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PREGUNTA ESCRITA E-1859/02

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(28 de junio de 2002)

Asunto: Responsabilidades de las regiones europeas en relación con el cumplimiento del pacto de estabilidad

El pacto de estabilidad de diciembre de 1996 impone a los Estados miembros una severa disciplina presupuestaria. Las dificultades de algunos Estados miembros para operar dentro de los límites financieros impuestos por el mismo las comparten, sin duda, algunas regiones y estados federados de los Estados miembros de la UE.

¿Reconoce la Comisión este problema y tiene intención de instar a los Estados miembros a que adopten medidas contra los estados federados o las regiones cuyo gasto sobrepase sistemáticamente los límites establecidos por el pacto de estabilidad?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(12 de agosto de 2002)

La Comisión reconoce que el respeto efectivo del objetivo a medio plazo de posiciones presupuestarias próximas al excedente de la balanza, al que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento compromete a los Estados miembros, depende del comportamiento a todos los niveles de gobierno. Dentro del marco de la vigilancia multilateral establecida por el Tratado CE y complementada por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Comisión ha recomendado que los Gobiernos nacionales aseguren una puesta en práctica presupuestaria estricta a todos los niveles de gobierno, cuando se trate de un problema significativo. La Comisión sigue con interés el desarrollo en los Estados miembros que desean compatibilizar la descentralización fiscal con el logro de niveles subnacionales de gobierno responsables de la realización de los objetivos presupuestarios generales. Sin embargo el gobierno nacional sigue siendo responsable de asegurar el respeto del Derecho comunitario, y esto incluye las obligaciones que proceden del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
PREGUNTA ESCRITA E-3433/02

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(2 de diciembre de 2002)

Asunto: Ausencia de adjudicación de la financiación URBAN II para la ciudad de Frosinone

Según la información del Ministerio italiano de Infraestructuras y Transportes y los datos proporcionados por el sitio web de la Comisión Europea, en la actual edición de Urban II la ciudad de Frosinone resultaría completamente excluida de cualquier asignación de fondos relativa a dicho proyecto, no encontrándose ni entre las diez primeras ciudades beneficiarias, a nivel europeo, ni entre las veinte ciudades incluidas sucesivamente en la clasificación Urban Italia (Ley 388/2000). Urban constituye sin duda uno de los proyectos de la unión Europea que mejor ha funcionado hasta el momento y representa un instrumento precioso para el desarrollo de las zonas periféricas de las grandes áreas metropolitanas y, en general, de las zonas urbanas en situación de degradación medioambiental y social, hasta el punto de que, por ejemplo, Milán ocupa el segundo puesto sobre la base de los puntos obtenidos en la clasificación

A partir de todo o anteriormente expuesto, ¿podría la Comisión indicar si el Ayuntamiento de Frosinone ha presentado proyectos para incluirse en el Programa Urban II?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(22 de enero de 2003)

A raíz de la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros en la que se fijan las orientaciones relativas a la iniciativa comunitaria Urban II, de 28 de abril de 2000(1), el Ministerio de Infraestructuras y Transportes publicó, en el Boletín Oficial italiano no 168 de 20 de julio de 2000, una convocatoria de propuestas con vistas a seleccionar las ciudades italianas que podrían recibir financiación de la iniciativa comunitaria Urban II.

Dicho anuncio recoge correctamente los criterios de admisibilidad definidos en la Comunicación de la Comisión antes mencionada y especifica las condiciones de evaluación y selección en las que se basa el Ministerio italiano para realizar una clasificación general por méritos de las candidaturas recibidas.

Atendiendo a la dotación financiera atribuida a Italia para Urban II, únicamente las diez primeras ciudades de la clasificación fueron seleccionadas para recibir financiación comunitaria y los correspondientes programas fueron presentados a la Comisión por las autoridades italianas, con arreglo al apartado 19 de la Comunicación antes señalada.

La Comisión no dispone, por tanto, de datos que permitan indicar si el municipio de Frosinone ha presentado proyectos en el marco de URBAN II, y, de ser así, tampoco dispone de información sobre los motivos por los que el programa de la ciudad de Frosinone no forma parte de las diez primeras ciudades beneficiarias.

