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PREGUNTA ESCRITA E-0469/01

de Luis Berenguer Fuster (PSE) a la Comisión

(21 de febrero de 2001)

Asunto: Utilización de las pieles del ganado bovino

Las medidas adoptadas para combatir el mal de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) obligan a incinerar los animales infectados, o bien los que puedan estar en grupos de riesgo. Ese medio de eliminación sin separar previamente la piel de los animales puede ocasionar problemas de abastecimiento a determinadas industrias, como la del calzado que utilizan esas pieles como materia prima.

¿Considera la Comisión que se puede separar la piel de los bóvidos antes de su incineración con la finalidad de ser utilizada por la industria?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2001)

Las medidas comunitarias vigentes sobre la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) no prohíben quitar la piel de los animales, antes de la destrucción del resto del cuerpo, si esta se destina a la fabricación de cuero, a menos que provenga de animales sospechosos de estar infectados o que están infectados por una encefalopatía espongiforme transmisible (EET).

En particular, el apartado 4 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 2777/2000, de 18 de diciembre de 2000, por el que se adoptan medidas excepcionales de apoyo al mercado de la carne de vacuno(1), prevé que no deban teñirse ni destruirse las pieles de animales de más de 30 meses que no hayan sido objeto de pruebas rápidas autorizadas de detección de la EEB, a condición de que sean tratadas y almacenadas separadas de las demás pieles de tal forma que sólo puedan utilizarse para la fabricación de cuero.

De acuerdo con la Decisión 98/272/CE de la Comisión, de 23 de abril de 1998, relativa a la vigilancia epidemiológica de las encefalopatías espongiformes transmisibles y por la que se modifica la Decisión 94/474/CE(2) y con la Decisión 2000/764/CE, de 29 de noviembre de 2000, relativa a la detección de la encefalopatía espongiforme bovina en los animales bovinos y que modifica la Decisión 98/272/CE relativa a la vigilancia epidemiológica de las encefalopatías espongiformes transmisibles(3), todas las partes del cuerpo, incluida la piel, de un animal con síntomas clínicos que permitan sospechar que padece una EET, o de un animal sometido a una de las pruebas rápidas autorizadas de detección de la EEB, deben ser destruidas si el diagnóstico revela la presencia de EET o si el resultado de la prueba es positivo.

(1) DO L 321 de 19.12.2000.

(2) DO L 122 de 24.4.1998, modificada por última vez por la Decisión 2001/8/CE (DO L 2 de 5.1.2001).

(3) DO L 305 de 6.12.2000, modificada por última vez por la Decisión 2001/8/CE (DO L 2 de 5.1.2001).
PREGUNTA ESCRITA E-0206/01

de Catherine Stihler (PSE) a la Comisión

(2 de febrero de 2001)

Asunto: Acuerdos pesqueros y consecuencias medioambientales

La reciente Comunicación sobre industria pesquera y reducción de la pobreza(1) apoya la idea de que se realicen estudios sociales y medioambientales antes de llevar a cabo una intervención que pueda tener un impacto social o medioambiental. ¿Cómo piensa la Comisión poner esta idea en práctica en lo concerniente a los acuerdos pesqueros entre la Unión Europea y países terceros?

(1) COM(2000) 724.

Respuesta común a las preguntas escritas E-0179/01 y E-0206/01 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(12 de marzo de 2001)

En el marco de sus relaciones de pesca bilaterales, la Comisión toma cada vez más en consideración los aspectos medioambientales y sociales de las actividades pesqueras que se ejercen en las aguas sujetas a la soberanía o jurisdicción de sus socios.

Las evaluaciones que, con la participación de varios de sus servicios, realiza la Comisión antes de la apertura de toda negociación permiten tener en cuenta esos aspectos hasta donde lo permite la información de la que se dispone. Dichas evaluaciones se presentan al Consejo y al Parlamento.

Además, en el marco de esas relaciones bilaterales, siendo consciente de las carencias existentes, la Comisión se esfuerza por convencer a sus socios de la exigencia de desarrollar una pesca responsable y de emprender un conjunto de medidas que permitan aumentar los conocimientos sobre el estado de los recursos pesqueros, los métodos de pesca y las necesidades de las poblaciones locales.

