PREGUNTA ESCRITA E-0875/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (12 de marzo de 1997)

Asunto: Libro Verde sobre los servicios financieros y los consumidores

Con relación al Libro Verde «Servicios financieros: cómo satisfacer las expectativas de los consumidores» (COM(96)209 final), y por lo que respecta a la competencia de los Tribunales sobre los contratos celebrados por los consumidores, no comparto el enfoque del Libro Verde según el cual la aplicación de la ley del Estado de residencia podría crear un conflicto con el principio del reconocimiento recíproco aplicado en el ámbito del mercado único, por el que se tiende a aplicar el derecho del prestatario del servicio.

¿Puede la Comisión tomar como referencia el artículo 5 del Convenio de Roma de junio de 1980, según el cual la ley que se debe aplicar es la del país en el que el consumidor reside habitualmente, puesto que de este modo la solución sería más clara y satisfactoria, teniendo en cuenta que el principio de reconocimiento recíproco sólo se aplica al ámbito del derecho público económico y no al derecho de las obligaciones, en particular cuando se refiere a disposiciones de protección del consumidor?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (22 de abril de 1997)

En el caso de contratos celebrados con un consumidor, el artículo 5 del Convenio de Roma prevé que, si las partes no deciden expresamente otra cosa, el derecho aplicable será el del país del consumidor, siempre que se dé una de las dos circunstancias siguientes:

- que el contrato haya estado precedido en el país del consumidor por una propuesta específica y el consumidor haya realizado en este país los actos necesarios para la celebración del contrato; o

- que la persona con quien contrata el consumidor o su representante hayan recibido el pedido del consumidor en este país.

Por el contrario, en caso de que las partes hayan escogido el derecho aplicable al contrato, esta elección no puede privar al consumidor de la protección que le confieren las disposiciones imperativas del país donde tiene su residencia habitual, si se verifica una de las dos circunstancias descritas más arriba.

Por otra parte, según lo dispuesto en el Convenio, las «leyes de policía» (artículo 7) y «el orden público» (artículo 16) de los Estados miembros también pueden imponerse a la decisión de las partes o, de no haber adoptado decisión alguna, a las reglas de determinación contenidas en el Convenio.

Por clara que pueda ser, esta solución no siempre es satisfactoria desde el punto de vista del derecho comunitario.

En virtud del principio de primacía del derecho comunitario, la imposición por parte del país de residencia del consumidor de ciertas disposiciones nacionales a los contratos suscritos por un consumidor, si de ella se deriva un obstáculo para la libre circulación de servicios, puede ser sometida al principio del interés general sentado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ((Sentencia de 4.12.1986, asunto 205/84, Comisión contra Alemania, Rec. p. 3.755. )).

En las legislaciones nacionales relativas a los contratos de servicios financieros se encuentran disposiciones, generalmente imperativas, que, aunque se consideran reglas del derecho de obligaciones, afectan en realidad a los intercambios económicos. En cuanto a sus efectos, tales disposiciones pueden constituir una restricción si obligan, por ejemplo, a un banco o a una compañía de seguros a modificar sus servicios, y por consiguiente sus contratos tipo, en función de las legislaciones de los países en los que se comercializan.

La Comisión estima que no se puede permitir que tales disposiciones escapen al control del derecho comunitario por el simple motivo de depender del derecho de obligaciones. La necesidad de compatibilidad con el derecho comunitario es válida para toda norma de derecho nacional, sea cual sea su ámbito de aplicación ((Sentencia de 21.3.1972, SAIL, asunto 82/71, Rec. p. 119. Véase también la sentencia Hubbard de 1.7.1993, asunto C-20-92, Rec. p. I-3.777. )).

Al tratarse de normas adoptadas para la protección del consumidor, hay una gran probabilidad de que estas normas de derecho material satisfagan el principio del interés general. El Tribunal de Justicia ha reconocido que la protección del consumidor es un objetivo de interés general que puede justificar una restricción de las libertades fundamentales ((Sentencia de 4.12.1986, Comisión contra Alemania, antes mencionada. )). Sin embargo, no existe una presunción per se de que tal principio se cumpla. Las normas nacionales adoptadas con el objetivo declarado de proteger al consumidor pueden ser objeto de control por parte del Tribunal y, en su caso, ser rechazadas, por ejemplo, si no son necesarias o son desproporcionadas ((Sentencia de 7.3.1990, GB-INNO-BM, asunto C-362/88, Rec. p. I-667. Véase también la sentencia Schmit, de 27.6.1996, asunto C-240/95, Rec. p. I-3.179 y la sentencia Mars, de 6.7.1995, asunto C-470/93, Rec. p. I-1.923. )).

Así pues, en el contexto de un mercado único, es indispensable este razonamiento adicional con el fin de verificar si, a falta de armonización, y bajo pretexto de proteger al consumidor, se mantienen ciertas medidas nacionales con el simple objetivo de limitar o impedir la introducción de servicios financieros diferentes o desconocidos en el territorio nacional.