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PREGUNTA ESCRITA E-0522/01

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(22 de febrero de 2001)

Asunto: Reducción de las cotizaciones patronales

Un partido político sueco ha propuesto una reducción de las cotizaciones patronales de los trabajadores de más de 57 años, que podrían reducirse en 10 puntos porcentuales para así fomentar que las empresas contraten a personas de edad avanzada.

En Suecia se han celebrado ya debates similares, como en el caso de las empresas del norte del país, a las que se les anuló la reducción de las cotizaciones patronales al considerarse que era perjudicial para la libre competencia en el mercado interior. ¿Puede un Estado miembro reducir, de manera unilateral, las cotizaciones patronales de los trabajadores de una edad determinada en el mercado laboral nacional?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(3 de abril de 2001)

La Comisión está a favor de que se incremente la participación de las denominadas personas de edad avanzada en el mercado laboral, así como de que se fomente el envejecimiento activo, un objetivo establecido en la Decisión del Consejo, de 19 de enero de 2001, relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para el año 2001(1), cuya tercera directriz establece que los Estados miembros desarrollarán políticas destinadas a prolongar la vida activa, a fin de mejorar la capacidad de los trabajadores de más edad y aumentar los incentivos para que sigan perteneciendo a la población activa durante el mayor tiempo posible, en particular revisando los sistemas de ventajas fiscales a fin de reducir la desincentivación y hacer que a estos trabajadores les resulte más atractivo el hecho de seguir participando en el mercado de trabajo. Por otra parte, la directriz número doce insta a los Estados miembros a reducir gradualmente la presión fiscal sobre el trabajo y los costes no salariales del trabajo de colectivos específicos. La medida descrita por Su Señoría parece conforme a estos objetivos siempre que se aplique horizontalmente en todos los sectores de la economía a fin de que no favorezca a determinados setores o determinadas empresas.

En su nota sobre el control de las ayudas de Estado y la reducción de los costes laborales(2), la Comisión aclaraba que las medidas dirigidas a determinadas categorías de trabajadores no se consideran ayudas estatales en el sentido del apartado 1 del artículo 87 (antiguo artículo 92) del tratado CE siempre que se apliquen automáticamente en todo el territorio de un Estado miembro y repercutan igual en todas las empresas. De conformidad con estas últimas condiciones, la reducción de las cotizaciones patronales de los trabajadores de edad avanzada no entra dentro del ámbito de las normas que rigen las ayudas estatales.

Finalmente, la Comisión recuerda que los Estados miembros son responsables de la elaboración y financiación de los sistemas de protección social (Recomendación 92/442/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1992, relativa a la convergencia de los objetivos y de las políticas de protección social(3)).

(1) DO L 22 de 24.1.2001.

(2) DO C 1 de 3.1.1997.

(3) DO L 245 de 26.8.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-0171/01

de Patricia McKenna (Verts/ALE) a la Comisión

(1 de febrero de 2001)

Asunto: Consultas y revisión de la PCP

¿Qué planes tiene la Comisión para celebrar una consulta lo más amplia posible de los interesados después de la publicación del Libro Verde sobre la revisión de la PCP?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0171/01 y E-0211/01 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(9 de marzo de 2001)

La Comisión tiene previsto abrir un extenso debate sobre el futuro de la política pesquera común. El Libro Verde se distribuirá a todas las partes interesadas. El principal objetivo de la Comisión es que en dicho debate intervenga el mayor número posible de afectados, por lo que les alienta a que envíen a la Comisión sus propuestas y observaciones sobre el Libro Verde.

Por otro lado, a principios de junio de 2001, la Comisión organizará una audiencia pública en la que todos los interesados podrán exponer sus opiniones, ideas y observaciones con respecto al futuro de la política pesquera común.
PREGUNTA ESCRITA E-0612/01

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(1 de marzo de 2001)

Asunto: Partidos políticos europeos

¿Qué procedimiento está previsto para poner fin a la utilización de los fondos entregados a los partidos políticos según las actuales propuestas en campañas políticas y elecciones nacionales?

Respuesta del Presidente Prodi en nombre de la Comisión

(22 de marzo de 2001)

El artículo 4 del reglamento(1) propuesto establece los fines para los cuales la financiación del reglamento puede utilizarse. Éstos no incluyen la financiación de campañas o actividades nacionales.

Se requiere que los partidos interesados hagan públicos sus presupuestos y cuentas, que deberán estar sujetos a los procedimientos de control normales que se aplican a todos los beneficiarios de la financiación del presupuesto comunitario y, según lo establecido en el artículo 5 del reglamento propuesto, están sujetos a certificación por una auditoría externa e independiente anual.

El incumplimiento de las disposiciones del reglamento podría conllevar la recuperación de los fondos entregados y la denegación de más financiación.

(1) COM(2000) 898 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0256/01

de Lord Inglewood (PPE-DE) a la Comisión

(8 de febrero de 2001)

Asunto: Derecho de reventa

¿Prevé la Comisión el establecimiento de un registro centralizado europeo de todos los artistas famosos y sus herederos, de conformidad con el proyecto de directiva? En caso negativo, ¿cómo podrán las personas físicas o jurídicas a que se hace referencia en el artículo 9 establecer los derechos con respecto a una obra en caso de que ésta sea reclamada por dos o más personas ajenas a la jurisdicción del Estado miembro afectado?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0256/01, E-0260/01, E-0262/01 y E-0264/01 dada por el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(26 de marzo de 2001)

El 13 de diciembre de 2000, el Parlamento se pronunció en favor de varias enmiendas a la posición común del Consejo, de 19 de junio de 2000, relativa al derecho de reventa en beneficio del autor de una obra de arte original(1). Con arreglo al apartado 3 del artículo 251 (antiguo artículo 189 B) del Tratado CE, corresponde al Consejo pronunciarse sobre dichas enmiendas. Así pues, para responder a las preguntas de Su Señoría relativas a determinadas medidas precisas, la Comisión tomará como referencia la posición común tal como fue modificada por el Parlamento.

Su Señoría se preocupa a causa de las obligaciones que dicha directiva hará recaer sobre las personas citadas en el artículo 9, que, con arreglo al apartado 4 del artículo 1, serán a menudo responsables del pago del derecho de reventa, en caso de que varias personas se consideren beneficiarias de dicho derecho o en caso de que éste no se reclame.

Las modalidades de pago del derecho de reventa dependen del modo de gestión que se elija. La posición común, tal como fue modificada, prevé que esta cuestión sea competencia de los Estados miembros que puedan aportar soluciones específicas. Por ejemplo, en la medida en que un Estado miembro haya optado por la gestión colectiva obligatoria del derecho de reventa, corresponderá tratar dichas cuestiones a las sociedades de gestión colectiva.

En todo caso, la cuestión del pago de una deuda en caso de duda sobre la personalidad del acreedor se plantea en muchos otros casos, además del del derecho de reventa, y los Estados miembros disponen a tal fin de normas jurídicas bien definidas. Las personas contempladas en el artículo 9 no deberán hacer otra cosa que seguir los procedimientos previstos en tales casos por su legislación nacional.

Habida cuenta de lo antedicho, la creación de un registro europeo centralizado de todos los artistas y de sus herederos beneficiarios del derecho de reventa se revela como una formalidad administrativa desprovista de interés. Así pues, la Comisión no prevé su creación.

Su Señoría también se pregunta sobre el alcance del artículo 5. A este respecto, la Comisión confirma que el precio de venta sobre el que se calcula el derecho de reventa no debe incluir ninguno de los impuestos que se añaden normalmente al precio neto, como por ejemplo el IVA. Esta directiva no afecta, por tanto, a los regímenes fiscales de los Estados miembros.

(1) DO C 300 de 20.10.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-0287/01

de Mark Watts (PSE) a la Comisión

(9 de febrero de 2001)

Asunto: Bienestar de los pollos de engorde

El 21 de marzo de 2000, el Comité científico de la salud y bienestar de los animales de la Comisión aprobó un informe relativo al bienestar de los pollos criados para la producción de carne (pollos de engorde) que concluía que la determinación de la industria de los pollos de engorde por lograr tasas de crecimiento elevadas provocaba que muchos pollos de engorde sufriesen dolorosas afecciones en las patas o muriesen como consecuencia de una insuficiencia cardíaca. El Comité científico indicaba asimismo que, a fin de evitar los principales problemas de bienestar, la densidad no debía exceder

los 25 kg/m2 y que por encima de los 30 kg/m2, incluso con sistemas de control ambiental óptimos, los problemas de gravedad se presentan con mucha más frecuencia. El Comité concluía asimismo que las enormes restricciones alimentarias a las que están sometidos los pollos de engorde provocan problemas de bienestar inaceptables y que debe mejorarse el bienestar de las aves de engorde.

Asimismo, en la reunión de noviembre de 2000 del Consejo de Agricultura, varias delegaciones instaron a la Comisión a elaborar lo antes posible una propuesta de Directiva relativa a la protección de los pollos de engorde.

A la luz de estos acontecimientos, ¿cuándo piensa la Comisión elaborar una propuesta de Directiva a fin de abordar los problemas relacionados con la salud y el bienestar de los pollos de engorde puestos de manifiesto en el informe del Comité?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(28 de febrero de 2001)

La Comisión remite a Su Señoría a la respuesta conjunta que dio a las preguntas escritas E-1809/00 y E-1848/00 de la Sra. McAvan(1) sobre el mismo tema.

(1) DO C 89 E de 20.3.2001, p. 89.
PREGUNTA ESCRITA E-0060/01

de Esko Seppänen (GUE/NGL) a la Comisión

(22 de enero de 2001)

Asunto: Ayuda económica a Montenegro

Antes de las elecciones locales de junio en Montenegro, la UE decidió conceder una ayuda económica de 15 millones de euros a esta república. ¿Con qué fines, según las informaciones de que dispone la Comisión, se ha utilizado esta ayuda? ¿Ha sido adecuada la gestión de esta ayuda en Montenegro?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(30 de marzo de 2001)

En respuesta a la pregunta hecha por Su Señoría relativa a la ayuda proporcionada por la CE a Montenegro:

- En 2000 la CE aprobó una ayuda sustancial a la República de Montenegro. Ello incluyó más de 9 millones de euros para apoyo humanitario, hasta 20 millones de euros para ayuda macrofinanciera, 11 millones de euros para seguridad alimentaria y un total de 20 millones de euros (en dos fases por un valor de 5 millones de euros y 15 millones de euros, respectivamente) para la reconstrucción. Ello se añade a la ayuda bilateral suministrada por los Estados miembros, principalmente en los ámbitos de la infraestructura, la reforma de la administración pública y la reforma económica. Este nivel de apoyo reflejó la prioridad concedida por el Consejo de Asuntos Generales, y también por el Parlamento Europeo, a la asistencia a Montenegro para permitirle resistir la considerable presión económica ejercida por el régimen de Milosevic, y ayudarle en el camino de la democracia y de la reforma.

- Desde entonces se ha desembolsado la ayuda humanitaria y la ayuda macrofinanciera. Esta última estaba sujeta a condiciones que cumplió el Gobierno para recibir el pago del segundo tramo. Los 11 millones de euros para la seguridad alimentaria tienen todavía que convertirse en un convenio de financiación, ya que el Gobierno solamente ha recibido el último tramo de un programa de 1999 de apoyo a la seguridad alimentaria, que también estaba sujeto a estrictas condiciones.

- El importe de 15 millones de euros citados por Su Señoría se refiere, según cree la Comisión, a la segunda fase del programa 2000 de reconstrucción de 20 millones de euros. Este programa, aprobado por Decisiones de la Comisión de noviembre y diciembre de 2000 por un importe de 1 millón de euros y 14 millones de euros, respectivamente, incluía apoyo a los ámbitos de la infraestructura de transportes, la educación, la agricultura, las finanzas y la asistencia administrativa y técnica. Mientras que el paquete de infraestructura de la primera fase (5 millones de euros comprometidos en mayo de 2000) se halla en plena ejecución, la segunda fase está todavía por despegar, debido a que los fondos no se comprometieron hasta finales de 2000 y a la transferencia de los expedientes y la responsabilidad de ejecución a la Agencia Europea de Reconstrucción. Sin embargo, al hallarse ya esta Agencia en Podgorica, la Comisión confía en poder seguir adelante con la ejecución.
PREGUNTA ESCRITA E-0145/01

de Toine Manders (ELDR) y Jules Maaten (ELDR) a la Comisión

(31 de enero de 2001)

Asunto: Inflamabilidad de las prendas de vestir

Recientemente un incendio aterrador en una discoteca de Volendam (Países Bajos) ha costado la vida a diez personas y ha puesto en peligro la vida de decenas de otras personas o las ha mutilado para siempre. Una de las razones por las que se provocó este incendio fue la presencia de productos peligrosos inflamables, concretamente, las prendas de vestir. En consecuencia, la industria neerlandesa de la confección ha anunciado de propia iniciativa que iba a indicar en las etiquetas de las prendas el grado de inflamabilidad de los materiales utilizados.

1. ¿Está dispuesta la Comisión a estudiar la posibilidad y, en su caso, la oportunidad de aprobar una legislación europea que imponga, en toda Europea, la obligatoriedad de mencionar en la etiqueta la inflamabilidad de las prendas, a fin de que el consumidor pueda ser consciente de los riesgos que corre?

2. En el mismo orden de ideas, ¿está dispuesta la Comisión a estudiar si es posible y, en su caso, deseable para el consumidor que se provean de tal etiqueta de advertencia todos los productos destinados al consumo que pudieran ser inflamables?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(7 de marzo de 2001)

Las prendas de vestir no están sujetas a una reglamentación comunitaria específica por lo que respecta a su grado de inflamabilidad, aunque sí están incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1992, relativa a la seguridad general de los productos(1), que establece una obligación general de seguridad. Dicha Directiva remite a normas europeas cuyo cumplimiento establece una presunción de conformidad con la obligación general de seguridad contemplada en la nueva versión de la Directiva, que se encuentra actualmente en curso de revisión.

En diciembre de 2000, la Comisión dio al Comité Europeo de Normalización el mandato de elaborar normas europeas relativas a la inflamabilidad de los pijamas, habida cuenta de las estadísticas disponibles que indican el riesgo particular inherente a esta prenda. La Comisión va a examinar la necesidad de un nuevo mandato en relación con la inflamabilidad de otras categorías de prendas de vestir. A este fin, tiene previsto consultar a los Estados miembros y otros actores interesados, como las asociaciones de consumidores y las federaciones de la industria, a fin de recabar sus opiniones al respecto y obtener datos y estadísticas sobre los accidentes ocurridos en los últimos años.

La Comisión opina que las advertencias en forma de etiquetas podrían completar las soluciones técnicas disponibles, aunque no permiten eliminar completamente el riesgo en cuestión. El organismo de normalización podrá recurrir a estas advertencias si no dispone de otras soluciones técnicas satisfactorias.

(1) DO L 228 de 11.8.1992.
PREGUNTA ESCRITA P-0656/01

de Maurizio Turco (TDI) a la Comisión

(26 de febrero de 2001)

Asunto: Investigación judicial sobre la utilización de los fondos de la Región Apulia destinados a la formación profesional

Considerando que, según la prensa, la Fiscalía de Bari ha puesto en marcha una investigación sobre la utilización de los fondos de la Región Apulia destinados a la formación profesional, tras la denuncia del abogado Giuseppe Di Donna, antiguo concejal de la Región Apulia encargado de la formación profesional, y que se habrían descubierto varias irregularidades;

Considerando la entrevista a Luciano Violante, Presidente de la Cámara de Diputados de la República Italiana publicada por el diario La Repubblica el 18 de enero de 2001 con el título Le mani di Provenzano su 16mila miliardi della UE Violante: ecco le nuove ambizioni di Cosa Nostra (16 billones de la UE en manos de Provenzano Violante: las nuevas ambiciones de la Mafia);

¿No considera la Comisión que debería oír al abogado Di Donna para saber si se ha cometido un fraude en perjuicio de los intereses financieros de la Unión y al diputado Violante para comprender cuál es el verdadero peligro?

¿Ha tomado ya o piensa tomar medidas respecto de lo que antecede y, en caso afirmativo, de qué medidas se trata?

Respuesta de la Comisaria Schreyer en nombre de la Comisión

(3 de abril de 2001)

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) abrió una investigación el 28 de julio de 2000 sobre la utilización de fondos de la región de Apulia destinados a formación profesional.

Por otra parte, la Comisión proporciona toda la asistencia que podría resultar necesaria. En particular autorizó la audiencia de uno de sus funcionarios, experto en materia de procedimientos financieros del Fondo Social Europeo, por las autoridades de Bari.
PREGUNTA ESCRITA E-0159/01

de Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) a la Comisión

(31 de enero de 2001)

Asunto: Unidad oncológica en el Hospital Costa del Sol de Marbella

El 50 % de los pacientes oncológicos intervenidos en el Hospital Costa del Sol en la ciudad española de Marbella se ven obligados a desplazarse a Málaga para seguir un tratamiento tras la operación. La necesidad, por tanto, de instalar una unidad oncológica en el referido centro hospitalario es evidente.

Colectivos ciudadanos y partidos políticos han solicitado, en reiteradas ocasiones, la creación de un servicio oncológico en tan importante hospital público,que atiende a un número muy considerable de pacientes nacionales y comunitarios, y que se ven obligados todos los días a desplazarse desde Marbella a Málaga para recibir atención médica tras ser operados de cáncer en el referido hospital costasoleño.

¿Puede indicar la Comisión si, dentro del programa que la UE desarrolla contra el cáncer, existen partidas comunitarias destinadas a la creación de unidades oncológicas que complementen las acciones terapéuticas, destinadas a los pacientes afectados por la referida enfermedad, con los tratamientos médicos que están obligados a seguir posteriormente?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(23 de marzo de 2001)

El programa Europa contra el cáncer no se ocupa de cuestiones de tratamiento, dada la falta del correspondiente fundamento jurídico para ello en el Tratado CE. De conformidad con el artículo 152 (antiguo artículo 129) del Tratado CE, la acción de este tipo de programas comunitarios se limita a la prevención.

En el programa operativo de Andalucía, aprobado por la Comisión el 29 de diciembre de 2000, y en el programa operativo local, de próxima aprobación, se prevén recursos financieros para mejorar las infraestructuras y los equipamientos sanitarios.

Según lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(1), la elección de los proyectos que pueden beneficiarse de la cofinanciación con cargo a dichos fondos es competencia exclusiva de cada Estado miembro en función, concretamente, de sus propios criterios de política sanitaria.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-0489/01

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(22 de febrero de 2001)

Asunto: Financiación del deporte

¿Está el equipo europeo de la Ryder Cup financiado por la Comunidad Europea?

Si la respuesta es afirmativa:

- ¿A cuánto asciende la financiación?

- ¿Con cargo a qué partida se realiza?

- ¿Qué condiciones de publicidad de las Comunidades Europeas conlleva?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(11 de abril de 2001)

En el pasado, el equipo europeo de la Ryder Cup recibió financiación comunitaria en el marco de acciones de comunicación. No obstante, en 1998, aplicando los principios establecidos por el Tribunal de Justicia(1), la Comisión decidió suspender la financiación específica del deporte, en particular del programa Eurathlon.

Desde entonces, el equipo europeo de la Ryder Cup no ha recibido fondos comunitarios.

(1) Asunto C-106/96. Sentencia del TJCE de 12 de mayo de 1998.
PREGUNTA ESCRITA P-0449/01

de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión

(13 de febrero de 2001)

Asunto: Asociación para la adhesión UE-Turquía

Recientemente, la Asamblea Nacional francesa reconoció en una resolución el genocidio de los armenios. Turquía adoptó medidas de represalia básicamente de carácter económico, rescindiendo una serie de contratos con empresas francesas. El 13 de diciembre de 1999, el Consejo Europeo de Helsinki decidió reconocer a Turquía el estatuto de país candidato a la adhesión a la UE y constituir una asociación para la adhesión, así como un marco financiero único para respaldar el progreso de la candidatura turca.

¿Considera la Comisión que las represalias económicas que Turquía ha aplicado a Francia y la rescisión unilateral de los contratos por parte de Turquía son compatibles desde un punto de vista político y jurídico con la unión aduanera entre Turquía y la UE, y que semejantes actitudes son compatibles con los criterios definidos por el Consejo Europeo de Copenhague?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(16 de marzo de 2001)

La Comisión está supervisando de cerca las reacciones de las autoridades turcas a la ley adoptada por el Parlamento francés que ha reconocido el genocidio armenio perpetrado por el ejército turco entre 1915 y 1917. A la luz de tales reacciones, valorará si es necesario tomar medidas y, en caso afirmativo, el tipo de éstas.