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PREGUNTA ESCRITA E-1156/00

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(11 de abril de 2000)

Asunto: Libro Blanco sobre seguridad alimentaria y Organismo alimentario europeo

En enero de 2000 se publicó el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria (COM(1999) 719 final). El capítulo 4 del mismo trata de la creación de un Organismo alimentario europeo (OAE), y el capítulo 5, de la legislación relativa a la seguridad alimentaria.

La legislación vigente permite que los Estados miembros perciban tasas por los controles de los productos de origen animal (apartados 86-87). No existe uniformidad en la fijación y percepción de un importe. La revisión legislativa preverá que la aplicación de este principio se extienda a otros sectores.

El tema de si los productores deben participar en los costes de los controles oficiales de sus productos ya es antiguo. Al aplicarse de manera desigual este principio, se produce una distorsión de la competencia. Hay quienes estiman que el control de los alimentos es una misión esencial del Estado y, por lo tanto, debe costearse en su totalidad con fondos públicos, con objeto de evitar cualquier fenómeno de interferencia de intereses.

¿Es partidaria la Comisión de una financiación pública de la totalidad de los costes de los controles oficiales? De no ser así, ¿cuál es el mecanismo financiero que prefiere la Comisión? ¿Cómo evitará entonces la Comisión que la financiación de controles oficiales desemboque en una distorsión de la competencia, habida cuenta de que los diversos Estados miembros aplican distintos mecanismos financieros?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1122/00, E-1127/00, E-1128/00, E-1140/00, E-1141/00, E-1142/00, E-1143/00, E-1144/00, E-1145/00, E-1146/00, E-1147/00, E-1148/00, E-1150/00, E-1151/00, E-1152/00, E-1153/00, E-1155/00, E-1156/00, E-1157/00, E-1158/00, E-1160/00, E-1161/00 y E-1162/00 dada por el Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(9 de junio de 2000)

Se están examinando los diferentes asuntos planteados por Su Señoría con vistas a presentar propuestas de legislación de conformidad con los períodos de tiempo previstos en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria.

No sería pertinente en este momento dar a conocer información detallada sobre cada propuesta.
PREGUNTA ESCRITA E-1075/00

de Hubert Pirker (PPE-DE) a la Comisión

(7 de abril de 2000)

Asunto: Negociaciones de adhesión de la Unión Europea con la República de Eslovenia

En la Comunicación sobre la solicitud de adhesión de Polonia, la Comisión declaró que este país debía completar el proceso de indemnización de los perjudicados por expropiaciones.

¿Puede la Comisión informarme de si ha formulado requisitos similares con respecto a la República de Eslovenia? En dicho país aún no se han compensado los daños similares producidos por expropiaciones.

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(2 de mayo de 2000)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a su pregunta escrita P-1048/00(1).

(1) Ver página 63.
PREGUNTA ESCRITA E-1186/00

de Cristiana Muscardini (UEN) a la Comisión

(12 de abril de 2000)

Asunto: Escasez de melatonina en el mercado

Están llegando indicaciones desde diversas fuentes, por medio de artículos y cartas al director, sobre la dificultad de encontrar melatonina pura en los países de la Unión, y se habla incluso de un posible boicoteo de las ventas.

- ¿Ha prohibido la Comisión la venta de dicha sustancia o ha difundido noticias sobre su peligrosidad para la salud humana?

- ¿Cuál es su parecer al respecto?

- ¿Podría imputarse esta situación a intereses económicos que hacen aumentar los precios?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(16 de mayo de 2000)

La Comisión no se ha pronunciado en relación con la melatonina de manera general. Sin embargo, coincide con los Estados miembros en considerar que, por su función y su presentación, dicha sustancia responde a la definición de medicamento y que, por ello, no puede venderse sin haber sido objeto de una autorización de comercialización.

En la medida en que la sustancia en cuestión se estaba comercializando sin autorización alguna, la mayoría de los Estados miembros decidieron llamar la atención de los consumidores sobre el riesgo que entraña la utilización de un producto que no se ha sometido a evaluación. En este contexto, los Estados miembros adoptaron medidas para proceder a la retirada de la sustancia del mercado nacional en algunos casos y, en otros, para difundir una información adecuada al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-1403/00

de Jeffrey Titford (EDD) a la Comisión

(5 de mayo de 2000)

Asunto: Creación de puestos duplicados para Directores Generales y sus equipos

En su libro recientemente publicado Blowing the whistle, Paul Van Buitenen cita una serie de casos en que la pugna de dos países comunitarios para que sus respectivos candidatos obtuvieran un puesto de Director General sólo pudo dirimirse mediante un acuerdo para dividir el puesto en dos.

