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PREGUNTA ESCRITA E-1849/00

de Esko Seppänen (GUE/NGL) y Armando Cossutta (GUE/NGL) a la Comisión

(9 de junio de 2000)

Asunto: Proyectos IST no relacionados con la investigación

El Programa IST se aplica mediante acciones a gastos compartidos y otras medidas de apoyo, como por ejemplo las redes de apoyo, las acciones concertadas, las medidas de acompañamiento, las acciones de utilización (take-up actions), las actividades de formación, etc., tal como se indica en la página 10 del programa de trabajo 2000 del IST.

1. ¿Puede facilitar la Comisión una lista de todos los proyectos IST no relacionados con la investigación, los que ya se han creado o los que se están negociando una vez aprobados por los grupos de evaluación, financiados (o con probabilidades de ser financiados) como medidas suplementarias de este tipo?

2. ¿Puede facilitar la Comisión una ficha para todos los proyectos o propuestas aprobadas con:

- una descripción somera del proyecto,

- la lista de los principales resultados que se esperan, y

- la lista de los participantes en el proyecto, con la distribución de fondos pertinente?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(14 de julio de 2000)

Una lista con los 70 Proyectos IST no relacionados con la Investigación y el Desarrollo que han sido firmados será enviada directamente a Sus Señorías y a la Secretaría del Parlamento.

La ficha descriptiva de cada proyecto está disponible en Internet, en el servidor público Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (Cordis), en la siguiente dirección: http://www.cordis.lu.

En las siguientes direcciones se puede obtener una ficha más detallada con una descripción somera del proyecto y los principales resultados que se esperan de él: http://www.cordis.lu/ist/home.html y http://www.cordis.lu/ist/projects.htm. Desde estas páginas se puede acceder a la ficha descriptiva seleccionando el número del proyecto a partir de la lista.

Por razones confidenciales, los detalles sobre los contratos en proceso de negociación se pondrán a disposición en la web una vez que hayan sido firmados.
PREGUNTA ESCRITA E-2296/00

de Concepció Ferrer (PPE-DE) a la Comisión

(11 de julio de 2000)

Asunto: Patente comunitaria única

La investigación científica y, particularmente el desarrollo tecnológico son factores motores del crecimiento económico y de la competitividad de nuestras PYME. Por ello, es esencial una protección eficaz y adecuada de la propiedad intelectual.

El actual sistema de patentes europeo no sólo es complejo en cuanto a su gestión por parte de los diferentes Estados miembros, sino que también es un sistema costoso. Además, el elevado coste de las patentes es percibido generalmente como uno de los principales obstáculos a su amplia utilización en Europa. En este sentido, es de señalar que un 45 % de las patentes emitidas en Europa son de origen estadounidense y que el 15 % de las emitidas en Estados Unidos son de origen Europeo. En definitiva, la protección de la propiedad intelectual es complicada, cara y fragmentada.

¿Podría explicar la Comisión qué medidas se ha propuesto para solucionar esta situación, y en su caso, cómo y cuándo piensa aplicarlas?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(13 de septiembre de 2000)

La patente comunitaria es una cuestión prioritaria para la Comisión. A raíz de las conclusiones de los Jefes de Estado y de Gobierno en los Consejos Europeos de Lisboa y Feira, la Comisión adoptó su propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria(1) el 5 de julio de 2000. El Reglamento propuesto tiene por objeto crear una patente comunitaria que sea asequible y que proporcione total seguridad jurídica a la industria. La propuesta de la Comisión sobre estos aspectos es a la vez ambiciosa y equilibrada.

El calendario definitivo para la introducción de la patente comunitaria dependerá de numerosos factores, especialmente del éxito de la revisión del Tratado CE en relación con la creación de un nuevo sistema jurisdiccional centralizado, encargado de examinar las cuestiones relativas a la validez y a la violación de la patente comunitaria. Un sistema jurisdiccional integrado que proporcione la máxima seguridad jurídica al título comunitario unitario es uno de los requisitos más esenciales para el éxito de la patente comunitaria.

