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PREGUNTA ESCRITA E-3128/01

de Jean-Claude Fruteau (PSE) a la Comisión

(14 de noviembre de 2001)

Asunto: Impacto en las regiones ultraperiféricas del Acuerdo de cooperación ACP-UE y de la iniciativa EBA

La integración de las regiones ultraperiféricas en su propio espacio regional es un desafío anunciado en numerosas instancias internacionales, pero la semejanza de muchos productos agrícolas con los de sus vecinos ACP puede crear, vistas las diferencias salariales, una situación de competencia muy desfavorable para las regiones ultraperiféricas.

En su informe de 14 de marzo de 2000, la Comisión se había comprometido a llevar a cabo un análisis independiente del impacto del Acuerdo de cooperación ACP-UE en las regiones ultraperiféricas, compromiso confirmado el 12 de junio de 2001 en el programa de trabajo de la Comisión relativo a una estrategia de desarrollo duradero para las regiones ultraperiféricas.

1. ¿Puede la Comisión informar al Parlamento Europeo sobre la situación en que se encuentran los trabajos periciales o, por lo menos, comunicarle detalladamente el objeto de este estudio de impacto?

2. Si dicho estudio de impacto demostrara que los acuerdos constituyen una fuente de desestabilización para los mercados agrícolas de las regiones ultraperiféricas, ¿en qué medida se asociará al Parlamento Europeo en la búsqueda de medidas compensatorias para los productores de esas regiones?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(17 de enero de 2002)

La Comisión mantendrá informado al Parlamento sobre la progresión del estudio de impacto. La Comisión está terminando la preparación de las especificaciones del estudio. En dicha preparación intervienen todos los servicios implicados en el Grupo interservicios sobre las regiones ultraperiféricas, con el fin de tener presentes todos los aspectos del asunto. Está previsto iniciar el estudio a principios de 2002.

El estudio abarcará las posibilidades que suponen y las cuestiones que plantean el Acuerdo de Cotonú y la iniciativa Todo menos armas para las regiones ultraperiféricas. Incluirá un análisis socioeconómico de las repercusiones de dichos instrumentos, tomando en consideración la especificidad de estas regiones en la Comunidad y en las regiones geográficas más amplias a las que pertenecen. Habida cuenta de las características de las regiones ultraperiféricas, se estudiarán las repercusiones sobre la actividad económica y comercial.

Es indudable que será un estudio independiente cuyos resultados no cabe prejuzgar. No obstante, la Comisión se compromete a informar plenamente al Parlamento, tanto de la progresión del estudio como de su posterior seguimiento.
PREGUNTA ESCRITA E-3285/01

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(27 de noviembre de 2001)

Asunto: Contrabando de tabaco

El informe anual de la OLAF correspondiente al año 2000 presenta una situación muy preocupante de fraude en el ámbito de los recursos propios, especialmente como consecuencia del contrabando de tabaco.

¿Podría confirmar la Comisión si el país en el que se producen las marcas de tabaco que más se decomisan es un Estado miembro?

¿Podría confirmar la Comisión si el país de que se trata es el Reino Unido?

¿Podría informar la Comisión de las medidas que ha adoptado para poner fin a esta situación?

Respuesta de la Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(25 de enero de 2002)

La Comisión desearía señalar que, en el año 2000, aproximadamente el 50 % de las operaciones de incautación de tabaco en la Comunidad notificadas a la Oficina Europea de lucha contra el fraude (OLAF) eran de marcas populares en el Reino Unido producidas por fabricantes de este país.

La Comisión coopera de cerca con los servicios competentes en los Estados miembros para identificar la fuente y combatir el contrabando internacional de tabaco.
PREGUNTA ESCRITA E-3167/01

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(19 de noviembre de 2001)

Asunto: Cofinanciación de proyectos de cooperación y desarrollo

En su Política de Desarrollo la Comisión estableció que toda ONG que presente un expediente para licitación deberá garantizar una contribución de un 15 % como mínimo de los costes directos con recursos financieros de origen privado europeo.

He sido informado que Dinamarca no está obligada a aportar esta contribución del 15 %, tan difícil de obtener para la mayoría de las ONG y que otros Estados miembros están aportando esta contribución pero con recursos públicos en vez de privados.

¿Puede la Comisión confirmar y explicar las causas de esta excepción que está teniendo lugar con los proyectos de Dinamarca?

