PREGUNTA ESCRITA E-3973/00

de Olivier Dupuis (TDI) a la Comisión

(20 de diciembre de 2000)

Asunto: Túnez

Pese al nuevo (y enésimo) anuncio de reformas realizado el 7 de noviembre pasado por el presidente Ben Ali, no se observa ninguna mejora de la situación en Túnez desde el punto de vista del Estado de derecho y de las libertades fundamentales. Varios detenidos en huelga de hambre desde hace algunas semanas se encuentran en estado crítico.

Asimismo, la Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTDH) ha sido puesta bajo administración judicial por el juez de medidas provisionales como consecuencia de una acción anulatoria de los resultados del último congreso de la Liga iniciada por cuatro candidatos desafortunados a la dirección de la organización. Este congreso había sancionado una línea de autonomía frente a las autoridades tunecinas. La convocatoria tuvo lugar 24 horas después de las declaraciones del nuevo presidente de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, el abogado Mohktar Trifi, sobre la orquestación por las autoridades tunecinas de esta demanda que busca la disolución de la asociación. El examen de la demanda ha sido fijado para el próximo 25 de diciembre.

¿La ausencia de reacción de la Comisión ante estas nuevos atentados contra las libertades fundamentales en Túnez significa que la Comisión considera el artículo 2 del Acuerdo de asociación UE-Túnez como una cláusula facultativa? ¿No piensa la Comisión que esta falta de reacción por su parte, unida a la obtención por parte de Túnez de dos préstamos del BEI, por un total de 70 M, unas horas después de la puesta bajo administración judicial de la LTDH, puede ser percibida por los ciudadanos de Túnez como una demostración de la falta de interés de la Unión por sus derechos fundamentales y como carta blanca a la política que desarrollan las autoridades tunecinas?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(19 de enero de 2001)

En la sesión plenaria de junio de 2000, con motivo de un debate sobre Túnez, Sus Señorías dieron a la Comisión la oportunidad de exponer su posición sobre la situación de los derechos humanos en ese país. La Comisión expuso, pues, las razones por las que, en la fase actual, considera oportuno recurrir a los instrumentos positivos de la cooperación euromediterránea, a saber, el diálogo político y las financiaciones comunitarias, para hacer frente a las denuncias en materia de derechos humanos en Túnez.

Tras el debate, se produjeron una serie de acontecimientos, tanto positivos como negativos. Sin pretender ser exhaustiva, la Comisión puede citar la transferencia de la responsabilidad de la gestión de las cárceles al Ministerio de Justicia, la gracia concedida a determinados presos políticos y el desarrollo sin impedimentos del Congreso de la Liga Tunecina de Derechos Humanos. En cambio, se han presentado alegaciones ante la Comisión en relación con las huelgas de hambre de los presos políticos, el cuestionamiento de la legalidad de la elección de la nueva dirección de la Liga Tunecina de Derechos Humanos o la persecución de los señores Marzouki y Hosni. Estos hechos prueban hasta qué punto la transición democrática y el respeto de los derechos humanos siguen siendo frágiles en Túnez.

En cuanto a la actuación de la Unión ante esta situación, la Comisión sigue convencida de que, en la fase actual, la Unión debería utilizar los instrumentos positivos de la cooperación para apoyar a todos aquellos que trabajan para mejorar la situación de los derechos humanos en Túnez. Los jefes de misión de los Estados miembros y de la Comisión en Túnez siguen atentamente la evolución de las investigaciones judiciales en curso y mantienen contactos frecuentes con las autoridades tunecinas para hacer valer el punto de vista de la Unión y, de este modo, profundizar el diálogo político con Túnez. En el plano financiero, la Comisión multiplica los esfuerzos para que los dos programas anunciados de ayuda a los periodistas y a las organizaciones no gubernamentales se aprueben rápidamente.

Por último, sería injusto no mencionar el papel primordial desempeñado por el Parlamento, que, a través de las visitas parlamentarias y los debates públicos, contribuye a una mayor concienciación y a una intensificación del diálogo en torno a estos temas, lo que debería inducir a largo plazo un acercamiento de las posiciones con los interlocutores tunecinos.