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PREGUNTA ESCRITA E-1498/01

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(18 de mayo de 2001)

Asunto: Nuevas pistas en el Aeropuerto de Barajas (Madrid)

Según ha denunciado el grupo ecologista Jarama Vivo, la construcción de las nuevas pistas del Aeropuerto de Barajas afectará de forma irreversible a comunidades vegetales de gran valor y protegidas a nivel nacional y europeo. En concreto, la construcción de la pista denominada 18L/36R, además de desviar 2 000 m. el cauce del río Jarama, afectará a formaciones vegetales calificadas como hábitats de interés comunitario. Estas formaciones están incluidas en el Inventario Nacional de Hábitats de Interés Comunitario, de acuerdo con el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre. Este inventario ha sido clave para que la Comunidad de Madrid declarase a todo el curso del Jarama como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y, así, pase a formar parte de la Red Natura. Los siete hábitats destruidos son bosques de galería de sauces, chopos, prados mediterráneos de hierbas altas y juncos y formaciones hidrófilas y esciófilas, todas ellas asociadas a los cauces del Jarama y de los arroyos de Las Zorreras y de La Vega.

Las agresiones a la vegetación vendrán producidas tanto por las obras de construcción como por la desecación del Jarama. Las obras producirán un desbroce y un despejamiento del terreno que provocará la desaparición total de las formaciones vegetales. En concreto, las obras destruirán 16 hectáreas de bosque de galería, 3 ha. de matorrales, 4 ha. de carrizal, 40 ha. de praderas y 35 ha. de bosque reforestado.

¿Tiene conocimiento la Comisión de los hechos denunciados por Jarama Vivo?

¿Considera la Comisión que este proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barajas (Madrid) es compatible con el cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE(1) del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres?

¿Tiene previsto la Comisión adoptar alguna medida con vista a la protección del espacio citado?

(1) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(5 de julio de 2001)

La Comisión no está al corriente de los hechos a que alude Su Señoría. Sí ha comprobado, sin embargo, que la zona en cuestión ha sido propuesta por España como lugar de importancia comunitaria (LIC) ES 3110001 Cuencas de los ríos Jarama y Henares con miras a su inclusión en la Red Natura 2000, en el marco de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

La zona en cuestión tiene una superficie de 36 084 hectáreas.

En ella vive la nutria (Lutra lutra), especie que figura en el anexo II de la citada Directiva. La zona comprende también hasta 13 tipos distintos de hábitats incluidos en el anexo I de dicha Directiva, de los que dos son prioritarios (6220 y 3170).

La Comisión solicitará a las autoridades españolas información sobre los procedimientos aplicados para garantizar la observancia de las disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE.
PREGUNTA ESCRITA E-1308/01

de Luis Berenguer Fuster (PSE) a la Comisión

(3 de mayo de 2001)

Asunto: Concesión de una ayuda pública por parte del Gobierno regional valenciano al parque temático Terra Mítica (Benidorm, Alicante)

En la prensa de Valencia se ha publicado que la Agencia Valenciana de Turismo ha aprobado un convenio de colaboración con el parque temático Terra Mítica en virtud del cual aportará 6 000 millones de pesetas al indicado parque temático, convenio que ha sido interpretado como una ayuda directa en ciertos sectores, aún cuando sus términos exactos permanecen ocultos a fecha de hoy.

Por otra parte, la Comisión tiene pendiente la posible apertura de un expediente por ayudas públicas de la Generalitat Valenciana en favor de Terra Mítica.

¿Considera la Comisión que debe conocer los términos del convenio de la Agencia Valenciana de Turismo con Terra Mítica para calibrar si constituye una ayuda pública?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(27 de junio de 2001)

La Comisión también ha tenido conocimiento de la información a la que se refiere Su Señoría y considera que este aspecto deberá tenerse en cuenta en el análisis que va a redactar sobre esta cuestión.
PREGUNTA ESCRITA E-0928/01

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(28 de marzo de 2001)

Asunto: Despidos y pago de las pensiones

La televisión sueca ha emitido un documental danés que causó gran irritación entre muchos ciudadanos. En él se planteaban varios problemas relacionados con la administración y la organización comunitarias.

Un asunto delicado es el del funcionario Hubert Onidi, que trabajaba antiguamente para la ECHO. Onidi fue despedido debido a su implicación en los casos de fraude relacionados con los proyectos de la ECHO. Según el programa de televisión, el dinero destinado a la ayuda humanitaria fue localizado en la cuenta bancaria de que disponía su mujer en Luxemburgo.

