PREGUNTA ESCRITA E-3909/97 de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión (11 de diciembre de 1997)

Asunto: Directiva Seveso

En lo que concierne a los requisitos de protección del medio ambiente y de seguridad que han de cumplir las empresas, son de fundamental importancia las siguientes Directivas:

- Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente ((DO L 175 de 5.7.1985, p. 40. )),

- Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la previsión y al control integrados de la contaminación ((DO L 257 de 10.10.1996, p. 26. )),

- Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas ((DO L 10 de 14.1.1997, p. 13. )).

La transposición por los Estados miembros de las dos últimas Directivas citadas debe producirse en 1999 a más tardar. En el marco de los debates suscitados a raíz de lo anterior, se han manifestado algunos puntos de vista que dan pie a formular las siguientes preguntas a la Comisión.

1. ¿Sirvió de base a las tres Directivas citadas una concepción unitaria de la Comisión, vinculada a la esperanza de que los Estados miembros transpondrán dichas Directivas en obras normativas concebidas debidamente para abarcar a todas ellas?

2. En las tres Directivas citadas se define el concepto de «instalación», si bien las formulaciones escogidas no coinciden, aunque tampoco se contradicen. ¿Se basan las istintas definiciones en un concepto único de «instalación» o pueden utilizar los Estados miembros definiciones diferentes a las hora de transponer las Directivas respectivas?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3909/97 y E-3910/97 dada por el Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (19 de febrero de 1998)

Las tres directivas del Consejo mencionadas, relativas a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, a la previsión y al control integrados de la contaminación, y al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, no fueron diseñadas por la Comisión con arreglo a un «principio» uniforme, es decir, no se pensaron ni se planificaron como un conjunto homogéneo.

Sin embargo, la Comisión ha elaborado el derecho comunitario sobre medio ambiente velando por que las distintas normas que lo constituyen no contengan disposiciones contradictorias entre sí. Definiciones como la del concepto de «instalación», por ejemplo, se modulan cada vez en función de los objetivos del acto considerado, por lo que su alcance no es necesariamente idéntico.

La distribución de las competencias entre la Comunidad y los Estados miembros da a éstos un cierto margen de maniobra en cuanto a la incorporación de la legislación comunitaria que permite, principalmente, tener en cuenta las diferentes estructuras jurídicas y administrativas nacionales. Así, los Estados miembros pueden tomar la decisión de incorporar por separado los actos jurídicos referidos. En principio sería, pues, admisible que se exigieran, a nivel nacional, documentos diferentes (como, por ejemplo, los informes de seguridad) y controles distintos para la emisión de diversas autorizaciones.

La racionalidad de este método es evidentemente otro problema. El uso de los mismos documentos para los estudios de impacto, los permisos de explotación integrados previstos por la Directiva sobre previsión y control integrados de la contaminación y las autorizaciones con arreglo a la Directiva Seveso II (Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas) permite una simplificación considerable del procedimiento y un ahorro de gastos, no sólo al solicitante sino también a las administraciones. Así pues, se podría considerar y sería deseable la concesión de una homologación común a las instalaciones a las que se refieren las tres directivas. Por otra parte, la Directiva 96/61/CE ha proporcionado concretamente el impulso necesario para que el estudio integrado de las repercusiones sobre el medio ambiente se prolongue mediante un enfoque global del procedimiento de autorización.

En marzo de 1997, la Comisión organizó en Bruselas un seminario en el que se examinaron los puntos comunes de los actos jurídicos citados y se estudió la posibilidad de una aplicación armonizada al procedimiento de autorización, y seguirá animando a los Estados miembros a seguir un método coherente, prestándoles su ayuda para ello. La red para la ejecución y la aplicación de la legislación comunitaria sobre medio ambiente (Implementation Community Environmental Law - IMPEL) también ha incluido esta problemática en su programa de actividades para 1998.