PREGUNTA ESCRITA E-3423/97 de Pedro Marset Campos (GUE/NGL) a la Comisión (31 de octubre de 1997)

Asunto: Coacciones a familias gitanas para el desalojo de viviendas en el barrio de San Pío X de Murcia (España)

El Ayuntamiento de Murcia (España) ha previsto la demolición de viviendas, algunas de ellas habitadas por varias familias gitanas, en el marco de un plan de reestructuración del barrio San Pío X en Murcia (España).

En el mes de abril de 1997, el Ayuntamiento de Murcia procedió a cortar el suministro de luz y agua en estas viviendas así como el una fuente pública lo que supone un grave incumplimiento de la obligación municipal a garantizar el abastecimiento público de agua. Sin previo aviso a los afectados, se procedió a comunicar por la prensa, con un día de antelación el desalojo y demolición de las viviendas. Dicha actuación se paralizó mediante dictamen de suspensión provisionalísima de los tribunales.

Tras ser rechazada la propuesta realizada por el Concejal de Urbanismo, se produjeron amenazas y coacciones a los ocupantes de las viviendas aludiendo a hacerse cargo de los menores que habitaban esas viviendas. Las amenazas se vieron materializadas elevándose al Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia (ISSORM) la propuesta de inspección de las condiciones de vida de las ocho familias gitanas y de tutela para el caso en que fuera necesario. Los servicios sociales del Ayuntamiento conocían la situación de estas familias desde hace ya casi dos años, resultando incomprensible la razón por la que esta medida, si debiera adoptarse, no se ha adoptado antes.

Teniendo en cuenta que, como consecuencia de estas actuaciones, todas las familias gitanas ocupantes de las viviendas se han sentido amenazadas, coaccionadas y atemorizadas:

1. ¿No estima la Comisión que deben las autoridades españolas velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el Tratado sobre protección de los derechos e intereses de los nacionales de los Estados miembros?

2. Teniendo en cuenta la actuación de la Administración local con respecto a los niños gitanos ¿en qué medida estima la Comisión que se están vulnerando los derechos de los menores en un caso de desalojo de viviendas como el que nos ocupa?

3. ¿Estima la Comisión que es compatible esta actuación de la Administración española con la lucha contra la exclusión social tal como se estipula en el Tratado? ¿Piensa la Comisión llevar a cabo alguna actuación a este respecto?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (4 de diciembre de 1997)

Su Señoría plantea el problema de la vivienda en el barrio murciano de San Pío X como consecuencia del plan urbanístico de reestructuración que ha previsto el Ayuntamiento de Murcia para dicho barrio. El Tratado CE no hace referencia a la política de la vivienda, cuestión que no compete a la Comisión, sino a los distintos Estados miembros. Así pues, los problemas relacionados con la vivienda y el alojamiento deben tratarse en el marco de las políticas nacionales de dichos Estados miembros.

Sin embargo, la Comisión apoya enérgicamente la defensa y promoción de los derechos sociales individuales y celebra que los Estados miembros hayan renovado su compromiso en materia de derechos sociales fundamentales, tanto en el preámbulo como en el artículo 117 del Tratado de Amsterdam. En efecto, en el artículo 117 de dicho Tratado, «la lucha contra las exclusiones» aparece como uno de los seis objetivos de la política social europea. Por su parte, el apartado 2 del artículo 118 del nuevo Tratado establece la posibilidad de estrechar, mediante el desarrollo de acciones, la colaboración entre los Estados miembros para promover el intercambio de experiencias y luchar así contra la exclusión social. La Comisión estudia en la actualidad las posibilidades que ofrece el Tratado de Amsterdam en cuanto a las propuestas para la adopción de nuevas medidas en el ámbito de la exclusión social, una vez dicho Tratado haya sido ratificado por los Estados miembros y entre en vigor.

La exclusión social constituye un problema polidimensional, cuyas manifestaciones más evidentes son, posiblemente, la precariedad de la vivienda y las personas sin hogar. En su próxima acción para combatir la exclusión social, la Comisión tendrá en cuenta los problemas de exclusión en el contexto de la vivienda, así como los demás factores que contribuyen a la exclusión social.

La cuestión planteada por Su Señoría acerca de la protección de los derechos del niño relacionados con las políticas de la vivienda, tampoco compete a la Comisión. Sin embargo, dicha institución subraya la ratificación, por todos los Estados miembros, de la Convención de los Derechos del Niño de 1989.