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PREGUNTA ESCRITA E-3049/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (2 de octubre de 1997)

Asunto: Libro Verde del comercio

En relación con el «Libro Verde del Comercio» (COM(96)0530 final), el sector del comercio, el segundo de la Comunidad por su magnitud, se acerca al final del milenio encontrándose frente a numerosos retos que deben afrontarse inmediatamente, si el comercio debe seguir proporcionando su propia contribución al bienestar económico y social de los ciudadanos.

En este sentido se solicita:

1. la creación de un comité consultivo permanente de comerciantes y consumidores bajo la égida de las DG XXIII/XXIV;

2. la participación de representantes de los consumidores y del comercio en los trabajos del comité para el comercio y la distribución y del comité consultivo de consumidores en los casos en los que se tratan asuntos de interés común;

3. la consulta regular de los órganos representativos del comercio y de los consumidores (Eurocommerce, CCD, asociaciones europeas de consumidores, etc.).

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (5 de noviembre de 1997)

La Comisión es consciente de la necesidad de que los representantes del sector del comercio y de los consumidores colaboren con ella. Por esta razón, ha creado dos comités consultivos: el Comité de Comercio y Distribución (CCD), que agrupa a los profesionales del sector del comercio y el Comité de los Consumidores, que agrupa a los representantes de los consumidores.

Cuando merece la pena que los representantes del comercio y de los consumidores debatan a la vez temas comunes, los dos comités celebran reuniones conjuntas que les permiten intercambiar opiniones y conocer las posturas y anhelos expresados por cada uno.

Se ha seguido este procedimiento en todos los asuntos relativos a la introducción de la moneda única, a la búsqueda de posturas comunes entre los consumidores y los comerciantes en cuanto a cuestiones delicadas como la doble indicación de los precios, la fecha de paso a la moneda física y, en general, la preparación de los puntos de venta para asistir a los consumidores. Asimismo, los dos comités han intercambiado impresiones sobre el marco jurídico de las tarjetas de pago.

Por esta razón, la Comisión no considera que sea útil la creación de un nuevo comité. Sin embargo, tiene la intención de mantener el diálogo que se inició en diciembre de 1996 entre los consumidores y las empresas. Desde esta perspectiva se están manteniendo conversaciones entre la Comisión, la Unión de Confederaciones de la Industria y de Organizaciones Empresariales de Europa (UNICE), la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC) y Eurocommerce para definir el marco en el que se podría establecer un intercambio de información y una mejor comprensión de los asuntos de interés común.
PREGUNTA ESCRITA P-2985/97 de Bernd Lange (PSE) a la Comisión (15 de septiembre de 1997)

Asunto: Violaciones de los derechos humanos en Irán

Varios periódicos iraníes han informado en el curso de los pasados meses sobre huelgas en empresas industriales iraníes en cuyo marco los servicios secretos detuvieron a huelguistas. Además, desde junio de 1997 hay al parecer presos que están en huelga de hambre en las cárceles de Siraz, Tabriz e Isfahan, lo que les ha supuesto torturas y su reclusión en celdas de aislamiento.

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de estos hechos? ¿De qué represiones ejercidas en los últimos tiempos en las cárceles iraníes tiene conocimiento la Comisión? ¿Cómo ha reaccionado la Comisión ante ello? ¿Qué otras medidas planea adoptar?

2. ¿En qué medida está informada la Comisión sobre el inicio y la forma del proceso contra el escritor desaparecido Faradj Sarkuhi?

3. ¿Qué medidas va a adoptar la Comisión como consecuencia de las violaciones de los derechos humanos en Irán en relación con la reanudación de las relaciones?

4. ¿Coincide la Comisión con el escritor británico Salman Rushdie en que los Estados miembros de la Unión Europea sólo deberían enviar a sus embajadores de nuevo a Irán cuando el Gobierno iraní haya manifestado por escrito y de manera formal su renuncia a la Fatwa?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión (1 de octubre de 1997)

La Comisión no tiene representación diplomática en Irán ni, por tanto, conocimiento de primera mano sobre la oleada de huelgas en industrias iraníes de que informa la prensa.

