PREGUNTA ESCRITA E-2315/01

de Erik Meijer (GUE/NGL) y Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(31 de julio de 2001)

Asunto: Facilidades para funcionarios que deseen poner por escrito información que permita a la Comisión rectificar irregularidades

1. ¿De qué facilidades disponen los funcionarios que tengan conocimiento de irregularidades dentro de los servicios pertenecientes al ámbito de responsabilidad de la Comisión y que, dentro del respeto de las normas existentes, deseen contribuir a que la Comisión pueda conocer de dichas irregularidades? ¿Pueden beneficiarse los funcionarios en tales situaciones de una excedencia suficiente de sus actividades corrientes y disponer de un espacio laboral separado y facilidades que les permitan efectuar esta tarea excepcional?

2. ¿Permite la Comisión que los directores con la intención comprensible de proteger las actividades corrientes dentro de su servicio y permitir la máxima eficacia de su personal de cara a las propias tareas formulen objeciones, en relación con uno de sus colaboradores, contra el inventariado y la comunicación a la Comisión de las irregularidades que conozcan, también en caso de que los directores de otras unidades pertinentes para esta investigación estén convencidos de la importancia del destino temporal del funcionario en cuestión a actividades excepcionales? ¿Acepta la Comisión que de esa manera los directores supediten el interés superior de la limpieza de las instituciones de la Unión Europea en su conjunto al interés de su servicio?

3. ¿Está dispuesta la Comisión a hacer lo necesario para que se acceda a la mayor celeridad a la solicitud que le dirigieron el 12 de julio de 2001, mediante carta, ocho diputados al Parlamento Europeo de diferentes Estados miembros y grupos políticos para que se concediesen en un caso concreto a un funcionario suficientes facilidades a fin de aclarar plenamente, antes del 1 de septiembre de 2001, problemas, tanto antiguos como nuevos?

4. ¿Está dispuesta la Comisión a procurar que, en caso de que no se pueda tomar una decisión positiva en este asunto a consecuencia de las ausencias durante el período estival, se pongan a disposición del funcionario en cuestión, tan pronto como sea posible, el tiempo y las facilidades solicitados?

5. ¿Está dispuesta la Comisión a procurar que también en casos futuros se encuentre una solución flexible para resolver tales problemas y darles suficiente publicidad dentro de los servicios, para evitar de esa manera que los funcionarios se arredren por comunicar a tiempo a la Comisión o la OLAF algo que consideren una verdad inquietante?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(15 de noviembre de 2001)

Con relación a la parte 3 de la pregunta, debe recordarse que el Vicepresidente Kinnock dio ya el 25 de julio una extensa respuesta a la carta de sus Señorías del día 12 anterior, y que en esa misma fecha se enviaron copias de la respuesta a los Srs. Meijer y Staes y a otros seis miembros del Parlamento. Como contestación al resto de la pregunta, se ofrece ahora a sus Señorías información sobre las disposiciones y políticas aplicables, así como algunas respuestas expresas:

El artículo 2 de la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom, de 28 de abril de 1999, por la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)(1), establece como función de esta Oficina la investigación de los casos de fraude y corrupción o de cualquiera otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Comunidad Europea. La obligación de presentar pruebas de esos casos y las reglas para el cumplimiento de tal obligación se regulan con toda claridad en el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Tanto éste como el Reglamento (Euratom) no 1074/1999 del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)(2), vienen a confirmar que esta Oficina debe ejercer las facultades de investigación que confieren a la Comisión la normativa comunitaria y los acuerdos vigentes en la materia.

Este marco legal establece claramente que la investigación de los casos en que se sospeche alguna forma de irregularidad debe corresponder a la OLAF, y no al funcionario que informe del caso.

La Decisión 1999/396/CE, CECA, Euratom, de 2 de junio de 1999, relativa a las condiciones y las modalidades de las investigaciones internas en materia de lucha contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses de las Comunidades(3), fue adoptada por la Comisión en total consonancia con el Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)(4).

Esta Decisión requiere que los miembros del personal informen de las posibles irregularidades observadas, y garantiza que las personas que cumplan este deber de buena fe no sufran un trato injusto o discriminatorio por el hecho de haber facilitado esa información.

Respondiendo a la parte 1 de la pregunta, debe indicarse que, cuando un miembro del personal requiere unas facilidades y un plazo razonables para poder atender a la carga de la prueba, la regla es que la Comisión se los conceda. Así ocurrió en el caso al que parecen referirse sus Señorías: el funcionario en cuestión quedó eximido de sus obligaciones normales más de seis semanas y dispuso de las facilidades y del equipo necesarios para la elaboración de su informe.

El artículo 2 de la Decisión 1999/396/CE, CECA, Euratom dispone en su párrafo primero que Todo funcionario o agente de la Comisión que llegue a tener conocimiento de hechos que permitan presumir la existencia de posibles casos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses de las Comunidades, o de hechos graves, ligados al desempeño de actividades profesionales, potencialmente constitutivos de un incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y agentes de las Comunidades, que pueda dar lugar a diligencias disciplinarias y, en su caso, penales, o un incumplimiento de las obligaciones análogas de los miembros de la Comisión, de los miembros de su personal no sometidos al Estatuto, o de los funcionarios de las Comunidades Europeas o al Régimen aplicable a otros agentes de las mismas, lo comunicará inmediatamente a su Jefe de Servicio o a su Director General o, si lo considera oportuno, a su Secretario General, o directamente a la Oficina.

El párrafo segundo, por su parte, establece que El Secretario General, los Directores Generales y Jefes de Servicio de la Comisión transmitirán inmediatamente a la Oficina cualquier hecho del que lleguen a tener conocimiento y que permita presumir la existencia de irregularidades contempladas en el párrafo primero.

Como se desprende de estas disposiciones, y en respuesta a la parte 5 de la pregunta, hay que hablar hoy de una estructura normativa muy flexible dado que cualquiera que tenga sospechas bien fundadas de algún hecho irregular puede comunicárselas directamente a la OLAF junto con la documentación de la que disponga. Esta Oficina y, si procede, la Comisión garantizan caso por caso el trato confidencial de la identidad del funcionario que informe del caso.

La Comisión reconoce que los miembros del personal pueden tener ciertos temores a la hora de informar de las irregularidades observadas, y cree, por este motivo, que es preciso brindarles un asesoramiento imparcial y confidencial sobre los mejores medios de poner al descubierto, con seguridad y legitimidad, las posibles irregularidades detectadas. De acuerdo con esta creencia, en su documento consultivo sobre la sensibilización ante las irregularidades(5), la Comisión propuso, entre otras medidas, que se estableciera una función de asesoramiento y que esta función se atribuyera al servicio de mediación o a una nueva instancia creada para ese propósito. El uso de tal asesoramiento debería facilitarse por todos los medios pero no ser, en ningún caso, obligatorio.

(1) DO L 136 de 31.5.1999, p. 20.

(2) DO L 136 de 31.5.1999, p. 1 y 8.

(3) DO L 149 de 16.6.1999, p. 57.

(4) DO L 136 de 31.5.1999, p. 15.

(5) SEC(2000) 2078/6.