PREGUNTA ESCRITA P-0069/01

de Alexander de Roo (Verts/ALE) a la Comisión

(18 de enero de 2001)

Asunto: Compatibilidad de los convenios colectivos entre productores en materia de costes de reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos y automóviles al final de su vida útil, con las normas de competencia europeas

En su propuesta de directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de 13 de junio de 2000 (COM(2000) 347(1)), la Comisión obliga a los productores e importadores a establecer un sistema de reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos y a asumir la totalidad de los gastos inherentes al mismo.

La propuesta de directiva no menciona el modo en que se organizará la financiación del sistema. Puede optarse por un sistema en el que los costes del reciclado se imputan a un fondo común (sistema colectivo) o por un sistema de carácter individual en el que los productores corren exclusivamente con los costes del reciclado de sus propios aparatos. El sistema colectivo no ofrece a las empresas incentivos económicos para minimizar (mediante un diseño ecológico o una hábil organización) los costes de recogida. El sistema individual sí ofrece incentivos económicos, por lo que resulta preferible desde el punto de vista económico y medioambiental.

Hasta la fecha, los Países Bajos son el único país donde existen este tipo de sistemas colectivos. El consumidor paga una contribución fija por producto, tanto por el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos como por el reciclado de automóviles al final de su vida útil. La autoridad neerlandesa de defensa de la competencia estudia en estos momentos la compatibilidad del sistema aplicable a los aparatos eléctricos y electrónicos con las normas de competencia. A fin de cuentas, el sistema colectivo implica que las empresas llegan a acuerdos entre ellas sobre una parte del precio. En principio, los acuerdos de precios están prohibidos. Por esta razón, la Oficina Federal de Cárteles alemana prohibió hace algún tiempo el llamado recargo especial, aduciendo que se trata en este caso de un factor normal de costes, por lo que los acuerdos en la materia constituyen acuerdos de precios ilícitos. Se espera que en breve la autoridad neerlandesa de defensa de la competencia emita igualmente un dictamen negativo con respecto al mencionado sistema colectivo. Si bien ambas autoridades de defensa de la competencia colaboran estrechamente con la DG Competencia de la Comisión Europea, ésta aún no se ha pronunciado sobre la compatibilidad de los sistemas colectivos neerlandeses con las normas de competencia europeas.

¿No conviene la Comisión en que los sistemas colectivos neerlandeses para la financiación del reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos y automóviles al final de su vida útil son incompatibles con las normas de competencia europeas?

(1) DO C 365 E de 19.12.2000, p. 184.

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(20 de febrero de 2001)

La búsqueda de objetivos ambientales, tales como los recogidos en la propuesta de Directiva sobre los residuos de equipo eléctrico y electrónico mencionada por Su Señoría, a menudo lleva a la creación de nuevas actividades económicas y mercados. La política de competencia comunitaria aspira fundamentalmente a garantizar que estos nuevos mercados sean abiertos y que haya lugar para el juego de la competencia. En términos más concretos, la Comisión intenta asegurarse de que las empresas con obligaciones ambientales tengan una opción real de medios alternativos para cumplir tales obligaciones de modo que el precio pagado por los consumidores no sea excesivamente alto. Otros principios más específicos referentes a la evaluación de los acuerdos horizontales de cooperación ambiental han sido establecidos recientemente en el dictamen de la Comisión sobre las directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 del Tratado CE a acuerdos de cooperación horizontales(1). Debe subrayarse que las reglas de competencia europeas solamente se aplican a las restricciones de la competencia que pueden afectar al comercio entre Estados miembros. En la práctica este problema debe examinarse para cada caso particular.

En cuanto a los dos sistemas colectivos de los Países Bajos mencionados por Su Señoría, el relativo a equipo eléctrico y electrónico solamente se ha notificado a la autoridad de competencia de los Países Bajos y la Comisión por lo tanto no está examinando este caso. La autoridad de competencia de los Países Bajos es competente para aplicar el artículo 81 (1) y 82 (antiguos artículos 85 y 86) del

Tratado CE. En cuanto al sistema de desguace de coches, tanto la autoridad de competencia de los Países Bajos como la Comisión han recibido una notificación correspondiente, que están examinando actualmente. En su examen la Comisión aplica los principios previamente mencionados. Puesto que la investigación de la Comisión en este caso aún no ha concluido, no es posible indicar su resultado probable. La Comisión informará a Su Señoría cuando el examen haya finalizado.

(1) DO C 3 de 6.1.2001.