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PREGUNTA ESCRITA E-3830/97 de María Sornosa Martínez (GUE/NGL) a la Comisión (28 de noviembre de 1997)

Asunto: Especulaciones urbanísticas en los marjales de Gandía - Xeresa - Xeraco

Los denominados Marjales de Gandía - Xeresa - Xeraco (Inventario de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana) se están viendo amenazados por el proyecto de urbanización promovido por RUSTICAS, S.A. al amparo del art. 20 de la Ley 4/92, de 5 de junio, del Suelo No Urbanizable consistente en la construcción de un complejo hotelero y un terreno de golf.

La petición cursada (EXPE. 662/97) a la COPUT (Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte) fue examinada por el Ayuntamiento de Gandía, que, en escrito fechado a 12 de septiembre de 1997, pidió a la citada Consellería se suspendiera temporalmente el trámite de audiencia para la formulación de alegaciones por falta de documentación en el expediente.

Al margen de las irregularidades del expediente, el proyecto vulnera los artículos 6o y 9o de la Ley 4/92 anteriormente citada, que establecen las facultades y deberes de los propietarios de suelo no urbanizable sujeto a especial protección y la regulación de las obras, usos y aprovechamiento realizables, respectivamente. Se vulnera igualmente la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalidad Valenciana de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana y la Directiva 92/43/CEE ((DO L 206 de 22.7.1992, p. 7. )) relativa a la conservación de hábitats naturales y, en concreto, las zonas húmedas.

1. ¿Puede la dirigirse Comisión a la COPUT solicitando el expediente y, previo examen, solicitar la desestimación del proyecto en caso de que vulnere la Directiva 92/43/CEE?

2. ¿Puede la Comisión, desde sus competencias, y teniendo en cuenta los problemas que genera la descatalogación de numerosas zonas húmedas de gran importancia ecológica, solicitar a la Consellería de Medio Ambiente de Valencia la cumplimentación de un catálogo de zonas húmedas y de especial protección, tal como prevé la propia legislación de la Comunidad Valenciana en la Ley 11/1994?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (16 de diciembre 1997)

1. Dado que el Marjal de Xeraco es una de las zonas incluidas en el proyecto «Conservación de zonas húmedas y creación de una red de reservas para la Valencia Hispánica», que recibe financiación comunitaria a través del programa Life Nature, la Comisión ha solicitado la información pertinente a la Generalitat Valenciana, beneficiaria del contrato.

La Consellería de Medio Ambiente ha señalado a la Comisión que no disponía de ninguna noticia oficiosa al respecto. La aprobación definitiva del proyecto requiere una evaluación positiva de su impacto por parte de dicha Consellería. El procedimiento no ha comenzado aún.

2. La Comisión no dispone de competencias para exigir a la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana la realización de un catálogo de zonas húmedas.

La Consellería de Medio Ambiente ha señalado a la Comisión que iniciará en breve el procedimiento para la aprobación de dicho catálogo.
PREGUNTA ESCRITA E-3966/97 de Reimer Böge (PPE) a la Comisión (12 de diciembre de 1997)

Asunto: Valores límite de determinadas sustancias en los alimentos infantiles

¿Puede comunicar la Comisión si existen nuevas evaluaciones y conocimientos científicos a escala de la UE y a escala internacional en lo que se refiere a la definición de valores límite de determinadas sustancias, como, por ejemplo, el lindano, en los alimentos infantiles? En caso afirmativo, ¿cuáles son?

¿Qué conclusiones extrae la Comisión de la situación actual del debate científico?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (6 de febrero de 1998)

