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PREGUNTA ESCRITA E-0056/03

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(22 de enero de 2003)

Asunto: Reforma de la política común de pesca y situación jurídica de las flotas de Portugal y del Estado español

Tras haber finalizado el largo período transitorio acordado en el momento de la adhesión de ambos Estados a la CE, ¿en qué aspectos de la reforma de la política común de pesca aprobada por el Consejo se contempla el reconocimiento a las flotas de Portugal y del Estado español de los mismos derechos de pesca y de captura que los del resto de los Estados de la UE y, en particular, de idénticos derechos que los de los países que formaban parte de la Unión cuando se estableció la política común de pesca?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 2003)

De conformidad con el artículo 211 del Tratado CE, la Comisión es la Institución comunitaria que actúa como garante de la legalidad comunitaria. Para ello, vela por la ejecución del Tratado y el cumplimiento de los principios generales del derecho comunitario. Uno de estos principios es el principio de igualdad de trato, cuyo origen es el principio de no discriminación, concretamente en razón de la nacionalidad, derivado de las disposiciones de los Tratados (véanse, a título de ejemplo, el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 12 y 13 del Tratado CE).

Por otro lado, cabe señalar que el Tribunal de Justicia siempre ha aplicado las disposiciones del Tratado considerando que son la expresión del principio general de la igualdad de trato, que es un principio fundamental del ordenamiento jurídico comunitario(1).

Es evidente que la Comisión debe velar por el cumplimiento de este principio, concretamente a la hora de ejercer su poder de iniciativa. En el ámbito de la política pesquera común, un ejemplo reciente que tiene que ver con la creación de un marco jurídico que permita el ejercicio de la actividad pesquera en condiciones de igualdad lo constituye la Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la gestión del esfuerzo pesquero en lo que respecta a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios y por el que se modifica el Reglamento (CEE) 2847/93(2), cuya finalidad es garantizar condiciones de igualdad de pesca y eliminar toda discriminación entre Estados miembros basada en la nacionalidad.

(1) Véanse las sentencias del Tribunal de 19 de octubre de 1977, asuntos conjuntos 124/76 y 20/77, Jurisprudencia de 1977, p. 1795, y de 12 de julio de 1984, asunto 237/83, Jurisprudencia de 1983, p. 3153.

(2) COM(2002) 739 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0035/03

de Esko Seppänen (GUE/NGL) a la Comisión

(21 de enero de 2003)

Asunto: Acuerdos de pesca

El Consejo de Ministros de la UE aprobó en diciembre sendos acuerdos de pesca con el Senegal y Angola. ¿Qué beneficio considera la Comisión que producen para el conjunto de la Comunidad estos caros acuerdos? Al parecer, los acuerdos en cuestión benefician únicamente a la industria pesquera española y a los pescadores de unos pocos países.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(3 de marzo de 2003)

Los Protocolos pesqueros con Senegal y Angola proporcionan posibilidades de pesca a los Estados miembros basadas en sus actividades pesqueras tradicionales en la zona y en el nivel de intereses que tengan en esas pesquerías sus respectivas industrias. De ahí que España sea el Estado miembro al que se asignan las mayores posibilidades de pesca, lo que no significa que los acuerdos beneficien exclusivamente a la industria pesquera española.

El Protocolo del acuerdo pesquero con Senegal proporciona posibilidades de pesca a los buques de Grecia, España, Francia, Italia y Portugal, cuya asignación según los tipos de pesca es la siguiente. Pesca demersal costera: España el 46 %, Grecia el 16 % e Italia el 38 %. Pesca demersal profunda: España el 95 % y Portugal el 5 %. Buques con líneas y cañas: España el 62 % y Francia el 38 %. Atuneros cerqueros: España el 62 % y Francia el 46 %. Palangreros de superficie: España el 87 % y Portugal el 13 %.

El Protocolo del acuerdo pesquero con Angola proporciona posibilidades de pesca a los buques de Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, los Países Bajos y Portugal. Las licencias para la pesca de camarones se han asignado a España en su totalidad. La asignación de las demás posibilidades de pesca es la siguiente. Pesca demersal: España el 44 %, Portugal el 26 %, Italia el 18 % y Francia el 12 %. Atún: España el 70 %, Francia el 18 % y Portugal el 12 %. Las licencias para la pesca de especies pelágicas se asignan exclusivamente a Irlanda y los Países Bajos.

Debe señalarse, no obstante, que en relación con ambos Protocolos, la Comisión puede asignar posibilidades no utilizadas a cualquier otro Estado miembro que lo solicite.

