PREGUNTA ESCRITA E-3141/98

de Ana Miranda de Lage (PSE) y Jesús Cabezón Alonso (PSE) a la Comisión

(16 de octubre de 1998)

Asunto: Situación en Haití

La República de Haití sufre desde hace muchos meses una crisis institucional. La grave situación económica y social se ha visto agravada por las consecuencias catastróficas del devastador huracán George.

La extrema debilidad del sistema político, institucional y partidario podría arrastrar otra vez a la república a la ingobernabilidad y al autoritarismo.

¿Puede la Comisión indicar qué proyectos están en marcha para la normalización democrática financiados con las líneas Democratización y Derechos Humanos?

¿Puede la Comisión indicar qué proyectos tutela para la modernización del Estado y muy especialmente la del sistema judicial haitiano, elemento clave para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, la gran mayoría de los cuales se sienten todavía fuera de la producción de las leyes y del sistema?

¿Puede la Comisión indicar igualmente qué planes piensa poner en marcha para garantizar la limpieza de las próximas elecciones municipales y animar a la participación estimable que modifique la peligrosa tendencia de absentismo casi total de las anteriores?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión

(13 de noviembre de 1998)

La estrategia global definida entre la Comisión y las autoridades haitianas por lo que se refiere a la democratización y la buena gestión de los asuntos públicos hace hincapié en el sector judicial y algunos sectores sociales, como salud y educación. La utilización de los distintos instrumentos financieros se inscribe en esta estrategia ya sea a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) o de ayudas presupuestarias.

En la línea presupuestaria democracia y derechos humanos, las intervenciones se concentran actualmente sobre el Estado de derecho y el acceso de las capas desfavorecidas al sistema judicial. Desde 1992 se han destinado cerca de 6,5 millones de ecus para realizar un proyecto de asistencia legal y formación de los jueces de paz (640.000 ecus) a través de la organización no gubernamental (ONG) RCN (red de los ciudadanos), apoyar las elecciones presidenciales de 1995 así como la comisión preparatoria de reforma del derecho y la justicia (CPRDJ) (1 millón de ecus). En el primer caso, la creación de oficinas de asistencia legal fuera de la capital permite devolver poco a poco a la población la confianza en la justicia. Por otra parte, la reforma (futura y necesaria) del sistema judicial se apoya en un sistema de consulta amplio de todos los actores de la sociedad haitiana.

En coherencia con estas acciones, el programa indicativo 8o FED (PIN) asigna el 12 % de la ayuda programable, o sea 17,80 millones de ecus al sector prioritario de la gobernación. Se identifican tres subsectores para los cuales se están estudiando proyectos de apoyo (educación, salud y justicia). Para estos sectores, se ofrecerá un apoyo institucional para racionalizar y volver a definir el papel del Estado y afianzar el proceso de descentralización.

Se considerará prestar asistencia al proceso electoral, dada la importancia de éstas para la consolidación del proceso democrático, en cuanto se tengan informaciones más concretas. Se enviará una misión de evaluación para apreciar las necesidades reales y las posibilidades de financiación.