PREGUNTA ESCRITA E-2733/98

de Christine Oddy (PSE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Deforestación en Venezuela

¿Tiene intención la Comisión de protestar lo más enérgicamente posible ante el Gobierno de Venezuela por atentar gravemente contra su bosque tropical al permitir la práctica de la minería y la tala en casi la mitad de la Reserva forestal de Imataca? Dicha propuesta pone en peligro el modo de vida tradicional de la población indígena del bosque, conllevará la destrucción masiva de la flora y fauna salvaje y podrá servir de peligroso precedente para el futuro de otras zonas forestales similares.

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión

(8 de octubre de 1998)

La conservación y gestión sostenible de los bosques tropicales constituyen problemas importantes para la Comisión, que ha comprometido más de 500 millones de ecus en relación con medidas en este ámbito desde 1992 y está siguiendo de cerca todo lo que sucede en ese sector.

Desde su creación en 1961, la Reserva de Imataca se ha sometido a actividades ilegales de explotación minera, que han aumentado estos últimos años. El Decreto no 1850 aspira a regular estas actividades introduciendo unas prácticas más respetuosas para el medio ambiente, ya que probablemente es imposible acabar con ellas debido a las consecuencias sociales que tendría esta medida. Efectivamente, la economía de Venezuela ha sufrido serios reveses debido al descenso de los precios del petróleo durante el año pasado, cercano al 50 %. Esto ha sumido a casi la mitad de la población en unas condiciones de subsistencia dificilísimas y provocado un aumento considerable de los esfuerzos para pagar la ingente deuda exterior. Dadas las circunstancias, el Gobierno de Venezuela ha buscado nuevas vías para aprovechar los recursos naturales a fin de aumentar sus ingresos y reducir la dependencia con respecto al petróleo, que amenaza claramente a la economía en conjunto. Esto explica por qué se aprobó finalmente el Decreto no 1850, después de haber sido suspendido y suscitar un encendido debate público.

La Comisión ha respaldado varias medidas en relación con el medio ambiente en Venezuela, incluida la protección de la biodiversidad en la Reserva del Alto Orinoco-Casiquiare (11 millones de ecus), la "Protección del Indígena Amazónico" (915.000 ecus), la conservación de la biodiversidad en el Delta del Orinoco (750.000 ecus), la designación de una autoridad para la Cuenca de captación del Lago de Valencia (870.000 ecus) y un estudio de viabilidad para la gestión ambiental de la Cuenca del Caroni (80.000 ecus).

Venezuela tiene un impresionante acervo en materia de legislación ambiental, con más de 80 leyes y unos 400 decretos y normativas. La Comisión recomendará vivamente a Venezuela, a través de sus contactos bilaterales, que cumpla estas normativas, sobre todo las referentes al Decreto no 1850, incluidas sus obligaciones internacionales en relación con el desarrollo viable (Convenio sobre la Biodiversidad).

La Comisión está elaborando actualmente una comunicación sobre la cooperación al desarrollo forestal, a fin de continuar y mejorar sus actividades en este sector después de 1999. Durante la preparación de este texto básico, la Comisión tendrá en cuenta la interdependencia entre el sector forestal y otras actividades económicas.