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PREGUNTA ESCRITA E-1906/96 de Erich Schreiner (NI) a la Comisión (11 de julio de 1996)

Asunto: Variedad de normas en la UE

La multitud de normas distintas que existen en Europa supone un gran obstáculo para las empresas. En los concursos, sobre todo, se siguen utilizando normas técnicas nacionales.

1. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión en este ámbito?

2. ¿Cómo se ha de evaluar la distorsión de la competencia a que da lugar la existencia de tantas normas distintas?

3. ¿Abogará la Comisión por la armonización de las distintas normas técnicas a escala europea? En caso afirmativo, ¿para cuándo se pueden esperar resultados en este sentido? En caso negativo, ¿por qué no?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (10 de septiembre de 1996)

La Comisión comparte la opinión de Su Señoría de que la coexistencia de normas divergentes es un gran perjuicio para la calidad de la integración económica de la Comunidad. Desde 1983 la Comisión está llevando a cabo una política activa de fortalecimiento de la normalización europea. Los organismos europeos aplican asimismo una política en el mismo sentido.

Se han logrado avances enormes en este campo. Actualmente, los organismos europeos de normalización (Comité Europeo de Normalización, Comité Europeo de Normalización Electrotécnica e Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación) producen más de 1.000 normas al año, es decir, más de cuatro normas por día laborable). Del mismo modo, se observa que, en la actualidad, los organismos nacionales de normalización se ocupan principalmente de la normalización europea e internacional. Al incorporarse a los sistemas nacionales, las normas europeas obligan a retirar las normas nacionales divergentes, con lo que se produce una verdadera armonización.

En cuanto a la elaboración de nuevas normas nacionales, la Directiva 83/189/CEE ((DO L 109 de 26.4.1983. )) establece mecanismos mediante los cuales las partes interesadas pueden tener conocimiento de dicha elaboración, participar en la misma o solicitar que se elabore una norma europea en lugar de una norma nacional. La Comisión lamenta que las partes interesadas no aprovechen completamente las posibilidades ofrecidas por dicha Directiva.

En lo que se refiere más concretamente a los contratos públicos, la Comisión ha puesto en marcha un estudio con el fin de comprobar en qué medida las entidades adjudicadoras hacen referencia realmente a las normas europeas. La Comisión informará a Su Señoría de los resultados del estudio.
PREGUNTA ESCRITA E-2163/96 de Jannis Sakellariou (PSE) a la Comisión (2 de agosto de 1996)

Asunto: Utilización de fondos presupuestarios asignados a la Fundación Europea de Derechos Humanos

La Fundación Europea de Derechos Humanos recibe casi un tercio de los fondos de la línea presupuestaria B7-5240.

¿Podría la Comisión proporcionar información sobre:

1. Los proyectos financiados por la Fundación;

2. La distribución de las sedes de las organizaciones financiadas por la Fundación en los Estados miembros de la Unión y fuera de ella;

3. La posibilidad de reembolso de los gastos de viaje a través de las contribuciones concedidas por la Fundación?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2163/96 y E-2164/96 dada por el Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (13 de septiembre de 1996)

Como Su Señoría señala, la Comisión presenta un informe detallado al Parlamento sobre el uso de los fondos de la línea presupuestaria B7-7040. El último de dichos informes (relativo a 1995) fue enviado el 15 de enero de 1996 y especificaba los objetivos de la línea, que se atienen cuidadosamente a los comentarios al presupuesto. La selección de proyectos se hace con referencia a estos objetivos y únicamente sobre la base de las peticiones recibidas de organizaciones no gubernamentales, con independencia del Estado miembro de origen. Se financian tantos proyectos como es posible, siempre que correspondan a los criterios establecidos y hasta que se agota la línea durante el ejercicio presupuestario en cuestión.

