ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
PREGUNTA ESCRITA E-0947/96 de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión (26 de abril de 1996)

Asunto: Patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento de Milán

El patrimonio inmobiliario de los ayuntamientos constituye un recurso importante, muy a menudo infravalorado, no sólo para satisfacer la necesidad de viviendas en las diversas ciudades europeas, sino también para reparar las maltrechas economías de las grandes administraciones metropolitanas.

El Ayuntamiento de Milán posee un patrimonio inmobiliario de gran prestigio, por otra parte jamás inventariado, que se encuentra en una situación de abandono lamentable.

Muchas de las financiaciones concedidas por la UE en el marco de las medidas de salvaguardia del patrimonio arquitectónico se han desperdiciado precisamente por la incapacidad y la negligencia de la administración municipal de la ciudad, cuyo alcalde es además diputado europeo.

¿Podría la Comisión, en el marco de las medidas de salvaguardia del patrimonio arquitectónico y artístico, proporcionar una lista de los bienes pertenecientes al patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento de Milán, crear un observatorio del mercado inmobiliario de la ciudad y elaborar una directiva que determine normas precisas de gestión del mismo?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión (21 de mayo de 1996)

La Comisión comparte la opinión de Su Señoría acerca de la importancia del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Milán, aunque desea señalar que las únicas medidas que puede adoptar para fomentar la conservación del patrimonio arquitectónico europeo son las incluidas en el comentario de los recursos financieros asignados al sector de la cultura (línea presupuestaria B3-2000) en 1996 por la Autoridad Presupuestaria. A la espera de que se apruebe el programa Raphael, la Comisión ha iniciado recientemente sobre la base de dicho comentario una serie de actividades piloto para fomentar la cooperación en el ámbito del patrimonio cultural a través de redes y acuerdos de asociación europeos ((DO C 67 de 5.3.1996. )).

Por otra parte, como ya sabe Su Señoría, el patrimonio cultural es competencia exclusiva de los Estados miembros. El papel que desempeña la Comisión está basado en el principio de subsidiariedad, tal y como establece claramente el artículo 128 del Tratado CE.

En este contexto, la Comisión informa a Su Señoría de que no cuenta con las competencias necesarias para tratar los problemas planteados en su pregunta.
PREGUNTA ESCRITA P-0574/96 de Peter Truscott (PSE) a la Comisión (1 de marzo de 1996)

Asunto: Oficina de estadísticas

¿Puede la Comisión confirmar las estadísticas publicadas en el proyecto de documento DGY sobre el estado de salud de la Comunidad Europea (CEC/Y/F/I/LUX/13/95) que indican que el Reino Unido es el único Estado miembro de la UE que tiene un saldo de emigración neto?

Asimismo, ¿puede la Comisión expresar su opinión sobre el proyecto de ley actualmente en el Parlamento británico relativo a la política de asilo e inmigración, que cuenta con el apoyo gubernamental y que recomienda el establecimiento de una «lista blanca» de países seguros?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (11 de abril de 1996)

De acuerdo con los datos más recientes (estadísticas migratorias de 1995), que se refieren a los años comprendidos entre 1960 y 1993, a partir de 1983 se ha producido una inmigración neta continua de 50.000 unidades anuales por término medio en el Reino Unido. El informe sobre la situación de la salud en la Comunidad ((COM (95) 357 final. )) al que hace referencia Su Señoría se basaba en datos correspondientes al Reino Unido que han sido revisados desde entonces.

Con respecto al proyecto de ley sobre asilo e inmigración del Reino Unido, no sería adecuado que la Comisión expresara una opinión acerca de un proyecto legislativo que está debatiéndose en un parlamento nacional.

En cuanto al concepto de «países seguros» que ha sido introducido en la legislación de algunos Estados miembros en años recientes, la Comisión remite a Su Señoría a su respuesta a la pregunta escrita E-46/95 de la Sra. Maij-Weggen ((DO C 175, 10.7.1995. )).
PREGUNTA ESCRITA E-0420/96 de Nikitas Kaklamanis (UPE) al Consejo (29 de febrero de 1996)

Asunto: Reconocimiento de la soberanía griega en Imia

Se ha publicado en el no 6659 de «Agence Europe» (3 de febrero de 1996) una declaración del portavoz de la Presidencia italiana en la que consta que la presidencia italiana de la Unión Europea acepta el punto de vista de las autoridades griegas de que el islote de Imia es griego.

