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PREGUNTA ESCRITA E-3279/98

de Freddy Blak (PSE) y John Iversen (PSE) a la Comisión

(30 de octubre de 1998)

Asunto: Regímenes de ayuda

El propietario de una empresa de granos y piensos en Dinamarca ha sido víctima del sistema de ayudas de la UE, al no haber constituido una garantía completa para los contratos relativos a la colza no alimentaria. La garantía exigida representa el 120 % de la ayuda por hectárea de la UE para los contratos en cuestión. La Dirección General competente de la UE le ha impuesto una multa de 200.000 coronas por no haber depositado a tiempo la garantía completa. Esta multa no parece justa, ya que se trata de una contravención mínima que no ha costado dinero ni a la UE, ni al Estado danés ni a terceros, y que tampoco ha reportado beneficio alguno a la mencionada empresa.

Hasta hace algún tiempo, la Dirección General competente de la UE solía comunicar telefónicamente a los interesados si debían ofrecer garantías adicionales en un plazo determinado. En 1996 se modificó este procedimiento sin previo aviso, y se suprimieron las notificaciones telefónicas. Se hizo más estricta la aplicación de las normas, y dejó de contemplarse la posibilidad de excepciones al requisito de la UE de que se pagara un 15 % de la garantía en concepto de sanción si se incumplía el plazo del 15 de abril para el depósito de la garantía.

¿No opina la Comisión de que se trata de una interpretación irrazonable de las normas de la UE y de la gestión comunitaria, cuando una contravención tan exigua puede suponerle a una empresa el pago de 200.000 coronas?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(18 de diciembre de 1998)

El Reglamento (CE) 1586/97 de la Comisión, de 29 de julio de 1997, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la utilización de las tierras retiradas de la producción con vistas a la obtención de materias para la fabricación en la Comunidad de productos que no se destinen principalmente al consumo humano o animal(1) ("barbecho industrial") establece disposiciones con respecto a las fianzas y su recuperación.

Se imponen una serie de medidas estrictas, destinadas a garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas, para evitar cualquier uso abusivo de las materias primas en cuestión en el circuito normal de venta de dichos productos. Los Estados miembros vigilan y controlan su aplicación, incluidas las condiciones de recuperación de la fianza.

En el caso planteado por Su Señoría, se trata de la incautación de la garantía en aplicación del reglamento horizontal que regula el régimen de garantías de los productos agrícolas, y, en particular, el respeto de la prueba del cumplimiento de la condición principal. La Comisión únicamente puede manifestar una interpretación que confirma la validez de la normativa, creada tras un examen en profundidad en los foros adecuados con los representantes de los Estados miembros.

(1) DO L 215 de 7.8.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-3678/98

de Gerhard Hager (NI) al Consejo

(4 de diciembre de 1998)

Asunto: Política de visados de la UE - 2

En la respuesta a mi pregunta oral para el turno de preguntas (H-0695/98)(1), se aseguró que la aceptación del acervo comunitario sería la piedra de toque de las negociaciones de adhesión. Se decía que el Consejo proporcionaría a los países candidatos todo el apoyo logístico necesario con vistas a la aplicación y la eficiencia de la trasposición del acervo comunitario. Además, en la respuesta se aseguraba que tanto la Comunidad como los países candidatos han proclamado su voluntad de proceder a las adaptaciones necesarias en este ámbito con la mayor rapidez posible. Entretanto, el Gobierno checo ha frenado una modificación legislativa sobre la adopción de la política de visados de la UE, y tampoco cejan las críticas a la misma desde Hungría. Los representantes del Gobierno checo aducen que además de una pronta adhesión a la UE, para ellos también son importantes unas buenas relaciones con los vecinos de la CEI, y no quieren perturbarlas con la política de visados.

¿Conoce el Consejo estos datos y, en este contexto, está en condiciones de confirmar las garantías formuladas en su respuesta a la pregunta anterior?

Respuesta

(8 de febrero de 1999)

El Consejo confirma que la aceptación del acervo de la Unión por los Estados candidatos a la adhesión será un punto central de las negociaciones de adhesión.

Evidentemente esta afirmación es válida para todos los asuntos, incluido el de los visados.

