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PREGUNTA ESCRITA E-1527/01

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(21 de mayo de 2001)

Asunto: Adulteración de vino en la zona occidental de Portugal

A finales del pasado mes de marzo se publicó en varios medios de comunicación la noticia del decomiso en la zona occidental de Portugal de 25 millones de litros de vino que había sido adulterado con agua y aguardientes de caña y remolacha.

Al parecer, la empresa contaba con antecedentes de adulteraciones similares en productos destinados a la exportación a Angola que habían sido descubiertas en una investigación llevada a cabo por las autoridades nacionales y comunitarias, ya que este producto recibió ayudas comunitarias para la exportación de vino.

- ¿Puede indicar la Comisión algún caso de adulteración de vino llevada a cabo por una empresa de la zona occidental de Portugal que haya recibido ayudas comunitarias a la exportación? En caso afirmativo, ¿a cuánto ascendieron dichas ayudas?

- En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿qué medidas se tomaron?

Respuesta de la Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(13 de julio de 2001)

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) informó de la realización de una investigación en 1999 sobre las exportaciones de vino a Angola efectuadas por una sociedad portuguesa situada en Lageosa Do Dao. En esta investigación, se pudo averiguar que la sociedad en cuestión había llevado a cabo, de manera sistemática, prácticas enológicas prohibidas con objeto de aumentar el grado alcohólico del vino, habiéndose beneficiado indebidamente de restituciones por exportación que ascendían a 11 millones de euros.

El informe final de la investigación de la OLAF se presentó a las autoridades administrativas y judiciales portuguesas en marzo de 2000. Las autoridades administrativas portuguesas incoaron el procedimiento de recuperación el 28 de julio de 2000.

Las autoridades portuguesas presentaron dos Comunicaciones en 2000 basadas en el Reglamento (CEE) no 595/91 del Consejo de 4 de marzo de 1991 relativo a las irregularidades y la recuperación de las sumas indebidamente pagadas en el marco de la financiación de la política agraria común, así como a la organización de un sistema de información en este ámbito(1).

Además, la OLAF informó de su solicitud de información a las autoridades portuguesas, el 10 de abril de 2001, tras la publicación en la prensa de este Estado miembro de nuevos datos en marzo de 2001. Dichas autoridades respondieron que la información de la que disponen les permite llegar a la conclusión de que, en este asunto, no hay fondos comunitarios en juego; también mencionaron el secreto de la instrucción. Respecto al presente asunto, no se ha emitido ninguna Comunicación basada en el Reglamento (CEE) no 595/91. Según este Reglamento, en el transcurso de los dos meses posteriores al final de cada trimestre, los Estados miembros comunicarán a la Comisión un estadillo con las irregularidades que hayan sido objeto de un primer acto de comprobación administrativa o judicial.

(1) DO L 67 de 14.3.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-2014/01

de Jo Leinen (PSE) a la Comisión

(6 de julio de 2001)

Asunto: Planes para la construcción de un centro comercial Gigapole en la frontera germanofrancesa (distrito de Forbach)

Hay un proyecto de construcción de un centro comercial gigante Gigapole de 100 000 m2 de superficie en la frontera germanofrancesa, en el distrito de Forbach (departamento del Mosela).

Este centro comercial absolutamente sobredimensionado tendrá consecuencias sumamente negativas para el pequeño comercio a uno y otro lado de la frontera. La Gewerbeverband des Saarlandes e. V. (Asociación de Comerciantes del Sarre) calcula que 400 millones de marcos al año se desviarán de los comercios de los alrededores al mencionado Gigapole, lo que tendrá como consecuencia la despoblación de los cascos urbanos y el declive del pequeño comercio en las ciudades vecinas del Sarre de Saarbrücken, Völklingen y Saarlouis, así como en las ciudades lorenesas de Sarreguemines y Forbach.

Un megacentro de ese tipo -que se aprovecha de la proximidad de la frontera- es contrario a todas las normas de una ordenación territorial y de un desarrollo socioeconómico correctos.

Habida cuenta de ello, ¿podría responder la Comisión a las siguientes preguntas?:

1. ¿Se conocen los planes de construcción del Gigapole en el distrito de Forbach?

2. ¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión a fin de evitar esta distorsión de la competencia y violación de los principios de ordenación del territorio?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(10 de septiembre de 2001)

La Comisión no ha sido informada de los planes para la construcción de un centro comercial Gigapole en el distrito de Forbach. Regular la creación de centros comerciales no es una

competencia comunitaria, pues de la ordenación regional o espacial se ocupan las autoridades regionales o nacionales pertinentes de los Estados miembros. No incumbe por tanto a la Comisión tomar postura en tales cuestiones.

Sin embargo, la Comisión fomenta la cooperación transfronteriza de las administraciones nacionales o regionales competentes.

Las normas comunitarias en materia de competencia -artículos 81 y 82 (antiguos artículos 85 y 86) del Tratado CE- se refieren a la prohibición de los acuerdos entre empresas que tengan por objeto restringir la competencia (por ejemplo, los acuerdos entre competidores para fijar los precios) y de los abusos de posición dominante. El artículo 82 no prohíbe la posición dominante en cuanto tal.

Si bien está dispuesta a examinar cualquier denuncia que se ponga en su conocimiento, la Comisión no puede, a falta mayor de información, compartir el punto de vista de Su Señoría, según el cual el centro comercial de Gigapole previsto en el distrito de Forbach podría falsear la competencia a tenor de las normas comunitarias en materia de competencia.
PREGUNTA ESCRITA P-0068/01

de Herman Schmid (GUE/NGL) a la Comisión

(18 de enero de 2001)

Asunto: Refugiados en Turquía

En general, se considera que Turquía tendrá que llevar a cabo mejoras sustanciales en lo que se refiere a los derechos humanos de los kurdos y de otras minorías nacionales. En el este de Turquía, no obstante, se encuentran varios miles de refugiados procedentes de las regiones kurdas de Iraq y del Irán. El ACNUR ha reconocido a algunos de ellos el estatuto de refugiados, mientras que otros no tienen estatuto alguno. Estos grupos no están automáticamente incluidos en las solicitudes presentadas para los kurdos de Turquía, dado que no se trata de ciudadanos turcos, por lo que están expuestos a mayor riesgo que otros grupos de origen kurdo.

¿Qué piensa hacer la Comisión para proteger a estos grupos de refugiados e incluirles en el programa en favor de las minorías y de los derechos humanos destinado a preparar a Turquía para su adhesión a la UE?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(15 de febrero de 2001)

La mejora de la situación relativa a los derechos humanos en Turquía constituye efectivamente una de las exigencias en la preparación de este país para su adhesión a la Unión. La Asociación para la Adhesión de Turquía, aprobada por la Comisión el 8 de noviembre de 2000(1), establece una serie de prioridades en ese sentido. El respeto de esas prioridades por parte de Turquía mejoraría claramente la situación de todos los ciudadanos turcos, con independencia de su origen.

En cuanto a la situación de los refugiados -independientemente de si son de origen kurdo o no- el acervo en materia de Justicia e Interior deja claras cuáles son las obligaciones para poder aspirar a la calidad de miembro, en especial la supresión de la reserva geográfica relativa a la Convención de Ginebra de 1951, a fin de crear una obligación legal de estudiar todas las solicitudes de asilo, cualquiera que sea el origen geográfico del solicitante. El asilo en general ha sido uno de los temas analizados por una misión de expertos de la Unión enviada en septiembre de 2000 a Turquía para tratar temas de Justicia e Interior. En esta ocasión, los expertos en asilo insistieron en la importancia de esta dimensión y señalaron varias deficiencias y posibles áreas de cooperación financiera que se discutirán en breve con Turquía para afrontar las consecuencias prácticas de un cambio tan importante en la legislación turca sobre el asilo. La cuestión de los refugiados también se trató en la Asociación para la Adhesión, que exige en particular que se creen alojamientos y se preste asistencia social a los refugiados en Turquía.

