PREGUNTA ESCRITA E-2292/99

de Reinhold Messner (Verts/ALE) a la Comisión

(13 de diciembre de 1999)

Asunto: Pórroga de las concesiones de las autopistas en Italia

El Gobierno italiano está prorrogando las concesiones a todas las sociedades de autopistas. En virtud de la llamada directriz Ciampi-Costa(1), se podrán prorrogar excepcionalmente las concesiones de autopistas para solucionar contenciosos pendientes (falta de adecuación de tarifas, reconocimiento de los trabajos realizados para los Mundiales 90 y Colombinas 92, además de otros posibles contenciosos sobre los que habrá de recabarse el dictamen de la abogacía del Estado). Con tal fin, las convenciones, o sea, los actos que regulan las relaciones entre el Estado y las concesionarias, deberán revisarse antes del 31 de diciembre de 1999. Si se excluye la convención con Autostrade SpA, el Gobierno italiano ha firmado siete convenciones de prórroga de las 19 restantes(2). Ahora están siendo examinadas por el Tribunal de Cuentas. El esquema de convención tipo entre ANAS y las sociedades concesionarias, que servirá para calcular y cuantificar los contenciosos, las tarifas, el plan financiero, las inversiones y las cláusulas contractuales ni siquiera se ha sometido al examen del Tribunal de Cuentas. Para justificar la prórroga de las 19 concesiones, se preveen inversiones de 11 billones cuatrocientos dieciocho mil millones de liras en nuevas infraestructuras de autopistas, algunas de las cuales ni siquiera han sido autorizadas, lo que constituye una violación de la normativa nacional(3) y hace inútil la elaboración en curso del plan general de transportes. Además, con la prórroga muchas de las concesiones superan los 30 años prescritos por la ley(4). La nueva ley de protección civil prevé entre otras cosas que las sociedades concesionarias garanticen medidas de seguridad en los túneles de las autopistas, lo que impondrá en breve tiempo una revisión de las concesiones que van a acordarse(5).

1. ¿No considera la Comisión que la renovación de dichas concesiones va en contra de las directivas 92/50/CEE, 93/37/CEE y 89/440/CEE en cuanto que no se ha convocado una licitación pública europea para la asignación de las concesiones(6)?

2. ¿No opina la Comisión que las nuevas obras sirven para justificar la prolongación automática de las concesiones y, por lo tanto, de los monopolios de las autopistas?

3. ¿No piensa la Comisión que, antes de cualquier prórroga, es necesario reformar el sector italiano de las concesiones de autopistas, para transponer plenamente la normativa europea relativa a los contratos públicos(7)?

4. ¿Cómo puede aceptar la Comisión tales prórrogas, que hacen que sean vanos los trabajos de preparación de un plan general de transportes que transponga las indicaciones comunitarias en materia de reequilibrio modal y de reducción del tráfico motorizado?

(1) Véase la directriz del ministro de Obras Públicas, en concertación con el ministro del Tesoro, Presupuesto y Programación Económica de 20.10.1998, no de registro 011790/Ministerio del Tesoro.

(2) Las convenciones conciernen a la Venezia-Padova, la Autoestrada dei Fiori, la RAV, la Ativa, la Torino-Milano, la Serravale y la Brennero SpA. Las correspondientes prórrogas llegan hasta un máximo de 12 años.

(3) La normativa vigente no permite a las sociedades concesionarias y a la ANAS construir nuevos tramos de autopista si no han sido expresamente autorizados por la ley. De hecho está todavía vigente la ley no 376 de 13.8.1975, que en el artículo 18 bis establecía la suspensión de la construcción de nuevas autopistas, tramos de autopistas y túneles y pedía una reforma general del sistema de las concesionarias de autopistas. La reforma no se ha efectuado jamás.

(4) Este límite temporal se ha visto confirmado por todas las disposiciones desde 1955 hasta hoy y ha sido ratificado por la reciente normativa en materia de contratos públicos (ley 109/94 en conexión con la ley 415/98). Tal límite absoluto vale evidentemente también para una concesión prorrogada.

(5) Véase el apartado 4 del artículo 8 bis de la ley no 226 de 13.7.1999, que establece que las intervenciones estarán aseguradas por las sociedades concesionarias con las pertinentes afectaciones previstas en los planes financieros, que se habrán adaptado en un plazo de 6 meses.

(6) DO L 209 de 24.7.1992, DO L 199 de 9.8.1993 y DO L 268 de 15.9.1989. Según la Directiva 89/440/CEE, las concesiones de trabajos públicos se asignan ordinariamente mediante el procedimiento de la licitación privada, mientras que la Directiva 93/37/CEE establece la licitación europea para la asignación de la concesión de construcciones y gestión.

(7) Este sector está a la espera de una reforma desde el año 1975, cuando, a raíz de la comisión Odorisio, creada por el Ministerio de Obras Públicas, se verificó el endeudamiento creciente de las sociedades y se suspendió la realización de nuevos tramos de autopistas (ley no 376 de 13.8.1975). La ley de suspensión preveía también la aprobación de una ley de reordenación de todo el sistema en el año 1980, cosa que no ha sucedido nunca.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(20 de enero de 2000)

La Comisión ha iniciado dos nuevos procedimientos relativos a la prórroga de las concesiones de las autopistas en Italia y está en contacto con las autoridades italianas para aclarar los distintos aspectos de la cuestión. Estos casos se van a debatir durante una reunión que se celebrará próximamente en Roma con las mencionadas autoridades.

Por otra parte, la Comisión ha consultado a todos los Estados miembros sobre la situación existente en relación con las concesiones de autopistas, con objeto de adquirir una visión de conjunto sobre ese problema que presenta importantes aspectos económicos y sociales. En los casos en que se detectaran infracciones a la legislación comunitaria, la Comisión no dejará de incoar el expediente en el marco del procedimiento previsto en el artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE.

La Comisión está plenamente comprometida en la promoción de la movilidad sostenible dentro de la Comunidad, fomentando la creación de sistemas de transporte eficaces y compatibles con el medio ambiente a la vez que seguros y socialmente aceptables. El programa de acción Movilidad Sostenible: Perspectivas especifica las iniciativas que pretende adoptar la Comisión en este sentido. No obstante, la responsabilidad del desarrollo de los programas marco nacionales en materia de transportes e infraestructuras de transporte es competencia de los Estados miembros. La función de la Comisión consiste en garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria en cuestión.