PREGUNTA ESCRITA E-3123/02

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(30 de octubre de 2002)

Asunto: La posibilidad de intercambiar los registros civiles y permisos de residencia entre los Estados miembros de la UE en caso de mudanza de un Estado miembro a otro

1. ¿Está la Comisión al corriente de las experiencias de un ciudadano neerlandés que empezó en Irlanda una relación con una mujer irlandesa nacida en Inglaterra, y que regresó a los Países Bajos con mujer e hija? Se trata de lo siguiente:

a) un establecimiento particularmente fácil de obtener en Irlanda, donde, a diferencia de la información previamente facilitada, ninguna comisaría estuvo dispuesta a registrar al extranjero, y, a pesar de ello, no hizo falta ningún registro oficial ni permiso de residencia para solicitar un número de identificación fiscal, empezar a trabajar, suscribir seguros y recibir clases de conducción;

b) un registro de madre e hija en los Países Bajos sin problemas, pero la denegación de registrar su relación como madre e hija, dado que, al parecer, las autoridades neerlandesas no reconocen la partida de nacimiento inglesa (tanto en lo que concierne al acta original como a una declaración recientemente sellada y firmada), alegando que el Reino Unido no ha firmado determinado convenio;

c) asimismo, en cuanto a la relación madre-hija, la denegación de reconocer una declaración de tutela de un tribunal irlandés y un certificado del subsidio familiar irlandés;

d) la orden de solicitar otra copia con apostilla, es decir, una declaración sellada y cara de un tribunal sobre la autenticidad de la firma de un ministro, funcionario o notario, de la que no se sabía en los Países Bajos dónde podría obtenerse en el Reino Unido;

e) la anotación, en la copia del registro civil solicitada por la mujer, de que está viviendo en los Países Bajos sin permiso de residencia válido y de que, sin este permiso, no puede realizar ningún examen de conducción.

2. ¿Qué otros Estados miembros exigen una partida de nacimiento antes de proceder al registro de una persona como residente?

3. ¿Existen otros casos en los que los Estados miembros de la UE no reconocen los distintos documentos de ciudadanos de otros Estados miembros, dificultando así la vida de los habitantes de otra nacionalidad y la de los cónyuges de diferentes nacionalidades? ¿Se ha resignado la Comisión hasta la fecha a permitir estas situaciones o ha tomado medidas al respecto?

4. ¿Espera la Comisión que la adhesión de nuevos Estados miembros a la UE incrementará la confusión sobre este tipo de asuntos, perjudicando así a numerosos ciudadanos, dado que no se reconocen sus documentos? ¿Qué medidas se han adoptado en las negociaciones de preadhesión de estos países para evitar el incremento de este tipo de problemas?

5. ¿Qué medidas coordinadoras se están adoptando para evitar este tipo de problemas y para garantizar que los documentos reconocidos en un Estado miembro sigan siendo válidos en otro Estado miembro, sin necesidad de celebrar acuerdos bilaterales al respecto, a no ser que pueda demostrarse mediante un procedimiento similar para todo el mundo que el documento en cuestión se ha obtenido injustamente o con intención delictiva?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(19 de diciembre de 2002)

1. El artículo 18 del Tratado CE dispone que todo ciudadano de la Unión tiene el derecho a circular libremente y a residir en el territorio de los Estados miembros, a reserva de las limitaciones y condiciones previstas por el Tratado CE y por la legislación adoptada para su aplicación.

Según el Derecho comunitario en vigor, los ciudadanos de la Unión pueden entrar y residir en otro Estado miembro previa presentación de un documento de identidad (pasaporte o carné de identidad) válido. Si tienen la intención de permanecer más de tres meses, tienen la obligación de pedir un permiso de residencia.

Con el fin de obtener el permiso de residencia, los Estados miembros no pueden pedir más que un documento de identidad (pasaporte o carné de identidad) válido y la prueba de que la persona ejerce una actividad económica. En el caso de una persona que tiene la intención de residir en otro Estado miembro sin ejercer una actividad económica, deberá probar que dispone de un seguro de enfermedad que cubra el conjunto de los riesgos en el Estado miembro de acogida y de recursos suficientes para no convertirse en una carga para su régimen de asistencia social. La presentación de la partida de nacimiento con el fin de la obtención del permiso de residencia no está prevista por el Derecho comunitario.

Los hijos menores de 21 años o a cargo tienen el derecho a instalarse con el ciudadano de la Unión que ha ejercido su derecho a la libre circulación. A tal efecto, el ciudadano de la Unión deberá presentar un documento expedido por la autoridad competente del Estado de origen o de procedencia que pruebe su parentesco.

El reconocimiento mutuo de las decisiones relativas a la responsabilidad parental es objeto de un proyecto de Reglamento de la Comisión que está siendo actualmente debatido en el Consejo. Según este proyecto, las decisiones dictadas por un Tribunal de un Estado miembro y relativas a la custodia de un hijo se reconocerán en los otros Estados miembros sin trámites particulares.

2. Por lo que se refiere a los documentos exigidos por un Estado miembro con el fin de inscribir a sus propios residentes en la oficina de empadronamiento, la Comisión no es informada de las prácticas de los Estados miembros ya que las normas relativas a la inscripción de sus propios nacionales en la oficina de empadronamiento son competencia nacional de cada Estado miembro. Por lo que se refiere a los ciudadanos de la Unión, los Estados miembros respetan las normas anteriormente mencionadas.

3. Por lo que se refiere al reconocimiento mutuo de los documentos emitidos por otro Estado miembro, el 25 de mayo de 1987 se adoptó un Convenio entre los Estados entonces miembros de las Comunidades que sin embargo nunca entró en vigor, a falta de ratificación por el conjunto de los Estados miembros.

No obstante, catorce de los quince Estados miembros de la Unión, y, en particular, Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido, son parte en la Convención adoptada en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado el 5 de octubre de 1961 por la que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros. Esta Convención prevé que en los Estados parte se substituyan los complejos trámites de autenticación por la simple inclusión de una apostilla. En Inglaterra la autoridad responsable es: Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Foreign and Commonwealth Office, London, S.W. 1.

4. Nueve de los diez Estados susceptibles de incorporarse próximamente a la Unión son ya parte en la Convención de La Haya de 1961. Su adhesión a la Unión no debería pues implicar ninguna dificultad particular en cuanto al reconocimiento de los documentos.

5. Habida cuenta de la relativa simplicidad de los trámites requeridos en aplicación de esta Convención, no parece deber aplicarse ninguna medida particular en un futuro próximo.