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PREGUNTA ESCRITA E-0322/98 de Riitta Myller (PSE) a la Comisión (17 de febrero de 1998)

Asunto: Nuevo programa de salud pública de la UE

Se está preparando un nuevo programa de salud pública para la Unión Europea. La necesidad del programa es indiscutible y es necesario contar con él lo antes posible.

¿Podría indicar el miembro de la Comisión responsable si el objetivo es mantener el enfoque actual centrado en las enfermedades o si se está desarrollando una nueva estrategia cuyo punto de partida sea un enfoque amplio, global y de fomento de la salud pública, que favorezca cuestiones como la igualdad, la prevención de la exclusión y la toma en consideración de los cambios demográficos?

¿Cuándo se va a adoptar el nuevo programa de salud pública? ¿Se va a hablar abiertamente con los Estados miembros de los criterios del programa y de la orientación de la política en materia de salud de la Unión Europea? ¿De qué manera se va a tener en cuenta la respuesta de los países miembros?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (13 de marzo de 1998)

La Comisión está completamente de acuerdo con Su Señoría sobre la necesidad de desarrollar una nueva política en materia de salud pública con el fin de dar respuesta a una serie de fenómenos de importancia, como la aparición de amenazas para la salud derivadas de nuevas enfermedades o de dolencias que se recrudecen, la creciente presión sobre los sistemas sanitarios, la ampliación de la Comunidad o las nuevas disposiciones en materia de salud pública incluidas en el Tratado de Amsterdam. Además, habida cuenta de que la mayoría de los programas actuales de salud pública finalizan en torno al año 2000, por aquel entonces deberá haber comenzado la aplicación de una nueva política.

Sin embargo, no es posible presentar propuestas detalladas al respecto hasta que el nuevo Tratado CE haya sido ratificado, ya que dicho documento introduce cambios significativos con respecto a las actuales competencias legales en materia de salud pública. Mientras tanto, la Comisión tiene previsto presentar en breve una Comunicación preparatoria que fijará las orientaciones potenciales de una nueva política. Ésta sería lo suficientemente amplia y flexible como para dar cabida tanto a acciones dirigidas a enfermedades concretas como a iniciativas relacionadas con los factores socioeconómicos que influyen en la salud, como las desigualdades sanitarias, la exclusión social y los cambios demográficos, aspectos fundamentales que menciona Su Señoría.

La Comunicación en preparación debería estimular un amplio debate sobre el futuro de la política comunitaria en materia de salud pública. La Comisión tendrá muy en cuenta las reacciones que susciten las ideas incluidas en la Comunicación a la hora de redactar sus propuestas detalladas de política sanitaria.
PREGUNTA ESCRITA E-0160/98 de Mary Banotti (PPE) al Consejo (3 de febrero de 1998)

Asunto: El Hospital Europeo de Gaza

¿Puede decir el Consejo cuál ha sido el coste de la inversión total realizada por la UE en el Hospital Europeo de Gaza?

¿Puede informar asimismo de cuándo llegará a la región el equipo gestor internacional?

¿Cuándo empezará a funcional el hospital a pleno rendimiento y cuál es la política del Consejo para afrontar los costes recurrentes de los proyectos de infraestructura a gran escala en países en desarrollo?

Respuesta (8 de junio de 1998)

Como bien sabe Su Señoría, la ejecución de medidas financiadas en virtud del Reglamento MEDA, como es el caso que nos ocupa, es competencia de la Comisión.

Por tanto, aconsejamos a Su Señoría que dirija su pregunta a dicha Institución.
PREGUNTA ESCRITA E-0283/98 de Mark Watts (PSE) a la Comisión (17 de febrero de 1998)

Asunto: Cumplimiento del Código IGS (Reglamento no 3051/95)

¿Cuántos inspectores cualificados se encargan en cada Estado miembro de asegurar el cumplimiento del Reglamento no 3051/95 ((DO L 320 de 30.12.1995, p.14. )) sobre el Código IGS?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0283/98 y E-0284/98 dada por el Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (25 de marzo de 1998)

Dado que el Reglamento (CE) no 3051/95 del Consejo, de 8 de diciembre de 1995, sobre la gestión de la seguridad de transbordadores de pasajeros de carga rodada no obliga a los Estados miembros a facilitar información a la Comisión sobre el número de inspectores responsables de garantizar el cumplimiento del Reglamento en cada Estado miembro, la Comisión no puede proporcionar una respuesta detallada a la pregunta de Su Señoría.

