PREGUNTA ESCRITA P-2212/02

de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) a la Comisión

(12 de julio de 2002)

Asunto: Protección de los derechos humanos de los inmigrantes en Grecia

El apartado 1 del artículo 6 del Tratado establece que la Unión se basa en los principios de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Habida cuenta de ello, ¿qué piensa la Comisión del hecho de que el Consejo de Europa y 47 ONG hayan denunciado recientemente la violación de los derechos humanos de los inmigrantes en Grecia? ¿Ha examinado y evaluado la política llevada a cabo por Grecia en este ámbito? ¿Se han formulado acusaciones similares contra otros países europeos? ¿Considera la Comisión que la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros aportará soluciones a los problemas y evitará este tipo de situaciones? ¿Qué trabajos preparatorios deberán realizar los Estados miembros para aplicar la nueva política?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(1 de octubre de 2002)

La Comisión no puede realizar observaciones sobre los puntos de vista expresados por otra institución, a saber el Consejo de Europa, o por organizaciones no gubernamentales independientes (ONG). Tampoco tiene competencias para examinar la compatibilidad de medidas o legislación de los Estados miembros con el Convenio Europeo sobre derechos humanos, instrumento del Consejo de Europa, cuando esas medidas o legislación no corresponden al ámbito del Derecho comunitario.

No obstante, la Comisión tiene el deber de garantizar dicho Derecho comunitario en el ámbito de la inmigración y el asilo, cuando así lo decreten las instituciones comunitarias y lo apliquen los Estados miembros, de conformidad con los derechos fundamentales en virtud del apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y en la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea. Además, la aplicación del Derecho comunitario por los Estados miembros implica actividades de supervisión por parte de la Comisión y la posible intervención del Tribunal de Justicia en caso de infracción. Sin embargo, en el ámbito de la inmigración, no existen, hasta ahora, disposiciones comunitarias basadas en el artículo 63 del Tratado CE.

En su reunión en Tampere (15-16 de octubre de 1999), el Consejo Europeo reafirmó la importancia que la Unión concede al respeto absoluto del derecho a pedir asilo, así como su compromiso respecto a las obligaciones de la Convención de Ginebra sobre los Refugiados y de otros instrumentos relativos a los derechos humanos. Con este fin, pidió el establecimiento de un sistema común europeo de asilo que garantizara que nadie era devuelto a la persecución. La Comisión ha presentado todas las propuestas necesarias para ejecutar la primera fase de dicho sistema. La importancia de este objetivo fue reiterada por el Consejo Europeo en Sevilla (21-22 de marzo de 2002) y se fijaron plazos para la adopción de los principales elementos de esta primera fase.

Con respecto a la Propuesta de Directiva por la que se establecen normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros, que menciona Su Señoría, en su reunión en Luxemburgo el 25 de abril de 2002, el Consejo definió un planteamiento general. Por consiguiente, en breve, el Consejo podrá aprobar formalmente la Propuesta. Esta Propuesta de Directiva aspira a mejorar sustancialmente las condiciones de recepción de los solicitantes de asilo, asegurándose de que los sistemas nacionales de recepción de la Comunidad tienen acceso a estudios igualmente amplios. El principio de que los solicitantes de asilo indigentes, que se permite permanezcan en el país a la espera del resultado de procedimientos, tienen derecho a condiciones de recepción (vivienda, comida, ropa y dietas para gastos) ha sido aceptado por todos los Estados miembros. La Propuesta de Directiva indica que en todos los Estados miembros, los solicitantes de asilo tendrán derecho a atención sanitaria, información y documentación, y escolarización adecuados y, en un número limitado de casos, a acceder al mercado laboral. Además, los Estados miembros se comprometerán a garantizar la orientación, la supervisión y el control del nivel adecuado de las condiciones de recepción.

Los Estados miembros deberán asignar los recursos necesarios de conformidad con las disposiciones nacionales de aplicación de esta Directiva. Este punto será especialmente importante cuando las autoridades nacionales trasladen a las autoridades locales la responsabilidad de aplicar la Directiva.

En este contexto, cabe recordar la existencia del Fondo Europeo para los Refugiados (FER)(1). Este Fondo, dotado con 216 millones de euros fue creado por la Decisión del Consejo 2000/596/CE, para promover la solidaridad entre Estados miembros en los asuntos de asilo, apoyando y fomentando los esfuerzos de los Estados miembros en la acogida y en las consecuencias financieras de la aceptación de refugiados y desplazados. En su actual forma, el Fondo funciona desde el 1 de enero de 2000 y hasta el 31 de diciembre de 2004.

Los recursos se distribuyen en proporción a la magnitud del gasto de cada Estado miembro como consecuencia de la acogida de refugiados y desplazados. A partir de 2000-2002, la asignación de Grecia al Fondo Europeo para los Refugiados ha ascendido a 1 816 711,58 euros, o sea el 1,8 % del Fondo.

(1) 2000/596/CE: Decisión del Consejo, de 28 de septiembre de 2000, por la que se crea el Fondo Europeo para los Refugiados, DO L 252 de 6.10.2000.