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PREGUNTA ESCRITA E-1015/01

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(30 de marzo de 2001)

Asunto: Proyecto de construcción de una planta Airbus en Mühlenberger Loch

1. ¿Tiene noticias la Comisión de que la industria Airbus tiene previsto construir una nueva planta de fabricación en Mühlenberger Loch, cerca de Hamburgo?

2. ¿Puede confirmar la Comisión que los humedales de Mühlenberger Loch están clasificados como zona especial de protección en el marco de la Directiva sobre las aves, como hábitat protegido de conformidad con la Directiva sobre los hábitats y como zona húmeda de importancia internacional en el marco de la Convención Ramsar?

3. En este caso, ¿considera la Comisión que la construcción de esta planta infringiría la legislación europea? Si no lo cree así, ¿por qué no?

4. ¿Qué garantías puede facilitar la Comisión de que el hábitat de Mühlenberger Loch y sitios similares estarán en el futuro protegidos en el marco de las directivas de la Unión?

5. ¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para garantizar que se cumplan esas directivas?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(1 de junio de 2001)

El tema de la planta de Airbus cuya construcción está prevista en una parte del lugar Natura 2000 denominado Mühlenberger Loch fue abordado ya con todo detalle en la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita P-0839/01 del Sr. Wijkman(1).

Además de ello, fue debatido el 21 de marzo de 2001 en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo.

Rogamos a Su Señoría tenga la amabilidad de consultar la mencionada respuesta y las actas de la reunión de la Comisión en lo que se refiere a las preguntas 1, 3, 4 y 5.

En lo que se refiere a la pregunta 2, la Comisión confirma que el paraje mencionado es un lugar Ramsar (dos especies de anátidas no amenazadas a nivel europeo cumplen los criterios de Ramsar) y un lugar Natura 2000 con arreglo a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres(2) y a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(3).

(1) DO C 261 E de 18.9.2001.

(2) DO L 103 de 25.4.1979.

(3) DO L 206 de 22.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA P-0553/01

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(20 de febrero de 2001)

Asunto: Declaración de fiabilidad para todas las Direcciones Generales

Durante la reunión del Control Presupuestario celebrada el 7 de febrero de 2001, el Comisario Fischler indicó que, en 1999, la tasa de error exacta para las transacciones financieras realizadas en la Dirección General de Agricultura ascendió al 3,06 %.

Teniendo en cuenta el espíritu de cooperación y de transparencia entre las instituciones europeas, ¿podría presentar el Presidente de la Comisión un importe similar para las transacciones financieras realizadas en cada Dirección General, así como un importe global para 1999 y, de no poder, podría explicar por qué razón?

Respuesta común a las preguntas escritas P-0553/01, E-0554/01, E-0555/01, E-0556/01, E-0557/01, E-0558/01, E-0559/01, E-0560/01, E-0561/01, E-0562/01, E-0563/01, E-0564/01, E-0565/01, E-0566/01, E-0567/01, E-0568/01, E-0569/01 y E-0570/01 dada por el Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(11 de abril de 2001)

La Comisión recuerda a Su Señoría que el Tribunal de Cuentas no facilita el índice de error en el marco de su declaración de fiabilidad para el presupuesto general, ya que considera que calibrar el éxito de la gestión financiera de la Comisión basándose solamente en este indicador resulta demasiado simple.

Por consiguiente, hace tres años el Tribunal decidió no volver a publicar el índice de error global y desarrollar su método de declaración de fiabilidad para proporcionar una mayor cantidad de información descriptiva a la autoridad competente para aprobar la gestión.

Además, el Tribunal de Cuentas ha manifestado en varias ocasiones que, si tuviera que presentar índices de error a una escala más pequeña que la del índice de error general (por ejemplo, por sectores o por Direcciones Generales), éstos serían completamente engañosos. El Tribunal audita un número limitado de transacciones lo que no le permite determinar un índice de error válido a este nivel más bajo.

Como consecuencia, la Comisión no está en condiciones de facilitar a Su Señoría la información solicitada.
PREGUNTA ESCRITA E-1533/01

de Jens-Peter Bonde (EDD) a la Comisión

(21 de mayo de 2001)

Asunto: Posición de la Comisión con respecto a la energía nuclear

¿Comparte la Comisión la posición favorable de la Comisaria Loyola de Palacio con respecto a la energía nuclear y lamenta que Suecia, los Países Bajos, Bélgica y Alemania hayan decidido desmantelar sus centrales nucleares?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(13 de julio de 2001)

La energía nuclear contribuye de forma significativa (alrededor del 35 %) a la producción de electricidad dentro de la Comunidad y, por tanto, reduce la dependencia comunitaria en relación con los combustibles fósiles importados y sus emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, su aceptación pública se ve obstaculizada por las inquietudes de los ciudadanos con respecto a la gestión y seguridad de los residuos.

