PREGUNTA ESCRITA E-2760/02

de Frank Vanhecke (NI) a la Comisión

(1 de octubre de 2002)

Asunto: Política de asilo de la Unión

El viernes 13 de septiembre, los Ministros de Interior de la Unión, reunidos en Copenhague, acordaron desarrollar a corto plazo un programa comunitario uniforme para el regreso voluntario o forzoso de refugiados ilegales o expatriados. Según el periódico francés Le Figaro del sábado 14 de septiembre se introducirán chárteres europeos. Asimismo, se propuso crear un fondo comunitario para la financiación de estos chárteres. En opinión del Comisario europeo responsable de Justicia e Interior, Antonio Vitorino, se trata de crear una plusvalía en la organización de las misiones de repatriación comunitarias.

¿Podría ofrecer la Comisión una estimación mínima y máxima del actual número de refugiados ilegales en el territorio de la Unión, divididos por Estado miembro?

¿Cuántos refugiados ilegales fueron repatriados de la Unión en los últimos cuatro años?

¿Dispone la Comisión de una lista de los denominados países seguros desde los que no se puede solicitar asilo político?

¿Qué opina la Comisión sobre la creación de un fondo comunitario para la financiación de la repatriación de refugiados ilegales y qué cantidad habría que reservar en el presupuesto comunitario para este fondo?

En opinión de la Comisión, ¿qué política podría aplicarse con respecto a terceros países para simplificar la cooperación en materia de repatriación?

¿Considera la Comisión otras vías comunitarias para luchar contra la inmigración ilegal a países de la Unión?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(25 de noviembre de 2002)

Existe un número significativo de residentes ilegales, esto es, personas que han entrado ilegalmente en el territorio de un Estado miembro o se han convertido en ilegales al rebasar el período autorizado de estancia o al ser rechazada su petición de asilo. Por la propia naturaleza del fenómeno, no existen estadísticas o datos precisos, por lo que el número de inmigrantes ilegales en la Unión sólo puede estimarse. Una estimación de la magnitud de la inmigración ilegal sólo puede obtenerse a partir de datos básicos relacionados con el fenómeno, tales como las entradas denegadas o expulsiones, la detención de inmigrantes ilegales en la frontera o dentro del país, las solicitudes (denegadas) de asilo o de otras formas de protección internacional y las solicitudes de procedimientos nacionales de regularización de la situación. Estos indicadores únicamente apuntan a que el total de inmigraciones ilegales anuales se mide en centenas de miles de personas. Una estimación más precisa no parece fiable teniendo en cuenta que no se dispone de datos confirmados. Sin embargo, el nivel de inmigración ilegal es indudablemente significativo y no puede ignorarse debido a sus consecuencias sociales, económicas y políticas (véase también la Comunicación relativa a una política común de inmigración ilegal(1)).

Según las cifras disponibles, fueron expulsadas de la Unión 331 334 personas en 2001, 367 552 personas en 2000, y 324 206 personas en 1999. Sin embargo, estas cifras son incompletas debido a que algunos Estados miembros no proporcionan nunca o no proporcionan regularmente los datos necesarios. En el marco de los programas de asistencia al retorno voluntario gestionados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 87 628 personas abandonaron voluntariamente la Unión en 2000, mientras que en 1999 lo hicieron 78 273 personas (véase el Libro Verde de la Comisión relativo a una política comunitaria de retorno de los residentes ilegales, de 10 de abril de 2002(2)).

Varios Estados miembros aplican la noción de país seguro para rechazar solicitudes de asilo siguiendo un procedimiento acelerado. Algunos de estos Estados miembros emplean listas de países seguros, mientras que otros no. Así pues, no existe una lista acordada a escala de la Unión. La Comisión no ha propuesto una lista de la Unión de países seguros en su Propuesta modificada de directiva del Consejo sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado(3). En su lugar, ha propuesto que cuando los Estados miembros opten por aplicar la noción de país seguro, deban hacerlo siguiendo normas comunes. En opinión de la Comisión, en una primera etapa se deberían establecer disposiciones comunes relativas a las condiciones para designar a un país como país seguro y a los requisitos para aplicar esta designación de país seguro a una solicitud concreta. No obstante, en la Comunicación sobre un procedimiento de asilo común(4), la Comisión proponía que a largo plazo se defina mejor un enfoque común, mediante la adopción de listas comunes o el simple abandono de los principios.

La política de la Comisión en materia de retorno de los residentes ilegales se expone en detalle en la Comunicación relativa a una política comunitaria de retorno de los residentes ilegales(5), que incluye consideraciones relativas a una asistencia financiera para el retorno y a la necesidad de cooperar estrechamente con los países de origen y de tránsito sobre los aspectos del retorno y la readmisión.

En general, las medidas contra la inmigración ilegal se establecen en el Plan global del Consejo contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos en la Unión, de 28 de febrero de 2002, que se basa ampliamente en la Comunicación de la Comisión relativa a una política común de inmigración ilegal, mencionada anteriormente.

(1) COM(2001) 672 final.

(2) COM(2002) 175 final.

(3) COM(2002) 326 final.

(4) COM(2000) 755 final.

(5) COM(2002) 564 final.