PREGUNTA ESCRITA E-2362/01

de Amalia Sartori (PPE-DE), Stefano Zappalà (PPE-DE),Raffaele Lombardo (PPE-DE), Mario Mauro (PPE-DE), Renato Brunetta (PPE-DE)y Mario Mantovani (PPE-DE) a la Comisión

(6 de agosto de 2001)

Asunto: Reciclaje de residuos de productos de polietileno

Mediante el artículo 48 del Decreto Ley 22/97, se ha creado en Italia el consorcio obligatorio para el reciclaje de residuos de productos de polietileno. El apartado 9 de dicho artículo prevé que toda persona que, debido a su actividad, esté en posesión de residuos de productos de polietileno estará obligada a entregarlos al consorcio.

En virtud de dicho artículo, se ha creado el Consorcio Polieco, cuyas normas prevén para los productores de materias primas de polietileno y para los transformadores de productos de polietileno la obligación de abonar una contribución proporcional a las cantidades comercializadas.

No obstante, desde el principio, se han planteado graves dudas y perplejidades respecto de la normativa y de la actuación de Polieco, puesto que tanto la propia normativa como el estatuto y el reglamento del Consorcio, que constituyen un corpus normativo incoherente y de difícil aplicación, han hecho que la gran mayoría de las empresas productoras de bienes de polietileno no se adhirieran al mismo.

A pesar de ello, mediante la Ley 93/01, el Gobierno italiano procedió a introducir un sistema de sanciones aplicables tanto al hecho de no adherirse al Consorcio, en virtud del artículo 48 del Decreto Ley 22/97 como al impago de la contribución, con lo que queda subrayado el carácter totalitario y monopolístico del Consorcio para el reciclaje de residuos de productos de polietileno.

La reciente jurisprudencia comunitaria relativa al medio ambiente (Decisión de la Comisión de 20.4.2001, asunto DSD C(2001)1006; Decisión de la Comisión de 15.6.2001 asunto Eco-Emballages, C(2001)1611) establece que los consorcios que recuperan residuos no pueden constituir un monopolio, que las empresas han de poder escoger entre distintos sistemas de recuperación y que, al no existir el correspondiente servicio, no se pueden exigir pagos. Se trata de principios que no se respetan en la normativa que establece el Consorcio Polieco y que, de manera manifiesta, contrasta con las normas del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (artículos 29, 30 y 82 y Reglamento (CEE) 259/93)(1).

Considerando que una ley que contrasta con el Derecho comunitario se tiene que abrogar con efecto retroactivo (Véase TJCE, sentencia de 12.7.1973, asunto 70/72), ¿puede decir la Comisión:

1. qué medidas piensa adoptar y qué medidas piensa exigir del Estado italiano para que se modifique el artículo 48 del Decreto Ley 22/97;

2. si pedirá al Estado italiano que lleve a cabo una investigación sobre Polieco por abuso de posición dominante?

(1) DO L 30 de 6.2.1993, p. 1.

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2359/01 y E-2362/01dada por el Sr. Monti en nombre de la Comisión

(29 de octubre de 2001)

Sobre la base de los elementos en su posesión, la Comisión no se encuentra actualmente en condiciones de tomar una decisión acerca de la compatibilidad del sistema mencionado con el derecho comunitario. Sin embargo muy recientemente ha recibido una denuncia a este respecto, que está examinando.

Para evaluar el cumplimiento de las normas comunitarias, es útil distinguir entre el marco legislativo, por una parte, y las actividades de las empresas dentro de este marco, por otra.

Los Estados miembros deben establecer legislación que sea compatible con el derecho comunitario. Como principio general, la Comisión intenta asegurarse de que el mercado interior y los mecanismos de competencia funcionan correctamente, al mismo tiempo que se atiene plenamente al objetivo legislativo de lograr altos niveles de protección del medio ambiente.

Las decisiones en el asunto DSD y en el asunto Eco-Emballages se referían a acuerdos celebrados por empresas que desarrollaban un sistema de reciclaje de los envases de venta utilizados y a las actividades de estas empresas. La Comisión ha intentado asegurarse de que los operadores existentes no impiden la competencia. En los mercados examinados, la Comisión determinó que los operadores existentes no deben practicar cláusulas de exclusividad injustificadas ni imponer otras restricciones injustificadas que dificulten a los competidores el acceso al mercado.

Para comprender mejor las circunstancias mencionadas por Sus Señorías, la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades italianas (incluida la autoridad italiana de competencia) para informarlas de las preguntas formuladas por Sus Señorías y para obtener su primera reacción a este respecto.