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PREGUNTA ESCRITA E-1298/97 de Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) a la Comisión (11 de abril de 1997)

Asunto: Aprovechamiento de los acuerdos internacionales de pesca

¿Cuáles son los porcentajes sobre las cuotas de captura fijadas en los distintos acuerdos internacionales pesqueros que pesca efectivamente la flota comunitaria?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (9 de junio de 1997)

Los acuerdos pesqueros celebrados sobre la base de la reciprocidad ofrecen a la Comunidad posibilidades de pesca en el Atlántico norte (es decir, en las zonas económicas exclusivas de las Islas Feroe, de Islandia y de Noruega) y en el mar Báltico. En general, los buques pesqueros comunitarios agotan estas posibilidades.

En el Acuerdo con Argentina, el tonelaje de capturas autorizado anualmente (250.000 toneladas) a los buques que faenan al amparo de sociedades mixtas y de asociaciones temporales también ha sido completamente utilizado hasta el momento.

Los Acuerdos con Marruecos y con quatorce países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), no contienen cuotas de capturas fijas sino posibilidades de pesca expresadas en toneladas de registro bruto (TRB) para la pesca de arrastre y en número de buques para la pesca del atún. Los tonelajes de capturas, que dependen del grado de utilización de esas posibilidades, son declarados por los armadores comunitarios directamente a las autoridades de los terceros países, de conformidad con las disposiciones de los Acuerdos. En lo que a los acuerdos atuneros se refiere, la Comisión conoce los tonelajes de capturas realizados cada año por la flota comunitaria y podrá comunicárselos a Su Señoría. En lo referente a los acuerdos en los que la pesca de arrastre es preponderante, en aplicación del Reglamento de «control», los Estados miembros han comenzado a comunicar a la Comisión datos globales que deben ser estudiados en profundidad.
PREGUNTA ESCRITA E-1346/97 de Caroline Jackson (PPE) a la Comisión (21 de abril de 1997)

Asunto: Oficina de Armonización del Mercado Interior

¿Puede decir la Comisión

1. cuántas personas, y de qué categorías, trabajan en la OAMI de Alicante,

2. la identidad del director de esa Oficina

3. el objetivo de esa Oficina y la Dirección o Comisario de la Comisión al que informa

4. si se envían informes anuales sobre la actuación de esta Oficina al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (2 de junio de 1997)

1. El 25 de abril de 1997, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) tenía una plantilla de 192 personas (incluidos los agentes temporales), de las cuales 67 son de categoría A, 45 de categoría B, 77 de categoría C y 3 de categoría D.

2. El presidente de la Oficina es Jean-Claude Combaldieu, antiguo presidente de la Oficina de Patentes francesa (INPI). El Sr. Combaldieu es el primer presidente de la Oficina y fue designado previa decisión del Consejo en 1994.

3. La Oficina fue establecida por el Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria ((DO L 11 de 14.1.1994. )). Su misión es tramitar las solicitudes de registro de marcas comunitarias y todos los actos subsiguientes relacionados con el mantenimiento o anulación de marcas comunitarias registradas.

La Oficina es una agencia comunitaria independiente dirigida por un Consejo de Administración compuesto por un representante de cada Estado miembro y uno de la Comisión. El representante de la Comisión es el director general adjunto de la DG XV (Mercado Interior y Servicios Financieros).

4. Conforme al artículo 137 del Reglamento no 40/94, cada año, antes del 31 de marzo, se presentan al Parlamento, al Tribunal de Cuentas y a la Comisión las cuentas de ingresos y gastos de la Oficina correspondientes al ejercicio financiero precedente. Con arreglo a esta misma disposición, dichas cuentas también son transmitidas al comité presupuestario de la Oficina, compuesto por representantes de los Estados miembros y la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-1295/97 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (11 de abril de 1997)

Asunto: Central energética comunitaria de Katowice

¿Puede confirmar la Comisión que se ha garantizado nueva financiación a la central energética comunitaria de Katowice, Polonia?

El proyecto es acogido muy favorablemente por el gobierno local y las industrias de Katowice. Los problemas de reestructuración afrontados por regiones como Katowice convierten en esenciales este tipo de esfuerzos de la Unión Europea, que deben ser apoyados y mantenidos.

