PREGUNTA ESCRITA E-2258/02

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(24 de julio de 2002)

Asunto: Graves problemas de gestión y deterioro ambiental en el litoral levantino (España)

A lo largo de toda la legislatura parlamentaria, esta diputada ha venido denunciando la incorrecta gestión del litoral levantino y las graves afecciones que se están produciendo para el entorno y el patrimonio natural de las zonas costeras que comprende. Entre los problemas más importantes, destacan: la construcción continua de infraestructuras litorales (puertos, paseos marítimos, diques, espigones), la degradación de la calidad de las aguas marinas y la urbanización masiva de la franja litoral. Por otro lado, las actuaciones urbanísticas y de turismo expansivo están ocasionando la degradación de los espacios naturales asociados a la costa (marjales, estuarios, albuferas, saladares, praderas de posidonia), están favoreciendo el cambio climático, están erosionando la línea costera y están provocando la regresión de playas y sistemas dunares. A todo ello, habría que añadir la sobrepesca y el agotamiento de los recursos pesqueros, la gestión insostenible de los recursos hídricos y la fuerte degradación del paisaje y los recursos naturales tradicionales que están incluso afectando a rasgos propios de la identidad y la cultura popular autóctonas.

Las pretensiones del actual Gobierno de la Comunidad Valenciana de recalificar como urbanos millones de m2 de terreno en la zona costera para construir complejos de ocio, segundas residencias y campos de golf, han provocado la reacción de sectores ciudadanos y de la oposición política, que han solicitado públicamente una moratoria para las construcciones hasta que no se hayan realizado los preceptivos estudios y evaluaciones de impacto ambiental para los diferentes proyectos que se pretenden llevar a cabo.

Teniendo en cuenta:

- lo recogido por la Estrategia de la UE para un desarrollo sostenible(1) y por el Consejo de Gotemburgo de junio de 2001 sobre la materia,

- la Recomendación ya aprobada sobre Gestión Integrada de las Zonas Costeras en la Unión Europea(2),

¿Tiene conocimiento la Comisión de los hechos descritos y de los planes para la urbanización extensiva del litoral valenciano que se están llevando a cabo a través de las recalificaciones concedidas por el Gobierno de la Generalitat valenciana?

¿No considera la Comisión que debería interceder ante las autoridades españolas para que se realice una correcta gestión del litoral valenciano en base a lo que ha estipulado la Unión Europea en la materia?

¿Mantiene la Comisión un control sobre si todos los proyectos de urbanización que se están llevando a cabo en las costas valencianas cuentan con la preceptiva evaluación de impacto?

(1) COM(2001) 264.

(2) DO L 148 de 6.6.2002, p. 24.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(27 de septiembre de 2002)

En el marco de la recomendación sobre gestión integrada de las zonas costeras (GIZC) (2002/413/CE) la Comisión no recibe notificación de los planes de desarrollo o de calificación del suelo en zonas costeras concretas.

En respuesta a la pregunta sobre la posible intervención de la Comisión ante las autoridades españolas, la recomendación GIZC no brinda el marco oficial ni jurídico necesario para tal gestión. Se trata de una recomendación en la que se insta a los Estados miembros a elaborar estrategias con objeto de propiciar una gestión integrada en las zonas costeras aplicando una serie de principios básicos, entre otros la participación de todas las partes interesadas. La situación del litoral levantino tal como la describe Su Señoría pone de manifiesto la existencia de muchos conflictos entre los distintos usos y usuarios de la costa. En este tipo de situaciones complejas, la GIZC, gracias a su mecanismo de concertación y coordinación, puede aportar una solución coherente con el principio de desarrollo sostenible. De hecho, a la hora de preparar las estrategias nacionales de gestión integrada de zonas costeras, la recomendación propone a los Estados miembros que consideren, entre otras cosas, el control de la urbanización adicional del litoral (punto i de la letra b) del apartado 3 del capítulo IV de la recomendación). Las estrategias nacionales, sin embargo, han de estar listas únicamente en 2006, y siempre en aplicación de una recomendación que, por su naturaleza, es un instrumento no vinculante.

Por lo que se refiere a la evaluación de impacto, la nueva directiva relativa a la evaluación ambiental estratégica (Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente(1)), sólo tiene que estar incorporada al ordenamiento interno de los Estados miembros en 2004. No obstante, la Directiva 85/337/CEE(2) del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE de 3 de marzo de 1997(3), podría aplicarse en este caso puesto que varios de los proyectos mencionados por Su Señoría parecen corresponder a los incluidos en el Anexo I de la directiva, por ejemplo la construcción de puertos comerciales y muelles para carga y descarga (letra b) del punto 8 del Anexo I), o en el Anexo II, por ejemplo los puertos deportivos (letra b) del punto 12 del Anexo II), los proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos (letra b) del punto 10 del Anexo II) o las obras costeras destinadas a combatir la erosión y las obras marítimas que puedan alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones, etc. (letra k) del punto 10 del Anexo II). Los proyectos del Anexo I deben ser objeto de evaluación si pueden tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente; hay que señalar, sin embargo, que en el caso de los proyectos del Anexo II, los Estados miembros deben determinar caso por caso, en función de un estudio o de umbrales o criterios fijados por el propio Estado miembro, si el proyecto debe someterse a una evaluación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5 a 10.

Los datos comunicados por Su Señoría y la falta de precisiones específicas sobre cada proyecto no permiten a la Comisión manifestarse en cuanto a su posible pertenencia a los anexos de la directiva. No obstante, si Su Señoría tiene conocimiento de casos concretos de aplicación incorrecta de la misma, la Comisión le ruega se los comunique para analizarlos y comprobar si son compatibles con la legislación comunitaria.

(1) DO L 197 de 21.7.1985.

(2) DO L 175 de 5.7.1985.

(3) DO L 73 de 14.3.1997.