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PREGUNTA ESCRITA E-2223/01

de Brice Hortefeux (PPE-DE) a la Comisión

(24 de julio de 2001)

Asunto: Comisiones bancarias

El autor de la presente pregunta se permite llamar la atención de la Comisión sobre el coste, a menudo exagerado, de las operaciones bancarias transfronterizas. Las transferencias, los pagos mediante tarjeta o cheque, o incluso la retirada de billetes en cajeros automáticos, son transacciones que no tienen el mismo precio en el interior de un país o cuando se trata de operaciones efectuadas entre dos Estados de la Unión Europea.

En cada caso, se cobra una comisión más o menos importante. Este hecho es objeto de denuncias periódicas por las asociaciones de consumidores.

Ante esta situación ¿piensa la Comisión equiparar el coste de las comisiones por operaciones transfronterizas y el de las operaciones nacionales?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(25 de septiembre de 2001)

Con fecha 25 de julio de 2001, la Comisión aprobó una propuesta de Reglamento relativo a los pagos transfronterizos en euros(1). Este proyecto sienta el principio de no discriminación: los gastos para pagos transfronterizos no deben ser diferentes de los gastos de las operaciones nacionales.

La Comisión tomó esta decisión, en particular, por las razones alegadas por Su Señoría. Los estudios más recientes demuestran que, en el ámbito de las transferencias, se mantienen unos gastos extremadamente elevados. Un estudio de 1993 sobre 1048 transferencias de 100 ecus entre los 12 Estados miembros daba unos gastos medios de 23,93. Un nuevo estudio de 2001 sobre 1480 transferencias de 100 entre los 15 Estados miembros daba unos gastos medios de 23,92 (resultado provisional). En comparación, los gastos de las transacciones estrictamente nacionales son considerablemente más bajos. El mantenimiento de estas diferencias, regularmente denunciadas por las organizaciones de consumidores, podrían afectar a la credibilidad del euro, ya que algunos usuarios podrían no ver más que las dificultades prácticas del cambio de moneda, sin medir concretamente sus ventajas.

La Comisión espera que las dos ramas del poder legislativo europeo, el Consejo y el Parlamento, lleguen rápidamente a un acuerdo para que este texto pueda promulgarse antes de finales de 2001.

(1) COM(2001) 439 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1896/01

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(28 de junio de 2001)

Asunto: Protección de las poblaciones de bacalao y eglefino del Mar del Norte

Teniendo en cuenta la respuesta del Comisario Fischler a la pregunta escrita E-1138/01(1), ¿los observadores que deben tomar muestras para determinar los porcentajes de cada especie que capturan los pesqueros de saltones son empleados de los Estados miembros o de la Comisión? ¿Los resultados de su actividad se transmiten a la Comisión o están disponibles en algún registro público?

¿Puede indicar la Comisión si algún organismo independiente, incluidos los departamentos universitarios de biología marina, ha publicado resultados que apoyen el punto de vista de la Comisión de que hay pocas o ninguna prueba de que la pesca industrial de saltones en el Mar del Norte prive de su alimento a especies como el bacalao, el eglefino, la pescadilla, etc.?

(1) DO C 318 E de 13.11.2001, p. 212.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(3 de septiembre de 2001)

Los observadores mencionados son empleados de los Estados miembros.

Sus resultados se enviarán a la Comisión, que, de momento, no tiene ninguna intención de publicarlos. Sin embargo, se pondrán a disposición de los funcionarios de los Estados miembros y se debatirán con dichos Estados cuando se planteen otros detalles del plan de recuperación del bacalao del Mar del Norte.

Hasta ahora, la Comisión no tiene noticias de ningún resultado publicado por un departamento universitario de biología marina o cualquier otro organismo científico sobre los efectos de la pesca industrial del lanzón u otras especies en las posibilidades de alimentación del bacalao, el merlán, el eglefino Sin embargo, la Comisión ha cofinanciado un proyecto de investigación en el que se han estudiado las relaciones entre la abundancia de lanzón y algunos factores como la tasa de crecimiento del bacalao en una zona próxima a la costa oriental de Escocia. Los resultados de ese estudio están aún pendientes de elaborarse y publicarse. Ha proseguido por iniciativa de las autoridades británicas, pero los resultados del estudio continuo no están todavía disponibles.
PREGUNTA ESCRITA E-2410/01

de Gerhard Schmid (PSE) a la Comisión

(21 de agosto de 2001)

Asunto: Aplicación de la Directiva 98/5/CE en España

La Directiva 98/5/CE(1) destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título debería haberse adaptado al Derecho nacional de los Estados miembros el 14 de marzo de 2000, a más tardar, de conformidad con el artículo 16 de la misma.

