ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/525

(2004/C 78 E/0546)

PREGUNTA ESCRITA E-3341/03

de Adriana Poli Bortone (UEN) a la Comisión

(12 de noviembre de 2003)

Asunto: Albania

¿Puede hacer saber la Comisión si los observadores de las recientes elecciones celebradas en Albania han señalado anomalías dignas de destacar?:

— ¿Se corrigieron oportunamente, como consecuencia de los numerosos recursos interpuestos, las nuevas listas electorales, para garantizar una convocatoria electoral transparente y con participación?

— ¿Se respetó correctamente el procedimiento de reconstitución de la Junta Electoral Central?

— ¿Se respetaron los derechos de la oposición?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(23 de diciembre de 2003)

Se observaron deficiencias significativas durante las últimas elecciones municipales en Albania, sobre todo durante el período poselectoral y la publicación de los resultados. La repetición de las elecciones en la región de Himara el 16 de noviembre fue una muestra de que a Albania aún le queda mucho por hacer para llegar a un nivel electoral normal. A principios de diciembre, el Tribunal Electoral albanés exigió la repetición de las elecciones en 118 colegios electorales de Tirana (el 30 % de todos los colegios electorales de la capital). Dicha repetición se realizará el 28 de diciembre.

Un tema central observado durante las elecciones fue el de las listas electorales. A petición de los partidos de la oposición, la Comisión Electoral Central (CEC) realizó modificaciones de último minuto de las listas. No obstante, tales modificaciones no fueron suficientes para garantizar una exactitud satisfactoria de las listas. Además, los cambios se hicieron demasiado tarde, y no se informó adecuadamente a los votantes; ello dio lugar a un cierto grado de confusión el día de las elecciones.

La reorganización de la CEC en el período previo a las elecciones fue controvertida. Aunque pareció que, en general, la CEC había adoptado posturas equilibradas durante las elecciones, la reciente decisión del Tribunal Electoral sobre las elecciones en Tirana arroja sombras sobre el funcionamiento de la CEC.

Se han hecho esfuerzos para respetar los derechos de la oposición, y se han utilizado procedimientos de apelación. Buenos ejemplos de ello son la exigencia de repetición de las elecciones en Tirana y la decisión de la CEC de cambiar los resultados de Himara debido a las graves manipulaciones observadas. Sin embargo, está claro que todos los agentes políticos de Albania deben demostrar una mayor voluntad, determinación y compromiso para garantizar que se lleven a buen término las elecciones democráticas en el país.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/240

(2004/C 78 E/0243)

PREGUNTA ESCRITA E-3219/03

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(31 de octubre de 2003)

Asunto: Reconocimiento de reglamentos para la prevención de incendios en la Unión Europea

Parece reinar una confusión en cuanto al reconocimiento de las diferentes marcas de normalización en los países de la Unión Europea en lo que respecta a la ignifugación de textiles.

¿Podría confirmar la Comisión que el número normalizado británico BS5867 PART 2B para la ignifugación de textiles corresponde al número normalizado francés M1?

¿Es admisible legalmente la marca de normalización británica en Francia?

¿Podría la Comisión proporcionar datos acerca de la legislación de la Unión Europea a este respecto?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(10 de diciembre de 2003)

Actualmente no existe ninguna legislación comunitaria que armonice las normas para la ignifugación de textiles. En consecuencia, los Estados miembros pueden adoptar sus propias normas. No obstante, la libre circulación de textiles entre los Estados miembros queda garantizada en gran medida por el principio de reconocimiento mutuo, derivado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, en particular con arreglo a los artículos 28 y siguientes del Tratado CE.

Este principio obliga al Estado miembro a permitir la comercialización en su territorio de un producto fabricado o vendido legalmente en otro Estado miembro a menos que pueda demostrar que el producto no alcanza un nivel de protección de un interés público legítimo equivalente al garantizado por sus propias disposiciones legislativas o administrativas.

Por consiguiente, si las autoridades francesas deciden impedir la comercialización en Francia de productos que cumplen la norma británica, deberán justificar este rechazo demostrando que los productos no presentan una protección suficiente para el consumidor.

