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PREGUNTA ESCRITA P-1558/01

de Esko Seppänen (GUE/NGL) a la Comisión

(17 de mayo de 2001)

Asunto: Ampliación y número de diputados al Parlamento

En su respuesta a la pregunta oral H-0272/01(1), el representante de la Comisión interpreta el Tratado de Niza afirmando que si, antes del 1 de enero de 2004, no se ha firmado aún ningún tratado de adhesión, el número de representantes de los quince Estados miembros será el mismo que en la actualidad. Esta interpretación es, sin lugar a dudas, correcta, pero ocasiona un nuevo problema de interpretación. ¿Puede indicar la Comisión cuál es su interpretación en el caso de que, por ejemplo, se haya firmado un tratado de adhesión? En ese caso, ¿cuántos representantes se elegirán por Estado miembro?

(1) Respuesta escrita del 3.4.2001.

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(18 de julio de 2001)

Con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 2 del Protocolo sobre la ampliación de la Unión Europea, adjuntado por el Tratado de Niza al Tratado de la Unión Europea y a los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas(1), el número exacto de representantes en el Parlamento que deben elegirse en 2004 en cada Estado miembro quedará fijado por una Decisión del Consejo.

Para determinar este número, será necesario añadir, en primer lugar, al número total de representantes de los actuales quince Estados miembros (según lo previsto por el artículo 190 del Tratado CE posteriormente modificado por el apartado 1 del artículo 2 del Protocolo antes mencionado, es

decir 535 representantes), el número total de representantes de los nuevos Estados miembros, según se derive del o de los Tratados de adhesión firmado(s) a más tardar el 1 de enero de 2004. Si la suma de los representantes es inferior a 732, lo que ocurriría en el caso de que los países candidatos no concluyesen las negociaciones con la firma de un Tratado de adhesión antes del 1 de enero de 2004, el Consejo aumentará el número de representantes que deben elegirse en 2004 en cada Estado miembro, de modo que el número total sea lo más próximo posible a 732. La corrección del número de representantes que deben elegirse en 2004 se hace mediante prorrateo; no obstante, el número total de representantes que deben elegirse en un Estado miembro no puede ser superior al número actual de representantes en el Parlamento para el país en cuestión.

(1) DO C 80 de 10.3.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-0559/01

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(27 de febrero de 2001)

Asunto: Declaración de fiabilidad para la DG Empleo y Asuntos Sociales

En la reunión de la Comisión de Control Presupuestario del 7 de febrero de 2001, el Sr. Fischler, miembro de la Comisión Europea, afirmó que en 1999 el porcentaje exacto de error para las transacciones financieras dentro de la Dirección General de Agricultura fue del 3,06 %.

En consonancia con el espíritu de cooperación y transparencia entre las instituciones europeas, ¿podría el miembro de la Comisión competente en materia de empleo y asuntos sociales indicar cuál es el porcentaje correspondiente para las transacciones financieras dentro de la Dirección General de referencia? En caso negativo, ¿por qué no?

Respuesta común a las preguntas escritas P-0553/01, E-0554/01, E-0555/01, E-0556/01, E-0557/01, E-0558/01, E-0559/01, E-0560/01, E-0561/01, E-0562/01, E-0563/01, E-0564/01, E-0565/01, E-0566/01, E-0567/01, E-0568/01, E-0569/01 y E-0570/01 dada por el Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(11 de abril de 2001)

La Comisión recuerda a Su Señoría que el Tribunal de Cuentas no facilita el índice de error en el marco de su declaración de fiabilidad para el presupuesto general, ya que considera que calibrar el éxito de la gestión financiera de la Comisión basándose solamente en este indicador resulta demasiado simple.

Por consiguiente, hace tres años el Tribunal decidió no volver a publicar el índice de error global y desarrollar su método de declaración de fiabilidad para proporcionar una mayor cantidad de información descriptiva a la autoridad competente para aprobar la gestión.

Además, el Tribunal de Cuentas ha manifestado en varias ocasiones que, si tuviera que presentar índices de error a una escala más pequeña que la del índice de error general (por ejemplo, por sectores o por Direcciones Generales), éstos serían completamente engañosos. El Tribunal audita un número limitado de transacciones lo que no le permite determinar un índice de error válido a este nivel más bajo.

Como consecuencia, la Comisión no está en condiciones de facilitar a Su Señoría la información solicitada.
PREGUNTA ESCRITA E-0437/01

de Martin Callanan (PPE-DE) a la Comisión

(16 de febrero de 2001)

Asunto: La tragedia del BP Trent de junio de 1993

En junio de 1993, nueve marineros británicos perdieron la vida al colisionar el buque de pabellón panameño Western Winner con el petrolero británico BP British Trent en las cercanías del puerto belga de Ostende.

