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PREGUNTA ESCRITA E-0191/98 de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión (5 de febrero de 1998)

Asunto: Doble nacionalidad para los italianos en Bélgica

El Convenio de Estrasburgo de 6 de mayo de 1963 regula los casos de doble nacionalidad y dispone, en la práctica, la recuperación de la nacionalidad para aquellos ciudadanos que la hubiesen perdido, incluso mediante acto voluntario, al establecer que permanecen inalterables las diversas posiciones previstas por los acuerdos internacionales.

De esta forma, el Convenio de Estrasburgo ha hecho operativo, por ejemplo, el acuerdo entre Italia y Francia y entre Italia y los Países Bajos que permite la doble nacionalidad.

¿Puede la Comisión tomar las medidas oportunas, con el fin de acabar con los obstáculos a la libre circulación y de hacer efectiva la libre circulación de ciudadanos, para que el Protocolo de Estrasburgo se extienda a los países europeos donde exista una presencia notable de ciudadanos italianos?

¿Puede asimismo la Comisión, habida cuenta sobre todo de la importante consistencia de la comunidad italiana en Bélgica, extender el Protocolo de Estrasburgo a las relaciones entre Italia y Bélgica, para permitir que los miembros de la comunidad italiana en Bélgica que quieran emprender las gestiones para la recuperación de la nacionalidad de origen puedan obtenerla, conservando al mismo tiempo la nacionalidad belga adquirida por naturalización voluntaria?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (6 de abril de 1998)

De conformidad con el artículo 8 del Tratado CE, es ciudadano de la Unión cualquier persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro.

De conformidad con la declaración no 2 relativa a la nacionalidad de un Estado miembro, anexa al acta final del Tratado de la UE, siempre que el Tratado CE se refiera a los ciudadanos de los Estados miembros, el hecho de que una persona posea la nacionalidad de uno u otro Estado miembro se decidirá únicamente mediante referencia al derecho nacional del Estado miembro afectado.

En consecuencia, las condiciones de adquisición y de pérdida de la nacionalidad de un Estado miembro son competencia del Estado miembro afectado. La conclusión de acuerdos bilaterales o multilaterales relativos a las condiciones de adquisición y de pérdida de la nacionalidad también es competencia de los Estados miembros. En este mismo sentido, la Comisión no está facultada para intervenir en el sentido deseado por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-0059/98 de Ian White (PSE) a la Comisión (29 de enero de 1998)

Asunto: Ondas hercianas de frecuencia extremadamente baja

Desde la desaparición de la Unión Soviética, se siguen utilizando al parecer algunos radiotransmisores de muy baja frecuencia, algunos de ellos pertenecientes a países candidatos a la adhesión a la Unión Europea. ¿Le consta a la Comisión que se sigan efectuando estas transmisiones? ¿Se ha efectuado algún tipo de control sobre la frecuencia y la intensidad del campo?

¿Está al corriente la Comisión de que se haya realizado, se esté realizando o se vaya a realizar alguna investigación para determinar los efectos perjudiciales sobre la salud de las resonancias ciclotrónicas relacionadas con estas transmisiones?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (11 de marzo de 1998)

La Comisión no está al corriente del asunto planteado por Su Señoría.

La Comisión publicó en 1996 un documento general sobre las fuentes, la exposición y los efectos sobre la salud de la radiación no ionizante que cubría las frecuencias extremadamente bajas, incluido el campo magnético natural de la Tierra.

Asimismo, se han realizado un gran número de actividades de investigación, algunas de ellas con apoyo de la Comunidad, a fin de evaluar el riesgo de la exposición humana a frecuencias extremadamente bajas. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) coordina la realización de una recopilación de los diversos estudios internacionalmente disponibles sobre este asunto, actividad en la que la Comisión actúa como observadora, y se celebrará una reunión en mayo de 1998 en Moscú a fin de estudiar los conocimientos científicos relativos a la exposición a campos magnéticos de baja y alta frecuencia. El acta de esta reunión se publicará en ruso y en inglés.

Puede obtenerse información sobre el proyecto de la OMS en Internet: (http://www.who.ch:programmes/peh/emf/emf-home.htm). Se envía directamente a Su Señoría, así como a la Secretaría del Parlamento, una copia del documento de 1996 y una lista de estudios relacionados con la resonancia ciclotrónica.
PREGUNTA ESCRITA E-0234/98 de José Salafranca Sánchez-Neyra (PPE) a la Comisión (13 de febrero de 1998)

Asunto: Servicios de asistencia en escala - Frankfurter Flughafen AG

¿Podría explicar la Comisión los términos de las decisiones tomadas el miércoles pasado en el sentido de poner término al monopolio del que se beneficia la Frankfurter Flughafen AG en materia de servicios de asistencia en escala?

