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PREGUNTA ESCRITA P-2956/02

de María Rodríguez Ramos (PSE) a la Comisión

(15 de octubre de 2002)

Asunto: Aplicación de la cláusula de salvaguardia a las importaciones a la UE de gajos de satsumas en conserva procedentes de China

El Reino de España solicitó en el mes de junio, según lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (CE) 2201/96(1), la aplicación de la cláusula de salvaguardia para las importaciones de gajos de mandarinas en conserva pues el mercado comunitario estaba sufriendo graves perturbaciones a causa de las importaciones chinas.

A primeros del pasado mes de septiembre, las autoridades españolas enviaron a la Comisión Europea información complementaria de la remitida en del mes de julio sobre la situación extrema que el mercado de este producto está sufriendo en los últimos meses.

¿Como explica la Comisión su pasividad cuando, según el artículo 22 del citado reglamento, en situaciones graves como la que nos ocupa, debiera haber tomado iniciativas dentro de los 3 días hábiles siguientes al día de la comunicación?

(1) DO L 297 de 21.11.1996, p. 29.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(12 de noviembre de 2002)

Como sabe Su Señoría, la cláusula de salvaguardia con respecto a los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tales como China, sólo puede aplicarse de conformidad con las obligaciones de la OMC. Esto significa que la Comunidad sólo puede actuar de acuerdo con las normas de la OMC en este ámbito. Uno de estos requisitos establece que es competencia de los Estados miembros presentar un expediente con la información suficiente acerca de la naturaleza y amplitud de la perturbación del comercio y de la gravedad del impacto en los productores comunitarios en cuestión.

Lamentablemente, la información presentada por España hasta el momento no se ajusta a las normas rigurosas impuestas por la OMC y la normativa comunitaria. La Comisión se mantiene en estrecho contacto con España, definiendo los aspectos que deberán completarse para ajustarse a tales normas y examinará rápidamente toda la información adicional que se presente. Su Señoría puede estar segura de que la Comisión no dudará en adoptar las medidas apropiadas tan pronto como estén jurídicamente justificadas.
PREGUNTA ESCRITA E-3668/02

de Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) a la Comisión

(18 de diciembre de 2002)

Asunto: Causa del naufragio del petrolero Prestige

Según las noticias publicadas en Lloyd's List el 25 de noviembre de 2002, el día del naufragio del petrolero Prestige, otro buque perdió su carga (200 troncos de madera de 17 metros de longitud cada uno) en el mar en esa misma zona.

De acuerdo con la misma fuente, debido al temporal existente ese día, es probable que el Prestige fuera golpeado por uno o varios troncos de madera y que, como consecuencia, se abriera una grieta en el casco que provocó su naufragio.

¿Ha examinado la Comisión la probabilidad de que la causa del naufragio del Prestige fuera un incidente anterior, con todo lo que este hecho implica?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(7 de febrero de 2003)

El 13 de noviembre 2002, en plena tempestad, el petrolero Prestige, que viajaba de Letonia a Singapur, pidió auxilio tras sufrir una gran brecha en el costado de estribor de su casco. Con posterioridad, los tripulantes manifestaron que el buque se escoró después de que se oyera un gran ruido, como si se hubiese producido un choque con un objeto que flotaba la superficie.

Aunque la Comisión está al corriente del artículo citado por Su Señoría, insiste en subrayar que no le incumbe determinar las causas del naufragio del Prestige. En efecto, dicha tarea corresponde a las autoridades competentes de los Estados interesados en esta catástrofe.

Sin embargo, la Comisión sigue con gran atención la investigación sobre las causas de la catástrofe. Así, participa como observadora en la auditoría ad hoc del American Bureau of Shipping (sociedad de clasificación del Prestige), emprendida por la asociación internacional de sociedades de clasificación. Asimismo está en contacto con las autoridades nacionales que han abierto investigaciones sobre el suceso: Bahamas, España y Francia.

