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PREGUNTA ESCRITA P-1013/02

de Hans-Peter Martin (PSE) a la Comisión

(5 de abril de 2002)

Asunto: Controles de fusiones de empresas en 2001

La Comisión Europea controla todos los años las fusiones de empresas en Europa. El número de fusiones aumenta claramente cada año. En 1999, su número todavía fue muy inferior a 300, pero en 2000 ya fue muy superior.

¿Puede la Comisión proporcionar una visión de conjunto de las fusiones de empresas que ha controlado durante los últimos años, indicando tanto el número de fusiones solicitadas como el de fusiones autorizadas, así como el desglose detallado de las empresas sometidas a control?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(17 de mayo de 2002)

Después de siete años de crecimiento rápido de las concentraciones, el número de notificaciones a la Comisión disminuyó ligeramente en el 2001, pasando a 335 en comparación con 345 el año anterior. En 1999 hubo 292 notificaciones.

En el 2001 la Comisión tomó 332 decisiones sobre la compatibilidad de las concentraciones propuestas con el mercado común, 20 de las cuales fueron el resultado de investigaciones profundas (5 prohibiciones, 5 aceptaciones sin condiciones y 10 decisiones condicionadas) y 13 de los cuales estuvieron condicionadas al final de una investigación inicial (fase 1). La Comisión admitió 312 casos en las decisiones de fase 1. Un total de 140 (45 %) de las decisiones de primera fase se tomaron con arreglo a los procedimientos simplificados introducidos en septiembre de 2000. Además de estas 332 decisiones, la Comisión tomó 7 decisiones de remisión de conformidad con el artículo 9 del Reglamento sobre concentraciones(1), que hace referencia a la evaluación de los casos en la jurisdicción de los Estados miembros, y abrió investigaciones profundas en 22 casos, 3 de los cuales aún no habían concluido al finalizar el año.

Una lista de todos los casos aceptados condicionalmente en la fase 1 en el 2001, así como los casos en que la Comisión emprendió una investigación profunda se envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento. Un análisis más detallado de estos casos se presentará al Parlamento en el informe anual de la Comisión 2001.

(1) Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo de 21 de diciembre de 1989 sobre el control de las concentraciones entre empresas, DO L 395 de 30.12.1989 texto entero publicado en DO L 257 de 21.9.1990.
PREGUNTA ESCRITA E-2406/02

de Jean Lambert (Verts/ALE) a la Comisión

(7 de agosto de 2002)

Asunto: Exilio de 13 milicianos palestinos de Cisjordania

En mayo de 2002, 13 milicianos palestinos fueron expulsados de Cisjordania tras el asedio de la Basílica de la Natividad en Belén. Estos hombres se encuentran ahora repartidos por Chipre, Italia, Grecia, España, Irlanda, Portugal y Bélgica.

- ¿En qué condiciones se custodiarán estos hombres?

- ¿Serán acogidos en centros de seguridad en los distintos lugares de Europa?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(23 de septiembre de 2002)

La Comisión agradece a Su Señoría la pregunta acerca de las condiciones de detención en varios Estados miembros y en Chipre de militantes palestinos expulsados de Cisjordania tras el asedio a la Basílica de la Natividad de Belén.

Dado que no es un asunto de su competencia, la Comisión no dispone de información pertinente para responder a la pregunta.
PREGUNTA ESCRITA P-1406/02

de Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) al Consejo

(13 de mayo de 2002)

Asunto: Situación del conflicto de las clementinas españolas

¿Podría indicar el Consejo si en el último encuentro mantenido por el actual Presidente del Consejo José María Aznar y el Presidente de los EE.UU. George Bush la pasada semana (29 de abril a 5 de mayo de 2002) se han mantenido conversaciones sobre el actual conflicto entre EE.UU. y España relativo a las clementinas españolas?

Si se han mantenido conversaciones en este sentido, ¿puede el Consejo indicar el resultado de las mismas?

Respuesta

(30 de septiembre de 2002)

El pasado mes de diciembre, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos suspendió las importaciones de clementinas españolas alegando motivos fitosanitarios. A pesar de la buena cooperación técnica entre ambas partes, hasta la fecha no ha sido posible encontrar una solución al problema.

