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PREGUNTA ESCRITA E-3849/97 de Kenneth Coates (GUE/NGL) a la Comisión (5 de diciembre de 1997)

Asunto: Contaminación causada por el agua de las minas

¿Qué respuesta ha recibido la Comisión por parte de las autoridades británicas en relación con la Directiva 76/464/CEE ((DO L 129 de 18.5.1976, p. 23. )) y la filtración de aguas contaminadas procedentes de minas abandonadas?

Dada la amenaza de que se produzcan nuevos cierres de explotaciones mineras subterráneas en Gran Bretaña, y la posible suspensión de las operaciones de bombeo y tratamiento de las aguas, ¿qué campo de aplicación abarca la Directiva 80/68/CEE ((DO L 20 de 26.1.1980, p. 43. )) a la hora de evitar que las emisiones contaminantes procedentes de las minas abandonadas dañen las reservas de agua subterráneas?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (14 de enero de 1998)

Por lo que se refiere a la información sobre la Directiva 76/464/CEE, de 4 de mayo de 1976, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad ((DO L 129 de 18.5.1976. )), la Comisión puede informar a Su Señoría de que actualmente está investigando el asunto en el marco de los procedimientos del artículo 169 del Tratado CE. Dado el carácter confidencial de dichos procedimientos, la Comisión lamenta no poder revelar dicha información procedente de los Estados miembros.

En cuanto a la Directiva 80/68/CEE, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas ((DO L 20 de 26.1.1980. )), su finalidad es prevenir la contaminación de las aguas subterráneas causada por sustancias incluidas en las listas I y II. En particular, los artículos 4 y 5, entre otros, se refieren a vertidos indirectos de sustancias de las listas I o II. Por lo tanto, parece que puede caber la aplicación de dicha Directiva a vertidos procedentes de minas abandonadas.
PREGUNTA ESCRITA E-3863/97 de Luciano Vecchi (PSE) a la Comisión (5 de diciembre de 1997)

Asunto: Estudios sobre las políticas juveniles en la Unión Europea

En diciembre de 1994, la Comisión presentó un estudio titulado «Las políticas sobre jóvenes en la Unión Europea: estructuras y formación», basado en investigaciones realizadas en 1992 y 1993.

Dicho estudio ha resultado ser de gran importancia para el conocimiento y la difusión de experiencias en el ámbito de las políticas locales, nacionales y comunitarias sobre los jóvenes.

¿Puede decir la Comisión si tiene intención de actualizar dicho estudio en los próximos meses o de preparar otros nuevos sobre la comparación de las políticas sobre jóvenes en la Unión Europea?

Respuesta de la Sra. Cresson en nombre de la Comisión (12 de enero de 1998)

La Comisión tiene la intención de realizar en el curso del año 1998 una actualización del estudio de las políticas de la juventud «Las políticas sobre jóvenes en la Unión Europea - Estructuras y formación».
PREGUNTA ESCRITA E-3842/97 de Enrique Barón Crespo (PSE) a la Comisión (5 de diciembre de 1997)

Asunto: Escisión de ERICSSON S.A. en España

La multinacional ERICSSON, basándose en la liberalización del mercado de las telecomunicaciones en la UE, ha planteado la escisión de sus actividades productivas en España, lo cual supone transferir 1.545 trabajadores de la empresa a otra en delicada situación económica y sin cobertura de convenio.

Dado el carácter de multinacional europea de TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON se pregunta a la Comisión:

1. Si considera que se ha cumplido la Directiva sobre información y consulta en el Comité de Empresa Europeo.

2. Si se cumple con la legislación comunitaria.

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (4 de febrero de 1998)

A falta de informaciones precisas, la Comisión no está en condiciones de decidir si la multinacional Ericsson cumplió, en el marco del proceso de reestructuración al que alude Su Señoría, la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimietno de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensiones comunitarias ((DO L 254 de 30.9.1994. )).

La Comisión sólo interviene en este tipo de operaciones si resulta que se hace caso omiso de disposiciones de derecho comunitario o éstas son incorporadas de forma inadecuada por un Estado miembro. Es competencia, en primera instancia, de las autoridades nacionales garantizar el cumplimiento de las disposiciones nacionales pertinentes y, de esta forma, de las disposiciones comunitarias que podrían considerarse aplicables en el caso que aquí se trata.
PREGUNTA ESCRITA E-3741/97 de Anita Pollack (PSE) a la Comisión (21 de noviembre de 1997)

Asunto: Estrategia de la UE sobre biodiversidad

¿Tiene la Comisión algún plan para detectar las lagunas existentes en las actuales medidas y políticas de la UE encaminadas a asegurar la preservación de la biodiversidad?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (19 de diciembre de 1997)

El artículo 6 de la Convenio sobre la diversidad biológica obliga a la Comunidad a elaborar una estrategia en materia de biodiversidad.

