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PREGUNTA ESCRITA E-2829/98

de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión

(28 de septiembre de 1998)

Asunto: El problema informático del año 2000 y sus consecuencias en la UE

Es sabido que el 1 de enero de 2000 el mundo entero (incluida la Unión Europea) se encontrará ante una situación caótica. Gran parte de los archivos de la administración pública de los Estados miembros de la Unión Europea, del sector financiero, del mundo empresarial y de la administración comunitaria se perderá a causa del problema informático del año 2000, conocido como "Millenium bug", debido a la falta de adaptación de los actuales sistemas informáticos al cambio de siglo.

¿Puede indicar la Comisión:

1. qué medidas han tomado los servicios de la administración europea para evitar el peligro de colapso de dicha administración con motivo de este problema;

2. si los servicios de la Comisión han evaluado las consecuencias de esta situación para el sector financiero y empresarial de la Unión Europea, y a cuánto asciende el coste estimado;

3. en qué fase se encuentran los preparativos de los Estados miembros y de sus respectivas administraciones ante la llegada del siglo XXI, en relación con el citado problema;

4. si la Unión Europea piensa asumir una función de coordinación para prevenir las consecuencias perjudiciales que puede originar la desregulación de las administraciones de los Estados miembros;

5. a cuánto ascienden exactamente los importes que se han consignado o piensan consignarse en el presupuesto de la Unión Europea y de los Estados miembros para hacer frente a este problema;

6. si tiene intención de adoptar iniciativas para informar a las empresas de la magnitud de este problema, y ofrecer incentivos para que éstas puedan superar o eliminar el problema que afecta a sus archivos?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión

(12 de noviembre de 1998)

La Comisión remite a Su Señoría a su comunicación al Consejo, al Parlamento, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre el problema informático del efecto 2000(1).

Asimismo, la Comisión remite a Su Señoría a las respuestas que dio en su día a las preguntas escritas E-421/98(2), E-422/98 y E-425/98(3), y E-424/98(4) del Sr. Watson.

La Comisión está elaborando un informe para el Consejo Europeo de diciembre en Viena en el estado de buena disposición de los Estados miembros, que deberá clarificar la situación.

Finalmente, Su Señoría puede consultar el sitio que la Comisión ha creado en Internet sobre el asunto (http://www.ispo.cec.be/y2keuro).

(1) COM(98)102 final.

(2) DO C 310 de 9.10.1998, p. 61.

(3) DO C 304 de 2.10.1998, p. 98.

(4) DO C 310 de 9.10.1998, p. 62.
PREGUNTA ESCRITA E-2352/98

de Jaak Vandemeulebroucke (ARE) a la Comisión

(27 de julio de 1998)

Asunto: Seguridad de los tractores

A raíz del trágico accidente acaecido en el municipio de Kortrijk-Heule (Flandes Occidental), en el que un ciclista fue a parar debajo del remolque de un tractor, se ruega a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

Pese a que el tractor iba equipado, de acuerdo con la reglamentación, con diversos espejos retrovisores, el conductor del mismo no pudo ver al ciclista. Según los expertos, estos ángulos muertos pueden evitarse con la presencia de una segunda persona en el tractor o mediante determinadas adaptaciones de la construcción, y, más concretamente, mediante la instalación de una ventanilla en la parte baja de la puerta.

¿Podría indicar la Comisión si se ha investigado ya la viabilidad de que este tipo de adaptaciones sea obligatorio o si se han adoptado iniciativas al respecto?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión

(24 de septiembre de 1998)

Al igual que Su Señoría, la Comisión también lamenta el trágico accidente acaecido en el municipio de Courtrai/Heule, en el que un ciclista perdió la vida al ser atropellado por un tractor agrícola.

Su Señoría debe saber que la Comisión presta una gran atención a los problemas planteados por los distintos aspectos de la seguridad.

Para evitar este tipo de accidente, la Comisión consideró necesario modificar la Directiva 74/346/CEE(1) del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los retrovisores de los tractores agrícolas o forestales de ruedas. Las modificaciones se adoptaron el 8 de junio de 1998 (Directiva 98/40/CE(2)) y tienen en cuenta la diversidad de retrovisores utilizados y sus condiciones de regulación por parte del conductor. Estos cambios responden también al deseo expresado por Su Señoría de mejorar la visibilidad lateral de los tractores.

