PREGUNTA ESCRITA E-0453/96 de Philippe-Armand Martin (UPE) a la Comisión (29 de febrero de 1996)

Asunto: Políticas estructurales/sector vitícola: criterios que han de respetarse para obtener ayudas comunitarias (FEOGA) y nacionales a la inversión en el marco del plan del sector del vino

En el anterior plan del sector del vino (Decisión no 90/342 ((DO L 163 de 29.6.1990, p. 71. ))), los vinos de mesa nacionales y comunitarios quedaban excluidos de las ayudas FEOGA a la inversión. Para el período 1994-1999 no se ha prorrogado esta exclusión (Decisión no 94/173 ((DO L 79 de 23.3.1994, p. 29. ))). No obstante, la Comisión ha incluido esta exclusión en su Comunicación 94/C 189/04 ((DO C 189 de 12.7.1994, p. 5. )), señalando que «cualesquiera modificaciones posteriores (...) se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (..) en cuanto hayan finalizado los trabajos preparatorios (...)».

1. ¿No considera la Comisión que el hecho de no haber precisado los criterios de las ayudas a la inversión transcurridos más de dos años desde el comienzo del plan del sector del vino para el período 1994-1999 crea una considerable inseguridad jurídica para los profesionales?

2. Los acuerdos de Marrakech han eliminado prácticamente las protecciones que tenían los vinos de mesa comunitarios frente a los vinos procedentes de países terceros, cuyo precio franco con derechos pagados es actualmente inferior en un 20-30% con respecto a las producciones comunitarias equivalentes. Únicamente persiste un arancel de 12 ecus «comercial» por hectólitro para los vinos a granel.

La eliminación de los vinos de mesa nacionales y comunitarios de las ayudas a la inversión, única manera de contrarrestar esta competencia, sólo puede desembocar en su eliminación de facto del mercado y en el desplazamiento de estas producciones. ¿Es consciente la Comisión de todo ello?

3. Los productores y comerciantes de los Estados miembros con una importante producción de vinos de mesa necesitan con urgencia una decisión que les dé acceso a los medios para financiar el fomento de la calidad. ¿Piensa la Comisión poder hacer pública una decisión en este sentido antes de que finalice el plan del sector del vino para el período 1994-1999?

Respuesta del Sr. Fischler En nombre de la Comisión (19 de marzo de 1996)

Tal como establece el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CEE) no 866/90 ((DO L 91 de 6.4.1990. )), los criterios de selección que deben aplicarse a las inversiones para la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrícolas y silvícolas que figuran en el Anexo de la Decisión 90/342/CEE de la Comisión ((DO L 163 de 29.6.1990. )) han sido establecidos de acuerdo con las orientaciones de las políticas comunitarias y, especialmente, de la política agrícola común.

En el sector del vino y, concretamente, del vino de mesa, las únicas inversiones excluidas de una posible financiación han sido las relativas a la recepción de uva o a la vinificación para la producción de vinos de mesa que no se venden normalmente bajo el nombre de una unidad geográfica más restringida que el Estado miembro.

Tras la reforma de la política agrícola común, fue necesario proceder a un ajuste de los criterios de selección que dio lugar a la Decisión 94/173/CEE de la Comisión ((DO L 79 de 23.3.1994. )), por la que se deroga la Decisión 90/342/CEE.

Habida cuenta del debate actualmente en curso sobre la reforma de la organización común del mercado del vino (OCM), los criterios seleccionados excluyen en principio toda inversión, si bien establecen una lista restrictiva de inversiones admitidas con carácter excepcional. Teniendo en cuenta la situación estructural del sector, ha sido inevitable adoptar un planteamiento restrictivo. Es evidente que, en caso necesario, podría procederse a una revisión de los criterios a fin de tener en cuenta las decisiones adoptadas en el marco de la OCM reformada.

No obstante, entre las inversiones admitidas con carácter excepcional, los vinos de mesa siguen beneficiándose de las siguientes medidas:

- bien ayudas a las inversiones necesarias para la reagrupación de empresas o agrupaciones de productores, en el caso de una reestructuración de las capacidades de transformación, a condición de que la nueva capacidad de transformación sea inferior al menos en un 20% a la capacidad total existente anteriormente y abandonada en la región en cuestión, con vistas a la reestructuración de los viñedos de la región;

- bien ayudas a inversiones para la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación, la eliminación de los residuos y la recuperación de embalajes o envases;

- bien ayudas a inversiones fomentadas por organismos que reúnan principalmente a los productores y demás agentes económicos y destinadas a mejorar el control de la calidad o a reducir el rendimiento vitivinícola, favoreciendo la reestructuración del sector. En este caso las inversiones no están supeditadas a la reducción del 20%.

