PREGUNTA ESCRITA E-2344/00

de Jean Lambert (Verts/ALE) a la Comisión

(13 de julio de 2000)

Asunto: Construcción de un tendido de alta tensión en Tenerife (Canarias)

La compañía eléctrica UNELCO-ENDESA pretende llevar a cabo un tendido de alta tensión de más de 80 km-220Kv, ida y vuelta y 900 Kv al choque en la propia torreta, cuyo fin es llevar energía a los masificados núcleos turísticos proyectados en el Sur y Sudoeste de Tenerife (47 000 camas hoteleras proyectadas), además de cerrar el anillo energético. Tal tendido atravesaría cinco espacios naturales protegidos por la Ley de Espacios Naturales de Canarias, incluidas las zonas boscosas de las cumbres. Los espacios naturales afectados tienen una importancia enorme desde el punto de vista ecológico y científico, e incluyen endemismos tan valiosos como el Pinzón Azul o el Pájaro Pico Picapinos, junto a otras muchas especies de aves, insectos y otros animales propios de las Islas Canarias. Por su gran riqueza florística, paisajística y forestal, el pinar de Vilaflor es uno de los ecosistemas más valiosos del archipiélago, y la zona por donde atraviesa la línea eléctrica un lugar de gran valor ornitológico internacional, que fue designada en 1994 por el propio Gobierno de Canarias como Parque Natural, y protegida en 1989 por la Unión Europea como Zona de especial protección para las aves(ZEPA)(1). La ZEPA forma parte de la red Natura 2000 desde 1995, cuando entró en vigor la Directiva sobre Hábitats 92/43/CEE(2).

El proyecto ha sido firmado ya por el Consejero de Industria del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, sin la preceptiva aprobación del Patronato Insular de Espacios Naturales de Canarias. Tal proyecto necesitaría talas de una anchura de unos 40 metros para evitar posibles incendios a lo largo de todo el recorrido (franjas de seguridad), lo que obligará a talar miles de pinos canarios, resinosos y centenarios. Hay que añadir que no han sido aprobados aún ni el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) ni la Ley de Corredores de la Isla, que incidiría en el recorrido de estas infraestructuras.

El Gobierno de Canarias no ha hecho público de manera apropiada el procedimiento de evaluación(3) que ha declarado positiva la evaluación imponiendo unos condicionantes que tampoco se han hecho públicos. Durante el procedimiento, no se tomaron en consideración medidas alternativas ni de ahorro y eficiencia energéticas ni de explotación de recursos renovables.

¿Considera compatible la Comisión la instalación de una infraestructura de transporte de energía como la proyectada con la conservación de espacios considerados como lugares de interés comunitario? ¿Puede verificar la Comisión si la legislación comunitaria en materia de estudio del impacto ambiental ha sido respetada(4) en particular en lo que afecta a las medidas de publicidad? ¿Puede verificar también la Comisión si se están respetando la Directiva sobre la calidad del aire 80/779/CEE(5) las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, así como la Recomendación del Consejo 1999/519 sobre los campos electromagnéticos(6)?

(1) Véase la Directiva 79/409/CEE, publicada en el DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(2) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

(3) ¡No se permiten fotocopias de los documentos del estudio de evaluación del impacto ambiental, ni el Ayuntamiento de Vilaflor, principal afectado, los tiene! Los ciudadanos de Vilaflor han promovido una campaña pública contra el tendido (información: http://www.accionmm.com/vilaflor/) y han transmitido una petición al Parlamento Europeo.

(4) Directivas sobre evaluación del impacto ambiental 85/37/CEE y 97/11/CE (DO L 175 de 5.7.1985, p. 40 y DO L 73 de 14.3.1997, p. 5).

(5) DO L 229 de 30.8.1980, p. 30.

(6) DO L 199 de 30.7.1999, p. 59.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(15 de septiembre de 2000)

En lo que se refiere a al proyecto de construcción de una línea de alta tensión en Tenerife (islas Canarias), conviene señalar que la Comisión acaba de recibir una reclamación en la que se denuncia que dicho proyecto podría afectar a un paraje clasificado por las autoridades españolas como zona de protección especial para las aves (ZPE) con arreglo al artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.

En cuanto a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conviene destacar que los apartados 3 y 4 de su artículo 6 prevén que cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión de la ZPE o sin ser necesario para la misma, pueda afectarla de forma apreciable se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. El Estado miembro deberá informar a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado.

En lo que se refiere a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, conviene destacar que su artículo 2 prevé que los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, deberán someterse a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones antes de concederse la autorización.

Esta disposición se aplica a los proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva. En la letra b) del punto 3 del anexo II se incluyen las instalaciones para el transporte de energía eléctrica mediante líneas aéreas. Con arreglo al apartado 2 del artículo 4, los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas en el anexo II se someterán a una evaluación cuando los Estados miembros consideren que sus características lo exigen.

La Comisión, en su papel de guardiana de los tratados, adoptará las medidas necesarias para garantizar el respeto del Derecho comunitario en el caso que menciona Su Señoría.