No obstante, la Comisión confirma que también son fundamentales las condiciones de utilización de estos dispositivos, ya que los retrovisores homologados e instalados con arreglo a las prescripciones comunitarias deben ser regulados correctamente por el conductor del vehículo para que el campo de visión abarque todas las situaciones y no presente ángulo muerto, teniendo en cuenta las herramientas con los que está equipado el tractor y la carga de su remolque.

(1) DO L 191 de 15.7.1974.

(2) DO L 171 de 17.6.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-2604/98

de Doeke Eisma (ELDR) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Directivas relativas al gas y a la electricidad y evaluación del impacto medioambiental

La Comisión ha presentado recientemente directivas sobre el gas y la electricidad con vistas a una mayor liberalización.

¿Por qué no se han sometido todavía estas directivas a una evaluación del impacto medioambiental y cuándo se va a aplicar esta medida?

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para garantizar que las exigencias de rendimiento en el sector energético, el principal sector que ha de cumplir los compromisos relativos al cambio climático, no se vean contrarrestadas por las acciones en favor de la liberalización?

Respuesta del Sr. Papoutsis En nombre de la Comisión

(26 de octubre de 1998)

En 1993(1), la Comisión se comprometió a someter las nuevas propuestas legislativas a una evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, dado que las propuestas de directivas sobre la liberalización de los mercados del gas natural y la electricidad datan del 21 de febrero de 1992, la Comisión no ha realizado la evaluación ambiental de dichas propuestas.

En general, la Comisión considera que los eventuales riesgos de la liberalización (por ej., un mayor consumo energético inducido por la bajada de los precios) quedarán compensados en gran medida por su impacto ambiental positivo, como la interconexión de sistemas favorecida por la creación de un mercado único liberalizado, lo que significa que puede reducirse la capacidad de reserva por países, con una pérdida menor de recursos naturales. Asimismo, la introducción de la competencia dará lugar a una mayor eficiencia energética, ya que la pérdida de recursos se traduce en precios más altos y, por consiguiente, en pérdida de clientes en una situación competitiva. Por otro lado, la nueva liberalización y competencia de precios favorecerá la utilización del gas natural, más barato y sobre todo más limpio, como combustible para la producción de electricidad.

Por último, se espera que la apertura del mercado y las medidas complementarias previstas para fomentar el acceso a la red de electricidad producida a partir de energías renovables respetuosas del medio ambiente proporcionen nuevas posibilidades para que éstas aumenten su parte del mercado.

(1) SEC(93)785 final.
PREGUNTA ESCRITA P-3106/98

de Marianne Thyssen (PPE) a la Comisión

(8 de octubre de 1998)

Asunto: Anulación del concurso con vistas al establecimiento de una lista de reserva de administradores en la Comisión

El 14 de septiembre de 1998, la Comisión organizaba en 38 centros distribuidos en la Unión Europea un concurso para administradores con vistas al establecimiento de una lista de reserva.

El 23 de septiembre de 1998, la Comisión decidió anular dicho concurso. Según parece, los motivos fueron unas quejas sobre conocimientos previos y falta de control durante el concurso.

¿Puede la Comisión comunicar cuáles fueron las causas precisas de la anulación del concurso?

¿Es ésta la primera vez que se anula un concurso o hay precedentes? En su caso, ¿por qué motivos se han anulado concursos en el pasado?

¿Puede la Comisión comunicar quién es responsable de las deficiencias que se han constatado en los diferentes centros de examen y qué sanciones se han tomado en su caso?

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para evitar estos problemas en el futuro? ¿Va a conceder la Comisión una indemnización a los candidatos de buena fe perjudicados? ¿Puede comunicar la Comisión cuántos candidatos participaron en el concurso? ¿Se va a organizar de nuevo este concurso? En caso afirmativo, ¿cuándo?
PREGUNTA ESCRITA E-2310/98

de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión

(22 de julio de 1998)

Asunto: Planes de gestión de residuos en Grecia

¿Puede decir la Comisión si Grecia se ha atenido a las instrucciones comunitarias en relación con los "Planes de gestión de residuos" y, de no ser así, de qué modo piensa actuar y cuáles podrían ser las sanciones pecuniarias posibles para dicho país por no haber traspuesto las normas correspondientes, toda vez que se trata de un problema directamente relacionado con la salud de los habitantes del país y con la protección eficaz del medio ambiente natural?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(22 de octubre de 1998)

La Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos(1), modificada por la Directiva 91/156/CEE(2), prevé la obligación para las autoridades nacionales de establecer planes de gestión de los residuos (artículo 7), precisando, en particular, que los planes deben referirse a los tipos, las cantidades y los orígenes de los residuos que deben valorizarse o eliminarse, las condiciones técnicas generales, las disposiciones especiales referidas a residuos específicos y los lugares e instalaciones convenientes para la eliminación.

