PREGUNTA ESCRITA P-2352/01

de Carlos Carnero González (PSE) al Consejo

(3 de agosto de 2001)

Asunto: Acontecimientos en Génova en torno a la Cumbre del G-8

Los incidentes acaecidos en Génova durante la celebración de la Cumbre del G-8 que han tenido como lamentable y dramática consecuencia la muerte de una persona y numerosos heridos y daños materiales, han causado una honda y justificada inquietud en la opinión pública europea. Desde el más firme rechazo de la inaceptable actitud de los sectores violentos presentes en las manifestaciones (ahora en Génova y antes en Gotemburgo), es preciso constatar que la democracia europea debe encontrar fórmulas adecuadas que garanticen la libre y pacífica expresión ciudadana y evitar gestiones tan negativas de estos acontecimientos como la protagonizada por el Gobierno de Silvio Berlusconi.

¿Piensa el Consejo debatir y, en su caso, adoptar medidas comunes que encaucen la celebración de manifestaciones públicas en torno a futuras Cumbres europeas o internacionales, garantizando al mismo tiempo el derecho de manifestación, y aislando a los sectores violentos para evitar actuaciones desproporcionadas o indiscriminadas de las fuerzas de seguridad?

Respuesta

(29 de noviembre de 2001)

1. El Consejo deplora los acontecimientos ocurridos en Génova durante la cumbre del G8 y condena los actos de los que abusan de los derechos democráticos a expresar sus opiniones y a manifestarse y reunirse pacíficamente.

2. El Consejo es plenamente consciente de los problemas planteados por Su Señoría. A raíz del Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001, el Consejo y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros adoptaron unas conclusiones, con fecha de 13 de julio de 2001, sobre la seguridad de las reuniones del Consejo Europeo y de otros eventos que pueden tener un impacto comparable (10608/01 Presse 281).

3. En dichas conclusiones se subraya que en un espacio de libertad, seguridad y justicia, los ciudadanos deben disfrutar del derecho a expresar sus opiniones libremente, a manifestarse y a reunirse pacíficamente, en unas condiciones en las que no haya amenaza para su propia seguridad ni para la de otros ciudadanos o propiedades.

Tras recordar la importancia de mantener un diálogo constructivo entre los organizadores de las manifestaciones públicas y las autoridades del país anfitrión y la importancia de mantener estrechos contactos internacionales para garantizar que las manifestaciones legítimas no se utilicen en provecho de otros elementos cuyo único objetivo consiste en cometer actos de violencia individual o colectiva, se subrayan en las conclusiones las posibilidades que ofrecen los instrumentos jurídicos existentes y los órganos creados en el marco de la Unión Europea, en particular, el Convenio de Schengen de 1990(1), la Acción común adoptada en 1997 relativa a la cooperación en el ámbito de la seguridad y el orden públicos(2) y la Decisión de 2001 por la que se crea una red europea de prevención de la delincuencia(3).

4. Al tiempo que reconocen que es el país anfitrión el responsable del mantenimiento del orden público y de la seguridad, el Consejo y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros estiman, en sus conclusiones del 13 de julio de 2001, que las siguientes medidas pueden contribuir a reducir los riesgos de disturbios graves del orden público:

a) Cooperación policial (puntos de contacto nacionales permanentes, utilizar funcionarios de enlace y el Grupo operativo de Jefes de Policía, posibilidad de aumentar las competencias de Europol, formación por parte de la Escuela Europea de Policía);

b) Intercambio de información, respetando el derecho a la protección de los datos de carácter personal;

c) Medidas relativas al cruce de fronteras;

d) Cooperación judicial (facilitar la cooperación directa mediante la red judicial europea);

e) Medidas de organización (estrategia común de comunicación con los organizadores de manifestaciones con el fin de que las manifestaciones legítimas no sean aprovechadas por grupos con intenciones violentas).

5. Para el próximo Consejo Europeo de Laeken, de diciembre de 2001 y futuras cumbres a nivel europeo o internacional, el Consejo está convencido de que la aplicación de los instrumentos jurídicos existentes y de las medidas anteriormente expuestas relativas a la gestión de las manifestaciones públicas garantizará el derecho de manifestación y reducirá al mismo tiempo los riesgos de que se produzcan disturbios graves del orden público.

(1) DO L 239 de 22.9.2000, p. 19.

(2) DO L 147 de 5.6.1997, p. 1.

(3) DO L 153 de 8.6.2001, p. 1.