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PREGUNTA ESCRITA E-0117/99

de Christine Oddy (PSE) a la Comisión

(2 de febrero de 1999)

Asunto: Persecución de los miembros de la religión bahaí

¿Piensa la Comisión Europea formular fuertes protestas ante el Gobierno de Irán por las continuas persecuciones que sufren los miembros de la religión bahaí, la minoría religiosa más numerosa del país? La persecución de los miembros de la religión bahaí, considerados como "infieles no protegidos", incluye la ejecución de más de 200 miembros desde 1979, encarcelamientos, la denegación de trabajos y pensiones, destituciones de puestos en el gobierno y de puestos académicos, así como el reciente intento de cerrar el Instituto Bahaí de Enseñanza Superior.

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión

(23 de febrero de 1999)

La Comisión sigue con el máximo interés el problema de los derechos humanos en Irán. En las conversaciones de gran alcance entre la Unión e Irán, es siempre la Unión Europea quien plantea las cuestiones relativas a los derechos humanos en general.

En cuanto a la situación del trato de que son objeto los miembros de la religión bahái en Irán, el asunto fue planteado concretamente por la troika de la Unión en el curso de una reunión con el Gobierno iraní el 18 de diciembre de 1998.
PREGUNTA ESCRITA E-0071/99

de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión

(27 de enero de 1999)

Asunto: Organizaciones morosas y ayudas de la UE

Se ha tenido conocimiento por la prensa de que algunos inquilinos de propiedades inmobiliarias pertenecientes al IACP (Istituto Autonomo per le Case Popolari - Instituto Autónomo de Viviendas Populares) de Roma son especialmente morosos. Entre estos se encuentran varios partidos y asociaciones que tienen en ellas su sede. Los más morosos son los ocupantes de un importante local en la plaza S. Maria Liberatrice 45, scala e/f, la cooperativa Stadion y la asociación Kemir.

Algunos ciudadanos temen incluso que esras asociaciones pueden no haber llevado a cabo las actividades culturales que promueven.

1. ¿Puede indicar la Comisión si estas organizaciones perciben ayudas de la Unión Europea?

2. ¿Cuáles son los órganos u oficinas encargadas del control de las subvenciones que haya podido conceder la UE a estas organizaciones?

3. ¿Han recibido estas organizaciones ayudas en el pasado y, en caso positivo, por qué cuantía?

4. ¿No está en contradicción la morosidad con el IACP con la concesión de ayudas por parte de la UE?

5. ¿Puede hacer la Comisión una valoración general de este caso?

Respuesta del Comisario Liikanen en nombre de la Comisión

(14 de abril de 1999)

Los servicios contables de la Comisión no tienen conocimiento de la cooperativa Stadion ni de la asociación Kemir, domiciliadas en la dirección mencionada. Hay que recordar también que la ciudad de Roma no figura en la lista de las zonas que pueden acogerse a los beneficios de los fondos estructurales comunitarios.
PREGUNTA ESCRITA E-0450/99

de Giuseppe Rauti (NI) a la Comisión

(5 de marzo de 1999)

Asunto: Derrumbe de las murallas antiguas de Viterbo

En Viterbo ha surgido la polémica como consecuencia de los trabajos de reconstrucción de dos tramos de las viejas murallas que se derrumbaron en enero y marzo de 1997 y que miden varias decenas de metros. Desde entonces han transcurrido varios meses y los trabajos de reconstrucción prácticamente no han comenzado, lo que continúa dañando el complejo monumental de las murallas del castillo (efecto devastador del mal tiempo, infiltraciones de agua, etc.).

Cabe señalar que Viterbo, la antigua y noble "ciudad de los papas", posee uno de los "centros históricos" más extensos de toda Europa:

1. ¿Podría indicar la Comisión si es cierto que se han destinado fondos de la Unión Europea a la reconstrucción de los tramos hundidos de la muralla y a los largos tramos que aún corren el riesgo de derrumbarse? Si es así, ¿cuál ha sido el importe de la asignación y a qué organismo italiano se concedió entre los meses de enero y diciembre de 1997?

2. Durante ese mismo período, ¿adoptó Italia medidas al respecto? ¿Se recibieron solicitudes de financiación? Si fue así, ¿de quién?

