PREGUNTA ESCRITA E-1095/97 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) a la Comisión (21 de marzo de 1997)

Asunto: Los derechos humanos en la UE tras la CIG

Durante la reunión del Consejo Europeo de Dublín (diciembre de 1996) la Presidencia irlandesa propuso la inclusión de un nuevo artículo 3C en los Tratados revisados, que salvaguardara expresamente los derechos y libertades inscritos en el Convenio europeo de protección de los derechos humanos. Así mismo propuso artículos nuevos, FA y 3C, dirigidos a crear mecanismos de respuesta ante eventuales violaciones de los derechos humanos por parte de los Estados miembros.

¿Podría la Comisión comentar el estado de las negociaciones con miras a la inclusión en el nuevo Tratado de estas propuestas? ¿Qué obstáculos ve?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (12 de mayo de 1997)

Las dos propuestas de artículos a los que alude Su Señoría tenían por objeto situar el respeto de los derechos fundamentales como principio general que vincula a los Estados Miembros de la Unión y a la misma Unión..

En este sentido, el artículo FA preveía la posibilidad de tomar medidas en caso de violación grave por un Estado Miembro de los principios generales de la Unión, cuyo pilar es el respeto de los derechos fundamentales. Un gran consenso se ratificó en la Conferencia Intergubernamental sobre esta propuesta durante los últimos meses de la negociación.

Respecto a la inclusión en el Tratado CE de un nuevo artículo 3c, su finalidad era ¡ otorgar al Tribunal de Justicia un control directo y explícito del respeto de los derechos fundamentales por la Comunidad.

En efecto, tras el dictamen del Tribunal resolviendo que no hay base jurídica en los actuales tratados que permita a las Comunidades adherirse a la Convención Europea de salvaguarda de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 1950, los negociadores de la Conferencia Intergubernamental creyeron que la mejor forma de mejorar la protección de los derechos fundamentales a nivel comunitario era establecer un control jurisdiccional interno directo por el Tribunal de Justicia. Para poder llevar esto a cabo, el artículo 3c se remite a lo expresado en el actual artículo F.2, limitando de este modo el campo de aplicación de este control jurisdiccional únicamente a la Comunidad.

Independientemente de que coincida con numerosas delegaciones sobre la importancia de prever una base jurídica que permita en un futuro, si se reúnen las condiciones técnicas y jurídicas necesarias, la adhesión a la Convención de 1950, la Comisión insiste en no limitar únicamente al Tratado CE el control del Tribunal.

Por ello, en el apéndice de 20 de marzo de 1997, en el marco general elaborado por la Presidencia Irlandesa en diciembre de 1996, se rechazó la propuesta de insertar este nuevo artículo 3c. Es sobre todo cuestión de respetar la forma actual del artículo F.2, que obliga a la Unión - y no solamente a la Comunidad- a respetar los derechos fundamentales y conlleva una reforma del artículo L del Tratado haciendo justiciable el artículo F.2.

La Comisión considera que esta reforma combinada de los artículos F y L es lo mínimo para reforzar las garantías jurisdiccionales del sistema de protección de los derechos fundamentales.