ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/136

(2004/C 88 E/0143)

PREGUNTA ESCRITA E-3223/03

de Anna Karamanou (PSE) a la Comisión

(31 de octubre de 2003)

Asunto: Niños condenados a muerte en Filipinas

Un informe reciente de Amnistía Internacional revela que en Filipinas hay niños encerrados en cárceles, condenados a muerte, que esperan su ejecución. De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita asimismo por Filipinas, y con la propia legislación nacional, los jóvenes que hayan cometido algún delito antes de los 18 años de edad no pueden ser condenados a muerte ni ser ejecutados. Así pues, es evidente que dicha práctica llevada a cabo por Filipinas viola tanto la legislación nacional como la internacional.

¿Qué acciones pretende tomar la Comisión para ejercer presión sobre el Gobierno de Filipinas con el fin de que este asuma plenamente y de facto las limitaciones previstas por la legislación nacional e internacional en relación con los delincuentes menores de edad?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(3 de diciembre de 2003)

La Comisión comparte la preocupación que expresa Su Señoría ante los informes relativos a la condena a muerte de niños en Filipinas.

La Comisión confirma que Filipinas es signataria de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y que, en aplicación de esta Convención, el artículo 47 del Código Penal de Filipinas establece que no se puede imponer la pena de muerte si el delincuente tenía menos de 18 años de edad cuando se cometió el delito.

La investigación indica que la edad del acusado no se incluye automáticamente en el expediente de un caso cuando se juzga. Los jueces no inquieren sistemáticamente al respecto y sólo si la defensa plantea la cuestión de la edad ésta se tiene en cuenta en el fallo judicial. Este problema es especialmente grave para quienes no pueden permitirse una representación letrada privada. El problema se complica aún más por el hecho de que algunos condenados no tienen certificado de nacimiento y, por lo tanto, es difícil demostrar que son menores de edad.

Hay actualmente 17 personas condenadas a muerte en Filipinas que, según los informes, eran menores en el momento en que se cometieron los delitos por los que se les ha condenado. La Fundación Jesuita de Asistencia Penitenciaria de Filipinas señaló esta cuestión a la atención del Tribunal Supremo de Filipinas, que ha ordenado ahora a un tribunal regional que determine la edad real de estas personas.

A través de su Delegación en Manila y junto con las representaciones de los Estados miembros en Filipinas, la Comisión ha seguido de cerca la evolución de la situación en relación con la pena de muerte y ha expresado en varias ocasiones su preocupación al Gobierno a través de gestiones de la Troika.

Por otra parte, la cuestión de la pena de muerte es un elemento constante en la política de cooperación de la Comisión con Filipinas. En el marco de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, la Comisión apoya a organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones locales que trabajan activamente en favor de la abolición de la pena de muerte.

Los fondos comprometidos para este fin desde noviembre de 2000 ascienden en total a 805 798 euros, que se han destinado a acciones como la prestación de asistencia letrada gratuita a indigentes condenados a muerte, la formación de abogados y jueces, la realización de pruebas de ADN después de la condena (para ayudar a revisar las condenas equivocadas), investigación y actividades de captación de apoyos.

Como pone de manifiesto el problema de los menores de edad condenados a muerte, el sistema judicial de Filipinas tiene diversas deficiencias. La Comisión ha señalado éste como uno de sus ámbitos prioritarios de asistencia al país, y financiará un programa de buena gobernanza con objeto de mejorar el acceso de los pobres a la justicia.

Se ha sometido para su aprobación en la Cámara de Representantes y en el Senado un proyecto de ley por el que se establece la abolición de la pena de muerte en Filipinas, que, tras haberse ultimado en comité en mayo de 2003, está listo para someterlo a debate en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, y aunque los grupos favorables a la abolición de la pena de muerte parecen haber reunido apoyo suficiente para que el proyecto de ley se apruebe en ambas cámaras, la probabilidad de que así suceda disminuye a medida que se acercan las elecciones de mayo de 2004, ya que la pena de muerte sigue siendo una cuestión controvertida en Filipinas.