PREGUNTA ESCRITA E-3837/02

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(9 de enero de 2003)

Asunto: Vulneración del principio de libre competencia por la sociedad estatal española TRAGSA

La sociedad estatal española Transformaciones Agrarias Sociedad Anónima (TRAGSA) recibe la adjudicación directa y sistemática de la mayoría de los contratos adjudicados por la Administración del Estado español y por las Comunidades Autónomas, respecto a la ejecución de obras, redacción de proyectos, prestación de servicios y otras actividades en el ámbito forestal, ambiental y agrario, con la supresión clara de los principios comunitarios de publicidad, igualdad, competencia y transparencia que presiden el sistema de contratación pública. Este privilegio que ostenta la sociedad TRAGSA amparada por los poderes públicos supone una vulneración de la competencia respecto a las empresas privadas, discriminadas, vulnerando la libre competencia comunitaria establecida en los Tratados.

Ciertos medios informativos españoles han informado de que la Comisión Europea ha enviado una carta de emplazamiento al Gobierno español sobre los contratos celebrados con terceros por TRAGSA por no respetar las reglas de publicidad y transparencia impuestas por el Derecho comunitario en la contratación pública. Esta carta dirigida a la Comisión Europea ha sido consecuencia de la denuncia presentada por la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), que representa más del 85 % del sector de obras y servicios forestales en España, pero que sin embargo no recibe una proporción de contratos públicos equivalente a la de TRAGSA.

¿Podría la Comisión Europea informar de la situación mencionada, en especial de la carta enviada al Gobierno español sobre la situación legal de TRAGSA y su actuación en materia de contratación pública?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 2003)

Tragsa es una sociedad pública española que presta servicios en el ámbito del desarrollo rural y la protección del medio ambiente, incluidas las concesiones de obras, proyectos y asistencia técnica, y presta asimismo los servicios que le confían la Administración central, las comunidades autónomas o los organismos públicos que de ellas dependen.

A raíz de una denuncia de Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), la Comisión detectó efectivamente varios elementos de incompatibilidad con las directivas comunitarias en el régimen de adjudicación de contratos celebrados por Tragsa en calidad de entidad adjudicadora.

Según la legislación española Tragsa no se considera un organismo de derecho público y, en consecuencia, no se considera vinculada a las directivas comunitarias por lo que respecta a los contratos que suscribe con terceros, en los casos en que se sobrepasan los límites máximos de aplicación, ni se siente obligada a respetar las exigencias derivadas del principio de transparencia y publicidad del Tratado CE, en los demás casos.

De acuerdo con una jurisprudencia reiterada del Tribunal(1), el concepto de organismo de derecho público debe recibir una interpretación funcional y la calificación depende de las tres condiciones enunciadas en las directivas, condiciones que Tragsa cumple.

En abril de 2002 se envió un escrito de requerimiento a las autoridades españolas, al cual respondieron en junio de 2002 refutando los argumentos de la Comisión.

No obstante, una vez establecidos contactos entre las autoridades españolas y la Comisión, se pudo clarificar algunos aspectos del expediente y las autoridades españolas informaron de la introducción de varias disposiciones legales en la Ley 53/2002 de Medidas fiscales, administrativas y sociales, de 30 de diciembre de 2002 (Ley de acompañamiento de la Ley del Presupuestos del Estado de 2003) que modifica el régimen jurídico de Tragsa con el fin de conformarlo a las exigencias de la Comisión.

En efecto, el artículo 87 de dicha ley añade un apartado 7 al artículo 88 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 1997, que prevé que Tragsa y sus filiales estén sujetas, por lo que se refiere a la celebración de contratos de concesiones de obras, suministros, asistencia y servicios con terceros, a la Ley de contratos de las Administraciones públicas, que regula la aplicación, en la legislación española, de las obligaciones derivadas de la legislación comunitaria en materia de contratos públicos.

Por consiguiente, la Comisión podrá decidir, en una de sus próximas reuniones, la clasificación de este asunto.

(1) Sentencias en los asuntos Mannesmann (C-44/96 de 15.1.1998), BFI Holding, (C-360/96 de 10.11.1998), H.L.M. (C-237/99 de 1.2.2001), University of Cambridge (C-380/98 de 3.10.2000), Ente Fiera di Milano (C-223/99 y 260/99 de 10.5.2001). Las tres condiciones son las siguientes: disponer de personalidad jurídica propia; estar controlada financiera y administrativamente por el Estado; haber sido creada para satisfacer necesidades de interés general, de carácter no comercial o industrial.