Se ha solicitado del Comité Científico de Alimentación Humana que revisara el dictamen que emitió el 23 de septiembre de 1994 sobre el lindano en los alimentos infantiles. En su reunión de 10 de noviembre de 1997, se le comunicó oralmente que la reunión conjunta FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas (JMPR) había procedido a una nueva evaluación del lindano en el período de sesiones de 22 de septiembre a 1 de octubre de 1997 y reducido sustancialmente la ingesta diaria admisible (IDA). El Comité consensuó que su dictamen anterior no podía seguir considerándose válido, pero no consiguió elaborar un nuevo dictamen al no disponer de los datos en que se basaba la reducción de la IDA. Entretanto, se ha informado a la Secretaría del Comité de que el dictamen de la JMPR se publicará en febrero o marzo de 1998. En fecha reciente, la Comisión ha solicitado del Comité que le comunicara si, habida cuenta de los datos presentados a la JMPR, la presencia de lindano en alimentos infantiles en una concentración de 0,03 miligramos por kilogramo (mg/kg) supone un riesgo para la salud pública y que la asesorara sobre la concentración máxima de lindano que puede considerarse aceptable dese el punto de vista de la salud humana. El 15 de enero de 1998, el Comité llegó a la conclusión de que «una concentración máxima de lindano de 0,02 mg/kg en alimentos destinados a lactantes y niños de corta edad puede considerarse aceptable desde el punto de vista de la salud humana.» Este dictamen del Comité Científico de Alimentación Humana, emitido el 15 de enero de 1998, puede consultarse en Internet.
PREGUNTA ESCRITA E-4177/97 de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) a la Comisión (21 de enero de 1998)

Asunto: Política de cohesión y cultura

La Comisión señala en su Comunicación COM(96)512 final «política de cohesión y cultura: una contribución al empleo» (página 4) que las actividades culturales sólo pueden beneficiarse de una financiación en virtud de los Fondos estructurales si contribuyen a la creación de empleos duraderos y son parte integrante de estrategias de desarrollo local o regional.

¿Podría la Comisión facilitar datos sobre la contribución al empleo y al desarrollo regional o local de los proyectos culturales cofinanciados por los Fondos estructurales con respecto al período de programación 1989-1993, así como con respecto al actual período de programación 1994-1999?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (17 de febrero de 1998)

La Comisión subrayaba en la Comunicación que todavía se desconoce con precisión la correlación existente entre la cultura y la creación de empleo a nivel regional o local. Ello se debe fundamentalmente al hecho de que el sector de la cultura no es homogéneo y se encuentra disperso en diversas categorías de estadísticas o de prioridades de programación. Además, las variaciones de la definición y clasificación estadística de la cultura entre los Estados miembros son notables. Por consiguiente, la Comunicación opta por facilitar ejemplos de iniciativas que han prosperado y de sus posibles efectos sobre el empleo.
PREGUNTA ESCRITA E-3947/97 de Johannes Swoboda (PSE) al Consejo (15 de diciembre de 1997)

Asunto: Acuerdo de la OCDE para la lucha contra la corrupción y los sobornos

En el marco de la OCDE se alcanzó un acuerdo para la lucha contra la corrupción y los sobornos. No obstante, este acuerdo se refiere únicamente al soborno de funcionarios.

¿Hasta qué punto aboga la Unión Europea por que se preste mayor atención a la corrupción y a los sobornos y para que estos sean objeto de persecución legal?

Respuesta (30 de marzo de 1998)

El Consejo ha adoptado ya diversas medidas para luchar contra el soborno. Cabe mencionar los siguientes instrumentos:

1. Convenio de 26 de mayo de 1997 relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea ((DO C 195/01 de 25.6.1997. ))

2. Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y su Protocolo de 27 de septiembre de 1996, que trata específicamente de la corrupción ((DO C 316/48 de 27.11.1995 y C 313/01 de 23.10.1996. ))

3. Posiciones comunes de 6 de octubre y 13 de noviembre de 1997, ambas relativas a las negociaciones en el seno del Consejo de Europa y de la OCDE en torno a la lucha contra la corrupción ((DO L 279/01 de 31.10.1997 y L 320/01 de 21.11.1997. )).

Además, la Presidencia luxemburguesa del Consejo propuso una acción común para luchar contra la corrupción en el sector privado. Esta propuesta, sobre la que el Parlamento Europeo ha emitido su dictamen, está siendo examinada por el Grupo de trabajo competente del Consejo con vistas a progresar considerablemente en los próximos meses. La Presidencia del Reino Unido confía en alcanzar un acuerdo antes de que acabe este semestre.