La compensación financiera anual que recibirá Angola asciende a 15 500 000 euros, el 35 % de los cuales se destina a medidas selectivas de ayuda al fomento del sector pesquero angoleño. En el caso de Senegal, el importe anual de la compensación es de 16 000 000 euros, el 19 % de los cuales se destina al establecimiento de una asociación que permita lograr una pesca sostenible.

De conformidad con los Protocolos, se considera que las capturas efectuadas por los buques comunitarios tienen su origen en la Comunidad. Su valor en el mercado comunitario, excluido el atún, duplica en general el importe de la compensación financiera. Según el informe Evaluación de los acuerdos pesqueros celebrados por la Comunidad Europea (Ifremer, Cemare, CEP), elaborado en 1999, el acuerdo pesquero con Senegal generó 592 puestos de trabajo directos y 892 indirectos en los Estados miembros. En el caso del acuerdo con Angola, esas cifras fueron de 530 y 599, respectivamente.
PREGUNTA ESCRITA P-0158/03

de Adeline Hazan (PSE) a la Comisión

(22 de enero de 2003)

Asunto: Condiciones de hospitalización de los niños en Europa

Considerando la incidencia cada vez mayor de la integración europea en los sistemas de asistencia sanitaria y considerando que esta asistencia no es un bien susceptible de ser objeto de compraventa y que el acceso a esta asistencia constituye un derecho fundamental, de manera muy especial para los niños que constituyen el segmento más vulnerable de la población:

- ¿Tiene intención la Comisión de crear dispositivos susceptibles de garantizar el respeto, en toda Europa, de las condiciones de hospitalización más satisfactorias posible, en particular en el caso de los niños, y que respondan a determinados criterios comunes, como los enunciados en la Carta

europea de los Niños Hospitalizados, de 1988, redactada por las asociaciones de 12 países europeos y que se inscribe en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989?

- ¿Puede garantizar la Comisión que se pondrá fin a las discriminaciones que se derivan de la diversidad cualitativa de las prestaciones ofertadas por los distintos servicios de salud pública en Europa con el fin de dar respuesta al principio de igualdad de trato?

- ¿Tiene intención la Comisión Europea de tomar medidas para colmar el vacío jurídico que afecta hoy a la reglamentación relativa a los profesionales de la salud en Europa, debido a la falta de coordinación europea para responder de manera adecuada a las necesidades de la población en materia de salud y, en particular, en lo que respecta a la hospitalización de los niños?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(18 de febrero de 2003)

La Comisión está de acuerdo con Su Señoría en que la cooperación entre los sistemas de asistencia sanitaria de los Estados miembros es cada vez más importante. Al mismo tiempo, quiere recordar la disposición del Tratado CE que establece que la acción comunitaria en el ámbito de la salud pública respetará plenamente las responsabilidades de los Estados miembros en materia de organización y suministro de servicios sanitarios y asistencia médica.

Para abordar algunas de las cuestiones relacionadas con el aumento de la movilidad de los pacientes y con la interacción entre los sistemas de asistencia sanitaria, la Comisión ha puesto en marcha un proceso de reflexión de alto nivel, en el que participan los Ministros de Sanidad y los interlocutores clave en este campo, con vistas a estudiar las perspectivas de una cooperación más intensa y el papel que debe desempeñar la Comunidad. Además, el programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública(1) recientemente adoptado ofrecerá la posibilidad de emprender trabajos exploratorios en esta materia.

(1) DO L 271 de 9.10.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-3461/02

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(6 de diciembre de 2002)

Asunto: Establecimiento de un fiscal europeo

¿Puede indicar la Comisión qué leyes del Reino Unido tendrían que modificarse para permitir que el fiscal europeo pudiera trabajar de forma adecuada?

Respuesta de la Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(5 de febrero de 2003)

La propuesta de crear la figura del Fiscal Europeo se debatió recientemente en el Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo(1). Este documento, elaborado por la Comisión, es consultivo y debe servir de base para un debate abierto.

La Comisión considera que para crear la figura del Fiscal Europeo se debe incluir una disposición general en el próximo Tratado Constitucional Europeo, aunque limitada a lo necesario para crear dicha figura y definir sus tareas y funciones principales. Posteriormente, las normas que regulen su funcionamiento serán adoptadas por el Consejo y el Parlamento en la correspondiente legislación derivada.

A fin de alcanzar los objetivos de un Fiscal Europeo para la protección de los intereses financieros comunitarios de acuerdo con el Libro Verde y respetar el principio de subsidiariedad, es necesario que la figura de Fiscal Europeo se incorpore en los sistemas judiciales de cada Estado miembro.

