PREGUNTA ESCRITA E-0422/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(17 de febrero de 2003)

Asunto: Oposición al acuerdo de paz firmado tras la guerra civil y la dictadura en Guatemala por la que éste podría fracasar

1. ¿Recuerda la Comisión que, entre 1954 y 1996, el Estado centroamericano de Guatemala fue testigo de una lucha de poderes permanente y violenta, en la que hubo 200 000 muertos, entre, por una parte, un Gobierno estrechamente vinculado con el aparato militar y varias empresas extranjeras y, por otra, la población rural, mayoritariamente india, y una parte de los trabajadores urbanos, y que esta lucha de poderes culminó con la firma de un acuerdo de paz y la creación de una Comisión de la Verdad?

2. ¿Está la Comisión al corriente de la conclusión de los observadores de la ONU de que, si bien el propio Estado no es responsable de la violación masiva de los derechos humanos, como ocurrió en el pasado, la situación se ha agravado de nuevo a lo largo de los últimos tres años porque: no se están aplicando las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad (incluida una investigación sobre las 50 000 personas desaparecidas), no se está creando ninguna jurisdicción independiente, el Gobierno no ha entablado diálogo alguno con la población, los periodistas y demás personas responsables en materia de derechos humanos están siendo amenazados, los crímenes del pasado no se están sancionando, el presupuesto militar se ha incrementado considerablemente en detrimento de los gastos sociales, apenas hay cabida para la participación y el refuerzo de la posición socioeconómica de la población india, numerosos opositores políticos del grupo en el poder han sido linchados en la provincia de Quiché, se ha aumentado la influencia militar en el Gobierno y los grupos armados vinculados al Gobierno siguen ejerciendo gran influencia en el medio rural sin que el Gobierno tenga la voluntad o el poder de actuar contra los mismos?

3. ¿Considera la Comisión que, en la medida en que la UE pueda ejercer alguna influencia estableciendo relaciones de cooperación al desarrollo y relaciones comerciales, debe evitarse a toda costa una vuelta de la dictadura y la guerra civil en Guatemala?

Fuente: Espacio informativo de la televisión neerlandesa TV Nederland 2 Twee Vandaag, de 3 de enero de 2003.

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0422/03 y E-0423/03dada por el Sr. Patten en nombre de la Comisión

(26 de marzo de 2003)

Desde la década de los ochenta, la Comisión presta apoyo político y financiero a la reconciliación y la democratización de Guatemala, y sigue muy de cerca la situación del país.

Existe un consenso general en la UE y en el resto de la comunidad internacional con respecto al hecho de que, a pesar de los progresos registrados, aún no se han concretado algunos elementos importantes de las reformas decididas en los acuerdos de paz de 1996 para afrontar las causas estructurales del conflicto interno. Por otro lado, la demora en la aplicación del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas impide el desarrollo del país y la integración efectiva de la población indígena.

Numerosos observadores internacionales, incluida la Minugua (Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala), han destacado que los avances registrados en los últimos meses se han visto ensombrecidos por el deterioro de la seguridad pública y el proceso de desmilitarización. Por otra parte, el número creciente de violaciones del Estado de Derecho y los derechos humanos, el aumento de las amenazas y de la violencia contra los defensores de los derechos humanos y los responsables del sector judicial, y la creciente polarización de la sociedad guatemalteca están creando graves tensiones en el país en vísperas del proceso electoral que desembocará en las elecciones de noviembre de 2003. A pesar de haberse registrado algunos avances en el sistema judicial, como la condena de los responsables del asesinato de la antropóloga Myrna Mack y la propuesta de crear una comisión de investigación sobre los poderes ilegales y las fuerzas de seguridad clandestinas, la impunidad sigue siendo la nota característica de los casos relativos a los derechos humanos desde los tiempos del conflicto.

Teniendo en cuenta esta situación, la actuación de la Comisión se desarrolla en dos vertientes complementarias con arreglo a la Resolución del Parlamento Europeo sobre Guatemala de abril de 2002 y a la Resolución del Consejo de 1998 sobre los pueblos indígenas.

A través del diálogo político, la Comisión y los Estados miembros recuerdan constantemente a las autoridades guatemaltecas y a las instituciones públicas locales la importancia de respetar la dignidad y de garantizar el bienestar de la población, especialmente la indígena, basándose en los principios de la democracia, la igualdad, la no discriminación, la paz y la justicia social.

Desde el punto de vista de la cooperación, la estrategia de la Comisión para el período 2002-2006 con respecto a Guatemala tiene por objeto apoyar los acuerdos de paz y romper el ciclo de pobreza y exclusión que afecta, sobre todo, a la población indígena. La estrategia se centra en los sectores siguientes: buen gobierno, consolidación del Estado de Derecho y protección de los derechos humanos; desarrollo local basado en la participación, la inclusión y la equidad; crecimiento económico equitativo y creación de empleo. Los recursos financieros indicativos para Guatemala con cargo a las dos principales líneas presupuestarias de la Comunidad para América Latina (cooperación económica, técnica y financiera) ascienden a 93 millones de euros.

La Comisión financia proyectos concretos en favor de la población indígena en sectores como la sanidad, la educación, la reinserción de los refugiados y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. Estas iniciativas se reforzarán en los próximos meses mediante una serie de programas de cooperación destinados a propiciar el acceso de la población indígena al sistema judicial, prestar apoyo al fiscal general del Estado mediante la creación de una Fiscalía Indígena, un departamento específico encargado del fomento de los derechos de la población indígena, y a la Procuradoría de los Derechos Humanos (oficina del Defensor del Pueblo) en el seguimiento de la situación de la población indígena a nivel local.

Por otra parte, la Comisión prepara iniciativas complementarias para reforzar, sobre todo, la participación de la sociedad civil, consolidar el proceso de descentralización del Estado, fomentar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y los derechos humanos, y propiciar el desarrollo de las zonas rurales, cuyos beneficiarios principales serán los pueblos indígenas de origen maya.

Guatemala es un país de América Latina fundamental en el marco de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) en el período 2002-2004, que presta apoyo en diversas áreas prioritarias, como la lucha contra el racismo y la xenofobia, la intimidación y la impunidad, la reconciliación y la tortura. La Comisión apoyará también el Observatorio de Derechos Humanos nacional, que se ocupa de la población indígena, y está comprometida en la elaboración de un informe sobre los Derechos de la población indígena y su aplicación en Guatemala destinado al Relator especial de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas.

También hay que señalar que la coherencia y la coordinación de las iniciativas de la Comisión en Guatemala estarán reforzadas por el denominado Mesodiálogo, un foro permanente sobre la cooperación comunitaria con Guatemala constituido por la Comisión, los Estados miembros, el Gobierno de Guatemala y organizaciones no gubernamentales (ONG), locales y europeas. En este contexto, en diciembre de 2002 se creó un subgrupo específico que trata los asuntos relacionados con la población indígena.

Por lo que se refiere a la eventual participación del general Ríos Montt en las próximas elecciones presidenciales, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido del Gobierno, aún no ha decidido cuál será su candidato oficial. Por otro lado, la Comisión considera que el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado en ocasiones anteriores contra la candidatura del Sr. Ríos Montt y volverá a examinar el caso, si procediere.