¿Puede la Comisión aclarar qué entiende por fondos privados y qué Estados miembros contribuyen con fondos públicos o semipúblicos en la cofinanciación de proyectos de cooperación y desarrollo?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(24 de enero de 2002)

En el Reglamento (CE) no 1658/98 del Consejo, de 17 de julio de 1998, se estipula lo siguiente en relación con las contribuciones a la cofinanciación:

El porcentaje de participación comunitaria no superará normalmente el 50 % de los costes totales o el 75 % de las aportaciones financieras totales, salvo en casos excepcionales. Incluso en estos casos, la ONG deberá aportar una contribución significativa a su proyecto y la contribución comunitaria no podrá superar el 85 % de las aportaciones financieras totales.

Las Condiciones Generales para la cofinanciación que entraron en vigor en enero de 2000 y que están basadas en el Reglamento (CE) no 1658/98 del Consejo precisan la contribución de las ONG de la manera siguiente:

Las ONG que soliciten una cofinanciación deberán aportar, como norma, una contribución financiera significativa originaria de fuentes privadas en la UE u otros países europeos que equivalga por lo menos al 15 % de los costes financieros totales de la operación.

Los fondos privados son normalmente todos aquellos fondos aportados o movilizados por ONG a partir de fuentes no gubernamentales, por ejemplo a través de campañas generales de colecta de fondos, actividades de patrocinio de individuos o empresas privadas, etc.

Un proyecto puede ser financiado por varios donantes. Los fondos procedentes de otras fuentes, por ejemplo fondos públicos o privados de origen no europeo, pueden considerarse como ingresos de un proyecto, pero no como parte del 15 % de origen privado europeo que la ONG debe aportar.

Desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1658/98 del Consejo y las nuevas Condiciones Generales (enero de 2000), la norma relativa a la contribución de origen privado europeo se ha aplicado a todas las propuestas presentadas por ONG de Europa. Dicho de otra forma, se ha suprimido la excepción que afectaba a las ONG danesas.
PREGUNTA ESCRITA E-3021/01

de Esko Seppänen (GUE/NGL) a la Comisión

(30 de octubre de 2001)

Asunto: Tarifas de los mensajes SMS enviados mediante teléfonos móviles españoles

En España hay tres grandes operadores de telefonía móvil: Airtel, Telefónica (Movistar) y Amena. Todos ellos aplican exactamente las mismas tarifas para los mensajes SMS: 25 pesetas los enviados dentro de España y 100 pesetas los enviados al extranjero. ¿Va a investigar la Comisión estas coincidencias en las tarifas de los grandes operadores? ¿Dispone la Comisión de medios para impedir los cárteles de precios en estos servicios, baratos, pero enormemente rentables para los operadores?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(7 de enero de 2002)

Hasta ahora, la Comisión no ha recibido ninguna denuncia formal relativa a las prácticas de los operadores de redes de telefonía móvil de fijación de los precios del servicio de mensajes breves (SMS), ni en España ni ningún otro Estado miembro. Por otra parte, la tarificación del SMS en régimen de itinerancia (servicio internacional) ya ha sido objeto de la investigación sectorial de la Comisión relativa a las tarifas de itinerancia de las redes móviles en el asunto COMP/C1/37 639, y ésta está evaluando las prácticas y tarificación normales de itinerancia del SMS en el contexto de la notificación de la Asociación GSM de su acuerdo relativo a la itinerancia y las tarifas entre operadores en el marco del asunto COMP/C1/37 034.

La tarificación paralela no es ilegal en sí misma. Aunque dicha tarificación puede ser una indicación de acuerdos o prácticas concertadas que infringen las normas de competencia, la Comisión normalmente necesita pruebas más fundamentadas para incoar por propia iniciativa un procedimiento en materia de cárteles. Las prácticas de tarificación del SMS pueden reflejar el carácter generalmente oligopolista de los mercados nacionales de servicios de telefonía móvil en la Comunidad, que hace que se tienda a un comportamiento paralelo entre los servicios sujetos a una activa competencia de precios y los servicios no sometidos a dicha competencia.

La Comisión sólo puede oponerse a la formación de cárteles a través del efecto disuasorio de las multas contempladas en sus decisiones sobre cárteles. Cuando se ven afectados nuevos mercados, como en el caso del SMS, puede ser difícil, sean cuales fueren las circunstancias, establecer una acción preventiva, incluso basándose en una regulación ex ante del sector, aunque el nuevo marco que se está negociando actualmente proporcionará una base más flexible para responder en circunstancias similares. Por otra parte, la reducción de las barreras de entrada y el aumento de la información a disposición de los consumidores disminuirá las posibilidades de colusión entre oligopolistas e incrementará los incentivos para competir por atraer a nuevos clientes.

