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PREGUNTA ESCRITA E-0926/02

de Richard Howitt (PSE) a la Comisión

(8 de abril de 2002)

Asunto: Derechos de las minorías étnicas en la concesión de licencias en Santa Lucía

Un elector de mi circunscripción ha solicitado información respecto al compromiso del Partido Laborista de Santa Lucía de introducir un régimen de licencias conforme al cual sólo se concederán licencias para actividades auxiliares de importancia a los operadores autóctonos. ¿Considera la Comisión que esta política incumpliría la legislación europea sobre los derechos de las minorías étnicas si se aplicase en la UE?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(13 de junio de 2002)

La Comisión observa que la pregunta se formula en términos demasiado hipotéticos (la situación que describe Su Señoría se produce, en efecto, en la isla de Santa Lucía, fuera del territorio de la Unión) para que pueda proporcionar una respuesta detallada y adecuada.

La Comisión echa en falta, en particular, varios elementos importantes en la pregunta, ya que:

- no se precisa si la cuestión afecta a un Estado miembro en particular;

- no se define la fuente jurídica de la reserva en la concesión de licencias en cuestión: no se sabe por tanto si se trata de una legislación o de la práctica de una autoridad pública, o si se trata más bien de una norma colectiva o de un comportamiento de una entidad privada;

- el ámbito de actividad no se indica con suficiente precisión; no es por tanto posible, sobre la base de una simple alusión a actividades auxiliares de importancia, establecer si se trata de una o más actividades económicas recogidas por el Tratado CE, a las que se podría, en su caso, aplicar los principios del mercado interior y, en particular, las normas relativas a una o más libertades de circulación;

- las razones alegadas por las instancias o personas interesadas para justificar tal intención no figuran en la pregunta: no es posible por tanto saber si se trata de exigencias imperiosas de interés general en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o si existe una relación de causa a efecto entre la medida mencionada y el objetivo que eventualmente se contempla.

A falta de estos elementos, Su Señoría deberá admitir que la Comisión no está en condiciones de ofrecer una valoración, ni siquiera sumaria, ni de proporcionar una respuesta más argumentada. Necesitaría para ello información suplementaria referente a los distintos aspectos mencionados.
PREGUNTA ESCRITA E-0739/02

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(15 de marzo de 2002)

Asunto: Congo

En relación con el Congo, ¿puede la Comisión establecer una relación de proyectos aprobados para ser financiados con cargo al presupuesto de la Unión Europea en el año 2001 y definir cuál es la cuantía total para la inversión de este año?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0732/02, E-0733/02, E-0734/02, E-0735/02, E-0736/02,E-0737/02, E-0738/02, E-0739/02, E-0740/02 y E-0741/02dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(13 de mayo de 2002)

La Comisión envía la información solicitada directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA P-0743/02

de Francesco Speroni (NI) a la Comisión

(8 de marzo de 2002)

Asunto: Discriminaciones en materia de derechos de inscripción

Mediante mi pregunta E-0049/02(1) pretendía saber si era correcta la aplicación de derechos de inscripción distintos a los participantes en el maratón de Padua del 28 de abril de 2002 según su lugar de residencia. Citaba además el sitio de Internet en el que había obtenido tal información.

El Sr. Bolkestein ha afirmado que en el sitio indicado por mí la Comisión no había encontrado los datos; tal vez porque sus colaboradores se limitaron a examinar la primera página, no prosiguiendo debidamente la navegación por el sitio.

Confirmando que el sitio es www.maratonasant-antonio.com, preciso que la información relativa a los derechos de inscripción se encuentra en la página de informaciones técnicas, a la cual se accede bien clicando en el título correspondiente, después de haber clicado en el letrero de bienvenida, que permite acceder a la página correspondiente, bien indicando directamente la dirección www.maratonasant-antonio.com/ita/quote.htm.

Reitero, por lo tanto, mi pregunta acerca de la corrección de tales diferencias, preguntando además si se considera necesario incoar un procedimiento de incumplimiento, puesto que están implicados el Comité Olímpico Nacional Italiano y la Federación Italiana de Atletismo.

(1) DO C 147 E de 20.6.2002.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(22 de abril de 2002)

De conformidad con lo que había indicado en la respuesta a su pregunta escrita E-0049/02(1) y a la luz de los nuevos elementos proporcionados por Su Señoría, la Comisión evaluará la posibilidad de incoar un procedimiento de infracción contra Italia con arreglo al artículo 226 del Tratado CE.

