PREGUNTA ESCRITA E-0340/02

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(12 de febrero de 2002)

Asunto: Denunciantes de casos de fraude

Al parecer, los denunciantes de casos de fraude pueden ahorrar a las empresas (y a los gobiernos) mucho dinero al poner fin al fraude y a la mala gestión. Al parecer, los Estados Unidos proyectan elaborar una ley destinada a proteger a estos denunciadores contra repercusiones negativas.

¿Puede indicar la Comisión en qué situación se encuentra esta cuestión y de qué modo tiene la intención de ocuparse de los denunciantes?

¿Puede explicar, asimismo, si considera que el sistema actual protege adecuadamente tanto a los denunciantes como a los acusados de conducta fraudulenta?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(24 de abril de 2002)

En 1999 la Comisión introdujo un sistema por el que se establece el deber que tienen los funcionarios de la UE de comunicar cualquier sospecha de irregularidades y mediante el cual se proporciona a los funcionarios los medios para cumplir este deber(1). Con ello se intentaba abordar los aspectos sensibles que señala Su Señoría en su pregunta. Entre otras cosas, el sistema ofrece protección ante las consecuencias adversas que las denuncias pueden tener para los funcionarios que cumplen su obligación al comunicar, de buena fe, sus sospechas acerca de la comisión de irregularidades.

Además, el 4 de abril de 2002 la Comisión adoptó una Decisión específica al respecto, en el contexto de la estrategia de la reforma administrativa(2). Esta Decisión completa el actual marco legal, al proporcionar la posibilidad, sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones, de comunicar fuera de la Comisión los indicios y pruebas de irregularidades graves. Los funcionarios que actúen respetando estas condiciones quedarán protegidos de consecuencias adversas. Se remitirá directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento una copia de esta Decisión. La Decisión regirá hasta que se aprueben las modificaciones al Estatuto de los funcionarios necesarias para ampliar este régimen a todos los funcionarios de las Instituciones de la UE. Para más información, Su Señoría puede remitirse al documento consultivo al respecto, del que se enviará una copia directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento.

Inspirándose en las mejores prácticas, la Comisión considera que el sistema que establece esta Decisión de 4 de abril de 2002 logra un adecuado equilibrio entre el derecho a la protección del denunciante y el derecho a la presunción de inocencia de los acusados de actos fraudulentos hasta que sean declarados culpables tras un procedimiento adecuado. Además, y también inspirándose en las mejores prácticas, no se exigirá al funcionario que pruebe que se ha cometido la irregularidad ni éste perderá la protección por el mero hecho de que su sospecha resulte ser equivocada, siempre que no hubiera podido percatarse de ello.

La Comisión destaca que las normas sobre comunicación de sospechas de irregularidades graves no son un sustitutivo de las demanda cuando entran en juego los intereses personales. Así, si se demuestra que un funcionario no actuó de manera razonable y honesta al remitir información a la OLAF, ese funcionario quedará sujeto a un procedimiento disciplinario. Por otra parte, quienes sean acusados injustamente tienen derecho a solicitar la asistencia de la Comisión en las actuaciones que emprendan contra las personas que difundan acusaciones falsas, de conformidad con el artículo 24 del Estatuto de los funcionarios.

(1) Decisión de la Comisión 1999/396/CE, CECA, Euratom de 2 de junio de 1999, relativa a las condiciones y las modalidades de las investigaciones internas en materia de lucha contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses de la Comunidades DO L 149 de 16.6.1999.

(2) La Decisión de la Comisión sobre la denuncia de sospechas de irregularidades graves fue adoptada por la Comisión el 4 de abril 2002.