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2.

y 3. En tanto en cuanto sigan en vigor las disposiciones relativas al monopolio territorial de los deshollinadores, las partes afectadas en Alemania estarán obligadas a contratar con deshollinadores locales las labores de limpieza y mantenimiento de chimeneas y se expondrán a posibles sanciones en caso de contravención de esta obligación. Naturalmente, los usuarios de estos servicios tienen la posibilidad —en el marco, primero, de un procedimiento administrativo y, posteriormente, de un procedimiento judicial— de invocar la incompatibilidad de determinadas disposiciones legales con el Derecho comunitario en vigor. La primacía de este último exige que las autoridades y jurisdicciones nacionales examinen las disposiciones legales nacionales contrarias al Derecho comunitario e impone, en su caso, la no aplicación de las mismas (1). Las jurisdicciones de instancias inferiores pueden, además, plantear al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) cuestiones sobre la interpretación de los Tratados. Cuando un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros deba decidir en última instancia, estará obligado a someter al TJCE la cuestión de la incompatibilidad de la legislación nacional con el Derecho comunitario (párrafo 3 del artículo 234 del Tratado CE). De conformidad con los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea, sólo el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es competente para decidir en última instancia si las normas jurídicas son compatibles o no con el Derecho comunitario. En su calidad de guardiana de los Tratados, la Comisión sólo puede solicitar la adopción de una decisión de esta índole, pero no tomarla ella misma de forma jurídicamente vinculante. El Tribunal de Justicia puede declarar que una ley nacional vulnera el Derecho comunitario y exigir al Estado miembro de que se trate que la modifique para ajustaría al mismo (apartado 1 del artículo 228 del Tratado CE). Si el Estado miembro no toma las medidas que entraña el fallo del Tribunal, éste podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva (apartado 2 del artículo 228 del Tratado CE).
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/279

(2004/C 88 E/0284)

PREGUNTA ESCRITA P-1078/04

de Philip Claeys (NI) a la Comisión

(1 de abril de 2004)

Asunto: Neutralidad política del Centro Infopoint Europa en la provincia belga del Brabante flamenco

El 15 de abril de 2004, el Centro Infopoint Europa del Brabante flamenco organiza en la Diputación Provincial de Lovaina un debate sobre las elecciones europeas. Si bien en Flandes cinco partidos con representación parlamentaria van a participar en las próximas elecciones europeas, a dicho debate sólo se ha invitado a representantes de tres partidos, a saber, a Marianne Thyssen (partido democristiano, CD & V), a Säid El Khadraoui (partido socialista, SP.A) y a Dirk Sterckx (partido liberal, VLD). No se ha invitado al pequeño partido de los «Verdes». Tampoco al Vlaams Blok (partido nacionalista flamenco) que, sin embargo, fue el tercer partido en Flandes en las anteriores elecciones europeas. Preguntado por teléfono al respecto, el Centro Infopoint Europa ha comunicado que el debate iba a tratar sobre la provincia del Brabante flamenco y sobre Europa. Sin embargo, uno de los participantes no reside en la provincia, mientras que uno de los dos diputados europeos del Vlaams Blok sí reside en esa provincia. Resulta que el Centro Infopoint Europa y la provincia del Brabante flamenco han decidido no invitar al Vlaams Blok sobre una base absolutamente arbitraria. Por lo visto, el Centro Infopoint Europa del Brabante flamenco sólo desea difundir una parte de la información referente al Parlamento Europeo.

En el folleto de invitación figuran, además de los logotipos del Centro Infopoint Europa (que recibe ayuda financiera de la Comisión) y de la provincia del Brabante flamenco, también la bandera europea.

¿Considera normal la Comisión que un servicio público parcialmente financiado por ella excluya arbitrariamente a partidos políticos del debate público?

¿No han de atenerse los centros provinciales Infopoint Europa a una neutralidad política?

¿Qué medidas están previstas para evitar tales situaciones indebidas?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión agradece la pregunta a Su Señoría.

La Comisión desea señalar a Su Señoría que el debate «U stemt toch ook voor Europa?» fue organizado por el Infopoint Europe de Lovaina, y no por los servicios de la Comisión.

