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PREGUNTA ESCRITA E-2905/98

de Marie-Noëlle Lienemann (PSE) a la Comisión

(2 de octubre de 1998)

Asunto: Creación de un Fondo internacional de solidaridad terapéutica

En relación con las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 13 de diciembre de 1997 (art. 58) relativas a la salud y a las modalidades para el establecimiento de un Fondo de solidaridad terapéutica destinado a la lucha contra el sida en los países en desarrollo, ¿qué medidas está adoptando la Comisión para crear rápidamente dicho Fondo terapéutico, a fin de disponer de programas piloto de acceso a los tratamientos para las personas afectadas por el VIH/Sida en los países en desarrollo?

¿No considera la Comisión que es más que urgente que los países más industrializados apliquen una política concreta de solidaridad internacional en materia de lucha contra el sida?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión

(22 de octubre de 1998)

El Consejo Europeo de 13 de diciembre de 1997 solicitó a la Comisión que "estudie las modalidades de institución de un fondo de solidaridad terapéutica, bajo los auspicios del Onusida, destinado a la lucha contra el SIDA en los países en vías de desarrollo".

La Comisión analizó efectivamente esta cuestión en el marco de su Comunicación al Consejo y al Parlamento "Por una mayor solidaridad en materia de lucha contra el SIDA en los países en desarrollo(1)". Esta Comunicación recapitula los esfuerzos en materia de lucha contra el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Habida cuenta del éxito cosechado en intervenciones preventivas específicas, hace hincapié en la importancia de un apoyo al refuerzo de los sistemas de asistencia sanitaria. Al mismo tiempo, se examinan varias posibilidades de crear nuevos mecanismos de solidaridad teniendo en cuenta la necesidad de prepararlos de manera colectiva.

Esta Comunicación está siendo actualmente debatida en el Parlamento y el Consejo, y más concretamente en el grupo de expertos de los Estados miembros en este ámbito.

(1) COM(98)407 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3020/98

de José Barros Moura (PSE) a la Comisión

(8 de octubre de 1998)

Asunto: Programa Meda para la democracia

El Centro de Información Israelí de Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, B'Tselem, pregunta lo siguiente:

"El Parlamento inició el Programa Meda para la democracia y los derechos humanos en 1996, el cual a nuestro entender ha resultado sumamente provechoso para la promoción de los derechos humanos y la democracia en la cuenca mediterránea. Tenemos entendido que la Comisión prevé unos cambios administrativos importantes en el Programa que incidirían negativamente en los logros del mismo. ¿Podría explicarnos la Comisión en qué consisten los cambios previstos y asegurarnos que supondrán una mejora para la labor de las ONG que trabajan sobre el terreno?"

¿Podría responder la Comisión a las preocupaciones de las ONG que trabajan sobre el terreno, en aras de la visibilidad y las expectativas con respecto a los derechos humanos y la democracia?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión

(9 de noviembre de 1998)

Los cambios previstos en el programa Meda para la democracia son los que resultarán de la próxima aplicación de la propuesta de Reglamento del Consejo(1) que fijará los requisitos para la aplicación de las acciones comunitarias que contribuyan al desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de derecho, así como al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, tanto en los territorios ocupados palestinos como en los países mediterráneos asociados de la Comunidad. Esta propuesta de Reglamento está actualmente en fase de consulta en el Parlamento.

Sin perjuicio de la formulación final de dicho Reglamento, las innovaciones más importantes serán las relativas a la transparencia de las decisiones de financiación, en particular la obligación para la Comisión de presentar al Parlamento y al Consejo, por una parte, un informe anual sobre las acciones financiadas y, por otra, una evaluación global de estas acciones tres años después de la entrada en vigor del Reglamento.

(1) DO C 282 de 18.9.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-2450/98

de Angela Sierra González (GUE/NGL) a la Comisión

(30 de julio de 1998)

Asunto: Puerto de Granadilla (Tenerife, Canarias)

El Ministerio de Fomento de España está promoviendo la construcción de un puerto en la costa del término municipal de Granadilla (Tenerife, Islas Canarias). Las dimensiones del citado puerto abarcan, entre otros datos, un dique de abrigo de 3.600 metros y la construcción de un muelle de 2.000 metros. La extensión ganada al mar de esta nueva instalación alcanza más de un millón de metros cuadrados.

Esta obra produciría numerosos impactos ambientales, entre los que podemos destacar los siguientes:

a) Repercusiones directas e indirectas en parte de un espacio propuesto como "lugar de interés comunitario" por el Gobierno de Canarias, llamado "Sebadales del Sur de Tenerife".

