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PREGUNTA ESCRITA E-0429/03

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(18 de febrero de 2003)

Asunto: Promoción diálogo social y estatuto de los pescadores

En su Resolución, de 16 de enero de 2003, sobre la pesca en aguas internacionales en el marco de la acción exterior de la política común de pesca el PE insistió en la necesidad de garantizar a todos los pescadores los derechos laborales fundamentales: remuneración digna, seguridad, necesario descanso, representación sindical, seguridad social y negociación colectiva destinada a obtener convenios laborales. El Parlamento reclamaba por ello a la Comisión que promoviera un mayor diálogo social con el objeto de lograr empleos de mayor calidad y alcanzar un estatuto de los pescadores que contemple las peculiaridades de esta profesión.

¿Qué medidas va a adoptar la Comisión para promover este diálogo social para mejorar la calidad en los empleos de la pesca y, eventualmente, alcanzar un estatuto de los pescadores?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(21 de marzo de 2003)

La situación de los pescadores de terceros países contratados en buques comunitarios ha sido examinada por los interlocutores sociales (Europêche, el Comité General de Cooperación Agrícola (Gogeca) de Pesca y la Federación Europea de los Trabajadores de los Transportes (ETF)) en el Comité sectorial de diálogo social del sector de la pesca marítima con el fin de establecer una cláusula social que se incluya en los protocolos de los acuerdos de pesca con terceros países.

Durante su reunión de 19 de diciembre de 2001 en sesión plenaria, los citados interlocutores sociales del sector marítimo aprobaron dicha cláusula social e invitaron a la Comisión a incluirla de ahora en adelante en los acuerdos que concluya con terceros países.

La finalidad de esta cláusula es garantizar a los marineros de terceros países embarcados en buques comunitarios la aplicación de pleno derecho de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los principios y derechos fundamentales del trabajo y unas condiciones de vida y laborales a bordo similares a las de los marineros de la Unión Europea.

La Comisión tiene la intención de incluir sistemáticamente la cláusula social aprobada por los interlocutores sociales en todas las futuras negociaciones en materia de pesca con terceros países.

Además, los interlocutores sociales mencionados se reúnen periódicamente en el marco del Comité sectorial del diálogo social creado por la Comisión para aplicar satisfactoriamente su programa de trabajo establecido en la comunicación de la Comisión El diálogo social europeo, fuerza de modernización y cambio(1) con el fin de contribuir a la aplicación de la estrategia de Lisboa.

(1) COM(2002) 341 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0400/03

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(17 de febrero de 2003)

Asunto: Subsidios irregulares

¿Puede aclarar la Comisión si tiene conocimiento de que se estén facilitando ayudas cofinanciadas por la UE a fábricas de transformación de frutas situadas en Irlanda del Norte? ¿Cuál es exactamente la responsabilidad de la Comisión y de los Estados miembros en relación con la consignación de la utilización exacta de las ayudas que se conceden en el marco de la PAC a través de los programas de cofinanciación?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(11 de marzo de 2003)

El artículo 25 del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y se derogan determinados Reglamentos(1) permite la concesión de ayuda para las inversiones destinadas a facilitar la mejora y la racionalización de la transformación y la comercialización de productos agrícolas.

En Irlanda del Norte, semejante ayuda se aporta en el contexto del programa operativo del objetivo no 1 (2000-2006), también llamado Building Sustainable Prosperity Programme (Programa para una prosperidad duradera) presentado por las autoridades de Irlanda de Norte a la Comisión, aprobado por ésta el 22 de marzo de 2001 y cofinanciado por la Sección de Orientación del FEOGA:

En aplicación del principio de subsidiariedad, la ejecución de este programa y la selección de los proyectos con derecho a financiación comunitaria corresponde a las autoridades nacionales.

No obstante, según se deduce del programa, las autoridades de Irlanda del Norte no se proponen facilitar ayuda a ningún proyecto del sector de las frutas y hortalizas.

(1) DO L 160 de 26.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA P-0615/03

de Christos Folias (PPE-DE) a la Comisión

(25 de febrero de 2003)

Asunto: Propuestas de reforma de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM)

Con relación a las reformas propuestas para las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM), en el marco de la reforma intermedia de la Política Agrícola Común, ¿podría indicar la Comisión si ha recurrido en alguna medida a servicios de consejeros externos?

- En caso afirmativo, ¿quienes fueron estos consejeros? y

- ¿Qué honorarios se pagaron a tales servicios externos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(13 de marzo de 2003)

La Comisión no ha recurrido a servicios de consultores externos para la preparación o la formulación de la reforma propuesta de las organizaciones comunes de mercado dentro de la revisión actual de la política agrícola común.

