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PREGUNTA ESCRITA E-2696/02

de Joaquim Miranda (GUE/NGL) a la Comisión

(26 de septiembre de 2002)

Asunto: Ayudas estatales a los transportes marítimos

De acuerdo con las directrices definidas por la Comisión, las ayudas estatales a los transportes marítimos deberían tener como objetivos fundamentales mantener los buques bajo pabellones comunitarios y emplear el mayor porcentaje posible de trabajadores marítimos comunitarios.

En su XXII Informe sobre la política de competencia 1992, la Comisión confirmaba que esta política debería:

- salvaguardar el empleo en la Comunidad (tanto a bordo como en tierra),

- preservar los conocimientos técnicos marítimos de la Comunidad y desarrollar competencias marítimas, y

- mejorar la seguridad.

No obstante, según información facilitada por organizaciones representativas de los trabajadores del sector, en algunos Estados miembros se asignan ayudas estatales a empresas que no sólo no responden al primero de estos tres objetivos al dar prioridad a la contratación de trabajadores marítimos provenientes de terceros países y, por consiguiente, con salarios más bajos, sino que además, por esta misma razón, ponen en peligro el cumplimiento de los dos siguientes objetivos.

Considerando lo anterior, ¿puede indicar la Comisión si tiene conocimiento de estas situaciones y cómo piensa actuar para que la política de ayudas estatales a los transportes marítimos se lleve a cabo de forma transparente, en apoyo de los intereses marítimos de la Comunidad y de los trabajadores del sector?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(22 de noviembre de 2002)

Las directrices comunitarias sobre ayudas al transporte marítimo de 1997 prevén que los Estados miembros ayuden a reducir los costes de funcionamiento de las compañías marítimas que comercian internacionalmente gracias a un nivel muy bajo de imposición, así como a reducciones o exenciones de las cargas sociales, sean patronales o no. De hecho, su finalidad es tanto aportar a la flota europea la competitividad necesaria para competir en el mercado mundial como fomentar la creación de puestos de trabajo y mejorar los conocimientos técnicos de las gentes del mar.

Las directrices exigen, por lo general, la existencia de una relación obligatoria con un pabellón comunitario.

Si esto es así, las directrices no discriminan entre las gentes del mar por su nacionalidad, ya que están sujetos al régimen tributario y a las contribuciones de seguridad social de un Estado miembro. Se autorizan, pues, las medidas de reducción de las cargas fiscales y sociales de las gentes del mar.

Como ya se anunció en el Libro Blanco, la Comisión tiene previsto adaptar esas directrices teniendo en cuenta el análisis de sus efectos sobre la matriculación de buques en los Estados miembros, el desarrollo de la industria marítima europea y el empleo.
PREGUNTA ESCRITA E-2908/02

de María Valenciano Martínez-Orozco (PSE) a la Comisión

(16 de octubre de 2002)

Asunto: Estado del procedimiento de infracción 93/2212

Dictamen motivado (art. 226) por la designación insuficiente de ZEPAS en virtud de la Directiva 79/409/CEE(1).

¿Puede la Comisión informar sobre el estado actual de este procedimiento?

¿Puede la Comisión especificar si ha recibido algún tipo de respuesta por parte de la Comunidad de Madrid ante dicho requerimiento?

¿Qué medidas concretas piensa llevar a cabo la Comisión para la resolución del expediente mencionado a fin de que quede garantizado el cumplimiento de la legislación comunitaria?

(1) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(2 de diciembre de 2002)

A raíz del procedimiento de infracción iniciado de oficio por la Comisión y de la notificación a las autoridades españolas del dictamen motivado, las distintas Comunidades Autónomas han venido haciendo, durante los dos últimos años, un esfuerzo considerable para designar zonas de protección para las aves.

El análisis de las distintas designaciones notificadas a la Comisión permite concluir que algunas Comunidades Autónomas se han ajustado ya a las obligaciones de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, otras están a punto de ajustarse y un último grupo debe hacer aún un esfuerzo importante de designación.

La Comunidad de Madrid ha designado ya siete nuevas zonas de protección especial, con lo cual en esta fase el 23 % del territorio de Madrid ha sido designado como zona de protección especial para las aves.

