PREGUNTA ESCRITA E-3777/97 de Jean-Antoine Giansily (UPE) y Jacques Donnay (UPE) a la Comisión (21 de noviembre de 1997)

Asunto: Plan textil francés

El plan textil francés, instaurado en Francia en 1995 por el anterior Gobierno francés, más comúnmente conocido con el nombre de «plan Borotra», que contenía un dispositivo de reducción de las cargas sociales para las empresas textiles, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la Comisión.

Este plan, del que se han beneficiado más de 2.000 empresas, habría permitido estabilizar, e incluso incrementar ligeramente los efectivos en un sector que ha perdido la mitad de sus empleos en diez años.

Sin embargo, parece ser que Bruselas considera no sólo ilegal este plan, sino que además, la Comisión va a exigir el reembolso de las ayudas percibidas por algunas empresas textiles.

¿Podría dar a conocer la Comisión los criterios y argumentos que se han empleado y que han permitido considerar ilegal el plan textil francés?

¿No considera incongruente y dramático tal juicio en un momento en que todos los responsables europeos reafirman la prioridad absoluta que debe otorgarse a la defensa y el fomento del empleo en la Unión Europea?

¿No considera que la solución alternativa para hacer frente a la difícil situación por la que atraviesa la industria textil, pasaría por una revisión de las exacciones obligatorias que sobrecargan indebidamente el coste del trabajo, así como por el establecimiento de un derecho de importación social y fiscal en las fronteras de la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (13 de enero de 1998)

Por Decisión de 9 de abril de 1997, la Comisión estimó que las ayudas prevista para las medidas experimentales de disminución de las cotizaciones sociales en beneficio de los sectores textil, de la confección y del cuero y el calzado, comúnmente conocidas como «Plan textil» eran, no sólo ilegales, sino incompatibles con el Tratado CE.

El carácter ilegal de las ayudas se debe al hecho de que Francia empezó a concederlas a las empresas beneficiarias antes de que la Comisión se pronunciara sobre ellas, y ello pese a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE y a las diferentes advertencias hechas por la Comisión.

La Comisión considera que los costes que suponen para las empresas los acuerdos celebrados entre los interlocutores sociales de un determinado sector, tanto si afectan a la ordenación del tiempo de trabajo como a otros ámbitos, y que se traducen en la concesión de incrementos salariales o de vacaciones pagadas, no exigidos por la reglamentación común, deben correr a cargo de sus propios presupuestos. La Comisión estima, por la tanto, que la intervención del Estado en sí constituye, por su propia naturaleza y en su totalidad, una ayuda estatal.

Como las ayudas son de carácter sectorial, y se han concedido a sectores sensibles y en crisis, no sólo en Francia, sino en toda la Comunidad, la Comisión no ha podido hacer uso de las excepciones previstas en las Directrices sobre ayudas al empleo ((DO C 334 de 12.12.1995. )). Sólo si las ayudas se hubieran hecho extensivas a toda la economía francesa podría considerarse que las medidas francesas no entraban en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE.

La Comisión ha ordenado la recuperación de las ayudas ilegalmente desembolsadas, excepto la parte considerada «de minimis» (100.000 ecus a lo largo de tres años). La recuperación afecta únicamente a algunas empresas con más de 50 asalariados, ya que en los demás casos las ayudas no superaban el límite por debajo del cual la Comisión las considera poco significativas.

En su decisión, la Comisión recordó que para ella la lucha a favor del empleo es una prioridad esencial en la Comunidad y que el éxito en la misma depende de una mayor integración de las políticas macroeconómicas e industriales de los Estados miembros; estos últimos, del mismo modo que la Comisión, deben dar pruebas de imaginación y audacia en la búsqueda de soluciones nuevas para vencer el gran problema del desempleo.

La Comisión siempre ha hecho hincapié en que sus observaciones sobre el citado Plan no son una crítica de los objetivos de Francia en materia de creación de empleo (sobre todo entre los jóvenes), sino de las vías utilizadas para lograr dichos objetivos y de las repercusiones que pudieran tener. La aceptación de ayudas sectoriales como éstas podría provocar una transferencia de los problemas experimentados por las empresas de un Estado miembro a los competidores de otros Estados miembros.

Por todo ello, la Comisión considera que es necesario adoptar una actitud estricta ante las ayudas sectoriales con el fin de evitar a tiempo que se produzca una escalada en los Estados miembros y, por ende, que se ponga en tela de juicio el concepto mismo de mercado interior.

Finamente, en lo que se refiere a otras posibles soluciones para reducir los costes del trabajo, la Comisión quisiera recordar su Comunicación acerca del control de las ayudas de Estado y la reducción de los costes laborales ((DO C 1 de 3.1.1997. )), en las que señaló qué iniciativas en la materia pueden ser compatibles con el Tratado. Por otro lado, la Comisión desearía que, tras la reunión del Consejo Europeo consagrada al empleo, que se celebró los días 20 y 21 de noviembre de 1997, se propongan soluciones alternativas a las ayudas sectoriales que puedan ser aplicadas por los Estados miembros.