbáceos Arroz del Consejo (en los meses de julio y septiembre de 2000) para analizar las medidas propuestas.

Por otra parte, la Comisión no tiene conocimiento de que los Estados Unidos hayan adoptado una postura respecto a la propuesta de la Comisión relativa a la reforma de la OCM del arroz.
PREGUNTA ESCRITA E-3480/00

de Rosemarie Müller (PSE) a la Comisión

(10 de noviembre de 2000)

Asunto: Año europeo de las lenguas: plazos para la solicitud de subvenciones de proyectos

El 8 de septiembre de 2000se publicó en el Diario Oficial la información relativa a las actividades incluidas en el programa del Año europeo de las lenguas. Las solicitudes de subvenciones para la organización de actos antes del 30 de junio de 2001 se tenían que presentar el 2 de octubre de 2000, a más tardar. Así pues, quedaban 15 laborables para pedir los impresos de solicitud y la información necesaria a los coordinadores nacionales, así como para cumplimentar dichos impresos y enviarlos dentro del plazo. En mi opinión, no se puede aceptar un plazo tan corto. Ello perjudica claramente a las pequeñas organizaciones que trabajan con pocos colaboradores, que son a menudo honorarios. ¿Acaso se pretende, con este plazo tan corto, mantener lo más bajo posible el número de solicitudes? ¿Cree la Comisión que se puede aceptar un plazo tan corto? ¿Cómo explicar la existencia de plazos tan cortos a los ciudadanos?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(12 de diciembre de 2000)

La Comisión recuerda que la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Año Europeo de las Lenguas 2001 fue adoptada el 17 de julio de 2000 y se publicó en el Diario Oficial el 14 de septiembre de 2000(1). La Comisión había adoptado la propuesta de decisión el 13 de octubre de 1999(2).

Así pues, la convocatoria de propuestas se publicó lo antes posible. La Comisión prevé la financiación de un total de 150 proyectos, y los plazos fijados para la presentación de solicitudes son el 2 de octubre de 2000 o el 15 de febrero de 2001.

La Comisión es consciente de que el plazo del 2 de octubre de 2000 deja relativamente poco tiempo para la preparación de proyectos, pese a lo que tuvo que fijar esta fecha para que fuera posible la financiación de los proyectos que comenzaran durante el primer semestre. A pesar de este breve plazo, la Comisión ha recibido 250 propuestas de proyectos.

La Comisión recuerda que existe un segundo plazo de presentación de solicitudes, el 15 de febrero de 2001, para proyectos que comiencen a partir del 1 de junio de 2001.

(1) Decisión no 1934/2000/CE DO L 232 de 14.9.2000.

(2) COM(1999) 485 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2701/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Apoyo a la agricultura y adhesión de Estonia

1. ¿En cuánto calcula la Comisión los costes adicionales anuales que se derivarían de extender a Estonia las actuales ayudas agrícolas cuando este país ingrese en la UE,

a) suponiendo que su actual producción agrícola siguiera como ahora, y

b) realizando una proyección en función de los cambios en los incentivos a los precios a medida que las políticas estructurales y de ayudas se vayan adaptando a las actuales políticas comunitarias?

2. ¿En cuánto se calcula el coste anual, en cada caso, para el Fondo de Garantía y para los Fondos Estructurales?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2690/00, E-2691/00, E-2695/00, E-2699/00, E-2700/00 y E-2701/00 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(29 de septiembre de 2000)

Para calcular los costes adicionales anuales de las ayudas agrícolas derivados del ingreso en la Comunidad de Polonia, la República Checa, Chipre, Hungría, Eslovenia y Estonia, sería necesario conocer con un razonable grado de certidumbre la fecha, los términos y las condiciones de la adhesión de estos países a la Comunidad. Dichos aspectos tendrán que ser definidos en las negociaciones para la adhesión de estos países, cuyo capítulo agrícola se abrió para la negociación en junio de 2000. En consecuencia, cualquier estimación de costes realizada a partir de los supuestos mencionados por Su Señoría tendría inevitablemente un carácter hipotético, especulativo e incierto. En el estado actual del proceso de negociación, por lo tanto, la Comisión no está en condiciones de responder a las preguntas formuladas por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA P-2933/00

de Alexander de Roo (Verts/ALE) a la Comisión

(11 de septiembre de 2000)

