PREGUNTA ESCRITA E-2328/02

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la Comisión

(26 de julio de 2002)

Asunto: Atribución de competencias a la Comisión Europea en el marco de la reforma de la PCP

En sus propuestas para la reforma de la Política Común de Pesca (PCP) aprobadas por el Colegio de Comisarios el pasado 28 de mayo de 2002, la Comisión defiende la asunción de competencias en ámbitos que son actualmente competencia del Consejo y, además, asume competencias de nueva creación, como por ejemplo, entre otras, el establecimiento de TACs en especies sometidas a gestión multianual, decisiones adoptadas en organismos internacionales de pesca, normativa de control pesquero, normas sobre exenciones de las obligaciones de control pesquero y sanciones por incumplimiento de normas de control.

¿No considera la Comisión Europea que las normas que pretende asumir suponen una quiebra del principio de equilibrio de poderes y van más allá de las competencias de desarrollo normativo que el Consejo ha otorgado a la Comisión al resultar decisiones políticas más que técnicas y no respetar el equilibrio institucional así como atentar contra el reparto de competencias definido por los Tratados?

¿Puede informar la Comisión si considera que la fijación de TACs y cuotas es una competencia de ejecución y si su atribución a la Comisión sería conforme a lo dispuesto en los artículos 37, 202 y 211 del Tratado CE?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(17 de septiembre de 2002)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 202 y 211 del Tratado CE, la Comisión ejerce las competencias que el Consejo le atribuye y vela por la aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros.

En cada caso, en el acto de base pertinente, el legislador establece la amplitud y los elementos esenciales de las competencias de ejecución (véase el apartado 1 del artículo 1 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(1)).

La Comisión opina que las disposiciones establecidas en la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (PPC)(2), aprobada por la Comisión el 28 de mayo de 2002, cumplen plenamente esas normas.

La Comisión considera que, en el marco de un plan de gestión plurianual decidido previamente por el Consejo, en el que algunos parámetros relativos al establecimiento anual del total admisible de capturas (TAC) hayan sido acordados en el plano político, el establecimiento de TAC y cuotas podría constituir un elemento de las competencias de ejecución que se atribuirían a la Comisión.

La Comisión, basándose en las últimas observaciones científicas sobre las poblaciones de que se trate, calcularía la cantidad de capturas que cumplen los parámetros fijados por el Consejo, como los destinados a mantener la mortalidad de los peces en un nivel establecido o por debajo de éste, alcanzar un porcentaje concreto de incremento de la biomasa cada año y evitar que la modificación anual de los TAC sea superior a un nivel determinado.

Por consiguiente, la Comisión prevé en su propuesta que será ella quien decida la asignación de posibilidades de pesca sólo cuando el Consejo haya aprobado los planes de gestión plurianuales y sólo a partir del segundo año. La asignación para el primer año se establece en el marco del plan de gestión plurianual y sigue siendo competencia del Consejo. Las asignaciones para los años siguientes pasan a ser un elemento de ejecución dentro del plan de gestión plurianual y se ajusta a las normas establecidas en él.

Debe considerarse también que la incorporación al Derecho comunitario de medidas adoptadas en virtud de acuerdos internacionales puede constituir un elemento de las competencias de ejecución.

Una vez adoptadas por una organización regional de pesca (ORP), y siempre que la Comunidad no emita objeciones al respecto, dichas medidas serán obligatorias en la Comunidad. A partir de ese momento, las medidas ya no pueden modificarse. La incorporación de las mismas al Derecho comunitario, por lo tanto, es una operación de carácter técnico y no tiene dimensión política alguna.

Por lo general, el contenido de estas medidas suele ser de tipo técnico. El procedimiento simplificado previsto en la propuesta de la Comisión debe permitir a la Comunidad acelerar el proceso de incorporación de las medidas adoptadas por la ORP y contribuir así a reforzar la credibilidad de su acción a escala internacional. El Parlamento y el Consejo continuarán estando bien informados de los resultados de las reuniones de las ORP y sobre las medidas que deban ser incorporadas al Derecho comunitario.

La propuesta aprobada por la Comisión el 28 de mayo de 2002 define las diferentes responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión en materia de control y aplicación de las normas de la PPC.

El artículo 23 de la propuesta establece claramente que los Estados miembros tienen la responsabilidad de controlar y aplicar las normas de la PPC.

La Comisión sólo es responsable de realizar el seguimiento del control y la aplicación de las normas por parte de los Estados miembros y de facilitar la coordinación y la cooperación entre ellos, como establece el artículo 26 de la propuesta.

Por consiguiente, la propuesta no modifica los papeles respectivos de la Comisión y de los Estados miembros.

En este contexto, la Comisión propone que el Consejo adopte nuevos instrumentos para los Estados miembros que les permitan garantizar una aplicación más eficaz de las normas de la PPC y un nivel equivalente de las sanciones en todos los Estados miembros.

La propuesta también prevé que la Comisión podrá exigir a los Estados miembros que incumplan sus obligaciones una compensación a la Comunidad por los daños o pérdidas. La adopción de estas medidas por la Comisión entra dentro de sus competencias en virtud del artículo 211 del Tratado CE.

(1) DO L 184 de 17.7.1999.

(2) COM(2002) 185 final.