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PREGUNTA ESCRITA E-2828/98

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(28 de septiembre de 1998)

Asunto: Depósito de cesio-137 por encima de 40 Kbq/m2 en determinadas regiones de Grecia tras el accidente de Chernóbil

Según el "Atlas de depósitos de cesio en Europa después de Chernóbil", publicado conjuntamente por la Comisión Europea e institutos y organismos científicos de Rusia, Belarús, Ucrania y otros Estados miembros, exceptuando los países vecinos de Chernóbil, se registra una fuerte acumulación de cesio-137 (por encima de 40 Kbq/m2) en países europeos como Grecia, Austria, Italia y Alemania. En el caso de Grecia, el depósito de elementos radiactivos se concentra en regiones muy concretas.

Habida cuenta de que el tiempo de semivalor del cesio-137 es de 30 años en relación con otras sustancias radiactivas, ¿puede indicar la Comisión si se han creado bases de datos y estadísticas en las que se censen los daños que esta situación puede causar a la salud de los habitantes de estas regiones y cuál es la participación de Grecia en este ámbito?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(10 de noviembre de 1998)

El atlas de los depósitos de cesio radiactivo que se produjeron en toda Europa a resultas de las emanaciones provocadas por el accidente de Chernóbil es fruto de un programa conjunto de investigación en el que participan la Comisión, Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Su contenido proporciona una perspectiva esencial para evaluar la importancia real en términos radiológicos de dichos depósitos.

Si bien es cierto que en algunas regiones de Grecia se han registrado niveles superiores a 40 kilobequerelios por metro cuadrado (kBq/m2), como en muchas otras regiones de los Estados miembros, no hay motivos para suponer que ello tendrá consecuencias perceptibles para la salud de la población afectada.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36 del Tratado EURATOM, la Comisión recibe periódicamente de los Estados miembros información sobre los niveles de radiactividad ambiente registrados. Estos datos quedan almacenados en la base de datos REM (Radioactivity Environmental Monitoring) con que cuenta en Ispra el Centro Común de Investigación, para su posterior utilización en diversos informes que publica la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-2512/98

de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión

(30 de julio de 1998)

Asunto: Catástrofe aérea de Blagnac, Francia

El 30 de junio de 1994, en Blagnac, aeropuerto de Tolosa, un aparato A330 de la empresa francesa Airbus Industrie que efectuaba un vuelo de prueba se estrelló provocando la muerte de las siete personas que se encontraban a bordo. Dos de las siete víctimas eran pilotos italianos, Alberto Nassetti y Pier Paolo Racchetti, empleados de la compañía Alitalia, que se encontraban en Tolosa para un período de prácticas comerciales de cinco días en la sede de la empresa francesa.

El aparato todavía no había sido homologado, pero volaba con un certificado provisional. Durante los vuelos de prueba no está admitida la presencia de pasajeros a bordo y a los mandos de la aeronave tiene que haber obligatoriamente al menos dos pilotos con licencia de piloto de prueba. A bordo del aparato A 330 había un solo piloto de prueba y otro con licencia de piloto de línea. En el programa del período de prácticas comerciales no estaba previsto vuelo alguno, sino únicamente clases en los locales de la empresa.

Cuatro años después del accidente, la justicia francesa todavía tiene que decidir si iniciará el juicio por responsabilidad penal. La investigación previa, competencia de la Dirección General de Armamento, que depende del Ministerio de Defensa, según lo previsto por el código francés de navegación aérea, concluyó al cabo de siete meses. La investigación judicial, iniciada por el juez Billaud, terminó el 28 de febrero de 1998 y la Fiscalía tenía un plazo de tres meses para emitir un dictamen para cerrar el caso o continuar la acción legal. Hasta hoy, no se ha recibido respuesta de la Fiscalía.

¿Podría decir la Comisión:

1. si no considera oportuno intervenir ante las autoridades francesas para conocer los motivos de este asombroso e inexplicable retraso en la decisión de entablar el juicio;

2. si no considera oportuno intervenir ante las autoridades italianas para saber por qué motivo el Consulado de Tolosa no ha ofrecido ayuda alguna a los familiares de las víctimas?

