PREGUNTA ESCRITA E-2218/99

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(29 de noviembre de 1999)

Asunto: Utilización abusiva de la paridad del poder adquisitivo en textos jurídicos comunitarios

El 29 de octubre en Bruselas y el 30 de octubre en mi residencia de Ponta Delgada, recibí la respuesta de la Comisión a mi pregunta E-1567/99(1) de julio del presente año. En la respuesta de la Comisión se confirma la utilización de los indicadores PPA (paridad del poder adquisitivo) en textos jurídicos de extrema importancia, como los Reglamentos (CE) no 1260/1999(2) y 1267/1999(3), sin que exista ningún fundamento jurídico para esta utilización.

Debo señalar que, contrariamente a lo que se desprende de la respuesta de la Comisión, no me parece aconsejable la existencia de un fundamento jurídico específico para las PPA, sino que, por el contrario, debería integrarse y subordinarse dicho indicador al sistema de cuentas nacionales y regionales en vigor en la Unión Europea (Reglamento (CE) no 2223/96(4) del Consejo).

Me parece realmente sorprendente la afirmación de que la utilización de ese indicador no plantea problemas importantes, cuando es sabido que las autoridades estadísticas portuguesas han rechazado las PPA utilizadas por EUROSTAT, teniendo en cuenta la falta de un fundamento jurídico, científico y metodológico consagrado y aceptado por ese indicador.

Igualmente sorprendente resulta la afirmación de que las PPA se obtienen sobre la base de contratos bilaterales con las distintas autoridades estadísticas nacionales, cuando es evidente que el aspecto empírico más importante para que estos indicadores sean dignos de crédito es precisamente que sean elaborados con criterios únicos.

Debo añadir que la última publicación disponible para el público con los resultados de este indicador facilita resultados que resultan absurdos para cualquier observador mínimamente atento.

En estas circunstancias, ¿puede decir la Comisión si está dispuesta a informar periódicamente y en detalle al Parlamento Europeo acerca de la evolución del debate relativo a estos indicadores que, según la respuesta facilitada por la Comisión, se inició en la reunión del Comité del Programa Estadístico de 25 de mayo del presente año?

(1) DO C 27 E de 29.1.2000, p. 134.

(2) DO L 161 de 26.6.1999, p. 1.

(3) DO L 161 de 26.6.1999, p. 73.

(4) DO L 310 de 30.11.1996, p. 1.

Respuesta facilitada por el Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(21 de diciembre de 1999)

En los textos jurídicos comunitarios no se utilizan las Paridades del Poder Adquisitivo (PPA) abusivamente. Los dos nuevos instrumentos legales sobre política regional(1) hacen referencia a la utilización de las PPA como factores de conversión para su empleo en lugar de los tipos de cambio del mercado, lo cual es completamente correcto y refleja la práctica habitual.

El uso de las PPA se basa en esos textos, pero lo que falta es un fundamento jurídico para la elaboración de las propias PPA. La Comisión considera conveniente que se establezca uno. Pero eso ya es otra cosa diferente.

La Comisión no tiene noticia de que el instituto estadístico portugués haya rechazado las PPA. El propio Instituto Nacional de Estatística (INE) suministra todos los datos estadísticos de entrada para los cálculos y todos los Estados miembros participantes, incluido Portugal, siempre han aprobado los resultados anuales. Tampoco se han registrado recientemente críticas importantes a la base científica o metodológica usada por la Comisión. El marco metodológico aplicado actualmente cuenta con el acuerdo entre la Comisión y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y es el mismo que se aplica en el Programa de Comparación Internacional coordinado por las Naciones Unidas con el apoyo del Banco Mundial.

La Comisión coordina los trabajos relativos a las PPA de las distintas autoridades estadísticas nacionales mediante un grupo de trabajo de expertos nacionales y facilitando las orientaciones oportunas. La Comisión está convencida de que este planteamiento ha garantizado una coordinación suficiente aunque los contratos se celebran de manera individual.

La Comisión no puede estar de acuerdo con que los últimos resultados fueron absurdos. Conviene volver a destacar que los expertos que representan a las autoridades estadísticas nacionales que participan en el grupo de trabajo aprueban todos los resultados antes de que sean definitivos y se publiquen.

La Comisión aprovecha esta oportunidad para reiterar que la falta de un texto jurídico específico sobre las PPA no ha provocado ningún problema de relevancia, pero el seguimiento de unos principios aceptados de común acuerdo se vería reforzado por la adopción de un acto jurídico específico. La Comisión está dispuesta a mantener informado al Parlamento sobre la evolución de los trabajos relativos a las PPA.

(1) Reglamento del Consejo (CE) no 1260/1999, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales y Reglamento del Consejo (CE) no 1267/1999, de 21 de junio de 1999, por el que se crea un instrumento de política estructural de preadhesión.