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PREGUNTA ESCRITA E-3235/97 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: Financiación de terceros países con cargo a programas comunitarios para los Estados miembros

Aunque la categoría III (políticas internas) de las perspectivas financieras está destinada a apoyar las acciones de los Estados miembros de la Unión Europea, se siguen adoptando reglamentos para financiar a terceros países con cargo a programas elaborados para atender las necesidades de los Estados miembros, y ello a pesar de existir la categoría IV (terceros países), exclusivamente dedicada a países que no son miembros de la Unión y que ya reciben de ésta una generosa financiación.

¿Puede indicar la Comisión a qué se debe esta situación y si piensa limitarla transferencia de recursos a terceros países con cargo a programas destinados a cubrir las importantes necesidades que registra la propia Unión?

Respuesta complementaria del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (18 de diciembre de 1997)

Varios son los programas en materia de educación, formación y cultura (Leonardo da Vinci, Sócrates, Juventud con Europa) de la Rúbrica 3 de las Perspectivas Financieras (Políticas interiores), en los que pueden participar desde una fecha reciente terceros países asociados.

Esta abertura progresiva de los programas comunitarios a terceros países asociados se considera un importante factor de preparación para una eventual adhesión a la Comunidad. Este tipo de cooperación ofrece a los países asociados y a sus habitantes la posibilidad de familiarizarse con las políticas y métodos de trabajo de la Comunidad, facilitando con ello que puedan adoptar el acervo comunitario en diversos campos.

Los mecanismos de financiación aplicables se han concebido de modo que el coste de la participación de terceros países asociados se cubra con sus propias contribuciones, las cuales se incluyen anualmente en el Presupuesto General de la Comunidad según las condiciones y modalidades de participación. Estos ingresos suplementarios, que se asignan únicamente para cubrir los gastos de participación, vienen a añadirse, pues, a los recursos de la Rúbrica 3 de las Perspectivas Financieras.

En ciertos casos, disposiciones expresas contemplan la posibilidad de completar la contribución de un tercer país con recursos comunitarios. Estos complementos son financiados por la Rúbrica 4 (especialmente, por el programa PHARE) y no por la Rúbrica 3.

De este modo, los créditos destinados a financiar programas concebidos inicialmente para necesidades internas de la Comunidad no se ven afectados por la citada participación de terceros países en los mismos programas.
PREGUNTA ESCRITA E-3321/97 de Joaquín Sisó Cruellas (PPE) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: La televisión y la comunidad sorda europea

La utilización de la televisión como medio de comunicación y de ocio para los sordos tiene cada vez mayor importancia, ya que no existen verdaderas dificultades técnicas que impidan adaptarla a las necesidades de las personas con problemas auditivos, aunque la intensidad y la manera cómo se está llevando a cabo esta adaptación en los diferentes Estados miembros de la Unión es muy diversa.

¿Podría informar la Comisión si existe algún tipo de ayudas destinadas a que las televisiones europeas puedan emitir un mayor número de espacios adaptados a la población sorda?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión (27 de noviembre de 1997)

El subtitulado de los programas de televisión representa en algunos Estados Miembros un mecanismo común para traducir programas de una lengua extranjera a la lengua nacional y funciona también como el principal mecanismo para la adapatación de programas para sordos.

Entre las medidas fijadas en el marco del programa MEDIA II figuran ayudas financieras concedidas en forma de préstamos para la difusión transnacional de programas audiovisuales, entre los que se incluyen los programas de televisión. Como norma general, sin embargo, los costes de doblaje y subtitulado no son reembolsables. De esta forma, aunque la Decisión 95/563/CE del Consejo de 10 julio de 1995 sobre la ejecución de un programa de estímulo al desarrollo y a la distribución de obras audiovisuales europeas (MEDIA II - Desarrollo y distribución) (1996-2000) ((DO L 321 de 30.12.1995. )) no establece explícitamente unos objetivos para el apoyo de programas de adaptación para sordos, el programa, a través de sus ayudas financieras para aumentar la difusión transnacional de programas de televisión, contribuye indirectamente a un aumento de los programas adaptados para este grupo.
PREGUNTA ESCRITA E-2991/97 de María Sornosa Martínez (GUE/NGL) a la Comisión (1 de octubre de 1997)

Asunto: Prohibición de la práctica de la caza y protección legal del Marjal del Moro (Valencia)

El Marjal del Moro, en Valencia, está declarado zona Zepa conforme a la Directiva comunitaria de Aves (79/409/CEE) ((DO L 103 de 25.4.1979, p. 1. )) y acoge una gran diversidad y densidad de especies de aves. Dos de estas especies se encuentran al borde de la extinción: de Marmaronetta Angustirostris se han contabilizado 5 parejas con 28 crías y de Ferruginous Ducks, 4 machos y dos hembras. Hay otras especies amenazadas de Europa que encuentran en el Marjal del Moro un refugio durante su época migratoria.

