PREGUNTA ESCRITA P-3498/00

de Jorge Moreira Da Silva (PPE-DE) a la Comisión

(6 de noviembre de 2000)

Asunto: Vertedero del Oeste

Tras una visita que llevé a cabo el pasado 21 de octubre al municipio de Cadaval, en la que tuve la oportunidad de reunirme con la población, con el MPI (Movimiento Pro Información sobre el Vertedero del Oeste) y con prestigiosos técnicos portugueses, pude constatar que el emplazamiento previsto por la empresa Resioeste para el Vertedero del Oeste no obedece a criterios de racionalidad ni de respeto por los ciudadanos ni por el medio ambiente. No sólo porque, frente a las demás opciones, es la que trae aparejados mayores costes socioeconómicos, sino sobre todo porque es la que presenta mayor impacto ambiental (especialmente en los recursos hidrológicos de la región). Cabe señalar asimismo que el Estado portugués ha cometido atropellos administrativos incalificables a lo largo de todo el proceso.

El MPI presentó en su día, basándose en una argumentación técnica y jurídica de innegable valor, una queja ante la DG Política Regional y la DG Medio Ambiente contra el Estado portugués.

Habida cuenta de que se cuestiona el uso correcto de los recursos comunitarios (ya que el vertedero recibirá subvenciones del Fondo de Cohesión), la conservación de los valores ambientales y el bienestar de los ciudadanos:

1. ¿Puede informar la Comisión de las acciones, necesariamente urgentes (habida cuenta de que la empresa Resioeste ya ha iniciado las obras con miras a la construcción del vertedero mencionado), que tiene intención de llevar a cabo o que ya ha llevado a cabo para garantizar el respeto del Derecho comunitario?

2. ¿Qué información le facilitó el Gobierno portugués?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(15 de diciembre de 2000)

En una reunión que tuvo lugar en Lisboa el 7 de noviembre de 2000, las autoridades portuguesas tuvieron la oportunidad de dar algunas explicaciones preliminares sobre la situación del proyecto de vertido controlado de residuos urbanos de la región Oeste, que se ampliarían en una carta a la Comisión con fecho 6 de diciembre de 2000. Las autoridades portuguesas intentaron demostrar, entre otras cosas, que toda la región Oeste posee acuíferos situados en terrenos permeables y que, por lo tanto, habría sido difícil elegir un local no afectado por ese aspecto medioambiental.

La Comisión procede actualmente al análisis de las explicaciones de las autoridades portuguesas. Este análisis tiene principalmente en cuenta las obligaciones que se derivan de la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1).

El proyecto en cuestión está contemplado en el Anexo II de la Directiva, es decir, se trata de un proyecto sometido a una evaluación siempre que el Estado miembro considere que sus características lo exigen. No obstante, el margen de apreciación del Estado miembro en lo que se refiere a la realización de la evaluación según la Directiva no es total y está limitado por el artículo 2, según el cual el Estado miembro debe tomar las disposiciones necesarias para que, antes de concederse la autorización a un proyecto que pueda tener un impacto notable sobre el medio ambiente, se le someta a una evaluación.

El proyecto en cuestión no ha sido sometido a una evaluación de impacto ambiental en los términos previstos por la Directiva 85/337/CEE. Ahora bien, si tras el análisis de todas las explicaciones de las autoridades portuguesas, la Comisión confirma que, a pesar de dichas explicaciones, el local elegido para el proyecto posee, en particular, acuíferos considerados como reservas estratégicas para la región en cuestión y que, por lo tanto, el proyecto puede suponer un notable impacto sobre el medio ambiente, la Comisión se vería obligada a hacer uso de los instrumentos jurídicos previstos en el Tratado CE para garantizar la correcta aplicación del Derecho comunitario.

Por último, cabe informar a Su Señoría de que, en el análisis de la denuncia citada, la Comisión prestará particular atención al cumplimiento de los Reglamentos en materia de financiación comunitaria.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.