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PREGUNTA ESCRITA P-0753/03

de María Rodríguez Ramos (PSE) a la Comisión

(5 de marzo de 2003)

Asunto: Sacrificio a tiros de 70 cabezas de ganado bovino en Castilla y León

La Consejería de Agricultura de Castilla y León, ante su incapacidad para reagrupar a más de 250 reses que, tras la defunción de su propietario vagan desde hace 5 años por los montes públicos de Cabrera, León, ha autorizado el sacrificio de las mismas a tiros por parte de los cazadores de la zona. El primer fin de semana del presente mes, se abatieron 70, algunas de las cuales tras un largo período de agonía fueron rematadas con pistola, y se piensa continuar con la medida.

¿Puede la Comisión impedir de forma inmediata que las autoridades españolas permitan que en su territorio se lleven a cabo estos métodos salvajes de sacrificio contrarios a toda la normativa comunitaria relativa al sacrificio de animales?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(3 de abril de 2003)

La Comisión no tenía conocimiento de la situación descrita por Su Señoría.

Si las reses en cuestión se habían vuelto realmente salvajes después de haber estado vagando libremente por una zona montañosa durante cinco años, su sacrificio, en opinión de la Comisión, no tenía por qué cumplir con lo dispuesto en la Directiva 93/119/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, relativa a la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza(1).

Incluso en los casos en los que la Directiva es de aplicación, se permite el sacrificio a tiros, siempre y cuando provoque la muerte instantánea, como método de matanza de las especies animales que se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la Directiva.

Si las reses se habían vuelto salvajes, probablemente habría resultado imposible acorralarlas para sacrificarlas de otro modo o las personas que tenían que disparar no habrían podido acercarse lo suficientemente a ellas como para garantizar que su muerte se produciría de manera instantánea en todos los casos.

En consecuencia, la Comisión no considera que esta situación requiera su intervención ante las autoridades españolas.

(1) DO L 340 de 31.12.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-0389/03

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(13 de febrero de 2003)

Asunto: Programa de lucha contra el consumo de drogas en Grecia

La estrategia de la Unión Europea en materia de drogas tiene como objetivos reducir el consumo y la adicción a las mismas, en particular entre los jóvenes, y aumentar considerablemente el número de toxicómanos rehabilitados. Según el informe del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías, Grecia registró en el año 2000 una continua tendencia al alza del número de muertes repentinas, mientras que las estructuras sanitarias siguen siendo insuficientes con respecto al número de personas que solicitan tratamiento. A este respecto, es significativo que los hospitales psiquiátricos públicos no dispongan de camas para los toxicómanos con síndrome de abstinencia.

Considerando que la Unión Europea ha fijado objetivos concretos, así como programas y calendarios de acciones para luchar contra la toxicomanía, ¿puede indicar la Comisión si Grecia ha presentado programas y calendarios de acciones y cuál es su opinión al respecto? ¿Qué acciones reciben financiación de la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(19 de marzo de 2003)

Según el Informe anual de 2002 del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), el Consejo de Ministros griego aprobó una serie de decisiones en junio de 2001 tendentes a adoptar una política integrada, unificada y coordinada en materia de drogas. Según se desprende del informe, el Gobierno se comprometió a presentar un plan de acción nacional quinquenal con objetivos específicos en materia de drogas. Una de las medidas previstas es velar por un mayor desarrollo de los servicios de tratamiento de los toxicómanos.

Grecia también ha participado en la evaluación intermedia del Plan de acción de la Unión sobre las drogas 2000-2004 presentando a la Comisión información sobre la aplicación de los objetivos previstos para los Estados miembros en el Plan de acción de la Unión. En 2004 tendrá lugar una evaluación final de este Plan de acción.

