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PREGUNTA ESCRITA E-2277/00

de Gianfranco Fini (UEN) y Francesco Turchi (UEN) a la Comisión

(7 de julio de 2000)

Asunto: Medidas de salvaguardia de la producción europea de avellanas

El consumo mundial de avellanas alcanza las 600 000 toneladas, producidas sobre todo en Turquía (550 000 toneladas), mientras que el resto se produce en un 90 % en Italia y en un 10 % en España y Francia.

Considerando la privatización del sector que se está llevando a cabo en Turquía, que, además de vaciar de contenido el acuerdo con la UE que prescribía el almacenamiento de un tercio de su producción, permitirá a la producción turca de avellanas invadir el mercado mundial, y habida cuenta del próximo vencimiento del reglamento de la organización común del mercado del sector de la fruta con cáscara, ruego a la Comisión que conteste a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué medidas va a tomar para proteger la producción europea, especialmente la italiana, sobre todo la de la zona de Viterbo, y para salvaguardar la renta de los cultivadores?

2. ¿Piensa prorrogar el reglamento comunitario que establece ayudas a los productores italianos, españoles y franceses?

3. ¿Tiene intención de conceder ayudas urgentes al sector, reconociendo la especificidad de la fruta con cáscara?

4. ¿Se va a imponer a la industria confitera la obligación de indicar en sus productos la proveniencia de las avellanas utilizadas?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2277/00 y E-2386/00 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(18 de septiembre de 2000)

El tema de la ayuda económica a la producción comunitaria de frutos de cáscara en virtud del Título II bis del Reglamento (CEE) no 1035/72 del Consejo, de 18 de mayo de 1972, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas(1), ha sido debatido en el Consejo de Agricultura del 17 de julio de 2000, el cual ha llegado a la conclusión de que:

El Consejo invita a la Comisión a que proponga la prosecución de los pagos a los productores de frutos de cáscara con cargo al presupuesto de 2001 por lo que se refiere a los programas que llegarían sino a expiración en el 2000, por un lado, y,

por otro, la Comisión deberá examinar la situación del sector de los frutos de cáscara en el informe sobre el régimen aplicable a las frutas y hortalizas que va a presentar de aquí a finales del 2000.

Por lo que se refiere a la declaración de origen de la materia prima utilizada por la industria de transformación, no existen normas específicas al respecto, ni tampoco está previsto establecerlas.

(1) DO L 118 de 20.5.1972.
PREGUNTA ESCRITA E-2920/00

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(19 de septiembre de 2000)

Asunto: Actividades de deporte y ocio en Andalucía

¿Está de acuerdo la Comisión en que el tipo de actividades de ocio que tuvieron lugar en la escuela de equitación Séptimo Cielo, de Ramón Romero, situada en Chivirel, Andalucía, la convierten en un centro por completo inadecuado para recibir financiación comunitaria? ¿Qué medidas ha tomado para garantizar que en el futuro existan procedimientos adecuados de inspección que aseguren que todos los proyectos financiados por la Comunidad sean bona fide?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(9 de noviembre de 2000)

En relación con el proyecto al que hace alusión Su Señoría, la Comisión desea puntualizar que se trata efectivamente de un caso de distracción de fondos para fines ajenos a los previstos en la solicitud de cofinanciación.

Este hecho fue detectado rápidamente por el sistema de control de la Junta de Andalucía y el mecanismo de recuperación de los importes se puso en marcha inmediatamente.

Los pagos que las autoridades españolas hayan realizado en beneficio de este proyecto no forman parte de los gastos certificados comunicados a la Comisión por el Estado miembro. Por consiguiente, las cantidades abonadas como anticipo por la Administración española no han dado lugar a pagos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
PREGUNTA ESCRITA E-2346/00

de Olivier Dupuis (TDI) al Consejo

(24 de julio de 2000)

Asunto: Connivencias entre traficantes y autoridades de la lucha contra la droga

En el mes de mayo, la Comisión del Congreso de los Estados Unidos encargada de los servicios secretos publicó las conclusiones de la investigación parlamentaria sobre el papel desempeñado por la CIA en el apoyo a los Contras nicaragüenses a comienzos de los años ochenta.

