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PREGUNTA ESCRITA E-1291/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(19 de abril de 2000)

Asunto: Proyecto de construcción de una estación depuradora en el Concejo de Gondomar en el marco del proyecto de saneamiento integral de la Ría de Vigo financiado por el Fondo de Cohesión

La decisión de la Comisión sobre la concesión de una ayuda del Fondo de Cohesión al conjunto de proyectos de saneamiento integral de la Ría de Vigo (Decisión de la Comisión 95/11/61/035) prevé una actuación específica para el saneamiento integral de Gondomar y del río Miñor, siendo el coste de este proyecto específico de 4 836 036 ecus. En el caso del saneamiento de Gondomar, la primera fase consiste en la construcción de una estación depuradora y diversos colectores, construcción que ya está concluida, pero que aún no funciona oficialmente. Este proyecto ha creado una gran polémica en la población y fue denunciado ante el Defensor del Pueblo de Galicia, ya que la depuradora fue construida en terrenos privados de un único propietario, realizándose el contrato de venta de una forma secreta e irregular y siendo la venta sumamente provechosa, desde el punto de vista económico, para el propietario, el cual, además de eso, solicita ahora una recalificación de los terrenos para proceder a la construcción de una urbanización. Además, la carretera de acceso a la depuradora pasa por los terrenos de ese propietario (vía que une la carretera Ramallosa-Gondomar) a la parroquia de Dornas, en el Concejo de Gondomar) y no está terminada, lo que impide el acceso a la misma.

¿Puede encargar la Comisión una investigación sobre estos hechos y una evaluación y seguimiento del proyecto descrito, que continúa paralizado y que presenta incluso irregularidades de funcionamiento?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(7 de junio de 2000)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-0712/00

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(17 de marzo de 2000)

Asunto: Modificación de las Directivas 98/95/CE y 98/96/CE

¿Puede indicar la Comisión si cualquiera de las Directivas 98/95/CE(1) y 98/96/CE(2) impide al Gobierno del Reino Unido mantener la disposición relativa a la audiencia pública prevista en la norma 1982/844 (parte 3, apartados 21-30) de este país?

(1) DO L 25 de 1.2.1999, p. 1.

(2) DO L 25 de 1.2.1999, p. 27.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(18 de abril de 2000)

En los artículos 21 a 30 de la parte III del Reglamento británico relativo a la inscripción de semillas en la lista nacional de variedades de plantas agrícolas (The Seeds (National List of Varieties) Regulations 1987) se establece un procedimiento de consulta pública previa a la decisión de las autoridades británicas de inscripción, rechazo de inscripción y confirmación o supresión de la inscripción de una semilla o de un poseedor en la lista nacional. Estas disposiciones no emanan de una obligación comunitaria sino de una decisión del legislador británico.

Las Directivas 98/95/CE(1) y 98/96/CE(2) no influyen en la posibilidad de mantener las disposiciones expuestas anteriormente. En cualquier caso, las decisiones que adopten las autoridades nacionales tras el procedimiento de consulta deben cumplir las disposiciones generales y particulares del Tratado CE o de los actos adoptados por las instituciones en virtud del mismo.

(1) Directiva 98/95/CE del Consejo de 14 de diciembre de 1998 que modifica, respecto de la consolidación del mercado interior, las variedades de plantas modificadas genéticamente y los recursos fitogenéticos, las Directivas 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE y 70/458/CEE sobre la comercialización de las semillas de remolacha, de las semillas de plantas forrajeras, de las semillas de cereales, de las patatas de siembra, de las semillas de plantas oleaginosas y textiles, de las semillas de plantas hortícolas y sobre el Catálogo común de las variedades de las especies de plantas agrícolas.

