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PREGUNTA ESCRITA E-0532/98 de Concepció Ferrer (PPE) a la Comisión (2 de marzo de 1998)

Asunto: Construcción de viviendas sociales

Teniendo en cuenta que el Libro Blanco de la Comisión sobre la Política Social menciona explícitamente la vivienda como un tema clave en el marco de la lucha contra la exclusión social y como una fuente importante de nuevos puestos de trabajo, ¿qué iniciativas existen actualmente de cara a favorecer la promoción de viviendas sociales? ¿Cuánto dinero destina la Unión Europea en este sentido? ¿Tiene previsto la Comisión iniciar alguna acción en el marco del FEDER de cara a intervenir en favor de la vivienda social o recogerlo dentro de algún programa ya existente?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (15 de mayo de 1998)

La política de la vivienda es competencia de los Estados miembros, por lo que en la actualidad la Comisión se limita a apoyar un número limitado de actividades, tales como los análisis comparativos de cuestiones relativas a la vivienda.

Todos los Estados miembros reconocieron el derecho universal a una vivienda adecuada al ratificar el Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996.

En la última reunión informal que los Ministros de Vivienda celebraron el 24 de septiembre en Amsterdam, éstos intentaron definir las cuestiones relativas a la vivienda que podían ser de interés común para futuros debates. En dicha reunión acordaron que el tema especial de debate para la próxima reunión informal fuera «el impacto de la construcción, reforma y modernización de viviendas sobre el empleo».

La vivienda es también un factor que hay que tener en cuenta en las estrategias contra la exclusión social. En este contexto, la Comisión apoya las actividades de FEANTSA (Federación europea de asociaciones que trabajan con las personas sin hogar) Su programa para 1997-1998 alude al papel y el impacto de las viviendas sociales en el proceso de reintegración y exclusión.

Aunque para el periodo 2000-2006 no se prevé ninguna financiación específica para la promoción de viviendas sociales en el marco de los fondos estructurales, la Comisión ha propuesto que un «nivel elevado de pobreza, incluidas condiciones de alojamiento inadecuadas», sea uno de los criterios para incluir a determinadas zonas urbanas en el objetivo 2. Dado que las regiones del objetivo 2 son regiones que se enfrentan a una reconversión socioeconómica, habría cuatro tipos de zonas afectadas: zonas industriales, incluido el sector de servicios, urbanas, rurales y dependientes de la pesca.
PREGUNTA ESCRITA E-0417/98 de Freddy Blak (PSE) a la Comisión (24 de febrero de 1998)

Asunto: Lucha contra el desempleo

¿Puede indicar la Comisión la cuantía de los créditos destinados a la lucha contra el desempleo en las distintas ramas del sector del comercio?

¿Qué direcciones generales administran estos créditos, y qué criterios de evaluación se aplican para establecer el orden de prioridad de los proyectos presentados?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (6 de mayo de 1998)

El Fondo Social Europeo (FSE) es el principal instrumento de la Comunidad para desarrollar los recursos humanos y mejorar el funcionamiento del mercado laboral en la Comunidad. No está orientado hacia un determinado sector, sino que cubre una amplia gama de actividades con la finalidad de mejorar la empleabilidad de las personas en los mercados laborales locales mediante cursos de formación que les permitan ocupar los puestos de trabajo disponibles o facilitándoles el acceso a otras oportunidades de empleo. No obstante, las autoridades locales tienen la posibilidad de proponer programas específicos que favorezcan el desarrollo del empleo local en un sector determinado dentro del marco de apoyo comunitario acordado y de acuerdo con las disposiciones del FSE. Más de la mitad de los fondos que dedica el FSE al desarrollo de recursos humanos en el periodo de 1994 a 1999 se invierten en medidas dirigidas fundamentalmente a aquéllos excluidos o expuestos a la exclusión del mercado laboral; sin embargo, no es posible desglosar estos datos por sectores.

