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PREGUNTA ESCRITA E-0873/96 de Martina Gredler (ELDR) a la Comisión (17 de abril de 1996)

Asunto: Construcción de un terminal para petroleros en el Golfo de Panzano y sus consiguientes riesgos

La empresa Società Nationale Azienda Metanodotti (SNAM) tiene previsto construir en el Golfo de Panzano (entre Trieste y Monfalcone) el mayor terminal para petroleros del mundo. Los efectos térmicos derivados de la liberación del gas natural transportado han de compensarse a través de termocambiadores sumergidos en el mar, con lo que la temperatura del agua del mar descenderá en una amplia zona. La vida marina también resultará afectada por la contaminación provocada por el aumento de materia en suspensión causado por las obras.

1. ¿Recibe este proyecto ayudas en el marco de los programas y fondos financiados o cofinanciados por la Unión Europea? En caso afirmativo, ¿de qué programas y fondos se trata? ¿Con cargo a qué líneas presupuestarias se financia? ¿De qué cuantía son las ayudas para el proyecto, para partes del proyecto o para infraestructuras relativas al proyecto (carreteras, oleoductos, etc)?

2. ¿Está segura la Comisión de que este proyecto es compatible con otros objetivos políticos, en particular, con el fomento de un desarrollo sostenible desde el punto de vista económico y ecológico?

3. ¿Está segura la Comisión de que el proyecto no impide la realización de objetivos políticos de la Unión Europea, en particular, en el ámbito del desarrollo del turismo y de la protección del clima?

4. ¿Se puede garantizar el respeto de normativas jurídicas de la UE, en particular, de la Directiva 79/409/CEE ((DO L 103 de 25.4.1979, p. 1. )) (conservación de las aves silvestres) o de la Directiva 92/43/CEE ((DO L 206 de 22.7.1992, p. 7. )) (conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres), a pesar de los riesgos de descenso de la temperatura del agua del mar, de contaminación a través de materias en suspensión, o de una mayor probabilidad de accidentes de petroleros en el norte del Adriático?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (5 de junio de 1996)

La Comisión no ha recibido hasta la fecha ninguna solicitud de financiación para el proyecto al que hace referencia Su Señoría.

No dispone, por lo tanto, de elementos de información suficientes para poder emitir una opinión sobre dicho proyecto, que básicamente es competencia de las autoridades nacionales italianas.
PREGUNTA ESCRITA E-1262/96 de Freddy Blak (PSE) a la Comisión (24 de mayo de 1996)

Asunto: Atletas y deportistas considerados trabajadores

En virtud de los Tratados de la UE, a los atletas y deportistas se les considera trabajadores cada vez con mayor frecuencia.

En este contexto, ¿se ha planteado la Comisión la posibilidad de que esta pueda ser contrario a las disposiciones vigentes en materia de dopaje, en virtud de las cuales se puede apartar a los deportistas del ejercicio de su profesión?

¿Se ha planteado la Comisión, además, la posibilidad de clarificar las disposiciones vigentes?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión (18 de julio de 1996)

La Comisión está realizando un minucioso examen del problema al que se refiere Su Señoría, y le informará de su resultado lo más rápidamente posible.
PREGUNTA ESCRITA E-1151/96 de Hugh McMahon (PSE) a la Comisión (15 de mayo de 1996)

Asunto: Fondo Social Europeo - Reino Unido

Como consecuencia de la respuesta recibida a la pregunta oral H-0231/96 ((Debates del Parlamento Europeo (abril 1996). )), ¿contestará la Comisión a la pregunta planteada en aquella ocasión, es decir, qué medidas adoptará la Comisión para efectuar los pagos del FSE a su debido tiempo en el Reino Unido y qué acciones emprenderá, en su calidad de guardiana de los Tratados, para garantizar que los Fondos europeos se pagan a su debido tiempo a las organizaciones de formación de modo que los Estados miembros no puedan continuar dejando que dichos fondos engrosen los intereses de las cuentas de los respectivos erarios nacionales?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (26 de junio de 1996)

En la respuesta a la pregunta oral H-231/96 que planteó su Señoría, se describían los sistemas de pago de las ayudas financieras del fondo Social Europeo (FSE) a cada Estado miembro.

Además del primer anticipo abonado cuando se aprueba el programa, la liberación de nuevos fondos del FSE requiere que el Estado miembro presente solicitudes de pago basadas en información precisa y «auditable» sobre los gastos efectivos que ya han realizado los beneficiarios con arreglo a las prioridades y al plan financiero del programa. La rapidez con que se obtienen los fondos depende de la capacidad de los patrocinadores de proyectos para utilizar los fondos ya recibidos como se había previsto y para presentar rápidamente las solicitudes necesarias, así como de la capacidad del Estado miembro para tramitar dichas solicitudes con prontitud.

