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PREGUNTA ESCRITA E-2734/00

de Ioannis Souladakis (PSE) al Consejo

(3 de agosto de 2000)

Asunto: Inicio de las negociaciones entre la UE y Bulgaria

De acuerdo con el programa anunciado por la Presidencia francesa en cuanto al inicio de las negociaciones con los países candidatos a la adhesión, las conversaciones entre la Unión Europea y Bulgaria deberían abordar en primer lugar tan sólo cinco ámbitos de la legislación comunitaria, lo cual retrasará sin duda el proceso de adhesión de dicho país.

¿En qué motivos se ha basado la Presidencia francesa para tomar esta decisión, excluyendo así numerosos temas de las negociaciones con Bulgaria, y qué ámbitos concretos se tratarán en las conversaciones entre ambas partes?

Respuesta

(16 de noviembre de 2000)

Los capítulos propuestos para el inicio de negociaciones con Bulgaria durante el segundo semestre de 2000 reflejan plenamente los principios de diferenciación y de la posibilidad de ponerse al día fijados por los Consejos Europeos de Helsinki y de Feira.

Se trata de cinco capítulos del acervo, es decir, la libre circulación de capitales, el derecho de sociedades, estadísticas, telecomunicaciones y tecnologías de la información, consumidores y protección de la salud.

La decisión sobre les capítulos que van a tratarse es competencia de la Presidencia en el marco de la establecimiento de su programa de trabajo. No obstante, la lista de capítulos se ha elaborado en estrecha concertación entre la Presidencia y la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-2392/00

de Mathieu Grosch (PPE-DE) a la Comisión

(13 de julio de 2000)

Asunto: Comisiones bancarias

No obstante la Directiva 97/5/CE(1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre las transferencias transfronterizas, un estudio realizado por IECI, presentado el 5 de febrero de 2000, pone de manifiesto que, en el caso de los pagos en el extranjero dentro de los once países del euro,

- los gastos de las transferencias transfronterizas son, por un lado, y en general, excesivos y no tienen ninguna relación con los costes realmente ocasionados a los bancos y, por otro, presentan grandes diferencias según el país al que se dirijan;

- a pesar de la prohibición (si no existe acuerdo en contra) de cargar los gastos al beneficiario, esto se sigue haciendo en diez de los once países en el 35 % de todas las transferencias;

- en la mayoría de los países no se respeta el plazo impuesto de cinco días.

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para hacer que cese, en beneficio de los consumidores, ese abuso consentido en los distintos Estados miembros?

(1) DO L 43 de 14.2.1997, p. 25.

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(20 de septiembre de 2000)

El Instituto Europeo Interregional de Consumo (IEIC) realizó para la Comisión un estudio para comprobar la inexistencia de gastos de conversión entre el euro y las monedas nacionales. Desde esta perspectiva el resultado es excelente porque no hay ningún gasto de este tipo. Por el contrario para las transferencias transfronterizas resultó que los gastos de transacción son siempre elevados y la Directiva 97/5/CE no se aplica correctamente por lo que se refiere a la distribución de los gastos y la duración de la operación.

La Directiva prevé que, excepto indicación contraria, todos los gastos deban ser a cargo del remitente pero en un 25 % de los casos se cobraron gastos al beneficiario. La Directiva prevé también que la operación de transferencia deba realizarse en el plazo de seis días pero un poco más del 4 % de las operaciones supera este plazo. Esta es la razón por la que el 22 de junio de 2000, en una reunión de expertos jurídicos de los Estados miembros sobre la aplicación de las directivas, la Comisión llamó su atención sobre su responsabilidad en la correcta aplicación de las directivas comunitarias una vez transpuestas en la legislación nacional. Los distintos Estados miembros se comprometieron a hacer llegar un informe detallado sobre la forma en que se aplican las normas sobre doble cobro y plazo de ejecución.

Con respecto al importe de los gastos, la Comisión no tiene la intención de fijar tarifas. Como explicó en su comunicación de 31 de enero de 2000 sobre los pagos al pormenor(1), los bancos deben mejorar las estructuras que sirven para transportar las transferencias transfronterizas de pequeños importe. Numerosos trabajos están en curso, como la creación del IBAN (International bank account number) o el IPI (Internacional payment instruction). La Comisión espera una mejora sustancial de la situación el 1 de enero de 2002.