¿En cuántas ocasiones se ha producido esta circunstancia?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(10 de julio de 2000)

Las normas y procedimientos de la Comisión relativos a los nombramientos de altos cargos, basados en los artículos del Estatuto de los funcionarios que regulan la contratación y el ascenso, se recogen en las Decisiones SEC(1999) 1485 y SEC(1999) 1876 de la Comisión.

De acuerdo con dichas normas, los nombramientos para el cargo de Director General se basan en los méritos y, por otro lado, el procedimiento incluye una referencia obligatoria a las cualificaciones y a la experiencia profesional y de gestión. De acuerdo con el Estatuto de los funcionarios y las Decisiones de la Comisión, ésta tiene en cuenta, por un lado, la necesidad de lograr en el personal un equilibrio geográfico amplio a todos los niveles con el fin de que la institución refleje el carácter multinacional de la Unión, y, por otro, el compromiso en favor de la promoción de la igualdad de oportunidades.

La Comisión tiene conocimiento de un solo caso en el que se ha dividido en dos una Dirección General, y, por consiguiente, el puesto de Director General: en 1995, se adoptó la decisión de asignar las responsabilidades de las relaciones exteriores a dos Direcciones Generales distintas. Esta decisión se adoptó por motivos objetivos, ya que era evidente que, teniendo en cuenta la diversidad y complejidad de las tareas desarrolladas en años anteriores y la necesidad de proceder a una división de las responsabilidades sobre la base de criterios geográficos, resultaba inadecuado que una Dirección General única siguiese asumiendo todas las responsabilidades en la materia.
PREGUNTA ESCRITA E-1481/00

de Paul Rübig (PPE-DE) a la Comisión

(11 de mayo de 2000)

Asunto: Controles en el paso fronterizo de la autopista de Suben

Últimamente se forman atascos de camiones en la entrada a Alemania, sobre todo cuando la gendarmería austríaca y la policía bávara efectúan controles conjuntos. Dichos controles suelen tener lugar a la entrada del aparcamiento situado junto a la aduana.

La gendarmería austríaca realiza oficialmente los controles, si bien tiene en cuenta las anomalías que le indica la policía bávara. Debido a que los controles se efectúan en el lugar citado, en la autopista se forma automáticamente un atasco de camiones en cuanto la policía indica a varios camiones seguidos que se detengan para controlarlos.

¿Es consciente la Comisión de que estos atascos provocados sólo se forman en el citado paso fronterizo?

Visto que las retenciones fronterizas provocan una considerable pérdida de tiempo y gastos para los transportistas, ¿qué ha previsto la Comisión al respecto para aplicar en toda su extensión el concepto de mercado interior?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(13 de julio de 2000)

La Comisión tiene conocimiento de que controles tales como los citados por Su Señoría se están llevando a cabo en cooperación entre las policías alemana y austríaca. Según la información suministrada por ambas Administraciones, tales controles tienen lugar para asegurar el cumplimiento de los

reglamentos de tráfico y de otras disposiciones y se llevan a cabo espontáneamente y en distintos lugares (en las fronteras así como en otros lugares del territorio nacional) y cumplen así el Reglamento (CEE) no 4060/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre la eliminación de controles practicados en las fronteras de los Estados miembros en el transporte por carretera y por vía navegable(1).

Los controles efectuados en la propia frontera tienen como fin causar las menores molestias posibles al tráfico comercial y de otro tipo por el amplio estacionamiento y otras instalaciones disponibles en los antiguos puestos fronterizos. A pesar de estas precauciones los controles pueden, en casos excepcionales, originar colas. Estos problemas deben considerarse pensando que tales controles al borde de la carretera aseguran un respeto mucho mayor de las normas técnicas de los camiones y de la legislación social aplicable a los conductores. Esto tiene efectos positivos tanto en la seguridad vial como en la eliminación de transportistas que incumplen las normas.

