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PREGUNTA ESCRITA E-3677/98

de Gerhard Hager (NI) al Consejo

(4 de diciembre de 1998)

Asunto: Medidas presupuestarias en el ámbito del asilo y la inmigración

Según noticias de prensa (Boletín Europa no 7307, p. 8), a raíz del Consejo de Ministros de Justicia y de Asuntos Interiores, los países candidatos fueron informados en la reunión de septiembre de las medidas presupuestarias de la UE adoptadas con vistas a acciones en los ámbitos del asilo y la inmigración.

1. ¿Podría darse a conocer el contenido de esta información?

2. ¿Podría indicar el Consejo en su respuesta si estas "acciones" tendrán repercusiones concretas para la próxima ampliación a esos países limítrofes y de qué importes se trata?

Respuesta

(29 de marzo de 1999)

En el transcurso de la reunión de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea con los países candidatos a la adhesión, celebrada el 24 de septiembre de 1998, la Comisión de las Comunidades Europeas se limitó a analizar las distintas iniciativas de apoyo financiero adoptadas en el ámbito del asilo y de la inmigración, en favor de la adhesión, sobre todo en el marco del programa PHARE, que incluye asimismo una parte JAI. Para más detalles sería conveniente que Su Señoría se dirigiese a la Comisión, que gestiona el citado programa.
PREGUNTA ESCRITA E-4084/98

de Luigi Florio (PPE) a la Comisión

(14 de enero de 1999)

Asunto: Exclusión de las PYME de las negociaciones sindicales europeas

La Comisión consulta habitualmente a las organizaciones representativas de las PYME europeas, pero las excluye sistemáticamente de las negociaciones, a las que sólo invita a las organizaciones que representan a las grandes industrias.

Sin embargo, los datos estadísticos muestran claramente que las PYME son las únicas que en los últimos lustros han creado puestos de trabajo, mientras que en las grandes industrias se ha reducido el número de trabajadores.

¿No considera la Comisión que es necesario rectificar esta situación y permitir que las organizaciones europeas que representan a las PYME también participen en las negociaciones sindicales?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(3 de marzo de 1999)

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) contribuyen de forma decisiva a la riqueza y el empleo en la Comunidad. La Comisión tiene el deber de fomentar el diálogo social europeo y de asegurar la máxima representatividad en la consulta y en la aplicación de acuerdos con arreglo a los principios que rigen dichos procesos.

La Comisión y el Consejo tienen la responsabilidad de controlar que los signatarios de un acuerdo alcanzado por los interlocutores sociales, que ha de ser objeto de transposición en la legislación comunitaria, sean suficientemente representativos en relación con el objeto del acuerdo. Sin embargo, las instituciones han de respetar plenamente la autonomía de los interlocutores sociales y no pueden intervenir en la libre elección de los interlocutores de la negociación.

En su Comunicación "Adaptación y fomento del diálogo social a escala comunitaria", de 20 de mayo de 1998(1), la Comisión instó a los interlocutores sociales a mantener la intensidad del diálogo social y a seguir buscando un amplio apoyo a través de una representación óptima. Este mensaje, que coincidía en gran medida con la posición del Parlamento Europeo en el Libro Verde que precedió a la Comunicación(2), provocó un amplio debate entre la Unión de Confederaciones de la Industria y de las Organizaciones Empresariales de Europa (UNICE) y la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME) sobre la posibilidad de que ésta última participe en todos los procesos de acción y negociación en el marco del diálogo social europeo. Estas dos organizaciones concluyeron a finales de 1998 un acuerdo de cooperación en el que se prevén iniciativas conjuntas en el contexto del diálogo social y de las negociaciones. La Comisión se felicita por ello, ya que es un paso importante para lograr un diálogo constructivo y una mayor participación en las negociaciones de los interlocutores sociales a escala europea.

(1) COM(98)322 final.