El Consejo de la Unión Europea hará todo lo que esté en su mano para ayudar a todos los Estados candidatos a aproximarse al acervo de la UE.

En ese sentido:

- el Consejo, en estrecha colaboración con la Comisión, concluyó durante el primer semestre de 1998 los trabajos relativos a la definición del acervo y a su comunicación formal a los Estados candidatos. Además, en lo que se refiere al asilo y a la inmigración, se produjo esa comunicación en 1997 durante la Presidencia neerlandesa.

- en el mes de mayo de 1998, el Consejo adoptó una acción común por la que se establece un sistema para evaluar colectivamente la adopción, aplicación y cumplimiento efectivo por parte de los países candidatos, del acervo de la Unión Europea en los ámbitos de la Justicia y de los Asuntos de Interior. Esta acción común prevé la creación de un grupo de expertos de los Estados miembros cuya misión será preparar y actualizar continuamente las evaluaciones colectivas de la situación en los países candidatos en lo que se refiere a la adopción, la aplicación y el cumplimiento efectivo del acervo de la Unión en los ámbitos de la Justicia y de los Asuntos de Interior. Los trabajos de este grupo han empezado ya.

- además, en el sector de los visados, se celebran regularmente reuniones (una vez por Presidencia) con representantes de los países candidatos. La última de estas reuniones tuvo lugar los días 26 y 27 de noviembre de 1998 en Bruselas. Está previsto también para el mes de enero de 1999 un seminario sobre la seguridad de los documentos.

(1) Debates del Parlamento Europeo, julio de 1998.
PREGUNTA ESCRITA E-3748/98

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(11 de diciembre de 1998)

Asunto: Derecho a votar en los referendos

¿Opina la Comisión que el derecho de voto de que disfrutan los ciudadanos de la UE que viven y residen en un Estados miembro distinto del suyo propio debería hacerse extensivo a los referendos sobre cuestiones europeas?

¿Puede indicar la Comisión en qué estado se encuentra la legislación sobre este tema en los Estados miembros en los que están permitidos los referendos?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(29 de enero de 1999)

En virtud del artículo 8B del Tratado CE, todo ciudadano que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tiene derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo del Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado miembro.

Dado que, según el artículo 8, los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos previstos en el Tratado, no parece que pueda hacerse una interpretación extensiva del derecho de voto otorgado en el ámbito de la nueva ciudadanía de la Unión, que abarcase los actos electorales citados por Su Señoría. Sin embargo, nada se opone en el Derecho comunitario a que un Estado miembro decida otorgar a los ciudadanos de la Unión (o de terceros países) que residan en su territorio el derecho de voto en elecciones distintas de las que se mencionan en el artículo 8B.

Por lo que se refiere a la solicitud de información acerca del estado en que se encuentra la legislación sobre el tema en los Estados miembros, la Comisión lamenta no estar en condiciones de responder a la cuestión por no disponer de suficiente información.
PREGUNTA ESCRITA E-3475/98

de Giacomo Leopardi (PPE) a la Comisión

(25 de noviembre de 1998)

Asunto: Estudios, propuestas, iniciativas o actos normativos sobre distribución de medicamentos y servicio farmacéutico

¿Puede indicar la Comisión si está examinando en la actualidad estudios, propuestas, iniciativas o actos normativos sobre de distribución de medicamentos y servicio farmacéutico?

En tal caso, ¿puede indicar la Comisión, lo más detalladamente posible, de qué estudios, propuestas, iniciativas o actos normativos se trata?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión

(5 de enero de 1999)

La Comisión considera que la situación legal actual en lo que se refiere a la distribución de medicamentos y al servicio farmacéutico es, en términos generales, satisfactoria.

No obstante, tal y como se indica en la Comunicación de la Comisión sobre el mercado único de los productos farmacéuticos(1), en muchos Estados miembros el servicio farmacéutico supone más del 25 % del coste final (excluida la fiscalidad) de un producto farmacéutico. Tal vez sea solamente una cuestión de tiempo (y de capacidad de penetración en el mercado) antes de que los nuevos sistemas de venta al consumidor -en concreto, gracias a las crecientes posibilidades que ofrece el comercio electrónico- induzcan a los órganos reguladores a considerar el ahorro que podrían realizar en esta parte de su gasto en productos farmacéuticos.

