ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
PREGUNTA ESCRITA E-3810/00

de Neil MacCormick (Verts/ALE) a la Comisión

(7 de diciembre de 2000)

Asunto: Peajes para puentes y libre circulación

Considerando la libre circulación de mercancías y mano de obra en la Unión, ¿qué opina la Comisión de la imposición de peajes en los puentes que unen una isla como la de Skye (en la Hébridas escocesas) a la red de transportes europea? ¿Cuáles son los criterios de proporcionalidad que determinan la legalidad de los peajes impuestos?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(23 de enero de 2001)

La aplicación de peajes para puentes (especialmente para los vehículos pesados de transporte de mercancías) está sujeta a las disposiciones de la Directiva 1999/62/CE del Parlamento y del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras(1). El apartado 9 del artículo 7 estipula que los importes de los peajes estarán en relación con, y no superarán, los costes de construcción, explotación y desarrollo de la red de infraestructura de que se trate.

No hay normas comunitarias que especifiquen la proporcionalidad de los peajes en relación con los objetivos de la política regional o social. Los Estados miembros tienen la libertad de especificar los requisitos del servicio público y compensar posiblemente a los servicios no rentables de viajeros, de conformidad con el Reglamento (CEE) no 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable(2), modificado por el Reglamento (CEE) no 1893/91 del Consejo, de 20 de junio de 1991(3).

Finalmente, el concepto comunitario de libre circulación de mercancías y personas tiene que ver con la libre circulación entre Estados miembros y la abolición de la discriminación basada en la nacionalidad. Los peajes para puentes y autopistas no contradicen este principio.

(1) DO L 187 de 20.7.1999.

(2) DO L 156 de 28.6.1969.

(3) DO L 169 de 29.6.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-4161/00

de Jeffrey Titford (EDD) a la Comisión

(16 de enero de 2001)

Asunto: El programa de pruebas de productos químicos propuesto por la Comisión

Cada día recibo cartas de ciudadanos de mi circunscripción electoral en las que siguen manifestando su inquietud ante las propuestas presentadas por la Comisión para que se efectúen pruebas con 70 000 productos químicos existentes en la actualidad; según la información de que dispongo, dichas pruebas supondrán la muerte de 10 000 000 de animales, aproximadamente.

1. ¿Dónde puede encontrarse una relación de esos 70 000 productos químicos?

2. ¿Qué comité o grupo de personas de la Comisión Europea decidió formular esa recomendación?

3. ¿De qué oportunidades dispondrán los diputados al Parlamento Europeo para examinar, enmendar o rechazar esas propuestas?

4. ¿Está de acuerdo la Comisión Europea con la estimación de que para las pruebas propuestas se sacrificarán más de 10 millones de animales?

5. ¿Qué organizaciones y personas han manifestado a la Comisión, hasta la fecha, su oposición a esa propuesta?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(14 de marzo de 2001)

El 13 de febrero de 2001, la Comisión adoptó un Libro Blanco relativo a la estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados químicos. El Libro Blanco se presentará al Parlamento, que tendrá la oportunidad de emitir su dictamen.

No es posible, basándose en el Libro Blanco, estimar el número de animales necesarios para las pruebas. Pero puede decirse que, en el caso de dos tercios de las sustancias, las pruebas generalmente se limitan a pruebas no animales.

La Comisión ha recibido unas seis mil comunicaciones de particulares y organizaciones sobre esta cuestión; en muchas de ellas se expresa la preocupación en relación con las pruebas sobre animales. En otros mensajes recibidos se hace hincapié en lo importante que es garantizar que las sustancias químicas se ensayen de manera adecuada. La Comisión no ha hecho un desglose exacto de las distintas opiniones expresadas y por consiguiente no está en condiciones de ofrecer detalles al respecto. No obstante, la Comisión puede garantizar a Su Señoría que tendrá en cuenta la necesidad de limitar las pruebas sobre animales vivos en la medida en que sea factible, incluso realizando otros tipos de pruebas disponibles que no exijan la utilización de animales vivos, y de fomentar el desarrollo de pruebas alternativas.
PREGUNTA ESCRITA E-3049/00

de Jean-Claude Martinez (TDI) al Consejo

(29 de septiembre de 2000)

Asunto: Caza de elefantes en África

La caza de elefantes continúa en un entorno de estupidez, crueldad y, lamentablemente, indiferencia prácticamente generalizadas.

