PREGUNTA ESCRITA E-0321/96 de Salvador Garriga Polledo (PPE) al Consejo (27 de febrero de 1996)

Asunto: Ecofin 19 de junio de 1995

En las conclusiones del Ecofin del 19 de junio de 1995 referentes a la lucha a nivel nacional contra el despilfarro de los recursos comunitarios (11932/95), figura el texto siguiente:

«adoptar las medidas necesarias para que los controles que efectúen los Estados miembros y las sanciones que apliquen permitan alcanzar un nivel equivalente de protección de los intereses financieros de las Comunidades en todo el territorio comunitario» (dentro del punto 1 titulado «a nivel de los Estados miembros»)

¿Podría el Consejo aclarar si este nivel equivalente de protección de los intereses financieros significa de hecho una tipificación del delito de fraude comunitario en los 15 países de la Unión?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0320/96 y E-0321/96 (13 de junio de 1996)

1. El Consejo precisa su deseo, recordado en los comentarios que acompañaban su recomendación sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto de 1994, de que en el marco de los informes anuales del Tribunal de Cuentas se permita a los Estados miembros la posibilidad de hacer valer sus respuestas a las observaciones del Tribunal. En efecto, resulta esencial, en aras del refuerzo de la concertación entre los Estados miembros y las instituciones europeas y en particular con el Tribunal de Cuentas, que se facilite a las administraciones con tiempo suficiente esta posibilidad de respuesta; a tal efecto, el Consejo considera que los contactos concretos y estrechos no pueden sino mejorar el efecto de los controles y su seguimiento.

La posición del Consejo sobre las observaciones que el Tribunal de Cuentas formula en su informe anual y en sus informes especiales se detalla en los comentarios que acompañan la recomendación mencionada, adoptada el 11 de marzo pasado. Su Señoría tendrá a bién remitirse a ella para tener conocimiento de las observaciones del Consejo sobre cada uno de los ámbitos del presupuesto comunitario y sobre los sistemas de control de que es objeto cada apartado de gastos. De manera general, el Consejo apoya las recomendaciones del Tribunal e invita a la Comisión a seguirlas a fin de asegurar que la ejecución de los gastos de la Comunidad sea conforme a los intereses de la Unión Europea.

2. En lo que concierne a la colaboración entre los Tribunales de Cuentas de los Estados miembros y el Tribunal de Cuentas Europea, el Consejo recomendó, en su «acto del 26 de julio de 1995» ((DO C 316 de 27 de noviembre de 1995, p. 48. )), la adopción por los Estados miembros según sus respectivas normas constitucionales del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. Este Convenio prevé en su artículo 2 que cada Estado miembro timará las medidas necesarias para que a los comportamientos constitutivos de fraude contra los intereses financieros de las Comunidades Europeas, así como a la complicidad, instigación o tentativa ligados a estos comportamientos, les sean impuestas sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, entre las que figuren, al menos en caso de fraude grave, penas de privación de libertad que puedan dar lugar a la extradición.