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PREGUNTA ESCRITA E-1183/97 de Christine Barthet-Mayer (ARE) a la Comisión (3 de abril de 1997)

Asunto: Aproximación de las tasas de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas en el contexto del mercado único de la UE

Desde la instauración del mercado único el 1 de enero de 1993, la libre circulación de los productos alcohólicos, entre los que se encuentra el vino producido por productores independientes, cooperativas o comerciantes, se ve obstaculizada por la falta de armonización de los procedimientos y las tasas de impuestos especiales. Los pequeños productores, en particular los vinicultores que no tienen una filial en los otros Estados miembros, resultan perjudicados en un mercado regido por la libre competencia. En virtud de las exenciones concedidas para los intercambios intracomunitarios de cantidades limitadas de botellas (Directiva 92/12 relativa a la circulación de los productos objeto de impuestos especiales ((DO L 76 de 23.3.1992, p. 1. )), los productores no tienen la posibilidad de vender directamente a particulares mediante un formulario de acompañamiento único y armonizado para todos los Estados miembros y deben recurrir a un representante fiscal, remunerado a tanto alzado, lo cual aumenta los costes, alarga las esperas y multiplica las gestiones administrativas aún más que el sistema aduanero anterior.

¿Está dispuesta la Comisión a encontrar una solución eficaz y rápida para poner fin a esta situación intolerable, que obstaculiza indirectamente la libre circulación y la igualdad de los intercambios realizados en este ámbito?

Respuesta común a las preguntas escritas P-1141/97 y E-1183/97 dada por el Sr. Monti en nombre de la Comisión (24 de abril de 1997)

La Comisión es consciente de las dificultades con que se encuentran los agentes económicos en los intercambios intracomunitarios de pequeñas cantidades de vino embotellado.

El origen del problema señalado por Su Señoría es la falta de armonización de los tipos de los impuestos especiales. En consecuencia, los Estados miembros que aplican un impuesto especial bastante elevado en calidad de destinatarios de expediciones intracomunitarias de vinos están obligados a imponer condiciones bastante estrictas para proteger su recaudación nacional.

Además, la legislación comunitaria aplicable en materia de ventas a distancia, en particular el artículo 10 de la Directiva 92/12/CEE de 25 de febrero de 1992 ((DO L 76 de 23.3.1992. )), no detalla exactamente las formalidades que deben seguirse, dejando su concreción a los Estados miembros en el momento de la incorporación al ordenamiento jurídico nacional.

En particular, el sistema de representación fiscal en materia de ventas a distancia no es obligatorio para los Estados miembros, que pueden permitir al expeditor o a su mandatario que liquide los impuestos especiales en el lugar de destino.

Sin embargo, la Comisión estudia actualmente otras posibilidades de simplificación, que se presentarán en el informe sobre la aplicación de los artículos 7 a 10 de la Directiva 92/12 que se remitirá al Parlamento y al Consejo en el curso de este año.
PREGUNTA ESCRITA E-1398/97 de Olivier Dupuis (ARE) a la Comisión (22 de abril de 1997)

Asunto: Década de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas del Mundo

A la vista de la Década de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas del Mundo, de la que ya han transcurrido prácticamente dos años y medio, ¿podría la Comisión indicar con qué proyectos ha prestado ayudas a los pueblos indígenas de la Guyana Francesa en 1995 y 1996?

¿Podría la Comisión enumerar los nombres de los proyectos y el importe de las ayudas destinadas a los diferentes instrumentos financieros de que dispone en favor de los pueblos indígenas de la Guyana Francesa?

¿Considera la Comisión que ha reaccionado de manera adecuada ante las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien ha pedido a los estados y a las organizaciones intergubernamentales que fomenten los derechos e intereses de los pueblos indígenas que viven en sus territorios, tal y como se refleja en el propio título de la década: «Pueblos indígenas: socios en acción»?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1398/97, E-1399/97 y E-1401/97 dada por el Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (29 de mayo de 1997)

La Comisión aporta su contribución a la acción de la comunidad internacional en favor del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas.

En 1996, concretamente, apoyó la publicación del boletín informativo de la «European alliance with indigenous peoples», destinado a la información de un público determinado que se interesa por las acciones que lleva a cabo la Comunidad en relación con los problemas de los pueblos indígenas. Dicho boletín publicó en octubre y noviembre de 1996 dos artículos específicamente dedicados a la situación de los pueblos indígenas en la Guyana francesa y en Finlandia.