La Comisión decidirá, durante el mes de diciembre de 2002, los pasos siguientes en la tramitación de este procedimiento.
PREGUNTA ESCRITA E-3536/02

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(11 de diciembre de 2002)

Asunto: Informe STAR 21

¿De qué forma piensa la Comisión llevar a la práctica las recomendaciones formuladas en el marco de su Informe Aerospacial Estratégico (STAR 21)?

¿Qué efectos tendrán estas recomendaciones, a juicio de la Comisión, en la producción y venta de material armamentístico con fines militares?

¿De qué forma tiene intención de garantizar la Comisión que el apoyo a la industria aerospacial europea no redunde en un incremento de los flujos de armas y material conexo de las fábricas a las zonas en conflicto?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-3536/02 y E-3537/02dada por el Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(27 de enero de 2003)

Los miembros del Grupo consultivo aerospacial, que presentaron sus conclusiones (informe STAR 21) al presidente de la Comisión el 16 de julio de 2002, contribuyeron de forma personal. En consecuencia, el informe presentó de manera colectiva las opiniones de los miembros del Grupo consultivo. No obstante, la Comisión se felicitó por el informe al considerarlo fundamental para identificar el marco necesario para garantizar la competitividad de la industria aeroespacial europea. La Comisión prepara actualmente su respuesta al informe STAR 21 y la presentará en forma de Comunicación durante el año que viene. Mientras tanto, la Comisión da las gracias e insta a que todas las partes interesadas formulen comentarios sobre el informe.

En cuanto a las cuestiones específicas que plantea Su Señoría, en referencia a la distinción entre los equipos civiles y militares, la Comisión observa que el Grupo consultivo, al destacar una serie de características clave de la industria aeroespacial, llama la atención sobre el carácter complementario de los productos civiles y de defensa, observando que comparten en gran medida los conocimientos y tecnologías, y responden a las necesidades de dos mercados muy distintos, ambos importantes económicamente.

Sobre el propio sector de defensa, el Grupo consultivo formula recomendaciones en función de los esfuerzos necesarios para cumplir los objetivos ya identificados a escala de la Unión, por ejemplo, en las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki de 1999 en el que se estableció un objetivo europeo común de carácter general. Las demás recomendaciones en este ámbito se centran en la necesidad de optimizar los gastos y de crear un mercado interior de equipos de defensa, destacando que el grado general de ambición debe determinarse necesariamente al nivel político más elevado.

La producción y el comercio de armas dependen de una autorización gubernamental. El posible flujo de armas en dirección de zonas en conflicto ya está contemplado en un código de conducta sobre exportaciones de armas de la Unión adoptado por el Consejo en junio de 1998. El informe STAR 21 no formula recomendaciones al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-3169/02

de Eluned Morgan (PSE) a la Comisión

(6 de noviembre de 2002)

Asunto: Ayudas otorgadas al sector lechero en el marco de la PAC

En el marco del régimen para el sector lechero (leche y productos lácteos) previsto por la política agrícola común, ¿cuál es el importe anual de las ayudas abonadas durante los últimos diez años a las empresas de transformación y exportación de productos lácteos en la Unión Europea? ¿Puede la Comisión desglosar estas ayudas por tipo de subvención, por empresa, por producto y por Estado miembro?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(13 de diciembre de 2002)

Tal como Su Señoría podrá observar en los cuadros que le remitimos directamente, al igual que a la Secretaría General del Parlamento, la evolución de los gastos presupuestarios en el sector lechero, durante los últimos diez años, acusó una tendencia marcadamente descendente. Puede observarse esta misma evolución en todas las subpartidas presupuestarias. Así, el presupuesto correspondiente al sector lechero representaba en 1991 el 17,6 % del presupuesto total del FEOGA, frente a tan sólo el 6 % en 2001, lo que supone una disminución de los gastos de 3 000 millones de euros.

En lo que respecta a la segunda parte de la pregunta, esto es, la distribución de las ayudas por empresas, la Comisión no dispone de este dato.
PREGUNTA ESCRITA E-2888/02

de Adriana Poli Bortone (UEN) a la Comisión

(14 de octubre de 2002)

Asunto: Inundaciones en el Salento Intervención de la Unión Europea

En una decisión reciente, la Comisión propuso a las autoridades presupuestarias la creación de un Fondo de solidaridad de 1 000 millones de euros en favor de las poblaciones de la Unión víctimas de catástrofes naturales, decisión que recibió sendos dictámenes favorables del Parlamento Europeo y del Consejo.

