ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/300

(2004/C 88 E/0307)

PREGUNTA ESCRITA P-3650/02

de Paul Rübig (PPE-DE) a la Comisión

(11 de diciembre de 2002)

Asunto: Licitaciones más idóneas para la participación de PYMEs en los programas para terceros países

Las condiciones de las licitaciones publicadas por la UE en el marco de los programas de fomento para terceros países (ALA, CARDS, FED, ISPA, MEDA, PHARE, Sapard, TACIS) son en muchos casos tan complejas que reducen enormemente las posibilidades de concurrir que tienen las PYME y otras empresas muy pequeñas, dado que los proyectos son de dimensiones cada vez mayores. Con frecuencia, las empresas deben justificar un volumen anual de negocios de dos a diez veces superior al presupuesto del proyecto, aplicándose este criterio incluso a las empresas individuales que presentan su oferta unidas en consorcio. En algunos sectores se exigen plantillas de hasta cien personas en prácticamente todos los casos en que un proyecto tenga un presupuesto superior a los 0,6 millones de euros. En muchos casos se pide, además, que las empresas documenten como referencia de los últimos tres años trabajos de la misma envergadura que hayan realizado en el marco de los mencionados programas en la misma región, con lo que se excluye de antemano a nuevas empresas. Las condiciones estipuladas para concurrir son a menudo de tal complejidad que el tiempo necesario para confeccionar el expediente correspondiente disuade a la mayoría de los posibles ofertantes. Los pliegos de condiciones técnicas, por otra parte, se limitan con frecuencia a esbozar las líneas maestras del contrato y a especificar algunas prestaciones, con la consecuencia de que el ofertante ha de proporcionar gratis, antes de poder presentar su oferta propiamente dicha, trabajos previos de planificación, lo que conlleva para las PYME costes difíciles de evaluar y de financiar. Otro problema para las PYME son las costosas garantías bancarias necesarias para poder concurrir a la licitación. También sería deseable que se definieran con mayor precisión las certificaciones fiscales y de seguros sociales que es preciso aportar a tenor de lo dispuesto en la guía práctica, porque en algunos países, su expedición está ligada a engorrosas formalidades burocráticas, que varían además de un país a otro. Para las PYME, que carecen por lo general de contactos directos con los servicios que expiden estos documentos, es a veces difícil contactar con ellos para recibir informaciones o aclaraciones en caso de denegación de una solicitud. Sería asimismo oportuno publicar tras la adjudicación del contrato los precios que ofrecieron los demás licitadores a fin de permitir que las empresas puedan conocer su posición competitiva.

¿Qué piensa hacer la Comisión en un futuro inmediato para que las licitaciones que se publiquen en el marco de los programas comunitarios de fomento para terceros países sean más justas y más equitativas para las PYME y se eviten así las discriminaciones y distorsiones de la competencia que se producen en la actualidad?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(7 de febrero de 2003)

Los procedimientos actuales aspiran a estimular, más que a desincentivar, la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME). La situación mejoró considerablemente con la introducción de la «Guía práctica de los procedimientos contractuales de ayuda exterior de la CE» en enero de 2001. Los procedimientos de dicha Guía, publicados en el sitio web de EuropeAid (1), se basan en los principios fundamentales de la competencia justa y la transparencia. Ahora es obligatorio publicar las previsiones de contratos y los anuncios de licitación, composición de listas restringidas y adjudicación de contratos en el sitio web de EuropeAid, cuyas páginas electrónicas se han convertido en las más consultadas de las instituciones europeas. Estos y otros aspectos han contribuido al proceso general de simplificación y armonización de los procedimientos en este ámbito.

Además, al haberse incentivado la participación de consorcios (agrupaciones permanentes con personalidad jurídica o bien agrupaciones constituidas informalmente para una licitación específica) en las licitaciones, las PYME deberían tener acceso a contratos de mayor dimensión si se asocian a otras empresas con objeto de constituir un consorcio de tal índole. En este caso, la participación de una pequeña empresa o de una empresa incipiente en un consorcio le podría permitir adquirir experiencia.

Los criterios de selección de todas las licitaciones deben ser claros y pormenorizados, pero no excesivamente restrictivos. No obstante, la Comisión ha tenido conocimiento de diversos casos, en el pasado, en los que algunas autoridades contratantes establecieron criterios de selección aplicables a título individual a algunos socios pero no al consorcio en su conjunto. Por ello, en marzo de 2002 se distribuyó una circular en la que se recordaba que los criterios de selección se deben aplicar al consorcio en su totalidad. Aunque la situación debería haberse corregido desde entonces, cualquier PYME que se enfrente a criterios de selección excesivamente restrictivos debería presentar una queja a la autoridad contratante responsable.

La Comisión ha abordado el problema (véase, por ejemplo, el segundo informe del Comité de Expertos Independientes de 1999) de la evaluación de la solvencia de los posibles contratistas antes de la adjudicación de los contratos. Por consiguiente, a fin de proteger los intereses financieros de la Comunidad, los procedimientos previstos en la Guía Práctica obligan a las autoridades contratantes a publicar los criterios financieros en sus anuncios de licitación. Del mismo modo, la obligación de proporcionar garantías financieras para cantidades más elevadas dimana del principio de buena gestión financiera. Por lo que respecta a estos requisitos, si forman parte de un consorcio las pequeñas empresas tienen también la posibilidad de compartir estos costes con otros socios.

El Reglamento financiero adoptado por el Consejo el 25 de junio de 2002 (2) especifica ahora con mayor claridad los documentos que deben presentar los licitadores. Asimismo, la Comisión se está poniendo en contacto con las autoridades nacionales de los Estados miembros con el fin de elaborar una lista actualizada de las autoridades y organizaciones capaces de expedir los certificados necesarios para las entidades establecidas en estos países. La Guía Práctica está siendo revisada para tener en cuenta estas modificaciones. El impreso de solicitud normalizado correspondiente a los contratos de servicios también está siendo objeto de revisión para asegurar que se proporcionen datos generales del consorcio en su conjunto y de cada uno de los socios que lo componen. Al mismo tiempo está previsto publicar orientaciones adicionales sobre el establecimiento de criterios de selección, por ejemplo el hecho de basar el criterio del volumen de negocios anual en el presupuesto anual medio de los contratos, no en el presupuesto total.

Por lo que se refiere a la medida en que la documentación de la licitación contiene información pormenorizada sobre los requisitos, todos los licitadores pueden solicitar aclaraciones a la autoridad contratante, especialmente si el pliego de condiciones o las especificaciones técnicas suscitan dudas.

En lo tocante a la disponibilidad de información o una justificación de los rechazos, en la Guía Práctica figuran ya cartas normalizadas para los solicitantes y licitadores no seleccionados, con arreglo a las cuales se les debe proporcionar información comparativa para que puedan evaluar retrospectivamente su propia competitividad. Por ejemplo, por lo que respecta a los contratos de servicios, la carta enviada a los licitadores no seleccionados incluye un desglose pormenorizado de la puntuación obtenida por el destinatario y por el licitador escogido.

(1) http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_es.htm.

(2) Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, DO L 248 de 16.9.2002.