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PREGUNTA ESCRITA P-2749/02

de Bart Staes (Verts/ALE) al Consejo

(24 de septiembre de 2002)

Asunto: Preparación del barrio europeo de Bruselas ante la perspectiva de la ampliación

Durante la Cumbre de la UE celebrada en Sevilla el pasado mes de junio, el Primer Ministro belga expuso los planes de su Gobierno de construir un nuevo edificio para las cumbres europeas en Bruselas. Posteriormente se encargó a Javier Solana que explicara dichos planes de manera más pormenorizada a los Gobiernos de los distintos Estados miembros. Al parecer, este método de trabajo se debe en parte a que Bélgica no quiere asumir unilateralmente los costes de financiación de este proyecto.

Podría indicar el Consejo cuál es la situación actual de este proyecto:

- ¿Qué Estados miembros ya han prometido cooperar (económicamente)?

- Caso de haber Estados miembros que se nieguen a contribuir al proyecto, ¿qué razones aducen para ello?

- ¿Qué medidas debe emprender Bélgica para la licitación de las obras correspondientes con arreglo a la legislación de la UE, una vez recabada la conformidad de los Estados miembros para la construcción de la mencionada infraestructura?

Respuesta

(18 de febrero de 2003)

La iniciativa en materia inmobiliaria tomada por el Gobierno belga y que fue presentada en el Consejo Europeo de Sevilla, está siendo objeto en la actualidad de un estudio técnico en un grupo de trabajo del que forman parte representantes de las autoridades belgas y de la Secretaría General del Consejo.

En concreto, se trata de precisar, a intención del Consejo, los aspectos urbanísticos, de programación y de coste relacionados con dicha iniciativa. Únicamente se presentará al Consejo este expediente cuando todos estos aspectos estén claramente definidos.

En consecuencia, el Consejo no puede responder por el momento a las preguntas de Su Señoría.

Sin embargo, ya puede indicar que la ejecución de cualquier proyecto inmobiliario del que fuese promotor deberá efectuarse respetando las normativas del Estado anfitrión, sin perjuicio del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas de 8 de abril de 1965, así como las disposiciones del Reglamento financiero de 25 de junio de 2002 aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(1) y, en particular, sus disposiciones relativas a la adjudicación de los contratos públicos.

(1) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA P-3056/02

de Massimo Carraro (PSE) a la Comisión

(18 de octubre de 2002)

Asunto: Ayudas públicas a Alitalia

El 29 de abril 2002, la Comisión Europea recibió del Gobierno italiano una petición relativa a la concesión de nuevas ayudas públicas a Alitalia a fin de recapitalizar la sociedad.

¿No cree la Comisión que la concesión de tales ayudas violaría las normas de competencia y perjudicaría a las compañías aéreas privadas?

¿Qué piensa la Comisión de la posibilidad de que otras compañías italianas sustituyan a Alitalia en tanto que empresas privadas en algunos servicios?

¿No cree la Comisión que ésta podría ser una óptima solución que, además de ser conforme con el principio de libre mercado, evitaría la utilización de fondos públicos en inútiles intentos de salvar Alitalia?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(15 de noviembre de 2002)

La Comisión autorizó el 19 de junio de 2002 dos medidas financieras relativas a Alitalia. Por una parte, consideró compatible con el Tratado CE el pago del tercer tramo de 129 millones de euros de la ayuda a la reestructuración aprobada en 1997 y, por otra, estimó que la ampliación de capital, por un importe máximo de 1 400 millones de euros, que se presentaría a los accionistas de la compañía, no constituye ayuda estatal.

En lo relativo concretamente a la ampliación de capital, transmitida el 29 de abril de 2002, y a la que se refiere Su Señoría, la Comisión estima que la participación del Estado satisface plenamente el criterio de inversor en economía de mercado. En la operación participan, en efecto, accionistas públicos y privados, aportando el sector privado una contribución significativa (38 %). El Estado italiano se ha comprometido, de hecho, a no participar en la recapitalización si no es al margen del 38 % garantizado por bancos no accionistas. La decisión favorable de la Comisión sobre Alitalia se basa, pues, en un análisis detallado de la situación de la compañía aérea italiana y no pone en tela de juicio la política de la Comisión en materia de ayudas estatales para la reestructuración de las compañías aéreas conforme al principio de primera y única vez.

