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PREGUNTA ESCRITA P-2817/02

de Bill Newton Dunn (ELDR) a la Comisión

(30 de septiembre de 2002)

Asunto: Lemon curd y mince-meat

Un periódico británico, el Sunday Telegraph, conocido por su propaganda panfletaria y sesgada contra la Unión Europea, informó en su edición del 21 de septiembre de que, en virtud de la nueva versión de la Directiva de la UE sobre las confituras, jaleas y mermeladas de frutas y la crema de castañas, en el etiquetado, en el Reino Unido, no podrá figurar ya la indicación lemon curd (jalea o cuajada de limón) o mince-meat (picadillo)?

¿Es esto cierto?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(18 de octubre de 2002)

La jalea de limón (lemon curd) es un producto derivado, principalmente, de una emulsión de grasas comestibles u otros aceites (o ambos), azúcar, huevos enteros o yemas de huevo (o ambos), y cualquier mezcla de puré de limón, pulpa de limón o limón.

El picadillo (mincemeat) es un producto compuesto principalmente por un edulcorante, uvas, cortezas de agrios, azúcar o cualquier otro hidrato de carbono, sebo o grasa equivalente y vinagre o ácido acético con o sin otros ingredientes.

La Directiva 2001/113/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a las confituras, jaleas y marmalades de frutas, así como a la crema de castañas edulcorada, destinadas a la alimentación humana(1), define los términos siguientes: confitura, confitura extra, jalea, jalea extra, marmalade, marmalade de jalea y crema de castañas edulcorada. La composición de los productos que lleven estas denominaciones debe ajustarse a las definiciones incluidas en el anexo I de la Directiva 2001/113/CE del Consejo.

Dicha Directiva no prohíbe la utilización de las denominaciones mincemeat o lemon curd en el caso de los productos descritos al principio de la presente respuesta.

(1) DO L 10 de 12.1.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-3501/02

de Markus Ferber (PPE-DE) a la Comisión

(10 de diciembre de 2002)

Asunto: Aplicación de la Directiva 89/130/CEE, de 13 de febrero de 1989, relativa a la armonización del establecimiento del producto nacional bruto a precios de mercado

1. ¿Cuáles son los Estados miembros que han transpuesto la Directiva 89/130/CEE(1), de 13 de febrero de 1989, relativa a la armonización del establecimiento del producto nacional bruto a precios de mercado?

2. ¿Por qué no se han publicado en Celex las medidas nacionales de ejecución?

3. ¿Cómo se ha transpuesto la Directiva en los distintos Estados miembros?

4. ¿Cuál es el actual nivel de aplicación?

(1) DO L 49 de 21.2.1989, p. 26.

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(20 de enero de 2003)

La Directiva 89/130/CEE, Euratom del Consejo, de 13 de febrero de 1989, relativa a la armonización del establecimiento del producto nacional bruto a precios de mercado (PNBpm), también llamada Directiva PNB, se comunicó a los Estados miembros el 16 de febrero de 1989, marcándoles los siguientes objetivos:

- establecer los PNBpm con arreglo al sistema europeo de cuentas de 1979 (SEC 79) y comunicar a la Comisión, antes del 1 de octubre de cada año, las cifras relativas al PNBpm desglosadas, de modo que se puedan realizar los cálculos presupuestarios comunitarios;

- proporcionar a la Comisión un inventario de los métodos estadísticos y las fuentes utilizadas para calcular el PNBpm desglosado, de modo que la Comisión pueda comprobar estos cálculos;

- participar en la comprobación del PNBpm y en las tareas para mejorarlo en el seno del Comité para el PNB.

En la práctica, todos los Estados miembros cumplieron los objetivos de la Directiva PNB al haber comunicado todos los años (desde octubre de 1989 o a partir de su adhesión) los datos relativos a sus PNBpm conforme al SEC 79, entregando el inventario solicitado y participando en los trabajos del Comité para el PNB. Los Estados miembros han aplicado directamente la Directiva 89/130/CEE del Consejo, por lo que no ha sido necesario transponerla a los respectivos Derechos nacionales para que se cumplan las obligaciones, exceptuando a Suecia. Por tanto, ninguno de los demás Estados miembros presentó medidas de aplicación nacionales a la Comisión.

