PREGUNTA ESCRITA E-3421/97 de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión (31 de octubre de 1997)

Asunto: Aplicación de la legislación ambiental comunitaria

Mediante una serie de enmiendas a determinadas leyes y proyectos de ley, el Gobierno griego está emprendiendo una ofensiva metódica contra el medio ambiente natural de Grecia, con el pretexto de aumentar la utilización de los fondos comunitarios. La ofensiva comenzó con la supresión de las decisiones ministeriales de aprobación de las condiciones ambientales como requisito previo para las obras de gran importancia económica y con la utilización metódica de la aprobación de las condiciones de construcción y funcionamiento de las grandes obras por el Parlamento, de modo que no se controle ni la calidad de los estudios de impacto ambiental (EIA) ni la adecuación de las condiciones establecidas.

Además, con la reciente ley relativa a las industrias, se ha suprimido también la aprobación previa de la ubicación de obras industriales. Es decir, con el artículo 4 de la Ley 2516/97, se ha suprimido la aprobación previa de la ubicación antes de la creación de plantas industriales, hecho que significa, en la práctica, la realización de actividades industriales peligrosas sin tener en cuenta las circunstancias generales relativas a la ordenación del territorio y el medio ambiente. Así mismo, en una ley reciente sobre las regiones, se ha suprimido la obligación legal básica que impone la elaboración de los EIA con anterioridad al procedimiento de iniciación de las obras, incluidos los trabajos de configuración de emplazamientos de enterramiento sanitario de residuos (con el artículo 23 de la Ley 2503/97, en las obras referidas a dichos emplazamientos se autoriza que la licitación de las mismas preceda a la realización del EIA). Por último, un reciente proyecto de ley, ya presentado al Parlamento, incluye un intento de supresión del papel y la función del Ministerio de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Obras Públicas (artículo 59), mediante la cesión de competencias básicas del mismo al Ministerio de Agricultura.

Dado que acciones de esta índole son contrarias a la política ambiental, tal como se define en el artículo 130 R del Tratado, ¿puede indicar la Comisión cómo se concilian los actos citados con el artículo 7 del Reglamento de los Fondos estructurales, según el cual las actividades que sean objeto de una financiación por parte de los Fondos estructurales deberán atenerse a las políticas comunitarias, incluidas las que se refieran a las normas de protección del medio ambiente? ¿Qué medidas piensa adoptar para obligar a las autoridades griegas competentes a que respeten y apliquen la legislación comunitaria vigente?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3297/97 y E-3421/97 dada por el Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (17 de diciembre de 1997)

Los Estados miembros están obligados a comunicar a la Comisión todo acto legislativo de transposición de la legislación comunitaria, así como las modificaciones correspondientes.

La Comisión no tiene conocimiento de las recientes enmiendas a ciertos actos legislativos que, según Su Señoría, fueron introducidas por el Gobierno griego en el marco de la evaluación de impacto ambiental y que podrían ir en contra de la política y la legislación comunitarias en materia de medio ambiente.

Debido a la gravedad de las cuestiones planteadas por Su Señoria, la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades griegas para garantizar la conformidad de cualesquiera enmiendas o nuevos actos legislativos relativos a la evaluación de impacto ambiental con la legislación y la política comunitarias en el ámbito del medio ambiente.