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PREGUNTA ESCRITA E-4120/97 de Patricia McKenna (V) a la Comisión (16 de enero de 1998)

Asunto: Vertido no regulado de residuos nucleares en Dounreay, Escocia

La «AEA Technology», compañía británica que dirige la central nuclear de Dounreay, en Escocia, reconoció recientemente la necesidad de proceder a una masiva operación de limpieza de un vertedero radiactivo próximo. Según informes, se han vertido más de 1.000 toneladas de desechos radiactivos en un pozo excavado en los acantilados cercanos.

Al parecer, el vertido de desechos se ha llevado a cabo de forma poco organizada y, en buena medida, incontrolada. No existe un registro completo de las sustancias vertidas. A pesar de que la descarga de vertidos en la zona comenzó en 1959, no se tuvo conocimiento de los detalles hasta 20 años después. Los directivos de la planta ocultaron además una explosión que se produjo en el pozo en 1977, a la que se atribuyen, al menos en parte, los cientos de puntos activos detectados después en las playas cercanas.

¿Se ha puesto la Comisión en contacto con las autoridades británicas acerca de este vertedero? En ese caso, ¿puede dar detalles al respecto?

¿Tiene la Comisión la intención de controlar y supervisar la elaboración y la ejecución de un programa de limpieza del vertedero? ¿Tiene la Comisión alguna preferencia sobre el tratamiento que debe aplicarse a los desechos del vertedero?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (13 de febrero de 1998)

Representantes de la Comisión se reunieron con altos cargos de la autoridad de la energía atómica del Reino Unido (UKAEA) durante el primer semestre de 1997. En dicha reunión se trató el tema de los pozos de desechos de radiactividad moderada. Desde entonces, se ha solicitado a las autoridades británicas información complementaria sobre los planes en materia de recogida, tratamiento y almacenamiento de desechos procedentes del pozo, así como evaluaciones del impacto efectivo y del impacto potencial de estos desechos sobre el medio ambiente. Por lo que se refiere a los puntos activos, solo se han identificado dos en playas a las que el público tiene acceso.

La Comisión no tiene ninguna preferencia específica en materia de tratamiento de desechos y tampoco aspira a participar en la supervisión ni puesta en marcha del plan de limpieza. No obstante, en función del procedimiento elegido, es posible que sea preciso suministrar a la Comisión los datos generales contemplados en el artículo 37 del Tratado Euratom y realizar un estudio de impacto para cualquier nueva instalación destinada al almacenamiento de desechos (Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE ((DO L 73 de 14.3.1997. )), relativa a la evaluación del efecto de algunos proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente).
PREGUNTA ESCRITA E-2691/97

de James Provan (PPE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1997)

Asunto: Uso del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en Sobral (Portugal)

Al parecer, los habitantes de Sobral, Porches (Portugal), están recibiendo subvenciones dobles de la Unión Europea: la primera tiene por objeto incentivar el cultivo del naranjo en tierras recientemente desbrozadas; la segunda, destruir esos nuevos naranjos con el fin de permitir el desarrollo de las infraestructuras mediante la nueva autopista, Via Infante de Sagres.

¿De qué forma controla la Comisión que los proyectos que tienen derecho a recibir subvenciones con cargo al FEDER no sean utilizados por las autoridades nacionales para pagar indemnizaciones por tierras que ya se han beneficiado de subvenciones comunitarias para otros fines?

Respuesta complementaria

de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(8 de mayo de 1998)

A falta de indicaciones más precisas (nombres de los beneficiarios, localización exacta de las explotaciones afectadas, año de concesión de la ayuda), la Comisión no puede comprobar si las ayudas en favor del cultivo de naranjas han sido concedidas. No obstante, merece la pena destacar al respecto que cualquier posible subvención estaba supeditada a la obligación de conservar las plantaciones durante cinco años como mínimo.

