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PREGUNTA ESCRITA P-3228/97 de Daniel Féret (NI) a la Comisión (9 de octubre de 1997)

Asunto: La viñeta europea en las autopistas de peaje

Algunos Estados miembros de la Unión Europea han instaurado una viñeta europea en sus autopistas que permite conceder a los vehículos pesados una tarifa preferente uniforme.

Por el contrario, otros Estados miembros, como Francia, se niegan a conceder esta ventaja económica a los transportistas que circulan por las autopistas.

Esta situación crea distorsiones molestas en la red de autopistas de la Unión Europea, distorsiones que repercuten en el coste de los transportes.

¿No considera la Comisión oportuno y necesario proponer la instauración y la aplicación uniforme de una «viñeta europea» que facilitaría la utilización de las redes de autopistas por parte de los transportistas de mercancías?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (18 de noviembre de 1997)

La Comisión cree que la aplicación de peajes en algunos Estados miembros, mientras que en otros se utiliza un adhesivo común, no constituye un falseamiento de la competencia. Todos los usuarios de la red viaria de un Estado miembro están sujetos al mismo sistema que se aplica a los residentes de ese Estado miembro.

Ambos sistemas (peajes y adhesivos de derechos de uso) están previstos en la Directiva 93/89/CEE ((Relativa a la aplicación por los Estados miembros de los impuestos sobre determinados tipos de vehículos utilizados para el transporte de mercancías por carretera, así como de los peajes y derechos de uso percibidos por la utilización de determinadas infraestructuras, DO L 279 de 12.11.1993. )), por la que se establecen las condiciones generales de su aplicación.

Sin embargo, la Comisión considera que los peajes (que se basan en los kilómetros recorridos) guardan mayor relación con los costes reales derivados del uso de la infraestructura que los derechos de uso (adhesivos), que se basan en la duración permitida del uso de la vía y no en el uso real de la misma.

Por esta razón, la Comisión está a favor de una aplicación generalizada de los peajes para los vehículos pesados con arreglo a métodos que garanticen la no discriminación y un tráfico fluido, particularmente utilizando sistemas electrónicos que no requieran la detención de los vehículos.
PREGUNTA ESCRITA E-4110/97 de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión (16 de enero de 1998)

Asunto: Depuración biológica de Patras

En la zona de Kókkinos Mylos, del municipio Paralía, en Patras, se están construyendo las instalaciones de depuración de aguas residuales del ayuntamiento de Patras (depuración biológica). Los habitantes de la zona denuncian continuas irregularidades en dichas obras, con repercusiones sobre el medio ambiente.

¿Puede decir la Comisión si está al corriente de dichas denuncias, si ha realizado el correspondiente estudio de impacto ambiental y, por último, si existe una solución alternativa?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (12 de febrero de 1998)

La Comisión financia el proyecto de instalación de depuración de Patras por medio del Fondo de cohesión (proyecto no 94/09.61.029-1).

Según la información transmitida a la Comisión por las autoridades griegas, se realizó una evaluación de impacto ambiental que dio lugar a la Decisión ministerial no 30339 de 20 de julio de 1994. La cuestión de soluciones alternativas debe tratarse eventualmente en el marco de dicha evaluación. No obstante, la decisión sobre la elección del emplazamiento corresponde a las autoridades nacionales.

Hasta ahora, la Comisión no ha recibido ninguna denuncia sobre el proyecto en cuestión.
PREGUNTA ESCRITA E-3451/97 de Allan Macartney (ARE) a la Comisión (31 de octubre de 1997)

Asunto: Brotes de soja producidos a partir de soja modificada genéticamente

¿De qué información dispone la Comisión sobre las consecuencias que se derivarían de la utilización de soja modificada genéticamente para producir brotes de soja para su consumo crudo?

¿Qué análisis se hicieron de los brotes de soja y cuáles fueron los resultados de tales análisis?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (10 de diciembre de 1997)

De conformidad con la Decisión de la Comisión de 3 de abril de 1996 y la autorización subsiguiente otorgada por las autoridades británicas, se ha autorizado la comercialización de las semillas de soja Monsanto modificadas genéticamente para las aplicaciones específicas de «manipulación en el medio ambiente durante la importación, así como antes y durante el almacenamiento y la transformación en productos no viables». La autorización no permite el consumo de forma viable como alimento de las semillas de soja.