(1) COM(2000) 412 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1654/00

de Concepció Ferrer (PPE-DE) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Importación de aceites vegetales de Turquía

Teniendo en cuenta que el Reglamento no 2828/93(1) de la Comisión Europea obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que se efectúe el control sobre el destino y la utilización de los aceites y que las materias grasas destinadas a ser despachadas a libre práctica no se almacenen con otros productos,

Considerando que se han detectado presuntos delitos contra la salud pública en un caso de importación de aceites vegetales procedentes de Turquía, en el que parece que no se han realizado todos los controles establecidos por el Reglamento comunitario,

Teniendo en cuenta que, según informaciones periodísticas, la Agencia Tributaria del Estado español reconoció, en junio del año pasado, un incumplimiento de estos controles,

¿Conocía la Comisión estos hechos?

En caso de conocerlos, ¿qué acciones ha llevado a cabo la Comisión para reconducir la situación?

(1) DO L 258 de 16.10.1993, p. 15.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(19 de julio de 2000)

La Comisión no ha tenido conocimiento de los hechos señalados por Su Señoría. Para poder dar una respuesta más detallada, se ruega a Su Señoría que facilite una información más amplia. Con este motivo, la Comisión quiere subrayar que el Reglamento (CEE) no 2828/93 de la Comisión, de 15 de octubre de 1993, por el que se establecen las disposiciones comunes de control de la utilización o el destino de productos importados de los códigos NC 1515 90 59 y 1515 90 99, al que se refiere Su Señoría, no se ocupa de temas relacionados con la salud pública.
PREGUNTA ESCRITA E-1820/00

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(9 de junio de 2000)

Asunto: Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales

Según el Consejo Europeo de Colonia, el significado excepcional de los derechos fundamentales y el interés de los mismos para los ciudadanos de la Unión cobrará forma con la Carta de los Derechos Fundamentales.

Los juristas se preguntan cuál será la relación entre esta Carta y el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos. Estos proponen someter a la Unión Europea a la jurisdicción máxima del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para evitar el desgaste de los derechos humanos en el continente europeo.

1. ¿Está dispuesta la Comisión a someter a la Unión a la jurisdicción máxima del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? En caso negativo, ¿por qué no?

2. ¿Considera la Comisión que la Carta de los Derechos Fundamentales no conducirá a un desgaste de los derechos humanos en el continente europeo? ¿Qué argumentos jurídicos aporta la Comisión para mostrar que dicha Carta no producirá un desgaste en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(19 de septiembre de 2000)

1. La Comisión recuerda a Su Señoría que se pronunció en sucesivas ocasiones en favor de la adhesión de la Comunidad al Convenio de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Tal adhesión establecería el mismo control externo sobre los actos de la Comunidad que el aplicado actualmente a los Estados miembros en relación con sus propios actos. La Comisión considera que la cuestión de esta adhesión, que supondría una modificación de los Tratados(1), sigue estando hoy plenamente de actualidad.

2. La Comisión concede la mayor importancia a la elaboración de la Carta de derechos fundamentales de la Unión, que permitirá codificar en un único texto todos los derechos fundamentales protegidos, con una ganancia evidente desde el punto de vista de la seguridad jurídica.

La Comisión reconoce que es necesario garantizar una interpretación coherente de los derechos fundamentales contenidos en la Carta de la Unión, cuando correspondan a derechos ya recogidos en el Convenio europeo antes citado.

Por lo tanto no comparte el diagnóstico especialmente pesimista de Su Señoría.

(1) Véase dictamen del Tribunal de Justicia del 28 de marzo de 1996, Recopilación 1996, I-1759.
PREGUNTA ESCRITA E-2372/00

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(13 de julio de 2000)

Asunto: Reembolso de los préstamos sin intereses

¿Está al tanto la Comisión de las prácticas de determinadas compañías financieras de dudosa reputación que ofrecen préstamos sin intereses por la compra de determinados bienes de consumo por un período de doce meses o similar, pero insistiendo a su vez en la firma de un acuerdo para reembolso del préstamos en dos o tres años y dificultando en la medida de lo posible las disposiciones establecidas para el reembolso del préstamo en el período en cuestión?

¿Tiene intención de proponer legislación para erradicar estas prácticas?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(13 de septiembre de 2000)

La Comisión no ha sido informada de las prácticas a las que hace referencia su Señoría. Por lo que parece, el problema consiste en que en algunos anuncios de préstamos sin intereses se ofrecen, de forma engañosa, determinados plazos que luego no se respetan en el contrato que a la postre se propone.

Podrían tenerse en cuenta al respecto diversos elementos.

