PREGUNTA ESCRITA P-2879/97 de Johanna Boogerd-Quaak (ELDR) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Prevención y control de la contaminación y acceso a la información

1. ¿Está al corriente la Comisión de la contaminación del suelo y de las cosechas producidas en él que se ha constatado en Zelzate, Bélgica? ¿Ha examinado la Comisión este asunto a la luz de la legislación europea pertinente?

2. Visto que se trata de contaminación transfronteriza con aspectos que afectan a la salud pública, ¿puede indicar la Comisión si el enfoque adoptado por las autoridades belgas y la refinería V.F.T. se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 96/61/EC ((DO L 257 de 10.10.1996, p. 26. )) relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación?

3. ¿Han facilitado información las partes afectadas de manera oportuna y correcta de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Directiva de referencia y de conformidad con la Directiva del Consejo 90/313/CEE ((DO L 158 de 23.6.1990, p. 56. )) sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente?

4. Hasta donde yo sé, ahora se está intercambiando información sobre la base de acuerdos bilaterales. ¿Puede decir la Comisión si éstos ofrecen suficientes garantías sobre la obligatoriedad de facilitar información?

5. ¿Puede indicar la Comisión qué acuerdos internacionales pueden aplicarse en el caso de reclamaciones por daños transfronterizos?

6. ¿Opina la Comisión que la reglamentación actualmente en vigor, caso de que se aplique correctamente, ofrece suficientes garantías con respecto a la contaminación transfronteriza y, en caso afirmativo, puede fundamentar esta respuesta? En caso negativo, deberían adoptarse medidas para perfeccionar la legislación europea mediante una nueva armonización de las disposiciones. ¿Está dispuesta la Comisión a adoptar las medidas necesarias para ello?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (8 de octubre de 1997)

La Comisión está al corriente de la contaminación del suelo existente en Zelzate. Por lo que se refiere al cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, cabe señalar que la fecha límite para la incorporación al ordenamiento jurídico nacional es el 30 de octubre de 1999. La Comisión ha iniciado ya una serie de acciones para garantizar que la Directiva se aplique con éxito.

Las disposiciones sobre repercusión transfronteriza, en particular, se han considerado una cuestión que reclama una especial atención. Incluye la información tanto a los Estados miembros como a la población afectada en los casos en los que son de esperar repercusiones transfronterizas significativas. Junto a la obligación de utilizar las mejores técnicas disponibles para prevención y control de todos los tipos de contaminación, dichas disposiciones deberán contribuir en gran medida a la consecución de una adecuada protección frente a la contaminación transfronteriza.

En cuanto a la Directiva 90/313/CEE sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, hay que señalar que la Directiva sólo es aplicable a autoridades públicas y entidades con responsabilidades públicas en materia de medio ambiente y que estén bajo control de autoridades públicas. Es más, en virtud de la disposición de información general sobre el estado del medio ambiente, la Directiva no exige que la información sobre medio ambiente se comunique automáticamente y por la propia iniciativa de quien posea la información. La Directiva sólo se refiere al caso de que un solicitante pida acceder a determinadas informaciones en materia de medio ambiente. La Comisión no está al corriente de que se hayan formulado solicitudes en virtud de la Directiva 90/313/CEE ni de que se hayan realizado intercambios de información sobre la base de acuerdos bilaterales de los que la Comunidad no sea parte.

Las reclamaciones transfronterizas por daños están cubiertas por el Convenio del Consejo de Europa, firmado en Lugano el 21 de junio de 1993, sobre responsabilidad civil por daños resultantes de actividades peligrosas para el medio ambiente ((Tratados europeos 150. )). Dicho Convenio ha sido firmado por varios Estados miembros (Grecia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y Finlandia) y países terceros (Chipre, Islandia y Liechtenstein), pero todavía no ha entrado en vigor.

En este sentido, merece la pena indicar que la Comisión está preparando un Libro Blanco sobre responsabilidad medioambiental que debería estar concluido a principios de 1998. El Libro Blanco tendrá en cuenta la cuestión de la contaminación transfronteriza e incluirá propuestas para un régimen de responsabilidad en materia de medio ambiente que también será aplicable a los casos de contaminación transfronteriza.