La Unión Europea no ha dejado de mencionar la cuestión en varias ocasiones durante los encuentros bilaterales con las autoridades de los Estados Unidos ni de señalar, en particular en la última Cumbre UE-EEUU, la necesidad de llegar a una solución satisfactoria de forma que se puedan reanudar las exportaciones para la próxima campaña de comercialización.

Continúan con dicho fin las consultas entre ambas partes.
PREGUNTA ESCRITA E-0573/02

de Carlo Fatuzzo (PPE-DE) a la Comisión

(1 de marzo de 2002)

Asunto: Dramática situación de los perros de Bucarest

Considerando que Rumania ha solicitado la adhesión a la Comunidad Europea y que ésta se basa en el Derecho y la responsabilidad civil de los pueblos;

Considerando que se está cometiendo una barbarie contra los perros vagabundos de Bucarest, ya que se los captura de manera cruel y, si sobreviven, se los envía a grandes perreras municipales en donde les espera una inyección de sulfato de magnesio que pone fin brutalmente a sus vidas;

Considerando, además, que el método que utiliza el Gobierno Basescu tras haber renunciado al plan de esterilización adoptado anteriormente, es decir, la captura y eliminación inmediata de los perros que viven en la ciudad, es ineficaz, puesto que no altera las causas del fenómeno, mientras que la esterilización masiva permitiría resolver el problema o, por lo menos, reducirlo;

Constatando que el Gobierno Basescu no viola ninguna ley rumana pero que ha adoptado un método éticamente inadmisible ya que Rumania debería, en el marco de su adhesión a la CE, respetar la legislación comunitaria en materia de protección de los animales;

¿Puede controlar la Comisión si el comportamiento del Gobierno de Bucarest y la legislación rumana son compatibles con el acervo comunitario al que Rumania deberá adaptarse rápidamente en su calidad de país candidato a la adhesión a la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(3 de abril de 2002)

La Unión Europea ha optado por un alto nivel de protección animal. Existe un Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales anexo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, así como legislación comunitaria vigente sobre protección de los animales salvajes, de los animales utilizados con fines experimentales o científicos, sobre el bienestar de los animales en las explotaciones ganaderas, durante el transporte y en el momento del sacrificio.

En el ámbito de la aplicación de la legislación comunitaria, Rumania debe, por supuesto, cumplir su obligación de incorporar el acervo comunitario durante la preparación para la adhesión. No obstante, otros muchos aspectos, tales como el control de los animales vagabundos caen dentro de la competencia exclusiva de los Estados miembros y, por lo tanto, la Comisión no puede interpelar a las autoridades rumanas al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-2273/02

de María Valenciano Martínez-Orozco (PSE) a la Comisión

(24 de julio de 2002)

Asunto: Estado de la queja 2000/5137

Presentada a trámite en la Dirección General de Mercado Interior con el expediente no 2000/5137 por incumplimiento en materia de contratación pública.

¿Podría la Comisión informar sobre el estado actual de la tramitación de dicha queja?

¿Podría la Comisión especificar si ha recibido algún tipo de respuesta por parte de las autoridades españolas ante dicho requerimiento?

¿Qué medidas concretas piensa llevar a cabo la Comisión para la resolución del expediente mencionado a fin de que quede garantizado el cumplimiento de la legislación comunitaria?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(4 de septiembre de 2002)

La Comisión decidió el 17 de julio de 2002 enviar a España un dictamen motivado (artículo 226 del Tratado CE) al estimar que este Estado miembro había incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho comunitario con motivo de la adjudicación de una concesión de obras y servicios para la construcción, mantenimiento y explotación de dos enlaces de la autopista A-6 con Segovia y con Ávila, así como para el mantenimiento y explotación del tramo Villalba-Adanero de la misma autopista.

En efecto, la Comisión constató que el contrato de concesión incluía nuevos elementos importantes que no figuraban ni en el anuncio de licitación, ni en el pliego de condiciones administrativas y, en consecuencia, no habían sido objeto de una adecuada publicidad. Las infraestructuras no previstas inicialmente se refieren fundamentalmente a la construcción de un nuevo carril reversible (incluido un nuevo túnel) entre San Rafael y El Valle de los Caídos, a la construcción de nuevos carriles en otros dos tramos, uno de ellos gratuito, y la construcción de una nueva área de peaje, así como otras obras.

