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PREGUNTA ESCRITA E-0577/02

de Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) a la Comisión

(6 de marzo de 2002)

Asunto: Importación ilegal de animales domésticos en la Unión Europea

Según noticias aparecidas en la prensa, en la Unión Europea se ha importado durante los últimos años de forma ilegal, especialmente de países de la Europa Oriental, una gran cantidad de animales domésticos que posteriormente se venden sin respetar las normas sanitarias básicas, a resultas de lo cual aumenta no sólo la mortalidad de dichos animales, sino también el peligro para la salud del consumidor.

¿Puede indicar la Comisión qué acciones piensa emprender en el futuro para que cese este comercio ilícito y mejore la calidad de vida de los animales domésticos?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(24 de abril de 2002)

Las condiciones sanitarias que deben cumplir los animales vivos importados en la Comunidad se fijan en diferentes directivas del Consejo.

Por lo que respecta a los gatos y los perros, a los que parece referirse fundamentalmente la pregunta formulada, dichas condiciones figuran en la Directiva 92/65/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1992, por la que se establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios y las importaciones en la Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias específicas a que se refiere la sección I del Anexo A de la Directiva 90/425/CEE(1), en particular sus artículos 10 y 16.

Los principios generales de los controles que han de realizarse a estos animales antes de su entrada en el territorio de la Unión figuran en la Directiva 91/496/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros y por la que se modifican las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE y 90/675/CEE(2). En particular, dicha Directiva establece la obligación de realizar, en los puestos de inspección fronterizos, un control sistemático de los animales en el punto de entrada en el territorio de la Comunidad.

En general, si bien la iniciativa de la reglamentación comunitaria recae en la Comisión, su aplicación es responsabilidad de los Estados miembros. Por tanto, incumbe a las autoridades nacionales competentes velar por la correcta aplicación de la normativa comunitaria en vigor y adoptar las medidas pertinentes para luchar contra las importaciones ilegales y el fraude.

La Comisión agradecería que le facilitase información más detallada sobre las circunstancias de las importaciones ilegales a las que hace referencia Su Señoría, a fin de poder comprobar el cumplimiento por parte de los Estados miembros afectados de las obligaciones que les incumben en la materia.

(1) DO L 268 de 14.9.1992.

(2) DO L 268 de 24.9.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-0078/02

de Ulrich Stockmann (PSE) a la Comisión

(25 de enero de 2002)

Asunto: Posible cierre de la fábrica de vagones de Ammendorf (Halle, República Federal de Alemania)

El 12 de noviembre de 2001, el grupo de empresas de construcción de ferrocarriles canadiense Bombardier anunció el cierre de la fábrica de vagones de Ammendorf (Halle, Estado federado de Sajonia-Anhalt); ello significa una amenaza de pérdida del empleo para casi 1000 personas.

Antecedentes: tras la reunificación, la Oficina Federal para la solución de los problemas originados por la reunificación (BvS, Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben), sucesora del organismo fiduciario de saneamiento Treuhand, vendió, tras varios intentos fallidos de privatización, la empresa Deutsche Waggonbau AG, a la que pertenece la planta de Ammendorf, a una empresa de inversiones estadounidense. Ésta, a su vez, vendió Deutsche Waggonbau AG dos años más tarde al grupo industrial canadiense Bombardier.

¿Autorizó la Comisión ayudas estatales para la planta de Ammendorf? En caso afirmativo, ¿por qué cuantía?

¿Recibió la planta de Ammendorf apoyo financiero con cargo a programas comunitarios? En caso afirmativo, ¿de qué cuantía?

En caso de que se cierre dicha planta, ¿deben restituirse las ayudas que se hayan autorizado?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(22 de febrero de 2002)

Sobre la base de la información actualmente disponible, la Comisión no puede determinar si se ha concedido una ayuda estatal a la fábrica de vagones de Ammendorf (Halle, Estado federado de Sajonia-Anhalt). No puede, sin embargo, excluirse que la ayuda estatal se haya concedido en virtud de los regímenes de ayudas especiales de Treuhand en el contexto del proceso de privatización de empresas en los nuevos Estados federados, o en virtud de regímenes de ayudas regionales aprobados por la Comisión. Si se concediera una ayuda a la empresa de conformidad con los criterios fijados en las decisiones de la Comisión para aprobar estos sistemas, no se requeriría ninguna notificación individual de las medidas de ayuda a la planta de Ammendorf.