(1) DO L 390 de 30.12.1989.
PREGUNTA ESCRITA E-2120/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Unidad de mercado y autogobierno de las Comunidades Autónomas en el Gobierno español

En un discurso repleto de increíbles referencias a la excentricidad francesa por establecer mecanismos jurídicos que favorecen la semana laboral de 35 horas, a los excesos salariales alemanes y a la extraordinaria bondad del sistema económico de los Estados Unidos, el Presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José María Cuevas, pidió al Gobierno central del Estado Español que, en nombre de la unidad de mercado, impidiera a las Comunidades Autónomas españolas aplicar políticas socioeconómicas que éstas ejercen de acuerdo con la Constitución y con los respectivos Estatutos de Autonomía.

¿Considera la Comisión que estas posiciones, que llegan a negar toda autonomía política y económica en nombre de una interpretación interesada de la unidad de mercado, identificada con un centralismo superado, son compatibles con el Derecho y la realidad institucional de la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(18 de julio de 2000)

El reparto de competencias entre el Estado central y las regiones no entra dentro del ámbito del Derecho comunitario.
PREGUNTA ESCRITA P-1762/00

de Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Reorganización de la DG de Energía y Transporte

A la vista de los datos aportados por la Comisión a la pregunta E-0344/00(1), y en contra de la afirmación incluida en su respuesta de que, en conjunto, el fomento de la energía renovable ha salido reforzado en la nueva organización, es de destacar que:

1. la nueva proporción de funcionarios dedicados exclusivamente a energía (142) y transportes (189) es mucho más desfavorable para la energía que la situación que se daba antes de la reorganización, donde se daba una proporción mucho más igualada,

2. el personal dedicado específicamente a renovables y eficiencia energética ha disminuido cerca del 20 %.

Ante las reiteradas protestas recibidas sobre retrasos cada vez mayores en la tramitación de expedientes correspondientes a contratos en ejecución relativos a distintos programas energéticos, especialmente en lo que concierne a los pagos, que están tardando más de seis meses en múltiples casos, ¿va a tomar la Comisión alguna medida urgente para solucionar por fin esta cuestión y, en ese caso, cuáles van a ser estas medidas?

(1) DO C 330 E de 21.11.2000, p. 134.

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(17 de julio de 2000)

La comparación de cifras que hace su Señoría no es completa; ignora el número de funcionarios que trabajan en los servicios horizontales relacionados con el desarrollo de nuevas energías y el control energético. Se trata, en parte, de las actividades siguientes: gestión y control financiero, medio ambiente, desarrollo tecnológico y difusión y aprovechamiento de resultados de los programas y las tecnologías.

Los retrasos en los pagos no se deben a la fusión. Como ejemplo, el backlog de los contratos y pagos Altener se remonta a julio de 1999. Por tanto, esta situación es anterior a la nueva organización.

Por el contrario, la fusión de las Direcciones Generales de Energía y Transportes ha permitido corregir esta situación. Se ha podido elaborar un inventario preciso de los pagos. Este inventario pone de manifiesto, a finales de febrero de 2000, cerca de 1200 transaciones financieras pendientes de ejecución que afectan efectivamente a varios programas de energía, incluidos los de energías renovables. Para remediar estos retrasos se creó una task-force a principios de marzo. Hasta ahora, se han liquidado más de 750 transacciones y 200 transacciones están pendientes de información complementaria por parte del contratante. La evaluación del saldo se completará en breve. El esfuerzo de regularización proseguirá en las próximas semanas para reabsorver cuanto antes los retrasos aún existentes.

Par evitar este tipo de situaciones en el futuro se han creado nuevos procedimientos financieros en la Dirección General. Estos procedimientos se basan principalmente en la descentralización de las funciones de ordenación a nivel de las direcciones, lo cual permitirá reducir el circuito administrativo y reforzar la función central de control financiero.
PREGUNTA ESCRITA E-1975/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(21 de junio de 2000)

Asunto: El sector industrial de la leche en Galicia

¿Ha establecido la Comisión algún tipo de acuerdo con el Gobierno de Galicia destinado a desarrollar el sector industrial de la leche en Galicia, considerando que, en la actualidad, sólo se transforma el 14 % de la producción de Galicia, a pesar de que produce el 35 % del total del Estado español y teniendo en cuenta que las empresas gallegas existentes, como sucedió recientemente con la compra de Leite Celta por parte de la empresa estadounidense Suiza Foods, están siendo dominadas cada vez más por empresas extranjeras?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1975/00 y E-1977/00 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(27 de julio de 2000)

La organización común de mercado de la leche y de los productos lácteos no prevé que se suscriban acuerdos de ningún tipo con las autoridades regionales de los Estados miembros para desarrollar el sector industrial de la leche local.

