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PREGUNTA ESCRITA E-0120/99

de Anna Karamanou (PSE) a la Comisión

(2 de febrero de 1999)

Asunto: Empleo de inaceptables métodos medievales de interrogatorio en Israel - "legalización" de la tortura

Según un reciente comunicado de Amnistía Internacional, se denuncia el empleo de inaceptables y anacrónicos métodos de interrogatorio en Israel. En concreto, el Tribunal Supremo del país estudia de nuevo los inaceptables métodos medievales de interrogatorio que emplean los servicios de información militares israelíes, Shin Beth, como zarandear violentamente a los detenidos, privarles de sueño durante días, obligarles a permanecer durante horas en posturas dolorosas y a escuchar sin interrupción sonidos estridentes, encerrarlos en habitaciones del tamaño de un armario y exponerlos sucesivamente a calor y frío excesivos.

¿De qué modo piensa intervenir la Comisión Europea con el fin de que se protejan los derechos humanos y se acabe con la "legalización" de la tortura en Israel?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión

(11 de marzo de 1999)

La Comisión es consciente de que el Tribunal Supremo israelí ha aceptado el uso de la denominada "presión física moderada" por parte de los servicios israelíes de seguridad en el transcurso de los interrogatorios a detenidos. Tales prácticas están sujetas a las directrices y condiciones establecidas, principalmente, en el informe de la Comisión Landau, del cual algunas partes se mantienen en secreto, encargada de investigar la muerte de dos milicianos palestinos a los que el servicio de seguridad preventiva había arrestado tras el secuestro de un autobús israelí.

En diversas ocasiones, la Unión ha manifestado su condena frente al laxismo en materia de derechos humanos, públicamente en los foros internacionales adecuados y por vía diplomática al Gobierno israelí.
PREGUNTA ESCRITA P-0861/99

de Carlos Coelho (PPE) a la Comisión

(26 de marzo de 1999)

Asunto: Política Común de Pesca

La Comisión acaba de presentar un proyecto de reglamento por el que se establece una lista de tipos de comportamiento que violan las normas de la Política Común de Pesca (PCP).

El análisis de dicha lista muestra que no existe referencia alguna al incumplimiento de los Programas de Orientación Plurianuales (POP), que establecen objetivos de adecuación de la capacidad de la flota de cada Estado miembro a los recursos pesqueros. Dado que algunos Estados miembros cumplen y reducen su flota (por ejemplo, Portugal), y otros no sólo no lo hacen sino que incluso la aumentan (por ejemplo, Francia, Países Bajos e Italia), se produce una situación insostenible de distorsión de la competencia, por falta de sanciones.

Por este motivo, el Parlamento Europeo, en su Resolución A4-0046/98 (Informe Cunha)(1) había recomendado a la Comisión la creación de un marco normativo dirigido a obligar a los Estados miembros al cumplimiento de los POP y a sancionar a aquellos que incumplen.

Considerando que esta situación da lugar a comportamientos que infringen las normas de la Política Común de Pesca, ya que penaliza a los que cumplen y premia de forma perversa el incumplimiento de las normas comunitarias, ¿puede explicar la Comisión los motivos por los que no ha dado curso a la recomendación del PE, si piensa hacerlo y en qué plazos?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión

(21 de abril de 1999)

La Comisión está de acuerdo en que deben aplicarse medidas adecuadas, incluidas penalizaciones, por parte de la Comisión, respecto a los Estados miembros que no cumplan los objetivos de los programas de orientación plurianuales (POP) relativos a la flota pesquera, tal como recomienda el Parlamento en el informe elaborado por el Sr. Cunha.

Muchas de esas recomendaciones se tienen en cuenta en la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca(2), el cual establece explícitamente que deben adoptarse sanciones en caso de que no se cumplan los POP. El Consejo está examinando esta propuesta en la actualidad.

(1) DO C 104 de 6.4.1998, p. 278.

(2) DO C 16 de 21.1.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-0729/99

de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión

(29 de marzo de 1999)

Asunto: Fondos estructurales

Las regiones cuyo nivel de renta por habitante sea inferior al 75 % del que corresponde al habitante medio comunitario se califican de "regiones objetivo 1" y se benefician de importantes ayudas comunitarias.