La Directiva 91/9/CEE relativa a los residuos peligrosos(3) remite al artículo 7 de la Directiva 75/442/CEE y obliga asimismo a las autoridades a elaborar "por separado o en el marco de sus planes generales de gestión de residuos, planes para la gestión de los residuos peligrosos y harán públicos dichos planes".

La Directiva 94/62 relativa a los envases y residuos de envases(4) prevé que los Estados miembros incluyan en los planes de gestión de residuos, un capítulo específico sobre la gestión de los envases y sus residuos.

Dado que la Comisión no había recibido los programas de gestión de residuos conforme a las directivas mencionadas, la Comisión dirigió a las autoridades griegas una carta de emplazamiento. En respuesta a dicha carta, las autoridades griegas comunicaron un proyecto de ley por el que se transponía la Directiva 94/62/CE.

La Comisión, en ausencia de los programas establecidos conforme a las Directivas 75/442/CEE, 91/689/CEE y 94/62/CE, proseguirá el procedimiento de infracción contra Grecia.

Corresponde al Tribunal de Justicia establecer el incumplimiento por parte del Estado miembro. El Tratado CE prevé, en su artículo 171, la obligación de los Estados miembros de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal. Si el Estado miembro no adopta las medidas que implica la ejecución de la sentencia del Tribunal, la Comisión puede recurrir al Tribunal de Justicia y proponer el importe de la multa que el Estado miembro en cuestión deba pagar y que sólo el Tribunal de Justicia está capacitado para fijar mediante sentencia(5). El método de cálculo de la multa prevista en el artículo 171 del Tratado quedó establecido mediante Comunicación de la Comisión de 28 de febrero de 1997(6).

(1) DO L 194 de 25.7.1975.

(2) DO L 78 de 26.3.1991.

(3) DO L 377 de 31.12.1991.

(4) DO L 365 de 31.12.1994.

(5) DO C 242 de 21.8.1996.

(6) DO C 63 de 28.2.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-2898/98

de Ursula Schleicher (PPE) a la Comisión

(28 de septiembre de 1998)

Asunto: Acceso a la Universidades de Portugal

¿Es cierto que los alumnos que han terminado sus estudios en las Escuelas Europeas gozan de un acceso prioritario y considerablemente más fácil a las Universidades de Portugal, cuando uno de los progenitores trabaja en alguna de las instituciones de la Unión Europea, que esos privilegios no se conceden a los alumnos incluso portugueses de las Escuelas Europeas cuando ninguno de sus progenitores trabaja en una institución de la Unión Europea? ¿Qué opina la Comisión de esta situación teniendo en cuenta el principio de igualdad y el imperativo de la igualdad de oportunidades aplicables al reconocimiento general de los certificados de estudios de las Escuelas Europeas?

Respuesta de la Sra. Cresson en nombre de la Comisión

(30 de noviembre de 1998)

En la legislación portuguesa (Decreto-ley no 28 - B/96 de 4 de abril de 1996 y, más tarde, Decreto ministerial no 317 - A/96 de 29 de junio de 1996) se preveía un régimen especial de acceso a las universidades portuguesas para los miembros de las familias del cuerpo diplomático portugués y de otras funciones equivalentes. Los miembros de las familias de los funcionarios europeos se beneficiaban de dicho régimen especial porque se consideraba que las instituciones de la Comunidad eran organismos de funciones equivalentes.

No obstante, mediante una nueva ley publicada recientemente (Decreto-ley no 296 - A/98 de 25 de septiembre de 1998) se ha derogado la ley precedente y ya no se prevé un régimen especial de acceso a las universidades portuguesas, sino únicamente un régimen general.

La organización de los sistemas educativos, incluida la definición de las condiciones de acceso a las universidades, es competencia de los Estados miembros. En el estado actual del Derecho comunitario, la Comisión sólo interviene en el caso de que se establezcan condiciones de acceso diferentes para los estudiantes nacionales y para los de otros Estados miembros que desean realizar sus estudios superiores en un Estado miembro distinto al suyo.

