ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
PREGUNTA ESCRITA E-3622/00

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) a la Comisión

(22 de noviembre de 2000)

Asunto: Sacerdocio de las mujeres

La Comisión, a través de la Dirección General Empleo y Asuntos Sociales, actúa en el ámbito de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. El único ámbito, quizá, en

el que esta igualdad no existe, es el de la administración de los sacramentos en las confesiones religiosas, donde la presencia de la mujer como sacerdote está plenamente excluida. Las mujeres no pueden ejercer de oficiantes en los ritos religiosos como ejercen los hombres, no pueden recibir la ordenación sacerdotal y aparecen marginadas, en un ámbito donde parece evidente que hombres y mujeres deberían gozar de los mismos derechos.

¿Puede indicar la Comisión cuál es su opinión al respecto? ¿Piensa adoptar iniciativas para reforzar la igualdad de hombres y mujeres en este ámbito? ¿Podría indicar si, en el programa marco para la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005) que ha anunciado, podría haber alguna sugerencia a todas religiones y confesiones existentes en los países de la Unión Europea para que acepten el sacerdocio de la mujeres en plena igualdad con los hombres?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(9 de enero de 2001)

No corresponde a la Comisión pronunciarse sobre la cuestión planteada por Su Señoría, habida cuenta de que la administración de los sacramentos no entra dentro de las competencias comunitarias.
PREGUNTA ESCRITA E-2413/00

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(18 de julio de 2000)

Asunto: Vertedero de residuos urbanos en Logroño (España)

El vertedero de residuos urbanos de la ciudad de Logroño fue remodelado hace unos años con fondos europeos. Actualmente en dicho vertedero se están produciendo lixiviados que contaminan las aguas del acuífero del Ebro.

¿Tiene conocimiento la Comisión de esta situación? ¿Qué acciones puede emprender la Comisión con el fin de poder evaluar si las autoridades competentes cumplen sus obligaciones en este asunto, y verificar si se está aplicando correctamente la Directiva 75/442/CEE(1), modificada por la Directiva 91/156/CEE(2), relativa a los residuos?

(1) DO L 194 de 25.7.1975, p. 39.

(2) DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(14 de septiembre de 2000)

La Comisión no está al corriente de la situación a que alude Su Señoría en relación con la posible contaminación del acuífero del Ebro ocasionada por el vertido de los residuos urbanos de la ciudad de Logroño.

Cabe señalar que el tratamiento de los residuos está actualmente regulado por la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos(1), modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991(2).

El artículo 4 de la citada Directiva establece que los Estados miembros han de adoptar las medidas necesarias para garantizar que los residuos se aprovecharán o se eliminarán sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores, y sin atentar contra los paisajes y los lugares de especial interés.

De conformidad con el artículo 9 de la Directiva 75/442/CEE, cualquier establecimiento o empresa que efectúe operaciones de eliminación deberá obtener una autorización de la autoridad competente.

En cualquier caso, la Comisión, en su calidad de garante de los Tratados, adoptará cuantas medidas sean necesarias para garantizar el cumplimiento del Derecho comunitario.

(1) DO L 194 de 25.7.1975.

(2) DO L 78 de 26.3.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-2292/00

de Caroline Lucas (Verts/ALE), Ulla Sandbæk (EDD) y Luisa Morgantini (GUE/NGL) al Consejo

(11 de julio de 2000)

Asunto: Sistema de misiles estadounidense

¿Qué opina el Consejo del nuevo Sistema de defensa del territorio nacional contra los misiles (NMD) ¿Está de acuerdo el Consejo en que el NMD viola el Tratado sobre la limitación de los sistemas de misiles antibalísticos de 1972, podría costar 240 000 millones de dólares, dispararía una nueva carrera de armamento a nivel mundial y deja de lado completamente los intereses de la UE en materia de desarme?

¿Tiene conocimiento la Comisión de los esfuerzos estadounidenses por influir en Estados miembros de la UE, como Dinamarca y el Reino Unido, para que autoricen la instalación del NMD en sus territorios respectivos?

