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PREGUNTA ESCRITA E-3504/00

de Jules Maaten (ELDR) a la Comisión

(10 de noviembre de 2000)

Asunto: Independencia de los servicios de la Comisión respecto de la industria del tabaco

1. ¿Puede confirmar la Comisión la existencia de normas del Estatuto aplicables a los funcionarios de los servicios jurídicos que, tras la jubilación, ocupan un empleo que guarda relación con su actividad anterior?

2. ¿Puede confirmar asimismo si, inmediatamente después de la jubilación, un miembro de sus servicios jurídicos, responsable de los asuntos de mercado interior, comenzó a trabajar para la campaña de la industria del tabaco destinada a impedir la adopción de la directiva sobre la publicidad de los productos del tabaco, y utilizó su anterior empleo como credencial?

3. De ser así, ¿puede explicar la Comisión por qué en este caso no se aplicó el Estatuto?

4. Vistas las preguntas anteriores, ¿puede asegurar la Comisión que se garantiza la independencia de sus servicios respecto de la industria del tabaco, en particular por lo que concierne a los servicios jurídicos, a los servicios encargados de aduanas, fiscalidad y agricultura y, en su caso, qué medidas se han adoptado para tal fin?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(8 de febrero de 2001)

La Comisión remite a Su Señoría a los artículos 16 y 17 del Estatuto de los funcionarios, que se aplican a todos los antiguos funcionarios de la Comunidad y no sólo a los de sus servicios jurídicos. El artículo 16 dispone que el funcionario que cese en sus funciones está obligado a respetar los deberes de probidad y corrección en cuanto a la aceptación de determinadas funciones o beneficios.

La Comisión confirma que sabía que un antiguo funcionario de su servicio jurídico trabajaba en la campaña de la industria del tabaco dirigida contra la prohibición de la publicidad del tabaco.

La Comisión ha examinado este caso para cerciorarse de que esa persona había observado las normas pertinentes del Estatuto de los funcionarios (artículos 16 y 17). Al examinar este tipo de casos, la Comisión espera que sus antiguos funcionarios se abstengan de aceptar empleos que puedan dar lugar a conflictos de intereses con su trabajo anterior en la Comisión. El conflicto de intereses se produce cuando la nueva actividad tiene que ver con asuntos de los que era responsable el antiguo funcionario en la Comisión y requiere que éste deba oponerse a la posición de la Comisión en el tema de que se trate.

Igualmente, se produce un conflicto de intereses cuando la persona aprovecha información confidencial de la que haya tenido conocimiento en sus funciones anteriores.

En el caso a que se refiere Su Señoría, la Comisión ha dictaminado que el funcionario no ha incumplido las normas del Estatuto de los funcionarios dado que, cuando trabajaba en la Comisión, no se ocupaba de asuntos relacionados con el tabaco o el mercado único.

Todos los servicios de la Comisión son independientes de la industria del tabaco (y de cualquier otra industria). Cuando la Comisión sospecha que se incumplen estas normas profesionales, investiga el caso inmediatamente y, en caso necesario, aplica las sanciones oportunas.
PREGUNTA ESCRITA E-3874/00

de Cristiana Muscardini (UEN) a la Comisión

(8 de diciembre de 2000)

Asunto: Mercado de armamento

Gracias a las ganancias del petróleo, los países del Oriente Medio han vuelto a invertir en el sector militar. Este año, países como Arabia Saudita, Israel o los Emiratos Árabes destinarán a los gastos militares 60 000 millones de dólares, es decir, más del 5 por ciento de su presupuesto.

En consecuencia, los EE.UU. han vuelto a aumentar los fondos destinados a la defensa, mientras que Europa, con la excepción del Reino Unido, reduce en un 6 por ciento su gasto militar.

