PREGUNTA ESCRITA P-3331/01

de Giacomo Santini (PPE-DE) a la Comisión

(22 de noviembre de 2001)

Asunto: Residuos de productos fitosanitarios en las frutas y hortalizas

Algunos países europeos exigen, para la importación de frutas y hortalizas procedentes de otros países europeos, el respeto de los niveles máximos admitidos de residuos de productos fitosanitarios establecidos en su legislación nacional, aunque difieran de los establecidos en los países productores.

Este es el caso de los nuevos productos fitosanitarios que no están registrados en todos los países o que están sujetos a diferentes niveles máximos en función de los países.

Esta situación crea gran incertidumbre para los horticultores comunitarios, obligados a adaptar su producción destinada a la exportación a normas diferentes y contradictorias, en función del país de destino.

Por otra parte, la situación es contraria a las normas europeas sobre la libre circulación de bienes, basadas en el reconocimiento mutuo, es decir, en la obligación para el país importador de aceptar el producto si es conforme a la normativa vigente en el país de origen.

¿Podría indicar la Comisión en qué fase se encuentra la armonización de la normativa aplicable a los principios activos utilizados en los productos fitosanitarios y a los niveles máximos admitidos, prevista en principio no antes de 2012?

¿Qué hará la Comisión para evitar los graves problemas que, en 2002, en ausencia de una intervención por su parte, afectarán a los horticultores comunitarios quienes se verán obligados a plantearse la protección fitosanitaria de sus productos en un régimen de grave incertidumbre que no será favorable ni para los consumidores ni para el mercado?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(8 de enero de 2002)

La legislación comunitaria en materia de residuos de plaguicidas aborda de dos maneras diferentes el problema planteado por Su Señoría. Si los Estados miembros la aplican correctamente, no deberían surgir problemas comerciales.

Por lo que respecta a los plaguicidas a los que se aplican límites máximos de residuos (LMR) comunitarios, los Estados miembros deben transponer estos LMR en su legislación nacional. En los casos en los que no existen LMR, los Estados miembros deben establecer LMR nacionales para proteger a sus consumidores y para poder controlar los usos ilegales de los plaguicidas en su país.

En caso de que no exista ningún LMR comunitario y de que el Estado miembro de origen (el país productor) haya establecido un LMR nacional, y de que el producto enviado a otro Estado miembro (el país de destino) cumpla el LMR del Estado miembro de origen, se aplica un procedimiento especial si este producto es rechazado por el Estado miembro de destino aduciendo que no cumple su LMR nacional. Este procedimiento se denomina procedimiento de conciliación, y el Estado miembro de destino está obligado a notificar esta medida a todos los demás Estados miembros y a la Comisión en un plazo de 20 días tras la aplicación de la misma.

Los dos Estados miembros afectados deben ponerse inmediatamente en contacto entre sí para resolver el problema de forma bilateral, y deben comunicar la solución a la Comisión (en forma de un LMR). A continuación, la Comisión debe comunicar esta solución al Comité fitosanitario permanente a fin de aplicar el LMR en toda la Comunidad.

En el caso de nuevos plaguicidas para los que se estén creando nuevos usos, los Estados miembros pueden aprobar LMR nacionales provisionales (LMRP), y deben notificarlos a los demás Estados miembros y a la Comisión. Las autoridades responsables de la aplicación de la normativa pueden tener en cuenta estos LMRP, aunque la legislación comunitaria no indica explícitamente en ningún momento que los Estados miembros deban tener en cuenta los LMRP de otros países.

En la actualidad, la Comisión está preparando una consolidación y una revisión de las Directivas marco en materia de residuos de plaguicidas, y modificará las disposiciones relativas al procedimiento de conciliación de manera que los Estados miembros tengan menos problemas para aplicarlas; en particular, se transferirá al Estado miembro de origen la iniciativa de poner en marcha el procedimiento y notificar a la Comisión.

La Comisión está armonizando progresivamente todos los LMR nacionales y espera que este proceso haya finalizado antes de 2008, momento en el que ya no se necesitará ningún procedimiento de conciliación.