Por lo que se refiere a la Fundación europea de los derechos humanos, esta organización publica un informe anual completo sobre sus actividades y los criterios bajo los cuales se lleven a cabo, informe que remitimos directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-1937/96 de Enrico Ferri (PPE) y Pier Casini (PPE) a la Comisión (16 de julio de 1996)

Asunto: Exclusión de la aplicación del IVA a los impuestos nacionales al consumo y a los impuestos suplementarios regionales al consumo de gas metano

Considerando que la inclusión en la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido del impuesto al consumo del gas metano y los impuestos suplementarios regionales de conformidad con el artículo 10 del DL 15/977, crea una desigualdad de trato a escala comunitaria y grandes dudas sobre su legitimidad a escala nacional;

Considerando, por ejemplo, que el precio que se paga en Italia por el consumo de gas metano es mucho más elevado que en cualquier otro país y no sólo por el coste de la materia prima, sino especialmente por el aumento continuo de los gravámenes (impuestos, impuestos suplementarios, etc.), que en pocos años han llevado el peso de los gravámenes a más de la mitad del coste final;

Considerando que la sexta Directiva CEE 77/388/CEE ((DO L 145 de 13.6.1977, p. 1. )) en materia de a armonización de las legislaciones de los Estados miembros para la creación de un sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, prevé explícita e inequívocamente en el punto II del artículo 11 del Título VIII que en la base imponible se deben incluir todos los impuestos, derechos, tasas y exacciones, con excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido;

Considerando que, a la vista de la situación legislativa interna de los Estados miembros, sólo una acción normativa comunitaria puede derogar la situación legítimamente reconocida de la aplicación de un impuesto sobre otro impuesto;

¿Puede la Comisión adoptar una directiva por la que se modifique la normativa nacional vigente y que excluya, allí donde sea posible, la aplicación del IVA sobre los impuestos al consumo y los impuestos suplementarios regionales que gravan el consumo de gas metano?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (17 de septiembre 1996)

El concepto básico según el cual el impuesto sobre el valor añadido es un impuesto general y global al consumo implica que la base imponible se calcula con arreglo al gasto real del consumidor en bienes y servicios, o, dicho de otro modo, con arreglo al valor monetario del suministro de un determinado bien o la prestación de un

determinado servicio. Por tanto, resulta coherente incluir en la base imponible impuestos, derechos, tasas y exacciones, excepción hecha del propio impuesto sobre el valor añadido. El artículo 11A.2.a) de la Sexta Directiva IVA, 77/388/CEE se ajusta plenamente a este principio del impuesto sobre el valor añadido, razón por la cual la citada disposición no ha suscitado debate alguno entre los Estados miembros. La Comisión no tiene previsto modificarla.
PREGUNTA ESCRITA E-2064/96 de Glyn Ford (PSE) a la Comisión (26 de julio de 1996)

Asunto: El sector del transporte y la directiva sobre el tiempo de trabajo

¿Puede explicar la Comisión el razonamiento sobre el que se basa la decisión de excluir el sector del transporte del ámbito de aplicación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo?

¿Es consciente la Comisión de que los conductores de camiones que recorren largas distancias tienen, a menudo, jornadas laborales excesivamente largas debido a la naturaleza de su actividad? ¿Es consciente la Comisión de que los conductores de camiones se sienten innecesariamente excluidos de la Directiva?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (16 de septiembre de 1996)

La propuesta original de la Comisión para una directiva sobre determinados aspectos de la distribución del tiempo de trabajo ((COM(90)317 final. )) cubría todas las actividades y sectores económicos, pero el Consejo decidió excluir algunos sectores y actividades del ámbito de aplicación de la Directiva, incluido el sector del transporte. Conforme a un considerando de la Directiva tal como fue aprobada ((Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, DO L 307 de 13.12.1993. )), la posible necesidad de adoptar medidas separadas en relación con dichos sectores se basa en «el carácter específico del trabajo en cuestión».

La Comisión es consciente de que cuando el 23 de noviembre de 1996 entre en vigor la Directiva seguirá siendo posible que los trabajadores de dichos sectores y actividades tengan que trabajar largas jornadas. Al objeto de intentar garantizar la protección adecuada para dichos trabajadores, la Comisión está preparando un Libro Blanco sobre los sectores y actividades excluidos de la directiva sobre el tiempo de trabajo. El Libro Blanco examinará la situación en cada sector, incluido el sector del transporte por carretera y las principales opciones que se ofrecen a la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-2008/96 de Miguel Arias Cañete (PPE) a la Comisión (17 de julio de 1996)

Asunto: Olivos plantados en Italia

Según la información que obra en poder de la Comisión, ¿Qué cantidad de olivos están plantados en la actualidad en Italia?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2006/96, E-2007/96, E-2008/96, E-2009/96, E-2010/96, E-2011/96, E-2012/96 y E-2013/96 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión (9 de septiembre 1996)

Dependiendo de la fuente de información y de las definiciones empleadas los datos estadísticos en el sector olivarero pueden variar sensiblemente y en consecuencia deben aceptarse con cautela. En lo que se refiere a los datos concretos solicitados por Su Señoría, le puedo adelantar las estadísticas siguientes.