¿Podría explicar la Comisión los términos y las razones en las que se ha basado para exonerar parcialmente en el terminal 1 de dicho aeropuerto de la Directiva sobre la liberalización de los servicios de asistencia en escala en los aeropuertos de la UE?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (31 de marzo de 1998)

Ruego a Su Señoría que se remita al texto integral de la decisione 98/190/CE publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas ((DO L 72 de 11.3.1998. )), y en concreto al apartado «Evaluación».
PREGUNTA ESCRITA E-0004/98 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión (29 de enero de 1998)

Asunto: Residuos de componentes eléctricos

Según una comunicación de 19 de diciembre de 1997, la Comisión ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia contra Grecia en relación con la aplicación de la Directiva 91/157/CEE ((DO L 78 de 26.3.1991, p. 38.)) relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas.

¿Puede decir la Comisión:

1. si dispone de datos sobre la forma en que se eliminan dichos residuos en Grecia;

2. cuáles son los argumentos legales presentados contra Grecia;

3. por qué ha tardado cinco años en presentar el recurso, teniendo en cuenta que los Estados miembros tenían que presentar los programas antes de septiembre de 1992?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (2 de marzo de 1998)

1. Los datos relativos a la forma de eliminar las materias peligrosas contenidas en las pilas y los acumuladores se recogen en la Decisión ministerial no 73537/1438 ((Boletín oficial de la República Helénica no 781, vol. II, de 12.9.1995. )), por la que se incorpora a la legislación griega la Directiva 91/157/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas ((DO L 78 de 26.3.1991. )). Por otra parte, algunos datos estarán eventualmente contenidos en los programas previstos por el artículo 6 de dicha Directiva.

2. La Directiva en cuestión, en su artículo 6, prevé que los Estados miembros, con vistas a alcanzar los objetivos en él mencionados, establecerán programas que deberán comunicarse a la Comisión, a más tardar, el 17 de septiembre de 1992. Teniendo en cuenta que Grecia no comunicó dichos programas en el plazo fijado por la Directiva, la Comisión decidió iniciar el procedimiento previsto por el artículo 169 del Tratado CE.

3. El tiempo transcurrido desde la fecha en la que se hizo efectiva la obligación de notificar los programas y la fecha en la que la Comisión decidió actuar contra Grecia, sometiendo el asunto al Tribunal de Justicia, está plenamente justificado, si se tiene en cuenta los procedimientos seguidos con arreglo al artículo 169 del Tratado CE y los procedimientos internos de la Comisión.

La primera carta de solicitud de información al respecto se dirigió a las autoridades griegas en diciembre de 1992. Tras contactos bilaterales e intercambios de correspondencia, la Comisión notificó al Gobierno griego un requerimiento al respecto en noviembre de 1995. Dado que las respuestas a esta carta no fueron satisfactorias, la Comisión emitió un dictamen motivado en mayo de 1997. Por último, tras recibir una respuesta insatisfactoria al dictamen motivado, la Comisión decidió someter el asunto al Tribunal de Justicia.
PREGUNTA ESCRITA E-0175/98 de Mark Watts (PSE) a la Comisión (5 de febrero de 1998)

Asunto: Vertido de aguas residuales

¿Cuáles son las directivas y reglamentos de la UE relativos al vertido de aguas negras y residuales en el mar?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (5 de marzo de 1998)

La legislación comunitaria en vigor sobre vertido de aguas residuales en el mar y en otros medios acuáticos receptores (aguas dulces, estuarios) comprende las directivas siguientes:

- Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas ((DO L 135 de 30.5.1991.));

- Directiva 96/61/CEE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación ((DO L 257 de 10.10.1996.)), referida a los vertidos industriales;

- Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad ((DO L 129 de 18.5.1976.));

- Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura ((DO L 375 de 31.12.1991.)), que prevé principalmente medidas para evitar la contaminación del agua por escorrentía de líquidos que contengan residuos procedentes de la ganadería y de productos vegetales almacenados, como el forraje ensilado.
PREGUNTA ESCRITA E-0083/98 de Carlos Robles Piquer (PPE) al Consejo (30 de enero de 1998)

Asunto: Juicio justo para los acusados del crimen del vuelo Pan Am 103

El Departamento de Estado norteamericano acaba de publicar anuncios a toda página en los que ofrece hasta 4 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Lamen Khalifa Fhimah y Abdel Basset Al-Megrahi, ciudadanos libios acusados del brutal atentado que costó la vida a 270 personas, en el vuelo Pan Am 103 ó en tierra del Reino Unido, el 21 de diciembre de 1988.

