PREGUNTA ESCRITA E-3354/00

de Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) a la Comisión

(27 de octubre de 2000)

Asunto: Derecho a la movilidad estudiantil

El artículo 149 del Tratado de la Unión Europea define y delimita el papel de la Unión Europea en el campo educativo. La Unión puede y debe completar la acción de los Estados en el desarrollo de sus políticas educativas con el fin de converger en un nivel de educación de calidad para todos los ciudadanos. El éxito en este campo condiciona a medio y largo plazo el bienestar económico y la cohesión social.

Es precisamente en el cuadro de esta convergencia que deben entenderse las propias declaraciones del Consejo Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo en favor de un educación europea como un instrumento importante para alcanzar una economía más competitiva y dinámica, un crecimiento económico durable acompañado de una mejoría cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor

cohesión social. También debe entenderse en ese marco todo el trabajo de cooperación que en el ámbito de evaluación ha supuesto el primer informe europeo sobre la calidad de la educación escolar, presentado en la pasada Conferencia de Ministros de Educación de Bucarest el pasado mes de junio, y que identifica dieciséis indicadores de calidad.

El uso de indicadores comunes para la evaluación de los alumnos en los distintos Estados miembros, el refuerzo de las dotaciones presupuestarias nacionales, la organización de cursos universitarios semestrales o la generalización del estatuto del profesor asociado son algunas de las cuarenta y tres medidas que contempla el plan de acción para la movilidad (PAM) diseñado por los Ministros de Educación de la Unión Europea reunidos en un seminario informal el pasado 30 de septiembre en París.

Pero estamos, a pesar de algunos esfuerzos, ante buenas intenciones y bellos discursos si nos atenemos a la realidad de las cifras que arrojan programas como Erasmus. Necesitamos pasar de las palabras a los hechos, de los discursos a las acciones, de los ideales al ejercicio efectivo de los derechos.

La movilidad es un factor clave en este terreno.

¿Qué medidas efectivas piensa adoptar la Comisión para que un estudiante universitario pueda ejercer el derecho a elegir centro universitario no sólo en su propio país sino en cualquiera de la Unión? ¿No sería conveniente en primer lugar favorecer la movilidad estudiantil en el ámbito del territorio nacional de los propios Estados miembros? ¿Existe alguna iniciativa desde la Comunidad que favorezca este aspecto de la movilidad?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 2000)

Con respecto a la movilidad estudiantil en cada Estado miembro, conviene recordar que el artículo 149 (antiguo artículo 126) del Tratado CE sobre la educación confía a la Comunidad la tarea de fomentar la cooperación entre los Estados miembros. La promoción de la movilidad se sitúa en este contexto. Para cumplir este cometido, la Comunidad se sirve del Programa Sócrates y, en particular, de la iniciativa Erasmus, que ya ha demostrado su capacidad para favorecer la movilidad en Europa.

Partiendo de esta experiencia y la de los Programas Leonardo y Juventud, la Comisión propuso una Recomendación en la que se invita a los Estados miembros a hacer todo lo posible para eliminar los diversos obstáculos que siguen dificultando el desarrollo de la movilidad de los estudiantes, las personas en formación, los profesores y formadores y los voluntarios(1). El Consejo acaba de adoptar una posición común sobre la base de los resultados de la primera lectura en el Parlamento. Este último ha contribuido a mejorar la propuesta inicial de la Comisión en algunos aspectos.

El Consejo adoptó también una Resolución relativa a un plan de acción para la movilidad, que presentó la Presidencia francesa en cooperación con la Comisión.

Con respecto a la movilidad de los estudiantes en su propio Estado miembro, hay que señalar que, según el Tratado CE, la organización de la educación y del sistema de enseñanza es competencia de los Estados miembros. Los requisitos relativos a la elección de centro de enseñanza que las reglamentaciones nacionales imponen a los estudiantes escapan por tanto a la acción comunitaria en el ámbito de la educación.

En cuanto al ejercicio de la movilidad estudiantil fuera del propio Estado miembro, hay que tener en cuenta que para poder elegir un centro de enseñanza en el Estado miembro de acogida el interesado debe cumplir en principio los mismos requisitos que se exigen a los nacionales, siempre que no impliquen una discriminación por razones de nacionalidad. Si el Estado miembro de acogida impone numerus clausus en algunas disciplinas o requisitos relativos al número de plazas disponibles en el centro, el interesado debe aceptarlos. Dichos requisitos pueden influir por tanto en la elección inicial del estudiante.

Con respecto a la movilidad en el marco de los programas, la Comisión desea recordar que los estudiantes de Erasmus pueden realizar su periodo de estudios en una de las instituciones con las que su centro de enseñanza ha celebrado un acuerdo. En cambio la decisión sobre los establecimientos con los que se desea concluir tal acuerdo incumbe a su centro de origen.

(1) COM(1999) 708 final.