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PREGUNTA ESCRITA E-0369/01

de Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) al Consejo

(14 de febrero de 2001)

Asunto: Reducción de las cargas que soportan las empresas

¿Puede indicar la Presidencia, con ejemplos claros de todos los Estados miembros, los avances específicos realizados en relación con el punto 14 de las conclusiones de la Cumbre de Lisboa, que se refiere a la reducción de los costes de la actividad empresarial y la eliminación de los trámites burocráticos innecesarios?

Respuesta

(31 de mayo de 2001)

1. La pregunta de Su Señoría se refiere a unas conclusiones que extrajo la Presidencia al término del Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000 y parece, más en concreto, relacionada con el siguiente texto:

La competitividad y el dinamismo de las empresas dependen directamente de un clima regulador que motive la inversión, la innovación y el espíritu empresarial. Se requieren mayores esfuerzos para reducir los costes de la actividad empresarial y suprimir trámites burocráticos innecesarios, elementos ambos especialmente onerosos para las PYME. Las instituciones europeas, los gobiernos nacionales y las autoridades regionales y locales deben seguir prestando especial atención a las repercusiones y a los costes que supone el cumplimiento de la normativa propuesta, y deberían proseguir el diálogo con el sector empresarial y con los ciudadanos sin perder de vista este objetivo. Asimismo es necesario emprender acciones específicas para promocionar los principales interfaces en las redes de innovación, como los interfaces entre empresas y mercados financieros, centros de I + D y de formación, servicios de asesoría y mercados tecnológicos.

2. El citado objetivo se traduce en una serie de medidas enumeradas en esas conclusiones:

- un ejercicio de evaluación cuyos primeros resultados se dieron a conocer en diciembre de 2000,

- una comunicación sobre una Europa abierta, innovadora y empresarial,

- un Programa plurianual en favor de la empresa y del espíritu empresarial,

- la Carta europea para las pequeñas empresas, y

- la revisión de los instrumentos financieros del BEI y del FEI.

Todas esas medidas se han llevado a la práctica en los plazos previstos por el Consejo Europeo de Lisboa, con la debida participación del Parlamento Europeo, en particular en la adopción del Programa plurianual en favor de la empresa y el espíritu empresarial, en especial las pequeñas y medianas empresas (PYME) (2001-2005).

3. En lo que respecta al resultado de dichas iniciativas a escala de los Estados miembros, conviene recordar a Su Señoría que la Comisión evaluará la ejecución del Programa plurianual y presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:

- cada dos años un informe sobre los avances realizados para tener en cuenta, de forma coordinada, la política de empresa en el conjunto de las políticas y los programas comunitarios y la puesta en práctica de la Carta europea para las pequeñas empresas, y por otra parte

- antes de finalizar el mes de diciembre de 2004, un informe de evaluación externo.
PREGUNTA ESCRITA E-0485/01

de Elspeth Attwooll (ELDR) y Niels Busk (ELDR) al Consejo

(23 de febrero de 2001)

Asunto: Subvenciones estatales para la industria pesquera

La Comisión ha iniciado recientemente una investigación oficial sobre los regímenes de ayuda estatal de Francia y España en cuyo marco se facilitan subvenciones a la industria pesquera tras el reciente incremento de los precios de los carburantes.

El Sr. Jean Glavany, Presidente francés en ejercicio del Consejo, en su intervención del 10 de octubre de 2000 ante la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, acordó preguntar a la Comisión qué medidas sería razonable adoptar con el fin de atenuar la presión que estas crisis estructurales imponen a la industria pesquera.

¿Puede el Consejo señalar qué esfuerzos conjuntos se han realizado a este respecto?

Respuesta

(10 de julio de 2001)

El Consejo no ha recibido propuestas para ninguna medida concreta de la Comunidad al efecto. No obstante, desearía recordar que cualquier medida nacional debe cumplir las normas comunitarias relativas a la competencia y a las ayudas estatales. Las medidas de ese tipo deben notificarse a la Comisión y tienen que ser decrecientes y limitadas en el tiempo.

Por iniciativa de la Presidencia, esta cuestión se planteó en el Consejo del 17 de noviembre de 2000. No se le ha dado posterior curso.
PREGUNTA ESCRITA E-1137/01

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(10 de abril de 2001)

Asunto: Política europea de empleo.

