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Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión
(4 de octubre de 1999)
La Comisión estÆ de acuerdo en que se deberían fomentar las formas de agricultura sostenible, tales como
la agricultura biológica. En la Conferencia Biológica de Baden/Viena de mayo de 1999, la Comisión se
comprometió a proseguir y, en su caso, incrementar sus esfuerzos para fomentar el desarrollo del sectorbiológico.
La reforma de la política agrícola comœn realizada en el contexto de la Agenda 2000 proporciona
mœltiples bases para seguir desarrollando este sector. Concretamente, varias medidas del reglamento (CE)n
o1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda a al desarrollo rural a cargo del Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícolas (FEOGA) y por el que se modifican y derogandeterminados reglamentos (
1) (por ejemplo, la inversión, el agroambiente y la transformación y comercia-
lización) pueden orientarse de forma que fomenten la agricultura biológica. Con anterioridad, todos losEstados miembros ya han hecho uso de la posibilidad de fomentar la agricultura biológica mediante elpago de servicios medioambientales prestados dentro de sus programas agroambientales. La obligación
impuesta recientemente a los Estados miembros de elaborar programas de desarrollo rural integrados
facilitarÆ la introducción de medidas de comercialización y de otro tipo que contribuirÆn a lograr un sectorbiológico equilibrado y sostenible.
La Comisión ha presentado un marco jurídico aplicable a la producción biológica en virtud del cual se
armoniza la definición del mØtodo de producción e inspección en todos los Estados miembros. Reciente-mente dicho marco jurídico se ha ampliado para abarcar la producción animal y en breve se presentarÆ unlogotipo comunitario para los productos biológicos.
En el Reino Unido se estÆ aplicando ya en el periodo de programación actual un planteamiento progresivo
de los programas medioambientales, tal y como sugiere Su Seæoría, que, probablemente, se mantendrÆ enel futuro.
(1) DO L 160 de 26.6.1999.
(2000/C 27 E/156) PREGUNTA ESCRITA E-1552/99
de Graham Watson (ELDR) a la Comisión
(1 de septiembre de 1999)
Asunto: Task Force de la Comisión Europea sobre vitaminas y minerales
La Comisión Europea ha solicitado a su ComitØ científico sobre alimentación humana la creación de una
nueva Task Force que tenga como objetivo examinar las vitaminas y minerales. ¿Tiene intención laComisión de dar a conocer la lista de los miembros de esta Task Force así como sus atribucionesconcretas?
(2000/C 27 E/157) PREGUNTA ESCRITA E-1593/99
de Glyn Ford (PSE) a la Comisión
(1 de septiembre de 1999)
Asunto: Task force para las vitaminas y las sustancias minerales
¿Puede decir la Comisión si ha solicitado al ComitØ Científico de Alimentación que cree una task force para
estudiar la seguridad de las vitaminas y las sustancias minerales y, en caso afirmativo, con quØcompetencias?
Si dicha task force ya ha sido creada, ¿por quiØn estÆ formada? Si aœn no se ha procedido a la designación
de sus miembros, ¿en quØ se va a basar la misma?C 27 E/128 ES 29.1.2000 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión
(6 de septiembre de 1999)
La Comisión considera que el trabajo compartido puede ser un instrumento adecuado para mejorar la
flexibilidad y reconciliar el trabajo y la vida familiar. En general, es importante, sin embargo, que dichasmedidas sean de carÆcter voluntario y que todas las partes interesadas se comprometan plenamente y seanlo suficientemente flexibles como para permitir el buen funcionamiento del sistema. En las circunstanciasactuales, la Comisión no estima necesario adoptar una directiva comunitaria que establezca la introducciónde mecanismos obligatorios de trabajo compartido. Sí recomienda, en cambio, a los Estados miembros queestudien sus leyes y demÆs disposiciones reglamentarias a fin de garantizar que no constituyen obstÆculosal desarrollo de este tipo de mecanismos, siempre que los trabajadores afectados sigan disfrutando deuna seguridad adecuada. Esta iniciativa sería conforme con las Directrices para el empleo en 1999(Directriz 17).
(2000/C 27 E/062) PREGUNTA ESCRITA E-1409/99
de Glyn Ford (PSE) a la Comisión
(1 de septiembre de 1999)
Asunto: Lugares de especial interØs científico
¿Podría indicar la Comisión quØ proporción del territorio de cada uno de los quince Estados miembros estÆ
actualmente designada como merecedora de conservación y, como tal, calificada de Especial InterØsCientífico?
Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión
(10 de septiembre de 1999)
La pregunta que Su Seæoría formula a la Comisión se refiere a la superficie propuesta por los Estados
miembros como Sites of Special Scientific Interest. No obstante, esa figura, utilizada en el Reino Unido, noexiste en el Derecho comunitario.
La Comisión, sin embargo, publica un barómetro Natura en el que se indica la proporción de territorio que
cada Estado miembro propone con arreglo a la Directiva comunitaria de aves (Directiva 79/409/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (
1)), y a la Directiva de
hÆbitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la protección de los hÆbitatsnaturales y de la fauna y flora silvestres (
2)).
El barómetro Natura se actualiza cada cuatro meses. Se publica en el boletín informativo gratuito Natura
2000 y es accesible desde el sitio http://europa.eu.int/comm/dg11/nature/natura.htm.
(1) DO L 103 de 25.4.1979.
(2) DO L 206 de 22.7.1992.
(2000/C 27 E/063) PREGUNTA ESCRITA E-1410/99
de Mark Watts (PSE) a la Comisión
(1 de septiembre de 1999)
Asunto: Autorización para el ejercicio de la profesión de animador infantil
¿Podría indicar la Comisión si existe una normativa comunitaria que regule las autorizaciones y la
formación de los animadores infantiles y si dichas personas estÆn obligadas a llevar consigo material deseguridad en sus actuaciones? ¿Tienen estas personas la obligación de contratar un nivel mínimo deseguro?29.1.2000 ES C 27 E/53 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
PREGUNTA ESCRITA E-0847/99

