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PREGUNTA ESCRITA E-3002/98

de Gerhard Hager (NI) a la Comisión

(8 de octubre de 1998)

Asunto: Retirada de propuestas de directiva

Al parecer, el Presidente de la Comisión, Sr. Santer, subrayó, en el debate iniciado por los Sres. Kohl y Chirac sobre la subsidiariedad y los peligros de un debate centralista, que desde su entrada en funciones en 1995, la actual Comisión de la UE ha retirado 140 propuestas de directiva (APA) 647 de 16.6.1998/19:40).

- ¿Puede confirmar la Comisión esta información?

- En caso afirmativo, ¿puede presentar una lista con cada una de las propuestas y, si es posible, explicar por qué las retiró?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión

(20 de noviembre de 1998)

La Comisión informa a Su Señoría que desde 1995 ha retirado 143 propuestas que ya no eran de actualidad y, concretamente, 61 en 1995, 48 en 1996 y 34 en 1997. La Comisión precisa que no sólo se trata de propuestas de directiva sino de propuestas en general. En algunos casos, dichas propuestas son obsoletas por razones objetivas (cuando se produce algún cambio en la situación jurídica, económica o política que las justificó o cuando el objetivo que perseguía una propuesta se logró por otros medios) y, en otros, porque la Comisión ha cambiado de enfoque (como, por ejemplo, cuando una nueva propuesta ya ha sido presentada previamente o está en preparación).

La lista detallada de estas propuestas se transmite, por supuesto, al Parlamento. La lista de 1995 se transmitió el 14 de noviembre de 1995(1), la de 1996 el 21 de noviembre de 1996(2) y la de 1997 el 4 de febrero de 1998(3).

(1) DO C 344 de 22.12.1995.

(2) DO C 2 de 4.1.1997.

(3) DO C 40 de 7.2.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-2994/98

de Roberto Mezzaroma (PPE) al Consejo

(19 de octubre de 1998)

Asunto: Reforma de la ley sobre la representación en las Fuerzas Armadas en Italia

El 21 de julio de 1998 la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados aprobó el texto de la ley de reforma de la representación en las Fuerzas Armadas.

El contenido de la ley pone de manifiesto la falta de voluntad política para una reforma innovadora del instituto de representación de cara a mejorar la condición militar.

La ley ha sido acogida con indiferencia total y sin reacciones críticas, lo que demuestra una peligrosa y grave falta de interés del personal militar por el contenido de dicha ley.

En las Fuerzas Armadas de los países europeos rige desde hace muchos años una ley que protege amplia y totalmente los derechos fundamentales de los militares. A la vista de que en 1985 y en 1997 el Parlamento Europeo aprobó sendas recomendaciones con objeto de permitir a los militares una representación real y eficaz, ¿no cree la Comisión que es necesaria una recomendación específica, sin perjuicio de la autonomía del Parlamento italiano, para que la nueva ley, que aún debe ser aprobada por el Senado, recoja el derecho constitucional de protección de los derechos fundamentales inalienables de asociación y se armonice con las leyes análogas de los demás países europeos en el ámbito de una política unitaria de defensa en la UEO?

Respuesta

(14 de diciembre de 1998)

La pregunta que formula Su Señoría no es competencia del Consejo.
PREGUNTA ESCRITA E-2945/98

de Umberto Bossi (NI) al Consejo

(19 de octubre de 1998)

Asunto: Retrasos del Gobierno italiano en la creación de un fondo de garantía en favor de las PYME

El Consejo de Ministros Ecofin aprobó la concesión de 420 millones de ecus para varias medidas en favor de las PYME, entre ellas la creación de un fondo de garantía sobre los préstamos que exige la cofinanciación por parte de los Estados miembros.

El Ministerio de Industria italiano inició, aunque nunca lo ha concluido, un procedimiento legislativo para la promulgación de un decreto encaminado a la creación del fondo de garantía nacional que debe sumarse al europeo. Este fondo de garantía nacional debería haber estado disponible a mediados de septiembre, pero no se prevé su lanzamiento a corto plazo.

A causa de la no promulgación del decreto, las PYME italianas, por enésima vez, no podrán beneficiarse de las ayudas europeas, de las que sí se aprovecharán otros Estados, más aplicados al adaptar sus instrumentos jurídicos a las oportunidades comunitarias. El retraso del Gobierno italiano penaliza exclusivamente a los beneficiarios potenciales de las ayudas comunitarias, en este caso las PYME.