A pesar de haber sido despedido a causa de estas irregularidades, Onidi recibe una pensión de la Comisión. Muchos empleadores no hacen efectivas las pensiones de los empleados que deben abandonar su puesto debido a irregularidades. ¿Por qué no sigue la Comisión el mismo principio?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2001)

En el caso al que se refiere Su Señoría, la autoridad facultada para los nombramientos decidió despedir al funcionario y reducir sus derechos de pensión.

Las autoridades responsables consideraron que las sanciones de despido y reducción de derechos de pensión eran adecuadas a la gravedad de los delitos de que había sido declarado culpable el funcionario. A diferencia de lo que dice en su pregunta, no se trataba de fraude sino de incumplimiento de la obligación de independencia y honestidad que impone el Estatuto a los funcionarios.

Dado que el asunto todavía está pendiente ante el Tribunal Europeo de Primera Instancia, la Comisión no puede proporcionar más información.
PREGUNTA ESCRITA E-0721/01

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(9 de marzo de 2001)

Asunto: El metro del Ática en Atenas

En Grecia se está considerando la posibilidad de construir una parte de la ampliación del metro de Atenas mediante el método de la autofinanciación.

1. ¿Ha presentado Grecia proyectos para la construcción de la ampliación del metro mediante este método?

2. ¿Qué opina la Comisión de este tema?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(11 de mayo de 2001)

El programa operativo (PO) Ejes viarios, puertos y desarrollo urbano del marco comunitario de apoyo para Grecia correspondiente al periodo de programación de 2000-2006, aprobado por la Comisión el 19 de marzo de 2001(1), contempla la construcción de las siguientes extensiones del metro de Atenas:

- Monastiraki-Egaleo: 4,7 km de longitud con cuatro estaciones;

- Sepolia-Thivon: 2,5 km de longitud con tres estaciones;

- Defensa nacional-Stavros: 5,4 km de longitud con cinco estaciones;

- Dafni-Ilioupolis: 1,1 km de longitud con una estación.

Estas extensiones, consideradas como obras públicas, está previsto que se construyan financiándolas exclusivamente mediante fondos públicos.

El PO también contempla la construcción de puntos de transbordo con aparcamientos incorporados cerca de algunas estaciones de metro con la participación de fondos privados mediante regímenes de concesión.

La Comisión considera que el plan de inversión para la extensión del metro de Atenas arriba mencionado es razonable.

(1) C(2001) 534.
PREGUNTA ESCRITA E-1271/01

de Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) a la Comisión

(2 de mayo de 2001)

Asunto: Privatizaciones en los países candidatos del Este europeo.

Cuando las negociaciones para la integración en la UE de las naciones del Este europeo avanzan de forma significativa y es de esperar que en una razonable fecha próxima sea una efectiva realidad, no deja de plantearse un importante reto, en dichas naciones, como es el de concluir, de la manera más satisfactoria posible, el proceso de privatizaciones.

El futuro de las economías de estos países pasa por disponer tanto de la capacidad inversora, que facilite las referidas privatizaciones, como la aportación tecnológica que haga competitivas las entidades privatizadas, aunque en ocasiones no se encuentren los inversores privados que acudan a las referidas privatizaciones.

¿Puede indicar la Comisión si desarrolla una actividad significativa para facilitar que las privatizaciones de los países candidatos del Este europeo se lleven a efecto, mediante incentivos especiales a las entidades de los actuales Estados miembros de la UE, de forma que sirvan de ayuda a las economías de los referidos candidatos y faciliten su integración en el marco general de la UE?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(20 de junio de 2001)

A nivel económico, los criterios de adhesión son dos: la existencia de una economía de mercado viable y la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Comunidad.

Dentro de los cambios que ha experimentado el segundo criterio económico, el documento Agenda 2000 de la Comisión(1) recordaba que el proceso de privatización, que ha avanzado a ritmos distintos, aún no ha acabado.

En los últimos tiempos, en varios de los países candidatos se ha producido una aceleración del ritmo de las privatizaciones. Las grandes privatizaciones, en particular en la industria pesada y el sector energético, y las reestructuraciones que les son inherentes, son un proceso complejo que tiene numerosas consecuencias, sobre todo a nivel social.

En una primera etapa las políticas de privatizaciones atrajeron las inversiones directas extranjeras (IDE) para pasar a ser, más tarde, las nuevas implantaciones. Una mayor protección de la IDE produjo flujos financieros hacia los países de Europa Central y Oriental. Algunos países, como Polonia y la República Checa, atraen ahora cantidades importantes de IDE. En otros países, como en Hungría, se ve a la IDE más interesada en los greenfields que en las privatizaciones ya efectuadas.