¿Puede adoptar la Comisión un plan de medidas destinado a frenar el comercio y la venta de armamento basado en:

1. La exigencia de que los países productores de petróleo respeten las medidas adoptadas en el transcurso de la Cumbre de Caracas sobre la disminución del precio del petróleo;

2. La prohibición del comercio ilegal de diamantes, a fin de impedir que los beneficios se transformen en armas;

3. La petición a los países de la UE de que aumenten los fondos disponibles para la investigación y el desarrollo militar, a fin de respetar el compromiso relativo a la creación de un ejército común europeo?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(30 de enero de 2001)

1. La Comisión no tiene competencias para tomar iniciativas en este ámbito.

2. La Comisión apoya el proceso Kimberley que ha sido puesto en marcha por los productores africanos de diamantes y participa de manera activa en los esfuerzos internacionales para encontrar una solución al problema al que se alude como diamantes a cambio de armas (reunión ministerial de 21 de septiembre de 2000 en Pretoria y reunión internacional de 25 y 26 de octubre de 2000 en Londres).

3. La Comisión no tiene competencia para actuar en este asunto.
PREGUNTA ESCRITA E-4087/00

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(10 de enero de 2001)

Asunto: Variante ECJ, la forma humana de la EEB

¿Considera la Comisión que la variante ECJ debería denominarse Encefalopatía Espongiforme Humana?

¿Qué está haciendo la Unión Europea para fomentar el intercambio de experiencias médicas en el tratamiento de esta enfermedad?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(28 de febrero de 2001)

1. En 1996, un equipo británico de la Unidad de seguimiento de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ), con sede en Edimburgo, publicó un artículo(1) en cuyas conclusiones aparecía una relación causal entre la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y una nueva variante de la encefalopatía espongiforme humana (nv-ECJ).

Aunque presenta ciertas diferencias neurológicas significativas con la forma esporádica clásica, la nv-ECJ se clasifica como enfermedad neurodegenerativa humana. Los neurólogos alemanes Jakob y Creutzfeldt investigaron la forma clásica de la enfermedad, por lo que en el mundo científico y médico se la conoce como nv-ECJ.

2. La Comisión emprendió un plan europeo de acción para la investigación de las EET(2) en 1996, en el que se han invertido 50 M en promover su comprensión y detección, y en luchar contra EET como la humana y la bovina. Actualmente unos 150 laboratorios colaboran en 54 proyectos de investigación de las EET con fondos comunitarios, dirigidos a temas como el estudio de las enfermedades priónicas humanas, agente infeccioso, evaluación del riesgo, tratamiento y prevención.

En particular, cabe mencionar un proyecto para la concepción de un tratamiento de las EET basado en los polisacáridos que se unen a las proteínas priónicas, proyecto que reúne equipos de investigación de Alemania, Reino Unido, Francia e Israel, y cuyo objetivo principal es la identificación de los mecanismos de inhibición de la multiplicación del prión en células de cultivo.

Además, la Comisión organizó el 15 de diciembre de 2000 un encuentro de expertos nacionales en EET con el fin de analizar, en el ámbito de la investigación, las actividades en curso y los temas que conviene reforzar, determinar nuevas áreas de estudio e incentivar el intercambio de información entre los equipos investigadores. Este grupo presentará en breve un informe provisional.

El apartado 5 del artículo 152 (antiguo artículo 129) del Tratado CE establece que la acción comunitaria en el ámbito de la salud pública respetará plenamente las responsabilidades de los Estados miembros en materia de organización y suministro de servicios sanitarios y asistencia médica. No obstante, la Comisión considerará la posibilidad de promover el intercambio de información para el mejor tratamiento de la nv-ECJ dentro del marco del nuevo programa de salud pública(3) que en la actualidad está siendo debatido en el Parlamento y en el Consejo.

(1) R. G. Will et al., The Lancet 1996: 347;921-25, disponible asimismo en www.cjd.ed.ac.uk/lancet.htm.

(2) Encefalopatías espongiformes transmisibles.

(3) DO C 337 E de 28.11.2000 y COM(2000) 285 final.
PREGUNTA ESCRITA E-4002/00

de Robert Evans (PSE) a la Comisión

(21 de diciembre de 2000)

Asunto: Daños a la vida marina como consecuencia de la actividad militar

Los Estados Unidos han cancelado recientemente unas maniobras militares en algunas áreas marinas para evitar infligir daños a habitats marinos sensibles. Esto ha sido el resultado de un período de consulta pública previo a la concesión del permiso para llevar a cabo ejercicios militares.

