PREGUNTA ESCRITA E-3600/00

de Luciano Caveri (ELDR) a la Comisión

(22 de noviembre de 2000)

Asunto: Concepto de de minimis

Parece que se está poniendo de manifiesto una creciente contradicción entre la financiación europea de la formación y la rigidez de algunas normas vinculadas al principio de la competencia que, en la actualidad, son un requisito para que las empresas logren dicha financiación. La regla de minimis, que establece un umbral de 100 000 euros en tres años para toda empresa que pretenda obtener estos fondos, lleva al extremo el concepto de formación como ventaja relevante únicamente para la empresa, ignorando los efectos en la colectividad y en el bagaje personal de cada trabajador, y de este modo parece que se alejan los objetivos del Fondo Social Europeo, incluidos los que benefician al mercado laboral.

¿Puede señalar la Comisión que medidas piensa adoptar para relativizar el concepto de de minimis, revisando de este modo algunas distorsiones del propio concepto de competencia y permitiendo un acceso más sencillo a los programas formativos?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(1 de febrero de 2001)

La mejora de la educación y la formación es uno de los objetivos políticos del Fondo Social Europeo. A la hora de financiar tales medidas, la Comisión y los Estados miembros están sujetos a las normas sobre ayudas estatales, cuyo objetivo es limitar el falseamiento de la competencia.

No obstante, por lo que se refiere a la educación y la formación, cabe señalar que numerosas medidas vinculadas a dichos ámbitos no constituyen ayudas estatales y, por lo tanto, los Estados miembros pueden aplicarlas libremente. Así ocurre con las medidas generales que benefician directamente a todas las personas y trabajadores y que no otorgan una ventaja a determinadas empresas o sectores. Algunos ejemplos de ello son: la educación escolar y la formación inicial (por ejemplo, los aprendizajes y los regímenes de formación alternada); los regímenes de cualificación o reciclaje de trabajadores en paro, incluidos los períodos de prácticas en las empresas; las medidas directamente concebidas para los trabajadores, que les brindan la oportunidad de recibir una formación ajena a la empresa o al sector en el que trabajan (por ejemplo, el sistema de learning account). Otras medidas no entran en el ámbito de las normas sobre las ayudas estatales dado que están abiertas a todas las empresas de todos los sectores sin discriminación y no otorgan un poder discrecional a las autoridades que aplican dichas medidas, por ejemplo, los regímenes generales de incentivos fiscales, tales como los créditos fiscales automáticos, a los que pueden optar todas las empresas que inviertan en la formación de sus empleados.

Respecto a las medidas de formación que constituyen ayudas estatales, la Comisión definió los criterios de evaluación en las Directrices sobre ayudas a la formación(1). Dichas Directrices confirman la política favorable de la Comisión hacia las medidas de formación y permiten la concesión de ayudas a la formación de hasta un 90 % de los costes subvencionables para la formación general. El 6 de diciembre de 2000, con vistas a simplificar los procedimientos de notificación de las ayudas estatales y facilitar la concesión de ayudas a la formación, la Comisión decidió adoptar un Reglamento de exención para las ayudas a la formación que recoge los criterios de evaluación contenidos en las Directrices sobre ayudas a la formación. Como consecuencia de ello, las medidas de ayudas a la formación que reúnan las condiciones establecidas en el Reglamento, el Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión de 12 de enero de 2001 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación(2), se podrán conceder en lo sucesivo sin que tengan que ser notificadas y autorizadas por la Comisión.

Por último, las medidas de formación que favorecen a determinadas empresas no constituyen ayudas estatales si se sitúan por debajo del umbral de minimis(3). El 6 de diciembre de 2000, la Comisión adoptó un Reglamento que codifica la norma de minimis. En dicho Reglamento, el Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión de 12 de enero de 2001 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis, la Comisión, a la luz de su experiencia, mantuvo el umbral de 100 000 durante un período de tres años. Con todo, el Reglamento de minimis se entiende sin perjuicio de que las empresas reciban, incluso para un mismo proyecto, ayudas estatales autorizadas por la Comisión o cubiertas por un Reglamento de exención por categorías.

Por tanto, la Comisión considera que las normas existentes reflejan de forma adecuada su actitud favorable hacia la educación y la formación.

(1) DO C 343 de 11.11.1998.

(2) DO L 10 de 13.1.2001.

(3) Véase la Comunicación de la Comisión, DO C 68 de 6.3.1996.