PREGUNTA ESCRITA E-1112/01

de Alexander de Roo (Verts/ALE) y Jorge Moreira da Silva (PPE-DE) a la Comisión

(6 de abril de 2001)

Asunto: Embalse de Alqueva (Portugal)

El término de la construcción de la presa de Alqueva, situado en la parte portuguesa del río Guadiana, está previsto para finales de 2001. El Gobierno portugués piensa entonces anegar la zona y crear un embalse de 250 km2, 63 de los cuales estarán en España, destinado fundamentalmente para riego. Con este propósito, el 22 de febrero se inició un programa de desmonte, que afectará a una zona de 19 740 ha de una de las reservas naturales más importantes del sur de la Península Ibérica, dominada por el ecosistema de dehesa, el bosque mediterráneo y los hábitats ribereños. La desaparición de estos hábitats prioritarios tendrá repercusiones dramáticas para numerosas especies de vertebrados amenazadas. La zona está poblada también por el lince ibérico, como confirma un informe financiado por LIFE (Instituto da Conservação da Natureza, 1998, La conservación del lince ibérico, Proyecto LIFE no B4-3200/94/767). El río Guadiana es uno de los cinco núcleos portugueses que aún existen, y la zona que será devastada, conocida como Alcarrache-Gadelim, forma parte de este núcleo.

El embalse inundará el 94 % de la zona del hábitat Río Guadiana-Juromenha y afectará a la reserva natural de aves especiales de Mourão-Barrancos. Esta operación de desmonte, que no se ha sometido a ninguna valoración de impacto ambiental y en la que no se han aplicado las medidas de minimización previstas, se inició bajo la presunción de que el embalse se llenaría hasta su nivel de capacidad máximo de 152 metros, y que el agua sería necesaria para la irrigación de un área superior a 110 000 ha y para la desviación prevista del río Guadiana a la cuenca del Sado. Sin embargo, el plan de regadío no estaba definido completamente (cultivos, coste del agua, financiación), y no se tuvo en cuenta el altísimo riesgo de salinización del suelo. Tampoco la desviación fue tenida en cuenta en la planificación inicial ni se sometió a una valoración del impacto medioambiental, como establece la Directiva comunitaria relativa a la evaluación del riesgo para el medio ambiente. Algunas ONG portuguesas solicitaron que no se procediera al desmonte de la zona por encima de los 139 metros, lo que salvaría más de medio millón de árboles e importantes hábitats protegidos, sin descartar ninguna posibilidad para el futuro en lo referente a la utilización del embalse. También pidieron que el desmonte tuviera lugar por etapas, según las necesidades, y que se iniciara un debate a nivel nacional y europeo sobre la viabilidad de los planes de regadío de la explotación del embalse de Alqueva.

1. ¿Cómo puede la Comisión aceptar que este proyecto destruya zonas que deberían estar consideradas como zonas prioritarias de acuerdo con la Directiva sobre los hábitats?

2. ¿Puede la Comisión garantizar que todos los aspectos del proyecto, incluida la desviación del río Guadiana a la cuenca del Sado, se tendrán en cuenta en la evaluación del impacto ambiental?

3. ¿Piensa la Comisión que los planes de regadío relacionados con el llenado del embalse de Alqueva hasta un nivel de 152 metros son sostenibles en términos ecológicos y económicos?

4. ¿Qué pasos ha dado la Comisión para asegurarse de que las aguas del embalse de Alqueva cumplen las normas de calidad establecidas en la Directiva marco sobre la calidad del agua y en la Directiva sobre los nitratos?

5. ¿Es cierto que el Fondo de Cohesión ha cofinanciado la central eléctrica hidráulica para compensar la decisión de no cofinanciación con fondos de la UE?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(14 de junio de 2001)

La presa de Alqueva forma parte de un proyecto polivalente para el que se aprobó financiación comunitaria, sujeta a determinadas condiciones, en julio de 1997(1). En febrero de 1997 el Gobierno portugués decidió crear una comisión de seguimiento medioambiental

(Comissão de Acompanhamento Ambiental das Infraestruturas do Alqueva (CAIA)) presidida por el ministerio portugués de Medio Ambiente y con la participación, entre otros, de autoridades medioambientales nacionales y regionales y de organizaciones no gubernamentales (ONG) de defensa del medio ambiente. Esta comisión se encarga del seguimiento de los aspectos medioambientales del proyecto, incluidas las evaluaciones del impacto medioambiental hechas para cada parte del proyecto. La CAIA es también la encargada de comprobar la eficacia de las medidas de minimización y compensación y de la supervisión medioambiental.

