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PREGUNTA ESCRITA E-0759/96 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (26 de marzo de 1996)

Asunto: Programa de saneamiento de Olympic Airways

Es sabido que casi todas las compañías aéreas estatales de la UE se enfrentan a problemas económicos. Una de ellas es la compañía griega de Olimpic Airways. La compañía ha iniciado un programa de saneamiento de conformidad con las sugerencias de la Comisión.

¿Puede indicar la Comisión:

1. Las ideas básicas del plan de saneamiento

2. El estado de aplicación del programa

3. Si tiene conocimiento, o si está previsto realizar un control, de la aplicación correcta del programa y cuáles son, en dicho caso, los resultados?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (24 de mayo de 1996)

En su Decisión 94/696/CE de 7 de octubre de 1994 ((DO L 273 de 25.10.1994. )), la Comisión aprobó el paquete de ayudas estatales concedidas a Olympic Airways, junto con el plan de saneamiento, resumidos en esa Decisión. La respuesta detallada a la primera de las dos preguntas formuladas por Su Señoría se puede encontrar en ese texto.

El plan de saneamiento deberá finalizar en 1997 y su objetivo es convertir Olympic Airways en una empresa sólida y rentable en los años venideros. El plan implica reducciones sustanciales de costes, en particular de personal, un aumento de la productividad, y la reorganización de la flota y la red.

Como se dispone en la Decisión anteriormente mencionada, antes del pago del segundo plazo a Olympic Airways por las autoridades griegas, la Comisión, como es habitual, está examinando la aplicación del plan y comprobando si las condiciones que acompañaban la Decisión se están cumpliendo plenamente. En relación con ese examen, el 30 de abril de 1996, la Comisión reabrió el procedimiento en este caso con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-0797/96 de Hartmut Nassauer (PPE) al Consejo (12 de abril de 1996)

Asunto: Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros, adoptado el 26 de julio de 1995

¿Puede comunicar el Consejo, para cada Estado miembro, en qué situación se encuentra a 1 de marzo de 1996 el procedimiento de ratificación del Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros, adoptado el 26 de julio de 1995 ((DO C 316 de 27.11.1995, p. 33. ))?

Respuesta (27 de junio de 1996)

El Consejo precisa que, a 1 de marzo de 1966, ningún Estado miembro había notificado a la Secretaría General del Consejo su cumplimiento de los procedimientos exigidos para la adopción del Convenio de referencia. Se recuerda que, con arreglo al apartado 2 del artículo 26 de dicho Convenio, el Secretario General debe publicar en el DOCE la situación en que se encuentran los procedimientos de adopción del mismo.
PREGUNTA ESCRITA E-0736/96 de Bernie Malone (PSE) a la Comisión (26 de marzo de 1996)

Asunto: Declaraciones de aduanas en paquetes postales

¿Podría indicar la Comisión el motivo por el que las autoridades británicas del servicio postal pueden continuar exigiendo que todos los paquetes enviados por correo entre el Reino Unido e Irlanda vayan acompañados de declaraciones de aduana cumplimentadas? ¿Podría indicar la Comisión si esta práctica está permitida por la legislación comunitaria?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (2 de mayo de 1996)

No se exigen declaraciones de aduana para los paquetes enviados del Reino Unido a Irlanda, ni a cualquier otro lugar de la Comunidad.

Su Señoría tal vez se refiera a un tipo de paquete especial («despatch pack PFU5») que exige Parcelforce international, un departamento de los servicios de correos británicos. El objeto principal de esta medida es informar previamente a los servicios de correos destinatarios de algunas características de los paquetes, para facilitar su expedición y entrega. Se trata, por otra parte, de cumplir la normativa sobre seguridad aérea, que requiere una descripción del contenido.
PREGUNTA ESCRITA E-0863/96 de Iñigo Méndez de Vigo (PPE) a la Comisión (12 de abril de 1996)

Asunto: Gestión de los programas PHARE y TACIS

El Consejo Ecofin, durante su reunión celebrada el pasado 11 de marzo de 1996, se pronunció en favor de una mejora en la gestión de los programas PHARE y TACIS, señalando que la mayor parte de los fondos otorgados a los mismos se destinan a estudios realizados por consultorías de países occidentales y no benefician a los países destinatarios del programa.

