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PREGUNTA ESCRITA E-3338/00

de Monica Frassoni (Verts/ALE) a la Comisión

(25 de octubre de 2000)

Asunto: Campo de golf en el municipio de Settimo San Pietro, Cagliari (Cerdeña)

El 9 de septiembre de 2000 se inauguró un campo de golf en el municipio de Settimo San Pietro (provincia de Cagliari), dotado de iluminación, una zona cubierta, bunker y putting green. Para este proyecto, que en un plazo de dos años debería convertirse en un campo de 18 agujeros, se concedió una financiación del Patto Territoriale Area Vasta di Cagliari (pacto territorial del área de Cagliari) que cubre el 68 % de los costes de infraestructura (con un coste total de 14 mil millones y medio de liras italianas).

El 21 de julio, la región de Cerdeña fue declarada oficialmente zona catastrófica a causa de la persistente sequía.

Aunque el consumo de agua de dicho campo para la práctica del golf se calcula en torno a los 2 000 metros cúbicos diarios de agua, que corresponden al consumo diario de una población de 8 000 habitantes, no se ha realizado ninguna evaluación de las repercusiones de este hecho sobre el medio ambiente(1).

1. ¿Puede informar la Comisión si está al corriente de estos hechos?

2. ¿Puede verificar la Comisión si se ha vulnerado la normativa comunitaria en materia de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente?

3. ¿Tiene intención la Comisión de congelar la financiación comunitaria en caso de que se verifique que se ha violado el Derecho comunitario?

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(4 de diciembre de 2000)

Los campos de golf como tal, no están incluidos en la legislación comunitaria relativa la evaluación del impacto ambiental (Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997(1) por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE).

Por lo tanto, considerando la información ofrecida por Su Señoría, no parece haber en este caso violación de la ley medioambiental comunitaria.

(1) DO L 73 de 14.3.1997.
PREGUNTA ESCRITA P-3201/00

de Françoise Grossetête (PPE-DE) a la Comisión

(6 de octubre de 2000)

Asunto: Estatuto de los cosechadores familiares de fruta y de los productores de aguardiente

En la actualidad no existe un estatuto armonizado para la profesión de cosechador familiar de fruta, productor de aguardiente y destilador como tal. Persisten grandes disparidades nacionales en lo que respecta al ejercicio de esta profesión. ¿Tiene la intención la Comisión Europea de elaborar un estatuto comunitario susceptible de aplicarse al ejercicio de esta profesión?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(27 de octubre de 2000)

La regulación del ejercicio de las profesiones no incumbe en sí al Derecho comunitario, por lo que los Estados miembros son, en principio, libres de establecer las condiciones para ejercerlas en su territorio. No obstante, al hacerlo, los Estados miembros deben respetar las normas comunitarias relativas a la libre circulación de profesionales.

En cuanto a las condiciones y trámites impuestos por los Estados miembros para ejercer actividades profesionales en su territorio, como exigir una licencia, los Estados miembros deben ajustarse a los principios fijados en los artículos 43 y 49 (antiguos artículos 52 y 59) del Tratado CE relativos

a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios. En el marco de la libertad de establecimiento, que puede afectar a los productores de aguardiente más que la prestación de servicios, si los Estados miembros que regulan el ejercicio de la profesión no pueden rechazar el acceso a la misma a los profesionales que satisfagan las condiciones de experiencia profesional previstas en la Directiva 1999/42/CE del Parlamento y del Consejo, de 7 de junio de 1999, por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos respecto de las actividades profesionales a que se refieren las Directivas de liberalización y de medidas transitorias(1), que completa el sistema general de reconocimiento de títulos, dichos profesionales no están menos obligados a cumplir otros requisitos y trámites establecidos por la legislación del Estado miembro de acogida, como la inscripción en un registro o la obtención de una licencia profesional, en la medida en que tales requisitos se impongan igualmente a los ciudadanos del Estado miembro de acogida y que respeten el principio de proporcionalidad fijado por el Tratado CE.

Al tratarse de una competencia reservada a los Estados miembros, no está previsto elaborar un estatuto comunitario aplicable al ejercicio de esta profesión.

(1) DO L 201 de 31.7.1999.
PREGUNTA ESCRITA P-3308/00

de Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) al Consejo

(20 de octubre de 2000)

Asunto: Inmigración ilegal en las costas andaluzas

¿Conoce el Consejo en toda su dimensión el drama social relacionado con la inmigración ilegal que acontece en las playas andaluzas?

