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PREGUNTA ESCRITA P-1248/02

de W.G. van Velzen (PPE-DE) a la Comisión

(24 de abril de 2002)

Asunto: Ayudas estatales

¿Es cierto que la Comisión Europea ha decidido prolongar el actual marco de ayudas estatales en el ámbito de I+D por un período suplementario de tres años y medio?

¿Puede explicar la Comisión por qué va a continuar con el antiguo marco pese a saber que está anticuado y a que en Barcelona se ha decidido fomentar el aumento del gasto en I+D en la Unión hasta alcanzar como mínimo el 3 % del PIB para 2010, y teniendo en cuenta además que dos tercios de estas nuevas inversiones tienen que proceder del sector privado?

¿Puede la Comisión promover la adaptación del antiguo marco de manera que sea compatible con las nuevas ambiciones expuestas por el Consejo de la UE en Barcelona de que se dediquen mayores recursos al ámbito de I+D? En caso afirmativo, ¿cuáles son los cambios necesarios con respecto al marco existente?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(28 de mayo de 2002)

Sí. El 24 de abril de 2002 la Comisión decidió prolongar el marco existente de ayuda estatal para investigación y desarrollo(1) sin ninguna modificación hasta finales del 2005. Con este fin se publicó una comunicación en el Diario Oficial(2).

Aunque es plenamente consciente de las críticas expresadas contra el marco, la Comisión cree que, en general, ha funcionado satisfactoriamente y que las intensidades de ayuda permitidas por el marco han demostrado ser favorables para la investigación y el desarrollo. Además, el marco es también adecuado para apoyar el objetivo adoptado por el Consejo Europeo de Barcelona (15 y 16 de marzo de 2002) de aumentar la inversión en investigación y desarrollo en Europa hasta un 3 % del PIB hasta el 2010. Este objetivo debería en primer lugar ser logrado por los esfuerzos del sector privado. La ayuda estatal para investigación y desarrollo es solamente un instrumento entre otros para lograr este objetivo.

La Comisión, por lo tanto, cree que el marco actual apoya la realización del objetivo de Barcelona y que ningún cambio es necesario a este respecto.

(1) DO C 45 de 17.2.1996, tal como fue modificado por la comunicación de la Comisión que modifica el marco comunitario para ayudas estatales de investigación y desarrollo, DO C 48 de 13.2.1998.

(2) DO C 111 de 8.5.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-1464/02

de Elizabeth Lynne (ELDR) al Consejo

(27 de mayo de 2002)

Asunto: Juicio a observadores de aviones en Grecia

El 8 de noviembre de 2001, doce ciudadanos británicos y dos neerlandeses fueron detenidos en Grecia, acusados de tomar fotografías en el interior de una base aérea tras una exhibición. Estuvieron presos en Kalamata sin que se presentaran cargos y sin juicio durante casi seis semanas.

Posteriormente fueron liberados bajo fianza, y se les juzgó por espionaje. Algunos de ellos fueron condenados a 3 años de prisión, y otros a un año de sentencia suspendida.

Sin embargo, durante el juicio se produjeron una serie de irregularidades debidas al comportamiento de los militares griegos.

Las alegaciones de la acusación se basaban en un documento anónimo procedente de los servicios de seguridad, que fue defendido ante el tribunal por un oficial de grado medio de las Fuerzas Aéreas griegas. Sin embargo, éste se negó a contestar a todos los puntos pertinentes en el contrainterrogatorio de la defensa, alegando que no sabía o que se trataba de materias de seguridad nacional. Además, todas las pruebas orales y escritas facilitadas por tres peritos fueron rechazadas y se aceptó el documento anónimo.

¿Está de acuerdo el Consejo en que los oficiales griegos de seguridad han actuado de forma excesiva al seguir adelante con este caso sobre la base de un documento anónimo?

Aunque, de acuerdo con los principios de la democracia y del Estado de derecho, el Gobierno griego no puede intervenir en un asunto judicial, ¿no considera preocupante el Consejo que, a la luz de los mismos principios, el Gobierno de un Estado miembro no pueda controlar las acciones de sus propios militares y oficiales de seguridad?

¿Tiene intención el Consejo de pedir información al respecto al Estado miembro en cuestión?

¿No considera el Consejo que es necesario un programa adecuado con un objetivo definido para garantizar que todos los Estados miembros de la UE eleven los niveles de sus sistemas judiciales a lo requerido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que este programa debe comenzar inmediatamente?

