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PREGUNTA ESCRITA E-3403/00

de Monica Frassoni (Verts/ALE) a la Comisión

(7 de noviembre de 2000)

Asunto: Funcionamiento y situación actual del régimen de los expertos nacionales en comisión de servicios

Mediante Decisión de 7 de enero de 1998, modificada por la Decisión de 3 de febrero de 1999, la Comisión instituyó el régimen del experto nacional en comisión de servicios, con el fin de dotar a la Comisión, durante un período determinado, de personal con experiencia más específica, sobre todo respecto de sectores técnicos, y para permitir a los funcionarios de las administraciones de los Estados miembros adquirir una experiencia laboral en los servicios de la Comisión.

¿Conoce la Comisión el número de expertos nacionales que trabajan actualmente en sus servicios?

¿De qué sectores técnicos se ocupan?

¿Conoce la Comisión los diferentes puestos que ocupan?

¿Cuántos de los expertos nacionales provienen de las administraciones nacionales y cuántos provienen de empresas privadas?

¿Cómo están distribuidos los cometidos de los expertos nacionales respecto de la nacionalidad?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(15 de diciembre de 2000)

En la actualidad, trabajan en la Comisión 687 expertos nacionales remunerados con cargo al presupuesto de la Comisión destinado a la investigación y a los gastos operativos. Su contratación responde a diversas necesidades, y desempeñan su actividad en todos los servicios de la Comisión, salvo en el de Interpretación y Conferencias y el de Traducción.

Entre los expertos nacionales no se establece ningún rango, si bien se les equipara, en general, a funcionarios de la categoría A, sin ninguna diferencia de grado.

655 expertos nacionales proceden del sector público y 32 del privado. Las tareas que desempeñan no se les asignan en función de su nacionalidad.

A 13 de noviembre de 2000, el número de expertos nacionales transferidos a la Comisión era el siguiente:

>SITIO PARA UN CUADRO>

La Comisión remitirá directamente a su Señoría y a la Secretaría del Parlamento Europeo un cuadro que proporcione una visión general de la distribución de dichos expertos por Direcciones Generales.
PREGUNTA ESCRITA E-3829/00

de Astrid Thors (ELDR) a la Comisión

(7 de diciembre de 2000)

Asunto: Minorías lingüísticas en los países candidatos

Los informes elaborados por la UE sobre los países candidatos muestran claramente que hace falta un conocimiento más amplio y preciso sobre las minorías lingüísticas en estos países.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para tomar en consideración este aspecto y hacer que los países candidatos, al margen de la atención prestada a las minorías étnicas, dediquen una mayor atención específica a las minorías lingüísticas?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(14 de febrero de 2001)

A partir de 1997, la Comisión ha evaluado periódicamente los progresos realizados por los países candidatos respecto al cumplimiento de los criterios de adhesión fijados en el Consejo Europeo de Copenhague, incluido el criterio político de la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías. La actividad de evaluación de la Comisión se inició con las Opiniones formuladas en 1997 y siguió con los informes periódicos adoptados en el otoño de 1998, 1999 y 2000 respectivamente.

El criterio político fijado por el Consejo Europeo de Copenhague no hace distinción alguna entre los diversos elementos (étnicos, culturales, lingüísticos o religiosos) que determinan la identidad de las personas pertenecientes a una minoría. Para evaluar los progresos realizados por los países candidatos con objeto de garantizar el respeto y la protección de las minorías, la Comisión presta especial atención al respeto y la puesta en práctica de, los diversos principios fijados en el Convenio marco del Consejo de Europa para la protección de las minorías nacionales, incluidos los principios relacionadas con el uso de las lenguas minoritarias.

Para ayudar a los países candidatos a poner remedio a las carencias y problemas específicos identificados en los informes periódicos, la Comunidad establece una Asociación para la Adhesión para cada uno de los países(1) candidatos. Estas asociaciones fijan algunas prioridades a corto y medio plazo con objeto de que cada país cumpla los criterios de adhesión. También indican la ayuda financiera disponible de la Comunidad en apoyo de estas prioridades y las condiciones para la concesión de la ayuda.