En el citado espacio se encuentran numerosos hábitats presentes en la Directiva sobre Hábitats, que quedarían seriamente dañados, como son:

- bancos de arena,

- acantilados con flora endémica de las islas macaronésicas,

- matorrales termófilos.

Igualmente se encuentra en este espacio la especie Caretta caretta, un reptil incluido como especie prioritaria en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE(1).

b) Alteración irreversible de la dinámica sedimentaria de la costa del sudeste de la isla, afectando gravemente al Espacio Natural Protegido "Montaña Roja", propuesto también como "lugar de interés comunitario". Entre los hábitats de la Directiva contemplados en este espacio se encuentra el hábitat prioritario llamado "dunas finas con vegetación herbácea (dunas grises)".

c) Impactos diversos sobre la evolución biológica, el funcionamiento del sistema litoral, contaminación marina de la zona, impacto socioeconómico en el litoral, etc.

¿Conoce la Comisión el proyecto de construcción del Puerto de Granadilla?

¿Recibe ese puerto algún tipo de financiación comunitaria?

¿Considera compatible la Comisión la conservación de los espacios a proteger por la Directiva sobre Hábitats con la construcción de esta infraestructura?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(17 de septiembre de 1998)

La Comisión no tiene conocimiento de los hechos mencionados por Su Señoría, pero establecerá los contactos oportunos a fin de reunir información precisa sobre estos hechos y asegurar que la legislación comunitaria en materia de medio ambiente aplicable en este caso se respete íntegramente.

Con todo, la Comisión puede confirmar que este proyecto no ha sido cofinanciado ni por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional ni por los Fondos de Cohesión.

(1) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
PREGUNTA ESCRITA E-2493/98

de Graham Mather (PPE) a la Comisión

(30 de julio de 1998)

Asunto: Evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de proyectos en países en vías de desarrollo

1. ¿Qué disposiciones existen relativas a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de los proyectos de infraestructura en países en vías de desarrollo que cofinancia la UE?

2. ¿Es consciente la Comisión de los rumores de que el proyecto Stabex de rehabilitación de carreteras en el Camerún ha causado graves daños en comunidades locales a la vez que han provocado daños alarmantes en las selvas vírgenes de la zona?

3. ¿Tiene la Comisión algún comentario que hacer a este respecto?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión

(17 de septiembre de 1998)

Desde la introducción del Manual del Medio Ambiente en 1993, cada propuesta de proyecto está sujeta a una evaluación ambiental, mediante la cual se determinará si cabe esperar un impacto ambiental negativo de la aplicación del proyecto. Si así fuera, la propuesta de proyecto será objeto de un estudio preliminar del impacto ambiental o, si fuera probable un grave impacto negativo, de un estudio completo de dicho impacto. Un estudio independiente concluirá que el impacto es tan grave que no debería financiarse el proyecto o identificará medidas específicas para atenuar el impacto ambiental negativo esperado.

Se remite directamente una copia del Manual del Medio Ambiente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento. La Comisión es consciente de las críticas dirigidas a la "carretera financiada por la Comunidad" en Camerún. Estas críticas han sido sacadas a colación por la Rainforest Foundation a través de una película emitida en un canal de televisión británico. La película sugiere la existencia de un nexo causal entre la construcción de una carretera, financiada por la Comunidad por un total de 14 millones de ecus, a través de la selva tropical primaria y efectos negativos tales como la destrucción de esta selva a través de la explotación forestal y la exterminación de especies en peligro de extinción mediante la caza furtiva intensiva, privando así a los pigmeos locales de su sustento.

Los hechos son que la Comunidad financió trabajos de mantenimiento en una carretera existente por un importe de 600 000 ecus. Esta carretera es el único acceso al lejano distrito de Lomié y a su población agrícola. Es de importancia vital para esta población.

La Rainforest Foundation nunca comprobó con la Comisión la información proporcionada por sus propias fuentes. Si lo hubieran hecho, habrían sabido de la existencia de diversos proyectos para la protección de la fauna local, y más en general para el desarrollo sostenible de los recursos forestales, financiados por la Comunidad en la selva tropical camerunesa.
PREGUNTA ESCRITA E-2707/98

de Anne McIntosh (PPE) al Consejo

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Conductores diabéticos

¿Reconoce el Presidente en ejercicio que la prohibición de conducir establecida en el Reino Unido para los diabéticos dependientes de la insulina registrados recientemente es discriminatoria, puesto que los conductores diabéticos dependientes de la insulina de otros países de la UE pueden conducir cuando visitan el Reino Unido?

