PREGUNTA ESCRITA E-1115/02

de Lousewies van der Laan (ELDR) a la Comisión

(18 de abril de 2002)

Asunto: Violación del CPDH por parte de las leyes neerlandesas transitorias relativas a la detención de los contrabandistas de drogas

Recientemente (el 5 de marzo de 2002), se aprobaron en los Países Bajos dos leyes transitorias relativas a la detención de contrabandistas de cocaína. Tres leyes de base estipulan lo que en los Países Bajos se considera admisible o inadmisible en relación con el trato a los detenidos. Las leyes transitorias arriba mencionadas constituyen una derogación temporal de estas leyes de base para una categoría específica de detenidos. Para ello, el Gobierno neerlandés invoca una situación de alerta debida a los graves problemas de capacidad en los centros de detención y en las cárceles.

A diferencia de lo habitual en los Países Bajos, estas modificaciones de la ley permitirán en breve que los presuntos culpables y los condenados, por una parte, y los menores de edad y mayores de edad, por otra, sean recluidos en una misma cárcel. Además, se impondrán limitaciones a, entre otras cosas, las posibilidades de utilización sensata del tiempo, el derecho a recibir visitas, el acceso a la reinserción social y las posibilidades para aprender una profesión. Al parecer, esto va en contra de los criterios internacionales, tal y como quedan establecidos en, entre otros documentos, las substantive sections de los informes generales del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), y el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

El artículo 6 del Tratado CE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE confirman el interés fundamental que la UE concede a los derechos humanos. Dado que tiene derecho a asistir a los debates relevantes del Comité de Ministros del Consejo de Europa (CE) (Acuerdo entre el Consejo de Europa y la CE de 16 de junio de 1987) y en virtud del artículo 303 del Tratado CE, la Comisión puede, y debe, plantear también asuntos relacionados con los derechos humanos al CE, que tiene poder de decisión directo en este ámbito.

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión del contenido de las leyes neerlandesas arriba mencionadas?

2. ¿Comparte la Comisión la preocupación del autor de la pregunta de que estas leyes amenazan los principios fundamentales, tal y como se recogen en el CPDH y los informes del CPT?

3. ¿Qué posibilidades entrevé de plantear este problema al Gobierno neerlandés?

4. ¿Está la Comisión dispuesta a remitir este asunto al Consejo de Europa para que lo investigue mejor?

5. Si una situación parecida se produjera en otro Estado miembro, ¿qué gestiones podría realizar la Comisión y, por otro lado, formarían éstas parte de los informes de situación anuales?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2002)

La Comisión observa que las cuestiones planteadas por Su Señoría están estrechamente relacionadas con el respeto de una serie de principios comunes a los Estados miembros, principios que enumera el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y que han sido reafirmados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El respeto de estos principios por los Estados miembros viene garantizado por el procedimiento de infracción previsto en el artículo 226 del Tratado CE y por el procedimiento político previsto en el artículo 7 del TUE. Con arreglo al primero, la Comisión puede recurrir al Tribunal de Justicia si el acto impugnado entra dentro del ámbito de aplicación del Derecho comunitario. Conforme al segundo, la Comisión o un tercio de los Estados miembros pueden plantear la cuestión al Consejo, reunido en su composición de Jefes de Estado o de Gobierno, en caso de violación grave o persistente de principios contemplados en el artículo 6.

En el presente caso, no cabe invocar una aplicación incorrecta del Derecho comunitario, ya que la Unión no tiene competencias legislativas en la materia; como tampoco es posible constatar la existencia de una violación grave y persistente en el sentido del artículo 7 del TUE.

Así las cosas, la Comisión no se considera facultada para hacer las gestiones propuestas por Su Señoría ante las autoridades neerlandesas y el Consejo de Europa.

En cuanto a los países candidatos, en sus informes periódicos la Comisión tiene cuenta, entre otras cosas, la situación en materia de derechos fundamentales.

Conviene recordar que toda persona que considere que se han violado sus derechos fundamentales puede interponer una demanda ante los tribunales nacionales y, una vez agotada esa vía, recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso de violación del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.