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PREGUNTA ESCRITA E-1011/01

de Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) a la Comisión

(30 de marzo de 2001)

Asunto: Regulación de plazas mínimas disponibles en alojamientos de turismo rural

Los responsables del Gobierno regional andaluz, en España, han propuesto la regulación de los alojamientos disponibles en los albergues de turismo rural con una cifra mínima de habitaciones que, en caso de no alcanzarse, les impediría ser catalogados como tales y ejercer la actividad de hospedaje.

La referida propuesta ha causado asombro en el sector, pues en el ámbito rural las características de las disponibilidades, de los referidos albergues, son extremadamente heterogéneas y no pueden ajustarse a patrones definidos de antemano.

¿Puede indicar la Comisión si los albergues de turismo rural, tal como existen en los distintos países miembros, deben de adaptarse a la exigencia de un mínimo de habitaciones disponibles para poder ejercer la actividad de hospedaje, con arreglo a los criterios tradicionales de alojamiento en el medio rural?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(21 de mayo de 2001)

Una parte importante de los programas de desarrollo regional cofinanciados por la Comisión en Andalucía se destina al desarrollo de las zonas rurales.

La Sección de Orientación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) puede cofinanciar, entre otras medidas, el fomento de las actividades turísticas a través de proyectos que deben ajustarse a las condiciones establecidas en el Programa Operativo o a la información contenida en el documento denominado Complemento del programa, o bien a las disposiciones obligatorias fijadas por las autoridades responsables de la gestión administrativa de las instalaciones turísticas.

Ni en el Programa Operativo ni en el Complemento del programa aparecen condiciones particulares relativas a las actividades turísticas financiadas por el FEOGA. Las disposiciones a que se refiere Su Señoría corresponden probablemente a normas administrativas de las que el Estado miembro es único responsable.

En relación con la pregunta que nos formula, cabe subrayar que la Comisión no es competente en la materia y que, por lo tanto, carece de información sobre las condiciones aplicables al número mínimo de habitaciones con que deben contar los albergues de turismo rural en los distintos Estados miembros para poder ejercer su actividad. Este tipo de información puede obtenerse directamente de los Estados miembros y, en algunos casos, de sus regiones.
PREGUNTA ESCRITA P-0730/01

de Claude Moraes (PSE) a la Comisión

(7 de marzo de 2001)

Asunto: Trabajos forzados en la India

¿Piensa la Comisión investigar cuál es la situación de miles de trabajadores forzados en el Estado de Tamil Nadu que fueron identificados formalmente en abril de 1997 pero que, en agosto de 2000, aún seguían sin ser liberados?

¿Puede la Comisión investigar cuántas personas han sido acusadas y procesadas en virtud de la Ley (de abolición) del Sistema de Trabajos Forzados de 1976 y cuáles fueron las sentencias dictadas?

¿Puede averiguar, asimismo, si el Gobierno de la India, junto con un organismo independiente, llevará a cabo un estudio nacional global para determinar el número total de trabajadores forzados en la India, de conformidad con las recomendaciones del Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2001)

En abril de 1997, se identificaron formalmente 25 008 trabajadores forzados en Tamil Nadu. Según el Gobierno de la India, todos han sido liberados y se está llevando a cabo el proceso de rehabilitación. A finales de marzo de 2000, se liberaron fondos disponibles para rehabilitación para 18 198 casos y más recientemente, el resto de los mismos.

La información recibida por el Ministerio de Trabajo es insuficiente para dar una imagen satisfactoria de la implantación en Punjab de la Ley de Abolición del Sistema de Trabajos Forzados de 1976. La Delegación de la Comisión en Nueva Delhi realizará nuevas investigaciones sobre este caso particular y se las hará saber a Su Señoría en su momento.

Se han entablado 4 661 acciones judiciales en la India de acuerdo con la Ley de Abolición del Sistema de Trabajos Forzados de 1976. Las estadísticas para el Estado de Uttar Pradesh señalan que se han dictado 1 031 absoluciones y 84 condenas.

Por último, el año pasado se introdujo un plan nacional de supervisión para identificar el número de trabajadores forzados. Los gobiernos estatales reciben fondos previa solicitud. Cada Estado debe presentar una petición para que le sean concedidos. La suma total liberada a mediados de abril de 2001 asciende a 5 000 000 INR (116 099 euros) para 4 estados (de los cuáles 1 000 000 INR (23 219,8 euros) fueron para Punjab).

