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PREGUNTA ESCRITA E-0248/99

de Paul Rübig (PPE) a la Comisión

(12 de febrero de 1999)

Asunto: La bifurcación occidental de Wels

Con la conexión Norte-Sur se pretende disponer de una red viaria integrada desde el Mar del Norte hasta Grecia. El trayecto entre Hamburgo y Belgrado, de 1.600 Km de longitud, está terminado, excepto dos tramos en Austria. Por tanto, la bifurcación occidental de Wels deberá unir en la ciudad de Wels la A8 -autopista de la demarcación del Inn- con la A9 -autopista de Phyrn. Actualmente hay que realizar un gran rodeo o tomar la variante oeste de Wels que, al ser una carretera nacional, discurre por un región con una alta densidad de construcción.

La bifurcación occidental de Wels incrementará enormemente la seguridad: el kilometraje recorrido se reduce en 100 millones de Km al año y la duración de los viajes en alrededor de 900 000 horas. El beneficio económico estimado asciende a casi 500 000 millones de chelines. El medio ambiente resulta considerablemente beneficiado y el consumo de combustible por cada 5 000 vehículos disminuye anualmente en 10 000 toneladas.

La bifurcación occidental de Wels sigue siendo aun un proyecto. ¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para apoyar y acelerar su ejecución?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(13 de abril de 1999)

El proyecto de carretera "Westspange Wels" ha sido clasificado como un proyecto de interés común en la Decisión no1692/96/CE del Parlamento y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte(1). Estas orientaciones constituyen un marco de referencia general concebido para animar a los Estados miembros interesados a llevar a cabo los proyectos de interés común que ellos determinen.

La decisión de ejecutar el proyecto de carretera en cuestión y de su financiación es responsabilidad del Gobierno austriaco.

De acuerdo con el Reglamento (CE) 2236/95 del Consejo, de 18 de septiembre de 1995, por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas(2), la Comunidad puede apoyar este proyecto siempre que se cumplan una serie de condiciones y de criterios. Toda solicitud de ayuda financiera de acuerdo con este Reglamento deberá ser presentada por el Estado miembro interesado. Los criterios en que se basa la selección de medidas de cara a la concesión de ayudas financieras comunitarias incluyen, por ejemplo, la madurez del proyecto, la solidez del paquete de medidas financieras o las consecuencias medioambientales. Hasta ahora el gobierno austriaco no ha solicitado ayuda financiera comunitaria para el proyecto "Westspange Wels".

El proyecto no ha sido incluido en los programas de los fondos estructurales en Austria porque el área afectada no es elegible.

(1) DO L 228 de 9.9.1996.

(2) DO L 228 de 23.9.1995.
PREGUNTA ESCRITA P-0695/99

de Christine Crawley (PSE) a la Comisión

(9 de marzo de 1999)

Asunto: Asuntos relativos a las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial

En 1995, la Cámara de los Lores británica remitió al Tribunal Europeo de Justicia un asunto susceptible de crear jurisprudencia, de entre los 45 000 asuntos pendientes ante los tribunales industriales, sobre la legalidad de las reclamaciones de derechos atrasados, por parte de los trabajadores a tiempo parcial, en contra de sus antiguos empresarios, por discriminación en derechos de pensión perdidos.

Dado que algunos de estos jubilados que esperan respuesta se van muriendo antes de que se conozca el resultado de sus reclamaciones, ¿podría la Comisión presionar al Tribunal Europeo de Justicia para que llegue a una decisión en un futuro próximo?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(1 de abril de 1999)

El caso pendiente ante el Tribunal de Justicia al que se refiere Su Señoría es el asunto C-78/98 (Preston y otros), que llegó al Tribunal de Justicia en marzo de 1998. La vista del Tribunal sobre este asunto tuvo lugar el 23 de marzo de 1999.

Este asunto se refiere a la aplicación del artículo 119 del Tratado CE interpretado por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 17 de mayo de 1990 Barber(1) y en las sentencias de interpretación dictadas posteriormente, y más concretamente en las sentencias de 28 de septiembre de 1994 en los asuntos C-57/93 Vroege(2) y C-128/93 Fisscher(3). El Tribunal británico planteó al Tribunal de Justicia el alcance real de estas dos sentencias, es decir el derecho a la afiliación a un régimen de jubilación profesional desde el 8 de abril de 1976, fecha de la setencia Defrenne(4) para los trabajadores a tiempo parcial, la mayoría de los cuales son mujeres.

La Comisión no puede intervenir ante el Tribunal de Justicia en el sentido apuntado por Su Señoría.

