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PREGUNTA ESCRITA E-3415/00

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(7 de noviembre de 2000)

Asunto: Los Estados miembros y el convenio relativo a la protección de los intereses financieros comunitarios

Desde hace cinco años existe un convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. En enero de 2000 sólo lo habían firmado cinco de los quince Estados miembros: Suecia, Austria, Finlandia, Alemania y el Reino Unido.

¿Ha firmado ya algún otro país el convenio? ¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para instar a otros países a que lo firmen?

¿No sería adecuado determinar que el hecho de que un país no apruebe el convenio significa que no puede responder de la buena gestión de las ayudas comunitarias y que, por consiguiente, conviene suspender el pago de las mismas hasta que haya firmado?

Respuesta de la Comisaria Schreyer en nombre de la Comisión

(1 de diciembre de 2000)

La Comisión observa en primer lugar que el proceso de ratificación, no sólo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas(1) sino también de sus protocolos(2) y del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea(3) continúa en los Estados miembros.

En esta fase, además de los Estados miembros mencionados por Su Señoría (Alemania, Austria, Finlandia, Suecia, Reino Unido), Grecia, España y Francia notificaron al Consejo haber ratificado el Convenio de protección de los intereses financieros.

La Comisión ha recordado constantemente a los Estados miembros la necesidad de ratificar estos distintos instrumentos y de transponer las disposiciones en el Derecho nacional pero observa que el compromiso de los Estados miembros de combatir el fraude, el blanqueo, la corrupción y las otras actividades ilegales perjudiciales para los intereses financieros comunitarios se aprecia también a la luz de todas las demás medidas adoptadas a nivel nacional, en particular en cuanto al control.

En cualquier caso, a partir de la constatación de que todos los Estados miembros no ratificaron aún los instrumentos mencionados, la Comisión ya inscribió en su programa de trabajo una iniciativa para presentar algunas propuestas legislativas destinadas a reforzar el marco jurídico y judicial para proteger los intereses financieros de la Comunidad destinadas a sustituir a dichos instrumentos.

(1) DO C 316 de 27.11.1995.

(2) DO C 313 de 23.10.1996, DO C 151 de 20.5.1997, DO C 221 de 19.7.1997.

(3) DO C 195 de 25.6.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-2906/00

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(14 de septiembre de 2000)

Asunto: Negociaciones de adhesión

1. ¿Hay, o ha habido en la historia de la Unión Europea, pueblos de los que se decía que formaban parte de la UE pero que, en la práctica, no estuvieran democráticamente representados en las instituciones?

2. Si se permitiera a la República de Chipre adherir a la Unión Europea cuando está reivindicado un mandato constitucional sobe toda la isla, mientras que la República turca del Norte de Chipre sigue proclamando su independencia, ¿constituiría ello un precedente?

3. ¿Existe alguna referencia en los Tratados de la Unión Europea que exija que se consulte a los individuos directamente o bien a través de sus representantes directamente elegidos para conocer sus puntos de vista antes de que se reivindique que forman parte de la UE?

4. ¿Cuál es el estatuto de Gibraltar a este respecto?

Respuesta del Presidente Prodi en nombre de la Comisión

(18 de octubre de 2000)

1. y 2. La Comisión subraya que no hay ningún precedente en la historia de la Unión de pueblos que hayan pertenecido a ella sin contar con una representación democrática. Sin embargo, esta afirmación no presupone un juicio de valor sobre si la República Turca del Norte de Chipre cuenta con una representación democrática o no.

3. y 4. El Tratado CE no contiene ningún requisito expreso de identificar los puntos de vista de individuos o de sus representantes electos. Este asunto sigue siendo una cuestión constitucional exclusiva de los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-2968/00

de Bart Staes (Verts/ALE) al Consejo

(25 de septiembre de 2000)

Asunto: Integración de la leche distribuida en las escuelas en la política de alimentación sana

Teniendo en cuenta que el programa de distribución de leche en las escuelas contribuye al logro del los objetivos en materia de alimentación y salud pública, la Comisión y los Ministros de

Agricultura decidieron restablecer la subvención concedida a la misma a través del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola en el 75 %. No obstante, es más razonable ofrecer a los escolares leche gratis que ponerlos ante la tentación de las máquinas de venta de colas o fantas proporcionadas por el sector de bebidas refrescantes. Por tanto, parece adecuado transferir el 25 % restante del programa de distribución de leche en las escuelas al programa de política de alimentación sana.

