PREGUNTA ESCRITA P-0863/02

de Herman Vermeer (ELDR) a la Comisión

(20 de marzo de 2002)

Asunto: Sistema belga de multas de tráfico desproporcionado y discriminatorio

En la pregunta escrita E-0830/01(1) de Karla M.H. Peijs se planteaban una serie de cuestiones en relación con las multas de tráfico.

En su respuesta de 20 de marzo de 2001 a dicha pregunta, la Comisión indica su intención de analizar la legislación belga en detalle antes de pronunciarse sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario.

Desde entonces, la situación de los usuarios de la vía pública que no residen en Bélgica ha empeorado. El Gobierno belga ha aumentado recientemente las multas de tráfico hasta 200 euros por un exceso de velocidad de 10 km. Los residentes en el país pueden obtener una reducción sobre este importe de aproximadamente 60 euros, mientras que los no residentes deben pagar el importe en su totalidad. Aparte de que las multas impuestas se establecen en euros para los no residentes y en francos belgas ya inexistentes para los residentes, lo que hace que el cobro de la multa sea menos probable en este último caso, los no residentes deben pagar la multa en el acto. Este sistema se contempla en el Decreto Real de 10 de junio de 1985.

¿Hasta qué punto es este sistema compatible con el Derecho comunitario y con el principio de no discriminación en él contemplado? ¿No es hora de incoar un procedimiento de infracción contra el Estado belga? El hecho de establecer diferencias es contrario al concepto de ciudadanía europea introducido en el Tratado de Maastricht. Por otro lado, el exorbitante importe de las sanciones es contrario al principio de proporcionalidad también recogido en la jurisprudencia. Habida cuenta de su intención de armonizar las sanciones y los controles en la UE en el marco del Libro Blanco del transporte, ¿está dispuesta la Comisión a examinar urgentemente esta situación?

(1) DO C 318 E de 13.11.2001, p. 129.

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(29 de mayo de 2002)

Según la información de que dispone la Comisión, la legislación belga sobre percepción y consignación de multas por infracciones de tráfico establece un régimen diferenciado para los contraventores residentes y no residentes. Los primeros pueden elegir pagar la multa inmediatamente o en un plazo fijado por la ley y los segundos deben pagar inmediatamente la suma reclamada o consignar esta suma y otra destinada a cubrir los gastos de justicia.

Sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto Pastoors(1), a falta de instrumentos que permitan garantizar la ejecución de una condena en un Estado miembro distinto de aquel donde fue pronunciada, se justifica objetivamente una diferencia de trato entre contraventores residentes y no residentes y un Estado miembro puede imponer a los no residentes la obligación de pago de una suma como fianza, si optan, en caso de infracción, por un procedimiento penal en vez de por el pago inmediato de una multa.

La Comisión debe terminar su examen de la legislación belga a la luz de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia, de 19 de marzo de 2002, en el asunto C-224/00, Comisión contra Italia, referente a la legislación italiana que regula la misma materia, antes de pronunciarse sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario.

Una de las razones que ha llevado a las autoridades belgas a distinguir entre residentes y no residentes es la dificultad de que una multa impuesta por un tribunal belga sea hecha cumplir en otro Estado miembro. En este contexto la Comisión llama la atención sobre la iniciativa del Reino Unido, Francia y Suecia con objeto de adoptar una decisión marco del Consejo sobre la aplicación del principio de reconocimiento mutuo a las sanciones pecuniarias(2). La propuesta establece que una multa impuesta en un Estado miembro se reconocerá y hará cumplir en otros Estados miembros. En algunos Estados miembros las multas impuestas por infracciones de tráfico son sanciones administrativas y no penales. Si

la decisión cubriera las multas administrativas, y este problema se está discutiendo actualmente, se solucionaría en gran medida el problema de la aplicación transfronteriza de las multas y la necesidad de un trato diferenciado para residentes y no residentes.

Por lo que se refiere a la proporcionalidad de las multas, remitimos a Su Señoría a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita P-3092/00 de la Sra. Kauppi(3). Aunque la Comisión opina generalmente que las multas deberían ser proporcionadas a la gravedad de la infracción por la que se impusieron, debe reconocerse que es muy difícil determinar en casos individuales si este criterio se ha cumplido o no. Distintos Estados miembros pueden tener distintos valores y lo que parece proporcionado en un Estado miembro puede verse como desproporcionado en otro.

La Comisión es consciente de que hay diferencias significativas entre los Estados miembros en relación con las multas por exceso de velocidad. No hay ninguna legislación a nivel de la Unión que establezca las cantidades máximas que deben imponerse en estos casos.

Por lo que se refiere al Libro blanco sobre la política de transportes europea, la Comisión está examinando actualmente la manera más efectiva de armonizar ciertas sanciones y controles (particularmente en lo que respecta a las sanciones por exceso de velocidad y por conducción bajo los efectos del alcohol).

(1) Sentencia del Tribunal del 23 de enero de 1997 en el asunto C-29/95.

(2) DO C 278 de 2.10.2001.

(3) DO C 136 E de 8.5.2001.