Por otra parte, en sus conclusiones de 18 de diciembre de 1995, el Consejo declaró que, en el ámbito de sus competencias y en estrecha colaboración con los Estados miembros, la Comunidad debía preparar una estrategia comunitaria para determinar las lagunas de la política comunitaria de conservación y fomentar la integración de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica en las políticas de la Comunidad, como complemento de las estrategias, programas y planes de los Estados miembros a fin de garantizar la plena aplicación del citado Convenio.

Así, la Comisión está a punto de presentar una comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la estrategia comunitaria en materia de biodiversidad. Dicha estrategia determinará las lagunas existentes en las medidas y políticas comunitarias para garantizar la conservación de la biodiversidad. La comunicación deberá transmitirse al Consejo y al Parlamento a principios de 1998.
PREGUNTA ESCRITA E-3440/97 de Nel van Dijk (V) a la Comisión (31 de octubre de 1997)

Asunto: Libre circulación de capitanes

En virtud de la legislación neerlandesa, un buque que navegue bajo pabellón de los Países Bajos debe tener un capitán neerlandés. ¿Puede indicar la Comisión en qué otros Estados miembros existe una disposición análoga?

¿Puede indicar la Comisión si esta excepción a la prohibición de discriminación contemplada en el artículo 6 del Tratado está justificada por el apartado 4 del artículo 48, por el artículo 55 o por otro artículo del Tratado CE?

¿Está dispuesta la Comisión a adoptar medidas para lograr la «libre circulación de capitanes» dentro de la UE?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (16 de diciembre de 1997)

La Comisión siempre ha reconocido que, en los buques que naveguen bajo pabellón de un Estado miembro, las funciones de capitán y primer oficial como segundo de a bordo requieren el ejercicio de poder público en la acepción del artículo 48 del Tratado CE.

La responsabilidad del capitán en el ejercicio del poder público a bordo de los buques guarda especial relación con la seguridad de la tripulación y de los pasajeros, así como de sus vidas, y con la protección del entorno marino. Los Estados miembros pueden exigir que los puestos de capitán de barco y primer oficial estén reservados a sus ciudadanos y el apartado 3 del artículo 48 del Tratado CE especifica que la libre circulación de trabajadores puede ser objeto de limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas.

De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido (en el caso de determinados buques) cuentan con una legislación que requiere que el capitán sea de su nacionalidad y España, Francia, Grecia, Italia y Portugal requieren además que el primer oficial también lo sea.

Puesto que las disposiciones vigentes se ajustan al Derecho comunitario, la Comisión no propondrá su modificación.
PREGUNTA ESCRITA P-2906/97 de Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) a la Comisión (3 de septiembre de 1997)

Asunto: Facturación adicional de los gastos médicos de los nacionales de la UE en el Estado de Nueva York

1. ¿Está al corriente la Comisión de que el Estado de Nueva York impone un coste adicional del 32 % de los gastos médicos en que incurren los visitantes (turistas) no estadounidenses con el fin de financiar los gastos médicos de los estadounidenses desfavorecidos (no asegurados)?

2. ¿Considera la Comisión que esto equivale a una discriminación contra los ciudadanos no estadounidenses en comparación con los ciudadanos estadounidenses?

3. ¿Está de acuerdo la Comisión en que esto puede dar lugar a gastos adicionales no deseables para los nacionales de la UE, dando lugar quizá a problemas económicos graves en caso de que se pongan enfermos en los Estados Unidos? En cualquier caso, los seguros de enfermedad y de viaje no cubren estos gastos adicionales. En consecuencia, los nacionales de la UE se ven obligados ahora bien a contratar un seguro adicional bien a correr un riesgo inaceptable.

4. ¿Está en contradicción esta práctica con los acuerdos celebrados entre los EE.UU. y la UE (por ejemplo, en relación con la TWO?

5. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión al respecto?

