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PREGUNTA ESCRITA E-0119/01

de Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) a la Comisión

(1 de febrero de 2001)

Asunto: Posibles riesgos para la salud a causa del uso de potenciadores del sabor E621 y E632 (glutamato)

En los medios de comunicación se publican con cierta regularidad noticias acerca de graves quejas sobre la salud (dolor de cabeza, erupciones cutáneas, mareos, insomnio) posiblemente relacionadas con el consumo de productos alimenticios que contienen potenciadores del sabor. Entre otros, se mencionan los potenciadores del sabor E621, E631 y E632 (glutamato monosódico o Ve-Tsin).

¿Está la Comisión al corriente de esas noticias?

¿Se han tenido en cuenta los mencionados efectos secundarios de dichas sustancias en el momento de la toma de decisiones sobre los productos en cuestión? ¿Cuáles han sido las conclusiones en cuanto a dichos efectos secundarios?

¿Tiene la Comisión la intención de examinar los posibles efectos nocivos de los productos mencionados o de tomar medidas? En caso afirmativo, ¿dentro de qué plazo? En caso negativo, ¿por qué motivos?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(16 de marzo de 2001)

Según la legislación comunitaria, el glutamato monosódico (E 621) está autorizado para su uso en alimentos en general, con un nivel máximo de 10 gramos por kilo (g/kg); el inosinato de sodio y el inosinato de potasio (E 631 y E 632) están autorizados para su uso en condimentos y aromatizantes de acuerdo con buenas prácticas de elaboración. Como todos los aditivos alimentarios, estas sustancias, antes de ser autorizadas, han sido objeto de una evaluación de seguridad por el Comité científico de la alimentación humana.

En particular, el glutamato monosódico y el denominado síndrome del restaurante chino fueron evaluados en 1995 por el Comité científico de la alimentación humana dentro del informe sobre reacciones adversas a los alimentos y a ingredientes alimenticios.

En dicho informe se indicaba que las pruebas sobre personas que se autodeclaraban afectadas por este síndrome no habían logrado confirmar el papel del glutamato monosódico como agente provocador. Es más, dichas sustancias se encuentran ampliamente distribuidas en todos los tejidos animales y vegetales.

Por lo tanto, la Comisión no considera necesario revisar la legislación en vigor sobre los glutamatos e inosinatos en la situación actual pero, naturalmente, seguirá revisando la situación a la luz de los progresos científicos en éste o en cualquier otro ámbito.
PREGUNTA ESCRITA P-0275/01

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(2 de febrero de 2001)

Asunto: Disposiciones anti ruido en la Unión Europea

¿Podría señalar la Comisión si hay algún tipo de disposiciones europeas relacionadas con el ruido procedente de las viviendas privadas que proteja a las personas que en ellas residen de los ruidos excesivos procedentes de las viviendas vecinas?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(9 de marzo de 2001)

En estos momentos no existe ninguna reglamentación comunitaria contra el ruido procedente de las viviendas vecinas, señalado por su Señoría.

Los Estados miembros no aplican en la actualidad indicadores armonizados de ruido que estén relacionados con el llamado ruido ambiental o ruido producido por las personas. Este aspecto está contemplado en la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación y gestión del ruido ambiental(1) adoptada por la Comisión el 26 de julio de 2000.

El Parlamento Europeo y el Consejo están estudiando actualmente la propuesta legislativa.

(1) DO C 337 E de 28.11.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-0008/01

de Lord Inglewood (PPE-DE) a la Comisión

(17 de enero de 2001)

Asunto: La Política Europea de Seguridad y Defensa y la OTAN

¿Se integran las decisiones adoptadas en Niza con respecto a la Política Europea de Seguridad y Defensa de manera armónica y coherente en el ámbito más amplio de dicha política ya instaurado en el marco de la OTAN?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(21 de febrero de 2001)

La Comisión acoge con satisfacción las decisiones de Niza sobre la política europea en materia de seguridad y defensa (PESD) y considera que son completamente coherentes con la política más amplia de defensa y seguridad existentes dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Las decisiones de Niza se refieren a la capacidad de la Unión de actuar allí donde la Alianza en su conjunto no esté comprometida en situaciones comprendidas en las denominadas tareas de Petersberg, y que se refieren a la gestión de las crisis y las operaciones de mantenimiento de la paz, pero no a la defensa del territorio de Estados los miembros.