Existen programas de asistencia, sobre todo en el marco de PHARE, para facilitar las políticas de reestructuración/privatización emprendidas (por ejemplo en Rumania, el programa Ricop).

La Comunidad financia, entre las operaciones de hermanamiento actualmente llevadas a cabo, acciones de asistencia a la privatización de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la República Checa o del sector energético en Lituania.

(1) Agenda 2000: Por una Unión más fuerte y más amplia - COM(97) 2000 final - Suplemento del Boletín no 5/97 de la Unión.
PREGUNTA ESCRITA E-1520/01

de Martin Callanan (PPE-DE) a la Comisión

(21 de mayo de 2001)

Asunto: Tragedia del BP Trent obligación de los terceros países de cooperar con el sistema judicial europeo

En junio de 1993, nueve marineros británicos fallecieron cuando un buque de pabellón panameño, el Western Winner, chocó con el petrolero británico BP British Trent cerca del puerto belga de Ostende.

Las investigaciones marítimas pusieron de manifiesto que el capitán y la tripulación de origen coreano del Western Winner eran responsables del accidente, al no haber respetado la normativa mínima en materia de seguridad marítima. Ni el capitán, ni la tripulación, ni el armador del Western Winner han cooperado en el proceso judicial, no habiendo asistido a las vistas organizadas por la oficina del fiscal en Brujas. Asimismo, se negaron a cooperar con el Departamento de investigación de los accidentes marítimos (MAIB) del Reino Unido, que llevó a cabo una investigación a petición de las autoridades de las Bermudas poco después del accidente.

Como consecuencia, transcurridos casi ocho años del accidente, el caso sigue abierto en el tribunal penal de Brujas. La Comisión no tiene jurisdicción para enjuiciar al capitán, a la tripulación o al armador de la nave, y las autoridades belgas tampoco pueden interferir en el proceso judicial.

¿Qué puede hacer la Comisión en semejantes casos, en los que las entidades responsables de un tercer país se niegan a cooperar con el sistema judicial europeo, obstaculizando de esa manera el proceso legal?

¿Podría la Comisión presionar a las autoridades gubernamentales competentes para que exijan que los responsables de la tragedia cooperen con el sistema judicial europeo?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(19 de julio de 2001)

La Comisión lamenta informar a Su Señoría de que no tiene ninguna competencia legal sobre los procedimientos penales incoados en los Estados miembros, que incumben a las autoridades nacionales pertinentes.

No obstante, en respuesta a las numerosas cartas remitidas por Su Señoría, la Vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de transportes escribió a la Viceprimera Ministra belga y a la Ministra de transportes para comunicarles la importancia que atribuye a este asunto.
PREGUNTA ESCRITA E-0980/01

de Nuala Ahern (Verts/ALE) a la Comisión

(30 de marzo de 2001)

Asunto: Estudios sobre radiactividad medioambiental

¿Qué estudios está llevando a cabo actualmente la Comisión o ha encargado que se realicen en relación con la radiactividad medioambiental?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0884/01, E-0979/01, E-0980/01 y E-0981/01 dada por el Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2001)

Los polígonos de tiro donde se han realizado ejercicios con municiones con uranio empobrecido pueden ser terrestres o marinos.

En el caso de los polígonos de tiro marinos, la Comisión ha señalado en varias ocasiones (la más reciente en su respuesta a la pregunta oral H-0055/01 de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou durante el turno de preguntas en la sesión parlamentaria de febrero de 2001(1)) que este tipo de actividad no causa contaminación alguna del medio ambiente marino que pueda distinguirse de las concentraciones naturales de uranio. La Comisión tiene entendido que este asunto no se ha abordado aún en el marco del Convenio Oslo-París (OSPAR).

En cuanto a los polígonos de tiro terrestres, de conformidad con el artículo 35 del Tratado Euratom, la Comisión tiene derecho de acceso a las instalaciones para realizar controles continuos del aire, el agua y el suelo (por lo tanto, del medio ambiente) a efectos de verificación. Por lo tanto, la Comisión no tiene acceso a las instalaciones nucleares o militares como tales y solicitaría el acceso sólo en caso de que fuesen necesarios dispositivos de control in situ para evaluar el impacto medioambiental fuera del perímetro de las instalaciones.

