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PREGUNTA ESCRITA E-1066/98

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(6 de abril de 1998)

Asunto: Directiva Euratom 29/96

Considerando la preocupación de los ciudadanos de mi circunscripción: ¿qué informes se han recabado sobre el incremento de riesgos derivado de una disminución de los límites sobre residuos radiactivos? ¿Qué organismo se ha encargado de elaborar dichos informes?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(12 de mayo de 1998)

La Directiva 96/29/Euratom(1) establece las nuevas normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes. Dichas normas deberán incorporarse en las normativas nacionales antes de mayo del año 2000. Quedarán derogadas en esa fecha directivas anteriores, especialmente la Directiva 80/836/Euratom del Consejo, de 15 julio 1980, por la que se modifican las directivas que establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de la población y de los trabajadores contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes(2) y la Directiva 84/467/Euratom del Consejo, de 3 septiembre 1984, por la que se modifica la Directiva 80/836/Euratom en lo que se refiere a las normas básicas relativas a la protección sanitaria de la población y de los trabajadores contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes(3). La nueva Directiva refuerza considerablemente los requisitos en materia de declaración y autorización previa de prácticas, especialmente en lo que se refiere a la eliminación, al reciclado y a la reutilización de materiales que contengan sustancias radiactivas procedentes de cualquier práctica sujeta a estos requisitos.

El proyecto de propuesta de revisión de las normas básicas de seguridad presentado por la Comisión(4) se basó esencialmente en el dictamen emitido por el grupo de expertos designado por el Comité Científico y Técnico de la Comisión entre los expertos científicos, de conformidad con el artículo 31 del Tratado Euratom.

Las propuestas posteriores tuvieron en cuenta los dictámenes emitidos por el Comité Económico y Social el 25 febrero 1993 y por el Parlamento Europeo el 20 abril 1994. El Consejo adoptó el texto final el 13 mayo 1996(5).

(1) DO L 159 de 29.6.1996.

(2) DO L 246 de 17.9.1980.

(3) DO L 265 de 5.10.1984.

(4) SEC(92)1322 final.

(5) DO L 159 de 29.6.1996.
PREGUNTA ESCRITA P-0919/98

de Carlo Secchi (PPE) a la Comisión

(12 de marzo de 1998)

Asunto: Reclamación 97/4230/SG(97)A/4867 y subsiguiente requerimiento dirigido al Estado italiano por violación de la Directiva relativa a los contratos públicos en el caso de la empresa Infomont de Borgotaro

La prensa local ha informado del requerimiento dirigido al Estado italiano por el caso de la empresa Infomont, de Borgotaro (PR), al parecer adjudicataria de un contrato de servicios adjudicado sin que se cumplieran los procedimientos previstos en la Directiva 92/50(1).

¿Puede la Comisión informar sobre:

- los elementos esenciales del procedimiento de requerimiento, a la vista de la instrucción efectuada;

- la respuesta del Estado italiano a las solicitudes de la Comisión;

- las iniciativas que la Comisión tiene la intención de emprender para garantizar, en este caso específico, la aplicación de las directivas comunitarias pertinentes?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(6 de mayo de 1998)

En el caso concreto mencionado por Su Señoría, la Comisión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 169 del Tratado CE, ha instado al Gobierno italiano a presentar sus observaciones en relación con ciertas irregularidades observadas en la adjudicación, por parte de la comunità montana Valli del Taro e del Ceno, de los trabajos consistentes en la elaboración y realización de un proyecto para el sistema fiscal local. Las irregularidades observadas por la Comisión constituirán información confidencial mientras dure la instrucción en curso.

La Comisión aún no ha recibido las observaciones de las autoridades italianas. Por lo tanto, en este momento, todavía no puede hacer públicas las medidas que, en su caso, se verá obligada a adoptar.

