PREGUNTA ESCRITA P-2691/99

de Pernille Frahm (GUE/NGL) a la Comisión

(11 de enero de 2000)

Asunto: Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados

La declaración de Tammerfors subrayaba que el Consejo considera importante que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los refugiados constituya, en su totalidad, el fundamento de la política en materia de refugiados y de asilo de la UE.

¿Puede la Comisión confirmar que esta decisión implica que los Estados miembros de la UE están obligados a tratar una solicitud de asilo independientemente del país de procedencia del solicitante?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(3 de febrero de 2000)

Las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere del 15 y 16 de octubre de 1999 incluyen las siguientes declaraciones:

Se persigue el objetivo de lograr una Unión Europea abierta y segura, plenamente comprometida con las obligaciones que emanan de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y otros instrumentos pertinentes en materia de derechos humanos... (punto 4); y

El Consejo Europeo reitera la importancia que la Unión y los Estados miembros conceden al respeto absoluto del derecho a solicitar asilo. El Consejo Europeo ha acordado trabajar con vistas a la creación de un sistema europeo común de asilo, basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra; de ese modo, se logrará que ninguna persona sea repatriada a un país en que sufre persecución, lo que significa que se observará el principio de no devolución. (punto 13).

La Comisión acoge con satisfacción y aprueba estas declaraciones. Estos compromisos políticos sentarán las bases de las futuras propuestas legislativas en el campo del asilo.

En cuanto a las obligaciones de los Estados miembros en lo tocante al asilo, es preciso distinguir entre sus obligaciones conforme al Derecho internacional y sus obligaciones conforme a los Tratados. Todos los Estados miembros son partes de la Convención de la ONU de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que impone obligaciones a los Estados en relación con los refugiados, incluida una prohibición de devolución de conformidad con el artículo 33 de la Convención, que se aplica con independencia del país de origen del refugiado. Efectivamente, el artículo 3 de la Convención establece específicamente que los Estados contratantes aplicarán las disposiciones de la Convención a los refugiados sin discriminación por razón de raza, religión o país de origen. Todos los Estados miembros son también partes del Convenio de Dublín, en el artículo 2 del cual reafirman sus obligaciones conforme a la Convención de Ginebra tal como fue modificada por el Protocolo de Nueva York y su compromiso con respecto a la cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en la aplicación de estos instrumentos.

En cuanto a las obligaciones derivadas de los Tratados, actualmente no hay legislación comunitaria sobre asilo. El apartado 1 del artículo 63 (antiguo artículo 7K) del Tratado CE requiere que el Consejo adopte una serie de medidas sobre asilo con arreglo a la Convención de Ginebra del 28 de julio de 1951 y al Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el estatuto de los refugiados y a otros tratados pertinentes.

La aplicación del apartado 1 del artículo 63 será el mecanismo por el cual el Consejo materialice las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere. Dos de las cuatro letras del apartado 1 del artículo 63 prevén medidas relativas a ciudadanos de terceros países, mientras que las otras dos no especifican las personas a las que se dirigen las medidas que deben tomarse.

El Tratado de Amsterdam incluye un protocolo sobre el asilo para ciudadanos de Estados miembros, adjunto al Tratado CE, que prevé que una solicitud de asilo presentada por un ciudadano de un Estado miembro puede ser tomada en consideración o declarada admisible por otro Estado miembro sólo cuando se cumple alguna de las cuatro condiciones. Tres de ellas se refieren a derogaciones de la legislación sobre derechos humanos o a atentados graves y persistentes contra los derechos humanos en el Estado miembro del cual el solicitante de asilo es ciudadano. La cuarta condición ofrece a los Estados miembros la posibilidad de decidir unilateralmente tratar una solicitud de asilo de un ciudadano de otro Estado miembro.

La declaración no 48 al Tratado de Amsterdam reza: El Protocolo sobre el asilo a nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea no prejuzga el derecho de cada Estado miembro a adoptar las medidas organizativas que considere necesarias para cumplir sus obligaciones en virtud de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el estatuto de los refugiados. Cada Estado tiene que determinar qué medidas organizativas necesita tomar para cumplir con sus obligaciones conforme a la Convención de Ginebra al aplicar el Protocolo.

Nada en el Protocolo impide que un Estado miembro considere todas las solicitudes de asilo independientemente del país de origen del solicitante. La Comisión recuerda que Bélgica hizo una

declaración en este sentido: Al aprobar el Protocolo sobre asilo a nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, Bélgica declara que, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención de Ginebra de 1951 y del Protocolo de Nueva York de 1967, llevará a cabo, de acuerdo con lo dispuesto en la letra d) del artículo único de ese Protocolo, un examen individual de cualquier solicitud de asilo presentada por un nacional de otro Estado miembro(1).

(1) Véase el Tratado de Amsterdam: Declaraciones anexas al Acta final del Tratado de Amsterdam. Declaración no 56 de Bélgica relativa al protocolo sobre asilo a nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.