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PREGUNTA ESCRITA E-0042/02

de Michael Cashman (PSE) a la Comisión

(23 de enero de 2002)

Asunto: Impuesto para el mantenimiento de una tumba

¿Podría confirmar la Comisión si existe actualmente alguna legislación europea sobre el importe de IVA que se ha de abonar por el mantenimiento de una tumba? ¿Podría confirmar también la Comisión si existe actualmente alguna iniciativa para modificar las reglamentaciones relativas al pago del IVA por el mantenimiento de una tumba y si, conforme a la legislación vigente, es posible poner término a dichos pagos?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(18 de febrero de 2002)

Con arreglo a la legislación comunitaria en materia de IVA, la letra a) del apartado 3 del artículo 12 de la sexta Directiva sobre el IVA (Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme)(1) dispone que los Estados miembros podrán aplicar un tipo reducido de IVA a las entregas de bienes y prestaciones de servicios enumeradas en el anexo H de dicha Directiva. La categoría 15 del anexo H corresponde a los Servicios prestados por funerarias y servicios de cremación, junto con el suministro de los bienes relacionados con dicha actividad. Así pues, los Estados miembros pueden aplicar a tales servicios un tipo reducido de IVA no inferior al 5 %. Además, algunos Estados miembros pueden eximir diversos servicios similares con arreglo a las disposiciones transitorias en materia de IVA previstas en la letra b) del apartado 3 del artículo 28 de la Directiva. No obstante, a menos que los servicios de mantenimiento de la tumba sean suministrados por una funeraria, a tales servicios se les debería aplicar el tipo normal de IVA. Algunos tipos de servicios de mantenimiento de tumbas suministrados por las autoridades locales pueden considerarse ajenos al ámbito de aplicación del IVA en los casos en que las autoridades no compiten con particulares.

En el marco de su nueva estrategia en materia de IVA, la Comisión tiene previsto examinar el ámbito de aplicación del anexo H y las diversas derogaciones y exenciones con él relacionadas.

(1) DO L 145 de 13.6.1977, Directiva modificada en último término por la Directiva 2001/115/CE de 20 de diciembre de 2001 (DO L 15 de 17.1.2002).
PREGUNTA ESCRITA E-0081/02

de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión

(25 de enero de 2002)

Asunto: Drogas en las cárceles

Según un reciente informe del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías, el porcentaje de reclusos en la Unión Europea que utilizan algún tipo de droga asciende al 50 %. Dicho informe señala importantes diferencias entre los Estados miembros de la Unión Europea. Así, el índice más alto de consumo se registra en Portugal y en España, mientras que el más bajo corresponde a Austria.

Considerando que la lucha contra la droga constituye una de las principales prioridades de la Unión Europea, ¿puede indicar la Comisión qué medidas ha adoptado hasta la fecha para hacer frente a este fenómeno, qué resultados ha obtenido y si en el plan de acción contra la droga 2000-2004 ha incluido medidas concretas en relación con el tráfico de drogas en las cárceles y su erradicación?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(21 de febrero de 2002)

El Informe anual de 2001 del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT) indica que los consumidores problemáticos de drogas y/o los consumidores por vía intravenosa [] pueden representar hasta un 50 % de la población reclusa en algunas regiones. Tal como ha indicado Su Señoría, los porcentajes de consumo de droga entre los reclusos varían considerablemente según los Estados miembros.

La política de prisiones corresponde a los Estados miembros. La Unión, en su estrategia respecto a la droga para el período 2000-2004, destaca la importancia de establecer medidas preventivas aplicables en las cárceles, medidas alternativas al encarcelamiento, así como disposiciones especiales para los presos toxicómanos.

Además en junio de 2000, sobre la base de una propuesta de la Comisión, el Consejo Europeo de Feira de 19 y 20 de junio de 2000 aprobó el Plan de acción sobre drogas (2000-2004) de la UE(1), en el que se pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para ofrecer a los presos y a las personas que salen de la cárcel servicios de prevención o de tratamiento de la toxicomanía, y que adopten medidas para reducir las patologías que estas personas puedan haber desarrollado.

