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PREGUNTA ESCRITA E-1103/00

de Paul Lannoye (Verts/ALE) a la Comisión

(7 de abril de 2000)

Asunto: Aplicación de la Directiva 94/62 relativa a los envases

La Directiva 94/62/CE(1) de 20 de diciembre de 1992 relativa a los envases y residuos de envases establece en el apartado 1 del artículo 6 que, a más tardar a los diez años a partir de la fecha de transposición, el porcentaje de residuos de envases que deberá valorizarse y reciclarse será determinado por el Consejo con vistas a incrementar sustancialmente los objetivos mencionados.

Por otra parte, la letra b) del apartado 3 del artículo 6 de esta misma Directiva establece que, a más tardar seis meses antes de finalizar la primera fase de cinco años, el Consejo determinará, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, los objetivos correspondientes a la segunda fase.

¿Cómo es posible que la Comisión no haya formulado aún una propuesta de conformidad con el mandato impuesto en esta materia por la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo?

(1) DO L 365 de 31.12.1994, p. 10.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2000)

La obligación de revisar sustancialmente los objetivos de valorización y reciclado está establecida en el Artículo 6.3(b) y en el Artículo 6.1(c) de la Directiva 94/62/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases, adoptada en 1994. El compromiso alcanzado por el Parlamento y el Consejo tras largas negociaciones en el comité de conciliación consistió en una primera serie de objetivos cuantificados de valorización y reciclado para mediados de 2001 y en un compromiso por parte del legislador comunitario de aumentar estos objetivos significativamente en una segunda fase que finalizará a mediados de 2006.

Son muchas las partes implicadas en la cadena de envasado, incluidos los operadores económicos, los consumidores, las organizaciones medioambientales y las autoridades, que tienen todas intereses muy diferentes. Esto obliga a crear un marco de diálogo que permita adoptar una estrategia equilibrada. No obstante, este proceso está permitiendo a la Comisión evaluar correctamente la situación y desarrollar las soluciones posibles con objeto de hacer más eficaz la Directiva. La Comisión ha presentado a las partes interesadas y a los Estados miembros varias opciones que han sido objeto de debate, pero está todavía estudiando internamente las medidas definitivas que presentará.
PREGUNTA ESCRITA P-1416/00

de Roberto Bigliardo (TDI) a la Comisión

(3 de mayo de 2000)

Asunto: Empresa Telecom Italia Mobile

Considerando que la empresa Telecom cotiza regularmente en Bolsa y se regula por las normas establecidas para las empresas privadas;

Considerando que la empresa SIP, de la cual derivó Telecom Italia, era por el contrario una empresa pública que operaba en régimen de monopolio;

Considerando que el acuerdo alcanzado entre algunos sindicatos y la empresa Telecom supone la intervención directa del Estado italiano, que incurrirá en gastos económicos; considerando que en Italia operan otras empresas en el mismo segmento del mercado que Telecom Italia, empresas que no obstante no gozan de las mismas ayudas económicas que esta última;

¿No considera la Comisión que el acuerdo alcanzado para aplicar el procedimiento de regulación de empleo previsto por Telecom Italia alterará el mercado en perjuicio de los otros operadores o, en otras palabras, que la reestructuración se financiará con dinero público en perjuicio de los nuevos operadores, que no sólo deben afrontar un mercado anteriormente monopolizado, sino que ahora ven que se premia a Telecom Italia con una reorganización que no resulta de ninguna utilidad para la comunidad en su conjunto?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(3 de julio de 2000)

La Comisión no tiene conocimiento de ninguna intervención financiera del Estado en favor de Telecom Italia relacionada con la financiación de parte de los costes del plan de reestructuración de la empresa.

Las medidas de seguridad social, tales como la jubilación anticipada u otros sistemas de desempleo no se destinan exclusivamente a las telecomunicaciones y, por principio, están abiertas a todas las empresas que tengan un personal excedentario significativo. En este sentido no constituyen una medida discriminatoria en virtud del artículo 87 (antiguo artículo 92) del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-1505/00

de Helena Torres Marques (PSE) a la Comisión

(12 de mayo de 2000)

Asunto: Interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad

La Directiva 96/48/CE(1) del Consejo, de 23 de julio de 1996, relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad fijaba como fecha límite para la transposición el 8 de abril de 1999.