Al igual que los otros enlaces de información para el gran público que subvenciona la Comisión, este Infopoint está albergado en una estructura de acogida, la provincia del Brabante flamenco (Provincie — Vlaams-Brabant), vinculada a la Comisión por un convenio. Según este convenio, la estructura de acogida y su Infopoint actúan en nombre propio y asumen la entera responsabilidad de la información que proporcionan al público y de las acciones que realizan para ello.

Sus objetivos y actividades deben inscribirse en los principios y los objetivos de la Unión, y respetar la pluralidad de opinión de sus ciudadanos. Tras recabar información en este caso, la Comisión no ha observado ninguna violación de estos principios.
—

El epígrafe no 4 establece que la promotora puede ser una red transnacional de organizaciones que «debe estar legalmente establecida o algo equivalente». Este requisito genera una indefinición jurídica ya que «red transnacional» como tal no existe en la legislación nacional ni en la europea por lo que no puede estar legalmente establecida o «similar».
2.

Sin embargo, tal como ha declarado la Comisión en varias ocasiones, la legislación sobre la propiedad inmobiliara de los Estados miembros no corresponde al ámbito del Tratado CE, que establece expresamente en el artículo 295 que el Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad de los Estados miembros. Las condiciones que rigen asuntos tales como la expropiación del terreno, por tanto, son determinadas por los Estados miembros, y la Comisión no es competente para hacer observaciones respecto a las mismas.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/402

(2004/C 84 E/0468)

PREGUNTA ESCRITA E-0453/04

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(23 de febrero de 2004)

Asunto: Explotación de trabajadores portugueses en Francia

Las instituciones francesas y portuguesas de comunicación social han denunciado la explotación intolerable de trabajadores portugueses en Francia, concretamente en la región Loira Atlántico, que trabajan en condiciones de verdadera esclavitud. Como es bien sabido, ya se presentó una queja contra el «Grupo Internacional de Desossagem» (GID) por incumplimiento de los contratos laborales e impago de los salarios, los gastos de transporte, las primas, las vacaciones, etc., a los trabajadores portugueses.

Por tanto, ¿podría la Comisión Europea facilitar información acerca de las medidas que ya se han adoptado o que se van a adoptar en defensa de los derechos de los trabajadores portugueses con vistas a determinar la responsabilidad de las organizaciones públicas francesas en el mantenimiento de estas situaciones de verdadera esclavitud?

Respuesta del Sr. Dimas en nombre de la Comisión

(1 de abril de 2004)

Como ya indicó la Comisión en su respuesta a la pregunta escrita E-3834/03 de Su Señoría (1), la cuestión de si los casos a los que se refiere entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (2) o del de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (3), depende en primer lugar del carácter permanente o no de su actividad en Francia. En el primer supuesto, la legislación laboral francesa se aplica en su integridad y no puede admitirse ninguna discriminación por motivos de nacionalidad. En el segundo caso, los trabajadores portugueses en cuestión deben beneficiarse de un «núcleo duro» de normas protectoras que se especifica en dicha Directiva relativas a las condiciones de trabajo y empleo vigentes en Francia. Por lo demás, sus condiciones de trabajo se rigen por el Derecho del país de origen.

El control y la vigilancia efectivos del respeto de las condiciones de trabajo y empleo son en primer lugar responsabilidad de las autoridades y las jurisdicciones nacionales, a las que debería transmitirse cualquier información sobre el incumplimiento de las condiciones de trabajo pertinentes por parte de particulares de que disponga Su Señoría.

La Comisión no dispone de indicios que le hagan dudar de que los medios de control y sanción previstos por la legislación del Estado miembro al que se refiere su Señoría son generalmente efectivos, proporcionados y disuasorios. Tampoco dispone de elementos que indiquen que las autoridades francesas actúan, con respecto al incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho comunitario, con menor diligencia que la utilizada en la aplicación de la normativa puramente nacional correspondiente.

(1) DO C 78 E de 27.3.2004.

(2) DO L 257 de 19.10.1968.

