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PREGUNTA ESCRITA E-2411/96 de Anita Pollack (PSE) a la Comisión (11 de septiembre de 1996)

Asunto: Alcohol y conducción

1. ¿Qué está haciendo la Comisión para intentar desbloquear la propuesta presentada ante el Consejo relativa al establecimiento para toda la Unión Europea de un nivel máximo permitido de concentración de alcohol en la sangre?

2. ¿Tiene previsto la Comisión publicar un estudio recientemente elaborado, según parece, por la DG VII sobre la proporción de accidentes mortales de circulación relacionados con el consumo de alcohol?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión. (11 de octubre de 1996)

La Comisión se ha dirigido en varias ocasiones a sucesivas presidencias del Consejo para que se desbloquee la propuesta pero hasta el momento los intentos no han dado fruto. Para volver a iniciar el debate sobre el tema, la Comisión ha creado -en coordinación con el grupo de alto nivel sobre seguridad vial- un comité de expertos que ha elaborado el informe a que hace referencia Su Señoría.

El informe, que versa sobre los efectos del alcohol, las drogas, y los fármacos en la conducción, fue distribuido a principios de 1996 entre aquellos que intervienen en la seguridad vial. Con motivo de la formulación de la pregunta, la Comisión ha enviado una copia del informe directamente a Su Señoría y a la secretaría general del Parlamento. Como es natural, la Comisión acoge favorablemente cualquier esfuerzo que sirva para centrar la atención en el tema.
PREGUNTA ESCRITA E-2317/96 de Martina Gredler (ELDR) a la Comisión (27 de agosto de 1996)

Asunto: Adjudicación de contratos públicos en St. Pölten (Baja Austria)

La adjudicación de los proyectos NÖPLAN «Landhaus und Kulturbezirk» en St. Pölten no se realizó de conformidad con las Directivas pertinentes.

¿Qué directivas relativas a los contratos públicos no se respetaron?

¿Qué consecuencias tiene lo anterior para el Estado Federado de Baja Austria?

¿Resultan amenazadas por ello las participaciones en los programas de la UE en la medida en que se trata de proyectos de la Baja Austria?

En caso afirmativo, ¿cuáles son?

Respuesta del Señor Liikanen en nombre de la Comisión (9 de octubre de 1996)

Según la Comisión, los procedimientos de adjudicación de contratos públicos en el asunto del Centro cultural y administrativo de St. Pölten contenían varias infracciones de la Directiva 93/37/CEE, de 14 de junio de 1993, por la que se coordinan los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras ((DO L 199 de 9.8.1993. )), así como una infracción de la Directiva 89/665/CEE, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras ((DO L 395 de 30.12.1989. )) y una infracción del artículo 30 del Tratado CE (libre circulación de mercancías).

Además, la ley de contratación pública de Baja Austria, que no entró en vigor hasta el año 1995, contenía una disposición específica por la que se excluía en la práctica de sus normas al proyecto del «Centro cultural y administrativo de St. Pölten». Desde entonces, y a raíz de las críticas formuladas por la Comisión, dicha ley ha sido modificada.

En el asunto del citado Centro la Comisión incoó un procedimiento de infracción a tenor del artículo 169 del Tratado CE contra Austria la cual, según las normas de derecho comunitario, es responsable de la conducta de Baja Austria.Asimismo, la Comisión decidió llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Además de las intervenciones de la Comisión, se pueden derivar otras consecuencias para Baja Austria de las iniciativas tomadas directamente por los licitadores perjudicados quienes pueden, en primer lugar, recurrir ante las instancias competentes de dicha región o reclamar el pago de daños y perjuicios, tales como el lucro cesante, con arreglo a lo establecido en el derecho civil austriaco.

Por otra parte, la financiación conjunta de proyectos originados en Baja Austria e incluidos en programas europeos no se ve afectada por el asunto del Centro cultural y administrativo de St. Pölten.
PREGUNTA ESCRITA E-2160/96 de Susan Waddington (PSE) a la Comisión (2 de agosto de 1996)

Asunto: Control de las retiradas de frutas y hortalizas en Grecia

Durante las inspecciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, según informa esta Institución en su informe anual sobre el ejercicio de 1994, se observó que en Grecia, los inspectores no registraban los controles de calidad ni los resultados obtenidos en las operaciones de retirada de frutas y hortalizas, por lo que en consecuencia, no existía un control ni documentación sobre el eventual destino de la producción rechazada.

