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PREGUNTA ESCRITA E-4162/97 de Leonie van Bladel (UPE) al Consejo (22 de enero de 1998)

Asunto: Preocupación ante la situación de los derechos humanos en Surinam

1. ¿Tiene conocimiento el Consejo de la detención de 27 civiles y militares el 25 de octubre de 1997 en Surinam con motivo de la preparación de un presunto golpe de estado?

2. ¿Está dispuesto el Consejo a criticar la actuación del ministro neerlandés de Asuntos Exteriores, dado que éste ordenó entregar a uno de los presuntos sospechosos -que en octubre de 1997 se presentó en calzoncillos en la embajada neerlandesa para una solicitud de asilo- a la justicia surinamesa, mientras que se sabe que en el caso de un presunto golpe anterior, el 8 de diciembre de 1982, fueron ejecutados, conforme a la ley marcial, 15 detenidos acusados igualmente de haber participado en un presunto golpe de estado en Paramaribo?

3. ¿Tiene conocimiento el Consejo de que el asesor de estado surinamés, Desi Bouterse, ha amenazado públicamente por traición a determinadas personalidades surinamesas, entre ellas al defensor de derechos humanos, Stanley Rensch y a los periodistas Iwan Brave y Johnny Kamperveen, así como al diario de Ware Tijd y cuáles son, en opinión del Consejo, las consecuencias que supone esta situación?

Respuesta común a las preguntas escritas E-4160/97 E-4161/97, E-4162/97 y E-4163/97 (18 de mayo de 1998)

El Consejo únicamente tiene conocimiento de la información facilitada por las autoridades surinamesas, según las cuales el fin de semana del 25 de octubre de 1997 se detuvo a algunas personas que presuntamente estaban planeando un golpe.

El Consejo conoce asimismo la existencia de una carta enviada por la organización para los derechos humanos Moiwana 86 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso mencionado por Su Señoría.

En la medida en que el Consejo ha podido obtener información en relación con el caso del presunto sospechoso que se presentó en la embajada de los Países Bajos en octubre de 1997, esta persona no iba en busca de asilo.

El Consejo opina que, en caso de que se produjera en Suriname un caso de toma de rehenes, habrían de tomarse las medidas necesarias para intentar resolver la situación de forma pacífica.

El Consejo no tiene conocimiento de las afirmaciones y acusaciones que según Su Señoría ha hecho Desi Delano Bouterse.

Por otra parte, dado que las investigaciones judiciales a las que se refiere Su Señoría están aún en curso, el Consejo no está en condiciones de hacer comentarios al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-4183/97 de Glenys Kinnock (PSE) al Consejo (22 de enero de 1998)

Asunto: Producción y comercio de instrumentos de tortura

¿Acepta el Consejo que, por definición, los instrumentos de tortura se utilizan sólo en aquellos países en los que se producen violaciones de los derechos humanos?

¿Acepta también que, de acuerdo con los criterios adoptados por el Consejo en 1991 y 1992 sobre las ventas de armas y con nuestras obligaciones adquiridas con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, debe paralizarse inmediatamente la producción y el comercio de dichos instrumentos de tortura por parte de empresas instaladas en la UE?

Respuesta (11 de mayo de 1998)

Convendrá Su Señoría en que resulta sumamente difícil la identificación precisa de todos los instrumentos y productos que pueden utilizarse con fines de tortura. No existe definición alguna de «instrumento de tortura» en ninguno de los Convenios sobre la materia adoptados por las Naciones Unidas y el Consejo de Europa. No obstante, es patente que, si un instrumento se utiliza para torturar, ello sólo puede ocurrir en países que no respetan los derechos humanos.

Respecto a los ocho criterios definidos por los Consejos Europeos de Luxemburgo, de junio de 1991, y de Lisboa, de junio de 1992, entre los que figura el respeto de los derechos humanos en el país de destino, debería indicarse que se aplican a las exportaciones de armas y, por lo tanto, no incluyen necesariamente todos los productos, incluidos los de doble uso u otros que podrían utilizarse con fines de tortura.

