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PREGUNTA ESCRITA E-4182/97 de Mechtild Rothe (PSE) a la Comisión (21 de enero de 1998)

Asunto: Reglamentaciones en materia de tarifas en los transbordadores neerlandeses del Mar del Norte

¿Tiene conocimiento la Comisión de que en los transbordadores que navegan entre Lauwersoog (Países Bajos) y Schiermannikoog (Países Bajos) se conceden reducciones en las tarifas a las personas de más de 65 años?

¿Tiene conocimiento la Comisión de que estas reducciones sólo se conceden a los neerlandeses?

¿Considera la Comisión que debe impedirse esta discriminación contra las personas de edad avanzada procedentes de otros Estados miembros y, en caso afirmativo, qué medidas piensa adoptar con este fin?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (5 de febrero de 1998)

La Comisión no ignora que las reducciones de precio concedidas por motivo de edad suelen estar reservadas a los nacionales del Estado miembro donde se practican.

La Comisión considera que este tipo de discriminación debe suprimirse. Por ello, en mayo de 1989 adoptó una Recomendación relativa a la creación de una tarjeta común para mayores de 60 años que permitiera ampliar los derechos concedidos a las personas de edad avanzada de un Estado miembro a todos los ciudadanos de la Unión afectados, especialmente en sus desplazamientos al extranjero. Desgraciadamente, hasta la fecha ningún Estado miembro ha llevado a la práctica esta Recomendación, si bien Portugal ha creado recientemente un grupo de trabajo para estudiar la cuestión.

La Comisión, asistida por organizaciones del sector no gubernamental, ha efectuado un estudio de viabilidad al objeto de ampliar el disfrute por parte de los ancianos de las reducciones y ventajas a las que tienen derecho. El objetivo del estudio es elaborar modelos que los Estados miembros puedan adaptar en función de sus propias circunstancias. En su caso, este proceso podría culminar en la creación de una base común para el reconocimiento mutuo de las ventajas concedidas. La Comisión estudia en la actualidad el informe relativo a este estudio de viabilidad, recientemente finalizado, y tendrá en cuenta sus conclusiones para estudiar la situación.

La Comisión también ha recibido una queja relativa a otra discriminación similar en la aplicación de las tarifas de transporte por transbordador entre Den Helder y Texel (Países Bajos), con motivo de la cual solicitó de las autoridades neerlandesas información detallada sobre la legislación nacional aplicable y expresó sus dudas en cuanto a la compatibilidad de este sistema con el Derecho comunitario.

En función de la respuesta de las autoridades neerlandesas, la Comisión decidirá las eventuales medidas a adoptar por lo que se refiere, igualmente, al caso comunicado por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-4208/97 de Bryan Cassidy (PPE) a la Comisión (21 de enero de 1998)

Asunto: Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (TEJ) del 26 de octubre de 1996 en el asunto de Elida Gibbs Limited (asunto C317/94)

Esta sentencia del TEJ ha quedado frustrada por la falta de aplicación de la misma en Alemania y su aplicación parcial en Francia y Grecia.

¿Qué medidas tomó inicialmente la Comisión para determinar si todos los Estados miembros estaban cumpliendo plenamente la sentencia del TEJ en Elida Gibbs Limited?

Respuesta común a las preguntas escritas E-4208/97, E-4209/97, E-4210/97 y E-4211/97 dada por el Sr. Monti en nombre de la Comisión (19 de marzo de 1998)

Como afirmó la Comisión en la respuesta a la pregunta escrita P-1211/97 del Sr. Tomlinson ((DO C 373 de 9.12.1997. )), en caso de dictarse una sentencia a raíz de una cuestión prejudicial que constituya una interpretación general del derecho comunitario, en el espacio de dos meses la Comisión envía una carta a todos los Estados miembros para saber cómo aplican la disposición comunitaria interpretada por el Tribunal de Justicia y los textos correspondientes. En este caso, se envió una carta de ese tipo a los quince Estados miembros.

El estudio de las respuestas recibidas permitió descubrir que algunos Estados miembros aún no aplicaban plenamente la sentencia del 24 de octubre de 1996 (Asunto C-317/94 de Elida Gibbs), en especial Alemania, Grecia y Francia. Con respecto a estos dos últimos Estados miembros, la Comisión decidió instruir el expediente con arreglo al procedimiento 169 del Tratado CE. En cuanto a Alemania, reanudó el procedimiento que se había interrumpido a la espera de la cuestión prejudicial mencionada y la Comisión decidió enviar el dictamen motivado.

