PREGUNTA ESCRITA P-0091/03

de Fausto Bertinotti (GUE/NGL) a la Comisión

(20 de enero de 2003)

Asunto: Ampliación del puerto turístico de San Felice Circeo (Latina)

Las autoridades municipales de San Felice Circeo no tuvieron en cuenta la normativa elaborada por las asesorías regionales cuando tomaron la decisión de duplicar el perímetro del actual puerto situado en su término municipal, sobre todo por cuanto respecta a la protección del territorio, la erosión de

la costa y la ordenación urbanística. Es preciso señalar que el proyecto no va acompañado de ningún informe sobre el impacto medioambiental y que no se ha llevado a cabo ningún estudio fiable sobre los caudales hidrológicos y los riesgos de erosión. No se ha tenido en cuenta tampoco que el promontorio de Circeo está protegido como entorno de valor paisajístico (el área contemplada por el proyecto está situada en el Parque Nacional del Circeo, declarado lugar de importancia comunitaria (LIC)). El Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lacio ha anulado los procedimientos de aprobación del proyecto, precisamente en virtud de los requisitos medioambientales a que está sujeto el lugar, pero el alcalde de San Felice Circeo ya ha hecho saber que tiene la intención de recurrir al Consejo de Estado, y eso pese a que el proyecto en cuestión sea enteramente privado.

¿No considera la Comisión que todo el trámite administrativo y el proyecto en sí violan las normas fundamentales en materia de protección ambiental, sobre todo por la falta de un estudio sobre las repercusiones medioambientales del proyecto?

¿No considera la Comisión que ante los graves riesgos de degradación del hábitat que conllevaría la realización del proyecto, la Unión debe intervenir urgentemente ante las autoridades municipales a fin de proteger esa área tan importante?

¿No considera la Comisión que debe suspenderse inmediatamente cualquier procedimiento relacionado con la realización del mencionado proyecto?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 2003)

De conformidad con la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1), en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997(2), los Estados miembros se obligan a que, antes de concederse una autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se sometan a una evaluación. Los proyectos comprendidos en la Directiva se hallan definidos en los anexos: los enumerados en el Anexo I han de ser objeto de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, por lo que respecta a los que figuran en el Anexo II, los Estados miembros han de determinar, mediante un estudio e función de cada caso o mediante el establecimiento de umbrales, la necesidad de someter al proyecto a ese mismo procedimiento.

Con arreglo a la información que aporta Su Señoría, la Comisión estima que, dado que los puertos turísticos son proyectos comprendidos en el Anexo II de la Directiva, las obras a que se refiere bien podrían entrar en el ámbito de aplicación de la Directiva 85/337/CEE modificada, y, en particular, en la categoría 13 del Anexo II de la misma(3). En vista de ello, las autoridades italianas deberían haber determinado, mediante un examen del caso concreto o mediante la aplicación de umbrales o criterios establecidos por la legislación italiana, si el proyecto había de someterser al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

El artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(4), estipula la protección de los Lugares de Importancia Comunitaria que, en virtud del procedimiento dispuesto en la Directiva, serán designados Zonas Especiales de Conservación. Tales obligaciones se aplican a todas las autoridades de los Estados miembros a nivel nacional, regional o local. En particular, el apartado 3 del artículo 6, prevé que cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar.

La mencionada disposición se aplica a los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) con arreglo a la Directiva 92/43/CEE y a las Zonas Especiales de Protección (ZEPA) con arreglo a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres(5). Aunque no sea en la actualidad plenamente vinculante en cuanto a los lugares de importancia comunitaria propuestos con arreglo a la Directiva 92/43/CEE, por tratarse de propuestas de los Estados miembros que aún no están incluidas en la lista oficial de lugares de interés comunitario aprobada por la Comisión, los Estados miembros están obligados a actuar de manera que no se pongan en peligro los objetivos de la Directiva y deben, por tanto, garantizar la adopción de medidas para impedir el deterioro de los lugares propuestos.

Ante las posibles repercusiones importantes del proyecto mencionado en las zonas especiales de protección o en los lugares de importancia comunitaria propuestos situados dentro del Parco nazionale del Circeo, las autoridades italianas deberían haber respetado las obligaciones ya citadas de las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE.

Dado que la Comisión no tiene conocimiento de la situación concreta descrita por Su Señoría, dará los pasos necesarios para hacer acopio de información detallada y para asegurar, dentro de los límites de los poderes que le confiere el Tratado CE, el cumplimiento del Derecho comunitario.

De llegar a la conclusión de que se ha violado el derecho comunitario en el caso que nos ocupa, la Comisión, en calidad de guardiana de los Tratados, no dudará en tomar las medidas necesarias, incluidos los procedimientos de infracción previstos en el artículo 226 del Tratado CE, para garantizar el cumplimiento del Derecho comunitario aplicable.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.

(2) DO L 73 de 14.3.1997.

(3) Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en el Anexo I o en el Anexo II, ya autorizados, ejecutados, o en proceso de ejecución, que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

(4) DO L 206 de 22.7.1992.

(5) DO L 103 de 25.4.1979.