PREGUNTA ESCRITA E-4086/00

de Avril Doyle (PPE-DE) a la Comisión

(10 de enero de 2001)

Asunto: Evaluación del impacto sobre las empresas

Teniendo en cuenta que la Comisión es responsable de realizar una evaluación del impacto sobre las empresas de todas sus propuestas, que cuatro resoluciones

y una decisión del Consejo reafirman este hecho y que los costes para las empresas europeas derivados de la falta de un análisis detallado coste-beneficios del impacto de la legislación de la UE son muy elevados, ¿podría la Comisión explicar detalladamente las razones por las que en muchos ámbitos las propuestas de la Comisión no son objeto de una evaluación del impacto sobre las empresas y podría asimismo indicar las medidas concretas que se propone adoptar en la direcciones generales correspondientes para mejorar esta situación?

¿Podría la Comisión proporcionar una lista de las propuestas legislativas presentadas durante la actual legislatura, es decir desde enero de 1999, que han sido objeto de una evaluación del impacto sobre las empresas?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(20 de febrero de 2001)

Como le consta a Su Señoría, el sistema de evaluación del impacto sobre las empresas (business impact assessment [BIA]) fue desarrollado y empleado por primera vez por el grupo operativo de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en 1986 y modificado posteriormente en 1990 en su forma actual. Con motivo de la revisión de la metodología en 1990, se decidió que la evaluación del impacto sobre las empresas debería acompañar obligatoriamente a las propuestas legislativas que incidan significativamente en las empresas. La medición del impacto significativo corresponde a una decisión conjunta del servicio redactor y los servicios afectados de la Comisión. Estos procedimientos de trabajo internos de la Comisión, junto con una consulta global con las partes interesadas exteriores se incluyen en la política de apertura y transparencia de la Comisión, conforme a las directrices de política legislativa anunciadas por esta institución en enero de 1996.

Si bien el sistema de evaluación del impacto sobre las empresas ha demostrado, con el paso de los años, ser una herramienta útil para valorar el impacto de la legislación sobre las empresas, se han puesto de manifiesto ciertas deficiencias durante este período.

Ante esta situación, la Comisión inició el proyecto piloto BIA en septiembre de 2000. Funcionará hasta febrero de 2002, y las conclusiones preliminares deberán formularse en otoño de 2001. El objetivo específico del proyecto piloto BIA es reforzar la metodología y técnicas de la evaluación del impacto sobre las empresas, incluida una consulta sistemática de las partes interesadas.

El proyecto piloto BIA se aplicará a algunas propuestas legislativas pertenecientes al programa de trabajo de la Comisión para 2000 y 2001, e incluirá, además, un nuevo estudio sobre el uso actual y la necesidad de un enfoque más sistemático del análisis de la rentabilidad a la hora de valorar el impacto de las propuestas legislativas.

Si bien el proyecto piloto se centra en mejorar el sistema de evaluación del impacto sobre las empresas de la legislación propuesta, también se inserta en el debate más amplio en curso dentro de la Comisión sobre una mejor regulación, a raíz de la solicitud del Consejo Europeo de Lisboa sobre una estrategia común para una mayor simplificación del entorno normativo. Este debate recoge consideraciones sobre un proceso más integrado del análisis del impacto normativo, incluida la coordinación de las evaluaciones del impacto en distintos ámbitos y grupos (por ejemplo, empresas, consumidores, sanidad, seguridad y medio ambiente). Estas ideas también son objeto de debate en el Libro Blanco sobre la gobernanza europea.

El proyecto piloto BIA antes mencionado funcionará paralelamente al sistema existente y periódico de evaluación del impacto sobre las empresas. No obstante, tanto la herramienta BIA como las demás evaluaciones del impacto aplicadas por la Comisión se limitan a las propuestas legislativas de esta institución.

Las instituciones europeas y los Estados Miembros reconocen el reto común para el futuro que supone un cambio cultural fundamental en el enfoque de la legislación, y en toda la cadena de adopción de decisiones.