PREGUNTA ESCRITA E-0873/01

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(22 de marzo de 2001)

Asunto: Incineración de residuos industriales peligrosos en la cementera de Outão, en el Parque Natural de la Arrábida

Se transmitió a la Comisión una reclamación firmada por ciudadanos de la zona de Setúbal contra la intención del Gobierno portugués de instalar una incineradora de residuos tóxicos y peligrosos en el Parque Natural de la Arrábida, en la cementera de Outão (Reclamación no 98/5064).

Esa zona es un paraje protegido, siendo un patrimonio de considerable valor histórico, paisajístico, cultural, social y turístico.

Ahora bien, de acuerdo con los firmantes de la reclamación, nunca se llevó a cabo una evaluación del impacto medioambiental, o sea, que se han incumplido las Directivas 85/337/CEE(1) y 97/11/CE(2).

Desde la perspectiva del Gobierno portugués, bastaría que la entidad privada presentase un estudio sobre el impacto medioambiental, cosa que hizo el consorcio de empresas cementeras (SCORECO), evitando la realización de una evaluación del impacto medioambiental que tiene que ser promovida y acompañada por entidades interesadas, tal como resulta de la correcta interpretación de las citadas directivas comunitarias y como acaba de reconocerse en Portugal mediante la publicación del Decreto-Ley no 74/2001, de 26 de febrero, que deroga el apartado 3 del artículo 46 del Decreto-Ley no 69/2000, de 3 de mayo, en el cual se hacía una lectura restrictiva de dichas directivas.

¿Cuál es la posición de la Comisión en relación con la reclamación citada? (Incineración de residuos industriales peligrosos en la cementera de Outão, en el Parque Natural de la Arrábida)

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(2) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(10 de mayo de 2001)

Su Señoría se refiere a la reclamación 98/5064 presentada por un grupo de ciudadanos contra un proyecto de coincineración de residuos peligrosos en la cementera de Outão, situada en el Parque Natural de la Arrábida. En opinión de los denunciantes, y tal como señala Su Señoría, el proyecto no ha sido objeto de una evaluación de impacto, lo que supone una infracción de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997.

Tal como se explicó a los firmantes de la reclamación durante la tramitación de la misma, y tal como se reiteró en fecha reciente en una respuesta complementaria a la petición que presentaron al Parlamento (petición no 1072/98), la Comisión, tras analizar todos los aspectos del proyecto, ha considerado que el proyecto no infringe las disposiciones aplicables, no sólo de la Directiva 85/337/CEE, sino también de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(1).

El hecho de que, tal como se indica en la pregunta escrita, las evaluaciones de impacto corrieran a cargo de empresas seleccionadas por el maestro de obras SCORECO, no impide a la evaluación cumplir lo dispuesto en la Directiva 85/337/CEE. En efecto, dicha Directiva no prohíbe que el promotor del proyecto solicite las evaluaciones de impacto. Por el contrario, el artículo 5 de la Directiva establece que le corresponde al maestro de obras proporcionar los datos necesarios para la evaluación, incluida la información sobre los posibles efectos medioambientales del proyecto, las medidas destinadas a evitar y reducir dichos efectos y un resumen no técnico de dichos datos.

Por último, en lo que se refiere a las acusaciones de la pregunta escrita respecto del Decreto-Ley 74/2001, que derogó la disposición del Decreto-Ley 69/2000 por la que se excluían de su ámbito de aplicación los proyectos cuyas evaluaciones de impacto fueron presentadas a la autoridad responsable antes de su entrada en vigor, cabe indicar que los textos legales mencionados se refieren a la incorporación de la Directiva 97/11/CE al ordenamiento jurídico portugués y que dicha Directiva no era aplicable al proyecto de que se trata.

En efecto, a tenor de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 97/11/CE, los proyectos cuya solicitud de autorización fue presentada a la autoridad competente antes del 14 de marzo de 1999 estarán sujetos a la Directiva 85/337/CEE en su redacción inicial, y no tal como quedó redactada a raíz de la Directiva 97/11/CE. El proyecto de referencia fue presentado a la autoridad competente antes del 14 de marzo de 1999.

(1) DO L 206 de 22.7.1992.