PREGUNTA ESCRITA E-1505/99

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1999)

Asunto: Situación de la flota pesquera en la zona NAFO en el marco de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Canadá

La flota pesquera comunitaria que faena en aguas internacionales bajo el control multilateral de la NAFO ha sufrido en los últimos cinco años una reducción sustancial del número de sus barcos así como de las capturas permitidas. Delegaciones de la UE y de Canadá se reunieron recientemente en la ciudad alemana de Colonia con el fin de firmar un acuerdo de colaboración en materia comercial y económica, en el que se integrarán las cuestiones referentes a las relaciones pesqueras. No hay garantías de que Canadá derogue la Ley C-27, que pretendidamente autoriza a dicho país a

actuar fuera de las 200 millas de la zona económica exclusiva, contrariamente a lo establecido en el Derecho internacional. Esta situación condujo, en el pasado, a la captura del buque gallego Estai, que provocó un conflicto aún no resuelto jurídicamente.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿por qué renuncia la Comisión a resolver el conflicto pesquero existente? ¿Qué acciones tiene previstas la UE en defensa de los intereses pesqueros comunitarios que afectan de modo muy especial a Galicia en la zona NAFO, considerando el aumento de la pesca permitida y con miras a la derogación de la Ley canadiense C-27?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(25 de octubre de 1999)

Conviene recordar que el conflicto que estalló en el seno de la NAFO (Organización de Pesca del Atlántico Noroccidental) acerca del reparto de la población de halibut negro, que culminó en marzo de 1995 con la captura del arrastrero español Estai en aguas internacionales, se resolvió mediante la celebración del Acuerdo integrado por una Acta aprobada, un Intercambio de Cartas, un Canje de Notas y los Anexos correspondientes entre la Comunidad Europea y Canadá sobre la pesca en el marco del Convenio NAFO, de 20 de abril de 1995(1) y, conforme a lo previsto, la subsiguiente aprobación (o multilateralización) por la NAFO del paquete acordado de medidas, con ocasión de su decimoséptima reunión anual celebrada entre el 11 y el 15 de septiembre de 1995. Según lo estipulado en este Acuerdo, Canadá eliminó a España y Portugal de la lista de Estados contra los que podía aplicarse la normativa pesquera canadiense de 1994 (la llamada Ley C-29).

Conviene asimismo observar que, en las recientes negociaciones sobre las nuevas normas que permiten a Canadá aplicar el Acuerdo de las Naciones Unidas de 1995 sobre las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorias (la llamada Ley C-27), Canadá volvió a afirmar por escrito que, tras la aprobación de la mencionada Acta por Canadá y la UE, Canadá retiró a España y Portugal de la lista de Estados contra los que podían aplicarse las disposiciones de la Ley C-29; que ambos países seguían fuera de esa lista y que la aprobación de la Ley C-27 no alteraba en modo alguno esa situación.

La Comisión opina que la firmeza de principios ofrece las mejores perspectivas de evitar que se repitan los acontecimientos de 1995. Por ese mismo motivo viene considerando sistemáticamente inaceptables los aspectos extraterritoriales de la legislación pesquera canadiense. Además, ha insistido y sigue insistiendo en la importancia de los principios de derecho en las relaciones pesqueras internacionales, la prioridad del Derecho internacional (es decir, el Convenio NAFO y el Derecho internacional consuetudinario, en el caso que nos ocupa) sobre las leyes nacionales y la necesidad de establecer los procedimientos apropiados para la solución pacífica de los conflictos internacionales. En este contexto, la Comisión ha insistido en que prosiga y se acelere la actividad para fijar un procedimiento específico de solución de diferencias en la NAFO. En la reunión anual de la NAFO celebrada entre el 13 y el 17 de septiembre de 1999, esta moción fue aprobada a pesar de la resistencia inicial mostrada por Canadá.

(1) Decisión 95/586/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1995. DO L 327 de 30.12.1995.