PREGUNTA ESCRITA E-1277/03

de Dana Scallon (PPE-DE) al Consejo

(4 de abril de 2003)

Asunto: Uniatas en Rumania

El 7 de febrero de 2002, la minoría católico-griega (también conocida como uniatas o católicos de rito oriental) pudo recuperar su templo de Ocna Mures (localidad situada en la región rumana de Transilvania) tras recibir el respaldo legal de los tribunales.

Según mis informaciones, semanas más tarde, concretamente el 16 de marzo de 2002, la congregación uniata fue expulsada de su templo por una multitud a cuya cabeza iban tres sacerdotes de culto ortodoxo ayudados e instigados por las fuerzas policiales del lugar.

En otro episodio de similar naturaleza acaecido en la ciudad de Ardud hace unos años según la información que me ha llegado la policía amenazó al sacerdote greco-católico con detenerlo y, acto seguido, llamó uno a uno a todos los miembros de la congregación para repetirles la misma advertencia. Asimismo, en 1995, en la ciudad de Craiova, el obispo ortodoxo hizo demoler el templo greco-católico con la participación del ejército y de la policía.

¿Conoce el Consejo algún caso de discriminación contra la minoría uniata en Rumania?

¿Piensa el Consejo plantear la cuestión de las persecuciones religiosas en el marco de las negociaciones de adhesión?

¿Está el Consejo dispuesto a exigir que se ponga término a la discriminación religiosa contra la minoría católica o cualquier otra minoría religiosa en Rumania?

Respuesta

(22 de julio de 2003)

El Consejo otorga gran importancia al respeto por los países candidatos de los derechos humanos, incluida la libertad de religión. Con respecto a Rumania, constata que el Informe periódico de 2002 sobre los progresos de Rumania hacia la adhesión, que se elaboró en octubre de 2002, llegó a la conclusión de que, en general. Rumania sigue cumpliendo los criterios políticos de Copenhague.

Por lo que respecta a la cuestión específica planteada por su Señoría, el Informe periódico señala que la libertad de religión está garantizada en Rumania por la Constitución y se observa en la práctica. Sin embargo existe un problema específico relativo a la propiedad de las iglesias. A este respecto, el Informe señala que En julio de 2002 el Parlamento adoptó una legislación que clarifica el proceso de restitución de los bienes confiscados a las Iglesias. Dicha legislación amplía el ámbito de aplicación de la ley precedente en varios aspectos importantes. Sin embargo, tan solo están cubiertos los bienes confiscados a las Iglesias y no existe actualmente ningún marco jurídico para la restitución de las iglesias propiamente dichas. Esta cuestión es especialmente importante para la Iglesia grecocatólica a la que el régimen comunista confiscó un gran número de bienes, pero sigue sin tener derecho a tutela judicial efectiva. El gobierno de Rumania se ha comprometido a establecer la legislación específica sobre esta cuestión, pero los plazos necesarios para preparar dicha legislación han impedido que haya habido progresos sustanciales en este ámbito.

En el marco de la estrategia de preadhesión la Unión seguirá supervisando la situación en Rumania a la luz de los criterios de Copenhague para la adhesión y, si fuera necesario, seguirá debatiendo este asunto con la parte rumana, en especial en los organismos establecidos por el Acuerdo Europeo como pueden ser el consejo de asociación y el comité de asociación.