ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/298

(2004/C 78 E/0300)

PREGUNTA ESCRITA E-3545/03

de Alexander de Roo (Verts/ALE), Karl-Heinz Florenz (PPE-DE) y Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(28 de noviembre de 2003)

Asunto: Transposición de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Francia

Francia es el primer país de la Unión Europea que ha preparado un proyecto «oficial» con la intención de transponer la Directiva RAEE. El Ministerio de Ecología y Desarrollo Sostenible ha proporcionado una traducción al inglés de dicho proyecto. Se pretende haber logrado un texto definitivo en diciembre.

Desafortunadamente este proyecto se aleja de la Directiva RAEE (2002/96/CE (1)) en muchos aspectos, especialmente en lo referente a la responsabilidad de los productores sobre los futuros productos. Por el contrario lo que se propone es una responsabilidad colectiva.

Comparemos ambos textos. En el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva RAEE: se establece lo siguiente «Por lo que se refiere a los productos puestos en el mercado con posterioridad al 13 de agosto de 2005, cada productor será responsable de financiar las operaciones a que se refiere el apartado 1 en relación con los residuos procedentes de sus propios productos». En el artículo 15 del proyecto de decreto francés: se establece «Los productores que hayan comercializado sus aparatos domésticos eléctricos y electrónicos durante el año en curso garantizarán la financiación de las obligaciones que les corresponden en ese mismo año conforme a los artículos 21 a 25 del presente decreto. Estas obligaciones se repartirán entre los productores según el tipo de aparato, siguiendo en que se enumeran en el artículo 1, proporcionalmente al número de aparatos domésticos eléctricos y electrónicos comercializados durante el año en curso». Esta formulación se asemeja mucho a la de los «residuos históricos» del apartado 3 del artículo 8 de la Directiva RAEE.

El proyecto francés ofrece a las empresas la posibilidad de organizar sus propias operaciones de reciclaje, pero esta posibilidad NO constituye una responsabilidad legal del productor. Al margen de los inconvenientes que entraña la responsabilidad colectiva, podría producirse una situación en la que las empresas no tendrían que prever reservas y garantías para los productos que se vendieran en Francia, pero sí tendrían que hacerlo para los productos vendidos en otros países (por ejemplo, Alemania), en los que se haya previsto la responsabilidad individual de cada productor conforme a lo dispuesto en la directiva. Esto conllevaría distorsiones de competencia en el mercado interior. Otra diferencia considerable reside en el requisito relativo a la indicación de una tarifa fija obligatoria (artículo 16), mientras que en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva RAEE se dispone que los productores tienen la posibilidad de decidir si desean o no indicar los costes.

¿Está dispuesta la Comisión Europea a informar al Gobierno francés de que está siguiendo una trayectoria equivocada?

¿Es consciente la Comisión de que hay un riesgo considerable de que otros Estados miembros se sientan tentados a seguir el ejemplo francés?

Respuesta de la Sra. Wallström El nombre de la Comisión

(13 de enero de 2004)

En virtud del artículo 17 de la Directiva 2002/96/CE (2), los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva como muy tarde el 13 de agosto de 2004. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Dado que Francia no ha notificado todavía a la Comisión ninguna medida nacional de transposición de dicha Directiva, la Comisión no se encuentra en este momento en disposición de evaluarla.

Con vistas a garantizar la correcta aplicación de la Directiva, la Comisión discute periódicamente los problemas de la aplicación con los Estados miembros en el marco del Comité a que se refiere el artículo 14 de la Directiva. En caso de aplicación incorrecta de la misma, la Comisión, por supuesto, planteará la cuestión al Estado miembro de que se trate, en virtud de las competencias conferidas por el Tratado CE.

(1) DO L 37 de 13.2.2003, p. 24.

(2) Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, DO L 37 de 13.2.2003.