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PREGUNTA ESCRITA E-0536/97 de Florus Wijsenbeek (ELDR) a la Comisión (20 de febrero de 1997)

Asunto: Regímenes de IVA para operadores de autocares de turismo

¿Es consciente la Comisión de que las divergencias en la legislación relativa al IVA de los distintos Estados miembros de la UE causa a menudo problemas en las empresas que proporcionan servicios o bienes transfronterizos y deben abonar, por tanto, el IVA en otros Estados miembros?

Las diferencias entre los plazos de pago al término de un trimestre en el que haya de abonarse IVA pueden originar, por ejemplo, graves problemas administrativos en empresas de autocares de turismo, ya que éstas prestan casi exclusivamente servicios transfronterizos. En Alemania, las empresas de autocares «en tránsito» han de cumplir sus obligaciones mensuales en un plazo de diez días, obligación que, sin embargo, no rige para las empresas nacionales, que pueden abrir una cuenta corriente.

¿No opina la Comisión que esto da lugar a distorsiones de la competencia entre los distintos servicios de autocares?

¿No conviene la Comisión, por consiguiente, en que, en una Unión en la que es posible la libre circulación de personas, servicios y mercancías, deben armonizarse también las leyes fiscales de tal manera que permitan una gestión eficaz de las empresas de autocares, que, por su propia naturaleza, han de realizar con mucha frecuencia servicios transfronterizos.

¿Puede presentar la Comisión propuestas encaminadas a armonizar los regímenes de pago del IVA en el sector turístico, y en particular para las empresas de autocares de turismo, de tal manera que se eviten las distorsiones de competencia y que las empresas de dicho sector no se vean sometidas a obligaciones de liquidación inusitadas para las transacciones comerciales? En caso afirmativo, ¿en qué consistirán las mismas? En caso negativo, ¿por qué no?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (3 de abril de 1997)

La Comisión agradece a Su Señoría que le haya señalado este asunto, puesto que es consciente de este tipo de discrepancias y del falseamiento de la competencia que puede derivarse. El programa de trabajo de la Comisión para 1996 ((COM(96)328 final. )) incluye una propuesta para un nuevo sistema común IVA, que aborda la necesaria armonización de estos aspectos.
PREGUNTA ESCRITA P-1121/97 de Bartho Pronk (PPE) a la Comisión (19 de marzo de 1997)

Asunto: Propuesta alemana de introducir un artículo relativo a las Iglesias en la versión revisada del Tratado de Maastricht

Durante la CIG actualmente en curso, los Ministros de Asuntos Exteriores han examinado cuál sería la mejor manera de proteger los derechos y libertades fundamentales en el nuevo Tratado. Con este fin, la delegación alemana quiere que se incluya en la versión revisada del Tratado de Maastricht un artículo relativo a las Iglesias, cuyo texto, con arreglo a la propuesta alemana, sería el siguiente: «La Unión considera que la posición constitucional de las comunidades religiosas en los Estados miembros constituye tanto una expresión de la identidad de los Estados miembros y de su cultura, como una parte de su patrimonio cultural común».

1. ¿Está enterada la Comisión del contenido de la propuesta alemana presentada en la CIG de incluir un artículo relativo a las Iglesias en la versión revisada del Tratado?

2. ¿Está la Comisión de acuerdo con el contenido de la propuesta alemana, según la cual la posición constitucional de las comunidades religiosas forma parte del patrimonio cultural común de la Unión?

3. ¿Considera la Comisión que la inclusión de esta propuesta en la versión revisada del Tratado de Maastricht ofrece las debidas garantías para la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (18 de abril de 1997)

La cuestión planteada por Su Señoría se inscribe en el marco de la protección de las libertades y derechos fundamentales del ciudadano.

Los derechos fundamentales están cubiertos por el artículo F.2 del Tratado de la Unión Europea, en virtud del cual «la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario».

