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PREGUNTA ESCRITA E-2526/00

de Armando Cossutta (GUE/NGL) a la Comisión

(2 de agosto de 2000)

Asunto: Discriminación hacia personas con discapacidad en Rotterdam

El domingo 2 de julio de 2000, con ocasión de la Final del Campeonato de Europa de Fútbol en Rotterdam (Países Bajos), un grupo de nacionales italianos con discapacidad que contaban con su correspondiente entrada oficial fue objeto de un episodio vergonzoso por parte de los empleados del estadio y de la policía de los Países Bajos.

En los días anteriores a la Final los responsables del estadio habían dado su autorización a que el grupo ocupara localidades en un sector de fácil acceso para las sillas de ruedas. Sin embargo, al llegar al estadio se les negó el acceso a estas localidades, o al menos a una parte de ellas. Únicamente tras largas discusiones se consiguió que se permitiera a los acompañantes llevar en brazos a las personas con discapacidad a otra zona, situada más arriba e inaccesible en silla de ruedas. Además se les exigió que dejaran en la entrada las sillas de ruedas con el agua y otros objetos de primera necesidad que habían llevado consigo.

1. ¿No considera la Comisión que este tipo de episodios son contrarios a las disposiciones de los Tratados, especialmente el artículo 13 del Tratado CE, que señala que la Unión Europea lucha contra cualquier forma de discriminación, incluida la discriminación hacia las personas con discapacidad?

2. ¿No considera la Comisión que nos encontramos ante un acto deliberado de discriminación hacia nacionales comunitarios con discapacidades físicas, especialmente tratándose de un acontecimiento deportivo de alcance europeo?

3. ¿Está de acuerdo la Comisión en que no debe concederse nunca más a los Países Bajos la organización de acontecimientos deportivos, culturales, artísticos o de otro tipo de alcance europeo hasta que no se garantice el pleno y libre disfrute en los mismos a todos los nacionales comunitarios, independientemente de sus condiciones físicas y de su nacionalidad?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2471/00, E-2526/00 y E-2554/00 dada por el Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(5 de octubre de 2000)

La Comisión lamenta los incidentes ocurridos en Rotterdam con motivo de la final del Campeonato de Europa de Fútbol.

La política de la Comunidad busca fomentar la plena participación de las personas con discapacidad en la vida económica, social y cultural. En particular, la Comisión ha propuesto una serie de medidas, de conformidad con el artículo 13 del Tratado, para luchar contra la discriminación de estas personas(1).

No obstante, el acceso de las personas con discapacidad a los edificios y espacios públicos, o abiertos al público, sigue siendo competencia de los Estados miembros.

Por último, de acuerdo con su Comunicación de 12 de mayo de 2000, Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad(2), la Comisión tiene previsto poner en marcha una serie de iniciativas destinadas a mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los transportes públicos y a los espacios edificados.

(1) COM(1999) 564 final.

(2) COM(2000) 284 final.
PREGUNTA ESCRITA P-2153/00

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(21 de junio de 2000)

Asunto: Ética y legislación europea

¿Está informada la Comisión de que el Comité de ética francés (Comité Consultivo Nacional de Ética) ha instado a la Asamblea Nacional Francesa a no transponer a la legislación francesa la reciente Directiva relativa a la patentabilidad del genoma humano?

¿Está facultado un Estado miembro para suspender, por motivos éticos, la aplicación de legislación europea? ¿Qué medidas va a adoptar la Comisión para asegurar que por dicho motivo no se ponga en peligro la legislación europea? ¿Tiene intención la Comisión de considerar la posibilidad de establecer su propio/a Comité de ética/Unidad de ética con objeto de asegurar que estas importantes cuestiones se traten a nivel de toda Europa y que no se nacionalicen?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(28 de julio de 2000)

La Comisión tiene conocimiento del dictamen no 64 del comité ético francés (Comité consultatif national d'éthique) de 8 de junio de 2000 en relación con la Directiva 98/44/CE del Parlamento y del Consejo del 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas(1).

El acuerdo sobre dicha Directiva se alcanzó tras una serie debates en el Parlamento y el Consejo en los que se prestó gran atención a los aspectos éticos que rodean a las invenciones biotecnológicas. La Directiva pretende intenta tanto abordar estas consideraciones éticas como ofrecer los incentivos necesarios para fomentar la investigación y el desarrollo en el ámbito de la biotecnología.

