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PREGUNTA ESCRITA P-0960/02

de Bernd Lange (PSE) a la Comisión

(3 de abril de 2002)

Asunto: Reglamento (CE) no 2092/91 Plazos transitorios para las semillas tratadas ecológicamente

En las disposiciones del Reglamento (CE) no 2092/91, concretamente en el apartado 1 del artículo 6, se establece que en la agricultura ecológica únicamente podrán emplearse semillas tratadas ecológicamente. El plazo transitorio establecido en el apartado 3 del artículo 6 concluye el 31 de diciembre de 2003.

Sin embargo, es muy improbable que a partir de esa fecha haya en el mercado semillas tratadas ecológicamente en cantidad y calidad suficiente en el sector de las hortalizas. Con respecto a los cultivos bianuales, además, es muy improbable que las semillas tratadas ecológicamente logren alcanzar la calidad suficiente para acceder al mercado. Por consiguiente, los operadores de explotaciones hortícolas ecológicas temen una limitación de su actividad económica que haga peligrar su subsistencia.

¿Cómo valora la Comisión Europea esta situación y cómo tiene previsto reaccionar?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(25 de abril de 2002)

Con arreglo al apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios(1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 473/2002 de la Comisión, de 15 de marzo de 2002(2), en la agricultura ecológica únicamente pueden utilizarse semillas de producción ecológica. No obstante, durante el período transitorio establecido en el apartado 3 del artículo 6, pueden utilizarse semillas no procedentes de la agricultura ecológica si resulta imposible obtener en el mercado semillas de una variedad adecuada que cumplan los requisitos de la agricultura ecológica. El período transitorio expirará el 31 de diciembre de 2003.

La Comisión considera que el uso de semillas de producción ecológica es uno de los principios importantes de la agricultura ecológica. No obstante, es consciente de que no se dispone de cantidades suficientes de tales semillas para la mayor parte de las especies cultivadas en la Comunidad.

La letra b) del apartado 3 del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 2092/91 permite a la Comisión mantener la posibilidad de emplear semillas que no sean de producción ecológica y hacer, al mismo tiempo, más restrictivas las condiciones para autorizar las excepciones con vistas a la utilización de las mismas.

En consecuencia, la Comisión está elaborando actualmente una propuesta que estimulará el mercado de semillas de producción ecológica y evitará, paralelamente, que los agricultores se vean en la imposibilidad de obtener semillas adecuadas.

(1) DO L 198 de 22.7.1991.

(2) DO L 75 de 16.3.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-0382/02

de Concepció Ferrer (PPE-DE) al Consejo

(22 de febrero de 2002)

Asunto: La prohibición de importaciones de diamantes de Sierra Leona

El Consejo de Ministros del 11 de enero de adoptó una posición común que prorroga hasta el 5 de diciembre de 2002 la prohibición de las importaciones de diamantes brutos provenientes de Sierra Leona.

¿Puede hacer el Consejo una evaluación del cumplimiento hasta ahora de dicha prohibición?

Respuesta

(26 de junio de 2002)

El 18 de febrero de 2002, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) no 303/2002 relativo a la importación en la Comunidad de diamantes brutos de Sierra Leona. Dicho Reglamento aplica en la Comunidad la Posición común 2002/22/PESC relativa a la prohibición de las importaciones de diamantes brutos de Sierra Leona.

Corresponde a la Comisión evaluar el cumplimiento hasta la fecha de la prohibición establecida en el Reglamento (CE) no 303/2002 del Consejo. La Comisión efectúa dicha evaluación, en particular, a partir de la información transmitida por los Estados miembros sobre las infracciones, los distintos problemas de aplicación o las sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales nacionales, información que los Estados miembros y la Comisión deben transmitirse con arreglo al artículo 6 del mencionado Reglamento.