La Conferencia Intergubernamental examina distintas propuestas que contemplan la adhesión de la Unión al Convenio de los Derechos Humanos o dirigidas a extender el respeto de los derechos fundamentales a los resultantes de otros convenios internacionales. En particular, el apartado 1 del artículo 9 del CEDH establece que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión».
PREGUNTA ESCRITA E-0865/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (12 de marzo de 1997)

Asunto: Helios II

Con relación a la línea presupuestaria B3-4102: Helios II (igualdad de oportunidades para las personas con minusvalías) ¿puede informar la Comisión si se han concedido subvenciones a Italia y, en caso afirmativo, especificarlas para cada asociación y para cada actividad?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0858/97, E-0859/97, E-0860/97, E-0861/97, E-0862/97, E-0863/97, E-0864/97, E-0865/97, E-0866/97, E-0867/97, E-0868/97, E-0869/97, E-0870/97 y E-0871/97 dada por el Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (25 de Abril de 1997)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-1162/97 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (26 de marzo de 1997)

Asunto: Quejas por parte de la organización «Age Concern» de Essex

¿Qué respuesta piensa dar la Comisión a las quejas presentadas por 7 agrupaciones de pensionistas locales pertenecientes a la organización «Age Concern» de Essex ante el hecho de que la congelación del Programa de acción en favor de las personas de la tercera edad está bloqueando los fondos europeos destinados a organizaciones locales como la suya? ¿Podría facilitar la Comisión fuentes de financiación alternativas para las agrupaciones locales de pensionistas y está dispuesta a adoptar medidas transitorias de financiación a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (5 de mayo de 1997)

El Gobierno del Reino Unido ha impugnado la legalidad de las asignaciones presupuestarias en favor de las personas de la tercera edad. El 24 de septiembre de 1996, el presidente del Tribunal de Justicia Europeo dio su autorización para que la Comisión concluyese acuerdos en 1996, pero no para que realizara pago alguno hasta que se haya producido una sentencia firme, siempre y cuando ésta le fuera favorable.

La Comisión comprende plenamente la preocupación tanto del Parlamento como de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de toda Europa y a todos los niveles, dada la situación actual de bloqueo en la materia. La Comisión hará cuanto esté en su poder para garantizar que no desaparezcan los intereses de las personas de la tercera edad del orden del día político de la Comunidad.

Sólo existen fuentes alternativas de financiación europea para las agrupaciones locales de pensionistas en casos específicos como la enfermedad de Alzheimer, la telemática para mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas y de edad avanzada (TIDE) y la cooperación con el sector de las ONG.
PREGUNTA ESCRITA E-0814/97 de Jean-Yves Le Gallou (NI) a la Comisión (10 de marzo de 1997)

Asunto: Subvenciones comunitarias a asociaciones, ONG y organismos varios

En relación con la línea B7-611 (Papel de la mujer en el desarrollo), ¿puede indicar la Comisión la lista completa de asociaciones u organismos que se benefician de subvenciones comunitarias, así como el importe exacto de esas subvenciones en el último ejercicio presupuestario cerrado, es decir, en 1996?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión (7 de abril de 1997)

British Council: 654 541 ecus. Formación en materia de no discriminación sexual en 10 países de África, del Caribe y del Pacífico, destinada prioritariamente a los responsables políticos y operativos.

Real Instituto Tropical (KIT): 736 029 ecus. Estudios, asistencia técnica y seguimiento de la integración de los aspectos de la no discriminación sexual en las políticas, estrategias, programas y proyectos de cooperación.

Cowiconsult (Dinamarca): 76 173 ecus. Estudio para definir los criterios de evaluación de la aplicación de la Resolución del Consejo de diciembre de 1995 relativa a la integración de los aspectos de la no discriminación sexual en las políticas de desarrollo.

Contrato marco para la prestación de asistencia técnica sobre la integración de los aspectos de la no discriminación sexual en las políticas, estrategias, programas y proyectos: 600.000.000 ecus.

APDC (Asia, Pacific Development Centre; organización no gubernamental (ONG) de Malasia): seguimiento de las actividades posteriores a la Conferencia de Pekín en Asia (coordinación regional): 271 778 ecus.

Fundación Esperanza (ONG colombiana): proyecto piloto de investigación, sensibilización, recopilación y distribución de información sobre el tráfico de mujeres en Colombia: 148 679 ecus.

WIDE (Women in development Europe): apoyo a las ONG de América Latina en iniciativas de seguimiento de la conferencia de Pekín: 286 860 ecus.