La evaluación periódica de los progresos realizadas por los países candidatos sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por los criterios políticos de Copenhague, apoyados por las asociaciones para la adhesión, ha llevado a una evolución positiva en todos los países candidatos, también por lo que se refiere al respeto de los derechos y la protección de las minorías, incluido el uso de las lenguas minoritarias. La Comisión continúa su trabajo en esta dirección.

(1) COM(1999) 521 final al final 532.
PREGUNTA ESCRITA E-3735/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(30 de noviembre de 2000)

Asunto: Errores informáticos en el cambio de milenio

¿Puede la Comisión indicarme qué gastos originó en cada Estado miembro la prevención de los supuestos fallos informáticos que se producirían en el cambio de milenio? ¿Puede también indicarme qué daños ocasionó la interrupción real de la actividad económica debido a ese motivo a principios del año 2000?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(26 de enero de 2001)

En la actualidad, la Comisión no dispone de recursos para emprender la amplia investigación que sería necesaria para dar una respuesta detallada a la pregunta de Su Señoría. No obstante, en enero de 2000 los Estados miembros facilitaron estimaciones muy generales sobre el nivel de gasto relacionado con el efecto 2000. En general, las campañas de información pública lanzadas por las

administraciones costaron entre 0,5 y 16 M, situándose el gasto de la mayoría entre 1 y 3 M. El coste de los trabajos de prevención en el sector público se estimó en un importe comprendido entre 20 y 1 000 M. El gasto de los Estados miembros en conjunto, incluido el sector privado, se calculó entre 1 000 y 20 000 M.

Es imposible realizar cálculos precisos porque sería necesario separar el gasto presupuestario normal en tecnologías de la información (TI), en que se habría incurrido en cualquier circunstancia, del gasto específico en el efecto 2000. En ciertos casos, el sector público consiguió llevar a cabo todas las tareas de prevención del efecto 2000 con los presupuestos para TI de que disponía, mientras que en otros se precisó financiación adicional por valor hasta del 50 %. Numerosas entidades se limitaron a adelantar inversiones en TI que ya tenían previstas. El coste real para el sector privado es aún más difícil de calcular, dado que numerosas empresas optaron por no hacer pública esta información.

En lo relativo al coste de la interrupción real de la actividad económica, se trata asimismo de una información que las empresas y administración consideran muy delicada, por lo que normalmente no estuvieron a favor de revelarla. Según la información que posee la Comisión, ningún Estado miembro ha facilitado estimaciones de tal coste.
PREGUNTA ESCRITA E-3942/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(13 de diciembre de 2000)

Asunto: Aplicación de la Política Pesquera Común

¿Puede decir la Comisión si la Política Pesquera Común se aplica a las aguas costeras de todos los Estados miembros? En caso negativo, ¿por qué no?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(22 de enero de 2001)

El ámbito geográfico de aplicación de la política común de la pesca es el mismo que el del Tratado. Por tanto, está constituido por el territorio de todos los Estados miembros (excepto Groenlandia y las islas Feroe) y determinados territorios de ultramar de los Estados miembros (véase el artículo 299 (antes 277) del Tratado CE). Naturalmente, en ese territorio se incluyen

las aguas territoriales de los Estados miembros, que pueden comprender un máximo de doce millas a partir de la línea de costa. En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha reiterado en numerosas ocasiones que la política común de la pesca es aplicable no sólo en las aguas territoriales, sino en toda aquella zona sobre la cual los Estados miembros tengan jurisdicción en materia pesquera conforme al Derecho internacional (esto es, también en sus zonas económicas exclusivas o zonas de pesca exclusivas). Así pues, la política común de la pesca se aplica en todas las aguas costeras del Estado. Así lo confirma el artículo 1 del reglamento básico en materia de pesca (Reglamento (CEE) no 3760/92, de 20 de diciembre de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura(1)), que establece lo siguiente: La política común de la pesca abarcará las actividades relacionadas con la explotación de los recursos acuáticos vivos y la acuicultura, así como la transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura, siempre que se realicen en el territorio de los Estados miembros, en aguas de pesca comunitarias o por buques pesqueros comunitarios. En ese mismo reglamento, se definen las aguas pesqueras comunitarias como las aguas bajo soberanía o jurisdicción de los Estados miembros (artículo 3.a)).

