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PREGUNTA ESCRITA P-3084/01

de Gabriele Stauner (PPE-DE) a la Comisión

(30 de octubre de 2001)

Asunto: Opiniones de expertos sobre los riesgos para la salud ocasionados por mantequilla adulterada

Hasta mediados de 2000, miembros de la mafia italiana adulteraron grandes cantidades de mantequilla mediante la adición de grasas animales no lácteas, así como de grasas vegetales y sustancias químicas, y las comercializaron a través de empresas alemanas, francesas e italianas. Se calcula que se utilizaron en total 100 000 toneladas de mantequilla adulterada para elaborar sobre todo productos de pastelería y productos fabricados con queso. Tras el descubrimiento del fraude, ni los Estados miembros ni la Comisión adoptaron medidas para retirar de los establecimientos comerciales las existencias que aun quedaban de productos elaborados con la mantequilla adulterada. Y esto no se hizo a pesar de que ya el 5 de julio de 2000 la Fiscalía italiana había advertido en un comunicado de prensa del posible riego para la salud de los consumidores.

En diciembre de 2000, el periódico francés Expansion publicó extractos de los interrogatorios realizados por la policía, de los que se deduce que los adulteradores de la mantequilla eran conscientes de que existía un riesgo para la salud. Se cita la siguiente declaración de un testigo: Al contrario de lo que ocurría con otras mezclas, al degustar la mantequilla, ésta producía un ardor en la boca. Su olor era similar al de la glicerina. Recuerdo un ardor en la piel cuando una gota del producto cayó sobre mi mano.

Según datos de la Fiscalía italiana de 20 de marzo de 2001, para la fabricación de la mantequilla adulterada, además de grandes cantidades de sustancias químicas, se utilizaron también grasas procedentes de mataderos fabricadas con cerebros, huesos y vísceras de ganado vacuno, es decir, evidentemente, material de riesgo en relación con la EEB. A pesar de ello, la Comisión, en su Informe anual de 2000 sobre la lucha contra el fraude, aprobado el 23 de mayo de 2001, afirmaba que, basándose en los análisis de los productos incautados, los expertos habían excluido todo riesgo directo para la salud de los consumidores.

La Comisión respondió a mi petición (Pregunta escrita P-2535/01)(1) de que indicara los nombres y las funciones de los expertos por ella mencionados, recomendándome que me dirigiera a las autoridades judiciales nacionales.

¿Debe deducirse de dicha respuesta que los servicios de la Comisión no conocen los nombres ni las funciones de los expertos a los que cita?

¿Podría remitirme la Comisión copias de las presentes conclusiones de las autoridades nacionales mencionadas en su respuesta?

(1) Ver página 27.

Respuesta de la Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(23 de noviembre de 2001)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a su pregunta escrita P-2535/01.
PREGUNTA ESCRITA E-2560/01

de Luis Berenguer Fuster (PSE) a la Comisión

(20 de septiembre de 2001)

Asunto: Desabastecimientos en el suministro de electricidad en España. Regulación del mercado y consecuencias para los consumidores

A pesar de las triunfalistas declaraciones del Gobierno español sobre la liberalización del mercado eléctrico, éste presenta grandes insuficiencias, hasta el punto de que en la actualidad continúan existiendo monopolios en los sectores de transporte y distribución.

Estas deficiencias se han puesto de manifiesto recientemente con la existencia de cortes de fluido que han obligado a los consumidores a permanecer largas horas a oscuras en amplias zonas del territorio español, particularmente en la Comunidad Valenciana.

Por otra parte, recientemente el Consejero Delegado de Iberdrola ha declarado que, si no se incrementan las tarifas, habría más apagones.

Como quiera que el art. 82, b) del Tratado considera que una de las modalidades del abuso de posición dominante la constituye la limitación de la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores, ¿considera la Comisión que existen indicios de conductas abusivas en el sector eléctrico español o que, simplemente, las deficiencias existentes son la consecuencia de una mala regulación?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(9 de noviembre de 2001)

La apertura del mercado no ha modificado sensiblemente la situación en materia de actividades de transporte y distribución de electricidad que existía en la Unión antes de la entrada en vigor de la Directiva 96/92/CE del Parlamento y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad(1).

