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PREGUNTA ESCRITA E-0243/98 de Outi Ojala (GUE/NGL) a la Comisión (13 de febrero de 1998)

Asunto: Utilización de primates en la experimentación con animales

Los primates, como, por ejemplo, los chimpancés, recuerdan en muchos aspectos al ser humano, por lo que son ampliamente utilizados en la experimentación científica con animales. Así, por ejemplo, se utilizan primates en estudios neurológicos y toxicológicos, y en investigaciones relacionadas con enfermedades infecciosas y con vacunas. La experimentación provoca un gran estrés en animales dotados de un sistema nervioso desarrollado y que cuentan con un nivel elevado de inteligencia, por lo que los experimentos son especialmente cuestionables desde el punto de vista ético. Además, con frecuencia los laboratorios no reúnen unas condiciones muy satisfactorias para los primates: los espacios destinados a los animales son muy pequeños y las posibilidades de relacionarse y de realizar actividades diversificadas son mínimas.

En el territorio de la UE se utilizan en este momento más de 10.000 primates al año para los fines de investigación mencionados, y contrariamente a lo que ocurre con los demás animales destinados a experimentación, la cifra de primates utilizados no sólo no ha disminuido, sino que más bien ha aumentado.

¿Cuál es la posición de la Comisión con respecto a la utilización de primates en la experimentación con animales? ¿Tiene previsto la Comisión adoptar medidas para prohibir la utilización de primates en los experimentos en cuestión dentro de la Directiva 86/609/CEE ((DO L 358 de 18.12.1986, p. 1. ))?

¿Tiene previsto la Comisión aplicar el programa de producción de animales de experimentación proyectado por la red EUPREN para el territorio de la UE, a pesar de que está en contradicción con los esfuerzos por reducir a escala mundial la utilización de animales de experimentación?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (17 de marzo de 1998)

La Comisión apoya totalmente los esfuerzos que se hacen para disminuir el número de primates no humanos que se utilizan en experimentos de laboratorio.

Con este fin, ha tomado la iniciativa de abrir conversaciones con los Estados miembros, las organizaciones no gubernamentales y la industria con respecto a la utilización de primates no humanos en experimentos. Esta iniciativa tiene por objeto reforzar el control de la adquisición y utilización de primates no humanos para la realización de pruebas en laboratorios. Sin embargo, en este momento, la Comisión no tiene intención de prohibir el uso de primates no humanos en la experimentación dentro de la Directiva 86/609/CEE relativa a la protección de los animales utilizados para la experimentación y otros fines científicos.

La red europea de recursos primates (Eupren) ha preparado su programa bajo su responsabilidad. La aplicación de este programa no es asunto de la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-0528/98 de Concepció Ferrer (PPE) al Consejo (27 de febrero de 1998)

Asunto: IV Programa sobre la pobreza

Al concluir el III Programa sobre la Pobreza el 30 de junio de 1994, se redactó un nuevo Programa que no ha sido todavía adoptado por el Consejo. Teniendo en cuenta que este Programa preveía financiar acciones destinadas a la mejora de las condiciones de la vivienda y la integración de las personas sin hogar, ¿podría decir el Consejo para cuándo tiene previsto aprobar dicho Programa?

Respuesta (11 de mayo de 1998)

Como indica Su Señoría, la Comisión presentó al Consejo en el año 1994 una propuesta de Decisión por la que se establece un programa modelo a medio plazo para luchar contra la exclusión económica y social y promover la solidaridad. Este debía cubrir el período comprendido entre los años 1994 y 1999. El Consejo del 24 de junio de 1994 no pudo obtener para la propuesta la unanimidad exigida en la base jurídica (artículo 235 del TCE).

Desde entonces, el Consejo no ha seguido trabajando en la propuesta de Decisión relativa al programa de lucha contra la exclusión económica y social.

