PREGUNTA ESCRITA E-0804/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(16 de marzo de 2000)

Asunto: Instalación en el puerto de Villagarcía de Arosa, Galicia, de depósitos de combustibles y productos químicos sin evaluación de impacto ambiental

En el puerto de Villagarcía de Arosa, en Galicia, con financiación de la Unión Europea a través del FEDER, se ha construido un nuevo muelle sonde se han instalado depósitos de combustible y de productos químicos con capacidad para 80 000 m3, sin haberse realizado los estudios de impacto ambiental exigidos por la Directiva 85/337/CE(1), y sin respetar la normas urbanísticas de Ayuntamiento. Las instalaciones, propiedad de las empresas FINSA y Foresa, están situadas en una ría altamente sensible a la contaminación producida por la manipulación de esos productos y expuesta a las consecuencias de posibles accidentes de los navíos que los transportan. La ría de Arosa cuenta con una extraordinaria riqueza marisquera, produciendo, entre otras especies, la mayor parte de las 300 000 toneladas anuales de mejillón producidas en Galicia, que a su vez constituye el 50 % de la producción mundial de este marisco. En la ría de Arosa viven 26 000 personas de las actividades pesqueras o marisqueras, mientras que en las instalaciones químicas del muelle apenas se crearán tres puestos de trabajo.

Todos los sectores económicos y sociales afectados han protestado contra la construcción de estas instalaciones y han efectuado múltiples gestiones en este sentido ante la Asamblea Municipal, ante el Gobierno gallego y ante el Gobierno español, y actualmente ante la Comisión europea, para impedir cualquier tipo de puesta en funcionamiento de las mismas.

Amparándose fraudulentamente en el hecho de que el Gobierno del Estado no ha respetado las determinaciones de la Directiva de la CE y ha ignorado patentemente la obligatoriedad de llevar a cabo una evaluación del impacto ambiental para este tipo de instalaciones de almacenamiento de petróleo, de productos petroquímicos y químicos, menospreciando las actividades productivas que constituyen la mejor garantía de bienestar actual y futuro de las gentes que viven en la ría, las administraciones autonómicas y centrales están permitiendo que se lleven a cabo las obras, corriéndose el grave peligro de que se pongan en funcionamiento, en contra de toda legalidad y en perjuicio de intereses económicos y sociales vitales para la numerosa población afectada. Por otra parte, se da la circunstancia de que la Comisión acaba de presentar ante el Tribunal de Justicia europeo un recurso contra el Estado Español por incumplimiento de la Directiva 85/337/CE.

Dadas estas circunstancias, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para hacer respetar las normas comunitarias, restableciendo la situación anterior a la construcción del muelle y de los depósitos de productos químicos y petrolíferos en el puerto de Villagarcía de Arosa, e impidiendo el inicio o la continuación de una actividad peligrosa y gravemente perjudicial para las actividades pesqueras, marisqueras y turísticas, que constituyen la principal riqueza de la población de la ría y, con ella, de toda Galicia?

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

Respuesta común a las preguntas escritas P-0790/00 y E-0804/00 dada por el Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(5 de abril de 2000)

En el caso de la Directiva 85/337/CEE(1) del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, cabe indicar que el artículo 2 establece que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, deberán someterse a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones. Esta disposición se aplica a los proyectos enumerados en los Anexos I y II de la Directiva.

En lo que se refiere a las instalaciones mencionadas por Su Señoría, el punto 8 del Anexo I incluye los puertos de comercio marítimo, así como las vías navegables y los puertos de navegación interior que permitan el paso de barcos superiores a 1 350 toneladas. La letra d) del punto 10 del Anexo II incluye la construcción de puertos (incluidos los puertos pesqueros) que no figuran en el Anexo I. La letra d) del punto 6 del Anexo II menciona las instalaciones de almacenamiento de petróleo, productos petroquímicos y químicos. En virtud del artículo 4, los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas en el Anexo I deberán someterse en todos los casos a una evaluación del impacto ambiental. En cuanto a los proyectos del Anexo II, deberán someterse a evaluación cuando los Estados miembros consideren que sus características lo exigen.

La Directiva 97/11/CE(2) del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, establece en el apartado 1 del artículo 3 que los Estados miembros deberán cumplir sus disposiciones a más tardar el 14 de marzo de 1999. Conviene recordar que, con arreglo al apartado 2 del artículo 3, si una solicitud de autorización ha sido presentada antes del 14 de marzo de 1999, seguirán aplicándose las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE en la versión anterior a la modificación. Cabe recordar que, en virtud del artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE, la Comisión inicia un procedimiento de oficio si no se comunican en el plazo establecido las medidas adoptadas para la incorporación en el ordenamiento jurídico nacional. En lo que se refiere a la Directiva 97/11/CE, la Comisión no ha recibido ninguna comunicación oficial, por lo que acaba de emitir un dictamen motivado contra España.

En cualquier caso, la Comisión, en su función de garante de los Tratados, tomará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Derecho comunitario en este caso. La Comisión se ha dirigido a las autoridades españolas para pedirles información sobre la cofinanciación de las dos construcciones mencionadas.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.

(2) DO L 73 de 14.3.1997.