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PREGUNTA ESCRITA E-2938/00

de Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) a la Comisión

(19 de septiembre de 2000)

Asunto: Posición de la Comisión sobre la privatización del suministro de agua

En determinados Estados miembros está teniendo lugar un debate animado sobre la privatización del suministro de agua. Actualmente, se está preparando en los Países Bajos una ley destinada a prohibir la privatización del suministro de agua. En la Cumbre europea de Lisboa, las propuestas de liberalización/privatización del suministro de agua se beneficiaron de un apoyo insuficiente.

1. A la luz de lo arriba expuesto, ¿puede la Comisión confirmar que no se están elaborando propuestas para la liberalización/privatización del sector del agua?

2. ¿Puede la Comisión exponer su punto de vista sobre este tema para poner fin a todas las dudas en torno a su posición?

Respuesta del Presidente Prodi en nombre de la Comisión

(8 de noviembre de 2000)

La Comisión da una gran importancia a un suministro seguro de agua de alta calidad en la Comunidad. A su iniciativa la Comunidad ha adoptado leyes para garantizar que se cumplen las normas de alta calidad del agua.

Sin embargo, la decisión sobre cómo organizar los servicios públicos de suministro de agua es fundamentalmente competencia de los Estados miembros. El papel de la Comisión es asegurarse de que los medios empleados para el suministro de agua en los Estados miembros sean compatibles con el Derecho comunitario. Estos principios se resaltaron en una reciente comunicación de la Comisión sobre servicios de interés general(1) en donde se subraya que es sobre todo responsabilidad de los poderes públicos a nivel local, regional o nacional definir las misiones de los servicios de interés general y la manera en que se prestan.

En este contexto, la Comisión puede confirmar que no está elaborando ninguna propuesta legislativa referente a la liberalización o privatización del suministro de agua en los Estados miembros. Por lo que se refiere a la privatización, la Comisión desea añadir que el artículo 295 (antiguo artículo 222) del Tratado CE garantiza la neutralidad de la Comunidad por lo que se refiere a la propiedad pública o privada de las empresas. Por lo tanto, la Comisión nunca propone o requiere la privatización de empresas públicas.

(1) COM(2000) 580 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2533/00

de Karl von Wogau (PPE-DE) a la Comisión

(2 de agosto de 2000)

Asunto: Normalización y certificación de los sistemas de reconocimiento precoz de riesgos

La República Federal de Alemania ha creado los fundamentos jurídicos para la introducción de los sistemas de reconocimiento precoz de riesgos en el ámbito empresarial. ¿Sabe la Comisión si otros Estados miembros han introducido sistemas de este tipo?

¿Considera conveniente la Comisión introducir en el mercado único la normalización y/o certificación de sistemas de este tipo?

Alemania ha creado recientemente los fundamentos jurídicos para la introducción de los sistemas de reconocimiento precoz de riesgos. Dichas bases están fijadas en la Ley sobre control y transparencia en el ámbito empresarial, en la Ley sobre sociedades de capitales y directivas correspondientes así como en el apartado 2 del artículo 91 de la Ley de acciones. Los auditores están obligados desde principios de año a elaborar un informe sobre la existencia de un sistema de reconocimiento precoz de riesgos.

Si en otros Estados miembros existen sistemas análogos, ¿no sería conveniente, en un mercado común de inversores, crear bases comunes para la calidad y comparabilidad de dichos sistemas de reconocimiento precoz de riesgos?

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(13 de octubre de 2000)

La Comisión conoce el sistema alemán al que Su Señoría hace referencia. Parece que este sistema tiene por objeto garantizar una protección máxima de los inversores y acreedores, imponiendo a los dirigentes de sociedades informar sobre los medios aplicados para situar los riesgos.

Actualmente la Comisión no conoce leyes comparables en otros Estados miembros.

A escala comunitaria, no existen disposiciones que prevean tales obligaciones.