¿Puede precisar el Consejo de Ministros de la Unión Europea si comparte esta opinión de la Presidencia italiana?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0419/96 y E-0420/96 (25 de junio de 1996)

El Consejo de Asuntos Generales ha examinado la situación en el Egeo durante el mes de febrero y ha mostrado su preocupación por los recientes sucesos, que afectan al conjunto de la Unión y a sus relaciones con Turquía.

La Presidencia del Consejo ha invitado a las partes afectadas a seguir haciendo uso de la moderación y a abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de acción que pudiera conducir a un aumento de la tensión así como de recurrir en cualquier caso a la fuerza armada.

Asimismo, la Presidencia del Consejo ha invitado a Grecia y Turquía a establecer un mecanismo de prevención de crisis entre ambos países y ha señalado que las cuestiones territoriales objeto de disputa deberían solucionarse únicamente por vía legal, es decir, a través del Tribunal Internacional de Justicia.
PREGUNTA ESCRITA P-0977/96 de Heidi Hautala (V) a la Comisión (22 de abril de 1996)

Asunto: Prohibición de los gallineros de jaula

El Comité consultivo veterinario de la Comisión publicó en 1992 un informe sobre la calidad de vida de las gallinas ponedoras sometidas a diversas condiciones de crianza. El informe demostraba con claridad que la crianza en gallineros de jaula ponía en peligro la calidad de vida de las gallinas ponedoras. Esta cuestión ha surgido en Finlandia a raíz de la reciente decisión del Parlamento, atendiendo a criterios de protección de animales, de prohibir los gallineros de jaula en este país a partir del año 2005, en caso de que la UE y sus Estados miembros no propugnaran un período transitorio más largo.

¿Tiene previsto la Comisión concluir la labor que emprendió a principios de los años noventa y elaborar próximamente una propuesta para prohibir los gallineros de jaula en el territorio de la Unión?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (14 de mayo de 1996)

De conformidad con la Directiva 88/166/CEE del Consejo ((DO L 74 de 19.3.1988. )) por la que se establecen las normas mínimas relativas a la protección de las gallinas ponedoras en batería, la Comisión debe presentar, acompañado de propuestas de adaptación apropiadas, un informe sobre los avances científicos que afecten al bienestar de las gallinas en los diferentes sistemas de explotación.

En mayo de 1992 el Comité Científico Veterinario adoptó un informe en el que se recoge la más reciente información científica disponible sobre el bienestar de las gallinas. La Comisión ha pedido al Comité que revise y actualice ese informe antes del próximo mes de agosto, y su propósito es poder presentar al Consejo su propio informe, junto con las propuestas oportunas, antes de que finalice el presente año.
PREGUNTA ESCRITA E-0923/96 de Wilmya Zimmermann (PSE) y Annemarie Kuhn (PSE) a la Comisión (23 de abril de 1996)

Asunto: Vía alternativa para realizar propuestas en la Comisión Europea

¿Está informada la Comisión de que no sólo en muchas empresas privadas, sino también en las administraciones de la mayor parte de los Estados miembros existen, con resultados positivos, vías alternativas para realizar propuestas? ¿Es consciente la Comisión de que dichas vías alternativas permiten a los trabajadores presentar propuestas de mejoras concretas, al margen de los canales habituales que establece el servicio, a través de una comisión creada previo acuerdo entre la representación del personal y la dirección? ¿Está informada de que dicha comisión es paritaria y está dotada de capacidad decisoria, y que las propuestas sobre las que decide no sólo pueden resultar en ahorros sustanciales sino también en el aumento de la eficacia de la administración? ¿Sabe la Comisión que mediante una vía alternativa para realizar propuestas no sólo se incrementa la motivación de los trabajadores, sino que también puede desarrollarse su potencial creativo? En caso afirmativo, ¿por qué no ha introducido hasta ahora la Comisión en su administración ninguna vía alternativa para presentar propuestas?

¿No opina la Comisión que mediante dicha vía alternativa, precisamente en este momento en que escasea el dinero, podría conseguirse una utilización más eficaz de los recursos y con ello la reducción en porcentaje de los gastos de administración en el presupuesto?