(1) DO L 389 de 31.12.1992.
PREGUNTA ESCRITA P-3784/00

de Heidi Hautala (Verts/ALE) al Consejo

(29 de noviembre de 2000)

Asunto: Protocolo secreto en la Declaración de Saint Malo

Durante la cumbre de Saint Malo de los días 3 y 4 de diciembre de 1998, los Gobiernos francés y británico emitieron una Declaración conjunta sobre la defensa europea. Con arreglo a dicha Declaración, la UE debe contar con la capacidad para una actuación autónoma, respaldada por fuerzas militares creíbles, los medios para decidir acerca del recurso a las mismas, y la disposición para hacerlo, a fin de responder en caso de crisis militares. Al mismo tiempo, la Declaración establecía que la seguridad colectiva era competencia de la OTAN, y que la OTAN desempeñaba un papel predominante en la defensa territorial de Europa.

En un artículo aparecido en el diario neerlandés NRC Handelsblad el 8 de marzo de 2000, se afirma la existencia de un protocolo secreto adjunto a la Declaración, en el que se establece que el Parlamento Europeo no debería participar nunca en la configuración de la futura Política Europea de Seguridad y Defensa.

1. ¿Están enterados el Consejo y su Secretario General de la existencia de un protocolo de estas características, como parte de la Declaración de Saint Malo?

2. ¿Se informará a los Estados miembros, a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo acerca del contenido del mencionado protocolo?

Respuesta

(12 de marzo de 2001)

1. La Declaración franco-británica sobre la defensa europea a que se refiere Su Señoría fue adoptada por los Jefes de Estado o de Gobierno de Francia y del Reino Unido en la Cumbre bilateral franco-británica celebrada en Saint-Malo los días 3 y 4 de diciembre de 1998.

2. El Consejo Europeo se reunió los días 11 y 12 de diciembre de 1998 en Viena y, entonces, se congratuló por la Declaración franco-británica realizada en Saint-Malo.

3. No consta al Consejo que se adjuntase un protocolo secreto a la Declaración franco-británica sobre la defensa europea y que indicase que el Parlamento Europeo no debería participar nunca en la configuración de la futura Política Europea de Seguridad y Defensa.

4. El Consejo Europeo recordó en varios ocasiones que el desarrollo de la Política Europea de Seguridad y Defensa es parte integrante del reforzamiento de la Política Exterior y de Seguridad Común, sobre cuya evolución se informa regularmente al Parlamento con arreglo al artículo 21 del Tratado de la Unión Europea.
PREGUNTA ESCRITA E-4099/00

de Bart Staes (Verts/ALE) al Consejo

(10 de enero de 2001)

Asunto: Discriminación lingüística en la Unión Europea

A comienzos del Año Europeo de las Lenguas, las organizaciones europeas exigen cada vez con menos reservas que quienes aspiran a un empleo en ellas tengan el inglés como lengua materna. De este modo discriminan abiertamente a los aspirantes de otras lenguas. La lengua inglesa adquiere injustamente el estatuto de lengua de cultura dominante.

Un caso flagrante de discriminación contra los no angloparlantes es la vacante abierta en el Consejo de Municipios y Regiones de Europa: esta organización busca a un angloparlante nativo para el puesto de jefe de información de su oficina de Bruselas. Otras ofertas de empleo ponen claramente de manifiesto que no se trata de un ejemplo aislado: en los semanarios European Voice y The Bulletin se publican con regularidad anuncios de vacantes en organizaciones no gubernamentales y empresas en los que se impone como requisito la posesión del inglés como lengua materna.

El criterio de lengua materna contraviene el principio de no discriminación en la contratación de personal en los países de la Unión Europea. Los no angloparlantes quedan excluidos de antemano de los procedimientos de selección, incluso cuando poseen un conocimiento más que adecuado de la lengua inglesa. Es patente que quienes hablan otras lenguas ya no son tomados en consideración para determinadas funciones, y esto ocurre en vísperas del Año Europeo de las Lenguas.

¿Reconoce el Consejo que la exigencia de ser angloparlante nativo en los procedimientos de contratación de personal en los países de la Unión Europea constituye una infracción del principio de no discriminación? En caso afirmativo, ¿qué medias piensa adoptar el Consejo para poner fin a esta discriminación por razón de lengua? En caso negativo, ¿qué argumentos puede esgrimir el Consejo para reconciliar esta exigencia con el principio de no discriminación?