de Glyn Ford (PSE) y Alan Donnelly (PSE) a la Comisión

(7 de abril de 1999)

Asunto: Defensor del Pueblo

¿No cree el Presidente de la Comisión que, a la vista de la actual situación, sería conveniente que las tres instituciones -Consejo, Comisión y Parlamento- dispusieran de un Defensor del Pueblo encargado de velar por el cumplimiento de las normas de la vida pública y de los códigos y reglas de conducta por parte de los diputados y el personal de las tres instituciones, así como por el mantenimiento de la plena transparencia de las mismas?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión

(29 de abril de 1999)

Con el fin de suscitar una concertación entre las tres Instituciones, la Comisión transmitió a los Presidentes del Consejo y el Parlamento los tres códigos de conducta referentes, respectivamente, a los miembros de la Comisión, a las relaciones entre éstos y los servicios y a las normas de deontología para los funcionarios.

El código de conducta de los funcionarios refleja, en una presentación fácilmente comprensible, las normas de comportamiento tanto deontológicas como profesionales que se derivan del Estatuto, común a las tres Instituciones.

Cada Institución debe velar por la aplicación del conjunto de normas que regulan el comportamiento de sus funcionarios tanto dentro de su Institución como en sus relaciones con el exterior.

Por lo que se refiere al aspecto externo, el Defensor del Pueblo Europeo es competente para tratar, en particular, las denuncias de los ciudadanos de la Unión o de las personas físicas o jurídicas que residen en un Estado miembro que planteen casos de mala administración en las tres Instituciones mencionadas. La amplia definición del concepto de mala administración permite al Defensor del Pueblo tener competencia en todas las denuncias que cuestionan alguna decisión administrativa.