3. ¿No cree la Comisión que, tras una evaluación in situ para calcular el importe de los daños y constatar la importancia del "patrimonio cultural" de que se trata, debería adoptar medidas apropiadas, incluso de carácter financiero, de una forma autónoma y diligente a fin de intervenir en favor de una ciudad que merece recibir toda la ayuda necesaria para salvaguardar el esplendor de su "memoria histórica" y de un "yacimiento cultural" que se encuentra entre los más importantes de Europa y, por tanto, del mundo?

Respuesta del Comisario Oreja en nombre de la Comisión

(19 de abril de 1999)

Teniendo en cuenta que la ciudad de Viterbo está excluida de las zonas que pueden acogerse a la ayuda financiera de los fondos estructurales, no pudo darse ninguna ayuda financiera para el proyecto mencionado por Su Señoría.

No hubo ninguna ayuda financiera para las murallas históricas de Viterbo en 1997 dentro del marco del programa de la Comisión en favor de la preservación y defensa del patrimonio cultural ni ninguna petición fue presentada por las autoridades locales, regionales o nacionales al efecto en el marco del programa Raphael de 1997. Hay que recordar que los temas tratados por el programa Raphael en ese año eran diferentes del que supone el proyecto en cuestión.

Sobre la base del artículo 128 del Tratado CE, la acción y los programas de la Comisión en el campo de la cultura y del patrimonio cultural están basados en el principio de subsidiariedad y sólo pueden fomentar la cooperación entre Estados miembros, que son responsables exclusivos de la protección y preservación de su patrimonio.
PREGUNTA ESCRITA E-0072/99

de Umberto Bossi (NI) a la Comisión

(27 de enero de 1999)

Asunto: Istituto Poligrafico italiano (Imprenta Nacional)

El Istituto Poligrafico italiano (Imprenta Nacional) se encuentra en el punto de mira del antitrust europeo.

La Comisión Europea está investigando las concesiones de capital, especialmente el aumento de capital a comienzos de 1996 en favor de Cartiere Miliani (controlado en un 97,34 % por el propio Istituto), y las facilidades comerciales que podría obtener el Istituto Poligrafico merced a los contratos de exclusividad con el Estado italiano, con objeto de determinar si se han incumplido las normas relativas a las ayudas de Estado.

En una carta dirigida al Gobierno italiano, la Comisión Europea considera que el aumento de capital por un importe de 54 000 millones de liras concedido en 1996 al Istituto Poligrafico y a la sociedad que controla puede incluir ayudas de Estado.

El análisis llevado a cabo por el Comisario encargado de la competencia examina asimismo el aumento de capital por 250 000 millones de liras aprobado en 1998: Cartiere Miliani registró, al parecer, pérdidas por 187 000 millones de liras en 1997 y agotó todo el capital social. Esta nueva medida parece incluir una ayuda de Estado, puesto que no parece ser una inversión que hubiera llevado a cabo un inversor privado en una economía de mercado.

Como conclusión en su carta, la Comisión Europea explica que, sin estas ayudas, el Istituto Poligrafico y las empresas Cartiere Miliani y Verres, bajo su control, habrían registrado importantes pérdidas.

¿Puede aclarar la Comisión qué argumentos ha utilizado el Gobierno italiano para justificar los manejos económicos del Istituto Poligrafico italiano?

¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión si el Istituto Poligrafico italiano fuera encontrado culpable de incumplimiento de las normas europeas antitrust?
PREGUNTA ESCRITA P-1085/99

de Gerhard Hager (NI) a la Comisión

(13 de abril de 1999)

Asunto: Proveedores de aceite mineral

Según mis datos, los proveedores de aceite mineral austriacos establecen claras diferencias entre sus clientes. Mientras que a sus distribuidores con contrato les siguen suministrando combustible barato, los llamados "Diskonter" tienen que pagar un suplemento. Esto ha quedado ahora una vez más claro con ocasión de la bajada de precios provocada por la presión de la opinión pública. El combustible cuesta ahora hasta 40 céntimos de chelín menos que antes a los distribuidores con contrato, mientras que, según los datos de que dispongo, los "Diskonter" tienen que pagar ahora 57 céntimos de chelín más por el litro de gasolina superplus. Habida cuenta de que los compradores distribuidores se enfrentan a un más que reducido grupo de proveedores, no tienen más remedio, en la mayoría de los casos, que aceptar los precios que se les imponen.

