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PREGUNTA ESCRITA E-1291/02

de Alejandro Cercas (PSE) a la Comisión

(8 de mayo de 2002)

Asunto: Cierre de la fábrica de galletas Fontaneda en Aguilar de Campoo (Palencia España)

Desde 1881 ha venido funcionando en Aguilar de Campoo (Palencia) una fábrica de galletas que ha significado un oasis de prosperidad para una comarca ubicada en una región del objetivo 1 y con graves problemas socioeconómicos y laborales.

Hace unos días, la multinacional United Biscuits, nueva propietaria de la fábrica y de la marca, la primera a nivel español y símbolo de buen hacer durante generaciones, ha anunciado el cierre de la misma, por razones caprichosas y en busca de una deslocalización salvaje y cruel para toda esta comunidad.

¿Tiene la Comisión conocimiento de este problema, que ya está acarreando graves problemas sociales y de orden público, y de las posibles iniciativas para impedir que este atentado laboral se consume?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2002)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta oral H-0312/02 de la Sra. Rodriguez Ramos, formulada en el turno de preguntas de la sesión de Mai I 02(1) del Parlamento.

(1) Debates del Parlamento (Mayo de 2002).
PREGUNTA ESCRITA E-0060/02

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consejo

(25 de enero de 2002)

Asunto: La posición de la Presidencia española por lo que se refiere a la reforma y constitucionalización de los Tratados, previstas en la Declaración de Laeken

¿Cuál es la posición de la Presidencia española por lo que se refiere a la reforma y constitucionalización de los Tratados, previstas en la Declaración de Laeken? ¿Considera que la reforma debe avanzar hasta la redacción de una Constitución de la Unión Europea?

Respuesta

(13 de mayo de 2002)

La Presidencia responde a las preguntas en nombre del Consejo. No procede que el Consejo opine de la posición de ningún Estado miembro acerca de la reforma y la constitucionalización de los Tratados.
PREGUNTA ESCRITA E-0544/02

de Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) a la Comisión

(28 de febrero de 2002)

Asunto: Aplicación de la Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

El Parlamento Europeo aprobó en 1997 la Directiva 98/44/CE(1) relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. En 2001, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo rechazó

un recurso de anulación de dicha Directiva (asunto C-377/98) presentado por el Gobierno neerlandés. Por consiguiente, los Países Bajos deberán cumplir con sus obligaciones en lo referente a esta legislación europea. No obstante, el órgano legislativo neerlandés (la Cámara de los Diputados) se ha negado a llevar a cabo la transposición de esta Directiva a la legislación nacional, a pesar de que dicha transposición debería haberse realizado antes del 30 de julio de 2000. Esta situación perjudica seriamente a las empresas biotecnológicas existentes y a las empresas de reciente creación en dicho sector tanto en los Países Bajos como en Europa.

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de esta situación?

2. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para que los Países Bajos cumplan con sus obligaciones a nivel europeo, en particular, lo que se refiere a la transposición íntegra y rápida de la Directiva en cuestión?

3. ¿Qué otros Estados miembros no han transpuesto aún esta Directiva a sus legislaciones nacionales?

(1) DO L 213 de 30.7.1998, p. 13.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2002)

Su Señoría llama la atención de la Comisión sobre las dificultades de aplicación en algunos Estados miembros de la Directiva 98/44/CE del Parlamento y el Consejo, del 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

1. La Comisión tiene pleno conocimiento de que no se ha aplicado la Directiva 98/44/CE en algunos Estados miembros. La Comisión desearía asociarse a las observaciones hechas por Su Señoría acerca de la obligación imperativa que pesa sobre los Estados miembros de transponer inmediatamente esta Directiva, en la medida en que ya ha cumplido desde hace tiempo el plazo de transposición. Además, el rechazo del recurso de anulación de la Directiva por el Tribunal de Justicia el 9 de octubre de 2001 disipó cualquier posible ambigüedad en cuanto a la legalidad de esta Directiva.

2. La Comisión desea recordar que el 30 de noviembre de 2000 se envió un escrito de requerimiento a los Estados miembros que en dicha fecha no habían transpuesto la Directiva 98/44/CE. Conviene observar que la próxima fase de este procedimiento es el envío de un dictamen motivado por no haber comunicado medidas nacionales de transposición.

