PREGUNTA ESCRITA E-2117/00

de Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Reglamentación de los seguros de responsabilidad civil de las motocicletas en los Estados miembros

Las primas de los seguros de responsabilidad civil de las motocicletas en Finlandia son muy elevadas. La causa reside, naturalmente, en el elevado riesgo de accidente de este tipo de vehículos. No obstante, parece ser que la prima del seguro para cada categoría de motocicleta no se ha fijado de manera justa en función de los accidentes que se producen en los vehículos de cada categoría. En la práctica, los propietarios de las motocicletas más pesadas pagan una prima desproporcionadamente elevada a causa de los accidentes de las motocicletas más pequeñas.

¿Tiene conocimiento la Comisión de la práctica en materia de primas de seguro de Finlandia?

¿Se diferencia la práctica antes descrita de la que se sigue en los demás Estados miembros?

¿Considera la Comisión que es posible encontrar una solución positiva para este asunto, de tal forma que el importe de las primas sea más justo? ¿Permite el mercado interior que un motociclista finlandés pueda suscribir un seguro en otro Estado miembro que haya establecido las primas de los seguros en función del riesgo que suponga el consumidor de que se trate, teniendo en cuenta, por ejemplo, la edad del conductor, la experiencia en la conducción, el lugar de residencia o el tipo y tamaño de la motocicleta?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(7 de septiembre de 2000)

La práctica comercial mencionada por Su Señoría se refiere a un criterio relativo al vehículo a saber, su cilindrada que las empresas de seguros tienen en cuenta en la evaluación del riesgo. Según la información de que dispone la Comisión, el criterio relativo al tamaño o potencia del motor lo tienen en cuenta las empresas de seguros de la mayoría de los Estados miembros, incluida Finlandia.

La definición de las primas forma parte de la política comercial de cada empresa, que elige libremente sus criterios y métodos de evaluación de la siniestralidad. La Comisión no podría intervenir en una cuestión sometida al principio de la libertad contractual, sobre todo teniendo en cuenta que el propio fundamento de las disposiciones comunitarias en este ámbito establece que las primas sean determinadas libremente por las empresas de seguros en función de sus propios criterios de tarificación.

El derecho comunitario, en virtud de la Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida (Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE)(1), permite a todo asegurador de un Estado miembro ejercer la actividad de seguro del ramo 10 seguro obligatorio de responsabilidad civil de los vehículos de motor en cualquier otro Estado miembro, tanto a través de sucursales como en régimen de libre prestación de servicios. Así pues, un motociclista que desee suscribir una póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil para una motocicleta matriculada en Finlandia ante un asegurador establecido en otro Estado miembro podrá hacerlo siempre que el asegurador disponga de una autorización concedida por su Estado miembro de origen y sea miembro de la Oficina finlandesa de aseguradores automóviles y del Fondo de garantía de vehículos automóviles finlandés(2). La adhesión a estos dos organismos es necesaria para garantizar el funcionamiento del sistema de la carta verde y del régimen de seguro obligatorio de responsabilidad civil de los vehículos de motor, instaurado por la Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad(3), la Segunda Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles(4), y la Tercera Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles(5). Ya está instituido el marco jurídico para permitir a los consumidores elegir el tipo de seguro que les conviene mejor así como el asegurador que prefieren independientemente de su Estado miembro de origen.

(1) DO L 228 de 11.8.1992.

(2) Directiva 90/618/CEE (DO L 330 de 29.11.1990) modificada por la Directiva 92/49/CEE (DO L 228 de 11.8.1992).

(3) DO L 103 de 2.5.1972.

(4) DO L 8 de 11.1.1984.

(5) DO L 129 de 19.5.1990.