PREGUNTA ESCRITA E-2278/00

de Monica Frassoni (Verts/ALE) a la Comisión

(7 de julio de 2000)

Asunto: Planta incineradora de la papelera Burgo, Mantua

La papelera Burgo, situada en las proximidades inmediatas de Mantua, va a poner en marcha una planta incineradora de desechos industriales(1), cuya construcción fue aprobada por la Región de Lombardía mediante el D.G.R. no 30490 de 1.8.1997(2). Durante la construcción, la empresa Burgo S.p.A. ha efectuado cambios sustanciales en la construcción que han determinado la transformación de la planta de incineración con recuperación energética en una planta de incineración en tierra con almacenamiento previo provisional. Esto hizo necesario un segundo procedimiento administrativo, que terminó con la aprobación regional mediante el D.G.R. no VI/49445 de 7.4.2000(3). Ambas

aprobaciones regionales se concedieron, sin embargo, sin comprobar la necesidad de realizar la evaluación del impacto medioambiental de todo el proyecto. Los resultados de los análisis de los fangos no se han puesto a disposición ni del municipio de Mantua ni del público. La planta de incineración estará ubicada en las inmediaciones de un centro urbano y fuertemente contaminado por la presencia de una gran refinería petroquímica, un gran establecimiento químico y un denso tráfico de tránsito, cuyos efectos se ven multiplicados por un clima húmedo y con pocos vientos; así como dentro de una zona regulada(4), el parque regional de Mincio. Por si fuera poco, en el mismo período en que se aprobó por la Región el proyecto de planta incineradora, a nivel local y regional se aprobó también un proyecto de nuevo asentamiento para aproximadamente un millar de habitantes a unos 250 metros de la papelera y, por lo tanto, de la proyectada planta incineradora(5). Como consecuencia de las protestas de los ciudadanos contra la aprobación de la planta industrial y de la nueva construcción de viviendas, el 31 de mayo de 2000 el Municipio de Mantua, que no se había opuesto a la autorización regional en 1997, interpuso recurso ante el tribunal administrativo regional contra la Región y la empresa Burgo en relación con la no aplicación del procedimiento de evaluación del impacto medioambiental.

¿Puede comprobar la Comisión si se ha respetado la normativa europea en materia de evaluación del impacto medioambiental(6), considerando, entre otras cosas, la sentencia del Tribunal de Justicia en la que se establece que también en el caso de obras a que hace referencia el Anexo II de la Directiva 97/11/CE un Estado miembro no tiene el poder de dispensar o eximir un proyecto del procedimiento de evaluación del impacto medioambiental, en el supuesto de que tal impacto sea notable, por su naturaleza, dimensiones o ubicación(7)? ¿No considera, en cualquier caso, que dicha obra debe considerarse incluida en el Anexo I de la Directiva 97/11/CE? ¿Puede comprobar también si se ha respetado la Directiva 96/61/CE(8), relativa a la prevención y reducción integradas de la contaminación, cuyo plazo de transposición era el 10 de octubre de 1999?

(1) Se trata de fangos provenientes de la eliminación de la tinta del papel, con un volumen de 240 toneladas por día.

(2) Autorización rectificada posteriormente a causa de un error material mediante el D.G.R. no 35931 de 5.5.1998.

(3) La solicitud de autorización de la realización de cambios sustanciales fue presentada por la empresa Burgo con fecha de 28 de julio de 1999, expediente regional no 42079.

(4) Según las leyes no 431 de 8.8.1985 y no 1497 de 29.6.1939.

