PREGUNTA ESCRITA E-3008/97 de Gerhard Hager (NI) a la Comisión (1 de octubre de 1997)

Asunto: Rango jurídico de protocolos y declaraciones

El derecho de la Unión Europea se divide en «derecho primario», que se establece como derecho internacional entre los Estados miembros y está sometido en cada uno de ellos a un proceso de ratificación, y «derecho secundario», que establecen los órganos como emanación del carácter supranacional de las Comunidades y afecta directamente a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.

El desarrollo de la última fase de la integración ha generado, a la hora de revisar los Tratados constitutivos, la necesidad cada vez más frecuente de, además de modificar y ampliar dichos Tratados (derecho primario), introducir protocolos y declaraciones con objeto de establecer disposiciones de excepción. Sobre el rango jurídico de dichos protocolos y declaraciones se plantean las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué rango jurídico tienen los protocolos y cuáles son los criterios que presiden su clasificación?

2. ¿Qué rango tiene, en contraposición a lo anterior, una «declaración adoptada por la Conferencia» y cuáles son los criterios que presiden su clasificación?

3. ¿Qué rango jurídico atribuye la Comisión a una «declaración registrada» en el acta final de un Tratado de derecho primario?

4. En el caso de una declaración unilateral de un Estado miembro, ¿qué efecto tiene ésta?

5. ¿En qué medida está obligado el Tribunal de Justicia a tener en cuenta los protocolos y declaraciones del derecho primario en su práctica judicial?

6. Concretamente, ¿qué significado jurídico tiene la «Declaración de Austria y Luxemburgo sobre las entidades de crédito» en el Tratado de Amsterdam?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (1 de diciembre de 1997)

Del artículo 239 del Tratado CE y de las disposiciones equivalentes de los Tratados CECA y EURATOM se desprende que los protocolos adjuntos a los Tratados forman parte integrante de los mismos. El valor jurídico de los protocolos es pues idéntico al de los Tratados. A partir de 1956, el Tribunal de Justicia concluyó que las disposiciones contenidas en todos estos textos (Tratados, Anexos y protocolos) tienen incluso fuerza imperativa «..., no se trataría de oponerlos entre sí, sino de contemplarlos simultáneamente para hacer una aplicación adecuada» (sentencia Agrupación de las industrias luxemburguesas c / Alta Autoridad - asuntos 7 y 9/54, Rec. 1956-II-p. 91).

A diferencia de los protocolos, las declaraciones no forman parte integrante del Tratado CE. El Tribunal de Justicia aún no se ha manifestado sobre el valor jurídico de las declaraciones hechas en la firma de un Tratado. Conviene, no obstante, observar que el Tribunal tiene en cuenta las declaraciones recogidas en el acta del Consejo con motivo de la adopción de un acto de derecho derivado, en la medida en que dan fe de una intención común de los Estados miembros y que su contenido está plasmado en el Derecho comunitario aplicable. Es decir, una declaración no puede ni añadir nada a los textos ni contradecir el espíritu o la letra (véase sentencia Antonissen C-292/89, Rec. 1991 p I-773, apartados 17 y 18, con respecto a una declaración recogida en el acta del Consejo con ocasión de la adopción del Reglamento no 1612/68). En cambio, cuando una declaración se tendrá en cuenta cuando permita aclarar el alcance de un texto, (véase sentencia Grimaldi C-322/88, Rec. 1989, p I-4407; sentencia Egle, C-310/90, Rec. 1992, p I-177).

Gracias a la declaración sobre las entidades de crédito en Alemania, la Conferencia Intergubernamental, tuvo conocimiento de la opinión de la Comisión, según la cual el Derecho comunitario en vigor permite tomar en consideración los servicios de interés general garantizados por dichos establecimientos. Por otra parte, invitó a la Comisión a examinar si existen casos similares en otros Estados miembros y, cuando proceda, a aplicarles las mismas normas comunitarias. La declaración unilateral de Austria y Luxemburgo, de la que la Conferencia Intergubernamental tomó nota, se inscribe en la invitación antes mencionada, que corresponde a la Comisión aplicar.