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PREGUNTA ESCRITA E-0288/96 de Olli Rehn (ELDR) a la Comisión (15 de febrero de 1996)

Asunto: Ayuda a la construcción de la autopista de la Costa del Sol

En España se encuentra en vías de construcción la autopista de peaje de la Costa del Sol, en cuya financiación participa, según tengo entendido, la UE. De acuerdo con las informaciones que he recibido, el trazado de la vía aprobado por el Ministerio de Transportes español dividirá en dos a la población de Calahonda, de 18.000 habitantes, perteneciente al municipio de Mijas. El trazado previsto arruinará el valor de la población, dañará el entorno y los equipamientos urbanos y ocasionará un aumento de los ruidos y de la contaminación. En Calahonda viven muchos europeos procedentes de otros países que están muy preocupados ante la obstinación del Ministerio de Transportes español. El ayuntamiento de Mijas ha propuesto un trazado alternativo, igualmente bueno desde el punto de vista funcional de la autopista, pero que evitaría la desintegración de la población así como importantes problemas ambientales.

Dado que la UE participa en la financiación de la autopista que atravesará Calahonda, ¿puede indicar la Comisión si se ha realizado un estudio del impacto ambiental de la autopista y si es apropiado que la Unión participe en un proyecto que no se atiene a los objetivos de los Fondos estructurales, como la defensa del desarrollo sostenible desde el punto de vista comunitario y ambiental?

Respuesta complementaria de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (8 de julio de 1996)

Como complemento a su respuesta de 9 de abril de 1996 ((DO C 217 de 26.7.1996, p. 20. )), la Comisión comunica a Su Señoría que las autoridades españolas han respondido a la solicitud de información sobre los datos referidos en la pregunta que nos ocupa.

El proyecto de autopista de peaje «Costa del Sol», tramo Málaga-Estepona, se sometió al procedimiento de evaluación de impacto ambiental con arreglo a la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente ((DO L 175 de 5.7.1985. )). En consideración a las numerosas alegaciones presentadas con motivo de la consulta pública prevista por la citada Directiva, se efectuó un estudio complementario del proyecto. La población afectada también ha podido manifestar su punto de vista sobre dicho estudio. La declaración de impacto ambiental del proyecto, con las correspondientes medidas correctoras, se publicó en España, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 28 de septiembre de 1994.

Tomando como base los datos disponibles, la Comisión no considera que el proyecto infrinja las disposiciones de la Directiva en cuestión.
PREGUNTA ESCRITA E-1836/96 de James Provan (PPE) a la Comisión (5 de julio de 1996)

Asunto: Convergencia entre el Derecho comercial de la OMC y la UE

A la vista de la reciente decisión de la OMC, en el conflicto sobre la gasolina entre los EE.UU y Venezuela, de que el objetivo de las medidas comerciales no tiene que ser necesaria o fundamentalmente la conservación de un recurso natural agotable, pero que deben perseguir «primordialmente» tal conservación, ¿podría indicar la Comisión si existe tal norma jurídica en la jurisprudencia de la UE y, caso de no ser así, si existe una norma equivalente?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (23 de julio de 1996)

Aunque existe un cierto paralelismo entre las excepciones generales al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, según se establece en el articulo XX de dicho Acuerdo y las excepciones mencionadas en el artículo 36 del Tratado CE, no existe una equivalencia directa en el artículo 36 para la excepción de «...medidas relativas a la conservación de los recursos naturales agotables...» del artículo XX (g) del GATT. Además de las excepciones del artículo 36, el Tribunal de Justicia, comenzando con su sentencia en el Asunto 120/78 (Cassis de Dijon) ((RTJ 1979, p. 649. )) ha desarrollado una doctrina según la cual los Estados miembros, en circunstancias específicas, podrán adoptar medidas con arreglo a los «requisitos básicos» relativos entre otros a la protección del medio ambiente. Dichas excepciones para los «requisitos básicos» para la protección del medio ambiente es probablemente lo que más se acerque a la excepción del artículo XX (g) del GATT.

