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PREGUNTA ESCRITA E-1138/00

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(11 de abril de 2000)

Asunto: Libro Blanco sobre seguridad alimentaria y Organismo alimentario europeo

En enero de 2000 se publicó el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria (COM(1999) 719 final). El capítulo 4 del mismo trata de la creación de un Organismo alimentario europeo (OAE), y el capítulo 5, de la legislación relativa a la seguridad alimentaria.

El Organismo desempeñará en situaciones de crisis un papel organizador, asesor (y, dado el caso, ejecutor) (apartado 52 y otros). El Organismo no tomará ningún tipo de decisiones sobre medidas concretas en situaciones de crisis. Esto seguirá siendo responsabilidad de la Comisión y de los comités de reglamentación compuestos por representantes de los Estados miembros.

¿Reconoce la Comisión que los actuales procedimientos de toma de decisión en situaciones de crisis no siempre han funcionado de manera satisfactoria a causa de los diferentes puntos de vista de los Estados miembros? En caso negativo, ¿considera la Comisión que el planteamiento adoptado en las situaciones de crisis planteadas hasta el momento ha sido modélico? En caso afirmativo, ¿considera la Comisión la posibilidad de otorgar competencias en el futuro al Organismo para atajar las situaciones de crisis?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1121/00, E-1124/00, E-1126/00, E-1129/00, E-1130/00, E-1131/00, E-1132/00, E-1135/00, E-1136/00, E-1137/00, E-1138/00 y E-1139/00 dada por el Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(8 de junio de 2000)

En el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria(1), la Comisión presentó las orientaciones generales que guiarán su actuación de cara a la creación del Organismo alimentario europeo e invitó a todas las partes interesadas a que le remitieran sus opiniones y contribuyeran al debate durante el periodo de consulta. Por lo que respecta a muchas de las cuestiones planteadas por Su Señoría, la Comisión no formalizará sus propuestas ni detallará mecanismos de funcionamiento en tanto no haya examinado los puntos de vista expresados en el procedimiento de consulta.

Por lo que se refiere a la cuestión de las competencias, en cambio, el Libro Blanco precisa que al Organismo alimentario europeo se le confiarán la evaluación de riesgos, la recopilación de datos y la información de los consumidores en los ámbitos de su competencia. Por razones jurídicas y de responsabilidad democrática, la Comisión estima que, en el contexto actual, no está justificada una transferencia de poderes reglamentarios a una autoridad independiente. Ahora bien, a la vista de la experiencia que se extraiga del funcionamiento del Organismo y de la confianza que éste inspire, debería considerarse una posible ampliación de sus competencias, sin excluir la posibilidad de una modificación del Tratado.

(1) COM(1999) 719 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0946/00

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(29 de marzo de 2000)

Asunto: Recuperación de bienes culturales robados o exportados ilegalmente

En las Naciones Unidas se está promoviendo un nuevo convenio para la restitución de los bienes culturales robados que dispone que, en tales circunstancias, se inicien negociaciones entre las partes implicadas.

1. ¿Ha manifestado la Comisión su apoyo al convenio en cuestión?

2. ¿Ha propuesto su firma a los Estados miembros?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(12 de mayo de 2000)

La Comisión no conoce ninguna propuesta de las Naciones Unidas para la aprobación de un nuevo convenio sobre la restitución de bienes culturales robados; esta materia ya es objeto de la Convención Unidroit de 1995 sobre objetos culturales robados o exportados de forma ilegal. La Comisión ha participado en los trabajos de elaboración de dicha Convención en calidad de observadora.

La Comisión comparte el objetivo general de luchar contra el trafico ilegal de bienes culturales que subyace en la Convención Unidroit. Ahora bien, teniendo en cuenta las competencias de la Comunidad sobre el particular en la actual situación de evolución del derecho comunitario, la Comisión no ha expresado aún su apoyo a la convención proponiendo la firma a los Estados miembros.

La Comisión recuerda que en el ámbito del Espacio Económico Europeo (EEE), la Directiva 96/100/CE del Parlamento y del Consejo, de 17 de febrero de 1997, por la que se modifica el Anexo de la Directiva 93/7/CEE relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro(1) contempla una serie de mecanismos y un procedimiento de restitución, entre los Estados que forman parte del Acuerdo EEE, de los bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de uno de ellos. Esta Directiva constituye una medida de acompañamiento del proceso de realización del mercado interior y su objetivo es ofrecer medios, complementarios de los controles en las fronteras, para una protección adecuada de los bienes culturales.

