PREGUNTA ESCRITA E-2689/96 de Florus Wijsenbeek (ELDR) a la Comisión (15 de octubre de 1996)

Asunto: Traspaso de competencias en materia de recuperación

En caso de que no se sepa dónde se ha cometido la infracción o irregularidad que ha dado lugar a la deuda de los derechos de importación, y el Estado miembro de partida, de conformidad con la disposición ficticia del apartado 3 del artículo 378 del reglamento de aplicación del Código Aduanero Comunitario, haya procedido al cálculo, a la contabilización y a la notificación de la deuda aduanera en aplicación de las disposiciones de los artículos 217 y 221 del Código Aduanero Comunitario, ¿podrá hablarse de «recaudación» en el sentido del apartado 3 del artículo 378?

¿Altera de alguna forma la respuesta a la pregunta anterior el hecho de que se haya concedido al contribuyente la facilidad de pago que se especifica en el artículo 224 del Código (aplazamiento del pago)?

En caso de que se transfieran las competencias en materia de recuperación al Estado miembro en el que se ha cometido efectivamente la irregularidad, ¿el procedimiento que debe iniciar ese Estado miembro se aplicará tanto en el ámbito de la imposición como en el de la recuperación de conformidad con el Derecho vigente en ese Estado miembro?

¿Puede indicar la Comisión si, y en qué medida, el traspaso de competencias en materia de recuperación, así como el procedimiento de recuperación que debe iniciar el Estado miembro de entrada están acompañados de garantías suficientes que aseguren en general y en cualquier circunstancia la seguridad jurídica de los contribuyentes y, en particular, el recurso a un juez independiente, tal como se estipula en el apartado 1 del artículo 243 del Código Aduanero Comunitario?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (15 de noviembre de 1996)

En los casos en que no se ha podido determinar el lugar de la infracción, y de conformidad con las disposiciones de los apartados 1 y 2 del artículo 378 del Reglamento (CEE) no 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario ((DO L 253 de 11.10.1993. )), percibe los derechos y demás gravámenes correspondientes a las mercancías en cuestión el Estado miembro del que depende la oficina inicial donde se haya registrado la declaración T1. A tal fin, éste deberá calcular el importe debido, tenerlo en consideración y notificarlo al principal obligado en el plazo de 11 meses a partir de la fecha de la declaración. Se trata, efectivamente, de una acción de recaudación de los derechos.

Puede suceder que el lugar de nacimiento efectivo de la deuda aduanera se determine posteriormente, pero antes del vencimiento de un plazo de tres años a partir de la fecha de registro de la declaración T1, mientras que los importes pendientes ya se habrán pagado al Estado miembro inicial, de conformidad con las disposiciones de los apartados 1 y 2 del artículo 378 antes citado. En ese caso, como lo prevé el apartado del artículo 378 del Reglamento, el Estado miembro en el cual se hubiera cometido la infracción efectivamente procederá entonces, según las normas nacionales vigentes, a la recaudación de los derechos y demás imposiciones correspondientes a las mercancías, con excepción de los ya percibidos antes de conformidad con el procedimiento de recursos propios de la Comunidad por el Estado miembro del cual dependa la oficina inicial.

Esta situación se justifica por la existencia de una deuda fiscal originada, al mismo tiempo que la deuda aduanera, en el Estado miembro en el cual haya tenido lugar la infracción. No se trata, sin embargo, de una doble imposición puesto que, en cuanto se proporcione la prueba de una recaudación posterior, el Estado miembro inicial reembolsará los derechos y demás imposiciones inicialmente percibidos, con excepción de los percibidos de conformidad con los recursos propios.

La posible concesión de una prórroga de pago tal como se establece en el artículo 224 del Código Aduanero Comunitario no tiene ninguna incidencia sobre lo que precede.

Por otra parte, y dado que cada acción de recaudación debe considerarse como una decisión de las autoridades aduaneras, el interesado podrá beneficiarse plenamente de la protección jurídica normal y de su derecho a un recurso en dos fases, en particular, de conformidad con el artículo 243 del Código Aduanero Comunitario.