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PREGUNTA ESCRITA E-3744/97 de Anita Pollack (PSE) a la Comisión (21 de noviembre de 1997)

Asunto: Medidas de seguridad contra incendios en los hoteles

Con relación a la pregunta E-1423/97 ((DO C 45 de 10.2.1998, p. 29. )), ¿puede la Comisión indicar qué acciones se están llevando a cabo respecto a las recomendaciones establecidas en el Estudio CETEN/APAVE, y en particular las que atañen a la formación del personal hotelero en materia de seguridad contra incendios, a la inspección y mantenimiento de los equipos contra incendios, a la unificación de las disposiciones nacionales en materia de seguridad contra incendios en los hoteles y a la creación de un registro de seguridad contra incendios en los hoteles? Estas cuestiones se trataban en la sección V.I (síntesis de las propuestas) del estudio (págs. 716 y 717).

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (9 de enero de 1998)

Como sabrá su Señoría (cf. la respuesta de la Comisión a su pregunta escrita E-1423/97 de este mismo año), el estudio llevado a cabo por CETEN/APAVE tiene como objetivo verificar el grado de aplicación en las legislaciones nacionales de los Estados miembros de las recomendaciones incluidas en la Recomendación 86/666/CEE del Consejo de 22 de diciembre de 1986 relativa a la seguridad de los hoteles existentes contra los riesgos de incendio ((DO L 384 de 31.12.1986. )).

Del estudio se desprende que, en la inmensa mayoría de los casos, las legislaciones nacionales han incorporado los elementos de la Recomendación como normas mínimas de cumplimiento obligatorio y que incluso, en algunos casos, han adoptado normas aún más rigurosas.

Las recomendaciones de los autores del estudio fueron formuladas a iniciativa propia. Sin poner duda su interés intrínseco y como posible fuente de inspiración de nuevas medidas a nivel nacional o comunitario, estas recomendaciones no tienen carácter vinculante para la Comisión. Puesto que el estudio puso de manifiesto los buenos resultados de las medidas ya adoptadas, la Comisión no contempla por el momento ningún seguimiento particular de estas recomendaciones.
PREGUNTA ESCRITA E-4192/97 de Maria Berger (PSE) al Consejo (22 de enero de 1998)

Asunto: Posesión de armas

Desde hace tiempo abundan las noticias de homicidios múltiples cometidos en los Estados miembros por personas enajenadas poseedoras de armas. Las víctimas pertenecen a muy distintos grupos de población; las armas empleadas son de muy diversos tipos y en la mayor parte de los casos han sido adquiridas con facilidad; los autores de los homicidios presentan perfiles de personalidad muy variados. Sólo es posible hacer frente a esta problemática reglamentando con severidad y limitando en toda la Unión Europea, de forma unitaria, la posesión de armas entre los particulares y en especial la venta y adquisición de armas para el uso personal.

Ante estos hechos, ¿piensa aumentar el Consejo la severidad de las disposiciones de la Directiva sobre las armas?

Respuesta (30 de marzo de 1998)

Como sin duda sabe Su Señoría, el control de la adquisición y tenencia de armas por parte de los particulares se halla actualmente regulado por la Directiva 91/477/CEE de 18 de junio de 1991 (DO L 256 de 13 de septiembre de 1991). Dicha Directiva clasifica las armas individuales en cuatro categorías: armas de fuego prohibidas, armas de fuego sujetas a autorización, armas de fuego sujetas a declaración y armas de fuego de libre comercio. Además, los Estados miembros pueden mantener o introducir en su legislación disposiciones más estrictas si lo consideran necesario. De hecho, en la mayoría de los Estados miembros, la adquisición de armas por parte de los particulares está prohibida o sujeta a autorización. Hasta ahora la Comisión no ha presentado al Consejo ninguna propuesta destinada a reforzar esta legislación.
PREGUNTA ESCRITA E-3819/97 de Viviane Reding (PPE) al Consejo (28 de noviembre de 1997)

Asunto: Precios agrícolas y fluctuaciones monetarias tras la introducción del euro

Tras la introducción de la moneda única en cierto número de Estados miembros, ¿qué va a ocurrir con las medidas destinadas a compensar las pérdidas ocasionadas por las fluctuaciones monetarias en el comercio intracomunitario de productos agrícolas?