Finalmente, como Austria no respondió a la carta administrativa de la Comisión sobre las medidas de aplicación adoptadas, la Comisión también decidió instruir su caso en el marco del procedimiento 169 del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-3606/97 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Comunicación de la Comisión sobre el impacto de la introducción del euro sobre los mercados de capitales (COM(97) 337 final)

La tercera parte del informe describe varias consideraciones sobre el impacto de la introducción del Euro sobre los mercados de renta variable.

Cuando el informe se refiere a las operaciones de las bolsas de valores, una de las consideraciones explica que, dada la inexistencia de una relación significativa entre el valor nominal de las acciones y su precio de negociación, no hay argumentos de peso para que los valores coticen y se negocien parcialmente en euros y parcialmente en monedas nacionales.

¿Puede la Comisión aclarar este punto?

Respuesta del Sr. Silguy en nombre de la Comisión (12 de enero de 1998)

En la Comunicación de la Comisión sobre el impacto de la introducción del euro sobre los mercados de capitales ((COM(97)337. )) se plantea el problema de cómo abordar la redenominación en euros del valor nominal de las acciones. La redenominación en euros del valor nominal de las acciones tendrá escasas consecuencias. Dicho valor no guarda relación con el precio de mercado al que se negocia la acción. Representa tan sólo unidades del capital social total. La redenominación de esas unidades no altera su número y proporción relativa. La redenominación tendrá escasa o ninguna repercusión sobre la liquidez del mercado de valores y las operaciones en él realizadas. Ahora bien, existe una buena razón para efectuar la redenominación: el valor nominal es un rasgo permanente de la acción, que no tiene un plazo de expiración como otros valores y contratos financieros.

La Comunicación de la Comisión señala también que si se adoptara un sistema de acciones sin valor nominal (es decir, simples fracciones del capital en acciones) no sería necesario redenominar. Esto exigiría modificar la legislación nacional de la mayoría de Estados miembros.

Los mercados de valores europeos han anunciado que tienen previsto que todas las negociaciones y cotizaciones pasen a efectuarse en euros de manera súbita y radical («big bang») a partir del 1 de enero de 1999. Se ha acordado esta fecha común al objeto de que los participantes en el mercado puedan modificar sus sistemas, sabiendo que todos los valores se negociarán en euros. Para muchos, esta decisión responde también a la imposibilidad de efectuar negociaciones en distintas divisas (algunos mercados de valores no podrían llevar a cabo negociaciones en la moneda nacional y el euro al mismo tiempo). Dado que el valor nominal no guarda relación alguna con el precio de negociación de una acción, el cambio al euro será total.

Cabe señalar que, si bien las acciones se negociarán en euros desde el inicio de la fase de transición de la unión económica y monetaria (UEM), los intermediarios tendrán que efectuar la conversión cuando resulte necesario, para liquidar las cuentas de sus clientes en la divisa escogida por los mismos.
PREGUNTA ESCRITA E-3698/97 de Kirsi Piha (PPE) a la Comisión (19 de noviembre de 1997)

Asunto: Utilización de los recursos del programa PHARE en Lituania

La Unión Europea presta asistencia a los países de Europa central y oriental a través de su programa PHARE. Al parecer, con cargo al mismo se ha concedido gran cantidad de ayuda para el desarrollo de los países candidatos a la adhesión. ¿Podría aclarar la Comisión la utilización dada a los recursos del programa PHARE concedidos en 1997 a Lituania?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (22 de diciembre de 1997)

El programa operativo nacional 1997 financiado por PHARE con un total de 43,2 MECU incluye los siguientes componentes:

- Integración europea (11 MECU): apoyo al desarrollo institucional, legislativo y normativo para la integración de Lituania en la Comunidad. La ayuda en este campo incluiye las actividades de los grupos de trabajo interministeriales en materia de creación de instituciiones y definición de estructuras;

- Infraestructuras (14 MECU): inversión directa en proyectos de transportes, telecomunicaciones, energía y medio ambiente;

- Desarrollo económico (12,85 MECU): agricultura, desarrollo empresarial y fomento de las exportaciones, privatización, reforma del sector financiero;

- Salud y desarrollo de los recursos humanos (4,5 MECU): en particular, reforma de la gestión sanitaria y educación y formación;

- Gestión (0,85 MECU).