¿De qué manera tiene intención el Consejo de proteger a las PYME que se vean perjudicadas por la falta de adaptación legislativa por parte de los Estados o por el retraso en llevarla a cabo?

¿Qué medidas tiene intención de adoptar el Consejo con respecto a los Gobiernos nacionales que no aplican medidas adecuadas en detrimento de los sectores productivos de sus países?

Respuesta

(14 de diciembre de 1998)

De conformidad con el reparto de competencias entre las Instituciones que establece el Tratado, el Consejo no es competente para garantizar la aplicación de las medidas comunitarias en los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-2488/98

de Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) y Edith Müller (V) a la Comisión

(30 de julio de 1998)

Asunto: Ayuda de la UE y mejora de la seguridad nuclear en la Europa Central y Oriental

En el marco, entre otros, de los programas PHARE y TACIS, la UE dedica importantes créditos a la mejora de la seguridad nuclear en los PECO.

¿Puede precisar la Comisión (en cifras porcentuales o reales) en qué medida ha mejorado la seguridad nuclear gracias a las distintas ayudas de la UE en los Estados beneficiarios desde que empezaron a aplicarse los programas?
PREGUNTA ESCRITA E-3179/98

de Herbert Bösch (PSE) a la Comisión

(27 de octubre de 1998)

Asunto: Cláusulas sociales para PHARE

El Programa PHARE se ha convertido en un instrumento de ayuda a los países de la Europa Central y Oriental con vistas a su adhesión.

Ahora sería importante garantizar que en la ejecución de dicho Programa los créditos se utilizaran de conformidad con la política social europea y los derechos sociales fundamentales recogidos en la Carta Social en virtud del acervo comunitario.

Por lo tanto, podría responder la Comisión a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se controla el respeto de los derechos sociales fundamentales en la concesión de programas PHARE?

2. ¿Qué ocurriría en caso de detectarse una violación, es decir, qué procedimientos se incoarían?

3. ¿Ha habido en el pasado casos en los que hayan surgido tales problemas?

Respuesta del Sr. van den Broek en nombre de la Comisión

(18 de noviembre de 1998)

1. Uno de los intereses primordiales del programa PHARE es la adhesión a los derechos sociales básicos que son parte integrante del acervo. Por lo tanto, de la estrategia reorientada hacia la adhesión de PHARE forman parte no sólo esas áreas en que hay reglamentos explícitos sobre legislación laboral, diálogo social, igualdad de trato, protección social, salud pública, salud y seguridad en el trabajo y trabajadores migrantes, sino también las áreas de "legislación suave" dentro de la legislación social europea derivada de la Carta social. Siempre que se reciben para su aprobación proyectos de programa o proyectos individuales dentro de PHARE, se presta la debida consideración al hecho de que sean conformes con la definición más amplia del acervo social de la Comunidad.

Hay también programas PHARE que se ocupan exclusivamente del acervo social en un sentido más restringido. El consenso se refiere a la reforma de la seguridad social en los países de Europa Central y Oriental, y el programa Lien y el programa de Asociación se ocupan de las organizaciones no gubernamentales en asuntos de minorías y sectores desfavorecidos, y de los operadores socioeconómicos, respectivamente.

Las Asociaciones para la Adhesión también establecen como prioridad la preparación a medio plazo de los PECO en el ámbito del empleo y de los asuntos sociales. La asignación de los fondos de financiación está vinculada, entre otras cosas, al respeto de esas prioridades.

2. y 3. La Comisión no está al tanto de que ningún programa PHARE o proyecto individual viole el acervo social de la Comunidad. Si notara o recibiera alguna indicación en ese sentido, no vacilará en rectificar sin demora la situación con los medios adecuados.
PREGUNTA ESCRITA E-3137/98

de Ernesto Caccavale (UPE) a la Comisión

(16 de octubre de 1998)

Asunto: Precios de mercado de las actividades de formación cofinanciadas por el FSE

En su respuesta a la pregunta escrita P-1145/98(1), la Comisión aclara que las prestaciones pagadas a una sociedad constituida en consorcio o asociada, en virtud de actividades de formación que se han de desarrollar en el ámbito de programas cofinanciados por el FSE, son legítimas y que también es legítimo el adeudo a precio de mercado de dichas prestaciones. De este modo, se deja en claro que la obligación de no perseguir fines lucrativos recae en el organismo de formación y no en sus asociadas.

