PREGUNTA ESCRITA P-2382/01

de Antonios Trakatellis (PPE-DE) a la Comisión

(3 de agosto de 2001)

Asunto: Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas; violación del principio de igualdad y de libre establecimiento e infracción de las disposiciones relativas al establecimiento en el régimen de pensiones

Considerando que en virtud del apartado 2 del artículo 83 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y del correspondiente artículo del régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades, los funcionarios contribuirán al sistema de pensiones con un 8,25 % del sueldo base del interesado, sin tener en cuenta los coeficientes correctores previstos en el artículo 64, mientras que, contrariamente a la aplicación de una contribución uniforme, el apartado 1 del

artículo 82 de dicho Estatuto prevé diferencias en el importe de las pensiones, en función del único criterio del lugar que elijan los funcionarios retirados para su futuro establecimiento después de la concesión de la pensión y las condiciones de vida del mismo, ¿puede indicar la Comisión:

1. ¿Qué medidas piensa adoptar para remediar la infracción del principio fundamental de igualdad, de acuerdo con el cual los funcionarios tienen derecho a recibir iguales prestaciones del régimen de pensiones por iguales contribuciones, así como la infracción del principio de libre establecimiento en el territorio de cualquier Estado miembro con la aplicación del coeficiente corrector?

2. ¿Cómo piensa actuar frente a las infracciones del régimen de pensiones por parte de funcionarios que elijan de forma ficticia un lugar de establecimiento con el fin de recibir una pensión aumentada, sin cumplir las condiciones esenciales para la aplicación del coeficiente de pensiones?

3. ¿Piensa presentar una propuesta de modificación del Estatuto y derogar las disposiciones indebidas relativas al coeficiente corrector, de forma que todos los funcionarios reciban una pensión igual, dado que se les aplican las mismas contribuciones?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(28 de septiembre de 2001)

El sistema de pago de las pensiones de jubilación de los antiguos funcionarios comunitarios garantiza la aplicación del principio de la igualdad de trato. Las normas relativas a los coeficientes correctores, destinadas a garantizar la equivalencia del poder adquisitivo respecto al Estado miembro de residencia dentro de la Unión se aplican por igual a todos los jubilados de las instituciones comunitarias. Concretamente, el criterio relativo a la nacionalidad o al país de origen no afecta a dichos coeficientes correctores. En el caso de los funcionarios en activo destinados a un país en el que el coeficiente correcto no es igual a 100, todos los componentes de su sueldo son aumentados o reducidos mediante la aplicación del factor correspondiente, incluidas las contribuciones al régimen de pensiones. No obstante, el importe realmente utilizado para la financiación del régimen es la contribución sin aplicación del coeficiente corrector, ya que, evidentemente, se desconocen los futuros lugares de residencia. Ello garantiza por consiguiente la equivalencia de las pensiones en términos de poder adquisitivo y de igualdad de trato, ya que cada funcionario contribuye a la financiación del régimen de pensiones con el mismo porcentaje de su sueldo base.

Se garantiza asimismo la libertad de establecimiento. El Estatuto de los funcionarios da a los jubilados plena liberta a la hora de elegir el país de residencia. La supresión de los coeficientes correctores daría lugar a una situación injusta e injustificada, especialmente en el caso de los jubilados que deciden establecerse en su país de origen o en el Estado miembro que prefieran y éstos figuren entre los Estados miembros con un coste de la vida relativamente elevado.

La Comisión lleva a cabo una serie de controles anuales sobre la totalidad de la población jubilada y dispone a tal fin de un amplio abanico de medios, desde solicitar los justificantes que acrediten que el jubilado reside efectivamente en el lugar de residencia hasta realizar investigaciones administrativas pormenorizadas. Toda anulación retroactiva de un coeficiente corrector puede dar lugar a la devolución de las cantidades percibidas en exceso de acuerdo con el artículo 85 del Estatuto de los funcionarios. Este riguroso enfoque, que ha sido aprobado hace poco por todas las administraciones de las instituciones comunitarias, constituye una forma eficaz y disuasoria de luchar contra el fraude en materia de lugar de residencia. En caso de que Su Señoría disponga de pruebas que acrediten la infracción de las disposiciones en materia de pensiones por parte de antiguos funcionarios, tal como insinúa su pregunta, la Comisión le insta a que asimismo presente dichas pruebas bien a la propia Comisión, bien a la Oficina de lucha contra el fraude (OLAF).

La Comisión está examinando actualmente una serie de nuevas normas relativas a las pensiones, a fin de establecer unos coeficientes correctores que reflejen de forma más adecuada el poder adquisitivo de las distintas regiones de los Estados miembros. La Comisión ha propuesto este planteamiento en sus orientaciones para la reforma del Estatuto de los funcionarios cuyo debate está actualmente en curso con los representantes del personal. Los coeficientes correctores actualmente vigentes se basan en el coste de la vida registrado en las capitales de los Estados miembros. Los coeficientes reflejarían probablemente de forma más realista las condiciones de vida en los Estados miembros si se basaran en el coste de la vida medio registrado en cada uno de los países.