Opino que la manera de proceder de los proveedores de aceite mineral es extraordinariamente preocupante, desde el punto de vista de la libre competencia, y por ello deseo formular las siguientes preguntas a la Comisión:

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de los hechos expuestos?

2. ¿Qué opinión le merecen, desde el punto de vista del derecho de competencia?

3. ¿Tiene intención la Comisión de tomar medidas al respecto?

4. En caso negativo, ¿cómo lo justifica?

Respuesta del Comisario Van Miert en nombre de la Comisión

(4 de mayo de 1999)

1. La Comisión no es consciente de la diferencia de precios al por mayor practicada por los proveedores austríacos y descrita por Su Señoría.

2. La normativa comunitaria sobre competencia se aplica a los acuerdos o prácticas concertadas de empresas que tengan por objeto o efecto restringir apreciablemente la competencia (artículo 81 del Tratado CE, antiguo artículo 85) y la explotación abusiva en el mercado de una posición dominante (artículo 82 del Tratado CE, antiguo artículo 86). Es imposible evaluar el comportamiento descrito por Su Señoría al aplicar las normas anteriormente mencionadas sin conocer los hechos relativos a los mercados y las empresas afectados y, en especial, si los proveedores que actúan como vendedores en el mercado al por mayor austríaco disfrutan de una posición dominante. La diferencia de precios no infringe como tal la normativa comunitaria sobre la competencia.

3. y 4. La Comisión es consciente de que la autoridad austríaca de competencia está considerando actualmente los mercados austríacos de aceites minerales y el comportamiento en el mercado de los proveedores. La política de la Comisión sobre la cooperación con las autoridades nacionales de competencia (véase el comunicado de 1997(1)) consiste en que los controles sobre el cumplimiento de las normas de competencia debe, cuando ello sea posible, ser llevado a cabo por una única autoridad. Por consiguiente, la Comisión no tiene la intención de tomar medidas por el momento.

(1) DO C 313 de 15.10.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-0709/99

de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión

(29 de marzo de 1999)

Asunto: Fondos estructurales

Las regiones cuyo nivel de renta por habitante sea inferior al 75 % del que corresponde al habitante medio comunitario se califican de "regiones objetivo 1" y se benefician de importantes ayudas comunitarias.

Para saber si este umbral ha sido superado o no, el proyecto de Reglamento del Consejo, COM(98)131 final(1), por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos estructurales, prescribe que se tendrán en cuenta las cifras correspondientes a los tres últimos años de los que se disponga de datos en EUROSTAT.

El Director General de la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) hizo público en la sesión de la Subcomisión de Asuntos Monetarios del Parlamento Europeo del 17.2.1999 "que los datos estadísticos correspondientes a los ejercicios 1994, 1995 y 1996 incluían ya los correspondientes a la economía sumergida de las regiones analizadas" aunque, no precisó los criterios que se habían seguido para estimar o evaluar este tipo de actividades.

¿Qué parte de la renta regional corresponde a la "economía sumergida" y cuál a la "economía regular" en Galicia en cada uno de estos años?

(1) DO C 176 de 9.6.1998, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA E-0479/99

de Jesús Cabezón Alonso (PSE) a la Comisión

(5 de marzo de 1999)

Asunto: La transposición a la legislación española de la Directiva 93/16

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición no 605/98 sobre la transposición deficiente a la legislación nacional española de la Directiva CEE 93/16(1), que perjudica a ciertos colectivos profesionales en el reconocimiento de sus diplomas.

¿Puede la Comisión informarnos sobre la pertinencia de esta reclamación? ¿Está la Directiva 93/16 bien transpuesta, en su totalidad, a la legislación nacional española? ¿De qué defectos adolece, si fuera el caso, la transposición, qué actitud cabe esperar del Gobierno español y qué procedimientos aplicarán las autoridades comunitarias para subsanar esta eventualidad?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(27 de abril de 1999)

La Directiva 93/16/CEE citada por Su Señoría contempla el reconocimiento automático de cierto número de títulos de médico especialista expresamente mencionados en sus artículos 5 o 7. Las autoridades de los Estados miembros de acogida examinan individualmente las especialidades médicas cuya denominación no figura en la Directiva 93/16/CEE y comparan la formación obtenida en el Estado miembro de origen con sus propias exigencias formativas. Con arreglo al artículo 8 de la Directiva 93/16/CEE es posible exigir una formación complementaria cuando se estime conveniente.

