PREGUNTA ESCRITA E-1574/01

de Luciana Sbarbati (ELDR) a la Comisión

(1 de junio de 2001)

Asunto: Gestión de residuos: salud pública e impacto en el medio ambiente

En Italia se está agravando de manera cada vez más rápida el problema de la gestión de residuos. Para hacer frente a la alarma higiénico-sanitaria de algunas regiones, se ha pensado en la hipótesis de trasladar los residuos a las regiones limítrofes. Se ha pedido, por ejemplo, a la región de las Marcas que se haga cargo de 30 000 toneladas de residuos procedentes de Campania.

También en Europa se transportan residuos tóxicos de un país a otro y se permite que los convoyes utilizados para este transporte atraviesen núcleos urbanos. Asimismo se autoriza el soterramiento de enormes cantidades de residuos de todo tipo sin cuantificar el daño para los acuíferos y para la salud de la población; los controles preventivos resultan insuficientes y las desinfecciones a las que se ha recurrido en los diferentes países de la Unión Europea para los casos de fiebre aftosa se han llevado a cabo sin ningún tipo de coordinación.

En esta situación límite se pone seriamente en peligro el derecho a la salud de los ciudadanos y la protección del medio ambiente.

1. ¿Tiene intención la Comisión de incrementar las acciones de sensibilización y los intercambios de buenas prácticas para contribuir a la mejora de la situación de los residuos, en lugar de limitarse a promulgar actos legislativos que resultan ineficaces?

2. ¿Tiene intención la Comisión de exigir la recogida selectiva fomentando y apoyando la investigación, así como a la industria de reciclado de residuos, con objeto de obtener su transformación en materias primas o en fuentes de energía alternativas?

3. ¿Prevé la Comisión aplicar sanciones a los que, alimentando a las mafias ecológicas, en lugar de actuar de manera concreta buscando la solución del problema hacen recaer la responsabilidad en otras personas o especulan con el comercio de determinados tipos de escorias, y castigar a los que, incluso recibiendo ayudas, transportan materiales peligrosos de un país a otro, poniendo en peligro la salud de los ciudadanos y causando daños al medio ambiente?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(26 de julio de 2001)

La legislación comunitaria sobre residuos otorga a los Estados miembros un marco de competencias y obligaciones concebidas para facilitar una protección eficaz del medio ambiente. Conforme a lo dispuesto en la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos(1), los Estados miembros tienen la obligación de asegurar que los residuos se gestionan sin poner en peligro la salud del hombre y sin perjudicar al medio ambiente. Además, la Directiva también obliga a los Estados miembros a crear una red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación y a asegurarse de que las empresas de gestión de residuos estén debidamente autorizadas y registradas. Para dar cumplimiento a los requisitos y objetivos establecidos en la Directiva, los Estados miembros deben elaborar planes de gestión de residuos en los que se mencionen, en particular, los tipos, cantidades y origen de los residuos, las prescripciones técnicas generales, todas las disposiciones especiales relativas a residuos particulares y los lugares o instalaciones apropiados para la eliminación. Los traslados de residuos peligrosos se rigen por los procedimientos estrictos de control que establece el Reglamento (CEE) no 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea(2). En particular, el Reglamento habilita a los Estados miembros para someter a control la exportaciones e importaciones desde o hacia la Comunidad de residuos que estén destinados a operaciones de vertido.

En la actualidad, es obligatoria la recogida selectiva de residuos oleosos, conforme a lo dispuesto en la Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites usados(3), como también lo es la de los residuos de envases, en la medida necesaria para lograr los objetivos de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases(4) y la de las baterías a las que se refiere la Directiva 91/157/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas(5). La recogida selectiva también constituye uno de los objetivos de la propuesta de la Comisión sobre residuos procedentes de equipos eléctricos y electrónicos. Además, los Estados miembros pueden utilizar instrumentos económicos, como medidas fiscales y sistemas de depósito, para fomentar la recogida selectiva, siempre que estos sean compatibles con las normas del mercado interior.