3. Hasta ahora, son cinco los Estados miembros que han transpuesto la Directiva 98/44/CE: Dinamarca, Grecia, Irlanda, Finlandia y el Reino Unido.
PREGUNTA ESCRITA E-0515/02

de Paolo Costa (ELDR) a la Comisión

(28 de febrero de 2002)

Asunto: Tarificación del uso de las infraestructuras de transporte

Visto el informe del Parlamento Europeo A5-0345/2000 sobre la tarificación de las infraestructuras de transportes, aprobado el 18 de enero de 2001;

Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001, en las que se especifica que una política sostenible en materia de transportes debe abordar la plena internalización se los costes sociales y ambientales;

Visto el Libro Blanco(1) y, en particular, la tercera parte del capítulo II A, que lleva por título hacia una tarificación progresiva del uso de las infraestructuras;

Visto el punto 58 de las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Laeken de diciembre de 2001, en el que se precisa que la Comisión presentará lo antes posible una propuesta marco sobre la tarificación del uso de las infraestructuras;

¿Puede informar la Comisión acerca de las fechas y las modalidades de presentación de dicha propuesta marco?

(1) COM(2001) 370.

Respuesta de Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(9 de abril de 2002)

La Comisión está trabajando actualmente en la elaboración de una metodología de tarificación de las infraestructuras de transporte aplicable a todos los medios de transporte.

Esta metodología se estudiará con la ayuda de expertos y la Comisión tiene previsto examinar una propuesta de directiva marco en el transcurso del segundo semestre de 2002.
PREGUNTA ESCRITA P-0018/02

de Luciano Caveri (ELDR) a la Comisión

(14 de enero de 2002)

Asunto: Comunicación sobre teleféricos, telesillas y otras instalaciones similares

La Comisión se ocupa desde hace algún tiempo, como se desprende del Informe 2000 sobre la competencia, del problema de las ayudas de Estado a las empresas proveedoras de servicios de teleféricos y demás. Se ha intentado concienciar a la Comisión de todas las maneras posibles de lo delicado del asunto, a fin de prevenir daños debidos a la adopción de medidas que no se hayan evaluado adecuadamente en un sector vital para la economía de montaña europea. Por ejemplo, el 8 de noviembre de 2000 se celebró en el Parlamento Europeo un seminario en el que participaron expertos y operadores del sector de toda Europa. Mientras tanto, el propio Parlamento expresó su punto de vista sobre los temas relacionados con la montaña en su Resolución de 6 de septiembre de 2001, que abordaba el tema objeto de la presente pregunta en los apartados 23 y 24, que son del todo coherentes con lo contenido en materia de turismo de montaña en el Segundo Informe sobre la Cohesión Económica y Social, adoptado el 31 de enero de 2001 por la Comisión. Se habla ahora de una propuesta de comunicación, de la cual no se ha informado oficialmente ni a las asociaciones pertinentes de los Estados miembros ni a la asociación europea de operadores de teleféricos.

¿Puede indicar la Comisión si existe una propuesta de comunicación sobre las ayudas de Estado a las empresas proveedoras de servicios de teleféricos? En caso afirmativo, ¿cuál es el contenido de la misma? ¿Qué tipo de consulta sobre la propuesta se llevará a cabo, en especial con los representantes del sector? ¿Cuál es el calendario previsto para su adopción?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(4 de marzo de 2002)

Actualmente la Comisión no prevé adoptar una comunicación sobre ayudas estatales al sector de instalaciones de teleféricos.

Cabe añadir que las ayudas al sector de instalaciones de teleféricos fueron objeto de una decisión de la Comisión por la que se inició un procedimiento formal de investigación de las ayudas estatales a las instalaciones de teleféricos en la provincia de Bolzano, Italia (asunto C 42/2000).

En el Diario Oficial, se publicó una invitación a los interesados a presentar sus observaciones de conformidad con el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE(1).

Se han recibido varias observaciones, entre ellas las de asociaciones de operadores del sector, y se tendrán en cuenta a la hora de adoptar una decisión final sobre este asunto.