La Comisión confirma que cierto número de médicos poseedores de títulos de médico especialista obtenidos en países miembros distintos de España han tenido que hacer frente a numerosas dificultades al solicitar a las autoridades españolas el reconocimiento de dichos títulos. Todavía hoy algunos de estos médicos siguen a la espera de una decisión.

La Comisión ha iniciado un recurso por incumplimiento contra España, en virtud del artículo 169 del Tratado CE, alegando la transposición incorrecta del artículo 8 y la no transposición de la Directiva 93/16/CEE. Considerando que la respuesta de España al dictamen motivado que le fue notificado en el marco de este procedimiento no es satisfactoria, la Comisión ha decidido recurrir al Tribunal de Justicia.

(1) DO L 165 de 7.7.1993, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA E-0254/99

de Riccardo Nencini (PSE) a la Comisión

(12 de febrero de 1999)

Asunto: Proyecto de Spea Autostrade y MonteBeni (Florencia)

La Spea Autostrade ha presentado recientemente el proyecto definitivo de una gran obra de construcción de insfraestructura que pasa por MonteBeni, en el municipio de Firenzuola (Florencia).

Al parecer, el proyecto es incompatible con las intenciones anunciadas de recuperación y mejora de la calidad ambiental de la zona, dado que la excavación se realiza a 1.260 metros de altura (la cima tiene 1.263 metros) y la obra prevé el tránsito de un elevado número de vehículos pesados y la ampliación de la zona de excavación hasta el antiguo polo de extracción, con la consiguiente desaparición de los diferentes hábitats de la fauna.

Las limitaciones existentes sobre la zona de MonteBeni son de carácter múltiple: hidrogeológico, paisajístico y forestal. MonteBeni ha sido clasificado "zona protegida" de tipo B), C), D) y, en parte, A) mediante decisión del Consejo regional.

En el plan territorial de coordinación provincial, MonteBeni se ha incluido en el ámbito de un estudio para la creación de parques, reservas y zonas naturales protegidas de interés local; además, se ha propuesto como lugar de importancia comunitaria y, mediante acto del Ministerio de Agricultura, se ha clasificado como oasis protegido.

El proyecto presentado por Spea Autostrade parece devastador y contrario al destino pensado para la zona de que se trata.

¿Tiene intención la Comisión de intervenir urgentemente, de conformidad con la reglamentación comunitaria, a fin de evitar la destrucción de un enclave de gran valor desde el punto de vista del medio ambiente y de la fauna?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(29 de marzo de 1999)

Es posible que la Directiva 85/337/CEE(1), de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y la Directiva 92/43/CEE(2), de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, sean aplicables al proyecto mencionado por Su Señoría.

No obstante, a partir de la información disponible, la Comisión no está en condiciones de determinar la naturaleza exacta del proyecto y no puede valorar la situación relatada por Su Señoría. Por el momento, la Comisión sólo puede confirmar que la zona de Monte Beni es un lugar de importancia comunitaria propuesto por las autoridades italianas al amparo del artículo 4 de la Directiva 92/43/CEE: código IT5140002 "Sasso di Castro e Monte Beni".

En vista de lo anteriormente expuesto, la Comisión tomará las medidas pertinentes para recopilar información detallada sobre el proyecto y cerciorarse del cumplimiento de la normativa comunitaria.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.

(2) DO L 206 de 22.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA P-1161/99

de Winifred Ewing (ARE) a la Comisión

(27 de abril de 1999)

Asunto: La Europa que da la prioridad a los ciudadanos

¿Qué medidas se han tomado para garantizar el derecho de establecimiento, que es un derecho comunitario fundamental, de manera que los profesores de otros Estados miembros puedan ejercer ese derecho en las universidades italianas?

¿Puede indicar la Comisión qué medidas ha tomado para garantizar, en el ejercicio del derecho de establecimiento, que los profesores de otros Estados miembros no son discriminados en lo que se refiere a las condiciones de empleo en relación con los profesores de nacionalidad italiana?