Conforme al apartado 1 del artículo 15 de la Directiva los Estados miembros deben dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva a más tardar 30 de julio de 2000. Ninguna objeción de un Estado miembro a la validez de la Directiva ante el Tribunal de Justicia lo liberaría de su obligación de incorporarla al derecho nacional en el plazo establecido. La Comisión, en su función como guardiana de los Tratados, debe asegurarse de que la legislación comunitaria sea aplicada correctamente por los Estados miembros.

El Grupo europeo de ética de la ciencia y de las nuevas tecnologías fue creado por la Comisión en 1992 a fin de asesorar a las instituciones europeas sobre los problemas éticos. Conforme al artículo 7 de la Directiva, este Grupo tiene el mandato explícito de evaluar los aspectos éticos de la biotecnología.

(1) DO L 213 de 30.7.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-2126/00

de Roberto Bigliardo (TDI) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Mala utilización de los fondos de la UE en Basilicata. Petición 47/96

Giovanni De Blasiis, director de la oficina legislativa del Consejo Regional de Basilicata, envió una petición sobre la mala utilización de los fondos comunitarios destinados a la formación profesional, petición que se inscribió en el registro general con el número 47/96.

El 26 de junio de 1996, la Comisión de Peticiones del PE consideró admisibles los asuntos planteados por el Sr. De Blasiis e inició el examen de la petición, decidiendo al mismo tiempo pedir a la Comisión que emitiera su opinión sobre diversos aspectos del problema.

¿Puede dar a conocer la Comisión el resultado del examen y, en el caso de que se haya llegado a alguna conclusión, indicar las medidas que ha tomado?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(24 de julio de 2000)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-3138/98 del Sr. Rauti(1).

(1) DO C 297 de 15.10.1999, p. 51.
PREGUNTA ESCRITA E-1899/00

de Hans-Peter Martin (PSE) a la Comisión

(16 de junio de 2000)

Asunto: Utilización de ayudas comunitarias para el sitio web de Internet Südtirol-Online

1. ¿Es cierto que la Comisión Europea ha asistido en el marco del Programa ADAPT con 1 000 millones de liras, por mediación del responsable del proyecto D.Net, el servicio de Internet Südtirol-Online de la editora Athesia?

2. ¿Cómo explica la Comisión la afirmación de que, con motivo de la formación en Internet de 40 a 50 periodistas, que de conformidad con la descripción oficial del proyecto está financiada con medios de la UE, solamente 11 trabajadores estén empleados en Südtirol-Online? ¿Cómo ha reaccionado la Comisión a las correspondientes críticas públicas contra Athesia, D.Net y Südtirol-Online? ¿Qué información puede aportar sobre la utilización exacta de los créditos para este proyecto? ¿Cuál ha sido la conclusión final de todas las evaluaciones del proyecto efectuadas hasta ahora?

3. ¿Que opina la Comisión sobre la acusación de que Südtirol-Online ha tolerado durante bastante tiempo en su sitio web foros de charla de la extrema derecha? ¿Cómo puede justificarse una ayuda comunitaria a dicho sitio Internet, teniendo en cuenta semejantes acusaciones?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(27 de julio de 2000)

La pregunta planteada por Su Señoría versa sobre la gestión de los proyectos cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco de distintas iniciativas comunitarias. De acuerdo con la legislación comunitaria y con el principio de subsidiariedad, la gestión de dichos proyectos es competencia de los Estados Miembros.

Tras contactar con el Estado miembro, la Comisión puede confirmar que el presupuesto del proyecto es de 982 900 000 ITL, de las que 442 000 000 son financiadas conjuntamente por el FSE, 147 435 000 por el presupuesto nacional (fondo di rotazione), y 393 160 000 por el sector privado. La cantidad total del anticipio ya pagado por el FSE es de 73 000 000 ITL.

La Comisión ha pedido a las autoridades nacionales que verifiquen la totalidad del proyecto. De acuerdo con el principio de asociación, no se realizará ningún otro pago en calidad de anticipo.
PREGUNTA ESCRITA E-1514/00

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(12 de mayo de 2000)

Asunto: Hemofílicos

¿Piensa tomar la Comisión alguna medida para evitar que los tratamientos aplicados a los hemofílicos que sufren una infección viral después de haber recibido productos sanguíneos contaminados sean tan diferentes en la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(9 de junio de 2000)

Por lo que respecta a la compensación de los hemofílicos que han podido verse infectados después de haber recibido productos sanguíneos contaminados, no ha variado la posición de la Comisión, establecida desde hace mucho. Los Estados miembros son competentes en la materia y la Comisión no tiene la intención de intervenir.
PREGUNTA ESCRITA E-1484/00

de Paul Rübig (PPE-DE) al Consejo

(12 de mayo de 2000)

Asunto: Competencia del Tribunal de Justicia respecto del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea

Aunque en el caso de las medidas bilaterales actuales de 14 Estados miembros de la Unión Europea contra Austria como reacción contra el Gobierno formado por el Partido Popular y el Partido Liberal austríacos no se trata de un caso de aplicación del artículo 7 del Tratado de la UE, las disposiciones de los artículos 6 y 7 del Tratado de la UE constituyen sin duda una parte integrante fija de la discusión jurídica y política sobre la licitud y oportunidad de tales medidas.