Así pues, el Consejo invita a Su Señoría a que dirija su pregunta a la institución competente.
PREGUNTA ESCRITA P-0001/02

de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) a la Comisión

(9 de enero de 2002)

Asunto: Financiación de MEDA y cultura

En los reglamentos MEDA I y MEDA II se contempla el fomento de la cooperación cultural como parte de la colaboración euro-mediterránea. Hasta la fecha, esta política se ha desarrollado a través del programa Heritage, que se centra fundamentalmente en las tradiciones arquitectónicas y el patrimonio cultural de los participantes.

A la vista de la coyuntura política actual, que hace necesarias la compresión mutua y la intensificación de las relaciones entre los pueblos de la Unión Europea y los de los países asociados, ¿considera la Comisión que es indispensable elaborar y poner en práctica un nuevo programa de cooperación cultural centrado en la divulgación del arte, de la historia, de la filosofía y de la religión? En caso afirmativo, ¿opina la Comisión que deberían crearse nuevas estructuras y posibilidades para que la cooperación y el diálogo interculturales euro-mediterráneos cobren un nuevo impulso y dinamismo y se conviertan en un factor que contribuya al acercamiento, la confianza y la estabilidad en la región?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(12 de febrero de 2002)

La Comisión comparte el punto de vista de la necesidad de intensificar la comprensión mutua y estrechar las relaciones entre los pueblos de la Unión y los de los países mediterráneos asociados.

Con vistas a la reunión ministerial prevista para el mes de abril en Valencia (España), la Comisión presentará en breve una comunicación destinada a intensificar la asociación euromediterránea.

En ese contexto, la Comisión tiene la intención de presentar nuevas iniciativas que incluirán temas relacionados con el diálogo intercultural como los mencionados por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-0121/02

de Eurig Wyn (Verts/ALE) a la Comisión

(29 de enero de 2002)

Asunto: Coste de las medidas de seguridad alimentaria para los productores

Los costes de las medidas comunitarias adoptadas a fin de proteger la salud de los consumidores (las pruebas para los MER y las harinas cárnicas) son considerables. ¿No piensa la Comisión que la falta de armonización de las reglamentaciones relativas a los costes que entraña la aplicación de las medidas sanitarias adoptadas a nivel comunitario provoca distorsiones de la competencia dentro del Mercado Único?

En consecuencia, ¿está de acuerdo la Comisión en que es necesaria la armonización comunitaria urgente de la concesión de fondos públicos para cubrir estos costes, a fin de que no recaigan en los productores y evitar de esa manera distorsiones de la competencia?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(7 de marzo de 2002)

Las diferencias en cuanto al nivel de las ayudas públicas destinadas a cubrir los elevados costes que se derivan de las disposiciones mencionadas pueden, efectivamente, ocasionar un falseamiento de la competencia. Para evitarlo, puede ser necesaria, en cierto modo, una armonización que permita crear condiciones equitativas. Ahora bien, la concesión de ayuda pública para sufragar los referidos

costes no es sino una de las vías para lograr tales condiciones equitativas. Habida cuenta de las restricciones presupuestarias, resulta difícil imaginar que la Comunidad pueda aportar financiación suplementaria. Por su parte, los Estados miembros pueden no estar tampoco en condiciones de aportar fondos públicos adicionales. En lo que se refiere a las ayudas comunitarias, cabe señalar que el apoyo de la Comunidad al sector de la carne de bovino se traduce actualmente en una contribución de 15 EUR para cubrir los costes de los equipos de diagnóstico para la encefalopatía espongiforme bovina (EEB).

La Comisión ha recabado de todos los Estados miembros una estimación de los costes conexos a las disposiciones, recientemente adoptadas o por adoptar, relativas a la lucha contra la EEB, así como información sobre el nivel de las ayudas públicas. Actualmente, se está evaluando dicha información a fin de determinar de forma más precisa en qué ámbitos es necesaria una mayor armonización.
PREGUNTA ESCRITA P-0153/02

de Franz Turchi (UEN) al Consejo

(29 de enero de 2002)

Asunto: Pregunta del 19 de octubre de 2001 presentada por Francesco Turchi

Considerando que:

- el plazo de respuesta a una pregunta escrita prioritaria es de tres semanas a partir de la notificación oficial de la pregunta en cuestión;

- con fecha 19 de octubre de 2001 se presentó una pregunta escrita prioritaria (P-3036/01) al Consejo relativa al asesinato del comandante militar afgano Ahmad Shah Massoud;

- hasta la fecha (22 de enero de 2002), el Consejo no ha dado respuesta alguna;

- la situación internacional sigue siendo extremadamente preocupante e inestable;

¿Pueden explicar el Consejo, y en particular las autoridades del Reino de Bélgica y las autoridades del Reino Unido, por qué motivo no se ha dado respuesta a la mencionada pregunta? ¿No consideran que esta actitud induce a sospechar una escasa o inadecuada consideración hacia los representantes del Parlamento Europeo o bien su incapacidad para facilitar respuestas creíbles y que justifiquen un posible comportamiento incorrecto por su parte?

Respuesta

(21 de mayo de 2002)

El Consejo recuerda a Su Señoría las respuestas ya dadas en relación con las cuestiones de procedimiento planteadas (véanse a este respecto las respuestas a las preguntas E-1299/01, E-1300/01, P-1541/01 y E-2384/01).

Por lo que respecta a la pregunta P-3036/01, el Consejo informa de que el 12 de febrero de 2002 adoptó la respuesta a la misma.
PREGUNTA ESCRITA E-0708/02

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) a la Comisión

(15 de marzo de 2002)

Asunto: Publicidad sobre el rendimiento de los coches

Las industrias del automóvil publican con orgullo el rendimiento de los modelos que fabrican. En su gran mayoría, los coches alcanzan velocidades muy superiores a los límites permitidos en las autopistas europeas, y no son pocos los casos de vehículos que alcanzan velocidades de 250-300 Km/h o más. Es bien sabido que en la mayoría de los países de la Unión Europea el límite de velocidad oscila entre los 100 y los 140 Km/h.

¿Cómo se puede justificar la publicidad de modelos que sobrepasan, dos o tres veces, los límites de velocidad impuestos por la ley? ¿Qué autoridad competente concede la homologación a vehículos que superan los límites vigentes en las autopistas europeas? ¿Puede justificarse la situación descrita? ¿Qué solución se podría encontrar para no incitar al conductor a cometer esta infracción indirecta de los límites de velocidad contemplados por las leyes de cada Estado miembro?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2002)

La mayoría de los turismos están diseñados para alcanzar velocidades superiores a los 140 kilómetros por hora (km/h). Puesto que la legislación comunitaria sobre vehículos de motor no establece un límite máximo para la velocidad nominal de los vehículos, los Estados miembros no pueden negarse a expedir homologaciones comunitarias a los automóviles de altas prestaciones en cuanto a la velocidad. Sin embargo, la expedición de una homologación comunitaria no puede interpretarse como una autorización para conducir vehículos a velocidades superiores a las establecidas para las vías públicas.

Es preciso señalar que la velocidad no está limitada en determinados tramos de la red de autopistas del territorio de la Unión y que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, los códigos de circulación son en gran medida competencia de los Estados miembros.

Ninguna legislación comunitaria impide mencionar en un anuncio publicitario la velocidad máxima de un vehículo de motor. No obstante, sí existen legislaciones nacionales y códigos de conducta que prohiben utilizar en la publicidad de los automóviles argumentos basados en la velocidad.
PREGUNTA ESCRITA E-0208/02

de Carlos Carnero González (PSE) al Consejo

(5 de febrero de 2002)

Asunto: Derechos humanos en el Sáhara Occidental

Los medios de comunicación informan de que decenas de detenidos saharauis en la tristemente célebre cárcel negra de El Aaiún (Sáhara Occidental) comenzaron el 24 de diciembre una huelga de hambre en protesta por sus condiciones inhumanas de detención. Al parecer, muchos de ellos han sido torturados, maltratados y aislados totalmente del exterior. Sus familiares organizaron una marcha pacífica de apoyo que fue violentamente reprimida por las autoridades marroquíes.