Para saber si este umbral ha sido superado o no, el proyecto de Reglamento del Consejo, COM(98)131 final(1), por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos estructurales, prescribe que se tendrán en cuenta las cifras correspondientes a los tres últimos años de los que se disponga de datos en EUROSTAT.

En el momento actual sólo se dispone de las cifras correspondientes a los ejercicios 1994, 1995 y 1996.

¿Qué regiones estima la Comisión que no serán calificadas como regiones objetivo 1 para dicho período en Alemania?

(1) DO C 176 de 9.6.1998, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA P-0101/99

de Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) a la Comisión

(20 de enero de 1999)

Asunto: Fondos estructurales de la Unión Europea para la empresa Boliden (España)

Tras el desastre acaecido en Doñana, y compartiendo la preocupación de las ONGs en la materia:

- ¿Cuál es la intención de la Comisión respecto a la concesión de créditos procedentes de los Fondos estructurales a la empresa Boliden, que fueron congelados tras el desastre medioambiental del pasado mes de abril?

- En su caso, ¿cuál sería la cuantía de los fondos destinados a la citada empresa, cuándo se harían efectivos y qué requisitos ambientales se aplicarían a esta subvención?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(24 de febrero de 1999)

La cofinanciación de un proyecto de la empresa Boliden para la mina de Aznalcollar estaba prevista en el programa operativo (PO) de "Incentivos regionales" (1994-1999). La ayuda pública asignada al proyecto ascendió a 20,75 millones de euros, de los que se pagaron 9,71 entre los años 1995 y 1997.

Tras ser informada en la última reunión del comité de seguimiento del programa, celebrada en julio de 1998, de la situación del proyecto, la Comisión pidió de inmediato a las autoridades españolas que suspendiesen el pago del saldo de la ayuda. Esos fondos siguen congelados.

Cabe señalar que la empresa podría verse obligada a reembolsar las ayudas ya concedidas si se demuestra su responsabilidad en el desastre ocurrido. La Comisión está a la espera de que las autoridades españolas le remitan más información sobre el caso.
PREGUNTA ESCRITA E-0590/99

de Nuala Ahern (V) a la Comisión

(12 de marzo de 1999)

Asunto: Directiva del Consejo 96/29/Euratom en relación con las consecuencias medioambientales de la liberalización de los controles en materia de radioactividad

¿Qué protestas formales ha recibido la Comisión sobre la Directiva del Consejo 96/29/Euratom(1) en relación con las consecuencias medioambientales de la liberalización de los controles en materia de radioactividad? ¿De qué información dispone en relación con las medidas adoptadas por los Estados miembros de la UE a la hora de transponer las normas básicas de la Directiva en la legislación nacional?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(29 de abril de 1999)

La Directiva 96/29/Euratom del Consejo, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes, contiene lo esencial de la propuesta de la Comisión, basada en el dictamen del grupo de expertos científicos mencionado en el artículo 31 del Tratado Euratom.

La Directiva 96/29/Euratom sustituye a la Directiva 80/836/Euratom,(2) modificada por la Directiva 84/467/Euratom,(3) y la Comisión considera que ofrece una mejor protección a los trabajadores y a la población, basada en conocimientos científicos actualizados y en consonancia con la recomendación de las organizaciones internacionales competentes. No puede decirse que esta nueva directiva suponga una desregulación en esta área. Bien al contrario, se han introducido varios requisitos adicionales, ampliándose el ámbito de aplicación a la exposición a la radiación natural.

Pese al esmero con que la Comisión preparó la propuesta de directiva y llevó a cabo las negociaciones con las instituciones que desembocaron en su adopción, es obvio que la Directiva, como cualquier otra disposición legislativa, puede ser objeto de críticas por parte de particulares o grupos de interés. En el seminario "Survey and evaluation of criticism of basic safety standards for the protection of workers and the public against ionising radiation", organizado por el Parlamento en Bruselas el 5 de febrero de 1998, se presentó un resumen de dichas críticas, que puede consultarse en el documento de igual denominación publicado por el Parlamento.

Cabe añadir, por último, que sólo los Países Bajos han introducido ya en su legislación una parte considerable de la Directiva 96/29/Euratom, cuyo plazo de transposición concluye el 13 de mayo de 2000. Dinamarca, por su parte, ha transpuesto algunas disposiciones concretas de la Directiva.

(1) DO L 159 de 29.6.1996, p. 1.

(2) DO L 246 de 17.9.1980.