(2) COM(96)448 final.
PREGUNTA ESCRITA P-4009/98

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(22 de diciembre de 1998)

Asunto: Participación de Grecia en programas para las personas de edad

Según un informe especial de la red europea para las personas de edad (Eurolink Age), los mayores y las organizaciones que trabajan con ellos pueden beneficiarse de distintos programas europeos:

- Fomento de la salud, partida B3-4300

- Control sanitario, partida B3-4306

- Enfermedad de Alzheimer, partida B3-4304

- Libre circulación de los trabajadores y medidas en beneficio de los migrantes, partida B3-4110

- Acción de integración para los refugiados, partida B3-4113

¿Puede indicar la Comisión:

1. si Grecia ha presentado solicitudes de participación en dichos programas;

2. y en caso afirmativo, en qué programas, a qué medidas afectan y por qué importe del presupuesto?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(18 de marzo de 1999)

La Comisión se complace en proporcionar a Su Señoría información sobre las partidas presupuestarias mencionadas en su pregunta:

- Programa de fomento de la salud (B3-4300): se han subvencionado ocho proyectos griegos con un presupuesto total de 2 195 421 [fmxeuro]. La Comisión ha otorgado 1 045 508 [fmxeuro].

- Síndrome de Alzheimer y enfermedades asociadas (B3-4300, B3-4307 y B3-4304): se han seleccionado tres proyectos griegos con un presupuesto total de 237 592 [fmxeuro]. La Comisión ha concedido 159 231 [fmxeuro].

- Hasta la fecha, la Comisión no ha subvencionado ningún proyecto en materia de control sanitario presentado por organizaciones o ciudadanos griegos.

- Ninguna organización o ciudadano griego ha presentado solicitud alguna de subvención de acciones en favor de emigrantes ancianos en el marco de los programas relacionados con la libre circulación de los trabajadores y las medidas en beneficio de los emigrantes (B3-4110) o la acción de integración para los refugiados (B3-4113).

La Comisión desearía señalar que cualquier Estado miembro, organización o particular pueden beneficiarse de los programas europeos de salud pública aprobados con arreglo al artículo 129 del tratado CE. No obstante, la Comisión sólo participa en la financiación de proyectos que abarquen varios o, preferiblemente, todos los Estados miembros. En ocasiones, organizaciones y ciudadanos griegos han actuado como directores de los proyectos presentados, pero también ha habido participación griega en muchos otros proyectos cuyos responsables no poseían dicha nacionalidad.
PREGUNTA ESCRITA E-3446/98

de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión

(24 de noviembre de 1998)

Asunto: Tripulantes de cabina en la aviación civil

Respecto de la propuesta de directiva del Consejo relativa a los requisitos de seguridad y certificación de la competencia profesional de los tripulantes de cabina en la aviación civil (COM(97)0382 - 97/0212 SYN)(1), ¿no considera oportuno la Comisión fijar en 21 años el límite mínimo de edad (apartado 1 del artículo 4) para el personal que desempeña funciones directivas o de jerarquía superior en el ámbito del transporte aéreo, como previsto para los demás sectores del transporte de pasajeros? Los miembros del personal de cabina con cometidos superiores, de quienes se exigen considerables responsabilidades, especialmente en las situaciones de emergencia, han de poseer cierta experiencia de vida pero también conocimientos prácticos del servicio de cabina.

(1) DO C 263 de 29.8.1997, p. 5.

Respuesta común

a las preguntas escritas E-3420/98 y E-3446/98 dada por el Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(4 de febrero de 1999)

Efectivamente, la propuesta de Directiva del Consejo sobre requisitos de seguridad y certificación de la competencia profesional de los tripulantes de cabina en la aviación civil presentada por la Comisión se aplicaría exclusivamente a la totalidad del personal de cabina que realice funciones en la cabina de pasajeros de una aeronave, con la sola excepción del personal complementario a bordo que cumpla únicamente funciones no relacionadas con la seguridad, como el ejercicio de actividades comerciales.

La decisión de hacer extensivas las disposiciones de la propuesta al personal que cumpla únicamente funciones no relacionadas con la seguridad seguirá siendo exclusivamente competencia de las autoridades aeronáuticas nacionales o de los transportistas aéreos.

