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PREGUNTA ESCRITA E-0328/01

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(13 de febrero de 2001)

Asunto: Contrabando de cigarrillos

Algunas fuentes indican que en el contrabando de cigarrillos en la Unión Europea estarían implicadas empresas europeas legales de fabricación, almacenamiento y comercialización de cigarrillos. En este contexto, la Comisión ya ha presentado recursos contra dos grandes compañías americanas.

Considerando que en los países de la Unión se comercializan también cigarrillos de la industria tabacalera europea, ¿puede la Comisión:

1. facilitar datos sobre la implicación de empresas europeas legales en el contrabando de cigarrillos e indicar si piensa incoar acciones contra éstas, de existir datos que sustenten dichas acusaciones;

2. indicar de qué datos se dispone al respecto y si éstos pueden comunicarse?

Respuesta de la Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2001)

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) está examinando todos los aspectos del contrabando de cigarrillos en la Comunidad que afectan a los intereses financieros de ésta. En este contexto, el Grupo de trabajo sobre cigarrillos está colaborando estrechamente con las autoridades competentes de los Estados miembros y de ciertos terceros países para averiguar cómo se desarrollan estas actividades y qué organizaciones las realizan.

En particular, cuando los cigarrillos se fabrican en la Comunidad, se exportan a terceros países y posteriormente se reintroducen ilegalmente en la misma, las autoridades comunitarias son competentes para llevar a cabo investigaciones, aun cuando las investigaciones en el ámbito de los cigarrillos fabricados en la Comunidad y posteriormente desviados sin haber pagado impuestos y derechos en ésta son generalmente responsabilidad de los Estados miembros.

Las investigaciones en este campo están en curso de realización, por lo que por ahora no es oportuno proporcionar más detalles.
PREGUNTA ESCRITA E-0608/01

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(1 de marzo de 2001)

Asunto: ¿Debe el Estado supervisar la protección de los animales a nivel local o deben hacerlo los municipios?

En un informe presentado en Suecia en diciembre de 2000 (Una mejor protección de los animales, SOU 2000:108) se afirma que el modelo sueco, en el que los municipios se encargan de supervisar la protección de los animales a nivel local, no cumple los requisitos comunitarios establecidos en la Directiva 90/425/CEE(1). El autor del informe opina que, debido a las exigencias de la UE, es necesario desvincular la supervisión a nivel local del ámbito municipal, y propone que el Estado se haga cargo de esta tarea.

La afirmación de que el modelo sueco no cumple los requisitos de la directiva comunitaria ha causado estupor, en particular en la Federación de Municipios de Suecia, que pone en entredicho las afirmaciones que figuran en el informe. De hecho, el Gobierno sueco trabaja desde hace unos años para que el Estado se haga cargo de la supervisión a nivel local, pero su propio grupo parlamentario se opone a esta reforma, por lo que el Gobierno no ha podido presentar una propuesta al respecto. Por este motivo, se sospecha que las conclusiones del informe obedecen no a la directiva comunitaria, sino a los objetivos políticos del Gobierno.

¿Considera la Comisión que el modelo sueco, en el que los municipios se encargan de la supervisión a nivel local, es contrario a alguna directiva comunitaria vigente?

(1) DO L 224 de 18.8.1990, p. 29.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(13 de junio de 2001)

La Comisión no tiene conocimiento del informe que menciona Su Señoría.

En el artículo 2 de la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización del mercado interior se da la siguiente definición de autoridad competente:

autoridad competente: la autoridad central de un Estado miembro competente para proceder a controles veterinarios o zootécnicos o cualquier autoridad en la que ésta haya delegado dicha competencia.

La Directiva no ofrece, ni prohíbe, ningún modelo particular de organización para la aplicación de la legislación veterinaria en cada Estado miembro, pues da la posibilidad de que la autoridad central delegue sus competencias.

No obstante, hay que recordar que, de conformidad con los principios generales de la legislación comunitaria, los Estados miembros deben garantizar la aplicación de la legislación comunitaria en su territorio. En la medida en que esta legislación comunitaria no contenga normativas al respecto, las autoridades nacionales aplicarán la legislación ajustándose a su legislación nacional. Con todo, esta norma deberá conciliarse con la necesidad de una aplicación uniforme de la legislación comunitaria(1).