En relación con la audiencia de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Parlamento, prevista para marzo de 2003, la Comisión presentará a este último un informe preliminar con los datos de que disponga en relación con este accidente.
PREGUNTA ESCRITA E-3450/02

de Avril Doyle (PPE-DE) a la Comisión

(6 de diciembre de 2002)

Asunto: Presencia de uranio en el agua potable

¿Puede explicar la Comisión por qué no existen valores paramétricos para el uranio 238 en las directrices de la Unión Europea o de la OMS? ¿Existen pruebas de efectos secundarios en la salud de los seres humanos o de los animales provocados por la ingestión de uranio 238?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(31 de enero de 2003)

Al negociar y adoptar la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano(1), se decidió establecer una distinción entre la toxicidad química del uranio y su radiotoxicidad, y mantener tan sólo la radiotoxicidad. Se estableció un valor paramétrico para la dosis indicativa total.

Esta decisión se ajustó a las conclusiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las que se reconocía que no se disponía entonces de estudios a corto y largo plazo fiables sobre la toxicidad química del uranio, por lo que no podía definirse un valor guía para el uranio en el agua potable. En cuanto la OMS defina orientaciones sobre la base de datos adicionales, la Comisión presentará la propuesta oportuna de modificación de la Directiva, en el marco de la revisión quinquenal que establece el apartado 1 de su artículo 11.

(1) DO L 330 de 5.12.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-2960/02

de André Brie (GUE/NGL)y Joost Lagendijk (Verts/ALE) al Consejo

(22 de octubre de 2002)

Asunto: Campos minados en la frontera entre Grecia y Turquía

En relación con un artículo publicado en el rotativo Athens News (30.8.2002) según el cual un inmigrante ilegal resultó muerto y otros dos heridos al internarse en un campo minado próximo a la frontera nororiental de Grecia (con Turquía), quisiéramos llamar la atención del Consejo a propósito de este problema recurrente. Pese a que en los últimos dos años se ha registrado un considerable número de víctimas (especialmente inmigrantes), el último Informe de Seguimiento de Minas Terrestres (2002) (véase http://www.icbl.org) sostiene que no parece existir ningún informe exhaustivo sobre el problema de las minas en Grecia.

Puesto que la frontera entre Grecia y Turquía es también parte de la frontera exterior de la UE, se pregunta al Consejo:

- ¿Es consciente del problema?

- ¿Cuál es su posición respecto de un régimen de fronteras tan anacrónico e inhumano?

- ¿Cómo interpreta la situación a la luz de la resolución del Parlamento B5-0802/2000(1) en la que la institución pedía a la UE que se comprometiera a trabajar por la total erradicación de las minas antipersona?

- ¿Qué medidas políticas, financieras u otras se han adoptado (o se van a adoptar) para apoyar a Grecia en los necesarios trabajos de desminado?

(1) DO C 197 de 12.7.2001, p. 193.

Respuesta

(20 de febrero de 2003)

1. El Consejo es plenamente consciente del problema que plantean estos campos situados a lo largo de la frontera grecoturca, cuyas minas antipersonas, vestigio de pasados conflictos, causan regularmente víctimas, especialmente entre los inmigrantes clandestinos.

2. El Consejo se ha comprometido ampliamente con el objetivo de la eliminación total de las minas antipersona, compromiso que se refleja en una serie de actos legislativos y, en particular, en la Acción Común de 1997 de la PESC relativa a las minas terrestres antipersonas y los dos Reglamentos de 2001 relativos a las acciones contra las minas terrestres antipersonas en los países en desarrollo y en terceros países excepto los países en desarrollo. Estos dos Reglamentos obedecen directamente al Convenio para la prohibición del uso, almacenamiento, producción y traslado de minas antipersonas y para su destrucción (Convenio de Ottawa o Tratado para la prohibición de las minas), mientras que la Acción Común permite inter alia que la UE emprenda acciones o presente contribuciones específicas en materia de supresión de minas y de auxilio a las víctimas.