Las recientes modificaciones en el sistema de derechos de traspaso de futbolistas establecen que los jugadores profesionales tienen ahora derechos diferentes según su edad, acordándose una compensación mayor por el traspaso de jugadores menores de 23 años.

¿Cómo se concilia esta valoración de los trabajadores en términos de edad con otra legislación europea sobre el empleo? ¿Constituirá esto un precedente para otros sectores laborales?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(21 de junio de 2001)

La Comisión recuerda ante todo que el Tribunal de Justicia reconoció en su sentencia Bosman que el objetivo de fomentar la contratación y la formación de jóvenes futbolistas es legítimo y puede justificar la existencia de un obstáculo a la libre circulación de trabajadores.

Según los principios generales establecidos a resultas de las negociaciones entre la Comisión y la Federación Internacional de Fútbol Asociación y la Unión Europea de Fútbol Asociación (FIFA/UEFA) sobre la normativa de la FIFA en cuanto a traspasos internacionales de futbolistas, en el caso de los jugadores menores de 23 años debería instituirse un sistema de compensación por formación para fomentar y recompensar los esfuerzos de formación de los clubs, en particular los clubs pequeños.

La cantidad pagada en tal caso estará destinada a compensar específicamente la formación proporcionada a los jóvenes futbolistas. Como esta compensación se aplica a una situación diferente, no puede considerarse discriminatoria.

Habida cuenta de que este sistema está destinado a satisfacer las necesidades específicas del deporte, no puede transponerse a otros sectores.
PREGUNTA ESCRITA E-0989/01

de Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) a la Comisión

(30 de marzo de 2001)

Asunto: Postura inaceptable de algunos senadores estadounidenses

El pasado jueves 8 de marzo algunos delegados de la UE, entre los cuales el Sr. Rodota, jefe del Article 29 Working group, visitaron el Congreso de los Estados Unidos donde, según noticias publicadas en la prensa europea, sufrieron duros ataques por parte de senadores que consideran muy estricta la directiva relativa a la protección de los datos personales en Internet. En particular, el Senador Buyer alabó a sus antepasados que tomaron la sabia decisión de marcharse de Europa.

¿Podría indicar la Comisión si cederá a las presiones norteamericanas, o si seguirá la labor que ha iniciado para proteger de una manera más eficaz los derechos de los usuarios de Internet?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(6 de junio de 2001)

La propuesta de Directiva de la Comisión relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, de 12 de julio de 2000(1), a la que se refiere Su Señoría, está siendo debatida en la actualidad en el procedimiento de codecisión. A juicio de la Comisión, la propuesta contiene el sistema más apropiado para proteger los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas, incluido Internet, y espera que sea adoptada por el Parlamento y el Consejo antes de finales de año.

(1) DO C 365 E de 19.12.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-0394/01

de Ioannis Marínos (PPE-DE) y Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE) al Consejo

(20 de febrero de 2001)

Asunto: Actividad terrorista de ETA

Según declaraciones de fuentes policiales y ciudadanos publicadas en el prestigioso periódico español El País, la organización terrorista ETA extorsionó a pequeños empresarios y pequeñas empresas del País Vasco con cartas de amenaza de muerte para conseguir importantes sumas de dinero. Recientemente, se ha dado mucha publicidad a una amenaza similar contra el conocido futbolista francés Lizarazu, y el periódico Diario 16 reveló que muchos futbolistas vascos han sufrido amenazas parecidas por parte de ETA y que pagan un rescate para seguir con vida. Por lo que parece, este rescate que pagan las víctimas para no ser asesinadas se emplea para financiar las mortíferas actividades terroristas de dicha organización, pero también para que los terroristas vivan cómodamente sin tener que trabajar.

¿No cree el Consejo que, en lugar de limitarse a condenar la violencia y a expresar su consternación por las víctimas cada vez que ETA comete un asesinato -como, evidentemente, también hace el Parlamento Europeo- sería más eficaz señalar al mismo tiempo que los terroristas en cuestión, alegando que reivindican la independencia del País Vasco, también luchan por su enriquecimiento personal? Una denuncia semejante, ¿no limitaría drásticamente el eco de sus acciones, al desacreditar su supuesto carácter revolucionario y desinteresado y sus aspiraciones patrióticas?

