PREGUNTA ESCRITA E-2588/01

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(25 de septiembre de 2001)

Asunto: Obras de relleno en la ría de Vigo (Galicia-España)

La Plataforma de ciudadanos en defensa del estrecho de Rande y la ensenada de San Simón en la ría de Vigo ha denunciado el proyecto de relleno de 300 000 metros cuadrados en la margen de la ría para la instalación de todo tipo de industrias.

Este proyecto, si llegara a realizarse, acabaría con la fauna, la flora y la riqueza pesquera, marisquera y paisajística, por tanto con la posibilidad futura de un verdadero desarrollo sostenible.

¿No considera la Comisión que podrían vulnerarse las siguientes Directivas:

- 85/337/CEE(1), relativa al estudio de impacto ambiental;

- 79/409/CEE(2), relativa a la protección de las aves silvestres;

- 92/43/CEE(3), relativa a la protección de loa hábitats naturales así como de la fauna y flora silvestres;

- 90/313/CEE(4), relativa al acceso a la información en materia de medio ambiente?

¿Puede verificar la Comisión que se aplicarán correctamente estas Directivas?

¿Puede confirmar la Comisión si se han concedido fondos europeos para llevar a cabo este proyecto?

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(2) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(3) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

(4) DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(12 de noviembre de 2001)

La Comisión no tiene conocimiento de los hechos que señala Su Señoría.

No obstante, ha comprobado que la zona en cuestión (Ensenada de San Simón ES1140016) ha sido incluida por las autoridades españolas en su lista nacional de Lugares de Interés Comunitario (LIC) que pueden pasar a formar parte de la red Natura 2000 en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Por lo que se refiere a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1), conviene señalar que su artículo 2 prevé que los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, deben someterse a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones antes de concederse la autorización.

Para proyectos tales como los trabajos de ordenación de zonas industriales a que se refiere la presente pregunta escrita, que se encuentran enumerados en el Anexo II punto 10, letra a), el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva estipula que deben someterse a dicho procedimiento cuando los Estados miembros consideren que sus características lo exigen.

La Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, establece en su artículo 3 que las autoridades públicas harán lo necesario para poner la información relativa al medio ambiente a disposición de cualquier persona física o jurídica que lo solicite sin que dicha persona esté obligada a probar un interés determinado. El apartado 4 del mismo artículo precisa que las autoridades públicas deberán responder a los interesados lo antes posible y dentro del plazo de dos meses. La denegación de la información solicitada debe justificarse y estar basada en una de las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 3.

Partiendo únicamente de los hechos señalados en la pregunta escrita, la Comisión no puede establecer si las autoridades españolas han aplicado de manera incorrecta las disposiciones de la Directiva 90/313/CEE anteriormente citada. En caso de que la autoridad competente hubiera denegado una solicitud de información, incumpliendo así las disposiciones de la Directiva, correspondería al solicitante interesado interponer el recurso previsto en el artículo 4 ya citado de la Directiva y en la legislación española de transposición.

En todo caso, la Comisión ha solicitado de las autoridades españolas que expongan sus observaciones sobre los hechos denunciados por Su Señoría, con el fin de comprobar que la legislación comunitaria vigente se aplica correctamente. Asimismo les ha preguntado si el proyecto se ha acogido a cofinanciación comunitaria.

(1) Modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, DO L 73 de 14.3.1997.