PREGUNTA ESCRITA E-3840/97 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (5 de diciembre de 1997)

Asunto: Imposición fiscal a posteriori sobre los teléfonos móviles

El Gobierno griego ha establecido el presupuesto del Estado para el ejercicio 1998, en el que se establece por primera vez la imposición fiscal de las personas que posean teléfonos móviles con un impuesto escalonado según el número de llamadas que realice el propietario del teléfono. Esta medida supone una carga excesiva para el consumidor, constituye un impuesto adicional (además del IVA exigido), se fija a posteriori y falsea la competencia, ya que no afecta a las instalaciones de teléfono fijas del Organismo de Telecomunicaciones de Grecia (OTE).

Las protestas de los consumidores griegos se deben a la cuantía del impuesto y al hecho inaceptable de que cuando se conectaron a las redes de telefonía móvil no se les informó de que se les gravaría posteriormente con este impuesto que se les exige ahora a posteriori.

¿Puede indicar la Comisión cómo piensa actuar contra esta decisión del Gobierno griego y si estudia la posibilidad de presentar un recurso contra Grecia ante el Tribunal de Justicia?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (13 de febrero de 1998)

La pregunta de su Señoría se refiere a un impuesto griego que, con carácter retroactivo, se cobra a los propietarios de teléfonos móviles en función del número de llamadas realizadas. También alude a las protestas de los consumidores griegos por el importe del impuesto y por su retroactividad. Por último su Señoría pregunta si la Comisión piensa presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia.

En la actualidad, la legislación en materia de imposición fiscal es sobre todo competencia de los Estados miembros. No obstante, éstos deben tener presentes las disposiciones de los Tratados en materia fiscal y la legislación derivada en vigor.

De la información facilitada por su Señoría no se deduce que el impuesto en cuestión sea contrario al artículo 95 del Tratado CE, ya que se aplica por igual a la utilización de teléfonos móviles importados y nacionales. No se aprecia ninguna contravención de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme ((DO L 145 de 13.6.1977. )), porque el impuesto no se aplica al suministro de bienes o servicios en general. Tampoco parece contradecir la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales ((DO L 76 de 23.3.1992. )), porque esta Directiva permite la imposición por los Estados miembros de otros productos, tales como los teléfonos móviles, siempre que dicha imposición no suponga el establecimiento de formalidades transfronterizas en el comercio intracomunitario.

En lo referente a la cuantía de los impuestos, la legislación comunitaria no puede impedir que los Estados miembros cobren impuestos elevados, por lo que esta cuestión debe plantearse en el marco de la legislación nacional correspondiente.

No obstante, si el impuesto en cuestión sólo se cobrara a los operadores privados de teléfonos celulares y ello falseara la competencia en beneficio de la empresa pública OTE, la medida debería examinarse en el marco de las normas del Tratado CE en materia de competencia.

El tema de la retroactividad de la legislación fiscal nacional debe plantearse también en el contexto de la legislación nacional.

Conviene recordar que la Comisión ha prestado especial atención a la importancia de la imposición fiscal en el proceso de integración europea. La Comisión piensa seguir cumpliendo las tareas que le encomiendan los Tratados e iniciar acciones ante el Tribunal de Justicia cuando se compruebe que se ha infringido la legislación comunitaria.