(2) Directiva 98/96/CE del Consejo de 14 de diciembre de 1998 por la que se modifican, en particular en lo relativo a las inspecciones no oficiales sobre el terreno, las Directivas 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE y 70/458/CEE relativas a la comercialización de las semillas de remolacha, las semillas de plantas forrajeras, las semillas de cereales, las patatas de siembra, las semillas de plantas oleaginosas y textiles y las semillas de plantas hortícolas, y al Catálogo común de las variedades de las especies de plantas agrícolas.
PREGUNTA ESCRITA E-0632/00

de María Ayuso González (PPE-DE) a la Comisión

(3 de marzo de 2000)

Asunto: Consecuencias sociales y económicas de la disminución de las restituciones a la exportación para el sector industrial-transformador

¿Puede indicar la Comisión las consecuencias para el sector industrial-transformadora de cada uno los diversos productos agrícolas que trae consigo la disminución o la pérdida de las restituciones a la exportación, y se han previsto fórmulas alternativas o algún tipo de ayuda por las repercusiones resultantes?

Respuesta de el Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(14 de abril de 2000)

Su Señoría se refiere a las medidas específicas anunciadas en la comunicación de la Comisión al Consejo(1) y a la fijación de las restituciones a la exportación para las mercancías no incluidas en el Anexo I. Cuyos tipos se redujeron globalmente en un 4,5 % a partir del 1 de noviembre de 1999.

Esta reducción va a ser sustituida por la aplicación de las medidas específicas anteriormente citadas cuyo objetivo es garantizar el mantenimiento de los gastos de las restituciones para el sector no incluido en el Anexo I, en el marco fijado por los créditos presupuestarios que resultan de las decisiones de la Autoridad Presupuestaria.

Estas medidas específicas consisten, por un lado, en medidas económicas y por otro, en la creación de un instrumento adicional que permita un acceso más fácil al régimen de perfeccionamiento activo, permitiendo a la industria transformadora comunitaria mantener la competitividad en el mercado mundial.

Las modalidades de aplicación de este paquete de medidas y de su impacto en los diferentes sectores deben aún ser debatidos con los expertos de las delegaciones de los diferentes Estados miembros en los comités de gestión apropiados.

(1) COM(1999) 625 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1444/00

de Carmen Cerdeira Morterero (PSE) a la Comisión

(10 de mayo de 2000)

Asunto: Directiva específica contra la discriminación de los discapacitados

En aplicación del artículo 13 del Tratado de Amsterdam contra la discriminación, la Comisión Europea acaba de presentar un paquete de medidas que incluye tres directivas. Sin embargo, y a pesar de estar incluida la discapacidad como uno de los motivos de discriminación perseguidos por dicho artículo 13, dicho paquete de medidas no incluye una directiva específica contra la discriminación causada por la discapacidad.

¿Cuál es la opinión de la Comisión sobre la eventual creación de una directiva específica contra la discriminación por motivos de discapacidad?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(27 de junio de 2000)

En lo que respecta a la aplicación del artículo 13 del Tratado CE, la Comisión ha optado por un enfoque progresivo, basado principalmente en el claro precedente de la legislación comunitaria en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Para las personas, el empleo y el trabajo también son el principal vector de integración social y de plena participación en la vida económica, cultural y social. Por ello, se ha considerado prioritario y conveniente prever una protección contra la discriminación en el ámbito del empleo y del trabajo, en particular en aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Sin embargo, la Comisión estudiará la conveniencia de ampliar posteriormente a otros ámbitos la protección contra la discriminación basada en la discapacidad.
PREGUNTA ESCRITA E-0494/00

de Cristiana Muscardini (UEN) a la Comisión

(24 de febrero de 2000)

Asunto: Seguridad y competencias

En su respuesta a la pregunta E-2160/99(1), la Comisión afirma que el objetivo de ofrecer a los ciudadanos un elevado nivel de seguridad, reconocido por el Consejo Europeo de Tampere, debe realizarse, entre otras cosas, mediante una acción común de los Estados miembros en el ámbito de la cooperación policial y que dicha acción debe incluir la cooperación e iniciativas conjuntas en lo relativo a la utilización de determinados instrumentos. La Comisión añade que las iniciativas adoptadas en este contexto no deben interferir con el ejercicio de las responsabilidades de los Estados miembros en lo relativo al mantenimiento de la ley y el orden y la salvaguarda de la seguridad interior. Las medidas propuestas en la pregunta de referencia, en opinión de la Comisión, podrían entrar en el ámbito de responsabilidad de los Estados miembros.

