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PREGUNTA ESCRITA E-2081/96 de Jean-Louis Bourlanges (PPE) a la Comisión (26 de julio de 1996)

Asunto: Política de competencia: adjudicación de obras de construcción de autopistas

Un determinado número de asociaciones de protección del medio ambiente y varios ayuntamientos de la región parisina han interpuesto ante la Comisión recursos contra la adjudicación por parte del Estado francés a la empresa Cofiroute, en condiciones que parecen contrarias al Derecho comunitario y que no respetan las normas más elementales de la competencia, de obras para la realización de un ramal de autopista de 15 kilómetros con objeto de completar la variante A86 al oeste de París.

El principio de Derecho francés por el que no puede destruirse una obra mal emplazada permite pensar que, si los procedimientos iniciados por las asociaciones y ayuntamientos no llegaran rapidamente a buen término, los demandantes no podrían ver satisfechas sus demandas y se verían desamparados por la justicia.

¿Puede dar a conocer la Comisión las diligencias que ha adoptado o que está dispuesta a adoptar para que los procedimientos lleguen a su fin antes de que la realización de las obras no les prive de sentido?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (3 de octubre de 1996)

La Comisión ha recibido varias denuncias relativas al Decreto de 21 de abril de 1994 por el que se aprueba una séptima acta adicional al Convenio celebrado el 26 de marzo de 1970 entre el Estado francés y la sociedad Cofiroute, en virtud de la cual se concedían tramos de las autopistas A28, A85, A86 y A126. Una primera denuncia relativa a la autopista A85 se presentó en el marco de la petición no 722/94, tratada por la Comisión competente del Parlamento. Dicha denuncia dio lugar al envío de una carta de emplazamiento a las autoridades francesas en noviembre de 1995. Por otra parte, la Comisión recibió en febrero de 1996 una nueva denuncia relativa a la autopista A86, que es objeto de la pregunta escrita de Su Señoría. Mediante una carta de abril de 1996, se indicó al representante de las asociaciones concernidas que las dos denuncias se tratarían conjuntamente en el mismo procedimiento de infracción.

El litigio se refiere esencialmente al valor de los compromisos contraídos por las autoridades francesas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Directiva 89/440/CEE ((DO L 210 de 21.7.1989. )), modificada por la Directiva 93/37/CEE ((DO L 199 de 9.8.1993. )), respecto de las sociedades concesionarias de autopistas en relación con los tramos mencionados, y a la apreciación del cumplimiento de las normas de competencia que de ellos se derivan. Las autoridades francesas han respondido al emplazamiento de la Comisión, completando su respuesta en julio de 1996 con numerosos documentos que ésta examina actualmente.

La Comisión informará a Su Señoría, así como a la Comisión de Peticiones del Parlamento, del curso dado a este asunto.
PREGUNTA ESCRITA E-2753/96 de Francisca Sauquillo Pérez del Arco (PSE) a la Comisión (21 de octubre de 1996)

Asunto: Financiación de proyectos en materia de promoción de la salud

Teniendo en cuenta que, según ciertas informaciones, únicamente se han financiado aproximadamente el 10% de los proyectos presentados a la DG-V/F en su última convocatoria para subvencionar acciones en materia de promoción de la salud, ¿puede la Comisión informar sobre la lista de proyectos financiados en 1996?

¿Puede la Comisión desglosar los proyectos subvencionados según la nacionalidad de las organizaciones solicitantes?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (4 de diciembre de 1996)

Los proyectos presentados al Comité consultivo «Promoción de la salud» se elevan a una cifra global de 6,35 millones de ecus. Se han tenido en cuenta en el programa de trabajo anual las prioridades definidas por este Comité.

La Comisión transmite directamente a Su Señoría así como a la Secretaría del Parlamento la lista de proyectos financiados en 1996, junto con un desglose por Estado miembro de los mismos. Debería subrayarse que más del 50% de los fondos se destinan a proyectos que abarcan todos los Estados miembros (EUR 15).