ACORD (Asian centre for organization research and development; ONG india): sensibilización y formación de formadores en materia de no discriminación sexual para incrementar los conocimientos de las ONG: 114 459 ecus.

Oxfam (ONG británica e irlandesa): investigación sobre la función de las ONG en materia de no discriminación sexual en el Líbano: 35 710 ecus.

IDF (Internacional dialogue foundation (neerlandesa)): participación financiera en la organización de un seminario en Ammán (7-9 de marzo de 1997) sobre las relaciones familiares en las sociedades en cambio: 42 514 ecus.
PREGUNTA ESCRITA E-0626/97 de Luigi Moretti (NI) a la Comisión (4 de marzo de 1997)

Asunto: Ayudas estatales

Mediante Decreto ley no 669 de 31.12.1996, el Estado italiano ha concedido ayudas a los compradores de automóviles en Italia.

Esta medida, aunque no contemple disposiciones de favor para determinadas empresas productoras de automóviles, penaliza a los vendedores de coches que ejercen su actividad fuera de Italia, sobre todo cerca de las fronteras.

¿Es conforme dicha medida con la normativa comunitaria aplicable a las normas de competencia y a las ayudas estatales?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (11 de abril de 1997)

La Comisión tiene entendido que la legislación adoptada por el Gobierno italiano prevé medidas en favor de los consumidores sin tener en cuenta el origen de los coches. Están incluidos tanto los coches no italianos como los no europeos. Además, la ley no incluye ninguna condición, es decir especificaciones técnicas que tuvieran má posibilidades de ser satisfechas por determinados fabricantes. Por ello, parece que esta ley no se ve afectada por las disposiciones en materia de ayudas estatales (en particular el apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE).

Este caso es comparable a los incentivos para que los consumidores renueven sus coches o para que adquieran coches poco contaminantes que han estado en vigor en otros Estados miembros y que debido al carácter no discriminatorio de los mismos, la Comisión ha considerado que al no favorecer a ningún fabricante de automóviles en particular, no infringen el apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-0866/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (12 de marzo de 1997)

Asunto: Política para los consumidores

Con relación a la línea presupuestaria B5-102: Información de los consumidores, ¿puede informar la Comisión si se han concedido subvenciones a Italia y, en caso afirmativo, especificarlas para cada asociación y para cada actividad?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0858/97, E-0859/97, E-0860/97, E-0861/97, E-0862/97, E-0863/97, E-0864/97, E-0865/97, E-0866/97, E-0867/97, E-0868/97, E-0869/97, E-0870/97 y E-0871/97 dada por el Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (25 de Abril de 1997)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-0538/97 de Mark Watts (PSE) a la Comisión (20 de febrero de 1997)

Asunto: Estudios de viabilidad y redes transeuropeas

Vista la respuesta dada por el Sr. Kinnock en nombre de la Comisión a la pregunta escrita P-1144/96 ((DO C 322 de 28.10.1996, p. 34. )) el 7 de junio de 1996 y haciendo referencia al Libro Verde de la Comisión: Política futura de la lucha contra el ruido (COM(96) 540 final), ¿podría especificar la Comisión qué entiende por estudios de viabilidad además de informar cómo se podrían aplicar estos estudios para mitigar la contaminación acústica en carreteras de redes transeuropeas?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (7 de abril de 1997)

La definición de los estudios de viabilidad difiere de un Estado miembro a otro, sin que exista una definición armonizada a escala comunitaria.

De conformidad con el Reglamento (CE) no 2236/95 del Consejo, de 18 de septiembre de 1995, por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas ((DO L 228 de 23.9.1995. )) (RTE), la aportación comunitaria a la realización de estudios se entiende como cofinanciación de estudios relacionados con proyectos que sean estudios previos de viabilidad y de evaluación y otras medidas de apoyo técnico para tales estudios. La definición es lo suficientemente amplia como para dar cabida a la clase de estudio a que alude Su Señoría en la pregunta.

La iniciativa de formular y presentar propuestas de cofinanciación de estudios para proyectos específicos de redes transeuropeas, incluidos los estudios de impacto ambiental, reside en los Estados miembros, que han de presentar sus propuestas según lo dispuesto en el Reglamento citado.

