PREGUNTA ESCRITA E-2673/96 de Marianne Thyssen (PPE) a la Comisión (15 de octubre de 1996)

Asunto: Aplicación por la Comisión Europea del procedimiento de control establecido en el artículo 3 de la Directiva 89/665/CEE relativa a la adjudicación de los contratos públicos

En algunos círculos se pretende que a menudo los ayuntamientos no respetan las normas europeas en materia de contratos públicos.

Sobre la base del artículo 3 de la Directiva 89/665/CEE ((DO L 395 de 30.12.1989, p. 33. )) de 21 de diciembre de 1989, la Comisión Europea puede dirigirse directamente a los Estados miembros o a los ayuntamientos adjudicadores pidiéndoles que corrijan las infracciones constatadas a las normas europeas en materia de contratos públicos.

¿Ha utilizado ya la Comisión Europea esta posibilidad de control con respecto a los municipios y a otras autoridades? En caso afirmativo, ¿en cuántos casos? ¿En relación con qué municipios?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (20 de noviembre de 1996)

A fin de garantizar la correcta aplicación de la legislación comunitaria, la Comisión puede incoar el procedimiento previsto en el artículo 169 del Tratado CE cuando se producen infracciones, como por ejemplo, las relacionadas con la contratación pública. En primer lugar, la Comisión envía al Estado miembro afectado una carta de notificación formal, seguida, cuando se juzga necesario, de un dictamen motivado. Cuando no se logra una solución aceptable en el respeto de la legislación comunitaria, la Comisión puede recurrir ante el Tribunal de Justicia, que se pronuncia al respecto de forma definitiva.

Las dos directivas sobre la contratación pública, la Directiva 89/665/CEE para los sectores clásicos de obras y suministros y la Directiva 92/13/CEE ((DO L 76 de 23.3.1992. )) para los sectores específicos (agua, energía, transportes y telecomunicaciones) establecen, además, que la Comisión podrá enviar una notificación al Estado miembro y a la autoridad contratante. La notificación al Estado miembro equivale a la carta de notificación formal prevista en el artículo 169 del Tratado CE. Sin embargo, la Comisión sólo puede recurrir a este procedimiento si el contrato aún no ha sido adjudicado y si éste supone una infracción manifiesta de las normas comunitarias en el ámbito de la contratación pública. Cuando la Comisión aplica este mecanismo, está obligada a fijar un plazo de respuesta de 21 días para los sectores clásicos y de 30 para los específicos. Tras recibir la notificación, el Estado miembro (y no la autoridad contratante) tienen la obligación de responder a la Comisión. Básicamente, el mecanismo mencionado no brinda posibilidades adicionales a las ya existentes con arreglo al artículo 169 del Tratado.

Respondiendo a la cuestión planteada por su Señoría, cabe señalar que, aunque la Comisión ha aplicado el mecanismo en diversas ocasiones, éste no suele utilizarse regularmente por una serie de razones. En primer lugar, en la mayoría de los casos, los denunciantes se dirigen a la Comisión una vez adjudicado el contrato, cuando son plenamente conscientes de que no tienen posibilidad alguna de ganarlo. En segundo lugar, las infracciones no siempre son manifiestas. Por último, si bien este mecanismo tiene la ventaja de que la autoridad contratante es informada al mismo tiempo que el Estado miembro y no después, la Comisión está obligada a respetar los plazos previstos en las dos directivas mencionadas. En algunos casos urgentes, la Comisión ha renunciado a aplicar este mecanismo y ha recurrido al establecido por el artículo 169 del Tratado a fin de fijar un plazo de respuesta más corto.

En cualquier caso, la correcta aplicación de las normas por parte de las diversas autoridades u organismos contratantes, incluidas las autoridades locales, atañe principalmente a los propios Estados miembros y son ellos quienes deben establecer el sistema de control adecuado.