A partir del ejercicio presupuestario de 2002 se aplicará un nuevo sistema europeo de cuentas (SEC 95) para realizar los cálculos presupuestarios. Las obligaciones de los Estados miembros bajo este nuevo sistema se definen en una propuesta de Reglamento del Consejo que se está debatiendo en estos momentos en dicha institución.

Se confirma que, cuando resulta necesario, las medidas de aplicación nacionales existentes y previamente comunicadas figuran en la base de datos CELEX.
PREGUNTA ESCRITA E-3194/02

de Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) a la Comisión

(8 de noviembre de 2002)

Asunto: Mercado exterior para la castaña malagueña

La cooperativa andaluza de segundo grado Valle del Genal, ubicada en el municipio de Pujerra (provincia de Málaga), iniciará una nueva fase de expansión abriendo mercado directamente en países europeos y en Australia y Japón, así como en Estados Unidos de América.

Hasta ahora, la mayoría de la producción se dedicaba al mercado nacional y las ventas al exterior se realizaban a través de distribuidores. Pero ahora pretenden efectuar la referida comercialización, al exterior de forma directa, sin intermediarios, afrontando igualmente el proceso de adaptación del etiquetado según la normativa internacional.

Ante la nueva etapa que afrontan los cultivadores malagueños de castaña de referencia, ¿puede indicar la Comisión qué ayudas comunitarias podrían solicitar para abordar la comercialización de la castaña malagueña al exterior de forma directa, complementado su expansión externa con los modelos del etiquetado según la normativa internacional?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(13 de diciembre de 2002)

El Reglamento (CE) no 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados (OCM) en el sector de las frutas y hortalizas(1), establece una serie de instrumentos de mercado para apoyar a los productores de frutas y hortalizas, incluidos los productores de castañas.

En particular, los productores que son miembros de organizaciones de productores reconocidas de conformidad con dicho Reglamento pueden optar a la ayuda comunitaria a través de los fondos operativos. Estos fondos, cofinanciados por los propios productores, se utilizan para financiar los esfuerzos comunes de producción y comercialización, lo que puede incluir la comercialización directa de productos, tanto a nivel nacional como en el exterior.

La cooperativa Valle del Genal puede dirigirse a los servicios provinciales o regionales de agricultura en donde le facilitarán sin duda toda la información necesaria para beneficiarse de estos instrumentos comunitarios.

(1) DO L 297 de 21.11.1996.
PREGUNTA ESCRITA E-3120/02

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(30 de octubre de 2002)

Asunto: Proyecto de cierre de Federal-Mogul

¿Tiene constancia la Comisión del proyecto de cierre de la planta de Federal-Mogul en Bridgewater, el Reino Unido, con una pérdida de casi cuatrocientos puestos de trabajo? ¿Puede confirmar la Comisión si las operaciones de Federal-Mogul en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y Bélgica han recibido ayudas en los últimos cinco años para crear puestos de trabajo? Si es así, en vista de que los trabajos están siendo transferidos de Bridgewater a Polonia y a Turquía, ¿no cree la Comisión que se deberían devolver los fondos?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 2002)

A raíz de la petición de información formulada por Su Señoría en relación con el proyecto de cierre de la planta de Federal Mogul en Bridgewater, la Comisión se puso en contacto con las autoridades competentes de la región South West England, las cuales han confirmado que en los últimos cinco años Federal Mogul no ha recibido ningún tipo de ayuda del Fondo Social Europeo (FSE).

En lo que respecta a las plantas de Federal Mogul en los Estados miembros citados por Su Señoría, la Comisión desea recordarle que la Comisión tiene la plena responsabilidad de velar por que los fondos comunitarios se utilicen con arreglo a los programas de los Fondos Estructurales adoptados, mientras que la autoridad responsable de la gestión del FSE, en los distintos Estados miembros, decide en lo que respecta a las solicitudes de cofinanciación que se formulen. En consecuencia, la Comisión no puede saber si esta empresa concreta recibió financiación comunitaria con arreglo a una medida nacional o regional. Para ello, la Comisión deberá ponerse en contacto con las autoridades nacionales y pedirles que investiguen al respecto. La Comisión remitirá a Su Señoría toda información que remitan las autoridades nacionales competentes.

