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PREGUNTA ESCRITA P-1940/02

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(26 de junio de 2002)

Asunto: Agencia de navegación por satélite en Roma

Desde hace algunos meses, en los medios de comunicación italianos, y en particular en los periódicos de Roma, se habla de la posible ubicación en las proximidades de la ciudad de una futura agencia europea de navegación por satélite multimodal en relación con el programa Galileo. En varias ocasiones, el alcalde de Roma ha mencionado la posibilidad de conseguir que dicha agencia tenga su sede en Roma, con una incidencia para el empleo que ronda los 120 000 puestos de trabajo. Recientemente, el Alcalde de Roma especificó también que esta decisión se debió tomar durante la Cumbre de Sevilla, pero quedó aplazada a primeros de julio.

En cambio, en el Reglamento (CE) no 876/2002(1) del Consejo, de 21 de mayo de 2002, la situación es distinta: durante los próximos cuatro años, el programa será gestionado por una empresa común con sede en Bruselas, constituida por representantes de los quince Estados miembros y por representantes de empresas privadas; a partir de 2007, en la fase de despliegue, el lanzamiento de satélites tendrá lugar a través de la Agencia Espacial Europea, mientras que la gestión de los satélites se confiará a consorcios de empresas privadas, bajo control de la Unión Europea.

Visto lo anteriormente expuesto, ¿puede decir la Comisión:

- si el programa Galileo prevé la creación de una agencia europea de la navegación por satélite multimodal y, en su caso, qué recursos se le destinan,

- si dicha agencia podría tener su sede en Roma y si el potencial de creación de empleo ronda los 120 000 puestos de trabajo;

- qué tipo de desarrollo prevé el programa Galileo?

(1) DO L 138 de 28.5.2002, p. 1.

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(23 de julio de 2002)

El apartado 4 del Artículo 1 del Reglamento (CE) no 876/2002 del Consejo, de 21 de mayo de 2002, por el que se crea la Empresa Común Galileo, establece que su sede deberá situarse en Bruselas.

La Empresa Común, creada por una duración de cuatro años (de 2002 a 2005), tiene por objeto gestionar la única fase de desarrollo del programa.

La gestión de las siguientes fases (de despliegue y de explotación) corresponderá a una empresa privada (mediante concesión), a través de una oferta de licitación convocada por la Empresa Común.

Por el momento no se ha tomado decisión alguna sobre la creación de la Agencia europea para la navegación por satélite multimodal. En consecuencia, no se dispone de información sobre su sede, recursos, ni número de empleados.
PREGUNTA ESCRITA E-0870/02

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(2 de abril de 2002)

Asunto: Investigación sobre una posible infracción de las normas sobre competencia

A finales de 2000 la Comisión recibió una reclamación contra el Estado sueco y Apoteksbolaget por violación de los Tratados. La reclamación la presentó la empresa de distribución de medicamentos Kronan Droghandel, que reaccionaba de esta manera ante los planes de Apoteksbolaget y del gobierno sueco de establecer centros de distribución regionales. El objetivo del gobierno era crear nuevos empleos en las regiones afectadas por el cierre de instalaciones militares.

La empresa Kronan consideraba que si Apoteksbolaget entraba en el mercado de la distribución reforzaría su posición dominante en este mercado gracias a su monopolio de venta. Según Kronan, se trataba de una violación de la legislación sueca en materia de competencia (calcada de la legislación comunitaria) en virtud de la cual esta prohibido beneficiarse de una posición dominante.

La Comisión debía investigar si estaba justificada la reclamación. ¿Cuáles son los resultados de la investigación?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(22 de mayo de 2002)

La Comisión efectivamente recibió una denuncia el 15 de diciembre de 2000 alegando que la empresa sueca de propiedad estatal Apoteksbolaget planeaba ampliar su monopolio legal de venta al por menor de productos farmacéuticos en Suecia al mercado al por mayor eliminando así la competencia en el mercado al por mayor.

