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PREGUNTA ESCRITA E-1488/03

de Johanna Boogerd-Quaak (ELDR) al Consejo

(2 de mayo de 2003)

Asunto: Escuchas telefónicas en el edificio Justus Lipsius

El 19 de marzo el Consejo comunicó que sus servicios de seguridad habían constatado el 28 de febrero de 2003 que distintas delegaciones, a saber, las de España, Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y Austria, habían sido objeto de escuchas telefónicas en el edificio del Consejo de la Unión Europea en Bruselas. Esta comunicación es particularmente grave y hace temer que también en otros edificios comunitarios se hayan quizás instalado aparatos para escuchas telefónicas. Durante la reunión de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores del Parlamento Europeo, el representante del Consejo confirmó que se había iniciado una investigación.

1. ¿Ha determinado entretanto el Consejo quién es el responsable de la instalación de los aparatos para escuchas telefónicas?

2. En caso negativo, ¿qué medidas tienen la intención del adoptar el Consejo para determinarlo?

3. ¿Qué sanciones se aplicarán a los responsables de la instalación de los aparatos para escuchas telefónicas?

4. ¿Puede comunicar el Consejo si ya se han descubierto hechos del mismo tipo en otras instituciones comunitarias?

5. ¿Qué medidas deberían adoptarse para prevenir en un futuro próximo situaciones semejantes?

6. ¿Se controlan sistemáticamente las posibles escuchas en las reuniones en las que la información no puede estar a la disposición de terceros países?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-1177/03 y E-1488/03

(2 de octubre de 2003)

Poco puede añadir el Consejo al comunicado de prensa hecho al respecto el 19 de marzo de 2003, pues el asunto está sub judice.

Se dan las aclaraciones siguientes en respuesta a puntos concretos planteados por Su Señoría:

1. El Consejo no ha podido determinar todavía quién fue el responsable de la instalación de mecanismos electrónicos conectados a algunas líneas telefónicas, que se descubrieron en el edificio Justus Lipsius el 28 de febrero de 2003.

2. De resultas de la aplicación de contramedidas y de una investigación preliminar interna, el Consejo decidió el 14 de abril poner en marcha un procedimiento penal contra la persona o personas desconocidas sobre la base del código penal belga. El Consejo prestará plena asistencia a las autoridades judiciales belgas cuando lleven a cabo su investigación.

3. Dado que el tema está ahora sometido a una investigación penal formal, corresponderá a los tribunales decidir las sanciones que se habrán de aplicar a las personas que sean culpables.

4. El Consejo no tiene conocimiento de que se hayan descubierto hechos similares en otras instituciones de la UE en el pasado.

5. y 6. El Consejo ha puesto ya en marcha medidas para evitar situaciones similares en el futuro. Su señoría entenderá, con todo, que no sería apropiado que el Consejo comentara públicamente estas medidas de seguridad, o cualquier otras, tomadas para proteger información clasificada o sensible tratada en el Consejo.
PREGUNTA ESCRITA E-0845/03

de Dana Scallon (PPE-DE) a la Comisión

(18 de marzo de 2003)

Asunto: Presupuesto de la UE destinado al desarrollo

Teniendo en cuenta que ya ha comenzado la ejecución del procedimiento presupuestario para el ejercicio 2003 y que el presupuesto destinado a la ayuda al desarrollo tiene que mantenerse dentro de los límites del capítulo 4, ¿cómo piensa cumplir la Comisión la solicitud del Parlamento, aprobada en el Pleno celebrado el 13 de febrero de 2003, de que el presupuesto destinado a la salud y los derechos en materia sexual y reproductiva en los países en desarrollo se incremente de 55,8 a 73,95 millones de euros? (Línea presupuestaria B7-6312).

¿Con cargo a qué línea presupuestaria o dotación se va a obtener este dinero?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2003)

El Parlamento propuso un aumento de la dotación financiera para el período 2003-2006 destinada al fomento de la salud y los derechos en materia de reproducción y sexualidad en los países en desarrollo, de 60 millones de euros (propuesta de la Comisión) a 73,95 millones de euros. Este aumento supone la previsión de un importe adicional anual de 4 a 5 millones de euros en los ejercicios presupuestarios de 2004 a 2006. En su estrategia política anual para 2004, que adapta también la programación de las perspectivas financieras para el período restante hasta 2006, la Comisión decidió aumentar la dotación destinada a la política de desarrollo en más de 50 millones de euros durante el período de 2004 a 2006, en particular para cubrir el importe adicional necesario para la salud reproductiva. Este aumento se compensa con la disminución de los márgenes en la partida 4 para los años restantes de las actuales perspectivas financieras.
PREGUNTA ESCRITA E-0872/03