En cualquier caso, las normas del FSE no contemplan ayuda alguna si el beneficiario realiza la operación fuera de la Unión. Es preciso destacar que la financiación con cargo al FSE no se destina a una empresa como tal, sino que se trata de una inversión en capital humano, a fin de que las medidas de formación puedan mejorar la empleabilidad de las personas.
PREGUNTA ESCRITA E-3018/02

de Luciano Caveri (ELDR) a la Comisión

(23 de octubre de 2002)

Asunto: Tránsito de vehículos pesados por el túnel del Mont Blanc

Italia y Francia parecen estar de acuerdo en restablecer la circulación en doble sentido de los TIR en el túnel del Mont Blanc. Esta elección preocupa a la población local, dado que el reglamento actualmente en vigor (adoptado en Francia mediante un decreto ministerial) fija como límite horario para el tránsito la cifra de 240 camiones por hora, lo que no se corresponde, entre otros aspectos, con las limitaciones técnicas derivadas de las normas de seguridad existentes. Por este motivo, se solicita la corrección de dicha cifra de conformidad con el Convenio de los Alpes, su Protocolo de Transportes y las medidas restrictivas en vigor en los desfiladeros austríacos (ecopuntos, bloqueo nocturno) y en la parte suiza del San Gotardo. ¿De qué información dispone la Comisión a este respecto y cuál es su opinión sobre el asunto?

Respuesta de Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(5 de diciembre de 2002)

El número teórico de camiones que pueden entrar en un túnel depende de las normas que limitan la distancia entre los vehículos, de la velocidad máxima autorizada y de las restricciones específicas de cada túnel. No existe un límite legal del número de camiones adoptado internacionalmente.

La Comisión propondrá próximamente una Directiva relativa a la seguridad de los túneles que armonizará algunos de estos aspectos, aunque autorizará a los gestores de los túneles a aplicar normas más restrictivas cuando sean necesarias para preservar la seguridad.

En lo que respecta al túnel del Mont Blanc, las autoridades francesas e italianas informaron en marzo de 2002 de que el número medio diario seguirá siendo, después del restablecimiento de la circulación en doble sentido, inferior a su valor antes del incendio del 24 de marzo de 1999, que ascendía a casi 2000 camiones al día. Este número es muy inferior al número máximo teórico.
PREGUNTA ESCRITA E-1684/02

de Hubert Pirker (PPE-DE) a la Comisión

(12 de junio de 2002)

Asunto: Las armas de caza y la libre circulación de mercancías

Según han confirmado oralmente las autoridades italianas, de conformidad con el Decreto Ley 527/92 de 30 de diciembre 1992 y el Decreto Ministerial 635/96 de 30 de octubre 1996, no se pueden trasladar de forma transitoria a Italia armas de caza desde otro Estado miembro, por ejemplo para enseñarlas a un posible cliente.

¿Sería correcto afirmar, a juicio de la Comisión Europea, que la Directiva 91/477/CEE(1) no se está aplicando aquí correctamente y que los mencionados decretos entorpecen la libre circulación de mercancías?

(1) DO L 256 de 13.9.1991, p. 51.

Respuesta complementariadel Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(15 de noviembre de 2002)

A raíz de la pregunta escrita planteada por Su Señoría, la Comisión solicitó a las autoridades italianas que aclararan el contexto normativo que rodea la aplicación de la Directiva 91/477/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991, sobre el control de la adquisición y tenencia de armas de fuego(1) y de su transferencia a otros Estados miembros.

Las autoridades italianas nos han argumentado que nada se opone al traslado temporal de armas de fuego dentro de su territorio en el caso de los titulares de la tarjeta europea de armas de fuego, fundamentalmente para la práctica del tiro deportivo o de la caza, y a condición, asimismo, de que el tipo de arma utilizado esté autorizado en Italia. En ese supuesto, las armas, en cantidad limitada, acompañan al viajero en una circunstancia bien precisa y regresan con él a su país de origen. La Comisión considera por tanto que la normativa italiana, en el caso de los tiradores deportivos y los cazadores, se ajusta a la directiva.

