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PREGUNTA ESCRITA E-1180/96 de James Provan (PPE) a la Comisión (15 de mayo de 1996)

Asunto: La deuda de los países en desarrollo

¿Piensa la Comisión examinar propuestas para reducir el coste de la deuda internacional a que se enfrentan numerosos países en desarrollo, de modo que puedan financiarse programas de asistencia sanitaria y educación y que se permita el inicio de un desarrollo económico?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión (17 de junio de 1996)

La Comisión está preocupada por la deuda a la que tienen que hacer frente muchos países en vías de desarrollo y en especial los países fuertemente endeudados. Su deuda puede considerarse un obstáculo para el desarrollo, puesto que el servicio de esta deuda absorbe una gran parte de los escasos recursos presupuestarios. La Comisión sigue de cerca la situación de la deuda de los países ACP y tiene un gran interés por la reciente propuesta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para aliviar aún más la deuda de los países pobres fuertemente endeudados para los que la deuda resulta insostenible.

La Comunidad se esfuerza en diversos foros internacionales por obtener una consideración más sistemática de los problemas de la deuda de los países en vías de desarrollo y ha tomado ya medidas para reducir la de los Estados ACP. Desde Lomé IV, toda ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo, excepto el capital de riesgo, se da en forma de subvención. Además, durante la revisión intermedia de Lomé IV, la Comunidad reafirmó su voluntad de contribuir constructiva y activamente al alivio de la deuda de los Estados ACP y decidió transformar en subvenciones todos los préstamos especiales, de conformidad con los convenios previos, todavía no comprometidos. Así pues, otros 150 MECU se destinaron a estos países en forma de subvención.

En términos más generales, es importante movilizar y mantener flujos de ayuda a los países endeudados pero sin detraerlos de los recursos para otros países en vías de desarrollo. La Comunidad es un gran donante de ayuda al desarrollo de muchos de los PVD endeudados. A través de su ayuda de desarrollo y su apoyo al ajuste estructural en especial, la asistencia técnica y su diálogo político con los países en vías de desarrollo, la Comunidad apoya los esfuerzos de estos países para emprender reformas económicas con objeto de lograr el crecimiento y el desarrollo continuos. En su apoyo al ajuste estructural la Comunidad pone un gran énfasis en el apoyo a los gastos sanitarios y de educación y el 70% de los fondos de contrapartida del apoyo comunitario al ajuste estructural se canalizan a estos sectores.
PREGUNTA ESCRITA E-0744/96 de Josu Imaz San Miguel (PPE) a la Comisión (26 de marzo de 1996)

Asunto: Descartes provocados por la flota de arrastre pelágico

Las recientes declaraciones de la científica francesa Anne Collet, directora del Instituto Científico de los mamíferos marinos en La Rochelle, en el periódico Sud-Ouest en febrero de 1996 han sembrado la alarma sobre la importancia de los descartes de la flota de arrastre pelágico en el Golfo de Bizkaia. Las declaraciones muestran indicios sobre la existencia de una alta mortandad de mamíferos derivada de estas artes.

¿Conoce la Comisión el contenido de las declaraciones de la Sra. Collet?

¿Trabaja la Comisión en la investigación y recopilación de los resultados de los descartes de pesca, más particularmente aquellos provocados por el arrastre pelágico en el Golfo de Bizkaia?

¿En ese caso, dispone la Comisión de datos cuantitativos relativos al nivel de descartes de esta flota? ¿Podría aportar la Comisión los resultados de estos descartes a los diputados, en el supuesto de conocer esos datos?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (7 de mayo de 1996)

La Comisión tiene conocimiento de estas declaraciones a la prensa. La Comisión también tiene conocimiento de los resultados de varios estudios realizados sobre los efectos que algunos artes de pesca tienen sobre los mamíferos marinos y ha tomado una serie de iniciativas (tanto científicas como reguladoras) para promover la realización de estudios de estos efectos y, en algunos casos particulares en los que hay datos científicos disponibles, para prohibir ciertas prácticas de pesca.

