PREGUNTA ESCRITA E-2198/00

de Gilles Savary (PSE) a la Comisión

(3 de julio de 2000)

Asunto: Coordinación europea en materia de seguros

Se ha dado el caso de que a un ciudadano francés víctima de un accidente de carretera en territorio español en el que también estaba implicado un ciudadano español la compañía de seguros francesa le ha denegado el reembolso de los gastos aduciendo que el conductor español no estaba asegurado.

¿En qué disposiciones comunitarias o intergubernamentales puede basarse el demandante a la hora de presentar un recurso de reparación?

¿Cuáles son, en el estado actual de la legislación, las vías de recurso de que dispone la víctima francesa del accidente mencionado más arriba?

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(28 de julio de 2000)

Remitimos a Su Señoría al apartado 4 del artículo 1 de la segunda Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, relativa a la aproximación de las legislaciones de los

Estados Miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles(1), que prevé la creación o autorización en cada Estado miembro de un organismo que tendrá por misión garantizar que las víctimas de accidentes de la circulación no sean indemnizadas en caso de que el vehículo que causó el siniestro no esté asegurado o no haya sido identificado. El fondo de garantía es el corolario del seguro obligatorio: si el asegurador escapa a esta obligación, es necesario que otro organismo asuma el riesgo y pague por él.

En el caso mencionado por Su Señoría, si el vehículo no asegurado que provocó el accidente está matriculado en España, es el fondo de garantía de este Estado el que debe garantizar la indemnización a falta de un asegurador que podría asumir el riesgo. Corresponde al interesado dirigirse directamente a este organismo, que debe darle una respuesta justificada en cuanto a su intervención.

Esta Directiva es la segunda de una serie de cuatro directivas destinadas a facilitar la circulación de vehículos y a garantizar los intereses de las víctimas de accidentes de carretera en la Comunidad, cualquiera que sea el lugar donde este accidente se produce. La primera Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad(2), impuso una obligación de seguro de responsabilidad civil en todo el territorio comunitario, protección que ha sido extendida y reforzada por las segunda (84/5/CEE) y tercera (90/232/CEE(3)) directivas. Éstas contemplan los accidentes de circulación ocurridos en el Estado de residencia de la víctima y causados por vehículos matriculados y garantizados en este país o en un Estado miembro. La Directiva 90/618/CEE del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, que modifica, en particular por lo que se refiere al seguro de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles, las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE referentes a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida(4), asimila en estos casos hipotéticos las situaciones en las cuales el accidente tiene lugar en el país de la víctima y el vehículo, aún matriculado en ese país, está garantizado por una compañía de seguros de otro Estado miembro que opera en régimen de prestación de servicios.

Por último, la Directiva del Parlamento y el Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automotores y que modifica las directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (cuarta Directiva), adoptada el 16 de mayo de 2000(5), tiene por objeto mejorar el régimen actual por lo que se refiere a las indemnizaciones de las personas que sufren, con motivo de una estancia temporal en otro Estado miembro distinto del de su residencia, un daño causado por un vehículo matriculado y garantizado en otro Estado miembro. Según su artículo 7, si la identificación del vehículo no es posible o si en el plazo de dos meses después del accidente es imposible identificar a la compañía de seguros, la persona perjudicada puede presentar una solicitud de indemnización al organismo de indemnización del Estado miembro donde resida. Los Estados miembros dispondrán, después de la publicación de la Directiva en el Diario Oficial, de un plazo de 24 meses para transponerla en su Derecho interno.

(1) DO L 8 de 11.1.1984.

(2) DO L 103 de 2.5.1972.

(3) DO L 129 de 19.5.1990.

(4) DO L 330 de 29.11.1990.

(5) DO L 181 de 20.7.2000.