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PREGUNTA ESCRITA E-0320/00

de Dana Scallon (PPE-DE) a la Comisión

(11 de febrero de 2000)

Asunto: La Conferencia relativa al Protocolo sobre Bioseguridad y el procedimiento de toma de decisiones

¿Cómo decide la Comisión la posición que debe adoptar la delegación europea en foros como la Conferencia relativa al Protocolo sobre Bioseguridad en Montreal cuando la normativa comunitaria en materia de ingeniería genética (especialmente la Directiva 90/220/CEE(1) todavía es objeto de controversia?

(1) DO L 117 de 8.5.1990, p. 15.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(14 de marzo de 2000)

La Comunidad consiguió un acuerdo con todos los (133) gobiernos presentes sobre la adopción del Protocolo de Cartagena relativo a la seguridad biológica de 28 de enero de 2000. Esto supone un gran logro a nivel internacional que integra asuntos medioambientales, comercio y desarrollo de una manera equilibrada, con el apoyo general de todas las naciones en vías de desarrollo.

La posición negociadora de la Comunidad se basó en las conclusiones del Consejo de 13 de diciembre de 1999.

El Protocolo trata la seguridad en el transporte, tratamiento y utilización de los organismos vivos modificados (OVM) que puedan producir un efecto adverso en la biodiversidad y presta especial atención a los movimientos transfronterizos. El protocolo establece un procedimiento de acuerdo informativo avanzado (AIA) para las importaciones de organismos vivos modificados que se pretenden introducir en el medio ambiente, un procedimiento alternativo para los OVM destinados a convertirse en productos, como alimento, piensos y procesados; también precisa información detallada y requisitos de documentación. Incorpora específicamente el principio de acción preventiva en la parte operativa del protocolo. El protocolo también contiene disposiciones relativas a la información confidencial y a la compartida, capacidad de instalación y recursos financieros, prestando especial atención a la situación de los países en vías de desarrollo y a aquellos que carecen de sistemas de reglamentación nacional, al igual que a recursos que hagan posible un régimen de responsabilidad civil.

El Protocolo ofrece la posibilidad de aplicar procedimientos internos o las disposiciones mínimas previstas en el mismo. Esta última opción sirve para ayudar a los países en vías de desarrollo que carecen de medidas administrativas y legislativas adecuadas para la protección de la biodiversidad. Esto significa que la Comunidad continuará aplicando sus propios procedimientos de acuerdo con el objetivo y las disposiciones del Protocolo.
PREGUNTA ESCRITA P-0130/00

de Jens-Peter Bonde (EDD) a la Comisión

(18 de enero de 2000)

Asunto: Gestión administrativa en la OLAF

¿Piensa la Comisión garantizar que los funcionarios no se pronunciarán públicamente sobre cuestiones de culpa, cuando un ministerio fiscal nacional ha decidido renunciar a la investigación de un caso planteado por la UCLAF/OLAF?

¿Piensa la Comisión garantizar que no se podrán retener los créditos para proyectos aprobados porque la Comisión opine que existen demandas de otros proyectos, cuando no se ha incoado un procedimiento judicial para ejecutar estas demandas?

El motivo de estas dos preguntas es el comportamiento de la Comisión en un caso contra la empresa Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi (Centro de energía renovable del Noroeste de Jutlandia), a la que se acusa públicamente de estafa por parte de un funcionario de la Comisión, a pesar de que la policía danesa contra el fraude haya llegado a la conclusión de que no existen motivos para dichas acusaciones.

Además, la Comisión ha bloqueado el pago de una subvención a un círculo de beneficiarios, de los que la empresa Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi sólo constituye una de las partes contratantes y, de este modo, penaliza a empresas que nada tienen que ver con el caso en curso.

Respuesta complementaria de la Comisaria Schreyer en nombre de la Comisión

(27 de abril de 2000)

La Comisión no tiene conocimiento de que uno de sus funcionarios se haya pronunciado públicamente sobre la cuestión de la culpabilidad en el asunto mencionado por Su Señoría.

