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PREGUNTA ESCRITA E-2484/96 de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión (25 de septiembre de 1996)

Asunto: Avoparcin en el engorde de animales

Hasta la fecha, cinco Estados miembros han prohibido la utilización de Avoparcin en el engorde de animales.

1. ¿Puede indicar la Comisión qué trato reciben en dichos países las importaciones de carne procedentes del mercado interior contaminadas con Avoparcin?

2. ¿Puede garantizarse en dichos países que la carne no está contaminada con Avoparcin?

En caso afirmativo, ¿de qué modo se garantiza?

En caso negativo, ¿sabe la Comisión de qué modo se pretende dar esta garantía en el futuro?

Respuesta del Sr. Fischler En nombre de la Comisión (13 de noviembre de 1996)

1. Las autoridades sanitarias encargadas del control están plenamente autorizadas para incautarse de la carne que contenga residuos de avoparcina con el fin de retirarla del mercado, independientemente de que se trate de un Estado miembro que autorice o no el empleo de la avoparcina como aditivo en la alimentación animal.

Sin embargo, esta hipótesis parece bastante improbable, ya que, tal como indica el informe del Comité científico de la alimentación animal de 1 de junio de 1983 ((Informe del Comité científico de la alimentación animal relativo al empleo de la avoparcina en la alimentación de los terneros y bovinos de engorde, incluido en los informes del Comité científico de la alimentación animal, cuarta serie, Luxemburgo, Oficina de publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas; Informe EUR 8769, catálogo no CD-NK-83-010-FR-C, páginas 120 a 129.)), la avoparcina que se añade a la alimentación animal no es absorbida prácticamente por el aparato digestivo de la rata, del pollo ni del cerdo, ni deja residuos que se puedan detectar en los tejidos. Las mismas observaciones se desprenden de algunos estudios efectuados en terneros, bueyezuelos y toros, en las mismas condiciones de empleo propuestas, con dosis más elevadas y mediante el uso de moléculas marcadas con 14 C. Por lo que se refiere a los residuos, el Comité llegaba a la conclusión en ese informe de que, por consiguiente, las utilizaciones propuestas están exentas de riesgos para el consumidor, ya que no dejan ningún residuo que pueda detectarse en los productos comestibles. El Comité científico de la alimentación animal ratificó posteriormente esas conclusiones en su informe de 29 de septiembre de 1994, confirmado de nuevo el 24 de marzo de 1995, sobre la utilización de la avoparcina en los alimentos destinados a las vacas lecheras ((Informe en curso de publicación.)).

2. Con el fin de cerciorarse de que la carne no contiene residuos, o no vaya a contenerlos, los Estados miembros deben proceder a controles

- de los piensos, con el fin de comprobar el cumplimiento de la Directiva 70/524/CEE sobre los aditivos en la alimentación animal ((DO L 270 de 14.12.1970.)), utilizando el método oficial por difusión de gelosa (Directiva 81/715/CEE ((DO L 257 de 10.9.1981.)));

- de la carne, para la que existen métodos por vía microbiológica o por cromatografía en capa fina que permiten poner de manifiesto la presencia de posibles residuos de avoparcina.
PREGUNTA ESCRITA E-3502/96 de Miguel Arias Cañete (PPE) a la Comisión (9 de diciembre de 1996)

Asunto: Aceite de oliva para la industria de conservas de pescado en la UE

¿Es consciente la Comisión de la variación existente en la actualidad entre el precio del aceite de oliva por parte de la industria de conservas de pescado de la UE, para su utilización en dichos productos, y el precio internacional del mismo?

¿Puede indicar la Comisión qué medidas va a adoptar para equilibrar dicha situación y poder ganar así en competitividad dicha industria respecto al mismo producto elaborado por los países extracomunitarios?

¿Velará la Comisión por que, a corto plazo, se puedan presentar propuestas que equilibren dicha situación?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (15 de enero de 1997)

Efectivamente, los precios del aceite de oliva en la Comunidad han aumentado de forma considerable durante las dos últimas capañas, a causa principalmente de la sequía reinante en España que ha provocado una gran disminución de la producción en ese Estado miembro. Afortunadamente esta situación parce haber llegado a su fin ya que en las últimas semanas los precios han empazado a bajar rápidamente y, gracias a la buena cosecha de esta campaña, se espera que sigan disminuyendo, con la consiguiente mejora en el nivel de competitividad con respeto a los precios mundiales.

