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PREGUNTA ESCRITA E-2814/00

de Bill Miller (PSE) a la Comisión

(5 de septiembre de 2000)

Asunto: Empresas cooperativas

Teniendo en cuenta la importancia que la Comisión atribuye a las empresas cooperativas, ¿qué medidas está adoptando para fomentar el desarrollo de las empresas cooperativas a través de los Fondos sociales y regionales?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(11 de octubre de 2000)

La Comisión, en su comunicación(1) relativa a la dirección del programa de fondos estructurales para el período 2000-2006, subraya la importancia del sector de la economía social (cooperativas, mutualidades, asociaciones) en lo referente a la creación de puestos de trabajo.

Una de las directrices para el año 2000 (directriz 12) invita a los Estados miembros a promover medidas para explotar al máximo las posibilidades que ofrece la creación de puestos de trabajo a nivel local y en el contexto de la economía social principalmente en lo referente a nuevas actividades vinculadas a las exigencias del mercado aún insatisfechas y a analizar todo tipo de obstáculos que se opongan a dichas medidas, para así poder eliminarlos definitivamente.

De acuerdo con el principio de la cooperación, la Comisión asegura que los Estados miembros tienen presente cuanto se establece en los documentos únicos de programación para aquellas regiones que son subvencionables en virtud de los objetivos nos 1 y 2 relativos al período 2000-2006.

En lo que respecta al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, las cooperativas, al igual que cualquier otra empresa independientemente de su forma jurídica, tienen derecho a beneficiarse de la cofinanciación.

El Fondo Social Europeo contribuye a las actividades emprendidas con arreglo a la estrategia europea de empleo y a las directrices anuales sobre el mismo. Así pues, sus actividades gozan de una particular importancia para el sector cooperativo.

Las actividades de los ya mencionados fondos están dirigidas por las administraciones nacionales y no se tiene en cuenta la forma jurídica de la empresa (ej.: ejecución del instrumento). Por lo tanto, no es posible proporcionar a Su Señoría información estadística precisa sobre el número de empresas cooperativas que participan en proyectos financiados con fondos sociales y regionales.

La Comisión se mantiene en contacto regularmente con las organizaciones representantes de los sectores cooperativos a nivel europeo y está abierta a sus solicitudes de información, en nombre de sus miembros, relativa a los fondos europeos sociales y regionales.

(1) DO C 267 de 22.9.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-2549/00

de Isidoro Sánchez García (ELDR) a la Comisión

(28 de julio de 2000)

Asunto: Determinación de la Zona Económica Exclusiva de las Islas Canarias

En la descripción general de las Regiones Ultraperiféricas (DOM franceses, Islas Canarias (España) y los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira) por parte de la Secretaría General de la Comisión (dentro de la página web de ésta sobre las RUP) se señala que la Unión Europea cuenta con el primer territorio marítimo mundial, gracias a sus Regiones Ultraperiféricas, con 25 millones de kilómetros cuadrados de zona económica, que tendrá una importancia crucial en el siglo XXI debido a los numerosos recursos y potencialidades que encierra.

¿Podrá informar la Comisión del procedimiento seguido para determinar la zona económica de las Islas Canarias, así como los documentos que sirvieron de base para ello?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(27 de octubre de 2000)

La Comisión recuerda a Su Señoría que el establecimiento y la determinación de las zonas económicas exclusivas marítimas no son competencia de las instituciones comunitarias.
PREGUNTA ESCRITA E-0545/00

de William Newton Dunn (PPE-DE) a la Comisión

(28 de febrero de 2000)

Asunto: Impuestos del timbre británicos discriminatorios para las empresas británicas

Considerando el principio de los Tratados que establece que no debe haber discriminaciones entre los ciudadanos de la Unión Europea, ¿es legal que el Gobierno británico recaude impuestos del timbre sobre las transacciones individuales de acciones en empresas británicas, pero permita que las transacciones de acciones de empresas no británicas estén exentas de esos impuestos?