Ante la respuesta de la Comisión al Tribunal de Cuentas, en el sentido de que sus inspectores realizarían una minuciosa comprobación de estos hechos, ¿cuáles han sido los resultados de estas inspecciones y cuáles han sido las medidas tomadas por la Comisión para rectificar esta situación?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (9 de septiembre de 1996)

Las observaciones del Tribunal de cuentas ponen de manifiesto la necesidad de regular determinados aspectos del sistema aplicado por los Estados miembros para la retirada de frutas y hortalizas del mercado.

La inexistencia de un registro de las pruebas de calidad constituye indudablemente un punto débil, aunque dicho Tribunal no ha puesto en evidencia ningún vínculo directo entre este hecho y la aceptación de lotes no conformes.

En lo que respecta a los productos rechazados, en la medida en que pertenezcan a la organización de productores, es a esta última a quien incumbe exclusivamente su comercialización. En cuanto al lote rechazado, una vez acondicionado de nuevo puede ser presentado para su venta o retirada.

Este tema se examinará cuando se efectúe el próximo control en este Estado miembro y las consecuencias financieras de cualquier irregularidad que llegue a comprobarse quedarán reflejadas en la liquidación de cuentas del ejercicio de 1994.
PREGUNTA ESCRITA E-1829/96 de Ana Miranda de Lage (PSE) a la Comisión (5 de julio de 1996)

Asunto: Retrasos en la puesta en marcha de proyectos financiados por el FED

La cooperación de la Unión en favor del desarrollo de los países ACP se realiza a través de los recursos presupuestarios y de las aportaciones que los Estados miembros efectúan vía FED con un calendario de contribuciones periódicas.

La lentitud en la puesta en marcha de proyectos financiados con cargo al FED y el hecho de que la Unión tenga suspendida la cooperación con algunos países ACP por la falta de respeto a los derechos humanos, ha hecho que cada vez se produzca un mayor retraso en las aportaciones de recursos por parte de los Estados miembros para nutrir el FED.

¿Podría el Consejo indicar de qué forma va a afectar este retraso a las primeras aportaciones que se exigirán a los nuevos Estados miembros, Austria, Finlandia y Suecia?

¿Va a tener esta situación repercusiones en la elegibilidad de empresas de estos tres Estados miembros respecto a proyectos financiados por el FED?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión (8 de octubre de 1996)

Como señala Su Señoría, la situación política y económica reinante en algunos países ACP puede explicar el retraso de la ayuda concedida a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Pero este retraso es transitorio y la vuelta a la democracia de los países interesados debería permitir su puesta al día en materia de utilización de los créditos del FED.

Así mismo, el Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Lomé IV para los cinco próximos años, que se firmó en Mauricio a principios de noviembre de 1995, debería corregir determinadas rigideces relacionadas con la propia naturaleza de la ayuda comunitaria, lo que permitirá acelerar considerablemente su tramitación.

En cuanto a la contribución de los tres nuevos Estados miembros al FED, conviene recordar que el 8o FED entrará en vigor cuando se ratifique el Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Lomé IV y se renueva su protocolo financiero. Las perspectivas actuales inducen a pensar que esta ratificación no se llevará a cabo antes de 1997.

No obstante, como el FED se administra en la actualidad con arreglo al principio de tesorería única (lo que significa que es necesario utlizar primero los recursos del 7o FED antes de recurrir a los del 8o), es probable que esta solicitud de las aportaciones al 8o FED se haga más tarde. Hay que recordar que en la ampliación anterior, con la adhesión de España y Portugal, se produjo ya un desfase semejante.

Por lo que se refiere al acceso de las empresas de los tres nuevos Estados miembros a los proyectos financiados con cargo al 8o FED, éstas serán elegibles de hecho una vez que se haya ratificado el Convenio de Lomé IV revisado.
PREGUNTA ESCRITA E-2109/96 de Carlos Pimenta (PPE) a la Comisión (26 de julio de 1996)

Asunto: Embalse de Alqueva

La Comisión está actualmente examinando la posibilidad de financiar un enorme embalse nuevo en Alqueva con fines principalmente de irrigación. No obstante, el coste de las instalaciones de irrigación del proyecto Alqueva es mucho más alto que el coste del propio embalse. Sin estas instalaciones el proyecto no podrá alcanzar sus principales objetivos.