(1) COM(2000) 36 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3253/00

de Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) a la Comisión

(20 de octubre de 2000)

Asunto: Carnet de identidad europeo

Para gran parte de sus ciudadanos la UE representa una buena idea que funciona, sobre todo cuando se habla de compañías o de productos de consumo. Pero cuando se habla de personas y de movimiento de ciudadanos, las cosas empiezan a cambiar.

Puede ocurrir, por ejemplo, que a un ciudadano de la UE se le comunique, en un Estado miembro diferente al suyo, que su pasaporte no vale para pedir una matrícula provisional para su coche o que tenga dificultades con su permiso de residencia o de trabajo. Por dicho motivo, un anhelo casi unánime de los ciudadanos de la UE es disponer de un carnet de identidad europeo que les facilite la vida y les evite las molestias mencionadas.

¿Puede indicar la Comisión cuál es la situación actual de un posible proyecto de carnet de identidad europeo y qué seguridades puede ofrecer a los ciudadanos europeos en el sentido de que tal aspiración pudiera hacerse un día realidad?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(21 de noviembre de 2000)

La Comisión informa a Su Señoría que las disposiciones actuales del Tratado CE no le confieren a ésta competencia para la creación de un documento de identidad europeo.

La ciudadanía de la Unión, establecida por el artículo 17 (antiguo artículo 8) del Tratado CE, no sustituye a la ciudadanía nacional. Los Estados miembros expiden documentos de identidad a sus ciudadanos conforme al derecho nacional (véase la declaración 2 aneja al acta final del Tratado de la Unión Europea). Cabe señalar que algunos Estados miembros no tienen disposiciones de este tipo.

Sin embargo, las acciones tendentes a armonizar la presentación de los documentos de identidad, con el fin de facilitar la libre circulación de personas de conformidad con el apartado 2 del artículo 18 (antiguo artículo 8a) del Tratado CE y eliminar fuentes de confusión, se estiman acciones adecuadas, y la Comisión las está considerando seriamente.
PREGUNTA ESCRITA E-2705/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Retrasos en los vuelos

¿Cuál ha sido el retraso medio en los vuelos chárter, es decir, el desfase entre la hora prevista y la hora real de salida, durante los meses de julio y agosto en cada uno de los Estados miembros en cada uno de los últimos cinco años?

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para mejorar la situación?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(23 de octubre de 2000)

Los datos sobre los retrasos en el tráfico aéreo son recogidos por la oficina central de Eurocontrol con el fin de analizar los retrasos. La fuente principal es la unidad central de gestión del flujo de Eurocontrol. Estos datos se publican de forma global. Las cifras que se publican no se refieren únicamente a los vuelos chárter, sino que se refieren a todos los tipos de vuelos y son de carácter semanal, mensual y anual.

No obstante, la Comisión ha obtenido algunos datos sobre determinadas líneas aéreas dedicadas a vuelos chárter de los que se desprende que durante el mes de agosto hubo 770 000 vuelos en el área de la Conferencia de Aviación Civil Europea (CEAC), de los cuales 150 000 eran chárter (agosto es temporada alta). El número de vuelos retrasados fue de 220 000, de los que 70 000 eran vuelos chárter.

Mientras que el porcentaje de vuelos chárter del área CEAC fue el 20 % del total de vuelos, el porcentaje de retrasos fue de casi el 50 %. En comparación con los vuelos regulares, los chárter se vieron seriamente afectados por los retrasos. Debe tenerse en cuenta que los vuelos chárter son más susceptibles de sufrir retrasos que los vuelos regulares, ya que cuando existe algún problema las compañías de chárter no pueden cancelar vuelos (a diferencia de las compañías de vuelos regulares) y esto incide en las estadísticas de retrasos.

Las compañías chárter vuelan a muchos aeropuertos pequeños y poco equipados, donde cualquier problema afecta a la puntualidad. La necesidad de que exista una alta utilización para limitar los precios de los vuelos chárter, unida a las restricciones ambientales (por ejemplo los cierres nocturnos) y a la presión de las franjas horarias de los principales aeropuertos de salida, suele originar ciclos de rotación muy ajustados que cualquier problema puede desbaratar.