¿Podría decir la Comisión, por lo que se refiere a la uniformidad del "método de control" contemplado en la ficha 4 (gastos admisibles en el ámbito de los Fondos estructurales), cuáles de los siguientes métodos es compatible con la referencia a los "precios de mercado":

a) precios calculados (y presentados) iguales o inferiores a los parámetros establecidos por la Unión Europea; o bien

b) precios calculados (y presentados) iguales o inferiores al menos a dos ofertas presentadas al organismo de formación por otros candidatos, de conformidad con lo dispuesto en una decisión del Tribunal de Cuentas Europeo para casos anteriores de control?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(30 de noviembre de 1998)

Como continuación de la respuesta dada a la pregunta escrita P-1145/98 de Su Señoría, la Comisión señala que se ha previsto una disposición específica en la normativa comunitaria por lo que respecta a la uniformidad de los gastos de formación. En efecto, en el artículo 2 del Reglamento (CEE) 2084/93(2) se establece que "la Comisión velará para que los gastos del Fondo para las acciones de formación de la misma naturaleza no evolucionen de manera divergente".

Para ello, de conformidad con el dictamen del Comité y con el artículo 28 del Reglamento (CEE) 4253/88(3), la Comisión determina para cada Estado miembro, y con el acuerdo de éste, los importes medios indicativos de los gastos según los tipos de formación. Los costes asimilables, definidos a continuación en la circular no 98/95 del Ministerio de Trabajo, se conciertan en la sede de la asociación, haciendo referencia a la categoría del personal docente, y la circular no 101/97 del mismo ministerio define la tipología profesional y los límites de retribución aplicados.

En conclusión, los precios comunicados deben entrar dentro de los parámetros establecidos en dichas circulares del Ministerio de Trabajo.

(1) DO C 402 de 22.12.1998, p. 80.

(2) DO L 193 de 31.7.1993.

(3) DO L 374 de 31.12.1988.
PREGUNTA ESCRITA E-2864/98

de Hiltrud Breyer (V) al Consejo

(28 de septiembre de 1998)

Asunto: Orientación de los valores límite en los niños - Evaluación de las repercusiones en los niños - Derechos ecológicos del niño

Los valores límite establecidos en diferentes directivas ambientales de la Unión Europea se orientan exclusivamente en la estatura de las personas adultas. Sin embargo, debido a su tamaño y a que su cuerpo no está aún plenamente desarrollado, los niños reaccionan frecuentemente con gran sensibilidad a la contaminación ambiental padeciendo enfermedades psicosomáticas, alergias o bronquitis. Hasta ahora, en la evaluación de los valores límite no se ha tenido en cuenta a los niños ni su situación especial.

¿Tiene previsto el Consejo que en el futuro el cálculo de los valores límite se oriente en los niños? En caso de no ser así, ¿por qué no? ¿Cómo proyecta el Consejo examinar el problema?

¿Se tendrá en cuenta en la directiva sobre el ozono, que se elabora en la actualidad, la situación sanitaria de los niños cuando existan mayores niveles de ozono, reduciéndose aún más su valor límite?

¿Considera el Consejo que debería establecerse a la mayor brevedad la necesidad de realizar, conjuntamente con la evaluación de impacto ambiental, también una evaluación de las repercusiones sobre los niños en los proyectos de grandes dimensiones? En caso afirmativo, ¿cómo proyecta hacerlo el Consejo? ¿Cómo podría incorporarse una directiva relativa a la evaluación de las repercusiones sobre los niños?

¿Considera el Consejo que podría asumir la iniciativa legislativa para los valores límite en los ámbitos citados y para la evaluación de las repercusiones sobre los niños de los proyectos de grandes dimensiones?

Respuesta

(27 de noviembre de 1998)

1. El Consejo es consciente de la importancia de proteger la salud de los ciudadanos de la Comunidad, lo que, por otra parte, es uno de los objetivos de la política de medio ambiente, e incluye obviamente la salud y el bienestar de los niños.

A título de ejemplo, en su posición común sobre la propuesta de Directiva relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente, adoptada el 24 de septiembre de 1998, el Consejo incluyó un considerando en el que recordaba que los valores límite establecidos en la Directiva constituían requisitos mínimos y que los Estados miembros podían fijar valores límite más exigentes "para proteger la salud de categorías de la población especialmente vulnerables, como los niños y los pacientes hospitalizados".