Para poder cultivar en la Comunidad esas semillas de soja modificadas genéticamente, será necesaria una nueva notificación conforme a la Directiva 90/220/CEE sobre la liberación intencional en el medio ambiente de los organismos modificados genéticamente ((DO L 117 de 8.5.1990. )). Para poder utilizar como alimento o ingrediente alimenticio los brotes de semillas de soja modificada genéticamente será necesaria una notificación conforme al Reglamento (CEE) no 258/97 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios ((DO L 43 de 14.2.1997. )). La Comisión no ha recibido ninguna notificación al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-3630/97 de Luciano Vecchi (PSE) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Garantías de cara a acceder a la iniciativa de empleo en Grecia

Como ya se señaló en preguntas anteriores, la decisión de las autoridades italianas de obligar a las empresas que actúan sin ánimo de lucro a concertar garantías bancarias para poder acceder a las iniciativas de empleo resulta costosa y punitiva para las entidades que tienen dificultades para presentar garantías financieras propias.

Sabiendo que esta cuestión se regula de manera distinta en cada uno de los Estados miembros de la Unión, ¿puede decir la Comisión si en Grecia está previsto exigir a las empresas que actúan sin ánimo de lucro (y en general a las empresas de la economía social y del «tercer sistema») que presenten garantías financieras o bancarias y, en caso afirmativo, con qué condiciones?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3624/97, E-3625/97, E-3626/97, E-3627/97, E-3628/97, E-3629/97, E-3630/97, E-3631/97, E-3632/97, E-3633/97, E-3634/97, E-3635/97, E-3636/97 y E-3637/97 dada por el Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (30 de enero de 1998)

La Comisión no dispone de datos sobre la obligación impuesta por los Estados miembros a las organizaciones sin ánimo de lucro de presentar una garantía bancaria para poder acceder a las financiaciones previstas en los diversos programas comunitarios. Este asunto es competencia de la legislación nacional.

En lo que se refiere a la concesión de subvenciones dentro de la iniciativa Empleo, compete a las autoridades nacionales firmantes de los convenios con los promotores de los proyectos exigir garantías bancarias según las normas nacionales vigentes. En Alemania, Grecia, España, Austria y Portugal normalmente no se piden dichas garantías a los promotores potenciales para permitirles acceder a la iniciativa Empleo.

Si bien es verdad que la constitución de una garantía bancaria puede suponer una carga suplementaria sobre todo para las empresas de la economía social, no es menos cierto que dicha garantía resulta indispensable cuando las consecuencias del mal cumplimiento de una obligación contractual puedan exceder los recursos financieros del deudor.

El Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 ((DO L 356 de 31.12.1997. )), en su versión modificada ((DO L 240 de 7.6.1995. )), que se aplica al presupuesto general de las Comunidades Europeas, exige la constitución de una fianza por los contratistas en el caso de contratos muy importantes o de la concesión de subvenciones de envergadura para la realización de proyectos. Sin embargo, a la mayoría de la asociaciones de carácter social rara vez le afecta esta obligación, habida cuenta de la amplitud limitada de los proyectos que proponen.
PREGUNTA ESCRITA E-3996/97 de Friedhelm Frischenschlager (ELDR) a la Comisión (14 de enero de 1998)

Asunto: Libre circulación de los trabajadores

La Provincia Autónoma de Bolzano (Italia) ha promulgado en los últimos 30 años, para su aplicación en su territorio, numerosas disposiciones legales y administrativas sobre el fomento público de la adquisición de la primera vivienda y otras ayudas relacionadas con la vivienda (entre otras, asignación de terrenos edificables subvencionados, ayudas para el pago de alquileres, ayudas de urgencia, etc.) en beneficio tanto de familias como de personas individuales con ingresos reducidos.

La concesión de las ayudas, así como también la importancia de éstas, se hacen depender, además de la existencia de una necesidad económica, de la duración de la residencia del receptor de la ayuda en el territorio de la Provincia Autónoma de Bolzano (artículo 4 de la Ley no 4 de 2 de abril de 1962). La residencia en otros Estados miembros de la Comunidad no se toma en consideración.