En este contexto es de señalar que el Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada, aprobado por el Consejo Europeo de Amsterdam en junio de 1997, contiene una recomendación específica (no 6) encaminada al desarrollo de una política global de la UE de lucha contra la corrupción para mejorar la transparencia de la administración pública y de los negocios y para evitar que la delincuencia organizada recurra a la corrupción. Este es también el objetivo de una comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, adoptada el 21 de mayo de 1997 sobre una política de la Unión en materia de lucha contra la corrupción.

El Consejo seguirá luchando firmemente contra el fraude y la corrupción.
PREGUNTA ESCRITA E-3815/97 de Caroline Jackson (PPE) a la Comisión (28 de noviembre de 1997)

Asunto: Transferencias netas al presupuesto comunitario

Según un artículo publicado en la revista «The Economist» el 18 de octubre de 1997, en una reunión del ECOFIN celebrada recientemente la Comisión no fue capaz de facilitar datos sobre las contribuciones netas de cada Estado miembro al presupuesto comunitario. Dada la importancia de este asunto y el alto grado de interés público que despierta, ¿se propone la Comisión publicar la lista de las contribuciones netas de cada Estado miembro al presupuesto comunitario, utilizando los datos más recientes?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (14 de enero de 1998)

En un documento enviado al Consejo EcoFin (del que se envía directamente una copia a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento), la Comisión exponía los motivos por los que no elabora estimaciones de los saldos presupuestarios de los Estados miembros.

En resumen, la Comisión sostiene que los flujos presupuestarios no reflejan la totalidad de las ventajas que ofrece la pertenencia a la Comunidad. En efecto, esta pertenencia, que se traduce en ventajas financieras y no financieras, así como en obligaciones, tiene una dimensión no presupuestaria cuya importancia trasciende la dimensión presupuestaria. Por ejemplo, las ventajas que resultan de la persecución de objetivos comunes, como la liberalización de los intercambios y la integración económica europea, no pueden evaluarse únicamente en términos de flujos presupuestarios. Además, los flujos presupuestarios no sólo benefician a los países destinatarios, sino también a otros Estados miembros, en forma de flujo de retorno. Tipico ejemplo de ello son los fondos estructurales y los gastos externos en los que la realización de proyectos con frecuencia da lugar a adquisiciones de bienes y servicios procedentes de otros Estados miembros.

Además, no existe una única definición de equilibrio presupuestario, lo que ofrece la posibilidad de elaborar diferentes métodos de evaluación de los beneficios presupuestarios netos generados por la pertenencia a la Comunidad. La elección de un método concreto refleja, con frecuencia, el deseo de ilustrar un punto de vista concreto o de defender una tesis específica. Ante estas dificultades, la Comisión no lleva a cabo ni respalda ningún método concreto de cálculo de los saldos presupuestarios de los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-3609/97 de Esko Seppänen (GUE/NGL) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Mejora de situación de la investigación en el ámbito de la lingüística general en el contexto de la investigación financiada con cargo a la UE

En el futuro procederá directamente de la UE todavía una parte mayor de los recursos destinados a la investigación lingüística europea.. En los programas de investigación de la UE la investigación lingüística se articula en cuatro ámbitos principales:

- programas que desarrollan y se benefician de los sistemas de acceso a la información y de los análisis lingüísticos por ordenador,

- programas relativos a la investigación cultural general,

- programas destinados específicamente a la zona de la antigua Unión Soviética y a los antiguos países socialistas, así como a la investigación y desarrollo realizada en los países en desarrollo,

- programas que apoyan la colaboración y formación de los investigadores.

Sin embargo, en la actualidad los programas de investigación lingüística de la UE raramente se centran en los ámbitos que afectan a la llamada investigación fundamental y teórica. Las dificultades de financiación que afectan a la investigación lingüística fundamental hacen, en particular, que haya que esperar largo tiempo antes de contar con resultados útiles. Sin embargo, en ciertos Estados miembros, por ejemplo en los Países Bajos y en Alemania, se considera rentable apoyar las investigaciones de lingüística teórica. En ambos países, la investigación teórica está muy avanzada.

¿Qué medidas considera la Comisión que podrían aplicarse para mejorar la situación de la investigación lingüística general? ¿Sería posible, por ejemplo, incluir la investigación lingüística en las actividades del CCI (Centro Común de Investigación) o crear un programa destinado específicamente a la investigación lingüística fundamental?