Asimismo, dentro de su política de cooperación al desarrollo, la Comisión invita a sus socios a que formulen peticiones y propuestas que se orienten a satisfacer esa exigencia.
PREGUNTA ESCRITA P-0305/01

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(2 de febrero de 2001)

Asunto: Mal tiempo en Portugal

Portugal se ha visto asolado por fuertes temporales que han ocasionado, entre otras cosas, la pérdida de vidas humanas así como de alojamiento de numerosas familias, y han tenido, además, graves consecuencias para la actividad económica en general.

Entre las infraestructuras afectadas se cuentan, en particular, viviendas destruidas, poblaciones inundadas, cortes en las vías de comunicación como carreteras y ferrocarriles, interrupciones del suministro eléctrico y de las comunicaciones, inaccesibilidad de puertos etc.

Las instalaciones industriales, la actividad comercial y sectores como la agricultura y la pesca se han visto gravemente afectados, pudiendo calcularse ya los daños en unos dos mil millones de escudos.

¿Puede indicar la Comisión qué medidas de urgencia piensa adoptar, en cooperación con el Gobierno portugués y las autoridades locales, para ayudar a contrarrestar los efectos de esta dramática situación que se vive en Portugal?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(6 de marzo de 2001)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta oral H-0099/01 del Sr. Casaca, formulada en el turno de preguntas de la sesión de febrero I 2001(1) del Parlamento.

(1) Debates del Parlamento Europeo (febrero de 2001).
PREGUNTA ESCRITA P-0274/01

de Jillian Evans (Verts/ALE) a la Comisión

(2 de febrero de 2001)

Asunto: El censo del Reino Unido en Gales

En relación con el censo correspondiente a 2001, la Oficina de Estadísticas Nacionales del Gobierno del Reino Unido reconoce la existencia de una identidad nacional escocesa en su impreso destinado a Escocia, así como la existencia de una nacionalidad irlandesa en el impreso para todo el Reino Unido. El pueblo de Gales no tiene la oportunidad de registrar su nacionalidad como galesa ni en Gales ni en los demás países del Reino Unido.

¿Comparte la Comisión la opinión de que de este modo se priva al pueblo de Gales de la posibilidad de expresar su identidad nacional (o etnicidad) y que nos encontramos ante un caso de discriminación que afecta a casi 3 millones de personas residentes en Gales y a los galeses que residen en otras partes del Reino Unido? En caso afirmativo, ¿qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(20 de febrero de 2001)

No es competencia de la Comisión tratar el tema planteado, que compete únicamente a las autoridades nacionales responsables.
PREGUNTA ESCRITA P-0417/01

de Jillian Evans (Verts/ALE) a la Comisión

(13 de febrero de 2001)

Asunto: Pérdida de empleos en las plantas industriales de CORUS en el Reino Unido

La semana pasada, la compañía acerera CORUS anunció que 6 000 trabajadores de sus plantas industriales en el Reino Unido perderán su empleo. De estos despidos, 3 000 se llevarán a cabo en las plantas de la empresa situadas en el País de Gales.

¿Tiene intención la Comisión de examinar los procedimientos utilizados por CORUS y su actuación antes de este anuncio, con el fin de garantizar que la compañía haya respetado totalmente la legislación comunitaria vigente? Caso de demostrarse que CORUS ha contravenido la legislación comunitaria, ¿qué medidas puede adoptar la Comisión?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(26 de marzo de 2001)

La Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos(1) establece en su artículo 2 que cuando un empresario tenga la intención de efectuar despidos colectivos deberá consultar, en tiempo hábil, a los representantes de los trabajadores con vistas a llegar a un acuerdo.

Dichas consultas deberán versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento destinadas, en especial, a la ayuda para la readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos.

La Directiva prevé asimismo que los Estados miembros deberán velar por que los representantes de los trabajadores y/o los trabajadores dispongan de procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales para que se respeten las obligaciones establecidas en el Derecho comunitario.

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, y de que el Reino Unido ha incorporado en su ordenamiento jurídico la citada Directiva, corresponde a la jurisdicción y/o administración nacional conocer de todo litigio relacionado con esta cuestión y resolverlo.

