PREGUNTA ESCRITA P-1216/96 de Giorgio Ruffolo (PSE) a la Comisión (10 de mayo de 1996)

Asunto: Aplicación del artículo 92 del Tratado a los bancos

1. ¿Es cierto que los bancos públicos alemanes se benefician de dos garantías públicas ilimitadas que excluyen la posibilidad de la liquidación y aseguran el reembolso a todos los acreedores?

2. ¿Es cierto que dichas garantías permiten a esos bancos atraer el ahorro en condiciones de favor, independientemente de sus condiciones intrínsecas de solidez financiera?

3. ¿Conviene la Comisión en que dichas garantías se conceden en condiciones no comerciales?

4. ¿Está de acuerdo la Comisión en que dichas garantías son ayudas estatales incompatibles con cuanto dispone el artículo 92 del Tratado?

5. ¿Está de acuerdo en que el importe de las ayudas estatales de dichas garantías puede cuantificarse fácilmente en varios miles de millones de ecus, según los análisis efectuados por diversas agencias internacionales de «rating», tal como se asegura en el semanario «Der Spiegel» de 8 de abril de 1996, págs. 105-106?

6. ¿No cree que el efecto distorsionador de dichas garantías es mucho más importante que la responsabilidad ilimitada del accionista único prevista por el artículo 2362 del Código Civil italiano?

7. ¿Considera la Comisión que dichas garantías se justifican por motivos de estabilidad de los mercados financieros? En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa proponer para que dicho sistema se aplique también a los bancos privados y a los de los demás Estados miembros?

8. ¿Qué iniciativas piensa tomar para hacer que los Estados miembros ajusten dicho sistema de garantías a las disposiciones del Tratado en materia de ayudas estatales?

9. ¿No estima la Comisión que el proceso hacia la Unión Monetaria pasa por establecer las mismas reglas de juego para todo el sector bancario?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (19 de junio de 1996)

1. a 5. Para el establecimiento de un verdadero mercado común de servicios financieros, es importante evidentemente que las disposiciones sobre ayudas estatales del Tratado de la CE se apliquen de forma coherente y ecuánime al sector bancario. No obstante, al aplicar estas disposiciones, la Comisión tendrá en cuenta las peculiaridades y la sensibilidad de los mercados financieros.

La Comisión está analizando actualmente los sistemas de garantía de las deudas de las entidades de crédito de los Estados miembros, con independencia del carácter público o privado de los bancos afectados. En este contexto, han de tomarse en consideración los diferentes sistemas bancarios de los Estados miembros. Los mecanismos públicos de ayuda se introdujeron por muy diversas razones, muchas de las cuales responden a una larga tradición. Por ejemplo, el sistema alemán se creó inicialmente cuando las cajas de ahorro y sus entidades centrales se convirtieron de «regies» (monopolios del Estado) en entidades independientes por decreto del Presidente del Reich alemán en 1931. Así pues, este decreto data de mucho antes de la celebración del Tratado.

La Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades alemanas con el fin de conocer en detalle el funcionamiento y los objetivos del sistema alemán y evaluar sus repercusiones sobre la actividad de préstamo de los bancos públicos alemanes. La evaluación es un proceso continuo y sensible desde el punto de vista financiero y político. La Comisión no desea publicar los primeros resultados sobre un asunto tan complejo, pues ello podría dar lugar a interpretaciones erróneas.

6. El artículo 2362 del Código Civil italiano establece la responsabilidad ilimitada del único accionista de una sociedad anónima italiana, independientemente de la personalidad jurídica pública o privada de los accionistas. Pueden surgir problemas relacionados con la concesión de ayudas estatales cuando el Estado italiano u otra autoridad italiana adquiere una participación del 100% en una empresa, contrayendo pues una responsabilidad ilimitada respecto de las deudas de ésta. Dado que la ley italiana es aplicable a las empresas de todos los sectores, su ámbito de aplicación es mucho más amplio que el del sistema alemán.

El tema del artículo 2362 se abordó durante un procedimiento iniciado con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE cuando comprobó que la sociedad «holding» del Estado italiano EFIM podía tomar fondos prestados en condiciones más favorables, como consecuencia de la responsabilidad ilimitada del Estado italiano. La Comisión señaló que la responsabilidad pública ilimitada, reconocida legalmente, respecto de la deuda de una empresa puede resultar discriminatoria contra otras empresas, ya que el Estado dispone de medios financieros prácticamente ilimitados ((Comunicación de la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado, DO C 349 de 29.12.1993. )). A raíz de un acuerdo entre las autoridades italianas y la Comisión, el Gobierno italiano indicó que reduciría su participación en sociedades anónimas, sus sociedades «subholding» poseídas al 100% y todas las otras empresas poseídas al 100% por el Tesoro, con el fin de excluir la responsabilidad ilimitada del único accionista público respecto de la deudas futuras de la empresa ((Anexo 3 de la Comunicación de la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado, DO C 349 de 29.12.1993. )). Dado que el Gobierno italiano está cumpliendo sus obligaciones derivadas del acuerdo, se concluye que el efecto distorsionador de la aplicación de artículo 2362 del Código Civil a las empresas públicas está disminuyendo constantemente y acabará finalmente desapareciendo.

Es imposible realizar una comparación entre el grado de distorsión que puede causar cada uno de los dos sistemas hasta que no se haya clarificado la situación en Alemania.

7. La protección de los depositantes de las entidades de crédito es al mismo tiempo un instrumento de protección del sector bancario frente a las crisis de confianza. En este sentido, la protección de los depósitos contribuye a evitar distorsiones importantes en los mercados financieros. Por ello, el Parlamento y el Consejo tomaron en cuenta tales problemas sistémicos al adoptar la Directiva 94/19/CEE, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos ((DO L 135 de 31.5.1994. )).

8. Actualmente, la Comisión está llevando a cabo un análisis general de todos los sistemas de garantía existentes en los Estados miembros. A la luz de los resultados de este análisis, la Comisión decidirá si ha de clarificar la Comunicación a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CE a las empresas públicas del sector de fabricación.

En lo que se refiere a las garantías estatales respecto de los bancos, son aplicables las disposiciones generales sobre el régimen de ayudas estatales. Como se ha indicado más arriba, la Comisión tomará en consideración las peculiaridades del sector bancario y la sensibilidad de los mercados financieros.

9. Diversos factores han aumentado las presiones competitivas en el sector bancario europeo durante la última década. A ello han contribuido considerablemente la armonización de las normas de supervisión bancaria de los Estados miembros y liberalización del mercado bancario europeo. Como consecuencia de ello, la Comisión observa un grado de concienciación mucho mayor en el seno del sector bancario europeo respecto de la importancia de los aspectos de competencia.

La Comisión está convencida de que la introducción de una moneda europea común fomentará aún más la competencia en el sector bancario. Con el fin de garantizar que ello no se produzca, de forma injustificada, en detrimento de algunos competidores cuando se haga realidad la unión monetaria, la Comisión presta la máxima atención a las posibles distorsiones de competencia en el sector bancario. Una política de ayudas estatales coherente en el sector bancario constituye un elemento fundamental de una unión monetaria fructífera.