PREGUNTA ESCRITA P-3211/02

de Antonio Di Pietro (ELDR) a la Comisión

(5 de noviembre de 2002)

Asunto: Corrupción en Lesotho

El pasado 17 de septiembre el Tribunal Supremo de Lesotho condenó a Acres International, importante empresa de ingeniería canadiense, por haber pagado comisiones ilegales para obtener adjudicaciones internacionales en el ámbito del Lesotho Highlands Water Project (LHWP) y el 28 de octubre le impuso una sanción económica de 22 058 091 LSL (suma equivalente a 2,1 millones de dólares).

Otras muchas empresas de los países miembros de la Unión Europea (UE) están acusadas de corrupción con respecto a dicho proyecto en Lesotho y en la actualidad se está llevando a cabo un proceso judicial contra la empresa alemana Lahmeyer International. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) han participado en la financiación del proyecto con préstamos y donaciones que ascienden respectivamente a 122,5 millones de euros y a 59, 8 millones de euros. Asimismo están comprometidas en la financiación del proyecto entidades de crédito a la exportación de cuatro países miembros de la Unión Europea.

De acuerdo con el Banco Mundial, el 16 de noviembre de 1999 representantes del BEI y de la UE participaron en Pretoria en una reunión de donantes del proyecto para discutir las implicaciones del caso de corrupción en Lesotho. De acuerdo con lo publicado por el prestigioso diario sudafricano Business Day el 30 de noviembre de 1999, la Unión Europea se comprometió al parecer a garantizar a los representantes del Gobierno de Lesotho una ayuda financiera para cubrir las costas del proceso.

Habida cuenta del precedente histórico sentado por el Gobierno de Lesotho en la lucha contra la corrupción a escala internacional y de la condena ejemplar de Acres International:

- ¿puede indicar la Comisión si tiene intención de cumplir la promesa de conceder ayuda financiera al Gobierno de Lesotho para que pueda concluir el proceso por corrupción en curso en el Tribunal Supremo?

- ¿tiene intención de revisar la actuación del FED y del BEI en el caso de las donaciones y préstamos concedidos en el ámbito del Lesotho Highlands Water Project?

- ¿procurará que toda empresa culpable de corrupción quede excluida de futuros proyectos que se financien con cargo a la ayuda al desarrollo y a las entidades de crédito a la exportación de los países miembros o mediante fondos procedentes de las instituciones de la UE?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(7 de enero de 2003)

El caso al que hace referencia Su Señoría se refiere a un amplio proyecto de construcción en Lesoto que fue cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y por varios otros donantes internacionales.

La cuestión relativa a las posibles reacciones de los organismos de crédito a la exportación de los Estados miembros y a las eventuales sanciones adoptadas por el Banco Europeo de Inversiones está fuera del ámbito de competencias de la Comisión.

Puesto que las preguntas hacen referencia a causas penales en curso, el problema debe considerarse cuidadosamente y con el debido respeto por el derecho de defensa de las empresas y las personas implicadas y por la presunción de la inocencia.

Su Señoría hace referencia a una promesa que la Comisión parece haber hecho para financiar las costas judiciales en Lesoto. Para ello, Su Señoría se basa en un artículo publicado en un periódico sudafricano.

La Comisión no puede confirmar que haya hecho nunca semejante promesa.

Además, el caso está pendiente ante un juzgado de lo penal dirigido por el fiscal. Parece que financiar un caso penal concreto contra empresas particulares queda fuera del mandato del FED.

Por lo que se refiere a la empresa específica a la cual Su Señoría hace referencia, la Comisión desea señalar además que el contrato concedido a esa empresa no fue financiado por el FED, sino por otros donantes.

En la primera parte de 2000, la Comisión contrató a auditores independientes para que estudiaran si se habían empleado mal los fondos del FED. Se les pidió que analizaran si la concesión de los contratos, las cláusulas adicionales, las variaciones, las órdenes, etc., se había ejecutado correctamente o podían haber sido alteradas para favorecer a ciertos contratistas.

La conclusión general de esa auditoría fue que no era posible demostrar que había habido un uso inadecuado directo de los fondos del FED. La auditoría reveló que incluso si hubiera habido algún uso inadecuado, no era probable, por lo que al FED se refiere, que tal uso inadecuado fuera importante; puesto que la financiación de FED tenía un techo fijo. La víctima principal de cualquier uso inadecuado parecía ser el Gobierno de Lesoto, que tuvo que financiar todos los gastos no cubiertos por los donantes.

La Oficina Antifraude Europea (OLAF), está perfectamente informada de este caso.

Las condiciones generales para los contratos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo autoriza al órgano adjudicador a poner fin al contrato en curso en el que se detecte corrupción y a recuperar cualquier pérdida contractual que haya sufrido. Puesto que, dentro del marco del Fondo Europeo de Desarrollo, la Comisión solamente está actuando como donante, tal decisión corresponde formalmente al órgano adjudicador del Estado beneficiario.

Por otra parte, las normas sobre la contratación pública previstas en los diversos instrumentos de ayuda externa de la Unión imponen que las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas por corrupción en una sentencia firme, están excluidas de los anuncios de licitación o de los contratos futuros.

Para los contratos celebrados en beneficio de la Comisión, las directivas de contratación pública establecen normas similares.

Las normas de contratación de la Unión para la ayuda exterior establecen que antes de que pueda celebrarse un contrato, un licitador debe presentar pruebas satisfactorias de que no está en una situación de inelegibilidad. Por consiguiente, si una persona física o jurídica está condenada mediante sentencia firme por prácticas de corrupción, el licitador no podrá presentar tal certificado y quedará automáticamente excluido de la participación en los contratos financiados por la Comunidad.