No obstante, en el capítulo de agricultura y desarrollo rural del futuro programa operativo de desarrollo regional de Galicia habrá medidas de ayuda y potenciación de la estructura del sector lácteo y del ganado vacuno y de su cadena de valor añadido (industrias láctea y cárnica).
PREGUNTA ESCRITA E-1695/00

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Asistencia jurídica para un recurso contra van Buitenen

¿Es verdad que la Comisión ha ofrecido asistencia jurídica gratuita (con vistas a un eventual recurso) a los funcionarios europeos que se sienten calumniados o desacreditados por el libro de Paul van Buitenen?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(20 de julio de 2000)

Según el artículo 24 del Estatuto, las Comunidades asistirán a los funcionarios en especial mediante la persecución contra los autores de amenazas, ultrajes, injurias, difamaciones o atentados contra la persona y los bienes de que el funcionario, o los miembros de su familia, sean objeto por su condición de tales o como consecuencia del ejercicio de sus funciones.

Basándose en esta disposición, la Comisión, tras la debida reflexión, puede verse obligada a ofrecer ayuda a los funcionarios comunitarios que hayan sido calumniados o desacreditados. Dicha ayuda puede consistir en el reembolso de los honorarios del letrado que presenta la demanda contra el autor de la difamación.

En relación con el libro del señor van Buitenen, hasta el momento, sólo se ha solicitado la ayuda con arreglo al artículo 24 en un caso. Dicha ayuda se concedió tras examinarse el hecho de que un pseudónimo utilizado en el libro era idéntico al nombre de un funcionario. En este caso, el señor van Buitenen ofreció oficialmente sus excusas al funcionario en cuestión.
PREGUNTA ESCRITA E-2225/00

de Sebastiano Musumeci (UEN) a la Comisión

(3 de julio de 2000)

Asunto: Aplicación del artículo 299 (antiguo artículo 227) del Tratado CE

En la respuesta a la pregunta oral H-0413/00(1) de Carlos Costa Neves, la Comisión declara que ha aprobado el informe en el que se incluyen las medidas de aplicación del nuevo apartado 2 del artículo 299 del Tratado y que las primeras propuestas se presentarán antes o inmediatamente después del verano.

¿Puede hacer saber la Comisión si en dichas propuestas se incluirá a las Regiones Sicilia y Cerdeña?

(1) Respuesta escrita del 16 de mayo de 2000.

Respuesta del Presidente Prodi en nombre de la Comisión

(20 de septiembre de 2000)

Las regiones de Sicilia y Cerdeña no están afectadas por las propuestas a las que se refiere Su Señoría. Estas propuestas conciernen exclusivamente a las regiones ultraperiféricas de la Comunidad tal como se definen en el apartado 2 del artículo 299 (antiguo artículo 227) del Tratado CE: departamentos de ultramar franceses, Islas Canarias, Azores y Madeira.
PREGUNTA ESCRITA E-1853/00

de Baroness Sarah Ludford (ELDR) a la Comisión

(9 de junio de 2000)

Asunto: Fondos para Turquía

¿Qué proporción del total de los fondos destinados a Turquía en virtud del programa MEDA y de la estrategia europea para Turquía se ha gastado en ámbitos como la educación, la salud pública, el medio ambiente, la promoción de la sociedad civil, los derechos humanos y la protección de las minorías en la región sudeste (kurda) de Turquía?

¿Qué controles se llevan a cabo a fin de garantizar que el dinero se gaste de verdad en los proyectos identificados? ¿Está la Comisión satisfecha con el grado de consulta local con el pueblo kurdo en relación con el diseño y la aplicación de los proyectos?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(7 de julio de 2000)

La Comisión ha destinado un importe de 376 M a favor de Turquía dentro del ámbito del programa MEDA I (1996-1999). En concreto, la política de la Comisión consiste en favorecer principalmente a los sectores de la población más desfavorecidos, como las mujeres, los niños o las minorías. De esta forma, una significativa parte de los fondos destinados a Turquía se asigna sobre todo a proyectos que tienen como ámbito (por ejemplo, la financiación de centros de planificación familiar) y ejecutados en regiones con mayor retraso como el sureste de Turquía, en cuyas provincias se está realizando, por ejemplo, un proyecto de educación básica.