La cumbre de Washington de la OTAN hizo hincapié en el papel reforzado atribuido a la política de gestión de las crisis fuera de las consideraciones de naturaleza puramente defensiva. Las nuevas estructuras y capacidades desarrolladas bajo la PESD deberían considerarse como complementarias a las de la OTAN.

La Comisión considera que tanto los miembros de la OTAN como los Estados miembros de la Unión están dispuestos a desempeñar un papel de primer plano en las operaciones de este tipo en el marco de la OTAN o de la Unión y en el nuevos diálogo y cooperación entre estas dos organizaciones.

Obviamente, es necesario continuar los trabajos sobre los aspectos procesales de esta cooperación; éstos se están teniendo lugar en los cuatro grupos de trabajo UE/OTAN que se han reunido a intervalos regulares durante los últimos meses.
PREGUNTA ESCRITA P-0550/01

de Dirk Sterckx (ELDR) a la Comisión

(19 de febrero de 2001)

Asunto: Bloqueo de jamón belga en Portugal a consecuencia de la crisis de la dioxina

En 1999, las autoridades portuguesas aplicaron un embargo preventivo a una serie de suministros de jamón procedente de una empresa flamenca que databa del período sospechoso de contaminación con dioxina. Se sometieron a prueba y se analizaron productos similares de las reservas procedentes del mismo período para controlar si estaban contaminados con dioxina. Contrariamente a otros países, las autoridades portuguesas nunca han aceptado esos métodos de muestreo. Entre tanto la mercancía se ha declarado no apta para consumo humano y de hecho debería destruirse. La empresa en cuestión no puede entrar en consideración para la ayuda que estaba prevista en Bélgica para la destrucción de productos procedentes del período sospechoso, porque ha vencido el plazo de solicitud de dicha ayuda.

¿Tiene la Comisión conocimiento de la actitud de las autoridades portuguesas frente al método belga de muestreo y análisis? ¿Es aceptable que, a causa de la actitud de las autoridades portuguesas, los productos se hayan declarado entre tanto no aptos para consumo humano, y que la empresa en cuestión ya no pueda destruirlos haciendo uso de la ayuda prevista a ese fin en Bélgica durante el período sospechoso? ¿Cuántas quejas se han presentado hasta ahora ante la Comisión acerca de medidas tomadas por Estados miembros frente a productos belgas a consecuencia de la crisis de la dioxina?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(2 de marzo de 2001)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-0211/01

de Catherine Stihler (PSE) a la Comisión

(2 de febrero de 2001)

Asunto: Consulta sobre la revisión de la PPC

¿Qué planes tiene la Comisión para realizar una consulta lo más amplia posible de los interesados tras la publicación del Libro verde sobre la revisión de la PPC?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0171/01 y E-0211/01 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(9 de marzo de 2001)

La Comisión tiene previsto abrir un extenso debate sobre el futuro de la política pesquera común. El Libro Verde se distribuirá a todas las partes interesadas. El principal objetivo de la Comisión es que en dicho debate intervenga el mayor número posible de afectados, por lo que les alienta a que envíen a la Comisión sus propuestas y observaciones sobre el Libro Verde.

Por otro lado, a principios de junio de 2001, la Comisión organizará una audiencia pública en la que todos los interesados podrán exponer sus opiniones, ideas y observaciones con respecto al futuro de la política pesquera común.
PREGUNTA ESCRITA E-0367/01

de David Bowe (PSE) a la Comisión

(14 de febrero de 2001)

Asunto: Financiación de la UE en beneficio de publicaciones antisemitas

¿Tiene conocimiento la Comisión de que fondos de la UE se hayan utilizado en Palestina para sufragar publicaciones de naturaleza antisemita? En caso afirmativo, ¿qué medidas ha tomado la Comisión para investigar el asunto?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(2 de abril de 2001)

La Comisión rechaza cualquier intento de promover la intolerancia y el odio étnico o de obstaculizar los esfuerzos de las diversas partes comprometidas en la paz en Oriente Medio. En este contexto, los libros con contenido antisemita, cualquiera que sea su naturaleza, resultan particularmente deplorables.

