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PREGUNTA ESCRITA E-0940/02

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(9 de abril de 2002)

Asunto: Emisiones de gases peligrosos de la incineradora de Reggio Emilia entre el 1 de enero y el 10 de febrero de 2002

Entre el 1 de enero y el 10 de febrero de 2002, en la planta incineradora de residuos situada en Via dei Gonzaga, Reggio Emilia, en la Región italiana de Emilia-Romaña y gestionada por la empresa AGAC, dependiente de las autoridades municipales, se produjeron, en varias ocasiones, emisiones de sustancias nocivas tales como monóxido de carbono, ácido clorhídrico y carbono orgánico total. Ni la población ni las autoridades fueron informadas a su debido tiempo de las emisiones nocivas ni del nivel excesivo de emisiones. La noticia no se ha hecho pública hasta un mes más tarde, cuando un ciudadano que reside en las inmediaciones de la planta ha declarado sufrir malestar físico.

¿Puede indicar la Comisión si el silencio por parte de los gestores de la planta, que no han informado de las emisiones nocivas ni siquiera a la Provincia de Reggio Emilia durante el período de 40 días de emisiones nocivas, es contrario a la normativa comunitaria relativa a la protección de la salud de los ciudadanos y del medio ambiente?

¿Respeta la incineradora en cuestión la normativa europea en materia de medio ambiente y de protección de la salud de los ciudadanos?

Respuesta complementariade la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(11 de noviembre de 2002)

Las autoridades italianas todavía no han respondido a la solicitud de información enviada por la Comisión para comprobar si se respetaron los requisitos pertinentes por lo que respecta a las emisiones de gases peligrosos de la incineradora Reggio Emilia durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 10 de febrero de 2002 y si el incinerador se ajusta ahora a las normas de emisión comunitarias vigentes. La cuestión se analizará en una reunión que tendrá lugar en las próximas semanas entre la Comisión y el ministerio de Medio Ambiente.

En cualquier caso, la Comisión, que ha abierto un expediente por iniciativa propia sobre la cuestión, garantizará el cumplimiento del Derecho comunitario dentro de los límites establecidos por el Tratado CE. Si la Comisión tuviera conocimiento de que se ha infringido el Derecho comunitario en este caso concreto, no vacilaría, en su calidad de guardiana del Tratado CE, en adoptar todas las medidas necesarias, incluidos los procedimientos de infracción contemplados en el artículo 226 del Tratado CE, al efecto de garantizar el cumplimiento del Derecho comunitario pertinente.
PREGUNTA ESCRITA E-2998/02

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(23 de octubre de 2002)

Asunto: Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca

El Parlamento Europeo aprobó el 5 de abril de 2001 una Resolución sobre seguridad y accidentes en las actividades de pesca(1) en cuyo apartado 36 reclamaba una mayor coordinación entre centros y servicios de comunicación marítima, incrementando y modernizando para ello sus medios técnicos y humanos actuales, y entre los centros radiomédicos europeos para facilitar el intercambio de información permanente, en tiempo real, sobre asistencia médica, tal como prevé la Directiva 92/29/CEE, con el fin de mejorar las técnicas de radiodiagnóstico y de telemedicina, así como el salvamento marítimo; esto podría llevarse a cabo mediante planes piloto específicos.

¿Qué iniciativas ha emprendido la Comisión al respecto?

(1) DO C 21 E de 24.1.2002, p. 359.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(6 de diciembre de 2002)

En el artículo 6 de la Directiva 92/29/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para promover una mejor asistencia médica a bordo de los buques(1), se prevé que, a fin de garantizar un mejor tratamiento de urgencia de los trabajadores a bordo de buques, cada Estado miembro debe adoptar las medidas necesarias para que se designen uno o varios centros destinados a proporcionar gratuitamente a los trabajadores una asistencia médica por radio en forma de consejos y para que los equipos de médicos estén formados en lo que respecta a las condiciones particulares que existen a bordo de los buques.

Los servicios de telemedicina marítima están experimentando en la actualidad un fuerte desarrollo gracias a los nuevos medios de comunicación y a la mayor demanda de un fácil acceso a la asistencia sanitaria, independientemente de la situación geográfica. No obstante, siguen existiendo dificultades, tales como los interrogantes de carácter jurídico, la integración tecnológica, la cultura a bordo y la organización y la coordinación en tierra.

