PREGUNTA ESCRITA E-3072/02

de María Rodríguez Ramos (PSE) a la Comisión

(25 de octubre de 2002)

Asunto: Vertido incontrolado de estériles de carbón en la ciudad de Ponferrada

Ponferrada tiene, desde hace muchos años, una escombrera de carbón en pleno casco urbano. Una verdadera montaña que, junto con otro depósito también situado en parcela urbanística, suman 4 millones de metros cúbicos de estériles de carbón. El Ayuntamiento adjudicó, a finales del pasado mes de febrero y tras un proceso poco claro, la retirada de los mismos a Pongesur, empresa que ha vertido los estériles a 500 metros de donde se hallaban inicialmente y en una finca de chopos, también situada en la ciudad, donde se han talado los árboles para realizar el vertido. Los vertidos carecen de licencia de obra y de estudio de impacto medioambiental y se están realizando en camiones no habilitados al efecto que transitan por zona urbana repartiendo en el ambiente una nube incontrolada de residuo de carbón.

¿Son estas actuaciones conformes a la Directiva relativa al vertido de residuos 1999/31/CE(1)?

¿Pueden realizarse este tipo de actividades sin un previo estudio de impacto?

(1) DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.

Respuesta de la Sra. Wallström e nombre de la Comisión

(2 de diciembre de 2002)

El vertido de estériles de carbón está regulado por la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos(1) (modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991(2)) y la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos.

En virtud del artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que los residuos se eliminen sin poner en peligro la salud del hombre ni el medio ambiente, así como las medidas necesarias para prohibir el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de residuos. La Directiva obliga además a los Estados miembros a velar por que las empresas que efectúen las operaciones de eliminación posean una autorización y estén sometidas a inspecciones periódicas por las autoridades competentes.

Si se trata de residuos peligrosos, deben manipularse de acuerdo con los requisitos contenidos en la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos(3).

La Directiva 1999/31/CE del Consejo, que entró en vigor el 16 de julio de 2001, establece requisitos adicionales para la autorización, el diseño, la explotación, el cierre y la gestión posterior al cierre de los vertederos. Los vertederos ya existentes, que son aquellos a los que se había concedido autorización o estaban ya en funcionamiento a 16 de julio de 2001, deberán adaptarse a las exigencias de la Directiva. Los operadores de los vertederos existentes tenían que presentar un plan de acondicionamiento a las autoridades antes del 16 de julio de 2002.

La Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(4) (modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997(5)) exige la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en relación con las instalaciones para deshacerse de residuos y los vertederos tanto si los residuos son peligrosos como no peligrosos. La Directiva se remite a las Directivas 75/442/CEE y 91/689/CEE en cuanto a las definiciones aplicables (es decir, qué residuos se consideran peligrosos) para los proyectos que exigirían siempre una EIA. En lo que se refiere a otras instalaciones para deshacerse de residuos, la Directiva exige la realización de una EIA si el Estado miembro determina (con arreglo a determinados criterios de selección) que es probable que el proyecto tenga un impacto ambiental significativo y, en consecuencia, debe realizarse una EIA completa. La Directiva exige que los proyectos que probablemente vayan a tener unos efectos ambientales significativos queden sometidos a una autorización para su realización y a una EIA de conformidad con la Directiva.

Es responsabilidad de la Comisión garantizar la correcta aplicación de la legislación comunitaria, a la luz de las competencias que le atribuye el Tratado CE. En su calidad de guardiana de dicho Tratado, adoptará las medidas necesarias para garantizar la observancia de la legislación comunitaria en este caso.

(1) DO L 194 de 25.7.1975.

(2) DO L 78 de 26.3.1991.

(3) DO L 377 de 31.12.1991.

(4) DO L 175 de 5.7.1985.

(5) DO L 73 de 14.3.1997.