El número total de olivos productivos en cada uno de los Estados miembros solicitados, comunicado oficialmente a la Comisión por las administraciones nacionales en el ámbito legal de la fijación anual del rendimiento de los olivos y en aceite para la campaña de 1994-1995, es el siguiente:

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La densidad media de olivos en estos mismos Estados miembros, en árboles por hectárea, es la siguiente:

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Esta densidad media, muy distinta en los diferentes Estados miembros, también puede variar de forma significativa de una región, o de una explotación, a otra, en función de la especialización o de la sistematización más o menos importante de la oleicultura.
PREGUNTA ESCRITA E-1771/96 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) a la Comisión (3 de julio de 1996)

Asunto: Fraude en el gasto agrícola

Según se ha difundido, la Comisión ha detectado 4.700 casos de fraude al presupuesto comunitario de 1995.

Un 10% de esos expedientes totaliza un 50% del total del importe defraudado.

La mitad de los casos de fraude afecta al gasto agrícola.

¿Puede la Comisión confirmar los datos citados? En el ámbito agrícola, ¿en qué países se han detectado esos fraudes? ¿Cuáles son los supuestos más comunes de defraudación?

Respuesta del Sr. Gradin en nombre de la Comisión (5 de septiembre de 1996)

La Comisión remite a su Señoría a consultar el informe 1995 de la Comisión sobre la lucha contra el fraude ((COM(96)173 final. )).

En el informe se indica que en 1995 se detectaron 4758 casos de irregularidades que ascendieron a 1146 MECUS. Estas cifras incluyen casos comunicados por los Estados miembros e investigaciones dirigidas por la Comisión con los Estados miembros.

2190 casos que ascendían a 411 MECU se relacionaban con los gastos del presupuesto, mientras que los demás casos se referían a los ingresos (recursos propios tradicionales).

1853 casos por valor de 316 MECUS guardaban relación con el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) - gastos de garantía.

Asimismo, la Comisión confirma que un número relativamente reducido de casos (menos del 10% del total) representa 574 MECU (50% del total). Estos casos han surgido como resultado de las investigaciones que la Comisión dirigió en 1995 con los Estados miembros.

El informe de la Comisión contiene el desglose de datos por Estado miembro en el ámbito del FEOGA y el desglose por la naturaleza de la irregularidad.
PREGUNTA ESCRITA E-2413/96 de Anita Pollack (PSE) a la Comisión (11 de septiembre de 1996)

Asunto: Servicios posventa

¿Qué está obstaculizando la aparición, prometida desde hace mucho tiempo, de una propuesta de directiva sobre las garantías al consumidor y los servicios posventa?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (1 de octubre de 1996)

La Comisión aprobó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo ((COM(95)520 final. )) que presentó al Consejo y al Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA P-2442/96 de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión (11 de septiembre de 1996)

Asunto: Medidas comunitarias ante importaciones de maíz y productos derivados del mismo manipulados genéticamente procedentes de los EE.UU. y Canadá

1. ¿Está informada la Comisión de que la empresa Ciba Geigy cultiva y comercializa en los EE.UU. y Canadá maíz manipulado genéticamente?

2. ¿Existe el peligro, en opinión de la Comisión, de que dicho maíz manipulado genéticamente y los productos derivados del mismo puedan importarse a la UE sin solicitud de comercialización?

3. ¿Piensa exigir la Comisión a la empresa Ciba Geigy una solicitud de comercialización, al igual que en el caso de las habas de soja manipuladas genéticamente de la empresa Monsanto?

4. ¿Qué medidas adoptará la Comisión si la empresa Ciba Geigy importase a la UE sin autorización maíz manipulado genéticamente?

Respuesta del de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (4 de octubre de 1996)

La Comisión está realizando un minucioso examen del problema al que se refiere Su Señoría, y le informará de su resultado lo más rápidamente posible.
PREGUNTA ESCRITA E-1825/96 de Hugh McMahon (PSE) a la Comisión (5 de julio de 1996)

Asunto: Situación de la industria del almidón y de sus usuarios industriales en la UE

¿Sabe la Comisión que las perspectivas de empleo de unas 15.000 personas en la UE se ven comprometidas debido a problemas en el suministro de maíz y al hecho de que los niveles actuales de restituciones a la exportación no permiten a los industriales europeos que utilizan almidón conseguir suministros a unos precios comparables a los que deben pagar sus competidores no Europeos?

