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PREGUNTA ESCRITA E-2809/98

de Hiltrud Breyer (V) al Consejo

(18 de septiembre de 1998)

Asunto: Principio de integración de la dimensión de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las reuniones del Consejo

1. ¿Cómo se aplica en las reuniones del Consejo el principio establecido por la Comisión de la integración de la dimensión de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres?

2. ¿Asisten a los diversos Consejos (Transportes, Energía, etc.) las ministras de Asuntos de la Mujer o sus representantes designadas?

3. En caso negativo, ¿por qué razón, o es que el principio de integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es puro "papel mojado"?

Respuesta

(20 y 21 de diciembre de 1998)

El Consejo recuerda a Su Señoría que con arreglo al primer párrafo del artículo 146 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y a los artículos correspondientes de los demás Tratados, el Consejo está compuesto por un/a representante de cada Estado miembro de rango ministerial, facultado/a para comprometer al Gobierno de dicho Estado miembro. Las mujeres que, en el seno de los diversos gobiernos, asumen responsabilidades que corresponden a la formación del Consejo que se reúne, están, obviamente, presentes.

Asimismo, los representantes de los Estados miembros tienen en todo momento la posibilidad de plantear cuestiones en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las deliberaciones del Consejo y de sus instancias preparatorias.

Por último, se señala a la atención de Su Señoría que el artículo 3 del Tratado CE, de acuerdo con la modificación del Tratado de Amsterdam, establece que la Comunidad, en todas sus actuaciones, se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre hombres y mujeres.
PREGUNTA ESCRITA E-3150/98

de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión

(16 de octubre de 1998)

Asunto: Fuentes renovables de energía y parques eólicos

Los parques eólicos contribuyen eficazmente a la producción de formas limpias de energía. La explotación del potencial eólico de una región mediante la creación de parques eólicos no debe ir en perjuicio del ambiente natural y urbano. En muchos casos, no obstante, se intentan construir parques eólicos en ubicaciones en las que existen viviendas unifamiliares o de vacaciones, lo que produce la alteración paisajística del entorno y la posible creación de ruido derivada del funcionamiento de los generadores eólicos.

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para que los Estados miembros se comprometan, a la hora de crear parques eólicos, a evitar las consecuencias negativas de la degradación medioambiental derivadas de la instalación indiscriminada de generadores eólicos?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(12 de noviembre de 1998)

Habida cuenta de que los parques eólicos pueden perjudicar al medio ambiente desde el punto de vista de la contaminación óptica y acústica, están incluidos en las infraestructuras a que se refiere el Anexo II de la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1). Los proyectos enumerados en el Anexo II están sujetos a una evaluación de sus repercusiones sobre el medio ambiente, que se basará en los criterios y condiciones que determinen los Estados miembros en función del tamaño, localización y características específicas de dichos proyectos.

La nueva directiva deberá incorporarse a la legislación de los Estados miembros, a más tardar, el 14 de marzo de 1999.

Por otra parte y, en la medida en que determinados parques eólicos constituyen "instalaciones industriales destinadas a la producción de energía eléctrica" están sujetos a las disposiciones del punto 3.a del Anexo II de la Directiva 85/337/CEE, que se encuentra actualmente en vigor.

(1) DO L 73 de 14.3.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-2471/98

de Jesús Cabezón Alonso (PSE) a la Comisión

(30 de julio de 1998)

Asunto: Unión Europea y enfermedad de Parkinson

¿Qué acciones y qué dotación presupuestaria para la lucha, asistencia y estudio de la enfermedad de Parkinson se están potenciando desde la Unión Europea?

¿Tiene previsto la Comisión algún programa que responda a las necesidades vinculadas al tratamiento y efectos de la enfermedad de Parkinson?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(26 de octubre de 1998)

La Comisión lleva financiando actividades dedicadas a los trastornos neurodegenerativos y a las personas que cuidan de estos enfermos de manera no institucionalizada desde 1995. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los proyectos presentados sobre la enfermedad de Parkinson ha cumplido los requisitos exigidos para recibir financiación. La asociación europea de la enfermedad de Parkinson ha recibido apoyo financiero del programa sobre la integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, con el fin de analizar tanto las necesidades de las personas aquejadas de esta enfermedad como las de los familiares que conviven con ellas, y de encontrar la respuesta adecuada.