¿Tratará el Consejo de transferir el 25 % restante de la subvención del programa de distribución de leche en las escuelas al presupuesto del programa de política de alimentación sana, en vista de la particular atención dedicada por la Comisión y los Estados miembros a este asunto? En caso negativo, ¿por qué opina el Consejo que el 25 % restante del programa de distribución de leche en las escuelas no debe imputarse al presupuesto del programa de política de alimentación sana? ¿Cómo compagina el Consejo esta posición con la declaración del Comisario Fischler de que la distribución de leche en las escuelas puede contribuir a que se alcancen los objetivos en materia de alimentación y de carácter social (respuesta a la pregunta escrita E-1320/00(1))?

(1) DO C 53 E de 20.2.2001, p. 126.

Respuesta

(22 de diciembre de 2000)

La decisión adoptada por el Consejo por la que se reduce la financiación comunitaria del programa de distribución de leche en las escuelas al 75 % es conforme al dictamen del Parlamento Europeo.

El Consejo desea recordar que su decisión autoriza a los Estados miembros a que aumenten, hasta el 25 % restante, la ayuda a la distribución de leche escolar, para orientar esta acción al logro de una política de alimentación sana.

En este momento, el Consejo no tiene conocimiento de propuesta alguna por la que se asigne el 25 % restante de reducción de la financiación comunitaria a una línea presupuestaria reservada a una política de este tipo.
PREGUNTA ESCRITA E-1897/00

de Ingo Friedrich (PPE-DE) a la Comisión

(16 de junio de 2000)

Asunto: Distribución de carteles de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea

La DG de Política Regional de la Comisión distribuye carteles que documentan el desarrollo de los proyectos cofinanciados entre 1989 y 1999 por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

1. ¿Cuál es la tirada total de dichos carteles para Alemania y para los otros Estados miembros de la UE?

2. ¿Cuál es el coste total de la producción de dichos carteles para Alemania y para la UE en su totalidad?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(19 de septiembre de 2000)

1. Los carteles a los que hace referencia Su Señoría se han realizado utilizando imágenes procedentes del archivo fotográfico de la Comisión sobre proyectos de desarrollo regional. Alemania es el tercer país en el que se distribuyen dichos carteles, tras España y Portugal. En lo que respecta a Alemania, se han impreso 6 000 carteles de los cuales aproximadamente 4 360 se han enviado a las autoridades locales, a las oficinas de la Comisión y a las administraciones responsables de la gestión de los Fondos Estructurales. Se imprimieron 4 000 carteles para Portugal y 5 000 para España. La mayor parte de los mismos ya se han distribuido en los Estados miembros en cuestión.

La Comisión considera que se trata de un medio económico de información a los ciudadanos dentro de la variedad de actividades cofinanciadas por la Comunidad. Muchas administraciones han solicitado más copias para utilizarlas, por ejemplo, en los institutos.

2. El coste de la concepción, del material gráfico y de la impresión de los carteles distribuidos en Alemania asciende a 8 043, es decir, 1,3 por cartel. El coste de producción unitario de los carteles españoles y portugueses fue muy similar. Coincidiendo con las Presidencias francesa y sueca, está previsto realizar carteles a un coste comparable.
PREGUNTA ESCRITA E-3008/00 de John McCartin (PPE-DE) a la Comisión. Campos electromagnéticos y equipamiento de telecomunicaciones.



Diario Oficial n° 136 E de 08/05/2001 p. 0156 - 0156



PREGUNTA ESCRITA E-3008/00 de John McCartin (PPE-DE) a la Comisión (26 de septiembre de 2000) Asunto: Campos electromagnéticos y equipamiento de telecomunicaciones Con referencia a la pregunta escrita P-1472/99(1), relativa a los posibles efectos perjudiciales de los campos electromagnéticos sobre la salud pública, ¿se han realizado entretanto investigaciones que hayan llevado a la Comisión a considerar la oportunidad de proponer nuevas medidas con objeto de proteger al público de los efectos de dichos campos electromagnéticos? (1) DO C 27 E de 29.1.2000, p. 84. Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión (26 de octubre de 2000) En ausencia de nuevas pruebas científicas aprobadas por el Comité científico director de la Comisión, el texto de la Recomendación 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz)(1), prevé su revisión y actualización, teniendo en cuenta los programas de investigación que se están realizando en el marco del quinto programa marco, en un plazo de cinco años a partir de su adopción. (1) DO L 199 de 30.7.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-2881/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(14 de septiembre de 2000)

