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PREGUNTA ESCRITA E-3861/98

de Clive Needle (PSE) a la Comisión

(4 de enero de 1999)

Asunto: Vehículos con licencia para el transporte de mercancías

¿Qué registros posee la Comisión del número de vehículos y de conductores con licencia para el transporte de mercancías en todos los Estados miembros? ¿Cuales son los totales, desglosados por Estado miembro, en todas las categorías pertinentes?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(11 de febrero de 1999)

La Comisión no lleva un registro del número de vehículos de transporte de mercancías autorizados ni del de conductores de ese tipo de vehículos en todos los Estados miembros. Las estadísticas de las que dispone la Comisión sobre el número de conductores de vehículos de transporte de mercancías son demasiado incompletas para ofrecer una visión general, pero se dispone de más documentación sobre el número de vehículos de transporte de mercancías autorizados de cada Estado miembro. En este cuadro, realizado con datos obtenidos de trabajos del Cuarto Programa Marco, se distingue entre vehículos industriales ligeros (peso máximo autorizado de 3,5 toneladas) y vehículos industriales pesados (peso máximo autorizado igual o superior a 3,5 toneladas).

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PREGUNTA ESCRITA E-2912/98

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(2 de octubre de 1998)

Asunto: La nueva imagen de Merseyside

En relación con la adopción de una nueva serie de medidas del Objetivo 1 en favor de Merseyside, ¿comparte la Comisión la opinión de que es preciso abordar convenientemente el problema de la imagen de Merseyside?

¿Estaría dispuesta a poner de relieve que, contrariamente a la impresión tradicional:

- Merseyside tiene el menor índice criminal de todos los condados metropolitanos británicos, en concreto el menor índice de robos domiciliarios, de delincuencia de vehículos y uno de los índices más bajos de crímenes violentos;

- la productividad por trabajador de Merseyside supera en un 12 % a la media nacional del Reino Unido;

- entre 1996 y 1997, el desempleo se redujo en un 21,6 %;

- el número de personas con cualificaciones profesionales del nivel 3 de la escala NVQ supera en un 10 % la media del Reino Unido;

- el 29 % del PIB de Merseyside procede de los sectores científicos y tecnológicos, lo que representa el porcentaje más alto del Reino Unido;

- el índice de creación de empresas de Merseyside es, junto al de Londres, el más alto del Reino Unido;

- Liverpool es la ciudad europea con el mayor número de empresas comerciales que se anuncian en Internet;

- Liverpool es la ciudad más avanzada del Reino Unido en lo que se refiere a la televisión por cable;

- el puerto de Liverpool está registrando el mayor número de toneladas de carga y descarga de su historia;

- Merseyside tiene el menor índice de accidentes mortales en carretera del Reino Unido (que tiene a su vez el menor índice de todos los países de la UE);

- la contaminación del río Mersey ha bajado un 80 % en los últimos 25 años?

¿Tiene la Comisión la intención de contribuir a la publicidad de estos extremos?
PREGUNTA ESCRITA E-3568/98

de Gary Titley (PSE) a la Comisión

(1 de diciembre de 1998)

Asunto: Supuesta interferencia, por parte de las autoridades turcas, de las emisiones de la cadena de televisión MED.

La última vez que se preguntó sobre este asunto, la Comisión afirmó que se necesitaban pruebas concretas antes de presentar protestas ante las autoridades turcas sobre la supuesta interferencia de las emisiones de la cadena de televisión MED TV.

Puesto que estos problemas afectan a la cadena de televisión británica MED TV, que no dispone de los fondos necesarios para conseguir pruebas concretas sobre el origen de esta interferencia, ¿tiene la Comisión la intención de investigar por su cuenta este asunto?

Respuesta del Sr. van den Broek en nombre de la Comisión

(15 de enero de 1999)

La Comisión desearía informar a Su Señoría que no entra dentro del ámbito de las relaciones con Turquía, tal como actualmente existen en el marco de los acuerdos de asociación y unión aduanera, realizar el tipo de investigación que se sugiere.
PREGUNTA ESCRITA E-2643/98

de John McCartin (PPE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Ayudas para luchar contra el hambre en el Sudán

¿Podría indicar la Comisión las medidas que se han adoptado para socorrer a las víctimas del hambre en el Sudán meridional y si los recursos presupuestarios disponibles han sido un factor limitador para las actividades de ayuda de la UE?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión

(17 de septiembre de 1998)

El importe de las nuevas decisiones adoptadas por la Comisión en 1998 sobre la ayuda humanitaria a Sudán asciende hasta ahora a 54,8 millones de ecus.

