PREGUNTA ESCRITA E-0587/02

de Guido Bodrato (PPE-DE), Massimo Carraro (PSE)y Monica Frassoni (Verts/ALE) a la Comisión

(6 de marzo de 2002)

Asunto: Falta de evaluación del impacto medioambiental

De conformidad con las disposiciones del artículo 27 de la Ley regional no 10/99, considerada ilegítima por ser incompatible con los principios comunitarios relativos a la evaluación del impacto medioambiental (Directiva 85/337/CEE(1) de la Comisión), mediante dictamen motivado de 3 de agosto de 2000 sobre el incumplimiento de la normativa comunitaria vigente sobre medio ambiente por

parte de las leyes regionales, en particular las de la región de Véneto, esta última región ha autorizado por enésima vez un vertedero de categoría 2B para la eliminación de pasta de papel considerada como deshecho putrescible, cuyo almacenamiento está previsto en el territorio del municipio de Silea (Treviso), sin una evaluación previa del impacto medioambiental y en incumplimiento del principio de prevención y cautela contemplado en el Acta Única Europea de 1986, incorporada al ordenamiento jurídico italiano mediante la Ley 909/1986.

El vertedero afecta al trazado de la vía Claudia Augusta, que conectaba a la antigua Roma con el norte de Europa, y que reviste un interés comunitario, además de limitar con el Parque del Sile.

Las obras prosiguen a pesar de la fragilidad de la capa freática y del sistema hidrogeológico.

Dada la contradicción existente entre la Ley regional no 14 de 8 de mayo de 1989 (artículo 1) y el Convenio de Aarhus de 25 de junio de 1998, transpuesto a la legislación italiana mediante la Ley de 16 de marzo de 2001, en la medida en que se impide cualquier acción judicial por parte de los ciudadanos, ¿puede indicar la Comisión qué principios comunitarios puede estar incumpliendo la región de Véneto, y qué medidas preventivas tiene intención de adoptar la Comisión con objeto de lograr la inmediata suspensión de estas obras?

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(4 de abril de 2002)

Con arreglo a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, tanto antes como después de su modificación por la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997(1), los Estados miembros están obligados a adoptar las disposiciones necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se sometan a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones. Los proyectos contemplados por la Directiva figuran en los anexos.

De conformidad con la Directiva 85/337/CEE antes de su modificación, los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas en el Anexo II se someterán a una evaluación del impacto ambiental (EIA) cuando los Estados miembros consideren que sus características así lo exigen. No obstante, se considera que los Estados miembros están obligados a proceder a una evaluación previa para determinar si los proyectos del anexo II necesitan someterse a un procedimiento EIA. Con arreglo a la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada, en el caso de los proyectos del anexo II, los Estados miembros están obligados a determinar mediante un estudio caso por caso o mediante umbrales o criterios establecidos si el proyecto debe ser objeto de una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10. La determinación mencionada es conocida por el nombre de selección (screening en inglés).

En opinión de la Comisión, a juzgar por la información aportada por Su Señoría, la obra a la que se refiere podría entrar en el ámbito de la Directiva 85/337/CEE, y, sobre todo, en las categorías 11 c) del anexo II de la Directiva 85/337/CEE antes de su modificación (instalaciones de eliminación de residuos industriales y basuras, que no sean las mencionadas en el Anexo I) y/o 11 b) del anexo II de la Directiva 85/3337/CEE tras su modificación (instalaciones para deshacerse de los residuos proyectos no incluidos en el anexo I).

En este caso concreto, como no conoce la situación descrita por Su Señoría, la Comisión tomará las medidas apropiadas para recopilar información detallada al respecto y velar, dentro de los límites fijados por el Tratado CE, por el cumplimiento del Derecho comunitario.

Si la Comisión determinara que se ha infringido el Derecho comunitario en este caso, no vacilaría, en su calidad de guardiana del Tratado CE, en adoptar todas las medidas necesarias, incluidos los procedimientos de infracción contemplados en el artículo 226 del Tratado CE, al efecto de garantizar el cumplimiento del Derecho comunitario pertinente.

(1) DO L 73 de 14.3.1997.