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PREGUNTA ESCRITA E-3005/02

de Albert Maat (PPE-DE) a la Comisión

(23 de octubre de 2002)

Asunto: Sector europeo de la construcción naval

1. ¿Qué piensa hacer la Comisión ante las políticas de apoyo muy diferentes que aplican diversos Estados miembros en favor de la construcción naval?

2. ¿En qué medida tiene lo anterior efectos distorsionadores de la competencia en el sector europeo de la construcción naval?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(27 de noviembre de 2002)

1. El Reglamento (CE) no 1540/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, sobre ayudas a la construcción naval(1), establece las condiciones que deben cumplirse para poder autorizar las ayudas a la construcción naval. Las disposiciones del citado Reglamento están concebidas para reducir al mínimo el falseamiento de la competencia en la Comunidad. Si un Estado miembro desea conceder una ayuda a la construcción naval debe notificarla previamente a la Comisión para que ésta la apruebe.

Dado que el Reglamento sobre ayudas a la construcción naval, al igual que otras normas sobre ayudas estatales, establece unos límites máximos de ayuda, puede suceder que determinados Estados miembros decidan conceder ayudas inferiores a las permitidas o incluso no conceder ninguna ayuda. Se trata de algo normal, que concuerda plenamente con la política comunitaria sobre ayudas estatales.

2. Cuando una ayuda ha sido aprobada por la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento sobre ayudas a la construcción naval y se ha aplicado correctamente, respetando todas las condiciones establecidas por la Comisión, ésta considera que la ayuda en cuestión no afecta a los intercambios comerciales en una medida contraria al interés común.

(1) DO L 202 de 18.7.1998.
PREGUNTA ESCRITA P-3119/02

de Geoffrey Van Orden (PPE-DE) a la Comisión

(24 de octubre de 2002)

Asunto: Financiación comunitaria de los servicios judiciales y penitenciarios griegos

¿Se han concedido fondos comunitarios a las autoridades griegas en apoyo de los servicios judiciales o penitenciarios griegos?

En caso afirmativo, ¿podría ofrecer la Comisión todos los pormenores?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(6 de diciembre de 2002)

La Comunidad no financia directamente la creación de servicios como los mencionados por Su Señoría en los Estados miembros.

En el marco de los programas de cooperación del título VI del Tratado de la Unión Europea, destinados, en particular, a favorecer la cooperación judicial en materia penal (Grotius) y la lucha contra la delincuencia organizada (Falcone), la Comisión ha cofinanciado proyectos cuya lista se ha transmitido directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.

En el marco comunitario de apoyo griego (MCA) 2000-2006, y en particular en el Programa Operativo Sociedad de la Información, medida relativa a la Administración electrónica para los servicios al público (participación de la Unión: 271 millones de euros, o el 75 % del gasto público de la medida), existe una dotación para apoyar proyectos en el sector judicial, entre otros. En especial, esta medida puede cofinanciar acciones en el ámbito de la modernización de los servicios del Ministerio griego de Justicia, tales como documentos judiciales y datos estadísticos sobre delincuencia.

Si bien las autoridades griegas han lanzado una convocatoria de propuestas, la autoridad de gestión del programa mencionado no ha recibido aún ninguna propuesta.
PREGUNTA ESCRITA E-3639/02

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(17 de diciembre de 2002)

Asunto: Ayuda a la Toscana

¿Podría confirmar la Comisión que la UE ha asignado a la Toscana para el período 2002-2006 un importe de 322 millones de euros destinado a la creación de pequeñas y medianas empresas? ¿Puede rendir cuentas la Comisión de toda esa suma? ¿Tiene conocimiento la Comisión de un proyecto de construcción de una gran fábrica de espuma de poliuretano cerca de Crossetto con cargo a ese importe? Existe temor de que la empresa que construye esa fábrica no tenga acceso a las ayudas de la UE en esa zona, ya que procede de otra región, y de que la expropiación de terreno a los propietarios locales fuera ilegal (ya que sólo estaría justificada por un teórico derecho a financiación de la UE). ¿Podría disipar la Comisión ese temor?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(30 de enero de 2003)

Mediante Decisión de 27 de septiembre de 2001(1), la Comisión adoptó el documento único de programación (DOCUP) correspondiente a Toscana para 2000-2006, cuya dotación asciende a 1 113,57 millones de euros. La participación comunitaria en este programa es de 322,5 millones de euros. El DOCUP para Toscana se compone de 27 medidas, de las cuales sólo 6 pueden considerarse directamente dirigidas a las pequeñas y medianas empresas.

