PREGUNTA ESCRITA E-3432/97 de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión (31 de octubre de 1997)

Asunto: Violaciones por el Gobierno de Kabul

En septiembre de 1996, los talibanes, estudiantes afganos de teología, se apoderaron de Kabul e impusieron a la población un estilo de vida muy riguroso, inspirado por una severidad islámica que deforma la verdadera ortodoxia y reprime la expresión normal de la sociedad civil.

Mediante la creación del llamado «Ministerio de los vicios y las virtudes, los talibanes redactaron órdenes que se han de observar de manera estricta so pena de mutilación o castigos corporales.

Las mujeres están obligadas a cubrirse con largas vestiduras y, entre otras cosas, no pueden salir a la calle, estudiar o trabajar; los hombres no deben desarrollar ninguna actividad que los distraiga del trabajo y la plegaria; los niños no pueden jugar libremente.

El Gobierno se muestra también intransigente y hostil frente la comunidad internacional y los organismos humanitarios, tendiendo a la sustitución de las instituciones de tipo occidental por instituciones islámicas.

Ante este panorama, ¿puede adoptar la Comisión una posición de condena e imponer un freno a la violación cotidiana de los derechos humanos?

¿Puede utilizar, además, el instrumento de la presión económica para inducir al Gobierno de Kabul a respetar la presencia de organismos de paz y de desarrollo democrático en el territorio?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión (1 de diciembre de 1997)

La Comisión condena enérgicamente las frecuentes violaciones de los derechos humanos por parte de los talibanes desde su toma del poder en Kabul en octubre de 1996. Además, tras su visita a Afganistán en octubre de 1997, la Comisaria responsable de la ayuda humanitaria denunció enérgicamente la precaria situación de la población en general y en especial de las mujeres, debido a los decretos de los talibanes que restringen arbitrariamente las libertades humanas fundamentales.

Para frenar estas violaciones de los derechos humanos, la Comisión tendría que tener una fuerte influencia sobre las facciones con el fin de forzarlas a respetar las normas internacionalmente acordadas. En este sentido se mencionan frecuentemente dos vías: poner condiciones a la ayuda y adoptar la decisión política de denegar el reconocimiento a todas las facciones. Pero la ayuda humanitaria es por definición imparcial e incondicional y toda la ayuda comunitaria comprometida para Afganistán es de carácter humanitario, por lo que caben fuertes reservas en cuanto a la introducción de condiciones.

Por otra parte, y dado que los talibanes buscan el reconocimiento internacional, debería hacérseles saber que el reconocimiento internacional sólo se da a los gobiernos que cumplen el derecho internacional y las normas internacionales sobre derechos humanos. Es preciso contribuir a consolidar una posición común de la comunidad internacional a este respecto.

Con respecto a posibles presiones económicas para frenar las actuaciones contra las organizaciones que promueven la paz y el desarrollo democrático, la Comunidad no tiene mucho margen de acción, dado el escaso comercio entre la Comunidad y Afganistán.

Cabe recordar que la Presidencia de la Unión subrayó en su declaración de octubre de 1996 su preocupación por las restricciones a la labor de las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, a la vista de la situación en Afganistán, sólo una solución pacífica del conflicto puede traer los cambios necesarios. Por tanto, la Comunidad desea contribuir a la reactivación de las gestiones políticas en este sentido.