PREGUNTA ESCRITA E-2416/00

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(18 de julio de 2000)

Asunto: Necesidad de una nueva directiva sobre evaluación de la repercusión de determinados proyectos públicos y privados sobre el patrimonio histórico-cultural y artístico

El barrio del Cabanyal-Canyamelar, situado en la ciudad de Valencia y declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno autonómico de la Generalitat, se encuentra actualmente amenazado por un proyecto aprobado en el Ayuntamiento de la ciudad que pretende ampliar la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. De llevarse a cabo finalmente, el trazado de dicho proyecto supondría la destrucción de 1 500 edificaciones del centro histórico que datan del siglo XIX y que hasta ahora estaban protegidas por el Gobierno valenciano dadas sus singulares características y relevancia cultural. Entre los edificios a destruir se encuentra, por ejemplo, uno de los lugares más emblemáticos de nuestro patrimonio cultural como es la Lonja de los Pescadores, una de las más antiguas de Europa y la más antigua de España.

Numerosos colectivos vecinales y organizaciones culturales y universitarias han denunciado este intento de atentado contra el barrio, que han calificado como un museo al aire libre, y aseguran

que el Ayuntamiento ha permitido la degradación del lugar para poder sacar adelante el plan de la prolongación de la avenida. Por otro lado, las organizaciones vecinales han demostrado que con el dinero que se destinará a las expropiaciones y realojamientos (9 000 millones de pesetas) se podría rehabilitar perfectamente el barrio y cumplir así la protección oficial establecida por la Generalitat.

El caso de Cabanyal-Canyamelar es un ejemplo emblemático de los numerosos planes urbanísticos que se están llevando a cabo actualmente en la UE y que afectan a su patrimonio histórico y cultural, en contradicción con lo que dispone el artículo 151 del Tratado CE.

Para evitar y corregir situaciones como la descrita, en la que un gobierno o un grupo de interés pueden llegar a decidir sobre tesoros comunes de la cultura de nuestros pueblos, ¿no considera la Comisión que debería presentarse una proyecto de directiva relativa a la evaluación y repercusión de determinados proyectos públicos y privados sobre el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de la UE, para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 151 del Tratado CE, de manera que toda obra estuviera sometida a un estudio de impacto, preceptivo, sobre la posible pérdida de patrimonio?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2416/00, E-2417/00 y E-2418/00 dada por el Sra. Reding en nombre de la Comisión

(11 de octubre de 2000)

El artículo 151 (antiguo artículo 128) del Tratado CE confiere a la Comunidad competencias restringidas en el ámbito de la cultura, limitándose su actuación a fomentar la cooperación entre los Estados miembros y, de ser necesario, a apoyar y completar la acción de estos últimos en algunos aspectos.

En este contexto, la Comisión desea señalar a Su Señoría que no puede legislar en un ámbito que es competencia exclusiva de los Estados miembros.

Por lo que respecta a la elaboración de una directiva para conferir carácter obligatorio a la Recomendación 75/65/CEE(1) (en la que, en 1974, se recomendaba a los Estados miembros la firma del convenio sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural adoptado por la Unesco en 1972), cabe señalar que todos los Estados miembros ya han ratificado o aceptado dicho convenio.

Es preciso asimismo mencionar la existencia de la Directiva 85/33/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, que obliga a los Estados miembros a evaluar la incidencia de los proyectos de construcción de autopistas y de vías rápidas en el patrimonio cultural (véase el artículo 3 y el anexo I de la Directiva). La construcción de otros tipos de vías, así como los trabajos de ordenación urbana, son objeto de una evaluación de impacto cuando los Estados miembros lo consideran oportuno, en función de cada caso particular o sobre la base de los umbrales o criterios establecidos (apartado 2 del artículo 4 y anexo II de la Directiva). A este fin, deben tener en cuenta los criterios de selección pertinentes (apartado 2 del artículo 4 y anexo III de la Directiva)

Por último, por lo que respecta a la posibilidad de crear una red de lugares en el territorio comunitario que presentan un interés cultural e histórico, el programa de cooperación cultural Cultura 2000, adoptado por las Instituciones europeas para el periodo comprendido entre 2000 y 2004, contempla el apoyo a proyectos de cooperación sobre el tema del patrimonio, entre otros a proyectos de conservación y protección del patrimonio cultural de importancia excepcional, considerados laboratorios europeos del patrimonio.

(1) DO L 21 de 28.1.1975.