PREGUNTA ESCRITA E-3595/00

de Alexander de Roo (Verts/ALE) a la Comisión

(22 de noviembre de 2000)

Asunto: Ampliación del puerto de Adamas, isla de Milos, Cícladas, Grecia

Mediante Decreto conjunto 69269 de 30.3.1998, el ministro de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Obras Públicas y el ministro de Marína Mercante de Grecia aprobaron las obras de referencia. En noviembre de 1999 el Gobierno griego decidió proceder a dichas obras, calificadas como obras portuarias con objeto de poder acogerse a financiación comunitaria. En realidad, estas obras modifican fundamentalmente la ordenación urbana y territorial de la isla mediante el rellenado de la superficie marina a lo largo de la carretera que discurre junto al mar, creando de esta forma vías de circulación y espacios adicionales que permiten la instalación de las mesas de los diferentes bares y restaurantes situados en línea de costa.

Al parecer, el estudio de impacto en el medio ambiente no se ha llevado a cabo de conformidad con la legislación en la materia (Ley 1650/1986, Directiva 85/337/CEE(1) y Decretos Ministeriales conjuntos 69269/5387/1990). El Consejo de Estado, ante el que se interpuso un recurso el 11 de noviembre de 1999 con objeto de suspender las obras, desestimó dicho recurso el 18.1.2000 en virtud de una disposición legislativa reciente (art. 35 de la Ley 2721/1999), haciendo mención el Presidente de la Sala 5a del Consejo de Estado sin argumentación alguna al concepto de interés público, con lo que se autorizaba la continuación de las obras(2). El 8 de noviembre de 1999 se había interpuesto además un recurso de anulación de la decisión administrativa. Al examinar este último recurso, el Consejo de Estado lo consideró aceptable, con lo que se produjo una contradicción al cuestionar el carácter de interés público invocado en su Sentencia de 18.1.2000. Ahora bien, el recurso se halla en suspenso desde que se interpuso, lo que ha permitido a los promotores finalizar las obras.

La posible generalización del recurso a la disposición mencionada de la Ley 2721/1999 restringe peligrosamente el derecho de los ciudadanos griegos a acogerse a una protección temporal de los tribunales y corre el riesgo de permitir la realización de obras financiadas con fondos comunitarios que tendrán consecuencias irreversibles en el medio ambiente.

¿Puede examinar la Comisión esta cuestión y adoptar las medidas necesarias con respecto a las autoridades griegas para que se respete la legislación comunitaria y, especialmente, la normativa en materia de evaluación del impacto ambiental?

¿No considera necesario la Comisión solicitar a las autoridades griegas un reembolso de los fondos comunitarios concedidos para este proyecto en caso de que no se respete la normativa comunitaria?

¿Qué riesgos tendría una generalización del recurso a dicha disposición de la Ley 2721/1999?

(1) DO L 175 de 5.7.1985. El estudio no facilita ninguna información sobre las obras y el medio ambiente afectado, ninguna valoración de las consecuencias en todas sus formas posibles, ningún detalle de las medidas de prevención, reducción o reparación propuestas, ninguna comparación de las ventajas e inconvenientes, ninguna justificación de la solución elegida de acuerdo con criterios meramente medioambientales ni ningún análisis de soluciones alternativas con objeto de proteger la bahía de Milos y su ecosistema, segunda bahía natural del Mediterráneo por su tamaño. Cabe señalar que la isla de Milos sufre una importante degradación por las actividades de extracción de minerales y por los proyectos de ampliación de estas actividades, que tienen consecuencias graves en el medio ambiente (véase la pregunta escrita E-0318/2000) y que los poderes locales, principales responsables de estas obras, retrasan la inclusión de la región situada en la costa occidental de Milos en la Red Natura 2000 (según la Directiva 92/43/CEE, publicada en el DO L 206 de 22.7.1992).

(2) El motivo principal de las obras consiste en ampliar el espacio disponible para los bares y restaurantes.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(8 de febrero de 2001)

Los Estados miembros no informan periódicamente a la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1). Por consiguiente, y en respuesta a la pregunta planteada por Su Señoría, la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades griegas para comprobar el seguimiento de todos los procedimientos previstos por la normativa.

En caso de incumplimiento de la legislación comunitaria, la Comisión se reserva la posibilidad de solicitar a las autoridades nacionales que eliminen el conjunto de gastos correspondientes al proyecto en cuestión de la declaración de gastos de la clausura del programa operativo plurifondo 1994-1999 del Egeo meridional.

En lo que se refiere al artículo 35 de la Ley 2721/99, la Comisión recuerda que, en la fase actual, y dado que se trata de una disposición nacional que define las modalidades del acceso de terceros a los tribunales, no existe competencia comunitaria en la materia.

(1) DO L 73 de 14.3.1997.