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PREGUNTA ESCRITA E-1518/98

de Thierry Jean-Pierre (PPE) a la Comisión

(13 de mayo de 1998)

Asunto: Adquisición del D3 - Empréstito

Hace algunos meses, la Comisión recordó al Estado belga sus obligaciones con respecto a la construcción del Parlamento flamenco, llevada a cabo sin respetar las directivas comunitarias aplicables en materia de contratos públicos.

¿Tiene la Comisión la intención de mostrar el mismo rigor en la defensa del Derecho comunitario en contra del Parlamento Europeo, que ha recurrido a la Société Espace Léopold (caparazón jurídico que engloba los intereses de bancos belgas y franceses) y le ha encargado que, en nombre del Parlamento Europeo, tome prestados 525 millones de ecus y 7.000 millones de FB, destinados a permitir la compra, a la propia SEL, del conjunto inmobiliario D3, sin que en el DOCE se publique la licitación correspondiente?

Respuesta del Sr. Monti En nombre de la Comisión

(24 de julio de 1998)

Las directivas comunitarias sobre contratación pública(1) se aplican a las entidades adjudicadoras definidas como "el Estado, los entes territoriales, los organismos de Derecho público, y las asociaciones formadas por uno o varios de dichos organismos de Derecho público o de dichos entes". Ateniéndose a esta definición, las Instituciones Europeas no pueden considerarse entidades adjudicadoras con arreglo a dichas directivas.

No obstante, el Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977(2) dispone que cada una de las Instituciones Europeas estará sujeta a las mismas obligaciones que se imponen a las entidades adjudicadoras de los Estados miembros en virtud de las Directivas sobre contratación pública. Por consiguiente, las Instituciones Europeas aplican las normas establecidas por dichas directivas completándolas con una serie de normas adicionales. Así por ejemplo, los contratos de arrendamiento de edificios y oficinas (no cubiertos por las directivas sobre contratación pública) y todos los contratos cuyo valor no supera el umbral fijado por las directivas mencionadas se adjudican mediante procedimientos especiales que van precedidos de convocatorias de licitación. Los anuncios se publican en el Suplemento al Diario Oficial.

Por supuesto, se deja a cada una de las Instituciones total libertad para adoptar sus propias decisiones al respecto.

(1) Directiva 92/50/CEEE del Consejo, de 18 junio 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios; DO L 209 de 24.7.1992. Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 junio 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro; DO L 199 de 9.8.1993.

(2) Artículo 56 del Reglamento financiero de 21.12.1977, DO L 356 de 31.12.1977, modificado en último lugar por el Reglamento no 2335/95 de 18.9.1995, DO L 240 de 7.10.1995.
PREGUNTA ESCRITA E-1719/98

de María Sornosa Martínez (GUE/NGL) a la Comisión

(29 de mayo de 1998)

Asunto: Ayuda financiera para paliar los efectos del desastre de Doñana

Frente a las terribles consecuencias del desastre de Doñana, tanto en el entorno como en el mismo Parque, sólo una actuación rápida y coordinada, con grandes inversiones financieras, puede servir para paliar los efectos catastróficos ya producidos y los que se continuarán produciendo a corto, medio y largo plazo.

Mientras se dilucidan las responsabilidades y se toman las primeras medidas de emergencia, tanto las administraciones públicas como los responsables directos deben poner los medios necesarios para minimizar la catástrofe. La Comisión Europea, en virtud de dos de sus directivas, la de protección de aves y la de protección de hábitats naturales, debe garantizar y procurar la conservación del Parque de Doñana y, por lo tanto, contribuir a paliar las consecuencias del desastre ecológico ocasionado.

1. ¿Ha recabado la Comisión toda la información necesaria para adoptar una toma de posición clara frente a este desastre?

2. ¿Va la Comisión, como garante de la protección del medio ambiente, a ayudar financieramente a paliar las desastrosas consecuencias de la rotura de la presa de Aznalcóllar?

3. ¿Qué criterio seguiría la Comisión para otorgar una ayuda financiera?