Respuesta de la Sra. Gradin En nombre de la Comisión

(24 de septiembre de 1998)

La Comisión informa a Su Señoría de que no está capacitada para intervenir ante las autoridades de un Estado miembro en el marco de los procedimientos pénales iniciados como consecuencia de un accidente aéreo ocurrido durante un vuelo de prueba.

El artículo F del Tratado de la Unión Europea prevé que la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y, más en concreto, el derecho a un juicio justo. Por consiguiente, la persona que considere que se ha conculcado este derecho es quien debe acudir a la jurisdicción competente para que se investigue su caso y, si procede, presentar una queja ante la Comisión Europea de Derechos Humanos si se han agotado todas las vías del Derecho nacional.
PREGUNTA ESCRITA E-1592/98

de Klaus Lukas (NI) a la Comisión

(25 de mayo de 1998)

Asunto: Quiebra del banco "Taurus"

Según la información que he recibido, en la quiebra del banco "Taurus" en los años 1995-1997 se perdieron fondos de la Unión Europea.

1. ¿Cuánto dinero de la UE se había depositado en dicho banco? ¿Hasta qué punto tendría éxito la reclamación de estos fondos de la UE? ¿Qué importe puede ser irrecuperable?

2. ¿Por qué se escogió al banco mencionado como relación bancaria de la UE? ¿Quién es el responsable de esta decisión? ¿Qué conclusiones extrae la Comisión de este asunto? ¿Cuáles son los procedimientos para la elección de las relaciones bancarias de la UE?

3. ¿Ha constatado la Comisión también en otros casos que el banco elegido como relación bancaria de la UE se encontraba en una situación económica difícil? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron estos casos y qué pérdidas financieras hubo que registrar?

4. ¿Están sometidos a un control especial los bancos que podrían actuar como relación bancaria de la UE? En caso afirmativo, ¿cómo se lleva a cabo este control? En caso negativo, ¿por qué no se lleva a cabo?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión

(12 de junio de 1998)

La Comisión no había designado al banco Tauras como banco corresponsal ni había depositado en él fondos de la Comunidad. Por consiguiente, el procedimiento de quiebra de que es objeto este banco no supondrá ninguna pérdida de fondos comunitarios.

Quizá Su Señoría haga referencia al uso de los fondos derivados de la ayuda macrofinanciera concedida por la Comunidad a Lituania en noviembre de 1992. Para un análisis pormenorizado del desarrollo de esta operación, cabe remitirse al informe sobre la ayuda macrofinanciera a terceros países que la Comisión presenta al Parlamento cada año(1).

La ayuda macrofinanciera otorgada a Lituania a raíz del acuerdo firmado por dicho país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) consistió en un préstamo de la Comunidad al Banco de Lituania. Se trata, pues, de un préstamo soberano garantizado por la República de Lituania.

Debido a las particulares circunstancias imperantes en el momento en que se concedió la ayuda, se permitió a las autoridades lituanas utilizar parte de los fondos para conceder, a su vez, préstamos, a través de una serie de bancos locales designados a tal efecto. Estos subpréstamos constituyen transacciones financieras entre entidades lituanas y todos los riesgos que implican recaen sobre el Estado lituano. Fue en este contexto en el que, el 29 de agosto de 1995, las autoridades de Lituania decidieron prestar al banco Tauras 17 millones de ecus. No obstante, la concesión de estos subpréstamos no incide en modo alguno en los créditos de la Comunidad frente a Lituania. Hasta la fecha, los intereses de los préstamos comunitarios a este país se han pagado escrupulosamente y, a juicio de la Comisión, no hay motivos para suponer que el servicio de la deuda planteará dificultades en el futuro.

(1) COM(98)3 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2612/98

de Mirja Ryynänen (ELDR) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Sostenibilidad de la política financiera de los Estados miembros

Los marcos institucionales de las políticas financieras de los distintos Estados miembros de la UE, es decir, la forma de elaborar anualmente el presupuesto, el grado de descentralización del proceso y hasta qué punto se lleva a cabo de una forma rigurosa, varía considerablemente de un país a otro. Ahora que se ha tomado la decisión con respecto a la tercera fase de la UEM, los Estados miembros deberían centrarse en garantizar la estabilidad interna de la Unión Monetaria, que podría verse socavada por la política financiera expansiva de alguno de los Estados miembros, cuyo gasto adicional podría encontrarse "oculto" en el presupuesto.

