PREGUNTA ESCRITA E-1870/98

de José Barros Moura (PSE) a la Comisión

(16 de junio de 1998)

Asunto: Depósito de residuos nucleares en la margen del río Duero, junto a la frontera luso- española

La cuestión de la posible construcción por parte de las autoridades españolas de un depósito de residuos nucleares en Aldeadávila, en la margen del río Duero, junto a la frontera con Portugal, ha vuelto a preocupar a los habitantes de la región y a la opinión pública en general.

Además de la dimensión bilateral e intergubernamental de la solución de este problema entre España y Portugal está la dimensión europea: dicho depósito conllevaría riesgos evidentes e incontrolables para el medio ambiente, la salud y la vida de las poblaciones transfronterizas, para el río Duero, la calidad de sus aguas y para los principales productos representativos de la región resultantes de combinar el ingenio humano de sucesivas generaciones con la naturaleza, especialmente en la zona portuguesa. Además, esos gravísimos peligros supondrían una violación de las normas de los Tratados y del Derecho derivado en materia de medio ambiente.

1. ¿Tiene la Comisión conocimiento de algún hecho que pueda confirmar que España haya retomado unos planes oficialmente abandonados a finales de la década de 1980 gracias, en parte, a la intervención de las Instituciones de la UE?

2. ¿Qué medidas va a adoptar, como guardiana de los Tratados, para hacer que se respete el Derecho de la UE?

3. ¿No considera que una intervención suya en favor del respeto de los imperativos del Derecho comunitario tranquilizaría a las poblaciones y prestigiaría a la propia UE?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-1734/98 y E-1870/98 dada por el Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(29 de julio de 1998)

La Comisión no tiene noticia de ningún plan de localización específica para la construcción de un depósito de residuos nucleares por parte de España.

La construcción de una instalación como la mencionada por Su Señoría sólo puede emprenderse una vez cubiertos todos los requisitos nacionales necesarios, entre los que figura la evaluación del impacto medioambiental descrita en la Directiva 85/337/CE de 27 junio 1985 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1). En dicha Directiva se incluye la obligación de dar la oportunidad de pronunciarse sobre el proyecto a la población afectada por el mismo antes de ponerlo en marcha y de ofrecer la posibilidad de participar en la evaluación a cualquier otro Estado miembro cuyo medio ambiente pudiera verse afectado por el proyecto.

Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Tratado Euratom, la Comisión deberá, a su debido tiempo, recibir datos generales sobre el plan para la instalación propuesta y, antes de que las autoridades nacionales concedan autorización alguna para la evacuación de residuos, emitir su dictamen en el que determine si la ejecución de dicho proyecto puede dar lugar a una contaminación radiactiva de las aguas, del suelo o del espacio aéreo de otro Estado miembro.

Por último, el funcionamiento de semejante instalación deberá responder a las normas básicas de seguridad que se establecen en la Directiva 96/29/Euratom de 13 mayo 1996(2) por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.

(2) DO L 159 de 29.6.1996.