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PREGUNTA ESCRITA E-0786/02

de Jens-Peter Bonde (EDD) a la Comisión

(19 de marzo de 2002)

Asunto: Lista de las medidas de seguridad de las centrales nucleares

¿Puede la comisión presentar una lista de las medidas de seguridad de las centrales nucleares tras el 11 de septiembre y evaluar el riesgo de acciones suicidas como el ataque del que fuimos testigos contra el World Trade Center? ¿Está de acuerdo la Comisión en que el riesgo podría eliminarse mediante un escudo de hormigón de 2,5 metros, tal como afirma Hans Bjerregård, del Foro para la Energía y el Desarrollo, en el periódico Politiken de 6.11.2001?

Respuesta de Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(26 de abril de 2002)

La pregunta de Su Señoría se refiere a las medidas de seguridad adoptadas por las centrales nucleares a raíz de los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de 2001. Es importante recordar a este respecto que, gracias sobre todo a las preocupaciones de no proliferación y radioprotección, el sector nuclear es uno de los sectores industriales donde las normas de seguridad y seguridad son más severas.

Desde el 11 de septiembre de 2001, las autoridades de los Estados miembros han reforzado los dispositivos de protección existentes y las medidas de protección física ya en vigor para las instalaciones de riesgo y más concretamente para las instalaciones nucleares. Por lo demás, la prensa se ha hecho un amplio eco de las medidas más llamativas, como la instalación en Francia de una batería de misiles tierra-aire cerca de la fábrica de reelaboración de los combustibles irradiados de La Hague. Dicho esto, las medidas de protección física son por su mismo carácter confidenciales. Comunicar sus pormenores podría reducir su aspecto disuasivo y, por lo tanto, su eficacia.
PREGUNTA ESCRITA E-0702/02

de Charles Tannock (PPE-DE)y Robert Goodwill (PPE-DE) a la Comisión

(13 de marzo de 2002)

Asunto: Efectos del nuevo billete de 500 euros sobre el blanqueo de dinero y el fraude fiscal

En respuesta a la pregunta escrita E-3213/01(1) la Comisión confeccionó una lista con el número de los Estados miembros que, hasta hace poco, utilizaban billetes de banco con valor entre los 200 y los 600 euros, aunque resultó que únicamente Alemania y los Países Bajos utilizaban billetes de valor similar al de 500 euros.

La Comisión señaló que es difícil evaluar la medida en que se utilizará el euro en las transacciones ilegales, añadiendo que se esforzará por detectar cualquier sospecha de un uso desmedido de los billetes de banco en las transacciones ilegales después de 2001. No obstante, no indicó, como se le pedía, si se consultó a las fuerzas policiales antes de tomar la decisión de emitir el billete de 500 euros y si la Comisión estaría dispuesta a recomendar la retirada de dicho billete si, tras su emisión, Europol o Interpol llegasen a la conclusión de que ha contribuido de manera importante a las actividades de la delincuencia organizada. ¿Podría la Comisión aclarar si éste es o no el caso?

¿Podría también confirmar la Comisión que el billete se introdujo principalmente debido a la insistencia del Gobierno alemán, a pesar de que ello facilita a los residentes alemanes que desean evadir impuestos sacar dinero del país de manera subrepticia? En caso afirmativo, ¿cree la Comisión que esto concuerda con la insistencia del Gobierno alemán en los últimos años en la necesidad de una retención a cuenta a escala europea o de un intercambio de información para disminuir el fraude fiscal?

(1) DO C 147 E de 20.6.2002, p. 133.

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(2 de mayo de 2002)

Según el Tratado CE y el estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), la competencia sobre los billetes de banco corresponde al Banco Central Europeo. Las decisiones de introducir o de retirar billetes de banco no pueden, por tanto, ser tomadas por la Comisión.

En relación con los billetes de 500, que se introdujeron solamente hace algunos meses, la Comisión considera que sería inoportuno tomar en consideración o anticipar recomendaciones de medidas hipotéticas basadas en prejuicios o especulaciones sobre el uso concreto que se hará o que podría hacerse de esta denominación específica de billete.
PREGUNTA ESCRITA P-0479/02

de Ari Vatanen (PPE-DE) a la Comisión

(13 de febrero de 2002)

Asunto: Acuerdo de asociación y colaboración y Acuerdo interino entre la Unión Europea y la Federación de Rusia/Principio de no discriminación

El Acuerdo interino arriba mencionado, firmado el 17.7.1995, entró en vigor el 1.2.1996.