Por otra parte, Su Señoría sabe que mientras tanto el Reino Unido interpuso ante el Tribunal de Justicia (el 1 de abril de 1996) un recurso contra la Comisión en el que se pide la anulación de las decisiones citadas en el comunicado de Prensa de la Comisión del 23 de enero de 1996, basándose en que la Comisión no puede efectuar gastos con cargo a los créditos consignados en el presupuesto -en concepto de lucha contra la pobreza- sin estar jurídicamente facultada para ello, puesto que el Consejo no adoptó la Decisión. Se trata del asunto C-196/96 ((DO C 145 de 18.5.1996, p. 7. )). Se está a la espera del fallo del Tribunal.
PREGUNTA ESCRITA E-0003/98 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión (29 de enero de 1998)

Asunto: Derechos de pensión para los parados de larga duración de edad avanzada

Según el Servicio Nacional de Estadística de Grecia, el desempleo de larga duración ha adquirido una dimensión importante y afecta a más del 50 % de los parados. Una categoría específica dentro de este grupo la constituyen las personas que han alcanzado ya la edad de jubilación pero que no cuentan con los años de cobertura exigidos para obtener la pensión según la legislación griega y que siguen estando en situación de desempleo.

¿Puede decir la Comisión:

1. si las legislaciones de los Estados miembros prevén disposiciones de favor para casos semejantes, y de cuáles Estados se trata;

2. si considera legítimo exigir la restitución de las cotizaciones abonadas a la seguridad social en concepto de jubilación?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (13 de marzo de 1998)

Con respecto a la pregunta planteada por Su Señoría, la Comisión debe precisar que en lo referente a la organización y al funcionamiento de los regímenes de protección social, los Estados miembros tienen plena libertad para establecer sus propias normas siempre que respeten la legislación comunitaria relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, establecida en el artículo 119 del Tratado CE, en la Directiva 79/7/CEE ((DO L 6 de 10.1.1979. )) y en la Directiva 96/97/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, que modifica la Directiva 86/378/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social ((DO L 46 de 17.2.1997. )), así como en los documentos que hacen referencia a la seguridad social de los trabajadores emigrantes (Reglamento 1408/71 y Reglamento 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familiares que se desplacen dentro de la Comunidad ((DO L 74 de 27.3.1972. )), con sus modificaciones).

En lo que respecta a cuestiones como el subsidio de las personas en paro que han alcanzado la edad de jubilación o el reembolso de las cotizaciones abonadas en concepto de jubilación, ambas son materias que corresponden a la competencia de las autoridades de los Estados miembros.

La Comisión no dispone de datos sobre disposiciones de favor de algunos Estados miembros para el subsidio de personas en paro que han alcanzado la edad de jubilación.
PREGUNTA ESCRITA E-0014/98 de Gordon Adam (PSE) al Consejo (28 de enero de 1998)

Asunto: Respuesta del Consejo al documento de Greenpeace sobre energía y medio ambiente

¿Podría indicar el Consejo qué respuesta dio la Presidencia luxemburguesa al documento de Greenpeace sobre energía y medio ambiente en el que se pedía que la UE desarrollara políticas destinadas a limitar nuevas explotaciones de todas las reservas de petróleo y gas existentes en la Unión Europea y en los territorios de la Unión Europea, evitar la explotación y exploración de petróleo y gas en territorios de la Unión Europea y en territorios que no pertenezcan a la Unión Europea y eliminar gradualmente la utilización de carbón como fuente de energía?

¿Podría el Consejo responder, si no lo ha hecho, a este punto específico?

Respuesta (7 de abril de 1998)

El Consejo desea recordar que no toma posición con respecto a documentos que se le presentan fuera de su marco institucional.

Quisiera además reafirmar que considera que las relaciones entre la energía y el medio ambiente son sumamente importantes y que constituyen un elemento fundamental en las opciones de política energética, motivo por el cual no ha cesado en su reflexión sobre el tema, basándose en las comunicaciones y propuestas de la Comisión.

En este contexto adoptó recientemente, el 18 de diciembre de 1997, una resolución relativa a una estrategia comunitaria para el fomento de la producción combinada de electricidad y calor ((DO C 4 de 8.1.1998, p. 1. )).

Por otra parte, prosigue su reflexión a partir del Libro Blanco de la Comisión para una estrategia y un plan de acción comunitarios en el ámbito de las fuentes de energía renovables. En su sesión de 11 de mayo de 1998, el Consejo celebrará un debate abierto sobre el tema de la energía y el medio ambiente.

