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PREGUNTA ESCRITA E-3289/00

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(25 de octubre de 2000)

Asunto: Medidas contra la cafeína

Según investigadores de la Universidad estadounidense de John Hopkins, los fabricantes de refrescos añaden cafeína a sus productos por el carácter adictivo de la misma y no por motivos de sabor, como aducen los fabricantes.

Aparte del elemento adictivo, se ha constatado también que dichos refrescos constituyen una importante fuente de azúcares, que desplazan a los alimentos más sanos en la dieta diaria. La ingesta de azúcares supone un peligro para la dentadura y contribuye a la obesidad.

¿Podría indicar la Comisión si tiene prevista la adopción de medidas al respecto con vistas a la protección del consumidor (artículo 153 del Tratado CE) o de la salud (artículo 152 del Tratado CE)?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(18 de enero de 2001)

La Comisión es consciente de la preocupación expresada en cuanto al contenido en cafeína de algunos productos alimentarios. El tema se ha debatido con los Estados miembros, y la Comisión sería partidaria de avisar a los consumidores, mediante el etiquetado de las bebidas con cantidades significativas de cafeína, de la presencia de esta sustancia. En 2001 se preparará la correspondiente propuesta de medida.

Asimismo conoce la Comisión la relación entre el consumo de ciertos nutrientes, como el azúcar, y la salud. Existen pruebas científicas de que la elevada ingesta diaria de azúcares afecta negativamente la salud de los dientes. Este tema fue tratado en el informe del proyecto Eurodiet cofinanciado por la Comisión, y se envió directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento.

La Comisión prepara actualmente una Comunicación relativa a un plan de acción sobre la nutrición, y una propuesta de Recomendación del Consejo sobre directrices dietéticas europeas. La actuación en pro de la educación de los consumidores y la información sobre dichos temas serán una parte destacada de estas propuestas.
PREGUNTA ESCRITA E-4082/00

de Ioannis Souladakis (PSE) al Consejo

(10 de enero de 2001)

Asunto: Retorno de Somalia a la estabilidad

Los recientes acontecimientos en Somalia sacan al país de la anarquía en la que estaba sumido desde hace diez años. El ascenso de Abdiqassim Salad Hassan a la presidencia del país constituye la primera fase de un prolongado y frágil proceso de transición que inicia Somalia, con miras a que el país vuelva a la legalidad y la pacificación. Estos primeros intentos de vuelta a la legalidad por parte de Somalia se apoyan hasta el momento en la ayuda de los países árabes. Los países europeos se han mantenido alejados de la región, tras los trágicos sucesos de 1993 que costaron la vida a un cierto número de soldados americanos.

¿Se propone el Consejo emprender alguna iniciativa que respalde los intentos de Somalia por salir de la anarquía?

Respuesta

(7 de mayo de 2001)

En su declaración de 8 de septiembre de 2000, la Unión Europea expresó su disposición a dialogar con las nuevas autoridades somalíes. La UE está deseosa de prestar su apoyo al esfuerzo del Gobierno Nacional de Transición para la rehabilitación, reconstrucción y restauración del Estado. Para que la Unión Europea pueda apoyar plenamente ese esfuerzo, el Gobierno debe proponerse lograr, por medios políticos, una estabilidad y seguridad duraderas en todo el país y el surgimiento de instituciones eficaces y representativas.

La UE continuará respaldando las medidas de recuperación en las zonas de Somalia donde hay condiciones de estabilidad.

La Unión Europea hace un llamamiento a las autoridades de Somaliland y Puntland para que establezcan relaciones constructivas con las instituciones nacidas del proceso de Arta. Asimismo, insta al Gobierno Nacional de Transición a que instaure un diálogo continuado y constructivo con las citadas autoridades, a fin de restablecer la unidad nacional en paz y respetando los elementos de estabilidad ya logrados. La Unión Europea espera que el Gobierno Nacional de Transición prestará toda su atención a la elaboración de una nueva constitución que respete el federalismo como principio rector.

Es más, la Unión Europea insta encarecidamente a todos los grupos políticos y a los movimientos armados, que quedaron al margen del proceso de paz de Arta, a que se incorporen a ese proceso y participen en el esfuerzo de desmovilización emprendido por el Gobierno de Transición.

