PREGUNTA ESCRITA E-2866/96 de Alex Smith (PSE) a la Comisión (25 de octubre de 1996)

Asunto: Asistencia jurídica

Habida cuenta de la respuesta a la pregunta escrita E-2388/96 ((DO C 60 de 26.2.1997. )), ¿considera la Comisión aceptable que los Estados miembros puedan impedir el acceso de ciudadanos de la UE a la justicia (y también a aquellos derechos que les son reconocidos en la legislación de la UE) mediante la restricción de su acceso a asistencia jurídica?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (29 de noviembre de 1996)

Tal y como el Parlamento ha sugerido en varias ocasiones, el acceso a la justicia es un derecho de los ciudadanos en toda sociedad democrática. El corolario de las libertades que garantiza el Tratado CE consiste en que, a fin de resolver los litigios resultantes de las actividades que lleve a cabo al ejercer cualquiera de esas libertades, un ciudadano pueda interponer recursos ante los tribunales de un Estado miembro en pie de igualdad con los nacionales de ese Estado miembro. En muchas ocasiones ese derecho de acceso a la justicia sólo puede ejercerse eficazmente si se concede asistencia jurídica de acuerdo con determinadas condiciones.

La legislación nacional que regula las condiciones de concesión de asistencia jurídica afecta a la capacidad de un ciudadano comunitario establecido en otro Estado miembro de defender sus intereses en éste último y debe ser examinada a la luz de las disposiciones del Tratado sobre las libertades fundamentales de los trabajadores, la libertad de establecimiento o la libre prestación de servicios. En este sentido, una solicitud de asistencia jurídica denegada por motivos de nacionalidad no puede ser compatible con el ejercicio de esos derechos fundamentales en el mercado interior. Cuando tal solicitud se rechaza por otros motivos, es necesario examinar en qué medida y en qué circunstancias tal legislación nacional, aplicable sin distinción e independientemente de la nacionalidad, podría constituir un obstáculo injustificado a la libertad de establecimiento o a la libre prestación de servicios.

Dado que, al no existir legislación comunitaria en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados miembros establecer normas de procedimiento detalladas para salvaguardar los derechos de que disfrutan las personas en virtud de la legislación comunitaria, tales disposiciones legislativas no deben desfavorecer a aquéllos a quienes la legislación comunitaria concede el derecho a la igualdad de trato ni restringir las libertades fundamentales garantizadas por la legislación comunitaria. La Comisión estudia sobre esta base si, en determinadas circunstancias, la legislación nacional que regula la concesión de asistencia jurídica restringe las libertades fundamentales que garantiza la legislación comunitaria.

De conformidad con las disposiciones del Título VI del Tratado de la Unión Europea, la cooperación judicial en materia civil se considera un asunto de interés común, sea cual sea la naturaleza de los derechos respecto de los que se requiere la cooperación.

En este contexto, se ha incluido una iniciativa sobre la asistencia jurídica en el programa de trabajo de la Comisión para 1997.