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(20 de marzo de 2003)

Asunto: Proyecto de Reglamento sobre el comercio de materiales de tortura

En relación con el proyecto de propuesta de Reglamento del Consejo sobre el comercio de determinados materiales y productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿cree la Comisión que la UE debería examinar previamente las solicitudes de autorización para efectuar operaciones de exportación y otras actividades presentadas ante las autoridades competentes?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(24 de abril de 2003)

El 30 de diciembre de 2002, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de Reglamento relativo a la comercialización de instrumentos y productos que pueden utilizarse

para aplicar la pena de muerte o infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes(1). En marzo de 2003, el Consejo decidió encomendar dicha propuesta a algunos de sus grupos de trabajo, los cuales analizan en la actualidad el fondo de la misma.

El fundamento jurídico de la propuesta es el artículo 133 del Tratado CE, en el que se establece la competencia exclusiva de la Comunidad en materia de política comercial común. En plena consonancia con el concepto de política común, la propuesta, que aun tiene que ser analizada por el Consejo, prevé, respecto de cualquier decisión relativa a peticiones de autorización para exportar o prestar servicios, un procedimiento escrito de consulta en la que participen todas las autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión. La propuesta estipula que, si no se puede llegar a consenso, la Comisión tendrá la facultad de decidir, tras consultar a los Estados miembros en el seno de un Comité de gestión. Este procedimiento es uno de los previstos en una Decisión del Consejo por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(2).

Las medidas procedimentales propuestas por la Comisión permiten a todas las autoridades competentes, incluida la Comisión, un examen previo de las autorizaciones para transacciones de exportación. Con ello se debería garantizar que se tendrá en cuenta toda la información existente en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en los países terceros.

(1) COM(2002) 770 final.

(2) Decisión del Consejo 1999/468/CE, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, DO L 184 de 17.7.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-2040/03

de Joan Vallvé (ELDR) a la Comisión

(19 de junio de 2003)

Asunto: Régimen de ayuda a los frutos secos

El problema de los frutos secos, y concretamente el de la avellana, es un grave inconveniente para algunas comarcas de Catalunya.

Teniendo en cuenta que en la Resolución legislativa del Parlamento Europeo (P5_TA-PROV(2003)0256) sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y por el que se instauran regímenes de ayuda a los productores de determinados cultivos, adoptada en Estrasburgo el 5 de junio de 2003, el Parlamento Europeo votó mayoritariamente a favor de la enmienda 133 al informe del diputado Arlindo Cunha (A5-0197/2003), que pedía aumentar la subvención a los frutos de cáscara de 100 a 241,50 euros por hectárea y por año, ¿piensa la Comisión insistir y vigilar de cerca al Consejo para que se aprueben las medidas de reforma de la PAC, tal y como han sido votadas por el Parlamento Europeo el 5 de junio de 2003?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(15 de julio de 2003)

La Comisión es plenamente consciente del hecho de que varias regiones de Europa y varias comarcas de Cataluña se enfrentan actualmente a una situación difícil en cuanto a la producción de frutos secos, especialmente avellanas.

Por esta razón, la Comisión ha propuesto un sistema nuevo y permanente de apoyo a los frutos secos en su propuesta de enero de 2003. La Comisión ha tomado cuidadosa nota de las resoluciones legislativas del Parlamento sobre este tema y otros asuntos relacionados con sus propuestas de enero, y cree que han sido una contribución muy positiva al acuerdo definitivo logrado en Luxemburgo.
PREGUNTA ESCRITA E-1523/03

de Mario Mauro (PPE-DE) al Consejo

(6 de mayo de 2003)

Asunto: El caso de Oriel de Armas Peraza

El Parlamento Europeo aprobó, durante la sesión de abril, una resolución de urgencia sobre los derechos humanos en Cuba en la que se condenaban enérgicamente los abusos del régimen castrista.

Considerando, de hecho, que a los detenidos se les acusa principalmente de delitos como la expresión de críticas en relación con la política oficial de la isla y la práctica del derecho de libertad de expresión y que, en virtud de la Ley 88 sobre la defensa de la independencia nacional, son por lo tanto acusados de actividades subversivas, se llama la atención del Consejo sobre el caso emblemático del Sr. Oriel de Armas Peraza.

