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PREGUNTA ESCRITA E-0930/03

de Jorge Moreira Da Silva (PPE-DE) a la Comisión

(24 de marzo de 2003)

Asunto: Bronceado artificial

La utilización de las cámaras de bronceado artificial (solarios) se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente. Dados los riesgos que entraña la utilización de dichos solarios para la salud humana, especialmente la aparición de cánceres de piel, es particularmente preocupante la creciente presencia de personas muy jóvenes entre los usuarios.

Esta circunstancia ha llevado a que algunos países, especialmente el Brasil, hayan prohibido el acceso de los menores de 16 años a estos bronceadores artificiales y hayan condicionado el acceso de las personas con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años. Dichos países prevén gravosas sanciones económicas a los establecimientos comerciales que no cumplan estos requisitos.

¿Qué medidas piensa desarrollar la Comisión Europea para que se aplique el principio de precaución en lo que concierne a la utilización de los solarios por parte de los menores de edad?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(25 de abril de 2003)

El Instituto Europeo de Oncología (IEO), con sede en Milán, está en proceso de revisar y actualizar el Código europeo contra el cáncer, un proyecto financiado en el marco del programa Europa contra el cáncer. Esta revisión incluirá recomendaciones relativas a la conveniencia de evitar una exposición excesiva a los rayos ultravioleta (UV) y pruebas epidemiológicas más recientes sobre el vínculo existente entre la exposición a los rayos solares ultravioleta y los cánceres de piel. La exposición inducida por las cámaras de bronceado UV se tratará en el debate. Las nuevas recomendaciones se harán públicas en junio de 2003 en Milán, aunque ya se puede acceder a su proyecto en un sitio web especial (http://www.cancercode.org/code_06.htm). La Comisión difundirá activamente los resultados de este proyecto a fin de permitir que los ciudadanos puedan tomar las precauciones adecuadas con respecto a esta cuestión.
PREGUNTA ESCRITA E-0018/03

de Mario Mantovani (PPE-DE) al Consejo

(20 de enero de 2003)

Asunto: Inundaciones en el norte de Italia

Como resultado de los graves daños causados por los violentos desprendimientos e inundaciones registrados recientemente en el norte de Italia, en particular en las provincias de Varese, Como, Lecco, Bérgamo, Brescia y Lodi, provocados por las excepcionales precipitaciones en dicha zona, y teniendo en cuenta las graves dificultades económicas que deben afrontar las regiones afectadas para financiar los daños mencionados, ¿piensa garantizar el Consejo, en vista del carácter excepcional de tal desastre, la movilización urgente del Fondo de Solidaridad (Reglamento del Consejo (CE) no 2012/02(1), de 11 de noviembre de 2002) para ayudar a las regiones afectadas, con el fin de hacer frente a las consecuencias de los graves daños ocasionados?

(1) DO L 311 de 14.11.2002, p. 3.

Respuesta

(8 de mayo de 2003)

Según lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento (CE) no 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, la intervención del Fondo podrá activarse principalmente cuando un Estado miembro se vea afectado por una catástrofe natural grave.

A efectos del Fondo, se considerará catástrofe grave toda catástrofe que produzca daños estimados en más de 3 000 millones de euros, a precios de 2002, o que representen más del 0,6 % de la RNB del Estado miembro afectado.

No obstante, y de modo excepcional, aunque no se cumplan estos criterios cuantitativos, podrá activarse la intervención del Fondo cuando una o varias regiones específicas de un Estado miembro se vean aquejadas por una catástrofe extraordinaria que afecte a la mayoría de su población y tenga repercusiones graves en las condiciones de vida y la estabilidad económica de la región o regiones afectadas. Según esta última disposición, la ayuda no podrá rebasar el 7,5 % de los recursos presupuestarios anuales totales del Fondo, que están limitados a 1 000 millones de euros.