Al igual que el Tratado de Amsterdam (artículo 90), los acuerdos celebrados entre la Unión Europea y la Federación de Rusia incluyen también el principio de la no discriminación recíproca.

¿Puede la Comisión indicar si los artículos que prevén este principio en los últimos acuerdos son directamente vinculantes para los tribunales y otras autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea?

Por ejemplo: Un tribunal de un Estado miembro establece que la legislación nacional sobre los impuestos a la importación viola en algunos aspectos el principio de no discriminación en lo que concierne a la importación de determinadas mercancías.

Bajo estas circunstancias, ¿es posible que dicho tribunal admita un recurso presentado sobre la base del artículo 90 del Tratado de Amsterdam por la empresa A, que importa esas mercancías desde otros Estados miembros, y que no acepte el presentado por la empresa B, que importa las mismas mercancías de Rusia, con el argumento de que las normas sobre no discriminación previstas por el Acuerdo de asociación y colaboración y el Acuerdo interino no son vinculantes para las autoridades fiscales como lo son las disposiciones sobre no discriminación del Tratado de Amsterdam?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(19 de marzo de 2002)

De acuerdo con el apartado 7 del artículo 300 del Tratado CE, los acuerdos con terceros países celebrados por el Consejo, con arreglo a las disposiciones del Tratado CE, son vinculantes para las instituciones comunitarias y los Estados miembros. Los operadores individuales pueden invocar los acuerdos con terceros países si se considera que los acuerdos son directamente vinculantes. Se puede considerar que un acuerdo es directamente vinculante si sus disposiciones establecen una obligación suficientemente clara y precisa que no requiere la adopción de medidas derivadas para su aplicación (véase Asunto 12/86 Demirel y, con respecto al Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, el Asunto C-149/96 Portugal-Consejo).

La cuestión de si esos acuerdos son directamente vinculantes y, por lo tanto, si los particulares pueden utilizarlos deben determinarla los Tribunales de la Comunidad. Por lo que sabe la Comisión, no se ha pedido ni al Tribunal de Justicia Europeo ni al Tribunal de Primera Instancia que determinen si las disposiciones del Acuerdo de Asociación y Cooperación y el Acuerdo Interino entre la Comunidad y la Federación Rusa son directamente vinculantes.
PREGUNTA ESCRITA E-1299/02

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(7 de mayo de 2002)

Asunto: Fraude en el sector agropecuario francés

En relación con la respuesta del Comisario Fischler a la pregunta escrita P-0440/02 de Neil Parish(1), ¿podría la Comisión confirmar que informará a la Comisión parlamentaria de Control Presupuestario tan pronto como la Comisión haya leído y estudiado detenidamente el informe? ¿Remitirá su dictamen la Comisión tan pronto le sea posible? ¿Cómo piensa la Comisión recuperar los fondos que faltan?

(1) DO C 229 E de 26.9.2002.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(10 de junio de 2002)

La Comisión está examinando detenidamente el informe del Tribunal de Cuentas francés y notificará su dictamen sobre el mismo a la Comisión parlamentaria de Control Presupuestario si ésta lo solicita. En principio, los resultados del estudio eatarán disponibles antes de la pausa estival.

De observarse indicios de deficiencias administrativas que comporten algún riesgo para el Fondo Europeo de Orientación y Guarantía Agrícola (FEOGA), se propondrán las oportunas correcciones financieras mediante el procedimiento de liquidación de cuentas. Es éste un procedimiento ya consolidado, establecido en el Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la financiación de la política agrícola común(1), que permite recuperar anualmente entre 600 y 800 millones de EUR en todo el territorio de la Unión. En lo que respecta a Francia, las correcciones financieras aplicadas desde 1994 ascienden a 457 millones de EUR, lo que representa un porcentaje inferior al 1 % del importe declarado.

