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PREGUNTA ESCRITA E-2261/96 de Yiannis Roubatis (PSE) a la Comisión (9 de agosto de 1996)

Asunto: El problema de los inmigrantes ilegales

En los últimos cinco meses el número de inmigrantes ilegales detenidos con ocasión de su entrada en Grecia o después de la misma, procedentes de países de Asia a través de Turquía, se multiplicó por cinco en relación con el mismo período de 1995. Además de la existencia de este grave problema, que afecta al conjunto de los países europeos, Turquía se niega a colaborar de cualquier forma que sea para enfrentarse a este problema, a pesar de las repetidas solicitudes de las autoridades griegas,.

Se pregunta a la Comisión:

1. ¿Piensa asistir económicamente a Grecia para reforzar el control de sus fronteras orientales, que por su propia naturaleza son difíciles de controlar (fronteras marítimas)?

2. Teniendo en cuenta que la mayoría de los inmigrantes ilegales entran procedentes de Turquía, transportados por traficantes turcos en condiciones inhumanas, ¿piensa presionar a las autoridades turcas para que actúen en contra de la inmigración ilegal y del tráfico de personas, en colaboración con las correspondientes autoridades griegas?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (7 de octubre 1996)

1. Las normas que rigen el paso de las fronteras exteriores por parte de personas que no son ciudadanos de la Unión o por los miembros de su familia, el ejercicio de controles en estas fronteras así como la lucha contra la inmigración ilegal forman parte de las cuestiones consideradas de interés común por los Estados miembros y son objeto de una cooperación en el marco del título VI del Tratado sobre la Unión. La Comisión que está plenamente asociada a los trabajos realizados en estos campos, comparte las preocupaciones de Su Señoría sobre los riesgos producidos por los flujos de inmigración ilegal procedentes de terceros países y sobre la necesidad de luchar contra la trata de seres humanos.

La Comisión introdujo en 1993 una propuesta de decisión ((DO C 11 de 15.1.1994. )) que propone unas normas comunes para el ejercicio de controles en las fronteras. Este proyecto precisa en sus considerandos que «la aplicación de este sistema de control requiere una atención especial en lo que se refiere a las cuestiones de infraestructura y control fronterizo de países que debido a su situación y configuración geográfica, están expuestos a crecientes presiones migratorias». La Comisión lamenta, que a pesar de la posición manifestada en varias ocasiones por el Consejo Europeo (recientemente en el Consejo de Florencia en junio de 1996) el Consejo no haya podido obtener un consenso sobre este proyecto. Estos controles se ejercen por tanto, respecto de personas no beneficiarias del derecho comunitario en materia de libre circulación de personas según las normas nacionales o según los acuerdos internacionales en vigor entre dos o más Estados miembros.

2. En el marco de la iniciativa comunitaria Interreg, Grecia dispone de fondos comunitarios par una colaboración transfronteriza con objeto de reforzar el control en sus fronteras externas. Tal colaboración está actualmente en curso con Albania y Bulgaria.
PREGUNTA ESCRITA E-2062/96 de Glyn Ford (PSE) a la Comisión (26 de julio de 1996)

Asunto: Criterios para la evaluación de las repercusiones ambientales

¿Puede dar información la Comisión sobre las nuevas directrices para la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones ambientales?

Concretamente, cuáles son los criterios, según la nueva Directiva, para considerar necesaria la evaluación de las repercusiones ambientales en relación con un proyecto de edificio o de obra pública?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (16 de septiembre de 1996)

Los proyectos enumerados en el Anexo II de la Directiva 85/337/CEE del Consejo sobre la evaluación de los efectos de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente tienen que someterse a ese trámite siempre que los Estados miembros consideran que su ejecución podría afectar significativamente al medio ambiente. La propuesta de directiva por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE incluirá un nuevo anexo que contendrá una lista de los criterios de selección que deberán tener en cuenta los Estados miembros a la hora de decidir qué proyectos del Anexo II tienen que ser evaluados. No obstante, la lista no menciona ningún umbral de magnitud específico para dichos proyectos. El 25 de julio de 1996, el Consejo adoptó una posición común sobre esta propuesta que ha sido remitida al Parlamento para su segunda lectura.

