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PREGUNTA ESCRITA E-0697/00

de Hubert Pirker (PPE-DE) a la Comisión

(17 de marzo de 2000)

Asunto: Resolución del Parlamento Europeo de 15 de abril de 1999 sobre el Informe periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por Eslovenia en la vía de la adhesión (1998)

En su Declaración y Recomendación (de 18 de marzo de 1999), la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Eslovenia instó al Gobierno esloveno a derogar las leyes y los decretos todavía en vigor de 1945 y 1946 en la medida en que se refieren a la expulsión de grupos étnicos concretos de la antigua Yugoslavia.

¿Puede comunicar la Comisión si ha mantenido conversaciones con el Gobierno de la República de Eslovenia sobre estas leyes y decretos y la forma en la que tiene la intención de tomar en consideración esta exigencia del Parlamento Europeo en el marco de las negociaciones de adhesión?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0697/00 y E-0698/00 dada por el Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(2 de mayo de 2000)

En su dictamen sobre la solicitud de adhesión a la Unión de Eslovenia, de junio de 1997, la Comisión consideró que Eslovenia cumple los criterios políticos fijados en Copenhague y que ha logrado estabilizar las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías étnicas.

Eslovenia se ha comprometido a cumplir los criterios en relación con el Estado de Derecho y la adhesión a los principios de los derechos humanos. Sin embargo, las decisiones del AVNOJ fueron adoptadas y ejecutadas antes de la fundación de las Comunidades y son restos de la legislación de la antigua República Socialista de Yugoslavia. El proceso de restitución de la propiedad continúa.

La Comisión es consciente del hecho de que el proceso de restitución de la propiedad es muy lento en Eslovenia. La Comisión sigue este proceso en el contexto de sus relaciones bilaterales con este país. Sin embargo, la Comisión no puede intervenir directamente en esta cuestión. El artículo 295 (antiguo artículo 222) del Tratado de la CE establece explícitamente que el Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-1589/00

de Martin Callanan (PPE-DE) a la Comisión

(19 de mayo de 2000)

Asunto: Competencia

A la vista de los siguientes elementos de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias (sección 4, artículo 38):

1. La explotación turística de los establecimientos alojativos, en sus distintas modalidades, deberá efectuarse bajo el principio de unidad de explotación.

2. A los efectos de esta Ley, se entiende por unidad de explotación el sometimiento a una única empresa de la actividad de explotación turística alojativa en cada uno de los establecimientos.

¿No considera la Comisión que el principio de unidad de explotación enunciado en dicha Ley es claramente contrario a las normas de la competencia? (La Ley prohíbe a los propietarios particulares fijar el alquiler de su propiedad y, además, penaliza a los propietarios que desean utilizar su propiedad para uso propio).

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(20 de junio de 2000)

Su Señoría se refiere a un aspecto de la legislación de las Islas Canarias. La Comisión entiende que la ley en cuestión es la del 6 de abril de 1995, no 7/1995, sobre normas para servicios de turismo en Canarias. Su Señoría pregunta si la Comisión opina que una disposición particular es claramente anticompetitiva. Esta disposición requiere, en resumen, que haya una gestión y determinadas normas comunes para alquilar a turistas apartamentos en un complejo turístico. El propósito parece ser garantizar la buena calidad del servicio a los turistas. Sin embargo, los precios y otros aspectos comerciales parecen quedar fuera de esta coordinación.

Las reglas de competencia comunitarias (artículos 81 y 82 (antiguos artículos 85 y 86) del Tratado CE) se refieren a la eliminación de acuerdos entre las empresas que restringen la competencia (por ejemplo, acuerdos de fijación de precios entre competidores) y a abusos de posición dominante. La aplicación del artículo 10 (antiguo artículo 5) o, en caso de empresas públicas y empresas con derechos exclusivos, del 86 (antiguo 90) del Tratado CE, en combinación con uno de los artículos anteriores, permite a la Comisión intervenir incluso en caso de que un Estado miembro imponga o fomente tal comportamiento. Debe recordarse, sin embargo, que las normas comunitarias sobre competencia sólo son aplicables aplicarse si la restricción puede producir un efecto apreciable en el comercio entre Estados miembros.

