ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
PREGUNTA ESCRITA E-0993/00

de Ioannis Souladakis (PSE) al Consejo

(30 de marzo de 2000)

Asunto: Mecanismos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM)

La reciente aprobación por el Parlamento Europeo del informe Swoboda(1) sobre la apertura de las negociaciones para la celebración de un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la ARYM crea el marco de garantías adecuado para la seguridad y el desarrollo del citado país, con el fin de que la ARYM se aproxime gradualmente a la familia europea.

¿Cuáles son los próximos pasos que piensa dar el Consejo para que se materialice en breve todo cuanto el informe Swoboda anuncia y promete en relación con la ARYM?

(1) Acta de la sesión del 17 de febrero de 2000, p. 81.

Respuesta

(26 de junio de 2000)

El Proceso de Estabilización y Asociación es el elemento clave de la política que la Unión Europea aplica en los Balcanes. El objetivo general de la UE es integrar al máximo a los países de esta región en la opción política y económica mayoritaria de Europa.

El Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) es un nuevo tipo de Acuerdo bilateral que la Unión Europea ofrece a los países de esta región, siempre que cumplan determinadas condiciones económicas.

El 24 de enero de 2000, el Consejo adoptó las directrices de negociación de un AEA con la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Se trata de las primeras directrices de negociación de un Acuerdo de este tipo con un país de esta región, y constituyen, por tanto, un paso muy importante en el desarrollo del Proceso de Estabilización y Asociación que persigue la UE.

Las negociaciones se iniciaron en marzo, bajo la responsabilidad de la Comisión Europea. Las dos partes manifestaron su voluntad de culminar dichas negociaciones para finales de año. El Consejo está seguro de que la Comisión sabrá atender plenamente a las recomendaciones formuladas en el Informe Swoboda. Al cabo de las negociaciones, se procederá a la firma y celebración del Acuerdo según los procedimientos contemplados en las disposiciones pertinentes de los Tratados.
PREGUNTA ESCRITA E-0503/00

de Christopher Huhne (ELDR) al Consejo

(25 de febrero de 2000)

Asunto: Redistribución del personal del Consejo

¿Qué procedimientos tiene a su disposición el Consejo para asignar personal de una dirección general que necesita menos plantilla a otra que necesita más? ¿Con qué frecuencia se utilizan dichos procedimientos? ¿Cuál ha sido la eficacia de dichas medidas en lo que se refiere al número de puestos transferidos cada año entre las direcciones generales en relación con el número total de puestos? ¿Puede aportar el Consejo cualquier otro tipo de información sobre la redistribución de puestos entre su personal?

Respuesta

(2 de mayo de 2000)

Desde comienzos de los años 1980, la Secretaría General del Consejo se ha dotado de una política de movilidad que se basa en la posibilidad que reconoce el Estatuto a cualquier funcionario de solicitar ser trasladado dentro de su Institución (apartado 1 del artículo 7). Esta política parte del principio de que el que no se concedan efectivamente posibilidades de movilidad a aquél que desee cambiar de destino no va únicamente en interés de quien así lo solicita, sino también de la propia institución.

No obstante, respondiendo a la pregunta de Su Señoría, la Secretaría General no ha establecido por el momento procedimientos o normativas internas particulares en lo referente a redistribución o reasignación de las plantillas dentro de sus servicios y direcciones generales, sin embargo, en la práctica, durante los últimos años se han llevado a cabo en varias ocasiones reasignaciones puntuales de puestos de trabajo para reforzar equipos existentes o crear otros nuevos, en función de la urgencia o importancia de determinados expedientes. Dichas reasignaciones se han llevado a cabo respetando el procedimiento de movilidad. Se trataba fundamentalmente de funcionarios destinados a la Unidad de Planificación de la Política y de Alerta Rápida (UPPAR) y a la unidad de Procedimiento legislativo en codecisión.

