PREGUNTA ESCRITA P-3185/02

de Alejo Vidal-Quadras Roca (PPE-DE) a la Comisión

(31 de octubre de 2002)

Asunto: Impuesto autonómico sobre superficie ocupada por grandes establecimientos comerciales

En sus negociaciones de pre-adhesión con los países de la Europa del Este, la Comisión esta exigiendo a los Gobiernos de dichos países la supresión o modificación de las regulaciones del comercio minorista que restrinjan la libre competencia o afecten al principio de libertad de establecimiento.

No obstante, regulaciones de este tipo subsisten en los ordenamientos jurídicos de Estados que ya son miembros de la Unión Europea. Así en España, y concretamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, se ha aprobado una Ley autonómica (Ley 16/2000) que instaura un impuesto sobre la superficie ocupada por los grandes establecimientos comerciales cuya recaudación se destinará a otorgar ayudas al comercio tradicional ubicado en dicha Comunidad Autónoma. Por consiguiente, las ayudas que percibirá el comercio tradicional serán financiadas por sus competidores.

La adopción de esta medida viene a sumarse a las restricciones ya existentes en Cataluña para la apertura de grandes establecimientos comerciales que se derivan de la Ley (17/2000) de Equipamientos Comerciales.

¿Es consciente la Comisión de la incongruencia que supone permitir, por un lado, que pervivan este tipo de normativas en la UE y exigir, al mismo tiempo, su supresión a los países que están en tramites de adhesión?

¿Qué opinión le merece a la Comisión la concesión de ayudas de ámbito sectorial cuyos recursos provienen de los competidores de los beneficiarios de las mismas y, en este sentido, tiene previsto la Comisión algún tipo de procedimiento contra las ayudas públicas que se derivan de la Ley catalana 17/2000?

¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Comisión con respecto a regulaciones del comercio minorista, como la existente en Cataluña, que imposibilitan la libertad de establecimiento de las empresas comunitarias?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(17 de diciembre de 2002)

Ante la Comisión se presentó una denuncia contra la Ley 16/2000 de la Comunidad Autónoma de Cataluña. El denunciante alegó que esta ley introducía una contribución sobre la superficie ocupada por las superficies comerciales grandes con el objetivo de financiar el comercio al por menor tradicional situado en centros urbanos. Según la asociación, esta medida constituye ayuda estatal conforme al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. La Comisión solicitó más información sobre la cuestión a las autoridades españolas.

Según la información presentada por las autoridades españolas, los recursos recaudados con la nueva contribución establecida por la Ley 16/2000 se utilizarán principalmente para financiar la infraestructura y solamente de forma secundaria beneficiarán directamente al comercio minorista local.

En especial, en cuanto a la inversión en infraestructura, está generalmente disponible para el público y no beneficia a una empresa o a un sector determinados. En lo que respecta a la ayuda directa al comercio minorista local, las autoridades regionales se han comprometido a respetar el umbral de la llamada ayuda de minimis. Por lo tanto, ninguna ayuda final concedida correspondería al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

Por estas razones, sobre la base de la información a disposición de la Comisión en esta fase de la investigación, una contribución parafiscal de este tipo parece quedar fuera de las normas de ayudas estatales del Tratado CE.

Por lo que se refiere a las normas relativas a la libre circulación en el mercado interior, la Comisión no se propone de ninguna manera autorizar el mantenimiento de normas que se considerarían contrarias al artículo 43 del Tratado CE relativo a la libertad de establecimiento, ya emanen de los Estados miembros o de los países en vías de adhesión. Recuerda a este respecto a Su Señoría que señaló en su informe sobre el estado del mercado interior de los servicios(1) una serie de medidas actualmente vigentes en los Estados miembros, en particular, en cuanto a implantación de superficies comerciales, sin pronunciarse sobre su compatibilidad con el artículo 43 del Tratado CE. Ahora debe proceder a un análisis jurídico profundo de distintas normativas, en particular, por lo que se refiere a su carácter discriminatorio o no proporcionado, con el fin de proponer, cuando proceda, las soluciones convenientes.

Por lo que toca concretamente a la tasa parafiscal, como tal e independientemente de su utilización, puede recordarse que las medidas nacionales que puedan obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado deben reunir cuatro requisitos: que se apliquen de manera no discriminatoria, que estén justificadas por razones imperiosas de interés general, que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen y que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo(2). La primera justificación alegada por las autoridades españolas, vinculada a la consolidación de los comercios existentes situados en el centro urbano, al tratarse básicamente de un objetivo de origen económico, plantea dudas en cuanto a su admisibilidad por razones de interés general. En cambio, la segunda justificación vinculada a la renovación de las zonas que rodean los grandes establecimientos comerciales con el fin de minimizar el impacto medioambiental y urbanístico que se deriva de su implantación, podría ser admisible por razones de interés general. Además, las modalidades de cálculo del impuesto tienen en cuenta, a parte de la superficie del establecimiento, la existencia o no de transportes públicos con el fin de determinar el volumen y las consecuencias previsibles del tráfico rodado. No obstante, la ausencia de precisiones, en la información puesta a disposición de la Comisión, sobre la justificación de la fijación de los distintos umbrales y sobre las posibilidades de exenciones y bonificaciones concedidas a algunos tipos de comercios (bricolaje, jardinería, muebles, etc.), dificulta, en esta fase, una valoración por la Comisión sobre la proporcionalidad de la medida de referencia.

(1) Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento, Estado del mercado interior de servicios, 30 de julio de 2002, COM(2002) 441 final.

(2) TJCE, 30 de noviembre de 1995, Gebhard, C-55/94, Rec.1995 p. I-4165, apartado 37.