No obstante, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) indicó a la Comisión que un funcionario de la Oficina hizo una declaración sobre el hecho de que, en este asunto, la decisión del fiscal de no proceder a una inculpación fue objeto de un recurso ante el Fiscal General de acuerdo con las disposiciones del código de procedimiento penal de Dinamarca.

La Comisión quiere subrayar que en la cuestión de los pagos a beneficiarios se tiene en cuenta, naturalmente, la protección de los intereses financieros de las Comunidades.

Los pagos subsiguientes a beneficiarios de expedientes irregulares pueden, en caso necesario, suspenderse o incluso ser objeto de una decisión de recuperación por compensación en aplicación de las disposiciones del Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, de sus modalidades de ejecución(1) y de las disposiciones de procedimiento internas relativas al cobro de las deudas de conformidad con los Tratados CE y Euratom.

Hasta ahora, ninguna decisión definitiva en este sentido ha sido tomada en el asunto citado por Su Señoría.

(1) Reglamento (Euratom, CECA, CE) no 3418/93 de la Comisión, de 9 de diciembre de 1993, sobre normas de desarrollo de disposiciones del Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977, DO L 315 de 16.12.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-0908/00

de Isidoro Sánchez García (ELDR) al Consejo

(24 de marzo de 2000)

Asunto: Referéndum del Sahara Occidental

Con fecha 29 de febrero de 2000, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución sobre el Sahara Occidental en relación con el Plan de Paz diseñado para dicho territorio, que había sido aceptado y firmado por las partes afectadas en aquél, el Reino de Marruecos y la República Democrática Saharaui, orientado a la celebración de un referéndum que definiese el futuro de la zona.

¿Tiene previsto el Consejo, a través del Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, incluir en su programa de trabajo, ya que puede afectar directamente a algunas zonas de la Unión Europea, la participación en el control y seguimiento de las cuestiones que afectan al futuro del Sahara, particularmente en lo que se refiere al Referéndum?

Respuesta

(10 de julio de 2000)

El Consejo sigue de cerca los temas que afectan al futuro del Sahara Occidental. Apoya plenamente los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas, de su Representante Especial para el Sahara Occidental y del Enviado Especial, D. James Baker, con respecto al futuro del Sahara Occidental. El Consejo expresa su voluntad de contribuir a este proceso y de ayudar a erigir un clima de confianza entre las partes interesadas, con el fin de encontrar una solución aceptable para todas las partes de la región y basada en el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos.

El Consejo toma buena nota de la observación, que figura en el último informe, del Secretario General de las Naciones Unidas, de que el calendario previsto ya no es válido y de que sigue sin poder establecerse aún con certeza la fecha del referéndum en el momento actual. Acoge con agrado la intención del Secretario General de pedir al Enviado Especial que investigue las formas de lograr una solución pronta, duradera y negociada a este conflicto. Por otra parte, el Consejo apoya la iniciativa de conversaciones directas adoptada por el Sr. Baker, y se congratula de la celebración de la primera reunión, que tuvo lugar el 14 de mayo, en Londres.
PREGUNTA ESCRITA P-0132/00

de Francesco Speroni (TDI) a la Comisión

(18 de enero de 2000)

Asunto: Carteles en las autopistas italianas

Las autopistas italianas están llenas de carteles en los que se señala un límite de velocidad de cincuenta kilómetros por hora, con la aclaración, en un pequeño cartel colocado debajo, de que dicho límite sólo es válido en caso de niebla. El texto está escrito en italiano, lo que dificulta la comprensión de los conductores que no conocen dicha lengua.

¿Puede intervenir la Comisión para que, con vistas a aumentar la seguridad en las carreteras, las indicaciones resulten comprensibles para todos los usuarios?

Respuesta de la Sra. de Palacio En nombre de la Comisión

(2 de marzo de 2000)

La seguridad en carretera es un tema clave de la política europea de transporte y la Comisión comparte plenamente la preocupación de su Señoría por las indicaciones de las carreteras.