(1) COM(2000) 714 final.
PREGUNTA ESCRITA P-0356/01

de Adriana Poli Bortone (UEN) a la Comisión

(6 de febrero de 2001)

Asunto: EEB

¿Tiene conocimiento la Comisión del caso referente a una triangulación de bovinos, que habrían pasado de Turquía a Grecia, posteriormente se habrían desembarcado en Salento y, después de haber estado en dos mataderos, habrían sido trasladados a Bélgica? Procedentes de este último país, y a través de dos sociedades de importación-exportación belgas, habrían llegado a Italia terneras. Los ejemplares se habrían pagado a un precio irrisorio por considerarlos de alto riesgo. Entre tanto, habría tomado cartas en el asunto la magistratura belga, al considerar que tales ejemplares podían estar afectados por la EEB.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(24 de abril de 2001)

La Comisión no tiene conocimiento de este asunto, razón por la que no puede formular comentarios acerca de estas alegaciones concretas. No obstante, estaría interesada en recibir cualquier información en apoyo de éstas.

En términos generales, debe tenerse en cuenta que Turquía no está autorizada a exportar a la Comunidad animales vivos, dado que no cumple los requisitos de la Directiva 72/462/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1972(1), relativa a problemas sanitarios y de policía sanitaria en las importaciones de animales de las especies bovina y porcina y de carnes frescas procedentes de terceros países. Debido a la epidemia de fiebre catarral ovina en Grecia, desde noviembre de 1999 están prohibidos los movimientos de reses vivas del territorio griego a otros Estados miembros o a terceros países, de acuerdo con la legislación nacional griega y con la Decisión 2000/350/CE de la Comisión, de 2 de mayo de 2000, sobre la vigilancia epidemiológica de la fiebre catarral ovina en Grecia y determinadas medidas para prevenir la propagación de la enfermedad(2).

(1) DO L 302 de 31.12.1972.

(2) DO L 124 de 25.5.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-1352/01

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(7 de mayo de 2001)

Asunto: Triciclos para personas con discapacidades

¿Está la Comisión al corriente de que los triciclos para personas con discapacidades que se fabrican en un Estado miembro no pueden en todos los casos usarse en otros Estados miembros por la existencia de diferentes normas sobre la necesidad de un permiso especial y porque no todos los Estados miembros están de acuerdo en si las personas con discapacidades están autorizadas o no a conducir dichos vehículos?

¿Se propone la Comisión tratar esta cuestión?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(13 de julio de 2001)

De acuerdo con la legislación comunitaria, por lo que respecta al permiso de conducción(1) y desde el punto de vista de la recepción(2) existen dos categorías de triciclos: triciclos que desarrollan una velocidad máxima de diseño de más de 45 kilómetros por hora (km/h) y triciclos de velocidad inferior.

Cabe señalar que los triciclos y cuadriciclos ligeros que no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción, siguen siendo competencia nacional. Corresponde a cada Estado miembro regular su utilización.

No obstante, si un conductor posee un permiso de conducción para un triciclo de una velocidad máxima de diseño de 45 km/h y el triciclo se ha adaptado de acuerdo con las disposiciones de la Directiva antes mencionada sobre permisos de conducción, queda garantizado el reconocimiento mutuo entre Estados miembros.

Las diferencias entre Estados miembros se deben a que el punto 5 del Anexo III de la Directiva antes mencionada permite que los Estados miembros establezcan normas más estrictas que las establecidas en dicho Anexo para la emisión y renovación de los permisos de conducción. Además, es evidente que corresponde a las autoridades médicas nacionales a cargo del examen médico decidir si una persona discapacitada puede conducir y en qué condiciones puede hacerlo. Ello dará origen a ligeras diferencias en la interpretación de la legislación pertinente, no solo entre Estados miembros, sino entre las autoridades médicas competentes en un Estado miembro, debido a las inevitables diferencias de criterio entre los distintos facultativos.

La Comisión desea fomentar la movilidad y libertad de movimientos de las personas discapacitadas. Para ello se está procediendo al estudio de las acciones adoptadas en los distintos Estados miembros con el fin de proceder a un enfoque más armonizado en la Comunidad.

(1) Directiva del Consejo 91/439/CEE de 29 de julio de 1991 sobre el permiso de conducción, DO L 237 de 24.8.1991.