Conviene observar que la Comisión se dispone a adoptar varias medidas para reducir la congestión de tráfico aéreo y los retrasos. Tras el informe del grupo de alto nivel, que se espera concluir antes de octubre de 2000, la Comisión se propone presentar varias medidas legislativas comunitarias para armonizar, gestionar, diseñar, regular y asegurar un uso eficiente del espacio aéreo europeo sin reducir los niveles actuales de seguridad.
PREGUNTA ESCRITA E-2189/00

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(3 de julio de 2000)

Asunto: Postes para la telefonía móvil

¿Puede aclarar la Comisión si existe algún procedimiento de ámbito comunitario para controlar la ubicación de los postes para la telefonía móvil?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(20 de septiembre de 2000)

Corresponde a los operadores de telefonía móvil y a las autoridades locales, regionales y nacionales decidir la ubicación de los postes de telefonía móvil. Los procedimientos y criterios utilizados varían considerablemente de un Estado miembro a otro y pueden tomar en consideración aspectos tales como los posibles efectos de las radiaciones electromagnéticas en la salud, la necesidad de proteger el medio ambiente o el respeto de las normas urbanísticas.

Por otra parte, la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP)(1) establece que, en los casos en que el uso común de instalaciones pueda resultar beneficioso por motivos urbanísticos, medioambientales, económicos o de otro tipo, los Estados miembros y las autoridades nacionales de reglamentación pueden imponer la obligación de compartir instalaciones e intervenir para solucionar litigios entre partes comerciales.

La Comisión no tiene previsto por el momento establecer disposiciones que superen el marco reglamentario vigente en el sector de las telecomunicaciones y, por tanto, no tiene la intención de proponer un procedimiento comunitario para controlar la ubicación de los postes de telefonía móvil.

(1) DO L 199 de 26.7.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-2768/00

de Charles Tannock (PPE-DE), Martin Callanan (PPE-DE), Robert Goodwill (PPE-DE), Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) y Timothy Kirkhope (PPE-DE) al Consejo

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Control de la inmigración en la Unión

¿Está el Consejo en condiciones de comprobar si los 58 ciudadanos chinos hallados muertos a su llegada a Dover habían sido descubiertos y entrevistados por la Policía belga varias semanas antes y luego liberados? ¿Considera satisfactorio el Consejo el modo en que los Estados miembros cumplen las obligaciones asumidas en virtud del Convenio de Dublín? ¿Considera el Consejo que Bélgica, en particular, cumple sus obligaciones en materia de control de la inmigración?

Respuesta

(16 de noviembre de 2000)

1. No es competencia del Consejo verificar situaciones como la expuesta por Su Señoría.

2. La verificación del cumplimiento por los Estados miembros de las obligaciones derivadas del Convenio de Dublín es responsabilidad del comité establecido en virtud del artículo 18 del mismo. Según el apartado 2 de este artículo, el Comité puede examinar, previa solicitud de uno o de más Estados miembros, cualquier cuestión de carácter general relativa a la aplicación y a la interpretación del Convenio.

3. Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, las cuestiones de inmigración, visados y asilo pasan a ser competencia de la Comunidad, dentro del título IV del TCE. Por lo tanto, corresponde a la Comisión, como guardiana de los Tratados, comprobar si los Estados miembros respetan sus obligaciones en estos ámbitos.
PREGUNTA ESCRITA E-2327/00

de Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) a la Comisión

(11 de julio de 2000)

Asunto: Ley de inmigración y asilo de 1999 del Reino Unido

La Ley de inmigración y asilo de 1999 del Reino Unido establece toda una serie de obligaciones para las personas que viajan en grupo a Gran Bretaña, en relación con las cuales se plantea la duda de si son compatibles con las normas relativas a la libre circulación de la Comunidad Europea. Según dicha ley, cuando se trata de viajes de grupos de personas, por ejemplo, en autobús, ha de presentarse una lista de pasajeros que debe incluir el nombre completo, la edad y el sexo de todos los viajeros. Si no se cumple tal requisito, o si los pasaportes y documentos de identidad de los viajeros ya no son válidos, se puede imponer una multa a la empresa o al organizador responsable por cada pasajero en situación irregular. Si existe una posible obligación de visado, la empresa o el organizador responsables tienen que adjuntar dicho visado a la lista de pasajeros. Si no cumplen tal requisito, o si el visado no es válido, la empresa o el organizador responsables tienen que pagar una multa de 2 000 libras esterlinas por cada pasajero en situación irregular.