Se remite a Su Señoría también a las respuestas de la Comisión a la pregunta escrita E-4104/00 del Sr. G. Watson y a la pregunta escrita E-4114/00 de la Sra. G. Kinnock(1).

(1) DO C 187 E de 3.7.2001, p. 134.
PREGUNTA ESCRITA E-0572/01

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(27 de febrero de 2001)

Asunto: Problemas con el correo electrónico

La transmisión de mensajes electrónicos (e-mail) totalmente inútiles e indeseados (correo basura) a los receptores, y que muchas veces contienen virus, constituye un grave problema a escala internacional.

1. ¿Dispone la Comisión de datos sobre el número de mensajes basura transmitidos a diario por correo electrónico?

2. ¿Ha calculado el coste que supone el correo basura para los usuarios?

3. ¿Qué iniciativas se propone promover para hacer frente al problema de este tipo de correo?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2001)

La Comisión está de acuerdo en que la transmisión de mensajes electrónicos no solicitados constituye un problema importante, tanto para los usuarios como para los proveedores de servicios de Internet.

La Comisión encargó un estudio sobre el asunto de las comunicaciones comerciales no solicitadas y la protección de datos. Dicho estudio se completó en enero de 2001 y proporciona información útil sobre los temas planteados en la pregunta(1). El estudio se refiere, por ejemplo, a la capacidad que probablemente tengan las empresas especializadas de mandar, en total, 20 000 millones de mensajes electrónicos comerciales al día. El estudio también indica que el coste para los usuarios ascendería

a unos 10 000 M al año en todo el mundo. También menciona un cambio claro de las técnicas de inundación (correo electrónico no solicitado) hacia otras de comercialización basadas en el consentimiento previo por parte de las direcciones de correo electrónico (permission-based marketing).

La Comisión propone abordar este asunto mediante su propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas(2), que pretende modificar y sustituir la Directiva existente 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 1997(3) al objeto de adaptarla a la evolución tecnológica.

En particular, el artículo 13 de la propuesta condiciona el envío de correo electrónico al consentimiento previo del abonado. El llamado régimen de listas de inclusión someterá el correo electrónico al mismo régimen que el que se aplica a los faxes y a los aparatos de llamada automática. También armonizará los enfoques existentes dentro de la Comunidad donde algunos Estados miembros ya han puesto en práctica un sistema de listas de inclusión, mientras que otros aplican un enfoque de exclusión voluntaria.

(1) El informe está disponible en la siguiente dirección URL: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/studies/spam.htm.

(2) DO C 365 E de 19.12.2000.

(3) DO L 24 de 30.1.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-0717/01

de Isidoro Sánchez García (ELDR) a la Comisión

(8 de marzo de 2001)

Asunto: Situación en que se encuentran los trabajos de aprobación del AIEM

El sector industrial de Canarias ha manifestado su preocupación por el retraso que se está produciendo en el seno de la Comisión Europea en la aprobación del Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM). Incluso, la semana pasada, representantes empresariales expusieron a los técnicos de fiscalidad comunitaria el temor por el retraso en la implantación del AIEM, así como por el retraso en la aprobación del reglamento relativo a las exenciones arancelarias a la importación de determinados productos industriales y de pesca, que de no salir adelante este año podría suponer el cese de la mayor parte de la actividad industrial en el Archipiélago Canario.

¿Podría indicar la Comisión Europea en qué situación se encuentran los trabajos sobre la aprobación del AIEM, así como dar una fecha para su entrada en vigor?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2001)

Mediante carta de 25 de julio de 2000, España transmitió a la Comisión información sobre la situación socioeconómica de las Islas Canarias y el contenido de un nuevo impuesto denominado Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM), que constituye la aplicación a nivel fiscal del apartado 2 del artículo 299 (ex artículo 227) del Tratado CE.

Dado que esta notificación era incompleta, España completó el 25 de octubre de 2000 la información transmitida a la Comisión indicando los tipos previstos del futuro impuesto. A partir de esta fecha, la Comisión pudo iniciar el examen y la evaluación de estos datos. Además, dado que el régimen fiscal del arbitrio sobre la producción y las importaciones (APIM) finalizaba el 31 de diciembre de 2000 y para garantizar la transición indispensable al nuevo régimen fiscal, las autoridades españolas, mediante carta de 31 de octubre de 2000, solicitaron la prórroga del período transitorio previsto en el artículo 5 del Reglamento (CEE) no 1911/91 del Consejo, de 26 de junio de 1991, relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario a las Islas Canarias(1). La Comisión adoptó una propuesta(2) en este sentido que ha sido presentado al Consejo y al Parlamento.