(1) Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, asunto 205-215/82 (Milchkontor), (1983), p. 2633.
PREGUNTA ESCRITA P-1233/01

de Kyösti Virrankoski (ELDR) a la Comisión

(10 de abril de 2001)

Asunto: Ayudas a la inversión a consorcios agrarios

Los agricultores cuentan con la posibilidad de percibir ayudas a la inversión para la adquisición de máquinas en común. Sin embargo, en Finlandia algunos consorcios agrarios con personalidad jurídica, como sociedades anónimas, sociedades anónimas abiertas, sociedades cooperativas y asociaciones, han visto rechazadas sus solicitudes. Mientras tanto, es posible conceder ayudas a la inversión a consorcios formados para la adquisición de máquinas, en cuyo caso se exige una solicitud personal a cada uno de los agricultores que participan en la adquisición. Esto acarrea grandes dificultades en la adquisición de maquinaria, en la obtención de préstamos, en la contabilidad, en el mantenimiento y reparación de las máquinas, etc.

Por lo que respecta a los agricultores, sería mucho más flexible y adecuado si pudieran constituirse en una entidad jurídica cuyos únicos miembros serían ellos, y que pudiera adquirir maquinaria, gestionarla y llevar la contabilidad necesaria:

- ¿Es correcta la interpretación de la legislación comunitaria que hacen las autoridades finlandesas?

- ¿Qué acciones piensa emprender la Comisión para poder flexibilizar y reforzar la cooperación entre los agricultores para la adquisición de máquinas así como para reducir la burocracia?

- ¿Qué medidas legislativas va a adoptar la Comisión para corregir la actual situación?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2001)

En otoño de 2000 Finlandia notificó la Decisión del Consejo de Estado sobre desarrollo rural (ayuda no N 97/00, N 160/00 y N 264/00). Este texto, que se refiere tanto a inversiones cofinanciadas como a inversiones públicas nacionales fue aprobado por la Comisión el 9 de octubre de 2000.

Las explicaciones de las autoridades finlandesas sobre el texto legislativo notificado indicaban que las inversiones en maquinaria se efectuaban únicamente con fondos nacionales. Por otra parte, las autoridades finlandesas han tomado la decisión de que las inversiones en maquinaria efectuadas por cadenas de maquinaria o por otras agrupaciones de agricultores no pueden optar a las ayudas si tales asociaciones no desarrollan una actividad agraria. Se trata de una decisión de las autoridades finlandesas y la financiación y adquisición de maquinaria sólo se financia mediante fondos nacionales, por lo que la Comisión no tiene ningún comentario al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-1029/01

de Bill Miller (PSE) a la Comisión

(30 de marzo de 2001)

Asunto: Aplicación de los impuestos sobre consumos específicos a las bebidas alcohólicas

La Comisión ha considerado durante mucho tiempo la posibilidad de aplicar impuestos sobre consumos específicos a las bebidas alcohólicas. El artículo 93 proporciona la base jurídica para introducir estructuras armonizadas de aplicación de los impuestos sobre consumos específicos a las bebidas alcohólicas para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

A pesar de ello, la Comisión no ha realizado ninguna propuesta relativa a la aplicación de los impuestos sobre consumos específicos a las bebidas alcohólicas. Se sobreentiende que se está llevando a cabo un estudio más profundo de este asunto. ¿Cuándo se publicarán este estudio y la respuesta de la Comisión?

¿Puede garantizar la Comisión que no propondrá ningún tipo de medida y no emprenderá ningún tipo de actividad que pudieran aumentar la discriminación en favor de alguna de las categorías de bebidas, y que continuará tratando de introducir un sistema que asegure que no se distorsiona la competencia en el mercado único?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(30 de mayo de 2001)

En el contexto de la preparación del próximo informe de la Comisión sobre los tipos mínimos de derechos de aduana e impuestos sobre consumos específicos aplicados por los Estados miembros a las bebidas alcohólicas, un consultor privado ha llevado a cabo un estudio sobre la competencia entre las distintas clases de bebidas alcohólicas. Dicho estudio ha sido terminado recientemente. Por otra parte, la Comisión ha consultado a todos los Estados miembros, así como a las organizaciones de salud o profesionales interesadas. Este proceso de consultas está a punto de terminar. Basándose en todas las informaciones y opiniones que ha recibido, la Comisión está elaborando su informe, que debería ser adoptado en los próximos días. Por el momento no se ha decidido si este informe deberá acompañarse de un proyecto de directiva que modifique las tasas mínimas de derechos sobre consumos específicos aplicables a las bebidas alcohólicas.