1. ¿Puede precisar la Comisión si dichas medidas podrían entrar o entran efectivamente en dicho ámbito?

2. Si efectivamente entran en dicho ámbito, ¿cómo se pueden conciliar las medidas divergentes entre un Estado miembro y otro en lo relativo a la utilización de algunos instrumentos, como por ejemplo los gases para la defensa?

3. ¿Cómo justifica la supuesta existencia de un mercado único cuando algunos instrumentos de defensa de uso y venta libre en Francia no pueden atravesar la frontera con Italia, que prohibe su utilización?

4. ¿Qué idea de la UE puede tener el ciudadano que utiliza un instrumento legal en Francia cuando ese mismo instrumento es ilegal en Italia?

5. ¿Qué propuestas piensa presentar la Comisión para superar estas incongruencias y acelerar la realización de un espacio común de libertad, seguridad y justicia?

(1) DO C 225 E de 8.8.2000, p. 61.

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(3 de mayo de 2000)

La Comisión no tiene actualmente la intención de tomar la iniciativa de armonizar las legislaciones de los Estados miembros sobre el uso de dispositivos de autodefensa tales como aerosoles o cercados eléctricos de baja tensión, cuyo uso permiten algunos Estados miembros. La Comisión considera que cada Estado miembro debe regular el uso de tales dispositivos en su propio territorio, siempre que el mantenimiento del orden público o la salvaguardia de la seguridad pública estén en juego.

Según el artículo 33 del Tratado de la Unión Europea, las disposiciones sobre la cooperación policial y judicial en materia penal del título VI no afectarán al ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en materia de mantenimiento del orden público y salvaguardia de la seguridad interior.

La Comisión considera que la aplicación del artículo 33 en este contexto no afecta a la aplicación del Tratado de la UE sobre la base del plan de acción de Viena y de las directrices políticas y objetivos concretos acordados por el Consejo Europeo de Tampere, que aportará a los ciudadanos europeos un alto nivel de seguridad en una zona de libertad, seguridad y justicia.
PREGUNTA ESCRITA E-1496/00

de Per Gahrton (Verts/ALE) a la Comisión

(11 de mayo de 2000)

Asunto: Edición sueca de Infeuro

¿A cuánto ascienden los costes de la edición sueca de Infeuro?

Respuesta común a las preguntas escritas P-1411/00, E-1495/00 y E-1496/00 dada por el Sra. Reding en nombre de la Comisión

(9 de junio de 2000)

El boletín de información Infeuro tiene una tirada en las once lenguas de 380 000 ejemplares en total. De la versión sueca se imprimen 7 000 copias. Los gastos asociados a la edición y difusión de un número son: 65 000 para los trabajos de preimpresión, 45 000 para los trabajos de imprenta y 70 000 para la distribución (ficheros de direcciones). Es decir, que el coste total se eleva a 180 000 por número (el coste unitario por número es de 0,47).

En lo que se refiere a los aspectos presupuestarios globales, le ruego a Su Señoría que se remita a los cuadros que le son enviados directamente, al igual que a la Secretaría general del Parlamento, en los que se presentan las particularidades de los acuerdos establecidos con los Estados miembros que decidieron recurrir a la asociación con la Unión Europea, así como el desglose por categorías de los gastos de las actividades programadas en 2000 y de los gastos correspondientes a los dos últimos ejercicios.

En anexo a la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia de comunicación en las últimas fases de realización de la UEM(1), aprobada el 2 de febrero de 2000, se encuentra una colección de los principales productos creados.

(1) COM(2000) 57 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1232/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consejo

(27 de abril de 2000)

Asunto: Presencia de Regiones como Galicia en los Consejos de Ministros de Pesca de la Unión Europea

El Sr. Jesús Posada, ministro español de Agricultura y Pesca, manifestó en Santiago de Compostela sus dudas respecto a la posibilidad de que las Comunidades Autónomas que, como Galicia, disponen de las competencias correspondientes y cuentan con un sector pesquero de suma importancia, puedan participar, en representación del Estado, en los Consejos de Ministros de la Unión Europea.