(1) COM(2000) 1100 final DO C 141 de 19.5.2000.
PREGUNTA ESCRITA P-2363/02

de Karin Riis-Jørgensen (ELDR) a la Comisión

(26 de julio de 2002)

Asunto: Respuesta a la pregunta sobre el régimen de preferencias arancelarias de la UE (pregunta H-0453/02)

En relación a al respuesta de la Comisión a mi pregunta (H-0453/02(1)) de 30 de mayo de 2002 sobre el régimen de preferencias arancelarias de la UE, desearía formular con mayor precisión mi pregunta. La posición de la Comisión en relación con la exigencia de intervenir inmediatamente ante los terceros países donde los errores y negligencias superan los riesgos normales de tratar con países que gozan de preferencias arancelarias conduce a la posibilidad de suspender el régimen preferencial. Por otra parte, la posición de la Comisión implica que se debe informar a los empresarios en caso de que haya dudas razonables sobre la manera en que se aplica el régimen preferencial.

¿Por qué la Comisión no suspendió el régimen de preferencias arancelarias mientras existían dudas sobre el país de origen del pescado? ¿Por qué la Comisión no advirtió a los importadores daneses de pescado sobre la situación en Noruega cuando ya en agosto de 2001 se tenía conocimiento de esta situación?

(1) Respuesta escrita de 11.6.2002.

Respuesta dada por el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(12 de septiembre de 2002)

1. Los acuerdos preferenciales tales como el Acuerdo del EEE se basan en la confianza mutua y en la cooperación de las partes. El Protocolo 4 del Acuerdo del EEE permite únicamente una suspensión temporal de los tipos preferenciales de determinadas exportaciones específicas durante el período de comprobación de las pruebas de origen que corresponden a dichas exportaciones. Los Estados Miembros aplican esta disposición caso a caso.

2. En agosto de 2001 la Comisión recibió las primeras indicaciones sobre la existencia de dudas en cuanto al origen de las exportaciones de pescado realizadas con anterioridad a dicha fecha. La Comisión advirtió inmediatamente a las autoridades noruegas y les pidió que garantizaran que la determinación y el control del origen de dichos productos estuviera asegurada para evitar que se plantearán situaciones que fuesen perjudiciales para los importadores de la Unión.

Dada la actitud muy cooperativa de las autoridades noruegas y su disponibilidad tanto para encontrar rápidamente un remedio a la situación como para investigar por completo los casos producidos en el pasado, la Comisión no puede concluir que existan dudas en lo relativo a la cooperación por parte de Noruega que justifiquen la publicación de una anuncio a los importadores. En cualquier caso, dicho anuncio no afectaría a esta situación, que se produjo en el pasado.
PREGUNTA ESCRITA E-2663/02

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(23 de septiembre de 2002)

Asunto: Discriminación por parte de las autoridades francesas

¿Es consciente la Comisión de que en Francia se descrimina a las personas de religión sikh, dado que no se acepta que en las fotografías de tamaño carné lleven turbante? ¿Cree la Comisión que es aceptable esta práctica de las autoridades francesas?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(25 de octubre de 2002)

Las normas referentes al modo en que deben tomarse las fotografías de identificación son competencia nacional de cada Estado miembro. Aunque el Derecho comunitario prevea todo lo relativo a la expedición de carnets de residencia a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias cualquiera que sea su nacionalidad, no hace referencia a las fotografías de identificación, que se regulan en el marco nacional.

Sin embargo, la Comisión considera que el propósito de las fotografías de identificación es permitir una identificación rápida y clara de la persona en cuestión. Esto puede requerir por parte de los Estados miembros la aplicación de normas específicas sobre la gestión de cuestiones tales como los turbantes llevados por los Sikhs a los cuales hace referencia Su Señoría.

Al fijar tales normas los Estados miembros deberían garantizar el equilibrio entre el orden público legítimo y los requisitos de seguridad pública y el derecho a la libertad religiosa. Este derecho está inscrito en la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea y en el Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), que ha sido ratificado por todos los Estados miembros. Cualquier limitación debería respetar el apartado 2 del artículo 9 del citado Convenio según el cual:

La libertad de manifestar la propia religión o creencia estará sujeta a las limitaciones prescritas por la ley y necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad pública, la protección del orden público, la salud o la moral, o para la protección de los derechos y las libertades de los demás.