Como contribución a la reflexión en torno a este tema y otros relacionados, la Comisión encargó un estudio sobre el comercio electrónico en el sector farmacéutico. El estudio fue objeto de discusión por vez primera en la mesa redonda que se celebró en París el 7 de diciembre de 1998 sobre la consecución del mercado único de los productos farmacéuticos.

(1) COM(98)588 final; no existe versión española.
PREGUNTA ESCRITA E-3566/98

de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión

(1 de diciembre de 1998)

Asunto: Decisiones arbitrarias turcas en la Escuela de Teología de Chalki, en Estambul

En 1971 Turquía, con una decisión arbitraria y unilateral, decidió el cierre de la Escuela deTeología de Chalki, en Estambul. Y pese a que, en todos estos años, ha prometido que la Escuela volvería a entrar en funcionamiento, hace pocos días decidió recortar las competencias de su comisión rectora. Esta decisión del Gobierno turco constituye una violación patente de la igualdad de derechos y de la libertad de culto, principios que, en teoría, están tutelados por la Constitución turca y que son puntos básicos del Derecho internacional.

Los ciudadanos turcos de religión cristiana no pueden ejercer libremente sus derechos religiosos en dicho país. En consecuencia, el número de fieles cristianos en Turquía se ve continuamente reducido y las comunidades e instituciones religiosas se van viendo privadas de sacerdotes y estructuras jerárquicas. Esta acción premeditada aspira a que éstas acaben por quedar bajo la autoridad turca, a falta de elementos cristianos, dado que están en vigor las disposiciones de la ley turca de contenido discriminador que prohíben a los ciudadanos no turcos la participación en los órganos rectores de las instituciones.

¿De qué modo piensa la Comisión actuar para persuadir a la Turquía oficial (país asociado con la UE) de que anule la decisión de reducir las competencias de la comisión rectora de la Escuela de Teología de Chalki y vuelva a poner en funcionamiento esa gran institución de la Cristiandad cuya actividad tiene repercusiones a nivel mundial?
PREGUNTA ESCRITA E-2319/98

de José Apolinário (PSE) a la Comisión

(22 de julio de 1998)

Asunto: Artículo 10 del FEDER/ Interior de Portugal

Teniendo en cuenta la amplia zona interior de Portugal, ¿puede la Comisión aclarar en qué medida ha recibido esta zona ayudas comunitarias en virtud del artículo 10 del FEDER en el período 1994-1999? ¿Cuáles son sus perspectivas en lo que se refiere a las ayudas para el período financiero 2000-2006?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(15 de octubre de 1998)

Portugal participa en 31 proyectos piloto realizados en virtud del artículo 10 del Reglamento(1) del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) durante el periodo de 1994-1999. El coste total de estos proyectos es de 39,4 millones de ecus y la contribución del FEDER asciende a 22,5 millones. Un cuadro con más detalles les será enviado directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.

Por otra parte, en el contexto del procedimiento de selección de la convocatoria de propuestas correspondientes al periodo de 1994-1999 para RECITE II, la Comisión tiene prevista la aprobación de unos 25 proyectos en los que participan socios portugueses. La contribución financiera destinada a los participantes portugueses será de alrededor de 9 millones de ecus.

De cara al periodo de financiación de 2000-2006, la Comisión propone asignar el 1 % de los recursos de los Fondos Estructurales a medidas innovadoras y a acciones piloto; de este importe, el 0,7 % se destinará a medidas innovadoras y el 0,3 % a asistencia técnica. Los temas todavía no se han propuesto. Además, no está previsto efectuar una asignación previa por Estado miembro.

(1) DO L 193 de 31.7.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-3653/98

de Amedeo Amadeo (NI) al Consejo

(4 de diciembre de 1998)

Asunto: Gestión del poder, fraude comunitario y corrupción política

Una prestigiosa revista semanal italiana informa, en su publicación del 5 de noviembre pasado, sobre una serie de actos de corrupción en los que interviene en primer lugar la Comisión Europea, la misma institución que con regularidad denuncia la ineficacia, los retrasos y los casos de corrupción en los Estados miembros,

Según la revista Panorama, en una complicada red de negocios y política interviene la propia Edith Cresson, antigua primera ministra del Gobierno francés, hoy miembro de la Comisión para la investigación científica.

