PREGUNTA ESCRITA E-3426/01

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(21 de diciembre de 2001)

Asunto: Cantera de yeso en Moralet (Alicante España)

Actualmente se encuentra en funcionamiento una cantera de yeso en el paraje de las Amoladoras (Moralet), cuya explotación se viene realizando de forma ilegal desde el año 1998. Dicha cantera ha sido reiteradamente denunciada por los vecinos ante los diferentes organismos públicos a causa de la insalubridad, problemas respiratorios (por el excesivo polvo) y ruido que presenta para la población colindante. En un primer momento, las protestas vecinales apoyadas por el defensor del pueblo valenciano llevaron al ayuntamiento a promover un informe de impacto ambiental como previo paso a la posible concesión de la licencia. Sin embargo, dicho informe de impacto, aunque valoraba positivamente las instalaciones, no tenía en cuenta la existencia de los núcleos poblacionales cercanos tan sólo a 20, 40 y 80 metros de la cantera ni proponía medidas para reducir el impacto que los trabajos de explotación podían tener sobre el entorno de las instalaciones y la salud de los vecinos.

A pesar de no cumplirse los requisitos medioambientales mínimos y de preservación de la salud de la población, la cantera sigue hoy en día funcionando sin licencia municipal.

Teniendo en cuenta que, por sus características, la cantera de Moralet:

- entra en el ámbito de la Directiva 85/337/CEE(1) y posteriores modificaciones (impacto ambiental) según el Anexo II como industria extractiva;

- entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 90/313/CEE(2) (información medioambiental, a la espera de que entre en vigor su modificación), según el artículo 2b actividades que ocasionan molestias.

¿Cómo piensa la Comisión actuar para que se cumplan en este caso los preceptos de la Directiva 85/337/CEE, de modo que se garantice la realización de una correcta evaluación de impacto ambiental?

¿Cómo piensa la Comisión garantizar los derechos de las poblaciones colindantes a una correcta información sobre los riesgos que podrían entrañar las instalaciones de la cantera, en virtud de lo que dispone la Directiva 90/313/CEE?

¿Puede garantizar la Comisión que la cantera de yeso de Moralet no entra en contradicción con la legislación comunitaria en su categoría global de prevención de las perturbaciones acústicas y, especialmente, por lo que respecta a la maquinaria?

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(2) DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(7 de marzo de 2002)

La Directiva 85/337/CEE(1) de 27 de junio de 1985, modificada por la Directiva 97/11/CE(2) del Consejo de 3 de marzo de 1997 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente podría ser aplicable en el caso en cuestión, ya que las canteras y las explotaciones mineras a cielo abierto están incluidas en el anexo I cuando su superficie sobrepasa las 25 hectáreas y en el anexo II en los otros casos.

Conviene subrayar que el artículo 2 de dicha Directiva establece que antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se sometan a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones.

Los proyectos incluidos en el anexo I deben someterse a una evaluación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 a 10. En cuanto a los proyectos enumerados en el anexo II, los Estados miembros deben determinar caso por caso, en función de un estudio o de límites máximos o criterios fijados por el propio Estado miembro, si el proyecto debe someterse a una evaluación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5 a 10. Para el examen caso por caso o para la fijación de límites máximos o criterios, los Estados miembros deben tener en cuenta los criterios de selección pertinentes fijados en el anexo III. Las autoridades están obligadas a hacer pública la decisión adoptada.

Conviene señalar que la Directiva 85/337/CEE fue modificada por la Directiva 97/11/CE. No obstante, según el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 97/11/CE, si una solicitud de autorización hubiere sido presentada a una autoridad competente antes del 14 de marzo de 1999, seguirán aplicándosele las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE antes de la modificación.

La Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente(3) prevé, en su artículo 3, que las autoridades públicas están obligadas a poner la información relativa al medio ambiente a disposición de cualquier persona física o jurídica que lo solicite y sin que dicha persona esté obligada a probar un interés determinado.

El apartado 4 de dicho artículo precisa que las autoridades públicas deberán responder a los interesados lo antes posible y en el plazo máximo de dos meses. La denegación de la solicitud de información debe ir debidamente justificada y basarse en una de las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 3.

Por otro lado, el artículo 4 de la Directiva 90/313/CEE prevé que la persona que considere que su solicitud de información ha sido denegada o ignorada sin motivo justificado, o que haya recibido una respuesta inadecuada por parte de una autoridad pública, podrá presentar un recurso judicial o administrativo contra la decisión de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional en la materia.

A partir de la información proporcionada por Su Señoría, la Comisión no puede establecer si las poblaciones vecinas a la cantera en cuestión han presentado ante las autoridades españolas una solicitud de acceso a la información referente a los riesgos de ésta, que haya sido tratada de forma no conforme a lo dispuesto en la Directiva.

En el supuesto de que las autoridades hayan rechazado una solicitud de acceso a la información, contraviniendo las disposiciones de la Directiva, correspondería al solicitante interesado interponer el recurso previsto en el artículo 4 de la Directiva y en la legislación española de transposición.

Por último, actualmente no existe legislación comunitaria relativa al establecimiento de límites para el ruido ambiental generado por la utilización de máquinas en un lugar. No obstante, en aplicación de la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre(4), los Estados miembros deben, desde el 3 de enero de 2002, someter la comercialización o puesta en servicio en la Comunidad de una serie de materiales utilizados al aire libre a determinadas obligaciones relativas a la contaminación acústica. Concretamente, el artículo 12 de esta Directiva establece límites de emisiones sonoras para distintas máquinas, entre las que se incluyen algunos tipos de maquinas compactadoras, cargadoras y palas cargadoras.

En cualquier caso, la Comisión se dirigirá a las autoridades españolas para pedirles sus observaciones sobre los hechos denunciados por Su Señoría, con el fin de velar por el cumplimiento del Derecho comunitario aplicable.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.

(2) DO L 73 de 14.3.1997.

(3) DO L 158 de 23.6.1990.

(4) DO L 162 de 3.7.2000.