Respuesta complementaria de Sir Leon Brittan en nombre de la Comisión (15 de diciembre de 1997)

En relación con su respuesta de 19 de septiembre de 1997 ((DO C 60 de 25.2.1998, p. 140. )), la Comisión está ahora en condiciones de proporcionar la siguiente información adicional.

La información obtenida hasta ahora por la Comisión no confirma que el Estado de Nueva York recargue en un 32 % la atención sanitaria a los visitantes (turistas) de fuera de los Estados Unidos para cubrir los costes de la atención sanitaria a los americanos pobres (no asegurados).

Según la información disponible, los hospitales, institutos médicos y laboratorios practican un recargo del 12 % a todos aquellos, americanos o no, que no están afiliados a un «managed care group» (fórmula más barata de seguro, que limita la elección de médico y el tope de gastos reembolsables). Estos fondos complementan un fondo central que contribuye a la cobertura de los no asegurados.

La Comisión opina que se trata de un asunto que compete más a los Estados miembros que a la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-4106/97 de Konstantinos Hatzidakis (PPE) a la Comisión (16 de enero de 1998)

Asunto: Estado de realización de las iniciativas y trabajos comunitarios a cargo de los Fondos de cohesión en Grecia

¿Puede la Comisión proporcionarme una tabla analítica comparativa del estado de realización, hasta hoy, de las iniciativas y trabajos comunitarios efectuados a cargo de los Fondos de cohesión en cada Estado miembro?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (6 de marzo de 1998)

Debido a la gran extensión de la respuesta, que consta de numerosos diagramas, la Comisión la remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-3487/97 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (3 de noviembre de 1997)

Asunto: El Convenio de Varsovia y un residente en Essex retenido en Kuwait. Reclamación a British Airways

Teniendo en cuenta la ya antigua reclamación presentada por el Sr. Edward Hammett, residente en Essex, y 367 pasajeros del vuelo 149 de British Airways, según la cual la compañía aérea había aterrizado en Kuwait temeraria e intencionadamente tras la invasión iraquí durante la Guerra del Golfo, ¿está de acuerdo la Comisión en que el proyecto de reglamento sobre indemnización a los pasajeros en caso de accidente aéreo sienta un precedente en favor de una competencia comunitaria en relación con el Convenio de Varsovia? Por consiguiente, ¿se compromete la Comisión a apoyar un nuevo reglamento que permitiría a la Comisión Europea investigar la responsabilidad potencial de las compañías aéreas en relación con reclamaciones presentadas por motivos distintos a un accidente, con independencia de que sean aplicables aspectos particulares del Convenio de Varsovia?

¿Está de acuerdo la Comisión con el hecho de que denunciantes como el Sr. Hammett no obtendrían sino beneficios si se aprobase tal legislación?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3485/97 y E-3487/97 dada por el Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (11 de diciembre de 1997)

La lamentable y angustiosa experiencia de los pasajeros del vuelo 149 de British Airways, que aterrizó en Kuwait tras la invasión iraquí, no parece constituir una infracción del Derecho comunitario. Ante la inexistencia de una legislación comunitaria en la materia, la Comisión no podría justificar una investigación a cargo de sus servicios. Por esta misma razón, los derechos de los pasajeros dependen de la aplicación de las legislaciones nacionales pertinentes y del Convenio de Varsovia.

No obstante, la Comisión está estudiando la posibilidad de realizar nuevos progresos en la política de los consumidores en el ámbito del transporte aéreo. Se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de las condiciones incluidas en los contratos del transporte aéreo, que se ha presentado recientemente a la Comisión. Ésta procede actualmente a consultas con todas las partes interesadas sobre los resultados de este estudio.
PREGUNTA ESCRITA E-3515/97 de John Iversen (PSE) a la Comisión (12 de noviembre de 1997)

Asunto: Existencias de intervención

¿Puede indicar la Comisión cuánto costará destruir las 600.000 toneladas de carne de vacuno actualmente almacenadas como existencias de intervención en la UE?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (18 de diciembre de 1997)

A la Comisión le gustaría enfatizar la naturaleza teórica de la pregunta de Su Señoría, ya que la Comisión no pretende incinerar esta carne de vacuno.