La gestión de este proceso es ante todo responsabilidad de los Estados miembros. No obstante, recientemente la Comisión tomo la iniciativa de organizar un seminario para la autoridades de ejecución del Reino Unido, con inclusión de representantes de la oficina escocesa, para esclarecer los procedimientos financieros del FSE. Como resultado de ello, se espera que las autoridades del Reino Unido puedan presentar las solicitudes requeridas, debidamente justificadas, a fin de que la Comisión realice para finales de julio el pago final pendiente de 1994 y el primer anticipo de 1996.

Tal como hemos señalado, las autoridades de los Estados miembros se encargan también de hacer llegar las ayudas del FSE a cada beneficiario, De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Coordinación (CEE) no 2082/93 ((DO L 193 de 31.7.1993. )), que regula el pago de los fondos, dichas autoridades deben garantizar que los beneficiarios reciban el dinero que les corresponde en un plazo de tres meses a partir de la recepción por parte del Estado miembro. Por lo general, las autoridades del Reino Unido han cumplido este plazo. Recientemente, la Comisión recordó a la oficina escocesa sus obligaciones a este respecto.
PREGUNTA ESCRITA P-0623/96 de Karin Riis-Jørgensen (ELDR) a la Comisión (6 de marzo de 1996)

Asunto: Integración de las consideraciones medioambientales en el programa de trabajo de la Comisión

En el programa de acción medioambiental recientemente aprobado (COM(95)647/4 de 19 de enero de 1996) se destaca la necesidad de integrar las consideraciones medioambientales en otras políticas (agricultura, transportes, energía, industria y turismo), al tiempo que se contempla la posibilidad de que la evaluación del impacto ambiental forme parte del fundamento de la decisión. Sin embargo, estas consideraciones no se ven reflejadas en el programa de trabajo de la Comisión para 1996 y las áreas prioritarias que se señalan en el mismo.

¿Puede indicar la Comisión si, en el marco de la delimitación de las distintas áreas prioritarias de su programa de trabajo se ha efectuado ya una evaluación medioambiental del orden de prioridades y sus consecuencias y, en caso afirmativo, con qué fundamento?

¿Cómo explica la Comisión la falta de adecuación entre el quinto programa de acción medioambiental revisado y el programa de trabajo para 1996, en lo que se refiere a la necesidad de integrar las consideraciones medioambientales en la política comunitaria?

¿Piensa introducir la Comisión evaluaciones medioambientales para, por ejemplo, futuros programas de acción y medidas legislativas a semejanza de los actuales análisis de las repercusiones sobre las PYME?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (2 de mayo de 1996)

Las medidas operativas adoptadas por la Comisión en junio de 1993, destinadas a garantizar la integración de consideraciones ambientales en sus acciones, ya incluyen una evaluación obligatoria del impacto ambiental de las medidas incluidas en su programa de trabajo. Al adoptar su propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la revisión del quinto programa comunitario de acción medioambiental «Hacia un desarrollo sostenible» ((COM(96)647 final. )), la Comisión reiteró su compromiso de integrar el medio ambiente y el desarrollo sostenible en las políticas y actuaciones actuales y futuras y de adoptar medidas prácticas al respecto, de conformidad con las medidas adoptadas en junio de 1993.

Las medidas que pueden tener un impacto ambiental importante se especifican en el programa de trabajo de la Comisión y han sido seleccionadas al elaborar dicho programa. Las evaluaciones deben integrarse en el procedimiento de decisión estratégica de la Comisión y no requieren procedimientos o documentos separados. La exposición de motivos que se adjunta a las propuestas específicas debe describir el impacto ambiental, así como los costes y beneficios para el medio ambiente.

La Comisión publicará próximamente en el Diario Oficial y en una edición especial del Boletín su programa de trabajo para 1996, con un anexo técnico en el que se indicarán los temas que pueden tener un impacto ambiental importante.
PREGUNTA ESCRITA E-1127/96 de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión (13 de mayo de 1996)

Asunto: Ampliación del Centro Jean Monnet

En su respuesta 0415/96 ((DO C 217 de 26.7.1996, p. 36.)) la Comisión no contesta de modo exhaustivo al punto 1) de la pregunta del diputado Marco Cellai, es decir, si es cierto que se ha pedido una opción para ampliar el Centro Jean Monnet.

Por lo que respecta el punto 3), la Comisión afirma que los gastos correspondientes al análisis de las especificaciones y a la supervisión de la construcción del edificio Hochtief son necesarios.