Por otra parte, la Comisión ya ha presentado ante el Tribunal de Justicia una denuncia por incumplimiento contra Italia por violación de la libre circulación de servicios (artículo 49 del Tratado CE) a causa de las tarifas discriminatorias (practicadas para el acceso a determinados museos) basadas no sólo en la nacionalidad sino también, como en el caso que señala Su Señoría, en el criterio de la residencia.

Por lo tanto, la futura sentencia del Tribunal de Justicia en este asunto (C-388/01) podrá aportar importantes elementos asimismo para situaciones como la que se trata en la presente pregunta escrita.

Además, la Comisión recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no hay que excluir la posibilidad que tienen los ciudadanos comunitarios de valerse del principio de la libre prestación de servicios ante las jurisdicciones nacionales.

(1) DO C 147 E de 20.6.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-0430/02

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(21 de febrero de 2002)

Asunto: Práctica ilegal de las Uniones de Cooperativas Agrícolas de Grecia en relación con el pago de las ayudas comunitarias a los agricultores

De acuerdo con las denuncias de los agricultores y los documentos correspondientes de representantes de asociaciones agrícolas presentados ante el Fiscal, algunas Uniones de Cooperativas Agrícolas de Grecia retienen, de forma ilegal y a la fuerza, parte de las ayudas comunitarias destinadas a los agricultores. La Comisión conoce el tema y me ha respondido que se está considerando la remisión de Grecia al Tribunal de las Comunidades Europeas.

Lo que ahora viene a añadirse, como un nuevo dato, es que algunas Uniones de Cooperativas Agrícolas no sólo obligan a los agricultores a firmar declaraciones supuestamente voluntarias mediante las que autorizan a aquellas a retener entre el 2 y el 5 % de sus subvenciones, sino que, al mismo tiempo, en caso de negativa por parte de los agricultores, se niegan a cumplimentar los formularios de reservas y destino, documentos necesarios para el pago de la ayuda. De acuerdo con las denuncias, ejemplos característicos lo constituyen las Uniones de Cooperativas Agrícolas cretenses de Apokoronou-Sfakion y Máleme.

Ya que la práctica de algunas Uniones de Cooperativas Agrícolas se desvía cada vez más de la legislación comunitaria, ¿qué es lo que va a hacer la Comisión en relación con este asunto?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(25 de marzo de 2002)

La situación descrita en la pregunta por Su Señoría tiene su origen en un acuerdo de carácter privado entre las cooperativas agrícolas y sus afiliados. En estas circunstancias, la Comisión estima que no se ha producido infracción alguna de la normativa comunitaria. Ruego a Su Señoría que, si desea más información, se refiera a las respuestas de la Comisión a las preguntas escritas E-0128/02 del Sr. Alavanos(1) y E-0238/02 del Sr. Trakatellis y otros(2).

(1) DO C 172 E de 18.7.2002, p. 148.

(2) Ver página 99.
PREGUNTA ESCRITA E-0983/02

de Geneviève Fraisse (GUE/NGL) a la Comisión

(15 de abril de 2002)

Asunto: Integración de indicadores desglosados por sexo en los informes de evaluación de la Comisión Europea sobre la aplicación de la Carta europea de la pequeña empresa

En la Cumbre de Feira celebrada en junio de 2002, el Consejo Europeo adoptó una Carta europea de la pequeña empresa que obliga a las autoridades públicas de la Unión a dar apoyo a este sector. La Comisión ya ha publicado dos informes sobre la aplicación de esta Carta en los Estados miembros que muestran los progresos realizados en algunos ámbitos, como la creación de nuevas empresas, el acceso a los créditos, etc.

¿Dispone la Comisión de estadísticas desglosadas por sexo sobre estos avances? ¿Tiene la intención de incluir en su próximo informe, tal como se le ha pedido, la cuestión de la participación de hombres y mujeres en el desarrollo de la pequeña empresa, y de aclarar qué medidas se han adoptado para garantizar una participación equilibrada de ambos sexos?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(22 de mayo de 2002)

La Carta Europea de la Pequeña Empresa, aprobada por el Consejo Europeo de Feira en junio de 2000, constituye un elemento central de la acción desarrollada para realizar, hasta 2010, el objetivo de dotar a Europa de la economía más competitiva y más dinámica del mundo. En ella se reconoce que las pequeñas empresas desempeñan un papel crucial en el aumento de la competitividad, de la innovación y del empleo en Europa.