3. Por lo que respecta más concretamente a Grecia y Turquía, cabe decir que ambos países están a punto de depositar conjuntamente sus instrumentos de ratificación del Convenio de Ottawa, en el caso de Grecia, o de adhesión al mismo, en el caso de Turquía. Según fuentes griegas, gracias a la señalización y a la protección de los campos de minas griegos a lo largo de la frontera con Turquía, ya se han podido reducir en casi un 90 % los accidentes (cf. el Informe 2002 de control de las minas antipersonas de la Campaña internacional para la prohibición de estas minas).
PREGUNTA ESCRITA E-2522/02

de Jens-Peter Bonde (EDD) a la Comisión

(11 de septiembre de 2002)

Asunto: Escuchas policiales en el periódico Jyllands-Posten

¿Es conforme con el Derecho comunitario en vigor el que la policía proceda a realizar escuchas en el periódico Jyllands-Posten y quiera obligar a un periodista a revelar sus fuentes?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(24 de octubre de 2002)

La Comisión no tiene ninguna información sobre el caso al cual hace referencia Su Señoría.

En relación con la intervención de las comunicaciones telefónicas por parte de la policía de los Estados miembros, la Comisión quiere manifestar que esta materia es competencia exclusiva de los Estados miembros.

Debería añadirse que la Directiva 97/66/CE del Parlamento y del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones(1) obliga a los Estados miembros a garantizar la confidencialidad de las comunicaciones mediante una red de telecomunicaciones pública y unos servicios de telecomunicaciones disponibles al público. El artículo 14 de dicha Directiva permite a Estados miembros adoptar medidas legales para limitar el alcance de esta obligación cuando dichas limitaciones constituyan una medida necesaria para proteger la seguridad y la defensa nacional, así como la seguridad pública, además de la prevención, la investigación, la detección y la persecución de delitos o el uso no autorizado del sistema de telecomunicaciones. Por otra parte, este planteamiento viene confirmado por el apartado 1 del artículo 15 de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento y del Consejo del 12 de julio de 2002 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)(2).

(1) DO L 24 de 30.1.1998.

(2) DO L 201 de 31.7.2002.
PREGUNTA ESCRITA P-2538/02

de Erik Meijer (GUE/NGL) al Consejo

(5 de septiembre de 2002)

Asunto: Cooperación unánime de los Estados miembros de la UE con el Tribunal Penal Internacional poniendo término a la posición excepcional de Rumania

¿Tiene el Consejo la intención de interrumpir provisionalmente las negociaciones en curso con Rumania como país candidato de la Unión Europea, hasta que este Estado haya renunciado al acuerdo recientemente concluido con los Estados Unidos para exceptuar a los nacionales estadounidenses de toda entrega al Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya, a fin de que así quede claro para el mundo entero y para los demás países candidatos en especial que no puede haber dudas sobre el deseo unánime de la Unión Europea de que el TPI realice su trabajo plenamente, sin obstáculos y sin privilegios para ningún Estado?

Respuesta

(3 de marzo de 2003)

El Consejo no ignora que el 1 de agosto de 2002 Rumania firmó un acuerdo con los Estados Unidos sobre esa cuestión, cuyo proceso de ratificación está en curso. Al tiempo que pone de relieve que Rumania, como Estado soberano, tiene el derecho de firmar cualquier acuerdo de esa índole, el Consejo llama la atención sobre su Posición Común relativa a la Corte Internacional de Justicia, de 11 de junio de 2001, modificada el 20 de junio de 2002, a la que se sumó Rumania. El Consejo invita también a Su Señoría a que se remita a las conclusiones del Consejo sobre esa cuestión, adoptadas el 30 de septiembre de 2002. El Consejo espera que Rumania respete las obligaciones que contrajo al firmar el Estatuto en la Corte Internacional de Justicia y tenga en cuenta la posición de la UE en lo que se refiere a la cuestión de la ratificación.
PREGUNTA ESCRITA E-2883/02

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(14 de octubre de 2002)

Asunto: Ayudas comunitarias

Transcurrido apenas un año desde que se produjo una situación idéntica, los cerca de mil trabajadores de la empresa multinacional de calzado Rhode, situada en la localidad portuguesa de Santa Maria da Feira, se enfrentan a un expediente de regulación de empleo durante tres semanas. Esta situación es tanto más grave cuanto que los salarios son muy bajos en Portugal y, de este modo, ni siquiera estos salarios podrían percibir durante dicho período de tiempo.