En cualquier caso, los Estados miembros pueden -algunos lo hacen- restringir o prohibir, con arreglo a medidas nacionales, la exportación de determinados productos (p.ej., aparatos portátiles para infligir choques eléctricos o causar dolor) que se pueden utilizar como instrumentos de tortura.

El Consejo está estudiando la mejor manera de controlar de forma coordinada la exportación de dichos instrumentos.
PREGUNTA ESCRITA E-4033/97 de Bryan Cassidy (PPE) a la Comisión (14 de enero de 1998)

Asunto: Reglamentación adoptada en 1996 por el RU en materia de obligaciones y responsabilidades del fabricante (residuos de envases)

¿Tiene conocimiento la Comisión de que las disposiciones de la reglamentación del Reino Unido tipifican como delito el incumplimiento de lo dispuesto en dicha reglamentación por parte de toda sociedad sujeta a ella en el Reino Unido y que, por consiguiente, si el Reino Unido no cumple los objetivos marcados por la Directiva 94/62/CE ((DO L 365 de 31.12.1994, p. 10. )), el resultado será que toda sociedad del Reino Unido sujeta a esta legislación será responsable individualmente?

Respuesta común a las preguntas escritas E-4033/97 y E-4035/97 dada por el Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (24 de febrero de 1998)

Si bien las Directivas son de obligada aplicación en los Estados miembros, éstos pueden elegir la forma y los métodos de aplicación. Además, el artículo 5 del Tratado CE exige a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del Tratado CE. Por lo tanto, la imposición de sanciones por incumplimiento es un tema en el que las autoridades nacionales tienen un amplio margen de maniobra. A este respecto, es útil referirse a la sentencia del Tribunal de Justicia en el caso C-58/95. En este caso el Tribunal sostuvo que el artículo 5 y el tercer apartado del artículo 189 del Tratado deberán interpretarse en el sentido de que no impiden a un Estado miembro imponer sanciones legales para garantizar el cumplimiento de las Directivas sobre residuos, siempre que tales sanciones sean análogas a las aplicables en caso de infracción de la ley nacional del mismo carácter e importancia y sean, en cualquier caso, efectivas, proporcionales y disuasivas.
PREGUNTA ESCRITA E-3595/97 de Cristiana Muscardini (NI), Gastone Parigi (NI) y Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Erradicación de la peste porcina en los Países Bajos

La aparición de la epidemia de peste porcina clásica en los Países Bajos es un hecho de gran trascendencia nacional en dicho país y ha tenido una importante incidencia a escala europea, ya que existen riesgos para los demás países de la Unión Europea. En efecto, han aparecido focos en Italia, España y Bélgica, así como en el norte de los Países Bajos (los primeros focos habían aparecido en las regiones del sur).

Seis reglamentos han modificado sucesivamente las medidas excepcionales de apoyo al mercado de la carne porcina.

A la vista de la complejidad y la amplitud de este hecho,

1. ¿Puede informar la Comisión si los resultados obtenidos corresponden al volumen de los recursos (humanos y financieros) utilizados y si las medidas técnicas aplicadas han sido eficaces e irreprochables desde el punto de vista de la calidad?

2. ¿Puede confirmar la Comisión si la gestión de los NUE (Número Único de Empresas) es compatible con el espíritu y la letra de la Directiva 92/102 ((DO L 355 de 5.12.1992, p. 32. ))?

3. Por lo que respecta a la Directiva 80/217 ((DO L 47 de 21.2.1980, p. 11. )), ¿cuál es su opinión respecto de la falta de un censo preciso de las explotaciones afectadas o que podrían estar afectadas, ubicadas en las regiones de protección y vigilancia?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3595/97 y E-3596/97 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión (12 de enero de 1998)

Durante el año 1997 la Comisión analizó cuidadosamente la evolución de la fiebre porcina clásica en los Países Bajos. La situación epidemiológica se examinó constantemente con los representantes de los Estados miembros durante las reuniones mensuales del comité permanente veterinario.

La Comisión envió varias misiones a los Países Bajos con la finalidad de ayudar a las autoridades holandesas y para asegurarse de la eficacia de las medidas adoptadas para erradicar la enfermedad.

Aunque pudieron comprobarse los notables esfuerzos realizados por las autoridades holandesas para reducir la amplitud de la epidemia, en las misiones se observaron algunos problemas en la gestión de la epidemia.

