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PREGUNTA ESCRITA E-2054/99

de Gérard Caudron (PSE) a la Comisión

(3 de noviembre de 1999)

Asunto: Supresión de las ayudas europeas al reparto de leche en los centros escolares

En todos los círculos se hace referencia a la reducción y posterior supresión, por decisión de la Comisión, de las subvenciones comunitarias al reparto de leche en los centros escolares.

Según los especialistas en nutrición infantil, la leche es un alimento esencial para el crecimiento de los niños. Por otra parte, el reparto de leche en los centros escolares sigue permitiendo, hoy en día, ocuparse de determinadas categorías de población que no disfrutan de una alimentación equilibrada.

Este proyecto es inquietante tanto desde el punto de vista agrícola como desde la perspectiva de la sanidad pública:

Habida cuenta de que el Consejo de Agricultura de los días 14 y 15 de junio de 1999 consideró apropiado fomentar el consumo de leche, por su alto valor nutritivo, en especial para niños y jóvenes, ¿por qué toma la Comisión una decisión contraria a la opinión del Consejo?

Ahora que el Tratado de Amsterdam acaba de elevar al rango de política comunitaria horizontal la política en el ámbito de la sanidad pública, ¿cómo puede la Comisión, arriesgarse a poner en peligro la salud de los niños europeos que se benefician de este complemento nutritivo en el marco escolar?

En consecuencia, ¿puede la Comisión desmentir las informaciones facilitadas y tranquilizar a los ciudadanos europeos?

Respuesta complementaria común a las preguntas escritas E-2029/99 y E-2054/99 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(11 de enero de 2000)

Es cierto que una de las propuestas presupuestarias de la Comisión para el año 2000 era reducir los créditos de la ayuda comunitaria para la leche que se distribuye en las escuelas. La propuesta se basaba en las conclusiones de un informe de evaluación que había recomendado la supresión de ese régimen de ayuda.

Como ponen de manifiesto las conclusiones del Consejo de Agricultura de los días 14 y 15 de junio de 1999, citadas por su Señoría, esa propuesta presupuestaria dio lugar a un amplio debate sobre el futuro del régimen. Tras ese debate y habida cuenta de los argumentos en él expuestos, la Comisión ha reexaminado el expediente y propone ahora mantener la ayuda a la leche escolar, pero estableciendo la cofinanciación de los gastos correspondientes.

Esta solución se justifica, ante todo, por la necesidad de respetar las restricciones presupuestarias que pesan sobre los gastos agrícolas y que obligan a dar prioridad a otras medidas de apoyo de los mercados menos costosas que el régimen de la leche escolar. Además, en opinión de la Comisión, la cofinanciación nacional podrá mejorar la relación coste-eficacia de la medida. La alternativa que sugiere su Señoría de financiar esta ayuda en el marco de la política de salud pública parece una idea interesante que merece ser examinada en el futuro. En todo caso, la Comisión considera que la acometida de objetivos no agrícolas sólo puede hacerse si se cuenta con la cofinanciación nacional.
PREGUNTA ESCRITA E-2669/99

de Benedetto Della Vedova (TDI) a la Comisión

(12 de enero de 2000)

Asunto: Ayudas estatales a la empresa Philipp Holzmann AG

Se ha sabido que el Gobierno alemán tiene la intención de adoptar una serie de medidas para la reestructuración de la empresa de la construcción Philipp Holzmann AG.

Visto que la reciente Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales en forma de garantía aclara los elementos por los cuales las garantías del Estado se asimilan a las ayudas estatales y en qué medida son conformes con el artículo 87 del Tratado CE.

Visto que las medidas anunciadas, consistentes en préstamos por un importe de 150 millones de DM y en garantías por 100 millones de DM, constituyen ayudas estatales (en particular para el salvamento y reestructuración, según se definen en las Directrices comunitarias publicadas en el DO C 368 de 23.12.1994) a las que se aplican los artículos 87 y 88 del Tratado CE.

¿No considera la Comisión que estas medidas del Gobierno alemán constituyen una grave distorsión de la competencia en la Comunidad así como una infracción de las normas relativas a las ayudas estatales contenidas en los artículos 87 y 88 del Tratado CE?