Sin embargo, en el marco del plan de acción sobre servicios financieros, la Comisión lanzó un estudio sobre los códigos que existen en los Estados miembros para la gestión de las empresas. De este modo la Comisión podrá tener una visión más precisa de la situación presente a este respecto en el conjunto de los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-2659/00

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Prohibición de la tenencia de perros mordedores y de combate en Europa

En las últimas semanas, la muerte en Alemania de un niño de corta edad, que fue atacado y prácticamente despedazado por un perro de combate, así como otros sucesos de la misma índole han causado una gran conmoción, por lo que la tenencia de perros mordedores y de combate está sometida ahora en Alemania a una normativa extremadamente severa. ¿No considera la Comisión, en relación con este tema, que es necesario establecer normas uniformes europeas sobre la prohibición absoluta de la cría, importación y mantenimiento de perros de combate, con el fin de que sucesos similares no se produzcan en el futuro en la UE?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(6 de octubre de 2000)

La Comisión es consciente del peligro que supone la tenencia de perros de combate respecto a la protección de la vida de las personas.

No obstante, el programa de trabajo de la Comisión no prevé, por ahora, ninguna propuesta de reglamento dirigida a prohibir totalmente la cría, importación y posesión de perros de combate en el territorio de la Comunidad.

En este contexto, la Comisión considera que incumbe a los Estados miembros, en el marco de la subsidiariedad, tomar las medidas necesarias de acuerdo con la sensibilidad nacional, respetando al mismo tiempo las normas del Tratado CE.

En efecto, si bien el artículo 28 prohíbe a los Estados miembros adoptar medidas nacionales que creen trabas a la libre circulación de los animales en causa, el artículo 30 les autoriza a ello si éstas se justifican por razones de protección de la salud y la vida de las personas, siempre que las prohibiciones o restricciones en cuestión sean proporcionadas con el objetivo que se persigue y aplicables indistintamente.
PREGUNTA ESCRITA E-1547/00

de Mark Watts (PSE) a la Comisión

(18 de mayo de 2000)

Asunto: Microfinanza y reducción de la pobreza

¿Puede indicar la Comisión a cuánto ascienden los fondos comprometidos por la Unión Europea en favor de la expansión de los microcréditos como factor integrante de la lucha contra la pobreza?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1547/00 y E-1609/00 dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(12 de julio de 2000)

La Comunidad desempeña un papel activo en la financiación de actividades en este ámbito. Según los cálculos de una encuesta realizada el año pasado, 214 M fueron destinados a proyectos de microfinanciación, incluidas las actividades llevadas a cabo por organizaciones no gubernamentales (ONG) durante el período 1995-1999. No obstante, la cifra anterior no es más que un cálculo aproximado, y puede verse aumentada considerablemente teniendo en cuenta que el microcrédito constituye un factor integrante de múltiples y diversas actividades, especialmente en cuanto respecta a los proyectos de desarrollo rural y a las actividades dirigidas a las mujeres. En cuanto al gasto real anual, desgraciadamente, la Comisión no puede proporcionar en estos momentos una cifra exacta.

Actualmente, el planteamiento de la Comisión está siendo objeto de revisión. La Comisión está reconsiderando sus anteriores planteamientos tomando como base las evaluaciones de las intervenciones en el contexto del microcrédito. Este proceso de revisión aparece tras el actual debate surgido en la comunidad de donantes respecto a la denominada revolución de la microfinanciación. En 1998, la Comisión hizo pública una comunicación al Consejo y al Parlamento relativa tanto a la microfinanciación y la reducción(1) de la pobreza como a las directrices metodológicas.

Este nuevo planteamiento destaca la importancia de abordar de una manera más íntegra y viable las diferentes necesidades financieras de la mayoría de los beneficiarios, y no sólo la dimensión del crédito, resaltada tradicionalmente en los regímenes de microcrédito. En el pasado, esta dimensión dio a menudo lugar a intervenciones ineficaces, distorsiones en el mercado y a la expansión de la cultura del endeudamiento, sin tener un impacto significativo y sostenible en cuanto respecta a la reducción de la pobreza. Considerando esta nueva perspectiva, debería prestarse especial atención al refuerzo institucional así como a la mayor capacitación de las instituciones de microfinanciación y ONG que se ocupan actualmente de este tema, con objeto de apoyarlas en su proceso de profesionalización e institucionalización.

Finalmente, se espera que el paquete de reforma global adoptado por la Comisión el 16 de mayo para la gestión de la ayuda externa tenga una influencia positiva sobre la eficacia y la rapidez con la que se tratan las decisiones de financiación, incluidas las referentes al microcrédito.

