PREGUNTA ESCRITA E-0398/03

de Karl von Wogau (PPE-DE) a la Comisión

(17 de febrero de 2003)

Asunto: Posibilidades de trabajo para profesores de nacionalidades distintas de la griega y centros de buceo de ciudadanos de otros países de la UE en Grecia

¿Sabe la Comisión que Grecia está intentando por medio de diversas disposiciones restringir el ejercicio profesional de profesores de buceo extranjeros y el funcionamiento de los centros de submarinismo dirigidos por ciudadanos de otros países? ¿Considera la Comisión que ello es conforme con la libre circulación en la Unión Europea?

¿Es conforme con la libre circulación el que barcos con una eslora no superior a 10 metros sólo puedan ser utilizados comercialmente por ciudadanos no griegos (en el marco de la explotación de un centro de buceo) cuando el 51 %, como mínimo, de la empresa propietaria pertenezca a un ciudadano griego?

¿Es acorde con el principio de libre circulación que en Grecia sólo reciba un permiso de trabajo quien pase un examen de griego que se convoca en primavera en un lugar concreto de Grecia?

¿Sabe la Comisión que en Grecia no se reconocen los diplomas PADI de profesores de buceo, ampliamente difundidos a escala internacional, aunque ello sería legalmente posible?

¿Es conforme con el principio de libre circulación que en Grecia no se reconozcan los internacionalmente aceptados títulos de patrón de embarcación See obtenidos en otros países?

Preguntas como las que preceden surgen cuando un ciudadano no griego trata de explotar como profesor un centro de buceo en Grecia. En el caso que nos interesa, se trata del gestor alemán de un centro de submarinismo en Grecia que lleva 30 años ejerciendo allí. Se encuentra cada vez con nuevas trabas para ejercer su trabajo. Las condiciones han empeorado sobre todo desde que Grecia forma parte de la Comunidad.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(15 de abril de 2003)

En lo que respecta a la libre circulación de los trabajadores en otros Estados miembros (artículo 39 del Tratado CE), la Comisión desea señalar en primer lugar que los ciudadanos de otros Estados miembros no necesitan permiso de trabajo. El Derecho comunitario establece únicamente que los Estados miembros deben conceder a los trabajadores migrantes un permiso de residencia como prueba del derecho de residencia que acompaña al derecho a trabajar en otro Estado miembro.

La capacidad de comunicarse es, sin duda, importante para los trabajadores migrantes y, por tanto, puede exigirse un determinado nivel de conocimientos lingüísticos para un trabajo; no obstante, el Tribunal de Justicia ha sostenido que cualquier requisito lingüístico debe ser razonable y necesario para el trabajo en cuestión y no debe utilizarse como excusa para excluir a trabajadores de otros Estados miembros(1). El empleador tiene que justificar la necesidad de cualquier requisito lingüístico.

En cualquier caso, si bien los empleadores (ya sean públicos o privados) pueden requerir que el candidato a un empleo tenga conocimientos lingüísticos de un determinado nivel según la situación de que se trate, no pueden exigir únicamente una cualificación específica como prueba. El Tribunal ha sostenido que la imposibilidad en un Estado miembro de acreditar los conocimientos lingüísticos de cualquier otro modo, especialmente mediante una capacitación equivalente obtenida en otros Estados miembros, constituye una discriminación por razón de la nacionalidad contraria al artículo 39 del Tratado CE, que prevé el derecho a la libre circulación de los trabajadores(2). La Comisión opina, por lo tanto, que un empleador griego no puede exigir a un posible empleado que pase una prueba lingüística específica en Grecia para contratarlo.

En cuanto a la libertad de establecimiento (artículo 43 del Tratado CE) y a la libre prestación de servicios (artículo 49 del Tratado CE), la cuestión de la acreditación de los conocimientos lingüísticos en el caso de los profesores de buceo y de los gestores de centros de buceo no griegos en Grecia es objeto de un procedimiento de infracción, que actualmente se encuentra en la fase de una carta complementaria de emplazamiento.

En el contexto de este procedimiento, la Comisión sigue examinando con las autoridades griegas la objetividad y proporcionalidad de todos los aspectos de los requisitos lingüísticos, incluidos los relativos a la frecuencia y lugar de realización de las pruebas lingüísticas que deben ofrecerse en Grecia.

La Comisión está obviamente dispuesta a examinar estas cuestiones sobre la base de cualquier otra información que Su Señoría pudiera proporcionar.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia(3), el artículo 43 del Tratado CE se opone a un requisito que exige una nacionalidad determinada para las personas físicas que sean propietarios o fletadores de un buque y, en el caso de una sociedad, para quienes poseen su capital social y para sus administradores.

La Comisión recuerda, además, que Grecia ya fue objeto de una condena por el Tribunal de Justicia(4) por haber mantenido en vigor disposiciones legales que reservan el derecho a la matriculación en los registros griegos únicamente a los buques que pertenezcan en un porcentaje superior al 50 % a nacionales griegos o a personas jurídicas de esta misma nacionalidad cuyo capital social pertenezca a nacionales griegos en esta misma proporción.

La Comisión ha recibido recientemente algunas denuncias referentes al reconocimiento de diplomas de buceo en Grecia. En lo que respecta concretamente a los diplomas PADI, al tratarse de una organización internacional con sede en los Estados Unidos, las cualificaciones que concede son diplomas de un tercer país cuyo reconocimiento es competencia exclusiva de las autoridades griegas. Sin embargo, si los diplomas PADI se han reconocido en otro Estado miembro, debe aplicarse el sistema general de reconocimiento (Directiva 92/51/CEE(5) modificada por la Directiva 2001/19/CE(6)) a condición de que sus titulares de la UE tengan la experiencia en la Unión que exige esta Directiva.

Los mismos principios deben aplicarse también a los diplomas internacionalmente reconocidos de patrón de embarcación cuando sean diplomas de un tercer país. No obstante, la Comisión no tiene conocimiento en la actualidad de ningún problema específico en este ámbito en Grecia.

(1) Asunto 379/87, Groener REC [1989], 3967.

(2) Asunto C-281/98, Angonese REC [2000] I-4139.

(3) TJCE, sentencia de 25 de julio de 1991, C-221/89, The Queen contra Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd y otros, apartado 30.

(4) TJCE, sentencia de 27 de noviembre de 1997, C-62/96, Comisión contra República Helénica.

(5) Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE, DO L 209 de 24.7.1992.

(6) Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2001, por la que se modifican las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE del Consejo, relativas al sistema general de reconocimiento de las calificaciones profesionales, y las Directivas 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE y 93/16/CEE del Consejo, relativas a las profesiones de enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona, arquitecto, farmacéutico y médico.