PREGUNTA ESCRITA E-3240/00

de Gabriele Stauner (PPE-DE) a la Comisión

(20 de octubre de 2000)

Asunto: Implicación de la empresa Fléchard en fraudes con mantequilla adulterada

El 6 de julio de 2000, la Comisión difundió un comunicado de prensa de su Oficina de lucha contra el fraude (OLAF), en el que se informaba acerca de un fraude con mantequilla adulterada.

Según esta información, miembros de la Camorra que opera en la zona de Nápoles han adulterado mantequilla en grandes cantidades durante varios años, comercializándola con la ayuda de empresas italianas, francesas y belgas.

Casi una tercera parte de la mantequilla adulterada estaba compuesta por aditivos químicos, grasas vegetales, grasa de vaca y otros aditivos que se utilizan normalmente en la fabricación de cosméticos. Entre 1997 y 1999 se elaboraron aproximadamente 16 000 toneladas de este producto adulterado.

La mantequilla alterada se exportó en parte a países terceros. Para ello se pagaron restituciones a la exportación con cargo al presupuesto comunitario. Otra parte se utilizó para la elaboración de productos de pastelería. Para ello se utilizaron también subvenciones procedentes del presupuesto comunitario.

1. ¿Puede confirmar la Comisión si la empresa Fléchard desempeñó un papel clave en la comercialización de la mantequilla adulterada, de acuerdo con los datos de las autoridades judiciales competentes francesas e italianas?

2. ¿Es cierto que el perjuicio ocasionado a la Comunidad por esta adulteración asciende a 45 millones de euros, como mínimo?

3. ¿Qué conclusiones se han extraído de este hecho en relación con la empresa Fléchard?

a) ¿Se ha incluido a esta empresa en la llamada lista negra (Reglamento no 1469/95)?

b) ¿Se han interrumpido todos los pagos a la empresa con cargo al presupuesto comunitario? En caso afirmativo, ¿desde cuándo? En caso negativo ¿por qué no?

c) ¿Se ha reclamado ya la devolución por la empresa de las restituciones a la exportación y otras subvenciones indebidamente pagadas? En caso afirmativo, ¿por qué valor? En caso negativo, ¿por qué no?

4. ¿Mantiene la Comisión su afirmación (carta de la miembro de la Comisión Sra. Schreyer de 5 de julio de 2000/D(2000)408) según la cual no puede hacer declaraciones acerca de los pagos efectuados a la empresa con cargo al presupuesto comunitario?

5. ¿No opina la Comisión que, dada la gravedad de los hechos que se reprochan a la empresa, es urgente y necesario proporcionar información detallada al respecto?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3240/00 y P-3478/00 dada por la Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(14 de diciembre de 2000)

Las autoridades de los Estados miembros están llevando a cabo las investigaciones relativas a la mantequilla adulterada en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra

el Fraude (OLAF). No se han extraído aún conclusiones definitivas respecto a la participación de las empresas investigadas en el fraude. Por lo que se refiere a los aspectos operativos, de acuerdo con las disposiciones del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)(1), corresponde a la OLAF informar al Parlamento, en el marco de sus contactos periódicos con las instituciones.

La Comisión señala que únicamente las autoridades competentes de los Estados miembros pueden adoptar medidas respecto de un operador que no se considere fiable, incluida la suspensión de pagos para operaciones en curso, e incluirlo en la lista negra, de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 1469/95 del Consejo, de 22 de junio de 1995, relativo a las medidas que deben adoptarse en relación con determinados beneficiarios de operaciones financiadas por la sección de Garantía del FEOGA y no 745/96 de la Comisión, de 24 de abril de 1996, por el que se establecen disposiciones de aplicación de este Reglamento(2). La OLAF recibe las comunicaciones correspondientes de los Estados miembros.

La Comisión recuerda que las ayudas en cuestión son gastos directamente gestionados por los Estados miembros y que a éstos corresponde reclamar las sumas indebidamente pagadas. La OLAF ha indicado que de momento no se ha procedido a la recuperación de las ayudas a nivel nacional. Previamente, han de determinarse exactamente las cantidades de productos no subvencionables y su destino final (con ayudas o sin ellas). Esta es también la razón por la que no se ha cuantificado el perjuicio causado al presupuesto comunitario.

La carta mencionada por Su Señoría indicaba que la Comisión no tiene acceso a la información detallada de los organismos de pago nacionales más allá del ejercicio de su derecho de control, y que, según la normativa comunitaria, estos datos deben recibir un tratamiento confidencial. En particular, los datos relativos a las empresas pueden constituir informaciones amparadas por el secreto comercial. Conviene a este respecto recordar también las disposiciones que protegen la confidencialidad y los datos individuales establecidas en el artículo 8 del Reglamento 1073/99.

La Comisión no dejará de informar al Parlamento de los resultados de las investigaciones en curso según las normas vigentes.

(1) DO L 136 de 31.5.1999.

(2) DO L 145 de 29.6.1995 y DO L 102 de 25.4.1996.