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PREGUNTA ESCRITA E-1463/99

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1999)

Asunto: Ley de Pesca canadiense C-27

Teniendo en cuenta que la Comisión Europea ha reconocido que la citada Ley canadiense de Pesca C-27 no es acorde con la legislación internacional, que ésta no ha sido modificada en su tramitación parlamentaria, tal y como demandó reiteradamente la UE, y que en la pasada Cumbre UE-Canadá, celebrada el pasado mes de junio, no se ha avanzado en este grave problema y que por tanto persisten los aspectos extraterritoriales de la legislación pesquera canadiense que según manifestó la Comisión Europea en su respuesta a mi anterior pregunta parlamentaria, previa a la cumbre (E-0942/99)(1), constituyen motivos de grave preocupación para la Comunidad.

¿Puede la Comisión informar qué nuevas acciones emprenderá para hacer frente a la falta de voluntad canadiense para solucionar este grave contencioso que mientras no se resuelva impedirá la buena marcha de las relaciones UE-Canadá?

(1) DO C 348 de 3.12.1999, p. 145.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(26 de octubre de 1999)

La inquietud de la Comunidad acerca de la legislación canadiense que permite a Canadá aplicar el Acuerdo de las Naciones Unidas (NU) de 1995 sobre poblaciones de peces transzonales y poblaciones de especies altamente migratorias (ley C-27) ha convertido este asunto en uno de los más importantes en las relaciones entre la Comunidad y Canadá. Esto dio lugar a un incremento de los contactos con la parte canadiense, tanto a nivel de expertos como a nivel político, a raíz de la cumbre celebrada entre la Comunidad y Canadá en junio de 1999. En el transcurso de este proceso se han registrado progresos importantes. Canadá presentó declaraciones escritas que clarifican los correspondientes ámbitos de aplicación de la legislación extraterritorial de 1994 y de la legislación recién promulgada y que confirman que los términos de la nueva legislación pretenden ser totalmente coherentes con los del acuerdo de las NU y que se aplicarán en consecuencia. Como estas declaraciones constituyen una respuesta satisfactoria a las inquietudes de la Comunidad, los asuntos políticos más delicados pueden darse por zanjados. Por consiguiente, la Comisión, transmitió a Canadá una nota verbal de fecha 30 de septiembre de 1999 en la que se exponía el punto de vista comunitario de dichos asuntos políticos y la Comunidad se reservaba su opinión acerca de otros aspectos extraterritoriales de la legislación canadiense en materia de pesca. En este último contexto, puede que sea necesario abordar algunos asuntos destacados de índole jurídica y de carácter más teécnico una vez que la Comisión haya finalizado el estudio de las disposiciones de aplicación subordinadas canadienses. Con este fin se celebrará en breve una reunión entre la Comisión y expertos canadienses.
PREGUNTA ESCRITA E-1582/99

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1999)

Asunto: Orientación ecológica de la trnsformación de pescado

¿Piensa considerar la Comisión la posibilidad de ofrecer incentivos económicos a las empresas transformadoras de pescado con el fin de alentarles a que instalen fábricas que utilicen residuos de pescado, en lugar de estimular la pesca con fines industriales?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(7 de octubre de 1999)

Contrariamente a lo que parece desprenderse de la pregunta formulada por su Señoría, la Comisión no fomenta la pesca con fines industriales (entendida como aquella cuya finalidad no es el consumo humano).

Por lo que se refiere a los incentivos financieros a la industria de la transformación, el actual fundamento jurídico, el Reglamento (CE) no 2468/98 del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización de sus productos(1), estipula explícitamente (anexo II, punto 2.4) que No serán subvencionables las inversiones... que tengan por objeto productos de la pesca y de la acuicultura destinados a ser utilizados y transformados con fines que no sean el consumo humano, salvo si se trata de inversiones exclusivamente destinadas al tratamiento, transformación y comercialización de desechos de los productos de la pesca y de la acuicultura. La Comisión ha propuesto que se mantenga esta cláusula en el próximo acto jurídico (período de programación de los fondos estructurales 2000-2006).

(1) DO L 312 de 20.11.1998.
PREGUNTA ESCRITA P-1930/99

de Michael Cashman (PSE) a la Comisión

(14 de octubre de 1999)

Asunto: Prosperidad en los países del euro

¿Podría informar la Comisión del éxito que ha tenido la moneda única hasta la fecha? ¿Qué lugar ocupan en términos de prosperidad los países de la zona del euro y los no incluidos en ella comparados con el resto del mundo?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(9 de noviembre de 1999)

La Unión Económica y Monetaria (UEM) permite a los Estados miembros que adoptaron el euro como moneda única volver a caminar por la senda del crecimiento y beneficiarse de los efectos positivos derivados del desarrollo de la utilización internacional del euro.