Las recientes inundaciones que afectaron a la Región de Apulia y, en particular, al Salento, han destruido buena parte de las cosechas del año en curso, con graves repercusiones económicas en toda la región. Dada su gravedad, dichos eventos pueden considerarse una catástrofe natural.

¿Puede la Comisión incluir la región del Salento entre las regiones que recibirán las ayudas extraordinarias del próximo Fondo de solidaridad para las catástrofes naturales?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(25 de noviembre de 2002)

para la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, debe haberse producido un desastre grave, que haya ocasionado daños de un mínimo de 3 000 millones de euros o 0,6 % del PIB del Estado miembro afectado. En circunstancias excepcionales el Fondo también puede actuar ante desastres extraordinarios que afecten a la mayor parte de la población de una región, con efectos graves y duraderos para las condiciones de vida y la estabilidad económica.

La Comisión no dispone de una estimación de la naturaleza y alcance de los daños de la región de Apulia. Según establece el Reglamento que regula el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, son las autoridades nacionales las que han de presentar una solicitud de ayuda del Fondo a la Comisión. El artículo 4 señala la información que se precisa y fija un plazo de 10 semanas desde el momento del daño inicial para la transmisión a la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-2999/02

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(23 de octubre de 2002)

Asunto: Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca

Al suprimir la Comisión en su propuesta de reforma de la PCP las ayudas a la renovación de la flota, y considerando la elevada edad media de los barcos, la Comisión coloca una bomba de relojería en la flota pesquera comunitaria. Al envejecer, la flota perderá eficiencia, será cada vez menos rentable y menos segura.

La propuesta de la Comisión es contradictoria cuando permite ayudas para la modernización de la flota si se limitan a medidas sobre seguridad a bordo pero exceptuando las mejoras en casco o los espacios interiores del buque. ¿Por qué exceptúa la Comisión las mejoras en casco y espacios interiores del buque? ¿No es consciente la Comisión de la importancia que suponen las mejoras en casco y espacios interiores de los buques para reducir el riesgo de siniestralidad?

¿No considera la Comisión que la propuesta de reforma de la PCP que ha adoptado, que suprime en general las ayudas estructurales existentes para la renovación de la flota, contraviene la posición expresada por el PE en los apartados 4 y 6 de su Resolución de 5 de abril de 2001 sobre seguridad y accidentes en las actividades de pesca(1)?

(1) DO C 21 E de 24.1.2002, p. 359.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(18 de noviembre de 2002)

A la Comisión le preocupan las condiciones de seguridad, de trabajo y de vida a bordo. Por eso, en el contexto de la reforma de la política pesquera común, ha propuesto mantener las ayudas económicas a medidas relacionadas con esos aspectos siempre y cuando no afecten al tonelaje o la potencia de los buques. Con estas premisas, puede modificarse cualquier parte de un buque con ayudas públicas.

La Comisión está dispuesta a considerar la posibilidad de permitir pequeños aumentos del tonelaje para modernizar buques cuando obedezcan a medidas para mejorar la seguridad, aunque deberán ajustarse a condiciones estrictas y no dar lugar a un aumento de la potencia. Las modificaciones del casco o el aumento del volumen bajo la cubierta principal no podrán subvencionarse pues son aspectos que contribuyen directamente a incrementar la capacidad pesquera.

En relación con los apartados 4 y 6 de la Resolución del Parlamento, la Comisión reconoce que es necesario renovar la flota pero estima que ese objetivo debe ser compatible con los de reducir el exceso de capacidad y ajustar el tamaño de la flota a los recursos disponibles. Ese es el motivo por el que ha propuesto mantener las ayudas al desguace en su propuesta de reforma de la política pesquera común. La Comisión cree que esta medida tendrá efectos positivos en la edad media de los buques, pues los primeros en ser desguazados serán los más antiguos y menos eficientes.
PREGUNTA ESCRITA E-1836/02

de Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) a la Comisión

(27 de junio de 2002)

Asunto: Fondo de Cohesión para América Latina

Las estimaciones sobre la perspectiva política en América Latina coinciden en considerar que la crisis económica, en dicha región mundial, está debilitando la democracia, aunque se haya consolidado en países como Paraguay, Ecuador y Perú en los últimos quince años.

