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PREGUNTA ESCRITA E-2060/99

de Ioannis Marínos (PPE-DE) a la Comisión

(12 de noviembre de 1999)

Asunto: Candidatura de Turquía

La Comisión ha propuesto al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo aceptar a Turquía como país candidato al ingreso en la Unión Europea, al considerar que ni su controvertida ubicación geográfica (país principalmente asiático) ni el incumplimiento de los criterios de Copenhague (derechos humanos, instituciones democráticas, trato a las minorías, etc.) obstaculizan su aceptación.

Pero, en ese caso, ¿por qué, según recientes declaraciones del Presidente Prodi, si Croacia, Bosnia, Serbia y la ex República Yugoslava de Macedonia que son indiscutiblemente países europeos presentan su solicitud para que se les reconozca como países candidatos, la Comisión sólo aceptará su candidatura en la medida en que cumplan los criterios de Copenhague? ¿A qué se deben estas discriminaciones, y en qué principios y qué fundamento jurídico se basa esta política de utilización de dos pesos y medidas? ¿Cuándo y quién ha decidido dejar de lado los principios sobre los que se ha cimentado y desarrollado la Unión Europea cuando ello sirve a los intereses económicos y estratégicos de algunos Estados miembros, incluso en detrimento de los respectivos intereses de otros países de la UE?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(3 de diciembre de 1999)

Efectivamente, la Comisión considera que Turquía debe ser un país candidato al ingreso en la Unión Europea. Turquía solicitó la adhesión en 1987, por lo que hace mucho tiempo que viene expresando su deseo de ser miembro de la Unión Europea. Además, en el Acuerdo de Ankara (sobre todo su artículo 28) y en varias declaraciones de la Unión se prevé claramente la posibilidad de la adhesión de Turquía.

La Comisión aplica los criterios de adhesión de Copenhague del mismo modo a todos los países candidatos. Dichos criterios deben cumplirse antes de que un país candidato entre en la Unión Europea. Ello se aplica también a Turquía. Además, no se iniciarán negociaciones con Turquía antes de que se ajuste a los criterios políticos de Copenhague.

En cuanto a los demás países europeos, la Comisión recomendó el 13 de octubre de 1999 que la Unión Europea debe confirmar que los países de la antigua Yugoslavia y Albania tienen el deseo de ser miembros de la Unión Europea en el futuro y debe seguir desarrollando, a partir de los criterios de Copenhague, los criterios de adhesión, que supeditarán la adhesión a la Unión al cumplimiento no sólo de los principios establecidos en el artículo 6 del TUE sino también al mutuo reconocimiento de las fronteras, a la resolución de todas las cuestiones pendientes sobre el tratamiento de las minorías nacionales y a la creación de una organización regional de libre comercio y cooperación económica como base para lograr una mayor integración en la Unión.
PREGUNTA ESCRITA P-2068/99

de Werner Langen (PPE-DE) a la Comisión

(5 de noviembre de 1999)

Asunto: Discriminación de los importadores

La importación de mercancías de los países en desarrollo menos avanzados está exenta de aranceles en el marco del régimen de preferencias arancelarias generalizadas,

para lo que el exportador debe cumplimentar un formulario A. Las autoridades del país exportador certifican la exactitud de los datos. Si posteriormente se comprobara que, por cualquier motivo, los datos facilitados por el exportador son falsos y que las autoridades del país exportador los han dado por buenos, se reclama al deudor, con frecuencia varios años después, que salde su deuda.

Esto es, en mi opinión, una discriminación jurídica arbitraria de los importadores de la Comunidad.

Por consiguiente, formulo, a este respecto, las siguientes preguntas a la Comisión:

1. ¿Considera que se produce una discriminación en este ámbito y que se asegura la protección de la legítima confianza de los exportadores?

2. ¿Considera posible completar con el siguiente texto la letra b) del apartado 2 del artículo 220 del Código aduanero: Tampoco se producirá una contracción a posteriori cuando el importe de los derechos legalmente devengados no se haya contabilizado debido a la deficiente documentación aportada por el país exportador o un Estado miembro, a no ser que el deudor hubiera tenido conocimiento de tales deficiencias.?

3. ¿No considera que se evitarían problemas en la práctica ampliando adecuadamente dicho artículo y publicando en el Diario Oficial las dudas razonables que pudiera haber sobre la aplicación reglamentaria del régimen de preferencias por parte de algunos países, lo que permitiría excluir de entrada la buena fe del importador?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(3 de diciembre de 1999)

1. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando un exportador haya facilitado datos incorrectos en los cuales se hayan basado las autoridades del país de exportación para expedir un certificado de origen, dichas autoridades no han cometido un error con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 220 del código aduanero comunitario, por lo que no se puede invocar la buena fe del importador.

