PREGUNTA ESCRITA E-2896/01

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(22 de octubre de 2001)

Asunto: Ramal ferroviario de acceso al puerto de Marín (Pontevedra-España)

La parroquia de Lourizan perteneciente al ayuntamiento de Pontevedra (4 000 habitantes) ha sufrido en los últimos años varias actuaciones que afectan gravemente la calidad de vida de sus ciudadanos (mal funcionamiento de la depuradora, ampliación continuada del puerto Pontevedra-Marín o molestias que genera una empresa productora de cloro situada a poca distancia de núcleos habitados).

Actualmente se está construyendo un ramal ferroviario al puerto de Marín, que divide por la mitad la plaza de Placeres de uso público, el núcleo de población que la rodea y exige la construcción de un paso elevado para la autovía, enorme barrera de hormigón que cierra dicha plaza por el norte y la separa físicamente del resto de la población.

Diariamente pasarán a través de la vía 800 alumnos de un colegio que se encuentra en las inmediaciones.

Una vez en funcionamiento, este ramal ferroviario formará parte de una línea de largo recorrido, y por lo tanto es preceptivo un estudio de impacto ambiental que no se ha hecho, y un trámite oficial de información pública que tampoco se ha realizado.

Teniendo en cuenta lo que precede, ¿qué gestiones piensa realizar la Comisión para que se cumpla la normativa comunitaria en materia de medio ambiente y, especialmente, las Directivas 97/11/CEE(1) que modifica la 85/337(2), relativa a las incidencias sobre el medio ambiente de ciertos proyectos públicos y privados, y la 90/313/CEE(3) relativa al acceso a la información en materia de medio ambiente?

(1) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

(2) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(3) DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(5 de diciembre de 2001)

El apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1), modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997(2), establece que los Estados miembros determinarán mediante un estudio caso por caso, mediante umbrales o criterios establecidos o mediante un enfoque combinado, los proyectos contemplados en el anexo II que son susceptibles de ocasionar incidencias notables sobre el medio ambiente y que serán objeto de una evaluación medioambiental de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10 de la Directiva. Para fijar qué proyectos del anexo II exigen una evaluación medioambiental, los Estados miembros deben tener en cuenta los criterios establecidos en el anexo III de la Directiva. La decisión deberá ponerse a disposición del público.

La construcción de vías ferroviarias distintas de las destinadas al tráfico ferroviario de largo recorrido se contempla en el anexo II no 10 c) de la Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE en su versión española. Siempre que el servicio ferroviario entre la parroquia de Lourizan y el puerto de Marín se conecte con una vía ferroviaria de largo recorrido se la puede considerar también como una ampliación de una vía ferroviaria de largo recorrido contemplada en el anexo II no 13 de la Directiva.

A partir de la información facilitada por Su Señoría, la Comisión no está en condiciones de establecer si las autoridades españolas respetaron plenamente las obligaciones que se derivan de la Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE. Por esta razón, la Comisión se dirigirá a las autoridades españolas con el fin de solicitar información más detallada.

Si del resultado de esta investigación se concluye que las autoridades españolas no respetaron la Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE, la Comisión podría prever la incoación de un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE.

La Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente(3), prevé en su artículo 3 que las autoridades públicas deberán poner la información relativa al medio ambiente a disposición de cualquier persona física o jurídica que lo solicite sin que dicha persona esté obligada a probar un interés determinado.

El apartado 4 de dicho artículo precisa que las autoridades públicas deberán responder a los interesados lo antes posible y dentro de un plazo de dos meses. La negativa a comunicar la información solicitada deberá justificarse y basarse en una de las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 3.

Por otra parte, el artículo 4 de la Directiva 90/313/CEE establece que la persona que considere que su solicitud de información ha sido denegada o ignorada sin motivo justificado, o que haya recibido una respuesta inadecuada por parte de una autoridad pública, podrá presentar un recurso judicial o administrativo contra la decisión de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional en la materia.

Los hechos referidos por Su Señoría no permiten a la Comisión establecer si se ha remitido a las autoridades españolas una solicitud de acceso a la información a la que hubieran dado un curso inadecuado, incurriendo, por tanto, en una posible violación de las disposiciones de la Directiva.

En el supuesto de que la autoridad competente haya rechazado una solicitud de acceso a la información, incumpliendo las disposiciones de la Directiva, correspondería al solicitante interesado interponer el recurso previsto en el citado artículo 4 de la Directiva a través de la legislación española de transposición.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.

(2) DO L 73 de 14.3.1997.

(3) DO L 158 de 23.6.1990.