PREGUNTA ESCRITA E-0928/03

de José Mendiluce Pereiro (PSE), Alexander de Roo (Verts/ALE),Chris Davies (ELDR), Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE)y Rijk van Dam (EDD) a la Comisión

(24 de marzo de 2003)

Asunto: Contratación pública de los estudios ambientales de los trasvases del Ebro

La Comisión Europea está estudiando en la actualidad la compatibilidad del Plan Hidrológico Nacional español (PHN) con el Derecho comunitario.

El Gobierno español ha creado la sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase, Sociedad Anónima (Trasagua), con objeto de desarrollar y ejecutar los trasvases del Ebro del PHN(1).

La entidad Trasagua parece tener la condición de organismo de derecho público a los efectos de las directivas de contratos públicos ya que está creada, financiada y bajo el control del Gobierno español. Por tanto, le es aplicable la Directiva 92/50/CEE(2) sobre coordinación de adjudicación de contratos públicos de servicios.

No obstante, Trasagua ha realizado en el mes de agosto de 2002 la contratación de los estudios ambientales de los trasvases del Ebro(3), por un importe total de 1 705 524 euros, sin haberlos publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea(4).

¿Cuál va ser la actuación de la Comisión Europea ante este incumplimiento del Derecho comunitario?

¿Ha adoptado ya la Comisión Europea alguna medida al respecto?

¿No considera la Comisión que el respeto de las normas comunitarias de contratos públicos debe ser condición previa para cualquier cofinanciación comunitaria de los trasvases del Ebro?

(1) La sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase, S.A. (Trasagua) fue autorizada por acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2001.

(2) DO L 209 de 24.7.1992, p. 1.

(3) Literalmente la asistencia técnica para la elaboración del estudio ambiental de las transferencias autorizadas por el artículo 13 de la Ley 10/2001 de 5 de julio (PHN). Ver el diario La Verdad de 3.8.2002.

(4) BOE 260 de 30.10.2002.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(13 de mayo de 2003)

La Comisión recibió en enero de 2003 dos denuncias relativas al Plan Hidrológico español y, concretamente, en relación con la posible incompatibilidad de las convocatorias de concursos presentadas en 2002 para la adjudicación de contratos de asistencia técnica relativos a la redacción de estudios ambientales sobre el trasvase del Ebro.

Como Sus Señorías mencionan en su pregunta, la entidad Trasagua fue creada por el Estado español en marzo de 2002 para la adjudicación, construcción y explotación de las obras y otras actividades relacionadas con el trasvase del Ebro.

La Comisión está examinando minuciosamente el contenido de estas denuncias. En caso de que la entidad Trasagua fuera considerada organismo de derecho público(1) y, en este sentido, entidad adjudicadora, debe respetar las normas comunitarias de contratación pública, especialmente el principio de publicidad.

La Comisión recuerda que ya existe un asunto ante el Tribunal de Justicia(2) sobre la noción de entidad adjudicadora y organismo de derecho público y, concretamente, su interpretación en el Derecho español. El Abogado General entregó sus conclusiones el 7 de noviembre de 2002.

La Comisión, en el marco del procedimiento de infracción, se pondrá en contacto con las autoridades españolas competentes para comunicar sus observaciones y solicitar aclaraciones sobre la posible infracción del Derecho comunitario.

La financiación comunitaria en el marco de los Fondos Estructurales y de Cohesión está condicionada explícitamente al cumplimiento del conjunto de la legislación comunitaria aplicable, incluida la relativa a los contratos públicos.

(1) Por organismo de derecho público se entiende todo organismo: creado para satisfacer específicamente necesidades de interés general con un carácter no industrial o comercial, con personalidad jurídica, bien cuya actividad esté financiada mayoritariamente por el Estado, por las entidades territoriales o por otros organismos de derecho público, bien cuya gestión esté controlada por estos últimos, o bien cuyo consejo de administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los que más de la mitad estén designados por el Estado, las entidades territoriales u otros organismos de derecho público.

(2) C-283/00 Comisión/España.