(1) DO C 27 de 27.1.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-0540/02

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(28 de febrero de 2002)

Asunto: Aviones defectuosos

¿Puede comunicar la Comisión las medidas que ha tomado en relación con el reciente escándalo de la venta de componentes defectuosos de aviones en Italia? En particular, ¿hay investigaciones en curso sobre las actividades de la empresa Panaviation?

¿Qué contactos ha mantenido la Comisión con el Gobierno italiano a este respecto?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0347/02, E-0378/02 y E-0540/02dada por la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(4 de abril de 2002)

El problema de las piezas no conformes lo conocen bien las autoridades aeronáuticas americanas que, para luchar contra este peligro, ya pusieron en marcha anteriormente varias iniciativas, seguidas por varias autoridades aeronáuticas europeas.

En este contexto, el anuncio por la policía italiana de la incautación de piezas de Airbus A300 procedentes de la canibalización de aparatos retirados con implicación de tres empresas (Panaviation, New Tech Italia y New Tech Aerospace) constituye un hecho deplorable, pero nada nuevo.

Las piezas principales de los aviones son objeto de una certificación y a menudo se limita su vida útil (calendario o en horas de vuelo). Además, los componentes de un avión se documentan para poder determinar sus orígenes y su historia.

La falsificación es desgraciadamente posible, igual que en cualquier sector donde estén en juego grandes intereses financieros. En efecto, el valor de las piezas de avión es tal que el comercio ilegal de piezas no certificadas o recuperadas de aeronaves retiradas puede resultar muy lucrativo.

Así pues, el problema es real y las autoridades de la aviación son conscientes de ello. A este respecto, la Comisión velará por que, al crearse la Autoridad Europea para la Seguridad de la Aviación Civil (EASA), los procedimientos de certificación de las piezas aeronáuticas se evalúen particularmente en relación con el problema de la falsificación.

Esta evaluación adoptará la forma de un estudio detallado de los procedimientos vigentes de las autoridades conjuntas de aviación, JAA-parte 21 (certificación de aeronaves y piezas asociadas), que constituirán la base de las normas de aplicación de la EASA que la Comisión deberá adoptar en este campo.

Así pues, la Comisión está decidida a no permitir un debilitamiento de la seguridad aérea en este ámbito, pero esto no puede reemplazar los esfuerzos necesarios de los Estados miembros, que tienen las competencias penales para la lucha contra la falsificación de piezas certificadas o de documentos en general.
PREGUNTA ESCRITA E-0749/02

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(15 de marzo de 2002)

Asunto: Progresos en la evaluación del fentión

En respuesta a la pregunta escrita E-3552/00(1), la Comisión indicaba que uno de los principios básicos de la Directiva del Consejo 91/414/CEE(2) de 15 de julio de 1991, concerniente a la comercialización de productos fitosanitarios, era la inclusión de las substancias activas admitidas en una lista que figura en el anexo 1, aunque el apartado 2 del artículo 8 establece una excepción que ofrece a los Estados miembros, durante un período de 12 años (hasta el 25 de julio de 2003), la posibilidad de seguir autorizando productos fitosanitarios que contengan substancias activas no incluidas en el Anexo 1 de la Directiva

La Comisión señalaba que el fentión era una de las substancias activas que estaban siendo evaluadas en el marco del Reglamento de la Comisión (CEE) no 3600/92(3) de 11 de diciembre de 1992, y que se esperaba que la Comisión pudiera adoptar una decisión sobre el fentión a principios de 2001. La Comisión decía asimismo que informaría al Parlamento y al Consejo en julio de 2001, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva, sobre la evolución del programa de reevaluación.

El 28 de noviembre de 2001, respondiendo a la pregunta escrita E-2883/01(4), la Comisión confirmó que la legislación comunitaria autorizaba el uso del fentión a la espera de que se completase el proceso de evaluación, que éste se hallaba casi finalizado y que la Comisión, tras consultar con el Comité científico de las plantas, propondría lo antes posible una decisión sobre el fentión.

¿Puede decir la Comisión si se ha completado la evaluación y se ha llegado a una decisión definitiva acerca de la seguridad o los peligros del fentión?

(1) DO C 174 E de 19.6.2001, p. 76.

(2) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.

(3) DO L 366 de 15.12.1992, p. 10.

