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PREGUNTA ESCRITA P-1771/00

de Avril Doyle (PPE-DE) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Servicios ferroviarios en Irlanda

Teniendo en cuenta las competencias de la UE en el desarrollo de una política común en el ámbito de los transportes que incluya tanto el transporte por ferrocarril y por carretera como otros medios de transporte, ¿qué competencias tiene en concreto la Comisión para asegurar que los Estados miembros inviertan de manera adecuada en los servicios ferroviarios, y cuál es la opinión de la Comisión a propósito de la decisión de Iarnród Éirann de no reabrir la estación de trenes de Monasterevin, en el Condado de Kildare (Irlanda), pese a la demanda de aquellos que se desplazan diariamente en coche hasta su lugar de trabajo en Dublín?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(3 de julio de 2000)

A través del presupuesto asignado a las redes transeuropeas y mediante los fondos estructurales, la Comisión comparte la financiación de estudios e inversiones en infraestructura ferroviaria de los proyectos definidos en las orientaciones para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (RTE-T). En Irlanda, la principal línea férrea entre Dublin y Portarlington (Galway/Limerick/Cork/Tralee) está comprendida en el plan de configuración de la red ferroviaria de la RTE. Por lo general, los proyectos de mejora y construcción de esta línea pueden acogerse a la ayuda ecenómica comunitaria siempre que reúnan las condiciones y estén dentro de las prioridades previstas en las orientaciones de la RTE.

La responsabilidad de fijar las prioridades de inversión, con ayuda comunitaria o sin ella, compete únicamente a las autoridades nacionales.

En términos generales, la Comisión persigue el objetivo político de fomentar el ferrocarril para hacer del mismo un modo de transporte eficaz y para abordar los problemas conexos que se presentan actualmente, como la congestión y la incidencia en el medio ambiente. Con el fin de lograr este objetivo, la Comisión ha presentado propuestas encaminadas a adaptar el marco normativo como corresponde, por ejemplo en cuanto a apertura del mercado y a tarificación. Por lo que respecta a la reapertura de la estación de Monasterevin, la Comisión estima que las decisiones sobre inversión en infraestructuras ferroviarias para viajeros pendulares deben corresponder a las autoridades competentes en el plano local o regional.
PREGUNTA ESCRITA E-1250/00

de Alejandro Cercas (PSE) al Consejo

(27 de abril de 2000)

Asunto: Las garantías jurídicas y derechos humanos de un grupo de ciudadanos iraníes de religión hebraica

En varias ocasiones, el Parlamento Europeo (resolución aprobada en septiembre de 1999) y diversos medios de comunicación social han considerado los riesgos de que un grupo de judíos iraníes acusados de espionaje puedan ser sometidos a juicios que puedan acarrear condenas de hasta la pena de muerte. ¿Podrían informarme de las gestiones realizadas o de las iniciativas que podrían ser consideradas por el Consejo para que en todo caso se respeten los derechos humanos y muy especialmente las garantías de un juicio justo para estos ciudadanos?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1208/00 y 1250/00

(28 de septiembre de 2000)

La cuestión de los 13 iraníes de confesión judía se ha planteado en conversaciones, en todas las ocasiones posibles y a todos los niveles, entre representantes comunitarios y representantes oficiales de Irán, en particular durante la visita del Ministro iraní Kharrazi de Asuntos Exteriores a Helsinki en septiembre de 1999 y en la reunión de diálogo UE-Irán de diciembre.

En respuesta a estas protestas y a las expresadas por los Estados miembros de la Unión Europea, el Gobierno iraní ha garantizado en varias ocasiones a la Unión Europea que los judíos detenidos tendrían un juicio imparcial y transparente.

En abril, justo antes del inicio del proceso, la Unión Europea volvió a manifestar a las autoridades iraníes la importancia que la UE confiere a este asunto y recordó los compromisos iraníes con respecto a la celebración del juicio.