El exiliado cubano Oriel de Armas Peraza, que vive desde hace un año en Vicenza (Italia) junto con su mujer y su hija de cuatro años, milita en la asociación de defensa de los derechos humanos denominada Alianza Patriótica Cubana y se encuentra a la espera de una respuesta a la solicitud de asilo político que formuló a las autoridades italianas competentes. Debido a sus múltiples denuncias del régimen castrista, en caso de repatriación a Cuba el Sr. Oriel de Armas Peraza sería ciertamente detenido a causa de sus actividades políticas.

Por otro lado, su situación plantea un problema especial, ya que no se encuentra en condiciones de cuidar de su propia hija, que padece asma, al no tener derecho a asistencia sanitaria.

El permiso de residencia concedido al Sr. Oriel de Armas Peraza, que expiró el 8 de agosto de 2002, fue prorrogado hasta el 14 de febrero de 2003 por la jefatura de policía de Vicenza, en espera de que se tome una decisión respecto de la concesión del asilo político.

En vista de la próxima Presidencia italiana, ¿puede el Consejo tomar medidas a fin de que los Gobiernos respectivos de Italia y Alemania aborden este problema, de manera que en casos parecidos de violación extrema de los derechos humanos se conceda un asilo político europeo, que permitiría, en el caso que nos ocupa al exiliado cubano Oriel de Armas Peraza y a su familia, obtener la renovación del permiso de residencia?

Respuesta

(29 de septiembre de 2003)

El Consejo no puede intervenir en los casos individuales de asilo en los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA P-2525/03

de Nicholas Clegg (ELDR) a la Comisión

(22 de julio de 2003)

Asunto: Directiva relativa a los metales preciosos

¿Sabe la Comisión que la Presidencia italiana espera reactivar la propuesta de la CE en materia de punzonado (Propuesta de Directiva del Consejo relativa a los objetos fabricados con metales preciosos, COM(1993) 322 final(1)) que se encuentra en suspenso en la actualidad y que el Consejo de Ministros examinó por última vez en 1995?

Teniendo en cuenta la larga tradición existente en determinados Estados miembros que garantiza la calidad de las joyas que se venden a los consumidores, como el sistema de punzonado que se practica desde hace mucho tiempo en el Reino Unido, ¿confía la Comisión en que la propuesta de directiva no resulte perjudicial para las normas en materia de calidad?

¿Por qué razón deberían aceptar los Estados miembros que disponen de mecanismos independientes de control de la calidad los productos examinados en otros Estados miembros por el propio sector en aplicación de unos sistemas autorreguladores mucho menos rigurosos?

(1) DO C 318 de 25.11.1993, p. 5.

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(13 de agosto de 2003)

La Comisión es consciente de la iniciativa de la Presidencia italiana de continuar trabajando en su propuesta de directiva relativa a los objetos fabricados con metales preciosos, la cual fue presentada en 1993.

En esta propuesta, la Comisión prestó suma atención al diseño de los procedimientos de evaluación de la conformidad, que, pese a que reflejan las diferentes tradiciones de cada nación, han de ser equivalentes en cuanto a su efecto. El objetivo de esta propuesta no es reducir la protección, sino permitir la libre circulación de estos artículos en función de los procedimientos de evaluación de la conformidad, con lo que se garantiza un alto nivel de protección de los consumidores.

En efecto, no hay indicación alguna que confirme la sugerencia de Su Señoría de que los países que cuentan con sistemas nacionales y obligatorios de punzonado garantizan mejor la calidad de sus joyas. Al contrario; la experiencia en otros países indica que un sistema basado en la declaración del fabricante seguida de una vigilancia eficiente del mercado es apropiado para garantizar una adecuada protección de los consumidores.

Además, la Comisión señala que las disparidades en la legislación nacional suelen dar lugar a muchas quejas.
PREGUNTA ESCRITA E-1789/03

de Claude Moraes (PSE) a la Comisión

(28 de mayo de 2003)

Asunto: Pobreza energética

La pobreza energética designa la incapacidad de los ciudadanos de aprovisionarse correctamente en materia de calefacción y de iluminación debido a las políticas de precios que se practican y a sus bajos ingresos.