Grecia ha participado en muchos de los programas de acción comunitarios contra las drogas y contra las toxicomanías entre 1996 y 2002, pero los proyectos financiados dentro de este programa aspiran a la prevención más que a la cura. Los sistemas de tratamiento establecidos en los Estados miembros para tratar a los toxicómanos no entran dentro de las competencias de la Unión, sino que son responsabilidad de los Estados miembros. Es posible que gracias a diferentes programas no específicamente relacionados con las drogas se haya obtenido financiación para la reintegración de los antiguos toxicómanos en el mercado de trabajo, por ejemplo por medio de la educación.
PREGUNTA ESCRITA P-0239/03

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(28 de enero de 2003)

Asunto: Superación del presupuesto previsto para la construcción de la autovía del Ática

¿Podría indicar la Comisión qué créditos estaban previstos para la construcción de la autovía del Ática, en cuánto se han sobrepasado hasta la fecha dichos créditos (en total y por sector) y a qué se ha debido?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(26 de febrero de 2003)

La medida relativa a la autovía del Ática forma parte del programa operativo titulado Ejes de carreteras-puertos-desarrollo urbano 2000-2006 y pertenece a los grandes proyectos de acuerdo con la definición establecida en los artículos 25 y 26 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(1).

La dotación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destinada a este proyecto asciende a 476 millones de euros para el período 2000-2006, frente a un gasto público de 951 millones de euros y un coste total, incluida la contribución privada, de 1 713 millones de euros. No existe ninguna posibilidad de aumentar la contribución del FEDER durante dicho período.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-3285/02

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(20 de noviembre de 2002)

Asunto: Impacto de la ampliación en la industria del acero de la UE

¿Podría indicar la Comisión cómo proyecta dar respuesta a los temores que despierta la ampliación en la industria del acero de la UE?

¿No considera la Comisión que deberían resolverse satisfactoriamente las siguientes cuestiones:

- la plena transparencia de las ayudas anteriores;

- el capítulo relativo a la competencia no debería cerrarse hasta que el Consejo no haya aprobado los planes de reestructuración para cada uno de los países;

- una vez cerrado el capítulo relativo a la competencia, la Comisión deberá asegurar la plena aplicación del acervo sobre las ayudas públicas;

- la desaparición de todas las ayudas públicas en el momento de la adhesión?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(9 de enero de 2003)

La Comisión es perfectamente consciente de que en algunos países candidatos es crucial y urgente la reestructuración del sector siderúrgico para que, una vez que esos países hayan entrado a formar parte de la Unión, su industria pueda soportar la presión de la competencia en el mercado interior.

Durante los últimos meses, en el marco de los acuerdos europeos y en el contexto de las negociaciones de adhesión, la Comisión ha adoptado iniciativas que garantizan el normal funcionamiento del mercado interior, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, cuando ello resulta necesario, las condiciones específicas de los países candidatos.

Se ha realizado un especial esfuerzo para conseguir la transparencia total en lo que se refiere a las subvenciones concedidas en el pasado por los países candidatos.

La Comisión y el Consejo seguirán de cerca el cumplimiento de los compromisos contraídos por los países candidatos en lo referente a la reestructuración de la industria siderúrgica antes y después de la adhesión, hasta el final del período de reestructuración. El seguimiento deberá organizarse de tal modo que garantice que la reestructuración sigue la trayectoria adecuada para permitir que los sectores siderúrgicos de los países en cuestión puedan sobrevivir en condiciones de mercado sin ayudas estatales.

Se han concluido las negociaciones con los diez países candidatos cuya entrada en la Unión se prevé para el 1 de mayo de 2004. Están en curso las negociaciones con Bulgaria y Rumania en el capítulo relativo a la competencia.

La Comisión sigue de cerca el acervo aplicable en materia de ayudas estatales, para garantizar la completa aplicación del mismo antes de la adhesión.
PREGUNTA ESCRITA E-3355/02

de Antonios Trakatellis (PPE-DE) a la Comisión

(27 de noviembre de 2002)

Asunto: Prohibición de celebrar contratos públicos con empresas de medios de comunicación

Según la nueva ley aprobada por el Parlamento griego (no 3021, Diario Oficial del Estado 19/0672002), queda prohibida la celebración de contratos públicos con personas físicas o jurídicas identificadas como accionistas de base en empresas de medios de comunicación. Según esta misma ley, por accionista de base se entiende el titular de acciones hasta un 5 % del total del capital social de la empresa de comunicación.

Habida cuenta de la dificultad que supone el control del concepto de accionista de base tanto en el ámbito comunitario como en el internacional:

- ¿puede indicar la Comisión si esta nueva ley se ajusta al Derecho comunitario? ¿En qué medida se vulnera el principio de igualdad, como principio general de Derecho, dado que no podrán controlarse ni las empresas con sede en los Estados miembros, ni las llamadas empresas off-shore, en relación con las empresas nacionales;

- ¿Existe una obligación por parte de los Estados miembros de colaborar con las autoridades nacionales competentes en el control del concepto de accionista de base (suministro de información, investigaciones, etc.), en particular cuando la correspondiente legislación nacional no prevé un control equivalente?