Aunque la Comisión está dispuesta a examinar toda denuncia que se le presente, no puede, a falta de más datos, compartir la opinión de Su Señoría de que la disposición mencionada es claramente contraria a las reglas de competencia comunitarias. Más bien parece, sobre la base de la información disponible, que la ley no pretende inducir ningún comportamiento anticompetitivo que constituya una violación de las reglas de competencia comunitarias.
PREGUNTA ESCRITA P-1764/00

de Glyn Ford (PSE) al Consejo

(5 de junio de 2000)

Asunto: Libertad de prensa en Rusia

¿Considera el Consejo que el registro llevado a cabo por el SFS (antigua KGB) en las oficinas del Grupo de prensa independiente MediaMost indica la existencia de una nueva situación, diez años después de la caída del muro de Berlín y algunos años después de la abolición del comunismo en Rusia?

¿Está preocupado el Consejo por este ataque a la libertad de prensa contra MediaMost y su canal de televisión, NTV, cuyo presidente, Vladimir Goussinsky, es también un dirigente importante de la Comunidad Judía Rusa?

¿Va a pedir el Consejo al Presidente ruso, Vladimir Putin, que garantice la libertad de expresión y denuncie este tipo de prácticas, inaceptables en un país que respeta la ley, es miembro del Consejo de Europa y espera ingresar un día en la Unión Europea?

Respuesta

(26 de septiembre de 2000)

El Consejo ha tomado nota con inquietud del registro practicado por el SFS (antigua KGB) en las oficinas del Grupo de prensa MediaMost. Ha insistido reiteradamente ante las autoridades rusas, en particular en la cumbre UE-Rusia de 29 de mayo, en que la libertad y la independencia de los medios de comunicación constituyen elementos esenciales de toda sociedad democrática, libre y abierta. El respeto de los principios democráticos fundamentales es la piedra angular de la cooperación entre la UE y Rusia y un elemento esencial del Acuerdo de cooperación y colaboración.

El apoyo a la consolidación de las instituciones públicas rusas, en particular sus órganos ejecutivos, legislativos y judiciales y de conformidad con los principios democráticos es uno de los objetivos principales de la estrategia común de la UE respecto a Rusia. El Consejo seguirá dando su apoyo a las reformas democráticas en Rusia y siguiendo estrechamente la evolución que se produzca en esta materia, prestando especial atención a la libertad de los medios de comunicación.
PREGUNTA ESCRITA E-2052/00

de Jeffrey Titford (EDD) al Consejo

(27 de junio de 2000)

Asunto: Prohibición de partidos políticos

Se ha llamado la atención del autor de la pregunta en relación con el proyecto de Carta Europea de Derechos Fundamentales, en cuyo artículo 17, titulado Libertad de reunión y asociación, se contempla el derecho a reunirse pacíficamente, incluyendo el derecho a crear y afiliarse a sindicatos o partidos políticos.

El partido del autor de la pregunta apoya dicho artículo en su totalidad, ya que considera que en cualquier sociedad se debe garantizar al máximo el derecho de reunión pacífica, el derecho a crear y afiliarse a sindicatos, así como el derecho a crear partidos políticos.

Sin embargo, el Parlamento Europeo ha aprobado recientemente propuestas, que serán objeto de debate en el Conferencia Intergubernamental que se celebrará este año, destinadas a facultarle para prohibir partidos políticos, como el Partido de la Libertad de Jörg Haider en Austria. ¿Podría explicar sobre qué se basa la Unión Europea para estudiar la posibilidad de prohibir un partido político, cualquiera que éste sea,habida cuenta de que dicha prohibición constituiría una vulneración determinante del artículo 17 propuesto en el proyecto de Carta Europea?

En este contexto, ¿tiene intención el Consejo de Ministros de renunciar a todas aquellas propuestas que estén destinadas a prohibir partidos políticos en la Unión Europea?

Repuesta

(10 de octubre de 2000)

La cuestión formulada por Su Señoría nunca ha sido debatida en el Consejo.
PREGUNTA ESCRITA E-2070/00

de Roger Helmer (PPE-DE) a la Comisión

(27 de junio de 2000)

Asunto: Productos textiles y labores de encaje en la UE y Turquía

¿Realiza la UE inversiones importantes en productos textiles turcos? En caso afirmativo, ¿se realizan esas inversiones a costa de la industria textil de otros Estados miembros? ¿Prevé la UE seguir aumentado el presupuesto asignado a inversiones en la industria textil turca?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(19 de septiembre de 2000)

No se financia ninguna inversión en la industria textil turca mediante el presupuesto comunitario.

