PREGUNTA ESCRITA E-1408/01

de Benedetto Della Vedova (TDI) a la Comisión

(11 de mayo de 2001)

Asunto: Nuevas normas relativas a la industria y a los productos editoriales aprobadas por el Parlamento italiano

El Parlamento italiano acaba de aprobar las nuevas normas relativas a la industria y a los productos editoriales y las modificaciones a la Ley no 416 de 5 de agosto de 1981 (Ley no 62 de 7 de marzo de 2001, publicada en el Boletín Oficial no 67 de 21 de marzo de 2001).

El primer párrafo del artículo 1 de la nueva ley ofrece una definición muy amplia de producto editorial, llegando a equiparar por completo a la industria editorial electrónica con la tradicional. El párrafo 3 establece que se aplicará a todo producto editorial el artículo 2 o el artículo 5, según proceda, de las disposiciones de la Ley de Prensa no 47 de 1948 y, en consecuencia, la Ley no 69 de 3 de febrero de 1963. Las nuevas normas amplían las graves limitaciones a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento (obligación de registro ante el tribunal y de adjudicación de la dirección a una persona inscrita en el Colegio de Periodistas) a un elevado número de publicaciones en red que representaban, hasta ahora, una fuente de información amplia y libre para los usuarios de Internet.

Entre los objetivos de las nuevas normas se encuentra, como se recoge en el artículo 3 de la Ley 62/2001, el de conceder la posibilidad de recibir ayudas estatales a aquellos periódicos electrónicos que respeten las obligaciones impuestas a las publicaciones tradicionales.

En un momento en el que el desarrollo de la industria editorial electrónica, aparte de convertir el sistema de la información en algo más accesible y plural, disuelve el vínculo (que, por el contrario, subsiste todavía en el caso de la industria editorial tradicional) entre el lugar de publicación/difusión del producto y el lugar de disfrute por parte de los usuarios, sentando de ese modo la base para la superación de las barreras nacionales y la creación de un mercado europeo de los servicios editoriales realmente integrado, ¿no considera la Comisión que, al someter a quien ejerce una actividad de carácter editorial en Internet a las estrictas obligaciones previstas por las leyes italianas no 47 de 8 de febrero de 1948 y no 69 de 3 de febrero de 1963, las nuevas normas anteriormente mencionadas contravienen las disposiciones por las que se creó el mercado interior comunitario, sobre todo las que prohiben las restricciones a la libre prestación de servicios?

¿No piensa asimismo la Comisión que, en razón de la concesión de ayudas estatales a los editores que cumplan con las obligaciones previstas por la Ley no 47/1948 y la no 69/1963 y de la imposición de obligaciones de tan penalizadoras, desconocidas en los restantes ordenamientos europeos, a los editores italianos en línea, las nuevas normas pueden dar lugar a una grave distorsión de la competencia en una parte considerable del mercado editorial comunitario?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(23 de julio de 2001)

Aunque la edición electrónica no esté armonizada específicamente a escala comunitaria, constituye un servicio de la sociedad de la información que se presta a distancia, por vía electrónica y a petición de un destinatario de servicios: por consiguiente, está, en general, cubierta por la Directiva sobre comercio electrónico(1), que sigue el principio del país de establecimiento de los operadores en línea.

Habida cuenta de las importantes implicaciones a nivel transfronterizo, tal ámbito es objeto de un seguimiento atento por parte de la Comisión. En particular, la Comisión permanecerá a la escucha de las partes interesadas y, en especial, de los operadores establecidos en Italia, sujetos al nuevo régimen italiano, con el fin de que quede asegurado el pleno respeto de las libertades de circulación del mercado interior y, en particular, de la libre circulación de los servicios en línea, tal como indica Su Señoría.

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia(2), las restricciones al ejercicio de actividades económicas tanto desde el punto de vista de la libertad de establecimiento (artículo 43 (antiguo artículo 52) del Tratado CE) como de la libre circulación de servicios (artículo 49 (antiguo artículo 59)), que representan libertades fundamentales y que se aplican de forma directa en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, para ser compatibles con las exigencias del Tratado CE, deben cumplir cuatro condiciones acumulativas:

- aplicarse de manera no discriminatoria,

- justificarse por razones imperiosas de interés general,

- ser adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen

- no ir más allá de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

La interpretación y la aplicación concreta de la nueva legislación por las autoridades italianas permitirá comprender con suficientemente precisión su alcance efectivo desde la perspectiva, en particular, de dichas exigencias de necesidad y proporcionalidad fijadas por el Tratado CE.

Tal análisis podrá por otro lado inscribirse en el marco de la nueva Estrategia para el mercado interior de servicios, que la Comisión ha lanzado recientemente(3).

Por lo que se refiere a las ayudas estatales indicadas por Su Señoría, la Comisión no tiene conocimiento de ninguna nueva facilidad de ayuda para determinados editores.

(1) Directiva 2000/31/CE del Parlamento y el Consejo de 8 de junio de 2000 relativa a algunos aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, y, en particular, del comercio electrónico, en el mercado interior, DO L 178 de 17.7.2000.

(2) Véase sentencia de 9.3.1999 en el asunto C-212/97.

(3) COM(2000) 888 final.