Por lo que se refiere al segundo punto planteado por Su Señoría en cuanto a la posibilidad de que otras compañías italianas se ofrezcan a sustituir a Alitalia para algunos servicios, la Comisión no puede por menos de congratularse de un aumento de la competencia en el mercado aéreo.
PREGUNTA ESCRITA E-3223/02

de Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) a la Comisión

(14 de noviembre de 2002)

Asunto: Los países candidatos a la adhesión y el volumen de aire caliente

¿Hay alguna previsión de cuál es el volumen del llamado aire caliente, que poseerán los 10 (y posteriormente 12) nuevos Estados miembros durante el período inicial del sistema de intercambio de derechos de emisión de la Unión Europea (2005-2007) o durante el (los) período(s) posterior(es)? ¿Cuál es, en comparación, el volumen de aire caliente que puede vender la República Federal de Alemania, teniendo en cuenta el hecho de la reunificación alemana, que tuvo lugar después del año de referencia del protocolo de Kioto?

¿Ha elaborado la UE estrategias para determinar cuándo y dónde habría que comercializar este aire caliente con miras al precio de los derechos de emisión (y las reducciones efectivas de las emisiones en la UE)? En caso de que existan tales estrategias, ¿dónde han sido publicadas?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(14 de enero de 2003)

Los objetivos del Protocolo de Kioto deberán aplicarse durante el período 2008-2012. Para antes de dicha fecha no existen unos objetivos obligatorios.

El régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, tal como está previsto en la propuesta de la Comisión(1), es un sistema de intercambio basado en entidades. El reparto de los derechos se efectúa entre las entidades a las que se refiere la Directiva, de acuerdo con unos criterios predeterminados y con las disposiciones del Tratado, especialmente con la normativa de ayudas estatales.

Si por aire caliente hay que entender una mayor dotación de derechos de los que realmente necesitan las empresas, la Comisión confía en que no exista tal comercio de aire caliente, ni en el período 2005-2007 ni posteriormente. La propuesta prohibe que los Gobiernos concedan a sus entidades más de lo que necesitan.

En tales circunstancias, no se espera que los operadores comercien con aire caliente en ningún Estado miembro, sea nuevo o antiguo.

(1) DO C 75 E de 26.3.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-2909/02

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(16 de octubre de 2002)

Asunto: República Democrática del Congo

En relación con la República Democrática del Congo, ¿puede la Comisión especificar qué proyectos han sido financiados con cargo al presupuesto de la UE en el año 2000?

¿Puede la Comisión esclarecer cuál es el volumen total de la ayuda a lo largo del año 2000 en todos los conceptos referentes al citado país?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2909/02, E-2910/02, E-2911/02, E-2912/02,E-2913/02, E-2914/02, E-2915/02, E-2916/02, E-2917/02, E-2918/02,E-2919/02, E-2920/02, E-2921/02 y E-2922/02dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(4 de diciembre de 2002)

La Comisión transmitirá directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento un cuadro con la información solicitada, así como el Informe anual 2001 sobre la política de desarrollo de la CE y la ejecución de la ayuda exterior.
PREGUNTA ESCRITA E-2921/02

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(16 de octubre de 2002)

Asunto: Saint Kitts y Nevis

En relación con Saint Kitts y Nevis, ¿puede la Comisión especificar qué proyectos han sido financiados con cargo al presupuesto de la UE en el año 2000?