Así pues, el Defensor del Pueblo tiene ya competencias en todos los casos que cubre la parte 5, "Al servicio del Público", del código de conducta de los funcionarios elaborado por la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-0595/99

de Ian White (PSE) a la Comisión

(12 de marzo de 1999)

Asunto: Transporte de animales vivos

La revista "Animal Issues" de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals denuncia a Francia, Grecia, Italia y Portugal por no haber aplicado la Directiva 95/29/CE(1) sobre la protección de los animales durante el transporte. ¿Cuál es la posición de la Comisión al respecto y qué medidas ha adoptado para garantizar que se produzca un estricto cumplimiento de la legislación comunitaria?

Respuesta del Sr. Fischler En nombre de la Comisión

(8 de abril de 1999)

Grecia, Italia y Portugal han notificado las medidas nacionales de aplicación de la Directiva 95/29/CE de 29 de junio de 1995 por la que se modifica la Directiva 91/628/CEE sobre la protección de los animales durante el transporte.

En cambio, Francia no aplica plenamente esa Directiva, por lo que la Comisión no ha suspendido el procedimiento de infracción incoado de acuerdo con el artículo 169 del Tratado CE contra ese país por no haber notificado las medidas necesarias para la aplicación de la Directiva.

(1) DO L 148 de 30.6.1995, p. 52.
PREGUNTA ESCRITA E-0554/99

de Anita Pollack (PSE) a la Comisión

(12 de marzo de 1999)

Asunto: Salud pública y medio ambiente urbano

¿Ha reflexionado la Comisión acerca de la necesidad de crear a escala de la UE una red de departamentos municipales de salud pública urbana que favorezca el intercambio de conocimientos sobre mejores prácticas en los aspectos sociales y urbanos de la política sanitaria?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(12 de abril de 1999)

La Comisión pretende, de hecho, dar un enfoque más amplio a la política sanitaria en el que se incluyan aspectos sociales y urbanos. De acuerdo con la serie de programas de salud pública actuales desarrollados en el contexto del marco de actuación de la Comisión de 1993 en el ámbito de la salud pública(1), la Comisión ya está facilitando apoyo a varias redes urbanas, incluida una red europea para la salud pública en capitales y regiones.

En el marco de la campaña de ciudades europeas sostenibles, la Comisión también está financiando actividades organizadas por el proyecto de ciudades salubres de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un proyecto de desarrollo internacional a largo plazo con el que se pretende convertir la salud en una prioridad para las autoridades de las ciudades europeas. Unas 1 100 ciudades aproximadamente están ligadas a 26 redes de ciudades salubres nacionales y a varias regionales y temáticas en Europa. Entre dichas actividades se encuentran la preparación y difusión de estudios detallados y el desarrollo de planes de acción interurbanos.

Una de las principales prioridades de la nueva política en materia de salud pública de la Comisión, esbozada en su Comunicación sobre la evolución de la política sanitaria en la Comunidad(2), será crear un sistema de información global sobre la salud que abarque la evolución de la situación en materia de salud y los sistemas sanitarios. Esto creará un vínculo entre las autoridades pertinentes en los distintos Estados miembros, permitiéndoles intercambiar información sobre las mejores prácticas en varias áreas de la política sanitaria. Aunque el nombramiento de los socios que trabajen en las distintas partes del sistema dependerá de cada Estado miembro, se espera que las regiones y las ciudades participen activamente en esta actividad.

Por último, la base de datos de la Comisión sobre buenas prácticas en gestión urbana y sostenibilidad(3), uno de cuyos temas es la salud, representa un medio muy útil para difundir estudios centrados en aspectos sociales y urbanos de la política sanitaria.

(1) COM(93)559 final.

(2) COM(98)230 final.