La Comisión no puede prejuzgar el resultado del informe. No obstante, puede asegurar a Su Señoría de que ha tomado nota de las posiciones expresadas por las organizaciones profesionales y por los Estados miembros en cuanto a la posible discriminación entre distintas categorías de bebidas y la distorsión de la competencia en el mercado único. Estas cuestiones serán abordadas en el informe.
PREGUNTA ESCRITA E-0809/01

de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión

(19 de marzo de 2001)

Asunto: El proyecto Thameslink 2000

Railtrack PLC, una empresa con sede en Londres, ha propuesto el proyecto Thameslink 2000, objeto actualmente de un sondeo público de conformidad con la Transport & Works Act (ley relativa a transportes y obras públicas), que conlleva la construcción de una serie de nuevos viaductos de acero y hormigón a través del Borough Market. El proyecto implica la demolición total de 16 edificios, nueve de ellos clasificados en la categoría II (incluyendo la totalidad de la Georgian Terrace, diseñada por Sir Robert Smirke, arquitecto del Museo Británico), y la transformación de otros ocho, clasificados siete de ellos, en el corazón de la zona protegida de Borough Street.

El Borough Market es el mercado municipal de frutas y verduras más antiguo que aún funciona en su emplazamiento original, donde Shakespeare actuó y Dickens vivió, y que ha vivido recientemente una considerable renovación con la inauguración de la Tate Modern y del Shakespeare's Globe Theatre. Su significación para el entorno y su calidad son tan excepcionales, que debería evitarse el daño irreparable que causaría este proyecto. A la luz del Convenio Europeo de 1954 y del Convenio para la salvaguardia del patrimonio arquitectónico de Europa de 1985, ¿piensa la Comisión intervenir e investigar este asunto?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2001)

El artículo 151 (antiguo artículo 128) del Tratado CE atribuye a la Comunidad la competencia de fomentar la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito cultural. La cuestión que plantea Su Señoría no es competencia de la Comunidad, sino exclusivamente del Estado miembro en cuestión, en virtud del principio de subsidiariedad.

Por otro lado, la Comunidad no es Parte en el Convenio cultural europeo de 19 de diciembre de 1954 ni en el Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa de 3 de octubre de 1985, por lo que no es competencia de la Comisión examinar las posibles infracciones al respecto.
PREGUNTA ESCRITA P-0754/01

de Pasqualina Napoletano (PSE) a la Comisión

(7 de marzo de 2001)

Asunto: Programación Leader Plus de la Región Lacio

La programación de Leader Plus, elaborada por la Región Lacio para el período 2000-2006 y presentada a los servicios de la Comisión, ha sido declarada no admisible por dichos servicios. ¿Puede la Comisión explicar los motivos del rechazo e indicar las orientaciones que ha facilitado con el fin de volver a elaborar el documento de acuerdo con los criterios del programa y evitar de este modo penalizaciones adicionales para los operadores económicos y las comunidades interesadas?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(3 de abril de 2001)

La cuestión planteada por Su Señoría se refiere a la admisibilidad del programa Leader+ de la Región del Lacio.

El programa de iniciativa comunitaria Leader+ de la Región del Lacio fue enviado por la Representación permanente de Italia el 16 de noviembre de 2000, en virtud del apartado 3 del artículo 21 del Reglamento (CEE) no1260/1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (Reglamento general)(1), y del apartado 42 de la Comunicación de la Comisión por la que se fijan orientaciones sobre la iniciativa comunitaria de desarrollo rural (Leader+)(2).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento general y en el apartado 35 de la Comunicación Leader+, la Comisión aprueba los programas Leader+ en un plazo máximo de cinco meses a partir de la fecha de recepción, siempre que se reúnan todas las condiciones exigidas por el Reglamento general y por la Comunicación.