La falta de una justificación adecuada podrá suponer una infracción del Tratado CE, a tenor de lo que disponga el Tribunal de Justicia.
—

2001/010-327: título: «Making the financial markets work for development» («Cómo hacer que los mercados financieros contribuyan al desarrollo») (en consorcio con Informationsstelle Lateinamerika e.V). — Duración: 36 meses; concluirá el 31 de diciembre de 2003. — Aportación comunitaria: 594 998 euros, a saber, un 75 % del coste total. — Coste total: 793 331 euros.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/234

(2004/C 78 E/0236)

PREGUNTA ESCRITA E-3169/03

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(27 de octubre de 2003)

Asunto: Prohibición de los perros de pelea

Mis anteriores preguntas sobre la prohibición de los perros de pelea no han surtido demasiado efecto. Algunos Estados miembros como Italia o Austria han adoptado medidas contra perros violentos o agresivos introduciendo la obligación a ponerles bozal en edificios y lugares públicos, como paradas de transporte público o parques, y creando escuelas de cachorros para el adiestramiento de estos perros, pero, desgraciadamente, estas medidas no han sido suficientes. En los últimos días hemos sido de nuevo confrontados con terribles noticias sobre niños y adultos atacados por perros Pittbull. La adopción por determinados países y/o regiones de medidas cautelares contra ciertas razas caninas no garantiza una protección suficiente; lo que necesitamos es una Directiva que prohiba a escala europea la tenencia de perros de pelea.

¿Cuántas personas deberán aún morir o sufrir mutilaciones, a juicio de la Comisión?

¿Cuánto tiempo habremos de esperar todavía hasta que la Unión adopte alguna medida?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(16 de diciembre de 2003)

Las acciones de la Comunidad en el ámbito de la protección de la salud humana tienen como fundamento jurídico el artículo 152 del Tratado CE. En su primer apartado, se establece que, en caso de que una acción de la Comunidad complemente las políticas nacionales, se aplicará el principio de subsidiariedad. Este principio, recogido en el artículo 5 del Tratado CE, establece que, en los ámbitos que no sean de la competencia exclusiva de la Comunidad, ésta intervendrá sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida puedan lograrse mejor a nivel comunitario.

En el asunto que plantea Su Señoría, la Comisión no dispone de ninguna base científica suficientemente sólida y definitiva para proceder por sí misma a la elaboración de una propuesta de legislación europea sobre este asunto, sustituyendo a los Estados miembros en este cometido.

Incumbe a los Estados miembros adoptar las medidas necesarias a nivel nacional para evitar este tipo de accidentes.
—

En cambio, el reconocimiento con fines profesionales tiene por objetivo permitir a su beneficiario ejercer una profesión regulada en un Estado miembro diferente de aquél en el que ha adquirido sus cualificaciones profesionales. Este tipo de reconocimiento se rige por la legislación comunitaria y, concretamente en lo relativo a la profesión de ingeniero, por la Directiva 89/48/CEE. Con arreglo a dicha Directiva, en principio las autoridades del Estado miembro de acogida no pueden negar a un profesional que no posea la titulación nacional exigida en dicho Estado el acceso a una determinada profesión en su territorio y su ejercicio, siempre que posea el título prescrito en su Estado miembro de procedencia para acceder a dicha profesión o que le prepara para ejercerla. No obstante, si existen diferencias sustanciales entre la formación del solicitante y la requerida en el Estado miembro de acogida, este último puede exigir al solicitante que realice unas prácticas de adaptación o se someta a una prueba de aptitud para compensar dichas diferencias.
4.

