PREGUNTA ESCRITA E-2036/96 de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión (19 de julio de 1996)

Asunto: Piratería comercial en el sector televisivo

La Comisión conoce ciertamente la falta de reglamentación en materia de servicios de radiodifusión codificados en muchos países europeos. Incluso en aquéllos que cuentan con leyes específicas desde los años ochenta, las sanciones previstas para la piratería codificada son muy diferentes.

Visto que se multiplican en Europa las emisoras televisivas que ofrecen servicios codificados, y a la vista del crecimiento del mercado de los dispositivos para la decodificación destinados a permitir el acceso a los servicios codificados sin que el organismo encargado de la codificación tenga acceso a ellos,

¿Puede intervenir inmediatamente la Comisión con objeto de armonizar las legislaciones nacionales en la materia, para que los Estados miembros adopten sanciones disuasivas adecuadas en las que se prevea la detención por el delito de piratería de la codificación, con objeto de proteger mejor los futuros servicios del vídeo en Europa?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (23 de septiembre de 1996)

El 6 de marzo de 1996, la Comisión, en consonancia con su plan de actuación relativo a la sociedad de la información ((«Europa en marcha hacia la sociedad de la información. Plan de actuación» (COM(94)347). )), adoptó un Libro Verde sobre la protección jurídica de los servicios codificados ((«Protección jurídica de los servicios codificados en el mercado interior - Consulta sobre la conveniencia de una iniciativa comunitaria» (COM(96)76). )). El Libro Verde aborda las soluciones aportadas por las normativas nacionales al problema de la piratería (recepción sin pago) de los servicios codificados y examina la conveniencia de una intervención a escala comunitaria. De hecho, junto a los fabricantes de dispositivos de descodificación oficiales ha florecido una industria de fabricantes no autorizados que producen y comercializan dispositivos de descodificación ilícitos (descodificadores, «smart cards») que permiten la recepción del servicio sin haber pagado previamente la cuota correspondiente.

Para poner fin a esta situación, a finales de los años 80, algunos Estados miembros comenzaron a adoptar unas normativas específicas para garantizar la protección contra la recepción ilícita de servicios codificados; otros están tramitando la adopción de las disposiciones pertinentes y otros, por fin, no disponen aún de una normativa específica.

Tras efectuar un análisis de las iniciativas legales nacionales, el Libro Verde llega a la conclusión de que la ausencia de un nivel de protección jurídica equivalente en todos los Estados miembros acarrea una disfunción del mercado único. Da lugar a una serie de obstáculos para la libre circulación de los servicios codificados y de los dispositivos de descodificación y causa numerosas distorsiones de la competencia entre los operadores de los distintos Estados miembros. Además, la actual fragmentación de las soluciones normativas es percibida, desde los medios profesionales, como una importante traba para el desarrollo de un mercado europeo de nuevos servicios codificados.

A la luz de esta situación, el Libro Verde prevé que la Comisión proponga una iniciativa destinada a armonizar las legislaciones nacionales en este ámbito. Tal iniciativa debería prohibir la fabricación, venta, importación de un tercer país, posesión con fines comerciales o privados, instalación o promoción comercial de dispositivos de descodificación destinados a permitir el acceso a servicios codificados sin la autorización del organismo codificador. Se prohibiría, asimismo, el propio acto de descodificación sin autorización de servicios codificados. Los Estados miembros estarían obligados a imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento y habrían de permitir que todos los interesados pudieran presentar una demanda por daños y perjuicios.

En estos momentos, el Libro Verde está siendo objeto de una amplia consulta entre los círculos interesados, con objeto de que la Comisión pueda decidir definitivamente, antes de que finalice el año 1996, sobre la conveniencia y la naturaleza de una eventual intervención comunitaria.