Las ayudas estatales concedidas fuera del ámbito de los regímenes de ayudas aprobados tienen que ser notificadas individualmente por el Estado miembro a la Comisión como ayudas ad hoc. En los nuevos Länder, las medidas de ayuda ad hoc revestían frecuentemente la forma de ayudas de salvamento y reestructuración para empresas en crisis. Las autoridades alemanas nunca han notificado tales medidas para la planta de Ammendorf.

Como la Comisión no tiene conocimiento de si se han concedido ayudas a la empresa y en qué condiciones, no puede responder a la pregunta de si deberán restituirse las ayudas en caso de cierre de la planta.

A la vista de las preguntas planteadas, la Comisión, de conformidad con las disposiciones del Tratado CE sobre ayudas estatales, ha solicitado a las autoridades alemanas que proporcionen toda la información sobre las ayudas financieras concedidas a esta empresa, incluidas las ayudas de programas europeos. Esta información deberá permitir a la Comisión determinar si se han cumplido las normas comunitarias.
PREGUNTA ESCRITA E-0914/02

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(8 de abril de 2002)

Asunto: Problemas surgidos en la presentación electrónica de las declaraciones de la renta a través de Taxisnet

La Comisión, al contestar a las anteriores preguntas sobre el mismo asunto (E-1802/98(1), E-0044/99(2), P-0147/00(3)), aseguró que la materialización de TAXIS, financiado de forma conjunta con las partidas comunitarias, continúa su actividad de forma regular. La Secretaría General de Sistemas Informáticos comunicó la semana pasada que no aceptará nuevas solicitudes de inscripción para la presentación electrónica de las declaraciones de la renta debido a los distintos problemas surgidos en el funcionamiento del sistema.

1. ¿Sigue estando satisfecha la Comisión con la marcha del sistema?

2. ¿Cuál era el presupuesto inicial del sistema y cuál es el actual?

3. ¿Cuál era el calendario inicial de entrega del sistema y cuál es el actual?

(1) DO C 13 de 18.1.1999, p. 88.

(2) DO C 297 de 15.10.1999, p. 140.

(3) DO C 280 E de 3.10.2000, p. 186.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(22 de mayo de 2002)

El proyecto TAXIS ha sido cofinanciado entre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y las autoridades griegas como parte del Programa operativo para la modernización de la Administración pública, que se enmarca en el Marco comunitario de apoyo (MCA) a Grecia 1994-1999.

El proyecto se aprobó en la primera reunión del Comité de seguimiento, celebrada en noviembre de 1994, con un presupuesto total de 50 160 000 euros. Octubre de 1998 era la fecha límite prevista para su aplicación.

Sin embargo, dada la extrema complejidad del proyecto, se acordó ampliar el plazo de aplicación inicialmente previsto hasta el primer semestre de 2001 y su presupuesto total se elevó a 59 691 031 euros para cubrir una serie de aplicaciones de software adicionales.

El Comité de seguimiento del Programa operativo ha informado a la Comisión sobre la conclusión del proyecto TAXIS en su conjunto el primer semestre de 2001, conforme al calendario previsto.

La Comisión está pendiente de recibir un informe sobre la aplicación del Programa operativo, en general, y sobre el proyecto TAXIS, en particular, antes de finales de junio de 2002. Las autoridades griegas deberán facilitar datos cualitativos y cuantitativos sobre el proyecto en este informe cuando presenten su solicitud de pago final, con ocasión de la conclusión oficial del programa.
PREGUNTA ESCRITA E-0603/02

de Manuel Pérez Álvarez (PPE-DE) a la Comisión

(6 de marzo de 2002)

Asunto: Cierre planta Grupo Lear en Lleida (España)

La planta de la multinacional Lear en Cervera (Lleida) parece tener los días contados y un futuro llamado al cierre.

Centro de trabajo con los sueldos más bajos del sector del metal, con más de un 80 % de empleo femenino y con unas ganancias al decir de los medios de más de 300 millones de euros en los últimos 7 años pudiera ser, con su decisión de cierre, un ejemplo de decisión socialmente injustificada e injustificable.

¿Qué decisiones se piensan tomar para que decisiones como ésta no lesionen los derechos de los trabajadores y en general de las clases más desfavorecidas y de regiones y pueblos que tienen en alguna industria como ésta su principal fuente de empleo?