4. ¿Podría esa ayuda ser inmediata?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(13 de julio de 1998)

Desde que trascendió la noticia del desastre, la Comisión ha mantenido contactos en todo momento con las autoridades españolas. Durante la reunión informativa celebrada en Bruselas el 12 mayo 1998, el Director General de conservación de la naturaleza y el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas informaron a la Comisión sobre las medidas tomadas para paliar y reparar los daños causados por el accidente. Posteriormente, se ha remitido a la Comisión información complementaria sobre las medidas aplicadas para tratar las aguas contaminadas y retirar el material tóxico. El proceso de recogida de información es constante y a tal fin se han establecido contactos con las autoridades españolas.

La zona próxima al parque de Doñana afectada por el desastre puede acogerse a la intervención del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del objetivo 1. Recientemente, la Comisión ha invitado a las autoridades españolas a reflexionar sobre la posibilidad de modificar las intervenciones actualmente cofinanciadas de FEDER con objeto de desviar los fondos liberados para contrarrestar los efectos negativos del accidente en la zona afectada. Asimismo, la Comisión ha propuesto cofinanciar un proyecto de asistencia técnica para profundizar en el análisis de las repercusiones del accidente a fin de orientar las medidas que debe tomar la Comunidad a medio y largo plazo.
PREGUNTA ESCRITA E-2102/98

de Sebastiano Musumeci (NI) a la Comisión

(10 de julio de 1998)

Asunto: Medidas de apoyo a la apicultura

Considerando que, a pesar del aumento del número de cultivadores, la apicultura sigue siendo una actividad reglamentada de forma insuficiente, a menudo encomendada a la generosidad y el coraje de operadores privados que se ven obligados a trabajar sin incentivos ni orientaciones técnicas.

Considerando asimismo que en algunos países la apicultura no se incluye entre las actividades empresariales agrícolas, por no estar vinculada necesariamente con la propiedad o, en cualquier caso, con la posesión de la tierra, con lo que se penaliza a los cultivadores desde el punto de vista tanto fiscal como jurídico-económico.

¿Puede decir la Comisión qué iniciativas se han adoptado o se piensa adoptar a nivel comunitario para fomentar un sector de la agricultura europea tan activo y, sin embargo, tan penalizado, a pesar de la creciente demanda de miel por parte del mercado?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de julio de 1998)

En julio de 1997, el Consejo reconoció la importancia del sector de la apicultura mediante la aprobación, a propuesta de la Comisión, del Reglamento (CE) 1221/97, de 25 junio 1997, por el que se establecen las normas generales de aplicación de las medidas destinadas a mejorar la producción y la comercialización de la miel(1).

Las disposiciones detalladas referentes a los programas nacionales contemplados en el Reglamento del Consejo quedaron fijadas por la Comisión en el Reglamento (CE) 2300/97(2), modificado por el Reglamento (CE) 758/98 de la Comisión, de 3 abril 1998(3). Los programas nacionales fueron aprobados por la Comisión en marzo de 1998.

(1) DO L 173 de 1.7.1997.

(2) DO L 319 de 21.11.1997.

(3) DO L 105 de 4.4.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-1965/98

de Klaus Lukas (NI) a la Comisión

(30 de junio de 1998)

Asunto: Obligación de notificación

El comisario Van Miert afirmó el 26 mayo 1998 ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial del Parlamento Europeo que los Estados miembros no siempre respetan la obligación de notificación y que este incumplimiento es cada vez más frecuente. Parece ser que algunos Estados miembros han exigido una modificación de las normas de procedimiento por la que, en el caso de que la Comisión no descubra el incumplimiento de la obligación de notificación en un plazo de dos meses, las ayudas se considerarían aprobadas.

1. ¿En qué Estados miembros ha constatado la Comisión incumplimientos reiterados a la obligación de notificación?

2. ¿Cuáles son los Estados miembros que consideran que, en el caso de que la Comisión no descubra los incumplimientos de la obligación de notificación en un plazo de dos meses, las ayudas se considerarían aprobadas?

3. ¿Cuáles son las medidas previstas por la Comisión en este contexto?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión

(27 de julio de 1998)

En 1997, se produjeron más casos de ayudas estatales no notificadas que en 1996. En este último año, de los 641 casos de que tiene constancia la Comisión, 91 (14 %) no fueron objeto de notificación, frente a 140 (21 %) sobre un total de 655 en 1997. De las ayudas no notificadas, una parte especialmente elevada corresponde a Alemania (30 %), Grecia (56 %), Irlanda (40 %), Italia (17 %), Austria (16 %) y el Reino Unido (46 %).