(1) C-262/88, Rec. 1990, p. I-1889.

(2) Rec. 1994, p. I-4541.

(3) Rec. 1994, p. I-4583.

(4) C-43/75, Rec. 1976, p. 455.
PREGUNTA ESCRITA n. 296/99 del Mihail PAPAYANNAKIS Viljapohjaiset valmisruoat ja lastenruoat



Diario Oficial n° C 341 de 29/11/1999 p. 0084



PREGUNTA ESCRITA E-0296/99 de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión (17 de febrero de 1999) Asunto: Alimentos preparados a base de cereales y alimentos infantiles ¿Puede indicar la Comisión en qué fecha, si lo ha hecho, le ha comunicado Grecia la adopción de las necesarias disposiciones legales, de reglamentación y administrativas para conformarse a lo dispuesto en las Directivas 96/4 y 96/5 de la Comisión de 16 de febrero de 1996, y qué medidas tiene intención de adoptar en caso de que se compruebe una mala aplicación de dichas disposiciones?
PREGUNTA ESCRITA E-0345/99

de Paul Rübig (PPE) a la Comisión

(23 de febrero de 1999)

Asunto: Discriminación tarifaria por parte de empresas públicas

Deseo manifestar al Comisario competente mi profundo agradecimiento por haber respondido a la pregunta H-1068/99(1) en el marco de la sesión plenaria el 15 de diciembre de 1998 así como por su carta (no 0207) de 1 de febrero de 1999. El ponente comparte su opinión sobre la violación de la legislación comunitaria por parte de empresas privadas que no gozan de posición dominante en el mercado.

No obstante, desearía que me aclarase dos aspectos:

1. ¿No existe tampoco a nivel concreto ninguna objeción con relación a acuerdos que constituyen una infracción del artículo 85?

2. ¿En que sentido cambiaría la situación si una empresa pública realiza el servicio de transporte? ¿Debería ser clasificado como empresa pública el prestatario del servicio de transporte en cuestión?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión

(31 de marzo de 1999)

Para evitar malentendidos, hay que señalar que la respuesta y la carta a las que Su Señoría hace referencia decían que la Comisión no considera que haya habido una infracción de las normas comunitarias de competencia por parte de una empresa privada que no goza de posición dominante.

1. Por lo que se refiere al artículo 85 del Tratado CE, la Comisión no tiene pruebas de ningún acuerdo de constitución de cartel horizontal entre operadores.

2. Al igual que otras empresas, las empresas públicas están sujetas a las normas de competencia comunitarias. El artículo 90 del Tratado CE dispone que los Estados miembros no adoptarán ni mantendrán respecto de las empresas públicas ninguna medida contraria a las normas de competencia, excepto por las razones expuestas en el apartado 2 del artículo 90. No parece haber aquí una infracción al Derecho comunitario por parte de una empresa privada ni la situación sería diferente si el servicio de transbordadores lo realizara una empresa pública.

En este caso, la empresa de transbordadores a la que se refiere Su Señoría es una empresa privada que ni es propiedad de las autoridades públicas ni está controlada por ellas. Por consiguiente, no es una empresa pública.

(1) Debates del Parlamento Europeo (diciembre de 1998).
PREGUNTA ESCRITA E-0856/99

de Marilena Marín (UPE) a la Comisión

(7 de abril de 1999)

Asunto: Encarcelación de ciudadanos venecianos por manifestar libremente sus ideas

Vista la encarcelación de tres ciudadanos venecianos al habérseles denegado la posibilidad de realizar un servicio social a modo de prueba, tal como prevé la Ley de 8 de marzo de 1999, y habida cuenta de que los tres ciudadanos, que participaron en una manifestación declaradamente no violenta y de carácter diplomático en la Plaza de San Marcos de Venecia en 1997, en la que se pedía mayor autonomía para el Véneto, no son peligrosos y que participan incluso en actividades culturales, sociales y políticas para dialogar sobre la autonomía regional, los derechos de los pueblos y los derechos humanos en el marco de una asociación registrada legalmente.

Visto que estas personas ejercen normalmente su actividad profesional tras el acuerdo sobre la pena y que, al haber presentado el fiscal general de Venecia un recurso contra la decisión de los jueces de apelación, disfrutan del principio constitucional de la presunción de inocencia según el cual sólo se puede llegar a la encarcelación cuando han concluido todas las etapas del proceso o en caso de amenaza grave.

