PREGUNTA ESCRITA E-1652/03

de Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) a la Comisión

(16 de mayo de 2003)

Asunto: Regulación del sector de la cerrajería en la UE

A la vista de la respuesta de Mario Monti, Miembro de la Comisión, a la pregunta escrita E-2454/98(1) presentada por la diputada Roberta Angelilli, cabe constatar que las preocupaciones expresadas por esta diputada en julio de 1998 en relación con la ausencia de regulación del sector de la cerrajería en la Comunidad siguen estando de actualidad; por un lado, debería permitirse el ejercicio del derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios en el territorio de la UE y, por otro lado, debería preservarse la protección del individuo y de la propiedad. Por lo que se refiere a esto último, el citado gremio se encuentra en una posición clave.

¿Es consciente la Comisión de lo delicado que resulta el equilibrio entre, por un lado, las libertades europeas y, por otro lado, los requisitos de seguridad ligados al ejercicio de esta profesión?

¿Tiene previsto la Comisión elaborar unas normas comunes sobre el acceso al ejercicio de la profesión de cerrajero?

¿Puede indicar la Comisión qué profesiones están reguladas en este momento por la legislación comunitaria en cuanto al acceso al ejercicio de la profesión?

(1) DO C 142 de 21.5.1999, p. 17.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(10 de junio de 2003)

Por lo que se refiere al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, la profesión de cerrajero entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 1999/42/CE(1). Con arreglo al artículo 4 de dicha Directiva, en el que se recoge sin modificaciones el texto correspondiente de la derogada Directiva 64/427/CEE, cuando el acceso a una actividad concreta o su ejercicio estén supeditados en un Estado miembro a la posesión de conocimientos y de aptitudes generales o particulares, dicho Estado miembro admitirá como prueba suficiente de dichos conocimientos y aptitudes el ejercicio efectivo de la actividad considerada en otro Estado miembro durante un período de tiempo dado (en principio seis años), como trabajador por cuenta propia o como directivo de una empresa. Como posibilidad alternativa, los profesionales que no reúnan las condiciones de experiencia profesional exigidas en dicho artículo 4 pueden pedir el reconocimiento de su título, certificado u otra titulación con arreglo a las condiciones del artículo 3 de la Directiva. En el caso de que haya diferencias sustanciales entre las cualificaciones adquiridas por el solicitante y las exigidas en el Estado miembro de acogida, este último puede exigir del solicitante que pase una prueba de aptitud o que realice un período de prácticas de adaptación con arreglo a las modalidades previstas.

De todo lo anterior se deduce que la profesión de cerrajero se rige por un mecanismo de reconocimiento mutuo, que no está basado en la coordinación de las condiciones mínimas de formación ni de las condiciones de acceso a la profesión. Por lo tanto, en principio es competencia de los Estados miembros regular las profesiones en sus respectivos territorios y los requisitos de seguridad relacionados con el ejercicio de una determinada profesión se consideran, cuando procede, en el marco de las distintas normativas nacionales. Con arreglo al apartado 2 del artículo 47 del Tratado CE, cualquier tipo de coordinación de las condiciones de acceso a las profesiones que implicase modificar los principios legislativos por los que se rige esta materia en un Estado miembro como mínimo requeriría una Directiva adoptada por unanimidad en el seno del Consejo. Ahora bien, según la información de que dispone la Comisión, los Estados miembros no parecen muy inclinados a aumentar el grado de coordinación en este sector.

Las profesiones cuyas condiciones de acceso están coordinadas en la actualidad mediante la normativa comunitaria son: médico, matrona, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario y farmacéutico, así como la profesión de auditor.

(1) Directiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de junio de 1999, por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos respecto de las actividades profesionales a que se refieren las Directivas de liberalización y de medidas transitorias, DO L 201 de 31.7.1999.