La Comisión considera que la Unión Europea debe buscar un planteamiento constructivo con Irán, pero sólo pueden lograrse avances si Irán respeta las normas del derecho internacional y se abstiene de actos del terrorismo. Esto es coherente con la decisión de la Unión de suspender el diálogo crítico con Irán tras la sentencia de abril de 1997 del tribunal de Berlín en el caso Mykonos.

La Unión ha condenado de forma inequívoca la fatwa contra Salman Rushdie. Este problema, así como el juicio a Faradj Sarkouhi y la vuelta de los embajadores de los Estados miembros a Teherán, es actualmente objeto de debate en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común.
PREGUNTA ESCRITA E-2338/97 de Nuala Ahern (V) al Consejo (18 de julio de 1997)

Asunto: Problemas de funcionamiento en la planta de residuos y reelaboración nuclear de La Haya

En unas informaciones publicadas en Le Monde el 17 de abril de 1997 se indica la existencia de serios problemas de funcionamiento en el complejo de residuos nucleares y reelaboración de La Haya situado en la península de Cotentin, en la Normandía. Entre otras cosas, se indica que existe una radiación hasta 3.000 veces superior a lo normal en las inmediaciones de la boca de la tubería de desagüe líquido al mar.

Puesto que diferentes países de la Unión Europea, incluidos Alemania, Bélgica, los Países Bajos y Francia, así como Suiza y el Japón, encomiendan a la planta de La Haya el tratamiento de su combustible nuclear, ¿qué medidas adopta el Consejo con objeto de garantizar que el funcionamiento continuado de dicha planta no vulnere las normas de protección contra la radiación de la UE?

Respuesta (17 de noviembre de 1997)

El Consejo considera que las disposiciones sobre protección sanitaria que figuran en el capítulo II del Tratado Euratom responden a la preocupación expresada por Su Señoría.

En este contexto, el Consejo, basándose en el artículo 31 del Tratado Euratom, adoptó recientemente la Directiva 96/29 Euratom, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes ((DO L 159 de 29.6.1996, p. 1. )), con objeto, entre otras cosas, de tomar en cuenta las recomendaciones de la CIPR.

La incorporación de esta Directiva en la legislación nacional corresponde a los Estados miembros. La Comisión, por su parte, debe verificar la conformidad de dicha transposición.

Por otra parte, el Consejo recuerda que, con arreglo al artículo 37 del Tratado Euratom, la Comisión debe recibir la información relativa a los proyectos de evacuación de los residuos radioactivos y determinar si la ejecución de dichos proyectos puede dar lugar a una contaminación en otros Estados miembros.

Por último, con arreglo a los artículos 35 y 26 del Tratado Euratom, los Estados miembros deben informar periódicamente a la Comisión a fin de tenerla al corriente del índice de radioactividad que pudiera afectar a la población, de modo que la Comisión pueda verificar el funcionamiento de las instalaciones de control implantadas por los Estados miembros a dicho efecto.
PREGUNTA ESCRITA E-2934/97 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (17 de septiembre de 1997)

Asunto: Inadmisibles documentos oficiosos de los servicios de la Comisión sobre la cuestión chipriota

Según noticias aparecidas en la publicación griega «TEMPO NEWSWEEK», en documentos oficiosos comunitarios de carácter confidencial se afirma que, por el momento, es imposible cualquier entendimiento con Ankara en relación con la cuestión chipriota y se propone que comience ya el proceso de segregación definitiva de las dos comunidades en Chipre. En estos documentos inadmisibles, que circulan como «documentos de trabajo» en los servicios competentes de la Comisión Europea, se afirma asimismo que la parte grecochipriota deberá reconocer el hoy inexistente pseudo-Estado turcochipriota, producto de la invasión de 1974, y alentar además su perspectiva europea...

La cuestión es excepcionalmente grave y afecta a la credibilidad de la UE, ya bastante mermada, en lo que se refiere a la solución del problema de la invasión y ocupación de la isla. Habida cuenta de lo anterior, ¿cuál es el punto de vista oficial de la Comisión sobre dichos documentos oficiosos salidos a la luz pública, que reproducen fielmente la política oficial turca en relación con el problema?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (17 de octubre de 1997)

La Comisión no tiene conocimiento alguno de los informes oficiosos sobre Chipre citados por Su Señoría y no está, por tanto, en condiciones de hacer comentarios al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-2070/97 de Jaak Vandemeulebroucke (ARE) a la Comisión (19 de junio de 1997)

Asunto: Contribución financiera comunitaria en materia de medio ambiente

La Unión Europea concede, con cargo a la línea presupuestaria B4-306, subvenciones para la protección del medio ambiente. En el DO C 148 de 16 de mayo de 1997 se publica una lista de las organizaciones que han recibido dicha financiación.

