PREGUNTA ESCRITA P-2496/99

de Raffaele Costa (PPE-DE) a la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

Asunto: Medidas para facilitar una asistencia sanitaria global a escala comunitaria

De todos son conocidas las objeciones que plantean los Estados a la propuesta de autorizar el desplazamiento de sus nacionales al extranjero para seguir tratamientos cuyo reembolso corra a cargo del Estado del origen del paciente cuando dichos tratamientos no pueden dispensarse en ámbito nacional.

Es sabido que, con frecuencia, los denominados viajes de la esperanza quedan bloqueados por razones de carácter burocrático y meramente económicas, a pesar de que existen motivos justificados para la realización de dichos viajes.

¿Qué puede hacerse en el ámbito de la Unión para que se autorice, o cuando menos se facilite, al nacional comunitario la posibilidad de recibir tratamiento sin gastos o en condiciones aceptables sin efectuar grandes desembolsos, al contrario de lo que sucede actualmente en todos los hospitales de la Comunidad Europea?

¿Existe la posibilidad de crear un fondo europeo para llevar a cabo los objetivos mencionados?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(17 de enero de 2000)

La pregunta planteada hace referencia a la posibilidad de que los ciudadanos de la Unión se dirijan a otro Estado miembro que aquél en el que residen para recibir asistencia médica. Esta posibilidad se apoya en dos fundamentos jurídicos.

Por lo que se refiere al ámbito de la seguridad social, previsto en el artículo 42 (antiguo artículo 51) del Tratado CE, las normas de coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social se incluyen en el Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad(1) y su Reglamento de aplicación (CEE) 574/72(2). En la letra c) del apartado 1 del artículo 22 del Reglamento (CEE) no 1408/71 se regula en concreto la situación que se produce cuando la persona asegurada en un Estado miembro se desplaza intencionalmente a otro Estado miembro para recibir asistencia y productos médicos programados, para lo que es necesario que la persona en cuestión obtenga una autorización previa de la institución competente en la que está afiliado a fin de poder recibir el reembolso de la totalidad de los gastos efectuados. Esta autorización se certifica mediante la expedición del formulario E 112. En este caso, el apartado 2 del artículo 22 del Reglamento (CEE) no 1408/71 establece que esta autorización no podrá ser denegada cuando la asistencia de que se trate figure entre las prestaciones previstas por la legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida el interesado y cuando, habida cuenta de su estado de salud actual y la evolución probable de la enfermedad, esta asistencia no puede serle dispensada en el plazo normalmente necesario para obtener el tratamiento de que se trata en el Estado miembro en que reside. Así pues, en virtud de esta disposición, el sistema de autorización contemplado incluye la obligación de que los Estados miembros concedan la autorización en casos precisos y deja a los Estados miembros plena libertad en cuanto a la concesión o la denegación de la autorización en los otros casos. Además, debe señalarse que, de conformidad con estas disposiciones comunitarias, la asistencia programada es siempre prestada por la institución del lugar de residencia, según las disposiciones de la legislación que ésta aplique y, en última instancia, corre a cargo del Estado miembro.

En cuanto a las libertades del mercado interior, y más concretamente la libre circulación de los productos a que hace referencia el artículo 28 (antiguo artículo 30) del Tratado CE, y la libre circulación de los servicios a que hace referencia el artículo 49 (antiguo artículo 59) del Tratado CE, el Tribunal de Justicia se pronunció el 28 de abril de 1999, en el marco de dos asuntos prejudiciales acumulados (Kohll y Decker, C 158/96 y C 120/95). En estas sentencias, el Tribunal afirmó que una normativa nacional en el ámbito de la seguridad social no puede excluir la aplicación de las libertades del mercado interior y consideró que la condición de una autorización previa para el reembolso de las gafas y los cuidados dentales no se ajusta al Derecho comunitario (que garantiza la libre circulación de los productos y la libre prestación de servicios), en la medida en que esta autorización no sea necesaria en situaciones internas. Existe el derecho a la igualdad de trato sin distinciones entre una situación interna y una situación transfronteriza. Contrariamente a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (CEE) no 1408/71, la igualdad de trato permite al Estado miembro en el que está afiliada la persona mantener todas las restricciones a sus reglas, por lo que no incluye ningún derecho directo al reembolso si el Estado de afiliación no lo prevé en situaciones internas, ni el derecho a un reeembolso del conjunto de los gastos efectuados con motivo de un tratamiento médico. Por el contrario, no puede denegarse la intervención de las instituciones de seguridad social aduciendo únicamente que se trata de una situación transfronteriza. No obstante, el Tribunal reconoció la posibilidad de una denegación por los motivos de salud pública mencionados en los artículos 30 (antiguo artículo 36) y 46 (antiguo artículo 56) del Tratado CE, en la medida en que el mantenimiento de una capacidad de prestación de cuidados o una competencia médica en el territorio es esencial para la salud pública, incluso para la supervivencia de la población en el Estado miembro de que se trate. Asimismo, el Tribunal admitió restricciones cuando el Estado miembro de afiliación demuestre la existencia de un riesgo grave para el equilibrio financiero del sistema de seguridad social.

Por lo tanto, el análisis de la normativa comunitaria en materia de mercado interior y en el ámbito de la seguridad social muestra que la legislación comunitaria no permite actualmente que la Comunidad tome medidas que afecten a la financiación de la asistencia médica u hospitalaria en los Estados miembros. La financiación es competencia de los Estados miembros. Así pues, tampoco existe la posibilidad de crear fondos específicos en este contexto.

(1) DO L 149 de 5.7.1971.

(2) DO L 74 de 27.3.1972.