¿Puede la Comisión aportar detalles sobre la financiación propuesta en la próxima dotación presupuestaria?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (2 de junio de 1997)

La central de Katowice, que se creó en virtud del programa Thermie y recibió a continuación (1996) ayuda del programa Synergy, está siendo transferida a la agencia nacional de reestructuración de la industria del carbón. Entretanto, el contrato Synergy que permitió ayudar al centro hasta finales de 1996 ha sido prorrogado hasta mediados de 1997 para facilitar dicha transferencia.

Se esperan nuevas actividades de cooperación en el marco del programa Synergy 1997. La decisión definitiva, que dependerá del resultado de los procedimientos previstos en el Reglamento (CE) no 701/97, por el que se aprueba un programa destinado a fomentar la cooperación internacional en el sector de la energía - programa Synergy ((DO L 104 de 22.4.1997. )), se espera en el segundo semestre de 1997.
PREGUNTA ESCRITA E-0685/97 de Friedhelm Frischenschlager (ELDR) a la Comisión (6 de marzo de 1997)

Asunto: Posibilidad de presentar mociones de censura contra miembros de la Comisión mediante una modificación del Tratado CE en el marco de la CIG

El informe final de la Comisión temporal de investigación sobre las alegaciones de infracción o de mala administración del derecho comunitario con respecto a la EEB, aprobado por amplia mayoría del Parlamento Europeo en sesión plenaria de Estrasburgo el miércoles 19 de febrero de 1997, en el capítulo de recomendaciones contenido en su parte A, pide, entre otras cosas, que la Comisión someta a la Conferencia Intergubernamental (CIG) propuestas de modificación del Tratado para permitir la presentación de mociones de censura contra miembros de la Comisión.

En el contexto de la supervisión crítica por la comisión de la aplicación de las medidas recomendadas por el Parlamento, quiero dirigir las siguientes preguntas al Sr. Comisario Franz Fischler (DG VI) en su calidad de Comisario competente en materia de la PAC:

¿Seguirá la Comisión la recomendación anteriormente citada del Parlamento Europeo?

En caso negativo, ¿por qué no?

En caso afirmativo, ¿qué pasos concretos ha emprendido la Comisión hasta ahora para garantizar la puesta en práctica de esta recomendación?

¿Cuáles son los elementos constitutivos de la propuesta de la Comisión?

¿Cuáles son a juicio de la Comisión las 10 cuestiones más importantes que se plantean en este contexto?

¿Con arreglo a qué modalidades cooperará la Comisión con el Parlamento Europeo en la puesta en práctica de esta recomendación?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (23 de mayo de 1997)

Su pregunta retoma, por su naturaleza, los elementos ya recogidos en su pregunta escrita no 684/97 ((Ver página 25. )).

Por lo que se refiere a la recomendación sobre la posibilidad de una moción de confianza individual, la Comisión tomó claramente posición en su Comunicación de 5 de marzo de 1997 acerca de su composición, organización y funcionamiento. Enviamos copia de dicha Comunicación a Su Señoría y al Secretario General del Parlamento.

La Comisión señala además que es y tiene que ser colectivamente responsable ante el Parlamento Europeo y que la moción de confianza individual debe ser suprimida en cuanto que socava el principio de colegialidad que caracteriza a la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-1776/97 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) a la Comisión (27 de mayo de 1997)

Asunto: Libro Verde sobre reducción del tiempo de trabajo

El comisario responsable de los temas sociales y del empleo, Sr. Flynn, ha presentado al Consejo de Ministros de Trabajo de la Unión el Libro Verde sobre «concertación para una nueva organización del trabajo», con el que la Comisión de la CE quiere responder a parte de las sugerencias que el Parlamento Europeo hiciera, a través de un informe del Sr. Rocard, en materia de reducción y redistribución del tiempo de trabajo.

¿Podría la Comisión especificar cuál va a ser el trámite institucional de este Libro Verde y con qué plazos se va a contar para plasmar en propuestas concretas el contenido de dicho documento?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (27 de junio de 1997)

El 16 de abril de 1997 la Comisión aprobó el Libro Verde «Cooperación para una nueva organización del trabajo» ((COM(97)128. )). Como se indicó durante el debate que tuvo lugar en el Parlamento el 17 de septiembre de 1996 sobre el informe del Sr.Rocard en relación al tiempo de trabajo, se elaboró en respuesta a la iniciativa del Parlamento, aunque, como se anticipó en aquella ocasión, ha servido para trasladar el debate a un contexto más amplio.