Se da por sentado que dichas fluctuaciones dejarán de existir de facto en la zona euro. El problema se plantea en el caso del comercio entre la zona euro y la de los países «pre-in»; ¿seguirán beneficiándose las exportaciones de productos agrícolas de la zona euro hacia los países «pre-in» de estas compensaciones en caso de fluctuaciones monetarias fuera de la zona euro?

¿Cuál es la opinión del Consejo en lo que se refiere a este aspecto específico de las consecuencias que tendrá la introducción del euro para la Política Agrícola Común?

Respuesta (26 de febrero de 1998)

El Reglamento (CEE) no 3813/92 del Consejo relativo a la unidad de cuenta y a los tipos de conversión aplicables en el marco de la Política Agrícola Común, que no tiene un límite temporal de aplicación, constituye la normativa básica del Consejo por lo que respecta a las medidas destinadas a compensar las pérdidas ocasionadas por las fluctuaciones monetarias en el comercio intracomunitario de productos agrícolas. No obstante, por lo que se refiere a las compensaciones de las pérdidas de rentas ocasionadas por las fluctuaciones monetarias, el Consejo ha adoptado el Reglamento (CE) no 724/97, que constituye una excepción del primer Reglamento citado, para ajustarse a las obligaciones contraídas en el marco del GATT y a las propias de la disciplina presupuestaria. Este último Reglamento estará en vigor hasta el 30 de abril de 1998.

Por el momento, el Consejo no ha recibido ninguna propuesta legislativa de la Comisión encaminada a adaptar la normativa vigente y a configurar el futuro régimen agromonetario. Por consiguiente, en la actualidad, el Consejo no dispone de elementos suficientes para poder pronunciarse sobre los efectos que podrían tener las posibles fluctuaciones monetarias futuras sobre los intercambios comerciales de productos agrícolas entre los Estados miembros participantes y los preparticipantes, así como entre los Estados miembros que en una primera etapa no se integren en la zona euro.

La evaluación del impacto previsible de la entrada en vigor del euro en la PAC deberá hacerse con ocasión del debate que se celebre sobre la adopción por el Consejo de las nuevas disposiciones reglamentarias que deberá proponer la Comisión, previa consulta del Parlamento Europeo.

Dada la importancia de este asunto, el Consejo prestará una atención especial al examen de esas propuestas.
PREGUNTA ESCRITA E-4030/97 de Bryan Cassidy (PPE) a la Comisión (14 de enero de 1998)

Asunto: Reglamentación adoptada en 1996 por el RU en materia de obligaciones y responsabilidades del fabricante (residuos de envases)

¿No estima la Comisión que el Reino Unido debería ser llevado ante el Tribunal de Justicia Europeo con el objeto de determinar si las normas de envasado británicas constituyen un obstáculo para el libre comercio en la UE?

Respuesta común a las preguntas escritas E-4030/97 y E-4034/97 dada por el Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (23 de febrero de 1998)

La Comisión comunica a Su Señoría que en la actualidad está examinando las medidas de aplicación notificadas por el Reino Unido en relación con la Directiva 94/62/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, sobre envases y residuos de envases ((DO L 365 de 31.12.1994. )). Su Señoría puede estar seguro de que la Comisión emprenderá la acción oportuna en caso de que el examen completo revele cualquier obstáculo al libre comercio. A este respecto, la Comisión recibirá con sumo interés cualquier información complementaria que Su Señoría pueda suministrar en relación con los supuestos obstáculos al libre comercio a que hace referencia.
PREGUNTA ESCRITA E-3636/97 de Luciano Vecchi (PSE) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Garantías de cara a acceder a la iniciativa de empleo en España

Como ya se señaló en preguntas anteriores, la decisión de las autoridades italianas de obligar a las empresas que actúan sin ánimo de lucro a concertar garantías bancarias para poder acceder a las iniciativas de empleo resulta costosa y punitiva para las entidades que tienen dificultades para presentar garantías financieras propias.

