PREGUNTA ESCRITA E-2365/96 de Thomas Megahy (PSE) a la Comisión (27 de agosto de 1996)

Asunto: Falta de financiación para el pago de pensiones en la UEM

¿Ha considerado la Comisión el peligro, a raíz de la unión monetaria, de unos tipos de interés excesivos originados por las presiones creadas por la existencia de cuantiosas obligaciones de pago de pensiones no financiadas en determinados Estados miembros?

Y, en caso afirmativo ¿qué medidas se propone o considera tomar para prevenir este problema?

Respuesta del Sr. De Silguy en nombre de la Comisión (25 de noviembre de 1996)

Los sistemas de pensiones de los Estados miembros presentan grandes divergencias en su forma de financiación. Los sistemas de capitalización sólo representan una fracción minoritaria de los mismos.

En lo que a financiación se refiere, los sistemas basados no en la capitalización, sino en el reparto, constituirán, pues, una carga cada vez mayor para el presupuesto de aquellos Estados miembros que mantengan su política sin ningún cambio, a medida que su población vaya envejeciendo. No obstante, conviene tomar en consideración lo siguiente:

- El envejecimiento de la población, al igual que la mayor parte de los fenómenos demográficos, es un proceso lento que no empezará realmente a plantear problemas hasta después del 2005 o el 2010. Los sistemas nacionales de pensiones tienen, pues, ante sí un largo período para poder prepararse a hacer frente a este problema.

- Aun cuando el envejecimiento sea un fenómeno demográfico que se refleja en la evolución de la población en edad de trabajar, el coste de financiación de las pensiones debe relacionarse con la parte de la población ocupada dentro de la población total. Así pues, suponiendo que, a largo plazo, la Comunidad lograse restablecer las tasas de empleo que registraba a principios de la década de los sesenta, volviendo a una situación prácticamente de pleno empleo (favorecida, a su vez, por la reducción de la presión demográfica sobre la oferta de mano de obra), el coste del envejecimiento por persona ocupada variaría, de hecho, muy poco con respecto a la situación actual.

- Además, la convergencia presupuestaria que requieren, en primer lugar, la progresión hacia la unión económica y monetaria (UEM) y, en segundo lugar, el pacto de estabilidad en la UEM restablecerá en los presupuestos de los Estados miembros los márgenes de maniobra que, en su caso, resulten necesarios para hacer frente a las consecuencias del envejecimiento demográfico.

- Por último, los estudios realizados recientemente (en particular, por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) muestran que, dado el carácter sumamente progresivo del fenómeno, los sistemas actuales no se verán amenazados en esencia, siempre que, en su caso, se lleven a cabo reformas socialmente aceptables que puedan aplicarse muy paulatinamente, como, por ejemplo, el establecimiento de una financiación complementaria basada en la capitalización. No obstante, debemos ser conscientes de que la introducción generalizada de la capitalización supondría un coste considerable para la generación actual, que no sólo se vería obligada a financiar las pensiones actuales, sino que debería también sufragar íntegramente la suya.

Por estas diversas razones, la Comisión no cree que los sistemas de pensiones que no se basen en la capitalización vayan a ejercer una presión excesiva sobre los tipos de interés dentro de la UEM. Por otra parte, cabe destacar que la perspectiva de saneamiento de las finanzas públicas y de relajación de la política económica que acompaña al proceso de creación de la UEM origina por sí misma una tendencia a la baja de los tipos de interés, tendencia que puede ya observarse en la actualidad a medida que el proceso va ganando credibilidad.

Finalmente, en lo que respecta de forma más concreta al debate que se está desarrollando en el Reino Unido en relación con la carga financiera que podría recaer sobre este país como consecuencia de los gastos de pensiones de los demás Estados miembros, la Comisión estima que esta eventualidad carece totalmente de fundamento, puesto que:

- incluso una vez creada la UEM, las políticas presupuestarias seguirán siendo básicamente competencia de los Estados miembros y, siempre que se observen los límites de gestión correcta previstos en el procedimiento de déficit excesivo (artículo 104 C del Tratado CE), continuarán definiéndose en función de las necesidades y circunstancias nacionales, de conformidad con el principio de subsidiariedad;

- el Tratado CE ha sido aprobado y ratificado por todos los Estados miembros, por lo que todos ellos están obligados a respetar sus disposiciones, y, en su artículo 104 B, dicho Tratado establece expresamente que: «Los Estados miembros no asumirán ni responderán de los compromisos de los Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de otro Estado miembro, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos»;

- además, el pacto de estabilidad permitirá controlar la evolución no sólo del saldo presupuestario, sino también de la deuda pública de cada Estado miembro, so pena de sanciones, impidiendo así cualquier desviación del endeudamiento que pueda comprometer el correcto funcionamiento de la UEM.

Por todo ello, es impensable que el coste de las pensiones de cualquiera de los Estados miembros pueda correr a cargo de los contribuyentes del Reino Unido o de otro Estado miembro.