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PREGUNTA ESCRITA P-4229/97 de Ulf Holm (V) al Consejo (15 de enero de 1998)

Asunto: Campaña de propaganda sobre el Tratado de Amsterdam

El ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia lanzó en otoño una gran campaña de propaganda sobre el Tratado de Amsterdam por un coste de 9 millones de coronas suecas. No obstante, el material de la campaña está plagado de errores fácticos y el texto se basa en ejemplos del llamado «progreso» sueco en los ámbitos del empleo, el medio ambiente y la igualdad. Si uno lee, por ejemplo, el folleto del ministerio de Asuntos Exteriores alemán «Der Abschluss der Reglerungskonforenz - eine Gesamtwertung» verá que no se menciona ninguna de las cuestiones que se resaltan en la campaña sueca. En vez de ello, se expone con todo detalle cuál es el objetivo del Tratado de Amsterdam: el desarrollo de la política exterior y de seguridad común, una mayor cooperación policial y judicial y hacer más efectiva la Unión mediante un aumento del aspecto supranacional y una reducción del derecho de veto de los países, con el fin de hacer posible la ampliación de la Unión. Las diferencias en el contenido del material informático son tan considerables que el lector puede preguntarse si están refiriéndose al mismo texto del Tratado de Amsterdam. En lugar de un debate público nos encontramos ante una comunicación en un solo sentido en la que el poder le cuenta a los ciudadanos lo que ocurre. En vista de esto, ¿puede el Consejo explicar cómo es posible que el «material informativo» de dos gobiernos sobre el Tratado de Amsterdam sea tan diferente? ¿Considera el Consejo que es éticamente correcto utilizar el poder gubernamental y el dinero de los contribuyentes para una campaña de información «política» sesgada sobre la UE que contiene errores fácticos?

Respuesta (30 de marzo de 1998)

Tenga a bien Su Señoría tomar nota de que el Consejo no tiene que pronunciarse sobre las informaciones facilitadas por los Estados miembros en lo referente al Tratado de Amsterdam, actualmente sometido a la ratificación de los Estados miembros.

La Secretaría General del Consejo ha contribuido, por su parte, a la publicación del texto del Tratado de Amsterdam y de las versiones consolidadas de los Tratados a través de la Oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas. Dichas publicaciones pueden consultarse gratuitamente por Internet a partir del sitio de la Secretaría General del Consejo (http://ue.eu.int). Los textos van acompañados de un resumen descriptivo del que no se responsabilizan ni las instituciones comunitarias ni los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-3530/97 de Gunilla Carlsson (PPE) a la Comisión (12 de noviembre de 1997)

Asunto: Texto de advertencia en el etiquetado del «snus» (tabaco de rapé sueco de uso oral)

Un inequívoco estudio realizado sobre la materia demuestra que no es posible encontrar ningún tipo de relación causa-efecto entre el consumo de «snus» sueco y la aparición de cáncer. A pesar de esta circunstancia, la Directiva 92/41/CEE ((DO L 158 de 11.6.1992, p. 30. )) estipula que en el etiquetado del «snus» debe figurar el texto «Provoca cáncer». No cabe lugar a dudas de que la presencia de esta aseveración errónea en todos los paquetes de «snus» que se ponen a la venta merma la confianza tanto en las autoridades sanitarias suecas como en la UE. Ahora que los informes del estudio vuelven a demostrar que se trata de una afirmación errónea, resulta evidente que se debe modificar la directiva. La cuestión no estriba en si se debe o no modificar la mencionada directiva, sino en cuándo va a tener lugar dicha modificación.

¿Cuándo tiene previsto la Comisión proceder a la modificación de la directiva actualmente en vigor por lo que respecta al texto de advertencia que figura en el etiquetado del «snus» sueco?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (20 de enero de 1998)

La legislación comunitaria exigía que los productos de tabaco sin humo llevaran un texto de advertencia sobre sus efectos sobre la salud, teniendo en cuenta la opinión de los expertos científicos de que todos los productos del tabaco conllevan riesgos para la salud y constituyen un factor de riesgo importante en lo que respecta al cáncer.

En la Comunicación al Consejo y al Parlamento sobre el cometido actual y futuro de la Comunidad en la lucha contra el consumo de tabaco ((COM(96)609 final. )), la Comisión propone que se revise la aplicación de la Directiva actual relativa al etiquetado, a fin de evaluar su eficacia en lo que respecta a la información de los consumidores sobre los peligros del tabaco y analizar las posibilidades de introducir mejoras en el fondo y en la forma de los textos de advertencia. La Directiva relativa al etiquetado ya contempla la posibilidad de exigir textos de advertencia sobre la salud más visibles y de mayor tamaño, y la Comisión puede examinar esta posibilidad con los Estados miembros.