(4) DO C 115 E de 16.5.2002, p. 187.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(10 de abril de 2002)

Ya se ha completado la evaluación del fentión, con excepción de un estudio que se acaba de presentar al Estado miembro designado como ponente. La evaluación de dicho estudio estará disponible en abril de 2002, pero no debería retrasar el proceso de toma de decisiones. La Comisión presentará el resultado de su evaluación al Comité científico de las plantas en abril de 2002. Se espera que el Comité emita su dictamen dentro de dos meses. La Comisión tiene intención de tomar una decisión sobre el fentión lo antes posible, una vez que haya recibido el dictamen del Comité científico.
PREGUNTA ESCRITA P-0933/02

de Pat Gallagher (UEN) a la Comisión

(26 de marzo de 2002)

Asunto: Legislación de los Estados miembros sobre salud y seguridad de los trabajadores autónomos

Dado que en la mitad de los Estados miembros, aproximadamente, los trabajadores autónomos, si bien están cubiertos por la Directiva marco sobre salud y seguridad, no se encuentran cubiertos en el Estado miembro de que se trate en la medida en que la legislación nacional sobre salud y seguridad no incluye a los trabajadores autónomos, ¿piensa la Comisión proponer de forma prioritaria una solución de alcance comunitario que asegure que todos los trabajadores del mercado interior tienen garantizada la igualdad de trato con respecto a la salud y la seguridad en el trabajo, para mejorar de este modo a mejorar las condiciones para la movilidad laboral y contribuir a un mercado interior más efectivo y una economía comunitaria más dinámica?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2002)

La Comisión comparte la opinión de Su Señoría sobre la importancia de que se reconozca la necesidad de protección en materia de salud y seguridad en el trabajo para los trabajadores por cuenta propia.

No obstante, la Directiva marco 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo(1), no cubre a los trabajadores autónomos. De hecho, su artículo 3 define el concepto de trabajador a efectos de la Directiva como cualquier persona empleada por un empresario, con lo que los trabajadores por cuenta propia quedan excluidos del ámbito de aplicación de la misma.

En cualquier caso, la Comisión ha adoptado recientemente una propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la aplicación de la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo a los trabajadores autónomos(2). La Recomendación constituye un instrumento no vinculante destinado a la consecución de un nivel mínimo de protección de los trabajadores autónomos con arreglo al principio de subsidiariedad. Las principales cuestiones que trata la Recomendación son el reconocimiento de los derechos de los trabajadores autónomos a la información y la formación en materia de salud y seguridad y a la vigilancia de la salud.

(1) DO L 183 de 29.6.1989.

(2) COM(2002) 166 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0091/02

de Astrid Thors (ELDR) a la Comisión

(25 de enero de 2002)

Asunto: Experimentos con medicinas en Europa

En diciembre de 2001, el catedrático Urpo Rinne, de la Universidad de Turku/Åbo, fue condenado a cuatro años de prisión incondicional por fraude y apropiación indebida en relación con proyectos de investigación que estaba dirigiendo. Según la prensa, dichos proyectos de investigación tenían por objeto, entre otros, experimentos con medicamentos, por ejemplo, para la enfermedad de Parkinson. Se había arriesgando la seguridad de los pacientes. Habida cuenta de que el número de concesiones de licencias disminuye en los EE.UU. (53 en 1996, 27 en 2000 y 16 en 2001) ¿puede informarme la Comisión de si las normas que regulan los experimentos con medicinas son más permisivas en Europa? ¿Son las diferencias en las disposiciones relativas a la concesión de licencias para medicinas lo que lleva a las empresas de medicamentos a realizar sus experimentos en Europa y Finlandia? ¿Existen otras diferencias esenciales, pero peligrosas para los pacientes, que expliquen el atractivo de Finlandia para estos proyectos de investigación?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(5 de marzo de 2002)

Las normas que rigen los ensayos de los medicamentos en Europa no son menos estrictas que las vigentes en Estados Unidos.

Con arreglo a la Directiva 2001/83/CE, todas las fases de investigación clínica sobre medicamentos se diseñarán y llevarán a cabo siguiendo las buenas prácticas clínicas, y los informes se elaborarán según estos mismos principios; además, deberán realizarse de conformidad con los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki. Las directrices armonizadas internacionalmente sobre las buenas prácticas clínicas serán de aplicación en Europa, Estados Unidos y Japón.