¿Se ha puesto en contacto el Consejo con los Jefes de Estado de los Estados miembros de la UE con el fin de coordinar la cooperación europea para contrarrestar la presión de los Estados Unidos para instalar dicho sistema?

Respuesta

(20 de noviembre de 2000)

La Unión Europea ha reiterado la importancia que concede al Tratado ABM de 1972, como uno de los pilares de la estabilidad estratégica. La UE desea que se preserve ese Tratado. Esta posición de la Unión se manifestó, entre otras ocasiones, en la Conferencia de examen del año 2000 de las Partes del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares.
PREGUNTA ESCRITA E-2440/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(19 de julio de 2000)

Asunto: Denegación de subvención comunitaria

La Asociación Gallega de Mariscadores (Agamar) solicitó en agosto de 1999 una subvención de la Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura de la Xunta de Galicia, en el marco de la programación de esta institución para el desarrollo de la Iniciativa Comunitaria PESCA, especialmente por lo que se refiere a la creación de empleo femenino. El proyecto de esta asociación de mariscadores consistía en sembrar almeja de la variedad japónica de crecimiento rápido, llevando a cabo una rotación de los cultivos y reinvirtiendo los beneficios en nuevas simientes.

La Comisión Europea concedió la subvención, pero la Consellería, tras haber ejecutado esta decisión, anunció a Agamar la obligación de devolverla, alegando incumplimiento de las condiciones de concesión de la misma.

¿Tiene conocimiento la Comisión de esta situación? ¿Piensa la Comisión recabar información de la Consellería de Galicia sobre las causas de este comportamiento, supuestamente arbitrario?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(8 de septiembre de 2000)

Tras la inclusión de la política estructural pesquera en la reforma de los Fondos Estructurales, es a las autoridades designadas por los Estados miembros a quienes incumbe (en el marco de sus programas operativos y de conformidad con las disposiciones de los Reglamentos del Consejo (CE) nos 1263/1999, de 21 de junio de 1999, relativo al instrumento financiero de orientación de la pesca(1), y 2792/1999, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca(2)) adoptar las medidas oportunas para la selección de los proyectos más adecuados y la concesión a ellos de una ayuda comunitaria.

La Comisión recuerda a su Señoría que, en aplicación del artículo 87 (antiguo artículo 92) del Tratado CE, las autoridades españolas presentaron a la Comisión para su aprobación el régimen de ayudas estatales que desarrolla la normativa comunitaria en materia de condiciones de concesión de las ayudas de la Comunidad.

En este contexto, dichas autoridades están obligadas a hacer respetar las disposiciones reglamentarias vigentes y, entre ellas, las condiciones de concesión recogidas en el régimen de ayudas estatales aprobado por la Comisión.

Dado que los beneficiarios del proyecto en cuestión no le han comunicado hasta la fecha la existencia de ningún problema, la Comisión no puede pronunciarse, en respuesta a su Señoría, sobre la pertinencia de las medidas emprendidas por las autoridades de Galicia.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.

(2) DO L 337 de 30.12.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-2921/00

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(19 de septiembre de 2000)

Asunto: Conservación de los recursos pesqueros

Teniendo en cuenta los resultados del informe Ospar, ¿piensa la Comisión tomar medidas para garantizar la protección de los recursos pesqueros de altura?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(6 de octubre de 2000)

La Comisión se propone adoptar, de manera, medidas que contribuyan a proteger las poblaciones de peces demersales.

Las citadas especies están muy extendidas tanto en aguas comunitarias como aguas internacionales y en las de otros países del Atlántico nororiental, por lo que es importante que los Estados afectados coordinen sus planteamientos. Como primera medida, la Comisión ha propuesto la celebración de un debate sobre la gestión de los recursos demersales, con motivo de la próxima reunión de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste, de la que se esperan importantes avances con vistas a la concertación de líneas de actuación en común.