La Unión Europea se congratula de los contactos entre el Gobierno Nacional de Transición de Somalia y los países de la región. El Gobierno de Transición debería establecer relaciones amistosas con sus vecinos, basándose en el respeto por la integridad territorial y la soberanía nacional, así como en la cooperación regional.

En febrero de 2001, la Unión Europea enviará una misión compuesta por una troica para que evalúe la situación y comunique su opinión a las autoridades de Mogadiscio, Garowe y Hargeisa.

Otras iniciativas específicas de la UE con respecto a Somalia se detallan en el Plan de Acción sobre Somalia que fue elaborado por el Grupo de Alto Nivel Asilo y Migración y aprobado por el Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2000.
PREGUNTA ESCRITA E-4133/00

de Rainer Wieland (PPE-DE) a la Comisión

(16 de enero de 2001)

Asunto: Derecho de un nacional israelí a jugar en las ligas alemanas de balonmano

¿Comparte la Comisión el punto de vista jurídico de que los nacionales israelíes deben ser tratados como ciudadanos de la UE en las ligas alemanas de balonmano en lo relativo a sus posibilidades de jugar, por lo que en sus licencias no debería constar la letra A, prevista en el artículo 15 del Reglamento de la Federación Alemana de Balonmano?

En caso de que no fuera así:

1. y a la vista de las recientes conversaciones mantenidas con Israel sobre la actualización del Acuerdo de Asociación de 20 de noviembre de 1995,

2. dado que los clubes israelíes participan desde hace años en las competiciones europeas más importantes de fútbol, balonmano y otros deportes y que, por consiguiente, son parte integrante del mercado interior europeo del deporte, lo que justificaría y haría lógica la creación de un espacio común de servicios en materia de actividad deportiva que incluya a Israel,

¿proyecta la Comisión promover la modificación del citado Acuerdo de Asociación para que los nacionales israelíes sean equiparados a los ciudadanos de la UE con respecto a la libertad de circulación prevista en el artículo 39 del Tratado CE?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(19 de febrero de 2001)

Este asunto es competencia de los Estados miembros.

El Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece una asociación entre la Comunidad y sus Estados miembros, por una parte, y el Estado de Israel, por otra, entró en vigor el 1 de junio de 2000. Este acuerdo no prevé disposiciones respecto a la no discriminación entre ciudadanos israelíes y de un Estado miembro en materia de condiciones de trabajo. Por otra parte, el acuerdo no prevé ninguna disposición en materia de deporte o participación de ciudadanos de Israel o de los Estados miembros en partidos de balonmano.

No está prevista la modificación de un acuerdo que acaba de entrar en vigor.
PREGUNTA ESCRITA E-0674/00

de Marit Paulsen (ELDR) a la Comisión

(9 de marzo de 2000)

Asunto: Libre circulación de los trabajadores

En Suecia, la reglamentación relativa al reembolso de los préstamos estatales al estudio está recogida en la Ley relativa a las ayudas al estudio (1973: 349) y en el Decreto relativo a las ayudas al estudio (1973: 418).

Las personas domiciliadas en Suecia reintegran sus préstamos al estudio pagando una cantidad anual equivalente al 4 % de la suma de sus ingresos, ya sean laborales, comerciales o de capital. Las personas domiciliadas en el extranjero, es decir incluso las que lo están en otro Estado miembro, reintegrarán una cantidad anual equivalente a una veinteava parte de la deuda.

Es obvio que estas normas se aplican independientemente de la nacionalidad del deudor, pero en realidad tienen como consecuencia que las personas con ingresos medios o bajos con estudios de duración media (entre 4 y 5 años) y los trabajadores a tiempo parcial no pueden permitirse vivir y trabajar en otro Estado miembro, ya que las cantidades que han de reembolsar son entonces mucho más elevadas que si se quedan en Suecia (por supuesto, para personas con ingresos altos la situación es la contraria). Pongamos el ejemplo de una persona A que tiene una deuda de unas 300 000 coronas suecas, lo que constituye una deuda normal para los estudios de 4 ó 5 años, y unos ingresos anuales de 168 000 coronas (14 000 coronas al mes). Si reside y trabaja en Suecia, esta persona A deberá reembolsar una cantidad anual de 6 720 coronas. Sin embargo, si esta persona A reside y trabaja en Francia, la cantidad anual ascenderá a 15 000 coronas, o sea más del doble. Es evidente que las normas de reembolso suecas favorecen a las personas con ingresos altos, mientras que aquéllas con ingresos medios o bajos y los trabajadores a tiempo parcial carecen de recursos para beneficiarse de la libertad de residir y trabajar en otro Estado miembro (cfr. sentencia Kraus del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, C-19/92).