Respuesta complementaria del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(14 de septiembre de 2000)

El impuesto de timbre está regido por la parte IV de la Ley de finanzas (secciones 86 y siguientes) de 1986 que especifica que solamente se aplica, con independencia de la residencia del comprador, a las transferencias de acciones de empresas británicas o a acciones registradas en el Reino Unido. Esta limitación de la jurisdicción fiscal coincide con el concepto de territorialidad, un principio general del Derecho internacional. Por otra parte, puesto que este impuesto no está armonizado a nivel comunitario, el Reino Unido es libre de adaptarlo a sus propias preferencias, siempre que respete los principios del Tratado CE, en especial el de no discriminación. La existencia de un impuesto nacional que no existe en otros Estados miembros afecta predominantemente, por su propia naturaleza, a los residentes y ciudadanos del Estado miembro en cuestión. Sin embargo, este efecto no constituye, por supuesto, una discriminación contraria al Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA P-3877/00

de Michael Cashman (PSE) a la Comisión

(4 de diciembre de 2000)

Asunto: Bicicletas eléctricas

¿Puede confirmar la Comisión que en breve la legislación comunitaria obligará a que las bicicletas eléctricas estén equipadas con un sistema de pedaleo simultáneo, es decir, que cuando el ciclista deje de pedalear, el motor se pare? En este caso se modificará la legislación del Reino Unido que en la actualidad permite utilizar las bicicletas en modo eléctrico solamente.

¿Reconoce la Comisión que las restricciones actuales en cuanto al peso del vehículo, la fuerza del motor y la velocidad máxima con motor proporcionan límites amplios y suficientes para estos vehículos, haciendo posible que estén considerados como bicicletas de pedal?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(11 de enero de 2001)

Actualmente se está debatiendo en el grupo de trabajo del Consejo sobre vehículos de motor una propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo(1) por la que se modifica la Directiva 92/61/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1992, relativa a la recepción de los vehículos de motor de dos o tres ruedas(2). En la propuesta original de la Comisión, que fue aceptada por el Parlamento sin enmiendas en primera lectura el 27 de octubre de 1999, se excluye a determinados vehículos de su ámbito de aplicación.

Entre otros vehículos, la propuesta de la Comisión prevé la exclusión de las bicicletas con pedaleo asistido, equipadas con un motor eléctrico auxiliar, de potencia máxima de 0,25 kilovatios, cuya alimentación disminuya progresivamente cuando la velocidad del vehículo aumente y se interrumpa cuando la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h, que no puedan ser exclusivamente propulsadas por este motor.

Se han debatido diversas modificaciones a la propuesta de la Comisión sugeridas por los Estados miembros, sin que por el momento se haya adoptado decisión alguna al respecto. Por este motivo, la Comisión no puede predecir ahora hasta qué punto se modificará el contenido de la propuesta en la posición común del Consejo ni si, por ejemplo, será obligatoria la introducción de un sistema de pedaleo simultáneo en las bicicletas con pedaleo asistido.

(1) DO C 337 E de 28.11.2000.

(2) DO L 225 de 10.8.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-2995/00

de John Cushnahan (PPE-DE) al Consejo

(25 de septiembre de 2000)

Asunto: Ngawang Sangdrol

¿Conoce el Consejo las circunstancias que rodearon el encarcelamiento de Ngawang Sangdrol, cuyas condenas se basaron únicamente en el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de conciencia?

¿Cómo piensa el Consejo garantizar que no se la siga sometiendo a malos tratos y reciba los cuidados médicos necesarios?

Respuesta

(30 de noviembre de 2000)

Se ha planteado al Consejo la condena de Ngawang Sangdrol, acaecida en 1992, y cuyo encarcelamiento ha sido prolongado desde entonces en varias ocasiones.

En sus contactos con las autoridades chinas, la UE ha planteado el caso de Ngawang Sangdrol y el de otras personas castigadas por ejercer sus derechos fundamentales, tales como la libertad de conciencia, de expresión, de asociación o de religión.

En la última reunión del Diálogo sobre Derechos Humanos entre la UE y China (Pekín, 29 de septiembre de 2000), la Troika manifestó su inquietud por el estado de salud de Ngawang Sangdrol y pidió que se le aplicasen medidas de clemencia.
PREGUNTA ESCRITA E-3297/00

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(25 de octubre de 2000)

Asunto: Publicidad del tabaco/patrocinio.

¿Qué Estados miembros prohiben actualmente la publicidad de cigarrillos:

a) en televisión,

b) en el cine,

c) en periódicos y revistas,

d) en paneles publicitarios en la vía pública?

¿Que otros Estados miembros han anunciado que introducirán esta prohibición y en qué fechas?

¿Qué Estados miembros han prohibido que las actividades deportivas y culturales sean patrocinadas por las tabacaleras, o han especificado que introducirán esta prohibición?