La Convención Unidroit ha tenido en consideración la normativa comunitaria y su artículo 13 contempla que en sus relaciones mutuas, los Estados contratantes miembros de organizaciones de integración económica o entidades regionales podrán declarar que aplican las normas internas de esas organizaciones o entidades y no aplican por tanto en esas relaciones las disposiciones de la presente Convención cuyo campo de aplicación coincida con las mencionadas normas.

Esa declaración la hicieron dos de los cinco Estados miembros que firmaron la Convención: los Países Bajos en el momento de la firma y Finlandia, que ya ha ratificado la Convención, en el momento del depósito del instrumento de ratificación. Los demás Estados miembros que ya han firmado la Convención son Francia, Portugal e Italia; este último Estado miembro ya ha depositado el instrumento de ratificación y, por lo tanto, forma parte de la Convención.

(1) DO L 60 de 1.3.1997.
PREGUNTA ESCRITA P-0451/00

de Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) al Consejo

(14 de febrero de 2000)

Asunto: Distorsiones de la competencia provocadas por distintos regímenes fiscales dentro de la UE

¿Puede confirmar el Consejo si es cierto que un grupo de trabajo de funcionarios del Consejo ha descubierto en varios Estados miembros de la UE 60 regímenes fiscales que distorsionan la competencia?

¿Es cierto que, en el informe en cuestión, los Países Bajos figuran a la cabeza, con nueve regímenes objeto de crítica?

¿Cuáles son esos nueve regímenes?

¿Es cierto que en Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido (es decir, los grandes Estados miembros) no se ha descubierto ningún régimen de estas características?

¿Qué opina el Consejo sobre este informe oficial? ¿Cuándo va a presentar su propia valoración política?

Respuesta

(16/17 de mayo de 2000)

1. El informe del Grupo Código de conducta (Fiscalidad de las Empresas) al que se refiere Su Señoría, sometido al Consejo (ECOFIN) de 29 de noviembre de 1999, puede consultarse en el sitio del Consejo en Internet (ue.eu.int/newsroom, en el epígrafe asuntos varios, documento 4901/99).

2. Si bien se ha decidido que el texto sea accesible al público vía Internet, el Consejo no ha adoptado aún ninguna posición respecto de su contenido, por lo que no puede por el momento aportar una respuesta sobre el fondo de las preguntas formuladas.

3. Por otra parte, el Consejo recuerda a Su Señoría que el Consejo Europeo de Helsinki acordó crear un Grupo de alto nivel que, en el marco del informe de conjunto que debe presentar al Consejo, habrá de exponer tipos de soluciones, en particular por lo que se refiere al Código de conducta, integrado en el paquete fiscal, de conformidad con las conclusiones del Consejo ECOFIN de 1 de diciembre de 1997.
PREGUNTA ESCRITA E-1079/00

de Francesco Turchi (UEN) a la Comisión

(7 de abril de 2000)

Asunto: Reconocimiento profesional de los protésicos dentales

Habida cuenta de la profesionalidad que exige el ejercicio de la actividad de protésico dental y teniendo en cuenta el hecho de que en muchos países de la Unión Europea ya se ha obtenido el reconocimiento profesional de esta actividad, ¿puede indicar la Comisión qué iniciativas ha emprendido el Gobierno italiano para conseguir el reconocimiento profesional de esta especialidad?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(12 de mayo de 2000)

La Comisión no dispone de información relativa a las iniciativas que menciona Su Señoría. En efecto, por una parte, dado que la profesión de protésico dental no ha sido objeto de armonización comunitaria, los Estados miembros siguen siendo los únicos competentes respecto a la posible concesión de un estatuto oficial a esta profesión y su normativa (condiciones de formación, acceso a la profesión y ejercicio). Por otra parte, las directivas 89/48/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988(1) y 92/51/CEE del Consejo del 18 de junio de 1992(2), relativas al sistema general de reconocimiento de los títulos y que están destinadas a aplicarse al reconocimiento entre Estados miembros de los títulos de protésico dental, no establecen la obligación de que la Comisión realice estudios detenidos sobre todas las profesiones a las que pueden aplicarse dichas directivas. A este respecto, la Comisión hace ver a de Su Señoría que la profesión de protésico dental (odontotecnico) ya está reglamentada en Italia, puesto que figura para Italia en el Anexo C de la Directiva 92/51/CEE.

(1) DO L 19 de 24.1.1989.