¿Tiene intención la Comisión de financiar la continuación de este vasto proyecto? ¿Se han comprometido las autoridades portuguesas a hacerlo?

De lo contrario, ¿piensa la Comisión arriesgarse a financiar lo que constituye solamente la primera parte del proyecto sin saber de dónde procederán las grandes cantidades de dinero necesarias para su continuación?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (23 de septiembre de 1996)

Las reflexiones de la Comisión sobre una eventual financiación comunitaria del embalse de Alqueva no se han terminado todavía. En ellas se está teniendo en cuenta el conjunto de los elementos relacionados con la realización del proyecto.
PREGUNTA ESCRITA E-2147/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (2 de agosto de 1996)

Asunto: Programa con arreglo al artículo 10

¿Podría esbozar la Comisión el número de solicitudes recibidas para el programa del artículo 10 para el período 1994-1999 con arreglo al número de socios en cada Estado miembro de la Unión Europea?

¿Qué medidas especiales se han adoptado para garantizar la igualdad en la participación de las entidades regionales y locales en los países de adhesión más reciente, Finlandia, Suecia y Austria?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (19 de septiembre de 1996)

La Comisión ha recibido cerca de 900 propuestas, 840 de las cuales subvencionables, con arreglo al subprograma de acciones innovadoras del artículo 10 del Reglamento relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional ((DO L 193 de 31.7.1993. )). En el cuadro que aparece a continuación figuran desglosadas por sectores y Estados miembros.

>TABLE>

(*) RIS: «regional innovation strategies»: estrategias de innovación regionales. RTT: «regional technology transfer» (transferencia de tecnología regional - aplicaciones piloto transnacionales). SI 1: sociedad de la información - campo 1(estrategias). SI 2: sociedad de la información - campo 2 (aplicaciones piloto transnacionales). NGE: «nouveaux gisements d' emploi» (nuevas canteras de empleo). Cultura: redes de cooperación interregional para el desarrollo económico con intereses culturales. (**) Proyectos fino-suecos.

En diciembre de 1995 se llevaron a cabo medidas específicas de fomento de la iniciativa Directoria destinadas a los tres nuevos Estados miembros. Esta iniciativa permitió a 72 delegaciones de distintas entidades e interlocutores de las citadas zonas informarse sobre los programas del artículo 10 y buscar posibles socios. Conviene asimismo observar que los expedientes de los candidatos y su lista de control se redactaron en las once lenguas comunitarias.
PREGUNTA ESCRITA E-2151/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (2 de agosto de 1996)

Asunto: Programa con arreglo al artículo 10

¿Es cierto que ciertas entidades locales danesas han escrito a la Comisión para quejarse de no pueden realizar solicitudes de cooperación interregional para el Programa del artículo 10 dado que se ha de hallar un elevado grado de correspondencia en la financiación, y que prefieren proyectos más reducidos de cooperación interregional como los que reciben ayuda del Programa PACTE?

¿Cuál ha sido la respuesta de la Comisión a este comentario? ¿Por qué motivo, en estas circunstancias, pretende la Comisión fusionar el Programa PACTE en la línea presupuestaria correspondiente al artículo 10 para 1997?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2093/96, E-2149/96 y E-2151/96 dada por el Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (22 de octubre de 1996)

La Comisión, sensible a la preocupación del Parlamento Europeo acerca de la financiación de los proyectos de iniciación a la cooperación interregional, está estudiando, habida cuenta de la actual situación presupuestaria, la posibilidad de financiar dichos proyectos con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CEE) modificado, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional ((DO L 193 de 31.7.1993. )). Estos proyectos podrían recibir un importe comprendido entre 150.000 y 300.000 ecus en concepto de contribución comunitaria.

En su momento, la Comisión no dejará de comunicar al Parlamento el resultado de su examen, para el que tiene que tener en cuenta entre otros factores las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la delegación parcial de la gestión de los créditos comunitarios.
PREGUNTA ESCRITA E-1894/96 de Anita Pollack (PSE) a la Comisión (11 de julio de 1996)

Asunto: Barómetro urbano

En su Guía sobre medidas innovadoras en favor del desarrollo regional, la Comisión mencionaba la idea de establecer un «barómetro urbano» para encontrar modos de medir la calidad de vida en las ciudades y expresarla mediante una lista de indicadores especialmente significativos.