El hecho de deber pagar los derechos de aduana debidos es resultado de las disposiciones aplicables y no puede considerarse un perjuicio injustificado.

2. Tomando como base una enmienda adoptada por el Parlamento durante su sesión de marzo de 1999, la Comisión presentó en junio de 1999 una propuesta destinada a modificar el artículo mencionado anteriormente, que se halla actualmente pendiente de examen en el Consejo.

3. La propuesta de la Comisión prevé que los importadores puedan ser informados mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial.
PREGUNTA ESCRITA E-1705/99

de Raffaele Costa (PPE-DE) a la Comisión

(29 de septiembre de 1999)

Asunto: Presupuesto 1998 Gastos para manifestaciones anuales

El proyecto de presupuesto de las Comunidades Europeas para el ejercicio 2000 prevé un gasto de 6,5 millones de euros (aproximadamente 13 000 millones de liras italianas) para manifestaciones anuales.

¿Puede la Comisión hacer saber, detalladamente, cómo se ha gastado el importe correspondiente a 1998, esto es, 10 millones de ecus que equivalen a 19 360 millones de liras italianas?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(2 de diciembre de 1999)

La línea presupuestaria B3-309 Manifestaciones anuales se ha integrado en el presupuesto de 1999. Asciende a 10 millones de euros y ha servido principalmente para financiar Expo Hannover 2000 y la campaña europea de sensibilización ante la violencia contra las mujeres.

El gasto previsto en Expo Hannover 2000 asciende a 7,5 millones de euros. Los costes corresponden a la preparación del pabellón de la Unión en la EXPO 2000 de Hannover, que tendrá lugar entre el 1 de junio de 2000 y el 30 de octubre de 2000. Se han hecho los anuncios de licitación y se han firmado los contratos para cubrir los trabajos iniciales tal como se indica en el estado financiero de la comunicación de la Comisión(1).

El gasto previsto en la campaña europea de sensibilización ante la violencia contra las mujeres asciende a 2,5 millones de euros e incluye conferencias (180 000 euros), definición del plan, publicaciones y publicidad en televisión (320 000 euros), así como apoyo a proyectos de organizaciones no gubernamentales (ONG) (2 millones de euros). Con respecto a este último punto, se ha publicado un anuncio de licitación en el Diario Oficial(2) que invita a las ONG a presentar proyectos y a intervenir en la campaña.

(1) COM(1999) 131.

(2) DO C 180 de 25.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-1756/99

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) al Consejo

(1 de octubre de 1999)

Asunto: Nuevo asesinato de un ciudadano grecochipriota en los territorios ocupados

El nuevo y odioso asesinato de Stelios Jarpas, ciudadano grecochipriota que vivía en los territorios ocupados de Chipre, a manos de colonos turcos, ha causado una gran preocupación y un sentimiento de pánico entre la comunidad grecochipriota enclavada.

Considerando que en su resolución de 10 de abril de 1997 (B4-0286/97)(1), el Parlamento Europeo condena de nuevo y con gran firmeza las graves y persistentes violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de que son víctimas los enclavados, perpetradas por el régimen ilegal de ocupación, así como la intransigencia de este último, y exhorta a una mayor sensibilización de las Naciones Unidas, de los órganos de la Unión Europea, y sobre todo el Consejo y la Comisión, con el fin de elaborar y realizar toda acción que estimen necesaria, incluso en el plano humanitario, para mejorar las condiciones de vida de los enclavados,

¿puede indicar el Consejo qué medidas piensa adoptar tras este nuevo asesinato para garantizar la permanencia de los enclavados en su lugar de residencia?

¿Considera que puede instalarse un observatorio eficaz y permanente en Risocárpaso, encargado de la seguridad de los enclavados?

(1) DO C 132 de 28.4.1997, p. 226.

Respuesta

(24 de enero de 2000)

El Consejo no ha recibido ninguna información oficial acerca del incidente al que hace referencia Su Señoría. Parece ser tal como sugiere la propia pregunta que la muerte violenta del Sr. Stelios Jarpas no tenía relación con las actividades de agentes del régimen de control en Chipre del norte. Por el contrario, parece que cooperaron con las autoridades de la República de Chipre con objeto de tomar las medidas oportunas en relación con la muerte del Sr. Jarpas.