Al margen del resultado de dichos debates, y de manera provisional, la Comisión tiene previsto proponer límites de capturas totales admisibles de capturas (TAC) respecto de las especies demersales del Atlántico nororiental. Los TAC se propondrán atendiendo a los dictámenes científicos más recientes del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM). La Comisión es consciente asimismo de la necesidad de establecer una asignación equitativa de recursos entre los Estados miembros, y presentará las oportunas propuestas a tal efecto.

La Comisión tiene noticia de la recomendación del CIEM según la cual debe reducirse el esfuerzo pesquero en relación con un gran número de especies, y se propone, por tanto, estudiar la posible aplicación de tales medidas en el futuro. Con todo, antes de formular propuestas concretas en este sentido, se celebrarán consultas con los interesados.

La Comisión estudiará asimismo una serie de medidas orientadas a profundizar los conocimientos científicos sobre los referidos recursos, y planteará propuestas en consonancia.

Las propuestas de la Comisión estarán destinadas a lograr la sostenibilidad a largo plazo de la pesca demersal, y a permitir, al mismo tiempo, la explotación racional y conforme al principio de precaución de las poblaciones de peces y de los ecosistemas de los que las mismas dependen.
PREGUNTA ESCRITA E-2211/00

de Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) al Consejo

(11 de julio de 2000)

Asunto: Derecho de libre asociación

La libertad de asociación es un derecho fundamental reconocido y protegido tanto por los Estados miembros como por el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

Actualmente, el TUE en su artículo 6 dispone que:

La Unión debe respetar los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [mldr], y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario.

¿Reconoce el Consejo la existencia de una violación grave y reiterada del derecho de libre asociación en algún Estado miembro?

Respuesta

(7 de noviembre de 2000)

El Consejo no ha debatido una situación como la planteada por Su Señoría, por lo que no está en condiciones de contestar a la pregunta.
PREGUNTA ESCRITA E-3216/00

de María Izquierdo Rojo (PSE) al Consejo

(20 de octubre de 2000)

Asunto: Condena a muerte de lapidación por adulterio para Maryam Ayubi

¿Sabe el Consejo que Maryam Ayubi, de 30 años, ha sido sentenciada a muerte por lapidación, culpable de adulterio, el pasado mes de julio según el Código Penal iraní basado en la sharia islámica? ¿Podrían tener en cuenta los representantes y las representaciones de la Unión Europea esta grave situación de los derechos humanos en Irán, a la hora de preparar y aprobar las próximas resoluciones de la ONU, incluidas las que se elaborarán durante estos días para la Cumbre del Milenio?

Respuesta

(20/21 de diciembre de 2000)

El Consejo no ha sido informado del caso mencionado por Su Señoría.

La abolición universal de la pena de muerte es una política que cuenta con el vigoroso apoyo y la aprobación de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Además, el Consejo recuerda que la lapidación está prohibida a efectos de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Las ejecuciones por lapidación ya no son frecuentes en Irán, pero por desgracia siguen existiendo.

La Unión Europea ha expuesto esta postura a las autoridades iraníes con ocasión de las reuniones celebradas en el marco del diálogo político, solicitando medidas para abolir la pena de muerte. La Unión Europea ha solicitado a Irán que, como primer paso, dicte una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición total, y que acelere los progresos en curso en el país en materia de derechos humanos.

Estos últimos años, la Unión Europea ha adoptado iniciativas en el seno de la ONU, para que se adopten resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en Irán, incluida la pena de muerte. La Unión Europea ha decidido asimismo presentar una propuesta de resolución en la sesión de la Asamblea General que se está celebrando en este momento.
PREGUNTA ESCRITA E-3084/00

de Brigitte Langenhagen (PPE-DE) a la Comisión

(2 de octubre de 2000)

Asunto: Valoración del POP IV

Sin duda alguna, el programa de orientación vigente en la actualidad (POP IV) ha contribuido escasamente a reducir el problema de la sobrecapacidad. Por el contrario, el esfuerzo pesquero ha aumentado, incluso, en algunos sectores.