La Comisión no dispone de ningún derecho de intervención por lo que se refiere al trato diferente que un Estado miembro dispense a sus propios nacionales.
PREGUNTA ESCRITA E-2879/98

de Panayotis Lambrias (PPE) a la Comisión

(28 de septiembre de 1998)

Asunto: Vulneración de la Directiva 91/674/CEE relativa a las empresas de seguros

Según las denuncias de partes afectadas, salidas a la luz pública y presentadas ante la Comisión, el Ministerio de Desarrollo griego no controla con el rigor debido la legislación griega y comunitaria pertinente, a resultas de lo cual permite a numerosas empresas de seguros tener déficits por importe de miles de millones de dracmas y proceder a cubrirlos, de modo irregular, durante el siguiente ejercicio de la gestión. La consecuencia de dicha práctica es el continuo incremento de los déficits, que entraña una situación precaria de los asegurados y la entrada ilícita de ciertas empresas en la Bolsa.

¿Considera la Comisión, conforma a los datos de que dispone, que en Grecia se aplica en la forma debida la Directiva 91/674/CEE(1)? En caso negativo, ¿piensa tomar las medidas necesarias?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(4 de diciembre de 1998)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.

(1) DO L 374 de 31.12.1991, p. 7.
PREGUNTA ESCRITA E-2275/98

de Glyn Ford (PSE) al Consejo

(28 de julio de 1998)

Asunto: Activos financieros de origen delictivo

¿Qué medidas tiene previsto tomar el Consejo para aprovechar la oportunidad única de identificar los activos financieros de origen delictivo en el momento de la conversión de las monedas nacionales al euro?

¿Hay planes para ampliar las competencias de Europol para crear una unidad financiera que permita una amplia coordinación y cooperación europea, especialmente en el caso de las sumas procedentes del tráfico de drogas?

Respuesta

(16 de noviembre de 1998)

Varios grupos del Consejo están estudiando en este momento las posibilidades existentes de localizar activos financieros de origen delictivo cuando se lleve a cabo el paso de las monedas nacionales al euro, basándose en sugerencias de los Estados miembros. La Presidencia austriaca se está preparando para emprender una iniciativa destinada a garantizar una respuesta adecuada a este problema mediante la adopción de disposiciones destinadas a proteger el euro.

Europol es competente en materia de actividades de blanqueo de capitales relacionados con el tráfico ilícito de droga (punto 1 del apartado 3 y apartado 2 del artículo 2 del Convenio Europol). Además, en el marco de la aplicación del Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada(1) (véase la recomendación no 26) ya se han puesto en marcha diversas iniciativas para hacer que las células financieras creadas en los Estados miembros cooperen y coordinen su acción de manera apropiada. El Consejo, que ha recibido recientemente el segundo informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales(2), tiene intención de adoptar las medidas necesarias para que este informe surta efecto, en particular para asegurarse de que se detectan los activos financieros de origen ilícito. Por otra parte, los órganos del Consejo están estudiando una propuesta destinada a ampliar el mandato de Europol a la lucha contra la falsificación de moneda y de medios de pago (con inclusión del euro).

(1) DO C 251 de 15.8.1997.

(2) DO L 166 de 28.6.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-3044/98

de José Apolinário (PSE) a la Comisión

(8 de octubre de 1998)

Asunto: Fondos de la UE para el sector del comercio

¿Puede indicar la Comisión qué porcentaje de los recursos de la UE se atribuye al comercio en los siguientes ámbitos, a ser posible, desglosado por Estado miembro:

1. línea B3-4000, "Relaciones industriales y diálogo social",

2. línea B3-4002, "Acciones de formación e información a favor de las organizaciones de trabajadores",

3. línea B3-4003, "Información, consulta y participación de los representantes de las empresas",

4. fondos administrados por la DG XXIII en los ámbitos del comercio y del apoyo a las pequeñas y medianas empresas,

5. Programa Leonardo?

¿Puede indicar, asimismo, la Comisión de qué forma y en qué medida se benefician los interlocutores sociales del sector de los créditos de la UE y facilitar datos relativos a su utilización en cada Estado miembro?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión

(4 de diciembre de 1998)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-2097/98 del Sr. Blak(1).

(1) Ver página 14.
PREGUNTA ESCRITA E-2968/98

de Riccardo Garosci (PPE) al Consejo

(19 de octubre de 1998)

Asunto: Restricciones a la libre circulación de ciudadanos de la UE como consecuencia de la aplicación de los acuerdos de Schengen en la frontera ítalo-francesa

He podido comprobar personalmente, y la prensa italiana lo ha confirmado en estos días, que los aduaneros franceses están controlando los vehículos que salen y entran a Francia en la frontera ítalo-francesa, cerca de Ventimiglia, es decir en territorio italiano, en violación del Acuerdo de Schengen que elimina los controles sobre las personas en las fronteras interiores (a que se refiere el art.7A del Tratado CE).