La Comisión va a estudiar las reacciones a la Comunicación anteriormente mencionada y, a la luz de dicho análisis, podrá presentar las propuestas de acción y de medidas que considere oportunas. Teniendo en cuenta las investigaciones actuales y futuras en este ámbito específico, la Comisión tendrá muy en cuenta cualquier elemento que pueda ayudar a determinar la relación existente entre el rapé y el cáncer.
PREGUNTA ESCRITA E-3970/97 de James Nicholson (I-EDN) al Consejo (15 de diciembre de 1997)

Asunto: Jae-Ku AHN

Jae-Ku AHN fue detenido en junio de 1994 e inculpado en virtud de la ley de seguridad nacional surcoreana. En noviembre de 1994, fue condenado a cadena perpetua. Grupos de defensa de los derechos humanos proclaman que ha sido encarcelado por haber ejercido de forma no violenta la libertad de expresión y asociación, y que sus condiciones de detención son infrahumanas.

Habida cuenta de que Corea del Sur ha ratificado varios tratados y convenios internacionales sobre el respeto de los derechos humanos, ¿qué opina el Consejo sobre el encarcelamiento de Jae-Ku AHN?

Respuesta (17 de marzo de 1998)

El Consejo otorga gran importancia a la estricta observancia de los derechos humanos por parte de todos los países. Aquellos países que han firmado convenios y acuerdos internacionales que garantizan los derechos humanos se han comprometido públicamente a hacer respetar dichos derechos.

El Consejo es consciente de que se han efectuado detenciones en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional surcoreana. Dicha ley, a cuyo respecto el Consejo ha venido reiterando sus objeciones desde hace tiempo, puede considerarse un reflejo de la tensa situación histórica por la que atraviesa la Península de Corea. El Consejo espera que pueda hallarse una solución, tras el inicio de las conversaciones cuatripartitas en Ginebra.

El Consejo no tiene ninguna opinión específica por lo que se refiere al encarcelamiento de D. Jae-Ku AHN, dado que no ha recibido ninguna información acerca de los cargos presentados contra él ni acerca de las condiciones de su detención.
PREGUNTA ESCRITA P-3806/97 de Roberto Mezzaroma (UPE) a la Comisión (17 de noviembre de 1997)

Asunto: Realización del Puente de Mesina

¿Puede la Comisión hacer balance de la situación acerca de la futura construcción del puente sobre el estrecho de Mesina e indicar en concreto:

1. qué fondos ha destinado la UE para dicho proyecto y por cuántos años;

2. si se ha elaborado un proyecto y, en caso afirmativo, cuál ha sido el estudio profesional encargado del mismo, su coste y los que intervienen en su financiación;

3. si la realización del puente ofrece plenas garantías desde el punto de vista medioambiental, geológico y de implantación entre el continente y Sicilia;

4. si se han respetado las instrucciones de la UE;

5. qué empresas participarán en el concurso de adjudicación para la realización de la obra?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (30 de enero de 1998)

La Comisión no ha asignado ninguna financiación para la realización del puente sobre el estrecho de Messina.

Las autoridades italianas informaron a la Comisión de que los procedimientos relativos a la adjudicación del proyecto y la realización de la obra estaban supeditados a la aprobación de una nueva ley. El anteproyecto fue concedido a la empresa Stretto di Messina S.p.A., de conformidad con la Ley no 1158 de 17 de diciembre de 1971 y el decreto interministerial no 3437 de 27 de diciembre de 1985.
PREGUNTA ESCRITA E-3929/97 de Florus Wijsenbeek (ELDR) a la Comisión (12 de diciembre de 1997)

Asunto: Vías rápidas («Freight Freeways») para el transporte de mercancías por carretera

¿Tiene conocimiento la Comisión de que actualmente existen 16 países europeos que tienen 50 tipos diferentes de reglamentaciones en el ámbito de las prohibiciones de circulación y de que estas prohibiciones de circulación suponen una muy elevada carga económica para el sector de la manutención y del transporte?

¿Opina la Comisión que muchas de las prohibiciones existentes tienen a menudo efectos discriminatorios y pueden constituir un obstáculo para la libre circulación de mercancías en la Unión Europea?

En caso afirmativo, ¿va la Comisión a obrar por que se establezcan unas reglamentaciones armonizadas en materia de prohibiciones de circulación a nivel de la UE y europeo mediante la celebración de acuerdos para impedir la proliferación indeseada de reglamentaciones regionales y nacionales?

