PREGUNTA ESCRITA E-0353/00

de Olivier Dupuis (TDI) a la Comisión

(14 de febrero de 2000)

Asunto: Rumania: compatibilidad con la legislación comunitaria del proyecto de ley de extranjería

El 25 de enero de 2000, las comisiones de Defensa y Asuntos Jurídicos de la Cámara de los Diputados rumana aprobó un proyecto de ley de extranjería en la que se especifica que la organización de partidos políticos, en territorio rumano, por parte de extranjeros o la afiliación

de los extranjeros a una organización política se sancionará con una condena que puede ir de tres meses a dos años de cárcel o con una multa. Además, los diputados han decidido que la contratación de un extranjero por parte de una institución cuyas actividades tengan relación con la defensa o la seguridad nacional se sancionará con una detención de seis meses a cinco años de cárcel.

¿Qué iniciativas ha emprendido o tiene la intención de emprender la Comisión para inducir a Rumania a respetar sus compromisos como país candidato y, en consecuencia, a renunciar a la adopción de leyes que contrastan con la legislación de la Unión? ¿Ha manifestado la Comisión, incluso a través de su representante en Rumania, una posición respecto de este delicado asunto? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades rumanas?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(20 de marzo de 2000)

El proyecto de Ley de Extranjería en Rumania, aprobado por el Senado el 10 de septiembre de 1998, todavía no ha sido aprobado por la Cámara de los Diputados. Después de que se discutiera el proyecto de ley en la Cámara, se revisó la propuesta y se introdujeron varias modificaciones en la misma. La legislación sobre la misma materia que está en vigor actualmente es la Ley no 25/1969 de Extranjería.

Su Señoría hace referencia en la primera parte de su pregunta a las disposiciones del proyecto de ley por las que se limita la actividad política de los extranjeros residentes en Rumania. La Comisión le remite a la respuesta que dio a la pregunta escrita E-2624/99(1) de Su Señoría.

En la segunda parte de su pregunta, Su Señoría hace referencia a las disposiciones del proyecto de ley por las que se prohibe el empleo de extranjeros por parte de instituciones cuyas actividades tengan relación con la defensa o la seguridad nacional.

Como país candidato, Rumania tiene la obligación de ejecutar el acervo comunitario y de adaptar su legislación nacional al mismo antes de la adhesión. El Artículo 39 (antes Artículo 48) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece que el principio de igualdad de trato y la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad son también aplicables al empleo dentro del sector público. Sin embargo, el apartado 4 del artículo 39 deja margen para imponer ciertas restricciones. Los Estados miembros pueden reservar ciertos puestos para sus propios ciudadanos pero dichos puestos deben estar relacionados con el ejercicio del poder público o con la responsabilidad de salvaguardar los intereses generales del Estado o de las autoridades locales.

El Comité de defensa modificó el apartado 2 del Artículo 2 en el proyecto de ley inicial con el fin de reducir las restricciones para acceder a un empleo público relacionado con el orden público o la seguridad nacional. Sin embargo, en el proyecto de ley también se recogen restricciones para los empleos en el sector privado. El artículo 39(2) del proyecto de ley estipula que los extranjeros podrán ser empleados por agentes económicos o instituciones cuyas actividades tengan una importancia para la defensa o la seguridad nacional. Este derecho solamente puede restringirse en casos específicos a través de decisiones del Gobierno. Según el apartado 3 del artículo 39 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, las limitaciones a la libre circulación de trabajadores pueden también justificarse por razones de orden público, seguridad y salud públicas. Estas limitaciones son también aplicables a los empleos civiles.

Según el proyecto de ley en su redacción actual, el incumplimiento de las normas sobre restricciones de las actividades políticas y las limitaciones para el acceso al empleo por parte de los extranjeros en el apartado 2 del Artículo 2 será castigada con períodos de entre tres meses y dos años de prisión o con una multa. La infracción del artículo 39 podrá ser castigada con períodos de entre seis meses y cinco años de prisión.

En una primera evaluación, las disposiciones sobre el empleo de extranjeros en la actual versión del proyecto de ley no parecen ser contrarias al derecho comunitario. Sin embargo, la Comisión continuará su evaluación y seguirá de cerca la evolución del proyecto de ley.

(1) DO C 280 E de 3.10.2000, p. 87.

(2) Artículo 40 en la propuesta del Comité de defensa.