Transcurridos más de nueve años sin que se haya hecho justicia, permanece vivo el horror ante aquel acto terrorista o ante el que, después, mató a los 171 ocupantes de un avión civil francés que sobrevolaba el Níger, también atribuido al Gobierno de Trípoli. Sin embargo, sorprende tal anuncio cuando es notorio que los dos acusados siguen viviendo en Libia y que el Gobierno del Coronel Gaddafi se niega a entregarlos a la justicia inglesa, como implícitamente reconoce el Departamento de Estado al decir que «The United Nations has invoked sanctions against Libya for not turning Fhimah and Megrahi over for trial».

¿Puede explicar el Consejo cuál es su posición y cuáles son las razones para que no sea aceptada, o respaldada por la Unión Europea, la jurisdicción del Tribunal Internacional de La Haya, sin duda capaz de dictar un fallo imparcial y certero en la materia?

Respuesta (27 de abril de 1998)

El Consejo comparte plenamente el horror de su Señoría ante los brutales ataques terroristas contra el vuelo Pan Am 103 y el vuelo francés UTA 772 sobre Níger.

El Consejo también lamenta, al igual que su Señoría, que en el caso de la bomba de Lockerbie hayan pasado nueve años sin que se haya hecho justicia. La Unión Europea sigue determinada a que esta cuestión se resuelva lo antes posible, con el total cumplimiento por parte de Libia de sus obligaciones con arreglo a las Resoluciones del Consejo de Seguridad correspondientes. Como su Señoría sabrá, las dos jurisdicciones que han reivindicado competencia en este caso son Escocia (Reino Unido), donde se produjo el atentado, y los Estados Unidos de América, dado que el avión afectado pertenecía a una compañía estadounidense. En La Haya no existe un tribunal penal internacional con competencia en una causa penal como ésta. La competencia del Tribunal Internacional de Justicia se limita, de acuerdo con su estatuto, a la resolución de litigios entre Estados.
PREGUNTA ESCRITA E-0012/98 de Philippe Monfils (ELDR) a la Comisión (29 de enero de 1998)

Asunto: Ejecución del programa Daphne

En el marco de la línea presupuestaria de 3 millones de ecus destinados a la lucha contra los malos tratos, la Comisión lanzó el programa «Daphne» en el que se definen los criterios aplicables para reconocer y financiar los proyectos.

¿Puede comunicar la Comisión la lista de los proyectos aceptados, el nombre y la ubicación del organismo responsable de la iniciativa así como el importe concedido a cada uno de los proyectos?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (26 de febrero de 1998)

Habida cuenta de la amplitud de la respuesta, la Comisión la envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-3623/97 de Pierluigi Castagnetti (PPE) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Expedición del permiso de estancia en Alemania

Distintos ciudadanos comunitarios residentes en Alemania, pero de nacionalidad no alemana, se quejan de que el permiso de estancia en este país se expida sobre la base de una solicitud dirigida a la administración municipal competente mediante un formulario impreso redactado en los años setenta. En particular, el ciudadano comunitario no alemán debe declarar, con vistas a la obtención del permiso, que dispone de ingresos superiores a 1.200 marcos.

Ocurre a menudo que ciudadanos comunitarios de otros Estados miembros deseen seguir residiendo en Alemania una vez concluida su actividad profesional en este país.

¿Cuál debe ser la actitud de las autoridades municipales ante los jubilados que solicitan el permiso de estancia y reciben una pensión inferior a 1.200 marcos?

Por la misma razón, ¿cuál debe ser la actitud de la administración municipal ante el ciudadano comunitario no nacional que, habiendo sido elegido miembro de la corporación municipal, no reúna todos los requisitos para obtener la prolongación del permiso de estancia?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (3 de febrero de 1998)

La Comisión desconoce el formulario utilizado para la presentación, ante las administraciones locales competentes, de solicitudes de la tarjeta de residencia de ciudadanos de la Unión residentes en Alemania.

