PREGUNTA ESCRITA E-2208/00

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(3 de julio de 2000)

Asunto: Expulsión de ciudadanos europeos de los Estados Unidos y de Canadá

En los Estados Unidos y Canadá vive una numerosa comunidad originaria de las Islas Azores y muchos de sus miembros conservan la nacionalidad portuguesa, a pesar de haber nacido en territorio americano.

La Ley estadounidense de deportación de 1996 hizo sistemática la expulsión de los Estados Unidos de los extranjeros condenados por delitos que van desde los crímenes más graves a las simples infracciones de tránsito. En el mes de marzo último, una sentencia del Tribunal Superior de los Estados Unidos declaró la no retroactividad de esta ley para los delitos que hubieran sido objeto de una condena antes de 1996, pero esta sentencia no resuelve el problema de los ciudadanos expulsados y de los que actualmente cumplen penas en las cárceles norteamericanas. La legislación canadiense es similar a la de los Estados Unidos.

Se ha informado a las autoridades regionales de las Azores de la expulsión de 307 personas de los Estados Unidos y de 87 personas de Canadá hacia las Azores, aunque el número de expulsiones podría ser mucho más elevado ya que no siempre las autoridades norteamericanas notifican a las autoridades consulares portuguesas y que éstas no siempre informan a las autoridades regionales de las Azores.

La prensa, especialmente en las Azores y en Massachussets se ha hecho eco de las consecuencias a menudo dramáticas de estas expulsiones: tasas alarmantes de suicidios, familias deshechas, personas procedentes de medios muy urbanizados que no hablan portugués enviados a pequeños medios rurales de las Azores, con el terrible estigma social de la deportación, etc.

El 14 de mayo, el Women's Immigrant Support Group organizó una manifestación y una marcha de protesta en New Bedford, Massachusetts, contra esta ley. Algunos congresistas americanos, en particular el representante Barney Frank y el senador Patrick Kennedy se han manifestado en contra de esta ley.

Las autoridades regionales de las Azores, en el ámbito de sus competencias y posibilidades, aplican una intensa política de apoyo a estos deportados, en particular a través de la enseñanza de la lengua portuguesa y la promoción de programas de formación, rehabilitación y reintegración social.

En estas circunstancias, ¿piensa adoptar la Comisión alguna iniciativa en virtud del artículo 2 del Tratado de Unión Europea para ayudar a estos ciudadanos europeos?

Respuesta del Comisario Patten en nombre de la Comisión

(11 de septiembre de 2000)

La Comisión es plenamente consciente de los problemas planteados por las deportaciones decididas por las autoridades de Estados Unidos amparándose en la Illegal Immigration Reform and Immigration Responsability Act de 1996.

Las posibles consecuencias negativas de esta ley para los ciudadanos de la Unión se han discutido con los Estados miembros en el grupo de trabajo de asuntos consulares del Consejo y se han comunicado al Gobierno de Estados Unidos. En una reunión de marzo de 2000, el grupo fue informado por el servicio americano de inmigración que la legislación sobre expulsión se había elaborado con muy poco margen de flexibilidad.

Sin embargo, los Estados miembros y la Comisión expresaron su preocupación ya que las disposiciones actuales de la ley podrían llevar a situaciones inhumanas no previstas por el legislador estadounidense. Por lo tanto, el actual texto necesitaría modificaciones y la Unión pidió que la ley fuera examinada por el Congreso. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos podrían retrasar este examen.

Entretanto se ha informado a la Comisión que el Gobierno portugués había concluido un protocolo con Estados Unidos que incluye nuevos procedimientos para el caso de deportación de ciudadanos portugueses.