Las investigaciones marítimas del accidente han demostrado que debe responsabilizarse al capitán y a la tripulación coreanos del Western Winner por no haber respetado las leyes esenciales de seguridad marítima. A pesar de ello, ni el capitán y la tripulación del buque ni su propietario, la compañía Alpha Beta Investments, han sido procesados por negligencia.

¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para garantizar que los responsables sean llevados ante los tribunales?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(20 de abril de 2001)

La Comisión considera que no tiene competencia jurisdiccional para iniciar una acción contra el capitán, la tripulación o el propietario del buque. Sin embargo, la Comisión pidió información a las autoridades belgas con relación a los hechos a los que se refiere Su Señoría. Según la información de que se dispone, parece que el caso todavía está pendiente ante el Juzgado de lo Penal de Brujas y que, por lo tanto, las autoridades belgas no pueden interferir en el proceso judicial.
PREGUNTA ESCRITA E-0236/01

de Erik Meijer (GUE/NGL) al Consejo

(8 de febrero de 2001)

Asunto: Aclaración de las circunstancias de la muerte de ciudadanos en la aldea kosovar de Racak

1. ¿Recuerda el Consejo la pregunta escrita no E-0628/00(1) de 2 de marzo de 2000 sobre la muerte de 45 miembros masculinos de la población albanesa en la aldea kosovar de Racak ocurrida el 15 de enero de 1999 y su respuesta a la misma, de 8 de junio de 2000?

2. ¿Se entregó el informe completo del equipo judicial finlandés, de 21 de junio de 2000, al Consejo de Asuntos Generales y al Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia (TIPY)?

3. ¿Cuáles son finalmente, según este informe, el número exacto de víctimas y las circunstancias de su muerte?

4. ¿Es público este informe? En caso negativo, ¿ por qué? ¿Está dispuesto el Consejo a poner este informe a disposición de los diputados al Parlamento Europeo?

5. ¿Qué curso se ha dado a la recomendación de la doctora Helena Ranta, de marzo de 1999 de que tuviera lugar primero una amplia investigación policial para obtener una imagen total de los acontecimientos?

6. ¿Ha comenzado entre tanto el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia una investigación judicial?

7. ¿Se adhiere el Consejo a las conclusiones del informe a que se refiere la pregunta no 2?

8. En opinión del Consejo, ¿de qué manera, cuándo y quién va a establecer exactamente la verdad definitiva sobre lo que ocurrió en Racak?

(1) DO C 26 E de 26.1.2001, p. 72.

Respuesta

(31 de mayo de 2001)

El Consejo recuerda, efectivamente, su respuesta de fecha 8 de junio de 2000 a una pregunta anterior sobre la cuestión, y está dispuesto a poner al día al respecto a Su Señoría.

A finales del mes de junio de 2000, el equipo judicial finlandés terminó sus trabajos y como había acordado con el Consejo remitió directamente al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) un informe in extenso de sus conclusiones. El equipo judicial ha instruido al Consejo entregándole un resumen (anexo). Dicho documento ha sido desclasificado recientemente, por consejo del TPIY y de la Dra. Helena Ranta, que había dirigido el equipo judicial de la UE en Yugoslavia. Al mismo tiempo tanto la Dra. Ranta como la fiscalía del TPIY aclararon que debido a que las investigaciones continuaban, el contenido del informe definitivo que no obra en poder del Consejo no sería revelado.

El Consejo está de acuerdo con este punto de vista, por lo que no considera oportuno hacer más comentarios al respecto.

Por lo que respecta a la última pregunta de Su Señoría, es claro que el TPIY determinará la verdad completa sobre lo que ocurrió en Racak tras una investigación minuciosa y basándose en todos los elementos a su disposición, incluido el peritaje judicial. Sólo el TPIY puede juzgar las circunstancias y las responsabilidades de este episodio atroz de la historia europea reciente.
PREGUNTA ESCRITA E-1117/01

de Esko Seppänen (GUE/NGL) a la Comisión

(6 de abril de 2001)

Asunto: Reparación del edificio Berlaymont

El edificio Berlaymont, sede principal de la Comisión, ha estado fuera de uso durante varios años. La reparación se ha realizado con vistas a su futura utilización. ¿Qué importe ha destinado la Comisión a cubrir los gastos de reparación y cómo se tendrán éstos en cuenta en el alquiler del edificio?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(21 de junio de 2001)

La Comisión Europea decidió desocupar el edificio Berlaymont en 1991 cuando se demostró que el amianto utilizado en la construcción del mismo lo había deteriorado hasta el punto de que éste incumplía los requisitos de seguridad.

