PREGUNTA ESCRITA P-0974/02

de Brian Crowley (UEN) a la Comisión

(3 de abril de 2002)

Asunto: Crisis en Madagascar

El 22 de noviembre de 2001 la Presidencia hizo una declaración en nombre de la Unión Europea sobre las elecciones presidenciales en Madagascar en la que indicaba que seguía con interés y atención la preparación y organización de las elecciones presidenciales del 16 de diciembre de 2001. Asimismo manifestaba su satisfacción por el compromiso contraído por las autoridades malgaches en el sentido de que las elecciones se celebrarían por cauces democráticos.

¿Podría facilitar ahora la Comisión su evaluación de la situación en Madagascar tras las elecciones a la luz de la declaración mencionada anteriormente y de la posición común de 25 de mayo de 1998 en la que la UE insistía en la necesidad de respetar los derechos humanos, los principios democráticos, el Estado de Derecho y las reglas de gobernanza en África?

¿Se pronunciará asimismo sobre la cuestión de las acusaciones de presunta corrupción en este país y sobre la utilización de la zona franca por parte de operadores que recurren a mano de obra barata?

Por último, ¿puede concretar qué medidas e iniciativas nuevas está llevando a cabo y podrá llevar a cabo en el futuro la UE para garantizar el desarrollo de una democracia y una economía fuertes en Madagascar?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(7 de mayo de 2002)

La Comisión sigue de cerca los acontecimientos que tienen lugar en Madagascar. Deplora la violencia producida tras las elecciones presidenciales de diciembre de 2001 y apoya los esfuerzos de mediación de la Organización de la Unidad Africana (OUA) y de las Naciones Unidas. Asimismo, la Comisión ha realizado unas declaraciones que alientan a las partes implicadas a iniciar un diálogo democrático y a mostrar moderación.

La Comisión es consciente de las discrepancias existentes en el proceso electoral. Una agrupación de organizaciones no gubernamentales (ONG) locales y representantes eclesiásticos observó las elecciones, pero los resultados publicados por la agrupación sólo fueron parciales y no concordaban con los datos oficiales.

En las circunstancias actuales, la UE acogió con satisfacción, en su declaración de 22 de abril, el acuerdo firmado por los dos candidatos en Dakar el 18 de abril.

Los dos candidatos acordaron establecer un gobierno transitorio de reconciliación y organizar un referéndum en un plazo de seis meses con la ayuda de la ONU, la OUA, la Unión Europea y la comunidad internacional, en caso de que no se perfilase un claro vencedor tras el recuento de los votos emitidos en la elección presidencial de diciembre de 2001.

Los resultados alcanzados con dicho acuerdo coinciden con los objetivos de la Unión Europea de restablecer la paz civil y los principios democráticos en el país, y de encontrar una solución política a la crisis.

La Unión Europea está preparada para ofrecer apoyo político y técnico para la realización del acuerdo y, con la perspectiva de la celebración de nuevas elecciones, para ayudar a organizarlas, entre otras cosas, con el envío de observadores internacionales.

Además, el acuerdo permitirá a la Unión Europea continuar la ejecución de sus programas de asistencia y de cooperación.

La corrupción es un problema. También por esta razón la reforma judicial se ha identificado como una cuestión primordial y se pondrá en práctica un programa de justicia según el programa indicativo nacional (PIN) del 9o Fondo Europeo de Desarrollo (FED).

Con respecto a la zona libre de impuestos, unas 110 000 personas fueron contratadas en 2001 en esta zona. Debido a la situación política, está previsto que sólo 30 000 personas sean contratadas en la zona a finales de 2002. Los salarios en la zona libre de impuestos están por encima de la media malgache.

En lo que se refiere a iniciativas de desarrollo, la Comisión aprobó en noviembre de 2001 el informe estratégico sobre el país del 9o FED y un programa indicativo nacional para Madagascar, pero la firma se ha retrasado por la crisis política. La asignación para Madagascar es de 327 millones de euros. El transporte y el desarrollo rural son sectores de interés del futuro programa de cooperación. También se abordan cuestiones de fortalecimiento del estado de derecho y de buena gobernanza, en particular el asunto de la reforma judicial.