¿Qué piensa la Comisión de este problema? ¿Ha iniciado alguna investigación sobre la cuestión en los países de la UE?

¿Sabe la Comisión que compañías multinacionales como Electricité de France aplican políticas diferentes de precios y de desconexión de la red en caso de falta de pago de las facturas de electricidad en las ciudades de Londres y París, por ejemplo?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(2 de julio de 2003)

Para la Comisión la cuestión de la pobreza energética forma parte del gran debate sobre los aspectos de servicio público de la política de energía. En las propuestas por las que se modifican las Directivas sobre la electricidad y sobre el gas(1), la Comisión ha reforzado sustancialmente los aspectos de servicio público de las Directivas en vigor, con el fin de asegurar suficiente protección para los clientes vulnerables en un mercado que se abrirá por completo a la competencia. Así, la Directiva sobre la electricidad obliga a los Estados Miembros a asegurar que todos los clientes tengan el derecho al suministro de electricidad. Tanto en la Directiva sobre la electricidad, como en la Directiva sobre el gas, figura una disposición en la que se obliga a los Estados Miembros a proteger a los consumidores finales y, en particular, a asegurar que se adopten salvaguardias adecuadas para proteger a los clientes vulnerables, como, por ejemplo, medidas para evitar desconexiones. Los Estados Miembros deben aplicar esta disposición de la manera que mejor se adecue a su situación concreta.

Como ya se ha mencionado, las políticas sobre el impago de facturas de electricidad varían de unas autoridades nacionales a otras. Cada Estado Miembro aplica sus propias normas para proteger a consumidores vulnerables en caso de desconexión por falta de pago de facturas de electricidad. Las compañías multinacionales deben cumplir cada legislación nacional; cada una de ellas es distinta, por ello tienen que establecer distintas políticas sobre fijación de precios y desconexión en caso de impago de facturas.

(1) DO C 240 E de 28.8.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-1818/03

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(2 de junio de 2003)

Asunto: Partículas

¿Establecerá la Comisión si existe un marco comunitario para la evaluación de la contaminación del aire cerca de las carreteras y, en caso afirmativo, cuál es? ¿Describirá asimismo los principales límites de las sustancias consideradas como las más nocivas para la salud? ¿En qué consisten los ensayos y la evaluación de la conformidad con dichos límites? ¿Cómo pretende la Comisión, si procede, revisar dichos límites a la luz de las recientes investigaciones científicas llevadas a cabo?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(8 de julio de 2003)

El actual marco jurídico para evaluar la contaminación atmosférica consiste en la Directiva Marco 96/62/CE (Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente(1)), que establece la supervisión de una serie de agentes contaminantes del aire y prevé la adopción de valores límite. Existen valores límite para una serie de agentes contaminantes clave (Directiva 1999/30/CE del Consejo de 22 de abril de 1999 relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente(2) y Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente(3)); así como un valor objetivo para el ozono (Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2002, relativa al ozono en el aire ambiente(4)). Hay prevista otra Directiva relativa a los agentes contaminantes enumerados en la Directiva Marco (hidrocarburos poliaromáticos y metales pesados). Todos los valores límite y objetivo son aplicables al aire ambiente de todas partes, incluidas las proximidades de las carreteras. Las Directivas establecen disposiciones relativas a la calidad de los sistemas de supervisión, así como procedimientos de información para comprobar el cumplimiento de los valores límite. Las Directivas están siendo revisadas en el contexto del Programa Aire puro para Europa, que permitirá establecer una estrategia temática en materia de contaminación atmosférica según lo previsto en el Sexto programa de acción en materia de medio ambiente.

Puede encontrarse más información referente a la política comunitaria en materia de calidad del aire, tanto sobre la legislación vigente como sobre las medidas en desarrollo, en la dirección de Internet de Europa: http://europa.eu.int/comm/environment/air/.

(1) DO L 296 de 21.11.1996.

(2) DO L 163 de 29.6.1999.

(3) DO L 313 de 13.12.2000.

