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ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/129

(2004/C 78 E/0131)

PREGUNTA ESCRITA E-2569/03

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(6 de agosto de 2003)

Asunto: Sistema telescópico bióptico para conducir

¿Podría indicar la Comisión en qué Estados miembros se permite actualmente el uso de un sistema telescópico bióptico para conducir?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(11 de septiembre de 2003)

Tal y como indicó la Comisión a Su Señoría en su respuesta a la pregunta escrita E-1231/03 (1), la Comisión no tiene conocimiento de que en ningún Estado miembro se permita la conducción con lentes biópticas. Además, no se ha llevado ningún experimento a mayor escala en Europa, por lo que no está previsto autorizar el uso de las lentes biópticas en un futuro próximo, ya que su autorización deberá ser estudiada y discutida con detenimiento.

(1) DO C 58 E de 6.3.2004, p. 52.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/119

(2004/C 78 E/0120)

PREGUNTA ESCRITA E-2495/03

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(25 de julio de 2003)

Asunto: Política agrícola común

¿Podría evaluar la Comisión, basándose en una «cesta» de la compra típica para un hogar medio en cada uno de los Estados miembros, el coste adicional pagado por los consumidores como consecuencia de los precios agrícolas subvencionados, en oposición a otra situación hipotética en que las ayudas estuviesen desligadas de la producción y se aplicasen los precios de los mercados mundiales? ¿Podría facilitar la Comisión estimaciones al respecto procedentes de otros investigadores para uno o varios Estados miembros?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(11 de septiembre de 2003)

La Comisión no conoce ningún cálculo de los que menciona su Señoría que haya podido ser realizado por investigadores individuales o por organizaciones internacionales. El hecho es que ese tipo de estimaciones son demasiado problemáticas y no se consideran suficientemente fiables desde el punto de vista económico. La Comisión reconoce que por una serie de productos alimenticios los consumidores de la Unión pagan un precio más alto del que pagarían en el mercado mundial. Sin embargo, dejando aparte la cuestión de si existe un mercado mundial eficaz que funcione perfectamente y, por tanto, un precio mundial, hay que señalar que esa diferencia de precio sólo es ligeramente superior a la que registra el conjunto de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Tampoco hay que olvidar que los precios de sostenimiento de los principales productos agrícolas de la Unión han disminuido drásticamente desde 1992 (45 % en el caso de los cereales y 35 % en el vacuno), y que la actual reforma de la Política Agrícola Común (PAC) continúa en esta dirección.

Hay muchas razones que explican los precios al consumo ligeramente superiores de determinados productos alimenticios en la Unión:

— las exigencias de los consumidores de la Unión en cuanto a la variedad, frescura y calidad de los productos alimenticios son extremadamente altas;

— los productores de alimentos de la Unión deben pagar unos costes salariales, sociales y energéticos más altos que la mayoría de sus competidores;

— los precios pagados por los consumidores también reflejan los precios ligeramente más altos de los productos agrícolas pagados a los agricultores de la Unión, que se deben principalmente a las condiciones sociales, económicas, estructurales y medioambientales específicas a que se enfrentan los agricultores de la Unión.

No obstante, estas consideraciones se basan en la suposición de que los precios mundiales no aumentarán considerablemente tras la plena liberalización del comercio agrícola, algo que no es en absoluto realista. Además, hay que señalar que los productos agrícolas básicos sólo representan el 20 % del valor de los productos alimenticios que compran los consumidores.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/24

(2004/C 88 E/0026)

PREGUNTA ESCRITA E-1334/03

de Luigi Cocilovo (PPE-DE) a la Comisión

(9 de abril de 2003)

Asunto: IVA sobre el precio de los libros

Como ya sabrá la Comisión, las librerías que venden libros italianos en el extranjero tienen que pagar un doble IVA: el italiano (4 % ), incluido en el precio de portada, y el del país en el que se vende el libro (por ejemplo, 3 % en Luxemburgo y 6 % en Bélgica).

¿Es compatible esta situación con las normas del Derecho Comunitario? ¿Cuál es el reglamento o directiva que regula esta materia específica y que se podría invocar para evitar pagar el IVA dos veces?

