PREGUNTA ESCRITA P-0664/00

de Hubert Pirker (PPE-DE) a la Comisión

(29 de febrero de 2000)

Asunto: Minorías de los países de la Europa central y oriental

La Comisión no sólo recibió el encargo en la Cumbre de Copenhague, sino que además, según el artículo F del Tratado UE de 1992, tiene la obligación de velar por que se respete el derecho de protección de las minorías. Esto también se refiere a los futuros Estados miembros. Las exposiciones superficiales y sumarias sobre el problema de las minorías de los informes de los distintos países de julio de 1997 y de los informes de seguimiento de diciembre de 1998 y octubre de 1999, en los que se reduce todo el problema a la nacionalidad de los inmigrantes rusos no asentados del Báltico y a las contrariedades sociales de los gitanos de la Europa central y de los Balcanes no permiten afirmar que la Comisión dedica la atención que se merece al problema ni que dispone de los conocimientos apropiados. Sería, por lo tanto, deseable que la Comisión se ocupara, con la minuciosidad requerida y no con las afirmaciones lapidarias habituales, de los siguientes asuntos:

El decreto de Bene y las decisiones de Jajce y del AVNOJ de 1945 privaron de todos los derechos y declararon fuera de la ley, sin la menor indemnización, a todo el grupo étnico alemán y húngaro de Checoslovaquia, que constituía casi el 30 % de la población, y a los alemanes y austríacos de Yugoslavia. Ambos decretos injustos siguen estando en vigor en la República Checa, Eslovaquia y Eslovenia. El Tribunal Constitucional checo declaró todavía el 8 de marzo de 1995 que el decreto Bene seguía siendo legal y legítimo.

Declarar, como se hace en los decretos mencionados, a grupos étnicos, de manera indiferenciada desde los bebés hasta los ancianos, responsables de los crímenes de guerra cometidos por otros y castigarlos colectivamente hasta llegar a las matanzas, constituye también un crimen de guerra, según la opinión jurídica unánime y civilizada. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha manifestado claramente sobre la cuestión. Sólo la Comisión se niega tenazmente a manifestarse sobre el hecho de que dichas normas injustas sigan estando vigentes en los tres países candidatos.

¿No les interesaría a los propios países candidatos que la Comisión les indicara clara y abiertamente la necesidad de suprimir lo más rápidamente posible tales normas manifiestamente discriminatorias y de indemnizar a las víctimas, ya que de todas las maneras no podrán mantenerse tras el ingreso en la UE?

¿Se hará referencia en los próximos informes de seguimiento a esas deficiencias fundamentales de los ordenamientos jurídicos de la República Checa, Eslovaquia y Eslovenia?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(24 de marzo de 2000)

En su condición de futuros Estados miembros, los países candidatos se han comprometido a cumplir los criterios del Estado de Derecho y adherirse a los principios en materia de derechos humanos. Sin embargo, los decretos de Benìs y las decisiones de Jajce y del AVNOJ se adoptaron y se aplicaron con anterioridad a la constitución de la Comunidad y a la entrada en vigor del Tratado de Roma.

Los países candidatos a la adhesión deberán adoptar y aplicar la normativa y las políticas comunitarias en todos los sectores. Según lo dispuesto explícitamente en su artículo 295 (antiguo artículo 222), el Tratado CE no prejuzgará en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros. Por lo tanto, la Comisión no puede intervenir en los asuntos relativos a la restitución de la propiedad en un Estado miembro o un futuro Estado miembro.

La República Checa, Eslovaquia y Eslovenia son partes contratantes en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (ECHR). La aplicación de dicho Convenio es competencia del Consejo de Europa y a él deberán plantearse los problemas que puedan surgir al respecto.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los informes periódicos se centran en los progresos realizados por los países candidatos en la preparación de su adhesión a la Unión y, sobre todo, en su índice de adopción del acervo comunitario. En este contexto, la Comisión seguirá ateniéndose al método adoptado por la Agenda 2000 para evaluar la capacidad de los países candidatos en cuanto al cumplimiento de los criterios económicos y las obligaciones derivadas de la adhesión.