PREGUNTA ESCRITA P-1025/99

de Rinaldo Bontempi (PSE) a la Comisión

(7 de abril de 1999)

Asunto: Cierre de fronteras ante una manifestación pacífica

La noche del 27 de marzo de 1999, aproximadamente 2000 jóvenes que intentaban llegar a París para manifestar su apoyo a la lucha de los sans papiers fueron bloqueados en la frontera franco-italiana (Ponte San Luigi) por la policía francesa en pie de guerra. Más allá de la evidente desproporción entre el despliegue de fuerzas y la naturaleza y objetivos de la iniciativa del grupo de jóvenes que sólo pretendían ejercer el derecho democrático de manifestarse en el nuevo espacio sin fronteras, lo cierto es que se ha violado el artículo 8 A del Tratado.

En segundo lugar, el uso preventivo de las excepciones previstas en el Convenio Schengen (que, entre otras cosas, prevé el refuerzo de la cooperación entre Francia e Italia) por razones de orden público, resulta desproporcionado ante una manifestación supuestamente pacífica.

1. ¿No piensa la Comisión que se trata de una violación evidente de los principios de libertad de circulación y de libertad de expresión?

2. ¿Qué piensa hacer la Comisión para evitar que se repitan situaciones de este tipo, que impiden la realización de la libertad de circulación y de manifestación dentro del espacio único europeo?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(5 de mayo de 1999)

Los ciudadanos de la Unión tienen derecho a circular libremente en el territorio de los Estados miembros. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto: el artículo 18 del Tratado CE (ex artículo 8a) confiere este derecho "a reserva de las limitaciones y condiciones previstas por el presente Tratado y por las disposiciones tomadas para su aplicación". Tales limitaciones pueden justificarse por razones de orden público o seguridad pública(1). Estas razones de orden público o seguridad pública pueden alegarlas las autoridades de los Estados miembros a la entrada en su territorio(2). En cumplimiento de las disposiciones de la Directiva 64/221/CEE(3), un Estado miembro puede por tanto rechazar en sus fronteras a un ciudadano de otro Estado miembro cuando considere que este ciudadano presenta una amenaza seria, actual y real para su orden o seguridad públicos.

Lo que precede es válido para las personas contempladas por la pregunta de Su Señoría siempre que sean beneficiarias del Derecho comunitario en cuanto a libre circulación de personas. Hasta ahora, el Derecho comunitario no confiere tal derecho a la libre circulación a los nacionales de países terceros aunque estuvieran legalmente presentes en el territorio de un Estado miembro excepto en el caso específico de miembros de la familia que acompañan a un ciudadano de la Unión. Sin embargo el Convenio de Schengen confiere a los nacionales de países terceros legalmente presentes en el territorio de los Estados miembros que lo aplican el derecho a permanecer en los demás Estados miembros en cuestión si las estancias no superan los tres meses. Ahora bien, este mismo convenio de Schengen permite asimismo ciertas limitaciones a este derecho a viajar, limitaciones justificadas por razones de orden público y seguridad nacional, y que no desaparecen con la integración del acervo de Schengen en la Unión.

(1) Véase, en particular, el apartado tercero del artículo 39 del Tratado CE (ex artículo 48 (3)).

(2) Véase el apartado primero del artículo 2 de la Directiva no64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en cuanto a desplazamiento y residencia justificadas por razones de carácter público, seguridad y salud Pública, DO L 56 de 4.4.1964.

(3) Véase el apartado primero del artículo 2 de la Directiva no64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en cuanto a desplazamiento y residencia justificadas por razones de carácter público, seguridad y salud Pública, DO L 56 de 4.4.1964.