PREGUNTA ESCRITA E-1725/02

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(13 de junio de 2002)

Asunto: La tarjeta de identidad electrónica y los procedimientos de contratación pública de prestaciones de servicios

En otoño de 2000, las autoridades belgas decidieron, en el marco de la adopción de estrategias electrónicas en la administración (e-government), que, antes de 2005, todos los belgas tendrían una tarjeta de identidad electrónica.

En la especificación correspondiente se dan a conocer las diferentes etapas de la creación de estas tarjetas de identidad electrónicas. Asimismo, una especificación particular recoge el pliego de condiciones generales para la fabricación, personalización, activación y distribución de las tarjetas de identidad digitales y para el suministro de los servicios de certificación. En un documento (pliego de condiciones especial RRN/006/2001, versión 2.5, 11.2.2002) del Ministerio del Interior, de la Dirección General de Legislación y del Registro Estatal de las Instituciones Nacionales aparecía una observación importante, a saber:

La fabricación, personalización e activación de las tarjetas, así como la distribución de los documentos fuente se llevarán a cabo en territorio belga, de modo que las autoridades belgas competentes puedan efectuar [] los controles [].

Sin embargo, de acuerdo con la normativa europea relativa a la política de adjudicación pública, todas las empresas deben disfrutar de las mismas oportunidades para participar en una licitación. ¿Estima la Comisión que la disposición arriba mencionada va en contra de la política europea de adjudicación pública?

En caso afirmativo, ¿cuáles son los argumentos de la Comisión y qué gestiones piensa realizar para evitar esta violación de la política de adjudicación pública?

En caso negativo, ¿qué argumentos en sentido contrario esgrime la Comisión para demostrar que no se amenaza la política europea de adjudicación pública?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(24 de julio de 2002)

La pregunta formulada por Su Señoría busca saber si la Comisión considera que una cláusula, mencionada en un pliego de condiciones y, con arreglo a la cual, la fabricación, personalización, activación y distribución de tarjetas de identidad electrónicas deben producirse en el territorio belga, es compatible con el derecho comunitario sobre adjudicaciones públicas.

Este derecho tiene como objetivo abrir las adjudicaciones públicas a las empresas de otros Estados miembros, contribuyendo de este modo a la realización de un espacio sin fronteras donde esté garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales.

En principio, el carácter de la cláusula antes mencionada tiende a dificultar la participación de empresas establecidas en el extranjero en la licitación y, por este motivo, puede constituir un obstáculo al principio de libre prestación de servicios, recogido en el artículo 49 del Tratado CE.

Del artículo 46 del Tratado CE y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia al respecto(1) se desprende que este principio no prejuzga la aplicabilidad de las disposiciones administrativas justificadas por motivos de orden público, seguridad pública y salud pública, a condición de que éstas sean necesarias para lograr el objetivo buscado, y que tal objetivo no pueda lograrse mediante medidas menos restrictivas para la libre circulación.

En su sentencia Mannesmann de 15 de enero de 1998 (asunto C-44/96), el Tribunal de Justicia consideró que impresos como pasaportes, permisos de conducir o tarjetas de identidad () estaban estrechamente relacionados con el orden público.

En estas condiciones, el hecho de encauzar la producción y la distribución de tarjetas de identidad electrónicas mediante determinadas medidas de control podría justificarse con objeto de proteger el orden público.

Sea como fuere, a falta de informaciones concretas sobre el alcance de los controles que desean efectuar las autoridades belgas, la Comisión no está en condiciones de pronunciarse sobre su carácter necesario y proporcionado. Otro tanto ocurre con respecto a la exigencia de fabricación y distribución en Bélgica, al estar basada en la necesidad de efectuar dichos controles.

(1) Sentencia Comisión contra Italia de 5 de diciembre de 1989, asunto C-3/88.