(1) DO L 160 de 26.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-1232/02

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(29 de abril de 2002)

Asunto: Financiación con fondos FEDER de la sustitución de los teléfonos rurales de acceso celular (TRAC) en Galicia

Según comunicación del Ministerio de la Presidencia española, el Estado español ha emprendido las gestiones para mejorar las nefastas condiciones de acceso a la red telefónica de los abonados de los teléfonos rurales de acceso celular (TRAC) existentes en Galicia, explicando asimismo que se ha defendido ante la Comisión Europea la necesidad de ampliar el concepto de servicio universal y que esta nueva directiva ha recogido finalmente las propuestas españolas. La nueva directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas reconoce que la sustitución de los TRAC quedaría garantizada en el marco del servicio universal, una vez que entren en vigor las normas nacionales que traspongan dicha Directiva. ¿Ha solicitado el Estado español inversiones con fondos procedentes del FEDER para la sustitución de los teléfonos rurales de acceso celular (TRAC) en Galicia?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(24 de junio de 2002)

La Comisión remite a Su Señoría a la respuesta a la pregunta escrita E-0855/02(1) sobre la petición de ayuda financiera por parte de las autoridades españolas para ese proyecto. La Directiva sobre el servicio universal(2) define como tal la prestación de un determinado conjunto de servicios, incluido el acceso a Internet, a todos los abonados a un precio asequible. La Directiva es tecnológicamente neutral, es decir, no exige la utilización de ningún tipo de tecnología para prestar esos servicios.

(1) DO C 229 E de 26.9.2002, p. 150.

(2) Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) DO L 108 de 24.4.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-1500/02

de Professor Sir Neil MacCormick (Verts/ALE) a la Comisión

(29 de mayo de 2002)

Asunto: Población itinerante

¿Puede la Comisión dar a conocer su opinión sobre los puntos siguientes?

1. Desde 1989, año en que se aprobaron dos resoluciones sobre la educación de los niños gitanos e itinerantes y de los niños cuyos padres ejercen profesiones itinerantes(1), la Comisión ha destinado fondos, a través del programa Socrates, a apoyar proyectos de cooperación, innovadores y de carácter internacional destinados a respaldar las mejoras progresivas necesarias.

2. A raíz de los recientes cambios en el procedimiento de revisión y evaluación de las nuevas solicitudes de financiación, se ha registrado una seria disminución del número de proyectos destinados a los grupos de población itinerante que han recibido ayuda financiera. Como consecuencia de ello, la situación actual es crítica, y tanto la EFECOT (Federación Europea para la Educación de Niños de Trabajadores Itinerantes) como Interface se enfrentan a la perspectiva de un cierre inminente. No es posible calcular lo que supondrá la desaparición de estas dos redes de gran eficacia, pero no hay duda de que la falta de un centro de información capaz y competente no dejará de tener repercusiones. Las cuestiones relacionadas con la población itinerante volverán a ser marginales, ya que estas personas dispondrán de escasas posibilidades de hacerse oir y será difícil promover acciones concertadas y coherentes.

(1) DO C 153 de 21.6.1989, pp. 1 y 3.

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(27 de junio de 2002)

Tal como señala Su Señoría, la Comisión presenta desde hace mucho tiempo un interés en garantizar el apoyo a las iniciativas dirigidas a la mejora de la educación y formación de la población itinerante.

Dentro de la fase actual de Sócrates (2000-2006), este grupo destinatario se ha convertido en una de las prioridades de apoyo principales en todas las acciones del programa en cada sector educativo: educación infantil, primaria, secundaria, educación superior, educación para adultos y otros itinerarios educativos.

Ya que este grupo destinatario es una prioridad en el programa Sócrates, cada año se ha asignado la financiación a proyectos que promueven la educación de gitanos e itinerantes, incluidas las rondas de selección de 2000 y 2001. Con el fin de garantizar la utilización óptima del dinero público y una mejor calidad de los proyectos, las decisiones de la Comisión de financiar o rechazar propuestas de proyectos están basadas en una evaluación externa independiente llevada a cabo por expertos en la materia. Cuando las nuevas propuestas no son seleccionadas, sus promotores reciben una carta en la que se exponen las razones que respaldan la decisión y se les anima a que busquen asesoramiento de los servicios apropiados de la Comisión. La Comisión sostiene que la calidad del proyecto es el único fundamento apropiado para la selección del mismo.
PREGUNTA ESCRITA E-1538/02

de Karl-Heinz Florenz (PPE-DE) a la Comisión

(3 de junio de 2002)

Asunto: Transposición al Derecho nacional de la Directiva 1999/44/CE sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo

El 1 de enero de 2002 entró en vigor en Alemania, al hilo de la transposición de la Directiva 1999/44/CE(1), la ley de reforma del Derecho de obligaciones. En el procedimiento legislativo referente a la ley de reforma del Derecho de obligaciones se suprimieron las disposiciones relativas a la venta de animales, sin sustituirlas por otras nuevas. Este hecho, junto con el establecimiento de plazos de prescripción más estrictos y la inversión de la carga de la prueba, que pasa a corresponder al empresario, han dado lugar a problemas de subsistencia para los vendedores de animales, especialmente para los clasificados como empresarios con arreglo al artículo 14 del Código Civil alemán. Alegan, por ejemplo, que se plantean dificultades considerables para la aportación de la prueba de descargo de conformidad con el artículo 476 del Código Civil alemán cuando el defecto se debe a un tratamiento inadecuado del animal o a esfuerzos excesivos que se le han impuesto. No obstante, el legislador alemán no ha previsto disposiciones específicas para la venta de animales.

