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PREGUNTA ESCRITA E-0464/96 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión (29 de febrero de 1996)

Asunto: Protección del medio ambiente en la península de Acamas en Chipre

En un estudio del Banco Mundial subvencionado por la Unión Europea, la península de Acamas, que es un biotopo importante para todo el Mediterráneo, está considerada como una zona totalmente protegida en la que se ha limitado todo tipo de desarrollo así como la altura de los edificios. Además, el Gobierno chipriota incluye la península de Acamas en el capítulo relativo al medio ambiente de su propuesta de adhesión de Chipre a la Unión Europea. Sin embargo, existe preocupación y se han expresado quejas acerca de la realización de proyectos de explotación masiva del turismo en la región, de la concesión de permisos de construcción de grandes complejos turísticos y de la revisión del plan de red viaria de la región, que destruiría grandes extensiones naturales y agrícolas.

Habida cuenta del Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Chipre, ¿puede la Comisión proteger el medio ambiente en la península de Acamas, mediante las ayudas financieras concedidas a Chipre?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0400/96 y E-0464/96 dada por el Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (23 de abril de 1996)

La Comisión no está facultada para tratar con el gobierno chipriota las cuestiones mencionadas por Sus Señorías. Los proyectos citados son de hecho competencia del Estado chipriota.

La conversión de Akama en parque nacional no ha figurado en el temario de las conversaciones celebradas en el marco del diálogo estructurado con Chipre en materia de medio ambiente ni se ha incluido en el contexto de la armonización de la legislación chipriota con el acervo comunitario.

Que la Comisión no pueda inmiscuirse en las decisiones del gobierno chipriota no significa que no se ocupe de esta cuestión. La delegación de la Comisión en Chipre, que comprueba la correcta ejecución de los proyectos comunitarios en Akama, prestará una atención especial a este asunto.
PREGUNTA ESCRITA E-0151/96 de Concepció Ferrer (PPE) a la Comisión (1 de febrero de 1996)

Asunto: Política regional y de cohesión

Entre finales de julio y principios de septiembre de 1995 se aprobaron 25 programas a título de la iniciativa Leader II en materia de desarrollo rural, por un total de 613,3 millones de ecus de los fondos estructurales FEOGA, FEDER y FSE.

¿Podría la Comisión especificar de manera detallada los distintos proyectos presentados, así como los organismos que los han presentado?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (20 de febrero de 1996)

Tal como indica Su Señoría, la Comisión aprobó mediante las Decisiones no 1309/1 a 1309/17, de 27.7.1995, los programas regionales para la aplicación de la iniciativa comunitaria LEADER II en las 17 comunidades autónomas españolas durante el periodo del 30 de octubre de 1994 al 31 de diciembre de 1999.

A continuación se facilitan los datos financieros relativos a los 17 programas aprobados (periodo de 1994-1999).

(en millones de ecus redondeados)

>TABLE>

Se trata de programas establecidos por los servicios competentes de las administraciones regionales, de acuerdo con las orientaciones de la Comunicación 94/C180/12 a los Estados miembros, de 15 de junio de 1994.

Una vez aprobados los programas, las autoridades nacionales y regionales competentes procederán a la selección de los proyectos y de los beneficiarios (grupos de actuación locales y demás colectivos participantes), con arreglo a los criterios propios de la iniciativa Leader (proyecto innovador en el contexto local, con efecto demostrativo para otros agentes locales, cuya experiencia pueda transferirse a otras zonas rurales).

La Comisión, que, en términos generales, ya no interviene en la propia selección de los grupos locales, será informada a posteriori de la elección de los beneficiarios finales en el marco de los comités de seguimiento que deben reunirse próximamente.
PREGUNTA ESCRITA E-0134/96 de Honório Novo (GUE/NGL) a la Comisión (1 de febrero de 1996)

Asunto: Estudio de Impacto Ambiental de la autopista IP1 entre Freixo y Carvalhos

En respuesta a mis preguntas 2804/94 ((DO C 139 de 5.6.1995, p. 32. )) y 1861/95 ((DO C 311 de 22.11.1995, p. 19. )), la Comisaria Bjerregard afirmaba, especialmente el 21 de septiembre de 1995, que la Comisión había analizado las observaciones remitidas por las autoridades portuguesas, y que había considerado necesaria «información más detallada al respecto». De este modo la Comisión se dirigió de nuevo a las autoridades portuguesas.