Vistas asimismo las declaraciones del Comisario responsable para la competencia y del Gobernador del Banco Central Europeo sobre la coincidencia entre las acciones y los propósitos de injerencia estatal en los mercados y la debilidad del euro, ¿piensa la Comisión emprender iniciativas con el fin de reducir los casos en los que es posible hacer una excepción a la prohibición de ayudas estatales contenida en el artículo 87 del Tratado CE? En particular, ¿no considera oportuno tomar iniciativas para revisar, cuando no superar, en sentido más restrictivo las mencionadas Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y reestructuración de empresas en crisis, que se caracterizan por un régimen de autorizaciones excesivamente genérico y amplio?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(9 de febrero de 2000)

El que las medidas del Gobierno alemán constituyan o no una distorsión grave de la competencia debe evaluarse sobre la base de un análisis detallado, que tenga en cuenta los criterios de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis(1). Estas directrices, que entraron en vigor el 9 de octubre de 1999, han modificado las anteriores directrices de 1994 y contienen unos criterios más estrictos, por ejemplo, para evitar distorsiones indebidas de la competencia y respecto del principio de primera y última vez.

Después de un examen preliminar de la notificación, la Comisión llegó a la conclusión de que la ayuda plantea dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común. Por lo tanto, el 18 de enero de 2000, la Comisión inició el procedimiento para poner en marcha una investigación pormenorizada sobre las medidas de ayuda.

(1) DO C 288 de 9.10.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-2837/99

de Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) a la Comisión

(18 de enero de 2000)

Asunto: Ámbitos de investigación en materia de clima incluidos en programas anteriores y ahora excluidos

¿Existen ámbitos de investigación en materia de clima que estuvieran incluidos en programas anteriores y que hayan dejado de estarlo, y, en caso afirmativo, de cuáles se trata?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2836/99 y E-2837/99 dada por el Sr. Busquin en nombre de la Comisión

(10 de febrero de 2000)

La investigación sobre el cambio climático es una empresa a largo plazo, ya que exige una comprensión fundamental del complejo sistema terrestre, de su evolución y transformación, así como la predicción, detección y seguimiento o documentación de los cambios. Dado que el sistema terrestre no es lineal y que esta cuestión tiene gran importancia política, conviene mantener el apoyo comunitario por un plazo indeterminado. Es preciso fijar prioridades, como es el caso en la reciente convocatoria.
PREGUNTA ESCRITA E-2844/99

de Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) a la Comisión

(18 de enero de 2000)

Asunto: Financiación por la UE de la investigación sobre el cambio climático

¿Ha analizado la Comisión hasta qué punto en la investigación que financia la UE sobre el cambio climático y sus futuras repercusiones se ha prestado atención al continente europeo por cuanto resulta especialmente importante para la mayoría de los ciudadanos de la UE?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2843/99 y E-2844/99 dada por el Sr. Busquin en nombre de la Comisión

(14 de febrero de 2000)

El ámbito Variabilidad climática y cambio climático brusco incluye efectivamente la comprensión de los cambios climáticos y sus repercusiones pasadas y futuras en la superficie terrestre europea. Sirva de ejemplo la importancia que revisten las tareas de investigación sobre el ciclo hidrológico y sus interacciones e impactos con la geosfera-biosfera.
PREGUNTA ESCRITA E-2542/99

de Neil MacCormick (Verts/ALE) a la Comisión

(4 de enero de 2000)

Asunto: Normativa de circulación para pacientes de diabetes mellitus

1. Fuentes médicas de gran autoridad me han comunicado que no hay pruebas de que los conductores que padecen diabetes mellitus supongan un peligro anormal para los otros usuarios de la carretera. ¿Dispone la Comisión de pruebas de igual valor que muestren que dichos conductores suponen un peligro especial? En caso afirmativo, ¿de qué pruebas se trata?

2. Con arreglo a la Directiva (modificada) 91/439/CEE(1), los diabéticos dependientes de la insulina se exponen a la pérdida de sus permisos de circulación y, en algunos casos, de sus medios de sustento.

3. ¿Está de acuerdo la Comisión en que ello contribuye a una injusta discriminación contra el grupo de conductores en cuestión?

4. En consecuencia, ¿la Comisión tomará medidas para revocar la Directiva?

(1) DO L 237 de 24.8.1991, p. 1.

