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PREGUNTA ESCRITA E-3880/02

de Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) a la Comisión

(10 de enero de 2003)

Asunto: Programa comunitario de creación de residencias geriátricas en la Costa del Sol española

La atracción que el clima y las bondades medioambientales de la Costa del Sol española ejerce sobre las personas mayores de nuestros Estados miembros ha provocado un auténtico aluvión de proyectos de creación de residencias geriátricas en la referida zona turística comunitaria.

Por ello, tanto las autoridades concernientes como los expertos en la materia han recomendado la creación de un programa comunitario que tenga en cuenta un desarrollo ordenado de tales residencias geriátricas en la zona costasoleña, para beneficiar al máximo número de personas que elijan retirarse a vivir los últimos años de su vida en el cálido ambiente de dicha zona.

¿Puede indicar la Comisión si estima oportuno promover un programa comunitario de creación de residencias geriátricas en la Costa del Sol española, como forma de favorecer la coordinación de un desarrollo ordenado de las mismas, comenzando por financiar estudios de todo tipo que garanticen el éxito del referido programa comunitario, que habrá de beneficiar a muchos ciudadanos de los Estados miembros que alcancen la tercera edad?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(7 de febrero de 2003)

Las residencias geriátricas y la prestación de asistencia a largo plazo forman parte de los sistemas de protección social, que son responsabilidad de los Estados miembros. La Comisión no tiene previsto promover programas comunitarios para crear residencias geriátricas en ninguna parte de la Unión.
PREGUNTA ESCRITA E-3314/02

de Bill Newton Dunn (ELDR) a la Comisión

(22 de noviembre de 2002)

Asunto: Estudio de los efectos cancerígenos de la fibra mineral vítrea artificial

En virtud de su Directiva 97/69/CE, de 5 de diciembre de 1997, la Comisión se comprometió a evaluar en un plazo cinco años los avances de los conocimientos científicos en materia de fibras de vidrio(1). Este plazo ha expirado ahora. ¿Se conocen los resultados de los ensayos que se hayan realizado para determinar los efectos cancerígenos u otras propiedades de la fibra mineral vítrea artificial? En caso afirmativo, ¿cuáles son estos resultados?

(1) DO L 343 de 13.12.1997, p. 19.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(27 de enero de 2003)

La Directiva 97/69/CE de la Comisión de 5 de diciembre de 1997(1), estipula que durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor, la Comisión evaluaría los avances científicos para eliminar o modificar la nota Q. La nota señala cuatro ensayos toxicológicos diferentes que pueden utilizarse para eximir de la clasificación como carcinógeno a las lanas minerales.

Desde la adopción de la Directiva en 1997, todas las pruebas científicas y técnicas que sirven de fundamento a la Nota Q han sido objeto de un nuevo análisis. Ese análisis, publicado en dos artículos científicos(2),(3), ha venido a demostrar que los resultados obtenidos mediante los cuatro ensayos diferentes eran sumamente coincidentes. Por otra parte también ha puesto de manifiesto el vínculo de la biopersistencia de las fibras de lanas minerales con su clasificación como carcinógenos. En este sentido, es importante resaltar que el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha revisado un estudio sobre las fibras(4), en el que se subrayaba también la importancia de la biopersistencia y su relación con los efectos carcinógenos.

En conclusión, la Nota Q sigue siendo un medio válido de excluir a las lanas minerales de la clasificación como carcinógeno. No parece, pues, necesario suprimir o modificar la Nota Q si bien cualquier nueva información científica, incluida la derivada de investigaciones financiadas por la Comunidad, será comunicada a la Comisión para su estudio.

(1) Directiva 97/69/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 1997 por la que se adapta, por vigesimotercera vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias peligrosas (Texto pertinente a los fines del EEE), DO L 343 de 13.12.1997.

(2) Biopersistence of Synthetic Mineral Fibers as a Predictor of Chronic Inhalation Toxicity in Rats. David M. Bernstein, Juan M. Riego Sintes, Bjarne Kjaer Ersboell y Joachim Kunert. Inhalation Toxicology, 13, 823-849 (2001).

