PREGUNTA ESCRITA E-2615/97 de Jean-Thomas Nordmann (ELDR) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Creación de un complejo comercial

¿Ha estudiado la Comisión la compatibilidad entre la Ley francesa de 5 de julio de 1996 sobre las condiciones de creación de un complejo comercial y los artículos 5, 52 y 59 de los Tratados?

¿Cuáles son las conclusiones a que ha llegado?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (18 de noviembre de 1997)

La pregunta de Su Señoría se refiere a una ley francesa de 5 de julio de 1996 sobre las condiciones de creación de un complejo comercial. Al parecer, se trata de la ley no 96-603 de 5 de julio de 1996 sobre desarrollo y fomento del comercio y la artesanía, denominada «ley Raffarin».

Esta ley estableció un régimen de autorización para la creación, ampliación y utilización de las superficies de venta de almacenes o complejos comerciales de más de 300 metros cuadrados. Dicha autorización es expedida por una «Comisión departamental de equipos comerciales» (CDEC) y es previa al permiso de construcción. Esta Comisión está compuesta por tres representantes locales electos (el alcalde del municipio de implantación del complejo, el alcalde del municipio más poblado del distrito y el presidente del centro público de cooperación intermunicipal o, en su defecto, el consejero general del cantón), junto con el presidente de la Cámara de comercio, el presidente de la Cámara gremial y un representante de las asociaciones de consumidores.

La ley Raffarin amplía la antigua «ley Royer» (ley no 73-1193), que ya establecía un régimen de este tipo para los almacenes cuya superficie de venta superara 1000 metros cuadrados. La ley Royer de 1973 fue una reacción ante el auge de los hipermercados en Francia en aquella época y pretendía proteger el pequeño comercio en las ciudades. Al reducir el límite por debajo de 1000 metros cuadrados, la ley Raffarin atiende al apogeo actual de los almacenes de «máximo descuento» (hard discounter).

Su Señoría desea conocer el punto de vista de la Comisión sobre la compatibilidad de la ley con los artículos 5, 52 y 59 del Tratado CE. Por lo que se refiere al artículo 5 del Tratado, la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia ((Asunto «Corsica Ferries», C-18/93, sentencia de 17.5.1994. )) señala que este artículo tiene una formulación tan general que no es posible aplicarlo de manera autónoma cuando la situación de que se trata se regula por una disposición específica del Tratado. Los artículos 59 y 60 del Tratado CE únicamente se aplican con carácter subsidiario, es decir, si la actividad económica no se contempla ya en otra disposición del mercado interior.

En caso de creación o modificación de un establecimiento a partir del cual una empresa se propone comercializar mercancías, la compatibilidad de la ley Raffarin con el Derecho comunitario debe examinarse únicamente en relación con los artículos 30 y 52 del Tratado CE. Estas disposiciones prohíben las restricciones en un Estado miembro debido al origen de las mercancías (artículo 30) y las impuestas a una empresa que desee abrir un establecimiento en Francia (artículo 52). No obstante, el contenido de la ley Raffarin no autoriza a las autoridades municipales a limitar de manera discriminatoria el acceso de mercancías procedentes de otros Estados miembros ni el acceso de empresas extranjeras al mercado francés. Dado que la ley es aplicable de manera indistinta, la Comisión carece por el momento de datos que permitan suponer una violación de los artículos 30 y 52 del Tratado CE.

Por lo que se refiere al artículo 30, el Tribunal de Justicia ya descartó su aplicación en el asunto «Dip/Lidl» ((Asuntos «Dipp/Lidl», C-140/94, C-141/94 y C-142/94, sentencia de 17.10.1995. )). Este asunto se refería a la ley italiana no 426 de 11 de junio de 1971, que establece un régimen de autorización administrativa, expedida en los municipios, para la apertura de comercios al por menor en Italia. Por tanto, al tratarse de una normativa semejante en Francia, la Comisión considera que la conclusión del Tribunal de Justicia es igualmente aplicable a la ley Raffarin.

En relación con el artículo 52, la Comisión no dispone actualmente de datos que demuestren una infracción de esta disposición en vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. No obstante, en el futuro la Comisión seguirá de cerca la aplicación de la ley Raffarin por parte del CDEC.