PREGUNTA ESCRITA E-2765/02

de Kathleen Van Brempt (PSE) a la Comisión

(1 de octubre de 2002)

Asunto: Propuesta de directiva sobre responsabilidad ambiental Pregunta escrita P-2156/02 Respuesta insuficiente Violación del artículo 197 del Tratado CE

1. En la pregunta escrita P-2156/02(1), se solicitó a la Comisión una enumeración exhaustiva y concreta de los casos en los que, en virtud de la propuesta de directiva sobre responsabilidad medioambiental, pueda hablarse de la aplicación del sistema de responsabilidad objetiva? Acertadamente, se subrayó que era imprescindible crear claridad en cuanto al alcance del sistema de responsabilidad objetiva. No obstante, la respuesta de la Comisión sólo contiene planteamientos generales que no son satisfactorios para determinar este alcance y, por ende, no cumple el artículo 197 del Tratado CE, ni el principio de la transparencia necesaria de las actividades de las instituciones europeas y del acceso del público a las mismas. Por consiguiente, se insta de nuevo a la Comisión Europea a que dé una enumeración exhaustiva de los casos concretos en los que, en virtud de la propuesta de directiva, pueda hablarse de la aplicación del sistema de responsabilidad objetiva. Asimismo, se solicita a la Comisión que aclare el siguiente punto: la propuesta de directiva da la impresión de que se quiere introducir un sistema de responsabilidad objetiva, pero un estudio profundo de la misma demuestra que la aplicación de dicho sistema no sería la regla, sino la excepción.

2. ¿Podría comunicar la Comisión por qué ha incluido el fundamento de exención previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 9 en su propuesta de directiva, cuando, por una parte, ella misma ha rebatido este fundamento de exención en su Libro Blanco y, por otra parte, los demás sistemas internacionales de responsabilidad ambiental, como el Convenio de Lugano del Consejo de Europa de 1993, no contienen este fundamento de exención?

(1) DO C 301 E de 5.12.2002, p. 262.

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2765/02 y E-2766/02dada por el Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(18 de noviembre de 2002)

Como ya señalara en su respuesta a la pregunta escrita P-2156/02, formulada por Su Señoría, la propuesta de la Comisión sobre responsabilidad ambiental prevé algunas excepciones conforme a la letra c) del apartado 1 del artículo 9. Las excepciones no incluyen los casos en los que el daño haya sido causado por accidentes u otras disfunciones de la actividad en cuestión ni cuando se haya contravenido alguna condición operativa o valor límite relacionados con el desarrollo de la misma. No es posible ser más precisos ya que los accidentes, disfunciones y contravenciones difícilmente pueden preverse.

La propuesta tiene por objeto establecer un marco de prevención o reparación del daño ambiental y, para ello, precisa las circunstancias en las que el operador puede considerarse responsable, ya sea objetivamente o por culpa o negligencia, hecha salvedad de las excepciones previstas en particular en la letra c) del apartado 1 del artículo 9. No existe, pues, norma incondicional de responsabilidad objetiva.

Si bien en el Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental(1) no estaba prevista la excepción de la letra c) del apartado 1 del artículo 9 y aunque el Convenio de Lugano(2) no contiene una excepción similar, la propuesta de la Comisión tiene en cuenta las observaciones presentadas durante el período de consulta, en especial la opinión de que, a falta de tal excepción, la capacidad de los aseguradores de dar una cobertura adecuada por daños ambientales se vería enormemente dificultada.

La Comisión no cuenta con una lista exhaustiva de los Estados miembros relativa a los casos en los que las sustancias y preparados peligrosos no están sujetos a un permiso o autorización, ya sea comunitario o nacional. A título de ejemplo, según las informaciones de que dispone la Comisión, Bélgica no tiene un régimen general de autorización aplicable a todas las sustancias y preparados peligrosos(3), aunque tales sistemas de autorización previa existen para ciertas categorías de productos peligrosos o que contienen sustancias o preparados peligrosos (tales como los biocidas o los plaguicidas). Existen igualmente reglas que permiten a las autoridades competentes en determinados casos prohibir la comercialización de un producto o exigir su retirada del mercado, pero esa intervención se lleva a cabo en casos individuales y no está vinculada a un sistema de autorizaciones.

Los regímenes nacionales de permiso o autorización conforme a la letra c) del apartado 1 del artículo 9 no pueden por sí perturbar un mercado interior hoy por hoy inexistente, dado que en la actualidad no existe la armonización comunitaria plena en cuanto a autorizaciones de sustancias y preparados peligrosos(4). De cualquier modo no tienen por qué producirse lagunas ya que una empresa o bien habrá de cumplir las condiciones y requisitos de cualquier permiso nacional aplicable o, a falta de un permiso nacional, se verá privada de la posibilidad de acogerse a la letra c) del apartado 1 del artículo 9.

Respecto a la aplicación de la responsabilidad objetiva por superar el valor límite de emisiones fijado en un permiso, es cierto que una infracción de la ley a menudo da lugar a la presunción de culpa. La Comisión estima, sin embargo, que la propuesta de Directiva aporta un valor añadido a la normativa actual ya que esta última no garantiza suficientemente la reparación del daño ambiental, y del daño a la biodiversidad en concreto, en función de un régimen basado en la responsabilidad culposa.

En lo que se refiere a la carga de la prueba, la propuesta deja cierto margen de maniobra a los Estados miembros dado que no impone una atribución específica de la misma. Debe recordarse, no obstante, que, conforme a principios comúnmente aceptados, la parte que reclama quedar exenta de una obligación ha de probar las circunstancias que lo motivan. En la práctica, la autoridad competente tiene que establecer los tres elementos constitutivos de la responsabilidad en caso de daño ambiental debido a una actividad de las enumeradas en el Anexo I, es decir, la existencia del daño, un acto u omisión atribuible al operador y un nexo causal entre estos dos elementos: cualquier operador que desee acogerse a una de las excepciones previstas en el artículo 9 de la propuesta, deberá, por tanto, asumir la carga de la prueba.

La Comisión no está totalmente de acuerdo con la idea de que, en caso de accidente, es más fácil establecer la culpa del operador. No hay principio general que demuestre que un accidente que no se deba a la intervención divina o a fuerza mayor haya de atribuirse necesariamente a la negligencia del operador. Los accidentes pueden producirse aunque este último haya tomado las debidas precauciones(5). En este sentido, sigue siendo útil excluir el requisito de probar la culpa o la negligencia del operador.

(1) COM(2000) 66 final.

(2) Convenio del Consejo de Europa sobre responsabilidad civil por los daños causados por actividades peligrosas para el medio ambiente, firmado en 1993 (ETS 150).

(3) Una ley de 21 de diciembre de 1998 (Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid) establece el marco legal adecuado para ello, pero no parece que las autoridades públicas hayan hecho uso de esta posibilidad legislativa para implantar un régimen de autorización general.

(4) La Comisión prepara en la actualidad una revisión completa de su política sobre los productos químicos peligrosos: véase el Libro Blanco Estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados químicos (COM(2001) 88 final).

(5) Esta es seguramente una de las razones por las que numerosas leyes nacionales de responsabilidad civil complementan su normativa general sobre la demostración de culpa mediante normas específicas de responsabilidad para productos o instalaciones defectuosos. En tal caso, una vez comprobado el defecto, no se exige demostrar la culpa o negligencia del productor o del operador.