(1) COM(98) 527 final.
PREGUNTA ESCRITA P-2799/00

de Olivier Dupuis (TDI) a la Comisión

(4 de septiembre de 2000)

Asunto: Tíbet: participación de las empresas europeas AGIP y BP Amoco en la explotación de los recursos petrolíferos tibetanos por parte de la República Popular de China

La empresa China National Petroleum Corporation (CNPC) ha iniciado la construcción de un gasoducto para transportar gas desde la cuenca de Tsaidam, en el Tíbet, hasta Lanzhou. La CNPC es un monopolio estatal que goza del derecho exclusivo de explotación de los yscimientos de petróleo y gas tibetanos. Los socios de la CNPC son la empresa italiana AGIP Petroleum, la empresa británica BP Amoco y Enron.

¿Qué información posee la Comisión en relación con la participación de AGIP y BP Amoco en este proyecto de apropiación y de explotación de los recursos naturales del Tíbet por parte de China y, en especial, sobre la dimensión del mismo? ¿No considera la Comisión que la realización de dicho proyecto provocará una mayor afluencia de colonos chinos al Tíbet, así como, probablemente, daños al medio ambiente y que, por este motivo, debería disuadirse a las empresas comunitarias de participar en el mismo? ¿Cuenta la Comisión con información sobre los posibles debates en relación con el proyecto que puedan haberse llevado a cabo entre las empresas europeas en cuestión y el Gobierno tibetano en el exilio? Asimismo, ¿no considera la Comisión que la realización de este proyecto es incompatible con los principios de autogobierno del Tíbet, defensa del medio ambiente, desarrollo sostenible y respeto de los derechos humanos, objetivos declarados de la Unión Europea y directrices de su política exterior?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(18 de septiembre de 2000)

La Comisión está comprometida con la preservación de la identidad cultural, lingüística y religiosa de la región autónoma de Tíbet. Esta cuestión se ha planteado con regularidad en el diálogo sobre los derechos humanos entre la Unión Europea y China así como en el marco del diálogo político con Pekín. La Comisión trabaja asimismo en promover el desarrollo sostenido a través de su programa de cooperación con China, y mantiene un diálogo con este país acerca de los objetivos ambientales globales y en especial sobre la biodiversidad.

La Comisión tiene conocimiento de las informaciones de los medios de comunicación según las cuales las empresas europeas pretenden participar en las actividades de la industria petrolífera y petroquímica china. La Comisión es asimismo consciente de la preocupación mostrada sobre los efectos que en el medio ambiente de Tíbet tendrán las actividades de exploración. Sin embargo, la Comisión no posee ningún medio ni ninguna competencia para influir en las decisiones de inversión de las empresas europeas a título individual.
PREGUNTA ESCRITA E-2456/00

de Graham Watson (ELDR) al Consejo

(24 de julio de 2000)

Asunto: El caso de William Shaiboub

El lunes 5 de junio de 2000, el copto William Shaiboub fue condenado a 15 años de trabajos forzados por el asesinato de dos hombres en el pueblo egipcio de El-Kosheh en agosto de 1998. La detención de William Shaiboub sucedió tras la redada y detención indiscriminadas de más de 1000 coptos, que tuvieron lugar a finales de agosto y en septiembre de 1998. Muchos de los detenidos, y entre ellos el propio William, fueron torturados, de lo que dan prueba las fotografías que llegaron a Occidente. Los dos únicos testigos de cargo contra William Shaiboub retiraron inmediatamente sus declaraciones, y afirmaron que habían admitido su culpabilidad bajo coacción. Además, el juicio de William Shaiboub se aplazó en numerosas ocasiones, lo que dio lugar a la suposición generalizada de que se retrasaba deliberadamente la fecha del mismo a la espera de que la atención internacional se desviara hacia otros asuntos.

¿Es consciente el Consejo de la condena que se ha impuesto a William Shaiboub?

¿Qué protesta formal piensa presentar en su defensa ante las autoridades egipcias?

Respuesta

(20 de noviembre de 2000)

Los órganos del Consejo han debatido el estallido de violencia sectaria del que está siendo víctima la comunidad copta en el Alto Egipto, en particular en El-Khosheh. El Consejo sabe que D. William Shaiboub fue condenado, el 5 de junio, a 15 años de trabajos forzados por el asesinato de dos hombres en El-Kosheh, en agosto de 1998. El 12 de junio recurrió esta sentencia. El Consejo sigue el caso muy atentamente.
PREGUNTA ESCRITA P-2507/00

de Raffaele Costa (PPE-DE) a la Comisión

(24 de julio de 2000)

Asunto: Grandes diferencias en el precio de la gasolina

En el Valle d'Aosta, Región de Estatuto Especial, los ciudadanos residentes reciben una bonificación de 1 294 liras por litro de gasolina súper y de 1 209 por litro de gasolina sin plomo, hasta un máximo de 75 litros al mes por persona.

