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PREGUNTA ESCRITA E-1760/00

de Joaquim Miranda (GUE/NGL) a la Comisión

(31 de mayo de 2000)

Asunto: Calidad del agua destinada al consumo humano en las Açores

Al parecer, la Comisión habría pedido a las autoridades portuguesas la adopción de medidas encaminadas a garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias relativas a la calidad del agua destinada al consumo humano en las Açores, como consecuencia de una investigación realizada en dicho archipiélago, que reveló el incumplimiento de la Directiva 80/778/CEE(1) del Consejo.

1. ¿Puede confirmar la Comisión cuanto antecede?

2. En caso afirmativo, ¿puede la Comisión

- aclarar el número y los términos de las advertencias enviadas a las autoridades portuguesas, tanto nacionales como regionales, sobre el asunto de que se trata,

- dar a conocer el contenido del dictamen remitido a las autoridades portuguesas, y

- hacer saber qué curso piensa dar a este asunto?

(1) DO L 229 de 30.8.1980, p. 11.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(11 de julio de 2000)

La Comisión confirma a Su Señoría que, en repetidas ocasiones, ha solicitado al Gobierno portugués que tome las medidas necesarias para aplicar, en la Región Autónoma de las Azores, la Directiva 80/778/CEE de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano(1).

La Comisión quisiera informar a su Señoria que, como manifestó en el comunicado de prensa de 12 de mayo de 2000, al Gobierno portugués le fue enviado, en el marco del procedimiento de infracción no 98/5083, un dictamen circunstanciado acerca de la no adopción de las medidas necesarias por parte de las autoridades regionales para la aplicación de la Directiva 80/778/CEE en esta Región Autónoma y de la inobservancia de los límites previstos en dicha Directiva para el agua destinada al consumo humano en el municipio de Ribeira Grande.

La Comisión quisiera hacer hincapié a Su Señoría en la importancia que reviste la correcta aplicación de las directrices relativas a la calidad del agua de consumo humano, y en que, por lo tanto, no dejará de utilizar todos los medios a su alcance, entre ellos el citado procedimiento de infracción, para exigir que las autoridades portuguesas adopten las medidas necesarias para una correcta aplicación de la Directiva 80/778/CEE en la región autónoma de las Azores.

(1) DO L 229 de 30.8.1980, cuya última modificación la constituye la del DO L 224 de 3.9.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-1790/00

de Mauro Nobilia (UEN) a la Comisión

(8 de junio de 2000)

Asunto: Reconocimiento recíproco entre cajas de la construcción

El artículo 37 de la Ley italiana no 109/94 preveía un acuerdo entre cajas de la construcción, que se habría de celebrar antes del 5 de marzo de 1995, en virtud del cual los interlocutores sociales interesados se comprometían a favorecer la movilidad de los trabajadores mediante el reconocimiento recíproco de las cotizaciones abonadas por los trabajadores a las distintas cajas de la construcción.

En ausencia de acuerdo, el mencionado artículo disponía el reconocimiento recíproco automático (entre cajas de la construcción) de todos los derechos, pagos, indemnizaciones y prestaciones correspondientes a los trabajadores afiliados a dichas entidades.

La Ley no 415/98 modificó la mencionada Ley con la concesión de una prórroga, hasta el 16 de mayo de 1999, para la celebración del acuerdo de reciprocidad.

Durante el tiempo transcurrido entre las dos mencionadas leyes, las confederaciones generales de la artesanía de Cerdeña y de Sicilia constituyeron, junto con la UGL, confederación de sindicatos, dos cajas de la construcción artesanas regionales, que reconocen a los trabajadores afiliados unos derechos idénticos a los de las demás cajas de la construcción, en aplicación estricta de todas las normas previstas por los convenios colectivos nacionales de trabajo del sector.

El 18 de diciembre de 1998, por iniciativa del Ministerio de Trabajo, la ANCE (asociación nacional de constructores), las confederaciones generales de la artesanía y los sindicatos CGIL, CILS y UIL suscribieron el acuerdo previsto en su momento por la Ley 109/94, del que quedaron excluidas la UGL y las mencionadas confederaciones de la artesanía regionales.

En julio de 1999, el Subsecretario Viviani volvió a convocar a las partes mencionadas y confirmó la exclusión de la UGL y de las confederaciones de la artesanía de Cerdeña y Sicilia.