Esta suma incluye:

- 11,8 millones de ecus (marzo): canalizados al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), al Comité Internacional de la Cruz Roja y a diversas organizaciones no gubernamentales (ONG);

- 33 millones de ecus (julio): contribución de la Unidad de ayuda y seguridad alimentaria al Programa Mundial de Alimentos (PMA);

- 10 millones de ecus (agosto): canalizados al UNICEF, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a diversas ONG.

Otras contribuciones confirmadas de la Comisión que deben consignarse en 1998 son: 6,7 millones de ecus al PMA, decisión adoptada a finales de 1997 pero ejecutada en los primeros meses de este año, y el coste anual de las operaciones de la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO), que asciende aproximadamente a 2,5 millones de ecus al año.

Se está estudiando otra contribución de 10 millones de ecus al PMA.

Todas estas contribuciones convierten a la Comisión en uno de los dos donantes más importantes de ayuda humanitaria a Sudán, junto con Estados Unidos.

La disponibilidad de recursos presupuestarios constituyó en su momento un motivo de preocupación en relación con la ayuda canalizada a través de la Comisión. Pero ello no impidió que se hiciera una contribución considerable al PMA a través de la Unidad de ayuda y seguridad alimentaria de la Comisión. Puesto que el Segundo Protocolo Financiero del Cuarto Convenio de Lomé ha entrado en vigor, se dispone de los suficientes recursos presupuestarios para proporcionar un mayor nivel de ayuda.
PREGUNTA ESCRITA E-3787/98

de Anita Pollack (PSE) a la Comisión

(11 de diciembre de 1998)

Asunto: Transporte de material radiactivo por vía aérea

¿Puede proporcionar la Comisión una lista de todas las empresas de la UE con licencia para transportar material radiactivo por vía aérea?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-3786/98 y E-3787/98 dada por el Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(16 de febrero de 1999)

El transporte de material radiactivo está regulado de acuerdo con la normativa del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), puesta en práctica para el transporte aéreo mediante los requisitos técnicos adoptados en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y aplicada por todos los Estados miembros. Dichos requisitos son de aplicación para los vuelos de carga y para los de pasajeros. Toda compañía aérea autorizada al transporte de carga puede transportar dicho material siempre que cumpla los requisitos mencionados (especialmente, en cuanto al diseño y a la resistencia de los envases).

Puesto que la Comisión considera que la aplicación de estos requisitos ofrece las garantías necesarias para el transporte seguro de dichos materiales, no se ha hecho ninguna propuesta de legislación comunitaria en este ámbito.

Este tema, como otros temas relacionados con la seguridad, está sujeto, evidentemente, a revisiones continuas. Las autoridades responsables deben responder ante cualquier cambio de circunstancias que modifiquen los actuales niveles de seguridad.
PREGUNTA ESCRITA E-3199/98

de Honório Novo (GUE/NGL) a la Comisión

(27 de octubre de 1998)

Asunto: Cuestionario enviado al sector pesquero

Es sabido que la Comisión decidió hace algunos meses enviar un cuestionario a varias organizaciones sindicales y empresariales del sector pesquero de la Unión Europea.

1. ¿Puede informar la Comisión de qué organizaciones se trata en cada Estado miembro y cuántas han enviado una respuesta?

2. ¿Puede comunicar el nombre de las organizaciones a las que se envió el cuestionario en Portugal y cuántas de ellas respondieron?

3. ¿Hay organizaciones en Portugal que, a pesar de no haber recibido el cuestionario, enviaron sus opiniones? En caso afirmativo, ¿cuántas y cuáles?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión

(13 de noviembre de 1998)

La Comisión envió en marzo de 1998 un total de 347 cuestionarios sobre la "Política Pesquera Común después del 2002" a organizaciones de pescadores, al sector que se ocupa de la transformación y comercialización, de la acuicultura, de la investigación científica, a los sindicatos de trabajadores, a las asociaciones de consumidores y a las organizaciones defensoras del medio ambiente. La lista de estos organismos se acordó con cada Estado miembro. La Comisión ha recibido 172 respuestas.

Se consultó a 39 organizaciones portuguesas, de las cuales sólo dos enviaron una respuesta. La Comisión también recibió las observaciones de una organización no se había consultado directamente.
PREGUNTA ESCRITA E-3990/98

de Frank Vanhecke (NI) a la Comisión

(4 de enero de 1999)

Asunto: Participación de ciudadanos europeos en las elecciones al Parlamento Europeo en Estados miembros cuya nacionalidad no poseen

En respuesta a mi pregunta escrita E-3595/96(1) dirigida a la Comisión, el Sr. Monti, miembro de la Comisión, me comunicó que la recogida de los datos solicitados (cf. mi pregunta escrita E-3314/95)(2) seguía en marcha en los Estados miembros. Además, la tarea se había ampliado para incluir en el informe al Parlamento y al Consejo los datos relativos a las primeras elecciones al Parlamento Europeo en Suecia, Austria y Finlandia.