Asimismo, conviene recordar que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 20 bis del reglamento 136/66/CEE, existe y un mecanismo de ayuda al sector de las conservas en aceite de oliva ((DO B 172 de 30.9.1966. )).

Actualmente, esta ayuda llamada «restitución a la producción para el aceite de oliva utilizado en la fabricación de conservas» se sitúa en 67,18 ecus por 100 kg. Dicha restitución fue aumentada de 5 ecus por 100 kg al inicio de la campaña 1995/1996 para paliar en parte el previsible aumento de precios.

Por otra parte, tal como el honorable parlamentario ya sabe, la Comisión está estudiando una reforma del sector en la que no se dejara de tener en cuenta todo lo relacionado con la utilización del aceite de oliva para las conservas.
PREGUNTA ESCRITA E-3218/96 de Doeke Eisma (ELDR) a la Comisión (22 de noviembre de 1996)

Asunto: Minería y tala en Venezuela

A raíz de la participación de la Comisión en el debate sobre minería y tala en Venezuela celebrado el 24 de octubre de 1996, se ruega a ésta que responda a las siguentes preguntas:

1. ¿Está al tanto la Comisión de la situación actual de los planes del Gobierno venezolano de retirar dos leyes (la no 269 y la no 2552) por las que se prohibe la minería y la tala en el Amazonas? ¿Podría informar la Comisión de cuáles han sido los resultados de las conversaciones celebradas el 24 de octubre de 1996 con relación a este tema?

2. ¿De qué manera ha tenido en cuenta la Comisión la Resolución sobre Venezuela aprobada por el Parlamento Europeo el 24 de octubre de 1996? ¿Qué medidas concretas ha adoptado la Comisión contra los planes del Gobierno venezolano de autorizar la minería y la tala en el Amazonas?

3. Si el Gobierno venezolano decidiera finalmente autorizar la minería y la tala en el Amazonas, ¿de qué manera afectaría esto al proyecto medioambiental de la Comisión de 6,4 millones de ecus para la zona del Alto Orinoco-Casiquiare? ¿Cuál sería la reacción de la Comisión en este sentido?

4. ¿Ha recibido o aprobado ya la Comisión un plan anual general para el proyecto en la zona del Alto Orinoco-Casiquiare? ¿Ha facilitado ya la Comisión fondos al Gobierno venezolano para este proyecto? En caso afirmativo, ¿a cuánto asciende el importe?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión (17 de diciembre de 1996)

1. - 2. Según las indicaciones recibidas de Caracas, la propuesta de derogar las leyes no 269 y no 2552, que prohíben la explotación minera y forestal en el Estado de Amazonas, había sido formulada por el Gobierno del Estado de Amazonas. En la reunión interministerial de 24 de octubre de 1996, el Gobierno de Venezuela se opuso a conceder tal exención.

3. La reserva de la biosfera Alto Orinoco-Casiquiare cubre, con 88.000 km2 de amplitud, la mitad sudoccidental del Estado del Amazonas. Dado que el Gobierno venezolano se compromete, mediante el convenio de financiación relativo a dicho a proyecto, a mantener el estado de conservación de esta zona, la revocación de las leyes no 269 y no 2552 no significaría que la zona del proyecto quedara automáticamente sometida a una explotación forestal y minera. Sería necesario pues analizar las verdaderas repercusiones de tal medida en el proyecto. En el caso de que las disposiciones del convenio de financiación relativo al objetivo de conservación no fueran respetadas por los socios venezolanos, la reacción de la Comisión podría llegar incluso a la suspensión o la clausura del proyecto.

4. El proyecto financiado por la Comunidad en la región Alto Orinoco Casiquiare se encuentra actualmente en su fase inicial. El 18 de marzo de 1996, la Comisión aprobó un plan de lanzamiento propuesto por la codirección del proyecto e hizo efectivo un primer tramo por un importe de 280.000 ecus.
PREGUNTA ESCRITA E-3301/96 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (5 de diciembre de 1996)

Asunto: Economía sumergida y PIB

Los medios de comunicación reflejan cada vez con más exigencia las dificultades existentes para encontrar mediciones estadísticas universalmente aceptadas.

