PREGUNTA ESCRITA E-3119/00

de Brigitte Langenhagen (PPE-DE) a la Comisión

(6 de octubre de 2000)

Asunto: Concesión de licencias de UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles) en España

El Gobierno español eligió, para la concesión de licencias de UMTS, un procedimiento que supuso pocos ingresos. Según noticias de prensa, este procedimiento se eligió de manera consciente para que las empresas obtuvieran mayores beneficios y los usuarios pagaran tarifas más bajas.

1. ¿Está enterada la Comisión de esta elección? Tiene posibilidades de influir en la misma?

2. ¿Es compatible el procedimiento aplicado en España con las normas de competencia europeas?

3. ¿Ve la Comisión en el procedimiento español subvenciones claras o encubiertas, con las consiguientes ventajas frente a otras empresas europeas?

4. ¿Piensa la Comisión proceder contra estas subvenciones de sectores particulares por los Estados miembros? En caso afirmativo, ¿con qué medidas?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(22 de noviembre de 2000)

En cuanto a los procedimientos seguidos por España y generalmente por otros Estados miembros para la concesión de licencias de telefonía móvil de tercera generación, la Comisión recuerda a Su Señoría que ni la Decisión no 128/1999(1) ni ninguna de las directivas relacionadas con los servicios móviles(2) y las autorizaciones(3) requiere que los Estados miembros adopten un procedimiento específico de autorización (es decir, selección comparativa, licitación o subasta). Sin embargo, al conceder las licencias de telefonía móvil de tercera generación los Estados miembros deben respetar el Tratado CE y varios principios generales del Derecho comunitario que se recogen claramente en estas directivas. Así, en especial, cualquier método de tarificación del espectro debería tener en cuenta la necesidad de favorecer el desarrollo de servicios innovadores y de la competencia, pero reflejando al mismo tiempo la necesidad de asegurar el uso óptimo de unos recursos escasos. Además, el número de licencias de tercera generación puede limitarse solamente por razones de falta demostrada de espectro de frecuencia y las licencias deben concederse sobre la base de criterios objetivos, no discriminatorios, detallados y proporcionados. A condición de que se respete el Tratado CE y estos principios, no hay argumentos para que la Comisión intervenga o intente influir en el proceso por el cual los Estados miembros deciden conceder las licencias para servicios de telefonía móvil de tercera generación.

La Comisión ha seguido de cerca el proceso de concesión en los distintos Estados miembros y no ha recibido ninguna queja sobre la supuesta violación, por parte de las autoridades españolas, de los principios previamente mencionados o de las reglas de competencia.

Con respecto al problema de posibles subvenciones a las empresas adjudicatarias de las licencias de tercera generación en España, conviene recordar en primer lugar que la elección del procedimiento corresponde a los Estados miembros y que la Comisión no tiene objeciones a este respecto, siempre que se cumpla el artículo 87 (antiguo artículo 92) del Tratado CE.

En principio ambos procedimientos de concesión de licencias, concurso y licitación, pueden adaptarse a las normas sobre ayudas estatales, siempre que sean transparentes, objetivos y no discriminatorios. Además es necesario que las condiciones y modalidades del procedimiento elegido sean tales que quede excluida la concesión de cualquier forma de ayuda directa o indirectamente a los compradores o a la actividad en cuestión.

Hasta el momento la Comisión ha recibido varias denuncias que alegan la existencia de ayudas estatales en el marco de algunos procedimientos de concesión de licencias de comunicaciones móviles de tercera generación, denuncias que están en curso de instrucción.

(1) Decisión no 128/1999/CE del Parlamento y del Consejo, de 14 de diciembre de 1998, relativa a la introducción coordinada de un sistema de comunicaciones móviles e inalámbricas de tercera generación (UMTS) en la Comunidad, DO L 17 de 22.1.1999.

(2) Directiva 96/2/CE de la Comisión, de 16 de enero de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en relación con las comunicaciones móviles y personales, DO L 20 de 26.1.1996.

(3) Directiva 97/13/CE del Parlamento y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, DO L 117 de 7.5.1997.