Entretanto, ¿dispone la Comisión de las cifras solicitadas, desglosadas por nacionalidad y por Estado miembro?

¿Qué porcentaje de los interesados hizo uso en definitiva de este derecho de voto?

¿Se ha presentado ya el informe al Parlamento y al Consejo? Y en caso afirmativo, ¿dónde se ha publicado?

Respuesta de M. Monti en nombre de la Comisión

(5 de febrero de 1999)

Todas las informaciones de que dispone la Comisión se han publicado en el Informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva 93/109/CE de 7 de enero de 1998(3).

(1) DO C 217 de 17.7.1997, p. 28.

(2) DO C 91 de 27.3.1996, p. 58.

(3) COM(97)731 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3768/98

de Susan Waddington (PSE) a la Comisión

(11 de diciembre de 1998)

Asunto: Trato dado a los ciudadanos en los controles fronterizos

¿Qué medidas tomará la Unión para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información en su propio idioma cuando son interrrogados por la policía de los Estados miembros en el curso de controles de identidad y otros controles en las fronteras?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-3766/98, E-3767/98 y E-3768/98 dada por el Sr. Monti en nombre de la Comisión

(8 de febrero de 1999)

Tratándose de minorías étnicas y especialmente del riesgo de controles por motivos de racismo, es conveniente recordar que el Consejo Europeo de Viena, celebrado los días 11 y 12 de diciembre de 1998, ha recalcado la necesidad de luchar contra cualquier forma de racismo, tanto en la Unión Europea como en los países terceros. El Consejo Europeo ha instado a la Comisión a elaborar antes de su próxima reunión en Colonia propuestas destinadas a luchar contra el racismo en los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea y a los Estados miembros a considerar la adopción de medidas similares dentro de la misma Unión. En este contexto, la Comisión reflexionará sobre posibles medidas de formación del personal con el objeto de prevenir actos de racismo durante los controles en las fronteras.

Por último, la Comisión reconoce que el desconocimiento de idiomas extranjeros por parte de los agentes encargados de los controles en las fronteras o de los ciudadanos que ejercen su derecho a la libre circulación puede causar problemas durante los controles fronterizos. Sin embargo, la Comisión no ha sido informada de problemas prácticos significativos al respecto, por lo que no piensa tomar iniciativas en la materia por el momento.
PREGUNTA ESCRITA E-3228/98

de Karin Riis-Jørgensen (ELDR) a la Comisión

(26 de octubre de 1998)

Asunto: Derecho fiscal aplicado a las pensiones de jubilación

Con respecto al derecho fiscal aplicado a las pensiones de jubilación, ¿puede explicar la Comisión su posición acerca del país al que se ha de pagar el impuesto sobre la pensión? ¿Hay que abonarlo al país que paga la pensión o al país de residencia?

Sirva como ejemplo la información de que Dinamarca ha derogado su acuerdo en materia de doble imposición con Portugal, lo que supone que los jubilados daneses que residen en Portugal deben pagar en Dinamarca los impuestos sobre sus pensiones danesas, mientras que los jubilados daneses que residen en España siguen pagando los impuestos sobre su pensión danesa en España.

¿Considera la Comisión que es razonable que un país trate a sus residentes extranjeros de manera distinta en lo que respecta al derecho fiscal aplicado a sus pensiones?

¿Existen ya directrices en el ámbito del derecho fiscal aplicado a las pensiones de jubilación de personas residentes en el extranjero? En caso de que existan normas en este ámbito que tengan en cuenta el problema mencionado, ¿de qué normas se trata?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(3 de febrero de 1999)

No hay ninguna legislación comunitaria sobre el derecho a gravar las pensiones de jubilación. La mayor parte de los tratados fiscales bilaterales sin embargo incluyen tales disposiciones, que siguen a menudo las líneas del artículo 18 del Convenio sobre capitales y rentas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que atribuye al país de residencia el derecho a gravar. Si no existe ningún tratado bilateral, ambos países tienen, en principio, el derecho de gravar y corresponde a su legislación nacional asegurarse de que se evitan los dobles impuestos.

Si se diera una situación efectiva de doble imposición, debería examinarse la compatibilidad de tales dobles impuestos con las libertades básicas garantizadas por el Tratado CE. Sin embargo, a falta armonización o coordinación de las normas comunitarias, el simple hecho de que los pensionistas que se han trasladado a otros Estados miembros estén sujetos a una normativa fiscal distinta no constituye una violación del Tratado.