(1) DO L 225 de 12.8.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-0208/01

de Catherine Stihler (PSE) a la Comisión

(2 de febrero de 2001)

Asunto: Renovación de la flota y exceso de capacidad

La OCDE estima que en 1997 se gastaron 1 300 millones de euros en subsidios para el sector pesquero europeo. Una elevada proporción de esta cantidad se utilizó para renovar y modernizar la flota. Teniendo en cuenta el considerable exceso de capacidad de la flota comunitaria, ¿estima la Comisión que este dinero se utilizó correctamente? ¿Qué salvaguardas existen para garantizar que no se utilicen los fondos para incrementar la sobrecapacidad?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0177/01 y E-0208/01 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(12 de marzo de 2001)

Según las estimaciones de la OCDE, en 1997 sólo se destinó a la renovación y modernización de la flota un 10 % de las contribuciones comunitarias al sector pesquero. Durante el período del IFOP (Instrumento financiero de orientación de la pesca) comprendido entre 1994 y 1999, los fondos públicos (comunitarios y nacionales) invertidos en la renovación y modernización de la flota se elevaron a 593 millones de euros o, lo que es lo mismo, alrededor del 22 % del total de las ayudas públicas concedidas al sector durante el período. Contrastando con esa cifra, el importe asignado a la financiación de regímenes de retirada de buques pesqueros con el fin de reducir el exceso de capacidad ascendió a 894 millones de euros (33,5 % de la ayuda pública total). Uno de los principales objetivos de la política pesquera común (PPC) es ajustar la capacidad de la flota a los recursos pesqueros y asegurar la existencia de una industria pesquera sostenible y rentable. La Comunidad dispone hoy de normas para evitar que un Estado miembro conceda ayudas a la construcción o modernización de buques si en él no se cumple el objetivo de reducción de la capacidad establecido en los Programas de orientación plurianuales de reestructuración de la flota.
PREGUNTA ESCRITA E-0442/01

de Marie-Noëlle Lienemann (PSE) a la Comisión

(16 de febrero de 2001)

Asunto: Responsabilidad del Reino Unido en la gestión de la crisis de la EEB

¿No considera indispensable la Comisión recurrir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que el Reino Unido responda de los errores cometidos al originarse la propagación de la EEB?

Este recurso parece aún más legítimo tras la publicación del informe de la comisión de investigación presidida por Lord Philips, y si se considera el importante número de víctimas que residen en otros Estados miembros a parte del Reino Unido y un régimen de indemnizaciones británico que no les tiene en cuenta.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(19 de abril de 2001)

La Comisión sólo puede incoar un proceso contra un Estado miembro ante el Tribunal de Justicia en caso de incumplimiento de obligaciones derivadas de las disposiciones del Tratado CE si se cumplen las condiciones establecidas en su artículo 226 (antiguo artículo 169).

Estas condiciones son las siguientes:

1. La Comisión debe estar convencida de que el Estado miembro ha incumplido una obligación comunitaria;

2. El Estado miembro ha tenido oportunidad de presentar sus observaciones;

3. La Comisión ha respondido a las mismas con un dictamen razonado que el Estado miembro tampoco ha cumplido.

Además, generalmente la Comisión no incoa procedimientos de infracción en caso de que el Estado miembro en cuestión cumpla con sus obligaciones a raíz de la primera intervención de la Comisión.

La Comisión vigila estrechamente el cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho comunitario en relación con la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) por parte del Reino Unido y no dudará en incoar procedimientos de infracción en caso de que se descubran nuevos incumplimientos o de que persistan los viejos.
PREGUNTA ESCRITA E-0005/01

de Brice Hortefeux (PPE-DE) a la Comisión

(17 de enero de 2001)

Asunto: Reparto y utilización de la ayuda financiera comunitaria en la región de Auvernia de 1994 a 2000

Clermont-Ferrand y la región de Auvernia se beneficiaron durante el período de programación 1994-2000 de ayudas y subvenciones comunitarias en concepto de los fondos estructurales pero también en el marco de diferentes programas comunitarios en los ámbitos de la cultura, la educación, la investigación, el medio ambiente, la ayuda a las PYME, etc.

1. ¿Podría la Comisión indicar cuáles son los programas de los que se han beneficiado Clermont-Ferrand y la región de Auvernia durante el período de programación 1994-2000?