En lo referente a la actual generación de programas financiados por los Fondos Estructurales, los medios financieros deben comprometerse al nivel de los beneficiarios finales antes del 31 de diciembre de 2006. En su calidad de región del objetivo no 1, Sajonia cofinancia una parte importante de sus actividades de desarrollo al amparo de los programas de los Fondos Estructurales. No obstante, la gran mayoría de los gastos del presupuesto nacional no está vinculada a los Fondos Estructurales. Es competencia de las autoridades nacionales asegurar la complementariedad entre estos dos elementos con el fin de potenciar al máximo las ventajas para los ciudadanos de Sajonia.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/669

(2004/C 78 E/0712)

PREGUNTA ESCRITA P-3894/03

de Ian Hudghton (Verts/ALE) a la Comisión

(10 de diciembre de 2003)

Asunto: Estatuto del Objetivo 1 — Highlands e Islas de Escocia

En relación con la pregunta oral H-0809/02 (1) y la respuesta a la misma: ¿Ha sido informada la Comisión por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido o por el Gobierno británico de que los datos recopilados en preparación de la solicitud de financiación para el estatuto del Objetivo 1 de las Highlands e Islas de Escocia de 1999 pueden haber sido inexactos?

¿Cuál sería la opinión de la Comisión en caso de que se comprobase que los datos son inexactos?

¿Cuál es la opinión de la Comisión en relación con la interpretación del Reglamento (CE) no 1260/1999 (2) en aquellos casos en que se compruebe que los datos empleados para evaluar la idoneidad para la financiación del Objetivo 1 eran inexactos, y no que no estuviesen disponibles, en el momento exigido?

¿Está al tanto la Comisión de alguna disposición jurídica comunitaria que impida que un gobierno de un Estado miembro compense a una región de dicho Estado por la pérdida de financiación con cargo al Objetivo 1 en caso de que el gobierno de dicho Estado miembro haya presentado una solicitud de financiación defectuosa?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(22 de enero de 2004)

La Comisión confirma que no ha recibido notificación alguna de la Oficina Estadística Nacional británica o del Gobierno del Reino Unido acerca de la exactitud de los datos referentes a los Highlands escoceses y las islas.

Por lo que respecta a su pregunta sobre la posible revisión de las zonas a las que se aplica el Objetivo 1, la Comisión se permite remitir a Su Señoría a la respuesta que dio a su pregunta oral H-0809/02 (3) durante la sesión plenaria del Parlamento de 2 de diciembre de 2002.

(1) Respuesta escrita del 17.12.2002.

(2) DO L 161 de 26.6.1999, p. 1.

(3) Respuesta escrita del 17.12.2002.
1. y 2.

La Comisión no está de ninguna manera en condiciones de confirmar una tendencia a utilizar exclusivamente el inglés como lengua de trabajo en la organización interna de su labor. Por una parte, según el Reglamento no 1/58 del Consejo por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (1), todas las lenguas oficiales son al mismo tiempo lenguas de trabajo (artículo 1) y pueden utilizarse por lo tanto de pleno derecho y a igual título en las instituciones. Por otra parte, es normal que por razones operativas algunas lenguas sean más utilizadas que otras por el personal de la Comisión en el funcionamiento diario de los servicios. No obstante, estas prácticas se llevan a cabo respetando la igualdad de las lenguas como lenguas oficiales y de trabajo. La Comisión no se propone tampoco introducir un régimen específico para la utilización prioritaria de una o varias lenguas en sus servicios. El artículo 25 del estatuto prevé como condición general de contratación que el candidato posea «un conocimiento profundo de una de las lenguas de las Comunidades y un conocimiento satisfactorio de otra lengua comunitaria, en la medida necesaria para el desempeño de las funciones que pueda ser llamado a ejercer». En el marco de la reforma administrativa, la Comisión ha propuesto medidas para fomentar aún más el multilingüismo: además del conocimiento de una segunda lengua en el momento de la contratación, la Comisión tiene en cuenta el aprendizaje de una tercera lengua en el momento del primer ascenso tras la entrada en servicio. En este contexto, la Comisión debe también recordar que se ha orientado, como prioridad absoluta, hacia la oferta de cursos intensivos de idiomas; de esta forma, es posible compensar y completar la formación lingüística de los agentes que no tienen la suerte de conocer necesariamente al principio las lenguas más practicadas en lo relativo a formación específica (distinta de la lingüística).
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/644

(2004/C 78 E/0684)

PREGUNTA ESCRITA E-3763/03

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(11 de diciembre de 2003)

Asunto: Ensayos clínicos

1. ¿Puede indicar la Comisión a través de un cuadro las condiciones especiales en materia de ensayos clínicos establecidas por cada Estado miembro a las organizaciones sin fines de lucro e instituciones académicas que investigan sobre los productos farmacéuticos cuyo mercado potencial es limitado (por ejemplo, a causa de la escasa incidencia de la enfermedad o del peligro de muerte inminente)?