Asunto: Línea de tren de alta velocidad entre Galicia y Portugal

El Sr. Nuno Cardoso, alcalde de la ciudad de Oporto, en Portugal, expresó recientemente la opinión, compartida por toda la sociedad del norte de Portugal, de que era necesario construir una línea de tren de alta velocidad entre Lisboa y Ferrol, en Galicia, señalando además que dentro de la misma, la conexión entre Oporto y Vigo, y de Vigo con el centro de Europa a través de Valladolid, sería transcendental para la eurorregión Galicia-Norte de Portugal. Esta misma posición cuenta con el respaldo de los sectores económicos y sociales de toda Galicia, y ha sido especialmente defendida por los alcaldes de las ciudades del norte de Portugal y de Galicia, que forman la institución del Eje Atlántico.

A la vista de esta situación, ¿puede indicar la Comisión si ha tomado alguna decisión o, por lo menos si ha sido informada, acerca de los proyectos de los Gobiernos portugués y español relativos a la línea de tren de alta velocidad que uniría el norte de Portugal, desde Oporto, con Galicia en su conjunto? ¿Ha entablado el Gobierno Autónomo de Galicia, o su Presidente, a través de la Comunidad de Trabajo Galicia-Norte de Portugal que también preside en este momento, algún tipo de negociación con la Comisión Europea para lograr las inversiones necesarias para dicha obra, que tendría consecuencias extraordinariamente beneficiosas para las sociedades gallega y portuguesa?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(27 de octubre de 2000)

En el contexto de los contactos regulares con las autoridades regionales, la Comisión ha tenido conocimiento las discusiones y estudios relativos al corredor Porto-Galicia, conexión multimodal entre Portugal, España y el centro de Europa.

La Comisión no ha tomado ninguna decisión al respecto. Se examinará esta cuestión dentro de la revisión de las orientaciones de las RTE que se presentarán antes de que concluya el año 2000, dando por hecho que el corredor mencionado ya forma parte del proyecto prioritario de RTE, conexión multimodal entre Portugal, España y el centro de Europa.

La Comisión no tiene competencia para negociar la financiación de la obra mencionada. En todo caso, la concesión de la financiación comunitaria para este tipo de obras se hace de acuerdo con los instrumentos legales existentes.
PREGUNTA ESCRITA P-1830/00

de Giorgio Lisi (PPE-DE) al Consejo

(5 de junio de 2000)

Asunto: Posición del Consejo sobre los problemas vinculados a la circulación del alcohol y las bebidas alcohólicas objeto de impuestos especiales

Esta pregunta ha sido transformada en pregunta oral H-0876/00.

Respuesta

(20 de noviembre de 2000)

1. El Consejo recuerda a Su Señoría las conclusiones que adoptó en materia de fraude en el sector del alcohol y el tabaco, en su reunión del 19 de mayo de 1998. En tal ocasión, el Consejo destacó la necesidad de que los Estados miembros y la Comisión hicieran frente al fraude en el ámbito de los impuestos especiales sobre los productos del alcohol y el tabaco, y aprobó asimismo el informe del Grupo de alto nivel sobre el fraude en los sectores del tabaco y del alcohol. Por último, y sin perjuicio de los resultados del estudio de viabilidad propuesto por la Comisión, destacó la importancia de un sistema informatizado de control como objetivo a largo plazo y se comprometió a establecer rápidamente, mientras tanto, un sistema eficaz de alerta rápida basado en un criterio selectivo. Desde entonces, la Comisión ha venido trabajando en tal sentido sobre estos temas, y el Consejo ruega a Su Señoría a dirigirse directamente a dicha Institución para conocer los pormenores y el grado de progreso de las medidas antedichas.

2. De manera general, la situación actual en materia de fraude en los impuestos, tanto directos como indirectos, y la posibilidad de reforzar la cooperación administrativa a este respecto han sido cuestiones ya tratadas en un debate celebrado en la sesión del Consejo (Ecofin) del 5 de junio de 2000.

