PREGUNTA ESCRITA E-3449/00

de François Bayrou (PPE-DE) a la Comisión

(7 de noviembre de 2000)

Asunto: Doble imposición fiscal

La movilidad de los ciudadanos europeos, fomentada por la política de la Comisión Europea, se ve obstaculizada por problemas persistentes de doble imposición fiscal.

Pese a los numerosos convenios en materia fiscal acordados entre los distintos países afectados, se constata cada vez con mayor frecuencia el rechazo a aplicar el procedimiento del acuerdo entre caballeros que establecen dichos convenios. Al parecer este tipo de convenio en materia fiscal existe entre Francia y Luxemburgo, pero apenas lo aplican las dos administraciones nacionales afectadas. Además, no existe ningún organismo de arbitraje de litigios fiscales, por lo que la resolución de dichos litigios puede demorarse décadas.

¿Qué medidas piensa emprender la Comisión Europea para que las administraciones fiscales apliquen los convenios vigentes, establecidos en interés del ciudadano europeo y para favorecer la movilidad?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 2000)

La Comisión conviene plenamente con Su Señoría en que la doble imposición puede constituir un obstáculo para la movilidad de los ciudadanos europeos. El Tratado CE ya reconoce el problema de la doble imposición y, en su artículo 293 (antiguo artículo 220), establece que los Estados Miembros entablarán, en tanto sea necesario, negociaciones entre sí, a fin de asegurar en favor de sus nacionales la supresión de la doble imposición dentro de la Comunidad. En virtud de este artículo, los Estados miembros han celebrado convenios fiscales bilaterales entre ellos y, actualmente, hay una red casi completa de convenios fiscales dentro de la Comunidad.

Los convenios fiscales bilaterales disponen, en general, un procedimiento de acuerdo mutuo para resolver las dificultades que surgen al aplicarlos. En virtud del artículo 25 del Convenio de doble imposición fiscal de rentas y capitales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), esos procedimientos de acuerdo mutuo suelen disponer que las autoridades competentes se esforzarán, conjuntamente, por resolver la situación de los sujetos pasivos sometidos a una imposición que no sea conforme con las disposiciones del convenio. Por otro lado, alientan y autorizan a las autoridades competentes a resolver de mutuo acuerdo los problemas relacionados con la interpretación o la aplicación del convenio y, además, a consultarse entre ellas para eliminar la doble imposición en casos no previstos por éste. Aunque las autoridades competentes suelen estar en condiciones de resolver los litigios por acuerdo mutuo dentro de un periodo razonable de tiempo, se dan casos de procedimientos de acuerdo mutuo que duran un largo periodo de tiempo o que no acaban en una solución satisfactoria. En opinión de la Comisión, ese procedimiento de arbitraje vinculante puede desempeñar un papel importante para resolver tales litigios y acelerar los procedimientos, por lo que sería conveniente disponer de semejante arbitraje vinculante como complemento útil a los tratados fiscales bilaterales entre Estados miembros.

Hay que señalar que ya existe un instrumento en el que se dispone el arbitraje para los litigios fiscales en el ámbito de la fijación de precios de transferencia: el Convenio de Arbitraje(1). El objetivo de este convenio multilateral, que entró en vigor el 1 de enero de 1995, es establecer un procedimiento para resolver los casos de doble imposición entre empresas de diferentes Estados miembros resultantes de un ajuste al alza de los beneficios de una empresa en un Estado miembro que no se complemente con el correspondiente ajuste a la baja de los beneficios de una empresa asociada en otro Estado miembro. Los convenios fiscales bilaterales suelen incluir disposiciones sobre ajustes correspondientes para evitar problemas de doble imposición, pero no establecen ninguna obligación vinculante al respecto. El Convenio de Arbitraje incluye disposiciones para nombrar a un comité consultivo que emita un dictamen sobre la eliminación de la doble imposición en caso de que los dos Estados miembros de que se trate no puedan llegar a un acuerdo sobre el procedimiento a seguir en el plazo de dos años después de la presentación de una reclamación por parte de las empresas en cuestión. El dictamen del comité consultivo es vinculante para los Estados miembros a menos que lleguen a un acuerdo sobre una decisión en sentido diferente del dictamen. La decisión por la que se elimine la doble imposición debe adoptarse en el plazo de seis meses después del dictamen del comité consultivo. La Comisión está examinando el funcionamiento del Convenio de Arbitraje en el contexto del estudio sobre la fiscalidad de las empresas, que se presentará en el año 2001.

Cabe destacar un elemento interesante: el nuevo convenio de doble imposición entre Austria y Alemania, que ya se ha firmado, aunque no ratificado, dispone que cuando las autoridades competentes no puedan resolver las dificultades o dudas relativas a la interpretación o la aplicación del convenio dentro del plazo de dos años deberán, si así lo solicita el sujeto pasivo, someter el caso al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 239 (antiguo artículo 182) del Tratado CE. La Comisión ha observado esta novedad con interés y sugiere a los demás Estados miembros que consideren la posibilidad de adoptar medidas semejantes.

(1) Convenio 90/463/CEE de 23 de julio de 1990 relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas, DO L 225 de 20.8.1990.