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PREGUNTA ESCRITA E-1455/99

de David Bowe (PSE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1999)

Asunto: Alimentos funcionales

¿Tiene intención la Comisión de proponer nuevas normas relativas al etiquetado de los denominados alimentos funcionales, tales como la nueva margarina que disminuye el colesterol que Unilever intenta lanzar al mercado actualmente?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1455/99, E-1456/99, E-1457/99 y E-1458/99 dada por el Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(15 de octubre de 1999)

La Comisión no tiene la intención de proponer nuevas normas comunitarias de etiquetado de los denominados alimentos funcionales. Esta categoría no existe actualmente en el Derecho comunitario, y los productos en cuestión están sujetos a las disposiciones generales de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978(1) relativa al etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios destinados al consumidor final.

En 1997, Unilever presentó en los Países Bajos una solicitud para comercializar en la Comunidad una margarina para untar con ésteres de fitosterol, con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios(2). Unilever debió considerar que su producto no era substancialmente equivalente al producto fabricado por Raisio en Finlandia, y no se acogió al artículo 3(4) del Reglamento (CE) no 258/97, que establece un procedimiento abreviado para productos que son substancialmente equivalentes a otros alimentos o ingredientes alimentarios existentes.

La propia Comisión no ha formulado objeciones al informe inicial de evaluación de las autoridades de los Países Bajos en relación con el producto Unilever. Sin embargo, varios Estados miembros han hecho objeciones razonadas. De ahí que la autorización sólo

pueda concederse de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 258/97. Las objeciones hechas por los Estados miembros se refieren a aspectos de salud pública, así que la Comisión ha consultado al Comité científico de alimentación, con arreglo al artículo 11 del Reglamento (CE) no 258/97. Ahora se está a la espera del dictamen del Comité científico de alimentación.

En lo que respecta al producto Raisio, se remite a su Señoría a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita P-1506/99 del Sr. Mulder(3).

(1) DO L 33 de 8.2.1979.

(2) DO L 43 de 14.2.1997.

(3) DO C 203 E de 18.7.2000, p. 4.
PREGUNTA ESCRITA E-1620/99

de Olivier Dupuis (TDI) a la Comisión

(15 de septiembre de 1999)

Asunto: Control ejercido por las autoridades tunecinas sobre Internet

Túnez es uno de los países que más controlan y censuran el acceso a Internet, con el fin de evitar la propagación de ideas subversivas o de proteger la seguridad del Estado. Este control se lleva realiza a través de un monopolio estatal de acceso a la red, mediante controles de los servidores, obligando a registrarse a los usuarios y mediante filtros y controles del correo electrónico. Por tanto, el ciudadano tunecino que desee ejercer la libertad de información y de expresión se expone a procedimientos penales muy molestos.

¿No considera la Comisión que con este tipo de prácticas las autoridades tunecinas violan el espíritu y la letra del Acuerdo de asociación entre Túnez y la Unión Europea?

¿Qué medidas ha tomado o va a tomar la Comisión para inducir a Túnez a suprimir el monopolio estatal de acceso a Internet, eliminar los filtros cortafuegos y acabar con el control de los servidores, el registro obligado de los usuarios y la vigilancia del correo electrónico?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(18 de octubre de 1999)

La Comisión está informada del control que ejercen las autoridades de Túnez sobre el uso de Internet en el país.

La agencia tunecina de Internet (ATI) canaliza todas las solicitudes de acceso a la red, además de sus funciones de servidor de la administración y algunas misiones diplomáticas. Dos empresas privadas (Planet Tunisie y Global Tunisie) están autorizadas a ejercer de servidor de los usuarios privados. Existen otros servidores institucionales en varios sectores de la actividad pública

(educación, institutos de investigación, etc.). El porcentaje de conectados a la red en Túnez sigue siendo bajo (por debajo de la media mundial) a pesar de los esfuerzos de las autoridades para promover su uso en medios económicos y educativos. No obstante, Túnez reconoció el interés y la importancia que Internet tiene para las empresas y la competitividad de su economía. Las tarifas para el usuario descendieron sensiblemente hace poco.