Además de estas iniciativas legislativas, la Comisión ha publicado también varias guías que contienen información práctica para las autoridades competentes encargadas de examinar los proyectos del Anexo II y de fijar los criterios de las evaluaciones medioambientales, así como de estudiar los resultados de las mismas.
PREGUNTA ESCRITA E-1996/96 de Per Gahrton (V) a la Comisión (17 de julio de 1996)

Asunto: La enfermedad de las vacas locas en los Estados miembros de la UE, excluido el Reino Unido

De acuerdo con las informaciones difundidas por distintos medios de comunicación, se calcula que durante los años en los que el riesgo de propagación de la EEB era especialmente elevado se exportaron miles de vacas a los demás Estados miembros de la UE. Según cálculos estadísticos publicados en una revista dedicada a temas relacionados con la veterinaria, esto hecho merece haber provocado un número importante de casos (miles) de EEB en los demás Estados miembros de la UE. Esto implicaría que su número sería mucho más elevado de lo que se ha informado.

¿Está la Comisión al tanto de estas informaciones? ¿Considera la Comisión que son fiables? En caso negativo, ¿por qué razón? En caso afirmativo, ¿qué medidas ha adoptado o tiene intención de adoptar?

Respuesta del Sr.Fischler en nombre de la Comisión (2 de octubre de 1996)

Es cierto que, antes de que se fuese plenamente consciente del riesgo de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), un número importante de reses fueron exportadas desde el Reino Unido a otros Estados miembros y terceros países, y es posible que algunas de estas reses estuvieran incubando la enfermedad. Es muy difícil calcular cuántas reses habrían podido desarrollar la EEB ya que muchas habrían muerto o habrían sido sacrificadas antes de desarrollar la enfermedad.

En la Comunidad existe la obligación de informar de los casos de EEB y la Comisión no tiene razón para suponer que determinados casos sospechosos no se notifiquen a las autoridades de los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-2203/96 de Gerardo Fernández-Albor (PPE) a la Comisión (2 de agosto de 1996)

Asunto: Postura de la Comisión sobre la posible creación de un Secretariado General de la PESC

Numerosas son las personalidades políticas europeas que se han mostrado partidarias de que la PESC cuente con un Secretariado General propio, con peso específico, bajo la dirección del Consejo, que pudiera desarrollar, por lo que se refiere a la política exterior y de seguridad común, un papel similar al que desempeña la Comisión por lo que se refiere a las políticas comunitarias: determinar el interés común, proponer una decisión, controlar su aplicación y representar a la Unión en las reuniones internacionales que no dependan del Consejo.

Esta fórmula exigiría la redefinición de determinadas relaciones internacionales, en particular con la Comisión, para poder mantener la coherencia del conjunto y evitar una separación artificial o una falta grave de coordinación entre la política económica y monetaria y la política exterior y de seguridad.

¿Puede indicar la Comisión cuál es su postura sobre la sugerencia mencionada que cuenta con el aval de numerosas personalidades políticas europeístas?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (9 de octubre de 1996)

En su dictamen sobre la preparación de la conferencia intergubernamental ((COM(96)90. )), la Comisión consideró que la Presidencia del Consejo y la Comisión deberían garantizar la cooperación efectiva de las dos instituciones responsables, por distintos conceptos, de la política exterior de la Unión. Por razones de coherencia, de continuidad y de eficacia, es indispensable que este «tándem» coopere desde la preparación de las decisiones de política exterior y de seguridad común hasta su adopción y ejecución.

Una mejor articulación podría redundar en una intensificación del diálogo interinstitucional y en una mayor coherencia de su acción exterior, preconizada por el artículo C del Tratado de la Unión Europea.

Pero el necesario reforzamiento de la Secretaría General del Consejo, como apoyo indispensable de la Presidencia, no podría dar lugar al nacimiento de una nueva institución. La función de la Secretaría General del Consejo no puede concebirse separadamente de la Presidencia de esta institución.

Por otra parte, la creación de una Secretaría General propia de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) supone el riesgo de regresar al período anterior a la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, que ha constituido un marco institucional único para la Unión. No se puede sustituir en ningún caso al «tándem» Presidencia del Consejo-Comisión, cuya importancia sigue siendo primordial para la coherencia del conjunto de los asuntos exteriores.
PREGUNTA ESCRITA E-1665/96 de Juan Colino Salamanca (PSE) y Jesús Cabezón Alonso (PSE) a la Comisión (24 de junio de 1996)

Asunto: Control de la encelopatía espongiforme bovina

Con los datos de que dispone la Comisión, ¿puede confirmar, corregir o negar algunos comentarios de medios de comunicación europeos sobre el incumplimiento en el Reino Unido de medidas anunciadas por el propio Gobierno británco para controlar el ganado vacuno afectado por la encelopatía espongiforme bovina?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (16 de julio de 1996)

El Reino Unido ha informado a la Comisión y a los Estados miembros sobre las medidas adoptadas desde que se descubrió la enfermedad, en 1986. El Reino Unido declaró la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) enfermedad de notificación obligatoria el 21 de junio de 1988 y se ha llevado a cabo una política de sacrificio en virtud de la cual se eliminan todos los animales sospechosos de padecer la EEB y su cerebro se somete a un examen postmórtem. El ganadero recibe una indemnización por la destrucción de bovinos sospechosos de padecer la EEB.