Dichos problemas, que se refieren al correcto uso de los números uniek bedrijfsnummer (UBN), al censo de las explotaciones y al cálculo de la compensación por los cerdos sacrificados por estar infectados o por sospechas de infección, se están examinando cuidadosamente, siendo en la actualidad objeto de discusión entre la Comisión y las autoridades holandesas.
PREGUNTA ESCRITA E-3997/97 de Michl Ebner (PPE) a la Comisión (14 de enero de 1998)

Asunto: Edad límite de los conductores de autobús

En Italia, la edad límite de los conductores de autobús está fijada en 65 años (apartado 6 del artículo 135 del Código de la Circulación), mientras que en otros Estados miembros de la UE como, por ejemplo, Austria y Alemania, la edad límite es de 70 años.

Tal disposición se aplica también en el caso de que el conductor de autobús posea un permiso de conducción deun país en el que la edad límite esté fijada en 70 años.

Habida cuenta de tal situación, ¿puede indicar la Comisión si tiene previsto en un futuro próximo unificar las normativas referentes a la edad límite de los conductores de autobús?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (27 de febrero de 1998)

La Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción ((DO L 237 de 24.8.1991. )) entró en vigor el 1 de julio de 1996.

El artículo 6 armoniza las condiciones de edad mínima, pero no máxima, para la expedición del permiso de conducción.

Además, el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva establece que «Sin perjuicio de las disposiciones que adopte el Consejo en esta materia, cada Estado miembro conservará el derecho de fijar, según criterios nacionales, el período de validez de los permisos de conducción por él expedidos».

En lo que se refiere al reconocimiento de la validez del permiso de conducción de un titular que establezca su residencia en otro Estado miembro, el apartado 3 del artículo 1 de la Directiva 91/439/CEE del Consejo estipula lo siguiente: «Cuando el titular de un permiso de conducción en período de validez establezca su residencia normal en un Estado miembro diferente de aquel que haya expedido el permiso, el Estado miembro de acogida podrá aplicar al titular del permiso sus disposiciones nacionales en materia de duración de validez del permiso, de control médico así como en materia fiscal, y podrá indicar en el permiso las menciones indispensables para la gestión de éste».

Ello significa que si el titular de un permiso de conducción alemán de categoría D (autobuses) establece su residencia normal, por ejemplo, en Italia, las autoridades italianas podrán aplicar a dicho conductor sus disposiciones nacionales en materia de duración de validez del permiso.

Habida cuenta de la reciente entrada en vigor de la Directiva 91/439/CEE, la Comisión no tiene actualmente previsto proponer legislación adicional sobre permisos de conducción, como la armonización de la edad máxima de los conductores de autobús.
PREGUNTA ESCRITA E-4035/97 de Bryan Cassidy (PPE) a la Comisión (14 de enero de 1998)

Asunto: Reglamentación adoptada en 1996 por el RU en materia de obligaciones y responsabilidades del fabricante (residuos de envases)

¿No estima la Comisión que la responsabilidad penal prevista en la legislación británica excede ampliamente lo dispuesto en la Directiva 94/62/CE ((DO L 365 de 31.12.1994, p. 10. ))?

Respuesta común a las preguntas escritas E-4033/97 y E-4035/97 dada por el Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (24 de febrero de 1998)

Si bien las Directivas son de obligada aplicación en los Estados miembros, éstos pueden elegir la forma y los métodos de aplicación. Además, el artículo 5 del Tratado CE exige a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del Tratado CE. Por lo tanto, la imposición de sanciones por incumplimiento es un tema en el que las autoridades nacionales tienen un amplio margen de maniobra. A este respecto, es útil referirse a la sentencia del Tribunal de Justicia en el caso C-58/95. En este caso el Tribunal sostuvo que el artículo 5 y el tercer apartado del artículo 189 del Tratado deberán interpretarse en el sentido de que no impiden a un Estado miembro imponer sanciones legales para garantizar el cumplimiento de las Directivas sobre residuos, siempre que tales sanciones sean análogas a las aplicables en caso de infracción de la ley nacional del mismo carácter e importancia y sean, en cualquier caso, efectivas, proporcionales y disuasivas.
PREGUNTA ESCRITA E-4088/97 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (16 de enero de 1998)

Asunto: Datos completos sobre financiación destinada a países mediterráneos

¿Podrían facilitar los servicios competentes de la Comisión Europea cuadros analíticos con datos referentes a toda la financiación destinada hasta la fecha (a partir de la época de los primeros acuerdos de la Comunidad -1977-, si hay datos disponibles) a Israel, Líbano, Siria, Jordania, Turquía, Chipre, Malta, Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos y Palestina?

