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PREGUNTA ESCRITA E-2545/02

de Marco Cappato (NI) a la Comisión

(12 de septiembre de 2002)

Asunto: Violaciones de la libertad de circulación de los ciudadanos cometidas por las autoridades francesas en la frontera franco-italiana con ocasión del Technival, el 15 de agosto en Italia

Con ocasión del festival techno Technival durante el fin de semana del 15 de agosto en Italia, las autoridades francesas impidieron, durante varios días, en la frontera franco-italiana en el puerto de Larche La Maddalena, que los camiones de artistas y de equipos de sonido pudieran llegar hasta la manifestación en Italia. La Prefectura de los Alpes de Haute-Provence incluso impidió el acceso al territorio italiano a peatones durante varias horas entre el 14 y el 15 de agosto.

¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión con respecto a las violaciones de la libertad de circulación de los ciudadanos y de los bienes que se produjeron en esta ocasión?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(21 de octubre de 2002)

El derecho a circular y residir en el territorio de otro Estado miembro es un derecho fundamental conferido directamente a cada ciudadano de la Unión por el Tratado CE. No obstante, es posible limitar este derecho por razones de orden público, seguridad pública o salud pública.

Las medidas adoptadas por los Estados miembros en materia de orden público deben evaluarse a la luz de la Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública(1) y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo. Los límites impuestos, en virtud de las necesidades de orden público y seguridad pública, a los derechos garantizados por el Tratado CE, no pueden sobrepasar de lo necesario para la protección de estas necesidades(2).

Corresponde a las autoridades nacionales apreciar en primer lugar la situación concreta y posteriormente adoptar las medidas adecuadas, en cumplimiento del Derecho comunitario. En particular, las medidas adoptadas para proteger el orden público y la seguridad pública deben aplicarse en cumplimiento del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad exige que la medida adoptada tenga un fundamento y que exista un justo equilibrio entre la medida aplicada y el objetivo perseguido, así como entre los intereses de las personas y los del Estado en cuestión.

Por lo que se refiere a los hechos ocuridos con motivo del festival techno technival, y según la información proporcionada por Su Señoría, la Comisión no está en condiciones de apreciar si se han violado las normas de Derecho comunitario aplicables en materia de libre circulación. La Comisión no ha recibido denuncias de los ciudadanos a este respecto.

(1) DO P 56 de 4.4.1964.

(2) Véase el asunto 36/75 Rutili, Rec. [1975] II-1219.
PREGUNTA ESCRITA E-2830/02

de Isidoro Sánchez García (ELDR) al Consejo

(9 de octubre de 2002)

Asunto: Maniobras militares en Fuerteventura (Islas Canarias) España/OTAN

En la segunda quincena del mes de septiembre de 2002 tuvieron lugar en aguas de la isla de Fuerteventura (Canarias) región ultraperiférica de la Unión Europea unas maniobras militares organizadas por el Ministerio de Defensa del Gobierno español con participación de la OTAN.

Además de las grandes sorpresas producidas en la sociedad civil local y en los turistas que residían en la isla, por unas actuaciones desproporcionadas, así como en las instituciones canarias, por el desconocimiento oficial de las maniobras, se observó que al mismo tiempo aparecieron varados y muertos en las costas de la isla cerca de 20 cetáceos singulares que vivían en estas aguas canarias.

Pese a la hipersensibilidad de la población local y la sorpresa de los turistas que promovieron la reacción política de las instituciones canarias ante las autoridades españolas, no se paralizaron las maniobras.

En cualquier caso, ante la constatación de un hecho relacionado con una materia como la Defensa y su implicación con las disposiciones comunitarias relativas a la Política Exterior y de Seguridad Común, particularmente los artículos 21 y 28 del Tratado de la Unión Europea, ¿no sería pertinente por parte del Consejo:

1. sugerir al Gobierno de España y a la OTAN que adoptasen las medidas necesarias para restaurar los daños producidos tanto económica como socialmente en la isla de Fuerteventura y evitar que se repitan situaciones como las sucedidas recientemente,

2. introducir en el marco de las relaciones entre la UE y la OTAN la dimensión medioambiental en las maniobras militares para evitar impactos ecológicos significativos?