El Libro Verde ha tenido una amplia difusión. Se remitió formalmente al Parlamento y a otras instituciones comunitarias, así como a organizaciones de representación de los empresarios y los trabajadores a nivel europeo. El principal objetivo del documento es fomentar un debate a nivel europeo sobre nuevas formas de organización del trabajo. La Comisión espera con especial interés el debate en el Parlamento.

Como se indica en el Libro Verde, los comentarios deberán enviarse antes del 30 de noviembre de 1997. Sobre la base de estos comentarios, la Comisión decidirá las acciones que deben llevarse a cabo en el futuro.
PREGUNTA ESCRITA E-1238/97 de Sebastiano Musumeci (NI) al Consejo (8 de abril de 1997)

Asunto: Actos racistas contra ciudadanos italianos en Alemania

Comprobando con consternación que se han producido nuevos actos de violencia en Alemania, de clara inspiración xenófoba, en contra de ciudadanos italianos, el último de los cuales ha provocado la muerte del inmigrante sardo Antonio Melis, de 37 años, salvajemente asesinado en Caputh, en Brandemburgo;

Considerando la actitud de la magistratura y la policía local, que tienden a minimizar la gravedad de lo ocurrido, atenuando o negando el carácter racista de los hechos;

Considerando que dichos fenómenos de recrudecimiento delictivo contrastan de forma estridente con los reiterados principios de solidaridad y tolerancia en que se inspira la propia Unión Europea, principios enunciados muchas veces en programas comunitarios específicos y a los que los Estados miembros declaran atenerse sin reservas;

¿Puede decir el Consejo si tiene intención de actuar de forma enérgica y oportuna ante el Gobierno alemán para que éste proteja la dignidad y el derecho a la vida y al trabajo de los ciudadanos italianos que buscan en la Unión la realización de la tantas veces proclamada ciudadanía europea?

Respuesta (14 de julio de 1997)

1. El Consejo condena todos los actos de violencia como los mencionados en la pregunta escrita. Sin embargo, la represión judicial de los dichos actos es competencia de los Estados miembros.

2. El Consejo recuerda que todos los Estados miembros son parte en el Convenio Europeo sober la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y que garantizan el respeto de los derechos humanos en su territorio.

3. A fin de facilitar la cooperación para combatir el racismo y la xenofobia, el Consejo adoptó el 15 de julio de 1996 una acción común con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la acción para combatir el racismo y la xenofobia (DO L 185 de 24.7.1996, p. 5).

En dicha acción común, el Consejo pone de relieve que el derecho a la libertad de expresión implica deberes y responsabilidades, incluido el respeto por los derechos de los demás, como establece el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles de las Naciones Unidas, de 19 de diciembre de 1966.
PREGUNTA ESCRITA E-1369/97 de Abdelkader Mohamed Ali (GUE/NGL) a la Comisión (21 de abril de 1997)

Asunto: Supresión de las restituciones a la exportación en el sector de la leche y productos lácteos con destino a Ceuta y Melilla

El Reglamento (CE) no 756/96 ((DO L 103 de 26.4.1996, p. 13. )) no fija restituciones a la exportación de los productos del Código NC 406 con destino a Ceuta y Melilla. Dado el práctico carácter insular de estos territorios, existe un problema de encarecimiento de los productos que se dirigen a ella, circunstancia que se agrava en los productos de primera necesidad. Otros territorios con semejantes características cuentan con un régimen especial de abastecimientos para los productos básicos.

La no existencia de estas restituciones tiene efectos sobre el encarecimiento de estos productos básicos, y, por extensión, sobre la actividad del sector servicios. Esta situación es particularmente seria, habida cuenta de que el Producto Interior Bruto de Melilla es de los más bajos de la Unión Europea, y la tasa de desempleo de las más altas. Teniendo en cuenta estas circunstancias:

¿Piensa la Comisión establecer restituciones a la exportación para los productos del Código NC 406 con destino a Ceuta y Melilla?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (23 de mayo de 1997)

Se ruega a Su Señoría consulte la respuesta a la pregunta escrita E-2836/96 del Sr. Viola y otros ((DO C 91 de 20.3.1997. )) en la que la Comisión explicó detalladamente las restricciones derivadas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y señaló los medios de los que disponía para, por un lado, respetar los compromisos de este acuerdo y, por otro, salvaguardar al máximo las exportaciones comunitarias en el comercio internacional de productos lácteos. Además, se precisan los criterios que se han de tener en cuenta para una diferenciación y, en su caso, una supresión de las restituciones para determinados destinos.