Estos aspectos se analizan en el Libro Verde de la Comisión titulado Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético(1). El objetivo del Libro Verde es proporcionar a los políticos y a los ciudadanos la transparencia necesaria sobre los problemas actuales de la seguridad del abastecimiento e iniciar un debate con vistas a desarrollar la estrategia adecuada para las tres o cuatro próximas décadas. El Libro Verde ha sido aprobado por la Comisión y refleja, por tanto, la opinión del Colegio a este respecto.

Se han examinado también las diversas moratorias sobre energía nuclear adoptadas por algunos Estados miembros. Estos tienen el derecho soberano de decidir si recurren o no a la energía nuclear para la producción de electricidad. La Comisión respeta ese derecho, pero considera que la seguridad del abastecimiento y la protección del medio ambiente requieren examinar, con una mente abierta y de manera objetiva, la situación actual de la energía nuclear y su potencial para el futuro. El Libro Verde muestra que sin la energía nuclear resultaría mucho más difícil hacer frente al cambio climático a largo plazo.

Entretanto, es preciso avanzar en la elaboración y aplicación de una estrategia sostenible de la eliminación de los residuos nucleares y realizar una investigación adecuada en este ámbito.

(1) COM(2000) 769 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1889/01

de Ioannis Marínos (PPE-DE) a la Comisión

(27 de junio de 2001)

Asunto: Adhesión de nuevos países a la Unión

Según la edición de lujo Facts About Turkey, publicada por la Agencia de noticias turca y distribuida hace algún tiempo a todos los eurodiputados, el 97 % del territorio turco se encuentra en Asia y el 3 % en Europa (región de la Tracia Oriental). Una situación semejante presenta Rusia, si bien en este caso la parte de territorio que se encuentra en el continente europeo supera con creces el 3 % y se extiende hasta los Urales. Desde diciembre de 1999, Turquía es un país candidato a la adhesión, pese a que sólo una parte muy pequeña de su territorio se halla en Europa. Rusia, país con un enorme mercado e inagotables recursos energéticos, todavía no ha adquirido esta condición, por no haber presentado ninguna solicitud al respecto.

¿Podría indicar la Comisión si una eventual solicitud de adhesión de este país en un futuro remoto significaría extender los límites geográficos de la Unión hasta los confines de Extremo Oriente, con lo que la UE limitaría con países como China y Japón? Si se cumplieran los requisitos de Copenhague, ¿se podría estudiar una futura adhesión piloto a la Unión de regiones como la Rusia europea o la Tracia Oriental (Turquía europea) que pertenecen claramente a Europa y presentan un nivel de desarrollo económico bastante superior al de las otras regiones de los países a que pertenecen?

¿En qué medida considera la Comisión que es conveniente elaborar estudios sobre semejante posibilidad, que podría llevar a incorporar regiones de estos países a la construcción europea y a evitar a la UE la desagradable situación de asumir el peso de la convergencia económica de regiones subdesarrolladas y alejadas que, además, pertenecen a regiones geográficas distintas de Europa?

Respuesta del señor Verheugen en nombre de la Comisión

(31 de julio de 2001)

La elegibilidad de Turquía como Estado europeo que podría llegar a ser miembro de la Comunidad quedó establecida en el marco del Acuerdo de Asociación entre la Comunidad y Turquía (artículo 28), firmado el 12 de septiembre de 1963, y que entró en vigor, previa ratificación por todas las partes signatarias y de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, el uno de diciembre de 1964.

La Federación Rusa no ha dado ninguna indicación de que desee solicitar la adhesión a la Unión. Las relaciones entre la Unión y Rusia se basan en el Acuerdo de Asociación y Cooperación Rusia-Unión, que entró en vigor el 1 de diciembre de 1997. Uno de sus objetivos es proporcionar un marco adecuado para la integración gradual entre Rusia y una zona más amplia de cooperación en Europa.