El Acuerdo de Asociación entre la Comunidad y Túnez no contiene disposiciones específicas sobre el libre acceso a los medios de comunicación, sin embargo, el artículo 2 estipula de forma general que los derechos humanos, en los que se incluyen el derecho a informar y a informarse, constituyen un elemento esencial del acuerdo. La Comisión sigue muy de cerca el respeto a los derechos humanos en Túnez, incluido el acceso de los ciudadanos a los medios de comunicación y a Internet, en particular, a través de informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos elaborados por los jefes de misión de los Estados miembros y de la Comisión en Túnez y mediante un diálogo político continuo con las autoridades tunecinas.

Por otra parte, se ha invitado a Túnez a participar en los programas regionales preparados en el marco de MEDA con el fin de promover un nuevo enfoque regional en el ámbito de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
PREGUNTA ESCRITA E-1834/99

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(13 de octubre de 1999)

Asunto: Programa operativo Pesca para Grecia

El Programa operativo Pesca para Grecia abarca cuatro subprogramas, así como un quinto sobre asistencia técnica.

Dado que existe un calendario para cada uno de los subprogramas 1 a 4, ¿puede indicar la Comisión:

1. cuál ha sido hasta la fecha el desarrollo de estos subprogramas y qué acciones se han llevado a cabo en el marco de cada uno de ellos;

2. si existe algún retraso en la utilización de los créditos y, de ser así, cuáles serían las principales causas del mismo?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(18 de noviembre de 1999)

1. En lo que respecta a la forma de este programa, ésta se modificó a raíz de la Decisión de la Comisión. La nueva presentación se refiere a nueve ámbitos de intervención en lugar de los cinco subprogramas inicialmente planificados.

El cuadro transmitido directamente a Su Señoría, así como al Secretario General del Parlamento, presenta un análisis detallado del progreso de este programa en cuanto a los compromisos y pagos efectuados.

2. La evolución de los datos de este programa operativo indica que para finales del año 1999 las autoridades griegas deberían poder alcanzar los objetivos del programa en cuanto a los compromisos y, a finales del año 2001, las acciones iniciadas en favor de los beneficiarios del sector de la pesca deberían poder ser realizadas por sus beneficiarios de tal forma que se alcanzarían también los objetivos físicos y financieros de este programa.
PREGUNTA ESCRITA E-1588/99

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(1 de septiembre de 1999)

Asunto: Falta de notificación de programas de gestión de residuos por Grecia

La Comisión Europea ha decidido presentar un recurso contra Grecia ante el Tribunal de Justicia por falta de notificación de programas de gestión de residuos conforme a las Directivas 75/442/CEE(1), 91/689/CEE(2) y 94/62/CE(3). Grecia ha facilitado información sobre la gestión de residuos en su territorio.

1. ¿Conoce la Comisión los motivos por los que Grecia demora la notificación de sus programas?

2. ¿Cómo valora la información facilitada por parte de Grecia?

3. ¿Cumple dicho país las disposiciones de las Directivas antes citadas? En caso negativo, ¿dónde se registran divergencias?

(1) DO L 194 de 25.7.1975, p. 39.

(2) DO L 377 de 31.12.1991, p. 20.

(3) DO L 365 de 31.12.1994, p. 10.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(25 de octubre de 1999)

La Comisión inició un procedimiento de infracción contra Grecia al conocer que dicho Estado no había comunicado los programas de gestión de residuos, incumpliendo así las Directivas 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos; 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos; 94/62/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases. Dentro de este procedimiento, las autoridades griegas notificaron a la Comisión en diciembre de 1998 un proyecto de plan. Con motivo de una reunión bilateral que tuvo lugar en mayo de 1999, la Comisión hizo a las autoridades griegas sus observaciones sobre las lagunas que presentaba el proyecto de plan de gestión de residuos. Ante la falta de reacción de las autoridades helénicas, el 1o de julio de 1999 la Comisión optó por recurrir al Tribunal de Justicia al respecto.

El 31 de agosto de 1999 las autoridades griegas respondieron con sus observaciones a las que la Comisión les había presentado sobre el proyecto de plan de gestión de residuos, sin modificar su proyecto a pesar de ello.

La Comisión desconoce las razones concretas del retraso de los planes de gestión de residuos en Grecia y quisiera subrayar que se han iniciado asimismo procedimientos de infracción contra otros doce Estados miembros debido al retraso en comunicar dichos planes.
PREGUNTA ESCRITA E-1904/99

de Raffaele Costa (PPE-DE) a la Comisión

(29 de octubre de 1999)

Asunto: URBAN (1996-1999)

La contribución global de los Fondos estructurales de la Comunidad asignada a Italia para la iniciativa comunitaria URBAN relativa a las zonas urbanas correspondiente al período 1996-1999 es de 298,4 millones de ecus, equivalentes a unos 580 000 millones de liras.