Las características de las indicaciones de carretera tales como su tamaño, forma y color están reguladas por un acuerdo internacional administrado por la Comisión económica de las Naciones Unidas para Europa; para evitar las dificultades de comprensión a que se refiere su Señoría, las indicaciones suelen tener forma de pictograma.

Sin embargo, cuando esto no es así, corresponde al Estado miembro firmante del Convenio proponer una modificación para sustituir los textos por pictogramas.
PREGUNTA ESCRITA P-2264/00

de Vincenzo Lavarra (PSE) a la Comisión

(29 de junio de 2000)

Asunto: Derecho de comercialización de uvas de mesa inscritas y autorizadas para su cultivo en el registro de las variedades nacionales en Italia de conformidad con la legislación comunitaria

Distintos productores de uva sin pepitas del sur de Italia, en particular los productores de la variedad Sugraone (variedad debidamente inscrita y autorizada para su cultivo en el registro de las variedades nacionales de Italia) están preocupados por la actitud de algunos importadores comunitarios que subordinan la adquisición a la verificación del pago por parte del productor de Sugraone de un supuesto derecho sobre la producción en favor de una empresa estadounidense que declara que posee derechos de patente sobre esta variedad de uva (aunque con otra denominación) incluso en el momento de la comercialización.

A fin de evitar penalizaciones injustas y distorsiones del mercado interior, se pide a la Comisión que aclare los puntos siguientes:

1. ¿Pueden comercializar legítima y libremente los productores de esta variedad Sugraone, sin ninguna clase de obstáculos como los impuestos por posibles compradores comunitarios en relación con la verificación del pago de los derechos de patente sobre la producción de este tipo de uva?

2. El pago de derechos de patente en la fase de producción y comercialización (y la verificación por parte de los compradores del pago de dicho derecho), ¿se aplica exclusivamente a la comercialización de las variedades de uva de mesa patentadas y con denominaciones y marcas registradas, o bien

debe aplicarse también en aquellos casos en que el productor comercializa uvas de mesa de variedades con denominaciones, como la de Sugraone que están inscritas y autorizadas para su cultivo en el registro de las variedades nacionales de Italia de conformidad con la legislación comunitaria?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(13 de julio de 2000)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-0410/00

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(23 de febrero de 2000)

Asunto: Camboya

¿Tiene conocimiento la Comisión de que, según algunas informaciones, todavía subsiste toda una serie de problemas en Camboya, desde una pobreza extrema, hambruna en algunas zonas, elevados niveles de corrupción y violaciones de los derechos humanos? ¿Considera necesario la Comisión aplicar condiciones restrictivas en este momento?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(7 de marzo de 2000)

La Comisión es plenamente consciente de que Camboya figura entre los menos países desarrollados del mundo y que es aún víctima de la pobreza y de otros problemas conexos. El país afrontará desafíos importantes en los próximos años y necesita realizar rápidamente amplias reformas. Desde la formación del nuevo Gobierno camboyano, la Comisión ha evacuado consultas regulares para tratar estas reformas.

La Comisión no está considerando por ahora imponer ninguna condición en sus programas de desarrollo, pero seguirá supervisando cuidadosamente la situación en Camboya.

Con respecto a las cuestiones de los derechos humanos, la democratización y la corrupción, la Comisión se propone conversar a fondo con las autoridades camboyanas sobre estos problemas con motivo de la primera Comisión Mixta Comunidad-Camboya, programada para la primera mitad del año 2000.

En lo que respecta a la situación alimentaria en el año 2000, las organizaciones internacionales opinan que la situación alimentaria global sigue siendo satisfactoria en Camboya. Sin embargo, una parte importante de la población es vulnerable a la escasez de alimentos y la Comisión sigue de cerca la situación para estar preparada ante una emergencia.
PREGUNTA ESCRITA E-0272/00

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(7 de febrero de 2000)

Asunto: Fundamento jurídico de las PPA (Paridades del Poder Adquisitivo)

La Comisión Europea considera en los dos primeros párrafos de su respuesta a la pregunta E-2218/99(1) que el uso de las PPA en la normativa comunitaria se basa en dichos textos, es decir, en la propia normativa comunitaria.