Si se comparan las disposiciones de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la UE y las disposiciones del artículo 46 sobre la competencia del Tribunal de Justicia, resulta que el acto de la constatación del Consejo a que se refiere el apartado 1 del artículo 7 del Tratado de la UE no puede impugnarse ante el Tribunal de Justicia. Así, un Estado miembro de la UE que haya sido objeto de un acto de constatación de ese tipo no podrá defenderse judicialmente contra una posible conculcación de su derecho a ser oído, garantizado en el apartado 1 del artículo 7 del Tratado de la UE.

¿Qué opina el Consejo sobre tal hecho, desde el punto de vista del principio del Estado de Derecho, que, según el apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la UE, es uno de los principios fundamentales de la Unión?

¿Cree el Consejo que será necesario y posible modificar los Tratados, con ocasión de la Conferencia Intergubernamental en curso, para suprimir ese déficit de Estado de Derecho?

Respuesta

(18 y 19 de septiembre de 2000)

La pregunta planteada por Su Señoría contempla una posible modificación del Tratado de la Unión Europea. A este respecto, cabe recordar que la revisión de los Tratados es competencia de la Conferencia Intergubernamental en curso, y no del Consejo.

En lo que se refiere al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo llama la atención de Su Señoría acerca de su artículo 309.
PREGUNTA ESCRITA E-1420/00

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(5 de mayo de 2000)

Asunto: Corrupción en la Comisión Europea

¿Podría indicar la Comisión si, a raíz de las irregularidades expuestas por el Sr. Paul van Buitenen, se han incoado procedimientos disciplinarios en contra de personas que trabajan para ella y, en caso afirmativo, cuáles?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1404/00 y E-1420/00 dada por el Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(3 de julio de 2000)

La Comisión investiga todas las denuncias de actos cometidos por funcionarios que podrían provocar la incoación de expedientes disciplinarios.

En los casos aludidos por Su Señoría en la pregunta, hace tiempo que se abrieron expedientes disciplinarios y, cuando fue necesario, los expedientes se enviaron a las autoridades judiciales de los Estados miembros.

Tras los procesos pertinentes, se cerraron los expedientes disciplinarios relativos a seis funcionarios mencionados en el libro del señor van Buitenen. En dos casos, los funcionarios fueron absueltos, en un caso amonestado, en otros dos casos los funcionarios fueron cesados y en otro caso el funcionario fue cesado con una reducción parcial de su derecho a pensión.

En otros casos, los expedientes disciplinarios y administrativos incoados antes y después de la fecha de publicación de dicho libro siguen su curso.
PREGUNTA ESCRITA E-1329/00

de Marielle De Sarnez (PPE-DE) a la Comisión

(27 de abril de 2000)

Asunto: Ayuda a los departamentos franceses afectados por los temporales

Tras los violentos temporales que afectaron a Francia a finales de diciembre de 1999, varios departamentos siniestrados han desembolsado considerables sumas para reconstruir las infraestructuras, aunque gran parte de los daños estuvieran cubiertos por seguros.

¿Podría la Comisión tener en cuenta estos departamentos y territorios siniestrados con ocasión de la próxima determinación de las zonas francesas elegibles para los Fondos estructurales?

Por otra parte, ¿sería posible restablecer la línea presupuestaria relativa a la ayuda a las víctimas de catástrofes naturales?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(15 de junio de 2000)

La Comisión decidió, el 7 de marzo de 2000, qué zonas francesas podrían incluirse en el Objetivo 2 de los Fondos Estructurales durante el período de programación 2000-2006, basándose, para ello, en la propuesta presentada por las autoridades francesas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(1), la citada lista sólo puede modificarse, a propuesta de un Estado miembro, en 2003, en caso de crisis grave en una región y siempre y cuando ello no suponga un aumento de la población de esa región que puede recibir subvención.

Cabe destacar que las zonas incluidas en el Objetivo 2 para el período de 2000-2006, según fueron aprobadas en la decisión adoptada por la Comisión el 7 de marzo de 2000, comprenden el 70 % de la población afectada por las tormentas de finales de 1999.

