PREGUNTA ESCRITA E-3484/98

de Ernesto Caccavale (UPE) a la Comisión

(25 de noviembre de 1998)

Asunto: Sistema generalizado de inmunidad para los agentes Europol

En el texto del Convenio Europol, en vigor desde el pasado 1 de octubre de 1998, por el que se crea un nuevo organismo que tendrá como cometido la coordinación entre los servicios de policía de los 15 países de la Unión Europea para la recogida y análisis de datos sobre delitos que van del tráfico de drogas al reciclado y de la inmigración clandestina al terrorismo, suscita perplejidad el protocolo relativo a los privilegios e inmunidades de sus funcionarios. Concretamente, el artículo 8 prevé para los mismos inmunidad frente a cualquier jurisdicción en cuanto a declaraciones, escritos o actos por ellos realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales, inmunidad de que gozarán también una vez abandonado el servicio.

¿Puede decir la Comisión:

- si no considera que dichas disposiciones podrían constituir un auténtico atentado contra las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos, considerando que las excepciones o eventuales suspensiones de esta inmunidad casi absoluta se dejan al arbitrio del propio organismo y de su director;

- si la norma que recoge dicho protocolo, que prevé además la inmunidad ante cualquier jurisdicción en cuanto a las modalidades de recogida y procesado de los datos, con lo que éstos podrían recabarse de forma ilegal, no da lugar a un posible riesgo de violación de las leyes sobre el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales;

- por último, si no considera fundada la preocupación por la falta de un auténtico control democrático de este nuevo organismo que, como muchas otras estructuras comunitarias, nace de un acuerdo entre gobiernos y, precisamente por ello, corre el riesgo de escapar a la supervisión de los órganos institucionales de tipo parlamentario?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión

(21 de enero de 1999)

El apartado 1 del artículo 41 del Convenio Europol estipula que los miembros de los órganos de Europol, sus directores adjuntos y empleados disfrutarán de los privilegios y de las inmunidades necesarios para el desempeño de sus tareas con arreglo a un protocolo en el que se establecen las normas que deberán aplicarse en todos los Estados miembros. De acuerdo con el párrafo 3 del mismo artículo, dicho protocolo deberá ser elaborado por el Consejo, quien deberá votarlo por unanimidad según el procedimiento fijado en el título VI del Tratado de la Unión Europea, y adoptado por los Estados miembros de conformidad con sus diversas disposiciones constitucionales.

La Comisión considera que ni las disposiciones del protocolo en general ni lo previsto en el artículo 8 del protocolo constituyen una amenaza para las libertades fundamentales y los derechos de los ciudadanos. La práctica de conceder inmunidad frente a cualquier jurisdicción a las organizaciones internacionales e intergubernamentales está más que establecida en el Derecho internacional. De dicha inmunidad gozan ya numerosas organizaciones internacionales. En este contexto, el ejemplo más sobresaliente en el ámbito de la Justicia es Interpol, al que también se ha concedido una inmunidad similar.

Por otra parte, la Comisión observa que las disposiciones del protocolo que conceden la inmunidad frente a cualquier jurisdicción en cuanto a las modalidades de recogida y procesado de los datos no da lugar a un posible riesgo de violación de las leyes sobre el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales. En este contexto, el Convenio Europol incluye en sus títulos II a IV (artículos 7 a 25) unas disposiciones muy completas sobre la recogida, almacenamiento, utilización y tratamiento de los datos, así como sobre el establecimiento de sistemas de datos. Según el artículo 14 del Convenio Europol, cada Estado miembro tiene que tomar, en relación con el tratamiento de los datos personales incluidos en los ficheros de datos creados en el marco del Convenio Europol, las medidas necesarias para garantizar un nivel mínimo de protección de los datos que al menos se corresponda con los niveles de protección resultantes de la aplicación de los principios del Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981, y, por ende, teniendo en cuenta la recomendación No R (87) 15 del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 17 de septiembre de 1987, relativa al uso de datos personales en el ámbito policial. Del mismo modo, Europol tiene que tener en cuenta los dos citados Reglamentos en cuanto a la recogida, tratamiento y utilización de datos personales. Además de esto, el artículo 24 del Convenio Europol prevé la creación de una autoridad de control común. Este cuerpo independiente tendrá a su cargo la tarea de supervisar las actividades de Europol con el fin de garantizar que el almacenamiento, tratamiento o utilización de los datos en poder de Europol no atente contra los derechos del individuo.

Por lo que se refiere al control democrático de Europol, la Comisión recuerda que conforme al artículo 34 del Convenio Europol, la Presidencia del Consejo deberá transmitir anualmente al Parlamento Europeo un informe especial sobre las actividades de dicho organismo.