PREGUNTA ESCRITA E-1146/01

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(10 de abril de 2001)

Asunto: Agresiones medioambientales en la isla de Lanzarote (Canarias-España)

La isla de Lanzarote en el archipiélago canario está declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco. La actuación del artista canario César Manrique contribuyó a preservar la isla de actuaciones agresivas contra el medio natural, paisajístico y arqueológico. Sin embargo, hoy, una fuerte presión turística amenaza con hacer desaparecer zonas de especial valor ecológico y cultural.

La construcción del puerto deportivo Marína del Rubicón en la bahía de Berrugo (Playa Blanca) ha destruido ya parte de un entorno de gran valor natural y etnográfico en el municipio lanzaroteño de Yaiza. En la zona intermareal, con fondos de arenas bajas y veriles, que forman un ecosistema perfecto para el desove y alimentación de los peces, ya se han depositado miles de toneladas de piedra y grava, cegando la pequeña playa por la que salían a pescar pequeñas barcas de la zona. También están afectados restos arqueológicos e históricos.

¿Qué actuaciones puede emprender la Comisión para garantizar, en el caso que nos ocupa, el cumplimiento de las Directivas 85/337/CEE(1) y 92/43/CEE(2), relativas al estudio de impacto ambiental y a la protección de los hábitats naturales?

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(2) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(14 de junio de 2001)

Hay que señalar que la Comisión no tiene conocimiento de los hechos que menciona Su Señoría en su pregunta escrita.

Basándose en la información aportada, la Comisión ha comprobado que la zona en la que va a construirse el puerto deportivo, en la isla de Lanzarote, no ha sido designada por las autoridades españolas como Zona de Protección Especial para las aves conforme al artículo 4 de la

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres(1). Tampoco se trata de una zona definida por la comunidad científica como Zona de importancia para las aves según el inventario preparado en 1998 para la Comisión por expertos nacionales y Birdlife. Además de ello, esta zona no ha sido incluida por las autoridades españolas en su lista nacional de lugares de interés comunitario que podrían pasar a formar parte de la red Natura 2000 en el futuro, a tenor de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Por consiguiente, desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza, este caso parece recaer exclusivamente en el ámbito de competencia de las autoridades nacionales y regionales españolas.

Por lo que respecta a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, conviene recordar que su artículo 2 prevé que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se sometan a una evaluación.

Esta disposición se aplica a los proyectos enumerados en los Anexos I y II de la directiva. En la letra j) del punto 10 del anexo II se menciona la construcción de puertos turísticos. De conformidad con el apartado 2 del artículo 4, los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas en el Anexo II se someterán a una evaluación cuando los Estados miembros consideren que sus características lo exigen.

Conviene señalar que la Directiva 85/337/CEE ha sido modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997(2). Ahora bien, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 97/11/CE, si una solicitud de autorización hubiere sido presentada a una autoridad competente antes del 14 de marzo de 1999, seguirán aplicándoseles las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE en su versión anterior a la modificación.

La Comisión se ha dirigido, de todos modos, a las autoridades españolas para recabar información sobre los hechos denunciados por Su Señoría en la pregunta escrita con miras a asegurar la correcta aplicación del Derecho comunitario en este caso.

(1) DO L 103 de 25.4.1979.

(2) DO L 73 de 14.3.1997.