El Marjal es una zona de caza controlada, con una licencia que expira la próxima temporada 1997/98, pero que podría prorrogarse. La práctica de la caza supone un gran riesgo para éstas y otras especies protegidas.

En una pregunta formulada por María Sornosa y Pedro Marset (E-2682/97), se pedía a la Comisión la puesta en práctica de todas las medidas posibles para declarar la zona del Marjal del Moro «paraje natural» (como solicitó el Ayuntamiento de Sagunto en 1994).

1. Siendo el Marjal del Mero zona Zepa y, por lo tanto, parte de Natura 2000, ¿no se está incumpliendo la Directiva 92/43/CEE ((DO L 206 de 22.7.1992, p. 7. )) sobre preservación de la vida salvaje y hábitats naturales?

2. ¿Qué medidas puede poner en práctica la Comisión para convencer a la Administración Central y Autonómica de la necesidad de proteger legalmente el Marjal del Moro?

3. ¿Podría aplicarse alguna medida de urgencia para impedir la práctica de la caza a partir de la próxima temporada e impedir aí que alguna de estas especies desaparezca?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (10 de noviembre de 1997)

1. Los hechos citados -la caza dentro de una zona de protección especial- no constituyen en sí mismos una infracción de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y la fauna y la flora silvestres. La caza de todas las especies citadas, que están protegidas por las leyes estatales y autonómicas, está prohibida. La presencia y reproducción de estas especies en el paraje en un número mayor que el existente en el momento de la declaración de la zona de protección especial (por ejemplo, cinco parejas de «marmaronetta angustirostris» en lugar de media, o seis ejemplares de «aythya nyroca» en lugar de ninguno) pone de manifiesto una capacidad de acogida del medio satisfactoria.

2. Con arreglo a las legislaciones estatal y autonómicas españolas, la declaración de zonas protegidas es competencia exclusiva de las autoridades de este Estado miembro.

3. Las autoridades autonómicas valencianas anunciaron a los representantes enviados recientemente al paraje por la Comisión que, una vez la concesión de caza actual de diez años caduque en febrero de 1998, la caza no se volverá a autorizar.

La Comisión seguirá velando por la aplicación de esta medida a partir de la fecha prevista.
PREGUNTA ESCRITA E-3110/97 de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión (13 de octubre de 1997)

Asunto: Normativa europea sobre motociclistas

Recientemente, la prensa italiana ha mostrado su interés por algunas novedades introducidas en el ámbito comunitario en relación con las prescripciones y equipamiento que deben respetar los motociclistas. Todo ello ha provocado la protesta de las asociaciones italianas de motociclistas que han señalado hasta qué punto las nuevas normas penalizan a los usuarios de las motocicletas y están inspiradas en evaluaciones, con frecuencia discutibles, de sus exigencias de seguridad.

Teniendo esto en cuenta:

1. ¿Puede precisar la Comisión la naturaleza y la futura tramitación de las propuestas del Comisario Kinnock en relación con los motociclistas?

2. ¿Puede facilitar la Comisión una opinión sobre la necesidad de incentivar, más bien que de penalizar, la utilización de las motos, que constituye entre otras cosas uno de los pocos elementos de descongestión en la dramática realidad del tráfico y de la contaminación de las grandes concentraciones urbanas?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (17 de noviembre de 1997)

1. A partir de lo que señala Su Señoría en la pregunta no queda claro a qué legislación concreta se refiere. Sin embargo, puede decirse en general que al elaborar la legislación sobre transporte, la Comisión se guía por la necesidad de fomentar la seguridad y proteger a los consumidores. Otras preocupaciones importantes son la protección del medio ambiente y la necesidad de suprimir distorsiones del mercado. En relación con las normas de homologación, existe legislación concreta sobre las normas de construcción de las motocicletas.

