PREGUNTA ESCRITA E-0423/99

de Ernesto Caccavale (UPE) a la Comisión

(1 de marzo de 1999)

Asunto: Revocación ilícita de la autorización para el ejercicio de la actividad de seguros a la empresa griega Themis en Italia

La empresa Themis S.A. General Insurance Company de Atenas es una compañía griega de seguros debidamente autorizada para el ejercicio de la actividad de seguros en el territorio del Estado italiano en régimen de libre prestación de servicios. Mediante disposición del 20 de noviembre de 1997, el Ministerio griego, por indicación del ISPAV (el órgano italiano de control y vigilancia de los seguros privados), revocó dicha autorización sobre la base de presuntas irregularidades fiscales, que nunca han sido comprobadas ni documentadas, y en plena contradicción con las certificaciones de la policía fiscal que, por el contrario, demuestran la absoluta regularidad de sus actividades.

La medida por la que se revoca la autorización, por el modo en que se efectuó y notificó, es claramente contraria a lo que establece el artículo 40 de la Directiva 92/49/CEE(1), incorporada al ordenamiento italiano mediante decreto no 175 de 1995 que establece que el órgano de control del Estado miembro deberá informar previamente a la empresa que ejerce la libre prestación de servicios de las posibles irregularidades detectadas durante sus investigaciones.

¿Podría la Comisión:

1. llevar a cabo una verificación profunda y general de los órganos de control de las compañías de seguros que operan tanto en Italia como en Grecia;

2. averiguar el posible incumplimiento por parte del ISPAV del procedimiento obligatorio de información de la empresa interesada durante sus investigaciones, como prevé específicamente la mencionada Directiva;

3. verificar, por tanto, si la revocación solicitada por el ISPAV, en ausencia de comprobación documentada de las irregularidades, constituye un comportamiento ilícito para impedir el acceso al mercado italiano de compañías de seguros extranjeras, lo que constituye un claro incumplimiento de la normativa europea relativa al mercado interior y a la libre prestación de servicios, con el fin de favorecer determinadas compañías de seguros y mantener sus políticas de oligopolio?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(23 de abril de 1999)

En primer lugar, conviene hacer algunas precisiones por lo que se refiere a la aplicación, por las autoridades nacionales de vigilancia de las compañías de seguros, de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida).

Sobre la base del principio de la licencia (autorización) única que se establece en esa Directiva toda empresa autorizada en un Estado miembro puede, en uso de la libertad de establecimiento o de la libre prestación de servicios, operar en todo el territorio europeo, quedando sometida en lo fundamental al control y a las leyes del Estado miembro en el que tenga su sede social (Estado miembro de origen) (artículos 4 y 5). Ese Estado miembro es el único competente para conceder y retirar la autorización a la compañía de seguros. En caso de incumplimiento por la empresa de la normativa aplicable a sus actividades, las medidas de rectificación y la facultad sancionadora (incluida la retirada de la autorización) son competencia exclusiva de la autoridad de control del Estado miembro de origen (artículos 13 y 14). En caso de retirada de la autorización, la autoridad de control del Estado miembro de origen debe informar a las autoridades de control de los otros Estados miembros afectados, incluido el de la prestación de servicios.

Del artículo 40, al que hace también referencia Su Señoría, se desprende que, en caso de prestación de servicios, la empresa debe presentar a la autoridad de control del Estado miembro de prestación todos los documentos que se le pidan para comprobar la conformidad de sus actividades con la normativa aplicable. Si aquella comprueba que una empresa que opera en su territorio en uso de la libre prestación de servicios no respeta las normas del Derecho local, invita a la empresa a poner fin a esa situación irregular. Si la empresa no se ajusta a dichas normas, la autoridad de control del Estado de prestación informa a la autoridad de control del Estado de origen, que adopta todas las medidas convenientes respecto a la empresa infractora. En caso de urgencia o si las medidas adoptadas por el Estado miembro de origen resultan ineficaces, la autoridad de control del Estado miembro de prestación puede adoptar las medidas necesarias, informando de ello a la autoridad de control del Estado miembro de origen.

Por lo que se refiere al régimen técnico y financiero, las normas relativas a las provisiones técnicas, a la colocación de los activos representativos y al margen de solvencia y al fondo de garantía correspondientes a las operaciones suscritas también en libre prestación de servicios son competencia exclusiva del Estado miembro de origen. En cuanto al régimen fiscal, por lo que se refiere a los impuestos directos, se aplica la legislación fiscal y contable del Estado miembro de sede social. La competencia fiscal sobre los impuestos indirectos corresponde al Estado de riesgo, que será, en principio, el Estado miembro de prestación. Los contratos de seguro suscritos en régimen de libre prestación de servicios están sujetos a los impuestos indirectos y tasas parafiscales que gravan las primas de seguros en el Estado del riesgo (artículo 46). Es a la empresa a quien corresponde respetar las medidas nacionales del Estado del riesgo destinadas a garantizar la recaudación de los impuestos indirectos y de las tasas parafiscales.

En este caso concreto, la autoridad de control griega, que es la autoridad de la sede, tiene competencia exclusiva para la concesión y la retirada de la autorización y para el control de la solidez prudencial y financiera de la compañía que tiene su sede en Grecia. Del mismo modo, la autoridad de control italiana, como autoridad del Estado miembro de prestación puede pedir la intervención de la autoridad griega en caso de infracción a las disposiciones que establecen el marco financiero y prudencial y por lo que se refiere al régimen fiscal.

La Comisión, en su condición de guardiana de los Tratados, puede, sobre la base del artículo 169 del Tratado CE, incoar procedimientos de infracción contra los Estados miembros que infrinjan el Derecho comunitario, pero no disponen de una capacidad general de control frente a las Administraciones nacionales.

En caso de incorporación o aplicación incorrectas de una Directiva, las posibilidades de intervención de la Comisión están bien delimitadas: si la incorporación se ajusta a la Directiva pero las autoridades nacionales aplican mal la legislación nacional, no existe infracción contra la Directiva sino contra la legislación nacional, por lo que el litigio que se genera debe, en principio, solucionarse ante los tribunales nacionales. La Comisión sólo podría intervenir en caso de práctica administrativa prolongada, es decir, en caso de aplicación incorrecta continua de la legislación nacional que impida que la Directiva produzca su efecto útil a pesar de la existencia de un texto nacional de incorporación conforme. Sin embargo, de los elementos proporcionados en este caso concreto no se desprende que se trate de un comportamiento no conforme continuo de las autoridades griegas, sino más bien de un caso aislado.

La Comisión ha examinado las leyes por las que se incorpora la Directiva en Grecia e Italia y no ha constatado irregularidades, al menos por lo que se refiere a los problemas que son objeto de la presente pregunta. Por otra parte, el artículo 56 de la Directiva 92/49/CEE establece la obligación de que los Estados miembros velen por que las decisiones tomadas en relación con una compañía de seguros en aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adoptadas de acuerdo con esta Directiva puedan ser objeto de recurso judicial.

En este caso concreto, la compañía en cuestión tiene dudas en cuanto a la conformidad del procedimiento seguido respecto a ella sobre todo por las autoridades italianas, y también por lo que se refiere a la retirada de su autorización. Toda cuestión relativa a este asunto debía ser objeto de un recurso administrativo o judicial ante los órganos griegos e italianos y sobre la base del Derecho griego e italiano.

(1) DO L 228 de 11.8.1992, p. 1.