Habida cuenta de este riesgo, los marcos institucionales que rigen las políticas financieras del sector público deberían ser susceptibles de comparación.

¿Qué medidas piensa emprender la Comisión para que las políticas financieras actuales de los Estados miembros puedan ser comparables?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión

(27 de octubre de 1998)

Es cierto que la preparación de presupuestos en los Estados miembros adopta diversas formas. Ello es normal, pues los procedimientos presupuestarios son el resultado de años de prácticas presupuestarias y responden a diferentes tradiciones y marcos institucionales. Sin embargo, no debe exagerarse la importancia de las diferencias. Además, puede observarse una tendencia a la convergencia conforme a las exigencias del artículo 3 del Protocolo no 5 sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, que establece que los Estados miembros deberán garantizar que los procedimientos nacionales en materia presupuestaria les permitan atender, en este ámbito, a sus obligaciones derivadas del Tratado. Por ejemplo, la mayoría de Estados miembros preparan actualmente sus presupuestos tomando como base el año civil y no el ejercicio presupuestario.

En el proceso hacia la unión económica y monetaria, tanto la Comunidad como los Estados miembros han llevado a cabo importantes esfuerzos para elaborar cifras presupuestarias transparentes y comparables. En este contexto, debería recordarse que las cifras utilizadas por la Comisión para supervisar los presupuestos se elaboran siguiendo normas contables comunes en todos los Estados miembros (Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas, SEC). Así pues, incluso en el caso de que los procedimientos presupuestarios difieran, la Comisión dispone de los instrumentos necesarios para analizar la políticas fiscales y económicas de los Estados miembros y de la Comunidad en su conjunto.

Actualmente, la Comisión se propone complementar los importantes esfuerzos realizados en la elaboración de cifras anuales con una mejora en la comparabilidad de los indicadores a corto plazo de las finanzas públicas. Los resultados que cabe esperar facilitarán un análisis oportuno y preciso de las políticas fiscales y económicas de la Comunidad.
PREGUNTA ESCRITA E-2427/98

de Concepció Ferrer (PPE) a la Comisión

(30 de julio de 1998)

Asunto: Construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad

La construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad del Sur de Europa tiene en la actualidad una serie de tramos que, parece ser, no podrán ser terminados dentro del plazo previsto, en concreto el tramo Perpignan-Montpellier. Esto podría hacer inútiles los esfuerzos realizados en la mayor parte del tramo Sur, y además se impedirá que esta zona pueda beneficiarse de las ventajas económicas derivadas de la existencia de esta gran línea ferroviaria.

¿Piensa realizar la Comisión alguna acción encaminada a acelerar la construcción de estos tramos que están retrasados y así terminar a tiempo la construcción de este gran eje de transporte comunitario?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(12 de octubre de 1998)

En el Consejo Europeo de Essen se decidió que la línea del tren de alta velocidad (TAV) que une Madrid con Barcelona, Perpignan y Montpellier, el denominado TAV-Sur, era uno de los 14 proyectos prioritarios para el desarrollo de las redes transeuropeas (RTE) en que la Comisión había de concentrar sus esfuerzos.

Este proyecto cuenta con el apoyo financiero de la Comunidad por medio del Fondo de Cohesión y de la línea presupuestaria para las Redes Transeuropeas de Transporte (RTE-T). Aunque el proyecto progresa de forma bastante satisfactoria, especialmente en el territorio español, el tramo Perpignan-Montpellier puede sufrir retrasos, con lo que se reducirían los beneficios globales de todo el proyecto.

La Comisión se mantiene en estrecho contacto con el Gobierno francés para obtener información precisa sobre el calendario previsto para la construcción de la sección mencionada. Ahora bien, el calendario y todos los demás factores importantes son responsabilidad exclusiva de las autoridades francesas. La importancia del enlace Perpignan-Montpellier se puso de manifiesto en el informe del grupo de alto nivel sobre las asociaciones de empresas públicas y privadas en el ámbito de las redes transeuropeas y, en fecha más reciente, en el informe de la Comisión para el Consejo Europeo de Cardiff sobre los avances en los 14 proyectos prioritarios.

