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PREGUNTA ESCRITA P-0053/01

de Giuseppe Pisicchio (PPE-DE) a la Comisión

(16 de enero de 2001)

Asunto: Situación de Carime

Considerando que en los años 90 la Banca d'Italia autorizó al grupo bancario Cariplo a adquirir, a través de sus filiales, algunos importantes institutos de crédito del Sur de Italia, como Carical, Caripuglia, Carisalerno y Mediocredito Sud, que estaban sumamente endeudados, y que Cariplo pagó sólo unos pocos miles de millones por una red de 400 agencias y más de 4000 empleados;

Considerando que dicha adquisición produjo un doble beneficio, por un lado, un beneficio fiscal gracias a la inclusión de las deudas heredadas en el balance consolidado y, por otro lado, la reducción y posterior reconstitución del capital accionario, mediante la devaluación de las antiguas participaciones con parámetros encaminados a reducir el valor de las viejas acciones que no se reconvirtieran en nuevas, con objeto de recuperar el capital pagado por la compra de los propios bancos;

Considerando que las instituciones adquiridas por Cariplo confluían en una estructura única (Carime), cuya cuota accionaria mayoritaria (66 %) fue cedida en noviembre de 2000 por 2,3 billones a la Banca Popolare Commercio e Industria del Veneto, de dimensiones notoriamente inferiores a las del banco cedido;

Visto que, en el momento de la cesión, la situación de Carime era la siguiente: 20 billones de concentración, 6 billones de gastos, en su mayoría destinados a favorecer el desarrollo local en circunstancias de especial necesidad;

¿Puede hacer saber la Comisión qué medidas piensa adoptar, de conformidad con su política encaminada a eliminar las condiciones de desequilibrio en la competencia y en el acceso al crédito en las zonas del objetivo 1, para remover los obstáculos que impiden el desarrollo equilibrado de las regiones del Sur de Italia, a la vista de la depauperación de los instrumentos locales de acceso al crédito?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(2 de marzo de 2001)

Todas las fusiones a las cuales Su Señoría hace referencia fueron examinadas y recibieron el visto bueno de las autoridades nacionales, ya que no cumplen las condiciones para la aplicación del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas(1).

Sin embargo, debe recordarse que, para que se apliquen las disposiciones del Tratado CE sobre competencia, es condición esencial que exista un perjuicio sobre el comercio entre Estados miembros. Por lo tanto, es posible que un asunto de carácter nacional o local no se encuadre en el ámbito de aplicación de las disposiciones previamente mencionadas.

La situación descrita por Su Señoría parece ser esencialmente de naturaleza nacional e incluso regional y, por consiguiente, es poco probable que incida sobre las relaciones comerciales entre los Estados de forma significativa.

En estas circunstancias, a la Comisión no le compete adoptar medidas que tengan como objetivo solucionar la situación descrita anteriormente.

(1) DO L 395 de 30.12.1989, publicado nuevamente en el DO L 257 de 21.9.1990.
PREGUNTA ESCRITA E-0177/01

de Patricia McKenna (Verts/ALE) a la Comisión

(1 de febrero de 2001)

Asunto: Renovación de la flota y exceso de capacidad

La OCDE calcula que en 1997 se destinaron 1 300 millones de euros a subsidios para el sector de la pesca en Europa. Una gran parte de esta cantidad se utilizó para renovar y modernizar la flota. Considerando el gran exceso de capacidad de la flota de la UE, ¿opina la Comisión que este dinero se gastó adecuadamente? ¿Qué medidas se toman para asegurarse de que los fondos no se utilizan para incentivar el exceso de capacidad?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0177/01 y E-0208/01 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(12 de marzo de 2001)

Según las estimaciones de la OCDE, en 1997 sólo se destinó a la renovación y modernización de la flota un 10 % de las contribuciones comunitarias al sector pesquero. Durante el período del IFOP (Instrumento financiero de orientación de la pesca) comprendido entre 1994 y 1999, los fondos públicos (comunitarios y nacionales) invertidos en la renovación y modernización de la flota se elevaron a 593 millones de euros o, lo que es lo mismo, alrededor del 22 % del total de las ayudas públicas concedidas al sector durante el período. Contrastando con esa cifra, el importe asignado a la financiación de regímenes de retirada de buques pesqueros con el fin de reducir el exceso de capacidad ascendió a 894 millones de euros (33,5 % de la ayuda pública total). Uno de los principales objetivos de la política pesquera común (PPC) es ajustar la capacidad de la flota a los recursos pesqueros y asegurar la existencia de una industria pesquera sostenible y rentable. La Comunidad dispone hoy de normas para evitar que un Estado miembro conceda ayudas a la construcción o modernización de buques si en él no se cumple el objetivo de reducción de la capacidad establecido en los Programas de orientación plurianuales de reestructuración de la flota.
PREGUNTA ESCRITA E-0384/01

de Doris Pack (PPE-DE) a la Comisión

(15 de febrero de 2001)