Las interrupciones del suministro de electricidad guardan relación con el problema general de la continuidad del suministro que se incluye en el concepto de servicio universal. La Comisión estima que, incluso después de la entrada en vigor de la Directiva sobre la electricidad, la reglamentación por parte de las administraciones nacionales parece ser el mejor método para garantizar la continuidad del suministro. Sin embargo, la Comisión sigue siendo sensible a este tipo de problemas y, en su nueva propuesta relativa a La realización del mercado interior de electricidad y gas(2), incluyó disposiciones adicionales cuya finalidad es ofrecer garantías suplementarias sobre la seguridad de suministro.

Actualmente, la Comisión no dispone de elementos que le permitan concluir que las interrupciones del suministro de electricidad en algunas regiones españolas se deban a prácticas abusivas de uno o varios operadores del mercado español de electricidad.

(1) DO L 27 de 30.1.1997.

(2) DO C 240 E de 28.8.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-2465/01

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consejo

(11 de septiembre de 2001)

Asunto: Ampliación política interna de la Unión

En el marco de los trabajos que se realizarán en el ámbito del Consejo de Laeken, dentro de la perspectiva de la Conferencia Intergubernamental de 2004 y de la Constitución de la Unión, ¿contempla la Presidencia una reflexión sobre el futuro estatuto de las naciones sin Estado? En una Unión Europea de carácter plenamente político, ¿qué sentido tiene que las naciones como Escocia, el País de Gales, Galicia, Cataluña o Euskadi no tengan en las instituciones europeas la presencia y competencias políticas que se reconocen justamente a Estados miembros con la misma relevancia cultural y nacional, y, en numerosos casos, con menor dimensión demográfica?

Respuesta

(12 de febrero de 2002)

Como Su Señoría puede comprender, no corresponde al Consejo pronunciarse sobre la organización interna de los Estados miembros de la Unión. Las cuestiones relativas al futuro de Europa se enmarcan en el amplio debate público iniciado el pasado mes de marzo. La apertura de este debate marcó el inicio de los preparativos para la celebración de una conferencia intergubernamental en 2004, prevista en la Declaración sobre el futuro de la Unión, adoptada en Niza el pasado mes de diciembre. En el marco de este debate público, que debe mantenerse activamente durante los próximos años, la Presidencia, en colaboración con la Comisión y con la participación del Parlamento Europeo, fomentará un amplio debate en el que se participen todas las partes interesadas.

En la reunión que celebrará en Laeken el próximo mes de diciembre, el Consejo Europeo adoptará una declaración con las iniciativas pertinentes para proseguir este proceso, entre otras cosas sobre la forma de estructurar la fase preparatoria de la CIG 2004. En este contexto, deberá atenderse a las cuatro cuestiones consideradas expresamente en la citada Declaración de Niza, tendentes a mejorar y garantizar de modo permanente la legitimidad democrática y la transparencia de la Unión y de sus instituciones para acercarlas a los ciudadanos de los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-2951/01

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(25 de octubre de 2001)

Asunto: Exclusión de Gibraltar de las propuestas cielo único europeo

¿Podría explicar la Comisión cuáles son las posibles razones para excluir a Gibraltar de las propuestas actuales de cielo único europeo, y si considera que existe un fundamento jurídico que permita recusar dicha discriminación en el Tribunal de Justicia?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(6 de diciembre de 2001)

La Comisión adoptó propuestas sobre la realización del cielo único europeo relativas a la reforma de la gestión del tráfico aéreo el 10 de octubre de 2001(1). Como Su Señoría habrá observado, en la exposición de motivos de dicha propuesta se indicaba que la Comisión toma debida nota del reciente acuerdo alcanzado por las autoridades del Reino Unido y España sobre el aeropuerto de Gibraltar, que se tratará en el Consejo mediante una disposición específica sobre el ámbito de aplicación de las medidas para la creación del cielo único europeo.

