PREGUNTA ESCRITA P-0567/02

de Werner Langen (PPE-DE) a la Comisión

(25 de febrero de 2002)

Asunto: Diferentes autorizaciones de pesticidas en la UE.

En los Estados miembros de la Unión Europea se gestiona de forma desigual el uso de pesticidas en el cultivo de frutas y verduras.

Muchos de estos pesticidas están prohibidos en Alemania, mientras que se permiten en países vecinos de la UE. Es evidente que las directivas y reglamentos relevantes en materia de consumo y medio ambiente se interpretan de forma desigual en cada uno de los Estados miembros, por lo que se dan distorsiones de la competencia dentro de la UE. Por todo ello, se pide a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

¿Qué opina la Comisión sobre esta problemática en general?

¿Qué medidas piensa la Comisión que se pueden tomar para evitar tales distorsiones de la competencia?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(26 de marzo de 2002)

La Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, establece un sistema comunitario armonizado para la evaluación, a escala comunitaria, de las sustancias activas, así como un sistema de evaluación y de autorización, a nivel nacional, de los productos fitosanitarios que contienen dichas sustancias. En su anexo VI, la Directiva establece una serie de principios uniformes para la determinación del riesgo relacionado con los productos fitosanitarios, que los Estados miembros deben respetar en el marco de sus evaluaciones. A la espera de la realización de las evaluaciones comunitarias y la adopción de decisiones de la Comisión sobre las sustancias activas específicas, la Directiva prevé medidas transitorias para permitir que los Estados miembros continúen aplicando los criterios de concesión de las autorizaciones establecidos a nivel nacional siempre y cuando se respeten las normas de seguridad de la Directiva.

Las divergencias en los usos y autorizaciones de los productos fitosanitarios pueden deberse a diversas razones, por ejemplo: 1) diferentes estrategias de mercado de las empresas que los producen (es decir, las empresas podrían optar por no solicitar la autorización de sus productos en determinados Estados miembros); 2) diferencias de cultivos; 3) diferencias en las intensidades de la infestación; 4) diferencias en las condiciones medioambientales; y 5) niveles de protección del medio ambiente o de los trabajadores más elevados que los que figuran en la Directiva, que algunos Estados miembros optan por aplicar cuando evalúan las solicitudes de autorizaciones. La Comisión no considera que esta situación conduzca, por el momento, a una distorsión significativa de la competencia en perjuicio de los agricultores alemanes.

Por lo que se refiere a las sustancias del anexo I de la Directiva, se aplica el artículo 10 de la misma, en el que se exige que los Estados miembros reconozcan mutuamente aquellos productos evaluados de acuerdo con los principios uniformes y que contengan solamente las sustancias activas citadas en el anexo I, pero permitiéndoles imponer condiciones en materia de salud y seguridad de los trabajadores de conformidad con la legislación comunitaria. Este artículo permite, asimismo, que se tengan en cuenta factores medioambientales, agrícolas y fitosanitarios así como los relacionados con los hábitos alimentarios. No obstante, cuando se rechaza por estas razones una autorización basada en el reconocimiento mutuo, debe informarse a la Comisión y, en ese caso, debe adoptarse una decisión con arreglo a los procedimientos de comitología de la Directiva para determinar si el Estado miembro actuó correctamente o no a la hora de rechazar la autorización sobre la base de las diferentes circunstancias entre el Estado miembro que concedió la autorización original y el Estado miembro en que se solicita el reconocimiento mutuo. Una vez que la Directiva sea plenamente aplicable (es decir, cuando se apliquen plenamente todas las sustancias activas del anexo I y los principios uniformes), los Estados miembros no podrán rechazar la autorización, a no ser que ello estuviera justificado por diferencias objetivas.

Con la excepción del caso antes citado, la Comisión carece de competencias para intervenir a no ser que no se respete la Directiva, algo de lo que la Comisión no tiene constancia. La cuestión de una eventual distorsión de la competencia podría ser abordada cuando se modifique la Directiva. La Comisión tiene intención de proponer dicha modificación al Consejo y al Parlamento a finales de 2002.