PREGUNTA ESCRITA E-1274/98

de Freddy Blak (PSE) a la Comisión

(29 de abril de 1998)

Asunto: Países de la UE que obstaculizan el cobro de las pensiones por hijos

Los padres que se han trasladado al extranjero y han abandonado en Dinamarca a la mujer y a los hijos adeudan al Estado danés 323 millones (1993) en concepto de pensiones por hijos.

Resulta muy caro y muy complicado cobrar este dinero. Alemania, entre otros países, obstaculiza el cobro efectivo de este dinero. Por ejemplo, cada documento dirigido a las autoridades alemanas competentes debe ser traducido por un traductor autorizado, lo que complica y encarece el procedimiento.

¿Considera la Comisión que debe encontarse una solución a este problema, de manera que se evite que el cobro de deudas públicas de personas que se trasladan de un Estado miembro a otro se vea obstaculizado por procedimientos complicados en la Estados miembros?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión

(24 de julio de 1998)

Las obligaciones alimentarias entran en el ámbito del Convenio de Bruselas de 1968 sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias en materia civil y mercantil. El Convenio define las normas de competencia aplicables en este ámbito (apartado 2°del artículo 5.), prevé el reconocimiento de pleno derecho de las decisiones dictadas por las jurisdicciones y autoridades de los Estados miembros competentes para dirimir sobre las demandas de pensiones alimentarias y organiza el procedimiento de exequatur de las decisiones adoptadas para su ejecución forzosa en otro Estado miembro. Este Convenio, que ha sido ratificado por todos los Estados miembros es, por tanto, aplicable a las relaciones entre Dinamarca y Alemania. No obstante, no regula todos los aspectos del procedimiento en el Estado miembro en el que la decisión debe ejecutarse y permite, en particular, a los Estados miembros que exijan una traducción de los documentos.

En la actualidad el Consejo está revisando el convenio. En este contexto, la Comisión ha hecho una propuesta de convenio revisado(1) para simplificar y acelerar el mecanismo de reconocimiento y ejecución de las decisiones, sobre todo, gracias a la introducción de un certificado que acompaña la decisión de origen y aporta a la autoridad del Estado miembro de ejecución la información necesaria para el exequatur. La oportunidad de mantener la facultad de exigir la traducción de la sentencia y los documentos ha sido puesta de manifiesto en las discusiones celebradas en el Consejo sin que se haya llegado a ninguna decisión al respecto.

Conviene recordar que, por lo que respecta a la cooperación política, los Estados miembros han elaborado un Convenio sobre la simplificación de los procedimientos relativos al cobro de las pensiones alimentarias (1990). Este Convenio, cuya característica esencial es instituir en cada Estado miembro una autoridad central encargada de localizar al deudor de la pensión, hacer proceder al exequatur de la sentencia y adoptar todas las medidas necesarias para la ejecución de la misma, no ha sido ratificado por todos los Estados miembros y no ha entrado en vigor.

Varios Estados miembros, en concreto Dinamarca y Alemania, han ratificado, por el contrario, el Convenio de la Haya de 1973 sobre el reconocimiento y la ejecución de las decisiones en materia de obligaciones alimentarias con los hijos, así como el Convenio de Nueva York de 1956 sobre el cobro de las deudas en el extranjero. Este último Convenio, que organiza también un sistema de autoridades centrales y que está en vigor, tiene sin embargo el inconveniente de prever que deberán traducirse todos los documentos del expediente, lo que obstaculiza la correcta aplicación del Tratado en un determinado número de casos.

(1) COM(97)609.