De la información que la Comisión ha recopilado hasta el momento se desprende, por otra parte, que las autoridades italianas, si el contexto es distinto del que se describe en el párrafo anterior, condicionan el traslado de armas de fuego dentro de su territorio a una autorización previa. La condición para dicha autorización es principalmente la elección previa del domicilio del candidato importador ciudadano de otro Estado miembro, en lugar del lugar de destino de las armas.

La compatibilidad de esta última exigencia, en relación con las disposiciones de la Directiva 91/477/CEE y con los artículos 28 a 30 del Tratado CE, la está estudiando la Comisión, que deberá, con toda probabilidad, recabar mayores precisiones de las autoridades italianas.

(1) DO L 256 de 13.9.1991.
PREGUNTA ESCRITA P-2669/02

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(17 de septiembre de 2002)

Asunto: Cártel europeo del azúcar

En su respuesta a mi pregunta escrita P-1985/02(1), la Comisión afirma que no ha elaborado ningún documento del tipo que le solicité, a pesar de mencionar explícitamente que no se prosiguió de oficio el examen del expediente.

Desde mi punto de vista, no cabe duda alguna de que la negativa concertada a vender azúcar a que se refería el Comisario Monti en su intervención ante el Pleno del Parlamento Europeo corresponde a un acuerdo que entra en la definición de cártel. Sin embargo, no tengo intención de entablar una discusión sobre el concepto de cártel.

Así pues, vuelvo a solicitar a la Comisión que me envíe una copia del expediente mencionado tanto en la declaración del Comisario Monti como en la respuesta a mi pregunta escrita P-1985/02 en las condiciones y plazos previstos en el Reglamento (CE) no 1049/2001(2).

Doy por hecho que la referencia pública por parte del Comisario a dicho expediente confirma que la Comisión no considera que deba quedar cubierto por el artículo 4 de dicho Reglamento.

(1) DO C 28 E de 6.2.2003, p. 168.

(2) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(11 de octubre de 2002)

Su Señoría pide acceso a documentos relativos al procedimiento mencionado por el Comisario de competencia en su respuesta a una pregunta escrita previa P-1985/02 de Su Señoría(1). Esta petición está basada en el Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso público a los documentos del Parlamento, el Consejo y la Comisión.

La Comisión evaluará la petición de Su Señoría según el procedimiento previsto en dicho Reglamento.

(1) DO C 28 E de 6.2.2003, p. 168.
PREGUNTA ESCRITA E-2988/02

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(23 de octubre de 2002)

Asunto: Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca

El Parlamento Europeo aprobó el 5 de abril de 2001 una Resolución sobre seguridad y accidentes en las actividades de pesca(1) en cuyo apartado 9 pedía a la Comisión que aclare, sin ambigüedades, y dé a conocer las responsabilidades de los patrones/armadores en materia de seguridad de su tripulación, a la luz de las directivas europeas existentes.

¿Ha adoptado la Comisión alguna iniciativa al respecto?

¿No cree que una campaña de información e intercambio de buenas prácticas en el sector contribuiría a reducir el número de accidentes en la pesca?

(1) DO C 21 E de 24.1.2002, p. 359.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(5 de diciembre de 2002)

Los artículos 3 y 7 de la Directiva 93/103/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca (decimotercera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)(1) establecen claramente las normas aplicables a las responsabilidades y a las obligaciones de los armadores y los capitanes.

Además, la Directiva 92/29/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para promover una mejor asistencia médica a bordo de los buques(2) establece también las normas relativas a las responsabilidades de los armadores y los capitanes de los buques (véase el artículo 4) por lo que se refiere a la asistencia médica a bordo de los buques.

Corresponde a los Estados miembros adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar una transposición correcta y una aplicación eficaz de estas normas.

La Comisión considera que toda acción destinada a sensibilizar y a informar a los agentes en cuestión sobre los riesgos vinculados a las actividades pesqueras contribuye a mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo y, por lo tanto, a reducir el número de accidentes laborales.

Por otra parte, en su Comunicación Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006)(3), la Comisión indica que La sensibilización debe movilizar instrumentos variados y adaptados a situaciones específicas, por ejemplo, las de las PYME, las microempresas y los artesanos. A este respecto, conviene señalar que el Consejo, en su Resolución de 3 de junio de 2002(4), invita a los Estados miembros a promover la creación de una auténtica cultura de prevención, entre otras cosas, por medio de campañas de sensibilización.