La condición de disponer de unos ingresos mínimos como condición para el derecho de residencia existe, en la legislación comunitaria, únicamente para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia que, en el momento de la jubilación, se instalan en un Estado Miembro diferente al de su actividad anterior, y para las personas no activas. Esta exigencia se prevé respectivamente en la Directiva 90/365/CEE relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su actividad profesional ((DO L 180 de 13.7.1990. )) y en la Directiva 90/364/CEE relativa al derecho de residencia. Estas Directivas se han incorporado a la legislación alemana en el Verordnung de 17 de julio de 1997, publicado en el Bundesgesetzblatt de 22 de julio de 1997. En virtud del apartado 2 del párrafo 8 de dicho decreto, un jubilado o una persona no activa se considera con los recursos suficientes si cuenta con unos ingresos mensuales de 1170 DM.

La comprobación, a la hora de evaluar la solicitud de la tarjeta de residencia, del total de los recursos disponibles no se puede aplicar a los jubilados y a las personas no activas que contemplan las dos directivas anteriormente mencionadas.

La Comisión no ha conocido ningún caso en el que las autoridades locales alemanas exigieran, en contradicción con la legislación comunitaria, que otras categorías de personas justificasen sus recursos.

En lo que concierne al segundo punto, la Comisión no suele responder a preguntas hipotéticas.
PREGUNTA ESCRITA E-3868/97 de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión (5 de diciembre de 1997)

Asunto: Retrasos en las obras para el Jubileo de Roma

En su respuesta a la pregunta P-1677/97 ((DO C 21 de 22.1.1998, p. 80.)) de fecha 27 de junio de 1997, la Comisión notificó que el BEI no tiene, por el momento, ningún motivo para dudar de la capacidad de los promotores de realizar las obras previstas en el ámbito del proyecto «acuerdo marco Roma 2000». Sin embargo, el propio Presidente de la Agencia Romana para el Año Santo, Luigi Zanda, denunció hace poco con tonos de preocupación el gran retraso acumulado por las intervenciones de la administración municipal de Roma en la realización de las obras previstas para el Jubileo, a pesar de que faltan menos de 780 días para este destacado acontecimiento. Considerando la gran importancia del Jubileo no sólo para la ciudad de Roma sino también para Europa y el mundo entero y considerando que casi un 50 % de la financiación de las obras mencionadas corre a cargo del BEI, ¿puede decir la Comisión:

1. cuál es su opinión sobre la viabilidad de las 500 obras aproximadamente previstas para el Jubileo 2000 y financiadas con el concurso del BEI;

2. qué financiación se ha concedido ya, toda vez que el BEI concede sus préstamos no en una sola vez, sino obra por obra;

3. si los continuos retrasos acumulados por la administración municipal de Roma en la realización de dichas obras pueden poner en peligro la utilización real de la financiación del BEI para el Jubileo por parte del Ayuntamiento de Roma?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión (30 de enero de 1998)

Los proyectos financiados con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el marco del programa Roma 2000 han sido seleccionados individualmente por éste, según sus propios criterios, entre los proyectos que responden a una necesidad urgente de mejora de las infraestructuras de Roma y los que tendrán un impacto significativo a largo plazo y permanente en la economía. La instrucción del BEI ha confirmado la capacidad técnica de los promotores para realizar estas inversiones de manera satisfactoria.

Entre los proyectos del programa para el Jubileo, determinadas obras de dimensión unitaria más importante exigen, en efecto, un procedimiento relativamente largo de autorización: por ello, las funciones de supervisión y de coordinación por parte de las autoridades nacionales han sido reforzadas. Los fondos del BEI están a disposición de las autoridades nacionales que pagan a medida que van avanzando los trabajos. Semestralmente se envía al Parlamento Europeo un informe de estos pagos.
PREGUNTA ESCRITA E-4163/97 de Leonie van Bladel (UPE) al Consejo (22 de enero de 1998)

Asunto: Medidas en caso de secuestro de súbditos de la UE por parte de Surinam

1. ¿Tiene conocimiento el Consejo de la detención de 27 civiles y militares el 25 de octubre de 1997 en Surinam con motivo de la preparación de un presunto golpe de estado?

