PREGUNTA ESCRITA E-3728/97 de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) a la Comisión (21 de noviembre de 1997)

Asunto: SPG - Pacto Andino y Mercado Común de América Central: Fraudes por origen y avales

Se sabe que se han detectado fraudes en los certificados de origen en importaciones de atún procedente de terceros países como Colombia y Costa Rica por parte de empresas comunitarias.

¿Por qué, si se consideran los Gobiernos de los países exportadores como delegados de la Comisión y son ellos los que emiten dichos certificados, que incluso llevan papel oficial, se carga sobre las empresas importadoras dicha ilegalidad, cuando éstas actúan de buena fe suponiendo que los certificados que un organismo oficial de un país autorizado les otorga son correctos?

¿No considera esto injusto la Comisión?

¿Por qué, por otro lado, no todos los Gobiernos comunitarios tratan del mismo modo este asunto cuando son sus empresas las afectas: mientras algunos no exigen aval por estas importaciones en cuanto no esté resuelta la investigación, otros sí lo hacen, situando a sus empresas en una situación de clara desventaja frente a sus competidores?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (18 de febrero de 1998)

La problemática planteada por Su Señoría es el gran problema del funcionamiento de los regímenes arancelarios preferenciales. A este respecto, la Comisión recuerda que a finales de julio de 1997 adoptó en esta materia una Comunicación ((COM(97)402 final. )) al Consejo y al Parlamento.

Los problemas específicos de la buena fe y de la uniformidad de la acción de los Estados miembros en materia de recaudación encuentran una respuesta precisa en dicha Comunicación. Por lo que se refiere a la buena fe, la Comisión debe atenerse, como es obvio, a las conclusiones del Tribunal de Justicia en el sentido de que la confianza en la validez de un certificado de origen no está, normalmente, protegida. Esto quiere decir que la validez puede impugnarse si, por ejemplo, la mercancía a la que se refiere el certificado de origen no ha sido obtenida de conformidad con los criterios de origen. Del mismo modo, cualquiera que sea el grado de fiabilidad de las autoridades emisoras de los certificados de origen en un tercer país, la posibilidad de oponerse a esta validez sigue siendo necesaria para el caso de que se produzca un fraude con posterioridad a la expedición del certificado (por ejemplo, presentación a la importación en la Comunidad de una mercancía distinta de la exportada). Estos aspectos, entre otros, constituyen para el Tribunal de Justicia un riesgo comercial normal ((Asunto Van Gend & Loos NV; Asuntos acumulados 98 y 230/83; Sentencia del TJCE de 13.11.1984. Véase también Faroe Seafood - Asuntos acumulados C 153/94 y C 204/94 - Sentencia de 14.5.1997. )).

En cuanto a la cuestión de las acciones de los Estados miembros efectuadas sin la necesaria homogeneidad, ello se debe a que la Comunidad no dispone de una administración aduanera única. La Comisión intentará mejorar la situación en el marco de un acto horizontal o en el marco de la Decisión no 210/97/CE del Parlamento y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, por la que se adopta un programa de acción para las aduanas en la Comunidad («Aduana 2000») ((DO L 33 de 4.2.1997. )).