¿Ha recibido la Comisión información adicional sobre el posible incumplimiento de la Directiva 85/337/CEE ((DO L 175 de 5.7.1985, p. 40. )) por lo que se refiere a la realización del Estudio de Impacto Ambiental relativo a las obras de la IP1 entre las localidades de Freixo y Carvalhos? En caso afirmativo, ¿resultan satisfactorias dichas explicaciones? En caso negativo, ¿qué piensa hacer la Comisión?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (19 de abril de 1996)

La Comisión remite a Su Señoría a su respuesta a las preguntas escritas E-2804/94 ((DO C 139 de 5.6.1995. )) y E-1861/95 ((DO C 311 de 22.11.1995. )), en la que afirmaba que había examinado las observaciones presentadas por las autoridades portuguesas y creía que «se requería más información».

Efectivamente, la Comisión se puso en contacto con las autoridades portuguesas y recibió más información que, una vez estudiada y evaluada, se consideró insuficiente.

La Comisión lamenta no poder dar respuesta definitiva a la mencionada pregunta escrita, ya que no ha recibido respuesta hasta la fecha a la posterior solicitud de información más detallada cursada a las autoridades portuguesas (febrero de 1996).

Dado que en este momento se ha establecido un contacto directo entre la Comisión y las autoridades portuguesas para resolver este asunto, se informará a Su Señoría tan pronto como se reciba la información solicitada.
PREGUNTA ESCRITA E-0458/96 de Gianni Tamino (V) al Consejo (29 de febrero de 1996)

Asunto: Duración excesiva de los procesos en Italia

El Sr. Friso Guerrino, nacido en Padua el 14 de abril de 1913, espera desde hace más de 15 años que se le reconozca la herencia legítima, por la cuota que le corresponde, del patrimonio que dejó su hermano, muerto el 6 de septiembre de 1980 en Trento. Una disputa inicial con la esposa del hermano, Iris Friso-Sandroni, acerca de qué patrimonios habían de considerarse objeto de la herencia, indujo al Sr. Friso a recurrir al Tribunal de Trento, que emitió en primera instancia dos sentencias favorables para él, con fecha de 18 de noviembre de 1982 y de 22 de noviembre de 1988.

La Sra. Friso-Sandroni presentó un recurso con fecha de 28 de noviembre de 1989 contra las sentencias anteriores y, el 29 de diciembre de 1993, el Tribunal de segunda instancia de Trento dictó una sentencia más favorable para ella con disposiciones relativas al curso posterior del juicio, en una providencia separada.

Desde entonces, esta parte del proceso se halla aún en curso (la última vista se celebró el 29 de septiembre de 1995).

El Tribunal de Justicia Europeo ha apercibido reiteradamente a Italia por la duración excesiva de sus procesos.

¿Cree el Consejo que, en este caso, está facultado para intervenir ante los órganos jurídicos italianos para que concluya rápidamente un proceso del que dos personas esperan un resultado desde hace más de 15 años, habida cuenta también de la edad avanzada del Sr. Friso, que ha cumplido ya 83 años?

¿Cree el Consejo que es necesario que intervenga en general, en relación con los Estados miembros que siguen celebrando procesos de duración infinita?

Respuesta (20 de mayo de 1996)

El Consejo carece de competencia en el ámbito contemplado en esta pregunta.
PREGUNTA ESCRITA E-0435/96 de Freddy Blak (PSE) a la Comisión (29 de febrero de 1996)

Asunto: Prisión por escasez de medios económicos

Dinamarca ha celebrado un acuerdo con Groenlandia sobre la custodia de deficientes mentales delincuentes. Los groenlandeses condenados por homicidio son recluidos en régimen cerrado en Dinamarca. Por ejemplo, una persona, después de haber permanecido encerrada durante 20 años por un delito, ha sido trasladada a régimen abierto a raíz de una declaración facultativa, según la cual, esta persona ya no es peligrosa y puede valerse por sí misma.

Sin embargo, aquí viene lo esencial de la cuestión: Groenlandia no acepta que esta persona sea devuelta a su lugar de procedencia por carecer de los medios económicos necesarios. Groenlandia es miembro de la comunidad del Reino de Dinamarca y, por lo tanto, Dinamarca también es responsable de estas cuestiones. Sobre esta base, pregunto a la Comisión ¿puede un Estado miembro privar a una persona de sus derechos y mantenerla encerrada indefinidamente por motivos económicos?

Quisiera recordar la resolución del Parlamento Europeo A3-0231/92 ((DO C 284 de 2.11.1992, p. 49. )) en la que se pide que «...sólo se acuda en los procesos penales a su internamiento en caso de peligro para la comunidad y cuando no puedan adoptarse otras medidas menos radicales»; y que «se prevea la revisión de las declaraciones de incapacidad en los países en que aún no esté prevista y que los deficientes mentales puedan recurrir al juez en cualquier momento».