(2) Directiva del Consejo 92/61/CEE de 30 de junio de 1992 relativa a la recepción de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, DO L 225 de 10.8.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-1388/01

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(7 de mayo de 2001)

Asunto: El hámster de Aquisgrán

¿Tiene información la Comisión del misterioso caso del hámster de Aquisgrán, en vías de extinción?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(28 de junio de 2001)

Hace cinco años que la Comisión se ocupa de la cuestión relacionada con la conservación del hámster (Cricetus cricetus) de la zona de Aquisgrán. El problema se centra en la preocupación por los impactos que el desarrollo pueda tener sobre la protección de esta especie. Dicha preocupación se ha notificado a la Comisión mediante varias quejas relativas a las propuestas de desarrollo y mediante la petición 685/96, que está siendo examinada por la Comisión de Peticiones del Parlamento.

Se remite a Su Señoría a las comunicaciones(1) de la Comisión al Parlamento relativas a dicha petición que proporcionan un informe completo de la cuestión y del actual estado de cosas.

(1) Última comunicación: PE 221.901/REV/III.
PREGUNTA ESCRITA P-1804/01

de Wolfgang Ilgenfritz (NI) a la Comisión

(13 de junio de 2001)

Asunto: Devolución de gastos ocasionados por la adaptación al euro

Sobre todo las empresas de máquinas dispensadoras (por ejemplo, máquinas dispensadoras de cacahuetes, de juegos recreativos, etc.) se enfrentan a un gran reto. Se generarán con toda seguridad unos gastos que por el momento todavía se desconocen por completo (p. ej., nuevos lectores de billetes, aparatos programados para el reconocimiento de las monedas, cánones de licencia, etc.).

Puesto que tales empresas se ven amenazadas de desaparecer debido a los enormes costes a los que tienen que hacer frente, resulta imprescindible que la UE ponga a disposición de los empresarios afectados los medios necesarios.

¿Puede comunicar la Comisión la manera en que se van poner estos medios a disposición de las empresas que se ven afectadas por tal problema?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(19 de julio de 2001)

La Comisión es plenamente consciente de la petición por parte de la industria de máquinas dispensadoras de una compensación de los gastos a los que, en su opinión, tendrán que hacer frente como consecuencia de la adaptación al euro. La Comisión celebra reuniones regulares con los representantes europeos de las empresas de máquinas que funcionan con monedas para estudiar los problemas y proponer posibles soluciones.

Los ministros de la zona del euro han alcanzado una posición común frente a las peticiones de compensación. Según los ministros, los costes de adaptación representan una inversión y deberían correr a cargo de los diferentes sectores afectados. El sector público está asumiendo sus propios gastos; de la misma forma, los demás sectores deberían asumir, individualmente, el esfuerzo económico que supone el proceso de adaptación.

Los beneficios derivados de la introducción del euro no se extinguirán con el tiempo mientras que los gastos ocasionados por la adaptación no se repetirán y son relativamente pequeños si los comparamos con los futuros beneficios de todos los sectores empresariales.

Por último, las monedas en euros son más seguras que las monedas nacionales, lo que, sin duda, ayudará a la empresas de máquinas que funcionan con monedas a aumentar el nivel de seguridad de sus transacciones.
PREGUNTA ESCRITA E-0952/01

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(28 de marzo de 2001)

Asunto: Comunicación de cambios en materia de política fiscal

¿Piensa la Comisión que los ministros de finanzas de los Estados miembros deberían comunicarle todos los cambios previstos en materia de política fiscal antes de anunciarlos o aplicarlos? En ese caso, ¿por qué razón?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(20 de junio de 2001)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a su pregunta escrita E-0850/01(1).

Dicha respuesta sigue siendo válida.