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(1 de febrero de 2000)

Ruego a Su Señoría se remita a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-0495/98 del Sr. Howitt(1).

La Comisión confirma que, con posterioridad a dicha respuesta, no se han producido novedades en este ámbito que puedan modificar la posición en ella expresada.

(1) DO C 310 de 15.12.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-2169/99

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(29 de noviembre de 1999)

Asunto: Imposición sobre el queroseno del transporte aéreo

El Convenio de Chicago de 1944 establece que el consumo de queroseno en el ámbito del transporte aéreo internacional no puede ser objeto de gravámenes. Al mismo tiempo, los vuelos dentro de la UE, o sea, entre los distintos Estados miembros, siguen considerándose todavía

vuelos internacionales, y por lo tanto están sujetos a dicha normativa. Sin duda ninguna, hay que suponer con razón que dicho convenio está anticuado y necesita una revisión. Además, el Parlamento Europeo aprobó recientemente una resolución (B5-0118/1999) en la que se pide a la Comisión que redacte un libro blanco sobre medidas aplicables al transporte aéreo, entre las cuales habrá de figurar la imposición sobre los combustibles a base de queroseno.

¿Puede indicar la Comisión si, hasta que se redacte dicho libro blanco, piensa declarar vuelos interiores los realizados dentro de la UE y así gravar cuanto antes el consumo de queroseno en el transporte aéreo, habiéndose de destinar tales impuestos a proyectos medioambientales?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(21 de enero de 2000)

La Comisión recuerda su posición con respecto a la imposición del queroseno utilizado en la aviación internacional recogida en el informe(1) en el que se aconsejaba ampliar los impuestos especiales del petróleo al queroseno utilizado en la aviación tan pronto como la legislación internacional permita a la Comunidad imponer tales impuestos a todas las compañías aéreas, incluidas las de terceros países. Esta posición no ha cambiado.

A raíz de la discusión en el Consejo, la Comisión encargó un estudio sobre el análisis de la imposición en el combustible utilizado en la aviación. La Comisión presentó las conclusiones de dicho estudio recientemente en la comunicación sobre transporte aéreo y medio ambiente dirigida al Parlamento y a las demás instituciones(2).

La Comisión no tiene la intención, en este momento, de declarar todos los vuelos intracomunitarios vuelos nacionales en el sentido del Convenio de Chicago. Continuará, en coordinación con el trabajo preparatorio en curso a nivel de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), su trabajo en una serie de estrategias, basadas en el mercado, entre las que figura la imposición dirigida a reducir el impacto medioambiental del transporte aéreo con el fin de lanzar una iniciativa en 2001.

(1) COM(96) 549 final.

(2) COM(1999) 640 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2529/99

de Markus Ferber (PPE-DE) a la Comisión

(4 de enero de 2000)

Asunto: Costes de la comitología

La Comisión es competente en virtud del Tratado CE para la ejecución de las decisiones adoptadas por el Consejo de la Unión Europea. El Consejo supervisa lo anterior mediante comités con expertos nacionales.

¿Cuántos comités consultivos, de gestión o de reglamentación con expertos nacionales siguen las tareas ejecutivas de la Comisión?

¿En qué ámbitos?

¿Qué costes supusieron estos comités en 1997, 1998 y 1999?

¿Qué créditos se han previsto para estos comités para el año 2000?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(22 de marzo de 2000)

Existen 260 comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución. DE estos 260 comités, 27 aplican procedimientos no conformes a las Decisiones 87/373/CEE de 13 de julio de 1987, por las que se establecen las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(1), y 1999/468/CE de 28 de junio de 1999(2) del Consejo (comitología); los restantes 233 utilizan procedimientos conformes a las mencionadas decisiones. De éstos, 189 funcionan exclusivamente con un único procedimiento; 24 en procedimiento consultivo; 56 en procedimiento de gestión; 109 en procedimiento de reglamentación.

44 comités funcionan con dos o tres procedimientos; 21 comités utilizan los procedimientos consultivos y de gestión; seis comités utilizan los procedimientos consultivos y de reglamentación; doce utilizan los procedimientos de gestión y reglamentación; cinco alternan entre estos tres procedimientos.