Durante las audiencias a puerta cerrada, antiguos agentes de la CIA confirmaron que los Contras se beneficiaron de un dejar hacer activo, con la bendición de los servicios secretos estadounidenses, lo que les permitió autofinanciar su lucha armada gracias a un vasto tráfico de cocaína.

¿Está el Consejo al corriente de estos hechos? ¿Considera semejante actuación un hecho totalmente excepcional en el marco de la política denominada de lucha contra el tráfico de estupefacientes o, por el contrario, está en posesión de informaciones sobre situaciones similares en otras regiones del mundo, tanto en los últimos años como en la actualidad? ¿No estima el Consejo que la gravedad de estos hechos le exige denunciarlos en los foros internacionales competentes, en primer lugar ante el organismo de las Naciones Unidas competente para la lucha contra el tráfico de drogas (UNDPC)? Además, ¿no considera el Consejo que la gravedad de estos hechos ha de inducirle a proponer con toda urgencia una revisión de los convenios internacionales sobre los estupefacientes que permita reunir en un marco jurídico el conjunto de las actividades vinculadas a la producción y comercialización de las sustancias actualmente prohibidas?

Respuesta

(7 de noviembre de 2000)

Los hechos a los que se refiere Su Señoría no se han debatido en los órganos del Consejo.
PREGUNTA ESCRITA E-2793/00

de Niels Busk (ELDR) a la Comisión

(4 de septiembre de 2000)

Asunto: Presión sobre los exportadores de la Comunidad

La posibilidad de presionar a los exportadores de la Comunidad por parte de los importadores de terceros países se debe a las normas estrictas que se aplican para la aprobación de la documentación de importación, que permiten que la falta eventual de un documento de aduana es aprovechada en algunos casos por los importadores para presionar a los exportadores a rebajar los precios irregularmente o a conceder ventajas similares a cambio de devolver el documento original debidamente firmado y sellado.

En estos casos, los exportadores pueden utilizar documentación secundaria, pero los órganos de intervención nacionales aplican en la práctica una política muy restrictiva para el reconocimiento de dichos documentos.

¿Se propone la Comisión examinar las ventajas e inconvenientes de introducir los principios de la Decisión 1999/2497/CE, de 28 de julio de 1999 (sobre documentación primaria alternativa para Rusia) como base de la nueva documentación primaria aplicable a otros países distintos de Rusia, es decir, paralelamente al documento de aduana?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(27 de octubre de 2000)

La prueba del cumplimiento de las formalidades aduaneras de importación en terceros países puede facilitarse, a elección del exportador, mediante la presentación del documento aduanero de importación o de un certificado de descarga e importación expedido por una empresa de vigilancia. Este certificado se ha previsto con el fin de facilitar la actividad de los exportadores, que, de hecho, pueden ser objeto de presiones por parte de los importadores para obtener el documento aduanero de importación.

La Decisión(1) de 28 de julio de 1999, sobre las pruebas de llegada a destino de las exportaciones de productos agrícolas a Rusia, fue adoptada a la vista de las particulares circunstancias que se dan en este país como consecuencia de las persistentes deficiencias de funcionamiento de la administración local. Esta Decisión, que tiene carácter temporal, ha sido recientemente prorrogada hasta el 30 de junio de 2001 dado que continúa esa situación.

En dicha Decisión se indica que está previsto crear un sistema de información entre la Comisión y las autoridades rusas que podría evitar en el futuro la aplicación de sus disposiciones.

En el mes de julio de 2000, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y el Comité Aduanero Estatal de la Federación de Rusia firmaron un acuerdo administrativo que va a permitir que se establezca un sistema de información mutua que contribuirá a una mejor aplicación de los procedimientos aduaneros en Rusia y ofrecerá mayores garantías en lo relativo al pago de restituciones en la Comunidad.

