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PREGUNTA ESCRITA E-2231/99

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(1 de diciembre de 1999)

Asunto: Estimaciones de la economía sumergida

¿Podría la Comisión facilitar estimaciones o una serie de estimaciones sobre el volumen de la economía sumergida en cada uno de los Estados miembros? ¿Podría asimismo describir brevemente el método de cálculo en que se basa?

Respuesta de Pedro Solbes Mira en nombre de la Comisión

(21 de diciembre de 1999)

El concepto de economía paralela, oculta o sumergida no está claramente definido. La Comisión no está directamente implicada en la apreciación de tal fenómeno y no puede proporcionar una estimación de su volumen.

De hecho, un elevado número de transacciones y actividades no queda registrado, por muchas razones, en procedimientos administrativos o encuestas estadísticas (incluidos los fraudes, pero también las ausencias, exenciones o umbrales de dimensión). Tales transacciones o actividades no deben considerarse necesariamente como ocultas.

Para garantizar que los datos sobre el producto nacional bruto (PNB) y otros agregados de la contabilidad nacional utilizados en la Comunidad sean completos (y sobre todo para determinar la contribución de los Estados miembros al presupuesto comunitario), en los últimos diez años la Comisión ha colaborado estrechamente con los servicios nacionales de estadística de los Estados miembros a fin de garantizar que todas las actividades que deben incluirse en el PNB queden efectivamente incluidas, independientemente de si han sido declaradas a las autoridades y de cómo hayan sido declaradas. Puede consultarse una descripción de estos trabajos en el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento sobre la aplicación de la Directiva del Consejo relativa al establecimiento del PNB a precios de mercado(1).

En el marco de la estrategia europea en materia de ocupación, la Comisión ha publicado una Comunicación sobre el trabajo no declarado(2) que describe las diversas opciones en este campo. En esta comunicación, el trabajo no declarado se define como cualquier actividad retribuida lícita en cuanto a su naturaleza pero no declarada a las autoridades públicas, aunque teniendo en cuenta las diferencias existentes en la normativa de los diferentes Estados miembros.

(1) COM(96) 124 final.

(2) COM(98) 219 final.
PREGUNTA ESCRITA P-1932/99

de Antonio Tajani (PPE-DE) a la Comisión

(14 de octubre de 1999)

Asunto: Expediente Mitrokin relativo a una red de espionaje italiano dependiente de los servicios secretos de la Unión Soviética

A consecuencia de la transmisión del expediente Mitrokin por el gobierno del Reino Unido, se ha descubierto la existencia de una supuesta red de espionaje dependiente de los servicios secretos de un Estado extranjero enemigo de Italia y de la Europa libre, que actuaba en territorio italiano ejerciendo una acción de control y presión sobre los aparatos del Estado italiano hasta en los más altos niveles institucionales, políticos y gubernamentales.

¿Cuáles son las iniciativas que tiene intención de emprender el Presidente de la Comisión, Sr. Romano Prodi, para favorecer un rápido esclarecimiento de los hechos?

¿Piensa intervenir con rapidez ante el gobierno italiano para que se den a conocer todos los elementos que puedan servir para el establecimiento de la verdad, y solicitar, en caso necesario, a los gobiernos de otros Estados miembros que proporcionen la documentación de que puedan disponer en relación con las revelaciones contenidas en el expediente Mitrokin?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(18 de noviembre de 1999)

La Comisión considera que el tema abordado en la pregunta es ante todo competencia del Estado miembro interesado, responsable de la justicia en su territorio. En virtud del Título VI del Tratado CE, pueden adoptarse medidas para facilitar la cooperación en el ámbito penal. Actualmente prosigue la preparación de un convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros(1), que, cuando entre en vigor, contribuirá sin duda a simplificar y acelerar la cooperación, sea cual sea la naturaleza de los delitos o infracciones perseguidos. Por su parte, la Comisión no tiene previsto adoptar en este marco iniciativas específicas contra el espionaje.