Tal como se señaló en la respuesta a la pregunta escrita E-936/01 del Sr. Sjöstedt(1) la Comisión no ha firmado ningún contrato relativo al edificio Berlaymont. En julio de 1997, la Comisión firmó un Memorándum de Acuerdo con el Estado Belga y la empresa sin ánimo lucrativo S.A. Berlaymont 2000 (el 70 % de la cual pertenece al Estado Belga y el 30 % restante a dos bancos). Este Memorándum incluye una disposición según la cual la Comisión sólo volverá al edificio y correrá con los costes de renovación pertinentes si ésta se lleva a cabo de forma satisfactoria y de acuerdo con las mejores prácticas. Los costes de renovación del edificio tras la eliminación del amianto se estimaron en 324 millones de euros.

La citada disposición sigue siendo válida. Mientras tanto, la Comisión y el Gobierno belga están reexaminando el Memorándum de Acuerdo con vistas a celebrar un contrato que establezca el coste final del edificio, especifique detalladamente las obras cubiertas por el contrato y fije una fecha firme de entrega.

(1) DO C 318 E de 13.11.2001, p. 155.
PREGUNTA ESCRITA E-1391/01

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(10 de mayo de 2001)

Asunto: Comprobación del rendimiento de las inversiones públicas

¿Tiene la Comisión conocimiento de estudios realizados para comparar los rendimientos ex ante y ex post de las inversiones públicas en cada Estado miembro? ¿Puede establecer una clasificación de los Estados miembros en función de la destreza de sus servicios públicos para prever exactamente el rendimiento de las inversiones públicas?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(19 de julio de 2001)

La comprobación del rendimiento de las inversiones públicas es una cuestión compleja puesto que intervienen elementos y factores de mercado que no pertenecen al ámbito económico. Las consideraciones políticas desempeñan un papel importante. Pero la dificultad que plantea la previsión del rendimiento de las inversiones públicas parece incluso mayor, al igual que sucede con la evaluación ex post de su exactitud. La Comisión no tiene la intención de establecer una clasificación de las administraciones públicas nacionales en función de su capacidad de previsión.

En cuanto a los grandes proyectos de los Fondos Estructurales y los proyectos del Fondo de Cohesión, la Comisión exige la presentación de un análisis coste-beneficio para la valoración ex ante de cada proyecto, de acuerdo con los Reglamentos de dichos fondos. Por otra parte, actualmente se está terminando un trabajo de evaluación ex post de ciento veinte proyectos del Fondo de Cohesión. Las conclusiones provisionales de este estudio indican que los resultados de los proyectos de medio ambiente cumplen, en general, con las expectativas. En el caso de una serie de proyectos de transporte, las previsiones habían sido demasiado optimistas en cuanto a los plazos de construcción, pero demasiado pesimistas, en cambio, en lo relativo al número de usuarios de las secciones renovadas. Los análisis coste-beneficio ex post ponen de manifiesto que muchos de estos proyectos superan, al final, la tasa de rentabilidad económica del 20 %.
PREGUNTA ESCRITA E-0881/01

de Elizabeth Lynne (ELDR) a la Comisión

(27 de marzo de 2001)

Asunto: Punteros láser

Tengo entendido que, en Estados Unidos, la clasificación de los láseres es ligeramente distinta a la de la UE. La normativa estadounidense en materia de láseres contempla seis tipos y el método de asignación es diferente al de la normativa europea. Esto ha ocasionado diversos problemas de etiquetado. En algunos casos, los láseres que en Estados Unidos se clasifican en la clase II se clasificarían en la clase IIIA si se observara la normativa europea. Normalmente, los punteros láser incorporan un láser de clase II, que ofrece la potencia y gama adecuadas para la función para la que están destinados. La importación, en la UE, de punteros láser clasificados y etiquetados según la normativa estadounidense conlleva el riesgo de que se clasifiquen incorrectamente y, en consecuencia, se etiqueten equivocadamente. ¿Qué medidas se han adoptado o se van a adoptar para garantizar que los punteros láser importados en la UE se etiqueten conforme a la normativa de la UE?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(18 de junio de 2000)

La Comisión está efectuando en la actualidad un examen técnico del problema mencionado por Su Señoría y le comunicará los resultados de su investigación en las próximas semanas. La Comisión también planteará este tema concreto el 22 de junio de 2001 en el Comité de urgencia (establecido de conformidad con la Directiva relativa a la seguridad general de los productos, Directiva 92/59/CEE del Consejo de 29 de junio de 1992(1)), a fin de conocer las experiencias de los Estados miembros.