¿Puede indicar la Comisión qué proyecto presentó la organización «Stichting Euro Info Centrum»?

¿Puede facilitar la Comisión más información sobre dicha organización? ¿Es posible obtener los estatutos de la misma, así como una lista reciente de los miembros de su Consejo de administración?

¿Puede indicar la Comisión hasta qué punto ha controlado la correcta utilización de esas subvenciones?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (22 de septiembre de 1997)

El proyecto abarca la formación y equipamiento de los Euro Info Centres (EIC) y tiene por objeto sensibilizar a las PYME en cuanto a las prioridades medioambientales, proporcionarles los medios para que realicen un autoanálisis medioambiental crítico y, de esa forma, encauzarlas hacia el sistema comunitario de ecogestión y ecoauditoría (EMAS).

La fundación Euro Info Centre es uno de los centros de información más activos en el ámbito del medio ambiente, es eficaz y cuenta con un personal competente. Durante varios años coordinó la actividad medioambiental de los EIC. Además de ello, la fundación se encuentra cerca de Bruselas y, por tanto, bien situada para mantener con la Comisión los contactos necesarios a la gestión del proyecto. Se remitirá directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento una copia de los artículos de la asociación y una lista de los miembros actuales del comité de gestión.

El proyecto sigue en curso y no concluirá hasta mediados de 1998. Una vez finalizado, el responsable del proyecto debe presentar un informe final del trabajo realizado, la contabilidad final con la justificación de todos los gastos pertinentes y un balance económico definitivo. La Comisión revisa toda esa información y realiza el control financiero para cerciorarse de que el trabajo se ha llevado a cabo debidamente y que todos los gastos realizados se han consignado correctamente.
PREGUNTA ESCRITA E-2899/97 de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión (17 de septiembre de 1997)

Asunto: Aplicación de la Resolución del Consejo de diciembre de 1995 sobre la integración de los aspectos relacionados con las diferencias entre los sexos en la cooperación al desarrollo

En su Resolución de 20.12.1995 sobre la integración de los aspectos relacionados con las diferencias entre los sexos en la cooperación al desarrollo, el Consejo incluyó las dos citas siguientes:

«17. El Consejo invita a la Comisión a que, tras consultar a los expertos en cuestiones de especificidad de los sexos y de desarrollo de la Comunidad y de los Estados miembros, elabore un proyecto detallado de propuestas para criterios e indicadores comunes que dé cuenta de la aplicación de la presente Resolución...

18. Con el fin de garantizar un seguimiento concreto y efectivo de la aplicación de la presente Resolución, el Consejo pasará revista al progreso observado en la Comunidad y en los Estados miembros en su reunión del segundo semestre de 1997...»

¿Qué medidas se han adoptado a raíz de esta Resolución del Consejo para acordar criterios e indicadores comunes que den cuenta de su aplicación?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión (10 de octubre de 1997)

Siguiendo la Resolución del Consejo de 20 de diciembre de 1995, en 1996 la Comisión presentó en una reunión de expertos de los Estados miembros propuestas iniciales para una metodología en la difícil cuestión de elaborar criterios e indicadores comunes. Tras los debates de esta reunión, la Comisión presentó en una segunda reunión de expertos de los Estados miembros, los días 11 y 12 de septiembre de 1997, un cuestionario que utilizaba criterios e indicadores comunes precisos. Este proyecto fue aprobado con pequeñas revisiones, y empezará a aplicarse en breve.

Mientras tanto, se está preparando para la reunión del Consejo de Desarrollo de noviembre de 1997 un informe detallado sobre la aplicación de la Resolución por la Comunidad y los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-2750/97 de Kyösti Virrankoski (ELDR) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Inspecciones agrícolas sobre el terreno

Representantes de la Comisión realizan inspecciones en las explotaciones en compañía de las autoridades nacionales y comprueban si se han declarado correctamente las cuestiones relacionadas con las ayudas agrícolas.