El 9 de septiembre de 1999, tras las reuniones anteriormente mencionadas, se estipuló otro acuerdo en el que el Ministerio de Trabajo tomó nota del consiguiente compromiso de las organizaciones que no hubieran suscrito el protocolo de 18 de diciembre de 1998 de proceder a completar con una normativa análoga la aplicación de la reciprocidad de los respectivos organismos paritarios antes del 30 de septiembre de 1999.

Hasta ahora, no resulta que se haya convocado a la UGL ni a las confederaciones de la artesanía de Cerdeña y Sicilia.

Visto lo que antecede, ¿puede la Comisión:

- averiguar si los hechos expuestos son ciertos;

- intervenir, si procede, ante el Ministerio italiano de Trabajo, para eliminar la posible discriminación y la competencia ilícita que se crearían debido a la imposibilidad, para los excluidos, de recibir las indispensables declaraciones liberatorias de regularidad de las cotizaciones, previstas por la Ley 415/98?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(19 de julio de 2000)

No es competencia de la Comisión tratar el tema planteado, que compete únicamente a las autoridades nacionales responsables.
PREGUNTA ESCRITA E-1956/00

de Nuala Ahern (Verts/ALE) a la Comisión

(16 de junio de 2000)

Asunto: Afiliación profesional y currículum vitae de los miembros del grupo de expertos para las cuestiones relacionadas con la energía atómica

¿Puede la Comisión presentar una lista con los actuales miembros del grupo de expertos para las cuestiones relacionadas con la energía atómica, junto con su afiliación profesional y su currículum vitae, e indicar si se ha estudiado la posibilidad de designar a miembros cualificados de ONG en dicho grupo y de alentar a los Estados miembros a hacer recomendaciones en ese sentido?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(24 de julio de 2000)

El Grupo de cuestiones atómicas es un grupo de trabajo formado por representantes de los Estados miembros y su misión consiste en preparar las decisiones del Consejo en el sector nuclear. La composición de dicho Grupo es competencia exclusiva del Consejo, al que corresponde, por tanto, responder a la pregunta formulada por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-1438/00

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(10 de mayo de 2000)

Asunto: Transposición de recomendaciones del ICCAT

La reunión del ICCAT de Santiago de Compostela en 1988 adoptó una recomendación por la que se acuerda limitar la mortalidad por pesca del atún blanco o bonito del norte como máximo al nivel actual puesto que se reconoce que se trata de una especie muy próxima a la plena explotación. Se situaría la capacidad de pesca al nivel de los últimos años, limitando el número de buques a la media de los buques que operaron en el período 1993-1995.

Pese a haber sido la Comunidad la que impulsó esta propuesta, al no haberla transpuesto a la normativa comunitaria, ha incumplido la citada recomendación. Ello condujo a que en la reunión de ICCAT en Río de Janeiro la Comisión tuviera que insistir en la aplicación de la recomendación ya adoptada.

¿Está en curso la transposición de esta norma de ICCAT a la normativa comunitaria? ¿Puede la Comisión asegurar el cumplimiento de dicha norma de ICCAT para el año 2000?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(15 de junio de 2000)

La Comisión está en vías de adopción de una propuesta de Reglamento por el que se establecen medidas técnicas en relación con las poblaciones de peces altamente migratorias, que incluye disposiciones sobre la aplicación de la recomendación del Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT) relativa a la limitación de la capacidad de las flotas en la pesca de atún blanco.

Además, con objeto de empezar a aplicar la medida mencionada en 2000, antes incluso de la adopción formal del citado Reglamento del Consejo, la Comisión ha enviado una carta a los Estados miembros interesados en la que solicita que faciliten la información necesaria para proceder a dicha aplicación. Basándose en la información remitida por los Estados miembros, la Comisión está procediendo a aplicar la limitación del número de buques tal como establece el ICCAT.
PREGUNTA ESCRITA P-2422/00

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la Comisión

(11 de julio de 2000)

Asunto: Trabas a la circulación de mercancías entre España y Portugal

Los incidentes protagonizados recientemente por pescadores y comercializadores portugueses en la localidad de Matosinhos, impidiendo la venta de sardina procedente de España, constituye un grave atentado contra las libertades fundamentales comunitarias y, especialmente, contra la libertad de circulación de mercancías entre dos Estados miembros.

A efectos de garantizar a los damnificados el normal desarrollo de su actividad profesional, parece necesario y urgente que la Comisión Europea intervenga ante las Autoridades portuguesas.