La Comunidad no ha adoptado hasta ahora una política en relación con los pueblos indígenas y la cooperación al desarrollo. Sin embargo, muchos instrumentos comunitarios hacen referencia a estos pueblos y a la necesidad de promover la participación de esas comunidades en los proyectos de desarrollo. Por último, la conservación de los bosques tropicales incluye entre sus objetivos la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones locales, agentes imprescindibles para la conservación de aquellos.
PREGUNTA ESCRITA E-0937/97 de Cristiana Muscardini (NI) al Consejo (17 de marzo de 1997)

Asunto: Decisiones de los Consejos europeos de finalización de los semestres de presidencia

El acuerdo celebrado entre el Sr. Hänsch, en su condición de Presidente del Parlamento Europeo, y el Sr. Junker, Primer ministro luxemburgués, relativo a la transferencia de un determinado número de puestos de la Secretaría General de Luxemburgo a Bruselas, traiciona el espíritu y la letra de las conclusiones de la Cumbre de Edimburgo y estaría justificado por una política no demasiado clara de economía en las dietas de misión y de mejora del funcionamiento de los servicios, pero no tiene absolutamente en cuenta el factor humano y no se preocupa de las necesarias medidas sociales que deberían acompañar a una decisión de transferencia masiva (viviendas, escuelas, guarderías) y, en definitiva, se presta a una manipulación por parte de una jerarquía cada vez más politizada.

¿No considera el Consejo que se trata de un problema exclusivamente político, y que va más allá de una cuestión de ahorro, que en este caso sería marginal?

¿No considera el Consejo que la actitud de los señores Hänsch y Junker reabre el problema de las sedes institucionales que parecía haberse resuelto con las decisiones adoptadas en la Cumbre de Edimburgo?

¿Cómo piensa intervenir el Consejo para que se respeten las decisiones adoptadas en Dublin y demostrar a la opinión pública que los Consejos Europeos de finales de cada Presidencia sirven para fijar los principios y las directrices de la construcción comunitaria?

Respuesta (1 de junio de 1997)

El Consejo no pone en duda que el Parlamento Europeo, cuando se plantea la transferencia de puestos, respeta la Decisión del 12 de diciembre de 1992 adoptada de común acuerdo por los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros relativa a la fijación de las sedes de las instituciones y determinados organismos y servicios de las Comunidades Europeas ((DO C 341 de 23.12.1992, p. 1. )).
PREGUNTA ESCRITA E-1375/97 de Gérard Deprez (PPE) y Viviane Reding (PPE) a la Comisión (21 de abril de 1997)

Asunto: Protección de las zonas turísticas transfronterizas: base militar de Bovigny (municipio de Gouvy)

A petición del Gobierno belga, el ONDRAF está realizando en la actualidad un estudio cartográfico y geológico con objeto de averiguar si las instalaciones militares fuera de servicio situadas en el territorio belga podrían servir de lugar de almacenamiento para residuos nucleares de baja radiactividad.

Entre las instalaciones militares en cuestión (que, por consiguiente, pudieran servir para esos fines) figura la base militar de Bovigny, situada en el territorio del municipio de Gouvy, que linda con la frontera del Gran Ducado de Luxemburgo y con el Parque Natural del Luxemburgo Septentrional.

¿Podría la Comisión hacernos saber:

1. Si dispone, en la situación actual, de un instrumento jurídico vinculante que le permita garantizar la protección de las zonas turísticas transfronterizas?

2. Si, en el caso de que no disponga de dicho instrumento, está decidida a proponer su adopción?

3. Si las disposiciones relativas a la elegibilidad para el programa LEADER o para el objetivo 5b pueden aducirse para garantizar la protección turística de la zona en cuestión?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (20 de mayo de 1997)

La base militar de Bovigny es uno de los emplazamientos militares belgas que es objeto de un estudio efectuado por el organismo encargado de la gestión de los desechos radiactivos, Organismo nacional para los desechos radiactivos y los materiales fisibles - Bélgica (ONDRAF), para saber si el lugar podría ser idóneo para el almacenamiento temporal de desechos radioactivos.

1. La selección de un emplazamiento es responsabilidad del Estado miembro. Sin embargo, existe una legislación completa para la protección de la naturaleza (la Directiva sobre Aves 79/409/CEE ((DO L 103 de 25.4.1979. )), y la Directiva sobre Hábitats 92/43/CEE ((DO L 206 de 22.7.1992. ))). La Directiva sobre Hábitats prevé la creación de una red de zonas especiales de conservación (Natura 2000). Siempre que los Estados miembros designen estos emplazamientos, éstos deberán beneficiarse de una protección con arreglo al artículo 6 de esta directiva.