Por otra parte, el Secretario General ha recurrido asimismo a la creación de un grupo de trabajo, caracterizado por ser un equipo de refuerzo temporal compuesto por funcionarios alejados provisionalmente de sus funciones habituales para responder a necesidades puntuales y excepcionales de la Institución, como por ejemplo las CIG o las negociaciones sobre las sucesivas ampliaciones.

La Secretaría General del Consejo concede gran importancia a que cierta flexibilidad en lo referente a reasignaciones permita, en función de las necesidades, hacer frente al tratamiento de expedientes nuevos y urgentes.
PREGUNTA ESCRITA P-0179/00

de Alexander de Roo (Verts/ALE) a la Comisión

(27 de enero de 2000)

Asunto: Taladros de ensayo en De Biesbosch

La ministra neerlandesa A. Jorritsma (asuntos económicos) ha autorizado a la empresa NAM (Compañía Petrolífera Neerlandesa) para efectuar taladros de ensayo en la región denominada De Biesbosch. La NAM espera encontrar unas reservas de gas natural.

De Biesbosch es un parque nacional al que se aplica la directiva europea sobre las aves. Además, De Biesbosch ha sido propuesta por el Gobierno neerlandés como zona natural europea protegida (zona de protección especial); a mediados de febrero el Parlamento neerlandés tomará una decisión al respecto.

1. ¿Comparte la Comisión el punto de vista de que una zona natural, a la que se aplica la directiva europea sobre las aves, ha de quedar resguardada de tales actividades industriales?

2. ¿Comparte la Comisión la opinión de que en este caso los intereses ecológicos han de prevalecer sobre los intereses económicos (a corto plazo)?

3. ¿Pretende la Comisión intentar que el Gobierno neerlandés y la ministra Jorritsma renuncie a dichos taladros de ensayo?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(17 de febrero de 2000)

La Comisión no está al corriente del asunto a que se refiere Su Señoría.

De Biesbosch es uno de los espacios más importantes declarados protegidos por la legislación nacional (Natuurbeschermingswet).

De Biesbosch merece asimismo ser declarado zona de protección especial (ZEPA) con arreglo a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres(1). Las autoridades danesas tienen la intención de declarar ZEPA ese espacio pero aún no lo han hecho.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un espacio que debe declararse ZEPA tiene que disfrutar de protección según establecen los apartados 3 y 4 del artículo 6 y el artículo 7 de la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(2).

Según el apartado 3 del artículo 6, cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a una ZEPA debe someterse a evaluación. Las autoridades sólo pueden autorizar ese plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto, el Estado miembro deberá cumplir todos los requisitos específicos mencionados en el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE.

La Comisión va a adoptar las medidas necesarias para que el Derecho comunitario de medio ambiente se cumpla plenamente en este caso.

(1) DO L 103 de 25.4.1979.

(2) DO L 206 de 22.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-1196/00

de William Newton Dunn (ELDR) a la Comisión

(12 de abril de 2000)

Asunto: Persecuciones religiosas en la India

En varios Estados de la India, se están denunciando ataques contra las comunidades cristianas en forma de homicidios, violaciones en grupo, palizas, amenazas y destrucción y profanación de iglesias. Paralelamente, se han adoptado iniciativas legislativas en varios Estados indios para limitar la libertad religiosa. En el Estado de Orissa, por ejemplo, el gobierno estatal prohibió, a finales de 1999, las conversiones sin la autorización previa de la policía local y del juez de distrito. En el Estado de Gujurat, el año pasado se presentó un proyecto de ley de libertad religiosa que sancionaba duramente como delito el hecho de convertir a alguien a otra religión. A pesar de haberse archivado en febrero, es probable que se intente volver a presentar dicho texto legal en el futuro. Los cristianos de este Estado opinan que el proyecto de ley se presta a interpretaciones subjetivas y que se puede utilizar con el fin de paralizar sus esfuerzos humanitarios a favor de los pobres y de limitar cualquier tipo de expresión pública de su fe.