En este contexto, la Comisión preparó un informe sobre el análisis de los efectos biológicos de la pesca y, posteriormente, una comunicación al Consejo sobre el mismo tema ((COM(95)40 final. )) en la que afirma que no hay todavía pruebas científicas claras sobre las repercusiones de la pesca en animales mamíferos, por lo que decide apoyar primero varias investigaciones relativas a este aspecto. La Comisión de Pesca del Parlamento ha discutido este tema detenidamente y presentado un informe ((Informe Langenhagen - A4-0006/96. )) adoptado en sesión plenaria el 16 de febrero de 1996 ((DO C 65 de 4.3.1996. )).
PREGUNTA ESCRITA E-1023/96 de David Thomas (PSE) a la Comisión (3 de mayo de 1996)

Asunto: Adquisiciones transfronterizas

De conformidad con el Acta Única Europea, el 1 de enero de 1993 se procedió a la armonización de los impuestos indirectos. El incremento de las adquisiciones transfronterizas, especialmente en Suecia, Finlandia, Irlanda y el Reino Unido, ha ocasionado distorsiones del mercado. ¿Qué medidas va a adoptar la Comisión para reducir dichas distorsiones?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (3 de junio de 1996)

El artículo 99 del Tratado CE prevé la armonización de la fiscalidad indirecta «en el grado en que sea necesaria tal armonización para asegurar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior». En 1987, como parte de su preparación para el mercado interior, la Comisión propuso tipos de derechos completamente armonizados para las tres principales categorías de mercancías imponibles, es decir, los aceites minerales, el alcohol y los productos del tabaco. Este planteamiento fue rechazado por el Consejo, al igual que un planteamiento revisado basado en derechos mínimos y derechos indicativos. El Consejo, en última instancia, adoptó únicamente los índices mínimos, que se fijaron en niveles muy bajos. Como era evidente que en un mercado interior los particulares tendrían libertad para realizar compras donde eligieran, se esperaba entonces que las fuerzas del mercado entrarían en un proceso de convergencia de derechos. Se debe debatir si los posteriores cambios en la localización de las compras son una consecuencia desagradable o un efecto legítimo del establecimiento de un mercado interior. Debería también señalarse que esos cambios en las pautas de compra han sido limitados en el caso de Finlandia y Suecia puesto que negociaron excepciones que les permiten temporalmente imponer restricciones cuantitativas a la cantidad de productos sujetos al pago de derechos que pueden los ciudadanos de estos países traer de otros Estados miembros.

Las directivas pertinentes exigen la revisión de los índices mínimos cada dos años, teniendo en cuenta el mercado interior, el valor real de los tipos de derechos y otros objetivos más amplios del Tratado. El primero de este tipo de estudios no dio lugar a propuestas, sino que condujo a un proceso importante de consulta con las administraciones, los representantes de sectores comerciales y otros grupos de interés. Este proceso, que está a punto de concluir, se propone analizar los diversos objetivos políticos que pueden ser pertinentes para la política de impuestos especiales sobre el consumo en el futuro. El Parlamento mismo toma parte en este proceso, y se espera en breve su contribución.

Después del proceso de consulta, la Comisión elaborará sus conclusiones y propuestas para la futura política de impuestos indirectos sobre el consumo, mediante la realización de la próxima revisión de los derechos mínimos que está programada para finales del presente año.
PREGUNTA ESCRITA E-1113/96 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) a la Comisión (13 de mayo de 1996)

Asunto: Apoyo a las PYMES

¿Qué iniciativas ha pensado presentar la Comisión recomendando la simplificación de determinados trámites administrativos para incentivar y favorecer la instalación y apertura de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)?

Respuesta del Sr. Papoutsís en nombre de la Comisión (20 de junio de 1996)

La Comisión, consciente del volumen de las cargas administrativas que pesan sobre las empresas, constituyó en diciembre de 1994 un Comité para la mejora y simplificación del entorno empresarial, compuesto por representantes de los Estados miembros y las empresas. Dicho Comité se encarga de llevar a cabo intercambios de mejores prácticas e ideas innovadoras que permitan aliviar las cargas reglamentarias y administrativas, con objeto de fomentar la mejora de las prácticas de los Estados miembros en los ámbitos fiscal, jurídico, social, administrativo y estadístico.