La Comisión también quiere señalar a Su Señoría la existencia del Corpus Juris(2), un compendio de estudios comparados elaborados por expertos en derecho penal de todos los Estados miembros, en el que se incluye una evaluación del impacto legal sobre la legislación de Inglaterra y del País de Gales, de Escocia e Irlanda del Norte.

(1) COM(2001) 715 final.

(2) The Implementation of the Corpus Juris in the Member States, M. Delmas-Marty/J.A.E. Vervaele, Intersentia, Utrecht, 2000 (4 volúmenes).
PREGUNTA ESCRITA E-3598/02

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(13 de diciembre de 2002)

Asunto: Valoración de los costes económicos de la catástrofe del Exxon Valdez frente a las costas de Alaska y previsiones referentes a la catástrofe del Prestige frente a las costas de Galicia

La valoración de los costes económicos de la catástrofe del Exxon Valdez frente a las costas de Alaska, de conformidad con las responsabilidades exigidas por los Estados Unidos a la empresa Exxon, ascendió a 1 000 millones de dólares por los daños causados al patrimonio natural, a los que hay que añadir otros 2 000 millones de dólares destinados a la descontaminación y a cubrir otras necesidades. Teniendo en cuenta que la dimensión de la catástrofe del Prestige en las costas gallegas es mayor que la del Exxon Valdez, ¿qué previsiones ha realizado la Comisión para Galicia? ¿Qué mecanismos y qué vías legales piensa utilizar la Comisión para exigir estas indemnizaciones?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-3597/02 y E-3598/02dada por la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(26 de febrero de 2003)

Se ruega a Su Señoría que se remita a las respuestas de la Comisión a las preguntas parlamentarias H-0848/02(1), E-3362/02 y E-3404/02(2), E-3439/02(3), E-3590/02(4), E-3591/02(5), E-3593/02(6), E-3594/02(7), E-3599/02(11), E-3602/02, E-3603/02 y E-3604/02(8), E-3655/02 y E-3656/02(9) y P-0001/03(10), que cubren todos los aspectos relacionados con la catástrofe del Prestige y en particular las cuestiones relativas a indemnizaciones y costes que Su Señoría plantea.

(1) Respuesta escrita de 14.1.2003.

(2) DO C 161 E de 10.7.2003, p. 85.

(3) DO C 161 E de 10.7.2003, p. 90.

(4) DO C 222 E de 18.9.2003, p. 91.

(5) DO C 222 E de 18.9.2003, p. 92.

(6) DO C 161 E de 10.7.2003, p. 110.

(7) DO C 161 E de 10.7.2003, p. 111.

(8) DO C 192 E de 14.8.2003, p. 124.

(9) DO C 161 E de 10.7.2003, p. 123.

(10) DO C 161 E de 10.7.2003, p. 166.

(11) DO C 161 E de 10.7.2003, p. 111.
PREGUNTA ESCRITA P-3748/02

de Francesco Speroni (NI) al Consejo

(13 de diciembre de 2002)

Asunto: Población de los Estados miembros

En los protocolos anejos al Tratado de Niza se usa la expresión población total de la Unión, sin precisar su alcance.

En lo que respecta a la Unión, ¿se refiere al total de los residentes con ciudadanía de la Unión, al total de los residentes incluidos los que no tienen la ciudadanía de la Unión o a otras personas? ¿Cómo se consideran, en relación con el cómputo de la población total de la Unión, sus ciudadanos residentes fuera de ella?

En cuanto al cálculo de la población de los distintos Estados miembros, y en relación con el quórum del 62 %, ¿cuál de las siguientes variantes se aplica:

a) todos los residentes en el estado, prescindiendo de la ciudadanía;

b) todos los residentes con ciudadanía del estado o de otro Estado miembro;

c) sólo los ciudadanos del estado allí residentes;

d) sólo los ciudadanos del estado residentes allí o en otro Estado miembro;

e) todos los ciudadanos del estado residentes en cualquier parte;

f) otra?