Los comités intervienen en casi en todos los ámbitos del Tratado CE, principalmente en medio ambiente (más de cuarenta), empresas (más de treinta), transportes y agricultura (cerca de una treintena cada uno), salud (más de veinte), etc.

Su Señoría recibirá posteriormente la respuesta a las otras cuestiones planteadas en su pregunta.

(1) DO L 197 de 18.7.1987.

(2) DO L 184 de 17.7.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-1675/99

de Marialiese Flemming (PPE-DE) a la Comisión

(22 de septiembre de 1999)

Asunto: Animales exóticos

Los animales exóticos sufren torturas indescriptibles, pues se les transporta como si fueran mercancías en crueles condiciones. Muchos animales llegan muertos o gravemente heridos a su lugar de destino.

¿Qué medidas adopta la Comisión para luchar contra estas formas de proceder crueles para con los animales?

¿Qué medidas adopta la Comisión para controlar los transportes ilegales de animales exóticos?

¿Intervendrá la Comisión en favor de una prohibición de las importaciones de animales exóticos en los Estados miembros de la Unión Europea?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(28 de octubre de 1999)

La Comisión desea señalar a Su Señoría que el Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio(1) recoge todas las disposiciones necesarias sobre el comercio y transporte de éstas. En particular, todos los ejemplares importados o exportados de especies contempladas en dicho Reglamento han de transportarse conforme a las normas internacionales establecidas por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) o por el Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES). En la Comunidad se controla estrechamente la mortalidad durante el transporte y, si procede, pueden disponerse restricciones a la importación.

Las autoridades de cada Estado miembro son responsables de garantizar el cumplimiento de esos requisitos. No obstante, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, se ha creado un grupo garante de la aplicación integrado por las autoridades responsables de cada Estado, para luchar contra el comercio ilegal.

La Comisión considera que, en ocasiones, la conservación de numerosas especies se consigue mejor mediante el control y estrecho seguimiento de su comercio que prohibiendo su importación.

(1) DO L 61 de 3.3.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-2309/99

de Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) a la Comisión

(13 de diciembre de 1999)

Asunto: Importaciones de productos del Código 1604.14.00

Habiendo tenido conocimiento de que existe una petición de las autoridades de Tailandia para exportar 8 000 toneladas de lomos de atún a la Unión Europea, mediante la apertura de un contingente autónomo de los productos comprendidos en la partida 1604.14.00; teniendo en cuenta que el mercado de lomos de atún comunitario se puede considerar suficientemente abastecido en base a la producción interna comunitaria, a las importaciones procedentes de los países SPG-Pacto Andino y ACP; que en caso de necesidad los contingentes de estas procedencias podrían ser aumentados, por lo que no es necesario buscar abastecimiento en otros países, y teniendo en cuenta además que el código 1604.14.00 incluye a las conservas de atún, por lo que hay que considerar que la apertura del contingente demandado por Tailandia supondría un gravísimo daño para las industrias comunitarias productoras de lomos y conservas de atún, así como para las industrias de los países SPG-Pacto Andino y ACP, se pregunta a la Comisión:

¿Cuáles son las intenciones de la Comisión respecto a esta petición tailandesa?

¿Cuándo va a presentar la Comisión el estudio a que se comprometió con el Consejo sobre las cifras reales de producción comunitaria de lomos de atún y las necesidades reales de abastecimiento?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(14 de enero de 2000)

La peticion de las autoridades tailandesas a que alude Su Señoría se remitió, según la información de que dispone la Comisión, a una asociación profesional que agrupa a las industrias europeas del pescado. En ningún caso podría la Comisión tomar una iniciativa basándose en un documento no dirigido a ella.

Por otra parte, al establecer sus propuestas relatias a la apertura y gestión de contingentes arancelarios autónomos, la Comisión toma en consideración únicamente las peticiones que le hayan sido dirigidas por los Estados miembros.

Como indica Su Señoría, la Comisión se ha comprometido a realizar un estudio sobre el abastecimiento en lomos de atún del mercado comunitario a corto y medio plazo. El compromiso de la Comisión precisaba que dicho estudio debía estar terminado antes de finales de 1999.

