PREGUNTA ESCRITA P-0831/00

de Claude Desama (PSE) a la Comisión

(10 de marzo de 2000)

Asunto: Reglamento no 2790/99 relativo la aplicación del apartado 3 del artículo 81 de Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales

El reglamento no 2790/99(1) relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales resulta perjudicial para decenas de miles de pequeñas y medianas empresas inscritas en las redes estructuradas de distribución, principalmente en el sector del automóvil.

El nuevo reglamento no contiene ninguna cláusula que permita sancionar los eventuales abusos de los proveedores respecto a los distribuidores y revendedores.

Con el fin de no poner en peligro la existencia de numerosas PYME, que son los motores de la economía europea, ¿no considera la Comisión que es indispensable completar el reglamento con una cláusula complementaria (hard core) que impida que los adjudicadores de las concesiones se aprovechen del exceso de la dependencia económica de las PYME de la distribución y de los servicios?

(1) DO L 336 de 29.12.1999, p. 21.

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(12 de abril de 2000)

De conformidad con lo dispuesto en su artículo 2(5), el Reglamento de la Comisión (CE) no 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 (ex artículo 85) del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos no es aplicable a los acuerdos que son objeto del Reglamento (CE) no 1475/95, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles(1). Por tanto, la posición de las pequeñas y medianas empresas (PYME) que operan como distribuidores en el sector del automóvil no se ve actualmente afectada por la nueva normativa en materia de restricciones verticales.

El Reglamento (CE) no 1475/95 antes citado permanecerá en vigor hasta el 30 de septiembre de 2002. Con vistas a esa fecha, la Comisión está elaborando actualmente el informe de evaluación previsto en el artículo 11 de ese Reglamento. Sobre la base de ese informe, la Comisión formulará sus propuestas en cuanto al régimen aplicable al sector de la distribución automóvil, propuestas sobre las cuales se consultará debidamente a las partes interesadas y a los Estados miembros.

Por lo que se refiere la cuestión más general mencionada por Su Señoría referente a la ausencia, en el Reglamento (CE) no 2790/1999, de cláusulas negras que prohiban a los proveedores abusar de la situación de dependencia económica de sus distribuidores, conviene señalar lo que sigue:

- El objetivo de la reforma realizada por la Comisión con la introducción del nuevo Reglamento (CE) no 2790/1999 es establecer una política de competencia en materia de restricciones verticales realmente basada en un enfoque económico y centrada en el análisis de los efectos de los acuerdos verticales en el mercado. Las normas de competencia comunitarias no tienen por objeto regular las relaciones contractuales entre las partes con el fin de reequilibrar sus relaciones de fuerza. El objetivo de estas normas consiste únicamente en proteger la competencia e impedir la implantación de prácticas contrarias a la competencia, en particular, por los proveedores que disponen de un determinado poder de mercado.

- No obstante, el nuevo enfoque de la Comisión sobre este tema ofrece garantías importantes a las PYME que operan en el sector de la distribución. En primer lugar, contrariamente a los antiguos Reglamentos de exención por categoría aplicables a algunas formas de distribución, el nuevo Reglamento (CE) no 2790/1999 no cubre a las empresas cuya cuota de mercado sobrepasa el 30 %, lo que puede por sí mismo desalentar a los proveedores que disponen de un poder de mercado significativo de abusar de la situación de dependencia económica de sus distribuidores.

- En segundo lugar, dicho Reglamento contiene una lista de restricciones explícitas que implican la pérdida del beneficio de la exención de categoría y cuyo contenido refleja ampliamente la jurisprudencia comunitaria relativa, en particular, a las restricciones que limitan las actividades de venta de los distribuidores.

- En tercer lugar, dicho Reglamento cubre por primera vez los acuerdos verticales celebrados por asociaciones de minoristas cuyos miembros son PYME, lo que en principio permitirá a tales PYME reforzar su posición en el mercado tanto frente a sus proveedores como frente a las cadenas de distribución integradas.

- En cuarto lugar, el nuevo marco jurídico prevé mecanismos específicos que permiten a las autoridades de competencia intervenir contra las prácticas contrarias a la competencia incluso por debajo del umbral del 30 %. Se trata del mecanismo de retirada del beneficio de la exención de categoría, mecanismo que puede ser activado bien por la Comisión (artículo 6) bien, en algunas condiciones, por la autoridad competente de un Estado miembro (artículo 7), así como del procedimiento que permite a la Comisión limitar vía Reglamento el ámbito de aplicación de la exención cuando más del 50 % del mercado en cuestión esté cubierto por redes paralelas de restricciones verticales similares (artículo 8).

- Por último, en virtud del nuevo Reglamento (CE) no 2790/1999, la exención de categoría sólo cubre las obligaciones de no-competencia impuestas a los distribuidores si su duración no excede de 5 años mientras que, con el sistema anterior, tales obligaciones podían vincular a los minoristas hasta 10 años y, en algunos casos, incluso por un período indeterminado. Las nuevas normas de competencia ofrecen así a los distribuidores una posibilidad concreta de optar por fuentes de suministro alternativas y, de esta forma, ejercer una presión directa sobre sus proveedores, lo que es más eficaz que regular con todo detalle los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

(1) DO L 145 de 29.6.1995.