Ningún Estado miembro opina que las ayudas no notificadas han de considerarse autorizadas si, en el plazo de dos meses, la Comisión no detecta que se ha incumplido la obligación de notificar.

La Comisión ordena sistemáticamente la recuperación de las ayudas no notificadas que no son compatibles con el mercado común. Por ello, insiste ante los Estados miembros para que notifiquen las ayudas, en interés de su industria. Si no media notificación, las empresas afectadas corren el riesgo de tener que reembolsar la ayuda, lo que impediría realizar una adecuada evaluación de la inversión. En consecuencia, también a los acreedores les interesa que exista seguridad jurídica en lo que respecta a las ayudas estatales. No parece necesario ni oportuno adoptar otras medidas en este terreno.
PREGUNTA ESCRITA E-1764/98

de Christoph Konrad (PPE) a la Comisión

(5 de junio de 1998)

Asunto: Recurso de la Comisión de la UE ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por el peaje excesivo exigido en Brenner

1. ¿Ha presentado la Comisión Europea el recurso previsto sobre el peaje de Brenner ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas?

2. En caso negativo, ¿por qué no?

3. ¿En qué argumentación se basa el recurso de la Comisión Europea?

4. ¿Cómo ve la Comisión Europea la posición de la República de Austria en la cuestión del peaje de Brenner?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(17 de julio de 1998)

La Comisión presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia por el incremento del peaje en la autopista de Brenner el 29 mayo 1998.

La Comisión considera que Austria ha infringido la letra b) del artículo 7 de la Directiva 93/89/CEE de 25 octubre 1993, relativa a la aplicación por los Estados miembros de los impuestos sobre determinados tipos de vehículos utilizados para el transporte de mercancías por carretera, así como de los peajes y derechos de uso percibidos por la utilización de determinadas infraestructuras(1), al establecer un aumento de las tarifas de los peajes desde el 1 julio 1995 y el 1 febrero 1996 en toda la autopista de Brenner, que constituye una importante vía de tránsito a través de Austria para vehículos pesados matriculados en otros Estados miembros, de manera que los vehículos extranjeros resultan discriminados. Por otra parte, la Comisión considera que Austria infringe también la letra h) del artículo 7 de la Directiva 83/89/CEE dado que los costes relacionados con la construcción, explotación y ampliación de la autopista de Brenner no justifican las tarifas de los peajes.

(1) DO L 279 de 12.11.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-1842/98

de James Moorhouse (ELDR) al Consejo

(15 de junio de 1998)

Asunto: Nombramiento del representante especial para el Tíbet

¿En qué fase se encuentra el proceso de nombramiento del representante especial de la Unión Europea para el Tíbet, tal como lo solicitó el Parlamento Europeo en su Resolución del 15 enero 1998 (B-0097/98)?

Respuesta

(28/29 de septiembre de 1998)

Como sabe Su Señoría, del 1 al 10 mayo 1998 se llevó a cabo una misión al Tíbet en la que participaron los Embajadores de la Troica en Pekín. El informe de dicha misión se publicó el pasado 19 de junio.

Actualmente el Consejo está examinando qué medidas deberán adoptarse a resultas de dicha misión, pero no ha decidido nombrar un representante especial para el Tíbet.
PREGUNTA ESCRITA E-1695/98

de Kirsi Piha (PPE) a la Comisión

(29 de mayo de 1998)

Asunto: Fondos TACIS asignados a Rusia

La Unión ha contribuido a la democratización y al progreso económico de Rusia con fondos de los contribuyentes de la Unión.

¿Podría indicar la Comisión de qué manera se han empleado en Rusia en 1997 los fondos TACIS?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión

(10 de julio de 1998)

La Comisión recuerda que en el curso de 1997 se produjo una evaluación interina e independiente de TACIS a petición del Parlamento. Confirmó que de 1991 a 1996 "el programa puede valorarse positivamente por lo que respecta a la eficacia de los proyectos en la realización de los objetivos previstos".

Otra fuente de información es el informe anual de TACIS, cuya versión de 1997 estará disponible dentro de poco. Se envía directamente una copia de la evaluación interina y del último informe anual a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-1541/98

de Concepció Ferrer (PPE) a la Comisión

(18 de mayo de 1998)

Asunto: Política de igualdad de oportunidades

Desde 1975, la Comunidad ha venido realizando una política en favor de la igualdad entre hombres y mujeres con el fin de erradicar las desigualdades existentes.