Además, se han destinado 1,5 millones de ecus de la línea presupuestaria B3-4300 a análisis, políticas y coordinación de programas en materia de salud pública, así como a desarrollo y evaluación.
PREGUNTA ESCRITA E-3099/96 de Anita Pollack (PSE) a la Comisión (18 de noviembre de 1996)

Asunto: Parlamento de los Mayores

¿Piensa respaldar la Comisión la propuesta referida a la convocatoria de un Parlamento de los Mayores en 1998, transcurridos cinco años desde que se convocara por primera vez en 1993 y con anterioridad al Año Internacional de las personas de edad avanzada, que se celebrará en 1999?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (4 de diciembre de 1996)

La Comisión acogió favorablemente la celebración del Parlamento de los Mayores en 1993, y está plenamente dispuesta a prestar todo el apoyo posible a la celebración de un nuevo evento de estas características en 1998, si así lo decide el Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-1986/96 de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión (17 de julio de 1996)

Asunto: EEB - ECJ

¿Se alienta a los Estados miembros a incrementar el número de exámes portmortem de pacientes fallecidos de enfermedades neurológicas no específicas, con el fin de mejorar el control de la denominada nueva variedad ECJ (enfermedad de Creutzfeldt-Jacob)?

Si el número de casos provocados por la nueva variedad ECJ se incrementa en toda Europa, en países en los que no se ha informado de que exista la EEB, ¿cómo afectaría esto el posible vínculo existent entre la EEB y la ECJ?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (30 de septiembre de 1996)

La decisión de aumentar el número de autopsias en general y en las personas fallecidas por enfermedades neurodegenerativas en particular es competencia de cada Estado miembro.

Los datos oficiales dan cuenta de once casos de variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (CJD) en el Reino Unido y un caso en Francia. La hipótesis de un vínculo entre la encefalopatía espongiforme bovina y la CJD sigue siendo explorada de diferentes maneras (estudios epidemiológicos). La posible confirmación de otros casos de esta variante en otros países contribuirá a conocer mejor la realidad y la naturaleza de esta relación.
PREGUNTA ESCRITA E-2474/96 de Susan Waddington (PSE) a la Comisión (23 de septiembre de 1996)

Asunto: Contrabando de estupefacientes

En vísperas de la adhesión de Suecia a la UE, los ciudadanos suecos manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que se eliminasen los estrictos controles aduaneros que se llevaban a cabo hasta la fecha en su país. Temían, en particular, un aumento del tráfico de estupefacientes. En la actualidad, la policía sueca afirma que se ha registrado un aumento en la entrada de preparados de droga provenientes de los países de la Europa oriental, en particular de Polonia.

Resulta preocupante que las autoridades aduaneras comunitarias no sean capaces de impedir el comercio ilegal. ¿Podría señalar la Comisión qué medidas ha adoptado para reducir la entrada de estupefacientes provenientes, entre otros países, de Polonia, así como si está satisfecha con el grado de eficacia de las fronteras externas?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (22 de octubre de 1996)

La lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes atañe al tercer pilar del Tratado de la Unión Europea y su ejecución es responsabilidad de los servicios policiales de los Estados miembros. Por lo tanto, aunque se suponga que ha aumentado últimamente el contrabando de estupefacientes procedentes de Europa oriental a través de la frontera exterior de la Comunidad, la Comisión carece de datos estadísticos reales que avalen las afirmaciones de la policía sueca.

Por su parte y dentro de los límites de su competencia, la Comisión ayuda de todas las formas posibles a los servicios aduaneros de los Estados miembros a controlar la frontera exterior. Concretamente, administra el programa Matthaeus, que ofrece formación a los funcionarios aduaneros comunitarios mediante la organización de seminarios e intercambios de funcionarios y la elaboración de programas comunes de formación. También ha acordado gestionar el sistema de información aduanera de conformidad con el Convenio de 1995 sobre el uso de la tecnología de la información a efectos aduaneros ((DO C 316 de 27.11.1995. )), una vez que ese convenio entre en vigor. Por lo que se refiere a la ayuda mutua entre las administraciones aduaneras, la Comisión está revisando la legislación comunitaria y el Consejo está trabajando paralelamente en la actualización del Convenio de Nápoles de 1967. Todas estas medidas están concebidas para reforzar los controles en la frontera exterior.

