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PREGUNTA ESCRITA P-3997/98

de Daniel Féret (NI) a la Comisión

(21 de diciembre de 1998)

Asunto: El trabajo infantil en el Reino Unido

¿Está informada la Comisión acerca de la amplitud del trabajo infantil en el Reino Unido, donde 500.000 jóvenes de menos de 13 años trabajan y 2 millones de adolescentes de menos de 16 años son asalariados, tal como lo ha revelado la encuesta de la "Low Pay Unit"?

¿Acaso no resulta preocupante -e incluso inquietante- observar la persistencia en el Reino Unido de una legislación muy minimalista acerca del trabajo infantil, así como la insuficiencia crónica de los medios económicos adecuados para asegurar el respeto de dicha legislación, a pesar de que el país esté dirigido por un gobierno socialista?

¿La Comisión no considera oportuno proponer -por medio de una directiva- una nueva iniciativa dirigida a establecer una normativa comunitaria precisa para el trabajo infantil, que asegure un elevado nivel de protección de la infancia en el conjunto de la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(1 de febrero de 1999)

La Comisión quisiera señalar que el Derecho comunitario prohíbe el trabajo infantil.

De conformidad con la Directiva no94/33/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo(1), los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para prohibir el trabajo de los niños. A fin de garantizar el cumplimiento de la mencionada prohibición, deben fijar la edad mínima de admisión al trabajo, que no será inferior a la edad en la que concluye la escolaridad obligatoria a tiempo completo, y, en todo caso, no será inferior a 15 años.

No obstante, teniendo en cuenta los objetivos relativos a la salud y la seguridad de la Directiva, la legislación de los Estados miembros puede prever excepciones a la prohibición de trabajo en el caso de niños a partir de trece o catorce años de edad que realicen trabajos ligeros. En la medida en que hagan uso de esta posibilidad, los Estados miembros respetarán los límites y los requisitos establecidos en la Directiva.

Las autoridades británicas comunicaron a la Comisión las medidas adoptadas para incorporar las disposiciones de la Directiva a la legislación interna. En particular, el 4 de agosto de 1998 entraron en vigor en el Reino Unido las disposiciones del "Child (protection at Work) Regulations 1998" (Reglamento de 1998 relativo a (la protección en el trabajo de) los niños). Por lo que se refiere a la edad mínima de admisión al trabajo, así como a la edad a partir de la cual se pueden autorizar determinados trabajos ligeros, la legislación del Reino Unido no se aparta de la normativa comunitaria establecida en la Directiva no94/33/CEE. Garantizar el pleno cumplimiento de estas normas es competencia de las autoridades nacionales encargadas de controlar la aplicación de las mismas.

(1) DO L 216 de 20.8.1994.
PREGUNTA ESCRITA E-2978/98

de John McCartin (PPE) a la Comisión

(8 de octubre de 1998)

Asunto: Salmón del Atlántico

¿Conoce la Comisión la creciente preocupación de la opinión pública por la disminución de la población del salmón atlántico y sobre todo por el descenso del número de salmones que entran en los ríos de Irlanda y de Escocia, y ha propuesto alguna medida para contrarrestar esta tendencia?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión

(3 de diciembre de 1998)

La Comisión es consciente de la preocupción de la opinión pública acerca de la situación del salmón del Atlántico y, por otro lado, se preocupa de la situación de las poblaciones de salmón silvestre en el Atlántico norte.

En vista de esta situación, la Organización para la Conservación del Salmón del Atlántico Norte (OCSAN), de la que la Comunidad constituye la parte contratante más importante, acordó en su reunión anual celebrada en junio de 1998 el desarrollo de un plan de actuación para la aplicación de un enfoque cautelar en la gestión de las poblaciones de salmón. Dicho plan de actuación, diseñado específicamente para el Atlántico norte, establece una serie de medidas que las partes contratantes de la Organización deberán aplicar en los próximos años a fin de restablecer las poblaciones de salmón silvestre en el Atlántico norte. El plan de actuación, elaborado con el pleno apoyo y participación de la Comunidad a todos los niveles, abordará globalmente asuntos tales como la gestión de las pesquerías, las cuestiones socioeconómicas, las capturas no declaradas, los programas de reconstitución de las poblaciones, el tema del hábitat y la acuicultura.