Los tratados no prevén la posibilidad de adhesión a la Unión de regiones que corresponden a terceros Estados soberanos. De ahí que la Comisión no tenga intención de estudiar una eventualidad semejante.
PREGUNTA ESCRITA P-0723/01

de Patrick Cox (ELDR) a la Comisión

(6 de marzo de 2001)

Asunto: Reglamento no 2978/94, relativo a los petroleros equipados con tanques de lastre separado (SBT)

El Reglamento no 2978/94(1) ha tenido consecuencias negativas en la remuneración de los pilotos y su pensión, que se basa en los ingresos obtenidos en los últimos años. En concreto me refiero a los pilotos del río Shannon en Irlanda, que están autorizados por los Shannon Estuary Ports y son trabajadores por cuenta propia. Según mis conocimientos, son los únicos pilotos de Irlanda perjudicados por el reglamento. Su remuneración se calcula sobre una base compartida y sus ingresos fluctúan según la cantidad de tráfico que entra en el estuario del Shannon. Las tarifas de practicaje que se cobran a los buques se basan en el arqueo bruto de éstos. El reglamento estipula que el arqueo bruto de los petroleros con SBT se debería reducir en un 17 % como mínimo.

¿Era la intención del reglamento repercutir negativamente en la remuneración de los pilotos? ¿Ha repercutido este hecho de un modo similar en pilotos de otros Estados miembros?

¿Tiene previstas la Comisión medidas para rectificar esta situación? ¿Cuáles?

(1) DO L 319 de 12.12.1994, p. 1.

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(19 de abril de 2001)

El Reglamento (CE) no 2978/94 del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, sobre la aplicación de la Resolución A.747(18) de la OMI relativa a la aplicación del arqueo de los tanques de lastre en los petroleros equipados con tanques de lastre separado, pretende aplicar la citada Resolución, que fue aprobada el 4 de noviembre de 1993 por la OMI y cuyo objetivo es fomentar el diseño de petroleros no perjudiciales para el medio ambiente y la utilización de tanques de lastre separado en los petroleros. Este Reglamento establece un sistema de cálculo diferencial de los derechos aplicables a los petroleros al que deben atenerse las autoridades portuarias y los servicios de practicaje para alcanzar el objetivo de la Resolución de la OMI.

El Reglamento no afecta al nivel de las tasas ni a la diferenciación de los impuestos de uso de puerto en función del tipo de buque. De conformidad con el principio de subsidiariedad, esta cuestión es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros.

La Comisión no dispone de ninguna información sobre las repercusiones negativas de este Reglamento con respecto a la remuneración de los pilotos en otros Estados miembros.

La Comisión remite a Su Señoría a la Comunicación de la Comisión sobre la seguridad marítima del transporte de petróleo(1) y, en particular, a la medida legislativa propuesta relativa a la introducción acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco único. Esta propuesta prevé la derogación del Reglamento (CE) no 2978/94 del Consejo.

(1) COM(2000) 142 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1781/01

de Carlos Carnero González (PSE) a la Comisión

(19 de junio de 2001)

Asunto: Demanda de nuevas informaciones relativas a la construcción de un polígono industrial en espacio correspondiente a la ZEPA 142 en el término municipal de San Fernando de Henares (España)

En su respuesta del pasado 8 de mayo a la pregunta escrita E-0882/01(1) formulada por este diputado en torno a la construcción de un polígono industrial en espacio correspondiente a la ZEPA 142 en el término municipal de San Fernando de Henares (España), la Comisión anunciaba que, basándose en la información remitida por el denunciante, había solicitado las observaciones de las autoridades españolas sobre los hechos en cuestión, pidiéndoles se le comunicaran una copia de la declaración de impacto efectuada en relación con el proyecto así como una descripción detallada de los tipos de hábitat presentes en la zona. Además, la Comisión recordaba que velaría por el cumplimiento del Derecho comunitario aplicable en este caso concreto.

¿Ha recibido la Comisión la información solicitada?

En caso afirmativo, ¿qué evaluación le merecen los hechos a la luz de dicha información? ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar en consecuencia?

En caso negativo, ¿va a urgir a la autoridades españolas a que se le entregue lo más rápidamente posible la documentación solicitada?

(1) DO C 340 E de 4.12.2001, p. 115.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(30 de julio de 2001)

Como se indicó en la respuesta a la cuestión escrita E-0882/01(1) a que hace referencia Su Señoría, la Comisión se dirigió a las autoridades españolas con el fin de solicitar sus observaciones sobre la aplicación del Derecho comunitario en materia de medio ambiente aplicable en el caso que nos ocupa.

Acabamos de recibir la respuesta de las autoridades españolas y estamos procediendo a su estudio. Por este motivo, cualquier juicio sobre una posible aplicación inadecuada del Derecho comunitario en este caso es aún prematuro.