Estos Estados miembros ya emprendieron un saneamiento en profundidad de su hacienda pública. Esta cultura de estabilidad, adquirida para el paso al euro en nombre del respeto de los criterios de Maastricht, comienza a dar resultados. Así, 1998 presenta los mejores resultados económicos de la década: 2,8% de crecimiento y 1,7 millones de empleos netos creados. Los indicadores económicos fundamentales de la zona euro son satisfactorios: poca inflación y tipos de interés bajos. Las previsiones de otoño de la Comisión, que están siendo elaboradas, confirmarán probablemente que Europa está invirtiendo la curva de aumento del desempleo.

El euro tiene la misma fuerza que el dólar en los mercados obligacionistas internacionales. Las estadísticas disponibles para el primer semestre de 1999 ponen de manifiesto que las emisiones en euros representan alrededor de un 44% del total de las emisiones mundiales de obligaciones. Por comparación, el porcentaje de las emisiones en las once monedas de la zona euro alcanzaba un 30% de este total en 1997. El euro supone más que una simple suma de las monedas a las que sustituye y es ya una gran divisa internacional. La constitución de un mercado financiero europeo vasto, profundo y líquido permite a las empresas de la Comunidad financiarse más fácilmente. A título de ejemplo, el mercado de las obligaciones de empresas (los bonos de sociedades) conoce desde principios de año un rápido desarrollo. La participación de las empresas en el total de las emisiones de obligaciones en euros es tres veces superior a la constatada en 1998 en monedas europeas. Esta evolución contribuirá también a reforzar el peso de Europa en la escena monetaria y a reequilibrar así el sistema monetario internacional.
PREGUNTA ESCRITA P-2791/99

de Luís Queiró (UEN) a la Comisión

(7 de enero de 2000)

Asunto: Infracción de las reglas de competencia en Alemania

En las últimas semanas se ha podido asistir a dos actos de intervención gubernamental en la actividad económica de uno de los Estados miembros de la UE: Alemania.

La primera de estas intervenciones tuvo como objeto evitar la quiebra inminente de la empresa Philip Holzmann, mediante la concesión de fondos públicos por valor de 256 millones de marcos (equivalentes a 127,8 millones de euros).

En la segunda, el Gobierno alemán se opuso a la oferta de compra hostil de la mayoría de las acciones de la empresa Mannesmann por la firma inglesa Vodafone Air Touch, apelando a la creación de reglas que dificulten operaciones de este tipo, fundamentándolo en la necesidad de evitar un choque cultural entre modelos de capitalismo diferentes.

1. ¿Configuran las intervenciones del Gobierno alemán operaciones de mercado?

2. ¿Carecen estas intervenciones de autorización previa de la Comisión?

3. ¿Se puede afirmar que se han desvirtuado las reglas comunitarias de competencia que incumbe a la Comisión promover y defender?

4. ¿Se justifica en este caso la intervención rigurosa y firme de la Comisión, a semejanza con lo que sucedió con la oposición del Gobierno portugués al acuerdo Champalimaud/Santander Central Hispano?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(1 de febrero de 2000)

La oferta hostil de adquisición de Vodafone-Airtouch por la empresa alemana Mannesmann se evaluará de conformidad con las normas de competencia comunitarias y, en concreto, con el Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas(1), tal como fue modificado (el Reglamento de fusión). Esta es la regla para todos los casos de fusión tratados por la Comisión.

El Reglamento de fusión permite al Gobierno alemán bloquear la fusión entre Vodafone Airtouch y Mannesmann si hay razones de seguridad pública, pluralidad de medios y normas prudenciales. Sin embargo, si el Gobierno alemán encontrase algún otro tipo de otro interés público que la operación infringiese, tendría que comunicarlo a la Comisión.

Tras un examen preliminar de la ayuda notificada a Holzmann sobre la base de las directrices sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis, la Comisión consideró que la ayuda planteaba dudas sobre su compatibilidad con el mercado común. Por lo tanto, el 18 de enero de 2000 la Comisión inició los procedimientos necesarios para abrir una investigación en profundidad sobre las medidas de ayuda. Puedo asegurarle a Su Señoría que el caso está siendo examinando cuidadosamente.