La Comisión transmitirá este estudio al Consejo en los plazos fijados.
PREGUNTA ESCRITA E-2552/99

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(4 de enero de 2000)

Asunto: Posibles tipos de IVA más bajos para los servicios con intensidad de mano de obra

¿Podría publicar la Comisión una lista, de cada Estado miembro, relativa a los servicios para los cuales los Estados miembros han solicitado la aplicación de un tipo de IVA reducido, con arreglo a las disposiciones de la Directiva sobre tipos de IVA reducidos para los servicios con intensidad de mano de obra?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre del Comisión

(8 de febrero de 2000)

La Comisión ha publicado la lista solicitada por Su Señoría en su Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a aplicar un tipo reducido de IVA a algunos servicios de gran intensidad de mano de obra de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 6 del artículo 28 de la Directiva 77/388/CEE(1).

(1) COM(1999) 705 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2764/99

de Marco Cappato (TDI) a la Comisión

(18 de enero de 2000)

Asunto: Programas de cooperación JAI: relaciones, evaluación y derechos de la defensa

La Unión Europea financia con cargo al presupuesto comunitario una serie de programas que inciden en la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior. Concretamente, el programa Grotius, aprobado mediante la Acción común 96/636/JAI de 28 de octubre de 1996, prevé intercambios e incentivos financieros para investigación, seminarios, congresos y formación, y está destinado a los profesionales de la Justicia (magistrados, abogados, notarios, etcétera).

¿Qué proyectos específicos ha financiado la Comisión? ¿Dispone la Comisión de una descripción analítica de los proyectos, de una evaluación de las iniciativas financiadas, así como de los documentos y estudios realizados? Por último, ¿cuántos proyectos y cuáles se han financiado con objeto de profundizar en el problema de los derechos de la defensa en un espacio judicial europeo en el que, como se proyecta en el convenio del Consejo sobre la asistencia judicial mutua, habrá una mayor cooperación judicial en materia penal?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(17 de febrero de 2000)

La Comisión gestiona el programa Grotius desde 1996 y ha presentado la información pedida por Su Señoría en dos informes(1).

La Comisión quiere apoyar proyectos en temas relacionados con el mandato del programa (mejorar la cooperación judicial y el conocimiento mutuo de los ordenamientos jurídicos), incluyendo proyectos que aborden los puntos de vista sobre la cooperación judicial de demandados, víctimas y Estados. De acuerdo con los informes, aproximadamente el 70 % de todos los proyectos son organizados por entidades no gubernamentales.

(1) Primer informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación de los programas Grotius, Sherlock, Stop y Oisin (1996-1997) SEC(98) 1048 y segundo informe (1998) SEC(1999) 1955.
PREGUNTA ESCRITA E-2589/99

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(11 de enero de 2000)

Asunto: Actualización de permisos de conducción

Dado que ya no es necesario cambiar los permisos de conducción al trasladarse a otro Estado miembro, ¿qué autoridades nacionales son ahora responsables para cualquier actualización necesaria (por ejemplo, modificar la dirección en el permiso)?

¿Está la Comisión al corriente de que se han planteado problemas porque el país de residencia alega que esa cuestión compete al Estado miembro de origen, mientras que éste lo considera responsabilidad del nuevo país de residencia? ¿Qué aconseja la Comisión?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(31 de enero de 2000)

La Directiva del Consejo 91/439/CEE, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción(1), da al Estado miembro de residencia habitual competencia exclusiva para la sustitución y renovación de permisos, para la aplicación de disposiciones nacionales penales o de policía, y para el caso de intercambio voluntario del permiso. Por otro lado, la Directiva 91/439/EEC establece que el Estado miembro de residencia habitual podrá aplicar las normas nacionales durante el período de validez de los permisos y sobre todos los titulares de permisos de su territorio.

Sólo el Estado miembro de residencia habitual podrá llevar a cabo los procedimientos administrativos correspondientes a los aspectos mencionados más arriba y, por lo tanto, a la renovación del permiso o a eventuales cambios de domicilio. El Estado miembro de expedición pierde sus competencias, en lo que al permiso de conducción se refiere, cuando el conductor establece su residencia habitual en otro Estado miembro, y el Estado miembro de acogida es responsable de las disposiciones administrativas nacionales que aplica al conductor que ha fijado su residencia habitual en su territorio.

(1) DO L 237 de 24.8.1991.