Una Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a las acciones encaminadas a lograr el desarrollo económico y social de Turquía(1) se está discutiendo actualmente entre el Consejo y el Parlamento. El Consejo adoptó una posición común el 14 de junio de 2000. El proyecto de reglamento prevé, entre otras cosas, asistencia para la modernización de la industria turca.

En cuanto a acciones específicas referentes a la industria textil turca, remitimos a Su Señoría a la respuesta a la pregunta escrita E-1921/00 del Sr. Clegg(2).

(1) DO C 408 de 29.12.1998.

(2) DO C 72 E de 6.3.2001, p. 149.
PREGUNTA ESCRITA E-0927/00

de Adriana Poli Bortone (UEN) a la Comisión

(25 de marzo de 2000)

Asunto: Comercialización de los zumos de uva (DG Competencia)

Visto que actualmente no existe ningún límite normativo comunitario relativo a los porcentajes de glicerina natural en los zumos de uva;

Visto que el único límite (Reglamento (CEE) no 822/87)(1) lo constituye la presencia de alcohol en el producto terminado;

Visto que una institución privada alemana, la GFL (Gesellschaft für Lebensmittelforschung mbH-de Berlín) indica un porcentaje de glicerina superior a los niveles permitidos en los zumos de uva de producción italiana;

Visto que la actuación de la GFL supone de hecho un obstáculo no arancelario a la libertad de los intercambios en el seno de la UE, totalmente contrario a los principios del mercado único;

¿Puede decir la Comisión si piensa intervenir rápidamente para evitar que se impida de hecho la comercialización de los zumos de uva de producción italiana en el mercado alemán?

(1) DO L 84 de 27.3.1987, p. 1.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(10 de mayo de 2000)

La Directiva 93/77/CEE del Consejo de 21 de septiembre de 1993(1) fija las condiciones de producción y comercialización del zumo de fruta y otros productos similares. En su artículo 1, concretamente, define los términos zumo de fruta y fruta. El hecho de que la directiva no fije un límite máximo de glicerina en el zumo de uva se debe a que la adición de dicha sustancia al zumo de frutas no está autorizada.

Las observaciones formuladas por el organismo privado alemán en relación con la conformidad del zumo de uva con las normas comunitarias de comercialización carecen de valor oficial o reglamentario.

Las autoridades alemanas no han comunicado a la Comisión la adopción de ninguna medida específica destinada a restringir o prohibir la comercialización de zumo de uva italiano en el mercado alemán. Así pues, la Comisión se ha puesto en contacto con dichas autoridades a fin de conocer todos los pormenores referentes a los hechos señalados. En caso necesario, instruirá un expediente al respecto en el marco de del procedimiento previsto por artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE.

(1) DO L 244 de 30.9.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-1141/00

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(11 de abril de 2000)

Asunto: Libro Blanco sobre seguridad alimentaria y Organismo alimentario europeo

En enero de 2000 se publicó el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria (COM(1999) 719 final). El capítulo 4 del mismo trata de la creación de un Organismo alimentario europeo (OAE), y el capítulo 5, de la legislación relativa a la seguridad alimentaria.

Se formulan propuestas de creación de un marco general para ámbitos en los que no es de aplicación ninguna norma armonizada específica y en los que rige en primer lugar el reconocimiento mutuo.

¿Piensa elaborar la Comisión nuevas disposiciones de legislación horizontal? En caso negativo, ¿basta la legislación vigente para el reconocimiento mutuo de productos, a pesar de los complicados y largos procedimientos que requiere?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1122/00, E-1127/00, E-1128/00, E-1140/00, E-1141/00, E-1142/00, E-1143/00, E-1144/00, E-1145/00, E-1146/00, E-1147/00, E-1148/00, E-1150/00, E-1151/00, E-1152/00, E-1153/00, E-1155/00, E-1156/00, E-1157/00, E-1158/00, E-1160/00, E-1161/00 y E-1162/00 dada por el Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(9 de junio de 2000)

Se están examinando los diferentes asuntos planteados por Su Señoría con vistas a presentar propuestas de legislación de conformidad con los períodos de tiempo previstos en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria.

No sería pertinente en este momento dar a conocer información detallada sobre cada propuesta.
PREGUNTA ESCRITA E-1766/00

de Alexander Radwan (PPE-DE) a la Comisión

(31 de mayo de 2000)

Asunto: Impuesto sobre el valor añadido en Polonia

¿Está informada la Comisión de que la actividad publicitaria de las empresas alemanas en Polonia está gravada con un tipo del IVA del 22 %, sin que estas empresas tengan la posibilidad de deducir los impuestos devengados?

