PREGUNTA ESCRITA P-2769/98

de Xaver Mayer (PPE) a la Comisión

(7 de septiembre de 1998)

Asunto: Régimen fiscal de los jubilados con residencia en otro Estado miembro de la UE

Un ciudadano de la UE con nacionalidad alemana residente en Francia está casado con una francesa y vive con carácter permanente en Francia. Ambos cónyuges perciben pensiones (de jubilación) de su respectivo país. Las autoridades fiscales alemanas aplican al marido la categoría fiscal I (solteros) y el régimen de persona con domicilio fiscal en Alemania, pese a que reside en Francia de forma permanente. Ello se justifica con el hecho de que se trata de una renta de jubilación pagada por un organismo público (Ministerio Federal de Defensa).

Los ingresos procedentes de la renta de jubilación alemana se vuelven a incluir en la declaración de la renta a la Hacienda francesa, donde se tienen en cuenta, junto con los ingresos de la esposa, para la determinación del tipo impositivo ("taux effectif"). De este modo, la pareja ha de soportar una carga fiscal superior a la que resultaría si ambos cónyuges fueran residentes fiscales en Francia.

¿Puede indicar la Comisión si la situación expuesta es conforme a su juicio con el principio de no discriminación y si considera necesario actuar a escala comunitaria? ¿Es a su juicio correcto que este matrimonio tenga que pagar más impuestos que un matrimonio francés comparable?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(12 de octubre de 1998)

1. El reparto del derecho de imposición en las relaciones fiscales bilaterales entre Alemania y Francia se rige por el convenio fiscal de 1959, el cual establece, en su artículo 14, que las sumas pagadas en concepto de jubilación de la seguridad social legales son imponibles en el Estado donde esté situada la caja de pensiones, es decir, en este caso, en Alemania.

Por lo que se refiere a la consideración de estas rentas imponibles en Francia en la base común de la pareja en cuestión, residente en Francia, cabe observar que el convenio fiscal prevé que estas rentas sean también imponibles en Francia. No obstante, para evitar una doble imposición de la misma renta, se concede un crédito de impuesto igual al importe del impuesto francés correspondiente a estas rentas (artículo 20 del convenio). Este método para evitar la doble imposición, que figura en el modelo de convenio de la OCDE, se utiliza de forma generalizada a nivel internacional.

Por lo que se refiere a la compatibilidad de las disposiciones del convenio en cuestión con el Derecho comunitario, la Comisión considera necesario precisar que, en el estado actual del Derecho comunitario, los Estados miembros tienen, en principio, libertad para fijar las modalidades del impuesto sobre la renta en general, y en particular el reparto del derecho de imposición en sus relaciones bilaterales con otros Estados miembros. El Derecho comunitario sólo podría invocarse por lo que se refiere al respeto del principio de no discriminación en el marco de las libertades fundamentales del Tratado. En este sentido, la Comisión no puede percibir una infracción de este derecho. Por otra parte, el Tribunal, en su sentencia en el asunto C-336/96 (cónyuge Robert Gilly/Director de los servicios fiscales del Bas-Rhin), establece que el mecanismo de crédito de impuesto arriba citado no es contrario al artículo 48 del Tratado CE.

2. Su Señoría menciona también que la pareja en cuestión soportaría una carga fiscal superior a la que soportaría si todas sus rentas tributaran exclusivamente en Francia.

La Comisión desea señalar que, a nivel general, el impuesto sobre la renta no está armonizado a escala comunitaria y que, por tanto, la base imponible y los tipos de imposición pueden variar sensiblemente de un Estado miembro a otro. Por tanto, puede suceder que cuando las rentas se reparten en aplicación de las disposiciones de un convenio fiscal entre dos Estados miembros, exista una carga fiscal superior a la que existiría si todas las rentas tributaran en el Estado de residencia.

La Comisión considera que la situación arriba descrita no constituye una infracción del Derecho comunitario actual, sin perjuicio, como es lógico, del respeto del principio de no discriminación.

3. Por último, la Comisión observa que no está prevista una armonización general del impuesto sobre la renta de las personas físicas a escala comunitaria.