¿Puede la Comisión esclarecer cuál es el volumen total de la ayuda a lo largo del año 2000 en todos los conceptos referentes al citado país?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2909/02, E-2910/02, E-2911/02, E-2912/02,E-2913/02, E-2914/02, E-2915/02, E-2916/02, E-2917/02, E-2918/02,E-2919/02, E-2920/02, E-2921/02 y E-2922/02dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(4 de diciembre de 2002)

La Comisión transmitirá directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento un cuadro con la información solicitada, así como el Informe anual 2001 sobre la política de desarrollo de la CE y la ejecución de la ayuda exterior.
PREGUNTA ESCRITA P-3850/02

de Françoise Grossetête (PPE-DE) a la Comisión

(23 de diciembre de 2002)

Asunto: Carta Europea de los Niños Hospitalizados

Actualmente existen grandes diferencias de trato de los niños hospitalizados según el centro en que se encuentren. Así, los niños son hospitalizados con frecuencia en departamentos de adultos, la presencia de los padres durante la noche no es posible muchas veces o incluso el ambiente hospitalario no está adaptado a las necesidades físicas y educativas de los niños hospitalizados.

Ahora bien, sabemos que las condiciones de acogida desempeñan un papel muy importante en la curación del niño. Por eso, el Parlamento Europeo aprobó en 1986 una resolución que pedía que se emprendiera una reflexión con vistas a la redacción de una Carta Europea de los Niños Hospitalizados(1).

Hasta el día de hoy no existe ninguna propuesta comunitaria oficial. ¿Piensa la Comisión presentar una propuesta sobre este asunto en un plazo razonable?

(1) DO C 148 de 16.6.1986, p. 37.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(23 de enero de 2003)

El trato que reciben los niños en los hospitales es una cuestión que pertenece al ámbito de la organización y dispensación de servicios médicos y cuidados sanitarios, que son competencia de los Estados miembros, por lo que la Comisión no tiene previsto formular ninguna propuesta en relación con una carta para los niños hospitalizados.
PREGUNTA ESCRITA E-3094/02

de Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) a la Comisión

(28 de octubre de 2002)

Asunto: Directiva sobre aparatos de gas

Una empresa alemana pretende instalar en los hogares alemanes una clase de aparatos de gas que se usan principalmente en los Países Bajos y que están dotados del marcado CE. El suministrador de

gas alemán informó a esta empresa que se negaría a conectarlos al sistema de suministro porque no cumplían las condiciones alemanas de montaje. De esta manera, sería necesaria una coordinación diferenciada por países, puesto que en Europa existen diferentes tipos de gas y se emplean diferentes presiones de alimentación.

1. ¿Es compatible este caso con la Directiva comunitaria sobre aparatos de gas?

2. A pesar de que los aparatos en cuestión están provistos del marcado CE, en Alemania el suministrador nacional de gas se niega a conectarlos. ¿Cómo se explica la Comisión esta situación?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(5 de diciembre de 2002)

El apartado 2 del artículo 2 de la Directiva(1) permite el uso de diferentes tipos de gas y las presiones de suministro correspondientes en los distintos Estados miembros.

Esto supone que, al instalar un aparato que cumpla con los requisitos básicos de la Directiva, se debería tener en cuenta el tipo de gas y la presión de suministro que estén disponibles en el lugar de la instalación.

Sin embargo, es necesario realizar una investigación más profunda para evaluar si las instrucciones de montaje alemanas a las que se hace mención constituyen una infracción. Por ejemplo, no existe una correlación directa entre tipo de gas y Estado miembro, dado que algunos gases se encuentran disponibles en más de un Estado miembro y, dentro de un mismo Estado, puede haber más de un tipo de gas disponible dependiendo de la región. Asimismo, parece que la tecnología más reciente brinda la posibilidad de fabricar aparatos que se pueden adaptar a distintas presiones y tipos de gas, lo que permite que se puedan instalar en más Estados miembros y regiones.

Actualmente se está llevando a cabo una investigación relacionada con el Estado miembro en cuestión, que intenta recoger toda la información posible sobre el caso. Si, a raíz de esta investigación, la Comisión descubre que se ha producido una infracción de la Directiva 90/396/CEE, no dudará en tomar las medidas adecuadas con arreglo al procedimiento establecido mediante el artículo 226 del Tratado CE e informar a Su Señoría.

