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PREGUNTA ESCRITA E-2867/95 de Lissy Gröner (PSE) al Consejo (26 de octubre de 1995)

Asunto: Situación de la Escuela Europea de Bruselas II en Woluwe

El 4 de julio de 1995, los servicios de seguridad del cuerpo de bomberos de Woluwe St. Lambert realizaron una inspección en la Escuela Europea de Bruselas II y constataron carencias en materia de seguridad en los edificios de secundaria y primaria: entre otras cosas, un exceso de ocupación de hasta un 100% (hasta 420 personas de más por piso en el edificio de secundaria y hasta 120 personas de más por piso en el edificio de primaria)

1. ¿Quién es el responsable y el que adopta decisiones en la Unión Europea sobre la ocupación de los edificios escolares (número de alumnos, número de aulas, secciones lingüísticas) y cuál es la institución jurídicamente responsable del cumplimiento de las normas de seguridad?

2. ¿Hasta qué punto las decisiones políticas de las instancias europeas (por ejemplo, el Consejo Superior de las Escuelas Europeas) se adoptan previa consulta a las autoridades responsables del cumplimiento de las normas de seguridad en la escuela? ¿Existen normas jurídicamente vinculantes en materia de seguridad? En caso afirmativo, ¿cuáles?

3. ¿Quién sería jurídicamente responsable de las consecuencias fatales que pudieran ocurrir como resultado de normas de seguridad insuficientes?

4. ¿A qué órgano de control político democrático está supeditado el Consejo Superior de las Escuelas Europeas como órgano de decisión?

Respuesta (20 de mayo de 1996)

El Consejo Superior de las Escuelas Europeas aplica el Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, firmado el 12 de abril de 1957 por los primitivos Estados miembros de la Comunidad, así como los protocolos establecidos por referencia a dicho Estatuto.

El citado organismo adopta las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de las escuelas y, en el caso de las Escuelas Europeas sitas en Bélgica, y de conformidad con el artículo 28 del Estatuto, negocia con el Gobierno de ese país todos los acuerdos complementarios destinados a garantizar las mejores condiciones materiales y morales de funcionamiento de dichas escuelas. Esas conversaciones deberían desembocar lo antes posible en una solución satisfactoria para todas las partes.

La Comisión representa a la Comunidad tanto en el Consejo Superior como en el Consejo de Administración de cada una de las escuelas y a ella deben dirigirse las preguntas relativas al funcionamiento de la escuela de Woluwé.
PREGUNTA ESCRITA E-3670/02

de Joan Vallvé (ELDR) a la Comisión

(18 de diciembre de 2002)

Asunto: Coste de la eliminación de residuos generados en la cadena de sacrificio de los animales

¿Qué tratamiento lleva a cabo cada Estado miembro para la eliminación de residuos (huesos) que se generan en la cadena de sacrificio de los animales desde que se sufrió la crisis de las vacas locas? El Estado español obliga al productor a repercutir unos costes en la factura que se trasladan hasta el consumidor y, por lo tanto, es este último quien acaba por asumir el coste traducido en un incremento de precio, siendo así el consumidor final quien financia la eliminación de estos residuos.

Parece ser que hay algún Estado de la Unión Europea que asume directamente este coste de eliminación de residuos, lo cual supondría una ventaja comparativa para los productores de aquellos Estados respecto a los productores del Estado español, ya que en algunas importaciones del mercado interior no se trasladan estos costes, causando así un agravio comparativo entre Estados miembros.

¿Puede decir la Comisión si existe algún tipo de legislación a nivel de la Unión Europea que obligue a actuar de la misma manera a todos los Estados miembros o, por el contrario, si esto es competencia de los Estados?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(29 de enero de 2003)

La legislación comunitaria(1) impone actualmente que los materiales especificados de riesgo se extraigan en los mataderos y las salas de despiece. No obstante, los Estados miembros pueden decidir autorizar la extracción de la columna vertebral de las canales o de partes de las canales en carnicerías autorizadas, controladas y registradas específicamente con este fin.

La Comisión, de acuerdo con las Directrices comunitarias sobre la concesión de ayudas estatales en relación con las pruebas de detección de la EET, el ganado muerto y los residuos de los mataderos(2), y tras su entrada en vigor (el 1 de enero de 2003), no autorizará ayudas estatales destinadas a cubrir los costes relacionados con la eliminación de los residuos de los mataderos producidos.

