PREGUNTA ESCRITA E-2778/99

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(18 de enero de 2000)

Asunto: Supresión de puestos de trabajo existentes en una fábrica subvencionada, inversión de la empresa de pastas alimenticias MISCO S.A.

La empresa MISCO, Industria de Pastas Alimenticias S.A., filial de la empresa italiana Barilla, obtuvo una subvención a través de la ley griega de desarrollo 1892/90 para la creación de una nueva planta de producción en Tebas, con la obligación de mantener los 275 puestos de trabajo fijos existentes. Antes de que concluyera la construcción de la nueva planta, la empresa cerró la fábrica de producción de pastas alimenticias de Patras, obligando al personal existente a despedirse o aceptar el traslado a otras fábricas de la empresa, pero sin determinar en el caso de los trabajadores que aceptaron el traslado el lugar exacto y el momento del comienzo de su trabajo, la naturaleza del mismo y la cuantía de sus retribuciones, los gastos de su traslado, ni siquiera dónde se les emplearía tras el cese del funcionamiento de la fábrica de Patras, ocurrido el 10.9.1999, hasta que comience a funcionar la nueva planta de Tebas.

Dado que la decisión de la empresa de suspender el funcionamiento de la fábrica de Patras contraviene la obligación adquirida de mantener los puestos de trabajo existentes y se adoptó sin consulta previa alguna a los trabajadores, prevista de modo explícito por la Directiva 94/45/CE(1):

1. ¿Puede indicar la Comisión si se piensa controlar la subvención de la nueva fábrica de la empresa en cuanto al respeto de la condición de mantener los puestos de trabajo existentes?

2. ¿Piensa examinar si se ha cumplido lo previsto por la Directiva 94/45/CE con respecto a la obligación de información y consulta/negociación con los trabajadores y a la participación del sindicato de los trabajadores de la empresa MISCO en el comité de empresa europeo de Barilla, empresa matriz de la anterior?

(1) DO L 254 de 30.9.1994, p. 64.

Respuesta complementaria común a las preguntas escritas E-2778/99 y E-2779/99 dada por la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(23 de febrero de 2001)

La Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria(1), hace responsable a la dirección central de la empresa o del grupo de empresas de dimensión comunitaria de la creación de las condiciones y los medios necesarios para la institución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y de consulta transnacional de los trabajadores, por su propia iniciativa o previa petición por escrito de como mínimo 100 trabajadores procedentes de al menos dos Estados miembros diferentes.

Esto significa que la Directiva no impone automáticamente la creación de mecanismos, sino que se limita a conceder a los trabajadores el derecho a reclamarlos.

Tras efectuar una petición inicial en este sentido, debe constituirse un grupo especial de negociación, que estará compuesto por representantes de los trabajadores del conjunto de las empresas y los centros de actividad que componen el grupo de empresas, que deberán ser elegidos o designados según criterios de distribución geográfica y representación proporcional en función del número de trabajadores empleados en cada Estado miembro.

La tarea principal de este grupo especial de negociación consiste en negociar y celebrar un acuerdo con la dirección central sobre las modalidades de creación y funcionamiento de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y de consulta alternativo.

Según las informaciones transmitidas a la Comisión, parece ser que en la empresa Barilla todavía no existe ningún comité de empresa europeo, sino que solamente se están celebrando negociaciones que se espera que desemboquen en la firma de un acuerdo a corto plazo.

Por último, debe subrayarse que, por lo que se refiere a los despidos colectivos efectuados y a los derechos adquiridos de los trabajadores en caso de transferencia de empresas, cubiertos por la Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos(2), y la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad(3), modificada por la Directiva 98/50/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998(4) respectivamente, la legislación que se aplica en este caso son las leyes nacionales que incorporan las disposiciones comunitarias.

El Fondo Social Europeo (FSE) podría estudiar la posibilidad de conceder una cofinanciación a medidas generales destinadas a evitar y combatir el desempleo, especialmente por lo que se refiere a las empresas en proceso de reestructuración. Esto podría llevarse a cabo en el marco del Programa Operativo (PO) del tercer Marco Comunitario de Apoyo para Grecia, que se está preparando en la actualidad, en especial el PO Promoción del empleo y formación continua. En este caso, las autoridades griegas deberían elaborar y presentar un plan integrado en este sentido que cumpliera el Reglamento (CE) no 1262/1999 del Parlamento europeo y del Consejo de 21 de junio de 1999 relativo al Fondo Social Europeo(5) y las normas sobre ayudas estatales.

(1) DO L 254 de 30.9.1994.

(2) DO L 225 de 12.8.1998.

(3) DO L 61 de 5.3.1977.

(4) DO L 201 de 17.7.1998.

(5) DO L 161 de 26.6.1999.