En cuanto a la construcción de los tramos de la carretera "Via do Infante de Sagres" Sobral-Algarve, las autoridades portuguesas confirmaron mediante carta de 13 de marzo de 1998 que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional no había intervenido en la financiación de los tramos de esa carretera. Por consiguiente, huelga plantear la cuestión de la posible doble financiación comunitaria.
PREGUNTA ESCRITA E-4065/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (14 de enero de 1998)

Asunto: Impuesto regional sobre actividades productivas (IRAP) y desempleo

Los sectores más afectados por la imposición del IRAP van a ser aquellos que emplean un mayor número de mano de obra: los profesionales liberales, los comerciantes, los artesanos, los agricultores, los transportistas, los constructores, etc. El IRAP afecta, además, a las inversiones, ya que grava los intereses sobre las deudas, lo que tendrá repercusiones negativas sobre el empleo, ya que va a acabar con los incentivos a la inversión para el desarrollo de empresas o la creación de nuevas, y ello en detrimento de los nuevos puestos de trabajo previstos por el Gobierno italiano.

¿No piensa la Comisión que, en vísperas de la Cumbre Europea sobre Empleo, la estrategia fiscal seguida por el ministro italiano Visco está en contradicción con la estrategia global de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (30 de marzo de 1998)

El impuesto regional sobre actividades productivas (IRAP) es un nuevo impuesto regional aplicable a partir de 1998, que sustituye a otros impuestos anteriormente aplicables en Italia.

Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, los impuestos de carácter local son competencia de los Estados miembros, que, por tanto, pueden fijar sus modalidades libremente. Por esta razón, en lo que se refiere a este impuesto, sólo puede invocarse el derecho comunitario en lo que respecta a las disposiciones generales del Tratado CE que prohiben las discriminaciones lo cual, en opinión de la Comisión, no parece ser el caso.

Por lo demás, la Comisión ruega a Su Señoría que se refiera a las respuestas dadas a las preguntas escritas E-4063/97, E-4064/97 ((DO C 233 de 17.7.1998, p. 49. )) y E-4080/97 ((DO C 187 de 16.6.1998, p. 120. )) del Sr. Florio respecto a este mismo impuesto.
PREGUNTA ESCRITA E-3981/97 de Angela Billingham (PSE) a la Comisión (14 de enero de 1998)

Asunto: Análisis comparativo de los salarios mínimos nacionales en Europa

¿Podría indicar la Comisión si existe algún estudio o análisis comparativo periódico de los salarios mínimos nacionales en la Unión Europea?

¿Ha cumplido la Comisión el compromiso que adquirió en su dictamen de 1993 sobre un sueldo equitativo, en el que solicitaba medidas para aumentar la transparencia en materia de salarios?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (18 de febrero de 1998)

El dictamen de la Comisión sobre una retribución equitativa ((COM(93)388 final. )) consideraba que los Estados miembros debían mejorar la transparencia del mercado de trabajo mediante una mejor recopilación y divulgación de datos estadísticos comparables sobre las estructuras salariales.

El 8 de enero de 1997 la Comisión aprobó un informe de situación sobre la retribución equitativa ((COM(96)698 final. )), según el cual la transparencia de la información en materia salarial sigue siendo un ámbito problemático en todos los Estados miembros. Las estadísticas salariales disponibles a nivel de los Estados miembros son a menudo demasiado generales y anticuadas para contribuir a la transparencia, y los datos en materia de retribución que se desprenden de la información sobre puestos de trabajo vacantes se derivan de una base demasiado estrecha para ser de utilidad.

También señalaba que por lo general no se dispone a nivel comunitario de datos sobre la estructura de ingresos y los cambios en los diferenciales de renta. Sin embargo, la Comisión ha abierto nuevas fuentes de información que deberían proporcionar algunos indicadores útiles durante los próximos años.

Como parte del compromiso actual para aumentar la transparencia sobre los niveles retributivos y sobre la base del informe de situación del pasado año, en marzo de 1998 estará disponible la publicación «Salarios mínimos, 1997 - Un análisis comparativo».
PREGUNTA ESCRITA E-3873/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (5 de diciembre de 1997)

Asunto: Sistema de concesión de una etiqueta ecológica

En relación con la propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica (COM(96)0603 def. - 96/0312SYN) ((DO C 114 de 12.4.1997, p. 9. )), Pedimos, en lo que atañe a la consulta de los grupos socioeconómicos interesados, que se mantenga en vigor el artículo 6 del Reglamento actual, incluyendo formalmente a los sindicatos en el Foro y dando una representación adecuada a las PYME.

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (14 de enero de 1998)

La propuesta de la Comisión relativa a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica contempla una amplia consulta de los grupos socioeconómicos interesados en diversas fases del proceso. Antes de dar un mandato técnico a la Organización Europea de Etiquetado Ecológico, «la Comisión procederá a una consulta abierta de todas las partes interesadas, con arreglo a los principios recogidos en los apartados a) y b) del Anexo IV» (apartado 2 del artículo 5).

