PREGUNTA ESCRITA E-0428/97 de Gianni Tamino (V) a la Comisión (19 de febrero de 1997)

Asunto: Fraude bancario en los préstamos especiales concedidos al sector de los cultivos de invernadero en Cerdeña (Italia)

En Cerdeña, la Ley Regional no 44 del 13.12.1988 autorizó la concesión de créditos por un máximo de 15 años para el sector de los cultivos de invernadero (7.000 millones al año desde 1988 al 2002, con una reducción de 10 puntos de interés). El plazo para la presentación de las solicitudes era el 30.3.1989, que se prorrogó hasta el 31.5.1989. De conformidad con el protocolo no 1455 del 23.1.1989, las solicitudes podían incluir: a) los plazos comprendidos entre el 1.1.1988 y el 31.12.1989 (préstamos de ayuda por daños a los invernaderos); b) deudas vencidas y no pagadas a los proveedores de material para las estructuras de los invernaderos referidas a proyectos aprobados antes del 31.12.1989; c) los préstamos de explotación vencidos en 1987 y aún no pagados, así como los vencidos entre el 01.1.1988 y el 30.4.1989; d) los reembolsos de los créditos agrícolas para la mejora y la reorganización de la propiedad y para la adquisición de terrenos y, en su caso, los intereses de amortización previa o con vencimiento entre el 30.6.1988 y el 1.7.1989 o, como alternativa, y únicamente para los créditos de mejora de la propiedad, se podían incluir en la operación las cuotas o los intereses de amortización previa con vencimiento entre el 31.12.1988 y el 31.12.1989. De conformidad con esta normativa, las solicitudes se presentaron en los plazos previstos, pero a causa de los plazos burocráticos, las actas notariales se estipularon en fechas posteriores a los plazos concedidos. Como consecuencia de ello, los intereses bancarios se contaron a partir del 31.12.1989, en el momento de la estipulación de los actos notariales (entre 9 y 20 meses más tarde); de esta manera, cada beneficiario de los préstamos con condiciones especiales ha debido pagar por las garantías suplementarias exigidas sobre los títulos prendarios y por la no aplicación de la ley Diana, que evita el riesgo de hipotecas, y se ha llegado a situaciones límites en las que el beneficiario se ha visto en la paradoja de tener que ceder la empresa para pagar la deuda contraída, comprometiendo incluso los bienes de los parientes y algunos han llegado a pagar un tipo efectivo del 43,22 % que se puede considerar usurario. En el momento de la firma de los contratos, no se había informado debidamente a los firmatarios de todas las cláusulas con que se han topado posteriormente.

¿No considera la Comisión que se han violado las normas comunitarias sobre la transparencia de los costes, el derecho a la información y la defensa de los consumidores (clientes de los bancos)?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (4 de abril de 1997)

La Comisión no tiene jurisdicción para tratar este asunto, que recae bajo la competencia del Gobierno italiano.

Los préstamos a los que hace referencia Su Señoría no se incluyen, que la Comisión sepa, en el contexto de ningún plan comunitario. Por lo tanto, la Comisión no se responsabiliza de sus condiciones ni de su organización.

Igualmente, los préstamos a los que se refiere Su Señoría se hicieron en el contexto empresarial (cultivos de invernadero), quedando por consiguiente fuera del alcance de la Directiva del Consejo 87/102/CEE, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de crédito al consumo ((DO L 42 de 12.2.1987. )).