2. ¿Puede indicar asimismo si tales condiciones son compatibles en todos los casos con la correcta aplicación de la Directiva relativa a los ensayos clínicos?

3. ¿Se han hecho distinciones en alguno de los Estados miembros por lo que respecta a las excepciones relativas a las fases I, II y II?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(29 de enero de 2004)

La Comisión y los Estados miembros han debatido sobre la responsabilidad de estos últimos en el cumplimiento de la recomendación indicada en el considerando 14 de la Directiva 2001/20/CE (1).

Sobre los ensayos de carácter no comercial: «Los ensayos clínicos de carácter no comercial dirigidos por científicos sin participación de la industria farmacéutica pueden ser de gran utilidad para los pacientes afectados. Por consiguiente, la Directiva debe tener en cuenta la especial situación de los ensayos cuya concepción no requiere una producción o envasado particulares, si estos ensayos se llevan a cabo con medicamentos que tienen autorización de comercialización […], y en pacientes de las mismas características que los contemplados en la indicación especificada en dicha autorización de comercializa-ción[…]».

Según el artículo 22 de esta Directiva, los Estados miembros deberán comunicar a la Comisión las medidas nacionales adoptadas con objeto de trasponer y ajustarse a este texto. La Comisión trabaja actualmente con los Estados miembros en la elaboración de las directrices de aplicación de la Directiva. Por consiguiente, la Comisión confía en que durante esta fase preparatoria se aborden adecuadamente algunas de estas preocupaciones tanto a escala comunitaria como nacional.

Por otro lado, con objeto de obtener una panorámica general y concluyente de las decisiones específicas adoptadas por los Estados miembros, la Comisión les enviará un cuestionario para obtener la información necesaria en un formato comparable.

La Comisión publicará la información recibida de los Estados miembros.

(1) Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, DO L 121 de 1.5.2001.
1.

El presupuesto total medio de los proyectos de LIFE-Naturaleza creció un 18 % entre 2001 y 2002 (0,84 millones de euros en 2001 frente a 1,03 millones en 2002), para disminuir un 12 % en 2003 en comparación con 2002 (0,92 millones de euros en 2003). No cabe deducir ninguna tendencia importante de esas cifras y sólo puede colegirse que no se están penalizando los proyectos pequeños. Por último, no hay indicios de que los promotores de proyectos tengan cada vez más dificultades para aportar su cuota financiera. La obligación de que los promotores asuman parte de los costes se impuso por primera vez en los proyectos LIFE III y no se ha observado un descenso en el número de propuestas recibidas.
En su sentencia de 13 de junio de 2002 (6), el Tribunal de Justicia señala que «la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE y de la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos (DO L 377, p. 20), en su versión modificada por la Directiva 94/31/CE del Consejo, de 27 de junio de 1994 (DO L 168, p. 28; en lo sucesivo,“Directiva 91/689”), así como de la Decisión 96/302/CE de la Comisión, de 17 de abril de 1996, por la que se establece un formulario para la presentación de información con arreglo al apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 91/689 (DO L 116, p. 26), al no haberle comunicado, dentro del plazo señalado, la información relativa a cada establecimiento o empresa que se dedique a la eliminación y/o recuperación de residuos peligrosos, tal como se prevé en el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 91/689.» Las autoridades griegas comunicaron a la Comisión las medidas adoptadas para acatar la sentencia del Tribunal, a saber, la información sobre los establecimientos o empresas que garanticen la eliminación y/o la valorización de residuos peligrosos. Las autoridades griegas afirman que se han conformado a las obligaciones que les corresponden con arreglo al apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 91/689/CEE. En la actualidad se procede al estudio de dicha información. En caso de que la Comisión considerase que la sentencia del 13 de junio de 2002 no ha sido ejecutada, no dudaría en incoar el procedimiento de infracción previsto en el artículo 228 del Tratado CE.