(3) http://europa.eu.int/com/urban/.
PREGUNTA ESCRITA E-1060/99

de Carlos Bru Purón (PSE) a la Comisión

(20 de abril de 1999)

Asunto: Comisiones en el cambio de monedas

Algunos Bancos de la zona Euro, en previsión de tiempos futuros, aprovechan este año para cobrar comisiones en el cambio de monedas europeas que pueden sobrepasar el 25 %, aplicando además un criterio regresivo puesto que se da así en el cambio de pequeñas cantidades.

¿Piensa la Comisión advertir a los Bancos o Asociaciones Bancarias de los Estados de la Unión Económica y Monetaria acerca de los nefastos efectos que, este ansia depredatoria de última hora va tener, en el futuro, en el negocio bancario?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(7 de mayo de 1999)

La Comisión desea informar a Su Señoría que, en efecto, se ha puesto ya en contacto con los bancos y las asociaciones de banca acerca de las comisiones cobradas por los bancos por el cambio de billete de banco en la zona del euro. En carta a las principales federaciones bancarias europeas de enero de 1999, la Comisión puso de relieve que es de vital importancia que la confianza del público en la introducción del euro y la credibilidad del sistema bancario en su conjunto no se vean socavadas por entidades financieras que persigan beneficios injustos mediante el aumento de las comisiones por las transacciones de las antiguas divisas nacionales anteriores en la zona del euro. El 5 de febrero de 1999, en un comunicado de prensa(1), la Comisión pidió de nuevo a bancos que mejoraran la transparencia informando al público de los cambios del nivel total de las comisiones (antes y después de la introducción del euro) por el cambio de billetes de banco de la zona del euro y por los cheques transfronterizos, las transferencias y los pagos con tarjeta. La Comisión ha publicado recientemente un análisis de las quejas recibidas a través del servicio especial de correo electrónico y fax anunciado en el IP/99/90. Se ha pedido igualmente a las asociaciones de banca que reaccionen a la información contenida en este análisis.

Su Señoría puede asimismo remitirse a las respuestas de la Comisión a las preguntas escritas E-3825/98 del Sr. Caudron(2) y P-52/99 del Sr. Tamino(3) y a la respuesta a las preguntas orales O-29/99 del Sr. Hendrick y la Sra. Randzio-Plath, o-31/99 del Sr. Gasòliba i Böh, O-32/99 del Sr. de Lassus Saint Geniés, O-33/99 del Sr. Wolf, y O-34/99 del Sr. Gallagher durante el turno de preguntas de la sesión parlamentaria de marzo(4).

(1) IP/99/90.

(2) DO C 348 de 3.12.1999, p. 3.

(3) DO C 325 de 12.11.1999.

(4) Debates del Parlamento (marzo de 1999).
PREGUNTA ESCRITA E-0323/99

de John McCartin (PPE) a la Comisión

(23 de febrero de 1999)

Asunto: Precio de la carne de cordero y de ovino

¿Puede facilitar la Comisión el precio medio que se ha pagado en cada Estado miembro por la carne de cordero y de ovino durante el último período de que se dispongan datos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(11 de marzo de 1999)

A continuación se detallan los precios medios pagados en euros a los ganaderos por cada 100 kg de canales de cordero durante enero de 1999(1) en todos los Estados miembros(2):

>SITIO PARA UN CUADRO>

(1) Precios medios durante las cuatro primeras semanas de la campaña agrícola 1999-2000.

(2) No hay datos sobre Luxemburgo.
PREGUNTA ESCRITA E-0531/99

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) a la Comisión

(8 de marzo de 1999)

Asunto: La industria de conservas de productos de la pesca y la acuicultura en la Unión Europea

En la Sesión Plenaria de junio de 1998, el Parlamento Europeo debatió y aprobó el Informe de Iniciativa sobre la Industria de Conservas de Productos de la Pesca y la Acuicultura en la Unión Europea (A4-0137/98)(1) entre cuyas conclusiones, el Parlamento Europeo instaba a la Comisión a promover campañas de promoción de las conservas comunitarias de productos de la pesca, difundiendo su origen, su calidad, sus garantías de producción y su alto valor nutritivo, que permitan al consumidor verificar la excelencia de los productos comunitarios.

