PREGUNTA ESCRITA E-3912/97 de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión (11 de diciembre de 1997)

Asunto: Directiva Seveso

En lo que concierne a los requisitos de protección del medio ambiente y de seguridad que han de cumplir las empresas, son de fundamental importancia las siguientes Directivas:

- Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente ((DO L 175 de 5.7.1985, p. 40. )),

- Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la previsión y al control integrados de la contaminación ((DO L 257 de 10.10.1996, p. 26. )),

- Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas ((DO L 10 de 14.1.1997, p. 13. )).

La transposición por los Estados miembros de las dos últimas Directivas citadas debe producirse en 1999 a más tardar. En el marco de los debates suscitados a raíz de lo anterior, se han manifestado algunos puntos de vista que dan pie a formular las siguientes preguntas a la Comisión.

Conforme al artículo 14 de la Directiva 96/61/CE, los Estados miembros está obligados a garantizar que el titular de una instalación sujeta a las disposiciones de la Directiva cumple todas las condiciones establecidas en el correspondiente permiso de explotación.

El artículo 18 de la Directiva 96/82/CE dispone que las autoridades competentes de los Estados miembros realizarán una inspección sistemática de los establecimientos sujetos a la Directiva. ¿Debe tenerse en cuenta también el artículo 13 de la Directiva 96/61/CE en la reglamentación de los deberes de inspección conforme al artículo 18 de la Directiva 96/82/CE por los Estados miembros, cuando una instalación esté sujeta a los requisitos establecidos por ambas Directivas? ¿Implica la frase «el programa incluirá al menos cada 12 meses una inspección in situ de cada establecimiento contemplado en el artículo 9, efectuada por la autoridad competente», incluida en el apartado 2 del artículo 18 de la Directiva 96/82/CE, que tales inspecciones deben efectuarse exclusivamente por una autoridad de los Estados miembros, o puede permitirse que las inspecciones se efectúen por organizaciones privadas o por una unidad del propio titular?

¿Debe incluir la inspección in situ por las autoridades de los Estados miembros conforme al apartado 1 del artículo 18 necesariamente un examen in situ de las instalaciones técnicas y la organización del establecimiento en cuestión o puede limitarse la autoridad en cuestión a un examen de la documentación correspondiente, en especial del informe de seguridad, y una inspección in situ de los edificios de carácter administrativo y social?

¿Qué medidas adopta la Comisión para que los Estados miembros desarrollen criterios uniformes a la hora de evaluar los programas de inspección acordes con la letra a) del apartado 2 del artículo 18?

¿Debe considerarse que los informes citados en la letra b) del apartado 2 del artículo 18 de la Directiva 96/82/CE son objeto del intercambio de información prevista en el apartado 1 del artículo 19?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (29 de enero de 1998)

El artículo 18 de la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Directiva Seveso II), dispone que los Estados miembros deberán velar por que las autoridades competentes creen un sistema de inspección u otros medios de control adaptados al tipo de instalación de que se trate.

Esta disposición de carácter general confiere a las autoridades competentes una relativa flexibilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. Así pues, es perfectamente concebible que las inspecciones no sean efectuadas por las propias autoridades competentes, sino por organismos privados independientes, en su nombre. En tales casos, las autoridades competentes deberán, sin embargo, asegurarse del cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo 18 de la Directiva Seveso II.

Las inspecciones u otras medidas de control deberán permitir un análisis regular y sistemático de los modos de operación, organización y gestión de las instalaciones. Las inspecciones in situ no podrán, por tanto, limitarse al examen de la documentación correspondiente ni a la simple inspección de los edificios de carácter administrativo y social. Sin embargo, las inspecciones podrán centrarse en determinados aspectos específicos, como, por ejemplo, la organización de las instalaciones.

Para garantizar la aplicación coherente por los Estados miembros de lo dispuesto en el artículo 18, la Comisión, de acuerdo con los Estados miembros, creó un grupo de trabajo en 1997, es decir, mucho antes de la entrada en vigor de la Directiva Seveso II, prevista para febrero de 1999, con el objetivo de elaborar directrices aplicables a las inspecciones y a los sistemas de inspección, así como de presentar propuestas en materia de cooperación e intercambio de experiencias entre los Estados miembros en este ámbito.

Por lo que se refiere a las instalaciones sujetas a las disposiciones de la Directiva Seveso II y de la Directiva 96/61/CE, las inspecciones previstas en el artículo 18 de la primera Directiva, así como el control y la actualización de las condiciones de autorización previstas en el artículo 13 de la segunda, se podrán efectuar simultáneamente. Tal como se acaba de exponer, esto permite simplificar considerablemente los procedimientos y reducir los costes, no sólo del industrial, sino también de las autoridades de control.

La información contenida en los informes de inspección elaborados con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 18 podrá ser objeto de intercambio, de conformidad con el apartado 1 del artículo 19, siempre que la legislación en vigor no exija el tratamiento confidencial de la misma.