La Comisión, sobre la base de las contribuciones de los Estados miembros, realizará una evaluación intermedia del Plan de acción sobre drogas en su conjunto (a finales de 2002) y otra al final del período cubierto (finales de 2004). El aspecto de la política penitenciaria se tendrá muy en cuenta y la Comisión reflexionará, cuando proceda, sobre posibles iniciativas en este ámbito.

(1) COM(2001) 301, de 8.6.2001.
PREGUNTA ESCRITA P-0508/02

de Pietro-Paolo Mennea (PPE-DE) a la Comisión

(19 de febrero de 2002)

Asunto: Vertedero en Trani

Según informaciones publicadas en la prensa local y nacional y muchísimos ciudadanos sumamente preocupados, existe una gran alarma por los elevados y concretos riesgos medioambientales vinculados a la puesta en marcha de un vertedero en la ciudad de Trani.

¿Podría indicar la Comisión si tiene conocimiento de lo que sucede en dicha zona?

¿Podría indicar asimismo si todas las autorizaciones concedidas respetan todas las directivas de la Unión Europea en materia de protección del medio ambiente?

¿Podría indicar, además, si la actividad del mencionado vertedero puede dar lugar en el futuro a riesgos, perjudiciales para la salud de los ciudadanos, de incendio, contaminación de las capas acuíferas y formación de biogás?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(13 de marzo de 2002)

El tratamiento de residuos está regulado a escala comunitaria por la Directiva 75/442/CEE de 15 de julio de 1975(1), modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991, relativa a los residuos(2), y, en particular, por su artículo 4 en el que se indica que los residuos deberán valorizarse o eliminarse sin poner en peligro la salud del hombre y sin perjudicar al medio ambiente.

A partir del 16 de julio de 2001, los nuevos vertederos deben cumplir los requisitos de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos(3).

Además, para los vertederos que reciben más de 10 toneladas diarias o cuya capacidad total excede las 25 000 toneladas, excluidos los vertederos de residuos inertes, deben aplicarse obligatoriamente las disposiciones de la Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación(4).

Según el tipo de vertedero y sus posibles efectos para el medio ambiente, puede exigirse un estudio de impacto medioambiental, de conformidad con la Directiva 91/11/CE de 3 de marzo de 1997(5), que modifica a la Directiva 85/337/CEE de 27 de junio de 1985(6), relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

El Tratado confiere a la Comisión la tarea de garantizar la correcta aplicación de la legislación comunitaria. En su calidad de guardiana del Tratado, la Comisión no duda en adoptar las medidas necesarias, incluidos procedimientos de infracción de conformidad con el artículo 226 del Tratado, para garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria.

No obstante, a partir de la información proporcionada por Su Señoría, no es posible identificar por el momento una infracción, al no existir denuncias sobre la aplicación de la legislación comunitaria. La Comisión podría analizar la situación si Su Señoría le remite información suficiente para evaluar el asunto en relación con la citada Directiva.

(1) DO L 194 de 25.7.1975.

(2) DO L 78 de 26.3.1991.

(3) DO L 282 de 16.7.1999.

(4) DO L 257 de 10.10.1996.

(5) DO L 73 de 14.3.1997.

(6) DO L 175 de 5.7.1985.
PREGUNTA ESCRITA E-0176/02

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(6 de febrero de 2002)

Asunto: Número de emergencia europeo 112

En 1993 se introdujo el número de emergencia europeo 112.

¿Podría indicar la Comisión cuántos Estados miembros de la Unión Europea han sustituido sus antiguos números de emergencia por el número 112?

¿Tiene intención la Comisión de obligar a introducir el número de emergencia 112 a aquellos países que aún no lo hayan hecho? En caso afirmativo, ¿en qué plazo? En caso negativo, ¿por qué no?

¿En qué lengua serán atendidos los europeos que recurran a este número de emergencia?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(1 de marzo de 2002)

Hay dos Estados miembros (Dinamarca y los Países Bajos) que han sustituido su antiguo número de urgencia por el 112.

La Decisión 91/396/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, relativa a la creación de un número de llamada de urgencia único europeo(1), establece en el apartado 2 de su artículo 1 que En los casos en los que se estime oportuno, el número de llamada de urgencia único europeo se introducirá paralelamente a cualquier otro número de llamada de urgencia nacional existente. El número 112 debía adoptarse a más tardar el 31 de diciembre de 1996.