¿Qué opinión le merece a la Comisión el hecho de que las empresas extranjeras que tienen filiales en Polonia y ejercen su actividad publicitaria desde sus filiales no puedan deducir los impuestos abonados?

¿Qué medidas va a adoptar la Comisión a fin de instar a Polonia, en el marco de las negociaciones de adhesión, a que aplique la igualdad de trato en materia fiscal a las agencias de publicidad extranjeras?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(6 de julio de 2000)

La Comisión es consciente de que en la actualidad Polonia solamente concede la devolución del IVA soportado a los sujetos pasivos inscritos en el país y que sean tributarios de tal impuesto, lo cual implica que los sujetos pasivos extranjeros, incluidos los procedentes de Estados miembros, que no se encuentren inscritos en el registro del IVA polaco no podrán solicitar el reembolso de dicho impuesto soportado en las transacciones llevadas a cabo en Polonia en el contexto de su actividad económica.

De conformidad con el acervo comunitario, las disposiciones de la Octava Directiva del IVA, Directiva 79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1979, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios Modalidades de devolución del Impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país(1) y la Decimotercera Directiva del IVA, la Directiva 86/560/CEE del Consejo de 17 de noviembre de 1986(2), estipulan la devolución del IVA a los sujetos pasivos que no estén inscritos en el territorio del Estado miembro pero que sí lo estén en otro Estado miembro o en un tercer país, respectivamente. Conviene observar que los Estados miembros pueden conceder la devolución del IVA a los sujetos pasivos establecidos fuera de la Comunidad, siempre que exista reciprocidad. Esta opción se está aplicando en algunos Estados miembros, incluida Alemania.

Considerando que las dos Directivas mencionadas con anterioridad forman parte del acervo comunitario en el ámbito del IVA, Polonia deberá aplicarlas a más tardar cuando pase a ser Estado miembro de la Unión. En las negociaciones de adhesión, Polonia se ha comprometido a implementar para el año 2001 la devolución de su impuesto del IVA polaco a los sujetos pasivos establecidos fuera del territorio de Polonia.

(1) DO L 331 de 27.12.1979.

(2) DO L 326 de 21.12.1986.
PREGUNTA ESCRITA E-1431/00

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(5 de mayo de 2000)

Asunto: Organismos modificados genéticamente

¿Cuáles son los proyectos de la Comisión en cuanto a la adopción de medidas destinadas a garantizar una información correcta a los ciudadanos europeos sobre las variedades modificadas genéticamente que están siendo sometidas a análisis y pruebas en cada uno de los Estados miembros a fin de decidir la introducción de tales variedades en los catálogos nacionales de conformidad con la Directiva 70/457/CEE(1)?

(1) DO L 225 de 12.10.1970, p. 1.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(24 de julio de 2000)

La publicación de información sobre los análisis realizados, de acuerdo con la legislación comunitaria sobre producción de semillas, sobre organismos modificados genéticamente es competencia de los Estados miembros, que también son responsables de la admisión oficial de variedades vegetales y de su inclusión en los catálogos nacionales de variedades, según la Directiva 70/457/CEE del Consejo, de 29 de septiembre de 1970, referente al catálogo común de las variedades de las especies de plantas agrícolas(1).

Tal y como se establece en el punto 75 del anexo del Libro Blanco sobre seguridad alimentaria(2), la Comisión presentará una propuesta sobre condiciones específicas para evaluación del riesgo medioambiental relacionado con las variedades vegetales modificadas genéticamente, que equivaldrían a las establecidas en la Directiva 90/220/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente(3), revisada. En este marco, considerará qué forma es la más adecuada para dar a conocer a la opinión pública los resultados de los análisis y pruebas a que se está sometiendo a las especies modificadas genéticamente.

(1) DO L 225 de 12.10.1970.

(2) COM(1999) 719 final.