El Parlamento Europeo, consciente de la relevancia de este tema, ha desarrollado numerosas iniciativas, entre ellas la que reivindicaba la modificación de la Directiva de 1986, en la que se pedía la creación de un estatuto para los cónyuges de trabajadores por cuenta propia, hecho que, como muchas otras iniciativas, la Comisión no ha tenido en consideración.

En este sentido, ¿tiene previsto la Comisión proceder a la revisión de dicha Directiva?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(19 de junio de 1998)

La pregunta de Su Señoría se refiere a la Directiva 86/613/CEE del Consejo de 11 de diciembre de 1986 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad(1). Teniendo en cuenta que dicha Directiva no parece tener el impacto esperado, dentro del marco del cuarto programa de acción comunitaria a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000)(2) la Comisión tomó la iniciativa de organizar dos mesas redondas en 1997. En estas dos mesas redondas se hizo el inventario de las acciones que podrían realizarse para mejorar la situación de los cónyuges de los trabajadores autónomos. Tras estas conversaciones, la Comisión ha optado por tratar el tema desde dos puntos de vista. Por un lado, está haciendo un esfuerzo por mejorar la definición de los destinatarios de sus acciones y, por otro, se compromete a buscar la máxima interacción posible entre las políticas comunitarias. El objetivo es mejorar las disposiciones y los instrumentos que pretendan tener una incidencia, o que la tengan, en los cónyuges colaboradores.

(1) DO L 359 de 19.12.1986.

(2) COM(95)602 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2337/98

de Pedro Marset Campos (GUE/NGL) al Consejo

(28 de julio de 1998)

Asunto: Nombramiento del Director General de Asuntos Jurídicos del Banco Central Europeo

El Banco Central Europeo, organismo autónomo de los poderes democráticos, que conforma uno de los elementos de la Unión Monetaria y del euro, ha elegido como Director General de Asuntos Jurídicos al español Antonio Sainz de Vicuña. Siendo esta persona el representante jurídico del liquidado Banco Saudí Español (Saudesbank) y posteriormente asesor jurídico del banco también intervenido BANESTO, las autoridades monetarias del Banco de España y del Ministerio de Economía deben de conocerle y haberle avalado.

¿Podría informar el Consejo si las autoridades españolas han puesto en antecedentes a los rectores del Banco Central Europeo de los méritos profesionales de dicha persona, sus conocimientos de la normativa de control del Banco de España aplicable a las entidades de crédito para evitar quiebras y prácticas de elusión fiscal, depósitos de dinero negro y otras prácticas irregulares de las entidades de crédito y ahorro?

Respuesta

(24 de septiembre de 1998)

Esta cuestión es competencia directa del Banco Central Europeo, cuyo Consejo de Gobierno adopta, a propuesta del Comité Ejecutivo, el régimen aplicable a su personal.
PREGUNTA ESCRITA E-1440/98

de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión

(11 de mayo de 1998)

Asunto: Euro 1999

El informe de la Comisión sobre la convergencia y correspondiente recomendación con vistas a la transición a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, COM(98)1999 final, del 25.03.1998, p. 78, sostiene que los buenos resultados en materia de inflación alcanzados por los Estados miembros se deben entre otros factores a la moderación de los salarios y en consecuencia al razonable crecimiento de los costes laborales unitarios.

¿Cuál es la opinión de la Comisión sobre la sostenibilidad de estos resultados de inflación moderada en el caso de la reforma laboral en Francia por la reducción del tiempo de trabajo a 35 horas semanales?

Respuesta del Sr.de Silguy en nombre de la Comisión

(10 de julio de 1998)

La evolución de la inflación en los Estados miembros depende de múltiples factores: en el plano interno, intervienen, en particular, los costes salariales por unidad producida, los márgenes de beneficios y las modificaciones de los impuestos indirectos. En el plano externo, la inflación está vinculada, por ejemplo, a la evolución de los tipos de cambio y de los precios de las materias primas.

Por cuanto se refiere, más concretamente, a la reducción del tiempo de trabajo convencional a 35 horas semanales, el posible efecto sobre la inflación dependerá de las relaciones entre las modificaciones en la evolución de la productividad del trabajo, por una parte, y de los costes salariales, por otra.