Asimismo, cabe señalar que, habida cuenta de la importante reducción de las restituciones para los quesos realizada desde entonces, un restablecimiento provisional de las restituciones para Ceuta y Melilla casi no tendría una repercusión favorable en el encarecimiento de estos productos o en la actividad del sector servicios.

En estas condiciones, la Comisión no puede restablecer las restituciones para los productos pertenecientes al código NC 0406 destinados a Ceuta y Melilla.
PREGUNTA ESCRITA E-1674/97 de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión (20 de mayo de 1997)

Asunto: Línea C del metro de Roma

Ya he presentado dos preguntas sobre este tema, una en mayo de 1996 (E-1508/96 ((DO C 356 de 25.11.1996, p. 48. ))), y otra en marzo de 1997 (E-1271/97 ((DO C 373 de 9.12.1997. ))) para señalar el incumplimiento, por parte del municipio de Roma, de la normativa europea relativa a la evaluación del impacto medioambiental de las obras públicas en lo que se refiere a la construcción de la línea C del metro de Roma.

Pese a las enormes dificultades técnicas para finalizar las obras antes del año 2000, el municipio de Roma ha manifestado su intención de dar curso al proyecto definitivo presentado en su momento, incluido, entre otros, en el plan de las obras para Jubileo del año 2000, para cuya realización el Banco Europeo de Inversiones ya ha anunciado una subvención de 1.400 millones de liras.

1. ¿Podría la Comisión informar de si, con fecha de 4 de diciembre de 1996, envió al presidente del municipio de Roma alguna comunicación o solicitud sobre el tema en cuestión y, en caso afirmativo, podría dar a conocer el contenido?

2. ¿Es cierto que el municipio de Roma (o el CoTraL u otro organismo) a encargado a la empresa PRAGMA s.r.l., con sede en la via Salaria 290 en Roma, que realice sondeos de opinión y campañas de información sobre la línea C del metro de Roma?

3. Considerando que estos sondeos se han iniciado a finales de marzo de 1997, ¿no considera la Comisión que esta información contraviene el espíritu de la Directiva 85/337/CEE ((DO L 175 de 5.7.1985, p. 40. )) tal y como ha sido modificada por la Directiva 97/11/CE ((DO L 73 de 14.3.1997, p. 5. )), que prevé, entre otros aspectos, la participación de los ciudadanos en todo el proceso de toma de decisiones de la Administración?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (16 de junio de 1997)

En lo que se refiere a la transmisión de una carta a las autoridades italianas, cabe señalar que ésta forma parte de la instrucción de un expediente que, en su caso, podría desembocar en incoar, con arreglo al artículo 169 del Tratado CE, un procedimiento de incumplimiento contra Italia, por lo que dicha carta está amparada por el momento por el carácter confidencial.

No obstante, se informará a Su Señoría sobre el contenido de la respuesta de las autoridades italianas cuando ésta le sea transmitida a la Comisión.

En cuanto a la pregunta en relación con la sociedad PRAGMA, la Comisión no tiene conocimiento de los hechos expuestos por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-1061/97 de Jean-Claude Martinez (NI) a la Comisión (19 de marzo de 1997)

Asunto: Compra de tierras en Francia por agricultores belgas

Los agricultores belgas que compran tierras en Francia no pagan en concepto de las mismas ninguna cotización MSA ni cargas o impuestos de ninguna clase.

Para Francia, estos agricultores tienen su sede de explotación en Bélgica y, por lo tanto, deben pagar sus impuestos y cotizaciones en este país; para Bélgica, al estar las tierras situadas en Francia, éstas están supeditadas a la legislación francesa. Ante esta desigualdad manifiesta en lo referente a cargas públicas y la distorsión de la competencia que supone, ¿qué piensa hacer la Comisión para subsanar tal injusticia?

Una segunda consecuencia de esta situación es que los agricultores belgas pueden proponer traspasos muy elevados a los propietarios franceses para adquirir tierras a muy bajo precio, a sabiendas de que se van a beneficiar además de condiciones de explotación exorbitantes del Derecho comunitario.