Junto a brillantes resultados obtenidos con determinadas iniciativas, como el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), hay que resaltar la necesidad de afrontar nuevas iniciativas, como sería la creación de un Fondo de Cohesión para América Latina, que ayude al desarrollo de las regiones más atrasadas, a fin de obtener el éxito que tal instrumento económico ha deparado en su aplicación europea.

¿Estima la Comisión que debiera considerar la creación de un tal instrumento de desarrollo regional en América Latina, como es el fondo de cohesión, a fin de ayudar a las regiones más desfavorecida de la zona a alcanzar un grado de desarrollo que ayude a consolidar la democracia en dicha región?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(16 de julio de 2002)

El desarrollo económico de las regiones y de los países menos favorecidos de América Latina es una de las prioridades de la cooperación que busca la Comunidad en América Latina. El 50 % de los 3 400 millones de euros asignados para la cooperación con América Latina entre 1993 y 2000 se destinaron al desarrollo social y humano, y a la reducción de la pobreza.

La creación de un fondo de cohesión para el desarrollo regional en América Latina, así como la creación de un fondo de solidaridad birregional, son interesantes iniciativas propuestas por el Parlamento en su resolución sobre una asociación global y una estrategia común para las relaciones entre la Unión y América Latina. Especialmente teniendo en cuenta que la pobreza y las desigualdades sociales son dos de los problemas más destacados en algunos de los países de América Latina.

Sin embargo, la Comisión no está en condiciones de crear dichos fondos ni de encargarse de los mismos. La Comisión tampoco tiene los recursos humanos ni las normas flexibles y apropiadas para administrar o coordinar tales fondos.

La creación de estos fondos requeriría importantes recursos financieros. La Comisión no dispone de los recursos financieros necesarios para crear esos fondos.
PREGUNTA ESCRITA E-2683/02

de Freddy Blak (GUE/NGL) al Consejo

(26 de septiembre de 2002)

Asunto: Peajes en las carreteras europeas

Recientemente, Alemania aprobó la decisión de introducir peajes en las autopistas a partir del 31 de julio de 2003. Austria ha decidido introducir un impuesto similar a partir del 1 de enero de 2004 y lo mismo tienen previsto varios Estados miembros de la UE.

Pese a la evidente posibilidad de contribuir de este modo a un cambio de modalidad de transportes, por ejemplo, en favor del sector ferroviario, la mencionada decisión afectará a los conductores de determinados países más gravemente que a otros.

¿Puede, por lo tanto, el Consejo explicar cómo armonizan estas disposiciones con las normas del mercado interior y cómo se justifican teniendo en cuenta las distorsiones de la competencia que suponen?

¿Qué iniciativas se contemplan con vistas a la introducción de un sistema único de peajes, de impuestos sobre el combustible y de ecopuntos?

Respuesta

(18 de febrero de 2003)

El Consejo subraya que las cuestiones de fiscalidad a nivel nacional son competencia de los Estados miembros. Esta fiscalidad debe respetar siempre el principio de no discriminación; corresponde a la Comisión comprobar la compatibilidad de las medidas correspondientes con las normas generales del mercado interior.

Por lo que respecta al contenido de fondo de la pregunta, que se refiere a un sistema uniforme europeo de peajes el Consejo informa a Su Señoría de que la Comisión:

- tiene previsto presentar antes de finales de año su Comunicación sobre un sistema de tarificación por el uso de infraestructuras para todos los medios de transporte;

- ha anunciado en su Libro Blanco La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad la presentación de una propuesta de Directiva que garantice la interoperabilidad de los sistemas de peaje en la red transeuropea de carreteras;

- en el ámbito fiscal, presentó el 27 de agosto una propuesta de Directiva del Consejo(1) que determina las condiciones para aplicar una fiscalidad independiente al gasóleo utilizado con fines profesionales. Esta propuesta está siendo examinada por las instancias preparatorias del Consejo.

(1) COM(2002) 410 final.
PREGUNTA ESCRITA P-3202/02

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(4 de noviembre de 2002)

Asunto: Ayudas a las exportaciones de productos comunitarios destinados a la Confederación Suiza, Principado de Andorra, Principado de Liechtenstein, Principado de Montecarlo, República de San Maríno y la Santa Sede

¿Dispone la Comisión de datos relativos a las ayudas a las exportaciones de productos comunitarios destinados a la Confederación Suiza, Principado de Andorra, Principado de Liechtenstein, Principado de Montecarlo, República de San Maríno y la Santa Sede?

