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PREGUNTA ESCRITA P-1605/99

de Marianne Thyssen (PPE-DE) a la Comisión

(7 de septiembre de 1999)

Asunto: Ampliación del fundamento jurídico para la ayuda comunitaria

En la legislación comunitaria se prevén actualmente sólo medidas comunitarias de ayuda para las empresas afectadas por una crisis si la causa de dicha crisis radica en una enfermedad veterinaria o fitosanitaria de los animales por lo que los productos derivados de los mismos deben ser retirados del mercado para prevenir la transmisibilidad de los síntomas de la enfermedad de los animales a los seres humanos. Las medidas comunitarias de ayuda que se concedieron en el marco de la crisis de la EEB se basaban en ese fundamento jurídico.

En el caso de la crisis de la dioxina se decidió también a nivel comunitario retirar animales del mercado para proteger la salud pública. Sólo que en este caso la causa no fue una infección viral o bacteriana sino que fue un fallo humano el que ocasionó la enfermedad. Sin embargo, las consecuencias para las empresas afectadas son análogas.

¿No opina la Comisión que el alcance de la crisis de la dioxina en Bélgica y el hecho de que un fallo humano de este tipo pueda producirse también en otros Estados miembros hacen que resulte deseable ampliar el fundamento jurídico de la ayuda comunitaria a fin de que en el futuro los casos de enfermedades animales objetivamente demostrables, que hagan que los animales afectados y los productos derivados de los mismos sean inapropiados para el consumo humano con como consecuencia su retirada del mercado, puedan ser una razón suficiente para la concesión de ayuda comunitaria a las empresas afectadas por esta situación?

¿Está dispuesta la Comisión en caso necesario a presentar propuestas legislativas para establecer un fundamento jurídico?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(8 de octubre de 1999)

Es verdad que, en el Derecho comunitario actual (Decisión 90/424/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario(1)), sólo se prevé la intervención financiera de la Comunidad para la erradicación y la vigilancia de las enfermedades indicadas en la lista del Anexo de esa Decisión, lista que incluye concretamente la encefalopatía espongiforme bovina (EEB).

La reciente crisis de la dioxina no ha sido causada por ninguna de las enfermedades que recoge esa lista, sino por una falta humana que ha desembocado en la contaminación de la cadena alimentaria.

La Comisión considera que, en los casos de falta humana, deben, en principio, aplicarse las normas en materia de responsabilidad, sin que en ningún supuesto quepa indemnizar al autor de la contaminación.

En lo que atañe, en fin, a la posibilidad de que los Estados miembros concedan ayudas estatales a los particulares o empresas que hayan sufrido perjuicios como consecuencia de esa falta, la Comisión se permite remitir a su Señoría a lo indicado a propósito de este mismo tema en la respuesta a su pregunta P-1609/99(2).

(1) DO L 224 de 18.8.1990.

(2) DO C 27 E de 29.1.2000, p. 147.
PREGUNTA ESCRITA P-1508/99

de Wolfgang Kreissl-Dörfler (Verts/ALE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1999)

Asunto: Fomento de la reserva natural Königsbrucker Heide y Am Spitzberg (Sajonia, Alemania) en el marco de la iniciativa comunitaria para la reconversión militar

En el marco de la iniciativa comunitaria Konver, se han destinado fondos a las reservas naturales de Sajonia, Königsbrucker Heide y Am Spitzberg.

1. ¿Cuál ha sido el volumen de las subvenciones y los créditos, con qué objetivo se concedieron, y que medidas concretas se han apoyado?

2. ¿Han ocasionado las medidas emprendidas el deterioro de la protección de estas reservas naturales (por ejemplo, mediante la destrucción de biotopos, forestación de espacios abiertos, construcción de senderos para la protección de incendios en zonas de bosques, etc.)?

3. ¿Han puesto en peligro las medidas emprendidas la idoneidad de las reservas como hábitats naturales (Directiva 92/43/CEE(1) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres)?

4. ¿En qué medida contravienen las medidas emprendidas las disposiciones vigentes en materia de medio ambiente y de legislación relativa a la protección de la naturaleza, o son contrarias a la disposición de la iniciativa comunitaria Konver por la que se establece que las medidas subvencionadas deben servir para mejorar el medio ambiente?

