PREGUNTA ESCRITA P-0892/02

de Jules Maaten (ELDR) a la Comisión

(22 de marzo de 2002)

Asunto: Contratación transfronteriza de médicos de cabecera

¿Tiene conocimiento la Comisión de la noticia titulada Los paciente insatisfechos quieren médicos alemanes publicada en el periódico De Limburger del 6 de febrero de 2002, así como del artículo titulado El paciente debe poder hacer compras en la UE del parlamentario neerlandés Frans Weekers publicado en el periódico Trouw del 6 de febrero de 2002?

¿Está la Comisión al corriente de que la Ley de seguro de enfermedad neerlandesa establece que los seguros de enfermedad sólo pueden contratar a médicos neerlandeses? ¿Comparte la opinión de que este requisito de nacionalidad es contrario al Derecho europeo?

¿Comparte la Comisión la opinión de que la contratación transfronteriza de médicos de cabecera puede ayudar a paliar la escasez de dichos profesionales en las regiones fronterizas? ¿Está dispuesta la Comisión a formular al respecto una normativa más detallada? En caso afirmativo, ¿de qué manera y en qué plazo de tiempo?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(26 de abril de 2002)

La Comisión es consciente del hecho de que la prestación de servicios de salud en la Unión Europea ha sido objeto, durante los últimos meses, de una amplia cobertura informativa a causa de las sentencias falladas, el 12 de julio de 2001, por el Tribunal de Justicia en los asuntos Smits y Peerbooms (C-157/99) y Vanbraeckel (C-368/98). En dichas sentencias y en otras dos falladas el 28 de abril en los asuntos Kohll (C-158/96) y Decker (C-120/95), el Tribunal se ha pronunciado sobre la cuestión de la devolución de gastos médicos incurridos en un Estado miembro distinto al Estado miembro de afiliación.

En esas sentencias, el Tribunal ha confirmado que el derecho europeo no interfiere con la competencia de los Estados miembros para adaptar sus sistemas de seguridad social y que a falta de armonización comunitaria, corresponde a la legislación de cada Estado miembro determinar por una parte las condiciones del derecho o de la obligación de afiliarse a un régimen de seguridad social y por otra, las condiciones que dan derecho a las prestaciones.

Con objeto de proteger a los trabajadores migrantes de los efectos negativos que pueda tener la aplicación de las distintas legislaciones nacionales en el ámbito de la seguridad social, el Reglamento 1408/71 coordina los regímenes nacionales de seguridad social. En lo relativo a las prestaciones sanitarias, contempla diversas posibilidades en las que pueden devolverse los costes de dichas prestaciones en otro Estado miembro. No obstante, ese Reglamento no incluye ninguna disposición relativa a la concertación de médicos establecidos fuera del Estado miembro en cuestión.

El Tribunal ha indicado, en las sentencias anteriormente mencionadas, que fuera de las hipótesis previstas en ese reglamento, en el ejercicio de su competencia de organizar sus sistemas de seguridad social, los Estados miembros deben respetar el derecho comunitario y más en concreto la libre prestación de servicios prevista en el artículo 49 del Tratado. Efectivamente, el Tribunal ha recordado que las actividades médicas constituyen totalmente servicios con arreglo a dicha disposición.

Por esas razones, una ley como la que menciona Su Señoría, de la que la Comisión no tiene conocimiento, por otra parte, debe analizarse en ese contexto. Hay que señalar que corresponde en primer lugar a los Estados miembros garantizar la conformidad de su legislación con el derecho comunitario según lo interpreta el Tribunal. A este respecto, teniendo en cuenta las implicaciones y el alcance de esta jurisprudencia, la Comisión desea iniciar un diálogo con los Estados miembros entre otras cosas para discutir con ellos sobre las medidas previstas. Sólo una vez realizada una consulta de este tipo, la Comisión estará en condiciones de apreciar la conveniencia de recurrir a un instrumento comunitario.

Las dos cuestiones que plantea Su Señoría se inscriben en este planteamiento.