Habida cuenta de que la masacre de estos mamíferos, uno de los símbolos de nuestro planeta, está motivada por intereses financieros relacionados con el comercio de colmillos de marfil, ¿qué medidas se propone adoptar el Consejo para prohibir totalmente la práctica de este innoble comercio en el territorio de la Unión Europea?

¿Se propone el Consejo establecer un programa de sanciones financieras contra los Estados que continúen tolerando en su territorio este tipo de caza, digna heredera de prácticas arcaicas y bárbaras del pasado?

¿Se propone el Consejo adoptar medidas contra los organismos, agencias de viaje y otras entidades que organizan estas masacres en África a escala industrial, haciéndolas pasar por safaris o caza mayor?

Respuesta

(12 de febrero de 2001)

El Consejo comparte la preocupación de Su Señoría por el comercio de colmillos de marfil y por la protección del elefante africano. Ha adoptado el Reglamento (CEE) no 3626/82 del Consejo (sustituido por el Reglamento (CE) 338/97 del Consejo)(1) por el que se aplica la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (en lo sucesivo, la Convención CITES) en la Comunidad. La importación de marfil de elefantes africanos con fines comerciales está prohibida conforme al Derecho comunitario desde 1989.

Sin embargo, se permite la importación de trofeos de caza procedentes de algunos países africanos en los que se ha establecido que esta caza limitada no es perjudicial para las poblaciones afectadas; los beneficios del deporte de la caza se destinan en parte a la población local y a las autoridades de protección. En estos casos, se aplican las cuotas de exportación, y los trofeos de caza, que únicamente pueden destinarse al uso personal y nunca comercial, deben ir acompañados de los correspondientes certificados de exportación e importación.

Las Partes de la Convención CITES pueden adoptar medidas más estrictas y prohibir el comercio cuando resulte perjudicial para la conservación de las especies. Las cuotas de exportación aplicables a los trofeos de elefante fijadas por la secretaría de la Convención se consideran no perjudiciales para la especie y, por ende, satisfactorias.

Tal como están las cosas, el Consejo no prevé adoptar medidas contra los países que autorizan la caza, siempre que esté debidamente regulada, ni contra las agencias de viajes que la fomentan.

(1) DO L 61 de 3.3.1997, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA E-3977/00

de Bartho Pronk (PPE-DE) a la Comisión

(20 de diciembre de 2000)

Asunto: Edad mínima de pertenencia a la población activa

En el Reglamento 1897/2000(1) sobre la definición operativa del desempleo, se considera como población activa el conjunto de las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años.

En la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, los jóvenes están sometidos a la escolaridad obligatoria hasta la edad de 16 años inclusive.

A la luz de este dato:

1. ¿Puede la Comisión aclarar a qué se debe el hecho de que los jóvenes de 15 años ya se incluyen en la población activa, mientras que en la mayor parte de los Estados miembros de la UE a esa edad aún están sometidos a la escolaridad obligatoria?

2. ¿En qué Estados miembros acaba la escolaridad obligatoria a los 15 años?

(1) DO L 228 de 8.9.2000, p. 18.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(13 de marzo de 2001)

1. La fijación de los 15 años de edad como límite inferior para definir a la población activa es una norma comúnmente aceptada de conformidad con las recomendaciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.

Es preciso garantizar la coherencia en la medición del desempleo y el empleo, entre otras cosas para facilitar las comparaciones internacionales. A este respecto, la utilización de la edad límite para la escolarización obligatoria como definición de la edad mínima para la población activa presenta una serie de desventajas. Por ejemplo, en algunos Estados miembros, en particular aquéllos en los que existe un sistema muy desarrollado de formación profesional inicial en una situación de trabajo (sistema dual), puede ser difícil establecer la frontera entre la escolaridad obligatoria y el trabajo.

La Comisión es consciente de la situación de los sistemas educativos y la escolaridad obligatoria así como de la tendencia a permanecer durante más tiempo en la educación y la formación. Una de las posibles consecuencias negativas es que, en el contexto de la economía y la sociedad basada en el conocimiento tal como se define en el Consejo Europeo de Lisboa, los objetivos de mayores tasas de empleo para la Comunidad entraran en contradicción con la necesidad de garantizar que los jóvenes consigan unas cualificaciones educativas mínimas más allá de la escolaridad obligatoria.

2. En Suecia y Austria, la escolaridad obligatoria no se define en términos de límite de edad, sino de un mínimo de años de enseñanza. No obstante, en estos casos la información sobre la edad de inicio de la escolarización permite calcular la media de edad para completar la escolaridad obligatoria.