(1) Ver página 51.
PREGUNTA ESCRITA E-0686/01

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la Comisión

(8 de marzo de 2001)

Asunto: IFOP y reducción del esfuerzo pesquero en la UE

El Parlamento Europeo ha instado a la Comisión y al Consejo Europeo en su Resolución sobre la Política Pesquera Común ante el desafío de la Globalización de la Economía a que prosigan sus esfuerzos de apoyo estructural al sector, manteniendo las ayudas existentes que no supongan un incremento del esfuerzo pesquero global, en particular aquellas ayudas que supongan mejoras medioambientales o de protección del medio marino y, en particular, las destinadas a las flotas pertenecientes a los países que hayan cumplido los compromisos establecidos en los Programas de Orientación Plurianual (POP) sucesivos. En este sentido, el PE pide a la Comisión que prosiga sus esfuerzos de adaptación de la flota comunitaria

a los recursos europeos y mundiales existentes, preparando un nuevo Programa de Orientación de Flota creíble, consecuente con la realidad del sector y que pueda ser aplicable con eficacia y en condiciones de igualdad a todas las flotas y profesionales del sector, independientemente de su nacionalidad.

¿Podría la Comisión Europea indicar qué montante del total de la ayuda estructural destinada al sector pesquero de la UE ha sido dedicado a la reducción del esfuerzo pesquero en cada Estado miembro durante el período 94-99?

¿Podría informar la Comisión sobre el grado de ejecución de dicho montante en cada Estado miembro durante el periodo de programación 94-99?

¿Podría informar la Comisión sobre el destino de la cantidad no ejecutada de dicho montante destinado a la reducción del esfuerzo pesquero en cada Estado miembro durante el período de programación 94-99?

¿Podría informar la Comisión sobre el destino de las cantidades no ejecutadas en cada Estado miembro y que han sido restituidas a la Comisión europea durante el período 94-99?

¿Podría informar la Comisión qué montante del total de la ayuda estructural destinada al sector pesquero de la UE ha sido destinado a la reducción del esfuerzo pesquero en cada Estado miembro durante el período 2000-2006?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(5 de abril de 2001)

1. Programación del ajuste del esfuerzo pesquero en el período de 1994-1999

>SITIO PARA UN CUADRO>

2. Grado de ejecución del ajuste del esfuerzo pesquero en el período de 1994-1999

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los montantes que figuran en este cuadro no constituyen la totalidad de la ejecución dado que ésta continuará hasta el final del año 2001. La ejecución completa no se conocerá hasta 2002.

3. Como se ha indicado anteriormente, la ejecución no ha concluido, por lo que es imposible determinar en este momento si va a haber créditos no utilizados (y por qué importes). Si esto ocurriese, los créditos no utilizados quedarían anulados dado que, desde el 31 de diciembre de 1999, es imposible efectuar reprogramaciones.

4. Remito a Su Señoría a la respuesta de la Comisión a su pregunta escrita E-59/01(1).

5. Programación del ajuste del esfuerzo pesquero para el período de 2000-2006

>SITIO PARA UN CUADRO>

(1) DO C 235 E de 21.8.2001, p. 106.
PREGUNTA ESCRITA E-0593/01

de Richard Howitt (PSE) a la Comisión

(1 de marzo de 2001)

Asunto: Reconocimiento mutuo de las cualificaciones en la Unión Europea

A raíz de una solicitud de información de un ciudadano de mi circunscripción, John Spencer, domiciliado en el no 68 de Plains Field, Beckers Green, Essex, CM7 3PD, ¿está al tanto la Comisión de que, en su calidad de profesor en Austria, esta persona no recibió un trato equitativo, a pesar de haber obtenido un Certificado de Posgrado en Educación de la Universidad de Cambridge, lo que constituye una violación de la Directiva 89/48/CEE(1) del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (incorporada en 294A0103(38)(2) y 294A0103(57)(3))?

¿Piensa la Comisión investigar este asunto y determinar si se han violado los derechos de John Spencer con arreglo a la Directiva 89/48/CEE?

(1) DO L 19 de 24.1.1989, p. 16.

(2) DO L 1 de 3.1.1994, p. 206.

(3) DO L 1 de 3.1.1994, p. 371.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(22 de mayo de 2001)

La Comisión no tiene constancia del caso del Sr. John Spencer. La Comisión necesitaría más información para tratar este asunto con las autoridades austríacas e investigar este caso. Por lo tanto, la Comisión va a escribir directamente al Sr. Spencer para solicitarle la documentación e información pertinentes.