¿Coincide además la Comisión en que las prohibiciones de circulación, así como también los recientes bloqueos, pueden tener consecuencias muy negativas para la economía europea y que ello hace que resulte necesario que se establezca también una red de vías rápidas europeas para el transporte por carretera («E-ways») por analogía con las vías rápidas europeas para el transporte de mercancías por ferrocarril?

En caso afirmativo, ¿tiene la Comisión la intención de presentar a corto plazo propuestas relativas a unas vías rápidas europeas para el transporte de mercancías por carretera?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (28 de enero de 1998)

La Comisión es consciente de los problemas que plantea la disparidad de las prohibiciones de circulación que afectan al transporte por carretera de camiones en la Unión, tal como pone de manifiesto la pregunta de Su Señoría, y ha expresado su preocupación al Consejo.

La Comisión tiene previsto presentar una propuesta legislativa en el transcurso de esta primavera para establecer normas comunes y claras que deberán cumplirse cuando los Estados miembros apliquen prohibiciones de circulación.
PREGUNTA ESCRITA E-4216/97 de Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) al Consejo (22 de enero de 1998)

Asunto: Prohibición de las redes de arrastre - ausencia de decisión por parte del Consejo - obligación de informar

En el Diario Oficial C 367 de 4.12.1997 se publican dos respuestas del Consejo a preguntas de diputados al Parlamento Europeo, sobre cuyo contenido desearía obtener más información. En la pregunta P-1212/97 ((DO C 367 de 4.12.1997, p. 99. )) se pide que se comunique qué Estados miembros se han pronunciado en el Consejo contra una propuesta de prohibición de la pesca con redes de arrastre por parte de la Comisión. No obstante, el Consejo no da ninguna respuesta por razones de confidencialidad.

1. Así pues, insisto en saber cómo votaron los Estados miembros en esta cuestión. ¿Qué votó exactamente cada cual en el Consejo?

En efecto, en la respuesta del Consejo, publicada en el mismo Diario Oficial, a la pregunta E-0893/97 ((DO C 367 de 4.12.1997, p. 56. )), se recuerdan «las medidas existentes, sobre todo en relación con las votaciones y con las explicaciones de voto, la celebración de debates públicos, el acceso del público a las declaraciones y actas, así como el acceso del público a los documentos de Consejo en general». Además de lo anterior quisiera saber,

2. ¿Por qué promete el Consejo transparencia y publicidad cuando, en la mismapublicación (DO C 367 de 4.12.1997), se niega a facilitar información aduciendo el carácter confidencial de la misma?

3. ¿Qué tratamiento piensa dar el Consejo de ahora en adelante a sus decisiones: la transparencia o el secreto?

Respuesta (7 de abril de 1998)

El Consejo desearía informar a su Señoría de que aún no se ha adoptado ningún acto legislativo definitivo sobre la propuesta de la Comisión relativa a la prohibición de las redes de arrastre. Por consiguiente, todavía no ha habido votación al respecto en el Consejo.

Las disposiciones referentes a la transparencia legislativa en el Consejo (hacer públicas las votaciones, las explicaciones de votos y las declaraciones que constan en las actas del Consejo) sólo son aplicables en la fase final de adopción de los actos legislativos por parte del Consejo. Aún no se ha llegado a esta fase y, en consecuencia, dichas disposiciones no son de aplicación.

En la Decisión 93/731/CE del Consejo, relativa al acceso del público a los documentos del Consejo ((DO L 340 de 31.12.93, p. 43. )), se regulan otras medidas de transparencia relativas al acceso a documentos específicos del Consejo.
PREGUNTA ESCRITA E-4038/97 de Joaquín Sisó Cruellas (PPE) a la Comisión (14 de enero de 1998)

Asunto: Investigación antisubvenciones para el carmín de cochinilla

La Comisión Europea ha iniciado una investigación antisubvenciones respecto a las importaciones de carmín de cochinilla originarias de Perú, tras una denuncia presentada por Xantaflor S.A. (España), que representa la mayor parte de la producción comunitaria de este producto de tinte. En opinión del denunciante, los fabricantes peruanos se han beneficiado de diferentes subvenciones públicas que facilitaron el incremento de las importaciones peruanas, y el volumen de los precios ha perjudicado a la fabricación comunitaria.

¿Podría indicar la Comisión cuáles son las primeras estimaciones de dicha investigación?

