PREGUNTA ESCRITA P-0352/98 de Ernesto Caccavale (UPE) a la Comisión (6 de febrero de 1998)

Asunto: Admisibilidad de los gastos vinculados a las actividades de formación cofinanciadas por el FSE

Los organismos de desarrollo local, constituidos en forma de consorcios y/o asociaciones que reagrupan a instituciones, PYME, universidades y otras asociaciones adquieren cada vez mayor relevancia como promotores y ejecutores de actividades encaminadas al desarrollo territorial, en virtud de su capacidad de reunir a varias instituciones y de identificar los objetivos, así como de alcanzar sinergias de cara a una gestión eficaz de los recursos. Entre sus actividades para el desarrollo territorial, las actividades de formación constituyen un elemento fundamental.

Visto que los consorcios y/o las asociaciones de referencia son, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista operativo, entes distintos y separados de los que participan en ellos, por cuanto éstos son titulares de sus propias partidas IVA, desarrollan actividades administrativas y contables específicas y separadas y cuentan con estructuras propias;

Vista la Decisión de la Comisión 97/322/CE ((DO L 146 de 5.6.1997, p. 11. )) (en particular, la ficha 4 «precisiones sobre el concepto de costes reales»), así como la Circular del Ministerio de Trabajo no 130/95 del 25.10.1995 sobre la noción de «delegación de las actividades de formación»;

Con objeto de evitar una excesiva burocratización y proteger el nivel cualitativo de los proyectos,

1. ¿Piensa la Comisión que cabe favorecer a dichos organismos de desarrollo local a la hora de aplicar y gestionar las acciones de desarrollo, entre ellas las de formación?

2. ¿Piensa la Comisión que, a la vista de la sinergia que se pretende alcanzar, es preferible que uno de estos organismos titular de un proyecto de formación confíe una o varias fases de las actividades previstas a un propio asociado, que cumpla con los requisitos exigidos, o que confíe dichas actividades a entes exteriores al consorcio y/o asociación?

3. A la vista de que los organismos de desarrollo titulares de proyectos de formación no deben tener fines de lucro y ante la posibilidad de que se verifique la situación mencionada en el punto 2, ¿se justifica que, respetando el presupuesto aprobado y los parámetros establecidos, los asociados o miembros del consorcio exijan que sus prestaciones se paguen a precio de mercado?

4. ¿Piensa la Comisión que, en consecuencia, compete únicamente a los organismos de desarrollo recuperar los costes derivados de una prestación de uno de sus asociados o miembros?

5. ¿Piensa la Comisión apoyar las actividades y los proyectos desarrollados por estos organismos?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (10 de marzo de 1998)

1. La Comisión no da preferencia a ningún organismo, ya que no interviene en el proceso de selección y de evaluación ex ante de las acciones. Se limita a fijar de manera general, y en el marco de la asociación con el Estado miembro, los criterios y las directrices que habrán de respetar los beneficiarios finales en la aplicación de las acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE).

2. Cuando las acciones no las efectúa (parcial o totalmente) el beneficiario final, sino que se realizan en un nivel inferior por subcontratación, el organismo público o privado que atribuye la subcontratación sigue siendo el beneficiario final y debe asumir la responsabilidad de todos los gastos relacionados con la ejecución de las acciones. Además, es importante precisar que el organismo subcontratado para dicha acción no puede, bajo ningún concepto, subcontratarla a un tercero (ni parcial ni totalmente).

3. y 4. Los organismos de desarrollo mencionados por Su Señoría y los otros organismos de formación en ningún caso pueden tener fines lucrativos. Asimismo, únicamente son susceptibles de cofinanciación los costes directamente relacionados con la preparación y ejecución de un proyecto, y los costes incurridos deben coincidir con los pagos ejecutados, lo que siempre deberá quedar justificado mediante la presentación de facturas o de documentos contables con un valor probatorio equivalente.

5. Las cuestiones relativas a la selección, a la aplicación y al seguimiento de los proyectos específicos corresponden a las autoridades nacionales.