La Comisión considera que de esta actuación se derivarán medidas eficaces que permitan frenar la disminución de las poblaciones de salmón silvestre en el Atlántico norte.
PREGUNTA ESCRITA E-3439/98

de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión

(24 de noviembre de 1998)

Asunto: Normas de higiene en el cementerio de Prima Porta

En el cementerio de Prima Porta se han registrado evidentes violaciones de las normas sanitarias y del respeto que merece el lugar. En dicho cementerio se han producido fugas de líquido cadavérico, secado con periódicos y serrín, y no hay instalación de desinfección en el mortuorio, donde cerca de 200 cajas esperan ser enterradas desde hace meses.

¿Puede decir la Comisión:

1. si además de la violación de las normas higiénicas y sanitarias italianas también existe violación de directivas o de reglamentos europeos;

2. si existen estudios o documentos de la Comisión sobre este asunto?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(28 de enero de 1999)

1. Por lo que se refiere a la protección de los trabajadores, entre las medidas de legislación comunitaria sobre salud y seguridad en el trabajo pueden citarse las Directivas del Consejo siguientes: 80/1107/CEE(1), 89/391/CEE(2), 89/654/CEE(3), 89/655/CEE(4), 89/656/CEE(5), 90/394/CEE(6), 90/679/CEE(7), 98/24/CE(8). Conforme al artículo 118 A del Tratado CE, estas medidas establecen requisitos mínimos que deben aplicarse en el lugar de trabajo, a fin de garantizar la adopción de todas las medidas necesarias para prevenir o controlar adecuadamente la exposición de los trabajadores.

2. No hay estudios o documentos de la Comisión sobre el tema en cuestión.

(1) DO L 327 de 3.12.1980.

(2) DO L 183 de 29.6.1989.

(3) DO L 393 de 30.12.1989.

(4) DO L 393 de 30.12.1989.

(5) DO L 393 de 30.12.1989.

(6) DO L 196 de 26.7.1990.

(7) DO L 374 de 31.12.1990.

(8) DO L 131 de 5.5.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-3416/98

de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión

(24 de noviembre de 1998)

Asunto: Transplantes de riñón

El problema de los transplantes de riñón se ha convertido en apremiante en toda la Comunidad, debido al gran número de personas en lista de espera, afectados por graves insuficiencias renales crónicas que siguen un tratamiento de hemodiálisis, comparado con el número de personas que logran recibir uno.

Con objeto de evitar especulaciones y maquinaciones para lograr riñones disponibles, ¿no estima necesario la Comisión coordinar estas actividades mediante una armonización de las normas correspondientes en todos los países de la Comunidad?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-3414/98, E-3415/98 y E-3416/98 dada por el Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(19 de enero de 1999)

La Comisión dispone de información sobre los transplantes de órganos sólidos, como son el hígado, el corazón y los riñones, en los 15 Estados miembros, la República Checa, Polonia, Noruega y Suiza, datos que recopila periódicamente la International Transplant Coordinators Society (ITCS). La Comisión puede dar a conocer el número total de transplantes y los transplantes por millón de personas durante el período 1992-1997 en la mayor parte de los Estados miembros, y durante el período 1995-1997 para los demás países.

El artículo 129 del Tratado CE en materia de salud pública excluye explícitamente toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. En consecuencia, la legislación que regula los transplantes de órganos es competencia de cada Estado miembro.

El artículo 152 del Tratado de Amsterdam incluirá nuevas disposiciones específicas en relación con los órganos. Con ello se permitirá la adopción de medidas comunitarias con las que se establezcan altos niveles de calidad y seguridad de los órganos y sustancias de origen humano, así como de la sangre y sus derivados. Estas medidas no impedirán a ningún Estado miembro mantener o introducir medidas de protección más estrictas. Las disposiciones nacionales en materia de donaciones o de uso médico de órganos y de sangre no se verán afectadas.
PREGUNTA ESCRITA P-2561/98

de Christine Oddy (PSE) a la Comisión

(29 de julio de 1998)

Asunto: Exportación de armas a Indonesia

¿Es consciente la Comisión de que durante el último año ha continuado la exportación de bombas, tanques, aviones de combate y ametralladoras a Indonesia?

A la luz de los recientes acontecimientos sucedidos en Timor Oriental, ¿qué medidas va a tomar la Comisión para desalentar la exportación de armas a Indonesia?