A la luz de dichos acontecimientos, ¿tiene intención la Comisión de tratar la cuestión de la tolerancia y la libertad religiosas en la próxima cumbre entre la UE y la India?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(16 de mayo de 2000)

La Comisión comparte la preocupación de Su Señoría y quiere poner de relieve que la Delegación de la Comisión en Nueva Delhi continúa supervisando de cerca e informando sobre la situación de las minorías religiosas en la India, incluida la comunidad cristiana, en estrecha consulta con las misiones comunitarias en Nueva Delhi.

Desde el incremento en 1998 del número de ataques contra familias e instalaciones cristianas, los embajadores han expresado constantemente al Gobierno indio su preocupación a este respecto.

El Gobierno de la India ha creado desde entonces una Comisión Nacional para las Minorías, especialmente encargada de la protección de las minorías religiosas en la India y de la tramitación de las denuncias recibidas. Aunque la Comisión Nacional para las Minorías carezca de poder judicial, se espera que siga ejerciendo una influencia restrictiva de los grupos extremistas y contribuyendo así a sostener los principios de gobierno laico y libertad de práctica religiosa proclamados en la Constitución india.

En lo que respecta a las iniciativas legislativas de algunos Estados indios, la Comisión pedirá a su Delegación en Nueva Delhi que trabaje en estrecha colaboración con sus colegas de las misiones comunitarias hermanas con el objeto de analizar los antecedentes y las implicaciones efectivas de cualquier medida legislativa discriminatoria adoptada que pueda afectar a la libertad de creencia de los cristianos y de otros grupos religiosos en la India. Basándose en sus resultados la Comisión consultará a sus socios y decidirá el alcance, la forma y el lugar apropiados para una posible queja ante las autoridades indias.
PREGUNTA ESCRITA E-1435/00

de Carmen Cerdeira Morterero (PSE) a la Comisión

(5 de mayo de 2000)

Asunto: Doble discriminación: mujer y discapacidad

En aplicación del artículo 13 del Tratado de Amsterdam contra la discriminación, la Comisión Europea acaba de presentar un paquete de medidas que incluye tres directivas. Dicho artículo 13 establece, entre otros, el sexo y la discapacidad como motivos de discriminación contra los que la Unión piensa actuar. Dado que esto es así, en el caso de las mujeres discapacitadas existe una doble discriminación que debería ser observada por la Comisión.

Por lo tanto, ¿tiene la Comisión alguna propuesta, en el marco del paquete de medidas contra la discriminación, encaminada a combatir la doble discriminación que se produce en el caso de las mujeres discapacitadas?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(27 de junio de 2000)

Se reconoce que, en muchos casos, las desigualdades estructurales relacionadas con los papeles del hombre y de la mujer tienen repercusiones mucho más importantes en el caso de una

discriminación doble, triple o múltiple por otros motivos distintos del sexo contemplados en el artículo 13 del Tratado CE. Sin duda, así ocurre en el caso de las mujeres con discapacidad. Si bien la igualdad de trato entre los sexos no se halla cubierta como tal en el paquete de medidas adoptadas por la Comisión en el mes de noviembre de 1999(1), de los artículos 2 y 3 del Tratado CE se desprende explícitamente la necesidad de adoptar un enfoque que tenga en cuenta ese principio al aplicar todas las medidas previstas en dicho paquete.

En consecuencia, la Comisión velará por que la situación de las mujeres con discapacidad se tenga debidamente en cuenta en la aplicación de los distintos instrumentos que adopte el Consejo en virtud del artículo 13 del Tratado CE.

(1) COM(1999) 564 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0661/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(9 de marzo de 2000)

Asunto: Galicia en las Redes Ferroviarias Transeuropeas

El Presidente de Galicia, Manuel Fraga, acompañado del Presidente de Castilla y León, Juan José Lucas, ha anunciado en los periódicos gallegos su intención de entablar negociaciones con la Comisión Europea para lograr que se utilicen 600 000 millones de pesetas (3 610 M) del Fondo de Cohesión destinado al Estado Español para incorporar a Galicia, a través de Castilla y León, a las Redes Transeuropeas de Alta Velocidad.