Visto que, básicamente, las reivindicaciones de que se hacen portavoces estos ciudadanos con acciones no violentas inspiradas por el Estatuto de Autonomía del Véneto, que es también ley italiana desde 1971, son totalmente legítimas y de actualidad (baste referirse, en este sentido, a la propuesta de ley aprobada esta semana por el Consejo de Ministros italiano), y que estas reivindicaciones se plantean en el ejercicio, garantizado constitucionalmente, del derecho a manifestar las propias ideas de manera libre y pacífica.

¿Puede decir la Comisión qué acciones piensa llevar a cabo para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, que forman parte de los principios fundamentales comunes de los Estados miembros, como es su obligación de conformidad con los tratados de Maastricht y Amsterdam?

Respuesta del Presidente Santer en nombre de la Comisión

(7 de mayo de 1999)

La Comisión recuerda que la relación entre un Estado miembro y sus ciudadanos en lo relativo al respeto de los derechos humanos se rige fundamentalmente por el Convenio Europeo sobre la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950. Por lo tanto, los ciudadanos italianos pueden presentar el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una vez agotadas todos los recursos en el ámbito nacional.
PREGUNTA ESCRITA E-1065/99

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) a la Comisión

(20 de abril de 1999)

Asunto: Adecuación al Derecho comunitario de las disposiciones complementarias de la Ley francesa 97-1051 de 18 de noviembre de orientación de la pesca marítima y los cultivos marinos

En relación con la respuesta dada por la Comisión Europea a mi pregunta E-0301/99(1), insisto en que, una vez reclamadas y examinadas por la Comisión las disposiciones normativas a las que se refiere mi anterior pregunta, me informe de si ¿estima que dichas disposiciones complementarias y, en particular, lo dispuesto en la citada circular sobre establecimiento estable, son acordes con el Derecho Comunitario, tal y como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia?.

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión

(5 de mayo de 1999)

La Comisión informa a Su Señoría de que considera compatible con el derecho comunitario la circular de la Administración francesa relativa a las nuevas condiciones sobre las cuotas de pesca francesas, que fue remitida a las empresas pesqueras a finales de 1998.

Sin embargo, la Comisión ha insistido de nuevo ante las autoridades francesas en la necesidad de mostrar cierta flexibilidad en la aplicación inicial de las nuevas condiciones para, de ese modo, permitir una adaptación suave de las empresas pesqueras a la situación.

Las autoridades francesas han asegurado a la Comisión que se seguirán sus recomendaciones.

(1) DO C 341 de 29.11.1999, p. 87.
PREGUNTA ESCRITA E-0344/99

de Ursula Schleicher (PPE) a la Comisión

(23 de febrero de 1999)

Asunto: Protección del medio ambiente en relación con los productos

Según mis informaciones, la Dirección General XI de la Comisión Europea ha elaborado un estudio sobre los instrumentos existentes en el ámbito de la protección del medio ambiente en relación con los productos en cuya conclusión se pide, entre otras cosas, una política de los productos amplia y orientada al ciclo de vida completo.

1. ¿Respalda la Comisión Europea esta conclusión?

2. ¿Qué otras conclusiones va a extraer la Comisión Europea de este estudio con vistas a la legislación en materia de protección del medio ambiente?

3. ¿Existen ya propuestas de legislación concretas sobre la base de dicho estudio?

4. ¿Existe un resumen del estudio, al que pueda acceder el Parlamento?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(1 de abril de 1999)

1. La Comisión está de acuerdo con la conclusión de que una política de producto integrada (PPI) debería tomar en cuenta el ciclo de vida completo de los productos.

2. La PPI está en fase de debate y aún no se han extraido las conclusiones definitivas. La Comisión organizó un seminario sobre este tema en diciembre de 1998. La PPI se debatirá en una reunión informal de los Ministros de Medio Ambiente que se celebrará del 7-9 de mayo de 1999. La Comisión tiene previsto presentar un Libro Verde sobre la PPI después del verano.

3. Todavía no se han tomado iniciativas legislativas.

4. Se envía directamente a su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento un resumen del estudio.
PREGUNTA ESCRITA E-0343/99

de Wilmya Zimmermann (PSE) a la Comisión

(23 de febrero de 1999)

Asunto: "Datos sobre población activa de la UE" gestionados por Eurostat

Habida cuenta de que los datos anónimos de la "Encuesta de Población Activa de la UE" (EPA) pueden ser importantes para estudios sociales y económicos de las universidades, ¿será posible acceder a ellos en el futuro?

Por otra parte, ¿será gratuita su utilización sin restricciones?

La razón de la pregunta es que los acuerdos entre el jefe del proyecto EFFNATIS y Eurostat no fueron suficientemente satisfactorios. Se podrían realizar estudios más amplios y más progresos en las investigaciones si EUROSTAT pusiera a disposición de los investigadores europeos, de forma anónima y gratuita, los datos de la EPA.