En caso de que los Sikhs consideren que las normas administrativas francesas referentes a las fotografías de identificación incumplan lo dispuesto en la CEDH, deben acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una vez que todas las posibilidades dentro del marco procesal nacional hayan sido agotadas y siempre dentro de los seis meses desde la sentencia final dictada por un Tribunal nacional.
PREGUNTA ESCRITA E-2910/02

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(16 de octubre de 2002)

Asunto: República Democrática del Congo

En relación con la República Democrática del Congo, ¿puede la Comisión establecer una relación de proyectos aprobados para ser financiados con cargo al presupuesto de la Unión Europea en el año 2001 y definir cuál es la cuantía total para la inversión de este año?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2909/02, E-2910/02, E-2911/02, E-2912/02,E-2913/02, E-2914/02, E-2915/02, E-2916/02, E-2917/02, E-2918/02,E-2919/02, E-2920/02, E-2921/02 y E-2922/02dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(4 de diciembre de 2002)

La Comisión transmitirá directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento un cuadro con la información solicitada, así como el Informe anual 2001 sobre la política de desarrollo de la CE y la ejecución de la ayuda exterior.
PREGUNTA ESCRITA E-2838/02

de Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) a la Comisión

(9 de octubre de 2002)

Asunto: Delimitación de la zona de pesca en la desembocadura del río Guadiana

El reciente incidente acaecido en la desembocadura del río Guadiana, en la frontera hipanoportuguesa, que se saldó con la captura de un barco de pesca español por la armada portuguesa, ha vuelto a poner sobre la mesa la reivindicación de la Junta de Andalucía y de la Mesa Provincial de la Pesca y la Acuicultura de Huelva de que se clarifique la delimitación de la zona pesquera entre España y Portugal en la desembocadura del río Guadiana.

Para los pescadores onubenses, la línea que divide a los dos países no está demasiado clara, por lo que estiman que un nuevo acuerdo de pesca entre los dos países ibéricos evitaría que puedan volver a producirse los incidentes mencionados.

¿Estima la Comisión que, dado su protagonismo en la Política Común de Pesca, podría mediar para conseguir la reivindicación de los pescadores onubenses, a fin de que la referida delimitación quede suficientemente clarificada como para evitar que puedan repetirse incidentes como el que sufrió la embarcación pesquera española reseñada?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(24 de octubre de 2002)

La Comisión desea señalar que no ha recibido solicitud alguna de las autoridades nacionales para intervenir en el mencionado asunto.

En cualquier caso, la cuestión relacionada con la delimitación de la zona pesquera no entra dentro de las competencias comunitarias. No obstante, es evidente que la Comisión desea que la actividad pesquera se lleve a cabo en esta zona en condiciones satisfactorias para todas las partes implicadas.
PREGUNTA ESCRITA E-2020/02

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(9 de julio de 2002)

Asunto: Investigación del mercado de la cerveza en Portugal

Hace aproximadamente año y medio, los servicios de la Comisión Europea responsables en materia de competencia anunciaron ante la opinión pública portuguesa la realización de una investigación sobre la presumible cartelización del mercado portugués de la cerveza por parte de las dos empresas nacionales más importantes.

Los resultados de dicha investigación, a la que se dio mucha publicidad en todos los medios de comunicación social recurriendo a un aparato bélico de proporciones nunca vistas, no se han divulgado hasta hoy en Portugal.

¿Puede la Comisión explicar por qué?

¿Puede la Comisión indicar el motivo por el cual resolvió proceder como lo hizo en este sector en Portugal a pesar de no haber actuado nunca de este modo en ningún otro sector de nuestro país?

¿Puede la Comisión indicar la fecha en que tiene intención de rendir cuentas de sus acciones ante la opinión pública portuguesa?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(5 de agosto de 2002)

Su Señoría hace referencia a la investigación por la Comisión sobre un supuesto cártel en el sector portugués de elaboración de cerveza. Esta investigación empezó mediante verificaciones de conformidad con el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento no 17 del Consejo de la CEE, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado(1), en los locales de las dos principales cerveceras portuguesas y de su asociación nacional. Estas verificaciones tuvieron lugar el 17 y 18 de enero de 2001 y los funcionarios fueron ayudados por representantes de la autoridad portuguesa de competencia.