¿Puede manifestar la Comisión si ha emprendido ya alguna acción al respecto? En caso afirmativo, ¿puede informar de qué tipo y con qué resultados? ¿Qué gestiones piensa realizar en caso de no haberlo hecho todavía? ¿Puede la Comisión mantener informado a este Diputado de sus gestiones y resultados?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(28 de julio de 2000)

Habiendo comunicado las autoridades españolas a la Comisión, con arreglo al Reglamento (CE) no 2679/98 del Consejo de 7 de diciembre 1998 sobre el funcionamiento del mercado interior en relación con la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros(1), los hechos expuestos por Su Señoría, la Comisión puso en marcha el procedimiento de alerta previsto en el artículo 3 de este Reglamento. En este marco, ésta solicitó a las autoridades portuguesas una confirmación de los hechos y la aprobación de las medidas necesarias y proporcionadas para garantizar la libre circulación de mercancías. Las autoridades portuguesas respondieron dentro de los plazos prescritos facilitando toda la información solicitada sobre los hechos y mencionando la aprobación y puesta en marcha de medidas como el refuerzo de la dotación policial in situ y la celebración de reuniones ad hoc con las partes interesadas con el fin de prevenir nuevos incidentes. La información intercambiada fue remitida a los otros Estados miembros.

Habida cuenta de los resultados positivos obtenidos como consecuencia de la aplicación del procedimiento de alerta, es decir, una rápida vuelta a la normalidad, la Comisión no ha considerado oportuno incoar el procedimiento de notificación previsto en el artículo 5 del Reglamento no 2679/98.

(1) DO L 337 de 12.12.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-2266/00

de Nirj Deva (PPE-DE) a la Comisión

(7 de julio de 2000)

Asunto: Estados ACP

¿Qué grado ocupan en el escalafón los trabajadores a tiempo completo, sin excepción, de cada una de las oficinas de la UE en los Estados ACP?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2265/00, E-2266/00, E-2267/00 y E-2268/00 dada por el Sr. Patten en nombre de la Comisión

(28 de agosto de 2000)

La Comisión envía la información solicitada directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-1158/00

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(11 de abril de 2000)

Asunto: Libro Blanco sobre seguridad alimentaria y Organismo alimentario europeo

En enero de 2000 se publicó el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria (COM(1999) 719 final). El capítulo 4 del mismo trata de la creación de un Organismo alimentario europeo (OAE), y el capítulo 5, de la legislación relativa a la seguridad alimentaria.

Es necesario examinar si debe dotarse a la Comisión de competencias adicionales para los casos de incumplimiento de la legislación comunitaria (apartado 94). Ello permitiría a la Comisión adoptar con rapidez las medidas que resulten necesarias.

1. ¿Qué competencias adicionales son necesarias, a juicio de la Comisión, para que pueda tomar medidas con mayor rapidez durante el seguimiento de las inspecciones?

2. ¿Se han elaborado propuestas concretas en relación con estas competencias adicionales? En caso afirmativo, ¿cuáles son los rasgos principales de tales propuestas? En caso negativo, ¿cuándo dispondrá la Comisión de propuestas concretas relacionadas con las competencias adicionales deseadas?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1122/00, E-1127/00, E-1128/00, E-1140/00, E-1141/00, E-1142/00, E-1143/00, E-1144/00, E-1145/00, E-1146/00, E-1147/00, E-1148/00, E-1150/00, E-1151/00, E-1152/00, E-1153/00, E-1155/00, E-1156/00, E-1157/00, E-1158/00, E-1160/00, E-1161/00 y E-1162/00 dada por el Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(9 de junio de 2000)

Se están examinando los diferentes asuntos planteados por Su Señoría con vistas a presentar propuestas de legislación de conformidad con los períodos de tiempo previstos en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria.

No sería pertinente en este momento dar a conocer información detallada sobre cada propuesta.
PREGUNTA ESCRITA E-1677/00

de Jillian Evans (Verts/ALE) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Ciudadanía de los Estados miembros

Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de nacionalidad británica de 1981, en la que se establece que la ciudadanía se transmite a los descendientes tanto por línea masculina como femenina, las normas sobre nacionalidad en el Reino Unido se basaban en el principio de que la nacionalidad únicamente podía transmitirse por vía paterna. Se decidió que los niños nacidos en el extranjero de ciudadanas británicas antes de la entrada en vigor de la Ley de nacionalidad británica de 1981 no obtendrían automáticamente la nacionalidad británica. Los hijos nacidos en el extranjero de varones británicos antes de la entrada en vigor de la Ley de nacionalidad británica de 1981, sin embargo, poseen de pleno derecho la ciudadanía británica.