Ante la situación expuesta, ¿se propone el Consejo elaborar una política integrada para hacer frente al terrorismo?

Respuesta

(16 de julio de 2001)

El Consejo persigue un enfoque integrado contra el fenómeno del terrorismo. Cada seis meses se elabora un documento sobre la amenaza que supone y periódicamente se mantienen intercambios de opinión sobre los sucesos más recientes.

Uno de los objetivos de la política europea de seguridad y defensa es la lucha contra el terrorismo. En términos más precisos, la Recomendación del Consejo de 9 de diciembre de 1999 dispone la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros en materia de financiación de la lucha contra el terrorismo.
PREGUNTA ESCRITA E-0720/01

de Frédérique Ries (ELDR) a la Comisión

(9 de marzo de 2001)

Asunto: Secuestros transfronterizos de niños y el caso de los niños Limet-De Brouwer en Kenya

En 1994, Marie De Brouwer, ciudadana belga, salió de Bélgica para empezar una nueva vida en Kenya y se separó de su marido y sus tres hijos.

La custodia de los tres hijos fue concedida al padre, Olivier Limet, lo que confirmó el Tribunal de Apelación de Bruselas en 1997.

Desde el 9 de agosto de 1998, la Sra. De Brouwer, que entre tanto ha adquirido la nacionalidad keniana, se niega a devolver los niños a su padre e impide todo contacto entre los niños y su padre y familiares directos en Bélgica.

Los tribunales belgas han dictado una orden internacional de detención de la Sra. De Brouwer y una orden de extradición en su contra por detención ilegal. Asimismo la han condenado a una pena de prisión.

Las autoridades kenianas, a través del Fiscal General, han presentado objeciones jurídicas a la decisión de los tribunales belgas y han colocado a los niños bajo la protección del Tribunal de Kenya.

Desde el verano de 1998, los tres niños no han visto a su padre.

¿Podría plantearse este caso en las reuniones con cargos kenianos a todos los niveles y podría solicitarse a las autoridades kenianas que hagan cuanto esté en su mano por llegar a una conclusión satisfactoria para todas las partes implicadas, de conformidad con el Convenio sobre los Derechos del Niño, que establece que el niño tiene derecho a mantener contacto directo con el padre y la madre en el supuesto de la separación de éstos?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(7 de mayo de 2001)

Su Señoría se refiere al derecho del niño que está separado de uno o ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres regularmente, excepto si ello va en contra de los intereses del niño. Este derecho está establecido en el apartado 3 del artículo 24 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión(1), que se basa en el artículo 9 del Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989).

Este derecho constituye una expresión del principio general de que los intereses del niño sean considerados prioritariamente en todas las decisiones que le afecten. Además, un sistema de cooperación entre autoridades para la vuelta de niños trasladados injustamente se ha creado conforme al Convenio sobre los aspectos civiles del secuestro de niños (1980). Sin embargo, Kenia no es parte de este convenio.

El Presidente de la Comisión planteó la cuestión de los niños Limet-de Brouwer durante la visita del Presidente Moi a Bruselas en octubre de 1999. Sin embargo, la Comisión no tiene ninguna base en el Derecho comunitario para intervenir en este asunto y sólo puede esperar que las autoridades responsables en Bélgica y Kenia alcancen un resultado satisfactorio.

(1) DO C 364 de 18.12.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-0858/01

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(22 de marzo de 2001)

Asunto: Derecho de la Comisión a retirar propuestas

1. ¿Piensa la Comisión que posee, de hecho, derecho de veto en materia legislativa, mediante la retirada del Consejo y del Parlamento Europeo de cualquier propuesta que haya presentado?

2. ¿Han puesto esta opinión en tela de juicio los servicios jurídicos de alguna otra institución?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(18 de abril de 2001)

1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 250 (antiguo artículo 189 A) del Tratado CE, En tanto que el Consejo no se haya pronunciado, la Comisión podrá modificar su propuesta mientras duren los procedimientos que conduzcan a la adopción de un acto comunitario. La facultad de modificación junto con el derecho de iniciativa de la Comisión tienen, como corolario, la facultad de retirar una propuesta. No obstante, la Comisión no podría ejercer esta facultad de manera incondicional.

