PREGUNTA ESCRITA E-0889/96 de Ernesto Caccavale (UPE) y Riccardo Garosci (UPE) al Consejo (19 de abril de 1996)

Asunto: Modificaciones introducidas por el Reglamento no 272/96 por el que se fijan las restituciones por exportación en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas, distintas de las concedidas por azúcares añadidos

A raíz de las protestas de los terceros países sobre las repercusiones de las restituciones por exportación en los intercambios internacionales, la Comunidad Europea se comprometió con el Reglamento 3290/94 de 22 de diciembre de 1994 ((DO L 349 de 31.12.1994, p. 105. )), relativo a las adaptaciones y las medidas transitorias necesarias en el sector agrícola para la aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, a reducir progresivamente el nivel de ayudas para la exportación de productos agrícolas.

En el caso que nos ocupa, el Reglamento no 272/96 ((DO L 36 de 14.2.1996, p. 15. )) supone una modificación del anexo del Reglamento 1430/94 ((DO L 141 de 24.6.1995, p. 32. )) al establecer nuevos parámetros para las restituciones por exportación. El nuevo anexo distingue entre dos grupos:

- el primero abarca los certificados expedidos y las solicitudes presentadas entre el 25 de octubre de 1995 y el 22 de febrero de 1996, al que se aplican los coeficientes fijados por el Reglamento original no 1430/95;

- por el contrario, el segundo abarca los certificados que se expidan entre marzo de 1996 y julio de 1996, así como las solicitudes presentadas entre el 23 de febrero de 1996 y el 21 de junio de 1996, al que se aplicarán los nuevos coeficientes fijados por el Reglamento no 272/96.

Este nuevo régimen supone una penalización para los empresarios que, basándose en los parámetros establecidos anteriormente, celebraron contratos y adquirieron compromisos.

Con objeto de despejar la incertidumbre en que se encuentran el mercado y las empresas afectadas,

1. ¿Puede evaluar el Gobierno italiano la conveniencia de interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia para solicitar la anulación (de conformidad con el artículo 173 del Tratado CE) del Reglamento no 272/96?

2. ¿Podrán aprobarse antes de finalizar el semestre de Presidencia italiana de la Unión Europea todas las medidas posibles para evitar que las disposiciones normativas que pudieran presentarse empeoren en el futuro la situación?

Respuesta (16 de julio de 1996)

El Reglamento (CE) no 3290/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, sobre la aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de las negociaciones comerciales de la ronda Uruguay, contiene un Anexo XIV relativo a las frutas y hortalizas transformadas. Dicho Anexo tiene la finalidad de sustituir al título II del Reglamento (CEE) no 426/86, por el que se establece la OCM de las frutas y hortalizas transformadas. En efecto, como consecuencia de la Ronda Uruguay, el sistema de concesión de las restituciones ha sido objeto, entre otras cosas, de una modificación consistente en la instauración de un sistema que impone la obligación de disponer de certificados por exportación para la concesión de las restituciones. El Parlamento Europeo emitió un dictamen sobre este Reglamento el 16 de diciembre de 1994.

El Anexo XIV de dicho Reglamento estipula que el período de valides de los certificados, así como las demás modalidades, se adoptarán con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 22 del Reglamento (CEE) no 426/96, es decir, un Comité «Il a».

De cuanto antecede se desprende que es la Comisión y no el Consejo quien ejerce la competencia para la fijación de las restituciones por exportación de los productos transformados a base de frutas y hortalizas. Lo mismo puede aplicarse de la fijación de los coeficientes de dichas restituciones.

En el marco de sus competencias, la COmisión ha adoptado el Reglamento no 272/96, por el que se modifica el Reglamento no 1430/95 de la Comisión, relativo a la fijación de las restituciones por la exportación y de sus coeficientes para el sector de frutas y hortalizas.

No corresponde, por tanto, al Consejo ni al gobierno de cualquier Estado miembro intervenir directamente en este proceso. A lo sumo, la Comisión podrá diferir su decisión, a petición de los Estados miembros, durante un período de un mes, en el caso de que no estuviese conforme con el dictamen del Comité. En el caso que nos ocupa, la decisión ha sido adoptada una vez transcurrido ese plazo, dado que el Comité no se pronunció dentro del plazo otorgado por su Presidente.