El recrudecimiento de las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental coincide, en sentido contrario, con los gestos de buena voluntad del Frente Polisario, que decidió el pasado 2 de enero liberar a 115 prisioneros de guerra marroquíes.

¿Qué información posee el Consejo respecto a los hechos citados? ¿Se ha dirigido al Gobierno de Marruecos para recabar explicaciones y solicitar medidas positivas? ¿No considera necesario enviar lo antes posible una misión de observadores para interesarse por la situación sobre el terreno?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0208/02 y P-0410/02

(21 de mayo de 2002)

El Consejo informa a Su Señoría de que no tiene conocimiento de los acontecimientos en la prisión de El Aaiún a los que hace referencia el diputado, D. Carlos Carnero González.

A un nivel más general, el Consejo se mantiene extremadamente preocupado por la suerte de los más de 1 350 prisioneros de guerra que todavía permanecen detenidos, en su mayoría, desde hace 20 años, que exige una solución rápida y conforme a las obligaciones de la Convención de Ginebra. El

Consejo siempre ha señalado que no hace falta esperar el final del proceso político para comprometerse en la búsqueda de una solución que resuelva cuestiones humanitarias tan urgentes como los intercambios de visitas de familiares o la liberación de los prisioneros de guerra. A pesar de los escasos progresos logrados, el Consejo sigue lamentando la situación particularmente preocupante de los refugiados saharauis en los campamentos de Tinfouf, haciendo observar al mismo tiempo que la tensa situación en el Sahara Occidental complica aún más la solución de las cuestiones humanitarias. También es por esta razón que el Consejo, en contacto regular con el enviado personal del Secretario General de las Naciones Unidas, D. James Baker, y todas las Partes del conflicto, mantiene su disposición para contribuir a que se cree un clima de confianza entre las distintas Partes para facilitar una solución aceptable.
PREGUNTA ESCRITA E-1063/02

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) a la Comisión

(18 de abril de 2002)

Asunto: Sede de las instituciones de la Unión

En el texto de cada uno de los tratados de la Unión Europea hay una referencia clara a las sedes de las instituciones comunitarias. Durante cada Conferencia Intergubernamental precedente se celebra un debate al respecto y las decisiones se incorporan al texto de todo nuevo tratado. Es sabido que con la Convención que dio comienzo el 28 de febrero de 2002 en Bruselas se sentarán las bases para revisar el funcionamiento de las Instituciones de la Unión y de la ampliación hacia los nuevos países miembros.

¿Cómo juzga la Comisión el debate, en el marco de la Convención, sobre la posibilidad de trasladar algunas de las instituciones de la Unión a ciudades distintas de Bruselas y Luxemburgo, y concretamente, a algunas de las capitales más históricas de la Unión, como por ejemplo, Roma, Berlín, París y Atenas? ¿Se podría celebrar un debate de esta índole, en el marco de la Convención, y decidir cambios en las sedes de algunas de las principales instituciones de la Unión?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(14 de mayo de 2002)

En virtud del Derecho vigente, la sede de las instituciones será fijada de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros (artículo 289 del Tratado CE).

Por añadidura, las decisiones ya adoptadas al respecto han sido incorporadas en el Protocolo correspondiente anexo al Tratado de Amsterdam, por lo que pertenecen ya al Derecho primario de la Unión.

Según las conclusiones del Consejo Europeo de Laeken de los días 14-15 de diciembre de 2001, en el mandato de la Convención sobre el futuro de la Unión, cuyos trabajos se iniciaron el 28 de febrero de 2002, no se incluye la formulación de propuestas sobre la sede de las instituciones.
PREGUNTA ESCRITA E-0869/02

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(3 de abril de 2002)

Asunto: Plaguicidas en aguas subterráneas

El 22 de febrero de 2002, la organización Greenpeace de Suecia informó de que, en una carta dirigida a la Comisión, la Inspección sueca de productos químicos tomaba distancia en relación al principio según el cual no se debían encontrar plaguicidas en las aguas subterráneas. Desde hace más de 10 años Suecia considera que los plaguicidas representan un riesgo inaceptable en caso de que se filtren a las aguas subterráneas. Ahora bien, según la carta de la Inspección de productos químicos, Suecia estaría dispuesta a aceptar la directivas comunitarias que autorizan la presencia de productos de degradación en las aguas subterráneas. La historia indica, sin embargo, que es difícil prever los productos que pueden ser peligrosos.