(2) DO L 209 de 24.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-0340/00

de Bill Miller (PSE) a la Comisión

(14 de febrero de 2000)

Asunto: Transporte de animales vivos

Al parecer, diversos informes de la Comisión revelan que las autoridades alemanas, neerlandesas, españolas, belgas, francesas e irlandesas están aprobando trazados de rutas para desplazamientos a otros Estados miembros que, si se examinan con detenimiento, indican que durante el desplazamiento se infringirá o podría infringirse la Directiva 91/628/CEE(1) sobre la protección de los animales durante el transporte.

¿Qué medidas se propone tomar la Comisión para rectificar esta posible infracción?

(1) DO L 340 de 11.12.1991, p. 17.

Respuesta común a las preguntas escritas E-0340/00, E-0341/00 y E-0425/00 dada por el Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(21 de marzo de 2000)

La Comisión, por los informes de su Oficina Alimentaria y Veterinaria y la quejas de diferentes organizaciones, es consciente de la aplicación inadecuada en muchos Estados miembros de la Directiva 91/628/CE del Consejo, modificada por la Directiva 95/29/CE del Consejo, sobre la protección de los animales durante el transporte. Estos porblemas están siendo analizados muy de cerca por la Comisión Europea y denunciados ante las autoridades de los Estados miembros cuando se producen. En particular, se ha abierto un procedimiento de infracción al respecto contra un Estado miembro y se están preparando otros.

Por otra parte, el artículo 13 de la Directiva exige que la Comisión presente un informe al Consejo sobre la experiencia adquirida por los Estados miembros desde la entrada en vigor de la Directiva y, si lo cree conveniente, presente propuestas al respecto. Este informe, en el que se tiene en cuenta toda la información disponible, se presentará en breve al Consejo.

Entretanto, se ha establecido un grupo de trabajo del Comité veterinario para estudiar los problemas de aplicación de la Directiva en los transportes de larga distancia. La Comisión podría modificar la legislación comunitaria a raíz de las conclusiones de este grupo de trabajo sobre el transporte y en función de la experiencia que hayan adquirido los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-0746/00

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(13 de marzo de 2000)

Asunto: Políticas comunitarias en materia de salud pública, de sida y de población

¿Tiene la Comisión la intención de aumentar el número del personal que gestiona las líneas presupuestarias (ahora fusionadas) de sida y de población?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0745/00 y E-0746/00 dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(17 de abril de 2000)

La Comisión está examinando las experiencias anteriores de la Comunidad en materia de salud, virus de immunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) y población y está presentando orientaciones para la labor futura de la Comunidad.

Este ejercicio forma parte del debate general y de la reformulación de la política comunitaria de desarrollo, así como de la discusión conexa de un plan de acción contra la pobreza, un plan de acción en materia de género y un estudio de prioridades de política social.

Se han mantenido conversaciones informales con expertos de los Estados miembros y otros socios importantes. En general, las orientaciones han sido bien recibidas y se discutirán ahora a nivel directivo, antes de celebrar consultas más amplias.

Las orientaciones políticas también serán objeto, por supuesto, de debate en el Parlamento, pero deberían considerarse en el marco más amplio marco anteriormente mencionado.

Por lo que se refiere a la gestión de la línea presupuestaria específica mencionada por Su Señoría, se dará prioridad a los recursos humanos y a la asistencia técnica en el contexto del ejercicio global de fijación de recursos y prioridades políticas en curso. Parte de este ejercicio se abordará en el seguimiento del Libro Blanco(1) sobre la reforma de la Comisión.

En este marco, la distribución de los recursos humanos y financieros formará parte de un ejercicio global de fijación de prioridades y distribución de recursos que concluirá antes de septiembre de 2000.

(1) COM(2000) 200 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0313/00

de Marietta Giannakou-Koutsikou (PPE-DE) a la Comisión

(11 de febrero de 2000)

Asunto: Protección de los derechos sociales de los gitanos

Es indiscutible que un gran número de grupos de población itinerante de la Unión Europea y Europa en general, especialmente de gitanos, se mueve en los límites del marco social existente o fuera de ellos. Hay numerosos ejemplos que coinciden en señalar que, habitualmente, los gitanos sufren exclusión social, con la correspondiente limitación de sus derechos sociales en los ámbitos de la sanidad, la seguridad social y la educación. Esta situación se debe a la confluencia de muchos factores, como los prejuicios sociales, la falta de una intervención estructurada por parte del Estado y una mentalidad general que a menudo, aunque sea por negligencia, roza la ilegalidad.