A la vista de que no he logrado, en muchos años, obtener una respuesta seria por parte de las autoridades italianas,

1. ¿Puede hacer saber la Comisión por qué motivo en el Valle d'Aosta la gasolina cuesta menos de 1 000 liras por litro?

2. ¿Puede intervenir la Comisión para poner fin a esta situación de diferencia de trato entre ciudadanos italianos?

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(14 de septiembre de 2000)

Los impuestos sobre los hidrocarburos en la Comunidad están regidos por las disposiciones de la Directiva 92/81/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, sobre la armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre los hidrocarburos(1). El apartado 4 del artículo 8 de esta Directiva permite al Consejo autorizar a los Estados miembros a introducir derogaciones que permiten exenciones o reducciones de derechos por consideraciones políticas específicas.

Durante las negociaciones que llevaron a la adopción de la Directiva 92/81/CEE del Consejo los Estados miembros obtuvieron exenciones o reducciones de conformidad con el apartado 4 del artículo 8 como parte del proceso de adopción. Con arreglo a este procedimiento las autoridades italianas fueron autorizadas por el Consejo a introducir una derogación para el consumo en las regiones de Val D'Aosta y Gorizia. La aplicación de esta derogación habrá contribuido a las diferencias de precios mencionadas por Su Señoría.

El Consejo autorizó esta derogación sobre la base de que se continuaría aplicando automáticamente a menos que, a propuesta de la Comisión, el Consejo unánimemente decidiera en otro sentido. Por lo tanto para que la derogación pudiera derogarse, como Su Señoría sugiere, la delegación italiana en el Consejo debería estar de acuerdo con tal derogación.

(1) DO L 316 de 31.10.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-3222/00

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(17 de octubre de 2000)

Asunto: Excepción a la Directiva sobre el tabaco

La posición común relativa a la Directiva de la UE sobre el tabaco prohibe en 14 de los 15 Estados miembros de la UE la fabricación y la exportación de cigarrillos con contenido superior a 10 mg de alquitrán a partir del 1 de enero de 2001. Incluirá, no obstante, una excepción en favor de Grecia, que autorizará, hasta 2007, la fabricación, distribución y exportación de cigarrillos con contenido superior a los 10 mg ¿No es éste un caso evidente de violación del mercado único y de la legislación en materia de competencia que discrimina a los otros fabricantes de la UE, en particular del Reino Unido, que sufrirán similares repercusiones sociales y económicas?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(8 de diciembre de 2000)

La Directiva 90/239/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1990, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros respecto al contenido máximo de alquitrán de los cigarrillos(1) contenía un período de transición para el cumplimiento de los límites del contenido de alquitrán en los cigarrillos en Grecia. Esta dispensa temporal estaba relacionada con las dificultades socioeconómicas específicas de ese Estado miembro como consecuencia del hecho de que el tabaco cultivado en Grecia posee un mayor contenido de alquitrán. Por tanto, este Estado miembro está más afectado por las disposiciones de la Directiva que otros Estados miembros que fabrican estos productos. Además, se necesitaría un largo período de tiempo para cambiar estas variedades del tabaco, y este cambio afectaría a un gran número de personas, ya que, en Grecia, la producción de tabaco ocupa a muchos trabajadores y de ella depende un gran número de familias. La continuación de este período de transición está justificada por los mismos motivos en el marco de la reducción continua del contenido de alquitrán prevista en la Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco (versión refundida)(2), que se está debatiendo en la actualidad. Esta dispensa temporal se limita a los cigarrillos manufacturados y comercializados en el territorio del Estado miembro en cuestión, y no continuará después de 2007.

(1) DO L 137 de 30.5.1990.

(2) COM(2000) 428 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0698/00

de Hubert Pirker (PPE-DE) a la Comisión

(17 de marzo de 2000)

Asunto: Negociaciones de adhesión de la Unión Europea con la República de Eslovenia

El Consejo Europeo reafirmó en la Cumbre de Copenhague en 1993 su resolución de velar por que todas las personas estuvieran protegidas contra las violaciones de los derechos y las libertades fundamentales. A ese respecto, el Consejo Europeo hace referencia, entre otras, a la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Dicha Convención contiene la obligación de suprimir las leyes y las disposiciones discriminatorias.

