PREGUNTA ESCRITA E-2150/03

de Jean Lambert (Verts/ALE) a la Comisión

(27 de junio de 2003)

Asunto: Aplicación en el Reino Unido de la legislación de empleo con respecto a la orientación sexual

El principio que sustenta la Directiva 2000/78/CE(1), de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación consiste en que no habrá discriminación alguna sobre la base de la orientación sexual excepto, en muy contadas circunstancias, si se puede justificar que una característica vinculada a la religión o convicciones, a una discapacidad, a la edad o a la orientación sexual constituye un requisito profesional esencial y determinante.

El Gobierno del Reino Unido propone el siguiente texto para transponer los artículos de la citada Directiva relativos al principio de igualdad de trato en el empleo para personas cuya orientación sexual difiera:

Excepción para el requisito profesional esencial (apartado 3 de Regulation 7)

a) el empleo se destina al servicio de una organización religiosa;

b) el empleador aplica un requisito relativo a la orientación sexual:

i) a fin de cumplir con las doctrinas de la religión, o

ii) debido a la naturaleza del empleo y el contexto en que se lleva a cabo, a fin de evitar un conflicto con las firmes convicciones religiosas de un número significativo de fieles de la religión;

c) o bien:

i) si la persona a la que se aplica ese requisito no lo cumple, o

ii) si el empleador no está convencido, y en cualquier circunstancia tiene dudas razonables al respecto, de que esa persona cumpla el requisito.

¿Considera la Comisión que este texto constituye una interpretación válida y correcta de la expresión requisito profesional esencial y determinante?

¿No considera la Comisión que se impone la carga de la prueba al empleado haciéndole defender su orientación sexual en los tribunales, en lugar de imponerla al empleador para que defienda su decisión de no proceder al empleo sobre la base de la orientación sexual?

(1) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(28 de julio de 2003)

La Comisión está siguiendo de cerca los proyectos de propuestas de los Estados miembros sobre la transposición de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de diciembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Esta Directiva deber estar transpuesta a la legislación nacional el 2 de diciembre de 2003, a más tardar. La Comisión está prestando especial atención a la forma en la que cada Estado miembro propone aplicar las disposiciones del artículo 4 de la Directiva, relativo a los requisitos profesionales.

El apartado 1 del artículo 4 establece que una diferencia de trato basada en una característica relacionada con cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1 no tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en que se lleve a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito, proporcionado.

El hecho de que una diferencia determinada de trato cumpla o no con las condiciones del apartado 1 del artículo 4 dependerá de la naturaleza del puesto de trabajo específico o de la ocupación en cuestión. En cualquier caso, el artículo 10 de la Directiva explica con claridad que en contenciosos civiles y administrativos en los que una persona que se siente perjudicada por la no aplicación del principio de igualdad de trato alegue, ante un tribunal u otra autoridad competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, le corresponderá a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.

La Comisión no puede intervenir en el período fijado para la transposición. No obstante, tomará todas las medidas legales necesarias, una vez se haya cumplido el plazo de entrada en vigor de la Directiva, para asegurarse de que los Estados miembros han acatado las obligaciones sujetas a la Directiva.