¿Qué opinión tiene la Comisión de esta apreciación del Ecofin? ¿Considera que es necesaria una mejora en la gestión de dichos programas?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (13 de mayo de 1996)

La Comisión no comparte la opinión de que la mayoría del dinero asignado a los programas Phare y Tacis se destina a estudios realizados por asesores occidentales. Es cierto que al iniciarse ambos programas, la Comisión necesitaba tener un conocimiento claro de la situación de los diferentes sectores económicos y sociales de los paises en cuestión. Con este objetivo, la Comisión contrató asesosores occidentales especialistas en los distintos campos de actuación. Sin embargo, gracias a la experiencia adquirida, la Comisión ha centrado cada vez más la financiación en proyectos con un impacto directo sobre el terreno en los paises Phare y Tacis.

La Comisión está revisando actualmente los sistemas de gestión de ambos programas aumentando la transpariencia en la concesión de contratos e incluyendo una revisión de la ejecución de los programas con el fin de implicar más a las autoridades locales y a las ONG. Se han hecho propuestas adecuadas en el proyecto de Reglamento Tacis ((COM(95) 12. )) y la nueva estrategia respecto a Phare de los últimos Consejos Europeos.
PREGUNTA ESCRITA E-0867/96 de Miguel Arias Cañete (PPE) a la Comisión (12 de abril de 1996)

Asunto: Importación de aguacates mexicanos a la Unión Europea

Las importaciones de aguacates procedentes de México a la UE se vienen incrementando alarmantemente, poniendo en grave peligro el desarrollo del sector productivo comunitario. Sin embargo, en la propuesta de reforma de la OCM de frutas y hortalizas no se encuentran incluidos los aguacates en las normas de calidad entre los productos del anexo N. 1.

La perpetuación de esta circunstancia impediría controlar las importaciones de productos procedentes de México, siempre en condiciones de precios más favorables, cuyos flujos sólo podrían controlarse exigiendo de dichas importaciones estándares de calidad similares a los comunitarios.

Por ello, ¿se propone aceptar la Comisión la inclusión de los aguacates entre los productos del anexo 1 definiendo normas de normalización y de calidad para los mismos?

Respuesta del Sr. Fischler En nombre de la Comisión (2 de mayo de 1996)

Efectivamente, la Comisión ha comprobado que las importaciones de aguacates procedentes de Méjico han registrado un aumento en 1993 y 1994. Aunque parciales, los datos disponibles para 1995 parecen confirmar esta tendencia. Esta evolución se ha producido al parecer en detrimento de los demás proveedores tradicionales de la Comunidad, ya que el total de las importaciones de este producto, sin distinciones de orígenes, ha permanecido relativamente estable durante el mismo periodo y refleja un estancamiento de las importaciones de terceros países en el mercado comunitario. En esas condiciones, la Comisión considera que la evolución de las importaciones mejicanas no puede perturbar el mercado comunitario.

La Comisión comparte la opinión de Su Señoría sobre el interés que revisten las normas como instrumento que contribuye a la rectitud en los intercambios y a la transparencia de los mercados y puntualiza por otro lado que la posibilidad de incluir el aguacate entre los productos sujetos a clasificación con respecto a un sistema de normas está siendo examinada en el marco de los trabajos que el Consejo está llevando a cabo sobre la reforma de la organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas.
PREGUNTA ESCRITA E-0613/96 de Amedeo Amadeo (NI) y Spalato Belleré (NI) a la Comisión (13 de marzo de 1996)

Asunto: Concesión de excepciones a los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos

En relación con la propuesta de directiva del Consejo relativa al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad (COM(94)0590) ((DO C 142 de 8.6.1995, p. 7. )), un aspecto muy importante y delicado se refiere a las excepciones.

