ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/906

(2004/C 78 E/0958)

PREGUNTA ESCRITA P-4060/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(8 de enero de 2004)

Asunto: Ciudadanía europea

El artículo 8 del proyecto de Constitución de la Unión Europea garantiza a «toda persona que […] posee la ciudadanía de la Unión» el derecho de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, junto con los demás derechos civiles vinculados a la ciudadanía.

El artículo se limita a definir como tales ciudadanos a los nacionales de los Estados miembros, pero no aclara la cuestión, muy debatida y de fundamental importancia, de las modalidades y procedimientos para adquirir la condición de ciudadano. Según el artículo 8, el requisito de la ciudadanía constituye la única distinción entre las personas que residen y circulan legalmente en el territorio europeo y los ciudadanos de terceros países. No hay indicaciones respecto de las situaciones jurídicas intermedias, como por ejemplo la de los residentes, ni se consideran los aspectos vinculados a la inmigración; cada Estado miembro sigue siendo responsable de las modalidades de obtención de la ciudadanía nacional y de las políticas de ingreso, estancia e integración de los ciudadanos no comunitarios, a pesar de que el fenómeno de la inmigración afecta tanto a los Estados que tienen fronteras exteriores de la Unión como a los de tránsito y estancia. El debate sobre la ciudadanía comprende varias cuestiones: la reglamentación de los flujos legales e ilegales, la gestión integrada de las fronteras, la lucha contra la delincuencia organizada, las fronteras marítimas y las nuevas fronteras creadas por la ampliación, así como el derecho de asilo. Con demasiada frecuencia, cada una de estas cuestiones se ha planteado estableciendo la distinción entre las dos ciudadanías, es decir, la nacional y la europea, esta última paralela y secundaria, con soluciones distintas y no coordinadas que crean considerables dificultades de gestión y enormes disparidades de trato, a pesar de los valores comunes que constituyen la base del nacimiento y crecimiento de la Unión.

Considerando el vacío de principio que parece subsistir en la naciente Constitución y la oportunidad y necesidad de profundizar el debate sobre las cuestiones descritas con el fin de llegar cuanto antes a la armonización de la legislación para establecer normas iguales en todos los Estados miembros;

1. ¿Puede decir la Comisión qué iniciativas concretas se han adoptado para promover la armonización de la legislación relativa a la adquisición de la ciudadanía nacional y de la condición de residente?

2. ¿Cómo ha evolucionado el debate sobre una política común unitaria por lo que concierne a la inmigración?

3. ¿Qué opina la Comisión de la posibilidad de incluir en la Constitución la cuestión de la ciudadanía europea, teniendo en cuenta asimismo sus implicaciones políticas, religiosas y sociales?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(12 de febrero de 2004)

Las directrices para una política común de inmigración y asilo se fijaron en el Consejo Europeo de Tampere en octubre de 1999. Esta política incluye el trato justo de los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros. Las conclusiones del Consejo Europeo declaran que el estatuto jurídico de los nacionales de terceros países con residencia legal debe aproximarse al de los nacionales de los Estados miembros. Debe concederse a aquéllos un conjunto de derechos uniformes que sean lo más parecido posible a los que gozan los ciudadanos comunitarios.

En lo referente a la adquisición de la ciudadanía nacional, cabe destacar que ni la Comunidad posee la competencia jurídica para introducir la armonización de la legislación ni el proyecto actual de la Constitución de la UE recoge tal competencia, por lo que la Comisión no va a adoptar en un futuro próximo ninguna medida legislativa en este ámbito.

Con respecto al desarrollo de una política comunitaria uniforme de inmigración y al estatuto jurídico de los nacionales de terceros países, la Comisión ha trabajado para conseguir los objetivos fijados en Tampere. Con este fin, ha propuesto varias medidas y directivas de actuación para garantizar la libre circulación y unos derechos económicos y sociales básicos para los nacionales de terceros países. En particular, la Directiva relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (1) está destinada a armonizar el estatuto jurídico de los nacionales de dichos países residentes en la UE.

La Comisión considera que la ciudadanía cívica (con un conjunto común de derechos y obligaciones básicos para los nacionales de terceros países) y la concesión de derechos políticos son importantes para el proceso de integración.

(1) Propuesta de la Comisión de 13.3.2001, COM(2001) 127 final. La propuesta fue adoptada por el Consejo el 25 de noviembre de 2003.