La propuesta fija una edad mínima de 18 años para esta categoría de personal, y la Comisión cree que no es necesario establecer otras disposiciones relativas a la estructura de la carrera, puesto que debe ser una decisión dependiente de los interlocutores sociales o de las prácticas comerciales de los transportistas. A juicio de la Comisión, la adopción de disposiciones complementarias constituiría un obstáculo innecesario para el mercado de trabajo.
PREGUNTA ESCRITA E-3522/98

de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión

(25 de noviembre de 1998)

Asunto: Compensación - denegación del embarque

En relación con la propuesta de reglamento (CE) 295/91, por el que se establecen normas comunes relativas a un sistema de compensación por denegación de embarque en el transporte aéreo (COM(98)0041 final - 98/022 SYN)(1), ¿podría la Comisión, sobre la base de los informes elaborados por los Estados miembros, informar cada tres años sobre la eficacia del reglamento, velando, asimismo, por realizar una evaluación completa de los costes y los beneficios que se derivan del reglamento, previa consulta a las partes interesadas, antes de que se proceda a la revisión de éste último, y, al mismo tiempo, realizar un análisis comparativo de las disposiciones sobre compensación, en caso de denegación de embarque, vigentes en los Estados Unidos y en la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(29 de enero de 1999)

La Comisión conviene en la importancia de los análisis estadísticos sobre los casos de compensación por denegación de embarque para disponer de información fiable sobre los problemas experimentados por los pasajeros.

Por consiguiente, en su propuesta modificada de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) 295/91 del Consejo por el que se establecen normas comunes relativas a un sistema de compensación por denegación de embarque en el transporte aéreo(2), la Comisión aceptó las sugerencias presentadas con anterioridad por el Parlamento a este respecto.

La Comisión acepta asimismo que las evaluaciones de rentabilidad, las consultas con las partes interesadas y la comparación con la legislación similar de otros países es importante para evaluar la necesidad de modificar la legislación en el futuro. La Comisión recogerá dicha información siempre que ello proceda.

(1) DO C 120 de 18.4.1998, p. 18.

(2) DO C 351 de 18.11.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-3437/98

de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión

(24 de noviembre de 1998)

Asunto: Recogida de residuos en Roma

En los últimos meses ha habido varias polémicas con el Municipio de Roma y con la empresa AMA que gestiona la recogida de residuos sólidos urbanos, debido a las modalidades de dicha recogida que, de hecho, impiden la fácil utilización de los recipientes destinados a la recogida de estos residuos y de los dedicados a la recogida diferenciada.

¿Puede decir la Comisión:

1. cuáles son las modalidades de recogida que actualmente se utilizan en los demás Estados miembros de la Unión Europea;

2. si no considera que este servicio ineficaz es contrario a las directivas europeas relativas a la recogida y reciclado de residuos?

3. ¿Podría la Comisión dar a conocer su opinión general al respecto?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(21 de diciembre de 1998)

1. No hay directivas específicas sobre la recogida de deshechos, para cuya actividad existen modalidades diversas en los Estados miembros. No es posible proporcionar una respuesta exhaustiva a Su Señoría puesto que es necesario tener en cuenta numerosos factores, incluido el clima, los hábitos alimentarios, y las condiciones locales. Generalmente, existen también diferencias regionales en un mismo Estado miembro para adaptarse a las circunstancias locales.

2. La Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos(1), modificada por la Directiva 91/156/CEE(2) estipula en su artículo 4 que los residuos se valorizarán o se eliminarán sin poner en peligro la salud del hombre ni perjudicar el medio ambiente. Los pormenores relativos a la organización de la recogida y eliminación de los deshechos se dejan a juicio de los Estados miembros, que gozan de amplia libertad para ello. Por lo general, las diferencias de opinión entre una autoridad local y una empresa a quien se han encomendado las tareas de recogida y eliminación de los deshechos municipales no son ajenas a la legislación medioambiental comunitaria relativa a los residuos.

3. La información proporcionada no permite a la Comisión opinar sobre el problema planteado por Su Señoría.

(1) DO L 194 de 25.7.1975.

(2) DO L 78 de 26.3.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-3798/98

de Giuseppe Rauti (NI) a la Comisión

(22 de diciembre de 1998)

Asunto: Por el rechazo drástico del Acuerdo Multilateral de Inversiones

¿Puede decir la Comisión si está siguiendo las vivísimas polémicas que se extienden por toda Europa -aunque también en los Estados Unidos y el Canadá- sobre el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), que se debería firmar próximamente en los Estados miembros de la Unión Europea.