(1) DO L 209 de 24.7.1992, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA E-1249/98

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(29 de abril de 1998)

Asunto: Costes de la inspección de la carne para los ganaderos

¿Podría indicar la Comisión si tiene previsto uniformizar el sistema de costes de la inspección de la carne, y que éstos corran a cargo de los gobiernos de todos los Estados miembros, o si la situación va a seguir variando de un pais a otro?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(27 de mayo de 1998)

La Comunidad dispone de normas referentes a la financiación de los costes ocasionados por las inspecciones y el control de la carne. Al respecto, es importante remitirse a la Directiva 85/73/CEE del Consejo, de 29 enero 1985, relativa a la financiación de las inspecciones y controles veterinarios contemplados en las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE y 91/496/CEE(1), y, en particular, al capítulo 1 de su Anexo A sobre las tasas aplicables a las carnes a que se refieren las Directivas 64/433/CEE, 71/118/CEE, 91/495/CEE y 92/45/CEE.

En términos generales, el régimen establecido prevé una tasa por un importe a tanto alzado que puede ser aumentado o disminuido para tener en cuenta los costes.

(1) DO L 162 de 1.7.1996.
PREGUNTA ESCRITA P-1333/98

de Lucio Manisco (GUE/NGL) a la Comisión

(24 de abril de 1998)

Asunto: Negociaciones de la Comisión sobre la ley Helms-Burton

En su respuesta a la pregunta anterior sobre el mismo tema (H-0108/98)(1), el Sr. Brittan no aclara si la Comisión ha decidido no tener en cuenta los plazos para interponer un recurso ante el panel de la OMC en lo relativo a las violaciones al Derecho internacional por parte de la ley estadounidense Helms-Burton.

Considerando que las empresas europeas se ven gravemente afectadas por los efectos de la ley Helms-Burton, que de hecho se aplica plenamente (aunque no de derecho), ¿no considera necesario el Sr. Brittan interponer inmediatamente un recurso ante el panel de la OMC, con objeto de poner fin a una táctica dilatoria que, en realidad, avala la extraterritorialidad de la legislación estadounidense?

Respuesta de Sir Leon Brittan en nombre de la Comisión

(18 de mayo de 1998)

La Comunidad y los Estados Unidos mantienen actualmente debates y negociaciones intensivas para alcanzar una solución negociada de las dificultades de la legislación Helms-Burton (Iran and Lybia Sanctions ACT, ILSA), según lo previsto en el acuerdo de 11 abril 1997.

De conformidad con este acuerdo, la Comunidad acordó suspender su reclamación ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la Ley Helms-Burton durante 12 meses, a cambio del compromiso de Estados Unidos de mantener la suspensión parcial del título III de la Ley Helms-Burton y de procurar alcanzar excepciones del título IV y de la legislación ILSA(2).

Pero si no se encuentra una solución conforme con el acuerdo, se mantiene el derecho a reanudar el recurso ante la OMC. El Consejo decidió en abril de 1997 que si se toman medidas contra ciudadanos comunitarios, o no se conceden las exenciones previstas en el acuerdo, "la Comisión pedirá que la OMC reinicie o restablezca el panel, que seguirá su curso normal". Esta posibilidad cubre asimismo la situación posterior a la suspensión del panel de la OMC.

(1) Debates del Parlamento Europeo (febrero de 1998).

(2) Ley de sanciones contra Irán y Libia.
PREGUNTA ESCRITA E-1188/98

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(29 de abril de 1998)

Asunto: Estudio sobre el ferrocarril regional noroccidental

¿Ha recibido la Comisión una copia de este estudio? ¿Sabe que se ha realizado sin consultar previamente a las autoridades locales competentes y que muchas de ellas piensan que ni la evaluación técnica ni la evaluación de costes y precios son correctas? ¿No está de acuerdo la Comisión en que sería un error basar cualquier posible decisión política en este estudio?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(10 de junio de 1998)

La Comisión puede confirmar que ha recibido un ejemplar del estudio de la North West Partnership.

La Comisión no ha sido informada todavía de la opinión de las autoridades locales, aunque ha observado que formaban parte del comité director del estudio representantes de numerosas autoridades locales y órganos regionales.

Aunque el estudio afecta básicamente a temas de competencia nacional y local, la Comisión lo examinará para tener presente cualquier incidencia que pudiera tener a nivel comunitario. Además, si Su Señoría o las autoridades locales a que se refiere desean remitir sus observaciones a la Comisión, también éstas se examinarán con el mayor interés.
PREGUNTA ESCRITA E-1703/98

de Carlos Robles Piquer (PPE) a la Comisión

(29 de mayo de 1998)

Asunto: Renovación del parque automovilístico comunitario

La estadística sobre los turismos comunitarios matriculados hace más de diez años alcanza todavía una cifra alarmante que supera el veinticinco por ciento de media del total de parques nacionales.

