PREGUNTA ESCRITA E-1183/00

de Cristiana Muscardini (UEN) a la Comisión

(12 de abril de 2000)

Asunto: Ampliación y defensa del medio ambiente

El accidente de la mina de oro Baia Mare, en Rumania, que envenenó las aguas del Danubio con una cantidad incalculable de cianuro, es otra señal de alarma de la peligrosa situación de la seguridad medioambiental en los países candidatos a la adhesión. La situación es alarmante a la vista de que ninguno de estos países cumple todos los requisitos exigidos por la UE.

1. ¿Piensa la Comisión que los 50 000 M previstos en la Agenda 2000 para garantizar la seguridad medioambiental son suficientes?

2. ¿Puede hacer saber qué países se están adecuando a las normas de la Unión en este ámbito?

3. ¿No considera que, al igual que la seguridad de las centrales nucleares solicitada en el dictamen aprobado por el PE en la legislatura anterior, la seguridad del medio ambiente debe ser una condición previa a la posible adhesión?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(26 de mayo de 2000)

La Agenda 2000 fija los criterios para la adhesión de los países solicitantes de Europa Central y Oriental. Los criterios incluyen la adopción y la aplicación de los actos jurídicos de la Comunidad. Aún reconociendo que esto supone una tarea ingente en el ámbito del medio ambiente, pero consciente de la necesidad de evitar una diferencia ambiental entre los Estados miembros y los países candidatos, la Agenda 2000 requiere estrategias realistas para el cumplimiento de la legislación comunitaria y planes concretos de financiación para su puesta en práctica. Por lo tanto, conforme a la Agenda 2000, se ha previsto una ayuda de preadhesión y nuevos instrumentos para ayudar a los países candidatos a sufragar los costes de la adhesión. Entre éstos, las políticas estructurales para el instrumento de preadhesión (ISPA) proporcionarán 7 000 M durante siete años a partir del año 2000. La mitad de esta cantidad se dedicará a la inversión en infraestructura medioambiental. PHARE, a partir de 2000, proporcionará 1 500 M al año para el desarrollo económico y social, reconstrucción industrial y desarrollo de la capacidad administrativa. Este instrumento puede financiar la infraestructura municipal e inversiones relacionadas con la industria para la limpieza y la reducción de los residuos peligrosos y emisiones. Finalmente, la ayuda de preadhesión para el instrumento de desarrollo rural y agrícola (Sapard) proporciona 500 M al año para los sistemas de desarrollo rural y agrícola, incluida la repoblación forestal. Sin embargo, como también subrayó la Comisión en la Agenda 2000, la diferencia de financiación no puede ser cubierta solamente mediante la ayuda de preadhesión. Habrá que movilizar recursos financieros nacionales y extranjeros importantes, en especial del sector privado, en apoyo de las estrategias para el cumplimiento de la legislación comunitaria.

Tras el accidente en la mina de oro de Baia Mare, la Comisión está revisando actualmente su legislación ambiental en este campo. El cumplimiento del acervo por los países candidatos se supervisa constantemente a través de los informes periódicos. Sin embargo, todos los países candidatos que han iniciado negociaciones de adhesión con la Comunidad sobre las cuestiones de medio ambiente han indicado que estarán en condiciones de aplicar la legislación comunitaria pertinente sobre la adhesión. En sus posiciones comunes, la Unión ha pedido información de los países candidatos sobre su calendario para la transposición y la aplicación de la legislación comunitaria para evaluar la situación en cada uno de estos países.

El medio ambiente tiene prioridad en las negociaciones de adhesión. En su posición general para la Conferencia de adhesión que abría las negociaciones, la Comunidad subrayó explícitamente la necesidad de asegurar un alto nivel de protección del medio ambiente y de hecho, las posiciones de negociación de la Comunidad fijan una estrategia clara para lograr este objetivo. Esto incluye dar prioridad a la transposición y aplicación de la legislación relacionada con la industria y la legislación contra la contaminación transfronteriza. Además, la Comunidad ha insistido en sus posiciones de negociación que todas las nuevas inversiones en los países candidatos cumplan con el acervo ambiental ya durante el período de preadhesión. Por otra parte, en el documento que acompañaba los informes sobre los progresos hacia la adhesión de los países candidatos, la Comisión también indicó que para esas áreas del acervo en las que son necesarias considerables adaptaciones y que requieren un esfuerzo sustancial, incluidos importantes gastos financieros, los acuerdos transitorios podrán extenderse durante un período definido de tiempo a condición de que los candidatos puedan demostrar que se está llevando a cabo la adaptación y que se están comprometiendo con planes detallados y realistas, incluidas las inversiones necesarias.