- ¿Constituye el eventual retraso del control de las empresas comunitarias, un incumplimiento del principio de igualdad y una discriminación de estas últimas en relación con las empresas nacionales y en qué medida es factible y jurídicamente legítimo excluir eventualmente a las empresas comunitarias de la celebración de contratos públicos, habida cuenta de la imposibilidad de efectuar un control eficaz de estas empresas?

Respuesta complementariadel Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(18 de septiembre de 2003)

La Comisión ha recibido de las autoridades griegas la información solicitada acerca de la Ley 3021/19.6.2002 sobre el asunto objeto de la pregunta.

Habida cuenta de la complejidad de este problema, la Comisión ha decidido ampliar su investigación, incluyéndola en su registro de casos examinados en concepto de control de la aplicación del Derecho comunitario.
PREGUNTA ESCRITA E-2547/02

de Marco Cappato (NI) a la Comisión

(12 de septiembre de 2002)

Asunto: Disposiciones jurídicas francesas sobre las rave parties

Las disposiciones jurídicas francesas sobre las manifestaciones musicales techno underground y gratuitas son muy represivas. Esta guerra contra las rave parties llevó, por ejemplo, al subprefecto de Limoux a adoptar la discutible decisión de prohibir a una radio, Radio Ballade, la difusión de música techno el 6 de julio pasado.

¿Considera la Comisión que estas disposiciones jurídicas son conformes a las normas europeas?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(16 de octubre de 2002)

La Comisión señala que las cuestiones planteadas por Su Señoría, relativas a medidas adoptadas en el ámbito del orden público, son competencia exclusiva de los Estados miembros.

Igualmente, es imposible establecer una violación grave y persistente de los derechos fundamentales, según lo dispuesto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.
PREGUNTA ESCRITA P-2585/02

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(10 de septiembre de 2002)

Asunto: Los efectos inflacionistas del euro

En el momento de la entrada en circulación del euro, en enero de 2002, se temía un aumento de la inflación, en particular, tras el período de doble

circulación y la conversión al euro, en razón de redondeos abusivos o de aumentos encubiertos. Recientemente, la prensa portuguesa reveló que muchos precios, en particular en los sectores alimentario, textil y del transporte, habían aumentado más de lo que se esperaba a nivel anual en los Estados miembros de la zona euro. Por ejemplo, en Francia, los precios subieron un 10 %, según la Unión Federal de Consumidores y, en los Países Bajos, el Banco Central señaló en el mes de agosto que el paso al euro había duplicado la tasa de inflación. En este contexto, varias organizaciones de defensa de los consumidores en la Unión Europea preparan una huelga de compras para el 12 de septiembre de 2002.

- ¿Puede informar la Comisión cuáles han sido los efectos de la entrada en circulación del euro para el índice de precios, por Estado miembro y en la zona euro?

- En caso de que no exista dicha información, ¿no cree que debería existir?

¿Cuál es su evaluación del impacto del euro en la inflación en la zona euro?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2451/02 y P-2585/02dada por el Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(24 de octubre de 2002)

Según un análisis efectuado por Eurostat y publicado en julio de 2002, los precios al consumo en la zona euro, medidos a través del índice de precios al consumo armonizado (IPCH), aumentaron en un 1.4 % entre los seis primeros meses de 2002 y los seis últimos meses de los 2001. El 1.2 % de este incremento se debe a tendencias históricas de la inflación y a factores específicos sin relación directa con el paso al euro (condiciones climáticas, impuestos indirectos ).

El impacto inflacionista vinculado al paso al euro fiduciario es por tanto limitado (un máximo del 0.20 %), incluso si es ligeramente más elevado que en las estimaciones anteriores (un máximo del 0.16 %). En la mayoría de los Estados miembros, los Institutos nacionales de estadísticas o los Bancos centrales han realizado estimaciones similares, que indican también efectos generalmente limitados.