Respuesta

(8 de mayo de 2003)

Aunque no ha debatido todavía esos aspectos concretos, el Consejo estudiará esas cuestiones y sus consecuencias con antelación suficiente al 1 de noviembre de 2004, fecha de la entrada en vigor de esos criterios. En cuanto a los datos estadísticos utilizados a escala de la Unión, el Consejo informa a Su Señoría que lo habitual es referirse a los que facilita Eurostat.
PREGUNTA ESCRITA E-0245/02

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(6 de febrero de 2002)

Asunto: Precisiones concernientes a la respuesta a las preguntas escritas relativas a la revisión de la actuación en Afganistán en el sentido de los diversos objetivos previstos en la posición común del Consejo de 22 de enero de 2001

La Comisión Europea decidió dar una respuesta única a las preguntas escritas E-3220/01 a E-3252/01(1), relativas a la revisión de las acciones llevadas a cabo en Afganistán en relación con los diversos objetivos previstos por la posición común del Consejo de 22 de enero de 2001. De dicha respuesta se deduce que, al margen de la ayuda humanitaria y algunas declaraciones, no se ha cumplido el compromiso adquirido (la Comisión tiene la intención de orientar su actuación al logro de los objetivos de la posición común. Art. 7)

Por lo tanto, reiteramos la simple cuestión que contenía cada una de las citadas preguntas:

¿Qué medidas concretas ha tomado la Comisión (antes de los acontecimientos del 11 de septiembre) para realizar los objetivos previstos en la posición común del Consejo? ¿Cuál ha sido el importe (en euros) de los créditos europeos utilizados entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de 2001? ¿Qué cantidades se han destinado a actividades en Afganistán, a que título (línea del presupuesto y título del proyecto), a quien se le abonaron, cuales fueron sometidas a controles o verificaciones, por parte de quien y con qué resultados?

(1) DO C 160 E de 4.7.2002, p. 76.

Respuesta complementariadada por el Sr. Patten en nombre de la Comisión

(27 de agosto de 2002)

Entre el 1 de enero de 2001 y el 11 de septiembre de 2001 solo se utilizaron dos instrumentos para llevar a cabo acciones comunitarias en Afganistán, que fueron la ayuda humanitaria y la ayuda a las poblaciones desenraizadas. Todas las cantidades fueron entregadas, bien a organizacioniInternacionales (como por ejemplo el Alto Comisionado para los Refugiados o la Cruz Roja) o a organizaciones no gubernamentales (ONG).

El resto de la información en detalle referente a la financiación comunitaria durante el periodo que Su Señoría solicita figura en los cuadros que le fueron directamente enviados así como a la Secretaría del Parlamento.

Todos los proyectos estuvieron sujetos a los controles y procedimientos de auditoría habituales previstos en las condiciones generales de los contratos. Estas operaciones de control son realizadas directamente por la Comisión o por auditores externos. Los resultados fueron enteramente conformes con lo que establece el Artículo 1 de la Posición común.
PREGUNTA ESCRITA P-3620/02

de Wolfgang Ilgenfritz (NI) a la Comisión

(9 de diciembre de 2002)

Asunto: Estatus de la isla de Jersey en la Unión Europea

¿Pertenece la isla de Jersey a la Unión Europea?

¿Poseen los empresarios de Jersey un número de identificación fiscal relativo al impuesto sobre el volumen de negocios para la compra libre de impuestos en la Unión Europea?

En caso de que la isla de Jersey goce de un estatus especial en la Unión Europea, solicito que se me comuniquen las disposiciones correspondientes.

Respuesta del Presidente Prodi en nombre de la Comisión

(14 de enero de 2003)

La Isla de Jersey, dependencia de la Corona británica, forma parte de la Unión en la medida en que el Reino Unido asume las relaciones exteriores. No obstante, dispone de un estatuto particular, puesto que el apartado 3 del artículo 26 y la letra d) del artículo 27 del acto relativo a las condiciones de adhesión a las Comunidades del Reino de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte añadieron al artículo 299 del Tratado CE y al artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica un nuevo apartado que reza:

las disposiciones del presente Tratado sólo serán aplicables a las islas del Canal y a la Isla de Man en la medida necesaria para asegurar la aplicación del régimen previsto para dichas islas en el Tratado relativo a la adhesión de nuevos Estados miembros a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica, firmado el 22 de enero de 1972.

El régimen especial previsto para las Islas anglonormandas y la Isla de Man es el instituido por el protocolo no 3 anexo al Acta de adhesión y que, según el artículo 158 de dicho acto, forma parte integral del mismo.

Por lo que se refiere al IVA, Jersey no forma parte del territorio fiscal tal como se define por el apartado 2 del artículo 3 de la sexta Directiva IVA(1). Las empresas de Jersey no disponen pues de un número individual de identificación IVA. Sin embargo, las entregas de bienes procedentes o con destino en las Islas anglonormandas se asimilan a exportaciones y se benefician, en las condiciones previstas en el artículo 33 bis de dicha Directiva, de la exención del IVA.

