PREGUNTA ESCRITA E-0659/98 de Leonie van Bladel (UPE) al Consejo (16 de marzo de 1998)

Asunto: Oficina europea de asistencia jurídica

1. ¿Tiene conocimiento el Consejo del elevado número de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea que se encuentra en detención preventiva (durante un período excesivamente largo), en países tanto dentro como fuera de la Unión Europea?

2. ¿No opina el Consejo que ello crea una situación contraria a lo dispuesto en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas?

3. ¿Puede indicar el Consejo a corto plazo de qué manera desea mejorar la débil posición jurídica de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea?

4. ¿Está dispuesto el Consejo a considerar la creación de una oficina europea de asistencia jurídica con el fin de garantizar tal asistencia a los ciudadanos de la Unión Europea, de conformidad con las normas contenidas en los actos mencionados?

Respuesta (13/14 de julio de 1998)

En primer lugar el Consejo desea reiterar que concede una importancia fundamental a la salvaguardia de los principios contenidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establecido el 4 de noviembre de 1950. A este efecto recuerda que todos los Estados miembros son partes de este Convenio. Además el Tratado de la Unión Europea dispone en su artículo k.2 que las cuestiones que se regulan en este contexto se tratarán en el respeto de este Convenio.

Su Señoría no ignora que las disposiciones en materia de detención preventiva son competencia de cada Estado miembro y forman parte de su ordenamiento jurídico interno.

Teniendo todo esto en cuenta, cabe añadir que desde hace tiempo los diferentes Estados miembros han celebrado convenios bilaterales con terceros países y son parte de instrumentos internacionales en materia penal, principalmente en el marco del Consejo de Europa. Por lo que respecta a las personas susceptibles de ser extraditadas, el Consejo desea recordar que el Convenio relativo al procedimiento simplificado de extradición, establecido el 10 de marzo de 1995, entre los Estados miembros de la Unión Europea ha creado ya las condiciones para reducir al mínimo el tiempo necesario para la extradición y cualquier periodo de detención a efectos de extradición, cuando la persona detenida no se opone a su entrega. Además se están realizando trabajos, sobre los que el Parlamento, de conformidad con el artículo k.6 del Tratado, ha sido íntegramente consultado referentes a la posibilidad de mejorar la asistencia jurídica entre los Estados miembros, lo que permitiría acelerar algunos procedimientos en curso en los Estados miembros de la Unión Europea.

No obstante, el Consejo desea señalar que entre las prioridades establecidas por el Consejo en el ámbito de la justicia y de asuntos de interior para el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y la fecha de entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, prioridades sobre las que se ha consultado al Parlamento Europeo en virtud del artículo k.6 del Tratado, no se incluyen trabajos en las materias que su Señoría sugiere.