PREGUNTA ESCRITA E-0295/02

de Bartho Pronk (PPE-DE) y Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) a la Comisión

(11 de febrero de 2002)

Asunto: Obstáculos a la libre circulación por la ley belga en materia de prestaciones familiares

Las normas de coordinación en materia de seguridad social hacen recaer la responsabilidad de las prestaciones familiares en el país de trabajo de los trabajadores fronterizos.

Bélgica, por el contrario, ha incluido su legislación sobre las prestaciones familiares garantizadas (ley belga de 20 de julio de 1971) en el anexo II bis al artículo 10 bis del Reglamento 1408/71(1). De conformidad con la citada ley no es posible la exportación de las subvenciones. Los trabajadores fronterizos que residen en los Países Bajos y trabajan en Bélgica no tienen, por ejemplo, derecho a la ayuda por maternidad o a la prima de adopción belgas. El nuevo convenio fiscal entre los Países Bajos y Bélgica establece, además, que los trabajadores fronterizos que trabajan en Bélgica son contribuyentes en este último país, de tal modo que estos trabajadores pagan en Bélgica tanto los impuestos como las primas sociales.

1. ¿Conviene la Comisión en que esta situación representa un obstáculo a la libre circulación de trabajadores? ¿Qué medidas se propone tomar al respecto?

2. En respuesta a anteriores preguntas de Bartho Pronk, la Comisión prometió remodelar el anexo II bis al artículo 10 bis del Reglamento 1408/71 a raíz de las sentencias Jauch y Leclere (respuesta a la pregunta escrita E-2262/01)(2). ¿Tiene también la Comisión la intención de incluir la ley belga sobre prestaciones familiares garantizadas (ley belga de 20 de julio de 1971) de manera implícita en esta revisión y, de esa manera, otorgar al grupo de trabajadores fronterizos afectados los derechos que les corresponden?

(1) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.

(2) DO C 40 E de 14.2.2002, p. 229.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(2 de mayo de 2002)

Sus Señorías plantean la inscripción de las prestaciones familiares garantizadas belgas (ley de 20 de julio de 1971) en el anexo II bis del Reglamento (CEE) no 1408/71(1), ya que no se aplica el principio de exportación a las prestaciones de seguridad social incluidas en este anexo.

Tal como ha indicado la Comisión en su respuesta a la pregunta E-2262/01 del Sr. Pronk(2), el Tribunal de Justicia, en respuesta exclusivamente a la pregunta de si era válido el Reglamento (CEE) no 1247/92 por el que se introdujo el anexo II bis, confirmó en la sentencia Snares(3) la compatibilidad como tal con el Tratado CE de esta excepción del principio de la exportabilidad de las prestaciones de seguridad social, especialmente en la medida en que se trata de prestaciones que están estrechamente relacionadas con un contexto económico y social particular. El Tribunal no ha examinado las condiciones para la inscripción de una prestación específica en el anexo II bis según sus características en la legislación nacional y, por tanto, la exactitud en general de las inscripciones. No obstante, el Tribunal de Justicia ha completado esta jurisprudencia mediante sus sentencias en los asuntos Jauch(4) y Leclere(5). En estas sentencias, el Tribunal de Justicia consideró que la exención del principio de exportabilidad como consecuencia de la inscripción de determinadas prestaciones en el anexo II bis es incompatible con el principio de la libre circulación de los trabajadores inscrito en el Tratado CE, especialmente si estas prestaciones no tienen carácter especial sino que hacen referencia a ramas tradicionales de la seguridad social.

A la luz de esta jurisprudencia, la Comisión examina en la actualidad si las inscripciones en la lista del anexo II bis siguen ajustándose a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para justificar su no exportabilidad. Este examen incluye todas las prestaciones inscritas, incluidas las prestaciones familiares garantizadas belgas. La Comisión tiene previsto presentar en los próximos meses al legislador comunitario un paquete de diversas modificaciones del Reglamento (CEE) no 1408/71. En este paquete, la Comisión propone que se supriman del anexo II bis las inscripciones que considera que ya no están justificadas, como es el caso de las prestaciones luxemburguesas y austríacas que el Tribunal de Justicia consideró que debían exportarse en las sentencias Jauch y Leclere mencionadas.

Por lo que se refiere a la ayuda por maternidad y la prima de adopción, estas dos prestaciones están inscritas en la parte II del anexo II del Reglamento (CEE) no 1408/71 y, por tanto, están excluidas del ámbito de aplicación del mismo, incluidas las normas que regulan la exportación de prestaciones.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia, en la sentencia Leclere mencionada, ha indicado que, habida cuenta de la amplia facultad de apreciación de que dispone el Consejo para la aplicación de los artículos 48 y 51 del Tratado CE, el hecho de que la coordinación llevada a cabo por el Reglamento (CEE) no 1408/71 no afecte a cierta categoría de prestaciones no puede, en cualquier caso, privar de validez a las disposiciones pertinentes de este Reglamento. En efecto, esta limitación del ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 no puede, por sí sola, tener por efecto añadir disparidades suplementarias a las que resultan de la falta de armonización de las legislaciones nacionales ni violar el principio de igualdad de trato.

El Tribunal de Justicia, no obstante, ha señalado asimismo que el hecho de que se excluyan determinadas prestaciones del ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 no dispensa a los Estados miembros de garantizar que ninguna otra norma del Derecho comunitario, en concreto prevista en el Reglamento (CEE) no 1612/68(6), sea un obstáculo para la imposición de la condición de residencia. Ahora bien, por lo que respecta a los trabajadores fronterizos activos, la condición de residencia para la concesión de una ayuda por maternidad y de la prima de adopción sería indirectamente discriminatoria y, como tal, contraria a los artículos 39 del Tratado CE y del apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 1612/68.

La Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades belgas, así como con las autoridades de los otros Estados miembros que poseen prestaciones similares que están excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 mediante su inscripción en la parte II de su anexo II (en concreto, Francia, Luxemburgo y Finlandia), para recabar información al respecto. Asimismo, informará a Sus Señorías sobre las medidas que adopte en relación con este asunto.

Además, la Comisión les comunica que tiene la intención de presentar antes de finales de año una comunicación sobre el conjunto de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia en materia de libre circulación de los trabajadores, incluida la coordinación de los regímenes de seguridad social. Esta comunicación tendrá por objeto determinar y clarificar los derechos de los ciudadanos europeos que se derivan de esta jurisprudencia.

(1) Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, DO L 149 de 5.7.1971. Reglamento actualizado por el Reglamento (CE) no 118/97, DO L 28 de 30.1.1997.

(2) DO C 40 E de 14.2.2002.

(3) Sentencia de 4 de noviembre de 1997, Snares, C-20/96, Rec. p. I-6057.

(4) Sentencia de 8 de marzo de 2001, Jauch, C-215/99, Rec. p. I-1901.

(5) Sentencia de 31 de mayo de 2001, Leclere, C-43/99, Rec. P. I-4265.

(6) Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, DO L 257 de 19.10.1968.