2. No obstante, el Consejo no interviene en la fase de preparación de las propuestas de la Comisión, que, como no ignorará Su Señoría, tiene el derecho de iniciativa legislativa en la Comunidad.
PREGUNTA ESCRITA E-2593/98

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Acuerdos sobre programas concluidos en Grecia

Según ha publicado la prensa griega, la Comisión Europea pone en entredicho la correcta aplicación de los acuerdos sobre programas en los sectores de telecomunicaciones, energía, suministro de agua y transportes, concluidos a finales de 1997 por valor de un trillón de dracmas entre entidades públicas y empresas privadas.

Dado que las obras previstas por dichos acuerdos revisten particular importancia y que cualquier obstáculo en su realización plantearía graves problemas, ¿puede indicar la Comisión si la conclusión de estos acuerdos ha planteado algún problema; de ser así, en qué ámbito y a qué acuerdos afecta; y, por último, qué medidas tiene previsto adoptar para paliar esta situación?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(27 de octubre de 1998)

La Comisión ha recibido quejas, confirmadas por la información que ha publicado la prensa griega, que denuncian casos de exclusión de empresas por motivos de nacionalidad en la conclusión de contratos-programas por parte de las entidades públicas griegas en los sectores especiales (sectores cubiertos por la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones(1)). En consecuencia, la Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades griegas para aclarar la situación.

De acuerdo con los datos de que dispone la Comisión, parece que esos contratos-programas, que alcanzan un valor total de aproximadamente 3 600 millones de ecus, fueron firmados por empresas públicas griegas poco antes de que la Directiva 93/38/CEE entrara en vigor en Grecia. Sin embargo, la Comisión desea señalar que, aunque no existían reglas específicas de Derecho comunitario derivado aplicables en este ámbito (puesto que la Directiva 93/38/CEE no era aplicable en Grecia en el momento de los hechos), los contratos estaban sujetos, de todos modos, a las reglas y principios generales que se desprenden del Tratado CE, especialmente al principio de no discriminación por motivos de nacionalidad.

La Comisión está examinando con las autoridades griegas si efectivamente se produjeron casos de exclusión de empresas por motivos de nacionalidad. En su caso, instruirá el expediente de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 169 del Tratado CE.

(1) DO L 199 de 9.8.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-1859/98

de Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) a la Comisión

(16 de junio de 1998)

Asunto: Los controles de seguridad en las centrales nucleares, y el coste de los mismos

En su respuesta a mi pregunta E-663/98(1) sobre la fiabilidad de las inspecciones, la Comisión ha contestado lo siguiente: "Siempre que lo permitan los créditos disponibles, la Comisión seguirá efectuando controles regulares en Dounreay...". La Comisión explica, además, que no dispone de informaciones sobre deficiencias en los controles o la existencia en las instalaciones de Dounreay de depósitos de sustancias que deberían estar sometidas a un control de seguridad. El European Atomic Forum (Foro Nuclear Europeo), en su boletín de abril, informa en los siguientes términos sobre el contenido del pozo de residuos de Dounreay, al que yo me había referido: "Dado que faltan informaciones exactas sobre el tipo de estos residuos radiactivos, se llevará a cabo en primer lugar un estudio sobre la hidrogeología del entorno y la ubicación idónea de las perforaciones e instrumentos."

1. Los créditos con los que cuenta Euratom, ¿serán suficientes para que puedan seguir efectuándose en el futuro todos los controles regulares necesarios en las instalaciones nucleares europeas?

2. ¿Cuál es la cuantía de los créditos que se destinan cada año a estos controles? ¿Qué cantidad sería necesaria a juicio de Euratom para que puedan seguir efectuándose en el futuro todos los controles necesarios en las instalaciones nucleares?

3. ¿Puede descartar la Comisión que en el pozo de Dounreay hay sustancias que en principio deberían estar sometidas a un control por parte de la Comisión?

4. ¿Cómo valora la Comisión en este contexto la afirmación de la industria nuclear de que no hay informaciones sobre el contenido del pozo?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión

(15 de septiembre de 1998)

1. En un contexto de restricciones presupuestarias, la Comisión seguirá esforzándose por asignar los recursos financieros y humanos necesarios para cumplir sus obligaciones en materia de control de seguridad en las instalaciones nucleares de la Comunidad. Se aprecia enormemente la atención que el Parlamento presta a este problema, y su apoyo seguirá siendo bienvenido.