No obstante, con carácter excepcional y con el fin de permitir al sector de la carne de integrar gradualmente los costes más elevados derivados de la implantación de la legislación vinculada a la EET, la Comisión autorizará ayudas estatales que podrán llegar hasta el 50 % de los costes de la eliminación sana de los materiales especificados de riesgo y de las harinas de carne y huesos sin utilización comercial producidos en 2003.

Por el mismo motivo, la Comisión autorizará ayudas estatales que podrán llegar hasta el 100 % de los costes de la eliminación de los materiales especificados de riesgo y de las harinas de carne y huesos sin utilización comercial producidos hasta la entrada en vigor de las directrices.

(1) Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles, DO L 147 de 31.5.2001.

(2) DO C 324 de 24.12.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-2795/02

de Jan Dhaene (Verts/ALE) a la Comisión

(4 de octubre de 2002)

Asunto: Semana Europea de la Movilidad y Día Europeo sin Coche

El 22 de septiembre de 2002 se celebró en 1300 ciudades y municipios europeos el Día Europeo sin Coche. Esta campaña se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad. En este momento todavía no ha terminado la evaluación del proyecto pero de los medios de comunicación y de las reacciones de distintos afectados se desprende que la iniciativa fue un gran éxito. Por ejemplo, toda la Región de Bruselas quedó libre de coches. Esta iniciativa mereció muchas alabanzas y sólo hubo una escasa oposición.

- ¿Qué va a hacer la Comisión con la evaluación de esta Semana Europea?

- ¿Cuánto le cuestan a la Comisión la Semana Europea de la Movilidad y el Día Europeo sin Coche?

- ¿Piensa la Comisión aumentar este importe en el futuro?

- ¿Piensa la Comisión en seguir ampliando el concepto de la campaña a una Semana Europea sin Coche o a unos Días Europeos sin Coche más frecuentes (mensuales o trimestrales)?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(11 de noviembre de 2002)

La evaluación de la edición 2002 del día europeo sin coche y de la semana europea de la movilidad se realiza en colaboración con los representantes de los Estados miembros, las redes de ciudades, las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones europeas que apoyan y llevan a cabo esta iniciativa con la Comisión.

Ya se pueden consultar en las páginas en Internet de la iniciativa los resultados de una encuesta efectuada en cuatro de las ciudades que han organizado la semana: www.mobilityweek-europe.org.

El coste principal de la semana europea de la movilidad es de 551 573 EUR y cubre una subvención de 28 meses que empezó el 1 de enero de 2002. El lanzamiento de la primera semana europea de la movilidad, que tuvo lugar el 16 de septiembre de 2002 en el Parque del Cincuentenario de Bruselas y fue organizado por la Comisión, costó aproximadamente 12 000 EUR.

El día europeo sin coches no supone coste directo alguno para el presupuesto comunitario, ya que lo organizan las autoridades locales, nacionales y otros interesados de los 37 países que participan.

No se ha tomado ninguna decisión sobre la financiación de esta iniciativa después de abril de 2004.

Teniendo en cuenta que el rumbo exacto de esta iniciativa lo definen todos los que la componen basándose en las evaluaciones de cada uno de ellos, no se dispone aún de una respuesta a la última parte de la pregunta de Su Señoría. Sí que se han fijado las fechas de la semana europea de la movilidad de 2003: 15 al 23 de septiembre.
PREGUNTA ESCRITA E-1280/01

de Esko Seppänen (GUE/NGL) al Consejo

(4 de mayo de 2001)

Asunto: Movilización de la fuerza destinada a la gestión de crisis

El Consejo Europeo decidió la creación, a más tardar en 2003, de la denominada fuerza de reacción rápida destinada a la gestión de crisis. En opinión del Consejo, ¿qué institución tomará la decisión de desplegar esta fuerza y por orden de quién?

Respuesta

(21 de noviembre de 2001)

El Objetivo Principal, comunicado en el Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de 1999, establece un objetivo acordado de capacidades voluntarias con el fin de garantizar las capacidades

efectivas a todo el conjunto de misiones de Petersberg. Este objetivo está encaminado a la disposición de fuerzas militares autónomas de hasta 15 brigadas de 50 000 ó 60 000 personas, que puedan ser movilizadas a los 60 días del aviso por un año y disponibles desde 2003. Como ya se ha venido observando en las sucesivas conclusiones de los Consejos Europeos, estas capacidades (la denominada Fuerza de Reacción Rápida) no constituyen un modelo de Ejército Europeo. La decisión de participar en una misión sigue siendo decisión soberana de cada Estado miembro.

