PREGUNTA ESCRITA E-1083/00

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(7 de abril de 2000)

Asunto: Embalse de Caldas, Cuntis y Moraña (Galicia, España)

La Xunta de Galicia ha autorizado la construcción de un embalse en el río Umia. El estudio de impacto ambiental aprobado por la Xunta presenta graves irregularidades. Gran parte de su contenido es copia textual de otro estudio elaborado para la Presa de Sanlúcar (Andalucía), con referencias a municipios andaluces y a especies de aves andaluzas que no existen en Galicia.

Por esta razón, se presentó contra sus autores tres altos cargos de la Xunta de Galicia una querella por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y delito ambiental, a la vista de la resolución dictada por el Defensor del Pueblo.

La razón principal aducida por la Xunta de Galicia para justificar ante la opinión pública la construcción del embalse ha sido la necesidad de abastecer de agua a la población de la Comarca del Salnés. Para ello, la Xunta ha falsificado las previsiones de población para el año 2000 en la Comarca del Salnés, triplicando fraudulentamente los datos correspondientes a los Ayuntamientos de O Grove, Sanxenxo y Villagarcía.

En un informe elaborado por el profesor Díaz Fierro y por el hidrólogo Álvarez Enjo, de la Universidad de Santiago, se afirma que Técnicamente el embalse está diseñado para aprovechamiento hidroeléctrico y no para abastecimiento de agua. La mejor prueba de ello es que la Xunta acaba de autorizar la instalación de dos centrales hidroeléctricas en el río Umia, una a pie de presa y otra más abajo, desviando su cauce y perjudicando al paraje natural de los Molinos y la Cascada de Segade. La propia Memoria del proyecto reconoce otros daños: aparición de parásitos, pérdida de expectativas turísticas, daños irreversibles en la fauna y flora, pérdida del paisaje debido a la instalación de las centrales y del tendido eléctrico de alta tensión, etc.

Según la Coordinadora Anti-Embalse de Caldas, Cuntis y Moraña, el proyecto está plagado de irregularidades (falta el requisito de utilidad pública, las actas de ocupación de los terrenos, los estudios sobre necesidades de agua, los estudios geotécnicos sobre la afección en las aguas termales). El embalse también destruiría la riqueza piscícola e hídrica del río Umia y arruinaría el potencial turístico de tres municipios con gran expectativa de turismo termal.

¿Podría la Comisión verificar la validez del estudio de impacto ambiental presentado por la Xunta?

¿Podría la Comisión valorar la justificación aducida para la construcción del embalse, a la vista de los daños causados al entorno paisajístico, turístico y medioambiental de la comarca?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(18 de mayo de 2000)

La Comisión tuvo conocimiento de los hechos a que se refiere Su Señoría, en relación con la construcción de un embalse en el río Umia, próximo al municipio de Caldas de Reis (Galicia), a través de la petición 79/98 de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y de la pregunta escrita 1824/99 del Sr. Nogueira Román(1).

La Comisión abrió un expediente por propia iniciativa, registrado con la referencia B-1999/2271. Como parte de la instrucción de dicho expediente, la Comisión se dirigió a las autoridades españolas para solicitarles sus observaciones acerca del proyecto arriba citado y del estudio de impacto ambiental efectuado. La Comisión acaba de recibir la respuesta de las autoridades españolas y la está examinando a la luz de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(2).

Es preciso señalar que la zona prevista para el citado embalse no aparece clasificada por las autoridades españolas como zona de protección especial para las aves, de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres(3). Tampoco se trata de una zona que la comunidad científica considere zona de importancia para las aves, según el inventario de 1998 elaborado para la Comisión por expertos nacionales y Birdlife. Además, las autoridades españolas no han incluido dicha zona en su lista nacional de lugares de interés comunitario que pueden integrarse en el futuro en la red Natura 2000, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(4). Por tanto, desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza, este caso parece ser competencia exclusiva de las autoridades nacionales y regionales españolas.

En cualquier caso, la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, tomará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Derecho comunitario en este caso.

(1) DO C 225E de 8.8.2000, p. 25.

(2) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(3) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(4) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.