La Unión Europea tomó conocimiento con preocupación de la sentencia dictada por el tribunal revolucionario de Chiraz. Hace constar su decepción por la celebración del proceso a puerta cerrada, a pesar de las garantías ofrecidas por las autoridades iraníes. La Unión Europea observa que existe una posibilidad de recurrir la sentencia. Considerando la importancia que concede a este asunto, anhela que el tribunal de apelación reconsidere las condenas. La Unión Europea seguirá transmitiendo su preocupación a las autoridades iraníes.
PREGUNTA ESCRITA P-1802/00

de Marietta Giannakou-Koutsikou (PPE-DE) a la Comisión

(31 de mayo de 2000)

Asunto: Caso Ozgur

El político turcochipriota Ozker Ozgur será llevado a juicio el 26 de mayo por las autoridades de la zona de Chipre bajo ocupación turca, acusado de incitamiento a la sedición. En el fondo, se persigue al Sr. Ozgur, junto con el editor y los directivos del diario Avrupa, por haber adoptado en sus textos de forma reiterada una postura contraria a la expulsión de ciudadanos de sus viviendas con el fin de asignarlas a militares turcos. Él mismo declara que se niega a ser juzgado por un tribunal de ocupación. El caso citado se inscribe en una serie de sucesivas intervenciones indirectas del estamento militar turco con el objetivo de que el Sr. Denktash conserve el liderazgo de la sociedad turcochipriota. Aparte de la grave cuestión relativa al funcionamiento de la democracia, el caso del Sr. Ozgur constituye, sin duda alguna, una violación flagrante de los derechos civiles y, por supuesto, de la libertad de expresión.

¿Se propone la Comisión plantear el asunto de la persistente violación de los derechos civiles y humanos en la zona de Chipre ocupada por las tropas turcas? ¿Cómo piensa intervenir para que se garantice la celebración de un juicio justo?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(26 de junio de 2000)

La Comisión está al tanto de la reciente citación a juicio del político turcochipriota Ozker Ozgur mencionada por Su Señoría y seguirá de cerca este caso, así como el del editor y los directivos del diario Avrupa. La Comisión presenta regularmente un informe anual sobre la evolución de los países candidatos en relación con los criterios de Copenhague, incluidos los derechos humanos. En el caso de Chipre, existe una sección especial que se ocupa de la situación en la parte septentrional de la isla(1). Es probable que en el informe de este año, que debería publicarse en otoño de 2000, se traten los casos mencionados por Su Señoría.

(1) COM(1999) 502 final, 13.10.99, página 11.
PREGUNTA ESCRITA E-1551/00

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(18 de mayo de 2000)

Asunto: Validez de la aplicación de la paridad del poder adquisitivo (PPA)

En su respuesta E-0275/00(1) la Comisión Europea afirma que en la reunión del grupo de trabajo sobre la PPA celebrada en Luxemburgo los días 21 y 22 de junio de 1999, la delegación portuguesa no hizo ninguna declaración (ni protestó) a propósito de la validez de las PPA, y su correspondiente utilización en la normativa comunitaria ni durante la reunión celebrada en Luxemburgo ni después de ella.

Sin embargo, la Comisión Europea no se refiere a declaraciones y protestas anteriores a esa reunión. ¿No es cierto que el 5 de mayo de 1998 las autoridades estadísticas nacionales portuguesas cuestionaron la validez de las PPA y su correspondiente utilización en la legislación comunitaria?

¿No es cierto que la reunión del grupo de trabajo sobre las PPA de Luxemburgo no acarreó cambios significativos en la situación, por lo que las autoridades portuguesas tampoco expresaron ningún cambio de opinión sobre el asunto?

(1) DO C 303 E de 24.10.2000, p. 169.

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(10 de julio de 2000)

A pesar de haberse efectuado averiguaciones minuciosas, no ha sido posible encontrar rastro alguno de las presuntas afirmaciones de las autoridades estadísticas nacionales portuguesas a las cuales se refiere Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-1477/00

de Harlem Désir (PSE) y Jean-Claude Fruteau (PSE) a la Comisión

(11 de mayo de 2000)

Asunto: Posición de la Comisión sobre la organización común de mercados en el sector del plátano

Al adoptar por amplia mayoría el informe Dary (A5-0092/2000) en la sesión del 13 de abril de 2000, el Parlamento Europeo desaprobaba la propuesta de modificación del Reglamento (CEE) no 404/93 por el que se establece la organización común de mercados en sector del plátano(1) que le había presentado la Comisión y que llevaría, para cumplir los requerimientos de la Organización Mundial del Comercio, a renunciar de aquí a 2006 al sistema de contingentes arancelarios que protege a los productores de plátanos y por tanto la economía y el empleo de numerosos países ACP y de varias regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

Después de esta votación, ¿abriga la Comisión el propósito de atenerse a la posición adoptada por el Parlamento Europeo y presentarle una nueva propuesta que proteja nuestros compromisos y la originalidad de nuestra cooperación con los países ACP, así como el futuro económico de las regiones ultraperiféricas afectadas?

