PREGUNTA ESCRITA E-2500/02

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(9 de septiembre de 2002)

Asunto: Amenazas al patrimonio histórico, cultural, social y ecológico en la ciudad de Sevilla (España)

Asociaciones de vecinos, culturales, profesionales, ecologistas, sindicatos, etc., de Sevilla se han agrupado para reivindicar una ciudad habitable, en un pacto cívico por la movilidad en el casco histórico de la ciudad, que se apoya en las recomendaciones y directrices europeas en cuanto a medio ambiente urbano, disminución de emisiones de CO2, reducción de la contaminación atmosférica y acústica. En definitiva, defienden su patrimonio histórico, cultural, social y ecológico.

Esta plataforma nos ha hecho llegar su inquietud por la construcción de tres aparcamientos de rotación en una zona monumental y muy singular urbanísticamente, en contra de la opinión de los expertos, que consideran que en esa zona debe restringirse el uso de los vehículos privados, potenciar los itinerarios peatonales y evitar la tala indiscriminada de árboles como se pretende llevar a cabo en la Alameda de Hércules, lugar emblemático de la ciudad.

¿Qué medidas puede emprender la Comisión con el fin de garantizar la aplicación del Derecho comunitario en este caso concreto y, especialmente, la Directiva 85/337/CEE(1), relativa al impacto de ciertos proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente?

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(22 de octubre de 2002)

La Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997(1), establece que determinados tipos de proyectos en ella incluidos se sometan a una evaluación de impacto ambiental (EIA) antes de concederse la correspondiente autorización. Los proyectos comprendidos en la Directiva están definidos en dos anexos: los pertenecientes a las clases enumeradas en el Anexo I han de someterse a dicha evaluación en todos los casos, y a los pertenecientes a las clases enumeradas en el Anexo II de la Directiva se les exige en función de sus posibles repercusiones sobre el medio ambiente.

Los aparcamientos se hallan incluidos en el Anexo II de la Directiva (10(b) Proyectos de ordenación urbana, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos) y la evaluación de impacto es preceptiva, en virtud de la Directiva, si es probable que el proyecto tenga efectos importantes sobre el medio ambiente. La Directiva no define el concepto de efecto importante y deja la decisión en manos de la autoridad competente, la cual habrá de valerse de un estudio en función de cada caso y de la aplicación de umbrales. De conformidad con el apartado 4 del artículo 4 de la Directiva, la resolución sobre la necesidad o no de realizar la evaluación de impacto de los proyectos del Anexo II ha de hacerse pública. Cuando se requiera esa evaluación, el promotor ha de elaborar una declaración sobre los posibles efectos medioambientales del proyecto. Esa información se pondrá a disposición de las autoridades de medio ambiente y del público en general para que expresen su opinión. La información y las opiniones recibidas al respecto deberán tomarse en consideración a la hora de decidir si el proyecto puede o no seguir adelante. La información relativa a la decisión definitiva también ha de darse a conocer públicamente.

En caso de que Su Señoría considere que en este caso no se han seguido los requisitos de la Directiva, puede presentarse a la Comisión una reclamación, acompañada de las correspondientes pruebas.

(1) DO L 73 de 14.3.1997.