PREGUNTA ESCRITA E-1816/01

de Antonio Di Pietro (ELDR) al Consejo

(21 de junio de 2001)

Asunto: Declaración sobre el déficit público italiano en el Consejo de los días 2 y 3 de mayo de 1998

Desde 1993 diversas fuentes cualificadas, como el Osservatorio Immobiliare Nomisma (Bolonia), Scenari Immobiliari y Reddy's Group (Milán), han venido señalando que en Italia se ha producido una continua e importante pérdida de valor de mercado de los activos inmovilizados en inmuebles, tanto comerciales como residenciales.

La Cuarta Directiva 78/660/CEE(1), si bien no establece un método específico de cálculo de los valores inmobiliarios, como reconoce el Comisario Bolkestein en la respuesta a la pregunta P-0729/01(2), consagra la obligación de corregir el valor de primera consignación en el balance de terrenos y construcciones cuando el valor del inmueble en la fecha de cierre del ejercicio resulte inferior al valor de primera consignación neto de amortizaciones.

Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en algunos Estados miembros como en el Reino Unido y en Irlanda mediante el RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), en Italia no se ha adoptado ningún método oficial ni existe ningún organismo independiente que esté autorizado a facilitar a una empresa el valor actualizado y válido desde el punto de vista fiscal con respecto a terrenos y edificios de su propiedad. De hecho, la pérdida de valor apuntada por los observadores mencionados anteriormente no puede registrarse en la contabilidad bajo Otras devaluaciones de las inmovilizaciones, puesto que no se reconoce desde el punto de vista fiscal. De hecho, la Cuarta Directiva CEE no se ha aplicado en Italia.

Así pues, desde 1993 y sin solución de continuidad, la renta imponible de las empresas italianas que poseen inmuebles se determina de manera no conforme con la normativa vigente (artículo 2426 del Código Civil) y, además, su importe es superior a la obtenida realmente.

La consecuencia de esta situación es que la imposición fiscal ejercida por el Estado italiano, en términos corrientes y con respecto a las empresas nacionales desde 1993, resulta parcialmente ilegítima y que la recaudación fiscal global que se obtendría si se volviera a una situación de plena legalidad sería claramente inferior a la declarada, lo que pondría en evidencia un déficit público más importante.

¿Podría confirmar el Consejo que formuló conscientemente y con pleno conocimiento de los hechos mencionados anteriormente su declaración en el marco del Consejo Ecofin y del Consejo de la Unión Europea de los días 2 y 3 de junio de 1998, según la cual el déficit público italiano no resultaba excesivo?

(1) DO L 222 de 14.8.1978, p. 11.

(2) DO C 235 E de 21.8.2001, p. 243.

Respuesta

(26 de noviembre de 2001)

El Consejo adoptó, de conformidad con el apartado 4 del artículo 109 J del Tratado, la Decisión de 3 de mayo de 1998 (98/317/CE), en donde se estipula que Italia no es objeto de una Decisión del Consejo relativa a la existencia de un déficit público excesivo. La Decisión se adoptó teniendo en cuenta, entre otras cosas, el informe de la Comisión, el informe del Instituto Monetario Europeo y el dictamen del Parlamento Europeo.