No obstante, en general habría que tener mucha cautela al establecer paralelismos entre las excepciones al Tratado CE, contenidas en el Tratado o derivadas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y las excepciones al GATT. Las excepciones tienen un alcance distinto. El artículo 36 se refiere únicamente a la prohibición de restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente, mientras que el artículo XX hace referencia al GATT en su conjunto. El contexto -una Unión Aduanera y un tratado de mercado único frente a un acuerdo general sobre comercio- es totalmente diferente, y obviamente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia está mucho más desarrollada que las relativamente escasas decisiones y recomendaciones de los grupos de expertos del GATT y la única decisión hasta ahora del organismo de apelación. Además, ciertamente no era la intención de los negociadores del acuerdo de Marrakech crear un mercado interno mundial de un plumazo. El asunto que se plantea en la pregunta debe más bien dejarse de momento a la investigación académica.
PREGUNTA ESCRITA E-0771/96 de Ole Krarup (EDN) a la Comisión (1 de abril de 1996)

Asunto: Directiva (85/337/CEE) relativa a la repercusión de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente

La Directiva (85/337/CEE) ((DO L 175 de 5.7.1985, p. 40. )) relativa a la repercusión de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente prevé una serie de investigaciones y consultas relativas a los proyectos que pueden suponer una carga para el medio ambiente. ¿Opina la Comisión que estos requisitos son jurídicamente obligatorios para las autoridades nacionales?

En la práctica, resulta poco claro

- si es conforme a la directiva el hecho de que el constructor presente cálculos provisionales relativos a las repercusiones sobre el medio ambiente antes de obtener los resultados de mediciones definitivas y fiables (apartado 2 del artículo 5),

- si las consultas se pueden considerar suficientes, mientras los datos definitivos no estén incluidos en el material sobre el que se basa la consulta,

- si se puede autorizar el comienzo de las obras aunque el proyecto (o partes del mismo) no cuente, de conformidad con la mencionada directiva, con la aprobación de una o varias autoridades,

- si la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente se puede posponer hasta después de la obtención de la aprobación del proyecto e incluirla como condición de la misma.

¿Existe, en opinión de la Comisión, en estos casos infracción de la Directiva y se puede recurrir en caso de infracción por la vía judicial?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (24 de mayo de 1994)

Como todas las directivas destinadas a los Estados miembros, la Directiva 85/337/CEE es vinculante para todos los Estados miembros en cuanto a los resultados que se deben alcanzar, pero deja entera libertad a las autoridades nacionales en cuanto a la forma y métodos empleados para ello.

Cuando, en virtud de la Directiva 85/337/CEE es necesario un estudio de evaluación del impacto ambiental, es obligatoria su realización previa a la concesión del permiso de obras correspondiente al proyecto de que se trate. La evaluación incluye el suministro de la información exigida en virtud del apartado 2 del artículo 5 de la Directiva y la celebración de consultas requerida por el apartado 2 del artículo 6. La información recogida con arreglo a los artículos 5 y 6 debe ser tenida en cuenta durante el procedimiento de concesión del permiso de obras. No obstante, la Directiva no establece que el permiso de obras solamente pueda concederse una vez obtenida la aprobación de todas las autoridades medioambientales consultadas durante el proceso de evaluación del impacto ambiental.

La Comisión estudia las presuntas infracciones de la Directiva 85/337/CEE denunciadas y, llegado el caso, inicia el procedimiento jurídico previsto en el artículo 169 del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-1603/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (24 de junio de 1996)

Asunto: Ciudades y localidades pensadas para los minusválidos

¿Puede la Comisión comentar los debates que ha mantenido con la DG XVI en relación con esta iniciativa tras la Declaración de Barcelona del pasado año y la reciente reunión celebrada en Bolonia, así como si está previsto algún tipo de ayuda en virtud del artículo 10 del programa URBAN o de cualquier otro programa?

¿Podría la Comisión confirmar, asimismo, si es cierto que la DG V no ha propuesto ningún tipo de financiación para esta iniciativa, en particular en el marco de la línea presupuestaria B4-3102, lo que iría en contra del principio consistente en dar prioridad a los programas relacionados con las minusvalías?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (31 de julio de 1996)

La Comisión examina en la actualidad los medios más adecuados para aportar un valor añadido comunitario a las iniciativas adoptadas por los municipios en favor de las personas con minusvalías.

