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PREGUNTA ESCRITA E-0244/00

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(7 de febrero de 2000)

Asunto: Eliminación del catálogo de variedades comunitarias de Italia de la variedad griega de tabaco Katerini

Mediante el Reglamento (CE) no 660/1999(1) se autoriza la transferencia a Italia de la cuota de producción de la variedad griega de tabaco Katerini (500 toneladas para el año 1999, 1500 toneladas para los años 2000 y 2001), sin referir o justificar de ningún modo los motivos de dicha transferencia, y a pesar de las objeciones por parte de Grecia. El Reglamento (CE) no 1373/1999(2) autoriza a Italia, de nuevo sin ningún tipo de justificación, a transferir cantidades de la variedad Katerini a otros grupos de variedades, limitando así la producción de tabaco Katerini en Italia a 48 toneladas.

Tras el completo fracaso que ha supuesto el intento de transferir a Italia la variedad griega Katerini, ¿se propone la Comisión eliminar la variedad Katerini de la lista de variedades comunitarias de Italia para las cosechas de 2000 y 2001?

(1) DO L 83 de 27.3.1999, p. 10.

(2) DO L 162 de 26.6.1999, p. 47.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(9 de marzo de 2000)

La fijación mediante el Reglamento (CE) no 660/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2075/92(1) de los umbrales de garantía fijados para el tabaco del grupo de variedad VII (Katerini) en Italia para las cosechas de 1999, 2000 y 2001 está justificada por uno de los objetivos básicos de la reforma de la organización común de mercados (OCM) del tabaco de 1998: la necesidad de reorientar la producción hacia las variedades más demandadas por el mercado.

En el ámbito de las disposiciones del apartado 4 del artículo 9 del Reglamento (CEE) no 2075/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del tabaco crudo(2), los Estados miembros pueden solicitar a la Comisión la autorización para transferir cantidades del umbral de garantía entre los diferentes grupos de variedades. La Comisión examina las solicitudes de transferencia y comprueba que dichas solicitudes no provoquen un gasto suplementario entre grupos de variedades a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria (FEOGA) y no ocasionen un aumento del umbral de garantía global de cada Estado miembro.

A día de hoy, la Comisión no ha recibido ninguna solicitud de transferencia de Italia relativa al grupo VII (Katerini), pero es posible realizar una transferencia hasta la fecha límite para la celebración de los contratos de cultivo.

(1) DO L 83 de 27.3.1999.

(2) DO L 215 de 30.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-1668/00

de Christoph Konrad (PPE-DE) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Cobro de impuestos discriminatorios por la entrada en aguas griegas

1. ¿Es consciente la Comisión de que, desde enero de 2000, el Gobierno griego exige el pago de derechos de entrada a las embarcaciones de recreo de eslora superior a los siete metros, que hacen escala en los puertos griegos?

2. ¿Qué opina la Comisión del hecho de que estos derechos de entrada ascienden a más de siete veces (15 000 dracmas) el precio de entrada normal para las embarcaciones turísticas (2000 dracmas)?

3. ¿Qué acciones piensa emprender la Comisión contra esta discriminación de los propietarios extranjeros de embarcaciones, que son los principales afectados por tal decisión?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(16 de junio de 2000)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-1062/00 del Sr. von Wogau(1).

(1) Ver página 150.
PREGUNTA ESCRITA P-0806/00

de Gerardo Galeote Quecedo (PPE-DE) a la Comisión

(9 de marzo de 2000)

Asunto: Papel de representante de la Comisión Europea en viajes oficiales del Parlamento Europeo

Dadas las experiencias dispares que se han producido en los viajes oficiales de representantes del Parlamento Europeo por lo que respecta al papel del representante de la Comisión Europea, ¿podría explicar la Comisión si existe algún tipo de regulación que prevea el papel del representante de la Comisión Europea en los viajes oficiales de órganos del Parlamento Europeo en terceros países, especialmente en lo que se refiere a aspectos como su organización, protocolo, participación, etc.?

Asimismo, ¿podría explicar la Comisión Europea si existe algún tipo de regulación relativa a su participación en reuniones de comisiones parlamentarias y delegaciones interparlamentarias que tengan lugar en Bruselas, cuando se debatan asuntos en los que su presencia pueda aportar datos de interés para el trabajo parlamentario?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(27 de marzo de 2000)

La función de jefe de delegación de la Comisión en terceros países durante las visitas oficiales en representación del Parlamento se define en el manual de procedimientos operativos.

