PREGUNTA ESCRITA P-2723/01

de Jean-Louis Bernié (EDD) a la Comisión

(26 de septiembre de 2001)

Asunto: Natura 2000 Directiva Hábitat-Fauna-Flora Francia Anulación de la remisión de la lista de lugares franceses Consulta y toma en consideración de la opinión de las poblaciones locales

En Francia, el Consejo de Estado anuló, mediante sentencia de 27 de septiembre de 1999 (asunto no 194648), las primeras decisiones por las que la Ministra encargada de Medio Ambiente había remitido a la Comisión Europea listas en las que figuraban 534 lugares que podrían ser integrados dentro de la red Natura 2000 (decisiones de los días 16 de octubre, 3 de diciembre y 9 de diciembre de 1997).

El Consejo de Estado acaba de sancionar por segunda vez consecutiva, mediante sentencia de 22 de junio de 2001 (asunto no 219995) al Ministerio de Ordenación Territorial y Medio Ambiente en la medida en que este último, a pesar de sus afirmaciones, no pudo aportar la prueba de que, efectivamente, había llevado a cabo todo el procedimiento de consulta, previa a la remisión de la lista a la Comisión Europea, prescrita por la legislación francesa.

El Ministerio de Medio Ambiente francés se ve obligado en este momento a iniciar realmente un procedimiento de consulta local antes de remitir cualquier nueva lista en lo que se refiere a los principales lugares franceses, Pero, ¿tendrá realmente en cuenta la opinión de las poblaciones locales? En Francia y en relación con la mayor parte de los lugares que actualmente no son objeto de ninguna protección legislativa de tipo reserva natural, los representantes de los propietarios, de los administradores y de los usuarios, sin haber sido oficialmente consultados, expresaron casi unánimemente su oposición a la inclusión de su territorio en la lista de lugares considerados como susceptibles de ser reconocidos de importancia comunitaria. El Ministerio francés de Medio Ambiente no tuvo en cuenta su opinión negativa y remitió la lista de estos lugares a la Comisión Europea.

¿Es necesario para la aplicación de políticas públicas que afectan a la protección del medio ambiente y a la ordenación del territorio, en particular, la creación de la red Natura 2000, que se consulte de manera directa a las poblaciones locales, en particular, a los propietarios, a los administradores y a los demás usuarios?

Habida cuenta de la evolución a nivel comunitario de la toma en consideración de la opinión de las poblaciones locales (en particular, la integración de la Convención de Aarhus), ¿en qué medida deben tener en cuenta los Estados miembros la opinión de estas poblaciones cuando se remitan listas de lugares susceptibles de ser integrados en la red Natura 2000, en particular, cuando los representantes de los propietarios, de los administradores y de los usuarios se oponen unánimemente a ello?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(25 de octubre de 2001)

Según la información comunicada a la Comisión, el Consejo de Estado, por decisión del 27 de septiembre de 1999, anuló la transmisión de 534 espacios naturales propuestos por las autoridades francesas a la Comisión en el marco de la red Natura 2000, por incumplimiento del procedimiento reglamentario de consulta. Hasta el momento, las autoridades francesas no han comunicado oficialmente esta situación a la Comisión.

En cuanto a la puesta en práctica de la red Natura 2000, la Directiva 92/43/CEE(1), aprobada por unanimidad por el Consejo de Ministros europeo en 1992, fija los objetivos de protección de los parajes naturales de interés comunitario. Como toda Directiva, deja a los Estados miembros la elección de los medios para alcanzar los objetivos. La elección y la delimitación de los perímetros de los parajes, así como los procedimientos de consulta con los actores afectados a nivel local son competencias de las autoridades nacionales.

El Convenio de las Naciones Unidas/CEE sobre el acceso a la información, la participación de la población en el proceso de toma de decisiones y el acceso a la justicia en el ámbito del medio ambiente todavía no ha sido ratificado por la Comunidad ni por Francia. En consecuencia, las obligaciones derivadas de este Convenio aún no son de aplicación.

En cualquier caso, la obligación de consultar a la población en el caso que nos ocupa no está prevista específicamente en el Convenio.

(1) DO L 206 de 22.7.1992.