De ello se deduce que, mientras que para la Comisión Europea la credibilidad de las PPA viene apoyada por su uso en la normativa comunitaria, la normativa comunitaria recurre a las PPA debido a su credibilidad.

¿No considera la Comisión que este razonamiento resulta tautológico y es un círculo vicioso?

(1) DO C 219 E de 1.8.2000, p. 124.

Respuesta de la Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(30 de marzo de 2000)

El razonamiento seguido en los dos primeros párrafos de la respuesta a la pregunta escrita E-2218/99(1) formulada por Su Señoría no pretendía ser ni tautológico ni un círculo vicioso, sino que tiene un carácter doble y explicativo.

En primer lugar, se deseaba hacer referencia al acuerdo político del Consejo Europeo de Berlín (24 y 25 de marzo de 1999) y al dictamen conforme del Parlamento (6 de mayo de 1999), tras lo cual el 21 de junio de 1999 el Consejo procedió a adoptar formalmente los nuevos Reglamentos de los Fondos Estructurales para el período 2000-2006, entre ellos el Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen las disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(2) y que establece en su artículo 3 que serán regiones del objetivo no 1 las correspondientes al nivel II de la nomenclatura de unidades territoriales estadísticas (NUTS 2) cuyo producto interior bruto (PIB) per cápita, medido en estándar de poder adquisitivo y calculado a partir de los datos comunitarios de los tres últimos años disponibles el 26 de marzo de 1999 sea inferior al 75 % de la media comunitaria. El Reglamento (CE) no 1267/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se crea un instrumento de política estructural de preadhesión (ISPA)(3) establece en su artículo 4 que la Comisión procederá... a una asignación indicativa entre los distintos países beneficiarios del total de la ayuda comunitaria del ISPA, sobre la base de criterios relativos a la población, el PIB per cápita expresado en paridades de poder adquisitivo y la superficie.

Así pues, la utilización y la utilidad de la paridad de poder adquisitivo (PPA) han sido puestas de relieve tanto por el Consejo como por el Parlamento, aparte de que existe una base jurídica para la elaboración de las PPA.

En segundo lugar, se deseaba destacar que las PPA son empleadas, desde hace ya muchos años, por instituciones internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)), administraciones públicas, universidades, institutos de investigación, empresas públicas y privadas, bancos, medios de comunicación y particulares.

(1) DO C 219 E de 1.8.2000, p. 124.

(2) DO L 161 de 26.6.1999.

(3) DO C 219 E de 1.8.2000, p. 124.
PREGUNTA ESCRITA E-0754/00

de Caroline Lucas (Verts/ALE) a la Comisión

(13 de marzo de 2000)

Asunto: Focas de Groenlandia

¿Qué tiene previsto hacer la Comisión para plantear a las autoridades rusas y al Sr. Putin el asunto de la mutilación de las crías de foca de Groenlandia en el mar Blanco, cuyo inicio está previsto para finales de febrero o la primera semana de marzo?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(5 de abril de 2000)

La Unión está intensificando su diálogo con las autoridades rusas sobre cuestiones medioambientales con arreglo al Acuerdo de asociación y cooperación recurriendo a un subcomité específico del Comité de cooperación establecido a tal efecto. La próxima reunión está programada para la semana del 15-19 de mayo de 2000. Los temas referentes a las especies en peligro de extinción y la biodiversidad se debaten en este contexto.
PREGUNTA ESCRITA P-0732/00

de Francesco Turchi (UEN) a la Comisión

(6 de marzo de 2000)

Asunto: Objetividad de la información de las emisoras públicas

¿Corresponde a los criterios de la Comisión Europea relativos a las leyes sobre comunicación y difusión de noticias en el sector de los multimedios la actitud en materia de transmisión por parte de la RAI (Radio Televisión Italiana), principalmente en el informativo de la primera cadena (TG1), con respecto a la información sobre las actividades de los partidos políticos que no respeta las normas de igualdad y que privilegia únicamente a determinadas agrupaciones?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(31 de marzo de 2000)

La legislación comunitaria en materia de libre circulación de servicios y, en particular, las disposiciones de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva(1), tal y como fue modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento y del Consejo de 30 de junio de 1997(2), no aborda la cuestión de la objetividad e imparcialidad de la información política difundida por las cadenas de televisión.

