PREGUNTA ESCRITA E-2403/01

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(21 de agosto de 2001)

Asunto: Consecuencias de la investigación genética a gran escala en Islandia para la protección de la privacidad y los derechos de los pacientes en la UE

1. ¿Cuáles son las consecuencias de la legislación islandesa, a la que me referí en mis preguntas anteriores y que establece la obligatoriedad de la participación en la investigación genética a gran escala, para los acuerdos de cooperación ente Islandia y la UE?

2. ¿Hasta qué punto las empresas con sede en los Estados miembros de la UE utilizan los datos islandeses? En caso de que lo hagan, ¿de qué empresas se trata?

3. ¿Espera la Comisión recibir presiones de las empresas para aplicar el modelo islandés en los Estados miembros de la UE?

4. ¿Cree la Comisión que los Estados miembros van a acceder a esta solicitud? ¿Considera esta posibilidad positiva o negativa?

5. ¿Cómo piensa impedir la Comisión que centros médicos privados utilicen de modo abusivo estos datos personales transmitiéndolos a empresas comerciales amigas, en especial a compañías aseguradoras, que podrían así excluir de las prestaciones que han de costear a personas con elevados riesgos de salud, o a sus descendientes, o imponerles primas más elevadas?

6. ¿De qué manera está prevista ahora en la legislación comunitaria la protección de la privacidad con respecto a los peligros apuntados en el apartado 5?

7. ¿Está preparando la Comisión medidas contra la utilización abusiva del modelo islandés en la UE?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2402/01 y E-2403/01dada por el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(25 de octubre de 2001)

La Directiva 95/46/CE relativa la protección de los datos de carácter personal se incorporó al Acuerdo de Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo EEE) mediante Decisión no 83/1999 del Comité Mixto del EEE. Esta incorporación significa que los Estados miembros del EEE es decir, los 15 Estados miembros de la Unión Europea, más Islandia, Liechtenstein y Noruega están obligados a aplicar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva. En contrapartida, los Estados miembros del EEE no pueden ni limitar ni prohibir la libre circulación de datos de carácter personal entre ellos por razones motivos de protección de los derechos fundamentales de las personas, en particular, a la vida privada, en lo que respecta al tratamiento de estos datos.

La tarea de velar por que los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (en lo sucesivo AELC) integrados en el Acuerdo sobre el EEE (Islandia, Liechtenstein y Noruega) cumplan las obligaciones derivadas de él son competencia del Órgano de vigilancia de la AELC. A este respecto, la Comisión piensa solicitar a dicho Órgano información complementaria sobre la transposición de la Directiva 95/46/CE en Islandia, según los procedimientos establecidos en el Acuerdo sobre el EEE.

Por otra parte, conforme a las reglas del Acuerdo sobre el EEE, la aprobación de la legislación islandesa sobre este tema se comunica al Órgano de Vigilancia de la AELC y no a la Comisión. No obstante, esta conoce la existencia tanto de la Ley de diciembre de 1998 sobre los bancos de datos del sector sanitario como de la licencia concedida a la sociedad Decode.

Según la información que obra en poder de la Comisión, los datos tratados por la sociedad Decode deben calificarse como datos de carácter personal con arreglo a la Directiva 95/46/CE. Muchos de ellos deben, además, calificarse de datos sobre la salud y son acreedores de protección especial a tenor de la misma Directiva. El tratamiento de dichos datos está prohibido en principio, pero puede autorizarse con el consentimiento explícito de la persona interesada. Según la información que obra en poder de la Comisión, la sociedad Decode efectúa el tratamiento de los datos sin dicho consentimiento explícito. En cualquier caso, la Comisión destaca que el propio concepto de consentimiento es problemático por lo que se refiere a los datos genéticos, pues lo propio de ellos es proporcionar información no sólo sobre el interesado sino también sobre las personas que pertenecen a su linaje genético.

La Directiva 95/46/CE autoriza también el tratamiento de datos sobre la salud en otros casos. El más importante de ellos es el que se fundamenta en la legislación nacional de un Estado miembro por motivos importantes de interés público sin perjuicio de que se den las garantías apropiadas. Esta Directiva sólo permite la reutilización de los datos recogidos con otras finalidades específicas, o con fines estadísticos o científicos, si los Estados miembros disponen las garantías apropiadas. La Comisión no tiene sin embargo información suficiente para apreciar la calidad de las garantías que se aportaron al tratamiento de los datos en cuestión.

La Comisión destaca también que las obligaciones y derechos que resultan de la Directiva 95/46/CE se aplican a los tratamientos de datos de estas características, en particular las obligaciones de tratar los datos personales leal y lícitamente, limitar los datos sujetos a tratamiento a los datos adecuados, pertinentes y que no sean excesivos, informar al interesado, concederle derecho de acceso, oposición y rectificación, garantizar la seguridad de los datos, no tomar decisiones individuales que afecten a un particular con arreglo a un único tratamiento informatizado así como las disposiciones sobre los flujos transfronterizos de datos.

La Comisión recuerda a este respecto la declaración de las Autoridades europeas de protección de datos, efectuada en Santiago de Compostela los días 18 a 20 de septiembre de 1998, en la que manifestaron su enorme preocupación por lo que en aquella época no era sino un proyecto y solicitaron al Gobierno islandés que lo reconsiderara teniendo en cuenta la protección de los datos personales.

La Comisión desea mencionar también la regla del secreto médico, presente en los Estados europeos, que limita estrictamente la comunicación de los datos médicos por motivos ajenos a una relación terapéutica.

Por otra parte, la Comisión destaca que el artículo 3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza a toda persona su integridad física y mental; que los artículos 7 y 8 reconocen a los particulares el derecho a la vida privada y familiar, y a la protección de los datos de carácter personal; y que el artículo 21 prohíbe cualquier discriminación basada en las características genéticas.

Por último, la Comisión no dispone de información concreta sobre la posible utilización de los datos islandeses por empresas establecidas en los Estados miembros. No puede tampoco pronunciarse ni sobre el riesgo ni sobre la probabilidad de que un Estado miembro consienta que una empresa privada disponga de datos idénticos a los que estén en poder de la sociedad Decode. En cualquier caso, si un Estado miembro adopta una norma similar a la Ley islandesa de 1998, la Comisión estudiaría si cumple las normas comunitarias, en particular, la relativa a la protección de los datos de carácter personal. En este contexto, la Comisión debería consultar al Grupo de trabajo independiente sobre protección de los datos, que se creó en virtud del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE y agrupa a las Autoridades europeas de protección de los datos.