Todavía no se ha realizado ninguna propuesta a este respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-0988/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (26 de abril de 1996)

Asunto: Ayuda de la UE a acciones en materia de tráfico en Lakeside, Essex, Reino Unido

¿Cuáles han sido los resultados de las subvenciones concedidas por la Comisión el pasado año al Consejo del Condado de Essex, para estudiar los problemas de gestión de tráfico en el centro comercial situado en las afueras de Lakeside, en Thurrock, Essex? ¿Tiene intención la Comisión de adoptar medidas para una adecuada divulgación del estudio y para que se conceda prioridad, en las actuaciones que se deriven del mismo, a la mejora del acceso al transporte público?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (26 de junio de 1996)

El Consejo del Condado de Essex forma parte del consorcio que presentó la propuesta de proyecto bajo las siglas TROPIC (Traffic Optimisation by the Integration of Information and Control) en respuesta a la primera licitación en el sector del transporte del Cuarto Programa Marco de I+D de la Comunidad. El proyecto servirá para examinar y desarrollar el uso de las señales variables (SV) en Europa en previsión de los problemas prácticos, institucionales, organizativos y de procedimiento que surgirán con su implantación. El comité de investigación de transporte ha aprobado la propuesta de subvención de la Comisión destinada a dicho proyecto, la primera fase del cual será un estudio de viabilidad para determinar y seleccionar los puntos geográficos en que se llevarán a cabo las pruebas. El contrato correspondiente a esta prueba se firmó el 1 de mayo de 1996. En las fases subsiguientes estas señales se instalarán en los puntos seleccionados para evaluar su utilización y efectos y sacar las conclusiones correspondientes con vistas a su implantación armónica en Europa.

La difusión de los resultados del estudio de investigación forma parte integral de todos los proyectos de transporte del Cuarto Programa Marco. Los grupos específicos a los que va dirigido el estudio TROPIC son los operadores del sector del transporte en los ámbitos local, regional y nacional. Varios de ellos participan en el proyecto TROPIC de forma directa y se prestará una atención especial a la difusión de los resultados del estudio a los grupos considerados más idóneos.

Al elaborar su política de transporte de viajeros, incluida la del transporte público, la Comisión tiene en cuenta los resultados de éste y otros estudios similares. En este sentido conviene señalar que el Libro Verde de la Comisión sobre el transporte público de viajeros - «La red para los ciudadanos» ((COM(95)601. ))- se refiere a muchos de los aspectos de la investigación comunitaria sobre transporte que tienden a fomentar el transporte público de pasajeros.
PREGUNTA ESCRITA E-1615/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (24 de junio de 1996)

Asunto: Aplicación de la propuesta 20:20 en Latinoamérica

¿En qué medida ha intentado la Comisión aplicar la propuesta 20:20 a su ayuda al desarrollo destinada a Latinoamérica, tal y como se discutió durante la Cumbre Social de las Naciones Unidas celebrada en Copenhague y fue respaldada por la Conferencia Interparlamentaria de los parlamentos europeos y latinoamericanos?

¿Podría la Comisión informar de los resultados prácticos de estas acciones e informar de las iniciativas que está previsto llevar a cabo a este respecto durante los próximos dos años?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión (10 julio 1996)

La Comisión comparte la opinión del Parlamento sobre la importancia de la cláusula 20/20 como objetivo de desarrollo futuro. Esta cláusula estipula que los países donantes, es decir, los países más industrializados deberían dedicar un 20% de su ayuda al desarrollo a proyectos en el sector social de los países beneficiarios que, a su vez, estarían de acuerdo en asignar un 20% de su presupuesto a acciones en los mismos sectores.

Así, por ejemplo, es importante señalar que el artículo 46 del acta final de la 12a Conferencia Interparlamentaria Comunidad-América Latina, estipula que esta cláusula no fue aprobada por los participantes de la reunión de Copenhague. Hay que destacar, por otra parte, el hecho de que si la cláusula 20/20 se refiere innegablemente a la Comunidad, no es menos cierto que se dirige más concretamente a sus Estados miembros.