Respuesta de Sir Leon Brittan en nombre de la Comisión (4 de febrero de 1998)

El 22 de septiembre de 1997, Xantoflor SA presentó una queja antisubvención denunciando la subvención de las importaciones de carmín de cochinilla originarias de Perú, con un perjuicio importante para los productores comunitarios. De conformidad con el Reglamento (CE) no 2026/97 del Consejo del 6 de octubre de 1997 relativo a la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea ((DO L 288 de 21.10.1997. )), la Comisión concluyó que la queja contenía indicios razonables suficientes de subvención y de perjuicio importante y publicó un anuncio de apertura de una investigación antisubvención en el Diario Oficial ((DO C 335 de 6.11.1997. )).

Tras la publicación del anuncio, la Comisión envió cuestionarios a todas las partes afectadas. Las respuestas a estos cuestionarios deben llegar a finales de enero de 1998 y se verificarán en febrero de 1998. Por tanto, sólo será posible una primera evaluación del caso después de la verificación y del análisis de las respuestas, de conformidad con el procedimiento normal de decisión. Cabe subrayar que esta investigación se lleva a cabo según las disposiciones del Reglamento (CE) no 2026/97 del Consejo, que constituye la aplicación en la legislación comunitaria del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre subvenciones y medidas compensatorias.
PREGUNTA ESCRITA E-3767/97 de Cristiana Muscardini (NI), Amedeo Amadeo (NI) y Marco Cellai (NI) a la Comisión (21 de noviembre de 1997)

Asunto: Sanciones disciplinarias

Como consecuencia de las responsabilidades contraídas por algunos funcionarios de la Comisión en relación con la cuestión de la EEB, el Sr. Santer, Presidente de la Comisión, declaró ante el Parlamento Europeo que no era posible esclarecer plenamente las responsabilidades, dado que el Estatuto de los funcionarios, en su versión actual, no permite dilucidar las responsabilidades ni consiente aplicar sanciones disciplinarias, ni siquiera en el caso de que se hayan cometido graves errores profesionales.

Recordando que el Estatuto de los funcionarios ya contempla el apercibimiento por escrito, la amonestación, la suspensión temporal de subida de escalón, el descenso de grado, la separación del servicio, acompañada, en su caso, de suspensión del derecho a pensión de jubilación,

1. ¿podría recurrir la Comisión a las sanciones arriba mencionadas, ya previstas en el Estatuto de los funcionarios, para sancionar, una vez aclaradas las irregularidades efectivas, a quien sea culpable de faltas graves?

2. ¿podría vigilar la Comisión para que se le siga confiando a el derecho de iniciativa con respecto a las cuestiones que afectan al Estatuto de los funcionarios, sin perjuicio de las debidas exigencias de transparencia y equidad, que sirven para salvaguardar y proteger la función pública europea?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (18 de diciembre de 1997)

1. Las sanciones disciplinarias aplicables a los funcionarios o agentes temporales están reguladas por las disposiciones que figuran en el artículo 86 y siguientes, así como en el Anexo IX del Estatuto de los funcionarios y otros agentes de la Comunidad, y sólo pueden imponerse tras un procedimiento extremadamente preciso. La condición sine qua non para que se inicie dicho procedimiento es el incumplimiento por parte de los funcionarios o agentes temporales de sus obligaciones estatutarias.

El Presidente Santer nunca ha afirmado que le resultara imposible esclarecer las responsabilidades de algunos funcionarios de la Comisión en el asunto de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Lo que sí declaró ante la Comisión del Parlamento para el seguimiento de las recomendaciones sobre la EEB es que la Comisión, tras estudiar a fondo el asunto, no había hallado elementos probatorios que justificaran la apertura de un procedimiento disciplinario contra funcionarios de la Institución.

2. La Comisión asegura a Sus Señorías que defenderá su derecho de iniciativa en todos los ámbitos previstos en los Tratados, incluidos, por descontado, todos los aspectos relativos a las disposiciones estatutarias.
PREGUNTA ESCRITA E-3687/97 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) a la Comisión (19 de noviembre de 1997)

Asunto: Autonomía de la política exterior y extraterritorialidad de algunas leyes

Si la aplicación extraterritorial de algunas leyes, como la conocida por Ley Helms-Burton, conduce a limitar la voluntad de los Estados y sus políticas exterior y comercial, quedando sometida esa voluntad a lo que en un momento dado puedan hacer o plantear ciudadanos aislados o corporaciones empresariales; ¿cómo piensa actuar la Comisión para evitar esas limitaciones a la política comercial y a la política exterior de la Unión Europea?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3686/97, E-3687/97, E-3688/97, E-3689/97 y E-3690/97 dada por Sir Leon Brittan en nombre de la Comisión (19 de diciembre de 1997)