Sin embargo, como se presentó una denuncia similar ante la autoridad sueca de competencia con arreglo a la legislación sueca (similar a la comunitaria), la Comisión decidió que la autoridad sueca tomara la iniciativa en la investigación de las alegaciones. Esto es natural porque el centro de gravedad del caso está en Suecia. Por otra parte, esto coincide con la modernización prevista por la Comisión de la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, que atribuye un mayor papel a las autoridades y tribunales nacionales(1).

En su decisión del 6 de junio de 2001 la autoridad sueca de competencia concluyó que no había ninguna razón para tomar una decisión sobre el fondo teniendo en cuenta que Apoteksbolaget había retirado sus planes para ampliar sus actividades. En consecuencia el denunciante retiró su denuncia ante la Comisión y así el caso relativo a la denuncia mencionada por Su Señoría fue cerrado en consecuencia.

(1) La base jurídica prevista para la modernización de la ley de competencia comunitaria es la propuesta de la Comisión de 27 de septiembre de 2000 para un Reglamento del Consejo sobre la puesta en práctica de las normas sobre competencia establecidas en los artículos 81 y 82 del Tratado y la modificación de los Reglamentos (CEE) no 1017/68, (CEE) no 2988/74, (CEE) no 4056/86 y (CEE) no 3975/87 (Reglamento de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado), DO C 365 E de 19.12.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-0900/02

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(5 de abril de 2002)

Asunto: La empresa Federal Mogul Friction Products Inc.

¿Está enterada la Comisión de los miles de demandas y posibles demandas contra esta empresa por parte de sus empleados en los Estados Unidos y la Unión Europea por exposición al amianto?

¿Sabe la Comisión que esta empresa internacional trata de evitar el pago de las demandas por exposición al amianto aplicando de forma selectiva el Capítulo 11/Administración en los países donde se presentan demandas, mientras continúa sus actividades en el resto?

¿Es legal este comportamiento en el mercado único europeo? En caso negativo, ¿qué acción puede emprenderse para lograr una compensación?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(29 de mayo de 2002)

La Comisión desconoce que exista alguna demanda interpuesta contra la compañía a que hace referencia Su Señoría o la actitud de dicha compañía respecto a una posible demanda.

A escala europea, en la Directiva 83/477/CEE del Consejo, 19 de septiembre de 1983, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (segunda Directiva particular con arreglo al artículo 8 de la Directiva 80/1107/CEE(1)), se establece que las empresas tomarán las medidas específicas oportunas para proteger a los trabajadores frente a los riesgos del amianto en el trabajo.

No obstante, esta Directiva no contempla las indemnizaciones por enfermedades contraídas a causa de dicho material. El tratamiento de demandas de indemnización por exposición al amianto no recae en el ámbito de competencias de la Comisión. Por tanto, debe evaluarse a escala nacional la legalidad de esta situación.

(1) DO L 263 de 24.9.1983.
PREGUNTA ESCRITA E-0557/02

de Renzo Imbeni (PSE) y Giovanni Pittella (PSE) a la Comisión

(28 de febrero de 2002)

Asunto: Visados para los ciudadanos no comunitarios residentes en Suiza

Varios cientos de miles de personas que emigraron en su día de los países de los Balcanes y de Turquía viven en Suiza con permisos de residencia regulares de larga duración. Cada vez que estas personas necesitan atravesar la frontera de la Unión (a través de Italia, de Austria, de Alemania y, en menor medida, de Francia) están obligados a solicitar un visado. El FIM (Foro para la integración de los inmigrantes recientemente establecidos en Suiza) propone que se substituya esta obligación de solicitud de un visado por la presentación del pasaporte y del permiso de residencia.

¿Puede indicar la Comisión si está de acuerdo con esta propuesta? En caso afirmativo, ¿puede explicar qué medidas tiene intención de adoptar para ponerla en práctica? Y en caso negativo, ¿qué alternativas propone a fin de evitar situaciones confusas en los consulados de los países comunitarios afectados?

