PREGUNTA ESCRITA E-3190/02

de Armando Cossutta (GUE/NGL) a la Comisión

(8 de noviembre de 2002)

Asunto: Totalfina-Elf y trabajo forzado

Según la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (CISL), algunas empresas multinacionales, entre ellas la francesa Totalfina-Elf, han utilizado en Myanmar el trabajo forzado. Según un informe de 350 páginas elaborado por la CISL, en 2002 la empresa francesa pagó al Gobierno militar de Myanmar para utilizar a civiles, reclutados por fuerza en los pueblos, en la construcción de carreteras y otras infraestructuras del gasoducto de Yadana. La empresa Totalfina-Elf niega cualquier relación con los hechos relatados. Para la CISL, sin embargo, es lamentablemente cierto que existe una relación entre las inversiones de algunas multinacionales en Myanmar y la utilización creciente del trabajo forzado.

1. ¿Está la Comisión al corriente de estos episodios de explotación?

2. ¿No considera la Comisión inaceptable que una empresa europea esté implicada en hechos semejantes?

3. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para proteger los derechos humanos más fundamentales contra las violaciones perpetradas por empresas europeas fuera del territorio de la Unión?

4. ¿No considera la Comisión que, además de la ignominia humana, existe la infracción de las normas de competencia leal?

5. ¿No considera la Comisión que sería oportuno someter a impuesto todos los bienes producidos fuera de la Unión por empresas comunitarias que eluden de este modo las normas sociales europeas?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(16 de diciembre de 2002)

Sin duda, su Señoría es consciente de que la Comisión no puede hacer comentario alguno sobre un asunto legal que actualmente está siendo investigado en uno de los Estados miembros.

La Unión ha adoptado una serie de medidas, recogidas en su posición común sobre Birmania/Myanmar, en respuesta a la situación política del país, así como a los extendidos abusos contra los derechos humanos, incluidos los trabajos forzados.

La posición común, aprobada por primera vez en 1996, ha sido reforzada posteriormente en diversas ocasiones. En dicha posición, se establece el embargo armamentista y se prohibe la exportación de cualquier tipo de material que pueda utilizarse para la represión interna o el terrorismo, además de suspender la cooperación en materia de defensa y toda ayuda bilateral salvó la estrictamente humanitaria. Asimismo, se suspenden las visitas gubernamentales de alto nivel a Birmania/Myanmar y se prohibe la concesión de visados para la entrada o el tránsito en la Unión de

miembros del régimen militar, miembros del Gobierno, oficiales de alto rango del ejército y las fuerzas de seguridad, así como de sus familias, y funcionarios del sector turístico. Desde abril de 2000, se publica la lista de las personas a quienes afecta la prohibición de visados y se han congelado los fondos que tienen depositados en el extranjero personas incluidas en dicha lista. La posición común ha sido recientemente prorrogada hasta el 29 de abril de 2003.

Por cuanto se refiere a las relaciones comerciales, los privilegios que en materia de comercio otorga la Comunidad, normalmente a países en desarrollo, le fueron retirados a Birmania/Myanmar en 1997, debido a los trabajos forzados. Ello supone también que el país no puede beneficiarse de la iniciativa Todo menos armas, lanzada por la Unión en 2001, pese a su condición de país menos desarrollado.

La Comisión apoya firmemente la acción de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dirigida a mejorar las condiciones laborales, así como la firme postura que ha adoptado frente a Birmania/Myanmar por la grave violación de la Convención 29 sobre los trabajos forzados. La Comisión, en conjunción con los Estados miembros, ha respaldado a la OIT al aplicar ésta en toda su extensión los procedimientos previstos en su Constitución frente al incumplimiento de la Convención 29 por Birmania/Myanmar (artículo 33 de la Constitución de la OIT). La Comisión ha informado a la OIT de la posición común de la Unión y las medidas adoptadas en este contexto. El tema de los trabajos forzados le ha sido también planteado al Gobierno birmano en diversas ocasiones, durante las visitas de la troica de la Unión así como en el marco del diálogo entre la Unión y los países ASEAN.

La Comisión, junto con los Estados miembros, seguirá observando muy de cerca la situación y, en caso de que las autoridades de Birmania/Myanmar no adopten las medidas necesarias, propondrá al Consejo nuevas medidas.

El 2 de julio de 2002, la Comisión aprobó una Comunicación sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE). El respeto de los derechos laborales fundamentales por las empresas europeas, dondequiera que actúen, constituye un aspecto importante de dicha comunicación. El foro multilateral, abierto en octubre de 2002, abordará también el desarrollo y la dimensión internacional de la RSE.

La Comisión ha respaldado la aplicación de las directrices revisadas (2000) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dirigidas a las empresas multinacionales y en las que se abordan también los derechos fundamentales de los trabajadores. Además, recientemente, la Comisión ha incrementado su cooperación con la OIT de cara a promover la aplicación de normas laborales básicas. A este respecto, se ha producido un nuevo intercambio de correspondencia entre el Comisario de Empleo y Asuntos Sociales y el Director General de la OIT, J. Somavia, el 14 de mayo de 2001.