PREGUNTA ESCRITA E-3844/02

de Theodorus Bouwman (Verts/ALE) a la Comisión

(9 de enero de 2003)

Asunto: Obstaculización del trabajo transfronterizo y la movilidad laboral por el convenio fiscal entre los Países Bajos y Bélgica

Los Países Bajos y Bélgica han celebrado recientemente un nuevo convenio en materia de doble imposición que ya no contempla ninguna reglamentación especial para los trabajadores transfronterizos. Las normas impositivas para los ingresos procedentes del trabajo asalariado son prácticamente las mismas que en el caso de las normas de asignación del régimen de seguridad social (artículo 13 del Reglamento 1408/71(1)). Sin embargo, en situaciones como la de los trabajadores desplazados durante más de 183 días y los empleados en el transporte internacional por carretera, todavía no es así.

¿Considera la Comisión que, con la celebración del nuevo convenio en materia de doble imposición, los Países Bajos y Bélgica han infringido el artículo 10 (antiguo artículo 5) del Tratado CE?

¿Conviene la Comisión en que la solución elegida, que ocasiona dificultades a los ciudadanos comunitarios que optan por trabajar en un país vecino pero continúan viviendo en su propio país, o viceversa, es contraria al fomento de la movilidad laboral, que constituye un elemento esencial de la estrategia de Lisboa?

¿Está dispuesta la Comisión a publicar una comunicación sobre las diferencias entre las normas de asignación en el ámbito fiscal, tal como están establecidas en varios acuerdos fiscales bilaterales o en el convenio modelo de la OCDE, y las normas de asignación estipuladas en el Reglamento 1408/71 (limitadas a los asalariados)?

(1) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(13 de febrero de 2003)

Con arreglo al derecho comunitario actual, la imposición directa es todavía básicamente competencia de los Estados miembros. Al no haber armonización, la conclusión de acuerdos para impedir la doble imposición y, al hacerlo, asignar la jurisdicción fiscal entre Estados miembros, queda dentro de esta competencia. La legitimidad de esta práctica ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia (Caso C-336/96 Gilly [1998] RTJ 2793; véase en particular el apartado 30). Sin embargo, al ejercer esta competencia los Estados miembros tienen que respetar las obligaciones del Tratado CE. No se permite a los Estados miembros ejercer discriminación por razón de nacionalidad, instaurar o mantener discriminaciones entre nacionales de otros Estados miembros que ejercen su derecho a la libertad de movimiento, o bienaplicar restricciones injustificadas a dicha libertad. Los Estados miembros tampoco deben restringir la libre circulación de sus propios ciudadanos. Además, deben garantizar que las medidas nacionales son compatibles con la libertad de establecimiento conforme al artículo 43 del Tratado CE, incluido en el contexto de la designación de trabajadores para el suministro de servicios transfronterizos.

El Derecho comunitario no prohibe, por lo tanto, que los Estados miembros asignen y modifiquen sus derechos impositivos en sus tratados fiscales bilaterales en relación con sus residentes distinguiendo entre ciertas categorías de trabajadores. Por lo tanto, la Comisión opina que no se ha infringido el artículo 10 del Tratado CE. En particular, el hecho de que, para ciertas categorías de trabajadores fronterizos, tales como los trabajadores desplazados durante más de 183 días y los empleados en el transporte internacional por carretera, las normas de asignación fiscal establecidas en el nuevo Acuerdo de doble imposición entre los Países Bajos y Bélgica difieren de las normas de asignación establecidas en el Reglamento (CEE) no 1408/71 en relación con la seguridad social, no puede considerarse en sí mismo como un incumplimiento del Tratado CE. Además, aparte de esta diferencia, el sistema escogido por los dos Estados miembros parece seguir en general la Resolución del Parlamento sobre la situación de los trabajadores fronterizos de la Unión(1).

La Comisión considera que el cambio en la asignación de los derechos fiscales entre Bélgica y los Países Bajos para los trabajadores fronterizos se basa en el hecho de que pagar impuestos en un Estado miembro y las contribuciones de la seguridad social en otro crea incertidumbres y dificultades para esta categoría de personas.

La Comisión no tien intención de publicar una comunicación sobre las diferencias entre las normas de asignación fiscal y las normas de asignación establecidas en el Reglamento (CEE) no 1408/71.

(1) DO C 195 de 22.6.1998.