PREGUNTA ESCRITA E-1310/00

de Nicholas Clegg (ELDR) a la Comisión

(27 de abril de 2000)

Asunto: Etiquetado de productos textiles

¿Qué disposiciones regulan actualmente, a nivel comunitario o multilateral, el etiquetado de productos textiles procedentes de países no comunitarios? ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión

para mejorar esta regulación e introducir requisitos vinculantes de modo que los consumidores europeos de productos textiles no comunitarios reciban más información sobre el país de origen y el método de producción de los productos que compran?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(14 de junio de 2000)

El único instrumento jurídico relativo al etiquetado textil a nivel europeo es la Directiva 96/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996 relativa a las denominaciones textiles(1), tal como fue modificada por la Directiva 97/37/CE de la Comisión de 19 de junio de 1997(2). Los productos textiles, con independencia de su país de origen, pueden comercializarse en la Comunidad solamente si cumplen con esa Directiva, que establece la indicación correcta de la composición de fibra de los productos textiles. Aparte de ello, los Estados miembros siguen siendo libres de aplicar disposiciones nacionales relativas a la protección de la propiedad industrial y comercial, a las indicaciones de la procedencia, a las denominaciones de origen y a la represión de la competencia desleal (artículo 14), siempre que tales disposiciones sean conformes con los principios en que se basa el mercado interior de la Comunidad.

A nivel multilateral, no existe ninguna legislación específica sobre el etiquetado textil. Hay que juzgar por lo tanto cualquier legislación nacional adoptada en este campo en el contexto de principios generales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tales como la regla de no discriminación. Además, conforme al acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, los miembros de la OMC deben asegurarse de que los reglamentos técnicos no creen obstáculos innecesarios para el comercio internacional.

Por lo tanto, mientras que las normas de la OMC requieren que se aplique de manera no discriminatoria cualquier etiquetado obligatorio de denominación de origen tanto a las mercancías comunitarias como a las no comunitarias, el requisito de determinar el país exacto de origen, por lo menos en la Comunidad, no sería compatible con el derecho comunitario.

Por lo que se refiere al caso específico de las denominaciones de origen, el Tribunal de Justicia ha dictaminado que el etiquetado obligatorio de orígenes nacionales (tales como hecho en el Reino Unido) es contrario al derecho comunitario, puesto que hay que considerarlo como una medida con un efecto equivalente a una restricción cuantitativa prohibida por el artículo 28 (antiguo artículo 30) del Tratado CE. Cualquier requisito de denominaciones de origen en la Comunidad podría incitar al consumidor a preferir productos nacionales, y tendría de esta manera el efecto de retrasar la interpenetración económica en la Comunidad(3).

Además de esas restricciones legales, hay que tener en cuenta el impacto probable de tales medidas sobre otras partes, tales como los fabricantes comunitarios, dado que los requisitos adicionales de etiquetado no pueden imponerse solamente en terceros países. El requisito de cumplir diversos grupos de normas para diversos mercados geográficos implicaría una carga administrativa en los fabricantes que operan en el mercados mundial. La falta de requisitos obligatorios de etiquetado en áreas tales como la denominación de origen no impide, sin embargo, que los fabricantes proporcionen la información adicional de forma voluntaria.

Si bien se esfuerza en restringir al mínimo los requisitos administrativos obligatorios, la Comisión sigue estando, por supuesto, abierta a examinar cualquier sugerencia de mejora en el régimen de etiquetado existente que pudieran proponer las partes interesadas.

(1) DO L 32 de 3.2.1997.

(2) DO L 169 de 27.6.1997.

(3) Asunto 207/83.