Según la doctrina actual, la Comisión puede retirar sus propuestas en dos casos:

- Cuando la propuesta pueda ser desvirtuada por el Consejo o cuando la decisión considerada pueda conducir a una violación del Tratado CE (primer guión del artículo 211 (antiguo artículo 155) del Tratado CE). Sin embargo, la Comisión no ejerce esta facultad cuando ello conduciría al legislador a incumplir una obligación del Tratado. Así pues, no ejerce ningún derecho de veto.

- Cuando la propuesta haya perdido su carácter actual o haya sido sustituida por otra propuesta. En este caso, la retirada tiene un carácter meramente administrativo y el Parlamento es informado de la misma un mes antes de que la decisión de retirada sea publicada en el Diario Oficial.

2. No incumbe a la Comisión expresarse sobre la actitud de los servicios jurídicos de las otras Instituciones. En cualquier caso, la Comisión constata que ninguna de sus decisiones de retirada ha sido objeto de recurso ante el Tribunal de Justicia.
PREGUNTA ESCRITA E-1114/01

de Carlos Carnero González (PSE) al Consejo

(9 de abril de 2001)

Asunto: Medidas del Gobierno de Namibia contra los homosexuales

Los medios de comunicación han informado hoy que el Presidente de Namibia, Sam Nujoma, ha ordenado a la policía detener, encarcelar y deportar a todos los gays y lesbianas con el argumento de que la Constitución del país no permite la homosexualidad.

En opinión de este diputado, dichas medidas violan los derechos humanos de los ciudadanos de Namibia, contravienen los principios básicos de un estado de derecho y, por lo tanto, son absolutamente inaceptables por parte de la Comunidad Internacional.

El firmante considera que la Unión Europea debe repudiar las decisiones adoptadas por el Gobierno de Namibia, exigir su inmediata derogación y velar por el pleno respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos de ese país, incluida su libertad de opción sexual.

Teniendo en cuenta que Namibia es firmante de la Convención de Cotonú y el contenido de la misma en cuanto al respeto por las partes de los principios democráticos y los derechos humanos, ¿qué acciones piensa llevar a cabo el Consejo de forma urgente para oponerse a las decisiones del Gobierno de Namibia y exigir su anulación incondicional?

Respuesta

(16 de julio de 2001)

En respuesta a la pregunta formulada por Su Señoría, el Consejo le informa de que la UE ha encomendado al representante local de la Presidencia la realización de diligencias en Windhoek en las que deberá poner de manifiesto la inquietud de la UE frente a las amenazas y agresiones verbales dirigidas contra minorías en Namibia. La UE considera inadmisibles las declaraciones oficiales de esta índole contra las minorías, entre las que se cuentan los homosexuales, y considera que constituyen indicios de intolerancia.

La UE estima que tales declaraciones y acciones se oponen a las políticas de reconciliación, tolerancia, armonía y unidad dentro de la diversidad adoptadas por el Gobierno namibio tras la independencia, e insta al Gobierno de Namibia a que siga respetando los derechos humanos.

La UE considera que las afirmaciones ofensivas dirigidas contra las minorías del país menoscaban la confianza en el porvenir de Namibia así como los encomiables esfuerzos del Gobierno por atraer inversiones extranjeras, desarrollar la industria del turismo y mejorar las condiciones de vida de la población namibia.

El contenido de las mencionadas diligencias podrá publicarse posteriormente como declaración de la UE, y en caso necesario, la UE volverá a ocuparse del asunto una vez que se conozca la reacción del Gobierno de Namibia frente a dichas diligencias.