(1) COM(2001) 123 final y COM(2001) 564 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2730/01

de Patricia McKenna (Verts/ALE) a la Comisión

(5 de octubre de 2001)

Asunto: Nuevas aportaciones para la planta de regasificación de Mugardos

Con respecto a las preguntas anteriores E-1310/01, E-1359/01 y E-1379/01(1) quisiéramos añadir que la gran alarma social despertada en torno a la pretendida Planta Regasificadora de Mugardos, ha aglutinado a todas las entidades ciudadanas opositoras al proyecto que han constituido un denominado Comité Ciudadano de Emergencia para la Ría del Ferrol. Como presidente honorario de este comité ha sido nombrado el general en la reserva D. José Gabeiras Montero.

El general Gabeiras, experto conocedor de la situación del Arsenal Militar de Ferrol, ha denunciado a los organismos competentes el hecho probado de que la prevista planta regasificadora se pretende ubicar a 800 m de distancia del Arsenal de la Armada, por lo que un accidente de un gasero en esa ubicación podría desencadenar una deflagración que podría costar miles de muertes al hacer estallar el arsenal militar.

Las defensas naturales y las provistas por la base militar de la Armada española confieren al puerto de Ferrol su valor estratégico para la Armada española y como base de la OTAN, afirma el general Gabeiras, pero la vulnerabilidad que para todo el sistema defensivo supondría la instalación de la regasificadora y los depósitos de gas, anularía absolutamente el valor estratégico del enclave.

¿Podría la Comisión insistir a las autoridades españolas sobre este aspecto de la peligrosidad que tan decisivamente afecta a las condiciones de seguridad de la ciudad de Ferrol y su área metropolitana?

(1) DO C 350 E de 11.12.2001, p. 117.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(21 de noviembre de 2001)

En el marco de la instrucción de este expediente, la Comisión está analizando la respuesta que acaban de remitir las autoridades españolas.

La Comisión se ha dirigido a las autoridades españolas para señalarles el riego potencial que entraña la ubicación de una instalación de regasificación a proximidad de un arsenal y solicitar información sobre las medidas previstas o adoptadas para evitar un accidente.
PREGUNTA ESCRITA E-2516/01

de Daniela Raschhofer (NI) a la Comisión

(14 de septiembre de 2001)

Asunto: Sacrificio de animales sin destructores de médula

Por razones de protección de los consumidores, la UE ha prohibido la utilización de los destructores de médula. Cuando se utilizan en las operaciones de sacrificio de los animales disparadores de insensibilización, ocurre con frecuencia que, debido a un manejo inadecuado de estos aparatos, los animales no son suficientemente insensibilizados antes del sacrificio. Se sabe que en ocasiones, debido a estas deficiencias, animales no suficientemente insensibilizados son colgados y despedazados vivos.

En aras del respeto de los animales, que como seres vivos tienen derecho a una vida y a una muerte dignas:

- ¿Puede decir la Comisión si es absolutamente necesario prohibir la utilización de los destructores de médula para garantizar que no pasen a la vía sanguínea partículas de médula? ¿Existe la certeza científica de que la prohibición de estos dispositivos es la única solución posible?

- ¿Puede señalar también si hay alternativas razonables de insensibilización a los destructores de médula con las que se pudieran atender los intereses de la protección del consumidor con la misma eficacia que con la mencionada prohibición?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(29 de octubre de 2001)

La prohibición de los destructores de médula en el sacrificio de animales está basada en dictámenes del Comité director científico. Estos dictámenes pusieron de manifiesto que en algunas técnicas de sacrificio, como la destrucción de la médula, se observa la liberación en el flujo sanguíneo de partículas de tejido cerebral que podrían infectar la encefalopatía espongiforme transmisible (EET), por lo que han de ser prohibidas. Puede obtenerse información más detallada en el Dictamen sobre la seguridad de la sangre de rumiantes con respecto a los riesgos de EET aprobado por el citado Comité los días 13 y 14 de abril de 2000, disponible en la siguiente dirección de Internet: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/outcome_en.html.

Las normas destinadas a asegurar el bienestar animal en el momento del sacrificio y la matanza, incluidos los métodos de aturdimiento, se establecen en la Directiva 93/119/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, relativa a la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza(1). La destrucción de la médula no es un método de aturdimiento, pero se ha utilizado para acabar con las convulsiones posteriores a éste antes de colgar al animal. Incluso antes de que entrara en vigor la prohibición, la destrucción de la médula sólo se empleaba en un número reducido de mataderos en algunos Estados miembros.

