PREGUNTA ESCRITA P-0908/03

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(18 de marzo de 2003)

Asunto: Detención de un estudiante griego en el Reino Unido

Las autoridades inglesas detuvieron y encarcelaron al estudiante griego residente en el Reino Unido Haralambos Dousemertzis amparándose en la ley antiterrorista británica. De acuerdo con lo que ha publicado la prensa, la acusación se refiere a la posesión y distribución de material de propaganda; el Gobierno griego ha considerado inaceptable la falta de explicaciones por parte de las autoridades del Reino Unido.

Los supuestos delitos cometidos por el estudiante griego no figuran en el artículo 1 de la Decisión 2002/475/JAI(1) del Consejo de la Unión Europea de 13 de junio de 2002 sobre la lucha contra el terrorismo, en el que se relacionan en detalle los actos que se consideran delitos de terrorismo. Además, de acuerdo con lo que establece el artículo 9 en cuanto a la competencia y las acciones penales, el delito del que se acusa a este estudiante corresponde a la jurisdicción de más de un Estado miembro, al tratarse de su apoyo a la organización 17 de noviembre, que actúa exclusivamente en Grecia, y ser el acusado ciudadano griego.

¿Cómo piensa actuar la Comisión para que la decisión del Consejo a que se ha hecho referencia se aplique y para proteger los derechos de este estudiante griego?

(1) DO L 164 de 22.6.2002, p. 3.

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(10 de abril de 2003)

La Decisión marco 2002/475/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la lucha contra el terrorismo, enumera los comportamientos que deben considerarse como terroristas y no prohíbe la incriminación a este respecto de otros comportamientos por un Estado miembro de acuerdo con su legislación nacional, siempre que ésta no sea incompatible con dicha Decisión marco.

En la medida en que los hechos de que se acusa a la persona son competencia de más de un Estado miembro, el apartado 2 del artículo 9 de la Decisión prevé que los Estados miembros cooperarán para decidir cuál de ellos perseguirá a los autores de la infracción con el objetivo de centralizar en la medida de lo posible las actuaciones judiciales en un único Estado miembro. También prevé que los Estados miembros pueden recurrir a todo órgano o mecanismo instituido en la Unión Europea. En tal caso las autoridades griegas podrían dirigirse a la Red Judicial Europea o a Eurojust.

El plazo de transposición de la Decisión marco era el 31 de diciembre de 2002. Por supuesto que el respeto de los derechos de la defensa, de acuerdo con el conjunto de instrumentos jurídicos pertinentes, es el corolario de aplicación de la Decisión, tal como se recuerda en el apartado 2 de su artículo 1.

No obstante la Comisión, aunque muy atenta al respeto del Estado de Derecho y las libertades fundamentales, no es competente para implicarse en un procedimiento judicial individual.

En último lugar hay que destacar que cuando una persona considera que sus derechos fundamentales han sido lesionados, la posibilidad de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras haber agotado las vías judiciales internas, le ofrece la garantía de una protección de último recurso.