Dado que es competencia de los Estados miembros decidir los números de llamada de urgencia que puedan introducirse en su territorio, la Comisión no puede obligarles a adoptar el 112 como número único.

La normativa comunitaria no establece ninguna obligación con relación a las lenguas en las que deban responder a las llamadas los operadores del número 112. En la práctica, estos operadores contestan en la lengua o lenguas oficiales de su país así como, en la casi totalidad de los Estados miembros, también en inglés. Además, algunos Estados permiten paralelamente el uso del francés, el alemán u otras lenguas.

(1) DO L 217 de 6.8.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-0172/02

de Alexander de Roo (Verts/ALE) a la Comisión

(6 de febrero de 2002)

Asunto: Seguridad de los alimentos tratados con radiaciones ionizantes

Como consecuencia de la radiación de alimentos e ingredientes alimentarios aparecen unas sustancias químicas denominadas ciclobutanos, que no se encuentran en otros tipos de alimentos y que además no se dan en la naturaleza. Este hecho se conoce ya desde hace 30 años.

En experimentos recientes realizados por científicos alemanes por encargo las autoridades alemanas se ha demostrado que estos ciclobutanos ocasionan daños genéticos en las ratas y a las células humanas. Se trata más concretamente del 2-dodecilciclobutano (2-DCB). Uno de los investigadores es Henry Delincée, perteneciente al Bundesforschungsanstalt für Ernährung (Centro de investigación federal en materia alimentaria) de Karlsruhe.

También se ha demostrado que otras dos sustancias químicas pertenecientes a la familia de los ciclobutanos, el 2-TBC y el 2-TDCD ocasionan daños al ADN y dañan además las células humanas.

¿Está al corriente la Comisión de estas investigaciones?

¿Está dispuesta la Comisión a investigar el posible peligro de estos ciclobutanos para la salud pública?

¿Está dispuesta la Comisión a retirar la propuesta de legalizar la radiación de los alimentos en la Unión Europea hasta haberse realizado una investigación en profundidad sobre la posibilidad de que los ciclobutanos ocasionen daños a la salud humana?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(14 de marzo de 2002)

La Comisión tiene constancia de los últimos estudios toxicológicos sobre ciclobutanos. A petición de la Comisión, sus autores han enviado un informe sobre estos estudios al Comité científico de la alimentación humana.

El 8 de agosto de 2001, la Comisión adoptó una Comunicación, dirigida al Parlamento y al Consejo, con el fin de abrir un debate sobre los alimentos e ingredientes alimenticios en los que se debería autorizar su tratamiento con radiación inonizante. El informe sobre ciclobutanos antes mencionado se concluyó en noviembre de 2001. La Comisión esperará la evaluación del Comité científico de la alimentación humana y la conclusión del debate abierto por su Comunicación antes de dar ningún otro paso.

Puede encontrarse información sobre este asunto en el siguiente sitio web de la DG Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sfp/sfp_index_en.html.
PREGUNTA ESCRITA E-0150/02

de Jan Andersson (PSE) y Hans Karlsson (PSE) a la Comisión

(1 de febrero de 2002)

Asunto: Diferencias en los costes de cierre de empresa

De los hechos que han tenido lugar últimamente en Gislaved, Suecia, cabe deducir que, cuando los grandes consorcios multinacionales deciden cerrar una fábrica en algún Estado miembro, uno de los motivos puede ser que dicha decisión implica mayores costes en unos Estados miembros que en otros. Dado que en determinados Estados miembros se exige, por ejemplo, el reciclaje de los trabajadores o se imponen sanciones, se produce distorsión de la competencia en perjuicio de aquellos Estados miembros que no imponen tales requisitos.

¿Podría la Comisión expresar su opinión sobre este asunto?

¿Tiene la Comisión la intención de presentar una propuesta para armonizar la legislación en este ámbito?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(12 de marzo de 2002)

En varias directivas comunitarias se establecen procedimientos de información y consulta de los representantes de los trabajadores que pueden resultar de utilidad en caso de cierres de empresas, como en la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos(1), y en la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria(2). Otra directiva sobre la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, actualmente en fase de adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo, completará el dispositivo comunitario en este ámbito.

