PREGUNTA ESCRITA P-3773/98

de W.G. van Velzen (PPE) a la Comisión

(4 de diciembre de 1998)

Asunto: Telecomunicaciones y Servicio universal

La oficina Europea de las Uniones de Consumidores (OEUC) ha publicado un informe titulado "Servicio universal en el sector de las telecomunicaciones: el derecho de los consumidores europeos a los servicios de telecomunicación". De dicho estudio se desprende que numerosos países de la Unión Europea no han realizado esfuerzos suficientes para obligar a las compañías de teléfono a proporcionar un servicio universal adecuado.

1. ¿Qué opina la Comisión de los resultados del estudio de la OEUC?

2. ¿Qué supone esto para la descripción que se hace en la definición de servicio universal de la Directiva 97/33/CE(1) del Parlamento Europeo y el Consejo de 30 de junio de 1997?

3. ¿Qué supone esto para la financiación del servicio universal en los distintos Estados miembros y qué consecuencias extraerá la Comisión al respecto?

4. También los números paneuropeos, entre los que se encuentra el número de emergencia 112, forman parte del servicio universal. ¿Se ha aplicado la legislación europea en este ámbito en la legislación nacional de todos los Estados miembros? En caso negativo, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para lograr este objetivo?

Respuesta del Comisario Bangemann en nombre de la Comisión

(11 de enero de 1999)

1. La Comisión ha recibido con satisfacción el informe pormenorizado y exhaustivo en el que tanto la Oficina Europea de Uniones de Consumidores como las organizaciones de consumidores que en ella participan expresan su apoyo a la liberalización, por entender que sus efectos a largo plazo serán beneficiosos, a pesar de que la realización de dicho estudio respondiera a la preocupación existente en cuanto a las repercusiones inmediatas para los consumidores.

El informe, que hace referencia a una serie de cuestiones vinculadas con los consumidores y el mercado, examina en particular la transposición de las directivas sobre telefonía vocal de 1995 y 1998(2). Sin embargo, la Directiva de 1995 fue elaborada para una situación de monopolio, motivo por el cual ha quedado completamente sustituida por la Directiva de 1998, más adaptada a un mercado competitivo. A pesar de que algunas medidas relativas a los consumidores quedaron reforzadas o fueron formuladas de manera más explícita en la Directiva de 1998, otras, como los objetivos en materia de calidad del servicio, quedan actualmente a discreción de las instancias de regulación. La Oficina Europea de Uniones de Consumidores aboga por una legislación comunitaria más pormenorizada, habida cuenta de la tendencia actual a dejar que sea la competencia la que proporcione los medios necesarios para mejorar los servicios e incrementar la capacidad de elección de los consumidores, con el apoyo de diversas medidas específicas para la protección de éstos. La Comisión ya ha iniciado siete procedimientos de infracción relacionados con esta Directiva.

Por lo que se refiere a las tarifas, el informe de la Oficina Europea de Uniones de Consumidores estudia los cambios ocurridos en el período que se extiende desde principios de 1995 hasta principios de 1997 (basándose en el muestreo tarifario publicado por la Comisión). El aumento medio de las tarifas que se indica (37 %) corresponde al incremento nominal medio de las cuotas de abono (más elevadas) de los quince Estados miembros y es resultado de los aumentos nominales extremadamente altos (superiores al 100 %) registrados en Grecia, Luxemburgo y Finlandia. El cuarto informe de aplicación(3) recientemente publicado por la Comisión presenta un panorama más actualizado de las tarifas. En él se pone de manifiesto que las tarifas telefónicas domésticas más bajas corresponden a Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Finlandia, Suecia y Reino Unido, los cuales constituyen, en esencia, el grupo de Estados miembros que primero pusieron en marcha sus medidas de liberalización (en el caso de Luxemburgo los resultados no son directamente comparables, debido al tamaño de dicho Estado).

2. La Oficina Europea de Uniones de Consumidores hace diversas sugerencias concretas en cuanto a un cambio futuro de la definición del servicio universal, entre las que cabe señalar la especificación mediante legislación de un ancho de banda mínimo o una velocidad mínima de transmisión de datos, o bien la integración de la identificación de la línea que llama en la definición del servicio universal (siempre y cuando el servicio sea opcional y los consumidores tengan la posibilidad de anular este tipo de identificación). La Comisión estudiará estos aspectos en su revisión del marco reglamentario prevista para 1999, sobre la base de la experiencia adquirida en los dos años de liberalización de los mercados en la mayor parte de la Comunidad. En este contexto, dará tratamiento a diversas cuestiones relacionadas con la política de defensa de los consumidores, como ya quedó anunciado en el Plan de acción sobre política de los consumidores 1999-2001(4), recientemente publicado por la Comisión.

3. No hay consecuencias inmediatas para la financiación del servicio universal, pues ésta depende del coste neto (costes menos ingresos y otros beneficios) de su prestación. Una mayor oferta de regímenes especiales para pequeños usuarios y de carácter social podrá entrañar el incremento de dichos costes netos, mientras que el reajuste tarifario y la disminución de los costes unitarios tenderán a reducirlos.

4. El número común europeo para servicios de emergencia 112 ya ha sido establecido en todos los Estados miembros, a excepción de Grecia. Se ha iniciado un procedimiento de infracción contra dicho Estado miembro.

(1) DO L 199 de 26.7.1997, p. 32.

(2) DO L 101 de 1.4.1998 y DO L 321 de 30.12.1995.

(3) COM(98)594.

(4) COM(98)696.