Según la información de que dispongo, esto aún no ha sucedido en España.

¿Puede decir la Comisión:

1. Si es cierto que esta Directiva aún no se ha adaptado en España o en otros Estados miembros y en caso afirmativo por qué?

2. En caso afirmativo, qué medidas piensa adoptar para que se adapte la Directiva?

(1) DO L 77 de 14.3.1998, p. 36.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(12 de octubre de 2001)

1. La Directiva 98/5/CE(1) relativa al establecimiento de abogados fue incorporada por España mediante el Real Decreto 936/2001, de 3 de agosto de 2001, publicado en el Boletín Oficial del Estado no 186 de 4 de agosto de 2001. Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal todavía no la han incorporado. En Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal se está debatiendo un proyecto en el Parlamento. Ninguna razón podría justificar el incumplimiento del plazo establecido en la Directiva.

2. La Comisión ha iniciado el procedimiento de infracción previsto en el artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE contra dichos Estados miembros y lo continuará si sigue siendo necesario.

(1) Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título (DO L 77 de 14.3.1998).
PREGUNTA ESCRITA P-2080/01

de Bernd Lange (PSE) a la Comisión

(5 de julio de 2001)

Asunto: Emisiones en el interior de los vehículos

Con una frecuencia cada vez mayor me llegan quejas sobre emisiones en el interior de los vehículos, sobre todo vehículos nuevos. Estas emisiones, procedentes de materiales sintéticos de varia índole y de algunos sistemas de climatización, pueden, al parecer, perjudicar a la salud, provocar problemas de conducción y provocar accidentes.

¿Conoce la Comisión este problema?

¿Qué valor atribuye la Comisión a los riesgos inherentes a estas emisiones en el interior de los vehículos?

¿Qué iniciativas piensa tomar la Comisión para prevenir riesgos, en relación, por ejemplo, con las condiciones de homologación de los vehículos?

Respuesta del Sr. Mr Liikanen en nombre de la Comisión

(5 de septiembre de 2001)

La Comisión es consciente de la preocupación de que la calidad del aire dentro de un vehículo sea peor de la existente en la carretera, si bien esto se debe realmente a que el vehículo recibe directamente las emisiones de tubos de escape procedentes de los vehículos que le preceden. Esto ocurre especialmente en el caso de áreas con alta densidad de tráfico y velocidad reducida de los vehículos, o cuando se viaja en un largo túnel con una ventilación precaria. Un número creciente de vehículos nuevos están equipados con sistemas de filtración del aire que permiten paliar este problema cuando el vehículo recoge aire procedente del exterior a través del sistema de ventilación de su habitáculo. La Comisión no dispone de información que apunte a que la calidad del aire dentro del vehículo sea una causa específica de accidentes de tráfico.

A la Comisión no le consta que exista preocupación acerca de que la calidad del aire dentro de un vehículo se vea afectada por emisiones procedentes de materiales de construcción del vehículo o por sistemas de climatización. En el momento de su homologación, tras haber circulado al menos 3000 kilómetros, el vehículo es sometido a una prueba global de medición de emisiones de gases, y no en puntos concretos. De este modo, las emisiones de materiales plásticos nuevos, de la pintura nueva o del sistema de alimentación son valoradas mediante una minuciosa prueba para garantizar que las emisiones globales de gases no superan los dos gramos por prueba (los requisitos de prueba figuran en el anexo VI de la Directiva 98/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 relativa a las medidas que deben adoptarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE del Consejo(1)). No obstante, el protocolo de prueba permite por el momento al fabricante proponer un método de prueba que tenga en cuenta la pérdida de hidrocarburos por evaporación procedentes únicamente del sistema de alimentación del vehículo. La Comisión no dispone de datos que revelen el número de autoridades de homologación que ha aceptado una prueba de emisiones de gases sobre la base del método de prueba del fabricante.