No obstante, en lo que respecta a los análisis de impacto de las propuestas, la Comisión recurrió a los siguientes consultores externos con el fin de obtener evaluaciones externas independientes y así completar su propio análisis:

a) EuroCARE (European Centre for Agricultural, Regional and Environmental Policy Research) GmbH, Bonn, Alemania;

b) the Centre for World Food Studies (Sow-vu), Amsterdam, Países Bajos;

c) Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI), Universidad de Missouri Columbia, EE.UU.

Los honorarios abonados por los servicios relativos a las evaluaciones de impacto externas independientes ascienden a 40 000 euros.
PREGUNTA ESCRITA E-0852/03

de Christos Folias (PPE-DE) a la Comisión

(20 de marzo de 2003)

Asunto: Contratos públicos

El segundo apartado del artículo 7 de la Ley griega 2955/2001, permite el suministro de materiales sin que la entidad pública en cuestión lleve a cabo una programación anual de necesidades ni suscriba ningún contrato, no prevé ningún procedimiento respecto a qué material es más adecuado para el enfermo y autoriza el establecimiento de un precio máximo vinculante, limitando así la competencia. Por otra parte, la Decisión Ministerial Conjunta DY6a/G.P/73754/24-7-02/FEK 984/31-7-02, emitida en aplicación de la ley previamente mencionada, no se basa en ningún factor técnico para clasificar los productos que describe como no comparables entre sí y designa a la totalidad de los productos de categorías generales como no comparables entre sí, adoptando el principio de que, por definición, los productos de un fabricante no pueden compararse a cualquier otro producto de otro fabricante. Igualmente, permite a las entidades públicas abastecerse según su propia voluntad, sin que medie la suscripción de contrato alguno y sin que fijen sus necesidades anuales, tanto respecto al contenido exacto, como respecto a la cantidad.

¿Son acordes con el derecho comunitario en materia de suministros, y en concreto con la Directiva 93/36/CEE(1), la Ley griega 2955/2001 y la Decisión Ministerial emitida en aplicación de dicha ley? En caso negativo, ¿qué medidas tiene intención de tomar la Comisión con miras a la plena aplicación por parte de Grecia de la mencionada Directiva y cuándo?

(1) DO L 199 de 9.8.1993, p. 1.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(15 de abril de 2003)

La Comisión se va a hacer con la ley griega en cuestión (no 2955/2001) y con la decisión ministerial de aplicación (DY6a/GP/73754/24-7-02/FEK 984/31-7-02), para proceder al examen de su conformidad con lo dispuesto en la Directiva 93/36/CEE(1) (contratos públicos de suministro).

Para facilitar dicho examen, la Comisión ruega a Su Señoría tenga la bondad de comunicarle toda la información de relevancia de que disponga a este respecto.

(1) Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, DO L 199 de 9.8.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-0929/03

de Jorge Moreira Da Silva (PPE-DE) a la Comisión

(24 de marzo de 2003)

Asunto: Enfermedad del legionario

Considerando la relación directa existente entre el deficiente mantenimiento de las instalaciones de calentamiento de agua e instalaciones de aire acondicionado de los edificios públicos y la aparición de casos muy graves de neumonías causadas por la bacteria Legionella,

1. ¿considera la Comisión Europea que la legislación nacional relativa a la construcción y el mantenimiento de los edificios públicos asegura la protección de los ciudadanos ante la aparición de la enfermedad del legionario? ¿Cuáles son los países cuya legislación ofrece estas garantías?

2. ¿Está preparando la Comisión Europea iniciativas legislativas europeas dirigidas a imponer normas comunes de mantenimiento de los edificios públicos conducentes a proteger la salud pública?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(25 de abril de 2003)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-0493/03

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(21 de febrero de 2003)

Asunto: Directiva relativa al crédito al consumo y lucha contra la delincuencia financiera

La Directiva relativa al crédito al consumo, en su forma actual, corre el riesgo de obstaculizar los intercambios de datos destinados a la identificación de clientes, la prevención del fraude o la prevención del blanqueo de capitales. Tendrá los siguientes efectos adversos:

- Pondrá fin a los sistemas de intercambio de datos con fines anti-fraude como CIFAS y HUNTER, que ayudan a las sociedades de crédito inmobiliario a prevenir créditos hipotecarios fraudulentos por un valor aproximado de 25 millones de libras esterlinas al año, hecho que las dejaría expuestas a la explotación.

- Al conceder créditos a clientes que actúan de forma fraudulenta, las sociedades de crédito inmobiliario asumen un mayor número de deudas de difícil recuperación, el coste de lo cual se ven inevitablemente obligadas a transferir a los clientes de buena fe.

