PREGUNTA ESCRITA E-2499/97 de Nana Mouskouri (PPE) a la Comisión (18 de julio de 1997)

Asunto: Reconocimiento de la formación profesional - Directiva 92/51/CEE

¿Podría la Comisión facilitar datos sobre el grado de incorporación en la legislación griega de la Directiva 92/51/CEE ((DO L 209 de 24.7.1992, p. 25. )) del Consejo relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE ((DO L 19 de 24.1.1989, p. 16. )), así como de las Directivas de la Comisión que la modifican, a saber, 94/38/CEE ((DO L 217 de 23.8.1994, p. 8. )) y 95/43/CEE ((DO L 184 de 3.8.1995, p. 21. )), dado que el retraso en la incorporación de estas directivas menoscaba el derecho a la libre circulación de personas y servicios dentro de la Unión?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (22 de septiembre de 1997)

La Comisión es consciente de las dificultades que subsisten en Grecia en materia de reconocimiento de los títulos obtenidos en otro Estado miembro, hecho que deplora profundamente y que la ha llevado a no escatimar esfuerzos para resolver el problema. Esta institución reconoce que, como subraya Su Señoría, esta lamentable situación menoscaba el derecho a la libre circulación de personas en la Comunidad. La Comisión recibe regularmente numerosas denuncias interpuestas por ciudadanos comunitarios lesionados, especialmente ante la Comisión de Peticiones. La mayoría de los denunciantes son, por otra parte, ciudadanos griegos que han adquirido sus cualificaciones en otro Estado miembro.

Se ha puesto en marcha una serie de actuaciones, empleando especialmente el procedimiento de infracción, con el fin de que Grecia cumpla las obligaciones que emanan del Tratado, de las Directivas y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Por lo que se refiere a la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, la falta de adopción, en el plazo establecido, de medidas nacionales de incorporación ha dado lugar a un procedimiento de infracción que ha culminado en una sentencia del Tribunal de Justicia por la que se condena a Grecia (sentencia de 23 de marzo de 1995; asunto C-365/93 Comisión/Grecia). Según el Tribunal, Grecia debería haber adoptado las medidas de derecho interno necesarias para conformarse a esta Directiva y, por consiguiente, habría debido designar a un servicio administrativo competente para la instrucción de las solicitudes de reconocimiento. No obstante, este incumplimiento por parte de Grecia, constatado por el Tribunal de Justicia, no justifica que las autoridades nacionales no cumplan las obligaciones que emanan de esta Directiva, dado que ésta confiere a los particulares derechos que pueden ejercer en cualquier Estado miembro. En términos generales, el hecho de que un Estado miembro no incorpore unas determinadas disposiciones en los plazos fijados no puede, en ningún caso, sustraerle de las obligaciones que le incumben en aplicación de tales disposiciones. La Comisión acaba de remitir un dictamen motivado en aplicación del artículo 171 del Tratado CE.

Por lo que se refiere a la Directiva 92/51/CEE, que ha completado la Directiva 89/48/CEE, también se está tramitando un procedimiento de infracción por no haber sido incorporada al derecho nacional. En caso de que Grecia no regularice rápidamente la situación, la Comisión someterá el asunto al Tribunal de Justicia, como también lo hará en relación con la Directiva 94/38/CE. No se ha comunicado a la Comisión ninguna medida de incorporación de la Directiva 95/43/CE, en relación con la cual también se está tramitando un procedimiento. Es importante subrayar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase la sentencia de 19 de noviembre de 1991 dictada en los asuntos acumulados C-6/90 Francovich/República italiana y C-9/90 Bonifaci/República italiana), los Estados miembros están obligados a resarcir a los particulares de los daños causados por las infracciones al Derecho comunitario que les son imputables. Por consiguiente, si un Estado miembro infringe el Derecho comunitario, el ciudadano lesionado podrá proceder ante un órgano jurisdiccional nacional con objeto de obtener reparación de los perjuicios que se le hayan causado.

Este principio, consagrado por la sentencia Francovich, fue reiterado y precisado por el Tribunal en su sentencia de 5 de marzo de 1996 (asuntos acumulados C-46/93 Brasserie du pêcheur SA y C-48/93 Factortame Ltd. e.a.). En esta sentencia, el Tribunal sostuvo que el Derecho comunitario reconoce el derecho a resarcimiento cuando se cumplen tres condiciones: que la norma de derecho infringida confiera derechos a los particulares; que la infracción esté suficientemente tipificada y que exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado miembro y el perjuicio sufrido por las personas lesionadas.

Paralelamente a los procedimientos en curso, se mantienen contactos con las autoridades griegas para tratar de resolver los casos de personas a las que las autoridades competentes hayan denegado el reconocimiento.