PREGUNTA ESCRITA E-2755/02

de Avril Doyle (PPE-DE) a la Comisión

(1 de octubre de 2002)

Asunto: Cuestión social transfronteriza

¿Ayuda la Comisión a los ciudadanos con problemas sociales transfronterizos a resolver dichos problemas de forma satisfactoria? En caso afirmativo, ¿puede indicar la Comisión cuáles de sus servicios pueden proporcionar ayuda o intervenir? (Si fuere necesario, se proporcionará información pormenorizada sobre un caso específico). El caso en cuestión concierne el pago de las pensiones alimentarias correspondientes a dos hijos de una ciudadana irlandesa por parte de su marido grecochipriota, del que está divorciada. ¿Puede indicar la Comisión cuál es la mejor forma de garantizar que se haga justicia?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(21 de noviembre de 2002)

Su Señoría pregunta si la Comisión puede intervenir en favor de los ciudadanos que se enfrentan a problemas sociales transfronterizos o proporcionarles ayuda, concretamente en relación con el caso de una ciudadana irlandesa que debe cobrar las pensiones alimentarias que su ex-marido, de nacionalidad chipriota, adeuda a los hijos del matrimonio.

La Comisión no tiene competencia para tomar las medidas necesarias encaminadas a solucionar las dificultades a las que, a título personal, se enfrenta una persona residente en el territorio de la Unión o un ciudadano de uno de los Estados miembros.

En cambio, los instrumentos jurídicos comunitarios o internacionales aplicables en los Estados miembros ofrecen diferentes posibilidades.

El Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil(1) prevé que, en casos de pago de pensión alimentaria, el demandado, en este caso el ex-marido, puede ser requerido ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que reside o ante el tribunal del lugar del domicilio o de la residencia habitual del acreedor de alimentos, en este caso la ex-mujer y los hijos. Por tanto, se ofrece una opción al acreedor de alimentos si el demandado reside en el territorio de un Estado miembro.

Si esto no es así (en este caso concreto, si el demandado reside en Chipre, dato que no queda claro en la pregunta escrita), como en estos supuestos la competencia de los tribunales de los Estados miembros está regulada por la legislación nacional, la cuestión de la competencia de los tribunales irlandeses se debe resolver de acuerdo con el derecho procesal irlandés.

Además, una sentencia dictada en un Estado miembro es reconocida y puede ser ejecutada en otro Estado miembro de acuerdo con los procedimientos simplificados establecidos en el Reglamento de 22 de diciembre de 2000. En cambio, el Derecho comunitario no regula el reconocimiento y la ejecución en Chipre de una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro.

Por otra parte, el Convenio de Nueva York de 20 de junio de 1956 sobre la obtención de alimentos en el extranjero, ratificado tanto por Irlanda como por Chipre y, por tanto, aplicable entre los dos Estados, prevé el establecimiento por cada Estado contratante de una autoridad remitente y de una institución intermediaria, siendo esta última la encargada de tomar, en nombre del acreedor de alimentos y dentro del límite de poderes conferidos por éste, todas las medidas apropiadas para obtener el pago de alimentos, inclusive por transacción, y podrá, en caso necesario, iniciar y proseguir una acción de alimentos y hacer ejecutar cualquier sentencia, decisión u otro acto judicial.

Por tanto, la institución intermediaria chipriota, según lo previsto en la legislación chipriota, podría instar el reconocimiento y la ejecución de la decisión dictada por la jurisdicción irlandesa competente en respuesta a la demanda presentada por la acreedora de alimentos, si fuera necesario tras haber emprendido un procedimiento especial en Chipre a este fin, o iniciar una nueva acción judicial con el objetivo de condenar al ex-marido a pagar la pensión.

Por otra parte, el Convenio de Nueva York de 1956 contiene una serie de disposiciones que prevén la cooperación entre las autoridades remitentes y las instituciones intermediarias de los Estados contratantes, con el fin de conseguir el pago de las pensiones alimentarias adeudadas.

También prevé que el acreedor de alimentos que se encuentre en el territorio de un Estado contratante se dirija a la autoridad remitente de dicho Estado.

El papel que en la práctica confían los diferentes Estados que forman parte del Convenio de Nueva York a sus autoridades intermediarias varía considerablemente y, por tanto, parece preferible que, en este caso, la acreedora de alimentos se dirija a la autoridad remitente de su país de residencia con el fin de consultar qué posibilidades reales le ofrece la cooperación establecida con Chipre.

La autoridad remitente irlandesa es el Ministerio de Justicia, 72-76 St Stephen's Green, Dublín 2.

(1) DO L 12 de 16.1.2001.