(1) DO L 340 de 31.12.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-2322/01

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(31 de julio de 2001)

Asunto: Directiva sobre pesticidas

¿Qué porcentaje de pesticidas cuya venta está autorizada actualmente en Europa no se ha registrado de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 91/414/CEE(1)?

¿Puede la Comisión proporcionar detalles acerca de la revisión de los pesticidas que se está llevando a cabo actualmente? ¿Qué Estados miembros participan en esta operación? ¿Se ha decidido ya cuánto costará en cada país la revisión de un paquete de datos?

¿Qué medidas se han adoptado para garantizar que las pequeñas y medianas empresas puedan asumir los costes de la revisión?

(1) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(10 de octubre de 2001)

La Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, establece que no se puede comercializar ningún producto fitosanitario

dentro de la Comunidad a no ser que el Estado miembro en cuyo territorio vaya a comercializarse el producto haya otorgado su autorización. Desde la entrada en vigor de la Directiva en julio de 1993, los Estados miembros han tenido que aplicar en particular el artículo 4 de la Directiva al otorgar las autorizaciones.

El informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la situación de la evaluación de las sustancias activas de los productos fitosanitarios(1) recoge todos los detalles de la revisión que se está realizando. Todos los Estados miembros participan en este proyecto. Cada Estado miembro decide el coste de la evaluación, el cual varía según la complejidad de los expedientes que deben evaluarse.

La Directiva no establece que deba adoptarse ninguna medida específica que garantice que los costes de la evaluación sean asequibles. En cambio sí exige que ante todo se demuestre que las sustancias y productos comercializados son seguros. La Comisión es consciente de los problemas con los que se pueden encontrar las pequeñas empresas a la hora de demostrar la seguridad de sus productos, por ello ha abordado esta cuestión y sus posibles soluciones en el informe mencionado arriba, especialmente en relación con la utilización conjunta de datos.

(1) COM(2001) 444 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2957/01

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(25 de octubre de 2001)

Asunto: Proyecto de suministro de agua y saneamiento en Chalkida

Según datos de que dispone este diputado, la empresa pública de suministro de agua y saneamiento de Chalkida presentó a las autoridades nacionales una solicitud para obtener financiación del Fondo de Cohesión para el proyecto de suministro de agua y saneamiento en Chalkida. Pese a que dicha solicitud cumple todos los requisitos que establecen los reglamentos pertinentes en este ámbito, tal como demostró el control efectuado por los responsables de la región de la Grecia Continental, no ha recibido el apoyo de la dirección competente del Ministerio de Economía.

¿Puede indicar la Comisión:

1. si está al corriente de este asunto;

2. si puede actuar para que este proyecto reciba financiación, teniendo en cuenta el retraso de Grecia en la presentación de propuestas para el Fondo de Cohesión?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2957/01 y E-3044/01dada por el Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(28 de noviembre de 2001)

En su capítulo 4.9 Aplicación Fondo de Cohesión, el marco comunitario de apoyo para Grecia durante el período de programación 2000-2006 describe los principios que rigen el procedimiento de presentación de los proyectos a la Comisión para dicho Fondo.

En el caso planteado por Sus Señorías, es la autoridad de gestión del programa operativo (PO) regional para Grecia continental la que, tras evaluar la madurez técnica de los proyectos presentados por los municipios y otros agentes locales, debe presentar las propuestas seleccionadas al Ministerio de Economía Nacional (MEN) de Grecia para la continuación del procedimiento. El MEN reúne el conjunto de las propuestas de las diferentes autoridades de gestión, las evalúa, las jerarquiza y envía a la Comisión los proyectos finalmente seleccionados para su aprobación. En cuanto a los proyectos del sector Medio ambiente como el que se menciona en la pregunta, las autoridades de gestión y el MEN deben también evaluarlos con arreglo a los principios enunciados en el documento Estrategia del Fondo de Cohesión Sector Medio Ambiente, que forma parte del texto del PO Medio Ambiente para el período 2000-2006(1).

