ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/436

(2004/C 78 E/0458)

PREGUNTA ESCRITA E-2832/03

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(23 de septiembre de 2003)

Asunto: El cumplimiento del Pacto de estabilidad y crecimiento

¿Cuál es la situación global del cumplimiento por los Estados miembros del Pacto de estabilidad y crecimiento, vistas las dificultades demostradas por Estados con gran capacidad económica, como Francia y Alemania, para no superar el límite del 3 % de déficit presupuestario? ¿Cuál es la posición de la Comisión acerca del hecho de que determinados Estados consigan no superar este límite de déficit dirigiendo hacia sociedades públicas una parte considerable de las inversiones de la administración del Estado o limitando drásticamente las cargas sociales?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(12 de enero de 2004)

El deterioro de las posiciones presupuestarias refleja, hasta cierto punto, la debilidad de la actual situación económica. El crecimiento del producto interior bruto (PIB) ha sido más moderado de lo previsto en primavera y varios países de la zona euro han estado en recesión técnica. No obstante, una parte importante de la desviación se debe también a la falta de acción política en el pasado o a medidas que han producido un aumento del déficit.

La situación en los tres Estados miembros que están en el procedimiento excesivo del déficit es especialmente preocupante. El Consejo hizo recomendaciones, de conformidad con el apartado 7 del artículo 104 del Tratado CE, a Alemania, Francia y Portugal, poniendo un plazo para tomar medidas correctoras y fijando 2003 como plazo para la corrección del déficit excesivo para Portugal y 2004 para Alemania y Francia. Basándose en los últimos datos sobre los resultados presupuestarios de 2003 y en los presupuestos para 2004, la Comisión tendrá que evaluar la situación en Portugal. En el segundo semestre de este año se ha puesto de manifiesto que las medidas tomadas por Alemania y Francia no serían suficientes para corregir el déficit excesivo para 2004, como exigían las recomendaciones del Consejo de enero de 2003 y junio de 2003, respectivamente, aun cuando Alemania ha cumplido la recomendación para 2003. Esto se debía en gran parte a una ralentización más prolongada de lo previsto, pero también a medidas adicionales tomadas por los Gobiernos que empeoraban la situación. Eso movió a la Comisión a continuar con los procedimientos previstos por el Tratado (apartados 8 y 9 del artículo 104) para instar a Francia y Alemania a tomar las medidas necesarias. La Comisión ha considerado cuidadosamente los últimos acontecimientos y ha presentado nuevas recomendaciones tras sopesar las circunstancias reales. Por ello, ha recomendado al Consejo dar un año más de plazo a Alemania y a Francia para corregir el déficit, al tiempo que proponía una etapa de consolidación creíble en 2004 para rebajar el déficit a menos del 3 % del PIB en 2005. No obstante, en la reunión del Consejo Ecofin de 25 de noviembre de 2003 no se alcanzó la mayoría requerida para la adopción de las recomendaciones de la Comisión. Después de esto, el Consejo decidió tomar una medida sin precedentes y alcanzar a un acuerdo al margen del Tratado. La Comisión ha expresado claramente su desacuerdo con el Consejo, en especial con el procedimiento adoptado por el Consejo.

La Comisión continuará aplicando el Tratado y las reglas del Pacto. Esa es la mejor garantía de que todos los Estados miembros reciben el mismo trato y de garantizar unas finanzas públicas saneadas en todos los países. La Comisión velará por que los procedimientos se apliquen de manera imparcial y se cumplan debidamente.

La interacción entre las normas presupuestarias de la Unión y la inversión pública se ha investigado con detalle en el informe «Finanzas públicas en la Unión Económica y Monetaria (UEM) 2003», y sus conclusiones se reflejan en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento que la acompaña (1). Muestra que la disminución de los índices de inversión pública es una tendencia persistente que comenzó ya en los años 70 y ha afectado a todos los países industrializados y no solamente a los Estados miembros. Los niveles decrecientes de inversión pública como porcentaje del PIB se han atribuido a varios factores, entre otros al desplazamiento de la línea divisoria entre la inversión pública y privada ligado, en parte, al proceso de privatización. Parte del descenso de la inversión pública parece deberse al esfuerzo por sanear las finanzas públicas, esfuerzo que era necesario independientemente de la UEM debido a los niveles de endeudamiento, altos y en aumento. Sin embargo, un análisis detenido de los datos no muestra una relación inequívoca entre el cambio en el porcentaje de inversión y las disposiciones del marco de supervisión presupuestaria de la UE. De hecho, los gastos de inversión pública de muchos Estados miembros han dejado de disminuir tras el establecimiento de la unión monetaria.

Podrían ser apropiadas formas alternativas de financiación de la inversión tradicional, desde formas completamente privadas a formas mixtas con participación del sector público. Las más conocidas son las asociaciones público-privadas, que tienen un sólido fundamento microeconómico ya que pueden ofrecer incentivos de manera que se logre la eficacia económica sin comprometer objetivos públicos relativos a la calidad y a las características de los servicios proporcionados por la inversión. Es importante que los Estados miembros seleccionen los proyectos basándose en su fundamento microeconómico y no solamente en sus posibles implicaciones para las finanzas públicas.

La opción sobre la composición de las finanzas públicas (que incluye tanto la inversión como el gasto de carácter social) está en manos de los Estados miembros.

No obstante, la Unión proporciona asesoramiento mediante instrumentos comunitarios de coordinación de políticas, en especial a través de las Orientaciones Generales de Política Económica.

Las últimas Orientaciones adoptadas por el Consejo el 26 de junio de 2003 abordan la necesidad:

i) reorientar el gasto público hacia la inversión en capital físico y humano y en conocimiento rentable, que es generadora de crecimiento;

ii) asegurar la continuidad a largo plazo de las finanzas públicas,

iii) asegurar la sostenibilidad social.

(1) COM(2003) 283 final.