Por lo que respecta a Polonia en particular, se ha financiado con cargo al programa PHARE la prestación de asistencia técnica para elaborar una legislación adecuada en materia de drogas y el suministro de equipos de detección. Existe también un Acuerdo de Asociación entre las Comunidades y sus Estados miembros, por una parte, y Polonia, por otra ((DO L 348 de 31.12.1993. )), que en sus artículos principales y en el Protocolo no 6 (respaldado por una declaración común (no 15)), incluye, entre otras cosas, disposiciones sobre la cooperación en materia de aduanas y estupefacientes en el ámbito de las políticas y medidas de lucha contra el suministro y el tráfico ilegal de estupefacientes.
PREGUNTA ESCRITA E-2375/96 de Susan Waddington (PSE) a la Comisión (27 de agosto de 1996)

Asunto: Anteproyecto de presupuesto 1997

¿Podría señalar la Comisión, teniendo en cuenta el desglose de los créditos en el interior de la línea B7-702 «Derechos humanos y democracia en los países en desarrollo», cuándo y cómo decide la intervención (forma de selección de los proyectos, beneficiarios, medios puestos en marcha por la UE y/o por terceros...)?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión (8 de octubre de 1996)

Con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, la política de desarrollo de la Comunidad quedó estrechamente asociada a la consolidación de la democracia y del Estado de derecho así como al objetivo del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

El enfoque de la Comunidad en este sector es un enfoque positivo destinado a promover estos valores y a apoyar toda acción sobre desarrollo y consolidación de la democracia o del Estado de derecho. El corolario de este enfoque es la posibilidad de adoptar medidas negativas en caso de graves violaciones de los derechos humanos y de interrupción de los procesos democráticos.

Para aplicar esta política, la Comunidad se dotó con varios instrumentos financieros ya se trate de líneas presupuestarias específicas, de los fondos para la cooperación financiera con los terceros países, del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) o de los fondos de contrapartida. La Comisión confía poder contribuir lo más eficazmente posible a la aplicación de esta política mediante una utilización integrada de estos instrumentos y un diálogo político con los Estados socios.

Para la selección de las acciones que deben financiarse, la Comisión tiene en cuenta por lo tanto la estrategia de desarrollo seguida en cada país y examina los proyectos en función de esta estrategia y de las prioridades temáticas (elecciones, apoyo a la justicia, observadores de los derechos humanos). Por otra parte, la Comisión intenta concentrar sus recursos en los países prioritarios o incluso de riesgo, como Mozambique, Ruanda, Haití, Burundi en 1995 y 1996. En este caso, la Comisión procede a misiones de identificación con el fin de analizar la situación del país y definir las necesidades respecto a los derechos humanos y la democracia in situ. El objetivo de estas misiones consiste en proponer las acciones que deben financiarse así como identificar a los organismos que pueden aplicarlas lo mejor posible.

Los distintos proyectos examinados o identificados se analizan con el fin de determinar su calidad, la conformidad con los criterios de financiación de la línea presupuestaria y con las prioridades temáticas, el informe coste-eficacia, la experiencia del organismo solicitante en el sector afectado, la oportunidad política de su realización y el orden de prioridad en el marco de las necesidades del país beneficiario. Si la evaluación es positiva, la decisión final pertenece a la Comisión. En cuanto la Comisión adopta la acción, se prepara un contrato sobre la materia y se procede al compromiso financiero correspondiente.
PREGUNTA ESCRITA E-2311/96 de Susan Waddington (PSE) a la Comisión (27 de agosto de 1996)

Asunto: Nombres de las subdivisiones del Euro

En el marco de la aplicación del euro, futura moneda única, el Comité Monetario de la Unión Europea, en su reunión de 9 de abril de 1996 en Bruselas, decidió emitir monedas de uno, dos, cinco, diez, veinte, cincuenta, cents.

Para los países francófonos las palabra «cent» no significa nada y tiene una pronunciación que permite confundirla con otras como «sans» (sin).

Al parecer, el sistema está copiado de la división del dólar, lo que no constituye una buena referencia para la moneda única europea.

¿Puede informar la Comisión si la división del euro en «cents» es oficial y definitiva?

¿Quien ha tomado esta decisión?

¿No sería oportuno buscar, al igual que se ha hecho para el euro, un término aceptable para todos los Estados miembros?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión (26 de septiembre de 1996)

La cuestión de la denominación de la unidad fraccionaria del euro fue debatida el 13 de abril de 1996 en Verona por los ministros de Economía y Hacienda, que se pronunciaron en favor de la palabra «cent».

Este primer debate tenía como objetivo preparar la decisión que adoptarán los Jefes de Estado y de Gobierno. El nombre de la unidad fraccionaria del euro se decidirá cuando el Consejo Europeo apruebe, al final del presente año, el reglamento que establecerá el régimen jurídico del euro a partir del 1 de enero de 1999.