Ninguno de los proyectos en apoyo de la Autoridad Palestina financiados por la Comisión ha apoyado la producción o distribución de libros, incluidos los libros escolares. Por lo que se refiere a los proyectos financiados bilateralmente por los Estados miembros, la Comisión no tiene derecho a supervisar o a interferir, por lo que habría que dirigirse individualmente a cada Estado miembro pertinente.

La Comisión siempre ha concentrado su ayuda en la promoción de una cultura de la paz, la tolerancia y los derechos humanos en Oriente Medio. A este respecto, el artículo 2 del Acuerdo interino de asociación comunitario-palestino declara claramente que la cooperación mutua entre las partes tiene que basarse en el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales, tal como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la que se guía su política interior e internacional . Sobre la base de estos principios, la Comisión decide si es oportuno o no financiar un proyecto propuesto. Hasta ahora no se ha efectuado ninguna solicitud para la impresión o distribución de libros, incluidos los libros escolares.
PREGUNTA ESCRITA E-0317/01

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(13 de febrero de 2001)

Asunto: Tratamiento de los cementerios marinos

¿Qué investigaciones ha llevado a cabo la Comisión en relación con los planes de los Estados miembros para garantizar el respeto de los cementerios marinos en los que yacen marineros muertos en las guerras? ¿Presentará propuestas para elaborar normas de ámbito comunitario y para promover una normativa internacional más amplia?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(22 de marzo de 2001)

El tema planteado no es competencia de la Comunidad.
PREGUNTA ESCRITA P-0750/01

de Hiltrud Breyer (Verts/ALE) a la Comisión

(7 de marzo de 2001)

Asunto: Compras de apoyo a la carne de vacuno crisis de la EEB

¿Cómo valora la Comisión el hecho de que sean exclusivamente los contribuyentes quienes hayan de hacer frente a las repercusiones de la crisis de la EEB, pese a las graves negligencias constatadas en la producción de harinas y piensos animales?

¿Ha estudiado la Comisión si en este contexto cabe reclamar indemnización por daños y perjuicios o exigir responsabilidades a la industria en cuestión? En caso negativo, ¿por qué razón?

¿Piensa la Comisión recomendar a los Estados miembros que exijan responsabilidades al menos en aquellos casos en que se han producido claras infracciones de la legislación como, por ejemplo en Baviera, donde la temperatura durante el proceso de producción era insuficiente?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(3 de abril de 2001)

Estas cuestiones ya se han abordado anteriormente en diversos contextos, incluido el informe de la comisión de investigación sobre la EEE y su seguimiento. La Comisión está estudiando de nuevo esta información y comunicará sus conclusiones tan pronto como sea posible.
PREGUNTA ESCRITA P-0586/01

de Sebastiano Musumeci (UEN) a la Comisión

(21 de febrero de 2001)

Asunto: Malformaciones neonatales en Sicilia

El informe del departamento de pediatría del hospital Muscatello de Augusta ha revelado los datos del año 2000 sobre las malformaciones neonatales en Sicilia. La situación en el triángulo industrial Augusta-Melilli-Priolo es altamente preocupante, dado que el porcentaje de malformaciones neonatales se aproxima al 6 %, cuando el 2 % está considerado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como límite de alarma.

¿Están previstas normas y/o acciones comunitarias relativas a la protección de la salud de la población residente en ambientes caracterizados por una elevada densidad de instalaciones industriales? ¿Existen acciones comunitarias para la prevención y la cura de las malformaciones neonatales?

¿Puede la Comisión intervenir para remediar esta grave situación?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(4 de abril de 2001)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA P-0725/01

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(6 de marzo de 2001)

Asunto: Estudiantes británicos que desean cursar estudios en universidades de la UE

Los estudiantes británicos pueden cursar estudios en las universidades europeas siempre que posean las cualificaciones necesarias para ello. No obstante, el hecho de que no disponer de ayuda económica constituye a menudo un impedimento para aquellos estudiantes que desean estudiar en el extranjero.