(1) DO L 350 de 28.12.1998.
PREGUNTA ESCRITA P-1765/01

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(12 de junio de 2001)

Asunto: Zimbabwe

¿Puede indicar la Comisión cuál es el estado de las consultas entre la UE y Zimbabwe llevadas a cabo de conformidad con el Artículo 8 del Acuerdo de Cotonú?

Habida cuenta de la reciente escalada de violencia, intimidación y represión, ¿cuándo decidirá la Comisión qué medidas adicionales son necesarias?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(13 de julio de 2001)

El diálogo político entre la Unión Europea y Zimbabue empezó a principios de marzo de 2001. Hasta el momento, se han celebrado reuniones entre la troika de la Unión en Harare y el Gobierno de Zimbabue en ocho ocasiones, en su mayoría bajo la dirección del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Sr. Chiwewe, pero también con el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Mudenge. El tema de las reuniones, por el momento, ha sido principalmente la estructura y el contenido del diálogo. El debate sobre el contenido brindó la oportunidad de presentar las preocupaciones de la Unión Europea e identificar los problemas. El acuerdo sobre el programa en el que se incluyen temas claves como las cuestiones de gobernabilidad y la reforma agraria es importante para analizar los resultados del diálogo. Ahora se centrarán las conversaciones en transformar el contenido acordado en acciones claras y resultados sobre el terreno.

La Comisión es consciente de que este diálogo constructivo y crítico todavía no ha dado suficientes resultados tangibles. Sin embargo, sigue convencida de que debe continuar pese a las dificultades, puesto que es un instrumento importante para estabilizar las relaciones entre Zimbabue y la Unión Europea y para prevenir conflictos dentro del mismo país.

Para la Comisión, uno de los objetivos políticos más importantes de la Unión Europea es prestar apoyo a la celebración de unas elecciones libres y justas en el año 2002. La política de la Unión es mantenerse neutral, comprometida y con una visión a medio y largo plazo de la crisis. Por lo tanto, la Comisión continuará con su estrategia de compromiso constructivo que consiste en proporcionar una asistencia de carácter humanitario y apoyar el proceso democrático para que los zimbabuenses puedan manifestar su voluntad a través de las urnas en las próximas elecciones presidenciales. Con esta perspectiva, la Comisión ya ha comenzado con los preparativos para la asistencia y la observación electoral. La Comisión cree que el diálogo político debe ser constructivo y positivo y que todavía no ha llegado el momento de recurrir a las consultas y sanciones que prevé el Artículo 96. En el transcurso de una misión de la Comisión a Zimbabue a principios de junio de 2001, el Sr. Tsvangirai, líder de la formación de la oposición, el Movimiento por el Cambio Democrático, animó a la Unión Europea a continuar por el camino del compromiso y el diálogo en vez de la vía de las sanciones y el ostracismo, y en una conversación con el comisario Nielson el 4 de julio subrayó la importancia de una fuerte implicación de la UE en el proceso electoral, tanto en lo referente al apoyo técnico como a la observación electoral.
PREGUNTA ESCRITA E-0419/01

de Niels Busk (ELDR) a la Comisión

(16 de febrero de 2001)

Asunto: Compensación por las nuevas normas en relación con la EEB

¿Puede la Comisión informar sobre los distintos regímenes de compensación nacionales aplicados o previstos en cada uno de los Estados miembros?

¿Considera la Comisión que los distintos regímenes de compensación nacionales son conformes con las disposiciones del Tratado en materia de ayudas estatales?

En caso negativo, ¿qué medidas ha adoptado la Comisión para impedir las ayudas estatales ilegales?

En caso afirmativo, ¿de qué manera se propone la Comisión asegurar que no se producen distorsiones de la competencia entre los agricultores europeos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(5 de abril de 2001)

Los Estados miembros acaban de comenzar a notificar las medidas relacionadas con la actual crisis de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). En la actualidad la Comisión no tiene una visión completa de las medidas que los Estados miembros puedan desear aplicar.

