PREGUNTA ESCRITA P-0198/00

de Monica Frassoni (Verts/ALE) a la Comisión

(27 de enero de 2000)

Asunto: Ampliación de la carretera de acceso a Gardaland, Castelnuovo del Garda (Verona)

Mediante la decisión 153 de 28.7.1999, el Ayuntamiento de Castelnuovo sul Garda (Verona) aprobó el proyecto de ampliación a cuatro carriles, más un carril para bicicletas y peatones, del tramo de aproximadamente 1 400 metros, situado en su territorio, de la carretera denominada Via Derna que une la carretera nacional 249 (Gardesana Este) con la carretera provincial 30 (Per Colà)(1). Esta obra se justifica por la necesidad de solucionar los problemas de acceso de vehículos al parque de atracciones Gardaland spa, que se asumirá los costes de los trabajos. El objetivo final es prolongar dicho eje hasta la autopista A4 (Milán-Venecia), pasando por la carretera nacional 450 (autovía Napoleónica)(2).

Sin embargo, ni el Ayuntamiento de Lacise, ni ANAS, ni la Sociedad Autostrade SpA se han comprometido, por lo que respecta a sus propias competencias, a completar dicha obra y a potenciar los enlaces con las carreteras en cuestión (carretera provincial 30 y carretera nacional 450) y con la autopista A4 (Milán-Venecia) mediante un nuevo puesto de peaje. Todo ello cuestiona gravemente la utilidad del proyecto y demuestra que la iniciativa del Ayuntamiento de Castelnuovo es una medida de fuerza con respecto a los otros entes públicos. Contra el proyecto ya se han presentado alegaciones, así como un recurso ante el Tribunal Administrativo Regional por parte de particulares(3).

Para este proyecto no se ha realizado ninguna evaluación de las repercusiones en el medio ambiente, ni se ha determinado si dicha evaluación resulta necesaria. La medida adoptada por Italia(4) para aplicar lo dispuesto en la Directiva 85/337/CEE(5), prevé que todas las carreteras comarcales situadas fuera de las ciudades y las autovías urbanas de cuatro o más carriles de longitud superior a los 1 500 metros ubicadas, aunque sea parcialmente, en zonas naturales protegidas, se deberán someter a una evaluación del impacto ambiental; en cambio, para las carreteras no ubicadas en zonas naturales protegidas se deberá comprobar, de todas maneras, si las características del proyecto exigen una evaluación del impacto ambiental. Via Derna se encuentra, en parte, en un territorio sometido a normas de carácter paisajístico y su ampliación contrasta con las directrices en materia de medio ambiente contenidas en los planes de ordenación de la zona del Lago de Garda, previstas en el Plan Territorial Regional de Coordinación, máximo instrumento de planificación del Véneto(6). Recientemente, el Tribunal de Justicia ha efectuado una interpretación restrictiva de la aplicación de la evaluación del impacto ambiental(7).

¿No considera la Comisión que es necesario someter el proyecto en cuestión a un procedimiento de verificación medioambiental con objeto de comprobar la necesidad de evaluar el impacto ambiental? En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa a adoptar para garantizar su realización?

(1) A título informativo, Via Derna se construyó en 1977 con fondos del FEOGA como carretera de uso agrícola (DM 16772 de 25.10.1974, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 910 de 27.10.1966).

(2) La longitud total del eje Gardaland-Autopista A4 sería de aproximadamente 5,8 km.

(3) Asunto TAR Véneto no 3027/99 (Frezza Gianfranco), 3028/99 (Lorenzini Andreino y Claudio) y 3029/99 (Lorenzini Renzo).

(4) DPR de 12.4.1996, publicado en el DO de 7.9.1996.

(5) Véase el DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(6) En este sentido, la ley regional del Véneto sobre la evaluación del impacto ambiental (no 10 de 26.3.1999, publicada en el DOR de 30.3.1999) prevé dicha evaluación para las autovías urbanas de cuatro o más carriles y de una longitud superior a los 1.950 metros, así como para las carreteras comarcales situadas fuera de las ciudades de una longitud superior a los 5 km en caso de que ambas se sitúen, aunque sea parcialmente, en zonas sensibles. La ley regional no dispone nada en relación con las carreteras comarcales situadas fuera de las ciudades de longitud inferior a los 5 km y situadas en zonas sensibles.

(7) Ha establecido que, en el caso de obras enumeradas en el Anexo II de la directiva sobre repercusiones en el medio ambiente, un Estado miembro no puede dispensar o sustraer un proyecto de dicha evaluación si el impacto ambiental es notable, principalmente por sus características, dimensiones o ubicación (Asunto C-435/97, sentencia de 16.9.1999) y que, asimismo, es obligatorio proceder a una verificación previa de las condiciones ambientales para comprobar la necesidad de proceder a una evaluación del impacto (Asunto C-133/94, sentencia de 2.5.1996).

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(23 de febrero de 2000)

El proyecto a que hace referencia Su Señoría corresponde a una carretera de cuatro carriles de una longitud de 1 400 metros. Debe considerarse por tanto que pertenece a la categoría 10e), Construcción de carreteras, puertos e instalaciones portuarias, incluidos los puertos pesqueros

(proyectos no incluidos en el Anexo I), del Anexo II de la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1).

El apartado 2 del artículo 4 de dicha Directiva establece que sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2, por lo que respecta a los proyectos enumerados en el Anexo II, los Estados miembros determinarán: a) mediante un estudio caso por caso, o b) mediante umbrales o criterios establecidos por el Estado miembro, si el proyecto será objeto de una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10. Los Estados miembros podrán decidir la aplicación de ambos procedimientos contemplados en las letras a) y b).

Al no estar al corriente de la situación descrita por Su Señoría, la Comisión adoptará las medidas oportunas para recoger información detallada sobre el proyecto y garantizar la observancia de la normativa comunitaria.

(1) DO L 73 de 14.3.1997.