(3) DO L 18 de 21.1.1997.
—

Por lo que se refiere al período cubierto por el MCA 1994-1999, la norma de los cinco años entró en vigor solamente en 1998. Conviene recordar, no obstante, que ya a partir de 1989 estaba en vigor el Reglamento (CEE) no 4253/88 (1), que prevé en su artículo 24 que la Comisión podrá reducir o suspender la ayuda para la acción o medida de que se trate si el examen confirmare la existencia de una irregularidad y, en particular, de una modificación importante que afecte las condiciones de ejecución de la acción o de la medida, y para la que no se hubiere pedido la aprobación de la Comisión. La Comisión debe comprobar este punto en el marco del partenariado con el Estado miembro.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/226

(2004/C 88 E/0229)

PREGUNTA ESCRITA E-0795/04

de Patricia McKenna (Verts/ALE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto: Empantanamiento del campo eólico de Derrybrien

Después de la respuesta de la Comisión a mi pregunta P-3350/03 (1), los informes encargados por la empresa filial de ESB, Hibernian Wind Power Ltd. y el gobierno del condado de Galway, publicados recientemente, confirman la responsabilidad del proyecto del campo eólico en el importante corrimiento de tierra, y también en otros corrimientos anteriores de menor intensidad. Identifican muchas áreas de la zona que corren un riesgo similar, mostrando especialmente que no puede excluirse un corrimiento de tierra directamente sobre el pueblo debido a los bajos niveles de estabilidad. No obstante, los dos informes prestan escasa atención al impacto de las fuerzas dinámicas sobre la turba, y la mayoría de los análisis de seguridad parecen basarse únicamente en las cargas estáticas. Por lo tanto, los efectos de los movimientos de camiones pesados y grúas sobre las carreteras flotantes, al igual que los de los explosivos utilizados en la zona, han sido, de hecho, ignorados. Además, el concepto de seguridad, del modo en que se ha examinado, se refiere sobre todo a los riesgos en obra, no fuera de obra. Estos informes tienen referencias cruzadas, y muestran una coherencia excelente, y se sabe que los dos grupos de consultores coincidieron en esta cuestión, planteando dudas adicionales sobre su verdadera independencia.

Para ayudar a garantizar el futuro de la energía eólica en Irlanda, ¿va a insistir la Comisión ahora en que el proceso de planificación se ejecute desde el principio, basándose en un estudio de impacto apropiado y completo que esté relacionado con el proyecto propuesto, y va también a exigir que cualquier continuación esté condicionada a una nueva aprobación de la planificación? ¿Va a ayudar la Comisión a los habitantes del lugar a que encarguen un estudio verdaderamente independiente del proyecto y de su impacto, tal y como han propuesto, con el objetivo prioritario de evitar más daños medioambientales, lesiones e incluso pérdida de vidas, que con seguridad habría que lamentar en caso de producirse un corrimiento de tierra sobre el pueblo de Derrybrien?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(27 de abril de 2004)

La Comisión confirma que, en el contexto de varias denuncias, ha recibido copias de los dos informes a que se refiere Su Señoría. Confirma asimismo que ha recibido abundante información complementaria sobre los distintos procedimientos de autorización cursados en relación con el proyecto de campo eólico de Derrybrien. Mientras no haya concluido el examen de dicha documentación, sería prematuro que la Comisión se pronunciase en detalle sobre los próximos pasos que considere oportuno adoptar.

(1) DO C 78 E de 27.3.2004, p. 528.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/848

(2004/C 84 E/0942)

PREGUNTA ESCRITA E-0699/04

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la Comisión

(9 de marzo de 2004)

Asunto: Conservas y aceite de oliva

Los países comunitarios mediterráneos son los principales productores de aceite de oliva del mundo. Este producto sensible, que es uno de los principales cultivos agrícolas del Mediterráneo, es utilizado en un considerable número de conservas, semiconservas y preparaciones de conservas de pescados y mariscos, bien como líquido de cobertura o como ingrediente en la preparación, ya que goza de grandes cualidades nutritivas y se ha convertido en los mercados exteriores en un distintivo de calidad y cocina sana.