(3) Biopersistence of Synthetic Mineral Fibers as a Predictor of Chronic Intraperitoneal Injection Tumour Response in Rats David M. Bernstein, Juan M. Riego Sintes, Bjarne Kjaer Ersboell y Joachim Kunert. Inhalation Toxicology, 13, 851-875 (2001).

(4) IARC Monografía 81 (2001).
PREGUNTA ESCRITA P-3270/02

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(12 de noviembre de 2002)

Asunto: Impacto de la construcción de un aeropuerto en Cliffe

¿Ha estudiado la Comisión el impacto ambiental probable que tendrá la construcción de un aeropuerto en Cliffe, en la Península de Hoo? ¿Qué requisitos tendrá que satisfacer el Gobierno británico para cumplir con los reglamentos comunitarios sobre la construcción en una zona designada por la UE como zona de protección medioambiental? ¿Qué procedimientos existen para garantizar que el Gobierno británico no actúa sin contar con la conformidad de la UE en este asunto, y se han puesto en marcha dichos procedimientos?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 2002)

La Comisión es consciente de que el Reino Unido está considerando la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Cliffe como una de sus posibles opciones para el desarrollo futuro del transporte aéreo en el sudeste de Inglaterra.

Las marismas de Cliffe forman parte del estuario y las marismas del Támesis, clasificadas como zona de protección especial (ZPE) conforme a la Directiva del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres(1). Por lo tanto, la construcción de un aeropuerto que puede afectar negativamente este lugar sólo sería posible si se cumplieran las salvaguardias procedimentales y sustantivas fijadas en los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(2), que son aplicables a todas las ZPE.

Las normas requieren una evaluación medioambiental del proyecto propuesto, centrada en sus posibles efectos en los valores naturales protegidos de la ZPE. Si la evaluación indica que se producirían daños significativos en la ZPE, sólo se permitiría proceder por falta de soluciones alternativas y por razones imperiosas de interés público de primer orden. En estos casos sería necesario establecer medidas compensatorias para compensar la pérdida de hábitat debida a la realización del proyecto.

Por otro lado, conviene indicar que la construcción de aeropuertos está cubierta por la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(3). Los aeropuertos cuya pista básica de aterrizaje sea de al menos 2 100 metros de longitud requieren una evaluación obligatoria. Los demás aeropuertos deben someterse a análisis para determinar si se requiere una evaluación.

La construcción de aeropuertos es un asunto de competencia nacional, por lo que no se requiere autorización previa de la Comisión.

(1) DO L 103 de 25.4.1979.

(2) DO L 206 de 22.7.1992.

(3) DO L 73 de 14.3.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-2179/02

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(18 de julio de 2002)

Asunto: Previsiones de financiación para la aplicación de las propuestas legislativas y medidas relativas al segundo conjunto de propuestas de reforma de la política pesquera común

En las conclusiones de la Comunicación de la Comisión relativa a la reforma de la política pesquera común(1) se anuncian, entre otras, propuestas legislativas y medidas relativas a la compensación de las consecuencias sociales, económicas y regionales de la reestructuración del sector pesquero, a la gestión de los caladeros, a la mejora de la información científica utilizada en la gestión pesquera, a los descartes, a la evaluación de las poblaciones en aguas no comunitarias y a la estructura común de inspección.

¿Cuáles son las previsiones de financiación de estas medidas en el período 2000-2006, teniendo en cuenta el marco financiero establecido en la Agenda 2000?

(1) COM(2002) 181 final.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(13 de septiembre de 2002)

El documento a que se refiere Su Señoría es la Comunicación general, también conocida como Guía para la reforma. En ella, se mencionan toda una serie de textos y de propuestas que deben aprobarse durante el proceso de reforma, de las cuales, no todas se considera que tendrán efectos presupuestarios.

La guía más clara sobre las consecuencias financieras de las medidas de reforma ya adoptadas por la Comisión es la Comunicación sobre la conservación de los recursos pesqueros(1) y, en particular, la ficha jurídica y financiera que figura aneja a la misma.