Será el Estado miembro afectado el que entable el procedimiento pertinente al presentar a la Comisión una solicitud de intervención del Fondo, dentro de un plazo de diez semanas tras los primeros daños causados por la catástrofe, con arreglo al artículo 4 del citado Reglamento 2012/2002.

Así pues, el Consejo invita a Su Señoría a plantear esta cuestión a la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-0856/03

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(20 de marzo de 2003)

Asunto: Respuestas a preguntas parlamentarias

1. ¿Podría describir la Comisión los procedimientos por los cuales un diputado al Parlamento Europeo puede emprender acciones contra ésta como consecuencia de una serie de respuestas insatisfactorias a preguntas sencillas?

2. Por ejemplo, ¿puede presentar dicho diputado una reclamación al Defensor del Pueblo?

3. ¿Podría citar la Comisión la cifra de quejas que se han producido, bien de este tipo, bien dirigidas a otros organismos, en cada uno de los últimos cinco años?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(25 de abril de 2003)

La Comisión responde una media anual de unas 3 800 preguntas parlamentarias, tanto escritas como orales, y asegura a Su Señoría que concede una gran importancia a la calidad de las respuestas que ofrece. Sin embargo, como Su Señoría probablemente comprenderá, las preguntas con un gran contenido técnico o las que implican la consulta de diferentes fuentes de datos y estadísticas exigen, en ocasiones, un tratamiento más extenso. En tales casos, para eludir los inevitables retrasos, también debidos a las traducciones y al procedimiento interno, puede ser oportuno remitir a los datos facilitados por las fuentes que ya están a disposición del Parlamento.

Aparte de los medios habituales de control parlamentario de la Comisión utilizados por los órganos parlamentarios y los diputados, no existen procedimientos específicos a los que se pueda recurrir en los casos de respuestas insatisfactorias.

De acuerdo con el artículo 195 del Tratado CE, el Defensor del Pueblo puede tratar los casos de mala administración. La Comisión no tiene conocimiento de la existencia de un vínculo directo entre los procedimientos políticos de control parlamentario y las reclamaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo.

En el año 2002, la Comisión recibió 32 preguntas escritas (de un total de 3 962 preguntas orales y escritas) relativas a la calidad de las respuestas. Las cifras correspondientes a los años del periodo 1998-2001 se están elaborando en la actualidad y se enviarán directamente a Su Señoría en cuanto estén disponibles.
PREGUNTA ESCRITA E-1168/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(1 de abril de 2003)

Asunto: Utilización de los fondos del programa Tempus III por parte del ayuntamiento de Pésaro

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales y territoriales en particular, como es el caso del municipio de Pésaro, registran una gran necesidad de fondos europeos para proporcionar apoyo a los jóvenes estudiantes universitarios en la cooperación transeuropea y el intercambio cultural y científico en el ámbito de la educación universitaria, se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Ha presentado el ayuntamiento de Pésaro proyectos en el marco del programa Tempus III?

2. ¿Ha obtenido financiación para dichos proyectos?

3. ¿Se han utilizado dichos fondos?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0827/03, E-1164/03, E-1165/03,E-1166/03, E-1167/03, E-1168/03, E-1169/03 y E-1170/03dada por la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(8 de mayo de 2003)

Por regla general, en un proyecto financiado en el marco del programa Tempus participan simultáneamente varias universidades de los países de la Unión y de los países socios.

Resulta extremadamente difícil identificar las cantidades conservadas por la universidad europea que fueron concedidas a las universidades de los países socios para las necesidades del proyecto.

Sin embargo, a título indicativo, a continuación se exponen los importes atribuidos al proyecto Tempus III para las instituciones de los municipios de Frosinone, Ancona, Florencia, Macerata, Perugia, Pesaro, Pisa y Siena. Los detalles complementarios se envían directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento.

1. La universidad de Ancona recibió en 2002 la cantidad de 1 739 euros para un proyecto Tempus (beca).

2. Las instituciones de Florencia recibieron en 2002 y 2003 una financiación de 832 014,98 euros en el marco de los proyectos Tempus.