Las zonas que hayan sufrido daños y no estén incluidas en el Objetivo 2 podrán, no obstante, beneficiarse de otras ayudas comunitarias. En una nota de información(2) se enumeran los diferentes instrumentos comunitarios a los que cabe recurrir a esos efectos.

Por otra parte, por el momento, la Comisión no tiene previsto restablecer la línea presupuestaria destinada a la ayuda a las víctimas de catástrofes naturales. Los importes consignados a ese fin en el presupuesto hasta 1997 eran muy limitados, por lo que las ayudas financieras comunitarias tenían un carácter meramente simbólico y la intervención comunitaria en esos casos se ha traducido, a menudo, en ayudas dispersas y relativamente modestas. Actualmente, la Comisión da preferencia al restablecimiento económico de las zonas siniestradas a través de los instrumentos estructurales comunitarios.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.

(2) SEC(2000) 40.
PREGUNTA ESCRITA P-1799/00 de Jens-Peter Bonde (EDD) al Consejo. Retirada de la UEM.



Diario Oficial n° 072 E de 06/03/2001 p. 0120 - 0120



PREGUNTA ESCRITA P-1799/00 de Jens-Peter Bonde (EDD) al Consejo (5 de junio de 2000) Asunto: Retirada de la UEM ¿Puede el Consejo garantizar que un Estado miembro puede retirarse libremente de la Unión Económica y Monetaria, por ejemplo previa notificación de 12 meses? Respuesta (26 de septiembre de 2000) Tal como se precisó en la respuesta a la pregunta escrita P-0771/00 de Su Señoría, el Tratado no contiene disposiciones específicas sobre la retirada de un Estado miembro, ya sea de la UE en general, ya de la tercera fase de la UEM.
PREGUNTA ESCRITA P-1048/00

de Hubert Pirker (PPE-DE) a la Comisión

(29 de marzo de 2000)

Asunto: Cuestiones patrimoniales sin aclarar

Es sabido que la incautación sin indemnización de un patrimonio es siempre contraria al Derecho internacional. El significado político que tienen estas cuestiones patrimoniales sin aclarar para el ordenamiento jurídico comunitario no puede esclarecerse con una referencia al artículo 295 del Tratado CE.

¿Cómo valora la Comisión en el marco de las negociaciones de adhesión con la República de Eslovenia estas cuestiones patrimoniales que siguen sin aclarar y está dispuesta a contribuir a que se ponga fin a esa injusticia?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(2 de mayo de 2000)

Según lo indicado a Su Señoría en respuesta a sus preguntas escritas E-0697/00 y E-0698/00(1), el proceso de restitución de la propiedad en Eslovenia fue evaluado habida cuenta de los criterios políticos de Copenhague, el dictamen de la Comisión sobre la solicitud de Eslovenia de entrar en la Unión y los informes periódicos anuales subsiguientes.

La Comisión sigue el desarrollo global de este proceso en curso en el contexto de las relaciones bilaterales con Eslovenia. Hay datos que indican que, del valor global de las demandas, el 52 % del total ha sido restituido.

Las negociaciones de adhesión abarcan todas las áreas de la legislación y la política comunitarias, el acervo, que cada país solicitante tendrá que adoptar y aplicar completamente antes de su adhesión a la Unión. A este respecto, la Comisión subraya que no tiene ninguna competencia legal para intervenir directamente en el proceso de restitución de la propiedad. Este proceso no se halla incluido en el acervo, puesto que el Artículo 295 (antiguo Artículo 222) del Tratado de la CE declara explícitamente que no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros.

Según lo indicado en la respuesta a la pregunta escrita P-0664/00(2) de Su Señoría, la puesta en práctica de instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Convención Europea de Derechos Humanos, es, fundamentalmente, responsabilidad de las organizaciones internacionales pertinentes.

(1) Ver página 18..

(2) DO C 26 E de 26.1.2001, p. 85.
PREGUNTA ESCRITA E-1437/00

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(5 de mayo de 2000)

Asunto: Organización de pesca de túnidos en el Pacífico Occidental

Existe un proceso de negociación para crear una nueva organización de pesca de túnidos en el Pacífico Occidental, en el que la Comunidad, pese al interés de nuestro sector pesquero, no está presente. Sin embargo, la Comunidad tiene una relación privilegiada con los países de la zona, donde cuenta también con significativos intereses pesqueros.

¿Piensa la Comisión incorporarse a las negociaciones para la creación de esta nueva organización regional? ¿Cuál es el motivo por el que aún no lo ha hecho?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(13 de junio de 2000)

la Comisión ha sido invitada a participar como observadora en la 4a, 5a y 6a reunión de la Conferencia multilateral de alto nivel (MHLC) sobre la conservación y gestión en el Pacífico central y occidental de las poblaciones de peces altamente migratorias.