(1) DO C 251 de 2.9.1999.
PREGUNTA ESCRITA P-2439/99

de Ioannis Souladakis (PSE) a la Comisión

(13 de diciembre de 1999)

Asunto: Protección de las empresas comunitarias en Kosovo

Durante el debate de mi pregunta oral H-0608/99 a la Comisión sobre Protección de los intereses de las empresas comunitarias en Kosovo, el 16.11.1999(1), el Comisario Patten declaró no tener noticias sobre presiones y amenazas a empresas europeas en Kosovo. Para cubrir sus lagunas de información al respecto, le entregué en persona la correspondencia escrita al respecto entre la empresa Mitilinaios y los Sres. Kouchner y Dixon. Además, le pedí que se informara sobre la situación y el funcionamiento actuales de las telecomunicaciones en Kosovo, con el fin de que tuviera una opinión global sobre la cuestión.

La buena comunicación entre el Parlamento Europeo y la Comisión contribuirá a proteger los intereses de la UE allí donde pudieran verse amenazados. Y en estos momentos, en Kosovo, están en juego derechos soberanos de empresas europeas. El Organismo de Telecomunicaciones de Grecia (OTE) y la compañía italiana STET International, que tienen una participación del 20% y del 29%, respectivamente, en la empresa Srbija Telekom, se ven perjudicadas por la falta de pago de las tasas debidas a la empresa Srbija Telekom por la utilización de las telecomunicaciones en Kosovo, mientras que el ELK, con el respaldo de apoyos entre bastidores, insiste en la reparación por las dos empresas citadas de la red destruida y su posterior nacionalización por parte de Albania, en vulneración de diversos acuerdos internacionales. La mayor ilegalidad, sin embargo, ha tenido lugar muy recientemente. De modo absolutamente ilícito, un comité especial del que formaban parte representantes de las Naciones Unidas y kosovares de etnia albanesa cedió los derechos de la telefonía móvil a la empresa francesa Alcatel. Los derechos citados pertenecen en exclusiva al OTE y la compañía italiana STET International, según acuerdos internacionales ya vigentes, que determinan que Kosovo está incluido en el espacio vital de ejercicio de competencias y obtención de ganancias de las mismas.

¿De qué modo piensa proteger la Comisión los derechos legales de las empresas europeas que operan en Kosovo, objeto de amenazas en estos momentos por parte de redes ilegales en las que comienzan a intervenir incluso funcionarios de las Naciones Unidas que actúan contrariamente a las órdenes recibidas, según las cuales han de respetar la legalidad en la región?

(1) Acta literal de la sesión de 16.11.1999, p. 60.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(9 de diciembre de 1999)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA P-2581/99

de Maurizio Turco (TDI) a la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

Asunto: Expedientes disciplinarios abiertos contra funcionarios de la Comunidad Europea desde el 1 de enero de 1998

Vistos el Título VI y el Anexo IX del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, ¿podría indicar la Comisión cuántos expedientes disciplinarios se han abierto contra funcionarios de las instituciones europeas desde el 1 de enero de 1998, indicando en cada caso:

- el grado, la responsabilidad y la naturaleza de las funciones del funcionario,

- el tipo de cargo imputado,

- las medidas provisionales que, en su caso, se hayan adoptado,

- la sanción impuesta en caso de que la imputación hubiera sido justificada,

- en el caso en que el funcionario resultara inocente, si ha habido y a cuánto han ascendido los gastos legales a tenor del artículo 10 del Anexo IX del Estatuto?

¿Podría indicar la Comisión, además, cuántas solicitudes se han presentado de conformidad con el artículo 89, cuántas han tenido respuesta positiva y, en cada caso, la sanción impuesta, el grado, la responsabilidad y las funciones del funcionario en el momento de la imputación?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(3 de febrero de 2000)

La Comisión va a remitir directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento los datos relativos a los expedientes disciplinarios en relación con los cuales la autoridad facultada para proceder a los nombramientos ha impuesto sanciones durante el período comprendido entre enero de 1998 y noviembre de 1999, ambos inclusive.

En lo que respecta a las medidas provisionales adoptadas contra funcionarios a los que se haya abierto expediente disciplinario, cabe señalar que el Estatuto prevé la posibilidad de suspender a un funcionario en caso de que se le imputen faltas graves. Desde enero de 1998, se ha suspendido a cuatro funcionarios. A 30 de noviembre de 1999, la suspensión afectaba tan sólo a uno de ellos.

El Consejo de Disciplina no fue consultado en once de los procedimientos disciplinarios.

Las costas reembolsadas por la Comisión en 1998 y 1999 en relación con expedientes disciplinarios (artículo 10 del Anexo IX del Estatuto) fueron nulas en 1998 y ascendieron a 141 342 en 1999.