Al parecer, su dentista atendió en Bruselas a la Sra. Cresson, sin sueldo pero con el apoyo del empresario Perry, titular de la empresa Perry-Lux, ya famosa por los casos de corrupción comunitaria, a cambio de posibles asesoramientos que, para decir verdad, Edith Cresson nunca facilitó. En cambio, Edith Cresson contrató al dentista y a su hijo como investigadores científicos, con contratos reservados hasta ahora a las más altas autoridades médicas y científicas del continente, con el fin de redactar importantes informes.

¿Piensa el Consejo contestar con urgencia a estas denuncias y facilitar todas las oportunas explicaciones para aclarar una situación que desacredita a todas las instituciones de la Unión Europea?

Respuesta

(8 de febrero de 1999)

No corresponde al Consejo formular su apreciación sobre las afirmaciones contenidas en la pregunta de Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-3422/98

de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión

(24 de noviembre de 1998)

Asunto: Obstáculos a los intercambios

En relación con la propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se establece un mecanismo de intervención de la Comisión para la eliminación de determinados obstáculos a los intercambios (COM(97)619 final - 97/0330(CNS))(1), ¿podría la Comisión, en cooperación con los Estados miembros, llegar a un entendimiento para aplicar rápidamente los procedimiento previstos por el artículo 169 del Tratado, sobre todo en los casos en los que los obstáculos a los intercambios hacen necesaria una solución rápida, en vez de optar por el artículo 235 del Tratado como fundamento jurídico?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(29 de enero de 1999)

En el Reglamento (CE) 2679/98 del Consejo, de 7 de diciembre de 1998, sobre el funcionamiento del mercado interior en relación con la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros(2), se establece un mecanismo de alerta y vigilancia, así como la intervención del Estado miembro correspondiente y la Comisión en plazos muy cortos para levantar los obstáculos en cuestión. La elección del fundamento jurídico obedece a que, para la adopción de un reglamento como éste, el Tratado CE no contempla más potestades de acción que las previstas en el artículo 235.

La Comisión presentó la citada propuesta de Reglamento en respuesta a la petición que le formuló el Consejo Europeo de Amsterdam. La creación de un mecanismo de alerta y vigilancia para reaccionar contra algunos tipos de obstáculos no contradice de ninguna manera la firme intención de la Comisión de fijar plazos estrictos para los procedimientos que habrían de incoarse, en aplicación del artículo 169 del Tratado CE, en aquellos casos que no pudiesen solucionarse con la aplicación del Reglamento.

(1) DO C 10 de 15.1.1998, p. 14.

(2) DO L 337 de 12.12.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-2931/98

de Gérard Caudron (PSE) a la Comisión

(2 de octubre de 1998)

Asunto: Transportistas por carretera

Estos últimos días han estado caracterizados por una movilización importante de los transportistas por carretera a escala de la Unión. Su principal reivindicación se refiere al tiempo de trabajo.

Este clamor es tanto más fuerte cuanto que la posibilidad de practicar el cabotaje debería tener como principal consecuencia una mayor presión de su empresa en lo relativo a su tiempo de trabajo efectivo para maximizar el grado de utilización de los camiones.

Además del hecho de que los camioneros van a sufrir una disminución de su calidad de vida, hay que medir el impacto de estas medidas desde el punto de vista de la seguridad vial. Es inútil recordar la larga serie de accidentes de carretera debidos a la fatiga de los conductores. No pueden ignorarse estas consecuencias indirectas y a menudo dramáticas.