¿Podría la Comisión hacer saber a qué organismos públicos o privados, instituciones, empresas, cooperativas o particulares, y en qué medida se han asignado importes o contribuciones (con pagos ya efectuados o no) en relación con URBAN?

¿Podría decir asimismo si se ha controlado el destino efectivo de los importes y el buen fin de las iniciativas?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(1 de diciembre de 1999)

Para el actual período de programación 1994-1999, la contribución comunitaria prevista para la iniciativa comunitaria URBAN en Italia asciende a 136,7 millones de euros, de los cuales 120,4 millones proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 13,3 millones del Fondo Social Europeo.

De acuerdo con los Reglamentos vigentes, la Comisión abona la ayuda concedida en virtud del programa URBAN directamente a las autoridades nacionales responsables de los programas operativos y de su realización. Cualquier información detallada relativa a los destinatarios finales puede obtenerse en el Ministerio italiano de obras públicas.

Los comités de seguimiento, compuestos por representantes de la Comisión, de los ministerios y de las regiones participantes, velan por la buena ejecución de los programas.
PREGUNTA ESCRITA E-2186/99

de Christos Folias (PPE-DE) a la Comisión

(29 de noviembre de 1999)

Asunto: Violación del Código Aduanero Comunitario

La legislación aduanera comunitaria es aplicable al transporte, tránsito y almacenamiento en zonas francas de mercancías comunitarias, que son las (únicas) contempladas en las disposiciones sobre procedimientos y formalidades de índole simplificada.

En Grecia son responsables de la aplicación de los reglamentos comunitarios y del Código Aduanero Comunitario las aduanas locales y las autoridades aduaneras, y comparte dicha responsabilidad la Autoridad Portuaria de El Pireo.

Está claro que tanto el tránsito como el almacenamiento provisional de mercancías dentro de las zonas francas no alteran el régimen de tránsito de dichas mercancías y no afectan al tratamiento que les corresponde, que debe ser acorde con los procedimientos simplificados.

Diversas empresas que operan en el ámbito del transporte de mercancías comunitarias han solicitado reiteradamente a las autoridades aduaneras, en particular, a las de El Pireo y la Autoridad Portuaria de El Pireo, la posibilidad de utilizar un muelle de dicho puerto u otro lugar para la descarga de mercancías comunitarias, donde se apliquen los procedimientos simplificados que rigen el tránsito y almacenamiento de cargamentos comunitarios, para evitar a los interesados múltiples desplazamientos, gastos de mayor entidad, retrasos, etc.

Tanto las autoridades aduaneras como la Autoridad Portuaria de El Pireo pretextan diversas razones para no aplicar los citados procedimientos al tránsito y almacenamiento de productos comunitarios.

¿Piensa investigar la Comisión el régimen de tránsito y almacenamiento de las mercancías comunitarias así como la falta de aplicación de los procedimientos simplificados en casos en los que se impone la aplicación de los mismos?

¿Qué iniciativas piensa emprender la Comisión con respecto a la flagrante violación de la legislación comunitaria y especialmente en lo que concierne a la incorrecta aplicación en Grecia de los reglamentos comunitarios y del Código Aduanero Comunitario por las propias autoridades aduaneras y la Autoridad Portuaria de El Pireo?

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(20 de diciembre de 1999)

Su Señoría puede consultar la respuesta que la Comisión dio a la pregunta escrita E-762/98 planteada por el Sr. Georg Jarzembowski(1).

Entretanto la Comisión emitió, el 26 de agosto de 1999, un dictamen motivado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE. Si Grecia no se atiene a este dictamen, la Comisión podría recurrir al Tribunal de Justicia.

(1) DO C 323 de 23.10.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-1695/99

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(29 de septiembre de 1999)

Asunto: Sr. Hombach, Coordinador de la UE

Desde hace semanas, el Sr. Bodo Hombach, Coordinador internacional nombrado por la UE para la reconstrucción de los Balcanes, está públicamente bajo sospecha de estar implicado en unos amplios escándalos de sobornos (en relación con su casa privada en Mülheim y su residencia de lujo en el Canadá). Estos graves reproches le llevaron el 27 de agosto de 1999 a abandonar provisionalmente por propia iniciativa sus cargos en el partido.

