PREGUNTA ESCRITA E-3559/01

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(8 de enero de 2002)

Asunto: Funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) en Grecia

En el Informe especial no 4/2001(1) del Tribunal de Cuentas se afirma que no se ha aplicado el SIGC en Grecia (apartado 64 del Informe) y que todos los elementos básicos del SIGC se han puesto en marcha en todos los Estados miembros, salvo en Grecia (apartado 74 de las respuestas de la Comisión), mientras que del cuadro 4 se desprende que la Comisión ha hallado debilidades en el conjunto de los controles básicos de las ayudas por superficie y primas por animales. Asimismo, la Confederación panhelénica de uniones de cooperativas agrícolas (PASEGES), que ha asumido la labor del SIGC, denunció (en su comunicación de 2.8.2001) que el Ministerio de Agricultura no podrá hacer frente el año en curso al pago de las subvenciones a los productores a causa del retraso en la firma del correspondiente contrato.

Dado que la mayor parte de las ayudas se paga ya a través del SIGC:

1. ¿qué repercusiones tiene la falta de aplicación del SIGC para Grecia, los productores y la protección de los intereses económicos de la Comunidad?

2. ¿Qué medidas ha tomado la Comisión para obligar a Grecia a aplicar el SIGC?

3. ¿Cómo valora el actual funcionamiento del SIGC en los sectores del aceite de oliva, el algodón y la ganadería, dada la existencia de serias protestas de los agricultores acerca de retrasos, deficiencias e inscripciones erróneas?

(1) DO C 214 de 31.7.2001, p. 1.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(7 de febrero de 2002)

El sistema integrado de gestión y control (SIGC) facilita a los Estados miembros la tarea de proceder eficazmente al pago y al control de los gastos comunitarios. La Comisión considera sumamente grave la falta de aplicación del SIGC.

A las preguntas de Su Señoría, la Comisión responde lo siguiente:

1. La falta de aplicación del SIGC por parte de Grecia significa que este país no está en condiciones de gestionar y controlar los gastos de conformidad con la legislación vigente, que sus procedimientos administrativos y de control son innecesariamente gravosos e ineficaces y que, por consiguiente, no está en condiciones de ejercer un control adecuado de los gastos declarados al Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA). Por consiguiente, al igual que en todos los Estados miembros, los servicios de la Comisión responsables de la auditoría de los gastos agrícolas vigilan con suma atención la situación del SIGC en Grecia y deniegan en su caso la financiación comunitaria en el contexto del procedimiento de liquidación de cuentas (letra b) del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la financiación de la política agrícola común)(1). Por consiguiente, los importes excluidos de la financiación comunitaria corren a cargo del presupuesto nacional.

Las deficiencias citadas anteriormente suponen para los productores griegos una carga administrativa suplementaria y ocasionan a veces retrasos en los pagos que les corresponden. Además, dado que en muchos casos las ayudas están sujetas a un sistema de contingentes o límites máximos individuales, regionales y nacionales, el carácter inadecuado de los controles da lugar al pago de fondos a personas que no reúnen las condiciones establecidas, privando por lo tanto a los beneficiarios legítimos de la parte de la ayuda que les corresponde.

En estas circunstancias, es evidente que la situación del SIGC en Grecia no protege de forma adecuada los intereses económicos de la Comunidad.

2. Además de llevar a cabo periódicamente misiones de auditoría in situ destinadas a comprobar el cumplimiento por parte de Grecia de la normativa vigente relativa a la política agrícola común (PAC), a menudo con las consecuencias financieras antes citadas, la Comisión ha incoado un procedimiento de infracción respecto a Grecia por la falta de aplicación del SIGC en el plazo establecido.

3. Las superficies dedicadas al cultivo del algodón deben declararse en el marco del SIGC, de acuerdo con el artículo 9 del Reglamento (CE) no 1591/2001 de la Comisión, de 2 de agosto de 2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de ayuda del algodón(2). Los Estados miembros deben controlar el 5 % de esas declaraciones sobre el terreno y penalizar en su caso las infracciones cometidas por los productores.

El SIGC no incluye los olivares; éstos deben registrarse en un sistema ad hoc equivalente denominado sistema de información geográfica (SIG) relativo al cultivo de olivo. El SIGC y el SIG deben estar relacionados; no obstante, ninguno de estos dos sistemas se ha implantado plenamente en Grecia, por lo que este país debe llevar a cabo controles in situ del 10 % de todas las declaraciones de cultivo en el sector del aceite de oliva.

Por lo que se refiere a las ayudas comunitarias a la ganadería, la misión de auditoría in situ más reciente llevada a cabo en Grecia por los servicios de la Comisión ha puesto de manifiesto que el sistema de identificación y registro requerido para los animales de la especie bovina se encuentra aún en la fase piloto, por lo que su implantación lleva un retraso de varios años. En el caso de los ovinos y caprinos, los registros de traslado de los rebaños que deben llevar los productores tampoco se han implantado ni controlado eficazmente. La parte de los sistemas ya implantada no se considera apta para servir de instrumento administrativo y de control adecuado como estaba previsto.

(1) DO L 160 de 26.6.1999.

(2) DO L 210 de 3.8.2001.