PREGUNTA ESCRITA E-1177/02

de Mogens Camre (UEN) a la Comisión

(25 de abril de 2002)

Asunto: Incitación a la violencia por parte de imanes musulmanes

La seguridad de los ciudadanos europeos, los derechos humanos de los europeos y la paz en los Estados miembros de la UE están amenazados por determinados imanes musulmanes fundamentalistas que incitan públicamente a la guerra santa en los países de la UE y apoyan públicamente la aplicación de la ley islámica, la sharia.

En una declaración tras otra, la UE ha confirma su deseo de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. No obstante, resulta contradictorio con estas intenciones el hecho de que la UE permita a las fuerzas políticas islámicas que, bajo el pretexto de una creencia religiosa, inciten a los musulmanes en Europa a participar en la guerra santa y a declarar su apoyo a las fechorías de la ley islámica, la sharia.

El imán Ahmed Abu Laban de Copenhague, del que se informa que cuenta con el apoyo de entre 10 000 y 15 000 seguidores, incitó a sus correligionarios durante la oración del viernes 5 de abril de 2002 en la mezquita de Copenhague a que apoyasen a sus compatriotas en su país, afirmando que éstos desean la guerra santa (Yihad) y desean pagar el precio de la liberación de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. No penséis que los que mueren en la lucha están muertos. Siguen vivos con Alá y Alá les hace regalos. Debemos actuar y no quedarnos pasivos dijo, según informa el diario danés Politiken. Además, añadió que, con respecto al conflicto en Oriente Próximo, los musulmanes no deben seguir respaldándose en las Naciones Unidas ni en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino en Alá.

Apenas una semana antes, el mismo imán expresaba su apoyo a la aplicación de la sharia en relación con la sentencia a muerte internacionalmente conocida de la mujer nigeriana, Safiya Hussaini, por adulterio.

En su sentencia de 31 de julio de 2001 (Casos 41340/98 y 41342-4/98) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo estableció que la sharia (ley islámica) es claramente contraria a los valores contenidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. No obstante, la intervención de la UE consiste esencialmente en que el Observatorio Europeo contra el Racismo y la Xenofobia en un tergiversador informe tras otro calumnia a cualquiera que manifieste su temor ante un fortalecimiento del fundamentalismo en la UE.

¿Piensa la Comisión adoptar alguna medida legislativa para garantizar que las personas que incitan a la guerra santa, a la violencia y al ataque contra los derechos humanos sean expulsadas de la UE?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(18 de junio de 2002)

La Comisión recuerda en primer lugar que la Unión Europea está basada en los principios comunes a los Estados miembros de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a la libertad de expresión, a reserva de las limitaciones previstas en la ley. La Comisión deplora todo comportamiento que pueda constituir un incentivo al odio o la violación de derechos humanos.

La Comisión no prevé proponer la aprobación de una legislación que garantice la expulsión del territorio de la Unión de toda persona que incite a la guerra santa, a la violencia o la violación de derechos humanos. Las expulsiones del territorio nacional por razones de orden y seguridad públicos son, en efecto, competencia de los Estados miembros.

En el caso de los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias beneficiarios de la libre circulación en la UE, el Tratado CE prevé (artículos 39.3, 46.1 y 55) la posibilidad para los Estados miembros de imponer restricciones al derecho a la libre circulación justificadas por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Estas medidas deben en cualquier caso cumplir las disposiciones recogidas en la Directiva del Consejo 64/221/CEE, de 25 de febrero de 1964, sobre la coordinación de las medidas especiales aplicables a los extranjeros relativas al desplazamiento y estancia justificadas por razones de orden público, seguridad pública y salud pública(1).

La Comisión también recuerda la Directiva 2001/40/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas(2). Esta Directiva crea la posibilidad de que los Estados miembros reconozcan la decisión de expulsión de otro Estado miembro cuando la persona es una amenaza grave y real para el orden público o la seguridad nacional.

Por otra parte, la Comisión puso en marcha el 10 de abril de 2002 un amplio debate con la publicación de un Libro verde relativo a una política comunitaria de retorno de los residentes ilegales(3). El Libro Verde pide, entre otras cosas, más reflexión en caso de que haya que aproximar aún más las condiciones previas para las decisiones de expulsión.

(1) DO L 56 de 4.4.1964.

(2) DO L 149 de 2.6.2001, p. 34.

(3) COM(2002) 175.