PREGUNTA ESCRITA E-2487/99

de Richard Howitt (PSE) a la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

Asunto: Participación de la Dirección General de Asuntos Sociales en la política de contratos públicos

¿En qué medida la Dirección de Asuntos Sociales participa en la elaboración de la Comunicación de la Comisión sobre los aspectos sociales de los contratos públicos, de próxima publicación?

Teniendo presente la legislación aplicada por la Comunidad de Madrid en virtud de la cual se privilegian los contratos públicos con empresas que han demostrado contratar a personas con discapacidades, y teniendo presente asimismo la reclamación presentada a la Comisión por la Confederación Nacional de la Construcción contra estas prácticas, ¿se asegurará la Comisión que la Comunicación indique de manera explícita que este tipo de acción de los gobiernos locales no sólo es lícita sino que se ha de fomentar?

¿En qué medida la Comisión toma en cuenta, al elaborar la Comunicación, el establecimiento de incentivos para las empresas que respetan las normas sociales, ambientales, laborales y los derechos humanos en terceros países, de conformidad con la Resolución del Parlamento Europeo (A4-0508/98)(1) sobre la adopción de normas por la Unión Europea para las empresas europeas que operan en países en desarrollo: Hacia un código de conducta europeo, aprobada el 15 de enero de 1999?

(1) DO C 104 de 14.4.1999, p. 180.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(4 de febrero de 2000)

Aunque los objetivos que se intenta conseguir mediante las directivas relativas a la contratación pública son de índole eminentemente económica, existe una gama de posibilidades que permiten prestar atención al logro de objetivos sociales en las adquisiciones de la administración pública de conformidad con el ordenamiento jurídico comunitario sobre contratación pública. Las condiciones en que los criterios sociales pueden desempeñar un papel en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos ya constan en el Libro Verde y la Comunicación sobre la contratación pública en la Unión Europea de 11 de marzo de 1998(1). La Comisión preparará una Comunicación interpretativa, cuya aprobación está prevista para el año 2000, con el fin de clarificar los principios aplicables y de precisar las condiciones en que se podría aspirar a conseguir objetivos sociales.

Por lo que se refiere al proyecto de decreto de la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comisión remite a Su Señoría a la respuesta que en su día dio a la pregunta escrita E-0185/99 del Sr. Carnero González(2). No obstante, la Comisión debe recordar que, teniendo en cuenta el actual ordenamiento jurídico, es difícil admitir criterios de adjudicación relacionados con la estructura de la empresa en vez de con la calidad de la oferta. Pero, con esta salvedad, nada impide incluir en los pliegos de condiciones cláusulas de ejecución del contrato que garanticen el respeto de las obligaciones sociales, siempre

que dichas cláusulas no contengan medidas discriminatorias respecto a los licitadores procedentes de otros Estados miembros y que quede garantizada la necesaria transparencia (por ejemplo, mencionando esas cláusulas en los anuncios de licitación o en los pliegos de condiciones). Por lo demás, las directivas sobre contratación pública permiten excluir a los candidatos que no respeten sus obligaciones y la legislación en materia social.

En los actuales trabajos de elaboración del nuevo reglamento financiero, la Comisión tiene la intención de introducir la posibilidad de excluir a un determinado candidato en el caso de que no haya respetado sus obligaciones sociales, así como en caso de fraude o corrupción; esto será así tanto en los contratos celebrados por la Comisión como en los financiados a través del presupuesto de las Comunidades.

(1) COM(98) 143 final.

(2) DO C 341 de 29.11.1999.