2. El Libro Verde de la Comisión «La red de ciudadanos. Cómo aprovechar el potencial del transporte público de viajeros en Europa» ((COM(95)601. )) destaca las ventajas de estos vehículos en las zonas urbanas y, especialmente, el uso relativamente eficiente que hacen del espacio y el combustible.
PREGUNTA ESCRITA E-3317/97 de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: Gestión de catalizadores usados

Hace ya varios años que Grecia decidió conceder ayudas para la utilización de vehículos con catalizadores; desde entonces circulan por el país cientos de miles. Para muchos de estos vehículos ha llegado la hora de cambiar el catalizador. Según la respuesta de la Comisión a mi anterior pregunta no 1808/96 ((DO C 385 de 19.19.1996, p. 41. )), «se está preparando una propuesta sobre vehículos que ya no están en condiciones de circular», si bien «los trabajos preparatorios de la propuesta no han concluido».

¿Puede indicar la Comisión si, transcurrido un año desde la citada respuesta, han concluido los trabajos preparatorios de la propuesta sobre vehículos que ya no están en condiciones de circular, si los catalizadores de dichos vehículos suponen un peligro para el medio ambiente y la salud pública, y si en la actualidad dispone de información sobre la manera en que Grecia está llevando a cabo la gestión de catalizadores usados?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (1 de diciembre de 1997)

El trabajo preparatorio mencionado por la Comisión en su respuesta a la pregunta escrita 1808/96 del Sr. Papayannakis ha concluido en efecto, y el 9 de julio de 1997 la Comisión adoptó una propuesta de directiva relativa a los vehículos para desguace ((COM(97)358 final. )). Esta propuesta contiene medidas relativas a la prevención de residuos procedentes de vehículos de desguace, a la recogida de estos vehículos y a su tratamiento, reciclado y valorización, así como medidas de control e información. En especial, fija unos objetivos cuantificados de reutilización, reciclado y valorización de vehículos de desguace.

Habida cuenta de la amenaza potencial para el medio ambiente y la salud pública que representan los catalizadores usados, la propuesta exige que los Estados miembros velen por que los vehículos sean descontaminados antes de recibir cualquier otro tratamiento. Esto incluye la retirada y almacenamiento de forma segura para el medio ambiente de los catalizadores con vistas a su reciclado. La propuesta no contiene una obligación específica de reciclado de los catalizadores, sino que establece requisitos de valorización y reciclado para el conjunto del vehículo. En especial, exige que los Estados miembros velen por que, antes de 2005, se reutilice o recupere el 85 % del peso del vehículo (el 95 % antes de 2015) y se reutilice o recicle el 80 % (el 85 % antes de 2015).

Actualmente la Comisión no tiene información alguna sobre la eliminación de los catalizadores usados en Grecia.
PREGUNTA ESCRITA E-3358/97 de Caroline Jackson (PPE) al Consejo (23 de octubre de 1997)

Asunto: Tratado de Amsterdam: Declaración sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria

1. ¿Qué medidas se propone adoptar la Secretaría del Consejo para establecer directrices relativas a la calidad de la redacción de la legislación comunitaria, tal como sugirió el Consejo Europeo en Amsterdam?

2. ¿Qué medidas organizativas adecuadas piensa adoptar el Consejo para garantizar que se apliquen las directrices?

3. ¿Incluirán sus prioridades una revisión de la formación del personal y la asignación de responsabilidades específicas al personal en cada sección para controlar la utilización de un lenguaje sencillo?

4. ¿Cuándo espera la Secretaría del Consejo completar sus iniciativas sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria? ¿Elaborará un informe para el Consejo y el Parlamento Europeo sobre los resultados?

Respuesta (15 de enero de 1998)

El Consejo llama la atención de Su Señoría sobre el hecho de que la declaración relativa a la calidad de la redacción de la legislación comunitaria aneja al Acta final del Tratado de Amsterdam firmado el 2 de octubre de 1997 no afecta sólo al Consejo. Las tres Instituciones que participan en el procedimiento de adopción de la legislación comunitaria, es decir, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión deben «establecer de común acuerdo directrices para mejorar la calidad de la redacción de la legislación comunitaria y aplicar dichas directrices al estudiar propuestas o proyectos de legislación comunitaria.»

