PREGUNTA ESCRITA E-3517/00

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(13 de noviembre de 2000)

Asunto: Obligación de comprar cerveza de un determinado proveedor (beer tie) impuesta por Inntrepeneur

En el Reino Unido, algunos pubs son arrendados por veinte años por la empresa Inntrepeneur que impone a sus arrendatarios la obligación de comprar su cerveza al proveedor designado por Inntrepeneur (práctica que se conoce con el nombre de beer tie). La validez de esta beer tie impuesta por Inntrepeneur ha sido objeto de un gran número de quejas presentadas a la Comisión por parte de arrendatarios y de grupos de arrendatarios que consideraban que dicha práctica infringía la normativa comunitaria en materia de competencia en virtud del artículo 81 (antiguo artículo 85) del Tratado consolidado. En noviembre de 1997, la Comisión rechazó la aplicación de una exención individual por parte de Inntrepeneur en relación con la práctica de beer tie, considerando que no era razonable. La Comisión consideró que no era necesaria la publicación de una decisión oficial a tales efectos, dado que Inntrepeneur había retirado la aplicación de dicha exención y que los arrendatarios que sufrieron daños como resultado de la imposición del beer tie ilegal se verían suficientemente resarcidos en los tribunales nacionales.

Cientos de arrendatarios de Inntrepeneur llevaron sus casos ante los tribunales ingleses y su reclamación de una indemnización por los daños sufridos a raíz de la imposición de la beer tie en el pasado fue remitida al Tribunal de Justicia Europeo por el Tribunal de Apelaciones en el caso instrumental de Crehan contra Courage. Sin embargo, una decisión de la Cámara de los Lores de 16 de julio de 1999, les impidió llevar ante los tribunales otros dos aspectos importantes de la demanda, no permitiéndoles presentar recurso en otros dos casos (Inntrepeneur contra Langton y Passmore contra Morland). En el caso Langton, el arrendatario solicitaba, entre otras cosas, que se estableciera que el principio de recurso real en virtud de la legislación europea daba derecho a un arrendatario a presentar recurso contra cualquier demanda por retrasos en el pago del alquiler presentada por el arrendador. En el caso Passmore, el arrendatario solicitaba un fallo sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 81 según el cual Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho. En este caso, el arrendador argüía que nulos de pleno derecho significaba nulo en tanto en cuanto las circunstancias económicas que habían dado lugar a la infracción del artículo 81 siguieran en pie, mientras que el arrendatario aducía que el significado claro y obvio de nulos de pleno derecho era que la restricción era nula de pleno derecho y que no podía dejar de serlo independientemente de las circunstancias. ¿Está al tanto la Comisión de los motivos jurídicos aducidos por la Cámara de los Lores para el rechazo del recurso? ¿Tiene intención la Comisión remitir ella misma estos casos?

Respuesta del Presidente Prodi en nombre de la Comisión

(10 de enero de 2001)

En los casos a los cuales Su Señoría hace referencia, la Cámara de los Lores no remitió ninguna cuestión al Tribunal de Justicia de conformidad con el artículo 234 (antiguo artículo 177) del Tratado CE porque rechazó la posibilidad de recurrir al tribunal de apelación. Por lo tanto, la Cámara de los Lores no se ocupó del caso. Según la legislación inglesa, el Comité de súplicas de la Cámara de los Lores no expone las razones para conceder o rechazar la posibilidad de apelar. Como consecuencia, la Comisión no conoce las razones por las que esa Cámara se negó a considerar el recurso y una referencia preliminar.

La Comisión no tiene ningún poder de remitir un caso al Tribunal de Justicia para una cuestión prejudicial en las circunstancias descritas en la cuestión. Según el artículo 234 del Tratado CE, solamente un tribunal de un Estado miembro puede hacerlo.

El único poder que la Comisión tiene es investigar el asunto con objeto de incoar un procedimiento contra el Reino Unido de conformidad con el artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE. En su respuesta a la pregunta escrita P-1191/00 del Sr. Kirkhope(1) la Comisión informó que, de hecho, estaba investigando el asunto.

Finalmente debe considerarse que una serie de cuestiones ha sido remitidas al Tribunal de Justicia por el Hovrätten för Västra Sverige en el asunto C-99/00(2) que plantean la cuestión de la compatibilidad con el artículo 234 del Tratado CE de un sistema por el que la apelación es necesaria antes de que un caso sea oído por el Tribunal Supremo.

(1) DO C 53 E de 20.2.2001, p. 96.

(2) DO C 149 de 27.5.2000.