¿No considera imprescindible la Comisión que se definan de manera concreta y vinculante desde el punto de vista jurídico los criterios de excepción, con objeto de que los Estados miembros se encuentren verdaderamente en la situación de decidir en lo relativo a las excepciones? ¿No resultaría más útil prever la posibilidad de una consulta previa entre la Comisión y los Estados miembros interesados antes de recurrir al Tribunal de Justicia?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (30 de abril de 1996)

La propuesta de Directiva sobre el mercado de la asistencia en tierra en los aeropuertos comunitarios autorizará exenciones sólo en el caso de problemas excepcionales de capacidad y espacio en un aeropuerto determinado. Estas exenciones serán aplicables sólo cuando al aeropuerto le sea imposible admitir la presencia de una nueva compañía. En la práctica, es previsible que el examen por la Comisión de la decisión del Estado miembro dé lugar a reuniones extraoficiales entre la Comisión y el organismo de aviación civil del Estado miembro correspondiente.
PREGUNTA ESCRITA E-0852/96 de David Hallam (PSE) a la Comisión (12 de abril de 1996)

Asunto: Centro Europeo de Observación sobre racismo y xenofobia

¿A qué comunicación se refería el Sr. Flynn, miembro de la Comisión, en su respuesta a mi pregunta E-2750/95 ((DO C 340 de 18.11.1995, p. 53. )) sobre el establecimiento de un Centro Europeo de Observación sobre el racismo y la xenofobia? ¿En qué fecha se ha publicado?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (15 de mayo de 1996)

La Comisión aprobó el 13 de diciembre de 1995 una Comunicación sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo y una propuesta de Decisión del Consejo por la que se declara 1997 Año Europeo contra el Racismo ((COM(95)653 final. )).

Dicha Comunicación se transmitió al Parlamento Europeo mediante carta de 22 de enero de 1996.
PREGUNTA ESCRITA E-0995/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (26 de abril de 1996)

Asunto: Consecuencias económicas de una cláusula de no discriminación de los minusválidos en el Tratado de la Unión Europea

Dado que el Grupo de reflexión de la Conferencia Intergubernamental llegó a la conclusión de que deberían evaluarse las consecuencias jurídicas y económicas de la inclusión de una cláusula de no discriminación a favor de los minusválidos, ¿qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión al respecto teniendo en cuenta su claro apoyo a la inclusión de una cláusula de esta índole?

¿Garantiza la Comisión que dicho estudio tendrá en cuenta ejemplos internacionales como la Disabilities Act de los Estados Unidos, así como todas las ventajas económicas derivadas de la participación plena de los minusválidos como empleados y consumidores en el Mercado Único? ¿Continúa sosteniendo la Comisión, como hizo en su Libro Blanco sobre política social, que no podemos permitirnos no reconocer el derecho a la plena participación a los minusválidos?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (22 de mayo de 1996)

En numerosas ocasiones y, en particular, en el Libro Blanco sobre Política Social Europea ((COM(94)333 final. )), la Comisión se ha comprometido a participar en la lucha contra las discriminaciones que sufren las personas con minusvalía. De conformidad con su programa de acción social, la Comisión transmitirá en 1996 una comunicación al Consejo y al Parlamento sobre esta cuestión.

Por otra parte, en el marco de varios estudios comparativos o proyectos piloto que la Comisión impulsa o apoya, ésta proyecta demostrar la plusvalía económica que representa la supresión de obstáculos que impiden la plena participación y la vida independiente de las personas con minusvalía.
PREGUNTA ESCRITA E-0763/96 de Aline Pailler (GUE/NGL) a la Comisión (1 de abril de 1996)

Asunto: Derechos de los migrantes y de sus familias

En su comunicación del 23 de febrero de 1994 sobre las políticas de inmigración y de asilo (COM(94)23 final), la Comisión indica que la ratificación por parte de los Estados miembros del Convenio internacional sobre la protección de los derechos de todos los migrantes y de los miembros de su familia, aprobada el 18 de diciembre de 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, garantizará que los derechos acordados a los migrantes y a sus familias residentes en la Comunidad correspondan a las normas internacionales más elevadas.

¿Puede la Comisión indicar qué Estados miembros han ratificado este Convenio internacional? ¿Está dispuesta la Comisión a tomar medidas para instar a todos los Estados miembros a ratificar este Convenio y a hacer propuestas para mejorar la protección de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de los migrantes y de sus familias en la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (7 de mayo de 1996)

El Convenio de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los migrantes y de los miembros de sus familias no ha sido ratificado por los Estados miembros de la Comunidad.

En su Programa de acción social a medio plazo 1995-1997 ((COM(95)134 final. )), la Comisión declaraba que invitaría a los Estados miembros a adoptar el Convenio internacional de las Naciones Unidas a fin de mejorar la situación de los trabajadores migrantes y de sus familias que residan en la Unión y de garantizar que los derechos de que disfrutan se ajustan a las normas internacionales.