Después de la notificación del programa Leader+ de la Región del Lacio, la Comisión, tras una primera comprobación global, constató lagunas importantes y una falta de información con respecto a algunas disposiciones pertinentes de la Comunicación.

Por lo tanto la Comisión, mediante carta de 14 de diciembre de 2000 a la Representación permanente de Italia, declaró no admisible este programa y solicitó a las autoridades italianas que completaran la propuesta de programa de acuerdo con las exigencias reglamentarias, integrando en la misma todos los elementos necesarios para que el programa Leader+ de la Región del Lacio pueda considerarse admisible por parte de la Comisión cuanto antes.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.

(2) DO C 139 de 18.5.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-1777/01

de Paul Rübig (PPE-DE) a la Comisión

(15 de junio de 2001)

Asunto: Posibles obstáculos comerciales para las empresas de bebidas en sus suministros a Alemania

El proyecto de segundo Reglamento para la modificación del Reglamento alemán sobre embalajes prevé la introducción de un recargo mínimo obligatorio para los envases de bebidas no retornables.

El porcentaje de bebidas importadas que se venden en recipientes no retornables es muy superior al de las bebidas fabricadas en el país. Por tanto, el hecho de imponer un recargo por las latas y botellas no retornables perjudica a las empresas de bebidas que exportan sus productos a Alemania.

Ya existen temores concretos y abundantes de los productores de bebidas de que, con la introducción de un recargo sobre las latas y botellas no retornables, los compradores en Alemania, en especial las cadenas comerciales, dejarían de interesarse por los productos presentados en envases no retornables.

Además, los distribuidores de bebidas se verían obligados, como consecuencia de este sistema de recargos, a preparar una producción y logística especial para el mercado alemán, lo que resultaría en un aumento de los costes, con las desventajas que esto supondría para mantener la competitividad.

La introducción del recargo obligatorio no se puede justificar desde el punto de vista ecológico o medioambiental y esto se debe a dos razones. Por un lado, no ayuda a la consecución del objetivo marcado, que es el fomento de la utilización de envases retornables y por otro, no existe base científica alguna que sostenga la opinión de que los recipientes no retornables son perjudiciales para el ecosistema.

¿Cuál es la postura de la Comisión ante esta clara violación del principio de libre comercio, que representa un obstáculo para el mercado actual interior europeo y que no puede justificarse ni desde el punto de vista ecológico ni a través de la normativa comunitaria?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1774/01, E-1775/01, E-1776/01, E-1777/01 y P-1823/01 dada por el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(26 de julio de 2001)

El proyecto de segunda modificación del Reglamento alemán de envases, que ha sido notificado en el marco de las Directivas 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases(1) y 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas(2), ha sido examinado por la Comisión a la luz de las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario.

Los puntos mencionados por Sus Señorías han sido objeto, entre otros, de examen por los servicios competentes de la Comisión.

Habida cuenta de que, en su sesión de 13 de julio de 2001, el Bundesrat siguió una proposición de resolución común de diversos länder y no votó a favor del proyecto tal como fue notificado a la Comisión, ya no se plantea la cuestión de la compatibilidad de dicho proyecto con el Derecho comunitario.

(1) DO L 365 de 31.12.1994.

(2) DO L 204 de 21.7.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-1775/01

de Reinhard Rack (PPE-DE) a la Comisión

(15 de junio de 2001)

Asunto: Reglamento alemán sobre embalajes. Deficiente protección del libre comercio y la importación de bebidas.

La modificación notificada del Reglamento alemán sobre embalajes impone el pago de una fianza obligatoria para los envases de determinadas bebidas. De esta manera se agrava un obstáculo comercial con el que desde hace más de 10 años se enfrentan las empresas de bebidas extranjeras que exportan sus productos a Alemania.

