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PREGUNTA ESCRITA E-3987/97 de Georges Berthu (I-EDN) al Consejo (15 de enero de 1998)

Asunto: Billetes en euros; signos nacionales distintivos

La posición del Consejo del IME de 3 de diciembre de 1996 que prohíbe los signos nacionales distintivos en los futuros billetes en euros no parece haber sido objeto de un verdadero debate democrático. El Consejo Europeo de Dublín, celebrado los días 13 y 14 de diciembre de 1996, solamente fue «informado», y no se encuentra rastro en sus conclusiones de una aprobación explícita, o por lo menos de una mención de este punto concreto.

Es cierto que tal ausencia total de control democrático está extrañamente establecida en el Tratado mismo, al contrario de lo que sucede con las futuras monedas. ¿No considera, sin embargo, el Consejo que en un asunto de tanta importancia los Estados deberían participar de una manera u otra en la decisión? ¿Es imaginable una falta total de control parlamentario a cualquier nivel que sea?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3986/97, E-3987/97, E-3988/97, E-3989/97 y E-3990/97 (19 de marzo de 1998)

Según el reparto de competencias que establece el Tratado, el Banco Central Europeo tendrá el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de banco en euros, incluso por lo que se refiere a los aspectos relacionados con su diseño (artículo 105 A del Tratado y artículo 16 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo).

En su reunión de Dublín de los días 13 y 14 de diciembre de 1996, el Consejo Europeo acogió con agrado los diseños de los billetes de banco en euros que el Instituto Monetario Europeo le había presentado.

En cuanto sea creado de conformidad con el Tratado, el Banco Central Europeo adoptará las decisiones definitivas al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-3361/97 de Anita Pollack (PSE) a la Comisión (22 de octubre de 1997)

Asunto: Educación medioambiental

¿Qué fondos, si los hay, y con cargo a qué línea presupuestaria, existen para educación medioambiental en países en desarrollo como India, Bangladesh y Nepal?

Si se cuenta con fondos para este objetivo ¿para qué se están utilizando exactamente?

Respuesta del Sr. Marin en nombre de la Comisión (6 de noviembre de 1997)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a su pregunta escrita E-3197/97 ((DO C 158 de 25.5.1998, p. 55. )).
PREGUNTA ESCRITA E-3245/97 de Rijk van Dam (I-EDN), Frits Castricum (PSE) y Georg Jarzembowski (PPE) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: Directrices sobre las ayudas estatales al sector portuario

En su comunicación «El desarrollo del transporte marítimo de corta distancia en Europa: perspectivas y desafíos», de 5 de julio de 1995, la Comisión considera el establecimiento de directrices respecto a la manera en que deben aplicarse las ayudas estatales en el sector portuario de conformidad con las disposiciones del Tratado.

1. ¿Podría decir la Comisión, dos años después de la publicación de la citada comunicación, cuándo presentará las directrices relativas a la ayuda al sector portuario?

2. ¿De qué forma controla ahora la Comisión si las ayudas estatales de los Estados miembros al sector portuario son conformes a las disposiciones del Tratado?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (15 de diciembre de 1997)

1. El reciente Libro Verde de la Comisión sobre puertos e infraestructura marítima ((COM(97)678 final. )), que aborda una serie de temas pertinentes al sector portuario, hará hincapié en la financiación pública de la infraestructura y en las ayudas estatales. El establecimiento de directrices sobre las ayudas estatales al sector portuario dependerá en gran medida del resultado de los debates que se celebren con otras instituciones comunitarias, los Estados miembros, el Parlamento y otras partes interesadas tras la publicación del Libro Verde.