En este contexto, la Carta es principalmente un instrumento de perfeccionamiento y de coordinación de la política de los Estados miembros en favor de las pequeñas empresas. Los informes sobre su puesta en práctica se redactaron sobre la base de los elementos proporcionados por los Estados miembros. Comoquiera que las cuestiones relativas a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no están incluidas entre los diez ámbitos de la Carta, la puesta a disposición de tal información depende de la elección de los distintos Estados miembros. De ahí que sea difícil presentar datos detallados sobre la repartición entre mujeres y hombres en el mundo empresarial.

Sin embargo, la Comisión está convencida de la importancia de esta cuestión en lo que se refiere a las pequeñas empresas y al espíritu empresarial. En este contexto, ha tomado la iniciativa de poner en marcha en 2002 el proyecto Promoción del espíritu empresarial entre las mujeres, encaminado a definir las buenas prácticas de los Estados miembros en el ámbito de la promoción del empresariado femenino y cuyos resultados se presentarán en un foro europeo que tendrá lugar en marzo de 2003.

Eurostat publicará próximamente, en la serie Estadísticas breves, los resultados de un análisis sobre el tema Disparidades entre hombres y mujeres entre los jefes de empresa. Estos resultados contribuirán a mejorar el conocimiento de la distribución entre hombres y mujeres dirigentes de empresa, información que, además, se recoge regularmente en la encuesta sobre fuerzas de trabajo.
PREGUNTA ESCRITA E-0871/02

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(3 de abril de 2002)

Asunto: ¿Es el ciclamato peligroso para la salud?

El ciclamato es un edulcorante que, según el departamento sueco de alimentación, puede provocar en algunas personas la producción de una sustancia, el CHA, que, en dosis elevadas, afecta a los testículos, tal como han mostrado loas pruebas con animales. En 1999 se levantó en Suecia la prohibición de utilizar el ciclamato (E 952) como edulcorante en los alimentos. En Suecia, el ciclamato se encuentra en forma de pastillas o polvos, pero en la Unión Europea está autorizado en una serie de productos poco calóricos como refrescos, pasteles, helados, postres y conservas de frutas. A petición del gobierno sueco, el departamento sueco de administración ha realizado un estudio sobre el ciclamato que indica que los niños que sufren diabetes consumen a veces demasiado ciclamato. Si además se usa en zumos y refrescos, se corre el riesgo de que muchos diabéticos sobrepasen la dosis diaria aceptable.

¿Considera la Comisión que el ciclamato representa un peligro para la salud y que podría prohibirse en la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2002)

La Comisión le remite a su respuesta a la pregunta escrita E-0051/02 del Sr. Alexander de Roo(1).

Además, la Comisión desea señalar que el estudio sobre la exposición de los diabéticos suecos a los edulcorantes y su consumo de estas sustancias, encargado por la Dirección general de alimentos de Suecia, toma como base los niveles de uso del ciclamato previstos en la legislación comunitaria. Los resultados, a pesar de que se basan en la anterior ingesta diaria admisible (IDA), ya reflejan la situación después de 1999, cuando se abolió la prohibición del uso del ciclamato en Suecia, por lo que incluyen su uso en los zumos de fruta y los refrescos.

(1) DO C 147 E de 20.6.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-0759/02

de Brigitte Langenhagen (PPE-DE) a la Comisión

(19 de marzo de 2002)

Asunto: La norma de la red única

He recibido desde diferentes sitios la noticia de que balandras danesas y holandesas pescan con dos o, incluso, cuatro redes a la vez para compensar la escasez de capturas, en vez de faenar en otros caladeros. Esto es completamente contrario al esfuerzo por una pesca sostenible y por la conservación de la biomasa, ya que mediante este método las zonas afectadas quedan agotadas en toda regla. Este problema directamente relacionado con la cuestión de la utilización de las capturas accesorias.

1. ¿Conoce la Comisión esta práctica?

2. ¿Es compatible este método de pesca con la norma de la red única?

