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PREGUNTA ESCRITA E-0758/03

de Nelly Maes (Verts/ALE) al Consejo

(12 de marzo de 2003)

Asunto: Observación electoral

La última observación electoral en la que participé Kenia, finales de 2002, dejó patente las ventajas de contar con una delegación mixta compuesta por miembros de los países ACP y de la UE.

¿Tiene intención el Consejo de enviar sistemáticamente delegaciones mixtas a las misiones de observación electoral?

El hecho de que, en estas delegaciones mixtas, los representantes de la UE dispongan de muchos más medios que sus colegas de los países ACP plantea ciertos problemas.

¿De qué manera piensa el Consejo poner remedio a este cuestión?

Una pregunta que se plantea a menudo en misiones de observación electoral es la posibilidad de que los países ACP puedan venir igualmente a observar elecciones celebradas en países de la UE. Las misiones de observación de este tipo realizadas en los Países Bajos han resultado ser de gran utilidad.

¿Qué otros Estados miembros, a parte de los Países Bajos, han recibido ya a este tipo de delegaciones, y qué Estados miembros estarían dispuestos a hacerlo?

¿Está dispuesto el Consejo a recomendar este tipo de práctica a los diferentes Estados miembros?

Respuesta

(29 de septiembre de 2003)

En sus Conclusiones del 26 de junio de 2001 sobre la asistencia y la observación electorales (doc. 9990/01), el Consejo subrayaba su compromiso con la paz y la seguridad y con el fomento de un entorno político estable y democrático, tal como prevé el artículo 1 del Acuerdo de Asociación ACP-CE. Dichas conclusiones se inscriben en la dinámica del diálogo político previsto por el Acuerdo de Cotonú, principalmente en el apartado 3 de su artículo 8.

Las decisiones sobre el envío a determinados países de misiones de observación electoral de la UE se basan en evaluaciones que atienden a la situación política del país, al posible efecto de la misión, a la disponibilidad de recursos y al grado de prioridad de cada una de estas misiones. Actualmente, los órganos del Consejo están estudiando las prioridades de las misiones de observación electoral para el segundo semestre de 2003 y para 2004.

La Comisión se encarga de la organización y realización de las misiones de observación electoral, incluyendo sus recursos financieros. Asimismo, la Comisión presenta sus prioridades al Consejo y al Parlamento para la aprobación política de las mismas.

A efectos de nombrar delegaciones mixtas para las misiones de observación electoral, la Asamblea parlamentaria paritaria ACP-CE puede consultar a instancias pertinentes, si bien manteniéndose como órgano competente de decisión sobre el envío de tales delegaciones.

El Consejo no sabía de ningún Estado miembro que invitase a delegaciones ACP a observar elecciones celebradas en países de la UE.
PREGUNTA ESCRITA E-2099/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) al Consejo

(25 de junio de 2003)

Asunto: Pesca Aguas occidentales

Recientemente, el pasado 4 de junio, el Parlamento Europeo decidió lo siguiente: los Reglamentos (CEE) no 2847/1993(1) y (CE) no 685/1995(2) se mantienen por un período de diez años. Esta orientación del Parlamento se aprobó en el marco de la votación de la Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la gestión del esfuerzo pesquero en lo que respecta a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios y por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2847/93.

La posición del Parlamento se aprobó por aplastante mayoría: 334 votos a favor, 108 en contra y 48 abstenciones.

Independientemente del reparto de competencias entre las diferentes instituciones comunitarias, ni la Comisión ni el Consejo pueden ignorar una toma de posición política tan clara y expresiva de los representantes electos de los ciudadanos europeos de los diferentes Estados miembros (amplia mayoría absoluta de los diputados en ejercicio y más de los dos tercios de votos expresados).

Sin embargo, siguen circulando noticias de que se está preparando un nuevo régimen de acceso a las aguas occidentales, especialmente en aguas cercanas a las costas portuguesas, lo cual supone una flagrante contradicción con lo votado por el Parlamento en dicha fecha. Dicho régimen, que permitiría el acceso más allá de las 12 millas en unos casos y de las 50 millas en otros, no sólo pondría en peligro la conservación de recursos valiosos en dichas aguas, sino también el mantenimiento de equilibrios socioeconómicos que se había mantenido hasta ahora en el marco de la PPC y de sus objetivos.

