PREGUNTA ESCRITA E-1165/02

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(23 de abril de 2002)

Asunto: Escaso grado de ejecución de la campaña gallega de saneamiento del ganado 2001. Despido por parte del Gobierno gallego de 129 veterinarios dedicados a estas tareas.

Según informaciones de la Asociación de Veterinarios de Saneamiento Ganadero de Galicia (AVESGA), la campaña de saneamiento del ganado que se iba a llevar a cabo en Galicia durante el año 2001 no se llevó a buen término. Las causas de esta situación estriban por un lado en la reducción del número de veterinarios dedicados a estas tareas, que ha pasado de 150, necesarios para llevarlas a cabo, a 129, como consecuencia de que no se suplieran las bajas producidas por incapacidad laboral, y, por otro lado en el hecho de que una parte de la plantilla estaba ocupada durante los primeros meses del año en la emisión de certificados en el contexto de la crisis de las vacas locas. Se da la circunstancia, además, de que todos los veterinarios dedicados a esta labor fueron despedidos el 31 de diciembre, de modo que el Gobierno les impidió concluir su actividad anterior. El Gobierno gallego declaró extinta la relación laboral con los veterinarios; después, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ante la reclamación de los veterinarios que trabajaban en condiciones totalmente precarias, obligó al Gobierno gallego a hacerles contratos laborales a fin de subsanar la situación irregular anterior, en la que se encontraban durante años mientras ejercían una actividad profesional al servicio del Gobierno. Pese a que incluso el Tribunal Superior de Justicia de Galicia reconociera en enero 2002 la existencia de esta relación laboral, el Gobierno se niega a aceptarla. La forma de obrar del Gobierno gallego, quien, actuando a través de la Dirección General de Producción y Sanidad Agropecuaria de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, se negó a cualquier diálogo, tiene viso de ser un acto de represalia en el que parece importar poco que se ponga en entredicho el cumplimiento de los objetivos de saneamiento previstos. De este modo, en 2001 quedó sin sanear el 42 % de las explotaciones de ganado vacuno y el 41 % del ganado ovino/caprino, lo que significa que 335 000 vacas y 131 000 ovejas no dispondrán de la documentación sanitaria exigida para los desplazamientos de ganado dentro o fuera de Galicia, con las posibles consecuencias a que ello puede dar lugar desde el punto de vista sanitario o a efectos del seguro agrícola. Pese a este comportamiento con relación a los veterinarios de la Asociación, el Gobierno gallego contrató a profesionales sin tener en cuenta, al parecer, las condiciones legales previstas. El Gobierno recurre también a los servicios de una empresa, la TRAGSA, para realizar tareas de saneamiento para las que ésta no parece estar capacitada, quedando numerosas explotaciones desatendidas.

¿Tienen la Comisión Europea y, más concretamente, su Dirección General de Salud y Protección de los Consumidores, o el Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, conocimiento de este comportamiento irregular de la Secretaría General de Agricultura del Gobierno gallego, que pone en entredicho el debido saneamiento del ganado, precisamente cuando se propagan patologías como la Encefalopatía Espongiforme Bovina?

¿Qué medidas está dispuesta a tomar para que se respeten los programas comunitarios de saneamiento y no sufran las consecuencias de comportamientos irresponsables como los descritos?

¿Es la Comisión consciente de que la anulación del vínculo de trabajo y la sanción disciplinar al colectivo de veterinarios profesionales, cuyas reivindicaciones, negadas por el Gobierno hasta el extremo de que no se les pagaran en el debido tiempo sus salarios y confirmadas, sin embargo, por los tribunales de Justicia, fueron aprovechadas por la Secretaría General de Agricultura de la Xunta gallega para favorecer a una empresa sin experiencia, la TRAGSA, con perjuicio grave para el programa de saneamiento del ganado, que forma parte de los programas comunitarios?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(11 de junio de 2002)

La legislación comunitaria actual incluye varias disposiciones relativas a programas de erradicación cofinanciados con fondos comunitarios.

La Decisión 90/424/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario(1), prevé la posibilidad de una participación financiera de la Comunidad para la erradicación y vigilancia de las enfermedades de los animales, así como para los controles de prevención de las zoonosis. Cada año, los Estados miembros presentan programas para la erradicación

de las enfermedades de los animales y la prevención de las zoonosis en sus países. Si del examen de los programas se deriva que éstos son conformes a la Decisión 90/638/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, por la que se establecen los criterios comunitarios aplicables a las medidas de erradicación y vigilancia de determinadas enfermedades de los animales(2), la Comisión los aprueba y se determina el porcentaje de participación financiera comunitaria.

Por medio de la Decisión 200/774/CE de la Comisión, de 30 de noviembre de 2000, se aprueban los programas de erradicación y vigilancia de enfermedades animales, así como de prevención de zoonosis, presentados para el año 2001 por los Estados miembros(3). El artículo 48 de la Decisión establece que la contribución financiera comunitaria a los programas estará sujeta a requisitos relacionados con la legislación nacional, y fija el calendario de presentación de informes a la Comisión. Estos informes incluyen el informe provisional técnico y financiero, los informes intermedios que deben elaborarse al final de cada período y el informe final, que se presentará el 1 de junio de 2002 a más tardar, sobre la ejecución técnica del programa, con los justificantes de los gastos realizados y de los resultados obtenidos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001.

Las autoridades españolas remitieron en el plazo adecuado la evaluación preliminar y técnica de los programas aprobados, así como los informes intermedios. El informe final, incluida la información relativa a todo el año 2001 debe remitirse el 1 de junio de 2002 a más tardar. La evaluación final de los programas españoles se hará a la luz de este último informe e incluirá un examen detallado de los asuntos expuestos por Su Señoría.

El reembolso de los fondos también está sujeto a la evaluación que llevará a cabo la Comisión de los informes de la Oficina Alimentaria y Veterinaria, responsable de realizar inspecciones in situ, las inspecciones financieras llevadas a cabo por la Comisión y el resultado de las visitas del grupo de acción para los programas de erradicación.

La legislación mencionada anteriormente contiene las medidas comunitarias previstas en caso de incumplimiento de los aspectos pertinentes de los programas de erradicación (artículo 24 de la Decisión 90/424/CEE del Consejo y artículo 52 de la Decisión 2000/774/CE de la Comisión); estas medidas están relacionadas con la contribución financiera de la Comunidad.

(1) DO L 224 de 18.8.1990.

(2) DO L 347 de 12.12.1990.

(3) DO L 308 de 8.12.2000.