En el apartado a) del Anexo IV se tiene presente el papel que desempeñan los distintos grupos de interés, pues se establece que «se buscará activamente la participación de las partes directa o indirectamente afectadas por el mandato...» y se mencionan explícitamente los sindicatos, las pequeñas y medianas empresas (PYME), los artesanos y todos los demás grupos de interés.

Las disposiciones vigentes en materia de consulta recogidas en el artículo 6 del actual Reglamento (CEE) no 880/92 del Consejo, de 23 de marzo de 1992, relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica ((DO L 99 de 11.4.1992. )) resultan insuficientes para llevar a cabo el amplio procedimiento de consulta previsto en el sistema nuevo.
PREGUNTA ESCRITA E-3999/97 de Glyn Ford (PSE) a la Comisión (14 de enero de 1998)

Asunto: Armonización de los sistemas fiscales

Teniendo en cuenta su compromiso en favor de la libre circulación de los trabajadores y los evidentes problemas causados por los Estados miembros que conservan sus responsabilidades individuales en materia fiscal, ¿está considerando la Comisión la armonización de los sistemas fiscales y de seguridad social para poner fin a esta situación?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (4 de febrero de 1998)

La Comisión supone que Su Señoría se refiere, en su pregunta sobre los sistemas fiscales, al impuesto sobre la renta, puesto que alude a la libre circulación de trabajadores.

En lo que respecta a una eventual armonización del impuesto sobre la renta a escala comunitaria, la Comisión estima que, con arreglo al principio de subsidiariedad, no puede preverse tal armonización general en un futuro previsible. Por supuesto, ello no excluye que la Comisión presente propuestas en esta materia en ámbitos específicos, como por ejemplo, la libre circulación de trabajadores, ámbito respecto del que ya ha presentado propuestas en el pasado ((Recomendación de la Comisión de 21 de diciembre de 1993, relativa la imposición de determinados ingresos obtenidos por no residentes en un Estado miembro distinto al de su residencia (DO L 39 de 10.2.1994). )), con el fin de garantizar el respeto del principio de no discriminación, tal como recuerda el Tribunal en el Asunto Schumacker (Asunto C-279/93).

Por lo que respecta a la seguridad social, la Comisión señala a Su Señoría que la normativa comunitaria ((Reglamento (CEE) no 118/97 del Consejo de 2 de diciembre de 1996, por el que se modifica y actualiza el Reglamento (CEE) no 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores independientes y a los miembros de sus familias que se desplacen por el interior de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) no 574/72 por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 - DO L 28 de 30.1.1997. )) en materia de seguridad social únicamente contempla la coordinación de los diferentes regímenes de seguridad social de los Estados miembros, y no su armonización. Tal como ha señalado el Tribunal de Justicia en diversas ocasiones ((Véase por ejemplo el Asunto 161/97 - Van Munster - Sentencia de 5 de octubre de 1994 - Rec. 1994, p. 466. )), corresponde a los Estados miembros determinar la estructura y las características de sus sistemas de seguridad social. Las disparidades entre los regímenes subsisten en función de los objetivos nacionales, tanto respecto de las condiciones de otorgamiento como del importe de las prestaciones, dentro del respeto de los principios del Tratado CE, especialmente la igualdad de trato o el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad.

En este contexto, la Comisión no prevé proponer una armonización de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-3942/97 de Raimo Ilaskivi (PPE) a la Comisión (12 de diciembre de 1997)

Asunto: Armonización de las tarifas de los servicios postales

El artículo 12 del capítulo 5 de la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio estipula que los Estados miembros deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que las tarifas de cada uno de los servicios que forman parte de la prestación del servicio universal se establezcan respetando los siguientes principios:

- los precios se fijarán teniendo en cuenta los costes;

- los Estados miembros podrán decidir que se aplique una tarifa única en todo su territorio nacional.