¿Puede indicar la Comisión si se propone promover o apoyar programas integrados o especiales de apoyo social a los gitanos basados en el reforzamiento de la conciencia social, el mantenimiento de la identidad cultural y el respeto de la autonomía propia de dichos grupos de población?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(7 de abril de 2000)

El Tratado de Amsterdam estableció específicamente la lucha contra la exclusión como un objetivo de la Comunidad y los Estados miembros. Si bien los Estados miembros son los primeros responsables de la prevención y la lucha contra la exclusión social, la Comunidad puede

y debe aportar su contribución en los casos en que ésta represente un auténtico valor añadido. Este es el contexto en el que la Comunidad puede contribuir a la lucha contra la exclusión social de todos los grupos e individuos vulnerables, incluidos los grupos de población itinerante, y la Comisión ha esbozado posibles propuestas a este respecto en su Comunicación Construir una Europa que fomente la integración(1).

Además, las recientes propuestas de lucha contra la discriminación, adoptadas por la Comisión el 25 de noviembre de 1999, prohibirán la discriminación por el origen racial o étnico en el empleo, la educación, la protección social y la seguridad social, las ventajas sociales y el acceso a bienes y servicios(2). La Comunidad, al combatir la discriminación tanto directa como indirecta en estos ámbitos, contribuirá a eliminar algunas de las barreras a la integración a que se enfrentan los gitanos y otros grupos itinerantes. La Comisión ha pedido al Consejo y al Parlamento que aceleren la tramitación de este grupo de propuestas.

(1) COM(2000) 79 final.

(2) COM(1999) 564, 565, 566 y 567 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1077/00

de Raffaele Costa (PPE-DE) a la Comisión

(7 de abril de 2000)

Asunto: Condiciones aplicadas por algunas entidades de crédito italianas a los titulares de cuentas corrientes

Los bancos italianos ofrecen normalmente a los titulares de cuentas corrientes intereses que oscilan entre el 0,05 % y el 1 % anual del capital, y exigen cantidades cercanas o incluso superiores al 10 % o 12 % cuando conceden créditos.

¿Puede señalar la Comisión si dichas acciones son compatibles con la normativa comunitaria?

¿Tiene la intención de intervenir para poner fin a la actitud absurda y corta de miras de la mayoría de las entidades de crédito italianas que sustraen injustificadamente cantidades importantes a ciudadanos, empresas y entes públicos y privados?

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(16 de mayo de 2000)

La legislación comunitaria no contiene disposiciones sobre el interés que las instituciones de crédito aplican a sus clientes en relación con sus cuentas bancarias o préstamos. El nivel de tal interés debe dejarse a las fuerzas del mercado.

Los tratados no establecen ninguna base para proponer medidas legislativas en los asuntos planteados por Su Señoría y no dan a la Comisión ningún poder de intervención directa en este campo.

Por lo tanto, la Comisión, los bancos centrales nacionales y el Banco Central Europeo no pueden regular directamente el nivel de precios que las instituciones de crédito cargan por sus servicios, ni la remuneración del capital. Estos aspectos deben ser establecidos por cada institución de crédito sobre la base de su estrategia comercial y según los principios de un mercado libre.

Por lo tanto, la Comisión no prevé ninguna iniciativa dirigida a regular las prácticas de las instituciones de crédito comunitarias con respecto a sus clientes.
PREGUNTA ESCRITA E-0778/00

de Nicholas Clegg (ELDR) a la Comisión

(16 de marzo de 2000)

Asunto: Países menos desarrollados de la OMC

La Comisión ha anunciado recientemente un paquete de concesiones comerciales a los países menos desarrollados de la OMC. Dicho paquete consistiría en un acceso libre de derechos a prácticamente todos los productos procedentes de dichos países.

En otra pregunta, he pedido a la Comisión que indique exactamente qué productos no están cubiertos por dichas concesiones.

Asimismo, ¿puede especificar la Comisión el valor comercial de dichos productos no incluidos en el paquete, tanto para los países menos desarrollados en cuestión como para la UE (desglosado por Estado miembro)?

Respuesta común a las preguntas escritas P-0772/00 y E-0778/00 dada por el Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(27 de abril de 2000)

Su Señoría hace referencia a la iniciativa comunitaria destinada a ofrecer libre acceso a la mayor parte de los productos de los países menos desarrollados (PMD) al mercado de los países industrializados y un mayor acceso al mercado de algunos países en desarrollo. Su pregunta es complementaria a la pregunta oral H-206/00 del Sr. Howitt, formulada en el turno de preguntas de la sesión plenaria de marzo de 2000(1).