La Comisión está dispuesta a analizar las diferentes maneras posibles de mejorar la coordinación entre los centros de consulta por radio y los servicios de socorro de cada Estado miembro, tomando en consideración los nuevos equipos aportados por la telemedicina así como las condiciones impuestas por la utilización de las diferentes lenguas comunitarias.

(1) DO L 113 de 30.4.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-2376/02

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(2 de agosto de 2002)

Asunto: GATS

Tanto el Gobierno del Reino Unido como la Comisión Europea han señalado que el GATS no afectará a la prestación de servicios sanitarios y de educación, dado que éstos se consideran servicios prestados en el ejercicio de la autoridad gubernamental y no de carácter comercial o prestados en competencia con otros proveedores. Puesto que en el Reino Unido el sector privado ya participa en la prestación de servicios de salud y educación con fines comerciales, ¿podría aclarar la Comisión si estos servicios quedarán efectivamente excluidos del ámbito del GATS?

Respuesta dada por el Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(17 de septiembre de 2002)

Con arreglo al Acuerdo General sobre el comercio de servicios (GATS) los únicos servicios que no quedan cubiertos por él son aquellos que no se suministran de manera comercial y no entran en el juego de la competencia: la valoración de la aplicación de estos dos criterios ha de hacerse caso por caso. Sin embargo, las posiciones que las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros han tomado en el GATS en los temas de la educación y la salud y servicios afines no ponen en peligro las prerrogativas de los Estados Miembros en cuanto al establecimiento de una organización apropiada para la prestación de servicios en estos sectores. En particular, el GATS salvaguarda el derecho de sus miembros de dictar normas para garantizar la consecución de sus objetivos de política nacional.
PREGUNTA ESCRITA E-2301/02

de Guido Bodrato (PPE-DE) a la Comisión

(25 de julio de 2002)

Asunto: Libre circulación y tarjeta de estancia

Los nacionales europeos residentes en un Estado miembro cuya nacionalidad no poseen reciben, de conformidad con la Directiva 68/360/CEE(1), de 15 de octubre de 1968, un documento de identidad o de identificación denominado tarjeta de estancia de nacional de un Estado miembro de la CEE.

Han transcurrido ya más de treinta años desde 1968 y muchos nacionales europeos nacidos entre tanto en un Estado miembro cuya nacionalidad no poseen siguen todavía en posesión de una tarjeta de estancia. ¿No resulta paradójico y, en cierto sentido, ridículo que se considere a un ciudadano en situación de estancia en el Estado en que ha nacido y donde vive de manera estable desde hace veinte o treinta años?

Habida cuenta de que, por ahora, resulta ilusorio esperar que se cree un auténtico documento de identidad europeo, como piden insistentemente los ciudadanos europeos, ¿a qué espera la Comisión para modificar la Directiva 68/360/CEE, de 15 de octubre de 1968, con objeto de que la tarjeta de estancia se convierta en tarjeta de residencia?

(1) DO L 257 de 19.10.1968, p. 13.

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(23 de septiembre de 2002)

La Comisión aprobó el 23 de mayo de 2001 una propuesta de Directiva relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros(1). Una vez aprobada por el Parlamento y el Consejo, esta nueva Directiva sustituirá a la Directiva 68/360/CEE del Consejo, del 15 de octubre de 1968, sobre suspensión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad(2), mencionada por Su Señoría, así como a todos los demás instrumentos legislativos en vigor que regulan la libre circulación de toda una serie de categorías de personas: trabajadores autónomos, prestadores y destinatarios de servicios, jubilados, inactivos y estudiantes.

En un espíritu de simplificación de los trámites vinculados a la estancia, la propuesta prevé la supresión del permiso de residencia para los ciudadanos de la Unión por un primer período de estancia de cuatro años. Prevé también que, después de cuatro años de residencia continuada en el Estado miembro de acogida, el ciudadano de la Unión adquiere un derecho de residencia permanente, lo que implica una igualdad de trato perfecta con los ciudadanos nacionales y la prohibición de expulsión del territorio. En ese momento, el ciudadano de la Unión podrá obtener un permiso de residencia permanente destinado a dar constancia de tal derecho.

(1) DO C 270 de 29.9.2001.

(2) DO L 257 de 19.10.1968.
PREGUNTA ESCRITA E-1397/02

de Concepció Ferrer (PPE-DE) a la Comisión

(15 de mayo de 2002)

Asunto: Programa indicativo nacional de China 2004 Normas sanitarias y fitosanitarias

Los servicios de la Comisión informaron que en abril estaba prevista una misión de expertos comunitarios a China, con el fin de proseguir los contactos para la definición de una nueva propuesta de programa indicativo nacional de China 2004, que se espera incluya un importante componente relacionado con las normas sanitarias y fitosanitarias.

