PREGUNTA ESCRITA E-0710/01

de Pietro-Paolo Mennea (ELDR) a la Comisión

(8 de marzo de 2001)

Asunto: Contaminación de la capa acuífera en el municipio de San Ferdinando

En el municipio de San Ferdinando di Puglia (FG) se ha descubierto una forma devastadora de contaminación de la capa acuífera provocada por canales de alcantarillado ilegales que descargan en algunas zonas del pueblo aguas malsanas que contienen bacterias altamente nocivas, como ponen claramente de manifiesto los resultados de análisis biológicos llevados a cabo por un centro especializado. Las zonas principalmente afectadas por el problema son Contrada Fontana y Contrada Carro Chiuso.

- Vista la sentencia (76/99) de la ex Juzgado de Trinitapoli, que condena al municipio de San Ferdinando di Puglia y a la empresa nacional autónoma de carreteras (ANAS) a pagar una compensación por los daños provocados por dichas formas de contaminación;

- Vista la presencia en estas zonas de cultivos hortofrutícolas muy apreciados que se venden en Italia y se exportan a otros países europeos;

- Visto el aumento del número de casos de tumores, leucemia y hepatitis provocados por un vertedero de ciudad que se utiliza actualmente de manera ilegal como planta incineradora;

¿Puede intervenir la Comisión para poner fin a tan grave desastre ambiental y esclarecer las responsabilidades por las supuestas violaciones?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(11 de mayo de 2001)

Las competencias de la Comisión se limitan a las que le confiere el Tratado CE, concretamente: velar por que el Derecho comunitario se aplique correctamente en todos los Estados miembros. En virtud del artículo 211 (antiguo artículo 155) del Tratado CE, con objeto de garantizar el funcionamiento y el desarrollo del mercado común, la Comisión velará por la aplicación de las disposiciones del presente Tratado, así como de las disposiciones adoptadas por las instituciones en virtud de este mismo Tratado.

Con arreglo al artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE, si la Comisión estimare, de conformidad con sus poder discrecional(1), que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia.

Sin embargo, las sentencias del Tribunal de Justicia sólo establecen si ha habido una infracción. El Tribunal de Justicia no puede exigir a un Estado miembro que pague daños a una persona perjudicada por una infracción del Derecho comunitario ni impartir órdenes a los órganos administrativos. Sólo los tribunales nacionales pueden emitir órdenes dirigidas a dichos órganos y anular decisiones nacionales.

En el caso en cuestión, pueden resultar pertinentes la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas(2), y la Directiva 75/442/CEE del Consejo del 15 de julio de 1975 relativa a los residuos(3), modificada por la Directiva 91/156/CE del Consejo del 18 de marzo de 1991(4). La Directiva 91/271/CEE establece que los Estados miembros deben velar por que las aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente a más tardar el 31 de diciembre del año 2000 para todos los vertidos que procedan de aglomeraciones que representen más de 15 000 equivalente habitante (e-h). La Directiva 75/442/CEE sobre residuos, modificada, tiene como objetivo la protección de la salud del hombre y del medio ambiente contra los efectos perjudiciales causados por la recogida, el transporte, el tratamiento, el almacenamiento y el depósito de los residuos.

No obstante, dada la falta de argumentos de denuncia por incumplimiento de la legislación comunitaria, la información aportada por Su Señoría no permite establecer

que actualmente se haya producido infracción alguna de las dos Directivas mencionadas. La Comisión podría iniciar un estudio del caso si Su Señoría proporcionara información detallada que permita considerar los asuntos citados en relación con la ley medioambiental comunitaria vigente.

(1) Las prioridades y criterios por los que se rige el poder discrecional de la Comisión se enumeran en el decimocuarto informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario - 1996, DO C 332 de 3.11.1997.

(2) DO L 135 de 30.5.1991.

(3) DO L 194 de 25.7.1975.

(4) DO L 78 de 26.3.1991.