PREGUNTA ESCRITA P-1207/01

de Gérard Caudron (PSE) a la Comisión

(4 de abril de 2001)

Asunto: Cierre de empresas sanas

Los anuncios brutales y cínicos de los cierres de las empresas Danone y Marks and Spencer demuestran quienes aún lo dudaran, que la época de la economía mixta y del modelo social europeo está pereciendo.

Se podría comprender que una empresa llevara a cabo reestructuraciones a consecuencia de problemas económicos reales; sin embargo, no se pueden aceptar las reestructuraciones de empresas saludables y prósperas, que no tienen más objetivo que aumentar los beneficios de quienes detentan el capital.

Si las crisis agrícolas consiguen movilizar a nuestros dirigentes, las acciones voluntarias de desmantelamiento que en aras del dinero destruyen a familias enteras, deben movilizar al menos en el mismo grado igualmente a los dirigentes europeos, sobre todo si se tiene en cuenta que, si no se reacciona, esta tendencia se intensificará en el futuro.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión a este respecto?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2001)

La Comisión concede la máxima importancia a las consecuencias sociales de los procesos de reestructuración de empresas.

Por lo que respecta a la legislación comunitaria vigente en materia de protección de los trabajadores en casos de reestructuración de empresas, ha de aplicarse y respetarse la legislación nacional de transposición de determinadas directivas en el ámbito del Derecho del trabajo y de las relaciones laborales, en particular la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos(1) y la Directiva 77/187/CE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad(2), modificada por la Directiva 98/50/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998(3).

Habida cuenta de que dichas Directivas han sido incorporadas al ordenamiento jurídico nacional, corresponde a las autoridades nacionales administrativas o judiciales determinar si se han producido infracciones en los casos de Danone y Marks and Spencer.

La Comisión ha insistido en repetidas ocasiones en la necesidad de que la reestructuración de empresas se lleve a cabo de forma aceptable en el plano social y, en consecuencia, ha hecho hincapié en la urgencia de incrementar los derechos de información y consulta de los trabajadores, en particular en el contexto de reestructuraciones y de las numerosas fusiones y adquisiciones a que deben hacer frente diariamente.

Ésta fue la principal preocupación de la Comisión al preparar su propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea(4), que se halla actualmente encima de la mesa del Consejo de Ministros. El objetivo de la Directiva propuesta es mejorar los derechos de información y de consulta de los trabajadores que realizan su actividad en empresas privadas, así como suprimir las lagunas existentes en las disposiciones a escala nacional y comunitaria en materia de información y consulta de los trabajadores. La propuesta ha de considerarse una respuesta comunitaria concreta a las preocupaciones de los ciudadanos europeos derivadas de la inseguridad resultante de la sucesión de grandes oleadas de operaciones de reestructuraciones de empresas, fusiones, adquisiciones, etc., que normalmente van acompañadas de pérdida de empleo.

Esta Directiva, una vez que el Consejo la adopte y los Estados miembros la apliquen, otorgará a los trabajadores de empresas que tengan como mínimo 50 trabajadores (aunque se trate de filiales de un grupo multinacional) varios derechos fundamentales: el derecho de información sobre la evolución reciente y la evolución razonablemente previsible de la empresa, sobre su situación económica y financiera, el derecho de información y consulta sobre estas cuestiones de empleo y sobre decisiones que podrían ocasionar cambios sustanciales en la organización del trabajo, así como el derecho a conocer cómo la empresa tiene previsto llevar a cabo dichos cambios.

En su Agenda de política social(5), la Comisión propuso la creación de un observatorio sobre el cambio, que la Fundación de Dublín habrá de desarrollar. La propuesta fue aprobada por el Consejo Europeo de Estocolmo, de marzo de 2001, que afirmó que debería crearse lo antes posible dicho observatorio.

Además, la Comisión tiene previsto presentar en junio de 2001 un Libro Verde sobre la responsabilidad social de las empresas, haciendo hincapié en que reestructurar de forma socialmente responsable significa equilibrar los intereses y las preocupaciones de todos los agentes a los que afectan dichos cambios y decisiones.

En conclusión, Europa debería hacer frente a la reestructuración industrial -que puede contribuir a incrementar la competitividad y el crecimiento económico- y a sus consecuencias sociales compaginando la innovación y la cohesión social y mejorando su capacidad para gestionar el cambio. La Comisión adopta un enfoque global, como se ha descrito anteriormente, procurando mejorar la capacidad de prever y gestionar el cambio a través del Observatorio de Dublín, creando mecanismos legales para asegurar una protección adecuada de los trabajadores que viven una situación de reestructuración industrial y fomentando la responsabilidad social de las empresas.

(1) DO L 225 de 12.8.1998.

(2) DO L 61 de 5.3.1977.

(3) DO L 201 de 17.7.1998.

(4) DO C 2 de 5.1.1999.

(5) COM(2000) 379 final.