(1) DO L 47 de 25.2.1993, p. 1.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(8 de junio de 2000)

La Comisión recuerda a Sus Señorías que puso claramente de manifiesto las serias dificultades de la elección de las medidas de gestión de los contingentes arancelarios, ya desde los primeros debates sobre el expediente del plátano que tuvieron lugar en el Parlamento.

Las negociaciones con los socios comerciales no han permitido hasta ahora alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio. Tal como se especifica en la exposición de motivos que acompaña a la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) no 404/93 por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano(1), la Comisión elaborará en su momento un informe sobre los resultados de las negociaciones con las partes implicadas relativas al sistema de los contingentes arancelarios.

En cualquier caso, la Comisión es perfectamente consciente de que, en el marco de esta reforma del régimen de importación, también debe velar por el cumplimiento de sus compromisos con los productores comunitarios, así como con los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP).

(1) COM(1999) 582 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1359/00

de Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) a la Comisión

(4 de mayo de 2000)

Asunto: Consideración conjunta de Ceuta y Melilla en el baremo de Eurostat a efectos del Objetivo 1

Pueden ser consideradas beneficiarias del Objetivo 1 todas aquellas regiones que no superen la barrera del 75 % del PIB comunitario. A efectos de dicha calificación, se acostumbra a considerar conjuntamente a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, como si las mismas supusieran una misma entidad económica, geográfica o administrativa.

Precisamente, ambas ciudades del Norte de África no mantienen ninguna de las identidades antes mencionadas, por lo que no parece lógico, en relación con la mencionada barrera del 75 %, que se las catalogue conjuntamente a la hora de incluirlas en el Objetivo 1.

¿Entiende la Comisión que debe procederse a considerar separadamente el PIB de cada una de las dos ciudades españolas mencionadas con vistas a su inclusión en las áreas geográficas comunitarias con acceso a los beneficios del Objetivo 1?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(16 de junio de 2000)

El artículo 3 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999 por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(1) establece que serán regiones del objetivo no 1 las correspondientes al nivel II de la nomenclatura de unidades territoriales estadísticas (NUTS II) cuyo PIB per cápita, medido en estándar de poder adquisitivo y calculado a partir de los datos comunitarios de los tres últimos años disponibles el 26 de marzo de 1999 sea inferior al 75 % de la media comunitaria.

Según la nomenclatura de unidades territoriales estadísticas, Ceuta y Melilla forman una única región del nivel NUTS II. Basándose en los datos mencionados en el artículo 3 de dicho Reglamento, el PIB por habitante de Ceuta y Melilla era igual al 71,4 % de la media comunitaria. Esta es la razón por la cual Ceuta y Melilla podrán optar a las ayudas del objetivo no 1 de los Fondos Estructurales en el período 2000-2006.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA P-1824/00

de Earl of Stockton (PPE-DE) a la Comisión

(31 de mayo de 2000)

Asunto: Microsoft Word y prácticas restrictivas

¿Ha recibido alguna queja la Comisión en relación con el funcionamiento de Microsoft Word 2000 y en particular con el hecho de que dicho programa destruye la pequeña partición de disco necesaria para la ejecución de otros sistemas operativos?

En caso afirmativo, ¿qué medidas se han adoptado?

En caso negativo, ¿piensa la Comisión adoptar algún tipo de medidas?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(20 de junio de 2000)

WORD 2000 es el más reciente procesador de textos de Microsoft. En la página de Microsoft se afirma que proporciona herramientas potentes para crear y compartir los documentos profesionales que cualquier persona con un hojeador de red puede ver, facilitando la cooperación en línea de los miembros de un equipo.

La Comisión no es consciente de que Microsoft Word 2000 destruya el pequeño espacio de disco necesario para hacer funcionar con sistemas de la competencia ni ha recibido quejas a este respecto. Si se presentaran denuncias al respecto, la Comisión las examinaría con la atención debida.
PREGUNTA ESCRITA E-1673/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Pago de contratistas y proveedores

En relación con la respuesta de la Sra. Schreyer a mi pregunta escrita E-0505/00(1), ¿podría indicar la Comisión a cuánto ascienden los intereses de demora pagados anualmente por la Comisión desde su cambio de política en 1997, así como los importes reclamados anualmente?

(1) DO C 46 E de 13.2.2001, p. 10.

Respuesta de la Comisaria Schreyer en nombre de la Comisión

(19 de julio de 2000)

Informamos a Su Señoría que la Comisión sólo tiene datos para 1999.

