PREGUNTA ESCRITA E-2557/02

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(13 de septiembre de 2002)

Asunto: Control financiero 1: atracción y mantenimiento de funcionarios críticos como respuesta indispensable a la opinión pública negativa

1. ¿Sabe la Comisión que amplias partes de la opinión pública de los ciudadanos de los Estados miembros tienen poca confianza en la utilidad, la eficacia, el dinamismo y la transparencia de la Unión Europea, porque se sospecha que la UE es una organización a gran escala con una burocracia centralista innecesaria, despilfarro de fondos, amiguismo, gorronería y fraude, lo que contribuyó a la dimisión de la Comisión en su composición anterior en la primavera de 1999 y a un descenso de la participación en las elecciones periódicas siguientes para elegir a los diputados al Parlamento Europeo?

2. ¿Desea la Comisión poner fin a la sospecha que existe entre la opinión pública demostrando lo contrario de manera convincente y en público, o se resigna a la persistencia de la situación descrita en la pregunta no 1?

3. ¿Considera la Comisión la infeliz tradición a que se refiere la pregunta no 1 como un motivo para abordar la gestión de las finanzas y la aclaración de los errores cometidos y de lo que hay que mejorar con una atención aun mayor que la que prestan a ello las instituciones no comerciales sin fines de lucro, las autoridades nacionales de los Estados miembros, las autoridades de nivel inferior y las empresas?

4. ¿Comparte la Comisión el punto de vista de que, ante este telón de fondo, es sumamente desaconsejable suspender a funcionarios que critican la gestión financiera o limitar sus posibilidades de formular tales críticas, incluso en el caso de que considere que tiene muy buenos argumentos para poder rebatir la crítica expresada, porque tal modo de proceder despierta la sospecha de que se han de mantener ocultas unas prácticas indebidas, no se han de castigar y se deben continuar?

5. ¿Opina la Comisión que la atracción y el mantenimiento de funcionarios críticos puede facilitar una compensación imprescindible e inevitable ante la sospecha permanente a que se hace referencia en la pregunta no 1 y que ello constituye un instrumento indispensable para poder refutar dicha sospecha?

6. ¿En opinión de la Comisión, sería conveniente, desde su función de gestora de asuntos públicos a nivel de la UE y desde el punto de vista de la protección de su propia posición, perfilar como característica positiva de la UE la presencia de funcionarios críticos y el examen continuo de la organización de la Comisión por expertos independientes?

Respuesta de la Comisaria Schreyer en nombre de la Comisión

(7 de enero de 2003)

1. La Comisión no comparte la opinión expresada en el primer párrafo de la cuestión.

La Comisión sigue una política estricta de tolerancia cero con respecto al fraude y la corrupción.

Se han establecido importantes mecanismos para hacer frente correctamente a este tipo de casos:

- la Oficina Antifraude Europea (OLAF) abre y lleva a cabo sus investigaciones de forma totalmente independiente;

- se han adoptado normas sobre denuncias;

- se ha creado un mecanismo a prueba de fraudes para las nuevas propuestas;

- la nueva legislación ofrece nuevos medios para prevenir y combatir el fraude, por ejemplo el nuevo Reglamento financiero;

- se ha creado una oficina de investigación y disciplinaria.

Sin embargo, estos instrumentos no pueden interferir con los principios fundamentales del Derecho de trato justo, protección de los derechos de la defensa y presunción de inocencia.

La Comisión puso en marcha 36 medidas específicas de gestión financiera conforme a su Libro Blanco de reforma presentadas en marzo del 2000(1). Estas acciones están en curso y tras la decisión del Consejo de 25 de junio del 2002, el nuevo Reglamento financiero entrará en vigor el 1 de enero de 2003.

La Comisión rechaza la acusación de una burocracia centralizada. Alrededor del 80 % del presupuesto comunitario se desembolsa a través de gestión compartida con los Estados miembros.

Por lo que se refiere a la escasa participación en las elecciones europeas, deben plantearse preguntas más amplias con respecto al menor interés público por las elecciones, puesto que el fenómeno no se limita a las elecciones al Parlamento Europeo. La Comisión comparte la preocupación de Su Señoría por esta escasa participación y contribuye, junto con las otras instituciones, a mejorar y consolidar la comunicación con el público.

