PREGUNTA ESCRITA E-0484/02

de Nelly Maes (Verts/ALE) a la Comisión

(22 de febrero de 2002)

Asunto: Proceso político en Grecia contra el periodista Dede Abdulhalim

Recientemente, algunos periodistas demócratas en Grecia han sido objeto de persecución judicial. Un ejemplo de ello lo constituye la persecución y condena de Dede Abdulhalim, residente en la ciudad de Komotini (Tracia), periodista especializado en minorías, y propietario del periódico Trakianin Sesi y de la emisora local de radio ISIK FM.

Concretamente, el 14 de enero de 2000, en el transcurso de una retransmisión musical de la emisora local de radio ISIK FM, se radió la petición musical de un oyente que se dio a conocer con el nombre de Boskurt (Lobo gris). Al día siguiente se presentó una queja contra el periodista por motivo de dicha petición musical. Según las acusaciones, esta petición musical hacía referencia a una organización de extrema derecha en Turquía conocida con el nombre de Lobos grises, lo cual se calificó de acto criminal y de alta traición a Grecia. La cinta de la emisión en cuestión demuestra que tan sólo se hizo mención del nombre del oyente, el señor Boskurt (Lobo gris), sin ningún tipo de mención de otros asuntos.

El 25 de febrero de 2000, el señor Karaikos presentó una querella ante el tribunal de Komotini contra el señor Dede Abdulhalim por calumnia. La vista de la causa tuvo lugar el 6 de septiembre de 2001. El juez de dicho tribunal, con el número 1071, sentenció que el señor Dede era condenado en rebeldía a cuatro meses de prisión. La apelación de la sentencia tuvo lugar el 12 de febrero de 2002 ante el tribunal de apelación de Komotini.

¿Está al corriente la Comisión de este proceso?

¿Considera la Comisión que este proceso respeta el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa?

¿Tiene intención la Comisión de inquirir sobre lo ocurrido ante el Estado miembro en cuestión?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(3 de abril de 2002)

En opinión de la Comisión, la libertad de expresión e información forma parte de los principios comunes a los Estados miembros, enumerados en el primer apartado del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Estos principios fueron reafirmados solemnemente por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea cuyo artículo 11 dispone que:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de recibir o comunicar información o ideas sin que haya injerencia de autoridades públicas y sin consideraciones de fronteras, y

2. que la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo debe ser respetada.

Como las explicaciones relativas a la Carta así lo precisan, esta disposición se basa en el artículo 10 del Convenio europeo de protección de los derechos humanos y las libertades.

Por lo que se refiere a los Estados miembros, el respeto de este principio está garantizado por el procedimiento de infracción previsto en el artículo 226 del Tratado CE y por el procedimiento político previsto en el artículo 7 TUE. Según el primero, la Comisión puede recurrir al Tribunal de Justicia si el acto incriminado entra en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario. Según el segundo, la Comisión o un tercio de los Estados miembros puede plantear el asunto al Consejo, reunido a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno, en caso de violación grave o persistente de los principios enunciados en el artículo 6.

En el caso planteado por Su Señoría y según la información a disposición de la Comisión, no es posible establecer una incorrecta aplicación del Derecho comunitario o la existencia de una grave violación según lo dispuesto en el artículo 7 que justifique la aplicación del procedimiento político previsto por este artículo.

Por lo tanto la Comisión no prevé plantear cuestiones suplementarias a las autoridades griegas.

En último lugar y generalmente, es útil recordar que toda persona que considere que sus derechos fundamentales han sido violados tiene la posibilidad de interponer recursos judiciales nacionales y, después de agotados éstos, recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso de violación del Convenio europeo de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.