PREGUNTA ESCRITA P-2434/99

de Inger Schörling (Verts/ALE) a la Comisión

(13 de diciembre de 1999)

Asunto: Directiva comunitaria frente a la restrictiva política sueca en materia de drogas

La legislación sueca limita fuertemente la introducción en el país de sustancias clasificadas como drogas, incluso aunque hayan sido recetadas por un médico por razones médicas. Por ejemplo, el Reglamento farmacéutico 1997/11 limita a cinco días la dosis de anfetamina que una persona puede introducir en Suecia para su consumo personal.

En este momento, un médico sueco ha denunciado la actuación y la legislación suecas ante la Comisión ya que considera que son contrarias a las disposiciones comunitarias relativas a la libre circulación de mercancías y servicios entre los Estados miembros. Este médico pide a la Comisión que declare ilegales las disposiciones suecas en este ámbito por ser contrarias al Derecho comunitario.

Si la Comisión decidiera que las disposiciones suecas en este ámbito son contrarias al Derecho comunitario, ¿implicaría ello que un ciudadano sueco podría introducir en Suecia drogas recetadas por un médico en un Estado miembro que aplique una política liberal en materia de drogas sin que las autoridades aduaneras suecas pudieran intervenir?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de enero de 2000)

La Comisión confirma que ha recibido una queja en la que se afirma que Suecia limita el derecho que tienen los ciudadanos de viajar libremente entre Estados miembros con su propia medicación, recetada y adquirida de forma legal. El demandante también alega que, de esta manera, se restringe el libre ejercicio de la profesión médica.

Por el momento, la Comisión está llevando a cabo la investigación inicial de los hechos en este asunto. No obstante, la norma fundamental, tal como queda establecida en las conclusiones del Tribunal de Justicia(1), es que los ciudadanos tienen el derecho de viajar libremente entre Estados miembros con su medicación personal, recetada y adquirida de forma legal.

Las condiciones por las que se rige el acceso a las profesiones de médico y farmacéutico y las condiciones en que se practican dichas profesiones están armonizadas, en el caso de los médicos, por las Directivas de médicos: Directiva 75/362/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, sobre reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos de médico, que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios(2), y Directiva 75/363/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a las actividades de los médicos(3), que están consolidadas en la Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos(4); en el caso de los farmacéuticos, por las Directivas de farmacéuticos: Directiva 85/432/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1985, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para ciertas actividades farmacéuticas(5), y Directiva 85/433/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1985, relativa al reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos de farmacia y que incluye medidas tendentes a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento de ciertas actividades farmacéuticas(6). De estas disposiciones se desprende que una receta médica hecha por un médico establecido en un Estado miembro proporciona al paciente las mismas garantías que una receta hecha por otro médico en otro Estado miembro.

No obstante, los farmacéuticos y otros profesionales cualificados para recetar productos médicos pueden negarse a aceptar una receta si tienen dudas sobre su autenticidad, como puede ocurrir en el caso de recetas que pueden prestarse a usos abusivos o desviarse con fines ilegales (recetas médicas especiales, sobre todo cuando se trata de estupefacientes o psicotropos previstos en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 92/26/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a la clasificación para su dispensación de los medicamentos de uso humano(7).

Si, una vez finalizada la investigación, la Comisión considerase que esta norma sueca, por la que se limita el derecho de los ciudadanos a viajar con medicamentos que contengan dexanfetamina, es contraria a lo dispuesto en el artículo 28 (antiguo artículo 30) del Tratado CE, las autoridades suecas deberán presentar su caso y demostrar que la medida sueca está justificada, atendiendo a los principios de necesidad y proporcionalidad y acogiéndose a uno de los motivos especificados en el artículo 30 (antiguo artículo 36) del Tratado CE y, en este caso específico, a motivos de salud pública.

(1) En los Asuntos Decker, C-120/95 de 28 de abril de 1998, Comisión/Alemania, C-62/90 de 8 de abril de 1992 y Schumacher, C-215/87 de 7 de marzo de 1989.

(2) DO L 167 de 30.6.1975.

(3) DO L 167 de 30.6.1975.

(4) DO L 165 de 7.7.1993.

(5) DO L 253 de 24.9.1985.

(6) DO L 253 de 24.9.1985.

(7) DO L 113 de 30.4.1992.