En su comunicación del 10 de junio de 1997 la Comisión decidió modificar su política contractual introduciendo en los contratos una cláusula que formaliza un plazo máximo de 60 días para realizar el pago y que prevé, por añadidura, la posibilidad de pagar, a petición del acreedor, intereses de demora después de este plazo, a menos que el pago haya sido suspendido a iniciativa de la Comisión. Esta medida no ha dejado de tener efectos puesto que, sólo en 1999, la Comisión introdujo 41 propuestas de compromiso relativas a intereses de demora, por un importe total de 1 114 870, de los que 932 289 se habían pagado efectivamente al cierre del ejercicio a través de 282 órdenes de pago individuales.
PREGUNTA ESCRITA E-1798/00

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(8 de junio de 2000)

Asunto: Prohibición de los fuegos artificiales

En Suecia se está debatiendo la posibilidad de prohibir los fuegos artificiales. ¿Podría señalar la Comisión si una medida de esta naturaleza sería compatible con los principios del mercado interior relacionados con la libre circulación de mercancías en caso de que la venta de fuegos artificiales esté autorizada en otros Estados miembros?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(27 de julio de 2000)

Todas las mercancías, incluidos los fuegos artificiales, legalmente autorizadas en un Estado miembro, pueden circular libremente en la Comunidad (artículo 28 (antiguo artículo 30) del Tratado CE). Un Estado miembro que posea o introduzca medidas de seguridad relativas a un tipo de producto, podrá hacerlo si la medida no constituye un medio de la discriminación arbitraria, y si es necesaria y proporcionada. En ese caso, la medida nacional podría tener como fundamento el artículo 30 (antiguo artículo 36) del Tratado CE (seguridad pública) siempre y cuando la medida sea necesaria y proporcionada respecto a un interés claro y bien definido de seguridad pública. Una medida que imponga una prohibición total podrá considerarse desproporcionada si otras medidas, tales como normas de almacenamiento y manipulación más estrictas, pueden cumplir el mismo propósito.

La Comisión invita a Su Señoría a consultar respuestas anteriores de la Comisión referentes a fuegos artificiales: P-4053/97 del Sr. Whitehead(1), E-3184/96 de la Sra. Waddington(2), E-3644/95 del Sr. Pronk(3), E-0853/94 del Sr. Ford(4), E-1036/93 del Sr. Smith(5), E-1152/86(6) del Sr. Pitt, E-3102/85 del Sr. Pitt(7) y E-0465/80 del Sr. Walter(8).

(1) DO C 187 de 16.6.1998.

(2) DO C 138 de 5.5.1997.

(3) DO C 161 de 5.6.1996.

(4) DO C 17 de 23.1.1995.

(5) DO C 140 de 21.5.1994.

(6) DO C 54 de 2.3.1987.

(7) DO C 249 de 6.10.1986.

(8) DO C 198 de 4.8.1980.
PREGUNTA ESCRITA E-0943/00

de Bart Staes (Verts/ALE) al Consejo

(30 de marzo de 2000)

Asunto: Uso de sales de impregnación para el tratamiento de la madera

El uso de sales de impregnación para el tratamiento de la madera (madera impregnada) tiene unas consecuencias graves para el ser humano y el medio ambiente. Las sales de impregnación contienen productos muy tóxicos como el arsénico, cromo IV y cobre. La madera impregnada se utiliza, por ejemplo, para casetas de jardín, vallas, instalaciones de juego para niños, parrales, muebles de jardín y traviesas para vías férreas.

Desde el mes de febrero del año 2000, en los Países Bajos ya no se pueden vender productos fabricados con madera impregnada. En una sentencia, el Consejo de Estado también se ha pronunciado en contra de la fragmentación de la madera impregnada. La madera tampoco se puede utilizar como combustible destinado a las centrales eléctricas, como materia prima para tableros de partículas y alimentación animal, como material de esparcimiento en jardines y alrededor de los troncos de los árboles o como sustituto de la paja en los establos.

No obstante, de las noticias publicadas en la prensa se deriva que las autoridades neerlandesas parecen estar dispuestas a tolerar la exportación de las partículas carcinógenas de madera a otros Estados miembros de la UE para la producción de tableros de partículas, instalaciones de juego, etc. Con ello actúa en contra de la letra y el espíritu de varias directivas de la UE.

¿Está el Consejo al corriente de la exportación de partículas carcinógenas de madera de los Países Bajos a otros Estados miembros de la UE?

a) En caso afirmativo, ¿de qué países se trata?

b) En caso negativo, ¿considera el Consejo que es imprescindible una investigación, vistas las consecuencias negativas para el ser humano y el medio ambiente y la infracción de varias directivas de la UE?