(1) DO L 395 de 30.12.1989, tal como fue modificado en el DO L 40 de 13.2.1998.
PREGUNTA ESCRITA P-2501/99

de Giorgio Celli (Verts/ALE) a la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

Asunto: Pacto territorial de Mesina

Mediante decreto ministerial de 20 de enero de 1999 fue aprobado, en el ámbito del Pacto territorial de Mesina, el proyecto Centro Vacanze-Studio Giardino de Sicilia, destinado a actividades combinadas de estudio y vacaciones para el público europeo. La adhesión al Pacto fue formalizada con la Cámara de Comercio de Mesina, el ente gestor responsable junto con Sogepat (Società Gestione Patti di Mesina), el 23 de marzo de 1999. Dos meses después de dicha fecha debería haber sido abonado el primer tramo financiero, pero al día de la fecha aun no se ha efectuado dicho abono, poniendo en peligro todo el proyecto, que estaba previsto se iniciara en la primavera de 2000. Los prolongados retrasos en la gestión del Pacto de Mesina ponen en duda el concepto mismo de cooperación en que se basan los pactos territoriales.

)Podría investigar la Comisión las causas de retrasos tan poco comprensibles, que causan dificultades a los operadores locales del Pacto de Mesina?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(17 de enero de 2000)

La concesión de créditos en el marco del Pacto Territorial en favor del desarrollo de Mesina, así como los plazos de procedimientos y financiación relativos al mismo, se definieron mediante un procedimiento nacional decidido por el comité interministerial de programación económica. Por consiguiente, la Comisión no tiene competencia para tratar la pregunta planteada, que incumbe sólo a las autoridades nacionales.
PREGUNTA ESCRITA P-2583/99

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

Asunto: Seguros de viaje

¿Está la Comisión al corriente de la práctica conocida como bundling, habitual en las agencias de viajes del Reino Unido, y que consiste en incluir obligatoriamente un seguro

en el paquete turístico? Entre las prácticas que exigen a los clientes la suscripción del seguro de la agencia de viajes pueden citarse los llamados seguros gratuitos ofrecidos por los agentes de viajes como parte del paquete turístico, y la negativa de los operadores turísticos a confirmar la reserva del viaje mientras el cliente no presente una póliza equivalente alternativa. ¿Sabe la Comisión de la existencia de dichas prácticas en otros Estados miembros? ¿Cree la Comisión que dichas prácticas son compatibles con el Derecho comunitario?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(2 de febrero de 2000)

La Comisión no tiene ninguna información específica ni ha recibido denuncias de las prácticas mencionadas por Su Señoría.

En el Derecho comunitario esta materia está regulada por la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados(1). La letra b del apartado 1 del artículo 4 exige que el organizador o minorista ofrezcan al consumidor, por escrito o en cualquier otra forma adecuada, información sobre la suscripción facultativa de un contrato de seguro que cubra los gastos de cancelación por el consumidor o de un contrato de asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso de accidente o de enfermedad.

En caso de que las prácticas mencionadas por Su Señoría parecieran tras un primer examen infringir las disposiciones de la Directiva complementadas por las medidas nacionales de aplicación por ejemplo, mediante la imposición de un seguro obligatorio en lugar de voluntario resultaría pertinente que las autoridades nacionales abordaran el asunto.

Además, parece aconsejable que los consumidores que se enfrenten a disposiciones contractuales dudosas se dirijan a una organización de consumidores, con objeto de evaluar la legitimidad de tales prácticas y estudiar la línea de actuación más eficaz.

Por lo que se refiere a la legislación sobre competencia, la práctica de condicionar (o vincular, como se denomina esta práctica) la venta de un producto a la compra de otro producto no relacionado con el primero puede constituir una infracción de las normas de competencia comunitarias si la empresa que lleva a cabo esta práctica disfruta de una posición dominante respecto al mercado, o si la práctica es el resultado de un acuerdo entre empresas. Su Señoría no alega que las agencias de viajes del Reino Unido hayan acordado entre sí obligar a los consumidores a ligar la compra del seguro con un viaje combinado, mientras que la Comisión no tiene ninguna razón para considerar que alguna agencia de viajes u operador turístico disfruta de una posición dominante en el Reino Unido. En estas circunstancias, no parece haber razón alguna para que la Comisión emprenda una investigación en relación con las normas de competencia.

(1) DO L 158 de 23.6.1990.
PREGUNTA ESCRITA P-2464/99

de Dominique Souchet (UEN) a la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

Asunto: Redes de enmalle de deriva

La Unión Europea ha decidido prohibir el uso de redes de enmalle de deriva a partir de 31 de diciembre de 2001 para la pesca de túnidos en el Atlántico y el Mediterráneo.