(1) Directiva 90/396/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos de gas, DO L 196 de 26.7.1990, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1993, DO L 220 de 30.8.1993.
PREGUNTA ESCRITA P-3523/02

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(3 de diciembre de 2002)

Asunto: Déficit encubierto de Grecia en el 2001

Según el informe anual del Tribunal de Cuentas de la República Helénica relativo al ejercicio 2001, Grecia presenta un déficit adicional del orden de 1,5 billones de dracmas, cantidad que nunca fue inscrita en el presupuesto y que se acerca al 3,9 % del PIB de 2001. Si se le añade el 1,2 % reconocido por el Gobierno, dicho déficit sobrepasa el 5,2 %.

¿De qué forma influyen estas revelaciones en las magnitudes financieras de Grecia? ¿Qué repercusiones tienen en las obligaciones de Grecia con relación al Pacto de Estabilidad? ¿Cuáles son los datos exactos relativos al déficit y a la deuda pública de Grecia tras las últimas intervenciones de Eurostat en colaboración con el Gobierno griego?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(19 de diciembre de 2002)

La Comisión (Eurostat) conoce la existencia del informe anual del Tribunal de Cuentas de la República Helénica relativo al ejercicio 2001, pero no ha examinado su contenido.

Sin embargo, es probable que el Tribunal de Cuentas haya centrado su atención en los principales agregados del sector público desde el punto de vista de la contabilidad pública. En este caso, no sería relevante para el pacto de estabilidad, ya que éste se basa en el cálculo de los principales agregados con arreglo a los conceptos y criterios de la contabilidad nacional (SEC 95).

Por regla general, los tribunales de cuentas de los Estados miembros examinan las cuentas públicas para comprobar si las operaciones se han contabilizado conforme a las normas de contabilidad pública específicas de cada país. En cambio, los agregados que se tienen en cuenta a nivel comunitario en el contexto del procedimiento del déficit excesivo y del pacto de estabilidad y crecimiento están basados en el sistema de operaciones de la contabilidad nacional y regional aplicable en todos los países.

A raíz de los resultados de una auditoría realizada por Eurostat en Grecia los días 16 y 17 de octubre de 2002 y de una nueva notificación presentada por las autoridades griegas, la Comisión publicó el 13 de noviembre de 2002 en un comunicado de prensa las cifras revisadas de déficit y deuda de Grecia correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001. Según dicha información, en 2001 el déficit público griego representaba el 1,2 % del producto interior bruto (PIB) y la deuda pública, el 107,0 % del PIB.
PREGUNTA ESCRITA E-3478/02

de Gerhard Schmid (PSE) a la Comisión

(6 de diciembre de 2002)

Asunto: Discriminación por razón de la nacionalidad en Bayeux (Francia)

En un museo de Bayeux (Francia) existen tarifas reducidas para familias. Dichas tarifas reducidas, sin embargo, sólo son válidas para las familias francesas.

1. ¿Se trata en este caso de una discriminación por razón de la nacionalidad, prohibida por el artículo 12 del Tratado CE?

2. En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión al respecto?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(17 de enero de 2003)

Su Señoría ha planteado una pregunta sobre el precio de la entrada de familias en un museo de Bayeux, que difieren según la nacionalidad de la familia.

La pregunta no incluye información suficiente en relación con las circunstancias específicas en las que se aplican distintas normas de admisión en dicho museo. No obstante, la Comisión desea recordar que, en principio, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la libre prestación de servicios establecida en el artículo 49 del Tratado CE también cubre la libertad para los destinatarios de tales servicios, incluidos los turistas, de acudir a otro Estado miembro para disfrutar de servicios en las mismas condiciones que los ciudadanos nacionales del Estado en cuestión. El Tribunal de Justicia consideró que la discriminación por motivos de nacionalidad aplicada al precio de entrada de museos queda reconocida explícitamente como prohibida por los artículos 12 y 49 del Tratado CE(1). El Tribunal confirmó que, dado que visitar museos es uno de los motivos determinantes para que los turistas, como destinatarios de los servicios, decidan ir a otro Estado miembro, existe una relación estrecha entre la libre circulación de la que disfrutan en virtud del Tratado CE y las condiciones de acceso a museos. La discriminación relativa a la admisión a museos puede afectar negativamente a las condiciones de prestación de servicios, incluido su precio, por lo que puede influir en la decisión de algunos ciudadanos de visitar el país(2).

