ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/637

(2004/C 88 E/0654)

PREGUNTA ESCRITA E-3220/03

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(31 de octubre de 2003)

Asunto: Normas de desarrollo del Reglamento financiero y Dirección General de Ampliación

Según las nuevas Normas de Desarrollo de la Comisión existe un límite para las operaciones de pago de 45 días «a partir de la fecha en la que se registre una solicitud de operación de pago admisible».

¿Podría detallar la Comisión cuándo la Dirección General de Ampliación ha incumplido este requisito? ¿Se ha llevado a cabo alguna auditoría en esta Dirección General desde que entraron en vigor las nuevas Normas de desarrollo el 1 de enero de 2003? En tal caso, ¿podría la Comisión proporcionar datos sobre los informes en relación con el intervalo de tiempo de los pagos realizados? ¿Qué procedimientos se llevan a cabo en la Dirección General de Ampliación para asegurar que los pagos se realizan dentro del plazo de 45 días?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(18 de diciembre de 2003)

La pregunta de Su Señoría se refiere a la aplicación del nuevo Reglamento Financiero en lo tocante a las disposiciones sobre plazos máximos de pago y auditorías en diversos servicios de la Comisión. Como Su Señoría sin duda sabrá, las normas en materia de plazos máximos de pago sólo se aplican a los compromisos jurídicos de la Comisión contraídos con posterioridad al 1 de enero de 2003. El antiguo Reglamento Financiero, aplicable hasta esa fecha, no contenía ninguna disposición específica en relación con los plazos en los que han de efectuarse los pagos.

En la actualidad, las normas en materia de plazos de pago se establecen en el artículo 106 de las Normas de Desarrollo del Reglamento Financiero (1). Por norma general, el plazo es de 45 días a partir de la fecha de registro de toda solicitud de pago admisible, o de 30 días cuando se trate de pagos relacionados con contratos de servicios o suministros.

En el apartado 3 del artículo 106 se establecen disposiciones complementarias relativas a los pagos correspondientes a contratos o convenios de subvención en virtud de los cuales, antes de realizar un pago, la Comisión deba aprobar un informe. El plazo de pago en tales casos no comienza a contar en tanto no se haya aprobado el informe. Si se trata de contratos de servicios técnicos particularmente complejos, el plazo para la aprobación del informe puede llegar a los 60 días.

Con arreglo al apartado 4 del artículo 106 de las Normas de Desarrollo, puede tomarse la decisión de suspender el plazo de pago cuando los documentos presentados no justifiquen la solicitud de pago o cuando la Comisión tenga dudas acerca de la admisibilidad de dicha solicitud. En tales casos, el plazo no comienza a correr nuevamente hasta que no se registre la solicitud de pago debidamente formulada. La Comisión considera que esta disposición es esencial para evitar los pagos indebidos y garantizar una buena gestión financiera.

La Dirección General de Ampliación de la Comisión hace cuanto está en sus manos para realizar los pagos en el menor plazo posible y cumpliendo con los requisitos impuestos por el nuevo Reglamento Financiero, en la medida en que los recursos humanos disponibles se lo permiten. Se han dado instrucciones claras a los funcionarios de todos los niveles, haciendo hincapié en la importancia de efectuar los pagos con prontitud y, en cualquier caso, dentro de los plazos establecidos por el Reglamento Financiero. El personal directivo viene prestando atención a este aspecto y se ha establecido un procedimiento de seguimiento mejorado para cerciorarse de que los pagos se realizan lo antes posible, sin perjuicio de una buena gestión financiera. Las cifras relativas a los plazos de pago registrados en la Dirección General de Ampliación serán enviadas directamente a Su Señoría.

(1) Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, EURATOM) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, DO L 357 de 31.12.2002.