PREGUNTA ESCRITA E-3170/01

de Sebastiano Musumeci (UEN) a la Comisión

(19 de noviembre de 2001)

Asunto: Regulación de los servicios de interés público en la Unión Europea

A la luz de las transformaciones tecnológicas y de las diferentes necesidades determinadas por el cambio de los estilos de vida, se va haciendo necesaria una definición concreta de los servicios de interés público en el siglo XXI.

Los sistemas de ordenación vigentes en los países de la Unión con respecto al sector de los servicios de interés público son muy heterogéneos.

Un territorio de más de 250 millones de personas, con una moneda única y un mercado unificado, no puede seguir con regulaciones tan divergentes en el sector que acabamos de mencionar.

1. ¿No considera la Comisión que es urgente uniformizar la regulación de los servicios de interés público (energía eléctrica, telefonía, recursos hidrológicos, gas) antes de que se produzca la adhesión de los países candidatos a la Unión Europea?

2. ¿No cree la Comisión que, con objeto de garantizar un servicio eficaz y seguro para el consumidor, es necesario hacer una distinción entre los propietarios de las infraestructuras y de las redes y los gestores de servicios para el usuario?

3. ¿Ha propuesto o tiene intención de proponer la Comisión normativas en este sentido?

4. Con objeto de llevar a cabo nuevas infraestructuras y redes (conducciones para el agua y el gas, cableado telefónico, tendido eléctrico), de adaptarse a las transformaciones tecnológicas y de hacer más seguras las redes ya existentes, ¿puede intervenir la Comisión en favor de algunas infraestructuras ya existentes, como, por ejemplo, los acueductos en el sur de Italia, cuyo estado está muy alejado de los niveles medios de la UE?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(10 de enero de 2002)

1. En su Comunicación sobre los Servicios de interés público en Europa de 20 de septiembre de 2000(1), la Comisión explica que el Derecho comunitario deja fundamentalmente en manos de los Estados miembros la tarea de definir lo que consideran como servicios de interés económico general sobre la base de las características específicas de las actividades en cuestión. La libertad de los Estados miembros para definir o no cierta actividad económica como servicio de interés público general tiene resultados distintos según las opciones políticas de cada Estado miembro. El apartado 2 del artículo 86 del Tratado CE reconoce y protege básicamente tales diferencias ofreciendo así al Estado miembro un margen para formular sus políticas en el campo de los servicios públicos. Sin embargo, las normas del Tratado CE, y en especial las reglas de la competencia y las normas del mercado interior, son en principio aplicables a estos servicios. Sobre la base del principio de proporcionalidad propuesto en el apartado 2 del artículo 86, la aplicación de estas normas solamente puede limitarse al grado necesario para garantizar el funcionamiento apropiado del servicio de interés público en cuestión.

La Comisión se atiene al principio de proporcionalidad también cuando adopta o propone la legislación secundaria para la liberalización de los mercados en los que pueden prestarse servicios

de interés general como, por ejemplo, en los sectores de la electricidad, el gas, las telecomunicaciones, correos y transporte. En muchos de estos ámbitos, la legislación secundaria aprobada por la Comunidad no armoniza el concepto de servicio de interés económico general y básicamente deja a los Estados miembros la libertad de definir estos servicios mientras que ofrece al mismo tiempo ejemplos de lo que puede considerarse un servicio de esta clase. En el sector de correos, la situación es diferente en la medida en que la Directiva 97/67/CE del Parlamento y del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio(2), requiere que los Estados miembros aseguren un servicio postal universal con normas de calidad específicas. Del mismo modo, en el sector de las telecomunicaciones, la legislación comunitaria adoptada por el Parlamento y el Consejo ha armonizado en un grado importante los reglamentos nacionales sobre servicios públicos. La Directiva universal del servicio, que está ahora en su fase final de adopción, confirmará y especificará más el servicio universal que deben ofrecer los Estados miembros en la Comunidad a precios asequibles(3). En el sector de agua, ya se está llevando a cabo una cierta armonización de la protección de la salud pública y el medio ambiente.

La reacción de los Estados miembros y las instituciones comunitarias a la Comunicación de la Comisión del 20 de septiembre de 2000 antes mencionada ha mostrado que el sistema previsto en el Tratado CE y descrito anteriormente es una combinación acertada de (a) libertad de los Estados miembros para dar un alcance y un contenido propio a los sectores en que se llevan a cabo los servicios de interés económico general, (b) armonización en los casos en que existe consenso en el Parlamento y entre los Estados miembros en el Consejo para ello, y (c) garantía de que se cumplen los objetivos comunitarios de mercados abiertos y competitivos.

La Comisión no tiene de momento ninguna razón para creer que el actual sistema de Derecho comunitario para los servicios de interés público no funcionaría con éxito tras la adhesión de los países candidatos.

2. La Comisión considera que una separación entre la propiedad de las infraestructuras y la prestación del servicio presentará a menudo ventajas pero que no existe ninguna respuesta uniforme a esta cuestión, que sería válida para todos los sectores de la economía o todas las industrias en redes. El problema debería examinarse por separado para cada sector, teniendo en cuenta su estado de desarrollo y los problemas específicos que surgen en la prestación de servicios efectivos y seguros a los consumidores.

3. En el campo del suministro de energía, la Comisión acaba de proponer una Directiva(4) para la liberalización acelerada que prevé una separación legal de los servicios de red y las ventas de la electricidad y del gas.

En los sectores de correos, telecomunicaciones y agua potable, la Comisión no está preparando por ahora iniciativas legislativas para separar la propiedad de las infraestructuras y la prestación del servicio.

4. Los fondos estructurales comunitarios han proporcionado y continúan proporcionando ayuda financiera para la modernización de las redes de infraestructura en zonas menos desarrolladas de la Comunidad. Además, los préstamos procederán del Banco Europeo de Inversiones.

Más concretamente, por lo que se refiere a los acueductos en el sur de Italia hay que subrayar que un acueducto que no se mantiene correctamente y que muestra una insuficiente calidad de agua para el consumidor constituye una infracción de la Directiva sobre agua potable, Directiva 80/778/CEE del Consejo del 15 de julio de 1980 relativa a la calidad de agua destinada al consumo humano(5) modificada en último lugar por la Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998(6). En el caso de los acueductos con escapes con la consiguiente pérdida y despilfarro de agua, las autoridades italianas podrían seleccionar medidas de rehabilitación con el fin de optar a la ayuda financiera en virtud de los fondos estructurales comunitarios y los programas de desarrollo rural.

(1) DO C 17 de 19.1.2001.

(2) DO L 15 de 21.1.1998.

(3) Los Estados miembros serán más competentes para decidir qué precios asequibles se aplican en su territorio teniendo en cuenta las condiciones nacionales. Además, conservan el derecho a asegurarse que otros servicios estén disponibles en su territorio junto al servicio universal definido a nivel comunitario.

(4) DO C 240 E de 28.8.2001.

(5) DO L 229 de 30.8.1980.

(6) DO L 330 de 5.12.1998.