PREGUNTA ESCRITA E-3041/02

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(24 de octubre de 2002)

Asunto: Acción legal de la Comisión ante el Tribunal de Justicia por las condiciones de servicio público en las Azores

De acuerdo con la edición del Correio dos Açores del 12 de octubre, la Comisión Europea ha decidido iniciar acciones legales contra el Estado portugués por no parecerle conforme a derecho que éste obligue a las empresas de cabotaje que cubren los trayectos entre las Azores y el continente a asegurar un servicio público a por lo menos cinco islas de las Azores, a precios idénticos.

Pese a las insistentes gestiones telefónicas realizadas el 14 de octubre, la Dirección General de Transportes no pudo confirmar o desmentir esta información.

- ¿Ha realizado la Comisión algún estudio sobre las consecuencias, en términos de precios, regularidad y fiabilidad del transporte de mercancías a las islas más pequeñas y periféricas de las Azores, en un mercado liberalizado?

- ¿Ha podido demostrar la Comisión, por medio de estos estudios u otros medios, que estaría en condiciones de cumplir sus obligaciones en materia de cohesión territorial, especificadas en el artículo 16 del Tratado, en el caso de que decidiera anular las obligaciones de servicio público en las islas más pequeñas y alejadas de las Azores?

- ¿Puede decir la Comisión por qué razón, en su respuesta de 8 de junio 2001 a mi pregunta parlamentaria E-1196/01(1), evitó especificar su posición en relación con el cumplimiento de la legislación en materia de servicio público en las islas portuguesas, argumentando que ésta debía ser evaluada primeramente por las autoridades nacionales, mientras que ahora procede aparentemente de forma inversa?

(1) DO C 318 E de 13.11.2001, p. 222.

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 2002)

La información publicada por el Correio dos Açores es errónea.

Efectivamente se inició un procedimiento de infracción contra el Decreto-ley portugués no 194/98, de 10 de julio de 1998, sobre el cabotaje marítimo. El 26 de julio de 2001, la Comisión dirigió un dictamen motivado a las autoridades portuguesas instándolas a modificar dicho texto con el fin de adecuarlo al Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo)(1).

Ahora bien, por haberse comprometido las autoridades portuguesas a revisar el texto en cuestión, la Comisión no ha decidido por el momento presentar el caso ante el Tribunal de Justicia.

La Comisión recuerda aquí la importancia que atribuye al servicio público marítimo.

Conforme al Reglamento sobre el cabotaje, los Estados miembros pueden imponer obligaciones de servicio público para asegurar a las islas un transporte regular suficiente. El Reglamento exige, no obstante, que se haga de manera que no suponga discriminación para ningún otro armador comunitario.

El desacuerdo entre la Comisión y las autoridades portuguesas no se refiere al principio en sí del servicio público (la Comisión reconoce la necesidad de garantizar un servicio suficiente a las islas del Archipiélago de las Azores) sino a sus modalidades de aplicación. Así pues, no se ha apreciado la necesidad de realizar ningún estudio comunitario.

Por lo que respecta a la respuesta dada por la Comisión a la pregunta escrita E-1196/01 formulada por Su Señoría el 8 de junio de 2001 sobre los problemas que plantea la aplicación

del Decreto-ley 194/98 en cuanto a tarifas marítimas, en ella se señalaba que es competencia de las autoridades nacionales y no de la Comisión velar por el respeto del Derecho nacional. El tema de la mala aplicación del Decreto-ley es muy distinto del problema de su conformidad o no al Derecho comunitario, que es al que se refiere el procedimiento de infracción arriba mencionado.

(1) DO L 364 de 12.12.1992.