En cambio, las exigencias materiales que han de respetar las empresas si deciden cerrar unidades de producción no son objeto de ningún instrumento comunitario.

No obstante, el 15 de enero de 2002 la Comisión decidió iniciar una consulta de los interlocutores sociales a escala comunitaria sobre la conveniencia de establecer algunos principios que las empresas deberían seguir en caso de reestructuración. Entre los temas evocados en el documento de consulta se halla el de los medios que han de adoptarse para incrementar la adaptabilidad y empleabilidad de los trabajadores, también en lo que respecta a la reconversión profesional. La primera fase de consulta de los interlocutores sociales concluye a principios del mes de marzo de 2002, y la Comisión tiene previsto examinar atentamente sus respuestas antes de decidir el curso que va a dar a dicha iniciativa.

(1) DO L 225 de 12.8.1998.

(2) DO L 254 de 30.9.1994.
PREGUNTA ESCRITA E-0216/02

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(6 de febrero de 2002)

Asunto: Bostwana

En relación con Bostwana, ¿puede la Comisión especificar qué proyectos han sido financiados con cargo al presupuesto de la UE, en el año 2000?

¿Puede la Comisión esclarecer cuál es el volumen total de la ayuda a lo largo del año 2000 en todos los conceptos referentes al citado país?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0215/02, E-0216/02, E-0217/02,E-0218/02, E-0219/02, E-0220/02, E-0221/02, E-0222/02, E-0223/02,E-0224/02, E-0225/02, E-0226/02, E-0227/02 y E-0228/02dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(25 de marzo de 2002)

Debido a la gran extensión de la respuesta, que consta de numerosos diagramas, la Comisión la remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-0228/02

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(6 de febrero de 2002)

Asunto: Benin

En relación con Benin, ¿puede la Comisión especificar qué proyectos han sido financiados con cargo al presupuesto de la UE, en el año 2000?

¿Puede la Comisión esclarecer cuál es el volumen total de la ayuda a lo largo del año 2000 en todos los conceptos referentes al citado país?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0215/02, E-0216/02, E-0217/02,E-0218/02, E-0219/02, E-0220/02, E-0221/02, E-0222/02, E-0223/02,E-0224/02, E-0225/02, E-0226/02, E-0227/02 y E-0228/02dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(25 de marzo de 2002)

Debido a la gran extensión de la respuesta, que consta de numerosos diagramas, la Comisión la remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-3280/01

de John McCartin (PPE-DE) a la Comisión

(26 de noviembre de 2001)

Asunto: Convenio de Lomé y cooperación al desarrollo de la UE

¿Podría facilitar la Comisión una lista de aquellos países que reciben ayudas, bien sea en el marco del Convenio de Lomé o de la política comunitaria de cooperación al desarrollo, en los que los derechos civiles de que gozan las mujeres sean inferiores a los de los hombres?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(15 de marzo de 2002)

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) se definen los derechos civiles como aquéllos recogidos en dicho Pacto, que los Estados se comprometen a respetar. En el artículo 3 del Pacto se menciona explícitamente la igualdad de los derechos de los hombres y las mujeres y se afirma que todos los seres humanos deberían gozar de manera igual e íntegra de los derechos contemplados en el mismo. Por consiguiente, los Estados deberían garantizar en igual medida a los hombres y las mujeres todos los derechos establecidos en el Pacto.

La ratificación del PIDCP constituye, por tanto, un elemento de referencia para dar respuesta a la pregunta. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) es otro tratado internacional relativo a los derechos civiles. Los Estados que lo ratifican se comprometen a adoptar una serie de medidas para acabar con todas las formas de discriminación contra la mujer, incluso en el ámbito de los derechos políticos y civiles. La relación de los países en vías de desarrollo que no han ratificado los tratados antes mencionados se remitirá directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento.

