PREGUNTA ESCRITA E-3806/00

de Stephen Hughes (PSE) a la Comisión

(7 de diciembre de 2000)

Asunto: Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en los casos de traspaso de empresas

¿Es posible aplicar la Directiva 77/187/CEE(1), modificada por la Directiva 98/50/CE(2), sobre el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas a un caso en el que, tras un procedimiento de licitación, un nuevo adjudicatario asumiera un contrato para la gestión de una guardería infantil, suponiendo que la guardería en cuestión cumpliera los criterios para ser considerada una entidad económica con identidad propia?

Si se considerara que la Directiva en cuestión podría aplicarse, ¿cómo podría hacerse compatible la aplicación con los principios de no discriminación aplicables a los procedimientos de contratación pública establecidos en la Directiva 92/50/CE(3) sobre los contratos públicos de servicios?

Si se diera el caso de que la Directiva fuese aplicable pero no se aplicase, ¿qué compensaciones podrían obtener los empleados del cesionista y ante qué parte?

(1) DO L 61 de 5.3.1977, p. 26.

(2) DO L 201 de 17.7.1998, p. 88.

(3) DO L 209 de 24.7.1992, p. 1.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(9 de febrero de 2001)

La pregunta se refiere a la aplicación de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, del 14 de febrero de 1977 sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, centros de actividad o partes de centros de actividad, modificada por la Directiva 98/50/CE del Consejo de 29 de junio de 1998, en el caso de que, tras una licitación, un nuevo adjudicatario asuma un contrato para la gestión de una guardería infantil, suponiendo que la guardería en cuestión cumpliera los criterios para ser considerada una entidad económica con identidad propia.

Si el traspaso de actividad se efectúa en las condiciones concretas mencionadas, debe responderse afirmativamente a la pregunta. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el criterio decisivo para determinar si hubo traspaso según lo dispuesto en la Directiva 77/187/CEE es saber si la entidad en cuestión conserva su identidad después de la operación. El Tribunal considera que esta se mantiene si el cesionario continúa realizando la misma actividad económica y se traspasan los medios necesarios para su continuación. Por supuesto, las condiciones de aplicación de la Directiva se aprecian individualmente: sólo el examen de las circunstancias de hecho permite determinar en cada situación si se cumplen efectivamente las condiciones de traspaso de una entidad.

Su Señoría se pregunta además si la Directiva 77/187/CEE modificada es compatible con los principios de no-discriminación aplicables a la licitación de los contratos públicos previstos por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios.

Es preciso señalar que el objetivo central de la Directiva 77/187/CEE modificada es garantizar la permanencia de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso resultante de una cesión convencional o de una fusión que suponga el cambio del dueño de la empresa. Mientras se cumplan las condiciones objetivas de aplicación de la Directiva, tendrán vigencia los preceptos de protección de los derechos de los asalariados con independencia de las modalidades concretas del traspaso. El que el traspaso se produzca después de la adjudicación de un contrato público de servicios no tiene ninguna repercusión en la aplicación de la Directiva 77/187/CEE. El objetivo de la Directiva 92/50/CEE no es permitir la adquisición de entidades económicas en detrimento de los derechos de los asalariados, sino poner en condiciones de competencia iguales a los prestadores de servicios que deseen participar en la licitación de contratos. Consiste esencialmente en garantizar la aplicación de normas de competencia iguales entre los agentes económicos, pero de ninguna manera en imponer a los Estados que vulneren los derechos de los trabajadores.(1) Por otra parte, hay que tener en cuenta que la gestión de una guardería constituye un servicio a los efectos del Anexo I B de la Directiva bajo un régimen de restricción para la convocatoria de concursos.

Por último, el derecho de reparación que podría corresponder a los asalariados cuyos derechos se hubiesen ignorado podrá alegarse ante los tribunales nacionales, en las condiciones dispuestas en el ordenamiento del Estado miembro correspondiente.

(1) (Véanse en este sentido las conclusiones del Abogado General, Sr. D. Philippe Léger, en el asunto C-172/99).