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PREGUNTA ESCRITA E-3518/98

de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión

(25 de noviembre de 1998)

Asunto: Control de las ayudas estatales

En relación con la propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (COM(98)0073 final - 98/0060 CNS)(1), se puede comprobar que este reglamento organiza y racionaliza una serie de prácticas y principios incluidos en las sentencias del Tribunal de Justicia, dándoles una estructura orgánica.

Se considera que esta organización jurídica de la acción comunitaria en materia de competencia deberá profundizarse posteriormente con el objeto de tener, en unos pocos años, una mayor seguridad en el derecho en materia de competencia.

En nuestra opinión, el ámbito de aplicación de este reglamento debería ampliarse también a aquellos procedimientos fiscales que dan lugar a distorsiones de la competencia entre los Estados miembros.

Hechas estas observaciones, ¿podría evaluar la Comisión la importancia de que se hagan públicas, aunque sea de manera resumida, las notificaciones de los Estados miembros sobre las nuevas ayudas?

(1) DO C 116 de 16.4.1998, p. 13.
PREGUNTA ESCRITA P-3186/98

de Jan Lagendijk (V) a la Comisión

(16 de octubre de 1998)

Asunto: Control parlamentario de las decisiones en virtud del título IIIA del Tratado de Amsterdam

¿Está al tanto la Comisión de que la Cámara Baja de los Países Bajos, en el proceso de ratificación del Tratado de Amsterdam, está barajando la posibilidad de aplicar también el actual derecho al dictamen conforme de los Estados Generales en todas las decisiones vinculantes para el Reino de los Países Bajos en virtud del Título VI del Tratado UE, al proceso de toma de decisiones con arreglo a las disposiciones del Título IIIA del Tratado CE para el cual el Parlamento Europeo no ha obtenido el derecho de codecisión -y en tanto que ese siga siendo el caso-, a fin de evitar que se agrave el déficit democrático en ámbitos como las políticas de migración y asilo?(1)

¿Comparte la Comisión, en calidad de guardiana de los Tratados, la opinión del Gobierno de los Países Bajos de que "una ampliación del derecho al dictamen conforme con arreglo a los títulos del Tratado CE se encontraría con [...] objeciones jurídicas a nivel europeo"(2) o acoge con júbilo que los parlamentos nacionales hagan suya la responsabilidad del control parlamentario de la política europea, allí donde no alcanzan las competencias del Parlamento Europeo?

En el primer caso, ¿qué objeciones ve la Comisión?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión

(17 de noviembre de 1998)

Con arreglo al artículo 146 del Tratado CEE, el Consejo está compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno de dicho Estado miembro. Cada Estado miembro tiene derecho a definir en su orden interno las normas y procedimientos que determinan la postura que adoptará dicho representante en el Consejo. No corresponde a la Comisión evaluar dichas normas y procedimientos.

(1) Cámara Baja (Tweede Kamer), ejercicio 1996-1997, moción 21 501-058, no 20 de los diputados De Hoop Scheffer y Rosenmöller (pendiente) y Cámara Baja, ejercicio 1997-1998, 25 922 (R1613), no 4.

(2) Cámara Baja (Tweede Kamer), ejercicio 1997, 25 922 (R1613), no 5, p. 2.
PREGUNTA ESCRITA E-2970/98

de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión

(8 de octubre de 1998)

Asunto: Violación de la directiva en materia de contratos públicos de servicios

Con referencia a mi pregunta escrita E-4217/97(1), a la respuesta de la Comisión de 16 de febrero de 1998 y a la nota no 4833 de la DG XV dirigida al Jefe de los concejales de la oposición del Ayuntamiento de Mantua, en la que se señala la intención de la Comisión de archivar el caso denunciado, tras las informaciones recibidas del Gobierno italiano:

1. ¿Conoce la Comisión las sucesivas denuncias presentadas por los concejales de la oposición con objeto de solicitar una investigación suplementaria?

2. Sobre la base de los datos presentados en dichas denuncias, ¿no considera que las informaciones proporcionadas por el Gobierno son incompletas y que no se corresponden con la realidad?

3. ¿No considera lamentable pasar por alto una grave violación de la Directiva 92/50(2), que podría constituir un mal precedente para el necesario y riguroso respeto de las normas que regulan los contratos públicos de servicios?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(4 de diciembre de 1998)

1. La Comisión examinó la carta de los concejales del Ayuntamiento de Mantua que recibió tras haber comunicado su intención de proponer el archivo del caso.

