ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 70/238

(2004/C 70 E/257)

PREGUNTA ESCRITA P-3210/03

de Pietro-Paolo Mennea (NI) a la Comisión

(23 de octubre de 2003)

Asunto: Competencia desleal en el sector de la industria textil

Desde hace algunos años, el sector de la industria textil italiana se encuentra en dificultades.

Entre las causas de esta crisis figura en primer lugar la competencia de las empresas orientales a raíz de su integración en la OMC. Estas empresas tienen costes de mano de obra infinitamente bajos, puesto que no existen las adecuadas normas mínimas internas del mercado del trabajo ni de protección de los trabajadores, con frecuencia menores de edad, lo que constituye una violación grave de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de la libertad de la persona.

Las actuaciones ilícitas consisten en el desembarque de mercancías en los puertos comunitarios, con frecuencia sin presentación de facturas, o con indicaciones de calidad y cantidad diferentes de las reales, el recurso sistemático a la falsificación de las marcas locales, incluida la marca más genérica «Made in Italy», así como la elusión frecuente de las normas fiscales.

Esta situación ilícita da lugar a la venta del producto terminado a un precio considerablemente inferior al comunitario, con el riesgo de cierre de gran parte de las empresas del textil de la Unión Europea y con repercusiones negativas para el empleo.

La competencia de estas empresas no comunitarias es desleal, ilícita y falseada en el interior de la Comunidad Europea.

Visto lo anteriormente expuesto, ¿puede la Comisión intervenir ante los órganos institucionales competentes de los Estados miembros para que apliquen mayores y más severos controles de las mercancías que entran en los países comunitarios?

¿Puede vigilar y controlar que las personas jurídicas no comunitarias, propietarias de empresas individuales y colectivas que operan en el territorio comunitario, respetan la legislación de la Unión, es decir, las normas de la competencia, así como la legislación laboral de los Estados miembros?

Vistos los poderes conferidos a la Comisión, ¿puede iniciar una investigación formal en el sector de la industria textil?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(19 de noviembre de 2003)

Tanto en Europa como en el resto del mundo, el sector textil y de la confección se enfrenta a unos desafíos cruciales. La conferencia organizada en Bruselas para analizar el futuro de este sector a partir de 2005 supuso la oportunidad de poner de manifiesto diversas problemáticas. A este fin, el 29 de octubre de 2003 la Comisión adoptó una Comunicación (1) que incluye una serie de medidas dirigidas a reforzar la competitividad del sector textil y de la confección, anticipándose a la eliminación de los contingentes textiles en 2005. La postura de la Comisión es clara y responde a las inquietudes suscitadas, con el fin de ofrecer respuestas concretas a un sector de futuro para la Unión, especialmente en los puntos planteados por Su Señoría.

La Comisión se muestra muy sensible ante los problemas de fraude y falsificación de marca, y existen varias normas y programas comunitarios dirigidos a garantizar a los productores europeos unas condiciones leales de competencia. No obstante, hay que reconocer que no será posible apreciar el éxito de las distintas gestiones comunitarias sin una implicación mayor y más sincronizada de las autoridades de los Estados miembros. Igual sucede en lo que respecta al tema de la propiedad intelectual. La Comisión ha intensificado sus esfuerzos para mejorar la protección y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual en los terceros países, así como su conformidad con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio. Ello hará más eficaz la lucha contra el comercio de mercancías con falsificación de marca y protegerá nuestros logros en este sector, a saber, la innovación, las marcas, la moda y el diseño.

Respondiendo más concretamente a las dos preguntas planteadas, la Comisión ha puesto ya en marcha una serie de medidas. Los controles aduaneros, evidentemente armonizados en toda la Comunidad, responden a las exigencias de las distintas reglamentaciones vigentes. Asimismo, todas las mercancías se clasifican con arreglo a una nomenclatura armonizada. Los servicios aduaneros conocen los principales fraudes que se producen y llevan a cabo análisis de riesgos, que también tienden a armonizarse.

Dada la gran cantidad de productos importados, es evidente que las autoridades aduaneras de los Estados miembros no pueden controlar todos los productos textiles y de la confección que entran en el territorio aduanero de la Unión. En consecuencia, se aplica el principio de control de muestras, en vez de un control sistemático. No obstante, cuando existen datos concretos que apuntan a fraudes específicos en uno u otro sector, las administraciones aduaneras, a través de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), intercambian rápidamente tales informaciones e inician las investigaciones.

En cuanto a su segunda pregunta, en el momento en que una entidad económica o jurídica, aunque sea no comunitaria, se instala en el territorio de la Unión, está obligada a respetar las disposiciones vigentes en el Estado miembro en que se instale. Corresponde a las autoridades de los Estados miembros velar por el respeto de las leyes vigentes en materia laboral, entre otras, algunas de las cuales ya han sido armonizadas en toda la Unión.

Respecto a la sugerencia de iniciar una investigación en el sector textil, la Comisión cuenta con varios instrumentos que le permiten combatir determinadas prácticas (por ej., las medidas de defensa comercial), pero normalmente lo hace a partir de denuncias —presentadas por los Estados miembros o por las partes afectadas, según el caso— relativas a asuntos o prácticas concretos, que deben ser determinados y examinados antes de poder pronunciarse sobre la apertura de una posible investigación.

(1) COM(2003) 649 final.