PREGUNTA ESCRITA P-0262/00

de Olivier Dupuis (TDI) a la Comisión

(2 de febrero de 2000)

Asunto: OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude)

¿Puede decir la Comisión cuáles son los criterios para el reclutamiento de personal de la OLAF y cuáles las garantías requeridas en cuanto a su independencia y a sus cualidades morales y profesionales?

En caso de que las acusaciones realizadas por informadores internos resultaran ser difamatorias, ¿puede decir la Comisión qué medidas adoptaría contra estas personas y para compensar a las que hubieran sido difamadas? Según la Comisión, si se formula una acusación, ¿es el funcionario acusado quien debe preparar su propia defensa o es la Comisión quien debe adoptar todas las medidas necesarias para defender a la persona difamada y activar los procedimientos que hacen al caso contra el autor de la difamación?

¿Puede dar su opinión sobre la compatibilidad entre el hecho de pertenecer al organigrama de la OLAF y presentar una candidatura a un organismo sindical?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(15 de marzo de 2000)

Según establece el artículo 6 de la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Comisión, de 28 de abril de 1999, por la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)(1), el Director debe ejercer, respecto al personal de la Oficina, las competencias conferidas por el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos y por el Régimen aplicable a otros agentes de dichas Comunidades a la Autoridad Facultada para Celebrar los Contratos. El Director de la OLAF es por lo tanto responsable de la contratación del personal de la Oficina.

Los funcionarios de la OLAF se rigen por el Estatuto y el Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas, es decir, deben cumplir con sus obligaciones con arreglo a esas disposiciones. Éstas requieren, concretamente, que los funcionarios de las Comunidades desempeñen sus funciones y rijan su conducta teniendo como única guía el interés de las Comunidades.

En el artículo 28 del Estatuto y en el apartado 2 del artículo 12 y el artículo 55 del Régimen aplicable a otros agentes de la Comunidad se establecen los criterios para la contratación de personal, es decir, las condiciones esenciales que deben cumplir los funcionarios u otros agentes para ser contratados. Además, el artículo 27 del Estatuto dispone que la contratación debe tener como objetivo garantizar a la institución los servicios de funcionarios con las más altas cualidades de competencia, rendimiento e integridad. Dadas estas circunstancias, la Oficina debe reflexionar sobre cómo garantizar la contratación de los mejores funcionarios, habida cuenta de la especificidad de las tareas que éstos deben llevar a cabo.

El artículo 24 del Estatuto obliga a las Comunidades a asistir a los funcionarios en la persecución contra los autores de amenazas, ultrajes, injurias o difamaciones de que sean objeto por su condición de funcionarios o como consecuencia del ejercicio de sus funciones. Además, el citado artículo establece que las Comunidades deben reparar solidariamente los daños sufridos por los funcionarios por esta causa, siempre que éstos no los hayan originado intencionadamente o por negligencia grave y no hayan podido obtener resarcimiento por parte del autor. La asistencia con arreglo al artículo 24 puede adoptar diversas formas y corresponde a la institución interesada escoger las medidas o los medios adecuados, una vez demostrados los hechos y de forma proporcional a éstos.

En caso de fehaciente incumplimiento de las obligaciones que incumben a un funcionario u otro agente en virtud del Estatuto, pueden adoptarse medidas disciplinarias.

El artículo 14 del Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude1, y el artículo 14 del Reglamento (Euratom) del Consejo no 1074/1999, de 25 de mayo de 19991, establecen que, en espera de que se modifique el Estatuto, todo funcionario u otro agente de las Comunidades podrá presentar al Director de la Oficina una reclamación dirigida contra un acto que le sea lesivo, realizado por la Oficina en el marco de una investigación interna, de conformidad con las disposiciones del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto.

De acuerdo con el artículo 24 bis del Estatuto, los funcionarios disfrutan del derecho de asociación, pudiendo, en particular, ser miembros de organizaciones sindicales o profesionales de funcionarios europeos. Esta disposición se aplica asimismo a los demás agentes cuya actividad se rige por el Estatuto, entre los que se encuentra el personal de la OLAF, el cual dispone de los mismos derechos que cualquier otro funcionario o agente de las Comunidades.

(1) DO L 136 de 31.5.1999.