La Comisión dispone de información, de 1 de julio de 1997, relativa a los documentos de conformidad y los certificados de seguridad expedidos por las empresas y transbordadores que efectúan servicios regulares de transporte de pasajeros de carga rodada procedentes o con destino a puertos de los Estados miembros. Según esta información, los Estados miembros están incorporando y aplicando el Reglamento (CE) no 3051/95. Dicha apreciación queda confirmada por los resultados de las consultas bilaterales (in situ) celebradas entre la Comisión y las administraciones de los Estados miembros, que todavía no han concluido. En este sentido, es preciso tener en cuenta que el control de la incorporación y aplicación del Reglamento constituye un proceso permanente, que, como establece el artículo 8 de dicho Reglamento, supone que la Comisión revise en 1999 la aplicación del mismo y proponga las medidas adecuadas.
PREGUNTA ESCRITA E-0464/98 de Allan Macartney (ARE) a la Comisión (27 de febrero de 1998)

Asunto: Comité consultivo en materia de pesca

¿Podría publicar la Comisión los nombres de las personas y organizaciones comerciales representadas en el Comité consultivo en materia de pesca? ¿Podría exponer en líneas generales su programa de trabajo para 1998 y facilitar una composición detallada de su Mesa, así como de los miembros que componen el grupo de trabajo por ámbito político?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (27 de marzo de 1998)

La Comisión envía la información solicitada directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-0559/98 de John McCartin (PPE) a la Comisión (4 de marzo de 1998)

Asunto: Exclusión de mercados agrícolas

¿Pueden los agricultores de un Estado miembro beneficiarse de subvenciones e incentivos concedidos por la Comisión y al mismo tienpo servirse de la intimidación para excluir de sus mercados los productos de agricultores de otros Estados miembros?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (31 de marzo de 1998)

No hay elemento alguno de Derecho comunitario, según su contenido actual, que pueda justificar la exclusión de los agricultores del beneficio de las subvenciones concedidas en virtud de la política agrícola común, incluso si incurren en las prácticas descritas por Su Señoría.

No obstante, se ruega a Su Señoría que se remita a la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia en relación con el asunto C-265/95 (Comisión contra Francia) en diciembre de 1997. El Tribunal declaró que los acontecimientos que habían dado lugar a la acción legal, no refutados por las autoridades francesas, habían supuesto manifiestamente obstáculos a la libre circulación de productos agrícolas de otros Estados miembros, ya que año tras año, a lo largo de más de una década, se habían producido graves incidentes como la interceptación de camiones, la destrucción de sus cargas, la comisión de actos violentos contra sus conductores, el proferimiento de amenazas contra mayoristas y minoristas y los daños a las mercancías expuestas en los comercios; el Tribunal declaró asimismo que las medidas adoptadas por Francia no habían bastado para impedir estas conductas delictivas ni disuadir eficazmente a sus autores de cometerlas y repetirlas. Además, los mencionados acontecimientos crearon un clima de inseguridad con efectos disuasorios en las corrientes comerciales en su conjunto.

En este contexto, las disposiciones del Tratado en materia de libertad de circulación de mercancías y el deber de los Estados miembros de cooperar para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado CE no sólo exigían que estas autoridades se abstuviesen de adoptar medidas capaces de constituir un obstáculo al comercio intracomunitario, sino también que tomasen todas las disposiciones necesarias y apropiadas para impedir que ese comercio se viera obstaculizado en su territorio por las acciones de ciertos individuos.

Los Estados miembros son responsables de determinar las medidas más apropiadas para garantizar la libertad de circulación de mercancías y el Tribunal de Justicia debe comprobar, en los asuntos que se someten a su jurisdicción, si dichas medidas son adecuadas.