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión

(9 de abril de 1999)

La utilización de datos confidenciales por la Comisión está sujeta a la legislación comunitaria, principalmente el Reglamento (CE) 322/97 del Consejo, de 17 de febrero de 1997, sobre la estadística comunitaria(1) y el Reglamento (Euratom, CEE) no 1588/90 del Consejo, de 11 de junio de 1990, relativo a la transmisión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto estadístico(2). Este marco legislativo no permite a la Comisión transmitir datos confidenciales en circunstancias normales a ningún organismo. De los debates del grupo de trabajo sobre estadísticas de empleo se desprende que los microdatos de la Encuesta de Población Activa sólo pueden darse a conocer en caso de que puedan clasificarse como no confidenciales, lo que supone no sólo que han de ser anónimos, sino además que se ha de aplicar un método que haga prácticamente imposible la identificación de personas. El comité del secreto estadístico va a estudiar la posibilidad de crear un método de este tipo.

El establecimiento de tarifas para los datos de la Encuesta de Población Activa está sujeto a la política tarifaria general adoptada dentro del sistema estadístico europeo, que tiene en cuenta el coste de la recopilación y el tratamiento de los datos por los institutos nacionales de estadística y por la Comisión. En la mayoría de los Estados miembros se cobra una cantidad por suministrar datos a los usuarios, tanto en forma impresa como en soporte electrónico. Por consiguiente, la Comisión no puede suministrar datos a un precio inferior al que cobran actualmente los Estados miembros, ya que ello perjudicaría de hecho a sus ventas, con lo que se pondría en peligro la cooperación entre la Comisión y los institutos nacionales de estadística, de los que proceden en definitiva los datos. El grupo de trabajo sobre difusión de datos, que se ocupa de la política tarifaria, abordará la cuestión de los precios de los microdatos de la Encuesta de Población Activa.

(1) DO L 52 de 22.2.1997.

(2) DO L 151 de 15.6.1990.
PREGUNTA ESCRITA E-0060/99

de Paul Rübig (PPE) a la Comisión

(27 de enero de 1999)

Asunto: Unidades de medida tradicionales de las bebidas

Se está iniciando la cuarta fase de la iniciativa SLIM (simplificación de la legislación en el mercado interior). Se examinarán los sectores del Derecho empresarial, las substancias peligrosas y la normativa de embalajes. Esta última incluye también las unidades de medida de los alimentos y bebidas. Tanto en Austria como en otros Estados miembros, las unidades de medida de 0,3 litros y 0,5 litros son las habituales en el caso de las bebidas. Se trata de una larga tradición que ha marcado la cultura y la identidad de la población. Si se respeta el principio de subsidiariedad, tiene que seguir siendo posible el mantenimiento de tales unidades de medida en los Estados miembros.

¿Cómo piensa la Comisión tomar debidamente en consideración, al realizar la revisión, esos componentes del sentimiento tradicional?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 1999)

La Comisión informará al grupo SLIM sobre los problemas mencionados por su Señoría.

Las conclusiones del trabajo del grupo junto con las observaciones de la Comisión, se pondrán a disposición del Parlamento y del Consejo, con motivo de la reunión del Consejo de Mercado Interior del 21 de junio de 1999.
PREGUNTA ESCRITA E-0536/99

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) a la Comisión

(12 de marzo de 1999)

Asunto: La industria de conservas de productos de la pesca y la acuicultura en la Unión Europea

En la sesión plenaria de junio de 1998, el Parlamento Europeo debatió y aprobó el Informe de iniciativa sobre la industria de conservas de productos de la pesca y la acuicultura en la Unión Europea (A4-0137/98)(1), entre cuyas conclusiones el Parlamento Europeo consideraba necesario la creación, dentro de la Unidad de Lucha contra el Fraude de la UE, de un servicio especializado en asuntos pesqueros que pueda intervenir para fiscalizar la correcta aplicación de los orígenes de las mercancías y de la normativa comunitaria sobre la comercialización y transporte de los productos de la pesca.

¿Puede la Comisión informar acerca de las medidas emprendidas para dar cumplimiento a esta petición del Parlamento Europeo?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión

(26 de abril de 1999)

La Comisión tiene, en su Dirección de coordinación de la lucha contra el fraude, una unidad específica que trata los recursos propios. Esta unidad es responsable de iniciar investigaciones, incluidas investigaciones sobre el fraude en la pesca, sobre la base de la legislación comunitaria tal como el Reglamento (CE) 515/97 del Consejo del 13 de marzo de 1997 relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria(2). Una de las tareas principales de los investigadores especializados de esta unidad es por tanto asegurar la aplicación correcta de las normas de origen.