Según la información más reciente (1999-2000) de la red Eurydice (red de información sobre educación en Europa), el límite de edad para la escolaridad obligatoria sigue siendo de 15 años en Grecia, Irlanda, Italia (tras un cambio reciente), Luxemburgo, Austria y Portugal.
PREGUNTA ESCRITA E-3628/00

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(22 de noviembre de 2000)

Asunto: Swazilandia

¿Podría indicar la Comisión las líneas generales de los planes existentes para hacer frente a la crisis de Swazilandia?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(20 de diciembre de 2000)

A la Comisión le preocupan los recientes acontecimientos de Suazilandia y la inquietud social que tuvo como punto álgido, a mediados de noviembre, un paro de dos días convocado por la Federación de Sindicatos de Suazilandia y, sin embargo, observa que no se trata de la primera crisis social que ocurre en ese país. Por el contrario, las protestas, las huelgas y los bloqueos han sido un elemento recurrente desde la suspensión de la Constitución en 1973 y las peticiones de reforma política se fueron intensificando a mediados del decenio de los 90 a medida que los países de la región se iban transformando en democracias con pluralidad de partidos.

Los problemas que se suscitan en esta crisis son esencialmente de carácter político pues tienen que ver con la Constitución del país, las libertades políticas, las relaciones laborales y la propiedad de los bienes raíces. Cualquier declaración de la Unión en esta etapa sólo podría ser resultado de un enfoque coordinado entre la Comisión y los Estados miembros de la Comunidad y ajustada a las normas de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Hasta la fecha, la Comisión ha adoptado un enfoque constructivo que incluía un diálogo constructivo y detallado con el Gobierno de Suazilandia y sus autoridades establecidas, apoyo a las distintas fuerzas democráticas y la sociedad civil y asistencia para el proceso de reforma constitucional.

En cualquier caso, la Comisión observa de cerca los acontecimientos y sigue preocupada porque, si persiste o se agrava la crisis actual relacionada con la situación política y social, repercutiría en el diálogo con el Gobierno de Suazilandia y afectaría de manera negativa a la aplicación de la cooperación al desarrollo con Suazilandia.
PREGUNTA ESCRITA E-3780/00

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(4 de diciembre de 2000)

Asunto: Ayuda para la provincia belga de Hainaut en virtud del Objetivo no 2

La concesión de ayuda a la provincia valona de Hainaut en virtud el Objetivo no 2 provoca la deslocalización de empresas establecidas desde hace muchos años en la provincia vecina de Flandes Occidental.

Los empresarios en cuestión reconocen que el traslado de sus actividades a Hainaut depende plenamente de la consecución o no de subsidios en virtud del Objetivo no 2. Si los empresarios no reciben ayuda europea, mantendrán su actividad en Flandes Occidental. A fin de entrar en consideración para estos subsidios, han de disponer de una sede en Hainaut.

Quisiera recibir una respuesta a las preguntas siguientes y, para información, comunico que esta lista ya se sometió a la Comisión a mediados de marzo de 2000. Entretanto, la Comisión sólo ha comunicado que aún tenía que buscar la información solicitada.

1. ¿Cuántas solicitudes y qué solicitudes se han presentado desde el 1 de enero de 2000 para obtener ayuda en virtud del Objetivo no 2 en favor de nuevas actividades económicas en Hainaut?

2. ¿Cuándo y dónde se registraron las sedes de estas empresas?

3. a) ¿Cuántas de esas empresas desarrollaban anteriormente su actividad en la provincia de Flandes Occidental?

b) ¿Cuántas de esas empresas desarrollan su actividad en la provincia de Flandes Occidental?

4. ¿Se pregunta explícitamente a las empresas en cuestión si su deslocalización de Flandes Occidental a Hainaut depende de la obtención o no de ayuda en virtud del Objetivo no 2?

a) En caso afirmativo, ¿cuántos empresarios de Flandes Occidental prefieren desarrollar su actividad en Hainaut sin disponer de ayuda en virtud del Objetivo no 2?

b) En caso negativo, ¿va a preguntar la Comisión a los empresarios en qué medida depende su deslocalización de la obtención de ayuda en virtud del Objetivo no 2?

5. ¿Está dispuesta la Comisión a tomar medidas para impedir la deslocalización de empresas de Flandes Occidental a Hainaut?

a) En caso afirmativo, ¿qué medidas?

b) En caso negativo, ¿por qué no?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(29 de enero de 2001)

Su Señoría puede consultar la respuesta complementaria que la Comisión ha dado a su pregunta escrita E-0951/00(1).