Si un Estado miembro no adopta esas medidas necesarias y apropiadas, los Tribunales nacionales pueden considerarle responsable con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véanse los asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93 Brasserie du pêcheur).
PREGUNTA ESCRITA E-0412/98 de Petrus Cornelissen (PPE) y Raphaël Chanterie (PPE) a la Comisión (24 de febrero de 1998)

Asunto: Trato dispensado a unos camioneros

1. ¿Ha tenido la Comisión conocimiento de las noticias aparecidas en los medios de comunicación ((Se trata, entre otros, de varios artículos de periódico y del programa de televisión belga «De 7 de dag» («El séptimo día») emitido el 18 de enero de 1998. )), según las cuales un camionero belga y su ayudante habrían pasado 55 días encerrados en una cárcel sueca, permaneciendo desnudos las primeras 48 horas y posteriormente en régimen celular durante varias semanas, debido al hecho de que según la carta de porte se trataba de un transporte de zumo de frutas, cuando en realidad el camión llevaba un cargamento de alcohol?

2. ¿Puede confirmar la Comisión la veracidad de estas noticias?

3. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, ¿qué opinión le merece a la Comisión esta actuación de reminiscencias medievales, teniendo también en cuenta que los camioneros fueron absueltos por el tribunal de Malmö?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (26 de marzo de 1998)

La Comisión no puede ni confirmar ni negar la veracidad de las noticias aparecidas en los medios de comunicación a las que hace referencia Su Señoría.

Respetar los derechos humanos y garantizar las libertades fundamentales dentro del sistema judicial es competencia de la jurisdicción nacional de cada Estado Miembro.

No es competencia de la Comisión juzgar si las medidas derivadas de una persecución penal llevadas a cabo por un Estado Miembro están justificadas o se corresponden con la sospecha de delito.
PREGUNTA ESCRITA P-0487/98 de Honor Funk (PPE) a la Comisión (17 de febrero de 1998)

Asunto: Prohibición de importación en la UE de carne procedente de animales tratados con hormonas (arbitraje del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC)

Según la decisión de arbitraje del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, la UE puede establecer, sobre una base científica, el grado que considere adecuado de protección del consumidor, que probablemente es superior al que se desprende de las normas internacionales en materia de sanidad.

1. ¿En qué ámbitos específicos deben presentarse las pruebas científicas requeridas con respecto a los riesgos potenciales?

2. ¿A qué científicos ha encargado la UE la presentación de dichas pruebas?

3. ¿Cuál es la financiación asignada a dichos estudios científicos?

4. ¿Participan también los Estados miembros?

5. ¿Cuándo comenzarán los estudios científicos y de qué estudios se trata?

Respuesta común a las preguntas escritas P-0487/98 y E-0568/98 dada por la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (30 de marzo de 1998)

El Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha confirmado que la Comunidad puede establecer un mayor grado de protección para la salud del consumidor que el que se desprende de las normas internacionales, siempre que las medidas aplicadas estén basadas en una evaluación de riesgos. Asimismo, el Órgano de Solución de Diferencias ha confirmado el dictamen del grupo de expertos que declaraba que la medida de prohibición de uso de hormonas en la Comunidad no se basaba en una evaluación de riesgos suficientemente específica, sobre todo en lo que respecta a los aspectos carcinógenos y genotóxicos de los residuos de hormonas en la carne de animales tratados con hormonas.

La Comunidad ha informado a la OMC de sus intenciones de aplicar las recomendaciones y decisiones del Órgano de Solución de Diferencias del 13 de marzo de 1998.

Actualmente, la Comisión está estudiando cuáles son los medios más adecuados para cumplir con sus obligaciones internacionales. A estas alturas de la reflexión, sin embargo, la Comisión no está en posición de responder a preguntas tan concretas y detalladas como las que formula Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA P-0331/98 de Stefano De Luca (ELDR) a la Comisión (6 de febrero de 1998)

Asunto: Libre asociación y libertad de pensamiento respetando plenamente los derechos humanos

1. ¿Sabe la Comisión que una ley de una Región italiana, la ley no 34 de la Región de las Marcas, establece que los aspirantes a puestos en organismos regionales deben declarar que no pertenecen a ninguna logia masónica?

2. ¿No considera la Comisión que esta ley afecta a la libertad de pensamiento y de asociación de los ciudadanos?

3. Tratándose de ciudadanos europeos, ¿qué medidas piensa tomar la Comisión para que se restablezca el Estado de Derecho y para evitar que, en el futuro, puedan aplicarse restricciones cívicas de este tipo a ciudadanos libres que adhieren a asociaciones religiosas o de pensamiento absolutamente transparentes?

