PREGUNTA ESCRITA E-0363/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(12 de febrero de 2003)

Asunto: Sociedad anónima del municipio de Roma denominada Newco Dudas acerca de la conformidad con la normativa sobre los servicios públicos

El Concejo municipal de Roma ha presentado recientemente una propuesta de decisión que tiene por objeto la constitución de una sociedad anónima a la que confiar la gestión única de todas las sociedades en las que participa el municipio de Roma, muchas de las cuales desempeñan actualmente actividades enmarcadas en la categoría de los servicios de interés general.

La participación del municipio de Roma en estas sociedades es particularmente importante, e incluso en algunas posee el control absoluto, hasta tal punto que constituyen en su conjunto un Grupo societario denominado Gruppo Comune di Roma. Este hecho debería garantizar la consecución del interés público y justificar la concesión de derechos especiales o exclusivos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la constitución de dicho grupo.

No obstante, la operación programada por el Concejo municipal está destinada a ceder todas las acciones en posesión del municipio de Roma a una nueva sociedad que, con una participación del municipio del 97 %, prevé un mecanismo de toma de decisiones sobre las acciones fundamentales en las que no participa el Concejo municipal. En este caso, el accionista que representa al municipio de Roma debería ser designado por el alcalde y, contrariamente a lo que

establecen las letras e) y l) del artículo 42 del Texto único sobre el ordenamiento de las entidades locales (DL 267/2000), en virtud de las cuales las decisiones relativas a las acciones fundamentales en materia de servicios públicos deben ser aprobadas por el Concejo municipal, el alcalde constituiría así el único elemento de control público en la sociedad de gestión.

En vista de lo anterior y teniendo en cuenta la creciente atención que la Comisión dedica a la mejora de la calidad de los servicios generales en Europa (véase el informe COM(2001) 598, la comunicación COM(2002) 580 y las numerosas decisiones en esta materia, entre las cuales se encuentra la C(2002) 1684), se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Responde la mencionada operación a los criterios y las obligaciones previstos para la calidad de los servicios generales?

2. ¿Respeta el estatuto de la sociedad que se pretende constituir la obligación de transparencia, prioritaria en este sector y, más concretamente, en lo que respecta a los responsables de la toma de decisiones?

3. ¿Se infringe el artículo 16 del Tratado CE relativo a los principios y condiciones que permiten a los servicios públicos cumplir su cometido?

Respuesta del Presidente Prodi en nombre de la Comisión

(21 de marzo de 2003)

En su Comunicación sobre los servicios de interés general en Europa(1) a la que se refiere Su Señoría, la Comisión resaltó que los Estados miembros tienen un margen amplio para definir lo que consideran como servicio de interés económico general y cómo debe prestarse. A falta de normas comunitarias específicas, estos temas son decididos ante todo y principalmente por las autoridades nacionales, regionales o locales competentes. Esto también implica que el Derecho comunitario no cuestiona si las empresas responsables de los servicios de interés general deben ser públicas o privadas.

El caso descrito por Su Señoría parece estar cubierto por este principio, que es también lo que subyace en el artículo 16 del Tratado CE. En especial la Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas(2), solamente aborda las relaciones financieras entre empresas públicas y poderes públicos y la contabilidad de ciertas empresas pero no cubre el proceso de toma de decisiones interno de las empresas.

(1) COM(2000) 580 final.

(2) DO L 195 de 29.7.1980, tal como fue modificada en último lugar por la Directiva 2000/52/CEE de la Comisión de 26 de julio de 2000, DO L 193 de 29.7.2000.