¿No considera la Comisión que la decisión del Gobierno del Reino Unido de no aplicar la ley retroactivamente vulnera los derechos de las mujeres británicas? ¿Qué medidas puede adoptar la Comisión para resolver tal situación?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(26 de julio de 2000)

La Comisión quiere señalar que los asuntos referentes a la nacionalidad de un Estado miembro se resuelven atendiendo únicamente al Derecho nacional del Estado miembro en cuestión. Así se especificó en la Declaración no 2 sobre nacionalidad aneja al Tratado de la Unión Europea(1) y también ha sido confirmado por el Tribunal de Justicia en el asunto Micheletti(2).

Como éste es un asunto interno, la Comisión no puede hacer observaciones respecto al supuesto carácter discriminatorio de la Ley de nacionalidad británica de 1981.

Por las razones mencionadas anteriormente, no corresponde a la Comisión tomar medida alguna en este ámbito.

(1) DO C 191 de 29.7.1992.

(2) Asunto C-369/90, Rec. 1992, p. I-4239.
PREGUNTA ESCRITA E-3042/00

de Andre Brie (GUE/NGL) a la Comisión

(28 de septiembre de 2000)

Asunto: Créditos comunitarios: información sobre la cuantía de las ayudas destinadas a Mecklemburgo-Pomerania Occidental en 1999

¿Por qué importes y con cargo a qué proyectos y fondos se destinaron en 1999 créditos comunitarios en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, con referencia, en particular:

1. al Fondo de Desarrollo Regional (FEDER),

2. al Fondo Europeo de Orientación de Garantía Agrícola (FEOGA), en sus dos secciones,

3. al Fondo Social Europeo,

4. a los programas comunitarios de investigación,

5. a los programas comunitarios en el ámbito de la energía,

6. a los programas comunitarios de medio ambiente,

7. a los programas comunitarios en el ámbito de los transportes,

8. a los programas comunitarios en los ámbitos de la educación y la juventud,

9. a los programas comunitarios en el ámbito de la sanidad,

10. a los programas comunitarios en el ámbito de la política social,

11. a los programas de las ONG,

12. a los programas culturales,

13. a los programas desarrollados en el marco de la cooperación con terceros países (PECO, CEI),

14. a los programas de hermanamiento de ciudades

15. y a otros programas comunitarios?

¿Cómo valora la UE el éxito de las acciones financiadas con estos créditos?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(6 de octubre de 2000)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-1691/00

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: La actitud de la Comisión hacia la prohibición de practicar el boxeo profesional en Suecia

¿Ha examinado la Comisión la prohibición de practicar el boxeo profesional en Suecia? ¿No supone una violación de la libertad de circulación en el mercado interior?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de julio de 2000)

La Comisión desea informar a Su Señoría de que ha tenido la oportunidad de estudiar la compatibilidad de la prohibición del boxeo profesional en Suecia con el principio de libertad de establecimiento consagrado en el artículo 43 (antiguo artículo 52) del Tratado CE, una de las libertades fundamentales para garantizar la libre circulación en el mercado interior.

De conformidad con este principio, los nacionales de los Estados miembros podrán ejercer una actividad profesional por cuenta propia en las condiciones fijadas por la legislación del Estado miembro de establecimiento para sus propios nacionales.

En este sentido cabe destacar que, a falta de normas comunitarias específicas que organicen una actividad en concreto, cada Estado miembro podrá organizar libremente el ejercicio de una actividad profesional en su territorio (véase, concretamente, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de julio de 1984, en el asunto 107/83, Ordre des Avocats au Barreau de Paris contra Klopp Rec. 1984, p. 2971).

Ahora bien, según la información de que dispone la Comisión, el ejercicio del boxeo profesional no está autorizado, en virtud de una Ley de 1 de enero de 1970, y esta prohibición tiene carácter general, tanto para los nacionales suecos como para los procedentes de otros Estados miembros. Por consiguiente, esta prohibición no puede considerarse contraria al principio de libertad de establecimiento.
PREGUNTA ESCRITA E-1901/00

de Graham Watson (ELDR) y Hartmut Nassauer (PPE-DE) al Consejo

(19 de junio de 2000)

Asunto: Acuerdo entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar y participación en el Reino Unido en algunos aspectos de los acuerdos de Schengen.