Por otro lado, la justificación de la administración de la empresa, que alega falta de pedidos, carece de credibilidad, ya que se mantienen ritmos de trabajo muy elevados. La propia asociación patronal APPICAPS afirma que Portugal ha destacado de nuevo frente a los restantes países de la Comunidad con unas exportaciones de calzado que han alcanzado un nuevo máximo histórico que supone un aumento del 36 %, según el INE, tendencia que ha continuado durante 2002.

Se sabe que la empresa citada ha llegado a percibir ayudas públicas por importe de cerca de 500 000 euros.

Por consiguiente, ¿puede informar la Comisión sobre las ayudas comunitarias que la multinacional alemana Rhode haya podido obtener en Portugal y otros Estados miembros de la Unión así como sobre las medidas encaminadas a garantizar los derechos de sus trabajadores?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(21 de noviembre de 2002)

Con respecto a la protección de los trabajadores en cuestión, la Comisión remite a Su Señoría a la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos(1).

La mayor parte de esta Directiva ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico portugués. Aunque actualmente hay abierto un procedimiento de infracción(2) contra la República Portuguesa por la transposición incompleta de dicha Directiva al Derecho nacional, no parece que la falta reprobada a Portugal afecte en este caso a los derechos que la legislación comunitaria reconoce a los trabajadores.

Por consiguiente, son las autoridades nacionales competentes las que deben decidir si estos derechos se han tenido en cuenta correcta y eficazmente en el caso planteado por Su Señoría.

La Comisión no tiene conocimiento de que la empresa Rohde haya recibido apoyo financiero de la Comunidad y puede asegurarle que no se ha beneficiado de las ayudas del Fondo Social Europeo a Portugal.

(1) DO L 225 de 12.8.1998.

(2) Asunto C-55/02 pendiente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
PREGUNTA ESCRITA P-3732/02

de Philip Bradbourn (PPE-DE) a la Comisión

(12 de diciembre de 2002)

Asunto: Galileo

¿Podría confirmar la Comisión si ha recibido una copia de la reciente declaración del Royal Institute of Navigation (Real Instituto de Navegación) en la que manifiesta su preocupación por los riesgos que se derivan del sistema de navegación por satélite Galileo a causa de las interferencias naturales y las provocadas por el hombre, como por ejemplo los impulsos electromagnéticos (EMP)? ¿Piensa facilitar detalles sobre las medidas de contingencia que se proponen de ser así para garantizar la seguridad de la aviación civil y de otros usuarios del sistema una vez que éste sea operativo?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(16 de enero de 2003)

La Comisión confirma que ha recibido una copia de la reciente declaración del Instituto Real de Navegación (Royal Institute of Navigation) sobre la vulnerabilidad del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS).

La Comisión ha tomado nota de las recomendaciones del informe del Centro Nacional Volpe de Investigación sobre el Transporte (Volpe National Transportation Research Centre) de los Estados Unidos.

Desde su fase inicial, el diseño de Galileo ha tenido en cuenta los posibles peligros. E Consejo de Seguridad de Galileo supervisa el diseño para que este responda a todas las preocupaciones de seguridad.

Este sistema está diseñado de tal manera que se reduce al mínimo su posible vulnerabilidad, en especial, gracias a las características siguientes:

- Galileo trasmitirá todos sus servicios en una gama de frecuencias diferentes y separadas, lo que hará innecesarias la mayor parte de las preocupaciones mencionadas en el informe Volpe. A este respecto, Galileo es mucho menos vulnerable que el actual sistema GPS que utiliza una única frecuencia.

- Galileo ofrecerá señales multifrecuencia a los usuarios civiles mucho antes de lo previsto por el Sistema Mundial de Posicionamiento (GPS), con lo que los usuarios dispondrán de un sistema de radionavegación fiable.

La Comisión señala que no sólo Galileo, sino todos los sistemas de navegación y comunicación que utilizan la tecnología de las ondas de radio están sujetos, en principio, a interferencias y tienen algunos puntos vulnerables. La necesidad de sistemas apropiados alternativos debe evaluarla caso por caso el correspondiente grupo de usuarios. Hay que señalar que actualmente la mayoría de los sistemas de radionavegación en uso no disponen de un sistema alternativo. La Comisión sopesará la necesidad de una mezcla óptima de sistemas de radionavegación en Europa cuando establezca su Plan de Radionavegación Europea en 2003.
PREGUNTA ESCRITA E-3791/02

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(7 de enero de 2003)

Asunto: Despidos colectivos

En la respuesta de 21 de noviembre de 2002 a la pregunta E-2883/02(1) de esta diputada, la Comisaria Anna Diamantopoulou mencionaba el actual procedimiento por incumplimiento (C-55/02) incoado contra Portugal ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por la transposición incompleta a la legislación nacional de la Directiva 98/59/CE(2) del Consejo de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos.