Asunto: Delegación de la Comisión en Skopje

¿Qué medidas tiene intención de adoptar la comisión para permitir que el Sr. José Pinto Teixeira, Jefe de la Delegación de la Comisión en Skopje, pueda seguir trabajando en paz a pesar de las acusaciones infundadas vertidas por los Sres. Stoyanov y Bogoevski contra su persona y el modo en que ejecuta sus funciones como Jefe de Delegación?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(4 de abril de 2001)

El Sr. Patten publicó dos declaraciones de prensa que condenaban los ataques infundados de los medios de comunicación en algunas secciones de la prensa de la ARYM contra el Sr. Pinto Teixeira, dejando claro su apoyo total a este último. La Comisión acoge con satisfacción el hecho de que el Gobierno de la ARYM también haya condenado estos ataques de los medios de comunicación.
PREGUNTA ESCRITA E-0207/01

de Catherine Stihler (PSE) a la Comisión

(2 de febrero de 2001)

Asunto: Incentivos para la pesca sostenible

¿Piensa la Comisión elaborar y proponer un programa de incentivos económicos para fomentar las prácticas de pesca sostenible en toda la Unión Europea?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0178/01 y E-0207/01 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(12 de marzo de 2001)

El Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) proporciona ayuda financiera al sector pesquero.

El IFOP proporciona ayuda financiera para reestructurar el sector pesquero y por lo tanto para garantizar su continuidad. Las medidas para conseguirlo incluyen el apoyo a los programas de reducción de capacidad de la flota y las medidas de acompañamiento para minimizar el impacto social de la reestructuración. El cese temporal de las actividades pesqueras también puede beneficiarse de una ayuda cuando ese cese es necesario para la recuperación de las poblaciones. Además, puede concederse una compensación financiera a los pescadores y a los armadores para cubrir ajustes técnicos cuando el Consejo impone restricciones en el uso de determinados artes o métodos de pesca.

Estas medidas permanecerán vigentes por lo menos hasta 2006.
PREGUNTA ESCRITA E-0921/01

de Monica Frassoni (Verts/ALE) a la Comisión

(28 de marzo de 2001)

Asunto: Proyectos turísticos e inmobiliarios en Bosa y Villanova Monteleone, Teulada, Monte Russu y Cala Giunco-Stagno di Notteri, e instalación de piscicultura en Bosa

En respuesta a las preguntas E-3009/00(1), E-3339/00(2), E-3340/00(3) y P-3314/00(4), por mí presentadas, relativas a proyectos turísticos e inmobiliarios en la costa de Bosa y Villanova Monteleone, Teulada, Monte Russu (Aglientu) y Cala Giunco-Stagno di Notteri (Villasimius) y a una instalación de piscicultura intensiva en Bosa, la Comisión señaló que adoptaría las medidas necesarias para recoger la información pertinente y garantizar el respeto del Derecho comunitario.

¿Puede decir la Comisión qué medidas ha adoptado hasta ahora en relación con los hechos de qué se trata?

- En cuanto a la parcelación prevista en Monte Russu, ¿puede informar si se ha llevado a cabo la evaluación del impacto ambiental, de conformidad con el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE(5), y si se conocen los resultados de dicha evaluación?

- En cuanto a la normativa en materia de evaluación del impacto ambiental, y a la vista de que la parcelación aún no ha obtenido la autorización definitiva, ¿estará sujeta, una vez obtenida la autorización, a la evaluación del impacto ambiental? ¿Se ha previsto una financiación comunitaria con tal fin?

- En cuanto a la parcelación prevista en Teulada y Cala Giunco-Stagno di Notteri, ¿se ha previsto una ayuda comunitaria? En caso afirmativo, ¿congelará la Comisión dichos fondos a la espera de comprobar la compatibilidad de los proyectos con las normas comunitarias relativas a la evaluación del impacto ambiental y con la red Natura 2000?

(1) DO C 136 E de 8.5.2001, p. 156.

(2) DO C 151 E de 22.5.2001, p. 140.