(3) DO L 265 de 5.10.1984.
PREGUNTA ESCRITA E-0085/99

de Anita Pollack (PSE) a la Comisión

(27 de enero de 1999)

Asunto: Directiva sobre los envases

¿Se va a proceder a algún tipo de revisión o evaluación de la eficacia de la Directiva sobre los envases (es decir, del logro de objetivos, etc.)? En caso afirmativo, ¿cuándo?

¿Publicará la Comisión esta revisión?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(9 de marzo de 1999)

La aplicación por los Estados miembros de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases(1), previsto para el 30 de junio de 1996 ha sido aplazada en más de un año, como media. Esto significa que, en la actualidad, podría realizarse un estudio preliminar de la situación en los Estados miembros y no con todo el sistema de gestión de residuos de los envases plenamente operativo.

El 3 de febrero de 1997 la Comisión adoptó la Decisión 97/138/CE sobre comunicación de datos sobre envases y residuos de envases(2). Los formularios deben completarse cada año y por primera vez con datos del año 1997 y debe presentarse a la Comisión en un plazo de 18 meses a partir del final del año pertinente. La Comisión adoptó la Decisión 97/622/CE sobre cuestionarios referentes al sector de los residuos(3), que incluye uno relativo a la Directiva de envases. El primer informe cubrirá el periodo de 1998 al 2000, ambos incluidos.

En abril de 1999 se iniciará el estudio "European packaging waste management systems" y el informe final estará listo en mayo de 1999. En marzo de 1999 va a dar comienzo la realización de otro estudio titulado "Cost, benefits and costeffectiveness of financial pool systems" en marzo de 1999 y su versión definitiva estará disponible en diciembre de 1999. Ambos estudios van a tener una difusión general.

Sobre la base de esos estudios, la Comisión va a preparar para julio de 1999 un informe, sobre la experiencia obtenida por los Estados miembros en la consecución de los objetivos y los resultados de las investigaciones científicas y de técnicas de evaluación como los ecobalances.

(1) DO L 365 de 31.12.1994.

(2) DO L 52 de 22.2.1997.

(3) DO L 256 de 19.9.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-0206/99

de Manuel Escolá Hernando (ARE) a la Comisión

(12 de febrero de 1999)

Asunto: Ayudas en España a las regiones objetivo 1

De acuerdo con las decisiones adoptadas en la Cumbre de Edimburgo, la suma de los créditos de compromiso de los Fondos estructurales y de Cohesión correspondientes a las regiones objetivo 1, deben permitir la duplicación en términos reales de la ayuda financiera comunitaria a las regiones objetivo 1.

Para España se consignaron 7 950 millones de ecus del Fondo de Cohesión entre 1993 y 1999.

¿Puede indicar la Comisión el desglose por proyectos de esta cantidad?

¿Considera la Comisión que el Gobierno español ha cumplido con el compromiso de duplicar en términos reales las ayudas destinadas a las regiones objetivo 1, canalizando las ayudas del Fondo de Cohesión hacia esas comunidades autónomas?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(10 de marzo de 1999)

El apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (CEE) 2081/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993, por el que se modifica el Reglamento (CEE) 2052/88 relativo a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes(1) establece que "para el conjunto de los cuatro Estados miembros beneficiarios del instrumento financiero de cohesión, el aumento de los créditos de compromiso de los Fondos estructurales deberá permitir la duplicación en términos reales de los compromisos en virtud del objetivo no 1 y del instrumento financiero de cohesión entre 1992 y 1999". Este artículo aplica las conclusiones del Consejo europeo de Edimburgo que también preveían que para los cuatro Estados miembros del Fondo de cohesión esto supone un importe de aproximadamente 85.000 millones de euros entre 1993 y 1999.

Tanto en lo que respecta al Fondo de cohesión como a los créditos de compromiso de los Fondos estructurales concedidos en virtud del objetivo no 1 a los cuatro Estados miembros en cuestión, la Comisión tuvo en cuenta completamente estas disposiciones reglamentarias y políticas. Por consiguiente, estos cuatro Estados miembros, en su conjunto, lograrán duplicar los compromisos entre 1992 y 1999. Por el contrario, los Estados miembros no tienen la obligación de duplicar los recursos de los Fondos estructurales ni del Fondo de cohesión con respecto a las regiones subvencionables en virtud del objetivo no 1.