Mientras que el FSE es el instrumento que permite a personas con diferentes grados de integración en el mercado laboral mantener o mejorar su empleabilidad, otros fondos estructurales como el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) apoyan y desarrollan oportunidades de empleo a través de inversiones en infraestructura y refuerzo de las capacidades así como mediante inversiones en zonas rurales y granjas. Los criterios que se utilizan para determinar el tipo de proyectos susceptibles de recibir ayudas de los fondos estructurales se exponen en las directrices adjuntas, las cuales han sido revisadas recientemente con ocasión del informe intermedio ((Las intervenciones estructurales comunitarias y el empleo, COM(96)109 final. Nota orientativa de 29.4.1996 sobre las operaciones en zonas afectadas por el declive industrial (Objetivo 2) para el segundo periodo de programación de 1997-1999. Prioridades para el ajuste de los programas sobre fondos estructurales hasta finales de 1999 - Directrices de la Comisión de 30.5.1997. )).
PREGUNTA ESCRITA E-0612/98 de Fernando Moniz (PSE) a la Comisión (9 de marzo de 1998)

Asunto: Embalse de Sela, un atentado ecológico

La defensa del medio ambiente constituye una de las preocupaciones fundamentales de la Unión Europea. De hecho, se están adoptando diversas iniciativas y decisiones con vistas a iniciar una campaña de concienciación permanente, a la vez que entran en vigor en los Estados miembros nuevas normativas y reglamentos.

Durante el período parcial de sesiones de febrero de 1998 en Estrasburgo, este tema fue examinado por el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, especialmente en lo que se refiere a los denominados cambios climáticos.

En 1968 se firmó un convenio en el que se preveía el aprovechamiento hidroeléctrico de Sela en el río Miño, al norte del Portugal, junto a las localidades de Monção y Melgaço, por parte de la empresa portuguesa EDP y la española Unión Fenosa.

Sin embargo, la construcción de un lago artificial de 22 kilómetros de largo supondría la inmersión de centenares de caladeros y causaría la destrucción de hábitats naturales, afectando a diversas especies animales (sábalo, lamprea y salmón).

Además, la presencia de dicho lago engendraría un cambio climático al aumentar la humedad y la insolación, alterando así el microclima indispensable para el cultivo de un vino de gran solera y calidad (el «albariño»), que constituye la única producción realmente rentable y competitiva de dos de los municipios de mayor autenticidad y raigambre de Portugal, aunque también sean de los que registran mayores carencias.

Por su parte, las autoridades locales, las entidades regionales y la población en general, sintiéndose afectadas por las consecuencias de este proyecto hidroeléctrico, se han manifestado claramente en contra del mismo, con objeto de evitar que se anteponga una visión meramente económica a la defensa de la naturaleza y de una organización socioeconómica profundamente arraigada en el mundo rural, que es absolutamente necesario preservar.

¿Puede indicar la Comisión si, en caso de que prospere dicho proyecto, contrario a los principios que defiende la Unión Europea, y una vez recabados todos los datos pertinentes, tiene intención de actuar para proteger estos legítimos intereses y, en caso afirmativo, qué medidas concretas piensa aplicar?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (21 de abril de 1998)

El proyecto señalado no ha sido objeto de solicitud alguna de cofinanciación comunitaria.

Según la información con que cuenta la Comisión, actualmente se está realizando la consulta pública exigida en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente ((DO L 175 de 5.7.1985. )).

La Comisión velará por el respeto del derecho comunitario, que incumbe a las autoridades nacionales, particularmente en lo que se refiere a la protección de la naturaleza.
PREGUNTA ESCRITA E-0454/98 de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión (27 de febrero de 1998)

Asunto: Persistencia del régimen de concesiones en las telecomunicaciones móviles y personales

Considerando que desde el 1.1.1998 ha entrado en vigor en todos los países de la Unión Europea la liberalización completa de los servicios de telecomunicaciones;

Considerando que en las Directivas 90/388/CE ((DO L 192 de 24.7.1990, p. 10.)) y siguientes está prevista la abolición del régimen de concesiones en favor de las licencias;

Considerando que en el DPR 318 de 19.9.1997 (Reglamento para la aplicación de las directivas comunitarias relativas al sector de las telecomunicaciones) no se menciona concesión alguna; ¿puede decir la Comisión:

1. por qué motivo el Gobierno italiano no ha suprimido la «tasa de concesión gubernamental» y si dicha concesión es contraria a la normativa europea;

2. si está al corriente de la futura abolición de dicha tasa de régimen de concesiones;

3. si el mantenimiento de este impuesto es contrario a las directivas comunitarias y un obstáculo al desarrollo de las telecomunicaciones?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (1 de abril de 1998)

1. La Comisión no cuenta con información actualizada sobre el estado de la tasa de concesión impuesta a los operadores de telecomunicaciones según lo mencionado por Su Señoría, aunque de los contactos bilaterales con las autoridades italianas se desprende que el Gobierno italiano está discutiendo la supresión de la misma.