La Comisión vigilan la situación en cuanto a los niveles de radiactividad medioambiental partiendo de la información recibida en virtud del artículo 36 del Tratado Euratom, los datos específicos sobre cada lugar proporcionados por las autoridades de los Estados miembros y otras fuentes de información. La Comisión no tenía noticias del estudio británico sobre la zona de Solway Firth ni del estudio similar realizado por Francia.

La legislación comunitaria vigente habilita ya mecanismos que garantizan la supervisión de la radiactividad ambiental. La aplicación de estas disposiciones no indica necesidad alguna de que las mismas se vean complementadas por muestreos ambientales de uranio empobrecido realizados por la Comisión.

(1) Respuesta oral de 13.2.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-0765/01

de Bill Miller (PSE) a la Comisión

(13 de marzo de 2001)

Asunto: Inversiones de capital

En relación con mi pregunta E-1417/00(1) anterior, ¿se encuentra ya la Comisión en situación de proporcionar las cifras solicitadas? Es decir, ¿puede presentar la Comisión una relación de las inversiones de capital desde 1988 realizadas en cada uno de los Estados miembros en las siguientes categorías:

- extracción de petróleo y de gas,

- industria manufacturera: distribución,

- hoteles y restauración,

- servicios financieros,

- transporte y comunicaciones,

- viviendas privadas?

(1) DO C 72 E de 6.3.2001, p. 54.

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(14 de junio de 2001)

En estadística las inversiones de capital se suelen medir por un agregado macroeconómico denominado formación bruta de capital fijo.

Los últimos datos al respecto están recogidos en dos documentos que remitimos directamente a Su Señoría y a la secretaría del Parlamento.

El primero de los documentos enviados utiliza la actual metodología SEC 95, y el segundo la anterior SEC 79 (SEC es el sistema europeo de cuentas, la metodología estándar en este ámbito).

Como no se dispone todavía de todos los datos SEC 95, adjuntamos asimismo los datos clasificados con arreglo al SEC 79 disponibles solamente hasta 1997.

La diferencia entre el SEC 95 y el SEC 79 se debe a la mayor cobertura de este sistema, en especial, a la inclusión de algunas inversiones inmateriales (programas informáticos, bases de datos, arte, etc.), prospección minera (fructuosa o no), equipos civiles utilizados por el ejército (tales como aeropuertos, hospitales), etc.

La correspondencia entre las ramas mencionadas en la pregunta de Su Señoría y las existentes es la siguiente:

1. Según el SEC 95 (nomenclatura NACE rev.1 nivel A31):

- Extracción de productos energéticos

- Industria manufacturera

- Construcción

- Comercio (incluida la reparación)

- Hostelería

- Transporte, almacenamiento y comunicaciones

- Intermediación financiera

2. Según el SEC 79 (nomenclatura NACE-CLIO, nivel R25):

- Productos energéticos

- Productos industriales

- Construcción

- Recuperación y reparación, comercio

- Restaurantes hoteles y cafés

- Transporte interior

- Transporte marítimo y aéreo

- Actividades anexas a los transportes

- Comunicaciones

- Total transporte y comunicaciones (en cursiva supra)

- Instituciones de crédito y seguro
PREGUNTA ESCRITA E-0958/01

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(30 de marzo de 2001)

Asunto: Discriminación por motivos de nacionalidad con motivo de la aplicación de tarifas y multas por parte de las autoridades

1. ¿Considera razonable la Comisión que los Estados apliquen a las personas no nacionales del Estado en cuestión unas tarifas y multas diferentes de las que aplican a sus propios súbditos?

2. ¿Están autorizados los Estados miembros de la Unión Europa a establecer una distinción entre las personas nacionales del Estado en cuestión y las demás cuando fijan el nivel de las tarifas y las multas?

3. ¿Cómo evalúa la Comisión el hecho de que en todo caso un Estado miembro, a saber, Bélgica ha establecido, mediante real decreto de 24 de octubre de 1997, una categoría denominada tarifas para extranjeros, aplicable a partir del 1 de enero de 1998, que la policía hace referencia a dicho decreto con motivo de detenciones por infracciones de tráfico y que se pueden consultar estas tarifas en las páginas de Internet http://www.infocorner.org/verkeer/divers/index.htm y http://www.infocorner.org/verkeer/divers/boetes2.htm?

4. ¿Se ha de modificar esta situación a la luz de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que parte de la igualdad de las personas, o sobre la base de normas de la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(2 de mayo de 2001)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-0830/01 de la Sra. Peijs(1).