¿Qué decisiones se han tomado en este caso concreto?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2002)

Varias directivas comunitarias prevén procedimientos de información y consulta a los representantes de los trabajadores que pueden aplicarse en caso de cierre de empresas: la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos(1), y la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria(2). La Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativa a la representación de los trabajadores(3), vendrá a completar el dispositivo comunitario en este ámbito.

En cambio, los requisitos materiales que deben cumplir las empresas cuando deciden cerrar unidades de producción no son objeto de ningún instrumento comunitario. Sin embargo, el 15 de enero de 2002, la Comisión decidió organizar un procedimiento de consulta a los interlocutores sociales a escala comunitaria sobre la anticipación y la gestión del cambio: un planteamiento dinámico de los aspectos sociales de las reestructuraciones de empresas. De esta manera, la Comisión los invita a entablar un diálogo sobre esta importante cuestión, incluido el refuerzo de la adaptabilidad y la empleabilidad de los trabajadores, en particular por lo que respecta a la reconversión profesional.

(1) DO L 225 de 12.8.1998.

(2) DO L 254 de 30.9.1994.

(3) DO L 80 de 23.3.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-0535/02

de Rainer Wieland (PPE-DE) a la Comisión

(28 de febrero de 2002)

Asunto: Reconocimiento de los derechos adquiridos en Italia por los lectores de lengua extranjera

A resultas de la sentencia de 30 de mayo de 1989, asunto 33/88, y la sentencia de 2 de agosto de 1993, asuntos acumulados C-259/91, C-331/91 y C-332/91, y de un primer procedimiento por incumplimiento del Tratado (no 92/4660) iniciado por la Comisión de conformidad con el artículo 169 del Tratado CE (actualmente, artículo 226 del Tratado CE), la República Italiana aprobó la Ley no 236 de 21 de junio de 1995 relativa a la reforma de la enseñanza de las lenguas extranjeras en las Universidades italianas. Cuando dicha Ley entró en vigor, la Comisión recibió varias quejas de antiguos lectores de lengua extranjera, alegando supuestos perjuicios causados por las Universidades italianas. La Comisión inició a continuación un procedimiento por incumplimiento del Tratado contra la República Italiana. El Tribunal de Justicia, en su sentencia de 26 de junio de 2001 (asunto C-212/99), reconoció que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 48 del Tratado CE (actualmente artículo 39 del Tratado CE, tras su modificación), al no garantizar a los antiguos lectores de lengua extranjera el reconocimiento de sus derechos adquiridos.

A raíz de las mencionadas sentencias del Tribunal de Justicia surgen las siguientes preguntas:

1. ¿Sabe la Comisión si la República Italiana ha adoptado ya alguna normativa nacional compatible con el artículo 39 del Tratado CE en relación con los derechos adquiridos por los antiguos lectores de lengua extranjera?

2. En caso de que no sea así, ¿tiene previsto la Comisión iniciar el procedimiento previsto en el artículo 228 del Tratado CE contra la República Italiana por no adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la citada sentencia y, en caso de que la República Italiana continúe sin hacer nada al respecto, solicitar la imposición de una multa ante el Tribunal de Justicia?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(4 de abril de 2002)

El día 31 de enero de 2002, la Comisión envió una carta de requerimiento a las autoridades italianas en la que se solicitaba información sobre las medidas adoptadas para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de junio de 2001 (asunto C-212/99). En caso de que la Comisión considere que la República Italiana no ha adoptado dichas medidas, o que éstas son insatisfactorias o insuficientes, podrá emitir un dictamen motivado, según establece el apartado 2 del artículo 228 del Tratado CE.

Si la República Italiana no adopta las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia en el límite concedido por la Comisión, ésta podrá someter de nuevo el asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
PREGUNTA ESCRITA E-0151/02

de Jan Andersson (PSE) y Hans Karlsson (PSE) a la Comisión

(1 de febrero de 2002)

Asunto: Cierre en relación con ayudas con finalidad estructural Gislaved (Suecia)

La empresa Continental ha decidido abandonar su producción de neumáticos para automóviles en Gislaved, Suecia. Esta decisión implica que cerca de 800 trabajadores perderán su puesto de trabajo. Además, afecta de manera directa a varias personas que realizan servicios para la empresa, como, por ejemplo, los transportistas. El cierre, sin embargo, también va a afectar de manera indirecta al comercio así como a otros servicios de la localidad, tanto privados como públicos, por lo que desaparecerán aún más puestos de trabajo. Al parecer, el motivo que ha llevado a dicho cierre es que la empresa, al trasladar la producción a Portugal, puede beneficiarse de los fondos de la UE. Se afirma, igualmente, que el hecho de que el traslado de la producción sea rentable desde el punto de vista comercial, se debe únicamente a dichos fondos. En relación con la cuestión arriba mencionada me gustaría formular las siguientes preguntas a la Comisión:

1. ¿Considera la Comisión que es correcto utilizar las ayudas con finalidad estructural de la UE para trasladar la producción y puestos de trabajo de un Estado miembro a otro?