2. En 1997, los gastos operativos de la Dirección de control de seguridad de Euratom (personal excluido) ascendieron a 15,8 millones de ecus, y se prevén 16,0 millones para 1998. Las necesidades presupuestarias calculadas actualmente para los cuatro años siguientes según la programación financiera orientativa establecida por la Comisión son las siguientes: para 1999, 16,4 millones de ecus; para 2000, 16,8 millones; para 2001, 17,1 millones y para 2002, 17,4 millones.

3. En el momento de la adhesión del Reino Unido, ya había concluido la explotación rutinaria del pozo de vertido de residuos de Dounreay a que alude Su Señoría. Por ello, la Comisión no pudo comprobar la información sobre el inventario nuclear remitida por la entidad explotadora.

4. En lo que respecta al material nuclear contenido en ese pozo, la Comisión ha recibido documentos que está evaluando en este momento.

(1) DO C 323 de 21.10.1998, p. 62.
PREGUNTA ESCRITA E-2219/98

de Jesús Cabezón Alonso (PSE) y Juan Colino Salamanca (PSE) a la Comisión

(16 de julio de 1998)

Asunto: Aceite de oliva y mezclas

¿Por qué razones no han quedado prohibidas las mezclas en la última reforma de la OCM del aceite de oliva aprobada por el Consejo, cuando el uso de mezclas va en detrimento de la calidad o de las denominaciones de origen del aceite de oliva y era, además, una de las recomendaciones apoyadas por el Pleno del Parlamento Europeo?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(28 de septiembre de 1998)

Las mezclas de aceite de oliva y de otros aceites vegetales no están autorizadas en el ámbito de las denominaciones de origen protegidas, o de las indicaciones geográficas protegidas.

Por otra parte, al margen del compromiso del 25 de junio de 1998, el Consejo y la Comisión acordaron conceder una prioridad especial, durante el periodo anterior a la propuesta de la reforma definitiva de la organización común de mercados (OCM) del aceite de oliva, al examen en profundidad de los aspectos relativos a la estrategia de la calidad. Entre estos aspectos figura el tema de las mezclas de aceite de oliva y de aceites de semillas. Efectivamente, este asunto requiere un análisis de las diferentes opciones posibles, defendidas por los Estados miembros con argumentos contradictorios, y debe ser estudiado en relación con los aspectos referidos a los análisis y a los controles de calidad.
PREGUNTA ESCRITA E-2308/98

de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión

(22 de julio de 1998)

Asunto: Trasposición de la Directiva comunitaria sobre la incineración de residuos

¿Puede decir la Comisión si Grecia ha transpuesto a su legislación la Directiva comunitaria sobre la incineración de residuos, una cuestión que tiene relación directa con la protección del medio ambiente y con la salud pública, y, de no ser así, de qué manera piensa actuar y qué posibles sanciones económicas puede sufrir dicho país por no haberlo hecho?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(30 de septiembre de 1998)

El apartado 1 del artículo 18 de la Directiva 94/67/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 1994, relativa a la incineración de residuos peligrosos(1) prevé la obligación de los Estados miembros de poner en vigor las disposiciones legales reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva, antes del 31 de diciembre de 1996 y de informar inmediatamente de ello a la Comisión.

No habiendo recibido ninguna medida nacional de ejecución para incorporar la citada Directiva al ordenamiento jurídico griego, la Comisión dirigió a las autoridades helénicas un requerimiento el 30 de mayo de 1997 y un dictamen motivado el 19 de febrero de 1998. Las autoridades helénicas no han contestado. La Comisión decidió el 24 de junio de 1998 recurrir al Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 169 del Tratado CE.

Es competencia del Tribunal de Justicia reconocer el incumplimiento del Estado miembro. El Tratado CE prevé, en el artículo 171, que el Estado miembro está obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal, la Comisión puede someter el asunto al Tribunal de Justicia y proponer la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro afectado que sólo el Tribunal de Justicia está facultado a fijar en su sentencia(2). En su comunicación de 28 de febrero de 1997, la Comisión estableció el método de cálculo de la multa coercitiva prevista en el artículo 171 del Tratado(3) CE.

(1) DO L 365 de 31.12.1994.

(2) Comunicación relativa a la aplicación del artículo 171 del Tratado, DO C 242 de 21.8.1996.

(3) 97/C 63/02, DO C 63 de 28.2.1997.