PREGUNTA ESCRITA E-0098/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(26 de enero de 2000)

Asunto: Aplicación del principio de cooperación en la elaboración del PDR 2000-2006 relativo a las Comunidades Autónomas del Objetivo no 1

En octubre de 1999 presenté una pregunta escrita a la Comisión (no P-1798/99)(1) sobre la aplicación del principio de cooperación en la elaboración del PDR 2000-2006 relativo a las Comunidades Autónomas del Objetivo no 1, puesto que ese documento fundamental, en el que se contemplan las principales inversiones destinadas al desarrollo, a la creación de empleo y a las redes de transporte, no fue examinado por el Parlamento de Galicia.

En su respuesta, el Comisario Michel Barnier aplazó la respuesta definitiva hasta la llegada del documento del PDR a Bruselas, asegurando, en cualquier caso, que, según lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Reglamento (CE) no 1260/1999(2) del Consejo sobre los Fondos estructurales, los Estados miembros deben efectivamente presentarlo a la Comisión previa consulta con sus interlocutores, puesto que el Reglamento señala que debe incluir una relación de las disposiciones previstas para consultar a los interlocutores.

Teniendo en cuenta que el documento ya se encuentra en poder de la Comisión, ¿qué medidas tiene intención de adoptar esta institución para hacer que se respete el principio de cooperación y las competencias de las Comunidades Autónomas y, en concreto, de Galicia, cuyo Parlamento no fue consultado por el Estado español en la elaboración de un PDR que la afecta de manera decisiva en sus competencias y como institución responsable del desarrollo económico y social del país?

(1) DO C 203 E de 18.7.2000, p. 51.

(2) DO L 161 de 26.6.1999, p. 1.

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(10 de marzo de 2000)

El Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(1), dispone, en su artículo 8, que las acciones comunitarias se aprobarán en estrecha concertación, dentro de un proceso denominado de cooperación, entre la Comisión y el Estado miembro, y con las autoridades y organismos designados por el Estado miembro de acuerdo con su normativa nacional y prácticas actuales, en particular: las autoridades regionales y locales y demás autoridades públicas competentes, los interlocutores económicos y sociales, cualquier otro organismo adecuado en este marco. Estas autoridades y organismos designados por el Estado miembro reciben el nombre de interlocutores.

En lo que se refiere a los planes de desarrollo regional (PDR), los artículos 15 y 16 del citado Reglamento disponen, respectivamente, que los planes serán presentados por el Estado miembro a la Comisión previa consulta con los interlocutores y que incluirán una relación de las disposiciones previstas para consultar a los interlocutores.

En el PDR correspondiente a las regiones subvencionables en virtud del objectivo 1, presentado por el Gobierno español el 29 de octubre de 1999, se dedica un capítulo a la aplicación del principio de cooperación, en el que se explica, concretamente, que las Comunidades Autónomas han participado desde el principio en la concepción, elaboración y redacción del mismo y que han tenido la posibilidad, en varias ocasiones, de exponer sus puntos de vista y de introducir modificaciones al proyecto final.

Dado que, de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1260/1999, incumbe al Estado miembro designar a los interlocutores, la Comisión considera que el Gobierno español ha cumplido con sus obligaciones en cuanto a la observancia del principio de cooperación en la elaboración del mencionado PDR.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.