Este documento se refiere a:

- la ayuda comunitaria para el desguace de buques de pesca(2): 32 millones de euros en 2003; reprogramación en el instrumento financiero de orientación de la pesca (IFOP) posteriormente;

- un estudio de viabilidad de una estructura común de inspección en 2003: 1 millón de euros; el presupuesto definitivo necesario sólo podrá fijarse una vez se conozcan los resultados del estudio;

- los fondos destinados a la mejora del diálogo y la gobernanza a partir de 2003 (400 000 euros) y hasta 2006 (700 000 euros);

- una mejor aportación científica: 4 millones de euros en 2003, que se incrementarán hasta alcanzar los 7 millones de euros en 2006.

Las restantes medidas no se prevé que generen costes superiores a los que cabe afrontar dentro del procedimiento presupuestario ordinario, manteniéndose dentro de los límites fijados por las perspectivas financieras.

(1) COM(2002) 185 final.

(2) El documento COM(2002) 190 profundiza en este extremo, en particular en los aspectos socioeconómicos.
PREGUNTA ESCRITA E-3764/02

de Bill Miller (PSE) a la Comisión

(23 de diciembre de 2002)

Asunto: Fondo Social Europeo

En numerosos países de la UE los solicitantes de asilo y los inmigrantes no tienen derecho al empleo. Por consiguiente, no pueden asistir a ningún curso de formación financiado por el FSE, ya que no se les permite trabajar. ¿Responde esta situación a una norma oficial de la UE o a un criterio aplicado por los Estados miembros?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(30 de enero de 2003)

No existe ninguna norma comunitaria que rija, en concreto, el acceso de los solicitantes de asilo y los inmigrantes a los cursos financiados por el Fondo Social Europeo (FSE). Si un grupo o un individuo específico se ve excluido de las ayudas del FSE, ello es consecuencia de la legislación nacional en materia de acceso al mercado de trabajo del Estado miembro de que se trate.

La participación en las actividades financiadas por el FSE está regida, en sus aspectos generales, por el Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(1), y en sus aspectos concretos por el Reglamento (CE) no 1784/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo Social Europeo(2). Las ayudas del FSE están abiertas a todos los individuos a los que se permite acceder al mercado de trabajo.

El acceso al mercado de trabajo entra dentro de las competencias exclusivas de las legislaciones nacionales. Algunos Estados miembros no permiten trabajar a los solicitantes de asilo o a determinados inmigrantes.

En algunos Estados miembros, no se permite a los solicitantes de asilo acceder al mercado de trabajo. No obstante, el hecho de que no tengan derecho a trabajar no les excluye necesariamente de la asistencia del FSE. Los Reglamentos de los Fondos Estructurales permiten a los solicitantes de asilo recibir formación financiada por el FSE a fin de prepararles para una futura integración en el mercado de trabajo. Los proyectos que ayudan a los solicitantes de asilo a prepararse para el mercado de trabajo pueden ser financiados por EQUAL, la iniciativa comunitaria que promueve nuevos medios para hacer frente a todas las formas de discriminación en el mercado de trabajo. Uno de los temas prioritarios de EQUAL es la lucha contra la discriminación que sufren los solicitantes de asilo en el mercado de trabajo. La naturaleza de las acciones específicas depende de si se permite trabajar a los solicitantes de asilo en el Estado miembro en cuestión.

Si los inmigrantes tienen derecho a trabajar, deberían poder beneficiarse de las ayudas del FSE de la misma manera que los nacionales de la Unión. En caso contrario, por norma general no tienen derecho a recibir ayudas del FSE.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.

(2) DO L 213 de 13.8.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-3280/02

de Ian Hudghton (Verts/ALE) a la Comisión

(19 de noviembre de 2002)

Asunto: Pesca industrial y capturas de pequeño lanzón

Teniendo en cuenta el récord de capturas de pequeño lanzón registrado por los pescadores daneses (en abril de este año, con el desembarco de 78 000 toneladas, se superó el récord previo de 72 000 toneladas, de 1994), ¿puede garantizar la Comisión que las reservadas de pescado blanco del Mar del Norte, ya amenazadas, no se verán negativamente afectadas por estas capturas?

