PREGUNTA ESCRITA E-0605/97 de José Salafranca Sánchez-Neyra (PPE) al Consejo (27 de febrero de 1997)

Asunto: Recurso ante el Tribunal de Primera Instancia

¿Podría indicar el Consejo por qué razón cada vez que un particular interpone un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia solicitando la anulación de un Reglamento adoptado por el Consejo o la Comisión (excepto en materias antidumping y ayudas de Estado), las instituciones comunitarias plantean automática y sistemáticamente, sin salvedad alguna, una excepción de ilegalidad en su contra?

¿Podría indicar el Consejo el número de casos y el porcentaje en los que dicha excepción no ha sido planteada ante el Tribunal?

¿Podría indicar el Consejo si no estima que la continuación reiterada de esta conducta por parte de las instituciones comunitarias, podría llevar al absurdo de hallarnos frente a una Comunidad que, a la vez que asume mayores competencias legislativas mediante actos directamente aplicables, dificulta e imposibilita en mayor medida el acceso del particular a la justicia y a la defensa de sus derechos ante las únicas instancias jurisdiccionales competentes para juzgar la legalidad de los actos comunitarios que le perjudican?

¿Considera el Consejo que esta actitud es coherente con el derecho de toda persona a acceder a un Tribunal imparcial e independiente en defensa de sus derechos, reconocido en los Derechos y Constituciones de todos los Estados miembros, y en especial, en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos?

Respuesta (27 de mayo de 1997)

Como respuesta a la pregunta de Su Señoría recuerda que, según el párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado CE, sólo se admitirá el derecho de recurso de las personas físicas o jurídicas contra aquellas decisiones de las que estas personas sean destinatarias y contra las decisiones que, aunque revistan la forma de un reglamento o de una decisión dirigida a otra persona, «le afecten directa e individualmente». Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para que pueda considerarse a las personas distintas del destinatario de una decisión como individualmente afectadas por la misma, es preciso que se vean afectadas debido a determinadas cualidades que les sean propias o a una situación de hecho que las caracterice frente a otras personas y por tal motivo las individualice de manera análoga a la del destinatario (sentencia de 15 de julio de 1963, asunto 25/62, Plaumann/Comisión, Recopilación 1963, p. 201).

Dado que el recurso se dirige contra un Reglamento, es imperativo que el Consejo solicite que el Tribunal se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de las personas físicas o jurídicas sin comprometer las deliberaciones en cuanto al fondo. No corresponde al Consejo modificar el sistema de recurso deseado por los autores del Tratado. Corresponde al Tribunal, en su caso, rechazar la solicitud de intervención formulada por el Consejo cuando la considere contraria al sistema del Tratado.

Por otra parte, el recurso directo abierto por el artículo 173 no es la única vía que permite el Tratado CE para que un particular pueda cuestionar la legalidad o la aplicabilidad de un Reglamento comunitario.

- El artículo 177 permite a los órganos jurisdiccionales nacionales pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la validez de los actos comunitarios que estos órganos tengan que aplicar. Gracias a este procedimiento, los particulares pueden pedir al Tribunal que compruebe la invalidez de las disposiciones que, como particulares, no pueden impugnar directamente en virtud del párrafo cuarto del artículo 173.

- Otra vía es el artículo 184 del Tratado CE que, aunque haya expirado el plazo previsto en el párrafo quinto del artículo 173, permite a cualquiera de las partes de un litigio en el que se cuestione un reglamento comunitario, hacer uso de los medios previstos en el párrafo segundo del artículo 173 para alegar ante el Tribunal de Justicia la inaplicabilidad de dicho reglamento.