PREGUNTA ESCRITA E-1874/96 de Jannis Sakellariou (PSE) a la Comisión (11 de julio de 1996)

Asunto: Pago de los fondos para el proyecto de la CE «Fomento de la comercialización de productos producidos en explotaciones extensivas y ecológicas» en Baviera

En la publicación «Europabericht no 10/96», el Gobierno bávaro critica que la Comisión haya pagado con retraso y únicamente tras «formular más de veinte preguntas y realizar visitas personales y consultas escritas» el segundo tramo del proyecto piloto «Fomento de la comercialización de productos producidos en explotaciones extensivas y ecológicas». El Gobierno bávaro opina que esto demuestra la insuficiente «eficacia de la Comisión» y confirma la necesidad de una mayor responsabilidad de las regiones en la política agrícola, así como un cumplimiento más estricto del principio de subsidiariedad.

¿Cómo explica la Comisión el retraso criticado en el pago del anticipo?

¿Qué opina la Comisión de la subsiguiente evaluación del Gobierno bávaro en lo relativo a la responsabilidad de las regiones y el respeto del principio de subsidiariedad?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (31 de julio de 1996)

Mediante la Decisión adoptada el 29 de septiembre de 1989 la Comisión concedió al Ministerio bávaro de alimentación, agricultura y bosques una ayuda financiera de 750.000 ecus para la realización de ese proyecto. El Ministerio contó con la colaboración de cinco organizaciones, con competencias específicas en los sectores de actividad en cuestión, para la realización del proyecto, tal como estaba previsto en la decisión de concesión de la ayuda.

El 7 de abril de 1993, el beneficiario informó a la Comisión de que quedaba suspendida una de las medidas del proyecto debido a que se iniciaron los procedimientos oficiales de quiebra de la organización «Naturkust Rottmuller Gmbh» encargada de esta medida. Ahora bien, tras el examen de la documentación enviada, se comprobó que la organización en cuestión no correspondía a ninguna de las organizaciones previstas y aceptadas por la Comisión. Ésta tuvo que estudiar las consecuencias de esta situación y, en este sentido, se envió una carta al beneficiario pidiendo que justificara la razón por la que uno de los subcontratantes había sido sustituido sin la autorización previa de la Comisión. El 16 de junio de 1994 el beneficiario facilitó una explicación satisfactoria acerca de la sustitución. El conjunto de las medidas financiadas con los primeros anticipos ya se han llevado a cabo.

Estas dificultades de ejecución del proyecto llevaron al beneficiario a solicitar una primera prórroga del plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 1995. A dicha solicitud se adjuntó una solicitud de redistribución de los créditos, a causa de la quiebra de la empresa. Debido a un malentendido en relación con dicha solicitud, no se procedió a esta redistribución de créditos, lo que provocó un segundo retraso que motivó una segunda solicitud de prórroga del Ministerio bávaro.

La normativa en vigor prevé que cualquier modificación que se introduzca en una Decisión se formalice en una nueva Decisión. Ésta fue adoptada el 24 de noviembre de 1995 y notificada inmediatamente al Ministerio bávaro. El cumplimiento de esta formalidad administrativa y la presentación de un informe actualizado sobre el desarrollo de los trabajos eran necesarios para aprobar el pago del segundo anticipo. El informe, solicitado el 30 de noviembre de 1995, llegó a la Comisión el 11 de enero de 1996. Tras el estudio y la aprobación de dicho informe, los cuadros financieros actualizados correspondientes fueron presentados para la comprobación de la subvencionabilidad de los gastos, finalizada el 29 de abril de 1996. La orden de pago se cursó el 25 de mayo de 1996.

En este caso los problemas se derivaron de circunstancias concretas que no están ligadas directamente al principio de subsidiariedad. La Comisión concede una gran importancia a los conceptos políticos que potencian el principio de subsidiariedad y la responsabilidad creciente de las regiones. Esto se refleja ya en las políticas estructurales relativas a los objetivos nos 1 y 5b de los Fondos estructurales. El principio de subsidiariedad se refleja igualmente en la forma en que se ejecutan las medidas de acompañamiento de la reforma de la política agrícola común de 1992. También a través de esta reforma se han introducido algunos elementos nuevos en la aplicación de las políticas de apoyo al mercado. Los avances en esta dirección no deben conducir a una distorsión de la competencia ni ir en contra del objetivo de cohesión. Dado que este último aspecto conlleva el compromiso de los fondos comunitarios, es indispensable una gestión metódica de los procedimientos financieros por parte de la Comisión. Este sistema funcionará de forma eficaz si se fundamenta en una responsabilidad conjunta de todos los niveles institucionales involucrados.