El Consejo ha tomado nota igualmente de la Resolución adoptada por el Parlamento Europeo en su sesión de 5 de abril de 2001 celebrada en Estrasburgo, sobre los derechos de las personas homosexuales en Namibia, resolución que el Parlamento Europeo se propone transmitir al Gobierno de Namibia.
PREGUNTA ESCRITA E-1342/01

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(4 de mayo de 2001)

Asunto: Derecho de empleo para los ministros religiosos

¿Considera la Comisión que su objetivo debería ser asegurar a todos los trabajadores el pleno derecho al empleo sea cual sea su ocupación? ¿Cuándo piensa hacer extensivo este derecho a los ministros religiosos que, en la actualidad, están siendo tratados en algunos casos de forma casi feudal por algunas autoridades religiosas no liberales?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(16 de julio de 2001)

En principio, la legislación comunitaria se aplica a todos los trabajadores por cuenta ajena. No obstante, el concepto en sí de trabajador asalariado no se encuentra definido en la legislación laboral europea, es decir, no existe una definición horizontal que pueda aplicarse en todos los Estados miembros. En consecuencia, las directivas europeas en dicho ámbito sólo cubren a las personas consideradas como trabajadores por cuenta ajena conforme a la legislación nacional en materia laboral aplicable en cada Estado miembro.

En algunos Estados miembros, el clero no pertenece a la categoría de trabajadores por cuenta ajena, por lo que no se encuentra al amparo de la legislación laboral europea.

En su Declaración no 11 sobre el estatuto de las iglesias y de las organizaciones no confesionales, que figura aneja al Acta final del Tratado de Amsterdam, la Unión hace hincapié en que respeta y no prejuzga el estatuto reconocido, en virtud del derecho nacional, de las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros. Puesto que el régimen del clero está vinculado estrechamente al estatuto y la organización interna de las iglesias y las comunidades religiosas, la consideración de sus miembros como trabajadores por cuenta ajena con arreglo a la legislación de cada país debe decidirse a escala nacional.
PREGUNTA ESCRITA P-0758/01

de Werner Langen (PPE-DE) a la Comisión

(7 de marzo de 2001)

Asunto: Programa de la UE para el sacrificio de bóvidos, en favor del mercado de carne de vacuno

En el marco del programa de la UE en apoyo del mercado de carne de vacuno, en Alemania se ha previsto comprar, sacrificar e incinerar 400 000 vacas mayores de 30 meses. De ellas, 12 000 corresponden al Land de Renania-Palatinado. Según la licitación del ministerio de Protección del Consumidor, Agricultura y Alimentación, publicada en el Bundesanzeiger (publicación oficial con este fin), pueden presentarse a la licitación 314 mataderos alemanes siempre que estén en condiciones de sacrificar 40 vacas por hora. Esta condición es resultado de las estrictas normas que impone la reglamentación de la UE. Según uno de los mataderos con mayor capacidad, en Renania-Palatinado no se puede cumplir esta condición debido a los retrasos que originan las pruebas de EEB que se realizan con muestras del cerebro de los animales. La consecuencia de ello sería transportar los animales hasta mataderos que dispongan de la capacidad necesaria. Sin embargo, se deben evitar gastos de transporte a los agricultores y los transportes innecesarios y prolongados de animales.

1. ¿Cuáles son concretamente esas normas estrictas que originan que deban sacrificarse 40 reses por hora? ¿ Hasta qué punto son restrictivas?

2. ¿Cómo justifica la Comisión dichas normas?, ¿las considera imprescindibles, habida cuenta de las dificultades mencionadas?

3. ¿Qué posibilidades existen, en opinión de la Comisión, para solucionar los problemas concretos de realización?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(3 de mayo de 2001)

El Reglamento (CE) no 2777/2000 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2000, por el que se adoptan medidas excepcionales de apoyo al mercado de carne de vacuno(1) no especifica ningún tipo particular de matadero en lo que respecta a su capacidad. No obstante, el artículo 7 del Reglamento establece que los Estados miembros deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la correcta aplicación del plan, en particular, el cumplimiento de las disposiciones de su artículo 5.

De acuerdo con la información transmitida por las autoridades alemanas, la capacidad mínima de sacrificio por matadero se estableció como consecuencia del limitado personal disponible con un plazo de preaviso corto para las operaciones de control sobe el terreno. Sin embargo, los mataderos participantes seleccionados cubren geográficamente las principales zonas de producción de carne de vacuno en Alemania, con lo que se garantiza una distancia razonable para el transporte de los animales.

(1) DO L 321 de 19.12.2000.