En la reunión del Coreper celebrada el 19 de abril, los embajadores de España y del Reino Unido anunciaron la firma de cartas de acuerdo acerca de algunas cuestiones concernientes a Gibraltar que, hasta la fecha, habían impedido llegar a un acuerdo en el Consejo sobre una serie de actos legislativos en el ámbito de la Justicia y los Asuntos Interiores.

Dichas cartas cubren los siguientes sectores:

- la autoridad competente para representar a Gibraltar (buzón en Londres);

- documentos de identidad de Gibraltar;

- cuestiones concernientes a la participación en el acervo de Schengen;

- cooperación policial en el marco del Convenio Schengen.

¿Puede el Consejo informar al Parlamento acerca del contenido de este acuerdo?

¿Accederá ahora el Consejo a la solicitud del Reino Unido de adherirse a algunos aspectos de los acuerdos de Schengen y a la cooperación en materia de políticas de asilo e inmigración de conformidad con el Título IV del Tratado CE?

Respuesta

(10 de octubre de 2000)

Se informa a Sus Señorías de que:

1. El régimen acordado relativo a las autoridades de Gibraltar en el contexto de los instrumentos de la UE y de la CE y tratados conexos se recoge en el documento 7988/00 JAI 45 MI 73, que se remite adjunto al Parlamento Europeo para su información. El documento sólo existe en las versiones originales inglesa y española.

2. El 29 de mayo de 2000 el Consejo acordó solicitar al Reino Unido que participara en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen. La Decisión correspondiente del Consejo se publicó en el Diario Oficial(1).

(1) DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.
PREGUNTA ESCRITA E-1984/00

de Bart Staes (Verts/ALE) al Consejo

(21 de junio de 2000)

Asunto: Participación de funcionarios de la Comisión en las elecciones locales de la Federación Belga

De conformidad con el apartado 1 del artículo 19 del Tratado CE, los ciudadanos de la Unión tienen derecho a ser elector y elegible en la Federación belga.

La Comisión, sin embargo, ha establecido un reglamento interno que hace que para los funcionarios de la misma resulte poco atractivo el presentarse como candidato. En el caso de que estos decidan hacerlo deben tomarse una excedencia de tres meses sin derecho a sueldo.

Esta medida está en abierta contradicción con la preocupación de los ciudadanos comunitarios, y por consiguiente, de los funcionarios de la Comisión, por integrarse en el tejido social de su lugar de residencia. Además, de esta manera, se socava la participación de los funcionarios en el procedimiento local de toma de decisión.

1. ¿Reconoce el Consejo que dicho reglamento es contrario a la preocupación de los ciudadanos comunitarios y, por consiguiente también, de los funcionarios de la Comisión, por integrarse plenamente en el tejido social de su lugar de residencia? En caso afirmativo, ¿pedirá el Consejo a la Comisión que retire el reglamento en cuestión? En caso negativo, ¿de qué manera, según el Consejo, puede conciliarse la obligación de tomarse tres meses de excedencia sin derecho a sueldo con la preocupación de los ciudadanos comunitarios y, por consiguiente también, de los funcionarios de la Comisión, por integrarse en el tejido social de su lugar de residencia?

2. ¿Reconoce el Consejo que semejante reglamento socava de manera fundamental la participación de los funcionarios en el procedimiento local de toma de decisión? En caso afirmativo, ¿recomendará el Consejo a la Comisión que retire el reglamento en cuestión? En caso negativo, ¿de qué manera puede conciliarse la obligación de tener que tomarse tres meses de excedencia sin derecho a sueldo con la preocupación de los funcionarios de la Comisión por participar plenamente en el procedimiento local de toma de decisión?

Respuesta

(28 de septiembre de 2000)

La pregunta que plantea su Señoría se refiere a un reglamento interno de la Comisión. Por eso el Consejo considera que, habida cuenta del respeto de la autonomía organizativa de cada Institución, la pregunta debería ser dirigida a la Comisión.

No obstante, si la normativa mencionada por su señoría fuese el artículo 15 del Estatuto de los Funcionarios, según el cual: el funcionario que sea candidato a cargos públicos electivos deberá solicitar la excedencia voluntaria por un período que no podrá exceder de tres meses, el Consejo hace hincapié en que esta disposición se aplica a los funcionarios de todas las Instituciones y que sólo puede modificarse mediante la modificación del Estatuto, sobre la base del artículo 283 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.