PREGUNTA ESCRITA E-2058/02

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(11 de julio de 2002)

Asunto: Los escándalos Enron y World Com y el papel de las empresas de auditoría

En opinión de la Comisión, ¿qué se debería aprender de la serie de escándalos financieros que recientemente han conmocionado Wall Street si se pretende preservar la confianza de los inversores y los haberes de millones de pensionistas y accionistas en la Unión Europea? En particular, teniendo el cuenta el extraordinario papel que Arthur Andersen desempeñó en los escándalos Enron y World Com, ¿ha examinado la Comisión junto con los Estados miembros la posibilidad de separar las actividades de auditoría y asesoramiento de las empresas de auditoría para evitar futuros conflictos de intereses?

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(9 de septiembre de 2002)

La base del planteamiento de la Comisión para regular los servicios financieros es aplicar el Plan de acción sobre servicios financieros antes del 2005 conforme a las conclusiones del Consejo Europeo. Esto significa acordar normas europeas en muchas áreas que garanticen niveles apropiados de protección del inversor, que es el objetivo de esas medidas.

La Comisión publicó el 18 de abril una primera respuesta a problemas políticos relacionados con el caso Enron(1). Este documento resume las acciones políticas principales en 5 ámbitos fundamentales para ayudar a prevenir catástrofes similares en la Unión. Varias de esas acciones ya habían sido preparadas teniendo en cuenta el Plan.

Ya desde el 2000 la Comisión había propuesto una directiva sobre fondos de pensiones incluyendo el principio de persona prudente para asignación de activos que se aclara mediante algunas normas cuantitativas generales, tales como un techo de inversión no superior al 5 % en conjunto de la cartera de la empresa promotora. Hace poco el Consejo Ecofin acordó políticamente los principales contornos de esta propuesta conforme a la primera lectura en el Parlamento.

Una de las medidas políticas particulares adoptadas tras el escándalo Enron fue la aprobación, el 16 de mayo de 2002 y tras dos años de preparativos, de una recomendación de la Comisión sobre la independencia del auditor. Habida cuenta del hundimiento de Enron la versión provisional de la recomendación se volvió a discutir en el Comité de Auditoría de la Unión, que incluye a representantes de todos los organismos reguladores de los Estados miembros. Una gran mayoría de este Comité expresó la opinión de que una prohibición estricta de la prestación de servicios adicionales al cliente de auditoría no coincidiría con el planteamiento completo e innovador elegido para regular la independencia del auditor.

El principio de base resumido en la recomendación es que el auditor no puede llevar a cabo una auditoría si tiene una relación con el cliente que comprometería su independencia. En especial el auditor no puede prestar ningún servicio adicional que incluya la participación en la toma de decisiones en nombre del cliente. Además la recomendación sugiere que siempre que el auditor proporcione servicios adicionales al cliente deben establecerse salvaguardias horizontales como: una declaración escrita a la persona u organismo del que dependa el cliente en el sentido de que ninguno de los servicios proporcionados puede comprometer la independencia del auditor así como una revelación pública detallada de los honorarios de auditoría y otros.

La recomendación describe las circunstancias en que la prohibición es la única salvaguardia adecuada. Por ejemplo, el auditor no debe proporcionar servicios de evaluación con un grado significativo de subjetividad cuando el importe en juego tendría un impacto fuerte en las cuentas, participar en la preparación de documentos contables y estados financieros para empresas con cotización en bolsa o proporcionar una lista restringida de candidatos para puestos financieros y administrativos clave en el caso de entidades de interés público.

En los casos en que los Estados miembros crean que hay necesidad de ir más allá del planteamiento establecido en la recomendación, tanto la naturaleza del instrumento como sus requisitos mínimos de armonización lo permitirían.

Es importante poner de relieve que actualmente los sistemas corporativos en prácticamente todos los Estados miembros permiten a las empresas individuales, sus órganos de gobierno o sus accionistas actuar de forma que pueden ocuparse adecuadamente de otros posibles problemas relativos a la independencia del auditor. Por ejemplo, conforme a varias leyes nacionales una empresa individual podría decidir detener la compra de servicios adicionales a sus auditores o cambiar de auditor de forma rotatoria.

Finalmente, dadas las circunstancias recientes la Comisión sigue con interés el debate en curso sobre estos problemas en Estados Unidos, incluida la legislación recientemente adoptada. Habida cuenta del próximo informe del grupo sobre problemas de gobernanza de las empresas (esperado para octubre), la Comisión considerará si se precisan otras medidas a nivel europeo.

(1) http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/fr/company/index.htm.