ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/572

(2004/C 78 E/0606)

PREGUNTA ESCRITA E-3520/03

de Rijk van Dam (EDD) a la Comisión

(25 de noviembre de 2003)

Asunto: Informe especial no 4/2003 del Tribunal de Cuentas sobre el desarrollo rural: apoyo a las zonas desfavorecidas

En su respuesta al apartado 78 del Informe especial, la Comisión Europea afirma que antes de finales de 2003 presentará un análisis global de las repercusiones del régimen de apoyo a las zonas desfavorecidas (1).

1. ¿Ha llevado a cabo la Comisión una evaluación global de las repercusiones del apoyo a las zonas desfavorecidas en las últimas décadas? En caso afirmativo, ¿cuándo se transmitirá este informe de evaluación al Parlamento Europeo? En caso negativo, ¿por qué no se ha efectuado todavía esa evaluación?

2. ¿Utiliza o podrá utilizar la Comisión, para estas evaluaciones, la información y evaluaciones facilitadas por los Estados miembros y por los Tribunales de Cuentas nacionales o regionales sobre el apoyo a las zonas desfavorecidas? ¿Está dispuesta la Comisión a facilitar un resumen de los informes recibidos?

3. ¿Qué garantías tiene la Comisión de que las evaluaciones y los informes proporcionados por los Estados miembros son exhaustivos y fiables? ¿Se trata de datos que puedan someterse a una comparación entre los distintos Estados miembros?

4. Se espera que los requisitos de condicionalidad pasen a desempeñar un papel importante en la Política Agrícola Común. La forma en que se han incorporado estos requisitos, por ejemplo, las «buenas prácticas agrícolas», en el régimen de apoyo a las zonas desfavorecidas es insuficiente, debido, en particular a la vaguedad y ambigüedad de los conceptos y normas utilizados. ¿De qué manera y cuándo considera la Comisión que podrá resolver estas discrepancias?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(26 de enero de 2004)

1. y 2. Para el período actual de programación del desarrollo rural, los Estados miembros debían presentar una evaluación intermedia, en la que se incluyera la medida «zonas desfavorecidas» antes de que finalizase el año 2003, como ha sido el caso para la casi totalidad de los programas. En 2004 se dispondrá de una síntesis a escala comunitaria. También aportarán datos a este respecto la actualización de la evaluación intermedia, la evaluación posterior y una evaluación específica de las zonas desfavorecidas. Actualmente, la Comisión dispone de la evaluación correspondiente al período de programación anterior (1994 a 1999). En dicha evaluación, realizada a escala comunitaria, se analizó el cumplimiento de los objetivos políticos, definidos en los reglamentos pertinentes, mediante los informes nacionales de evaluación posterior, que se utilizaron para fundamentar e ilustrar el análisis. El informe final, titulado «evaluación de las medidas del Reglamento (CE) no 950/97 (2) para la mejora de las estructuras agrarias», pone de relieve los siguientes puntos sobre la compensación: — El régimen de apoyo a las zonas desfavorecidas ha alcanzado claramente su objetivo de compensación de las desventajas naturales sobre los costes de producción. — No obstante, la ausencia de una definición común uniforme del apoyo a las zonas desfavorecidas puede ser un factor que explique la compensación insuficiente en algunas zonas desfavorecidas y la compensación excesiva en algunas zonas donde la desventaja sea pequeña, o incluso insignificante, respecto de las zonas que no se consideran desfavorecidas dentro del Estado miembro de que se trate.

3. La calidad de las evaluaciones realizadas a escala nacional está garantizada por la aplicación de normas comunes en la materia que indican cómo deben efectuarse las evaluaciones y cuál debe ser su contenido (artículos 54 a 57 del Reglamento (CE) no 445/2002 (3) de la Comisión). Dichas normas imponen, por otra parte, la redacción de preguntas de evaluación comunes y una estructura común para la elaboración de los informes.

4. En virtud del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1782/2003 (4) del Consejo, los Estados miembros deben establecer, de aquí al 1 de enero de 2005, a escala nacional o regional, los requisitos mínimos de las buenas condiciones agrarias y medioambientales sobre la base del anexo IV, atendiendo a las características específicas de las superficies de que se trate, en particular las condiciones climáticas y del suelo. Esas normas permitirán facilitar la aplicación de las buenas prácticas agrícolas definidas en el artículo 29 del Reglamento (CE) no 445/2002, que comprenden, como mínimo, el cumplimiento de los requisitos generales obligatorios en materia de medio ambiente.

(1) DO C 151 de 27.6.2003, p. 23.

(2) Reglamento (CE) no 950/97 del Consejo de 20 de mayo de 1997 relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, DO L 142 de 2.6.1997.

(3) Reglamento (CE) no 445/2002 de la Comisión, de 26 de febrero de 2002, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), DO L 74 de 15.3.2002.

(4) Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001, DO L 270 de 21.10.2003.