¿Está dispuesta la Comisión a introducir, de acuerdo con la representación del personal, una vía alternativa para realizar propuestas, con objeto de aumentar la eficacia de su administración y adaptarla a las necesidades de los ciudadanos, el medio ambiente y el ahorro de energía? En caso afirmativo, ¿piensa la Comisión tener en cuenta, en las negociaciones con la representación del personal, los principios fundamentales para la apreciación rápida, correcta y libre de prejuicios de las propuestas? ¿Prevé tomar medidas para que se premien adecuadamente las propuestas que den resultados positivos, produzcan ahorros e incrementen la eficacia?

¿Puede comunicar la Comisión una fecha para las negociaciones con la representación del personal, con objeto de introducir un vía alternativa para realizar propuestas (en su caso, también a modo de prueba)?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (29 de mayo de 1996)

El sistema de buzón de sugerencias se conoce desde hace tiempo, tanto en empresas privadas como en organizaciones públicas. El éxito de este tipo de iniciativas varía según las organizaciones y la forma de implantarlas.

Algunos representantes del personal ya han presentado a la Comisión una propuesta de este sistema de buzón de sugerencias. A petición del comisario responsable de personal, administración y presupuesto, en estos momentos se está analizando la propuesta para ver su conveniencia y posibles modalidades de aplicación.
PREGUNTA ESCRITA E-0701/96 de José Valverde López (PPE) a la Comisión (26 de marzo de 1996)

Asunto: Pagos con cargo al FEDER, FSE, FEOGA-Orientación en el período 1989-1993

Al analizar los pagos con cargo al FEDER, FSE, FEOGA-Orientación, en España e Italia, durante el período 1989-1993, se observan unas fuertes variaciones.

Así, Italia que en 1991 recibió pagos por valor de 1.336,26 millones de ecus, paso en 1993 a 3.406,6 millones de ecus, es decir, duplicó los pagos recibidos. En cambio España sufrió un descenso importante entre 1992 y 1993, situándose por debajo de Italia, con unos pagos, en 1993, de sólo 2.971, 3 millones de ecus.

¿Podría explicar la Comisión cuáles son los factores más importantes que justifican estas grandes variaciones?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (23 de abril de 1996)

La gestión financiera de las intervenciones de los Fondos estructurales refleja el grado de realización de las operaciones sobre el terreno. Ello significa que la evolución de los pagos a lo largo del tiempo depende de la ejecución de los programas.

A este respecto cabe señalar que los Estados miembros en los que el grado de ejecución de los marcos comunitarios de apoyo para el periodo 1989-1993 ha sido satisfactorio han recibido más créditos al comienzo del periodo que al final de éste. Por el contrario, aquellos Estados miembros en los que las operaciones han sufrido un retraso importante han recibido pocos créditos al comienzo y más créditos al final. Cada Estado miembro recibirá para todo el periodo de 1989-1993 los pagos a los que globalmente tiene derecho.
PREGUNTA ESCRITA E-0743/96 de Robin Teverson (ELDR) a la Comisión (26 de marzo de 1996)

Asunto: Sistema de etiquetado de bienestar animal

Existen grandes discrepancias entre los Estados miembros de la UE en cuanto a los patrones de bienestar de los animales.

¿Podría la Comisión examinar la posibilidad de introducir un sistema de etiquetado que pudiera acompañar a los productos animales, identificándolos como procedentes de animales nacidos y criados en condiciones reconocidas de bienestar?

Habida cuenta de la preocupación que este tema suscita en la mayoría de los ciudadanos de la UE, esta medida constituiría un paso positivo a la hora de fomentar entre los agricultores la introducción de prácticas de cría de animales que se traduzcan en buenos niveles de bienestar, además de facilitar a los consumidores una mayor información a la hora de escoger los productos.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (22 de abril de 1996)

La Comisión reconoce que existen en la actualidad discrepancias en las normas relativas al bienestar animal, no sólo entre los Estados miembros sino también en el interior de los mismos. Uno de los principales objetivos de las directivas adoptadas hasta el momento en este ámbito es reducir tales discrepancias. No obstante, las tres directivas relativas a las condiciones de cría de animales ((Directivas 88/166/CEE - DO L 74 de 19.3.1988; 91/629/CEE y 91/630/CEE - DO L 340 de 11.12.1991. )) se basan en las normas mínimas que deben respetarse y, por consiguiente, no eliminan por completo las diferencias existentes.