En caso afirmativo, y en relación con los últimos cinco años, ¿puede proporcionar, por cada país importador, la lista de los productos, las cantidades, el importe de las ayudas y el país exportador?

Respuesta complementariadel Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(6 de febrero de 2003)

La Comisión envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento un cuadro con la información solicitada.
PREGUNTA ESCRITA E-3399/02 de Gerhard Hager (NI) a la Comisión. Procedimientos de reclamación no 98/4010 y no 98/4826.



Diario Oficial n° 110 E de 08/05/2003 p. 0212 - 0213



PREGUNTA ESCRITA E-3399/02 de Gerhard Hager (NI) a la Comisión (29 de noviembre de 2002) Asunto: Procedimientos de reclamación no 98/4010 y no 98/4826 Haciendo referencia a la respuesta a mi pregunta escrita E-2470/02(1), deseo preguntar a la Comisión lo siguiente: ¿Han concluido entre tanto como se anunciaba en la respuesta de la Comisión los procedimientos de reclamación no 98/4010 y no 98/4826? ¿Puede comunicarme la Comisión, en consecuencia, los resultados? (1) DO C 52 E de 6.3.2003, p. 176. Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión (23 de diciembre de 2002) Las denuncias nos 98/4010 y 98/4826 fueron archivadas el 16 de octubre de 2002. La información facilitada por los denunciantes no fue suficiente para demostrar el carácter desproporcionado de la normativa austríaca. Los denunciantes expresaron su intención de presentar un estudio científico, que nunca llegó a recibirse. Dada la duración del procedimiento, la Comisión decidió archivar la denuncia. Si se remitiera un estudio en una fase ulterior, podría iniciarse un nuevo procedimiento.
PREGUNTA ESCRITA E-2839/02

de Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) a la Comisión

(9 de octubre de 2002)

Asunto: Ayudas para favorecer la liberalización de los arrendamientos rústicos

Tanto las administraciones públicas de nuestra Unión como los agricultores señalan que el número de agricultores que labran directamente la tierra es cada vez más reducido. Por ello, cada vez es más frecuente que la casi totalidad de los profesionales de la agricultura labren buena parte de sus tierras en régimen de arrendamiento.

Pero la difusión de los arrendamientos rústicos se enfrenta siempre al temor de muchos propietarios agrarios a perder el dominio sobre sus propias tierras, por lo que todo el sector estima que debería suscitarse la reflexión de proceder a la liberalización de los arrendamientos rústicos para impulsar al campo.

¿Puede indicar la Comisión si estima necesario, dado el estado actual de las explotaciones agrarias, impulsar un debate que sirva de base a una reordenación de las legislaciones nacionales sobre los arrendamientos rústicos para permitir a los arrendatarios dedicarse a la agricultura y a los arrendadores disponer de las suficientes garantías de recuperar sus tierras casi en cualquier momento?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(31 de octubre de 2002)

La Comisión comparte la opinión de Su Señoría sobre la importancia económica crucial que, para el futuro de la agricultura y fundamentalmente para la instalación de los jóvenes en este sector, supone poder disponer de tierras en régimen de arrendamiento. Efectivamente es importante que los productores puedan disponer de una cantidad suficiente de tierras mantenidas o puestas en alquiler.

No obstante, las condiciones contractuales acordadas entre arrendadores y agricultores son competencia de los regímenes de Derecho nacional, a menudo extremadamente diferentes de un Estado miembro a otro, por razones tanto históricas como culturales. Además, las disposiciones contractuales a veces derogatorias que regulan los arrendamientos rurales están estrechamente vinculadas a otros corpus jurídicos que son competencia exclusiva de los Estados miembros, como el derecho patrimonial y fiscal, cuyas numerosas disposiciones también son esencialmente diferentes en la Unión.

En estas condiciones, no es previsible proponer a escala comunitaria una adaptación de las legislaciones nacionales en materia de arrendamientos rurales.

La Comisión seguirá teniendo en cuenta esta diversidad y velando por que las medidas propuestas a escala comunitaria puedan lograr sus objetivos respetando al mismo tiempo estos ámbitos de competencia nacional.