3. La universidad de Macerata recibió en 2002 la suma de 112 257, 80 euros para un proyecto Tempus.

4. La universidad de Perugia recibió en 2002 y 2003 una suma de 546 452,10 euros para proyectos Tempus.

5. La universidad de Pisa recibió en 2002 y 2003 un importe de 285 178,80 euros para proyectos Tempus.

6. La universidad de Siena obtuvo en 2002 una financiación de 63 050 euros para un proyecto Tempus.

7. Por lo que se refiere a Frosinone y Pesaro, no existen proyectos Tempus III.

Su Señoría puede dirigirse igualmente a las instituciones territoriales para obtener información más pormenorizada.
PREGUNTA ESCRITA E-0620/03

de Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) a la Comisión

(3 de marzo de 2003)

Asunto: Libertad de establecimiento y obtención de autorizaciones para realizar inspecciones técnicas de vehículos en Alemania

Las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro están prohibidas por el artículo 43 del Tratado de la Comunidad Europea, salvo cuando existan razones de interés general que las justifiquen. Dichas restricciones han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el sentido de comprender también medidas o normas que se aplican indistintamente a nacionales y no nacionales pero que, en la práctica, obstaculizan o hacen menos interesante para nacionales de otro Estado miembro, el establecerse en un Estado distinto del de origen.

El Anexo VIII b zur Strassenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), de 28 de septiembre de 1988, establece los requisitos que las entidades que quieran realizar inspecciones técnicas de vehículos en Alemania deben cumplir para obtener la preceptiva autorización por parte de cada estado federado. Según dicha norma, para obtener el reconocimiento por parte de la Administración correspondiente, se deben presentar una serie de documentos y demostrar que se cumplen determinadas condiciones fácticas, entre otras, que la organización que solicita la autorización esté formada y mantenida por un mínimo de 60 expertos independientes, que un número mínimo de expertos tenga su sede social en el territorio para el cual se solicita el reconocimiento.

¿No cree la Comisión que exigir el cumplimiento de estos requisitos fácticos con carácter previo a la obtención de una autorización dificulta la libertad de establecimiento puesto que requiere la asunción de una serie de inversiones y riesgos empresariales a priori que en la práctica hacen menos atractivo para un nacional de otro Estado miembro establecerse en Alemania para la realización de inspecciones técnicas de vehículos?

¿No cree la Comisión que los requisitos exigidos por la legislación alemana son desproporcionadamente restrictivos de la libertad de establecimiento, aun si dichas limitaciones pudieran estar justificadas por el interés general?

¿No cree la Comisión que la normativa alemana de referencia es incoherente con los principios generales e inspiradores de la Directiva 96/96/CE del Consejo(1), de 20 de diciembre de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques?

(1) DO L 46 de 17.2.1997, p. 1.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(10 de abril de 2003)

La Comisión queda informada de los hechos indicados por Su Señoría.

La Comisión no conoce actualmente en profundidad la legislación en cuestión y llevará a cabo un estudio sobre este asunto.

La Comisión informará cumplidamente a Su Señoría de los resultados obtenidos.
PREGUNTA ESCRITA E-1170/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(1 de abril de 2003)

Asunto: Utilización de los fondos del programa Tempus III por parte del ayuntamiento de Siena

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales y territoriales en particular, como es el caso del municipio de Siena, registran una gran necesidad de fondos europeos para proporcionar apoyo a los jóvenes estudiantes universitarios en la cooperación transeuropea y el intercambio cultural y científico en el ámbito de la educación universitaria, se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Ha presentado el ayuntamiento de Siena proyectos en el marco del programa Tempus III?

2. ¿Ha obtenido financiación para dichos proyectos?