Respuesta

(29 de septiembre de 2000)

Como bien sabe Su Señoría la exportación de madera impregnada en forma de residuos está incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento 259/93 relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea. Además, como ya sabe Su Señoría, las disposiciones de la Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos incluyen una posible clasificación de la madera impregnada.

Incumbe a la Comisión tomar las medidas que estime necesarias para garantizar la aplicación idónea de las citadas normativas comunitarias.
PREGUNTA ESCRITA P-1661/00

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(18 de mayo de 2000)

Asunto: Preparativos para el partido Euro 2000

¿Puede la Comisión confirmar si ha recibido noticias de las autoridades competentes que participan en la organización del Euro 2000 en las que manifiestan su preocupación por las condiciones de seguridad en el estadio de Charleroi con ocasión del partido entre Inglaterra y Alemania, el 17 de junio?

No sólo los expertos en materia de seguridad en los estadios han manifestado graves reservas sobre las dimensiones y la capacidad del estadio para hacer frente a situaciones de emergencia, sino que también el jefe de la federación belga de policía ha manifestado que la estrechez de las calles que rodean el estadio dificultará notablemente el control del gentío.

Es evidente que, al respecto, la responsabilidad recae en las autoridades belgas, pero cabe observar que a dicho partido acudirán aficionados de varios Estados miembros. En consecuencia, dada la posibilidad de manifestaciones de violencia por parte de los espectadores y para dar toda la prioridad necesaria a la seguridad, ¿está de acuerdo el Comisario responsable para los deportes en que el partido se debería celebrar en un lugar más adecuado, como por ejemplo el estadio Rey Balduino de Bruselas? En este caso, ¿comunicará la Comisión su preocupación a la UEFA cuando todavía hay tiempo para modificar los preparativos de este acontecimiento?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(16 de junio de 2000)

La Comisión no ha sido contactada por ninguna autoridad competente que le haya expresado su preocupación por la seguridad del estadio de Charleroi para el partido entre Inglaterra y Alemania.

La responsabilidad de garantizar la seguridad adecuada a los espectadores y jugadores durante los partidos del EURO 2000 corresponde a las autoridades nacionales y a las asociaciones de fútbol. Sobre la base de la información disponible, la Comisión tiene buenas razones para creer que estas autoridades y asociaciones podrán garantizar una seguridad adecuada. A este respecto debe mencionarse que según, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), el estadio de Charleroi es seguro y conforme a las normas de la UEFA.

Por lo tanto, la Comisión no ve la necesidad de pedir a los organizadores que el partido se celebre en otro lugar.
PREGUNTA ESCRITA E-2060/00

de Arlindo Cunha (PPE-DE) a la Comisión

(27 de junio de 2000)

Asunto: Contratos en el ámbito de los programas TACIS, PHARE, MED, FED y AL Asia y América Latina

Considerando la importancia de la cooperación al desarrollo prestada por la Unión Europea a una amplio conjunto de terceros países, ¿puede informar la Comisión acerca de la evolución

de los contratos concedidos a empresas, por parte de Estados miembros de la Unión Europea, a lo largo de los últimos cinco años, en el marco de los programas TACIS, PHARE, MED, FED y AL Asia y América Latina, con las siguientes indicaciones por año y para el total del período:

1. Número de contratos, y

2. Valor total de los contratos?

En lo que respecta a cada uno de estos puntos, ¿puede decir la Comisión cuál es la parte concedida por adjudicación directa y la parte concedida por licitación, así como cuáles han sido las entidades adjudicadoras (Comisión o Estados beneficiarios)?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(24 de julio de 2000)

Hasta la creación efectiva del Servicio Común de Relaciones Exteriores (SCR) en 1998, los programas de ayuda exterior eran administrados por cinco Direcciones Generales de la Comisión, con normas y procedimientos especialmente complejos para cada uno de los programas.

A excepción de los contratos financiados en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), esta estructura de gestión fragmentada de ayudas a terceros países no permitía la creación de un sistema informático con el que se pudiera extraer la información contractual y financiera solicitada por Su Señoría. La Comisión ha comenzado a desarrollar un sistema informático que permita alcanzar este objetivo.

A partir de ahora, en la sección Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas del sitio Internet del SCR(1) se ofrecen los datos disponibles en relación con la información previa, los anuncios de licitación, en los que se enuncian los criterios de selección y adjudicación, y los anuncios de información a posteriori relativos a los procedimientos de selección, las licitaciones y las convocatorias de propuestas.

La Comisión ha remitido a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento una copia de los informes anuales disponibles sobre los contratos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED).

(1) http://europa.eu.int/comm/scr/tender/index_en.htm.