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para intentar resolver estos dos problemas a los que se enfrentan los usuarios industriales del almidón?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (31 de julio de 1996)

La Comisión reconoce que las condiciones del abastecimiento de maíz para la industria de transformación comunitaria han sido menos favorables debido a la disminución de las existencias de maíz tras la última cosecha. Este fenómeno no se ha limitado al mercado comunitario, habiéndose registrado asimismo en el mercado mundial, aunque no ha llegado a comprometer seriamente la actividad de la industria en cuestión.

Ante esta situación, que ha provocado un nivel de precios claramente más elevado tanto en el mercado mundial como en el comunitario, la Comisión ha proseguido su política de restituciones por el almidón y los productos amiláceos, esencialmente producidos a partir de maíz. Por el contrario, no se ha concedido ninguna restitución durante la última campaña por el maíz en estado natural. Hasta el 12 de abril de 1996, la industria usuaria de almidón recibió restituciones por producción. A partir de dicha fecha, las cifras del mercado dejaron de justificar la fijación del importe correspondiente. Excepto durante un periodo de cinco semanas a partir del 24 de mayo de 1996, las restituciones por exportación se mantuvieron en todo momento.

La Comisión se propone mantener su política de fijación de restituciones por el almidón y los productos derivados mientras persista una diferencia significativa entre el precio comunitario y el precio mundial.
PREGUNTA ESCRITA P-2433/96 de Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) a la Comisión (11 de septiembre de 1996)

Asunto: Agencia Europea de Turismo

Tras la aprobación por el Parlamento Europeo, en los plenos celebrados en Estrasburgo en diciembre de 1994 y febrero de 1996, de las resoluciones A4-0080/94 ((DO C 18 de 23.1.1995, p. 159. )) y A4-0016/96 ((DO C 65 de 4.3.1996, p. 34. )), por las que se solicitaba la creación de una Agencia Europea de Turismo, ¿podría informar la Comisión de los pasos dados para la puesta en marcha de la citada Agencia?

Respuesta del Sr. Papoutsís en nombre de la Comisión (11 de octubre de 1996)

La Comisión considera que, en estos momentos, la primera prioridad de su política en favor del turismo es la aprobación por el Consejo, previa consulta del Parlamento Europeo, del primer programa plurianual en favor del turismo europeo (Philoxenia), que abrirá importantes oportunidades al sector.

La Comisión estima que el asunto de la creación de una Agencia Europea de Turismo debería examinarse después y no antes de que se tome una decisión respecto al establecimiento de una política comunitaria del turismo.
PREGUNTA ESCRITA E-1441/96 de Christine Oddy (PSE) a la Comisión (12 de junio de 1996)

Asunto: Trabajadores a domicilio y sindicatos

¿Tendrá en cuenta la Comisión Europea las recomendaciones que figuran en su publicación «Europa Social - Trabajo a domicilio en la Unión Europea» (Suplemento 2-95), completándolas con una campaña en los medios de comunicación que proporcione información básica sobre derechos legales y sociales, y aportando su apoyo a medidas de contratación promovidas por los sindicatos?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1441/96, E-1442/96, E-1443/96 y E-1444/96 dada por el Sr. Flynn en nombre de la Comisión (31 de julio de 1996)

La Comisión ha reconocido plenamente la necesidad de actuar a nivel europeo para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores a domicilio y ampliar las opciones de empleo a su alcance mediante la inclusión del trabajo a domicilio entre las prioridades de política social del Programa de acción social a medio plazo de la Comisión (1995-1997) ((COM(95)134 final. )).

De conformidad con la Convención y la Recomendación internacionales recientemente adoptadas sobre el trabajo a domicilio, la Comisión reexamina en la actualidad su política a fin de tener en cuenta los textos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El trabajo de esta organización de las Naciones Unidas será un excelente punto de partida a este respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-1444/96 de Christine Oddy (PSE) a la Comisión (12 de junio de 1996)

Asunto: Trabajo a domicilio y legislación

¿Qué medidas va tomar la Comisión Europea para aplicar las recomendaciones que aparecen en su publicación «Europa Social - Trabajo a domicilio en la Unión Europea» (suplemento 2-95)?