La práctica de dichas inspecciones, sin embargo, hace que sea necesario plantearse algunas preguntas. ¿Es de recibo que los inspectores lleguen a la explotación, por ejemplo, precisamente cuando el agricultor celebra su 50 cumpleaños, tal como ha ocurrido, por ejemplo, en Finlandia? También se ha afirmado que los inspectores se negaron a que un reportero gráfico les sacara unas fotos.

¿Rigen también para los inspectores agrícolas las normas habituales de cortesía y educación o recurren éstos en el desempeño de su cometido a comportamientos propios de un Estado totalitario?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (23 de septiembre de 1997)

Al no disponerse de datos más concretos, resulta imposible responder de forma específica a los problemas planteados. No obstante, pueden comentarse las cuestiones generales expuestas.

Los representantes de la Comisión proceden a la inspección de las explotaciones agrarias en coordinación con las autoridades nacionales de control, con el fin de observar y evaluar los procedimientos nacionales de control. Las explotaciones visitadas por la Comisión son a menudo seleccionadas al azar y, por regla general, las inspecciones sólo son canceladas debido a circunstancias imprevistas capaces de causar dificultades excepcionales al agricultor o a sus animales. Del mismo modo, las inspecciones deben efectuarse de acuerdo con lo anunciado, aunque puede tolerarse cierta flexibilidad (aplazamiento un día o dos) si el agricultor justifica que el momento de la inspección es inoportuno.

Por lo que respecta a la forma de ejecución de las inspecciones en las explotaciones y las auditorías de los gastos de los Estados miembros, la Comisión espera que sus funcionarios observen en todo momento un comportamiento cortés con las partes interesadas, sin por ello abandonar una clara visión de los objetivos de las inspecciones. En general, habida cuenta de la obligación de comunicar sus resultados en primer lugar a sus superiores y de la necesidad de salvaguardar los derechos de los interesados en la solicitud de subsidios agrarios, los funcionarios de la Comisión tienen instrucciones de no atraer demasiado a la prensa durante sus inspecciones.
PREGUNTA ESCRITA E-2383/97 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (10 de julio de 1997)

Asunto: Vía férrea «Egnacia»

Como es sabido, Grecia es uno de los Estados miembros de la UE que tienen una muy difícil configuración geográfica, a lo que se añade el problema de la lejanía y de no contar con fronteras comunes con los demás países de la Unión. En consecuencia, hay que prestar una gran atención a la realización de infraestructuras de transporte en este país para superar, en la medida de lo posible, su aislamiento.

¿Qué opina la Comisión de la posibilidad de fomentar la construcción de unalínea de ferrocarril llamada «Vía Egnacia» desde el puerto de Igumenitsa hasta la frontera con Turquía, lo que permitiría además el transporte desde y hacia Oriente Medio a través del puerto de Volos, amén de dar un nuevo impulso al comercio en los Balcanes, que sin duda beneficiaría a los intereses de la UE en la zona?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (23 de septiembre de 1997)

Las inversiones en infraestructuras ferroviarias en Grecia financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de cohesión para el período 1994-1999 se refieren, principalmente, al desdoblamiento y la electrificación de la línea Atenas-Salónica. Asimismo, se financian las obras de modernización de la línea Salónica-Alexandrópolis.

En cuanto a la posible construcción de una nueva línea hacia Igumenitsa con el fin de crear una «Vía Egnatia ferroviaria», en principio debería examinarse y analizarse en común con las autoridades griegas, en el marco de la preparación de los expedientes relativos a la inversión en infraestructuras que se cofinanciarán durante el período 2000-2006.
PREGUNTA ESCRITA E-2605/97 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) y Juan Colino Salamanca (PSE) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Declaraciones de una Comisaria sobre el mercado de carne británica

El día 2 de julio de 1997, los medios de comunicación informaban que la Comisaria Emma Bonino declaraba que carne ilegal británica había tenido como destino mercados de algunos países de la Unión Europea.

El día 3 de ese mismo mes de julio, la Comisión declaraba que esa carne ilegal británica no había sido introducida en el mercado español.

¿Quién asumirá en la Comisión la responsabilidad de haber provocado riesgos graves de caída de los mercados de la carne en algunos países de la Unión Europea?