Por lo que se refiere a la eliminación de los residuos peligrosos, cabe señalar que la Comisión ha acudido al Tribunal (asunto C-163/03) al considerar que Grecia faltó a las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 1 del artículo 2 y del apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 91/689/CEE. Según la Comisión, Grecia no ha adoptado las medidas necesarias para elaborar el inventario de los desechos peligrosos identificados en la región de Thriassio Pedio.

Además, cabe recordar que en su sentencia de 5 de junio de 2003 (7), el Tribunal declaró que Grecia no cumplió con las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 1 del artículo 4 y del artículo 11 de la Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996 sobre la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB y PCT), al no elaborar en el plazo prescrito el resumen de los inventarios de los aparatos con un volumen de más de 5 dm3 de PCB, un plan de descontaminación y/o de eliminación de los aparatos inventariados y de los PCB que contienen, así como una proyecto relativo a la recogida y posterior eliminación de los aparatos no incluidos en el inventario.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 70/187

(2004/C 70 E/196)

PREGUNTA ESCRITA E-2998/03

de Bill Newton Dunn (ELDR) a la Comisión

(14 de octubre de 2003)

Asunto: Exenciones fiscales injustificadas en el Reino Unido

En el Estado miembro que mejor conozco, el Reino Unido, la gasolina sin plomo utilizada para la propulsión de embarcaciones usadas en los barcos que navegan en aguas interiores, tales como embalses o ríos, está sujeta al impuesto sobre los consumos específicos, mientras que los carburantes utilizados en los mismos motores en puertos marinos o aguas costeras no están sujetos al pago de ese impuesto, pudiendo solicitarse su reembolso en caso de haberse adquirido el carburante con el impuesto incluido.

¿Puede intervenir la Comisión de alguna manera en este terreno, o bien se trata de una cuestión que concierne exclusivamente al Gobierno y entra en el ámbito del principio de subsidiariedad?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(18 de noviembre de 2003)

La Comisión desea comunicar a Su Señoría que, de conformidad con la letra c) del apartado 1 del artículo 8 de la Directiva 92/81/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos (1), los Estados miembros deberán eximir del impuesto especial armonizado, con arreglo a las condiciones que determinen, los hidrocarburos suministrados para ser utilizados como combustible en embarcaciones que no sean embarcaciones privadas de recreo para navegar en las aguas comunitarias. Por lo que respecta a la fiscalidad de los hidrocarburos utilizados como combustible en las embarcaciones que naveguen por las vías de navegación interior con fines que no sean de recreo, la letra b) del apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 92/81/CEE deja a discreción del Reino Unido el decidir, con arreglo a determinadas condiciones, aplicar una exención total o parcial del tipo del impuesto especial armonizado sobre estos combustibles.

Por otra parte, el Reino Unido ha recibido una autorización específica del Consejo, con arreglo al apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 92/81/CEE, para aplicar hasta el 31 de diciembre de 2006 una exención total o parcial del derecho especial armonizado sobre los hidrocarburos utilizados como combustible para la navegación privada de recreo.

Basándose en la autorización específica concedida por el Consejo, el Reino Unido podría ampliar esta exención para que incluyera también a las embarcaciones privadas de recreo que naveguen por las vías de navegación interior.

La Comisión considera que la posición de las autoridades del Reino Unido parece atenerse a las disposiciones de la legislación fiscal comunitaria vigente y, en consecuencia, no parece necesario emprender ninguna acción específica a este respecto. Debe tenerse en cuenta que han sido acordadas disposiciones similares, las cuales figuran en la nueva Directiva del Consejo sobre fiscalidad de los productos energéticos, que sustituirá a la Directiva 92/81/CEE a partir del 1 de enero de 2004.

(1) DO L 316 de 31.10.1992, pp.12-15.
2.

¿Podría la Comisión hacer públicos, también al autor de la presente pregunta, los comentarios realizados por el Reino Unido en respuesta a su invitación a presentar observaciones de conformidad con el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en lo que se refiere a la Ayuda C 13/02 (ex N 27/02) en relación con la exención del impuesto del timbre para los bienes inmuebles no residenciales sitos en regiones desfavorecidas?