El hecho de que esas inversiones deban ser fomentadas por organismos que reúnan los distintos estamentos del sector tiene como objetivo limitar el beneficio de la ayuda a inversiones efectuadas en el marco de un planteamiento por sector que abarque a las distintas profesiones interesadas, ya que de ese planteamiento depende en la actualidad el éxito económico y comercial en el mercado del vino.

Ambas decisiones relativas a los criterios de selección se han sucedido de forma continuada, sin posibilidad de que exista ninguna inseguridad jurídica entre los profesionales que deseen beneficiarse de una ayuda del Fondo de Orientación y Garantía Agrícola destinada a inversiones.

Por otro lado, las limitaciones sectoriales de las decisiones ya citadas han sido establecidas tras un análisis de los mercados representativos a escala comunitaria y son aplicadas por la Comisión en la evaluación del interés que presenta para la Comunidad toda ayuda pública, comunitaria o nacional, vinculada con una inversión en este sector. Así pues, la Comisión procura garantizar cierta compatibilidad entre la política agrícola común y la de ayudas estatales, de modo que no se fomenten las inversiones contrarias por motivos estructurales al interés comunitario.

Esta práctica ha sido objeto de un estudio que se ha llevado a cabo en colaboración con los Estados miembros, el cual ha tenido como resultado la Comunicación de la Comisión titulada «Normativa relativa a las ayudas a la inversión en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas ((DO C 29 de 2.2.1996. ))», en la que se notifica que, a partir del 1 de enero de 1996, las limitaciones sectoriales establecidas en la Decisión 94/173/CE de la Comisión son aplicables a las ayudas estatales.

Desde la publicación de la citada Decisión, ha sido posible aplicar a las ayudas estatales las limitaciones sectoriales más favorables entre las que establecen la Decisión 90/342/CEE y la Decisión 94/173/CE, gracias a las comunicaciones de la Comisión sobre las ayudas estatales para las inversiones destinadas a la transformación y la comercialización de productos agrícolas ((DO C 189 de 12.7.1994. )) ((DO C 71 de 23.3.1995. )).

Ciertamente, en el marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay, las partes contratantes se han comprometido a reducir el apoyo interno y las subvenciones por exportación, aunque también a facilitar el acceso a los mercados. Así pues, la Comunidad se ha comprometido a abandonar el régimen de precios de referencia de importación de vinos. Ha acabado por elegir esta opción, en lugar de la otra opción posible, la de la tarificación, con el fin de eludir las obligaciones mínimas de importación que acarrea esta segunda opción, ya que considera que la falta de un precio mínimo de importación tendría consecuencias mucho menos graves para la Comunidad.

La Comisión comprende las inquietudes de Su Señoría ante la disminución de la protección del mercado comunitario del vino y sus posibles consecuencias. Sin embargo, en lo que atañe a las importaciones de vino de terceros países a precios inferiores a los de los vinos comunitarios, hay que llamar la atención sobre la excepcional situación coyuntural en la que se encuentra el mercado comunitario del vino en la actualidad, ya que, debido a las escasas cosechas obtenidas en la Comunidad, el precio del vino de mesa comunitario ha aumentado notablemente y, por otro lado, ha sido necesario importar cantidades adicionales de vino barato. Por otra parte, cabe recodar que la Comunidad es el mayor exportador mundial de vino, con un saldo global de exportación-importación muy positivo de entre 9 y 10 millones de hectolitros, y, por consiguiente, no puede denegar a otros países el acceso a su mercado interior. En cambio, los nuevos acuerdos del GATT ofrecen a la Comunidad auténticos medios para hacer frente a la competencia de forma más adecuada y ampliar su parcela de mercado en terceros países.

Tal es el motivo por el que los vinos de mesa siguen beneficiándose de las ayudas a la inversión, en las condiciones anteriormente expuestas.