Con referencia a la intervención del Comisario Monti en el debate sobre el funcionamiento y el futuro de Schengen con ocasión del período parcial de sesiones del Parlamento Europeo de marzo de 1997 y al informe del Grupo de Alto Nivel sobre la libre circulación de las personas (marzo de 1997) en el que se alentaba una mayor cooperación entre Estados miembros, en particular en las regiones fronterizas, y se señalaba la necesidad de poner en marcha una verdadera política de formación de funcionarios, ¿puede informar el Consejo si piensa adoptar medidas para proteger los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea, especialmente en esta zona transfronteriza entre Liguria y Francia?

Respuesta

(7 de diciembre de 1998)

La pregunta que formula Su Señoría se relaciona con la aplicación del Acuerdo de Schengen y no es, por tanto, competencia del Consejo.
PREGUNTA ESCRITA E-2772/98

de Johanna Maij-Weggen (PPE) a la Comisión

(14 de septiembre de 1998)

Asunto: Situación de la Sra. Ben Salem, presa de conciencia en Túnez

Amnistía Internacional ha llamado la atención sobre la sentencia pronunciada en Túnez en contra de la Sra. Ben Salem, esposa de un refugiado reconocido en los Países Bajos, el Sr. M. Barek.

En noviembre de 1997, la Sra. Ben Salem fue condenada a 2 años y 3 meses de encarcelamiento por pertenecer a una organización que incita al odio y a la violencia y por un intento de salir ilegalmente de Túnez. El tribunal de apelación agravó incluso esta sentencia, que se ha convertido en una pena de 2 años y 9 meses.

Amnistía Internacional considera a la Sra. Ben Salem, que, según esta organización, nunca ha recurrido a la violencia y nunca ha incitado a la misma, como presa de conciencia.

¿Está dispuesta la Comisión a solicitar a las autoridades tunecinas información sobre la Sra. Ben Salem y a insistir en su puesta en libertad, a fin de que pueda reunirse con su esposo en los Países Bajos?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión

(15 de octubre de 1998)

La Comisión seguirá interesándose por las alegaciones sobre casos concretos de violaciones de los derechos humanos, entre éstos el que ha indicado Su Señoría, en los contactos diplomáticos habituales con las autoridades tunecinas. Estos contactos se realizan conjuntamente con los Estados miembros y se inscriben en el marco definido por la Declaración de Barcelona y el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad y Túnez.

Por último, es preciso insistir en el papel fundamental de los encuentros interparlamentarios entre el Parlamento y el Parlamento tunecino para la aproximación entre ambas partes sobre las cuestiones de democratización y promoción de los derechos humanos.
PREGUNTA ESCRITA E-1841/98

de James Moorhouse (ELDR) a la Comisión

(12 de junio de 1998)

Asunto: Presos libaneses en Siria

¿Qué medios de presión ha utilizado la Comisión en el transcurso de las negociaciones del acuerdo euromediterráneo de asociación con Siria para incitar al Gobierno sirio a liberar a los 250 libaneses que todavía permanecen detenidos en sus cárceles?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión

(9 de julio de 1998)

Las cuestiones relativas a los derechos humanos como la planteada por Su Señoría se tratan con las autoridades sirias en el marco de la política exterior y de seguridad común, a la cual la Comisión está plenamente asociada.

En efecto la Comisión, que está negociando un acuerdo euromediterráneo de asociación con el Gobierno sirio, no dispone actualmente de instrumentos jurídicos similares a los previstos por los acuerdos euromediterráneos de asociación que la autorice a intervenir sobre la cuestión del respeto de los derechos humanos.

En efecto, las relaciones económicas y comerciales entre la Comunidad y Siria aparecen reguladas por el acuerdo de cooperación celebrado en 1978 entre las dos Partes, al que substituirá el acuerdo euromediterráneo de asociación una vez celebrado y ratificado.

La Comisión prevé adoptar varias disposiciones dentro de las negociaciones de este acuerdo, sobre todo en el preámbulo que recordará el compromiso de las Partes con el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y la libertad económica como fundamento de la asociación bilateral. Por otra parte, tal como ocurre con los acuerdos celebrados con Túnez, Marruecos o Jordania, la Comisión señala que el acuerdo incluirá en su artículo 2 una cláusula que indicará que "el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración universal de los derechos humanos, inspirará las políticas internas e internacionales de la Comunidad y Siria y constituirá un elemento esencial del acuerdo".