Respuesta

(14 de mayo de 2001)

El Consejo sigue defendiendo el principio fundamental de igualdad de las lenguas oficiales de la UE, consagrado en el Reglamento n.o 1 del Consejo(1) (modificado por última vez por la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia), principio que, al igual que las demás instituciones de la Unión, aplica en su propia política de contratación. No es competente para pronunciarse en lo tocante a las políticas de contratación de organismos y entidades.

(1) DO 17 de 6.10.1958, p. 401.
PREGUNTA ESCRITA E-3809/00

de Neil MacCormick (Verts/ALE) a la Comisión

(7 de diciembre de 2000)

Asunto: Exportación de caballos vivos

De conformidad con la legislación de la Unión Europea sobre el transporte de caballos, cada 8 horas se ha de sacar a los caballos del contenedor, darles comida y agua y permitirles descansar durante 24 horas, por lo menos. Los animales deben estar orientados en la misma dirección y atados. Además, las hembras deben estar separadas de los machos.

¿Puede decir la Comisión qué medidas ha tomado para garantizar el cumplimiento de la legislación?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(31 de enero de 2001)

El Capítulo VII del anexo de la Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, sobre la protección de los animales durante el transporte y que modifica las Directivas 90/425/CEE y 91/496/CEE(1), modificada a su vez por la Directiva 92/29/CE, de 29 de junio de 1995(2), establece intervalos de suministro de agua y de alimentación, así como tiempos de viaje y de descanso para los animales vivos, incluidos los caballos.

Como regla general, el tiempo de viaje para animales vivos no debe superar las ocho horas. Sin embargo, la letra c del apartado 4 del Capítulo VII permite que los solípedos domésticos puedan transportarse durante un tiempo máximo de 24 horas, siempre que se cumplan una serie de requisitos adicionales.

La aplicación de la legislación comunitaria es responsabilidad de los Estados miembros. La Comisión lleva a cabo controles in situ a fin de garantizar que las autoridades competentes aplican la legislación comunitaria de forma eficaz y uniforme.

Cabe destacar que la Comisión ha incoado procedimientos de infracción contra algunos Estados miembros después de haber sido detectadas deficiencias en la aplicación de la legislación comunitaria en este ámbito.

Recientemente, además, la Comisión ha adoptado un informe(3) sobre la experiencia adquirida por los Estados miembros en relación con la aplicación de la citada Directiva. El documento ha sido presentado al Consejo y al Parlamento.

El informe de la Comisión da cuenta de la existencia de importantes deficiencias en la aplicación de la legislación por las autoridades nacionales. Los Estados miembros deben asignar, en un futuro próximo, recursos adecuados a fin de aplicar la legislación actual de manera más eficiente.

Siguiendo las conclusiones del informe, la Comisión empezará a revisar la legislación en vigor. Al preparar sus propuestas, es probable que la Comisión considere diferentes aspectos, en particular la rápida adopción de nuevas medidas para la protección de los caballos.

(1) DO L 340 de 11.12.1991.

(2) DO L 148 de 30.6.1995.

(3) Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la experiencia adquirida por los Estados miembros desde la aplicación de la Directiva 95/29/CE del Consejo, por la que se modifica la Directiva 91/628/CEE sobre la protección de los animales durante el transporte COM(2000) 809 final.
PREGUNTA ESCRITA E-4122/00

de Joachim Wuermeling (PPE-DE) a la Comisión

(11 de enero de 2001)

Asunto: Directiva sobre los productos del tabaco

La nueva Directiva sobre los productos del tabaco será examinada en fecha próxima en el Comité de Conciliación. Los aspectos que deberán examinarse son, entre otros, el contenido y el tamaño de los rótulos de advertencia. En un determinado Estado miembro de la UE, la venta de determinadas drogas en pequeñas cantidades no es objeto de persecución penal.

1. ¿Sabe la Comisión si las drogas puestas a la venta llevan rótulos de advertencia?

2. ¿Piensa la Comisión disponer que también se adhieran rótulos de advertencia a aquellos productos?