Además de los respetables intereses de la industria automovilística comunitaria, y centrándose ahora en otras consideraciones como son la seguridad vial y la calidad de vida que puede verse afectada, no cabe duda de que convendría incentivar la reducción del mencionado porcentaje que, en algunos países como Grecia, alcanza el 50,62 %, en Finlandia el 44,15 % y en España el 36,29 %.

¿Estima la Comisión que debería promover, mediante un programa concreto al efecto, nuevas acciones encaminadas a incentivar la adquisición de coches de nueva matriculación, lo que se traduciría en una reducción de la proporción de coches usados con más de diez años de antigüedad, en el aumento de la seguridad vial y más en general de la calidad de vida de los ciudadanos comunitarios?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(24 de junio de 1998)

La Comisión no tiene intención de proponer ninguna medida específica para reducir de forma sistemática el número de vehículos viejos en circulación. No obstante, la Comisión remite a Su Señoría a la Directiva 96/96/CE relativa a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques(1) que prevé la inspección periódica de los vehículos de motor en relación con una serie de requisitos mínimos en materia de seguridad y medio ambiente, especialmente por lo que respecta a los frenos, neumáticos, luces y emisiones.

Dicha Directiva exige la inspección de todos los vehículos, incluidos los coches viejos, que deben controlarse de forma periódica y, por consiguiente, fomenta la seguridad vial.

(1) DO L 46 de 17.2.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-0716/98

de Amedeo Amadeo (NI) y Salvatore Tatarella (NI) a la Comisión

(18 de marzo de 1998)

Asunto: Visión global de las políticas y las acciones en el campo de la energía

En relación con la Comunicación de la Comisión sobre la visión global de las políticas y las acciones en el campo de la energía (COM(97)0167), ¿podría la Comisión elaborar una política energética común, coherente y coordinada a escala de la Unión Europea, basada en la cooperación entre las políticas energéticas nacionales, sin perjuicio de las respectivas autonomías en la elección de las fuentes primarias de energía?

Cabe señalar que mientras en el Tratado de la Unión Europea no figure un título dedicado a la energía, existe el riesgo de que la política energética común se estructure sobre la base de otras muchas políticas comunitarias.

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión

(16 de abril de 1998)

Mediante su Comunicación de abril de 1997 sobre la visión global de las políticas y las acciones en el campo de la energía(1), la Comisión se comprometió a elaborar un cuadro completo de las acciones comunitarias en el sector de la energía que abarcase tanto las acciones desarrolladas en cooperación con los Estados miembros como las emprendidas a nivel comunitario, es decir, en el marco de la política energética propiamente dicha, a través de otras políticas comunitarias. Esta Comunicación, que constituye la primera etapa hacia un enfoque integrado que permita responder mejor a los retos estratégicos a los que debe hacer frente la Comunidad en el sector energético, destacaba que la eficacia de la actuación comunitaria se vería favorecida y aumentada con la introducción en el Tratado CE de una base jurídica específica que tuviera en cuenta todas las prioridades en materia de política energética.

Teniendo en cuenta que la conferencia intergubernamental de 1997 no adoptó tal disposición, la Comisión propuso un enfoque integrado mediante la aplicación de un programa marco plurianual en el sector de la energía(2) con el fin de concentrar las distintas acciones comunitarias en el campo de la energía y garantizar su eficacia y coherencia respecto a los tres objetivos prioritarios: la seguridad del suministro, la competitividad y la protección del medio ambiente. Por otra parte, la coherencia entre los componentes energéticos aplicados en el marco de distintas políticas comunitarias como la investigación, las relaciones exteriores o las políticas estructurales se verá facilitada con la creación, dentro de la Comisión, de una red integrada por los directores generales afectados.

(1) COM(97)167 final.