¿Qué medidas piensa tomar el Consejo para eliminar esta discriminación?

Respuesta

(9 de noviembre de 1998)

El Consejo adoptó, el 29 de julio de 1991, la Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción, que entró en vigor el 1 de julio de 1996(1).

Esta Directiva establece condiciones armonizadas en materia de expedición y renovación de los permisos, incluyendo "normas mínimas relativas a la aptitud física y mental para la conducción de vehículos de motor" (Anexo III). El Consejo recuerda que, en materia de expedición o renovación del permiso de conducción a los conductores del grupo 1 y del grupo 2 diabéticos, las normas comunitarias mínimas aplicables figuran en los puntos 10 y 17.2 del Anexo III.

El punto 5 del Anexo III establece por otra parte que los Estados miembros podrán exigir, en el momento de la expedición de un permiso de conducción o de cualquier renovación posterior, normas más rígidas que las mencionadas en dicho Anexo.

Con arreglo al punto 10 del Anexo III, el permiso puede expedirse o renovarse a los candidatos o conductores del grupo 1 diabéticos, previa presentación de un dictamen médico autorizado y realización de una revisión médica adecuada a cada caso.

Con arreglo al punto 10.1 del Anexo III, corresponde a cada Estado miembro determinar el alcance de los casos muy excepcionales, debidamente justificados mediante un dictamen médico autorizado y previa realización de revisiones médicas regulares, que justifiquen la expedición o renovación de un permiso a los candidatos o conductores del grupo 2. Corresponde por tanto a la autoridad médica competente emitir su dictamen en cada caso, sobre la base de las disposiciones establecidas por la legislación nacional.

Un Estado miembro puede así prever, siguiendo las líneas directrices establecidas por la directiva comunitaria, disposiciones más severas para expedir o renovar el permiso de conducción de conductores diabéticos que las establecidas por otro Estado miembro.

El Consejo recuerda que una armonización posterior de las mencionadas disposiciones comunitarias sólo puede producirse sobre la base de una propuesta de la Comisión.

(1) DO L 237 de 24.8.1991, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 97/26/CE (DO L 150 de 7.6.1997, p. 41).
PREGUNTA ESCRITA E-2422/98

de Concepció Ferrer (PPE) al Consejo

(30 de julio de 1998)

Asunto: Acciones contra la pena de muerte

El Consejo de Asuntos Exteriores adoptó en Luxemburgo la decisión de reforzar su acción internacional contra la pena de muerte en tanto que elemento intrínseco en materia de derechos del hombre. Por ello, la Unión Europea se ha propuesto actuar en favor de la abolición universal de la pena de muerte, pidiendo que su aplicación sea progresivamente limitada.Teniendo en cuenta que esta petición se hará a aquellos países donde todavía existe la pena de muerte,

¿Podría decir el Consejo si esta decisión se aplicará también a los Estados Unidos?

Respuesta

(9 de noviembre de 1998)

El Consejo ha decidido, como parte integrante de su política en materia de Derechos Humanos, reforzar las actividades internacionales contrarias a la pena de muerte. La UE trabajará con miras a la abolición universal de la pena de muerte como una política sólidamente defendida en la actualidad por todos los Estados miembros de la UE.

El 29 de junio de 1998, el Consejo aprobó una serie de directrices internas para las actuaciones que emprenderá en relación con la pena capital respecto de terceras partes y en foros multilaterales. En el proceso para alcanzar el objetivo básico de la abolición, la Unión Europea hará un llamamiento, en aquellos casos en los que aún exista la pena de muerte, para que se restrinja progresivamente su aplicación, e insistirá en que ésta se aplique respetando unas normas mínimas.También apremiará, cuando proceda, para que se establezcan moratorias.

La Unión Europea ha explicado su política en relación con la pena capital en el memorándum que presentó en la 53a Asamblea General de las Naciones Unidas, ha intervenido en casos particulares y asimismo ha emprendido acciones en tal sentido ante las autoridades de los Estados Unidos.
PREGUNTA ESCRITA P-1823/98

de Alex Smith (PSE) al Consejo

(8 de junio de 1998)

Asunto: Seguridad nuclear

Teniendo en cuenta que, a finales de mayo, las autoridades responsables de la seguridad nuclear interrumpieron las operaciones de reelaboración de la central de tratamiento de THORP, en Sellafield, tras descubrir una fuga de desechos radiactivos procedente de las tuberías de descarga, ¿iniciará ahora la Presidencia negociaciones con Estados miembros como Irlanda y Suecia, países que manifestaron su inquietud por la seguridad en Sellafield, antes de la reunión del Convenio OSPAR de julio, con el fin de examinar de qué forma se pueden convertir las operaciones de reelaboración de Sellafield en una gestión segura de residuos?