Además, procede a un examen detallado de la propuesta de la Comisión relativa a un programa marco plurianual de actividades en el sector de la energía que plantea el conjunto de la problemática de las acciones comunitarias que se han de desarrollar en el ámbito de la energía.
PREGUNTA ESCRITA P-0192/98 de Luigi Florio (UPE) al Consejo (29 de enero de 1998)

Asunto: Pluralismo y libertad de expresión en Turquía y en Italia

El 16 de enero de 1998, la Presidencia británica de la UE, apenas recibida la noticia de que el Tribunal Constitucional de Turquía había declarado ilegal al partido islámico de Turquía «Refah», hizo una declaración pública en la que expresaba su preocupación por las implicaciones que dicha decisión tiene para el pluralismo democrático y la libertad de expresión, e hizo saber que la suspensión del partido Refah «se examinará prontamente con los socios europeos».

A la vista de estas preocupaciones, que pueden compartirse, por lo que sucede en un país externo a la UE, se pregunta la Presidencia si no cree oportuno examinar también cuanto antes con los socios europeos «las implicaciones para el pluralismo democrático y la libertad de expresión» de lo que está ocurriendo desde hace aproximadamente un año y medio en un país miembro de la UE, Italia, en el que entre otras cosas:

1. el ente público de radiotelevisión (RAI) está administrado completamente, por la primera vez en su historia, por personas vinculadas exclusivamente a la mayoría del Olivo;

2. el principal canal de televisión privado está dirigido por un ilustre periodista cuya alineación con el Olivo es notoria;

3. el segundo consorcio de televisión privada pertenece a un senador del Olivo;

4. todos los principales administradores públicos designados en los últimos 18 meses están alineados políticamente con el Olivo y una importante parte de los mismos proviene directamente de Nomisma, la sociedad de asesoramiento e investigación fundada por el actual presidente del Consejo;

5. la reforma escolar recientemente introducida por el ministro de Educación, Berlinguer (Pds) «reescribe» la historia del siglo XX sin hablar jamás del comunismo y sin mencionar en absoluto los crímenes cometidos en los regímenes comunistas;

6. el Tribunal Constitucional impidió el año pasado el desarrollo de una amplia serie de referendos populares basándose en valoraciones puramente políticas;

7. la misma Sra. Emma Bonino, miembro de la Comisión Europea, denunció públicamente en el mes de diciembre la consolidación en Italia de un auténtico «régimen».

Respuesta (30 de marzo de 1998)

En la declaración a la que Su Señoría se refiere, la Presidencia expresaba la preocupación de la Unión por las implicaciones de la prohibición de un partido político para el pluralismo democrático y la libertad de expresión en Turquía.

Por otra parte, no corresponde al Consejo comentar los nombramientos para la dirección en el sector audiovisual de un Estado miembro, así como tampoco la política, en el ámbito de la educación, del gobierno de un Estado miembro, ni las decisiones de los órganos judiciales de un Estado miembro, ni las declaraciones individuales de un miembro de la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-0190/98 de Cristiana Muscardini (NI) al Consejo (6 de febrero de 1998)

Asunto: Doble nacionalidad para los italianos en Bélgica

El Convenio de Estrasburgo de 6 de mayo de 1963 regula los casos de doble nacionalidad y dispone, en la práctica, la recuperación de la nacionalidad para aquellos ciudadanos que la hubiesen perdido, incluso mediante acto voluntario, al establecer que permanecen inalterables las diversas posiciones previstas por los acuerdos internacionales.

De esta forma, el Convenio de Estrasburgo ha hecho operativo, por ejemplo, el acuerdo entre Italia y Francia y entre Italia y los Países Bajos que permite la doble nacionalidad.

¿Puede el Consejo tomar las medidas oportunas, con el fin de acabar con los obstáculos a la libre circulación y de hacer efectiva la libre circulación de ciudadanos, para que el Protocolo de Estrasburgo se extienda a los países europeos donde exista una presencia notable de ciudadanos italianos?

¿Puede asimismo el Consejo, habida cuenta sobre todo de la importante consistencia de la comunidad italiana en Bélgica, extender el Protocolo de Estrasburgo a las relaciones entre Italia y Bélgica, para permitir que los miembros de la comunidad italiana en Bélgica que quieran emprender las gestiones para la recuperación de la nacionalidad de origen puedan obtenerla, conservando al mismo tiempo la nacionalidad belga adquirida por naturalización voluntaria?