Como en el caso de la denominación de la moneda única, deberá elegirse un nombre que sea corto, simple y de fácil pronunciación en todas las lenguas de la Unión Europea.

Al pronunciarse en favor de la palabra «cent», los ministros han considerado que esta elección no excluye el mantenimiento de hábitos nacionales en el lenguaje corriente. Así, los francófonos podrían llamar «centime» a la unidad fraccionaria del euro.
PREGUNTA ESCRITA E-2161/96 de Susan Waddington (PSE) a la Comisión (2 de agosto de 1996)

Asunto: Control de las retiradas de frutas y hortalizas en Francia

Durante las inspecciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, según informa esta Institución en su informe anual sobre el ejercicio de 1994, se observó que en Francia, no se había realizado ninguna inspección sobe el terreno respecto a la distribución gratuita de la producción retirada de frutas y hortalizas, basándose el control previo del pago de la ayuda en la presentación de un certificado por parte del organismo receptor. Asimismo, no existían controles oficiales sistemáticos para garantizar que la producción certificada como recibida fuera utilizada por el beneficiario ni que se añadiera a las compras normales.

Ante la respuesta de la Comisión al Tribunal de Cuentas, en el sentido de que sus inspectores realizarían una minuciosa comprobación de estos hechos, ¿cuáles han sido los resultados de estas inspecciones y cuáles han sido las medidas tomadas por la Comisión para rectificar esta situación, así como las consecuencias financieras derivadas?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (9 de septiembre de 1996)

La Comisión no dispone de pruebas para demostrar que las operaciones de distribución gratuita en este Estado miembro se llevaron a cabo sin cumplir la normativa comunitaria.

Además, la Comisión quisiera señalar que el Tribunal de Cuentas no ha indicado que los supuestos errores deben resultar en la aplicación de correcciones financieras

En cualquier caso, este asunto será examinado en la próxima inspección sobre el terreno en este Estado miembro y cualquier consecuencia financiera cuya justificación quede demostrada será incluida en la liquidación de cuentas del año 1994.
PREGUNTA ESCRITA E-2380/96 de James Provan (PPE) a la Comisión (6 de septiembre de 1996)

Asunto: Brucelosis en Italia

¿Querría la Comisión declarar qué medidas está tomando para controlar la epidemia de brucelosis que está afectando a los búfalos de agua en la región italiana de Nápoles?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (25 de septiembre de 1995)

Un programa nacional de erradicación de la brucelosis (pruebas, eliminación obligatoria de los animales infectados, indemnización, desinfección y control de los movimientos) está siendo aplicado actualmente por los servicios veterinarios italianos a todos los rebaños de búfalos de agua en Italia.

En 1995 estaban infectadas veintiocho explotaciones, y durante el primer semestre de 1996 este número pasó a treinta y seis. Estas cifras se ajustan a lo previsto. La Comisión está estudiando la posibilidad de conceder una ayuda financiera comunitaria a este programa.
PREGUNTA ESCRITA P-2289/96 de Peter Truscott (PSE) a la Comisión (30 de julio de 1996)

Asunto: Investigación sobre la insulina y fondos BIOMED

¿Está informada la Comisión de alguna investigación sobre el uso de insulina humana, en lugar de insulina animal, para el tratamiento de diabéticos dependientes de la insulina? ¿Puede aportar detalles al respecto? ¿No opina también la Comisión que se trata de un ámbito prioritario para las investigaciones que se desarrollen en el futuro, quizás mediante la utilización de fondos BIOMED?

Respuesta de la Sra. Cresson en nombre de la Comisión (24 de septiembre de 1996)

La Comisión reconoce que la diabetes mellitus es efectivamente uno de los sectores de su programa de investigación biomédica que deben acogerse a financiación prioritaria. El programa actual Biomed-2 ya subvenciona (apartado 4.4) nueve proyectos sobre varios aspectos de la investigación en materia de diabetes (los pormenores se remiten directamente a Su Señoría, así como a la Secretaría General del Parlamento).