2. La evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente en aplicación de la Directiva 85/337/CEE ((DO L 175 de 5.7.1985. )), no es obligatoria para una instalación de almacenamiento temporal. Sin embargo, la directiva suplementaria del 3 de marzo de 1997 (97/11/CE ((DO L 73 de 14.3.1997. ))) introduce la obligación de efectuar dicha evaluación en instalaciones de almacenamiento de desechos radioactivos si el período de almacenamiento previsto es superior a 10 años. Esta Directiva debe ser integrada en la legislación nacional, a más tardar, el 14 de marzo de 1999.

3. Las disposiciones relativas al programa LEADER o al objetivo 5b que se refieren al desarrollo rural, no tienen ninguna relación con la selección de un emplazamiento para el almacenamiento temporal de desechos radiactivos.
PREGUNTA ESCRITA E-0329/97 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (13 de febrero de 1997)

Asunto: OCM del aceite de oliva: gasto por restituciones en Portugal

En el Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1995 se cifra en 1.781 millones de ecus el gasto total del FEOGA como garantía relativa al aceite de oliva presupuestado para 1996. Aunque esta cifra está en la línea de la gastada entre 1991 y 1993, se constata que el gasto de 1995 estuvo muy por debajo, con sólo 812,5 millones de ecus.

De estos gastos, las restituciones al aceite de oliva han supuesto 38,2 y 40 millones de ecus en 1995 y 1996 respectivamente.

¿Cuál es la cuantía total del gasto realizado por restituciones al aceite de oliva en Portugal?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0320/97, E-0321/97, E-0322/97, E-0323/97, E-0324/97, E-0325/97, E-0326/97, E-0327/97, E-0328/97, E-0329/97, E-0330/97, E-0331/97, E-0332/97, E-0333/97, E-0334/97, E-0335/97, E-0336/97, E-0337/97, E-0338/97, E-0339/97, E-0340/97, E-0341/97, E-0342/97, E-0343/97 y E-0344/97 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión (6 de marzo de 1997)

En el cuadro que figura a continuación se reflejan los gastos que ha solicitado Su Señoría. El gasto total comunitario relativo a los presupuestos de 1995 y 1996 se eleva, respectivamente, a 813,5 y 2.007,7 millones de ecus. La diferencia con los totales que figuran en el cuadro se debe a los pagos relativos a las medidas de promoción del aceite de oliva. El importe del presupuesto de 1995 es muy inferior al de 1996 (y al de 1994) debido a la decisión que se tomó en el «paquete de precios» para 1994-1995 de cambiar la fecha de pago. En efecto, el presupuesto de 1995 no preveía pagos correspondientes a la campaña de 1994-1995, sino únicamente los remanentes de la campaña 1993-1994.

(en millones de ecus)

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PREGUNTA ESCRITA E-1301/97 de Manuel Porto (PPE) a la Comisión (11 de abril de 1997)

Asunto: Importación de calzado procedente de China e Indonesia

Tras llevar a cabo una investigación, se aprobó el Reglamento (CEE) no 165/97 ((DO L 29 de 31.1.1997, p. 3. )), de 28 de enero de 1997, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de determinado calzado originario de la República Popular de China y de Indonesia. Sin embargo, se dispone de información sobre el hecho de que exportadores de China e Indonesia e importadores europeos han implantado un sistema de «desvío de tráfico» vía Bangladesh, con el certificado de origen respectivo incluido, con lo que eluden el pago de derechos antidumping.

¿Puede indicar la Comisión qué actitud ha tomado o tiene intención de tomar con respecto a este hecho?

Respuesta de Sir Leon Brittan en nombre de la Comisión (14 de mayo de 1997)

Con el fin de garantizar una correcta aplicación de las medidas antidumping, la Comisión ejerce siempre una mayor vigilancia respecto a las importaciones cuando éstas se someten a derechos antidumping. En este ámbito, la Comisión trabaja en estrecha colaboración con los servicios aduaneros de los Estados miembros.