5. ¿Está la Comisión informada de que, con objeto de solicitar más subvenciones de la iniciativa comunitaria Konver, se ha pedido la supresión de la protección de la reserva natural Am Spitzberg?

(1) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(6 de octubre de 1999)

Durante el período de programación actual (1994-1999), Sajonia está recibiendo ayudas de los Fondos Estructurales a través de la iniciativa comunitaria Konver.

En aplicación de los principios de cooperación y de subsidiariedad, son las autoridades nacionales o regionales las que se encargan de la ejecución de los programas operativos y de la selección de los proyectos. En el caso de Sajonia, el Ministro de Economía es el responsable en primera instancia. Naturalmente, esas autoridades están obligadas al cumplimiento de la normativa europea, incluida la existente en materia de protección de la naturaleza.

En lo que atañe a la iniciativa comunitaria Konver, se establecen en primer lugar las prioridades de financiación, procediéndose después, durante la vida del programa, a la selección de los distintos proyectos. Así pues, es perfectamente posible presentar a las autoridades competentes cualquier propuesta que responda a las prioridades fijadas.

En caso de que su Señoría tenga conocimiento de una supuesta infracción en el caso Am Spitzberg o en cualquier otro, se le invita a facilitar datos concretos que permitan a la Comisión tratar el asunto con las autoridades alemanas.
PREGUNTA ESCRITA E-0129/99

de Leonie van Bladel (UPE) al Consejo

(3 de febrero de 1999)

Asunto: Coste de la introducción del euro

1. ¿Tiene el Consejo conocimiento de que, a raíz de la introducción del euro, los bancos facturan a sus clientes un importe de 5 florines cada vez que sacan dinero de un cajero automático en el extranjero?

2. ¿Está también al corriente de que los bancos facturan 0,50 florines cada vez que se utiliza un cajero automático dentro del país para retirar dinero?

3. ¿Es consciente el Consejo de que, debido a esta facturación de 5 florines cada vez que se retira dinero de un cajero automático en el extranjero, los clientes se ven obligados a retirar mayores cantidades de dinero para ahorrar gastos? Efectivamente, si se sacan 500 florines los costes ascienden a 5 florines, mientras que si se sacan 100 florines cinco veces los costes ascienden a 25 florines.

4. ¿No opina el Consejo que esta actitud no va a contribuir a reforzar la seguridad de los ciudadanos, dado que los costes les obligan a retirar mayores cantidades de dinero?

5. Dada la uniformidad de las tarifas que aplican los bancos en este caso, ¿está dispuesto el Consejo a investigar si existe formación de cárteles o abuso de posición dominante por parte de los bancos?

6. En caso afirmativo, ¿qué medidas se propone adoptar el Consejo para impedirlo?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-4027/98 y E-0129/99

(29 de marzo de 1999)

Como sin duda sabe Su Señoría, el 23 de abril de 1998 la Comisión adoptó una Recomendación, dirigida a los Estados miembros y a los bancos y sus asociaciones, sobre las comisiones bancarias por la conversión a euros.

En dicha Recomendación, la Comisión consideraba que los bancos no están legalmente autorizados a:

- cobrar importe alguno por la conversión de ingresos denominados en la unidad euro o en la unidad monetaria nacional durante el período transitorio,

- cobrar importe alguno por la conversión a la unidad euro de cuentas denominadas en la unidad monetaria nacional al término del período transitorio,

- establecer diferencias entre las comisiones cobradas por servicios denominados en la unidad euro y servicios, por lo demás idénticos, denominados en la unidad monetaria nacional.

Por lo que respecta a otras transacciones, los bancos están autorizados, en principio, al igual que para otros servicios que prestan, a cobrar comisiones en la medida en que respeten las normas del Tratado y, en particular, las normas relativas a la competencia.

Ad puntos 5 y 6: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Tratado, corresponde a la Comisión velar por la aplicación de los principios relativos a la libre competencia establecidos en el Tratado, y en particular en sus artículos 85 y 86 (prohibición de acuerdos o prácticas concertadas que restrinjan o falseen la competencia, así como de la explotación de posiciones dominantes).
PREGUNTA ESCRITA E-0031/99

de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión

(20 de enero de 1999)

Asunto: Ayudas especiales a sus agricultores por parte del Gobierno de los Estados Unidos

El Gobierno de los Estados Unidos subvenciona a sus agricultores mediante la concesión de una "ayuda especial" para que hagan frente a la caída de los precios de los productos agrícolas en el mercado mundial.