Durante el período comprendido entre enero de 1998 y noviembre de 1999, un funcionario solicitó, al amparo del artículo 89 del Estatuto de los Funcionarios, la supresión de su expediente personal de toda referencia a la sanción que le fue impuesta (descenso de escalón), solicitud que fue aceptada por la AFPN.
PREGUNTA ESCRITA E-1574/99

de Alonso Puerta (GUE/NGL) y Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(1 de septiembre de 1999)

Asunto: Programa de Desarrollo Regional (PDR)

¿Cuál es la fecha límite para la remisión a la Unión Europea de los PDR 2000-2006 por parte de los Estados miembros con regiones correspndientes al Objetivo 1?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1574/99 y E-1575/99 dada por el Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(11 de octubre de 1999)

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(1), salvo acuerdo contrario con el Estado miembro de que se trate, los planes deben presentarse a más tardar cuatro meses después de establecerse las listas de las zonas beneficiarias. Dado que la Comisión adoptó la lista de las regiones incluidas en el objetivo no 1 el 1 de julio de 1999, el plazo límite de presentación de los planes del objetivo no 1 es el 1 de noviembre de 1999. A petición del Estado miembro, este plazo podrá prorrogarse de acuerdo con la Comisión, para facilitar la elaboración del plan.

(1) DO L 162 de 26.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA P-2607/99

de Carlo Fatuzzo (PPE-DE) a la Comisión

(22 de diciembre de 1999)

Asunto: Servicios Audiotel Telecom Italia S.A

Telecom S.A detenta en Italia el monopolio de los servicios Audiotel que proporcionan a los usuarios asesoramiento telefónico, informaciones varias, servicios de psicología etc.

¿Piensa tolerar la Comisión que Telecom abuse de su monopolio pagando las facturas de las empresas que gestionan estos servicios si quiere y cuando quiere, bloqueando incluso sine die el pago de cantidades ingentes, aduciendo para ello la existencia de irregularidades vagas?

En este caso las empresas de servicios perjudicadas no tienen siquiera la posibilidad de justificarse y se arriesgan a la quiebra con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, ¿y todo ello en beneficio de quién?

¿Piensa investigar el hecho de que, mediante carta de 21 de octubre de 1999, no de referencia 0028084-01, Telecom Italia S.A, Via Dalmazzo 15, Turín, haya interrumpido el pago a la empresa Publiline S.L, Via Antiche Fornaci 66, Cremona, Italia, de las deudas acumuladas desde el 1 de agosto de 1999?

Respuesta del Presidente Monti en nombre de la Comisión

(20 de enero de 2000)

El servicio Audiotel (audiotexto) italiano fue liberalizado por el Decreto General sobre Autorizaciones no420/95 aunque se precisan, sin embargo, disposiciones específicas para ofrecer servicios de acceso reservado. La Comisión intervino en sucesivas ocasiones ante las autoridades italianas para que publiquen rápidamente estas condiciones con el fin de permitir a las empresas de servicios de audiotexto ofrecer sus servicios, y sigue de cerca la cuestión.

Actualmente, una serie de empresas ofrecen servicios de audiotexto mediante la red de Telecom Italia (números que comienzan por los códigos 166 y 144). Telecom Italia factura al cliente y gira una parte del importe facturado al prestador de servicio. La sociedad Publiline es uno de estos prestadores.

En efecto, según la información de la que la Comisión dispone, Telecom Italia habría suspendido el pago a Publiline de importes facturados a sus suscriptores en aplicación de una de las condiciones del contrato que vincula a ambas empresas y la empresa de telecomunicaciones habría planteado el litigio ante la Justicia italiana.

En principio, la Comisión no interviene en asuntos pendientes de sentencia por parte de órganos jurisdiccionales nacionales. El juez nacional puede, no obstante, consultar a la Comisión sobre cuestiones de derecho relativas a la aplicación de las normas de competencia en los casos que se le plantean, como lo recuerda el apartado 38 de la Comunicación de la Comisión del 13 de febrero de 1993(1) relativa a la cooperación entre los tribunales nacionales para la aplicación de las normas de competencia.

