PREGUNTA ESCRITA E-3489/00

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(10 de noviembre de 2000)

Asunto: Problemas de competencia en el sector de la extinción de incendios con helicópteros en España

Actualmente, se están utilizando en España para la extinción de incendios forestales helicópteros procedentes de antiguos ejércitos de países del Este de Europa, extendiendo su contrato a usos no autorizados como reconocimientos, asistencia, salvamento y traslado de heridos. Muchos de los tripulantes de estos helicópteros son ciudadanos no comunitarios procedentes también, en su mayoría, de países del Este. Estos trabajadores realizan jornadas interminables: trabajan 44 días seguidos con horarios que superan ampliamente las ocho horas diarias y, además, están sujetos a condiciones salariales inferiores a las de los pilotos de compañías españolas. De todo ello se deriva que algunas administraciones optan por contratar a estos agentes extranjeros por el coste más barato de sus servicios.

La Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas (Ifalpa) denunció públicamente el caso de España en su reunión anual celebrada el pasado mes de abril en Tokio. Por su parte, los sindicatos españoles agrupados en Apythel se han dirigido a los Ministerios españoles y a la Comisaria de Transportes sin haber obtenido, por el momento, una solución a sus demandas.

¿Tiene la Comisión conocimiento de las demandas expuestas en diversas ocasiones por Ifalpa y Apythel?

¿Considera la Comisión que podría haber, en los hechos descritos, una violación de la legislación comunitaria en materia de competencia?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3487/00, E-3488/00 y E-3489/00 dada por la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(13 de febrero de 2001)

La lucha contra los incendios forestales, que cada verano amenazan a numerosas regiones de España, precisa de un gran número de helicópteros para los trabajos de extinción y el transporte del personal que realiza dichos trabajos. Actualmente, el conjunto de las administraciones públicas españolas encargadas de dichas tareas utilizan un centenar de helicópteros durante la campaña anual de prevención y lucha contra los incendios forestales. Para ello, formalizaron contratos con los operadores privados de helicópteros aplicando las normas de adjudicación de contratos públicos regidas por las disposiciones del Real Decreto legislativo 2/2000 de 16 junio de 2000.

La mayoría de estos helicópteros están matriculados en España. Sin embargo, la flota española está limitada en número de aparatos y carece de ciertos tipos de aparato especializados, por lo que no puede hacer frente a todas las necesidades. Asimismo, las empresas contratadas por las administraciones públicas para luchar contra los incendios recurren al alquiler temporal de helicópteros civiles registrados en otros Estados miembros de la Comunidad Europea (Alemania, Suecia) o en terceros países (Chile, Estados Unidos, Rusia, Polonia, etc.). El alquiler se realiza con tripulación (wet lease) o sin ella (dry lease).

Hasta el momento, la Comunidad no ha adoptado normas comunes aplicables a la explotación técnica de los helicópteros. Corresponde a cada Estado miembro tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, incluso si se trata de operaciones especiales tales como la lucha contra los incendios forestales. Según las informaciones de las que disponen los servicios de la Comisión parece que éste sea el caso de España. Únicamente se contrata a las compañías titulares de un certificado de operador aéreo (AOC) que reconozca su aptitud para ejecutar tareas de extinción de incendios. Si fletan helicópteros registrados en otros Estados, éstos son sometidos a una inspección de acuerdo con la Dirección General de Aviación Civil para comprobar, tal y como requiere el Reglamento (CEE) no 2407/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre la concesión de licencias a las compañías aéreas(1), que presentan un nivel de seguridad equivalente al exigido para realizar este tipo de operaciones con helicópteros matriculados en España.

Con motivo de su propuesta relativa a la armonización de normas técnicas aplicables a las operaciones comerciales aéreas(2), la Comisión acaba de anunciar al Consejo y al Parlamento su intención de ampliar la legislación comunitaria para cubrir también los aspectos de seguridad de las operaciones llevadas a cabo en helicóptero, abarcando entre otros, el ámbito de la lucha contra los incendios forestales, la asistencia, el salvamento y el traslado de los heridos.

Por otro lado, las autoridades españolas han señalado a la Comisión que la Directiva 94/56/CEE(3), por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil, ha sido incorporada al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 389/1998, de 13 de mayo de 1998, por el que se crea la comisión de investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil. Se le ha confiado a esta comisión la investigación técnica de todos los accidentes e incidentes graves que se produzcan en territorio español y obrará con plena independencia funcional. Esta comisión es, por lo tanto, competente para investigar los accidentes de helicóptero ocurridos en operaciones de extinción de incendios, incluso si los aparatos están matriculados en registros extranjeros. La Comisión no está al corriente de ningún accidente desde el ocurrido en 1993 a un helicóptero de un país del Este de Europa. Por ello, no le es posible dudar de que las autoridades españolas aplican correctamente dicha Directiva.

En cuanto a la Directiva 86/188/CEE del Consejo, de 12 de mayo de 1986 relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos debidos a la exposición al ruido durante el trabajo(4), ésta no se aplica a los trabajadores de la navegación aérea de acuerdo con el apartado 2 del artículo 1 de dicha Directiva.

Las prescripciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización de los equipos de trabajo descritos en la Directiva 89/655/CEE(5) (y no 89/665/CEE) han sido transpuestas por los Reales Decretos 1215/1997 de 18 de julio y 773/1997 de 30 de mayo. Estas prescripciones se aplican a las tripulaciones de los helicópteros, a condición de que el empresario esté establecido en España o en otro Estado miembro.

En lo que se refiere a la Directiva 93/104/CEE(6), relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, las autoridades españolas han notificado las medidas de transposición a la Comisión quien está examinando su conformidad con la Directiva.

Esta Directiva ha sido extendida a los sectores excluidos (que comprenden la aviación civil) a través de la Directiva 2000/34/CE(7) que debe ser transpuesta por los Estados miembros antes del 1 de agosto de 2003.

Además, el Consejo adoptó el 27 de noviembre de 2000 la Directiva 2000/79/CE, relativa a la ordenación del tiempo de trabajo del personal de vuelo en la aviación civil(8). A partir de la entrada en vigor de esta nueva Directiva, las disposiciones de la Directiva 93/104/CE no se volverán a aplicar al sector de la aviación civil.

En cuanto a la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios(9), las autoridades españolas han notificado las medidas de transposición a la Comisión quien está examinando su conformidad con la Directiva.

Por otro lado, la Comisión no está en posición de apreciar si las críticas formuladas por la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (Ifalpa) y por la asociación privada Apythel están justificadas.

(1) DO L 240 de 24.8.1992.

(2) DO C 311 E de 31.10.2000.

(3) DO L 319 de 12.12.1994.

(4) DO L 137 de 24.5.1986.

(5) DO L 393 de 30.12.1989.

(6) DO L 307 de 13.12.1993.

(7) DO L 195 de 1.8.2000.

(8) DO L 302 de 1.12.2000.

(9) DO L 18 de 21.1.1997.