PREGUNTA ESCRITA E-0515/96 de Charles Goerens (ELDR) a la Comisión (11 de marzo de 1996)

Asunto: Interpretación del artículo 48 del Tratado en lo relativo a las cláusulas de nacionalidad

El asunto Bosman y la sentencia del Tribunal al respecto han atraído la atención sobre las prácticas restrictivas en materia deportiva. En este ámbito se plantean otros muchos problemas, especialmente en lo que respecta a la contratación de jugadores profesionales naturalizados en fechas recientes, que puede verse limitada aquí o allá tanto en partidos de competición entre equipos de club como en partidos entre equipos nacionales.

¿Considera la Comisión que las limitaciones impuestas por ciertas asociaciones deportivas en cuanto al número de jugadores profesionales naturalizados en partidos de competición entre clubes son compatibles con las disposiciones del Tratado?

¿Se permiten estas mismas prácticas en el caso de competiciones entre equipos nacionales?

¿Qué sucede con las reglas que sólo autorizan a un jugador que haya cambiado de nacionalidad, o adquirido una nueva, a representar a su nuevo país de adopción en competiciones oficiales cuando haya transcurrido cierto período de espera (plazo de carencia)?

Y finalmente, ¿qué sucede con las disposiciones que prohiben a un deportista que haya representado oficialmente a su país de origen en campeonatos internacionales, y que posteriormente haya cambiado de nacionalidad o adquirido una nueva, a competir con los colores de su país de adopción en competiciones similares?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (29 de marzo de 1996)

Tal y como ha observado Su Señoría, la sentencia Bosman dictada por el Tribunal el 15 de diciembre de 1995 no aborda algunas de las cuestiones que son objeto de la presente pregunta parlamentaria. A falta de indicaciones del Tribunal sobre la respuesta que debe darse a dichas cuestiones, la Comisión sólo puede aportar una respuesta provisional.

En lo que respecta a la limitación del número de jugadores naturalizados en los partidos de competición entre clubes, la Comisión no conoce la existencia de reglas que vayan en el sentido al que hace referencia Su Señoría. Por otra parte, la Comisión no ve qué diferencias podría establecer la Federación de un Estado miembro A con respecto a un jugador de un Estado miembro B, según sea nacional de dicho Estado desde su nacimiento o por nacionalización posterior. De la jurisprudencia del Tribunal ((Asunto Auer 1, Rec., 1979, p. 437. )) se desprende que ninguna disposición del Tratado CE permite, en el ámbito de aplicación del mismo, tratar de forma diferente a los nacionales de un Estado miembro según la época o la manera en que adquirieron la nacionalidad de dicho Estado miembro, siempre que, en el momento en que invoquen el beneficio de las disposiciones del derecho comunitario, posean la nacionalidad de uno de los Estados miembros y se cumplan, por otro lado, las demás condiciones de aplicación de la norma que invocan.Así pues, el caso de un jugador que hubiera sido nacional de un país tercero y que obtuviera, por naturalización, la nacionalidad del Estado miembro en que ejerce su actividad profesional se presenta de la misma forma que aquél en que un nacional de dicho Estado miembro no hubiera nunca hecho uso de su derecho a la libre circulación en el territorio de otro Estado miembro. Estaríamos entonces ante una «situación interna».

Por lo que se refiere a la limitación del número de jugadores naturalizados en el caso de competiciones entre equipos nacionales, el Tribunal recordó en la sentencia Bosman que el artículo 48 del Tratado CE no se opone a los reglamentos o prácticas por los que se excluye a los jugadores extranjeros de determinados partidos por motivos no económicos, debido al carácter o marco específico de dichos partidos y a que en los mismos únicamente entra en consideración el deporte propiamente dicho, como sucede con los partidos entre equipos nacionales de diferentes países,

En lo que respecta a un periodo de espera, y a propósito de otros deportes, varias jurisdicciones nacionales, entre ellas el Consejo de Estado francés, han considerado dicho periodo contrario a su derecho nacional y al derecho comunitario.