¿Puede la Comisión informar acerca de las acciones realizadas para dar cumplimiento a lo solicitado por el Parlamento Europeo?

(1) DO C 210 de 6.7.1998, p. 295.
PREGUNTA ESCRITA P-1032/99

de Luigi Florio (PPE) a la Comisión

(7 de abril de 1999)

Asunto: Seguridad en los túneles de carretera y de ferrocarril

La tragedia producida la semana pasada en el túnel del Mont-Blanc ha puesto de manifiesto de forma dramática la falta de condiciones de seguridad en casi todos los túneles de carretera y de ferrocarril europeos.

a) ¿No considera la Comisión necesario elaborar a la mayor brevedad una normativa europea que garantice normas adecuadas de seguridad en los túneles?

b) ¿No considera la Comisión necesario establecer, mediante normas de carácter transitorio, criterios de comportamiento obligatorio durante el período necesario para adaptar las instalaciones existentes a las nuevas normas?

¿Qué otras medidas considera la Comisión que debe adoptar para evitar que se repitan en otros lugares de la Unión tragedias similares?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(7 de mayo de 1999)

La Comisión ha tomado nota de la resolución sobre el accidente del túnel del Mont Blanc adoptada por el Parlamento el 15 de abril de 1999.

En particular, comparte la idea del Parlamento de que no procede extraer conclusiones antes de que se publique el informe de la investigación.

Saluda asimismo el deseo del Parlamento de que se adopte rápidamente la propuesta de directiva relativa a las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales que circulan en la Comunidad(1).

(1) DO C 190 de 18.6.1998.
PREGUNTA ESCRITA P-0357/99

de Antonio Tajani (PPE) a la Comisión

(12 de febrero de 1999)

Asunto: Central lechera de Roma - Transmisión de propiedad

¿Qué informaciones está en condiciones de facilitar la Comisión sobre el procedimiento por incumplimiento contra el Estado italiano con respecto a la privatización de la central lechera de Roma?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(12 de marzo de 1999)

El 25 de marzo de 1998, la Comisión incoó el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE con respecto a las ayudas concedidas por el ayuntamiento de Roma en el ámbito de la operación y la privatización de la Centrale del Latte di Roma. Esta Decisión se publicó en el Diario Oficial(1).

La Comisión analiza las observaciones recibidas en el ámbito de dicho procedimiento. Tras finalizar este análisis, adoptará una decisión final sobre las ayudas en cuestión.

(1) DO C 206 de 2.7.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-0253/99

de Riccardo Nencini (PSE) a la Comisión

(12 de febrero de 1999)

Asunto: Movilidad de los empleados de la empresa Nuovo Pignone (Florencia)

La empresa Nuovo Pignone, con sede en Florencia, controlada por la sociedad General Electric, ha manifestado su intención de prescindir de 400 empleados de un total de 3 100.

Los beneficios de la empresa han oscilado en estos últimos años entre el 20 y el 14 % (800 000 millones en cuatro años) y los pedidos conseguidos últimamente permiten a Nuovo Pignone mantener una posición dominante en sectores relevantes del mercado.

El municipio de Florencia ha aportado una contribución decisiva, del orden de varios millares de millones, para la fundación de un centro de formación destinado a cualificar al personal de la empresa.

Nuovo Pignone se ha beneficiado de fondos comunitarios, por distintos conceptos, para la formación de su propio personal.

¿Tiene intención la Comisión de intervenir, a la luz de cuanto precede, a fin de evitar que la dirección de la empresa prescinda de una parte tan importante de sus empleados?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(6 de abril de 1999)

Cualquier decisión por la que se proceda a efectuar despidos colectivos debe atenerse a lo dispuesto en la Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos(1).

