PREGUNTA ESCRITA E-2312/01

de Pere Esteve (ELDR) a la Comisión

(31 de julio de 2001)

Asunto: Regiones insulares no ultraperiféricas

En la UE, hay más de 26 regiones insulares. En ellas habitan más de 14 millones de personas. En total, estas regiones insulares representan el 3,5 % del territorio de la UE y el 3,5 % de la población de la Unión. Estas regiones insulares, padecen las consecuencias de no formar parte del territorio continental europeo.

En concreto, se pueden resumir en tres puntos:

1. el coste del transporte, que implica un encarecimiento de los precios y una pérdida de competitividad de las empresas insulares,

2. la aplicación de la Política Agraria Común, que en los territorios supone la desaparición del sector agrícola, debido a que la estructura de la propiedad de la tierra y la imposibilidad de promover grandes áreas de cultivos intensivos hacen imposible la rentabilidad del sector agrícola y ganadero,

3. la escasez de recursos naturales, como el territorio, el agua, la energía, etc.

La Comisión y el Parlamento, conscientes de estos hándicaps, han aprobado recientemente nuevas medidas que el diputado ya conoce para las regiones e islas ultraperiféricas(1), con la intención de corregir las desventajas específicas de estos territorios.

Mientras tanto, el resto de las regiones insulares que no son ultraperiféricas como es el caso de las Islas Baleares, región del Objetivo 2, y como ya ha reconocido la Comisión no se benefician de ninguna medida específica correctora de la insularidad. A pesar de todo, las Islas Baleares se benefician de los habituales Fondos europeos, como otras regiones europeas no insulares, a saber, el FEDER, FSE, FEOGA, Leader+, etc.

¿Es consciente la Comisión de que las regiones insulares europeas que no son ultraperiféricas también sufren los hándicaps descritos a consecuencia de la situación de insularidad? ¿Contempla la Comisión la posibilidad de tomar medidas correctoras de esa situación de insularidad para las regiones insulares no ultraperiféricas?

En caso de no ser así, ¿cuál es el procedimiento a seguir para que a las regiones insulares que no son ultraperiféricas se les tengan en cuenta sus desventajas específicas en las normas por las que se rigen los Fondos Estructurales? ¿A quién corresponde tomar esta decisión política o quién tiene esa competencia?

(1) COM 2000 774 DO C 96 E de 27.3.2001.

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(18 de octubre de 2001)

La Comisión es consciente de los problemas que se plantean a las regiones insulares e insiste en recordar que el 95 % de su población se beneficia bien del objetivo no 1, bien del objetivo no 2 de los Fondos Estructurales. Además, tal como señala en su respuesta a la pregunta escrita E-2303/01(1), la Comisión ha encargado un estudio sobre la situación de las islas de la Unión. En el contexto de este estudio, se va a crear una base de datos sobre las regiones insulares y establecer un diagnóstico objetivo de la situación que incluye un análisis comparativo y una evaluación de las dificultades causadas por la insularidad y de las necesidades específicas de las islas. Asimismo se llevará a cabo un análisis de las medidas y políticas aplicadas por los Estados miembros y la Unión para paliar los posibles retrasos de desarrollo originados por la insularidad.

Se esperan los primeros resultados de este estudio, que tiene una duración de un año, para el primer semestre del año 2002. La Comisión desea que se celebre un debate cuando se hagan públicos esos resultados.

La Comisión demuestra por lo tanto un auténtico interés por la cuestión insular; sin embargo, se propone tratar este tema en el contexto más amplio de las zonas con dificultades naturales y geográficas, entre las que figuran también las zonas de montaña y las zonas despobladas. Estas zonas con dificultades constituyen una de las seis prioridades territoriales de cara al futuro de la política de cohesión, recogidas en las conclusiones del segundo informe sobre la cohesión económica y social.

A tal fin, la Comisión se propone organizar durante el primer semestre del 2002 una serie de seminarios sobre cada una de las prioridades recogidas en el segundo informe, entre las que figuran las zonas con dificultades. Este seminario brindará la oportunidad de determinar cuáles son las medidas que arrojan un valor añadido elevado para esos territorios y qué autoridades (comunitarias, nacionales o regionales) resultan más adecuadas a efectos de la aplicación de esas medidas.

Tanto el debate como los resultados del estudio antes citado constituyen elementos útiles y necesarios para la elaboración del tercer informe sobre la cohesión económica y social previsto para el principio del año 2004.

(1) DO C 81 E de 4.4.2002, p. 148.