PREGUNTA ESCRITA E-3914/97 de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión (11 de diciembre de 1997)

Asunto: Directiva Seveso

En lo que concierne a los requisitos de protección del medio ambiente y de seguridad que han de cumplir las empresas, son de fundamental importancia las siguientes Directivas:

- Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente ((DO L 175 de 5.7.1985, p. 40. )),

- Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la previsión y al control integrados de la contaminación ((DO L 257 de 10.10.1996, p. 26. )),

- Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas ((DO L 10 de 14.1.1997, p. 13. )).

La transposición por los Estados miembros de las dos últimas Directivas citadas debe producirse en 1999 a más tardar. En el marco de los debates suscitados a raíz de lo anterior, se han manifestado algunos puntos de vista que dan pie a formular las siguientes preguntas a la Comisión.

Conforme al apartado 4 del artículo 13 de la Directiva 96/82/CE, los informes de seguridad han de ponerse a disposición del público. Sin embargo, el mismo apartado dispone que el industrial podrá solicitar de la autoridad competente que no divulgue al público determinadas partes del informe y que, en estos casos, el industrial pondrá a disposición del público un informe modificado.

¿Cabe transponer el apartado 4 del artículo 13 en consonancia con la Directiva sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente (90/313/CEE)?

¿Deben tenerse en cuenta, por consiguiente, en la transposición del apartado 4 del artículo 19 de la Directiva 96/82/CE, en lo que concierne a las posibilidades de restringir el acceso a los informes de seguridad, las disposiciones referentes a la restricción del acceso que contiene la Directiva 90/313/CEE?

¿Puede exigir el titular de la instalación que se consideren «partes del informe» que cabe excluir de su divulgación al público capítulos enteros referidos a los distintos apartados citados en el Anexo II de la Directiva 96/82/CE, o sólo existe el derecho a excluir de su divulgación al público informaciones concretas para las que el titular pueda demostrar o acreditar motivos de confidencialidad?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (26 de enero de 1998)

Las disposiciones que, sobre información a la opinión pública, están previstas en la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Directiva Seveso II) deben aplicarse de conformidad con la Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, relativa a la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente ((DO L 158 de 23.6.1990. )), la cual regula con carácter general el libre acceso a la información de medio ambiente que obre en poder de la administración y establece las condiciones básicas en las que poner a disposición tal información. Estas dos directivas no son contradictorias, sino complementarias.

Con arreglo al apartado 4 del artículo 13 y al artículo 20 de la Directiva Seveso II, los Estados miembros han de velar no sólo por poner a la disposición del público los informes de seguridad, sino por facilitar toda la información recibida en aplicación de la Directiva a cualquier persona física o jurídica que lo solicite.

La libertad de acceso a la información tiene sus límites cuando pueda invocarse un secreto industrial o comercial o la protección de la intimidad, de la seguridad pública o de la defensa nacional o cuando haya que salvaguardar la confidencialidad de la información a raíz del secreto de instrucción o de procedimientos judiciales en curso.

La confidencialidad de la información puede afectar tanto a partes enteras del informe de seguridad como solamente a determinadas informaciones; el alcance preciso ha de ser justificado en cada caso por el industrial de una instalación.

La normativa sobre la confidencialidad de la información es igualmente válida para los informes sobre la ejecución y aplicación de la Directiva Seveso II, a cuya publicación está obligada la Comisión cada tres años de conformidad con el apartado 4 del artículo 19.