Entre otras cosas implica recibir a la delegación del Parlamento a su llegada al país, proporcionar (dentro de unos límites razonables) apoyo logístico, informarles sobre la situación del país y los puntos de interés particulares y acompañar a la delegación del Parlamento en sus visitas. También puede implicar ayudarles, siempre que sea necesario, en sus contactos con la prensa local y, cuando sea posible, ofrecerles la hospitalidad apropiada.

La Comisión aprobó en 1999 una Comunicación al Consejo y al Parlamento en la cual indicaba que los jefes de delegación pueden comparecer ante las comisiones parlamentarias y las delegaciones interparlamentarias de la misma forma que los funcionarios de la Comisión que trabajan en la sede. En tales ocasiones pueden contestar a preguntas específicas referentes al ejercicio de sus funciones. El Comisario encargado de las Relaciones Exteriores ha instado a los jefes de delegación a que durante las visitas a la sede ofrezcan información a la comisión o a la delegación pertinentes acerca del estado de las relaciones entre la Unión y el país o los países a los cuales han sido asignados.
PREGUNTA ESCRITA E-0321/00

de Dana Scallon (PPE-DE) a la Comisión

(11 de febrero de 2000)

Asunto: Seguridad alimentaria

Datos científicos de escaso alcance se tradujeron en problemas como los planteados por la EEB y la talidomida. Estos sucesos han afectado gravemente a la salud humana y animal y han provocado una pérdida de confianza de los consumidores en la seguridad alimentaria. ¿Piensa la nueva autoridad aplicar el principio de cautela? ¿Cómo se va a actuar respecto a otras instituciones como la Organización Mundial del Comercio?

El coste de los citados problemas en términos de dolor humano es incalculable, por no hablar de las pérdidas económicas. ¿Cómo piensa la Comisión determinar responsabilidades y fijar las sanciones derivadas del incumplimiento de las mismas?

O, por el contrario, ¿está satisfecha la Comisión con la directiva sobre responsabilidad de los productos que está actualmente debatiéndose en el Parlamento Europeo?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(7 de abril de 2000)

La Comisión ha adoptado una Comunicación sobre el principio de cautela con el objetivo, entre otros, de definir el enfoque de la Comisión a este respecto y de establecer directrices de la Comisión para su aplicación, así como de aportar información al debate sobre este asunto, tanto dentro de la Comunidad como a nivel internacional.

La Comisión considera que la aplicación del principio de cautela es una decisión relacionada con la gestión del riesgo. La nueva autoridad alimentaria europea tendrá competencias para la evaluación y la comunicación del riesgo, pero la gestión del riesgo seguirá siendo competencia de la Comisión, el Parlamento y el Consejo, según el caso.

En el apartado 7 del artículo 5 del Acuerdo MSF de la Organización Mundial del Comercio se establece un marco para la adopción de medidas sanitarias o fitosanitarias que afecten al comercio mundial, cuando no se disponga de testimonios científicos suficientes. La Comisión considera que las directrices para la aplicación del principio de cautela propuestas en la Comunicación no solamente se ajustan a lo establecido en el apartado 7 del artículo 5, sino que se trata de una herramienta apropiada para la aplicación de este artículo. Por tanto, la aplicación de este principio no debería contravenir las obligaciones internacionales de la Comunidad.

Por lo que se refiere a la responsabilidad de los productos, la Comisión señala que adoptó en julio de 1999 un Libro Verde a este respecto(1). La Comisión está analizando en la actualidad los comentarios recibidos en relación con este Libro Verde y presentará a finales del presente año un informe sobre la aplicación de la Directiva en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos.

(1) COM(1999) 396 final La responsabilidad civil por productos defectuosos.
PREGUNTA ESCRITA E-0924/00

de Joan Colom i Naval (PSE) al Consejo

(24 de marzo de 2000)

Asunto: Declaración de Estocolmo sobre la enseñanza de la shoa

¿Cuáles han sido las medidas tomadas por el Consejo para poner en práctica la declaración de Estocolmo sobre la enseñanza de la shoa en la UE y en los Estados miembros?