Además, la Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, fija las normas relativas a la planificación, la realización, el registro y la comunicación de tales ensayos clínicos en la Unión Europea. Dicha Directiva establece normas rigurosas para la realización de ensayos clínicos así como auditorías e inspecciones, que previamente fueron fijadas en las directrices armonizadas internacionalmente sobre las buenas prácticas clínicas.

Otros textos europeos introducen directrices sobre ensayos clínicos en general y sobre el desarrollo de medicamentos específicos en diferentes campos terapéuticos, incluida la enfermedad de Parkinson.

El número de licencias concedidas en un país, ya disminuya o aumente, no guarda ninguna relación con el número de ensayos clínicos realizados en ese mismo país y no existe ninguna evidencia de que las compañías estén abandonando Estados Unidos para realizar sus ensayos en la UE porque el ambiente de los ensayos clínicos sea más relajado.
PREGUNTA ESCRITA E-0102/02

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(29 de enero de 2002)

Asunto: Respuesta a la pregunta escrita E-1393/01

En relación con la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-1393/01(1) del mismo autor, ¿podría especificar la Comisión en un cuadro para cada Estado miembro:

1. el tipo de descuento aplicado normalmente en los análisis costes/beneficios;

2. el índice por hora que se toma como base para el cálculo del ahorro de tiempo (indicando si hay más de uno);

3. la cuantificación del ahorro de costes que se produce como consecuencia de la reducción del número de accidentes mortales?

(1) DO C 364 E de 20.12.2001, p. 99.

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(6 de marzo de 2002)

Son los Estados miembros quienes establecen los tipos de descuento, el índice por hora que se toma como base para el cálculo del ahorro de tiempo y el ahorro de costes que se produce como consecuencia de la reducción del número de accidentes mortales para evaluar los proyectos de infraestructuras de transporte. El proyecto Impactos socioeconómicos y espaciales del transporte del programa de transportes del Cuarto Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico modificó estos valores en 1997. Un cuadro del informe que contiene los datos brutos correspondientes a las principales categorías se remitirá directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento Europeo.

La Comisión recuerda a Su Señoría que las definiciones y mediciones varían de forma considerable entre los Estados miembros y que, por tanto, no puede efectuarse una comparación directa. El proyecto anteriormente mencionado ha propuesto definiciones y mediciones armonizadas y los resultados se pueden consultar en el informe final en el sitio de la Comisión(1).

(1) http://europa.eu.int/comm/transport/extra/reports.htmlEUNET/SASI informe final Socio-economics and spatial impacts of transport, contrato ST-96-SC037 (bajo el epígrafe Strategic).
PREGUNTA ESCRITA E-0345/02

de Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) a la Comisión

(12 de febrero de 2002)

Asunto: Normas comunitarias relativas a los delatores del sector privado

La publicación The Economist (12-18.1.2002) aborda una importante cuestión al tratar de los delatores (whistleblowers) que trabajan en el sector privado.

Las normas internas de la Comisión en materia de denuncia están en período de desarrollo y algunas directivas contienen disposiciones únicas al respecto, pero la UE carece de normas horizontales, en particular cuando no se trata de una denuncia efectuada por un funcionario. No obstante, por lo que respecta a la posición de competencia de las empresas que funcionan dentro del mercado interior, la existencia de normas mínimas comunes podría ser de gran importancia.

¿Ha considerado la Comisión los efectos que puede tener en el funcionamiento del mercado interior la falta, en la normativa común del mercado de trabajo, de una normativa sobre los delatores?

¿Considera necesario la Comisión elaborar una normativa común para proteger la posición de los trabajadores de empresas con sede en la UE cuando éstos actúen como delatores de abusos o negligencias cometidos por sus propios empleadores?

¿En qué proyecto legislativo podrían incluirse más rápidamente tales normas, o considera la Comisión que es más adecuado elaborar una propuesta por separado?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(18 de marzo de 2002)

No hay ninguna normativa laboral comunitaria relacionada con los delatores, ni se aborda esta cuestión en la agenda de política social aprobada por el Consejo Europeo de Niza (7 y 9 de diciembre de 2000).

Este tema tampoco se incluye en la agenda de los interlocutores sociales a nivel comunitario.