2. La Comisión, tras un análisis detallado de la mencionada carta, estimó que no contenía novedades que pudieran poner en duda las afirmaciones de las autoridades italianas.

3. La Comisión consideró no probada la existencia de presuntas violaciones de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios(3) y, por consiguiente, decidió archivar el caso el 7 de octubre de 1998.

(1) DO C 354 de 19.11.1998, p. 2.

(2) DO L 209 de 24.7.1992, p. 1.

(3) DO L 209 de 24.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-2639/98

de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Fondos estructurales y Derecho comunitario

De conformidad con el XV Informe sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (1997), los 13 expedientes referentes a Grecia relativos a casos de incumplimientos (presuntos y comprobados) que afectan a la realización de proyectos con cofinanciación comunitaria se reparten del siguiente modo: medio ambiente: 5; contratos públicos: 8.

¿Puede indicar la Comisión a qué proyectos exactamente afectan los incumplimientos comprobados y qué medidas correctoras se han adoptado hasta el momento?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(6 de noviembre de 1998)

Entre los cinco casos relativos al medio ambiente, tres se refieren a la no realización a tiempo de la evaluación del impacto medioambiental en el marco de ciertos proyectos referentes a estaciones de tratamiento del agua. Los dos otros se refieren a proyectos de descargas de residuos. Estos casos siguen siendo examinados por la Comisión.

Los ocho casos relativos a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos se refieren a la cuestión de las ofertas anormalmente bajas y al respeto del principio de igualdad. Estos casos están vinculados a obras de infraestructura, particularmente en el ámbito de los transportes, la salud y el tratamiento del agua. De estos casos, ya se han archivado dos.

En cuanto a la adopción de medidas correctoras, éstas deben ser propuestas y adoptadas por las autoridades nacionales. La Comisión coopera con las autoridades antes citadas para que estas medidas permitan garantizar la legalidad comunitaria.
PREGUNTA ESCRITA E-3033/98

de Gianfranco Dell'Alba (ARE) a la Comisión

(8 de octubre de 1998)

Asunto: Acusaciones de defensa de intereses privados en actos oficiales por parte de Alitalia en el asunto Malpensa

El 20 de septiembre de 1998, Alitalia publicó en algunos periódicos italianos un anuncio de pago titulado "Alguien está jugando sucio para que no se abra Malpensa", en el que se afirma, entre otras cosas, que "por presiones de intereses económicos de algunas compañías internacionales, se pretende anular todo".

Las críticas de Alitalia se refieren evidentemente a la decisión de la Comisión que ha considerado ilegal, sobre la base del Derecho comunitario, el Decreto Burlando, y sostienen que la Comisión ha actuado de manera ilegal (...juego sucio) con vistas a defender "los intereses económicos de algunas compañías internacionales".

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para hacer frente, incluso desde el punto de vista judicial, a estas afirmaciones que llevan a suponer que la decisión de la Comisión sobre el asunto Malpensa obedece a la defensa de intereses privados en actos oficiales, agravada por otros delitos como la concusión, etc.?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(26 de noviembre de 1998)

En su Decisión de 16 de septiembre de 1998 la Comisión aborda las cuestiones de la discriminación y falta de proporcionalidad planteadas por las normas de distribución del tráfico aéreo que intentaba utilizar el Gobierno italiano. Esa Decisión se basa en el artículo 8 del Reglamento (CEE) 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias(1). La intervención de la Comisión en el caso de Malpensa estuvo motivada exclusivamente por la necesidad de velar por la observancia del Derecho comunitario. Este es el principio que la Comisión aplica siempre y en todos los casos. Las alegaciones infundadas no apartarán a la Comisión del cumplimiento de ese deber.

(1) DO L 240 de 24.8.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-3032/98

de Odile Leperre-Verrier (ARE) a la Comisión

(8 de octubre de 1998)

Asunto: Protección del patrimonio en Kosovo

El conflicto que actualmente vive Kosovo tiene consecuencias para el patrimonio cultural de este país, ya se trate del patrimonio civil o religioso, musulmán u ortodoxo.

