PREGUNTA ESCRITA E-2251/99

de Pedro Marset Campos (GUE/NGL) a la Comisión

(1 de diciembre de 1999)

Asunto: Ubicación de depósitos de gas licuado del petróleo de REPSOL BUTANO en Alumbres (Murcia-España)

La población de Alumbres (Murcia) está muy alarmada por la instalación de unos depósitos de la empresa REPSOL BUTANO a pocos metros de las puertas de las casas de los vecinos de Alumbres, sin ninguna alternativa de ubicación en toda la zona del valle de Escombreras.

En un principio, los depósitos estaban situados a 300 metros del casco urbano. Después de varias reclamaciones se desplazó la ubicación de los mismos 150 metros más. Los vecinos piden que esos depósitos se instalen, como mínimo, a tres kilómetros del casco urbano para no correr riesgo alguno. La localidad de Alumbres cuenta, además, con catorce de las veintiocho industrias nocivas, tóxicas y peligrosas inventariadas en la región de Murcia.

Teniendo en cuenta que los vecinos no tienen las necesarias medidas de seguridad ni saben qué hacer en caso de que hubiera algún siniestro de las empresas ubicadas en esa diputación de Cartagena, y que la respuesta de la Administración local y autonómica ha sido de escasa sensibilidad al aprobar medidas que aún siguen incumplidas:

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión del proyecto de instalación de estos depósitos?

2. ¿Puede comunicar la Comisión si se ha concedido financiación comunitaria para la realización de este proyecto?

3. ¿No estima la Comisión que las autoridades competentes deben establecer un Plan especial de prevención de riesgos químicos para esta localidad?

4. ¿Puede informar la Comisión si se ha presentado un estudio de impacto ambiental, de acuerdo con la Directiva 85/337/CEE(1) relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente?

5. ¿No estima la Comisión que se ha vulnerado el derecho de los ciudadanos a disponer de toda la información en materia de medio ambiente, tal y como se estipula en la Directiva 90/313/CEE(2) relativa a la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente?

6. ¿Puede solicitar la Comisión información sobre las medidas previstas por las autoridades competentes para garantizar que esta obra no va a causar grave impacto medioambiental ni perjuicio alguno para la calidad de vida de los habitantes de Alumbres?

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(2) DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(17 de enero de 2000)

La Comisión no está al corriente de los hechos a que se refiere Su Señoría.

No se ha concedido ningún tipo de financiación con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ni al Fondo de cohesión para los depósitos de gas licuado en Alumbres (España).

Esos depósitos podrían estar incluidos en el campo de aplicación de la Directiva 96/82/CE del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas(1). Dicha directiva impone la obligación de tomar las medidas necesarias para prevenir los accidentes graves en que estén implicadas sustancias peligrosas y para limitar las consecuencias de esos accidentes de actividades industriales en los seres humanos y el medio ambiente. La aplicación de la Directiva 96/82/CE depende de la cantidad de sustancias almacenadas en esas instalaciones. En los artículos 11 y 12 de esa directiva se especifican las obligaciones que tienen que asumir los Estados miembros por lo que se refiere a los planes de emergencia y al control de la urbanización. La Directiva 96/82/CE se incorporó al ordenamiento jurídico español por medio del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

La Comisión ignora si los depósitos objeto de la pregunta se han sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental con arreglo a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Hay que señalar, sin embargo, que el artículo 2 de esa directiva establece que antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, deben someterse a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones. Esta disposición se aplica a los proyectos enumerados en los Anexos I y II de la directiva. En el apartado 2 de su artículo 4 se dice que los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas en el Anexo II deben someterse a ese procedimiento cuando los Estados miembros consideren que sus características lo exigen. Las instalaciones de almacenamiento de petróleo, productos petroquímicos y químicos están incluidas en el Anexo II de la mencionada directiva. Por consiguiente, los proyectos que pertenecen a esta categoría deben someterse a evaluación de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 5 a 10 de la directiva, cuando el Estado miembro considere que sus características lo exigen. No hay que olvidar que la Directiva 85/337/CEE se modificó en virtud de la Directiva 97/11/CE(2). No obstante, según establece el apartado 2 del artículo 3 de esta última, si se ha presentado una solicitud de autorización antes del 14 de marzo de 1999, seguirán aplicándose las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE antes de su modificación.

Los datos proporcionados por Su Señoría no permiten comprobar si se ha incumplido la Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, relativa a la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente(3). Sea como fuere, ha que señalar que el artículo 4 de esa directiva establece lo siguiente: La persona que considere que su solicitud de información ha sido denegada o ignorada sin motivo justificado, o que haya recibido una respuesta inadecuada por parte de una autoridad pública, podrá presentar un recurso judicial o administrativo contra la decisión de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional en la materia. La Directiva 90/313/CEE se incorporó al ordenamiento interno español en virtud de la Ley 38/1995 de 13 de diciembre de 1995.

La Comisión va a solicitar a las autoridades españolas información sobre las medidas que han previsto para impedir que el proyecto tenga incidencias graves sobre el medio ambiente y afecte a la calidad de vida de los vecinos de Alumbres.

(1) DO L 10 de 14.1.1997.

(2) DO L 73 de 14.3.1997.

(3) DO L 158 de 23.6.1990.