Asunto: Posible impuesto sobre la energía con 13 ó 14 Estados miembros

Durante la comparecencia del Sr. Bolkestein, Comisario propuesto, ante el Parlamento Europeo le pregunté en nombre de la Comisión de Medio Ambiente si estaba dispuesto, habida cuenta del veto español a la introducción de un impuesto sobre la energía/CO2 a escala comunitaria, a utilizar la cláusula relativa a la cooperación reforzada prevista en el Tratado. Un simple sí o no bastaba como respuesta.

El Sr. Bolkestein respondió que necesitaba un año para dar una respuesta. Ese año acaba de expirar.

En vísperas de la importante Conferencia sobre el clima que se celebrará en La Haya es esencial que la Comisión Europea tome la iniciativa para introducir un impuesto serio sobre la energía/CO2 con los 12 a 14 Estados miembros que así lo deseen. Con ello se distorsionaría en menor medida el mercado interior, ya que en estos momentos algunos Estados miembros aplican sus propios impuestos nacionales, si bien modestos, sobre la energía/CO2. No obstante, salvo en el caso de Dinamarca, esta medida no afecta a los principales consumidores de energía. La introducción de dicho impuesto a escala comunitaria con 12 a 14 Estados miembros hará que los principales consumidores se esfuercen por ahorrar energía y por utilizar en mayor medida fuentes de energía sostenible.

España y, en su caso, los otros dos Estados que todavía se oponen a esta medida deberán revisar pronto su posición, puesto que también ellos deben cumplir los compromisos sobre el clima que asumieron en la conferencia de Kyoto, y el impuesto sobre la energía/CO2 es un instrumento imprescindible para lograrlo.

¿Está dispuesta la Comisión Europea a tomar la iniciativa para proponer, sobre la base de la cláusula relativa a la cooperación reforzada, un impuesto europeo sobre la energía/CO2? Un simple sí o no basta como respuesta.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(19 de octubre de 2000)

La adopción por el Consejo de la propuesta de Directiva por la que se modifica el marco comunitario de imposición de los productos energéticos(1) sigue siendo una prioridad para la Comisión, que ha recibido en sucesivas ocasiones el apoyo de los Consejos Ecofin y de Medio Ambiente.

Por otra parte, la problemática general de las cooperaciones reforzadas es objeto de profundos debates en el contexto de la Conferencia Intergubernamental. La Comisión ha presentado ambiciosas propuestas sobre este tema. Por su parte, la Presidencia francesa presentó a finales del mes de agosto de 2000 una nota en la que se destacan, por una parte, la necesidad de concebir las cooperaciones reforzadas como un factor de integración y, por otra, la exclusión de su campo de aplicación de una serie de ámbitos. Por lo tanto, sólo podrá darse una respuesta precisa a la cuestión planteada por Su Señoría a la luz de las conclusiones de la Conferencia Intergubernamental (CIG).

(1) DO C 139 de 6.5.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-2103/00

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Personas a cargo del Parlamento

A raíz de la respuesta de la Comisión a mi pregunta escrita E-1215/00(1), ¿está dispuesta la Comisión a indicar a las personas que ocupan un escaño en el Parlamento del Reino Unido y reciben a) pensiones y b) subvenciones de la Unión Europea, por ejemplo, pares que reciben una pensión después de su jubilación como funcionarios en Bruselas o diputados que son administradores de sociedades que reciben ayuda financiera del presupuesto de la UE?

(1) DO C 53 E de 20.2.2001.

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(7 de septiembre de 2000)

La respuesta de la Comisión a la pregunta escrita de Su Señoría E-1215/00(1) contiene ya toda la información pertinente en lo que respecta a los ex Miembros de la Comisión de nacionalidad británica que disfrutan actualmente de una pensión comunitaria.