3. ¿Si este método no es compatible con las reglamentaciones europeas, cómo piensa proceder la Comisión?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(24 de abril de 2002)

En varias pesquerías, los buques pesqueros utilizan más de una red a la vez. Es el caso, por ejemplo, de la pesca con redes de arrastre de vara (red de arrastre de vara con dos tangones), en la que suelen utilizarse dos redes simultáneamente, una a cada lado del buque. Otro ejemplo es la pesca de cigalas y peces planos con redes de arrastre gemelas (o triples, etc.) con puertas, en la que los buques emplean un arte consistente en dos o más redes de arrastre ensambladas.

La denominada norma de red única (Reglamento (CE) no 850/98 del Consejo, de 30 de marzo de 1998, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos(1), Capítulo I, artículo 4) no impide la utilización de más de una red a la vez, siempre y cuando los tamaños de malla de los artes cumplan los requisitos previstos en el Reglamento. Esto significa, en general, que el tamaño de malla de los artes debe ser el mismo para que éstos puedan utilizarse al mismo tiempo. Según los datos de que dispone la Comisión, tal es el caso en las pesquerías en que se utiliza más de una red simultáneamente.

(1) DO L 125 de 27.4.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-0329/02

de Christos Folias (PPE-DE) a la Comisión

(12 de febrero de 2002)

Asunto: Disfunciones de la autoridad administrativa del tercer MCA

Según ha publicado la prensa griega, el 4 de octubre de 2001, a través de la Representación Permanente de Grecia en Bruselas, se puso en conocimiento de las autoridades griegas una carta del Director General de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea en la que esta institución informaba al Gobierno griego sobre los resultados de la misión de control llevada a cabo en Grecia del 11 al 15 de junio de 2001 en relación con el tercer Marco de Apoyo Comunitario (MCA).

La Comisión Europea afirma que la autoridad administrativa del tercer MCA, designada por el Gobierno griego y responsable a la hora de asignar los fondos y controlar la ejecución de obras y contratos, no funciona. La Comisión señala asimismo la falta de requisitos mínimos que podrían garantizar un sistema de evaluación estructurado, transparente y objetivo de las propuestas que utilizan criterios bastante generales, con el riesgo de aprobar propuestas que no son las más adecuadas y cuyo coste, calidad y calendario de ejecución de obras son imprecisos.

La Comisión Europea afirma que no existen directrices ni listas concretas para el control de las obras. Tampoco existe un acuerdo contractual detallado y completo entre la autoridad que concede la ayuda económica y los solicitantes, por lo que en el caso de obras ya iniciadas pueden producirse litigios jurídicos con consecuencias desfavorables para su realización y su futura financiación. Asimismo se han comprobado insuficiencias debido a la falta de funcionamiento del sistema informático a través del cual se controla la evolución de los contratos. El documento de la Comisión Europea denuncia por último la falta de especificaciones y de control que permitan garantizar la correcta ejecución y calidad de las obras.

A la vista de esta situación, ¿cómo y cuándo piensa reaccionar la Comisión ante las disfunciones observadas por las autoridades de control?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(8 de abril de 2002)

El documento que apareció en la prensa griega el 4 de octubre de 2001 era la comunicación a la Representación Permanente de Grecia ante la Unión Europea de las principales observaciones, conclusiones y recomendaciones tras una visita de inspección de la Comisión en Grecia, efectuada entre el 11 y el 15 de junio de 2001, en el contexto de una serie de inspecciones preventivas en los Estados miembros referidas al período de programación 2000-2006.

El objetivo de las visitas de inspección preventivas es contribuir, de manera constructiva, a mejorar los sistemas de gestión y control. La visita realizada entre el 11 y el 15 de junio de 2001 en Grecia, al igual que otras realizadas posteriormente, forman parte de un proceso encaminado a mejorar las condiciones.

En su respuesta de 14 de noviembre de 2001 a las observaciones de la Comisión, las autoridades griegas confirmaron que se había puesto en práctica la mayoría de las recomendaciones de los inspectores.
PREGUNTA ESCRITA E-0014/02 de Graham Watson (ELDR) al Consejo. Sucesos en Génova.