Por el contrario, la UE se ha lanzado a un intento sin precedentes de recorte de los gastos agrícolas del presupuesto comunitario, haciendo hincapié en la reducción de los subsidios a los agricultores europeos y condenando a enormes pérdidas de ingresos sobre todo a los agricultores con bajos niveles de renta de las regiones meridionales de la Unión.

¿Considera la Comisión que es conforme a las normas de la Organización Mundial del Comercio la concesión de una "ayuda especial" a sus agricultores por parte del Gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué medidas piensa adoptar para que no se socave todavía más la competitividad y el nivel de ingresos de los agricultores europeos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(10 de marzo de 1999)

Los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) han acordado reducir la ayuda interna con arreglo a una serie de compromisos cuantificados. No obstante, las subvenciones que cumplen los criterios específicos establecidos en el Acuerdo sobre Agricultura (las medidas llamadas de "caja verde" y "caja azul") no están sujetas a esos compromisos de reducción. Las medidas de los Estados Unidos a que alude Su Señoría han de ser notificadas a la OMC, la cual procederá a un minucioso examen de las mismas en función de su naturaleza y del compromiso de reducción de la ayuda de los Estados Unidos.

Las actuales organizaciones comunes de mercados de la Comunidad ofrecen bastantes posibilidades de reaccionar a los acontecimientos del mercado mundial. Para el futuro, la propuesta de la Agenda 2000 presenta un enfoque global dirigido a aumentar la competitividad interna y externa y a asegurar que los productores de la Comunidad saquen el máximo provecho de la evolución del mercado.
PREGUNTA ESCRITA E-0788/99

de Graham Mather (PPE) a la Comisión

(6 de abril de 1999)

Asunto: Crítica de la Comisión sobre la Medicines Control Agency (MCA), del Reino Unido

Al parecer, la Comisión ha criticado a la MCA, tras una queja de un sector de la industria británica, por no haber hecho cumplir adecuadamente en áreas "fronterizas" la legislación farmacéutica sobre clasificación de productos en alimenticios, cosméticos, sanitarios y medicinales. El Reino Unido acaba de presentar nuevas propuestas legislativas en este ámbito.

1. ¿Cuál era exactamente la naturaleza de la crítica hecha por la Comisión a la MCA?

2. Desde el punto de vista de la Comisión, ¿responderán las propuestas legislativas del Reino Unido a estas críticas?

3. ¿Está convencida la Comisión de que las nuevas propuestas no restringirá indebidamente la disponibilidad de algunos productos en el Reino Unido y, por tanto, no afectarán al buen funcionamiento del mercado interior?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión

(7 de mayo de 1999)

Según el artículo 1 de la Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, sobre especialidades farmacéuticas(1), se considerará medicamento toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades curativas o preventivas con respecto a las enfermedades humanas o animales. Igualmente, deberán considerarse medicamentos todas las sustancias o composiciones que puedan administrarse al hombre o al animal con el fin de establecer un diagnóstico médico o de restablecer, corregir o modificar las funciones orgánicas del hombre o del animal. Como principio general, los medicamentos preparados solamente podrán comercializarse en un Estado miembro si se demuestra su calidad, seguridad y eficacia en un procedimiento de autorización de comercialización.

Estas disposiciones básicas deberían haber sido incorporadas hace muchos años a la legislación nacional de los Estados miembros. Sin embargo, en el contexto de una queja sobre un grupo concreto de productos, la Comisión tuvo conocimiento de que la legislación británica no aplicaba sistemáticamente las normas mencionadas a todos los productos (particularmente a ciertos "productos sanitarios") en el mercado británico. La Comisión, por lo tanto, en su función de guardiana del Derecho comunitario, se vio obligada a solicitar al Reino Unido que ajustase su legislación nacional relativa a la clasificación de medicamentos a lo dispuesto en el Derecho comunitario.