La nueva Comunicación "preparatoria" sobre el desarrollo de la política de salud pública(1) propone alejarse del enfoque específico orientado a la enfermedad hacia un planteamiento más horizontal de la salud pública. Sin embargo, el Artículo 152 del Tratado de Amsterdam establece claramente que los Estados miembros son responsables del modo en que se organizan y suministran sus servicios sanitarios y de asistencia médica.

La investigación sobre la enfermedad de Parkinson siempre se ha incluido en los programas de investigación biomédica (Biomed) de la Comunidad. Ya recibió financiación de Biomed 1, y es el objetivo directo de cuatro proyectos Biomed 2: desde el planteamiento genético y molecular al tratamiento por injerto celular o mediante neurocirugía funcional. Algunos de estos proyectos han dado ya resultados importantes, y muchos otros están directa o indirectamente relacionados con esta enfermedad.

La enfermedad de Parkinson debería ocupar un puesto al menos igual de importante en el tema 1 del futuro 5o programa marco. En efecto, se trata de una de las pocas enfermedades que se mencionan explícitamente en el programa, en particular en la acción clave "envejecimiento". También entra perfectamente en el marco de al menos dos acciones genéricas: enfermedades crónicas y degenerativas, y neurociencias.

(1) COM(98)230 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2744/98

de Bartho Pronk (PPE) a la Comisión

(3 de septiembre de 1998)

Asunto: Discriminación de ciudadanos de la UE por la aplicación de la denominada Ley de vinculación en los Países Bajos

Desde el 1 de julio de 1998 se aplica en los Países Bajos la denominada Ley de vinculación (Boletín oficial de 1998, 203). Si bien los Países Bajos reconocen que los ciudadanos de la UE beneficiarios deben su derecho de residencia directamente al Derecho europeo, los ciudadanos de la UE están obligados a presentar un documento de residencia o cédula de personación, sin lo cual no pueden obtener acceso a la administración municipal básica. La inclusión en la administración municipal básica se ha convertido, a causa de la aplicación de la denominada Ley de vinculación, en una condición imprescindible para el acceso a los órganos administrativos de los Países Bajos. Todo ello está establecido en unas instrucciones de 28 de abril de 1998 dirigidas por el responsable del servicio de inmigración y naturalización a los jefes de servicio.

1. ¿Tiene la Comisión conocimiento de la ley y las instrucciones mencionadas?

2. ¿Opina la Comisión que esta ley, y la aplicación de la misma que se deriva de las instrucciones mencionadas, podrían suponer una discriminación de ciudadanos de la UE, prohibida en virtud del artículo 6 del Tratado CE?

3. ¿Opina la Comisión que la obligación de documentación (y sus consecuencias) impuesta a los ciudadanos de la UE que se deriva de dicha ley es incompatible con la libre circulación de trabajadores en virtud del Reglamento (CEE) 1612/68(1)?

4. En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa tomar la Comisión al respecto?

(1) DO L 257 de 19.10.1968, p. 2.
PREGUNTA ESCRITA E-3155/98

de Felipe Camisón Asensio (PPE) al Consejo

(19 de octubre de 1998)

Asunto: Consumo de gas natural

Recientes datos ponen de manifiesto que el consumo de gas natural está descendiendo ostensiblemente en Estados miembros como Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia, Finlandia, o Austria, y sin embargo registra fuertes subidas en Grecia y en España. ¿Dispone el Consejo de alguna explicación socioeconómica para este fenómeno? A la vista de ello, ¿qué perspectivas prevé el Consejo respecto al consumo de gas natural en la Región de Extremadura?.

Respuesta

(20 y 21 de diciembre de 1998)

El consumo de gas natural ha ido variando a lo largo de los años y seguirá haciéndolo debido a distintos factores, incluido el clima. No obstante, la tendencia general en la Unión Europea apunta hacia un crecimiento estable. El Consejo espera que se refuerce esta tendencia al entrar en vigor la Directiva sobre gas natural.

