PREGUNTA ESCRITA P-3217/02

de Arlene McCarthy (PSE) a la Comisión

(7 de noviembre de 2002)

Asunto: Política de competencia y sociedades de gestión colectiva

Aunque, en su política de competencia, la Unión Europea reconoce la función de las sociedades de gestión de los derechos de autor en la salvaguarda de los derechos e intereses de sus miembros, ¿no considera la Comisión, en lo que concierne a la BIEM (Bureau international des sociétés gérant les droits d'enregistrement et de reproduction mécanique), que fijar en el ámbito europeo porcentajes diferentes de los que se aplican en el Japón o en el Reino Unido constituye un abuso de posición dominante?

¿No estima la Comisión que esos derechos exclusivos de gestión de los derechos de autor se explotan de un modo que restringe la competencia, contribuyendo a prácticas comerciales no equitativas, y que va en detrimento del consumidor?

¿Qué medidas está tomando la Comisión para investigar estas prácticas en el caso de la BIEM?

¿Reconoce la Comisión que, en función de la evolución tecnológica y comercial, con especial referencia a la distribución digital, las prácticas y el funcionamiento de las sociedades de gestión deberían ser más transparentes con objeto de determinar el origen, el destino y la finalidad de los derechos que aplican, de conformidad con la política de competencia de la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(9 de diciembre de 2002)

La aplicación de tipos de cánones diferentes en la Unión sólo puede constituir un abuso de posición dominante según lo dispuesto en el artículo 82 del Tratado CE en los casos en que los tipos más elevados se consideren excesivos y las diferencias no se justifiquen por razones objetivas. Por tanto, no es posible establecer un abuso de posición dominante de manera general y abstracta por el simple hecho de que existan distintos tipos de cánones, sin tener en cuenta los elementos específicos de cada caso. Tal como indicó el Tribunal de Justicia en el asunto Tournier et Lucazeau: El artículo 82 (antiguo artículo 86) del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que una sociedad nacional de gestión de derechos de propiedad intelectual que se encuentre en una posición dominante en una parte

sustancial del mercado común impone condiciones de contratación no equitativas cuando las remuneraciones que cobra a las discotecas son notablemente más elevadas que las que se aplican en los restantes Estados miembros, siempre que la comparación entre las cuantías de las tarifas se haya llevado a cabo con arreglo a una base homogénea. Distinta sería la apreciación si la sociedad de derechos de propiedad intelectual de referencia pudiese justificar semejante diferencia basándose en la existencia de divergencias objetivas y pertinentes entre la gestión de los derechos de propiedad intelectual en el Estado miembro de que se trate y la que se lleva a cabo en los restantes Estados miembros.

La Comisión, al igual que el Tribunal de Justicia, ha considerado en el pasado, en asuntos concretos, algunos comportamientos de sociedades de gestión colectiva como restrictivos de la competencia. Paralelamente, se reconoce en general que las sociedades en cuestión desempeñan un papel importante en la gestión de los derechos de autor y los derechos conexos, en particular, porque están en condiciones de ofrecer a sus miembros y a los usuarios un mecanismo de ventanilla única que facilita considerablemente el acceso a las obras y otros objetos protegidos. No puede por tanto mantenerse que, en sí misma, la actividad de las sociedades de gestión colectiva sea restrictiva de la competencia. Tal conclusión no puede sino resultar de una investigación sobre un acuerdo o un comportamiento concreto.

La Comisión no ha iniciado una investigación de oficio relativa a la BIEM. No obstante, recientemente se ha presentado una denuncia ante la Comisión contra la BIEM. La investigación sigue en una fase preliminar, y la Comisión aún no se ha pronunciado sobre la denuncia.

La Comisión considera que a la luz, en particular, de la evolución tecnológica y comercial en la distribución digital, las prácticas de las sociedades de gestión colectiva deberían ser transparentes por lo que se refiere a la explotación de los derechos de autor y los derechos conexos en Internet. Esta posición se expresó claramente en la reciente decisión Simulcasting de 8 de octubre de 2002 (asunto COMP/C2/38 104). El texto de esta decisión está disponible en el sitio web de la Comisión: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/38014/en.pdf.

Por otra parte, al estar muy vinculados los aspectos de competencia y las normas del mercado interior, la Comisión desea indicar a Su Señoría que ha abordado la cuestión de la gestión de los derechos de propiedad intelectual, especialmente la gestión colectiva, hace varios años. La Comisión, que opina que la gestión colectiva debe ser plenamente eficaz en el mercado interior, está elaborando actualmente una comunicación sobre la gestión de los derechos de propiedad intelectual. Esta comunicación hará un balance del análisis de este sector, de las cuestiones que se planteen y de las respuestas puedan darse.