El artículo 3 de la Directiva 87/102/CEE, de 22 de diciembre de 1986, relativa al crédito al consumo(1) se refiere a su vez de forma explícita a la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la publicidad engañosa(2) y a las normas y principios aplicables en materia de publicidad desleal.

El apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 87/102/CEE establece que deberán indicarse por escrito los plazos y las fechas de vencimiento y el artículo 8 reconoce al consumidor el derecho de liberarse de las obligaciones antes de la fecha fijada por el contrato. No obstante, según las letras c) y g) del apartado 1 del artículo 2, la Directiva no se aplica a los créditos concedidos o puestos a disposición sin pagos de intereses o cualquier otro tipo de cargas ni a los contratos de crédito en virtud de los cuales se exija al consumidor reembolsar el crédito mediante un número máximo de pagos dentro de un plazo que no rebase los 12 meses, aunque prácticamente ningún Estado miembro ha hecho valer estas excepciones.

Este problema específico debería someterse a las autoridades del Estado miembro competente a efectos de la supervisión y control de las disposiciones nacionales en materia de crédito al consumo y de publicidad engañosa.

(1) DO L 42 de 12.2.1987.

(2) DO L 250 de 19.9.1984.
PREGUNTA ESCRITA E-1812/00

de Nuala Ahern (Verts/ALE) a la Comisión

(8 de junio de 2000)

Asunto: Estudios sobre los efectos radiológicos causados en Irlanda por la actividad de Sellafield

¿Piensa pedir la Comisión a las autoridades del Reino Unido, Irlanda del Norte y la República de Irlanda competentes en materia de seguridad ejemplares de todos los estudios elaborados desde 1980 sobre los efectos radiológicos causados en Irlanda por la actividad de Sellafield? ¿Piensa la Comisión constituir un equipo científico encargado de revisar dichos estudios y evaluar la fiabilidad y relevancia actual de los mismos?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(19 de julio de 2000)

El Artículo 37 del Tratado CEEA permite a la Comisión emitir un dictamen sobre el posible impacto de un proyecto de evacuación de residuos radiactivos en otro Estado miembro. Por otra parte, el Artículo 36 del Tratado CEEA exige a los Estados miembros que informen a la Comisión sobre los índices reales de radioactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo, obtenidos a partir del control continuo requerido según el Artículo 35 de dicho Tratado. Esta información se recibe en la Comisión con regularidad.

El Tratado CEEA así como la legislación que de él se deriva no exigen otros estudios realizados por las autoridades nacionales, como por ejemplo sobre los efectos radiológicos causados en Irlanda por la actividad de Sellafield. Por lo tanto, la Comisión no es la responsable de revisar y evaluar dichos estudios en cuanto a su fiabilidad y relevancia actual.

No obstante, la Comisión preguntará a las autoridades de Irlanda y del Reino Unido si dichos estudios están disponibles y cómo puede obtener los informes. Además, la Comisión está lanzando un estudio de dos años de duración que evaluará los índices de radioactividad de las aguas del norte de Europa, basándose en toda la información disponible. Este estudio actualizará una evaluación similar (Marína) realizada hace 15 años. Se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en los estudios de las autoridades nacionales, así como los de las valoraciones.
PREGUNTA ESCRITA E-1726/00

de Nuala Ahern (Verts/ALE) a la Comisión

(31 de mayo de 2000)

Asunto: Evaluación de los riesgos que para los Estados miembros vecinos se derivan del almacenamiento de residuos radiactivos líquidos en Sellafield (Reino Unido)

¿Cuál ha sido la evaluación de los riesgos que para los Estados miembros cercanos al Reino Unido se derivan de la acumulación y almacenamiento en Sellafield (Cumbria) de residuos radiactivos líquidos de gran actividad resultantes del reprocesamiento de combustible nuclear irradiado usado?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1726/00 y E-1727/00 dada por la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(20 de julio de 2000)

Las instalaciones de almacenamiento de líquidos de gran actividad de Sellafield comenzaron a funcionar en 1955. En relación con la incorporación de concentrados de residuos de gran actividad al vidrio en la planta de vitrificación de Windscale en 1990, en enero de ese año se presentaron

los datos generales requeridos con arreglo al artículo 37 del Tratado Euratom por lo que se refiere a esta planta y la Comisión presentó su correspondiente dictamen. Entre los datos generales se recogían los relativos a un accidente de referencia, en el que se contemplaba la pérdida de refrigeración del contenedor de líquidos de gran actividad. En el mismo se concluía que en el caso de que se produjera una fuga imprevista de este tipo y magnitud, las dosis a que se verían expuestas las poblaciones de Irlanda u otros Estados miembros no serían significativas desde el punto de vista sanitario. La revisión actualizada de la seguridad del almacenamiento de líquido de gran actividad de British Nuclear Fuel Limited (BNFL), en Sellafield, (HM Nuclear Installations Inspectorate, febrero 2000) no incluye información que lleve a reconsiderar esta evaluación.

