PREGUNTA ESCRITA P-1726/02

de Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) a la Comisión

(7 de junio de 2002)

Asunto: Fraude fiscal del IVA en el sector de la recuperación de metales

La implantación del IVA en España ha permitido, en el sector de la recuperación de metales, la aparición de determinados operadores económicos que han desarrollado una amplia variedad de técnicas de defraudación del IVA. Los recuperadores ilegales de metales, mediante la adquisición de dichos materiales se sirven de sociedades instrumentales que les permiten evitar, soportar y pagar el IVA correspondiente. De este modo, efectúan sus ventas a acerías y fundiciones emitiendo la correspondiente factura y repercutiendo el IVA al tipo del 16 %, sin ingresar posteriormente dicho IVA a la Hacienda Pública.

Dichas prácticas no sólo suponen una competencia desleal con respecto a las empresas que cumplen con la legalidad vigente, sino que al contaminar dichas prácticas fraudulentas el comercio con otros países comunitarios, como Francia, Portugal o Alemania, la situación está creando graves distorsiones en los intercambios entre Estados miembros en este sector de actividad.

Al tener conocimiento de tales prácticas, la Comisión propuso al Consejo la adopción de una Decisión(1), por la que autorizaba a España a adoptar una medida derogatoria de la Sexta Directiva 77/388/CEE(2), con el fin de erradicar el fraude fiscal. No obstante, según estimaciones del propio sector, dicha autorización, que expira el 31 de diciembre de 2003, no sólo no ha frenado el fraude fiscal, sino que éste ha aumentado en los últimos años. Por ello, diversas agrupaciones empresariales europeas activas en el sector de la recuperación de metales han puesto en conocimiento de la Comisión en múltiples ocasiones esta situación, sin haber obtenido hasta ahora ninguna respuesta satisfactoria al respecto.

¿Qué razones han llevado a la Comisión a no adoptar ninguna medida de urgencia al respecto, aún conociendo la gravedad del problema? ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para frenar tales prácticas en un futuro inmediato y, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2003? ¿Está de acuerdo la Comisión en que tales prácticas podrían paliarse mediante la introducción de un nuevo supuesto de inversión del sujeto pasivo en el IVA con respecto a las entregas de desechos, residuos y demás materiales de recuperación constituidos por metales férricos, no férricos y sus aleaciones y desperdicios de papel, cartón o vidrio, así como a las operaciones de selección, corte, fragmentación y prensado efectuadas sobre tales productos?

(1) Decisión del Consejo 2001/243/CE DO L 88 de 28.3.2001, p. 15.

(2) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(12 de julio de 2002)

En efecto, mediante Decisión(1), el Consejo autorizó a España a aplicar un régimen especial de imposición en el sector de la recuperación y del reciclaje. Esta Decisión se basa en el artículo 27 de la Sexta Directiva 77/3888/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios sistema común de impuestos sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme(2), que prevé la posibilidad de aplicar medidas especiales a fin de simplificar la percepción del impuesto o de evitar determinados fraudes o evasiones fiscales. Además de España, otros cuatro Estados miembros aplican un régimen especial de impuestos comparable en el sector afectado, en el que los demás Estados miembros aplican el régimen normal de IVA.

Sabemos, a través de los contactos que ha habido entre la Comisión, las administraciones nacionales y los representantes del sector en cuestión que en algunos Estados miembros el régimen especial no funciona de manera satisfactoria. En general, abogan por la ampliación del régimen especial.

No obstante, toda iniciativa legislativa de la Comisión debe respetar el marco jurídico comunitario establecido sobre todo por el Tribunal de Justicia en materia de proporcionalidad de las medidas especiales destinadas a luchar contra el fraude o la evasión fiscal, que tienen como fundamento el artículo 27.

La Comisión considera que el marco jurídico comunitario no permite ampliar el campo de aplicación del régimen especial en cuestión sobre la base de una derogación concedida en virtud del artículo 27 de la Sexta Directiva IVA.

Teniendo esto en cuenta, en su Comunicación al Consejo y al Parlamento, de 7 de junio de 2000(3), relativa a la mejora del funcionamiento del régimen de IVA en el marco del mercado interior, la Comisión se comprometió a efectuar una cierta racionalización de gran número de las derogaciones actualmente en vigor. No obstante, en algunos casos, esta racionalización podría consistir en ampliar a todos los Estados miembros determinadas derogaciones que han demostrado ser especialmente eficaces.

La Comisión ya ha indicado que en el marco de esta racionalización examinará la posibilidad de introducir, en la propia Sexta Directiva, un régimen especial para el sector en cuestión, que iría más allá del que puede autorizar el Consejo sobre la base del artículo 27 de la Sexta Directiva. La Comisión iniciará los trabajos de preparación en principio antes de fines de año, con objeto de que el Consejo puede disponer antes de la fecha de expiración, el 31 de diciembre de 2003, de la autorización concedida a España.

Por último, la Comisión quisiera asegurar a Su Señoría que ya ha informado plenamente a los representantes del sector, así como a las administraciones nacionales afectadas, de sus intenciones al respecto y que seguirá asociándolos a las reflexiones que tendrán lugar sobre este asunto.

(1) Decisión 1999/81/CE del Consejo de 18 de enero de 1999 DO L 27 de 2.2.1999.

(2) DO L 145 de 13.6.1977.

(3) COM(2000) 348 final.