PREGUNTA ESCRITA E-3979/97 de Eva Kjer Hansen (ELDR) a la Comisión (14 de enero de 1998)

Asunto: Reglamentación relativa a la cancelación o suspensión de las deudas aduaneras

La Comisión temporal de investigación sobre régimen de tránsito comunitario del Parlamento Europeo recomendó a la Comisión que incluyera en su paquete de reformas una propuesta de reglamento relativo a la cancelación de deudas aduaneras pendientes (véase la recomendación 27, PE 220.895/def.).

¿Puede indicar la Comisión hasta qué punto ha seguido la recomendación de incluir un propuesta de reglamentación para la cancelación de deudas aduaneras pendientes y cuál será el calendario de su introducción?

¿Puede indicar la Comisión en qué medida ha instado a las administraciones de aduanas a establecer acuerdos de aplazamiento del pago de deudas pendientes hasta la entrada en vigor del reglamento en cuestión, y con qué resultado?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (24 de febrero de 1998)

En la Recomendación no 27 de la Comisión de Investigación del Parlamento sobre el tránsito, a la que hace referencia Su Señoría, se sugiere a la Comisión que presente una propuesta de cancelación de las deudas pendientes cuando se pruebe que son consecuencia de una mala gestión. Según la misma Recomendación, en espera de la aprobación de esa medida, debería instarse a las administraciones aduaneras a suspender las demandas de pago anteriores a la introducción de la garantía del 100 % para las mercancías sensibles.

En su Comunicación al Parlamento y al Consejo sobre el «Plan de acción para el tránsito en Europa - una nueva política aduanera» ((DO C 176 de 10.6.1997. )), la Comisión expuso las razones que, en su opinión, impiden la aplicación de esta Recomendación. Estas razones se resumen en tres puntos. En primer lugar, las deudas pendientes afectan tanto a los recursos comunitarios (derechos de aduana) como a los recursos nacionales (IVA e impuestos sobre consumos específicos), y son los Estados miembros los que deben determinar el curso de las demandas de no recaudación que afectan a los recursos nacionales.

En segundo lugar, y en cuanto a la deuda aduanera, la normativa aduanera actual no permite una condonación general del pago de la deuda, que, por otra parte, no sería equitativa, habida cuenta de la diversidad de situaciones individuales. En cambio, prevé la posibilidad de devolver o de no recaudar el importe de la deuda aduanera en situaciones particulares. Estas situaciones son necesariamente estrictamente individuales; y por tanto deben ser objeto de un examen individual, al nivel que proceda (nacional o comunitario), teniendo en cuenta que la responsabilidad del obligado principal se refiere al buen desarrollo de las operaciones de tránsito comunitario, incluso cuando es víctima de actuaciones fraudulentas de bandas criminales organizadas, aunque eventualmente puede tenerse en cuenta el carácter determinante del comportamiento de la Administración en la irregularidad de la operación de tránsito.

Por último, la normativa aduanera, y por razones comparables a las anteriores, no contiene ninguna disposición que permita una suspensión general de los pagos. Así pues, esta «moratoria», que efectivamente es deseada por los operadores, no parece capaz de solucionar el problema, ya que al término de la moratoria el problema subsistiría íntegro. En cambio, la normativa aduanera prevé la posibilidad de que las administraciones aduaneras concedan plazos y facilidades de pago. A ellas, por tanto, deben dirigirse los operadores que sufran dificultades particulares. La Comisión estudia además una propuesta de ampliación del campo de aplicación del aplazamiento del pago en caso de pluralidad de deudores de la deuda aduanera, con el fin de articular mejor el principio de responsabilidad del obligado principal con la búsqueda efectiva de los defraudadores.