ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
PREGUNTA ESCRITA P-1414/00

de David Bowe (PSE) a la Comisión

(3 de mayo de 2000)

Asunto: Proyectos que incluyen cosechas biotecnológicas en países en desarrollo

¿Podría explicar la Comisión la manera en que clasifica los proyectos que reciben su apoyo y que incluyen el cultivo de cosechas modificadas genéticamente en los Estados de África, el Caribe y el Pacífico o en cualquier otro país en desarrollo?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(21 de junio de 2000)

En el contexto de la cooperación al desarrollo de la Comisión, no se ha emprendido ningún proyecto para promover las cosechas modificadas genéticamente en los Estados de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP) o en cualquier otro país en desarrollo.
PREGUNTA ESCRITA E-2177/00

de Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) a la Comisión

(7 de julio de 2000)

Asunto: Pesca

La Comisión Europea ha adoptado un procedimiento técnico para establecer definitivamente el volumen de capturas de anchoa en el Golfo de Vizcaya.

Mientras que el volumen fijado para la campaña de 1999 ascendió a 33 000 toneladas, la Comisión propuso reducirlo a 5 000 para el año 2000 con el fin de permitir renovar los stocks de anchoa en la zona.

Finalmente, el Consejo aumentó hasta 16 000 toneladas la cantidad de anchoa a capturar en la presente campaña, existiendo la posibilidad de un incremento (hasta 33 000 toneladas) en el próximo Consejo de Pesca del 16 de junio si la cantidad de individuos de la citada especie en edad de reproducción es superior a 36 000 toneladas.

¿Podría comunicar la Comisión qué datos científicos se han obtenido en cuanto a la población de individuos adultos de esta especie en el Golfo de Vizcaya y, por consiguiente, si este aumento va a tener lugar?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(28 de julio de 2000)

Un subgrupo del comité científico, técnico y económico de pesca de la Comisión ha finalizado un análisis que tiene en cuenta nuevos datos proporcionados por dos estudios oceanográficos sobre el Golfo de Vizcaya realizados en primavera de este año. El análisis revela que la abundancia de masa reproductora de anchoa es más alta que la que se había previsto y se sitúa en torno a las 50 000 toneladas. Por ello, el Consejo de Pesca del 16 de junio de 2000 acordó aumentar el total admisible de capturas (TAC) de anchoa hasta 33 000 toneladas, que es el mismo valor de los TAC de los últimos años.
PREGUNTA ESCRITA E-0947/00

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(29 de marzo de 2000)

Asunto: Renta de las mariscadoras en Galicia y protección social

En Galicia hay 8 500 mujeres que ejercen el marisqueo a pie mediante licencia que expide la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia. En 1993 se aprobó la Ley de Pesca de Galicia, que disponía que estas mariscadoras debían encuadrarse a efectos de la seguridad social en el Régimen Especial del Mar, como autónomos por cuenta propia. Debido a que las rentas de estas trabajadoras son muy bajas (300 000 pesetas anuales de media), y por un acuerdo tácito entre la administración y el sector, no se efectuaba hasta ahora el pago correspondiente a la cotización de la Seguridad Social, que supondría unas 168 000 pesetas anuales, es decir, el 56 % de los ingresos totales.

Recientemente, la Xunta de Galicia ha comenzado a exigir que presenten el alta en el Régimen Especial del Mar (Instituto Social de la Marína), porque, en caso contrario, no se renovará la licencia de las trabajadoras. Las trabajadoras han reclamado una mesa negociadora que las agrupe a ellas y a las administraciones autonómica y nacional para establecer fórmulas como cotizaciones en función de las rentas obtenidas o del tiempo trabajado (una media de 4 horas diarias, durante 8 o 10 días al mes, diez meses al año).

¿Cómo valora la Comisión el hecho de que se reclame a unas trabajadoras como cotización a la Seguridad Social el 56 % de sus rentas?

¿Conoce la Comisión algún otro caso en la Unión Europea en el que la cotización a la Seguridad Social suponga más del 50 % de las rentas de un trabajador?

¿Podría la Comisión, a instancia del Estado miembro concernido, ofrecer ayudas para que estas mujeres puedan continuar trabajando sin sufrir una merma exagerada en sus limitados ingresos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2000)

La Comisión recuerda a Su Señoría que el nivel de las cotizaciones sociales es competencia exclusiva de los Estados miembros.