Puede informar la Comisión de esta visita y dar una valoración con respecto a la inclusión del componente sanitario y fitosanitario?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(21 de junio de 2002)

El 13 de mayo de 2002 un equipo de cuatro expertos comenzó sus actividades en China para estudiar la viabilidad de un nuevo programa de asistencia técnica relacionado con la Organización Mundial del Comercio (OMC), basado en un análisis de los objetivos, las estrategias y las futuras necesidades de China, y en un estudio intermedio del actual Programa marco de apoyo comunitario a la adhesión de China a la OMC.

El resultado de esta misión de expertos deberá permitir a la Comisión acordar con China el contenido de un nuevo programa y adoptar este programa durante el segundo semestre de 2002.

Sin prejuzgar el contenido final del programa, en enero de 2002 se llegó a un acuerdo común en el Comité Mixto Comunidad-China en el sentido de que el programa debía incluir un considerable componente de sanidad y protección de las plantas.

Una vez la Comisión haya adoptado el programa y se haya firmado un Acuerdo de financiación con China, podrá accederse al contenido del Programa y a una puesta al día periódica del avance de su ejecución en la página web de la Delegación de la Comisión en Pekín, dado que la Delegación será responsable de la gestión del programa.
PREGUNTA ESCRITA E-2579/02

de Joaquim Miranda (GUE/NGL) al Consejo

(16 de septiembre de 2002)

Asunto: Certificación de la competencia profesional de los tripulantes de cabina en la aviación civil

En 1997 la Comisión presentó una propuesta de directiva sobre la certificación de la competencia profesional de los tripulantes de cabina en la aviación civil(1), sobre la que el Parlamento Europeo se pronunció en primera lectura el 19 de febrero de 1998.

Hasta la fecha no se ha cerrado aún este expediente y la formación y certificación de la competencia profesional de los tripulantes de cabina en la aviación civil continúa en manos de los operadores, sin haberse establecido todavía que su formación deberá ser impartida por organismos oficialmente reconocidos y su certificación efectuada por entidades independientes designadas por los Estados miembros.

Entretanto, según la información de los sindicatos de tripulantes de cabina, son cada vez más numerosas las compañías aéreas que contratan tripulantes temporales y estacionales y algunos operadores han llegado a reducir el tiempo de entrenamiento básico.

Considerando las preocupaciones existentes en la actualidad acerca de las cuestiones de seguridad relacionadas con el transporte aéreo y la importancia y responsabilidad de los tripulantes de cabina en este contexto, ¿puede informar el Consejo sobre las razones por las que la propuesta de directiva no ha tenido aún el necesario seguimiento y sobre las perspectivas de aprobación definitiva de la misma?

(1) COM(97) 382 DO C 263 de 29.8.1997, p. 5.

Respuesta

(18 de febrero de 2003)

Tras los acontecimientos del 11 de septiembre, el Consejo reanudó, el 16 de octubre de 2001, el estudio de la propuesta de Directiva relativa a la competencia profesional de los tripulantes de cabina, con el fin de adelantar los trabajos sobre este expediente. Sin embargo, se evidenció que los progresos en este ámbito están estrechamente vinculados a la situación de los trabajos sobre otro expediente, a saber, el relativo a la armonización de las normas técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil (incorporación del JAR OPS 1). En consecuencia, se observó que convendría estudiar paralelamente ambos expedientes. Por lo tanto, se estudiará la propuesta de Directiva relativa a la competencia profesional de los tripulantes de cabina, conjuntamente con la propuesta de Reglamento sobre el JAR OPS; la Comisión está revisando esta última, especialmente en lo relativo a su Anexo III.
PREGUNTA ESCRITA E-3140/02

de Giacomo Santini (PPE-DE) a la Comisión

(4 de noviembre de 2002)