Además del programa nacional 1997, se han comprometido 2,8 MECU para Tempus y 4,3 MECU para la cooperación transfronteriza.

El memorándum financiero para el programa 1997 se firmó en noviembre de 1997 y el programa se aplicará durante 1998 y 1999. Es pronto, por tanto, para evaluar el impacto del programa 1997.
PREGUNTA ESCRITA P-3754/97 de Robert Evans (PSE) a la Comisión (17 de noviembre de 1997)

Asunto: Normativa griega relativa a los no nacionales propietarios de vehículos en Grecia

¿Podría explicar la Comisión las obligaciones que el Gobierno de Grecia impone a los no nacionales que son propietarios de vehículos en Grecia y si dichas obligaciones constituyen una discriminación?

Ciudadanos de mi circunscripción se han puesto en contacto conmigo par exponerme detalles de las obligaciones que se supone deben cumplir a fin de poder conducir un vehículo en Grecia y evitar el pago del impuesto sobre la renta. Este proceso incluye la transferencia de importantes sumas de dinero a una cuenta bancaria griega y la presentación de un certificado de residencia de las autoridades fiscales del Reino Unido así como de la declaración anual sobre la renta junto con un «certificado único de cambio de divisas», que debe expedir un banco griego.

¿Está de acuerdo la Comisión en que esto constituye una carga indebida para los no nacionales?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (6 de enero de 1998)

La Comisión está al corriente de que, con arreglo a la legislación griega en materia tributaria, la posesión de un vehículo puede servir para determinar la renta imponible de una persona. En este sentido, las autoridades fiscales griegas pueden pedir a los contribuyentes extranjeros que posean un vehículo matriculado en Grecia que justifiquen sus ingresos.

A juicio de la Comisión, se trata de medidas destinadas a luchar contra el fraude fiscal; además, otros Estados miembros aplican medidas similares. De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, las citadas medidas se aplican indistintamente a los ciudadanos griegos y extranjeros, por lo que, a primera vista, no son discriminatorias.

En cualquier caso, si Su Señoría informa más detalladamente sobre el caso que le ha sido planteado, la Comisión está dispuesta a estudiarlo con más detenimiento.
PREGUNTA ESCRITA E-3169/97 de Raymonde Dury (PSE) a la Comisión (13 de octubre de 1997)

Asunto: Programa obsoleto por falta de decisión del Consejo

El Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 1 de agosto de 1997, no C 233/8, informa de que la Comisión ha decidido retirar la convocatoria de acciones para subvencionar en el ámbito de las cooperativas mutuas, asociaciones y fundaciones de la Comunidad. La Comisión toma así en consideración la ausencia de decisión del Consejo en lo concerniente al programa plurianual 1994-1996 de acciones en favor de estos organismos, y el carácter obsoleto de este programa.

¿Puede la Comisión explicar las consecuencias que esta ausencia de decisión puede tener para los organismos pertinentes y precisar si existe, o existirá, un programa de sustitución y si hay precedentes en materia de programas que se han convertido en obsoletos por falta de decisión del Consejo?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (30 de enero de 1998)

Como dice Su Señoría, es cierto que la convocatoria de propuestas correspondía a la propuesta de la Comisión de una Decisión del Consejo relativa al programa plurianual (1994-1996) de acciones comunitarias en favor de las cooperativas, las mutualidades, las asociaciones y las fundaciones (CMAF). Dicha convocatoria se publicó el 24 de agosto de 1996, pero desgraciadamente el Consejo no la había aprobado a finales de 1996.

Por ello, la Comisión se vio obligada a encontrar una solución adecuada parala financiación de los proyectos CMAF relacionados con la convocatoria de propuestas. Con este fin, la Comisión decidió el 29 de julio de 1997 retirar en primer lugar su propuesta de programa, cancelar la convocatoria y tomar entonces una decisión específica sobre la financiación en 1997 de 12 proyectos seleccionados de entre los presentados a raíz de la convocatoria de propuestas. Además de dichas 12 actuaciones, también se decidió financiar algunas otras con cargo a la línea presupuestaria B5-321 (economía social) de 1997.

La Comisión está estudiando la posibilidad de presentar una nueva propuesta de un programa de trabajo plurianual, cuyo principal objetivo sería ayudar a las CMAF a mejorar su rendimiento como empresas y a desempeñar un papel protagonista en la respuesta a los desafíos planteados actualmente por la situación del empleo.

