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PREGUNTA ESCRITA E-3716/97 de Heidi Hautala (V) al Consejo (19 de noviembre de 1997)

Asunto: Secuestro de niños

A consecuencia de divorcios o separaciones, en los Estados miembros de la UE se secuestra a niños para llevarlos a países de culturas diferentes. La intervención de las autoridades de los Estados miembros resulta especialmente difícil si los niños secuestrados se llevan a países cuya legislación concede la potestad sobre los niños al padre y a la familia de éste. Se dispone de poca información sobre los secuestros de niños y los Estados miembros de la UE no aprovechan sus respectivas experiencias para conseguir el retorno de los niños.

¿Se está realizando a nivel del Consejo un seguimiento de los casos de secuestros de niños? ¿De qué manera controla el Consejo la aplicación del Convenio de La Haya? ¿Cómo se tiene en cuenta el interés de los niños, cuando se pone de manifiesto que el cumplimiento del Convenio de La Haya les causa más perjuicios que beneficios?

Respuesta (23 de marzo de 1998)

1. Como ha indicado en reiteradas ocasiones, el Consejo concede una atención muy especial a las cuestiones relacionadas con la protección de la infancia y a tal fin se han adoptado varias medidas.

En lo relativo a la pregunta formulada por Su Señoría, el Consejo insiste en recordar que todos los Estados miembros procedieron a la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York el 20 de noviembre de 1989. En particular su artículo 11 estipula que todos los Estados miembros adopten medidas para luchar contra los traslados y la retención ilícitos de niños en el extranjero.

Cabe señalar a este efecto que la práctica totalidad de los Estados miembros ha ratificado el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y que todos los Estados miembros han ratificado el Convenio Europeo relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, así como el restablecimiento de dicha custodia, firmado en Luxemburgo, en el Consejo de Europa, el 20 de mayo de 1980.

Por otro lado, todos los Estados miembros han participado activamente en la elaboración del Convenio de 19 de octubre de 1996, celebrado en el marco de la Conferencia de La Haya, sobre la competencia judicial, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución de resoluciones judiciales y la cooperación en relación con la responsabilidad parental y las medidas para la protección de menores, que establece asimismo disposiciones en materia de sustracción de menores.

2. Con el fin de seguir la evolución de las ratificaciones de estos Convenios a nivel de cada Estado miembro, las instancias del Consejo proceden regularmente a una evaluación de la situación en la materia.
PREGUNTA ESCRITA E-4224/97 de Cristiana Muscardini (NI) y Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (21 de enero de 1998)

Asunto: Alteraciones genéticas

Dentro del panorama científico actual, la investigación genética y los resultados con ella obtenidos figuran entre los hallazgos más asombrosos de nuestro siglo.

No obstante, la falta de una normativa puede llevar a un uso imprudente de este avance científico, que puede producir graves problemas sanitarios y éticos que no deben seguir siendo ignorados ni infravalorados. Ante todo existe la posibilidad de futuros daños genéticos causados por parejas que, al ignorar el patrimonio cromosómico común, podrían generar hijos con anomalías genéticas reales.

1. ¿No considera la Comisión útil y oportuno proponer una normativa que obligue a efectuar controles sanitarios severos a los donantes de esperma?

2. ¿No considera la Comisión indispensable que se establezca un número máximo de fecundaciones con el mismo esperma, limitando de este modo los riesgos de uniones consanguíneas?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (11 de marzo de 1998)

Corresponde a los Estados miembros decidir si debe introducirse legislación sobre los asuntos planteados en la pregunta.

En el marco de sus actividades de investigación en materia de ética biomédica, el programa de investigación en biomedicina y salud (Biomed) ha financiado una serie de seminarios sobre los aspectos éticos de la donación de gametos, en los cuales se ha debatido la posibilidad de limitar el número de nacimientos por donante.

Existen normas de conducta, a nivel nacional en determinados Estados miembros o bien en los propios centros sanitarios, que rigen la donación de gametos, pero no se trata de un ámbito de competencia comunitaria.
PREGUNTA ESCRITA E-3300/97 de Angela Sierra González (GUE/NGL) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: Limitaciones de importación de productos con origen en Canarias en el Reino Unido

La «Medicines Control Agency» del Gobierno de Gran Bretaña ha comunicado a los titulares de importación de ese país que el Archipiélago canario no pertenece a la Unión Europea.