¿Qué proporción del PIB representa la economía sumergida de Bélgica?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3280/96, E-3298/96, E-3299/96, E-3300/96, E-3301/96, E-3302/96, E-3303/96, E-3304/96, E-3305/96, E-3306/96, E-3307/96, E-3308/96, E-3309/96, E-3310/96, E-3311/96, E-3312/96 y E-3313/96 dada por el Sr. de Silguy en nombre de la Comisión (21 de enero de 1997)

En este momento es imposible estimar de manera precisa la repercusión de la economía sumergida en el producto interior bruto. En efecto, los métodos utilizados son muy diferentes en los Estados miembros y, por otra parte, algunos Estados miembros efectúan correcciones implícitas muy difíciles de evaluar.

Está previsto concluir a finales de 1998 los trabajos relativos a la cuestión de la exhaustividad. En esta fecha será posible efectuar la estimación solicitada con una cierta fiabilidad y posibilidad de comparación entre los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-3311/96 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (5 de diciembre de 1996)

Asunto: Economía sumergida y PIB

Los medios de comunicación reflejan cada vez con más exigencia las dificultades existentes para encontrar mediciones estadísticas universalmente aceptadas.

¿Qué proporción del PIB representa la economía sumergida de Portugal?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3280/96, E-3298/96, E-3299/96, E-3300/96, E-3301/96, E-3302/96, E-3303/96, E-3304/96, E-3305/96, E-3306/96, E-3307/96, E-3308/96, E-3309/96, E-3310/96, E-3311/96, E-3312/96 y E-3313/96 dada por el Sr. de Silguy en nombre de la Comisión (21 de enero de 1997)

En este momento es imposible estimar de manera precisa la repercusión de la economía sumergida en el producto interior bruto. En efecto, los métodos utilizados son muy diferentes en los Estados miembros y, por otra parte, algunos Estados miembros efectúan correcciones implícitas muy difíciles de evaluar.

Está previsto concluir a finales de 1998 los trabajos relativos a la cuestión de la exhaustividad. En esta fecha será posible efectuar la estimación solicitada con una cierta fiabilidad y posibilidad de comparación entre los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-2873/96 de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión (31 de octubre de 1996)

Asunto: Thermie 1993

Pregunta adicional a la respuesta del 29 de abril de 1996 a la pregunta escrita E-0627/96 ((DO C 217 de 26.7.1996, p. 81.))

¿Se solicitaron o aprobaron, conforme al artículo 4 del Reglamento (CEE) no 2008/90 ((DO L 185 de 17.7.1990, p. 1.)), «proyectos con objetivos específicos»? En caso afirmativo:

1. ¿De qué medidas se trata?

2. ¿Cuál es la justificación?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (7 de enero de 1997)

Efectivamente, la Comisión aprobó en 1993 proyectos con objetivos específicos en el ámbito de los combustibles sólidos, basándose en el artículo 4 del Reglamento (CEE) no 2008/90 (Reglamento Thermie) ((DO L 185 de 17.7.1990. )).

1. Como consecuencia de la convocatoria de propuestas de 22 de junio de 1993 ((DO C 171 de 22.6.1993. )), la Comisión aprobó dos proyectos con objetivos específicos relativos a la limpieza de gases en caliente.

2. Los dos proyectos seleccionados respondían perfectamente a las condiciones establecidas en la convocatoria de propuestas lanzada una vez que el Comité Thermie hubo emitido su dictamen favorable.
PREGUNTA ESCRITA E-2710/96 de Klaus Rehder (PSE) a la Comisión (16 de octubre de 1996)

Asunto: Registro español de buques

El Derecho marítimo general y el Derecho de las empresas navieras (el llamado primer registro) se encuentra regulado en España mediante la Ley sobre puertos estatales y puertos de la marina mercante, de 24 de noviembre de 1992. Ahora, en virtud de la 15a disposición adicional, se crea un segundo registro en el territorio de las Islas Canarias, estableciéndose también, en su artículo 6, requisitos adicionales en cuanto a la nacionalidad de las tripulaciones de los buques. De conformidad con estas disposiciones, el capitán y el primer oficial de los buques deben poseer en todo caso la nacionalidad española. En virtud de esta reglamentación se limita el libre acceso de la mano de obra procedente de otros Estados miembros de la UE a puestos de trabajo en los buques españoles del segundo registro.

¿Hasta qué punto es compatible esta limitación con el derecho de la CEE y, en particular, con el artículo 48 del Tratado CEE, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia («sentencia de los marineros»)?

Respuesta del SR. Kinnock en nombre de la Comisión (28 de noviembre de 1996)

En los buques con pabellón de un Estado miembro el primer y segundo puesto a bordo (esto es, el capitán o el primer oficial, cuando éste sustituya al capitán) merecen especial atención.

