PREGUNTA ESCRITA P-2491/02

de Pere Esteve (ELDR) a la Comisión

(2 de septiembre de 2002)

Asunto: Convenio urbanístico del Real Madrid Club de Fútbol y la libre competencia del mercado

El día 7 de mayo de 2001 el Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, el Alcalde de Madrid y el Presidente del Real Madrid Club de Fútbol suscribieron un Convenio para el desarrollo urbanístico de la parcela situada en el Paseo de la Castellana, avenida de Monforte de Lemos y calles de Pedro Rico y Arzobispo Morcillo, distrito de Fuencarral-El Pardo, según el cual las Administraciones involucradas se comprometen y obligan a efectuar todos los trámites necesarios para cambiar la calificación urbanística de las, aproximadamente, 120 hectáreas de terrenos donde está ubicada la actual Ciudad Deportiva del Real Madrid, de manera que 30 000 m2 de suelo, antes equipamientos deportivos privados, pasen a ser calificados genéricamente como terciario, es decir oficinas, establecimientos comerciales, hoteles, etc. En este terreno, que será recalificado, se prevé la edificación de cuatro torres de 54 pisos de altura, la venta y/o explotación de los cuales permitirá al Real Madrid obtener una importante entrada

de ingresos atípicos que no sólo absorberá la gran deuda existente en el club, sino que le situará financieramente por delante de sus competidores. Siendo el fútbol europeo un mercado único por imperativo de la normativa comunitaria, hay que tener en cuenta que una situación de favoritismo para un club español no sólo afectará a otros equipos españoles sino también a otros equipos en países de la UE, ya que todos ellos recurren al mismo mercado de bienes y servicios tanto para proveerse de material deportivo como para contratar los servicios profesionales o laborales de jugadores y entrenadores. Debe quedar claro que aquí no se pretende discutir la existencia de clubes de fútbol más o menos ricos, con más o menos patrimonio, lo que se plantea es si los condicionantes de transmisión o venta de los activos inmobiliarios en cuestión parten de un especial favor político y administrativo, vulnerando así las normas que rigen la libre competencia.

En este caso expuesto la operación podría ser considerada como una ayuda otorgada por el Estado en favor del Real Madrid, lo cual resultaría contradictorio con la normativa comunitaria, como se extrae del artículo 87 del Título VI del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea que reza así: Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. Se ha podido dar cobertura jurídica a una ayuda de Estado bajo la apariencia de operación urbanística. La incorrección puede estar no en el hecho que un club deportivo tramite la recalificación de unos terrenos que le pertenecen, sino en que la recalificación, vía la negociación de un convenio, se haya llevado a cabo obteniendo resultados desmesuradamente favorables para los intereses del propietario principal, en este caso el Real Madrid, y que no tienen punto de referencia ni comparación con otras operaciones de su entorno urbanístico ni deportivo.

¿Piensa la Comisión Europea examinar la corrección de tal operación, que podría vulnerar y distorsionar gravemente la libre competencia dentro de un sector económico tan fuertemente globalizado como es el deportivo, en general, y el fútbol en particular? ¿En caso de que así fuera, tomará la Comisión las medidas necesarias para corregir tal distorsión según lo previsto por el artículo 88 del TCE?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(26 de septiembre de 2002)

Por lo que se refiere a la posible infracción de las normas sobre ayudas estatales en el caso en cuestión, la Comisión recuerda que según queda confirmado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sólo se tendrán en cuenta las ventajas concedidas directa o indirectamente mediante recursos públicos, tal y como establece el artículo 87 del Tratado CE(1).

La Comisión observa que la nueva calificación del terreno en cuestión no parece implicar ninguna transferencia directa o indirecta de recursos ni por parte de la ciudad de Madrid ni por la Comunidad Autónoma de Madrid. El hecho de que la nueva calificación confiera una ventaja al Real Madrid no puede conferirle carácter de ayuda estatal en el sentido del artículo 87 del Tratado CE.

Por consiguiente, sobre la base de la información disponible, la Comisión considera que no existen argumentos suficientes para investigar el caso en virtud de las disposiciones sobre ayudas estatales contenidas en el Tratado CE.

(1) Asunto c-379/98, Preussen Elektra AG contra Schleswag AG, 13 de marzo de 2001, RCE I-02099.