La Comisión prosigue con el trabajo preliminar, que incluye un proyecto de informe sobre las dificultades y las posibilidades de ratificación por parte de los Estados miembros y el valor añadido de la ratificación de dicho Convenio en comparación con otros instrumentos internacionales aprobados por la Organización Internacional del Trabajo y el Consejo de Europa.

La Comisión continuará promoviendo las acciones encaminadas a reforzar las políticas de integración en favor de los migrantes planteadas en su Comunicación sobre políticas de inmigración y de asilo, de 24 de febrero de 1994, incluyendo la promoción del intercambio de información y experiencias con los Gobiernos y las organizaciones no gubernamentales y la concesión de ayudas a proyectos de integración.
PREGUNTA ESCRITA P-0199/96 de Christine Crawley (PSE) a la Comisión (26 de enero de 1996)

Asunto: Cajones para terneros

¿Qué medidas propone la Comisión para acabar con las crueles prácticas de varios Estados miembros en los que se mantiene a terneros en condiciones espantosas dentro de los conocidos cajones para terneros?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (9 de febrero de 1996)

La Comisión ha aprobado recientemente un informe sobre el bienestar de los terneros ((COM(95)711. )) y un proyecto de propuesta de modificación de la Directiva 91/629/CEE ((COM(96)21. )), relativa a las normas mínimas para la protección de terneros. Tanto aquel como ésta se basan en el dictamen del Comité Científico Veterinario. Según la propuesta, que incluye disposiciones sobre el alojamiento y el espacio que debe proporcionarse a los animales, la utilización de celdas individuales para terneros de más de 8 semanas de edad quedará prohibida, a menos que un veterinario certifique que la salud o el comportamiento de los animales requieren que se les mantenga aislados para poder someterlos a tratamiento. La propuesta también establece medidas que deberán aplicarse a partir del 1 de enero de 1998 a todas las explotaciones reconstruidas o de nueva construcción y a las que hayan comenzado a funcionar por primera vez, y que, partir del 1 de enero del 2008, serán aplicables a todas las explotaciones.

Además, dentro de poco se presentará al Comité Veterinario Permanente un proyecto de Decisión de la Comisión en el que se propone modificar el Anexo de la mencionada Directiva.
PREGUNTA ESCRITA E-0184/96 de Bernd Lange (PSE) a la Comisión (5 de febrero de 1996)

Asunto: Negativa de los bancos franceses a aceptar eurocheques

El año pasado se dieron casos en Normandía (Francia) en los que algunos bancos franceses (a saber, Banque Publique, Crédit Mutuel y Crédit Agricole), se negaron a canjear en metálico los eurocheques de turistas alemanes.

1. ¿Están autorizados los bancos franceses a negarse a aceptar eurocheques en el marco de las disposiciones vigentes (presentación de la tarjeta eurocheque, observancia de los impotes máximos, etc.)?

2. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para impedir que los bancos franceses continúen con estas prácticas?

Respuesta al Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (6 de marzo de 1996)

1. La aceptación de eurocheques por los bancos franceses está sujeta a un régimen contractual. El acuerdo sobre comisiones, fechas de valor y cobro central de eurocheques uniformes emitidos en moneda local, y la apertura del sector no bancario (llamado acuerdo «package deal»), que ha sido objeto de una notificación a la Comisión con arreglo al artículo 4 del Reglamento no 17 del Consejo del 6 de febrero de 1962 ((DO 13 de 21.2.1962. )), no prevé que todas las ventanillas de un banco miembro del sistema eurocheque estén obligadas a aceptar eurocheques. Por tanto, dicho acuerdo no impide a los bancos efectuar las prácticas que se señalan en la pregunta. Si su Señoría desea más información, podría dirigirse a los organismos gestores de la marca eurocheque, como Europay France o Europay International.

2. A primera vista la situación descrita por su Señoría no parece que exija una actuación de la Comisión con arreglo a la aplicación de las normas de competencia. En efecto, la actuación de determinados bancos franceses que describe su Señoría no se sustentaría en un acuerdo o una práctica concertada, los únicos citados en el artículo 85 del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-0542/96 de Irini Lambraki (PSE) a la Comisión (11 de marzo de 1996)

Asunto: Aplicación del Derecho comunitario a las disposiciones estatutarias de las federaciones deportivas nacionales e internacionales

Tras la sentencia Bosman del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (de 15 de diciembre de 1995, en el asunto C-415/95) han variados las circunstancias en lo que concierne al ámbito de aplicación del ordenamiento legal comunitario en el deporte europeo. El fútbol europeo está regulado tradicionalmente por las disposiciones estatutarias de la FIFA y la UEFA, completadas mediante las disposiciones estatutarias de las federaciones nacionales de fútbol.