4. ¿No considera la Comisión que esta ley viola el Tratado y, en particular, los principios sobre las libertades fundamentales?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (19 de febrero de 1998)

La Comisión concede la máxima importancia al respeto de los derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, los Tratados no atribuyen a la Unión la competencia general de garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Sólo tiene competencia al respecto en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, que se basa en el respeto de los derechos fundamentales.

En cuanto a los hechos comunicados por Su Señoría, la Comisión reitera que el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales está ampliamente garantizado en los Estados miembros, tanto desde el interior, mediante recursos internos, como desde el exterior, mediante los mecanismos establecidos por el Convenio de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del Consejo de Europa.

En el estado del Derecho comunitario, los hechos mencionados por Su Señoría son de competencia exclusiva de los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA P-0220/98 de José Apolinário (PSE) a la Comisión (30 de enero de 1998)

Asunto: Financiación de la red Natura 2000

La aplicación de la directiva «Hábitats», con la remisión a la Comisión de la lista nacional de lugares, plantea seriamente la financiación de los planes de gestión de las zonas especiales de conservación. ¿Puede informar la Comisión del marco financiero que prevé para este tema, especialmente con arreglo al previsto en el artículo 8 de la Directiva 92/43/CE? ((DO L 206 de 22.7.1992, p. 7. ))

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (18 de febrero de 1998)

El artículo 8 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, regula la cofinanciación comunitaria en los lugares de la red Natura 2000 que albergan hábitats naturales prioritatios o especies prioritarias.

El apartado 1 dispone que los Estados miembros comunicarán a la Comisión las cuantías que consideren necesarias. Hasta ahora, ningún Estado miembro ha transmitido esa información.

Los apartados 2 a 4 prescriben que la Comisión evaluará dichas cuantías y, a continuación, adoptará un marco de acción con vistas a la cofinanciación. Al no haber recibido hasta la fecha las evaluaciones de los Estados miembros, la Comisión no ha podido aún elaborar dicho marco.

Sin embargo, la Comisión está ocupándose de facilitar su futura adopción, proponiendo que la ejecución de Natura 2000 forme parte de las medidas subvencionables con cargo a los fondos estructurales y la política agrícola común.
PREGUNTA ESCRITA E-0262/98 de Yiannis Roubatis (PSE) al Consejo (17 de febrero de 1998)

Asunto: El informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Turquía

En el nuevo informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Turquía, se acusa a dicho país de torturas a menores, ejecuciones y desapariciones de detenidos. Según los datos de Amnistía Internacional, en 1997, murieron en Turquía 25 personas mientras estaban detenidas, al tiempo que se ignora el paradero de otras 23 tras su detención.

1. ¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo para que cese la burla que hacen de la Unión Europea los sucesivos Gobiernos turcos y se ponga fin a la persistente situación inaceptable de los derechos humanos en Turquía?

2. ¿Qué piensa hacer para que los dirigentes políticos y militares de Turquía tomen conciencia, por fin, de que no pueden continuar torturando y matando a los propios ciudadanos de su país, cuando la comunidad internacional sigue dichos acontecimientos con disgusto?

Respuesta común a las preguntas escritas E-4055/97 y E-0262/98 (11 de mayo de 1998)

La situación en materia de democracia y de derechos humanos en Turquía sigue siendo objeto de seria preocupación para el Consejo. El Consejo Europeo reunido en Luxemburgo los días 12 y 13 de diciembre de 1997 subrayó una vez más que el Gobierno turco debía cumplir sus obligaciones fundamentales en materia de democracia y de derechos humanos. Recordó, conforme a la posición del Consejo expresada en el Consejo de Asociación que se celebró con Turquía el 29 de abril de 1997, que el fortalecimiento de los vínculos entre Turquía y la UE dependía de la continuación de las reformas políticas iniciadas por dicho país, en particular por lo que respecta a la adaptación de las normas y prácticas en materia de derechos humanos a las que están en vigor en la Unión Europea.

La situación en materia de democracia y de derechos humanos en Turquía continúa siendo un asunto prioritario para el Consejo. Estas cuestiones se suscitan prácticamente en todas las reuniones que tienen lugar con las autoridades turcas.
PREGUNTA ESCRITA E-0087/98 de Carlos Robles Piquer (PPE) a la Comisión (30 de enero de 1998)

Asunto: Catálogo Europeo de Residuos

La Unión Europea aprobó, en 1994, un Catálogo Europeo de Residuos, de cara al reciclado de los escombros, y desde hace casi veinte años hay directivas comunitarias que numerosos países han incorporado a sus respectivas legislaciones, a través de las regulaciones que contemplan las demoliciones.