Sin embargo, se ha constatado en algunos sectores subidas inusuales de los precios (restaurantes y cafeterías, servicios sanitarios, pequeños comercios, etc.). Estos aumentos en los precios combinados con unos redondeos desfavorables sobre algunos productos de consumo corriente pudieron contribuir a dar la impresión al público de la existencia de un efecto inflacionista más importante del que indican los índices oficiales sobre el conjunto de los bienes y servicios consumidos.

Globalmente, la inflación muestra una tendencia a la baja desde principios del año 2002.
PREGUNTA ESCRITA E-3860/02

de Mogens Camre (UEN) a la Comisión

(10 de enero de 2003)

Asunto: Posibilidad de que una minoría de miembros de la Comisión pueda adoptar una decisión relativa a la elaboración de un proyecto de Tratado al margen del conjunto de la Comisión

Como bien se sabe, la Comisión es un órgano que adopta sus decisiones de común acuerdo hacia afuera. Esto significa que el Presidente y unos pocos miembros no pueden actuar por cuenta propia. Si de todos modos lo hicieran, cualquier propuesta podría considerarse sin efecto.

El Comisario Vitorino habló de los principios de Montesquieu sobre la separación de poderes en tres partes. Esto es completamente incomprensible, dado que la separación de los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial no implica la posibilidad de que los funcionarios actúen por cuenta propia.

¿Cómo puede una minoría de miembros de la Comisión adoptar una decisión relativa a la elaboración de un proyecto de Tratado sin haberlo presentado al conjunto de la Comisión?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-3860/02, E-3902/02 y E-0034/03dada por el Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(17 de marzo de 2003)

A petición del Presidente Prodi, y de acuerdo con los Sres. Barnier y Vitorino, un Grupo de Trabajo de funcionarios de la Comisión elaboró un estudio de viabilidad titulado Contribución a un anteproyecto de Constitución de la Unión Europea. El Presidente informó a los otros miembros del Colegio de la existencia de este documento de trabajo, pero su contenido no fue objeto de una deliberación en el mismo y no compromete por tanto a la Comisión.

Corresponde a cada Comisario, en el ámbito del que es competente, y a su Presidente en relación con toda cuestión pertinente para la acción de la Unión, pedir a los servicios de la Comisión que elaboren documentos preparatorios, notas de reflexión, estudios de viabilidad, etc. No es necesaria una decisión del Colegio para que se lleven a cabo tales trabajos ya que forman parte de las actividades normales de los servicios de la Comisión en el marco de la preparación de las decisiones y posiciones posteriores de ésta. El Presidente Prodi, de acuerdo con los Sres. Barnier y Vitorino, consideró que era útil, en el marco de la posición adoptada por la Comisión en la Convención, disponer de un estudio de viabilidad sobre una Constitución europea.

Los nombres de los funcionarios que elaboraron este estudio de viabilidad figuran en la primera página del mismo; el estudio no ocasionó ningún coste más allá del gasto general de funcionamiento de la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA P-2940/02

de Mikko Pesälä (ELDR) a la Comisión

(10 de octubre de 2002)

Asunto: Suministro de la ayuda al Afganistán

La UE es uno de los principales proveedores de financiación para la reconstrucción del Afganistán. Hasta el año 2006, habrá concedido al país ayudas por valor de unos mil millones de euros.

Resulta complicado que la ayuda llegue perfectamente a su destino en condiciones difíciles. El coste del transporte por avión es, normalmente, demasiado elevado.

¿Qué tiene previsto hacer la Comisión para que la ayuda llegue a su destino y para lograr un calendario de entregas?

¿Ha pensado la Comisión en una alternativa que podría consistir en canalizar esa ayuda por vía férrea a través de Finlandia, dado que el ancho de la vía es el mismo desde los puertos de este Estado miembro hasta la frontera del Afganistán, que las posibilidades de almacenamiento en los centros de logística de la zona suroriental de Finlandia son excepcionales, que está probada, desde hace ya muchos años, la seguridad del transporte a través de Rusia y que existen relaciones tanto con Afganistán como con Rusia?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(25 de noviembre de 2002)

La Comisión es efectivamente uno de los principales proveedores de fondos de Afganistán. La compra en los mercados europeos de productos a granel destinados a ese país reviste un carácter excepcional, y se espera que siga teniéndolo en el futuro dado que los socios encargados de la ejecución parecen querer adquirir los productos en la propia región a fin de limitar los costes de transporte. Es en este contexto en el que la Comisión respondió favorablemente a la petición que formulara el Programa Alimentario Mundial para adquirir en Kazajstán trigo destinado a la ayuda alimentaria a Afganistán.