Asunto: Ilegitimidad de la Directiva 91/67/CEE

Las normas de policía sanitaria actualmente en vigor en el sector acuícola comprenden un complejo conjunto de normas para asignar a determinadas zonas o explotaciones cualificaciones zoosanitarias específicas designándolas zonas autorizadas o explotaciones autorizadas. En particular, las normas estipuladas en la Directiva 91/67/CEE(1) y las sucesivas normas de aplicación reglamentan, de forma muy pormenorizada, los procedimientos de análisis en los laboratorios de los diferentes servicios sanitarios nacionales, previendo, en caso de detectarse la presencia de patologías particulares, medidas de salvaguardia extremamente severas y derogatorias del derecho de propiedad. Todo ello acontece sin que se prevea la presencia de un técnico de confianza de la explotación durante los análisis o que, cuanto menos, pueda solicitarse la realización de segundos análisis, a pesar de que la propia supervivencia de diversas explotaciones, a menudo de pequeñas dimensiones, dependa del resultado de estos análisis. Dicha disposición está en absoluta contradicción con el derecho de propiedad, derecho humano fundamental que puede ser limitado proporcionalmente al objetivo que deba alcanzarse.

En este contexto, ¿puede indicar la Comisión Europea cuál es su interpretación de la normativa en vigor? ¿No considera que este hecho constituye una violación del derecho de propiedad? En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa adoptar para poner fin a la ilegitimidad existente?

(1) DO L 46 de 19.2.1991, p. 1.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 2002)

El artículo 295 del Tratado dispone: El presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros.

Aunque la propiedad debe considerarse un derecho fundamental, éste debe ponderarse con otros derechos fundamentales como la protección de la salud y la seguridad públicas.

Las medidas adoptadas para controlar los brotes de enfermedades animales, ya sean terrestres o acuáticos, pueden exigir, por el interés público general y el de los productores en cuestión, restricciones provisionales del ejercicio de algunos derechos de propiedad.

Una cuestión similar a la planteada por Su Señoría es objeto de una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia (véanse los asuntos C-20/00 y C-60/00).

En relación con la posibilidad de que los afectados tengan un experto presente en el momento del análisis de las muestras en laboratorio, o reciban una muestra adicional para un análisis independiente, la Comisión considera que, si bien no está contemplado explícitamente en el texto de la Directiva 91/67/CEE del Consejo, de 28 de enero de 1991, relativa a las condiciones de policía sanitaria aplicables a la puesta en el mercado de animales y de productos de la acuicultura, o en las medidas de aplicación de la Comisión, éstas no lo prohíben. Por consiguiente, los Estados miembros pueden conceder el derecho de proceder a contraanálisis con arreglo a su tradición jurídica y administrativa.
PREGUNTA ESCRITA E-3116/02

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(30 de octubre de 2002)

Asunto: Actualización sobre la evaluación del fentión

En su respuesta a la pregunta escrita E-0749/02(1), el Comisario Byrne indicaba que la Comisión presentaría el resultado de su evaluación al Comité Científico de las Plantas en abril de 2002 y que se esperaba que el Comité emitiera su dictamen al cabo de dos meses. El Comisario añadía que la Comisión tenía la intención de tomar una decisión sobre el fentión lo antes posible, una vez recibido el dictamen del Comité Científico.

¿Determinó el Comité científico si el fentión es seguro o no? ¿Qué decisión ha tomado la Comisión?

(1) DO C 172 E de 18.7.2002, p. 225.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(4 de diciembre de 2002)

La Comisión puede confirmar que solicitó el dictamen del Comité Científico de las Plantas en relación con varias preguntas derivadas de la evaluación del fentión. Dada la complejidad de las cuestiones relativas a dicha sustancia, el Comité ha tardado más de lo esperado en concluir su dictamen. No obstante, se espera que el Comité presente su dictamen en los próximos meses y una vez presentado, la Comisión tiene la intención de pronunciarse acerca del fentión lo antes posible.
PREGUNTA ESCRITA E-3481/02

de Michiel van Hulten (PSE) a la Comisión

(6 de diciembre de 2002)

Asunto: Contrato público belga para el desarrollo del barrio europeo

Recientemente se ha excluido al estudio de arquitectura Office for Metropolitan Architecture, de Rem Koolhaas, de la participación en un concurso para el desarrollo de un concepto urbanístico global para el barrio europeo en Bruselas.

Según la decisión motivada de la Secretaría del Primer Ministro, la exclusión se debe a una irregularidad formal (la falta de una firma en uno de los documentos presentados) y a unos puntos débiles en cuanto al enfoque multidisciplinario y la exposición sobre las referencias pertinentes.

Según las noticias publicadas en los medios de comunicación, sólo cuatro estudios de arquitectura belgas han sido admitidos a la fase siguiente y ello a pesar de que el proyecto de Koolhaas figura, según la decisión del Gobierno, entre las cuatro mejores notas.