¿Quién asumirá en la Comisión la responsabilidad de haber alarmado a los consumidores con declaraciones que después son corregidas o matizadas?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2576/97, E-2577/97, E-2578/97, E-2603/97, E-2604/97 y E-2605/97 dada por el Sra. Bonino en nombre de la Comisión (14 de octubre de 1997)

El 2 de julio de 1997 la Comisión comunicó el descubrimiento de un fraude que afectaba la carne británica expedida ilegalmente a través de otros Estados miembros y de terceros países.

Fiel a su deseo de transparencia, y atendiendo a los compromisos contraídos ante el Parlamento Europeo, la Comisión ha mantenido informados al Parlamento y a los Estados miembros sobre todo lo relativo a este asunto.

En una primera fase, se inculpó erróneamente a una empresa española, homónima de una empresa instalada en Guinea Bissau.

Sin embargo, posteriormente, se determinó que otra empresa española había recibido 200 toneladas de carne de una de las empresas belgas inculpadas. Las autoridades españolas, que han sido informadas de ello por la Comisión, están realizando actualmente investigaciones sobre este tema.

Si bien la Comisión es consciente del hecho de que determinadas informaciones podrían tener repercusiones sobre el mercado de la carne, ha considerado prioritario informar al consumidor, en aras del principio de transparencia.

No obstante, el episodio al que hacen referencia Sus Señorías no ha influidoen el mercado, puesto que *según las informaciones que los Estados miembros han facilitado [semanalmente] a la Comisión, el precio de la carne al por mayor no se ha visto afectado por las revelaciones sobre las exportaciones ilícitas de carne del Reino Unido durante el mes de julio.

La Comisión sigue pensado que es su deber mantener informados al Parlamento y a los Estados miembros, así como, si fuera necesario, a los consumidores sobre este tipo de cuestiones a medida que se vayan produciendo. Por otra parte, cabe señalar que esta forma de actuar ha sido ampliamente respaldada por la comisión temporal responsable del seguimiento de las informaciones sobre la encefalopatía espongiforme bovina.
PREGUNTA ESCRITA E-1782/97 de Manuel Porto (PPE) al Consejo (27 de mayo de 1997)

Asunto: Renuncia unilateral al Acuerdo de la Ronda Uruguay

El comercio internacional ha de asentarse en normas claramente establecidas y cumplidas, pues sólo de este modo pueden los agentes económicos programar sus actividades con seguridad.

En particular, a los países de la Unión Europea se les exigió un gran esfuerzo de apertura, en el marco la Ronda Uruguay, en relación con las importaciones en el sector textil y de la confección, sabiéndose que estaban en juego muchos cientos de miles de puestos de trabajo. De ahí que se acordara un proceso gradual, que permitía escalonar las reestructuraciones y reconversiones que fueran haciéndose necesarias.

¿Cómo debe interpretarse ahora la renuncia a los principios acordados?

Más concretamente, ¿cómo debe interpretarse que, en aras de conseguir ciertas ventajas para las exportaciones de los países y regiones más ricos, se acepte unilateralmente el incumplimiento de un acuerdo, perjudicando así a los países y regiones más pobres?

Respuesta (10 de noviembre de 1997

El Consejo reafirma la importancia que otorga a la integración de los productos textiles y de prendas de vestir en las normas y disciplinas del GATT 1994 en las condiciones previstas en el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV). El Consejo destaca que el ATV prevé, en particular, una integración progresiva durante un período transitorio de 10 años, con el fin de permitir la adaptación gradual de la industria comunitaria a las nuevas condiciones internacionales de competencia.

En este contexto, el Consejo ha adoptado las disposiciones normativas necesarias para la aplicación del compromiso adquirido por la Comunidad en el marco del ATV, incluidas las disposiciones exigidas para una buena gestión de las cuotas de importación de terceros países.

Por otra parte, la adopción por parte del Consejo del Reglamento (CE) 825/95 relativo a una aportación financiera de la Comunidad de 400 millones de ecus para el período comprendido entre 1995 y 1999 en favor de Portugal para un programa específico de modernización de la industria textil y de confección, responde también al compromiso contraído por el Consejo con Portugal y refleja su preocupación al crear unas condiciones idóneas para reducir al máximo los problemas que pueden afectar a las regiones más pobres de la Comunidad.