PREGUNTA ESCRITA E-0324/00

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(11 de febrero de 2000)

Asunto: Construcción de la línea ferroviaria Valencia-Tarragona

El proyecto para la instalación de la vía ferroviaria entre Valencia y Tarragona, aprobado por las autoridades españolas en 1996, presenta diversos problemas medioambientales a su paso por las poblaciones de Benicàssim y Oropesa. Dichos problemas han sido debidamente denunciados ante las diferentes instituciones autonómicas, estatales y comunitarias por los vecinos de la zona afectada. Los denunciantes alegan que el trazado final decidido supondrá la destrucción de núcleos poblacionales, el paso del ferrocarril por lugares frecuentados por niños (como es el caso del colegio de Benicàssim), el riesgo de que las obras o el paso de los trenes afecte a edificios históricos (como el cementerio de dicha población, construido a principios de siglo), la desmantelación de zonas de huerta autóctona y de vías pecuarias, la agresión paisajística que supone la sustitución de vegetación propia por especies ornamentales, y los riesgos para la salud y la población derivados de los accidentes orográficos y de la amenaza periódica de gota fría (que podría provocar desprendimientos en los terraplenes).

Las consecuencias que dicho proyecto puede tener para el medio ambiente ya se han comenzado a notar con la instalación de la maquinaria pesada que servirá para las obras (que ha arrasado con especies arbóreas autóctonas en el entorno del espacio protegido conocido como parque natural del Desierto de Las Palmas), y con las explosiones provocadas para la construcción de los túneles (que han provocado un incendio). El proyecto ha sido aprobado por las autoridades españolas sin que se haya visto acompañado por la preceptiva declaración de impacto ambiental. Sólo existe un estudio que adolece de grandes insuficiencias para evaluar los riesgos medioambientales y que, además, no coincide exactamente en su tramo estudiado con el trazado final decidido, ya que no incluye el término de Oropesa.

Por otro lado, dicho estudio no valora aspectos esenciales como las futuras emisiones causadas por el paso del ferrocarril, la cuestión de los residuos, la contaminación acústica o los impactos microclimáticos de los terraplenes. A la vista de los hechos descritos, las autoridades españolas podrían estar incurriendo en la violación de la legislación comunitaria por lo que respecta a la Directiva 97/11/CE(1) sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Teniendo en cuenta que, según rezan dos carteles a pie de obra, el proyecto está cofinanciado en un 85 % por la UE mediante el Fondo de Cohesión, ¿no considera la Comisión que debería suspenderse la financiación comunitaria a dichas obras hasta que el proyecto presente una correcta declaración de impacto ambiental?

¿Podría informar la Comisión del estado en que se encuentra la denuncia 99/4495, presentada por la Asociación Benicàssim Pro Enterramiento del Ferrocarril?

(1) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(29 de marzo de 2000)

La Comisión considera que la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1), es aplicable al proyecto en cuestión y no dudará en adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la observancia del Derecho comunitario.

En lo que respecta a la tramitación de la denuncia, la Comisión mantendrá informado al denunciante de las novedades que se produzcan.

(1) DO L 175 de 5.7.1985, modificada por la Directiva 97/11/CE de 3.3.1997.