En consecuencia, ¿puede la Comisión aclarar:

1. por qué se gastan cifras significativas para analizar las especificaciones, cuando se sabe que en la planta baja del inmueble Hochtief se instalará un inmenso hipermercado;

2. si las especificaciones de la Comisión prevén la coexistencia en el mismo inmueble de enormes espacios comerciales privados y de oficinas para 800 funcionarios;

3. si para verificar este punto de la especificación es necesario gastar tanto dinero?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (6 de junio de 1996)

La Comisión ha confirmado su interés por disponer en el futuro de un edificio en un terreno lo más cercano posible del edificio actual. No obstante, no se ha aprobado ningún proyecto relativo a la ampliación del edificio Jean Monnet ni tampoco se ha solicitado oficialmente una opción.

En cuanto a los gastos necesarios, el examen de los pliegos de condiciones y el seguimiento de la construcción del edificio Hochtief se proponen principalmente permitir a la Comisión asegurarse de que se reúnen las condiciones necesarias para alojar a su personal.

La Comisión desea asegurarse de que los espacios comerciales y los que ella ocuparía son totalmente independientes y que su proximidad no perjudica a la seguridad ni a las condiciones de trabajo de los funcionarios. Se adoptan las mismas precauciones cuando los edificios se sitúan en el centro ciudad y se comparten con terceros.
PREGUNTA ESCRITA E-0921/96 de José Torres Couto (PSE) a la Comisión (23 de abril de 1996)

Asunto: Fondo Social Europeo - Retraso en los pagos / compensación

Con ocasión de una audiencia pública organizada por la Comisión de Asuntos Sociales sobre el Fondo Social Europeo, la Comisaria Papandreou, unos meses antes del final de su mandato, dio cuenta de los significativos retrasos que hubo en las trasferencias de fondos de Bruselas a los Estados miembros en 1988/89 como consecuencia de una prolongada y fastidiosa avería en el sistema informático (verifíquese con la grabación de la audiencia pública en cuestión).

¿Puede indicar la Comisión cuánto duró realmente esta avería y, con el máximo rigor, cuál fue la duración de los retrasos habidos en la trasferencia de fondos del FSE a Portugal?

¿Qué medidas compensatorias aplicó la Comisión para proteger los legítimos derechos de los promotores frente a los múltiples perjuicios que les acarrearon los retrasos?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (7 de junio de 1996)

La Comisión comunica a Su Señoría que las decisiones y los pagos de avances del Fondo Social Europeo (FSE) en Portugal relativos a los años 1988 y 1989 tuvieron lugar en las fechas siguientes:

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Así pues, no se produjo ningún retraso en relación con los pagos del FSE en Portugal en los años en cuestión.
PREGUNTA ESCRITA E-0982/96 de Brigitte Langenhagen (PPE) a la Comisión (26 de abril de 1996)

Asunto: Sistema definitivo del impuesto del valor añadido en la Comunidad Europea

En el derecho definitivo del impuesto sobre el valor añadido ¿se pretende adoptar el artículo 15 párrafo 4 b y párrafo 5 de la Sexta Directriz del 17.5.1977 con las mismas palabras?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (10 de junio de 1996)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 de la Sexta Directiva (Directiva 77/388/CEE), en su versión modificada ((DO L 384 de 30.12.1992. ))), en relación con la problemática del aprovisionamiento de buques, la Comisión, a la mayor brevedad, ha de presentar propuestas para establecer normas fiscales comunitarias que precisen el ámbito y las modalidades prácticas de aplicación de la exoneración prevista en la citada disposición.

Por otro lado, la Comisión está trabajando en la elaboración del futuro régimen definitivo del IVA; en este contexto, ha de revisarse detallada y coherentemente el conjunto de los mecanismos del IVA. Antes del verano la Comisión publicará un documento en el que se precisarán los grandes rasgos del régimen que va a presentar, así como su programa de trabajo para el paso al régimen definitivo.

En consecuencia, la Comisión considera inadecuado y prematuro adoptar ahora una posición sobre la evolución de la normativa fiscal comunitaria en lo que respecta al ámbito de aplicación y a las modalidades de aplicación de una exoneración concreta. Por tanto, hasta la entrada en vigor de normas comunes, los Estados miembros conservan la posibilidad de limitar el alcance de la exoneración prevista.
PREGUNTA ESCRITA E-0410/96 de Gianni Tamino (V) y Carlo Ripa di Meana (V) al Consejo (29 de febrero de 1996)

Asunto: Derechos y libertades de los homosexuales en Italia

El 8 de febrero de 1994 el Parlamento Europeo aprobó la Resolución A3-0028/94 ((DO C 61 de 28.2.1994, p. 40. )), en la que, entre otros objetivos, se quería poner fin a la desigualdad de trato de los homosexuales en las normas jurídicas y administrativas relativas a la seguridad social y a los derechos de adopción, de sucesión y a la vivienda. Esta resolución marca un importante hito en la afirmación de los derechos humanos y las libertades individuales de los homosexuales.