Habida cuenta de que la clave para fomentar la integración europea es instar a los jóvenes a vivir y estudiar en el extranjero, ¿qué medidas prevé tomar la Comisión para ayudar a los estudiantes a estudiar en otro país de la UE, especialmente por lo que se refiere a ayudas económicas, becas, etc.?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(24 de abril de 2001)

A fin de permitir a los estudiantes de un Estado miembro estudiar en otros Estados miembros, así como para animarles a ello, lo que, como afirma Su Señoría, constituye un modo de promover la integración europea, la Comisión creó en 1987 el programa de movilidad Erasmus, incluido en un primer momento en el programa Erasmus y, desde 1996, en la acción Erasmus del programa Sócrates.

El programa de movilidad Erasmus permite a los estudiantes de los Estados miembros que participan en el programa SÓCRATES seguir estudios en otro Estado miembro participante durante un período que puede ir desde tres hasta doce meses. El importe de las becas Erasmus oscila entre 50 y 500 euros al mes. El importe medio mensual de las becas concedidas en el año académico 1990/2000 fue de 166 euros.

Los estudiantes Erasmus pueden beneficiarse igualmente del marco de movilidad creado por el programa de movilidad Erasmus. Antes de iniciar su período de estudios en el extranjero, las universidades de origen y de acogida acuerdan, junto con el estudiante, un programa de estudios claramente definido. Al concluir este período, la institución de acogida facilita al estudiante y a la institución de acogida un certificado en el que se acredita que se ha seguido y concluido el programa acordado. La universidad de acogida garantiza a todos los estudiantes Erasmus el reconocimiento académico de los estudios seguidos en la institución de acogida como parte de sus estudios en el país de origen.
PREGUNTA ESCRITA E-0107/01

de Dana Scallon (PPE-DE) al Consejo

(1 de febrero de 2001)

Asunto: Irlanda sigue sin nombrar a un ombusdsman para la agricultura

¿Por qué Irlanda no ha nombrado a un ombusdsman para la agricultura?

Respuesta

(14 de mayo de 2001)

El Parlamento Europeo nombrará a un Defensor del Pueblo Europeo cada vez que se hayan celebrado elecciones al Parlamento Europeo, por un período coincidente con su propia legislatura. El Defensor del Pueblo Europeo actualmente en ejercicio es D. Jacob Söderman, quien recibe las reclamaciones y lleva a cabo las investigaciones relativas a casos de mala administración en las actividades de las instituciones u órganos de la Comunidad, a excepción del Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia en el desempeño de funciones jurisdiccionales.

El caso particular de Irlanda y del nombramiento de un ombudsman para la agricultura planteado por Su Señoría se inscribe en el ámbito de las competencias nacionales de ese país y no es competencia de la Comunidad.
PREGUNTA ESCRITA P-0231/01

de Michael Cashman (PSE) a la Comisión

(30 de enero de 2001)

Asunto: Gastos bancarios aplicados a los no residentes

¿Puede indicar la Comisión si es legal, en virtud del Derecho comunitario, efectuar un cobro específico de comisiones bancarias a los titulares de cuentas no residentes por transferencias realizadas dentro de España y por el depósito de dinero proveniente del Reino Unido en una cuenta española?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(2 de marzo de 2001)

La libre circulación de capitales prevista en el artículo 56 (antiguo artículo 73b) del Tratado CE constituye uno de los pilares del mercado único. Sin embargo, el artículo 58 (antiguo artículo 73d) del Tratado CE establece explícitamente el derecho de los Estados miembros a mantener o introducir determinadas medidas por razones fiscales (diferencia de trato entre residentes y no residentes), así como por razones estadísticas y administrativas. Sin embargo, tales medidas no tienen por qué ser discriminatorias.

España impone a sus bancos y entidades financieras la obligación de notificar ciertas operaciones, con el fin de obtener datos estadísticos para calcular su balanza de pagos. Ciertas transacciones realizadas desde o hacia cuentas de no residentes han de notificarse a las autoridades, así como en general las transacciones transfronterizas.

En relación con esto, también hay que tener en cuenta una cuestión fiscal: los intereses de las cuentas corrientes de los residentes en España están sujetos al impuesto sobre la renta español. Por el contrario, en el caso de los no residentes, normalmente tales rendimientos no están sujetos al impuesto español, sino al de su Estado miembro de residencia.