El servicio de Correos de Finlandia cobra a los veraneantes en concepto de entrega del correo una suma semanal específica que no se aplica al resto de los habitantes de la localidad en cuestión. ¿Aprueba la Comisión el hecho de que el Servicio de Correos de Finlandia pueda deparar un trato tan discriminatorio a distintos usuarios que se benefician de un mismo servicio?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (29 de enero de 1998)

El artículo 12 de la Directiva relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio establece, en particular, que las tarifas del servicio universal se determinen teniendo en cuenta los costes y no sean discriminatorias. El artículo 12 indica, además, que los Estados miembros pueden decidir aplicar una tarifa única en todo su territorio nacional, sin que ello sea obligatorio.

Al parecer, el Servicio de Correos de Finlandia cobra una tasa semanal a los habitantes de las residencias secundarias por la entrega del correo. Si no se abona dicha tasa, el correo debe recogerse en la oficina de correos. Los residentes permanentes no están sujetos a dicha tasa.

Habida cuenta de la situación específica de Finlandia, en cuyo territorio nacional hay un gran número de residencias secundarias muy dispersas, cabe reconocer que la organización de los servicios postales para sus ocupantes resulta más difícil y más costosa. La ocupación temporal, a menudo imprevisible, de dichas residencias puede suponer un coste adicional para el reparto del correo, que el Servicio de Correos de Finlandia desea cobrar a los causantes de esta situación. El Servicio de Correos considera que los residentes permanentes se hallan en una situación distinta, por lo que no han de abonar esa tasa. Esta medida no es contraria a los principios que prescribe la Directiva, siempre y cuando el importe de la tasa corresponda a los costes adicionales ocasionados.
PREGUNTA ESCRITA E-4103/97 de Jan Mulder (ELDR) a la Comisión (16 de enero de 1998)

Asunto: Aplicación de la tasa suplementaria en Italia

1. ¿Está enterada la Comisión de las noticias según las cuales las autoridades italianas estarían dispuestas a costear el 80 % de la tasa suplementaria que han de abonar los ganaderos orientados a la producción lechera?

2. En caso de ser ciertas estas noticias, ¿no significa esto que se está eludiendo el objetivo del sistema de tasas suplementarias, según el cual el productor primero es personalmente responsable del rebasamiento de la cuota lechera que le ha sido asignada?

3. ¿No opina la Comisión que los ganaderos orientados a la producción lechera de todos los Estados miembros han de satisfacer en la misma medida las obligaciones del sistema de cuotas lecheras, y puede indicar la Comisión en qué medida se ajusta a este criterio el sistema aplicado en Italia en la actualidad?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (17 de febrero de 1998)

El 4 de diciembre de 1997, las autoridades italianas notificaron a la Comisión el Decreto Ley donde se establece el reembolso a los productores del 80 % de la tasa suplementaria en el sector de la leche y los productos lácteos recaudada en el período de 1996-1997. Según la legislación italiana, dicho Decreto Ley, que entró en vigor el 2 de diciembre de 1997, debía tramitarse en el Parlamento y convertirse así en Ley. Esta conversión en Ley fue efectuada por el Parlamento italiano el 23 de enero de 1998. Mientras tanto, la Comisión ha invitado a las autoridades italianas a comunicar urgentemente sus observaciones.

La Comisión está totalmente de acuerdo en que el productor debe pagar la tasa suplementaria según el artículo 1 del Reglamento (CEE) no 3950/92 del Consejo, por el que se establece una tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos ((DO L 405 de 31.12.1992. )), en caso de rebasamiento de su cantidad de referencia individual. Todo caso sospechoso de infracción debe ser objeto de una atenta verificación par parte de la Comisión y, en caso de disconformidad, dar lugar a la incoación de un procedimiento de infracción como se hizo, por otra parte, el 12 de enero de 1998 contra Italia. Este país dispone de un mes para responder a las observaciones formuladas y ajustarse a las mismas.
PREGUNTA ESCRITA E-4006/97 de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) a la Comisión (14 de enero de 1998)

Asunto: Industria comunitaria de la pizarra y medioambiente

¿Puede informar la Comisión acerca de las ayudas comunitarias de que dispone en la actualidad la industria comunitaria de la pizarra, para hacer frente a los elevados costes medioambientales que ésta tiene que soportar y que debilitan su competitividad en el mercado?

¿Tiene previsto la Comisión adoptar nuevas medidas de ayuda a las empresas comunitarias del sector para afrontar estos costes?

¿Podría informar la Comisión sobre las medidas adoptadas o que se propone adoptar para la restauración de escombreras y mejor aprovechamiento de residuos en el marco de la industria de la pizarra comunitaria?

