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PREGUNTA ESCRITA E-2018/97 de Iñigo Méndez de Vigo (PPE) a la Comisión (11 de junio de 1997)

Asunto: Ayudas al sector del transporte marítimo

La Comisión Europea ha adoptado nuevas directrices por las que autoriza ayudas estatales en el sector de los transportes marítimos.

¿Tiene previsto la Comisión conceder ayudas con cargo a los fondos europeos para contrarrestar el declive de las flotas europeas?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (11 de julio de 1997)

El 6 de mayo de 1997, la Comisión adoptó nuevas directrices para la autorización de ayudas de Estado en el sector del transporte marítimo. Las nuevas directrices aparecieron en la comunicación de la Comisión «Hacia una Nueva Estrategia Marítima» ((COM(96)81 final. )) en la que se recomendaba su adopción para contribuir a mantener y desarrollar el sector marítimo comunitario.

Estas directrices intentan regular las formas de concesión de ayudas a los Estados miembros. Sin embargo, aparte de algunas iniciativas en el campo de la formación (por ejemplo, a través del Programa Leonardo), no está previsto que la financiación comunitaria se utilice para ayudar al sector del transporte marítimo.
PREGUNTA ESCRITA E-1297/97 de Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) a la Comisión (11 de abril de 1997)

Asunto: Acuerdo de pesca con Nueva Zelanda y otros

El mantenimiento de la actividad pesquera de la flota comunitaria y de los empleos que dependen de ella exige que la Unión Europea celebre nuevos acuerdos internacionales de pesca con países con los que aún no existen.

En este sentido, Nueva Zelanda ofrece posibilidades y ha mostrado su interés en ello.

¿Ha entrado en contacto la Comisión Europea con las autoridades de Nueva Zelanda para la negociación de un acuerdo de pesca con dicho país? Si así fuera, ¿en qué fase se encuentran los contactos? ¿Con qué países piensa la Comisión establecer nuevos acuerdos pesqueros?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (13 de mayo de 1997)

En octubre de 1995, la Comisión detectó posibilidades de llegar a un acuerdo de pesca con Nueva Zelanda. A su vez, este país manifestó su interés en estrechar los contactos con la Comunidad, por lo que en marzo de 1996 se entablaron conversaciones preliminares para determinar si se contaba con la base necesaria para la firma de un acuerdo de pesca de segunda generación entre la Comunidad y Nueva Zelanda.

Durante la misión llevada a cabo en Nueva Zelanda, los representantes de la Comisión se reunieron con representantes de los sectores público y privado, quienes se mostraron sumamente optimistas ante la posibilidad de cooperar con los intereses pesqueros comunitarios a través de asociaciones de empresas y sociedades mixtas. Las reacciones iniciales de los Estados miembros fueron también bastante positivas.

En enero de 1997, la Comisión solicitó al Consejo un mandato de negociación que la autorizase para iniciar negociaciones con Nueva Zelanda con vistas a la firma de un acuerdo de pesca. La cuestión está siendo actualmente debatida en el grupo de relaciones exteriores en materia de pesca del Consejo.

Para 1997, la Comisión está examinando actualmente la posibilidad de celebrar acuerdos de pesca con Rusia y Polonia así como con algunos países del sur de África, a saber, Namibia, Sudáfrica y Mozambique. No obstante, la firma de estos acuerdos se encuentra supeditada, en primer lugar, a las reacciones del sector pesquero comunitario ante las posibilidades de pesca ofrecidas y las asignaciones financieras derivadas de las mismas y, en segundo lugar, al nivel del compromiso financiero de la Comunidad para tales medidas.
PREGUNTA ESCRITA E-0661/97 de Ludivina García Arias (PSE) a la Comisión (6 de marzo de 1997)

Asunto: Impuestos a las sociedades empresariales

¿Puede informar la Comisión sobre la situación en cada Estado miembro de los impuestos a las sociedades empresariales, especificando en su caso cuando se den situaciones regionales?

¿Puede decir la Comisión si el mapa de incentivos regionales de la Unión Europea, cuyo objetivo es un desarrollo regional más equilibrado y un instrumento de atracción de nuevas empresas, coincide, se acerca o se aleja de la situación más favorable o desfavorable para una empresa a efectos de los impuestos de sociedades?

¿Puede la Comisión transmitir a esta diputada y al Parlamento Europeo los correspondientes informes estadísticos sobre mapas de impuestos de sociedades, incentivos regionales y ayudas regionales comunitarias?

