PREGUNTA ESCRITA E-2773/00

de Carl Lang (TDI) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Democracia en Polonia

Más de diez años después de la caída del muro de Berlín, en Polonia, los antiguos opositores a la dictadura comunista siguen siendo víctimas de persecución política y discriminación, en

particular en lo que se refiere a sus derechos sociales. El caso del Sr. Danilowicz, residente actualmente en Francia, a quien no se le reconocen los derechos a pensión en Polonia, caso que en su momento se presentó al Presidente de la Comisión, Jacques Delors, es un ejemplo aislado. Al mismo tiempo, se constata que los antiguos responsables de procesos arbitrarios e incluso ejecuciones sumarias no sólo no han sido juzgados sino que continúan ocupando cargos importantes en el ámbito político y económico.

La Comisión afirmó en reiteradas ocasiones que velaría atentamente por el respeto de los derechos humanos durante todo el proceso de adhesión de los países de la Europa oriental.

1. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión ante el actual Gobierno de Polonia para que ponga fin a estas discriminaciones y persecuciones?

2. ¿Velará la Comisión por que, antes de la adhesión de los PECO, los criminales comunistas responsables de delitos contra su propio pueblo sean no sólo juzgados sino también privados de toda influencia económica y política en dichos países?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(17 de octubre de 2000)

La Comisión confirma que presta una atención especial al respeto de los derechos humanos, sobre todo en el marco del proceso de adhesión de los países de Europa Central y Oriental.

Los asuntos relacionados con este tema se tratan en sus informes regulares sobre los países candidatos, y la Comisión se esfuerza en evaluar las informaciones procedentes de todo tipo de fuentes, en particular de las organizaciones nacionales e internacionales especializadas en la materia.

En este contexto, la Comisión constata que durante los diez últimos años, desde que se instauraron en Polonia estructuras democráticas, el Gobierno polaco, además de la recuperación económica y los esfuerzos realizados para adaptarse a las exigencias del acervo comunitario con vistas a una futura adhesión, se interesa especialmente por las actividades del régimen socialista anterior, la República Popular de Polonia. Esto se traduce en la revisión de algunas sentencias o en la persecución judicial de los autores de actos represivos cometidos en el pasado.

La Comisión observa también que el Gobierno polaco, a través de la legislación Lustracja, procede actualmente a un examen en profundidad del pasado de los candidatos, sobre todo a los puestos administrativos, para averiguar si han colaborado con los servicios de seguridad.

Teniendo en cuenta que los casos concretos deben ser juzgados en primera instancia por los tribunales nacionales y que la Comisión no tiene competencias en este ámbito, su poder de intervención es limitado.

El papel de la Comisión, dadas las circunstancias, es velar por que se adopten disposiciones nacionales para garantizar el buen desarrollo de estos procesos. Se sentarán así las bases para que puedan cumplirse antes de la adhesión los criterios exigidos por la Comunidad y expresados, en particular, en el apartado 1 del artículo 6 y el artículo 49 del Tratado de Amsterdam.

Se desprende de lo anterior que las medidas que puede adoptar la Comisión son más bien de apoyo a la instauración de estructuras. Por ejemplo, la Comisión pone a disposición de las autoridades polacas una importante asistencia técnica a través de expertos nacionales de los Estados miembros, junto con importantes medidas de apoyo logístico.