El Consejo no ha debatido el tema del consumo de gas natural en ninguna región específica.
PREGUNTA ESCRITA P-2785/98

de Jean-Antoine Giansily (UPE) a la Comisión

(9 de septiembre de 1998)

Asunto: Elecciones presidenciales en Togo

Con motivo de las elecciones presidenciales en Togo, la Comisión financió acciones de observación de los medios de comunicación llevadas a cabo por Reporteros sin Fronteras (RSF) por un importe de 110.000 ecus, así como una misión de observación de las elecciones coordinada por los Servicios Internacionales de Reforma Electoral (Electoral Reform International Services - ERIS) por un importe de 560.000 ecus.

Al financiar estas acciones con cargo a la línea B7-7020, que no tiene fundamento jurídico, la Comisión ha estado exenta del cumplimiento de algunas normas.

¿Es ésta la razón por la que la Comisión, en su respuesta a la pregunta escrita P-2187/98(1) de 24 de julio, indica que "los proyectos fueron presentados por los organismos citados y fueron aprobados de conformidad con las modalidades correspondientes a la gestión de esta línea"?

¿Debe concluirse que se asignaron 560.000 ecus a ERIS y 110.000 ecus a RSF sin recurrir a una licitación?

Si efectivamente no se convocó una licitación y se sabía claramente que las posiciones de ambas organizaciones eran próximas a las de la oposición togolesa, ¿cómo se justifica esta delicada decisión política?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión

(28 de septiembre de 1998)

La utilización de los créditos presupuestarios de las partidas que todavía no tienen una base jurídica está sujeta a las disposiciones estrictas del Reglamento financiero por el que se rige todo el presupuesto, y así se ha procedido en el caso de los proyectos que menciona Su Señoría. La Comisión no comparte, por lo tanto, la opinión de que se "haya liberado de una serie de normas".

La línea presupuestaria financia proyectos que le presentan los asociados (organizaciones no gubernamentales, asociaciones u organizaciones internacionales). Los proyectos se examinan y se instruyen y, si responden a los criterios previstos para la utilización de la línea presupuestaria, la Comisión adapta una decisión formal en aplicación de las disposiciones financieras vigentes.

La Comisión recuerda, además, y como ya subrayó en su respuesta a la pregunta 2187/98, que los dos proyectos citados específicamente formaban parte de un programa de apoyo de conjunto coherente con el proceso electoral, que se estableció a raíz de la petición del Ordenador Nacional con arreglo a la Resolución del Parlamento sobre Togo, de noviembre de 1997, y en respuesta a las peticiones de los distintos asociados.

La Comisión considera que ha financiado acciones que han resultado útiles para el buen desarrollo de las elecciones en Togo y que han sido aplicadas por asociados que han trabajado con eficacia y espíritu de independencia

(1) DO C 50 de 22.2.1999, p. 132.
PREGUNTA ESCRITA E-2574/98

de John McCartin (PPE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Ayuda a los damnificados por las inundaciones en China

¿Puede la Comisión aclarar si se ha ofrecido algún tipo de ayuda por parte de la UE a la República Popular de China tras el reciente desastre causado por las inundaciones?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión

(25 de septiembre de 1998)

Mediante una decisión de urgencia adoptada el 6 de agosto de 1998, la Comisión asignó la cantidad de 605 000 ecus a dos proyectos de ayuda ejecutados por la Federación Internacional de la Cruz Roja y Médicos sin Fronteras (MSF) - Holanda. Se supone que estos proyectos, que tienen como destinatarias a algunas de las zonas más afectadas de China central y meridional, responderán a las necesidades más urgentes de las víctimas de las inundaciones en materia de alimentos, agua y refugio temporal.

El 4 de septiembre de 1998 se adoptó una segunda decisión de urgencia, por un importe de 1 050 000 ecus. De la ejecución de este proyecto, cuyos objetivos son similares a los de las dos operaciones antes mencionadas, se ocupa también la Federación Internacional de la Cruz Roja.

Dadas las dimensiones del desastre causado por las inundaciones, la Comisión sigue supervisando de cerca la evolución de la situación con miras a la posible asignación de ayuda adicional.
PREGUNTA ESCRITA P-2704/98

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Maldivas

El 18 de junio de 1998 y los días siguientes, las autoridades maldivas procedieron al arresto e interrogatorio de cristianos residentes en este Estado. Según fuentes fidedignas, unos 50 maldivos sospechosos de ser cristianos han sido detenidos desde entonces.