La elaboración de los proyectos se hace con miras al conjunto de la población turca. Evidentemente, los proyectos destinados a las regiones del sureste del país y a los ciudadanos turcos más desfavorecidos beneficiarán principalmente a las poblaciones kurdas, las cuales constituyen el grupo de población más pobre por término medio y mayoritariamente establecido en estas regiones. Gran parte de los créditos comprometidos hasta el momento están destinados a proyectos de este tipo.

La Comisión recuerda que en 1997 quiso financiar un proyecto de desarrollo rural en el sureste de Turquía, propuesta que fue objeto de un dictamen negativo por parte del Parlamento en su día.

Las prioridades relacionadas con los sectores más desfavorecidos de la población (mujeres, niños, minorías) se mantienen en la programación de la asistencia financiera para 2000-2002, tanto en el ámbito del programa MEDA II como en los reglamentos relativos a estrategia europea.

La identificación de las propuestas de los proyectos se realiza in situ procurando de consultar al conjunto de personas y organizaciones interesadas, así como a la sociedad civil. La Comisión, junto con su representación en Ankara, sigue día a día la preparación y la aplicación de los proyectos con objeto de garantizar que las condiciones de los mismos sean respetadas en cuanto concierne a los objetivos de los programas y a los sectores de la población que se beneficiarán de ellos. Está previsto realizar auditorías independientes una vez finalizados los proyectos.
PREGUNTA ESCRITA E-2150/00

de María Sornosa Martínez (PSE) y Luis Berenguer Fuster (PSE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Posible cierre de la escuela del British Council en Alicante (España)

El British Council School of Alicante, en el cual están matriculados 170 alumnos, imparte enseñanza ajustada tanto a la legislación española (LOGSE) como a la británica (National Curriculum). Recientemente, el mismo British Council ha manifestado su intención de cerrar dicho colegio alegando diferentes problemas urbanísticos en la construcción de las nuevas instalaciones que deberían albergar la escuela (imperfecciones en la ejecución de la obra) y que los plazos de entrega previstos para el nuevo edificio no se cumplieron. Anteriormente, el British Council ya había puesto otros reparos a la construcción de las nuevas instalaciones. Sin embargo, los impedimentos habían ido siendo superados hasta esta última manifestación del organismo británico por la cual, y mediante carta enviada a los padres de los alumnos, anuncia que procederá finalmente al cierre de la escuela y, por tanto, al reembolso de los importes de prematrícula.

La Asociación de Padres del British Council School de Alicante, dudando de los argumentos esgrimidos y ante la falta de voluntad en la búsqueda de alternativas o soluciones por parte del organismo británico, ha decidido ejercer su derecho de petición ante las instituciones europeas.

Considerando que el actual Tratado CE:

- en su artículo 3, punto 1, prevé una serie de acciones o políticas comunitarias tendentes a lograr los objetivos de la Comunidad;

- en el apartado q) del mismo artículo se recoge expresamente que dicha acción implicará una contribución a una enseñanza y a una formación de calidad, así como al desarrollo de las culturas de los Estados miembros;

- en el artículo 149 se dispone el fomento de la cooperación entre los Estados miembros en aras de una educación de calidad [mldr] y teniendo en cuenta el papel de la Comisión Europea como garante de los Tratados;

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para garantizar el derecho a la elección de la educación en el caso concreto del British Council School de Alicante?

¿No considera la Comisión que sería necesario establecer una serie de criterios, a través de la elaboración de una futura directiva, para regular la implantación de escuelas delegadas de centro docentes en diferentes países comunitarios?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(19 de septiembre de 2000)

La Comisión recuerda a sus Señorías que la organización de los sistemas educativos, incluidos los tipos de centros y los contenidos de la enseñanza impartida, es competencia de los Estados miembros. En efecto, tal y como se establece en el artículo 149 (antiguo artículo 126) del Tratado CE, la Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros [mldr] en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo [mldr].

La Comisión, por tanto, carece de competencias para intervenir en el caso al que hacen referencia sus Señorías.