PREGUNTA ESCRITA E-2662/99

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(12 de enero de 2000)

Asunto: Repercusiones de la liberalización de la contratación pública en los países en desarrollo

¿Ha elaborado la Comisión estudios sobre las repercusiones de la liberalización de la contratación pública en los países en desarrollo? En caso negativo, ¿tiene la intención de elaborar dichos estudios?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2661/99, E-2662/99 y E-2663/99 dada por el Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(8 de febrero de 2000)

El dinero gastado en contratos públicos (excluyendo las compras relacionadas con la defensa) supone por lo menos el 10-15 % del producto interior bruto (PIB) en la mayoría de los países. La ausencia de normas multilaterales que determinen cómo se debe gastar ese dinero hace que los Gobiernos puedan mantener políticas y prácticas de contratación que son discriminatorias y distorsionan el comercio.

Los procedimientos de contratación opacos o discriminatorios afectan negativamente a los objetivos de desarrollo a largo plazo de los países que están subvencionando industrias no competitivas, creando un ambiente propenso a la corrupción y al soborno. Esta conclusión se basa en una investigación empírica llevada a cabo por otros países y organizaciones. Además, se reduce el efecto

de liberalización comercial logrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su antecesor, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), ya que una importante proporción del comercio potencial queda fuera del alcance normativo de la OMC.

Un mercado de contratación abierto implica obtener la máxima rentabilidad del dinero de los contribuyentes. Se producen en consecuencia significativos ahorros de costes. Este dinero puede utilizarse para llevar a cabo objetivos de desarrollo o de otro tipo. Por ello, la Comunidad apoya los esfuerzos realizados en las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales a fin de persuadir a los distintos países para que utilicen las mejores prácticas de contratación y efectúen compras lo más rentables posible.

El objetivo a largo plazo de la Comunidad de liberalizar la contratación sobre una base multilateral en el marco de la OMC debería considerarse complementario a estas otras iniciativas, al igual que el compromiso expuesto en el artículo 178 (antiguo artículo 130r) del Tratado CE para no socavar los esfuerzos de ayuda a países en desarrollo. La Comunidad reconoce que la elaboración del marco normativo necesario en la OMC llevará tiempo y requerirá un planteamiento pragmático. Si se quiere lograr ese objetivo, deberá hacerse de manera gradual.

La transparencia es fundamental si queremos lograr un entorno estable y seguro para la contratación, y el planteamiento de la Comunidad en vísperas de la Conferencia Ministerial de Seattle era por lo tanto intentar completar el trabajo multilateral en curso y reforzarlo posteriormente.

La dificultad principal a la que se enfrenta la OMC es política. Debe persuadirse a los distintos países y no sólo a los países en desarrollo de que es necesario dejar de utilizar la contratación como un medio para alcanzar otros objetivos. Esto requiere la existencia de medios fifedignos para lograr dichos objetivos. Ese es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan actualmente los partidarios de políticas abiertas de contratación.

Se han llevado a cabo varios estudios específicos de países en el contexto bilateral y tal como se indica más arriba existen trabajos en curso en otras organizaciones internacionales tales como la ONU y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Hasta ahora, la Comisión no ve la ventaja de llevar a cabo estudios adicionales sobre los beneficios de liberalizar la contratación para países en vías de desarrollo individuales o en general, pero está dispuesta a reconsiderar si merecen la pena algunos esfuerzos adicionales para persuadir a los países en desarrollo de que les interesa abrir sus mercados de contratación.

Las dificultades a las que se enfrentan los países en desarrollo, especialmente los menos desarrollados, a la hora de participar en el proceso de Ginebra van más allá del problema de la contratación. En este último contexto, la Comunidad propuso una iniciativa, que están considerando actualmente los miembros del Acuerdo de Contratación Pública (GPA), para extender el beneficio de este Acuerdo a los países menos desarrollados. Desde un punto de vista más técnico, el GPA prevé la asistencia técnica a países en vías de desarrollo, y se han propuesto disposiciones similares dentro del esfuerzo de transparencia mencionado anteriormente. Efectivamente, la Comunidad ha participado y colaborado en la organización de varios seminarios y conferencias, tanto para países concretos como para grupos de países. Varios Estados miembros también han colaborado en ese sentido. Sin embargo, aunque este trabajo técnico tiene su importancia, no aborda las dificultades políticas fundamentales mencionadas anteriormente.

De manera más general, la Comisión ha puesto en marcha un programa global dirigido a apoyar la integración de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) en el sistema comercial mundial, en el marco de la OMC. Este programa prevé ayuda financiera para asistencia técnica, formación, técnicas de negociación y desarrollo de la capacidad. Como primer paso, la Comisión está apoyando en Ginebra una coordinación cada vez estrecha entre estos países a través de la Secretaría General ACP. La Comisión también ha cooperado en el pasado con la Secretaría de la OMC en la financiación y el envío de expertos para reuniones y seminarios dirigidos a un mayor conocimiento y comprensión de las normas de la OMC y las oportunidades que ofrece el sistema comercial multilateral. La Comisión está estudiando actualmente con la OMC y las Secretarías ACP otras medidas en las que pueda cooperar para ayudar a los países en desarrollo.