PREGUNTA ESCRITA E-1884/00

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(9 de junio de 2000)

Asunto: Armonización de los sistemas de notificación de actos públicos

El Sr. Claes es un ciudadano belga cuyos terrenos en la Playa de San Juan en Alicante (España) han sido objeto del Proyecto de Reparcelación de la unidad de explotación 1 del Plan Parcial La Condomina. Como consecuencia de este Proyecto, la superficie de las parcelas adjudicadas al Sr. Claes (2 400 m2) es más de cinco veces inferior a la superficie de su parcela original (14 000 m2). En la tramitación de dicho Proyecto de Reparcelación, los ciudadanos no españoles han sufrido una limitación de su capacidad de personarse en las dependencias municipales para manifestar su desacuerdo con las actuaciones del urbanizador y de sus posibilidades de recurrir dichas actuaciones dado el sistema de notificaciones. Dicho sistema no prevé que las notificaciones sean enviadas al domicilio de cada parte interesada, es decir, a la dirección del Sr. Claes en Bélgica, siendo suficiente publicar un aviso, al que lógicamente los residentes en el extranjero no tienen acceso. En particular, el Sr. Claes se vio limitado en su derecho de conservar sus tierras y realizar un pago en metálico al urbanizador, como se contempla en la ley. Dicho derecho, y el plazo que se estableció para ejercerlo, nunca le fueron comunicados.

Por estas razones, se formulan a la Comisión las siguientes preguntas:

1. ¿No piensa la Comisión que este tipo de situaciones dan lugar a la discriminación de ciudadanos comunitarios?

2. ¿Tiene la Comisión intención de tomar medidas de armonización de las notificaciones de actos públicos para que se evite toda discriminación de ciudadanos comunitarios en procedimientos que afecten a su derecho de propiedad?

3. ¿Qué recursos tiene el Sr. Claes ante esta situación?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(8 de septiembre de 2000)

Sobre la base exclusivamente de los datos facilitados por Su Señoría, la Comisión no está en condiciones de evaluar si las normas de publicación y difusión a que se refiere constituyen una discriminación por nacionalidad. A primera vista, la respuesta a esta cuestión sería negativa en la medida en que ni la nacionalidad de los propietarios de los terrenos a que se refiere el procedimiento, ni su residencia, constituyen un criterio que determine la aplicación de una disposición determinada. En particular, este procedimiento parece aplicarse a todos los propietarios y, en consecuencia, también a los de nacionalidad española que residan en otro Estado miembro.

La Comisión no tiene intención de proponer normas comunitarias en relación con la notificación de los actos públicos en los Estados miembros. Observa, no obstante, que los Estados miembros no pueden introducir ni mantener disposiciones nacionales susceptibles de constituir una discriminación contemplada por el Tratado CE. La Comisión indica también a Su Señoría que, el 29 de mayo de 2000, el Consejo aprobó un Reglamento relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil(1). No obstante, este Reglamento sólo se aplica en caso de transmisión de actos de un Estado miembro a otro.

Las vías de recurso abiertas al ciudadano citado por Su Señoría son las que están previstas por la legislación nacional vigente.

(1) DO L 160 de 30.6.2000.