(1) DO C 340 E de 4.12.2001, p. 115.
PREGUNTA ESCRITA E-1077/01 de John Cushnahan (PPE-DE) al Consejo. Derechos humanos en Irán.



Diario Oficial n° 340 E de 04/12/2001 p. 0165 - 0166



PREGUNTA ESCRITA E-1077/01 de John Cushnahan (PPE-DE) al Consejo (5 de abril de 2001) Asunto: Derechos humanos en Irán Las recientes detenciones en Irán de grupos no violentos de la oposición que colaboran en una alianza informal religioso-nacionalista ponen en duda la capacidad de los iraníes de ejercer sus derechos básicos. ¿Qué medidas tiene intención de adoptar el Consejo para dar a conocer su opinión sobre esta cuestión? Respuesta (16 de julio de 2001) La UE ha mostrado con claridad en fechas muy recientes su preocupación por la situación de los derechos humanos en Irán con la presentación de un proyecto de resolución sobre Irán, en la sesión de este año de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (adoptada el 20 de abril de 2001). Los derechos humanos son un tema destacado en las reuniones de diálogo político que la UE e Irán mantienen dos veces al año. La UE seguirá planteando estas cuestiones en sus contactos directos con las autoridades iraníes.
PREGUNTA ESCRITA E-1356/01

de Vitaliano Gemelli (PPE-DE) a la Comisión

(7 de mayo de 2001)

Asunto: Discriminación lingüística de ciudadanos italianos

Con referencia a una carta del Sr. Marco Meneghini del día 18 de marzo de 2001, ¿podría indicar la Comisión si los hechos denunciados a continuación son ciertos?

Varios diarios europeos han publicado anuncios para cubrir puestos financiados por la Comisión en oficinas Socrates y Leonardo, así como para la Oficina de la Juventud de Bruselas. Dichas ofertas parecen ir dirigidas predominantemente a personas cuya lengua materna sea el francés o el inglés.

¿Podría indicar la Comisión, tras una comprobación minuciosa, si los hechos denunciados corresponden a la realidad y si se trata de un caso de discriminación por razón de lengua o de nacionalidad, prohibida de manera expresa por las leyes belgas contra el racismo y por el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(5 de julio de 2001)

El Derecho comunitario sobre la libre circulación de los trabajadores prohíbe no sólo la discriminación abierta basada en la nacionalidad, sino también el uso de criterios de contratación que constituyan en la práctica un modo de discriminación encubierta. Las condiciones relacionadas con los conocimientos lingüísticos requeridos en función de la naturaleza del puesto que debe cubrirse, en principio, no constituyen discriminación basada en la nacionalidad (apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad(1)), pero en la práctica, el uso de un criterio específico, tal como la lengua materna o nativa de un candidato, para evaluar el nivel de conocimiento requerido, puede considerarse desproporcionado en relación con el objetivo buscado (sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de junio de 2000 en el asunto C-281/98).

Las organizaciones que, en el marco de un contrato de prestación de servicios, trabajan para la Comisión, como las oficinas de asistencia técnica de Sócrates, Leonardo y Juventud, deben realizar su labor en una gran variedad de idiomas, y el personal contratado por las mismas es de distintas nacionalidades y lenguas maternas. Pueden necesitar, de vez en cuando, contratar personal con un elevado conocimiento de una o más lenguas específicas. En ese caso, están obligadas a cumplir todas las disposiciones legales y administrativas aplicables en Bélgica, incluido el Derecho comunitario sobre la libre circulación de los trabajadores y deben responder ante las autoridades belgas para el cumplimiento de tales disposiciones.

(1) DO L 257 de 19.10.1968.
PREGUNTA ESCRITA P-1208/01

de Gérard Caudron (PSE) al Consejo

(11 de abril de 2001)

Asunto: Cierre de empresas sanas

Los anuncios brutales y cínicos de los cierres de las empresas Danone y Marks and Spencer demuestran quienes aún lo dudaran, que la época de la economía mixta y del modelo social europeo está pereciendo.

Se podría comprender que una empresa llevara a cabo reestructuraciones a consecuencia de problemas económicos reales; sin embargo, no se pueden aceptar las reestructuraciones de empresas saludables y prósperas, que no tienen más objetivo que aumentar los beneficios de quienes detentan el capital.