Pido a la Comisión que responda en el plazo más breve posible.

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (10 de abril de 1996)

La detención de personas condenadas por delitos es un asunto que compete a los Gobiernos nacionales y no a la Comisión.

La cooperación judicial en materia penal es un ámbito de interés común en virtud de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo K.1 del Título VI del Tratado de la Unión Europea. La Comisión colabora plenamente en las actividades que se llevan a cabo en este ámbito, si bien, con arreglo al artículo K.3, no tiene derecho de iniciativa.
PREGUNTA ESCRITA E-0680/95 de Peter Crampton (PSE) a la Comisión (10 de marzo de 1995)

Asunto: Propuestas de la Comisión en 1994 en el ámbito de la política de los consumidores

De todas las propuestas legislativas y normativas elaboradas en 1994 en el ámbito de la política de los consumidores, ¿puede indicar la Comisión cuántas presentó ella?

Respuesta común complementaria a las preguntas escritas E-0662/95, E-0663/95, E-0664/95, E-0665/95, E-0666/95 E-0667/95, E-0668/95, E-0669/95, E-0670/95, E-0671/95, E-0672/95, E-0673/95, E-0674/95, E-0675/95, E-0676/95, E-0677/95, E-0678/95, E-0679/95, E-0680/95, E-0681/95, E-0682/95, E-0683/95, E-0684/95, E-0685/95, E-0686/95, E-0687/95, E-0688/95, E-0689/95, E-0690/95 y E-0691/95 dada por el Sr. Santer en nombre de la Comisión (15 de noviembre de 1996)

La Comisión puede ahora comunicar las siguientes informaciones para completar su respuesta de 10 de abril de 1995.

El cuadro siguiente indica el número de propuestas legislativas y reglamentarias transmitidas por la Comisión en 1994 con vistas a su adopción en los diferentes ámbitos solicitados por Su Señoría.

Pueden tener como objetivo la puesta en práctica de nuevas acciones o bien la actualización de una legislación anterior. Pueden igualmente referirse a la gestión de ciertas políticas comunes (por ejemplo, la política comercial, la política agrícola común, el sector de la pesca y la unión aduanera).

Se contabilizan también las propuestas de codificación. No son objeto de dicha contabilización las propuestas que modifican propuestas transmitidas con anterioridad.

Los datos numéricos y la lista se han extraído de la base de datos de la Comisión APC, a la que tienen acceso los parlamentarios, las demás Instituciones y el público.

>TABLE>
PREGUNTA ESCRITA P-3024/95 de Charlotte Cederschiöld (PPE) al Consejo (31 de octubre de 1995)

Asunto: Disponibilidad de las propuestas de convenio en todas las lenguas oficiales

De conformidad con el artículo K 6 del Tratado de la Unión, la Presidencia del Consejo envió por carta de 14 de junio de 1995 cuatro propuestas de convenio al presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores del Parlamento Europeo. Las cuatro propuestas de convenio trataban sobre:

- un sistema de información para las aduanas,

- Europol,

- un sistema de información europeo,

- el paso de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Estas propuestas (las dos primeras estaban fechadas el 26 de julio de 1995), sólo estaban disponibles en francés. A pesar de reiteradas solicitudes, el Consejo se ha negado hasta ahora a enviar versiones en otras lenguas.

¿Está dispuesto el Consejo a corregir esta deficiencia y a enviar lo antes posible al Parlamento las dos propuestas restantes en todas las lenguas oficiales de la Unión?

Respuesta (6 de agosto de 1997)

Con arreglo al artículo K.6, la Presidencia y la Comisión informarán regularmente al Parlamento Europeo sobre los trabajos en curso en las materias a que se refiere el Título VI del Tratado de la Unión Europea.

En el caso que cita Su Señoría, la Presidencia transmitió los documentos en su propia lengua al no disponer de las demás versiones lingüísticas. Éstas se fueron enviando posteriormente a medida que estuvieron disponibles.

Las cuestiones prácticas de este tipo suelen resolverlas las dos Secretarías.
PREGUNTA ESCRITA E-0664/95 de Peter Crampton (PSE) a la Comisión (10 de marzo de 1995)

Asunto: Propuestas de la Comisión en 1994 en el ámbito de los derechos de aduana y los impuestos indirectos

De todas las propuestas legislativas y normativas elaboradas en 1994 en el ámbito de los derechos de aduana y los impuestos indirectos, ¿puede indicar la Comisión cuántas presentó ella?

