PREGUNTA ESCRITA E-1425/00

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(5 de mayo de 2000)

Asunto: Violaciones del Tratado

¿Admitiría la Comisión que privar a un ciudadano de la Unión Europea del derecho a entrar libremente en su propio país de origen cuando este país es un Estado miembro de la UE constituye un indicio suficiente de violación del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y, por tanto, del artículo 6 de la versión consolidada del Tratado de la Unión Europea?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1425/00, E-1426/00 y E-1427/00 dada por el Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(6 de julio de 2000)

La libre circulación de las personas es uno de los derechos fundamentales garantizados a los ciudadanos de la Unión por el Derecho comunitario: el apartado 1 del artículo 18 (antiguo artículo 8a) del Tratado CE confiere a los ciudadanos de la Unión un derecho general de libre circulación, ejercido independientemente de toda actividad económica. Este artículo constituye, sin embargo, un fundamento jurídico supletorio que no sustituye a los específicos, en especial los artículos 39 y 43 (antiguos 48 y 52). Actualmente el derecho de residencia está regulado por las disposiciones de una decena de directivas y reglamentos, cuya lista figura en el Segundo informe sobre la ciudadanía(1).

Este derecho a la libre circulación no es absoluto sino que se ejerce a reserva de las limitaciones y condiciones previstas por el Tratado CE y por las disposiciones de aplicación. Así pues, el derecho a circular puede ser limitado por los Estados miembros, en especial por razones de orden público, seguridad pública y salud pública(2), con arreglo a las disposiciones de la Directiva 64/221/CEE(3). La Comisión recuerda a Sus Señorías su comunicación sobre las medidas especiales

relativas al desplazamiento y la estancia de ciudadanos de la Unión justificados por razones de orden público, seguridad pública o salud pública(4). Esta comunicación analiza la experiencia acumulada en la aplicación de esta Directiva, en particular a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y formula recomendaciones a los Estados miembros. De ello resulta que la prohibición de entrar en el territorio no constituye en sí misma una violación del Derecho comunitario relativo a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión.

En cualquier caso, todo ciudadano que se considere perjudicado por una medida tomada en su contra por un Estado miembro puede recurrir a los órganos jurisdiccionales competentes: el juez nacional es el primer garante del Derecho comunitario. Lo mismo sucede si esta persona se considera víctima de una violación de los derechos reconocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. A este respecto, la Comisión desea recordar que no es la garante del respeto de la aplicación de dicho Convenio.

El Tribunal de Justicia ha reconocido en distintas ocasiones que la Comisión no está obligada a incoar un procedimiento de infracción cada vez que considere que existe una violación del Derecho comunitario, sino que dispone de un poder de apreciación discrecional que excluye el derecho de los particulares a exigir a la institución que se pronuncie en un sentido determinado(5).

(1) COM(97) 230 final.

(2) Ver el apartado 3 de los artículos 39 y el apartado 1 y del artículo 55 del Tratado CE.

(3) Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública, DO 56 de 4.4.1964.

(4) COM(1999) 372 final.

(5) Sentencia en el asunto C-87/89, Recopilación 1990, p. I-1981.