PREGUNTA ESCRITA E-0793/03

de Sérgio Marques (PPE-DE) a la Comisión

(14 de marzo de 2003)

Asunto: Año Europeo de las personas con discapacidad 2003

En la actualidad hay en la UE unos 37 millones de personas con discapacidad (trabajadores, consumidores, contribuyentes, políticos, estudiantes y otros) que, a pesar de tener los mismos derechos que las personas sin discapacidad alguna, no siempre reciben el mismo trato. Por este motivo, es preciso sensibilizar a los ciudadanos de la UE en cuanto a la necesidad de una auténtica igualdad de derechos, con objeto de evitar todo tipo de exclusión social de este colectivo.

El Año Europeo de las personas con discapacidad 2003 surge precisamente en este contexto con el objetivo de, por un lado, sensibilizar en cuanto a una auténtica igualdad de derechos y, por otro, de reflexionar, debatir e intercambiar experiencias sobre las medidas eficaces que deben adoptarse.

El presupuesto que se propone asciende a 12 millones de euros, cantidad con la que deberán financiarse las siguientes actividades: organización de actos y reuniones; campañas de información y promoción; cooperación con los medios de comunicación y realización de investigaciones y estudios.

Las medidas de alcance comunitario podrán subvencionarse hasta un límite máximo del 80 %, mientras que las de ámbito local, regional, nacional o transnacional podrán financiarse con cargo al presupuesto de las Comunidades Europeas hasta un límite máximo del 50 % de su coste total.

1. Habida cuenta de que cada Estado miembro debe designar los órganos responsables participantes en el Año Europeo a los que deberán enviar sus proyectos los candidatos, y de que estos órganos deben presentar a su vez a la Comisión las solicitudes de cofinanciación de las medidas de ámbito local, regional, nacional y transnacional, ¿cuál es el plazo previsto para la designación y divulgación de estos órganos nacionales?

2. ¿Cuáles son los plazos previstos para la publicación de los anuncios de apertura de candidaturas y su correspondiente procedimiento y cuáles son los medios de difusión que se utilizarán?

3. Considerando la necesidad, asumida por la propia Comisión, de una estrategia global y coherente para garantizar a las personas con necesidades especiales una auténtica política de desarrollo y de integración, ¿cuáles son las medidas que ha tomado o piensa tomar la Comisión en este ámbito? ¿Defiende la Comisión una auténtica estrategia transversal que contemple cuestiones como el empleo, la educación y la formación profesional, el acceso a edificios y servicios públicos, etc.? ¿Cómo se llevará a la práctica esta estrategia?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(14 de abril de 2003)

Como sin duda sabe Su Señoría, el artículo 5 de la Decisión del Consejo sobre el Año Europeo de las personas con discapacidad(1) establece que todos los países participantes en este acto deberán crear o designar un organismo nacional de coordinación, encargado de coordinar y gestionar las actividades previstas con vistas a la consecución de los objetivos del Año Europeo.

Todos los Estados miembros, así como Noruega e Islandia, han establecido ya sus respectivos organismos de coordinación, cuyos datos se actualizan regularmente en el sitio web del Año Europeo (www.eypd2003.org). Es a ellos, no la Comisión, a quienes incumbe dar a conocer la cofinanciación comunitaria disponible para los proyectos (nacionales, regionales, locales y transnacionales) durante el Año Europeo.

Corresponde asimismo a estos organismos definir los procedimientos y fijar los plazos para la presentación de solicitudes de cofinanciación y proceder a la selección final de los proyectos subvencionables. Todos los países participantes han completado ya este ejercicio o están a punto de hacerlo.

Los organismos nacionales de coordinación deberán garantizar que la financiación comunitaria concedida para sufragar los gastos subvencionables de cada proyecto no rebase el 50 % de su coste total. Desde la apertura, en 2003, de la línea presupuestaria reservada al Año Europeo, la Comisión empezó a asumir los compromisos financieros necesarios y a firmar acuerdos con los diferentes países participantes. Ya se han concluido acuerdos con casi todos los Estados miembros.

La Comisión considera la discapacidad una cuestión de derechos. Se ha pasado, pues, de una perspectiva basada en la protección y la institucionalización a otra el denominado modelo social que prima la plena integración social y económica. Conforme a esta nueva orientación, la Comisión centra sus esfuerzos en la supresión de los numerosos obstáculos existentes en el contexto social actual a los que deben hacer frente las personas con discapacidad que desean llevar una vida cotidiana normal y participar en todo tipo de actividades sociales. Esta perspectiva tiene importantes repercusiones, tanto a nivel nacional como comunitario, por lo que respecta a la forma en que se definen e interpretan las políticas y los instrumentos legislativos en materia de discapacidad, así como a su contenido.

Consideramos que apoyar a las personas con discapacidad para que se integren en las corrientes económicas y sociales generales equivale a garantizar la participación en estas corrientes de todas aquellas personas que puedan hacerlo y en todos los ámbitos en que sea posible, evitando así la segregación que entraña la adopción de medidas específicas para las personas con discapacidad. Esta constatación es aún más evidente, si cabe, en lo tocante a la integración en las políticas de empleo y en los procesos de inclusión social, aspecto este que ofrece ventajas económicas y sociales no sólo para las personas con discapacidad, sino también para la sociedad en su conjunto. Esta integración en las corrientes generales no debe limitarse únicamente a la política social de la Comunidad, sino que abarca también otros ámbitos como la educación, el transporte, la investigación y las nuevas tecnologías. La Comisión no descuida, por tanto, ninguno de los aspectos de la integración y reserva a las personas con discapacidad y a las cuestiones con ellas relacionadas un lugar destacado en su agenda, haciendo hincapié en la necesidad de garantizar una mayor sinergia entre cuestiones conexas en los diferentes ámbitos de acción.

A menudo, las mejoras introducidas en favor de las personas con discapacidad benefician a toda la sociedad, sobre todo cuando están inspiradas en el principio de diseño para todos. Así, por ejemplo, una mejor accesibilidad de los edificios redundará en beneficio de todos los ciudadanos, sobre todo de los ancianos y las personas con movilidad reducida. La accesibilidad es, pues, un ámbito en el que la Comisión está decidida a introducir mejoras, especialmente por lo que respecta al entorno construido. El servicio competente de la Comisión ha creado un grupo de expertos independientes con el cometido de examinar el estado actual de la legislación en los Estados miembros y de analizar la forma en que las políticas comunitarias actuales afectan o pueden afectar al diseño global del entorno construido. Este grupo presentará un informe a la Comisión en el segundo semestre de 2003.

(1) DO L 335 de 19.12.2001.