PREGUNTA ESCRITA P-1049/00

de Olivier Dupuis (TDI) a la Comisión

(29 de marzo de 2000)

Asunto: OLAF

Tras la respuesta del miembro de la Comisión, Sr. Kinnock, a la pregunta E-0262/00(1), ¿puede la Comisión:

- precisar si desde la creación de la UCLAF (Unidad de Coordinación de la Lucha Antifraude) se han constatado comportamientos no conformes con el artículo 28 de Estatuto, así como con los artículos 12.2 y 55 del RAOA (Régimen aplicable a los otros agentes), en el personal dependiente de la propia UCLAF y de la OLAF? En tal caso, ¿puede la Comisión, respetando la confidencialidad, informar acerca de los hechos y decir qué medidas ha adoptado?

- confirmar que, en caso de que se formulen acusaciones que resulten difamatorias, no piensa actuar directamente contra los informadores que hayan formulado dichas acusaciones, sino que piensa dejar la defensa a la iniciativa del difamado, de conformidad con el artículo 24?

¿Puede precisar también qué asistencia puede aportar al difamado de conformidad con el artículo 24? ¿Cómo puede garantizar que la posesión de información secreta obtenida por un funcionario de la OLAF en el ejercicio de sus funciones y la actividad sindical de dicho funcionario, en su caso, no impliquen conflictos deontológicos (de competencia)?

(1) DO C 374 E de 28.12.2000, p. 48.

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(23 de mayo de 2000)

Antes de contratar a alguien, la Comisión examina los documentos presentados por los candidatos para cerciorarse de que se cumplen las condiciones básicas establecidas en el artículo 28 del Estatuto de los funcionarios y en los artículos 12 (apartado 2) y 55 del Régimen aplicable a los demás agentes). La Comisión no tiene información que permita pensar que hubiera funcionarios u otros agentes en la Unidad de Coordinación de la Lucha Antifraude (UCLAF) que no cumpliesen esas condiciones.

Según el Reglamento aplicable, el Director de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) tiene una obligación similar en su calidad de autoridad facultada para proceder al nombramiento del personal de la OLAF. Por consiguiente, toda infracción del Estatuto por el personal de la OLAF se castiga de la misma forma que se castigan los comportamientos ilegales de los funcionarios de la Comisión. Si bien el Director de la OLAF ha comunicado a la Comisión que no tiene conocimiento de que haya funcionarios u otros agentes de la OLAF que no cumplan las normas antes citadas, sí le ha indicado que ha incoado un procedimiento disciplinario contra un funcionario por posible falta. Aún no ha recaído una decisión definitiva sobre el caso y, por consiguiente, no se puede dar más información al respecto a Su Señoría.

Cuando se formulan graves acusaciones difamatorias contra la integridad profesional de un funcionario, el artículo 24 del Estatuto de los funcionarios obliga a la administración a tomar todas las medidas necesarias para restaurar su reputación. Para ello, dispone de una amplia facultad de discreción, sujeta a un control de la judicatura comunitaria, para elegir las vías y los medios para asistir al funcionario. Debe refutar las acusaciones y hacer todo lo posible por restaurar la buena fama del funcionario acusado. Esta asistencia puede revestir pues distintas formas en función del tipo de amenaza o acción y de las preferencias de la víctima.

En virtud del artículo 17, los funcionarios deben actuar con la máxima discreción en relación con todos aquellos hechos y datos de que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones o en relación con éstas. Por lo tanto, la información secreta obtenida por un funcionario de la OLAF no puede ser utilizada para fines que no sean la ejecución de las funciones que competen a ese funcionario.

Corresponde pues al Director de la OLAF tomar las medidas organizativas necesarias si considera que el desempeño de las tareas de un funcionario y su actividad sindical pueden dar lugar a conflictos deontológicos.