La Comisión mantendrá sus esfuerzos para agilizar la construcción de todo el proyecto, de Madrid a Montpellier. Se espera que Réseau Ferré de France, responsable de la infraestructura ferroviaria francesa, publique antes de finales de 1998 un plan en el que figuren las nuevas prioridades francesas en materia de ferrocarril. Con tal motivo, la Comisión seguirá haciendo hincapié en la importancia del Tren de Alta Velocidad del Sur.
PREGUNTA ESCRITA E-2944/98

de Gianfranco Dell'Alba (ARE) a la Comisión

(8 de octubre de 1998)

Asunto: B7-6601 - Acuerdos de cooperación con terceros países

Por iniciativa del Parlamento Europeo, se han consignado en el presupuesto de la Unión Europea, en la partida B-7-6601, Acuerdos de cooperación con terceros países, 1,6 millones de ecus destinados en particular a la cofinanciación de acciones externas con la República de China en la perspectiva de la integración de Taiwán en la Organización Mundial de Comercio.

A 31 de julio de 1998, es decir, 7 meses después de la aprobación del presupuesto por parte de la Autoridad presupuestaria, sólo se habían comprometido el 19 % de los créditos de compromiso.

Puesto que en su anteproyecto de presupuesto la Comisión ha inscrito esta línea con el mismo comentario y dado que el Consejo la ha mantenido en primera lectura, ¿qué espera la Comisión para aplicar efectivamente esta línea?

Respuesta de Sir Leon Brittan en nombre de la Comisión

(4 de noviembre de 1998)

Como Su Señoría sabe, no existe en la actualidad ningún fundamento jurídico para acciones referentes a Taiwán en virtud de la línea presupuestaria B7-6601 consagrada a Acuerdos de cooperación entre la Comunidad y terceros países. La Comisión está trabajando activamente para poner en práctica esta parte de la línea presupuestaria, pero su prioridad debe ser en esta fase establecer el fundamento jurídico, ya que sin él las medidas tomadas en virtud de esta línea correrían el riesgo de ser anuladas ulteriormente.

No obstante, la Comisión quiere destacar que sigue estando comprometida mediante unos lazos económicos y comerciales fuertes y sólidos con Taiwán.
PREGUNTA ESCRITA E-2702/98

de Marie-Paule Kestelijn-Sierens (ELDR) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Contratistas

¿Puede la Administración de un Estado miembro de la Unión Europea exigir que un contratista que sea residente de otro Estado miembro se registre ante las instancias oficiales antes de que pueda ejercer sus actividades?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(27 de octubre de 1998)

Conviene distinguir dos situaciones. En la primera, el empresario extranjero desea ejercer, de manera permanente, su profesión en otro Estado miembro, basándose en un establecimiento secundario que depende del establecimiento principal localizado en el Estado miembro donde reside. Esta situación está contemplada en el artículo 52 del Tratado CE (derecho de establecimiento). La obligación de registro, en la medida en que se imponga a toda persona, sea cual sea su nacionalidad o su lugar de establecimiento dentro de la Comunidad, no es incompatible con el principio de igualdad de trato del artículo 52.

La segunda situación se da cuando un empresario ejerce temporalmente su profesión en un Estado miembro en el que no está establecido, estando contemplada en el artículo 59 del Tratado CE (libre prestación de servicios). A este respecto, el artículo 59 prohíbe las medidas que constituyan restricciones discriminatorias o desproporcionadas a la libre prestación de servicios. De forma general, un régimen de autorización previo (o de registro) aplicable a todo empresario sea cual sea su origen sólo es compatible con el artículo 59 del Tratado si existen, en el ámbito de la actividad profesional considerada, razones imperiosas vinculadas a un interés general, si este interés general aún no está garantizado por las normas del país en que está establecido el prestador de servicios, y si el mismo resultado no puede obtenerse con normas menos restrictivas.
PREGUNTA ESCRITA E-2446/98

de Angela Sierra González (GUE/NGL) a la Comisión

(30 de julio de 1998)

Asunto: Actuación de la multinacional Chiquita en Latinoamérica

En recientes informaciones publicadas en diversos medios de comunicación se han revelado determinados datos sobre la influencia de la multinacional Chiquita sobre la política comercial de los EE.UU.

Por ejemplo, en la reciente Conferencia de la FAO sobre el plátano, celebrada en Roma el pasado mes de mayo, la Delegación de los EE.UU. fue acompañada de cuatro "asesores", todos ellos altos cargos de la empresa Chiquita (no así de otras multinacionales del banano).