¿No cree la Comisión que se deberían eliminar todos los obstáculos, de cualquier tipo, que dificulten el fomento de la lectura?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2003)

En pricnipio, en el comercio intracomunitario de bienes, el IVA debe calcularse y abonarse en el país de destino. No obstante, si se aplica el régimen de venta a distancia, y siempre y cuando no se sobrepase el límite anual de 35 000 o 100 000 euros, el IVA se calcula y se paga en el país de origen. En cualquiera de los casos, el IVA debe calcularse y pagarse solamente una vez.

Sobre la base de la pregunta de Su Señoría, no está claro si el comprador paga realmente al Estado italiano el IVA calculado sobre el precio de los libros italianos antes de exportarse a otros Estados miembros.

En caso de que el comprador deba pagar el IVA al Estado italiano, las mercancías en cuestión estarían sujetas a la doble imposición, lo que contravendría la sexta Directiva del IVA (1). En ese caso, el Estado italiano tendría que modificar su legislación para establecer que las mercancías que salen del territorio del país estuvieran exentas del IVA italiano.

En caso de que el comprador no pague el IVA italiano al Estado, aunque sea una parte del precio de exportación de las mercancías, no habría ninguna doble imposición. En este caso, habría que analizar el problema desde una perspectiva no fiscal.

A este respecto, la Comisión agradecería a Su Señoría que, si dispone de información complementaria o nueva que pueda demostrar que hay una infracción del Derecho comunitario, se la comunicara.

(1) Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, DO L 145 de 13.6.1977.
2.

Sobre la base de un amplio número de demandas, la Comisión inició un procedimiento de infracción en relación con el proyecto Grensmaas y el 2 de mayo de 2003 envió un escrito de requerimiento al gobierno de los Países Bajos; en este escrito, la Comisión explica que, en su opinión, la relación entre las autoridades neerlandesas y los organismos encargados de ejecutar los trabajos en el marco del proyecto Grensmaas debe establecerse mediante un contrato público de obras conforme a las disposiciones de las directivas comunitarias aplicables en materia de contratación pública: en consecuencia, ese contrato debería adjudicarse de conformidad con la legislación de la Unión. La Comisión no dispone de datos sobre la base de los cuales se pueda concluir que el proyecto Grensmaas se has retrasado debido al procedimiento de infracción en curso. Sin embargo, de la información disponible se deriva que está previsto que este proyecto finalice en 2022 y que las autoridades competentes no prevén el inicio de los trabajos antes de 2005. Generalmente, el procedimiento de licitación previsto en la legislación europea en materia de contratación pública no se demora más de seis meses.
Cuando las autoridades aduaneras de los Estados miembros despachan a libre circulación en la Comunidad los enseres de mudanza procedentes de terceros países con franquicia de derechos del Arancel Aduanero Común (derechos AAC) y del Impuesto del Valor Añadido (IVA), aplican una determinada legislación basada en dos fuentes legales diferentes. Si bien la exención de los derechos AAC se basa en los artículos 2 a 10 del Reglamento (CEE) no 918/83 del Consejo (2), la exención del IVA se basa en la legislación fiscal nacional de aplicación del artículo 14 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo (3) y en los artículos 2 a 10 de la Directiva 83/181/CEE (4).

En su respuesta a la pregunta escrita E-0243/02, formulada por la Sra. Peijs (5), la Comisión estableció los principios relativos al despacho aduanero de esos enseres de mudanza dando a entender que el artículo 128 del Reglamento (CEE) no 918/83 del Consejo de no era aplicable a esas importaciones.

El artículo 128 sólo se aplica a los bienes que deben destinarse a un uso particular por el destinatario, es decir, el declarante, como objeto de beneficiarse de una exención de impuestos especifica. Las restricciones establecidas en el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 918/83 del Consejo respecto a los enseres de mudanza, sin embargo, sólo prescriben que el declarante sigue siendo el propietario sin restricciones de los enseres de mudanza durante un plazo de 12 meses. Dentro de ese plazo, el declarante puede utilizar esos bienes para cualquier uso privado que desee. Puede, por ejemplo, utilizarlos para amueblar su nueva residencia o almacenarlos en un local de su empresa de mudanzas. Dadas las circunstancias, la Comisión considera que la restricción del apartado 1 del artículo 7 no crea la obligación de darle a los enseres de mudanza una utilización final determinada tal como prescribe el artículo 128. La Comisión interpreta esas restricción como una prohibición de comercializar dichos enseres semejante a las restricciones establecidas en el artículo 29 (envíos de un particular a otro particular) o en el artículo 45 (bienes contenidos en el equipaje personal del viajero) del Reglamento (CEE) no 918/83 del Consejo.