El primer tema seleccionado por el Comité fue la creación de nuevas empresas. Es notorio, en efecto, que en muchos Estados miembros no es fácil poner en marcha una nueva empresa, dado que las formalidades administrativas son múltiples y complejas. Por otra parte, varias reglamentaciones, especialmente en los ámbitos fiscal, contable y social, como por ejemplo las relacionadas con la contratación de un empleado, pueden desanimar al nuevo empresario. Para efectuar un intercambio de mejores prácticas entre Estados miembros, el Comité organizó un primer foro en París, en junio de 1995. Seguidamente se llevaron a cabo una serie de trabajos con expertos para identificar medidas concretas de simplificación que sería conveniente aplicar en los Estados miembros.

Esos ejemplos de mejores prácticas serán objeto de una comunicación de la Comisión y podrán actuar como referencia para todos los interesados en la simplificación de las formalidades relacionadas con la creación de empresas. De la acción concertada con los Estados miembros y los representantes de las empresas se deduce, en efecto, que es importante adoptar medidas concretas en este ámbito y que el intercambio de información entre Estados miembros es muy útil a tal efecto.

La Comisión seguirá fomentando la aplicación de programas de simplificación en los Estados miembros. Espera, ante todo, suscitar un cambio de mentalidad en las relaciones entre las autoridades públicas y las pequeñas y medianas empresas. Se trata de un elemento muy importante para las empresas y, concretamente, para las nuevas empresas, cuyo papel es fundamental para la creación de empleo.
PREGUNTA ESCRITA E-1153/96 de André Sainjon (ARE) a la Comisión (15 de mayo de 1996)

Asunto: Acuerdo OCDE sobre la construcción naval

La quiebra del astillero alemán Bremer Vulkan lleva a las autoridades de este país a recapitalizar los tres astilleros navales del grupo Bremer Vulkan situados en la región de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, por un importe de al menos 1.000 millones de marcos alemanes, a la espera de tener que adoptar quizá la misma medida por lo que respecta a los centros de Bremen y Bremerhaven.

Tras las quiebras belgas y danesas, ¿no considera la Comisión que las ayudas estatales a este sector son indispensables y que, por consiguiente, nunca se aplicará totalmente el acuerdo OCDE? ¿No deberá la Comisión tomar nota de ello y restablecer una política europea digna de este nombre que sitúe al empleo en el primer nivel de las prioridades?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (10 de junio de 1996)

En primer lugar, la Comisión desea aclarar que aún no ha sido informada por las autoridades alemanas de sus intenciones en lo que respecta al futuro apoyo a los astilleros en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, que pertenecían al grupo Bremer Vulkan, o a los propios astilleros Bremer Vulkan, situados en el estado federado de Bremen.

La Comisión es consciente de la difícil situación que experimentan muchos astilleros comunitarios; no obstante, considera que las quiebras y crisis financieras de los astilleros en Alemania, Bélgica y Dinamarca, a los que hace referencia Su Señoría, no estuvieron provocadas por el acuerdo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre construcción naval.

La Comisión está convencida de que este acuerdo, alcanzado tras cinco años de intensas negociaciones entre los principales representantes de los mercados de construcción naval del mundo, es bastante equilibrado y plenamente satisfactorio a ojos de la Comunidad. No sólo establecerá normas comunes aplicables a todo tipo de ayudas estatales, sino que, en respuesta a las preocupaciones expresadas por la industria europea de la construcción naval, introduce reglas antidumping por vez primera en este sector. Gracias a ello, la Comisión podrá intervenir contra la fijación de precios abusivos, fenómeno que reviste especial importancia ante el persistente exceso de capacidad productiva que registra la Comunidad.

En las negociaciones del acuerdo han pesado mucho consideraciones relativas al empleo y de carácter social; por tanto, también es importante para asegurar a largo plazo el empleo en la Comunidad que el acuerdo de la OCDE entre en vigor en la fecha prevista.
PREGUNTA ESCRITA E-0683/96 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) y Juan Colino Salamanca (PSE) a la Comisión (26 de marzo de 1996)

Asunto: Ayudas al ganado vacuno

En el marco de una posible revisión de las ayudas al ganado vacuno, ¿qué razones tiene la Comisión para tratar de eliminar las ayudas al ganado vacuno respecto de los toros de lidia?

¿No es carne de vacuno la que proporcionan a los consumidores estos animales?

¿A qué países afectaría esta propuesta de la Comisión?

¿Conoce la Comisión el número de cabezas de ganado de estas características que se han beneficiado de estas ayudas?