Respuesta

(3 de octubre de 2002)

El Consejo informa a Su Señoría de que cada Estado miembro es responsable del respeto y la protección de los derechos individuales fundamentales, incluido el derecho de toda persona a un juicio justo.

La responsabilidad de la Unión en la materia, enunciada en el apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, se refiere a las situaciones en las que la Unión actúa en el ejercicio de sus competencias.

No es competencia del Consejo de la Unión iniciar investigaciones en relación con un Estado miembro, del tipo que sugiere Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-1965/02

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(8 de julio de 2002)

Asunto: Acuerdo en materia de pesca con las Islas Comoras y el celacanto

El Parlamento Europeo pregunta si, en virtud de dicho Acuerdo, la Comisión asignará recursos al Gobierno de las Islas Comoras y cooperará con dicho Gobierno para buscar formas de protección de esta especie única y de su hábitat.

¿Qué medidas ha tomado la Comisión a este respecto desde la entrada en vigor del mencionado Acuerdo?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(2 de agosto de 2002)

Actualmente no está en marcha ningún procedimiento de aprobación del Acuerdo de pesca entre la Comunidad y las Comoras. El Protocolo actual, que cubre el período comprendido entre el 28 de febrero de 2001 y el 27 de febrero de 2004, se aprobó mediante el Reglamento (CE) no 1439/2001 del Consejo, de 10 de julio de 2001, sobre la celebración del Protocolo por el que se fijan para el período comprendido entre el 28 de febrero de 2001 y el 27 de febrero de 2004 las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República Federal Islámica de las Comoras relativo a la pesca en aguas de las Comoras(1).

El Protocolo del Acuerdo de pesca vigente establece que todo celacanto (Latimeria Chalumnae) accidentalmente capturado por un buque de la Comunidad autorizado para faenar en aguas de las Comoras en virtud del acuerdo de pesca es propiedad de dicha República y debe ser inmediatamente entregado en el mejor estado posible y de forma gratuita a las autoridades portuarias de Moroni o Mutsamudu o de Mohéli.

En cualquier caso, es preciso subrayar que, en general, las actividades pesqueras de los buques atuneros de la Comunidad no interfieren con el celacanto o su hábitat natural.

(1) DO L 193 de 17.7.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-1586/02

de Mario Borghezio (NI) a la Comisión

(4 de junio de 2002)

Asunto: Presencia del crucifijo en todas las oficinas públicas de las instituciones europeas

El crucifijo, como emblema de valor universal de la civilización y de la cultura cristianas, representa tanto un elemento fundamental y constitutivo del patrimonio histórico-cultural como un elemento de identidad de la civilización europea.

El carácter laico de las instituciones públicas europeas no debe impedir la presencia de un símbolo que representa, para millones de ciudadanos, el conjunto de valores y de principios en que se basa nuestra civilización, aquello por lo que un gran filósofo liberal como Benedetto Croce afirmó que no podemos no llamarnos cristianos. Obviamente, respetar a las minorías no significa renunciar, deslegitimar o ignorar los símbolos y los valores que forman parte integrante de la historia, de la cultura y de la tradición de nuestros pueblos.

¿Piensa la Comisión proponer la colocación del crucifijo en todas las oficinas públicas de las instituciones europeas, en alto y a la vista de todos?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(18 de julio de 2002)

Aunque la Comisión comparte con Su Señoría la inclinación por recordar los valores tradicionales tan profundamente arraigados en Europa, no llegaría al extremo de sugerir a las demas instituciones europeas los símbolos concretos que deben utilizar en sus edificios. La Comisión no considera ni necesario ni deseable promover la exposición del crucifijo. No lo considera necesario, ya que los valores que fundamentan la integración europea son evidentes de todos modos; y tampoco lo considera deseable porque un planteamiento selectivo sobre la elección de un símbolo no sería coherente con el principio de libertad recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales. Por estas razones, la Comisión no propondrá que el crucifijo sea expuesto en un lugar destacado en las oficinas públicas de las instituciones europeas.
PREGUNTA ESCRITA P-2104/02

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(10 de julio de 2002)

Asunto: Violación del Estado de Derecho y de la democracia en Italia y artículos 6 y 7 del TUE

Considerando que:

