PREGUNTA ESCRITA P-0461/99

de W.G. van Velzen (PPE) a la Comisión

(23 de febrero de 1999)

Asunto: Aplicación de la Directiva sobre la electricidad en Francia

El 17 de febrero de 1999 se celebró en el Parlamento francés un debate parlamentario sobre la aplicación de la Directiva europea sobre la electricidad. Según el Tratado, todos los Estados miembros tienen la obligación de incorporar las directivas europeas en sus legislaciones nacionales respectivas. Para la Directiva sobre la electricidad, la fecha límite de transposición a la legislación nacional es el 18 de febrero de 1999.

1. ¿Está enterada la Comisión de la postura adoptada por el Secretario de Estado francés Pierret, quien desea una apertura controlada del mercado de la electricidad?

2. Según noticias aparecidas en la prensa, la nueva propuesta del Gobierno francés supone que las empresas sólo podrán cambiar de proveedor de electricidad cada 5 años. ¿Se ajusta esto a lo estipulado en el artículo 19 de la Directiva sobre la electricidad?

3. Al parecer, sólo los productores podrán ofrecer electricidad, denegándose esta posibilidad a los distribuidores e intermediarios. ¿Se ajusta esto a lo estipulado en el artículo 19 de la Directiva sobre la electricidad?

4. ¿Qué consecuencias tendrá esta postura restrictiva del Gobierno francés para la reciprocidad y la liberalización total del mercado europeo de la electricidad?

5. ¿Qué medidas adoptará la Comisión si a su juicio existe tirantez entre la normativa francesa y la Directiva europea?

Respuesta del Sr. Papoutsis En nombre de la Comisión

(7 de abril de 1999)

1. La preparación de la legislación destinada a incorporar la Directiva 96/92/CE del Parlamento y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, relativa a las normas comunes del mercado interior de la electricidad(1), a las legislaciones nacionales ha sido objeto de una cooperación estrecha, tanto bilateral como multilateral, entre los Estados miembros y la Comisión. En este contexto, la Comisión ha recibido "el proyecto de ley de modernización y desarrollo del servicio público de la electricidad", de 11 de diciembre de 1998. El 2 de marzo de 1999 la Asamblea Nacional aprobó este proyecto en primera lectura, con una serie de enmiendas que la Comisión aún no conoce en todos sus detalles. El proyecto también debe ser examinado por el Senado.

2. La Directiva no se pronuncia sobre la duración de los contratos de suministro de electricidad que, según la Comisión, es de libre contratación y, en su caso, depende de las normas de competencia del Tratado CE. La Comisión acaba de enterarse de que en la votación en primera lectura en la Asamblea Nacional se ha aprobado una enmienda que impone una duración mínima de tres años a los contratos entre las empresas y los proveedores de electricidad. La imposición de una duración mínima podría constituir una restricción no justificada a la liberalización del mercado que exige la Directiva 96/92/CE, así como una infracción de los artículos 5, 85 y 90 del Tratado CE. La Comisión tomará posición oficialmente si dicha enmienda se aprobara al término del proceso legislativo.

3. La Directiva no impone a los Estados miembros ninguna obligación de reconocer las actividades de mayorista e intermediario en electricidad. Este es un tema sujeto a la subsidiariedad.

4. La Directiva obliga a los Estados miembros a garantizar inicialmente una apertura de sus mercados de electricidad del 26,48 %. Los Estados miembros pueden ir más lejos pero sin ninguna obligación. En cuanto a la claúsula de reciprocidad, la Comisión se pronunciará sobre las condiciones previstas en el artículo 19 de la Directiva si un Estado miembro le sometiera el asunto.

5. En este caso, la Comisión reaccionaría tal como lo haría en cualquier caso de incumplimento de una directiva europea, es decir, mediante un emplazamiento y, eventualmente, un procedimiento de infracción.

(1) DO L 27 de 30.1.1997.