2. En la actualidad, el examen de las ayudas estatales a los puertos depende en buena medida del tipo y del objetivo de la ayuda, la cual puede oscilar entre ayuda social y apoyo financiero de la infraestructura. En cuanto a este último, la Comisión siempre ha considerado que la inversión pública en infraestructura no constituye generalmente una ayuda en la acepción del artículo 92 del Tratado CE, siempre que la infraestructura se mantenga abierta a todos los usuarios en interés público y sobre la base de un acceso normal no discriminatorio. Por otra parte, la financiación pública de la superestructura, cuyo uso está limitado a ciertas empresas, se inscribiría normalmente en el artículo 92 del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-4004/97 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (14 de enero de 1998)

Asunto: Ataque con bomba contra el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla

El 3 de diciembre de 1997, se registró un ataque con bomba contra el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. La bomba, que hizo explosión en el tejado de la iglesia de San Jorge, fue lanzada desde la zona situada al norte del jardín del Patriarcado y, según estimaciones de oficiales turcos, provenía del minarete de una mezquita situada justo detrás del Palacio Patriarcal.

Dicho ataque con bomba provocó lesiones en el omoplato al Sr. Nektarios, diácono del Patriarcado Ecuménico, quien hubo de someterse a sucesivas intervenciones quirúrgicas para que le fueran extirpadas las esquirlas de la bomba. Ha de señalarse que, pese a las reiteradas agresiones sufridas por el Patriarcado Ecuménico, las medidas de seguridad continúan siendo insuficientes.

¿Puede indicar la Comisión Europea qué medidas piensa adoptar con vistas a persuadir definitivamente a las autoridades turcas para que establezcan medidas de protección eficaces del Patriarcado Ecuménico, con el fin de impedir en el futuro fenómenos de esta índole?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (5 de febrero de 1998)

El Ministerio turco de Asuntos Esteriores (MAE) condenó oficialmente, en diciembre de 1997, el atentado contra el Patriarcado Ortodoxo de Estambul. El MAE subrayó que se haría todo lo necesario para capturar y entregar a la justicia a sus autores y para evitar que estos hechos se reproduzcan. La investigación está actualmente en curso.

En cuanto a las medidas de seguridad adoptadas tras el atentado, las informaciones recogidas por la Comisión en el Patriarcado Ecuménico de Estambul señalan la presencia permanente de policías armados para proteger el Patriarcado así como patrullajes continuos de los accesos al edificio. El Patriarcado se declaró satisfecho con las medidas adoptadas por las autoridades turcas.
PREGUNTA ESCRITA P-3756/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (17 de noviembre de 1997)

Asunto: Los kurdos y el asilo político

Los kurdos no son ni bandidos ni clandestinos, y los prófugos que están llegando a Italia, en particular los kurdos, plantean problemas internacionales de asilo político. No hay que olvidar que estos hombres, combatidos y perseguidos en una guerra oculta, que lamentablemente no conmueve al mundo, están oprimidos, a menudo de manera cruenta, y no hallan paz ni en los territorios bajo dominio iraquí ni en los que están bajo dominio iraní, sirio o turco.

Es necesario otorgar a los kurdos el estatuto de refugiados.

Lamentablemente, ningún organismo internacional se decide a dar el primer paso, ni tan siquiera en el plano humanitario. Consideramos que Europa debe ponerse en primer plano para cancelar esta vergüenza.

Europa debe empezar a plantearse el significado, en la civilización actual, de conceptos tales como asilo político, acogida y posibilidad de trabajo en los países de la Unión Europea.

Considerando que, como consecuencia de los Acuerdos de Schengen, ya no puede considerarse a la Apulia como una frontera italiana, sino como una frontera europea, ¿puede la Comisión tratar con suma urgencia el terrible problema de los kurdos a escala europea, en colaboración con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas?

Se señala que, si se ignora el «problema kurdo» se corre el riesgo de una fuga hacia otros países europeos o de que estalle un peligroso conflicto armado incontrolable y de dimensiones catastróficas.

Respuesta del Sr. van den Broek en nombre de la Comisión (10 de diciembre de 1997)

La concesión del estatuto de refugiado a los demandantes de asilo en los Estados miembros es competencia de los Estados miembros. Sin embargo, en el marco de la cooperación en materia de justicia y asuntos de interior en virtud del título VI del Tratado de la Unión Europea, se ha adoptado una posición común sobre la aplicación armonizada de la definición del término 'refugiado' en el artículo 1 de la Convención de Ginebra de 1951 ((Posición común, de 4 de marzo de 1996, definida por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la aplicación armonizada de la definición del término 'refugiado' conforme al artículo 1 de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado (DO L 63 de 13.3.1996). )), a la cual puede remitirse Su Señoría.

