PREGUNTA ESCRITA E-1907/01

de Giorgio Celli (Verts/ALE) a la Comisión

(28 de junio de 2001)

Asunto: Actuaciones en el área de interés comunitario Lago de Pergusa (Sicilia)

El lago de Pergusa (Enna) es una zona húmeda incluida en la lista de zonas de protección especial (ZPS) ITA 060002 del Gobierno italiano. El lago es asimismo reserva natural de la Región de Sicilia, creada mediante la Ley Regional (LR) no 71/95 no 8220 con objeto de proteger la cuenca y la fauna y flora presentes en la zona. La provincia de Enna, encargada de la gestión de la reserva natural por cuenta de la Región de Sicilia y, al mismo tiempo, miembro del Consorcio Ente Autódromo de Pergusa (con lo que es a la vez supervisora y supervisada), ha aprobado la realización de una conducción de derivación para traer agua desde un embalse artificial, el lago Ancipa, situado en los montes Nebrodi, hasta el lago de Pergusa. El proyecto, en fase de realización, no cuenta con la EIA -a pesar de que afecta a un ecosistema frágil- ni con un mapa de servidumbres de la zona. Tampoco tiene en cuenta el plazo necesario para el llenado, que, con miras a una recuperación biológica gradual, debe calcularse en cualquier caso en años por tratarse de ecosistemas muy frágiles. Además, tampoco existen garantías suficientes de que un proceso de llenado rápido y brusco no perjudique de manera irremediable al ecosistema hidrobiológico. De hecho, no se han medido los posibles daños en la nidificación, sobre todo de las especies lacustres, en la vegetación de las riberas y, especialmente, en la población de plancton y de sulfobacterias color púrpura de la zona (con el peligro de que se pierda el particular fenómeno de enrojecimiento de las aguas). La sección siciliana del WWF (World Wildlife Fund) Italia, el comité local creado expresamente para la protección del lago de Pergusa y centenares de ciudadanos, incluso extranjeros, se están movilizando para anular la realización de este proyecto.

¿Puede intervenir la Comisión para poner fin a este proyecto, que modificaría el ecosistema de esta zona? ¿Puede adoptar la Comisión medidas contra la Región de Sicilia para proteger realmente esta ZPS y para que los organismos públicos no atenten contra su integridad, haciendo que se anule la concesión de la gestión de la zona a la provincia de Enna? ¿Ha financiado la Comisión con fondos europeos proyectos relativos al lago de Pergusa? En caso afirmativo, ¿qué medidas tiene intención de adoptar para evitar que la administración provincial ponga en riesgo la integridad de esta zona en lugar de promover su salvaguardia?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(3 de septiembre de 2001)

El proyecto mencionado por Su Señoría podría incluirse en la clase 10f (construcción de vías navegables tierra adentro no incluidas en el Anexo I, obras de canalización y de alivio de inundaciones) de proyectos del Anexo II de la Directiva 97/11/CE(1), por la que se modificó la Directiva 85/337/CEE(2) relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

El apartado 2 del artículo 4 de la directiva dice lo siguiente: Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2, por lo que respecta a los proyectos enumerados en el Anexo II, los Estados miembros determinarán: a) mediante un estudio caso por caso, o b) mediante umbrales o criterios establecidos por el Estado miembro, si el proyecto será objeto de una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10. Los Estados miembros podrán decidir la aplicación de ambos procedimientos contemplados en las letras a) y b).

El paraje a que se refiere Su Señoría (Lago di Pergusa - IT060002) es una Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) con arreglo a la Directiva 79/409/CEE(3) relativa a la conservación de las aves silvestres. En relación con las ZEPA, la Directiva 92/43/CEE(4) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, establece lo siguiente: cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar.

En el caso que nos ocupa, la Comisión no tiene conocimiento de la situación descrita por Su Señoría y, por consiguiente, va a tomar las disposiciones adecuadas para recabar información al respecto y velar, dentro de los límites que le confiere el Tratado CE, por el cumplimiento del Derecho comunitario.

Sobre la base del artículo 211 del Tratado CE con objeto de garantizar el funcionamiento y el desarrollo del mercado común, la Comisión velará por la aplicación de las disposiciones del presente

Tratado, así como de las disposiciones adoptadas por las instituciones en virtud del presente Tratado. Sobre la base del artículo 226 del Tratado CE si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia. La Comisión dispone de un poder discrecional a la hora de decidir incoar tal procedimiento(5).

Hay que señalar que el Tribunal de Justicia sólo dicta sentencias en caso de incumplimiento de la legislación. No puede emitir órdenes a organismos administrativos. Sólo los tribunales nacionales pueden hacer tal cosa y anular una decisión nacional.

El proyecto del Lago de Pergusa no ha sido cofinanciado con cargo a los Fondos Estructurales.

(1) DO L 73 de 14.3.1997.

(2) DO L 175 de 5.7.1985.

(3) DO L 103 de 25.4.1979.

(4) DO L 206 de 22.7.1992.

(5) Las prioridades y los criterios que rigen el poder discrecional de la Comisión figuran en el decimocuarto informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (1996). DO C 332 de 3.11.1997.