¿Considera la Comisión que existe en posibilidad de introducir una solución a este grave problema en las últimas decisiones sobre la ratificación del Tratado entre la Unión Europea y la Confederación Suiza?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(4 de abril de 2002)

La Comisión es consciente de que varios miles de residentes extranjeros en Suiza están sujetos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, incluso con motivo del tránsito por un Estado miembro, en particular para regresar a su país de origen durante las vacaciones anuales.

La cuestión planteada no será solucionada por el acuerdo sobre libre circulación de personas entre Suiza y la Unión, firmado el 21 de junio de 1999, y cuya entrada en vigor debería tener lugar próximamente, a raíz de su ratificación por todas las Partes Contratantes.

La Comisión recuerda que la petición suiza de participar en Schengen/Dublín, en caso de que concluyese en un acuerdo bilateral Comunidad-Unión/Suiza, solucionaría completamente el problema pero es consciente de que esta solución sólo podría realizarse en una fecha relativamente distante.

La Comisión tiene conocimiento de que Suiza concede, desde el mes de agosto de 2000, una exención de visado a los extranjeros titulares de un permiso de residencia expedido por un Estado miembro, y no excluye que una medida de reciprocidad pueda considerarse a medio plazo.

La Comisión desea también destacar que el derecho existente, y en particular la instrucción consular común(1), da a los Estados miembros los medios de expedir a los extranjeros que residen en Suiza visados según modalidades que no constituyan un obstáculo excesivo a sus desplazamientos.

(1) DO L 239 de 22.9.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-0903/02

de Esko Seppänen (GUE/NGL) a la Comisión

(5 de abril de 2002)

Asunto: Medidas de promoción de productos agrícolas

En su boletín informativo (febrero 2002, fi) la Comisión informa de la aprobación de medidas de promoción de productos agrícolas fuera de la UE entre los años 2002 y 2005. A modo de ejemplo, se exponen ciertos productos cuyos países de origen son Italia, Francia, España y Bélgica. ¿Cuál será la proporción de medidas destinadas a cada país de origen y en qué medida se promocionarán los productos agrícolas finlandeses?

Respuesta del Sr. Fischler En nombre de la Comisión

(29 de abril de 2002)

La Comisión recuerda a Su Señoría que la lista de los productos que pueden ser objeto de acciones promocionales en terceros países, aneja al Reglamento (CE) no 2879/2000 de la Comisión, de 28 de diciembre de 2000, que establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2702/1999 del Consejo, relativo a acciones de información y promoción en favor de productos agrícolas en terceros países(1), comprende sectores que afectan a todos los Estados miembros.

Entre los programas presentados a la Comisión durante el año 2001 no había ninguno que emanara de una organización profesional o interprofesional finlandesa.

(1) DO L 333 de 29.12.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-0700/02

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(14 de marzo de 2002)

Asunto: Escuela Profesional Pública de Electrónica y Comunicaciones de Lisboa

La Escuela Profesional Pública de Electrónica y Comunicaciones, situada en Lisboa, es un centro de formación profesional dependiente del Ministerio de Educación portugués que fue creado a raíz de un acuerdo de cooperación entre Portugal y los Países Bajos, y que funciona desde 1990 en instalaciones provisionales.

Su principal objetivo es formar técnicos competentes en el ámbito de la electrónica y de las telecomunicaciones que merezcan la credibilidad de las empresas creadoras de empleo en el sector, asumiendo un carácter complementario en la preparación para el ingreso en la enseñanza superior.

Dada la expansión que caracteriza actualmente al sector de la electrónica y de las telecomunicaciones, la práctica totalidad de sus casi 100 alumnos ingresa en el mercado laboral después de finalizar el curso, en conocidas empresas del sector.

La positiva valoración de la escuela y la necesidad de técnicos en este ámbito todavía no ha sido suficiente para que se creen nuevas instalaciones, se aumente la plantilla docente y se permita la ampliación del actual proyecto, hasta llegar a la duplicación del número de estudiantes, ya que los cerca de 25 alumnos formados anualmente son insuficientes para responder a la demanda.

