PREGUNTA ESCRITA E-2242/97 de Laura González Álvarez (GUE/NGL), Pedro Marset Campos (GUE/NGL) y María Sornosa Martínez (GUE/NGL) a la Comisión (2 de julio de 1997)

Asunto: Ubicación de un vertedero de basuras en un bosque de robles centenarios e Villamartín de Don Sancho (León - España)

La futura ubicación de un vertedero destinado a los residuos sólidos urbanos de León capital en Villamartín de Don Sancho ha suscitado enorme preocupación entre los vecinos de esta localidad, a tal punto que se han producido ya graves enfrentamientos entre los vecinos y la Guardia Civil. Los vecinos de esta localidad, apoyados por varias asociaciones ecologistas, se oponen firmemente a la ubicación de este vertedero, que provocaría la destrucción de un robledal centenario en buen estado y de reconocido valor ecológico y la contaminación de tres acuíferos.

Los vecinos denuncian el oscurantismo con el que se están llevando a cabo los estudios de viabilidad de la zona donde se pretende instalar el vertedero, así como la negativa por parte de las Autoridades de la Junta de Castilla y León a facilitar cualquier tipo de información sobre el particular.

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de esta situación?

2. ¿No estima la Comisión que urge la realización, por parte de las autoridades competentes, de un estudio riguroso de conformidad con la Directiva 85/337/CEE ((DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.)) relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente?

3. ¿No estima la Comisión que las autoridades de Castilla y León, que se niegan a facilitar a los vecinos de Villamartín de Don Sancho las informaciones relativas al vertedero, están contraviniendo la Directiva 90/313/CEE ((DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.)) sobre el acceso a la información en materia de medio ambiente?

4. ¿Qué acciones piensa emprender la Comisión cerca de las autoridades de Castilla y León para garantizar la aplicación correcta de las siguientes Directivas:

a) la Directiva - Marco 75/442/CEE ((DO L 194 de 25.5.1975, p. 39.)) (modificada por la Directiva 91/156/CEE ((DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.)) relativa a los residuos sólidos urbanos;

b) la Directiva 80/68/CEE ((DO L 20 de 26.1.1980, p. 43.)) relativa a la protección de aguas subterráneas contra la contaminación;

c) la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (1 de agosto de 1997)

1. Sí.

2. La Directiva del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente prevé en su artículo 2 que los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, sean sometidos a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones, antes de concederse la autorización. Esta disposición se aplica a los proyectos que se enumeran en los Anexos I y II de la Directiva. La letra c) del apartado 11 del Anexo II hace alusión a las instalaciones de eliminación de residuos industriales y basuras. En virtud del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva, corresponde a las autoridades nacionales determinar los casos en que las características de uno de los proyectos que figuran en el Anexo II de la Directiva hacen necesario su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto medioambiental previsto en los artículos 5 a 10 de la Directiva.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, las autoridades públicas responsables que se encuentren en posesión de información relativa al medio ambiente deben ponerla a disposición de cualquier persona física o jurídica que lo solicite y sin que dicha persona esté obligada a probar un interés determinado. Las autoridades públicas de que se trate deberán responder a los interesados lo antes posible y dentro de un plazo de dos meses. Se deberán indicar las razones de la denegación de la solicitud de información. Sin embargo, con los datos que se proporcionan en la pregunta escrita a la que aquí se da respuesta la Comisión no puede determinar la existencia de una violación de las obligaciones que se derivan de la Directiva 90/313/CEE.

4. La Comisión ha remitido una solicitud de información a las autoridades españolas.