PREGUNTA ESCRITA P-2603/99

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

Asunto: Aplazamiento, en Italia, de la aplicación de las directivas marco sobre residuos

En Italia, el pago de la denominada tasa sobre residuos (Tarsu) se ha calculado hasta ahora de manera injusta, sobre la base de la superficie de las viviendas, y no, como sería más equitativo, sobre la base del número de inquilinos de dichas viviendas. El Gobierno debería haber cambiado la normativa este año, pero, durante el debate presupuestario, decidió presentar una enmienda con el fin de que se aplazaran un año más las innovaciones; ya el año pasado se decidió, de hecho, una prórroga para introducir la nueva legislación sobre residuos, motivada por la falta de preparación de las administraciones locales.

El Decreto Ronchi, que incorpora las Directivas 91/156/CE(1) y 94/62/CE(2) no se aplica, pues, hasta hoy en Italia sino en una mínima parte, a pesar de los Decretos ley de 8 de noviembre de 1997 y de los dos Decretos ley de 5 de febrero y de 1 de abril de 1998, que no parecen haber incorporado plenamente las citadas directivas.

Consecuencia de esta enésima prórroga es la ausencia de una política marco sobre seria residuos así como la injusta aplicación de una tasa basada en criterios que no pueden compartirse, que penaliza a muchos ciudadanos de edad avanzada y económicamente débiles, ya que con frecuencia son precisamente los ancianos los que habitan solos grandes casas de su propiedad. Además, se penalizan también aquellas actividades comerciales que, produciendo pocos residuos, deben pagar tanto como aquellos que producen muchos (una tienda de confección y un restaurante, por ejemplo).

Teniendo en cuenta lo que antecede:

1. ¿Puede indicar la Comisión si se han adoptado medidas contra Italia por no haber aplicado plenamente las directivas citadas?

2. ¿No considera la Comisión que esta prórroga constituye un elemento más que sitúa a Italia fuera de las directivas y de la política comunitaria en materia de residuos?

3. ¿No considera oportuno la Comisión hacer un llamamiento a las autoridades competentes para impedir que esta enésima prórroga aleje a Italia aún más de las políticas comunitarias en materia de residuos?

4. ¿Qué opina en general la Comisión sobre este asunto?

(1) DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.

(2) DO L 365 de 31.12.1994, p. 10.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(20 de enero de 2000)

Su Señoría critica una nueva enmienda del Decreto no 22 de 5 de febrero de 1997 sobre residuos, el cual incorpora las Directivas 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos(1) (modificada por las Directivas 91/156/EEC, 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos(2) y 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases), porque supondría un nuevo aplazamiento de la adopción de las modificaciones de los criterios aplicables al cálculo

del importe del impuesto sobre residuos urbanos en Italia. En la actualidad, dicho importe se calcula en relación con la superficie de las unidades de vivienda o de las unidades comerciales correspondientes, de modo que resultan penalizadas las personas que viven solas y las empresas que generan pocos residuos pero que ocupan superficies amplias. De conformidad con la versión original del Decreto no 22 de 5 de febrero de 1997, deberían estar aprobados desde el 1 de enero de 1999 unos nuevos criterios por los que se mejore la proporción entre la cantidad de residuos generados y el importe del impuesto.

La circunstancia aludida por Su Señoría podría ser pertinente a efectos del artículo 15 de la Directiva 75/442/CEE, modificada por la Directiva 91/156/CEE (en adelante la Directiva), que contempla que, de conformidad con el principio quien contamina paga, el coste de la eliminación de los residuos deberá recaer sobre el poseedor que remitiere los residuos a un recolector o a una empresa de las mencionadas en el artículo 9 y/o los poseedores anteriores o el productor del producto generador de los residuos. La Comisión considera que, en virtud de la legislación italiana actual, el coste de la eliminación de los residuos recae en los poseedores que remiten los residuos a un recolector, lo que es conforme con el artículo 15 de la Directiva.

Además, la Comisión reconoce que el criterio citado puede implicar una desproporción entre quienes contaminen respecto a la cantidad que debe pagarse en comparación con la cantidad de residuos generada. En concreto, la Comisión reconoce que la manera en que Italia cobra a los ciudadanos por sus residuos no es un incentivo para lograr su prevención y no se ajusta por tanto con la revisión de 1996 de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos(3). Cobrar a los ciudadanos por los residuos según las cantidades de residuos generadas constituye un procedimiento efectivo para contribuir a su reducción a un mínimo. Sin embargo, a juzgar por los datos aducidos por Su Señoría, no es evidente que las desproporciones resultantes del planteamiento italiano actual sean de la gravedad suficiente para infringir el artículo 15 de la Directiva.

Los procedimientos de infracción actualmente abiertos contra Italia por la no conformidad con las Directivas mencionadas por Su Señoría se refieren a la obligación de notificación con arreglo al apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 91/689/CEE y al artículo 12 de la Directiva 75/442/CEE, modificada por la Directiva 91/156/CEE; a la obligación de elaborar planes de gestión de residuos (de conformidad con las Directivas 75/442/CEE relativa a los residuos, modificada por las Directivas 91/156/CEE, 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos y 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases); a la aplicación del sistema de regulación de los residuos a los residuos de alimentos a nivel regional (de conformidad con las Directivas 75/442/CEE relativa a los residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE), y a los requisitos para la dispensa de la autorización para los establecimientos o empresas que se ocupen de la recuperación de los residuos peligrosos (de conformidad con la Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos).

(1) DO L 194 de 25.7.1975.

(2) DO L 377 de 31.12.1991.

(3) COM(96) 399 final.