1. ¿Es compatible con las disposiciones de la Unión Europea relativas a la libre circulación la imposición de semejantes obligaciones a los organizadores o empresas de transporte de viajeros?

2. ¿Qué opina la Comisión en general sobre las nuevas disposiciones del legislador británico, desde el punto de vista de la libre circulación conforme al Derecho comunitario?

3. ¿Qué piensa hacer la Comisión, en su caso, respecto de las autoridades británicas?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(25 de octubre de 2000)

Con arreglo al artículo 1 del Protocolo sobre la aplicación de algunos aspectos del artículo 7A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en el Reino Unido e Irlanda, anejo al Tratado UE y al Tratado CE, el Reino Unido está habilitado para efectuar, en sus fronteras con otros Estados miembros, los controles que considere necesarios sobre las personas que desean entrar en su territorio con el fin de comprobar que las personas beneficiarias del Derecho comunitario tienen derecho a entrar en su territorio y para decidir sobre la concesión o no a otras personas de la autorización de entrada en su territorio.

Se desprende de estas disposiciones que, siempre que respete el principio de proporcionalidad, el control de los documentos de viaje y los visados de las personas que viajan al Reino Unido desde los otros Estados miembros no es contrario al Derecho comunitario y no crea ningún nuevo obstáculo a la libre circulación habida cuenta de la situación del Derecho comunitario aplicable.

Dado que las disposiciones del Inmigration and Asylum Act a que se refiere Su Señoría no son contrarias al Derecho comunitario, no hay razón de que la Comisión adopte medidas contra las autoridades británicas.
PREGUNTA ESCRITA E-2634/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consejo

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: El toque de queda impuesto por Rusia en Chechenia

El toque de queda que han vuelto a imponer las autoridades rusas en Chechenia constituye una prueba de que no ha terminado aquella terrible guerra. Ante esta situación, ¿qué medidas tiene intención de llevar a cabo la Unión Europea para restablecer los derechos democráticos nacionales del pueblo checheno que Rusia les niega?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2557/00 y E-2634/00

(16 de noviembre de 2000)

A raíz del Consejo Europeo de Feira, celebrado en junio de 2000, la Unión Europea procedió a un nuevo análisis de la situación global en Rusia. En consecuencia, se tomaron algunas decisiones a fin de que la Unión pudiera prestar su asistencia para impulsar la democracia, el Estado de Derecho y la economía de mercado. Estas son las premisas sobre las que debe basarse una fuerte y fructífera relación a largo plazo con Rusia. La Unión reiteró que el desarrollo de esta relación con toda Rusia, incluida Chechenia, presupone compartir valores comunes, en particular el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Desde el principio de la crisis en la República Chechena de la Federación Rusa, el Consejo ha sido bastante claro en el sentido de que sólo una solución política puede dar lugar a un arreglo duradero en Chechenia. A tal fin, la Unión ha abogado firmemente por el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes de Chechenia. Al mismo tiempo, el Consejo concede gran importancia al principio de la integridad territorial de la Federación Rusa. Para hacer avanzar su política a largo plazo de compromiso constructivo, y en coherencia con ella, la Unión ha presionado a Rusia a que cumpla sus obligaciones.

La Unión insta a Rusia a que responda a las demandas de la comunidad internacional en relación con Chechenia. Dichas demandas incluyen evitar el uso excesivo de la fuerza y toda extensión del conflicto, la puesta en marcha de un proceso político que incluya a representantes chechenos elegidos, una investigación efectiva e independiente de las violaciones de los derechos humanos, la cooperación con el Consejo de Europa, el apoyo para que el grupo de asistencia de la OSCE pueda cumplir plenamente su mandato y las garantías para que la ayuda humanitaria de las ONG pueda prestarse con seguridad.
PREGUNTA ESCRITA P-3033/00

de Giorgos Katiforis (PSE) al Consejo

(20 de septiembre de 2000)

Asunto: Texto relativo a la asociación para la adhesión de Turquía a la UE

Como ya es sabido, la Cumbre de Helsinki se pronunció a favor de la candidatura de Turquía para la adhesión a la UE en condiciones concretas y claramente definidas.