Respuesta del Sr. van den Broek en nombre de la Comisión

(17 de septiembre de 1998)

La Comisión no tiene ninguna información ni responsabilidad directa en relación con las exportaciones de armamento. Ha tomado nota, con satisfacción, de que la mayoría de los Estados miembros, especialmente sobre la base del recientemente adoptado código de conducta para las exportaciones de armamento, han anunciado una política restrictiva de concesión de licencias de exportación de equipamiento militar a Indonesia.

La Comisión se propone contribuir en los foros apropiados y animar a Estados miembros a cumplir rigurosamente los principios rectores de las exportaciones de armamento convenidos en el código de conducta.
PREGUNTA ESCRITA E-3532/98

de Konstantinos Hatzidakis (PPE) a la Comisión

(25 de noviembre de 1998)

Asunto: Incumplimiento por parte de Grecia de la directiva comunitaria sobre prestación de servicios de telecomunicaciones

La Comisión Europea ha pedido reiteradamente al Gobierno griego que trasponga a la legislación nacional la Directiva 90/388/CEE(1), modificada por la Directiva 94/46/CEE(2), relativa a la supresión de todas las medidas y disposiciones relacionadas con derechos especiales y exclusivos de prestación de servicios de telecomunicaciones en cualquier sector.

De conformidad con dichas Directivas, los Estados miembros están obligados a presentar la debida confirmación a más tardar en agosto de 1995.

Hasta ahora Grecia no ha tomado medida alguna para permitir que otras empresas u operadores, aparte del Organismo Nacional de Telecomunicaciones (OTE), presten dichos servicios en el territorio nacional.

Visto lo cual, ¿puede decir la Comisión si ha pedido o piensa pedir explicaciones sobre esta cuestión al Gobierno griego y si piensa recurrir, y en qué medida, al artículo 169, relativo al recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en caso de incumplimiento por parte del Estado griego?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión

(14 de enero de 1999)

La Comisión es consciente de que Grecia no ha cumplido con su obligación de transponer plenamente el párrafo 1 del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 90/388/CEE, modificada por la Directiva 94/46/CE, sobre suministro de servicios de comunicaciones por satélite y servicios de redes por satélite, o no ha aplicado en la práctica las medidas correspondientes. Por tanto, la Comisión envió una advertencia formal a las autoridades griegas el 15 de mayo de 1998.

Las autoridades griegas contestaron por carta de 2 de julio de 1998, en la que se informa a la Comisión de la adopción de las decisiones ministeriales no 61646/98, 61647/98 y 62087/98. Estas decisiones se refieren a las tarifas para el uso de las frecuencias de radio, a la autorización de los servicios por satélite y a la concesión de frecuencias.

Una comunicación posterior de las autoridades griegas, de 20 de octubre de 1998, declaró que existen ya tres solicitudes pendientes ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (EET). Esta comisión deberá considerar las solicitudes una vez finalizado el marco regulador pertinente. Falta aún una decisión ministerial que establezca las condiciones y procedimientos para el suministro de comunicaciones personales móviles por satélites.

Dado que hasta ahora no se ha concedido ninguna autorización de suministro de servicios por satélite en Grecia en virtud de las medidas notificadas, la Comisión estudia actualmente la posibilidad de adoptar un dictamen motivado de conformidad con el artículo 169 del Tratado CE. Si se emite este dictamen motivado, la Comisión pedirá a Grecia que tome las medidas necesarias para su cumplimiento. Y si Grecia sigue sin autorizar el suministro de servicios por satélite, entonces el caso podría llevarse al Tribunal de Justicia.

(1) DO L 192 de 24.7.1990, p. 10.

(2) DO L 268 de 19.10.1994, p. 15.
PREGUNTA ESCRITA E-2817/98

de Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) a la Comisión

(17 de septiembre de 1998)

Asunto: Overbooking y derechos de los usuarios

Ante las reiteradas situaciones de overbooking o sobreventa acaecidas una vez más este verano y el perjuicio que esta sobrecontratación ocasiona a los usuarios, ¿podría informar la Comisión:

1. si tiene intención de tomar nuevas medidas para regular esta situación, y

2. si no deberían estar expuestos al público, en los aeropuertos de la Unión, los derechos e indemnizaciones que les asisten en estas situaciones?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(5 de noviembre de 1998)

La Comisión comparte la preocupación de Su Señoría y ya ha dispuesto lo necesario para introducir medidas nuevas mediante una propuesta(1) de modificación del Reglamento (CEE) 295/91 del Consejo por el que se establecen normas comunes relativas a un sistema de compensación por denegación de embarque en el transporte aéreo regular(2). En ese documento la Comisión propone que se mejore la información relativa a los derechos de los pasajeros exponiéndola de forma claramente visible en los aeropuertos.