¿No piensa el Consejo que debe respetar escrupulosamente la voluntad manifestada por el Parlamento en el sentido de mantener inalterado durante los próximos 10 años el contenido de los dos Reglamentos mencionados, el statu quo respectivo y todos sus efectos, especialmente por lo que se refiere a las aguas occidentales? Si, en caso contrario, el Consejo piensa no respetarla, ¿en qué términos y sobre qué bases piensa hacerlo?

(1) DO L 261 de 20.10.1993, p. 1.

(2) DO L 71 de 31.3.1995, p. 5.

Respuesta

(13 de octubre de 2003)

El Consejo desea recordar a Su Señoría que esta institución siempre ha respetado escrupulosamente las normas de decisión del Tratado, teniendo debidamente en cuenta los dictámenes del Parlamento Europeo.

En relación con la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la gestión del esfuerzo pesquero en lo que respecta a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 2847/03, todavía se están manteniendo debates en el Consejo. En su última sesión de junio de 2003, el Consejo encargó al COREPER que prosiguiera los trabajos sobre este expediente para proceder a su adopción lo antes posible. Por tanto, el Consejo no puede en este momento prejuzgar su decisión definitiva.
PREGUNTA ESCRITA E-1756/03

de Juan Ojeda Sanz (PPE-DE) al Consejo

(27 de mayo de 2003)

Asunto: Posible abuso de autoridad

En los últimos días han ocurrido de nuevo incidentes en el límite de las aguas jurisdiccionales portuguesas, por la incursión en éstas de barcos de pesca españoles. Estas faltas, que desgraciadamente se cometen periódicamente, son contestadas por las autoridades portuguesas con el uso de armas de fuego y otros medios violentos totalmente desproporcionados, más aún entre dos países vecinos miembros ambos de la UE.

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, además del artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que hace alusión a los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, ¿considera el Consejo que la intensidad de la respuesta es desproporcionada en relación con la infracción? En caso afirmativo, ¿cómo considera el Consejo que se podría controlar estos abusos de autoridad en la UE?

Respuesta

(2 de octubre de 2003)

Como su Señoría sabe, el Consejo adoptó en su sesión de diciembre de 2002, en el marco del Reglamento sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común, una nueva serie de normas en materia de control y seguimiento de la aplicación. Dichas normas estipulan que los Estados miembros controlarán las actividades de control llevadas a cabo dentro del ámbito de la política pesquera común en su territorio o en aguas sujetas a su soberanía o jurisdicción.

El Consejo no ha sido informado de los incidentes a los que hace referencia su Señoría entre pescadores españoles y las autoridades portuguesas. La aplicación de las legislaciones comunitaria y nacional no está sujeta el examen del Consejo.
PREGUNTA ESCRITA E-1470/03

de Herman Schmid (GUE/NGL) al Consejo

(30 de abril de 2003)

Asunto: Prisioneros en la Bahía de Guantánamo

Los prisioneros de la Bahía de Guantánamo en Cuba se encuentran en un vacío jurídico. Se les ha privado del derecho humano a ser defendidos en juicio. El Gobierno de los EE.UU. se ha negado a considerarlos prisioneros de guerra, categoría que les daría derecho a la inmunidad

procesal por muchos actos cometidos durante la guerra. El Gobierno de los EE.UU. sostiene que los prisioneros son combatientes ilegales, situándolos en un limbo jurídico.

Ciertas organizaciones de derechos humanos y algunos países han criticado a los EE.UU. por no permitir que los prisioneros tengan acceso a los tribunales civiles.

¿Qué acciones piensa tomar la Unión Europea para asegurarse de que sus ciudadanos prisioneros en la Bahía de Guantánamo disfrutan del derecho a ser defendidos en juicio?

¿Acepta la Unión Europea a la luz de la Convención de Ginebra la nueva categoría de combatientes ilegales adjudicado a los prisioneros?

¿Reconoce la Unión Europea alguna circunstancia en la que el uso de métodos ilegales, como la detención indefinida de personas en cárceles, esté justificado como parte de la guerra contra el terrorismo?

Respuesta

(29 de septiembre de 2003)

La protección de los derechos e intereses de los nacionales de los Estados miembros fuera de sus fronteras, en virtud de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, es responsabilidad individual de los Estados miembros afectados.

