ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/544

(2004/C 84 E/0621)

PREGUNTA ESCRITA E-0190/04

de Mario Borghezio (NI) a la Comisión

(29 de enero de 2004)

Asunto: Transparencia sobre la propiedad efectiva de la sociedad Italtrend (Reggio-Emilia), beneficiaria de contratos millonarios de la Comisión Europea

Desde 1999 hasta hoy, la Comisión Europea ha encomendado estudios por valor de 15 millones de euros a una sociedad con sede en Reggio-Emilia, Italtrend S.r.L, cuyo socio más importante es Necway Trading Limited, sociedad con sede en Dublin en una asesoría fiscal y comercial, situada en los números 24 y 26 de City Quay, y cuyo «director» es Paul Joseph Watson, quien reside en Port Saint Mary, en la isla de Man.

¿Considera la Comisión que se debería determinar mejor la verdadera identidad de los propietarios reales de la sociedad Italtrend, en la que Silvia Prodi, hija de Quintiliano Prodi, hermano del Presidente de la Comisión Europea Romano Prodi, ocupa un alto cargo de gestión (asistente del director)?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(24 de marzo de 2004)

La Comisión pide a Su Señoría que consulte la respuesta a su pregunta escrita E-3586/03 (1), en la que la Comisión explicó que el valor total de los contratos firmados con Italtrend entre el 1 de septiembre de 1999 y el 31 de diciembre de 2003 era de 7,97 millones de euros, y no de 15 millones de euros.

Uno de los criterios de selección que se aplican en todos los procedimientos de contratación es la elegibilidad del licitador o del candidato para participar en el procedimiento. Los criterios de elegibilidad prevén ya la evaluación de la capacidad financiera, económica, técnica y profesional de cada candidato. Estos criterios se definen con arreglo al fundamento jurídico que proceda y se publican en el anuncio de licitación, de conformidad con las decisiones pertinentes de la Comisión (de 10 de noviembre de 1999 (2), después de 25 de marzo de 2003 (3): Normas y procedimientos aplicables a los contratos de servicios, suministros y obras financiados con cargo al presupuesto general de la CE en el contexto de la cooperación con terceros países), y con la «Guía práctica de los procedimientos contractuales financiados por el presupuesto general de las Comunidades Europeas en el marco de la cooperación con terceros países» (sección 2.4.8.1).

El Reglamento financiero, Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (4), y sus normas de desarrollo establecen normas sobre los documentos justificantes que el órgano de contratación debe exigir a los licitadores para evaluar si se encuentran o no en alguna de las situaciones de exclusión a las que se hace referencia en los artículos 93 y 94 del Reglamento financiero. Si lo considera necesario, el órgano de contratación puede pedir también que presenten justificantes a personas físicas, como «directores de empresas o cualquier otra persona con poder de representación, decisión o control de los candidatos o de los licitadores», dependiendo de la legislación nacional. No obstante, la legislación nacional relativa a la revelación de la identidad de los accionistas varía mucho de un Estado miembro a otro. La Segunda Directiva sobre Derecho de Sociedades (5) prevé únicamente la revelación de la identidad de los miembros fundadores y de los directivos de las empresas.

Además, en el artículo 52 del reglamento financiero se establece lo siguiente: «Queda prohibido a todo agente financiero adoptar cualquier acto de ejecución presupuestaria si con ello sus propios intereses pudieran entrar en conflicto con los de las Comunidades.» Por consiguiente, si un funcionario de la Comisión participa en un proceso de adjudicación relacionado con una entidad en la que tiene intereses, debe informar a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, de conformidad con el artículo 14 del Estatuto, y a su superior jerárquico, de acuerdo con el artículo 34 de las normas de desarrollo, para que, si se confirma la existencia de un conflicto de intereses, el funcionario en cuestión pueda retirarse del procedimiento en curso. En los artículos 146 y 178 de las normas de desarrollo se recuerda esta obligación para todos los miembros de comités de evaluación de licitaciones y propuestas.

Este marco jurídico vigente parece adecuado para proteger los intereses financieros de la Comunidad, ya que permite a todos los ordenadores verificar cualquier situación en la que tengan dudas razonables acerca de una empresa candidata en concreto.

La Comisión observa que la información facilitada en la pregunta escrita de Su Señoría no justificaría indagaciones en este caso concreto.

(1) Ver página 508.

(2) SEC(1999) 1801/2.

(3) SEC(2003) 387/2.

(4) DO L 248 de 16.9.2002.

(5) Segunda Directiva 77/91/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, definidas en el párrafo segundo del artículo 58 del Tratado, con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital, DO L 26 de 31.1.1977.