PREGUNTA ESCRITA E-1734/01

de Christine De Veyrac (PPE-DE) a la Comisión

(14 de junio de 2001)

Asunto: Medidas en favor del reconocimiento mutuo de cualificaciones

El 5 de octubre 2000, el Parlamento Europeo adoptó su posición en primera lectura a la movilidad, en la Comunidad, de los estudiantes, las personas en formación, los jóvenes voluntarios, los profesores y los formadores. El Parlamento insistió en mejorar los procedimientos existentes para facilitar el reconocimiento mutuo de los títulos y las cualificaciones, y solicitó a la Comisión que desempeñase un papel activo en el reconocimiento mutuo de dichas cualificaciones.

El 14 de diciembre de 2000, el Consejo y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el Consejo, adoptaron una resolución relativa a un plan de acción en favor de la movilidad. Este plan de acción contempla disposiciones destinadas a aprovechar la experiencia adquirida en el marco de la movilidad y, en particular, medidas en favor del reconocimiento mutuo de las cualificaciones.

A pesar de las medidas adoptadas en favor de la movilidad, se reciben quejas procedentes de profesores que se encuentran ante la imposibilidad de que, en su país de origen, se reconozca la experiencia adquirida en el marco de la movilidad, todo lo cual no contribuye a aproximar Europa a sus ciudadanos. Ha llegado el momento de que los ciudadanos de la Unión puedan contar con el reconocimiento efectivo de la experiencia adquirida en el marco de la movilidad.

¿Qué piensa hacer la Comisión para reforzar las medidas en favor de la movilidad y, en particular, de la supresión de los obstáculos que persisten para el reconocimiento mutuo de las cualificaciones?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(24 de septiembre de 2001)

La Posición común (CE) no 7/2001 del Consejo sobre la Recomendación relativa a la movilidad(1), de 19 de enero de 2001, incorpora ampliamente las enmiendas votadas por el Parlamento en primera lectura. El informe del Parlamento en segunda lectura, de 14 de mayo de 2001, introdujo posteriormente una serie de enmiendas destinadas a tomar en consideración la adopción del Plan de acción para la movilidad (PAM), que se produjo después de la primera lectura. El Consejo de Educación obtuvo un acuerdo político sobre este informe el 28 de mayo de 2001, con lo que abrió el camino para una adopción formal de la Recomendación.

Tras esta adopción, la Comisión y los Estados miembros dispondrán de dos instrumentos complementarios, la Recomendación y el Plan de acción, que permitirán avanzar hacia una movilidad mayor y más fácil, que tenga en cuenta la experiencia obtenida con el ejercicio de la movilidad en el ámbito de la educación y la formación y en el ámbito de la juventud, tanto en el caso de los profesores como de los demás grupos destinatarios, tales como los estudiantes, las personas que reciben formación y los voluntarios.

A este respecto, estos instrumentos invitan a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias a fin de:

- promover el aprovechamiento de la experiencia de movilidad europea como uno de los elementos de la carrera de los profesores y los formadores (medida I.5.a);

- promover un espacio europeo de las cualificaciones, es decir, permitir que las personas interesadas puedan hacer valer ante las instancias pertinentes, en particular los estamentos académicos y profesionales de su país de origen, los títulos obtenidos y la experiencia adquirida en el país de acogida (medida I.1.d, aplicable a todos los grupos destinatarios).

Para el seguimiento de su aplicación, la Comisión tiene previsto utilizar los medios de que dispone, especialmente el grupo de expertos que debería crearse tras la adopción de la Recomendación. Este grupo de expertos estaría presidido por la Comisión y en él participarían los responsables a nivel nacional de la coordinación de la puesta en práctica de las medidas contenidas en ambos textos. La Comisión prevé aportarles una asistencia en estas actividades, así como observar los esfuerzos y los progresos realizados por los Estados miembros, especialmente a través del informe analítico y de informes bianuales de los Estados miembros, que la Comisión presentará a las instituciones.

Por otra parte, el Consejo Europeo, tal como se acordó en el Consejo Europeo de Niza de diciembre de 2000, examinará posteriormente la situación cada dos años.

Asimismo, las autoridades nacionales (administrativas y judiciales) están obligadas a aplicar el artículo 39 (antiguo artículo 48) del Tratado CE cuando un profesor ejerce su derecho a la libre circulación de los trabajadores.

El Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado en cuatro asuntos relativos a la toma en consideración de la experiencia profesional y de la antigüedad obtenidas en el servicio público de un Estado miembro en el momento de incorporarse al servicio público de otro Estado miembro(2). Por tanto, la Comisión considera que el principio de la igualdad de trato de los trabajadores comunitarios, tal como se estipula en el artículo 39 del Tratado CE y en el artículo 7 del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad(3), debe interpretarse en el sentido de que postula que la administración de un Estado miembro debe tener en cuenta los períodos de empleo en un ámbito de actividad comparable en el sector público de otro Estado miembro en las mismas condiciones que las aplicables a la experiencia adquirida en su propio sector público.

Las cuestiones relacionadas con este problema, en concreto la aplicación correcta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, son complejas y son objeto de exámenes y de extensos debates entre los Estados miembros y la Comisión. La Comisión ha iniciado procedimientos de infracción contra varios Estados miembros, y participa asimismo en los trabajos del Grupo de Movilidad (grupo de trabajo creado por los Directores Generales de la Función Pública), que se ocupa de los obstáculos jurídicos a la libre circulación de los trabajadores en el sector público, incluidos los problemas relativos al reconocimiento de la experiencia profesional y la antigüedad. Por último, la Comisión tiene previsto publicar en 2002 una Comunicación sobre la libre circulación de los trabajadores en el sector público que, entre otras cosas, abordará los problemas que plantea el reconocimiento de la experiencia profesional y la antigüedad.

(1) DO C 70 de 2.3.2001.

(2) Sentencia de 23.4.94 en el Asunto C-419/92 (Scholz), Rec. 1994 página I-0505; sentencia de 15.1.98 en el Asunto C-15/96 (Schöning), Rec. 1998 página I-0047; sentencia de 12.3.98 en el Asunto C-187/96 (Comisión v. Grecia), Rec. 1998 página I-1095; sentencia de 30.11.2000 en el Asunto C-195/98 (Österreichischer Gewerkschaftsbund).

(3) DO L 257 de 19.10.1968.