Tanto éste como otros casos similares demuestran que no se puede garantizar de manera efectiva el cumplimiento del principio del libre comercio, que se halla en la Directiva 94/62/CE(1) junto con el de la protección del medioambiente y que es tan importante como éste. Una protección eficaz requiere una aplicabilidad y ejecución ágiles. La evaluación de un reglamento y la incoación de un procedimiento han requerido hasta ahora en la mayoría de los casos varios años, por ejemplo en el caso de la prohibición de latas en Dinamarca. Una fianza obligatoria puede suponer en pocos meses el fin de los importadores de bebidas.

¿Considera la Comisión que este principio está lo suficientemente garantizado en vista de la duración de las pruebas y el procedimiento?

¿Es la Comisión de la opinión de que la Directiva 94/62 sobre embalajes es una norma eficiente para evitar los obstáculos al comercio, teniendo en cuenta la experiencia hasta el momento?

¿Piensa la Comisión introducir medidas en el marco de la revisión de la Directiva 94/62, que además de favorecer al medio ambiente garanticen el funcionamiento efectivo y ágil del mercado interior?

(1) DO L 365 de 31.12.1994, p. 10.

Respuesta común a las preguntas escritas E-1774/01, E-1775/01, E-1776/01, E-1777/01 y P-1823/01 dada por el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(26 de julio de 2001)

El proyecto de segunda modificación del Reglamento alemán de envases, que ha sido notificado en el marco de las Directivas 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases(1) y 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas(2), ha sido examinado por la Comisión a la luz de las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario.

Los puntos mencionados por Sus Señorías han sido objeto, entre otros, de examen por los servicios competentes de la Comisión.

Habida cuenta de que, en su sesión de 13 de julio de 2001, el Bundesrat siguió una proposición de resolución común de diversos länder y no votó a favor del proyecto tal como fue notificado a la Comisión, ya no se plantea la cuestión de la compatibilidad de dicho proyecto con el Derecho comunitario.

(1) DO L 365 de 31.12.1994.

(2) DO L 204 de 21.7.1998.
PREGUNTA ESCRITA P-1658/01

de Jan Andersson (PSE) a la Comisión

(28 de mayo de 2001)

Asunto: Responsabilidad social de las empresas

En las conclusiones del Consejo Europeo de Estocolmo, el Consejo acoge favorablemente las iniciativas tomadas por el sector empresarial para fomentar la responsabilidad social de las empresas (conclusión 31). Asimismo, de las conclusiones se desprende que la Comisión se propone presentar un Libro Verde sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE) en junio de este año. Forman parte de la RSE una serie de ámbitos que hasta ahora han sido tratados, y deberían seguir siéndolo, mediante acuerdos en el marco del diálogo social o por medio de la legislación comunitaria.

¿Puede la Comisión informar sobre cómo ve su papel en el desarrollo de la RSE? ¿Qué opinión le merece la distribución entre los ámbitos que deben tratarse a través de acuerdos en el marco del diálogo social o mediante la legislación comunitaria por una parte y aquéllos que deben solucionarse mediante compromisos voluntarios en el marco de la RSE por otra?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(16 de julio de 2001)

La responsabilidad social de las empresas (RSE) es un concepto por el cual las empresas integran las consideraciones sociales y medioambientales en su actuación y en su interacción con sus interlocutores de manera voluntaria. Por tanto, se espera que contribuyan de esta manera al objetivo estratégico decidido durante el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa, celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2000: convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social.

Ser socialmente responsable no solamente significa cumplir las normas legales, sino también ir más allá del cumplimiento invirtiendo más en capital humano, el medio ambiente y las relaciones con los interlocutores.

La principal contribución de un planteamiento europeo de la RSE consistiría en aportar un valor añadido y complementar las actividades existentes mediante el establecimiento de un marco europeo general de las prácticas de RSE, así como a través de un apoyo a las mejores prácticas de evaluación y verificación de las actividades relacionadas con la RSE.

La Comisión espera que el Libro verde sobre la responsabilidad social de las empresas que tiene previsto presentar en julio de 2001 estimulará aún más el debate a nivel nacional y europeo entre todos los actores implicados. La formulación concreta de la función de la Comisión en el desarrollo de la responsabilidad social de las empresas deberá tener en cuenta el resultado de este debate.