3. ¿Se han utilizado dichos fondos?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0827/03, E-1164/03, E-1165/03,E-1166/03, E-1167/03, E-1168/03, E-1169/03 y E-1170/03dada por la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(8 de mayo de 2003)

Por regla general, en un proyecto financiado en el marco del programa Tempus participan simultáneamente varias universidades de los países de la Unión y de los países socios.

Resulta extremadamente difícil identificar las cantidades conservadas por la universidad europea que fueron concedidas a las universidades de los países socios para las necesidades del proyecto.

Sin embargo, a título indicativo, a continuación se exponen los importes atribuidos al proyecto Tempus III para las instituciones de los municipios de Frosinone, Ancona, Florencia, Macerata, Perugia, Pesaro, Pisa y Siena. Los detalles complementarios se envían directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento.

1. La universidad de Ancona recibió en 2002 la cantidad de 1 739 euros para un proyecto Tempus (beca).

2. Las instituciones de Florencia recibieron en 2002 y 2003 una financiación de 832 014,98 euros en el marco de los proyectos Tempus.

3. La universidad de Macerata recibió en 2002 la suma de 112 257, 80 euros para un proyecto Tempus.

4. La universidad de Perugia recibió en 2002 y 2003 una suma de 546 452,10 euros para proyectos Tempus.

5. La universidad de Pisa recibió en 2002 y 2003 un importe de 285 178,80 euros para proyectos Tempus.

6. La universidad de Siena obtuvo en 2002 una financiación de 63 050 euros para un proyecto Tempus.

7. Por lo que se refiere a Frosinone y Pesaro, no existen proyectos Tempus III.

Su Señoría puede dirigirse igualmente a las instituciones territoriales para obtener información más pormenorizada.
PREGUNTA ESCRITA E-0808/03

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(17 de marzo de 2003)

Asunto: Violaciones del la legislación comunitaria en materia de salud pública y protección del consumidor

¿Podría indicar la Comisión cuántos casos de posibles violaciones de la legislación comunitaria existen en Grecia en el ámbito de la salud pública y de la protección del consumidor y a qué temas se refieren? ¿En cuántos casos (si existen) y cuáles son éstos, está preparando la Comisión la presentación de un recurso contra Grecia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(10 de abril de 2003)

La Comisión remitirá directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento Europeo una lista de los procedimientos de infracción en aplicación del artículo 226 del Tratado CE incoados contra Grecia en el ámbito de la salud y la protección de los consumidores y que están pendientes de regularización.

En dicha lista se informa a Su Señoría de la índole de la infracción así como del estado del procedimiento de infracción.
PREGUNTA ESCRITA E-0376/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(13 de febrero de 2003)

Asunto: Cese de producción de la empresa Clarks en Portugal. Fondos comunitarios.

En los medios de comunicación portugueses ha sido noticia destacada el reciente anuncio de la multinacional inglesa C & J Clark relativo al próximo cierre de una fábrica de calzado que posee en Castelo de Paiva, en el norte del país. Este inesperado cierre se saldará con el despido de casi 600 trabajadores y tendrá graves repercusiones para las familias que residen en estos lugares y la población trabajadora de toda la comarca, situada a efectos de los fondos estructurales en una región del Objetivo 1.

Para la instalación de la fábrica y su puesta en funcionamiento en Castelo de Paiva, la empresa recibió en 1988 importantes ayudas nacionales y comunitarias, y estaba previsto que continuara a trabajar hasta el año 2007 por lo menos.

Con frecuencia se indica asimismo que la empresa C & J Clark es conocida por ser muy avezada a la hora de aprovechar oportunidades financieras y que ya ha recibido en el pasado, por diversos conceptos, fondos comunitarios en relación con el funcionamiento de varias de sus fábricas en diferentes países de la Unión Europea, muchas de las cuales han cerrado posteriormente, con graves consecuencias sociales y económicas para los países y regiones en los que trabajaba.