¿Tiene conocimiento la Comisión de estas disposiciones?

¿Opina la Comisión que dicha normativa, especialmente en la medida en que se aplica a los trabajadores de otros Estados miembros de la Comunidad, es compatible con la prohibición de la discriminación establecida en el Derecho comunitario y, concretamente, con el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 1612/68 ((DO L 257 de 19.10.1968, p. 2. )) del Consejo de 15 de octubre de 1968, especialmente en lo que se refiere a los largos plazos de residencia en dicha provincia?

En el supuesto de que opine que dicha normativa no es conforme al Derecho comunitario, ¿puede indicar la Comisión qué medidas ha tomado o piensa tomar para garantizar el respeto de la legislación comunitaria?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (24 de febrero de 1998)

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades italianas a fin de conocer todos los detalles de la normativa en cuestión, lo que permitirá determinar si la situación descrita por Su Señoría constituye una discriminación indirecta de los trabajadores comunitarios en relación con los trabajadores italianos.
PREGUNTA ESCRITA E-3449/97 de Gijs de Vries (ELDR) a la Comisión (31 de octubre de 1997)

Asunto: Televisión sin fronteras

Entre los días 1 y 23 de julio de 1997 se interfirieron las emisiones del canal por satélite MED TV. Este canal, que emite en kurdo, opera desde Londres bajo licencia de la «Independent Television Commission» del Reino Unido. Las interferencias también afectaron a otra compañía que utiliza el EUTELSAT, el canal rumano Antena I.

Estas interferencias privaron a los ciudadanos de varios Estados miembros de la UE de su derecho a recibir emisiones de otro Estado miembro, establecido tanto en la Directiva «Televisión sin fronteras» como en el artículo 10 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos.

¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión para garantizar que el derecho de los ciudadanos a recibir información proveniente de canales de televisión establecidos en la UE de conformidad con la mencionada directiva comunitaria no se vea restringido por la interferencia de dichos canales, ya se produzca desde el interior o desde el exterior de la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión (27 de noviembre de 1997)

La Directiva «Televisión sin fronteras» (Directiva 89/552/CEE del Consejo modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento y del Consejo de 30 de junio de 1997 sobre la coordinación de ciertas disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas en los Estados Miembros con respecto al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva ((DO L 202 de 30.7.1997. ))) dispone que los Estados Miembros garantizarán la libertad de recepción en su territorio de emisiones telivisivas de otros Estados Miembros (Artículo 2a (1)).

Esta obligación se basa en una de las cuatro libertades fundamentales definidas en el Tratado de la CE (la libertad de proporcionar servicios - Artículo 59).

La aplicación de la normativa comunitaria es de gran importancia para la Comisión. Ésta ha iniciado una serie de procedimientos de infracción en este campo para garantizar la aplicación correcta y total, y también en la práctica, de la Directiva.

En lo que respecta a la cuestión planteada, la Comisión no tiene conocimiento de los hechos a los que Su Señoría se refiere. Se necesita más información para que la Comisión pueda llevar a cabo la investigación necesaria y decidir si dichas acciones constituyen una infracción de la Directiva «Televisión sin fronteras».
PREGUNTA ESCRITA E-3634/97 de Luciano Vecchi (PSE) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Garantías de cara a acceder a la iniciativa de empleo en Portugal

Como ya se señaló en preguntas anteriores, la decisión de las autoridades italianas de obligar a las empresas que actúan sin ánimo de lucro a concertar garantías bancarias para poder acceder a las iniciativas de empleo resulta costosa y punitiva para las entidades que tienen dificultades para presentar garantías financieras propias.

Sabiendo que esta cuestión se regula de manera distinta en cada uno de los Estados miembros de la Unión, ¿puede decir la Comisión si en Portugal está previsto exigir a las empresas que actúan sin ánimo de lucro (y en general a las empresas de la economía social y del «tercer sistema») que presenten garantías financieras o bancarias y, en caso afirmativo, con qué condiciones?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3624/97, E-3625/97, E-3626/97, E-3627/97, E-3628/97, E-3629/97, E-3630/97, E-3631/97, E-3632/97, E-3633/97, E-3634/97, E-3635/97, E-3636/97 y E-3637/97 dada por el Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (30 de enero de 1998)

La Comisión no dispone de datos sobre la obligación impuesta por los Estados miembros a las organizaciones sin ánimo de lucro de presentar una garantía bancaria para poder acceder a las financiaciones previstas en los diversos programas comunitarios. Este asunto es competencia de la legislación nacional.

