PREGUNTA ESCRITA E-1852/97 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (30 de mayo de 1997)

Asunto: Igualización de pensiones entre hombres y mujeres, Sr. Farmer, Stanford-le-Hope, RU

En respuesta a una queja de mi elector, el Sr. Farmer de Stanford-le-Hope, que fue obligado a jubilarse por P & O Distribution, Banking and Tilbury Depot cuando su régimen de pensión fue igualizado para que entrara en vigor a los 63 años para hombres y mujeres, ¿proponía la Comisión, y es conforme con la Directiva, que los empleados fueran obligados a jubilarse antes de lo que se preveía anteriormente? ¿Qué puede hacer el Sr. Farmer a este respecto?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (2 de julio de 1997)

La Comisión desearía precisar a Su Señoría que la Directiva 96/97/CE del Consejo ((DO L 46 de 17.2.1997. )), adoptada el 20 de diciembre de 1996, modificó la Directiva 86/378/CEE ((DO L 225 de 12.8.1986. )) para que se ajustara al artículo 119 del Tratado CE tal como fue interpretado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Barber y las posteriores sentencias relacionadas con la misma. Los Estados miembros se vieron obligados a tomar las medidas necesarias para cumplir esta Directiva antes del 1 de julio de 1997. La Comisión pedirá a todos los Estados miembros información sobre las medidas tomadas para la aplicación de esta Directiva y, en su caso, no dudará en incoar el procedimiento previsto en el artículo 169 del Tratado CE.

Esta Directiva tiene por objeto garantizar que los hombres y las mujeres reciban el mismo trato por lo que respecta a los regímenes profesionales de seguridad social ((Todavía no se ha instaurado la igualdad de trato entre hombres y mujeres en relación con la edad de jubilación en el ámbito de los regímenes estatutarios. La Directiva 79/7/CEE (DO L 6 10.1.1979) permite en la letra a) del apartado 1 del artículo 7 el mantenimiento de edades de jubilación diferentes según el sexo. )), lo que puede materializarse en la fijación de una misma edad de jubilación para hombres y mujeres, o bien en la instauración de un régimen de jubilación flexible con las mismas condiciones para ambos sexos. La elección de la posibilidad de establecer la misma edad corresponde al régimen profesional en cuestión, de conformidad con las normas y modalidades aplicables en el Estado miembro de que se trate.

En sus sentencias sobre los asuntos 408/92 Smith ((Rec. 1994, I p.4435, sentencia de 28.9.1994, asunto C-408/92 Smith. )) y 28/53 Van den Akker ((Rec. 1994, I p. 4527, sentencia de 28.9.1994, asunto C-28/93 Van den Akker. )), el Tribunal precisó en mayor medida la manera en que el empresario o el régimen profesional deben introducir la igualdad de la edad de jubilación.

En resumen, para los períodos de empleo comprendidos entre el 17 de mayo de 1990 y la fecha de entrada en vigor de la norma por la que el régimen impone una edad de jubilación uniforme, el artículo 119 se opone a que, para restablecer una situación de igualdad, se utilice un método que no consista en la aplicación a todos los trabajadores del régimen privilegiado que disfrutaban hasta ese momento solamente los trabajadores de un sexo.

Por el contrario, para los períodos de empleo posteriores a la fecha de la entrada en vigor de las medidas de igualdad de trato, el artículo 119 no impide que se iguale la edad de jubilación de las mujeres a la de los hombres, o que se adopte una edad de jubilación uniforme para los hombres y las mujeres.

Por lo que respecta a los períodos de empleo anteriores al 17 de mayo de 1990, el derecho comunitario no imponía ninguna obligación de justificar las medidas de reducción a posteriori de las ventajas que disfrutaban las mujeres o los hombres.

No obstante, debe señalarse que la Comisión, en un contexto general, sigue con gran atención la evolución de los sistemas nacionales de protección social, en el marco de la Recomendación del Consejo de 27 de julio de 1992, relativa a la convergencia de los objetivos y de las políticas de protección social ((DO L 245 de 26.8.1992. )), y de la Recomendación del Consejo de 24 de junio de 1992, sobre los criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de protección social. En efecto, los sistemas nacionales deben estar guiados en su evolución por principios comunes, de conformidad con las modalidades propias de cada Estado miembro, pero con el objetivo de adaptarlos a la evolución de las necesidades de protección social y, en especial, a las relacionadas con las transformaciones del mercado de trabajo, los cambios de las estructuras familiares y la evolución demográfica.