(2) COM(97)550 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1780/98

de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión

(11 de junio de 1998)

Asunto: Obstaculización por Turquía de la elección del Patriarca armenio de Constantinopla

El día 17 de mayo de 1998 fue fijado como fecha para celebrar la elección del Patriarca armenio de Constantinopla (Estambul), tras fallecer el Patriarca Karekin a comienzos del año. Sin embargo, las autoridades turcas prohibieron dicha elección, aplazándola por tiempo indefinido.

Dicha actuación contradice tanto las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas como el Tratado de Lausana, firmado por la propia Turquía, que prevé la no injerencia de las autoridades turcas en las actividades de la Iglesia armenia así como la protección de todas las minorías cristianas que habitan el territorio turco. Lo anterior no se ha cumplido nunca, por supuesto, sino que, por el contrario, la Turquía oficial ha procedido de forma metódica al exterminio de todos aquellos cristianos (griegos, armenios y otros) que se negaban a abandonar la tierra de sus antepasados.

¿Puede indicar la Comisión su postura oficial así como su modo de actuación en lo que concierne al presente asunto, que afecta del modo más obvio a la vulneración (por enésima vez) de los derechos religiosos de las minorías cristianas de Turquía, país que solicita de forma insistente su integración en la UE, pero continúa aplicando tácticas empleadas por Estados con regímenes totalitarios?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión

(16 de julio de 1998)

La Comisión concede especial importancia a la mejora de la situación de los derechos humanos y a la continuación del proceso de democratización en Turquía para el desarrollo de las relaciones entre la Unión y Turquía.

En el Consejo Europeo de Luxemburgo de diciembre de 1997 la Unión Europea reiteró que el fortalecimiento de los vínculos de Turquía con la Unión depende también de la continuación de las reformas políticas y económicas emprendidas por este Estado, y en particular del ajuste de sus normas y prácticas en materia de derechos humanos a las vigentes en la Unión. El Consejo añadió que dicho fortalecimiento depende asimismo del respeto de las minorías y de su protección. Este último punto vale también, por supuesto, para la minoría armenia, para la cual la elección de su Patriarca constituye un aspecto importante de su organización.

A pesar de la decisión de Ankara de suspender todo diálogo político con la Unión, la Comisión se propone seguir transmitiendo a sus interlocutores turcos el punto de vista de la Unión sobre estos asuntos.
PREGUNTA ESCRITA E-1093/98

de Susan Waddington (PSE) a la Comisión

(7 de abril de 1998)

Asunto: La igualdad entre hombres y mujeres y el mercado interior del gas y la electricidad

El Consejo ha adoptado una directiva sobre el mercado interior de la electricidad y una posición común sobre un proyecto de directiva sobre el mercado interior del gas. Existe la preocupación de que el mercado interior tenga consecuencias negativas para el empleo en estos sectores.

Datos de Eurostat y del informe de la Comisión sobre el empleo en Europa 1997, así como de la Unidad de análisis de la privatización de servicios públicos (Reino Unido) y de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos muestran que se ha producido una caída en el empleo en un promedio del 3-4 % anual en estos sectores en el período 1990-96. Cambridge Econometrics prevé una pérdida de 250.000 puestos de trabajo a medio y largo plazo. En esta situación de pérdida de empleo, las mujeres se ven más afectadas. El número de mujeres empleadas en el sector pasó del 19,6 % en 1993 al 18,6 % en 1995 (Eurostat).

¿Ha examinado la Comisión la forma en que el mercado interior del gas y la electricidad afectará al empleo, especialmente de la mujeres, en estos sectores? ¿Ha evaluado las implicaciones de este mercado interior sobre la base de su propia política, tal como se establece en el documento "Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias" (COM(96)67 final, 21.2.1996)? ¿Cómo se propone la Comisión enfrentarse a estas consecuencias negativas para las mujeres? ¿Se propone la Comisión consultar a los interlocutores sociales correspondientes sobre este asunto?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión

(5 de junio de 1998)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-341/98 de la Sra. van Dijk(1).