¿Puede indicar la Comisión si prevé adoptar medidas para proteger dicho patrimonio y cooperar con la UNESCO para sensibilizar a la comunidad internacional, así como favorecer la creación de un consenso entre las dos comunidades, poseedoras ambas de una rica cultura?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión

(7 de diciembre de 1998)

La Comisión comparte la preocupación de Su Señoría por las demoledoras consecuencias que el conflicto de Kosovo está teniendo en su patrimonio cultural civil y religioso.

Como Su Señoría sabe bien, la Comunidad participa intensamente en los esfuerzos internacionales desplegados para reconciliar a las dos comunidades. No obstante, la Comisión no tiene competencia para adoptar ningún tipo de medida con vistas a la protección del patrimonio cultural de Kosovo.

En el caso de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) adoptara alguna iniciativa en relación con el asunto a que hace referencia Su Señoría, la Comisión estaría deseosa de poder colaborar en dicha iniciativa.
PREGUNTA ESCRITA E-3100/98

de Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) y Johanna Boogerd-Quaak (ELDR) a la Comisión

(16 de octubre de 1998)

Asunto: Problemas para el almacenamiento de los residuos radioactivos del reactor nuclear de hiperflujo neutrónico de Petten (Países Bajos)

La provincia de Zeeland, en los Países Bajos, ha impugnado ante el Consejo de Estado la licencia de la empresa Covra, de Borssele, para la construcción de un almacén de residuos nucleares de alta radioactividad. La objeción de la Provincia se basa en que dicha licencia autoriza el almacenamiento temporal de residuos altamente radioactivos -procedentes entre otros del reactor nuclear de hiperflujo neutrónico (RHN) de Petten- en los contenedores de los almacenes ya existentes hasta que estén listos los nuevos. La Provincia de Zeeland ponen en duda la seguridad de dichos contenedores.

1. ¿Está al tanto la Comisión del recurso presentado por la Provincia de Zeeland ante el Consejo de Estado contra la concesión de la licencia para el almacenamiento temporal de residuos altamente radioactivos en los almacenes ya existentes?

2. ¿Está al tanto la Comisión de que el reactor nuclear de hiperflujo neutrónico de Petten probablemente llegará al límite de su capacidad de almacenamiento a finales de este año?

3. ¿Ha considerado la Comisión la posibilidad de que el Consejo de Estado dé la razón a la Provincia de Zeeland y suspenda la licencia? En caso afirmativo, ¿dónde se almacenarán los residuos procedentes de Petten?

4. ¿Cuáles serían las consecuencias financieras de la eventual paralización del reactor de Petten? ¿Qué consecuencias tendría esto para las actividades de investigación que se realizan en el mismo, especialmente en relación con la terapia por captura de neutrones de boro (BCNT)?

Respuesta de la Sra. Cresson en nombre de la Comisión

(21 de diciembre de 1998)

La Comisión conoce la existencia del recurso presentado contra la concesión de la licencia para el almacenamiento temporal de combustible nuclear agotado en los almacenes existentes de la "Centrale organisatie voor radioactief afval", Países Bajos (COVRA). El citado almacenamiento temporal está incluido en el contrato firmado entre COVRA y la Comisión en 1996, previsto para hacer frente a la limitada capacidad de almacenamiento todavía disponible en Petten.

Con objeto de solucionar el problema del almacenamiento de combustible irradiado, se ha pensado en varias soluciones, especialmente en las siguientes:

- el contrato COVRA para el almacenamiento temporal del combustible agotado;

- la posible reorganización del almacenamiento del combustible agotado en la piscina del edificio del reactor todavía está en discusión.

Existen soluciones técnicas, como las mencionadas anteriormente, para el almacenamiento de combustible agotado. La paralización del reactor de alto flujo (HFR) tendría consecuencias dramáticas por lo que se refiere al suministro de radiofármacos a hospitales y centros médicos, ya que la producción del HFR cubre más del 50 % de las necesidades comunitarias. Naturalmente, su paralización también supondría la suspensión del proyecto de terapia por captura de neutrones de boro.
PREGUNTA ESCRITA E-2268/98

de Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) a la Comisión

(22 de julio de 1998)

Asunto: Caza de aves migratorias en Francia

La Asamblea Nacional francesa ha decidido recientemente alargar los períodos en los que está autorizado cazar aves migratorias. Con ello infringe conscientemente disposiciones europeas y presenta esta infracción clara de las normas jurídicas vigentes como prueba de la independencia existente de Francia frente a las reglamentaciones europeas.