Estas seis medidas contemplan inversiones por un total de 366,07 millones de euros. Este importe comprende 87,18 millones de euros de participación comunitaria, lo que corresponde al 23,82 % de la inversión.

Hay que puntualizar que la Comisión aprueba las medidas del DOCUP, pero la selección de los proyectos es competencia estricta de la región. La Comisión se mantiene informada de la utilización de los fondos del DOCUP a través de un sistema de seguimiento nacional, regional y local; además, cada año se redacta un informe de ejecución y, dos veces al año, la Comisión recibe informes de avance con

ocasión de las reuniones de los comités de seguimiento. En la fase actual de realización del DOCUP no se tiene constancia de que un proyecto como el indicado haya sido objeto de cofinanciación comunitaria. No obstante, la Comisión ha pedido a las autoridades de gestión aclaraciones a raíz de la pregunta formulada por Su Señoría.

Los programas comunitarios subvencionan proyectos que deben encontrarse localizados obligatoriamente en zonas de intervención; en este caso, una zona del objetivo no 2. La sede social de la empresa, en cambio, puede estar situada en una zona de intervención distinta de la subvencionada. El punto esencial es que el programa en cuestión participe en la cofinanciación de proyectos que efectivamente sirven para crear actividad y puestos de trabajo en la zona de intervención considerada.

(1) Decisión 2002/723/CE de la Comisión, de 27 de septiembre de 2001, por la que se aprueba el documento único de programación para las intervenciones estructurales comunitarias en la región de Toscana, correspondiente al objetivo no 2, en Italia, DO L 241 de 9.9.2002.
PREGUNTA ESCRITA P-3792/02

de Giovanni Pittella (PSE) a la Comisión

(17 de diciembre de 2002)

Asunto: Aplicación de la norma relativa a las liberaciones automáticas

De conformidad con el apartado 2 del artículo 31 del Reglamento (CE) no 1260/1999(1) por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, la Comisión liberará de oficio la parte de un compromiso que no haya sido pagada a cuenta o para la cual no se haya presentado ninguna solicitud de pago admisible ; la participación de los Fondos en esta intervención se reducirá en la misma cantidad.

Para los compromisos en el primer año del nuevo período de programación 2000-2006, la norma se aplicará según las modalidades y los plazos previstos en la comunicación de la Comisión C (2002) 1942, aprobada el 27 de mayo de 2002 teniendo en cuenta todas las solicitudes de pago enviadas a la Comisión antes del 31 de diciembre de 2002.

La Comisión Europea recuperará las sumas en cuestión, que los beneficiarios perderán definitivamente.

Teniendo en cuenta lo expuesto, ¿puede indicar la Comisión qué proporción de los Fondos pueden perder las regiones con retraso de desarrollo como consecuencia de la próxima aplicación de la citada norma?

(1) DO L 161 de 26.6.1999, p. 1.

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(31 de enero de 2003)

Por ahora, y dado que los servicios de la Comisión siguen trabajando en la evaluación de las solicitudes de pago enviadas por las autoridades nacionales, no se conoce la magnitud de los recursos asignados a los Estados miembros a través de los Fondos Estructurales que podrían ser objeto de una liberación automática.

Con todo, la información de que se dispone actualmente lleva a pensar que el importe total que podría ser objeto de una liberación automática es muy limitado y que, en cualquier caso, no excederá probablemente del 0,4 % del total de créditos de los Fondos Estructurales comprometidos con cargo al año 2000.
PREGUNTA ESCRITA E-3085/02

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(28 de octubre de 2002)

Asunto: Situación de la competencia en el mercado de piensos sueco

Ahora que la empresa Svenska Lantmännen va a hacerse con un 49 % de las acciones de la empresa Svenska Foder, algunos agricultores suecos temen que la libre competencia desaparezca del mercado sueco de los piensos. Svenska Lantmännen ha señalado que la empresa asociada danesa DLG tendrá la responsabilidad operativa, pero ella contará con dos puestos en el Consejo de Administración. Tampoco parece probable que vaya a llevarse a cabo una fusión entre Svenska Lantmännen y DLG en el futuro. La colaboración entre ambas en el sector de la agricultura podría reforzarse.

¿Tiene la Comisión la intención de estudiar el caso para examinar si la situación de la competencia en el mercado de piensos sueco corre el riesgo de empeorar?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(6 de diciembre de 2002)

Según un comunicado de prensa del grupo danés DLG, parece que DLG, en virtud de un acuerdo con el grupo sueco Svenska Lantmännen, ha adquirido efectivamente una participación del 51 % en Svenska Foder AB, una empresa sueca que opera entre otros en el mercado de piensos del sur de Suecia. En virtud del mismo acuerdo, Svenska Lantmännen adquiere el 49 % de Svenska Foder.