En vista de esta situación todavía completamente sin aclarar y extremadamente poco transparente así como de su intención incomprensible y contraria a la eficacia de establecer su despacho en Bruselas en lugar de en las proximidades inmediatas de la región para la que ha sido mandatado, ¿tiene la Comisión la intención de sugerir al Sr. Hombach que se retire de su puesto de alta responsabilidad de Representante de la UE para la reconstrucción democrática y económica de la región de los Balcanes?

Además, en las circunstancias reinantes, sería recomendable por razones de transparencia dar a conocer públicamente el importe de la compensación prometida al Sr. Hombach por ocuparse de esta función. ¿Tiene la Comisión la intención de hacerlo?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(9 de noviembre de 1999)

De conformidad con el Tratado de la Unión Europea (artículo 18, antiguo artículo J8), el nombramiento de representantes especiales es competencia del Consejo.

Los elementos solicitados respecto de la remuneración del representante especial se establecen en una ficha financiera, de conformidad con el artículo M del Acuerdo interinstitucional relativo la financiación de la Política Exterior y de Seguridad Común del 16 de julio de 1997, comunicada por el Consejo al Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-2054/99

de Gérard Caudron (PSE) a la Comisión

(3 de noviembre de 1999)

Asunto: Supresión de las ayudas europeas al reparto de leche en los centros escolares

En todos los círculos se hace referencia a la reducción y posterior supresión, por decisión de la Comisión, de las subvenciones comunitarias al reparto de leche en los centros escolares.

Según los especialistas en nutrición infantil, la leche es un alimento esencial para el crecimiento de los niños. Por otra parte, el reparto de leche en los centros escolares sigue permitiendo, hoy en día, ocuparse de determinadas categorías de población que no disfrutan de una alimentación equilibrada.

Este proyecto es inquietante tanto desde el punto de vista agrícola como desde la perspectiva de la sanidad pública:

Habida cuenta de que el Consejo de Agricultura de los días 14 y 15 de junio de 1999 consideró apropiado fomentar el consumo de leche, por su alto valor nutritivo, en especial para niños y jóvenes, ¿por qué toma la Comisión una decisión contraria a la opinión del Consejo?

Ahora que el Tratado de Amsterdam acaba de elevar al rango de política comunitaria horizontal la política en el ámbito de la sanidad pública, ¿cómo puede la Comisión, arriesgarse a poner en peligro la salud de los niños europeos que se benefician de este complemento nutritivo en el marco escolar?

En consecuencia, ¿puede la Comisión desmentir las informaciones facilitadas y tranquilizar a los ciudadanos europeos?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2029/99 y E-2054/99 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(9 de diciembre de 1999)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-1503/99

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1999)

Asunto: Situación de la flota pesquera perteneciente a sociedades mixtas comunitario-argentinas

Antes de que expirara el Acuerdo de pesca entre la UE y Argentina, el Gobierno de dicha República adoptó unilateralmente una serie de medidas de ordenación pesquera claramente discriminatorias para la flota comunitaria, que vulneran y contradicen lo establecido en el citado Acuerdo: distribución y reducción de las cuotas de pesca, fijación de áreas de venta aplicadas únicamente a la flota congeladora, disminución del empleo comunitario en la composición de las tripulaciones de los barcos, dificultades en la obtención de visados para los trabajadores comunitarios, etc. Esta situación ha llevado a los armadores comunitarios mayoritariamente gallegos a presentar un recurso contra la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de las CE, basado en la falta de protección jurídica de la flota originada por la inhibición absoluta de las instituciones de la Unión Europea ante las medidas adoptadas unilateralmente por el Gobierno argentino.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión en defensa de los intereses de las sociedades mixtas comunitario-argentinas en las aguas territoriales del citado país? ¿En qué plazos piensa adoptarlas? ¿Por qué razón la UE no ha emprendido hasta la fecha esfuerzo alguno en este sentido?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(7 de octubre de 1999)

Durante los últimos años, las capturas de merluza hubbsi en la zona económica exclusiva (ZEE) argentina han aumentado considerablemente, de manera que la conservación de la población está en peligro. Ante esta situación, el Gobierno argentino ha decretado una situación de emergencia pesquera y ha adoptado una serie de medidas de conservación y gestión.