¿Podría indicar la Comisión qué países no han llevado a cabo todavía la transposición de esta directiva?

(1) DO L 235 de 17.9.1996, p. 6.

Respuesta de la Sra de Palacio en nombre de la Comisión

(14 de junio de 2000)

La Directiva 96/48/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad establece que a más tardar treinta meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva, los Estados miembros modificarán y adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias con el fin de autorizar el uso de los componentes de interoperabilidad y la puesta en servicio y explotación de los subsistemas que cumplan la presente Directiva.

La directiva, así pues, debía incorporarse al ordenamiento jurídico interno el 8 de abril de 1999.

Hasta el momento, cuatro Estados miembros (Dinamarca, Alemania, Italia y Países Bajos) han comunicado las medidas nacionales de ejecución adoptadas, habiéndose iniciado procedimientos de infracción, con arreglo al artículo 226 (antiguo artículo 169 del tratado CE), contra los Estados miembros que no han incorporado la directiva.
PREGUNTA ESCRITA E-1780/00

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(8 de junio de 2000)

Asunto: Informe Alyssandrakis sobre política espacial

En este informe, aprobado por el Parlamento Europeo el 18 de mayo de 2000, se pide a la Comisión Europea que organice una conferencia en la que participen las potencias espaciales, es decir, la Unión Europea, Rusia, los Estados Unidos, Japón y China, para debatir la cooperación de cara a la construcción de lanzaderas y la creación de un GSSP.

¿Podría señalar la Comisión si tiene intención de responder al llamamiento del Parlamento? En caso afirmativo, ¿cuando tiene pensado hacerlo, aproximadamente?

Respuesta del Sr. Busquin en nombre de la Comisión

(18 de julio de 2000)

Las cuestiones sobre el desarrollo de futuras lanzaderas y la creación de un GSSP no forman parte del actual programa de trabajo de la Comisión. En este momento son los Estados miembros los que se encargan de estos asuntos.

La Comisión está preparando una estrategia europea para el espacio en colaboración con el ejecutivo de la Agencia Espacial Europea (ESA), en respuesta a la petición del Consejo del 2 de diciembre de 1999. Antes de finales de año se presentará al Consejo y al Parlamento una comunicación sobre dicha estrategia.

Las cuestiones anteriores se considerarán parte de la estrategia. Otras discusiones sobre este tema determinarán el posible papel de la Comisión con respecto al asunto que Su Señoría ha planteado.
PREGUNTA ESCRITA E-2146/00

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Leche para la elaboración de productos de confitería

¿Existen restricciones en la Unión Europea a la utilización de leche comunitaria para la elaboración de productos de confitería?

¿Cuál es la situación jurídica de las empresas que intenten especificar a los productores el país o países de la UE de donde debe provenir la leche antes de adquirir dichos productos?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(13 de septiembre de 2000)

La utilización de leche producida en la Comunidad para la elaboración de productos de confitería no está sujeta a restricciones dentro de la Comunidad.

En líneas generales, el Derecho comunitario no se opone a que una empresa que adquiera productos de confitería fabricados a base de leche precise a sus proveedores los Estados miembros de los que debe proceder la leche en cuestión.

Además, en el caso de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida, en el pliego de condiciones de la denominación protegida puede establecerse que la leche deberá proceder de una zona geográfica determinada.
PREGUNTA ESCRITA E-1871/00

de Cristiana Muscardini (UEN) a la Comisión

(9 de junio de 2000)

Asunto: Riesgos del piercing e información

Un culto del cuerpo mal entendido ha difundido entre los jóvenes la moda auto-lesiva del piercing. Algunos países de la Unión han regulado el ejercicio de esta práctica con objeto de garantizar normas de higiene y seguridad. Si no se respetan ciertas normas relativas a los materiales y a los modos de aplicación en algunas partes del cuerpo, los seguidores de esta moda corren graves riesgos, entre los cuales los más frecuentes son las infecciones y la hepatitis.

1. ¿Puede informar la Comisión qué Estados miembros cuentan con una reglamentación en la materia?

2. ¿Podría solicitar a los Estados miembros que no cuentan con dicha reglamentación que la adopten cuanto antes?