Dado que las disposiciones legales de los artículos 2 a 10 de la Directiva son casi idénticas al texto de los mismos artículos del Reglamento (CEE) no 918/83 del Consejo, la legislación sobre IVA de los Estados miembros debería ser similar a las normas aduaneras de la Comunidad relativas a los enseres de mudanza. Corresponde al poder discrecional de las autoridades aduaneras y fiscales nacionales determinar la manera en que quieren garantizar el cumplimiento por el declarante de las restricciones impuestas por el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 918/83 del Consejo y las disposiciones similares de la legislación nacional sobre IVA. El método que se emplee para vigilar el cumplimiento, sin embargo, no debería crear costes adicionales a expensas del declarante ni desviarse demasiado de los métodos aplicados en los ejemplos mencionados en el apartado anterior.
—

En su reciente sentencia de 11 de diciembre 2003 sobre el Asunto C-322/01, el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que una prohibición nacional de venta por correspondencia de medicamentos, cuya venta se restrinja a las farmacias del Estado miembro en cuestión, puede considerarse una restricción de la libre circulación de bienes (artículo 28 del Tratado CE). No obstante, esta medida puede estar justificada por uno de los motivos previstos en el artículo 30 del Tratado CE, en particular, la protección de la salud y la vida de las personas, siempre y cuando la medida en cuestión sea necesaria para la protección efectiva de la salud y la vida de las personas y no puedan aplicarse otras medidas que sean menos restrictivas para el comercio intracomunitario.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/663

(2004/C 88 E/0681)

PREGUNTA ESCRITA E-3974/03

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(5 de enero de 2004)

Asunto: Modificación del sistema de apoyo a los productores de plátanos de los Estados ACP

En la pasada sesión del Parlamento Europeo del mes de septiembre, en el contexto del debate sobre el informe relativo al régimen especial de ayuda a los proveedores tradicionales de plátanos de los Estados ACP (A5-0164/2003), quedó claro que el actual sistema de apoyo a los productores de plátanos de los Estados ACP carece de las más elementales normas de transparencia y objetividad, con lo que se perjudica de manera inaceptable a los productores de plátanos de Côte d'Ivoire.

¿Cuándo tiene previsto la Comisión presentar las necesarias modificaciones a la normativa en vigor?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(23 de febrero de 2004)

Los distintos importes asignados anualmente a cada proveedor tradicional de plátanos de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) se calculan con arreglo a los criterios definidos en el Reglamento (CE) no 1609/99 de la Comisión (1). En particular, el precio de coste, seguro y flete (CIF) indicado en las estadísticas de Eurostat se utiliza como parámetro para evaluar las diferencias de competitividad entre los proveedores ACP y los de terceros países, mientras que la importancia del sector del plátano en la economía de los países interesados se refleja en los factores fijos de cálculo enumerados en el Reglamento de la Comisión. Esta base de cálculo es uniforme para todos los beneficiarios, de modo que asegura la transparencia y la objetividad.

Recientemente, representantes de los productores de plátanos de Costa de Marfil se pusieron en contacto con la Comisión a fin de manifestarle su inquietud sobre el método utilizado a la hora de establecer los datos pertinentes sobre las importaciones en la Comunidad. La Comisión está investigando el asunto, que debatirá también en breve con las administraciones aduaneras de los Estados miembros.

Lo anterior se ha comunicado recientemente por escrito a la organización de productores de plátanos de Costa de Marfil (OCAB).

(1) Reglamento (CE) no 1609/1999 de la Comisión, de 22 de julio de 1999, por el que se estipulan las normas de desarrollo para la aplicación del Reglamento (CE) no 856/1999 del Consejo por el que se establece un régimen especial de ayuda para los proveedores tradicionales de plátanos ACP, DO L 190 de 23.7.1999.
1.