(4) DO L 67 de 9.3.2002.
PREGUNTA ESCRITA P-2461/03

de Antonios Trakatellis (PPE-DE) a la Comisión

(16 de julio de 2003)

Asunto: Aprobación de la financiación y construcción del metro de Salónica

De acuerdo con la respuesta de la Comisión a mi pregunta sobre el metro de Salónica (H-0824/02(1)), las autoridades griegas habían comunicado a la Comisión que habían completado las negociaciones con el concesionario para la conclusión de las obras, que las partes interesadas habían llegado a un acuerdo sobre un texto modificado del contrato de concesión en lo referente a la construcción del metro de Salónica, y que las autoridades griegas habían transmitido el texto objeto del acuerdo a la Comisión. El 30 de abril de 2003, la Comisión adoptó una decisión en la que declara que, de acuerdo con la información de que dispone y tras una detallada investigación, no hay indicios de que el acuerdo infrinja la legislación comunitaria.

¿Por qué se retrasa la aprobación de la financiación de esta obra por parte de la Comisión? ¿Cuáles son los motivos del retraso de esta aprobación y del comienzo de las obras, teniendo en cuenta que las negociaciones para la financiación a través de un préstamo del concesionario, del Banco Europeo de Inversiones y de los bancos comerciales han concluido, y que han pasado 11 años desde que se anunció esta obra, cofinanciada por los fondos comunitarios?

(1) Respuesta escrita del 17.12.2002.

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(22 de agosto de 2003)

Hasta la fecha, la Comisión no ha recibido una solicitud oficial de las autoridades griegas en la que confirmen el nivel de asistencia de los fondos estructurales al proyecto mencionado por Su Señoría.

Como lo señala Su Señoría, la Comisión decidió el 30 de abril de 2002 que el procedimiento de contratación pública aplicado respecto al contrato de concesión relativo al metro de Salónica no infringe la normativa comunitaria sobre contratos públicos. Sin embargo, esta decisión se adoptó sin perjuicio de la aplicación de otras normas de la legislación comunitaria, como las normas sobre las ayudas de Estado.

Posteriormente, el 4 de junio de 2003, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE, las autoridades griegas notificaron a la Comisión las disposiciones financieras del contrato de concesión relativo al metro de Salónica.

La Comisión está procediendo actualmente al examen de dichas disposiciones de conformidad con la legislación comunitaria sobre las ayudas de Estado; la decisión de la Comisión sobre la financiación comunitaria del proyecto estará supeditada al resultado de dicho examen.
PREGUNTA ESCRITA E-1899/03

de Jillian Evans (Verts/ALE) a la Comisión

(6 de junio de 2003)

Asunto: Delfines en redes de arrastre

Todos los años aparecen numerosos delfines muertos en las costas del Canal de la Mancha y, al parecer, ello está relacionado con el hecho de que palangreros con redes de arrastre pelágico pescan en la zona. El examen de los cadáveres de los delfines muestra que casi todos mueren víctimas de capturas accesorias. Habida cuenta de que los cadáveres que se encuentran muertos en las playas podrían representar menos del 5 % del total de delfines muertos, resulta urgente tomar medidas al respecto.

¿Está la Comisión dispuesta a establecer un plan obligatorio de observación a bordo de los barcos europeos de pesca pelágica para facilitar la recogida de datos, de forma que puedan tomarse posteriores medidas más completas y a largo plazo encaminadas a resolver este problema?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(3 de julio de 2003)

La Comisión está muy al tanto del problema de los delfines muertos que son arrastrados hasta las playas de los Estados miembros, en particular durante el invierno en la zona del Canal de La Mancha.

De acuerdo con la Directiva sobre los hábitats(1), los Estados miembros deben adoptar medidas para proteger a los cetáceos pequeños y garantizar un estado de conservación favorable de estas especies (lo que incluye la evaluación de las poblaciones, el seguimiento de las muertes fortuitas, medidas mitigadoras y la protección de los hábitats).

No obstante, la Comisión está convencida de que se necesitan más medidas comunitarias para potenciar la conservación coherente y cooperativa de los cetáceos pequeños en la Comunidad, en particular en el sector pesquero.

El establecimiento de regímenes de observación obligatorios de diversas pesquerías forma parte de un paquete de medidas que están siendo objeto de estudio. Dentro de algunas semanas la Comisión presentará una propuesta sobre esta materia.

Además, el 22 de mayo de 2003, la Comisión también puso en marcha una licitación abierta para la realización de un estudio sobre el impacto de las redes de arrastre pelágico en los cetáceos a través de un programa de observación a bordo(2); está previsto que este estudio comience a finales de 2003 si se cumplen todas las condiciones necesarias para la adjudicación del contrato.

(1) Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, DO L 206 de 22.7.1992.

(2) Licitación abierta FISH/2003/09 DO S 98 de 22.5.2003.