PREGUNTA ESCRITA P-1021/98

de Angela Billingham (PSE) a la Comisión

(26 de marzo de 1998)

Asunto: Reconocimiento de cualificaciones

Las autoridades griegas deniegan el reconocimiento o registro de las cualificaciones que el International Therapy Council concedió en el Reino Unido a una ciudadana británica. A pesar de que dichos diplomas y certificados cualifican a la mencionada ciudadana para establecer su propio negocio y ejercer como esteticista en el Reino Unido, las autoridades griegas deniegan su reconocimiento.

¿Podría examinar la Comisión Europea si ello es contrario a la libre prestación de servicios, uno de los principios fundamentales del mercado único?

Respuesta de Mario Monti en nombre de la Comisión

(8 de mayo de 1998)

Por lo que respecta a las esteticistas, hay que remitir a la Directiva 75/368/CEE del Consejo, de 16 junio 1975, relativa a las medidas destinadas a favorecer el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios para diversas actividades y por la que se adoptan medidas transitorias para dichas actividades(1). Esta directiva dispone que cuando en un Estado miembro el acceso a una de las actividades contempladas en la misma, o su ejercicio, estén supeditados a la posesión de conocimientos y de aptitudes generales, comerciales o profesionales, dicho Estado miembro debe reconocer como prueba suficiente de los citados conocimientos y aptitudes el ejercicio efectivo de la actividad considerada en otro Estado miembro durante tres años como mínimo.

Por lo que respecta a las titulaciones, las obligaciones de reconocimiento derivan directamente de los artículos del Tratado CE. De hecho, el Tribunal de Justicia ha subrayado en sus sentencias en los asuntos "Heylens" (asunto 222/86 de 15.10.1987) y "Vlassopoulou" (asunto C-340/89 de 7.5.1991) que el Estado miembro de acogida no puede, a riesgo de incumplir una obligación que tiene su origen en el propio Tratado CE y más concretamente en los artículos 5, 48, 52 y 59, negarse a tomar en consideración los conocimientos y las cualificaciones adquiridos por un nacional comunitario en otro Estado miembro. Así pues, el Estado miembro de acogida está obligado a fijar un procedimiento que le permita comparar las cualificaciones adquiridas por el interesado en otro Estado miembro con las cualificaciones requeridas en su propio país. Este procedimiento también debe permitir asegurarse de que, en caso de equivalencia de las cualificaciones adquiridas por el interesado en otro Estado miembro, el Estado miembro de acogida reconozca tal cual la titulación extranjera que acredita estas cualificaciones. Si, a raíz de tal apreciación, resultara que no hay prueba de las cualificaciones consideradas necesarias para el ejercicio de la profesión en cuestión, el Estado miembro de acogida tiene derecho a exigir que el interesado acredite la adquisición los conocimientos y las cualificaciones que faltan, pero debe reconocer aquella parte de su formación donde que sí existe equivalencia. También le incumbe, una vez constatadas objetivamente las lagunas, ofrecer al emigrante afectado la posibilidad de colmar estas lagunas mediante una formación complementaria.

La Comisión está dispuesta a examinar los casos particulares que Su Señoría tenga a bien someterle.

(1) DO L 167 de 30.6.1975 (edición especial en español: capítulo 6, tomo 1, p. 205).