1. ¿Ha reaccionado ya la Comisión frente a esta infracción de las disposiciones europeas y, en caso afirmativo, de qué manera? ¿O va todavía a hacerlo y, en caso afirmativo, cómo y cuándo?

2. Si se llegara a la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo, al término del cual pudiera imponerse una sanción económica contra Francia, ¿cómo valora la Comisión las posibilidades de éxito de un recurso de esta naturaleza, qué duración tendría un procedimiento semejante y cuáles serían los plazos hasta que se llegara a abonar una sanción económica?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(21 de septiembre de 1998)

1. Se remite a Su Señoría a la respuesta dada por la Comisión a la pregunta oral H-726/98 del Sr. Elliott(1).

2. Los artículos 169 y 171 del Tratado CE regulan el procedimiento a seguir en caso de inclumplimiento de las obligaciones por parte de un Estado miembro. Las sanciones financieras previstas por el artículo 171 sólo podrán ser impuestas por el Tribunal de Justicia mediante la segunda sentencia por la que el Tribunal reconoce que el Estado miembro no ha actuado de conformidad con la primera sentencia.

Si la Comisión decidiera, tras el dictamen motivado a que se refiere el punto anterior y una vez examinada la respuesta francesa, apelar al Tribunal de Justicia, incumbiría a esta institución pronunciarse al respecto en el plazo pertinente. La experiencia demuestra que dicho plazo es, por lo general, de uno a dos años.

Si el Tribunal observase una infracción por parte de Francia en lo que se refiere a los períodos de apertura de la veda de aves migratorias y este país no actuase de conformidad con la sentencia emitida, la Comisión podría iniciar un procedimiento sobre la base del artículo 171 del Tratado CE. Este procedimiento prevé, al igual que el del artículo 169, una fase precontenciosa (requerimiento, dictamen motivado) y una contenciosa ante el Tribunal de Justicia. La experiencia demuestra que todo el procedimiento puede durar varios años.

(1) Debates del Parlamento (septiembre de 1998).
PREGUNTA ESCRITA E-2836/98

de Niall Andrews (UPE) a la Comisión

(28 de septiembre de 1998)

Asunto: Independencia del Timor Oriental

¿Puede indicar la Comisión qué progresos se han producido en lo relativo a la legítima petición de independencia de la población del Timor Oriental tras el cambio de los dirigentes de Indonesia?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión

(26 de octubre de 1998)

Desde principios de agosto de 1998, se han logrado progresos importantes por lo que se refiere a una posible solución de la situación de Timor Oriental.

Los días 4 y 5 de agosto de 1998 el Secretario General de las Naciones Unidas mantuvo conversaciones con los ministros de Asuntos Exteriores de Portugal e Indonesia en Nueva York que, por primera vez en la historia, dieron lugar a un comunicado oficial conjunto. El punto principal del comunicado oficial destacaba el acuerdo alcanzado de mantener discusiones pormenorizadas sobre la concesión de un estatuto especial a Timor Oriental sin perjuicio de sus posiciones básicas de principio. Se acordó también que la participación en la búsqueda de soluciones de los distintos grupos existentes en Timor Oriental fuese más estrecha, y que el diálogo se reanudara en octubre de 1998 con la presencia de todos los sectores timoreses. También se llegó a un acuerdo sobre la creación de una sección de participación en las embajadas interesadas de Lisboa y Yakarta respectivamente.

Los días 10 y 11 de septiembre de 1998, a invitación del Obispo Belo, tuvo lugar una reunión de reconciliación en Dare, Timor Oriental, en la que estuvieron presentes todas las facciones y grupos públicos y civiles de Timor. Al final de la reunión se publicó una declaración conjunta, en la que se señala la existencia de puntos de vista divergentes entre los distintos grupos, y la necesidad de crear una plataforma común que una a la población.

Se han producido también disturbios y saqueos esporádicos de almacenes de arroz pertenecientes al Gobierno de Timor Oriental a causa de la desastrosa situación económica existente, que al parecer no tienen connotaciones políticas. El Gobierno indonesio ha seguido reduciendo su ejército con prudencia, aunque recientemente ha enviado más soldados, alegando que no se trataba de tropas de combate sino de personal médico militar.

La Comisión espera que los progresos conseguidos en las últimas semanas lleven pronto a una solución de los problemas de Timor Oriental justa, general e internacionalmente aceptable.
PREGUNTA ESCRITA E-2732/98

de Christine Oddy (PSE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Persecución religiosa en Sudán

¿Tiene intención la Comisión de protestar enérgicamente ante el Gobierno de la República del Sudán por la persecución sistemática en dicho país de aquellos que se convierten al cristianismo?