Además de las capacidades de gestión de crisis militar y a tenor del mandato del Consejo Europeo de Feira, la UE está también desarrollando capacidades en el ámbito de la gestión civil de crisis. Para 2003, los Estados miembros deberán, entre otras cosas, poder facilitar hasta 5 000 agentes de policía para misiones internacionales en operaciones de prevención de conflictos y de gestión de las crisis, y con dicho objetivo global, poder seleccionar y movilizar, en 30 días, hasta 1 000 agentes de policía.

Las decisiones de despliegue de fuerzas armadas para la gestión de crisis en operaciones militares bajo mando de la UE, con o sin utilización de recursos de la OTAN, corresponden al Consejo con arreglo al artículo 23 del Tratado de la Unión Europea.

El Consejo también nombra al comandante de la operación. En todos los casos, incluidos el de una operación que requiera recursos y capacidades de la OTAN e incluida igualmente la elección de la totalidad o de parte de la cadena de mando (ej.: comandante de la operación, comandantes de las fuerzas), la cadena de mando al completo permanece en todo momento bajo el control político y la dirección estratégica del Consejo o de los órganos del Consejo (Comité Político y de Seguridad).

A cada Estado miembro le corresponde decidir si aporta o no tropas a cada una de las operaciones concretas de gestión de crisis.
PREGUNTA ESCRITA E-2235/01

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(26 de julio de 2001)

Asunto: Legislación sobre seguridad social

¿Podría indicar la Comisión si en los Estados miembros, Reino Unido aparte, existen disposiciones equivalentes relativas a las prestaciones a percibir por los trabajadores cuando reúnan las condiciones para trabajar, estén en disposición de trabajar y busquen trabajo de manera activa?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(6 de septiembre de 2001)

Las prestaciones de desempleo existen en todos los Estados miembros, aunque varían los criterios para su concesión. El capítulo 10 de MISSOC, el Sistema de Información Mutua sobre Protección Social en la Comunidad(1) de la Comisión, recoge una descripción exhaustiva de los criterios utilizados por cada Estado miembro.

Los dos primeros criterios para la concesión de prestaciones a los que hace referencia Su Señoría, a saber, reunir las condiciones para trabajar y estar dispuesto a trabajar se aplican en casi todos los Estados miembros. Sin embargo, la aplicación del tercer criterio mencionado, a saber, buscar trabajo de manera activa, varía de un Estado a otro (por ejemplo, en Irlanda se aplica de acuerdo con el concepto de búsqueda efectiva de empleo, mientras que en otros Estados miembros, como Bélgica, debe estar registrada en la oficina de empleo).

(1) http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc2000/index_chapitre10_en.htm.
PREGUNTA ESCRITA P-3835/98

de Gerhard Hager (NI) a la Comisión

(7 de diciembre de 1998)

Asunto: Concentración parcelaria

En la actualidad, se están llevando a cabo en Austria procedimientos de concentración parcelaria y de ordenación territorial, entre otras, en una región de Natura 2000 (No AD 1201000/No AD 1201A00 - Raabe an der Thaya), con el objetivo de aumentar la producción. Según las informaciones de que dispongo, existen numerosas razones para considerar esta ordenación territorial incompatible con las directivas de la UE vigentes (Directiva 79/409/CEE, relativa a la protección de las aves(1) y Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres). Las autoridades competentes justifican la legalidad de su proceder remitiéndose a la ley sobre el régimen agrario vigente en la Baja Austria.

¿Tiene la Comisión conocimiento de esta situación?

En caso afirmativo, ¿qué medidas ha emprendido al respecto?

En caso negativo, ¿qué medidas piensa adoptar?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(13 de enero de 1999)

La Comisión está al corriente de estos hechos. Se ha recibido una denuncia que está estudiándose. El denunciante será debidamente informado.