La Comisión adoptó el 17 de marzo de 1999(3) un paquete de propuestas destinadas a consolidar su servicio antifraude (Decisión de la Comisión por la que se crea una Oficina de Lucha contra el Fraude, propuesta modificada de Reglamento del Consejo relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina de Lucha contra el Fraude y proyecto de acuerdo interinstitucional).

Estas propuestas proporcionarán a la Comisión una oportunidad para reforzar sus actividades de lucha contra el fraude, incluido el control de la correcta aplicación de las normas de origen.

(1) DO C 210 de 6.7.1993, p. 295.

(2) DO L 82 de 22.3.1997.

(3) COM(99)140 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0982/99

de Concepció Ferrer (PPE) a la Comisión

(15 de abril de 1999)

Asunto: Situación de la reducción de aranceles impuestos por los EE.UU. sobre el sector textil

A pesar de las sustanciales reducciones y la eliminación de barreras comerciales establecidas en la Ronda Uruguay, EE.UU. sigue manteniendo un número significativo de impuestos y picos arancelarios para el sector del textil y de la confección que van del 25 % al 33,6 %.

Teniendo en cuenta las recientes negociaciones comerciales transatlánticas, ¿podría detallar la Comisión los avances que ha habido con los EE.UU. en relación a las reducciones arancelarias para este sector?

Respuesta de León Brittan en nombre de la Comisión

(6 de mayo de 1999)

Es correcto que los Estados Unidos aplican tarifas a textiles y artículos de vestir sustancialmente más altas que las de la Comunidad. Además, según lo declarado por Su Señoría, éstas incluyen picos que se aplican a determinados productos.

Los Estados Unidos no han hecho ninguna propuesta sobre posibles reducciones de tarifas en el sector textil y de artículos de vestir en ninguno de los contactos entre la Comisión y las autoridades de Estados Unidos.

La Comisión considera, sin embargo, que la reducción en la armonización de tarifas, incluidas las correspondientes a textiles y artículos de vestir, sigue siendo un objetivo para futuras negociaciones multilaterales.
PREGUNTA ESCRITA E-0389/99

de Gerhard Schmid (PSE) a la Comisión

(1 de marzo de 1999)

Asunto: Controles en la concesión de ayudas de la UE

¿Cómo piensa actuar la Comisión para garantizar que quedan excluidos los casos de corrupción en la asignación de recursos comunitarios a Baviera?

Respuesta de la Comisaria Gradin en nombre de la Comisión

(13 de abril de 1999)

La Comisión considera que el uso apropiado de los fondos comunitarios y la lucha contra la corrupción en la Comunidad son primordiales.

A este respecto, le gustaría subrayar que en septiembre de 1996 y sobre la base del Tratado de la Unión Europea se elaboró un protocolo(1) al convenio sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades. Este instrumento define la corrupción pasiva y activa y criminaliza los actos de corrupción en que estén implicados funcionarios nacionales y funcionarios de la Comunidad y que dañen o podrían dañar a los intereses financieros de las Comunidades. Alemania ratificó este protocolo(2).

En caso de que Su Señoría tenga conocimiento de casos específicos de corrupción en Baviera, la Comisión estaría dispuesta a examinar esta información a través de su Grupo de Trabajo para la Coordinación de la Lucha Antifraude. La Comisión tiene derecho, en caso necesario, a poner en marcha sus propias investigaciones para la protección de los intereses financieros de la Comunidad, incluyendo los aspectos de corrupción.

(1) DO C 313 de 23.10.1996.

(2) BGBI II 1998.
PREGUNTA ESCRITA E-0658/99

de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión

(26 de marzo de 1999)

Asunto: Fondos estructurales

Las regiones cuyo nivel de renta por habitante sea inferior al 75 % al que corresponde al habitante medio comunitario se califican de "regiones objetivo 1" y se benefician de importantes ayudas comunitarias.

Para saber si este umbral ha sido superado o no, el proyecto de reglamento del Consejo, COM(98)131 final(1), por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos estructurales, prescribe que se tendrán en cuenta las cifras correspondientes a los tres últimos años de los que se disponga de datos en Eurostat.

En el momento actual sólo se dispone de las cifras correspondientes a los ejercicios 1994, 1995 y 1996.

¿Cuáles son las cifras correspondientes a dichos años para Andalucía?

(1) DO C 176 de 9.6.1998, p. 1.