En cumplimiento del principio de subsidiariedad y de los acuerdo antes citados, la aplicación de las intervenciones y, por consiguiente, la selección de los proyectos, incumbe a los Estados miembros, que deben enviar sus propuestas finales a la Comisión.

En esta fase, la Comisión no ha recibido ninguna propuesta para la participación financiera del Fondo de Cohesión en las obras de aprovisionamiento y evacuación de aguas en Chalkida.

(1) Decisión de la Comisión no C(2001)1357 de 24.7.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-2629/01

de Concepció Ferrer (PPE-DE) a la Comisión

(27 de septiembre de 2001)

Asunto: La distribución de leche española en Francia

Habiendo recibido información según la cual en Francia se ha producido un acuerdo entre industriales, ganaderos y los profesionales de la distribución para bloquear la comercialización de leche española en ese país;

Considerando que dicho acuerdo parecen contar con el beneplácito tácito de la Administración francesa;

Teniendo en cuenta que está demostrado que Francia ya ha llevado a cabo en el pasado medidas de este tipo contra otros productos españoles, como las frutas y las hortalizas; de ser cierta la información, ¿qué medidas piensa tomar la Comisión ante los hechos que se presentan?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(13 de noviembre de 2001)

Actualmente, la Comisión no dispone de información concreta que pueda hacer suponer la existencia de un acuerdo entre productores y distribuidores de leche franceses encaminado a limitar la comercialización de la leche española en Francia o a favorecer las ventas de leche francesa.

Por el contrario, según las estadísticas disponibles, las importaciones francesas de leche procedente de España han aumentado considerablemente desde 1998.

Las importaciones francesas de leche líquida española en embalajes de más de dos litros pasaron de 25 132 toneladas en 1998 a 94 589 toneladas en 2000. Estas importaciones, que para el período de enero a junio de 2000 eran de 23 087 toneladas, alcanzaron 39 875 toneladas durante el período de enero a junio de 2001.
PREGUNTA ESCRITA E-2992/01

de Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) a la Comisión

(29 de octubre de 2001)

Asunto: Préstamos a las compañías aéreas en caso de crisis

El Gobierno belga prometió el 3 de octubre de 2001 conseguir un préstamo a corto plazo por un importe aproximado de 125 millones de euros destinado a Sabena, compañía aérea del país, para que que haga frente a la crisis y así evitar la quiebra inmediata que amenaza a la compañía. La Comisión Europea, tras tener conocimiento del préstamo de urgencia, solicitó al Gobierno belga una aclaración sobre el asunto.

¿Es contraria la decisión, de acuerdo con la información recibida por la Comisión Europea, a las normas de la UE en materia de competencia? ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión Europea en relación con la decisión? ¿Cuál es la línea general de actuación de la Comisión en lo que se refiere a la concesión de ayudas estatales a compañías y rutas aéreas?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(8 de enero de 2002)

El 5 de octubre de 2001, el Gobierno belga notificó a la Comisión su intención de conceder a la compañía Sabena una ayuda de salvamento en forma de crédito de 125 millones de euros que permitieran a la empresa hacer frente a sus necesidades corrientes de tesorería durante un período máximo de tres meses. La Comisión examinó esta medida con carácter urgente habida cuenta de la grave situación de la compañía. El 17 de octubre de 2001, la Comisión decidió autorizar la ayuda de salvamento por considerar que se reunían todas las condiciones fijadas en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis(1).

La Comisión no tiene la intención de cambiar su política en materia de ayudas estatales. Los principios fundamentales de su acción figuran explícitamente en las directrices para al transporte aéreo adoptadas por la Comisión en 1994(2), y se aplican con rigor. Esas directrices exponen con respecto, entre otras cosas, a las ayudas de reestructuración, el principio al que se ha dado en llamar de ayuda única, según el cual la Comisión no autorizará la concesión de una nueva ayuda de reestructuración, salvo que concurran circunstancias excepcionales, imprevisibles y no imputables a la empresa.

(1) DO C 288 de 9.10.1999.

(2) Aplicación de los artículos 92 (antiguo artículo 98) y 93 (antiguo artículo 99) del Tratado CE y del artículo 61 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) a las ayudas estatales en el sector de la aviación, DO C 350 de 10.12.1994.