PREGUNTA ESCRITA E-1751/99

de Herbert Bösch (PSE) a la Comisión

(1 de octubre de 1999)

Asunto: Caso Fléchard ¿Existen todavía otros casos semejantes en la Comisión?

En el llamado caso Fléchard, un fraude en relación con la exportación de mantequilla a la antigua Unión Soviética, funcionarios de la Comisión hicieron, violando el Derecho comunitario en vigor, que la fianza que en realidad debía abonarse como sanción se redujera de 17,6 M a 3 M. El Gabinete del entonces Presidente de la Comisión, Sr. Delors, se encargó de la gestión de este asunto. En sus cartas de 28 de julio de 1999 y 27 de agosto de 1999 dirigidas al ponente competente de la Comisión de Control Presupuestario, el Comisario Fischler no respondió claramente a la pregunta de si esta forma de proceder era o no un caso excepcional. En una audiencia ante la Comisión de Control Presupuestario, funcionarios de alto nivel de la Comisión calificaron la gestión de este asunto de procedimiento nada inhabitual e indicaron la existencia de otros casos semejantes.

¿Puede facilitar la Comisión una lista completa de los casos de este tipo a lo largo de los últimos diez años e indicar en cuáles de ellos se renunció a la recuperación del dinero y de qué importes se trataba respectivamente?

¿Puede comunicar la Comisión si también en estos casos, como en el caso Fléchard, han desaparecido las actas de las reuniones decisivas?

¿Puede comunicar la Comisión hasta qué cuantía son los funcionarios los que deciden sobre estos casos y a partir de qué importes se someten al Colegio de Comisarios para que éste decida? ¿Puede comunicar la Comisión si en estos casos dejará también en el futuro a la discreción de sus funcionarios la decisión de aplicar el Derecho comunitario en vigor o, como ocurrió en el caso Fléchard, de no hacerlo?

Respuesta del Sr. Fischler En nombre de la Comisión

(22 de diciembre de 1999)

1. Por lo que se refiere concretamente al denominado caso Fléchard citado por Su Señoría, la Comisión remite a las respuestas ofrecidas a las preguntas del Sr. Mulder y a las preguntas de la comisión de control presupuestario en las sesiones dedicadas a este caso.

2. La pregunta de Su Señoría se refiere a las modalidades de devolución o recuperación por parte de un Estado miembro de una fianza prestada por una empresa.

Los servicios de la Comisión se ven obligados a intervenir en distintas ocasiones en procedimientos de cobro en los que debe o, en su caso, puede tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad.

Por lo que se refiere a la sección de garantía del FEOGA y en lo que atañe a los gastos indirectos, la contabilización y gestión de las deudas corresponde a los distintos organismos pagadores de los Estados miembros, que deben llevar un libro de deudores de acuerdo con determinados principios contables aceptables y deben también enviar periódicamente a la Comisión una relación de las deudas pendientes de cobro en el marco de la liquidación de cuentas de la sección de garantía del FEOGA.

Antes de renunciar a deudas debidamente registradas que pueden plantear problemas de evaluación, los Estados miembros tienen la posiblidad de consultar previamente a los servicios de la Comisión.

En tal caso, pueden presentarse tres posibilidades:

- El problema que se plantea se refiere a una cuestión de principio que puede incluso poner de manifiesto cierta inadaptación de la normativa vigente. En tal caso, tras consultar a los servicios competentes y con el acuerdo de éstos, los servicios de la Comisión pueden decidir elaborar una decisión específica de la Comisión. Dicha decisión permitirá no sólo tratar el caso presentado a la Comisión por el Estado miembro, sino también todos los casos similares que vayan a plantearse. Esta decisión es vinculante para los Estados miembros.

- El problema que se plantea constituye un caso particular. En tal caso, los servicios de la Comisión emiten en la mayoría de los casos un dictamen interpretativo (previa consulta y acuerdo de los servicios competentes) que especifica cómo el Estado miembro debe tratar la deuda en cuestión. Sin embargo, dicho dictamen no es vinculante para los Estados miembros, ya que éstos siguen siendo responsables en materia de gestión y son libres de aplicar o no el dictamen de la Comisión.