¿Podría confirmar la Comisión que la Inspección sueca de productos químicos ha cambiado de opinión y considera la Comisión que se puede establecer con total seguridad que determinados productos no son peligrosos cuando entran en contacto con las aguas subterráneas?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2002)

La Comisión no puede hablar en nombre de la Inspección sueca de productos químicos. Sin embargo, la Comisión no tiene constancia de ningún cambio en la posición de la Inspección en el sentido en que sugiere Su Señoría.

La Comisión considera posible, basándose en la situación actual de las evaluaciones científicas, determinar los niveles de exposición a sustancias individuales que no suponen riesgos inaceptables para los consumidores. Esto se refleja en muchos ámbitos de la legislación comunitaria, incluida la Directiva sobre agua potable (Directiva 75/440/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros)(1), que establece los límites máximos de concentración de muchos componentes, incluidos el cobre, que es una sustancia plaguicida activa, y ciertas clases de hidrocarburos clorados, que también intervienen como productos de degradación de plaguicidas.

(1) DO L 194 de 25.7.1975.
PREGUNTA ESCRITA E-1090/02

de Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) a la Comisión

(18 de abril de 2002)

Asunto: Denuncia de varios Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por la aplicación de la directiva 98/84/CE

La Comisión ha decidido denunciar a Bélgica, Grecia, Luxemburgo y España al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas porque no han introducido medidas nacionales para aplicar la Directiva 98/84/CE(1) relativa a los servicios de radiodifusión televisiva ofrecidos al público a cambio de una remuneración.

¿Dispone la Comisión de datos sobre la extensión de los decodificadores ilegales en los países mencionados?

(1) DO L 320 de 28.11.1998, p. 54.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(28 de mayo de 2002)

La Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 1998, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso, tiene por objeto proporcionar protección jurídica contra la piratería de los servicios de radiodifusión y de la sociedad de la información que estén protegidos mediante acceso condicional. Según dicha Directiva, los descodificadores ilegales no son el único tipo de dispositivo ilícito; también lo es cualquier otro equipo o programa informático que permita acceder sin autorización a servicios protegidos, como por ejemplo las tarjetas inteligentes piratas.

En la consulta que está realizando entre los principales operadores del mercado para preparar el primer informe sobre la aplicación de la Directiva, la Comisión ha encontrado indicios de que la piratería de servicios de pago continúa siendo considerable. Sin embargo, no hay estadísticas fiables disponibles sobre la cifra de dispositivos ilícitos en funcionamiento. En el próximo informe, la Comisión tiene intención de tratar en detalle este fenómeno.
PREGUNTA ESCRITA E-1087/02

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(18 de abril de 2002)

Asunto: Trayectoria de los Programas operativos regionales en Grecia

Por el curso de los acontecimientos presenciados hasta el momento, es evidente que se ha producido cierto retraso en la aplicación de las medidas y programas complementarios incluidos en los Programas regionales operativos del Tercer Marco Comunitario de Apoyo en Grecia. Este retraso se refleja en los dos años que han transcurrido desde el inicio teórico del Tercer Marco Comunitario de Apoyo, así como en la lenta aplicación de los programas nacionales (por sectores).

1. ¿Cuáles son los motivos de dicho retraso?

2. ¿Cuándo considera la Comisión que puede haber un avance en esta situación?

3. ¿Excluye la Comisión la posibilidad de que, a causa del mencionado retraso, pueda haber en el futuro problemas en relación con la aplicación general del Tercer Marco Comunitario de Apoyo en Grecia?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(27 de mayo de 2002)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.