PREGUNTA ESCRITA E-2553/98

de Jesús Cabezón Alonso (PSE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Transposición de la legislación social

Se han difundido recientemente afirmaciones de la Comisión (Sr. P. Flynn) que anunciaban la posibilidad de que los Estados miembros de la Unión Europea pudieran ser llevados ante el Tribunal de Justicia de la Unión, por no haber transpuesto a su normativa nacional, la legislación comunitaria relativa a la protección de los trabajadores en el medio de trabajo.

También se felicitaba al Gobierno de España por el "gran esfuerzo de los 18 meses pasados", para que el 100 % de la legislación comunitaria se reflejara en su normativa nacional.

¿Podría informar la Comisión sobre cuántas directivas comunitarias de carácter sociolaboral fueron transpuestas a la legislación nacional en España durante el período comprendido entre 1986 y 1996?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-2551/98 y E-2553/98 dada por el Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(20 de octubre de 1998)

La Comisión concede la máxima importancia al proceso de transposición al Derecho nacional, esencial para que todos los individuos puedan beneficiarse de los derechos comunitarios. Por este motivo se analiza la evolución legislativa en los Estados miembros, especialmente a través de los informes anuales sobre la aplicación del Derecho comunitario. Su Señoría puede consultar el "Decimoquinto informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (1997)"(1) (y, en concreto, su página 60 y su anexo IV "Aplicación de las directivas"). Además, la Comisión ha enviado directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento un ejemplar del informe titulado "Medidas nacionales de transposición - Situación el 1 de enero de 1998", que contiene las referencias de las medidas comunicadas por los Estados miembros para cada una de las 64 directivas adoptadas en el ámbito social hasta esa fecha.

La Comisión evalúa asimismo la conformidad de dichas medidas con las directivas que deben incorporar. Hay que subrayar la importancia de los informes particulares que la Comisión elabora periódicamente sobre determinadas directivas, especialmente en el ámbito del Derecho del trabajo. En estos informes se analiza en profundidad el grado de conformidad de la legislación nacional con el Derecho comunitario. En función de los resultados de estos análisis, la Comisión adopta las medidas apropiadas que, llegado el caso, pueden dar lugar al inicio de procedimientos de infracción. Se concede también especial importancia al control de la correcta aplicación de estas medidas en cada Estado miembro. Este control se efectúa, entre otros medios, a través de los informes periódicos de los Estados miembros sobre la aplicación práctica de las directivas en el ámbito de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, las reclamaciones de los particulares y, por supuesto, las preguntas parlamentarias y las peticiones al Parlamento. No obstante, es preciso recordar la función esencial del juez nacional que, al aplicar el Derecho nacional, debe hacerlo "a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para alcanzar el resultado a que se refiere la Directiva"(2).

Por lo que respecta a la información sobre el periodo al que hace referencia Su Señoría (1986-1996), España únicamente había comunicado a la Comisión medidas nacionales de ejecución de 36 de las 50 directivas de contenido social que habían entrado en vigor antes del 31 de diciembre de 1996, es decir, del 72 %. La Comisión quisiera confirmar a Su Señoría que el porcentaje actual de transposición por España de las directivas sociales es del 100 %.

(1) DO C 250 de 10.8.1998.

(2) Sentencia de 13 de noviembre de 1990 en el asunto Marleasing (C-106/89), Rec. 1990, p. I-4135 (punto 8).