Dentro de este marco normativo, la Unión Europea ha previsto una serie de ayudas financieras para posibilitar la adaptación de las embarcaciones a otras técnicas pesqueras. Ahora bien, según diversos estudios realizados por los profesionales de la mar, parece ser que las embarcaciones equipadas para la pesca del atún con redes de enmalle de deriva son difícilmente adaptables a otras técnicas pesqueras, por lo que los pescadores se ven obligados a contemplar la construcción de nuevas embarcaciones mejor adaptadas a la evolución normativa de su oficio.

En este caso particular, )no podría prever la Comisión, para la construcción de embarcaciones adaptadas, una cantidad específica de kilovatios destinada a título excepcional a los equipos afectados, como medida adicional y complementaria del programa clásico de construcción de barcos pesqueros?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(5 de enero de 2000)

El 22 de noviembre de 1999, el Consejo de Pesca llegó a un acuerdo sobre el Reglamento que establece las normas y condiciones de las medidas estructurales en el sector pesquero. Este Reglamento regula, entre otros aspectos, las condiciones en las que los Estados miembros pueden renovar y modernizar su flota de pesca, con o sin la intervención de ayudas públicas.
PREGUNTA ESCRITA P-2195/99

de Francesco Speroni (TDI) a la Comisión

(19 de noviembre de 1999)

Asunto: Transporte entre terminales de un mismo aeropuerto

El problema del transporte entre dos terminales del mismo aeropuerto, que se planteó recientemente con ocasión de la transferencia de vuelos de Linate a Malpensa, también afecta al pasajero que llega a Atenas con una compañía distinta de Olympic y que debe continuar viaje con esta última, que opera la mayor parte de los vuelos interiores.

Dado que el traslado está totalmente a cargo del pasajero, con transportes de pago y un recorrido exterior al aeropuerto (a diferencia de Malpensa, donde se realiza dentro del perímetro aeroportuario y con un autobús gratuito), puede inducir a los pasajeros, con objeto de evitarse inconvenientes y pérdidas de tiempo, a utilizar también para el viaje de llegada a Grecia la compañía Olympic, con lo que ésta se encontraría en una posición de privilegio.

¿Considera la Comisión que dicha situación es conforme a las normas de la Unión?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(2 de diciembre de 1999)

Según la información que obra en poder de la Comisión, en el aeropuerto de Atenas-Hellenikon existe, efectivamente, un servicio de transporte (de pago) entre la terminal East a partir de la que operan todas las compañías que no pertenecen al grupo Olympic Airways y la terminal West a partir de la que opera la compañía Olympic Airways.

La Comisión considera, sin embargo, que el reducido coste de este servicio (250 drs/0,75 de 05h00 a 00h00 y 500 drs/1,25 de 00h00 a 5h00) y la duración del recorrido (10 minutos) no suponen un estímulo para que las personas que viajan con destino a una isla griega o una ciudad de una provincia griega utilizando una línea explotada por Olympic Airways elijan los servicios internacionales de esta compañía antes que otra.

Sea como fuere, la Comisión observa que como consecuencia de la liberalización del acceso a las rutas internas intracomunitarias (1 de abril de 1997) y a las rutas hacia las islas griegas (1 de abril de 1998), la compañía Olympic Airways se enfrenta en su mercado nacional a la competencia indudable de compañías griegas recientemente creadas (por ejemplo Cronus Airlines o Air Greece). Esas compañías operan todas ellas desde la terminal East y ofrecen, pues, a los pasajeros que utilizan los servicios internacionales de compañías que operan desde esa misma terminal transbordos sin necesidad de cambiar de terminal.
PREGUNTA ESCRITA P-2389/99

de Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) a la Comisión

(1 de diciembre de 1999)

Asunto: Amenazas sobre las inversiones europeas en Cuba

Según se desprende de fuentes oficiales, la empresa española Sol-Meliá ha sido objeto últimamente de presiones por parte de las autoridades norteamericanas en relación con sus inversiones en Cuba.

¿Tiene la Comisión constancia de dichas presiones? ¿Comparte la Comisión la opinión de que cualquier tipo de presión sobre empresas de un Estado miembro supondría un claro gesto de enemistad contra la Unión Europea en su totalidad?

¿Ha llevado a cabo la Comisión gestiones para interesarse por el caso?

