ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/764

(2004/C 84 E/0859)

PREGUNTA ESCRITA P-0110/04

de Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) a la Comisión

(19 de enero de 2004)

Asunto: Legalidad de ciertas decisiones de la UE en caso de fracaso del Protocolo de Kyoto

Los considerandos 4, 22 y 26 de la Directiva relativa al comercio de derechos de emisión (2003/87/CE (1)) dan prueba de que la Directiva está elaborada para el Protocolo de Kyoto y presupone su cumplimiento. No se establecen límites de emisión nacionales pero el artículo 9 hace referencia a las disposiciones relativas al plan de asignación del anexo III: en el punto 1 del anexo se hace referencia, por lo que respecta a la cantidad máxima atribuida a cada país, a la Decisión 2002/358/CE (2) y al Protocolo de Kyoto. En el punto 5 del citado anexo, se hace referencia también a los artículos 87 y 88 del Tratado constitutivo relativos a la competencia y a las ayudas. Así pues, es evidente que, sin el Protocolo de Kyoto, al menos diez nuevos Estados miembros carecen de límites nacionales.

La Decisión del Consejo sobre el cumplimiento conjunto de los compromisos (2002/358/CE) no dice que la Comunidad limite las emisiones de los Estados miembros en virtud del anexo sino que «la Comunidad Europea y sus Estados miembros cumplirán de forma conjunta los compromisos que les impone el apartado 1 del artículo 3 del Protocolo [de Kyoto] […].» (párrafo 1 del artículo 2) y que «los compromisos cuantificados de limitación y reducción de emisiones acordados por la Comunidad Europea y sus Estados miembros con el fin de determinar los respectivos niveles de emisión asignados a cada uno de ellos para el primer período del compromiso […] (2008-2012) figuran en el Anexo II.» (párrafo 2 del artículo 2). Si fracasa el Protocolo de Kyoto, los dos párrafos mencionados dejarían de tener sentido. Queda vigente la disposición que establece que «[…] sus Estados miembros tomarán las medidas necesarias para respetar los niveles de emisiones establecidos en el Anexo II, determinados con arreglo al artículo 3 de la presente Decisión» (párrafo 3 del artículo 2).

El artículo 3 hace referencia a la determinación de los niveles de emisión absolutos (en toneladas de dióxido de carbono) atribuidos a los 15 Estados miembros de la UE de acuerdo con determinadas disposiciones del Protocolo de Kyoto. Así pues, también el artículo 3 se basa claramente en dicho Protocolo.

Una vez más, el anexo III de la Decisión hace referencia a la aplicación de las obligaciones basadas en los acuerdos internacionales y en los compromisos de reducción de emisiones derivados del Protocolo de Kyoto. ¿Se puede interpretar esto como una restricción del Acuerdo de reparto de la carga en caso de que el Protocolo no llegue a entrar en vigor?

¿Es vinculante la mencionada Decisión del Consejo si fracasa el Protocolo de Kyoto? ¿Puede adoptar la Comisión una decisión legal para el reparto de la carga en toneladas de dióxido de carbono, si el Protocolo de Kyoto no entra en vigor? ¿Se puede aplicar la Directiva relativa al comercio de derechos de emisión sin la decisión en materia de reparto de la carga?

Si, no obstante, el Acuerdo de reparto de la carga y la Directiva relativa al comercio de derechos de emisión se aplican en su actual forma, ¿sería la situación conforme a los Tratados constitutivos si se lleva a cabo el comercio de derechos de emisión en diez Estados miembros de la UE que no tienen ninguna obligación de limitación de las emisiones?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(7 de abril de 2004)

La Comunidad y sus Estados miembros apoyan firmemente el Protocolo de Kyoto y están comprometidos a alcanzar sus objetivos. El Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, adoptado por el Parlamento y los Estados miembros el 22 de julio de 2002 como Decisión 1600/2002/CE (3), reconoce que la Comunidad se ha comprometido a conseguir una reducción del 8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para el período comprendido entre 2008 y 2012 respecto a los niveles de 1990 y que a más largo plazo las emisiones mundiales de estos gases tendrán que disminuir aproximadamente un 70 % respecto a los niveles de 1990 (considerando 2 de la Directiva 2003/87/CE) (4).