Respuesta común a las preguntas escritas E-4006/97, E-4007/97 y E-4010/97 dada por el Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (6 de febrero de 1998)

La Comisión estableció en su Informe al Consejo sobre la aplicación de las conclusiones del Consejo de 18 de noviembre de 1993 sobre la industria extractiva no energética ((SEC(96)852. )) que la legislación comunitaria en sí sólo desempeña un papel menor en lo que se refiere a la problemática de los costes ambientales frente a las iniciativas reglamentarias nacionales o subnacionales. Sin excluir el interés regional del sector y su acceso a los fondos estructurales, la Comisión no dispone de instrumentos financieros para compensar estos costes.

La Comisión no dispone de medios para la promoción directa de los productos del sector de la pizarra y considera que se trata de una tarea primordial para las asociaciones profesionales. Señala, sin embargo, que las acciones en el campo de la formación profesional, comunes con otros agentes de la construcción, e incluso de la investigación, pueden contribuir a este objetivo.

La aplicación de la Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción ((DO L 40 de 11.2.1989. )), en la que está implicado el sector a través de los trabajos de normalización, puede tener un efecto positivo sobre la imagen del producto y sobre la competitividad internacional de los productores comunitarios, ya que, tras el dictamen positivo del Comité permanente de la construcción, la Comisión adoptó, el 20 de noviembre de 1997, la Decisión 97/808/CE relativa al procedimiento de certificación de la conformidad de los productos de construcción en lo que concierne a los pavimentos (floorings) ((DO L 331 de 3.12.1997. )).
PREGUNTA ESCRITA E-3267/97 de María Estevan Bolea (PPE) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: Neumáticos usados

¿Puede dar a conocer la Comisión cuántos neumáticos usados se producen en la UE, y por países?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (1 de diciembre de 1997)

Los neumáticos usados constituyen la mayor parte de la corriente de residuos del caucho. Se pueden encontrar datos relativos a la producción de estos residuos en algunos Estados miembros en el informe de la Comisión (Eurostat) y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de 1996 sobre estadísticas del medio ambiente. Estas cifras se muestran en negrita en el cuadro que se expone a continuación.

Las cifras correspondientes a los Estados miembros que no han suministrado datos a la Comisión han sido extraídas de un informe de 1997 sobre estadísticas de los residuos realizado por encargo de la Comisión. Estas cifras se refieren únicamente a los neumáticos usados y se muestran en cursiva en el cuadro siguiente:

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No se facilitan cifras sobre el Reino Unido y Portugal en ninguno de estos dos informes. Sin embargo, el grupo de trabajo sobre neumáticos desechados de la industria y el Gobierno del Reino Unido dio cuenta de una producción de 378 000 toneladas de neumáticos usados en el Reino Unido en 1996. El grupo de residuos prioritarios de neumáticos usados establecido por la Comisión comunicó una producción de 30 000 toneladas de neumáticos usados en Portugal en 1990.
PREGUNTA ESCRITA E-3462/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (31 de octubre de 1997)

Asunto: Centro Común de Investigación de Ispra

Al parecer, se ha constituido una sociedad en Inglaterra que tiene su sede secundaria en la pequeña ciudad de Ranco, poco distante del CCI de Ispra. Dicha sociedad tendría por objeto la contratación de personal para su empleo posterior, de diversas formas, en el CCI. ¿Es cierta tan desconcertante noticia?

Respuesta de la Sra. Cresson en nombre de la Comisión (20 de enero de 1998)

En la región de Lombardía, y concretamente en la provincia de Varese, siempre ha habido una densa red de pequeñas y medianas empresas, las cuales, de reunir las condiciones requeridas, participan en las licitaciones y demás convocatorias que publica la Comisión. En caso de ganar un contrato, estas empresas realizan el trabajo con personal propio y bajo su entera responsabilidad.

Se ha confirmado la existencia de una sociedad con las características geográficas descritas (constitución en el Reino Unido y sede secundaria en Ranco). Debe señalarse que el número de sociedades originarias de otro Estado miembro y con actividad en el norte de Italia va en aumento.

No existe, sin embargo, vínculo alguno de carácter contractual ni con ésta ni con ninguna otra empresa para proporcionar personal al Centro Común de Investigación (CCI).