En la 5a reunión de la Conferencia, la Comisión consiguió que en el proyecto del futuro Convenio se incluyeran disposiciones que hacen posible la adhesión de la Comunidad a la futura Organización.

En la última sesión de la conferencia, celebrada en Honolulu del 12 al 19 de abril de 2000, la Comisión solicitó su inclusión, como participante de pleno derecho, en la próxima fase del proceso, es decir, el acuerdo transitorio que se establecerá para cubrir el período comprendido entre la firma del Convenio (en septiembre del 2000) y su entrada en vigor (probablemente, dentro de dos o tres años). Esta solicitud, sin embargo, fue rechazada por los miembros de la Conferencia basándose en una resolución adoptada en 1999 por la que se excluía del proceso de la MHLC a todo nuevo participante.

La Comisión estudia en estos momentos las posibles iniciativas para tratar de persuadir a los miembros de la MHLC de lo necesario y legítimo de una participación plena de la Comunidad en el régimen transitorio del citado proceso.
PREGUNTA ESCRITA E-1962/00 de Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) a la Comisión. Aprovechamiento de los contingentes de lomos de atún.



Diario Oficial n° 072 E de 06/03/2001 p. 0158 - 0158



PREGUNTA ESCRITA E-1962/00 de Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) a la Comisión (21 de junio de 2000) Asunto: Aprovechamiento de los contingentes de lomos de atún En su respuesta a la pregunta E-1087/00(1), la Comisión tiene a bien invitar a esta diputada a que proceda a una atenta lectura del estudio elaborado sobre este tema por encargo de la Comisión. Independientemente de que es a causa de una atenta lectura del estudio de donde han surgido no sólo la pregunta E-1087/00, sino las otras tres que he formulado sobre el mismo tema, y de que tales dudas no le han surgido sólo a la diputada que suscribe, sino al sector extractivo y transformador comunitario, a señalados representantes de países ACP y SPG, e incluso a otros diputados, como demuestra la propia documentación que la Comisión adjunta, la respuesta de la Comisión añade un dato interesante en lo que respecta al aprovechamiento por parte de la industria comunitaria de los contingentes de lomos de atún. Sin embargo, dado que sin duda se ha producido un error de transcripción que no puede ser aclarado solamente por medio de una atenta lectura del estudio elaborado, etc. se pregunta a la Comisión: ¿Puede aclarar la Comisión a qué se refiere cuando indica que el contingente de lomos de atún para el año 1997 fue utilizado en un 56 % por Italia y en un 44 % por Italia? (1) DO C 46 E de 13.2.2001, p. 121. Respuesta del Presidente Prodi en nombre de la Comisión (24 de julio de 2000) La Comisión ya pidió disculpas a Su Señoría por el error en la respuesta que le dirigió y le informó de que lo correcto habría sido hacer referencia a España (56 %) e Italia (44 %).
PREGUNTA ESCRITA E-1859/00

de Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) a la Comisión

(9 de junio de 2000)

Asunto: Lengua catalana

La Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, aprobada por el Parlamento de Catalunya toma en consideración, en su artículo 22, que las universidades e instituciones de educación superior tienen que adoptar las medidas pertinentes para garantizar y fomentar la lengua catalana en todos los ámbitos de sus actividades docentes, no docentes y de investigación. Ateniéndose a este precepto las universidades catalanas aprobaron sus reglamentos de usos lingüísticos.

Una serie de acusaciones promovidas por la Asociación de Profesores para la Democracia y la entidad Convivencia Cívica Catalana (presidida por el Sr. Alejo Vidal-Quadras) han ocasionado la suspensión cautelar del Reglamento de usos lingüísticos de la Universidad Rovira i Virgili por parte del juez por su posible inconstitucionalidad.

¿Qué opinión le merecen a la Comisión los procesos judiciales abiertos contra actuaciones y personas que no hacen más que poner en práctica el deseo de poder usar normalmente el catalán en un país en que se ha reconocido legalmente, ya sea en el Estatuto de Autonomía de Catalunya como en los Estatutos de la Universidad Rovira i Virgili, que su lengua es el catalán?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(14 de julio de 2000)

El respeto de la diversidad cultural y lingüística de los Estados miembros constituye un principio primordial de la construcción europea. No obstante, la Comisión no dispone de ninguna competencia en materia de procedimientos judiciales de Derecho interno y no puede expresar su opinión sobre un procedimiento judicial abierto en un Estado miembro en un ámbito no regulado por el Derecho comunitario.