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PREGUNTA ESCRITA E-0692/01

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(8 de marzo de 2001)

Asunto: Funcionamiento de obras financiadas por el segundo MCA

Con el segundo marco comunitario de apoyo se realizaron los siguientes proyectos:

a) en la región de Oinofyta:

1. depuración biológica de aguas residuales urbanas,

2. depuración biológica de residuos industriales de las fábricas de la región;

b) en la región de Schimatari:

1. depuración biológica de aguas residuales urbanos,

2. depuración biológica de residuos industriales de las fábricas de la región.

Según diversas fuentes, para ahorrar costes, estas depuradoras, en particular las de residuos industriales, sólo funcionan en caso de controles inminentes. Ante la situación expuesta, ¿puede indicar la Comisión qué importe se ha gastado en todos estos proyectos?

¿Puede confirmar la Comisión el funcionamiento regular de las instalaciones en cuestión?

¿Tiene la Comisión la posibilidad de realizar controles por sorpresa?

Respuesta complementaria del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(25 de julio de 2001)

Según la información facilitada por las autoridades griegas, una sola depuradora trata los efluentes urbanos de las ciudades de Oinofyta y Schimatari. En esta región también funcionan estaciones de tratamiento de efluentes industriales pero se construyeron con inversiones privadas y funcionan bajo la responsabilidad de las empresas a las cuales pertenecen.

La construcción de la depuradora antes citada se cofinanció inicialmente gracias a la Iniciativa comunitaria Envireg, con un importe de 182 millones de dracmas, y del subprograma EAPTA del programa operativo (PO) regional para Grecia Central del período 1994-1999, con un importe de 85 millones de dracmas. Dicha construcción se abandonó momentáneamente, pero a raíz de una intervención de la Comisión, las autoridades griegas acabaron la depuradora con la ayuda de una cofinanciación complementaria de 641 millones de dracmas en virtud del PO Medio Ambiente del período 1994-1999.

La depuradora no está conectada a una red de alcantarillado sino que sirve de punto de descarga a los camiones cisterna que vacían las fosas sépticas. Su capacidad media es de aproximadamente 1 500 metros cúbicos diarios, lo que representa alrededor de cien camiones cisterna. También dispone de un depósito de descarga que puede recibir y tratar (neutralización y secado) los lodos industriales no tóxicos procedentes de las depuradoras de las fábricas próximas.

Las autoridades nacionales son responsables del buen funcionamiento de las plantas de depuración de aguas residuales municipales y deben presentar cada dos años a la Comisión un informe periódico sobre este tema. La Comisión no cuenta con las prerrogativas de control en el sentido propuesto por Su Señoría.

Conviene señalar que el funcionamiento discontinuo de dicha depuradora constituiría una violación de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas(1).

(1) DO L 135 de 30.5.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-1488/01

de Jean-Claude Martinez (TDI) a la Comisión

(18 de mayo de 2001)

Asunto: Fraude de las harinas animales

Con la finalidad de luchar contra la EEB o enfermedad de las vacas locas, Francia prohibió las harinas animales para bovinos en julio de 1990 y reforzó esta prohibición en julio de 1996 excluyendo los materiales de riesgo especificado (MER) como, por ejemplo, el cerebro, el bazo o la médula espinal.

Sin embargo, parece que, desde 1996, se siguen produciendo y continúan circulando fraudulentamente varios miles de toneladas de harinas animales destinadas a la alimentación de los bovinos, tal como acaba de poner de manifiesto un reciente suceso.

Ante la gravedad de estos hechos y el peligro que entrañan para la salud humana, ¿qué medidas pretende adoptar la Comisión al respecto?

¿Considera la Comisión que, tal como sugirió, es oportuno reintroducir las harinas animales incluso para los no rumiantes,

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(23 de julio de 2001)

Las autoridades judiciales francesas están investigando las acusaciones de fraude en las harinas de carne y huesos. La OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) recibe información sobre el particular.

Teniendo en cuenta los resultados de las inspecciones realizadas por la Oficina Alimentaria y Veterinaria, y las diferencias entre las pruebas para la detección de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) que se realizan en los distintos Estados miembros, la Comisión opina que es prematuro proponer que se levante la prohibición total de utilizar las harinas animales en la alimentación del ganado. Por ello ha sido prorrogada la actual suspensión, que debía expirar el 30 de junio de 2001. Entretanto, se sigue trabajando para la adopción por el Consejo y el Parlamento, y la aplicación por los Estados miembros, del Reglamento sobre subproductos animales no destinados al consumo humano(1).