¿Podría la Comisión informar de las posibilidades de financiación de las nuevas instalaciones y de la ampliación del actual proyecto de la Escuela Profesional Pública de Electrónica y Comunicaciones de Lisboa?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(26 de abril de 2002)

El tipo de proyecto al que alude Su Señoría podría ser cofinanciado por los Fondos Estructurales al amparo de la medida 8 del programa operativo (PO) para la educación (PRODEP) y de la medida 3.8 del PO para la región de Lisboa (PORLVT) del marco comunitario de apoyo (MCA) dirigido a las regiones portuguesas del objetivo 1 y correspondiente al período 2000-2006.

No obstante, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(1), y en virtud de la legislación portuguesa, en concreto el Decreto-ley 54-A 2000, la selección de los proyectos es responsabilidad de las autoridades nacionales de gestión de los programas. La Comisión ruega, por tanto, a Su Señoría que solicite información complementaria acerca de una posible cofinanciación en las siguientes direcciones: PRODEP III, Av. 24 de Julho 134-5o, 1399-029 Lisboa, y PORLVT, Rua de Artilharia Um no 33, 1269-145 Lisboa.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-1156/02

de Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) a la Comisión

(24 de abril de 2002)

Asunto: Aldeas sin puente en la provincia española de Málaga

El temporal de lluvias, de finales del pasado año, se cebó con el municipio español de Periana, situado en la provincia de Málaga.

Debido a ello, los vecinos de la Viña y Los Marínes, en el mencionado municipio, carecen desde hace cuatro meses de acceso, pues la rotura del puente que une a ambas aldeas con el resto de la población obliga a más de cien familias que residen en la zona a tener que rodear todo el municipio para salvar el río Sabar.

¿Puede indicar la Comisión si, dentro de la Política Agrícola Común, existen fondos para solventar las consecuencias de los referidos temporales en la población malagueña, contribuyendo a aliviar a sus vecinos del aislamiento que sufren por la rotura del puente sobre el Río Sabar, que unía a las diferentes aldeas del municipio?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(27 de mayo de 2002)

La Comisión no está al corriente de los hechos mencionados por Su Señoría.

La resolución de este tipo de problemas concretos no es una competencia comunitaria sino nacional o regional (en este caso, de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

La Comisión contribuye, mediante los Fondos Estructurales, a distintos programas en España.

La financiación de la reparación de un puente que une varias aldeas correspondería más bien al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) que a la política agrícola común (PAC), mediante el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA).

No obstante, en el marco del programa operativo integrado (POI) del período 2000-2006 de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el capítulo sobre medidas de prevención y recuperación de infraestructuras (incluido en la planificación sectorial de la Consejería de Agricultura y Pesca a través del plan de modernización de la agricultura andaluza, en el marco del programa 1.2 sobre la mejora de las infraestructuras rurales) puede ofrecer algunas medidas adaptadas.

Procede recordar que la gestión de estos programas (incluida la selección de proyectos) es competencia y responsabilidad del Estado miembro y, en consecuencia, de sus autoridades nacionales o regionales y no de la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-0797/02

de Jeffrey Titford (EDD) a la Comisión

(21 de marzo de 2002)

Asunto: Política pesquera común

¿Tiene intención la Comisión de extender las ayudas de la política pesquera común a los mares Egeo, Báltico, Adriático y Mediterráneo a las aguas correspondientes que limitan con territorios de ultramar de los miembros de la UE en el Mar Caribe y los océanos Pacífico, Índico y Atlántico?

Si no ha elaborado planes al respecto, ¿podría explicar por qué?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(25 de abril de 2002)

La política pesquera común se aplica a las aguas sometidas a la soberanía o jurisdicción de los Estados miembros en los mares Egeo, Báltico, Adriático y Mediterráneo. También se aplica a los buques pesqueros comunitarios en todas en las aguas. En cambio, no se aplica a los territorios no europeos de los Estados miembros, excepto los departamentos franceses de Ultramar, ya que sólo esos territorios forman parte de la Unión.
PREGUNTA ESCRITA E-1383/02

de António Campos (PSE) a la Comisión

(14 de mayo de 2002)