La Comisión recuerda a Su Señoría que está trabajando para eliminar esos obstáculos a la libre circulación de trabajadores y a la prestación libre de los servicios financieros que se derivan del tratamiento complejo y diverso de los impuestos aplicados en la Comunidad a las pensiones de jubilación suplementarias y a los seguros de vida y de la insuficiente coordinación de las políticas fiscales en este campo.
PREGUNTA ESCRITA E-3326/98

de Philippe Monfils (ELDR) a la Comisión

(10 de noviembre de 1998)

Asunto: Irregularidad cometida en la concesión de una licencia para la construcción de una incineradora en Drogenbos (Bélgica)

El pasado mes de marzo, el autor de esta pregunta preguntó a la Comisión (pregunta H-0329/98(1)) si acaso no convenía proceder a una investigación sobre el respeto de la normativa europea por parte de la diputación permanente del Brabante flamenco en el marco de su procedimiento de concesión del permiso medioambiental relativo a la construcción de una incineradora de residuos en Drogenbos y, en su caso, proceder a una acción por incumplimiento contra el Estado belga (región flamenca) si las autoridades se negaran a respetar el Derecho europeo.

La Comisión contestó que se había presentado una queja con el mismo objeto y que, si la instrucción confirmaba la existencia de una infracción al Derecho comunitario en materia de medio ambiente, podría decidir entonces si convenía incoar el procedimiento de infracción previsto en el artículo 169 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Han transcurrido ahora más de seis meses. ¿Podría señalar la Comisión si la instrucción ha confirmado o no la existencia de una infracción? En caso de haberse confirmado la infracción, ¿se ha tomado la decisión de incoar el procedimiento de infracción? En su caso, ¿qué razones han motivado dicha decisión?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(6 de enero de 1999)

La Comisión procede en la actualidad a la instrucción de diversas denuncias en relación con la incineradora mencionada por Su Señoría.

En respuesta a una solicitud de información enviada por la Comisión a las autoridades belgas, éstas le transmitieron una serie de observaciones que están estudiándose en estos momentos.

En el caso de que la respuesta de las autoridades belgas sea juzgada insuficiente, la Comisión no omitirá instruir un expediente en el marco del procedimiento previsto en el artículo 169 del Tratado CE.

(1) Debates del Parlamento Europeo (marzo de 1998).
PREGUNTA ESCRITA P-3836/98

de Eva Kjer Hansen (ELDR) a la Comisión

(7 de diciembre de 1998)

Asunto: Creación de una oficina de investigación del fraude interno y externo

¿Puede ofrecer la Comisión una justificación jurídica del modo en el que la creación de una oficina de investigación del fraude interno y externo, totalmente independiente y carente de relación alguna con la Comisión (según indica el Sr. Santer durante el debate sobre el informe Bösch en la sesión plenaria del 6.10.98), puede basarse en el Tratado, tanto en lo que se refiere al Tratado de Maastricht como al Tratado de Amsterdam, o indicar en qué medida la creación de esta oficina requerirá una modificación del Tratado?

¿Puede explicar la Comisión asimismo de qué manera una propuesta como ésta es compatible con las obligaciones que tendrá la Comisión en virtud del artículo 280 del Tratado de Amsterdam teniendo en cuenta el debate que tiene lugar en varios países sobre el alcance de una ratificación del mencionado artículo?

Por último, ¿puede la Comisión ofrecer una explicación jurídica de la utilización del llamado "apartado-comodín", el artículo 235 del actual Tratado, como posible fundamento jurídico para la creación de la mencionada oficina, tanto en relación con el nuevo artículo 280 del Tratado de Amsterdam como en relación con los reparos que muestran varios Estados miembros con respecto al uso del "apartado-comodín"?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión

(2 de febrero de 1999)

Se desprende de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia(1) que la elección de la base jurídica de un acto debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional. Entre tales elementos figuran, en particular, el objetivo y el contenido del acto. El 1 de diciembre de 1998, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento por el que se crea una Oficina Europea de Investigación del Fraude(2). Habida cuenta del objetivo y el contenido de esta propuesta, se basa en el artículo 235 del Tratado CE y en el artículo 203 del Tratado EURATOM, debido a que la Comisión considera que en el estado actual del Derecho comunitario los Tratados no contienen una base jurídica específica que permita fundar tal Reglamento.