- El problema que se plantea constituye un caso de irregularidades o fraude. En tal caso, debe aplicarse el procedimiento establecido en el artículo 5 del Reglamento no 595/91.

Por lo que se refiere a los recursos propios, puede tratarse de una exención de disponibilidad de recursos propios tradicionales debidamente registrados, aunque no recuperados, y consignados en una contabilidad separada (especialmente, derechos de aduana y cotizaciones en el sector del azúcar), cuyo cobro se considera imposible por motivos que no pueden imputarse a los Estados miembros. Los casos de este tipo comunicados por los Estados miembros se someten al examen de los servicios de la Comisión, disponiendo ésta de un plazo de seis meses para notificar sus observaciones al Estado miembro de que se trate.

Por otro lado, en los demás casos, el artículo 29 del Reglamento financiero establece un procedimiento específico que permite renunciar a una deuda debidamente registrada; dicho procedimiento incluye una consulta entre distintos servicios y termina, en caso de acuerdo, por el visto bueno del Interventor y el registro por parte del Contable de la Comisión.

En los tres últimos ejercicios de 1996 a 1998 (se dispone de estadísticas relativas a un período de diez años), se anularon por este procedimiento unas 1900 deudas del presupuesto comunitario por un importe de 1 337 M.

Del importe anulado:

- 900 M han sido objeto de compensaciones y, por lo tanto, de cobro, en el contexto de los gastos del FEOGA que no dependen de la gestión indirecta de la sección de garantía;

- 38 M corresponden a distintas órdenes de cobro relativas al FEDER que han sido anuladas y reunidas en una nueva orden de cobro única;

- unos 4 M corresponden a fianzas de alquiler de las Delegaciones de la Comisión y a 350 órdenes de cobro anuladas por duplicación (se trata de una doble contabilización en las cuentas no incluidas en el presupuesto).

Las demás anulaciones (a saber, casi 400 M) se efectuaron a raíz de las justificaciones presentadas por los deudores y aceptadas por la Comisión (errores de cálculo, decisiones judiciales de anulación de multas, etc.), debido a la imposiblidad de conseguir el cobro (deudores desaparecidos o insolventes, quiebras sin dividendos, etc.) o al reducido importe de las deudas que no justifica acciones judiciales, quedando sin efectos las sucesivas notificaciones del Contable.

La Comisión envía por separado a Su Señoría una lista recapitulativa de los casos de renuncia a deudas registrados en los tres últimos años.

3. A la Comisión no le consta que hayan desaparecido documentos de referencia en el marco de los procedimientos de cobro de deudas.

4. La designación del ordenador competente a efectos de la renuncia a deudas se rige por las normas internas relativas a la ejecución del presupuesto que determinan el ordenador competente para cada una de las líneas presupuestarias. El principio consiste en que la Comisión constituye el ordenador (artículo 274 del Tratado CE), el cual, en la gran mayoría de los casos, delega sus atribuciones a un Director General, que constituye el ordenador delegado, que puede a su vez subdelegar a uno o varios funcionarios de su Dirección General. La delegación del ordenador delegado puede especificar a qué actos de ejecución del presupuesto se refiere (por ejemplo, puede tratarse únicamente del pago o del cobro).

5. La renuncia a una deuda no supone ninguna apreciación personal de los funcionarios en cuanto a la oportunidad o no de aplicar el Derecho comunitario, sino que depende de la adopción de una postura cualitativa por parte del ordenador sobre la legitimidad de un procedimiento de cobro desde el punto de vista de la relación coste/eficacia y del principio de proporcionalidad. A continuación

debe recabarse el visto bueno del Interventor y, en su caso, el acuerdo de otros servicios competentes, incluido, si procede, el Servicio Jurídico. Tratándose de gastos directos o de ingresos, la propuesta debidamente aprobada es registrada por el Contable.

La Comisión seguirá velando por el estricto cumplimiento de las normas internas, al margen de una posible reflexión sobre el tema, en el contexto de la reforma administrativa que ha iniciado.