La Comisión no tiene la intención, por el momento, de extender la aplicación de los principios de la citada Decisión a las exportaciones a otros terceros países.

(1) COM(1999) 2497.
PREGUNTA ESCRITA E-3183/00

de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión

(10 de octubre de 2000)

Asunto: Aplicación en Francia de la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres

En 1997, el Tribunal de Justicia emitió sentencia contra Francia en el Asunto C 166/97 (Comisión/Francia). El Tribunal declaró a Francia culpable por incumplimiento, dentro del periodo prescrito, de los requisitos de la Directiva 79/409/CEE(1) relativa a la conservación de las aves silvestres, en lo que respecta al estuario del Sena. Desde entonces han pasado más de tres años y la zona sigue estando protegida de manera insatisfactoria de conformidad con la mencionada Directiva. De acuerdo con el artículo 171, la Comisión inició un nuevo procedimiento por infracción contra Francia en 1997. No obstante, desde entonces, sólo se ha enviado un escrito de requerimiento a Francia por incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia. Teniendo en cuenta que el plazo normal de dos meses de que disponen los

Estados miembros para responder a los escritos de requerimiento no se ha respetado en este caso y considerando que, en julio de 2000, Grecia fue condenada por el Tribunal de Justicia a pagar una multa diaria de 20 000 a raíz de un juicio por un caso similar, ¿puede la Comisión especificar el motivo por el cual no se ha iniciado ninguna acción contra Francia y cuál es la causa de todos estos retrasos?

(1) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(17 de noviembre de 2000)

La Comisión señala a Su Señoría que la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-166/97 Comisión contra Francia se dictó en 1999 y no en 1997, como se afirma en su pregunta escrita, que la Comisión envió un escrito de requerimiento a Francia con arreglo al artículo 228 del Tratado CE (antiguo artículo 171) en 1999 y no en 1997, y que el Gobierno francés ha respetado el plazo de respuesta a dicho requerimiento.

El Gobierno francés está procediendo a ejecutar la sentencia.
PREGUNTA ESCRITA E-2219/00

de Avril Doyle (PPE-DE) al Consejo

(11 de julio de 2000)

Asunto: Niños soldados en África

Ante el hecho de que en muchos de los conflictos que tienen lugar en África participan niños como soldados, la mayoría de ellos secuestrados, y teniendo en cuenta las graves consecuencias psicológicas, emocionales, sociales y físicas que esta práctica acarrea tanto a sus víctimas como a la sociedad y las grandes dificultades que estos niños encuentran para reintegrarse en la sociedad una vez que consiguen escapar o ser liberados, ¿puede el Consejo explicar brevemente cuál es la estrategia de la Unión Europea para resolver esta situación en general, qué está haciendo la UE para evitar en particular el secuestro de niños con fines militares y qué tipo de ayuda proporciona la UE para facilitar la reintegración social de estos niños?

Respuesta

(20 de noviembre de 2000)

La estrategia de la Unión Europea para garantizar la protección de los niños en los conflictos armados, en África o en cualquier otro lugar del mundo, se sitúa en el marco de los esfuerzos que toda la comunidad internacional está desarrollando con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, y a las Resoluciones 1261 (1999) y 1314 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a los niños en situaciones de conflicto armado. En este contexto, la UE fomenta, en particular, la firma y ratificación de los dos protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, uno de los cuales se refiere a la participación de los niños en los conflictos armados.

El Consejo considera, además, que conviene ocuparse de los factores que alimentan los daños causados a los niños. Uno de dichos factores es el acceso a las armas, en particular las ligeras y de pequeño calibre. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Consejo ha adoptado un código de conducta en materia de exportación de armas y una acción común sobre las armas ligeras. La Unión Europea apoya de forma activa la preparación y celebración en 2001 de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas ligeras y de pequeño calibre, en todos sus aspectos.

En el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, el Consejo exhorta sistemática y regularmente a todos los que intervienen en conflictos armados a que respeten los derechos del niño y a que permitan que las organizaciones humanitarias puedan acceder libremente, en condiciones de seguridad y sin obstáculos, a todos los niños afectados por los conflictos armados.