(3) DO C 151 E de 22.5.2001, p. 141.

(4) DO C 151 E de 22.5.2001, p. 133.

(5) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2001)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-0102/01

de Brice Hortefeux (PPE-DE) a la Comisión

(29 de enero de 2001)

Asunto: Elección del período clave para el paso al euro

El 11 de octubre de 2000, la Comisión Europea aprobó una recomendación relativa a los medios para facilitar la preparación de los agentes económicos para el paso al euro. En dicha comunicación, se propone especialmente que se movilice a dichos agentes durante un período clave: el tercer trimestre de 2001.

Este período clave, que va de junio a septiembre, es, asimismo, el período durante el cual se toman la mayoría de las vacaciones anuales, incluso en las instituciones comunitarias. Por ello, la movilización de los agentes socioeconómicos y de los ciudadanos europeos durante dicho período parece más bien improbable.

1. ¿Por qué se ha elegido el tercer trimestre del año 2001 como período clave para la transición al euro?

2. ¿No teme la Comisión que generará una confusión inútil al recomendar la conversión en de las cuentas bancarias durante el tercer trimestre de 2001, en una época en la que la mayoría de los ciudadanos europeos están disfrutando de sus vacaciones?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(15 de marzo de 2001)

La elección del tercer trimestre de 2001 atiende a dos razones. Por una lado, se trata de lograr que los operadores económicos se acostumbren a utilizar activamente el euro durante un periodo de tiempo suficientemente largo para que se familiaricen con él y, por otro lado, se busca un mejor escalonamiento y un mejor control de las operaciones de transición evitando hacerlos coincidir cronológicamente con la fase de introducción física de las monedas y billetes (las operaciones de entrega anticipada se realizarán de septiembre a diciembre de 2001).

La conversión de las cuentas en irá acompañada de un gran volumen de información y publicidad de los bancos para evitar confusiones y para procurar que la operación se realice con total transparencia.
PREGUNTA ESCRITA E-0576/01

de Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) a la Comisión

(27 de febrero de 2001)

Asunto: Libertad de asociación en Bulgaria

El 29 de febrero de 2000, el Tribunal Constitucional de Bulgaria declaró la inconstitucionalidad del partido político macedonio OMO Ilinden PIRIN. Este partido, registrado en 1999, participó en las elecciones municipales de octubre de ese mismo año y siempre ha declarado que respetaría el sistema constitucional y jurídico de Bulgaria y que desarrollaría sus actividades políticas de manera pacífica. Este partido ha presentado una reclamación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El 4 de febrero de 2000, la policía, pese a no disponer del documento correspondiente, impidió a una delegación del partido mencionado más arriba depositar flores a los pies de un monumento.

¿Opina la Comisión que las decisiones adoptadas pueden constituir una violación de la libertad de asociación y una discriminación de una minoría nacional? ¿Ha solicitado la Comisión una explicación al respecto a las autoridades búlgaras? ¿Puede indicar la Comisión si las autoridades búlgaras le han transmitido una justificación?

¿Considera la Comisión que esta decisión es compatible con el respeto de los criterios democráticos establecidos en Copenhague? ¿Va a tener presente este tipo de actitud en los futuros informes sobre los progresos realizados por los países candidatos?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(19 de abril de 2001)

La Comisión tiene conocimiento de la resolución del Tribunal constitucional búlgaro referente al OMO Ilinden PIRIN y de la reclamación presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sin embargo, no dispone de mayor información sobre el incidente concreto a que se refiere Su Señoría y no puede, por tanto, hacer observaciones al respecto.

De acuerdo con los criterios de Copenhague, la Comisión vela por el respeto de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, así como por el respeto y la protección de las minorías. Seguirá haciéndolo y, si procede, hará las menciones oportunas en su próximo informe periódico.
PREGUNTA ESCRITA E-0219/01

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(5 de febrero de 2001)

Asunto: Procedimientos de incineración de animales infectados por la EEB en todos los Estados miembros

¿Piensa la Comisión examinar las instalaciones disponibles en los 15 Estados miembros para la eliminación en condiciones seguras de animales infectados por EEB?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(27 de marzo de 2001)

La Comisión puede asegurar a Su Señoría que los Estados miembros están investigando las distintas modalidades de eliminación de las canales infectadas por encefalopatía espongiforme bovina (EEB), incluida la incineración. Expertos de la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión realizan regularmente inspecciones sobre el terreno en todos los Estados miembros para evaluar la aplicación de la legislación comunitaria sobre la EEB y asuntos afines.
PREGUNTA ESCRITA P-0729/01

de Antonio Di Pietro (ELDR) a la Comisión

(6 de marzo de 2001)

Asunto: Valor inmobiliario del euro

Con la IV Directiva CEE de 1978 se determinó cuándo, dónde y cómo asentar en el balance la pérdida duradera de valor de las inmovilizaciones corporales y, a raíz de la transposición de la Directiva por parte de los Estados miembros, los balances de las empresas de los países de la zona del euro son comparables.