La Comisión envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento la lista de los proyectos cofinanciados por el Fondo de cohesión en España desde 1993 junto con la información solicitada.

Al tratarse más concretamente de los recursos del Fondo de cohesión realmente canalizados hacia las regiones incluidas en el objetivo no 1, la Comisión considera que esta cuestión debe dirigirla al Gobierno español.

(1) DO L 193 de 31.7.1993.
PREGUNTA ESCRITA P-0076/99

de Yvonne Sandberg-Fries (PSE) a la Comisión

(20 de enero de 1999)

Asunto: Relaciones de la Comisión con la oficina de información de la Comisión en Suecia

Hace más de un año, el jefe de la oficina de información de la Comisión escribió una carta al Presidente del Parlamento sueco en la que se ponían en tela de juicio las declaraciones de los diputados al Parlamento sueco en los medios de comunicación sobre temas relativos a los impuestos comunitarios. La actuación de la oficina de información de la Comisión atrajo considerablemente la atención de los medios de comunicación suecos. En una carta dirigida al Primer Ministro sueco, el Presidente de la Comisión Europea critica unas supuestas declaraciones realizadas por el Primer Ministro en una entrevista en un noticiero sueco, a raíz de las denuncias del Parlamento Europeo relativas a irregularidades y supuestos casos de fraude en el seno de la Comisión. La carta hace referencia a un punto de vista que el Primer Ministro sueco nunca ha manifestado. Como consecuencia directa de esta interpretación y/o falta de traducción cometida inicialmente en la oficina de información de la Comisión en Suecia, la carta del Presidente de la Comisión ha atraído considerablemente la atención de los medios de comunicación suecos.

Teniendo en cuenta las mencionadas actuaciones, ¿considera la Comisión que la oficina de información de la Comisión en Suecia funciona de manera satisfactoria?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-0075/99 y P-0076/99 dada por el Sr. Santer en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 1999)

Tal como indica Su Señoría, el Presidente de la Comisión ha dirigido una carta personal al Primer Ministro sueco, Sr. Göran Persson. En ningún caso la intención del Presidente de la Comisión era contestar el derecho de los Jefes de Estado o de Gobierno de comentar las informaciones difundidas por la prensa relativas al funcionamiento de la Comisión. Su deseo era simplemente comunicar a su colega sus puntos de vista sobre declaraciones que habían llegado a su conocimiento, habiendo tenido gran cuidado en señalar que sus comentarios partían de la hipótesis de que la declaración del Primer Ministro se hubiera reproducido correctamente. El Primer Ministro sueco respondió posteriormente a la carta del Presidente, clarificando las cosas.
5. ¿QuØ medidas tiene la intención de adoptar el Consejo para restablecer en el mÆs breve plazo posible
los contactos deportivos habituales entre los Estados miembros y Yugoslavia?
Respuesta
(22 de octubre de 1999)
1. El Consejo desea recordar que el 26 de abril de 1999, el Consejo de Asuntos Generales convino en
Luxemburgo en «la invitación a los Estados miembros y a las organizaciones deportivas para que noorganicen actos deportivos internacionales en los que participe la RFY».
2. Conforme a dicha recomendación, los Países Bajos informaron a los Estados miembros de su
intención de no expedir visados a los deportistas de la RFY que desearan participar en acontecimientosdeportivos internacionales organizados en los Países Bajos.
3. Pese a los esfuerzos de todos los Estados miembros, en su sesión del 31 de mayo de 1999, el Consejo
de Asuntos Generales «expresa su decepción por el hecho de que sigan celebrÆndose algunos actos
deportivos de importancia. Pide a las organizaciones deportivas europeas, en particular la UEFA, que
reconsideren las decisiones que pudieran permitir tales encuentros.»
4. El Consejo subraya que sigue teniendo intención de tender la mano al pueblo serbio, que ha padecido
las consecuencias de las políticas perjudiciales de sus dirigentes. El Consejo de Asuntos Generales tuvo encuenta esta distinción entre el rØgimen de Belgrado y la población de la RFY en su sesión del 13 deseptiembre de 1999, cuando acordó anular su decisión encaminada a disuadir del mantenimiento decontactos deportivos.
(2000/C 27 E/171) PREGUNTA ESCRITA E-1583/99
de Glyn Ford (PSE) a la Comisión
(1 de septiembre de 1999)
Asunto: Harina de pescado ecológicamente aceptable
¿EstÆ dispuesta la Comisión a permitir que se haga una distinción entre la harina de pescado fabricada a
partir de residuos de pescado y la obtenida mediante la pesca con fines industriales, que entraæa el riesgode destrucción de hÆbitats?
Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión
(4 de octubre de 1999)
La harina de pescado se fabrica a partir de pescado que, por diversas razones, no puede utilizarse
directamente para consumo humano. Se utilizan residuos de pescado, pescado no comercializable y
especies de peces cuyo consumo es actualmente muy escaso o inexistente. Como ocurre con otras
pesquerías, la Comisión considera de gran importancia garantizar que la pesca con fines industriales serealice de forma responsable y sostenible. Por ello, la pesca que responde directamente a fines industrialeses objeto de una detallada reglamentación y un cuidadoso seguimiento; la Comisión no tiene conocimientode que existan hÆbitat en peligro como consecuencia de estas pesquerías.
La Comisión duda de la viabilidad prÆctica y jurídica de implantar un etiquetado diferenciado para la
harina de pescado, puesto que, en su mayor parte, las plantas de producción de harina de pescado utilizanresiduos de pescado y pescado obtenido con fines industriales, de forma indiferenciada. Lo importanterealmente es tener la certeza de que los productos tienen su origen en pesquerías sostenibles.C 27 E/140 ES 29.1.2000 Diario Oficial de las Comunidades Europeas
PREGUNTA ESCRITA E-0587/99