La Unión Europea no ha adoptado ninguna posición sobre la cuestión de la validez del estatuto de combatientes ilegales. No obstante, ha insistido siempre en la importancia de que todos los prisioneros de la Bahía de Guantánamo sean tratados con humanidad de conformidad con las normas generales del Derecho internacional. Además, ha recordado en numerosas ocasiones que el Convenio de Ginebra III relativo al trato de los prisioneros de guerra estipula que, en caso de duda, debe concederse a un preso la protección del Convenio hasta que un tribunal competente pueda determinar su estatuto. Entretanto, los prisioneros deben ser tratados con humanidad y recibir atención médica, vestido y alimentación adecuados. La potencia detenedora tiene, no obstante, derecho a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del recinto y de los propios detenidos.

De la actitud patente de la UE sobre la necesidad de respetar plenamente los derechos humanos y el Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo se deriva que no reconocerá ninguna circunstancia que pueda justificar que no se respeten los derechos humanos y el Estado de Derecho en dicha lucha.
PREGUNTA ESCRITA P-0465/03

de Philip Bradbourn (PPE-DE) a la Comisión

(17 de febrero de 2003)

Asunto: Nomenclatura de unidades territoriales estadísticas

Teniendo en cuenta la publicación de la posición común con respecto a la elaboración de una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas y del anexo a este documento, ¿podría aclarar la Comisión la posición de Gibraltar en esta clasificación y, en caso de no estar incluido, las razones para ello?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(14 de marzo de 2003)

La nomenclatura NUTS se aplica solamente al territorio económico de los Estados miembros, tal como se define en el documento Précisions concernant la situation de certaines entités territoriales eu égard à la délimitation du territoire économique au sens du SEC des États membres

(Precisiones relativas a la situación de algunas entidades territoriales habida cuenta de la delimitación del territorio económico en el sentido del SEC de los Estados miembros) (referencias: considerando 12 de dicho documento Decisión de la Comisión 91/450/CEE, Euratom, del 26 de julio de 1991, por la que se define el territorio de los Estados miembros a efectos de la aplicación del artículo 1 de la Directiva 89/130/CEE, Euratom del Consejo relativa a la armonización del establecimiento del producto nacional bruto a precios de mercado(1)).

Como Gibraltar no forma parte del territorio económico según las normas de aplicación de esta Decisión, no se le incluye en la nomenclatura NUTS.

(1) DO L 240 de 29.8.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-0284/03

de Bill Miller (PSE) a la Comisión

(7 de febrero de 2003)

Asunto: Explotación abusiva de una posición dominante

De conformidad con el artículo 82 del Tratado CE, una o más empresas no podrán explotar abusivamente una posición dominante en el mercado interior. ¿Tiene la Comisión la intención de pronunciarse acerca de la explotación abusiva de posición dominante por parte de dos empresas escocesas, a saber, los clubes Glasgow Rangers y Glasgow Celtic, en detrimento de los demás clubes de fútbol del país?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(4 de marzo de 2003)

Es verdad que está prohibido que una o más empresas abusen de una posición dominante en el mercado común, cuando dicho abuso tenga un efecto apreciable en el comercio entre Estados miembros.

Sin embargo, esta constatación en un caso particular requiere una evaluación efectiva de los hechos y jurídica. La Comisión debe examinar los mercados en los que actúan las empresas, la posición de las empresas en dicho mercado, el comportamiento que se afirma es abusivo y su efecto en el comercio. La cuestión no ofrece ninguna información que podría permitir a la Comisión identificar el supuesto abuso.

A falta de información más detallada, la Comisión no puede hacer observaciones con respecto al comportamiento del Glasgow Rangers y del Glasgow Celtic.
PREGUNTA ESCRITA P-0308/03

de Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) a la Comisión

(4 de febrero de 2003)

Asunto: Fraude internacional en el sector de la construcción

De recientes publicaciones se desprende que no sólo determinadas empresas neerlandesas sino también empresas constructoras de otros Estados miembros, como Alemania y Bélgica, han estado implicadas en el fraude del sector de la construcción en los Países Bajos. Algunas empresas neerlandesas también han participado en acuerdos prohibidos sobre precios y obras en otros Estados miembros. Ha habido casos de acuerdos sistemáticos de cartel, acuerdos sobre los precios o falsedad documental que han conducido al aumento de los precios y a un reparto ilegal del mercado. Ello ha perjudicado gravemente a las autoridades y, por lo tanto, a los contribuyentes en los diferentes Estados miembros. Tal constitución de cartel transfronterizo es contraria a la normativa europea.