De confirmarse dichas presiones, ¿piensa la Comisión tomar algún tipo de medida en el marco de los acuerdos suscritos entre la Unión Europea y los Estados Unidos?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

La Comisión es consciente de que las autoridades americanas, en el marco de la Ley Helms-Burton, han realizado investigaciones sobre las actividades llevadas a cabo en Cuba por algunas empresas comunitarias, como Sol-Meliá.

El acuerdo Comunidad-Estados Unidos de 18 de mayo de 1998 constituye una serie de compromisos por ambas partes para tratar de resolver las cuestiones bilaterales suscitadas por la legislación extraterritorial de Estados Unidos. Estos compromisos precaven contra la actuación por parte de la Comunidad en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para conseguir que esta legislación sea declarada incompatible con los compromisos comerciales multilaterales de Estados Unidos. Desde que se llegó a dicho acuerdo y hasta el momento actual, no se han producido actuaciones contra empresas o particulares comunitarios en aplicación de la Ley Helms-Burton. No obstante, la Comunidad dejó claro, en el momento del acuerdo, que mantendría su compromiso de no solicitar crear un panel de expertos de la OMC contra la Ley Helms-Burton o la Ley relativa a las sanciones a Irán/Libia sólo en caso de que no se adoptaran medidas contra empresas o particulares comunitarios en virtud de dichas leyes.

En los contactos de alto nivel mantenidos recientemente con los Estados Unidos, la Comisión ha dejado inequívocamente clara su posición respecto al problema de la Ley Helms-Burton y la preocupacion de la Comunidad por el caso Sol-Meliá. Se ha exhortado a los Estados Unidos a cumplir sus compromisos en virtud del acuerdo alcanzado el 18 de mayo de 1998 en lo referente al título IV de la Ley Helms-Burton.

La Comisión está siguiendo este asunto muy de cerca y mantendrá informado al Parlamento de todo cambio importante al respecto.
PREGUNTA ESCRITA P-2088/99

de Maurizio Turco (TDI) al Consejo

(8 de noviembre de 1999)

Asunto: Ciudadanos de Estados miembros de la UE que disfrutan del derecho de asilo en otros Estados miembros o en países terceros

A raíz del Tratado de Amsterdam, la política de asilo se integró en el Tratado de la Comunidad Europea y, en particular, en su título IV sobre visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas.

El protocolo sobre asilo a nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, que se añadió al Tratado CE, afirma que se informará inmediatamente al Consejo en caso de que un Estado miembro decida conceder asilo a un ciudadano de otro Estados miembro de la Unión, confirmando así el papel central del Consejo en el intercambio de información entre los Estados miembros de la UE en materia de asilo e inmigración.

Por consiguiente, y como limitación parcial de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1950 y del Protocolo de Nueva York de 31 e enero de 1967 sobre la condición de refugiado, los ciudadanos de la Unión sólo pueden, en general, obtener asilo de Estados terceros y no ya de Estados miembros de la Unión.

¿Se han dado casos de ciudadanos de un Estado miembro de la Unión que hayan obtenido asilo de otro Estado miembro o de Estados no comunitarios antes y después de la entrada en vigor del Tratado de la UE y del Protocolo sobre el asilo? En caso afirmativo, ¿por qué?

¿No opina el Consejo que es necesario y urgente proceder a un estudio con vistas a identificar y eliminar las causas de la solicitud y la obtención de asilo de un Estado tercero, a fin de compensar la limitación del derecho del ciudadano europeo de acceder al derecho de asilo en otro Estado miembro?

Respuesta

(17 de diciembre de 1999)

En los seis meses transcurridos desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam no se ha notificado al Consejo, de acuerdo con el Protocolo sobre asilo, la presentación de ninguna solicitud de asilo de un ciudadano de un Estado miembro en otro Estado miembro.

El Consejo no dispone de información sobre las solicitudes de asilo presentadas en terceros países por ciudadanos de los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-0105/99

de Anthony Wilson (PSE) a la Comisión

(2 de febrero de 1999)

Asunto: Legrado de rebaños de ovejas en Nueva Zelanda

¿Puede confirmar la Comisión si se ha detectado algún caso de legrado de rebaños de ovejas en Nueva Zelanda?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión

(8 de marzo de 1999)

Son dos los períodos en los que se ha detectado la tembladera en ovinos en Nueva Zelanda. En 1952, se encontró dicha enfermedad en tres animales importados desde Inglaterra y, en 1954, en cuatro procedentes del rebaño afectado en 1952. También se identificó la tembladera en ovinos que estaban en cuarentena en 1976 y 1977.

La Comisión no tiene conocimiento de casos recientes de tembladera en ganado ovino de origen neozelandés.