Con arreglo al referido Catálogo debe imperar el principio de que los edificios tienen que construirse para que puedan ser reciclados en su «desconstrucción». Pero la tónica sobre el particular varía ostensiblemente de un país a otro, pues mientras que en algunos países comunitarios, como España, apenas se recicla el 5 % de la construcción, en otros, como Holanda, este porcentaje alcanza el 60 %.

¿Puede estimar la Comisión, tres años después de haberse dotado nuestra Unión del Catálogo Europeo de Residuos, cuál es el grado de seguimiento del mismo, en su conjunto, por los países miembros y, a la vista del resultado obtenido, las modificaciones o acentuaciones que caben contemplar para conseguir el objetivo de olvidar la imagen de la excavadora demoliendo un edificio?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (5 de marzo de 1998)

El Catálogo Europeo de Residuos deriva de la Decisión 94/3/CE en la que se establece una lista de residuos en aplicación del artículo 1.a. de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos ((DO L 5 de 7.1.1994. )), modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo ((DO L 78 de 26.3.1991. )). Dentro de este catálogo, los residuos de construcción y demolición se clasifican en la rúbrica 17 00 00.

Este tipo de residuos han sido objeto de especial atención por la Comisión, que preparó y puso en marcha, a principios de 1991, un programa sobre los flujos de residuos prioritarios. Se han creado grupos de proyectos acerca de los flujos de residuos siguientes: neumáticos usados, vehículos para desguace, disolventes clorados, residuos sanitarios, residuos de equipo eléctrico y electrónico, y residuos de construcción y demolición.

Todos los implicados en el flujo de residuos de construcción y demolición han sido invitados a participar en un grupo de proyectos dirigido por Alemania. El resultado de los trabajos del grupo es la publicación en octubre de 1995 de un informe que comprende un documento informativo, un documento de estrategia y unas recomendaciones.

En este documento se recomienda a los Estados miembros que aprueben la clasificación anteriormente mencionada a fin de facilitar la comparación de los datos estadísticos y facilitar así la gestión y la planificación de este flujo de residuos dentro de la Comunidad.

Actualmente, las situaciones en los distintos Estados miembros son muy variadas y difícilmente comparables. En estos momentos, la Comisión está llevando a cabo una reflexión sobre algunas iniciativas que permitan mejorar la gestión de este flujo de residuos dentro de la Comunidad.
PREGUNTA ESCRITA E-0150/98 de Jaime Valdivielso de Cué (PPE) a la Comisión (2 de febrero de 1998)

Asunto: Importación de vinos no sujetos a prácticas enológicas comunitarias

¿Podría explicar la Comisión en base a qué criterios se ha prorrogado un año más la importación de vinos sometidos a prácticas enológicas no previstas en el Reglamento (CEE) no 822/87 ((DO L 84 de 27.3.1987, p. 1. )), teniendo en cuenta que las excepciones previstas en el Reglamento (CEE) no 1873/84 ((DO L 176 de 3.7.1984, p. 6. )) tenían un período de validez que terminó el 31 de diciembre de 1997?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (5 de marzo de 1998)

De conformidad con el «Acuerdo Vinícola», celebrado entre la Comunidad y los Estados Unidos en 1983, la Comunidad autoriza determinadas excepciones aplicables a los vinos importados de los Estados Unidos sometidos a prácticas enológicas no establecidas en el Reglamento (CEE) no 822/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola ((DO L 84 de 27.3.1987. )). A finales de 1997, el Consejo prorrogó estas excepciones por un año, tal como propuso la Comisión mediante el Reglamento (CE) no 2612/97 del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, que modifica el Reglamento (CEE) no 1873/84 por el que se autoriza la oferta y la entrega al consumo humano directo de determinados vinos importados que pueden haber sometidos a prácticas enológicas no previstas en el Reglamento (CEE) no 822/87 ((DO L 353 de 24.12.1997. )).

La Comisión consideró necesario prorrogar estas excepciones una vez más, dado que el conjunto de las disposiciones del Acuerdo de 1983 está siendo examinado por la Comunidad y los Estados Unidos, y, en particular, las relativas al aumento de protección de las indicaciones geográficas y las prácticas enológicas.