PREGUNTA ESCRITA E-1740/01

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(15 de junio de 2001)

Asunto: Visados y pasaportes belgas ilegales

En su respuesta conjunta a las preguntas E-0234/01 y E-0235/01(1) sobre visados y pasaportes belgas falsos, el Consejo afirma que la cuestión que se plantea debe ser resuelta por los servicios estatales belgas competentes y que no tiene por costumbre llamar la atención a un Estado miembro de la UE, en este caso la Federación Belga, por una cuestión que entra dentro de las competencias de ese Estado.

La posición del Consejo es sorprendente, puesto que la emisión de visados y pasaportes por los quince Estados miembros es una cuestión que merece especial atención en el marco del tercer pilar de la Unión Europea (justicia y asuntos de interior). Al fin y al cabo, un permiso de residencia provisional o permanente emitido por la Federación Belga concede acceso a todos los países Schengen. Por consiguiente, esos permisos de residencia son extremadamente valiosos para los delincuentes y hacen que la corrupción en el sector de la migración sea muy frecuente.

En su respuesta, el Consejo alude a la responsabilidad de la Comisión de controlar el buen funcionamiento de las normas comunitarias en materia de visados y afirma que en caso de que se demuestre que las actuaciones o las deficiencias de un Estado miembro perjudican el buen funcionamiento de las normas comunitarias en materia de visados, la Comisión debe dar a dicho Estado la oportunidad de formular observaciones.

De conformidad con la respuesta del Consejo, ¿se propone la Comisión dar a las autoridades belgas la oportunidad de formular observaciones sobre las actuaciones o deficiencias que perjudican el buen funcionamiento de las normas comunitarias en materia de visados, que en este caso consisten en a) el comercio de tarjetas diplomáticas en el Ministerio belga de Asuntos Exteriores, y b) el fraude de visados en la embajada belga en Sofía? En caso negativo, ¿por qué se niega la Comisión a dar a la Federación Belga la oportunidad de formular observaciones sobre las actuaciones o deficiencias que perjudican el buen funcionamiento de las normas comunitarias en materia de visados?

(1) DO C 235 E de 21.8.2001, p. 159.

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(3 de septiembre de 2001)

La Comisión comparte la preocupación de Su Señoría. La entrega abusiva de pasaportes, visados y permisos de residencia es uno de los medios de sustraerse a las distintas normas de derecho comunitario o nacional encaminadas a controlar el acceso de los ciudadanos de países no comunitarios al territorio de los Estados miembros y su estancia en dicho territorio.

A escala nacional y comunitaria, existe un conjunto de disposiciones y medidas preventivas y sancionadoras encaminadas a obstaculizar las actuaciones mencionadas. Cabe destacar las siguientes:

Normas de archivo de documentos y medidas relativas al personal:

- Están previstas medidas de seguridad y cautelares a nivel nacional para prevenir la entrega abusiva de pasaportes, visados y permisos de residencia.

- En derecho comunitario, existen disposiciones en el ámbito de los visados. La Instrucción Consular Común (ICC) impone al jefe del servicio consular la obligación de velar por que el servicio esté organizado para prevenir todo tipo de negligencia que pueda facilitar los robos y falsificaciones. El personal debe estar a cubierto de las presiones locales, y deben efectuarse permutaciones regulares de los agentes para evitar que se creen prácticas relajadas. La ICC también exige la adopción de medidas de seguridad para la conservación de las etiquetas de visado y su utilización.

- Sanciones penales para las personas que faciliten la entrada o la residencia ilegal de ciudadanos de terceros países.

- Sanciones penales para las personas que ya hayan obtenido indebidamente documentos administrativos, en particular, por medio de la corrupción activa de agentes públicos.

- Sanciones penales y disciplinarias para los agentes públicos que expidan documentos administrativos de forma abusiva, en especial, cuando sean culpables de corrupción pasiva.

La Comisión no está en condiciones de pronunciarse sobre la realidad de los hechos mencionados por Su Señoría, y desea señalar que cuando se constatan casos de expedición fraudulenta de documentos administrativos, incumbe a las autoridades del Estado miembro interesado recurrir a las medidas más convenientes de entre las medidas mencionadas. En caso de que los hechos mencionados por Su Señoría, que al parecer son puntuales y localizados, se repitan, la Comisión no dejará de actuar para garantizar que no haya por parte del Estado miembro considerado una práctica administrativa constante que sea contraria al derecho comunitario.