Habida cuenta de la conocida sensibilidad de la Comisión por la estricta aplicación de las decisiones de las Cumbres y por el pleno respeto de los principios básicos que rigen las posiciones no sólo de los pueblos europeos, sino también de sus gobiernos, y considerando la violenta actitud de una parte de la prensa turca en relación con las conversaciones mantenidas el pasado mes de julio en Ankara por la delegación de la Unión Europea, cabe pensar que algunas partes tratarán de que no se incluyan esta estricta formulación relativa a la adhesión de Turquía en el texto relativo a la asociación para la adhesión actualmente en fase de elaboración.

¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo para incluir en el texto y no en el preámbulo del informe de asociación para la adhesión de Turquía las condiciones establecidas en la Cumbre de Helsinki, que se refieren a la solución de la cuestión chipriota, la mejora de la situación de los derechos humanos, el problema kurdo, las reivindicaciones turcas en el Egeo y su solución a través del Tribunal Internacional de La Haya, la democratización del sistema político y otros criterios de orden político decididos en Helsinki?

Respuesta

(22 de diciembre de 2000)

Turquía es un Estado candidato llamado a ingresar en la Unión atendiendo a los mismos criterios que se aplican a los demás Estados candidatos. Sobre la base de la estrategia europea actual, Turquía, al igual que otros Estados candidatos, podrá acogerse a una estrategia de preadhesión destinada a servir de estímulo y apoyo a sus reformas. Esto incluirá un diálogo político reforzado, con especial hincapié en los progresos en el cumplimiento de los criterios políticos para la adhesión, con especial referencia a la cuestión de los derechos humanos y también a las cuestiones mencionadas en el apartado 4 y en la letra a) del apartado 9 de las Conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki, que dispone también la creación de una Asociación para la Adhesión basada en las conclusiones precedentes del Consejo Europeo; la Asociación fijará las prioridades en las que deberán centrarse los preparativos de la adhesión a la luz de los criterios políticos y económicos y las obligaciones de todo Estado miembro, junto con un programa nacional para la adopción del acervo.

La propuesta de la Comisión sobre principios, prioridades, objetivos intermedios y condiciones de la Asociación para la Adhesión de la República de Turquía se remitió al Consejo el 13 de noviembre de 2000. El Consejo ha iniciado su examen.
PREGUNTA ESCRITA E-2295/00

de Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) al Consejo

(11 de julio de 2000)

Asunto: Comercio

El pasado mes de Mayo se presentó, en el seno del Consejo Europeo, una propuesta para el establecimiento de derechos antidumping definitivos sobre determinadas partes de equipos de cámaras de T.V. procedentes de Japón. Tras más de 2 años de investigaciones por parte de la Comisión Europea con la colaboración de fabricantes europeos de estos productos, la citada Institución propuso establecer dichas medidas antidumping.

Una vez reunido el grupo de Cuestiones comerciales del Consejo, el pasado 8 de mayo la propuesta fue rechazada.

¿ Nos podría informar el Consejo en qué ha basado la citada decisión?

Respuesta

(9 de noviembre de 2000)

En su reunión del 11 de abril de 2000, el Grupo Cuestiones Comerciales constató que:

- Seis delegaciones apoyarían la propuesta de la Comisión de imponer un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinadas partes de equipos de cámaras de televisión originarias de Japón.

- Ocho delegaciones se opusieron a esta propuesta, al opinar que en el presente caso no se había probado que:

- Japón colocaba masivamente estas partes de cámara en el mercado comunitario,

- existía un daño para la industria comunitaria,

- existía una relación de causalidad entre las supuestas importaciones masivas y el supuesto daño y

- por último, el interés comunitario requería una intervención.

- Una delegación no se pronunció.

En su reunión del 8 de mayo de 2000, el Consejo confirmó la falta de mayoría simple a favor de la propuesta de la Comisión, por lo que no pudo adoptarse.