PREGUNTA ESCRITA E-1228/00

de Sebastiano Musumeci (UEN) a la Comisión

(14 de abril de 2000)

Asunto: Desgravaciones fiscales y contributivas para el sur de Italia

Dado que la Comisión ha concedido a otros Estados miembros, como Irlanda, los Países Bajos y Portugal, ayudas a las empresas que operan en zonas desfavorecidas o degradadas, y que en el sur de Italia y en Sicilia, en particular, la onerosa política fiscal limita considerablemente el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas:

1 ¿Puede decir la Comisión si cree que en el sur de Italia se pueden efectuar rebajas fiscales y contributivas en favor de las empresas, con vistas a un incremento de la inversión y el empleo?

2. ¿Se puede adoptar la tasa de paro como criterio para la asignación de recursos comunitarios?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(9 de junio de 2000)

La Comisión autoriza, en cumplimiento de las condiciones previstas por el Tratado CE, las ayudas que un Estado miembro decide conceder con el fin de perseguir algunos fines, como el desarrollo económico de las regiones en las cuales el nivel de vida es anormalmente bajo o en las que existe un grave subempleo, la realización de importantes proyectos de interés europeo común o el remedio de una grave perturbación de la economía de un Estado miembro, o el desarrollo de algunas actividades o regiones económicas, la cultura y la conservación del patrimonio. La Comisión puede, mediante los fondos estructurales, participar en la cofinanciación de los regímenes de ayudas nacionales, previamente autorizados por ella.

Las medidas de ayuda al desarrollo regional que un Estado miembro decide conceder en favor de las empresas en forma de reducción de la carga fiscal y las cotizaciones sociales con el fin de favorecer un aumento de las inversiones y del empleo pueden considerarse compatibles con el Tratado CE si cumplen todas las condiciones previstas por las directrices comunitarias sobre ayudas de finalidad regional y empleo(1) y, en su caso, de la comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas relativas a las ayudas estatales a medidas sobre la fiscalidad directa de las empresas(2). Esta última precisa que, para poder ser consideradas compatibles con el mercado común por la Comisión, las ayudas estatales destinadas al desarrollo de regiones económicas determinadas deben ser proporcionales y específicas con relación al objetivo contemplado.

Las medidas fiscales o de reducción de cargas sociales no directamente vinculadas a las inversiones iniciales o a la creación de nuevos puestos de trabajo sino a reducir los gastos corrientes de una empresa están, en principio, prohibidas. Excepcionalmente pueden concederse ayudas de este tipo en las regiones que se benefician de la derogación de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE, a condición de que se justifiquen en función de su contribución al desarrollo regional y su naturaleza y a que su nivel sea proporcional a las desventajas que tienen por objeto atenuar. Incumbe al Estado miembro demostrar la existencia de las desventajas y medir la importancia.

La Comisión decidió el 1 de marzo de 2000 que el Sur de Italia cumple los criterios para ser seleccionable por derogación a la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE durante la duración del nuevo mapa de ayudas con finalidad regional, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2006.

Con respecto a los fondos estructurales, la tasa de paro es uno de los criterios utilizados por la Comisión para distribuir entre los Estados miembros los créditos de compromiso asignados de conformidad con los objetivos no 1 y 3 durante el período 2000-06. La tasa de desempleo es también uno de los criterios a los cuales la Comisión recurre para determinar en cada Estado miembro el límite máximo de población seleccionable para el objetivo no 2.

(1) DO C 74 de 10.3.1998 y DO C 334 de 12.12.1995.

(2) DO C 384 de 10.12.1998.