Si desea conocer más detalles, Su Señoría puede consultar la respuesta de la Comisión a la pregunta oral H-0717/97 de la Sra. C. Jackson en los ruegos y preguntas de la sesión parcial del Parlamento de octubre de 1997 ((Debates del Parlamento (octubre de 1997). )).
PREGUNTA ESCRITA E-3749/97 de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión (21 de noviembre de 1997)

Asunto: Licitación del Ayuntamiento de Roma para un contrato de publicidad

Hace algunos meses, el Ayuntamiento de Roma convocó una licitación privada para la realización de un gran proyecto de publicidad. Tras una primera selección llevada a cabo por la Comisión Técnica creada en la Oficina de Políticas Económicas y Productivas del Ayuntamiento de Roma, quedaron en carrera tres empresas: la francesa Decaux, la griega Panel 2+4 y la italiana NDP. Algunos elementos que han surgido del trabajo de la Comisión permiten suponer que la empresa francesa Decaux ha cometido algunas irregularidades en la presentación de la oferta, confirmadas por los abogados del Ayuntamiento, que han considerado que dichas irregularidades podían ser motivo de exclusión.

1. ¿Puede informar la Comisión si la licitación de que se trata, cuyo importe es de aproximadamente 6.000 millones de liras, se ha llevado a cabo respetando las Directivas europeas sobre contratos públicos de servicios y obras públicas (92/50/CEE ((DO L 209 de 24.7.1992, p. 1. )) y 93/36/CEE ((DO L 199 de 9.8.1993, p. 1. )))?

2. Puede informar la Comisión si las irregularidades cometidas por Decaux son, de conformidad con las normas europeas, un motivo suficiente para excluirla de la licitación?

3. ¿Puede dar la Comisión su opinión al respecto?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (6 de enero de 1998)

La Comisión no dispone de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la conformidad del procedimiento que parece haberse desarrollado con vistas a la adjudicación de un contrato para la realización de un proyecto publicitario por el Ayuntamiento de Roma. Se ruega a Su Señoría que facilite a la Comisión los datos básicos, en particular, el objeto del contrato y la fecha de publicación del anuncio del contrato al que hace referencia.

Asimismo, se invita a Su Señoría a facilitar a la Comisión toda información relativa a las irregularidades que supuestamente cabría evaluar a la luz de las directivas comunitarias pertinentes.

Por los motivos antes expuestos, la Comisión no puede formular un juicio sobre los hechos señalados.
PREGUNTA ESCRITA E-3803/97 de José Apolinário (PSE) a la Comisión (26 de noviembre de 1997)

Asunto: El IFOP y el turismo

Considerando la respuesta de la Comisión a mi pregunta E-2036/97 ((DO C 391 de 23.12.1997, p. 151. )) sobre la distribución de las intervenciones del FEDER por Estado miembro, ¿puede la Comisión indicar, por lo que se refiere al IFOP, el importe de los créditos asignados al turismo en los diferentes programas operativos de cada Marco Comunitario de Apoyo y por cada Estado miembro?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (27 de enero de 1998)

Las intervenciones del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) se limitan estrictamente a los proyectos desarrollados en el sector de la pesca. Los proyectos desarrollados en el sector del turismo corresponden al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
PREGUNTA ESCRITA E-3907/97 de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión (11 de diciembre de 1997)

Asunto: Incumplimiento por parte del ayuntamiento de Mantua de las Directivas 92/50/CEE y 93/38/CEE en materia de contratos públicos de servicios

1. ¿Ha evaluado la Comisión el contenido de la denuncia transmitida por los grupos minoritarios del Consejo Municipal de Mantua en relación con el incumplimiento, por parte del ayuntamiento en cuestión, de las normas comunitarias relativas a la adjudicación, sin concurso previo, de los servicios de control sanitario y de asistencia para la seguridad y la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo?

2. ¿Está al corriente del incumplimiento de las Directivas 92/50/CEE ((DO L 209 de 24.7.1992, p. 1. )) y 93/38 CEE ((DO L 199 de 9.8.1993, p. 84. )) por parte de dicho municipio, quien ha iniciado la constitución de una S.p.A., con capital mayoritariamente público, y de quien es socia, sin que se haya observado la legislación de referencia, la gestión de los servicios informáticos municipales?

3. ¿Comparte la Comisión las interpretaciones de los grupos municipales, quienes consideran como «incumplimiento» las decisiones del ayuntamiento de Mantua?

4. ¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para solventar, en caso de que se confirmasen, estos hechos?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (3 de febrero de 1998)

1. y 2. La Comisión está llevando a cabo un detenido examen de los casos señalados por Su Señoría.

3. La instrucción de estos casos permitirá a la Comisión detectar la eventual existencia de violación de las normas comunitarias aplicables a los contratos públicos de servicios.

4. La Comisión no dejará, en su caso, de recurrir al procedimiento previsto por el artículo 169 del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-3372/97 de Lis Jensen (I-EDN) a la Comisión (22 de octubre de 1997)

Asunto: Prioridades en el sector de la energía

¿Cuál es la posición del Consejo ante el hecho de que, en su política energética, los Estados miembros obligan a sus productores y distribuidores de energía a incluir aspectos medioambientales en su planificación de la producción de energía y que esto influye indirectamente en el la funcionamiento del mercado interior en el sector de la energía?

La pregunta se refiere en concreto a la producción energética en Dinamarca, donde el Estado, a través de una modificación de la ley sobre el suministro de energía, obliga a los productores a recurrir a la energía procedente de las centrales térmicas descentralizadas y de fuentes de energía renovable, concediendo ayudas a estas formas de producción.

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (5 de diciembre de 1997)

El mercado interior de la electricidad está regulado por la Directiva 96/92/CE, de 19 de diciembre de 1996 ((DO L 27 de 30.1.1997. )), que establece normas comunes para la producción, transmisión y distribución de electricidad. Entró en vigor el 19 de febrero de 1997 y los Estados miembros tienen, por lo general, dos años para proceder a su aplicación.

La Directiva permite a los Estados miembros tener plenamente en cuenta las consideraciones ambientales a la hora de aplicarla. Con arreglo al apartado 3 de su artículo 8, los Estados miembros pueden imponer al gestor de la red de transmisión la obligación de que, en la ordenación del funcionamiento de las instalaciones de generación, dé preferencia a las instalaciones basadas en las fuentes de energía renovables y en la producción combinada de calor y electricidad.

Los Estados miembros también pueden, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 3, imponer a las empresas del sector de la electricidad obligaciones de servicio público que pueden referirse, entre otras cosas, a la protección del medio ambiente.

Además, cuando un Estado miembro fije los criterios para la concesión de autorizaciones de construcción de nuevas instalaciones de producción o defina las condiciones de licitación que debe observar el posible licitador, puede aplicar asimismo criterios relativos a la protección del medio ambiente (apartado 1 del artículo 5).

Cabe señalar, sin embargo, que cuando un Estado miembro aplique las disposiciones de la Directiva, debe hacerlo de una manera objetiva, transparente y no discriminatoria. Estas disposiciones no deben utilizarse para favorecer a los productores nacionales.

El caso específico de Dinamarca se examinará de acuerdo con las disposiciones de la Directiva, incluidas las anteriormente citadas que permiten a los Estados miembros tomar en consideración los aspectos ambientales.
PREGUNTA ESCRITA E-3221/97 de Patricia McKenna (V) al Consejo (15 de octubre de 1997)

Asunto: Denuncias de ejecuciones sumarias en Filipinas

Se ha denunciado que el 4 de septiembre pasado unos miembros del Segundo Grupo Móvil de la Policía Nacional de Filipinas entraron a la fuerza en la casa de Marlon Fernández, de 25 años de edad, en Barangay, Santo Domingo, acusándole de ser miembro del grupo de oposición armado Ejército Nacional del Pueblo (ENP).

En un informe posterior, las autoridades filipinas alegaron que el Sr. Fernández murió en un enfrentamiento armado con la policía. Existen, sin embargo, otros informes según los cuales fue visto posteriormente en la residencia de un miembro del Gobierno provincial de Santo Domingo, mientras uno de los miembros del mismo grupo policial que había entrado en su casa le golpeaba y que se habían oído disparos en las proximidades.

Debido a las informaciones contradictorias que rodean la muerte del Sr. Fernández, ¿piensa el Consejo elevar una protesta a las autoridades filipinas, pidiéndoles que se lleve a cabo una investigación cuidadosa e imparcial sobre las circunstancias de esta muerte?

Respuesta (9 de marzo de 1998)

El Consejo no ha tratado el caso mencionado.

En sus relaciones con terceros países en general, el Consejo se interesa de manera constante por la aplicación de las normas que regulan el Estado de derecho y por el respeto de los derechos humanos.