PREGUNTA ESCRITA E-0946/02

de Marie Isler Béguin (Verts/ALE) al Consejo

(9 de abril de 2002)

Asunto: Seguridad del tráfico marítimo

El naufragio del petrolero Erika el 12 de diciembre de 1999, con el vertido de 28 000 toneladas de fuelóleo pesado en las costas bretonas, provocó daños irreversibles para la fauna y la flora marítimas y desmembró el entramado económico relacionado con los recursos marítimos y costeros.

A pesar de su carácter espectacular y de su alcance inmediato, la contaminación accidental similar a la provocada por el Erika es una parte marginal de los vertidos de petróleo en el mar. En la mayoría de los casos la desgasificación y deslastre de hidrocarburos y de otros productos nocivos y contaminantes vertidos en los ecosistemas marinos son actos voluntarios, es decir, delitos cometidos con el pretexto de ahorrar tiempo o el coste del servicio de limpieza de los tanques. Se habla de 2 millones de toneladas de hidrocarburos vertidos cada año en los océanos de manera salvaje y prácticamente impune. Oficialmente, la Asamblea Nacional francesa estima en 600 000 toneladas anuales el volumen de esta contaminación de rutina sólo para el Mediterráneo, es decir, el equivalente cada semana del atentado económico, ecológico y en contra de las futuras generaciones perpetrado por el naufragio del Erika.

¿Puede el Consejo elaborar una actualización detallada de la implantación en los Estados miembros y en los países candidatos de las estructuras portuarias e infraestructuras de deslastre, así como de las necesarias redes de control y seguimiento de los buques de tienen que validar la eficacia de dichas instalaciones?

¿Puede el Consejo dar su opinión sobre la aplicación de medidas estrictas de apresamiento automático de los buques sorprendidos en flagrante delito o sospechosos de desgasificación salvaje, así como sobre el establecimiento de un sistema de fianza para condicionar la salida de estos buques de las aguas comunitarias, con el fin de dar curso a las acciones judiciales por los daños medioambientales voluntarios?

¿Está convencido el Consejo de la necesidad de un sistema de trazabilidad de los productos transportados por vía marítima, en particular de los productos contaminantes, para establecer los delitos y permitir la identificación de los autores?

Respuesta

(30 de septiembre de 2002)

El Consejo concede una gran importancia a la prevención de los vertidos de hidrocarburos y otras sustancias nocivas y considera que es necesario completar las diferentes iniciativas que se han tomado durante los últimos años para evitar la contaminación accidental con medidas de lucha contra la desgasificación o el deslastre ilegales.

Como medida preventiva a este respecto y además de los instrumentos internacionales existentes en este ámbito, la Directiva 2000/59/CE sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga(1), adoptada por el Consejo y el Parlamento Europeo en noviembre de 2000, obliga a todos los buques que hagan escala en un puerto de un Estado miembro

a entregar todos los desechos generados por el buque y residuos de carga en una instalación portuaria receptora antes de abandonarlo. Para ello, la Directiva obliga a los Estados miembros a asegurar la disponibilidad de instalaciones portuarias receptoras adecuadas y que cada puerto desarrolle un plan de recepción y manipulación de desechos adecuado. Las tarifas pagadas por los buques sufragan los costes de las instalaciones portuarias receptoras, incluidos los de tratamiento y eliminación de los desechos. Los buques están también obligados a notificar, antes de llegar a puerto, el tipo y la cantidad de desechos que llevan a bordo.

Para disponer de información detallada acerca de la disponibilidad de instalaciones portuarias receptoras en los Estados miembros y en los países candidatos habrá que esperar hasta que se aplique plenamente la Directiva, que se completará a finales de 2002. Se espera que esta información se incluya en el informe de evaluación sobre el funcionamiento del sistema que la Comisión presentará en su momento. Por lo que se refiere a la ejecución del sistema establecido por la Directiva, los Estados miembros deberán establecer sanciones para el incumplimiento de las normas nacionales que se adopten de conformidad con la citada Directiva. Además, la legislación comunitaria en materia de control por el Estado del puerto(2) establece que deberá llevarse a cabo una inspección más detallada cuando se haya acusado a un buque de supuesta violación de las disposiciones sobre descarga de sustancias o efluentes nocivos.

Del mismo modo, el Consejo considera fundamental para luchar contra los vertidos ilegales de hidrocarburos y otras sustancias nocivas una mayor cooperación entre los Estados miembros, así como en un contexto más amplio a nivel internacional. A este respecto, la posición común del Consejo sobre la propuesta de Directiva relativa a un sistema comunitario de seguimiento sobre el tráfico marítimo(3) establece una serie de obligaciones especiales en materia de seguimiento para aquellos buques respecto de los cuales existan pruebas o una presunción de vertidos voluntarios de hidrocarburos en las aguas bajo la jurisdicción de un Estado miembro y también que los Estados miembros se comunicarán la información relativa a dichos buques. Cuando se adopte, este proyecto de Directiva impondrá asimismo a los capitanes de los buques la obligación de advertir de cualquier mancha de materiales contaminantes. Por lo que se refiere al transporte marítimo de sustancias contaminantes, la propuesta de Directiva establece normas especialmente severas en materia de notificación y control.

Por último, la Comunidad ha establecido un marco para la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito de la contaminación marina accidental o deliberada(4) con el fin de apoyar los esfuerzos que están realizando los Estados miembros en este ámbito. Con este marco se pretende mejorar la capacidad para responder en caso de incidentes que impliquen vertidos de petróleo u otras sustancias peligrosas y prevenir estos incidentes, así como fomentar la cooperación con vistas a prever la reparación de los daños de conformidad con el principio de quien contamina paga.

(1) DO L 332 de 28.12.2000, p. 81.

(2) Directiva 95/21/CE, de 19 de junio de 1995, sobre el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas bajo jurisdicción de los Estados Miembros (control del Estado del puerto) (DO L 157 de 7.7.1995, p. 1) y Directiva 2001/106/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 95/21/CE del Consejo sobre el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas bajo jurisdicción de los Estados miembros (control del Estado del puerto) (DO L 19 de 22.1.2002, p. 17).

(3) Posición común aprobada por el Consejo el 19 de diciembre de 2002 con vistas a la adopción de la Directiva 2002//CE del Parlamento Europeo y del Consejo de relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo y por la que se deroga la Directiva 93/75/CEE del Consejo (DO C 58 de 5.3.2002, p. 14).

(4) Decisión no 2850/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de cooperación en el ámbito de la contaminación marina accidental o deliberada (DO L 332 de 28.12.2000, p. 1).