Es responsabilidad de los Estados miembros correspondientes exigir evaluaciones similares de los tanques de almacenamiento utilizados por la United Kingdom Atomic Energy Authority, Dounreay, Compagnie générale des matières nucléaires, La Haya, Commissariat à l'Energie Atomique, Marcoule y Forschungscentrum, Karlsruhe, con el fin de estimar la potencial exposición de la población y los correspondientes efectos sobre la salud.

Teniendo en cuenta que existen múltiples capas de contención, una brecha en alguna de ellas podría provocar niveles de radiactividad elevados en aguas fluviales o marinas. Parece, por lo tanto, adecuado contemplar las posibles repercusiones sobre el medio ambiente además de sobre el hombre. La Comisión ha iniciado un plan de investigación sobre los efectos en la fauna y flora de la región y el posible daño ecológico y sobre la justificación y metodología necesarias para el establecimiento de una serie de normas de protección, con el fin de garantizar unas normas en materia de calidad medioambiental. Tales normas podrían aplicarse, a continuación, a la valoración de las consecuencias de vertidos incontrolados de residuos líquidos radiactivos.
PREGUNTA ESCRITA E-1997/00

de Isidoro Sánchez García (ELDR) a la Comisión

(21 de junio de 2000)

Asunto: Préstamos individuales del Banco Europeo de Inversiones en las Islas Canarias

¿Cuál ha sido el importe total de los préstamos individuales concedidos por el Banco Europeo de Inversiones en las Islas Canarias durante el período 1994-1999 y, en su caso, a qué ámbitos e instituciones se destinó dicha financiación?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(27 de julio de 2000)

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) informa a la Comisión que durante el período 1994-1999 concedió préstamos individuales en las Islas Canarias por un importe total de 363,41 M en los campos de: telecomunicaciones, gestión del agua y modernización de los cuatro aeropuertos de las islas. Estos préstamos, destinados a asegurar la continuidad territorial entre el continente y las islas y a la mejorar infraestructura, benefician tanto a la población isleña como al sector turístico, de gran importancia para la economía canaria. El desglose de los préstamos es el siguiente:

>SITIO PARA UN CUADRO>

Además el BEI informa que durante el mismo período y en el marco de su sistema general de préstamos, 158 pequeñas y medianas empresas y autoridades locales se beneficiaron de financiación para sus inversiones, por un importe total de 133,04 M.
PREGUNTA ESCRITA E-1709/00

de Diana Wallis (ELDR) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Comercialización a distancia de servicios financieros y comercio electrónico: compatibilidad de los requisitos en materia de información incluidos en las propuestas de la Comisión

Las propuestas de directiva de la Comisión antes mencionadas incluyen disposiciones sobre la información que han de facilitar los proveedores a los consumidores.

¿Piensa precisar la Comisión, en particular en lo que se refiere a los proveedores de servicios financieros en línea, la naturaleza exacta de los requisitos en materia de información que deberían cumplirse? ¿Qué medidas ha tomado la Comisión para garantizar la compatibilidad de los requisitos en materia de información establecidos en estas dos directivas?

Cuando se adopten finalmente, ¿cuál de las dos directivas será, llegado el caso, la directiva de referencia para los suministradores de servicios financieros en Internet en caso de que los requisitos en materia de información establecidos en las dos directivas sean contradictorios?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(27 de julio de 2000)

En el caso de un contrato de servicio financiero en línea prestado a un consumidor, se aplicarían los requisitos de información contenidos en cualquier futura Directiva(1) relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a consumidores.

Los requisitos de información contenidos en la Directiva sobre comercio electrónico(2) son bien generales (artículo 5 sobre el prestador), bien específicos (artículo 6 y apartado 1 del artículo 7 sobre comunicaciones comerciales y artículo 10 sobre contratos). Se deben aplicar estos requisitos solamente cuando se prestan servicios de la sociedad de la información y, para evitar incoherencias, se añaden a otros requisitos de información establecidos por el Derecho comunitario.

