PREGUNTA ESCRITA E-1468/98

de Rosemarie Wemheuer (PSE) a la Comisión

(13 de mayo de 1998)

Asunto: Responsabilidad de los funcionarios

Según el artículo 73 del Reglamento financiero de las Comunidades Europeas, los ordenadores comprometen su responsabilidad disciplinaria y, en su caso, pecuniaria, cuando establecen los derechos que han cobrarse o emiten las órdenes de ingreso, comprometen un gasto o firman una orden de pago, sin adecuarse a lo preceptuado en el Reglamento financiero y a sus modalidades de ejecución. Lo mismo sucede cuando omiten o retrasan sin justificación la emisión de órdenes de ingreso. Una responsabilidad semejante se establece en el artículo 74 para los interventores y en el artículo 75 para los contables. Según el artículo 22 del Estatuto de los funcionarios se puede exigir a éstos la reparación total o parcial del perjuicio sufrido por las Comunidades como consecuencia de faltas personales graves cometidas en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de sus funciones.

1. ¿En cuántos casos, en los últimos diez años y según los distintos fundamentos jurídicos, ha hecho uso la Comisión de tal competencia legal?

2. ¿Qué cantidades han vuelto a parar al presupuesto comunitario como consecuencia de tales medidas?

3. ¿En cuántos casos se ha exigido además de la responsabilidad pecuniaria la responsabilidad disciplinaria?

4. ¿Conforme a qué principios actúa la Comisión? Concretamente, ¿qué importancia da a los diferentes grados de culpabilidad (dolo, negligencia grave y simple)?

5. ¿Cómo logran tener conocimiento los servicios competentes de las circunstancias que dan lugar a la responsabilidad de los funcionarios? ¿Qué papel desempeñan el interventor y el Tribunal de Cuentas?

6. ¿Por qué reglamento de servicio se rige la aplicación de las normas mencionadas y su aplicación homogénea a todos los funcionarios independientemente de su grado o función?

7. ¿Estoy en lo cierto al suponer que el servicio competente exige la reparación de los perjuicios con total independencia y sin consideración de personas?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(7 de julio de 1998)

Los artículos 22 del Estatuto y 73, 74 y 75 del Reglamento Financiero(1) no han sido utilizados durante los últimos diez años como fundamento jurídico para que los funcionarios y los agentes de la institución reembolsen cantidades al presupuesto comunitario. Para ello, la Comisión ha recurrido a las vías legales de la jurisdicción belga constituyéndose en parte civil del proceso y presentando a continuación una demanda por daños y perjuicios ante el Tribunal Civil.

El Estatuto admite que, tal y como se desprende especialmente de los artículos 87, 88 y 89 del mismo, las faltas disciplinarias pueden presentar diversos grados de gravedad; sin embargo, no se determinan los criterios en virtud de los cuales se puede calibrar la gravedad de la falta. De ahí que la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (AFPN) disponga en esta materia de un margen de apreciación.

El Estatuto no contempla ninguna función específica para el interventor en estos casos. En consecuencia, éste tiene que actuar con arreglo al Reglamento Financiero, especialmente los artículos 28, 29, 36, 37 y 47 del mismo.

La AFPN puede tener conocimiento de los hechos por diferentes vías: por vía jerárquica, por una encuesta de la Inspección General de Servicios (IGS) de la Unidad "Coordinación de la lucha antifraude" (UCLAF) o de las autoridades judiciales o por otra vía jurídica legalmente admisible que respete los derechos de la defensa. En este contexto cabe llamar la atención sobre el nuevo párrafo 2 del artículo 76 del Reglamento Financiero(2) tras la séptima ronda de modificaciones del mismo. Dicho párrafo establece que "a la autoridad competente para iniciar el procedimiento relativo a las modalidades de la responsabilidad disciplinaria y pecuniaria se le comunicarán todos los datos e información útiles, incluido los informes y denegaciones de visado del interventor si los hubiera".

El interventor y el contable tienen la obligación de suministrar al Secretario General correspondiente o a la AFPN toda la información que pueda justificar la aplicación de las disposiciones de los artículos 73-75 del Reglamento Financiero y de los artículos 22, 87, 88 y 89 del Estatuto.

Las disposiciones estatutarias que regulan el procedimiento disciplinario son los títulos VI ("Régimen disciplinario", artículos 86 a 89), el anexo IX ("Procedimiento disciplinario"), Los artículos 49, 50 y 50 bis del régimen aplicable a los demás agentes de la Comunidad (RAA) para los agentes temporales y los artículos 76 y 77 del RAA para los agentes auxiliares.

Respecto a la última pregunta de Su Señoría, la respuesta es "sí".

(1) DO L 356 de 31.12.1977.

(2) COM(97)542 final.