PREGUNTA ESCRITA P-0533/02

de Ilka Schröder (GUE/NGL) al Consejo

(19 de febrero de 2002)

Asunto: La detención del Sr. Rodríguez Fernández con ayuda de Eurojust

El 16 de enero ha sido detenido en Amsterdam el Sr. D. Juan Ramón Fernández, inculpado de haber apoyado al comando Gorbea de ETA, porque había facilitado a un tercero, que a su vez tenía supuestamente contactos von ETA, la dirección del Sr. Pedro Varela, persona supuestamente perteneciente a la extrema derecha. Estos hechos podrían tipificarse, según la orden de detención, como facilitación de información sobre posibles objetivos de atentados (Jungle World no 7, del 11 de febrero 2002). La mencionada información es accesible a cualquier persona a través de la guía de teléfonos de Barcelona.

Según la prensa, la detención ha sido el primer resultado del nuevo sistema Eurojust, o sea, de la cooperación judicial de la Unión Europea (La Vanguardia), y la petición de la fiscalía española fue atendida por el ministerio fiscal de los Países Bajos con notable prontitud en el marco del sistema Eurojust (NRC Handelsblad 20.01.2002). Según informa la ONG Statewatch, el caso se tramitó a través de pro-Eurojust (www.statewatch.org/news/2002/feb/02eurojust.htm).

¿Conoce el Consejo las circunstancias de esta detención y las bases en que se fundamenta? En caso afirmativo, ¿cuáles son? Si las ignora, ¿puede indicar a qué órgano de la UE o de los dos Estados miembros compete facilitar informaciones a los Diputados al Parlamento Europeo y al público en general?

¿En qué medida participaron pro-Eurojust o Eurojust en esa detención?, y ¿en qué fundamento jurídico se basaron para ello?

¿Considera el Consejo que los hechos documentados transmisión de una dirección públicamente accesible responden a la tipificación del delito de terrorismo de conformidad con la decisión marco para la lucha contra el terrorismo (14845/1/01 C50680/2001 2001/0217CNS)?

Respuesta

(22 de julio de 2002)

Las detenciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad nacionales son competencia exclusiva de estas últimas y no atañen al Consejo. Por tanto, éste no puede facilitar información sobre las circunstancias de la detención que nos ocupa ni sobre los fundamentos jurídicos de la misma.

El Consejo tampoco puede facilitar información sobre la posible participación de Pro-Eurojust o de Eurojust en dichas detenciones.

De manera más general, conviene recordar que Pro Eurojust era una unidad provisional compuesta por quince fiscales y jueces que operaba totalmente en el marco del Derecho Nacional, pero que fue creada por Decisión del Consejo. Dicha Decisión, sustituida por la Decisión del Consejo de 28 de febrero de 2002 por la que se crea Eurojust, no otorgó competencia coercitiva alguna a los miembros de la unidad provisional. Sin embargo, entre las misiones que se les asignaron figuraba la de mejorar la cooperación entre las autoridades nacionales competentes relativa a la investigaciones y actuaciones judiciales en relación con la delincuencia grave, en particular cuando está organizada y afecta a dos Estados miembros o más.

La Decisión de 28 de febrero de 2002 no otorga a Eurojust competencias coercitivas que puedan ejercerse directamente con los ciudadanos, como por ejemplo, efectuar detenciones. No obstante, prevé de manera explícita entre las funciones de Eurojust, independientemente de que se ejerzan de manera colegiada o a través de los miembros nacionales correspondientes, la de ayudar a las autoridades competentes de los Estados miembros, a petición de éstas, a garantizar la mejor coordinación posible de las investigaciones y actuaciones judiciales.

Además, todo ello se entiende sin perjuicio del hecho de que los Estados miembros confieren a su miembro nacional poderes judiciales en su propio territorio.

En lo que se refiere a la última pregunta formulada, el Consejo no toma postura sobre los asuntos que se someten a las autoridades nacionales competentes.