PREGUNTA ESCRITA E-2780/00

de Luciano Caveri (ELDR) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: La Universidad de Chambery

En el Valle de Aosta, región autónoma de Italia, 48 estudiantes han obtenido, desde 1987 hasta hoy, la licenciatura en Lenguas extranjeras aplicadas por la Universidad de Chambéry.

Esta licenciatura aún no ha sido reconocida en ningún concurso público y la ausencia de facultades realmente equiparables en Italia constituye un obstáculo al principio del pleno reconocimiento de los títulos, lo que penaliza a los ciudadanos de una región bilingüe en italiano y francés como el Valle de Aosta, a los que habría que dar facilidades para estudiar en universidades francesas, especialmente si se encuentran en zonas de cooperación transfronteriza.

¿No cree pues la Comisión que nos hallamos ante un caso de violación de los principios comunitarios? ¿Qué medidas piensa adoptar para desbloquear la situación?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(2 de octubre de 2000)

Para facilitar el reconocimiento profesional de cualificaciones se han adoptado varias directivas comunitarias. La Directiva 89/48/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 estableció un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años(1). Esta Directiva se aplica en principio a la docencia, si bien no armoniza los cursos de formación. Su propósito es reconciliar la libertad de cada Estado miembro en materia de educación con el derecho de todos los ciudadanos comunitarios de ejercer su profesión en cualquier Estado miembro.

A efectos de esa Directiva, un título es cualquier diploma o certificado de otro tipo expedido por una autoridad en un Estado miembro que sancione el nivel de formación mencionado en la Directiva y la posesión de las cualificaciones requeridas para ejercer la profesión en cuestión en el Estado miembro de origen del titular.

En la mayoría de los Estados miembros, el acceso a la docencia está sujeto a la posesión de un conjunto de títulos (título universitario y certificado de aptitud pedagógica).

En cuanto a Francia, los docentes también deben cursar después de la universidad un período (pedagógico) de formación en el IUFM (Institut universitaire de formation des Maîtres), con un examen. Una vez aprobado, los candidatos obtienen el certificado de enseñanza (certificat d'aptitude à l'enseignement), que es el título en el sentido de la Directiva.

Los estudiantes a los que se refiere Su Señoría han obtenido un título universitario que no es un título en el sentido de la Directiva 89/48/CEE en la Universidad de Chambéry (Langues étrangeres appliquées). Según la información que recoge la pregunta, este título tiene carácter académico. Los poseedores de este título no pueden ser considerados profesores en Francia. Por lo tanto no pueden acogerse al procedimiento de reconocimiento profesional según lo establecido en la Directiva del sistema general, que se aplica sólamente a los títulos profesionales, esto es, a los ciudadanos que ya son profesores o profesionales completamente cualificados en sus respectivos países de origen.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, incluso si la Directiva no fuera aplicable, y por lo tanto la persona afectada no tuviera un derecho particular a obtener el reconocimiento, ésta tiene, sin embargo, algunos derechos relativos al tratamiento de su solicitud de reconocimiento de este título. El principio de la libre circulación de los trabajadores fijado en el artículo 39 (antiguo artículo 48) del Tratado CE obliga a las autoridades del Estado miembro de acogida a tener en cuenta los títulos obtenidos por los migrantes en otros Estados miembros, a evaluarlos y a notificar al ciudadano una decisión motivada contra la cual existen medios legales de impugnación. La información contenida en su pregunta no permite a la Comisión valorar la posible violación de estos principios.

Como los artículos en cuestión del Tratado CE tienen efecto directo, es decir, que confieren a los ciudadanos derechos que éstos pueden alegar a la hora de tratar con los poderes públicos y que estos últimos han de cumplir, se aconseja a las personas afectadas que acudan a los órganos o tribunales administrativos nacionales, únicos competentes para anular una decisión tomada por una autoridad nacional.

(1) DO L 19 de 24.1.1989.