DLG, en dicho comunicado de prensa, también declara que, de conformidad con las normas de competencia, notificará los acuerdos pertinentes a las autoridades suecas de competencia.

Por tanto, parece que las autoridades suecas examinarán esta transacción a la luz de la legislación nacional y evaluarán si existe un riesgo de que la competencia en el mercado sueco de piensos vaya a deteriorarse.

Si se cumpliesen los criterios relativos a la dimensión comunitaria, la Comisión examinaría el caso.
PREGUNTA ESCRITA E-3449/02

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(6 de diciembre de 2002)

Asunto: Autorización para los profesionales de la biotecnología

Vistos los daños cada vez mayores que podría provocar el abuso de los nuevos avances de la biotecnología, ¿ha previsto la Comisión exigir que las personas que trabajan en este sector estén autorizadas a ejercer su profesión tras aceptar la firma de un juramento hipocrático por el que se comprometen a trabajar con arreglo a las normas establecidas?

Respuesta del Sr. Busquin en nombre de la Comisión

(22 de enero de 2003)

El Consejo Europeo de Estocolmo solicitó a la Comisión que analizase las medidas necesarias para sacar partido de todo el potencial de la biotecnología, garantizando simultáneamente que el proceso avance de forma segura para la salud de los consumidores y para el medio ambiente y en pleno cumplimiento del marco legal vigente.

La Comisión y los Estados miembros disponen de normativas seguras, o las van elaborando a mediada que avanza la tecnología, con el fin de garantizar que las biotecnologías se apliquen de forma segura para el consumidor y para el medio ambiente. Un ejemplo de lo que antecede es la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo(1).

La Comunicación de la Comisión titulada Ciencias de la vida y biotecnología Una estrategia para Europa(2) destaca la necesidad de garantizar que las ciencias de la vida y la biotecnología se desarrollen en armonía con valores éticos y objetivos sociales. Se sugiere entre otras cosas que se desarrollen directrices, normas o mejores prácticas en lo que se refiere a la investigación con células madre, el xenotransplante, etc. Estas directrices podrían, llegado el caso, asumir la forma de iniciativas de autorreglamentación aplicables a la comunidad científica y a la industria. A fin de garantizar que sean tenidas en cuenta las cuestiones éticas en lo que respecta a la investigación biotecnológica financiada por la Comunidad, se ha definido un marco ético en las decisiones de aprobación del 6o Programa Marco y de los programas específicos. Además, la Comisión ha tomado la iniciativa de garantizar que el análisis de los aspectos éticos, legas y sociales sea una actividad integrada en los estudios de investigación financiados por la Comunidad correspondientes a la prioridad 1 (Ciencias de la vida, genómica y biotecnología) y de la prioridad 5 (Calidad y seguridad de los alimentos).

La Comisión está muy atenta a los aspectos de seguridad y éticos de la investigación en biotecnología y a su aplicación potencial. La Comisión analiza continuamente la necesidad de tomar iniciativas, llegado el caso, para reglamentar el uso de nuevas tecnologías. La Comisión es de la opinión de que en un ámbito de investigación en evolución constante es preferible reglamentar el uso de la biotecnología que a sus usuarios y a los propios investigadores.

(1) DO L 106 de 17.4.2001.

(2) COM(2002) 27 final.
PREGUNTA ESCRITA P-2348/02

de Bastiaan Belder (EDD) al Consejo

(24 de julio de 2002)

Asunto: Actividades de Laskar Jihad en Papua

Siguen circulando rumores sobre el aumento de las actividades de Laskar Jihad en Papua (Indonesia). Aunque se trate de rumores, éstos se hacen cada vez más fuertes. Visto el creciente papel que ha desempeñado Laskar Jihad en las Molucas y en Sulawesi, conviene tratar con seriedad estos rumores. Se ha de efectuar una investigación exhaustiva e independiente acerca de las actividades de esta organización en Papua. Si se sigue haciendo caso omiso de los rumores, es posible que sea tarde cuando resulte que son verídicos.

¿Está dispuesto el Consejo de Ministros de la Unión Europea a aclarar el papel de las autoridades indonesias en cuanto a las cuestiones siguientes?:

- ¿Está dispuesta Indonesia a efectuar una investigación independiente y exhaustiva acerca de las actividades de esta organización en Papua?

- ¿Están dispuestas las autoridades indonesias a tomar las medidas necesarias si resulta que Laskar Jihad prepara acciones contra cristianos en Papua?

- ¿Está dispuesto el Consejo a insistir ante Indonesia para que este país haga todo lo que esté en su poder a fin de evitar toda escalada en Papua?