¿Por qué no ha reducido la Comisión radicalmente las capturas de la pesca industrial, considerando los cierres y las reducciones de cuotas que debe afrontar la industria pesquera en relación con el pescado destinado al consumo humano?

¿Puede justificar la Comisión su actitud despreocupada permitiendo la pesca industrial, habida cuenta de sus efectos evidentemente perjudiciales para el ecosistema marino y de las innegables consecuencias que tiene para otros tipos de pesca que son cruciales para la supervivencia de comunidades que dependen de esta actividad alrededor del Mar del Norte?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(23 de diciembre de 2002)

De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, en abril de 2002 los pescadores daneses desembarcaron 178 000 toneladas de pequeño lanzón y en mayo 245 000 toneladas.

El total anual de capturas de pequeño lanzón ha oscilado durante los últimos 25 años entre 500 000 y 1 100 000 toneladas sin indicar ninguna tendencia clara.

La Comisión no posee pruebas que demuestren que la pesca de pequeño lanzón tiene consecuencias negativas considerables para las poblaciones de pescado blanco. La información disponible revela que las capturas accesorias de pescado blanco son muy bajas comparadas con las capturas de dichas especies en otras pesquerías y la Comisión no ha recibido ningún dictamen científico o información de otro tipo que indique que la pesca de pequeño lanzón está privando al pescado blanco de la alimentación suficiente. No obstante, la Comisión solicitó recientemente al Consejo internacional para la exploración del mar (CIEM) que investigara los posibles efectos de la pesca industrial en el ecosistema.
PREGUNTA ESCRITA E-2501/02

de Francesco Musotto (PPE-DE) a la Comisión

(9 de septiembre de 2002)

Asunto: Crisis de los productores de trigo duro en Raddusa (Catania-Italia)

La localidad siciliana de Raddusa (Catania-Italia) vive desde hace siglos de la agricultura y, sobre todo, del cultivo de cereales (zona dedicada al cultivo del trigo duro).

Debido a la política de reequilibrio de precios llevada a cabo por la UE, la renta de los agricultores ha sufrido una reducción nada desdeñable. Consciente de este hecho, la UE ha establecido una indemnización para los productores de trigo duro (indemnización por pérdida de renta).

Teniendo en cuenta que en los últimos años se han producido catástrofes naturales con carácter repetitivo (especialmente la sequía) que han puesto en peligro las cosechas y han asestado un duro golpe a la economía agrícola de la isla, el único medio de subsistencia para los agricultores ha sido precisamente, a pesar de su escasa cuantía, la indemnización por pérdida de renta de la UE. Por todo ello queda claramente de manifiesto que la mencionada ayuda adicional para los agricultores reviste una gran importancia.

¿Puede indicar la Comisión si tiene intención de reducir un 27 % la ayuda adicional que corresponde a los agricultores, con lo que la cuantía de dicha ayuda pasaría de los 344,50 euros/ha actuales a 250 euros/ha?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(9 de octubre de 2002)

Su Señoría tiene sin duda conocimiento de las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en su informe de 1997, así como de la evaluación externa en la que se examinó la eficacia de las ayudas concedidas al trigo duro tras la reforma de 1992. La Comisión las ha tenido en cuenta en su Comunicación sobre la revisión intermedia(1), en la que se prevé una reducción del suplemento del pago compensatorio concedido a los productores de trigo duro de las regiones tradicionales, el cual pasaría así de 344,5 EUR por hectárea (ha) a 250 EUR/ha. Estas reducciones se introducirían en el transcurso de un período de tres años.

A fin de estimular la producción de trigo duro de calidad, se prevé la introducción de una nueva ayuda de 15 EUR por tonelada para el trigo duro cultivado al amparo de un contrato de venta a la industria de transformación, contrato en el que deben estipularse, asimismo, una serie de condiciones mínimas de calidad.

En lo que respecta a las calamidades naturales (sequía), cabe señalar que el importe de la ayuda suplementaria al trigo duro de 250 EUR/ha se integrará en el cálculo de la ayuda única disociada que se abonará a las explotaciones agrícolas. Los agricultores dispondrán así de una mayor flexibilidad de recursos ante acontecimientos de este tipo.

