PREGUNTA ESCRITA E-1849/99

de Karl von Wogau (PPE-DE) a la Comisión

(13 de octubre de 1999)

Asunto: Publicidad engañosa en la Unión Europea

¿Tiene conocimiento la Comisión de que ciertas empresas escriben cada vez más a las personas mayores para comunicarles que han ganado unos premios que, en realidad, no tienen pensado pagar? Junto con la respuesta debe enviarse un pedido de prueba. Los pedidos de prueba se entregan y se exige su pago. Muchas de esas cartas proceden de Bélgica, los Países Bajos y Austria, lo que dificulta la vía judicial.

¿Qué posibilidades ve la Comisión de actuar contra tales prácticas?

En la carta que se adjunta como ejemplo se advierte que las empresas están organizadas a escala europea. En este caso, la carta se ha franqueado en los Países Bajos y están involucrados un concesionario belga de vehículos y una empresa belga de venta por correspondencia. El destinatario reside en Alemania. Por lo general, el pedido se envía desde un almacén alemán. En tal caso el proveedor puede reclamar judicialmente en Alemania sin problemas el pago del precio del pedido.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(30 de noviembre de 1999)

En el plano civil, las prácticas que denuncia su Señoría pueden entrar en el ámbito de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa(1). Este parece ser el caso planteado, pues la ganancia se anuncia en una promoción de ventas. Esta Directiva ha sido ya incorporada en todos los Estados miembros y, por consiguiente, son aplicables las disposiciones nacionales vigentes. Es interesante subrayar que, en algunos países de la Unión, la sanción que se prevé consiste simplemente en dar al consumidor la ganancia prometida, sin ninguna otra condición. Desde el punto de vista penal, sólo es aplicable el Derecho nacional.

Por otro lado, ha de señalarse que, en el futuro, a raíz de la adopción de la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 1998 relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores(2), los Estados miembros podrán designar los tribunales o autoridades administrativas competentes para resolver los recursos presentados por organismos públicos independientes encargados específicamente de proteger los intereses colectivos de los consumidores, o por organizaciones que tengan esa misma finalidad, y cuya acción vaya encaminada a conseguir el cese o la prohibición de toda infracción contra las directivas enumeradas en el anexo de la Directiva citada, sin perjuicio de las normas de Derecho internacional privado en lo que respecta a la legislación aplicable. El plazo para que los Estados miembros incorporen esta Directiva es el 31 de diciembre de 2000.

No obstante, los consumidores que deseen denunciar prácticas comerciales supuestamente deshonestas pueden dirigirse a la Red Internacional de Control de la Comercialización (RICC).

Se trata de una red informal compuesta por autoridades encargadas de aplicar las leyes relativas a las prácticas comerciales de más de dos decenas de países, de los que la mayor parte son miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Su mandato es difundir información sobre aquellas actividades comerciales que pueden afectar a los intereses de los consumidores, y estimular la colaboración internacional entre las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes.

En 1999, los miembros europeos de la RICC (entre ellos, todos los Estados miembros) han creado el subgrupo RICC-Europa, en el cual participa la Comisión representada por la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores. Para ponerse en contacto con la RICC puede utilizarse el sitio http://www.ari.net/imsn, donde pueden encontrarse las direcciones a las que dirigirse en cada Estado miembro.

(1) DO L 250 de 19.9.1984.

(2) DO L 166 de 11.6.1998.