El objetivo del AMI consiste en asegurar "la liberalización de las inversiones internacionales y la protección de las mismas", pero de hecho se presenta -y esto es lo que es- como el manifiesto del capitalismo libre más desenfrenado y salvaje, porque asegura a las multinacionales y a las instituciones financieras todos los derechos, a la vez que suprime la soberanía y la capacidad de actuación de los Estados. Basta con pensar que el capítulo titulado explícitamente "Derechos de los inversores" proclama la libre facultad de invertir fondos, adquirir recursos naturales, mineros, servicios de telecomunicaciones e incluso "estructuras culturales", todo, en resumidas cuentas, sin rémoras o limitaciones de ninguna clase, mientras que a los gobiernos sólo les queda la obligación de asegurar "el pleno disfrute" de las inversiones.

Habida cuenta de todo ello, ¿puede decir la Comisión di no piensa adoptar rápida y drásticamente una posición contraria al "Tratado", preparado con gran secreto por la OCDE, y que no salió a la luz sino recientemente gracias a distintas iniciativas periodísticas que lo denunciaban por lo que es: la violación de los derechos estatales y sociales en nombre se la "religión" del beneficio y del libre mercado?

Respuesta del Vicepresidente Brittan en nombre de la Comisión

(2 de febrero de 1999)

El 20 de octubre de 1998 el Comisario responsable hizo una declaración en la sesión plenaria sobre el problema al cual Su Señoría hace referencia. Esta declaración sigue siendo exactamente la postura de la Comisión con respecto a las negociaciones de un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por ahora las negociaciones sobre el AMI están interrumpidas.
PREGUNTA ESCRITA E-3516/98

de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión

(25 de noviembre de 1998)

Asunto: Policía sanitaria - Intercambios de animales de las especies bovina y porcina

En relación con la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 64/432/CEE relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios comunitarios de animales de las especies bovina y porcina (COM(98)0081 final - 98/0052 COD)(1), se puede comprobar que, al respaldar el proyecto de la Comisión destinado a aplicar el sistema de información previsto, se señala que la base de datos existente no es todavía operativa.

Es evidente que estas lagunas no contribuyen a recuperar la credibilidad y la confianza por parte de los consumidores.

En este sentido, ¿podría la Comisión Europea presentar un informe sobre el estado en que se encuentra la aplicación de esta directiva en todo el territorio comunitario?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(28 de enero de 1999)

El artículo 5 del Reglamento (CE) 820/97 del Consejo, de 21 de abril de 1997, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno(2), prevé que "las bases de datos informatizadas serán completamente operativas a más tardar el 31 de diciembre de 1999 y a partir de esa fecha contendrán todos los datos requeridos según... la Directiva 64/432/CEE". Actualmente, las autoridades de los Estados miembros están dotándose de los instrumentos necesarios con el fin de responder a esta obligación. Por consiguiente, la situación, por el momento, presenta grandes variaciones según los Estados miembros. A la vista de las dificultades con que se han topado algunos Estados miembros, la Comisión coincide con Su Señoría en su preocupación y manifiesta su intención de llamar una vez más la atención de los Estados miembros respecto a la importancia de cumplir la fecha prevista.

La Comisión, a quien corresponde en virtud del primer guión del apartado 3 del artículo 6 del Reglamento (CE) 820/97 juzgar el carácter plenamente operativo de cada base de datos informatizada, presentó al Consejo y al Parlamento la propuesta a que hace referencia Su Señoría. Los trabajos en los órganos del Consejo aún no han concluido. Asimismo, se envió un cuestionario a todos los Estados miembros. Una vez recibidas las primeras respuestas, las primeras decisiones de la Comisión acerca del reconocimiento de las bases de datos informatizados deberán tener lugar durante el primer semestre de 1999.

(1) DO C 100 de 2.4.1998, p. 23.

(2) DO L 117 de 7.5.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-3714/98

de José García-Margallo y Marfil (PPE) al Consejo

(11 de diciembre de 1998)

Asunto: Auditoría del SEBC

El Protocolo no 3 sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo dispone en su artículo 27 que "las cuentas del BCE y de los bancos centrales nacionales serán controladas por auditores externos independientes, recomendados por el Consejo de Gobierno y aprobados por el Consejo...".

