PREGUNTA ESCRITA E-0343/03

de Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) a la Comisión

(10 de febrero de 2003)

Asunto: Desventajas fiscales y sociales en algunas regiones fronterizas de la UE

De un estudio elaborado por el Sr. Hervé Germa, un abogado especializado en derecho fiscal con despacho en Perpiñán (República Francesa) y en Figueres (Reino de España), se desprende que las diferencias sociales y fiscales entre ambos Estados son tan importantes que se origina una situación de competencia desleal.

Estas diferencias se acusan sobre todo en relación con las cargas sociales y el impuesto sobre actividades profesionales. Las cargas sociales, por ejemplo, representan en Francia el 48 % del salario bruto, mientras que en España no superan el 30,6 %. El impuesto profesional devengado por una empresa con menos de diez trabajadores es de 1 200 EUR en Francia, y de 400 a 500 EUR en España.

Estas diferencias no se acusan en las regiones más alejadas de las fronteras nacionales. Son particularmente sensibles, en cambio, en el Rosellón, cuya economía está sujeta a ciertos vaivenes.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión a fin de paliar de alguna manera las desventajas económicas que se acusan como consecuencia de esta situación?

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(18 de marzo de 2003)

Conforme a la legislación comunitaria actual, los impuestos directos aún son esencialmente competencia de los Estados miembros. Basándose en su experiencia previa, la Comisión sabe que pueden surgir dificultades en situaciones transfronterizas a causa de diferencias en los sistemas impositivos de los Estados miembros, como, por ejemplo, problemas de discriminación y de obstáculos al ejercicio de las cuatro libertades.

A condición de que los Estados miembros respeten las disposiciones del Tratado CE, son libres de elegir los sistemas impositivos que consideren apropiados y según sus preferencias. Los niveles fiscales están ligados al nivel del gasto público, que es igualmente una cuestión de preferencias nacionales siempre que los ingresos acompañen y que las posiciones presupuestarias estén próximas al equilibrio o que exista un excedente. Sin embargo, en su Comunicación sobre la política fiscal en la Unión. Prioridades par los próximos años(1), la Comisión sugiere que una mejor coordinación de los sistemas impositivos puede ser necesaria para impedir la discriminación en situaciones transfronterizas o para eliminar obstáculos al ejercicio de las cuatro libertades.

Por lo que se refiere a la seguridad social, el Derecho comunitario no detrae generalmente del poder de los Estados miembros de organizar sus sistemas de seguridad social. A falta de armonización a nivel comunitario, es por lo tanto la legislación de cada Estado miembro la que determina el nivel de las contribuciones a la seguridad social pero el Estado miembro debe respetar la legislación comunitaria al ejercer dicho poder. Además debe tenerse en cuenta que tales contribuciones son solamente un elemento de los costes totales de mano de obra y que lo que importa desde el punto de vista de la competencia son los costes de mano de obra en relación con la productividad (coste unitario de la mano de obra). La productividad depende de varios factores, incluido el nivel de cualificaciones y la calidad de la infraestructura pública.

Puesto que la situación descrita por Su Señoría no parece representar una infracción del Derecho comunitario, la Comisión no tiene razones para adoptar ninguna medida particular.

(1) COM(2001) 260 final.