Respuesta

(3 de marzo de 2003)

1. El Consejo no ha debatido sobre los rumores de un posible aumento de las actividades de Jihad Laskar en Papua, pero sí puede remitir a Su Señoría a la respuesta, aún válida, que dio a la Pregunta H-0968/01 de Lennart Sacredeus, en la asamblea plenaria de febrero de 2002.

2. En todo caso, durante su amplia visita a Papua, en marzo de 2002, los Jefes de Misión de la UE pudieron comentar, en varias ocasiones, con las autoridades indonesias y los representantes de las comunidades locales, la cuestión de la violencia entre comunidades y sus posibles soluciones. Consiguientemente, la UE reiteró su petición al Gobierno de Indonesia de que aplicase la política de cambios que prevé la Ley de Autonomía Especial, a fin de respetar mejor los derechos de los indígenas, investigar las violaciones de los derechos humanos y encausar a sus perpetradores.

3. Durante la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE e Indonesia, celebrada el 24 de septiembre de 2002 en Copenhague, la UE también departió sobre la situación en distintas regiones de Indonesia, incluidas Aceh, Papua y las Molucas.
PREGUNTA ESCRITA P-3228/02

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) al Consejo

(7 de noviembre de 2002)

Asunto: Datos de Europol sobre las organizaciones terroristas

El 9 de octubre, el Comisario Vitorino respondió a la pregunta E-2284/02 afirmando que la Comisión no está incluida entre las instituciones que tienen acceso a datos de índole personal que están en posesión de Europol.

En repetidas ocasiones, el Consejo de Ministros ha mostrado interés por la lucha contra el terrorismo y prueba de ello es que, justo después del atentado terrorista del 11 de septiembre en los EE.UU. insistió en que se adoptaran, en la Unión Europea, normas estrictas con miras a la localización de organizaciones terroristas. Por otra parte, es sabido que, por iniciativa del Consejo, se elaboró una lista de organizaciones terroristas que actúan en territorio europeo.

Hace poco, fueron detenidos en Grecia los miembros de una de las organizaciones terroristas más peligrosas, la organización 17 de noviembre. ¿Posee Europol datos sobre las personas implicadas en esta organización y, en caso afirmativo, desde cuándo? Si se utilizó el sistema Echelon para su seguimiento y en el caso de que se obtuvieran datos, ¿éstos se transmitieron a los servicios griegos en el plazo debido?

Respuesta

(20 de febrero de 2003)

El Consejo no tiene acceso a los datos personales registrados por Europol.

No es pública, en principio, la información que posee Europol como consecuencia de sus actividades relativas a organizaciones terroristas específicas, incluidos sus contactos con las autoridades de los Estados miembros.

En cualquier caso, Su Señoría puede dirigirse directamente a Europol, oficina que asume responsabilidades propias para cuestiones relativas al acceso a los documentos y a la información que posee.
PREGUNTA ESCRITA P-3268/02

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(12 de noviembre de 2002)

Asunto: Financiación de órganos de información y control de la imparcialidad de la información de los órganos financiados por la Unión y de los órganos públicos de los Estados miembros

Considerando que la violación del pluralismo y de la imparcialidad de la información supone una grave violación de las normas democráticas y del Estado de Derecho;

Vistos los artículos 6 y 7 del TUE:

- ¿Puede indicar la Comisión si algunos órganos de información prensa, radio, televisión, en línea han recibido desde 1992 financiación de la Unión Europea y, en caso afirmativo, cuáles? ¿Por qué cuantía? ¿A qué han obedecido esta financiación, financiación a fondo perdido, iniciativas publicitarias, información institucional u otras?

- ¿Vela la Comisión por el pluralismo y la imparcialidad de la información de los órganos que reciben financiación de la Unión? ¿De qué manera?

- ¿Controla la Comisión o no considera que debe controlar la información facilitada por los órganos de información públicos en los países miembros con objeto de verificar el respeto o el incumplimiento de los principios de pluralidad e imparcialidad, ya que el incumplimiento de estos principios supone una violación grave del Estado de Derecho contemplada en el artículo 6 del TUE y que, de conformidad con el artículo 7 del TUE, la Comisión puede constatar la existencia de estas violaciones?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(12 de diciembre de 2002)

Desde 1992 la Comisión ha aportado fondos a gran número de órganos de información, desde prensa a programas televisivos. Dado que la pregunta de Su Señoría es muy amplia, la Comisión considera que la investigación requerida para dar una respuesta detallada que implicaría a la mayoría de los servicios de la Comisión y a una amplia variedad de instrumentos financieros sería larga y tal vez no respondiera al propósito real de la pregunta escrita.