Por consiguiente, conforme a la actual legislación española, el mantenimiento de cuentas de no residentes comporta procedimientos administrativos adicionales por parte de las entidades de crédito. Por lo tanto, cuando un banco decide cobrar comisiones adicionales para cubrir los costes de los trámites manuales necesarios, no se trata de una discriminación ilegal, sino de una decisión comercial. La Comisión lamenta esta situación y deplora que se cobren comisiones, pero no puede intervenir en la política de precios de los bancos.
PREGUNTA ESCRITA E-3957/00

de Nelly Maes (Verts/ALE) a la Comisión

(13 de diciembre de 2000)

Asunto: Estado de derecho en Rumania

¿Tiene conocimiento la Comisión del hecho de que el Ministro de Justicia rumano, Valeria Stoica, recientemente ordenó que se declarase ilegal la organización Pro Transilvania, a pesar de la libertad universal de reunión?

En caso negativo, ¿cuándo va a iniciar la Comisión una investigación sobre este asunto?

En caso afirmativo, ¿opina la Comisión que este modo de proceder es compatible con los principios de un Estado de derecho?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(12 de febrero de 2001)

El informe periódico de 2000 de la Comisión relativo a los progresos realizados por Rumania con vistas a la adhesión(1) señala que en este país se respeta la libertad de asociación y que el trato de las minorías nacionales es satisfactorio. Además, la constitución rumana prevé la libertad de asociación excepto en los casos de las organizaciones cuyos objetivos y actividades van contra los principios del Estado (incluidas la soberanía e integridad de Rumania).

La Comisión considera que los estatutos constitutivos de Pro Transilvania exigen la autonomía regional para Transilvania. Ello ha llevado a un delicado debate jurídico en Rumania para ver si efectivamente la autonomía regional, tal como se utiliza en este contexto, puede interpretarse como contraria a la integridad del Estado rumano y por lo tanto inconstitucional. Después de varias audiencias en tribunales inferiores, el tribunal de apelación decidió que los estatutos constitutivos de Pro Transilvania, en su formulación actual, eran inconstitucionales. Como consecuencia directa de esta decisión la organización no puede recibir un estatuto jurídico.

Los argumentos legales relacionados con este caso son complejos e implican una apreciación a fin de determinar si las disposiciones de la constitución rumana, tal como se han interpretado en el caso que nos ocupa, constituyen una prohibición injustificada de la libertad de asociación. No corresponde a la Comisión evaluar la interpretación de la constitución rumana por los tribunales rumanos. Puesto que Rumania es un Estado signatario del Convenio europeo sobre derechos humanos, y habida cuenta de que se han agotado los procedimientos nacionales de apelación, el organismo apropiado para tratar el caso es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los criterios de adhesión a la Unión, establecidos en el Consejo Europeo de Copenhague de 1993, hacen referencia explícita a la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías. La Comisión se compromete a garantizar el respeto de las condiciones de adhesión y recogerá los casos pertinentes en sus informes periódicos sobre los progresos realizados por los países candidatos a la adhesión, así como en el ámbito de sus relaciones bilaterales con ellos.

(1) COM(2000) 710 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3972/00

de Peter Skinner (PSE) a la Comisión

(20 de diciembre de 2000)

Asunto: Reclamación canadiense ante la OMC con respecto a la prohibición francesa del crisotilo

El 18 de septiembre de 2000, la OMC anunció el apoyo a la posición adoptada por parte de la Unión Europea de defensa de la prohibición francesa del crisotilo. Los grandes esfuerzos llevados a cabo por el equipo comunitario encargado de la defensa, así como el respaldo aportado a los testimonios

de expertos comunitarios, fueron esenciales para lograr esta victoria. ¿Piensa la Comisión dar las gracias a los abogados de la UE, dirigidos por Theofanis Christoforou, y a los expertos, incluidos el Dr. Morris Greenberg, del Reino Unido, y el Dr. Barry Castleman, de los EE.UU., por su entrega y su perseverancia?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(8 de febrero de 2001)

La Comisión está muy satisfecha con las conclusiones del grupo de expertos que, el 18 de septiembre de 2000, confirmó la coherencia de la prohibición francesa del amianto con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y está agradecida a todas las personas que han contribuido al logro de un resultado tan positivo. La Comisión espera que la conclusión final del grupo de expertos sea confirmada por el Órgano de Apelación de la OMC.