ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/259

(2004/C 78 E/0260)

PREGUNTA ESCRITA P-3323/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(5 de noviembre de 2003)

Asunto: Presunta infracción de las normas relativas a los contratos públicos por parte de ATAC, Roma

El 30 de junio de 1998, mediante Resolución no 162, la agencia de transporte público del Municipio de Roma, ATAC, convocó un concurso para la adjudicación de un contrato para el proyecto, fabricación e instalación de un nuevo sistema de emisión y validación de billetes. El pliego de condiciones resultaba especialmente difícil de satisfacer tanto desde el punto de vista técnico, muy superior a los estándares normales de mercado, como por los plazos sumamente breves fijados para la entrega, imposibles de respetar para cualquier candidato, según los actuales conocimientos tecnológicos, acompañados de cláusulas penales inverosímilmente elevadas en caso de retraso en la entrega. Por estos motivos, ninguna de las empresas invitadas a presentar ofertas participó en el concurso, con la excepción de la TSF, que luego quedó excluida por la propia entidad contratante, y de la ERG Motorola que, en consecuencia, resultó adjudicataria. ¿Puede decir la Comisión si considera que este procedimiento es conforme a lo dispuesto en la Directiva 93/38/CEE (1), en particular en el apartado 5 del artículo 18 en virtud del cual no se podrán introducir en el pliego de condiciones especificaciones técnicas «que tengan como consecuencia favorecer o eliminar a determinadas empresas»? ¿Puede pronunciarse asimismo respecto de la conformidad del mencionado concurso con el apartado 5 del artículo 23 de la misma Directiva que establece que los criterios de selección deberán ser «claros y no discriminatorios» y que «se deberá tener en cuenta la necesidad de garantizar una verdadera competencia»?

Tras la adjudicación del contrato a la ERG, el pliego de condiciones se modificó radicalmente mediante Decisión no 11 del administrador único de ATAC, de 25 de agosto de 1999. Se eliminaron las condiciones anteriormente mencionadas, que quedaron sustituidas por cláusulas contractuales favorables a la empresa adjudicataria, tanto por lo que respecta a las especificaciones técnicas, como a los plazos de entrega y al importe de las sanciones; además, las características de las máquinas que por fin entregó la ERG de ningún modo se corresponden con la descripción que figura en el pliego de condiciones de 1998. ¿No considera la Comisión que este comportamiento constituye una infracción de las normas de competencia y de lo dispuesto en la letra d) del artículo 81 del Tratado?

Posteriormente, la manutención de estas máquinas se adjudicó a la propia ERG, sin convocar concurso alguno, y se justificó la negociación privada con el pretexto de que el contrato de manutención no podía separarse del anterior; el carácter accesorio se documentó con peritajes técnicos de procedencia dudosa. ¿Puede la Comisión, por lo que concierne a su competencia, iniciar una investigación sobre este asunto?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(27 de noviembre de 2003)

A día de hoy, la Comisión no dispone de los elementos necesarios para evaluar si la adjudicación por la sociedad pública ATAC del contrato al que se refiere Su Señoría se llevó a cabo de conformidad con el Derecho comunitario.

Por consiguiente, la Comisión se dirigirá al Gobierno italiano para recopilar los datos necesarios a fin de conocer si ATAC ha respetado, en este caso, las normas y principios comunitarios en materia de contratos públicos. Sobre la base de los elementos que Su Señoría ha indicado, la Comisión verificará, en concreto, que los procedimientos aplicados por ATAC en este supuesto respetan la Directiva del Consejo 93/38/CEE, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, aplicable a los contratos públicos adjudicados por las entidades contratantes que gestionan las redes de transportes urbanos en común, así como las normas y principios del Tratado CE relativos a la realización del mercado interior.

Por otro lado, habida cuenta de que la pregunta se refiere a los procedimientos de adjudicación de un contrato público y no a los acuerdos potencialmente colusorios según lo que dispone el Derecho de competencia, la Comisión estima que el artículo 81 de la mencionada Directiva no es aplicable a este caso concreto.

(1) DO L 199 de 9.8.1993, p. 138.