¿En qué Estados miembros, aparte de Alemania, se ha transpuesto ya la Directiva 1999/44/CE?

¿Han aprobado estos Estados miembros disposiciones específicas para la venta de animales en lo referente a la regulación de los plazos de garantía y de la carga de la prueba?

(1) DO L 171 de 7.7.1999, p. 12.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(23 de julio de 2002)

Además de Alemania, actualmente (6 de junio de 2002), Dinamarca, Italia, Austria y Finlandia han incorporado a su Derecho nacional la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, y han comunicado a la Comisión el texto de esta legislación de transposición (Artículo 11 de la Directiva).

En las disposiciones de incorporación de la Directiva pertinentes de los citados Estados miembros, no existen cláusulas especiales en lo que respecta a la venta de animales a los consumidores.
PREGUNTA ESCRITA E-1445/02

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(23 de mayo de 2002)

Asunto: Alcance de la prohibición de importación de determinados productos alimenticios chinos decidida por la Comisión

La Comisión ha prohibido recientemente la importación de una serie de productos alimenticios procedentes de China, entre los que se incluyen el pescado, la miel y la aves, debido a una falta de confianza en la validez de los certificados de exportación que se supone que garantizan la seguridad de dichos productos. ¿Puede la Comisión indicar lasa áreas concretas de preocupación y si se han realizado progresos para asegurar que en el futuro todo producto de este tipo haya sido correctamente controlado por las autoridades chinas?

¿Podría también confirmar la Comisión que la prohibición se ha hecho extensiva a las capturas de gambas por buques chinos que faenan en aguas internacionales y que descargan directamente en puertos de la Comunidad y, si es el caso, podría justificar dicha medida?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(19 de julio de 2002)

El 30 de enero de 2002, la Comisión prohibió una serie de productos de origen animal procedentes de China destinados a la alimentación humana y animal.

Se tomó esta decisión tras muchos hallazgos de productos de pesca contaminados con sustancias prohibidas como el cloranfenicol y tras una misión de inspección de la Oficina Alimentaria y Veterinaria en China del 8 al 22 de noviembre de 2001. Esta visita de inspección reveló un deplorable incumplimiento de los compromisos y garantías que se proporcionaron a la Comisión en lo que respecta al control de residuos y sustancias que presentan un riesgo para la salud humana y animal.

Esta medida de salvaguardia que tenía como objetivo proteger la salud pública tiene carácter temporal y será revisada cuando las autoridades chinas proporcionen garantías de que los productos exportados a la Comunidad cumplen con las exigencias sanitarias comunitarias. Hasta ahora, se han conseguido algunos progresos y los expertos de la Comisión visitaron China recientemente para debatir y evaluar las nuevas medidas adoptadas por las autoridades chinas.

Al principio se incluyó a todos los crustáceos en la prohibición debido a una posible confusión entre los productos salvajes y los de acuicultura, sospechándose de estos últimos que estaban contaminados. La Comisión ha adoptado ya una primera modificación de la Decisión el 10 de junio de 2002(1), por la que se permite la importación de productos de bajo riesgo como los camarones atrapados por buques chinos en el Océano Atlántico y descargados directamente en los puertos de la Comunidad. El comité permanente encargado de estas cuestiones acaba de dar su visto bueno a una segunda modificación por la que se amplía la lista de especies de peces que podrían ser importadas. La Comisión adoptará dicha modificación una vez que se haya completado el procedimiento habitual.

(1) DO L 151 de 11.6.2002.
PREGUNTA ESCRITA P-0688/02

de Marianne Eriksson (GUE/NGL) al Consejo

(5 de marzo de 2002)

Asunto: Presencia extranjera en Colombia

El candidato a las presidenciales por el partido liberal ha denunciado recientemente la presencia de soldados de los Estados Unidos en la ofensiva hacia la capital del Caguán, San Vicente de Chucurri.

¿Que piensa hacer el Consejo para impedir la internacionalización del conflicto armado en Colombia y la presencia militar de terceros países?