La Comisión continuará siguiendo de cerca el proyecto y velando por que el Derecho comunitario se aplique correctamente. Así ocurre en el caso del programa operativo regional del Alentejo, del que se cofinanciarán varios proyectos y en cuya comisión de seguimiento participa la Comisión. Asimismo, la Comisión continuará solicitando a las autoridades portuguesas todos los datos necesarios para comprobar que se aplican de forma adecuada las medidas de minimización y compensación que permitieron aprobar la cofinanciación.

En cuanto a las preguntas concretas hechas por Sus Señorías:

- El plan de gestión ambiental del proyecto incluye medidas de minimización y compensación, tal y como recomendaban los estudios de impacto ambiental y la comisión de evaluación. Asimismo, en el plan se señala explícitamente que las áreas sensibles desde el punto de vista medioambiental deben quedar excluidas de todo plan futuro de irrigación. La Comisión ha solicitado ya a las autoridades portuguesas la información necesaria para comprobar que las medidas del plan de gestión ambiental están siendo realmente aplicadas. Como es lógico, el grado de cumplimiento de las condiciones impuestas al conceder la cofinanciación también se tendrá en cuenta al considerar la posible cofinanciación de partes individuales del proyecto.

- Las partes individuales del proyecto, incluidos los planes de irrigación y el posible trasvase de agua de la cuenca del Guadiana a la del Sado, deberán someterse por separado a evaluaciones del impacto medioambiental con arreglo a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(2) y a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(3). La Comisión realizará un seguimiento especial dentro del programa operativo regional del Alentejo para el periodo 2000-2006.

- Antes de que la Comisión adoptará su Decisión sobre la cofinanciación, se estudiaron otras alternativas y el nivel de 152 metros se consideró la mejor opción.

- La Directiva marco del agua(4) obliga a que todas las aguas (ríos, lagos, aguas subterráneas y aguas costeras) estén en buen estado para el año 2015. Corresponde a los Estados miembros interesados (en este caso, España y Portugal) adoptar las medidas necesarias para lograr este objetivo. La Directiva establece un calendario para la aplicación de las medidas encaminadas a lograrlo y la Comisión estará atenta a los progresos realizados por Portugal y España en este asunto. En cuanto a la Directiva de los nitratos(5), ésta establece un sistema de dos niveles: medidas obligatorias en las denominadas zonas vulnerables a la contaminación producida por compuestos nitrogenados y un sistema (voluntario) de fomento de las buenas prácticas agrícolas fuera de estas zonas. Sin embargo, la Directiva no impone obligaciones respecto a lograr objetivos de calidad en plazos determinados; esto sólo se ha aplicado recientemente dentro de la Directiva marco del agua.

- La Comisión también comprueba meticulosamente si las medidas de la Directiva de los nitratos se incluyen en las buenas prácticas agrícolas al aplicar la Política Agrícola Común, hasta el punto de que dicha inclusión constituye una condición previa para el pago de ciertas ayudas en el marco de los programas de desarrollo rural (indemnizaciones compensatorias). Las buenas prácticas agrícolas son también un criterio para la compensación de agricultores dentro de los programas agroambientales.

- El artículo 8 de la Decisión de la Comisión sobre la cofinanciación incluye obligaciones derivadas de la Directiva 91/676/CEE del Consejo sobre nitratos. Asimismo, incluye obligaciones derivadas de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas(6). Con respecto a la cantidad y la calidad del agua, conviene no olvidar que, en carta enviada en marzo de 1997 al anterior miembro de la Comisión responsable de política regional, el ministro de Asuntos Exteriores español reiteró el compromiso español de ajustarse a los términos del convenio establecido en 1968 entre España y Portugal sobre el uso de las aguas de los ríos internacionales.

- La cofinanciación del Fondo de Cohesión se limita a la central hidroeléctrica de Alqueva y tiene por objeto integrar esta central en el plan nacional de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2).

(1) Decisión C(97)2350 de 28 de julio de 1997.

(2) DO L 206 de 22.7.1992.

(3) DO L 175 de 5.7.1985.

(4) Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DO L 327 de 22.12.2000.

(5) Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, DO L 375 de 31.12.1991.

(6) Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, DO L 135 de 30.5.1991.