¿Es consciente el Consejo del elevado número de muertos y desaparecidos que hay entre las personas que intentan cruzar ilegalmente el Estrecho de Gibraltar?

¿Es consciente el Consejo de que el peso de la ayuda inicial a estas personas recae en ONG y en la solidaridad de los ciudadanos andaluces, ante la dejadez del Gobierno Español?

¿Piensa tomar el Consejo algún tipo de medida respecto a este problema y, en particular, a las condiciones infrahumanas de almacenamiento de estas personas cuando las autoridades, a la hora de efectuar su repatriación, las encierran en las bodegas de los barcos?

¿Tiene que seguir siendo Andalucía en este caso el gendarme de la Unión, a pesar de no contar con los medios adecuados para ello y de no ser el asunto de su exclusiva competencia?

Respuesta

(20/21 de diciembre de 2000)

1. El Consejo ruega a Su Señoría que se remita a las respuestas del Consejo a las preguntas escritas P-1391/00, formulada por D. Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, E-2878/00, formulada por D. Camilo Nogueira Román, y E-1013, formulada por D. André Brie.

2. No es competencia del Consejo pronunciarse sobre el reparto de competencias dentro de uno de los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-2523/00

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(2 de agosto de 2000)

Asunto: Centro Temático Europeo para la Conservación de la Naturaleza y Directiva relativa a los hábitats

¿Cómo tiene intención de asegurar la Comisión que se realiza el exhaustivo peritaje científico requerido a nivel europeo por el CTE/CN (Centro Temático Europeo para la Conservación de la Naturaleza) con objeto de alcanzar los objetivos de la Directiva relativa a los hábitats y el proceso de selección de espacios de Natura 2000?

Además, en relación con la aplicación de la Directiva relativa a los hábitats en los países candidatos a la adhesión, ¿cómo va a asegurar la Comisión que se dispondrá de un peritaje científico más estricto a nivel europeo a fin de satisfacer las necesidades de la ampliación, por ejemplo a través de la conexión temática Phare en Bratislava?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(25 de septiembre de 2000)

La Comisión comparte la opinión de Su Señoría de que para la selección de los espacios Natura 2000, incluido el caso de los países candidatos a la adhesión, resultan indispensables unos amplios conocimientos técnicos.

Con motivo de la renovación del contrato del Centro temático europeo para la conservación de la naturaleza, la Comisión ha insistido ante la Agencia Europea de Medio Ambiente para que se conceda prioridad y se dote de recursos humanos suficientes a las actividades relacionadas con Natura 2000 en la descripción de las misiones asignadas al Centro temático.

La Comisión confía en que los demás miembros del Consejo de administración de la Agencia, incluidos los designados por el Parlamento, apoyen esta petición.
PREGUNTA ESCRITA E-3205/00

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la Comisión

(12 de octubre de 2000)

Asunto: Reglamento de seguimiento estadístico del atún

El establecimiento de un reglamento de seguimiento estadístico del atún es un requisito fundamental para el cumplimiento del Acuerdo del Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD).

El incumplimiento de este requisito fundamental ha podido originar el reciente embargo norteamericano, efectuado el día 3 de agosto, para las importaciones de atún rabil y sus productos derivados provenientes de España.

La falta del reglamento señalado o de la comunicación del proyecto de reglamento a las autoridades norteamericanas pudiera fundamentar legalmente la adopción del embargo al atún comunitario.

¿Ha evaluado la Comisión las consecuencias que pueden derivarse de la no adopción de dicho reglamento y, en el caso concreto del atún rabil y de sus productos derivados procedentes de España, ha evaluado los daños y perjuicios que tal carencia puede ocasionar a las empresas implicadas y, en su caso, como pueden compensarse los daños y perjuicios ocasionados?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3205/00 y P-3325/00 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(10 de noviembre de 2000)

La Comisión, consciente de que la falta de legislación para la aplicación del sistema de seguimiento y verificación del atún (tuna tracking and verification system, TTVS) podía dar lugar a un embargo, y al objeto de evitarlo, abordó este extremo con Estados Unidos en las reuniones de alto nivel en materia de pesca celebradas entre la Comunidad y Estados Unidos (Washington, julio 2000). En esa ocasión, la Administración americana mostró la necesaria flexibilidad para dar más tiempo a que la Comunidad aprobara dicha legislación. Sin embargo, tras una sentencia dictada como consecuencia de la demanda presentada por una empresa americana de importación de atún, el Gobierno estadounidense se vio obligado a embargar a todos aquellos países que aún no han obtenido lo que se conoce como decisión favorable(affirmative finding).

