PREGUNTA ESCRITA E-0529/98

de Ludivina García Arias (PSE) a la Comisión

(2 de marzo de 1998)

Asunto: Retraso español en la convalidación de títulos universitarios de otros Estados miembros

Reiteradamente aparecen en la prensa española reclamaciones de ciudadanos europeos que esperan más de un año la convalidación de sus títulos universitarios de otros Estados miembros. ¿Tiene conocimiento la Comisión Europea de estos retrasos? ¿Ha recabado la Comisión información al Estado español sobre el número de expedientes que han sobrepasado el límite de tiempo aceptable por las normas comunitarias?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(3 de junio de 1998)

Según lo dispuesto en el artículo 126 del Tratado CE, los Estados miembros son plenamente responsables del contenido de la enseñanza y de la organización del sistema educativo. No existen disposiciones comunitarias que establezcan un sistema de equivalencia automática de títulos. Este tipo de reconocimiento es competencia de la legislación nacional o de los convenios internacionales firmados por el Estado miembro de que se trate.

En España existe un procedimiento de homologación de títulos que consiste en considerar un título extranjero (comunitario o extracomunitario) equivalente a una titulación española equiparable. Este procedimiento se rige por la legislación española. La Comisión no está facultada para intervenir en este tipo de equivalencia entre titulaciones. Si la autoridad competente (el Ministerio de Educación) no cumple el plazo previsto por la normativa aplicable en la materia, el interesado puede, en cualquier caso, recurrir a las instancias nacionales (administrativas o judiciales) competentes.

La pregunta planteada por Su Señoría, tal como ha sido formulada, parece hacer referencia a ciertos retrasos en el procedimiento de homologación de titulaciones. Este procedimiento de homologación no es idéntico al de reconocimiento profesional de titulaciones. El reconocimiento de los títulos obtenidos en un Estado miembro para poder acceder a una profesión regulada en otro Estado miembro se rige por las disposiciones comunitarias, que los Estados miembros están obligados a cumplir. El principal instrumento jurídico adoptado en este ámbito es la Directiva 89/48/CEE, relativa a un sistema general de reconocimiento de títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones de una duración mínima de tres años(1). El reconocimiento otorgado en aplicación de esta Directiva constituye una autorización para ejercer una profesión determinada, pero no implica que la titulación se considere equivalente a un título nacional a otros efectos.

Esta Directiva establece que la autoridad competente del Estado miembro de acogida dispone de un plazo de cuatro meses, contados a partir de la presentación del expediente completo del interesado, para tomar una decisión. También establece que cada dos años los Estados miembros han de remitir a la Comisión un informe sobre la aplicación del sistema. Este procedimiento de reconocimiento profesional es diferente e independiente del procedimiento de homologación. El ciudadano comunitario que posea un título que le dé acceso a una determinada profesión en un Estado miembro y desee ejercer la misma profesión en España tiene derecho a obtener el reconocimiento del mismo, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva antes mencionada y en la normativa española de incorporación, por lo que, a tal efecto, no necesita obtener la homologación de su diploma.

La Directiva 89/48/CEE se incorporó en la legislación española mediante el Real Decreto 1665/1991(2). Se han aprobado varias normas de desarrollo ("órdenes ministeriales") para las distintas profesiones mencionadas en el Real Decreto. Estas normas nacionales han incluido la obligación de adoptar una decisión en el plazo de cuatro meses. Con arreglo a estas disposiciones, la ausencia de respuesta en el plazo de cuatro meses ha de entenderse como denegación implícita de la solicitud y abre la posibilidad de utilizar las vías de recurso. La autoridad competente para examinar las solicitudes de reconocimiento profesional varían de un ministerio a otro en función de la profesión que el solicitante tenga la intención de ejercer. En el informe sobre la aplicación de la Directiva enviado por España relativo al periodo 1993-1994, se indica que los servicios ministeriales que han actuado con mayor celeridad son aquéllos que ya contaban con una cierta experiencia en la materia (enseñanza y sanidad). Las autoridades españolas indican también que en los demás casos se ha observado una cierta lentitud en la tramitación de los primeros expedientes. No obstante, el ritmo se ha acelerado a medida que se adoptaban decisiones sobre las solicitudes.

La Comisión no dispone de denuncias u otros elementos que permitan concluir que, a pesar de la existencia de las normas de derecho nacional que imponen el plazo de cuatro meses previsto por la Directiva, en la administración española existe una práctica que consiste en no respetar este plazo de cuatro meses. En el supuesto de que se compruebe la mala aplicación de la Directiva y de las normas internas de incorporación por parte de las autoridades españolas, la Comisión podría utilizar los medios previstos por el Tratado (como ha hecho en el caso de otros Estados miembros).

(1) DO L 19 de 24.1.1989.

(2) R.D. 1665/1991 de 25 de octubre. B.O.E. num. 280 de 22.11.1991.