PREGUNTA ESCRITA E-0786/00

de Paulo Casaca (PSE) al Consejo

(16 de marzo de 2000)

Asunto: Cooperación judicial en el ámbito de la pederastia

El establecimiento de una política de cooperación en el ámbito de la Justicia y de los Asuntos de Interior por parte del Tratado de Maastricht constituyó un paso fundamental en la construcción europea.

Efectivamente, resulta difícil entender que en una Europa de libertad total de circulación y establecimiento la justicia siga sometida a fronteras rígidas.

Desgraciadamente, este nuevo pilar de la política europea ha dejado de lado el delito internacional en el ámbito del abuso y tráfico de niños y de mujeres, que, como ha demostrado la realidad, está en clara expansión.

En opinión del autor de la pregunta, se trata del tipo de delito desarrollado a gran escala que amenaza de manera más profunda a la sociedad democrática en que vivimos.

El reciente caso en el que están implicados un nacional belga (Frans de Ryck) y niños portugueses de la Región Autónoma de Madeira ha puesto de manifiesto las deficiencias debidas a la falta de cooperación en el ámbito de la Justicia en este tipo de situaciones.

El Estado Belga denegó la extradición a Portugal del nacional acusado de dicho delito, mientras que el Estado Portugués, a través de la Fiscalía de la República, denegó cualquier tipo de ayuda judicial a las víctimas.

Como bien se hace eco la prensa (Diário de Notícias), el problema únicamente pudo resolverse con el esfuerzo privado de la Asociación Portuguesa de Ayuda a la Víctima y con el apoyo de un bufete de abogados portugués. Sin embargo, mientras que el acusado recurrió la decisión, las víctimas ignoran la manera en que se está desarrollando el recurso.

En estas circunstancias, ¿no considera necesario el Consejo ampliar a los delitos internacionales de abuso y tráfico de menores y de mujeres la cooperación en el ámbito de la justicia prevista en el Tratado de la Unión Europea?

Respuesta

(18 de mayo de 2000)

El Consejo comparte la preocupación de Su Señoría por conseguir una mayor eficacia en la lucha contra los delitos internacionales de abuso y tráfico de menores y de mujeres.

El artículo 29 del Tratado de la Unión Europea, tal como resulta tras su modificación por el Tratado de Amsterdam, menciona además específicamente, entre los medios para permitir la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, la lucha contra la trata de seres humanos y los delitos contra los niños. Se hace notar además que se han confiado competencias a Europol en el ámbito de la pornografía infantil(1).

El ejemplo citado por Su Señoría se refiere a una situación concreta acaecida en el ámbito de la extradición y se encuentra regulado por el Convenio Europeo de Extradición de 13 de diciembre de 1957. Los motivos que impidieron que la extradición solicitada se llevara a cabo en el caso que nos ocupa resultan del hecho de que dicho Convenio permite que sus Partes contratantes denieguen la extradición de sus propios nacionales. Esta situación debería cambiar una vez que se ratifique el Convenio relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea(2), que insta en este sentido a los Estados miembros a revisar su Derecho nacional, incluidas sus normas constitucionales. Además, Portugal presentará próximamente al Consejo una importante iniciativa encaminada a mejorar la situación de las víctimas en el marco del procedimiento penal.

(1) Decisión del Consejo de 3 de diciembre de 1999 (DO C 26 de 30.1.1999, p. 21).

(2) DO C 313 de 23.10.1996, p. 11.