¿No sería, por consiguiente, posible, por una parte, armonizar el tiempo de trabajo de los transportistas a escala de la Unión Europea y, por otra, estudiar las repercusiones del cabotaje sobre el mismo?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(26 de noviembre de 1998)

La Comisión tiene la intención de presentar próximamente un paquete de propuestas para proteger a los trabajadores a los que no se aplica actualmente la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo(1) (la Directiva de tiempo de trabajo) contra los efectos adversos sobre su salud y seguridad de las jornadas laborales excesivamente largas, insuficientes períodos de descanso o pautas de trabajo nocivas. El paquete comprende una propuesta de modificación de la Directiva de tiempo de trabajo para aplicarla a los trabajadores no móviles del sector del transporte por carretera, y una nueva propuesta de Directiva que regula específicamente la jornada laboral de los trabajadores móviles de dicho sector. Esta última propuesta tiene plenamente en cuenta los resultados alcanzados hasta ahora en las negociaciones entre los interlocutores sociales del transporte por carretera, y contendrá disposiciones para los conductores autoempleados y trabajadores móviles por cuenta propia.

En el último informe de la Comisión sobre el cabotaje(2) se indica que, en 1995, la cuota de mercado de tales operaciones en los mercados nacionales se situó en el 0,25 %. No se prevén cambios bruscos tras la abolición de los contingentes de cabotaje el 1 de julio de 1998. Aunque es evidentemente muy pronto para presentar estadísticas sobre la situación posterior a esa fecha, los últimos datos apuntan a una disminución del número de autorizaciones de cabotaje en 1996 y 1997, lo cual parece confirmar las conclusiones del citado informe de la Comisión.

(1) DO L 307 de 13.12.1993.

(2) COM(98)47 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3513/98

de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión

(25 de noviembre de 1998)

Asunto: Mercancías con usurpación de marca o mercancías piratas

En la propuesta de reglamento (CE) 3295/94, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas (COM(98)0025 final - 98/0018(ACC))(1), se comprueba que el sistema se enfrenta con una dificultad particular ya que, a nivel comunitario, las normas sólo pueden tener un radio de acción determinado, mientras que las modalidades de aplicación están determinadas por las legislaciones nacionales.

¿Podría la Comisión Europea llevar a cabo una armonización, desde el punto de vista de la economía, que permita una aplicación eficaz de las principales normas en este ámbito?

(1) DO C 108 de 7.4.1998, p. 63.
PREGUNTA ESCRITA P-2996/98

de Odile Leperre-Verrier (ARE) a la Comisión

(28 de septiembre de 1998)

Asunto: Norma europea específica más severa para las carreteras de montaña

El transporte de materias peligrosas por carretera en los macizos montañosos plantea numerosos problemas y suscita inquietudes por parte de las poblaciones vecinas de dichas carreteras. Así, un accidente ocurrido en el pasado mes de mayo en Francia en la nacional 205, a la altura del municipio de Servoz (Alta Saboya), que provocó el vertimiento de plaguicidas en la calzada, una vez más ha demostrado cuán importante es el factor del riesgo del paso del túnel del Mont-Blanc para los usuarios y los habitantes de los municipios vecinos.

A este respecto, ¿tiene prevista la Comisión la aplicación de una norma europea específica para las carreteras de montaña, más severa que la actual, que defina, en cuanto al transporte de materias peligrosas:

- la velocidad máxima de los vehículos transportadores,

- exigencias para el modo de acondicionamiento (contenedores resistentes a los choques)?

- ¿Piensa la Comisión establecer itinerarios sensibles de montaña que impongan el desplazamiento de dichos transportes en convoyes, lo que permitiría, además de su control más estricto, una limitación de la velocidad obligatoria?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(5 de noviembre de 1998)

La Directiva 94/55/CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera(1) (Marginal 10599 del Anejo B) permite a los Estados miembros establecer condiciones o restricciones de seguridad suplementarias concernientes a vehículos que se sirvan de puentes y túneles, así como condiciones que precisen el itinerario que deben seguir los vehículos con el fin de evitar rutas que representen peligros físicos importantes.

Esta disposición, pues, permite a los Estados miembros adoptar medidas de seguridad específicas aplicables a zonas especiales tales como carreteras en túneles o montañas. La Comisión reconoce que los Estados miembros son los que están mejor situados para adoptar ese tipo de medidas y, por esa razón, no va a proponer ningún tipo de legislación comunitaria sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera en zonas concretas.

(1) DO L 319 de 12.12.1994.