Al mismo tiempo, la Comisión ha proseguido los trabajos relativos al AIEM en concertación con las autoridades españolas, a las ha comunicado las observaciones y objeciones relativas a la propuesta notificada. La Comisión espera la respuesta a estos comentarios para completar su evaluación y preparar una propuesta en aplicación del artículo 299§2 del Tratado CE.

(1) DO L 171 de 29.6.1991.

(2) COM(2001) 76 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1845/01

de Karin Riis-Jørgensen (ELDR) a la Comisión

(26 de junio de 2001)

Asunto: Infracción de normas comunitarias en los Países Bajos

En relación con la pregunta P-0843/01(1) y a la respuesta de la Comisión a la misma, se plantea la siguiente pregunta complementaria relativa a los Países bajos:

En relación con posibles violaciones de las normas comunitarias, ¿puede la Comisión indicar los casos en que las legislaciones y las decisiones adoptadas en los Países Bajos hayan tenido que ser posteriormente modificadas a petición de la Comisión?

Además, en el caso de que haya habido divergencias entre la legislación danesa y las disposiciones comunitarias, ¿ha sido posible resolver estas discrepancias de manera bilateral o ha sido necesario en algún momento recurrir al Tribunal de Justicia?

(1) DO C 350 E de 11.12.2001, p. 49.

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(31 de julio de 2001)

En relación con la respuesta a la pregunta escrita P-0843/01 de Su Señoría, y recordando al mismo tiempo a Su Señoría que no existe instrumento que, como tal, permita comprender los elementos o hechos a que alude la pregunta, la Comisión puede indicar que para el período 1979-2000 se incoaron aproximadamente 1750 procedimientos de infracción contra los Países Bajos y que, durante este mismo período, el Tribunal de Justicia emitió 32 sentencias por incumplimiento, de las cuales 27 fueron favorables a la Comisión. Actualmente se están tramitando cerca de 200 procedimientos de infracción contra este Estado miembro.

Cerca del 60 % de los procedimientos de infracción se referían a casos de no comunicación de las medidas nacionales de incorporación de las directivas comunitarias; un 10 %, a casos de no conformidad de las medidas de incorporación con las obligaciones previstas por estas directivas; y cerca del 30 %, a casos de aplicación incorrecta, general o individual, del Derecho comunitario. Es principalmente en este último caso (aplicación incorrecta) cuando la Comisión puede verse obligada a instar al Estado miembro a modificar su normativa, mientras que las otras categorías (no comunicación y no conformidad) se derivan de la obligación de incorporar correctamente las directivas comunitarias. Conviene finalmente destacar que alrededor del 60 % de estos casos se archivaron incluso antes del envío de una carta de emplazamiento, al demostrarse que la denuncia carecía de fundamento.
PREGUNTA ESCRITA P-1362/01

de Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) al Consejo

(27 de abril de 2001)

Asunto: Situación de los derechos humanos en Nigeria

En algunos estados del norte de Nigeria se ha introducido la ley religiosa islámica de la sharia, lo que ha dado lugar a graves disturbios y actos de violencia, en los que miles de civiles murieron

el año pasado. El riesgo de guerra civil y de extensión de los disturbios a todo el continente es elevado. La cúpula política de Nigeria no parece reconocer la gravedad de la situación política del país, ya que intenta atraer inversiones internacionales a su territorio. En este momento, la UE parece ser el único agente internacional suficientemente fuerte que podría instar a los dirigentes políticos de Nigeria a intervenir con decisión para solucionar el problema.

¿Qué tiene previsto hacer la UE para remediar la grave situación de Nigeria? ¿Tiene intención la UE de tener en cuenta la situación de Nigeria en sus políticas sobre inversiones e intercambios comerciales?

Respuesta

(20 de julio de 2001)

La Unión Europea mantiene un diálogo político estrecho y periódico con Nigeria con vistas a reforzar el proceso existente en el país hacia la consolidación de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Por eso, la UE procura mantener un planteamiento constructivo: se congratula de los logros conseguidos hasta la fecha por las autoridades nigerianas, pero al mismo tiempo les alienta a avanzar en ámbitos en los que todavía se ven confrontadas con retos de envergadura. A pesar de este enfoque positivo y constructivo de cara a Nigeria, el Consejo no ha dejado de declarar públicamente su posición respecto a las violaciones de los derechos humanos, cada vez que ha sido conveniente. Por ejemplo, el 30 de enero de 2001, la Presidencia ha hecho una declaración, en nombre de la Unión Europea, sobre los castigos corporales en el Estado de Zamfara (Nigeria).