(1) Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, DO L 145 de 13.6.1977.
PREGUNTA ESCRITA P-2848/02

de María Valenciano Martínez-Orozco (PSE) a la Comisión

(4 de octubre de 2002)

Asunto: Estado del procedimiento de infracción 2000/4879

Carta de emplazamiento (artículo 226) por el Decreto de la Comunidad de Madrid 341/1999 que aprueba el Reglamento de prevención de incendios de la Comunidad de Madrid

¿Podría la Comisión informar sobre el estado actual de este procedimiento?

¿Podría la Comisión especificar si ha recibido algún tipo de respuesta por parte de la Comunidad de Madrid ante dicho requerimiento?

¿Qué medidas concretas piensa llevar a cabo la Comisión para la resolución del expediente mencionado a fin de que quede garantizado el cumplimiento de la legislación comunitaria?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(23 de octubre de 2002)

La Comisión se encuentra en condiciones de informar a Su Señoría de que, en respuesta a la carta de emplazamiento que se ha enviado a las autoridades españolas con arreglo al artículo 226 del Tratado CE, éstas han comunicado, el 26 de julio de 2002, en el marco del procedimiento de notificación instaurado mediante la Directiva 98/34/CE(1), un nuevo proyecto por el que se establece principalmente la derogación del Decreto-ley 341/1999, por el que se aprueba la regulación de la prevención de incendios en la Comunidad de Madrid.

El plazo del statu quo de tres meses previsto en la Directiva 98/34/CE finaliza el 28 de octubre de 2002. El objetivo de este plazo es permitir a los demás Estados miembros y a la Comisión examinar la compatibilidad del proyecto en cuestión con el Derecho comunitario; durante este período, los medios interesados pueden exponer su postura respecto a este documento. Si la Comisión, o algún Estado miembro, considera que el texto presenta cuestiones que puedan crear obstáculos a la libre circulación de productos, o que sean incompatibles con las normas del Tratado CE o con la Directiva 89/106/CEE(2), éstos tienen derecho de emitir un dictamen motivado para pedir a España que adapte las disposiciones señaladas al Derecho comunitario. España está obligada a responder a este dictamen motivado.

La Comisión no dejará de velar por el correcto desarrollo del procedimiento de notificación, y se asegurará de que las autoridades españolas adopten el texto, modificado si es preciso, con el fin de garantizar el respeto del Derecho comunitario.

(1) Directiva 98/34/CE del Parlamento y del Consejo de 22 de junio de 1998 por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, DO L 204 de 21.7.1998.

(2) Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción, DO L 40 de 11.2.1989.
PREGUNTA ESCRITA E-3738/02

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(19 de diciembre de 2002)

Asunto: Despidos en Euronews

Según una noticia del diario portugués Público de 12 de noviembre de 2002 titulada periodistas amenazados de despido, puede que sean despedidos los 16 profesionales portugueses que hacen posible la versión nacional de la cadena de televisión Euronews.

Teniendo en cuenta que Euronews es un canal paneuropeo apoyado por la Unión Europea, ruego a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de lo que sucede con el canal Euronews? ¿Existe alguna amenaza de que se ponga fin a la emisión en portugués del canal Euronews?

2. ¿Qué medidas ha tomado o va a tomar para garantizar la versión portuguesa de Euronews?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(5 de febrero de 2003)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita P-3364/02 del Sr. Ribeiro e Castro(1)

(1) Ver pág. 54.
PREGUNTA ESCRITA P-3251/02

de Margrietus van den Berg (PSE) al Consejo

(11 de noviembre de 2002)

Asunto: Propuesta de la Comisión para la certificación del comercio de diamantes

¿Suscribe el Consejo la propuesta de la Comisión de que en caso de que no se pueda demostrar que unos diamantes se han obtenido de forma legal éstos sean requisados incondicionalmente(1)?

¿Podrá entrar en vigor el Reglamento el 1 de enero de 2003? En caso negativo, ¿cómo justificaría el Consejo este hecho teniendo en cuenta la lucha contra el terrorismo internacional?

¿Está de acuerdo el Consejo con las medidas propuestas? En caso negativo, ¿tiene el Consejo una alternativa mejor?

(1) COM(2002) 455.

Respuesta

(8 de mayo de 2003)

El Consejo invita a Su Señoría a que se remita al Reglamento (CE) no 254/2003 del Consejo. de 11 de febrero de 2003, por el que se modifica por segunda vez el Reglamento (CE) no 2368/2002 por el que se aplica el sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional de diamantes en bruto, así como al Reglamento (CE) no 257/2003 de la Comisión, de 11 de febrero de 2003, por el que se modifica el mismo Reglamento (CE) no 2368/2002.