El mandato otorgado a la Comisión en 1997 y confirmado en 1999 contempla la mayor parte de los productos exportados por los PMD. Actualmente, un 99 % de las exportaciones de los PMD entra libremente en el mercado comunitario. El acceso libre es ya una realidad para todas las exportaciones no agrarias de los PMD a la Comunidad. Tras una primera medida de diciembre de 1998(2), que establece para el conjunto de los PMD un régimen equivalente al del Convenio de Lomé, la Comisión procura elaborar ahora propuestas adicionales que serán presentadas al Consejo en cuanto se completen. Solamente entonces podrá establecerse una valoración cuantitativa.

Estas propuestas se refieren a las concesiones unilaterales adicionales para los productos agrícolas exportados por los PMD al mercado comunitario. Hay que señalar, que ya en el marco del mandato actual, que contempla casi la totalidad o la mayor parte de los productos agrícolas exportados, los países menos desarrollados van a beneficiarse de un mayor acceso libre de cuotas y aranceles en materia agrícola.

Los productos agrícolas que no se liberalicen totalmente en la propuesta que la Comisión presentará al Consejo, estarán, en cualquier caso, en régimen de acceso preferencial.

Como ya indicó el miembro de la Comisión responsable de comercio, en marzo de 2000, ante el Parlamento, los demás socios desarrollados están lejos de ofrecer un acceso comparable, mientras que la atracción de estos mercados es mucho mayor que la del mercado comunitario, particularmente debido a que el índice de entrada de los productos de los países PMD en estos mercados es muy bajo.

(1) Debates del Parlamento Europeo (marzo II de 2000).

(2) Reglamento (CE) no 2820/98 del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, DO L 357 de 30.12.1998.
PREGUNTA ESCRITA P-0705/00

de Nelly Maes (Verts/ALE) al Consejo

(2 de marzo de 2000)

Asunto: Modificación de la Ley general de gastos extraordinarios de enfermedad (AWBZ) en los Países Bajos

En los Países Bajos, la Ley general de gastos extraordinarios de enfermedad (AWBZ) es aplicable a todos. A partir del 1 de enero de 2000 quedan excluidos de las previsiones de la AWBZ los nacionales neerlandeses residentes en el extranjero y no afiliados a un seguro de enfermedad. No obstante, en la Federación Belga, los neerlandeses no se pueden afiliar a un seguro de enfermedad porque la legislación social belga lo considera incompatible con las previsiones de la AWBZ neerlandesa.

Se trata claramente de un caso en que la pescadilla se muerde la cola: los neerlandeses residentes en la Federación Belga se han de afiliar a un seguro de enfermedad para tener derecho a las previsiones de la AWBZ, pero los seguros de enfermedad belgas se niegan a afiliarlos porque tienen derecho a prestaciones de la AWBZ.

1. La decisión del Gobierno neerlandés de excluir de las prestaciones de la AWBZ, a partir del 1 de enero de 2000 a los neerlandeses residentes en el extranjero y no afiliados a un seguro de enfermedad ¿es contraria a las normas europeas, entre otras, la posibilidad que tienen los ciudadanos y pacientes de establecerse libremente en otros Estados miembros de la UE (Tribunal de Justicia, 28 de abril de 1998, C-158/96)? a) En caso afirmativo, ¿qué gestiones va a realizar el Consejo para que se ponga fin a esta situación? b) En caso negativo, ¿opina el Consejo que la medida neerlandesa no infringe las normas europeas, entre otras la posibilidad que tienen los ciudadanos y pacientes de establecerse libremente en otros Estados miembros de la UE (Tribunal de Justicia, 28 de abril de 1998, C-158/96)?

2. La decisión de las autoridades neerlandesas ¿es contraria al principio de confianza legítima, dado que los afectados se establecieron de buena fe en el extranjero sabiendo que conservaban una plena cobertura de los gastos de enfermedad por la AWBZ? En caso negativo, ¿opina el Consejo que la medida neerlandesa no daña el principio de confianza legítima?

Respuesta

(2 de mayo de 2000)

La pregunta de su Señoría no entra dentro de las atribuciones del Consejo. Con arreglo al Tratado, corresponde a la Comisión velar por la aplicación del Derecho comunitario y, en su caso, presentar al Consejo, o conjuntamente al Parlamento Europeo y al Consejo, propuestas legislativas sobre las materias de competencia comunitaria.