PREGUNTA ESCRITA E-2648/01

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(28 de septiembre de 2001)

Asunto: Legalidad de las directivas sobre discriminación de la Comisión

Dejando de lado la cuestión de saber si, desde el punto de vista de las libertades, es oportuno, en una sociedad libre, que la Comisión o los gobiernos nacionales digan a los empresarios a quién deben contratar y a quién no, y dejando así mismo de lado los costes que, en el ámbito jurídico y de la eficacia, se derivan de la aplicación de la directiva, que han llevado a las organizaciones patronales de toda Europa a oponerse a la aplicación de las directivas en su forma actual, ¿podría confirmar la Comisión si una empresa llevada ante un tribunal constituido según los términos establecidos en las directivas presentadas por la comisaria Diamantopoulou se beneficiará o no de la presunción de inocencia y tendrá legalmente derecho a esperar que no se le considere culpable de violar lo estipulado en cualquier de las directivas, a menos que se demuestre claramente que la empresa ha violado la directiva de que se trate, incluso si la empresa opta por abstenerse de presentar defensa? En caso negativo, ¿hasta qué punto son compatibles estas directivas con el apartado 2 del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950), con los Tratados consolidados, o incluso con el apartado 1 del artículo 48 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea?

¿Podría precisar la Comisión quién será responsable de la constitución de los tribunales competentes, así como que sus miembros no tendrán interés institucional alguno en iniciar acciones judiciales?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(31 de octubre de 2000)

La Comisión querría recordar ante todo que la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico(1) y la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(2) recibieron, el 29 de junio y el 27 de noviembre respectivamente, la aprobación unánime de todos los Estados miembros, después de que el Parlamento apoyara decididamente las propuestas de la Comisión.

Debe recordarse asimismo que, como sucede con la Directiva 97/80/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo(3), las disposiciones de las Directivas respecto a la adaptación de la carga de la prueba no se aplican cuando los Estados miembros optan, a la hora de examinar asuntos de presunta discriminación, por ofrecer medios de recurso en el marco del procedimiento penal o de procedimientos en lo que son el tribunal o el órgano jurisdiccional competente los que investigan los hechos. Como el apartado 2 del artículo 6 del Convenio europeo de derechos humanos se refiere únicamente a las personas acusadas de una infracción, no hay incompatibilidad con las Directivas.

Por lo que se refiere a la última pregunta de su Señoría sobre la constitución de los tribunales competentes, las Directivas marco establecen los principios generales respecto a las exigencias mínimas. En consecuencia, los Estados miembros siguen siendo libres, a la hora de ofrecer medios de recurso a las víctimas de la discriminación, de utilizar los procedimientos judiciales o administrativos existentes o de introducir un nuevo procedimiento, siempre que dicho procedimiento satisfaga los requisitos de la Directiva. Los Estados miembros disponen de un plazo que termina el 19 de junio de 2003 para trasponer

la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, y de otro que termina el 2 de diciembre de 2003 para transponer la Directiva 97/80/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo (con la posibilidad de un plazo suplementario de hasta tres años más para las disposiciones relativas a la discriminación por razones de discapacidad y de edad).

(1) DO L 180 de 19.7.2000.

(2) DO L 303 de 2.12.2000.

(3) DO L 14 de 20.1.1998.