PREGUNTA ESCRITA E-1647/01

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(12 de junio de 2001)

Asunto: Comités de empresa y despidos

En Portugal, al igual que en otros países de la Unión Europea, se cierran empresas y se deslocalizan multinacionales en países de la Europa Oriental o de Asia, lo que ocasiona el desempleo de miles de trabajadores, una mayor precarización del empleo y altos costes socioeconómicos, especialmente para las zonas directamente afectadas, y pone en entredicho la cohesión económica y social.

Entre los casos más recientes en Portugal cabe destacar la voluntad del grupo británico Marks & Spencer de cerrar sus establecimientos, las propuestas de despido de centenares de trabajadores de J. C. Clark, los cierres de Moda Real, de capital francés, y de Vesticom, del grupo británico Coats & Clark, así como otros casos de multinacionales del sector de material eléctrico que están reduciendo su actividad en Portugal, como las empresas Delphy e Indelma, y las presiones que ejerce Siemens en los trabajadores de la empresa Tyco para que rescindan sus contratos.

Cabe señalar que, en varios casos, estas multinacionales han recibido fondos comunitarios y nacionales mientras servían exclusivamente a sus intereses de lucro, por lo que son necesarias medidas urgentes para impedir que siga produciéndose esta situación.

¿Puede informar la Comisión de las medidas urgentes que va a adoptar en defensa de los trabajadores de estas empresas?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(3 de septiembre de 2001)

La Comisión otorga la mayor importancia a las consecuencias sociales de la reestructuración de empresas.

Por lo que se refiere a la actual legislación europea sobre la protección de los trabajadores en estos casos, es de aplicación y, por lo tanto, debe cumplirse la legislación nacional en la que se han incorporado una serie de directivas en el ámbito del Derecho laboral y las relaciones laborales, concretamente la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos(1), y la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad(2), modificada por la Directiva 98/50/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998(3).

Puesto que estas Directivas han sido incorporadas a la legislación nacional, compete a las autoridades administrativas o judiciales nacionales determinar si se han producido infracciones en los casos expuestos por su Señoría.

La Comisión ha subrayado en repetidas ocasiones la necesidad de garantizar que la reestructuración de empresas se lleva a cabo de manera socialmente aceptable y, en consecuencia, ha destacado cuán apremiante es potenciar los derechos de información y consulta de los trabajadores, sobre todo ante el torrente de reestructuraciones, fusiones y absorciones que presenciamos casi a diario.

Esta fue la principal preocupación de la Comisión al elaborar su propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea(4), con respecto a la cual el Consejo alcanzó un acuerdo político sobre una posición común el 11 de junio de 2001. El objetivo de esa Directiva es mejorar los derechos de información y consulta de los empleados de las empresas y llenar las lagunas existentes en las normativas nacionales y comunitarias relativas a la información y consulta de los trabajadores. La Directiva debe entenderse como una respuesta concreta, a nivel comunitario, a las inquietudes de los ciudadanos europeos que se derivan de la inseguridad generada por las sucesivas oleadas masivas de reestructuraciones, fusiones, adquisiciones, etc., que normalmente van acompañadas de una pérdida de puestos de trabajo.

Una vez adoptada definitivamente por el Consejo y el Parlamento y aplicada en los Estados miembros, la Directiva otorgará a los empleados de las empresas que cuenten con un mínimo de cincuenta trabajadores (aunque sean subsidiarias de una multinacional) una serie de derechos básicos: el derecho a ser informados sobre la evolución reciente y próxima de las actividades de la empresa y sobre la situación económica y financiera de la misma; el derecho a ser informados y consultados con respecto a cuestiones laborales y a decisiones que puedan producir cambios sustanciales en la organización del trabajo, así como el derecho a saber cómo se propone la empresa hacer frente a esos cambios.

Además, la Comisión aprobó el 18 de julio de 2001 un Libro Verde sobre la responsabilidad social de las empresas, en el que destaca que una reestructuración socialmente responsable supone un equilibrio entre los intereses y las inquietudes de todos los interesados que se ven afectados por los cambios introducidos y las decisiones adoptadas.

En su Agenda de política social(5), la Comisión proponía la creación de un observatorio del cambio, que se establecería dentro de la Fundación de Dublín. La propuesta fue aceptada por el Consejo Europeo de Estocolmo, según el cual ese observatorio europeo del cambio debería crearse cuanto antes. La primera reunión del Comité director del Observatorio europeo del cambio tuvo lugar el 6 de junio de 2001, y el 23 de octubre de 2001 se celebrará una conferencia para su puesta en marcha.

En conclusión, Europa debe hacer frente a la reconversión industrial que puede contribuir a aumentar la competitividad y el crecimiento económico y a sus consecuencias sociales combinando la innovación con la cohesión social y mejorando su capacidad de gestión del cambio. La Comisión adopta, tal como se ha expuesto, un planteamiento general consistente en la mejora de nuestra capacidad de anticipación y gestión del cambio por medio del Observatorio de Dublín, en la creación de mecanismos legales para garantizar la adecuada protección de los trabajadores en situaciones de reconversión industrial y en el establecimiento de la responsabilidad social de las empresas.

(1) DO L 225 de 12.8.1998.

(2) DO L 61 de 5.3.1977.

(3) DO L 201 de 17.7.1998.

(4) COM(98) 612 final.

(5) COM(2000) 379 final.