En él se dispone que:

a) solo podrán usarse en la alimentación animal los subproductos derivados de animales aptos para el consumo humano;

b) los residuos animales no destinados a la alimentación animal deben ser obtenidos, almacenados, transportados, manipulados y utilizados de forma completamente separada;

c) también deben separarse totalmente las plantas de transformación dedicadas a la producción de piensos de las plantas de transformación de otros residuos animales;

d) se aplicarán normas más estrictas para la rastreabilidad de subproductos animales, incluidos el control del material especificado de riesgo mediante sistemas de registros, documentos de acompañamiento o certificados sanitarios y el marcado de las proteínas y grasas animales destinadas a la destrucción.

(1) DO C 96 E de 27.3.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-0603/01

de Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) al Consejo

(2 de marzo de 2001)

Asunto: Estatuto de la Unión Europea para las capitales de los Estados miembros

La representatividad de las capitales de los Estados miembros en relación con los servicios tanto institucionales como administrativos que deben prestar por su condición de capital estatal en el ámbito institucional de la Unión Europea es un hecho relevante. Así, existe un cierto desequilibrio entre las obligaciones que deben prestar las capitales estatales y el resto de las urbes de la geografía comunitaria que, sin embargo, no ha merecido hasta la fecha una compensación para que las capitales estatales desarrollen mejor su papel con una más lograda asistencia institucional y contributiva.

¿Cree el Consejo que la Unión Europea debe promulgar un Estatuto para las capitales estatales de la Unión Europea a los efectos de realzar la condición de capital estatal de las ciudades implicadas? En caso afirmativo, no cree el Consejo que el referido estatuto no sólo debe realzar esa condición sino además posibilitar una compensación económica y el rango institucional competente para estas ciudades de la Unión Europea que soportan el peso de la capitalidad oficial del estado nacional que representan?

Respuesta

(13 de julio de 2001)

El Consejo no ha tenido todavía ocasión de tratar esta cuestión.
PREGUNTA ESCRITA E-1331/01

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(3 de mayo de 2001)

Asunto: Consejo municipal metropolitano de Tameside

¿Ha recibido la Comisión quejas de cierto Sr. Phil McCarthy (y otros) alegando que el Consejo municipal metropolitano de Tameside había vulnerado los términos de la Directiva 97/11/CE(1) en lo que se refiere a la necesidad de realizar evaluaciones del impacto ambiental de los proyectos, al haber aprobado, sin realizar previamente dicha evaluación, el traslado del centro de enseñanza media Hatterley High School a una zona verde conocida localmente como Backbower, junto a la Mottram Old Road, en el término municipal de Tameside?

En caso afirmativo, ¿qué acciones piensa o propone emprender la Comisión?

(1) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(21 de junio de 2001)

Desafortunadamente, la Comisión no está autorizada a suministrar a Su Señoría información sobre la identidad de denunciantes individuales y/o sobre la problemática de sus denuncias. Las denuncias ante la Comisión son tratadas con carácter confidencial a menos que el denunciante indique lo contrario. Al registrar oficialmente las denuncias del público, la Comisión informa a los denunciantes de que su identidad o los datos que puedan permitir determinarla se revelarán únicamente con el permiso expreso del interesado. Esta garantía es importante, pues garantiza a los denunciantes de posibles infracciones del Derecho comunitario que pueden hacerlo sin temor a que la revelación de su identidad tenga consecuencias adversas.
PREGUNTA ESCRITA E-0682/01

de Emilia Müller (PPE-DE) a la Comisión

(8 de marzo de 2001)

Asunto: Inclusión de las zonas militares en las notificaciones de los Estados miembros conformes a la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres

1. ¿Qué Estados miembros han incluido las zonas de uso militar en las notificaciones conformes a la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y a la Directiva referente a la protección de las aves con vistas a la creación de la red europea Natura 2000?

2. ¿Cuál es el porcentaje de los terrenos militares en relación con la superficie total notificada por cada uno de los Estados miembros a la Comisión según disponen la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y la Directiva referente a la protección de las aves?

