PREGUNTA ESCRITA E-1427/03

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(23 de abril de 2003)

Asunto: Dificultades con los medios de transporte en las islas Baleares

El Tratado de Amsterdam en una de sus declaraciones anejas reconoce que las regiones insulares sufren desventajas estructurales que perjudican su desarrollo económico y social y, reconoce que la legislación comunitaria debe tener en cuenta dichas desventajas para adoptar medidas específicas a favor de esas regiones y así mejorar su integración en el mercado interior en condiciones equitativas.

Por otra parte, la Resolución del Parlamento Europeo de 12.2.2003 sobre el Libro Blanco de la Comisión titulado La política europea de transportes de cara al 2010: La hora de la verdad, recuerda en su apartado 13 () la obligación de que la política de transportes contribuya a la cohesión económica social y asuma el carácter específico de las regiones ultraperiféricas, insulares, montañosas y de escasa densidad de población, con medidas que palien su situación de desventaja y garanticen la continuidad territorial (), y en su apartado 14 exige que la liberalización creciente de los transportes vaya acompañada de garantías, inversiones, movilidad, subvenciones, ayudas a los precios y mantenimiento del servicio en las regiones insulares y periféricas

Teniendo en cuenta que las islas Baleares, en España, sufren una serie de desventajas que principalmente afectan al transporte y, por consiguiente, a las condiciones de abastecimiento de productos de primera necesidad; que también padecen una escasez de recursos hídricos

y energéticos, así como problemas para la eliminación de residuos; que, sobre todo, las citadas desventajas reducen las posibilidades de viajar a precios bajos de sus residentes:

- ¿Qué medidas podría adoptar la Comisión para paliar esta situación de desventaja?

- ¿Considera que sería necesaria la declaración de obligación de servicio público según prevé el Reglamento (CEE) 2408/92(1)?

(1) DO L 240 de 24.8.1992, p. 8.

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(10 de junio de 2003)

La Comisión es la fuente de numerosas medidas que permiten paliar las desventajas con que se enfrentan las Baleares, tanto en materia de transportes como de energía.

Algunos puertos (Palma, Ibiza y Alcudia) y aeropuertos (Palma de Mallorca Son Sant Joan, Menorca e Ibiza) pueden recibir ayudas financieras con cargo al presupuesto de la red transeuropea de transporte (RTE-T). La conexión de las regiones insulares al continente es uno de los objetivos de las actuales orientaciones comunitarias(1).

La Comisión trabaja actualmente en una revisión de dichas orientaciones comunitarias. Aprovechando esta circunstancia es posible que se presenten las normas detalladas de las autopistas del mar, cuyo principio figura en el Libro Blanco La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad y en la nueva Comunicación de la Comisión Programa de fomento del transporte marítimo de corta distancia(2). Una vez instalado el marco de la RTE-T, podría contemplarse una contribución a las inversiones en infraestructuras necesarias para las autopistas del mar (infraestructuras portuarias y conexiones con las zonas interiores de influencia).

En el marco del programa Marco Polo, en curso de adopción, las islas podrán participar en los tres tipos de acción: acciones de transferencia modal, acciones de efecto catalizador y acciones destinadas a construir un saber compartido.

En el capítulo de las redes transeuropeas de energía (RTE-E), los proyectos destinados a mejorar las conexiones eléctricas y de gas que unen la España continental y las Baleares podrían ser identificados como proyectos de interés común (PIC) en el marco de la revisión de las orientaciones comunitarias(3). La realización de estas redes eléctricas y de gas permitirá mejorar la distribución de energía, la seguridad de aprovisionamiento y la protección del medio ambiente. Habida cuenta de su potencial solar y eólico, regiones como las islas Baleares están en una situación óptima para utilizar las tecnologías más recientes consagradas a la producción de electricidad verde. La conexión de parques eólicos a las principales redes de transporte de electricidad, por ejemplo, podría formar parte de los proyectos financiados en el marco de las RTE-E.

Por lo que respecta a la segunda pregunta relativa al sector aéreo, la letra a) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) no 2408/92(4) prevé la posibilidad de que un Estado miembro imponga obligaciones de servicio público (OSP) a algunas líneas aéreas regulares. La Comisión no está facultada para imponer OSP: el Estado miembro es el único habilitado a recurrir a este mecanismo de ayuda(5).

Los Estados miembros tienen también la posibilidad de utilizar otro sistema de ayuda financiera par garantizar un buen servicio aéreo y facilitar la movilidad de los viajeros: el de las ayudas de carácter social. Una vez avaladas por la Comisión, estas ayudas permiten reducir los precios de los billetes de avión de determinadas categorías de pasajeros (estudiantes, jubilados, residentes en las islas, etc.).

Además, las zonas que padecen graves desventajas geográficas o naturales (las islas, las regiones ultraperiféricas, las zonas de montaña, las zonas escasamente pobladas) son algunas de las prioridades identificadas por el segundo informe sobre la cohesión económica y social (2001) para la futura política de cohesión.

La Comisión ha encargado un estudio que trata sobre las regiones insulares de la Unión; dicho estudio puede consultarse en el sitio Inforegio, en la siguiente dirección:http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/studies/study_fr.htm.

(1) Decisión no 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996 sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, DO L 228 de 9.9.1996.

(2) COM(2003) 155 final.

(3) La modificación de la Decisión 1254/96/CEE está en vías de adopción en el Parlamento y en el Consejo y debería llegarse a una decisión en 2003. La calificación como PIC es una de las condiciones para que un proyecto pueda beneficiarse de los fondos disponibles.

(4) Reglamento (CEE) no 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias, DO L 240 de 24.8.1992.

(5) Este sistema de las OSP funciona asimismo en el sector marítimo. El Reglamento no 3577/92 sobre el cabotaje autoriza a los Estados miembros a imponer obligaciones de servicio público con el fin de garantizar un nivel de servicio suficiente con origen y destino a sus islas y entre éstas.