PREGUNTA ESCRITA E-1529/02

de Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) a la Comisión

(3 de junio de 2002)

Asunto: Actuaciones para evitar el abandono del medio rural

Para evitar el abandono del medio rural surge como primera, y fundamental, premisa la de garantizar al agricultor profesional unas rentas suficientes para que pueda dedicarse al ámbito agrícola sin estrecheces, ni agobios económicos, que le fuercen a abandonar la explotación agrícola y buscar un medio de vida más saneado y confortable.

Entre las principales causas de la floja productividad de las rentas agrarias cabe resaltar la subdivisión de las explotaciones que provocan, por la vía sucesoria, que el tamaño y dimensión de las explotaciones agrarias se conviertan en poco atractivas por las escasas rentas que proporcionan.

¿ Entiende la Comisión que, por el papel relevante que juega en la PAC, debiera propiciar las necesarias investigaciones a fin de consensuar, a nivel comunitario, que mediante los oportunos instrumentos fiscales, y sucesorios, se evite la subdivisión de las explotaciones agrarias, que es uno de los principales motivos por el que los agricultores abandonan el medio rural, al convertirse las explotaciones agrícolas fragmentadas en escasamente rentables?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(10 de julio de 2002)

La Comisión es consciente de que la subdivisión de las explotaciones puede ocasionar una reducción del tamaño y dimensión de las mismas, mermando el atractivo de la agricultura para las generaciones futuras, y reconoce la necesidad de adoptar medidas adecuadas para evitar la fragmentación de las estructuras agrarias.

Su Señoría alude, entre otras cosas, a la posibilidad de consensuar los oportunos instrumentos fiscales, y sucesorios a nivel comunitario.

En lo que se refiere a los aspectos fiscales, y en particular al problema de la exacción del impuesto sobre sucesiones y donaciones cuando se transmite de una generación a otra la propiedad de una empresa de cualquier sector, cabe señalar que no existe una normativa armonizada a nivel comunitario, como Su Señoría sugiere. La fiscalidad de la transmisión de empresas es competencia, fundamentalmente, de los Estados miembros, si bien al ejercerla, éstos deben atenerse a lo dispuesto en el Tratado CE. Dado que toda decisión a nivel comunitario en materia fiscal requiere la unanimidad de los Estados miembros, ha resultado difícil hasta ahora coordinar las normativas fiscales en la Comunidad, especialmente en lo que respecta a la fiscalidad directa.

No obstante, la transmisión de las pequeñas y medianas empresas (PYME) constituye un tema de particular interés para la Comisión.

En 1994, la Comisión adoptó una Recomendación formal (94/1069/CE), dirigida a los Estados miembros, sobre la transmisión de las PYME(1).

Desde que la Comisión publicó la citada Recomendación, varios Estados miembros han adoptado medidas encaminadas a crear un entorno legislativo y fiscal más favorable para la transmisión de PYME. En una Comunicación de 1998(2) sobre la Transmisión de las pequeñas y medianas empresas, la Comisión resumía las medidas adoptadas por los Estados miembros hasta la fecha. El tema ha sido desarrollado ulteriormente en un proyecto al amparo del Programa plurianual en favor de la empresa y el espíritu empresarial, en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME) (2001-2005)(3), cuyos resultados se publicarán en breve en la siguiente dirección: http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/transfer_business/index.htm

Por último, cabe señalar que, en el marco del desarrollo rural, segundo pilar de la política agrícola común, existe una serie de instrumentos comunitarios cuyo objeto es contribuir a mejorar la competitividad y la viabilidad de las estructuras agrarias. A este respecto, la diversificación de la de la renta de los hogares agrarios constituye un objetivo importante. La Comisión considera que el refuerzo del segundo pilar contribuiría de manera sustancial al desarrollo del medio rural y a la cohesión territorial.

(1) DO L 385 de 31.12.1994.

(2) DO C 93 de 28.3.1998.

(3) Decisión 2000/819/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2000, DO L 333 de 29.12.2000.