De forma similar, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión pueden financiar los estudios de viabilidad y de impacto ambiental que propongan los Estados miembros para proyectos de RTE.
PREGUNTA ESCRITA E-0830/97 de Karla Peijs (PPE) a la Comisión (10 de marzo de 1997)

Asunto: Reconocimiento mutuo de certificados administrativos en el ámbito del IVA

¿Está obligada una autoridad fiscal de un Estado miembro, que debe averiguar si una empresa establecida en otro Estado miembro es una persona sujeta a impuestos y si tiene derecho a una devolución del IVA en virtud de la 8a Directiva sobre el IVA, a reconocer un documento emitido por las autoridades fiscales de ese otro Estado miembro, en el que se certifica que dicha empresa es parte de una unidad fiscal y, por consiguiente, una persona sujeta a impuestos?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (16 de abril de 1997)

Según el régimen común de IVA actualmente vigente, cada Estado miembro tiene la facultad de considerar como un único sujeto pasivo aquellas personas establecidas en un Estado miembro que son independientes desde el punto de vista jurídico pero están estrechamente vinculadas entre sí desde los puntos de vista financiero, económico y organizativo.

En aquellos Estados miembros que hayan hecho uso de esta facultad, todos los derechos y obligaciones previstos por la legislación en materia de IVA corresponden a la unidad fiscal, sin que deban considerarse como sujetos pasivos independientes las empresas que formen parte de dicha unidad fiscal.

Dichos Estados miembros, por consiguiente, deben examinar la expedición del documento por el que se acredita la condición de sujeto pasivo previsto en el procedimiento de devolución del IVA según la octava Directiva IVA en relación con la unidad fiscal.

Un documento por el que se acredite la condición de sujeto pasivo de una unidad fiscal, en el que además se indique que una empresa concreta, claramente definida, forma parte de dicha unidad fiscal, constituye para el Estado miembro de devolución un documento válido para conceder ésta. La indicación suplementaria relativa a la composición de la unidad fiscal, mencionada en el documento por el Estado miembro de establecimiento, ha de considerarse más bien como una información complementaria, aunque útil a todos los efectos para el Estado miembro de devolución.
PREGUNTA ESCRITA E-0392/97 de Bernd Lange (PSE) a la Comisión (13 de febrero de 1997)

Asunto: Establecimiento de peluqueros en la República Federal de Alemania

En la República Federal de Alemania, de conformidad con el Reglamento sobre el Artesanado, es preciso ser maestro peluquero para establecerse por su cuenta y oner una peluquería. No es suficiente haber concluido una formación.

1. ¿Considera la Comisión que tal norma limita la libertad de establecimiento?

2. En caso de que la Comisión considere que dicha norma limita la libertad de establecimiento en el mercado interior, ¿qué medidas adoptará para suprimir dicha limitación?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (4 de abril de 1997)

Cada Estado miembro es competente en materia de reglamentación de las profesiones, tanto en lo que atañe al acceso a las mismas como a su ejercicio. En consecuencia, compete a cada Estado miembro definir las vías de formación y las condiciones de acceso a una profesión, así como su correspondiente estatuto profesional.

Sin embargo, para facilitar la libre circulación de los profesionales que no cumplan los requisitos de cualificación establecidos por el Estado miembro de acogida, el Ordenamiento jurídico comunitario impone a cada Estado miembro de acogida ciertas obligaciones en relación con los migrantes.

Por lo que se refiere a la profesión de peluquero, la Directiva 82/489/CEE del Consejo, de 19 de julio de 1982, por la que se adoptan medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios de los peluqueros ((DO L 218 de 27.7.1982. )), establece que cuando, en un Estado miembro, el acceso a la profesión de peluquero o el ejercicio de la misma esté subordinado a la posesión de conocimientos y aptitudes generales, comerciales o profesionales, dicho Estado miembro reconocerá como prueba suficiente de esos conocimientos o aptitudes, el ejercicio práctico y lícito, por cuenta propia o como directivo encargado de la gestión de la empresa, de las actividades consideradas en otro de los Estados miembros, durante al menos tres años.

