PREGUNTA ESCRITA E-3183/01

de Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) a la Comisión

(20 de noviembre de 2001)

Asunto: Daños en cultivos por la fauna silvestre del Parque Natural de Baza

Los propietarios agrícolas de terrenos emplazados en la periferia del Parque Natural de Sierra de Baza vienen denunciando los importantes daños que de modo sistemático, ocasiona la fauna silvestre del Parque en sus cultivos, principalmente en las plantaciones de almendro. Esta problemática se repite todos los años durante el verano, por las propias características del bosque mediterráneo de modo general y en particular por la climatología de la zona, que provoca un bache alimentario en esta época del año, lo que hace que los animales busquen alimento fuera del territorio del Parque de Baza.

Ante esta situación, los agricultores han propuesto medidas de tres tipos: compensación de daños, evitar con planes cinegéticos que se causen estos perjuicios a los cultivos y establecer un convenio para que los daños que se produzcan no supongan litigios judiciales y sea suficiente la constatación de los mismos para que se hagan efectivos. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía no ha llevado a cabo ninguna de las opciones propuestas como medidas correctoras a este problema.

Situaciones como las aquí citadas, entrañan un grave peligro para los propios Parques Naturales ya que pueden generar enfrentamientos que en ocasiones son causa de desastres y graves delitos ecológicos (incendios provocados, deforestación, caza ilegal, presión urbanística, etc.).

¿Tiene constancia la Comisión Europea de esta problemática que viene denunciando la Asociación de Damnificados por la Fauna del Parque Natural Sierra de Baza, así como la Asociación Proyecto Sierra de Baza? ¿Que medidas piensa adoptar?

¿Considera la Comisión Europea que la gestión de los parques naturales y el desarrollo rural de las zonas limítrofes debería realizarse mediante políticas de cogestión en las que participen las poblaciones afectadas, haciéndolas partícipes de los beneficios, no sólo medioambientales, sino también económicos fruto de la conservación de los espacios naturales y de la explotación sostenible de los recursos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(15 de enero de 2002)

La Comisión no tiene conocimiento de los hechos mencionados por Su Señoría. La resolución de este tipo de problema concreto es competencia nacional o regional y no comunitaria.

Cabe subrayar que algunas medidas adoptadas en el marco de los programas de desarrollo rural podrían constituir una respuesta a las inquietudes manifestadas por Su Señoría, ya que la nueva política de desarrollo rural, adoptada por el Consejo en junio de 1999, tiende a implantar un marco coherente y duradero que garantice el futuro de las zonas rurales fomentando el mantenimiento y la creación de empleo, teniendo en cuenta las exigencias de protección del medio ambiente.

Algunas de las medidas estructurales establecidas en el Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA)(1) prevén la concesión de ayudas a las inversiones en las explotaciones agrícolas con vistas a la protección del medio ambiente, de indemnizaciones compensatorias en las zonas desfavorecidas, de ayuda agroambientales y de ayudas a las actividades agrícolas y rurales en materia de protección medioambiental.

Estas medidas figuran en el programa español de desarrollo rural como medidas complementarias, en el programa operativo para la mejora de las estructuras productivas en las zonas del objetivo no 1 en España y en el programa operativo regional para Andalucía. Para que la participación de los fondos comunitarios se haga efectiva en el caso mencionado por Su Señoría, es preciso que las medidas concretas solicitadas por los agricultores afectados figuren en los programas elaborados por el Estado español y por la Junta de Andalucía, que estas medidas sean subvencionables y que los distintos socios lleguen a un acuerdo acerca de las mismas.

Cabe recordar al respecto que la gestión de esos programas es responsabilidad del Estado miembro y, por lo tanto, de las autoridades nacionales o regionales y no de la Comisión.

Cabe subrayar en cualquier caso que el Parque Natural de Sierra de Baza (Granada) ha sido propuesto por las autoridades españolas como lugar de interés comunitario que puede integrarse en la red Natura 2000.

Tratándose de un lugar de interés comunitario, los Estados miembros deben adoptar las medidas reglamentarias, administrativas o contractuales necesarias para la conservación de los tipos de hábitat citados en el anexo I y de las especies mencionadas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(2), y para el cumplimiento de los objetivos generales establecidos en dicha Directiva.

Sin embargo, la gestión de los lugares que pueden integrarse en la red Natura 2000 es competencia de los Estados miembros y la función de la Comisión consiste en garantizar el cumplimiento del Derecho comunitario.

(1) DO L 160 de 26.6.1999.

(2) DO L 206 de 22.7.1992.