¿Está de acuerdo el Consejo con esta opinión? ¿Existen otros Estados miembros en los que los Estados Federados u otras entidades políticas internas participan en los Consejos de Ministros de Pesca?

Respuesta

(10 de julio de 2000)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 203 del Tratado CE, el Consejo estará compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno de dicho Estado miembro.

Por consiguiente, le corresponde a cada Estado miembro determinar cómo y por quién está representado en las sesiones del Consejo Pesca.
PREGUNTA ESCRITA E-0623/00

de Avril Doyle (PPE-DE) a la Comisión

(3 de marzo de 2000)

Asunto: Financiación de Leader+ para Irlanda

Teniendo en cuenta el éxito y la importancia que tuvieron los anteriores programas Leader en las zonas rurales de Irlanda, y la incertidumbre actual acerca del alcance y distribución de la próxima dotación de fondos de Leader+, ¿podría facilitar la Comisión información actualizada sobre el estado de las negociaciones entre la propia Comisión y el Gobierno irlandés, dar a conocer una fecha aproximada para la publicación de planes detallados sobre las iniciativas Leader+, comentar qué áreas tienen posibilidad de recibir dicha financiación y cuál será el importe de la misma, y realizar una declaración sobre las modalidades concretas de asignación de los fondos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(21 de marzo de 2000)

La Comisión está ultimando los textos relativos a Leader+. En breve, se aprobará oficialmente la versión final y se publicará en el Diario Oficial. Se invitará a los Estados miembros a presentar sus propuestas de programas en los seis meses siguientes a partir de su publicación. Los Estados miembros han sido informados de las dotaciones propuestas. Las negociaciones con Irlanda únicamente comenzarán cuando la propuesta para un programa Leader+ haya sido presentada a la Comisión. La información pormenorizada solicitada estará disponible con la propuesta una vez que Irlanda haya seleccionado los grupos de acción local para su financiación.
PREGUNTA ESCRITA E-1054/00

de Theresa Villiers (PPE-DE) al Consejo

(6 de abril de 2000)

Asunto: Chipre

¿Podría confirmar, o rebatir, el Consejo las informaciones de que a los ciudadanos chipriotas se les denegará el derecho a la libre circulación cuando Chipre se adhiera a la UE, a no ser que Turquía se adhiera simultáneamente?

El 15 de febrero de 2000, en la Cámara de los Comunes (Actas Parlamentarias, columna 781), el Sr. Robin Cook, diputado al Parlamento, Ministro de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth de Su Majestad, realizó la siguiente comunicación con relación a la adhesión de Chipre a la UE:

Sólo habrá libertad de circulación entre la República de Chipre y la zona norte ocupada si Turquía accede simultáneamente a la UE.

¿Refleja esta declaración el punto de vista del Consejo? ¿Podría indicar el Consejo si a los ciudadanos de la República de Chipre se les denegará el derecho a la libre circulación cuando este país se adhiera a la UE?

En caso afirmativo, ¿podría explicar el Consejo por qué se les van a denegar a los ciudadanos chipriotas (de forma indefinida) los derechos básicos que confieren los Tratados? ¿Puede justificar el Consejo la decisión de discriminar de esta forma a los ciudadanos chipriotas?

¿Podría explicar el Consejo por qué las decisiones sobre la adhesión de Chipre se vinculan a las relaciones de la UE con un país extranjero que mantiene una fuerza de ocupación ilegal en la República de Chipre, en oposición a la posición manifestada por las NU, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la abrumadora mayoría de la comunidad internacional?

Respuesta

(8 de junio de 2000)

Se ruega a Su Señoría tenga a bien remitirse a la respuesta del Consejo a la Pregunta escrita n.o E-0711/00, formulada por D. Ioannis MARINOS a propósito de esta misma cuestión.
PREGUNTA ESCRITA E-0073/00

de Phillip Whitehead (PSE) a la Comisión

(24 de enero de 2000)

Asunto: Lodos residuales en los piensos para animales

¿Puede disipar la Comisión los temores de los ciudadanos de la UE, provocados por informaciones según las cuales podría haber piensos para animales contaminados por lodos residuales, de que no hay absolutamente ningún riesgo para la salud humana? ¿Está igualmente segura la Comisión de que las enfermedades que amenazan la salud humana no pueden volver a pasar de los piensos contaminados a la cadena de alimentación humana?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(3 de marzo de 2000)

El sector de la nutrición animal constituye sin lugar a dudas un importante factor en la obtención de alimentos sanos de origen animal.