Respuesta

(8 de junio de 2000)

El Consejo concede gran importancia al papel que desempeña la enseñanza para el fomento de la tolerancia y el respeto de los pueblos y, por extensión, para aprender las lecciones de la Historia. Ello se reflejó en la declaración del Consejo y de los representantes de los Estados miembros de 16 de diciembre de 1997 sobre el respeto a la diversidad y la lucha contra el racismo y la xenofobia(1). También es importante fomentar la concienciación de la juventud respecto de estos temas, en general fuera del contexto de la enseñanza formal, como se reconoció en la declaración del Consejo y de los

representantes de los Estados miembros de 24 de noviembre de 1997 sobre la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en el ámbito de la juventud(2). Sin embargo, en lo que se refiere a la enseñanza sobre el Holocausto, debe destacarse que el artículo 149 del TEC (enseñanza) indica con claridad que la Comunidad Europea debe respetar plenamente las responsabilidades (de los Estados miembros) en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo.

(1) JO C 1 de 3.1.1998, p. 1.

(2) JO C 368 de 5.12.1997, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA E-1822/00

de Jean-Claude Fruteau (PSE) a la Comisión

(7 de junio de 2000)

Asunto: Cumplimiento de la decisión de la Cumbre de Lisboa sobre las regiones ultraperiféricas

La Cumbre de Lisboa pidió a la Comisión que hiciera llegar lo antes posible al Consejo las propuestas de aplicación del informe de la Comisión relativo al apartado 2 del artículo 299 del Tratado de Amsterdam.

¿Puede la Comisión informar del calendario previsto para ello?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(27 de junio de 2000)

Se ruega a Su Señoría se refiera a las respuestas de la Comisión a las preguntas orales H-0413/00 y H-0440/00 respectivamente por el Sr. Costa Neves y el Sr. Casaca, en el turno de preguntas de la sesión de mayo 2000(1) y de junio 2000(2) del Parlamento.

(1) Debates del Europeo (mayo 2000).

(2) Debates del Europeo (junio 2000).
PREGUNTA ESCRITA E-1112/00

de Lord Inglewood (PPE-DE) a la Comisión

(11 de abril de 2000)

Asunto: Reembolso de gastos no comerciales en virtud de La ley británica sobre el IVA de 1994

¿Podría confirmar la Comisión que las disposiciones de la Ley británica sobre el IVA de 1994 para el reembolso de los gastos no comerciales de autoridades locales y organismos similares no contravienen la normativa de la Comisión?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(12 de mayo de 2000)

El reembolso del IVA pagado con cargo a los gastos de un organismo de derecho público que, de acuerdo con el apartado 5 del artículo 4 de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme(1), no tiene la calidad de sujeto pasivo, no está en contradicción con dicha Directiva.

(1) DO L 145 de 13.6.1977.
PREGUNTA ESCRITA E-1017/00

de Struan Stevenson (PPE-DE) a la Comisión

(4 de abril de 2000)

Asunto: Transferencia de excedentes de embarcaciones pesqueras de la UE a países del tercer mundo

¿Qué opina la Comisión de la actual práctica de transferir a países del tercer mundo los excedentes de embarcaciones pesqueras de los Estados miembros de la UE, habida cuenta que dicha práctica compromete seriamente la continuidad de los actuales bancos pesqueros y de las pequeñas empresas pesqueras existentes en dichos países? Hasta la fecha, la Comisión ha invertido 30 M en la reutilización de los excedentes de embarcaciones pesqueras. Dado que los recursos pesqueros de la UE están gravemente sobreexplotados a causa de la extrema eficacia de la flota comunitaria, ¿puede pensarse que es una política sensata imponer la misma amenaza a países cuyas economías dependen, aún en mayor medida, de la sostenibilidad de sus poblaciones pesqueras?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2000)

La Comisión considera que la transferencia de capacidad pesquera de los Estados miembros a países del tercer mundo debería beneficiar a ambas partes y no poner en peligro las poblaciones de peces o las actividades pesqueras que, en pequeña escala, se desarrollan en esos países.

Por ello, sólo puede concederse ayuda financiera para la transferencia de capacidad a terceros países si se cumplen las condiciones previstas en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 2792/1999, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca(1). La ayuda financiera sólo se puede conceder previo acuerdo de las autoridades competentes del tercer país considerado y siempre y cuando existan las apropiadas garantías de que no es previsible que se vayan a infringir las normas de Derecho internacional, en particular por lo que se refiere a la conservación y gestión de los recursos marinos y a las condiciones de trabajo de los pescadores.

La Comisión considera que, si se dan estas condiciones, la transferencia de buques pesqueros y la creación de sociedades mixtas puede ser beneficiosa para el desarrollo de la industria pesquera en los países del tercer mundo.