(1) DO L 228 de 11.8.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-0917/01

de Anneli Hulthén (PSE) a la Comisión

(28 de marzo de 2001)

Asunto: La amalgama y la salud

¿Considera la Comisión que el uso de amalgama constituye un problema de salud pública en la Unión? En caso afirmativo, ¿tiene la Comisión algún plan sobre qué se debe hacer para avanzar en esta cuestión?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(18 de junio de 2001)

Las amalgamas dentales son productos sanitarios cubiertos por la Directiva 93/42/CEE del 14 de junio de 1993(1) relativa a los productos sanitarios. En 1997, un grupo de trabajo, creado dentro del grupo de expertos sobre productos sanitarios e integrado por representantes de las autoridades nacionales, de los pacientes y de la profesión e industria dentales, presentó un informe sobre el uso de amalgamas dentales en relación con los riesgos que suponen para la salud. Entre otras cosas, se llegó a la conclusión de que todos los materiales que se utilizan para la restauración dental pueden, potencialmente, provocar reacciones adversas y que la mayoría de ellos contienen componentes tóxicos. Sin embargo, también se llegó a la conclusión de que, según los datos disponibles en la actualidad, el mercurio de las amalgamas dentales no supone un riesgo inaceptable para el público en general. Ciertamente, se dan reacciones locales a los materiales de obturación dental de amalgama y otros materiales de restauración dental, pero son relativamente raras; también se han declarado casos de este tipo de reacciones cuando se utilizan otros materiales que se usan como alternativa a las amalgamas dentales. Según el informe, el beneficio que se obtiene restaurando la dentadura con amalgama dental es significativamente superior a los riesgos documentados y la relación entre riesgo y beneficio corresponde a la situación actual, reconocida y aceptada, de la técnica.

La Comisión y las autoridades nacionales, en estrecha cooperación con otras partes interesadas, tienen sometido el uso de amalgamas dentales a examen permanente y siguen atentamente el desarrollo de productos sustitutivos y su impacto en la salud.

(1) DO L 169 de 12.7.1993.
PREGUNTA ESCRITA P-1803/01

de Maj Theorin (PSE) a la Comisión

(13 de junio de 2001)

Asunto: Kurdos en Turquía

Tras años de violentos conflictos entre las fuerzas armadas turcas y el PKK kurdo, más de 560 000 personas, principalmente de origen kurdo, se han visto obligadas a abandonar sus hogares en la empobrecida región del sudeste de Turquía. La destrucción sistemática de más de 3 500 pueblos en esta región dificulta enormemente la tarea de repatriación, y ha provocado que la mayoría de las familias desplazadas viva ahora en condiciones miserables y de extrema pobreza en las afueras de las ciudades.

¿Qué medidas está adoptando la Comisión para mejorar la situación de los kurdos desplazados en Turquía y para continuar con el desarrollo de esta región en concreto?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(4 de julio de 2001)

El 8 de marzo de 2001, la Unión Europea aprobó la Asociación para la Adhesión de Turquía(1), que establece los progresos que Turquía debe realizar prioritariamente en los ámbitos político y económico para poder ingresar en la Unión Europea. Una de las prioridades que ha de afrontar Turquía a corto plazo es la de reducir las disparidades regionales. Asimismo, la supresión del estado de excepción en el sudeste del país constituye una prioridad a medio plazo.

En el marco de la asistencia financiera de la Unión a Turquía, la Comisión está financiando un programa de desarrollo regional en el sudeste del país, en la región del GAP, con una dotación de 43,5 millones de euros. Entre los objetivos generales del programa figuran el apoyo al crecimiento económico, la disminución de las disparidades regionales y el incremento de la productividad y de la capacidad de empleo de la región. Algunas de las iniciativas tienen por objeto ampliar las oportunidades de empleo mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME), incentivar las actividades generadoras de renta en la población rural, renovar y restaurar lugares importantes del patrimonio cultural, fomentar su potencial cultural y turístico, y mejorar las condiciones medioambientales de la región.

(1) DO L 85 de 24.3.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-0513/01

de Olivier Dupuis (TDI) al Consejo

(23 de febrero de 2001)

Asunto: Estado de excepción y grave situación en Ecuador

La política de rigor económico que el Gobierno ecuatoriano para salir de la dramática crisis económica que afecta al país desde hace más de tres años va acompañada de una grave tensión social. Además del importante flujo migratorio por pobreza de buena parte de la población económicamente activa, aumenta la movilización y el rechazo por parte de los grupos de población más afectados, que coinciden en buena parte con las poblaciones indígenas.