En lo que se refiere al etiquetado, la Comisión remite a Su Señoría a la respuesta a la Pregunta escrita no E-1476/92 ((DO C 289 de 5.11.1992. )) de la Sra. Pollack.
PREGUNTA ESCRITA E-0424/96 de Anita Pollack (PSE) a la Comisión (29 de febrero de 1996)

Asunto: Subvenciones para la crueldad con los animales

Parece ser que se han utilizado fondos comunitarios destinados al fomento de la cultura y el turismo (quizá los fondos Kaleidoscope o Raphael) para promover fiestas en las que los animales reciben un trato cruel, como las que tienen lugar en España y que en el pasado han producido gran malestar. ¿Podría examinar la Comisión con detalle si se han utilizado fondos para estos fines y, en caso afirmativo, suspender esta financiación?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión (23 de abril de 1996)

Por lo que respecta a la acción cultural, la Comunidad recuerda a Su Señoría que el programa Calidoscopio (y anteriormente el proyecto piloto Calidoscopio) tiene por objetivo estimular y apoyar la acción de los Estados miembros en favor de la creación artística contemporánea, así como favorecer la cooperación cultural entre los Estados miembros.

En el ámbito del patrimonio, los proyectos piloto (el programa Rafael sigue siendo objeto de discusiones en el seno de las instituciones), lanzados por la Comisión, tienen fundamentalmente por objetivo apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en favor de la restauración y la conservación del patrimonio arquitectónico.

Por ello, las «manifestaciones de crueldad con los animales» a que alude Su Señoría, no son susceptibles de beneficiarse de una ayuda comunitaria en el marco de los programas culturales.
PREGUNTA ESCRITA E-0879/96 de James Moorhouse (PPE) a la Comisión (17 de abril de 1996)

Asunto: Seguridad eléctrica

Vistas las continuas negociaciones en CENELEC para armonizar las clavijas y los enchufes en toda la UE, y la preocupación que esto ha causado entre los consumidores, ¿tiene la Comisión datos precisos sobre electrocuciones?

¿Posee la Comisión datos aproximados sobre el coste total que supondrá para hogares y empresas el adaptarse a un sistema eléctrico común?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (15 de mayo de 1996)

La Comisión y los Estados miembros recogen, en el marco de la Decisión sobre el EHLASS (Sistema europeo de vigilancia de los accidentes en el hogar y en las actividades de ocio) ((DO L 331 de 21.12.1994, modificada en el DO L 120 de 31.5.1995. )), información detallada sobre los accidentes domésticos y de ocio. En los datos de la Comisión se indica el número de accidentes debidos a electrocución, así como el producto implicado en el accidente. Sin embargo, las clavijas y los enchufes no aparecen como productos propiamente dichos, ya que se consideran parte de otro producto, por ejemplo, de una lámpara o una lavadora.

Tampoco es posible, dada la manera en que se preparan los informes nacionales, establecer una relación entre un determinado mecanismo de producción de accidentes y un determinado producto. Es preciso admitir, por consiguiente, que los datos que obran en poder de la Comisión no son muy útiles a la hora de determinar si las clavijas o los enchufes constituyen un riesgo para el consumidor.

En cuanto a la segunda parte de la pregunta, la relativa a los costes, ruego a Su Señoría se remita a la respuesta a la pregunta escrita P-325/96 del Sr. Mombaur ((DO C 217 de 26.7.1996, p. 22. )).
PREGUNTA ESCRITA E-0583/96 de Reimer Böge (PPE) a la Comisión (11 de marzo de 1996)

Asunto: Programa de fomento de ventas de productos agrícolas y alimentos

A raíz de los acuerdos alcanzados en el marco del GATT y de otras concesiones realizadas a terceros países, se ha endurecido considerablemente la competencia a que están sometidos los productos agrícolas y los alimentos en el mercado mundial.