Por lo que se refiere a la asistencia humanitaria que la Comunidad Europea ofrece con el fin de volver a integrar a los niños soldados en la sociedad, se invita a Su Señoría a que se dirija a la Comisión Europea que se encarga, con arreglo al Reglamento del Consejo 975/1999 del Consejo(1), de la realización de proyectos en este ámbito.

(1) DO L 120 de 8.5.1999, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA E-2297/00

de Concepció Ferrer (PPE-DE) al Consejo

(11 de julio de 2000)

Asunto: El proceso electoral en Zimbabwe

El Foro para la Defensa de los Derechos Humanos en Zimbabwe, que integra a nueve ONG, está denunciando que las autoridades de este país africano están financiando e instruyendo en técnicas de tortura a bandas de jóvenes para utilizarlos en actividades de extorsión y tortura contra los simpatizantes de los partidos opositores al Presidente Robert Mugabe.

Considerando que estas acusaciones constituyen una prueba no sólo de los abusos contra los Derechos Humanos cometidos por Mugabe y su partido, sino también de la intimidación y la falta de libertades con que se ha desarrollado el proceso electoral en Zimbabwe, ¿no cree que el Consejo debería condenar a Robert Mugabe por las vulneraciones de los Derechos Humanos cometidas y por la falta de garantías con que se ha desarrollado la campaña electoral que, por si mismas, invalidan el resultado de las elecciones?

Respuesta

(30 de noviembre de 2000)

En su reunión del 10 de julio de 2000, el Consejo evaluó la situación en Zimbabwe basándose en el informe de la Misión Europea de Observación. Observó que, aunque en la campaña electoral habían sido frecuentes la violencia, las intimidaciones masivas y las irregularidades de procedimiento, las elecciones celebradas los días 24 y 25 de junio se habían desarrollado, en general, en paz. Contribuyó a ello en gran medida la presencia masiva de observadores internacionales, entre los que destacaron los de la Unión Europea. El Consejo considera que corresponde ahora al Gobierno de Zimbabwe impedir que se repitan los actos de violencia que la Misión Europea observó durante la fase preelectoral, investigar dichos casos y adoptar todas las medidas legales contra los autores de violencia política, de violación de los derechos humanos o de maniobras de fraude durante el período preelectoral.

La Unión, preocupada por la situación de los derechos humanos en este país, ha instado a las autoridades de Zimbabwe a que trabajen con la oposición y la sociedad civil para emprender un diálogo constructivo. El Consejo ha recordado que es fundamental restablecer en Zimbabwe el respeto por los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho. La Unión se ha declarado dispuesta a trabajar con todos los zimbabwenses que acepten estos principios.
PREGUNTA ESCRITA E-2138/00

de Encarnación Redondo Jiménez (PPE-DE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Régimen de importación del ajo

Teniendo en cuenta la noticia aparecida en la prensa española el pasado 14 de mayo de 2000 sobre las negociaciones para la fijación de un contingente definitivo y un arancel a los ajos importados, ¿puede confirmar la Comisión que se está negociando sobre la base de un arancel de 770/tonelada?

¿Cuál es el estado actual de las negociaciones?

¿Qué controles se están realizando para evitar las operaciones triangulares a través de las cuales se exportan a la Unión Europea ajos desde países no productores?

¿Cómo afectará al sector productor comunitario el compromiso sobre la adhesión de China a la OMC, recientemente alcanzado, teniendo en cuenta que China es el principal productor mundial?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(11 de septiembre de 2000)

La Comisión ha recibido del Consejo un mandato para negociar la modificación de sus compromisos sobre importación de ajos, de conformidad con los procedimientos previstos en el artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Según establece el mandato, la Comisión debe negociar la compensación por el incremento del arancel aplicable a la importación, ofreciendo a cambio de éste la apertura de un contingente arancelario al tipo de derecho actual según lo previsto en los procedimientos de aplicación del artículo XXVIII del GATT.