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (10 de junio de 1997)

La situación fiscal de los agricultores belgas que explotan tierras en Francia al mismo tiempo que conservan su domicilio fiscal en Bélgica viene regulada por un acuerdo celebrado entre estos dos Estados miembros el 10 de marzo de 1964, modificado por una cláusula adicional de 15 de febrero de 1971. En aplicación de su artículo 3, las rentas procedentes de bienes inmobiliarios, incluídas las explotaciones agrícolas independientemente de su modo de explotación, se gravan exclusivamente en el Estado miembro donde dichas tierras están situadas. En consecuencia, estos agricultores belgas están sujetos al impuesto sobre la renta en Francia, en calidad de no residentes, en lo que se refiere a la renta que obtienen de las tierras que explotan en Francia. Debe entenderse que para todas las demás rentas están sujetos al impuesto en el Estado miembro de residencia, es decir, en Bélgica. En estas condiciones, la Comisión considera que los agricultores belgas que explotan tierras en Francia no gozan de condiciones fiscales exorbitantes.

No obstante, la Comisión se encuentra a disposición de Su Señoría para analizar casos concretos acerca de los cuales presente precisiones.
PREGUNTA ESCRITA E-1879/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (2 de junio de 1997)

Asunto: Evolución y futuro del diálogo social

En relación con la «Comunicación de la Comisión relativa al desarrollo del diálogo social a escala comunitaria» (COM(96)0448), la Comisión, considerando los importantes cambios políticos que deberá afrontar la Unión Europea, estima llegado el momento de iniciar una reflexión comprometida sobre las estructuras del diálogo social a escala comunitaria.

Dado que, en virtud del artículo 118B del Tratado, incumbe a la Comisión la obligación formal de procurar el desarrollo del diálogo social entre empresarios y trabajadores (los interlocutores sociales) a nivel europeo y que, en virtud del Acuerdo anejo al Protocolo sobre la política social aprobado conjuntamente con el Tratado de la Unión Europea (Acuerdo sobre la política social), se le encomienda la tarea de consultar a los interlocutores sociales a nivel comunitario y de adoptar las medidas necesarias para favorecer el diálogo entre éstos, con esta Comunicación se pretende determinar los medios y los instrumentos para reforzar el diálogo social, potenciar su flexibilidad y lograr una participación más estrecha de los interlocutores sociales en la concepción y aplicación de las opciones políticas de la Unión Europea, especialmente en el sector del empleo y el crecimiento económico.

Por lo que se refiere al diálogo en el marco del Protocolo sobre la política social y habida cuenta de que el plazo de seis semanas previsto por la Comisión para recibir las respuestas de los interlocutores sociales a sus preguntas es demasiado corto, ¿podría la Comisión ampliar dicho plazo a ocho o diez semanas?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (2 de julio de 1997)

La Comunicación de la Comisión relativa al desarrollo del diálogo social a escala comunitaria ((COM(96)448 final. )) abordó en detalle la cuestión del plazo concedido a los interlocutores sociales en las consultas organizadas en el marco del Acuerdo sobre la Política Social.

En dicha Comunicación, la Comisión sugiere que se prevea un plazo de consulta adaptable caso por caso, manteniendo el límite general de seis semanas, habida cuenta de la naturaleza y la complejidad del tema.

En efecto, no hay que olvidar que el objeto de la consulta es mejorar el proceso de toma de decisiones a escala comunitaria. Diversos elementos abogan en pro del mantenimiento de un plazo indicativo de seis semanas. Se trata, por una parte, de evitar que se retrase demasiado el proceso legislativo y, por otra, de tener en cuenta los deseos generalmente expresados por los interlocutores sociales.

Asimismo, la experiencia de consultas pasadas muestra que los interlocutores sociales han podido acomodarse al plazo de seis semanas. Por estos motivos, y habida cuenta de las contribuciones transmitidas por los interlocutores sociales en el marco de la consulta emprendida sobre la Comunicación relativa al desarrollo del diálogo social a escala comunitaria, la Comisión tiene la intención de mantener el mismo enfoque.
PREGUNTA ESCRITA E-2042/97 de Bill Miller (PSE) a la Comisión (13 de junio de 1997)

Asunto: Organizaciones benéficas

¿Piensa la Comisión establecer una legislación en la UE destinada a frenar las actividades de falsas organizaciones benéficas?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (16 de julio de 1997)

El tema planteado no es competencia de la Comunidad.