PREGUNTA ESCRITA E-0866/01

de John McCartin (PPE-DE) a la Comisión

(22 de marzo de 2001)

Asunto: Ayudas estatales en Irlanda - Radiodifusión pública

El 13 de abril de 2000, formulé una pregunta sobre las ayudas estatales respecto a una queja presentada contra el Gobierno irlandés en marzo de 1999 por el pago de un canon de televisión a RTE, el servicio público de radiodifusión. En una carta de respuesta con fecha 19 de septiembre de 2000, el Comisario responsable del caso comunicó que sus servicios habían llevado a cabo un estudio preliminar y habían llegado a la conclusión de que, prima facie, la queja estaba justificada y merecía un mayor análisis. ¿Qué medidas se han tomado, en su caso, respecto a esta importante queja? ¿Considera correcto la Comisión que, dos años después de haberse presentado la queja, la Comisión aún no haya tomado ninguna decisión?

En segundo lugar, RTE, el servicio público de radiodifusión, ha solicitado un aumento de un 71 % en el canon de televisión actual. El ministro competente en materia de radiodifusión ha comunicado que muy pronto se presentará una recomendación sobre esta solicitud ante el Gobierno irlandés. ¿Tiene conocimiento la Comisión de que se ha solicitado dicho aumento? Sin prejuzgar si la Comisión considera o no que el canon de televisión o cualquier otro aumento propuesto equivalen respectivamente

a una ayuda estatal justificable o a una ayuda estatal modificada justificable, ¿opina la Comisión que sería adecuado que se le notificara cualquier propuesta de aumentar el canon, como se establece en las disposiciones del Tratado relativas a las ayudas estatales? ¿Opina la Comisión que debería aplazarse cualquier decisión del Gobierno irlandés de aprobar tal aumento hasta que la Comisión haya tenido la oportunidad de estudiar la propuesta y haya tomado la decisión de autorizar un aumento proporcional, si lo considera compatible con las disposiciones del Tratado?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(18 de junio de 2001)

Según lo señalado por Su Señoría, el miembro de la Comisión responsable de la competencia indicó en 2000 que la Comisión había llegado a la conclusión de que la denuncia presentada contra el pago de un canon de televisión a RTE merecía un mayor análisis pormenorizado.

El servicio público de radiodifusión es un área muy compleja en la que la Comisión tiene que alcanzar una solución equilibrada que garantice tanto el derecho del Estado miembro a proporcionar un servicio público de radiodifusión como el derecho de los operadores privados a una competencia leal. Para garantizar la seguridad para todos los operadores, la Comisión está trabajando activamente en un proyecto de Comunicación de la Comisión, que se espera que sea presentado en breve. La Comunicación establecerá los principios que la Comisión seguirá en su aplicación de los artículos 87, 88 y del apartado 2 del artículo 86 (antiguos artículos 92, 93 y 90), el del Tratado CE a la financiación estatal del servicio público de radiodifusión. De este modo se aclarará la política de la Comisión en este ámbito altamente complejo, permitiendo evaluar los casos con total transparencia.

Con objeto de garantizar un enfoque homogéneo, se ha dado prioridad a la elaboración de esta comunicación y se ha profundizado en el análisis de asuntos desde un punto de vista comparativo. El análisis de las denuncias en este ámbito, incluida la relativa al canon de acceso a RTE, concluirá después de la adopción de la Comunicación.

La Comisión agradece a Su Señoría la información sobre la solicitud de RTE de incrementar un 71 % el canon actual. La Comisión está siguiendo de cerca estos hechos. Por lo que se refiere a las preguntas sobre la obligación de notificar a la Comisión un aumento de un canon, la Comisión remite al apartado 3 del artículo 88 CE que establece la obligación para los Estados miembros de notificar a la Comisión cualquier nueva ayuda o alteración de una ayuda existente. A este respecto, la Comisión destaca también la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Namur-Ducroire(1). En este caso el Tribunal dictaminó que el apartado 3 del artículo 93 [actualmente apartado 3 del artículo 88]del Tratado debe interpretarse en el sentido de que la ampliación, en condiciones como las descritas en la resolución de remisión, del ámbito de actividad de una entidad pública, que disfruta de ayudas otorgadas por el Estado en virtud de una normativa anterior a la entrada en vigor del Tratado, no puede considerarse como concesión o modificación de una ayuda sometida a la obligación de notificación previa y a la prohibición de ejecución previstas por la citada disposición, en la medida en que no afecta al régimen de ayudas establecido por dicha normativa.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de agosto de 1994 en el asunto C-44/93 (Namur-Ducroire) - Rec. 1994, p. I-3829.