Respuesta

(19 de octubre de 1998)

El Consejo se felicita por los resultados de la conferencia ministerial del Convenio OSPAR celebrada en julio de 1998, durante la cual las partes acordaron actuar de modo que los residuos, las emisiones y las pérdidas de sustancias radioactivas se reduzcan, de aquí al año 2020, hasta niveles en que, en relación con los niveles históricos, las concentraciones adicionales en el medio marino provocadas por dichos residuos, emisiones y pérdidas se aproximen a cero.

El Consejo recuerda además que son de aplicación las normas básicas relativas a la protección sanitaria de la población y de los trabajadores contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes, tal como contempla la legislación comunitaria en el marco de la Directiva 96/29/Euratom del Consejo(1).

Subraya que el Estado miembro en el que se encuentren las instalaciones nucleares es responsable de la seguridad de la concepción, de la construcción y del funcionamiento de dichas instalaciones. La elección del ciclo del combustible corresponde también a cada Estado miembro.

(1) DO L 159 de 29.6.1996, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA E-2129/98

de Felipe Camisón Asensio (PPE) a la Comisión

(10 de julio de 1998)

Asunto: Fiscalidad del comercio electrónico

¿Está decidida la Comisión a actuar de forma que ningún impuesto nuevo respecto a otras formas de comercio rija en la futura aplicación de la fiscalidad indirecta al comercio electrónico, esto es, se propone hacer lo pertinente para que se establezca una absoluta neutralidad fiscal?

¿Qué estrategia se va a seguir para conseguirlo?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(22 de septiembre de 1998)

La Comisión ha venido trabajando con los Estados miembros durante más de un año al objeto de establecer una serie de principios para la aplicación del sistema común del impuesto sobre el valor añadido comunitario al comercio electrónico. En dicho trabajo se partía del común acuerdo entre la Comisión y los Estados miembros de que el IVA es la manera mejor y más apropiada de aplicar los impuestos indirectos al comercio electrónico. La Comisión sigue trabajando, en colaboración con las autoridades fiscales de los Estados miembros y el mundo empresarial, con el fin de garantizar que el sistema del IVA comunitario pueda adaptarse adecuadamente a la evolución de ese nuevo medio.

Sin embargo, no basta con trabajar sólo en el plano europeo. El comercio electrónico representa un mercado mundial, por lo que es necesario coordinarse para hallar un marco impositivo internacionalmente aceptable para ese tipo de transacciones. Con ese objeto, la Comisión ha presentado al Consejo una comunicación(1) en la que propone directrices generales para la imposición del comercio electrónico y en la que, entre otras cosas, resalta la necesidad de neutralidad. El Consejo ha tomado nota de la labor de la Comisión en este ámbito y ha confirmado que a esas transacciones debe aplicárseles el IVA y no otro tipo de impuestos. La Comisión participará en los oportunos foros de debate para intentar llegar a un acuerdo sobre un marco impositivo internacional basado en los principios aprobados por el Consejo en relación con la imposición indirecta.

(1) COM(98)374 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2538/98

de Cristiana Muscardini (NI) al Consejo

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Pensiones y politización de la función pública europea

Teniendo en cuenta que la independencia de la función pública europea es síntoma de transparencia y democracia, y recordando que su normativa básica la constituye el Estatuto de los funcionarios y otros agentes y que su aplicación sigue siendo siempre un acto reglamentario del Consejo, por lo que toda decisión adoptada por cualquier autoridad institucional, sin el acuerdo del Consejo mismo, no tiene valor alguno, carece de cualquier fundamento jurídico y, sobre todo, viola el espíritu del mismo reglamento.

1. ¿Puede el Consejo llevar a cabo una programación real de las carreras de los funcionarios que obedezca a criterios de transparencia y democracia?

2. ¿Puede nombrar inmediatamente los puestos de grado superior que han quedado vacantes en el organigrama del PE, respetando el principio de prioridad del personal de la institución en la que se llevarán a cabo los posibles nombramientos, poniendo fin a las transferencias interinstitucionales, faltas actualmente de toda justificación.?