Es preciso recordar que este tipo de respuesta plantea el problema de saber en qué medida la ratificación de un tratado refleja una verdadera aplicación. La ratificación de un tratado no implica necesariamente que el Estado signatario haya adoptado todas las disposiciones legislativas para cumplir plenamente los objetivos establecidos en el mismo. Estos actos contemplan la creación de comités que exigen informes periódicos de los Estados en cuestión y que constituyen, por tanto, un instrumento de control.
PREGUNTA ESCRITA P-3645/01

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(7 de enero de 2002)

Asunto: Emisiones de NOX en España

En fechas recientes Ecologistas en Acción ha denunciado que en España se han superado las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX) en el año 2000 para grandes instalaciones de combustión antiguas (existentes antes de 1988), a tenor de lo dispuesto en la Directiva 88/609/CEE(1). Dicha Directiva establece que a partir de 1988 en España no podían superarse las 277 000 toneladas de estos óxidos en estas centrales.

¿Tiene información la Comisión de estas emisiones? ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria al respecto?

(1) DO L 336 de 7.12.1988, p. 1.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(6 de febrero de 2002)

España ha presentado la siguiente información relativa a las emisiones de óxidos de nitrógeno de las grandes instalaciones de combustión existentes:

>SITIO PARA UN CUADRO>

En el caso de España, los límites fijados en el anexo II de la Directiva 88/609/CEE del Consejo de 24 de noviembre de 1988 sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, bajo los que deben mantenerse las emisiones de óxidos de nitrógeno son 368 000 toneladas para 1993 y 277 000 toneladas para 1998. Las emisiones de óxidos de nitrógeno de esta categoría de instalaciones se reducirán más en virtud de la

Directiva recientemente adoptada sobre grandes instalaciones de combustión, Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión(1). Esta nueva Directiva requerirá la aplicación de normas ambientales más rigurosas a las instalaciones existentes a partir del 1 de enero de 2008. La Comisión ha solicitado a las autoridades españolas datos más recientes sobre las emisiones e informará a Su Señoría de los resultados.(2).

(1) DO L 309 de 27.11.2001.

(2) Instalaciones existentes son aquéllas cuya autorización inicial de construcción o, en su defecto, autorización inicial de explotación se concedió antes del 1 de julio 1987
PREGUNTA ESCRITA P-3641/01

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(7 de enero de 2002)

Asunto: Ayudas comunitarias a emigrantes en Argentina

Los ciudadanos comunitarios emigrantes en Argentina se ven afectados por la grave crisis económica y social que padece dicho país, especialmente aquellos mayores de 65 años que, sin posibilidades de trabajar, sufren ahora la pérdida de sus ahorros y la privación de sus pensiones.

La Unión Europea desarrolla, en el marco de instrumentos financieros como el Fondo Social Europeo, programas de apoyo a ciudadanos comunitarios residentes en los Estados miembros, además de proyectos que buscan la integración de los inmigrantes de terceros países. Sin embargo, nuestros emigrantes en países terceros que, como Argentina, pasan por graves problemas se sienten desasistidos.

¿Está llevando a cabo la UE proyectos en favor de nuestros emigrantes en Argentina o participando en ellos con cofinanciación comunitaria?

¿Cabría llevar a cabo algún proyecto comunitario tendente a mostrar la solidaridad europea con nuestros conciudadanos en Argentina? En caso afirmativo, ¿con cargo a qué instrumento financiero y a quién correspondería la iniciativa?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(15 de febrero de 2002)

El ámbito de intervención del Fondo Social Europeo se limita al territorio comunitario. No hay ningún instrumento financiero comparable a dicho Fondo que tenga por objeto ayudar a los ciudadanos comunitarios que se encuentren fuera de la Comunidad.

Por otra parte, los programas de desarrollo y cooperación con terceros países [en el caso de Argentina, contemplados en la reglamentación relativa a Asia y América Latina (ALA)] tienen por objeto poner en práctica proyectos de apoyo al desarrollo de dichos países o fomentar la cooperación entre éstos y entidades europeas en determinados sectores prioritarios. No están destinados a poblaciones concretas según su país de origen y no puede recurrirse a ellos para los fines a que alude Su Señoría.

Por el momento, ni las políticas sociales ni las políticas de relaciones exteriores de la Comunidad contemplan ningún instrumento financiero destinado directamente a los emigrantes comunitarios en Argentina.