En abril de 1995 el Ayuntamiento de Verona aprobó una moción en la que se rechazaba el contenido de la resolución del PE y se incluía el compromiso de la administración municipal de «no acordar medidas tendentes a equiparar los derechos de las parejas homosexuales a los de las familias naturales formadas por una mujer y un hombre».

Esta moción del Ayuntamiento de Verona se encuentra todavía en vigor y constituye el único ejemplo italiano de «normativa antihomosexual».

1. ¿Qué medidas ha adoptado hasta ahora el Consejo para aplicar la mencionada resolución del PE (A3-0028/94)?

2. ¿Tiene conocimiento el Consejo de otros ejemplos de administraciones municipales o regionales de la UE que hayan adoptado decisiones contrarias o en abierta contradicción con la resolución del PE?

3. ¿Cree posible y sensato el Consejo intervenir en casos como el mencionado?

4. ¿Tiene intención el Consejo, a la luz de todo lo expuesto, de lanzar o apoyar campañas de información sobre esta cuestión?

Respuesta (16 de julio de 1996))

Sus Señorías tendrán a bien remitirse a la respuesta dada a la pregunta escrita no 2353/95 del Sr. Vecchi ((DO C 122 de 25.4.1996, p. 2. )).
PREGUNTA ESCRITA E-0877/96 de Clive Needle (PSE) a la Comisión (17 de abril de 1996)

Asunto: Etiquetado diferenciado de las carne deshuesadas mecánicamente

El Gobierno del RU presentó un informe al Comité Permanente Europeo de Productos Alimenticios en octubre de 1994 en el que se proponía que las carnes deshuesadas mecánicamente deberían considerarse suficientemente diferentes como para justificar un etiquetado diferenciado. Así lo acordó una mayoría de Estados miembros, pero la Comisión aún no ha dado a conocer su opinión.

¿Querría la Comisión exponer ahora su posición sobre la creación de un listado diferenciado de las CDM en los ingredientes etiquetados?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (20 de mayo de 1996)

Tras la reunión del Comité Permanente de Productos Alimenticios de octubre de 1994, la Comisión ha convocado reuniones de expertos de los Estados miembros sobre etiquetado de productos alimenticios para estudiar la cuestión del etiquetado de las carnes deshuesadas mecánicamente (CDM). En principio, existe consenso en que la presencia de CDM debe estar específicamente indicada en las etiquetas.

La Comisión y los Estados miembros prosiguen las conversaciones sobre los medios más apropiados para alcanzar este resultado.

La Comisión se asegurará de que se informa a Su Señoría de los resultados de estas conversaciones.
PREGUNTA ESCRITA P-1137/96 de Carl Lang (NI) a la Comisión (3 de mayo de 1996)

Asunto: Regímenes complementarios de protección social

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó el 26 de marzo de 1996 una sentencia relativa al ámbito de aplicación de la Directiva 92/49/CEE ((DO L 228 de 11.8.1992, p. 1. )) del Consejo (seguro directo distinto del seguro de vida), en la que excluye expresamente los regímenes legales de seguridad social de este ámbito de aplicación. Sin embargo, tal y como se formula, la cuestión prejudicial objeto de la sentencia deja de lado un importante sector de la seguridad social: los regímenes complementarios.

Una de las cuestiones centrales a este respecto parece ser la definición, en el Derecho comunitario, del concepto de régimen legal de seguridad social: ¿abarca o no los regímenes complementarios obligatorios? ¿Abarca o no los regímenes complementarios establecidos mediante convenio colectivo (caso, en particular, de Francia)?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (12 de junio de 1996)

En el marco de los distintos instrumentos jurídicos adoptados por el Consejo en relación con la protección social (Reglamentos (CEE) nos 1408/71 ((DO L 149 de 5.7.1971; versión consolidada, DO C 325 de 10.12.1992. )) y 574/72 ((DO L 74 de 27.3.1972; versión consolidada, DO C 325 de 10.12.1992. )) - seguridad social de los trabajadores migrantes, Directivas 79/7/CEE ((DO L 6 de 10.1.1979. )) - igualdad de trato entre hombres y mujeres, regímenes legales y 86/378/CEE ((DO L 225 de 12.8.1996. )) - igualdad de trato entre hombres y mujeres, regímenes complementarios o profesionales) y habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se ha desarrollado un principio comunitario que consiste en considerar regímenes legales de seguridad social fundamentalmente a los regímenes de seguridad social directamente establecidos y regulados por la ley, que se basen en el principio de solidaridad, y sean obligatoriamente aplicables a categorías generales de trabajadores o de profesionales en un Estado miembro. Este concepto excluye todo elemento de concertación en la empresa o en el sector profesional en cuestión.