Además, el 18 de julio de 1988 se introdujo el elemento más importante para la erradicación de la EEB: la prohibición de alimentar a los rumiantes con piensos que contengan carne con proteínas de rumiante.

La Comisión no ha recibido ninguna información relativa a infracciones de la política de sacrificio y eliminación y no tiene motivo alguno para pensar que la destrucción de los casos de EEB no se haya llevado a cabo correctamente.

La prohibición relativa al pienso, sin embargo, no se ha cumplido completamente, tal como han confirmado las propias autoridades británicas. Esta aplicación incompleta de la prohibición del pienso puede observarse también en el número de casos de EEB en animales nacidos después del 18 de julio de 1988. El Reino Unido ha tomado ahora nuevas medidas legales para remediar esta situación y ha prohibido alimentar con proteínas de mamíferos a cualquier animal destinado al consumo humano, declarando asimismo ilegal la posesión de pienso que contenga proteínas de mamíferos.
PREGUNTA ESCRITA E-1046/96 de José Barros Moura (PSE) al Consejo (20 de mayo de 1996)

Asunto: Derecho de sufragio en las elecciones municipales en Luxemburgo

El artículo 1 de la Ley luxemburguesa de 28 de diciembre de 1995 se ampara en la excepción contemplada en la letra a) del artículo 12 de la Directiva 94/80/CE ((DO L 368 de 31.12.1994, p. 38. )) del Consejo para exigir un período mínimo de seis años de residencia durante los últimos siete años. La ley entró en vigor el 1 de enero de 1996 y establece en su artículo 5o (línea 4) que la solicitud de inscripción debe presentarse «antes del 1 de abril del presente año». No obstante, la Ley del censo electoral establece que para la celebración de elecciones se tomarán como base las listas del censo actualizadas el año anterior a las elecciones.

De la comparación de estas normas se desprende que al período de seis años de residencia -que deberían cumplirse en el momento de la inscripción el 1 de abril- debería sumarse todo el tiempo transcurrido hasta el momento de las elecciones del año siguiente.

Teniendo en cuenta que las elecciones municipales luxemburguesas se celebrarán, en principio, en septiembre de 1999, el período de seis años se habría superado ampliamente hasta los siete años y medio.

Ahora bien, la disposición de excepción contemplada en la letra a) del artículo 12 de la Directiva establece un máximo de duración previa de residencia que puede exigir el Estado de que se trata («período mínimo, que no podrá ser superior»). Es, pues, necesario compatibilizar la ley luxemburguesa o su interpretación con la Directiva.

¿Cuál es la interpretación/valoración que debe hacerse de la ley luxemburguesa, teniendo en cuenta que no puede suponer un incumplimiento de la Directiva que, por su parte, prohíbe a los Estados miembros adoptar disposiciones que no sean «adecuadas, necesarias y proporcionales a los objetivos fijados» o que sean contrarias al Tratado y a los principios generales de Derecho (apartado 3 del artículo 5)?

¿Qué medidas va a tomar el Consejo para impedir lo que constituiría un incumplimiento del Tratado de la UE, una negación práctica de la ciudadanía europea y una nueva discriminación que reforzaría el régimen de excepción consagrado para Luxemburgo?

Respuesta (29 de octubre de 1996)

El Consejo recuerda a Su Señoría que únicamente el Tribunal de Justicia tiene competencia para interpretar el derecho comunitario y que corresponde a la Comisión asegurarse de que se aplica o incorpora correctamente el derecho nacional, recurriendo en su caso påor cualquier vía legal contra el Estado o Estados miembros que estime que no lo respetan.