Sabiendo que esta cuestión se regula de manera distinta en cada uno de los Estados miembros de la Unión, ¿puede decir la Comisión si en España está previsto exigir a las empresas que actúan sin ánimo de lucro (y en general a las empresas de la economía social y del «tercer sistema») que presenten garantías financieras o bancarias y, en caso afirmativo, con qué condiciones?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3624/97, E-3625/97, E-3626/97, E-3627/97, E-3628/97, E-3629/97, E-3630/97, E-3631/97, E-3632/97, E-3633/97, E-3634/97, E-3635/97, E-3636/97 y E-3637/97 dada por el Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (30 de enero de 1998)

La Comisión no dispone de datos sobre la obligación impuesta por los Estados miembros a las organizaciones sin ánimo de lucro de presentar una garantía bancaria para poder acceder a las financiaciones previstas en los diversos programas comunitarios. Este asunto es competencia de la legislación nacional.

En lo que se refiere a la concesión de subvenciones dentro de la iniciativa Empleo, compete a las autoridades nacionales firmantes de los convenios con los promotores de los proyectos exigir garantías bancarias según las normas nacionales vigentes. En Alemania, Grecia, España, Austria y Portugal normalmente no se piden dichas garantías a los promotores potenciales para permitirles acceder a la iniciativa Empleo.

Si bien es verdad que la constitución de una garantía bancaria puede suponer una carga suplementaria sobre todo para las empresas de la economía social, no es menos cierto que dicha garantía resulta indispensable cuando las consecuencias del mal cumplimiento de una obligación contractual puedan exceder los recursos financieros del deudor.

El Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 ((DO L 356 de 31.12.1997. )), en su versión modificada ((DO L 240 de 7.6.1995. )), que se aplica al presupuesto general de las Comunidades Europeas, exige la constitución de una fianza por los contratistas en el caso de contratos muy importantes o de la concesión de subvenciones de envergadura para la realización de proyectos. Sin embargo, a la mayoría de la asociaciones de carácter social rara vez le afecta esta obligación, habida cuenta de la amplitud limitada de los proyectos que proponen.
PREGUNTA ESCRITA E-3735/97 de Yves Verwaerde (PPE) a la Comisión (21 de noviembre de 1997)

Asunto: Programa JEM (Junior EU-ASEAN Managers exchange programme: programa de intercambio de jóvenes directivos UE-ASEAN)

¿Podría indicar la Comisión un primer balance de dicho programa en el que conste el número de candidatos que han participado en los intercambios entre la Unión Europea y los países de Asia en ambos sentidos, desde que este programa existe, y el número de empresas que acogen a los participantes y los ámbitos de actividad de las mismas?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión (12 de diciembre de 1997)

El programa JEM (Junior UE-ASEAN Managers Exchange Programme), establecido en 1996, es plenamente operativo desde noviembre de 1996. Ofrece a las empresas de las dos regiones la oportunidad de acoger a jóvenes empresarios de la otra región, permitiendo así un intercambio mutuo de experiencia profesional y de cultura.

Desde noviembre de 1996, tres grupos de jóvenes directivos asiáticos (14, 17 y 10 participantes) fueron acogidos en 19 empresas europeas de 6 Estados miembros de los sectores del comercio y la distribución, del transporte, de los sistemas electrónicos, de la energía y del medio ambiente. En enero/febrero de 1998 está previsto el envío de cerca de 15 jóvenes directivos europeos a Asia y de 15 asiáticos a Europa, en los sectores de la distribución y la microelectrónica (Asia) y la distribución, los medios de comunicación y la banca (Europa).

Este primer año de funcionamiento del programa ha producido excelentes resultados: las empresas y los jóvenes participantes expresaron su satisfacción por esta experiencia. La Comisión, por otra parte, encargó a un asesor independiente un primer balance sobre esta base.
PREGUNTA ESCRITA E-3762/97 de Allan Macartney (ARE) a la Comisión (21 de noviembre de 1997)

Asunto: Venta de sustancias para lavar ovejas que contengan organofosfatos y contaminación de aguas subterráneas

En relación con la carta de la Comisión P1242/90 (DGXI), ¿acaso la Comisión ha ejercido o está ejerciendo acciones legales, y cuáles en su caso, contra el Reino Unido por infringir la Directiva sobre Aguas Subterráneas?

En particular, ¿se está tomado algún tipo de medida que afecte a Escocia específicamente y al empleo de sustancias para lavar ovejas con organofosfatos que contaminan las aguas subterráneas?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (15 de enero de 1998)

La queja registrada por la Comisión con el número de expediente P1242/90 ha seguido su curso bajo la referencia 90/5242. Tras el cruce de correspondencia suplementaria con el gobierno británico, la Comisión decidió, de conformidad con el artículo 169 del Tratado CE, enviar al Reino Unido un dictamen motivado. Esta decisión se está llevando a la práctica en este momento.