(1) Ver página 129.
PREGUNTA ESCRITA E-0780/01

de Bart Staes (Verts/ALE) al Consejo

(15 de marzo de 2001)

Asunto: Coaliciones gubernamentales con partidos de extrema derecha

Si se elige como nuevo Presidente deL Gobierno de Italia a Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia y diputado al Parlamento Europeo integrante del Grupo del PPE, se verá si la Unión Europea es consecuente en su actitud frente a los Estados miembros, puesto que existe la amenaza de que la Unión Europea aplique unos criterios ambiguos. Empieza a parecer que existe una serie de normas para los grandes Estados miembros y otra para los pequeños. En los próximos meses veremos si ello es cierto.

Forza Italia sólo puede llegar al poder con dos partidos aliados que tienen elementos en común con el Partido austríaco FPÖ (Partido Austríaco de la Libertad) de Jörg Haider. Su principal aliado y probablemente futuro Vicepresidente del Gobierno, Gianfranco Fini, de la formación Alleanza Nazionale, construyó su partido sobre las ruinas del antiguo movimiento fascista. Si bien Alleanza Nazionale ha realizado unos esfuerzos considerables para distanciarse de sus orígenes extremistas, el partido sigue cultivando el legado de la época de Mussolini. Por otra parte, es llamativa la semejanza con las simpatías de Haider por los nazis.

En consecuencia, dentro de poco Europa se va a situar ante un dilema político: ¿está dispuesta la Unión a aplicar los mismos criterios en el caso de Estados miembros grandes y medianos? El año pasado, el partido austríaco FPÖ formó una coalición con el partido conservador ÖVP. El hecho de que un partido populista, de fama xenófoba, llegara al poder en un Estado miembro de la UE causó convulsión en los otros catorce Estados miembros. Se sometió a Austria a un régimen político de sanciones con suspensión de los contactos diplomáticos bilaterales.

¿Va a aplicar el Consejo los mismos criterios si en Italia un partido de extrema derecha, concretamente Alleanza Nazionale, forma parte del Gobierno tras las próximas elecciones, por analogía con las medidas promulgadas con motivo de la formación de la coalición ÖVP-FPÖ en Austria? En caso negativo, ¿por qué aplica el Consejo unos criterios ambiguos cuando se trata de la formación de una coalición gubernamental con un partido de extrema derecha en Austria (FPÖ), por una parte y, por otra, en Italia (Alleanza Nazionale)?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0780/01 y E-0819/01

(13 de julio de 2001)

El Consejo recuerda a Su Señoría que las medidas tomadas con relación a Austria a las que hace referencia fueron decididas por los gobiernos de los 14 Estados miembros y no por el Consejo.
PREGUNTA ESCRITA E-0978/01

de Nuala Ahern (Verts/ALE) a la Comisión

(30 de marzo de 2001)

Asunto: Comunicaciones de la Comisión relativas a los riesgos para el medio ambiente del uranio empobrecido

¿Qué contactos ha entablado la Comisión con el Servicio de Protección Radiológica de la Defensa de Gran Bretaña y con la Autoridad de Evaluación e Investigación de la Defensa (DERA) en relación con los riesgos que el uranio enriquecido entraña para el medio ambiente?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0885/01, E-0977/01, E-0978/01 y E-0982/01 dada por la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2001)

La Comisión invitó a una serie de organizaciones internacionales (Organización Mundial de la Salud (OMS), Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP), Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)) a debatir en una mesa redonda el asunto del uranio empobrecido el 31 de enero de 2001. No ha existido otra correspondencia que la carta de invitación. Por otra parte, la Comisión informó a las otras organizaciones de la emisión del dictamen del grupo de expertos establecido de conformidad con el artículo 31 del Tratado Euratom el 6 de marzo de 2001, y fue informada, a su vez, de la emisión del informe del UNEP el 14 de marzo de 2001.

La Comisión no ha mantenido contactos con las otras organizaciones mencionadas por Su Señoría. Entre el material proporcionado por diversas organizaciones, especialmente la OTAN, hay documentos estadounidenses que remiten a la Office of Environmental and Health Sciences del Ministerio de Defensa de EE.UU.

La cantidad de información disponible sobre el uranio empobrecido es considerable (p. ej., en forma de documentos y material accesible en Internet). El grupo de expertos ha estudiado gran parte de este material y ha dedicado un esfuerzo considerable a determinar las fuentes de información originales y validadas. En el dictamen publicado se incluyen las referencias principales de dichas fuentes.

La Comisión considera que un intercambio de información lo más intenso posible beneficia a todas las organizaciones siempre que se actúe con total independencia al evaluar la información.