PREGUNTA ESCRITA E-2057/01

de Dirk Sterckx (ELDR) a la Comisión

(13 de julio de 2001)

Asunto: Directiva 1999/44/CE sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo: insuficiente protección de los comerciantes.

La Directiva 1999/44/CE(1) obliga a los comerciantes a dar una garantía de dos años por los bienes de consumo que venda. El proveedor, importador o fabricante, por el contrario, no tienen ningún tipo de obligación legal en materia de garantía frente al comerciante. Por consiguiente, el comerciante depende de la buena voluntad del proveedor si ha de reparar o sustituir alguna mercancía defectuosa. En la práctica esto se traduce en que, finalmente, es el propio comerciante quien a menudo debe de correr con los gastos de la reparación o sustitución del producto. Iniciar un proceso judicial suele llevar demasiado tiempo y resulta demasiado costoso.

¿No considera la Comisión que es injusto y desproporcionado imponer semejantes obligaciones de garantía cuando los propios comerciantes no disponen de las mismas posibilidades de resarcimiento de cara a los fabricantes o importadores de un producto defectuoso? ¿Ha considerado ya la Comisión esta falta de equidad en la actual legislación y ha recibido ya críticas similares al respecto? ¿No considera que la legislación debería otorgar también determinados derechos a los comerciantes cuando estos adquieren un producto defectuoso de su proveedor?

(1) DO L 171 de 7.7.1999, p. 12.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(5 de septiembre de 2001)

El artículo 4 de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo reconoce al vendedor final un derecho de desagravio frente a otros miembros de la cadena de distribución. Dicho artículo 4 establece que cuando el vendedor final deba responder ante el consumidor por falta de conformidad resultante de una acción u omisión del productor, de un vendedor anterior perteneciente a la misma cadena contractual o de cualquier otro intermediario, el vendedor final podrá emprender acciones contra la persona responsable en la cadena contractual. La legislación nacional determinará quién es el responsable, o los responsables, contra los que podrá emprender acciones el vendedor final, así como las acciones y las condiciones de ejercicio correspondientes.

Por ello incumbe a la legislación de los Estados miembros poner medios de recurso eficaces a disposición del vendedor final.

No obstante, la relación contractual entre el vendedor final y la persona de la cadena de distribución a la que compra se rige, al tratarse de un contrato entre dos comerciantes, por el principio de libertad contractual. Por ello es posible que los derechos jurídicos del vendedor estén restringidos contractualmente. Esto se aclara en el considerando 9 de la Directiva.

Los Estados miembros deben poner en vigor la Directiva mediante las medidas nacionales de aplicación a más tardar el 1 de enero de 2002.

Los conflictos y quejas resultantes de las transacciones reguladas por las medidas de aplicación de la Directiva se tratarán en el marco de los sistemas jurídicos nacionales de los Estados miembros.