PREGUNTA ESCRITA E-2338/99

de Ioannis Marínos (PPE-DE) a la Comisión

(13 de diciembre de 1999)

Asunto: Libre circulación de capitales en el sector de la salud

A las puertas del nuevo siglo, la prestación de servicios sanitarios adquiere toda su importancia. Sé que en estos momentos no existe una política sanitaria unificada en la UE. También sé que esto, a pesar de las dificultades, será realidad algún día.

Se pide a la Comisión que facilite información sobre los siguientes puntos:

- ¿Pueden establecerse limitaciones del tipo que sea a la libre circulación de capitales en el sector de la prestación de servicios sanitarios en la UE? ¿Puede un Estado miembro establecer límites cuantitativos a través de programas sanitarios o promover regulaciones preferentes en cuanto a la dotación de los centros sanitarios, o hacer posible que cualquier ciudadano de los Estados miembros de la UE sea atendido en el ámbito de la prestación de servicios sanitarios?

- La libre circulación de capitales y personas también abarca a las organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro, como por ejemplo, las organizaciones religiosas. ¿Puede cualquier credo religioso establecer una o varias clínicas en el Estado miembro que desee?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(2 de febrero de 2000)

La pregunta de Su Señoría atañe a distintas libertades del mercado interior: la libre circulación de capitales (artículo 56 antiguo artículo 73 B del Tratado CE), el derecho de establecimiento (artículo 43 antiguo artículo 52), la libre circulación de servicios (artículo 49 antiguo artículo 59) y la libre circulación de trabajadores (artículo 39 antiguo artículo 48).

Por lo que se refiere a los servicios sanitarios, la libre circulación de capitales es una libertad establecida por el Tratado CE y que se aplica esencialmente a todos los tipos de inversiones que puedan hacerse en empresas que ejerzan su actividad en este sector concreto (es decir: inversiones directas y de cartera en este tipo de empresas). Si bien es verdad que existe la posibilidad de imponer a dichas inversiones algunas medidas discriminatorias invocando las excepciones previstas en el Tratado CE (como orden público, seguridad pública o salud pública), su compatibilidad con las disposiciones del Tratado sólo se puede evaluar tras haber analizado en profundidad las medidas. Además, también puede haber medidas no discriminatorias que limiten las inversiones en empresas que ejerzan su actividad en el sector de los servicios sanitarios, siempre que dichas medidas reúnan cuatro condiciones básicas. Deben aplicarse de forma no discriminatoria, tienen que estar justificadas por necesidades imperiosas de interés general, deben ser adecuadas para garantizar el logro del objetivo que persiguen y no deben ir más allá de lo necesario para conseguir dicho objetivo. Una vez más, la compatibilidad de estas medidas sólo se puede evaluar realizando un análisis detallado de las medidas de que se trate.

Las disposiciones y principios arriba citados se aplican igualmente a organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro, como, por ejemplo, entidades religiosas. Por lo que se refiere a las entidades religiosas, también disfrutan de la libre circulación de capitales instituida en el Tratado CE, pero sólo en la medida en que dicha libertad no esté limitada por medidas nacionales que puedan estar justificadas por motivos de seguridad pública, orden público, salud pública o, de forma más general, consideraciones de interés general, como se explica más arriba.

En cuanto al derecho de establecimiento y a la libre circulación de servicios, los Estados miembros pueden incluir restricciones en la normativa nacional siempre que las medidas nacionales puedan justificarse por los motivos indicados en el artículo 46 (antiguo artículo 56) del Tratado CE (orden público, seguridad pública y salud pública) o motivos superiores relacionados con el interés público y que no sean desproporcionadas para lograr el objetivo que el Estado miembro quiera alcanzar en este contexto. El derecho de establecimiento se concede a todo agente económico que ejerza una actividad lucrativa, esté establecido en la Unión y desee establecerse en otro Estado miembro. La libre prestación

de servicios se aplica tanto a los agentes económicos establecidos en un Estado miembro y que desean prestar un servicio transfronterizo sin tener que establecerse, como a los destinatarios de los servicios (por ejemplo, los pacientes que reciben servicios sanitarios).

Las disposiciones nacionales según las cuales los hospitales no deben tener ánimo de lucro son compatibles con el Tratado CE. El Tribunal de Justicia ha confirmado este principio, ya establecido en el apartado 2 del artículo 48 (antiguo artículo 58) del Tratado CE, en el Asunto Sodemare (Asunto C-70/95, sentencia de 17.6.1997, Rec. I 3395). Otras restricciones deben examinarse desde la perspectiva de la jurisprudencia del Tribunal en el Asunto Kohll (C-158/96, sentencia de 28.4.1998, Rec. I 1931), en el que se hace referencia a consideraciones relacionadas con la salud pública y, más concretamente, a la necesidad de mantener un servicio médico y hospitalario equilibrado y abierto a todos, así como a razones específicas e imperiosas de interés público unidas a la necesidad de evitar socavar la viabilidad económica del sistema de seguridad social en cuestión. De producirse restricciones cuantitativas o acuerdos preferenciales, deben ser compatibles con estas exigencias. En cualquier caso, no pueden dar lugar, de iure o de facto, a que se produzca una discriminación entre ciudadanos de la Unión.

En cuanto a la posibilidad que tienen los ciudadanos de la Unión de ejercer actividades económicas en el sector de los servicios sanitarios acogiéndose al artículo 39 (antiguo artículo 48) del Tratado CE, corresponde a los Estados miembros establecer las condiciones de empleo. Sin embargo, las normas nacionales deben ajustarse al ordenamiento jurídico comunitario y, más concretamente a las Directivas 89/48/CEE(1) y 92/51/CEE(2) del Consejo, relativas a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales, y las Directivas 77/452/CEE(3), 78/686/CEE(4), 80/154/CEE(5), 85/433/CEE(6) y 93/16/CEE(7) del Consejo, destinadas a facilitar el reconocimiento mutuo de la titulación de enfermeros responsables de cuidados generales, odontólogos, matronas, farmacéuticos y médicos, respectivamente.

(1) DO L 19 de 24.1.1989.

(2) DO L 209 de 24.7.1992.

(3) DO L 176 de 15.7.1977.

(4) DO L 233 de 24.8.1978.

(5) DO L 33 de 11.2.1980.

(6) DO L 253 de 24.9.1985.

(7) DO L 165 de 7.7.1993.