PREGUNTA ESCRITA P-3061/98

de Ernesto Caccavale (UPE) a la Comisión

(2 de octubre de 1998)

Asunto: Ayudas estatales a la RAI (Radiotelevisión italiana)

En su respuesta a la pregunta E-0577/98(1) sobre las ayudas estatales a la RAI, la Comisión se mostró básicamente reticente sin especificar si pensaba adoptar o no, en un plazo de tiempo razonable, una posición oficial sobre la denuncia relativa a las subvenciones públicas a la RAI. De hecho, la respuesta contiene únicamente una referencia general a las normas de competencia comunitarias, al nuevo Tratado de Amsterdam y a uno de sus protocolos -que aún está pendiente de ratificación por parte de más de la mitad de los Estados miembros-, así como a un "enfoque coherente", que no se especifica mejor, relativo a todos los casos pendientes desde hace casi un decenio.

- La Comisión fue condenada por omisión, por el Tribunal de Primera Instancia, al no haber adoptado oportunamente iniciativa alguna en un caso de ayudas parecido al que nos ocupa.

- El mercado de que se trata es muy importante para los agentes económicos y los consumidores y se halla en gran crecimiento, también por lo que se refiere a la evolución tecnológica y al correspondiente proceso de convergencia entre las telecomunicaciones y el sector audiovisual tradicional. Parece pues urgente e importante proporcionar seguridad jurídica a inversores y consumidores, a fin de que puedan beneficiarse de un marco claro de normas y garantías.

- La competencia directa, cada vez más evidente, entre la programación de la TV pública general, que recibe subvenciones, y la privada plantea con urgencia el problema de la distorsión de las condiciones de competencia y la necesidad de establecer reglas de transparencia contable para la financiación de un servicio público definido con criterios objetivos.

Así pues:

1. ¿Podría adoptar la Comisión cuanto antes, de acuerdo con sus obligaciones institucionales, una posición clara sobre el tema, que evite futuras condenas por omisión en relación con las denuncias aún pendientes en materia de ayudas a las televisiones públicas y que contribuya a proporcionar seguridad jurídica y protección a los agentes económicos y a los consumidores?

2. ¿Puede decir, en particular, si la transferencia de fondos públicos para financiar programas con evidente finalidad comercial podría constituir un caso de violación de las normas de competencia comunitarias, en ausencia de reglas de transparencia contable y de una definición clara del servicio público radio televisivo?

Respuesta del Sr.Van Miert en nombre de la Comisión

(23 de noviembre de 1998)

En respuesta a la pregunta escrita E-577/98(2) de Su Señoría, la Comisión confirmó la existencia de una denuncia, registrada el 19 de junio de 1996, contra la RAI (Radiotelevisione Italiana S.p.A.), en relación con infracciones al derecho comunitario sobre ayudas estatales.

Dado que la liberalización del sector de la radiodifusión es un fenómeno que data apenas de la década de los 80, y ante la complejidad del análisis que sería necesario, la Comisión viene aplicando un planteamiento prudente en relación con las denuncias sobre ayudas estatales en este sector. Sin embargo, como señala Su Señoría, la Comisión ha sido condenada recientemente por el Tribunal de Primera Instancia por no haber actuado en un plazo razonable y con la diligencia necesaria. Se trata de la primera vez que esto ocurre en el ámbito de las ayudas estatales. La decisión del Tribunal de Primera Instancia confirma la responsabilidad de la Comisión en este campo.

Cuando se producen varias denuncias en un ámbito en el que no existen directrices específicas, se ha considerado siempre adecuado elaborar ante todo unas directrices, a fin de que la Comisión pueda estudiar cada caso concreto de manera coherente y transparente. Así, los servicios de la Comisión han elaborado un documento de debate en el que se exponen los temas fundamentales y se solicita a los Estados miembros que expongan sus puntos de vista y las posibles soluciones.

Sin embargo, dado que la mayoría de los Estados miembros consultados no se muestran favorables a la idea de unas directrices, en adelante la Comisión se ocupará de cada caso concreto, tanto más por cuanto que el Tribunal de Primera Instancia podría condenarla de nuevo por omisión.

Entre tanto, la Comisión seguirá recabando los puntos de vista de todas las partes interesadas, a saber, las entidades de radiodifusión públicas y privadas y demás interesados. Al asumir esta responsabilidad conforme al Tratado y al Tribunal de Primera Instancia, la Comisión actuará de plena conformidad con las exigencias de competencia leal entre las entidades de radiodifusión públicas y privadas y con respecto a la tarea fundamental encomendada a las entidades de radiodifusión públicas por las autoridades nacionales.

(1) DO C 13 de 18.1.1999, p. 3.

(2) DO C 310 de 15.12.1998.