PREGUNTA ESCRITA E-0373/00

de Andre Brie (GUE/NGL) a la Comisión

(14 de febrero de 2000)

Asunto: Desbloqueo de recursos de los Fondos estructurales de la UE sobre la base de la designación de zonas de protección en virtud de la Directiva HFF (Directiva 92/43/CEE) en los Estados Federados del Este de Alemania

En vista de que Alemania y algunos de sus Estados Federados no han procedido hasta ahora a la transposición de la Directiva 92/43/CEE(1) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva HFF), los Estados Federados alemanes que sí que han satisfecho esta obligación corren el riesgo de que se les bloqueen también a ellos los recursos de los Fondos estructurales de la UE. Mecklemburgo-Pomerania Occidental, por ejemplo, ha puesto entretanto a disposición 136 zonas de protección en virtud de la Directiva HFF con 181 000 hectáreas (un 7,9 % de la superficie del Estado Federado). En particular, para los Estados Federados del Este de Alemania que presentan debilidades estructurales, la posición anunciada de la Comisión retrasaría, como mínimo, el pago de los recursos destinados al fomento en el marco del Objetivo 1 así como de los recursos del FEOGA para las zonas rurales. En vista de los graves problemas económicos y sociales de estas regiones, las consecuencias serían extremadamente negativas.

¿Qué medidas va a adoptar la Comisión para que aquellos Estados Federados del Este de Alemania que han cumplido sus obligaciones en virtud de la Directiva HFF no deban responder por las negligencias del Gobierno Federal y de otros Estados Federados?

¿Ve la Comisión la necesidad o la posibilidad de examinar y decidir el desbloqueo de las ayudas específicamente por Estados Federados o por proyectos?

¿Es consciente la Comisión de que una decisión negativa tendría, por una parte, unas repercusiones económicas y sociales muy serias y, por otra, perjudicaría de forma duradera la disposición de la población a comprometerse con la protección del medio ambiente, mientras que una decisión positiva se entendería sin lugar a duda también como el reconocimiento de una política activa de protección del medio ambiente?

(1) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(31 de marzo de 2000)

Como Su Señoría sabe, la presentación de la lista de espacios de importancia comunitaria (Natura 2000), que también incluye espacios incluidos en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres(1), y que debería haberse terminado en junio de 1998, se retrasó porque varios Estados miembros, entre ellos Alemania, no presentaron propuestas adecuadas. La fecha límite para la presentación de las propuestas finalizó en junio de 1995.

A la vista de la tardía designación de los espacios protegidos, y para garantizar que la Comisión pueda cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6 del Tratado, el 23 de junio de 1999 la Comisión recordó a todos los Estados miembros su deber de garantizar la coherencia de los programas y proyectos con ambas Directivas.

Entre tanto, los Estados federados alemanes, incluido Mecklemburgo-Pomerania Occidental, han anunciado algunos sitios protegidos y están preparando nuevas notificaciones.

Teniendo en cuenta los requisitos legislativos, los documentos de programación sólo pueden aprobarse si incluyen un firme compromiso de las autoridades alemanas responsables de la región correspondiente de que en caso de que se produzca cualquier posible repercusión negativa en los espacios protegidos o merecedores de protección al amparo de Natura 2000, se lleven a cabo los estudios necesarios y se adopten las medidas adecuadas. En cualquier caso, la Comisión evaluará cada uno de los planes o programas en función de su contenido.

El objetivo de la Comisión es fomentar el desarrollo socioeconómico de las zonas subvencionables de forma que sea coherente con los principios básicos del desarrollo sostenible.

(1) DO L 103 de 25.4.1979.