2. ¿Puede la Comisión precisar los importes asignados a Clermont-Ferrand y la región de Auvernia y quiénes fueron sus beneficiarios en cada uno de los años del período 1994-2000, distinguiendo, en su caso, entre créditos de compromiso y créditos de pago?

3. ¿Está satisfecha la Comisión con la ejecución de los créditos en concepto de los diferentes programas comunitarios para Clermont-Ferrand y la región de Auvernia en el período 1994-2000?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(29 de enero de 2001)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-4102/00

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(10 de enero de 2001)

Asunto: El BEI y el Convenio de Aarhus

¿Considera la Comisión que los compromisos derivados del Convenio de Aarhus se aplican también al Banco Europeo de Inversiones?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(22 de marzo de 2001)

Los Estados miembros y la Comunidad han firmado la Convención de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (la Convención de Aarhus) que únicamente entrará en vigor si es ratificada por más de 16 Estados, hecho que aún no se ha producido.

Una vez firmada la Convención, la Comunidad incluyó una declaración que establece lo siguiente:

Dentro del marco institucional y jurídico de la Comunidad y conforme con lo dispuesto en el Tratado sobre la futura legislación sobre transparencia, la Comunidad declara que las instituciones comunitarias aplicarán la Convención según lo establecido en la normativa existente y futura sobre el acceso a los documentos de las instituciones así como a otras normas relevantes del Derecho comunitario en el ámbito de aplicación de la Convención. La Comunidad considerará si es necesario incluir otras declaraciones cuando se ratifique la Convención para su aplicación en las instituciones comunitarias. (Traducción no oficial)

Actualmente el Parlamento y el Consejo están debatiendo una propuesta de Reglamento elaborada por la Comisión(1), basada en el artículo 255 (antiguo artículo 191A) del Tratado CE y que contempla el acceso a los documentos de las instituciones comunitarias. Dicha propuesta atañe al Parlamento, al Consejo y a la Comisión, que son las tres instituciones comunitarias a las que hace referencia dicho artículo.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha comunicado a la Comisión que se compromete a cumplir el objetivo comunitario de la transparencia, teniendo en cuenta las condiciones derivadas de la naturaleza de la institución así como su función específica. El BEI espera combinar su política de información con un óptimo desarrollo de la actividad bancaria y con la eliminación de barreras para acceder a la información en la medida de lo posible. De este modo, el BEI respetará el espíritu del Convención de Aarhus y el de cualquier otro instrumento jurídico internacional pertinente, sin ignorar el cumplimiento de cualquier obligación futura que emane del proceso legislativo comunitario.

(1) COM(2000) 30 final DO C 177 E de 27.6.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-4139/00

de Avril Doyle (PPE-DE) a la Comisión

(16 de enero de 2001)

Asunto: Puesta en libertad de una cárcel colombiana de los asesinos de Tristan James Murray y Javier Nova

A la vista de la correspondencia mantenida durante los meses de agosto y septiembre entre los Comisarios Nielson y Patten, por una parte, y la Sra. Doyle, por otra, en relación con la desaparición de Tristan James Murray y Javier Nova, miembros de la Comunidad Atlantis en Colombia, teniendo presente los horribles asesinatos de que fueron víctimas en aquel país a manos de las guerrillas izquierdistas, y habida cuenta de que los dos hermanos Sanabria Guerrero, que cometieron dichos asesinatos, han salido recientemente de prisión tras cumplir únicamente un mes de condena, ¿podría la Comisión, a través de su oficina de Bogotá, ponerse en contacto con la fiscalía para obtener sin demora una explicación por la salida de la cárcel de los hermanos Sanabria Guerrero?

A la luz de la participación de la UE en la operación Plan Colombia, del balance en materia de derechos humanos en Colombia y del sistema judicial vigente en dicho país, ¿podría confirmar la Comisión que transmitirá al Presidente Pastrana las serias preocupaciones de la Sra. Doyle y que se servirá de su influencia en la región para garantizar que se hace justicia en este caso?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(12 de febrero de 2001)

Como la Comisión ha manifestado en varias ocasiones, deplora profundamente el asesinato de los jóvenes Tristan Murray y Javier Nova.