Los datos de los que dispone la Comisión relativos a la seguridad social están recopilados en la publicación Mutual Information System on Social Protection in the Member States of the European Union (MISSOC), donde se enumeran en detalle las diferentes prestaciones en cada Estado miembro. Dicha publicación puede consultarse directamente en la siguiente dirección de Internet:

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/missoc98.

La Comisión no puede prever un mecanismo de ayuda que permita hacerse cargo parcialmente de las cotizaciones sociales. Tal eventualidad no se incluye entre las posibilidades de financiación de las partidas presupuestarias de la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA P-1580/00

de Baroness Sarah Ludford (ELDR) a la Comisión

(12 de mayo de 2000)

Asunto: Sacrificio ritual de animales vivos

Durante muchos años la fiesta Eid-el-Kabir se ha celebrado en Francia con el sacrificio de animales vivos sin aturdido y fuera de los mataderos. Si bien la insuficiente capacidad de los mataderos franceses de las zonas urbanas para satisfacer la demanda de las comunidades musulmanas locales es un factor que debe tenerse en cuenta en estos casos, no puede servir de justificación para permitir que continúe este sacrificio inhumano de animales. Debe atenderse adecuadamente a las prácticas culturales y religiosas, pero no a expensas del bienestar de los animales y de las condiciones higiénicas.

¿Puede confirmar la Comisión si Francia incumple sus obligaciones legales con arreglo a la Directiva 93/119 del Consejo relativa a la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza(1)? ¿Qué medidas tomará la Comisión para comprobar si la Directiva se aplica correctamente? ¿Cuándo iniciará la Comisión procedimientos legales, de conformidad con el artículo 226, si se confirma que Francia incumple la Directiva 93/119?

(1) DO L 340 de 31.12.1993, p. 21.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(8 de junio de 2000)

La Comisión está informada del trato que reciben los animales durante esta celebración. La inadecuada capacidad de los mataderos en ciertas zonas urbanas de Francia es uno de los motivos de que las organizaciones de protección de los animales se hayan quejado del trato infligido a los animales durante esta festividad.

Resulta inaceptable que se causen sufrimientos a los animales mientras están encerrados o en el momento del sacrificio. La Comisión considera que las autoridades francesas deben encontrar una solución efectiva al problema de la capacidad de los mataderos.

De conformidad con lo previsto en la Directiva 93/119/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, relativa a la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza, corresponde a los Estados miembros velar por la observancia de la normativa comunitaria relativa al sacrificio y a la matanza de animales.

La Comisión se puso ya en contacto con las autoridades francesas para dialogar sobre la necesidad de mejorar las actuales condiciones. Con tal motivo se aseguró a los servicios de la Comisión, antes de la festividad considerada, que las autoridades francesas estaban tomando toda una serie de medidas para mejorar la situación y lograr unas condiciones de higiene y bienestar de los animales más satisfactorias, medidas entre las que se incluía un estrecho contacto con los distintos grupos culturales islámicos a fin de fomentar una mayor integración de los mismos en los debates a este respecto.

Ahora que ha pasado ya esa festividad, la Comisión está a la espera de recibir un informe oficial de las autoridades francesas, el cual les ha sido ya solicitado, antes de tomar cualquier otra iniciativa, incluida, en su caso, la incoación del procedimiento previsto en el artículo 226 (antes artículo 169) del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-2054/00

de Marielle De Sarnez (PPE-DE) a la Comisión

(27 de junio de 2000)

Asunto: Enseñanza de la arquitectura en las escuelas primarias

En el contexto del desarrollo de la política cultural de la Unión Europea, numerosas asociaciones encargadas de la defensa del patrimonio sienten preocupación por la indiferencia de los poderes públicos nacionales y de las instituciones europeas ante lo relacionado con la enseñanza de la arquitectura en las escuelas primarias. Para completar la información de que disponemos, ¿puede indicar la Comisión si esta disciplina se enseña en las escuelas primarias de otros países de la Unión? ¿Puede la Comisión exponer su posición en este ámbito?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(25 de julio de 2000)

Tal como se prevé en el artículo 149 del Tratado CE (antiguo artículo 126), los Estados miembros son los únicos responsables de la organización de sus sistemas de enseñanza y del contenido de la misma.