Respuesta

(18 de febrero de 2003)

No corresponde al Consejo pronunciarse sobre las relaciones entre un Estado miembro y una organización internacional de la que dicho Estado sea miembro.
PREGUNTA ESCRITA E-3095/02

de María Valenciano Martínez-Orozco (PSE) a la Comisión

(28 de octubre de 2002)

Asunto: Programa Operativo Objetivo 2 de la Comunidad de Madrid 1997-1999

¿Podría la Comisión informar sobre el resultado del Informe final de cierre del Objetivo 2 de la Comunidad de Madrid del período 1997-1999 y sobre el error detectado por la auditoría del Tribunal de Cuentas realizada sobre el mencionado período?

¿Podría la Comisión especificar si tiene conocimiento de que la Comunidad de Madrid haya procedido a subsanar los errores detectados?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(3 de diciembre de 2002)

En 2000, el Tribunal de Cuentas realizó una visita de control en relación con varias medidas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en virtud del PO Madrid del objetivo no 2 (1997-1999).

En el contexto de la medida 3.4 Construcción y equipamiento de centros de investigación y desarrollo de dicho PO, el Tribunal de Cuentas indica en sus conclusiones que algunos de los gastos de los proyectos no correspondían al ámbito de la investigación y el desarrollo (I+D), sino al de la educación universitaria. La normativa comunitaria no permite la cofinanciación de inversiones en el ámbito de la educación para las zonas del objetivo no 2.

Por el contrario, las autoridades nacionales consideraron que todos los proyectos incluidos en las declaraciones de los gastos para esta medida correspondían a acciones de I+D.

Con el fin de resolver estas diferencias, las autoridades españolas, de acuerdo con la Comisión, han designado recientemente un experto independiente, que debe proceder a la comprobación de los proyectos incluidos en la medida, así como determinar las inversiones que corresponden al ámbito de la investigación y el desarrollo.

Las conclusiones de esta comprobación se notificarán a la Comisión con el fin de poder establecer posteriormente el importe de los gastos efectivamente subvencionables por el FEDER en relación con esta medida.

La Comisión está a la espera de dicho informe.
PREGUNTA ESCRITA E-2855/02

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(10 de octubre de 2002)

Asunto: Utilización de los Fondos Save II y Altener II por parte del Ayuntamiento de Roma

Durante el mes de septiembre de 2002 el Comité de vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano ha presentado el informe del gasto relativo a los fondos procedentes de la UE.

El informe ha señalado de forma preocupante entre otras cosas la lentitud e ineficacia con la que las autoridades locales y regionales proceden a la adjudicación de proyectos: las intervenciones realizadas en 2000 constituyen de hecho únicamente el 2 % del total del marco comunitario de apoyo (MCA).

La Comisión Europea, entre otros, ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones la existencia de esta señal de alarma tan significativa de la utilización ineficaz de los fondos europeos por parte de las autoridades locales y regionales.

Teniendo en cuenta que algunas autoridades locales en concreto, como es el caso del Ayuntamiento de Roma, necesitan de modo urgente utilizar los fondos europeos para limitar las emisiones de dióxido de carbono para mejorar la calidad del aire y luchar contra la contaminación:

1. ¿Sabe la Comisión si el Ayuntamiento de Roma ha presentado algún proyecto en el marco de los Programas Save II y Altener II?

2. ¿Está al corriente la Comisión de si el Ayuntamiento de Roma ha obtenido algún tipo de financiación para la realización de dichos proyectos?

3. ¿Sabe la Comisión si se han utilizado tales fondos?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(22 de noviembre de 2002)

1. El Ayuntamiento de Roma ha participado en la presentación de dos propuestas para el programa Altener en el marco de las convocatorias correspondientes a 2001 y 2002. Una de ellas, relativa a la celebración de salones europeos de la vivienda solar (EuSolExhibitions) resultó seleccionada.

2. El Ayuntamiento de Roma participa junto con otros 11 contratistas en la propuesta seleccionada. El presupuesto total del proyecto asciende a 1 360 000 euros, con una financiación comunitaria total de 680 000 euros. La participación del Ayuntamiento de Roma en el presupuesto del proyecto asciende a 217 600 euros. Dicho ayuntamiento recibe una financiación comunitaria de 108 800 euros. En

la actualidad se está negociando el contrato, el cual se espera que estará listo para su firma a finales de 2002. A continuación se desglosan en una tabla la participación de los demás socios en el contrato, la financiación comunitaria correspondiente, etc.

