PREGUNTA ESCRITA E-3460/01

de Charles Tannock (PPE-DE) y Theresa Villiers (PPE-DE) a la Comisión

(14 de diciembre de 2001)

Asunto: Legalidad de las disposiciones de la directiva sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado.

La letra b) del apartado 2 del artículo 1 de la propuesta de directiva de la Comisión sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) COM(2001) 28 final(1) establece que, a los efectos de la directiva, la manipulación del mercado puede consistir en la difusión de información a través de los medios de comunicación, incluido Internet, o a través de cualquier otro medio, que proporcione o pueda proporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de instrumentos financieros, incluida la propagación de rumores y noticias falsas o engañosas.

A pesar de que es importante proteger al público contra la mala información, ¿reconoce ahora la Comisión que al no haber en la directiva una distinción entre los intentos deliberados de manipulación del mercado en beneficio propio y la divulgación correcta de información la aplicación de dicha directiva en su forma actual podría resultar restrictiva y contraria a las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativas a la libertad de expresión y a la obligación de los Estados miembros de respetar la Convención, tal como se dispone en el artículo 6 de la versión consolidada del Tratado de la Unión Europea consolidado?

(1) DO C 240 E de 28.8.2001, p. 265.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(11 de febrero de 2002)

Su Señoría, al describir el comportamiento periodístico profesional (divulgación correcta de información), menciona el artículo correspondiente de la propuesta de Directiva, que se complementa con el considerando 24 que hace referencia a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A la vista de estos elementos, la intención de la Comisión no es por supuesto restringir la libertad de expresión ni añadir cargas innecesarias al trabajo periodístico realizado de buena fe. Por otra parte, la Comisión no cree que pudiera tener este efecto. Por tanto, la Comisión considera que el texto actual no perjudica a ninguna persona que actúe con una finalidad periodística adecuada.

Por lo que respecta al comportamiento privado de los periodistas, la propuesta de Directiva sigue el principio de igualdad de trato que subyace en toda la legislación. Las prohibiciones generales presentes en la propuesta deberán ser aplicables a todos, independientemente de la profesión de la persona en cuestión. Si los pequeños inversores, por ejemplo, tienen que respetar plenamente las prohibiciones, incluso aunque estén actuando por primera vez en un mercado financiero, es difícil comprender porqué otras personas que trabajan profesionalmente en los mismos mercados, o que dan consejo a otros participantes en el mercado, deberían ser tratadas de forma diferente.

La Comisión no ve ninguna incoherencia en las disposiciones de la propuesta de Directiva con las del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos relativas a la libertad de expresión y las obligaciones de los Estados miembros de respetar el Convenio, según lo expresado en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

La intención de la Comisión, de conformidad con el principio de subsidiariedad, es dejar a los Estados miembros la decisión de aplicar o no disposiciones específicas a los periodistas. Puesto que la Directiva se dirige a los Estados miembros y puesto que todos los Estados miembros han firmado el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, su transposición al Derecho nacional tendrá que respetar plenamente las obligaciones de derechos humanos.