Los costes de la incineración de vacuno dependerían, en concreto, de la capacidad disponible y de la distancia que la carne necesita para su transporte. El organismo de intervención del Reino Unido que aplica el Reglamento (CE) no1757/96 de la Comisión, de 10 de septiembre de 1996, por el que se adoptan medidas excepcionales suplementarias de apoyo al mercado de carne de vacuno del Reino Unido ((DO L 230 de 11.9.1996. )), recibió ofertas de entre 300 y 1200 ecus por tonelada que pueden servir de guía.
PREGUNTA ESCRITA E-3102/97 de Roberto Mezzaroma (UPE) al Consejo (9 de octubre de 1997)

Asunto: La Iglesia católica en Rusia

Según informan fuentes fidedignas, el presidente ruso, Boris Yeltsin, debería firmar una ley, aprobada el 23 de junio por la Duma y el 4 de julio por los senadores del Consejo, por la que la iglesia católica queda reducida a una secta con derechos muy limitados.

Esta medida no solamente afecta al diálogo ecuménico entre ortodoxia y catolicismo sino que viola uno de los derechos humanos fundamentales, la libertad de religión sancionada por el artículo 18.

¿Puede decir el Consejo si ha emprendido alguna iniciativa para bloquear este gravísimo acto de injusticia?

¿Puede decir, además, si no considera oportuno que el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo emprendan una acción común, incluso con la creación de una comisión de investigación, para proteger los derechos de los ciudadanos rusos católicos que han abrazado la fe y la Iglesia católica?

Reiteramos, además, que la religión católica no se puede equiparar a una de las tantas sectas que existen en el mundo que con frecuencia se constituyen únicamente con fines de lucro.

Respuesta (19 de enero de 1998)

La Unión Europea, al igual que otros países con idénticas preocupaciones, ha instado firmemente, por las vías adecuadas, a las autoridades rusas a no adoptar dicha ley, insistiendo en que otorga una importancia primordial a que se trate a todas las religiones de forma equitativa y de conformidad con los principios reconocidos a escala internacional, que Rusia se ha comprometido a respetar.

Ahora que dicha ley ya ha sido adoptada, el Consejo estará atento a que la aplicación de la ley se ajuste a los compromisos internacionales de Rusia, incluidos los suscritos en el seno del Consejo de Europa.

El Consejo no ha tenido conocimiento de que, a raíz de la adopción de dicha ley, haya habido casos de persecución cuyas víctimas sean nacionales rusos de confesión católica u otra.
PREGUNTA ESCRITA E-3032/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (1 de octubre de 1997)

Asunto: Derecho comunitario de medio ambiente

En su Comunicación sobre la aplicación del Derecho comunitario de medio ambiente (COM(96)0500 - CES/455/97), la Comisión estima que varias regiones de la Comunidad presentan carencias en la aplicación de la normativa comunitaria de medio ambiente y que es necesario intensificar la acción para mejorar la actual situación.

Cabe congratularse por la propuesta de la Comisión de formular recomendaciones para armonizar el sistema de inspección ambiental, con el apoyo del IMPEL y de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

¿Puede decir la Comisión si tiene la intención de consolidar sus poderes de control e inspección (artículo 155 del Tratado) y dotarse de los instrumentos que faciliten su aplicación?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (13 de noviembe de 1997)

La propuesta presentada en la Comunicación sobre la aplicación del derecho comunitario de medio ambiente ((COM(96)500 final de 22.10.97. )) señalaba que las autoridades inspectoras de los Estados miembros podían elaborar y publicar informes anuales sobre la experiencia adquirida durante sus inspecciones, sobre las cuales la Comisión daría orientaciones. El trabajo para la preparación de estos criterios mínimos se ha iniciado con la participación de la red IMPEL. Los informes sobre la actuación de las autoridades inspectoras en relación con estos criterios permitirán llevar a cabo un seguimiento adecuado. Como señalaba la Comunicación, una vez valorada la experiencia de los criterios mínimos, «se podría estudiar más a fondo si conviene establecer un organismo comunitario limitado con competencias para realizar auditorías».
PREGUNTA ESCRITA E-2891/97 de Glyn Ford (PSE) a la Comisión (17 de septiembre de 1997)

Asunto: Transporte de óxido mixto de uranio en contenedores O.I.E.A. de tipo B

¿Puede confirmar la Comisión que está aportando parte de la financiación necesaria para que BNFL y otras empresas productoras de energía nuclear construyan instalaciones de prueba para poder clasificar el óxido mixto de uranio y de plutonio (combustible MOX) como material de baja dispersión con el fin de transportarlo en contenedores O.I.E.A. de tipo B después del año 2001?