La Comisión ya se ha puesto en contacto con el Fiscalía de Colombia. Da Carmen Gonzales, directora del Departamento de Investigación, ha señalado que el caso se está examinando actualmente. Por supuesto, la Comisión seguirá el desarrollo de este problema y mantendrá informado a Su Señoría sobre su evolución.

En cuanto a las serias preocupaciones expresadas por Su Señoría y el problema de las violaciones de los derechos humanos, la Unión continuará haciendo hincapié ante sus interlocutores colombianos en la importancia de que se realicen progresos en este ámbito.
PREGUNTA ESCRITA E-3606/00

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(22 de noviembre de 2000)

Asunto: Antibióticos en los huevos

En su respuesta a la pregunta E-1093/00(1) la Comisión Europea hace referencia a un informe sobre el programa de control que todavía no se había entregado a las autoridades italianas. ¿Puede señalar la Comisión si, mientras tanto, ha recibido dicho informe y, en caso afirmativo, sus consecuencias en el asunto planteado en dicha pregunta? Asimismo, ¿puede señalar qué medidas ha adoptado o piensa adoptar?

(1) DO C 72 E de 6.3.2001, p. 18.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(16 de enero de 2001)

La Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa a las medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos, y por la que se derogan las Directivas 85/358/CEE y 86/469/CEE y las Decisiones 89/187/CEE y 91/664/CEE(1), obliga a los Estados miembros a presentar un informe anual relativo al control de los residuos en los alimentos de origen animal, incluidos los huevos. Los Estados miembros pueden seleccionar cada año las sustancias específicas sobre las que centrarán el análisis de residuos.

La Comisión recibió en junio de 2000 el informe italiano de 1999. Ese año, Italia no controló la presencia de quinolonas ni de sulfonamidas.

Por otro lado, las autoridades italianas informaron a la Comisión de que no podrían examinar el estudio realizado por Altro Consumo debido a la falta de información precisa sobre el origen de los huevos y los métodos analíticos aplicados.

En 2000, Italia ha incluido estos grupos de sustancias en su plan de residuos para los huevos, cuyos resultados estarán disponibles a partir de abril de 2001.

(1) DO L 125 de 23.5.1996.
PREGUNTA ESCRITA E-3581/00

de Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) a la Comisión

(17 de noviembre de 2000)

Asunto: Carta de 23 de marzo de 1998 del Comisario Leon Brittan a Thabo Mbeki sobre el Acuerdo TRIPS

Existe ya desde hace tiempo un conflicto entre numerosos países en vías de desarrollo y la industria farmacéutica sobre la producción y/o compra de medicamentos baratos por parte de estos países. Según los compromisos alcanzados mediante el Acuerdo TRIPS, que se firmó en 1994 en el marco del Acuerdo OMC y que es vinculante para todos los Estados miembros de dicha organización, estos países pueden, en circunstancias especiales, proceder a la producción y/o compra de medicamentos baratos.

1. ¿Es cierto que el Comisario europeo Leon Brittan escribió una carta con fecha de 23 de marzo de 1998 en la que pretendía impedir al vicepresidente sudafricano Thabo Mbeki que hiciera uso de las posibilidades brindadas por el acuerdo TRIPS para producir medicamentos baratos o adquirirlos en el extranjero?

En caso afirmativo, ¿cuál era el contenido exacto de dicha carta y cuáles eran los argumentos que sustentaban dicho proceder?

2. ¿Ha adoptado la Comisión otras medidas similares?

En caso afirmativo, ¿de qué medidas se trata?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(15 de diciembre de 2000)

1. La Comisión no se opone al uso por los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de las posibilidades legítimas que se derivan del Acuerdo sobre los derechos de la propiedad intelectual (TRIPS). En el problema particular de la autorización obligatoria, la Comisión reconoce el derecho de los miembros de la OMC a recurrir a este instrumento, a condición de que se respeten las condiciones establecidas en el Acuerdo de los TRIPS. Se ha enviado al Parlamento una copia de la carta mencionada por Su Señoría.

2. No.

La Comisión se permite remitir a Su Señoría a su respuesta a las preguntas escritas E-2316/00 por el Sr. E. Meijer(1) y P-2672/00 por la Sra. H. Maij-Weggen(2).

(1) DO C 136 E de 8.5.2001.

(2) DO C 136 E de 8.5.2001.