2. La Comisión no ha sido informada del calendario previsto para la supresión de la tasa de concesión.

3. El régimen introducido por la Directiva 97/13/CE del Parlamento y del Consejo de 10 de abril de 1997 relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones ((DO L 117 de 7.5.1997. )), se aleja del planteamiento tradicional de concesión y requiere que se impongan tasas solamente para cubrir los costes administrativos relativos a emisión, gestión, control y aplicación de las autorizaciones pertinentes. El Gobierno italiano, que ha incorporado ya estos principios a la legislación italiana mediante el decreto presidencial no 319/97 de 19 de septiembre de 1997, tiene ahora que tomar las medidas necesarias para cumplirlos. De conformidad con el apartado 1 del artículo 22 de la Directiva 97/13/CE, se requiere que los Estados miembros hagan todo lo necesario para garantizar la conformidad de las autorizaciones válidas en la fecha de entrada en vigor de la Directiva con las disposiciones de la misma antes del 1 de enero de 1999. La Comisión supervisará el proceso de adaptación de las autorizaciones existentes.
PREGUNTA ESCRITA E-0470/98 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (27 de febrero de 1998)

Asunto: Artículo 10

Vistos los créditos presupuestarios para 1994-1998, ¿cuál es el porcentaje exacto de gastos de los Fondos estructurales consagrado al Artículo 10 durante el actual período de programación? ¿Qué importe del presupuesto para 1999 se requerirá para garantizar que se logre el primer 1 %? ¿Está dispuesta la Comisión a presentar esta cuestión en su proyecto de presupuesto para 1999?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (7 de abril de 1998)

En virtud del artículo 10 del Reglamento relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ((DO L 193 de 31.7.1993. )), para el actual período de programación 1994-1999 se han asignado 450 millones de ecus para gastos. Esta cifra representa aproximadamente el 0,56 % del FEDER. El importe que representaría el 1 % serían aproximadamente 800 millones de ecus. Sin embargo, la Comisión no pretende incluir un incremento que supere ese 0,56 % en su propuesta de presupuesto de 1999.
PREGUNTA ESCRITA E-0321/98 de Iñigo Méndez de Vigo (PPE) a la Comisión (17 de febrero de 1998)

Asunto: Actos informativos subvencionados por la Unión Europea en el programa Prince en España

Durante 1997, la Comisión Europea ha organizado una serie de actos para explicar a los ciudadanos europeos el alcance y el contenido de la Conferencia Intergubernamental y del Tratado de Amsterdam.

¿Puede la Comisión dar la lista de los diputados españoles que asistieron a los actos organizados por la Comisión en España subvencionados con el presupuesto de la Unión en el marco del programa Prince?

Respuesta del Sr.Oreja en nombre de la Comisión (6 de abril de 1998)

En respuesta a la pregunta de Su Señoría, la Comisión envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento la lista de los principales actos organizados en el marco del Programa para la información de los ciudadanos de Europa (PRINCE).

Sin embargo, cabe señalar que en determinados casos no ha sido posible conseguir el nombre del diputado o los diputados que asistieron a estos actos, puesto que la demanda de participación de los diputados, en determinados casos, ha debido realizarse vía la secretaría general de los grupos políticos, de acuerdo con el mecanismo de cooperación establecido entre la Representación de la Comisión y la Oficina del Parlamento en España.
PREGUNTA ESCRITA E-1327/98 de Rolf Berend (PPE) al Consejo (28 de abril de 1998)

Asunto: Reconocimiento mutuo de los títulos de enseñanza en la UE

¿Puede indicar la Comisión si un título de enseñanza obtenido en Alemania se reconoce como un diploma válido en la UE y si el titular del mismo está habilitado para ejercer como profesor en otros Estados miembros de la UE?

¿Es aplicable esto también a los profesores que ejercen su profesión en los nuevos Länder, que han obtenido su diploma en la antigua RDA y que cuentan con una experiencia profesional de varias décadas?

Respuesta (13/14 de julio de 1998)

A fin de facilitar el ejercicio efectivo de libre circulación consagrada por el Tratado de la CE, se han adoptado a nivel comunitario varios instrumentos jurídicos relativos al reconocimiento profesional de los diplomas.

