PREGUNTA ESCRITA E-0319/98 de Magda Aelvoet (V) a la Comisión (17 de febrero de 1998)

Asunto: Seguridad en la región de los Grandes Lagos de África

¿Tiene el Consejo intención de apoyar los esfuerzos internacionales para la reactivación de la Comisión Internacional de las Naciones Unidas (Rwanda) y la ampliación de su mandato para investigar el flujo de armas hacia la región de los Grandes Lagos, según pidió el Parlamento Europeo? ¿Apoya el Consejo las peticiones internacionales para que se lleve a cabo un despliegue de observadores militares de las Naciones Unidas o de la Organización de la Unidad Africana en las pistas de aterrizaje y en los pasos fronterizos estratégicos de la región de los Grandes Lagos?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión (22 de abril de 1998)

La Comisión Internacional de Investigación, establecida por la Resolución 1013 (1995) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y encargada de indagar sobre el tráfico de armas dirigido a las antiguas fuerzas armadas del Gobierno de Ruanda en la región de los Grandes Lagos, finalizó su labor a finales de 1996 y presentó un informe, completado con las informaciones remitidas a la Secretaría de las Naciones Unidas por los Gobiernos durante 1997. En la reunión informativa del CSNU de 22 de diciembre de 1997, el enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas a la región de los Grandes Lagos, Mohamed Sahnoun, pidió que la Comisión de Investigación reanudase sus trabajos. Varios miembros del CSNU apoyaron su propuesta, y se está considerando la reactivación de la Comisión. La decisión de reanudar la investigación y la determinación de su mandato, incluido su alcance geográfico, incumbe al CSNU.

En el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Comunidad, la Comisión ha expresado en diversas ocasiones su preocupación por la violencia desencadenada en Ruanda y Burundi, así como por la presencia de distintos grupos armados en la República Democrática del Congo (DRC). Es cierto que, en alguna medida, el comercio de armas ha reavivado los conflictos violentos en la región de los Grandes Lagos. Sin embargo, en ausencia de un acuerdo regional de seguridad o un embargo regional sobre las armas impuesto por las Naciones Unidas, la investigación sobre el tráfico de armas en la región de los Grandes Lagos se enfrentaría a serias dificultades. Muchos de los suministros de armas en esta región se dirigen a Gobiernos que no están sujetos a ninguna restricción internacional en materia de comercio de armamento y que probablemente se opondrían a cualquier investigación que no estuviese justificada con arreglo al Derecho Internacional.

El único embargo internacional sobre armamento existente es el impuesto a las antiguas fuerzas armadas del Gobierno de Ruanda, que no son más que una de las muchas facciones armadas en la región. El embargo impuesto en Burundi por ocho países de la región de los Grandes Lagos, tras el golpe de estado de julio de 1996 en Bujumbura, no ha sido seguido por un embargo de la ONU. Igualmente, se ha suspendido desde septiembre de 1996 la obligación del Gobierno ruandés, decidida por la Resolución CSNU 1011 (1995), de notificar al Comité de Sanciones de las NU toda adquisición de armamento y de material militar.

La Comisión apoya cualquier intento razonable de poner freno a los suministros de armamento en la región de los Grandes Lagos, pero dichos intentos requieren un fundamento jurídico sólido y deben tener en cuenta el derecho legítimo de los Gobiernos a defenderse frente a las insurrecciones armadas. Un embargo regional sobre armas sólo sería útil si se aplicase de forma adecuada y se combinase con un acuerdo regional de seguridad entre los Estados de la región que incluyese garantías recíprocas en materia de seguridad de las fronteras. Puesto que no existe ningún acuerdo de este tipo, ni se han planteado iniciativas en este sentido, la reactivación de la Comisión de Investigación o el despliegue de observadores de las NU o de la Organización de la Unidad Africana (OUA) en las principales pistas de aterrizaje de la región tendrían escasas repercusiones a la hora de limitar el comercio de armas y mitigar la tristemente famosa violencia étnica y política en los Grandes Lagos.

Por último, hay que recordar que el genocidio en Ruanda se realizó en gran medida con herramientas agrícolas, como machetes y azadones, y no con armamento militar. Ni siquiera el embargo regional más estricto podría impedir los excesos de la violencia étnica, lo que pone aún más de relieve la necesidad de buscar soluciones políticas duraderas a los conflictos en la región de los Grandes Lagos y de fomentar la reconciliación nacional en todos los niveles de la sociedad.