3. En el caso de que algunos de los Estados miembros no hayan incluido las zonas militares en la notificación, se ruega que se respondan las siguientes preguntas:

a) ¿por qué no lo han hecho?

b) ¿Cuál es la posición de la Comisión al respecto?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(10 de mayo de 2001)

El posible uso militar de las zonas notificadas a la Comisión para la red Natura 2000 en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats)(1) y de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves)(2), figura entre los datos no obligatorios que los Estados miembros comunican en la notificación. Así pues, se puede indicar de forma facultativa el tipo de actividad maniobras militares, a que podría referirse la pregunta de Su Señoría. De los 14 Estados miembros que han comunicado datos informatizados a la Comisión en virtud de la Directiva Hábitats (todos excepto Alemania), diez han indicado este tipo de actividad (Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia y Suecia). En lo que se refiere a los lugares notificados en virtud de la Directiva Aves, ocho Estados miembros han indicado este tipo de actividad (Bélgica, Grecia, Italia, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia y Suecia).

La Comisión no puede facilitar los datos solicitados, habida cuenta del carácter facultativo de la indicación del tipo de actividad mencionado anteriormente, por lo que resulta imposible determinar la superficie afectada.

Los Estados miembros deben notificar para Natura 2000 zonas que cumplan los criterios científicos de las dos Directivas mencionadas. Esta obligación es competencia de los Estados miembros, por lo que la Comisión no puede indicar si se han excluido zonas de uso militar, ni los motivos de dicha exclusión. La Comisión considera que los terrenos de uso militar deben notificarse para Natura 2000 si sus características ecológicas así lo justifican.

(1) DO L 206 de 22.7.1992.

(2) DO L 103 de 25.4.1979.
PREGUNTA ESCRITA E-0609/01

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(1 de marzo de 2001)

Asunto: Acuerdo grecoturco sobre la construcción de nuevos gasoductos en el marco del Inogate Umbrella Agreement

Recientemente la compañía pública griega DEPA y la empresa turca BOTAS concluyeron un acuerdo sobre la construcción, en el marco del Inogate Umbrella Agreement, de un gasoducto de doble dirección que una la región del Caspio con los países consumidores europeos. Según el memorándum pormenorizado que acompaña al acuerdo, ambos países se comprometen a crear un organismo conjunto encargado del seguimiento del proyecto, elaborar un estudio de viabilidad y buscar financiación para la construcción del gasoducto.

1. ¿Puede proporcionar la Comisión detalles sobre el acuerdo en cuestión y su contribución al abastecimiento energético de la Unión Europea?

2. ¿Hay estimaciones sobre el trazado probable del citado gasoducto?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(20 de abril de 2001)

La Comisión confirma que en el marco del programa Inogate (Interstate Oil and Gas Transport to Europe), se ha celebrado un acuerdo de cooperación entre las empresas DEPA (Grecia) y BOTAS (Turquía) para estudiar inicialmente las interconexiones de las redes de gasoductos entre Turquía y Grecia y, posteriormente, sus extensiones a los países vecinos de los Balcanes. Este proyecto de interconexión de las redes de gasoductos incluye la extensión a Italia y el principio de la reversibilidad de los suministros del este al oeste y del oeste al este.

La Comisión recuerda que Grecia y Turquía son signatarios del Inogate Umbrella Agreement (Institutional framework for the establishment of interstate oil and gas transportation systems) junto con los siguientes países: Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Georgia, Armenia, Ucrania, Bielorrusa, Moldavia, Rumanía, Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria y Croacia.

La Comisión considera este acuerdo importante para satisfacer la creciente demanda de gas en Europa y en particular en el mercado interno de la Comunidad ampliada a los países candidatos, y para garantizar la seguridad y diversidad de los suministros. En efecto, además de los suministros de gas procedentes de las fuentes tradicionales (Rusia, Argelia, Noruega), esta interconexión permitiría al mercado del gas europeo abastecerse con recursos procedentes de la cuenca del Mar Caspio, de Asia Central, de Irán a través de Turquía, o de otras fuentes de gas situadas en el Maghreb y en el Machrek a través de Italia y Turquía (anillo gasero del sur).