Algunas de estas medidas han afectado a la actividad de los buques que faenaban al amparo del Acuerdo de pesca suscrito por Argentina y la Comunidad, quien ha considerado que su adopción sin haberla consultado previamente va contra el equilibrio general del Acuerdo.

La Comisión ha dado a conocer su posición reiteradamente a la parte argentina, sobre todo en lo que respecta a la diferencia del trato otorgado a los buques congeladores y a los de pesca fresca. Además, se ha bloqueado el pago del saldo previsto para la cooperación científica y técnica al amparo del Acuerdo de pesca entre la Comunidad y Argentina.

Independientemente del hecho de que tanto el Acuerdo como los derechos y obligaciones de él derivados para las partes contratantes han expirado el 24 de mayo de 1999, y de que tanto las sociedades mixtas como los buques transferidos al amparo del Acuerdo son entidades de derecho argentino, la Comisión mantiene contactos permanentes con las autoridades argentinas y sigue atentamente la evolución de la situación.
PREGUNTA ESCRITA P-2296/99

de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) al Consejo

(30 de noviembre de 1999)

Asunto: Concesión de ayuda humanitaria al Iraq

Según un artículo del Financial Times, los EE.UU. y Gran Bretaña ejercen presiones sobre el Secretario General de las Naciones Unidas con objeto de que se sustituya al hasta ahora coordinador de la ayuda humanitaria, Sr. Von Sponeck, por haberse atrevido a exponer las perniciosas consecuencias de las sanciones impuestas desde hace ya nueve años al pueblo iraquí.

Considerando que el anterior enviado de las Naciones Unidas a Bagdad fue apartado precisamente por los mismos motivos y que, según las actuales estimaciones, unos 5 000 niños mueren diariamente por falta de medicamentos de base, ¿puede indicar el Consejo si tiene intención de adoptar iniciativas para que la concesión de ayuda humanitaria al Iraq deje de estar supeditada al desarme total de dicho país? ¿No considera el Consejo que la posición tanto de los EE.UU. como de Gran Bretaña en relación con el Iraq demuestra el menosprecio de ambos gobiernos con respecto a las Naciones Unidas, que se ha ido convirtiendo en un organismo sin objetivo que no consigue imponer sus decisiones?

Respuesta

(13 de marzo de 2000)

El Consejo señala que el Secretario General de las Naciones Unidas ha prorrogado recientemente por seis meses más el mandato del coordinador de la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas.

La Unión Europea aplica plenamente todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a Iraq, incluidas las que se refieren al programa petróleo por alimentos. La Unión Europea ha instado a Iraq a que coopere plenamente con las Naciones Unidas. El Consejo observa que la resolución 1284 del Consejo de Seguridad, adoptada el 17 de diciembre de 1999, tiene por objeto permitir la ampliación y mejora del programa petróleo por alimentos.

El Consejo no comparte la opinión expresada en la última frase de la pregunta de Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA P-2608/99

de Gilles Savary (PSE) a la Comisión

(22 de diciembre de 1999)

Asunto: Directiva 79/409/CE Períodos de caza

Dado que el procedimiento de revisión de la Directiva 79/409/CE(1) relativa a la conservación de las aves silvestres iniciado en la legislatura anterior a fin de precisar las modalidades de aplicación y de transposición de su artículo 7 en los Derechos nacionales no ha concluído, ¿cuál es la posición de la Comisión Europea sobre la fijación de los períodos de caza en loa distintos Estados miembros?

¿En qué interpretación precisa de las disposiciones generales del artículo 7, en su redacción actual, se basa hoy?

(1) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(11 de enero de 2000)

Dado que el procedimiento de modificación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves silvestres no ha concluido, los Estados miembros han de establecer los períodos de caza de aves con arreglo a lo dispuesto en el actual apartado 4 del artículo 7 de la Directiva.

La interpretación del Derecho comunitario no es competencia de la Comisión sino del Tribunal de Justicia, que dio una interpretación de las disposiciones de dicho apartado en sus sentencias de 17 de enero de 1991 (asunto C-157/89, Comisión contra Italia(1)) y de 19 de enero de 1994 (asunto C-435/92, Association pour la protection des animaux sauvages y otros contra Préfet de Maine-et-Loire y Préfet de Loire-Atlantique. Petición de decisión prejudicial: Tribunal administratif de Nantes Francia(2)).

(1) Recopilación de jurisprudencia 1991, p. I-0057.

(2) Recopilación de jurisprudencia 1994, p. I-0067.