Por lo que respecta a las inversiones y al comercio, se remite a Su Señoría a la Posición común de la UE sobre Nigeria, adoptada por el Consejo el 14 de mayo de 2001. En esta Posición común, la UE expone su política general de cara a Nigeria y, entre otras cosas, la relación entre la consolidación de la democracia y el desarrollo socioeconómico del país.
PREGUNTA ESCRITA E-1168/01

de Pere Esteve (ELDR) a la Comisión

(19 de abril de 2001)

Asunto: Falta de controladores aéreos

La gestión y control del tráfico aéreo europeo es uno de los grandes retos que tiene planteados la UE, donde el factor humano y la función que desempeñan los controladores aéreos es muy importante.

Dado que se está tendiendo a una armonización del control del tráfico aéreo, falta una formación adecuada a esta nueva situación, con lo cual se hace necesaria la creación de un diploma de controlador aéreo europeo.

Por otro lado, se calcula que actualmente faltan entre 800 y 1 600 controladores por un efectivo total de 15 000 personas, aunque se prevé que en un futuro inmediato esta situación empeore a causa de la jubilación de este personal especializado.

Ante esta nueva situación que se avecina, ¿qué medidas va a tomar la Comisión para hacer frente a la falta de controladores y a la necesidad de actualizar y dar una formación adecuada?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(25 de junio de 2001)

La situación que describe su Señoría fue debatida por el Grupo de alto nivel sobre la creación del cielo único europeo como uno de los temas estratégicos que había que abordar a nivel europeo con carácter urgente. El informe del Grupo puede consultarse en http://europa.eu.int/comm/transport/themes/air/english/single_eur_sky_en.html.

La Comisión prepara en la actualidad propuestas para poner en práctica el informe. En ellas se incluirán medidas para atenuar la falta de controladores aéreos mediante el estímulo de la formación y la movilidad y para iniciar la armonización de la licencia de controlador.
PREGUNTA ESCRITA P-1397/01

de Véronique Mathieu (EDD) a la Comisión

(2 de mayo de 2001)

Asunto: Evaluación de los daños causados por especies cinegéticas en Europa

¿Dispone la Comisión de estadísticas por país miembro de la Unión Europea sobre los daños causados por las especies cinegéticas en los sectores de la silvicultura y de la agricultura?

En caso afirmativo, ¿se propone la Comisión publicar dichas estadísticas?

En caso de que no disponga de este tipo de datos, ¿tiene la Comisión intención de llevar a cabo un estudio de estas características?

Respuesta del Sr. Fischler En nombre de la Comisión

(30 de mayo de 2001)

La Comisión no dispone de estadísticas sobre los daños ocasionados en los sectores de la agricultura y la silvicultura por las especies cinegéticas.

Por el momento, no se prevé la elaboración de un estudio al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-1733/01

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(14 de junio de 2001)

Asunto: Libro Blanco sobre Políticas de juventud de la Unión Europea

En septiembre de 1999, ante el Parlamento Europeo, la Comisaria Viviane Reding hizo pública su intención de promover la realización de un Libro Blanco sobre Políticas de juventud de la Unión Europea, iniciativa que fue presentada oficialmente en el Consejo de Ministros de Juventud de noviembre de 1999.

La elaboración de este Libro Blanco ha generado entusiasmo y expectativas en el seno del colectivo europeo de jóvenes, que han depositado su confianza en la Comisión.

¿Puede informar la Comisión en qué situación se encuentran actualmente los trabajos de elaboración del Libro Blanco?

¿Puede confirmar la Comisión que el Libro Blanco será presentado en noviembre de 2001, cumpliendo los objetivos que se habían fijado inicialmente?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1694/01, E-1733/01, E-1903/01, E-1904/01 y E-2050/01 dada por el Sra. Reding en nombre de la Comisión

(2 de agosto de 2001)

La Comisión considera que es preciso reforzar la política de cooperación en materia de juventud a escala europea. A tal efecto, por iniciativa del miembro de la Comisión responsable de Educación y Cultura, la Comisión decidió preparar un Libro Blanco sobre el tema.