(1) DO C 39 de 13.2.1993.
PREGUNTA ESCRITA P-2860/99

de Rolf Linkohr (PSE) a la Comisión

(7 de enero de 2000)

Asunto: Central hidroeléctrica de Rheinfelden Fomento de grandes centrales hidroeléctricas

La central hidroeléctrica de Rheinfelden está proyectando ampliar el rendimiento energético de 25,7 a 116 megavatios. Esta ampliación deberá reemplazar a la antigua central de 1898, que será necesario renovar. Está previsto que las obras comiencen a mediados de 2003, de lo contrario caducará la concesión del derecho de aguas y, con ella, la autorización para la producción de energía en el lugar en cuestión.

Por el momento, ni los programas de fomento de las energías renovables alemanes ni los europeos abarcan las grandes centrales hidroeléctricas. En la situación actual, no se podría realizar la ampliación necesaria de la central hidroeléctrica de Rheinfelden. Si, por motivos económicos, no se pueden seguir construyendo grandes centrales hidroeléctricas como la de Rheinfelden, la Unión Europea va a tener que enfrentarse a problemas aún más serios para poder cumplir con sus compromisos contraídos en Kioto con respecto a la reducción de las emisiones de CO2.

1. ¿Conoce la Comisión el caso de Rheinfelden? ¿Existen casos similares en otros países?

2. ¿Qué opinión le merece a la Comisión el caso descrito?

3. ¿Ve la Comisión alguna posibilidad de que la directiva prevista para el apoyo a la producción de electricidad a partir de energías renovables en el mercado interior de la electricidad contemple también este caso?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(26 de enero de 2000)

Los criterios en que se basa la autorización para construir o transformar centrales eléctricas son competencia de los Estados miembros. La Comisión no conoce cuál es la situación específica de la central de Rheinfelden.

La Comisión es favorable al desarrollo de las centrales hidroeléctricas, pero son los agentes del mercado los que toman las decisiones de inversión una vez que cuentan con la aprobación de las autoridades pertinentes.

La Comisión está estudiando actualmente la inclusión de las grandes centrales hidroeléctricas en el ámbito de una propuesta de Directiva relativa al fomento de la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables, en el marco del mercado interior de la electricidad.
PREGUNTA ESCRITA P-2606/99

de John Cushnahan (PPE-DE) a la Comisión

(22 de diciembre de 1999)

Asunto: Plan de pensiones de jubilación anticipada.

¿Puede la Comisión confirmar si el próximo año habrá un incremento de los pagos en el nuevo Plan de pensiones de jubilación anticipada? En tal caso, ¿se beneficiarán del aumento quienes ya cobran esta pensión con arreglo al plan antiguo?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(18 de enero de 2000)

El Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola(1) permite incrementar los importes máximos que dan derecho a ayudas comunitarias dentro del régimen de jubilación anticipada que puede integrarse en los planes de desarrollo rural propuestos por los Estados miembros de cara al período 2000-2006. El aumento de las ayudas a la jubilación anticipada sólo se aplicaría a quienes se acojan al nuevo régimen. No obstante, dado que los compromisos adquiridos en virtud del Reglamento (CEE) no 2079/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de ayudas a la jubilación anticipada en la agricultura(2), deberían integrarse en la

nueva programación de desarrollo rural, no está totalmente descartado que los importes de las ayudas a los actuales beneficiarios se incrementen y se nivelen con los importes más altos fijados para los nuevos beneficiarios. Ahora bien, ese aumento debe justificarse plenamente por las circunstancias propias del Estado miembro de que se trate. El aumento de los importes máximos que dan derecho a recibir ayudas comunitarias previsto en el nuevo Reglamento del Consejo no justifica, por sí solo, el incremento de los pagos efectuados en virtud de los compromisos vigentes.

(1) DO L 160 de 26.6.1999.

(2) DO L 215 de 30.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA P-2193/99

de Herman Schmid (GUE/NGL) a la Comisión

(19 de noviembre de 1999)

Asunto: Tricloretileno

El tricloretileno es un disolvente volátil que produce lesiones nerviosas y está considerado cancerígeno. La Comisión ha adoptado tradicionalmente una actitud más laxa respecto a este disolvente. En Suecia el consumo de este producto así como de otros disolventes clorados por parte del público ha estado prohibido desde 1993 y su consumo por la industria ha estado prohibido desde 1996.