¿Puede informar la Comisión sobre el estado de tramitación de los procedimientos de infracción incoados contra Italia en este ámbito?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-0957/99, E-0974/99, E-0978/99, E-1053/99 y P-1161/99 dada por el Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(30 de abril de 1999)

Se ruega a Sus Señorías se refieran a las respuestas de la Comisión a su pregunta escrita E-0585/99 del Sr. McCartin(1) y a las preguntas orales H-223/99 del Sra. McKenna y H-306/99 del Sr. McMahon, formuladas en el turno de preguntas de la sesión de abril de 1999 del Parlamento(2).

(1) Ver página 122.

(2) Debates del Parlamento (abril de 1999).
PREGUNTA ESCRITA P-0414/99

de Vincenzo Viola (PPE) a la Comisión

(19 de febrero de 1999)

Asunto: Obligación de servicio público para los servicios aéreos regulares entre las regiones insulares y el continente

Considerando los artículos 154 y 158 del Tratado de Amsterdam que se refieren a las regiones insulares de la Unión Europea y a la necesidad de su conexión con las regiones centrales de la Comunidad, también en virtud de su condición de regiones menos favorecidas debido a desventajas estructurales geográficas cuya persistencia dificulta su desarrollo económico y social, ¿puede decir la Comisión qué iniciativas piensa emprender para eliminar los efectos negativos en los vuelos desde y hacia Cerdeña provocados por la apertura de la escala de Malpensa 2000?

¿Puede decir asimismo si controla la aplicación del Reglamento CEE no 2408/92(1), sobre la obligación de servicio público para los servicios aéreos regulares, obligación que debería concretarse en la prestación de servicios que respondan a los criterios de "continuidad, regularidad, capacidad y precio", cosa que hoy no ocurre por ejemplo en los vuelos entre las islas menores sicilianas (Pantelleria y Lampedusa) y la península italiana o Sicilia?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(6 de abril de 1999)

Como ya se señala en la pregunta de Su Señoría, el Reglamento (CEE) 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias, prevé que los gobiernos de los Estados miembros declaren obligaciones de servicio público. La capacidad legal de imponer obligaciones de servicio público para determinadas rutas a aeropuertos regionales, por considerarse que esas rutas son vitales para el desarrollo económico de la región, no reside, por tanto, en la Comisión. Las condiciones necesarias para garantizar los servicios aéreos en tales rutas deben darse conforme a unos criterios que las líneas aéreas, de considerar únicamente sus intereses comerciales, no suscribirían.

La Comisión tiene conocimiento de que las autoridades italianas están considerando la posibilidad de crear los medios para facilitar los servicios de transporte aéreo a las regiones periféricas, incluidas las islas menores de Sicilia. Las opciones que presenta el Derecho comunitario son la imposición de obligaciones de servicio público por parte de las autoridades italianas en las rutas afectadas, como se ha señalado anteriormente, o la adopción de una forma no discriminatoria de ayuda social en beneficio de los residentes de dichas islas. Corresponde a las autoridades italianas decidir los servicios de transporte aéreo que se deben cubrir en este sentido. Por lo que se refiere a los servicios a Milán, sería difícil introducir medidas concretas para un aeropuerto si esa misma ciudad ya cuenta con un servicio adecuado a través de otros aeropuertos.

(1) DO L 240 de 24.8.1992, p. 8.
PREGUNTA ESCRITA E-0707/99

de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión

(26 de marzo de 1999)

Asunto: Fondos estructurales

Las regiones cuyo nivel de renta por habitante sea inferior al 75 % del que corresponde al habitante medio comunitario se califican de "regiones objetivo 1" y se benefician de importantes ayudas comunitarias.

Para saber si este umbral ha sido superado o no, el proyecto de Reglamento del Consejo, COM(98)131 final(1), por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos estructurales, prescribe que se tendrán en cuenta las cifras correspondientes a los tres últimos años de los que se disponga de datos en EUROSTAT.

El Director General de la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) hizo público en la sesión de la Subcomisión de Asuntos Monetarios del Parlamento Europeo del 17.2.1999 "que los datos estadísticos correspondientes a los ejercicios 1994, 1995 y 1996 incluían ya los correspondientes a la economía sumergida de las regiones analizadas" aunque, no precisó los criterios que se habían seguido para estimar o evaluar este tipo de actividades.

¿Qué parte de la renta regional corresponde a la "economía sumergida" y cuál a la "economía regular" en Cataluña en cada uno de estos años?

(1) DO C 176 de 9.6.1998, p. 1.