Al proporcionar fondos a los medios de comunicación, la Comisión respeta plenamente su libertad editorial. Con ello, la Comisión respeta plenamente los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea.

La Comisión contribuye al pluralismo y a la imparcialidad de la información dando igualdad de oportunidades a todos los medios de comunicación mediante los procedimientos normales de licitación y las convocatorias de propuestas.
PREGUNTA ESCRITA P-3329/02

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(19 de noviembre de 2002)

Asunto: Procedimiento de examen de las ayudas nacionales a Olympic Airways

En la respuesta oral de la Comisión de 11 de junio de 2002 a mi pregunta (H-0369/02), en relación con la situación del procedimiento de examen por parte de la Comisión de las ayudas concedidas por Grecia a Olympic Airways se indica que la Comisión adoptará una decisión final tras haber examinado minuciosamente las observaciones remitidas por las autoridades griegas y las terceras partes interesadas.

Teniendo en cuenta que la decisión de la Comisión es de la mayor importancia y de carácter crítico para el futuro de Olympic Airways y que han pasado más de seis meses desde que se presentaron las observaciones de los interesados, ¿cuándo espera formular la Comisión su dictamen definitivo sobre el tema de las ayudas concedidas a Olympic Airways? ¿Está en situación de hacer comentarios sobre los objetivos que tiene en relación con esta decisión?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(16 de enero de 2003)

El 6 de marzo de 2002, la Comisión incoó un procedimiento oficial de examen(1), de conformidad con el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, en relación con los posibles pagos de ayudas estatales y el posible abuso de la ayuda autorizada por la Comisión en 1998(2) a la compañía aérea griega Olympic Airways.

El 11 de diciembre de 2002, la Comisión llegó a la conclusión de la incompatibilidad con el Tratado CE de las ayudas concedidas por el Estado griego(3) a Olympic Airways. Las ayudas autorizadas por la Comisión en 1994 y 1998 se han utilizado de manera abusiva y Olympic Airways ha disfrutado además de nuevas ayudas ilegales. Estas ayudas han favorecido injustificadamente a Olympic Airways frente a sus competidores. La Comisión ha solicitado a Grecia que recupere las ayudas incompatibles concedidas después de 1998.

No obstante, la Comisión también ha decidido que otras medidas griegas en favor de Olympic Airways no constituían ayudas estatales(4). No ha planteado objeciones al préstamo de 19,5 millones de euros concedido en febrero de 2002 por Grecia a Olympic Airways. También ha podido comprobar que la compañía no ha disfrutado de ventajas relacionadas con la infraestructura de distribución de combustible, que la indemnización cobrada por Olympic Airways por su traslado al nuevo aeropuerto de Spata no incluía elementos de ayuda, al igual que la disposición por la que se autorizaba el pago de un IVA reducido en un 8 % en los vuelos nacionales y la deuda comercial contraída con Olympic Catering.

(1) DO C 98 de 23.4.2002.

(2) DO L 128 de 21.5.1999.

(3) Según el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

(4) El procedimiento de examen de estas medidas se incoó el 6 de marzo 2002 a raíz de dos denuncias presentadas en octubre de 2000 y julio de 2001.
PREGUNTA ESCRITA E-3110/02

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consejo

(29 de octubre de 2002)

Asunto: Los crímenes del Primer Ministro de Israel, Ariel Sharon

En los últimos días, el ejército de Israel, bajo las órdenes de su Primer Ministro, Ariel Sharon, ha asesinado en los territorios ocupados a docenas de personas, inclusive a niños. ¿Cuándo condenará el Consejo políticamente y de forma inequívoca al dirigente israelí por estos crímenes contra la humanidad y cuándo ejercerá las necesarias represalias?

Respuesta

(3 de marzo de 2003)

En efecto la Unión Europea está seriamente preocupada por los continuos enfrentamientos entre israelíes y palestinos y profundamente apenada por las pérdidas de vidas humanas que casi a diario se producen entre la población civil. La UE seguirá pidiendo a ambas partes que muestren la máxima contención y que hagan todo lo que esté en sus manos para acabar inmediatamente con la violencia y el terror, y no se cansará de repetir esto también a la parte israelí.

Al mismo tiempo, hay que insistir en que corresponde a las partes, como tal, tratar de encontrar la paz a través de un proceso de negociación. Por su parte, la Unión Europea, en estrecha cooperación con el Cuarteto y con las partes afectadas, sigue dispuesta a proseguir su asistencia a los esfuerzos por encontrar una resolución última y justa del conflicto de Oriente Próximo.