PREGUNTA ESCRITA E-0455/00

de Elisabeth Jeggle (PPE-DE) a la Comisión

(24 de febrero de 2000)

Asunto: Tasas por inspecciones sanitarias de carnes frescas Directiva 85/73/CEE

La aplicación de las Directivas 85/73/CEE(1) y 64/433/CEE(2), junto con la sentencia del Tribunal de Justicia europeo de 9.9.1999, han dado origen en Alemania, debido a la falta de claridad y las contradicciones de estos textos legislativos, a graves dificultades competitivas, que se están dirimiendo en una serie de procedimientos judiciales.

Con objeto de obtener la necesaria seguridad jurídica, se plantea lo siguiente:

1. Conforme a la sentencia del Tribunal de Justicia europeo de 9.9.1999, la facultad contemplada en el punto 4 b) del capítulo 1 del Anexo de la Directiva 85/73/CEE, en la versión resultante de la Directiva 93/118/CEE(3), de percibir una tasa específica superior a los importes a tanto alzado establecidos en el punto 1 del capítulo 1, se puede aplicar sin otras condiciones siempre que dicha tasa no supere los gastos reales. Al respecto se plantean las siguientes preguntas:

- ¿Se ajusta la sentencia también a lo dispuesto en el punto 4 b) del capítulo 1 del Anexo A de la Directiva 85/73/CEE, en la versión de la Directiva 96/43/CEE(4)?

- ¿La determinación de las bases de cálculo para fijar la cuantía de la tasa que cubra los gastos reales forma parte del margen de apreciación de la autoridad competente, y qué se entiende por gastos reales?

- ¿Se entiende por tasa, en el sentido del punto 4 b) del capítulo 1 del Anexo A de la Directiva 85/73/CEE, en la versión de la Directiva 96/43/CEE, una tasa media en función de los costes a escala nacional o bien de los gastos incurridos en el territorio de la autoridad competente?

- ¿Se pueden aplicar tasas distintas por categorías de establecimientos, en virtud del punto 4 b) del capítulo 1 del Anexo A?

- A la hora de fijar la tasa, ¿se pueden combinar las posibilidades contenidas en las letras a) y b) del punto 4 del capítulo 1 del Anexo A?

2. ¿Los importes a tanto alzado contenidos en las letras b) y c) del punto 1 del capítulo 1 del Anexo contienen ya la parte correspondiente a los análisis de triquina?

(1) DO L 32 de 5.2.1985, p. 14.

(2) DO 121 de 29.7.1964, p. 2012.

(3) DO L 340 de 31.12.1993, p. 15.

(4) DO L 162 de 1.7.1996, p. 1.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(25 de abril de 2000)

La Comisión es consciente de los problemas planteados en Alemania por la aplicación de las disposiciones de la Directiva 85/73/CEE del Consejo, de 29 de enero de 1995, relativa a la financiación de las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de aves de corral previstos en las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE y 91/496/CEE(1).

1. A priori, los principios de interpretación establecidos por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 9 de septiembre de 1999 (Asunto C 374/97 petición de decisión prejudicial de Bayerischen Verwaltungsgerichtshof: Anton Feyrer contra Landkreis Rottal-Inn 1999 C 352/08) son asimismo válidos para la interpretación de la letra b) del punto 4 del capítulo 1 del Anexo A de la Directiva 85/73/CEE, modificada y codificada por la Directiva 96/43/CEE. Así pues, para cubrir costes más elevados, los Estados miembros podrán percibir una tasa específica que cubra los costes efectivos.