>SITIO PARA UN CUADRO>

3. La utilización del presupuesto correspondiente al proyecto EuSolExhibitions se efectuará en 2003 y 2004.

La parte contratante será la Concejalía de políticas de planificación y programación territorial del Ayuntamiento de Roma.
PREGUNTA ESCRITA E-2802/02

de Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) a la Comisión

(7 de octubre de 2002)

Asunto: Encarcelamiento de Leyla Zana y adhesión de Turquía

Leyla Zana se encuentra actualmente en prisión en Turquía, según Amnistía Internacional, por haberse atrevido a hablar en kurdo con motivo de su toma de posesión como diputada al Parlamento turco.

¿Se ha informado de ello a la Comisión?

Si estos hechos son ciertos, ¿cree la Comisión que puede adherirse a la Unión Europea un Estado que lleve a cabo este tipo de represión?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(15 de noviembre de 2002)

La Comisión conoce perfectamente el caso de la Sra. Leyla Zana. Este caso fue objeto de una Resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos(1) y de una Resolución provisional del Comité de Ministros del Consejo de Europa(2). Esta Resolución urgía a las autoridades turcas a responder a las repetidas solicitudes del Comité de que se pusiera remedio a la situación de la antigua diputada Leyla Zana.

Como país candidato a la adhesión a la Unión Europea, Turquía debe esforzarse por cumplir los criterios políticos de Copenhague. La Asociación de Adhesión entre la Unión y Turquía exige, como prioridad a corto plazo, que Turquía examine la situación de las personas encarceladas por haber expresado sus opiniones de modo no violento.

La Comisión planteó el problema en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos humanos, Seguridad Común y Política de Defensa del Parlamento Europeo, celebrada en Bruselas el 4 de noviembre de 2002.

La cuestión se mencionó también en el Informe Regular publicado por la Comisión el 9 de octubre de 2002, que indica que la situación de las personas encarceladas por haber expresado sus opiniones de modo no violento no ha sido tratado de manera adecuada.

La Comisión continuará supervisando estrechamente la situación y planteando el problema ante las autoridades turcas.

(1) Resolución de 17 de julio de 2001 en el asunto Sadah, Zana, Diele y Dogan.

(2) Resolución de 30 de abril de 2002.
PREGUNTA ESCRITA P-3453/02

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(27 de noviembre de 2002)

Asunto: Integración económica

¿Qué medidas prevé la Comisión proponer para que se usen como referencia a la hora de evaluar la importancia de la propiedad extranjera en la estructura de producción de cada uno de los Estados miembros, inclusive la propiedad en manos de empresas en otros Estados miembros?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(27 de enero de 2003)

Un indicador apropiado para valorar la importancia del control extranjero es la proporción de valor añadido generado por empresas con mayoría de capital extranjero con respecto al valor añadido del conjunto de la economía (incluidas empresas dependientes de la economía estudiada). Otra posibilidad es medir la importancia en términos de empleo. Se adjuntan los resultados procedentes de las Estadísticas Estructurales de las Empresas con datos correspondientes al año de referencia 1999 para siete Estados miembros participantes. Para que disponga de información más detallada, enviamos a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento la publicación Foreign-owned enterprises con datos correspondientes al año de referencia 1997 y la publicación de Statistics in Focus Foreign-owned enterprises con datos sobre el año de referencia 1998.

No obstante, no se dispone de esta medida para todos los Estados miembros ni para el agregado de la Unión. A raíz de una iniciativa de Eurostat, se está debatiendo un proyecto de Reglamento sobre la estructura de actividad de las filiales extranjeras. Este marco jurídico permitiría obtener la información solicitada para todos los Estados miembros y para el conjunto de la Unión.

Por el momento, las estadísticas sobre inversiones directas extranjeras (IDE) constituyen un indicador alternativo. La cantidad recibida de IDE expresada en porcentaje del PIB (véase la respuesta a la pregunta escrita E-3637/02 de su Señoría(1) y las tablas enviadas directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento) puede servir de indicación sobre la importancia comparativa de la propiedad extranjera en espacio y en tiempo. Las IDE están más fácilmente disponibles y son más completas en el plano temporal, pero tienen una dimensión financiera y no dan información sobre variables reales como la producción, el empleo, etc.

(1) DO C 110 E de 8.5.2003, p. 221.
PREGUNTA ESCRITA E-2858/02

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(10 de octubre de 2002)

Asunto: Utilización de los Fondos Life III, Quinto programa de acción en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, acciones en materia de información y de sensibilización ante el medio ambiente por parte del Ayuntamiento de Roma

Durante el mes de septiembre de 2002 el Comité de vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano ha presentado el informe del gasto relativo a los fondos procedentes de la UE.

