PREGUNTA ESCRITA E-1469/00

de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) a la Comisión

(10 de mayo de 2000)

Asunto: Política de inmigración

La inmigración clandestina en Europa se está convirtiendo cada vez más en una forma de comercio de esclavos que conculca la dignidad de la persona y comporta con frecuencia la pérdida de vidas humanas.

¿Existe una responsabilidad de la Unión Europea en este asunto? ¿No sería necesario que la Unión Europea, como territorio de acogida de los inmigrantes, definiera una política de inmigración común que estableciera relaciones claras y comúnmente aceptadas con los países de donde proceden los inmigrantes, y que combatiera la ilegalidad y la trata de seres humanos así como también el trabajo clandestino en la Unión? ¿Participarán los países candidatos a la adhesión en el proceso de elaboración y aplicación de esta política?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(3 de julio de 2000)

Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el 1 de mayo de 1999, la Comunidad disfruta de poderes explícitos en el campo de la política de inmigración (título IV del Tratado CE, artículos 61 y siguientes). El artículo 63 estipula que el Consejo adoptará, en el plazo de cinco años, medidas sobre política de inmigración para, entre otros ámbitos, la inmigración ilegal (apartado 3).

El 3 de diciembre de 1998 el Consejo de Justicia e Interior adoptó un plan de acción para aplicar las nuevas disposiciones del título IV del Tratado CE(1) aprobado más tarde por el Consejo Europeo de Viena. En ese plan se establecía que combatir la inmigración ilegal era una de las medidas prioritarias en el campo de la política de inmigración.

La reunión especial del Consejo Europeo, celebrada en Tampere (Finlandia) el 15 y 16 de octubre de 1999, adoptó conclusiones de gran envergadura sobre la política futura de inmigración y asilo de la Unión. Subrayó la necesidad de desarrollar un planteamiento completo de la migración que aborde los derechos y problemas políticos y humanos de desarrollo en los países y regiones de origen y tránsito. A este respecto, hizo referencia a los planes de acción elaborados por el grupo de trabajo de alto nivel sobre migración y asilo al respecto de la situación en varios países terceros y que podrían considerarse un primer paso en el desarrollo de tal política. El Consejo Europeo también expresó el apoyo a la gestión de los flujos de migración en todas sus etapas y pidió el desarrollo, en estrecha cooperación con los países de origen y de tránsito, de campañas de información sobre las posibilidades reales de la migración legal y la prevención de todas las formas de contrabando y trata de seres humanos. Con este fin invitó al Consejo y a los Estados miembros a abordar la inmigración ilegal en origen, especialmente combatiendo a quienes se dedican al tráfico de seres humanos y a la explotación económica de emigrantes, adoptando la legislación con este fin, estableciendo fuertes sanciones contra este grave delito y coordinando, con Europol, los esfuerzos de detección y desmantelamiento de las redes delictivas organizadas, para asegurar los derechos de las víctimas del tráfico, con especial énfasis en las mujeres y niños, ayudando a los países de origen y de tránsito a consolidar su capacidad de combatir efectivamente la trata de seres humanos y de hacer frente a sus obligaciones de readmisión con respecto a la Unión y los Estados miembros, y promoviendo una más estrecha colaboración y una asistencia técnica mutua entre los servicios de control fronterizo de los Estados miembros, tales como programas de intercambio y transferencia de tecnologías, especialmente en las fronteras marítimas, y para la inclusión rápida de los Estados candidatos en esta cooperación.

La Comisión está trabajando ya en las propuestas y acciones necesarias para lograr por completo los objetivos de las conclusiones de Tampere, según lo previsto en el programa de seguimiento de la creación de una zona de libertad, seguridad y justicia, según lo comunicado al Consejo y Parlamento(2). Como consecuencia de los trágicos acontecimientos de Dover, las instituciones comunitarias y los Estados miembros deberían comprometerse para garantizar que se toman todas las medidas pertinentes y en los plazos previstos. Los servicios de la Comisión también están considerando la posibilidad de tomar nuevas iniciativas para impedir que acontecimientos similares sucedan de nuevo.

El Consejo Europeo de Tampere también subrayó que, como consecuencia de la integración del acervo de Schengen en la Unión, los países candidatos deben aceptar íntegramente ese acervo y las medidas derivadas, cuando ingresen en la Unión.

(1) DO C 19 de 23.1.1999.

(2) COM(2000) 167 final.