¿Qué Estados miembros han introducido o han anunciado que introducirán la prohibición de que se efectúen donaciones a los partidos políticos por parte de:

a) las empresas tabacaleras,

b) o de cualquier organización comercial en secreto?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(13 de diciembre de 2000)

El apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 98/43/CE del Parlamento y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco(1), establecía que los Estados miembros debían comunicar a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adoptaran en el ámbito regulado por la Directiva.

Sin embargo, ningún Estado miembro lo ha hecho. Esto no supone una infracción de la legislación comunitaria, ya que el plazo para el cumplimiento de la Directiva era el 30 de julio de 2001. En tales circunstancias, la Comisión no está en condiciones de facilitar la información solicitada por Su Señoría.

Habida cuenta de que el 5 de octubre de 2000 el Tribunal de Justicia anuló la Directiva 98/43/CE, los Estados miembros ya no están obligados a comunicar a la Comisión su legislación en el ámbito de la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco.

La Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989(2), modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento y del Consejo, de 30 de junio de 1997, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva(3) establece un marco legal para las actividades de radiodifusión televisiva en la Comunidad. Dicha Directiva prohíbe cualquier forma de publicidad televisiva de cigarrillos y demás productos del tabaco. Además, los programas de televisión no podrán ser patrocinados por empresas cuya actividad principal sea la fabricación o la venta de cigarrillos y otros productos del tabaco. Todos los Estados miembros han aplicado dichas disposiciones.

(1) DO L 213 de 30.7.1998.

(2) DO L 298 de 17.10.1989.

(3) DO L 202 de 30.7.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-3262/00

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(20 de octubre de 2000)

Asunto: Adquisiciones y adjudicación de contratos de Systembolaget

A principios de 2000, la Comisión notificó por carta al Gobierno sueco que Systembolaget (monopolio sueco del alcohol) debe cumplir la normativa comunitaria en materia de contratación pública cuando realiza sus adquisiciones de alcohol.

Sin embargo, Systembolaget considera que los mejores vinos, por poner un ejemplo, no pueden comprarse mediante contratos públicos, ya que en este mercado mandan los vendedores.

¿Ha vuelto a debatir la Comisión este asunto con el Gobierno sueco y Systembolaget? ¿Ha cambiado de opinión al respecto o sigue manteniendo la posición expresada en la carta mencionada anteriormente?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(8 de diciembre de 2000)

La carta remitida al Systembolaget (monopolio sueco de la venta al por menor de bebidas alcohólicas), que menciona su señoría, se refiere a la aplicación de las normas contenidas en las directivas sobre adjudicación de contratos públicos, tanto a compras de alcoholes como a las de otros tipos de suministros. También se refiere a los contratos de servicios y de obras que adjudica el Systembolaget. Las directivas mencionadas son: Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro(1); Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras(3); y Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios(2).

En cuanto a las compras de alcoholes, baste con señalar que no consta que se aplique ninguna excepción en la Directiva 93/36/CEE (o en el Derecho comunitario), habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Systembolaget está obligada por consiguiente a aplicar los preceptos pertinentes de dicha Directiva cuando efectúa sus compras de alcoholes.

Este asunto se ha debatido varias veces con las autoridades suecas y, señaladamente, durante una reunión que se celebró en el mes de junio de 2000. La Comisión solicitó en aquella ocasión a las autoridades suecas información complementaria sobre el funcionamiento y el estatuto del monopolio.

Dicha información está siendo analizada con todo detalle para que la Comisión pueda evaluar la compatibilidad de los procedimientos de compra del monopolio sueco con el Derecho comunitario de contratos públicos.

(1) DO L 199 de 9.8.1993.

(2) DO L 209 de 24.7.1992.

(3) DO L 199 de 9.8.1993.
PREGUNTA ESCRITA P-3619/00

de Gianfranco Dell'Alba (TDI) a la Comisión

(15 de noviembre de 2000)

Asunto: Perspectivas del CCI

El CCI (Centro Común de Investigación) es un instrumento científico comunitario de gran validez en el cual no sólo se cotejan los experimentos científicos de las diferentes escuelas europeas, sino que también se controlan los progresos científicos realizados por los Estados miembros por lo que respecta a las posibles repercusiones en todos los ámbitos de interés (medioambiental, económico, social, etc.).

Se sabe que existe actualmente la voluntad de reducir los efectivos del Centro en 200 puestos, a pesar de un acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros en 1998 para mantener una dotación de personal de 2 080 puestos para la duración del Quinto Programa Marco.

