PREGUNTA ESCRITA E-0183/98 de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión (5 de febrero de 1998)

Asunto: El modo de actuar de la aduana finlandesa

Durante el año pasado en un par de ocasiones, la aduana finlandesa confiscó coches de ciudadanos suecos. El servicio de aduanas sostiene que las personas deben pagar impuestos en Finlandia puesto que han residido en este país durante más de 185 noches en el transcurso de un año. Para ello se apoyan en la directiva 83/182/CEE ((DO L 105 de 23.4.1983, p. 59. )). Las personas que se ven afectadas por estas medidas son ciudadanos residentes fijos que pagan sus impuestos en Suecia. Por ejemplo, se dan los casos de un joven sueco que visita a su compañera finlandesa y de una pareja mayor que visita su residencia de verano en Finlandia. ¿Está actuando la aduana finlandesa correctamente? ¿Está haciendo la aduana finlandesa una interpretación correcta de la directiva?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (7 de abril de 1998)

La Directiva 83/182/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de transporte ((DO L 105 de 23.4.1983. )) tiene como objetivo suprimir los obstáculos a la libre circulación de personas y a la constitución del mercado interior europeo ((Véanse los considerandos de la Directiva, así como, entre otras, la sentencia del Tribunal de 29 de mayo de 1997 en el asunto C-389/95, Siegfried Klattner c/ Estado Helénico, Recopilación de jurisprudencia 1997, página I-2719. )) que se derivan de los regímenes fiscales aplicados en los distintos Estados miembros a la importación temporal de medios de transporte.

De conformidad con el artículo 3 de la Directiva, la importación temporal de medios de transporte -particularmente de vehículos de turismo- en régimen de franquicia del impuesto de matriculación y de los impuestos periódicos de circulación se autoriza, por un espacio de tiempo, continuado o no, que no exceda de seis meses por período de doce meses, a condición de que el particular que importe estos bienes tenga su residencia normal en un Estado miembro distinto del de la importación temporal y que utilice estos medios de transporte para su uso privado.

En cuanto a la noción de residencia normal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva, por ésta se entiende el lugar en que una persona vive habitualmente, es decir, durante por lo menos 185 días por año civil, por razón de vínculos personales y profesionales, o, en el caso de una persona sin vínculos profesionales, por razón de vínculos personales que revelen la existencia de lazos estrechos entre dicha persona y el lugar en que habita.

Esta noción, que es básica para la aplicación de la directiva y que, por su naturaleza comunitaria, no puede ser modificada por los Estados miembros ((Sentencia del Tribunal de 2 de agosto de 1993, asunto C-9/92, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Helénica, Recopilación de jurisprudencia 1993, página I-4467. )), ha planteado algunos problemas de interpretación sobre los que se ha pronunciado el Tribunal de Justicia. En un asunto cuyas circunstancias de hecho son similares a las del primer ejemplo mencionado por Su Señoría ((Sentencia del Tribunal de 23 de abril de 1991, asunto c-297/89, Rigsadvokaten c/ Nicolai Christian Ryborg, Recopilación de jurisprudencia 1997, página I-1943. )), el Tribunal ha dictaminado que la residencia normal debe considerarse el lugar en que el interesado ha establecido el centro permanente de sus intereses, y que el simple hecho de desplazarse regularmente a otro Estado miembro no basta para concluir que ha desplazado hacia dicho Estado el centro permanente de su intereses.

En cualquier caso, la Directiva no indica las sanciones aplicables en el caso de violación de sus disposiciones (por ejemplo, préstamo del vehículo propio a una persona residente en el Estado miembro de la importación temporal o permanencia de un vehículo en este Estado miembro una vez finalizado el período de franquicia autorizado).

A la luz del objetivo mencionado y teniendo en cuenta elementos tales como la ausencia de indicios de fraude, de abuso o de evasión fiscal por parte del interesado, la jurisprudencia del Tribunal ha sentado determinados principios de interpretación de la Directiva, con objeto de verificar si existe o no infracción de las normas ((Entre otras, sentencia del Tribunal de 6 de julio de 1988, asunto 127/86, Ministère public et ministre des Finances de Belgique c/ Yves Ledoux, Recopilación de jurisprudencia 1988, página 3741. )). Por otra parte, en contextos análogos, el Tribunal ha dictaminado que, a falta de armonización en lo referente a las infracciones de determinadas disposiciones comunitarias, los Estados miembros pueden elegir las sanciones que estimen oportunas. No obstante, para ello deben atenerse al derecho comunitario y a sus principios generales, y, por consiguiente, al principio de proporcionalidad. A este respecto, las medidas administrativas o coercitivas deben limitarse estrictamente a los objetivos perseguidos, y las modalidades de control no deben estar acompañadas de una sanción tan desproporcionada a la gravedad de la infracción que se convierta en un obstáculo a las libertades consagradas en el Tratado CE ((Por ejemplo, sentencia del Tribunal de 16 de diciembre de 1992, Asunto C-210/91, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Helénica, Recopilación de jurisprudencia 1992, página I-6735. )).

Las medidas tomadas por las autoridades finlandesas, cuyas circunstancias exactas no conoce la Comisión, deben apreciarse partiendo de estos principios. La Comisión está dispuesta a ponerse en contacto con dichas autoridades sobre la base de los elementos complementarios que Su Señoría tenga a bien transmitirle.