No obstante, y tras un profundo análisis de la situación italiana, no parece que se haya respetado el criterio de homogeneidad al determinar los valores de las inmovilizaciones corporales inscritas en el balance.

Siendo de hecho fundamental que en el territorio en el que circula la misma moneda el criterio y la metodología de valoración de los bienes sujetos a intercambio sean únicos, la fusión de las distintas monedas nacionales en una única moneda, representativa de la riqueza común, debería haber ido precedida de la homogeneización de los valores.

En particular, por lo que concierne a las inmovilizaciones en terrenos y edificios, una de las partidas más conspicuas del estado patrimonial, ¿podría indicar la Comisión:

- Cuáles son los criterios y la metodología comunes de valoración adoptados y válidos en los países de la Unión Monetaria;

- Cuándo se determinaron, se aceptaron y se hicieron operativos en los distintos países;

- Cuándo se efectuó la rectificación de los valores de balance, en el supuesto de que hubiera sido necesaria como consecuencia del nuevo cálculo de los valores?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2001)

De conformidad con la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad(1), los terrenos y construcciones se registran en el balance con su coste histórico. No obstante, los Estados miembros pueden autorizar una reevaluación de estos activos bajo determinadas condiciones que figuran en la Directiva.

Si se reevalúan los terrenos y construcciones, el coste histórico deberá indicarse en las notas de las cuentas. Esto permite una comparación entre las sociedades que se rigen por el principio contable del coste histórico y aquellas que han aplicado una reevaluación.

La Cuarta Directiva determina que los ajustes de valor deberán realizarse respetando los terrenos y construcciones para que se valoren en la cifra más baja que se les atribuya en el balance si se prevé que la reducción de su valor tendrá carácter permanente. No obstante, la Cuarta Directiva no impone un método específico de cálculo de estos ajustes de valor.

De conformidad con la Cuarta Directiva, las normas de valoración aplicadas en las cuentas anuales deberán especificarse en las notas de las cuentas. Esto también se aplica a los ajustes de valor si no se han indicado separadamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La introducción del euro no tiene consecuencias específicas para la valoración de los terrenos y construcciones.

(1) DO L 222 de 14.8.1978.
PREGUNTA ESCRITA E-0016/01

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la Comisión

(17 de enero de 2001)

Asunto: Cultivo del mejillón en la UE

La mitilicultura tiene una importancia trascendental en la zona litoral gallega, pues supone aproximadamente 11 500 empleos directos, de los que 8 500 son fijos, así como 7 000 de carácter indirecto. Esta circunstancia se hace más relevante cuando se constata que los recursos generados por la actividad productiva son distribuidos en una amplia base social y, dado que la capacidad de decisión está localizada en el mismo ámbito territorial, se reinvierten en la propia zona. Esto genera un efecto multiplicador de la economía local que permite actuar de estabilizador socio-económico.

A nivel de la acuicultura en general es el mejillón el que da peso y consistencia, ya que en Galicia se cultivan anualmente entre 250 y 300 millones de kilos. Esta circunstancia hace de Galicia el segundo productor mundial tras China y el primero europeo con aproximadamente el 50 % de la producción total de la Unión Europea, destinando un 35 % al mercado fresco, 41 % a la conserva tradicional y 24 % a nuevas alternativas de procesado que se encuentran en constante crecimiento.

¿Podría facilitar la Comisión la legislación aplicable en estos momentos en la UE a este sector?

¿No considera necesaria la Comisión una homogeneización de las diferentes normativas aplicables dentro de la UE, como por ejemplo en el caso de los controles de las biotoxinas, en el que se aplican métodos y procesos diferentes según el Estado miembro que los realiza?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(12 de marzo de 2001)

La Comisión envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento una relación de la normativa comunitaria aplicable a ese sector.