¿Está informada la Comisión de los resultados de las nuevas investigaciones, que llegan a la conclusión de que el tricloretileno debe clasificarse como sustancia cancerígena?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(4 de enero de 2000)

Desde 1976 el tricloretileno figura como sustancia peligrosa en el Anexo I de la Directiva 67/548/CE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las legislaciones, reglamentaciones y disposiciones administrativas en materia de clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas(1). Desde 1988, el tricloretileno figura en la categoría 3 de sustancias carcinógenas (posibles efectos carcinógenos en el hombre). Además, está clasificada como peligrosa para el medio ambiente desde 1996.

Por lo que se refiere a la prohibición del tricloretileno en Suecia, es importante señalar que existen una serie de excepciones para la industria con respecto a dicha prohibición.

Las reuniones periódicas de expertos auspiciadas por la Comisión han estudiado el caso del tricloretileno detenidamente desde 1996 con el fin de revisar su clasificación y etiquetado. Para hacerlo, tienen en cuenta los últimos resultados de la investigación, entre los que se incluyen los debates a escala nacional, como el encuentro de expertos de Francfort de 2 de diciembre de 1999, en el que se evaluaron de forma crítica una serie de preocupantes estudios epidemiológicos.

La frecuente discusión del tricloretileno y la detenida evaluación de los datos disponibles demuestran que no es apropiado hablar de una actitud laxa de la Comisión con respecto a esta sustancia.

(1) DO 196 de 16.8.1967.
PREGUNTA ESCRITA P-2295/99

de Brigitte Langenhagen (PPE-DE) a la Comisión

(29 de noviembre de 1999)

Asunto: Importación de salmones del Danubio y de su freza en Finlandia

La importación de peces en Finlandia sólo puede hacerse si éstos proceden de criaderos autorizados por la UE. La autorización se limita a las instalaciones que poseen sistemas cerrados, es decir, que no entran en contacto con aguas abiertas, para minimizar así el riesgo de epidemias.

El salmón del Danubio es una especie de agua dulce que posee, no obstante, en condiciones marinas un potencial de crecimiento considerablemente mayor, por lo que se desea importarlo en Finlandia. Sin embargo, para criarlo en agua dulce debe mantenerse en estanques abiertos, cuyo abastecimiento de agua se realice a partir de aguas superficiales, para poder obtener un producto de calidad. Si los alevines de salmón del Danubio se mantienen en aguas de origen subterráneo a temperatura templada uniforme, el producto resultante es de baja calidad reproductiva. En Alemania y Austria, estos sistemas abiertos para la cría de salmones del Danubio son regularmente inspeccionados y examinados desde el punto de vista epidemiológico por los servicios sanitarios.

¿Es posible obtener una autorización excepcional para importar en Finlandia salmones del Danubio o su freza que no procedan de sistemas cerrados? ¿Qué certificados o justificantes deben presentarse para ello?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(8 de diciembre de 1999)

Las condiciones en materia de intercambios intracomunitarios de peces vivos destinados a la cría se hallan establecidas en la Directiva 91/67/CEE del Consejo, de 28 de enero de 1991, relativa a las condiciones de policía sanitaria aplicables a la puesta en el mercado de animales y de productos de la acuicultura(1). El objetivo de esta Directiva es prevenir la propagación de enfermedades de los peces durante las transacciones comerciales.

En el marco de la Directiva 91/67/CEE, Finlandia ha obtenido el estatuto de país libre de las enfermedades de la necrosis hematopoyética infecciosa (IHN) y de la septicemia hemorrágica viral (VHS), las dos principales enfermedades de los salmónidos. Todo Estado miembro que desee exportar salmónidos a Finlandia deberá cumplir los requisitos establecidos por la legislación comunitaria con relación a la ausencia de esas enfermedades. Habida cuenta de que el salmón del Danubio pertenece a la familia de los salmónidos, toda exportación de esta especie a un país libre de la enfermedad deberá cumplir dicho requisito. No está establecida ninguna excepción a dicho principio.

No se ha definido ningún requisito comunitario en materia de importación de salmónidos procedentes de terceros países. La Directiva 91/67/CEE establece que, en ese caso, los Estados miembros deberán garantizar que las importaciones cumplen unas condiciones cuando menos equivalentes a las que se aplican a la producción y comercialización de productos comunitarios.

(1) DO L 46 de 19.2.1991.