Respuesta de la Sra. Cresson en nombre de la Comisión (23 de enero de 1998)

La propuesta de la Comisión para el Quinto Programa Marco de Investigación ((COM(97)142 final. )) no prevé un programa específico de investigación lingüística fundamental. No obstante, dentro del programa específico «Desarrollar una sociedad de la información accesible», está previsto llevar a cabo actividades sobre las nuevas tecnologías de la lengua con el fin de hacer más accesibles los sistemas de información y de comunicación, especialmente en el marco de la acción-clave III «Contenido multimedios». Estas actividades incluirán algunos aspectos de la investigación fundamental.

Por lo que se refiere al Centro Común de Investigación (CCI), los trabajos actuales no prevén investigaciones lingüísticas.

Además, las competencias del CCI no permiten emprender actividades en este ámbito, al menos a corto plazo.
PREGUNTA ESCRITA E-3631/97 de Luciano Vecchi (PSE) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Garantías de cara a acceder a la iniciativa de empleo en Irlanda

Como ya se señaló en preguntas anteriores, la decisión de las autoridades italianas de obligar a las empresas que actúan sin ánimo de lucro a concertar garantías bancarias para poder acceder a las iniciativas de empleo resulta costosa y punitiva para las entidades que tienen dificultades para presentar garantías financieras propias.

Sabiendo que esta cuestión se regula de manera distinta en cada uno de los Estados miembros de la Unión, ¿puede decir la Comisión si en Irlanda está previsto exigir a las empresas que actúan sin ánimo de lucro (y en general a las empresas de la economía social y del «tercer sistema») que presenten garantías financieras o bancarias y, en caso afirmativo, con qué condiciones?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3624/97, E-3625/97, E-3626/97, E-3627/97, E-3628/97, E-3629/97, E-3630/97, E-3631/97, E-3632/97, E-3633/97, E-3634/97, E-3635/97, E-3636/97 y E-3637/97 dada por el Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (30 de enero de 1998)

La Comisión no dispone de datos sobre la obligación impuesta por los Estados miembros a las organizaciones sin ánimo de lucro de presentar una garantía bancaria para poder acceder a las financiaciones previstas en los diversos programas comunitarios. Este asunto es competencia de la legislación nacional.

En lo que se refiere a la concesión de subvenciones dentro de la iniciativa Empleo, compete a las autoridades nacionales firmantes de los convenios con los promotores de los proyectos exigir garantías bancarias según las normas nacionales vigentes. En Alemania, Grecia, España, Austria y Portugal normalmente no se piden dichas garantías a los promotores potenciales para permitirles acceder a la iniciativa Empleo.

Si bien es verdad que la constitución de una garantía bancaria puede suponer una carga suplementaria sobre todo para las empresas de la economía social, no es menos cierto que dicha garantía resulta indispensable cuando las consecuencias del mal cumplimiento de una obligación contractual puedan exceder los recursos financieros del deudor.

El Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 ((DO L 356 de 31.12.1997. )), en su versión modificada ((DO L 240 de 7.6.1995. )), que se aplica al presupuesto general de las Comunidades Europeas, exige la constitución de una fianza por los contratistas en el caso de contratos muy importantes o de la concesión de subvenciones de envergadura para la realización de proyectos. Sin embargo, a la mayoría de la asociaciones de carácter social rara vez le afecta esta obligación, habida cuenta de la amplitud limitada de los proyectos que proponen.
PREGUNTA ESCRITA P-3934/97 de Reimer Böge (PPE) a la Comisión (4 de diciembre de 1997)

Asunto: EEB - clasificación de los Estados miembros en distintas zonas de riesgo

¿Puede comunicar la Comisión cómo se pueden clasificar, en su opinión, los Estados miembros de la Unión Europea en zonas de bajo y de alto riesgo de EEB, teniendo en cuenta los criterios de la OIE en cuanto a zonas libres de EEB?