Por esta razón, se han establecido en ese país una serie de medidas que limitan la importación paralela de productos farmacéuticos procedentes de las islas.

Estos hechos, en todo punto inadmisibles, suponen un agravio para el ejercicio de las libertades comunitarias en el seno de la Unión Europea que puede realizar la comunidad canaria, así como cualesquiera otros territorios de la UE.

¿Tiene la Comisión Europea conocimiento de los hechos descritos?

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión ante la vulneración del principio de libertad de circulación de mercancías entre territorios pertenecientes por igual a la UE?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (15 de enero de 1998)

Con objeto de evaluar los hechos mencionados por Su Señoría, es necesario conocer las razones de la «Medicines Control Agency» para negarse a autorizar la introducción en el mercado británico de productos farmacéuticos importados paralelamente de otro Estado miembro.

Si esta negativa se basa en razones fiscales, la Comisión ruega a Su Señoría que se remita a su respuesta a la pregunta escrita E-1956/93 del Sr. Sánchez García ((DO C 219 de 8.8.1994. )).

Si las razones de la negativa no son fiscales, y dado que las Islas Canarias forman parte del territorio aduanero de la Comunidad, el hecho de que las autoridades británicas se nieguen a admitir productos farmacéuticos podría considerarse un obstáculo al comercio intracomunitario contrario al artículo 30 del Tratado CE.

A fin de estar en condiciones de verificarla, la Comisión desea disponer de elementos más precisos sobre los motivos de esta negativa, por lo que invita a Su Señoría a ponerse en contacto con ella para aclarar el problema.
PREGUNTA ESCRITA E-3394/97 de Mark Watts (PSE) a la Comisión (23 de octubre de 1997)

Asunto: Parques eólicos

¿Podría la Comisión confirmar si es cierto el rumor según el cual no se crearán más parques eólicos en la UE?

Si ello fuera cierto, ¿podría la Comisión explicar por qué se ha adoptado tal decisión?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (5 de diciembre de 1997)

La Comisión no tiene conocimiento de que en los Estados miembros se haya tomado decisión alguna para suspender la construcción de parques eólicos ni interrumpir el desarrollo de ese tipo de energía renovable.

Por el contrario, la Comisión dispone de información procedente de los medios especializados, que valoran con optimismo las perspectivas de crecimiento a medio y largo plazo de la energía eólica en la Comunidad.

La Comisión considera que la explotación de las fuentes de energía renovable, incluida la eólica, es insuficiente en la Comunidad. Si bien es cierto que la Comunidad financia el fomento de dichas fuentes, por ejemplo a través de los programas Altener y Joule-Thermie, en opinión de la Comisión, la energía renovable encierra un potencial claramente infrautilizado; de ahí que tenga previsto intensificar su labor en ese sector con el fin de alcanzar el objetivo indicativo que consiste en doblar la contribución de las fuentes renovables de energía de aquí a 2010, tal como se señala en el reciente Libro blanco de la Comisión sobre «Energía para el futuro: fuentes de energía renovables - una estrategia y un plan de acción comunitarios».
PREGUNTA ESCRITA E-3865/97 de José Valverde López (PPE) a la Comisión (5 de diciembre de 1997)

Asunto: Gasoducto Magreb-Europa

La puesta en servicio del gasoducto Magreb-Europa representa un hito en la historia industrial andaluza. Sería muy conveniente que este enlace fijo quede enmarcado por la Carta Europea de la Energía, que daría una mayor estabilidad geopolítica a las relaciones económicas de la región.

¿Qué iniciativas puede tomar la Comisión para garantizar eta inserción en la Carta Europea de la Energía?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (21 de enero de 1998)

El Tratado de la Carta de la Energía es un intrumento jurídicamente vinculante que impone obligaciones a los gobiernos para proteger la inversión extranjera y garantizar el libre comercio de materiales y productos energéticos. Este Tratado no hace referencia a ningún proyecto concreto, por lo cual no sería posible incluir referencia alguna al gasoducto Magreb-Europa.

De cualquier modo, la Comisión considera el Tratado de la Carta de la Energía un punto de referencia para su política mediterránea. Por ello, organizó, en noviembre de 1996, una sesión informativa sobre el Tratado de la Carta de la Energía para los países mediterráneos.