Asunto: Productos alimenticios que contienen regalos

La asfixia en niños viene provocada principalmente por la ingestión de objetos pequeños y atractivos: globos, monedas, piezas pequeñas y objetos no comestibles (regalos) que se encuentran en los productos alimenticios. Diversos estudios realizados en Grecia, Alemania e Israel confirman que los productos alimenticios que contienen objetos no comestibles son extremadamente peligrosos y que el etiquetado, por sí solo, no es suficiente para eliminar el riesgo de muerte. Se ha calculado que se producen anualmente 2 000 accidentes en la UE debido a los regalos no comestibles incluidos en los productos alimenticios destinados a los niños. Se han identificado cuatro características principales que han de tomarse en consideración a la hora de evaluar la seguridad de estos productos: tamaño, compresibilidad, flexibilidad y configuración. La modificación de los productos con vistas a cumplir estos criterios y la existencia de una legislación que los controle han demostrado su eficacia en la disminución de accidentes mortales. La prohibición de vender objetos no comestibles en los productos alimenticios ha reducido el número de muertes infantiles en países como los Estados Unidos, Australia o Malasia.

¿Tiene la Comisión intención de legislar sobre esta materia en un futuro próximo?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(10 de junio de 2002)

Remitimos a Su Señoría a la respuesta conjunta de la Comisión a las preguntas escritas E-1008/02 del Sr. Casaca y E-1218/02 del Sr. Cunha(1).

(1) DO C 205 E de 29.8.2002, p. 245.
PREGUNTA ESCRITA E-0485/02

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(22 de febrero de 2002)

Asunto: Formularios E-111 británicos

Se ha informado que España y Francia se están negando a aceptar formularios E-111 de más de un año de antigüedad. Esto es ilícito y priva de un trato libre a aquellos que tienen derecho a él.

¿Está informada la Comisión de tales prácticas? ¿Qué va a hacer para asegurar que no se prive de sus derechos a los ciudadanos británicos en el futuro?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(18 de abril de 2002)

En virtud de la letra c) del apartado 1 del artículo 22 del Reglamento (CEE) no 1408/71(1), toda persona que se desplace temporalmente al territorio de otro Estado miembro podrá recibir la asistencia sanitaria que precise de modo inmediato durante su estancia. El Estado miembro en el que dicha persona esté asegurada deberá hacerse cargo de los gastos de la asistencia.

El formulario E 111 expedido por el Estado miembro en el que la persona en cuestión está asegurada certifica la veracidad de este hecho, así como el derecho a las prestaciones en especie en caso de enfermedad durante la estancia en otro Estado miembro.

En cuanto al período de vigencia del derecho a la asistencia sanitaria durante la estancia, el formulario E 111 certifica que el derecho sigue vigente, ya sea por un período determinado o, a partir de una fecha determinada, por tiempo ilimitado.

Las autoridades británicas han decidido expedir los formularios E 111 por tiempo ilimitado a las personas aseguradas, en virtud del hecho de que son nacionales de un Estado miembro y residen en el Reino Unido.

De conformidad con el deber de cooperación leal enunciado en el artículo 10 del Tratado CE, y recordado recientemente por el Tribunal de Justicia(2), las instituciones de los demás Estados miembros no deberían rechazar, por razones vinculadas al período de vigencia, los formularios E 111 expedidos por tiempo ilimitado y presentados por asegurados británicos residentes en el Reino Unido.

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades nacionales competentes e informará a Su Señoría de los resultados. Por otra parte, la Comisión le solicita que presente información pormenorizada sobre otros casos de rechazo de formularios E 111, en particular a la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales, a fin de que pueda proceder al examen de los mismos.

(1) Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 74 de 27.3.1972), modificado y actualizado por el Reglamento (CEE) no 118/97 del Consejo de 2 de diciembre de 1996 (DO L 28 de 30.1.1997).

(2) Sentencia de 10.2.2000, Fitzwilliam, C-202/97; sentencia de 20.3.2000, Banks, C-178/97.