2. ¿No opina el Consejo que las acusaciones formuladas en los medios de comunicación por el asesor de estado surinamés, Desi Bouterse, sobre la participación de potencias extranjeras, entre ellas los Países Bajos, en la preparación del presunto golpe, son una reacción del antiguo dictador ante la investigación realizada por la justicia neerlandesa, en cooperación con la DEA estadounidense acerca de las actividades de Bouterse en el ámbito de las drogas, investigación que recientemente ha conducido a una solicitud internacional de búsqueda y extradición de Bouterse?

3. ¿Es plenamente consciente el Consejo de la gravedad de la situación que surgirá en caso de detención o secuestro de extranjeros, entre ellos neerlandeses, por participar en un presunto golpe de estado, dado que, a continuación, el Gobierno surinamés deseará negociar sobre una supresión mutua de la persecución, por una parte la suspensión de la persecución y la liberación de los extranjeros detenidos por la denominada participación en la preparación del presunto golpe, entre ellos neerlandeses, y a cambio de ello la retirada de la solicitud internacional de búsqueda y extradición del asesor de estado surinamés Desi Bouterse, así como la interrupción de la persecución de Bouterse en el ámbito del tráfico internacional de cocaína a gran escala y la participación y dirección de una organización criminal internacional de que la justicia neerlandesa acusa a Desi Bouterse?

4. ¿Está el Consejo suficientemente preparado para intervenir de modo adecuado en caso de que se realice el secuestro arriba mencionado?

Respuesta común a las preguntas escritas E-4160/97 E-4161/97, E-4162/97 y E-4163/97 (18 de mayo de 1998)

El Consejo únicamente tiene conocimiento de la información facilitada por las autoridades surinamesas, según las cuales el fin de semana del 25 de octubre de 1997 se detuvo a algunas personas que presuntamente estaban planeando un golpe.

El Consejo conoce asimismo la existencia de una carta enviada por la organización para los derechos humanos Moiwana 86 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso mencionado por Su Señoría.

En la medida en que el Consejo ha podido obtener información en relación con el caso del presunto sospechoso que se presentó en la embajada de los Países Bajos en octubre de 1997, esta persona no iba en busca de asilo.

El Consejo opina que, en caso de que se produjera en Suriname un caso de toma de rehenes, habrían de tomarse las medidas necesarias para intentar resolver la situación de forma pacífica.

El Consejo no tiene conocimiento de las afirmaciones y acusaciones que según Su Señoría ha hecho Desi Delano Bouterse.

Por otra parte, dado que las investigaciones judiciales a las que se refiere Su Señoría están aún en curso, el Consejo no está en condiciones de hacer comentarios al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-4211/97 de Bryan Cassidy (PPE) a la Comisión (21 de enero de 1998)

Asunto: Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (TEJ) del 26 de octubre de 1996 en el asunto de Elida Gibbs Limited (asunto C317/94)

Esta sentencia del TEJ ha quedado frustrada por la falta de aplicación de la misma en Alemania y su aplicación parcial en Francia y Grecia.

¿Es exacto que existen procedimientos establecidos para garantizar la coherencia de la aplicación de las normas sobre el IVA de la CE derivadas de decisiones del TEJ?

Respuesta común a las preguntas escritas E-4208/97, E-4209/97, E-4210/97 y E-4211/97 dada por el Sr. Monti en nombre de la Comisión (19 de marzo de 1998)

Como afirmó la Comisión en la respuesta a la pregunta escrita P-1211/97 del Sr. Tomlinson ((DO C 373 de 9.12.1997. )), en caso de dictarse una sentencia a raíz de una cuestión prejudicial que constituya una interpretación general del derecho comunitario, en el espacio de dos meses la Comisión envía una carta a todos los Estados miembros para saber cómo aplican la disposición comunitaria interpretada por el Tribunal de Justicia y los textos correspondientes. En este caso, se envió una carta de ese tipo a los quince Estados miembros.

El estudio de las respuestas recibidas permitió descubrir que algunos Estados miembros aún no aplicaban plenamente la sentencia del 24 de octubre de 1996 (Asunto C-317/94 de Elida Gibbs), en especial Alemania, Grecia y Francia. Con respecto a estos dos últimos Estados miembros, la Comisión decidió instruir el expediente con arreglo al procedimiento 169 del Tratado CE. En cuanto a Alemania, reanudó el procedimiento que se había interrumpido a la espera de la cuestión prejudicial mencionada y la Comisión decidió enviar el dictamen motivado.

Finalmente, como Austria no respondió a la carta administrativa de la Comisión sobre las medidas de aplicación adoptadas, la Comisión también decidió instruir su caso en el marco del procedimiento 169 del Tratado CE.