De entre los ciudadanos maldivos arrestados el 18 de junio, dos han sido identificados como Aneesa Hussain, de 32 años, y Aminath Moonisa, de 17, ambas originarias de Pareeru-ge, Male, República de Maldivas. Estas dos mujeres han reconocido abiertamente ser cristianas, hecho que constituye un delito en virtud de la legislación maldiva. La seguridad de ambas mujeres es motivo de gran preocupación: en efecto, fuentes fidedignas aseguran que Aneesa Hussain ha sido víctima de agresiones físicas y que su vida corre peligro.

Considerando, por una parte, que la República de Maldivas es miembro de Naciones Unidas y que, por tanto, está vinculada al artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece la libertad de religión, y, por otra parte, que Europa aporta una importante contribución a la economía maldiva, especialmente a través del turismo, ¿tiene la Comisión intención de presionar a las autoridades maldivas para que liberen a Aneesa Hussain y a Aminath Moonisa, así como a los demás cristianos encarcelados por sus creencias religiosas?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión

(22 de septiembre de 1998)

La Comisión tiene conocimiento de la reciente detención de varios cristianos en la República de las Maldivas. La Delegación de la Comisión en Sri Lanka, acreditada ante las Maldivas, está siguiendo de cerca el asunto y ha tratado directamente con el Alto Comisionado para las Maldivas en Colombo el caso de las dos mujeres maldivas a quienes Su Señoría hace mención.

El Alto Comisionado ha informado a la Delegación de la Comisión de que las dos mujeres citadas permanecen detenidas mientras se investiga su caso. Las mujeres están retenidas en una isla-presidio a unos 5 kilómetros de Male. Se rechaza toda alusión al empleo de amenazas o violencia contra ellas y la delegación ha sido invitada a visitar a las dos mujeres.

En sus relaciones con terceros países, la Comisión otorga la mayor importancia al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Está preocupada por que la República de las Maldivas, aun vinculada por el artículo 18 de la Declaración de los derechos humanos de las Naciones Unidas, prohíba sin embargo, a través de su Constitución, la práctica por sus ciudadanos de cualquier religión distinta del Islam.

La Comisión cree que las respuestas y las actuaciones formales ante asuntos como éste son más adecuadas si proceden de la Comunidad y sus Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-2661/98

de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Plazos para la realización del proyecto "Ecovia"

Con referencia al punto 3 de la pregunta escrita E-1670/98(1), ¿puede hacer saber la Comisión a qué fecha se ha prorrogado el plazo otorgado al beneficiario para la realización del proyecto "Ecovia", que en un primer momento se había fijado para el 30 de abril de 1998?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(17 de septiembre de 1998)

En la actualidad, la prórroga para la realización del proyecto "Ecovia" se ha concedido hasta el 30 de septiembre de 1998.

(1) DO C 50 de 22.2.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-2180/98

de Ben Fayot (PSE) a la Comisión

(10 de julio de 1998)

Asunto: Impuestos sobre el consumo de vino

A los profesionales del vino les inquieta que la Comisión esté pensando en introducir un impuesto sobre el consumo de vino.

Es evidente que este asunto reaparece regularmente en el debate político.

Por tal motivo quisiera preguntar si hechos nuevos han movido a la Comisión a ocuparse del asunto, y cuáles son las intenciones concretas de la Comisión al respecto.

En particular, ¿puede aportar la Comisión la prueba irrefutable de que el sistema de impuesto sobre el consumo de tipo cero, que prevalece en todos los países productores de vino, da lugar a la distorsión de la competencia con otras bebidas?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(5 de octubre de 1998)

De conformidad con el artículo 8 de la Directiva 92/84/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los tipos del impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas(1), la Comisión informa al Consejo y Parlamento, cada dos años, del funcioamiento de los tipos mínimos de derechos sobre las bebidas alcohólicas. Este informe se encuentra actualmente en preparación, aunque no se ha tomado ninguna decisión sobre su contenido final.

Sin embargo, Su Señoría reconocerá que el informe no puede evitar el examen de la cuestión de si efectivamente debe mantenerse el tipo mínimo cero para el vino. Por otra parte, y puesto que el artículo 8 exige expresamente que así lo haga, el informe también cubrirá la cuestión de la competencia entre bebidas alcohólicas.