Posteriormente, la Comisión y el Gobierno español han acordado que, con el fin de resolver esta situación, la Comisión preparará una propuesta de reglamento para la aplicación del TTVS, que podría aprobarse en el plazo de seis meses. Entre tanto, al objeto de que España pueda obtener la decisión favorable necesaria para levantar el embargo, la Administración española aplicará el TTVS provisionalmene a través de la legislación española.

La Comisión considera que estas iniciativas, que ya se han comunicado a las autoridades americanas, permitirán solucionar el problema.
PREGUNTA ESCRITA E-3721/00

de Bartho Pronk (PPE-DE) a la Comisión

(30 de noviembre de 2000)

Asunto: Obstaculización de la libre circulación a causa de los subsidios familiares

En algunas ocasiones los trabajadores transfronterizos se enfrentan con una legislación divergente en su país de residencia y su país de trabajo. Un caso típico es la legislación en torno a los subsidios familiares. El régimen alemán de subsidios familiares contiene un principio de país de residencia, mientras que la ley general neerlandesa sobre subsidios familiares contiene un principio de país de trabajo. La norma principal del derecho de coordinación europeo consiste en que el trabajador transfronterizo ha de recibir para su familia el importe más elevado que ofrezca uno de ambos regímenes.

No obstante, en la práctica resulta que un trabajador transfronterizo alemán, que trabaja en los Países Bajos, recibe desde hace años el subsidio neerlandés en virtud de la mencionada ley neerlandesa y, como complemento, un subsidio en virtud del régimen alemán, con lo que recibe un importe total en concepto de subsidios familiares idéntico al importe que recibiría como subsidios si trabajase en Alemania. Sin embargo, al cabo de unos años, también su esposa va a trabajar a los Países Bajos, momento en que la instancia responsable decide que han dejado de tener derecho al subsidio familiar alemán complementario.

1. ¿El modo de proceder de las autoridades alemanas es conforme al reglamento o a otros elementos de los tratados de la UE?

2. ¿Opina la Comisión que este modo de proceder puede constituir un obstáculo a la libre circulación de trabajadores?

3. ¿Hasta qué punto es pertinente que en este caso ambos padres sean trabajadores transfronterizos? ¿Considera la Comisión que tal distinción es jurídicamente admisible?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(23 de enero de 2001)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-2668/00 de la Sra. Oomen-Ruijten(1).

(1) DO C 136 E de 8.5.2001, p. 73.
PREGUNTA ESCRITA E-2665/00

de Mark Watts (PSE) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Distancias de frenado para los camiones

¿Está de acuerdo la Comisión en que, puesto que la persuasión no parece ser un medio efectivo para animar a los conductores de camiones a que aumenten las distancias de seguridad entre los vehículos, se hace necesario encontrar y aplicar urgentemente medios alternativos para conseguirlo?

¿Accederá la Comisión a conceder apoyo comunitario destinado a la investigación para validar los actuales sistemas experimentales detectores de distancia y poder así equipar a los camiones con estos dispositivos, que:

- avisarán al conductor de que la distancia entre su vehículo y el vehículo precedente es demasiado corta (teniendo en cuenta la velocidad), y

- reducirán eficazmente la velocidad del vehículo desacelerando y/o frenando en caso de que el conductor no reaccione de manera apropiada, por ejemplo, aumentando la distancia de seguridad en un período razonable de tiempo?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(16 de octubre de 2000)

La distancia de seguridad de frenado de los vehículos de motor depende de parámetros estáticos como la carga útil y el sistema de frenado del vehículo, dinámicos como la velocidad y el balanceo, y exteriores como la adherencia de la calzada, las condiciones meteorológicas y la visibilidad. Intervienen asimismo la habilidad y la condición física del conductor.

Los dispositivos de mantenimiento automático de la distancia al vehículo precedente constituyen una de las numerosas aplicaciones posibles de las tecnologías en el sector de los sistemas inteligentes de transporte, cuyo perfeccionamiento, validación e investigación de las condiciones idóneas para su desarrollo son objeto de diversos proyectos financiados en el marco de los programas comunitarios de investigación. Dado que tales aplicaciones funcionarán con arreglo a algoritmos que emplean parámetros comunes y en los que se da una interacción, la Comisión considera que un enfoque global e integrado resulta más adecuado para favorecer su difusión de una manera coherente, fiable y aceptable desde el punto de vista económico.