No obstante, la Comisión ha obtenido de la red Eurydice (red europea de información sobre la educación en Europa) algunas informaciones útiles a este respecto. Tras realizar esta consulta, no se ha obtenido ninguna respuesta de Bélgica ni de Irlanda. En cuanto a los demás Estados miembros, la arquitectura no forma parte de las materias impartidas de manera completa en sus escuelas primarias. No obstante, en siete Estados miembros se introduce en el marco de otras materias como el conocimiento del medio ambiente. Se envía directamente a Su Señoría, así como a la Secretaría General del Parlamento, información más detallada a título puramente indicativo.
PREGUNTA ESCRITA E-1292/00

de Olle Schmidt (ELDR) al Consejo

(27 de abril de 2000)

Asunto: OICVM (Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios)

El mercado de los distintos tipos de servicios financieros se ha desarrollado enormemente en los últimos años, por lo que es importante modernizar la legislación al mismo ritmo. Queda mucho aún para lograr un mercado interior operativo en este ámbito.

En febrero, el Parlamento Europeo sometió a votación el informe relativo a las OICVM, del que soy ponente. ¿Qué medidas ha tomado la Presidencia portuguesa para hacer avanzar esta cuestión? ¿En qué medida ha debatido este tema? En opinión del Consejo, ¿cuáles son los mayores obstáculos que se presentan? ¿Puede el Consejo indicar, de manera aproximada, cuándo podría adoptar una posición común?

Respuesta

(23 de octubre de 2000)

El Consejo está examinando actualmente las dos propuestas de directiva, modificadas por la Comisión el 30 de mayo de 2000, por las que se modifica la Directiva 85/611/CEE, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), así como las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en febrero de 2000.

En el seno del Consejo se han organizado diversas reuniones para analizar las enmiendas del Parlamento Europeo y las propuestas modificadas de la Comisión. El 17 de julio el Consejo procedió a un debate orientativo sobre las propuestas. A raíz de ese debate el Consejo llegó a la conclusión de que ha de lograrse un acuerdo político sobre la primera directiva durante el mes de octubre y pidió que se avanzara rápidamente respecto a la segunda directiva con miras a lograr un acuerdo político sobre ese texto antes del 1 de marzo de 2001. En esa fecha será oportuno hacer balance sobre la adopción de la primera directiva.
PREGUNTA ESCRITA E-1312/00

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(27 de abril de 2000)

Asunto: Iohexol (Omnipaque) y aracnoiditis

El iohexol (u Omnipaque, como se le conoce comercialmente) es un tinte que se inyecta al paciente para efectuarle un mielograma.

Este tinte puede provocar aracnoiditis, una enfermedad progresiva, debilitante y sumamente dolorosa. Los síntomas tardan bastante tiempo en manifestarse, con lo que muchos pacientes no los asocian al tinte original. De hecho, a muchos de ellos se les diagnostica artritis por error.

En 1997-98, el senador Traficant presentó a la Cámara de Representantes de los EE.UU. un proyecto de ley para la prohibición de esta sustancia, afirmando que su relación con la aracnoiditis estaba probada.

¿Podría indicar la Comisión si ha recibido noticias de otros casos relacionados con los efectos secundarios del iohexol?

¿Podría indicar asimismo qué investigaciones ha llevado a cabo sobre esta sustancia y sus efectos secundarios? Si todavía no ha realizado ninguna, ¿piensa hacerlo en un futuro próximo?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(8 de junio de 2000)

Omnipaque es un producto de contraste yodado empleado en diversos exámenes radiológicos, cuyo principio activo es el iohexol. Las autorizaciones de comercialización de este medicamento han sido concedidas por las autoridades nacionales, que realizan asimismo su seguimiento y, en particular, la farmacovigilancia.

La reglamentación farmacéutica relativa a la farmacovigilancia dispone la notificación de los efectos indeseados de los medicamentos a las autoridades competentes.

La Comisión carece de competencias en relación con los medicamentos autorizados por las autoridades nacionales, salvo en los casos contemplados en la Directiva 75/319/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmacéuticas(1), en los que, tras una evaluación y dictamen del Comité científico de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, la Comisión debe adoptar una decisión.

Hasta la fecha, no se ha sometido a la Agencia ningún expediente relativo al medicamento anteriormente mencionado, si bien se le transmitirá la pregunta de Su Señoría.

