PREGUNTA ESCRITA P-2463/98

de Ernesto Caccavale (UPE) a la Comisión

(23 de julio de 1998)

Asunto: Desgravaciones fiscales en el sur de Italia

En relación con la solicitud presentada por el Gobierno italiano a la Comisión Europea a fin de obtener un dictamen previo para la aplicación de posibles desgravaciones fiscales a las empresas que pretenden ejercer su actividad en el sur de Italia, los miembros de la Comisión encargados de la cuestión, Mario Monti y Karen Van Miert, emitieron, según varios medios de información italianos, un dictamen negativo por considerar que los incentivos de naturaleza fiscal no vinculados a nuevas inversiones o a la creación de nuevos puestos de trabajo podrían constituir simples ayudas al funcionamiento de las empresas, violando el principio comunitario de la libre competencia.

Parece, además, que según los miembros de la Comisión no se puede reducir la presión fiscal únicamente en el sur, estableciendo una especie de paraíso fiscal con fuertes discriminaciones entre empresas, aunque sí se puede proceder a la desgravación en todo el territorio nacional italiano, donde la imposición fiscal de los costes laborales es mucho más elevada que en los demás Estados europeos.

1. ¿No cree la Comisión que la afirmación de que una política de desgravaciones fiscales sólo se puede llevar a cabo a escala nacional puede dar lugar a movimientos separatistas y de disgregación nacional con importantes riesgos geopolíticos, sociales y por lo que respecta a la estabilidad para todos los países y para el conjunto de Europa?

2. ¿Puede indicar cuáles son los motivos y los mecanismos por los que en algunas regiones de la Unión Europea, como el País de Gales en el Reino Unido, se han podido aplicar desgravaciones fiscales con la consiguiente reducción de los costes laborales?

3. ¿Puede decir por qué se autorizan, en cambio, y no se consideran una violación del principio de la libre competencia determinadas medidas como los contratos regionales y los pactos territoriales, que se basan en principios parecidos y crean islas con facilidades fiscales?

4. ¿Puede indicar claramente hasta qué punto se puede actuar en el ámbito fiscal para fomentar y facilitar las inversiones en las regiones menos desarrolladas y claramente desfavorecidas, como es actualmente el sur de Italia, donde el nivel de desempleo resulta tan elevado?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión

(11 de septiembre de 1998)

1. En lo que respecta a los posibles impulsos secesionistas que podrían derivarse de la imposibilidad de llevar a cabo una política fiscal diversificada desde el punto de vista regional, la Comisión desea señalar que, independientemente de las evaluaciones que puedan hacerse a la luz de las disposiciones comunitarias sobre ayudas estatales, todas las medidas relacionadas con la fiscalidad de las empresas y, por tanto, las que afectan tanto a determinadas regiones como a todo el territorio nacional, deben someterse, en aplicación del código de conducta en materia de fiscalidad de las empresas adoptado en diciembre de 1997, al grupo de trabajo creado en el Consejo para determinar si son o no "perjudiciales" para el correcto funcionamiento del mercado interior. Por consiguiente, no se puede afirmar que determinadas medidas fiscales pueden considerarse compatibles con los compromisos contraídos por los Estados miembros en el contexto del código por el mero hecho de haber sido introducidas a nivel nacional.

2. La Comisión recuerda que las limitaciones aplicables a las políticas regionales y fiscales tienen por finalidad el correcto funcionamiento del mercado único y en última instancia, por tanto, el desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económicas y la cohesión económica y social. En consecuencia, desde una óptica de convergencia de resultados económicos, los problemas regionales han de resolverse con ayuda de los instrumentos, por lo demás numerosos, puestos a disposición con esta finalidad precisa, como los Fondos Estructurales y las intervenciones nacionales que la Comisión autoriza en el contexto de su política de competencia para impulsar el desarrollo de determinadas zonas.

En cuanto a las ayudas existentes en el País de Gales, la Comisión comunica a Su Señoría que se trata de ayudas a la inversión en forma de subvenciones y de participaciones en el capital social. Existen, por otro lado, varios regímenes de ayudas a las pequeñas y medianas empresas (PYME) para la formación y la prestación de servicios de asesoramiento. La intensidad de estas ayudas, que básicamente se concentran en Liverpool y Cardiff, oscila entre el 20 % y el 30 % neto.

3. Por lo que se refiere a las ayudas fiscales para contratos regionales y pactos territoriales, se trata, según la información de que dispone la Comisión, de ayudas a la inversión concedidas en aplicación de un régimen aprobado por la Comisión en junio de 1997. Consisten, en particular, en créditos fiscales concedidos únicamente a las empresas que realizan inversiones y en proporción a éstas. Estas ayudas son compatibles con las normas sobre ayudas estatales, puesto que están ligadas a inversiones. Su conformidad con las normas fijadas por el código de conducta no fue examinada por el grupo de trabajo, porque entraron en vigor antes de la adopción de éste.

4. En cuanto a los instrumentos fiscales que se pueden utilizar para favorecer el desarrollo de las zonas desfavorecidas, la Comisión podría considerar compatibles con su política de ayudas estatales las desgravaciones fiscales ligadas a nuevas inversiones o a la creación de puestos de trabajo.

Por otro lado, es necesario recordar que estas mismas medidas deberían ser comunicadas al grupo de trabajo creado en el contexto del código de conducta, pues podrían entrar en colisión con él. Por el contrario, no se pueden establecer desgravaciones fiscales cuando se trata del IVA, salvo que el Consejo las autorice.