El informe ha señalado de forma preocupante entre otras cosas la lentitud e ineficacia con la que las autoridades locales y regionales proceden a la adjudicación de proyectos: las intervenciones realizadas en 2000 constituyen de hecho únicamente el 2 % del total del marco comunitario de apoyo (MCA).

La Comisión Europea, entre otros, ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones la existencia de esta señal de alarma tan significativa de la utilización ineficaz de los fondos europeos por parte de las autoridades locales y regionales.

Teniendo en cuenta que algunas autoridades locales en concreto, como es el caso del Ayuntamiento de Roma, necesitan de modo urgente utilizar los fondos europeos para salvaguardar y proteger el medio ambiente:

1. ¿Sabe la Comisión si el Ayuntamiento de Roma ha presentado algún proyecto en el marco de los programas Life III, Quinto programa de acción en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, acciones en materia de información y de sensibilización ante el medio ambiente?

2. ¿Está al corriente la Comisión de si el Ayuntamiento de Roma ha obtenido algún tipo de financiación para la realización de dichos proyectos?

3. ¿Sabe la Comisión si se han utilizado tales fondos?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(21 de noviembre de 2002)

El ayuntamiento de Roma no ha presentado ninguna solicitud al programa LIFE III, ni tampoco a las convocatorias generales de propuestas 2001 y 2002 de la Dirección General de Medio Ambiente para el fomento de la sensibilización ambiental.

Anteriormente el ayuntamiento de Roma obtuvo, tras presentar una solicitud a una convocatoria de propuestas(1) para proyectos de sensibilización ambiental, una subvención para cofinanciar la Conferencia Mediterránea sobre la Agenda 21 Local, que tuvo lugar en Roma del 22 al 24 de noviembre de 1995. La Comisión desembolsó un total de 45 216 EUR, que cubrieron una parte de los costes de organización de la conferencia.

(1) DO C 71 de 23.3.1995.
PREGUNTA ESCRITA E-2573/02

de Kathleen Van Brempt (PSE) a la Comisión

(16 de septiembre de 2002)

Asunto: Alergia al níquel

La alergia al níquel es la forma más frecuente de alergia de contacto en los países industrializados: entre el 10 y el 15 % de las mujeres padecen esta alergia y en el caso de los hombres se trata de unos cuantos puntos porcentuales. La cantidad de níquel en las monedas de 1 y 2 euros es tal que las personas alérgicas al níquel pueden adquirir eccema en las manos. Según los dermatólogos, un contacto breve con las monedas puede causar picor o irritación. Lógicamente, tras la introducción del euro se publicaron en los medios de comunicación las primeras noticias sobre alergias al euro.

¿Tiene la Comisión conocimiento de casos de alergia al níquel a causa de las monedas del euro?

En caso afirmativo, ¿dispone también de cifras al respecto?

¿Se dispone de alternativas para sustituir al níquel en las monedas?

En caso afirmativo, ¿de qué alternativas se trata? ¿Tiene la Comisión la intención de utilizarlas?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(16 de octubre de 2002)

La Comisión no conoce ningún caso concreto de personas que padezcan alergia al níquel que pueda deberse a la manipulación o al uso de monedas de 1 y 2 euros.

Antes de que se tomara en 1997 la decisión sobre las especificaciones técnicas de las monedas de euro, la Comisión consultó a su Comité científico de la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente (SCTEE), que basó sus conclusiones en todas las pruebas disponibles. El SCTEE concluyó en su momento que no había pruebas que sugirieran que las monedas nacionales antiguas (cuyo contenido de níquel era mucho más elevado que el de las monedas de euro) hubieran causado ninguna forma de alergia al níquel en trabajadores que manejan monedas ni en consumidores normales.

El níquel ha sido un material muy utilizado para la acuñación de monedas, desde el siglo XIX, debido a sus propiedades técnicas. Las aleaciones cobre-níquel y latón-níquel utilizadas para las monedas de 1 y 2 euros no se oxidan. Debido a su conductividad, permite una identificación fiable de las monedas de euro en las máquinas de monedas y su estructura de tres capas garantiza la detección de las monedas falsas. El níquel contribuye considerablemente al mayor nivel de seguridad de las monedas y por tanto se decidió utilizarlo en las monedas de euro de más valor.