Visto lo anterior, la Comisión opina que el procedimiento de adjudicación de la concesión en cuestión no respetó los principios de transparencia y de igualdad de trato previstos por el Tratado CE y detallados en las disposiciones de las directivas comunitarias sobre contratación pública.

Con arreglo al artículo 226 del Tratado CE, España debe responder en el plazo de dos meses tras la recepción del dictamen motivado. En su defecto, o en caso de respuesta insuficiente, la Comisión podrá decidir interponer recurso ante el Tribunal de Justicia.
PREGUNTA ESCRITA E-0615/02

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(5 de marzo de 2002)

Asunto: Tratamiento discriminatorio de las lenguas oficiales

En los últimos años, coincidiendo con el mandato de la actual Comisión, asistimos a un desequilibrio en el tratamiento de las diferentes lenguas oficiales en beneficio del inglés. En el caso concreto de la Comisión, se ignora si el Colegio de Comisarios ha adoptado alguna decisión que la privilegie frente a las otras lenguas.

Esta nueva situación de preponderancia de una lengua resulta contraría al espíritu de integración política y de lograr una unión armoniosa y equilibrada de los pueblos de Europa. En el orden interno supone una clara desventaja para aquellos funcionarios de la Comisión que no son de origen anglosajón. Así, en determinados servicios alguien, sin que se sepa exactamente quién, ha decidido trabajar únicamente en esa lengua.

¿En qué servicios de la Comisión se trabaja exclusivamente en inglés? ¿Quién ha aprobado esa decisión? ¿Sobre qué base jurídica? ¿Qué tipo de documentos y materiales ha decidido la Comisión que se elaboren y distribuyan exclusivamente en inglés?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(26 de abril de 2002)

La Comisión no ha adoptado ninguna decisión que privilegie a la lengua inglesa frente a las otras lenguas oficiales. Ni la Comisión ni la jerarquía administrativa han dado a los Servicios instrucción alguna en el sentido de que utilicen exclusivamente la lengua inglesa para la elaboración y distribución de documentos o material. No hay ningún Servicio en que el trabajo se efectúe exclusivamente en inglés.

La Comisión recuerda a este respecto su práctica habitual, según la cual:

- Los documentos destinados al exterior se presentan en las lenguas oficiales de las Comunidades cuando se trata de actos de alcance general, y en las de sus destinatarios en los demás casos.

- Los documentos para uso interno se redactan en las lenguas correspondientes a las necesidades efectivas de la Comisión y de sus Servicios a fin de garantizar la eficacia operativa.
PREGUNTA ESCRITA E-1110/02

de Christos Zacharakis (PPE-DE)y Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(18 de abril de 2002)

Asunto: Garantía de protección de los derechos humanos en Argelia

Teniendo en cuenta las violaciones básicas observadas en relación con el respeto y la protección de los derechos humanos en Argelia así como el nuevo marco de colaboración entre la Unión Europea y los países mediterráneos, que, en virtud de la decisión de la Unión Europea, deberá basarse en los principios relativos a los derechos humanos, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para garantizar que la situación de los derechos humanos en Argelia constituye un tema especial de debate en todos los encuentros que se desarrollen en el marco del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Argelia, en aplicación del proceso de colaboración euromediterránea (Proceso de Barcelona)?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(27 de mayo de 2002)

El artículo 2 del Acuerdo de Asociación firmado el 22 de abril de 2002 en Valencia dispone que el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración universal de los derechos humanos, debe inspirar las políticas nacionales e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial de dicho Acuerdo.

La forma en que ambas Partes respetarán este compromiso se estudiará en el diálogo político que sostendrán una vez entre en vigor el Acuerdo. El diálogo tendrá lugar en varias esferas: entre Ministros, principalmente en el Consejo de Asociación, entre funcionarios de alto nivel en el Comité de Asociación, por las vías diplomáticas y cualquier otro medio. La Comisión tiene previsto hacer pleno uso de todas estas posibilidades para fomentar los objetivos establecidos en el artículo 2 del Acuerdo.

En espera de que entre en vigor el Acuerdo, la troica de la Unión y el Gobierno argelino mantienen un diálogo político regular ad hoc. En esos encuentros se aborda sistemáticamente la cuestión de los derechos humanos y así se hará también en la próxima reunión, que se celebrará en breve en Argel.