3. ¿No considera oportuno proponer campañas de información en las escuelas, destacando los riesgos de esta práctica, con objeto de disuadir a los jóvenes del recurso indiscriminado al piercing?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(26 de julio de 2000)

Actualmente, la práctica del piercing no es objeto en sí misma de ninguna reglamentación comunitaria. No obstante, hace poco ha entrado en vigor la Directiva 94/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 1994 por la que se modifica por duodécima vez la Directiva 76/769/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos(1). Esta Directiva prohíbe utilizar níquel en el piercing, lo cual es importante, ya que un 15 % de las mujeres de la Comunidad son en la actualidad alérgicas a este metal, debido en parte a esa práctica.

La Comisión no dispone de información relativa a reglamentaciones específicas que determinados Estados miembros puedan estar aplicando en la materia, pero realizará una encuesta al respecto entre los países de la Comunidad para determinar si está justificado y es necesario emprender iniciativas a nivel comunitario, y cuáles podrían ser estas iniciativas. La Comisión informará a Su Señoría de los resultados de esta encuesta.

(1) DO L 188 de 22.7.1994.
PREGUNTA ESCRITA E-1952/00

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(16 de junio de 2000)

Asunto: Elegibilidad de las superficies para las ayudas y cantidades de algodón

De acuerdo con el calendario publicado en la página del Parlamento Europeo en Internet, el debate sobre el nuevo reglamento relativo al algodón tendrá lugar el 4 de septiembre de 2000, lo que significa que el nuevo reglamento no podrá aplicarse durante el periodo 2000-2001.

Por tanto, en virtud del reglamento vigente sobre el algodón, no pueden aplicarse limitaciones de superficie a los cultivos de algodón, ni derechos individuales de cultivo, y todas las superficies y cantidades son elegibles para las ayudas, mientras se declaren y controlen:

1. ¿En qué disposiciones reglamentarias se basa el Ministerio de Agricultura de Grecia, para determinar, en relación con cada productor de algodón, la superficie que tiene derecho a cultivar y declarar y por cuya producción, exclusivamente, percibirá ayudas?

2. ¿Habrá durante el periodo 2000-2001, superficies y cantidades de algodón elegibles y no elegibles, sobre la base de las medidas adoptadas por Grecia, cuando esto no está previsto en el reglamento vigente?

3. ¿Con qué procedimiento se concederán ayudas por la producción de superficies que el Ministerio de Agricultura griego considera no elegibles, invocando disposiciones del nuevo reglamento que aún no se ha debatido ni aprobado por las instituciones de la UE, mientras que en virtud del reglamento vigente este producto tiene derecho a ayudas?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(27 de julio de 2000)

Ninguna disposición de la normativa comunitaria en vigor prevé restricciones en lo que se refiere a las superficies que pueden destinarse al cultivo de algodón.
PREGUNTA ESCRITA E-1140/00

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(11 de abril de 2000)

Asunto: Libro Blanco sobre seguridad alimentaria y Organismo alimentario europeo

En enero de 2000 se publicó el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria (COM(1999) 719 final). El capítulo 4 del mismo trata de la creación de un Organismo alimentario europeo (OAE), y el capítulo 5, de la legislación relativa a la seguridad alimentaria.

La legislación vigente adolece de falta de coherencia. Según la Comisión, es necesario revisar la legislación alimentaria (apartado 64). Algunos observadores señalan que la actual legislación en esta materia se ha establecido en gran parte como reacción frente al mercado único. Una revisión de la legislación debe basarse en principios inequívocos.

¿Está dispuesta la Comisión a elaborar una legislación comunitaria general en materia alimentaria que abarque la totalidad de la cadena alimentaria? En caso negativo, ¿por qué razón y sobre la base de qué argumentos rechaza la Comisión el establecimiento de una legislación general en materia alimentaria? En caso afirmativo, ¿cuándo puede hacerse realidad una legislación de la Unión Europea para este ámbito?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1122/00, E-1127/00, E-1128/00, E-1140/00, E-1141/00, E-1142/00, E-1143/00, E-1144/00, E-1145/00, E-1146/00, E-1147/00, E-1148/00, E-1150/00, E-1151/00, E-1152/00, E-1153/00, E-1155/00, E-1156/00, E-1157/00, E-1158/00, E-1160/00, E-1161/00 y E-1162/00 dada por el Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(9 de junio de 2000)

Se están examinando los diferentes asuntos planteados por Su Señoría con vistas a presentar propuestas de legislación de conformidad con los períodos de tiempo previstos en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria.

