PREGUNTA ESCRITA P-1956/01

de Ioannis Marínos (PPE-DE) a la Comisión

(26 de junio de 2001)

Asunto: Nacionalización de bienes de ciudadanos comunitarios en Etiopía

El Comisario Nielson respondió el 14.6.2001 a una pregunta escrita de este diputado (E-0879(1)) afirmando que, en conversaciones mantenidas con el Gobierno de Etiopía, la Comisión ha manifestado en numerosas ocasiones la necesidad de crear un entorno adecuado para el desarrollo del sector privado y de las inversiones directas, tanto nacionales como extranjeras, mientras que, respecto al decomiso por parte de Etiopía de bienes pertenecientes a ciudadanos europeos, añade que la Comisión sólo puede aconsejar a los ciudadanos afectados que entren en contacto con la respectiva representación diplomática nacional en Etiopía, quien dará curso a estas demandas.

La UE, por lo tanto, se limita a los ruegos y los consejos a países como Etiopía, que de la noche al día confiscó los bienes de ciudadanos griegos, holandeses, franceses e italianos, entre otros, mientras que, procede a incrementar los recursos comunitarios que concede en virtud del 9o Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Tal como señala el Comisario Nielson, estos importes ya se elevan a 384 millones de euros para el paquete A y 154 millones de euros para el paquete B.

Abandonando la ineficaz e inviable táctica de las recomendaciones, ¿cómo encara la Comisión la posibilidad de conjugar la concesión de ayuda comunitaria a países como Etiopía, que se niega a anular las adversas reformas que impuso el régimen comunista de Mengistu, con la exigencia de que su gobierno respete de inmediato el derecho fundamental a la propiedad? ¿Cómo puede la UE no ser considerada por sus ciudadanos cómplice de este robo, cuando financia a los receptadores de las empresas robadas, que estos últimos sacan a subasta en presencia de sus víctimas? ¿No supone una humillación moral para la UE que, en lugar de apoyar a sus ciudadanos despojados, premie y apoye económicamente a los ladrones (los términos ladrones y receptadores se utilizan en sentido estrictamente jurídico)?

(1) DO C 318 E de 13.11.2001, p. 141.

Respuesta del señor Nielson en nombre de la Comisión

(20 de julio de 2001)

Cómo sabrá Su Señoría, la cooperación de la Comisión con los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) se basa en las normas y condicionalidades definidas en el Convenio de Lomé y ratificadas por todos los Estados miembros. El Convenio no tiene ningún vínculo jurídico con los derechos de propiedad de los ciudadanos europeos, lo mismo que ocurre con el Acuerdo de Cotonú que se firmó hace un año y que está actualmente en vías de ratificación.

Aunque la Comisión se adhiere con toda sinceridad al principio de la propiedad privada y apoya plenamente su aplicación para los ciudadanos europeos en todo el mundo, no puede utilizar de manera legítima el instrumento de la ayuda al desarrollo para ejercer presión en un gobierno asociado y forzar un determinado tipo de conducta en este contexto. Como ya se explicaba en la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-0879/01(1) presentada por Su Señoría, la Comisión tendrá que limitarse a expresar su punto de vista con toda la firmeza necesaria.

(1) DO C 318 E de 13.11.2001, p. 141.