2. En caso afirmativo, ¿está la Comisión dispuesta a tomar la iniciativa para llevar a cabo una revisión de dicha normas?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(1 de marzo de 2002)

Se ruega a su Señoría se remita a las respuestas que diera la Comisión a las preguntas orales H-0009/02, H-0031/02 y H-0040/02 de los Sres. Sjöstedt, Gahrton y Schmidt, respectivamente, en el turno de preguntas de la sesión del Parlamento de febrero I de 2002(1).

(1) Respuesta escrita del 5 de febrero de 2002.
PREGUNTA ESCRITA E-0085/02

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(25 de enero de 2002)

Asunto: Acceso del público a las reservas naturales de Europa

¿Tiene intención la Comisión de impulsar normativas destinadas a ampliar o proteger el derecho del público a acceder a las reservas naturales de Europa y, en particular, a las zonas de conservación incluidas en el programa Natura 2000 (siempre que ello sea posible sin peligro o daños para las especies que necesitan protección)?

¿Tiene conocimiento la Comisión de alguna iniciativa no legislativa que los Estados miembros vayan a adoptar de común acuerdo para fomentar este objetivo?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(1 de marzo de 2002)

La Comisión no tiene intención de promover la adopción de normas que amplíen el derecho de acceso del público a las reservas naturales de la Comunidad. De hecho, no hay en el Tratado CE ningún artículo que le confiera competencias en este ámbito. Por el contrario, la Comisión sí tiene interés en fomentar la sensibilización y el disfrute públicos de las zonas incluidas en el programa Natura 2000, siempre, naturalmente, que las operaciones realizadas a tal efecto se gestionen de forma que no atenten contra los valores de conservación de la naturaleza. En este sentido, muchos de los proyectos financiados en el marco del programa LIFE-Nature han incorporado importantes componentes relacionados con las instalaciones y la gestión de las visitas (por ejemplo, la construcción de centros de acogida de los visitantes, la creación de paseos y senderos o la publicación de material informativo y educativo destinado al público).

En el marco de la Semana Verde de este año, la Comisión, en colaboración con Eurosite (asociación paneuropea de organismos gestores del patrimonio natural de Europa), está promoviendo un programa de días verdes en cuyo marco se pretende incentivar a los administradores de las zonas Natura 2000 para que organicen en ellas actividades destinadas al público en general. El objetivo es aumentar la concienciación pública de la importancia de cada una de esas zonas y de la red Natura 2000 en su conjunto. En función de los resultados que se obtengan este año, la Comisión estudiará la posibilidad de hacer de esta iniciativa un evento de periodicidad anual.
PREGUNTA ESCRITA P-0019/02

de Marco Cappato (NI) a la Comisión

(14 de enero de 2002)

Asunto: Respeto de los derechos civiles y políticos en la República Democrática Popular Lao

El Parlamento Europeo aprobó el 15 de febrero de 2001 y remitió a la Comisión Europea una resolución de urgencia(1) en la que se destacaba el caso de los presos de conciencia lao, entre los que se cuentan los cinco responsables del Movimiento del 26 de octubre de 1999, Keuakoun,

Sisa-At, Phengphanh, Chanmanivong y Keochay, arrestados en esa fecha y desaparecidos desde entonces, y se invitaba a las autoridades lao a liberar a todos los presos de conciencia y a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, así como a garantizar los derechos civiles y políticos fundamentales mediante la ratificación y aplicación de las Convenciones de las Naciones Unidas en la materia.

El Comisario Patten, respondiendo en nombre de la Comisión a la pregunta no P-3175/01(2), declaró el 6 de diciembre de 2001 que la Comisión está decidida a reiterar la necesidad de un mayor respeto de los derechos civiles y políticos en Lao.

1. ¿De qué manera concreta piensa la Comisión dar curso a las solicitudes planteadas en la Resolución del Parlamento Europeo de 15 de febrero de 2001?