¿Piensa la Comisión que estos temas deben formar parte de la reflexión sobre la armonización fiscal en la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (4 de junio de 1997)

La Comisión remite a Su Señoría a la decimosexta edición del inventario de los impuestos (Inventaire des impôts) editado por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (OPOCE), que contiene una breve descripción de todas las normativas nacionales relativas al impuesto de sociedades. Este inventario es el único documento oficial publicado por la Comisión en este ámbito.

Las subvenciones comunitarias que pueden recibir las empresas establecidas en zonas asistidas están sujetas al régimen fiscal aplicable en la región de que se trate. Estas ayudas no pueden rebasar los límites máximos de intensidad de ayuda autorizados por la Comisión en aplicación de su política de competencia. Estos límites máximos se expresan en equivalente neto de subvención para tomar en consideración las diferencias que puedan presentar los Estados miembros y las regiones en cuanto al régimen fiscal aplicable a tales ayudas.

La Comisión no dispone de estadísticas sobre el impuesto de sociedades ni sobre los incentivos o ayudas regionales comunitarios.

Las repercusiones de los incentivos o ayudas fiscales sobre la competencia entre los Estados miembros están siendo objeto de deliberaciones en el grupo de política fiscal que se creó a raíz del informe de la Comisión, de 22 de octubre de 1996, sobre la evolución de los sistemas tributarios ((COM(96)546 final. )). El objetivo de estas deliberaciones consiste en establecer un cierto grado de coordinación para limitar los efectos perjudiciales de la competencia fiscal sobre las estructuras fiscales.
PREGUNTA ESCRITA E-1098/97 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) a la Comisión (21 de marzo de 1997)

Asunto: Futuras competencias del Tribunal de Justicia de la UE

La actual redacción del artículo L del TUE impide que el Tribunal de Justicia de la UE sea competente en materias relacionadas con la política exterior y de seguridad y con la política de justicia e interior.

¿No cree la Comisión que la UE debería potenciar las atribuciones del Tribunal de Justicia en materia de vigilancia y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de los ciudadanos comunitarios y, por extensión, de países terceros? ¿Qué iniciativas se están tomando para elevar esta necesidad a las conclusiones de la CIG y al nuevo Tratado?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (30 de mayo de 1997)

Por lo que respecta al control jurisdiccional del respeto de los derechos fundamentales, la Comisión ha considerado siempre que limitar a priori el control del Tribunal de Justicia a la Comunidad no colma todas las lagunas que comporta la protección de los derechos fundamentales en los ámbitos de actuación de la Unión Europea.

Por este motivo, la Comisión defendió en la Conferencia Intergubernamental, por una parte, la necesidad de conservar la idea de una disposición en el Tratado que prevea la competencia de la Unión (o de las Comunidades) para participar en los mecanismos internacionales en materia de la protección de los derechos fundamentales y, por otra, que en cualquier caso, la modificación del artículo L del Tratado de la Unión Europea sobre la competencia del Tribunal de Justicia en materia de derechos fundamentales no debería excluir ningún ámbito de actuación de la Unión.
PREGUNTA ESCRITA E-1770/97 de Iñigo Méndez de Vigo (PPE) a la Comisión (27 de mayo de 1997)

Asunto: Inversiones europeas en Birmania

¿Tiene previsto la Comisión considerar la suspensión de las inversiones europeas en Birmania, del mismo modo que lo han hecho los EE.UU., a causa de las violaciones de los derechos humanos que se producen en dicho país?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión (24 de junio de 1997)

La Comisión respaldó plenamente la posición común de la Unión en relación con Birmania/Myanmar, adoptada por el Consejo de Asuntos Generales el 28 de octubre de 1996, y prolongada el 29 de abril de 1997, para otro periodo de seis meses por la que se impuso una primera serie de sanciones a Birmania. La Comisión no está en condiciones de adelantar ninguna información acerca de la posible imposición de otras sanciones, especialmente porque los Estados miembros están envueltos en un debate sobre la utilidad de las sanciones económicas para alcanzar objetivos políticos.
PREGUNTA ESCRITA E-1831/97 de Spalato Belleré (NI) a la Comisión (28 de mayo de 1997)