Por otro lado se ha dicho que la concesión de estas ayudas, que proceden directa o indirectamente del presupuesto comunitario, se ha llevado a cabo independientemente de que la referida multinacional recurriera a gran escala a la subcontratación de otras empresas. Se sabe en concreto que el Grupo Clarks vende cada año 40 millones de pares de zapatos (con un volumen de negocios estimado en 1 500 millones de euros anuales) y que siete de estos 40 millones de pares proceden de empresas subcontratadas por el Grupo Clarks.

¿Tiene la Comisión conocimiento de prácticas de subcontratación (consistentes en la delegación de parte de la producción de calzado en otras empresas) del Grupo Clarks o C & J Clark pese a las ayudas que percibe? Si las subcontrataciones son jurídicamente posibles en teoría, ¿no considera que deberían estar prohibidas, al menos cuando se hubieren concedido incentivos o ayudas financieras procedentes directa o indirectamente de las arcas comunitarias?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(1 de abril de 2003)

La Comisión no tiene conocimiento de la existencia de las prácticas de subcontratación por parte del Grupo Clarks o C & J Clark, a las que Su Señoría hace referencia en la pregunta formulada.

Es competencia de los Estados miembros hacer respetar los acuerdos que concluyen con las empresas, de conformidad con la legislación nacional y comunitaria en vigor.
PREGUNTA ESCRITA P-0531/03

de Theresa Zabell (PPE-DE) a la Comisión

(18 de febrero de 2003)

Asunto: Licencia internacional para competir en coches en la UE

Gracias a la UE, el deporte en Europa también disfruta de más movilidad y, según la situación geográfica donde viva cada uno, le puede ser más fácil o accesible practicar deporte o participar en competiciones en otro Estado miembro que en el suyo propio.

Sin embargo, los gallegos y portugueses que quieren participar en rallies de coches en el país vecino se encuentran con que este año tienen que pagar una tasa adicional de unos 1 500 euros.

Este obstáculo, aparte de no existir en otros deportes, es sólo para corredores no-profesionales que supuestamente son los que más problemas económicos pueden tener.

¿Me podría informar la Comisión si esto es compatible con el Derecho comunitario en cuanto a la libre prestación de servicios?

¿No piensa la Comisión que la cantidad de 1 500 euros al año podría ser una cantidad un tanto desproporcionada?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(12 de marzo de 2003)

Invito a Su Señoría a que consulte las respuestas de la Comisión a las preguntas escritas E-3066/02 del Sr. Wynn(1) y E-3456/02 del Sr. Heaton-Harris(2) relativas precisamente a las normas recientemente aprobadas en la Federación Internacional del Automóvil en relación con la participación en carreras automovilísticas.

En dichas respuestas, la Comisión subrayó que, de modo general, las disposiciones comunitarias relativas a la libre circulación de servicios no contradicen las normas o prácticas en el ámbito deportivo justificadas por motivos no lucrativos en lo relativo a la naturaleza y el contexto específico de determinadas competiciones, siempre que no existan elementos de carácter discriminatorio, injustificado o desproporcionado.

En particular, la Comisión no dispone de elementos que le permitan calificar de desproporcionada la tasa menciona en la pregunta de Su Señoría.

(1) Ver página 94.

(2) Ver página 116.
PREGUNTA ESCRITA E-0914/03

de Claude Moraes (PSE) a la Comisión

(24 de marzo de 2003)

Asunto: El Consejo Europeo de Sevilla

¿Qué progresos se han realizado en la aplicación de las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla en materia de justicia y de asuntos interiores? En particular, ¿qué progresos se han alcanzado en lo que concierne a la posibilidad de que la Comisión y el Consejo intensifiquen sus trabajos con vistas a la creación de un cuerpo común de policía europea de fronteras?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(5 de mayo de 2003)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a su pregunta oral H-0193/03, formulada en el turno de preguntas de la sesión de abril de 2003(1) del Parlamento.

(1) Respuesta escrita de 8.4.2003.