En el plan de acción Europe aprobado el 24 de mayo de 2000(1), la Comisión anunciaba su intención de propone medidas destinadas a desplegar los sistemas inteligentes de transporte en carretera de aquí a finales de 2001, medidas que deberían incluir asimismo los dispositivos de mantenimiento de una distancia de seguridad de frenado de los camiones cuyas condiciones prácticas están por determinar.

(1) COM(2000) 330 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2334/00

de Gunilla Carlsson (PPE-DE) al Consejo

(11 de julio de 2000)

Asunto: Transporte de animales

Es evidente que muchas veces la política de ayudas de la Unión tiene consecuencias nefastas. Últimamente se ha prestado mucha atención al asunto de los transportes de animales vivos, que resulta vergonzoso para la Unión: se transporta a los animales lejos de su lugar de cría por razones de política regional y laboral, y ello con las ayudas al transporte aprobadas por el Consejo. ¿Está dispuesto el Consejo a reconsiderar el sistema de ayudas al transporte de animales vivos?

Respuesta

(20/21 de diciembre de 2000)

La Directiva 91/628/CEE, de 19 de noviembre de 1991, relativa a la protección de los animales durante su transporte, modificada por la Directiva 95/29/CE, de 29 de junio de 1995, introduce una serie de normas destinadas a aplicar una política de bienestar de los animales durante su transporte.

Los textos de la citada Directiva no incluyen disposición financiera alguna ni preven, en particular, sistemas de ayuda al transporte de animales vivos.
PREGUNTA ESCRITA E-2111/00

de María Rodríguez Ramos (PSE) y Luis Berenguer Fuster (PSE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Sobre el cultivo del níspero en comparación con otras variedades en la OCM de frutas y hortalizas

El precio del níspero viene cayendo campaña tras campaña ya que su comercialización coincide con la salida al mercado de otros frutos recogidos en el Reglamento (CE) no 2200/96(1) de establecimiento común de mercados en el sector de frutas y hortalizas. Estos frutos gozan de los mecanismos establecidos en la OCM, mientras que en el caso del níspero su capacidad de adaptación se ve mermada para un mercado tan competitivo como el de los primores, colocándose en el mercado productos que como el albaricoque adelantan su temporada gracias a la utilización de técnicas biotecnológicas.

¿Es consciente la Comisión de las dificultades que para los productores de esta fruta supone que la actual OCM no recoja este cultivo en el artículo 1 del mencionado Reglamento? ¿Piensa la Comisión subsanar este defecto de funcionamiento e introducir en su anunciada reforma de la OCM frutas y hortalizas, medidas específicas a favor del níspero?

(1) DO L 297 de 21.11.1996, p. 1.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(8 de septiembre de 2000)

Los nísperos comercializados para el consumo de mesa son, en su gran mayoría, frutos del níspero del Japón (Eriobotrya japonica Thub), que quedan incluidos en la subpartida 0810 90 85 de la nomenclatura combinada (Los demás frutos). Así pues, entran en el ámbito de aplicación definido en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas(1). Dado que los instrumentos previstos por la organización común del mercado de frutas y hortalizas son, pues, aplicables a dichos productos, la Comisión no tiene intención alguna de adoptar medidas específicas en favor de los nísperos.

(1) DO L 297 de 21.11.1996.
PREGUNTA ESCRITA E-2443/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(19 de julio de 2000)

Asunto: Enlace de Galicia con la Península y Europa por vía férrea de alta velocidad

Recientemente, el Presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, declaró públicamente que había firmado con el ministro de Fomento del Gobierno central español, Francisco Álvarez Cascos, un acuerdo para construir con la financiación conjunta de la Unión Europea un ferrocarril de altas prestaciones que enlazaría en el año 2006 las ciudades gallegas con Madrid vía Valladolid.

¿Está incluida esta decisión en el Marco Comunitario de Apoyo decidido por la Comisión junto con el Gobierno del Estado Español para el período 2000-2006? ¿Se trata de una línea de alta velocidad como las existentes y las previstas para el enlace con el Sur y el Mediterráneo peninsular? ¿Qué presupuesto se ha dedicado a este proyecto? ¿A qué programación anual corresponden las inversiones por realizar?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(6 de octubre de 2000)

Tras las negociaciones con las autoridades españolas, la Comisión está ultimando el marco comunitario de apoyo (MCA) para las regiones españolas cubiertas por el objetivo no 1 durante el período 2000-2006, entre las que se incluye Galicia.