¿No considera la Comisión necesario, en este contexto, respaldar la competitividad internacional de la agricultura europea mediante un refuerzo de las acciones de fomento de las ventas por parte de la UE?

¿Cómo valora la Comisión la posibilidad de recurrir, dado el caso, a fondos no utilizados del FEOGA-Sección Garantía para financiar programas comunitarios de comercialización y fomento de las exportaciones?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (3 de abril de 1996)

La Comisión comparte la opinión de su Señoría de que es conveniente reforzar en los países terceros las medidas de promoción de los productos agrícolas comunitarios.

Teniendo presente que estas medidas se han realizado ya en el caso de algunos productos, la Comisión estudia actualmente las posibilidades de ampliar las mismas a otros productos que no se beneficien de restituciones por exportación.
PREGUNTA ESCRITA E-0525/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (11 de marzo de 1996)

Asunto: Programa HELIOS

¿Garantizará la Comisión que todas sus oficinas en cada uno de los Estados miembros estén dotadas de un teléfono para llamadas de ciudadanos sordos y que el personal reciba la formación adecuada para utilizarlo eficazmente?

¿Está de acuerdo la Comisión en que sin estos teléfonos está realizando un acto de discriminación contra los sordos a la hora de facilitar información?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión (26 de abril de 1996)

La Comisión acoge favorablemente la sugerencia de Su Señoría, pero antes de gastar cantidades relativamente importantes para llevarla a cabo, es necesario realizar un detallado estudio, pues las posibilidades técnicas han evolucionado, y ahora están estrechamente vinculadas a la aportación informática. Los puestos existentes hasta ahora son puestos estándar, que corren el riesgo de ser superados técnicamente muy pronto. En el marco de su política interna, la Comisión tiene la intención de aplicar progresivamente los criterios de igualdad de oportunidades para las personas discapacitadas, y tener así en cuenta las necesidades específicas de este colectivo.
PREGUNTA ESCRITA E-0489/96 de Gerardo Fernández-Albor (PPE) a la Comisión (1 de marzo de 1996)

Asunto: Lucha contra la publicidad del intrusismo en la profesión médica

El reciente acuerdo suscrito por la Organización Médica Colegial española con la Compañía Telefónica Nacional de España, en virtud del cual sólo aquellos médicos que estén debidamente colegiados puedan anunciarse, como tales, en las páginas amarillas de las guías telefónicas, ha supuesto el que se dé satisfacción, finalmente, a los referidos profesionales contra el intrusismo que invade la clase médica.

Asimismo, con esta iniciativa se pretende garantizar, al usuario, la veracidad de la información sobre los profesionales de la medicina en los soportes publicitarios e informativos, de la Compañía Telefónica.

¿Puede indicar la Comisión si dicho convenio es homologable con las diferentes disposiciones comunitarias al efecto, y si con arreglo a las mismas en los distintos países miembros los usuarios también son protegidos por convenios similares que eviten el que el intrusismo profesional, en la profesión médica, pueda anunciarse impunemente ayudado de los soportes publicitarios que puedan incluir en las diferentes guías de las páginas amarillas de las diferentes compañías telefónicas existentes en el territorio de la UE?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (22 de abril de 1996)

Ni la legislación vigente sobre guías telefónicas en el ámbito de las telecomunicaciones ni la legislación propuesta abordan la obligación de los proveedores de este tipo de servicios de comprobar la exactitud de la información suministrada por los abonados. La Directiva 95/62/CE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 1995, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal ((DO L 321 de 30.12.1995. )) exige que se actualicen periódicamente las guías, pero no estipula que los proveedores del servicio deban controlar la veracidad de la información suministrada por los abonados.

La Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos ((DO L 281 de 23.11.1995. )), que también se aplica al ámbito de las telecomunicaciones, no añade nada al respecto. En ella se establece que los responsables del tratamiento de los datos personales, por ejemplo, los proveedores de servicios de guía telefónica, deben cerciorarse de que los datos son «exactos y, cuando sea necesario, actualizados». A continuación se indica que «deberán tomarse todas la medidas razonables para que los datos inexactos o incompletos, con respecto a los fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados»(letra d) del artículo 6 de la Directiva). No obstante, esta disposición está basada en la necesidad de proteger a la persona a la que se refieren los datos y no a los que los utilizan.