(1) DO L 298 de 17.10.1989.

(2) DO L 202 de 30.7.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-0269/00

de Jan-Kees Wiebenga (ELDR) al Consejo

(8 de febrero de 2000)

Asunto: Control de fronteras dentro de la zona Schengen en el aeropuerto de Schiphol

Se ha dado un caso de un ciudadano neerlandés que fue obligado por la compañía aérea neerlandesa KLM a presentar un pasaporte vigente como documento de identidad en un vuelo dentro de la zona Schengen de Amsterdam a Roma.

1. ¿En qué disposiciones del Tratado de Schengen se basa la obligación de presentar un pasaporte vigente?

2. ¿Existen otros documentos de viaje o de identidad reconocidos por los Estados miembros de la Unión Europea en los viajes entre los países Schengen? En ese caso, ¿cuáles son?

3. ¿Sabe el Consejo si otras compañías aéreas nacionales de los países Schengen, como SABENA, Air France o Lufthansa, también exigen un pasaporte vigente o aceptan también otros documentos de identidad?

4. Si esta situación es conforme a las normas vigentes, ¿está dispuesto el Consejo a modificar la reglamentación de forma que también puedan utilizarse otros documentos de identidad?

Respuesta

(8 de junio de 2000)

El Consejo tiene a bien recordar a Su Señoría que, en lo que se refiere a los ciudadanos de los Estados miembros, las disposiciones de Schengen no se ocupan de regular el derecho de las compañías aéreas a verificar, antes del registro, que la persona en posesión del documento de transporte, documento que por lo general es personal e intransferible, es realmente la que figura en el mismo.

Por otra parte, el Consejo informa a Su Señoría de que, en aplicación de las Directivas 68/360/CEE y 73/148/CEE, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, todo nacional de un Estado miembro debe tener en su poder, en sus desplazamientos por la UE, una tarjeta de identidad o un pasaporte válido. Habida cuenta de que en los Países Bajos no es obligatoria la tarjeta de identidad, cualquier nacional neerlandés que esté en territorio de otro Estado miembro deberá poseer al menos un pasaporte válido.

En cualquier caso, el Consejo subraya que el Tratado confiere a la Comisión y al Tribunal de Justicia la tarea de velar por la aplicación correcta del derecho comunitario en los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-0406/00

de Gerhard Schmid (PSE) al Consejo

(16 de febrero de 2000)

Asunto: Indemnización de los transportistas alemanes del Danubio como consecuencia del cierre del trayecto yugoslavo

En la ciudad de Ratisbona (Alemania) están establecidas muchas empresas que se dedicaN exclusivamente al transporte por el Danubio desde Alemania a otros puntos situados por debajo de Yugoslavia. La guerra de Kosovo, la destrucción de los puentes sobre el Danubio y el cierre consiguiente del trayecto yugoslavo del Danubio han dado al traste con la actividad económica de esas empresas, ya que, al estar sumamente especializadas en determinados transportes por el Danubio, apenas tienen posibilidad alguna de ejercer su actividad en otro terreno.

1. ¿Hay que considerar dichas empresas como damnificadas poR la guerra de Kosovo, al igual que las empresas mismas de Kosovo?

2. ¿Pueden recibir dichas empresas ayuda económica para compensar los daños sufridos?

3. ¿Tienen derecho tales empresas a una ayuda de reconstrucción y mantenimiento a fondo perdido para compensar las pérdidas que están sufriendo y a subvenciones para el sector de inversiones con garantía pública de buen fin?

Respuesta

(2 de mayo de 2000)

El Consejo informa a Su Señoría de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 y ss. del Tratado CE, corresponde a la Comisión pronunciarse sobre las ayudas concedidas por los Estados miembros.