PREGUNTA ESCRITA E-2283/01

de Professor Sir Neil MacCormick (Verts/ALE) a la Comisión

(31 de julio de 2001)

Asunto: Scottish Ferries

¿Podría confirmar la Comisión los hechos que se recogen a continuación y pronunciarse sobre sus repercusiones sobre la decisión relativa a la empresa Scottish Ferries?

Suecia aprobará próximamente una ayuda por un importe de 900 millones de libras esterlinas anuales en favor de las empresas navieras, de los que 350 millones se destinarán los ferrys nacionales. Se afirma que esta ayuda es conforme con las directrices de la UE.

Los reglamentos y directrices de la UE se elaboraron sin tener en cuenta y desconociendo las circunstancias únicas que rodean a los servicios que brinda la empresa Scottish Ferries, que revisten una importancia vital.

Después de una investigación que ha durado 3 años realizada a raíz del recurso presentado por la empresa P & O, la Unión Europea ha dado el visto bueno a la ayuda estatal de 30 millones de libras esterlinas concedida por el Gobierno francés a la empresa Brittany Ferries, aduciendo que esta empresa es un motor del desarrollo regional de Bretaña, la Baja Normandía, Plymouth, Poole y Santander.

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(23 de octubre de 2001)

Al elaborar las directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo(1), la Comisión era consciente de que existen multitud de condiciones diversas en las que se proporcionan servicios de transbordadores y de que, lógicamente, las directrices no podían verse condicionadas por una región particular de la Comunidad. El capítulo 9 de las directrices permite, en principio, la subvención de las obligaciones de servicio público. La definición de una obligación de servicio público es cualquier obligación impuesta a una compañía para garantizar la prestación de un servicio que cumpla determinadas normas de continuidad, regularidad, capacidad y tarificación que la compañía no aceptaría si sólo tuviese en cuenta sus intereses comerciales. Las directrices no definen dichas normas, labor que se deja a los poderes públicos competentes, que tienen un conocimiento detallado del nivel y el tipo de servicio necesarios a nivel local y que, al mismo tiempo, son responsables de reembolsar las pérdidas de explotación contraídas. El papel de la Comisión es velar por que se respeten los principios de no discriminación y proporcionalidad. Todo concurso que se convoque debe cumplir el requisito de la no discriminación tal y como se define en el artículo 4 del Reglamento 3577/92 del Consejo de 7 de diciembre de 1992(2), comprobándose la situación del mercado, a fin de garantizar que no se producen excesos de compensación.

En cuanto a la referencia a las subvenciones de Suecia, las autoridades suecas han notificado a la Comisión sus planes para aprobar una ayuda a la industria naval sueca en forma de reducción o exención de impuestos y las cotizaciones sociales de los trabajadores del mar. La notificación está siendo examinada por la Comisión a la luz de lo dispuesto en materia de ayudas estatales, por lo que, como Su Señoría comprenderá, la Comisión no puede en estos momentos prejuzgar el resultado de este examen ni revelar los datos confidenciales adjuntos a la notificación.

Asimismo, conviene observar que la cuantía de la subvención notificada por las autoridades suecas no corresponde a la cifra proporcionada por Su Señoría sino que es considerablemente inferior.

Por último, con respecto a la referencia a la ayuda recientemente aprobada para Brittany Ferries, debe señalarse que, tras recibir una denuncia, la Comisión abrió un procedimiento formal de investigación en abril de 1998, procedimiento que amplió en diciembre de 1998. En mayo de 2001 la Comisión decidió aprobar una ayuda estatal de 48,2 millones de euros para Brittany Ferries y rechazó tanto una ayuda de 12,2 millones de euros como el componente de ayuda estatal de una garantía del Estado, que debe ser reembolsado.

La Comisión adoptó la Decisión basándose esencialmente en las directrices sobre ayudas de Estado para rescatar y reestructurar empresas en crisis y en las normas comunitarias sobre aportaciones estatales de capital. En la Decisión se han tenido en cuenta los aspectos de desarrollo regional dentro de los límites previstos en las normas mencionadas.

(1) DO C 205 de 5.7.1997.

(2) DO L 364 de 12.12.1992.