Su Señoría puede estar seguro del interés de la Comisión en que se realice una aplicación correcta de las medidas aplicables a las importaciones de determinado calzado originario de la República Popular de China y de Indonesia desde el 1 de febrero de 1997. En este contexto, la Comisión está, pues, dispuesta a examinar, para su utilización posterior por los Estados miembros, cualquier información precisa y justificada que se le comunique en relación con posibles declaraciones falsas, en particular de origen.
PREGUNTA ESCRITA E-0665/97 de Antonio Tajani (UPE) a la Comisión (6 de marzo de 1997)

Asunto: Retrasos en la utilización de los Fondos estructurales por la Región del Lazio

La grave situación económica y la crisis del empleo en el Lazio requieren una intervención cada vez mayor de los Fondos comunitarios en favor de las pequeñas y medianas empresas. Los retrasos del Gobierno regional pueden impedir la utilización de las oportunidades europeas.

1. ¿Puede decir la Comisión por qué rechazó en el mes de agosto el documento único de programación de la Región del Lazio 1997-1999? ¿Es cierto que esta Región no ha enviado todavía el nuevo DOCUP revisado?

2. ¿Es cierto que el DOCUP del Lazio es el único documento regional italiano rechazado?

3. ¿Qué consecuencias tendrá para la economía de la región el grave retraso provocado por la administración regional del Lazio?

4. ¿Se prevén instrumentos compensatorios excepcionales para los empresarios que tendrán que utilizar los Fondos europeos con un gran retraso, sin ser responsables de ello?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (23 de abril de 1997)

La Comisión no ha admitido a tramitación el plan de conversión del objetivo no 2 para la región del Lacio presentado el 8 de agosto de 1996 por las autoridades italianas debido a que dicho plan es incompleto en lo que atañe a una serie de aspectos importantes (por ejemplo, falta de información sobre determinadas medidas y falta de evaluación previa). Este plan ha sido en efecto el único plan italiano que no ha sido aceptado.

Los datos suplementarios recibidos por la Comisión el 3 de octubre de 1996 le permitieron determinar su posición con vistas a las negociaciones previstas para el 6 de noviembre en Roma. La Comisión espera aún la versión revisada del documento relativo a la región del Lacio a fin de tener en cuenta dichas negociaciones.

El documento único de programación para esa región, correspondiente al periodo de 1997-1999, no puede ser aprobado a falta de una propuesta revisada, lo cual puede tener una incidencia negativa en la región en la medida en que los programas no son aplicados en espera de esa propuesta. La Comisión seguirá insistiendo para que las autoridades italianas revisen su propuesta, si bien no puede asumir la responsabilidad de los retrasos que se registren sobre el terreno.
PREGUNTA ESCRITA E-1285/97 de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión (11 de abril de 1997)

Asunto: Contenido de cloro en el agua de las piscinas y pilas de baño

1. ¿Cómo evalúa la Comisión el riesgo sanitario de los valores de trihalometano (THM) en las piscinas cubiertas?

2. ¿Cuándo proyecta establecer la Comisión, y con qué valor, unos límites máximos comunes a escala comunitaria para el contenido de cloro en el agua de las piscinas y pilas de baño?

3. ¿Qué medidas proyecta adoptar la Comisión contra el riesgo sanitario a que se ve sometido el personal de las piscinas y casas de baño debido a la presencia de cloroformo en la superficie del agua de las piscinas y casas de baño?

4. ¿Cómo evalúa la Comisión el empleo de agentes fungicidas con cloro para eliminar el moho de las paredes?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (29 de mayo de 1997)

1. La desinfección del agua por cloración resulta sumamente beneficiosa para la salud humana. Las aguas que no han recibido tratamiento, en particular las aguas superficiales, pueden contener un considerable número de compuestos orgánicos que reaccionan con el cloro y forman compuestos halogenados (volátiles), tales como el trihalometano (THM). Los estudios experimentales de exposición animal al THM permiten sospechar que esta agente podría resultar carcinógeno. No obstante, según la monografía no 52 «Evaluación de los riegos carcinógenos para el hombre que implican los productos derivados de la cloración y otros compuestos halogenados», publicada por la Agencia Internacional para la investigación sobre el cáncer, no se pudieron establecer observaciones directas de efectos cancerígenos en el hombre. La Comisión no está al corriente de otros estudios del mismo nivel académico que cuestionen estas constataciones.

2. La Comisión no tiene intención de proponer normas armonizadas para la cloración del agua en las piscinas.

3. El personal de piscinas y casas de baños está cubierto por las medidas previstas en la legislación comunitaria sobre salud y seguridad en el trabajo, tales como las Directivas del Consejo 80/1107/CEE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo ((DO L 327, 3.12.1980. )) y 89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo ((DO L 183, 29.6.1989. )). En ambas Directivas se establecen, de conformidad con lo dispuesto en el apartado A del artículo 118 del Tratado, requisitos mínimos aplicables en el lugar de trabajo.