- Si las sociedades de crédito inmobiliario no pueden llevar a cabo, a través del intercambio de información, controles de verificación de identidad para luchar contra el blanqueo de capitales, se estaría poniendo en peligro su capacidad de cumplir los Reglamentos de 1993 relativos al blanqueo de capitales y las normas de la FSA de 2001.

¿Qué acciones contempla emprender la Comisión a fin de tener en cuenta estos factores?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(25 de marzo de 2003)

La propuesta de una nueva Directiva en materia de crédito a los consumidores(1) establece una serie de disposiciones relativas a la información que los prestamistas e intermediarios reciben de los consumidores, avalistas o terceros en relación con la suscripción o gestión de los contratos de crédito o de garantía contemplados por dicha Directiva. Se dispone que el tratamiento de la información obtenida se limite a la evaluación de la situación financiera del consumidor o del avalista y de su capacidad de reembolso.

La propuesta de Directiva se centra en la relación existente entre el prestamista (intermediario) y el prestatario y las restricciones fijadas tienen por objeto evitar que surjan cuestiones irrelevantes en materia de raza, edad, sexo, etc. o que se dé una explotación abusiva de los datos recopilados.

La identificación de clientes, la prevención del fraude o del blanqueo de capitales y otras actividades delictivas no deberían verse afectadas por lo dispuesto en la propuesta, que tanto el Parlamento como el Consejo están debatiendo en la actualidad.

Dicha propuesta no afectará a la posición jurídica de los terceros que no sean ni prestamistas ni intermediarios, como es el caso de los sistemas Cifas y Hunter, siempre y cuando lleven a cabo sus actividades con arreglo a la legislación comunitaria en vigor y a la legislación nacional acorde con la misma.

(1) DO C 331 E de 31.12.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-0167/03

de Nirj Deva (PPE-DE) a la Comisión

(29 de enero de 2003)

Asunto: Asistencia sanitaria a las personas ancianas. Acuerdos entre Estados miembros

1. ¿Es admisible que cuando una persona anciana enferma tiene que salir del Estado miembro en el que reside (el Reino Unido) e instalarse en otro (España) con objeto de obtener un nivel de cuidados aceptable para sufragar cuyo coste percibiría una contribución preestablecida si el tratamiento se llevase a cabo en el Reino Unido, un Estado miembro (el Reino Unido) pueda retirar, total o parcialmente, la ayuda económica a esa persona?

2. ¿No es la política del Reino Unido contraria a las normas comunitarias en lo que concierne a:

a) la legalidad de la política y la infracción de derechos y

b) la libertad efectiva de circulación?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(7 de marzo de 2003)

Su Señoría se interesa por los acuerdos entre los Estados miembros relativos a la asistencia sanitaria a las personas ancianas. Pregunta, en concreto, si el Reino Unido puede negarse a abonar una contribución para sufragar los costes de los cuidados requeridos por un anciano desplazado a otro Estado miembro, teniendo en cuenta que el interesado sí percibiría una contribución si el tratamiento se llevase a cabo en su país.

No queda claro a qué tipo de asistencia se refiere su pregunta, ni si entra o no dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad(1).

La Directiva 90/365/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su actividad profesional(2) reconoce a los jubilados el derecho a residir en otro Estado miembro siempre que concurran las dos condiciones siguientes:

- que dispongan de recursos suficientes (pensión), de modo que, durante su estancia, no constituyan una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida;

- que dispongan de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos.

Sin disponer de más información sobre las prestaciones a las que hace referencia Su Señoría, la Comisión no está en condiciones de determinar si se ha vulnerado o no la legislación o la política comunitarias. Si Su Señoría pudiera facilitar más información, la Comisión podría analizar esta cuestión con más fundamento.

De todas formas, la Comisión es consciente del hecho de que las personas que necesitan cuidados y que no pueden sufragarlos de su propio bolsillo pueden verse efectivamente afectadas a la hora de ejercer su derecho a la libre circulación.

(1) DO L 149 de 5.7.1971.

(2) DO L 180 de 13.7.1990.
—

La normativa comunitaria requiere que la carne importada cumpla unos requisitos mínimos. La carne de animales salvajes, en gran parte obtenida cazando, en condiciones sin control, especies animales cuya carne no se considera alimento en la Unión y procedente de países no autorizados a enviar carne, no cumpliría las disposiciones en materia de seguridad alimentaria y de trato de los animales y por consiguiente no se puede importar legalmente.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/310

(2004/C 88 E/0315)

PREGUNTA ESCRITA E-3916/02

de Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) a la Comisión

(14 de enero de 2003)

Asunto: El juego en la Red

Como bien reconoce la Comisión en su respuesta a la pregunta escrita E 2885/01 (1), las actividades de apuestas de Internet están sujetas a la diferente reglamentación de estas actividades en los Estados miembros creando barreras para el mercado interior que es preciso tomar en consideración.

