PREGUNTA ESCRITA E-3547/01

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(7 de enero de 2002)

Asunto: Incremento de las actividades criminales por el aumento de la población urbana cuyo nombre, nacionalidad, domicilio y fuente de ingresos se desconocen

1. ¿Comparte la Comisión la opinión de los ayuntamientos de las grandes ciudades de los Estados miembros de la UE de que en los últimos años ha ido aumentando la población cuyo nombre, nacionalidad, domicilio y fuente de ingresos se desconocen?

2. ¿Podría confirmar que los acuerdos de Schengen sobre una política de admisión restrictiva dirigida a las personas no pertenecientes a la UE no conllevan una reducción del número de personas desconocidas en las grandes ciudades y, en especial, que tienen como consecuencia la presencia de un número cada vez mayor de personas residentes en esas ciudades de manera duradera y que se ven obligadas a hacer lo imposible para que no se conozca su identidad y, por lo tanto, que no solicitan asilo?

3. ¿Se debe también este incremento del número de habitantes desconocidos por la Administración al hecho de que la falta de fuentes de ingreso legales y de servicios para aquellas personas que no tengan permiso de residencia (o que lo hayan perdido) no implica que se vayan, sino que intenten no ser descubiertas en la medida de lo posible?

4. En su opinión, ¿en qué medida la falta de ingresos legales constituye, para este grupo de población, una fuente de actividades ilegales, comercio de mercancías prohibidas, atracos y robos?

5. ¿Podría confirmar que se trata, sobre todo, de habitantes procedentes de los futuros países candidatos que, en espera del 2004, emigran cada vez más a las ciudades de la UE, y que son, sobre todo, aquellas personas que pertenecen a minorías étnicas las que no son capaces de mantenerse fácilmente frente a la mayoría étnica de su país de origen, como los turcos de Bulgaria, los bohemios de Europa Central, los albaneses de fuera de Albania y los húngaros de los territorios cedidos por Hungría en 1918?

6. ¿Qué posibilidades ve la Comisión de volver al estado anterior, en el que lo normal era que las autoridades en cuestión conocieran la identidad y las fuentes de ingresos de los habitantes, independientemente de si eran autóctonos o no, de manera que a esas personas también se les aplicaban las normas habituales en materia de servicios, impuestos, seguridad y responsabilidad criminal?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(7 de marzo de 2002)

Es imposible calcular con cierta precisión el número de residentes ilegales que viven en las grandes ciudades de la Unión. Sin embargo, los programas de regularización desarrollados en los últimos años indican que muchos de ellos son ya conocidos por las autoridades (habiendo prolongado su estancia más allá del período establecido en su visado original) y tienen un empleo. Estudios recientes muestran que el número de personas procedentes de los países candidatos que trabajan ilegalmente en la Unión es relativamente bajo en comparación con el volumen total de mano de obra de la Unión (aproximadamente 300 000 personas, más sus personas a cargo, lo que equivale al 0,2 % de la mano de obra de la Unión). Además hay un número desconocido de ciudadanos indocumentados procedentes de los países de Europa Central y Oriental (PECO) que trabajan a menudo en los Estados miembros de forma temporal violando la normativa sobre residencia, al cambiar la finalidad de su estancia o prolongar su estancia más allá del período de tres meses para el que no necesitan visado. No se dispone de cifras relativas al origen étnico de estos trabajadores ilegales.

Aunque indudablemente las medidas tomadas por los Estados miembros y las que se han adoptado en el marco de la Unión ya han surtido efecto, se consideran necesarias nuevas medidas para luchar contra la inmigración y residencia ilegales. Por ello, la Comisión ha enviado una Comunicación al Consejo y al Parlamento relativa a una política común de inmigración ilegal(1), que contiene un plan de acción con medidas apropiadas. Conforme a la petición del Consejo Europeo de Laeken del 14 y 15 de diciembre de 2001, el Consejo está a punto de adoptar su propio plan de acción, en gran parte basado en esta Comunicación.

Además, la Comisión publicará pronto otra Comunicación sobre una estrategia integrada y global de gestión y control de las fronteras, que se basará en el acervo común existente en materia de fronteras exteriores, y esbozará la forma de aumentar la capacidad de abordar eficazmente los desafíos planteados en las fronteras exteriores de la Unión por la inmigración ilegal y las actividades de las redes delictivas. Con el fin de reducir el número de residentes ilegales, que no pueden ser identificados y devueltos a sus países de origen, la Comisión también ha propuesto evaluar la viabilidad de un sistema europeo de identificación de visados, con objeto establecer un instrumento oportuno que permita garantizar una admisión adecuada para estancias de corta duración y el retorno tras la expiración del visado. El Consejo Europeo ha pedido ya al Consejo que tome las medidas necesarias para crear tal sistema en las conclusiones no 40 y no 42 del Consejo Europeo de Laeken de diciembre de 2001.

Otro problema importante, que debe abordarse en el contexto de la residencia ilegal, es la disponibilidad del trabajo no declarado en la Unión. La posibilidad de realizar un trabajo no declarado supone un importante factor de atracción para los emigrantes ilegales. Por consiguiente, deben imponerse sanciones adecuadas a los empleadores de residentes ilegales, sanciones que deben centrarse, en particular, en las ventajas financieras que obtienen al emplear a estos trabajadores.

La Comisión considera que la puesta en práctica de las políticas que ya ha presentado y, en especial, de una política sobre inmigración legal más transparente, descrita en su Comunicación sobre una política comunitaria de migración(2), junto con la coordinación de políticas encaminadas a reducir los factores de atracción ejercidos en los países de procedencia de los inmigrantes, un sistema reforzado y mejorado de controles en las fronteras exteriores de la Unión y unos mayores esfuerzos para aplicar la legislación laboral en los Estados miembros, llevarán a una reducción de la inmigración y la residencia ilegales.

(1) COM(2001) 672 final.

(2) COM(2000) 757 final.