La Comisión toma nota de la preocupación de Su Señoría y transmitirá su pregunta a las autoridades españolas competentes, que se encuentran en mejores condiciones para valorar la posible justificación de nuevas acciones.
PREGUNTA ESCRITA E-3257/01

de Nirj Deva (PPE-DE) al Consejo

(23 de noviembre de 2001)

Asunto: Autodeterminación

¿Podría el Consejo confirmar su apoyo al principio de la autodeterminación de los pueblos, en particular con respecto al territorio británico de Gibraltar?

Respuesta

(25-26 de marzo de 2002)

El Consejo recuerda a Su Señoría que corresponde al Reino Unido y a España encontrar una solución concertada para Gibraltar de conformidad con el Derecho internacional y respetando los intereses de las Partes.

Asimismo, se recuerda a Su Señoría que los Representantes Permanentes ante la Unión Europea del Reino Unido y de España informaron al Consejo, mediante carta de 3 de septiembre de 2001, de la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, celebrada en Londres el 26 de julio de 2001, en la que acordaron dar un nuevo impulso a las conversaciones sobre Gibraltar en el marco de la Declaración de Bruselas incluida en el comunicado conjunto del 27 de noviembre de 1984.
PREGUNTA ESCRITA P-2482/01

de Joan Colom i Naval (PSE) a la Comisión

(5 de septiembre de 2001)

Asunto: Sequía y hambruna en América Central

Según noticias llegadas a este Diputado, la sequía que asola América Central desde hace tres meses ha destruido entre el 40 % y el 100 % de los cultivos de maíz, frijol, arroz y sorgo en algunas zonas y el hambre afecta a 1,6 millones de personas en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, según los datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas.

¿Puede especificar la Comisión si ha tomado alguna medida de ayuda y el resultado de la misma?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(4 de octubre de 2001)

Según el Informe de alerta especial no 317, de 3 de septiembre de 2001, de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO)(1), las estimaciones actuales de producción cerealística agregada para América Central son de 2,3 millones de toneladas, un 8 % menos que la media de los últimos cinco años. Esta disminución se debe en gran parte a la sequía o a las lluvias irregulares durante el período junio-agosto de 2001, que sucedió a un mes de lluvias abundantes en mayo de 2001.

Los efectos acumulativos de una serie de desastres naturales Huracán Mitch, terremotos y sequía, la drástica caída de precios de los principales cultivos de exportación (café, bananas) y las deficiencias estructurales de las políticas agrícolas contribuyeron a empeorar la situación general de pobreza e inseguridad alimentaria que afectaba a amplios grupos de la población rural.

Todo parece indicar que los gobiernos de la región están satisfaciendo las necesidades actuales de ayuda alimentaria, mediante el uso de reservas e importaciones estratégicas, junto con las contribuciones aportadas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Organismo de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Hasta ahora, los gobiernos no han solicitado ayuda de emergencia suplementaria, ni se han recibido peticiones de organizaciones internacionales de ayuda u organizaciones no gubernamentales (ONG). No obstante, la continuación de las condiciones agrícolas adversas puede agotar la capacidad gubernamental a corto plazo y requerir ayuda adicional de los donantes.

La Comisión está suministrando actualmente ayuda financiera por un valor superior a 2,2 millones de euros a las ONG (a través de Euronaid) para distribuir insumos agrarios en El Salvador. Está asimismo considerando la posible reorientación de algunos proyectos en curso y la utilización de fondos para imprevistos a fin de satisfacer mejor las necesidades creadas por la crisis actual.

La Comisión está siguiendo de cerca la situación en la región a través de sus Delegaciones y cuenta con la ayuda de la Seguridad Alimentaria y asesores residentes de ECHO. Hasta el 31 de agosto de 2001, también podrá basarse en informes y análisis de alta calidad elaborados por la antigua Oficina de asistencia técnica de la Red europea de seguridad alimentaria (RESAL).

(1) http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/giews/english/alertes/2001/SA317CA.htm.
PREGUNTA ESCRITA E-2811/01

de Bill Miller (PSE) a la Comisión

(10 de octubre de 2001)

Asunto: Remuneración por actuaciones grabadas de los artistas

¿Puede confirmar la Comisión que, como parte del acuerdo alcanzado entre la UE y los países candidatos con vistas a la ampliación, existe una parte del acervo que garantiza que los artistas cobren una remuneración apropiada siempre que se reproduzca o emita públicamente una grabación que hayan efectuado?

