PREGUNTA ESCRITA E-3395/00

de Freddy Blak (PSE) y Helle Thorning-Schmidt (PSE) a la Comisión

(3 de noviembre de 2000)

Asunto: Exigencia de certificados penales en las contrataciones de personal

Estudios realizados por HK (Unión de empleados comerciales y de oficinas) en Dinamarca muestran que la policía en Dinamarca cada vez expide más certificados penales. En el período entre 1997 y 1999, el número de certificados penales expedidos aumentó de 87 970 a 125 250 al año. Se trata de un aumento del 40 %. La causa de este aumento es que, cada vez son más frecuentes los casos en los que los empresarios exigen certificados penales limpios en las contrataciones, independientemente de la naturaleza del trabajo y del delito por el que la persona en cuestión haya podido ser condenada. Los autores de la pregunta consideran que no existe una justificación objetiva para que una condena por conducción en estado de embriaguez impida a alguien obtener un empleo en una tienda o en una cantina.

¿Está de acuerdo la Comisión con la opinión de los autores de la pregunta en que esta práctica impide la reinserción social de muchos delincuentes una vez concluida la pena y que es contraria a la voluntad de aumentar el empleo en Europa?

¿Está la Comisión de acuerdo con los autores de la pregunta en que sólo debería ser posible exigir un certificado penal cuando exista una justificación objetiva por la naturaleza del trabajo o por el delito por el que se haya podido condenar a una persona?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(17 de enero de 2001)

La Comisión opina que la reintegración de presos en la sociedad, y por lo tanto también en el mundo laboral es un objetivo muy digno. También con vistas a este objetivo, la Comisión ha insistido, en su Comunicación al Consejo y el Parlamento sobre el Reconocimiento mutuo de resoluciones firmes en materia penal(1) en que las medidas que deban tomarse en este ámbito también suponen mejoras para la persona condenada(2).

Mientras que la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(3) (directiva sobre protección de datos) excluye de su ámbito el tratamiento de datos que se realice en el curso de una actividad que no pertenezca al ámbito del Derecho comunitario, como las previstas en los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea y, en cualquier caso, las operaciones de tratamiento referentes a la seguridad pública, a la defensa, a la seguridad del Estado (incluido el bienestar económico del Estado cuando el tratamiento se refiere a asuntos de seguridad del Estado) y a las actividades del Estado en los ámbitos del derecho penal (apartado 2 del artículo 3), el tratamiento de datos por entidades privadas, tales como posibles patronos, en principio están dentro de su ámbito. El apartado 5 del artículo 8 estipula que el tratamiento de datos relativos a infracciones, condenas penales o medidas de seguridad, sólo podrá efectuarse bajo el control de la autoridad pública o si hay previstas garantías específicas en el Derecho nacional, sin perjuicio de las excepciones que podrá establecer el Estado miembro basándose en disposiciones nacionales que prevean garantías apropiadas y específicas.

Sin embargo, incluso cuando se permite el tratamiento de datos sobre condenas penales, la legislación del Estado miembro deberá prever que tal tratamiento cumple con todos los requisitos fijados por la Directiva, en especial los principios de proporcionalidad y de adecuación (artículo 6). En aplicación de este principio, los datos tratados deberán ser pertinentes al fin para el que se traten.

A escala internacional, el Código de prácticas sobre protección de los datos de los trabajadores de 1996, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)(4), que no es un instrumento jurídicamente vinculante, sino un instrumento con recomendaciones destinado a proporcionar una orientación para la protección de los datos personales de los trabajadores, no excluye la recogida de datos personales referentes a las condenas penales de un trabajador, pero la restringe claramente. Esta recogida se permite, pero con dos condiciones: que los datos sean relevantes para un puesto concreto, y que la recogida se realice siempre de conformidad estricta con la legislación nacional.

La Comisión ha anunciado en su Agenda de política social(5) que consultará a los interlocutores sociales sobre una posible acción comunitaria futura en relación con la protección de datos en el contexto del empleo.

(1) COM(2000) 495 final.

(2) Véanse los subcapítulos de la Comunicación, 9.1 Penas de privación de libertad y 9.4 Sanciones sustitutivas.

(3) DO L 281 de 23.11.1995.

(4) Código de prácticas sobre protección de los datos personales de los trabajadores, Doc. MEWP/1996/5.

(5) Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, COM(2000) 379 final.