PREGUNTA ESCRITA E-1227/01

de António Campos (PSE) y Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(26 de abril de 2001)

Asunto: Falsificación de vino en Portugal

La prensa portuguesa del 29 de marzo da cuenta de la confiscación de 25 millones de litros de vino por las autoridades portuguesas a causa de graves sospechas de fraude.

¿Han notificado las autoridades portuguesas a las instituciones europeas este caso? ¿Está la Comisión siguiendo este proceso? ¿Puede la Comisión hacer una estimación de cuál es el volumen de vino sujeto a sospecha de falsificación en manos de la empresa afectada? ¿Puede la Comisión dar garantías de que esta empresa no se beneficiará de subvenciones comunitarias mientras perduren estas graves sospechas o en su caso después de que se confirmen?

¿No considera la Comisión que este caso viene a hacer cada vez más urgente la toma de iniciativas europeas inmediatas, en el ámbito administrativo y legislativo, para combatir el fraude y la falsificación de productos alimentarios, particularmente leche, vino, aceite y carne, que ha alcanzado grandes proporciones y ha acarreado gravísimos perjuicios para el consumidor, los agricultores, el presupuesto comunitario y la imagen de las instituciones europeas en el mundo?

Respuesta complementaria del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(10 de septiembre de 2001)

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha señalado que, el 10 de abril de 2001, solicitó información a las autoridades portuguesas a raíz de la publicación de determinadas noticias en la prensa del citado Estado miembro en marzo de 2001. Las autoridades portuguesas manifestaron en su respuesta que, con arreglo a los datos que obraban en su poder, en el asunto en cuestión no había en juego fondos comunitarios. Dicho asunto no fue objeto de una comunicación de conformidad con el Reglamento (CEE) no 595/91 del Consejo, de 4 de marzo de 1991, relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidamente pagadas en el marco de la financiación de la política agraria común, así como a la organización de un sistema de información en este ámbito, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 283/72(1). De conformidad con este Reglamento, en el transcurso de los dos meses siguientes al final de cada trimestre, los Estados miembros deben comunicar a la Comisión un estadillo con las irregularidades que hayan sido objeto de un primer acto de comprobación administrativa o judicial.

Incumbe, en primer lugar, a los Estados miembros garantizar que los pagos con cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola no encierran irregularidades y que los beneficiarios no presentan un nivel de riesgo excesivamente elevado. A tal efecto pueden adoptarse, en su caso, las medidas previstas en los Reglamentos (CE) no 1469/95 del Consejo, de 22 de junio de 1995, relativo a las medidas que deben adoptarse en relación con determinados beneficiarios de operaciones financiadas por la sección de Garantía del FEOGA(2) y no 745/96 de la Comisión, de 24 de abril de 1996, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1469/95 del Consejo relativo a las medidas que deben adoptarse en relación con determinados beneficiarios de operaciones financiadas por la sección de Garantía del FEOGA(3).

En el proceso preparatorio de la normativa comunitaria y de las disposiciones de aplicación subsiguientes se presta gran atención a las posibilidades de fraude y utilización abusiva que se pueden generar. Todos los reglamentos por los que se establecen regímenes de ayuda definen los productos o beneficiarios que pueden optar a las ayudas y determinan el tipo y frecuencia de los controles que deben efectuar los Estados miembros. Siempre es necesario alcanzar un equilibrio entre el riesgo estimado de un determinado régimen y las disposiciones de control que deben adoptarse. En algunos casos pueden estar justificados, y de hecho se imponen ocasionalmente, porcentajes de control del 100 %. Obviamente, no está justificada la aplicación con carácter general de una medida de este tipo, ya que su coste sería muy superior a los beneficios que proporcionarías.

Dentro de la política agrícola común (PAC), la normativa, incluidas las disposiciones sobre controles, se ha perfeccionado a lo largo del tiempo con el fin de reducir las posibilidades de fraude y utilización abusiva. Los porcentajes de control están claramente definidos y se han suprimido algunos regímenes, como las ayudas a la leche desnatada líquida utilizada en la alimentación animal y la ayuda al consumo de aceite de oliva, debido en buena parte a los riesgos que entrañaban. A este respecto, cabe señalar que, en algunos casos, como consecuencia del resultado final de las negociaciones en el Consejo se han introducido en la propuesta inicial de la Comisión modificaciones de tal índole que la normativa adoptada ha resultado más vulnerable a los fraudes de lo que habría sido la propuesta original de la Comisión.

Además, el giro radical introducido en la PAC, con más ayudas directas a los agricultores y la reducción de la ayuda canalizada a través de medidas de mercado, ha hecho posible la instauración de un sistema de control de gran eficacia, el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC).

Como demuestra lo anteriormente expuesto, la Comisión tiene un interés cierto en la prevención del fraude y, cuando lo estima pertinente, propone las medidas legales y administrativas necesarias. Por esta razón, disiente de la opinión de Su Señoría acerca de la necesidad urgente de incrementar las medidas en este ámbito, aunque permanece atenta a la cuestión de la prevención del fraude y la falsificación de productos.

(1) DO L 67 de 14.3.1991.

(2) DO L 145 de 29.6.1995.

(3) DO L 102 de 25.4.1996.