PREGUNTA ESCRITA P-0689/02

de Hans-Peter Martin (PSE) a la Comisión

(5 de marzo de 2002)

Asunto: Acceso a la información relativa a las acusaciones de abuso y fraude

Pese a que ha mejorado en cierta medida el acceso a los documentos, por ejemplo gracias al Reglamento (CE) no 1049/2001(1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, el tratamiento por parte de la Comisión y del Consejo de las acusaciones de abuso y fraude continúa necesitando más que explicaciones. Se pide por ello a la Comisión que exponga detalladamente la manera de proceder.

Concretamente, se solicita que responda a la siguiente pregunta: ¿A partir de cuándo y de qué modo podrán los diputados al Parlamento Europeo, por un lado, y los ciudadanos que estén interesados, por otro, conocer las acusaciones concretas de los trabajadores de las instituciones europeas, fijadas por escrito, así como tener acceso a la documentación correspondiente?

(1) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

Respuesta del Presidente Prodi en nombre de la Comisión

(6 de mayo de 2002)

El Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento y del Consejo del 25 de mayo de 1999 y el Reglamento (Euratom) no 1074/1999 del Consejo(1) contienen disposiciones relativas a las investigaciones administrativas externas e internas ejecutadas por la Oficina Antifraude Europea (OLAF)(7), servicio encargado de las investigaciones antifraude y que goza de completa independencia en la ejecución de sus investigaciones.

De conformidad con la mencionada legislación, el 2 de junio de 1999 la Comisión adoptó una decisión (1999/396/CE, CECA, Euratom) referente a las condiciones de las investigaciones internas en relación con la prevención del fraude, la corrupción y otras actividades ilegales que menoscaban los intereses de las Comunidades(2). Esta decisión especifica la obligación de cooperar completamente con la OLAF.

Además, la Comisión también adoptó, en el marco de la estrategia actual de reforma, una comunicación en la que recogía la preocupación ante actividades ilegales(3). Se adoptó una nueva decisión el 4 de abril de 2002 para especificar el marco jurídico y el alcance de este procedimiento(4). Para más información la Comisión remite a Su Señoría al documento consultivo sobre este asunto, que está disponible en el sitio Internet de la reforma de la Comisión(5).

Además en el 2001 la Comisión creó una Oficina de Investigación y Disciplinaria (IDOC) que lleva a cabo investigaciones administrativas y disciplinarias después de consultar a la Secretaría General. La oficina también consulta a la OLAF para asegurarse de que ésta no esté investigando ya un asunto dado.

Estos últimos años, por lo tanto, la Comisión ha consolidado sus instrumentos para combatir cualquier acto sospechoso y ha establecido procedimientos que garantizan la independencia de las investigaciones.

Las peticiones individuales de acceso a acusaciones escritas específicas por parte de los miembros del Parlamento o por el público en general se tratan caso por caso de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo del 30 de mayo de 2001 relativo al acceso público a los documentos del Parlamento, el Consejo y la Comisión(6).

El anexo III del acuerdo básico sobre las relaciones entre el Parlamento y la Comisión regula la transmisión de información confidencial al Parlamento y su tratamiento subsiguiente. Para obtener el detalle del procedimiento se aconseja a Su Señoría que consulte dicho documento para informarse sobre la forma y circunstancias en que los miembros del Parlamento pueden tener acceso a documentos relativos a alegaciones e investigaciones. Estas normas rigen la entrega de información sobre acusaciones y la forma en que puede proporcionarse. En este contexto hay que observar que el acuerdo básico se aplica sin perjuicio de las disposiciones legales que rigen las investigaciones de la OLAF.

Su Señoría sabe que el Parlamento en varias ocasiones ha dejado claro que reconoce la importancia de respetar el principio del derecho a la presunción de inocencia y comprende que la revelación pública precipitada de alegaciones podría ser perjudicial a este principio. Hay que tener en cuenta esta consideración básica en todo momento para salvaguardar los derechos civiles del acusado y proteger la integridad de las investigaciones y de cualquier procedimiento administrativo o legal subsiguiente que podría estar justificado por las pruebas recabadas durante esas investigaciones.

La Comisión y las otras instituciones también tienen que tener en cuenta el hecho de que, como instituciones contratantes, tienen responsabilidades específicas conforme a los Estatutos para con los funcionarios objeto de acusaciones. Además es probable que la revelación de alegaciones precipitadas desalentara a los funcionarios de comunicar sus sospechas de actos delictivos y por lo tanto supusiera un riesgo de impedir o dificultar unas investigaciones adecuadas y efectivas.

Las propuestas de la Comisión hechas como parte de la estrategia de reforma del Estatuto de los funcionarios europeos supondrían cambios para ofrecer al personal canales internos seguros y efectivos para informar sobre sus sospechas y también prevén que tales informes se hagan llegar a los presidentes de otras instituciones o al Defensor del Pueblo Europeo si la institución contratante o la OLAF no respondieran a los informes de una manera adecuada.

(1) DO L 136 de 31.5.1999.

(2) DO L 149 de 16.6.1999.

(3) SEC(2000) 2078.

(4) C (2002) 845.

(5) http://www.cc.cec/home/admref/en/ressources_disfonct.html.

(6) DO L 145 de 31.5.2001.

(7) DO L 136 de 31.5.1999.