El Parlamento ya ha concluido la primera lectura de la propuesta y el Consejo está debatiendo las enmiendas, por lo que próximamente podrá adoptarse una posición común.

(1) DO C 120 de 18.4.1998.

(2) DO L 36 de 8.2.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-2838/98

de Niall Andrews (UPE) a la Comisión

(28 de septiembre de 1998)

Asunto: Desempleo de larga duración

¿Puede indicar la Comisión los progresos logrados en los distintos Estados miembros en la lucha contra el desempleo de larga duración?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(10 de noviembre de 1998)

El desempleo de larga duración en la Comunidad se ha convertido en un problema cada vez más difícil de resolver. En la mayor parte de los Estados miembros, ha aparecido un núcleo duro de parados que sufren períodos prolongados de desempleo, lo que provoca una pérdida de cualificaciones y de motivación. Entre 1992 y 1997, la tasa media de desempleo de larga duración en la Comunidad aumentó de un 4,6 % a un 5,2 %. En el mismo período, el desempleo de larga duración aumentó en la mayor parte de los países. Sin embargo, algunos Estados miembros, como Dinamarca, Irlanda, el Reino Unido y, en menor grado, los Países Bajos, han realizado progresos en la lucha contra el desempleo de larga duración. En el resto de los Estados miembros, el porcentaje de la población activa sin trabajo durante períodos muy largos ha ido en aumento y en algunos casos (especialmente Bélgica, Grecia, España e Italia) se ha mantenido muy alto (véase el cuadro que se ha enviado directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento).

En las sucesivas reuniones del Consejo Europeo, celebradas desde la de Essen en diciembre de 1994, se acordó intensificar los esfuerzos para mejorar la situación de los grupos especialmente afectados por el desempleo, entre los cuales se cuentan los desempleados de larga duración.

En las Directrices para el empleo de 1998, aprobadas por la Cumbre conjunta de Luxemburgo y adoptadas a continuación por el Consejo, dos de los tres objetivos de actuación a nivel comunitario se refieren a la prevención del desempleo de larga duración. Establecen como objetivo que a cada persona sin empleo se le ofrezca una nueva oportunidad antes de que alcance los seis meses de desempleo, en el caso de los jóvenes, y doce meses en el caso de los adultos. Los planes nacionales de acción de 1998, presentados a continuación por los Estados miembros, indican que una amplia minoría de Estados miembros se encamina claramente hacia políticas de prevención y de activación destinadas a luchar contra el desempleo de larga duración. En el proyecto de informe conjunto sobre empleo de 1998, se incluye una descripción más detallada de las herramientas políticas actuales y de las políticas futuras destinadas a reducir el número de desempleados de larga duración.
PREGUNTA ESCRITA E-2963/98

de Gerardo Fernández-Albor (PPE) a la Comisión

(8 de octubre de 1998)

Asunto: Cobro en pesetas de las pensiones en España

Según contempla el Plan de Introducción del euro elaborado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de España, los pensionistas españoles recibirán, a partir de enero de 1999, información sobre su pensión en euros y pesetas, y los que así lo deseen podrán seguir cobrando en pesetas hasta el 6 de junio de 2002.

Tal medida ha causado el general contento entre el colectivo de pensionistas españoles, quienes de diversas maneras han manifestado sus temores frente al cambio de la moneda y su falta de comprensión de todo el proceso que, al final de sus vidas, va a suponer cambiar sus ancestrales costumbres sobre su moneda y sus medios de pago.

¿Considera la Comisión que debiera introducir medidas de tal tipo que tranquilicen al colectivo reseñado, les infunda confianza en el cambio de la moneda única, les invite a considerar que no les supondrá un perjuicio y que, en definitivas cuentas, el ejecutivo comunitario no se ha olvidado del colectivo de la tercera edad a la hora de considerar el impacto que pueda representar en sus vidas la llegada del euro?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión

(17 de noviembre de 1998)

Las necesidades de los pensionistas son de particular importancia y la Comisión agradece a Su Señoría por llamar su atención sobre el ejemplo de la doble indicación de precios.