En lo que se refiere a la concesión de subvenciones dentro de la iniciativa Empleo, compete a las autoridades nacionales firmantes de los convenios con los promotores de los proyectos exigir garantías bancarias según las normas nacionales vigentes. En Alemania, Grecia, España, Austria y Portugal normalmente no se piden dichas garantías a los promotores potenciales para permitirles acceder a la iniciativa Empleo.

Si bien es verdad que la constitución de una garantía bancaria puede suponer una carga suplementaria sobre todo para las empresas de la economía social, no es menos cierto que dicha garantía resulta indispensable cuando las consecuencias del mal cumplimiento de una obligación contractual puedan exceder los recursos financieros del deudor.

El Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 ((DO L 356 de 31.12.1997. )), en su versión modificada ((DO L 240 de 7.6.1995. )), que se aplica al presupuesto general de las Comunidades Europeas, exige la constitución de una fianza por los contratistas en el caso de contratos muy importantes o de la concesión de subvenciones de envergadura para la realización de proyectos. Sin embargo, a la mayoría de la asociaciones de carácter social rara vez le afecta esta obligación, habida cuenta de la amplitud limitada de los proyectos que proponen.
PREGUNTA ESCRITA E-3892/97 de Graham Watson (ELDR) a la Comisión (11 de diciembre de 1997)

Asunto: Discriminación contra los gitanos en la República Checa

Estos últimos meses se han publicado unos informes preocupantes sobre la discriminación generalizada contra los gitanos en la República Checa, en la que muchos se ven privados ilegalmente de la nacionalidad checa. ¿Qué medidas de presión piensa adoptar la Comisión ante el Gobierno de dicho país para que reconozca los derechos de estos grupos?

¿Está de acuerdo la Comisión en que la resolución satisfactoria de este problema constituye una condición previa fundamental para la entrada de la República Checa en la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (2 de febrero de 1998)

En su dictamen sobre la solicitud de adhesión de la República Checa de julio de 1997, Comisión concluyó que las autoridades checas deberían prestar atención, entre otros asuntos, a la situación de los gitanos en el país. La Comisión expresa conclusiones similares en sus dictámentes sobre varios otros países candidatos.

La Comunidad ayuda a los países asociados a prepararse para ingreso en la Unión mediante su estrategia de preadhesión, en que la que desempeña un papel central el programa PHARE. Este programa contiene varios proyectos que abordan específicamente las cuestiones de los derechos humanos y la situación de minorías, incluida la minoría gitana.

La Comisión seguirá de cerca la situación de los derechos humanos y de las minorías en cada uno de los países asociados. En el caso de la República Checa, vigilará el programa aprobado por el Gobierno el 29 de octubre de 1997 para mejorar la situación de los gitanos. Al mismo tiempo, la Comisión seguirá ayudando a estos países, a través del programa PHARE, a solventar eficazmente las insuficiencias que los dictámenes detectan en estas materias.
PREGUNTA ESCRITA E-3582/97 de José Apolinário (PSE) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Tarjeta europea para las personas de más de sesenta años

En relación con la respuesta de la Comisión a mi pregunta E-1019/97 ((DO C 367 de 4.12.1997, p. 69. )), ¿existe ya un estudio de viabilidad de la tarjeta europea para las personas de más de sesenta años y qué avances se han registrado en este proyecto desde abril de 1997?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (13 de enero de 1998)

La Comisión ha recibido muy recientemente los resultados del estudio de viabilidad sobre la tarjeta para mayores de 60 años, realizado por organizaciones no gubernamentales que trabajan en relación con las personas de mayor edad en cinco Estados miembros. La Comisión procederá inmediatamente a examinar en detalle estos resultados.
PREGUNTA ESCRITA E-4138/97 de David Bowe (PSE) a la Comisión (21 de enero de 1998)

Asunto: Importación de primates de Indonesia

A la vista de las conclusiones del reciente informe sobre el comercio de primates no humanos procedentes de Indonesia y, en particular, las graves violaciones de las disposiciones de la CITES y el enorme sufrimiento ocasionado a los animales que se han constatado, ¿está considerando la Comisión la posibilidad de llevar a cabo su propia investigación sobre el comercio de primates?