Evidentemente, la Comisión tendrá en cuenta las evoluciones que se comprueben con motivo de los futuros ejercicios de supervisión multilateral y de grandes orientaciones de la política económica.
PREGUNTA ESCRITA E-1874/98

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(16 de junio de 1998)

Asunto: Financiación comunitaria de organizaciones que desarrollan actividades en el ámbito del medio ambiente

En el Diario Oficial de las Comunidades Europeas se ha publicado una relación de organizaciones que han recibido financiación comunitaria para acciones de información y concienciación en el ámbito del medio ambiente (98C85/04).

¿Puede indicar la Comisión:

1. si ha habido solicitudes de financiación por parte de organizaciones griegas para acciones generales de información y concienciación (primera lista de la relación), y

2. en caso afirmativo, qué requisitos para poder recibir fondos no cumplieron?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(23 de julio de 1998)

En el marco de la convocatoria de propuestas para actividades generales de información y de sensibilización en el ámbito del medio ambiente, publicada el 22 febrero 1997(1), la Comisión recibió 312 solicitudes de subvención, 21 de las cuales fueron presentadas por organizaciones griegas. Se seleccionaron 59 propuestas.

De las propuestas griegas no se pudo seleccionar ninguna por no cumplir todos los criterios de elegibilidad publicados en el Diario Oficial, que son: la elección de los temas prioritarios enumerados en el punto 2 de la convocatoria; la importancia del efecto multiplicador de la actividad propuesta a escala europea (en principio, en los proyectos deberán participar socios de tres Estados miembros de la UE como mínimo); el compromiso duradero de los socios con respecto a la protección del medio ambiente; la capacidad de demostrar una cooperación efectiva y equilibrada entre todos los socios; el compromiso de garantizar una amplia difusión de los resultados del proyecto, y la calidad de la relación coste-beneficio y el grado de participación de los demás socios.

(1) DO C 53 de 22.2.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-1086/98

de Dietrich Elchlepp (PSE) a la Comisión

(7 de abril de 1998)

Asunto: Distorsiones de la competencia debido a la concesión de subvenciones al aeropuerto de Estrasburgo

El Gobierno francés concede subvenciones con fondos públicos a determinados vuelos a partir del aeropuerto de Estrasburgo. En opinión de los operadores del aeropuerto vecino de Söllingen en Baden-Baden (Alemania), ello provoca distorsiones de la competencia. La autorización concedida por la Comisión en 1995 para la concesión de subvenciones al aeropuerto de Estrasburgo por un período de tres años termina en 1998.

¿Se van a continuar subvencionando vuelos de línea a partir de Estrasburgo? ¿Es verdad que se trata, en la mayoría de los casos, de vuelos no rentables? ¿Es compatible la continuación de las subvenciones después del período de tres años con las disposiciones europeas en materia de competencia?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(29 de mayo de 1998)

El tercer paquete sobre la liberalización del transporte aéreo autoriza a los Estados miembros a imponer obligaciones de servicio público en determinadas líneas que enlazan con aeropuertos periféricos o regionales. En caso de que ninguna compañía aérea anuncie su intención de explotar alguna de estas rutas con arreglo a estas obligaciones, según lo publicado en el Diario Oficial, el Estado miembro en cuestión puede hacer público un anuncio de licitación para seleccionar una compañía que explote la línea durante un período máximo de tres años. La compañía seleccionada tiene derecho a una compensación por el déficit que le supone el cumplimiento de las obligaciones de servicio público.

Las orientaciones para la aplicación de los artículos 92 y 93 del tratado CE al sector de la aviación(1) reconocen la compatibilidad de esta compensación con las normas sobre ayudas estatales.

El mecanismo sobre las obligaciones de servicio público ya ha sido aplicado por los Estados miembros en varias ocasiones. En 1995, Francia impuso obligaciones en cuanto a frecuencia y capacidad en una serie de rutas que partían de Estrasburgo. En vista de la evolución del mercado, Francia decidió, en diciembre de 1997, mantener las obligaciones sólo para cinco líneas que partían de Estrasburgo. La Comisión publicó el correspondiente anuncio de licitación con arreglo a las disposiciones aplicables de la legislación comunitaria(2).

La Comisión carece de datos exactos sobre la rentabilidad de estas líneas.

(1) DO C 350 de 10.12.1994.

(2) DO C 385 de 19.12.1997.