PREGUNTA ESCRITA P-1250/03

de Herman Schmid (GUE/NGL) a la Comisión

(26 de marzo de 2003)

Asunto: AGCS Liberalización del agua potable

El 6 de febrero de 2003, la UE elaboró una propuesta de oferta inicial destinada a mejorar el acceso a los mercados. Esta solicitud se envió a 109 países, de los cuales 94 eran países en desarrollo, en el marco de Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).

Con arreglo a la propuesta de oferta inicial, la UE no pretende liberalizar el agua potable en el marco del AGCS.

No obstante, el contenido de las 109 solicitudes revelaba que se pedía a países como, por ejemplo, Bangladesh que llevasen a cabo la apertura de sus mercados para el suministro de agua potable. El Instituto Polaris del Canadá hizo públicas las solicitudes (http://www.polarisinstitute.org/gats/main.html).

¿Cómo explica la Comisión que sus declaraciones públicas (véase más adelante) así como la propuesta de oferta inicial y la solicitud enviada (a la que se había dado un trato confidencial sin someterla a supervisión pública) tengan un contenido fundamentalmente distinto en lo que se refiere a las intenciones de la Comisión en el AGCS?

Las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) se refieren a la apertura del comercio de servicios y no a la desregulación de los servicios, muchos de los cuales están estrictamente regulados por razones de sobra justificadas, como asegurar la calidad y la igualdad de acceso a los servicios públicos, así como la cohesión social y territorial (prólogo del Comisario de comercio, Pascal Lamy, en el documento que sirve de base para la consulta de la sociedad civil).

¿Es consciente la Comisión de que la apertura del mercado para el agua potable podría violar el derecho a la vida recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Cómo puede garantizar la Comisión que no se violará el derecho a la vida si se priva a las personas de un acceso equitativo al agua?

Finalmente, ¿considera la Comisión que el AGCS es de rango superior a la Declaración Universal de Derechos Humanos?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(25 de abril de 2003)

En el marco de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC)/Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), la Comunidad ha presentado a sus socios comerciales varias solicitudes de mejora del acceso a los mercados ofrecido a los proveedores de servicios europeos. La mayoría de las solicitudes, incluidas las dirigidas a los países en desarrollo, comprenden los servicios de distribución de agua y la gestión de las aguas residuales.

Las solicitudes de la Comunidad son coherentes con la política general comunitaria relativa al agua, y la Comisión no ha ocultado sus objetivos. En el resumen de las solicitudes publicado por la Comisión en julio de 2002 se indica claramente que la Comunidad solicita acceso a los mercados para los servicios de captación, purificación y distribución de agua.

Por lo que respecta al agua, es importante destacar que las solicitudes de la Comunidad relativas a la distribución de agua no minan ni limitan de ninguna manera la capacidad de los gobiernos anfitriones de reglamentar el sector. Aunque un gobierno decida abrir los servicios de distribución de agua a la participación del sector privado, ello no significa que no pueda aplicar políticas nacionales orientadas al logro de objetivos de política social.

Habida cuenta de la elevada cuantía de las inversiones que deben realizarse en las infraestructuras hídricas, cada vez es mayor el convencimiento de que debe asociarse al sector privado a los esfuerzos realizados por los gobiernos y la sociedad civil para mejorar los servicios de suministro de agua y saneamiento, en particular en los países más pobres. La liberalización del comercio de los servicios vinculados al agua en el marco de la OMC podría servir de instrumento para facilitar las inversiones en infraestructuras, reforzar las capacidades de gestión del agua y fomentar el desarrollo tecnológico, teniendo en cuenta las capacidades administrativas y el marco reglamentario de los países en desarrollo.

Evidentemente, toda reforma del suministro de agua que conlleve una participación del sector privado, en particular mediante posibles compromisos suscritos de conformidad con el AGCS en este sector, debe prestar especial atención al establecimiento de un marco reglamentario adecuado que permita garantizar un acceso equitativo al agua.

No obstante, las solicitudes presentadas por la Comunidad en el marco del AGCS no socavan ni limitan de manera alguna la capacidad de los gobiernos para regular la gestión del agua y su distribución entre los usuarios, elegir el método más adecuado de participación del sector privado o establecer políticas de precios equitativas y garantizar a la población pobre la asequibilidad de los recursos. La Comunidad ha proporcionado y seguirá proporcionando apoyo a los países en desarrollo a este respecto, mediante el suministro de asistencia técnica.