Los países del Magreb participaron desde el principio como observadores durante las negociaciones del Tratado. Hasta la fecha, ninguno de ellos es parte en el Tratado, aunque tienen la categoría de observadores en la Conferencia de la Carta de la Energía.
PREGUNTA ESCRITA E-3360/97 de Brian Crowley (UPE) a la Comisión (22 de octubre de 1997)

Asunto: Permisos de trabajo para tripulación de vuelo

¿Podría la Comisión señalar si tiene intención de tomar medidas, y cuales, para poner fin a la práctica en virtud de la cual las autoridades irlandesas expiden repetidamente, y destinados al mismo operador, permisos temporales de trabajo para tripulaciones de vuelo no europeas, eludiendo de este modo la política de la Unión Europea sobre formación y empleo?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (15 de diciembre de 1997)

La expedición de permisos de trabajo a ciudadanos de terceros países se rige actualmente por la legislación nacional de los Estados miembros. Obviamente, la expedición de un permiso de trabajo a ciudadanos de un tercer país por parte de un Estado miembro no obliga a los demás Estados miembros a reconocer su validez a efectos de movilidad en el interior del mercado único europeo.

Sin embargo, en virtud de la legislación comunitaria vigente, las compañías aéreas que emplean o utilizan ciudadanos de terceros países sobre la base de un acuerdo «wet-lease» pueden valerse de la libertad de prestación de servicios aéreos prevista por el tercer paquete comunitario de medidas liberalizadoras del transporte y los demás Estados miembros no pueden restringir dicha libertad por motivos de nacionalidad de la tripulación de vuelo.

No obstante, el Reglamento (CEE) no 2407/92 del Consejo ((DO L 240 de 24.8.1992. )) especifica claramente que las compañías aéreas que empleen este tipo de personal deben garantizar, en todo momento, su cualificación técnica y la observancia de todas las normas de seguridad.

Dada la existencia de estas disposiciones que garantizan el mantenimiento de estrictas normas de seguridad, y a falta de indicios de una incidencia adversa sobre la seguridad, la Comisión no tiene intención de proponer medidas legislativas sobre este tema.
PREGUNTA ESCRITA E-3507/97 de Rijk van Dam (I-EDN) a la Comisión (12 de noviembre de 1997)

Asunto: Imposición de tasas en los canales alemanes

En la Comunicación de la Comisión «Intermodalidad y transporte intermodal de mercancías en la Unión Europea» se prevé un fuerte crecimiento del transporte de mercancías. La Comisión manifiesta: «Para lograr un desarrollo sostenible desde el punto de vista socioeconómico y del respeto del medio ambiente, es indispensable utilizar de forma eficaz y equilibrada las capacidades exsistentes en todo el sistema europeo de transportes». En vista de los atascos que se producen en las carreteras y de los efectos externos del transporte por carretera, cabe esperar un fomento del transporte de mercancías por vía fluvial y marítima o por ferrocarril.

1. En este contexto, ¿está al corriente la Comisión de que para poder transportar mercancías por los canales alemanes es necesario abonar unas tasas (denominadas en alemán «Abgaben») que encarecen los costes del transporte por vía acuática entre un 10 y un 30 %, lo que perjudica de manera considerable la competitividad de la navegación interior frente al transporte por carretera?

2. ¿Considera adecuada la Comisión la imposición de estas tasas en el marco de la política europea de transportes, según la cual ha de fomentarse el transporte por vía fluvial y marítima?

3. En caso negativo, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (12 de diciembre de 1997)

El Libro Verde de la Comisión «Hacia una tarificación equitativa y eficaz del transporte» ((COM(95)691 final. )), que fue publicado en 1995, incluía una sección sobre la tarificación de la infraestructura. En el debate que siguió a la publicación del Libro Verde, se hizo patente la falta de información sobre la tarificación de la infraestructura navegable en la Comunidad. Por este motivo, la Comisión remitió recientemente un cuestionario a todos los Estados miembros sobre este aspecto, a fin de tener una visión más clara de las prácticas actuales, los principios en los que se basan las tasas del transporte por vía navegable y los futuros planes sobre dichas tasas a nivel nacional o regional.