2. ¿Ha solicitado oficialmente la Comisión a las autoridades lao información precisa sobre la suerte que han corrido los cinco dirigentes estudiantiles arrestados el 26 de octubre de 1999 y de los que desde entonces no se ha tenido noticia alguna? En caso negativo, ¿por qué? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido la respuesta?

3. ¿No considera la Comisión que sería necesario convocar con carácter urgente una reunión de la comisión mixta prevista en el artículo 14 del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la República Democrática Popular Lao, a fin de exigir a las autoridades lao que garanticen el respeto de los derechos civiles y políticos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y se atengan a las solicitudes expuestas en la Resolución del Parlamento Europeo aprobada el 15 de febrero de 2001?

(1) DO C 276 de 1.10.2001, p. 281.

(2) Ver página 67.

Respuesta del Señor de Christopher Patten en nombre de la Comisión

(7 de febrero de 2002)

Tal como se indicaba en la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita P-3175/01, la Comisión ha tomado parte en las gestiones de la Unión para solicitar información sobre los presos políticos, entre otros, el grupo de personas detenidas en octubre de 1999. La Comisión también ha planteado el problema de los presos políticos y otras cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos en sus reuniones bilaterales con las autoridades de Laos.

La Comisión no tiene intención de convocar en estos momentos una reunión de urgencia de la comisión mixta, dado que surgen constantemente oportunidades de plantear las preocupaciones sobre los Derechos Humanos ante el Gobierno de Laos a través de otros canales.
PREGUNTA ESCRITA E-0073/02

de Michael Cashman (PSE) a la Comisión

(25 de enero de 2002)

Asunto: Repatriación de cuerpos entre Estados miembros

¿Es consciente la Comisión de los frecuentes retrasos, los costos y el dolor de las familias que intentan repatriar un cuerpo desde otro Estado miembro?

Dadas las diferencias entre los enfoques y reglamentaciones de los distintos Estados miembros, ¿estaría dispuesta la Comisión a investigar esta cuestión y presentar propuestas para la adopción de una política común?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0073/02, E-0087/02,E-0210/02, E-0344/02, E-0346/02, P-0407/02 y E-0679/02dada por el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(25 de marzo de 2002)

La Comisión reconoce que la repatriación de los restos mortales de una persona fallecida en otro Estado miembro distinto del suyo es un asunto delicado y difícil que puede causar un gran sufrimiento a la familia afectada.

La Comisión es consciente de la existencia de algunos casos específicos, en particular mediante la formulación reciente de preguntas parlamentarias escritas, en los que la repatriación de un difunto de un Estado miembro a otro ha planteado dificultades. No obstante, la Comisión no dispone de información o de estadísticas que puedan proporcionar una visión global sobre la existencia de un posible problema y de su ámbito.

Estos asuntos pueden suscitar una serie de cuestiones, algunas de ellas relacionadas con distintas políticas comunitarias como, por ejemplo, transporte, sanidad, libre circulación, etc. No obstante, no parece claro que las competencias comunitarias abarquen todos estos distintos aspectos. Además, la normativa que regula el traslado de cadáveres está establecida en el Acuerdo Internacional de Berlín de 1937 (no 4391 de la serie de tratados de la Sociedad de Naciones) y en el Acuerdo del Consejo de Europa sobre el traslado de cadáveres, celebrado en septiembre de 1973. En cualquier caso, es necesario recordar que los Estados miembros que regulan el transporte de difuntos deben establecer los requisitos sin efectuar discriminación alguna, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Cualquier excepción basada en motivos de salud pública también deberá ajustarse a la jurisprudencia del Tribunal.

A la vista de lo precedente, la Comisión continuará observando con atención estos asuntos, pero de momento no prevé tomar ninguna iniciativa específica al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-0335/02

de Theresa Villiers (PPE-DE) a la Comisión

(12 de febrero de 2002)

Asunto: Importación de caballos

¿Puede indicar la Comisión cuántos caballos vivos importó la Unión Europea de los países de la Europa central y oriental a) en 2000 y b) en 2001?

En concreto, ¿cuántos caballos vivos importó la Unión Europea, en cada uno de estos dos años, procedentes de:

1. Polonia,

2. Lituania, y

3. Rumania?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(11 de marzo de 2002)

Debido a la gran extensión de la respuesta, que consta de numerosos diagramas, la Comisión la remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.