Teniendo en cuenta que todos somos partidarios de una pesca sostenible:

1. ¿Podría indica la Comisión cómo valora los éxitos alcanzados hasta la fecha por el POP IV?

2. ¿Puede respaldar sus afirmaciones con cifras?

3. ¿En qué medida se tienen en cuenta en la futura asignación de créditos en el marco de los Fondos estructurales las cifras de la valoración realizada?

4. ¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para que el POP IV aún tenga éxito?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(26 de octubre de 2000)

La Comisión ha procedido recientemente en un informe(1) a la evaluación del programa de orientación plurianual (POP IV) actualmente vigente.

1. La Comisión considera que los POP no han conseguido reducir la capacidad de la flota a fin de adecuarla a los recursos disponibles, si bien han resultado muy eficaces a la hora de impedir el aumento de la capacidad.

2. Se considera el POP III (1992-1996) como un avance importante en la dirección adecuada, ya que exige una reducción global de aproximadamente un 10 % de la capacidad de la flota europea. En cambio, el POP IV (1997-2001) plantea objetivos menos ambiciosos, ya que propugna una reducción global del 5 %, a diferencia de las conclusiones del informe Lassen, que lleva el nombre del presidente del grupo de expertos independientes creado para asesorar a la Comisión antes del inicio del POP IV, según el cual el esfuerzo pesquero en aguas europeas presenta en la actualidad un exceso de aproximadamente un 40 %, por término medio. Esta opinión es respaldada por un informe del Comité científico, técnico y económico de pesca emitido en mayo de 2000. En términos de capacidad, el POP IV propugna una reducción de tan sólo un 3 % en 5 años. El restante 2 % de reducción del esfuerzo pesquero debe conseguirse mediante la reducción de la actividad.

3. Si bien esta evaluación de los resultados del POP no tendrá una influencia inmediata en la repartición de los créditos de los Fondos Estructurales, no se puede descartar un posible ajuste de los créditos a fin de reflejar los cambios que se produzcan en el futuro en la política relativa a la flota.

4. La Comisión considera que el POP IV debería reforzarse mediante la aplicación de porcentajes más altos de reducción durante el período restante y, además, que la reducción suplementaria debe conseguirse exclusivamente en términos de capacidad. Asimismo, propugna que se amplíe un año más el período de aplicación del POP IV, a fin de que el futuro de la política estructural de la flota pueda examinarse en el contexto de la reforma de la política pesquera común en el 2002. Estas propuestas son actualmente objeto de debate con los Estados miembros.

(1) COM(2000) 272 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3650/00

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(23 de noviembre de 2000)

Asunto: Guía de ciudades

¿Tiene conocimiento la Comisión del fraude que está llevando a cabo una empresa con sede en España bajo pretexto de fomentar la Guía de ciudades europeas? Se envía a pequeños comerciantes un formulario engañoso en el que se les piden detalles de su empresa para incluirla en la Guía de ciudades europeas. Una vez firmado y fechado, el formulario compromete al comerciante a su onerosa inclusión en dicha guía, por lo cual se le envía la factura correspondiente. Para los comerciantes que no leen la letra pequeña del formulario, estos costes resultan una auténtica sorpresa.

Si la Comisión tiene conocimiento de esta situación, ¿qué medidas ha tomado contra este proceder?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(22 de diciembre de 2000)

La Comisión no tiene conocimiento de la promoción de la Guía de ciudades europeas en España. No es competencia de la Comisión emprender acción alguna relativa a este asunto dado que, en este caso, sólo es aplicable el Derecho nacional. Tan sólo las autoridades nacionales pertinentes pueden adoptar las medidas oportunas.
PREGUNTA ESCRITA E-2050/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(27 de junio de 2000)

Asunto: Substancias prohibidas en la elaboración de vino, licores y otras bebidas alcohólicas

