ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/955

(2004/C 84 E/1054)

PREGUNTA ESCRITA P-1170/04

de Manuel dos Santos (PSE) a la Comisión

(13 de abril de 2004)

Asunto: Construcción del túnel de Amoreiras en Lisboa

El 29 de mayo de 2002, el Ayuntamiento de Lisboa convocó un concurso público para la realización de obras de desnivelación de la avenida Duarte Pacheco, de la calle Joaquim António de Aguiar y de la avenida Fontes Pereira de Melo, cuyo programa básico para la realización del proyecto establecía lo siguiente:

— dada la existencia de interferencias entre las obras de construcción del túnel y algunas infraestructuras, los licitadores deberán presentar en el marco del concurso soluciones para el desvío de las infraestructuras que resulten afectadas por las obras;

— los licitadores deberán presentar las soluciones en una fase de estudio previo teniendo en cuenta todos los ámbitos implicados, en particular el desvío de las ocupaciones del subsuelo;

— la oferta deberá incluir todas las obras que permitan alcanzar los objetivos de ejecución total de la obra, incluido todos los desvíos de las empresas concesionarias.

El 14 de marzo de 2003, el Ayuntamiento de Lisboa decidió no adjudicar la contrata a ninguna de las ofertas presentadas por tener todas un precio total más elevado que el establecido, resolviendo que la adjudicación se concedería por contrato directo. El recurso al contrato directo (cuando se presentan insuficientes ofertas adecuadas a un concurso público) no puede estar en contradicción con el programa ni con el pliego de condiciones que constituyen las bases de dicho concurso. Ahora bien, a la hora de analizar las ofertas desde el punto de vista del contrato directo, la comisión decidió que las tareas correspondientes a la reposición de las infraestructuras no se considerarían elementos esenciales del contrato. El 22 de mayo de 2003, el Ayuntamiento de Lisboa adjudicó la obra por contrato directo al consorcio constituido por las empresas Construções do Tâmega S.A. y CME — Construções e Manutenção Electromecânica S.A. que, en su oferta, excluían de la contrata obras fundamentales con una notable incidencia en las infraestructuras.

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto,

— ¿puede indicar la Comisión si el recurso al contrato directo, tal y como se ha desarrollado, incumple la letra a) del apartado 3 del artículo 7 de la Directiva 93/37/CEE (1), así como el principio de libre competencia?

— ¿Acaso el hecho de que la oferta seleccionada no se ajuste al programa básico y al pliego de condiciones y que el Ayuntamiento de Lisboa la haya tenido en cuenta y haya entablado las negociaciones sobre esta base, perjudicando a terceros que actuaron de buena fe, no contradice el principio de igualdad de trato que se deriva de la aplicación del Derecho comunitario?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

De conformidad con las directivas comunitarias, cualquier contrato a título oneroso celebrado entre un poder adjudicador o una entidad adjudicadora y un operador económico, siempre y cuando tenga por objeto la ejecución de obras, la realización de una obra, la prestación de un servicio o el suministro de un bien, se considerará «contrato público» de obras, de servicios o de suministro. Cuando el importe del contrato supere un umbral indicado en las directivas, su adjudicación deberá respetar lo dispuesto en las directivas comunitarias en las que se determinan las normas detalladas, en particular, en materia de publicidad o de participación de las empresas.

El recurso al procedimiento negociado sólo se admite en determinados casos excepcionales previstos en las Directivas de contratación pública, en la medida en que dicho procedimiento se aparta de las normas comunes dictadas en las directivas.

Con arreglo a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, corresponde a quien pretenda hacer valer tal excepción aportar la prueba de que las circunstancias que la justifican existen efectivamente (en relación con los contratos públicos de obras, véase la sentencia de 10 de marzo de 1987, Comisión contra Italia, asunto 199/85).

Por el momento, la Comisión no dispone de información alguna que le permita determinar si se han respetado las normas de la Directiva 93/37/CEE en el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión y, en particular, lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 de su artículo 7.

La Comisión, basándose en la información transmitida en la pregunta escrita, se dirigirá a las autoridades portuguesas a fin de obtener los datos que le permitan proceder al examen minucioso de este asunto.

(1) DO L 199 de 9.8.1993, p. 54.