No sería pertinente en este momento dar a conocer información detallada sobre cada propuesta.
PREGUNTA ESCRITA E-2137/00

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Estado del proceso de infracción abierto contra España por incorrecta transposición de la Directiva sobre contratos públicos de obras

A principios del pasado mes de marzo, la Comisión Europea hizo pública su intención de otorgar un plazo de dos meses al Reino de España para que las autoridades de dicho país corrigieran las irregularidades que habían motivado la apertura de un expediente de infracción por la incorrecta aplicación de la Directiva 93/37/CEE(1) sobre contratos públicos de obras. Concretamente, la denuncia surgió a raíz del procedimiento seguido para la selección de la empresa encargada de construir un nuevo centro penitenciario en Segovia. Sin embargo, con esta medida, en realidad se ha puesto en cuestión el modelo español de adjudicación de contratos a empresas mercantiles con capital público, modelo que utilizan numerosos Gobiernos autonómicos.

Una vez cumplido el plazo otorgado a las autoridades españolas y dado que no se ha encontrado ninguna referencia a la apertura del proceso en el listado de asuntos españoles pendientes ante el Tribunal de Justicia Europeo (actualizado con fecha de 18.5.00):

¿Podría indicar la Comisión si, efectivamente, ha denunciado a España ante el Tribunal de Luxemburgo por incumplimiento de la Directiva 93/37/CEE y, en caso afirmativo, cuál es el estado de dicho proceso?

¿Ha recibido la Comisión nuevas alegaciones por parte de las autoridades españolas? ¿Podría indicar cuáles?

(1) DO L 199 de 9.8.1993, p. 54.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(7 de septiembre de 2000)

La Comisión decidió el 22 de diciembre de 1999 recurrir al Tribunal de Justicia dentro del procedimiento de infracción abierto contra España a propósito de la licitación convocada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA), que tenía por objeto la ejecución de las obras del centro educativo penitenciario experimental de Segovia.

Esta licitación, que se publicó en la prensa nacional pero no en el Diario Oficial, se convocó sin cumplir lo dispuesto en la Directiva 93/37/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras. Las autoridades

españolas refutan que dicha Directiva se aplique a la SIEPSA, al tratarse ésta de una empresa de capital público sujeta al Derecho privado. Sin embargo, la SIEPSA es una entidad adjudicadora a efectos de la Directiva, por cuanto reúne los requisitos de su artículo 1 y, principalmente, el de haber sido creada para satisfacer necesidades de interés general de naturaleza distinta a la industrial o comercial.

La Comisión tomó la decisión de recurrir al Tribunal de Justicia después de que España respondiese (22 de noviembre de 1999) al dictamen motivado de 25 de agosto de 1999, con argumentos insuficientes para modificar el juicio de la Comisión.

La denuncia se ha presentado recientemente ante el Tribunal de Justicia.
PREGUNTA ESCRITA E-1727/00

de Nuala Ahern (Verts/ALE) a la Comisión

(31 de mayo de 2000)

Asunto: Estudio de los riesgos que para el medio ambiente supondría un accidente de ruptura de contención en determinadas centrales nucleares

¿Qué estudios han llevado a cabo la Comisión, Euratom o los Centros Comunes de Investigación por encargo de la Comisión, para determinar los riesgos que para el medio ambiente supondría un accidente de ruptura de contención en los depósitos de HAL (solución de alta actividad) de las siguientes centrales nucleares:

a) Sellafield (BNFL)

b) Dounreay (UKAEA)

c) La Hague (Cogema)

d) Marcoûle (CEA), y

e) Karlsruhe (KFK)

Respuesta común a las preguntas escritas E-1726/00 y E-1727/00 dada por la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(20 de julio de 2000)