Además de sus propuestas legislativas, la Comisión ha adoptado otras medidas para lograr una mayor sensibilización e incrementar los intercambios de buenas prácticas. El programa LIFE ofrece la posibilidad de financiar proyectos innovadores para la mejora de la recogida selectiva y el reciclaje de residuos. Por otra parte, se han organizado diversos seminarios específicos para intercambiar información sobre mejores prácticas, entre los que cabe mencionar el celebrado en Sorrento en 1996, especialmente dedicado a la situación existente en Campania. Además, la Comisión ha publicado un manual de buenas prácticas de compostaje y recogida selectiva de residuos(6), especialmente destinado a la Europa meridional, donde el compostaje ofrece un potencial muy elevado. En este contexto, cabe asimismo destacar el manual, extremadamente útil, que ha publicado la agencia nacional italiana para la protección del medio ambiente(7).

La legislación comunitaria en materia de medio ambiente establece las obligaciones legales específicas cuyo cumplimiento deben garantizar los Estados miembros en sus jurisdicciones respectivas. Con ello, proporciona a los Estados miembros el marco necesario para solucionar el problema del tratamiento ilegal de los residuos. Sin embargo, es competencia y deber de los Estados miembros garantizar tanto la correcta incorporación al Derecho nacional de las directivas comunitarias sobre la protección del medio ambiente, como la imposición de sanciones eficaces para obstaculizar y combatir el tratamiento ilícito de residuos, las cuales han de ser objeto del debido seguimiento y control. Por su parte, la Comisión sigue velando por la aplicación del Derecho comunitario y ha iniciado numerosos procedimientos de infracción contra los Estados miembros, motivados por la falta de transposición y la aplicación incorrecta de la legislación comunitaria en materia de residuos(8).

El Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos para el período 2001-2010(9) prevé expresamente la adopción de medidas para combatir enérgicamente el delito ecológico(10).

Dentro de su actuación en el marco del primer pilar del Tratado, la Comisión aprobó el 13 de marzo de 2001 una Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente por medio del derecho penal(11). La propuesta permitirá una aplicación más eficaz de la legislación comunitaria en materia de protección del medio ambiente, estableciendo en toda la Comunidad un conjunto mínimo de elementos de infracción penal con arreglo al derecho medioambiental de los Estados miembros. En particular, la propuesta contiene disposiciones relacionadas con el tratamiento y la eliminación de los residuos.

La Comisión, que realiza por su parte un esfuerzo de recogida de datos fiables sobre la existencia y la amplitud de la delincuencia organizada en materia medioambiental, también animará a los Estados miembros, en el marco de la cooperación policial y judicial (Título VI del Tratado de la UE), a que completen la propuesta de Directiva con medidas adecuadas, en particular por lo que respecta al establecimiento de condenas mínimas aplicables en todos los Estados miembros y a la extradición entre Estados miembros de los delincuentes ecológicos.

(1) DO L 194 de 25.7.1975, modificada por la Directiva 91/156/CEE (DO L 78 de 26.3.1991) y por la Decisión 96/350/CEE de la Comisión (DO L 135 de 6.6.1996).

(2) DO L 30 de 6.2.1993.

(3) DO L 194 de 25.7.1975.

(4) DO L 365 de 31.12.1994.

(5) DO L 78 de 26.3.1991.

(6) Comisión Europea, Ejemplos de buenas prácticas de compostaje y recogida selectiva de residuos, 2000 (http://www.europa.eu.int/comm/environment/waste/compost/index_es.htm).

(7) ANPA, La raccolta differenziata, aspetti progettuali e gestionali, 1999.

(8) Véase, en este sentido, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1999 en el asunto C-365/97, Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana, relativa al incumplimiento de la Directiva 75/442/CEE por parte de Italia en relación con el cauce del arroyo de San Rocco.

(9) COM(2001) 31 final.

(10) Véase la página 14 del Sexto Programa.

(11) COM(2001) 139 final.