Las especificaciones técnicas de las monedas de euro se fijaron en el Reglamento (CE) no 975/98 del Consejo de 3 de mayo de 1998 relativo a los valores nominales y las especificaciones técnicas de las monedas en euros destinadas a la circulación(1). Actualmente y en un futuro próximo, la Comisión no ha previsto modificar las especificaciones técnicas de las monedas de euro.

(1) DO L 139 de 11.5.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-2633/02

de Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) a la Comisión

(18 de septiembre de 2002)

Asunto: Peajes en carretera

¿Podría confirmar la Comisión si los Estados miembros pueden establecer peajes, y retener en su totalidad el dinero recaudado, en las carreteras que se hayan beneficiado de fondos europeos?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(21 de octubre de 2002)

La Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras(1) establece las normas para la recaudación de peajes y tasas sobre los camiones (de más de 12 toneladas) por la utilización de determinadas infraestructuras (autovías y ejes similares). Los Estados miembros que desean introducir o mantener dichos peajes y tasas deben ajustarse a lo dispuesto en esta legislación. De acuerdo con la Directiva 1999/62/CE y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas(2), los peajes aplicados en las autopistas a los camiones deberán relacionarse con los costes de la infraestructura de que se trate, independientemente de que las obras se hayan efectuado o no con fondos comunitarios. Los niveles de los peajes de autopista para las demás categorías de vehículos (automóviles, autocares, vehículos comerciales ligeros, etc.) no están contemplados en la legislación comunitaria.

Tal como se indica en el Libro Blanco sobre la política europea de transportes de cara al 2010(3), la Comisión propondrá una modificación del marco legislativo que regula la tarificación de las infraestructuras, especialmente para garantizar que los distintos modos de transporte reflejen mejor los costes que generan. La Comisión publicará en las próximas semanas una Comunicación sobre la metodología para la tarificación de las infraestructuras de transporte.

(1) DO L 187 de 20.7.1999.

(2) Asunto C-205/98 Comisión/Austria.

(3) COM(2001) 370 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1752/02

de Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) a la Comisión

(19 de junio de 2002)

Asunto: Directiva sobre la fiscalidad del ahorro

La adopción de la Directiva sobre la fiscalidad del ahorro está vinculada a la evolución de las negociaciones con terceros países para que adopten medidas equivalentes que impidan una fuga masiva de activos financieros a dichos países (EEUU, Suiza, Andorra, Liechtenstein, San Maríno).

¿Puede informar la Comisión sobre el estado de dichas negociaciones?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(26 de julio de 2002)

El 16 de octubre de 2001, el Consejo Ecofin encargó a la Comisión entablar negociaciones con los Estados Unidos y otros cinco terceros países (Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Andorra y San Maríno) a fin de obtener de ellos garantías suficientes sobre la adopción en su territorio de medidas equivalentes a las que prevé adoptar la Unión en este ámbito dentro de la Comunidad.

Las negociaciones no pudieron comenzar realmente hasta la adopción unánime por parte del Consejo Ecofin, el 13 de diciembre de 2001, de un proyecto de directiva que recoge el conjunto de las disposiciones sobre la fiscalidad del ahorro a efectos de la negociación con los terceros países. Dicho texto presenta diversas modificaciones con relación al propuesto por la Comisión el 18 de julio de 2001(1) y sobre el cual el Parlamento emitió su dictamen en la sesión plenaria de 14 de marzo de 2002. Cabe señalar que algunas de las modificaciones realizadas por el Consejo el 13 de diciembre de 2001 corresponden a enmiendas a la propuesta de la Comisión solicitadas posteriormente por el Parlamento en su dictamen.

Desde principios del año 2002, con arreglo a su mandato de negociación y sobre la base del proyecto de directiva convenido por el Consejo Ecofin el 13 de diciembre de 2001, la Comisión ha mantenido reuniones con los representantes de los seis países terceros interesados. El 18 de junio de 2002 pudieron comenzar también las negociaciones oficiales con Suiza. Los debates prosiguen con estos seis países y la Comisión informa periódicamente de la situación al Consejo. El objetivo perseguido con determinación por la Comisión es concluir las negociaciones con antelación suficiente para que el Consejo pueda adoptar la Directiva sobre la fiscalidad del ahorro, en el marco de un acuerdo global sobre la batería de medidas fiscales, antes de finales del año 2002. La Comisión no dejará de informar al Parlamento sobre el resultado final de las negociaciones que se le han encomendado.

(1) DO C 270 de 25.9.2001.