¿Está la Comisión al corriente de esa situación?

En caso afirmativo, ¿opina la Comisión que se trata de una constitución de cartel transfronterizo contraria a la normativa europea en el ámbito de la competencia y que en este contexto se han de tomar medidas?

En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa tomar la Comisión en relación con las empresas constructoras implicadas? ¿Cómo se va a indemnizar a las partes perjudicadas?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(6 de marzo de 2003)

Gracias a la autoridad nacional de competencia de los Países Bajos y a los medios de comunicación, han llegado a Comisión noticias de casos (presuntos) de fraude y fijación de precios en el mercado de la construcción. Y también de alegaciones en el sentido de que empresas no holandesas participarían en estas prácticas en el mercado holandés y que las holandesas lo hacen en mercados extranjeros.

En casos de acuerdos de fijación de precios que violan el artículo 81 del Tratado CE la Comisión o las autoridades nacionales pueden hacerse cargo del caso. Las autoridades nacionales pueden también actuar sobre la legislación nacional, incluso cuando se vea afectado el comercio entre Estados miembros.

La autoridad holandesa de competencia está investigando varios casos y mantiene a la Comisión regularmente informada sobre sus actividades.

Cuando la Comisión disponga de información creíble sobre un cártel con un elemento apreciable de comercio entre Estados miembros, actuará al respecto o se encargará de que una autoridad nacional lo haga.

La legislación comunitaria no prevé compensación para partes perjudicadas por los cárteles. Sin embargo, tanto las partes privadas como las públicas pueden promover medidas legales civiles contra los autores de la fijación de precios sobre la base de procedimientos nacionales. La Comisión anima a las partes a hacerlo pues se trata de otro medio de asegurar el respeto de las normas de competencia comunitarias.
PREGUNTA ESCRITA E-2060/03

de Peter Liese (PPE-DE) a la Comisión

(20 de junio de 2003)

Asunto: Productos sanitarios con derivados de sangre humana

De conformidad con la Directiva 2000/70/CE(1), desde el 13 junio de 2002, los productos sanitarios que incorporen derivados estables de la sangre o plasma humanos deben someterse a un nuevo procedimiento de autorización. El organismo notificado debe pedir a la AEEM (Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos) un dictamen científico sobre la calidad y seguridad del derivado. Ha de verificarse la utilidad de dicho derivado en cuanto parte integrante del producto sanitario, teniendo en cuenta el destino del mismo. El organismo notificado sólo podrá certificar el producto sanitario cuando se haya presentado el correspondiente dictamen científico positivo.

En la ejecución de este procedimiento de certificación se ha observado que el texto de la Directiva resulta confuso por lo que se refiere al alcance y nivel de las competencias de control de la AEEM. En particular, resulta poco claro si la AEEM sólo puede proceder al control del derivado como tal o si la Directiva debe interpretarse en el sentido de que ha de procederse al control de la calidad, seguridad y utilidad del derivado junto con el producto sanitario, teniendo en cuenta el destino del mismo. Si se elige como la AEEM la última interpretación, el procedimiento en su conjunto corresponde en la práctica, por su contenido y duración, a un procedimiento de autorización de medicamentos más una certificación CE con los correspondientes controles dobles a cargo del organismo notificado y de la AEEM.

1. ¿Está la Comisión al corriente de estos problemas?

2. ¿Piensa la Comisión solventar esta dificultad y, en su caso, qué medidas propone para ello?

(1) DO L 313 de 13.12.2000, p. 22.

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(1 de agosto de 2003)

La Comisión es consciente de que la Directiva 2000/70/CE del Parlamento y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, que modifica la Directiva 93/42/CEE del Consejo en lo referente a los productos sanitarios que incorporen derivados estables de la sangre o plasma humanos, da lugar a ciertos problemas de interpretación sobre el papel de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (AEEM).

La Comisión y las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la Directiva relativa a productos sanitarios han elaborado un modus operandi que respeta la voluntad del Consejo y del Parlamento de reconocer el papel de la AEEM en lo que concierne a los derivados de la sangre y a los medicamentos. Este modus operandi distingue entre sustancias de las que se ha formulado un dictamen (ya sea por parte de la AEEM o de una autoridad nacional), y de las que aún no, y aclara el ámbito de participación de la AEEM con respecto al del organismo notificado.