(1) Ver página 10.
PREGUNTA ESCRITA E-0711/98

de Amedeo Amadeo (NI) y Salvatore Tatarella (NI) a la Comisión

(18 de marzo de 1998)

Asunto: Legislación alimentaria - Salud del consumidor

En relación con los principios generales de la legislación alimentaria de la Unión Europea (Libro Verde de la Comisión) y con la salud del consumidor y seguridad alimentaria (Comunicación de la Comisión) (COM(97)0176 y COM(97)0183),

¿No considera la Comisión que sólo las cuestiones meramente técnicas se han de gestionar a través de los procedimientos de comité y que las cuestiones fundamentales han de seguir siendo objeto de decisión política?
PREGUNTA ESCRITA E-0477/98

de Richard Howitt (PSE) a la Comisión

(27 de febrero de 1998)

Asunto: Papel del desarrollo económico comunitario en los futuros programas de los Fondos estructurales

¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para fomentar el papel del desarrollo económico comunitario en los programas de los Fondos estructurales? ¿Qué papel desempeña en este contexto la elaboración de orientaciones -tal como se acordó en la reunión informal del Consejo celebrada en Irlanda el 14 y 15 de noviembre de 1996- y cuál es la evaluación inicial de la Comisión sobre las repercusiones de éstas al respecto? ¿Qué otras opciones estudia actualmente la Comisión para reforzar el papel del desarrollo económico comunitario en el próximo período de programación 2000-2006?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(22 de abril de 1998)

La "Estrategia europea de estímulo a las iniciativas locales de desarrollo y de empleo (ILDE)"(1), propuesta por la Comisión, está aplicándose progresivamente.

Para ponerla en marcha, en una reunión informal los ministros responsables de política regional y ordenación territorial recogieron ampliamente las orientaciones establecidas durante la Conferencia Europea sobre Desarrollo Local, organizada los días 11 y 12 de noviembre de 1996 por la Presidencia irlandesa. Dichas orientaciones insistían en la necesidad de enriquecer y aumentar la cooperación entre los responsables, concebir estrategias integradas e innovadoras de creación de empleo a escala local y apoyarse, para su realización, en organismos intermedios de actividad y coordinación. Una primera aplicación de esas orientaciones se llevó a cabo en los nuevos programas adoptados para las regiones en reconversión industrial (objetivo 2), principalmente en España, Francia, Italia y el Reino Unido. Los demás programas que fueron objeto de una revisión intermedia en 1997 también las han integrado en gran medida. Al seleccionar 89 pactos territoriales para el empleo, a propuesta de los Estados miembros y dentro de una amplia cooperación con el sector privado, la Comisión manifestó su deseo de concretar las citadas orientaciones mediante la puesta en práctica y la valorización de nuevos métodos de creación de empleo a escala local. En la mayoría de esos pactos se optó por una estrategia global que cubriera los servicios a las personas, el desarrollo cultural local o el medio ambiente.

Para el periodo de 2000-2006, el desarrollo del potencial endógeno debería continuar siendo un objetivo prioritario de intervención de los Fondos estructurales y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, cuyo ámbito de intervención podrá ampliarse a los servicios a las personas. Igualmente, la Comisión presenta propuesta destinadas al incremento de la cooperación.

(1) COM(95)273 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1119/98

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(8 de abril de 1998)

Asunto: Supresión de la cátedra de arqueología en la Universidad de Manheim

En la Universidad de Manheim del Estado Federado de Baden-Wünrttemberg (Alemania), está previsto suprimir por "razones económicas" cátedras dedicadas a los estudios clásicos. Dado el importante trabajo que realizan estas cátedras amenazadas de supresión de dicha Universidad en el desarrollo de los estudios e investigaciones de la cultura clásica y la importancia que concede la Unión Europea "al patrimonio cultural común", ¿puede indicar la Comisión si, en caso de que así lo solicitara la universidad, existen programas que pudieran facilitar ayudas a las cátedras afectadas para permitirles continuar con sus actividades?.

Respuesta de la Sra. Cresson en nombre de la Comisión

(25 de mayo de 1998)

Los fondos comunitarios destinados a reforzar la cooperación entre los sistemas educativos de los Estados miembros y a aportar una dimensión europea a la enseñanza de cualquier nivel son los previstos en el programa comunitario Sócrates.

La financiación de cátedras universitarias no figura entre las actividades que pueden recibir fondos de dicho programa.