(3) DO L 117 de 8.5.1990.
PREGUNTA ESCRITA E-2113/00

de Luis Berenguer Fuster (PSE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Recomendación del Tribunal de Defensa de la Competencia español sobre la transición a la competencia en el sector eléctrico

Como bien sabe la Comisión Europea, el Tribunal de Defensa de la Competencia de España formuló al Gobierno español la recomendación de oponerse a la concentración entre Unión Fenosa e Hidrocantábrico, la tercera y cuarta empresas eléctricas españolas. En dicho informe el TDC considera que no existe competencia efectiva en el mercado de generación de electricidad en España dada la situación de oligopolio cerrado existente en dicho mercado y la alta probabilidad que dicha situación se mantenga de forma prolongada en el tiempo.

¿Cómo va la Comisión Europea a tener en cuenta la opinión del órgano de defensa de competencia español en su valoración del efecto en la competencia en el mismo mercado de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) actualmente bajo análisis conforme al artículo 87 del Tratado?

¿Va la Comisión a contradecir al Tribunal de Defensa de la Competencia español y considerar que existe de hecho una situación de transición a la competencia que merece ser tenida en cuenta para el abono de los CTC?

¿Cómo cree la Comisión que la concesión de un billón trescientos mil millones de pesetas a cuatro empresas que forman parte de un oligopolio cerrado con marcada ausencia de competencia ni actual ni potencial, puede redundar en beneficio de la competencia y de los consumidores españoles?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(13 de septiembre de 2000)

De acuerdo con las normas del Tratado CE relativas a las ayudas estatales así como a la práctica en esta materia, la Comisión aprecia la compatibilidad de las medidas nacionales con el mercado común teniendo en cuenta el conjunto de informaciones de las que dispone, hayan sido o no facilitadas por las autoridades nacionales. La Comisión sigue siendo obviamente dueña de su decisión final.

Dado que la Comisión aún no ha adoptado su decisión sobre el expediente de los costes de transición a la competencia (CTC) en el mercado eléctrico español, es prematuro decir si esta decisión coincidirá o no con la opinión del Tribunal de Defensa del Competencia. La Comisión puntualiza, no obstante, que el dictamen del Tribunal de Defensa del Competencia se emitió en el contexto del control nacional de las concentraciones al mismo tiempo que la decisión que adoptará se inscribe en el marco del control comunitario de las ayudas estatales. Por tanto, la Comisión tiene en cuenta en este marco elementos como la liberalización del mercado de la electricidad, a raíz de la entrada en vigor de la Directiva 96/92/CE del Parlamento y el Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad(1), pertinentes para el análisis de las ayudas a los costes de transición a la competencia.

La Comisión considera también prematuro pronunciarse sobre la tercera cuestión planteada por Su Señoría mientras no haya adoptado su decisión final sobre este asunto. La decisión será, por supuesto, motivada.

(1) DO L 27 de 30.1.1997.
PREGUNTA ESCRITA P-2326/00

de Ursula Stenzel (PPE-DE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Compatibilidad del proyecto polaco de ley de protección de la competencia y los consumidores con el acervo comunitario

El Parlamento polaco adoptará próximamente el texto de la ley de protección de la competencia y los consumidores. El texto de la ley contiene también importantes disposiciones sobre la propiedad industrial. No obstante, el proyecto incluye una disposición que parece ser incompatible con las normas internacionales sobre la propiedad industrial. Se trata, concretamente, del artículo 332 bis, que prescribe la transmisión de los derechos de marca al fabricante nacional, en el caso de que la marca de que se trate se haya utilizado sin interrupción durante los últimos diez años antes de la entrada en vigor de la ley.

- ¿Puede indicar la Comisión si la disposición del artículo 332 bis de dicha ley es compatible con el Acuerdo europeo y con el Derecho comunitario en general?

- ¿Qué consecuencias tendría, en cuanto a la prosecución de las negociaciones de adhesión con Polonia en ese sector, la adopción por el Parlamento polaco de dicha ley de protección de la competencia y los consumidores?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(25 de julio de 2000)

El 30 de junio de 2000, el Parlamento polaco adoptó en su lectura final una nueva ley de propiedad industrial que incluye la disposición en cuestión. Por lo que respecta a las obligaciones de Polonia en el ámbito del Acuerdo Europeo, el análisis inicial de la Comisión sugiere que la modificación en cuestión se refiere a derechos de propiedad en el sentido estricto (propiedad de la marca) más que a derechos de propiedad industrial (eventual protección de la marca). El Acuerdo Europeo, al igual que los tratados, no cubre derechos de propiedad privados (artículo 295 (antiguo artículo 222) del Tratado CE). Se trata por lo tanto de un asunto de derecho nacional más que de derecho comunitario.