Las autoridades británicas han indicado que se proponen alcanzar el objetivo de ajustarse plenamente al Derecho comunitario adoptando rápidamente unas propuestas de nuevos reglamentos para tramitar la clasificación de los medicamentos. La Comisión espera que la adopción de estos nuevos reglamentos permita alcanzar tal objetivo, y que la plena aplicación de la legislación farmacéutica comunitaria en el Reino Unido contribuya al buen funcionamiento del mercado interior.

(1) DO 22 de 9.2.1965.
PREGUNTA ESCRITA E-0065/99

de Carlos Robles Piquer (PPE) a la Comisión

(27 de enero de 1999)

Asunto: Elecciones en la República Centroafricana

Los días 22 de noviembre y 13 de diciembre de 1998 se celebraron elecciones generales en la República Centroafricana.

¿Puede ampliar la Comisión la escasa información que se ha publicado sobre ellas y exponer al mismo tiempo el estado de las relaciones entre ese país y la Unión Europea, en particular en el ámbito de la cooperación y en el marco del vigente Convenio de Lomé?

Respuesta del Comisario Pinheiro en nombre de la Comisión

(8 de marzo de 1999)

A raíz de las elecciones legislativas del 22 de noviembre y del 13 de diciembre de 1998 se eligió a 109 diputados y el conjunto de los partidos de la oposición obtuvo la mayoría al reunir 55 escaños contra 51 para el espectro político de influencia presidencial (MLPC, PLD y UPR).

Las elecciones se desarrollaron en calma y fueron seguidas y respaldadas por la comunidad internacional. La Comisión contribuyó a la financiación del proceso electoral con 520.000 euros de los cuales unos 120.000 se pusieron a la disposición de observadores técnicos elegidos y reclutados por la Comisión. El conjunto de las misiones de observación fue coordinado por la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (Minurca). Las tres misiones internacionales de observación del proceso electoral: Minurca, Francophonie y Comunidad coincidieron en que algunas irregularidades se produjeron en la votación pero no de tal envergadura como para comprometer la validez de los resultados.

Por otra parte, debido a las elecciones presidenciales que deberán tener lugar a más tardar en diciembre de 1999, el Gobierno ha pedido oficialmente a las Naciones Unidas prolongar el mandato de la Minurca hasta esta fecha con el fin de minimizar el riesgo de nuevos conflictos armados y garantizar la confianza de la comunidad internacional para esta nueva cita electoral.

La cooperación comunitaria con la República Centroafricana se remonta a los orígenes mismos de la cooperación de la Comunidad con los países en vías de desarrollo y se afirmó a lo largo de los Convenios de Lomé sucesivos. Se concentró en los ámbitos tradicionales del desarrollo rural, la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones del país y la infraestructura económica y social. La Comunidad es actualmente el primer proveedores de fondos del país.

La dotación del programa orientativo nacional del VII Fondo Europeo de Desarrollo (FED) de 75 millones de euros está comprometida al 100 % y su nivel de utilización se sitúa en un máximo del 90 %. Contemplaba fundamentalmente el sector de los transportes y la salud así como acciones de acompañamiento y prolongación para los programas financiados bajo el 6o FED.

De conformidad con el segundo protocolo financiero del Convenio de Lomé IV, el programa orientativo nacional se dotó con 102 millones de euros y la programación consiguió definir un único sector prioritario, el de los transportes, que deberá absorber alrededor de un 80 % de los recursos disponibles. Los otros recursos disponibles se destinarán principalmente al sector de la salud.
PREGUNTA ESCRITA E-0637/99

de Hanja Maij-Weggen (PPE) a la Comisión

(16 de marzo de 1999)

Asunto: Torturas en Zimbabwe

¿Tiene conocimiento la Comisión de que la policía militar ha detenido a dos periodistas del diario "Zimbabwe Standard" y que los ha torturado?

¿Puede la Comisión confirmar que el 29 de enero la UE realizó una gestión ante el Ministro en funciones de Asuntos Exteriores, Sr. Shamuyari?

¿Sabe la Comisión cómo ha acabado esta cuestión?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión

(15 de abril de 1999)

La Comisión tiene conocimiento de la detención y tortura, por la policía militar de Zimbabue, de dos periodistas del semanario "The Standard" y puede confirmar que el 29 de enero de 1999 se llevó a cabo una gestión conjunta de la Unión, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Noruega ante el Ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Sr. Shamayarira. La Comisión participó en esa gestión.