Las funciones de a bordo en este nivel requieren el ejercicio de la autoridad pública, en el sentido de las disposiciones del apartado 3 del artículo 48 del Tratado de la CE, que establecen que, por razones de orden público y seguridad pública, puede limitarse el acceso al puesto en los Estados miembros. La responsabilidad del capitán o su lugarteniente en el ejercicio de la autoridad pública a bordo de los barcos afecta directamente a la tripulación y los pasajeros y sus vidas y propiedades en el mar, así como a la protección del entorno marino.

La Comisión cree que no se puede considerar que las disposiciones españolas entren en conflicto con la legislación comunitaria.
PREGUNTA ESCRITA E-3277/96 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (5 de diciembre de 1996)

Asunto: Enajenación de empresas y cálculo del déficit público

Los medios de comunicación reflejan cada vez con más exigencia las dificultades existentes para encontrar mediciones estadísticas universalmente aceptadas.

¿Pueden las cantidades recibidas por la enajenación de empresas, bienes o derechos integrados en el sector público computarse para reducir el déficit en caso de venta?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3276/96, E-3277/96, E-3278/96 y E-3279/96 dada por el Sr. de Silguy en nombre de la Comisión (21 de enero de 1997)

En el caso de la privatización u otras formas de venta de acciones y otras participaciones, los ingresos realizados por la administración pública constan como transacciones financieras por lo que no tienen una repercusión directa en la tasa del déficit público, que se define en el Tratado como el balance de las operaciones no financieras. Esta regla se aplica tanto a las ventas directas hechas por la administración como a las ventas indirectas (organizadas por una sociedad de cartera de inversiones, por ejemplo).

Por el contrario, la venta de derechos o licencias por la administración pública se considera en principio como transacción no financiera, se registra en la cuenta de capital y, por ello, se tiene en cuenta al determinar el déficit público.
PREGUNTA ESCRITA E-3211/96 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (22 de noviembre de 1996)

Asunto: Orihuela. Cuantía financiación de proyectos urbanos pilotos

El 30 de noviembre de 1995 la Comisión publicó la convocatoria a concurso para presentar proyectos urbanos pilotos, en el marco de las medidas innovadoras del artículo 10 del FEDER. Entre los proyectos presentados, 91 proceden de España.

Uno de los proyectos presentados tiene como misión la restauración urbana en el ayuntamiento de Orihuela (Valencia).

¿Cuál es la cuantía de la financiación que la Comisión va a destinar a los proyectos urbanos pilotos conforme al artículo 10 del FEDER? ¿Qué parte de esta financiación podría corresponder al proyecto del ayuntamiento de Orihuela?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3198/96, E-3199/96, E-3200/96, E-3201/96, E-3203/96, E-3204/96, E-3205/96, E-3206/96, E-3207/96, E-3208/96, E-3209/96, E-3210/96, E-3211/96, E-3212/96, E-3213/96, E-3214/96 y E-3215/96 dada por el Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (20 de diciembre de 1996)

En respuesta a la convocatoria de propuestas, se presentaron a la Comisión más de 500 expedientes, de los cuales 97 proceden de España. El presupuesto disponible, 60 millones de ecus, permitirá a la Comisión cofinanciar unos 25 proyectos en todos los Estados miembros.

Por lo que se refiere al procedimiento de selección, la citada convocatoria de propuestas señala que «... un grupo de expertos internacionales independientes ayudará a los servicios de la Comisión a encontrar las ideas más innovadoras para seleccionar las propuestas que se ajusten lo máximo posible a los criterios establecidos. La Comisión decidirá el número final de propuestas que se vayan a cofinanciar, tomando en consideración los fondos disponibles, los temas de las propuestas y la distribución en el territorio de la Unión de los proyectos que se consideren adecuados».

Dado que el procedimiento está en marcha, en estos momentos no es posible hacer ninguna estimación sobre las posibilidades de que una ciudad sea elegida ni sobre el previsible importe de cofinanciación comunitaria que le correspondería. Lo mismo sucede con cualquier otra estimación referida a un Estado miembro o región determinada.

Por lo que se refiere al número y al nombre de los proyectos que podrían afectar a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Valencia, además de los mencionados explícitamente en las preguntas mencionadas más arriba, la Comisión no puede pasar por alto el principio de confidencialidad que se impone en esta fase del procedimiento y asimismo en consideración al hecho de que las propuestas relativas a actuaciones en las que participan más de una autoridad local pueden ser aceptadas si tal cooperación proporciona un valor añadido.

