PREGUNTA ESCRITA E-0857/99

de Pedro Marset Campos (GUE/NGL) a la Comisión

(7 de abril de 1999)

Asunto: Discriminación de las mujeres en una empresa de transportes urbanos de Murcia (España)

La empresa de transportes LAT, S.A., realiza su actividad en la capital murciana así como en todas las pedanías que la circundan. Esta empresa se dedica tanto al transporte urbano como a los servicios discrecionales y de transporte escolar de las zonas mencionadas. La plantilla de dicha empresa cuenta con más de trescientos empleados y es beneficiaria de una concesión municipal otorgada por el Ayuntamiento de Murcia para el desarrollo de su actividad.

Se tiene conocimiento de que dicha empresa no tiene contratada a ninguna mujer conductora de autobuses, dándose el caso de no contactar a las mismas ni tan siquiera para pasar las pruebas técnicas que se requieren para tener acceso a este puesto de trabajo. Se da la casualidad, también que, dentro de la plantilla, el servicio de limpieza de los autobuses está compuesto mayoritariamente por mujeres que sí tienen que manejar los vehículos para su limpieza siendo contradictorio este hecho con la política de la empresa de no contratación de mujeres para el puesto de conductoras.

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de esta situación?

2. ¿No estima la Comisión que las autoridades municipales, concretamente el concejal de urbanismo y transporte del Ayuntamiento de Murcia, deberían haber hecho un seguimiento de la política de contrataciones de dicha empresa a la hora de otorgar una concesión municipal?

3. ¿No piensa la Comisión que las autoridades municipales son parte responsable del cumplimiento de la legislación laboral en lo que se refiere a igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres?

4. ¿No cree la Comisión que se están vulnerando los derechos de las ciudadanas europeas y más concretamente, la Directiva 76/207/CEE(1) relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo?

5. ¿Puede la Comisión informar del seguimiento de esta situación?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(5 de mayo de 1999)

1. La Comisión no tenía conocimiento de la situación reseñada por Su Señoría.

2. Efectivamente, las autoridades municipales deberían haber examinado la política de la empresa en cuanto a la contratación de mujeres antes de otorgar la concesión municipal. En su Comunicación de 11 de marzo de 1998 sobre la contratación pública en la Union Europea(2) la Comisión subraya la importancia que revisten, a la hora de conceder trabajos públicos, la eliminación de la discriminación y el fomento de la igualdade entre hombres y mujeres. No obstante, las normas comunitarias vigentes sobre la contratación no exigen una actuación legal en este sentido.

3. Teniendo en cuenta los datos facilitados, no puede considerarse que el Ayuntamiento tenga responsabilidad jurídica por infracción alguna de la legislación sobre la igualdad de oportunidades. Cualquier reclamación deberá dirigirse a la empresa privada o a su responsable.

4. La información aportada no permite apreciar si la empresa de transportes LAT, S.A. prohíbe expresamente que las mujeres sean contratadas como condutores de autobuses o si simplemente se da el caso de que ninguna lo está. La prohibición expresa sería una infracción a lo dispuesto en la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.

5. La aplicación del principio de igualdad de trato en el acceso al empleo que establece el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 76/207/CEE tiene efecto directo(3) puede ser invocada por un individuo contra una empresa privada ante los tribunales nacionales. Por lo tanto, las personas que hayan sido discriminadas son las que deberán iniciar cualquier procedimiento legal contra la empresa ante los tribunales españoles.

(1) DO L 39 de 14.2.1976, p. 40.

(2) COM(98)143 final.

(3) Asunto 222/84 - Johnston contra Royal Ulster Constabulary.