- ¿Puede indicar la Comisión si es cierto que se van a suprimir 200 puestos?

- ¿Es verdad que se quiere racionalizar el sistema de investigación comunitario (nuevas sinergias entre la DG Investigación y el CCI, etc.)?

- ¿No considera la Comisión que una reducción semejante de los efectivos comprometería gravemente tanto el funcionamiento como las competencias del centro de Ispra?

Respuesta del Sr. Busquin en nombre de la Comisión

(7 de diciembre de 2000)

Una de las recomendaciones derivadas del informe del grupo de expertos de alto nivel presidido por el Vizconde Davignon fue la de concentrar las actividades del Centro Común de Investigación (CCI) en sus aspectos más competitivos. Del mismo modo, a raíz de las recomendaciones del Grupo de control sobre la adecuación entre los recursos humanos y los cometidos del Centro, la Comisión decidió examinar la posibilidad de cerrar uno de las sedes o aplicar una reducción de 200 puestos.

En este sentido, la Comisión examinó la posibilidad de cerrar una sede y continúa estudiando en cuanto al conjunto de los Institutos del CCI. Tal como se anuncia en la nota rectificativa no 1 al anteproyecto de presupuesto 2001, la Comisión volverá a examinar la situación y propondrá las modificaciones necesarias de los equipos de personal de investigación.

El sistema de investigación comunitario está siendo objeto de una profunda reestructuración partiendo de la iniciativa del Espacio Europeo de Investigación. En este contexto, se crearán sinergias entre la Dirección General Investigación y el CCI así como con los centros de investigación de los Estados miembros.

La Comisión no tiene intención de comprometer el funcionamiento y los cometidos del CCI en su conjunto, sino que, por el contrario, reconoce la necesidad de garantizar un futuro estable para el CCI, concentrando sus actividades en sus ámbitos de competencia dentro del contexto de su misión al servicio de las políticas de la Unión.
PREGUNTA ESCRITA E-2880/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(14 de septiembre de 2000)

Asunto: Planes de integración de Galicia con el centro de la Unión Europea mediante una línea de tren de alta velocidad

El Gobierno autónomo de Galicia ha anunciado la próxima firma de un acuerdo con el Gobierno español para garantizar la construcción, entre 2000 y 2007, de una línea de tren de alta velocidad que, partiendo de Madrid y pasando por Valladolid, llegaría a Galicia entrando por Orense hasta las ciudades de La Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Vigo y Pontevedra. La encrucijada de Valladolid serviría de conexión entre Galicia y la línea que une Madrid con la frontera francesa pasando por Euskadi. Según datos facilitados por los medios de comunicación, parece que esta línea de ferrocarril tendría vías de ancho europeo para trenes de alta velocidad, a pesar de no poderse rebasar los 200 kilómetros por hora en algunos tramos. Dicha información asegura que la línea de ferrocarril contará con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo de Cohesión.

¿Tiene la Comisión conocimiento de este acuerdo? ¿Ha tomado la Comisión alguna decisión, de acuerdo con el Gobierno español, sobre la aplicación de las inversiones procedentes del Fondo de Cohesión en esta línea de ferrocarril que unirá a Galicia con el centro de la Unión? ¿Confirma la Comisión, por su parte, que dicha línea no permitirá alcanzar, en algunos tramos del recorrido gallego, una velocidad superior a los 200 kilómetros por hora?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(31 de octubre de 2000)

En los contactos regulares que la Comisión mantiene con las autoridades de las regiones europeas, ésta ha sido informada de los acuerdos de infraestructura existentes entre el Gobierno central español y la Xunta de Galicia.

Dentro del marco de revisión de las orientaciones sobre la RTE previstas pare este año, la Comisión está en contacto con el Gobierno español y examinará esta cuestión a fin de determinar su incidencia en la red transeuropea de alta velocidad.

La Comisión no ha recibido solicitudes de financiación de proyectos al amparo del Fondo de Cohesión.

La Decisión no 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996 relativa a las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte establece que la red transeuropea(1) de alta velocidad se compone de las líneas que figuran en el Anexo I de la Decisión:

- Líneas especialmente construidas para la alta velocidad, equipadas para velocidades generalmente de 250 km/h o superiores mediante tecnologías actuales o nuevas,

- Líneas especialmente acondicionadas para la alta velocidad, equipadas para velocidades del orden de 200 km/h,

- Líneas especialmente acondicionadas para la alta velocidad de carácter específico, debido a limitaciones topográficas, de relieve o de medio ambiente urbano para las cuales la velocidad deba adaptarse a cada caso concreto.