En lo relativo a la cuestión de instalar un observatorio en Rizokarpaso, el Consejo confía en que las Naciones Unidas tomen en consideración todos los aspectos relevantes y adopten la decisión correcta.
PREGUNTA ESCRITA E-1876/99

de Daniela Raschhofer (NI) a la Comisión

(29 de octubre de 1999)

Asunto: Subvenciones a la prensa

Con relación a la respuesta de la Comisión de 22 de diciembre de 1998 a la pregunta E-2924/98(1), la autora de la misma indica que sus preguntas no fueron contestadas satisfactoriamente ni tampoco en su totalidad.

Por ello formula las siguientes preguntas:

1. ¿De qué documentos e informaciones se vale la Comisión para seleccionar los medios de comunicación que decide subvencionar?

2. ¿Cuál fue el volumen financiero de las subvenciones destinadas a medios de comunicación austríacos en 1997 y 1998?

3. ¿Qué medios de comunicación austríacos recibieron subvenciones para qué temas de política europea y por qué importe?

4. ¿Cómo verifica la Comisión si la información de los medios de comunicación que subvenciona aumenta el interés de la población por los temas europeos o contribuye a la formación de opinión?

(1) DO C 289 de 11.10.1999, p. 14.

Respuesta del Presidente Prodi en nombre de la Comisión

(5 de enero de 2000)

1. La Representación de la Comisión en Austria no subvenciona a los medios de comunicación sino que contrata anuncios o da contribuciones financieras para un número adicional de copias, costes adicionales de investigación o páginas suplementarias. Los criterios para seleccionar los medios son el número de copias y el número de lectores, su credibilidad así como el perfil social de sus lectores. Además, la Comisión intenta llegar a equilibrar bien los distintos medios afectados.

2. El gasto de la Comisión en medios de comunicación austríacos en 1997 fue de 4,9 millones de ATS y en 1998 de 1,5 millones.

3. La Comisión envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento un cuadro que contiene la información pedida.

4. La comprobación de los resultados de un anuncio específico es casi imposible. Por lo tanto, la Comisión se concentra, según lo explicado anteriormente, en los medios considerados por sus lectores como fuentes de información competentes para este asunto específico.
PREGUNTA ESCRITA E-1937/99

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(4 de noviembre de 1999)

Asunto: Pérdidas de agua en la red de suministro de EYDAP

La Unión Europea financia obras en la red de suministro de agua en el Ática. Dado que el agua constituye una necesidad básica para el hombre, su gestión debe minimizar el riesgo de despilfarro, garantizando un suministro seguro y en cantidades suficientes. Según ciertas informaciones, la red de suministro de EYDAP registra importantes pérdidas de agua.

¿Puede indicar la Comisión:

1. si existen normas internacionalmente acordadas sobre el porcentaje de pérdidas de agua durante su transporte a través de las redes de suministro, y en torno a qué cifra se sitúa;

2. si, dado que una parte importante de la red de suministro de agua y de alcantarillado en Grecia está financiada por fondos comunitarios, existen datos sobre el porcentaje de pérdidas de agua en la red de suministro de EYDAP;

3. si ha tenido conocimiento de este problema y, en caso afirmativo, qué medidas piensa adoptar al respecto?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(8 de diciembre de 1999)

1. Las pérdidas de agua en la red forman parte del consumo no registrado que, además de las fugas de agua, está compuesto por el agua utilizada por los bomberos en las bocas de riego y por los servicios municipales de limpieza y de riego de parques.

No existe ninguna norma internacional al respecto. Sin embargo, los niveles de consumo no registrado considerados aceptables se sitúan entre el 8 y el 15 %. La media europea puede cifrarse, de manera muy aproximativa, en un 15 %.

2. Según la información remitida por las autoridades griegas, el consumo de agua no registrado en la red de la empresa a que alude Su Señoría se sitúa en torno a un 23 %. Dichas autoridades se proponen reducirlo al 15 % en los próximos ocho años.

3. La Comisión es consciente del problema, sigue de cerca la evolución de la situación y estaría dispuesta a estudiar la posibilidad de conceder ayuda del Fondo de Cohesión si las autoridades griegas le presentasen una solicitud al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-2095/99

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(19 de noviembre de 1999)

Asunto: Uso de la violencia contra los jóvenes en los Estados Unidos

Los medios de comunicación informan continuamente sobre actos de violencia cometidos por jóvenes estadounidenses. Se puede suponer con fundamento que se trata quizás de una consecuencia directa de las violencias que ellos mismos han sufrido, sobre todo si tiene en cuenta que todos los días se cometen actos de violencia contra los jóvenes en los EE.UU (y otros países), en particular, por parte de las autoridades nacionales. El caso de un niño de once años, con doble nacionalidad suiza y estadounidense, al que la policía sacó de la cama y se llevó con las manos y los pies esposados, que se encuentra actualmente en detención preventiva en los Estados Unidos bajo la acusación de incesto, es una prueba más de que se sigue arrancando por la fuerza a niños de los brazos de sus padres sin pruebas válidas.