Si las crisis agrícolas consiguen movilizar a nuestros dirigentes, las acciones voluntarias de desmantelamiento que en aras del dinero destruyen a familias enteras, deben movilizar al menos en el mismo grado a los dirigentes europeos, sobre todo si se tiene en cuenta que, si no se reacciona, esta tendencia se intensificará en el futuro.

¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo a este respecto?

Respuesta

(27 de septiembre de 2001)

El Consejo es consciente de que determinadas reestructuraciones de empresas, como las que menciona su Señoría en su pregunta, pueden tener consecuencias económicas y sociales graves para los trabajadores y sus familias.

No obstante, el carácter legislativo de las funciones del Consejo -análogo, por otra parte, a las del Parlamento Europeo- no le permite ni intervenir en la aplicación de la normativa europea, cosa que corresponde a la responsabilidad de los Estados miembros bajo el control de la Comisión y, en su caso, del Tribunal de Justicia, ni pronunciarse sobre casos particulares de empresas.

Antes de nada corresponde a las estructuras judiciales y sociales de los Estados miembros de que se trate resolver los posibles litigios entre los trabajadores y los empresarios en los casos de reestructuraciones de empresas y establecer si el comportamiento de la empresa se ajusta a la legislación y a las prácticas nacionales, incluidas las basadas en el Derecho comunitario (por ejemplo, la Directiva relativa a los despidos colectivos (98/59/CE) y la Directiva sobre la constitución de un Comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta de los trabajadores en las empresas de dimensión comunitaria (94/45/CE)).

Por otra parte, se recuerda a Su Señoría que el Consejo sigue adaptando y completando la normativa existente. En este sentido, pronto se adoptará la propuesta de Directiva sobre la sociedad anónima europea que regula la implicación de los trabajadores. Además, el Consejo alcanzó, el 11 de junio de 2001, un acuerdo político respecto de la Directiva sobre información y consulta de los trabajadores a nivel nacional.
PREGUNTA ESCRITA P-1444/01

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(11 de mayo de 2001)

Asunto: Gestión del Fondo Social Europeo en las Islas Canarias

La presente pregunta está relacionada con la pregunta escrita E-2331/00 y con la respuesta dada a la misma el 13 de octubre de 2000(1).

Dicha respuesta ha sido motivo de un vivo debate político, recogido ampliamente por toda la prensa regional canaria. Como consecuencia del mismo, ha trascendido que, según manifiesta el Excelentísimo Sr. D. José Carlos Mauricio, portavoz del grupo parlamentario de CC en el Congreso de los Diputados del Reino de España, el citado Señor mantuvo la semana pasada (sic) una entrevista con la Sra. Comisaria Ana Diamantopoulou. En la misma, la Sra. Diamantopoulou habría informado oficiosamente de la existencia de un informe elaborado por la Comisión Europea sobre la gestión de los fondos comunitarios de empleo (así se cita en el texto) que vienen a significar la absolución del Gobierno de Canarias, al demostrar que, lo único que Bruselas ha visto han sido errores administrativos [] muy comunes en todos los países miembros de la Unión Europea con altas tasas de desempleo: España, Italia, Portugal y Grecia. Tales errores serían, siempre según la versión de lo que el Sr. Mauricio dice que la Sra. Comisaria le ha dicho, irregularidades de carácter administrativo producto de la precipitación en el uso de los fondos.

¿Puede la Sra. Comisaria Diamantopoulou, en nombre de la Comisión, informarme y/o confirmarme de la existencia de algún informe, estudio o documento reciente encargado por la Comisión Europea en relación con la gestión de programas y/o proyectos financiados por el Fondo Social Europeo en la Islas Canarias?

¿Es verdad que la Sra. Comisaria ha opinado, como se ha publicado en la prensa, que en países como España, Italia, Portugal y Grecia se producen con frecuencia errores administrativos o de otro tipo en la gestión de recursos con cargo al Fondo Social Europeo?

(1) DO C 103 E de 3.4.2001, p. 120.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(18 de junio de 2001)

La Comisión comunica a Su Señoría que no se ha elaborado recientemente ningún informe acerca de la gestión de los programas y/o proyectos financiados por el Fondo Social Europeo (FSE) en las Islas Canarias.

Por otra parte, la Comisión confirma que el miembro de la Comisión responsable de Empleo y Asuntos Sociales no ha hecho ninguna declaración relativa a las Islas Canarias. En cambio, sí se ha referido, varias veces y en diferentes ocasiones, a la existencia de casos de irregularidades y presuntas irregularidades en los diferentes Estados miembros.