El acuerdo con Estados Unidos no es desequilibrado. La Comisión inició un procedimiento de panel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la ley Helms-Burton. La Comisión considera que esta ley viola el derecho internacional puesto que se propone influir (o tiene el efecto de influir) en el comportamiento de las empresas comunitarias por su presencia en Cuba. El acuerdo de 11 de abril de 1997 entre la Comunidad y EEUU sobre la ley Helms-Burton y la ley D'Amato, por el que la Comunidad acordó suspender su denuncia ante la OMC, insta al establecimiento de disposiciones que «impidan y disuadan la adquisición en el futuro de inversiones de cualquier Estado que haya expropriado o nacionalizado dichas inversiones». Además, y paralelamente, el acuerdo exige también que la Comunidad y EEUU colaboren para abordar y resolver mediante principios acordados el problema de los conflictos de jurisdicciones y de los boicoteos secundarios. Es importante observar que las conversaciones entre la Comunidad y EEUU sobre este punto son simétricas de las conversaciones sobre disciplinas de inversión. Estas conversaciones se hallan en curso y tienen por objeto llegar a un acuerdo aceptable que establezca una exención de conformidad con el título IV de la ley Helms-Burton, neutralizando así los efectos extraterritoriales de la ley.

Además, la Comunidad dejó claro que no se aplicará ningún arreglo de las diferencias sobre la ley Helms-Burton a menos que Estados Unidos conceda también a las empresas comunitarias una exención de la ley D'Amato.

La Comunidad se ha reservado todos los derechos a reanudar el procedimiento del panel de la OMC, o a iniciar nuevos procedimientos, en el caso de que se adopten medidas contra empresas comunitarias en virtud de las leyes Helms-Burton o D'Amato por no haberse concedido o prorrogado las exenciones.
PREGUNTA ESCRITA E-3893/97 de Gerardo Fernández-Albor (PPE) a la Comisión (11 de diciembre de 1997)

Asunto: Estrategia forestal de la Unión Europea

Diversas actuaciones nacionales proponen ampliar la propiedad pública forestal y subvencionar a los propietarios privados para incentivar el mantenimiento sostenible de los bosques. Con ello se pretende incrementar significativamente la reserva forestal europea.

No obstante, y pese a las buenas intenciones sobre el particular, conviene recordar que los bosques consolidados, en numerosos países, sobreviven a su suerte, pues la legislación conservadora de los mismos que se contempla es antigua y obsoleta. Por ello, en la nueva estrategia forestal comunitaria convendría, al tiempo de incentivar tanto los bosques públicos y privados, renovar a nivel comunitario las legislaciones que protejan al bosque consolidado.

¿Puede indicar la Comisión cuál es, en la actualidad, el grado de consolidación de la estrategia forestal comunitaria y qué planificación actual desarrollará el futuro del bosque comunitario, tanto público como privado, por lo que respecta a la conservación y extensión de la superficie boscosa?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (13 de enero de 1998)

La Comisión concede una gran importancia a la conservación y a la protección del patrimonio forestal de la Comunidad y quiere garantizar a Su Señoría que dicha preocupación desempeñará un papel primordial en las propuestas a favor de la futura estrategia forestal.

Sin embargo, cabe señalar que la normativa forestal es un asunto que entra dentro de la competencia de los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-3693/97 de Kirsi Piha (PPE) a la Comisión (19 de noviembre de 1997)

Asunto: Utilización de los recursos del programa PHARE en la República Checa

La Unión Europea presta asistencia a los países de Europa central y oriental a través de su programa PHARE. Al parecer, con cargo al mismo se ha concedido gran cantidad de ayuda para el desarrollo de los países candidatos a la adhesión. ¿Podría aclarar la Comisión la utilización dada a los recursos del programa PHARE concedidos en 1997 a la República Checa?

Respuesta del Sr. van den Broek en nombre de la Comisión (15 de enero de 1998)

Conforme al programa nacional PHARE, el programa operativo nacional (PON) propuesto para 1997 (32 MECU) recibió un dictamen favorable del Comité de Gestión de PHARE el 31 de octubre de 1997. El desglose presupuestario es el siguiente:

>TABLE>

Se ha aprobado otra asignación de 3 MECU para el programa Tempus.

El programa de cooperación transfronteriza(CBC) entre la República Checa y Alemania (25 MECU) se presentó al Comité de Gestión de PHARE el 2 de octubre de 1997, y recibió un dictamen favorable. Consiste en las siguientes medidas:

>TABLE>

El presupuesto global de PHARE para la República Checa en 1997 asciende, por tanto, a 60 MECU.