PREGUNTA ESCRITA E-2456/01

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(11 de septiembre de 2001)

Asunto: Declaraciones del Ministro español de Hacienda sobre la capacidad normativa fiscal de las Comunidades Autónomas del Estado español

El pasado día 27 de julio, el Gobierno central español y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas (CA) firmaron un acuerdo de financiación autonómica que renueva y modifica el que estuvo en vigor durante los últimos cinco años. En dicho acuerdo se extiende a nuevos impuestos estatales la cesión a las CA de una determinada proporción de ingresos fiscales cobrados en cada Comunidad. En concreto, se aumenta principalmente el nivel de cesión del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) del 30 % al 33 % y se ceden el 35 % del IVA y porcentajes que van del 40 % (hidrocarburos, tabaco y alcohol) al 100 % (electricidad, registros) en impuestos especiales. El acuerdo puede criticarse justificadamente por privilegiar objetivamente y beneficiar en particular a las CA más ricas del Estado, incrementando sus ingresos en mayor proporción y facilitándoles una suficiencia financiera muy superior, llegando las CA más ricas a alcanzar un grado de suficiencia dos veces mayor que el de las menos desarrolladas.

El acuerdo también es objeto de críticas por impedir una determinada capacidad normativa fiscal de las CA en un porcentaje fundamental de los nuevos impuestos cedidos, en particular del IVA y del impuesto especial sobre hidrocarburos. Ante esta última crítica, el Ministro de Hacienda del Gobierno central, Cristóbal Montoro, ha declarado que el Ejecutivo central no puede otorgar una mayor capacidad normativa fiscal a las CA por ser ésto contrario a las normas de la Unión Europea y estar prohibido por la Comisión Europea. Las afirmaciones del Ministro parecen ignorar interesadamente que, de conformidad con los Tratados, si bien es cierto que la UE tiene la responsabilidad de preservar las normas de competencia en el mercado común y, por consiguiente, impedir que se produzcan situaciones de privilegio fiscal, también es cierto que las instituciones comunes de la Unión no son competentes, contrariamente a lo que afirma el Ministro, para determinar en qué instancia estatal, ya sea del Estado central, ya sea de las Comunidades Autónomas, se sitúa la capacidad normativa fiscal, ya que se trata de una cuestión que corresponde determinar a cada Estado. ¿Puede aclarar la Comisión esta importante cuestión, de manera que las Comunidades Autónomas, y en particular Galicia, que representa este diputado, puedan actuar de acuerdo con su autonomía constitucional, dentro de las normas de la UE?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(31 de octubre de 2001)

En el marco de la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, las autoridades españolas han adoptado distintas medidas fiscales.

Una de estas medidas se refiere a la transferencia de una parte de los ingresos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y del impuesto especial sobre los hidrocarburos a estas Comunidades. En este ámbito, las disposiciones comunitarias no prevén restricciones: los Estados pueden disponer de sus ingresos fiscales y redistribuirlos en función de sus necesidades.

La mayoría de los elementos fiscales de estos impuestos están armonizados. La posibilidad real de ceder a las Comunidades Autónomas facultades normativas consistiría en que pudieran dictar leyes para modificar los tipos impositivos. Las disposiciones comunitarias actualmente en vigor en materia de IVA no autorizan a estas Comunidades Autónomas a fijar tipos de IVA diferenciados. En la letra a) del apartado 3 del artículo 12 de la Sexta Directiva(1) sólo se prevé un único tipo normal que deberá fijar cada Estado miembro. Los Estados miembros también pueden aplicar uno o dos tipos reducidos. A esto hay que añadirle el principio de la unicidad de los tipos del IVA, según el cual los bienes o servicios idénticos no pueden gravarse con dos tipos diferentes en el mismo Estado miembro. Las únicas excepciones a estos principios son las excepciones precisas y transitorias previstas en el artículo 28 de la Sexta Directiva(2), aprobadas por unanimidad en el Consejo.

Las directivas aplicables a los productos sujetos a impuestos especiales sobre el consumo, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia establecen que, para cada producto sujeto a una estructura de impuestos especiales sobre el consumo armonizada a escala comunitaria, los Estados miembros deberán aplicar un único tipo impositivo a escala nacional, superior a un valor mínimo impuesto por la Directiva correspondiente. El Consejo puede autorizar a un Estado miembro a introducir exenciones o reducciones suplementarias(3) cuando estén justificadas por consideraciones en materia de políticas sociales, de medio ambiente o de transportes.

De manera más general, conviene señalar que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia(4), el Estado miembro es el único responsable de las medidas adoptadas por sus entidades territoriales en relación con el Derecho comunitario. A él le corresponde por lo tanto ejercer los poderes legislativos en esta materia con el fin de garantizar el respeto del Derecho comunitario y, en particular, de las normas comunitarias sobre ayudas estatales.

(1) 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme DO L 145 de 13.6.1977, cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/4/CE del Consejo, de 19 de enero de 2001, en lo que respecta al período de aplicación del tipo impositivo normal mínimo DO L 22 de 24.1.2001, y rectificativo DO L 26 de 27.1.2001.

(2) Directiva 92/77/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, por la que se completa el sistema común del impuesto sobre el valor añadido y se modifica la Directiva 77/388/CEE (aproximación de los tipos del IVA) DO L 316 de 31.10.1992.

(3) Véase el apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 92/81/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992 relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos DO L 316 de 31.10.1992, Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 94/74/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, que modifica la Directiva 92/12/CEE relativa al régimen general, a la detención, a la circulación y a los controles de los productos sujetos al impuesto especial sobre el consumo, la Directiva 92/81/CEE relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos, así como la Directiva 92/82/CEE, relativa a la aproximación de los tipos del impuesto especial sobre los hidrocarburos DO L 365 de 31.12.1994.

(4) Sentencias de 14 de octubre de 1987, C-248/84, Alemania/Comisión, Rec. p. 4013 y del 8 de marzo de 1988, C-62/87 y 72/87, Ejecutivo regional valón y SA Glaverbel/Comisión, Rec. p. 1573).