La parte del presupuesto comunitario destinada, en el marco de la cooperación con América Latina, al sector social tal como se definió en la conferencia de Copenhague, sobrepasa ampliamente el 20% y se inscribe pues en la línea directa de las recomendaciones de la cumbre.

Finalmente las recomendaciones formuladas durante esta cumbre se tuvieron ampliamente en cuenta en la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento titulada: «Unión Europea y América Latina, actualidad y perspectivas del refuerzo de la asociación, 1996-2000», que define las orientaciones generales de la cooperación con el subcontinente para los próximos cinco años.

En cuanto al resultado de las acciones ejecutadas por la Comisión en este sector, recomendamos a Su Señoría que se remita, por una parte, al informe de ejecución y al acta de resultados enviados al Parlamento sobre los resultados de las Comisiones Mixtas tal como se estipula en el artículo 30 del acta final de la conferencia ya mencionada más arriba, y, por otra parte, a los informes de evaluación así como al informe anual de la Dirección «América Latina» que están a disposición de Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-1606/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (24 de junio de 1996)

Asunto: Número de personal en la DG I-B

¿Dispone la Comisión de datos estadísticos sobre el número de personal de la Comisión que gestiona los programas de ayuda al desarrollo en Latinoamérica en relación con el número de personal que gestiona los programas de ayuda al desarrollo en los mismos países, así como en relación con la importancia de los programas de ayuda en cuestión? En caso afirmativo, ¿podría publicar detalles a este respecto en su respuesta oficial?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión (10 de julio de 1996)

La Comisión encargó hace poco tiempo un informe referente específicamente a la cooperación al desarrollo realizada por las Administraciones nacionales, con objeto de mejorar la coordinación con los Estados miembros. El objetivo del informe consiste en identificar los ejes principales de la cooperación realizada a nivel bilateral, para evitar solapamientos, permitir una coordinación efectiva de las acciones y optimizar el aprovechamiento de los recursos financieros disponibles.

Aunque en el informe se abordan las cuestiones de carácter metodológico y organizativo, con el propósito de facilitar la comprensión de los mecanismos y las estructuras instaurados por los Estados miembros, el documento no proporciona datos aritméticos sobre el volumen de personal del que disponen las distintas Administraciones nacionales.

Sin embargo, la Comisión desea destacar que, para administrar un 9% de la ayuda pública al desarrollo (APD) de la Comunidad destinada a América Latina (519 millones de ecus en 1995), dispone solamente de 101 funcionarios o asimilados. Dada la amplitud de los programas que lleva a cabo, se trata de un número de personas muchísimo más limitado que el que tienen a su disposición los Estados miembros, como en el caso de Alemania (cuya APD con destino a América Latina ascendió en 1994 a 345,6 millones de ecus), España (281,6 millones de ecus en 1994), Italia (208 millones de ecus en 1994), los Países Bajos (162,4 millones de ecus en 1994) o Francia (150 millones de ecus en 1994), que son los países que figuran entre los donantes de fondos más importantes de la región de referencia.
PREGUNTA ESCRITA E-1208/96 de Pedro Marset Campos (GUE/NGL) a la Comisión (15 de mayo de 1996)

Asunto: Sucursal del Colegio de Europa en Murcia (España)

¿Podría la Comisión facilitar información acerca del estado en que se encuentra el proyecto de creación en Murcia (España) de una sucursal del Colegio de Europa de Brujas?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (6 de junio de 1996)

Este asunto no entra dentro de las competencias de la Comisión sino del Colegio de Europa.

El Consejo de Administración del Colegio de Europa tomó nota de la solicitud presentada por las autoridades de la ciudad de Murcia, conviniéndose en que se examinaría sobre la base de un informe pormenorizado. El informe sigue todavía en estudio y, por el momento, no se ha tomado ninguna decisión al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-1190/96 de Anita Pollack (PSE) a la Comisión (15 de mayo de 1996)

Asunto: 1997 - Año contra el racismo

¿Qué grupos representantes de las comunidades negras e inmigrantes de Europa han participado en las fases preparatorias de la celebración en 1997 del Año contra el racismo?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (7 de junio de 1996)

