PREGUNTA ESCRITA P-1680/97 de Johannes Blokland (I-EDN) a la Comisión (7 de mayo de 1997)

Asunto: Trasposición de la Directiva relativa a los envases y residuos de envases

De conformidad con el apartado 1 del artículo 22 de la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases ((DO L 365 de 31.12.1994, p. 10. )), los Estados miembros deberían haber incorporado a sus legislaciones nacionales las disposiciones de la Directiva antes del 30 de junio de 1996. Según las informaciones de que se dispone, no todos los Estados miembros han cumplido hasta la fecha esta obligación.

1. ¿Cuántos Estados miembros han cumplido hasta ahora esta obligación y cuántos no?

2. ¿Qué razones aducen los Estados miembros que no han cumplido sus obligaciones en el plazo previsto?

3. ¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para que cumplan sus compromisos los Estados miembros que aún no han procedido a la trasposición de esta Directiva?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (13 de junio de 1997)

1. El apartado 1 del artículo 22 de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases establece que los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la misma antes del 30 de junio de 1996, e informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Hay que señalar también que el artículo 16 de la Directiva impone a los Estados miembros, sin perjuicio de la Directiva 83/189/CEE por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas ((DO L 109 de 26.4.1983. )), la notificación de los proyectos de medidas que tengan la intención de adoptar en el marco de la Directiva, excluidas las medidas fiscales, pero incluidas las especificaciones técnicas que impliquen medidas fiscales para fomentar el cumplimiento de dichas especificaciones técnicas, con objeto de que la Comisión pueda examinar dichos proyectos a la luz de las disposiciones vigentes, aplicando en cada caso el procedimiento que establezca la citada Directiva 83/189/CEE.

En virtud de este procedimiento, los Estados miembros aplazarán tres meses la adopción de los proyectos notificados (período de bloqueo), durante los cuales la Comisión y los demás Estados miembros podrán pronunciarse respecto a los proyectos en cuestión y, en caso necesario, obligar al Estado miembro de que se trate a aplazar por un nuevo período de tres meses la adopción de dichos proyectos mediante la emisión de un dictamen motivado.

Los Estados miembros deberán comunicar a la Comisión, en el momento de su adopción, los textos anteriormente notificados. La adopción no podrá tener lugar, lógicamente, en tanto no haya expirado el plazo de bloqueo.

Así pues, de la combinación de los artículos 16 y 22 de la Directiva se desprende que toda medida destinada a la aplicación de la misma deberá ser notificada a la Comisión en su fase de proyecto y que la comunicación de los textos definitivos adoptados no se realizará hasta que no haya finalizado el procedimiento de notificación. Es evidente, sin embargo, que los textos nacionales adoptados antes de la entrada en vigor de la Directiva para garantizar su aplicación no están sujetos a la obligación de notificación previa.

En el momento actual (7 de mayo de 1997), Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugar, Finlandia, Suecia y Reino Unido han notificado a la Comisión proyectos de medidas para aplicar, parcial o completamente, la Directiva 94/62/CE. Estos proyectos han sido examinados, o lo están siendo actualmente, conforme al procedimiento previsto por la Directiva 83/189/CEE. Dinamarca, Alemania, Francia y Austria también han comunicado las medidas adoptadas antes de la entrada en vigor de la Directiva 94/62/CE. A la Comisión no le han sido comunicadas aún todas las medidas adoptadas finalmente por las autoridades nacionales al finalizar el procedimiento de notificación.

2. La Comisión no tiene conocimiento de que los Estados miembros hayan alegado ninguna razón particular.

3. La Comisión está empeñada en velar por que los 15 Estados miembros cumplan, a la mayor brevedad, las disposiciones a que están obligados en virtud de la Directiva, para lo que, en caso necesario, no dudará en recurrir al procedimiento de infracción establecido en el artículo 169 del Tratado CE.