El 9 de mayo de 1992 se adoptó en Nueva York la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), que ha sido ratificada en más de 180 países. El Protocolo de Kyoto, adoptado el 11 de diciembre de 1997, complementa la Convención Marco y fija objetivos de reducción para 39 países industrializados (los llamados países del anexo I); su entrada en vigor depende la ratificación de al menos 55 países que en 1990 hubieran producido al menos el 55 % de las emisiones mundiales de C02. Mientras que el primer criterio ya se ha cumplido (en el momento actual, han ratificado el Protocolo de Kyoto más de 120 países), el segundo está aún pendiente de alcanzarse. En este contexto, solo la ratificación del Protocolo por Rusia, responsable del 17,4 % de las emisiones mundiales de C02, o por los Estados Unidos, que representan el 36,1 % de dichas emisiones, puede hacer que se incline la balanza, dado que los demás países no representan en conjunto más del 2,1 %.

Según la UNFCCC, la Comunidad y sus Estados miembros están comprometidos a aplicar políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir su objetivo de estabilizar las concentraciones de estos gases en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático (artículo 2).

La Comunidad aprobó el Protocolo de Kyoto mediante la Decisión 2002/358/CE. Por tanto, este Protocolo, una vez entre en vigor, se convertirá en parte integrante de la legislación comunitaria. Dicha Decisión incluye asimismo los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Comunidad y de los Estados miembros para el período 2008-2012. Por otra parte, exige a la Comunidad y a sus Estados miembros el cumplimiento colectivo del objetivo de una reducción del 8 %. En consecuencia, la Comunidad ha adoptado los instrumentos jurídicos, vinculantes para los Estados miembros, destinados a cumplir sus compromisos en relación con el cambio climático de manera económica, incluida la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen de comercio de derechos de emisión. Ni el Acuerdo sobre el reparto de la carga ni el régimen de comercio de derechos de emisión están condicionados a la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto.

Como en el caso de cualquier otro elemento de su legislación, la Comunidad podría revisar la Decisión 2002/358/CE o la Directiva 2003/87/CE según sus procedimientos internos, y las modificaciones introducidas afectarían a la legislación comunitaria.

La totalidad de los diez países adherentes que se convertirán en miembros de la UE en mayo de 2004 ha ratificado el Protocolo de Kyoto, y a los ocho de entre ellos que figuran en el anexo I (países industrializados) se les ha asignado un objetivo: según los países, la reducción impuesta varía entre el 6 % y el 8 %. A Malta y a Chipre, que no figuran en el anexo I, no se les ha fijado ningún objetivo. Sin embargo, el anexo III de la Directiva 2003/87/CE proporciona criterios objetivos y precisos que permitirán asignarles derechos de emisión en el ámbito del mercado que entrará en vigor el 1 de enero de 2005 (los criterios 2 a 11 se aplican a ellos). Los 25 Estados miembros participarán, así pues, en el mercado de derechos de emisión contemplado por la Directiva 2003/87/CE. Por otra parte, es conveniente señalar que el objetivo de reducción del 8 % fijado para la Comunidad Europea solo se aplica a los quince Estados miembros actuales. Esta situación no variará con la ampliación, ya que los diez países adherentes no entran en el «lote» comunitario con arreglo al Protocolo de Kyoto y a ellos se les seguirán aplicando los objetivos que se les asignaron en el momento en que ratificaron dicho Protocolo.

(1) DO L 275 de 25.10.2003, p. 32.

(2) DO L 130 de 15.5.2002, p. 1.

(3) DO L 242 de 10.9.2002.

(4) Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo.