ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/147

(2004/C 84 E/0185)

PREGUNTA ESCRITA E-0009/04

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(16 de enero de 2004)

Asunto: Protección de las exportaciones neerlandesas de detectores de radar mediante una excepción a la prohibición nacional de utilizar estos aparatos

1. ¿Sabe la Comisión que desde el 1 de enero de 2004 se prohibe en los Países Bajos la posesión, venta, almacenamiento y producción de detectores de radar con los que los automovilistas pueden constatar a tiempo si su exceso de velocidad es registrado por cámaras instaladas en postes o puestos de observación móviles de la policía?

2. ¿Sabe asimismo la Comisión que la prohibición a la que se refiere la pregunta 1 prevé una excepción en el caso de que pueda demostrarse que los aparatos están destinados a la venta en otros Estados miembros de la UE?

3. ¿Es normal que los Estados miembros de la UE protejan de tal forma la exportación a otros Estados miembros de productos que están prohibidos y no se consideran adecuados en el mercado nacional?

4. ¿Puede indicar la Comisión si en otros Estados miembros de la UE no se considera la posesión y utilización de los detectores de radar como un problema? ¿Existe en otros Estados miembros de la UE legislación vigente o en curso de preparación que prohiba estos aparatos?

5. ¿Se producirá más adelante de nuevo este problema, cuando al detector de radar se una la «descarga» gratuita por Internet de los puestos de observación, así como la utilización de un «localizador GPS», que permitirá advertir a los automovilistas cuando se encuentren a menos de 500 metros de un punto de observación?

6. ¿Considera la Comisión lo anterior razón suficiente para intentar, en concertación con los Estados miembros, armonizar mejor las posibilidades de control de las limitaciones de velocidad dentro de la UE?

Fuente: Diario neerlandés De Volkskrant de 27.12.2003.

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(18 de febrero de 2004)

Los Países Bajos habían notificado a la Comisión el proyecto de ley por el que se prohibe la posesión de determinados dispositivos que detectaban los radares utilizados en los controles de carreteras. En los Países Bajos, al igual que en varios Estados miembros, los usuarios de estos aparatos se exponen a penas severas que pueden llegar hasta la confiscación del vehículo. En el caso que nos ocupa la Comisión considera que esta prohibición está justificada por un motivo de seguridad vial, ya que la velocidad excesiva sigue siendo una de las causas principales de los accidentes de tráfico que interviene en casi la mitad de los accidentes mortales.

Según la información a disposición de la Comisión, todos los Estados miembros no han adoptado la ley que prohibe los detectores de radares. Es pues comprensible que, a falta de una norma armonizada a escala comunitaria, la legislación nacional de un Estado miembro no prohiba la fabricación de dispositivos destinados a ser utilizados fuera de su territorio nacional.

El caso de los Estados que prohiben el uso de detectores de radares o de otros productos, pero no su fabricación, no es un caso aislado. No hay nada en contra de que los Estados miembros que prohiben la utilización de estos aparatos en su territorio permitan la fabricación de los mismos para su comercialización en aquellos Estados donde se permite su uso.

Entre los Estados que adoptaron leyes que prohiben o limitan el uso de dispositivos detectores de radares, cabe destacar, en particular, a Bélgica, Alemania, España, Francia, Luxemburgo, Finlandia y Suecia. No obstante, las penas para los infractores son muy distintas en cada país.

Periódicamente aparecen en el mercado nuevos sistemas destinados a eludir los dispositivos de control de la velocidad. A menudo, estos dispositivos pueden ser adquiridos a través de Internet a minoristas que se encuentran en terceros países, que saben esquivar las legislaciones nacionales, concretamente preconizando para su producto un uso distinto al de la elusión de los controles de policías. Sin embargo, los aparatos de control también son cada vez más sofisticados y las penas previstas para los infractores cada vez más severas. Las consecuencias para los propietarios de un detector de radar son tales que en el futuro deberían tener un efecto disuasivo.

En cualquier caso, la Comisión adoptó el 21 de octubre de 2003 la recomendación C/2003/3861 sobre la aplicación de las normas de seguridad vial. La recomendación invita entre otras cosas a los Estados miembros a sancionar las infracciones de manera eficaz, proporcionada y disuasiva y a sancionar los actos tendentes a impedir o esquivar la aplicación de la normativa vial. La Comisión se compromete a redactar cada dos años un informe sobre la aplicación de la recomendación y a presentar una propuesta de Directiva en caso de que las mejoras no sean suficientes.