¿Se ha superado al respecto la fase de idea inicial? ¿Cuál es el actual estado de cosas?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (5 de septiembre de 1996)

La Comisión otorga una gran importancia a la información sobre la situación socioeconómica y medioambiental de las ciudades, tanto con el objetivo de evaluar los resultados de las políticas actuales como para permitir un seguimiento efectivo de la calidad de vida en las zonas urbanas. El «barómetro urbano» mencionado por su Señoría constituye una idea de posible puesta en práctica para la que sería preciso recopilar y analizar toda una serie de datos referentes a diversos aspectos de las condiciones de vida en nuestras ciudades.

Con este fin, la Comisión ha creado un programa de trabajo sobre indicadores urbanos que, tras la licitación correspondiente, se iniciará con una fase piloto que se aplicará en un número considerable de ciudades europeas. Está previsto que el anuncio de licitación se publique en el Diario Oficial a principios del otoño de 1996.
PREGUNTA ESCRITA E-2344/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (27 de agosto de 1996)

Asunto: Representantes de la Comisión en comités nacionales de control de los Fondos estructurales

¿Cómo describiría la Comisión el papel de sus representantes en los comités de control de los Fondos estructurales en el seno de cada Estado miembro y cuál es exactamente la normativa y las directrices políticas (con sus números de referencia) que regulan las funciones y responsabilidades del personal de la Comisión en estas tareas?

De conformidad con los principios de responsabilidad parlamentaria, ¿puede la Comisión asegurar que sus representantes proporcionan información exhaustiva en relación con la selección de proyectos, los criterios de selección, así como el uso efectivo de los fondos?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mahies en nombre de la Comisión (23 de septiembre de 1996)

El artículo 25 del Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de ésta con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros (tal como modificado) ((DO L 193 de 31.7.1993. )) existentes dispone que en el marco de la cooperación, se crearán comités de seguimiento mediante un acuerdo entre la Comisión y los Estados miembros.

La composición, las obligaciones, los procedimientos y la responsabilidad de estos comités se especifican en las disposiciones, las cuales se contienen, en su integridad, en cada decisión aprobatoria de los diversos programas operacionales. Estas disposiciones incluyen la participación de la Comisión como miembro de pleno derecho de dichos comités.

Además de esta participación formal, los representantes de la Comisión desempeñan también un importante papel ayudando y guiando de forma regular a las autoridades de estos órganos, especialmente, en lo que se refiere a la subvencionalidad de los proyectos o al cumplimiento de la legislación y políticas comunitarias.

Sin embargo, de acuerdo con las normas que rigen las intervenciones de los Fondos estructurales, y respetando el principio de subsidiariedad, corresponde primeramente al Estado miembro responsable de la ejecución del programa asegurarse de la subvencionalidad del proyecto y definir los criterios de selección de los proyectos sometidos a aprobación. Para definir dichos criterios, cuenta con la ayuda de la Comisión, la cual intenta así asegurarse de que los proyectos elegidos sean compatibles con los objetivos generales del programa y de que los recursos comunitarios se utilicen de manera efectiva y eficaz, respetando el derecho comunitario y evitando las irregularidades y los errores financieros.
PREGUNTA ESCRITA E-1718/96 de Stelios Argyros (PPE) a la Comisión (25 de junio de 1996)

Asunto: Aplicación de la Directiva 89/48/CEE relativa al reconocimiento de títulos

La Sra. H. Bye-Diplaris, ciudadana británica con residencia permanente en Grecia y en posesión de un título de postgrado de la Facultad de Pedagogía de la University of East London, solicitó al Centro interuniversitario de reconocimiento de títulos de estudios del extranjero (DIKATSA) el reconocimiento de su título de estudios, presentando los certificados necesarios. Pese a que su título cumple los requisitos de la Directiva 89/48/CEE ((DO L 19 de 24.1.1989, p. 16. )), el DIKATSA no accedió a reconocerlo.

¿Comparte la Comisión la opinión de que el no reconocimiento contraviene el principio de la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Europea (artículo 48 del Tratado)?