Por el contrario, un régimen profesional que tuviera por objeto completar las prestaciones establecidas por un régimen legal de seguridad social obligatoria no constituye un régimen legal de seguridad social, que se deriva de un convenio colectivo o de una medida legislativa.

En principio, el régimen general de seguridad social vigente en Francia se corresponde con el régimen legal del Derecho comunitario.
PREGUNTA ESCRITA E-0901/96 de Anita Pollack (PSE) a la Comisión (23 de abril de 1996)

Asunto: Contaminación por destrucción de frutas y hortalizas

En respuesta a mis preguntas E-3458/95 y 3459/95 ((DO C 112 de 17.4.1996, p. 34. )), la Comisión se ha escudado en el principio de subsidiariedad. Ahora bien, si el Tribunal de Cuentas ha podido determinar regiones en la UE en los que se ha producido una contaminación de aguas de superficie y subterráneas como consecuencia de la destrucción de excedentes de frutas y hortalizas retirados del mercado en el marco de la CAP, la Comisión debe saber cuáles son estas zonas, por lo que reitero mi petición de una lista de dichas regiones.

Respuesta del Sr. Fischer en nombre de la Comisión (20 de mayo de 1996)

La Comisión informa a Su Señoría que nunca se ha proyectado hacer averiguaciones para elaborar una lista de regiones en las que se ha producido una contaminación de aguas como consecuencia de la destrucción de excedentes de frutas y hortalizas y que una lista de dichas regiones, aunque esté basada en las averiguaciones del Tribunal de Cuentas, no sería apropiado que la proporcionase la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-1185/96 de Bartho Pronk (PPE) a la Comisión (15 de mayo de 1996)

Asunto: Precio y validez de los pasaportes en la Unión Europea

1. ¿Cuáles son en los 15 Estados miembros de la Unión Europea los costes de adquisición de pasaportes y documentos de identidad válidos en los demás Estados miembros?

2. ¿Hay diferencias de precio notables entre los Estados miembros?

3. Si tal es el caso, ¿qué puede hacer la Comisión para reducir en la medida de lo posible dichas diferencias de precio?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (24 de junio de 1996)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-0126/96 de Raul Rosado Fernandes (UPE) a la Comisión (1 de febrero de 1996)

Asunto: Repercusiones en la competencia del régimen de deducción fiscal aplicado por un Estado miembro de la Unión Europea

El régimen de deducción fiscal aplicado en España da derecho a un crédito de impuesto que representa una desgravación definitiva y no una ventaja temporal de tesorería. Las inversiones elegibles conciernen en concreto las siguientes categorías de gastos:

1. inmovilizaciones físicas nuevas destinadas al desarrollo de la empresa;

2. creación de filiales o sucursales en el extranjero y adquisición de participaciones en empresas extranjeras directamente vinculadas a una actividad de exportación de bienes y servicios;

3. gastos de prospección para el lanzamiento de productos y apertura de mercados de exportación.

Las categorías 2 y 3 comprenden las operaciones realizadas tanto en el exterior como en el interior de la Unión Europea.

¿Considera la Comisión que estas disposiciones, que pueden traducirse en ayuda pública directa del Estado español a tomas de participación en un país de la Unión Europea, son compatibles con las normas que se derivan de los Tratados constitutivos de la CEE y de la CECA y de los posteriores textos de aplicación?

Respuesta complementaria del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (7 de junio de 1996)

Para completar su respuesta del 1 de abril de 1996 ((DO C 183 de 24.6.1996, p. 13. )), la Comisión informa a Su Señoría de que las medidas a las que hace referencia ya fueron notificadas a la Comisión por el Gobierno español en el momento de la adhesión de España a la CE. La Comisión jamás ha formulado objeciones a su aplicación.

En la mayor parte de los Estados miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) existen medidas similares. La Comisión ha previsto elaborar un inventario de las medidas vigentes en los Estados miembros para estimular las inversiones en el extranjero y está examinando los criterios que han de regir el análisis de la compatibilidad de este tipo de medidas con el mercado común.