La Comisión está convencida de que la doble indicación de precios y otros importes monetarios facilitará mucho la transición al euro a todo tipo de consumidores, y ha emitido una recomendación sobre diálogo, seguimiento e información para facilitar la transición al euro(1). La intención era establecer normas de buena práctica y explicar cuándo debe utilizarse la doble indicación. Por ejemplo, la Comisión recomienda que esta indicación forme parte de una estrategia global de comunicaciones para facilitar el paso de consumidores y profesionales al euro. Además, la doble indicación de "documentos de referencia" debería empezar al inicio del período de transición. La idea de ofrecer los equivalentes en euros de las pensiones pagadas en moneda nacional es una aplicación normal de estas recomendaciones de la Comisión.

(1) COM(98)961 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3813/98

de Concepció Ferrer (PPE) a la Comisión

(22 de diciembre de 1998)

Asunto: Programas y proyectos en materia de transporte en Cataluña

Teniendo en cuenta la política de transparencia que lleva a cabo la Comisión en relación a los gastos realizados por la misma, ¿podría decir la Comisión, para el período 1994-1999, qué proyectos de los realizados en Cataluña se han beneficiado para cada una de las ayudas disponibles en el marco del transporte?

Asimismo, ¿podría especificar la Comisión qué cantidades les han sido finalmente asignadas a cada uno de dichos proyectos?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(18 de enero de 1999)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA P-3384/98

de Fernando Fernández Martín (PPE) a la Comisión

(9 de noviembre de 1998)

Asunto: Cierre de incineradoras de basura en las Islas Canarias

Las normas comunitarias sobre incineradoras de residuos sólidos establecen una serie de requisitos y condiciones, entre ellos la de no sobrepasar determinados límites en la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

La Comisión Europea ya advirtió al Reino de España que debe proceder al cierre de tres incineradoras de basura en la isla de La Palma (Islas Canarias), dos en el término municipal de Mazo y una en el municipio de Barlovento.

Pese al tiempo transcurrido desde que la Comisión realizara tal advertencia, una simple inspección ocular de las zonas afectadas permite verificar que la situación no se ha modificado y que las autoridades responsables, en este caso el Gobierno Autónomo de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma, no han adoptado medida alguna tendente a corregir la situación.

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión y cuándo iniciará las actuaciones que corresponden a un procedimiento de infracción?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(8 de diciembre de 1998)

La Comisión ha iniciado un procedimiento de infracción contra España con arreglo al artículo 169 del Tratado CE por el motivo que menciona Su Señoría. Dentro de este procedimiento, la Comisión ha notificado su dictamen motivado a dicho Estado miembro.

La Comisión acaba de recibir la respuesta de las autoridades españolas a dicho dictamen motivado y procede a su estudio.

Si la Comisión estimara que la respuesta de las autoridades españolas al dictamen motivado no fuese satisfactoria podría decidir llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia con vistas a hacer constatar la existencia de un eventual incumplimiento.
PREGUNTA ESCRITA E-3323/98

de Kirsi Piha (PPE) a la Comisión

(10 de noviembre de 1998)

Asunto: Los efectos de la crisis rusa para Estonia

La profunda crisis política y económica que sufre Rusia ha ocasionado en Estonia graves problemas económicos que pueden tener efectos de largo alcance, entre otras cosas, para las negociaciones de adhesión del país a la UE. Uno de los principales bancos está bajo la supervisión del banco central ruso debido al peligro de bancarrota, y los sectores que dependen de las exportaciones a Rusia, la agricultura y la industria alimentaria, se enfrentan a graves dificultades.

Habida cuenta de estas informaciones, ¿como evalúa la Comisión la gravedad de la crisis económica rusa para la economía estonia? ¿Cómo podría afectar el agravamiento de la crisis rusa a las negociaciones de adhesión de Estonia a la UE?

Respuesta del Sr. van den Broek en nombre de la Comisión

(9 de diciembre de 1998)

La Comisión considera que el impacto de la crisis rusa sobre la economía estonia será limitado y bastante efímero. El menor crecimiento esperado del producto interior bruto (PIB) de Estonia en 1998 puede contribuir a reducir los desequilibrios exteriores resultantes de las altas tasas de crecimiento en el pasado. La Comisión confía en que las perspectivas económicas a largo plazo seguirán siendo buenas, a condición de que se mantengan unas políticas macroeconómicas prudentes.

La Comisión no considera que la actual crisis económica de Rusia vaya a repercutir en el proceso de negociación de la adhesión de Estonia a la Comunidad.