- En virtud del apartado 1 del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, la Comisión puede proponer al Consejo que constate la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de principios contemplados en el apartado 1 del artículo 6, según el cual la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros,

- La Constitución italiana es taxativa en cuanto al número de integrantes de:

a) el Tribunal Constitucional (artículo 135, Título VI, Sección I) y que, en caso de vacancia por cualquier motivo de un cargo de juez constitucional la sustitución debe tener lugar a más tardar un mes después de producida la vacante (apartado 2 del artículo 5 de la Ley Constitucional no 2 de 22 de noviembre de 1967),

b) la Cámara de Diputados (artículo 56, Título I, Sección I) y que la legislación electoral (TU 361/1957, modificada por la Ley 277/1993) y el reglamento de aplicación correspondiente (DPR no 14 de 15 de enero de 1994) contemplan todas las eventualidades para permitir la asignación de los escaños y los mecanismos de sustitución de los escaños que queden vacantes durante la legislatura;

- Visto que desde el 21 de noviembre de 2000 hasta el 24 de abril de 2002 el Tribunal Constitucional no contó con el pleno constitucional de 15 miembros y fue convocado y deliberó con 13 miembros,

- Visto que desde el 30 de mayo de 2001 la Cámara de Diputados no cuenta con el pleno constitucional de 630 miembros y ha sido convocada y delibera con 618 miembros;

La Comisión:

- ¿Ha tenido en cuenta estos elementos para decidir si adoptará una iniciativa en virtud del artículo 7 del TUE y, en caso afirmativo, que decisión ha adoptado?

- ¿Ha pensado o piensa dotarse de los instrumentos necesarios para controlar el respeto de los principios a que se refiere el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea?

Respuesta del Presidente Prodi en nombre de la Comisión

(8 de agosto de 2002)

La Comisión destaca que los problemas a los que Su Señoría se refiere sobre la composición de dos Instituciones italianas, el Tribunal Constitucional y la Cámara de Diputados, encontraron una solución. Como lo constata Su Señoría en su cuestión, el Tribunal constitucional, desde el 24 de abril de 2002, está dotado con un número de jueces conforme a las exigencias constitucionales; por lo que se refiere a la Cámara de Diputados, un acuerdo se alcanzó el 16 de julio.

La Comisión no ve ninguna razón para proceder a un examen desde el punto de vista del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.
PREGUNTA ESCRITA E-2174/02

de Ian Hudghton (Verts/ALE) a la Comisión

(18 de julio de 2002)

Asunto: Compensaciones agromonetarias

¿Puede la Comisión indicar el importe de las compensaciones agromonetarias solicitadas en ayuda de los agricultores de superficies arables por cada Estado miembro durante la última ronda de solicitudes de fecha 31 de octubre de 2001, y comparar dicho importe con el importe máximo que se hubiera permitido solicitar a cada Estado miembro?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(16 de septiembre de 2002)

Teniendo en cuenta la evolución de los tipos de cambio aplicables a las ayudas a los cultivos herbáceos por hectárea en 2001, la aplicación de las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 2799/98 del Consejo, de 15 de diciembre de 1998, por el que se establece el régimen agromonetario del euro(1), permitió autorizar al Reino Unido para pagar ayudas compensatorias a los productores de cultivos herbáceos. El importe máximo del primer tramo de la ayuda se fijó en un total de 52,99 millones de euros en el Reglamento (CE) no 1966/2001 de la Comisión, de 8 de octubre de 2001, relativo a la fijación del importe máximo de la ayuda compensatoria resultante del tipo de cambio de la libra esterlina aplicable el 1 de julio de 2001(2). El Reino Unido no ha solicitado ningún pago en este concepto dentro de los plazos señalados en el artículo 11 del Reglamento (CE) no 2808/98 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen agromonetario del euro en el sector agrario(3). En el caso de Suecia y Dinamarca, la evolución de los tipos de cambio no constituyó base para ayuda compensatoria alguna.

(1) DO L 349 de 24.12.1998.

(2) DO L 268 de 9.10.2001.

(3) DO L 349 de 24.12.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-1295/02

de Mario Mauro (PPE-DE) al Consejo

(7 de mayo de 2002)

Asunto: Asedio de la Basílica de la Natividad de Belén

El pasado 2 de abril unos 230 palestinos armados, entre ellos 30 milicianos, penetraron en la Basílica de la Natividad de Belén para ponerse a cubierto de las tropas israelíes destacadas en los territorios. Decenas de civiles palestinos, además de monjas y sacerdotes católicos, grecoortodoxos y armenios, se encuentran actualmente en el interior del complejo.

