PREGUNTA ESCRITA E-0360/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(12 de febrero de 2003)

Asunto: Plan urbano de Roma

El 18 de junio de 2002, el Concejo municipal de Roma aprobó el nuevo Plan urbano general (PRG) que, en lugar de representar una ocasión para la rehabilitación y el saneamiento urbanos, se presenta como el enésimo episodio de explotación del territorio y de daños al medio ambiente. Este plan prevé una extensión de la superficie construida del 20 %, lo que requerirá 70 millones de metros cúbicos de cemento, infringiendo así la regla de proporcionalidad entre superficie construida y población, sin respetar tampoco la relación fomento de la edificación/predisposición de servicios. De hecho, la población de la capital asciende a 2,4 millones de habitantes (censo de 2001) y no a los 5 millones que indicaba el plan urbano general. No obstante, no se prevé una habilitación adecuada de infraestructuras ya insuficientes, tales como un sistema de desagüe, canalizaciones, suministro de agua, iluminación o transporte urbano. El aspecto más preocupante parece ser la urbanización salvaje de zonas de la periferia de la ciudad y la adquisición, con dicha finalidad, de amplias zonas del agro romano, con el consiguiente deterioro del patrimonio histórico-arqueológico, del medio ambiente y de la agricultura. A la proliferación de esta fiebre especulativa de la construcción, deben añadirse los restos del ya existente Plan urbano de aparcamientos (PUP) que, por sus graves repercusiones para el medio ambiente, ha sido objeto de una pregunta formulada con anterioridad por la misma autora (25 de julio de 2000) y de la correspondiente respuesta de la Comisión (P-2518/00(1)), en la que se subrayaba precisamente la necesidad de tener suficientemente en cuenta los posibles efectos acumulativos de los diferentes proyectos. A este respecto, y a la luz de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia (entre otros, en los Asuntos C 319/01 Comisión contra Bélgica, y C 348/01 Comisión contra Francia), cabe destacar que, en Roma, está en curso otro plan de elevado riesgo para el medio ambiente, concretamente un plan de tráfico urbano (PGTU). La consulta de los ciudadanos y la participación de los mismos que, de conformidad con el apartado 7 del artículo 3 y con el apartado 5 del artículo 6 de la Directiva 2001/42/CE(2), deberían intervenir en todo momento, junto con las autoridades designadas, en todo lo relacionado con las decisiones en materia del impacto ambiental, representan otra irregularidad del Plan urbano general. Por el contrario, los municipios de Roma han recibido los detalles de este proyecto 10 días después de su aprobación, disponiendo tan sólo de pocas semanas para examinarlo, formular propuestas y someter dicho Plan urbano a la oportuna reflexión y al pertinente debate.

En vista de lo anteriormente expuesto, así como a la luz del reciente proyecto común (PE-CONS 3667/2002) de modificación de la Directiva 90/313/CEE(3), aprobado por el Comité de Conciliación con fecha de 8 de noviembre de 2002, se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Considera que la evaluación del impacto ambiental relativo al Plan urbano general presenta notables irregularidades?

2. ¿No considera que se infringen las normas relativas a la información y a la consulta pública?

3. ¿Qué opina la Comisión de este asunto?

(1) DO C 103 E de 3.4.2001, p. 170.

(2) DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.

(3) DO L 158 de 23.6.1990. p. 56.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(14 de marzo de 2003)

La información aportada por Su Señoría no permite determinar si el Plan regulador general de Roma puede considerarse un proyecto con arreglo a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1), modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997(2) (Directiva EIA). Por consiguiente, se remite a Su Señoría a la anterior respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-3921/2002 formulada por la Sra. Angelilli(3).

Por lo que respecta a los posibles efectos acumulativos de los distintos proyectos, ha de subrayarse que estos no son pertinentes cuando la Directiva EIA no es de aplicación.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.

(2) DO L 73 de 14.3.1997.

(3) DO C 222 E de 18.9.2003, p. 129.