(1) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA E-2163/98

de Ian White (PSE) a la Comisión

(13 de julio de 1998)

Asunto: Indemnización por pérdida del equipaje

Parece que el Convenio de Varsovia de 1929 ayuda a las compañías aéreas a eludir sus responsabilidades en materia de indemnización a los pasajeros en caso de pérdida del equipaje. Aparentemente, este hecho se ha agravado en el Reino Unido por la Ley de transporte aéreo de 1979, que fija la responsabilidad del transportista en 17 derechos de giro especiales por kilo para las reclamaciones de indemnización resueltas después del 1 de diciembre de 1997, de forma que el importe abonado por el peso calculado en kilos cubre poco más que el coste de la maleta perdida y que las posibilidades de recurso de los pasajeros contra la compañía aérea de que se trate son totalmente inadecuadas.

¿Tiene la Comisión algún plan para solucionar esta cuestión?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(30 de septiembre de 1998)

La Comisión está de acuerdo en que el actual sistema de responsabilidad en caso de pérdida de equipaje o mercancías es obsoleto y excesivamente complicado. Varios intentos por actualizar el Convenio de Varsovia de 1929 se han visto frustrados, principalmente debido a que nunca se ha llegado al número suficiente de signatarios para ratificar el denominado protocolo de Montreal no 4.

La Organización de la Aviación Civil Internacional está preparando en la actualidad un nuevo proyecto de convenio para la unificación de determinadas normas para el transporte aéreo. En tal proyecto se incluyen las mercancías y equipajes y la Comisión opina que es necesario esperar a los resultados de este trabajo antes de pasar a valorar la necesidad de nueva legislación comunitaria en la materia.
PREGUNTA ESCRITA P-4070/98

de John Cushnahan (PPE) a la Comisión

(4 de enero de 1999)

Asunto: Etiquetado engañoso

¿Es la Comisión consciente de que se están importando a Irlanda en gran cantidad productos a base de carne de ave y de cerdo que se hacen pasar por irlandeses mediante un etiquetado inadecuado y engañoso? ¿Querría la Comisión investigar este asunto?

Respuesta de la Sra. Bangemann en nombre de la Comisión

(29 de enero de 1999)

La Comisión no dispone de información sobre los hechos mencionados por Su Señoría.

La Directiva 79/112/CEE del Consejo de 18 diciembre de 1978(1), relativa al etiquetado de los productos alimenticios, establece en su artículo 2 que el etiquetado de los productos alimenticios no debe ser de tal naturaleza que induzca a error al comprador, en particular, sobre el origen o la procedencia de los productos. La aplicación de esta disposición compete a los organismos de control de los Estados miembros, por lo que la realización de los controles oportunos, en el caso que nos ocupa, corresponde a las autoridades irlandesas.

(1) DO L 33 de 8.2.1979.
1.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 58 del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, los Estados miembros pueden decidir aplicar el régimen de pago único (RPU) a nivel regional a más tardar el 1 de agosto del año que precede al primer año de aplicación del RPU. En estos momentos, la Comisión no sabe exactamente bajo qué condiciones los Estados miembros aplicarán el régimen de pago único a nivel regional. La Comisión tampoco puede indicar el importe de las primas por hectárea previstas para los nuevos Estados miembros en la etapa actual. Los pagos transitorios del régimen de pago único por superficie se definen como el presupuesto total para los pagos directos en un año dividido por la superficie con derecho a ayuda. Aún no se han establecido ni las dotaciones nacionales ni las superficies subvencionables en virtud del régimen de pago único por superficie.
1.

Actualmente, la Comisión no tiene competencias para intervenir en casos individuales referentes al traslado de solicitantes de asilo de los Países Bajos. Las dos propuestas de Directivas que serían pertinentes todavía no han sido adoptadas por el Consejo (la Directiva sobre normas mínimas para el procedimiento de asilo y la Directiva sobre la cualificación como refugiado o como persona que necesita protección internacional). Dado que estas propuestas de legislación comunitaria todavía no se han adoptado o no están en vigor, la Comisión no puede examinar si el principio de no devolución sería pertinente en los casos individuales.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/922

(2004/C 84 E/1019)

PREGUNTA ESCRITA E-0952/04

de Benedetto Della Vedova (NI) a la Comisión

(29 de marzo de 2004)

Asunto: Procedimiento previsto en el artículo 24 del Reglamento (CEE) no 4253/88

En 1999, el Ministerio de Trabajo italiano emitió contra un organismo de formación, a raíz del inicio de un proceso penal contra un antiguo administrador y en relación con hechos que se remontaban al período 1991-92, no inherentes a la actividad de formación de dicho organismo, un decreto de suspensión de la financiación de algunos programas formativos Eos, Now, Adapt y Youthstart, a la espera de los resultados de dicho proceso (procedimiento previsto en el artículo 24 del Reglamento (CEE) no 4253/88 (1)).