(1) DO L 147 de 9.6.1975.
PREGUNTA ESCRITA E-1522/00

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(12 de mayo de 2000)

Asunto: Compra de terrenos en Rumania y Bulgaria por parte de ciudadanos de la UE

¿Puede comunicar la Comisión qué estatuto jurídico es actualmente de aplicación en relación con la compra de terrenos, es decir, la compra de superficies tanto agrícolas como forestales, por

parte de ciudadanos de la UE en los dos países candidatos a la adhesión Bulgaria y Rumania? En este contexto, ¿puede comunicar en particular la Comisión qué personalidad jurídica debe poseer un comprador (persona física, sociedad, sociedad de capital mixto, entre otras) y qué límites máximos son de aplicación para una compra de terrenos de esta naturaleza? ¿Puede comunicar asimismo la Comisión si la situación jurídica actualmente vigente al respecto en Bulgaria y Rumania es comparable a la de los Estados miembros de la UE o si todavía se requiere una armonización en el marco del proceso de adhesión con vistas a que la legislación en vigor en ambos países sea compatible con el Derecho de la UE?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(20 de junio de 2000)

Las empresas comunitarias establecidas en Bulgaria, incluidas aquéllas que tienen una participación extranjera del 100 %, tienen derecho a comprar terrenos, incluidas las superficies agrícolas, con fines empresariales. Las personas físicas extranjeras y las personas jurídicas también pueden adquirir edificios y derechos de propiedad limitados en Bulgaria bajo la autorización de las autoridades búlgaras. El valor de la compra no está sometido a límites establecidos. Cualquier otra adquisición de terreno por parte de los extranjeros queda prohibida por la Constitución.

Según la Constitución rumana, los ciudadanos extranjeros no tienen derecho a adquirir terrenos. Generalmente, las personas no residentes (jurídicas o físicas) no pueden comprar terrenos. Según la ley no 18/1991 sobre capital de suelo, aquellos individuos que no sean ciudadanos rumanos y no estén domiciliados en Rumania, así como aquellas personas jurídicas que no tengan nacionalidad rumana y no tengan su sede central en Rumania, no pueden adquirir propiedad de ninguna clase. Sin embargo, las empresas comunitarias establecidas en Rumania pueden adquirir el terreno necesario para llevar a cabo las actividades económicas para las cuales se han establecido. El valor de las compras de terrenos por parte de las empresas comunitarias no está sometido a límites establecidos.

Actualmente, la situación legal en la adquisición de terrenos no es, por lo tanto, comparable a la de los Estados miembros y no es compatible con el acervo. Para hacer que la legislación sea compatible con el acervo, antes de la adhesión, Rumania y Bulgaria tendrán que conceder el tratamiento de ciudadanos nacionales a los ciudadanos de la Comunidad en lo que se refiere a la compra de terrenos.
PREGUNTA ESCRITA E-2575/00

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) y Arlindo Cunha (PPE-DE) a la Comisión

(1 de agosto de 2000)

Asunto: Normas de aplicación de las medidas agroambientales en Portugal

De acuerdo con determinadas informaciones, se producen importantes carencias en la aplicación de algunas medidas agroambientales en Portugal, especialmente las de preservación de los sistemas extensivos de dehesa de alcornoques y encinas y de la agricultura biológica.

Estas carencias se plasman fundamentalmente a tres niveles:

- en la falta de preparación de los técnicos que se encargan de la inspección a escala regional;

- en la falta de un marco reglamentario de acciones de fiscalización;

- en la falta de información previa a los agricultores sobre los requisitos técnicos que deben cumplir en las diferentes medidas.

Como resultado de estas carencias surgen con frecuencia disparidades de interpretación sobre lo que son los requisitos legales y técnicos para la correcta aplicación de las diferentes medidas y, por consiguiente, se cometen injusticias con los agricultores beneficiarios de las mismas.

1. ¿Puede facilitar el Comisario responsable de la Agricultura y el Desarrollo Rural información pormenorizada sobre la legislación que define las acciones de fiscalización de las medidas agroambientales en Portugal?

2. ¿Cuál es la formación específica de los técnicos del Ministerio de Agricultura de Portugal responsables de las acciones de fiscalización de las medidas agroambientales?