Habida cuenta del número excepcionalmente elevado de propuestas presentadas, el plazo necesario para el análisis profundo y la selección rigurosa de los expedientes no permite pensar que la Comisión pueda adoptar una decisión antes de finales de año.
PREGUNTA ESCRITA E-3021/96 de Antonio Tajani (UPE) a la Comisión (11 de noviembre de 1996)

Asunto: Aparato interceptor en casa de Berlusconi

En el estudio romano de Silvio Berlusconi, líder del movimiento político Forza Italia y de la oposición italiana, se ha descubierto un aparato interceptor.

1. ¿Piensa la Comisión acudir al Tribunal de Justicia para proteger los derechos de Silvio Berlusconi como ciudadano, parlamentario y jefe de la oposición?

2. ¿Qué garantías piensa la Comisión que puede ofrecer para proteger los derechos de los ciudadanos?

3. ¿Tiene la Comisión conocimiento de casos análogos al ocurrido en perjuicio de Silvio Berlusconi en toda la UE, además de las escuchas telefónicas sufridas por los servicios institucionales españoles?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (5 de diciembre de 1996)

La Comisión sólo dispone de la información aparecida en la prensa sobre los hechos mencionados por Su Señoría. Por otro lado, en hechos de esta naturaleza, carece de competencias para plantear un recurso contra un Estado Miembro ante el Tribunal de Justicia.
PREGUNTA ESCRITA E-2938/96 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (8 de noviembre de 1996)

Asunto: Turquía y el blanqueo de dinero

Según datos de Interpol, el 75% de la heroína que descubren y decomisan las autoridades de los países de la UE pasa a través de Turquía procedente del Afganistán y del Pakistán.

En 1994 las autoridades políticas turcas impulsaron, por primera vez, un proyecto de ley para la represión del blanqueo de dinero, sin que, sin embargo, haya sido aprobado por el Parlamento turco. En este contexto, desearíamos preguntar a la Comisión:

1. ¿Ha presionado a las autoridades políticas turcas para que el proyecto fantasma de ley se transforme en ley?

2. ¿La actual situación de tráfico de drogas es conforme a los principios de la UE y del Acuerdo de Schengen?

3. ¿Tienen constancia los pueblos de los Estados de la Unión Europea de que mientras que se supone, por un lado, que la Comisión combate la extensión de las drogas, por otro, apoya con todas sus fuerzas la adhesión de Turquía a la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (20 de diciembre de 1996)

La gran asamblea nacional de Turquía adoptó, el 14 de noviembre de 1996, una ley destinada a combatir la circulación y el blanqueo de dinero negro. Esta ley, firmada por el Presidente de la República el 18 de noviembre, será publicada en los próximos días en el Diario Oficial turco.

La ley crea, en particular, un Consejo financiero compuesto de representantes del sector público y privado e investido de amplios poderes de control. Prevé penas de prisión que van de 2 a 5 años y multas que llegan hasta el doble de las sumas que han sido objeto de blanqueo de dinero.

En 1995, la Comisión participó en la financiación de un proyecto actualmente en curso de lucha contra la droga en Turquía en el marco del programa de las Naciones Unidas para el control internacional de la droga (PNUCID). En 1996, la Comisión financió otro programa de tipo regional, elaborado éste por el PNUCID en cooperación con la Organización de cooperación económica de la que Turquía es miembro con los mismos derechos que, por ejemplo, Pakistán y Afganistán.
PREGUNTA ESCRITA E-3667/96 de Jean-Yves Le Gallou (NI) a la Comisión (3 de enero de 1997)

Asunto: Financiación comunitaria para la región del Centro

¿Podría informar la Comisión sobre el importe total de la financiación comunitaria destinada a la región del Centro y sobre el desglose de esta financiación, por objetivos, con cargo a los Fondos estructurales y al FEOGA-Orientación?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3645/96, E-3646/96, E-3647/96, E-3648/96, E-3649/96, E-3650/96, E-3651/96, E-3652/96, E-3653/96, E-3654/96, E-3655/96, E-3656/96, E-3657/96, E-3658/96, E-3659/96, E-3660/96, E-3661/96, E-3662/96, E-3663/96, E-3664/96, E-3665/96, E-3666/96, E-3667/96, E-3668/96 y E-3669/96 dada por el Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (7 de febrero de 1997)

Habida cuenta de la amplitud de la respuesta, la Comisión la envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.