El Año Europeo contra el Racismo se encuentra todavía en fase de planificación. En este contexto, la Comisión ha profundizado su diálogo con el Foro de los Emigrantes, y continuará haciéndolo. Se están estudiando diferentes posibilidades para ampliar la base de este diálogo mediante la inclusión de otras organizaciones. Además, la Comisión está regularmente en contacto con organizaciones de las comunidades de emigrantes y de minorías étnicas en el marco de las solicitudes para la cofinanciación de proyectos que van a realizar estas organizaciones.
PREGUNTA ESCRITA E-1090/96 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (13 de mayo de 1996)

Asunto: Incumplimiento de un reglamento

Como es sabido, el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 684/92 ((DO L 74 de 20.3.1992, p. 1. )) prevé explícitamente que, en el caso de un transporte con punto de partida en un Estado miembro y con destino a un país tercero y viceversa, el Reglamento se aplicará, para el trayecto realizado en el territorio del Estado miembro donde se recojan o se dejen pasajeros, una vez que se haya celebrado el acuerdo necesario entre la Comunidad y el país tercero de que se trate, en este caso Bulgaria.

Dicho acuerdo entre la UE y Bulgaria se celebró y se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 31 de diciembre de 1994.

A pesar de ello, el Gobierno griego se niega a conceder la autorización de transporte a Bulgaria a una asociación de autocares turísticos en Grecia por considerar que esta prerrogativa es monopolio del OSE (Compañía de ferrocarriles griegos).

¿Puede indicar la Comisión si es realmente cierta esta situación y, en caso afirmativo, qué medidas piensa tomar para que el Gobierno griego cumpla con las disposiciones del reglamento comunitario?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (25 de junio de 1996)

El artículo 82 del Acuerdo de 8 de marzo de 1993 entre la Comunidad y sus Estados miembros y Bulgaria ((DO L de 31.12.1994. )) se limita a estipular que se desarrollará la cooperación entre las Partes en materia de transporte, dando especial prioridad al transporte por carretera. Dicho Acuerdo no establece normas sobre acceso recíproco a los mercados del transporte de viajeros por carretera en autocares y autobuses. Sin embargo, el apartado 3 del artículo 57 dispone que «Con objeto de desarrollar de manera coordinada y de liberalizar progresivamente el transporte entre las Partes, adaptándose a sus necesidades comerciales recíprocas, las condiciones de acceso mutuo al mercado en el transporte aéreo y por tierra se regularán en acuerdos especiales que se negociarán entre las Partes tras la entrada en vigor del presente Acuerdo».

En consecuencia, los servicios de transporte en autobús y autocar entre Grecia y Bulgaria están sometidos a las normas establecidas en el acuerdo bilateral firmado entre esos dos países, a la espera de la celebración del oportuno acuerdo entre la Comunidad y Bulgaria.

En su reunión del 7 y 8 de diciembre de 1995, el Consejo autorizó a la Comisión a negociar un acuerdo sobre transporte discrecional por cuenta ajena de viajeros por carretera en trayectos internacionales con determinados terceros países de Europa Central y Oriental, entre los que figura Bulgaria. Dichas negociaciones siguen actualmente su curso.
PREGUNTA ESCRITA E-1735/96 de Gijs de Vries (ELDR) a la Comisión (3 de julio de 1996)

Asunto: Suspensión del Convenio de Lomé

En respuesta a mi pregunta no 670/96 ((DO C 280 de 25.9.1996, p. 60. )) la Comisión menciona que la cooperación financiera y técnica ha sido suspendida, por cuestiones de derechos humanos, con Guinea Ecuatorial, Liberia, Rwanda, Togo, Uganda, Gambia, Níger, Nigeria, Sudán y Zaire.

1. ¿Es ésta la lista completa? Si no es así, ¿qué otros países están implicados?

2. Cuándo ha tomado la Comisión cada una de estas decisiones de suspender la cooperación al desarrollo? ¿Cuándo ha decidido la Comisión levantar la suspensión?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión (26 de julio de 1996)

Los países con los que la Comunidad ha suspendido la cooperación financiera y técnica completa o parcialmente por razones como la guerra civil y la violación de derechos humanos son:

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