La Comisión señala que, según el apartado 5 del artículo 1 de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, ésta no se aplicará a los proyectos detallados adoptados mediante un acto legislativo nacional específico, dado que los objetivos perseguidos por la misma, incluido el objetivo de la disponibilidad de informaciones, se consiguen a través del procedimiento legislativo. En cuanto a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, la Comisión recuerda que la misma no refiere expresamente a la ordenación del suelo, sino a los tipos de hábitat. La designación de lugares de interés comunitario conforme a la Directiva se funda en la calidad ecológica de los hábitats existentes en un lugar y no en su clasificación como superficie forestal o agrícola, humedal u otros posibles usos del suelo. La propuesta de los lugares de interés comunitario no se ha fundado en criterios de ordenación del suelo y no se prevé que cambien los lugares ya propuestos. No obstante, la Comisión evaluará las posibles modificaciones en la clasificación que introduzca la ley tras su adopción y aplicación para evaluar si podrían resultar afectados los lugares de interés comunitario propuestos.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/606

(2004/C 78 E/0640)

PREGUNTA ESCRITA E-3602/03

de Anne Van Lancker (PSE) a la Comisión

(5 de diciembre de 2003)

Asunto: Artículo 51 de la Constitución europea

El texto de la Constitución europea propuesta contiene un artículo 51 que pone a las comunidades confesionales y no confesionales en pie de igualdad. El 21 de octubre de 2003 se consultó a representantes de comunidades confesionales en relación con la cuestión de la inmigración y la lucha contra la prostitución y el tráfico de seres humanos. Sin embargo, no se consultó a las organizaciones no confesionales.

1. ¿Puede indicar la Comisión por qué se excluyó a las organizaciones no confesionales de este diálogo a pesar de que en la Declaración 11 aneja al Tratado de Amsterdam se garantiza la igualdad de trato de las organizaciones religiosas y no confesionales y a pesar del artículo 51 del proyecto de Constitución de la UE?

2. ¿Puede confirmar la Comisión que el diálogo con las ONG de inspiración religiosa va a abrirse inmediatamente también a las organizaciones no confesionales?

3. ¿Puede confirmar la Comisión que en el futuro las organizaciones no confesionales serán tratadas de la misma forma que las organizaciones religiosas?
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 70/183

(2004/C 70 E/192)

PREGUNTA ESCRITA P-2978/03

de Nelly Maes (Verts/ALE) a la Comisión

(6 de octubre de 2003)

Asunto: Fondos estructurales en Bretaña

En vista de las recientes opciones presupuestarias del Estado francés, la región de Bretaña va a sufrir gravemente como consecuencia de la falta de compromiso financiero del Estado que pone en peligro el pago de los créditos europeos. Parece, en efecto, que una parte de los fondos estructurales asignados a Bretaña para el período 2000-2006 quedará bloqueada pues el Estado francés no está ya dispuesto a abonar los importes a los que se había comprometido previamente en el marco del contrato de plan Estado-Región. Esta situación es particularmente preocupante para el País de Lorient, afectado por una grave crisis económica provocada por la retirada de la Marína y por la reconversión del arsenal, así como para el País de Brest, Tregor y la zona centro-oeste de Bretaña.

Dado que la Comisión ha velado siempre por el estricto respeto del principio de adicionalidad, ¿no considera que esta falta de compromiso financiero a mitad del período representa una violación del respeto de este principio? ¿No provoca tal actitud una incertidumbre económica y financiera difícil de soportar en una región que necesita un compromiso enérgico de Europa?

¿Tiene la Comisión la intención de pedir explicaciones el Estado francés? Si ya lo ha hecho, ¿podría informar la Comisión de sus gestiones?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(3 de noviembre de 2003)

El plan de financiación del Documento único de programación para las intervenciones estructurales en la región de Bretaña para el período 2000-2006 prevé una participación del Estado miembro (nacional, regional o local) de 583 902 092 euros, para unos costes totales subvencionables de 1 400 926 184 euros (contrapartida privada incluida). A 1 de septiembre de 2003, el nivel de programación se situaba en el 65 % del importe total de las contrapartidas públicas nacionales fijado en el Documento único de programación.