Asunto: Aumento de los casos de hepatitis C

Teniendo en cuenta el claro y constante aumento de la hepatitis C en Europa y dado que esta enfermedad se transmite a través de la sangre (p. e. mediante transfusiones), ¿no cree la Comisión que es necesario proceder a incentivar una mayor prevención, tanto en lo que se refiere a la recogida de sangre destinada a transfusiones como respecto de las modalidades en que éstas se efectúan?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (2 de julio de 1997)

Según una encuesta reciente financiada por la Comisión, el número estimado de personas infectadas (prevalencia) por el virus de la hepatitis C (VHC) en la Comunidad es de entre 2,4 y 5 millones, con tasas de prevalencia que varían de un Estado miembro a otro. Sin embargo, la Comisión no dispone de datos sobre el número de nuevos casos (incidencia) de la hepatitis C.

En los Estados miembros se aplican rutinariamente procedimientos de detección de los anticuerpos contra la hepatitis C en la sangre y el plasma utilizados para transfusiones así como para la preparación de medicamentos derivados de los mismos. Además, la Directiva 89/381/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, por la que se amplía el ámbito de aplicación de las Directivas 65/65/CEE y 75/319/CEE relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmacéuticas y por la que se adoptan disposiciones especiales sobre los medicamentos derivados de la sangre y del plasma humanos ((DO L 181 de 28.6.1989. )), exige a los Estados miembros la adopción de todas las medidas necesarias para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas en todos los medicamentos derivados de la sangre y el plasma.

La Comisión investiga en la actualidad los requisitos que existen en los Estados miembros en relación con la selección de donantes y el análisis de las donaciones, a fin de proponer recomendaciones del Consejo sobre criterios adecuados en la Comunidad.
PREGUNTA ESCRITA E-1904/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (4 de junio de 1997)

Asunto: Libro Verde sobre Educación/Formación - la movilidad transnacional

En relación con el «Libro verde Educación - Formación - Investigación. Los obstáculos para la movilidad transnacional» (COM(96)0462), cabe señalar que, con el fin de lograr una mayor justicia social, deben emprenderse, con carácter prioritario y sin dilación, todas las acciones necesarias para evitar que los más desfavorecidos se vean impedidos de acceder a los beneficios de los programas comunitarios contemplados en el Libro Verde. En la línea de acción no 7, por lo que se refiere al reparto de los importes de las ayudas económicas establecidas en los programas, ¿puede la Comisión tener en cuenta el nivel económico del beneficiario o del núcleo familiar al que pertenece?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1900/97, E-1901/97, E-1902/97, E-1903/97 y E-1904/97 dada por el Sra.Cresson en nombre de la Comisión (22 de julio de 1997)

Habida cuenta de la amplitud de la respuesta, la Comisión la envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA P-1327/97 de Honor Funk (PPE) a la Comisión (10 de abril de 1997)

Asunto: Fondos de la UE para la mejora estructural en regiones desfavorecidas

El diario «La Repúbblica» publicó en febrero de 1997 una información según la cual la burocracia italiana bloquea permanentemente la utilización de fondos de la UE. Se citaba la cifra de 60 billones de liras, es decir 60.000 millones de marcos, que están depositados en bancos romanos.

¿Conocía la Comisión este hecho?

¿No está obligada la Comisión a reclamar los créditos una vez rebasado el plazo?

¿Tiene pendiente en la actualidad la Comisión algún procedimiento de este tipo? En caso afirmativo, ¿qué consecuencias se derivarán de ello para la futura concesión de fondos?

Respuesta (21 de mayo de 1997)

La Comisión tiene conocimiento de los retrasos producidos en la ejecución de los programas de los Fondos estructurales en Italia. Por esta razón, ya en 1995, celebró un acuerdo con las autoridades centrales y regionales italianas relativo a un conjunto de medidas para mejorar la gestión de los programas de los Fondos estructurales en ese país. La Comisión sigue atentamente la aplicación de este acuerdo.

Los Estados miembros deben reembolsar los créditos de los Fondos estructurales que no han sido utilizados en la fecha límite para la ejecución de los programas.

El cierre de los programas es un procedimiento permanente que depende de las fechas de cierre de cada uno de ellos. La Comisión adopta las medidas adecuadas relativas al reembolso o pago final tras examinar el informe definitivo de ejecución de cada programa. No existe ningún vínculo directo entre este procedimiento y la concesión de fondos destinados a nuevos programas.
PREGUNTA ESCRITA E-1494/97 de Antoine-François Bernardini (PSE) a la Comisión (30 de abril de 1997)

Asunto: Legislación sobre los conductores de grúas móviles

Recientemente, los representantes de los conductores franceses de grúas móviles han pedido que se examinara la legislación francesa en vigor referente al ejercicio de su profesión.

