PREGUNTA ESCRITA E-3590/01

de Bert Doorn (PPE-DE) a la Comisión

(8 de enero de 2002)

Asunto: Obligación por parte del Estado neerlandés de realizar una evaluación sobre el impacto ambiental a raíz de un dictamen motivado de la Comisión de 18 de julio de 2001

Recientemente, la Comisión ha decidido proceder contra los Países Bajos por incumplimiento de la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. En el dictamen motivado de la Comisión, ésta señala que el Reino de los Países Bajos no ha cumplido con las obligaciones derivadas del primer apartado del artículo 2 y del segundo apartado del artículo 4 de dicha Directiva por lo que respecta a una serie de proyectos de construcción de un dique (tramos 10-15 del dique).

Los Países Bajos, como reacción a este dictamen motivado, manifestaron en una carta con fecha de 10 de octubre de 2001 que el Gobierno neerlandés no se mostraba de acuerdo con la posición de la Comisión según la cual los Países Bajos no habrían cumplido con las obligaciones derivadas de la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental (EIA) en relación con los tramos 10 a 15 del dique de la municipalidad de Sliedrecht. Asimismo, el Gobierno neerlandés no se mostraba tampoco de acuerdo con la posición de la Comisión sobre la viabilidad de alternativas o de investigar posibles alternativas.

1. ¿Considera la Comisión que los intereses en materia de medio ambiente y de calidad de vida, que constituyen un principio fundamental de la Directiva sobre el impacto ambiental, deben garantizarse en todo momento?

2. ¿Considera la Comisión que, en lo que a la presente cuestión se refiere, el Gobierno neerlandés no ha tenido suficientemente en cuenta dichos intereses?

3. ¿Reitera la Comisión su posición en relación con la obligatoriedad de efectuar una evaluación sobre el impacto ambiental (EIA) para este proyecto y que, en cualquier caso, dicha evaluación deberá realizarse?

4. En caso afirmativo, ¿qué medidas de presión piensa ejercer la Comisión para obligar al Gobierno neerlandés a realizar una evaluación del impacto ambiental para este proyecto?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(20 de febrero de 2002)

El objetivo de la legislación comunitaria consiste en que sea aplicada en la práctica por las autoridades de los Estados miembros. Con arreglo al artículo 211 del Tratado CE, el deber de la Comisión consiste en garantizar que los Estados miembros cumplen las obligaciones que les incumben conforme a la legislación comunitaria. En esta contexto, el cumplimiento de las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (en adelante la Directiva)(1) no puede constituir una excepción. Hay que subrayar que la Directiva pretende evitar o reducir al máximo los daños al medio ambiente y proporcionar a los ciudadanos información adecuada sobre los efectos probables de los proyectos sobre el medio ambiente, así como la posibilidad de participar en el proceso de toma de decisiones en materia medioambiental.

Como los diques son un tipo de proyecto incluido en el anexo II de la Directiva(2), las autoridades de los Países Bajos deberían haber estudiado si los diques de Sliedrecht iban a ejercer o no posibles efectos en el medio ambiente debido, entre otras cosas, a su naturaleza, tamaño o emplazamiento para someterlos a una evaluación del impacto ambiental con todas las garantías establecidas en los artículos 5 a 10 de la Directiva (incluido el trámite de información pública).

A la vista de la información disponible, la Comisión opina que las autoridades de los Países Bajos no han cumplido con las disposiciones antes citadas de la Directiva en el caso de los diques de Sliedrecht.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la Directiva en este asunto, la Comisión ha incoado un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 226 del Tratado CEE en el marco del cual ya se ha emitido un dictamen motivado.

En la actualidad se está examinando la respuesta del Gobierno de los Países Bajos a este dictamen motivado.

Si el examen en curso confirma que los Países Bajos no han tomado las medidas necesarias para ajustarse al dictamen motivado emitido por la Comisión, ésta estudiará la conveniencia de denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia.

(1) DO L 216 de 3.8.1991.

(2) Letra e) del apartado 10 del anexo II de la Directiva 85 /337/CEE del Consejo.