PREGUNTA ESCRITA E-2983/97 de Patricia McKenna (V) al Consejo (30 de septiembre de 1997)

Asunto: Trato que reciben los niños de la calle por parte de la policía guatemalteca

Human Rights Watch ha publicado recientemente un informe titulado «Los niños olvidados de Guatemala: violencia policial y malos tratos en las detenciones».

El informe insta a la UE y a los Estados miembros que conceden ayudas a Guatemala a exigir mejoras en la forma en que la policía trata a los niños de la calle. En concreto, insta a la Guardia Civil española, que organiza programas de entrenamiento para la policía de Guatemala, a intentar educar a la policía en el respeto de los derechos humanos de estos niños y a cancelar estos programas en caso de que no consigan mejoras relevantes.

También insta a la UE a establecer criterios para garantizar que los regímenes judiciales de menores que violen los derechos de los niños no reciban ayudas económicas y a protestar en contra del uso de la incomunicación y la tortura en los correccionales de menores.

¿Cuáles son las protestas que el Consejo ha presentado ante las autoridades guatemaltecas en lo que se refiere al trato de los niños de la calle? ¿Puede el Consejo indicar qué medidas está tomando para establecer una conexión entre la ayuda a Guatemala y el respeto de los derechos humanos? ¿Cómo piensa actuar el Consejo a raíz de este informe? ¿Tiene la UE la intención de redactar un código de conducta para los Estados miembros que conceden ayudas a Guatemala con el fin de garantizar que programas tales como el organizado por la Guardia Civil española produzcan mejoras tangibles en el comportamiento de dicho país en materia de derechos humanos?

Respuesta (16 de febrero de 1998)

La Unión Europea concede mucha importancia al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. En el marco del diálogo y de la cooperación entre la UE y los países de Centroamérica, uno de los objetivos fundamentales consiste en defender los derechos humanos y, entre ellos, los de los niños de la calle.

El Consejo desconoce las gestiones emprendidas por los Estados miembros ante las autoridades guatemaltecas sobre el tema concreto de los niños de la calle. Ahora bien, uno de los principales objetivos de la ayuda concedida por la UE a Guatemala es la mejora de los servicios y del funcionamiento del sistema judicial de la policía guatemalteca. En este orden de cosas, con su ayuda la UE pretende fortalecer las instituciones guatemaltecas que se ocupan de los derechos humanos como la Procuraduría de los Derechos Humanos (organismo de control de los derechos humanos) y el ministerio público. En ese contexto, mediante la ayuda que concede a Guatemala, la UE intenta favorecer el reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los niños de la calle.

Por lo que respecta a los programas de formación organizados por la Guardia Civil española y por el servicio de cooperación técnica internacional de la policía francesa, es preciso poner de relieve que a los policías guatemaltecos, en el marco general de su formación, se les sensibiliza sobre el respeto de los derechos humanos, incluida la cuestión de los derechos de los niños.

En la declaración conjunta CE-Guatemala, de 6 de junio de 1997, relativa a la puesta en práctica de la contribución de la Comunidad Europea al Proceso de Paz en Guatemala, las Partes convinieron en que durante el período 1997-2000 la cooperación tendrá como marco de referencia el Acuerdo de Paz de diciembre de 1996. Dicho Acuerdo puso fin a más de tres décadas de enfrentamiento armado en Guatemala y ha generado nuevos espacios de diálogo y entendimiento dentro de la sociedad guatemalteca. Concretamente, las Partes han destacado que ambas atribuyen especial importancia al pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

El Consejo seguirá atentamente el problema particular de los malos tratos que sufren los niños de la calle en Guatemala, no tan sólo por parte de miembros de las fuerzas de seguridad sino también de grupos semioficiales o privados y de individuos vinculados a organismos públicos pero que actúan sin el beneplácito del Gobierno.