PREGUNTA ESCRITA E-2653/02

de Frank Vanhecke (NI) a la Comisión

(20 de septiembre de 2002)

Asunto: Uso de idiomas en etiquetas de productos comerciales

En un dictamen motivado que se remite a una sentencia de 12 de septiembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión indica al Estado francés que la ley que prohíbe el uso exclusivo del inglés o de cualquier idioma distinto del francés en las etiquetas de productos es incompatible con una directiva de 1978. En otras palabras, según la Comisión, Francia debe tolerar que en el interior de sus fronteras se vendan productos sin la correspondiente explicación en francés. La única condición es que se facilite al consumidor la información necesaria mediante un dibujo incluido en la etiqueta. Así, una lengua muy determinada, a saber, el inglés, amenaza con lograr un predominio absoluto en la Unión y, al mismo tiempo, surge un serio problema para los países y regiones como Flandes, en los que ya hay una legislación muy complicada y precaria en materia lingüística, elaborada para garantizar el equilibrio político entre las diferentes comunidades lingüísticas del país.

1. ¿No considera la Comisión que esto infringe el principio de igualdad entre los diferentes idiomas?

2. ¿No considera la Comisión que estamos ante un caso claro de infracción del principio de subsidiariedad consagrado en el Tratado de Maastricht? En el plano de la protección del consumidor, las autoridades nacionales son las más cualificadas para decidir si sus propios ciudadanos, a menudo monolingües, reciben información suficiente.

3. ¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para garantizar en el futuro la igualdad entre todas las lenguas oficiales de la Unión?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(28 de octubre de 2002)

Su Señoría se refiere a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de septiembre de 2000 (asunto C-366/98) en la cual el Tribunal precisa que el Derecho comunitario se opone a que una normativa nacional imponga la utilización de una lengua determinada para el etiquetado de los productos alimenticios, sin prever la posibilidad de que se utilice otra lengua que los compradores puedan comprender fácilmente o que quede garantizada la información del comprador por otras medidas.

Por lo que respecta al dictamen motivado dirigido a Francia, la Comisión se limita a aplicar esta sentencia, que se inscribe en una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que garantiza la libre circulación de mercancías en el mercado interior.

La Comisión considera que esta sentencia no afecta al principio de igualdad entre las distintas lenguas y tiene en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. De hecho, tanto la legislación comunitaria como la jurisprudencia antes citada destacan que toda normativa nacional relativa al etiquetado de productos alimenticios debe basarse en el imperativo de la información y de la protección de los consumidores. La lengua nacional garantiza, naturalmente, este imperativo.

No obstante, una normativa nacional que prevea únicamente el uso exclusivo de la lengua nacional sin reservar la posibilidad de que se utilice otra lengua fácilmente comprensible para los compradores o de que la información del comprador quede garantizada por otras medidas, va más allá de lo que es necesario para la protección del consumidor y constituye un obstáculo injustificado a los intercambios intracomunitarios de los productos en cuestión y podría en algunos casos perjudicar incluso al objetivo de información del consumidor.