Asimismo, ha querido que dicho Libro Blanco estuviera precedido de una amplia consulta sin precedentes: consulta de los jóvenes en todos los Estados miembros en 2000, además de un encuentro europeo en París, en octubre de 2000; consulta de la sociedad civil y de los investigadores, y debates con los Estados miembros. Dicha consulta finalizó en marzo de 2001, en Umeå (Suecia).

Desde entonces, con el apoyo de los jóvenes y de los Estados miembros, la Comisión está redactando el Libro Blanco, cuya publicación está prevista para antes de finales de año.
PREGUNTA ESCRITA E-0492/01

de Isidoro Sánchez García (ELDR) a la Comisión

(22 de febrero de 2001)

Asunto: Medidas específicas en materia de transporte para las Regiones Ultraperiféricas (RUP)

Entendiendo que se hace necesario revisar las orientaciones comunitarias para el desarrollo de las Redes Transeuropeas de Transporte, al objeto de integrar adecuadamente los puertos y aeropuertos de las Regiones Ultraperiféricas en dichas redes, que a su vez es un compromiso asumido por

la Comisión Europea, en su Informe sobre el desarrollo del apartado 2 del artículo 299 que afecta a las Regiones Ultraperiféricas y a otras cuestiones relacionadas con el transporte,

¿Cuándo piensa elaborar la Comisión una propuesta en la que se adopten medidas específicas a favor de dichas regiones en relación con la aplicación de la política común de transportes?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(20 de abril de 2001)

Tal como se indicó en el informe de la Comisión de 14 de marzo de 2000 sobre la aplicación del apartado 2 del artículo 299 (antiguo artículo 227) del Tratado CE, la Comisión tiene en cuenta la problemática de las regiones ultraperiféricas en sus diferentes iniciativas en virtud de la política común de transportes y de las redes transeuropeas, siempre que ésta no se haya tenido en cuenta con anterioridad.

Éste es el motivo por el que la Comisión ha trabajado activamente para mejorar la consideración de las regiones ultraperiféricas en la modificación de la Decisión no 1692/96/CE del Parlamento y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte(1) relativa a los puertos marítimos e interiores, así como el proyecto no 8 del Anexo III. El Parlamento y el Consejo están a punto de adoptar esta modificación, tal como se indicó en la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita no 297/01 de Su Señoría.

Según el proyecto común adoptado por el Comité de Conciliación el 28 de febrero de 2001, se podrán considerar como puertos de la red los puertos situados en las regiones insulares, periféricas y ultraperiféricas que permitan la interconexión de estas regiones entre sí por vía marítima o que las conecten con las regiones centrales de la Comunidad. Por lo tanto, la adopción de esta modificación constituirá una nueva oportunidad para las regiones insulares y ultraperiféricas de la Unión con vistas a apoyar su desarrollo económico.

Además, tal como se indica en el mencionado informe, la revisión de las orientaciones para el desarrollo de la red transeuropea constituye una oportunidad adicional para la Comisión de materializar la prioridad política que reconoce a los proyectos relativos a estas regiones, siempre que presenten un grado de madurez satisfactorio. Por lo tanto, la Comisión, al estudiar las transformaciones de la economía y la evolución de las tecnologías que requieren ajustes en las orientaciones, tiene en cuenta la cuestión de las regiones ultraperiféricas.

(1) DO L 228 de 9.9.1996.
PREGUNTA ESCRITA E-1044/01

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consejo

(3 de abril de 2001)

Asunto: La opresión de las mujeres en Afganistán y la necesidad de una intervención humanitaria de la Unión Europea

¿No considera el Consejo que cada vez es más necesaria la intervención humanitaria de la Unión Europea en Afganistán para acabar con la terrible opresión que sufren las mujeres por parte del régimen que gobierna aquella sociedad, reaccionando así ante tal genocidio como parte de la comunidad internacional? ¿Qué medidas nuevas y eficaces piensa tomar el Consejo?

Respuesta

(27 de septiembre de 2001)

En respuesta a las diferentes preguntas orales y escritas formuladas durante las pasadas semanas y meses, el Consejo ha informado en diferentes ocasiones al Parlamento Europeo sobre su posición en lo que se refiere a varios aspectos de los problemas relacionados con Afganistán y, en particular, la acción emprendida en relación con la crisis humanitaria y el alivio del sufrimiento de las mujeres afganas. A falta de una evolución nueva particular, el Consejo invita, por consiguiente, a Su Señoría a que se remita a las respuestas dadas a las preguntas E-0088/2001, H-0032/2001, H-0052/2001 y H-0170/2001, cuyos textos se enviarán como anexo.