Las instalaciones de almacenamiento de líquidos de gran actividad de Sellafield comenzaron a funcionar en 1955. En relación con la incorporación de concentrados de residuos de gran actividad al vidrio en la planta de vitrificación de Windscale en 1990, en enero de ese año se presentaron

los datos generales requeridos con arreglo al artículo 37 del Tratado Euratom por lo que se refiere a esta planta y la Comisión presentó su correspondiente dictamen. Entre los datos generales se recogían los relativos a un accidente de referencia, en el que se contemplaba la pérdida de refrigeración del contenedor de líquidos de gran actividad. En el mismo se concluía que en el caso de que se produjera una fuga imprevista de este tipo y magnitud, las dosis a que se verían expuestas las poblaciones de Irlanda u otros Estados miembros no serían significativas desde el punto de vista sanitario. La revisión actualizada de la seguridad del almacenamiento de líquido de gran actividad de British Nuclear Fuel Limited (BNFL), en Sellafield, (HM Nuclear Installations Inspectorate, febrero 2000) no incluye información que lleve a reconsiderar esta evaluación.

Es responsabilidad de los Estados miembros correspondientes exigir evaluaciones similares de los tanques de almacenamiento utilizados por la United Kingdom Atomic Energy Authority, Dounreay, Compagnie générale des matières nucléaires, La Haya, Commissariat à l'Energie Atomique, Marcoule y Forschungscentrum, Karlsruhe, con el fin de estimar la potencial exposición de la población y los correspondientes efectos sobre la salud.

Teniendo en cuenta que existen múltiples capas de contención, una brecha en alguna de ellas podría provocar niveles de radiactividad elevados en aguas fluviales o marinas. Parece, por lo tanto, adecuado contemplar las posibles repercusiones sobre el medio ambiente además de sobre el hombre. La Comisión ha iniciado un plan de investigación sobre los efectos en la fauna y flora de la región y el posible daño ecológico y sobre la justificación y metodología necesarias para el establecimiento de una serie de normas de protección, con el fin de garantizar unas normas en materia de calidad medioambiental. Tales normas podrían aplicarse, a continuación, a la valoración de las consecuencias de vertidos incontrolados de residuos líquidos radiactivos.
PREGUNTA ESCRITA E-1294/00

de Eurig Wyn (Verts/ALE) a la Comisión

(19 de abril de 2000)

Asunto: Ayuda europea a las personas afectadas de esclerosis múltiple

¿Podría la Comisión precisar la ayuda europea y/o las posibilidades de apoyo de que se dispone para asistir a las personas afectadas de esclerosis múltiple en una región desventajada del Objetivo no 1 como es Gales?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(25 de mayo de 2000)

West Wales and the Valleys (Gales occidental y los Valles) se han designado como región del objetivo no 1 en el periodo de programación de 2000-2006. A la hora de elaborar el plan de gastos del documento único de programación, la cooperación regional de West Wales and the Valleys ha incluido una serie de medidas (por ejemplo, actividades comunitarias destinadas a la inclusión social) a las que las organizaciones sociales pueden acceder para recibir fondos destinados a grupos tales como las víctimas de la esclerosis múltiple. Sin embargo, cabe señalar que los fondos no pueden utilizarse para el tratamiento de dicha enfermedad, pero sí que pueden obtenerse para formación, rehabilitación y para evitar la discriminación laboral de sus víctimas.

La gestión de las solicitudes para la financiación de proyectos como los arriba mencionados no está a cargo de la Comisión, sino que se ha delegado en las autoridades británicas y, concretamente, en la Asamblea Nacional de Gales y en la oficina de financiación europea de Gales. Por tanto, es a estas instancias a las que los grupos interesados deben dirigir sus solicitudes.
PREGUNTA ESCRITA E-1269/00

de Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) a la Comisión

(19 de abril de 2000)

Asunto: Nueva propuesta de Reglamento comunitario sobre el sistema de promoción de productos agrícolas

La Comunidad participa en la financiación de diversos programas de promoción de determinados productos agrícolas, entre otros, el aceite de oliva, las manzanas y los cítricos o las pasas.

La Comisión tiene previsto presentar en breve un proyecto de Reglamento con el fin de armonizar y simplificar el sistema de promoción de productos agrícolas en la Comunidad.

¿Puede indicar la Comisión si ya existe una fecha precisa para la presentación de dicho proyecto de Reglamento?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(12 de mayo de 2000)

No se ha fijado aún una fecha concreta para la presentación de la propuesta de reglamento del Consejo sobre el nuevo régimen comunitario de promoción de los productos agrícolas dentro del mercado interior.

La Comisión está elaborando el proyecto de propuesta.