PREGUNTA ESCRITA E-1629/02

de Paul Rübig (PPE-DE) a la Comisión

(10 de junio de 2002)

Asunto: Obligación de publicación del balance de las PYME

De conformidad con el apartado 1 del artículo 47 de la Directiva 78/660/CCE(1), las cuentas anuales han de publicarse siguiendo los procedimientos recogidos en la legislación de cada Estado miembro de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 68/151/CCE(2). Según lo anterior, deberán hacerse públicos los datos y documentos en un diario oficial determinado por el Estado miembro.

Esta obligación de hacer público el depósito del balance impuesta a las pequeñas sociedades de responsabilidad limitada es una norma jurídica que debe ser revisada urgentemente en interés de las PYME.

Quien esté interesado en el balance de una determinada empresa debe hacer la consulta directamente en el registro mercantil que corresponda. Allí se puede ver también si el balance ya ha sido depositado o no, con lo que la publicación del depósito en el diario oficial carece de sentido.

El depósito del balance, en sí, representa sin duda una medida lógica de transparencia. Sin embargo, la publicación de un anuncio en el diario oficial no es pertinente y, además, supone una carga económica todos los años, en especial para las pequeñas sociedades.

¿Cómo justifica la Comisión esta obligación de publicación de los depósitos de balances y los costes que conlleva para las PYME?

(1) DO L 222 de 14.8.1978, p. 11.

(2) DO L 65 de 14.3.1968, p. 8.

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(24 de julio de 2002)

Los requisitos sobre conservación y divulgación obligatoria de una serie de documentos y detalles de empresas de responsabilidad limitada se recogen en la primera Directiva 68/151/CEE del Consejo de 9 de marzo de 1968 (Primera Directiva sobre derecho de sociedades)(1).

El artículo 3 de esta Directiva establece que todos los documentos y detalles se guardarán en el fichero o se incorporarán al registro y que la divulgación de estos documentos y detalles se hará mediante la publicación en el diario oficial nacional designado con este fin por el Estado miembro del texto completo o parcial o mediante una referencia al documento depositado o registrado.

El requisito de tal publicación está justificado por la necesidad de asegurarse de que se informa debidamente a terceros del hecho de que nuevos documentos o detalles se han depositado o incorporado al registro. Sin tal publicación los terceros tendrían que consultar los registros cada día, para todas las empresas en que están interesados, para comprobar si hay modificaciones. Esto sería en la práctica sumamente pesado y costoso, particularmente en los Estados miembros donde el registro de documentos y detalles está descentralizado.

La Comisión sin embargo comparte la opinión, expresada en un informe presentado en septiembre de 1999 por un grupo de trabajo creado en el contexto del proceso SLIM (simplificación de la legislación sobre mercado interior), de que varios requisitos contenidos en la primera Directiva pueden ser simplificados mediante el uso de la tecnología moderna. Con este fin la Comisión adoptó el 3 de junio de 2002 una propuesta de Directiva que modifica la primera Directiva(2). La modernización propuesta no solamente ayudará a lograr el objetivo importante de facilitar la información y hacerla rápidamente accesible a las partes interesadas, sino que también simplificará perceptiblemente las formalidades de publicación impuestas a las empresas.

Más particularmente, sobre el requisito de publicación en un diario oficial nacional, los Estados miembros podrán decidir guardar este diario en formato electrónico o reemplazarlo por medios igualmente efectivos (siempre que exista un acceso central y cronológico a la información empresarial, que es la principal función de un diario oficial).

(1) Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados Miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros, tal como fue modificada en último lugar por el acta de adhesión de 1994 (DO C 241 de 29.8.1994).

(2) COM(2002) 279 final.