Ningunos de estos proyectos se refiere específicamente al tratamiento con insulina humana o animal, pero aún pueden presentarse solicitudes de financiación en el marco de la tercera convocatoria del programa Biomed-2, cuya plazo expira el 17 de diciembre de 1996. Todos los detalles se exponen en el programa de trabajo científico de Biomed-2, que los proponentes interesados pueden solicitar.
PREGUNTA ESCRITA E-2085/96 de Glyn Ford (PSE) a la Comisión (26 de julio de 1996)

Asunto: Libre circulación

Se supone que el derecho a la libre circulación de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión también contempla a los ciegos.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión contra el Gobierno británico que no permite que los ciegos lleven con ellos a sus perros amaestrados cuando viajan al Reino Unido? En este caso, se trata efectivamente de una restricción de la libre circulación.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (3 de octubre de 1996)

Obviamente, los compromisos relativos a la libre circulación de los ciudadanos dentro de la Unión Europea se aplican a las personas ciegas. La restricción de la circulación no se aplica en este caso a dichas personas sino al perro guía acompañante, el cual está sujeto en la actualidad a la reglamentación británica relativa a la cuarentena contra la rabia.

Ya se ha adoptado una serie de iniciativas, como por ejemplo la financiación de un plan de erradicación de la rabia cuya aplicación está dando resultados satisfactorios y, por otro lado, se ha aprobado un régimen alternativo de cuarentena para la entrada en el Reino Unido de perros y gatos objeto de intercambios comerciales. La Comisión se ha comprometido a presentar a su debido tiempo propuestas adecuadas para los perros y gatos que vayan acompañados.
PREGUNTA ESCRITA E-2148/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (2 de agosto de 1996)

Asunto: Programa con arreglo al artículo 10

¿Qué progresos ha realizado la Comisión con arreglo al programa del artículo 10 en respuesta a la recomendación del Parlamento de que los proyectos piloto urbanos se pongan a disposición de las ciudades más pequeñas con una población inferior al límite previamente establecido de 100.000 habitantes, y de que se establezca una red europea de entidades locales que cooperen en asuntos relacionados con las iniciativas democráticas y la participación de los ciudadanos?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mahies en nombre de la Comisión (20 de septiembre de 1996)

Siguiendo la recomendación del Parlamento, la Comisión modificó la redacción de la convocatoria de propuestas ((DO C 319 de 31.11.1995. )) de proyectos piloto urbanos al amparo del artículo 10 del Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional ((DO L 193 de 31.7.1993. )).

Por lo que respecta al límite de población de 100.000 habitantes, la convocatoria arriba mencionada especificó que «... también podrán aceptarse núcleos urbanos más pequeños, a condición de que tengan una estructura económica y social marcadamente urbana, desempeñen un papel central en la región o se trate de conurbaciones periurbanas contiguas a grandes ciudades».

La citada convocatoria, por lo que se refiere a iniciativas democráticas y participación ciudadana, mencionó específicamente, entre otras posibles iniciativas, la actuación «impulsando la cooperación y participación de los ciudadanos».
PREGUNTA ESCRITA P-2348/96 de Bernie Malone (PSE) a la Comisión (8 de agosto de 1996)

Asunto: Auditoría de la Unión Europea sobre el programa suboperativo en favor de la reintegración de las víctimas de la exclusión social

Teniendo en cuenta que el Comité Directivo de Belcamp Estate y otros se han retirado del programa EPIC, ¿podría la Comisión proporcionarme una copia de la auditoría llevada a cabo recientemente por la Unión Europea sobre la aplicación por parte de Dublin Corporation (Irlanda) del programa suboperativo en favor de las víctimas de la exclusión social?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (12 de noviembre de 1996)

El subprograma en favor de los excluidos sociales al que parece referirse Su Señoría, recibe ayudas del Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo para el desarrollo de los recursos humanos en Irlanda. La Comisión no está al corriente de ninguna auditoría reciente de este subprograma. Además, Dublin Corporation no es responsable de las medidas de aplicación de este subprograma. Por tanto, se precisa información adicional sobre el programa operativo y el Fondo estructural a través del cual este programa recibe ayudas de la Comunidad antes de que sea posible responder a la pregunta de Su Señoría.

Para información de Su Señoría, se envían al Estado miembro en cuestión los informes de auditoría de la Comisión o las cartas en las que se presentan los principales resultados de las auditorías. Las autoridades nacionales están capacitadas para responder a los asuntos planteados, así como a las conclusiones. Es responsabilidad del Estado miembro que los beneficiarios sometidos a una auditoría sean informados de las observaciones y conclusiones de los informes.