¿Conoce la Comisión este tipo de ganadería extensiva y el hecho de que no todo el ganado vacuno de este tipo se destina a la lidia?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (12 de abril de 1996)

El régimen de la prima especial para los productores de carne de vacuno fue concebido como una medida destinada a compensar a esos productores por las consecuencias derivadas de la disminución de los precios institucionales producida desde 1987 (año de creación del régimen). En esta perspectiva, aunque los toros de lidia se despachen al consumo después de la corrida, es evidente que la finalidad principal de la cría de los mismos no es la producción de carne sino las corridas. Por consiguiente, atendiendo a las críticas que ponían de manifiesto que las ayudas destinadas a apoyar la producción cárnica iban a para a la cría de toros de lidia, la Comisión considera que la concesión de la prima especial concedida por animales una vez que han sido seleccionados para las corridas constituye una anomalía que debe corregirse.

El Estado miembro en el que la propuesta tendrá más efectos en la concesión de primas a los animales de lidia es España. Con relación a la propuesta en general, dado que el objetivo de la misma es evitar la producción de un tipo de animales que no tiene demanda en el mercado y fomentar la producción de animales de menos peso, cabe señalar que interviene en un tipo de producción más que en determinados Estados miembros.

Por lo que se refiere al número de toros por los que se han recibido ayudas comunitarias, conviene señalar que, dado que el régimen actual de primas al ganado vacuno no establece diferencias entre los distintos destinos de los animales que han recibido esas primas, los Estados miembros no disponen de esa información y, por lo tanto, la Comisión no está en condiciones de dar una respuesta precisa a la pregunta.

La Comisión conoce bien la producción extensiva desarrollada por los ganaderos de toros de lidia y es sabedora de que la mayor parte de los animales producidos no llega a las plazas de toros. De ahí que su propuesta se refiera únicamente a los animales y no a las ganaderías que producen ese tipo de animales.
PREGUNTA ESCRITA P-1213/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (10 de mayo de 1996)

Asunto: Funcionamiento de la comitología; procedimientos en relación con la posición común, en primera lectura, de la Comisión sobre los proyectos de reglamento relativos a la ayuda alimentaria, la rehabilitación y la ayuda humanitaria

Teniendo en cuenta su experiencia en la aplicación del procedimiento de la comitología, ¿podría realizar la Comisión, en relación con los nuevos requisitos de la comitología, un cálculo, con respecto a los proyectos de reglamento antes mencionados, sobre

- el número de páginas de los documentos que deben ser traducidos y examinados,

- el coste de la creación de comisiones y de asistencia a dichas comisiones

- y el número de decisiones

adicionales necesarios en un año civil completo?

¿Está de acuerdo la Comisión en que las posiciones comunes conllevarán burocracia, retrasos, costes, secretismo y rigidez en la decisiva ayuda al desarrollo de la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (20 de junio de 1996)

La Comisión no está en condiciones de calcular el número de páginas de los documentos que han de traducirse ni de analizar los gastos de reproducción y traducción, al imputarse éstos a los gastos administrativos de la institución y no ser objeto de una contabilidad separada.

El coste global de los cerca de 340 comités y comisiones mixtas, consignado en la línea presupuestaria A - 2510, asciende para 1996 a 16 millones de ecus (8 millones de los cuales se consignan provisionalmente en el capítulo A-100). Dado el número reducido de reuniones de los tres comités en cuestión, sus gastos por reuniones representan sólo una fracción muy pequeña de dichos créditos. Para el comité de ayuda alimentaria, el único que funciona en la actualidad, se prevén en el presupuesto de 1996 153 000 ecus.

El número de dictámenes que han de emitir los nuevos comités aún no puede calcularse en la actualidad. A título de ejemplo, el comité de ayuda alimentaria existente emitió 28 dictámenes en 1995.

Las propuestas de la Comisión en materia de comitología siempre se basan en criterios objetivos y cumplen las condiciones de la Decisión del Consejo de 1987.
PREGUNTA ESCRITA E-1276/96 de Gary Titley (PSE) a la Comisión (24 de mayo de 1996)

Asunto: Etiquetado de ingredientes en los cosméticos

La Comisión es consciente de que la Directiva 93/35/CEE ((DO L 151 de 23.6.1993, p. 32. )) hacía obligatorio que aparecieran enumerados sobre el envoltorio los ingredientes de los cosméticos. ¿Querría la Comisión indicar hasta dónde han llegado los diferentes Estados miembros en la aplicación de esta legislación?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (4 de julio de 1996)

La situación de la transposición en los Estados miembros de la Directiva 93/35/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, por la que se modifica por sexta vez la Directiva 76/768/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos, es en la actualidad la siguiente:

1) Bélgica: Sin comunicación

2) Dinamarca: Incorporada al derecho interno mediante la «Bekendtgørelse om Kosmetiske produkter», de 9 de julio de 1993.

