PREGUNTA ESCRITA E-2649/97 de Roberto Mezzaroma (UPE) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Armonización fiscal

Ante la grave situación en que se encuentran las empresas constructoras debido a la imposición indirecta que supone el Impuesto Municipal sobre los Edificios (I.C.I.) en Italia, se pide a la Comisión que examine este problema.

Como es bien sabido, este impuesto, aplicado desde 1993, afecta «indiscriminadamente» a edificaciones, zonas edificables y terrenos agrícolas, sea cual fuere su propiedad, con porcentajes que oscilan entre el 4 y el 7 por mil, calculados sobre el valor catastral con un incremento del 10 % para las edificaciones y sobre el valor venal para las zonas edificables.

La desigualdad estriba en el hecho de que a las empresas del sector de la construcción, ya penalizadas por la situación de estancamiento del mercado inmobiliario desde 1992, se les somete a imposición fiscal tanto por el producto acabado (edificaciones) como por la materia prima (zona edificable), situación que no se produce en ningún otro sector económico productivo.

Para las empresas constructoras, el I.C.I., además de contribuir a la recesión del mercado inmobiliario ha empeorado las ya de por sí difíciles situaciones financieras de las empresas, puesto que, por lo que se refiere a los productos no vendidos y a los «no realizados», hay que añadir al precio de las cargas financieras el de la imposición fiscal.

Otra situación contradictoria e incongruente creada por el C.I.C. la constituye el hecho de que este impuesto sustituyó desde el 1 de enero de 1993 tanto al ILOR (impuesto local sobre los beneficios) como al INVIM (impuesto municipal sobre el incremento de valor de los inmuebles), que desaparecieron, circunstancia que debía resultar beneficiosa para el contribuyente.

Sin embargo, esta medida no benefició a las empresas de la construcción por los motivos señalados anteriormente. El ILOR era un impuesto que las empresas de la construcción pagaban no por el hecho de que los inmuebles constituyeran una mercancía a cuya producción o intercambio se dirigiera la actividad empresarial y que, por lo tanto, no quedaran sujetos a impuesto en base a los resultados del catastro, sino como resultado positivo en la renta de la empresa.

Sin embargo, el C.I.C. es un impuesto anual que obedece al hecho de poseer inmuebles, lo cual si bien para un particular puede constituir sin duda un índice de capacidad contributiva, para una empresa de la construcción es exactamente lo contrario.

¿Qué medidas tiene intención de aplicar la Comisión para resolver este grave problema que origina muchas suspensiones de pago de empresas de la construcción con la consiguiente pérdida de empleos, el cual viene a sumarse al problema de la no consecución de la armonización fiscal en todos los países, incluida Italia, muy penalizada en estos temas, en la fecha de entrada en vigor de la moneda única?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (8 de octubre de 1997)

La Comisión recuerda que los Estados miembros tienen libertad para escoger y concebir sus sistemas tributarios con la única condición de que se cumplan las obligaciones generales derivadas del derecho comunitario. Dado que estas obligaciones no se ven afectadas en los casos mencionados por Su Señoría, la Comisión no contempla ninguna posibilidad de intervenir por motivos jurídicos. Además, deseosa de respetar el principio de subsidiariedad, la Comisión no tiene la intención de iniciar ninguna acción política a escala comunitaria, ya que los problemas que afronta el sector de la construcción italiano no producen efectos directos fuera de las fronteras nacionales.