¿Sabe la Comisión que el uso continuado de contenedores de tipo B con este fin provoca graves problemas de seguridad?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (6 de noviembre de 1997)

La Comisión ha financiado durante varios años contractos para la realización de estudios sobre la seguridad del transporte de material radiactivo. El estudio al que se refiere Su Señoría forma parte del programa de 1996. British Nuclear Fuels Ltd. (BNFL) dirige un consorcio en el que pariticipan otros socios industriales europeos de Bélgica, Francia y Alemania y que realizó ese estudio. El consorcio recibió una ayuda económica pequeña para comenzar a trabajar en el desarrollo de métodos de evaluación para la clasificación del material de baja dispersión. Esos métodos de evaluación exigen la construcción de una instalación de pruebas y la realización de una serie de ensayos que simulen las condiciones de los accidentes aéreos.

Una vez que se hayan determinado los métodos de evaluación, podrán aplicarse a cualquier material, incluidos los combustibles a base de óxidos mixtos, con el fin de determinar si puede ser considerados material de baja dispersión.

La Comisión sabe de la inquietud que despierta el uso continuo de contenedores del tipo B en el transporte aéreo y está al tanto de los trabajos sobre ese tema del grupo permanente de expertos de la Comisión sobre seguridad del transporte de material radiactivo. El Organismo Internacional de la Energía Atómica también se ocupa de esta cuestión a través de su comité asesor sobre normas de seguridad, el cual recomendó hace poco que se creara un programa de investigación coordinado sobre la gravedad de los accidentes durante el transporte aéreo de material radiactivo. La Comisión sigue de cerca el desarrollo de este programa.
PREGUNTA ESCRITA E-3771/97 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión (21 de noviembre de 1997)

Asunto: Ayuda humanitaria a Bulgaria - Actividades de las ONG

En la sesión del 10 de abril de 1997, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la ayuda humanitaria a Bulgaria. En la Resolución del Parlamento Europeo se dice, entre otras cosas, que «el Acuerdo Europeo de Asociación impone la obligación moral a la Unión Europea de apoyar a la población de Bulgaria» y que «esta ayuda debe ampliarse urgentemente y centrarse en el sector socialmente débil de la población búlgara, especialmente las personas de edad avanzada, los niños y los servicios médicos».

¿Puede decir la Comisión:

1. qué medidas ha impulsado para la financiación de la ayuda humanitaria a Bulgaria;

2. si existen programas de colaboración con Organizaciones No Gubernamentales, a cuánto asciende la ayuda, de qué países provienen dichas organizaciones y cuál es el contenido de los programas?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (23 de diciembre de 1997)

La Comunidad, principalmente a través del programa PHARE y de la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO), ha seguido proporcionando ayuda social y humanitaria a Bulgaria a lo largo de 1997.

En respuesta a las dificultades a que se enfrentan los sectores más necesitados de la sociedad, la Comisión y las autoridades búlgaras acordaron, en enero de 1997, un programa PHARE inicial de ayuda social de emergencia de 20 millones de ECUS (ESAP1) que canalizaba una ayuda financiera directa a los hogares especialmente pobres y a instituciones socioeducativas seleccionadas gestionada por los Ministerios de Trabajo, Educación y Sanidad.

Mediante un segundo programa PHARE de 20 millones de ECUS (ESAP2), firmado por la Comisión y las autoridades búlgaras el 16 de octubre de 1997, la Comunidad está proporcionando más apoyo directo a las familias y a las instituciones necesitadas y, conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a diversos proyectos urbanos de renovación que estimularán posibilidades de creación de empleo en cinco municipios seleccionados.

A lo largo de 1997, Bulgaria recibió fondos del programa por un valor total de 1,8 millones de ECUS, proporcionados por la Comisión. Los fondos fueron distribuidos por cuatro organizaciones no gubernamentales europeas (ONG) en forma de medicamentos a instituciones médicas, un programa adicional de comida, paquetes de comida para los sectores más vulnerables y para las escuelas. En marzo de 1997, la Comisión también pidió a la fundación financiada por PHARE de desarrollo de la sociedad civil que reorientara, como respuesta directa y práctica a la crisis social, los fondos de la ayuda hacia las ONG búlgaras activas en las esferas sociohumanitarias. Las últimas cifras indican que se han canalizado aproximadamente 630.000 ecus de esta manera y se espera que antes de fin de año se contratará más financiación directa por un valor total 250.000 ecus.