Hasta el momento la Comisión ha evaluado una única ayuda estatal, la ayuda N 777/00, que se consideró conforme con el Tratado CE (para consultar el texto completo de esta decisión, véase el sitio Internet: http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids, donde se publican todas las decisiones en materia de ayudas estatales adoptadas a la Comisión).

Si una ayuda estatal es incompatible con el Tratado CE, la Comisión prohibe que se otorgue. Si la ayuda (incompatible) en cuestión ya hubiera sido otorgada, contraviniendo el apartado 3 del artículo 88 (antiguo apartado 3 del artículo 93) del Tratado CE, la Comisión exigiría su devolución por parte de los beneficiarios.

Para evitar dicha situación, la Comisión recordó recientemente a todos los ministros afectados su obligación de comunicar las ayudas estatales relacionadas con la EEB.

De conformidad con la jurisprudencia establecida, todas las ayudas estatales son susceptibles de falsear la competencia(1). Sin embargo, la letra c) del apartado 3 del artículo 87 (antiguo artículo 92) del Tratado CE autoriza este falseamiento siempre que no altere las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. En el citado recordatorio se adjuntó una breve recapitulación de las ayudas estatales en vigor(2) que permiten, en sustancia, la financiación de medidas preventivas y/o de la indemnización por sacrificio basada en la legislación nacional o comunitaria para hacer frente a la epidemia, a condición de que los gastos efectuados no se compensen en exceso.

(1) Asunto C-730/79, Rec. 1980, p. 2671, apartados 11 y 12.

(2) Véanse las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario, DO C 28 de 1.2.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-1276/01

de Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) a la Comisión

(2 de mayo de 2001)

Asunto: Carta para proteger el Mar de Alborán

Un grupo de expertos ha lanzado un proyecto de Carta de derechos del Mar de Alborán para preservar sus recursos, lograr su mejor explotación y controlar su calidad ambiental.

Se trata de un mar por donde pasan dos tercios del tráfico de petroleros del mundo, que causan unos vertidos muy importantes en un mar cerrado, que es como un lago inmenso y cuya calidad ambiental es muy difícil de preservar.

Con ambiciosos objetivos que propone la Carta de derechos del Mar de Alborán, con vistas a preservar un medio natural tan en peligro de deterioro de su calidad ambiental, ¿podría la Comisión asociarse, de la forma que estime conveniente, a la referida Carta para ayudar a que la misma se haga efectiva y sus pretensiones encuentren un apoyo económico que garantice su realización?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(6 de junio de 2001)

La Comisión lamenta no estar al corriente del proyecto de Carta de derechos del Mar de Alborán a que hace referencia Su Señoría y, por tanto, considera prematuro plantearse una posible colaboración comunitaria.

España propuso que la isla de Alborán pasara a formar parte de los lugares de interés comunitario con arreglo a la Directiva relativa a los hábitats(1) y que, con el tiempo, se convirtiera en zona de conservación especial incluida en la red Natura 2000.

La Comisión es perfectamente consciente de que la aplicación efectiva de los instrumentos comunitarios a las actividades que afectan al medio marino ofrece sin lugar a dudas posibilidades de mayor colaboración con los agentes in situ y otras partes interesadas.

Esta colaboración es tanto más importante cuanto que la protección efectiva de la biodiversidad marina requiere una estrategia integrada para hacer frente a las numerosas presiones que la amenazan. La elaboración de esa estrategia sobre la base de una amplia colaboración con otras partes y la utilización de los medios científicos adecuados ya figuran entre las prioridades de la Comisión(2).

(1) Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, DO L 206 de 22.7.1992. Modificada por el acta de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia (DO L 1 de 1.1.1995).

(2) Comunicación de la Comisión sobre el Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente - Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente para 2001-2010, COM(2001) 31 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0777/01

de Cristiana Muscardini (UEN) a la Comisión

(13 de marzo de 2001)

Asunto: Contaminación debida al uranio

El asunto del uranio empobrecido utilizado durante la guerra de Kosovo ha causado una alarma comprensible entre la opinión pública, temerosa de que los riesgos de contaminación hayan provocado el incremento del número de patologías irreversibles.