En una entrevista de televisión realizada el 20 de febrero de 1999, el Presidente Mugabe exculpó a la policía militar, explicando que había actuado en defensa del interés nacional de Zimbabue. También criticó a la prensa independiente y a algunos sectores de la sociedad civil. En respuesta, los Estados miembros y la Comisión convocaron a los embajadores zimbabuenses en las capitales europeas el 24 de febrero de 1999. En esa ocasión, la Comisión reiteró las preocupaciones expresadas en la gestión de 29 de enero de 1999, manifestó su decepción por el contenido de la declaración televisada del Presidente Mugabe y recordó que no se había proporcionado ninguna respuesta oficial a la gestión.

El Ministro de Asuntos Exteriores Mudenge contestó el 5 de marzo de 1999 a la gestión de la Unión en una reunión con los embajadores de la Unión y el Jefe de la Delegación de la Comisión en Harare. El Ministro repitió la posición oficial de que la policía militar había actuado en defensa del país. Sin embargo, también puso de relieve el compromiso de Zimbabue con los derechos humanos y expresó su convicción de que lo que había sucedido era un "incidente aislado", como confirmaba, según el Ministro, la plena cooperación del Gobierno con la investigación judicial de la detención y la presunta tortura.

A la Comisión le alienta el funcionamiento y la independencia continuos de la Judicatura zimbabuense, pero seguirá de cerca la evolución de la situación. Por iniciativa de la Comisión, el grupo de trabajo de África del Consejo ha programado una reunión especial sobre Zimbabwe el 29 de abril de 1999.
PREGUNTA ESCRITA E-0593/99

de Nuala Ahern (V) a la Comisión

(12 de marzo de 1999)

Asunto: Segundo informe sobre la aplicación por parte de los Estados miembros de la Directiva 92/3/Euratom de 3 de febrero de 1992

¿Por qué motivo la Comisión no publicó hasta el 22 de diciembre de 1998 el Segundo informe sobre la aplicación en los Estados miembros de la Directiva 92/3/Euratom(1), de 3 de febrero de 1992, relativa a la vigilancia y al control de los traslados de residuos radiactivos entre Estados miembros o procedentes o con destino al exterior de la Comunidad (COM(98)778 final) que abarca el período 1994-1995? ¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para asegurarse de que en el futuro este informe se publique en un margen de tiempo más adecuado?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(8 de abril de 1999)

Como ya se dijo en la respuesta a la pregunta escrita E-371/98(2) de Su Señoría, hasta mediados de 1997 no se dispuso de los datos completos de todos los Estados miembros. La tardanza posterior en la redacción del informe se debió a la necesidad de cumplir con otras obligaciones al mismo tiempo.

Con la ayuda del Comité Consultivo creado por el artículo 19 de la Directiva, la Comisión ha empezado a elaborar el tercer informe, que abarca los años 1996-1997 y debe publicarse antes de finales de 1999.

(1) DO L 35 de 12.2.1992, p. 24.

(2) DO C 304 de 20.10.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-0234/99

de Antonio Tajani (PPE) a la Comisión

(12 de febrero de 1999)

Asunto: Protección del oasis natural de Macchia Tonda (Roma)

¿Tiene conocimiento la Comisión del posible desmantelamiento del oasis natural de Macchia Tonda, en la provincia de Roma, como consecuencia de un proyecto del Gobierno italiano encaminado a suprimir la servidumbre militar en la zona de Santa Severa que garantiza la supervivencia del oasis?

¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para proteger el medio ambiente en una de las zonas de la costa del Lacio donde los niveles de contaminación son todavía muy bajos?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(15 de marzo de 1999)

El paraje de Macchiatonda ha sido designado por las autoridades italianas zona de protección especial para la conservación de aves con arreglo al artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves silvestres(1). La zona también ha sido propuesta para su designación como paraje de importancia comunitaria dentro de la protección de la fauna y la flora al amparo del artículo 4 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(2).

El paraje queda, pues, plenamente cubierto por la legislación comunitaria de conservación de la naturaleza.

Por último, el lugar está asimismo protegido por la ley regional no 54 de 23 de julio de 1983 que lo designa reserva regional.

(1) DO L 103 de 25.4.1979.

(2) DO L 206 de 22.7.1992.