Respuesta común complementaria a las preguntas escritas E-0662/95, E-0663/95, E-0664/95, E-0665/95, E-0666/95 E-0667/95, E-0668/95, E-0669/95, E-0670/95, E-0671/95, E-0672/95, E-0673/95, E-0674/95, E-0675/95, E-0676/95, E-0677/95, E-0678/95, E-0679/95, E-0680/95, E-0681/95, E-0682/95, E-0683/95, E-0684/95, E-0685/95, E-0686/95, E-0687/95, E-0688/95, E-0689/95, E-0690/95 y E-0691/95 dada por el Sr. Santer en nombre de la Comisión (15 de noviembre de 1996)

La Comisión puede ahora comunicar las siguientes informaciones para completar su respuesta de 10 de abril de 1995.

El cuadro siguiente indica el número de propuestas legislativas y reglamentarias transmitidas por la Comisión en 1994 con vistas a su adopción en los diferentes ámbitos solicitados por Su Señoría.

Pueden tener como objetivo la puesta en práctica de nuevas acciones o bien la actualización de una legislación anterior. Pueden igualmente referirse a la gestión de ciertas políticas comunes (por ejemplo, la política comercial, la política agrícola común, el sector de la pesca y la unión aduanera).

Se contabilizan también las propuestas de codificación. No son objeto de dicha contabilización las propuestas que modifican propuestas transmitidas con anterioridad.

Los datos numéricos y la lista se han extraído de la base de datos de la Comisión APC, a la que tienen acceso los parlamentarios, las demás Instituciones y el público.

>TABLE>
PREGUNTA ESCRITA E-0668/95 de Peter Crampton (PSE) a la Comisión (10 de marzo de 1995)

Asunto: Propuestas de la Comisión en 1994 en el ámbito de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones

De todas las propuestas legislativas y normativas elaboradas en 1994 en el ámbito de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, ¿puede indicar la Comisión cuántas presentó ella?

Respuesta común complementaria a las preguntas escritas E-0662/95, E-0663/95, E-0664/95, E-0665/95, E-0666/95 E-0667/95, E-0668/95, E-0669/95, E-0670/95, E-0671/95, E-0672/95, E-0673/95, E-0674/95, E-0675/95, E-0676/95, E-0677/95, E-0678/95, E-0679/95, E-0680/95, E-0681/95, E-0682/95, E-0683/95, E-0684/95, E-0685/95, E-0686/95, E-0687/95, E-0688/95, E-0689/95, E-0690/95 y E-0691/95 dada por el Sr. Santer en nombre de la Comisión (15 de noviembre de 1996)

La Comisión puede ahora comunicar las siguientes informaciones para completar su respuesta de 10 de abril de 1995.

El cuadro siguiente indica el número de propuestas legislativas y reglamentarias transmitidas por la Comisión en 1994 con vistas a su adopción en los diferentes ámbitos solicitados por Su Señoría.

Pueden tener como objetivo la puesta en práctica de nuevas acciones o bien la actualización de una legislación anterior. Pueden igualmente referirse a la gestión de ciertas políticas comunes (por ejemplo, la política comercial, la política agrícola común, el sector de la pesca y la unión aduanera).

Se contabilizan también las propuestas de codificación. No son objeto de dicha contabilización las propuestas que modifican propuestas transmitidas con anterioridad.

Los datos numéricos y la lista se han extraído de la base de datos de la Comisión APC, a la que tienen acceso los parlamentarios, las demás Instituciones y el público.

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PREGUNTA ESCRITA E-3532/95 de Carole Tongue (PSE) al Consejo (3 de enero de 1996)

Asunto: Traslado de personas que cumplen condena

¿Está al corriente el Consejo de que, en los casos de delitos relacionados con las drogas, las personas encarceladas en Francia no están autorizadas a transferir el cumplimiento de su condena a su país de origen en tanto no se paguen las multas de aduana pendientes? ¿Es ésta una práctica habitual? ¿Qué otros Estados miembros, en virtud de la Convención relativa a la ejecución de sentencias, no autorizan dichos traslados en caso de existir deudas de aduana pendientes de pago?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1817/95, E-1818/95 y E-3532/95 (10 de octubre de 1996)

1. Hasta ahora no se había pedido al Consejo que se pronunciara sobre la forma en que los Estados miembros aplican en casos concretos, en particular el citado por Su Señoría, las disposiciones del Convenio sobre traslado de personas condenadas, celebrado en el Consejo de Europa en 1983.

Por ello el Consejo no dispone de datos que le permitan indicar en qué medidalos Estados miembros han denegado el traslado de personas condenadas en situaciones concretas.