El MCA no contiene la lista detallada de los proyectos que se financiarán durante ese período de programación, por lo que sería prematuro pronunciarse ahora sobre los aspectos concretos de los proyectos que podrían, en su caso, seleccionarse dentro de los programas operativos de dicho MCA.

Cabe, no obstante, destacar que la Comisión y las autoridades españolas consideran que la mejora de los enlaces ferroviarios entre las principales ciudades gallegas y Valladolid debería constituir una de las prioridades en el sector de las infraestructuras de transporte durante el período en curso.
PREGUNTA ESCRITA E-2399/00

de Raffaele Costa (PPE-DE) al Consejo

(24 de julio de 2000)

Asunto: Retrasos en la sustitución del antiguo alcalde de Terni por el alcalde de Asti en el Comité de las Regiones

El pasado mes de febrero, la Dirección nacional de la ANCI (Asociación nacional de los municipios italianos) designó a Luigi Florio, diputado al Parlamento Europeo y actual alcalde de Asti, para formar parte del Comité de las Regiones de la Unión Europea en sustitución del antiguo alcalde de Terni, Gianfranco Ciaurro.

Hasta ahora, Luigi Florio no ha recibido una comunicación formal de nombramiento como miembro del Comité de las Regiones.

¿Puede explicar el Consejo de qué depende un retraso tan grave y culpable?

¿Puede explicar qué obstáculos siguen existiendo para la formalización del nombramiento?

¿Puede indicar a partir de qué fecha el Sr. Florio podrá presumiblemente tomar posesión de sus funciones en el Comité?

Respuesta

(16 de noviembre de 2000)

Con arreglo al artículo 263 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, los miembros del Comité de las Regiones serán nombrados por el Consejo a propuesta de sus respectivos Estados miembros. La Secretaría General del Consejo recibió la propuesta de Italia de nombrar al Sr. Florio en sustitución del Sr. Ciaurro mediante carta de fecha 2 de junio de 2000. El 26 de junio de 2000, el Consejo nombró al Sr. Florio miembro del Comité de las Regiones(1). La Secretaría General del Consejo informó, por carta de fecha 27 de junio de 2000, al Presidente del Comité de las Regiones del nombramiento del Sr. Florio.

(1) Decisión del Consejo publicada en el DO L 164 de 5.7.2000, p. 17.
PREGUNTA ESCRITA E-2201/00

de Sebastiano Musumeci (UEN) a la Comisión

(3 de julio de 2000)

Asunto: Daños producidos por la lluvia de ceniza del Etna

Considerando que desde hace varios meses la actividad del volcán Etna en Sicilia produce una lluvia constante de ceniza y pedruscos, que llega hasta varios kilómetros de distancia y ocasiona problemas graves en las zonas habitadas y daños a la producción hortofrutícola de las empresas agrícolas de la zona;

Considerando que este hecho extraordinario y excepcional que, según los vulcanólogos, continuará durante un tiempo, constituye una verdadera calamidad natural que agrava las ya precarias condiciones económicas de una región del objetivo 1;

¿No considera la Comisión que debe intervenir, como ya lo ha hecho en otros países miembros en circunstancias análogas, en favor de la población afectada por la insólita actividad del volcán activo más alto de Europa?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(19 de septiembre de 2000)

Actualmente se encuentra en preparación el programa operativo de Sicilia para el período de programación 2000-2006 en virtud del objetivo no 1 de los Fondos Estructurales. La Comisión, una vez que examine el programa, debería dar su aprobación oficial en los próximos meses.

Cabe recordar que las autoridades regionales son responsables de la aplicación de dicho programa, y, por lo tanto, de cualquier decisión relativa a las intervenciones que deben cofinanciarse. En el ámbito de este programa, Sicilia propuso una medida de intervención en favor de la prevención de las catástrofes naturales y de la reparación de los daños causados a la producción agraria, tales como las mencionadas por Su Señoría.

Las posibles inversiones que se efectúen al respecto podrían ser objeto de una cofinanciación comunitaria, siempre que esta posibilidad sea recogida por la región en el complemento de programación.