El organismo en cuestión interpuso un recurso ante el Tribunal Administrativo Regional y, posteriormente, ante el Consejo de Estado contra dicha decisión ministerial, pero dicho recurso no se admitió a trámite, al considerarse que el Ministerio no había «anulado las disposiciones de concesión, sino que se había reservado el derecho a hacerlo a la conclusión del proceso penal».

Posteriormente, el antiguo administrador fue absuelto mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por lo que el organismo solicitó al Ministerio la autorización necesaria para iniciar la puesta en marcha de los proyectos y el desbloqueo de la financiación correspondiente. El Ministerio respondió que, a pesar de la absolución del administrador, no tenía la obligación de autorizar la celebración del nuevo convenio y, por tanto, el inicio de la actividad.

En cualquier caso, el procedimiento previsto en el artículo 24 del Reglamento (CEE) no 4253/88 no resulta efectivamente demasiado claro, ya que, de hecho, cuando las circunstancias que han determinado la suspensión en cuestión cesan de tener efecto (como, en este caso, gracias a la absolución del imputado), no se sabe muy bien cual es el procedimiento a seguir para reemprender la actividad (o la celebración de un convenio sobre el desarrollo de la misma) y liberar los fondos bloqueados.

¿Sabe la Comisión

1. si, además de los fondos, se puede reactivar también la actividad congelada?

2. ¿Qué procedimiento se prevé para celebrar un nuevo convenio si se había emitido un decreto de suspensión tanto de la celebración de dicho convenio como de la financiación correspondiente?

Respuesta del Sr. Dimas en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La decisión de conceder una subvención es competencia de la autoridad designada en Italia (de conformidad con los reglamentos comunitarios y con el programa operativo aprobado por la Comisión, y de conformidad con la legislación italiana). El caso que plantea Su Señoría se refiere a una acción seleccionada por la autoridad designada que gestiona el proyecto en Italia. Por consiguiente, para conseguir el desbloqueo de los fondos o la reanudación de las actividades es preciso dirigirse a la autoridad designada en Italia.

La Comisión puede facilitar a Su Señoría la dirección y el teléfono de dicha autoridad.

(1) DO L 374 de 31.12.1988, p. 1.
3.

Estaba previsto que el Consejo se pronunciara sobre esta cuestión y la Comisión no puede sino lamentar que no se adoptara una decisión al respecto el 3 de diciembre de 2003. No obstante la Comisión mantiene su propuesta ante el Consejo.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/654

(2004/C 84 E/0738)

PREGUNTA ESCRITA P-0688/04

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(4 de marzo de 2004)

Asunto: Aplicación del apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 1788/2003

Por razones operativas, de transparencia y de control, las organizaciones representativas de los productores de leche de Azores han exigido que la reasignación de la parte no utilizada de la cantidad de referencia no se calcule únicamente por cada comprador y a escala nacional, sino también a escala intermedia, por regiones.

¿Considera la Comisión que esta solicitud está en contradicción con «los criterios objetivos» a que hace referencia en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1788/2003 (1)?

¿Puede indicar la Comisión si tiene conocimiento de algunos casos en que el Estado miembro recurra a ese paso intermedio en la posible reasignación de las cantidades de referencia?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(1 de abril de 2004)

El apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 1788/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos, establece de forma explícita dos vías de redistribución de las partes no utilizadas, una exclusivamente a escala nacional, y la otra primeramente por comprador y, seguidamente, en su caso, a escala nacional. Esto excluye definitivamente la escala regional.

El hecho de no contemplarse el nivel regional en el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 1788/2003 se explica por razones de buena gestión administrativa y por el objetivo de no fragilizar la posición del comprador.

Y es que, en el sector de las entregas, se ha decidido encomendar una responsabilidad central al comprador en la gestión de las operaciones de declaración de recogida y percepción de la tasa suplementaria. Esta es la razón por la que el reparto de las cantidades no utilizadas puede realizarse a nivel del comprador.

Esta construcción, por lo tanto, no es compatible con una gestión regionalizada. Las zonas de recogida de los compradores no son necesariamente idénticas a las fronteras regionales, un comprador puede recoger leche de varias regiones.

(1) DO L 270 de 21.10.2003, p. 123.