En caso negativo, ¿qué países han manifestado su oposición al mismo y cuál es la razón de dicha oposición?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(20 de noviembre de 2001)

Todos los países en vía de adhesión están obligados a cumplir el marco legal de los derechos de propiedad intelectual de la legislación comunitaria (el acervo comunitario). La Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual(1) reconoce el derecho de los intérpretes y los editores de fonogramas a obtener una remuneración equitativa cada vez que un fonograma publicado

a efectos comerciales se emita o se interprete públicamente (apartado 2 del artículo 8). A este efecto, todos los países en vía de adhesión tienen que introducir el derecho de remuneración de los intérpretes conforme a lo indicado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 92/100/CEE.

(1) DO L 346 de 27.11.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-2955/01

de Charles Tannock (PPE-DE) al Consejo

(5 de noviembre de 2001)

Asunto: Salvaguardias para la concesión de la ciudadanía de la UE

Dado que los nacionales de países que no pertenecen a la UE a los que se les concede la ciudadanía de un Estado miembro disfrutan de los derechos de esta ciudadanía en todos los demás Estados miembros, ¿no cree el Consejo que ha llegado la hora de asegurar que se cumplen ciertas número condiciones mínimas antes de conceder la ciudadanía de la UE, como pueden ser la ausencia de actividad delictiva o la voluntad por parte del solicitante de acatar la legislación de la UE? ¿Considera el Consejo que deben existir igualmente mecanismos para retirar la ciudadanía en caso de engaño por parte del demandante al solicitarla o de conducta delictiva grave, como la participación en actividades vinculadas a la delincuencia organizada o al terrorismo, o de incitación a la violencia contra otros ciudadanos de la UE o contra Estados amigos?

Respuesta

(1 de marzo de 2002)

1. Las cuestiones que plantea Su Señoría se refieren a la ciudadanía europea en relación con la obtención de la nacionalidad en cada uno de los Estados miembros de la Unión.

2. Estas cuestiones son importantes en la medida en que se refieren a problemas que pueden tener repercusiones en el espacio de libertad, seguridad y justicia. Sin embargo, obsérvese que únicamente existen al respecto normas nacionales. En efecto, cada Estado miembro aplica disposiciones de Derecho nacional para conceder o denegar la nacionalidad del país requerido así como las correspondientes modalidades aplicables. Ni la Comunidad ni la Unión son competentes en este ámbito.

3. Esta situación queda confirmada por la declaración n.o 2 aneja al Tratado de Maastriccht y relativa a la nacionalidad de un Estado miembro. Se especifica en ella que cuando en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se haga referencia a los nacionales de los Estados miembros, la cuestión de si una persona posee una nacionalidad determinada se resolverá únicamente remitiéndose al Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.

4. En lo que se refiere a los nacionales de terceros países, el Consejo Europeo, en su sesión de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, señaló en el Título A/III de sus conclusiones los parámetros que permiten garantizar a estas últimas un trato equitativo.

5. Por último, cabe señalar que la Comisión Europea publica regularmente un informe sobre la ciudadanía de la Unión. El tercer informe sobre este tema data del mes de septiembre de 2001 y lleva la referencia COM(2001) 506 final.
PREGUNTA ESCRITA P-3630/01

de Hans-Peter Martin (PSE) al Consejo

(8 de enero de 2002)

Asunto: Designación del presidente de la Convención

¿Es cierto que, durante la Cumbre de la UE celebrada en Laeken, el Consejo dedicó sólo unos minutos a debatir y adoptar la decisión de designar a Valéry Giscard D'Estaing para presidente de la Convención? ¿Es también cierto que se presentó una única candidatura para el cargo de presidente, es decir, que no se mencionó el nombre de Wim Kok como posible candidato?

¿Por qué para la designación del presidente y los vicepresidentes de la Convención sólo se ha tenido en cuenta a antiguos Jefes de Gobierno y no a parlamentarios en activo?

¿Por qué no hay ninguna mujer en el equipo del presidente ni de sus dos vicepresidentes?

Respuesta

(18 de marzo de 2002)

Tras un debate de fondo de todas las cuestiones pertinentes y teniendo en cuenta algunas de las distintas opciones, el Consejo Europeo reunido en Laeken acordó nombrar a D. Valéry Giscard d'Estaing como presidente de la Convención.

El Consejo no está en condiciones de especular sobre la motivación subjetiva de los participantes.
PREGUNTA ESCRITA E-3296/01

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(28 de noviembre de 2001)

Asunto: Falta de control sobre el lodo residual

La Comisión presentó en noviembre de 2000 una demanda oficial a Suecia y a otros cuatro países miembros por la falta de control sobre el lodo residual.