(1) DO L 337 de 30.12.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-0700/00

de James Nicholson (PPE-DE) a la Comisión

(17 de marzo de 2000)

Asunto: Reglamentaciones en materia de importaciones para las Islas Canarias

¿Puede explicar la Comisión por qué las Islas Canarias disponen de reglamentaciones para la importación de patatas de siembra certificadas que difieren de las de otras regiones de la Unión Europea, y puede así mismo indicar si las disposiciones actuales van a cambiar?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(25 de abril de 2000)

El régimen fitosanitario comunitario, establecido mediante la Directiva 77/93/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa a las medidas de protección contra la introducción en los Estados Miembros de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales(1), fue adaptado por la Directiva 94/13/CE(2) a fin de tener en cuenta la situación fitosanitaria específica de las Islas Canarias. De esta manera, se reconoció la lejanía y la insularidad de las islas y, con ello, su peculiar situación fitosanitaria, así como la necesidad de introducir disposiciones específicas en los anexos de la Directiva para la protección de las Islas Canarias.

No obstante, todavía no se ha hecho realidad la integración de las Islas Canarias en el régimen fitosanitario comunitario debido a que España aún no ha enviado una lista actualizada en la que se especifiquen los organismos nocivos que pueden afectar a las Islas Canarias y se indiquen las medidas fitosanitarias que se consideran pertinentes.

Debido a su situación geográfica excepcional, que constituye un grave obstáculo, se aplica asimismo a las Islas Canarias el Reglamento 1601/92, que es un régimen de exoneraciones de las exacciones reguladoras o los derechos de aduana aplicados a diferentes productos, incluidas las patatas de siembra certificadas, importados directamente de terceros países. Se establece cada año la cantidad de productos que tienen derecho a acogerse a este régimen, en función de las previsiones de abastecimiento.

(1) DO L 26 de 31.1.1977, modificada en última instancia por la Directiva 1999/53/CE de la Comisión, DO L 142 de 5.6.1999.

(2) DO L 92 de 9.4.1994.
PREGUNTA ESCRITA E-1252/00

de Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) a la Comisión

(14 de abril de 2000)

Asunto: Concentración de alquitrán en el tabaco comercializado en Grecia

La concentración máxima de alquitrán en los cigarrillos comercializados en el territorio de la Unión Europea está siendo armonizada a 10 miligramos. No obstante, la Comisión ha concedido a Grecia una exención a largo plazo para que pueda continuar comercializando tabaco cuya concentración en alquitrán es significativamente superior al límite máximo establecido para la UE.

Teniendo en cuenta lo expuesto, ¿podría explicar la Comisión por qué razón ha concedido a Grecia una exención relativa a la concentración de alquitrán que no es conforme con los objetivos de la UE sobre la salud pública?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(26 de mayo de 2000)

En efecto, se ha concedido a petición de Grecia una exención en el marco de la Directiva 90/239/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1990, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros respecto al contenido máximo de alquitrán de los cigarrillos(1), que permite a este país suspender la obligación de reducir a un nivel máximo de 12 miligramos (mg) el contenido de alquitrán por cigarrillo antes del 31 de diciembre de 2006. Esta exención tiene su origen en las dificultades socioeconómicas específicas de este Estado miembro.

En el contexto de la refundición de las Directivas 89/622/CEE del Consejo, de 13 de noviembre de 1989, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de etiquetado de los productos del tabaco(2), 90/239/CEE y 92/41/CEE del Consejo, de 15 de mayo de 1992, por la que se modifica la Directiva 89/622/CEE(3), propuesta por la Comisión(4) y que está siendo examinada por el Parlamento y el Consejo, la Comisión propone el mantenimiento de una exención para Grecia debido a las mismas dificultades socioeconómicas que experimenta este Estado miembro.

No obstante, es preciso señalar que, si bien se mantiene esta exención hasta la fecha del 31 de diciembre de 2006 (o seis años después de la fecha de adopción), se ha reducido el contenido máximo de alquitrán por cigarrillo a 10 miligramos (mg).

Este hecho ya figura en los considerandos de la Directiva 90/239/CEE relativa al contenido máximo de alquitrán, en la que se menciona que el tabaco cultivado en Grecia posee un elevado contenido de esta sustancia. Así pues, este Estado miembro se ve más afectado por las disposiciones de la Directiva que los demás países productores. Además, se precisaría un importante período de tiempo para cambiar estas variedades de tabaco y, por último, en Grecia se necesita una mano de obra muy intensiva para la producción del tabaco, que afecta a un gran número de familias.