Además de ello, la Comisión tiene la intención de llevar a cabo iniciativas de fomento de los derechos humanos en Argelia.

En diciembre de 2001, la Comisión aprobó un Documento de programación 2002-2004 relativo a la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos humanos, que abarca a todos los terceros países, incluidos los de la cuenca mediterránea. Argelia figura entre los 29 países diana. Los beneficiarios principales de dicha Iniciativa son las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones internacionales. Las actividades que se financiarán en Argelia se encuentran en fase de programación.

Por último, el programa MEDA, entre cuyos beneficiarios figura Argelia, contempla una cooperación en torno al Estado de Derecho y la buena gobernanza y, en particular, la reforma judicial.
PREGUNTA ESCRITA P-2343/02

de Joan Colom i Naval (PSE) a la Comisión

(23 de julio de 2002)

Asunto: Medidas de desarrollo rural en Cataluña durante el período 2000-2006

¿Podría indicar la Comisión los créditos de compromiso y créditos de pago para medidas de desarrollo rural (título B1-4 del presupuesto comunitario) destinados a la Comunidad Autónoma de Cataluña (España) en el período que va del 1 de enero de 2000 al 30 de junio de 2002?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(17 de septiembre de 2002)

La Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) funciona sobre la base de créditos no disociados. Por tanto, los créditos de compromiso son idénticos a los de pago. Durante el período mencionado por Su Señoría, se aplican en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña tres programas de desarrollo rural: un programa regional de desarrollo rural, que se aplica exclusivamente en Cataluña, y dos programas, llamados horizontales, cuyo ámbito de aplicación se extiende a varias Comunidades Autónomas, uno de ellos de mejora de las estructuras de producción agrarias y otro de medidas complementarias.

El Estado miembro no ha desglosado por regiones los importes correspondientes al programa horizontal de medidas complementarias, por lo cual la Comisión sólo puede desembolsar dichos importes de modo horizontal: 910,47 millones de euros para el período 2000-2002.

En lo que respecta a los otros dos programas, las contribuciones de la Sección de Garantía del FEOGA, establecidas con carácter orientativo para los ejercicios presupuestarios de 2000, 2001 y 2002, son las siguientes:

- programa horizontal de mejora de las estructuras de producción agrarias: 165,15 millones de euros, 59,94 de los cuales corresponden a Cataluña;

- programa regional de desarrollo rural: 82,03 millones de euros.

En lo referente a los gastos declarados a 30 de junio de 2002, el organismo pagador catalán (DARP) efectuó los pagos siguientes para los tres programas (rúbrica B1-40 del presupuesto comunitario):

- Ejercicio presupuestario de 2000 (16 de octubre de 1999 15 de octubre de 2000): 28,771 millones de euros

- Ejercicio presupuestario de 2001 (16 de octubre de 2000 15 de octubre de 2001): 56,998 millones de euros

- Ejercicio presupuestario de 2002 (16 de octubre de 2001 30 de junio de 2002): 20,002 millones de euros

- Total hasta el 30 de junio de 2002: 105,771 millones de euros
PREGUNTA ESCRITA E-0964/02

de Anna Karamanou (PSE) al Consejo

(10 de abril de 2002)

Asunto: Decisión marco sobre la explotación sexual de menores y la pornografía infantil

El Parlamento Europeo, respetando el calendario establecido por la Presidencia del Consejo, aprobó el 12 de junio de 2001 un informe (A5-0206/2001) sobre la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil del que fui ponente en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. Dicho informe, teniendo en cuenta los últimos avances tecnológicos, establece una completa definición y descripción de las prácticas delictivas, así como una amplia definición de las penas mínimas, de manera que exista una única política penal por parte de los Estados miembros. Desde entonces, a pesar de toda suerte de afirmaciones y declaraciones, la aprobación final de la propuesta sigue pendiente ante el Consejo.

¿Puede indicar el Consejo por qué razón se está retrasando la adopción de esta decisión marco, habida cuenta de la extensión de este fenómeno en la Unión Europea y de la falta de actuación concreta a escala nacional frente a un asunto de esta importancia que constituye una intolerable vulneración de los derechos humanos y de la dignidad humana?