(1) Ver página 3.
PREGUNTA ESCRITA E-3708/00

de John Cushnahan (PPE-DE) a la Comisión

(29 de noviembre de 2000)

Asunto: La situación de la comunidad Ahmadiyya en Pakistán

¿Está informada la Comisión de las violaciones de los derechos humanos de la comunidad Ahmadiyya en Pakistán? Una serie de leyes de 1974 convierten en delito la profesión, práctica y propagación de la fe Ahmadiyya. Algunos miembros de la comunidad han sido acusados de blasfemia en relación con la Sección 295C, que prevé la pena de muerte. Asesinatos recientes de miembros de la comunidad Ahmadiyya por parte de musulmanes ortodoxos no han sido investigados. ¿Qué se propone hacer la Comisión para proteger los derechos fundamentales de la comunidad Ahmadiyya?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(5 de enero de 2001)

La Comisión es consciente de que la Comunidad Ahmadiyya en Pakistán ha sido en varias ocasiones el objetivo de la violencia extremista. La Comisión es más consciente de que las minorías religiosas en Pakistán (cristianos, hindú, Ahmadis y chiítas) son afectadas por la legislación discriminatoria.

La situación de minorías religiosas en Pakistán se aumentó durante negociaciones políticas ad hoc recientes de la troika en Islamabad (20-21 de noviembre de 2000). Por lo que se refiere a las cargas de blasfemia, las autoridades paquistaníes reconocieron que estos casos habían creado la ansiedad y esfuerzos renovados prometidos de reforma. La Comisión se propone continuar planteando la cuestión de minorías religiosas con las autoridades paquistaníes en todas las ocasiones futuras pertinentes.
PREGUNTA ESCRITA E-3925/00

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(13 de diciembre de 2000)

Asunto: El Brasil y los neumáticos recauchutados

Hace unos años se actualizaron los reglamentos de la Comunidad Europea para que los neumáticos recauchutados tuvieran una categoría similar a la de los nuevos. En consecuencia, la Comunidad Europea cuenta actualmente con un certificado de homologación para los neumáticos recauchutados.

El 27 de septiembre de 2000, el Gobierno brasileño extendió a los neumáticos recauchutados y reciclados la prohibición ya vigente de importar neumáticos de segunda mano.

El Brasil es un mercado importante para el sector del recauchutado y tal prohibición es una gran amenaza para esa industria, pues éste es el método más eficaz e importante de reutilizar y reciclar los neumáticos usados.

¿Ha examinado la Comisión este tema con el Brasil?

¿Qué medidas adoptará la Comisión a la vista de esa prohibición?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3925/00, E-4014/00 y E-4026/00 dada por el Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(6 de febrero de 2001)

Con arreglo a las normativas comerciales brasileñas, notificadas a la Organización Mundial del Comercio (OMC), las importaciones de equipos, maquinaria y bienes de consumo usados están expresamente prohibidos, con la única posible excepción de las donaciones.

Las autoridades aduaneras brasileñas presentaron el caso de las importaciones de neumáticos recauchutados ante sus autoridades judiciales, las cuales concluyeron que la concesión de licencias para este tipo de importaciones no es acorde con las normativas comerciales locales. Por tanto, suspendieron de inmediato la concesión de licencias de importación para estos productos. En este contexto, la normativa comercial Portaria MDIC/SECEX no 08, de 25 de septiembre de 2000, estaba destinada a aplicar el dictamen judicial.

La Comisión tiene conocimiento de este asunto, y de la preocupación que ha suscitado en algunas empresas europeas que producen y exportan neumáticos recauchutados y reciclados. Con arreglo a lo que se desprende de los primeros contactos con las autoridades brasileñas, la Comisión infiere que el gobierno de Brasil tiene tal vez preocupaciones de índole sanitaria o relativas a la protección de los consumidores en lo que se refiere a la importación de productos usados y que, habida cuenta que la decisión judicial anteriormente mencionada incluyó en el ámbito de los productos usados a los neumáticos recauchutados, las autoridades brasileñas han promulgado la normativa Portaria no 08, que prohibe la importación de este tipo de neumáticos. Una vez se haya aclarado más detalladamente este asunto con la industria, la Comisión se dirigirá al gobierno brasileño para discutir la diferencia entre estos productos y la categoría general de los productos usados, y para explicar el sistema europeo de homologaciones. De no llegarse a una solución positiva, la Comisión estudiará las iniciativas que convenga adoptar ante la respuesta del gobierno brasileño.
PREGUNTA ESCRITA E-4115/00

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(11 de enero de 2001)

Asunto: Asesinatos en Colombia

El pasado verano las comunidades afrocolombianas y, en especial, del municipio de Buenaventura habían advertido de las amenazas de los paramilitares; nadie hizo nada para evitar los asesinatos y el pasado 6 y 9 de septiembre grupos paramilitares asesinaron un total de 27 personas de las comunidades de Triana, Zaragoza y Las Palmas.