A la luz de la experiencia, la Comisión puede proponer una aclaración de tipo jurídico de la Directiva 93/42 CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios(1), modificada por la Directiva 2000/70 CE.

(1) DO L 169 de 12.7.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-1644/03

de Avril Doyle (PPE-DE) a la Comisión

(16 de mayo de 2003)

Asunto: Aparcamiento para personas con discapacidad en la UE

¿Puede aclarar la Comisión las disposiciones relativas al aparcamiento en la UE para personas con discapacidad? ¿Cuáles son las disposiciones exactas? ¿Dónde pueden aparcar las personas que poseen un distintivo que les autoriza a hacer uso de un aparcamiento para personas con discapacidad? ¿Existen restricciones para la utilización de este servicio?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(27 de junio de 2003)

En todo el territorio comunitario se ha ido introduciendo progresivamente una tarjeta de estacionamiento diseñada por la Unión para los conductores discapacitados, de acuerdo con la Recomendación 98/376/CE del Consejo de 4 de junio de 1998 sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad(1).

De acuerdo con el principio de subsidiariedad, dicha Recomendación confirmó que la responsabilidad de conceder las tarjetas de estacionamiento recaía directamente en los Estados miembros. De hecho, el artículo 1 de esta Recomendación del Consejo establece que los Estados miembros deberán introducir una tarjeta de estacionamiento acorde con sus correspondientes disposiciones nacionales y basada en el modelo normalizado comunitario, cuya descripción figura en el anexo de la citada Recomendación del Consejo.

Esta Recomendación establece claramente que la responsabilidad de emitir estas tarjetas corresponde a los Estados miembros; además, estas autoridades serán las más indicadas a la hora de explicar a los conductores dónde deben colocar las tarjetas.

Por lo general, la tarjeta deberá colocarse en la parte frontal del vehículo, de manera que su cara exterior quede bien visible en caso de control.

Con esta nueva tarjeta sólo es necesario rellenar los datos personales en el reverso, y no en el anverso. Esta modificación ha surgido a consecuencia del malestar de ciertos sectores, que consideraban que exponer públicamente sus nombres podría poner en peligro su propia seguridad.

(1) DO L 167 de 12.6.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-0943/03

de Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) a la Comisión

(26 de marzo de 2003)

Asunto: Comunicación de la Comisión con los ciudadanos

El 27 de junio de 2001, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a un nuevo marco para la cooperación en actividades relativas a la política de información y comunicación de la Unión Europea.

Parte de este proceso incluía medios e instrumentos como el envío de cartas personalizadas, cuyo éxito en las contadas ocasiones en que se ha utilizado ha sido revelador, pues ha sido muy bien acogido por el ciudadano.

¿Puede indicar la Comisión si el referido medio de comunicación directa con el ciudadano, como es el envío de las cartas personalizadas, puede representar un medio a seguir practicando en la política informativa de la Comisión, a fin de acercarse más al ciudadano comunitario, que entiende ya la importancia que la Comisión representa en su vida ordinaria?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(14 de abril de 2003)

Como destacó Su Señoría en su anterior pregunta E-2552/01(1), la comunicación directa con los ciudadanos mediante cartas personalizadas puede ser una forma de comunicación efectiva. Los envíos postales selectivos siguen siendo, por lo tanto, una opción que debe utilizarse cuando resulte oportuno.

Hay que señalar, sin embargo, que el coste resultante de dichos envíos es bastante elevado y sondeos recientes confirman que para la mayoría de los ciudadanos (64 %) la televisión es su medio preferido para recibir información(2). La Comisión, por lo tanto, está centrando más esfuerzos en los medios de comunicación audiovisuales. Además, según lo propuesto en la Comunicación sobre una estrategia de información y comunicación para la Unión Europea(3), la Comisión está trabajando cada vez más en asociación con el Parlamento, el Consejo y los Estados miembros sobre temas prioritarios con el fin de generar concienciación sobre la Unión. Naturalmente, las decisiones sobre los medios más apropiados para llegar a los ciudadanos se consideran en el contexto de estas asociaciones.

(1) DO C 134 E de 6.6.2002.

(2) Eurobarómetro estándar 58 publicado en marzo de 2003 http://europa.eu.int/comm/public_opinion/.

(3) COM(2002) 350 final.