Respuesta (7 de abril de 1998)

El Consejo tiene a bien recordarle a Vuestra Señoría que la promulgación de normas para la atribución de la nacionalidad corre a cargo de cada Estado miembro. Consúltese a este respecto la declaración no 2 aneja al Acta final del Tratado de la Unión, que establece que «cuando en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se haga referencia a los nacionales de los Estados miembros, la cuestión de si una persona posee una nacionalidad determinada se resolverá únicamente remitiéndose al Derecho nacional del Estado miembro de que se trate. Los Estados miembros podrán declarar, a efectos informativos, quiénes deben considerarse sus nacionales a efectos comunitarios mediante una declaración presentada a la Presidencia, la cual podrá modificarse en caso necesario.».
PREGUNTA ESCRITA P-0133/98 de Katerina Daskalaki (UPE) al Consejo (23 de enero de 1998)

Asunto: Asesinato de un sacristán en Estambul

En los últimos tiempos, el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla está siendo objeto de una serie de agresiones, como el ataque con bomba en el que resultó gravemente herido un clérigo. El último objetivo de estas agresiones ha sido la iglesia de San Teraponte, en Estambul, a la que unos desconocidos prendieron fuego, después de robar valiosos iconos y vasos sagrados y asesinar, tras horribles torturas, al sacristán V. Javierópulos.

Jamás se ha detenido a quienes han atacado en reiteradas ocasiones el Patriarcado Ecuménico, mientras que las autoridades turcas no han permitido al Cónsul General de Grecia ponerse en contacto con el Gobierno Civil de Estambul para manifestar su protesta.

Dado que Turquía está asociada a la UE mediante acuerdos específicos y tiene la obligación de proteger los monumentos cristianos, ¿qué medidas puede y piensa adoptar el Consejo con el fin de presionar a Turquía para que tome medidas de vigilancia de los citados monumentos y de protección de los escasos griegos que aún residen en Estambul?

Respuesta (30 de abril de 1998)

El Consejo lamenta y condena los incidentes violentos mencionados por Su Señoría, incluida la colocación de bombas en iglesias. Señala asimismo que con arreglo al Tratado de Paz, firmado en Lausana en julio de 1923, el Gobierno turco se comprometió a garantizar la plena protección de iglesias, sinagogas, cementerios y otros establecimientos religiosos de las minorías no musulmanas.

En la reunión del Consejo Europeo celebrada en Luxemburgo los días 12 y 13 de diciembre de 1997 se hizo de nuevo hincapié en la necesidad de que el Gobierno turco cumpla sus obligaciones fundamentales, incluida la protección de las minorías, que también engloba a las minorías religiosas. Se recordó, en consonancia con la postura del Consejo puesta de manifiesto en el Acuerdo de Asociación con Turquía el 29 de abril de 1997, que el reforzamiento de los vínculos de Turquía con la Unión Europea también dependía de que aquel país acometiera reformas políticas y económicas, entre las que se incluye la equiparación de las normas y prácticas en materia de derechos humanos con las que se hallan vigentes en la UE. En este contexto, el respeto y la protección de todas las minorías es fundamental.

Estas cuestiones se suscitan prácticamente en cada momento oportuno ante las autoridades turcas.
PREGUNTA ESCRITA E-4074/97 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (14 de enero de 1998)

Asunto: Tabaco y productores de tabaco

La producción de tabaco en Europa tan sólo cubre el 25 % del consumo; es más, cualquier disminución de la producción se traduciría sencillamente en un aumento de las ya considerables importaciones de tabaco procedente de terceros países, que satisfacen alrededor del 75 % de las necesidades de la Unión Europea.

La tendencia a disminuir el cultivo de tabaco, tal como se perfila actualmente en la Unión, tendría consecuencias catastróficas para determinados países del sur, entre ellos, Grecia. Concretamente en Grecia, 70.000 familias dedicadas al cultivo de tabaco, además de 400.000 personas directa o indirectamente empleadas en el cultivo, elaboración, distribución y comercialización de productos del tabaco, se verían amenazadas con la pérdida de su empleo.

Como es sabido, las exportaciones de tabaco procedente de Grecia representan un 13 % del conjunto de exportaciones de productos agrícolas. También es sabido que no existe ningún cultivo alternativo para las pequeñas plantaciones de tabaco, en regiones con dificultades, que garantice a las familias de los productores de tabaco ingresos suficientes que les permitan vivir de la agricultura.