Por tanto, desde la perspectiva de la citada sentencia, ¿puede indicar la Comisión:

1. si el Derecho comunitario encuentra también aplicación en las relaciones legales del ámbito deportivo reguladas por los estatutos de las federaciones deportivas nacionales e internacionales (inscripciones y traspasos de deportistas, derechos y obligaciones de los miembros de las asociaciones, modalidad de elección de los órganos de gestión, etc.);

2. si las disposiciones estatutarias de las federaciones internacionales de deportes (FIFA, UEFA, FIBA, IAAF, etc.) prevalecen sobre las disposiciones contrarias del Derecho comunitario; y

3. si el Derecho nacional de los Estados miembros de la UE que regula las cuestiones relativas a la gestión, la organización y el funcionamiento de las federaciones nacionales de deportes prevalece sobre las disposiciones estatutarias de las federaciones internacionales de deportes (exceptuando las normas relativas al campo y aquéllas de carácter puramente técnico que regulan la ejecución de cada disciplina deportiva)?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (15 de abril de 1996)

1. La sentencia del Tribunal de Justicia mencionada por Su Señoría ratificaba el principio en virtud del cual los clubes deportivos ejercen normalmente una actividad económica y son, por lo tanto, empresas en el sentido del derecho comunitario, del mismo modo que sus federaciones, ya sean nacionales o internacionales, tienen carácter de empresas o asociaciones de empresas y están sujetas, como tales, a lo dispuesto en el derecho comunitario.

2. Por consiguiente, estas disposiciones rigen también, dentro del Espacio Económico Europeo, las relaciones jurídicas cuyo objeto son los estatutos de las federaciones deportivas y prevalecen sobre las normas de los mismos que puedan ser incompatibles, incluso tratándose de federaciones cuya competencia trasciende el Espacio Económico Europeo.

3. En cambio, la relación entre dichos estatutos y el derecho nacional de los Estados miembros se rige por las distintas disposiciones nacionales.
PREGUNTA ESCRITA E-0762/96 de Angela Billingham (PSE) a la Comisión (26 de marzo de 1996)

Asunto: Prospección de mercado

¿Está la Comisión al corriente de la práctica de hacer prospección de mercado que rige en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y en los gobiernos locales? ¿Está de acuerdo en que sometiendo a esta «prospección de mercado» un aspecto de un servicio los trabajadores que se han visto sujetos a dicha práctica han sufrido una discriminación? ¿Está dispuesta la Comisión a investigar esta práctica malsana de obligar a los trabajadores (frecuentemente con bajos salarios) a competir habitualmente por sus propios trabajos, por lo general únicamente mediante la aceptación de trabajos escasamente remunerados?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (7 de mayo de 1996)

Las preguntas planteadas parecen afectar exclusivamente al Derecho nacional. En efecto, las controversias relativas a la remuneración salarial deben, en principio, resolverse en el marco de la jurisdicción de cada Estado miembro.

Es preciso añadir, asimismo, que en caso de que se produzca el traspaso de una parte de la empresa, lo que no se desprende con claridad de la formulación de esta pregunta, los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o de una relación laboral existente en la fecha del traspaso serán transferidos al cesionario como consecuencia de tal traspaso (apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977) ((DO L 61 de 5.3.1977. )).

Por lo tanto, el cesionario está obligado a respetar el conjunto de las obligaciones del cedente, incluidas las contraídas con anterioridad a la fecha del traspaso. El objetivo que persigue la Directiva consiste en garantizar el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de cambio de empleador, permitiéndoles que continúen trabajando para el cesionario en las mismas condiciones que las convenidas con el cedente. Dado que el Reino Unido traspuso estos aspectos de la Directiva 77/187/CEE a su Derecho interno, también compete a la jurisdicción nacional, en este caso, la resolución de las posibles controversias que pudieran surgir en este ámbito.