PREGUNTA ESCRITA E-3809/98

de Barbara Weiler (PSE) a la Comisión

(22 de diciembre de 1998)

Asunto: Recursos prejudiciales C-2/97, C-49/98 (Asuntos sociales, disposiciones mínimas)

Con el modelo social europeo se garantiza un nivel mínimo determinado en materia de derechos sociales. Las disposiciones europeas no impiden, sin embargo, a los distintos Estados miembros mantener o adoptar medidas para una protección reforzada de las condiciones de trabajo.

Varios litigios ante el Tribunal de Justicia Europeo relativos a las disposiciones mínimas sobre la base del artículo 118 A del Tratado CE (nuevo artículo 138) son causa de preocupación: en el asunto C-2/97 ("Società italiana petroli SpA") se trata de la admisibilidad de los valores límite italianos más severos para las sustancias carcinógenas en la gasolina; en el asunto C-49/98, el Tribunal Laboral de Wiesbaden sometió en virtud de su decisión de 10 de febrero de 1998 al Tribunal de Justicia Europeo la cuestión de la aplicabilidad a los trabajadores destinados al extranjero de las disposiciones alemanas más favorables en materia de vacaciones. En ambos casos, los tribunales que presentaron el recurso habían llegado -en el caso de la "Società italiana petroli SpA", también el abogado general- a la conclusión de que las disposiciones mínimas comunitarias prohíben o dificultan a los Estados miembros promulgar para los trabajadores o las mercancías procedentes de los demás Estados miembros de la CE unas disposiciones de protección más severas que lo previsto por el Derecho comunitario.

¿Es consciente la Comisión de los obstáculos existentes hacia unas normas de protección más severas? En caso de que el Tribunal de Justicia Europeo confirme esta tendencia en su jurisprudencia, ¿cómo orientará la Comisión su política en relación con las iniciativas legislativas en materia de disposiciones sociales mínimas?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(23 de febrero de 1999)

Por lo que respecta al asunto C-2/97, el Tribunal de Justicia dictó sentencia el 17 de diciembre de 1998, en la que declaró, en coincidencia con la posición expresada por la Comisión en las observaciones presentadas en el curso de este procedimiento, que una disposición nacional que obligue al empresario a reducir la exposición de los trabajadores a un agente carcinógeno, con independencia de la apreciación del riesgo, no es contraria a la Directiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo(1), en la medida en que constituye una medida de mayor protección de las condiciones de trabajo, autorizada por el apartado 3 del artículo 118 A del Tratado CE y por la Directiva 90/394/CEE.

En la medida en que la pregunta de Su Señoría tiene por objeto las disposiciones mínimas comunitarias contenidas en la Directiva 93/104/CE(2) relativa a la ordenación del tiempo de trabajo -que fue objeto de una de las preguntas planteadas en el recurso prejudicial C-49/98- la Comisión puede confirmar que esta Directiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 A del Tratado CE, no impide el mantenimiento y el establecimiento, por cada Estado miembro, de medidas de mayor protección de las condiciones de trabajo compatibles con el Tratado. Asimismo, esta interpretación del Tratado se confirma expresamente una vez más en el artículo 15 de la Directiva 93/104/CE.

Dado que se trata de una situación de desplazamiento transnacional de trabajadores, la Comisión recuerda que la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios(3), contiene un núcleo de normas imperativas de protección mínima que deben cumplir, en el Estado miembro de acogida, los empresarios que envíen trabajadores a otro Estado miembro en el marco de una prestación de servicios. Entre estas normas de obligado cumplimiento figuran también las disposiciones relativas a la duración mínima de las vacaciones anuales pagadas.

En este contexto, las disposiciones mínimas en vigor en el Estado miembro de acogida que deben aplicarse a los trabajadores desplazados pueden prever una duración de las vacaciones anuales que sea superior a la prevista en la Directiva 93/104/CE, en la medida en que esta duración mínima se establezca mediante disposiciones legislativas o a través de convenios colectivos de aplicación general. Los Estados miembros deberán aplicar las disposiciones de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores antes del 16 de diciembre de 1999.

(1) DO L 196 de 26.7.1990.

(2) DO L 307 de 13.12.1993.

(3) DO L 18 de 21.1.1997.