ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/257

(2004/C 88 E/0262)

PREGUNTA ESCRITA E-0971/04

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(29 de marzo de 2004)

Asunto: Venezuela: referendo

Según los medios de comunicación social, la Coordinadora Democrática, organización que reúne los partidos políticos de oposición al Presidente Hugo Chávez, se alegró al conocer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de instar al Consejo Nacional Electoral (CNE) a dar por válidas 876 017 firmas cuya autenticidad había sido cuestionada, a pesar de que venían acompañadas de las huellas digitales de los respectivos firmantes.

En su decisión, el TSJ insta al CNE a añadir las más de 876 000 firmas a las 1 832 493 validadas anteriormente (que suman un total de 2 708 510) y a convocar el referendo revocatorio presidencial.

Un portavoz de la Coordinadora Democrática manifestó a los medios de comunicación social venezolanos la satisfacción que siente ese movimiento ante «el regreso de la legalidad y la constitucionalidad» y señaló la obligación de acatar la decisión judicial que recae sobre el Consejo Nacional Electoral.

Mientras tanto, el alcalde del municipio de Libertador (uno de los municipios de Caracas), Fredy Bernal, anunció que el Movimiento Quinta República (MVR), partido del Gobierno, presentará un recurso de apelación contra la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Según varios analistas políticos, puede producirse próximamente un conflicto entre los diferentes poderes e instituciones jurídicas del país, en particular, entre las salas Electoral y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y el Consejo Nacional Electoral.

1. ¿De qué información dispone la Comisión con respecto a estos hechos?

2. ¿Considera la Comisión que es conveniente que siga sin programarse la convocatoria del referendo revocatorio?

3. ¿Qué consecuencias cree la Comisión que podrán derivarse de esta situación para Venezuela?

4. ¿Qué medidas adopta o tiene intención de adoptar la Comisión con el objetivo de contribuir a que se evite esta posible tensión entre instituciones y para que finalmente se dé la palabra al pueblo venezolano, ya que es la única forma de solucionar la crisis democrática que afecta al país?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

Tras el anuncio el 2 de marzo de 2004 por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de los resultados preliminares del referéndum revocatorio presidencial, la actividad jurídica sobre dicho referéndum ha sido intensa. El CNE dictaminó que, de todas las firmas examinadas (3 086 013; la oposición dice que presentó 3 467 050), se declararon válidas poco más de 1,8 millones, dudosas 876 017 e inválidas más de 230 000. Las firmas consideradas dudosas son el resultado de las denominadas «planillas planas» (impresos para la firma en que los datos básicos de los que han firmado se han rellenado a mano con letra parecida) y deberán ser sometidas a un doble comprobación en un «proceso de reparación» («reparo»), junto con algunas otras firmas declaradas inválidas en un principio. En consecuencia, según el CNE, más de 1 millón de firmas deben ser sometidas a una nueva verificación y deben ser confirmadas por quienes las firmaron. Para convocar el reférendum presidencial son necesarias 2,4 millones de firmas.

No obstante, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia resolvió el 15 de marzo de 2004 que las «planillas planas» eran válidas. El CNE apeló esa resolución ante la Sala Constitucional de dicho Tribunal, la cual consideró que la Sala Electoral no era competente según la Constitución de 1999 y le ordenó que se abstuviera de dictar resoluciones sobre el proceso de referéndum. La Sala Electoral reiteró su competencia sobre el asunto y pidió que fuera la Corte en pleno quien decidiera. No se puede predecir con certeza cuál será el resultado. Esta controversia constitucional está retrasando aún más el posible referéndum sobre el Presidente Chávez.

La Unión Europea respalda el papel desempeñado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter en el conflicto y la labor que estan efectuando para que se aplique el acuerdo político firmado el 29 de marzo de 2003 por el Gobierno venezolano y la oposición, de acuerdo con la Resolución 833 de la OEA, en la que se pide una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral. La UE ha reiterado la importancia de que se aplique el acuerdo. Sin embargo, aunque se celebre un referéndum, llevará tiempo superar la polarización de la sociedad y conseguir la recuperación de la situación económica.