3. ¿Puede realizar todo gasto que sea necesario para la prevista adquisición de los edificios de Bruselas y Estrasburgo comprometiéndose en primer lugar a garantizar la dotación financiera adecuada a las partidas presupuestarias relativas al personal?

4. ¿Puede congelar la propuesta de crear un fondo para la financiación de las futuras previsiones, recordando los importantes pagos ya efectuados por todos los cargos para financiar la propia pensión (8,25 del salario mensual) y el hecho de que las contribuciones complementarias de los Estados miembros serían suficiente para garantizar el régimen de pensiones, sin poner en peligro la reducción de las partidas presupuestas relativas a las pensiones?

Respuesta

(22 de octubre de 1998)

El Consejo recuerda a Su Señoría que, con arreglo al artículo 24 del Tratado por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas, el estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas lo adopta el Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta a las demás instituciones interesadas.

En el día de hoy, la Comisión no ha sometido al Consejo ninguna propuesta relativa a la creación de un fondo de financiación de las pensiones ni ninguna propuesta encaminada a modificar las disposiciones que rigen la carrera de los funcionarios.

El Consejo precisa que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto, la puesta en práctica de los procedimientos previstos para proveer las vacantes que existan en una institución es competencia de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de dicha institución.

Los gastos mencionados en el punto 3 de la pregunta de Su Señoría se refieren a la partida I del presupuesto general de las Comunidades Europeas y dependen de las decisiones presupuestarias adoptadas por el Parlamento Europeo en el marco de su autonomía administrativa.
PREGUNTA ESCRITA E-2656/98

de Antoinette Spaak (ELDR) al Consejo

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Empleo de las lenguas en las instituciones de la Unión Europea

1. ¿Cuántas páginas se produjeron en el pasado y cuántas se producen actualmente como originales en una de las lenguas de la Unión Europea y en qué lenguas se envían a traducir?

2. ¿Cuál es la posición de las instituciones europeas, en la perspectiva de la ampliación, desde el punto de vista lingüístico?

Respuesta

(3 de noviembre de 1998)

1. Por lo que respecta al Consejo, el Servicio Lingüístico de la Secretaría General dispone de estadísticas pormenorizadas sobre el origen y número de los documentos que se han dado a traducir desde 1993. El número de páginas originales producidas y su desglose por lenguas figuran en el cuadro siguiente.

2. Los documentos normales, que son objeto de distribución general, se traducen en principio a todas las demás lenguas oficiales. Los documentos que no son de difusión general (documentos de trabajo, comunicaciones al personal, documentos preparatorios, documentos administrativos, etc.) no siempre se traducen a todas las lenguas, sino que su traducción se realiza en función de las necesidades del destinatario, sin que esta práctica prejuzgue el régimen lingüístico establecido en concreto en el reglamento no 1.

3. En cuanto a la ampliación, la posición del Consejo en el ámbito lingüístico se determinará durante las negociaciones con los Estados candidatos.

Número de páginas producidas en versión original en la Secretaría General del Consejo

>SITIO PARA UN CUADRO>
PREGUNTA ESCRITA P-3161/98

de Antonio Tajani (PPE) a la Comisión

(12 de octubre de 1998)

Asunto: Videojuegos y protección de los derechos políticos del ciudadano y del líder político Silvio Berlusconi

¿Tiene conocimiento la Comisión de que en muchos salones recreativos para jóvenes está instalado un videojuego con premio, de producción austriaca (Photo Play 2000 Trivial Pursuit - Fun World - Brunnenweg A-4810 G MUNDEN Austria), entre cuyos juegos de preguntas se propone uno en el que se formula la siguiente pregunta:"¿quién es el primer bribón italiano detenido en el ámbito de Tangentópolis?". Se proponen tres soluciones a elegir: Silvio Berlusconi, Bettino Craxi y Mario Chiesa (respuesta correcta).

¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para que se retire la comercialización de un videojuego en el que se insinúa a los jóvenes de manera indirecta que el líder de la oposición en Italia es un bribón que ha sido detenido por corrupción política?

¿No considera la Comisión que se han violado los derechos del ciudadano europeo y del político Silvio Berlusconi, cuya fuerza política cuenta en el Parlamento Europeo con la representación más nutrida de diputados italianos?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión

(23 de octubre de 1998)

La Comisión considera que este asunto no es de su competencia.