PREGUNTA ESCRITA P-2043/00

de Olivier Dupuis (TDI) a la Comisión

(16 de junio de 2000)

Asunto: Defensa de funcionarios condenados injustamente

En su respuesta a la pregunta escrita P-1049/00(1) de 23 de mayo, el Vicepresidente de la Comisión, Sr. Kinnock, afirma, entre otras cosas que, en caso de que se formulen graves acusaciones infundadas en relación con la integridad profesional de un funcionario, el articulo 24 del Estatuto exige que

se tomen las medidas necesarias para restablecer el buen nombre del funcionario en cuestión. En estos casos, la administración cuenta con un amplio margen de maniobra, a reserva de un control por parte de los Tribunales comunitarios, para elegir los medios y formas de asistencia al funcionario en cuestión. Debe refutar las alegaciones y hacer todo lo posible para restablecer el buen nombre del funcionario de que se trate. Por tanto, la asistencia a que se refiere el artículo 24 puede adoptar diversas formas en función del tipo de acción o de amenaza, y de los deseos de la víctima.

¿Tiene intención la Comisión de sacar todas las consecuencias de estas afirmaciones en una serie de asuntos pendientes en que alegaciones difamatorias ponen en tela de juicio la integridad de determinados funcionarios? Además, ¿puede excluir la Comisión la existencia de demandas de funcionarios, a los que no habría respondido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, y en la línea de las afirmaciones a que se hace referencia?

(1) DO C 72 E de 6.3.2001, p. 15.

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(31 de julio de 2000)

La Comisión reitera la respuesta que diera a la pregunta escrita P-1049/00(1) de su Señoría, en la que destacaba la disposición contenida en el artículo 24 del Estatuto de los funcionarios y demás agentes de la CE, es decir, el deber de asistir a éstos cuando, por su condición de tales o como consecuencia del ejercicio de sus funciones, sean objeto de amenazas, ultrajes, injurias, difamaciones o atentados contra su persona o contra sus bienes.

En cada uno de los casos que se ponen en su conocimiento, la Comisión procede a examinar si es aplicable o no lo dispuesto en ese artículo y decide con un amplio margen de discrecionalidad (sujeto a la supervisión del Tribunal de primera instancia) las medidas que puedan resultar más pertinentes.

Cada caso es examinado individualmente y tratado en función de sus aspectos concretos. En este contexto, es posible que se rechace una solicitud de asistencia porque los hechos denunciados por el funcionario no se correspondan con el tipo de actos para el que se prevé esa asistencia. Como alternativa, la Comisión puede decidir también prestar su apoyo por vías distintas de la solicitada por el denunciante.

Por lo demás, el Estatuto confiere a los funcionarios la facultad de recurrir contra las decisiones adoptadas en el marco de su artículo 24.

Para concluir, la Comisión desea informar a su Señoría de que, por estar aún pendientes las solicitudes de asistencia, la respuesta se facilitará tan pronto como aquéllas hayan sido examinadas íntegramente, a la vista, en especial, de las circunstancias concretas de cada funcionario.

(1) DO C 72 E de 6.3.2001, p. 15.