Ante la tensión social, las autoridades ecuatorianas, no sólo han puesto en marcha una dura represión por parte de las fuerzas del orden, sino que también han declarado el estado de excepción.

¿No teme el Consejo que, visto el carácter étnico de la protesta que hasta ahora ha sido fundamentalmente pacífica, la crisis económica actual pueda poner en peligro el Estado plurinacional y democrático establecido en la nueva Constitución ecuatoriana?

¿Ha adoptado ya o piensa adoptar una posición contra el estado de excepción?

¿Instará el Consejo al Gobierno ecuatoriano a garantizar las libertades civiles y políticas incluso en lo relativo a la protesta pacífica de la población, para evitar que degenere la situación?

¿No cree el Consejo que, vistas las condiciones de verdadera indigencia en la que se encuentra el 70 % de la población y la gran inestabilidad política, la comunidad internacional debe afrontar el problema de la deuda externa de Ecuador y el saneamiento necesario de su economía en el marco del Club de París, sobre la base de criterios que eviten la mera beneficencia y favorezcan las inversiones nacionales e internacionales?

¿Qué otras medidas piensa adoptar el Consejo para ayudar a Ecuador en esta difícil situación?

Respuesta

(13 de julio de 2001)

El Consejo tiene conocimiento de la difícil situación económica por la que atraviesa Ecuador y de las tensiones que sufren los sectores más débiles de la población en el actual contexto de la dolarización y de los ajustes económicos emprendidos por el Gobierno conforme a las exigencias del FMI.

Durante los meses de enero y febrero el Consejo realizó un estrecho seguimiento de los acontecimientos a que se refiere Su Señoría en su pregunta. El Consejo cree que no puede haber solución a estos problemas fuera del marco del sistema político democrático.

El Consejo ha expresado su voluntad de contribuir a los esfuerzos de Ecuador y todos los países andinos por reforzar la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley. Éstos son los pilares en que se basan la cooperación económica y el diálogo político entre las dos partes. El mismo mensaje se transmitió a Ecuador y a los demás países andinos en la última reunión ministerial entre la UE y la Comunidad Andina, en Santiago de Chile, el 28 de marzo de 2001.
PREGUNTA ESCRITA E-0566/01

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(27 de febrero de 2001)

Asunto: Declaración de fiabilidad para la DG Justicia e Interior

En la reunión de la Comisión de Control Presupuestario del 7 de febrero de 2001, el Sr. Fischler, miembro de la Comisión Europea, afirmó que en 1999 el porcentaje exacto de error para las transacciones financieras dentro de la Dirección General de Agricultura fue del 3,06 %.

En consonancia con el espíritu de cooperación y transparencia entre las instituciones europeas, ¿podría el miembro de la Comisión competente en materia de justicia e interior indicar cuál es el porcentaje correspondiente para las transacciones financieras dentro de la Dirección General de referencia? En caso negativo, ¿por qué no?

Respuesta común a las preguntas escritas P-0553/01, E-0554/01, E-0555/01, E-0556/01, E-0557/01, E-0558/01, E-0559/01, E-0560/01, E-0561/01, E-0562/01, E-0563/01, E-0564/01, E-0565/01, E-0566/01, E-0567/01, E-0568/01, E-0569/01 y E-0570/01 dada por el Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(11 de abril de 2001)

La Comisión recuerda a Su Señoría que el Tribunal de Cuentas no facilita el índice de error en el marco de su declaración de fiabilidad para el presupuesto general, ya que considera que calibrar el éxito de la gestión financiera de la Comisión basándose solamente en este indicador resulta demasiado simple.

Por consiguiente, hace tres años el Tribunal decidió no volver a publicar el índice de error global y desarrollar su método de declaración de fiabilidad para proporcionar una mayor cantidad de información descriptiva a la autoridad competente para aprobar la gestión.

Además, el Tribunal de Cuentas ha manifestado en varias ocasiones que, si tuviera que presentar índices de error a una escala más pequeña que la del índice de error general (por ejemplo, por sectores o por Direcciones Generales), éstos serían completamente engañosos. El Tribunal audita un número limitado de transacciones lo que no le permite determinar un índice de error válido a este nivel más bajo.

Como consecuencia, la Comisión no está en condiciones de facilitar a Su Señoría la información solicitada.