PREGUNTA ESCRITA P-1522/99

de Monica Frassoni (Verts/ALE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1999)

Asunto: Ampliación del parque de atracciones Gardaland, Castelnuovo del Garda, Verona

En su respuesta a la pregunta sobre el mismo tema de 14.17.1998 (E-2513/98)(1), la Comisión no parece estar al corriente de la irritación y las críticas que suscita desde hace años Gardaland cuyo primer núcleo se basa en construcciones en gran parte abusivas debido a sus repercusiones ambientales y socioeconómicas. La ubicación actual del parque es contraria a las orientaciones del Plan de zona del lago de Garda, contempladas en el Plan Territorial Regional de Coordinación, que constituye el mayor instrumento de planificación del Véneto(2). Este plan prevé, entre otras cosas, la protección de los recursos naturales y paisajísticos, con la consiguiente limitación de la edificación en la zona comprendida entre la carretera Gardesana y el lago, zona en la que está situado el parque y donde se prevé su expansión. Por otra parte, no se han resuelto dos grandes problemas ambientales: el ruido y el tráfico. En cuanto al primero, comprobaciones recientes realizadas por el Centro regional del

medio ambiente demuestran que será difícil que el parque respete los valores límite en materia de contaminación por ruido(3). En cuanto al segundo, la empresa Leoncini, más importante en términos de empleo que Gardaland, ha amenazado con emprender acciones legales si se llevan a la práctica los proyectos faraónicos de reorganización de la red viaria local propuestos por Gardaland. En lo referente a la cuestión de la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente, el 14 de marzo venció el plazo para la transposición de la Directiva 97/11/CEE relativa a la EIA(4), que la prevé para los parques temáticos, de conformidad con el apartado 2 del artículo 4; la ampliación debería considerarse sujeta a la EIA, prevista por la reciente Ley Regional(5). Por último, no se entiende la conveniencia de otorgar un crédito europeo cuando la empresa tiene una capacidad financiera considerable. Entretanto, el hecho de que la empresa no cotice en bolsa ha llevado a algunos socios (entre ellos la Unión de la banca suiza, que detenta el 25% del capital social) a plantear una acción de responsabilidad contra los administradores(6).

¿Qué pretende la Comisión cuando declara que el objetivo principal del parque temático de Gardaland en la diversificación de la gama de actividades naturales(7), cuando el parque ha alterado la configuración orográfica insertando en ella estructuras fijas totalmente ajenas al contexto natural original? ¿Cómo justifica un proyecto contrario a las disposiciones de los instrumentos de planificación vigentes? ¿Cómo piensa garantizar que se aplique el procedimiento de EIA a los proyectos de ampliación del parque? ¿Cómo puede el BEI financiar un proyecto contrario al objetivo de desarrollo sostenible sancionado por la Unión y presentado por una empresa con un importante activo? ¿No cree la Comisión que las disputas internas de la empresa pueden repercutir en la transparencia y la eficacia de la utilización del crédito europeo?

(1) DO C 297 de 15.10.1999, p. 18.

(2) Véase la disposición del Consejo regional del Véneto.

(3) Véase la Ley marco nacional sobre la contaminación acústica no 447 de 26 de octubre de 1995.

(4) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

(5) Ley Regional del Véneto no 10 de 26 de marzo de 1999, párrafo qq del apartado B2.

(6) Asunto registrado ante el tribunal de Verona con el número RG 239298 y 239398.

(7) Respuesta de la Comisión a la pregunta E-2513/98 del Sr. Gianni Tamino.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(18 de octubre de 1999)

Aunque está ubicado en la zona del Lago de Garda, el parque de atracciones Gardaland no está construido directamente a pie de lago y se encuentra en un terreno llano. Por consiguiente, sus efectos en la flora o en la topografía no son significativos.

En lo que se refiere a la aplicación del procedimiento de evaluación del impacto ambiental (EIA) a la ampliación del parque Gardaland, la Comisión sigue dispuesta a examinar cualquier denuncia especifica y detallada relativa a posibles infracciones de la normativa comunitaria correspondiente. Si la Comisión considera que la denuncia pone de manifiesto una infracción del Derecho comunitario, podrá incoar un procedimiento de infracción en virtud del artículo 226 del Tratado CE (antiguo artículo 169).

La Comisión desea señalar que la Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1), incluye, en el Anexo II, las siguientes clases de proyectos: los parques temáticos (12 e) y cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en el Anexo I o en el Anexo II, ya autorizados, ejecutados, o en proceso de ejecución, que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente (13). Para los proyectos incluidos en el Anexo II, los Estados miembros tienen la obligación de determinar, mediante un análisis individual, o mediante umbrales o criterios que les corresponde establecer, si el proyecto debe ser objeto de una evaluación con arreglo a los artículos 5 a 10. Ahora bien, los proyectos para los que se presentaron solicitudes de autorización antes del 14 de marzo de 1999 están sujetos a las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE previa a las modificaciones. Los parques temáticos no se incluían en los Anexos de la Directiva 85/337/CEE.

En marzo de 1998, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedió a Gardaland un préstamo de 31 millones de euros (60 000 millones de liras italianas). La mayor justificación para esta concesión fue el apoyo a la economía local en una zona que depende en gran parte del turismo. El parque Gardaland, creado en 1975, desempeña un papel crucial a la hora de atraer turistas a la región. Sin embargo, a principios de la década de los 90, la falta de inversión y la recesión económica provocaron una reducción del número de visitantes del parque. Se consideró vital una

actualización de sus instalaciones para mantener su capacidad de atracción y mejorar las perspectivas de empleo a largo plazo. La decisión financiera también se inscribió en la política del BEI de apoyo a la inversión de las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se consideraron los efectos positivos del proyecto para el turismo local y los sectores de servicios afines. Cuando el BEI adoptó su decisión, el proyecto contaba con el permiso de obra de las autoridades italianas. El proyecto no se incluía en el ámbito de aplicación de la Directiva 85/337/CEE y la Directiva 97/11/CE no era aplicable. No obstante, las autoridades italianas consideraron las consecuencias ambientales del proyecto. Por las características del proyecto y los criterios de selección del Anexo III de la Directiva 97/11/CE, decidieron que el proyecto no debía ser objeto de una evaluación completa del impacto ambiental.

(1) DO L 73 de 14.3.1997.