¿Podrían abarcar dichos datos la totalidad de las ayudas recibidas por cada país de todas las distintas fuentes de financiación posibles (presupuesto comunitario, medidas horizontales, acuerdos bilaterales y protocolos financieros, Banco Europeo de Inversiones y toda otra iniciativa comunitaria)?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión (17 de febrero de 1998)

Habida cuenta de la amplitud de la respuesta, la Comisión la envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-4195/97 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (21 de enero de 1998)

Asunto: Agenda 2000 y Objetivo 1: Ayudas del Estado 1993-1997

El Director General de Política Regional y Cohesión, Eneko Landáburu, sugirió ante la prensa, a finales de noviembre, que once regiones europeas, entre las que se encuentra Valencia (España), iban a perder su estatuto de Objetivo 1, conforme a las propuestas de la Comisión para reducir los Fondos estructurales antes de la adhesión de nuevos países.

Esta estimación la hacía basándose en datos provisionales de que dispone la Comisión. Sin embargo, para el caso concreto de Valencia, las estadísticas oficiales de Eurostat muestran que en 1993 esta Comunidad Autónoma tenía un PIB un 74,9 % por debajo de la media europea y, en 1994, esta proporción era aún más baja: el 73,6 %. El umbral para ser considerado Objetivo 1 se encuentra en el 75 %, por lo que nada hace pensar que, de forma inmediata, Valencia vaya a dejar de cumplir las condiciones objetivas.

En el caso de que se empleara la renta media de las regiones durante el período 1993-1997 como criterio para calcular el PIB, resulta importante conocer los datos macroeconómicos de estas regiones en cada uno de los años en consideración.

¿Cuál fue, en 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997, el montante de ayudas del Estado otorgadas a los 15 países miembros y a las regiones citadas a continuación:

- Anatolia, Macedonia, Tesalia, Creta, Peloponeso, Grecia Central, Ipeiros, Ática, Islas Jónicas, Acaya, Grecia Stereo (Grecia)

- Hainaut (Bélgica)

- Turingia, Brandenburgo, Berlín Este, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Munster (Alemania)

- Galicia, Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Asturias, Andalucía, Canarias, Murcia (España)

- Valenciennes, Avesnes, Douai Córcega, Departamento de Ultramar (Francia)

- Ulster, Connauaught, Leinster (Irlanda)

- Molise, Apulia, Sicilia, Basilicata, Cerdeña, Calabria, Campania (Italia)

- Flevoland (Países Bajos)

- Burgerland (Austria)

- Norte de Portugal, Alentejo, Algarve, Lisboa, E Vale do Tejo, Centro (Portugal)

- Islas Enterprise, Highlands, Merseyside, Irlanda del Norte (Reino Unido)?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (18 de febrero de 1998)

Su Señoría encontrará a continuación las cifras disponibles sobre las ayudas de Estado concedidas en el marco de los sistemas de ayudas nacionales destinadas a las regiones (letra a del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE).

Medias anuales durante el período 1992-1994 en millones de ecus

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Este cuadro muestra el importe global de las ayudas regionales concedidas por los Estados miembros a las regiones (letra a del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE) durante el período 1992-1994, no disponiéndose todavía de las cifras correspondientes a años posteriores. Se recuerda a Su Señoría que la Comisión no recibe la distribución por regiones de las ayudas concedidas a través de los sistemas horizontales de ayudas como, por ejemplo, los sistemas de ayudas a la investigación y desarrollo tecnológico (I+D) o a las pequeñas y medianas empresas (PYME).
PREGUNTA ESCRITA E-3460/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (31 de octubre de 1997)

Asunto: Centro Común de Investigación de Ispra

La gestión del CCI de Ispra no parece ser siempre totalmente transparente, sobre todo parece que no se da trato justo al personal italiano. ¿No considera la Comisión oportuno realizar una investigación para averiguar por qué el personal italiano del CCI de Ispra ha recurrido o recurre tanto al artículo 90 del Estatuto como al Tribunal de Primera Instancia? Algunos funcionarios tienen interpuestos incluso varios recursos.