Respuesta

(22 de julio de 2002)

1. El proceso de paz en Colombia atraviesa actualmente momentos de incertidumbre. El Presidente de Colombia se vio obligado a poner fin el 20 de febrero de 2002 al Proceso de diálogo y negociación iniciado en 1998 y encaminado a la celebración de acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejercito Popular (FARC-EP), así como a la Zona de Distensión. El Consejo siempre ha apoyado al Presidente Andrés Pastrana y los esfuerzos que ha realizado en estos años para alcanzar la paz en Colombia. Las FARC-EP, desgraciadamente, no han actuado en consecuencia.

2. Las autoridades colombianas deberán definir ahora los medios concretos por los que el Gobierno pueda establecer nuevas vías para resolver el conflicto. Las recomendaciones de las Organizaciones regionales en las que participa Colombia, así como las experiencias de los países vecinos seguramente puedan contribuir a definir dichos medios.

3. El Consejo ha expresado su solidaridad con el pueblo colombiano, el Presidente Pastrana y su Gobierno, así como su esperanza de que, desde el pleno respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y del estado de derecho, la democracia colombiana pueda alcanzar plenamente las aspiraciones de paz y prosperidad de su pueblo.

4. El Consejo ha manifestado en varias ocasiones la opinión de que no hay otra opción viable sino una solución negociada del conflicto interno y ha reafirmado su apoyo a toda iniciativa destinada a establecer un verdadero diálogo con el que se pretenda poner término a este conflicto que destroza a Colombia. El Consejo también ha reiterado su disponibilidad para secundar, junto con la comunidad internacional, todo proceso de negociación que lleve a una paz fundada en los derechos humanos y en las libertades fundamentales.

5. La Unión Europea se esforzará en poner en práctica los compromisos autónomos asumidos en el marco del Programa europeo de apoyo al proceso de paz en Colombia, siempre que éste no resulte obstaculizado por problemas de seguridad. Este programa tiende a promover y garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales así como el derecho humanitario, mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales, fomentar los cultivos de sustitución y la protección de la biodiversidad y apoyar la introducción de reformas de las estructuras que alimentan el conflicto.

6. Por último, cabe señalar que, en el marco del diálogo con la Comunidad Andina y con los Estados Unidos, el Consejo ha tenido diferentes ocasiones de intercambiar información sobre todos los aspectos de la situación en Colombia y de exponer la posición al respecto de la Unión Europea.
PREGUNTA ESCRITA E-0556/02

de Renzo Imbeni (PSE) y Giovanni Pittella (PSE) al Consejo

(4 de marzo de 2002)

Asunto: Visados para los ciudadanos no comunitarios residentes en Suiza

Varios cientos de miles de personas que emigraron en su día de los países de los Balcanes y de Turquía viven en Suiza con permisos de residencia regulares de larga duración. Cada vez que estas personas necesitan atravesar la frontera de la Unión (a través de Italia, de Austria, de Alemania y, en menor medida, de Francia) están obligados a solicitar un visado. El FIM (Foro para la integración de los inmigrantes recientemente establecidos en Suiza) propone que se substituya esta obligación de solicitud de un visado por la presentación del pasaporte y del permiso de residencia.

¿Puede indicar el Consejo si está de acuerdo con esta propuesta? En caso afirmativo, ¿puede explicar qué medidas tiene intención de adoptar para ponerla en práctica? Y en caso negativo, ¿qué alternativas propone a fin de evitar situaciones confusas en los consulados de los países comunitarios afectados?

¿Considera el Consejo que existe en posibilidad de introducir una solución a este grave problema en las últimas decisiones sobre la ratificación del Tratado entre la Unión Europea y la Confederación Suiza?

Respuesta

(26 de junio de 2002)

El Consejo recuerda que el Reglamento 539/2001 del Consejo fija la lista de los terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para franquear las fronteras exteriores de los Estados miembros; el lugar de residencia no es un criterio para la emisión de un visado.

Asimismo, se recuerda que, aunque el procedimiento de emisión de visados ha sido armonizado a nivel de Schengen (Instrucciones Consulares Comunes), la emisión de visados es competencia exclusiva de los Estados miembros que deciden en cada caso sobre las solicitudes de tales documentos.

En definitiva, el Consejo recuerda que, en cualquier caso, el derecho de iniciativa en este ámbito incumbe exclusivamente a la Comisión, y que hasta ahora no se le ha presentado iniciativa alguna en el sentido indicado por Sus Señorías.