Además, este verano, a raíz de la excepcional sequía que afectó a las regiones del Mezzogiorno, Cerdeña y Sicilia, la Comisión autorizó a Italia a abonar, a partir del 26 de agosto de 2002, un anticipo por la campaña 2002/2003 igual al 50 %, como máximo, del importe de los pagos por superficie para los cultivos herbáceos, incluido el pago suplementario para el trigo duro.

(1) COM(2002) 394 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3537/02

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(11 de diciembre de 2002)

Asunto: Revisión STAR 21

¿Puede explicar la Comisión por qué motivos su informe STAR 21 (Strategic Aerospace Review) pasa por alto la distinción entre equipos militares y equipos civiles?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-3536/02 y E-3537/02dada por el Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(27 de enero de 2003)

Los miembros del Grupo consultivo aerospacial, que presentaron sus conclusiones (informe STAR 21) al presidente de la Comisión el 16 de julio de 2002, contribuyeron de forma personal. En consecuencia, el informe presentó de manera colectiva las opiniones de los miembros del Grupo consultivo. No obstante, la Comisión se felicitó por el informe al considerarlo fundamental para identificar el marco necesario para garantizar la competitividad de la industria aeroespacial europea. La Comisión prepara actualmente su respuesta al informe STAR 21 y la presentará en forma de Comunicación durante el año que viene. Mientras tanto, la Comisión da las gracias e insta a que todas las partes interesadas formulen comentarios sobre el informe.

En cuanto a las cuestiones específicas que plantea Su Señoría, en referencia a la distinción entre los equipos civiles y militares, la Comisión observa que el Grupo consultivo, al destacar una serie de características clave de la industria aeroespacial, llama la atención sobre el carácter complementario de los productos civiles y de defensa, observando que comparten en gran medida los conocimientos y tecnologías, y responden a las necesidades de dos mercados muy distintos, ambos importantes económicamente.

Sobre el propio sector de defensa, el Grupo consultivo formula recomendaciones en función de los esfuerzos necesarios para cumplir los objetivos ya identificados a escala de la Unión, por ejemplo, en las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki de 1999 en el que se estableció un objetivo europeo común de carácter general. Las demás recomendaciones en este ámbito se centran en la necesidad de optimizar los gastos y de crear un mercado interior de equipos de defensa, destacando que el grado general de ambición debe determinarse necesariamente al nivel político más elevado.

La producción y el comercio de armas dependen de una autorización gubernamental. El posible flujo de armas en dirección de zonas en conflicto ya está contemplado en un código de conducta sobre exportaciones de armas de la Unión adoptado por el Consejo en junio de 1998. El informe STAR 21 no formula recomendaciones al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-2188/02

de Richard Corbett (PSE) al Consejo

(19 de julio de 2002)

Asunto: Observación de la situación con respecto a los Derechos Humanos Irán

¿Tiene conocimiento el Consejo del informe sobre Irán de marzo de 2002 elaborado por el Representante Especial de las Naciones Unidas para la Comisión de Derechos Humanos que insiste en la preocupación por el creciente número de ejecuciones públicas y castigos inhumanos, como las lapidaciones, así como por la discriminación sistemática de las mujeres y de las minorías religiosas en Irán?

¿tiene intención el Consejo de examinar la posibilidad de presentar resoluciones coordinadas elaboradas por los Estados miembros de la Unión Europea y en las que se condene la violación de los derechos humanos en Irán en la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas?

Respuesta

(6 de febrero de 2003)

El Consejo tomó nota cumplidamente del informe del Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación al respecto en la República Islámica de Irán, mencionado en el proyecto de Resolución de la UE sobre la situación de los derechos humanos en dicho país, presentado en la pasada primavera con motivo de la 58.a sesión de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas. El Consejo está gravemente preocupado ya desde hace un tiempo por la situación de los derechos humanos en Irán. Por ello ha presentado periódicamente resoluciones al respecto, tanto en la citada Comisión como en la tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La UE estudia actualmente la conveniencia de depositar, con ocasión de la próxima reunión de la tercera Comisión, una resolución relativa a los derechos humanos en Irán.