Respuesta

(3 de octubre de 2002)

Todavía no ha podido adoptarse la Decisión marco del Consejo sobre la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, dado que, por el momento, el Consejo no ha conseguido lograr un acuerdo.
PREGUNTA ESCRITA E-2478/02

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(6 de septiembre de 2002)

Asunto: Aplicación de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos

¿Cuándo debían entrar en vigor las primeras exigencias de la Directiva 1999/31/CE(1) relativa al vertido de residuos?

¿Qué exigencias iniciales impone la directiva a los Estados miembros?

¿Qué Estados miembros han informado a la Comisión en la fecha debida de que habían transpuesto a la legislación nacional las disposiciones de la directiva?

¿Qué medidas ha tomado, en su caso, la Comisión contra los Estados miembros que no le han informado en este sentido o que no cumplen las exigencias iniciales de la directiva?

(1) DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(8 de octubre de 2002)

La Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos entró en vigor el 16 de julio de 1999 y el plazo para su incorporación al Derecho nacional vencía el 16 de julio de 2001.

La Directiva establece los requisitos técnicos para el diseño, la explotación, cierre y mantenimiento posterior de los vertederos con el fin de controlar las emisiones y proteger el medio ambiente. Los vertederos de nueva construcción han de ajustarse a estos requisitos desde julio de 2001 y los ya existentes disponen hasta el año 2009 para su adaptación a los mismos. A los residuos peligrosos se aplican períodos de transición más breves.

El 16 de julio de 2001 únicamente Austria había transmitido a la Comisión las medidas de transposición adoptadas. Con posterioridad a esa fecha, Dinamarca, Alemania, España, Francia, los Países Bajos, Portugal, Finlandia y Suecia han comunicado sus medidas de aplicación.

La Comisión ha iniciado procedimientos de infracción contra Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y el Reino Unido por no comunicar las medidas nacionales de transposición.
PREGUNTA ESCRITA E-0932/02

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) al Consejo

(9 de abril de 2002)

Asunto: Mecanismo defensivo temporal para el sector de la construcción naval

En las Conclusiones del Consejo de Industria y Energía de 4 y 5 de diciembre de 2001 se indica que el Consejo mantuvo un minucioso debate sobre la propuesta de Reglamento relativo a un mecanismo defensivo temporal para la industria comunitaria de la construcción naval. Sin embargo, al no haberse podido alcanzar una mayoría cualificada sobre la propuesta de la Comisión, el Consejo acordó volver a tratar este expediente en una próxima sesión.

- ¿Puede informar el Consejo acerca de los principales factores que bloquean la aprobación de la propuesta de la Comisión?

- ¿Cuándo espera volver a tratar el Consejo esta propuesta?

Respuesta

(3 de octubre de 2002)

Su Señoría es plenamente consciente de que las posiciones de los Estados miembros están divididas en lo que respecta a los medios que se deben aplicar para luchar contra la competencia desleal por parte de Corea en el sector de la construcción naval, ya que algunos temen que el mecanismo de defensa temporal introduzca unos riesgos de distorsiones de competencia intracomunitarios y rechazan, por lo tanto, el principio de la atribución de cualquier ayuda estatal a dicho sector.

En el Consejo de los días 4 y 5 de diciembre de 2001, no pudo adoptarse el Reglamento del Consejo relativo a un mecanismo defensivo temporal para la industria comunitaria de la construcción naval al no alcanzarse la mayoría cualificada de los Estados miembros. Por lo tanto, y como conclusión de sus trabajos, el Consejo acordó volver a ocuparse de este expediente en una de sus próximas sesiones y, por consiguiente, incluyó de nuevo este punto en el orden del día de su reunión de los días 6 y 7 de junio. En su reunión del 27 de junio de 2002, el Consejo adoptó, por mayoría cualificada y con el voto en contra de las Delegaciones danesa, neerlandesa, finlandesa, sueca y del Reino Unido, el Reglamento relativo a un mecanismo defensivo temporal para la industria comunitaria de la construcción naval para luchar contra la competencia desleal de la República de Corea en los mercados mundiales en dicho sector. El Reglamento se aplicará durante el período necesario hasta la celebración de un procedimiento de arreglo de diferencias entablado en relación con Corea ante la OMC y que vencerá el 31 de marzo de 2004.