¿Cómo valora la Comisión el hecho de que, en contradicción con lo anterior, en la República de Eslovenia sigan estando en vigor los Decretos Avnoj (de 1944 y 1946) que están dirigidos expresamente contra grupos étnicos concretos?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0697/00 y E-0698/00 dada por el Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(2 de mayo de 2000)

En su dictamen sobre la solicitud de adhesión a la Unión de Eslovenia, de junio de 1997, la Comisión consideró que Eslovenia cumple los criterios políticos fijados en Copenhague y que ha logrado estabilizar las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías étnicas.

Eslovenia se ha comprometido a cumplir los criterios en relación con el Estado de Derecho y la adhesión a los principios de los derechos humanos. Sin embargo, las decisiones del AVNOJ fueron adoptadas y ejecutadas antes de la fundación de las Comunidades y son restos de la legislación de la antigua República Socialista de Yugoslavia. El proceso de restitución de la propiedad continúa.

La Comisión es consciente del hecho de que el proceso de restitución de la propiedad es muy lento en Eslovenia. La Comisión sigue este proceso en el contexto de sus relaciones bilaterales con este país. Sin embargo, la Comisión no puede intervenir directamente en esta cuestión. El artículo 295 (antiguo artículo 222) del Tratado de la CE establece explícitamente que el Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-0842/00

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(21 de marzo de 2000)

Asunto: El desastre del Erika y la responsabilidad medioambiental

En el debate parlamentario del 2 de marzo de 2000 sobre la pregunta oral relativa al Erika, pedí al Comisario Fischler que respondiera a dos preguntas:

1. ¿Qué pensaba sobre la posibilidad de una compensación por parte de los propietarios tanto del buque como de la carga, de acuerdo con la petición previamente formulada por el Parlamento?

2. ¿Van a incluir las propuestas de la Comisión sobre responsabilidad medioambiental incidentes marítimos de este tipo, asegurando en el futuro la aplicación estricta del principio de quien contamina paga?

El Comisario no respondió ni a una ni a otra de estas dos preguntas.

¿Podría la Comisión responder ahora?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(11 de mayo de 2000)

1. Las compensaciones a las víctimas del siniestro sufrido por el Erika están reguladas por dos convenios internacionales: el Convenio Internacional de 1969, modificado en 1992, sobre responsabilidad civil por daños debidos a la contaminación por hidrocarburos y el Convenio Internacional de 1971, modificado en 1992, de constitución de un fondo internacional de compensación de daños causados por la contaminación de hidrocarburos. Estos convenios aseguran compensaciones a las víctimas sin tener

que probarse fallo o negligencia por parte del armador y sin que se demuestre la solvencia del mismo (dado que el seguro para los propietarios de buques cisterna es obligatorio). Se dispone, pues, de compensación aunque está limitada a ciertas cantidades máximas. Para el armador el tope de la compensación es en este caso de alrededor de 13 M, debido a las relativamente pequeñas dimensiones del Erika. El mencionado fondo aporta una compensación complementaria financiada conjuntamente por las empresas receptoras de petróleo y que asciende a un total de 185 M. En caso de que las solicitudes excedan dicha cantidad, todas las reclamaciones se reducirán proporcionalmente. Se desconoce por el momento si esta circunstancia va a darse en el caso Erika. La posibilidad de resarcir plenamente a las víctimas del Erika es mayor debido al compromiso de Total-Fina y del gobierno francés de abstenerse de reclamar sus pérdidas hasta que se haya satisfecho a todos los demás solicitantes.

2. El Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental(1) se refiere en su punto 4.8 a los regímenes internacionales actuales de responsabilidad y señala, en términos generales, que la relación entre el régimen de responsabilidad comunitario y los convenios internacionales debe precisarse. En el caso de la contaminación por hidrocarburos, el Libro remite a una comunicación de la Comisión sobre la seguridad marítima del transporte de petróleo(2), adoptada por la Comisión el 21 de marzo de 2000 en la que se examinan varias medidas posibles para mejorar el actual régimen de responsabilidad y compensación por esta clase de contaminación. A lo largo del presente año está previsto presentar otra comunicación que contenga propuestas más precisas al respecto.

(1) COM(2000) 66 final.

(2) COM(2000) 142 final.