El problema de las personas procedentes de Irak fue planteado en el Consejo de Asuntos Generales del 6 de octubre de 1997, y también en la reunión de ministros de Justicia y de Interior celebrada en Mondorf los días 9 y 10 de octubre de 1997. Está siendo examinada actualmente en los grupos pertinentes del Consejo.
PREGUNTA ESCRITA E-3877/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (5 de diciembre de 1997)

Asunto: Política de competencia/restricciones verticales

El Libro Verde sobre las restricciones verticales en la política de competencia comunitaria (COM(96)0721 def.) expone la situación económica y jurídica actual en materia de restricciones verticales y los resultados de una investigación sobre este tema, analizando con detalle la problemática de la integración de los mercados, además de las cuestiones más estrechamente relacionadas con la competencia.

Pedimos a la Comisión que aclare y coordine la Comunicación de la Comisión sobre los acuerdos de menor importancia «de minimis» (COM(96)0722 def. y las opciones recogidas en el Libro Verde, especialmente la opción IV, que prevé la presunción refutable de compatibilidad con el artículo 85 hasta una cuota de mercado del 20 %.

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (28 de enero de 1998)

El 22 de enero de 1997 la Comisión adoptó un Libro Verde sobre la política de competencia comunitaria y las restricciones verticales, que se proponía proceder a una revisión fundamental de la política comunitaria en materia de restricciones verticales. La aprobación del Libro permitió también iniciar un amplio procedimiento de consulta en el que se invitó a las partes interesadas a formular observaciones escritas antes del 31 de julio de 1997. En el marco de este procedimiento, la Comisión participó en numerosas presentaciones, discursos y reuniones con organismos interesados. El 18 de julio de 1997 el Parlamento adoptó una Resolución sobre el Libro Verde. El Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones aprobaron también sendos dictámenes los días 9 de julio y 12 de junio de 1997 respectivamente. El procedimiento culminó los días 6 y 7 de octubre de 1997 con una audiencia en la que estuvieron presentes de los representantes de la industria, de las organizaciones interesadas, el Parlamento, el Comité Económico y Social y los Estados miembros. La Comisión está acutalmente elaborando su propia posición frente a la información y a los dictámenes recogidos durante el procedimiento de consulta.

El Libro Verde contiene diversas posibilidades para la política futura en materia de restricciones verticales. Sin embargo, estas no tienen carácter exhaustivo y a lo largo del procedimiento de consulta se esbozaron otras opciones posibles.

La Comisión constata las semejanzas entre la presunción de declaración negativa de la opción IV del Libro Verde y el concepto «de minimis» tal como se define en la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión de la Comunicación de 3 de septiembre de 1986 sobre los acuerdos de menor importancia que no son contemplado por las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE ((COM(96)722 final. )).

Todavía es demasiado pronto para hablar de los resultados del Libro Verde, pero la Comisión constata la necesidad coordinar la Comunicación sobre los acuerdos de menor importancia y cualquier propuesta de medidas en este ámbito.
PREGUNTA ESCRITA E-3953/97 de Marjo Matikainen-Kallström (PPE) a la Comisión (12 de diciembre de 1997)

Asunto: Solicitudes de ayudas con cargo a los programas de política regional y de investigación

En la pregunta escrita formulada a la Comisión el 17.9.1997 (E-2961/97) ((DO C 134 de 30.4.1998, p. 44. )) se solicitaba una reducción de la burocracia en la política regional y de investigación de la UE.