¿Son contrarias estas normas de reembolso a la libertad de buscar trabajo y residir y trabajar en otro Estado miembro (artículo 39 del Tratado CE)?

Respuesta complementaria de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(25 de abril de 2001)

La Comisión lamenta la demora en responder a la pregunta de Su Señoría y le ruega que se remita a la respuesta dada a su pregunta P-0599/01, en la que se contestan las preguntas formuladas en marzo de 2000.
PREGUNTA ESCRITA E-3475/00

de Vittorio Sgarbi (PPE-DE) a la Comisión

(8 de noviembre de 2000)

Asunto: Inundaciones en el norte de Italia

En los pasados días se han registrado fenómenos atmosféricos en los que se han visto implicadas, de manera dramática, las regiones italianas del noroeste, con innumerables daños en las economías locales, infraestructuras y viviendas, así como con decenas de muertos. Sólo la preparación y presteza de los servicios de salvamento han logrado evitar un balance mucho más grave.

Un acontecimiento similar ya había afectado trágicamente al sur de Italia, causando también allí muchísimos daños y algunas víctimas.

Actualmente nos preparamos a enfrentarnos al resto del otoño y del invierno con legítima preocupación, a pesar de saber que contamos con sistemas de prevención y dispositivos de intervención de altísimo nivel.

Teniendo en cuenta el carácter excepcional y la gravedad de lo ocurrido, ¿podría indicar la Comisión si considera necesario la intervención de las instituciones europeas en forma de una cooperación económica y de medios por parte de la Unión Europea?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3431/00, E-3464/00, E-3475/00 y P-3583/00 dada por el Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(13 de diciembre de 2000)

Su Señoría puede remitirse a la respuesta de la Comisión a la pregunta oral H-0857/00 formulada por el Sr. Ebner en el turno de preguntas del período de sesiones de noviembre I de 2000(1) del Parlamento.

Su Señoría puede también remitirse a la intervención de la Comisión en el curso del debate sobre cambio climático que tuvo lugar durante el período de sesiones de octubre II, el 25 de octubre de 2000(2), así como en el debate sobre las inundaciones en Europa en el período de sesiones de noviembre, el 16 de noviembre de 2000(3).

(1) Debates del Parlamento Europeo (noviembre de 2000).

(2) Debates del Parlamento Europeo (octubre II de 2000).

(3) Debates del Parlamento Europeo (noviembre de 2000).
PREGUNTA ESCRITA E-0645/00

de Michl Ebner (PPE-DE) al Consejo

(13 de marzo de 2000)

Asunto: Declaración de la Presidencia portuguesa

El 31 de enero de 2000, la Presidencia portuguesa hizo pública una declaración, en nombre de 14 Estados miembros de la UE (todos menos Austria), en la cual se afirma (1) que no se aceptarán ni favorecerán contactos políticos bilaterales y oficiales con un Gobierno austríaco en el que participe el FPÖ; (2) que no se apoyarán los candidatos austríacos que pretendan ocupar puestos en organizaciones internacionales y (3) que sólo se mantendrán contactos técnicos con los embajadores austríacos en las capitales de la UE. Además, el Primer Ministro y el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal han dado a entender a las autoridades austríacas que en el futuro las relaciones bilaterales no podrán ser las habituales con un Gobierno con participación del FPÖ.

1. ¿Constituye la declaración de la Presidencia portuguesa un cambio substancial del paradigma de las relaciones entre los Estados miembros, que en el futuro ya no se caracterizará por el espíritu de cooperación entre los 15 sino por la confrontación de 14 contra un Estado miembro?

2. ¿Está justificada una reacción semejante, que parece desproporcionada y exagerada, frente a un Estado miembro que puede caracterizarse sin la menor duda como un país abierto y una democracia estable en la que los derechos humanos y las libertades fundamentales están garantizados por la Constitución y protegidos por una Justicia independiente?

