PREGUNTA ESCRITA E-3358/01

de Lucio Manisco (GUE/NGL)y Giuseppe Di Lello Finuoli (GUE/NGL) al Consejo

(7 de diciembre de 2001)

Asunto: Mandamiento de detención europeo y extradición de presuntos terroristas a los Estados Unidos

Según informaciones publicadas en la prensa, los Estados Unidos y la Unión Europea están preparando un acuerdo que, en combinación con el nuevo mandamiento de detención europeo, abriría el camino a la extradición de presuntos terroristas a los Estados Unidos, con la salvedad de que, en determinados casos, no se les pudiera aplicar la pena de muerte. Por otro lado hemos oído las aseveraciones del Embajador de los Estados Unidos ante la UE, Sr. Rockwell Schnabel, de que la pena capital no se aplicaría a terroristas extraditados desde Europa; en este orden de cosas, el embajador de los Estados Unidos dijo, no obstante, que en algunos países, las cosas tenían que cambiar, incluso por cuanto se refiere a normas constitucionales, y añadió que el consenso para hacerlo estaba allí.

Teniendo en cuenta que el rechazo de la pena de muerte es uno de los principios fundamentales que rigen en la UE y que está consagrado en las constituciones y la legislación de muchos Estados miembros; considerando por otra parte las nuevas prerrogativas de que goza el Presidente de los Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001 (incluida la posibilidad de encomendar a jueces militares la instrucción de procedimientos sumarios contra extranjeros presuntamente responsables de actividades terroristas), que son susceptibles de privar de valor a las garantías dadas por las autoridades estatales o federales de los Estados Unidos, ¿podría especificar el Consejo la naturaleza jurídica y el talante de las negociaciones con los Estados Unidos, que están prosiguiendo sobre este trasfondo, y volver a subrayar su determinación de no celebrar ningún acuerdo que pudiera poner en tela de juicio, matizar o modificar la oposición de la Unión Europea a la pena de muerte bajo el signo que sea, y, en particular, en relación con procedimientos de extradición acelerados?

Respuesta

(25-26 de marzo de 2002)

El Consejo alcanzó un acuerdo (véase la conclusión III.7 de 20 de septiembre de 2001) sobre el principio de proponer a los Estados Unidos la negociación de un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos, sobre la base del artículo 38 del TUE, en el ámbito de la cooperación penal en materia de terrorismo.

Poco tiempo después, el Primer Ministro Verhofstadt, junto con el Presidente de la Comisión Prodi, visitó los Estados Unidos. En dicha ocasión el Presidente Bush expresó su deseo de proseguir los debates y, en una carta posterior, que ha sido hecha pública, especificó algunas de sus opiniones al respecto.

Desde entonces, y de acuerdo con los deseos del Consejo, la Presidencia ha mantenido conversaciones exploratorias con nuestros socios estadounidenses, con objeto de alcanzar un mejor entendimiento del valor añadido que puede suponer un posible acuerdo en el ámbito de la cooperación penal en materia de terrorismo. Dichas conversaciones exploratorias todavía no han finalizado.

Las negociaciones formales sólo podrán iniciarse cuando el Consejo dé su autorización al respecto, con arreglo a los procedimientos que establece el artículo 24 del TUE. Todavía no se ha concedido dicha autorización.

Cualquier información que asegure que la extradición de personas de los Estados miembros hacia Estados terceros tendría lugar sobre la base de las disposiciones relativas a la orden de detención europea es incorrecta. La orden de detención europea constituye un instrumento de cooperación solamente entre los Estados miembros de la UE.

Con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del TUE, la Unión debe respetar los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. Ello se aplica también siempre que la Unión actúa con arreglo a los artículos 24 y 38 del TUE.

A la luz de la Declaración no 1 sobre la abolición de la pena de muerte, aneja al Acta final del Tratado de Amsterdam, es evidente que cualquier acuerdo que pudiera celebrarse entre la Unión y un Estado tercero deberá respetar las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros en lo que respecta a la abolición de la pena de muerte.