1. La eliminación de las restituciones al aceite de oliva para la producción de conservas, supondrá un incremento sustancial en los costes de producción para las conservas y semiconservas y demás preparaciones de pescados y mariscos. ¿Ha cuantificado la Comisión los daños y pérdidas que una medida de este género ocasionará?, y si es así, ¿cuáles son los datos de que dispone?

2. ¿Qué mecanismos ha previsto la Comisión para que la posible eliminación de las referidas restituciones no genere pérdidas en la competitividad de la industria conservera comunitaria, disminución de la producción, número de empleos, y descenso inminente de la cuota de mercado?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(5 de abril de 2004)

Tal y como señala Su Señoría, los productos alimenticios que utilizan el aceite de oliva para su elaboración son cada vez más apreciados por los consumidores debido a sus características nutritivas y organolépticas y se han convertido en un símbolo de calidad y de cocina sana. Las iniciativas de promoción llevadas a cabo durante años por la Comunidad han contribuido sin duda alguna a crear esta percepción positiva del aceite de oliva.

Dado que las conservas elaboradas a base de aceite de oliva disponen de una demanda fuerte por parte de un número creciente de consumidores dispuestos a pagar un precio más elevado por estos productos, no se justifica la concesión de una restitución. Teniendo en cuenta la buena imagen de los productos elaborados con aceite de oliva, la Comisión estima que la supresión de esta ayuda no implicará una disminución de las ventas y que no tendrá efecto alguno sobre los fabricantes de la Unión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 65/223

(2004/C 65 E/238)

PREGUNTA ESCRITA E-2820/03

de Geoffrey Van Orden (PPE-DE) a la Comisión

(19 de septiembre de 2003)

Asunto: Número de matrícula distinto para los remolques

Los Países Bajos han promulgado una nueva ley que exige que cada remolque (remolque grande, remolque pequeño, caravana, etc.) disponga de una placa de matrícula propia y distinta colocada en el lugar habitual.

El Reino Unido es uno de los dos Estados miembros que no prevé un sistema de matrícula distinto para los remolques.

Se me ha informado de que las autoridades neerlandesas van a exigir a los transportistas del Reino Unido que soliciten un número de matrícula temporal neerlandés llamado «número BO» para transportar mercancías/carga por el país.

El Reino Unido tiene un sistema adecuado de número de matrícula, que es único para cada remolque y que permite a las autoridades identificar los remolques y a sus dueños.

¿Considera la Comisión que la imposición por parte de algunos Estados miembros de exigencias suplementarias de matrícula a los transportistas que se ajustan a las exigencias de matrícula en su Estado miembro de origen constituye un obstáculo a la libre circulación de personas y mercancías en la UE?

En caso afirmativo, ¿qué se propone hacer la Comisión para poner fin a esta práctica?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(29 de octubre de 2003)

La Comisión no estaba al corriente de la existencia de una nueva ley neerlandesa que exige que todo remolque que no se haya matriculado por separado obtenga una matrícula provisional neerlandesa para poder transportar mercancías o carga por los Países Bajos. Es más, de acuerdo con la información de que se dispone en la actualidad, parece que las empresas de transportes radicadas en otros Estados miembros no pueden acceder al procedimiento de matriculación.

La Comisión debe examinar esta nueva ley con más detenimiento, a fin de verificar su compatibilidad con los principios de la libre circulación de mercancías y servicios de transportes, y, si fuese necesario, puede iniciar un procedimiento de infracción contra los Países Bajos, con vistas a eliminar todo obstáculo injustificado a la libre circulación de mercancías y servicios de transporte que pueda surgir como consecuencia de esta nueva ley.

La Comisión mantendrá informado a Su Señoría de cualquier novedad importante en relación con esta cuestión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 65/127

(2004/C 65 E/141)

PREGUNTA ESCRITA E-2288/03

de Ozan Ceyhun (PSE) a la Comisión

(11 de julio de 2003)

Asunto: Trato a nacionales de terceros países en las cárceles de los Estados miembros de la UE

En un artículo del periódico turco Hürriyet se afirmaba que los nacionales de terceros países encarcelados en centros penitenciarios de la UE sufren ciertas restricciones en relación con el ejercicio de diversos derechos.