La Comisión considera que es inadecuada la incorporación a Derecho realizada por el Reino Unido (que incluye Escocia) de la Directiva 80/68/CEE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas ((DO L 20 de 26.1.1980. )), en particular, porque no se exige la autorización ni la investigación previas de un vertido en todas las situaciones exigidas por la Directiva. Además, la Comisión considera que se han aplicado inadecuadamente los requisitos de la Directiva en lo que atañe a la eliminación del agua del baño desinfectante de las ovejas (incluida Escocia).
PREGUNTA ESCRITA E-3480/97 de Panayotis Lambrias (PPE) a la Comisión (31 de octubre de 1997)

Asunto: Aplicación del Derecho comunitario

Como resulta del informe sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (1996), en las «reuniones paquete» entre la Comisión y los Estados miembros se logró llegar a una solución en el 42 % de los casos examinados. Dado que dicha medida, claramente de carácter político, requiere notables cantidades de dinero y energía por parte de la Comisión, el TJCE y los Estados miembros, ¿puede decir la Comisión:

1. si tiene intención de celebrar dichas reuniones de forma sistemática y de aumentar su frecuencia;

2. cuántas «reuniones paquete» están previstas para 1998, para poder prepararlas mejor;

3. si dispone del número indispensable de asesores jurídicos en sus servicios, especialmente en los sectores de medio ambiente y de libertades públicas?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (10 de diciembre de 1997)

1. La Comisión celebra periódicamente «reuniones paquete» con las administraciones nacionales sobre el conjunto de los expedientes de infracción en curso en un determinado sector. La Comisión recurre a esta práctica en todos los casos en que resulta posible.

Asimismo, la Comisión tiene previsto continuar con las administraciones nacionales de los Estados miembros las reuniones bilaterales sobre la aplicación de las directivas comunitarias. Dichas reuniones (denominadas «misiones directivas») permiten concienciar a las administraciones de su obligación de incorporar las directivas al Derecho nacional y ayudarles en su tarea. La finalidad de estas reuniones es acelerar el proceso de incorporación para poner fin, de este modo, a las situaciones de infracción.

2. La Comisión y los Estados miembros están preparando actualmente el programa de estos dos tipos de reuniones para 1998.

3. Sí.
PREGUNTA ESCRITA E-3324/97 de Maartje van Putten (PSE) al Consejo (21 de octubre de 1997)

Asunto: Aplicación de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la violación de los derechos de los pueblos indígenas y la explotación intensiva de los bosques tropicales en la isla de Yamdena, Indonesia

En relación con la Resolución B4-0065 y 130/97 ((DO C 85 de 17.3.1997, p. 147. )) del Parlamento Europeo, ¿puede responder el Consejo a las siguientes preguntas?

1. ¿Sabe el Consejo si el Gobierno de Indonesia ha adoptado verdaderas medidas para iniciar un diálogo con la población indígena de la isla de Yamdena con el fin de garantizar el desarrollo sostenible de la isla de Yamdena y del archipiélago de las Molucas en condiciones aceptables desde el punto de vista social?

2. ¿De qué forma se propone el Consejo manifestar, en el marco de sus contactos con el Gobierno indonesio, la preocupación del Parlamento Europeo con respecto a los derechos de la población indígena del archipiélago de las Molucas y la tala de los bosques tropicales en la isla de Yamdena?

Respuesta (26 de febrero de 1998)

El Consejo no tiene conocimiento de ninguna medida concreta del Gobierno indonesio en relación con el tema planteado en la pregunta.

En los contactos que se mantienen entre los Estados miembros y otros países de Asia, con inclusión de Indonesia, la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas se aborda generalmente dentro del contexto de los debates en curso sobre los derechos humanos. Es habitual que se haga mención de la preocupación de la Unión Europea por las minorías.

El desarrollo sostenible de regiones como la que es objeto de la pregunta ha constituido, hace algún tiempo, otro tema principal de las deliberaciones entre la Unión y los países en desarrollo. Indonesia no es una excepción a este principio.
PREGUNTA ESCRITA E-3889/97 de Marlene Lenz (PPE) a la Comisión (5 de diciembre de 1997)

Asunto: Transposición en Italia de la Directiva 91/439/CEE del Consejo de 29 de julio de 1991

¿Qué medidas tomará la Comisión para que también en Italia se transponga sin demora la Directiva 91/439/CEE ((DO L 237 de 24.8.1991, p. 1. )) del Consejo de 29 de julio de 1991, según la cual ya no es necesaria la convalidación del carnet de conducir dentro de los países de la Unión Europea?