3. ¿No habría que rechazar la declaración de la Presidencia portuguesa simplemente porque se hizo sin que hubiera tenido lugar previamente un diálogo con el Gobierno austríaco y porque, por eso mismo, contradice totalmente el espíritu europeo del diálogo?

4. ¿No debería, por último, revocarse tal declaración, habida cuenta de que los miembros de la coalición austríaca han reconocido sin excepciones los valores fundamentales de la UE?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0645/00 y E-0646/00

(20 de noviembre de 2000)

Las medidas a que se refiere Su Señoría figuran en una declaración hecha por el Primer Ministro portugués, en nombre de los gobiernos de los 14 Estados miembros. Dicha declaración no es vinculante para el Consejo.

El Consejo no ha adoptado un punto de vista sobre este asunto, por lo que no está en condiciones de responder a ninguna de las cuestiones apuntadas en la pregunta formulada por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-2654/00

de Nelly Maes (Verts/ALE) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Etiquetado y control de pieles de animales

Diversos estudios realizados por organizaciones internacionales han revelado que en Asia se matan hasta 2 millones de animales domésticos, principalmente perros y gatos, por su piel. A estos animales se los captura brutalmente y posteriormente se los sacrifica en condiciones escalofriantes. Muchas de estas pieles se destinan a la exportación y acaban apareciendo en establecimientos europeos. También se ha demostrado que muchas de ellas no se etiquetan como procedentes de perros o gatos a fin de ocultar su origen.

¿Existe alguna prohibición a la importación de pieles de perros y gatos?

En caso afirmativo, ¿en qué legislación se basa y cómo se organizan los controles pertinentes?

En caso negativo, ¿existen controles para la detección de pieles etiquetadas de manera incorrecta o fraudulenta?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(13 de octubre de 2000)

La Comunidad dispone de una legislación muy completa que regula un gran número de cuestiones relacionadas con el bienestar animal dentro de sus fronteras. Sin embargo, dado que el comercio de pieles de gato o de perro no está prohibido por el Convenio CITES(1), no hay ninguna prohibición de importación de tales productos en la Comunidad.

Cuando se importan cueros y pieles en la Comunidad, los funcionarios de aduanas generalmente llevan a cabo controles visuales para verificar si la información proporcionada en las etiquetas, si la hay, corresponde a la realidad. El propósito de esos controles es doble: comprobar si esos productos entran en el ámbito de aplicación del Convenio CITES, y asegurar su correcta clasificación aduanera con objeto de determinar el arancel aduanero apropiado.

(1) Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
PREGUNTA ESCRITA P-2952/00

de Neil MacCormick (Verts/ALE) a la Comisión

(12 de septiembre de 2000)

Asunto: Tasa sobre el cambio climático

La Ley de presupuestos británica para el ejercicio 2000 establece una tasa sobre el cambio climático y autoriza al Gobierno a aplicarla.

¿Está dispuesta la Comisión a examinar en detalle esta disposición para asegurarse de que la tasa en cuestión es un impuesto en el sentido que le confieren los Tratados?

En caso afirmativo, ¿puede asegurarse de que se trata, en sustancia y de hecho, de un impuesto sobre el valor añadido?

Como tal, ¿no se trata de un impuesto ilegal de conformidad con lo dispuesto en la 6a Directiva sobre el impuesto sobre el valor añadido? En consecuencia, ¿está dispuesta la Comisión a iniciar un procedimiento para impedir que el Gobierno británico lo imponga?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(6 de octubre de 2000)

El artículo 33 de la Sexta Directiva IVA 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme(1), permite que los Estados miembros, en determinadas condiciones, mantengan o introduzcan impuestos, derechos o tasas distintos del impuesto sobre el valor añadido, a condición, en particular, de que estas exacciones no tengan el carácter de impuestos sobre el volumen de negocios.

El Tribunal de Justicia estableció, en varias de sus sentencias, los criterios que deberán aplicarse para valorar si una exacción tiene o no ese carácter. En una de sus sentencias más recientes, consideró que hay que evaluar si la exacción compromete el funcionamiento del sistema común del IVA al gravar la circulación de bienes y servicios de manera comparable a este último impuesto, cuyas características ha definido el Tribunal de la siguiente manera: aplicación general a las transacciones de bienes o servicios; fijación del importe de la tasa proporcionalmente al precio de la transacción; percepción en cada fase del proceso de producción y distribución; deducción, en cada fase, de la tasa adeudada sobre las compras de la debida sobre las ventas.