Las personas encerradas en la Natividad se han quejado en varias ocasiones de las condiciones sanitarias que reinan en la actualidad en el edificio. Dos cadáveres de palestinos alcanzados por francotiradores de Tsahal permanecieron en el interior del complejo durante más de una semana.

¿De qué modo tiene pensado actuar el Consejo para afrontar el gravísimo problema del asedio de la Basílica de la Natividad de Belén por parte de fuerzas militares?

¿No considera el Consejo que sería conveniente facilitar un canal o un salvoconducto para hacer llegar ayuda de primera necesidad (como alimentos y medicinas) a los asediados con la mediación de garantes internacionales super partes?

Respuesta

(30 de septiembre de 2002)

Como Su Señoría seguramente sabrá, en el tiempo transcurrido desde que formulara su pregunta el asedio ha concluido. La Unión Europea, en particular el Alto Representante, Sr. Solana, desempeñó un papel fundamental en el aplacamiento de la crisis. Uno de los mayores retos fue hallar lugares a los que pudiera conducirse a los 13 palestinos que se habían refugiado en la iglesia. El 21 de mayo de 2002 se adoptó una Posición Común del Consejo relativa a la acogida temporal por los Estados miembros de la Unión Europea de determinados palestinos, tras lo cual doce integrantes del grupo de palestinos fueron acogidos temporalmente por algunos Estados miembros por motivos humanitarios. El último integrante del grupo fue acogido por un tercer país.
PREGUNTA ESCRITA E-1422/02

de Eluned Morgan (PSE) a la Comisión

(23 de mayo de 2002)

Asunto: Proyectos financiados por la UE en Israel

El texto que aparece a continuación figuraba en una carta dirigida al periódico británico The Guardian de fecha 6 de abril de 2002. ¿Está de acuerdo la Comisión con los aspectos tratados?

Muchas instituciones culturales y de investigación nacionales y europeas, incluidas, en particular, aquellas financiadas por la UE y la Fundación Europea para la Ciencia (FEC), consideran a Israel como un Estado europeo en lo que se refiere a la concesión de subvenciones y contratos. ¿No sería hora, por lo tanto, de imponer una moratoria a futuras ayudas, tanto a nivel nacional como europeo, a no ser y hasta que Israel cumpla las resoluciones de las Naciones Unidas e inicie seriamente negociaciones de paz con los palestinos conforme a las orientaciones propuestas en muchos planes de paz, incluido el más reciente de ellos patrocinado por los árabes sauditas y por la Liga Árabe?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(14 de junio de 2002)

La Comisión desea informar a Su Señoría de que Israel no forma parte de los beneficiarios de la ayuda bilateral de la Comunidad. En efecto, teniendo en cuenta el elevado nivel del producto interior bruto (PIB) per cápita, Israel no puede acogerse a los programas bilaterales de cooperación financiados por la Comunidad (Programa MEDA). Algunas organizaciones de la sociedad civil israelí participan, no obstante, en algunos programas regionales con otros socios de la región.

Israel participa en el V Programa Marco de cooperación científica y técnica en calidad de contratante asociado, pero su contribución al presupuesto del mismo se hace en proporción con su producto nacional bruto (PNB).

Por lo que se refiere a una posible moratoria, la Comisión, a pesar de estar extremadamente preocupada por la situación que se vive actualmente sobre el terreno y, en particular, por las violaciones de los derechos humanos, considera importante mantener relaciones con Israel. Una suspensión de las mismas no contribuiría, en este momento, a un mayor grado de sensibilidad de las autoridades israelíes ante las preocupaciones de la Unión. Parece preferible seguir utilizando todos los mecanismos previstos en el Acuerdo de asociación para hacer valer el punto de vista de la Unión ante las autoridades israelíes, en todos los niveles de actuación.
PREGUNTA ESCRITA E-0447/02

de Michael Cashman (PSE) a la Comisión

(21 de febrero de 2002)