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión Europea con el fin de garantizar la correcta aplicación de la Directiva citada y el respeto por las autoridades nacionales de Grecia de las obligaciones derivadas de las disposiciones comunitarias aplicadas a cuestiones de libre circulación y, en concreto a cuestiones de reconocimiento mutuo de los títulos?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (9 de septiembre de 1996)

La Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, estableció un sistema general de reconocimiento de títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años. Esta Directiva debía incorporarse en todos los Estados miembros antes del 4 de enero de 1991. La Comisión, ante la que se han interpuesto varias denuncias a este respecto, constató que Grecia no había incorporado la Directiva. En consecuencia, la Comisión puso el caso en conocimiento del Tribunal de Justicia, que se pronunció en una sentencia de 23 de marzo de 1995. El Tribunal estimó que Grecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el Tratado CE, al no incorporar la Directiva en el plazo prescrito.

En las semanas siguientes, la Comisión instó a Grecia a dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal. Al no recibir respuesta satisfactoria, se inició un procedimiento basado en el artículo 171 del Tratado CE.

Conviene añadir que, en aplicación del Derecho comunitario, el hecho de que no se incorpore una directiva al derecho nacional no podría justificar que las autoridades nacionales no respetasen los derechos que tal directiva confiere a los particulares.
PREGUNTA ESCRITA E-1682/96 de Jaak Vandemeulebroucke (ARE) al Consejo (24 de junio de 1996)

Asunto: Lengua catalana

¿Puede indicar el Consejo qué medidas ha adoptado a raíz de la resolución del Parlamento Europeo de 11 de diciembre de 1990 sobre la situación de las lenguas en la Comunidad y la de la lengua catalana (A3-0169/91 ((DO C 19 de 28.01.1991, p. 42. ))) con vistas a

1. la publicación en catalán de los textos de los Tratados;

2. la difusión en catalán de la información relativa a las instituciones europeas;

3. la inclusión del catalán en los programas para el aprendizaje y el perfeccionamiento de las lenguas europeas?

Respuesta (7 de noviembre de 1996)

1. Huelga decir que, al igual que en otras ocasiones con los demás actos del Parlamento Europeo, el Consejo ha tomado muy buena nota de la Resolución de 11 de diciembre de 1990. Cabe, no obstante, recordar que, según el artículo 217 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el artículo 190 del Tratado Euratom, es el Consejo el que fija, por unanimidad, el régimen lingüístico de las instituciones comunitarias, y que dicho régimen se encuentra efectivamente fijado en el Reglamento no 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, modificado por última vez con motivo de la ampliación de 1995, Reglamento éste que enumera las once lenguas oficiales de las Comunidades.

Cabe añadir que las publicaciones en catalán no se han previsto ni en el artículo S del Tratado de la Unión Europea, ni en el artículo 248 TCE, ni en el artículo 225 del Tratado Euratom.

2. Tal como hiciera el Presidente en funciones del Consejo en la respuesta a una pregunta anterior de Su Señoría, el Consejo tiene a bien recordarle que todo lo relativo a la publicación o difusión de textos comunitarios de cualquier tipo -sean oficiales o informativos- compete a la Comisión.

3. El catalán tampoco figura entre las lenguas que el Anexo (Capítulo III, Acción 1, apartado 1) de la Decisión por la que se crea el programa de acción comunitario SOCRATES ((Decisión no 819/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 1995 (DO L 87 de 20.4.1995). )) contempla como lenguas extranjeras de enseñanza en el marco de dicho programa. Ahora bien, de acuerdo con el considerando no 11 del preámbulo de esta Decisión, el catalán puede considerarse como una lengua que, sin ser lengua oficial de la Unión Europea, tiene un estatuto nacional y se utiliza de manera sustancial como lengua de enseñanza en las universidades. El considerando especifica que «la enseñanza dispensada en dichas lenguas debería ofrecer posibilidades de acceso a los ámbitos del programa que afectan a la enseñanza superior».

Por último, cabe mencionar que, atendiendo al principio de subsidiariedad, el régimen común de las lenguas oficiales de las Comunidades no impide que los Estados miembros adopten medidas a nivel nacional para difundir información sobre las instituciones europeas en las lenguas oficiales de sus respectivos territorios.