PREGUNTA ESCRITA P-0348/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(6 de febrero de 2003)

Asunto: Creación de una sociedad anónima del Municipio de Roma Posibilidad de conflicto entre interés público e interés empresarial

La reciente propuesta de decisión del Concejo de Roma relativa a la posibilidad de crear una sociedad anónima que retome todas las participaciones que el Municipio todavía posee en las 83 empresas que controla, plantea numerosas dudas en cuanto a la actividad de dichas empresas y su legitimidad con arreglo a las normas del Derecho comunitario relativas a los contratos de servicios públicos.

Las empresas mencionadas prestan, entre otras cosas, algunos servicios de interés general como el transporte urbano e interurbano, la recogida y eliminación de residuos, el suministro de recursos hídricos. La sociedad anónima de futura creación debería encargarse de la coordinación estratégica y de la racionalización de las actividades de las empresas controladas.

En realidad, al analizar el estatuto, se constata que el objetivo de la sociedad anónima, además de estar descrito en términos generales, sumamente vagos y globales, también consiste en desempeñar servicios por cuenta del Municipio de Roma entre los cuales, precisamente debido al carácter general de la descripción, también pueden quedar incluidos los servicios públicos que, en consecuencia, se asignarían a esta misma sociedad en virtud de una cláusula estatutaria y no mediante la necesaria licitación prevista por la normativa comunitaria (Directiva 92/50/CEE(1) relativa a los contratos de suministro y Directiva 97/52/CE(2) relativa a los contratos de servicios).

Además, el hecho de transferir a una sociedad anónima el control que anteriormente ejercía el Municipio requiere mayor cautela respecto de principios confirmados por el Tribunal de Justicia (véanse, entre otros, los asuntos C 126/01 y C/280/00) como la igualdad de trato y la calidad y continuidad de los servicios, puesto que se pretende pasar de una personalidad jurídica de Derecho público, cuya finalidad institucional es la salvaguardia de estos principios, en cuyo nombre se actúa en régimen privilegiado, a una personalidad jurídica de Derecho privado, cuya finalidad institucional es la gestión patrimonial de la cartera de acciones, y que actuaría en régimen privilegiado, sin especiales garantías para el mercado.

Visto lo anteriormente expuesto y considerando, además, que la creación de esta sociedad anónima plantea otras dudas que se exponen en dos preguntas que siguen a la presente (Presunta violación de las normas de competencia y Dudas respecto de la conformidad con la legislación relativa a los servicios públicos);

1. ¿Podría decir la Comisión si no considera que el proyecto descrito es contrario a las normas que regulan los contratos públicos?

2. ¿Qué opina, vistas las observaciones que anteceden, de la yuxtaposición del instrumento privado y de la finalidad pública de la mencionada sociedad anónima?

(1) DO L 209 de 24.7.1992, p. 1.

(2) DO L 328 de 28.11.1997, p. 1.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(11 de marzo de 2003)

Ante todo, la Comisión desea comunicar a Su Señoría que tiene conocimiento de la existencia, en la legislación italiana en materia de servicios públicos locales, de un determinado número de problemas de incompatibilidad con el Derecho comunitario de contratos públicos y concesiones. Dicha legislación está siendo en la actualidad objeto de un procedimiento de infracción, en el marco del cual la Comisión acaba de enviar una carta de emplazamiento complementaria al gobierno italiano.

En cuanto al problema específico de la creación de una sociedad anónima a la que se transferirían las participaciones que un poder adjudicador posee en varias sociedades controladas, la Comisión considera que la gestión de dichas participaciones a través de una sociedad anónima propiedad de ese mismo poder adjudicador, si bien podría influir en la calidad de la relación de dichas sociedades con este último, no constituye, en sí mismo, un elemento decisivo a la hora de evaluar si la adjudicación de servicios en favor de dichas sociedades controladas es compatible con el Derecho comunitario de contratos públicos y concesiones.