A la luz de lo expuesto:

a) ¿Puede la Comisión indicar qué información posee sobre los daños causados a la vida marina por actividades militares desarrolladas por los Estados miembros?

b) ¿Puede señalar asimismo si tiene previsto introducir un mecanismo de consulta pública similar para proteger a los mamíferos y a otros componentes de la fauna y flora en las aguas europeas?

Respuesta de la Sra. Wallström En nombre de la Comisión

(20 de febrero de 2001)

Algunos hábitats y especies marinas están protegidos específicamente por la Directiva Hábitats(1), que constituye, a nivel europeo, la principal medida legislativa para la protección de los hábitas naturales y de la flora y fauna silvestres.

El artículo 17 de la Directiva obliga a los Estados miembros a presentar un informe sobre las medidas adoptadas para su aplicación. Los primeros informes deberían recibirse en la Comisión en los próximos meses. Por este motivo, la Comisión todavía no está en condiciones para suministrar las informaciones que solicita su Señoría.

La Directiva Hábitats prevé en su artículo 6 mecanismos para garantizar la protección de los parajes pertenecientes a la red Natura 2000, incluidos los lugares marinos, contra cualquier actividad que pudiera poner gravemente en peligro su estado de conservación. En este marco, está prevista la consulta pública a los interesados, en su caso.

(1) Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flota silvestres, DO L 206 de 22.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-4134/00

de Gerhard Schmid (PSE) a la Comisión

(16 de enero de 2001)

Asunto: Directiva relativa a las instalaciones de transporte de personas por cable

En el grave accidente registrado en el funicular del glaciar de Kaprun (Kitzsteinhorn) el 11 de noviembre de 2000 perdieron la vida 155 personas.

Por tal motivo:

1. ¿Cabe suponer que el accidente habría podido evitarse si durante la construcción del funicular de Kaprun ya hubieran estado en vigor las disposiciones de la Directiva 2000/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a las instalaciones de transporte de personas por cable?

2. En caso negativo, ¿proyecta la Comisión mejorar la directiva vigente en un futuro inmediato?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(28 de febrero de 2001)

1. La Directiva 2000/9/CE del Parlamento y del Consejo de 20 de marzo de 2000 relativa a las instalaciones de transporte de personas por cable(1) aspira a garantizar la seguridad de las instalaciones de transportador por cable definiendo los requisitos esenciales sanitarios y de seguridad que deben cumplir todas las instalaciones nuevas, incluidos los funiculares, teleféricos y telesquíes diseñados para transportar a personas. Se adoptó el 20 de marzo de 2000, pero sólo se aplicará completamente tras un período transitorio de cuatro años (a partir de la fecha de publicación), el 3 de mayo de 2004. Mientras tanto, estas instalaciones quedan cubiertas fundamentalmente por normas nacionales.

Hasta que finalicen los resultados de las investigaciones sobre la tragedia del glaciar Kitzsteinhorn no puede hacerse ninguna conjetura sobre si podría haberse evitado la tragedia de haber estado en vigor la Directiva.

2. La Directiva 2000/9/CE requiere que se tengan en cuenta las enseñanzas de experiencias anteriores en el análisis de seguridad que debe acompañar a todas las instalaciones en proyecto y en el análisis de las medidas previstas para hacer frente a los posibles riesgos si instalaciones o constituyentes ya aprobados pudieran poner en peligro la salud o la seguridad.

Si los resultados de la investigación del accidente de Kitzsteinhorn demuestran la necesidad de modificar la legislación comunitaria correspondiente, incluida la Directiva 2000/9/CE, se presentarán cuanto antes las propuestas necesarias.

(1) DO L 106 de 3.5.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-3332/00

de Esko Seppänen (GUE/NGL) a la Comisión

(25 de octubre de 2000)

Asunto: Regalo de frecuencias UMTS

La adjudicación de las nuevas frecuencias de telefonía móvil entre las empresas del sector se ha llevado a cabo en los diferentes países con arreglo a criterios también diferentes. En algunos países se han subastado, en tanto que en otros se han adjudicado prácticamente gratis. ¿Considera la Comisión que la adjudicación gratuita de frecuencias se podría interpretar como una ayuda estatal encubierta, contraria al artículo 87 del Tratado constitutivo de la CE, y, en caso afirmativo, qué tiene previsto hacer la Comisión al respecto?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(18 de diciembre de 2000)

En primer lugar, la Comisión desea recordar a Su Señoría que la elección del procedimiento de adjudicación de licencias de telefonía móvil de tercera generación corresponde a los Estados miembros, siempre que estos procedimientos cumplan los principios enunciados en el Derecho comunitario, incluidas las normas en materia de ayudas estatales.