También se destacan en estas informaciones varios hechos que deberían ser objeto de investigación como:

- la adquisición por la multinacional de tierras en países latinoamericanos, incluso en contra de la legislación de esos países,

- casos de sobornos en Colombia,

- importantes contribuciones económicas a los líderes políticos que encabezaron la disputa de la OCM contra el régimen comercial del plátano en la Unión Europea.

¿Tiene constancia la Comisión del grado de influencia ejercido por esta multinacional sobre la política de los EE.UU. en relación con el comercio internacional del plátano?

¿Está dispuesta la Comisión a investigar las denuncias realizadas para conocer las prácticas de la multinacional en los países latinoamericanos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(22 de septiembre de 1998)

La Comisión es consciente de la importancia de la empresa Chiquita como multinacional del comercio de plátanos. Sus representantes son consultados, junto con los de otras empresas y productores de este sector, en el comité consultivo conocido como "grupo de expertos de los plátanos", compuesto por representantes de la Comunidad y de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y Latinoamérica, importadores, distribuidores y consumidores. Sin embargo, está claro que el papel de este comité es puramente consultivo. La toma de decisiones sigue siendo responsabilidad de las instituciones comunitarias competentes.

No es competencia de la Comisión investigar las prácticas de la empresa Chiquita en los países de Latinoamérica.
PREGUNTA ESCRITA E-2736/98

de Christine Oddy (PSE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Amianto

¿Tiene la Comisión la intención de elaborar urgentemente propuestas para la prohibición total del amianto crisotilo (blanco) en vista de los graves riesgos que la utilización de esta sustancia conlleva para la salud y de que, junto con otras variedades de amianto, es responsable de la muerte de más de 3.500 personas cada año tan sólo en el Reino Unido?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión

(30 de septiembre de 1998)

Existe ya un conjunto importante de normas comunitarias encaminadas a proteger la salud de los trabajadores y de la población frente a los efectos del amianto sobre la salud. Todos los tipos de fibras de amianto, excepto el amianto blanco (o crisotilo) están ya prohibidos en la actual legislación comunitaria. Además, están prohibidas catorce categorías de productos que contienen crisotilo y existen unos controles comunitarios estrictos en materia de exposición de los trabajadores al amianto y liberación de fibras de amianto al medio ambiente.

Aunque es mucho lo que ya se ha avanzado, es evidente la necesidad de reforzar la legislación comunitaria sobre comercialización y uso de productos que contengan amianto. Son ya nueve los Estados miembros que han introducido a nivel nacional prohibiciones del crisotilo más estrictas que la legislación comunitaria actual. Esto representa una perturbación significativa del mercado interior que exige una solución a nivel comunitario.

Por otra parte, diversas organizaciones nacionales, incluido el Health and Safety Executive del Reino Unido, han calculado proyecciones muy inquietantes sobre el número de fallecimientos posiblemente atribuibles al amianto en las próximas décadas. Sin embargo, es importante observar que estas cifras se refieren a exposiciones en el pasado a tipos de amianto combinados, incluidas las fibras ya prohibidas. No sería adecuado basarse solamente en estas estadísticas para prohibir la comercialización y el uso del crisotilo, porque tal prohibición no haría disminuir el riesgo de exposición de los trabajadores al amianto ya instalado, ni reduciría el número de fallecimientos que se producen actualmente de resultas de la exposición al amianto en el pasado. La posible contaminación por amianto en edificios existentes (p. ej., en relación con las actividades de mantenimiento y las operaciones de retirada del amianto) seguirá siendo durante muchos años una causa importante de exposición para los trabajadores.

Sin embargo, teniendo en cuenta todo lo dicho, y basándose en los conocimientos científicos actuales sobre los riesgos del crisotilo para la salud, la Comisión está elaborando un proyecto de propuesta de prohibición a escala europea de este tipo de amianto (con algunas excepciones, en su caso temporales), que se debatirá próximamente con los expertos de los Estados miembros. Por supuesto, la forma que adquiera el proyecto definitivo dependerá de ese debate, de los contactos con el Parlamento y los grupos interesados y del resultado de los estudios científicos que siguen llevándose a cabo.