PREGUNTA ESCRITA E-2766/98

de Giacomo Santini (PPE) a la Comisión

(10 de septiembre de 1998)

Asunto: Aplicación del recargo sobre el azúcar comunitario de importación

Mediante sentencia de 21 de mayo de 1980 en el Asunto 73/79, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constató el incumplimiento por parte del Estado italiano, del artículo 95 del Tratado CE por haber impuesto un recargo sobre el azúcar comunitario de importación, en aplicación de una decisión del Comité Interministerial de Precios (CPI no 3661 de 22 de junio de 1968). Dicha imposición ha sido considerada discriminatoria para las relaciones entre importadores y productores internos y, en consecuencia, constituye una inadmisible distorsión del principio de libre competencia. Se ha considerado que la aplicación del recargo es ilegal ya que dicho impuesto, aunque se recauda en la misma alícuota sobre el azúcar producido en Italia y sobre el azúcar procedente de los Estados miembros, no grava ambos productos de manera uniforme.

¿Puede informar la Comisión:

1. Si sigue considerando que el recargo, recaudado por el Estado italiano en virtud de la decisión CPI 3661 de 22 de junio de 1968 es ilegal;

2. Si no considera que se debería devolver el recargo pagado en la aduana por los importadores italianos, puesto que el mismo fue percibido ilegalmente, sin condiciones de restitución;

3. Si, en su caso, el organismo competente (Cassa Conguaglio Zucchero) puede solicitar al importador el pago de la diferencia entre el recargo pagado en la aduana y el importe de las ayudas legítimamente concedidas por el Estado italiano;

4. Si el Estado puede, de manera autónoma y sin control alguno por parte de otras autoridades, fijar el importe de las ayudas proporcionadas a las industrias en forma directa o indirecta;

5. Si la CCZ (Cassa Conguaglio Zucchero) puede solicitar la restitución, cuando el recargo ilegalmente cobrado ya haya sido restituido al importador, sobre la base de una norma retroactiva;

6. Si la carga de la prueba respecto del elemento que impide el derecho al reembolso, en virtud de la Ley 429/90, significa que el operador está obligado a probar el hecho de que el recargo no ha sido transferido a otras personas;

7. Si, incluso en caso de que el recargo haya sido transferido al consumidor, puede considerarse resuelta la ilegalidad del cobro?

¿Puede la Comisión instar al Gobierno italiano a que anule los apartados 2 y 7 del artículo 29 de la mencionada Ley 128/90?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(9 de noviembre de 1998)

1. La Comisión no puede sino recordar los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 21 de mayo de 1980, según los cuales si el "sovrapprezzo" (recargo) afecta de manera desigual al azúcar producido en Italia y al importado de los otros Estados miembros, es incompatible con el artículo 95 del Tratado CE. Sin embargo, según las informaciones de que dispone la Comisión, Italia cambió desde 1981 su sistema de financiación del sector del azúcar para ajustarse a la sentencia del Tribunal.

2. De acuerdo con los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en esta materia, todo Estado miembro tiene que devolver, en principio, los impuestos recaudados violando el Derecho comunitario. No obstante, esta devolución debe llevarse a cabo respetando los procedimientos nacionales de los recursos judiciales, tanto en el fondo como en la forma, sin que dichos procedimientos puedan ser menos favorables que los aplicables en recursos semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica, o excesivamente difícil, el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad)(1).

3. La cuestión planteada por Su Señoría no está clara, con lo cual la Comisión no está en condiciones de responderla.

4. Su Señoría no precisa qué entiende por "ayudas directas e indirectas". Por lo que se refiere a las ayudas a la industria azucarera en Italia, la Comisión solamente tiene conocimiento de la que Italia está autorizada a conceder de acuerdo con el artículo 46 del Reglamento (CEE) 1785/81 del Consejo, de 30 de junio de 1981, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar(2). Se trata de una ayuda decidida por el Consejo en abril de 1995, degresiva con el tiempo y que debe concluir durante la campaña de comercialización 2000/2001.

Ahora bien, Italia debe ajustarse a las disposiciones del artículo 46, que prevé entre otras cosas que "al aplicar los artículos 92, 93 y 94 del Tratado CE, la Comisión valorará, en particular, la conformidad de estas ayudas con los planes de reestructuración."

5. Según la jurisprudencia del Tribunal en materia de reintegro del importe ilegalmente cobrado, si el operador obtuvo la devolución de este importe, ya no puede plantearse el reembolso como tal.

6. Por lo que se refiere a la carga de la prueba de la repercusión de un impuesto ilícito según el Derecho comunitario, de la jurisprudencia del Tribunal se desprende que le compete al juez nacional, libre a la hora de valorar las pruebas, establecer en cada caso si ha habido una repercusión efectiva, parcial o total. El Tribunal, no obstante, precisó que no se podía admitir, en caso de impuestos indirectos, una presunción según la cual la repercusión ha tenido lugar y le incumbe al sujeto pasivo probar lo contrario(3).

7. Tal como ha precisado el Tribunal(4), el principio de devolución de los impuestos, derechos y exacciones percibidas violando el Derecho comunitario no se aplica, excepcionalmente, cuando se ha establecido que la persona que debe pagar estos derechos los ha repercutido a otros sujetos pasivos.

La Comisión informa a Su Señoría que, respecto a las disposiciones del artículo 29 de la Ley 428/90, tal como las han interpretado las autoridades italianas, se ha invitado al Tribunal a pronunciarse, en relación con el asunto pendiente C-343/96, Dilexport, sobre la compatibilidad comunitaria de un mecanismo de presunción en virtud del cual la carga de la prueba (negativa) de la no repercusión del impuesto pesa sobre los sujetos pasivos que solicitan el reembolso. La Comisión, por su parte, inició un procedimiento de infracción, conforme al artículo 169 del Tratado, que tenía por objeto demostrar la incompatibilidad de las disposiciones de los apartados 2 y 7 del artículo 29 de la Ley 428/90, tal como las han interpretado las autoridades italianas, con los principios comunitarios en materia de reintegro del importe ilegalmente cobrado.

(1) Sentencia de 15.9.1998, C-231/96, Edis.

(2) DO L 177 de 1.7.1981.

(3) Sentencia de 14.1.1997, C-192 a 218/95, Comateb, Rec. p. 165.

(4) Véase, en particular, Sentencia de 9.11.1983, C-199/82, San Giorgio, Rec. p. 3.595.