En principio, los dos procedimientos de venta de licencias, a saber, el sistema de concurso y la subasta, pueden ajustarse a las normas sobre ayudas estatales, siempre que sean transparentes, objetivos y no discriminatorios. Además, las condiciones y las modalidades del procedimiento elegido deberán ser de tal manera que pueda descartarse la concesión de cualquier tipo de ayuda directa o indirecta a los operadores o a la actividad en cuestión.

El artículo 87 (antiguo artículo 92) del Tratado CE prohíbe a los Estados miembros conceder ayudas estatales que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo determinadas empresas o producciones.

En esta fase, la Comisión recibió una serie de denuncias, en curso de instrucción, contra la concesión de ayudas estatales en el marco de algunos procedimientos de adjudicación de licencias de comunicaciones móviles de tercera generación. Deberá determinarse en qué circunstancias la adjudicación de una licencia podría constituir ayuda estatal. Dicha evaluación requiere un análisis exhaustivo de cada caso.
PREGUNTA ESCRITA E-3564/00

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(17 de noviembre de 2000)

Asunto: Transporte de animales vivos para el sacrificio

La protección de los animales durante el transporte está regulada por la Directiva 91/628/CEE(1), modificada por la Directiva 95/29/CE(2), en la cual se establecen determinadas mejoras del TIR, la densidad de carga, la necesidad de paradas periódicas durante los viajes, las densidades máximas y la prohibición de transportar animales heridos o enfermos. En realidad, un gran número de países no han transpuesto dicha directiva en sus respectivas legislaciones nacionales y, por otro lado, no existen controles adecuados para garantizar el respeto de la normativa establecida en la Directiva 95/29/CE.

Considerando todo lo anterior, ¿puede indicar la Comisión cuándo piensa revisar la directiva de 1995 para poner fin al trato inhumano al que están expuestos los animales durante el transporte? ¿Cómo piensa garantizar un mejor control de los transportes?

(1) DO L 340 de 11.12.1991, p. 17.

(2) DO L 148 de 30.6.1995, p. 52.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(17 de enero de 2001)

Todos los Estados miembros han incorporado ya a sus ordenamientos jurídicos nacionales la Directiva 91/628/CE de 19 de noviembre de 1991, modificada por la Directiva 95/29/CE, de 29 de junio de 1995, sobre la protección de los animales durante el transporte.

La Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) de la Comisión efectúa misiones de inspección periódicas en los Estados miembros con objeto de controlar las medidas adoptadas por los organismos competentes para garantizar el cumplimiento de las directivas. Estas misiones han puesto de manifiesto la existencia de deficiencias graves en la puesta en práctica de la legislación nacional de transposición de las directivas en varios Estados miembros. Asimismo, distintas organizaciones de defensa de los animales han presentado quejas a la Comisión. Esta institución ya ha incoado procedimientos de infracción con arreglo al artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE contra varios Estados miembros a este respecto.

Asimismo, la Comisión tiene previsto emprender en el futuro próximo varias iniciativas importantes destinadas a mejorar la situación.

La Comisión ha aprobado recientemente un informe(1) sobre la experiencia adquirida desde la aplicación de la Directiva sobre la protección de los animales durante el transporte. En dicho documento, presentado al Consejo y al Parlamento, se exponen diversas maneras de mejorar el marco reglamentario en este ámbito.