Por otro lado, ¿va a estudiar la Comisión la imposición de un embargo sobre la utilización de primates originarios de Indonesia en los experimentos realizados en la UE hasta que se disponga de los resultados de la investigación?

Respuesta común a las preguntas escritas E-4137/97 y E-4138/97 dada por el Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (18 de febrero de 1998)

La Comisión tiene conocimiento del estudio de noviembre de 1997 de la Unión británica para la abolición de la vivisección (BUAV) sobre un número de cargamentos de primates de Indonesia a los Estados Unidos. Dado que al menos uno de los cargamentos de primates pasó en tránsito por la Comunidad, la Comisión hizo un llamamiento al Estado miembro correspondiente para recordarle las disposiciones del Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, sobre la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio ((DO L 61 de 3.3.1997. )) y en particular el apartado 5 del artículo 9 del mismo.

La Comisión además solicitó una reacción por parte de la autoridad administrativa de Indonesia para la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES) en respuesta al informe de la BUAV y le pidió que indicara su política en relación con la normativa de la IATA (Asociación de transporte aéreo internacional) y en materia de reproducción en cautiverio.

La Comisión considerará si son necesarias las medidas con arreglo a la letra c) del apartado 6) del artículo 4 del Reglamento (CE) no 338/97 a la luz de los resultados de las consultas pertinentes.
PREGUNTA ESCRITA P-3901/97 de Carlo Secchi (PPE) a la Comisión (27 de noviembre de 1997)

Asunto: Prohibición de hacer publicidad de medicamentos laxantes en Italia

¿Está al corriente la Comisión de que la Comisión Central de Medicamentos del Ministerio de Sanidad italiano ha decidido modificar la actual clasificación de los fármacos laxantes, pasándolos de la categoría O.T.C. a medicamentos sin prescripción obligatoria, los llamados S.O.P., para los que, a diferencia de los primeros, no está permitida la publicidad?

¿Cree la Comisión que dicha decisión puede suponer un obstáculo a la libre circulación de mercancías, considerando que la normativa europea actualmente en vigor, al igual que las normas nacionales de los demás Estados miembros, prevén la posibilidad de haber publicidad de los fármacos administrados sin control médico?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (22 de diciembre de 1997)

El 20 de noviembre de 1997, una asociación de la industria farmacéutica italiana llamó la atención de la Comisión sobre las medidas italianas previstas, que podrían tener como resultado la prohibición de toda la publicidad sobre los laxantes.

Teniendo en cuenta la formulación explícita del artículo 3 de la Directiva 92/28/CEE, de 31 de marzo de 1992, relativa a la publicidad de los medicamentos de uso humano ((DO L 113 de 30.4.1992. )), los Estados miembros no pueden disponer de normas más restrictivas sobre la publicidad destinada al público. Por consiguiente, una prohibición nacional de la publicidad de una categoría determinada de medicamentos «que por su composición y objetivo estén destinados y concebidos para su utilización sin la intervención de un médico que realice el diagnóstico, la prescripción o el seguimiento del tratamiento, en caso necesario tras consultar con el farmacéutico» y que no estén cubiertos por las excepciones establecidas en los apartados 1 y 3 del artículo 3, parece incumplir el derecho comunitario.

La Comisión sigue atentamente la evolución de esta cuestión en Italia y, llegado el caso, tomará las medidas necesarias para garantizar el respeto de la normativa comunitaria.

La Directiva 92/26/CEE, de 31 de marzo de 1992, relativa a la clasificación para su dispensación de los medicamentos de uso humano ((DO L 113 de 30.4.1992. )), autoriza a los Estados miembros a modificar la clasificación del estatuto jurídico de los medicamentos, lo que supone que pueden cambiar los requisitos en materia de publicidad, incluida la posibilidad de prohibir dicha publicidad.