PREGUNTA ESCRITA E-1036/00

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(4 de abril de 2000)

Asunto: Baja del nivel freático en la comarca de Les Marínes (Valencia-España)

Vecinos, propietarios y agricultores del municipio de Dènia en la comarca de Les Marínes (Valencia) han denunciado que las obras de desecamiento que está llevando a cabo la empresa de construcción Blau Verd S.L. para realizar la cimentación de unos apartamentos de lujo, ha reducido el nivel freático de los pozos de la zona en más de un metro y veinte centímetros. Los trabajos, que no han sido sometidos a una reglamentaria evaluación de impacto medioambiental, se ubican en un antiguo camping donde la citada empresa ha ido instalando diversas máquinas de bombeo que trabajan las 24 horas del día para extraer el agua y poder realizar así los cimientos de la obra.

El agua extraída por el sistema de bombeo está siendo arrojada directamente al alcantarillado que desemboca en el mar, lo cual supone que se desperdician litros y litros de este bien tan escaso en una zona especialmente afectada por la sequía. Los denunciantes aseguran que, con este procedimiento, ya se han secado varios pozos que nunca hasta hora habían perdido sus aguas por lo que, además de las consecuencias que estas obras tendrán para el riego de los naranjos característicos de la agricultura autóctona, existe peligro de que a medio plazo se produzca un desastre ecológico. Concretamente, los promotores de la queja han calificado de atentado al medio ambiente el desperdicio de esta agua tan necesaria.

Teniendo en cuenta lo recogido en la Directiva Marco del Agua, actualmente en manos del Comité de Conciliación, por lo que respecta a la voluntad de disminuir el impacto de las actividades humanas en la situación ecológica de las diferentes cuencas hidrográficas, ¿considera la Comisión que el sistema de desecación utilizado para la construcción de estos apartamentos de lujo podría estar incurriendo en delito ecológico según la legislación comunitaria?

¿No cree la Comisión que existe una clara vulneración de la Directiva 85/337/CEE(1) (rev. 97/11/CE)(2) relativa a la evaluación de la repercusión de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, por la cual España tiene actualmente abierto procedimiento de infracción ante el Tribunal Europeo con motivo de su transposición incorrecta y fuera de plazo (Asunto C-474/99)?

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(2) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(23 de mayo de 2000)

Debe señalarse que la directiva marco sobre aguas no ha entrado todavía en vigor.

En lo que respecta a la pregunta sobre si los hechos a que alude Su Señoría pueden ser constitutivos de delito ecológico según la legislación comunitaria, cabe precisar que el Derecho comunitario, en su actual estado de desarrollo, no incorpora el concepto de delito ecológico. Corresponde a las jurisdicciones penales de los Estados miembros evaluar si se ha cometido un delito de este tipo.

El artículo 2 de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1), establece que los proyectos que pueden tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, deben someterse a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones antes de concederse la autorización correspondiente. Esta disposición se aplica a los proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva.

En caso de que la Directiva 85/337/CEE fuera aplicable al proyecto en cuestión, éste sólo podría pertenecer a una de las categorías del anexo II (la letra b) del punto 10 incluye los trabajos de ordenación urbana y la letra a) del punto 11 incluye los proyectos de pueblos de vacaciones y complejos hoteleros). El apartado 2 del artículo 4 establece que los proyectos incluidos en el anexo II deben someterse a una evaluación cuando el Estado miembro interesado considere que así lo exigen sus características.

La Comisión ha incoado un procedimiento de infracción contra España debido a la incorrecta incorporación de la Directiva 85/337/CEE al ordenamiento jurídico español y ha interpuesto un recurso ante el Tribunal de Justicia(2) por este motivo.

En cualquier caso, la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, adoptará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Derecho comunitario en este asunto.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.

(2) Asunto C-474/99.