El Consejo recuerda también a Su Señoría la respuesta que el 2 de julio de 1996 dio el Sr. Monti a esta misma pregunta en nombre de la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA P-2505/96 de Robert Evans (PSE) a la Comisión (23 de septiembre de 1996)

Asunto: Informes de la Comisión sobre la escolarización de los niños gitanos e itinerantes y de los niños cuyos padres ejercen profesiones itinerantes

¿Podría informar la Comisión sobre los avances realizados con respecto a dos importantes informes de la Comisión a los que se hace referencia en las Resoluciones del Consejo de 22 de mayo de 1989 sobre la escolarización de los niños gitanos e itinerantes ((DO C 153 de 21.6.89, p. 3. )), y de los niños cuyos padres ejercen profesiones itinerantes ((DO C 153 de 21.6.89, p. 1. ))?

En su respuesta a mi pregunta anterior sobre este tema (P- 0090/96) ((DO C 161 de 5.6.96, p. 39. )), la Comisión reconoció la existencia de un retraso, pero señaló que las traducciones estarían listas en el mes de febrero del año en curso y que se publicarían después de haber recibido la aprobación por parte de la Comisión. Tengo entendido que las labores de traducción han finalizado recientemente, lo que implica un nuevo retraso del proceso con respecto al plazo previsto en un principio (finales de 1993).

Respuesta común a las preguntas escritas P-2505/96 y P-2507/96 dada por la Sra. Cresson en nombre de la Comisión (8 de octubre de 1996)

En la respuesta a su pregunta escrita no P-90/96, la Comisión comunicó a Su Señoría el calendario previsto para la finalización de las traducciones y los procedimientos de aprobación y publicación de estos dos informes relativos, respectivamente, a la escolarización de los niños gitanos e itinerantes y la escolarización de los niños cuyos padres ejercen profesiones itinerantes. Estos informes abarcan cuatro años de trabajo intenso en este ámbito (1991-1994). En ellos se analizan y evalúan las políticas llevadas a cabo por los Estados miembros y la Comisión y se incluyen propuestas a fin de desarrollar la cooperación europea en la materia.

Se están llevando a cabo en la actualidad las traducciones y la Comisión debería aprobar ambos informes en breve plazo. Así pues, se presentarán al Parlamento y al Consejo en las próximas semanas.
PREGUNTA ESCRITA E-1880/96 de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión (11 de julio de 1996)

Asunto: Las relaciones de la UE con Birmania

¿Cuál es la reacción de la UE a la inclusión de Birmania en el «Regional Forum» de la ASEAN, con el cual la UE celebrará una reunión el día 22 de julio?

¿Aprovechará la delegación de la UE esta oportunidad para reanudar el fracasado «diálogo crítico» con la delegación de Birmania?

En caso negativo, ¿con qué otros medios tiene intención la UE de llevar a cabo el «diálogo crítico» con Birmania?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión (6 de septiembre de 1996)

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ha adoptado una política de «compromiso constructivo» con Birmania. Teniendo en cuenta que en el futuro esta organización podría contar con 10 miembros, incluyendo los 7 actuales así como Camboya, Laos y Birmania, estos tres candidatos han firmado el Tratado de amistad y cooperación del sudeste asiático, que constituye el primer paso para los futuros miembros. Los tres países, incluida Birmania, gozarán de la situación de observador en la próxima reunión ministerial de la organización y han sido invitados por la ASEAN a asistir también al Foro regional Asean, que se ocupa de la estabilidad regional. La Unión, como uno de los interlocutores del Foro ha reaccionado a esta invitación asumiendo que en pararelo tendrá lugar un «diálogo muy crítico». La Presidencia del Consejo así expresó claramente durante las reuniones del Foro y del PMC celebradas en Yakarta del 23 al 25 de julio de este año.
PREGUNTA ESCRITA P-2457/96 de Pierre Moscovici (PSE) a la Comisión (11 de septiembre de 1996)

Asunto: Condiciones de acceso de los nacionales europeos a períodos de prácticas de formación profesional remuneradas dispensadas en otro Estado miembro

¿Cuáles son los textos que regulan el acceso de un ciudadano de la Unión Europea a períodos de prácticas de formación profesional dispensadas en otro Estado miembro distinto de aquel cuya nacionalidad posee?

¿Difieren las condiciones de acceso según esté o no remunerado el período de prácticas la práctica de formación?

¿Qué tarjeta de residencia puede exigirse, especialmente en Francia, para acceder a un período de prácticas remunerado?

¿Puede denegar un Estado miembro el acceso de un ciudadano europeo a un período de prácticas cuya remuneración financia un organismo público?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (16 de octubre de 1996)

No existe legislación específica en relación con el acceso de los ciudadanos de la Unión a las prácticas de formación profesional dispensadas en un Estado miembro distinto del de la nacionalidad del solicitante, pero sí existen varios programas comunitarios destinados a fomentar y facilitar la movilidad de los que realizan ese tipo de prácticas (entre otras); se trata, por ejemplo, del programa Leonardo da Vinci y el programa de formación y movilidad de los investigadores.