Una vez adoptadas, dichas líneas directrices serán objeto, en las tres instituciones de que se trata, de las «medidas de organización interna que [ellas] estimen necesarias para su correcta aplicación».

En el momento actual todavía es demasiado pronto para dar indicaciones sobre el contenido de dichas líneas directrices, dado que, evidentemente, los trabajos al respecto aún no han comenzado.

El Consejo recuerda que siempre ha concedido gran importancia a la calidad de la redacción de la legislación. Concretamente, en junio de 1993, tras el Consejo Europeo de Edimburgo de diciembre de 1992, que ya reclamaba la adopción de «líneas directrices que fijen los criterios de apreciación de la calidad de la redacción de la legislación comunitaria» ((Bol. CE 12.1992, p. 20, punto I.28. )), adoptó una resolución relativa a la calidad de la redacción de la legislación comunitaria. ((DO C 166 de 17 de junio de 1993, p. 1. ))

El objetivo de los diez puntos de esta resolución es: la formulación clara, sencilla y concisa de las disposiciones; la coherencia interna del acto; su coherencia respecto a otros actos; su estructura; la definición clara de los derechos y obligaciones; la claridad de la fecha de entrada en vigor y de las disposiciones transitorias; la exigencia de un preámbulo que justifique la parte dispositiva del acto; y las formas que habrá que evitar (como las excesivas referencias cruzadas o a otros actos, las disposiciones sin carácter normativo o las disposiciones autónomas en un acto modificativo).
PREGUNTA ESCRITA E-3415/97 de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión (28 de octubre de 1997)

Asunto: Comercio mundial y protección de los animales

El artículo XX contempla una serie de razones para limitar el comercio, entre ellas la protección de la vida y la salud de las personas y los animales, así como el respeto de la sensibilidad ética general de la población (public morals).

1. ¿Cómo hay que interpretar estas normas? ¿Se pueden interpretar básicamente en el sentido de que se puede mantener o mejorar sin resistencias el nivel de protección de los animales en la UE?

2. ¿Cómo se fijarán las consideraciones restrictivas en casos concretos? ¿Hasta qué punto se han de consentir perjuicios a la salud de los animales y cuándo es admisible una limitación del comercio? ¿Quién decide en qué consiste la sensibilidad ética del público?, etc.

3. ¿En qué medida se tiene en cuenta la protección del bienestar de los animales o la protección frente al sufrimiento psíquico, como el miedo?

4. ¿Se puede hacer prevalecer una interpretación acorde con la protección de los animales, en su caso también a escala internacional, o se han de concretar las disposiciones de la OMC?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3414/97, E-3415/97, E-3417/97 y E-3418/97 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión (24 de noviembre de 1997)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-2569/94 del Sra. Oddy ((DO C 145 de 12.6.1995. ))
PREGUNTA ESCRITA E-3094/97 de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión (2 de octubre de 1997)

Asunto: Posibilidades de tratamiento médico de personas seriamente dañadas por productos químicos

1. ¿En qué países europeos se ofrecen un tratamiento médico y una terapia adecuados en casos de graves enfermedades causadas por productos químicos en personas con sensibilidad a los mismos?

2. ¿En qué países europeos se lleva a cabo un diagnóstico adecuado (como el que se efectuó, por ejemplo, en el estudio sobre la Guerra del Golfo) en condiciones controladas (Environmental Control Unit - ECU) de las personas con sensibilidad a los productos químicos, intolerancias alimenticias o daños causados por neurotoxinas?

3. ¿Existen clínicas que cumplan con las normas medioambientales del Environmental Health Center de Dallas (Estados Unidos)? (Libres de productos químicos, sin uso de desinfectantes, filtros de aire, agua filtrada, mobiliario de vidrio, acero o maderas libres de resina y terpeno, sin moquetas, prohibición de humos y sustancias olorosas, etc., según la descripción del mencionado centro de Dallas)

4. ¿Existen clínicas que cumplan con las normas médicas del Environmental Health Center? (Médicos expertos en el ámbito de la medicina medioambiental; terapia de desintoxicación, tratamiento del sistema inmunológico, sustancias de ensayo sin conservantes, etc.)

5. ¿Se dispone de instalaciones similares libres de contaminantes?

