PREGUNTA ESCRITA E-2088/02

de Bob van den Bos (ELDR) a la Comisión

(12 de julio de 2002)

Asunto: Esclavitud

A finales de mayo, la comisión europeo-estadounidense de investigación instituida por el Presidente Bush y compuesta por destacadas personalidades publicó un informe muy revelador sobre la situación en el Sudán. En él, la comisión acusa al Gobierno de Jartún de favorecer la práctica de la esclavitud. El fenómeno del comercio de esclavos se manifiesta en numerosos países africanos, pero también son culpables de él, por ejemplo, los Estados islámicos del Golfo y determinados países del Cáucaso y del Sureste asiático.

1. ¿Está al corriente la Comisión del contenido del mencionado informe? ¿Qué conclusiones políticas extrae del mismo?

2. ¿Tiene conocimiento la Comisión de prácticas de esclavitud en los países ACP? En caso afirmativo, ¿qué política pone en práctica para eliminarlas?

3. ¿Qué sanciones se reserva la Comisión para el caso de que no se logren resultados en este sentido en los países ACP en los que se hayan detectado prácticas de esclavitud?

Respuesta del Sr. Nielson, en nombre de la Comisión

(24 de septiembre de 2002)

La Comisión fue informada de que un grupo internacional de personalidades eminentes, en el marco de la misión del senador J. Danforth, enviado del presidente de los Estados Unidos para la paz en Sudán, se encargó de examinar la situación en Sudán en lo que se refiere a las prácticas de esclavitud, secuestro y trabajos forzados. La Comisión tiene conocimiento de que dicho grupo elaboró un informe que había de ser examinado tanto el senador como por la propia administración americana para una eventual adopción de medidas. Aunque la Comisión no participó ni en la preparación del informe ni en la posible ejecución de las medidas, considera que el informe constituye una herramienta muy útil para una mejor comprensión de estos asuntos muy delicados. Además, como fue sugerido por el grupo, es necesario llevar a cabo investigaciones y análisis más en profundidad incluso en el caso de que se llegue a una solución pacífica. La Unión ha subrayado firmemente su oposición a las formas modernas de esclavitud, por ejemplo del ámbito de la sesión número 58 de la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas (CDH). En su resolución sobre Sudán comunicada en la última reunión de dicha comisión también manifestó su preocupación en lo relativo a las consecuencias de las prácticas de trabajos forzados.

El Informe anual de la Unión sobre derechos humanos (2001) aborda la cuestión de la esclavitud en la sección relativa al tráfico de seres humanos y apunta diversas iniciativas tomadas por la Unión para combatir tales prácticas. Además, el artículo 5 de la Carta de los derechos fundamentales, proclamada por la Unión en Niza, en diciembre de 2000, prohibe explícitamente la esclavitud y los trabajos forzados.

La Comisión tiene conocimiento de la existencia de prácticas de esclavitud en los estados de África, Caribe y el Pacífico (ACP). Siempre que resulta posible, se intenta abordar esta cuestión con las autoridades de dichos países. Sin embargo, también se actúa a través del apoyo a las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. El acuerdo de Cotonú prevé una nueva base para la discusión de estas cuestiones (artículo 8) que debería usarse en el futuro. Además, el acuerdo de Cotonú aporta mecanismos para su aplicación en los casos de violación de derechos humanos y del Estado de Derecho en un país dado.

La Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (capítulo B7-7 del presupuesto comunitario) ha aportado financiación a los proyectos que se ocupan de los temas del tráfico, el trabajo infantil y la esclavitud. Por ejemplo, en el presupuesto de 2001, se asignaron 1 252 375 EUR para promover los derechos de los niños y combatir el tráfico de niños, las formas modernas de esclavitud y la explotación de menores en Gabón, Benín, Togo y Nigeria. Este apoyo sirve de complementar la asistencia que se canaliza a través de los programas específicos de cada país.

En lo que se refiera la cooperación con el África central, en el actual ejercicio de programación del 9o Fondo de Desarrollo Europeo obviamente se han analizado las cuestiones de la prevención de conflicto y el tráfico de seres humanos. Está previsto prestar apoyo a través de acciones específicas en estas áreas.

La cláusula de derechos humanos, que se incluye en todos los acuerdos de cooperación entre la comunidad y terceros países, define el respeto de los derechos humanos como un elemento esencial del acuerdo. Las principales normas mínimas laborales, expuestas en las ocho convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo (OMT) (incluyendo las referentes a los trabajos forzados y el trabajo infantil) caen dentro del ámbito de esta cláusula, que constituye una base para abordar estas preocupaciones con los países terceros y que prevé los procedimientos a adoptar (incluyendo en última instancia la suspensión del acuerdo de cooperación) en caso de violaciones persistentes de los derechos humanos.