En cuanto a la segunda pregunta, la Comisión considera que la homogeneización de la legislación sobre biotoxinas marinas es muy importante dados los efectos que éstas pueden tener para la salud humana. Actualmente, se están haciendo grandes esfuerzos para desarrollar métodos normalizados con tal fin, en cooperación con el laboratorio comunitario de referencia en materia de biotoxinas marinas de Vigo.
PREGUNTA ESCRITA E-3384/00

de Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) al Consejo

(6 de noviembre de 2000)

Asunto: Posibilidades de los operadores de Internet de ejercer su actividad en la República Popular China

Según informaciones aparecidas en la prensa, el Gobierno chino ha publicado, en el espacio de una semana, 40 normas relativas a las empresas de Internet que operan en China; estas normas limitan las inversiones extranjeras. Las nuevas normas exigen asimismo un filtro minucioso del material subversivo y amenazan con el cierre de toda empresa que no cuente con la licencia exigida en el país.

Según Xinhua, la agencia oficial de noticias china, los proveedores de servicios de Internet deberán conservar los datos relativos al material suministrado y a todos sus clientes durante 60 días. Si fuera necesario, estos datos deberán enviarse a las autoridades chinas.

Los operadores tienen un plazo de 60 días para facilitar informaciones detalladas sobre su actividad al Ministerio de Información chino y así obtener permiso para ejercer su actividad. Si no cuentan con este permiso, las empresas existentes serán sancionadas o cerradas.

1. ¿De qué manera piensa actuar el Consejo para proteger los derechos humanos de los ciudadanos chinos y, en particular, el derecho a la libre difusión de la información?

2. El Gobierno chino amenaza con cerrar todas las empresas que ofrecen servicios de Internet que no cuenten con el permiso antes mencionado. ¿Considera el Consejo que esta disposición puede poner en peligro la actividad de empresas procedentes de los Estados miembros de la Unión en China?

3. ¿De qué manera va a tener en cuenta el Consejo en sus negociaciones con China en el seno de la OMC las nuevas disposiciones chinas antes mencionadas?

Respuesta

(26 de febrero de 2001)

El Consejo, al igual que la Comisión, velarán por que rijan las nuevas normativas chinas aplicables a las empresas de Internet que operan en China, para garantizar que no se produzca discriminación alguna de la empresas europeas. En las conversaciones UE-China sobre derechos humanos podrán abordarse las violaciones de los derechos humanos, incluidas las restricciones injustificables a la libertad de expresión y al acceso a la información.

En el marco de las negociaciones sobre su incorporación a la OMC, China se comprometió a contemplar una apertura progresiva de su mercado a todos los servicios de telecomunicaciones, también en el ámbito de Internet. Al igual que la Comisión, el Consejo se esfuerza por garantizar que China suscriba los compromisos adquiridos en el marco de la OMC en todos los ámbitos.
PREGUNTA ESCRITA E-3800/00

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(7 de diciembre de 2000)

Asunto: Sistema de ecopuntos en Austria

De manera reiterada se formula la acusación de que las autoridades locales no controlan suficientemente la aplicación del Reglamento relativo a los ecopuntos vigente en el Tirol y de que se producen infracciones de manera repetida. Sin embargo, en realidad, la Gendarmería del Tirol controla a los camiones cotidianamente durante hasta 16 horas sólo en el punto de control de Kundl, por lo que en el año en curso ya se habían realizado hasta octubre 32 810 inspecciones, habiéndose formulado objeciones en el caso de 1 046 camiones (un 3,18 %).

El fundamento jurídico impone, no obstante, a estos controles unas dificultades significativas puesto que, por ejemplo, sólo se puede sancionar al conductor del camión pero no al titular de la autorización o no puede sancionarse con posterioridad a los conductores clandestinos detectados por medios electrónicos, ya que una de las condiciones previas para la sanción es que se haya conseguido inmovilizar efectivamente a los camiones en cuestión.

¿Podría comunicar la Comisión si no considera que debería reflexionar sobre la posibilidad de modificar el Reglamento correspondiente de la UE para que, sobre la base del mismo, pueda llevarse a cabo un control más eficaz?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(8 de febrero de 2001)

La Comisión está preocupada por el número de camiones que realizan viajes de tránsito por Austria sin los correspondientes ecopuntos y está considerando cómo modificar la normativa comunitaria relativa a la gestión del sistema de ecopuntos de manera que ponga fin a esta práctica sin obstaculizar el funcionamiento del mercado único.

En cuanto a las sanciones impuestas al transportista, Su Señoría debería saber que este es un asunto a tratar en la legislación nacional. El Tribunal de Justicia ha decidido que las sanciones impuestas por los Estados miembros deben ser efectivas, disuasorias y proporcionales.