En dicha ocasión, se presentó ante el Consejo un informe del Grupo ad hoc en materia de lucha contra el fraude fiscal, grupo creado por el Coreper con fecha de 8 de septiembre de 1999. Dicho informe viene a demostrar que el fraude fiscal ha alcanzado un nivel preocupante en la Comunidad. Todos los Estados miembros han confirmado su voluntad de intensificar la lucha contra el fraude, tanto a nivel interno como por medio de sus relaciones entre ellos. El Consejo ha pedido a la Comisión que presente, con la mayor brevedad posible, propuestas basadas en todas aquellas recomendaciones que hayan sido objeto de un acuerdo unánime durante los trabajos del Grupo ad hoc. Ello se refiere igualmente a las medidas que podrían adoptarse a fin de resolver los problemas específicos del fraude en materia de impuestos especiales.
PREGUNTA ESCRITA E-2084/00

de Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) a la Comisión

(28 de junio de 2000)

Asunto: Orientaciones de la Comisión en materia de prueba y evaluación de la seguridad de las cosechas modificadas genéticamente (MG)

¿Ha desarrollado la Comisión, sola o en colaboración con los Estados miembros, un conjunto de orientaciones en materia de prueba y evaluación de la seguridad de las cosechas modificadas genéticamente (MG)?

En caso afirmativo:

1. ¿Dónde pueden obtenerse?

2. ¿Tienen los consumidores acceso a ellas en un sitio Internet? En caso de que existan dichas orientaciones, ¿cómo se aplican?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2083/00, E-2084/00 y E-2086/00 dada por el Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(3 de octubre de 2000)

Las plantas modificadas genéticamente (MG) o los productos derivados de ellas, cuyo uso se destine a la elaboración de alimentos o ingredientes alimentarios, están sujetas al Reglamento sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios (Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento y del Consejo de 27 de enero de 1997(1)).

La Comisión ha elaborado una serie de orientaciones para la presentación y evaluación de solicitudes con arreglo al Reglamento sobre nuevos alimentos (Recomendación 618/97/CE de la Comisión relativa a los aspectos científicos y a la presentación de la información necesaria para secundar las solicitudes de puesta en el mercado de nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios y la elaboración de los informes de evaluación inicial de conformidad con el Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo(2)).

La evaluación de los nuevos alimentos e ingredientes alimentarios debe realizarse caso por caso. La evaluación inicial la realiza el organismo competente en materia de evaluación de alimentos del Estado miembro. La Comisión y el otro Estado miembro disponen de 60 días para presentar observaciones o formular objeciones a este informe de evaluación inicial. En caso de que se planteen objeciones, la Comisión procede a consultar al Comité científico de alimentación humana. Todos los dictámenes de este Comité se publican en Internet. La Comisión tiene la intención de garantizar que, en el futuro, las evaluaciones que no susciten ninguna objeción y, por consiguiente, no precisen recabar el dictamen del Comité científico de alimentación humana, también estén disponibles en Internet.

El Centro Común de Investigaciones (CCI) de la Comisión realiza actualmente un estudio(3) con objeto de reunir y analizar información sobre el consumo, a corto y largo plazo, de organismos modificados genéticamente (OMG) o productos derivados de éstos. Se prevé que el estudio haya concluido a principios de 2001 y que sus resultados aporten nuevos datos a la cuestión.

(1) DO L 43 de 14.2.1997.

(2) DO L 253 de 16.9.1997.

(3) Impacto de los OMG en la salud humana y el medio ambiente: determinación de los riesgos, estudio coordinado por el IPTS-Sevilla.
PREGUNTA ESCRITA E-2419/00

de Francesco Turchi (UEN) a la Comisión

(18 de julio de 2000)

Asunto: Seguridad de la navegación marítima

Considerando que el Ministerio italiano de Transportes y Navegación, desatendiendo lo previsto en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 (SOLAS) aplicable a los buques construidos antes de 1995, y en los Decretos del Presidente de la República no 432/91 y no 156/73, no solamente permitió que no se alimentaran las centrales radioeléctricas, con graves daños para la intimidad y la seguridad de los operadores de radio, sino también la instalación del centro de radio en el puente de mando de los buques de pasajeros, en los transbordadores y en los buques mercantes.

Considerando, además, que en algunos buques de pasajeros, transbordadores y buques mercantes, la autoridad marítima ha desembarcado al oficial radiotelegrafista GMDSS/GOC sin que se haya establecido el cuadro de armamento de seguridad, y ha asignado el servicio radioeléctrico al oficial de puente, que debe desempeñar dicho servicio durante su turno de guardia, con pasajeros y miembros de la tripulación en el puente de mando, en incumplimiento de las directivas pertinentes y con la única preparación de un curso de cinco días.

