PREGUNTA ESCRITA E-2250/02

de Robert Goebbels (PSE) a la Comisión

(23 de julio de 2002)

Asunto: Orientaciones generales de la política económica caso de Luxemburgo

En sus propuestas de orientaciones generales de política económica, aprobadas el 21 de junio de 2002 por el Consejo (CSL 1000/2002 COM(2002) 191 final), la Comisión había señalado, a propósito de la economía luxemburguesa que algunos elementos del marco de la competencia, como la anticuada legislación sobre precios, son susceptibles de restringir la competencia en el mercado de productos. En consecuencia, se propone la abolición de los precios fijos y controlados.

Dado que, en materia de lucha contra la inflación, Luxemburgo ha figurado en los últimos 15 a 20 años en el pelotón de cabeza de los países que registran una inflación moderada, ¿sobre qué hechos verificables basa la Comisión su constatación de la supuesta ineficiencia del sistema luxemburgués de control de precios? ¿Puede la Comisión citar casos concretos de limitación de la competencia en el mercado luxemburgués de productos?

¿Ha sugerido el Gobierno luxemburgués que los servicios de la Comisión le proporcionen una excusa para reformar un sistema de control de precios que no está en absoluto obsoleto, ya que se ha aplicado con éxito durante muchos años, o bien las propuestas de la Comisión son el producto de un liberalismo ideológico que se indigna en cuanto oye hablar de control de precios?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(16 de septiembre de 2002)

Tal y como menciona Su Señoría, las orientaciones generales de política económica adoptadas por el Consejo en junio de 2002 mencionan el riesgo de una restricción de la competencia en el mercado de productos debido a disposiciones legales y reglamentarias vigentes en el Gran Ducado de Luxemburgo, entre las que se incluyen disposiciones relativas a los precios fijos y administrados.

La cuestión no se plantea, pues, en términos de eficiencia o no del sistema de regulación de los precios para controlar la inflación. Se sitúa en un contexto legislativo que puede limitar el grado de competencia en la economía luxemburguesa en detrimento de los consumidores.

El control de los precios en Luxemburgo está regulado mediante la Ley de 1983 sobre la Oficina de precios, cuya misión consiste en supervisar, controlar y fijar los precios. Este organismo forma parte de la Dirección de competencia y protección de los consumidores, perteneciente al Ministerio de Economía. Expide autorizaciones de subidas máximas de precios de algunos productos.

Entre los productos que tienen un precio máximo oficial se pueden citar: el pan casero, los productos derivados del petróleo, las especialidades farmacéuticas, pero también las carreras de los taxis, los vinos autóctonos Elbing y Rivaner servidos en los cafés, los márgenes máximos en el comercio de los muebles decorativos, los bollos, los artículos de marca importados, el material de calefacción o incluso las entradas de cine.

Aunque, a primera vista, la fijación de un precio máximo parece ser favorable para el consumidor, esta tesis, desgraciadamente, no se ve refrendada en la práctica. El propio Ministerio luxemburgués de Economía constató que la intervención oficial sobre los precios ha producido en el pasado rigideces en el mercado y el peligro inmediato de que todos los comercios se ajusten al precio máximo fijado. Esta práctica puede, por lo tanto, falsear la competencia, impedir en su caso repercusiones justificadas de subidas de los costes por parte de los vendedores, y también desembocar en la práctica en que el consumidor sólo se encuentre con el precio máximo, ya que los productores podrían ajustarse a un precio juzgado implícitamente aceptable de manera oficial.

Las autoridades luxemburguesas han llegado a la conclusión de que esta normativa no estaba justificaba para todos los productos y que, por lo tanto, parece más prudente liberalizar los precios de estos productos con el fin de permitir a los productores evaluar los parámetros consustanciales a la situación individual de sus empresas y determinar los precios de venta de manera autónoma. Esta nueva competencia debe permitir obtener los precios más bajos posibles habida cuenta de los parámetros propios del sector.

En consecuencia, Luxemburgo, entre otras cosas, ya ha abolido el Reglamento de 1992 por el que se fijaba el precio de los vinos autóctonos, así como el que fijaba el precio de los productos de panadería. Se ha elaborado un anteproyecto de ley para reformar la legislación sobre los precios. Tengamos en cuenta que el abandono del sistema actual no se traducirá en una liberalización total de los precios. La reforma no afecta en primer lugar al precio de los productos farmacéuticos y siempre será posible una intervención del Estado en el caso de insuficiencia estructural de la competencia o de disfunción coyuntural de un mercado.