6. ¿Existe en Europa alguna clínica con condiciones controladas semejantes (ECU) y cirujanos, capaces de realizar operaciones en personas con sensibilidad a los productos químicos?

7. ¿Qué países europeos financian clínicas medioambientales adecuadas con fondos estatales?

8. ¿Qué importancia se da al tratamiento psiquiátrico de las personas dañadas por productos químicos en los diferentes países de la UE?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (24 de noviembre de 1997)

Las cuestiones relativas a los tratamientos y las terapias, como las que plantea Su Señoría, son competencia de los Estados miembros.

Se remite a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento Europeo una copia de un estudio sobre sensibilidad a los productos químicos en algunos Estados miembros que contiene información cualitativa sobre esta cuestión.

La Comisión ya se refirió a este estudio en su respuesta a la pregunta escrita E-2904/97 ((Ver página 33. )) formulada por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-3314/97 de Herbert Bösch (PSE) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: Atribución de grado a funcionarios

En los últimos años, las dos ramas de la autoridad presupuestaria se han esforzado por frenar la evolución de los costes de personal.

Tanto más sorprendente resulta, por ello, la información según la cual el Consejo ha atribuido a funcionarios que acababan de superar un concurso un grado superior al previsto. Al parecer, pues, puede darse el caso de que una persona que haya superado un concurso para un puesto A7 reciba en el Consejo el grado A5 y lo mantenga tras un inmediato traslado a la Comisión, mientras que un colega suyo que haya iniciado su carrera en la Comisión como A7 permanezca en este mismo grado.

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de estas prácticas en materia de contratación?

2. ¿Considera la Comisión que estas prácticas se ajustan a los principios de una política de personal coherente por parte de las Instituciones de la UE?

3. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para poner fin a estas prácticas?

Respuesta del Sr.Liikanen en nombre de la Comisión (4 de diciembre de 1997)

En su pregunta, Su Señoría alude a la contratación por el Consejo en la categoría A5 de un aprobado de una oposición A7/6. La Comisión, que en ningún caso podría aceptar este procedimiento para sus contrataciones, no tiene noticia alguna de esta actuación. Los aprobados de una oposición organizada para una categoría determinada, son siempre clasificados en dicha categoría y nunca en una distinta.

No obstante, lo que puede suceder, en particular con la reciente organización de oposiciones para A5/4 con motivo de la ampliación, es que un aprobado de una oposición A7/6, contratado por una institución, cumpla los requisitos para presentarse a una oposición A5/4 organizada por esta o por otra institución. En efecto, un funcionario A7/6 puede muy bien contar con la experiencia profesional exigida para este tipo de oposiciones y que su candidatura sea aceptada legalmente. En caso de aprobar esta última oposición, el interesado tiene derecho a solicitar su contratación en la categoría A5/4 en su institución o en otra.

Si un servicio de la Comisión dispone de un puesto y desea contratar a esta persona, la Adminsitración no puede negarse. En el caso de que el aprobado en cuestión figure en una lista de reserva de una oposición de otra institución, el procedimiento aplicado es el de «nombramiento-transferencia», bien conocido en la Administración. No obstante, la Comisión siempre aplica este procedimiento con la mayor vigilancia.
PREGUNTA ESCRITA E-2847/97 de Mark Watts (PSE) a la Comisión (11 de septiembre de 1997)

Asunto: Asistencia financiera a los agricultores

¿Puede la Comisión informar acerca de la asistencia financiera a la que pueden acceder aquéllos agricultores que experimentan dificultades financieras tras haber perdido la mayor parte de su cosecha de frutos rojos como consecuencia de heladas inesperadas e impropias de la estación?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (29 de septiembre de 1997)

De conformidad con la letra h) del articulo 5 del Reglamento (CEE) no 4256/88 del Consejo, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo al FEOGA, sección «Orientación» ((DO L 374 de 31.12.1988. )), los agricultores de las regiones comprendidas en los objetivos no 1 y no 5b) de los Fondos estructurales que hayan sufrido catástrofes naturales puedan beneficiarse de una ayuda financiera en el marco de sus respectivos programas operativos regionales.

Dicha ayuda sólo puede utilizarse para la reestructuración del potencial de la producción. La posible compensación por las pérdidas de ingresos como consecuencia de las catástrofes naturales es responsabilidad de los Estados miembros.