Cuando se dispuso a registrar su vehículo, un ciudadano alemán, a quien en enero de 1997 le fue concedido el derecho de residencia (en Pantasina, cerca de Imperia), fue informado por las autoridades competentes de la necesidad de sustituir su carnet de conducir alemán por uno italiano en el plazo de un año.

Cuando solicitó información respecto a si la mencionada Directiva había sido ya transpuesta en Italia, el ciudadano alemán tuvo la impresión de que las autoridades italianas ni siquiera tenían conocimiento de ella.

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (29 de enero de 1998)

La Directiva del Consejo 91/439/CEE del 29 de julio de 1991 sobre el permiso de conducción entró en vigor el 1 de julio de 1996. Italia transpuso esta Directiva al derecho nacional el 8 de agosto de 1994 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 193 del 19.8.1994, pags. 13-34).

Sin embargo, de la correspondencia entre las autoridades nacionales de Roma y las oficinas locales responsables de la aplicación de la legislación mencionada se desprende que la transposición a la legislación italiana no estaba de conformidad con parte de las disposiciones de la Directiva 91/439/CEE, cosa que confirmaron varias quejas de ciudadanos. Las autoridades italianas restringieron desde el 1 de julio de 1996 el principio fundamental de reconocimiento mutuo de permisos de conducción emitidos por los Estados miembros a los permisos conformes al modelo especificado en el Anexo I de la Directiva 91/439/CEE. Esto significa que los titulares de un permiso emitido por otro Estado miembro antes del 1 de julio de 1996 que no se ajuste a lo establecido en el Anexo I de la Directiva, aún deberán cambiar su permiso en el plazo de un año a partir de la fecha de inicio de su residencia en Italia.

Tras varias peticiones infructuosas presentadas ante las autoridades italianas para que aplicasen correctamente la Directiva, la Comisión envió una carta del aviso formal a las autoridades italianas el 29 de julio de 1997. Las autoridades italianas respondieron mediante carta del 31 de octubre de 1997 y señalaron que adaptarían su legislación para hacerla conforme a la Directiva 91/439/CEE. Teniendo en cuenta las numerosas quejas de residentes en Italia, la Comisión se propone seguir atentamente la evolución de este problema y continuará su procedimiento de infracción mientras espera la entrada en vigor de las disposiciones modificadas que ajusten la aplicación de la legislación italiana a la Directiva 91/439/CEE.
PREGUNTA ESCRITA E-3587/97 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Libre concesión de permisos de circulación de vehículos de uso público a transportistas que no son griegos

Las autoridades griegas aseguran que la Comisión presiona a Grecia para que conceda, sin ninguna limitación, permisos de circulación de vehículos de uso público a transportistas que no son griegos. Señalan asimismo que en todos los Estados miembros de la Unión Europea la concesión de permisos de circulación a transportistas por carretera es totalmente libre.

¿Puede indicar la Comisión hasta qué punto ello es cierto, si es una obligación impuesta por la legislación comunitaria, y cuáles son los reglamentos y directivas concretos que obligan a las autoridades griegas a conceder libremente estos permisos de circulación?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (20 de enero de 1998)

La Comisión no ha ejercido ningún tipo de presión sobre las autoridades griegas por lo que respecta al asunto a que se refiere Su Señoría, es decir, la concesión de permisos de circulación por parte de Grecia a transportistas que no son griegos.

El mercado nacional griego, cuyo acceso se ha controlado hasta ahora de forma bastante estricta, se está abriendo gradualmente a transportistas que no son griegos a través del régimen de cabotaje adoptado por el Consejo en 1993 con arreglo al Reglamento (CEE) no 3118/93 ((DO L 279 de 12.11.1993. )).

Hasta el momento, las estadísticas muestran que es muy reducido el número de transportistas de otros Estados miembros que realizan operaciones de cabotaje en Grecia, cuyas autorizaciones son expedidas por los Estados miembros en los que residen los operadores de los transportes, y no por Grecia.