3. ¿Existiría un fundamento jurídico de la UE para tal medida?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(8 de marzo de 2001)

La política en materia de drogas y la legislación sobre drogas de la Unión forman parte de las competencias compartidas entre la Comunidad y los Estados miembros. Todos los Estados miembros han ratificado los tres convenios de las Naciones Unidas (de los años 1961, 1971 y 1988), que establecen un marco común para la legislación sobre drogas en la Unión. Los Consejos Europeos también han aprobado la estrategia antidroga de la Unión (2000-2004) en Helsinki (1999) y el Plan de acción de la Unión Europea en materia de drogas (2000-2004)(1) en Santa María da Feira (2000), que proporcionan un marco común para todas las acciones antidroga desarrolladas en la Unión.

El Plan de acción de la Unión en materia de drogas anima a los Estados miembros a encontrar fórmulas nuevas y efectivas para prevenir el consumo de drogas y disminuir el daño provocado por las mismas. Estas actividades también se financian a través del Programa de acción comunitario relativo a la prevención de la toxicomanía que acaba de ser prorrogado por un período de dos años.

Los Estados miembros gozan de cierta flexibilidad a la hora de incorporar a su legislación nacional las obligaciones derivadas del Tratado CE, así como a la hora de establecer los medios para lograr los objetivos dispuestos en el Plan de acción de la Unión en materia de drogas. Por lo tanto, como Su Señoría correctamente señala, la posesión y venta de pequeñas cantidades de algunas drogas no siempre trae consigo un castigo penal a pesar de que las drogas en sí mismas y el tráfico en grandes cantidades pueden considerarse ilegales. La Comisión responde de manera concreta a las preguntas realizadas por Su Señoría.

1. y 2. A diferencia de los productos derivados del tabaco y de otros sustancias legales, las drogas ilegales no están cubiertas por la normativa comunitaria sobre el mercado interior. En caso de que un Estado miembro permita el suministro de estas drogas a escala reducida, las decisiones adoptadas sobre cualquier advertencia sanitaria recaerán bajo su responsabilidad.

3. No existen fundamentos jurídicos para las normas comunitarias relativas a las advertencias sanitarias sobre drogas ilícitas.

(1) COM(1999) 239 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3341/00

de Bartho Pronk (PPE-DE) a la Comisión

(25 de octubre de 2000)

Asunto: Obstáculo a la libre circulación de trabajadores con coche

En los Países Bajos está prohibido circular con un vehículo de matrícula extranjera siendo residente de dicho país. Para la obtención de la matrícula neerlandesa se requiere un período de espera de 8 semanas.

En la práctica, esto plantea situaciones problemáticas. Toda persona que vaya a los Países Bajos con objeto de permanecer allí por un período más o menos largo de tiempo se convierte automáticamente en residente en el sentido jurídico. De conformidad con la legislación sobre tráfico en vigor, los nuevos residentes en posesión de un vehículo están obligados a registrarlo con una matrícula neerlandesa.

Según la legislación europea, una persona en busca de empleo está autorizada a permanecer en otro Estado miembro por un período de tres meses, sin dejar de percibir las prestaciones correspondientes. Si esta persona busca empleo en los Países Bajos es considerada residente de conformidad con la legislación neerlandesa y, por consiguiente, está obligada a registrar su vehículo con una matrícula neerlandesa. Antes de disponer de la misma, la persona no está autorizada a hacer uso de dicho vehículo.

1. ¿En qué medida considera la Comisión que la legislación neerlandesa constituye un obstáculo para las posibilidades de las personas procedentes de otros Estados miembros que buscan empleo en los Países Bajos?

2. ¿Considera la Comisión que dicha legislación neerlandesa constituye un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores?

Respuesta complementaria de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(16 de enero de 2001)

De conformidad con la información proporcionada por las autoridades neerlandesas a la Comisión, sólo las personas que solicitan ser inscritas en el Registro Civil de los Países Bajos están obligadas a cambiar la matrícula de su coche. Por lo tanto, mientras no se solicite la mencionada inscripción, pueden utilizar sin problemas un coche matriculado fuera de los Países Bajos.

Además, en la práctica, las autoridades neerlandesas permiten que incluso las personas inscritas en el Registro Civil de los Países Bajos continúen conduciendo sus vehículos con matrícula extranjera, siempre que puedan demostrar que han solicitado la matrícula neerlandesa.

A menos que Su Señoría proporcione a la Comisión información adicional sobre casos específicos, la Comisión considera que no existe ningún obstáculo práctico para que las personas en busca de empleo ejerzan su derecho a la libre circulación.