Asunto: Disparidad de precios en el sector turístico

Actualmente, algunas agencias de viajes que ofrecen la posibilidad de hacer reservas en otros Estados miembros, como por ejemplo Centerparcs, sólo permiten que los clientes las realicen en el país en el que se encuentran. Debido a esta restricción, habrá clientes que se verán obligados a pagar un precio más elevado por sus vacaciones. ¿Podría indicar la Comisión si esto contraviene la política de competencia?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(5 de abril de 2002)

Su Señoría pregunta a la Comisión si el hecho de que algunas empresas del sector turístico, tales como Center Parcs, impidan a sus clientes reservar sus vacaciones a partir de un Estado miembro distinto de aquél en el que residen constituye una infracción a las normas de competencia, ya que esta práctica implicaría que los consumidores no podrían optar por sacar sus reservas en el Estado miembro con las condiciones más favorables.

En el caso que nos ocupa, la normativa de competencia, a saber, el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, sólo puede aplicarse si la restricción mencionada se plasma o figura en un acuerdo de distribución de los servicios considerados, como, por ejemplo, los celebrados entre estas empresas y las agencias de viajes.

A continuación deberían analizarse las razones que han llevado a estas empresas a establecer la restricción mencionada, y si ésta podría estar justificada desde el punto de vista económico (diferencias en el transporte, tipos de IVA o de imposición diferentes, etc.).

Sólo después de un examen detallado, podría determinarse si la restricción mencionada es compatible o no con el apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE.

Si estas empresas prestasen directamente sus servicios al consumidor sin pasar por las agencias de viaje u otros intermediarios, este tipo de práctica no sería contraria a las normas de competencia, salvo en algunos casos en los que la realizase una empresa en posición dominante.

La Dirección General de Competencia va a proceder a una investigación para verificar estos diferentes elementos.
PREGUNTA ESCRITA E-1123/02

de Herbert Bösch (PSE) a la Comisión

(18 de abril de 2002)

Asunto: Suspensión de la obligación de viñeta en la S 16

Según un artículo aparecido el 21 de marzo de 2002 en la publicación regional Heimat Bregenz del diario austriaco Vorarlberger Nachrichten, a partir del 1 de abril de 2002 queda suspendida la obligación de viñeta en la S 16 entre las poblaciones de Bludenz y Dalaas.

La empresa privada (ASFINAG) ha justificado dicha suspensión basándose en una decisión de la UE en la que se constata que se trata de un tramo de dos carriles sin valla de seguridad en el medio y que, por lo tanto, no pertenece a la red principal de carreteras.

¿Puede confirmar la Comisión si existe una decisión comunitaria en la que se prevea esta normativa?

De conformidad con el Derecho comunitario, ¿qué condiciones previas deben haberse dado para que se pueda aplicar la obligación de viñeta en la S 16?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(28 de mayo de 2002)

La aplicación de tasas de utilización (viñeta) a los vehículos pesados de transporte de mercancías está sujeta a las disposiciones de la Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras(1). El apartado 2 del artículo 7 establece que, salvo en determinadas excepciones, por regla general pueden exigirse peajes y tasas sólo por la utilización de autopistas u otras carreteras de varios carriles con características similares a las de las autopistas.

A efectos de dicha Directiva, se entiende por autopista una carretera especialmente concebida y construida para la circulación de vehículos de motor a la que no tengan acceso las propiedades colindantes y que:

i) conste de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no destinada a la circulación o, en casos excepcionales, por otros medios;

ii) no cruce a nivel ninguna otra carretera, vía de ferrocarril o de tranvía ni senda de circulación de peatones;

iii) esté señalizada específicamente como autopista.

(1) DO L 187 de 20.7.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-1607/02

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(5 de junio de 2002)

Asunto: Cachemira

¿Tiene conocimiento la Comisión de eventuales reclamaciones presentadas formalmente por el Gobierno indio relativas a un centenar de militares indios hechos prisioneros durante el conflicto de 1971 que aún se encuentran detenidos por las autoridades pakistaníes?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(21 de junio de 2002)

La Comisión ha investigado la cuestión planteada por Su Señoría y se complace en enviar la información oficial publicada por el Gobierno de la India en su sitio web directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento. Las autoridades hindúes han confirmado que la respuesta proporcionada por el Sr. Omar Abdullah, Ministro de Asuntos Exteriores, sigue ajustándose a las circunstancias actuales.

Esperamos que dicha documentación responda a la pregunta planteada por Su Señoría; en caso de que no fuera así, la Comisión estaría dispuesta a proseguir su investigación.