Una vez recibida su respuesta, ¿podría indicar la Comisión cuáles son los motivos más frecuentes a la hora de rechazar los proyectos?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (27 de enero de 1998)

Los principales criterios empleados para evaluar las propuestas de proyecto de los programas de investigación y desarrollo tecnológicos (I+D) de la Comunidad son la calidad científica y técnica, la innovación, la colaboración supranacional (valor añadido europeo), la rentabilidad, la competencia de los autores de las propuestas y las perspectivas de divulgación y explotación de los resultados. Además, cada programa específico fija en su plan de trabajo los criterios fundamentales para lograr sus objetivos concretos. Debido a la limitación de los fondos disponibles y a la gran competencia por obtenerlos se rechazan como norma general las propuestas que no cumplen los niveles exigidos para cada uno de estos criterios (los cuales se hacen públicos). El motivo más frecuente de rechazo de las propuestas en la mayoría de los programas es la falta de innovación cualitativa científica y técnica.

La información sobre las razones más frecuentes de rechazo de proyectos de I+D de los programas de los Fondos estructurales debería recabarse de los propios Estados miembros, puesto que aplican sus propios procedimientos específicos de selección de proyectos a través de los comités de seguimiento. Asimismo, los criterios de selección de proyectos varían en función de las prioridades concretas del programa en cuestión.
PREGUNTA ESCRITA E-4169/97 de Eryl McNally (PSE) a la Comisión (21 de enero de 1998)

Asunto: Transmisión por el satélite SKY en la UE

Según la compañía de televisión por satélite SKY, la legislación británica sobre derechos de autor impide que los ciudadanos británicos abonados a las emisiones de SKY en el Reino Unido puedan recibir sus emisiones cuando visitan otros países de la Unión Europea o si residen en ellos. Por ello, muchos ciudadanos británicos que residen en otros países de la Unión Europea o los visitan se ven obligados a renunciar a SKY o a utilizar ilegalmente su tarjeta SKY en el extranjero dando a la empresa una dirección del Reino Unido. Ninguno de los demás países de la UE prevé restricciones de ningún tipo para ver sus emisiones a las que se puede tener acceso en todos los demás países europeos.

¿Qué puede hacer la Comisión para garantizar que los abonados británicos a la televisión por satélite SKY puedan disfrutar de los mismos derechos y condiciones de los que ya gozan sus vecinos europeos?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (24 de febrero de 1998)

La Comisión es consciente de que la recepción de determinados servicios de radiodifusión por satélite en la Comunidad está limitada por razones relacionadas principalmente con los derechos de autor. Esta situación no sólo se aplica al servicio de radiodifusión al que hace referencia Su Señoría, sino también a una serie de otros servicios de radiodifusión por satélite establecidos en otros Estados miembros.

La Comisión ya ha examimado los asuntos en los que los consumidores ven restringidas sus posibilidades de elección de programas de televisión, y ha concluido que no puede intervenir puesto que no parece haber una infracción del derecho comunitario.

Las limitaciones a la recepción de determinados servicios de radiodifusión por satélite no se derivan de restricciones nacionales a la retransmisión de servicios de televisión, sino que dependen de decisiones comerciales tomadas por los operadores de radiodifusión afectados, basándose principalmente en el acuerdo de explotación con los titulares de los derechos relativo a la radiodifusión de sus obras. Por consiguiente, no existe infracción de la normativa sobre el mercado interior.
PREGUNTA ESCRITA P-3919/97 de Edouard des Places (I-EDN) a la Comisión (28 de noviembre de 1997)

Asunto: Situación del sector agroalimentario de legumbres

En virtud del reglamento por el que se fijan las modalidades de ayuda a las legumbres, se concede una ayuda a las vezas (Vicia sativa), bajo el código no 07 13 90 90 del Arancel Aduanero Común publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 19 de septiembre de 1996.

Esta partida del Arancel Aduanero Común incluye «otras legumbres de vaina seca, desvainadas, mondadas o partidas» en un capítulo relativo a productos alimenticios para consumo humano.

Sin embargo, parece que las vezas se consideran forraje y se destinan exclusivamente al consumo animal: así lo confirma el hecho de que se mencionen explícitamente en la partida 12.14 del Arancel Aduanero Común, bajo la designación «Remolachas, nabos, raíces forrajeras; heno, alfalfa, esparceta, trébol, coles forrajeras, altramuces, vezas y demás productos forrajeros análogos, incluso aglomerados en forma de «pellets»», y estén clasificadas bajo el código no 12 14 90 99 y no bajo el no 07 13 90 90.