3. ¿Ha llevado a cabo recientemente la Comisión alguna inspección en Portugal en esta materia?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(27 de septiembre de 2000)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-2355/00

de Mario Mauro (PPE-DE), Giorgio Lisi (PPE-DE) y Antonio Tajani (PPE-DE) a la Comisión

(13 de julio de 2000)

Asunto: Violación del principio de no discriminación y de la competencia en relación con la situación de los enseñantes de las escuelas reconocidas

La perpetuación, dentro de las escuelas italianas reconocidas, de diferencias y discriminaciones totalmente evidentes y en contradicción con el espíritu de la Constitución italiana y con la normativa europea sobre la competencia, impulsa a plantear, a un nivel más alto, las preguntas que se formulan a continuación.

La presente pregunta no pretende, por lo tanto, referirse al artículo 126 del Tratado CE, ni de interferir en él, ya que no se trata de la organización de los sistemas escolares, sino de la violación del derecho de trabajo a causa de las discriminaciones existentes entre el cuerpo de enseñantes de las escuelas públicas y el de las escuelas reconocidas.

1. Los enseñantes italianos de las escuelas reconocidas han podido acceder a la oposición restringida de habilitación, en la que extrañamente se ha reconocido la mitad de los servicios prestados: la puntuación final comprende tanto la evaluación del examen como la mitad de los servicios prestados. ¿Por qué, entonces, en el momento de la determinación del escalafón definitivo se eliminan de nuevo tales servicios?

2. ¿Puede explicar la Comisión por qué motivo el Ministerio de Educación italiano no permite a los enseñantes de las escuelas reconocidas acceder sistemáticamente a las oposiciones por sólo méritos, no reconociendo, una vez más, los servicios prestados?

3. ¿Por qué en los escalafones provinciales para las sustituciones se tiene en cuenta sólo la mitad de los servicios prestados en las escuelas reconocidas? (¿por qué no un tercio o dos tercios? ¿Trabajan sólo la mitad los enseñantes de tales escuelas?).

4. ¿Por qué, una vez superada la oposición ordinaria, a los enseñantes de las escuelas reconocidas no se les reconocen los puntos relativos a la enseñanza?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(13 de septiembre de 2000)

La pregunta formulada por Sus Señorías se refiere a la discriminación de la que supuestamente es objeto el personal docente de las escuelas reconocidas por el Estado italiano, tanto en el momento de su contratación como en la determinación de la antigüedad.

El problema que se plantea no pertenece al ámbito de competencia comunitaria, sino que incumbe a cada Estado miembro establecer las condiciones de acceso a su propia función pública. Las reclamaciones relativas a este tipo de disposiciones son, por lo tanto, competencia de las jurisdicciones nacionales.
PREGUNTA ESCRITA E-1524/00

de Alexander de Roo (Verts/ALE) a la Comisión

(12 de mayo de 2000)

Asunto: Barrio residencial junto a un vertedero de material de dragado

¿Podría dar la Comisión una indicación en general de cómo debe interpretarse el primer apartado del Anexo I de la Directiva relativa al vertido de residuos (1999/31/CEE)(1), en particular vistos los posibles planes de instalar un vertedero para material de dragado peligroso en Oostvlietpolder, en el término municipal de Leiden (Países Bajos)? El municipio colindante de Voorschoten se propone la construcción de un barrio residencial a 250 metros del posible vertedero.

En opinión de la Comisión, ¿es posible la instalación de un vertedero para lodos de dragado peligrosos junto a un barrio residencial?

(1) DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.

Respuesta de la Sra. Wallström En nombre de la Comisión

(16 de junio de 2000)

De acuerdo con el apartado 1 Anexo I de la Directiva 1999/31/CEE de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, al elegir un emplazamiento para la creación de un vertedero deben tenerse en cuenta requisitos tales como las distancias entre el límite del vertedero y las zonas recidenciales y recreativas, vías fluviales, masas de agua y otras zonas agrícolas o urbanas. El vertedero sólo puede autorizarse si las características del emplazamiento cumplen estos requisitos, o si se toman las oportunas medidas correctivas, de forma que el vertedero no plantee problemas medioambientales de importancia.

Corresponde a los Estados miembros adoptar la normativa adecuada para aplicar dichos requisitos. La Directiva 1999/31/CE debe ser incorporada a los ordenamientos nacionales para el 16 de julio de 2001. La construcción de zonas residenciales no entra, sin embargo, en el ámbito de aplicación de la Directiva.