Por lo que la Comisión sabe, Alemania incorporó correctamente la citada Directiva. No obstante, la Comisión está dispuesta a estudiar cualquier otra información de la que disponga Su Señoría que pueda probar la existencia de un problema que afecte al Ordenamiento jurídico comunitario.
PREGUNTA ESCRITA E-0582/97 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión (25 de febrero de 1997)

Asunto: Problemas en el mercado de material médico en Grecia

Un estudio del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos económicos del Sistema Nacional de Sanidad que se ha dado a conocer (To Vima, 26 de enero y 2 de febrero de 1997) llega a la conclusión, aportando datos concretos, de que los precios que pagan los hospitales griegos para la compra de material médico son, por término medio, tres veces superiores a los que pagan los hospitales británicos.

Estos «precios hinchados» provocan la pérdida de enormes sumas por parte del Sistema Nacional de Sanidad, un incremento de los déficits, etc. Dado que existen denuncias de prácticas no ortodoxas en el suministros de este material, ¿puede indicar la Comisión si tiene conocimiento de este problema o si tiene intención de estudiarlo, y qué medidas urgentes tiene intención de adoptar para normalizar el mercado?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (15 de abril de 1997)

La Comisión no tiene conocimiento del problema mencionado por Su Señoría.

La determinación de los precios de los equipos médicos no ha sido objeto de una normativa comunitaria concreta. La Comisión está dispuesta a examinar toda la información pertinente que se le transmita en el contexto de las normas de la competencia.

Además, la Comisión llama la atención de Su Señoría sobre las directivas que regulan los contratos públicos. La aplicación correcta de estas directivas por las entidades adjudicadoras permite lograr la transparencia necesaria para los precios de los equipos así como atribuir el concrato a la oferta que presente la mejor relación entre el precio y la calidad.
PREGUNTA ESCRITA E-0843/97 de Iñigo Méndez de Vigo (PPE) a la Comisión (10 de marzo de 1997)

Asunto: Pacto de estabilidad

La eficacia del pacto de estabilidad ha sido puesta en duda por un informe elaborado recientemente por Salomon Brothers atribuyendo su principal fallo a la complejidad del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo.

Conoce la Comisión este informe? En caso afirmativo, ¿podría indicar qué valoración le merecen sus conclusiones?

Respuesta del Sr. Silguy en nombre de la Comisión (22 de abril de 1997)

El procedimiento de déficit excesivo es complejo y se detalla a fondo en el artículo 104c del Tratado CE. Para garantizar que un procedimiento tan complejo funcione en la práctica correcta y puntualmente, el Consejo Europeo de Dublín acordó un pacto para la estabilidad y el empleo. Dicho pacto establece un sistema de señales de alerta para indicar y corregir las desviaciones presupuestarias antes de que sitúen el déficit por encima del máximo del 3 %, así como un conjunto de normas disuasorias destinadas a que los Estados miembros eviten déficit excesivos o tomen medidas para corregirlos rápidamente en caso de que se produzcan.

El pacto se compone de tres elementos. Los aspectos preventivos se recogerán en un Reglamento del Consejo destinado a reforzar los elementos del procedimiento de supervisión multilateral establecido en el artículo 103 del Tratado CE. Los aspectos disuasorios se recogerán en un Reglamento del Consejo destinado a acelerar y aclarar el procedimiento de déficit excesivo establecido en el artículo 104c del Tratado. El compromiso político de los signatarios del pacto (Comisión, Consejo y Estados miembros) respecto a su plena y puntual aplicación será objeto de una resolución del Consejo Europeo.

El Reglamento que se adoptará con arreglo al artículo 104c contribuirá al funcionamiento correcto y puntual del procedimiento de déficit excesivo de varias maneras: definirá las disposiciones fundamentales del Tratado, fijará plazos para cada fase del procedimiento, y proporcionará orientaciones acerca del tipo y alcance de las sanciones.

Todos los signatarios del pacto tendrán una comprensión clara de los criterios y orientaciones que utilizarán la Comisión y el Consejo al adoptar las correspondientes decisiones, así como de los plazos. Por estas razones, la Comisión considera que el pacto para la estabilidad y el empleo es un elemento esencial en la creación de una unión económica y monetaria coronada por el éxito y sostenible.