1. y 2.

El 30 de septiembre de 2003, el Tribunal de Justicia pronunció dos sentencias relativas a la compatibilidad con las normas sobre libre circulación de los trabajadores del hecho de reservar los cargos de capitán y primer oficial de un buque a los ciudadanos del Estado miembro cuyo pabellón enarbole. Se trata de los asuntos C-47/02, Albert Anker, Klaas Ras y Albertus Snoek contra Bundesrepublik Deutschland y C-405/01, Colegio de Oficiales de la Marína Mercante Española contra Administración del Estado. El asunto C-47/02 se refería a buques alemanes dedicados a la pequeña navegación marítima (kleine Seeschifffahrt); en el asunto C-405/01 se trató de buques mercantes españoles. Según el Tribunal, el apartado 4 del artículo 39 del Tratado CE debe interpretarse en el sentido de que únicamente autoriza a un Estado miembro a reservar a sus nacionales los empleos de capitán y primer oficial de los buques dedicados a la pequeña navegación marítima (kleine Seeschifffahrt) o de los buques mercantes que enarbolan su pabellón si las prerrogativas de poder público atribuidas a los capitanes y a los primeros oficiales se ejercen efectivamente de forma habitual y no representan una parte muy reducida de sus actividades. El Tribunal de Justicia basa su jurisprudencia en la interpretación del apartado 4 del artículo 39 del Tratado CE: el concepto de servicio público a efectos de ese apartado (que establece que las disposiciones relativas a la libre circulación de los trabajadores no son aplicables a los empleos en la administración pública) abarca cargos que implican una participación directa o indirecta en el ejercicio de prerrogativas de poder público y de deberes vinculados a la protección de los intereses generales del Estado o de otras autoridades públicas. Por ello, supone en aquellos que lo desempeñan la existencia de una relación especial de lealtad al Estado y de una reciprocidad de derechos y prerrogativas que conforman la base del vínculo de nacionalidad. El hecho de que los capitanes sean contratados por una persona física o jurídica privada no es por sí solo suficiente para excluir la aplicación del apartado 4 del artículo 39 del Tratado CE, pues está establecido que, para desempeñar las funciones públicas que en ellos se delegan, los capitanes actúan como representantes de la autoridad pública al servicio de los intereses generales del Estado cuya bandera enarbola el buque. Sin embargo, la aplicación de la excepción al principio de libre circulación de los trabajadores prevista en el apartado 4 del artículo 39 del Tratado CE no puede justificarse exclusivamente por el hecho de que la legislación nacional conceda prerrogativas de poder público a los titulares de tales cargos. También es necesario que dichas prerrogativas se ejerzan efectivamente de forma habitual y no representen una parte muy reducida de sus actividades. El Tribunal también estableció que el requisito de nacionalidad no puede justificarse en virtud del apartado 3 del artículo 39 del Tratado CE: a este respecto, baste recordar que el derecho del Estado miembro a restringir la libre circulación de las personas por razones de orden público, seguridad o salud pública no tiene el objetivo de sustraer sectores económicos, como la pesca, o cargos, como el de capitán de buque pesquero, de la aplicación de aquel principio en el acceso al empleo, sino el de permitir que los Estados miembros puedan denegar la entrada en su territorio o el derecho a residencia en él a personas cuya entrada o residencia constituiría por sí solas un peligro para el orden público, la seguridad o la salud pública. Con referencia a la pregunta escrita E-1022/02, formulada, entre otros, por Sus Señorías, la Comisión desearía señalar que el apartado 4 del artículo 39 del Tratado CE no obliga a los Estados miembros a reservar determinados cargos a sus propios ciudadanos, sino que prevé la posibilidad de que se haga si se cumplen las condiciones. Por ello, las normas que adoptan los Estados miembros pueden presentar, en ciertos aspectos, diferencias de aplicación. En relación con el punto 5 de la pregunta escrita E-1022/02, la Comisión quisiera indicar que es consciente de que en algunos Estados miembros hay una gran escasez de capitanes. La Comisión confía en que, sobre la base de las sentencias del Tribunal, esta situación mejore gracias a la movilidad transfronteriza. Por lo que respecta a la pregunta escrita E-2069/01, de la Sra. Martens, entre otros, la Comisión ha de subrayar que, muy recientemente, fue informada de un nuevo problema relacionado con el reconocimiento de los diplomas de capitán de navío. La Comisión evaluará esta cuestión a la vista de la información adicional solicitada. Si Sus Señorías disponen de más datos al respecto, les rogamos los transmitan a la Comisión.