1. y 3. En este caso la Comisión está aún en la fase exploratoria, evaluando los numerosos documentos copiados durante las verificaciones así como las respuestas de las empresas a otras peticiones de información. En caso de que la Comisión llegue a la conclusión provisional de que las empresas han infringido las reglas de competencia, publicará un pliego de cargos y las empresas tendrán la posibilidad de dar a conocer su opinión por escrito y en una audiencia oral. Teniendo en cuenta los requisitos procesales anteriormente mencionados, que quieren preservar el derecho de las empresas concernidas a un trato justo, la Comisión no puede indicar ahora si tomará una decisión formal al respecto e informará al público en general sobre sus resultados.

2. La Comisión remite a Su Señoría a sus informes anuales sobre la política de competencia donde verá que numerosos sectores distintos del cervecero han recibido multas de la Comisión por su participación en cárteles.

(1) DO P 13 de 21.2.1962, versión portuguesa: capítulo 8, tomo 1, p. 22.
PREGUNTA ESCRITA E-3572/02

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(13 de diciembre de 2002)

Asunto: Ayudas comunitarias a las empresas ARA y GRANIT, que pertenecen al mismo grupo internacional

Las administraciones de las empresas portuguesas ARA y GRANIT, del mismo grupo internacional, con sede en Avintes/Vila Nova de Gaia y en Seia/Guarda, respectivamente, están obligando a los trabajadores a la suspensión forzosa de sus actividades (dejar de trabajar durante dos semanas sin saber cuándo y en qué condiciones les va a exigir la empresa la compensación del tiempo de trabajo), lo cual constituye una violación inadmisible de los derechos de los trabajadores.

El administrador de ARA, en Seia, hizo pública recientemente una declaración en la que afirmaba que la empresa en Portugal tenía índices de productividad similares a los de Alemania.

En Avintes impidieron la entrada a 18 trabajadores que, a pesar de recibir presiones, no habían aceptado firmar el acuerdo.

Así las cosas, ¿podría la Comisión proporcionar la siguiente información?

- ¿Ha recibido este grupo de empresas ayudas comunitarias en algún Estado miembro de la Unión Europea? En caso afirmativo, ¿dónde, cuándo y qué cantidades?

- ¿Qué medidas considera la Comisión que deben adoptarse para defender los derechos de los trabajadores de estas empresas?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(24 de enero de 2003)

De conformidad con el principio de subsidiariedad, el Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales para el período (2000-2006)(1), asigna la responsabilidad de la aplicación y el control de las ayudas del Fondo Social Europeo (FSE) a los Estados miembros.

Por consiguiente, la decisión de aprobar los proyectos presentados por empresas privadas para los que se solicita financiación comunitaria es responsabilidad de los Estados miembros, a través de las competencias asignadas a las autoridades encargadas de la gestión de los distintos programas operativos.

Para responder a la pregunta que plantea Su Señoría, la Comisión tuvo que consultar a las autoridades portuguesas. El Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu (IGFSE) informó a la Comisión de que no le constaba que las empresas pertenecientes al grupo internacional de Ara y Granit hubiesen recibido financiación alguna del FSE.

La suspensión del contrato de trabajo por motivos económicos, en particular, no recibe un tratamiento jurídico específico a escala comunitaria. No obstante, con arreglo a la Directiva 2002/14/CE(2), las decisiones del tipo de las mencionadas por Su Señoría deben ir precedidas de la información y la consulta efectivas a los representantes de los trabajadores. Con todo, Portugal, al igual que el resto de los Estados miembros, no está obligado a aplicar dicha directiva hasta el 23 de marzo de 2005.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.

(2) Directiva 2002/14/CE del Parlamento y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, DO L 80 de 23.3.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-3198/02

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) a la Comisión

(8 de noviembre de 2002)

Asunto: Problemas de comunicación en Bélgica en idiomas distintos del flamenco

Según algunas denuncias publicadas en la prensa belga, ciudadanos belgas francófonos y otros ciudadanos de la Unión Europea que mantienen contactos con las autoridades de la región neerlandófona de dicho país (Flandes), no reciben los documentos indispensables para tales contactos en ninguna otra lengua excepto en neerlandés. Lo mismo ocurre con los procesos judiciales que se celebran en los juzgados de dicha región (por ejemplo en Amberes y en otros lugares), durante los cuales, según las mismas fuentes, los acusados se ven obligados a hablar sólo en neerlandés.