Creada a petición de las industrias y las empresas de construcción y obras públicas, esta profesión reciente -de transporte de grúas móviles- resulta afrontar en el territorio francés una competencia sin cuartel a causa de una legislación nacional restrictiva que no ha evolucionado desde hace casi 25 años.

Por ello se pide a la Comisión que examine las consecuencias de un vacío legislativo en este ámbito que genera una distorsión de la competencia.

¿Puede la Comisión comunicar sus intenciones sobre una posible armonización de las normas de circulación de tales máquinas, consideradas sólo en Francia como transportes excepcionales y por ello sometidas a unas restricciones abusivas?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (17 de junio de 1997)

La Comisión está enterada de las diferencias nacionales y locales en lo que se refiere a la autorización para la circulación de grúas móviles. Estos vehículos no están incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación comunitaria establecida por la Directiva 96/53/CE, sobre los pesos máximos autorizados y las dimensiones para la circulación ((DO L 235 de 17.9.1996. )).

A partir de la información hecha pública por las autoridades de los Estados miembros, la Comisión considera que es mejor dejar la autorización para este tipo de vehículos en manos de las autoridades nacionales y locales ya que éstas están mejor situadas para juzgar los posibles problemas con respecto a la infraestructura y la seguridad vial.
PREGUNTA ESCRITA E-1658/97 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (14 de mayo de 1997)

Asunto: Informe sobre las drogas en Europa

El artículo 18 del Reglamento 302/93 ((DO L 36 de 12.2.1993, p. 1. )) por el que se crea un Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías, dispone que la Comisión transmitirá al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre las actividades del Observatorio en relación a la evolución de la difusión del abuso de drogas en la Unión Europea antes del 31 de octubre de 1996.

¿Puede indicar la Comisión si se ha elaborado este informe y, en caso contrario, las razones para que ello no sea así?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (4 de junio de 1997)

La Comisión ya ha elaborado el informe ((COM(97)146. )) sobre las actividades del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías durante el periodo 1994-1996 y lo ha transmitido al Parlamento y al Consejo, así como al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones a título informativo.
PREGUNTA ESCRITA E-1566/97 de Johanna Maij-Weggen (PPE) y Jan Sonneveld (PPE) a la Comisión (6 de mayo de 1997)

Asunto: Ejecución a nivel nacional de la directiva sobre los nitratos

¿Puede la Comisión comunicar de qué manera los diferentes Estados miembros de la UE han llevado a la práctica la denominada directiva sobre los nitratos de la Unión Europea o piensan hacerlo?

¿Puede la Comisión comunicar concretamente si cada Estado miembro de la UE ha elaborado un sólo conjunto de disposiciones de aplicación para todo el territorio del Estado miembro en cuestión o si determinados Estados miembros han optado por un enfoque diferenciado?

En caso de que determinados Estados miembros hayan optado por un enfoque diferenciado, ¿puede la Comisión comunicar cuáles son las modalidades (por ejemplo, según la región, el tipo de suelo, los problemas específicos de cada región, el contenido de nitratos en el suelo)?

¿Tiene previsto la Comisión presentar a corto plazo una nota sobre las diferentes disposiciones de aplicación y cuándo puede esperarse dicha nota?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1566/97 y E-1744/97 dada por el Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (19 de junio de 1997)

En todos los Estados miembros, a excepción de Bélgica, Grecia, Italia, los Países Bajos, Portugal y Finlandia, se ha efectuado la incorporación a la legislación nacional de la Directiva 91/676/CEE del Consejo relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.

Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, los Países Bajos y Austria aplican programas de acción a la totalidad de su territorio en virtud del apartado 5 del artículo 3 de la Directiva. Irlanda considera no tener ninguna zona que deba designarse como vulnerable mientras que Suecia y el Reino Unido han llevado a término la designación de sus zonas vulnerables y en los restantes Estados miembros la designación no ha concluido.

Todos los Estados miembros, a excepción de Bélgica, Portugal y España, han comunicado códigos de prácticas agrarias correctas, o sus equivalentes, para la totalidad del territorio. Asimismo se han recibido programas de acción de Dinamarca, Alemania, Luxemburgo y Suecia: en Dinamarca, Alemania y Luxemburgo las medidas abarcan el total del país mientras que en Suecia se aplican únicamente en las zonas vulnerables.

