PREGUNTA ESCRITA E-1514/02

de Cristiana Muscardini (UEN) a la Comisión

(29 de mayo de 2002)

Asunto: Tráficos llevados a cabo por la mafia de animales

La prensa italiana ha publicado recientemente las cifras sobre el comercio ilegal relacionado con el medio ambiente que figuran en un informe reciente de la LAV (Liga contra la Vivisección) copiado por Legambiente. Los datos resultan impresionantes: se habla de 2 582 millones de euros en la gestión de desechos, 1 785 millones de euros en la construcción abusiva, 155 millones de euros en el tráfico de obras de arte y 2 825 millones de euros en el robo de animales (especialmente de perros de combate y de caballos pura sangre para carreras clandestinas). Además, cabe señalar que los servicios forestales de Vicenza y Padua han incautado 500 000 animales protegidos sacrificados en países del este de Europa.

Por todo lo que antecede, ¿tiene conocimiento la Comisión de estos datos preocupantes?

¿No considera oportuno que, por lo que se refiere al tema del comercio ilegal relacionado con el medio ambiente, los Gobiernos de los Estados miembros y los de los países de la adhesión puedan emprender, a través de sus respectivas fuerzas policiales, investigaciones para descubrir el origen y destino final de estos tráficos?

¿No considera que, con miras a la próxima y positiva ampliación, deben ejercerse presiones sobre los Gobiernos de los denominados países PECO para que faciliten los datos relativos a la actividad cinegética y a la celebración de peleas de perros en su territorio, así como sobre las normativas de reglamentación existentes?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(11 de julio de 2002)

La Comisión tiene conocimiento de los datos publicados recientemente por la Liga AntiVivisección (LAV), y por Legambiente en el informe de 2002 sobre la Ecomafia. Los datos de LAV confirman lo que desde hace años ha denunciado Legambiente en sus informes anuales.

Corresponde a los Estados miembros, así como a los países candidatos, mediante los cuerpos nacionales de policía, investigar el origen y destino final de estos tráficos. La adopción, el 13 de junio de 2002, de la Decisión marco relativa al mandamiento de detención europeo y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, presentada por la Comisión el 19 de septiembre de 2001, suprime el principio de la doble incriminación entre Estados miembros en materia de criminalidad medioambiental en caso de que los delitos se castiguen en el Estado miembro de emisión con penas máximas de tres años.

La Comisión desea mostrar su preocupación por el aumento de los delitos cometidos contra el medio ambiente y sus repercusiones. Toda infracción constituye una grave amenaza para el medio ambiente y, en caso de constituir delitos penales, debería ser objeto de sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias por parte de los Gobiernos nacionales de los Estados miembros.

Por ello, el 15 de marzo de 2001 la Comisión presentó una propuesta de Directiva relativa a la protección del medio ambiente por medio del derecho penal(1). El objetivo de la propuesta es garantizar la aplicación más eficaz del derecho comunitario medioambiental, establecer en todo el territorio comunitario un conjunto mínimo de elementos relativos a los delitos penales en la legislación medioambiental en cada Estado miembro y considerar la aplicación de sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias en el ámbito nacional en caso de constituir delitos penales. La propuesta hace clara referencia a la legislación medioambiental relativa a la protección de las especies en peligro. Durante el pleno celebrado el 9 de abril de 2002, el Parlamento aprobó la primera lectura del documento.

La propuesta de Directiva podría complementarse con las medidas adecuadas, aprobadas en el marco de la cooperación policial, judicial y penal mencionada en el Título VI del Tratado de la Unión Europea, relativas a las investigaciones y diligencias penales, o a asuntos referentes a procedimientos penales, de conformidad con el enfoque propuesto por el Parlamento en el pleno del 9 de abril de 2002, sometido a consulta sobre el proyecto de Decisión marco relativa a la protección del medio ambiente por medio del derecho penal.

En caso de que la propuesta de Directiva se apruebe con anterioridad a la adhesión de los países candidatos, se incorporará al acervo comunitario, por lo que los nuevos Estados miembros deberán aplicarla desde el momento de su adhesión o en los plazos establecidos en la Directiva. La Comisión intenta recoger en los Estados miembros y países candidatos a la adhesión datos más fiables sobre la existencia y extensión del crimen organizado que actúa contra el medio ambiente.

En lo relativo a la prevención de las peleas de perros, conviene destacar que este asunto referente a la protección animal no está regulado por el Tratado, por lo que es competencia de los Estados miembros.

(1) Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente por medio del derecho penal, DO C 180 E de 26.6.2001.