Las negociaciones aún no han comenzado oficialmente, pues la Comisión está esperando la confirmación oficial de la participación del principal país proveedor.

En aplicación del Reglamento (CEE) no 1859/93 de la Comisión, de 12 de julio de 1993, relativo a la aplicación de los certificados de importación respecto al ajo importado de terceros países(1), modificado por el Reglamento (CE) no 1662/94, de 8 de julio de 1994(2), el despacho a libre práctica en la Comunidad de los ajos importados de terceros países está sujeto a la presentación de un certificado de importación. Es responsabilidad exclusiva de los servicios aduaneros de los Estados miembros interesados asegurarse de la autenticidad de los certificados y del cumplimiento de los procedimientos contemplados en la normativa vigente. Además, la Comisión ha adoptado en numerosas ocasiones medidas por las que se requiere un certificado específico de origen para la importación del ajo declarado originario de determinados terceros países.

Las modificaciones previstas de nuestros compromisos acerca de la importación de ajo tendrán en cuenta la situación creada por la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), evitando de esa forma posibles perturbaciones de la producción comunitaria de ajo.

(1) DO L 170 de 13.7.1993.

(2) DO L 176 de 9.7.1994.
PREGUNTA ESCRITA E-2846/00

de Bart Staes (Verts/ALE) al Consejo

(8 de septiembre de 2000)

Asunto: Publicidad de los documentos de la UE

Un grupo de trabajo de altos funcionarios del Coreper ha elaborado este verano una propuesta para reducir drásticamente la publicidad de los documentos de la UE, a pesar de que el Tratado de Amsterdam establece explícitamente el derecho a consultar dichos documentos.

El grupo de trabajo pretende utilizar el procedimiento escrito para plasmar la propuesta en un texto vinculante. De esta forma, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea y el Consejo quedan fueran de juego a partir de septiembre.

Tan sólo se han opuesto a la limitación del derecho a consultar los documentos los representantes de los Países Bajos, Suecia y Finlandia. Los demás representantes del Coreper parecen opinar que la propuesta de la Comisión, consistente en un código de conducta elaborado en el marco del procedimiento de codecisión, no responde a su interpretación personal de la publicidad de los documentos de la UE.

1. ¿Está de acuerdo el Consejo con la propuesta relativa a la publicidad de los documentos de la UE elaborada por un grupo de trabajo de altos funcionarios del Coreper? En caso negativo, ¿se va a oponer a la propuesta en cuestión?

2. ¿Considera el Consejo que la propuesta relativa a la publicidad de los documentos de la UE elaborada por un grupo de altos funcionarios del Coreper va en contra de la propuesta de la Comisión, consistente en un código de conducta elaborado en el marco del procedimiento de codecisión? En ese caso, ¿qué medidas va a adoptar el Consejo para que la propuesta de la Comisión se convierta en la pauta oficial para cuanto atañe a la publicidad de los documentos de la UE?

3. ¿Considera el Consejo que la propuesta de los funcionarios del Coreper es contraria a la disposición del Tratado de Amsterdam sobre la publicidad de los documentos de la UE? En ese caso, ¿de qué forma se propone el Consejo impugnar esta incompatibilidad con las disposiciones del Tratado?

Respuesta

(30 de noviembre de 2000)

1. La decisión 2000/527/CE a la que se refiere Su Señoría fue adoptada por el Consejo el 14 de agosto de 2000 y publicada en el Diario Oficial el 23 de agosto de 2000(1).

2. El Consejo puede adoptar, basándose sólo en el artículo 207, normas que regulen el acceso a sus documentos. Aun así, obviamente, la normativa del Consejo al respecto deberá atenerse al Reglamento basado en el artículo 255, tan pronto como se adopte el mismo.

3. El Consejo considera que ha adoptado la Decisión 2000/527/CE en el marco de sus competencias sin que exista contradicción o incompatibilidad con las disposiciones del Tratado.

(1) DO L 212 de 23.8.2000, p. 9.