2. La Comisión persigue diligentemente todo delito que afecte a los intereses financieros de la Comunidad o a la integridad de sus funcionarios y está abierta a cualquier indagación por parte del Parlamento y el Tribunal de Cuentas. La Comisión contesta a preguntas de particulares, organizaciones sociales y la prensa. Pero Su Señoría también comprenderá que los principios legales imponen restricciones en la información relativa a las investigaciones abiertas, en interés de la protección tanto de las propias investigaciones como del principio de presunción de inocencia (véase la respuesta al punto 1).

3. La Comisión comparte la opinión de Su Señoría sobre la importancia de una gestión financiera rigurosa y meticulosa, que debe ser por lo menos tan efectiva como la de organizaciones de tamaño y responsabilidad equivalentes y ciertamente tan rigurosa como la de organizaciones no gubernamentales, autoridades nacionales o regionales y grandes empresas.

4. La Comisión reconoce el derecho fundamental de expresión de que los funcionarios y otros agentes de las Comunidades disfrutan. Ese derecho incluye la expresión de opiniones que difieren de la posición de la Comisión. Obviamente, sin embargo, y según lo confirmado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la libertad de expresión, como cualquier derecho fundamental, no constituye una prerrogativa ilimitada y puede estar sujeta a límites razonables en su ejercicio en el interés del servicio.

Las críticas justas y fundamentadas de los sistemas, procedimientos y actividades de la Comisión son por lo tanto aceptables. En los casos de irregularidades graves los funcionarios están obligados a comunicar sus sospechas. Esta obligación se establece en la Decisión de la Comisión de 4 de abril del 2002 sobre actos delictivos graves(2), que también ofrece la protección a los miembros del personal que cumplen con este deber(3). Basándose en las mejores prácticas en los Estados miembros, la Decisión establece la posibilidad última de revelar información sobre posibles irregularidades fuera de la Comisión en el caso poco probable de que ni la Comisión ni la OLAF hubieran tomado medidas apropiadas en un plazo razonable desde el momento en que el funcionario planteara de buena fe sus inquietudes al respecto de irregularidades graves.

Mediante la reforma actual la Comisión quiere insertar disposiciones similares en los nuevos Estatutos. En junio del 2002 el Parlamento fue consultado sobre estas propuestas por el Consejo.

Sin embargo cuando los funcionarios utilizan ese derecho para dirimir desacuerdos sobre políticas legales de manera que se denigre a dichas políticas o a la institución que emplea al funcionario concernido, ello puede causar un daño irremediable a la relación de confianza que debe existir entre el funcionario y la Comisión. Esta relación de confianza es necesaria no sólo en el interés del servicio sino también en el interés público. Las críticas por escrito no absuelven a los funcionarios del cumplimiento de su deber. Cuando los altos funcionarios tienen la tarea de dirigir la reforma y la modernización se espera que tomen medidas, junto con otros miembros de la administración, para ejecutar las reformas acordadas. Su Señoría es sin duda consciente de que los Estatutos contienen disposiciones específicas sobre el requisito de que el personal se comporta con integridad y discreción, incluso después haber dejado el servicio.

5. La Comisión coincide en que, con independencia de las consideraciones de opinión pública, los empleados con puntos de vista críticos son esenciales para que cualquier organización responsable pueda detectar y corregir los puntos débiles que inevitablemente ocurren en sistemas y estructuras de cualquier grado de complejidad. En la Comisión se utilizan para ello, regularmente, diversos medios de informar sobre tales lagunas.

6. La Comisión se remite a la respuesta 5. Su organización, sistemas, procedimientos y actividades están estrechamente controladas por el Tribunal de Cuentas, el Consejo, el Parlamento y el Defensor del Pueblo, en virtud del Tratado de la Unión Europea y los acuerdos institucionales.

(1) COM(2000) 200 final.

(2) Adoptado con no C (2002) 845.

(3) El nuevo régimen refuerza y amplía el acuerdo de 1999 (Decisión 396/1999 de 2 de junio de 1999, DO L 149 de 16.6.1999).