PREGUNTA ESCRITA E-1992/99

de Paul Rübig (PPE-DE) a la Comisión

(9 de noviembre de 1999)

Asunto: Proyecto de directiva sobre la chatarra electrónica

- Debido a la larga vida útil de los electrodomésticos (5 a 20 años), a los comerciantes les resulta prácticamente imposible estimar los costes de eliminación que son por ello difícilmente calculables.

- Se incita al consumidor a comprar en grado creciente sus electrodomésticos en un tercer Estado para eludir en el momento de la compra el pago del suplemento de recogida. Tales aparatos no pueden distinguirse de los demás en el momento de su recogida, por lo que deben ser aceptados sin compensación.

- La obligación de información en relación con la eliminación o el reciclaje supone un esfuerzo administrativo adicional que no se ve compensado por ninguna remuneración.

- ¿Resultan discriminados los importadores oficiales como consecuencia de la obligación de establecer un sistema de eliminación con respecto a los importadores paralelos?

¿Están justificadas, desde el punto de vista de la Comisión, estas objeciones de los mayoristas europeos y qué ayuda puede esperar este sector, en su caso, de la Comisión?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(21 de diciembre de 1999)

La Comisión está elaborando actualmente la legislación sobre gestión de residuos procedentes de equipos eléctricos y electrónicos. En la fase actual la Comisión está debatiendo los puntos principales de este proyecto legislativo, incluidas las responsabilidades respectivas de fabricantes, importadores y otros distribuidores. Como punto general, conviene mencionar que se considera que los distribuidores son productores en el sentido del proyecto de propuesta sólo si importan profesionalmente equipos eléctricos o electrónicos a un Estado miembro.

La Comisión desea hacer algunas observaciones respecto a los asuntos mencionados por Su Señoría. Es cierto que existe cierta incertidumbre respecto a los precios futuros del reciclado y la eliminación de los productos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, los estudios sobre la posible evolución de los precios de estas operaciones indican que, en general, los productores, al preparar reservas para la gestión futura de residuos procedentes de equipos eléctricos y electrónicos, pueden hacer los cálculos partiendo de los precios actuales.

Los estudios también indican que la inclusión de una tasa de eliminación en el precio del producto sería de tal nivel que no cabe esperar cambios importantes en los hábitos de compra de productos por parte del consumidor. En esta suposición se tienen en cuenta los beneficios potenciales que las compras de proximidad tienen para el consumidor. Por lo tanto, las compras de los consumidores en otros Estados miembros inducidas por las tasas de eliminación serán mínimas. En este contexto, conviene mencionar que la propuesta de un sistema alternativo de financiación de la gestión de residuos procedentes de equipos eléctricos y electrónicos, por el que los consumidores pagan al recogerse sus equipos, ha despertado preocupaciones similares. También en este caso los consumidores podrían tender a llevar los equipos al final de su vida útil a terceros países para eliminarlos allí, ahorrándose así la tasa de eliminación, o eliminarlo por su cuenta de forma poco ecológica.

Las ventajas potenciales para los importadores paralelos de equipos extracomunitarios sobre los importadores o productores oficiales suponen un problema en cuanto a la aplicación del principio de la responsabilidad del productor y otras normas relacionadas con los productos. Este problema es uno de los puntos actualmente debatidos en la Comisión en el contexto de la iniciativa de gestión de residuos procedentes de equipos eléctricos y electrónicos.

Uno de los problemas de la política europea de gestión de residuos es la falta de datos exactos sobre las cantidades de residuos generados, recuperados y eliminados. Estas cifras son cruciales para elaborar la legislación y aplicarla. Es evidente que estos datos tienen que ser suministrados por los responsables de las operaciones respectivas. Queda por debatir el grado en que los productores tendrán que contribuir a estas tareas.