Ante casos tan estremecedores, ¿tiene la Comisión la intención:

- de ejercer una mayor presión sobre los Estados Unidos para evitar que se produzcan semejantes actos de violencia contra niños y jóvenes, especialmente por parte de las autoridades nacionales;

- de señalar a la atención de los Estados Unidos el hecho de que, debido a su supuesto compromiso en favor del respeto de los derechos humanos en el mundo, y especialmente en China, es indispensable que vele por que dichos derechos humanos se respeten también en su propio país?

Respuesta del Comisario Patten en nombre de la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

La Comisión comparte la preocupación de Su Señoría en el sentido de que los derechos de los niños y los jóvenes sean observados correctamente en todo el mundo. El caso individual al que Su Señoría hace referencia ha sido resuelto por el Tribunal, liberando al niño y enviándolo a Suiza.

Debe recordarse que la Comunidad y Estados Unidos tienen un diálogo abierto sobre problemas en el campo de la libertad, la seguridad y la justicia dentro del marco de la nueva Agenda transatlántica. En general este cambio de impresiones incluye asuntos criminales, tales como blanqueo de dinero, corrupción y lucha contra las drogas. Recientemente la Comunidad y Estados Unidos organizaron conjuntamente una reunión sobre la lucha contra la pornografía infantil en Internet.

La Comisión no vacilará en plantear a las autoridades estadounidenses competentes problemas de interés similar al suscitado por Su Señoría, siempre que ello sea necesario.
PREGUNTA ESCRITA E-2001/99

de David Bowe (PSE) a la Comisión

(9 de noviembre de 1999)

Asunto: Dumping de carbón polaco

Se estima que los productores de carbón polacos están exportando cada año un millón de toneladas de carbón subvencionadas al Reino Unido. Esto tiene consecuencias negativas para el mercado del carbón británico. El ministro de Comercio e Industria del Reino Unido ha interpuesto una demanda ante las autoridades polacas para poner fin al dumping de carbón en el mercado del Reino Unido.

¿Qué medidas ha tomado la Comisión para evitar el dumping de carbón polaco subvencionado? ¿Tomará la Comisión medidas anti-dumping de cara a los productores polacos de carbón en el futuro?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(1 de diciembre de 1999)

Hasta ahora, la Comisión no ha emprendido ninguna acción contra las importaciones de carbón originario de Polonia.

El inicio de un procedimiento antidumping o la apertura de una investigación antisubvención es solamente posible una vez que se reciban pruebas claras y documentadas del dumping o de la subvención perjudiciales, que se hace normalmente a través de una queja debidamente justificada de la industria de la Comunidad. Las medidas pueden solamente imponerse después de que una investigación haya confirmado la existencia del dumping o de la subvención perjudiciales, y cuando el interés comunitario requiera la intervención.

Hasta el presente, la Comisión no ha recibido ninguna queja relativa a la importación de este producto de Polonia.

En caso de que se presente alguna queja o prueba pertinente del dumping o de la subvención perjudiciales, la Comisión lo analizará con una atención escrupulosa.
PREGUNTA ESCRITA E-1803/99

de Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) a la Comisión

(12 de octubre de 1999)

Asunto: Introducción de una evaluación entre países limítrofes para la legislación nacional

En la respuesta de la anterior Comisión (con fecha del 2 de agosto de 1999) a la pregunta E-0850/98(1) se señalaba que era preferible estimular la concertación entre las partes interesadas a nivel fronterizo para hacer frente a los problemas que surjan.

¿Sabe la Comisión que las regiones fronterizas en cuestión (provincias y municipalidades) no suelen ser responsables de la legislación dado que ésta por lo general se realiza a nivel nacional mientras que las posibles consecuencias negativas sí tienen repercusiones en las zonas fronterizas, especialmente en las empresas y los trabajadores fronterizos de la zona, así como en las autoridades locales y regionales?

¿Está dispuesta la Comisión a considerar seriamente una vez más la elaboración de una directiva europea que incluya una evaluación entre países limítrofes y su presentación ante el Parlamento Europeo, especialmente debido a que tanto las regiones europeas como el Parlamento Europeo así lo han solicitado ya en diversas ocasiones?