¿Podría indicar la Comisión qué sentido tendría esta posible intervención ante la Comisión Europea, sabiéndose que la Comisaria de Transportes, Loyola de Palacio, ha declarado en reiteradas ocasiones que la decisión con respecto a las líneas de alta velocidad a cargo del Fondo de Cohesión en el período 2000-2006 depende del Gobierno español, en el que el Presidente Fraga debería tener una gran influencia directa, especialmente para evitar la discriminación de Galicia en la decisiva modernización europea de los ferrocarriles?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(3 de abril de 2000)

La Comisión no puede pronunciarse sobre el significado o las intenciones de las declaraciones de los Presidentes de Comunidades Autónomas.

Las declaraciones del Comisario responsable de transportes hacen referencia a uno de los criterios que deben cumplir los proyectos que pueden beneficiarse de la cofinanciación del Fondo de Cohesión en virtud de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo por el que se crea el Fondo de cohesión(1). De acuerdo con el citado artículo, la prioridad concedida por el Estado miembro a un proyecto dado es uno de los criterios cualitativos que deben caracterizar a todo proyecto que se proponga a la Comisión para su aprobación. En el caso de los proyectos de transporte, y especialmente de aquellos que se enmarcan en el desarrollo de las redes transeuropeas de transportes, la responsabilidad de determinar las prioridades nacionales recae en las autoridades centrales.

(1) DO L 130 de 25.5.1994.
PREGUNTA ESCRITA E-0511/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(28 de febrero de 2000)

Asunto: Infracciones de la normativa comunitaria por parte de los Estados miembros

A la luz de la respuesta a la pregunta escrita E-2230/99(1) (3 de diciembre de 1999), y visto el aumento progresivo y continuado de las infracciones de la normativa comunitaria, sobre todo por parte de Francia, ¿qué medidas se propone adoptar la Comisión para mejorar la situación actual? ¿Reconoce la Comisión que los esfuerzos actuales para refrenar las infracciones resultan insuficientes? ¿Considera que se debería reforzar el sistema de sanciones contra infractores reincidentes? ¿Tiene la intención de presentar propuestas con este fin en la próxima Conferencia Intergubernamental?

(1) DO C 203 E de 18.7.2000, p. 153.

Respuesta del Presidente Prodi en nombre de la Comisión

(10 de abril de 2000)

La Comisión considera que el procedimiento de infracción existente en el artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE ha probado durante años su eficacia. Por lo tanto, la Comisión no se propone proponer una reforma de dicho procedimiento.

La mayor parte de los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión se solucionan antes de que sea necesario recurrir al Tribunal de Justicia ya que el Estado miembro pone fin a la infracción. Como ejemplo de esta eficacia, en 1999 solamente el 16,5 % de los casos para los que se redactó una carta previa de requerimiento tuvieron que ser presentados al Tribunal por la Comisión.

La posibilidad de un segundo recurso ante el Tribunal con sanciones pecuniarias (artículo 228; antiguo artículo 171 Tratado CE) introducido por el Tratado de la Unión Europea ha reforzado aún más la eficacia de este procedimiento.

Por otra parte, para asegurar un control cada vez más sistemático de la aplicación del derecho comunitario de los Estados miembros, la Comisión mejora constantemente sus procedimientos operativos en este campo. A tal efecto Su Señoría puede consultar el inminente 17o informe para hacerse una idea de estas nuevas medidas operativas. El informe se remitirá al Parlamento en las próximas semanas.
PREGUNTA ESCRITA E-0622/00

de Avril Doyle (PPE-DE) a la Comisión

(3 de marzo de 2000)

Asunto: Aplicación por parte de Irlanda de la legislación comunitaria en materia medioambiental

¿Podría facilitar la Comisión un resumen de los actos legislativos comunitarios más importantes en materia medioambiental que Irlanda no ha aplicado, parcial o totalmente, hasta el momento, comentar el grado de respuesta de Irlanda a las solicitudes de información por parte de la Comisión y señalar sus preocupaciones en relación con directivas específicas y la no aplicación de las mismas?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(18 de abril de 2000)

Se ruega a Su Señoría consulte los informes anuales de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, en los que se ofrece una síntesis de los principales casos de inobservancia de la legislación medioambiental en los Estados miembros y, en particular, en Irlanda.