Es de señalar que se han expresado enérgicas protestas por el hecho de que, en algunas zonas de Flandes, los documentos que se refieren a facturas o a notificaciones oficiales se redactan exclusivamente en neerlandés, pese a que Bélgica es un país con más de una lengua oficial y acoge a muchos miles de ciudadanos extranjeros que trabajan en las numerosas organizaciones internacionales y embajadas instaladas allí.

¿Es acorde con la legislación comunitaria esta práctica de las autoridades flamencas? ¿Se vulnera el derecho de un ciudadano, bien de nacionalidad belga, bien residente en dicho país durante largos períodos de tiempo, a comunicarse en un idioma que conozca? ¿De qué forma podría intervenir la Comisión Europea con el fin de facilitar la comunicación a los ciudadanos belgas no neerlandófonos y a los nacionales de la UE que no conocen el neerlandés, pero viven en zonas donde es la lengua oficial? ¿Cuál es la opinión de la Comisión a propósito de las dificultades de comunicación que encuentran, en particular, todos aquellos que recurren a las autoridades judiciales de Flandes?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(12 de diciembre de 2002)

La Comisión no tiene competencias para pronunciarse sobre el régimen lingüístico de los Estados miembros. La competencia en este ámbito recae exclusivamente en los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-2920/02

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(16 de octubre de 2002)

Asunto: Rwanda

En relación con Rwanda, ¿puede la Comisión establecer una relación de proyectos aprobados para ser financiados con cargo al presupuesto de la Unión Europea en el año 2001 y definir cuál es la cuantía total para la inversión de este año?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2909/02, E-2910/02, E-2911/02, E-2912/02,E-2913/02, E-2914/02, E-2915/02, E-2916/02, E-2917/02, E-2918/02,E-2919/02, E-2920/02, E-2921/02 y E-2922/02dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(4 de diciembre de 2002)

La Comisión transmitirá directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento un cuadro con la información solicitada, así como el Informe anual 2001 sobre la política de desarrollo de la CE y la ejecución de la ayuda exterior.
PREGUNTA ESCRITA P-2011/02

de Hans-Peter Martin (PSE) al Consejo

(2 de julio de 2002)

Asunto: Número y tamaño de las reuniones del Consejo

En la actualidad se debate el número y el tamaño de las reuniones del Consejo y de los diferentes consejos sectoriales de ministros.

¿Qué opina la actual Presidencia del Consejo, que se celebran demasiado muchas o demasiado pocas reuniones del Consejo o de los diferentes consejos sectoriales de ministros?

¿Qué le gustaría a la actual Presidencia del Consejo cambiar a tal respecto?

¿Está satisfecha la actual Presidencia del Consejo con la frecuencia y duración de la asistencia de los jefes de Gobierno o de los diferentes ministros sectoriales?

Respuesta

(16-19 de diciembre de 2002)

En sus Conclusiones de Sevilla (21 y 22 de junio de 2002), el Consejo Europeo adoptó una serie de medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento del Consejo y del Consejo Europeo. Entre ellas figura en posición destacada una disminución muy sensible del número de formaciones especializadas del Consejo, que se han reducido a nueve en vez de dieciséis, lo que debería implicar una disminución del número de reuniones. Al mismo tiempo, esta medida debería contribuir a racionalizar los trabajos del Consejo centrándolos en lo esencial, y a incrementar la coherencia indispensable de las distintas políticas de la Unión en vísperas de la ampliación. En cuanto a la presencia de los ministros o de los jefes de Gobierno en las citadas reuniones, Su Señoría puede remitirse a los respectivos comunicados de prensa, que, en general, ponen de manifiesto una gran asiduidad.

El Consejo sugiere a Su Señoría que se remita a su Decisión de fecha 22 de julio de 2002 mediante la que incorpora la nueva lista de las formaciones especializadas a su Reglamento interno(1).

(1) DO L 230 de 28.7.2002, p. 7 y siguientes.