de Nuala Ahern (V) a la Comisión

(12 de marzo de 1999)

Asunto: Solicitud de información a raíz de la pregunta E-0370/98

En relación con la respuesta de 27 de marzo de 1998 a mi pregunta escrita E-0370/98(1), ¿podría enumerar la Comisión la lista de organizaciones no gubernamentales cuyas inquietudes hayan sido sometidas al Grupo de Trabajo Permanente sobre Transporte Seguro de Materiales Radiactivos en los últimos cinco años? ¿Cuáles eran las inquietudes expresadas por las ONG y qué medidas ha adoptado el Grupo de Trabajo Permanente o la Comisión en respuesta a dichas inquietudes?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión

(3 de mayo de 1999)

En lo que se refiere a las particularidades del funcionamiento del Grupo de Trabajo Permanente de expertos sobre Transporte de Materiales Radiactivos, rogamos a Su Señoría se remita a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita P-3454/98 de la Sra. Bloch von Blottnitz(2).

Por otra parte, aunque con ocasión de sus trabajos el grupo haya tenido que examinar periódicamente los argumentos presentados por algunas organizaciones no gubernamentales, tanto los temas abordados como las opiniones expresadas tienen carácter confidencial.

(1) DO C 310 de 9.10.1998, p. 55.

(2) DO C 320 de 6.11.1999.
PREGUNTA ESCRITA P-0116/99

de Hugh McMahon (PSE) a la Comisión

(22 de enero de 1999)

Asunto: Procedimiento de impacto medioambiental (85/337) y procedimientos por infracción en contra de las autoridades del Reino Unido

¿Está dispuesta la Comisión a especificar qué procedimientos por infracción han sido incoados por violación de la Directiva 85/337(1) en el Reino Unido desde 1994? En particular, ¿puede la Comisión especificar si las canteras de Pilmuir en Newton Mearns y de Sheephill en Milton, condado de Dunbarton (ambas en Escocia) han sido incluidas en los trámites realizados por la Comisión en contra de las autoridades del Reino Unido?

Respuesta del Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 1999)

La Comisión ha incoado cuatro procedimientos de infracción contra el Reino Unido con arreglo al artículo 169 del Tratado CE respecto a la Directiva 85/337/CEE. Estos procedimientos conciernen respectivamente a la construcción de una dársena, a un vertedero, al desarrollo del artículo 7 y al ámbito de aplicación de la Directiva.

Por lo que respecta a la cantera de Pilmuir, el procedimiento se había incoado conforme al artículo 169 del Tratado CE. Sin embargo, como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-431/92, se consideró que la Directiva 85/337/CEE no era aplicable a este proyecto puesto que el permiso se había solicitado antes de julio de 1988. La Comisión concluyó este asunto en julio de 1997 y envió una carta a su Señoría informándole de esta decisión.

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.