Aún no se han iniciado los estudios de ingeniería destinados a definir el trayecto probable del gasoducto o gasoductos en cuestión. La Comisión mantiene los debates con las autoridades y las empresas griegas y turcas para una posible financiación de los estudios de viabilidad de estas infraestructuras en el marco de los instrumentos comunitarios de asistencia técnica y financiera.
PREGUNTA ESCRITA E-1339/01

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(4 de mayo de 2001)

Asunto: Discriminación por motivos de religión

¿Puede la Comisión confirmar que el artículo 13 del Tratado de Amsterdam prohibe la discriminación por motivos de religión? ¿Puede, por consiguiente, confirmar que la diferencia de trato en la legislación en materia de empleo a los sacerdotes cristianos en comparación con los imanes islámicos o los líderes de la Fe Baha'i supone una discriminación?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(11 de julio de 2001)

1. Conforme al artículo 13 del Tratado CE (antiguo artículo 6 A), introducido por el Tratado de Amsterdam, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos, inter alia, de religión o convicciones. Esta disposición no tiene efecto directo y no otorga a los particulares derecho alguno que pueda ser invocado ante los tribunales nacionales o el Tribunal de Justicia Europeo.

La Directiva 2000/78/CE de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(1) se basa en el artículo 13 del Tratado CE.

Esta Directiva prohíbe en general toda discriminación, directa o indirecta por motivos, inter alia, de religión o convicciones. El apartado 2 del artículo 4 de dicha Directiva se refiere específicamente a las iglesias y otras organizaciones públicas o privadas basadas en la religión o las convicciones. Esta disposición permitiría al empleador del ámbito religioso justificar diferencias de trato basadas en la religión o las convicciones, las cuales son necesarias para mantener la ética de la organización o institución en cuestión y podrán exigir en consecuencia a las personas que trabajen para ellas una actitud de buena fe y de lealtad hacia la ética de la organización. No obstante, el apartado 2 del artículo 4 no establece una exención general y prevé que las diferencias de trato que puedan justificarse como un requisito profesional esencial, legítimo y justificado para un trabajo determinado dependerán del contexto y la naturaleza de dicho trabajo. Esta Directiva también establece muy claramente que esta disposición no podrá justificar una discriminación basada en otro motivo.

Los Estados Miembros disponen hasta diciembre de 2003, a más tardar, para tomar las medidas necesarias a nivel nacional para aplicar la Directiva 2000/78/CE.

2. La Comisión no dispone de información que le permita examinar la existencia de una posible discriminación, relativa a las condiciones de trabajo, entre representantes de distintas religiones.

(1) DO L 303 de 2.12.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-1947/01

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(3 de julio de 2001)

Asunto: Restricciones de Turquía contra los asirios-siriacos

La detención y el procesamiento del sacerdote asirio-ortodoxo Yusuf Akbulut provocó una amplia reacción de la opinión pública internacional, lo que hizo posible su absolución. Probablemente, el Estado turco se ha visto obligado a dar marcha atrás y ha ordenado al Tribunal de Seguridad de Diyarbakir que absuelva a Akbulut.

El Estado turco parece resentido por haberse visto obligado a retractarse en relación con Yusuf Akbulut y, en general, por la presión cada vez mayor para que se produzcan cambios en el país. Ahora, el Estado turco se ha tomado la revancha.

El Ministro del Interior de Turquía ha promulgado un decreto por el que se establecen restricciones considerables a todos los asirios-siriacos residentes en Europa que desean visitar los pueblos de sus ancestros en el sureste de Turquía. Este decreto prohíbe ponerse en contacto con sus raíces y su herencia cultural a muchos jóvenes que buscan su identidad y que, debido a la guerra en el Sureste del país, no han podido visitar los pueblos de sus ancestros. Turquía sigue destruyendo de manera sistemática la herencia cultural de los asirios-siriacos. Las iglesias y los conventos, entre los cuales algunos cuentan con más de un milenio de antigüedad, han sido convertidos en mezquitas o establos. Mediante este decreto, Turquía pretende ocultar la barbarie de sus acciones.

¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para obligar a Turquía a poner fin al acoso repetido de la población asirio-siriaco?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(26 de julio de 2001)

La protección de las minorías, que incluye la libertad religiosa es uno de los criterios políticos de Copenhague que deben cumplir plenamente los países candidatos. Salvaguardar la diversidad cultural y garantizar los derechos culturales de todos los ciudadanos sin distinción de origen es una de las prioridades a medio plazo de la asociación para la adhesión de Turquía(1). La Comisión sigue de cerca la situación de las minorías religiosas en ese país y ha recibido con cierta preocupación la información acerca de los recientes casos de malos tratos y discriminaciones infligidos a siriacos ortodoxos que trataban de retornar a sus pueblos de origen.

En este contexto, cabe esperar que la aprobación el 12 de junio de 2001 por el Primer Ministro de una circular instando a todas las autoridades competentes a erradicar toda práctica discriminatoria en contra de los siriacos ortodoxos contribuya a mejorar la situación.

La Comisión hará una evaluación de la situación en su Informe periódico que se publicará en noviembre de 2001.

(1) Adoptada por el Consejo el 8 de marzo de 2001, DO L 85 de 24.3.2001.
PREGUNTA ESCRITA P-1545/01

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(14 de mayo de 2001)

Asunto: Prohibición por parte de las autoridades belgas de entrada a camiones que transportan palomas

¿Tiene conocimiento la Comisión de que las autoridades belgas han prohibido la entrada a su territorio a los camiones que transportan palomas?

¿Podría confirmar la Comisión que esta medida es inaceptable e inadecuada en estos momentos, dado que no hay restricciones al transporte de palomas en el Reino Unido?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(18 de junio de 2001)

La Comisión ha sido informada por las autoridades belgas de la adopción de una serie de restricciones a la circulación de animales en relación con la grave epidemia de fiebre aftosa que afecta a determinadas partes de la Comunidad.

Entre estas medidas se incluía también la prohibición de la introducción de palomas procedentes del Reino Unido en caso de que existiera el riesgo de que hubieran estado en contacto con animales potencialmente infectados con la fiebre aftosa.

La Comisión ha reexaminado esta situación en el seno del Comité veterinario permanente.

Las restricciones a la circulación de palomas, adoptadas por las autoridades belgas, fueron suprimidas el 15 de mayo de 2001.
PREGUNTA ESCRITA E-0820/01

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(19 de marzo de 2001)

Asunto: Posible fraude en la utilización de fondos del FSE destinados a aulas de formación, gestionados por la Confederación de Empresarios de Galicia

En el contexto de unas graves irregularidades en la gestión del anterior presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Ramilo, que han dado lugar a una deuda, aún no explicada, de 1 000 millones de pesetas (6 010 121 euros), se ha descubierto el uso, posiblemente fraudulento, de fondos comunitarios gestionados por la confederación con subvenciones del Gobierno gallego que, teniendo por objetivo cursos de formación, fueron destinados a gastos corrientes de la citada organización empresarial. Debe tenerse en cuenta que la CEG recibió, entre 1996 y 2000, 3 569 millones de pesetas (21 450 122 euros) del Gobierno gallego, constituidos en gran medida por fondos comunitarios. ¿Qué medidas piensa tomar la Comisión en relación con el Gobierno gallego, responsable de la administración de los fondos comunitarios, ante la posibilidad de que la gestión irregular del anterior presidente de la CEG se haya producido también en los cursos de formación financiados por el FSE?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2001)

La Comisión ruega a Su Señoría que se remita a la respuesta escrita que dio a su pregunta oral H-0258/01 durante el turno de preguntas del período parcial de sesiones de abril de 2001(1).

El 4 de abril de 2001, la Comisión recibió de España información acerca de la financiación de la Xunta de Galicia a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), así como de los controles efectuados. No obstante, se trata de un informe que aún debe ser completado por España a fin de permitir detectar los casos en que se hayan producido irregularidades. Por tanto, España debería estar en condiciones de comunicar próximamente a la Comisión las conclusiones de las comprobaciones que aún siguen realizándose, lo que le permitirá adoptar, en ese momento, las medidas oportunas.

Por el momento, España no ha notificado ningún caso de irregularidades comprobadas acerca del caso en cuestión. Sin embargo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha indicado, por su parte, que el 29 de marzo de 2001 inició una investigación con el objetivo de prestar asistencia a las autoridades españolas (Fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción).

(1) Respuesta escrita de 3.4.2001.