(1) DO L 137 de 30.5.1990.

(2) DO L 359 de 8.12.1989.

(3) DO L 158 de 11.6.1992.

(4) COM(1999) 594 final.
PREGUNTA ESCRITA P-0439/00

de Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) a la Comisión

(11 de febrero de 2000)

Asunto: Licitación europea para un contrato suministro de colchones de gaviones a Bolivia

El 22 de noviembre de 1999 se publicó en el Sistema de Alerta TED una licitación europea (SCR-E/11095/D/S/BO) relativa al suministro de colchones de gaviones y de gaviones en Bolivia para el proyecto de protección de la ciudad de Montero contra las crecidas del río Pirai. Esta licitación se cerró el 20 de enero de 2000.

1. ¿Puede indicar la Comisión el resultado de la mencionada licitación? ¿Cuántas empresas participaron en la misma? ¿Cuántas de ellas satisficieron las condiciones de la licitación? ¿A cuál de ellas se adjudicó el contrato, a qué precio, y cuál es su nacionalidad?

2. ¿Puede indicar la Comisión por qué razón figura entre las condiciones de la licitación que el material suministrado debe contar obligatoriamente con un certificado de origen de un país de la UE, de Mercosur, del Pacto Andino, o de Bolivia o Chile? ¿Se ajusta esta condición a las normas aplicables a las licitaciones europeas?

3. ¿Puede ofrecer la Comisión una relación de los resultados de todas las licitaciones para el suministro de gaviones y de colchones de gaviones en el marco de los programas de desarrollo de la UE en Bolivia y en los restantes países sudamericanos desde 1992?

4. ¿Puede indicar la Comisión con cargo a qué línea presupuestaria se financia el mencionado proyecto?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(9 de marzo de 2000)

1. Hay que tener en cuenta que la autoridad adjudicadora responsable de recibir y evaluar las ofertas es Searpi y no la Comisión. Los resultados de la licitación no están disponibles todavía. La sesión de apertura de la licitación tuvo lugar el 20 de enero de 2000 y, hasta la fecha, el beneficiario no ha presentado el informe de evaluación con los resultados del examen de las ofertas y la propuesta de adjudicación de contrato para que la Comisión dé su aprobación.

2. De acuerdo con las normas comunitarias de contratación pública relacionadas con la ayuda exterior todos los suministros deben ser originarios de los países, según viene definido en las condiciones especiales, artículo I del expediente de licitación (Estados miembros, Bolivia, Pacto Andino, MERCOSUR y Chile). De acuerdo con el apartado 4 del artículo XIV el licitador debe indicar el origen de los suministros. El licitador debe presentar el certificado de origen a la autoridad adjudicadora cuando los suministros lleguen al país de destino (artículo 1.10 de la parte C anexo técnico).

3. No se dispone de estadísticas tan detalladas.

4. Línea presupuestaria B7-310.
PREGUNTA ESCRITA E-1254/00

de Armando Cossutta (GUE/NGL) al Consejo

(27 de abril de 2000)

Asunto: Asesinato de la abogada irlandesa Rosemary Nelson

El 15 de marzo del año pasado, la abogada Rosemary Nelson murió como consecuencia de las heridas que le produjeron en un atentado, al explotar una bomba que había sido colocada debajo de su automóvil.

Pocos meses antes, la Sra. Nelson había comparecido ante la Secretaría para los derechos humanos de Washington, y había denunciado las amenazas de muerte y la violencia verbal y física de la que había sido objeto en dicha ciudad por parte de algunos agentes de la policía de Irlanda del Norte, la RUC, identificados con nombres y apellidos, por su fama de abogada del IRA. De un informe publicado por el comité British-Irish Right Watch se desprende que el Gobierno británico también tenía conocimiento de las amenazas a la Sra. Nelson.

1. ¿Considera el Consejo que el Gobierno británico ha cometido un error al no incluir a la Sra. Nelson en sus programas de protección?

2. ¿Cree el Consejo que es necesaria la máxima transparencia en la investigación del asesinato, que, al parecer, se ha asignado a la propia RUC?

3. ¿Cree el Consejo que debe solicitar al Gobierno británico que abra inmediatamente una investigación sobre el homicidio?

Respuesta

(26 de junio de 2000)

Las preguntas de Su Señoría se refieren a materias que no son competencia del Consejo.