En el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 85/73/CEE se prevé que las tasas comunitarias se fijarán de manera que cubran los gastos que soporta la autoridad competente por razones de: a) las cargas salariales y sociales ocasionadas por el servicio de inspección, b) los gastos administrativos relacionados con la ejecución de los controles e inspecciones, a los que podrán imputarse los gastos necesarios para la formación permanente de los inspectores. Por tanto, la Directiva solamente prevé un marco general a este respecto. Tal como la Comisión pudo señalar en su respuesta a la pregunta escrita E-1121/98(2), la estimación de los costes o los gastos efectivos, o gastos reales, puede resultar una

tarea compleja, ya que debe recogerse el conjunto de los gastos (salarios del personal, cargas sociales, coste de los análisis, gastos administrativos, etc.). Por otra parte, algunas partidas pueden contabilizarse de manera diferente, como por ejemplo los gastos de construcción o de renovación de locales. Debe también señalarse que, en el mejor de los casos, la declaración de los costes solamente puede realizarse en el año n+1, siendo el año n aquél en el que se efectúan los controles y las inspecciones veterinarias. A este respecto, resulta evidente que los documentos de trabajo utilizados para fijar los importes a tanto alzado solamente tienen un valor indicativo. Únicamente el texto de la Directiva tiene valor jurídico.

En la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 1999 anteriormente mencionada se precisa, en su punto 33, que en el supuesto de que un Estado miembro haya transferido a las autoridades municipales la facultad de percibir las tasas relativas a las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas, el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 85/73/CEE, modificada por la Directiva 93/118/CEE, le autoriza a percibir tasas por importe superior a los niveles de las tasas comunitarias hasta el importe del coste real de los gastos de inspección sufragados por la autoridad municipal competente. Si se transfiere la competencia a las autoridades locales, se trata de los gastos efectuados por las autoridades en el territorio nacional. Si no se ha realizado esta transferencia, no existe en principio ninguna diferencia entre los gastos efectuados a nivel nacional y los gastos efectuados por las autoridades en el territorio nacional.

Por lo que se refiere a las disposiciones de la letra a) del punto 4 del Capítulo I del Anexo A de la Directiva 85/73/CEE, el propio texto indica que es posible establecer una diferencia para cada establecimiento. Para cubrir costes más elevados, los Estados miembros podrán aumentar para un establecimiento dado el importe a tanto alzado previsto en el punto 1 y en la letra a) del punto 2. En las disposiciones de la letra b) del punto 4 del Capítulo I del Anexo A no se menciona expresamente esta posibilidad. La noción pertinente es la de costes efectivos. No se precisa si puede realizarse el cálculo de estos costes para un establecimiento dado o si debe incluirse a nivel de la autoridad competente, que podría efectuar una equiparación para los establecimientos que entran dentro de sus competencias.

Es preciso aclarar este asunto. En efecto, en el marco de la letra a) del punto 4 del Capítulo I del Anexo A de la Directiva 85/73/CEE, un Estado miembro puede cubrir costes más elevados, puede prever, por norma general, la percepción de los importes a tanto alzado así como aumentarlos para determinados establecimientos que cumplan las condiciones mencionadas. Este tipo de régimen posee su propia coherencia interna. La otra opción prevista en la letra b) del punto 4 del Capítulo I del Anexo A ofrece la posibilidad a los Estados miembros, siempre a fin de cubrir unos costes más elevados, de percibir una tasa que cubra los gastos efectivamente realizados. Por tanto, es difícil concebir una combinación de ambos regímenes.

2. En el marco del Capítulo I del Anexo A, los importes a tanto alzado están previstos en el punto 1 y en la letra a) del punto 2, y no en las letras a) y b) del punto 4. Estos importes cubren todos los controles previstos por las directivas en cuestión y, por tanto, los controles relativos a los análisis de triquina.

(1) Véase la versión codificada por la Directiva 96/43/CE del Consejo, de 26 de junio de 1996, por la que se modifica y se codifica la Directiva 85/73/CEE con el fin de establecer la financiación de las inspecciones y controles veterinarios de animales vivos y ciertos productos de origen animal y por la que se modifican las Directivas 90/675/CEE y 91/496/CEE.

(2) DO C 402 de 6.1.1999.