(1) COM(2000) 809 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3629/00

de Heidi Hautala (Verts/ALE) a la Comisión

(22 de noviembre de 2000)

Asunto: Notificación de las especies de aves en el formulario de información de la red Natura 2000

Según dictámenes elaborados por expertos, se han suprimido 14 especies de aves del formulario de información de la red Natura 2000 correspondiente a la región finlandesa de Mustavuori-Östersundom. La exclusión se ha justificado, en contra de lo expuesto en los dictámenes elaborados por expertos, por el carácter ocasional de la presencia de dichas aves en la zona. Si se permite una interpretación de las disposiciones contraria a la opinión de los expertos en ecología, se podría muy bien llegar a un resultado contrario a los objetivos de la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

¿Cómo piensa velar la Comisión por que los Estados miembros, con sus interpretaciones, no dejen de notificar en el formulario de información de la red Natura 2000 las especies de aves presentes en las zonas de protección especiales (ZPS), tal como lo exige la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres? La cuestión está relacionada con las decisiones de las autoridades finlandesas sobre el proyecto del gran puerto de Vuosaari que se encuentra en fase de preparación, en particular, en lo que se refiere a la delimitación de la zona Natura 2000 de Mustavuori-Östersundom y los efectos del proyecto de puerto en esa zona.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(2 de febrero de 2001)

De conformidad con el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres(1), los Estados miembros remitirán a la Comisión toda la información oportuna para garantizar la clasificación como zonas de protección especial de los territorios más adecuados en número y superficie.

Si se identifican errores en los formularios de datos normalizados, por ejemplo en relación con denuncias, la Comisión pedirá a los Estados miembros que corrijan la información.

En cuanto al caso mencionado en la pregunta, la Comisión ha hecho la misma observación basándose en las declaraciones de los expertos.

La Comisión ha solicitado una corrección en la base de datos.

(1) DO L 103 de 25.4.1979.
PREGUNTA ESCRITA E-3710/00

de Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) a la Comisión

(30 de noviembre de 2000)

Asunto: Captura del atún rojo en Dènia y Gandía

En los puertos pesqueros de Dènia y Gandía hace años que se viene observando el uso de redes de varias millas de longitud por parte de los pesqueros franceses para capturar el atún rojo.

Las capturas de esta especie no cumplen el peso mínimo autorizado (60 kg) ni se observa control alguno.

Siendo esta práctica de pesca altamente agotadora para el banco pesquero del Mediterráneo, ya que de esta manera se capturan también especies protegidas, ¿cómo piensa el Consejo requerir a los Gobiernos de los Estados afectados para que adopten las medidas correspondientes a fin de que se cumpla la normativa pesquera comunitaria?

¿Piensa la Comisión sancionar a los países que incumplan la normativa?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(22 de enero de 2001)

Un determinado número de buques franceses y algunos españoles llevan cierto tiempo pescando atún rojo con red de cerco con jareta en las islas baleares y desembarcando sus capturas en puertos españoles.

La normativa comunitaria no regula la longitud ni las dimensiones de este tipo de red.

La talla mínima de desembarque del atún rojo se fija en el Anexo XII del Reglamento (CE) no 850/98 del Consejo, de 30 de marzo de 1998, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos(1), y el anexo IV del Reglamento (CE) no 1626/94 del Consejo, de 27 de junio de 1994, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo(2). Dicha talla se establece en 70 centímetros (cm) o 6,4 kilogramos (kg). Sin embargo, a fin de prever cierto margen para las capturas accidentales de peces más pequeños, un máximo del 15 % de las capturas (en número de peces) puede tratarse de peces con un peso entre 3,2 kg y 6,4 kg.

La referencia de 60 kg indicada por Su Señoría no figura en la normativa comunitaria.

En caso de infracción de estas normas aprobadas por el Consejo, es responsabilidad de los Estados miembros garantizar su cumplimiento y aplicar las sanciones necesarias de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común(3).

Los inspectores nacionales de pesca pueden ir acompañados de los inspectores de la Comisión en el marco del régimen de control aplicable entre otras cosas a la pesca

del atún rojo por parte de los buques de pesca comunitarios. La Comisión puede incoar procedimientos judiciales de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Tratado CE respecto a los Estados miembros que incumplan sus obligaciones en virtud de la normativa comunitaria y, concretamente, del régimen comunitario de control.

(1) DO L 125 de 27.4.1998.

(2) DO L 171 de 6.7.1994.

(3) DO L 261 de 20.10.1993.