¿Podría facilitar la Comisión una lista de las substancias prohibidas en la fabricación de vino, licores y otras bebidas alcohólicas para el consumo, así como de los instrumentos jurídicos en los que se basa dicha prohibición?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(1 de agosto de 2000)

En el Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola(1), y especialmente en el Capítulo I de su Título V, relativo a las Prácticas y tratamientos enológicos, se establecen las normas de producción de los vinos y de los mostos de uva. En los anexos IV y V de dicho Reglamento se recogen los tratamientos autorizados, que incluyen en particular los aditivos y auxiliares tecnológicos autorizados en la producción de vino. Todas aquellas sustancias no citadas en los anexos no están autorizadas en la producción de los productos vitivinícolas.

En el caso de las bebidas alcohólicas que deben ajustarse a las definiciones establecidas en el Reglamento (CEE) no 1576/89 del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se establecen las normas generales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas(2), únicamente pueden utilizarse y añadirse las sustancias establecidas en la definición de los productos así como los aditivos autorizados según el procedimiento previsto por la Directiva 89/107/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los aditivos alimentarios autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo humano(3).

En el caso de los colorantes, las sustancias admitidas deben estar autorizadas de conformidad con la Directiva 94/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1994, relativa a los colorantes utilizados en los productos alimenticios(4).

Por último, para la aromatización de estos productos, únicamente pueden utilizarse las sustancias y preparados aromatizantes naturales o idénticos a los naturales, tal como se definen en la Directiva 88/388/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en el ámbito de los aromas que se utilizan en los productos alimenticios y de los materiales de base para su producción(5).

(1) DO L 179 de 14.7.1999.

(2) DO L 160 de 12.6.1989.

(3) DO L 40 de 11.2.1989.

(4) DO L 237 de 10.9.1994.

(5) DO L 184 de 17.7.1988.
PREGUNTA ESCRITA P-2826/00

de Dirk Sterckx (ELDR) a la Comisión

(4 de septiembre de 2000)

Asunto: Instalación de una fábrica de hormigón en una zona agraria de Portugal con ayudas de la Unión Europea

Al parecer, la fábrica portuguesa de hormigón Gonçalves e Filhos, Lda ha adquirido un parque natural forestal de varias hectáreas en el municipio de Oliveira do Hospital. Se trata de una zona de un gran valor ecológico en la que se practica esencialmente la agricultura. En ningún momento se ha llevado a cabo un estudio del impacto medioambiental de este proyecto. Por lo visto, el bosque ya ha sido roturado y se han iniciado los trabajos de nivelación.

¿Puede indicar la Comisión si está al corriente de este proyecto? En caso negativo, ¿puede investigar la Comisión este caso? En caso afirmativo, ¿es cierto que este proyecto se está llevando a cabo con ayudas de la Unión Europea? En ese caso, ¿no se infringen con estas ayudas las normas básicas de los Fondos estructurales, que establecen que la concesión de ayudas debe inscribirse en el marco de una estrategia global e integrada de desarrollo sostenible y subrayan que debe aspirarse a mejorar la calidad del medio ambiente?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(6 de octubre de 2000)

La Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1) no incluye la categoría de proyectos empresas de fabricación de hormigón en su lista.

En general, los elementos utilizados en la fabricación de hormigón, tales como el amianto utilizado en la fabricación de cemento fluido, pueden determinar que una planta de fabricación de cemento se considere una instalación destinada al tratamiento y a la transformación de amianto y de productos que contengan amianto en el sentido del Anexo I de la Directiva 85/337/CE y, en tal caso, requerir una evaluación del impacto ambiental (EIA).

Otra hipótesis es que la planta integrada (dedicada a la producción de la materia prima y al proceso de fabricación de cemento) se haya construido cerca de las reservas de materia prima. En función de la implicación medioambiental de estas actividades, puede exigirse la EIA para la extracción del mineral.

No obstante, la Comisión no posee datos suficientes sobre el proyecto en cuestión que le permitan llegar a estas conclusiones.

El proyecto a que se refiere su Señoría no recibe financiación de los fondos estructurales.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.