Siendo las actividades de apuestas de Internet de naturaleza transfronteriza y teniendo en cuenta las advertencias de las administraciones nacionales de lotería sobre la necesidad de tratar esta cuestión a nivel europeo, ¿qué medidas ha tomado la Comisión al respecto? ¿Ha examinado la Comisión la necesidad de armonizar este ámbito? ¿De qué forma?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(3 de marzo de 2003)

Respecto a las apuestas en Internet, varios Estados miembros están adaptando sus legislaciones sobre actividades de apuestas o introduciendo nuevas leyes para normalizar estos servicios de la sociedad de la información. Estas nuevas leyes deben ser declaradas obligatoriamente con arreglo a la Directiva 98/48/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de julio de 1998, que modifica la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (2). Por lo tanto, la Comisión desearía confirmar a Su Señoría que, conforme a este mecanismo, está siguiendo los avances en este campo y garantizando que estas nuevas leyes nacionales no dan lugar a la creación de barreras injustificadas en el mercado interior, teniendo en cuanta el carácter específico de estos servicios, tal y como reconoce la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. No obstante, la Comisión no considera que sea necesario armonizar este ámbito en la actualidad.

(1) DO C 81 E de 4.4.2002, p. 211.

(2) DO L 217 de 5.8.1998.
1.

La Comisión está al corriente de las estimaciones de las autoridades rusas, según las cuales en 2001 cruzaron de Kaliningrado al resto de Rusia 960 000 personas en tren y 620 000 en automóvil. La Comisión no ha recibido las cifras rusas relativas al tránsito aéreo. No obstante, señala que en ausencia de un régimen de tránsito para los ciudadanos rusos, todas las cifras han de considerarse con extrema cautela. En especial, no está claro si las distintas cifras divulgadas se refieren exclusivamente al tránsito directo de Kaliningrado al resto de Rusia o si incluyen también el tráfico transfronterizo local o los viajes de ida y vuelta a Bielorrusia. Según las estimaciones de las autoridades lituanas, por ejemplo, el número total de pasos efectuados —cualquiera que sea el medio de transporte terrestre— por ciudadanos rusos a la región de Kaliningrado a través de Lituania en 2001 fue muy inferior, entre 500 000 y 600 000.
PREGUNTA ESCRITA E-3076/02

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(28 de octubre de 2002)

Asunto: Racismo en el fútbol

Dado el nivel terrible de racismo que se manifiesta continuamente con ocasión de los partidos de fútbol internacionales, ¿no estima la Comisión que sería perfectamente legítimo que las cadenas de televisión dejasen de transmitir dichos partidos y, por consiguiente, se negasen a pagar los derechos acordados, especialmente en países como el Reino Unido, donde es ilegal transmitir material que pueda incitar al odio racial?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(17 de diciembre de 2002)

La Comisión condena firmemente el racismo y la xenofobia, que constituyen una violación directa de los principios de libertad, democracia, respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales así como del Estado de Derecho. Éstos son los principios en los que se fundamenta la Unión y que son comunes a los Estados miembros tal como se recoge en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, y en la Carta de derechos fundamentales.

En consecuencia, la Comisión ha presentado recientemente una Propuesta de Decisión-marco(1) en el ámbito del derecho penal destinada a luchar contra el racismo y la xenofobia. Este instrumento pretende armonizar las leyes y reglamentos de los Estados

miembros, proporcionando una definición común de los delitos sancionables en este ámbito, así como unas normas mínimas en cuanto a las penas y sanciones aplicables. La propuesta también promueve una más estrecha colaboración judicial regulando problemas tales como jurisdicción, extradición y enjuiciamiento de tales delitos.

Además, el artículo 22 bis de la Directiva Televisión sin fronteras obliga a los Estados miembros(2) a velar por que las emisiones no contengan ninguna incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad. Es obligación de los Estados miembros transponer este principio a la legislación nacional efectiva.

En lo que respecta a la cuestión específica planteada por Su Señoría, la Comisión no tiene ninguna competencia para pronunciarse respecto a las relaciones contractuales entre los titulares de los derechos y organismos de radiodifusión en este caso. La posibilidad de que las empresas de televisión tomen la medida mencionada dependería de las leyes nacionales aplicables en los Estados miembros.

(1) DO C 75 E de 26.3.2002, p. 269.

(2) Directiva 89/552/CEE del Consejo, modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento y del Consejo, de 30 de junio de 1997, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, DO L 202 de 30.7.1997, p. 60.