La utilización de lodos residuales como materia prima no es aceptable. Incluso tras un proceso de tratamiento con alta presión y altas temperaturas, debido a la presencia de metales pesados, los lodos residuales pueden suponer un riesgo para la salud pública y la sanidad animal si se usan como pienso. Por lo tanto, para ofrecer un alto nivel de salud pública y de protección al consumidor, la Decisión 91/516/CEE de la Comisión, de 9 de septiembre de 1991, por la que se establece la lista de los ingredientes que se prohíbe utilizar en los piensos compuestos(1), prohíbe explícitamente el uso de lodos procedentes de estaciones depuradoras que traten aguas residuales.

Para evitar cualquier duda en cuanto al alcance de la actual prohibición, la Comisión ya ha preparado una decisión en la que se aclara que se prohíbe utilizar en los piensos compuestos cualquier material obtenido en las diferentes fases del proceso de tratamiento de aguas residuales, independientemente de cualquier tratamiento ulterior de dichos materiales e independientemente también del origen de las aguas residuales. El Comité Permanente de Alimentación Animal está examinando dicho proyecto de decisión.

Desgraciadamente, los piensos pueden ser vehículos de enfermedades, que son transmisibles de los animales al hombre (zoonosis). Por ejemplo: piensos compuestos contaminados con algún tipo de Salmonella podrían ser la fuente de una contaminación con esta peligrosa bacteria. Por consiguiente, para reducir los posibles riesgos para la salud pública, la normativa comunitaria exige que únicamente se utilicen en la alimentación animal las materias primas que no ofrecen ningún riesgo. Además, debe hacerse hincapié en la importancia de aplicar prácticas correctas de fabricación.

(1) DO L 281 de 9.10.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-1315/00

de Cristiana Muscardini (UEN) y Gianfranco Fini (UEN) a la Comisión

(27 de abril de 2000)

Asunto: Aplicación en Italia de la Directiva CEE/86/653

Una empresa comercial ha liquidado la indemnización por terminación de relaciones laborales con un trabajador dependiente (agente comercial) en aplicación de un acuerdo económico de 25 de julio de 1989 el lugar del Decreto Ley no 303 de 10 de septiembre de 1991, referido a la Directiva CEE 86/653(1), relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, de conformidad con el artículo 15 de la Ley no 428 de 29 de diciembre de 1990.

La elección de la empresa reduce considerablemente el importe de la indemnización, mientras que el Decreto Ley referido a la Directiva europea beneficiaría al trabajador que, justamente y sin ser oído, alega en su favor el mencionado Decreto.

¿Podría la Comisión hacer saber:

- si considera que la Directiva europea tiene prioridad respecto del acuerdo económico de 1989;

- si la normativa europea prevalece sobre la reglamentación nacional;

- y, en caso afirmativo, qué acciones puede emprender el trabajador para que se respeten los derechos reconocidos por la Directiva?

(1) DO L 382 de 31.12.1986, p. 17.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(15 de junio de 2000)

El concepto de agente comercial, según lo dispuesto en la Directiva 86/653/CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1986 relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, viene definido en el apartado 2 de su artículo 1 como toda persona que, como intermediario independiente, se encargue de manera permanente ya sea de negociar por cuenta de otra persona, denominada en lo sucesivo elempresario, la venta o la compra de mercancías, ya sea de negociar y concluir estas operaciones en nombre y por cuenta del empresario.

La definición de agente comercial con arreglo a la Directiva excluye de su ámbito de aplicación algunos tipos de intermediarios comerciales y, en particular, los representantes de comercio, que no actúan como intermediarios independientes sino como trabajadores por cuenta de una empresa.