(1) DO C 27 E de 29.1.2000, p. 2.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(30 de noviembre de 1999)

En la respuesta a su pregunta escrita E-0850/98(1), la Comisión confirmó su posición expresada en los debates de la sesión de 27 mayo de 1998 acerca del proyecto de informe de la Sra. Van Lancker sobre los trabajadores fronterizos según la cual, cuando surgen problemas, es preferible estimular la concertación entre las partes interesadas a nivel fronterizo. También recordó la Comisión en esa ocasión los poderes que ejerce en aplicación del artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE, que permiten garantizar la compatibilidad de las legislaciones de los Estados miembros con la legislación comunitaria y más en concreto con la normativa sobre libre circulación.

En la presente pregunta, Su Señoría se refiere no sólo a las dificultades de los trabajadores fronterizos sino especialmente a las de las empresas y autoridades locales.

La Comisión agradecería que Su Señoría tuviera a bien concretar, en los ámbitos distintos de la libre circulación de trabajadores, las consecuencias negativas mencionadas en su pregunta que tienen repercusiones en las regiones fronterizas como consecuencia de la adopción de una legislación nacional, o bien dar ejemplos concretos.

(1) DO C 27 E de 29.1.2000, p. 2.
PREGUNTA ESCRITA P-2178/99

de Karin Riis-Jørgensen (ELDR) a la Comisión

(19 de noviembre de 1999)

Asunto: Derechos de aduana por la exportación de carne a Noruega

En relación con mi pregunta oral H-0389/99(1), presentada a la Comisión en el turno de preguntas del periodo parcial de sesiones de mayo de 1999, desearía que la Comisión me respondiera a la siguiente pregunta; ¿considera la Comisión que es conforme con los acuerdos comerciales celebrados entre Noruega y la UE que una empresa danesa que exporta carne a Noruega esté sujeta a un derecho de aduana de 84,31 NOK por kilo de carne?

A modo de orientación, diré que el precio neto de 850 gramos de este mismo producto es de 16,50 DKK.

(1) Debates del Parlamento Europeo (mayo de 1999).

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(26 de noviembre de 1999)

El acuerdo vigente entre Noruega y la Comunidad es el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE). El artículo 8 del Acuerdo excluye los productos agrícolas de su aplicación, a excepción de ciertos productos especificados con exactitud. Por otra parte, el EEE no es un espacio aduanero, por lo que el Acuerdo no tiene influencia alguna en la estructura arancelaria noruega. En consecuencia, el Acuerdo no contiene disposiciones para regular el derecho de aduana abonado a Noruega por los exportadores comunitarios.
PREGUNTA ESCRITA E-2154/99

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(24 de noviembre de 1999)

Asunto: Regionalización del Cuerpo Forestal del Estado

En Italia la protección del patrimonio forestal y medioambiental está delegada en un cuerpo de policía llamado el Cuerpo Forestal del Estado. En virtud de la Ley 59/97 se transferirá a las regiones el personal perteneciente a dicho cuerpo que no sea necesario para el desempeño de las funciones que aún sean competencia del Estado. A pesar del gran número de funcionarios que se ha calculado que serán necesarios para el desempeño de tales funciones de competencia estatal, aproximadamente el 70 % del personal se ha transferido igualmente a las regiones.

Habida cuenta del aspecto no sólo nacional sino incluso internacional de la protección del medio ambiente y del patrimonio de profesionalidad del Cuerpo Forestal del Estado, que tendría que dispersarse y que es el único que puede garantizar el respeto de los reglamentos comunitarios relativos al medio ambiente, se formulan las siguientes preguntas a la Comisión:

1. ¿No considera que la delegación en las regiones de tal materia disminuye gravemente la eficacia del Cuerpo Forestal del Estado y de la protección del medio ambiente?

2. ¿Existen documentos de la Comisión al respecto?

3. ¿Puede dar una opinión general sobre el asunto?

4. ¿Qué formas organizativas han dado otros Estados miembros a cuerpos similares?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

La organización de la Administración nacional es estrictamente competencia del Estado miembro. La Comisión considera que la regionalización de determinadas competencias no comporta necesariamente una menor eficacia, si bien, en algunos casos, es preciso intensificar la coordinación entre las regiones y la Administracion central.

La Comisión no puede facilitar una descripción exacta de la organización de servicios análogos en otros Estados miembros. Pueden existir situaciones muy diversas, desde la absoluta descentralización, por ejemplo, en el caso de la gestión de la protección de los bosques frente a los incendios, que, en algunos Estados miembros, compete a la Administración local, hasta la asignación de competencias a las autoridades provinciales o regionales, o su centralización a escala nacional.