(1) Sentencia de 15 de marzo de 1994, Comisión contra España, C-45/93.

(2) Sentencia de 15 de marzo de 1994, Comisión contra España, C-45/93.
PREGUNTA ESCRITA E-2942/02

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(18 de octubre de 2002)

Asunto: Control de la ejecución de las obras ferroviarias en Grecia

La Comisión, en respuesta a mi pregunta P-3141/01(1) y a la pregunta del Sr. Folias (P-3122/01(2)), señaló la existencia de problemas en la ejecución de las obras de modernización de la red ferroviaria griega financiadas por el 2o MCA, refiriéndose, en concreto, a los controles que se llevarían a cabo con el fin de comprobar el correcto aprovechamiento de los fondos comunitarios.

¿En qué fase se encuentran dichos controles y qué conclusiones se han extraído?

(1) DO C 147 E de 20.6.2002, p. 112.

(2) DO C 147 E de 20.6.2002, p. 103.

Respuesta de Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(25 de noviembre de 2002)

La Comisión aún no ha recibido del Estado miembro la declaración y los documentos correspondientes a efectos del cierre del programa operativo (PO) Ferrocarriles del marco comunitario de apoyo 1994-1999 para Grecia.

La Comisión, asistida por expertos externos, llevó a cabo una auditoría de ERGOSE en el período de junio a septiembre de 2002. En este contexto, también realizó un control de una serie de proyectos financiados por el PO Ferrocarriles 1994-1999. Próximamente se remitirá un informe sobre los resultados de este control a las autoridades griegas, que, a continuación, deberán dar a conocer a la Comisión sus comentarios y observaciones al respecto. La Comisión, tras evaluar esos comentarios, elaborará sus conclusiones definitivas en relación con el control arriba mencionado.
PREGUNTA ESCRITA E-3635/02

de Kathleen Van Brempt (PSE) a la Comisión

(17 de diciembre de 2002)

Asunto: Contenido de los envases de los bienes de consumo

Una investigación realizada recientemente en Alemania demuestra que, en prácticamente el 12 % de los casos, los bienes de consumo como alimentos, bebidas, cosméticos, detergentes y tabaco tienen un contenido menor del indicado en el envase. Las organizaciones de consumidores alemanas afirman que, de forma sistemática, los fabricantes rellenan parcialmente los envases.

¿Está la Comisión al corriente de estas prácticas?

En caso afirmativo, ¿qué medidas adopta para impedirlo?

¿Dispone la Comisión de investigaciones y datos que confirmen los resultados de la investigación alemana?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(31 de enero de 2003)

La Comisión no tiene conocimiento de estas prácticas ni dispone de datos en apoyo de los resultados de la encuesta alemana. Son las autoridades nacionales las que tienen la responsabilidad de controlar el peso o el volumen de los productos. La Comisión está en todo momento dispuesta a presentar a dichas autoridades una queja con explicaciones claras y argumentos sólidos.

Además de la legislación nacional que rige el peso o el volumen de los productos, los fabricantes también pueden acogerse a la legislación comunitaria que rige los controles de los contenidos indicados. Los productos envasados con arreglo a un método normalizado pueden llevar el marcado e en el envasado. El marcado e está reconocido en todos los Estados miembros y se puede poner junto a cualquier otro marcado que conceda la legislación nacional.

Dentro de la iniciativa SLIM-IV (Simplificación de la Legislación del Mercado Interior) sobre productos en envases previos, la Comisión está preparando un proyecto de Directiva por la que el método de marcado e se hará obligatorio en toda la Unión. Si el llenado insuficiente resulta ser un problema para los consumidores, el asunto se podría tratar en el ejercicio de consulta pública planificado para el otoño.

Hay que hacer una distinción entre los controles de peso o volumen de los productos y la cuestión de si los envases deben tener unas dimensiones fijas o libres, que en la actualidad se debate en un foro público: http://europa.eu.int/yourvoice/prepacking_es.htm.