La Comisión indicó en la exposición motivos de la propuesta (apartado 16) que considera que el Tratado de Amsterdam creó tal base específica. En efecto, el (nuevo) artículo 280 del Tratado CE establece que la Comunidad puede adoptar mediante el procedimiento de codecisión "las medidas necesarias en los ámbitos de la prevención y lucha contra el fraude que afecte a los intereses financieros de la Comunidad". La Comisión anunció que modificará la propuesta a partir de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam para fundarla sobre esta nueva disposición. Como esta propuesta de Reglamento es actualmente objeto de una consulta al Parlamento, en este marco se proporcionarán explicaciones más detalladas sobre la elección de la base jurídica.

(1) Sentencia de 13 de mayo de 1997, C-233/94, Alemania/ Parlamento y Consejo, Rec. 1997, p. I-2405, apartado 12.

(2) COM(98)717 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3571/98

de Jan Andersson (PSE) a la Comisión

(1 de diciembre de 1998)

Asunto: Ayudas de la UE a los criadores de perros de carreras (galgos)

Varios artículos de prensa han atraído la atención sobre el trato cruel que sufren, por ejemplo, los galgos y existen informaciones que sugieren que los perros que ya no se consideran válidos para las carreras son objeto de considerables crueldades. Según tengo entendido, los criadores de perros de carreras pueden recibir ayudas de la UE a través de subvenciones agrícolas.

¿Es consciente la Comisión de las informaciones relativas a las crueldades que se cometen contra los perros de carreras y qué conclusiones extrae la Comisión de esas informaciones con respecto a la posibilidad de conceder ayudas de la UE a los criadores de este tipo de perros en el futuro?

Respuesta del Sr Fischler en nombre de la Comisión

(15 de enero de 1999)

La Comisión tiene constancia de la existencia de una serie de artículos de prensa en los que se hace referencia a los supuestos malos tratos que sufren los galgos que se utilizan en carreras de perros.

En la actualidad no existe ninguna ayuda comunitaria para los criadores de galgos de carreras de la Comunidad.
PREGUNTA ESCRITA E-4054/98

de Ana Miranda de Lage (PSE) a la Comisión

(13 de enero de 1999)

Asunto: Pagos de contratos en el marco del programa AL-Invest

En la actualidad existen 26 contratos firmados durante los años 1995 y 1996 en el marco del programa AL-Invest, y que fueron ejecutados en esos mismos años, cuyo pago por parte de la Comisión está todavía pendiente. La cuantía total se estima aproximadamente en 200.000 ecus. ¿Podría la Comisión explicar los retrasos en los pagos relativos a esos proyectos ejecutados por las COOPECOS europeas y los EUROCENTROS en América Latina en el marco del programa AL-Invest?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión

(23 de febrero de 1999)

Ya se han tramitado prácticamente todos los expedientes de 1995 y de 1996 cuyos justificantes se ajustaban al contrato, y se han pagado las facturas.

Para los contratos AL-INVEST 1995 y 1996 con pagos pendientes todavía ya se están subsanando los retrasos, tanto para los que están en curso de instrucción final, como para los que están a la espera de justificantes vueltos a reclamar, indispensables para poder efectuar las órdenes de pago debidamente documentadas. Los retrasos, en efecto, son debidos a informes técnicos o financieros incompletos o incorrectos presentados por los Eurocentros y las Coopecos, que la Comisión no ha podido tratar con la celeridad necesaria.

En efecto, desde principios de 1997 hasta abril de 1998, no ha habido Secretaría técnica, indispensable para el examen técnico previo. Durante ese tiempo, y debido a la falta de personal, solamente se han podido mantener las actividades operativas. La selección de expertos que se hizo en los procedimientos completos de concurso con el fin de garantizar la transparencia requerida permitió que, desde abril de 1998, la nueva Secretaría técnica haya podido empezar a solucionar los retrasos de pago pidiendo los justificantes que faltan, para asegurarse de la conformidad de los contratos. Los socios están respondiendo. La gestión financiera de los pagos establecida en septiembre de 1998 está funcionando, de modo que los retrasos se están subsanando y los socios vuelven a ser asistidos y supervisados, con lo que se garantiza la fluidez y la eficacia del programa, al que todo el mundo reconoce una gran utilidad.
PREGUNTA ESCRITA E-3949/98

de Johanna Maij-Weggen (PPE) a la Comisión

(4 de enero de 1999)

Asunto: Tipos del IVA para los veterinarios

¿Puede indicar la Comisión qué tipo del IVA se aplica a la actividad profesional de los veterinarios en cada uno de los Estados miembros?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(12 de febrero de 1999)

Tipos del IVA aplicados a los servicios veterinarios a 1 de enero de 1999

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