La Comisión no dispone de información alguna acerca de un eventual descompromiso financiero del Estado francés, con la consiguiente reducción de las contrapartidas públicas nacionales, en particular respecto al Documento único de programación 2000-2006 de Bretaña.

El respeto del principio de adicionalidad de los programas del objetivo no 2 se comprobará en la evaluación intermedia. Esta comprobación se refiere al conjunto de los programas franceses del objetivo no 2 y no a cada programa individual. Las autoridades francesas deben proporcionar a la Comisión la información pertinente antes del 31 de diciembre de 2003. Independientemente de estas comprobaciones, el Estado miembro debe informar a la Comisión, en cualquier momento durante el período de programación, del cuestionamiento de su capacidad para mantener el nivel de los gastos fijado.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 70/31

(2004/C 70 E/035)

PREGUNTA ESCRITA E-1076/03

de Peter Skinner (PSE) a la Comisión

(31 de marzo de 2003)

Asunto: Motorola Computer Group y Wordsworth Technologies Ltd y la fijación de precios

He recibido una carta en la que se señala que la empresa Motorola UK se ha negado a aceptar pedidos de compra de parte de la empresa Wordsworth Technology Ltd, que considera que ha sido rechazada porque ha descubierto una trama en materia de fijación de precios dirigida por Motorola Computer Group. La empresa ha intentado obtener piezas en Alemania, pero considera que Motorola lo ha impedido y señala que su fuente de suministro actual en Hong Kong tiene que hacer frente a la mismas amenazas.

Según tengo entendido, Wordsworth Technology presentó una queja ante la Comisión Europea en enero de 1999 en relación con la fijación de precios realizada por Motorola, que ha tenido como consecuencia la expulsión de Worsworth del mercado.

¿Se han registrado avances en relación con las investigaciones realizadas con respecto a esta queja? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido su resultado?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(21 de mayo de 2003)

Como sabe Su Señoría, la Comisión inició una investigación sobre los acuerdos de distribución de Motorola Computer Group (división comercial de Motorola Inc) en relación con algunos de sus productos, con objeto de determinar si estos acuerdos eran conformes a los artículos 81 y 82 del Tratado CE. Esta investigación se inició después de que la Comisión hubiera recibido una denuncia de Wordsworth Technologies Ltd en enero de 1999.

La Comisión ha investigado a fondo esta denuncia presentada por Wordsworth Technologies Ltd, y ha enviado un número muy significativo de peticiones formales de información a Motorola Computer Group y a sus distribuidores y clientes, así como a Wordsworth Technologies Ltd, con el fin de poder analizar todos los hechos en su contexto económico y jurídico. También ha celebrado diversas reuniones con las partes interesadas en este asunto, con inclusión de la empresa Wordsworth Technologies Ltd.

Su Señoría puede tener interés en saber que Motorola Computer Group ha introducido diversas modificaciones en sus acuerdos de distribución como consecuencia directa de la investigación de la Comisión en este asunto.

Actualmente, la Comisión está elaborando su análisis final sobre todas las cuestiones planteadas por Wordsworth Technologies Ltd. Este análisis no sólo tendrá en cuenta las cuestiones que Wordsworth Technologies Ltd planteó en su denuncia inicial, sino también las suscitadas en correspondencia posterior, incluidas las cuestiones a las que hace referencia Su Señoría, que, en realidad, sólo llegaron al conocimiento de la Comisión a finales de 2002.

La Comisión espera poder informar próximamente a Wordsworth Technologies Ltd acerca de la posición de la Comisión en este asunto, tras lo cual se dará a esta empresa la oportunidad de presentar sus observaciones sobre dicha posición.
4.

La Comisión es muy consciente de que en cada régimen de ayudas que aprueba puede haber beneficiarios que igualmente habrían invertido, creado empleo u ofrecido formación sin el incentivo de la ayuda estatal. No obstante, la ayuda puede haber contribuido a su elección en cuanto a la localización, tamaño del proyecto o calendario. La Comisión no puede evaluar los costes improductivos reales de la exención del impuesto sobre el timbre para los bienes inmuebles no residenciales sitos en regiones desfavorecidas.