La Agencia europea para la salud y la seguridad en el trabajo también podría desempeñar un papel motor en estas acciones de sensibilización e intercambio de buenas prácticas.

(1) DO L 307 de 13.12.1993.

(2) DO L 113 de 30.4.1992.

(3) COM(2002) 118 final.

(4) DO C 161 de 5.7.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-2814/02

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(7 de octubre de 2002)

Asunto: Reducciones de flota en terceros países

La propuesta de reforma de la PCP adoptada por la Comisión prevé el desguace de 8 000 barcos y la pérdida de 28 000 empleos de pescadores. La Comisión justifica estos grandes recortes debido a la difícil situación de los recursos haliéuticos.

Sin embargo, la pesca responsable y la preservación de los recursos han de ser compromisos internacionales y de poco serviría que la Comunidad adoptara medidas drásticas si no lo hacen también las demás potencias pesqueras.

¿Conoce la Comisión si estos otros países (China, Japón, Filipinas, Perú, Chile, Islandia, Rusia, Noruega ) han establecido similares medidas unilaterales con drásticas reducciones de flota y empleos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(14 de noviembre de 2002)

Se ha producido un malentendido general según el cual la Comisión propone el desguace obligatorio de un enorme número de buques. Este malentendido proviene de la publicación de algunas estimaciones presupuestarias de la Comisión, que tenían por único fin ilustrar los efectos posibles y hipotéticos de un régimen de desguace. De hecho, de acuerdo con la reforma de la política pesquera común (PPC), las propuestas de la Comisión son reducir el esfuerzo pesquero y finalizar los programas de desguace obligatorio. En otras palabras, la Comisión no propone el número de buques que deberá ser desguazado, ya que esta elección depende de los armadores. Se mejorarán los incentivos al desmantelamiento a través del fondo de desguace en caso de que los Estados deseen utilizarlo, junto con un sistema de entrada-salida para los buques que entren en la flota como sustituciones.

La Comisión no recoge datos sobre la evolución de las flotas de países que no son Estados miembros (con la excepción de los países candidatos a la adhesión) y no está en situación de expresarse en relación con las tendencias de flotas o los instrumentos de gestión aplicados por terceros países para reducir el tamaño de sus flotas y el impacto de dichas reducciones en el empleo.
PREGUNTA ESCRITA E-2114/02

de Janelly Fourtou (PPE-DE) al Consejo

(17 de julio de 2002)

Asunto: Adhesión de la Unión Europea al Protocolo de Madrid

En julio de 1996, la Comisión presentó una propuesta de Decisión del Consejo por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas(1), así como una propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) no 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, con objeto de llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas(2)). El Parlamento aprobó ambas propuestas en mayo de 1997.

Cuando la Comisión presentó dichas propuestas, sólo seis Estados miembros (Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Suecia y el Reino Unido) eran miembros del Protocolo de Madrid. Actualmente, todos los Estados miembros de la Unión Europea y todos los países candidatos a la adhesión, con excepción de Chipre y Malta, han adherido al Protocolo.

La adhesión de la Unión Europea permitiría que la industria se beneficiara de las ventajas de la marca comunitaria en todos los países miembros del Protocolo de Madrid. Asimismo, garantizaría la protección de la marca en los terceros países signatarios y favorecería un marco adecuado para los intercambios comerciales entre la Unión Europea y los terceros países.

A la vista de todas las ventajas que la adhesión de la Unión Europea al Protocolo de Madrid aportaría a los propietarios de marcas europeas, a la marca comunitaria, a la consolidación del mercado interior y al comercio con los terceros países, y considerando que todos los Estados miembros han adherido individualmente al Protocolo, ¿puede decir el Consejo qué medidas piensa adoptar para establecer vínculos entre la marca comunitaria y el Protocolo de Madrid?

(1) COM(96) 367 final DO C 293 de 5.1.1996, p. 11.

(2) COM(96) 372 final DO C 300 de 10.10.1996, p. 11.

Respuesta

(16-19 de diciembre de 2002)

La propuesta de Decisión y la propuesta de Reglamento a que se refiere Su Señoría requieren unanimidad en el Consejo para su adopción. Todavía no ha sido posible alcanzar dicha unanimidad sobre todas las disposiciones que aparecen en dichas propuestas.