Teniendo en cuenta el hecho de que según el artículo 155 del Tratado de la CE, la Comisión vela por la aplicación de las disposiciones tomadas por las Instituciones en virtud de dicho Tratado, el Consejo quisiera reenviar a Su Señoría la respuesta dada por la Comisión a la pregunta escrita no 1326/98, formulada por S.S. en relación con el mismo tema.
PREGUNTA ESCRITA P-0734/98 de Paul Lannoye (V) a la Comisión (2 de marzo de 1998)

Asunto: Prohibición de la certificación «agricultura ecológica» en los departamentos franceses de Aude y de los Pirineos Orientales

Desde 1994, el Ministerio francés de Agricultura y algunas prefecturas vienen adoptando una serie de disposiciones por las que obligan a todos los viticultores de los departamentos de Aude y de los Pirineos Orientales a aplicar a la vid un tratamiento preventivo contra la enfermedad llamada Flavescencia dorada, mediante el uso de insecticidas químicos de síntesis.

Esta obligación también incluye a los viticultores de producción ecológica.

Al no haber registrado ningún foco de esta enfermedad en sus parcelas, algunos viticultores ecológicos se han negado a aplicar el tratamiento preventivo citado. Ante esta negativa, la D.G.A.L. del Ministerio de Agricultura ha decidido prohibir al organismo de control Ecocert la certificación «agricultura ecológica» para los viñedos de estos viticultores, incluso si estas fincas se ajustan plenamente, según ha comprobado Ecocert, a las disposiciones del Reglamento (CEE) no 2092/91 ((DO L 198 de 22.7.1991, p. 1. ))sobre la producción agrícola ecológica, por lo que estos viticultores tienen que prescindir de cualquier referencia al tipo de producción ecológica.

Esta prohibición de utilizar cualquier etiquetado en el que figure la mención «agricultura ecológica» parece totalmente contraria a las disposiciones del apartado 2 del artículo 9 y del artículo 12 del Reglamento (CEE) no 2092/91.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para que estos viticultores puedan recuperar la certificación «agricultura ecológica»?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (8 de abril de 1998)

La Comisión está realizando un minucioso examen del problema al que se refiere Su Señoría, y le informará de su resultado lo más rápidamente posible.
PREGUNTA ESCRITA E-0806/98 de Frederik Willockx (PSE) y Anne Van Lancker (PSE) a la Comisión (26 de marzo de 1998)

Asunto: Prácticas ilegales en relación con la solicitud de subvenciones

Últimamente se reciben cada vez con más frecuencia preguntas de todo tipo de organismos y organizaciones en relación con las prácticas habituales de la empresa «European Business Services» (EBS).

Dicha empresa, establecida en Bélgica, los Países Bajos y el Reino Unido, se presenta como asesora en materia de subvenciones nacionales y europeas. Por su mediación cobra un importe de 20.000 francos belgas (IVA excluido), que se devuelve al cliente si en un plazo de 6 meses no recibe una subvención. Si se concede dicha subvención, el cliente deberá abonar un 10 % de la misma a EBS.

El hecho de que esta empresa se quede con una parte de la subvención obtenida es de todo punto contrario a cualquier normativa europea. Al parecer, el servicio UCLAF está al corriente de sus actividades. ¿Podría indicar la Comisión de qué manera se avanza en este asunto y qué medidas piensa adoptar al respecto?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (28 de abril de 1998)

La Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude(UCLAF)está llevando a cabo en Bélgica una serie de investigaciones relacionadas con las subvenciones concedidas por la Comunidad. Todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones, en especial en lo que atañe a las prácticas descritas por Su Señoría. Se mantendrá informado al Parlamento y, en concreto a su Comisión de Control Presupuestario, con arreglo a los procedimientos recientemente propuestos a dicha Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-1396/98 de Leonie van Bladel (UPE) al Consejo (6 de mayo de 1998)

Asunto: Convenio relativo a la devolución de reclusos comunitarios desde Marruecos

1. ¿Podría explicar el Consejo cómo es que tan sólo existe una persona para encargarse, una semana al mes, de prestar asistencia a los 100 reclusos neerlandeses en Marruecos, repartidos por 7 prisiones en todo el país?

2. ¿No considera el Consejo que una única persona para 100 reclusos, repartidos por 7 prisiones en distintos puntos de Marruecos, es demasiado poco, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Reino Unido, para 35 reclusos, cuenta con 6 personas que se dedican de manera continua a este tipo de actividades?

3. ¿Está dispuesto el Consejo a aconsejar sin demora a los Estados miembros de la UE que entablen negociaciones con el Gobierno marroquí para llegar a un acuerdo a la mayor brevedad posible que posibilite que los reclusos procedentes de Estados miembros de la UE puedan cumplir las sentencias que les hayan sido impuestas en su propio país?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1396/98 y E-1397/98 (6 de julio de 1998)

Los temas que se mencionan en la pregunta escrita 1396/98 de Su Señoría, así como en los puntos 4 y 5 de su pregunta escrita 1397/98 no son competencia del Consejo.