Hoy se avecina una nueva intervención paramilitar en el río Yurumangui, también en la reserva campesina del Calamar en Guaviare, según denuncia su alcalde, José Germán Olarte Palomino.

¿Qué puede hacer la Comisión Europea para evitar estas matanzas, dada la necesaria urgencia y su relación con el Gobierno colombiano?

Respuesta dada por el Sr. Patten en nombre de la Comisión

(19 de febrero de 2001)

En sus contactos con el Gobierno colombiano, los representantes de la Unión han subrayado repetidamente la importancia de realizar progresos en los temas relativos a los derechos humanos, incluyendo la toma de iniciativas eficaces para poner freno a las actividades de los paramilitares. Las autoridades colombianas muestran una disponibilidad creciente para actuar en respuesta a estos llamamientos. El Gobierno ha tomado algunas medidas iniciales, como son el despido de ciertos oficiales del ejército involucrados en violaciones de los derechos humanos y los juicios a personal militar en tribunales civiles, pero es obvio que queda aún mucho por hacer y que la comunidad internacional debe mantener su política activa en materia de derechos humanos.

En cuanto al modo de evitar estas matanzas, cuestión que Su Señoría plantea, el papel de la Comisión y de los Estados Miembros únicamente puede tener un alcance limitado. Compete a las autoridades colombianas el dar los pasos necesarios en lo que se refiere a la adopción de medidas de seguridad.

Por supuesto, la Comisión velará por que toda información sobre posibles amenazas contra la población civil sea transmitida de inmediato a las autoridades colombianas.
PREGUNTA ESCRITA E-3491/00

de Sebastiano Musumeci (UEN) a la Comisión

(10 de noviembre de 2000)

Asunto: Peligro de extinción del cerdo negro

En los Montes Nebrodi (Italia) vive el cerdo negro, una raza porcina en peligro de extinción. Además de la pérdida de recursos genéticos que supondría la desaparición del cerdo negro, ésta tendría asimismo repercusiones en los ámbitos biológico, ambiental, cultural y social, habida cuenta de que se perderían tradiciones culturales y sociales relacionadas con la cría porcina que se han ido enraizando en los Montes Nebrodi a lo largo de los siglos.

¿Prevé la Comisión medidas de salvaguardia de las especies animales en vías de extinción en la Unión Europea? ¿Considera la Comisión que podría intervenirse con cargo a los Fondos estructurales en apoyo de proyectos encaminados a la salvaguardia del cerdo negro?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(15 de diciembre de 2000)

El cerdo negro no es una especie animal incluida en el Anexo de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(1).

En el marco de las intervenciones de desarrollo rural, cofinanciado por la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), la Comisión prevé medidas agroambientales de apoyo a los métodos de producción agrícola que tienen como objetivo la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural.

Entre las acciones posibles incluidas en estas medidas puede concederse una ayuda a los agricultores que se comprometen a criar animales domésticos de razas locales originarias de la zona en cuestión y en peligro de extinción.

Sicilia presentó recientemente a la Comisión su plan de desarrollo rural y en el mismo incluyó, entre las razas en peligro de extinción, el cerdo de la raza nero dei Nebrodi e delle Madonie.

En la medida en que se reconozca el peligro de extinción de esta raza, basándose en los datos científicos admitidos por organizaciones internacionales con autoridad en este tema, según la normativa comunitaria en materia de desarrollo rural, dicha raza podrá beneficiarse de una ayuda cofinanciada por el FEOGA-Garantía en el marco de dicho plan de desarrollo rural de la región de Sicilia en curso de aprobación.

En el marco de los fondos estructurales, no está prevista ninguna acción específica de apoyo para la protección del suino nero dei Nebrodi. No obstante, entre las medidas de ayudas para inversiones en explotaciones agrarias, previstas por el programa operativo objetivo no 1 de la Región de Sicilia, aprobado mediante la Decisión de la Comisión no C (2000) 2346 de 8 de agosto de 2000, el FEOGA-Orientación puede cofinanciar, sin aumento de la producción porcina total, inversiones en explotaciones en el sector porcino que podrían eventualmente afectar a esta raza.

(1) DO L 206 de 22.7.1992.