PREGUNTA ESCRITA E-0741/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(11 de marzo de 2003)

Asunto: Falsificación de las conservas italianas de tomate

En el mes de febrero de 2003, una investigación efectuada por la Coldiretti, la mayor organización europea de empresarios agrícolas, revelaba que en Italia, en el año 2002, se habrían importado de China 82 000 toneladas de las 396 000 toneladas de producción total de conservas de tomate. Si estos datos son exactos, significaría que una parte de las conservas italianas contiene concentrado de tomate procedente de China. Así pues, es evidente que existen algunas industrias de transformación que introducen en el mercado italiano conservas en las que se utiliza el producto italiano mezclado con el producto chino, sin especificarlo claramente en la etiqueta. En consecuencia, nos encontraríamos ante un caso de falsificación alimentaria, ya que las etiquetas de dichos productos no contienen indicación alguna relativa al origen del producto, sino que tan sólo se indica el lugar de transformación y elaboración de dicho producto, explotando la imagen de las tradicionales zonas italianas de cultivo. Todo esto genera una enorme confusión al consumidor-comprador italiano, quien queda absolutamente desprotegido al comprar el producto y recibe una información inadecuada sobre el verdadero origen del producto.

A consecuencia de lo anterior, las industrias de transformación italianas que utilizan exclusivamente productos de origen italiano y que están sujetas igualmente a aranceles aduaneros, sufren una enorme pérdida de beneficios, siendo Italia el segundo productor mundial después de los Estados Unidos, lo que conlleva, en la práctica, disparidad en la competencia.

1. ¿Puede indicar la Comisión si dicha situación es contraria a los artículos 30 y 153, relativos a la protección del consumidor, y a los artículos 85 y 86, relativos a la competencia, del TCE?

2. ¿Contraviene dicha situación la Directiva 2000/13/CE(1) relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, en particular los considerandos 6 y 8 y los artículos 2, 3, 5 y 7 de la misma?

3. ¿No infringe, asimismo, el Reglamento (CE) no 178/2002(2) por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, concretamente los considerandos 1, 2, 8, 10 y 22 y el apartado 1 de los artículos 1, 2, 5 y 7 respectivamente, así como también los artículos 8, 11, 16, 17 y 18 de dicho Reglamento?

4. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para poner fin a las actuales y continuas infracciones normativas?

(1) DO L 109 de 6.5.2000, p. 29.

(2) DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2003)

En 2002, se importaron a la Comunidad unas 155 000 toneladas (t) de tomates preparados (concentrados, purés, tomates pelados triturados, etc.), de las cuales unas 125 000 procedían de China y aproximadamente 125 000 se hallaban en régimen de perfeccionamiento activo (RPA). Italia es el principal importador de esos productos: 126 000 t importadas (110 000 procedentes de China y 120 000 en RPA). Los concentrados de origen chino importados a Italia para ser utilizados en productos destinados al mercado interior ascendieron sólo a 3 4000 t. Estas cifras indican que la parte fundamental de las importaciones de tomates preparados importados a Italia desde China se destinan a su reexportación a terceros países, principalmente los mercados africanos.

En lo que respecta al artículo 30 del Tratado CE, la Comisión señala que éste forma parte de las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros. En el artículo 153 se establecen los principios y las modalidades de la acción de la Comunidad en lo que respecta a la protección de los consumidores.

En consecuencia, no son un fundamento jurídico que pueda utilizarse directamente para emitir un juicio sobre si la información facilitada al consumidor en la etiqueta de las conservas de tomates italianas es insuficiente o incompleta.

Como indica Su Señoría, las disposiciones efectivamente aplicables en este caso son las de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.

Por lo que se refiere más concretamente a la indicación del origen o la procedencia de los productos alimenticios, en el artículo 3 de la Directiva se establece que dicha indicación sólo será obligatoria en caso de que su omisión pudiera inducir a error al consumidor sobre el origen o la procedencia real del producto alimenticio.

En consecuencia, en caso de que un elemento cualquiera pudiera inducir al consumidor a atribuir erróneamente un origen o una procedencia concretos a un producto alimenticio, deberá obligatoriamente indicarse el verdadero origen o procedencia de dicho alimento a fin de que, con arreglo al principio establecido en el artículo 2, el etiquetado o las modalidades de presentación no induzcan a error al consumidor.

Por ahora la Comisión no dispone de información que le permita llegar a la conclusión de que se da esa situación en lo que respecta a las conservas de tomates procedentes de Italia.

En relación con los artículos 5 y 7 de la Directiva anteriormente mencionada, que se refieren, respectivamente, a la denominación de venta de los productos y a la declaración de la cantidad de los ingredientes, la Comisión no considera que dichos artículos sean de aplicación en este caso.

Por lo que respecta a la aplicabilidad del Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, cabe recordar que en dicho Reglamento se establecen objetivos generales, definiciones generales y principios generales en materia de legislación alimentaria.

Indudablemente, los principios establecidos en el artículo 8 de dicho Reglamento son pertinentes en lo que respecta a las prácticas engañosas, puesto que en dicho artículo se establece que la legislación alimentaria tiene como finalidad proteger a los consumidores, y en particular prevenir las prácticas fraudulentas o engañosas. No obstante, dicho artículo genera una obligación para el legislador, no para los operadores. Además, como ya se ha indicado anteriormente, es preciso tener en cuenta que la legislación aplicable al caso que nos ocupa es la Directiva 2000/13/CE, y dicha Directiva responde ya a los objetivos establecidos en el artículo 8.

Entre los demás artículos del Reglamento (CE) no 178/2002 a los que Su Señoría hace referencia, cabe señalar en primer lugar que los artículos 11, 16, 17 y 18 son aplicables a partir del 1 de enero de 2005. En dichos artículos se establecen principios generales en materia de importación, presentación, control y trazabilidad de los alimentos. Por consiguiente, no son directamente aplicables a este caso. En lo que respecta a los demás artículos citados, cabe señalar que no son de aplicación. Por ejemplo, en el artículo 1 se establece simplemente que el Reglamento proporciona la base para asegurar un nivel

elevado de protección de los consumidores; en consecuencia, no es directamente aplicable. Asimismo, en el apartado 1 del artículo 5 se establece un marco para el legislador, ya que en dicho artículo se establece que la legislación alimentaria perseguirá uno o varios objetivos generales, entre los que se halla la protección de los intereses de los consumidores. El apartado 1 del artículo 7 relativo al principio de cautela se refiere a circunstancias en que, tras haberse evaluado la información disponible, se observe la posibilidad de que haya efectos nocivos para la salud, pero siga existiendo incertidumbre científica; por consiguiente, en el caso planteado por Su Señoría no se da ese tipo de situación.

Por lo que respecta a las normas de etiquetado aplicables en general a todos los alimentos, la Comisión acaba de realizar una evaluación de la legislación actualmente en vigor, en particular la Directiva 2000/13/CE, con vistas a establecer posteriormente las propuestas de adaptación más pertinentes para optimizar las información de los consumidores.