Las autoridades sanitarias de varios países someten a controles médicos tanto a los militares como a los civiles que han llevado a cabo su labor en las zonas bombardeadas con uranio empobrecido, encontrando dificultades para determinar si han sido o no contaminados los individuos sometidos a control médico.

Se tiene conocimiento por noticias publicadas en la prensa de que en la fábrica denominada Producciones nucleares Nuevas tecnologías y servicios avanzados, situada en la localidad de Bosco Marengo (Alessandria), se dispone de dos ejemplares de un instrumento denominado Total body, que puede medir la cantidad de uranio presente en el cuerpo de una persona.

- ¿Podría dar a conocer la Comisión si está la corriente de la existencia de un instrumento de estas características?

- ¿No considera conveniente recurrir a este instrumento para llevar a cabo el seguimiento de los militares que participaron en las campañas de la OTAN en Bosnia y en Kosovo o que aún se encuentran presentes en los Balcanes, con objeto de verificar certeramente si existe contaminación debida al uranio y en qué medida?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(8 de mayo de 2001)

Los instrumentos a los que hace mención Su Señoría son probablemente contadores corporales, que se utilizan para medir la materia radioactiva absorbida por el cuerpo humano. Muchos de estos instrumentos se utilizan en varios Estados Miembros, pero la Comisión no tiene datos específicos sobre los empleados en Bosco Marengo.

En algunos casos, un contador corporal puede no resultar adecuado para determinar la cantidad de radionúclidos presentes en el cuerpo humano.

Se cree que los soldados que estuvieron en los Balcanes absorbieron sólo cantidades muy pequeñas de uranio empobrecido. El uranio empobrecido emite radiaciones alfa que no son detectables, y los rayos gamma de baja energía que son emitidos por los productos de desintegración son atenuados por el tejido corporal. Además, el cuerpo elimina con rapidez la mayor parte del uranio absorbido. En consecuencia, no parece que la absorción por los soldados del uranio empobrecido pueda ser medida por estas técnicas, y es posible que sean preferibles otros métodos, como las pruebas biológicas.

Compete a los Estados Miembros, y no a la Comisión, decidir si han de realizarse o no estas pruebas a los soldados que sirvieron en los Balcanes.
PREGUNTA ESCRITA E-2164/01

de Colette Flesch (ELDR) a la Comisión

(19 de julio de 2001)

Asunto: Bruselas, ¿una capital para Europa?

Según la prensa, el Primer Ministro de Bélgica y el Presidente de la Comisión han organizado una reunión de reflexión acerca del papel de Bruselas como capital de Europa.

1. ¿Tiene su origen la intervención del Presidente en una decisión de la Comisión?

2. En caso afirmativo, ¿considera la Comisión que le corresponde intervenir en la cuestión de la sede tomando partido por Bruselas y, en tal caso, puede justificar su posición?

3. En caso negativo, ¿debe considerarse como una iniciativa personal la intervención del Presidente de la Comisión?

4. ¿Está dispuesto el Presidente a intervenir de igual modo en favor de Luxemburgo y de Estrasburgo?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(31 de julio de 2001)

El Presidente Prodi ha participado efectivamente en la iniciativa indicada por Su Señoría. Esta iniciativa es continuación de la declaración no 22 anexa al Tratado de Niza, relativa a los lugares de reunión del Consejo Europeo. La Comisión recuerda que la declaración indica que: A partir de 2002, una reunión del Consejo Europeo por Presidencia se celebrará en Bruselas. Cuando la Unión cuente con dieciocho miembros, todas las reuniones del Consejo Europeo se celebrarán en Bruselas.

La reflexión llevada en el marco de esta iniciativa, patrocinada por el Sr. Verhofstadt y el Sr. Prodi, tiene un carácter puramente intelectual, siendo su objetivo destacar la imagen y el papel de Bruselas a la luz de la declaración del Consejo Europeo; con ella no se pretende cuestionar las decisiones sobre las sedes de las Instituciones, definidas por el Tratado CE.

Por consiguiente, la última pregunta carece de fundamento.