En opinión de la Comisión, ¿qué déficits existen en aquellos Estados miembros que, sobre la base de las normas de la OIE, se definen como zonas de bajo riesgo y que, por ello, no pueden ser considerados por la Comisión zonas de riesgo cero?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (19 de enero de 1998)

El capítulo 3.2.13 del código de la Oficina Internacional de Epizootías (OIE), referente a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), enumera tres categorías de países: los que están libres de EEB, los que tienen una gran incidencia de dicha enfermedad y los que tienen una baja incidencia. No clasifica a los países según el riesgo.

La incidencia de la EEB en un país no es sinónimo de riesgo y viene determinada por la precisión para detectar la enfermedad e informar de ella, mientras que el riesgo de contagiarse o de que se transmita la EEB viene determinado por las medidas tomadas para prevenir o eliminar el contagio. De este modo, puede que no se haya notificado ningún caso en un país que no haya tomado las medidas adecuadas para impedir la utilización de piensos infectados y que no realice una vigilancia efectiva de la EEB, pero presentaría un riesgo más grande que un país donde sí se hayan notificado unos cuantos casos, pero que, haya tomado medidas efectivas para combatirlos.

El Comité Científico Veterinario, en su dictamen del 21 de octubre de 1996, «considera que el riesgo de EEB es más bajo en cualquier Estado miembro que en el Reino Unido, pero no es cero». Todos los Estados miembros tienen libertad para presentar pruebas a la Comisión si desean demostrar que se encuentran en una posición favorable con respecto al riesgo de EEB. Algunos ya lo han hecho así, y sus propuestas las examinará el comité científico apropiado.

La Comisión no puede tomar una postura con respecto a la situación de cada Estado miembro por separado hasta que haya recibido un dictamen científico. Como primer paso, el Comité Director Científico está preparando en este momento una lista conjunta de criterios para evaluar todas las propuestas.
PREGUNTA ESCRITA E-3689/97 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) a la Comisión (19 de noviembre de 1997)

Asunto: Extraterritorialidad de algunas leyes de Estados Unidos

¿Qué acciones concretas está tomando la Comisión para evitar que se incluyan en el Acuerdo multilateral de inversiones de la OCDE, y que adquieran así carácter de extraterritorialidad, los contenidos de las denominadas Ley Helms-Burton y Ley D'Amato Kennedy?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3686/97, E-3687/97, E-3688/97, E-3689/97 y E-3690/97 dada por Sir Leon Brittan en nombre de la Comisión (19 de diciembre de 1997)

El acuerdo con Estados Unidos no es desequilibrado. La Comisión inició un procedimiento de panel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la ley Helms-Burton. La Comisión considera que esta ley viola el derecho internacional puesto que se propone influir (o tiene el efecto de influir) en el comportamiento de las empresas comunitarias por su presencia en Cuba. El acuerdo de 11 de abril de 1997 entre la Comunidad y EEUU sobre la ley Helms-Burton y la ley D'Amato, por el que la Comunidad acordó suspender su denuncia ante la OMC, insta al establecimiento de disposiciones que «impidan y disuadan la adquisición en el futuro de inversiones de cualquier Estado que haya expropriado o nacionalizado dichas inversiones». Además, y paralelamente, el acuerdo exige también que la Comunidad y EEUU colaboren para abordar y resolver mediante principios acordados el problema de los conflictos de jurisdicciones y de los boicoteos secundarios. Es importante observar que las conversaciones entre la Comunidad y EEUU sobre este punto son simétricas de las conversaciones sobre disciplinas de inversión. Estas conversaciones se hallan en curso y tienen por objeto llegar a un acuerdo aceptable que establezca una exención de conformidad con el título IV de la ley Helms-Burton, neutralizando así los efectos extraterritoriales de la ley.

Además, la Comunidad dejó claro que no se aplicará ningún arreglo de las diferencias sobre la ley Helms-Burton a menos que Estados Unidos conceda también a las empresas comunitarias una exención de la ley D'Amato.

La Comunidad se ha reservado todos los derechos a reanudar el procedimiento del panel de la OMC, o a iniciar nuevos procedimientos, en el caso de que se adopten medidas contra empresas comunitarias en virtud de las leyes Helms-Burton o D'Amato por no haberse concedido o prorrogado las exenciones.