Considerando, por último, que la legislación internacional, al igual que la comunitaria y la nacional, establece que un Estado soberano no puede autorizar excepciones cuyo resultado sea la disminución de la seguridad de la navegación, un riesgo o un peligro para la seguridad de las personas y de los bienes y que la administración competente, que está al corriente de las deficiencias, tiene el deber de adoptar con carácter preventivo las medidas de seguridad adicionales necesarias para evitar el peligro.

¿Puede hacer saber la Comisión los motivos que se aducen para justificar esta situación y las medidas que piensa adoptar al respecto?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(26 de septiembre de 2000)

La radiocomunicación marítima está regulada a nivel internacional por el Convenio Solas de 1974, el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (Convenio STCW, de 1978) en su versión enmendada.

Desde el 1 de febrero de 1999, de acuerdo con el Convenio Solas, las instalaciones de radio tradicionales han sido sustituidas por aparatos que cumplen las normas internacionales establecidas en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS). El puesto tradicional de oficial radiotelegrafista puede, según esas nuevas normas, ocuparlo otro oficial de puente con las cualificaciones necesarias.

No hay disposiciones comunitarias que se refieran específicamente a este aspecto de la cuestión de las radiocomunicaciones.

Las preguntas planteadas por Su Señoría se refieren a la aplicación del sistema GMDSS, asunto que es responsabilidad únicamente de cada Estado como parte contratante en el Convenio Solas.
PREGUNTA ESCRITA E-1971/00

de José Ribeiro e Castro (UEN) al Consejo

(21 de junio de 2000)

Asunto: CIG documento de la Presidencia portuguesa

La prensa publicó que, el 16 de mayo, en una reunión en Bruselas del grupo negociador de la CIG, la Presidencia portuguesa presentó un documento en el que, en particular:

a) se proponía la creación de una nueva forma jurídica vinculante en el marco de la Unión Europea: el acto legislativo

b) se presentaban diferentes cálculos en cuanto a la distribución de escaños entre los Estados miembros en el Parlamento Europeo.

¿Puede decir el Consejo de qué documento se trata y cuál es su contenido completo? ¿Qué sería el acto legislativo propuesto y cómo se diferenciaría de las directivas, de los reglamentos y otros actos jurídicos? ¿Qué modelos alternativos se presentaron en el documento en cuestión en lo que respecta a la composición del Parlamento Europeo, para su evaluación y debate en el marco de la CIG?

Respuesta

(10 de noviembre de 2000)

Como sin duda sabe Su Señoría, el Consejo no desempeña ningún papel en los trabajos de la Conferencia Intergubernamental y, por consiguiente, no puede hacer comentarios sobre su labor. El Parlamento Europeo, en cambio, dispone de dos observadores que asisten a las reuniones del Grupo Preparatorio de la CIG. Además, los documentos de la CIG a que se refiere Su Señoría pueden obtenerse vía Internet en la página de la CIG (http://db.consilium.eu.int/cig/, que también permite acceder a todos los documentos oficiales de la Conferencia), en la rúbrica, de fecha 10 de mayo de 2000, relativa a las otras modificaciones que deberán aportarse a los Tratados en lo que se refiere a las Instituciones europeas.
PREGUNTA ESCRITA P-3826/00

de Massimo Carraro (PSE) a la Comisión

(29 de noviembre de 2000)

Asunto: Uso impropio de la marca Valpolicella para una campaña publicitaria contra la conducción en estado de embriaguez

Según un artículo publicado el 12 de noviembre de 2000 en el periódico l'Arena de Verona, los anuncios publicitarios del Consorcio Valpolicella se han utilizado en Irlanda de modo impropio y perjudicial para una campaña contra la conducción en estado de embriaguez. En dicha campaña se utiliza la marca Valpolicella, destacando en rojo las letras police contenidas dentro de la misma palabra, haciendo así una alusión evidente al nombre del vino en relación con los controles de las fuerzas del orden.

Si bien hay que considerar legítima y loable la iniciativa de hacer una campaña publicitaria contra la conducción en estado de embriaguez, ¿no considera la Comisión que la utilización de una específica denominación de origen controlada, como es el caso del Consorcio Valpolicella, constituye una acción difamatoria que causa un daño comercial notable a dicha marca?

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para solucionar el problema?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(11 de enero de 2001)

La Comisión desconoce los hechos mencionados por Su Señoría. Está llevando a cabo una investigación en el Estado miembro correspondiente e informará a Su Señoría de los resultados de la misma.