(1) COM(98) 468 final.

(2) COM(98) 586 final.
PREGUNTA ESCRITA P-2098/00

de Elspeth Attwooll (ELDR) a la Comisión

(16 de junio de 2000)

Asunto: Amnesic Shellfish Poison

En la reunión del 15 de diciembre de 1999, el Comité veterinario permanente de la Comisión Europea decidió crear un grupo de trabajo destinado a examinar métodos de control que permitan detectar en las vieiras la presencia de una toxina marina denominada Amnesic Shellfish Poison (ASP).

¿Ha concluido el grupo de trabajo sus investigaciones sobre este asunto? En caso afirmativo y a la luz de sus descubrimientos, ¿podrá el Comité veterinario permanente presentar en breve recomendaciones para la modificación de la Directiva 97/61(1) respecto de los métodos de control de la ASP a fin de clarificar las disposiciones de la citada Directiva, en particular, mediante el establecimiento de una definición precisa de las prácticas normalizadas en todos los Estados miembros para el control de las vieiras?

¿Está de acuerdo la Comisión en que la práctica en este ámbito difiere actualmente de unos Estados miembros a otros y que esto constituye una grave amenaza para el mercado único de vieiras?

(1) DO L 295 de 29.10.1997, p. 35.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(13 de julio de 2000)

El Comité veterinario permanente decidió, en su reunión de 15 de diciembre de 1999, crear un grupo de expertos y consultar a la Comunidad y a los laboratorios nacionales de referencia para las biotoxinas marinas sobre la presencia de toxina amnésica de molusco (ASP) en mariscos, en particular en vieiras, y sobre la distribución anatómica de dicha toxina en las partes comestibles de los moluscos. El grupo de expertos se reunió en Bruselas el 17 de febrero de 2000 y preparó unas conclusiones provisionales para presentarlas a la asamblea plenaria de los laboratorios nacionales de referencia de la Comunidad.

Los participantes en la asamblea de los laboratorios, celebrada del 15 al 17 de marzo de 2000, acogieron favorablemente las conclusiones provisionales del grupo de expertos, si bien consideraron que, a la luz de los conocimientos actuales sobre variabilidad interespecies, el grupo de trabajo tiene que proseguir las determinaciones teniendo en cuenta los resultados de los estudios científicos en curso al respecto. El grupo volverá a reunirse cuando se disponga de estos datos científicos, y la Comisión espera que esto ocurra en otoño.

La Comisión sabe que la aplicación de las pruebas de análisis difiere de unos Estados miembros a otros. Sin embargo, también conoce las lagunas científicas que aún persisten en la materia. Por ello, en los dos últimos años, diversos expertos han trabajado en esta cuestión, coordinados por el laboratorio de referencia de la Comunidad para las biotoxinas marinas.

Cuando se disponga de las conclusiones definitivas, la Comisión sopesará si es necesaria una propuesta legislativa.
PREGUNTA ESCRITA E-2898/00

de Paul Rübig (PPE-DE) a la Comisión

(14 de septiembre de 2000)

Asunto: Propiedad de la empresa Energie AG

El Estado Federado de Alta Austria posee el 100 % de la empresa de suministro de energía Energie AG. La liberalización del mercado de la electricidad obliga a los suministradores de energía a formar entidades mayores para conservar su clientela mediante la reducción de costes y una mayor penetración de mercado.

Por consiguiente, el Parlamento de Alta Austria ha decidido sacar a subasta un porcentaje del 25,1 % de Energie AG. Al mismo tiempo, se decidió excluir de la licitación a los candidatos que generaran electricidad a partir de energía nuclear. Debido a tal decisión, sólo las empresas eléctricas de Austria pueden presentar ofertas para ese 25,1 %, por lo que quedan fuera de la licitación las empresas de electricidad de los demás países de la UE.

¿Es tal procedimiento conforme al Derecho europeo y tendrán validez jurídica, con arreglo al Derecho comunitario, los contratos que se firmen en virtud de esas premisas?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(6 de octubre de 2000)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a su pregunta escrita E-2182/00(1).

Dicha respuesta sigue siendo válida.

(1) Ver página 168.