PREGUNTA ESCRITA E-4099/97 de Winifred Ewing (ARE) a la Comisión (16 de enero de 1998)

Asunto: Adjudicación de contratos

La empresa belga Gerographic Infomation Managment (GIM), así como la sociedad matriz GIM de Luxemburgo, han recibido regularmente contratos de la Comisión Europea (entre otros, de GISCO/Luxemburgo y de Eurostat) y de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en particular, para los programas CORINE y PHARE.

Muchos de estos proyectos se han adjudicado sin competencia.

1. ¿Puede facilitar la Comisión una relación de los contratos adjudicados a GIM Bélgica y GIM Luxemburgo durante los cinco últimos años? ¿Con arreglo a qué procedimiento se adjudicaron? ¿Por qué importes y períodos de tiempo se adjudicaron los contratos?

2. ¿Tiene la Comisión conocimiento de que el 99 % de las acciones de GIM Bélgica son propiedad de GIM Luxemburgo y que el 75 % de las acciones de ésta última son propiedad de una sociedad denominada KIVAL Consultants, con sede en las Bahamas?

3. Las Bahamas son uno de los territorios conocidos por tener una legislación que hace imposible la verificación del accionariado de las sociedades. El objetivo de esta legislación es atraer empresas cuyos accionistas desean permanecer en el anonimato. ¿No estima la Comisión que no es prudente celebrar contratos con empresas cuyo accionariado procede mayoritariamente de tales lugares?

4. ¿No estima la Comisión que las sociedades a las que se les adjudican contratos deben revelar la identidad de sus accionistas con objeto de impedir que los contratos se adjudiquen a empresas vinculadas a organizaciones secretas?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (18 de marzo de 1998)

1. En efecto, la Comisión ha adjudicado varios contratos a la empresa belga Geographic Information Management (GIM) en los últimos años.

En el marco de la ayuda exterior, y más concretamente del programa PHARE, a lo largo de estos cinco últimos años, se han adjudicado cuatro contratos. Teniendo en cuenta que los importes respectivos eran inferiores al límite de 50.000 ecus fijado por el Reglamento (CEE) no 3906/89 del Consejo relativo a la ayuda económica a favor de la República de Hungría y de la República Popular de Polonia ((DO L 375 de 23.12.1989. )), tres de estos contratos se adjudicaron de mutuo acuerdo. El objeto de estos contratos tenían relación con la producción de tarjetas y tenía una duración variable de 1 a 3 años.

En lo referente a los contratos realizados fuera del marco de la fuente de ayuda exterior, a lo largo de estos cinco últimos años se adjudicaron cuatro contratos. Tres fueron publicados en el Diario Oficial, y el cuarto, en el que el importe era inferior al límite publicado, se adjudicó, tomando como base un procedimiento restringido conforme a las disposiciones previstas en el Reglamento Financiero ((DO L 356 de 31.12.1977. )). Por lo tanto, todos estos contratos han sido adjudicados de acuerdo con los procedimientos de adjudicación de contratos públicos previstos en el reglamento financiero y las directivas de contratos públicos.

Para todos estos contratos, las prestaciones proporcionadas por esta sociedad han sido satisfactorias. La planificación y la ejecución de las tareas confiadas a la misma no han dado lugar a ningún problema.

2. y 3. Las directivas de contratos públicos y, en particular, los Artículos 29 y 39 de la Directiva 92/50/CEE relativos a la coordinación de los contratos públicos de servicios ((DO L 209 de 24.7.1992. )) permiten la exclusión de los licitadores que no hayan cumplido sus obligaciones relativas al pago de impuestos, tasas y cotizaciones a la Seguridad Social. Por el contrario, estas Directivas no permiten excluir a una empresa por el hecho de que una persona u otra sociedad sean titulares de su capital social. En virtud de las Directivas, este criterio se consideraría discriminatorio.

Para evitar la evasión fiscal, la Comisión puede pedir las pruebas correspondientes a los licitadores. En el marco de PHARE, la Comisión exige que los asesores que figuran en las «short lists» tengan su sede, ya sea en un Estado miembro o, en el país beneficiario. Los licitadores o contratantes de los que se sospeche hayan firmado un contrato con entidades consideradas ilegales, son objeto de investigaciones específicas. El resultado de estas investigaciones se comunica a la Comisión.

Los detalles de los cuatro contratos que sobrepasaban los 50.000 ecus se envían directamente a Su Señoría al igual que a la Secretaría General del Parlamento.