3) Alemania: Sin comunicación

4) Grecia: Sin comunicación

5) España: Sin comunicación

6) Francia: Sin comunicación

7) Irlanda: Sin comunicación

8) Italia: Sin comunicación

9) Luxemburgo: Incorporada al derecho interno mediante el Reglamento Gran Ducal de 30 de julio de 1994. De acuerdo con las disposiciones de los artículos 5 y 6 de dicho Reglamento, la regulación a nivel nacional de los problemas relativos al inventario de los ingredientes utilizados en los productos cosméticos corresponderá a Reglamentos ministeriales que se adoptarán en función de las medidas comunitarias contempladas en los puntos 4, 7 y 10 del artículo 1 de la Directiva 93/35/CEE.

10) Países Bajos: Incorporada al derecho interno mediante la «Warenwetbesluit kosmetische produkten» de 11 de octubre de 1995».

11) Austria: Sin comunicación

12) Portugal: Sin comunicación

13) Finlandia: Sin comunicación

14) Suecia: Incorporada al derecho interno mediante la «Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll ar kosmetiska och hygieniska produkter», adoptada el 7 de noviembre de 1995.

15) Reino Unido: Sin comunicación

Es preciso señalar que el inventario de los ingredientes utilizados en los productos cosméticos y la nomenclatura común se adoptaron mediante la Decisión 96/335/CE de la Comisión, de 8 de mayo de 1996 ((DO L 132 de 1.6.1996. )).
PREGUNTA ESCRITA E-0319/96 de Salvador Garriga Polledo (PPE) al Consejo (27 de febrero de 1996)

Asunto: Instituciones nacionales de control en los Estados miembros

¿Podría el Consejo suministrar un estudio comparado en los 15 Estados miembros sobre la situación actual de las instituciones nacionales de control, sus competencias y ámbitos de actuación, especialmente en aquellos países en los que coexisten instituciones regionales de control con las de carácter nacional?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0319/96 y E-0728/96 (16 de julio de 1996)

Cada Estado miembro debe cumplir, en el marco de su organización interinstitucional propia, sus obligaciones en materia de control y estimar si la coexistencia de niveles nacionales y regionales de control tiene una incidencia positiva o negativa en la eficacia de los controles.

Hay que tener en cuenta efectivamente que de conformidad con el artículo 8 del Reglamento 729/70 del Consejo ((DO L 94 de 28.4.1970. )), relativo a la financiación de la política agrícola común, los Estados miembros son responsables de los controles de los gastos del FEOGA, y las relaciones entre los Estados miembros y la Comisión en esta materia están reguladas en el artículo 9 del mismo Reglamento.

Por lo que respecta a la pregunta formulada por Su Señoría, cabe recordar que, en los últimos años, el Consejo ha adoptado una serie de reglamentos que han reforzado el control de los gastos del FEOGA.

El Reglamento 386/90 ((DO L 42 de 16.2.1990. )) estableció un control físico mínimo de las exportaciones (restituciones); el Reglamento 595/91 ((DO L 67 de 14.3.1991. )) estableció una financiación comunitaria para reforzar los controles; el Reglamento 3508/92 ((DO L 355 de 5.12.1992. )) estableció un sistema integrado de gestión y control que se había hecho necesario por el aumento del número de beneficiarios de pagos de primas y ayudas tras la reforma de la PAC; el Reglamento 165/94 ((DO L 24 de 29.1.1994. )) estableció una financiación para la teledetección utilizada para controlar las declaraciones relativas a la retirada de tierras. Por último, el Reglamento 1469/95 ((DO L 145 de 29.6.1995. )) organizó procedimientos para reprimir el fraude o la sospecha de fraude cometido en varios Estados miembros.

En un plano más general, el Consejo reformó el procedimiento de liquidación de cuenta con el Reglamento 1287/95 ((DO L 125 de 8.6.1995. )).