4. Los productos más comunes para eliminar el moho contienen soluciones de hipoclorito de sodio (NaOC I). Los riesgos asociados a estos productos se deben a la liberación de cloro en casos de mezcla accidental con productos acídicos u otros productos de limpieza. Los gases que se forman son irritantes para el sistema respiratorio. De conformidad con la legislación comunitaria, el etiquetado de los paquetes debe contener información sobre este efecto. La Comisión está examinando actualmente la posibilidad de mejorar la seguridad de estos productos.
PREGUNTA ESCRITA P-1123/97 de Patrick Cox (ELDR) a la Comisión (19 de marzo de 1997)

Asunto: Sentencia del Tribunal Supremo irlandés - Asunto Emerald Meats y las importaciones de carne en el ámbito de los acuerdos del GATT

¿Qué medidas tiene la intención de adoptar la Comisión, tras la sentencia del Tribunal Supremo irlandés de fecha 3.3.1997 en el asunto Emerald Meats y las importaciones de carne en el ámbito de los acuerdos del GATT?

¿Piensa la Comisión confirmar o desmentir la información difundida por los medios de comunicación irlandeses según los cuales la Comisión ha sido inducida en error por el Ministerio irlandés de Agricultura, y qué medidas ha adoptado o piensa adoptar al respecto?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (22 de abril de 1997)

Tal como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 40 de su sentencia en los Asuntos acumulados C-106/90, C-317/90 y C-129/91, las exigencias de la gestión comunitaria no implican que la Comisión tenga que corregir, en casos concretos, decisiones erróneas adoptadas por las autoridades nacionales en relación con la gestión de los contingentes de importación, dado que la conformidad con las normas comunes y su aplicación uniforme en toda la Comunidad puede garantizarse bien mediante el procedimiento establecido en el artículo 169 del Tratado CE en caso de incumplimiento de obligaciones, o bien mediante los procedimientos judiciales incoados ante las jurisdicciones nacionales, recurriendo al procedimiento establecido en el artículo 177 del Tratado CE.

Dado que en este caso el problema fue resuelto de forma satisfactoria en el marco de procedimientos judiciales nacionales, la Comisión no considera necesario adoptar acciones de otro tipo en ausencia de repercusiones financieras para el presupuesto de la Comunidad.
PREGUNTA ESCRITA E-1394/97 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (22 de abril de 1997)

Asunto: Destrucción del medio ambiente en Chipre a causa de maniobras militares

La península de Akamas es una de las pocas zonas de la parte libre de Chipre que han permanecido a salvo del crecimiento económico. Su belleza natural es proverbial, y su importancia ecológica se confirma por el hecho de que existen 33 especies vegetales únicas en la zona.

No obstante, la península de Akamas sufre una degradación sin precedentes debido a las incesantes maniobras militares que realizan las fuerzas británicas, y que provocan continuos incendios. Así, en 1988, 53 hectáreas fueron destruidas por tres incendios y en 1995, se quemaron (en dos ocasiones) otras 7 hectáreas de terreno.

La situación expuesta lleva, con precisión matemática, a la destrucción total de Akamas por causa de incendios incontrolados y a una degradación patrimonial inaudita, toda vez que, en la zona en la que se realizan las maniobras británicas, se han identificado 16 yacimientos arqueológicos no excavados.

La cuestión resulta especialmente grave, tanto más cuanto que Chipre es uno de los países candidatos a la adhesión a la UE, teniendo además en cuenta el interés de la UE por proteger el medio ambiente y el patrimonio cultural europeo.

Por tanto, ¿podría decir la Comisión si está al corriente de esta cuestión, y qué medidas inmediatas piensa tomar para poner fin a la degradación sistemática de la península de Akamas?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (30 de mayo de 1997)

La Comisión tiene conocimiento de los hechos a los que se refiere Su Señoría.

Con el fin de garantizar la protección y la conservación de los recursos naturales de la península de Akamas, la Comisión financió desde 1988, a través de su programa MEDSPA / LIFE ((DO L 206 de 22.7.1992. )) varios proyectos en esta región.

No obstante las autoridades chipriotas no se han dirigido oficialmente a la Comisión a propósito de hechos militares que escapan por otra parte a su competencia y que corresponden a las relaciones entre los Gobiernos de Chipre y del Reino Unido.