PREGUNTA ESCRITA E-1975/01

de Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) a la Comisión

(5 de julio de 2001)

Asunto: Vacío legal en materia de instalación de antenas de telefonía móvil

Numerosas asociaciones europeas de consumidores han denunciado el vacío legal existente en materia de instalación de antenas de telefonía móvil que no tiene en cuenta el daño urbanístico que esa instalación provoca.

Dicho vacío legal permite que cada comunidad de vecinos, mediante compensaciones, pueda instalar antenas en sus edificios sin tener en cuenta los problemas medioambientales y de salud que pudiera provocar.

¿Puede indicar la Comisión cuál es la posición legal comunitaria al respecto y si la referida instalación de antenas de telefonía móvil está sujeta a alguna normativa comunitaria de carácter general que evite la actual confusión que existe sobre el particular y que ha sido denunciada por las asociaciones de consumidores en numerosas latitudes del entorno de la UE?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(4 de septiembre de 2001)

No existe ninguna legislación comunitaria que armonice las reglas de instalación de las antenas de telefonía móvil, con el fin de garantizar que no se causan daños en el medio ambiente urbano. Sin embargo, ello no significa que exista un vacio legal.

La protección del medio ambiente urbano es una cuestión que afecta a las autoridades locales, regionales y de los Estados miembros. Los procedimientos empleados y los criterios aplicados varían enormemente entre los Estados miembros y reflejan la diversidad de reglas y tradiciones en la Comunidad. Por lo general, incluyen consideraciones sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y reglas de planificación urbana. La legislación europea referente a los servicios de telecomunicaciones (Directiva 97/33CE)(1) permite de forma explícita que los Estados miembros regulen a nivel local, estipulando que cuando el uso compartido resulte beneficioso por motivos urbanísticos, medioambientales, económicos o de otra naturaleza, pueda ser obligatoria la celebración de acuerdos.

En los casos en los que la cuestión afecta a la seguridad y salud de los ciudadanos, se han adoptado reglamentos y recomendaciones comunitarias para garantizar que el público no esté indebidamente expuesto a las ondas electromagnéticas:

- La legislación comunitaria referente a los productos radioeléctricos (entre los que se incluyen las antenas de telefonía móvil) obliga a los fabricantes a asegurar que los mismos están exentos de peligro. En concreto, la letra a del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad(2) (la Directiva R & TT) obliga a los fabricantes a garantizar que sus productos no afectan a la salud cuando son utilizados para el uso previsto. En el apartado 2 del artículo 7 de la misma Directiva, se autoriza explícitamente a las autoridades locales a que impongan restricciones en cuanto al uso de los productos radioeléctricos, estableciendo por ejemplo distancias mínimas respecto al público, con el fin de garantizar la instalación apropiada de las citadas antenas.

- La Comunidad proporciona además orientaciones sobre los niveles de seguridad que hay que respetar. El 12 de julio de 1999 el Consejo adoptó una Recomendación para los Estados miembros limitando la exposición del público a campos electromagnéticos de 0Hz a 300HZ (1999/519/CEE)(3). El respeto total de las restricciones básicas y de los niveles de referencia que se incluyen en la Recomendación aseguran a los usuarios un elevado nivel de protección contra los efectos agudos y a largo plazo de la radiación no ionizante emitida por tales aparatos. Los límites recomendados incluyen un factor de seguridad de 50, para cubrir los posibles efectos a largo plazo en toda la escala de frecuencia. Los Estados miembros, de acuerdo con el Tratado, prevén un mayor nivel de protección que el establecido en dicha recomendación. Además, las normas europeas elaboradas por el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec), garantizará, como así lo solicitó la Comisión, la conformidad de los aparatos comercializados con los límites establecidos en la Recomendación del Consejo. Tales normas quedarán establecidas en la Directiva 1999/5/CE y sustituirán a las normas incompatibles de carácter nacional.

Tras haber tratado los efectos potenciales para la salud causados por las antenas de telefonía móvil, la Comisión no planea por el momento proponer un procedimiento comunitario para controlar la ubicación de las mismas.

(1) Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 1997 relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principos de la oferta de red abierta (ONP). Se espera que las disposiciones de la presente Directiva se incluyan en la nueva Directiva marco, actualmente debatida en el Parlamento y el Consejo DO L 199 de 26.7.1997.

(2) DO L 91 de 7.4.1999.

(3) DO L 199 de 30.7.1999.