Se señala especialmente a la atención de la Comisión los casos de Faisal Abadallah, Ahmad Abdulraham y Al Faki Kuku Hassan, todos ellos conversos del islamismo que han sido encarcelados y contra quienes se han presentado cargos por subversión, para poder pretextar así su persecución por motivos religiosos.

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión

(21 de octubre de 1998)

La Comisión tiene conocimiento de la persecución continua en Sudán de los acusados de apostasía y sigue preocupada por la falta de derechos humanos básicos, como la negación de la libertad religiosa por el Gobierno sudanés, que intenta imponer a la población su versión del Islam.

Aunque el Gobierno haya declarado que todas las religiones deben respetarse y que está asegurada la libertad de culto, en la práctica el Gobierno trata al Islam, la religión de la mayoría, como la confesión estatal de hecho y ha declarado que el Islam debe inspirar las leyes, instituciones y políticas del país. Mientras que los no musulmanes pueden convertirse al Islam, el Código Penal de 1991 convierte la apostasía (que incluye la conversión a otra religión) de los musulmanes en delito punible. Las autoridades siguen restringiendo las actividades de los no musulmanes y se ha informado de otros incidentes de hostigamiento y detención por creencias y actividades religiosas.

A través de su delegación en Jartún, la Comisión está investigando actualmente, en estrecho contacto con Estados miembros, la situación de los Sres. Faisal Abdallah, Ahmad Abdulraham y Al Faki Kuku Hassan.

En varias ocasiones, la Unión ha exigido al Gobierno de Sudán que respete los derechos humanos y la legislación humanitaria en todo el territorio de Sudán, y en particular que no obstaculice el acceso de los organismos de ayuda, de los supervisores y observadores internacionales y que investigue rápidamente las presuntas violaciones, publique sus resultados y castigue a los culpables.
PREGUNTA ESCRITA E-3338/98

de Anita Pollack (PSE) a la Comisión

(10 de noviembre de 1998)

Asunto: Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI)

Considerando que se han reanudado las negociaciones en el seno de la OCDE para alcanzar un acuerdo sobre el AMI, ¿puede decir la Comisión qué papel tiene previsto desempeñar en las mismas, y si el Parlamento tendrá una nueva oportunidad de presentar su postura cuando se redacte una versión revisada del texto?

Respuesta de Sir Leon Brittan en nombre de la Comisión

(24 de noviembre de 1998)

Me permito remitir a Su Señoría a la intervención de la Comisión durante el debate sobre el Acuerdo multilateral sobre la inversión (AMI) en la sesión del Parlamento de octubre II de 1998(1).

(1) Debates del Parlamento (octubre II de 1998).
PREGUNTA ESCRITA E-2461/98

de Honório Novo (GUE/NGL) a la Comisión

(30 de julio de 1998)

Asunto: Construcción de muelles en la desembocadura del Duero

Los medios de comunicación portugueses informaban recientemente que la Comisión Europea había rechazado la cofinanciación, en el marco del Fondo de Cohesión, de la construcción de muelles en la desembocadura del Duero. Por otra parte, se indicaba que la Comisión Europea había rechazado esta cofinanciación porque el proyecto no se ajustaba a las prioridades definidas por el Fondo de Cohesión. En este contexto, ¿podría indicar la Comisión

1. cuándo presentó el Gobierno portugués la candidatura del proyecto de construcción de los muelles en la desembocadura del Duero al Fondo de Cohesión;

2. tratándose de un proyecto que permitirá la navegabilidad de un río internacional, en qué se basa la Comisión para justificar que este proyecto no se ajusta a las prioridades del Fondo de Cohesión?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(29 de septiembre de 1998)

La solicitud de ayuda para el proyecto de obras en el estuario del río Duero fue presentada a la Comisión el 5 de noviembre de 1996.

Este proyecto, que fue analizado cuidadosamente por la Comisión, no ha sido considerado prioritario ya que el impacto de las actividades del puerto de Leixoes es marginal y su justificación económica no está suficientemente establecida. El río Duero no forma parte de la red transeuropea de transportes, por consiguiente, los proyectos relacionados con su navegabilidad no son subvencionables por el Fondo de Cohesión.