PREGUNTA ESCRITA E-1750/01

de José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) a la Comisión

(15 de junio de 2001)

Asunto: Inversiones intracomunitarias

En 1997 la Comisión aprobó una Comunicación interpretativa(1) sobre inversiones intracomunitarias que no sometió ni al Parlamento ni al Consejo. El objetivo de esta Comunicación era, según el Comisario Bolkestein, indicar a las autoridades nacionales cómo interpreta la Comisión las provisiones del Tratado sobre movimientos de capital y libertad de establecimiento.

En las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Estocolmo se dice que la Comisión velará asimismo por que las empresas que aún disfrutan de una situación de monopolio en su mercado nacional no se beneficien indebidamente de la situación.

¿Piensa la Comisión asumir el mandato de Estocolmo como criterio interpretativo para resolver los casos pendientes en el caso del sector de la energía (Hidrocantábrico y Montedison)?

(1) DO C 220 de 19.7.1997, p. 15.

Respuesta comúna las preguntas escritas E-1749/01 y E-1750/01dada por el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(13 de noviembre de 2001)

1. Por lo que se refiere al contexto general de las inversiones intracomunitarias, la Comisión remite a Su Señoría a su respuesta a la pregunta escrita P-1615/01 formulada por el Sr. W.G. Van Velzen(1).

El debate del 20 de junio de 2001 permite responder del siguiente modo a las dos preguntas más específicas de Su Señoría.

2. En cuanto a la Resolución del Parlamento en la que se pide a la Comisión sustituir la Comunicación de 1997 por una propuesta de Directiva, la Comisión ha recordado que en este caso se trata de libertades fundamentales directamente aplicables del Tratado CE, a saber, la libertad de circulación del capital y la libertad de establecimiento.

Como el Tribunal de Justicia ha afirmado en varias ocasiones, esta clase de disposiciones no requiere ninguna medida aplicación, ya que son precisas e incondicionales. A lo sumo, podría ser útil disponer de medidas de aplicación para facilitar el ejercicio de los derechos vinculados a las libertades consideradas cuando las divergencias en los derechos nacionales puedan resultar obstáculos molestos. Unas directivas que, como sugiere la Resolución, limiten el ejercicio de dichos derechos en lugar de facilitarlo, serían contrarias a la legalidad comunitaria. Por otro lado, según una jurisprudencia consolidada, las propias instituciones comunitarias no pueden limitar el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado.

En cambio, en el cumplimiento de su función institucional (artículo 211 del Tratado CE), la Comisión no sólo persigue a los Estados miembros que violan las normas, sino que a menudo toma preventivamente la iniciativa de dirigirse a las autoridades nacionales y a los agentes económicos para informarles del modo en que interpreta las disposiciones del Tratado (por supuesto, bajo el control del Tribunal de Justicia), y ello con el fin de reducir el riesgo de interpretaciones jurídicas divergentes y prevenir las infracciones.

La Comunicación de 1997 se adoptó en el marco de las competencias específicas de la Comisión y respeta el carácter directamente aplicable de las disposiciones relativas a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento.

En estas circunstancias, dado que las disposiciones directamente aplicables no requieren ninguna medida de ejecución, la Comisión, con objeto de explicar su posición, decidió entablar un diálogo con el Parlamento en respuesta a la Resolución en la que éste le pedía que propusiera una directiva sobre las restricciones a las inversiones intracomunitarias.

3. En lo que se refiere a las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Estocolmo de marzo de 2001, la Comisión constató en su debate que, en la mayoría de los Estados miembros, la apertura de los mercados de la energía se ha realizado a un ritmo más rápido que el previsto en las directivas, lo que a veces ha dado lugar a distorsiones de competencia entre las empresas.

La Comisión ha considerado que esta situación requiere: una aplicación estricta de la normativa sobre competencia y sobre ayudas estatales, con la inclusión del sector de la energía nuclear; una aceleración de la aprobación por el Consejo y el Parlamento de su segundo conjunto de medidas de liberalización; en caso de retraso en la adopción de estas medidas, la aplicación del artículo 86, y, en particular, de su apartado 3, para dirigir a los Estados miembros directivas o decisiones con el fin de eliminar posibles distorsiones de competencia, preservando al mismo tiempo las obligaciones inherentes a un servicio de interés económico general; y, por último, una solución rápida a los problemas de tarificación en los intercambios intracomunitarios y de desarrollo de las infraestructuras que suponen un obstáculo para la apertura efectiva de los mercados.

En cambio, la Comisión concluyó que las preocupaciones que se habían manifestado en el Consejo de Estocolmo no podrían dar lugar a comportamientos unilaterales de los Estados miembros que infrinjan las libertades fundamentales del Tratado CE.

(1) Ver página 5.