(5) Véanse los expedientes de aprobación D.C.C. no 202 de 16.12.1997 del Consejo Municipal de Mantua y D.P.G.R. no 41163 de 29.9.1999 de la Región de Lombardía (BURL no 41, 11.10.1999). Merece la pena recordar también que el artículo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie italiano establece que todas las actividades productivas clasificadas por la ley misma como insalubres de clase I (incluidas las plantas incineradoras) deben estar [mldr] ubicadas lejos de las viviendas, salvo en el caso particular de que el empresario demuestre que, gracias a la introducción de nuevos métodos o cautelas especiales, su ejercicio no acarreará daños a la salud del vecindario (véase el R.D. no 1265 de 27.7.1934 y modificaciones sucesivas). Por su parte, el Regolamento generale sanitario establece que corresponde a la Junta Municipal, previo dictamen favorable del responsable sanitario, permitir que una actividad insalubre de la clase I pueda estar situada en un lugar no apartado de las viviendas, salvo en los casos en que el responsable sanitario mismo haya dictaminado que, gracias a la introducción de nuevos métodos o de cautelas especiales, el ejercicio de tal actividad no causa daños a la salud del vecindario (véase el R.D. no 45 de 3.2.1901 y modificaciones sucesivas). En el comentario de estas normas, Lionello Rizzatti (Prevenzione grandi rischi industriali, Pirola Editore, 1989) señala que el alcalde, cuando una industria opere en zona reconocida idónea, no deberá, por motivos evidentes, conceder licencia para la construcción de viviendas civiles ni el correspondiente dictamen de habitabilidad a quien solicitare la construcción de casas en las proximidades de tal industria, y que, en el caso de que se concedieren la licencia y el dictamen favorable, el alcalde deberá proceder a ordenar la clausura del establecimiento.

(6) Directivas 85/337/CEE y 97/11/CE, publicadas, respectivamente, en DO L 175 de 5.7.1985 y DO L 73 de 14.3.1997.

(7) Sentencia C-435/97 de 16.9.1999.

(8) DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(7 de septiembre de 2000)

Según la información suministrada por su Señoría, la obra a que se refiere su pregunta, una planta incineradora de desechos industriales, entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1), tal como ha sido modificada por la Directiva del Consejo 97/11/CE, de 3 de marzo de 1997(2) y, en particular, parece ser un proyecto de los enumerados en el Anexo II de la Directiva 85/337/CEE (clase 11c: instalaciones de eliminación de residuos industriales y basuras que no sean las mencionadas en el Anexo I) y de los enumerados en el Anexo I de la Directiva 97/11/CE (clase 10: instalaciones para deshacerse de residuos no peligrosos mediante incineración o tratamiento químico como se define en el epígrafe D9 del Anexo IIA de la Directiva 75/442/CEE, con una capacidad superior a 100 toneladas diarias).

Con arreglo a la Directiva 85/337/CEE los proyectos enumerados en el Anexo II deben someterse a una evaluación del impacto ambiental (EIA) cuando los Estados miembros consideran que sus características así lo exigen (apartado 2 del artículo 4). No obstante, se considera que los Estados miembros deben efectuar al menos una evaluación previa para determinar si estos proyectos han de someterse a un procedimiento EIA. Con arreglo a la Directiva 97/11/CE, los proyectos enumerados en el Anexo I han de someterse a una evaluación de acuerdo con los artículos 5 a 10.

Sin embargo, los proyectos que presentaron sus solicitudes de autorización de desarrollo antes del 14 de marzo de 1999 están regulados por las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE, anterior a las enmiendas. Por ello, para determinar la normativa comunitaria aplicable es necesario saber cuando se envió la solicitud de autorización.

Además, según la información suministrada por su Señoría, el proyecto parece estar regido por la Directiva del Consejo 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (PCIC)(3). Con arreglo a esta Directiva, el proyecto necesitaría un permiso PCIC actualizado y basado en las mejores técnicas disponibles (MTD) en caso de que la construcción de la incineradora pueda tener repercusiones perjudiciales o importantes para las personas o el medio ambiente en opinión de la autoridad competente, es decir, la región de Lombardía (apartado 10 del artículo 2 de la Directiva). Por tanto, para saber si esta Directiva se ha aplicado correctamente es necesario averiguar si la región de Lombardía consideró que la instalación de la planta incineradora constituía una modificación sustancial y, en tal caso, las condiciones del permiso basado en las MTD establecidas en la autorización.

La Comisión, que no tenía conocimiento de la situación descrita por su Señoría, tomará las medidas adecuadas para reunir más información al respecto y para garantizar el cumplimiento del Derecho comunitario.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.

(2) DO L 73 de 14.3.1997.

(3) DO L 257 de 10.10.1996.