PREGUNTA ESCRITA E-0656/97 de Wilfried Telkämper (V) a la Comisión (6 de marzo de 1997)

Asunto: Supresión de 340.000 ecus para la Academia Mexicana de Derechos Humanos

Según informaciones publicadas en la prensa mexicana (Reforma de 18.1.1997), la Comisión ha retirado la financiación de un proyecto debido a la gran presión ejercida por el actual Gobierno mexicano. Se trata de 340.000 ecus destinados a la Academia Mexicana de Derechos Humanos, que tenía previsto observar las próximas elecciones en Ciudad de México en lo relativo a los costes de las campaña electoral, la compra de votos y las emisiones de votos. Son miembros de la Academia de Derechos Humanos, entre otros:

- S. Aguayo, fundador de Alianza Cívica, una de las mayores ONG de México,

- M. Conche, prior de la orden de Santo Domingo,

- R. Stavenhagen, etnólogo norteamericano y miembro del Colegio de México,

- C. Fuentes, escritor mexicano de renombre internacional y

- M. Cuéllar, ministro de Justicia,

así como embajadores, obispos, periodistas y políticos de todas las tendencias.

¿Cómo justifica la Comisión su retirada? ¿No considera que es un gesto equivocado, incluso peligroso, a la vista de las actuales negociaciones para la celebración de un nuevo acuerdo con México, ya que este país se ha negado rotundamente hasta ahora a aceptar la cláusula habitual sobre el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos como elemento esencial de dicho acuerdo?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión (3 de abril de 1997)

La Comisión agradece a Su Señoría el interés mostrado por el proyecto en favor de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

En 1996, la Comisión decidió conceder una ayuda financiera de 340 000 ecus a la Academia, organismo no gubernamental, independiente y de prestigio internacional, con el fin de aplicar un programa de formación cívica en las primeras elecciones para gobernador de la capital del país (previstas para julio de 1997). La finalidad de esta acción era coherente con los objetivos enunciados por el Presidente Zedillo en la presentación del segundo informe de su Gobierno ante el Congreso mexicano, en septiembre de 1996.

Sin embargo, las autoridades mexicanas expresaron en reiteradas ocasiones su firme oposición a esa ayuda de la Comisión y manifestaron que, en su opinión, el Acuerdo de cooperación de 1991 carece de fundamento jurídico para la realización de iniciativas de cooperación de este tipo.

La Comisión lamenta profundamente, por supuesto, esta actitud negativa, que impidió la continuación de este proyecto, y así lo ha hecho saber a las autoridades mexicanas.

Por lo que se refiere a la negociación de un nuevo acuerdo con México, el 25 de junio de 1996 aprobó el Consejo unas directrices de negociación, sobre la base de una propuesta de la Comisión, que prevén la inclusión de las cláusulas relativas a los derechos humanos y la democracia. La inclusión de estas cláusulas es coherente con el planteamiento formulado en la Comunicación de la Comisión sobre la consideración del respeto de los principios democráticos y los derechos humanos en los acuerdos de la Comunidad con terceros países, aprobada por el Consejo en mayo de 1995.

La Comisión otorga una importancia primordial a las cláusulas relativas a los derechos humanos y la democracia como fundamento de un futuro acuerdo con México, al igual que en todo acuerdo con terceros países.