En cuanto a los funcionarios de la Comisión, el hecho de cobrar una pensión de jubilación no les impide (siempre que se atengan a lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Estatuto) asumir otras funciones.

Los funcionarios de grado A1 y A2 que han sido cesados en interés del servicio por decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (artículo 50 del Estatuto) reciben una indemnización mensual durante un determinado período. Según lo establecido en el artículo 50, los ingresos percibidos por el ejercicio de una nueva actividad profesional durante el período en que el antiguo funcionario disfrute de tal asignación deben deducirse de la misma, si la suma de dichos ingresos y la asignación rebasa el total del último sueldo recibido por el interesado.

A 10 de julio de 2000, ocho antiguos funcionarios de la Comisión de nacionalidad británica recibían tal asignación. De acuerdo con la información facilitada a la Comisión acerca de los ingresos de origen profesional percibidos, por ahora no hay motivos para revisar ninguna de esas indemnizaciones.

En el Parlamento del Reino Unido no hay nadie que reciba subvenciones de la Unión Europea. Salvo error u omisión, Lord Williamson, antiguo Secretario General de la Comisión, es el único ex funcionario de la Comisión miembro de alguna de las Cámaras del Parlamento y, como es natural, recibe la pensión de jubilación que le corresponde.

La Comisión no lleva ningún registro de los directores de empresa que reciben ayuda financiera con cargo al presupuesto de la Comunidad por el trabajo que llevan a cabo o las funciones que desempeñan, por lo que no se halla en condiciones de decir si esas personas son parlamentarios o Pares.

(1) DO C 53 E de 20.2.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-3032/00

de Carlos Lage (PSE) a la Comisión

(26 de septiembre de 2000)

Asunto: Consecuencias para el litoral de Vila Praia de Âncora derivadas de la construcción de un puerto

La asociación portuguesa de defensa del medio ambiente Quercus ha remitido a la Comisión una carta en la que solicita su intervención con relación al proyecto de construcción del nuevo pequeño puerto de Âncora, próximo a la localidad de Viana do Castelo, al norte de Portugal, y manifiesta su oposición a la realización de dicha obra que recibe ayuda comunitaria por representar una amenaza para lugares incluidos en la Red Natura 2000 y en la base de datos Corine, así como por los daños que previsiblemente causará en dicha playa.

¿Va a examinar la Comisión el problema, tomando las medidas necesarias, o considera que ofrece suficientes garantías el estudio de impacto ambiental llevado a cabo?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(13 de noviembre de 2000)

Su Señoría se refiere a una carta remitida por la organización no gubernamental (ONG) portuguesa Quercus a la Comisión en la que manifiesta su oposición al proyecto de construcción del nuevo puerto de Vila Praia de Âncora, que podría recibir ayuda comunitaria y constituye una amenaza para una playa y un lugar recogido en la red Natura 2000. Su Señoría desea saber si la Comisión tiene previsto examinar el problema y tomar las medidas necesarias o si, por el contrario, considera que el estudio de impacto ambiental llevado a cabo ofrece suficientes garantías.

Según el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE(1), cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable al citado lugar ha de someterse a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del mismo. La carta anteriormente mencionada no facilita información suficientemente detallada para poder valorar la medida en que el proyecto podría afectar al lugar en cuestión; de ahí que la Comisión se haya dirigido al denunciante para solicitarle información adicional que ponga de manifiesto que el proyecto puede afectar a hábitats y especies para cuya protección se propuso la inclusión del lugar en la red. Además de ello, la Comisión tiene previsto dirigirse en breve a las autoridades portuguesas para señalarles el caso y solicitar sus observaciones al respecto. Por último, cabe indicar que la Comisión estudiará la posibilidad de conceder financiación comunitaria y, si procede, tomará las medidas que considere más oportunas.

La Comisión no dejará de mantener informado al denunciante sobre el curso dado a este asunto.

(1) Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, DO L 206 de 22.7.1992.