2. No obstante, el Consejo se plantea la posibilidad de analizar y adaptar los instrumentos existentes de cooperación judicial en materia penal, incluidos los relativos a la ejecución de sentencias dictadas en el extranjero.
PREGUNTA ESCRITA E-3061/95 de Nuala Ahern (V) a la Comisión (15 de noviembre de 1995)

Asunto: Material básico o físil en propiedad de la Comisión en el momento de la adhesión de Irlanda

¿Qué cantidades de mineral, material básico o físil especial fueron adjudicadas en propiedad a la Comisión de conformidad con el artículo 86 del Tratado Euratom o declaradas susceptibles de ser sometidas a controles de seguridad de conformidad con el artículo 77 y siguientes del Tratado Euratom en el momento de la adhesión de Irlanda al Tratado de Roma en 1972?

Respuesta complementaria del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (1 de marzo de 1996)

Como complemento a la respuesta de la Comisión de 12 de enero de 1996 ((DO C 109 de 15.4.1996, p. 20. )) y con arreglo a la información suministrada por el Instituto de Protección Radiológica de Irlanda (RPII) aplicando la legislación irlandesa sobre libertad de información, el inventario de mineral, material básico o material físil especial de Irlanda es el siguiente:

- fuente de neutrones de berilio y plutonio de la Universidad de Dublín: 16 gramos de plutonio 239;

- conjunto de reactor subcrítico que contiene uranio natural y una fuente de neutrones de berilio y plutonio de la Universidad de Cork: 2,5 toneladas de uranio natural y 0,286 gramos de plutonio 238;

- uranio enriquecido de la Universidad de Cork: 1,81 gramos de uranio enriquecido (al 93 %).

El RPII afirma también que las anteriores cantidades no varían en relación con las existentes en el momento de la adhesión de Irlanda en 1972, excepto por las variaciones debidas a la degradación radiactiva. Las declaraciones presentadas a la Comisión por el gobierno irlandés concuerdan con la información proporcionada por el RPII.

Esos materiales están sujetos al control de seguridad de Euratom con arreglo a los artículos 77 y siguientes del Tratado Euratom. Se realizan inspecciones regularmente para verificar que el material nuclear declarado no es desviado a usos distintos de los previstos.

Con arreglo al artículo 86 del Tratado Euratom, el material físil especial, incluidos el plutonio 239 y el uranio enriquecido a uranio 235, es propiedad de la Comunidad. Sin embargo, de conformidad con el artículo 87, los Estados miembros, los particulares y las empresas tienen totalmente derecho a usar y consumir material físil especial que hayan adquirido legalmente.
PREGUNTA ESCRITA E-3538/95 de Carmen Fraga Estévez (PPE) a la Comisión (3 de enero de 1996)

Asunto: Declaración de Panamá

El pasado 4 de octubre de 1995, los Gobiernos de Francia y España, junto con los de varios países extracomunitarios, apoyaron la «Declaración de Panamá», acuerdo que, al parecer, puede suponer el levantamiento por parte de varios países, entre ellos Estados Unidos, de la prohibición de importar atún capturado con redes de cerco en los bancos en que esta especie está asociada y causa mortalidad a los delfines. Habida cuenta de que Francia y España condicionaron la firma de la Declaración a la legislación comunitaria en materia de pesca, se pregunta a la Comisión:

¿Cuál será la postura oficial de la Comisión respecto a la «Declaración de Panamá»?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (19 de febrero de 1996)

La Comisión es consciente de que la pesca de atún mediante redes de cerco de jareta entraña el riesgo de que se produzcan capturas accidentales de delfines. Por ello, propuso en 1992 una modificación del Reglamento (CEE) no 3094/86 ((Reglamento (CEE) no 3094/86 del Consejo, de 7 de octubre de 1986, por el que se establecen determinadas técnicas de conservación de los recursos pesqueros (DO L 288 de 11.10.1986). )) para prohibir a los buques comunitarios pescar al cerco allí donde haya delfines (apartado 17 del artículo 9 del citado Reglamento).

La Declaración de Panamá fue aprobada en el contexto de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), de la que Francia es miembro de pleno derecho y en la que España tiene rango de observador. La Comunidad no pertenece a ella.

En lo que se refiere a la firma de la Declaración de Panamá, la Comisión considera que no existe incompatibilidad entre las reglas de la CIAT aplicables a las capturas accidentales de delfines y el apartado 17 del artículo 9 del Reglamento.

No obstante, la Comisión ha pedido más información a los Estados miembros afectados en virtud de las competencias de que dispone la Comunidad en cuestiones comerciales y de pesca.