La Comisión afirmaba en esta demanda que los cinco países habían incumplido la disposición que establece controlar la calidad del lodo residual que se utiliza en el sector de la agricultura. A los cinco países miembros se les ofreció un plazo de sesenta días para dar rebatir la reclamación.

¿Puede la Comisión explicar cuál ha sido el curso de este asunto? ¿Se han comprometido los países miembros a facilitar documentación sobre la gestión y los controles en el informe que han enviado a la Comisión?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(28 de enero de 2002)

Como señala Su Señoría, a lo largo de 2000 varios Estados miembros recibieron demandas oficiales por infracciones contra la Directiva 86/278/CEE(1) de los lodos de depuradora. Se trata de Bélgica, Irlanda, Italia, Austria, Portugal y Suecia(2). Las infracciones se referían a la falta de información adecuada sobre la eliminación de los lodos de depuradora y deficiencias en el sistema de registros. La Comisión puso en marcha estos procedimientos a iniciativa propia y sin que se registrara queja individual alguna en relación con dichas infracciones.

Una vez recibidas las respuestas de los Estados miembros se estimó que en algunos casos seguía habiendo infracción y en otros era necesaria información adicional para permitir a la Comisión concluir su valoración. La Comisión decidió enviar sus dictámenes motivados a Bélgica, Italia y Austria a lo largo del presente año(3).

La Comisión ha decidido cerrar los casos contra Irlanda, Portugal y Suecia al considerar que cumplen las principales disposiciones de la Directiva 86/278/CEE de lodos de depuradora. Por lo que se refiere a los demás Estados miembros, tanto en los casos en los que se prosigan las investigaciones como en aquéllos en los que se adopten medidas, la información se hará pública a través de la publicación de un comunicado de prensa por la Comisión.

(1) Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986 relativa a al protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura, DO L 181 de 4.7.1986.

(2) Comunicado de prensa de la Comisión de 14.11.2000 (IP/00/1292).

(3) Comunicados de prensa de la Comisión de 6.04.2001 (IP/01/521) y 24.7.2001 (IP/01/1064).
PREGUNTA ESCRITA E-2953/01

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(25 de octubre de 2001)

Asunto: Seguridad aérea

Teniendo en cuenta los terribles sucesos del 11 de septiembre y la reciente decisión adoptada por la Organización de la Aviación Civil Internacional en su reunión de Montreal de revisar el Convenio de Chicago para incluir medidas preventivas comunes contra nuevas amenazas terroristas, de acuerdo con la decisión de presionar para conseguir tal cambio adoptada en la reunión de Ministros de Transporte de la UE del 14 de septiembre, dada la posibilidad de que los registradores de vuelo, cajas negras, de los aviones que colisionaron contra el World Trade Centre no hayan resistido el incendio y dado que, debido a la gran profundidad a la que se debe hallar, difícilmente podrá recuperarse la caja negra del avión ruso que explosionó (por la razón que sea) sobre el Mar Negro la semana pasada dificultando así las investigaciones, ¿tiene intención la Comisión de presionar ahora para que las grabaciones simultáneas en cabina se transfieran a tierra, aunque el acceso a las cintas esa limitado a los gobiernos y a las autoridades de la aviación civil y dichas grabaciones se borren de forma rutinaria en caso de aterrizaje seguro?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(7 de diciembre de 2001)

La cuestión de la transmisión de los datos de los registradores de vuelo a estaciones terrestres ha sido estudiada en diversas ocasiones. Los principales obstáculos son de orden técnico y económico.

Por lo que respecta a los obstáculos técnicos, es cierto que la evolución en cuanto a la transmisión de datos permitiría actualmente contemplar la transferencia a tierra de los datos recogidos por los aviones.

De todas formas, deberían estudiarse los costes bastante elevados de aspectos como las técnicas de transmisión a utilizar, la cobertura geográfica a garantizar, el índice de actualización, etc., en relación al valor añadido de esta nueva técnica, teniendo en cuenta que después de los accidentes suelen recuperarse grabaciones aprovechables.

A estas cuestiones, conviene añadir los problemas jurídicos que pudieran ir asociados a la retención de estos datos, ya que la transmisión puede ser eventualmente interceptada.

Por estas razones, actualmente no puede contemplarse aplicar un sistema de transmisión directa sin analizar previamente todas estas implicaciones, razón por la que la Comisión no tiene previsto proponer tal medida en el marco de sus propuestas en materia de seguridad en la aviación civil.