PREGUNTA ESCRITA E-2602/99

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(11 de enero de 2000)

Asunto: Acceso de inmigrantes nacionales de otros Estados miembros de la UE a la función pública de Luxemburgo

En respuesta a la pregunta no E-4067/98(1) presentada por Sergio Ribiero, la Comisión informó, el 19 de marzo de 1999, que el juicio por infracción contra Luxemburgo seguiría sus trámites en base al artículo 171 del Tratado CE.

En el segundo trimestre de este año, la DGV informó al CLAE que, a pesar de estar ya aprobada la legislación por las autoridades de Luxemburgo, seguían existiendo limitaciones al acceso a la función pública de este país para inmigrantes procedentes de otros Estados miembros.

Actualmente se ha lanzado un concurso de la ciudad de Luxemburgo para diversos puestos de trabajo (publicado el 17 de noviembre con plazo de presentación de candidaturas hasta el 24 de diciembre de 1999) que exige como condición de admisibilidad la nacionalidad luxemburguesa.

Pregunto, en consecuencia, a la Comisión, cuál es exactamente la situación actual.

(1) DO C 297 de 15.10.1999, p. 128.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(17 de febrero de 2000)

La Comisión tiene el honor de comunicar a Su Señoría que, a raíz de la adopción en Luxemburgo de la ley de 17 de mayo de 1999, suspendió el procedimiento de infracción iniciado contra este país.

Por esta ley se declara que no es admisible el requisito de la nacionalidad a los ciudadanos procedentes de otros Estados miembros que presenten solicitudes de empleo en los ámbitos de la investigación, la enseñanza, la salud, el transporte terrestre, el servicio de correos y la distribución de agua, gas y electricidad.

Debe señalarse que la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de julio de 1996(1) sólo se refería a los sectores públicos concretos que la Comisión había incluido en su procedimiento de infracción, conforme al enfoque calificado de global que expone en su Comunicación 88/C72/02(2).

Respecto a determinados empleos de la administración central o municipal (como los puestos de trabajo para los que se ha convocado la oposición que menciona Su Señoría), recae en la competencia de las autoridades nacionales decidir si se aplica el apartado 4 del artículo 39 del Tratado CE (antiguo artículo 48) en cada caso especial, con arreglo a las tareas y responsabilidades vinculadas a cada empleo específico(3). Dicha decisión debe basarse en los criterios que establece el Tribunal de Justicia y está supeditada al control de éste.

En la actualidad, la Comisión está examinando la situación de los Estados miembros, especialmente en el plano reglamentario, con relación al acceso a empleos de la administración pública en otros sectores distintos de los ya mencionados.

Debe recordarse que, visto el efecto directo y la primacía de las disposiciones comunitarias pertinentes en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, los ciudadanos de la Unión pueden hacer valer ante las autoridades nacionales su derecho a la libre circulación.

(1) Asunto C-437/93, Comisión contra Luxemburgo, Rec. 1996, P.I-3207.

(2) DO C 72 de 18.3.1988.

(3) A este respecto, véase el punto 27 de la sentencia del Tribunal citada anteriormente.