La Comisión está sumamente descontenta con el grado actual de ejecución de la Directiva en la mayor parte de los Estados miembros y está adoptando todas las medidas a su alcance, incluido el recurso a los procedimientos previstos en el artículo 169 del Tratado CE para todos aquellos casos en que esté justificado.

La Comisión se propone, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Directiva, presentar dos informes, uno de síntesis de la información facilitada por los Estados miembros, y otro sobre la ejecución de la Directiva. La presentación de ambos está prevista para finales del año en curso.
PREGUNTA ESCRITA E-1027/97 de Hiltrud Breyer (V) al Consejo (24 de marzo de 1997)

Asunto: Fundamento jurídico para la comercialización de productos manipulados genéticamente

La Directiva 90/220/CEE ((DO L 117 de 8.5.1990, p. 15. )) y el Reglamento no 258/97 ((DO L 43 de 14.2.1997, p. 1. )) del Parlamento Europeo y del Consejo sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios regulan la comercialización de los productos alimenticios obtenidos o modificados mediante técnicas genéticas.

1. ¿A qué reglamentación está sometida la comercialización de plantas útiles transgénicas destinadas a ser utilizadas como piensos y que con ello también entran indirectamente en la cadena alimenticia humana?

2. a) ¿Cómo se regula la comercialización de las plantas útiles transgénicas que se utilizan tanto directamente para el consumo humano como para la alimentación de animales y la producción de materias primas renovables?

b) ¿Existe para ello un único procedimiento o existen varios?

c) ¿Cómo están relacionados entre sí estos procedimientos?

Respuesta (14 de julio de 1997)

1. La Directiva 90/220/CEE y el Reglamento (CE) 258/97 regulan respectivamente, entre otras cosas, la comercialización de organismos modificados genéticamente (OMG) y de alimentos e ingredientes alimentarios que contengan OMG tal como se definen en la Directiva 90/220 o que se compongan de dichos organismos, sin perjuicio de las exclusiones que establecen ambos textos.

2. La Directiva 90/220/CEE no establece a priori distinciones en función del producto por comercializar, en el entendimiento de que, cuando proceda, se aplicará la legislación comunitaria correspondiente al mismo y que debe facilitarse información sobre el uso previsto. El Reglamento 258/97 se refiere a los alimentos o ingredientes destinados al consumo humano.

3. La relación de las condiciones de aplicación de la Directiva y el Reglamento citados se explica en los artículos 1, 3 y 9 del Reglamento.
PREGUNTA ESCRITA E-1179/97 de Gianni Tamino (V) a la Comisión (3 de abril de 1997)

Asunto: Promoción de las carnes de bovino de primera calidad

Por lo que se refiere al Reglamento 1318/93 ((DO L 132 de 29.5.1993, p. 83. )), ¿puede la Comisión proporcionar los nombres de los destinatarios, la cantidad de financiación concedida y los resultados de las medidas de promoción y comercialización en favor de la carne bovina de primera calidad en Italia?

¿Tiene intención la Comisión de prorrogar dicho reglamento y/o el Reglamento 2067/92 ((DO L 215 de 30.7.1992, p. 57. )) y con qué modalidades?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (6 de mayo de 1997)

La Comisión acaba de aprobar la propuesta de Reglamento del Consejo con el que está previsto sustituir el Reglamento (CE) no 2067/92, relativo a acciones de promoción y de comercialización en favor de la carne de vacuno de calidad ((COM(97)70. )).

Por lo que respecta a los resultados de las actividades de promoción llevadas a cabo en Italia, un estudio realizado para la campaña de 1995-1996 en cinco puntos de venta de una cadena de supermercados demostró que durante la acción de promoción el número de clientes aumentó en un 6 %, con un incremento medio del 34 % del número de piezas de carne vendidas por cada compra.

Además, según una encuesta sobre el logo colectivo «EQB» (European quality beef) encargada por la agrupación «Intercarne Qualità», el 25 % de los encuestados reconoció importantes diferencias entre la carne de calidad y los demás tipos de carne y un 46 % reconoció algunas diferencias entre ambos productos. Un 63 % de los encuestados atribuyó estas diferencias a la consistencia de la carne, un 54 % a su ternura, un 46 % a su sabor y un 35 % al hecho de que se trata de carne controlada.