Hoy en día, el importante incremento de los cultivos de legumbres en Europa supone un rebasamiento notable de la SMG fijada en el reglamento, y los cultivos de vezas parecen ser la causa de dicho rebasamiento.

Dado que no existen vezas que correspondan al grupo 07 13 90 90, no parece lógico justificar una reducción de la ayuda para lentejas y garbanzos basándose en un rebasamiento de la SMG causado por el cultivo de vezas.

¿Tiene la Comisión intención de precisar el reglamento relativo a las legumbres con objeto de aclarar esta situación que afecta seriamente a productores e industriales del sector agroalimentario de legumbres?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (6 de enero de 1998)

Las vezas que pueden optar a una ayuda a la producción se definen en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1577/96 por el que se establece una medida específica en favor de determinadas leguminosas de grano ((DO L 206 de 16.8.1996. )). Se trata de las vezas de las especies Vicia sativa L. y Vicia ervilla Wildd, del código NC (nomenclatura combinada) ex 0713 90 90, las demás. La Comisión examinará minuciosamente la clasificación de estas dos especies de vezas y propondrá, cuando proceda, la modificación de la normativa vigente.
PREGUNTA ESCRITA P-3574/97 de Joan Colom i Naval (PSE) a la Comisión (4 de noviembre de 1997)

Asunto: Fiscalidad de los fondos de pensiones y de jubilación

¿Considera la Comisión compatible con la normativa comunitaria que la normativa tributaria de un Estado miembro discrimine el trato fiscal de las contribuciones a los fondos de pensiones y de jubilación, así como el de los beneficios derivados de los mismos, según donde tenga su sede el fondo o donde se haya firmado el contrato aunque se trate de otros Estados miembros? En ese contexto, ¿es conforme al Derecho comunitario la ley española del seguro privado de 1995?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (6 de enero de 1998)

En general, la Comisión no considera compatible con el derecho comunitario que la normativa tributaria de un Estado miembro establezca un trato fiscal discriminatorio de las contribuciones a fondos de pensiones y de jubilación y de los beneficios derivados de los mismos en función del lugar donde tenga su sede el fondo o donde se haya firmado el contrato. Sin embargo, dicho trato puede tener una justificación objetiva, tal como estableció el Tribunal de Justicia en su sentencia Bachmann de 28 de enero de 1992 (asunto 204/90). En actos posteriores, el Tribunal ha seguido desarrollando la doctrina Bachmann (Wiclockx, 11 de agosto de 1995, asunto 080/94 y Svensson, 14 de noviembre de 1995, asunto 484/93). Existe otro asunto aún pendiente (Jessica Safir, asunto 118/96). Habida cuenta de estos actos, será preciso estudiar la compatibilidad con el derecho comunitario de las normativas fiscales de cada Estado miembro en materia de fondos de pensiones y de jubilación.

En cuanto al régimen fiscal español sobre seguros de vida, la Comisión ha estudiado si esta ley da lugar a un trato discriminatorio de los impuestos en función del lugar donde tenga su sede la empresa de seguros. Las autoridades españolas han indicado que el apartado 1 del artículo 78 de la ley 30/95, de 8 de noviembre de 1995, sobre la regulación y supervisión del seguro privado, establece que las compañías de seguros establecidas en los Estados miembros del Espacio Económico Europeo, con excepción de España, que hayan obtenido autorización para ejercer sus actividades en su Estado miembro de origen podrán ejercer dichas actividades en España en virtud del derecho de establecimiento o libre prestación de servicios. También han indicado que las primas de seguro de vida abonadas por residentes españoles a compañías de seguros no establecidas en España pero legalmente autorizadas, en virtud del principio de libre prestación de servicios, a ejercer actividades empresariales en este país podrán deducirse del impuesto sobre la renta de las personas físicas conforme a las mismas condiciones que las primas abonadas a las compañías de seguros establecidas en España. En consecuencia, la Comisión ha concluido que en este caso concreto no existe trato fiscal discriminatorio.