La Comisión acaba de iniciar los trabajos de un Libro Blanco sobre la tarificación de la infraestructura desde una perspectiva multimodal, cuya aparición está prevista para 1998. En este documento se abordará la navegación interior, así como otros modos de transporte.
PREGUNTA ESCRITA E-3859/97 de Kirsi Piha (PPE) a la Comisión (5 de diciembre de 1997)

Asunto: Descentralización de las actividades del Parlamento

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas decidió en favor de Francia que el Parlamento Europeo deberá celebrar doce períodos parciales de sesiones al año en Estrasburgo. Esta sentencia se dictó a pesar de que era conocida la posición contraria del Parlamento. La sentencia se fundamenta en una interpretación de las decisiones del Consejo.

La Unión se fundó originalmente como una agrupación de seis países que descentralizó sus actividades en diferentes partes de su territorio, en Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo. Sin embargo, la Unión se ha ampliado últimamente hasta englobar a 15 países miembros y, en el futuro, el número de miembros se incrementará aún más. Cuando llegue ese momento, la descentralización actual -que resulta sumamente costosa para los contribuyentes- ya no será en modo alguno tal descentralización, sino una concentración en sumo grado.

¿Qué tiene previsto hacer la Comisión para que, o bien se adopte una decisión de principio sobre la localización de la actividad de los diputados en un único lugar, es decir, en Bruselas, o bien se descentralice de manera adecuada con arreglo a la estructura actual de la Unión? Por ejemplo, la toma en consideración de la dimensión septentrional se podría hacer construyendo en Oulu un lugar de reunión para el Parlamento con el fin de que se celebrasen allí algunas sesiones al año, lo que sería una alternativa tan válida como la práctica actual.

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión (15 de enero de 1998)

Los temas a los que se refiere su Señoría no son de la competencia de la Comisión. La sede del Parlamento fue fijada por los Gobiernos de los Estados miembros en el Consejo Europeo de Edimburgo de diciembre de 1992. Esta decisión ha sido confirmada recientemente por la decisión del Tribunal de Justicia a que se refiere su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-4202/97 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (21 de enero de 1998)

Asunto: Agenda 2000 y Objetivo 1: Fondos recibidos 1993-1997

El Director General de Política Regional y Cohesión, Eneko Landáburu, sugirió ante la prensa, a finales de noviembre, que once regiones europeas, entre las que se encuentra Valencia (España), iban a perder su estatuto de Objetivo 1, conforme a las propuestas de la Comisión para reducir los Fondos estructurales antes de la adhesión de nuevos países.

Esta estimación la hacía basándose en datos provisionales de que dispone la Comisión. Sin embargo, para el caso concreto de Valencia, las estadísticas oficiales de Eurostat muestran que en 1993 esta Comunidad Autónoma tenía un PIB un 74,9 % por debajo de la media europea y, en 1994, esta proporción era aún más baja: el 73,6 %. El umbral para ser considerado Objetivo 1 se encuentra en el 75 %, por lo que nada hace pensar que, de forma inmediata, Valencia vaya a dejar de cumplir las condiciones objetivas.

En el caso de que se empleara la renta media de las regiones durante el período 1993-1997 como criterio para calcular el PIB, resulta importante conocer los datos macroeconómicos de estas regiones en cada uno de los años en consideración.

¿Cuál fue, en 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997, el montante de fondos recibidos a cargo del Objetivo 1 de los FEDER para las regiones citadas a continuación:

- Anatolia, Macedonia, Tesalia, Creta, Peloponeso, Grecia Central, Ipeiros, Ática, Islas Jónicas, Acaya, Grecia Stereo (Grecia)

- Hainaut (Bélgica)

- Turingia, Brandenburgo, Berlín Este, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Munster (Alemania)

- Galicia, Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Asturias, Andalucía, Canarias, Murcia (España)

- Valenciennes, Avesnes, Douai Córcega, Departamento de Ultramar (Francia)

- Ulster, Connauaught, Leinster (Irlanda)

- Molise, Apulia, Sicilia, Basilicata, Cerdeña, Calabria, Campania (Italia)

- Flevoland (Países Bajos)

- Burgerland (Austria)

- Norte de Portugal, Alentejo, Algarve, Lisboa, E Vale do Tejo, Centro (Portugal)

- Islas Enterprise, Highlands, Merseyside, Irlanda del Norte (Reino Unido)?