Diario Oficial n° 205 E de 29/08/2002 p. 0058 - 0058



PREGUNTA ESCRITA E-0014/02 de Graham Watson (ELDR) al Consejo (22 de enero de 2002) Asunto: Sucesos en Génova En relación con la respuesta del Consejo a las preguntas escritas E-2379/01 y E-2454/01(1), ¿por qué declina el Consejo su responsabilidad con respecto a la aplicación de los párrafos 1 y 2 del artículo 6 del TUE? (1) DO C 81 E de 4.4.2002, p. 165. Respuesta (13 de mayo de 2002) El artículo 6 del TUE recoge una serie de principios en los que se basa la Unión. La responsabilidad de la aplicación de los mismos recae en primer lugar en los Estados miembros, sin perjuicio del papel atribuido al Consejo en virtud de los procedimientos establecidos en el artículo 7 del TUE.
PREGUNTA ESCRITA P-0232/02

de Karla Peijs (PPE-DE) a la Comisión

(31 de enero de 2002)

Asunto: Cuestiones relativas al IVA

El sector de las mudanzas internacionales, constituido principalmente por PYME, se enfrenta a un importante problema relacionado con el pago del IVA aplicado a las mudanzas internacionales de un modo adecuado y conforme a las disposiciones legales. Las empresas de mudanzas no siempre saben con certeza a qué autoridades fiscales nacionales deben abonar el IVA. Asimismo, los costes generados por un agente fiscal, cuando han de recurrir a él, no son proporcionales al importe de IVA debido. Además, a causa de la responsabilidad compartida, los agentes fiscales se niegan normalmente a trabajar con las empresas de mudanzas.

¿Prevé la Comisión la creación de un sistema según el cual tales importes de IVA se podrían pagar a un organismo central europeo que se encargaría posteriormente de redistribuir los importes adecuados a los Estados miembros?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(26 de febrero de 2002)

La Comisión no está estudiando actualmente la posibilidad de proponer la introducción de un sistema del tipo que menciona Su Señoría

El principal problema con el que se encuentra el sector de las mudanzas internacionales en relación con el IVA es el de determinar cuál es el lugar en el que prestan sus servicios. El lugar de imposición de los servicios de transporte intracomunitarios realizados por cuenta de personas no sujetas al impuesto es el lugar en que comienza el transporte. Este problema se ha destacado en muchas reacciones de la industria a la comunicación titulada Una estrategia para el mercado interior de servicios(1).

La Comisión reconoce que el mercado interior funcionaría mejor con un sistema de IVA basado en el país de origen. No obstante, no parece que tal sistema sea políticamente viable a corto plazo, dada la falta de progreso en el Consejo en relación con un programa de la Comisión de 1996 que contenía propuestas para una transición progresiva hacia un sistema de IVA basado en el país de origen. A pesar de todo, la Comisión sigue viendo en tal sistema definitivo de imposición un objetivo a largo plazo para la Comunidad.

En su nueva estrategia para mejorar el funcionamiento del sistema de IVA a corto plazo(2), que recibió una buena acogida de los Estados miembros cuando fue presentada al Consejo, la Comisión identificó la necesidad de modificar las reglas que determinan el lugar de prestación de los servicios como uno de los asuntos que deben abordarse. La Comisión se esforzará por presentar una propuesta sobre la determinación del lugar de prestación de los servicios lo antes posible, como muy pronto en 2003, que tendrá en cuenta los problemas con que se encuentra el sector de las mudanzas internacionales.

(1) COM(2000) 888 final.

(2) COM(2000) 348 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0695/02

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(14 de marzo de 2002)

Asunto: El coste del acceso a las pesquerías que no pertenecen a la UE

¿Puede indicar la Comisión el coste que representa la adquisición del derecho a faenar en pesquerías que no pertenecen a la UE en cada uno de los últimos siete años? ¿Cuáles han sido los Estados miembros que más se han beneficiado de estos acuerdos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(22 de abril de 2002)

1. La evolución del capítulo exterior del presupuesto comunitario es la que se indica a continuación. En 2000, dicho capítulo representó 276,1 millones de euros (compromisos) frente a 173,1 en 1990. También en 2000, los acuerdos de pesca representaron aproximadamente el 28,5 % del presupuesto comunitario asignado a la política pesquera común (PPC).

(en millones de euros)

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2. A partir del número de licencias expedidas, los Estados miembros que más se han beneficiado de los acuerdos de pesca que incluyen compensaciones financieras son, por este orden, España, Francia, Portugal, Italia, Grecia y los Países Bajos.