Sobre la base de la información de que dispone, la Comisión considera que la exacción a la cual se refiere Su Señoría no tiene el carácter de un impuesto sobre el volumen de negocios como el que prohíbe el artículo 33 de la Sexta Directiva.

(1) DO L 145 de 13.6.1977.
PREGUNTA ESCRITA E-2731/00

de Christopher Huhne (ELDR) al Consejo

(3 de agosto de 2000)

Asunto: Solicitudes de asilo

¿Podría indicar el Consejo cuál ha sido el número de solicitudes de asilo en cada uno de los Estados miembros en cada uno de los últimos cinco años, y qué proporción de dichas solicitudes ha sido atendida favorablemente en cada caso?

¿Podría indicar el Consejo qué porcentaje de solicitantes de asilo han procedido, en los últimos cinco años, de países afectados por conflictos civiles, bien en la actualidad bien en un pasado reciente?

Respuesta

(16 de noviembre de 2000)

Con respecto a las estadísticas relativas a las cuestiones de asilo, el Consejo remite a Su Señoría a los boletines publicados con regularidad por Eurostat y también a las excelentes estadísticas publicadas por el ACNUR y disponibles en su sitio Internet en www.unhcr.ch.
PREGUNTA ESCRITA E-2144/00

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Trabajadores del CCI

¿Cuántas personas trabajan en el Centro Común de Investigación (CCI)? ¿Cuál es la proporción de nacionales de países que no pertenecen a la UE?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(11 de septiembre de 2000)

En junio de 2000, el número total de personas empleadas en la Dirección General del Centro Común de Investigación (CCR), en todos los centros de la DG, era de 1 691 funcionarios y agentes temporales. 1 682 (99,47 %) eran nacionales de países de la Unión, y 9 no lo eran (0,53 %). Había

también 351 personas no funcionarias, 12 de las cuales (3,41 %) no eran nacionales de países de la Unión. El personal no estatutario se componía de 190 becarios, 4 de los cuales (2,10 %) eran nacionales de terceros países, 27 expertos nacionales en comisión de servicio, 2 de ellos nacionales de terceros países (7,4 %), 123 becarios en prácticas, 4 de los cuales (3,25 %) no eran nacionales de países de la Unión, y 11 científicos externos, 2 de los cuales (18,18 %) no eran nacionales de países de la Unión.
PREGUNTA ESCRITA E-2791/00

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(4 de septiembre de 2000)

Asunto: Muerte de marsopas y delfines

Dado el elevado número de marsopas y delfines que mueren actualmente apresados en las redes de los pescadores en aguas del norte de Europa, ¿por qué razón la Comisión no asistió a la conferencia internacional de Ascobans que se celebró en Bristol a finales de julio y donde se buscaron formas de hacer frente a esta amenaza para la vida animal?

¿Cuál ha sido la reacción de la Comisión a las conclusiones de la conferencia?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2791/00 y E-2922/00 dada por el Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(10 de octubre de 2000)

La Comisión está preocupada por el número de capturas accesorias de cetáceos y otras especies relacionadas con la actividad pesquera. La Comisión acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por los miembros del acuerdo sobre la conservación de los pequeños cetáceos del mar Báltico y del mar del Norte (Ascobans)para reducir el número de capturas accesorias de cetáceos dentro de la actividad pesquera. La Comisión confía en que los Estados miembros continúen esforzándose a nivel del Consejo de la Comunidad.

Dada la carga de trabajo en el área de protección de la naturaleza y la falta de recursos, la Comisión tuvo que rechazar la invitación para acudir como observador a la última conferencia de Ascobans en Bristol.

Sin embargo, a pesar de que la Comunidad no firmó el acuerdo de Ascobans, si protege a los delfines y a las marsopas en el marco de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(1). De acuerdo con el Artículo 12 en particular, los Estados miembros deberán establecer un sistema de protección rigurosa para las especies animales en su espacio natural, prohibiendo cualquier forma de captura o perturbación deliberada. Los Estados miembros deberán también establecer un sistema de seguimiento de las capturas y de los sacrificios

Recientemente, en la última reunión del Comité bajo la Directiva sobre hábitats, la Comisión recordó a los Estados miembros sus obligaciones.

(1) DO L 206 de 22.7.1992.