Concretamente, ¿piensa la Comisión ampliar la directiva marco de la CE con vistas a incluir el trabajo a domicilio?

¿Elaborará la Comisión una legislación específica que abarque:

- la situación jurídica de los trabajadores a domicilio,

- las responsabilidades de los subcontratistas,

- la igualdad de remuneración y sueldos justos,

- la protección de los niños,

- el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social,

- los procedimientos que garanticen el buen cumplimiento de lo anterior?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1441/96, E-1442/96, E-1443/96 y E-1444/96 dada por el Sr. Flynn en nombre de la Comisión (31 de julio de 1996)

La Comisión ha reconocido plenamente la necesidad de actuar a nivel europeo para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores a domicilio y ampliar las opciones de empleo a su alcance mediante la inclusión del trabajo a domicilio entre las prioridades de política social del Programa de acción social a medio plazo de la Comisión (1995-1997) ((COM(95)134 final. )).

De conformidad con la Convención y la Recomendación internacionales recientemente adoptadas sobre el trabajo a domicilio, la Comisión reexamina en la actualidad su política a fin de tener en cuenta los textos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El trabajo de esta organización de las Naciones Unidas será un excelente punto de partida a este respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-1687/96 de Michl Ebner (PPE) a la Comisión (24 de junio de 1996)

Asunto: Asunto: Ampliación del cuerpo de bomberos voluntarios en los países de la cuenca mediterránea

Teniendo en cuenta que precisamente en los meses de verano se producen una y otra vez incendios devastadores en los países de la cuenca mediterránea de la UE, que sólo se pueden controlar con intervenciones masivas y el apoyo de muchos voluntarios, ¿puede indicar el Consejo en qué medida apoya la ampliación del cuerpo de bomberos voluntarios en los países de la cuenca mediterránea, según los modelos existentes en el Tirol Meridional, Austria y Alemania,?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (26 de julio de 1996)

Entre las actividades realizadas en el ámbito de la cooperación comunitaria para la protección civil, la Comisión, junto a los servicios de protección civil de los Estados miembros, ha iniciado una reflexión sobre el voluntariado en tanto que componente esencial de los sistemas de protección civil de los Estados miembros.

La cuestión del desarrollo de los servicios de bomberos voluntarios podrá plantearse en una fase ulterior.
PREGUNTA ESCRITA E-1580/96 de Jannis Sakellariou (PSE) a la Comisión (24 de junio de 1996)

Asunto: Rechazo de ciudadanos de la UE para la función de jurado

Recientemente se pidió a los ciudadanos de Baviera que presentaran sus candidaturas para formar parte de un jurado. El nombre de una ciudadana de nacionalidad italiana no se incluyó en la lista de jurados alegando que la función de jurado está reservada a los ciudadanos alemanes.

¿Considera la Comisión que esta actitud concuerda con la idea de una ciudadanía europea?

¿Es compatible esta actitud con el principio de no discriminación de los ciudadanos de los Estados miembros de la UE?

¿Se está adoptando algún tipo de medida para impedir tales desigualdades de trato?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (5 de septiembre de 1996)

Los jurados desempeñan una función de carácter jurisdiccional, puesto que a través de ellos se ejerce una competencia del Estado como es la administración de justicia. Por ello, la regulación de esta función corresponde de forma exclusiva al Estado miembro de que se trate.

Por otro lado, hay que señalar que, aunque estén comprendidas en el ámbito de aplicación del Tratado CE, algunas actividades específicas de la administración pública pueden estar reservadas de forma exclusiva, si son expresión de la potestad estatal, a ciudadanos del Estado miembro correspondiente. Esta reserva no constituye una discriminación contra los ciudadanos de otros Estados miembros, sino una excepción prevista por el Derecho comunitario ((Libre circulación de trabajadores y acceso al empleo en la administración pública de los Estados miembros; acción de la Comisión en materia de aplicación del apartado 4 del artículo 48 del Tratado CE - DO C 72 de 18.3.1988 )).

Por lo tanto, la Comisión estima que el hecho de que la legislación bávara reserve la función de jurado a ciudadanos alemanes es compatible con el derecho comunitario.