¿No le parece extraño a la Comisión que sea exclusivamente el personal de nacionalidad italiana el que recurre a la vía contencioso-administrativa, recurso totalmente inexistente en el caso de los funcionarios de otras nacionalidades?

Respuesta de la Sra. Cresson en nombre de la Comisión 20 de enero de 1998)

Las estadísticas de la Comisión muestran que el recurso al artículo 90 del Estatuto y al Tribunal de Primera Instancia por parte del personal se realiza sin que exista una diferencia cuantitativa sustancial respecto de los distintos lugares de destino. En el caso de Ispra, es lógico que sea principalmente el personal de nacionalidad italiana el que interponga la mayoría de los recursos, dado que esta nacionalidad está más representada que las demás en este destino.
PREGUNTA ESCRITA E-4070/97 de Phillip Whitehead (PSE) a la Comisión (14 de enero de 1998)

Asunto: Etiquetado de los alimentos

¿No estima la Comisión que la futura política de la UE sobre los alimentos -por ejemplo, la posible directiva marco que lleve adelante el Libro Verde- debe reconocer la importancia de la nutrición y la necesidad de que los consumidores tengan acceso a una dieta sana y nutritiva?

Respuesta común a las preguntas escritas E-4070/97 y E-4072/97 dada por el Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (30 de enero de 1998)

La Comisión considera que, gracias a una serie de actividades, medidas y políticas comunitarias, los consumidores de la Comunidad disponen actualmente de un suministro seguro y adecuado de una gran variedad de productos alimenticios. Una información correcta y coherente en el etiquetado de los productos alimenticios, así como una educación y unos conocimientos adecuados constituyen elementos fundamentales para que los consumidores puedan elegir una dieta alimenticia adaptada a sus necesidades.

Las indicaciones de las cualidades nutritivas constituyen un aspecto importante del etiquetado, y, en este sentido, la Comisión examina actualmente las observaciones recibidas en respuesta a su Libro Verde sobre la legislación alimentaria ((COM(97)176 final. )) antes de tomar eventuales medidas.
PREGUNTA ESCRITA E-4107/97 de Joan Vallvé (ELDR) a la Comisión (16 de enero de 1998)

Asunto: Utilización de servicios frigoríficos en zonas transfronterizas productoras de fruta

En las zonas transfronterizas productoras de fruta existe, según la cosecha, una falta de capacidad frigorífica a un lado de la frontera, mientras que en el otro lado se aprecia un exceso de la misma. Este hecho puede dar lugar a que, en determinados momentos, los agricultores de un lado de la frontera utilicen, en régimen de alquiler, los servicios frigoríficos del país vecino.

¿Tiene prevista la Comisión alguna actuación con el fin de facilitar la cooperación transfronteriza en la transformación y comercialización de la producción agrícola?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (18 de febrero de 1998)

La reforma de la organización de mercados de frutas y hortalizas puesta en marcha por el Reglamento (CE) no 2200/96, de 28 de octubre de 1996 ((DO L 297 de 21.11.1996. )), prevé medidas que permiten afrontar la situación descrita por Su Señoría.

En efecto, las organizaciones de productores pueden poner en práctica los programas operativos con el fin de mejorar la calidad de los productos y aumentar su valor comercial. A tal fin, podrán alquilarse los almacenes frigoríficos existentes en otro Estado miembro. En las condiciones de mercado único, la transformación o la comercialización podrá intervenir sin restricción territorial.

La Comunidad financia al 50 % estos programas operativos y en el caso de que un programa sea presentado por varias organizaciones de productores de la Comunidad que operan en Estados miembros diferentes para actuaciones transnacionales, la financiación llega hasta el 60 % del importe de los gastos realmente desembolsados.