¿Puede indicar la Comisión qué medidas piensa adoptar para hacer frente a tan grave problema, a la luz de la reciente declaración adoptada en la Cumbre de Luxemburgo sobre el desempleo, en la que se expresa claramente la voluntad de realizar esfuerzos conjuntos para reducir el desempleo en la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (3 de febrero de 1998)

La Comisión es totalmente consciente de la importancia social y económica del cultivo del tabaco en Europa, y, más concretamente, en Grecia. Por esta razón, en su informe sobre la organización común de mercados en el sector del tabaco crudo ((COM(96)554 final. )), ha propuesto mantener la ayuda comunitaria en el sector.

Si debe continuar el régimen de apoyo al cultivo del tabaco, tiene que sufrir una profunda reforma para favorecer la producción de un tabaco comunitario de mejor calidad. La Comisión va a presentar muy próximamente al Consejo y al Parlamento un proyecto de Reglamento por el que se aplique la reforma del sector prevista en el informe.
PREGUNTA ESCRITA E-4217/97 de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión (21 de enero de 1998)

Asunto: Violación de la Directiva en materia de contratación pública de servicios

1. ¿Conoce la Comisión la decisión de la Junta Comunal de Mantua de 18 de noviembre de1997 relativa a la confirmación de un encargo de proyecto ejecutivo de la nueva sede del Palacio de Justicia?

2. ¿Está la Comisión en condiciones de evaluar si los procedimientos seguidos por la Junta son contrarios a las normas previstas por la Directiva 92/50 CEE ((DO L 209 de 24.7.1992, p. 1. )) y por el artículo 26 del Decreto Legislativo no 157 de 1995 de actuación de dicha Directiva, en vista de la ausencia de una licitación pública normal para la adjudicación del proyecto?

3. ¿Cómo tiene previsto actuar ante la petición presentada en este sentido por los representantes de los partidos minoritarios en el consejo municipal de Mantua?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (16 de febrero de 1998)

1. La Comisión ha recibido la denuncia de los concejales de la oposición de la Junta Comunal de Mantua relativa al proyecto del nuevo Palacio de Justicia y, por consiguiente, está al corriente de la decisión del municipio.

2. La Comisión está examinando la documentación remitida en apoyo de la denuncia con el fin de evaluar la conformidad del procedimiento seguido con las disposiciones comunitarias en materia de mercados públicos.

3. La Comisión analizará si, en este caso concreto, se dan las condiciones necesarias para iniciar un procedimiento de infracción contra Italia en el sentido del artículo 169 del Tratado de la CE.
PREGUNTA ESCRITA E-4178/97 de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) a la Comisión (21 de enero de 1998)

Asunto: Política de cohesión y cultura

El apartado 4 del artículo 128 del TCE hace referencia a que la Comunidad tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación, en virtud de otras disposiciones del TCE.

¿Podría la Comisión comunicar qué medidas de seguimiento y control se han adoptado a este respecto, especialmente en el marco de la política estructural comunitaria?

¿Podría la Comisión indicar en qué medida se va a tener en cuenta este aspecto en la próxima reforma de los Fondos estructurales?

¿Qué estrategia, objetivos y directrices guiarán esta reforma con respecto a la incidencia del ámbito cultural en la política de cohesión?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (2 de marzo de 1998)

La Comisión tiene en cuenta el factor cultural a la hora de negociar y aprobar los documentos de programación. Por ejemplo, la Comisión hizo una alusión explícita a la cultura en sus líneas directrices enviadas a los Estados miembros con ocasión de los nuevos programas del objetivo no 2 (1997-1999).

Sin embargo, la definición de las prioridades del programa es una cuestión que atañe a las autoridades regionales y locales correspondientes. Por ejemplo, las propias regiones deciden si darán prioridad a la integración de la cultura en sus programas y de qué manera lo harán. La Comisión no puede imponer ningún tipo de «cuota» por lo que se refiere a la cultura puesto que ello iría en contra del principio de subsidiariedad.

La Comisión considera que la cultura es un área importante de posible creación de empleo que debe incluirse en los futuros programas. Al mismo tiempo, la Comisión no considera necesario incluir de forma explícita la cultura como una acción concreta subvencionable en las nuevas normativas porque ya está cubierta por el marco actual.

El vínculo entre desarrollo regional y creación de empleo seguirá siendo una condición necesaria para la ayuda destinada a conseguir la cohesión económica y social.