PREGUNTA ESCRITA P-2534/01

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(11 de septiembre de 2001)

Asunto: Encauzamiento de los barrancos de Poyo, Torrent, Chiva y Pozalet (Valencia)

El pasado mes de julio, las autoridades valencianas procedieron a la publicación de la convocatoria del acto de levantamiento de actas previas a la ocupación del expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras del Proyecto de restitución y adaptación de los cauces naturales de los barrancos Poyo, Torrent, Chiva y Pozalet (Valencia).

Las consecuencias negativas para el medio ambiente que la realización de dicho proyecto implicará ya han sido ampliamente denunciadas ante la Comisión Europea a través de la pregunta E-1059/00(1), presentada por esta diputada, y las denuncias 99/4430 y 99/4494, tramitadas ante la Comisión por las asociaciones y colectivos contrarios al proyecto.

Con fecha de hoy, las alegaciones y quejas presentadas ante el organismo comunitario siguen sin respuesta. Sólo se tiene conocimiento de que la Comisión, no satisfecha con una primera respuesta de las autoridades españolas, se había dirigido nuevamente a las mismas para solicitar más información.

Teniendo en cuenta la necesidad de proteger urgentemente la zona de especial protección para las aves Albufera de Valencia, propuesta además como zona LIC por las mismas autoridades españolas, así como el reconocimiento, por parte de la Comisión Europea, de una efectiva violación cometida por el Reino de España a los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE(2), al no haberse sometido el proyecto de encauzamiento de los barrancos a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, ¿podría informar la Comisión del estado en que se encuentran las denuncias 99/4430 y 99/4494?

¿Qué medidas de carácter urgente piensa emprender la Comisión para asegurar el cumplimiento de las directivas comunitarias y la protección efectiva de las especies amenazadas por el proyecto?

¿No considera la Comisión que debería solicitar a las autoridades españolas la paralización del proyecto actual que se beneficia del Fondo de Cohesión a través del expediente 98.11.61.012 hasta que se asegure que el proyecto de encauzamiento que se realiza, caso de que éste fuera necesario, no conlleva perjuicio alguno para el medio ambiente?

(1) DO C 46 E de 13.2.2001, p. 114.

(2) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(8 de octubre de 2001)

La Comisión tuvo conocimiento de los hechos evocados por Su Señoría a través de las denuncias 99/4430 y 99/4494 mencionadas en la pregunta escrita.

En el marco de la instrucción de dichas denuncias, la Comisión se ha dirigido a las autoridades españolas en varias ocasiones para solicitar sus observaciones sobre los hechos denunciados. A falta de respuesta en el tiempo marcado, la Comisión envió a España una carta de requerimiento con arreglo al artículo 10 (antiguo artículo 5) del Tratado CE.

Las autoridades españolas enviaron entonces una respuesta de la que se desprende que no han tenido en cuenta que el proyecto afectará a 6 230 metros de la zona de protección especial para los pájaros (ZPE), que además es un sitio de interés comunitario propuesto por las autoridades españolas para su inclusión en la Red Natura 2000 (pSIC ES00023 Albufera de Valencia).

Las autoridades españolas no han tenido en cuenta en su estudio de evaluación del impacto la significativa incidencia del proyecto en la ZPE, tal y como lo exige el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 92/94/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres(1). En el lugar existen seis tipos de hábitats diferentes del Anexo I de la Directiva mencionada. Estos tipos de hábitats y varias especies de la ZPE se verán afectados por el proyecto. De este modo, los hábitats de agua dulce se verían eliminados por los oleajes de aguas de gran extensión y el aporte de agua al lago Albufera se vería modificado como consecuencia de la canalización.

Se envió una carta de requerimiento a las autoridades españolas (mala aplicación de la Directiva 92/43/CEE). En su última respuesta las autoridades españolas informaron de que a raíz del informe realizado por la Confederación hidrográfica del Júcar, decidieron realizar una nueva declaración de impacto con el fin de modificar el proyecto para evitar los impactos negativos y señalaron que la autorización para la construcción de la primera fase del proyecto queda suspendida. La respuesta de las autoridades españolas, bastante técnica, y los nuevos datos aportados por Su Señoría están siendo analizados en la actualidad con el fin de decidir el curso a dar a este asunto.

El proyecto Restitución y adaptación de cauces naturales de los Barrancos Poyo, Torrente, Chiva y Pozalet, cofinanciado a través de los Fondos de Cohesión y objeto de la Decisión C(1999) 2161 de 20 de julio de 1999, ha sido objeto recientemente de una suspensión de pagos a la espera de la resolución del procedimiento abierto con arreglo al artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE. Si la instrucción de este procedimiento llevara a la confirmación del no respeto de la legislación comunitaria aplicable, la Comisión procedería a la supresión de la ayuda y a la recuperación de los importes pagados.

(1) DO L 206 de 22.7.1992.