Dichas restricciones se refieren al derecho de visita, al derecho de reclamación y al régimen abierto.

¿Hasta qué punto está la Comisión al corriente de esta situación? ¿En qué ámbitos se registran restricciones de este tipo? En el caso de que las referidas informaciones sean verídicas, ¿cuál es el fundamento jurídico de tales restricciones? ¿Son objeto del proceso de aproximación de las normas nacionales o seguirán difiriendo de un Estado a otro?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(18 de septiembre de 2003)

La Comisión no dispone del artículo al que se refiere Su Señoría de modo que no puede responder con todo detalle a las cuestiones que se basan en la información que se expone en dicho artículo. Las cuestiones que se refieren a la ejecución de las sanciones (incluso las que afectan a la libertad condicional) serán objeto de un libro verde, que la Comisión aprobará probablemente en octubre de 2003, sobre la aproximación, el reconocimiento y la ejecución de las sanciones penales en la Unión. El derecho de recurso de los reclusos no se ha visto plasmado hasta la fecha en ninguna norma de Derecho comunitario, pero está reconocido por el ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados miembros y por el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales celebrado bajo los auspicios del Consejo de Europa.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 65/79

(2004/C 65 E/088)

PREGUNTA ESCRITA E-1411/03

de Ioannis Marínos (PPE-DE) y Stavros Xarchakos (PPE-DE) al Consejo

(23 de abril de 2003)

Asunto: Aplicación del programa Interreg en Albania

Según denuncias de representantes de la minoría griega del sur de Albania y del Sr. Karamelos, diputado del Parlamento albanés, quien las expuso en una reciente rueda de prensa en el Parlamento Europeo (2.4.2003), los fondos del programa comunitario Interreg II, destinados a acciones a ambos lados de la región de la frontera greco-albanesa, fueron utilizados sólo en un 30 %, mientras que la aplicación del programa Interreg III, creado para el período 2000-2006, no ha comenzado aún. A consecuencia de ello, los proyectos e iniciativas destinados mejorar las condiciones de la minoría griega del sur de Albania, reconocida internacionalmente, no pueden ser financiados con recursos comunitarios. Dicha minoría ha sufrido durante decenios la persecución del tiránico régimen totalitario de Enver Hoxha, y aún hoy se ve privada de los derechos democráticos más elementales, como ha sido subrayado en repetidas ocasiones por los organismos de la UE. Durante su intervención en el Parlamento Europeo, estos mismos representantes señalaron que doce años después de la caída del régimen anteriormente mencionado, aún no se ha llevado a cabo un censo del total de la población griega de Albania según las reglas vigentes en todos los países europeos que se rigen por el Estado de derecho.

¿Son ciertos los datos mencionados anteriormente respecto a la aplicación de los programas Interreg II y III? En caso afirmativo, ¿a qué motivos se debe esta demora que repercute en la calidad de vida de miles de griegos y albaneses que habitan en el sur de Albania? ¿De qué modo tiene el Consejo intención de imponer a Albania la elaboración de un censo de la población albanesa que sea fiable y esté conforme con las normas europeas, a fin de determinar la dimensión tanto de la minoría griega como del resto de las minorías (gitana, romaní, eslava etc.) que viven en dicho país?

Respuesta

(17 de noviembre de 2003)

1. El Consejo no está en condiciones de confirmar la información mencionada por Sus Señorías. Con arreglo al Capítulo III del Título II «Iniciativas comunitarias» del Reglamento no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, la Comisión adoptará orientaciones en las que se describan los objetivos, el ámbito de aplicación y las modalidades adecuadas de aplicación de cada iniciativa. Siguiendo estas normas, la Comisión aprobó una Comunicación, de 28 de abril de 2000, por la que se fijan las orientaciones para Interreg III. De acuerdo con dicha Comunicación, corresponde a la Comisión controlar, aplicar y evaluar las intervenciones cubiertas por esta iniciativa comunitaria.