En lo que se refiere al permiso de residencia, un ciudadano en periodo de prácticas puede encontrarse en situaciones diversas. Por ejemplo, si su actividad es real y efectiva, remunerada y subordinada, podrá hacer valer su condición de trabajador comunitario, pero si la actividad de prácticas no reúne esas condiciones, tendrá la condición de estudiante, de destinatario o prestatario de servicios, o simplemente de ciudadano de un Estado miembro con los recursos suficientes para que se le aplique la Directiva 90/364/CEE, que regula el derecho de residencia ((DO L 180 de 13.7.1990. )).

Las condiciones de acceso de los ciudadanos europeos a períodos de prácticas de formación profesional remuneradas dispensadas en otros Estados miembros están sometidas al principio de no discriminación en razón de la nacionalidad. Por lo tanto, un Estado miembro no podrá negar a un ciudadano europeo el acceso a un periodo de prácticas de formación con el pretexto de que dichas prácticas están financiadas por un organismo público. Solamente podría alegar esa razón en el caso de que el periodo de prácticas de formación facilitara el acceso directo a un empleo en la administración pública, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 48 del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-1395/96 de Leen van der Waal (EDN) a la Comisión (6 de junio de 1996)

Asunto: Rápido agotamiento de la cuota referente a la solla

El diario Het Reformatorisch Dagblad de 20 de abril de 1996 publica que en los últimos tres meses la flota pesquera neerlandesa ha capturado cada día un 10% más de solla que en el mismo período del año pasado. En combinación con la drástica reducción del TAC de la solla, ello ha conducido a que los pescadores neerlandeses ya hayan agotado el 38% de su cuota referente a la solla y esto a pesar de la limitación, impuesta por el propio sector, de las faenas pesqueras con un 24% de menos días de pesca en comparación con el mismo período del año pasado.

1. ¿Puede la Comisión confirmar estos datos?

2. ¿Puede la Comisión indicar si la agotación de la solla se efectúa según las previsiones de los biólogos (expresadas en capturas por días de pesca)?

3. ¿Está dispuesta la Comisión a intensificar la investigación acerca de la evolución de las existencias de la solla y a informar al respecto en torno al verano?

4. ¿Comparte la Comisión la opinión de que la cuota referente a la solla se ha de incrementar provisionalmente en caso de que resulte de la mencionada investigación que las existencias pesqueras son mejores de lo que se esperaba, a fin de evitar que los pescadores se enfrenten innecesariamente con unos problemas socioeconómicos considerables?

5. ¿En qué condiciones va a volver la Comisión sobre su acuerdo con Noruega de reducir sin más el TAC de la solla para 1997 en el 20%?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (3 de julio de 1996)

De acuerdo con los datos oficiales de desembarques recibidos por la Comisión, la flota neerlandesa ha desembarcado 12.777 toneladas de solla hasta finales de marzo, un 14,6% menos que la cifra correspondiente a 1995 (14.964 toneladas).

En el primer trimestre de 1996, los desembarques representan el 37,4% de la cuota asignada a los Países Bajos. En el mismo período de 1995, se había efectuado el 33,9% del total de desembarques previsto para ese año. Admitiendo que la comparación de estas cifras indica un ligero aumento del índice de pesca en 1996, la diferencia es en cualquier caso pequeña y entra dentro del margen de variación esperada de un año a otro en las actividades pesqueras. Por lo tanto, en lo que se refiere a las previsiones científicas no se observan desviaciones importantes. El examen de los porcentajes de consumo de cuotas a finales de abril por el conjunto de la Comunidad arroja conclusiones parecidas.

En cualquier caso, la Comisión está dispuesta a intensificar el seguimiento de la evolución de las tasas de capturas durante el resto del año. Si se considera probable que los resultados de pesca a finales de año se desvíen sustancialmente de los objetivos perseguidos por el Consejo en su Reglamento (CE) no 3074/95, de 22 de diciembre de 1995 ((DO L 330 de 30.12.1995. )), la Comisión considerará la posibilidad de revisar el total admisible de capturas (TAC) de 1996, lo cual supondrá, de forma inevitable, la consulta con Noruega, en el marco de nuestros acuerdos sobre derechos de pesca recíprocos.