En caso de despidos colectivos, el derecho comunitario vela principalmente por reforzar la protección de los trabajadores, tratando para ello de reducir las diferencias existentes entre las disposiciones en vigor en los Estados miembros en lo que se refiere a las modalidades y al procedimiento de los despidos colectivos, así como a las medidas capaces de atenuar las consecuencias de estos despidos para los trabajadores.

En este sentido, el artículo 2 de la referida Directiva prevé que cuando un empresario tenga la intención de efectuar despidos colectivos, deberá consultar, en tiempo hábil, a los representantes de los trabajadores con vistas a llegar a un acuerdo. Estas consultas versarán, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento destinadas, en especial, a la ayuda para la readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos.

Nada parece indicar que se hayan incumplido las disposiciones comunitarias y nacionales aplicables. En cualquier caso, son la jurisdicción y la administración nacionales las instancias competentes para regular las consecuencias jurídicas que se puedan derivar de este asunto.

(1) DO L 225 de 12.8.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-0957/99

de Willy De Clercq (ELDR) a la Comisión

(13 de abril de 1999)

Asunto: Libre circulación de trabajadores

¿Tiene conocimiento la Comisión de que diversas universidades italianas continúan sin respetar la libre circulación de trabajadores, contemplada en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea?

¿Está al corriente la Comisión de que desde 1989 los ciudadanos europeos protestan contra las prácticas discriminatorias aplicadas por las universidades italianas, que ofrecen a los profesores extranjeros contratos de tan sólo un año cuando no hacen lo mismo con los profesores italianos?

¿Tiene la Comisión conocimiento de la sentencia Allué y Coonan, de 2 de agosto de 1993, en la que el Tribunal de Justicia considera que estas prácticas son contrarias al apartado 2 del artículo 48 del Tratado?

¿Está al corriente la Comisión de que todavía no se ha puesto fin a estas infracciones de un principio general consagrado en el Tratado CE?

¿Tiene la Comisión la intención de intervenir al respecto? En caso afirmativo, ¿de qué manera? En caso negativo, ¿por qué no?
PREGUNTA ESCRITA E-0819/99

de Antoni Gutiérrez Díaz (GUE/NGL) a la Comisión

(6 de abril de 1999)

Asunto: Ilegalidad de una intervención con cargo a los Fondos estructurales en Llançà (Girona) España

El 28 de enero de 1998 formulé una pregunta escrita (no P-0194/98)(1) con objeto de poner en conocimiento de la Comisión la ilegalidad de las actuaciones realizadas con financiación comunitaria en el paseo marítimo de Grifeu en el término municipal de Llançà. En la respuesta recibida el 26 de febrero de 1998 la Comisión se comprometía a dirigirse a las autoridades españolas para informarse acerca de estas irregularidades y proponía las medidas a adoptar en el momento en que la sentencia judicial (no 247/97 de 12 de diciembre de 1997) que las declaraba tuviese carácter firme.

¿Puede informar la Comisión sobre el resultado de sus gestiones ante las autoridades españolas?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(7 de mayo de 1999)

La Comisión ha sido informada de una sentencia judicial en la que se declaran ilegales por vías de hecho las obras emprendidas en el término municipal de Llança (Cataluña) por la Dirección General de Puertos y Costas del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña, cofinanciadas por la Comunidad en el marco del programa Interreg II A España-Francia. La Comisión ha tomado nota de que el juez ha ordenado la demolición de las obras, la indemnización de los expropiados y la restitución de los terrenos a sus propietarios iniciales.

En la medida en que esta sentencia judicial devenga firme, la Comisión ha propuesto a las autoridades españolas anular esa cofinanciación y asignar los fondos a otro proyecto en cuanto se celebre la próxima reunión del Comité de seguimiento, por lo que espera nuevas propuestas de las citadas autoridades.

(1) DO C 304 de 2.10.1998, p. 49.