En lo que respecta al grado de respuesta de Irlanda a las solicitudes de información formuladas por la Comisión sobre denuncias en materia medioambiental, debe señalarse que, desde mediados de 1999, la Comisión envía sistemáticamente escritos de requerimiento, de conformidad con los artículos 10 (antiguo artículo 5) y 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE, a los Estados miembros que no responden a tales solicitudes dentro de los plazos establecidos. Se han remitido dos escritos de este tipo a Irlanda.

Se ruega a Su Señoría tenga a bien precisar las directivas concretas a que hace referencia.
PREGUNTA ESCRITA E-1053/00

de Bill Miller (PSE) a la Comisión

(4 de abril de 2000)

Asunto: Proyecto de propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la protección de los peatones y otros usuarios de la carretera en caso de colisión con un vehículo de motor

Según la información de que dispone el autor de la pregunta, esta cuestión se debatió en una reunión del Grupo de trabajo sobre vehículos de motor.

¿Cuáles fueron las conclusiones de este debate y cuándo se remitirá al Parlamento la propuesta de directiva?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(8 de junio de 2000)

La cuestion de la protección de los peatones se abordó en la reunión del Grupo de trabajo sobre vehículos de motor que se celebró en marzo de 2000. En esa ocasión se examinaron varios aspectos. No se llegó a ninguna conclusión, los debates deben proseguir los días 5 y 6 de junio de 2000. Los comentarios y sugerencias formulados en dicha ocasión sobre la protección de los peatones se tomarán en cuenta para la elaboración del texto.

La Comisión no dejará de informar a todas las partes de los progresos realizados a largo plazo y del calendario que se fije al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-0123/00

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(27 de enero de 2000)

Asunto: Reciclaje digital

Al ritmo que evoluciona la tecnología, muchos países avanzados, empresas, universidades e incluso simples ciudadanos renuevan con frecuencia sus ordenadores personales (PC), pues resultan inservibles para sus nuevas exigencias específicas, mientras que va surgiendo una nueva generación de analfabetos electrónicos que podría utilizarlos. En un simposio de alcance mediterráneo y balcánico organizado recientemente por medi terra en Atenas con el apoyo del Consejo de Europa y del Ministerio de Cultura griego, se propuso crear un sistema de reciclaje de ordenadores en desuso para tras recolectarlos, evaluarlos y efectuarles las necesarias modificaciones enviarlos a países que los necesitan, ofreciendo la necesaria ayuda técnica y de formación.

Ya que es un hecho el interés de la Unión Europea por que, en el marco de la sociedad de la información, se difundan la información y la tecnología al mayor número posible de grupos de población, ¿puede indicar la Comisión:

1. si está de acuerdo con la propuesta antes citada,

2. a través de qué programas comunitarios podría financiarse una propuesta semejante,

3. qué posibles problemas legales podrían plantearse con respecto a la donación de los ordenadores y, principalmente, de los programas, y

4. si existen actividades similares en otros Estados miembros?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(7 de abril de 2000)

1. y 2. La Comisión es partidaria de reciclar los ordenadores viejos ya que, en general, resulta conveniente tanto desde el punto de vista económico como ecológico. También es partidaria de mejorar la tecnología de la información en los países en vías de desarrollo, por lo que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) tienen la posibilidad, en virtud de proyectos cofinanciados, de incluir el reciclado de ordenadores.

Como consecuencia de una licitación, la Comisión ha firmado un contrato con una ONG para la retirada de sus propios ordenadores viejos. De esta manera, esta ONG puede, en el curso de su actividad, reciclar estos ordenadores dentro y fuera de la Comunidad. Además, la Comisión coopera, a petición de dicha ONG, en la preparación de ordenadores para escuelas y asociaciones de la Comunidad y para proyectos en terceros países.

3. y 4. En el cumplimiento de las funciones que le confieren los Tratados, la Comisión no recaba información de este tipo.