Las preguntas que figuran en los puntos 1, 2 y 3 de su pregunta escrita 1397/98 no han sido debatidas en el Consejo.
PREGUNTA ESCRITA E-0752/98 de Joan Colom i Naval (PSE) a la Comisión (18 de marzo de 1998)

Asunto: Normativa reguladora de la importación de coches en Ucrania

El pasado mes de septiembre de 1997, Ucrania modificó su normativa legal en cuanto a la importación de vehículos nuevos y usados provenientes de terceros países, incluida la UE.

¿Considera la Comisión que el marco legal resultante es conforme a los acuerdos vigentes entre la UE y Ucrania?

Respuesta del Sr. van den Broek en nombre de la Comisión (8 de abril de 1998)

En relación con una inversión importante de la empresa automovilística coreana Daewoo en la fábrica de automóviles ucraniana Avtozaz, en septiembre de 1997 el Gobierno ucraniano aprobó una ley que concede ventajas fiscales discriminatorias al inversionista coreano. La Comisión considera que esta ley vulnera el trato de nación más favorecida de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (incorporado en el artículo 10 del Acuerdo de Asociación y de Cooperación con Ucrania que entró en vigor 1 de marzo de 1998), en incumplimiento de la cláusula de no discriminación del Acuerdo de Asociación y de Cooperación (AAC) (artículo 15 del AAC) y de las normas relativas a las ayudas de Estado (artículo 49 del AAC). Esta ley convierte en prácticamente imposible la venta de coches en Ucrania por cualquier otro vendedor. Unida a un reglamento de marzo de 1998, que prohibe la importación de coches de segunda mano de más de cinco años y establece unos derechos de aduana de 5.000 USD como mínimo para todos los coches usados, impedirá prácticamente las importaciones de coches de segunda mano en Ucrania. La Comisión considera esto una restricción cuantitativa, en incumplimiento del artículo 14 del AAC.

En julio de 1997 la Comisión comunicó ya su inquietud al respecto al Gobierno ucraniano. El 21 de octubre de 1997 se transmitió una nota verbal a Ucrania. Dado que seguía sin dar una respuesta, el 9 de marzo de 1998 la Comisión inició consultas formales con las autoridades ucranianas con objeto de utilizar el procedimiento de solución de diferencias establecido en el artículo 96 del AAC con Ucrania.
PREGUNTA ESCRITA E-0880/98 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (26 de marzo de 1998)

Asunto: Problemas de libre circulación para obtener la especialización en medicina en la UE

La Directiva 93/16/CE ((DO L 165 de 7.7.1993, p. 1.)) ha creado problemas relacionados con la obtención de la especialización en medicina en los Estados miembros de la UE. Más concretamente, mientras que antes de la entrada en vigor de dicha Directiva (abril de 1993) era posible lograr en Grecia el reconocimiento del título obtenido por una persona, por ejemplo, en Austria y, en consecuencia, obtener el permiso de ejercicio de la profesión para adquirir posteriormente la especialización en Grecia, con dicha Directiva esta posibilidad ha desaparecido. Es decir, que mientras que se puede obtener el reconocimiento del título, no sucede lo mismo con el permiso de ejercicio de la profesión, que habrá de obtenerse en el país en el que se realizaron los estudios, mientras que los acuerdos cambian en función de las disposiciones legales vigentes en cada país. Toda esta reglamentación crea problemas insuperables para quienes han estudiado en un país de la UE y quieren especializarse en otro.

¿Puede decir la Comisión:

1. si para los matriculados en las universidades de la UE desde la entrada en vigor de la Directiva 93/16/CE podrá ser válido, con carácter transitorio, el régimen anterior a la misma;

2. si, para los títulos obtenidos en la UE que hayan sido homologados, podrían instituirse normas que permitan la obtención del permiso de ejercicio de la profesión en el país en que el médico tiene intención de ejercer, y no obligatoriamente en el país en el que obtuvo el título;

3. si, para los títulos que hayan sido homologados, cabría la posibilidad de que una persona hiciera la especialidad en un país de la UE distinto de aquél en el que obtuvo su título, toda vez que, como es sabido, la especialización constituye una parte integrante de la formación del médico?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (5 de junio de 1998)

La Comisión está realizando un minucioso examen del problema al que se refiere Su Señoría, y le informará de su resultado lo más rápidamente posible.