¿Puede facilitar la Comisión más datos sobre este procedimiento, principalmente sobre los aspectos de la Directiva que no han sido debidamente incorporados a la legislación portuguesa y que han motivado dicho procedimiento?

(1) Ver página 57.

(2) DO L 225 de 12.8.1998, p. 16.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(7 de febrero de 2003)

El procedimiento de infracción(1) incoado contra Portugal al que se refiere Su Señoría está relacionado con la transposición completa a la legislación nacional de la Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos.

En particular, la Comisión reprocha a Portugal haber eludido las obligaciones que le incumbían en virtud del Tratado CE y de los artículos 1, 6 y 7 de la Directiva citada, habida cuenta de que la legislación portuguesa pertinente limita la noción de los despidos colectivos a los despidos por razones estructurales, tecnológicas o coyunturales. Según el Dictamen de la Comisión, esta noción se define de una manera más amplia en la Directiva 98/59/CE, que se aplica a los despidos efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores. La limitación de la noción de despido colectivo en el Derecho portugués tiene como consecuencia el hecho de que la protección de los trabajadores establecida por la Directiva no se aplique, por ejemplo, en los casos de declaración de quiebra, expropiación, incendio o cese de la actividad de una empresa debido al fallecimiento del empresario.

(1) Asunto C-55/02 pendiente ante el Tribunal de Justicia.
PREGUNTA ESCRITA P-3555/02

de Hans-Peter Martin (PSE) al Consejo

(5 de diciembre de 2002)

Asunto: Derecho de recurso de las corporaciones regionales y locales

El 28 de noviembre de 2002, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo aprobó el informe de Giorgio Napolitano en el que se pide que se extienda a las regiones con poderes legislativos el derecho de recurso al Tribunal de Justicia en defensa de sus propios derechos constitucionales.

¿Puede apoyar el Consejo tal petición?

Respuesta

(3 de marzo de 2003)

No incumbe al Consejo pronunciarse sobre un asunto que supone la modificación de los Tratados y que, por otra parte, se está debatiendo en la Convención sobre el futuro de Europa.

El Consejo recibe información regular sobre el desarrollo de las reflexiones de dicha Convención.

En efecto, según el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, corresponderá a la Conferencia Intergubernamental que se convocará en 2004 adoptar las decisiones definitivas, tomando como punto de partida de sus debates el documento final resultante de los trabajos de la Convención.
PREGUNTA ESCRITA E-3389/02

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(28 de noviembre de 2002)

Asunto: Grado de ejecución del programa operativo Competitividad

Según datos publicados en la prensa griega referentes al programa operativo Competitividad, los contratos suscritos hasta la fecha en dicho programa representan el 16,9 %, mientras que el total de gastos efectuados representa el 6,9 %.

¿Está la Comisión de acuerdo con los datos anteriormente citados? ¿Está satisfecha con el grado de materialización del mencionado programa? ¿Qué intervenciones correctoras deben llevarse a cabo?

Respuesta de M. Barnier en nombre de la Comisión

(7 de enero de 2003)

Conforme a la reglamentación, los informes anuales de ejecución presentados a la Comisión dentro de los seis meses siguientes al final de cada año civil, así como los resultados de la evaluación intermedia, constituyen los documentos oficiales del seguimiento. La Comisión se basa en estos documentos para expresar su posición en lo que respecta al avance de un programa.

A la luz de la información proporcionada en dichos informes, incumbe al Comité de Seguimiento proponer las medidas pertinentes para acelerar la aplicación del Programa Operativo Competitividad.

No obstante, en el marco de la cooperación la Comisión ha llamado la atención de las autoridades nacionales sobre algunos puntos de mejora posible del programa en cuestión.