(1) DO L 228 de 9.9.1996.
PREGUNTA ESCRITA E-3082/00

de Daniela Raschhofer (NI) a la Comisión

(2 de octubre de 2000)

Asunto: Ampliación de la Unión a los países de la Europa Central y Oriental

La Comisión de Industria señala en su informe sobre la ampliación de la Unión (PE 286 105) que la Comisión no ha presentado al Parlamento ninguna evaluación cuantitativa de las posibles repercusiones de la ampliación sobre la creación de intercambios comerciales y la desviación de intercambios comerciales.

¿Dispone la Comisión de datos científicos referidos las repercusiones de la ampliación sobre la creación y la desviación de intercambios comerciales?

En caso afirmativo, ¿qué resultados concretos se desprenden para estos ámbitos?

¿Qué valoración hace la Comisión de estos resultados?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(21 de noviembre de 2000)

Desde el examen global de la Agenda 2000 y el estudio de los efectos de la ampliación a los países de Europa Central y Oriental en las políticas de la Comunidad incluido en la Agenda, la Comisión ha encargado o está efectuando distintos estudios globales sobre los efectos de la ampliación.

A nivel comercial, la Comunidad, que es actualmente y a gran distancia de los otros, el socio más importante de los 13 países candidatos, ha visto como se multiplicaban casi por tres el volumen total de los intercambios entre 1993 y 1999. El excedente comercial obtenido frente a los 13 países candidatos (25 800 M en 1999) permite compensar ampliamente el déficit global de la Comunidad.

Pero la ampliación debe medirse en términos de crecimiento de los intercambios y tener en cuenta los beneficios de la ampliación del mercado interior a un gran número de países en términos de simplificación y normalización de las normas y procedimientos, de las prácticas competitivas y de la propiedad intelectual.

La Comisión no ha llevado a cabo ningún estudio referido específicamente al impacto comercial, a la creación de intercambios comerciales y a los desvíos del flujo comercial. Entre los estudios globales que se efectuaron, algunos tienen un enfoque comercial parcial(1).

(1) El impacto de la ampliación al Este en el empleo y los salarios en los Estados miembros de la Unión, Boeri, Brückner y otros, Berlín, 215 p., marzo de 2000; The impact of enlargement on Small and Medium sized Enterprises in the EU, RWI, Essen, EPRC Glasgown 216 p, octubre de 2000.
PREGUNTA ESCRITA E-2911/00

de Michl Ebner (PPE-DE) al Consejo

(20 de septiembre de 2000)

Asunto: Sanciones contra Austria

En sus respuestas a distintas preguntas formuladas por este diputado en relación con el tema de las sanciones contra Austria, el Consejo ha utilizado repetidamente fórmulas como todavía no se ha examinado, no se ha adoptado una postura al respecto o todavía no se ha tratado. ¿Cómo justifica el Consejo el que no trate o que haga como si no tratase una cuestión tan candente como el de las sanciones de los 14 contra Austria?

No obstante, todo parece indicar que el Consejo tiene que haber tratado este asunto, tal y como se desprende de la versión oficial, de la comunicación y de la declaración de los 14 dadas a conocer por la Presidencia portuguesa.

Asimismo, los medios de comunicación han hecho referencia a distintos almuerzos de trabajo a nivel ministerial en los que se ha tratado el tema de las sanciones contra Austria como, por ejemplo, el Consejo de Asuntos Generales del 14 de febrero, la reunión de Lisboa del 23 de marzo, la celebrada en las Azores el 5 de mayo, y el Consejo Europeo de Feira del 19 de junio de 2000.

En caso de no haberse celebrado un debate concreto sobre este asunto, tal y como se desprende de la respuesta insatisfactoria del Consejo, la Presidencia portuguesa habría asumido unas competencias que no le corresponden y se habría excedido en sus atribuciones.

En este contexto, ¿cabe esperar que se aplicarán sanciones contra Portugal? ¿Se están realizando ya investigaciones al respecto? ¿En qué plazo concreto se podrá contar con nuevos datos?

Respuesta

(22 de diciembre de 2000)

La declaración a que se refiere Su Señoría fue hecha por el Primer Ministro de Portugal en nombre del Gobierno de 14 Estados miembros. El Consejo no debatió dicha declaración. El Consejo no puede contestar en esencia a la pregunta formulada por Su Señoría, ya que nunca ha tomado posición sobre el particular.