PREGUNTA ESCRITA E-1905/01

de Pere Esteve (ELDR) a la Comisión

(28 de junio de 2001)

Asunto: Trato inadecuado a dos turistas escoceses en Mallorca

El pasado mes de mayo, al llegar al Aeropuerto de Palma de Mallorca, dos ancianas turistas escocesas fueron robadas, siéndoles sustraídas sus bolsas de mano, documentación y pasaporte.

En la terminal de control de pasaportes del mismo aeropuerto, dichas personas quisieron denunciar el reciente robo ante la policía española. Además, solicitaron ponerse en contacto con su Consulado con la intención de conseguir un pasaporte provisional, ya que éste había sido sustraído.

Las autoridades españolas rehusaron escuchar los argumentos expuestos por las dos ciudadanas europeas, así como las explicaciones de los representantes del tour turístico. De esta manera, la policía española se limitó a informar a las dos turistas que debían abandonar la isla y el Estado Español por no llevar pasaporte. Así, fueron informadas de su deportación inmediata en el siguiente vuelo a Escocia, que era el día siguiente a las 5 horas de la madrugada, hora local.

Una de las ancianas, de 92 años de edad, tuvo que pasar la noche en una silla dura del aeropuerto custodiada por la policía española. La anciana todavía no se ha podido recuperar del trauma de aquella noche.

A consecuencia del hurto de su documentación y de la desidia de las autoridades españolas, las dos turistas europeas no pudieron proseguir su viaje, fueron deportadas, y tratadas inadecuadamente.

La UE ha aprobado en otras ocasiones medidas especiales a favor de los turistas, medidas que facilitan el paso de las fronteras, la seguridad y los intereses materiales de los turistas. El Parlamento Europeo ha pedido una mayor protección de los intereses de los turistas.

En otro aspecto, el Parlamento Europeo ya se ha pronunciado a favor de obtener la mayor libertad posible para todas las personas en las fronteras interiores de la Unión.

Dado el grave caso ocurrido en el Aeropuerto de Palma de Mallorca, y el acervo comunitario existente tanto en turismo como en libre circulación de personas, el diputado desea saber, si, de confirmarse los hechos: ¿Cual es la opinión de la Comisión ante los incidentes ocurridos en Mallorca? ¿Tiene previsto la Comisión presentar alguna queja formal ante la Delegada del Gobierno en Baleares, como responsable de la policía española? ¿Consideraría adecuado que la policía o autoridades españolas indemnizase o rehabilitase de algún modo el daño ocasionado a estas ancianas turistas?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(7 de septiembre de 2001)

La Comisión lamenta el trato que, según Su Señoría, las autoridades españolas infligieron a dos turistas escocesas tras el robo de sus pasaportes y documentación a su llegada al Aeropuerto de Palma de Mallorca en el mes de mayo de 2001.

El Tratado prevé en su artículo 18 (antiguo artículo 8A), el derecho fundamental de todo ciudadano de la Unión a circular libremente y residir en el territorio de los Estados miembros, con las limitaciones y condiciones previstas en el Tratado y las disposiciones adoptadas para su aplicación. La legislación comunitaria en materia de derecho de residencia establece que los Estados miembros admitirán en su territorio a los nacionales de los Estados miembros y a los miembros de su familia simplemente presentando un carné de identidad o un pasaporte válido.

De acuerdo con esta legislación, los beneficiarios del derecho de residencia deben estar provistos de un pasaporte o de un carné de identidad válido. La legislación comunitaria no prevé las medidas que los Estados miembros pueden adoptar en caso de ausencia de los documentos de viaje requeridos.

No obstante, la Comisión considera que los Estados miembros, en cumplimiento del principio de proporcionalidad, deben mostrar flexibilidad y permitir a los beneficiarios del derecho de residencia poder probar su identidad por otros medios antes de adoptar una medida de expulsión del territorio. A tal efecto, la propuesta de Directiva relativa a los derechos de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular libremente y residir en el territorio de los Estados miembros, adoptada por la Comisión el 23 de mayo de 2001(1), prevé la obligación para los Estados miembros interesados de conceder todas las facilidades, a los ciudadanos de la Unión o a los miembros de sus familias que no dispongan de los documentos de viaje requeridos, para que puedan obtener o hacerse enviar los documentos requeridos o confirmar o probar por otros medios su calidad de beneficiarios del derecho a la libre circulación, antes de proceder a la expulsión.

Habida cuenta de las circunstancias del caso referido, la decisión de expulsión del territorio, sin haber concedido a los turistas en cuestión facilidad alguna y, en particular, la posibilidad de ponerse en contacto con su Consulado para obtener una documentación provisional, parece desproporcionada. La Comisión tiene la intención de interpelar a las autoridades españolas sobre los hechos expuestos.

(1) COM(2001) 257 final.