1. ¿Ha participado la Comisión en el anuncio del concurso, como principal habitante del barrio europeo o de alguna otra manera?

2. ¿Opina la Comisión que el concurso se ha organizado de conformidad con las normas europeas de subasta pública? En opinión de la Comisión, ¿cuál es el valor financiero del contrato?

3. El concurso se anunció el 19 de julio de 2002 en el boletín belga de subastas públicas, figurando el 7 de agosto de 2002 como fecha límite para la presentación de proyectos. ¿Considera la Comisión que un plazo tan breve en plenas vacaciones de verano es aceptable desde el punto de vista de la competencia leal?

4. ¿Está dispuesta la Comisión a plantear las modalidades de la subasta ante las autoridades belgas y a abogar en favor de una reapertura del procedimiento?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(20 de enero de 2003)

La cuestión de Su Señoría se refiere a un procedimiento de contratación de servicios públicos para desarrollar un concepto urbanístico global para el barrio europeo en Bruselas.

La Comisión no ha tomado parte en la elaboración de la convocatoria de concurso, ni en calidad de ocupante principal del barrio europeo ni de otro modo.

Según la información que posee la Comisión, el valor financiero del contrato parece limitarse a un máximo de 250 000 EUR.

La Comisión tiene ante sí una reclamación del estudio de arquitectura Office for Metropolitan Architecture, de Rem Koolhaas, y por ello se dispone a llevar a cabo un análisis detallado del procedimiento en cuestión y, si resulta necesario, interpelará a las autoridades belgas al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-2980/02

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(23 de octubre de 2002)

Asunto: Cláusula social en los acuerdos internacionales de pesca

La Comisión impulsa acertadamente el diálogo social europeo entre empresarios y sindicatos con el objeto de que los progresos en la construcción europea también incluyan los aspectos sociales. Entre las distintas actividades laborales, quizás sea la de la pesca la más necesitada de este diálogo social, debido a las duras condiciones de trabajo, largas jornadas de trabajo, alta siniestralidad, elementos que trascienden el marco nacional, bajo nivel de sindicación y de negociación colectiva, sistemas de remuneración ajenos al Derecho de Trabajo, etc.

En la reunión plenaria del Comité de Diálogo social sectorial pesca marítima celebrada el 19 de diciembre de 2001, los agentes económicos y sociales aprobaron una cláusula social que se había de incluir en los protocolos de acuerdos de pesca con terceros países.

En dicha cláusula los agentes sociales reconocen también en el marco de estos acuerdos la libertad de asociación, el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, así como la eliminación de cualquier discriminación en cuanto a empleo y profesión. También establece la cláusula garantías para los marineros contratados provenientes de los países signatarios del acuerdo, a los que se asegura unas condiciones de vida y de trabajo similares a los de la UE.

Recientemente la Comisión ha firmado tres acuerdos de pesca con Santo Tomé, Angola y Senegal, respectivamente, y ni en el Reglamento ni en los protocolos se hace alusión a esta cláusula social.

¿Por qué motivo la Comisión no ha incluido esta cláusula social en las propuestas de Reglamentos y en los protocolos?

¿Qué medidas va a llevar a cabo la Comisión para impulsar esta cláusula y hacerla efectiva?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 2002)

La Comisión sigue con interés la profundización del diálogo social entre patronos y asalariados del sector de la pesca marítima y se congratula de la adopción por los interlocutores sociales, en el marco del comité de diálogo social sectorial en el sector de la pesca marítima, de una declaración que solicita la integración de una cláusula social en los acuerdos de pesca celebrados por la Comunidad con países terceros.

La Comisión está examinando en la actualidad la forma más adecuada de tener en cuenta la voluntad expresada por los interlocutores sociales, que podría hacerse incluyendo directamente dicha cláusula en los acuerdos a través de una referencia específica, aunque también recogiendo las disposiciones de dicha cláusula, con posibles mejoras en función del acuerdo de que se trate.

A tal fin, la Comisión podría basarse en la experiencia adquirida en la materia; se trata de las disposiciones ya existentes, relativas a la contratación de marineros, por ejemplo en el protocolo de acuerdo celebrado con las Seychelles(1), con Costa de Marfil(2) o con Mauritania(3).

(1) DO L 134 de 22.5.2002.

(2) DO L 102 de 12.4.2001.

(3) DO L 341 de 22.12.2001.