(1) DO L 316 de 31.10.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-1769/98

de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión

(5 de junio de 1998)

Asunto: Red de saneamiento de aguas y planta de depuración de Palio Kavalas

Según denuncias efectuadas por la Sección de Macedonia Oriental de la Cámara Técnica de Grecia, la construcción de las canalizaciones, bocas de acceso y estaciones de bombeo de la red de saneamiento de aguas de la urbanización de Palio Kavalas se ha realizado en la zona costera, en contra del estudio autorizado que preveía su construcción más arriba, en un terreno estable, lejos de la costa.

Dado que:

- el proyecto es financiado con fondos comunitarios,

- la construcción de la red en la zona costera, en una localidad eminentemente turística como es Palio Kavalas, genera problemas medioambientales y priva a los ciudadanos de la posibilidad de acceder y utilizar libremente la zona costera y la playa,

- la red se encuentra en constante peligro debido a los temporales (como lo demuestra el hecho de que durante el invierno de 1996-97 un temporal se llevó parte de las canalizaciones),

¿puede investigar el asunto la Comisión y estudiar si, en lo relativo a la construcción de dicho proyecto, se ha producido una desviación de lo indicado en el estudio previo? Si ello es así, ¿tiene intención de pedir explicaciones a las autoridades griegas competentes?

Respuesta complementaria

de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(9 de octubre de 1998)

Como complemento a su respuesta de 24 de junio de 1998(1), la Comisión está ya en condiciones de comunicar los datos siguientes.

Como consecuencia de su solicitud de información sobre la red de evacuación de aguas residuales y la estación depuradora biológica de Palio Kavalas dirigida a las autoridades griegas, la Comisión ha recibido una copia de la correspondencia entre la DEYA (Empresa pública de suministro de agua y evacuación de aguas residuales) de Kavala y la sección de Macedonia Oriental de la Cámara Técnica de Grecia, documentos que le complace remitir a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.

Esta correspondencia pone de manifiesto que el problema ha quedado resuelto, en la medida en que las precisiones aportadas por la DEYA han permitido a la Cámara Técnica declararse satisfechas de las obras llevadas a cabo para el citado proyecto.

(1) DO C 386 de 11.12.1998, p. 157.
PREGUNTA ESCRITA E-2034/98

de Marie-Noëlle Lienemann (PSE) a la Comisión

(7 de julio de 1998)

Asunto: Reducción de la jornada laboral

¿Cómo ha podido recomendar la Comisión en su documento COM(98)279 sobre las orientaciones generales de política económica para los Estados miembros y la Comunidad que "una reducción obligatoria y generalizada de la jornada laboral (...) podría tener consecuencias adversas y debe, por tanto, evitarse" sabiendo que dos Estados miembros ya han previsto pasar al régimen de 35 horas semanales?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión

(22 de septiembre de 1998)

La Comisión no tiene la intención de opinar sobre las políticas de los Estados miembros, cuando éstas son de competencia exclusivamente nacional, y desea respetar el principio de subsidiariedad.

Sin embargo, la Comisión es guardiana de los intereses comunitarios, incluida la política económica. El Consejo Europeo y el Consejo Ecofin han pedido a la Comisión que promueva la coordinación de las políticas económicas con el fin de garantizar el éxito de la moneda única y lograr un aumento significativo del empleo en la Comunidad. Por todo ello, la Comisión llevó a cabo una recomendación sobre las grandes orientaciones de la política económica para 1998.

Es competencia, por tanto, de la Comisión emitir, con toda independencia, un dictamen sobre toda iniciativa de política económica que pueda incidir significativamente en la economía comunitaria o en la realización de los objetivos económicos asignados por el Tratado CE a la política económica (artículo 2 del Tratado CE). La reducción de la jornada laboral entra en esta categoría de medidas de política económica. Es normal que la Comisión se exprese sobre este tema, respetando siempre el principio de subsidiariedad.

La Comisión estima que la reducción de la jornada laboral no debe llevar a una disminución de la competitividad de las empresas europeas. Pero también es verdad que esta afirmación de caracter general no es incompatible con iniciativas nacionales que modularan dicha reducción y preservaran la competitividad europea.