Respuesta común a las preguntas escritas E-4202/97 y E-4203/97 dada por el Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (26 de febrero de 1998)

Debido a la gran extensión de la respuesta, que consta de numerosos diagramas, la Comisión la remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-4172/97 de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) a la Comisión (21 de enero de 1998)

Asunto: Política de cohesión y cultura

En su Comunicación COM(96)152 final «política de cohesión y cultura: una contribución al empleo» (concretamente en la introducción, página 3), la Comisión hace referencia a la diversidad del término «cultura», sin llegar a desvelar en qué consiste dicha diversidad.

¿Puede la Comisión informar acerca de las actividades que engloba el término «cultura» en el marco de la política de cohesión y cultura?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (17 de febrero de 1998)

En la introducción de la Comunicación, la diversidad de la «cultura» se explica en los siguientes términos:

«El sector cultural se caracteriza cada vez más por interrelaciones estrechas y variadas entre la vida cultural (instituciones culturales y socioculturales públicas: teatros, museos, centros de arte, enclaves artísticos urbanos o rurales, escuelas de arte, conservatorios, etc.) y la economía cultural (mercado de la música, el arte, la literatura y el libro, producción cinematográfica, televisual y videográfica; fotografía, diseño, artes plásticas y espectáculos, arquitectura, oficios relacionados con el arte, protección de monumentos históricos y turismo).»

En el contexto de la política de cohesión, la Comunicación subraya que «la cultura no es sólo una ocupación pública generadora de gastos suplementarios; también forma parte cada vez más de la economía privada, donde dispone de un fuerte potencial de crecimiento, portador de elementos de creatividad, innovación y producción beneficiosos para las economías regionales y locales». Los ejemplos que figuran en la Comunicación ilustran lo anterior.
PREGUNTA ESCRITA E-4135/97 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (21 de enero de 1998)

Asunto: Productos excluidos del régimen T.I.R. por decisión de Rusia

Rusia ha excluido del tránsito en régimen T.I.R. una serie considerable de productos, cuyo transporte hacia el citado país mediante el cuaderno T.I.R. resulta ya imposible. La Comisión de Aduanas Estatales de la Federación Rusa comunicó a la Unión Internacional de Transportes por Carretera (IRU) el decreto no 513, mediante el que prohíbe el tránsito de una serie de mercancías bajo la cobertura del cuaderno T.I.R. por su territorio. Dichas mercancías incluyen productos comunitarios por excelencia, como son la cerveza de cebada, el azúcar, los productos de repostería, la mantequilla y otras grasas derivadas de la leche, el chocolate, los medicamentos, los ordenadores, los vídeos, los televisores, los medios de transporte y otros.

Las repercusiones son importantes tanto para los productos como para los transportistas europeos. Especialmente para aquellos que proceden de los países periféricos de la Unión, como Grecia, la decisión rusa entraña la pérdida de trabajos de transporte, pues los camiones griegos tenían la oportunidad de cargar determinados productos comunitarios procedentes de otro país con destino a Rusia, mientras que ahora pierden por completo dicha posibilidad.

¿Cómo piensa reaccionar la Comisión ante la citada decisión de las autoridades rusas para salvaguardar los intereses de los transportistas comunitarios y unas condiciones de competencia saludable con sus colegas de los restantes países europeos, países que solicitan el apoyo económico y moral de la Unión?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (26 de febrero de 1998)

La Comisión comparte la preocupación de Su Señoría por el Decreto no 513 del comité aduanero ruso, que exige garantías separadas, al margen de las proporcionadas en el Convenio sobre transporte internacional de mercancías por carretera (TIR) de 1975, para 20 categorías de mercancías. La Comisión reconoce el grave efecto de esta acción para los exportadores y transportistas comunitarios y la amenaza potencial que constituye para el futuro de este régimen, esencial en el comercio internacional.

La Comisión reaccionó muy rápidamente en todos los sectores afectados, a través de contactos directos con el comité aduanero ruso y a través de otros contactos en materia de transporte y comercio. Además, el problema ha sido planteado por la Comisión en las reuniones pertinentes de la Comisión Económica para Europa de Ginebra.

La aplicación del Decreto no 513 ha sido aplazada hasta el 1 de abril de 1998. La Comisión mantiene el diálogo con la parte rusa y las demás partes implicadas, a todos los niveles pertinentes, con objeto de obtener su retirada definitiva.