¿Piensa el Consejo que si el Tribunal de Cuentas interviniese también como auditor atentaría contra la independencia del SEBC?
PREGUNTA ESCRITA E-3796/98

de Phillip Whitehead (PSE) a la Comisión

(22 de diciembre de 1998)

Asunto: Pagos destinados a los proyectos emprendidos en el marco del programa TACIS

¿Puede garantizarme la Comisión que su sistema de pagos en el marco de los proyectos del programa TACIS no contraviene la directiva sobre pagos atrasados?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-3500/98 y E-3796/98 dada por el Sr. van den Broek en nombre de la Comisión

(27 de enero de 1999)

La Comisión estableció normas internas para los plazos de pago en 1997, antes de presentarse la propuesta de Directiva sobre morosidad de los pagos(1), y determinó que los pagos han de efectuarse en el plazo de 60 días a partir de la recepción de la solicitud de pago. Este período puede suspenderse, por ejemplo, si la solicitud de pago no se acompaña de los documentos justificativos adecuados o si se precisan más comprobaciones.

En el caso de TACIS y de PHARE, se ha superado el plazo en varios casos con lo que, en los primeros diez meses de 1998, el plazo medio de pago fue de 73,6 días. Se trata de una media general para todos los beneficiarios, independientemente de la calidad de los expedientes presentados.

La Comisión ha recibido protestas formales por retrasos de pago en relación con TACIS de varias organizaciones y particulares, principalmente de consultores establecidos en el Reino Unido. La Comisión remite a Sus Señorías a su respuesta a la pregunta escrita E-3236/98 planteada por el Sr. Mather(2).

La Comisión no recopila las estadísticas de facturas pendientes por países de origen de los contratistas, ya que ello mermaría los recursos disponibles para comprobar y cursar las reclamaciones de pago.

En cuanto al futuro, el Servicio Común Relex recién creado está poniendo medios para reducir cuanto antes los atrasos de pago y la situación ha mejorado ya notablemente. Por otra parte, la Comisión está reexaminando la estructura financiera de los contratos con objeto de reforzar las condiciones de verificación y de simplificar y armonizar los procedimientos.

(1) COM(98)615 final.

(2) DO C 182 de 28.6.1999, p. 53.
PREGUNTA ESCRITA E-4040/98

de Antonios Trakatellis (PPE) a la Comisión

(13 de enero de 1999)

Asunto: Verificación de la violación del Derecho comunitario relativo a la ley griega sobre el etiquetado de los productos alimenticios

La Ley griega 2538/79 que contiene disposiciones reglamentarias sobre determinados alimentos (productos lácteos, aceite de oliva, zumos envasados de frutas, miel y productos cárnicos envasados) prevé obligaciones de etiquetado que perjudican gravemente la producción y el comercio de los productos alimenticios, ya que prevé procedimientos burocráticos desproporcionados que, al mismo tiempo, constituyen un obstáculo al comercio intracomunitario. Paralelamente, la misma ley prevé controles y la aplicación de sanciones administrativas, la imposición de multas y sanciones penales en el caso de violación de estas disposiciones.

De acuerdo con la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita P-2344/98 de 5.8.1998(1), esas diferentes obligaciones de etiquetado podrían, a primera vista, constituir una infracción de la Directiva 79/112/CEE(2), por lo que la Comisión se ha comprometido a estudiar la posibilidad de iniciar un procedimiento por infracción de conformidad con el Artículo 169.

1. ¿Qué conclusiones han podido extraerse de la evaluación de la Comisión en lo que se refiere a la violación de la Directiva 79/112/CEE por la ley en cuestión que impone:

a) la mención del porcentaje de los ingredientes que se utilizan en los alimentos en cuestión,

b) la mención, en el etiquetado de los productos en cuestión, del país de origen así como de los países de origen de los productos utilizados,

c) la mención, en el etiquetado de los productos, del nombre y la dirección del productor, del acondicionador o, en el caso de productos no griegos, del distribuidor en Grecia?

2. ¿Cuál es la posición del Gobierno griego tras la notificación de este asunto por parte de la Comisión?

3. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión, en el caso en que dicha ley contravenga las normas comunitarias, para garantizar la normalización de la producción y de la comercialización de los productos alimenticios en Grecia?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión

(10 de marzo de 1999)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a su pregunta escrita E-4039/98(3).

(1) DO C 13 de 18.1.1999, p. 157.

(2) DO L 33 de 8.2.1979.

(3) Ver página 118.