La Comisión aplica aquí la normativa vigente en materia de licitaciones. La ruta que deba seguirse para las entregas es una decisión que adoptan los suministradores y comerciantes al hacer su oferta. La Comisión, por su parte, está obligada a seleccionar la oferta más ventajosa, con independencia de la forma en que aquéllos se propongan ejecutarla, incluidas las operaciones de transporte.
PREGUNTA ESCRITA E-3571/02

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(12 de diciembre de 2002)

Asunto: Propuesta de introducir una cláusula de confidencialidad en el VI Programa marco de Investigación

En Suecia se comenta que la cláusula de confidencialidad propuesta para el VI Programa marco de Investigación no es compatible con la Constitución sueca. Según el periódico Ny Teknik, en los esbozos de contrato del nuevo Programa marco la confidencialidad es la regla, y la transparencia una excepción.

Sin embargo, la legislación sueca exige que las universidades estén abiertas al control exterior, y no les permite declarar confidenciales las investigaciones conjuntas. Al parecer, el Ministerio de Educación de Suecia ha señalado a la Comisión que desea que se conserven las normas que regían los Programas marco IV y V.

¿Tiene la Comisión la intención de tener en cuenta la opinión sueca o va a mantener la mencionada propuesta de confidencialidad?

Respuesta del Sr. Busquin en nombre de la Comisión

(23 de enero de 2003)

El informe citado en el periódico Ny Teknik se refiere a una de las versiones iniciales del proyecto de contrato de proyectos de investigación en virtud del Sexto Programa Marco. A raíz de las observaciones de la delegación sueca durante una reunión del grupo de trabajo de contratos de los Estados miembros y de los Estados asociados, la Comisión presentó una versión revisada

del proyecto de contrato. La cláusula de confidencialidad estipula que la Comisión y los contratistas se comprometen a mantener la confidencialidad de cualquier información que se les comunique en relación con la ejecución del proyecto que se haya definido como confidencial a efectos de la ejecución del proyecto. Éste y otros aspectos relacionados con la confidencialidad se ajustan a las disposiciones de la legislación sueca.
PREGUNTA ESCRITA E-3788/02

de Bruno Gollnisch (NI) al Consejo

(6 de enero de 2003)

Asunto: Etiquetado en francés de los productos de consumo en Francia

El 4 de agosto de 1994, la Ley relativa a la lengua francesa hizo obligatorio el uso de la lengua francesa para todos los documentos destinados a informar al usuario o al consumidor: etiquetado, prospectos, catálogos, folletos y otros documentos de información, etc.

El 20 de marzo de 2000, una directiva europea por la que se codificaba la Directiva de 18 diciembre de 1978 recordó que las normas europeas se oponen a que una reglamentación nacional imponga la utilización de una lengua determinada para el etiquetado de los productos alimenticios sin considerar la posibilidad de utilizar otra lengua.

La Comisión Europea recordó a Francia, en un dictamen emitido tras una sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2000, dictada sobre una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Apelación de Lyon, que disponía de dos meses para ajustarse a esta legislación.

A raíz de ello, el Gobierno francés modificó, en virtud del Decreto no 2002-1025 de 1 de agosto de 2002, el artículo R.112-8 del Código de Consumo manteniendo la exigencia del etiquetado en francés pero autorizando además en su nuevo párrafo 2 las menciones en otra u otras lenguas.

¿Considera el Consejo que esta modificación reglamentaria es suficiente en vista de las normas europeas mencionadas más arriba?

En otras palabras, ¿conserva un Estado miembro el derecho legítimo de exigir que el etiquetado de los alimentos vendidos en su territorio se redacte por lo menos en su lengua nacional?

Respuesta

(5 y 6 de mayo de 2003)

La pregunta que Su Señoría plantea pertenece al ámbito de competencias de la Comisión Europea, la cual, de conformidad con el artículo 211 del Tratado, velará por la aplicación de las directivas comunitarias y, por ende, de la Directiva 2000/13/CE a la que se refiere la presente pregunta.

Por consiguiente, el Consejo sugiere a Su Señoría que dirija su pregunta a la Comisión Europea.