PREGUNTA ESCRITA E-2609/00

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(1 de agosto de 2000)

Asunto: UEFA Euro 2000. Sanción a futbolistas profesionales portugueses con violación de garantías procesales fundamentales

El encuentro de semifinales del Euro 2000 Portugal-Francia finalizó con incidentes. En un lance controvertido, que muy pocos vieron (el propio árbitro del encuentro no lo vio), una decisión discutible provocó las protestas portuguesas que, si bien cabe lamentarlas, resultan comprensibles en el contexto y en el momento. La UEFA aplicó sanciones especialmente duras a tres jugadores de la selección nacional portuguesa: Abel Xavier, Nuno Gomes y Paulo Bento. La sanción consiste respectivamente en 9, 8 y 6 meses de participación en cualquier competición internacional. La medida afecta asimismo a los clubes a los que pertenecen, que se quedan sin poder contar con sus jugadores en competiciones internacionales por hechos a los que son ajenos. La UEFA ni siquiera escuchó a los jugadores antes de sancionarlos con esta dureza. Tampoco escuchó a los clubes, afectados también por la decisión.

La Unión Europea (artículo 6 del Tratado UE) se basa en [mldr] el respeto de los derechos humanos y [mldr] el Estado de Derecho, lo que también se refiere al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, es decir, especialmente a las garantías de sus artículos 6 y 7. Un derecho fundamental de los ciudadanos, principio-guía del Estado de Derecho, es precisamente el derecho de cualquier acusado a no ser castigado sin haber sido escuchado previamente.

Nada de esto se produjo por lo que se refiere a los jugadores de que se trata. El hecho de que siga su curso el recurso que interpusieron no anula la violación de garantía fundamental por parte de la UEFA. De acuerdo con los principios comunes y generales de Derecho, este hecho implicaría directamente la nulidad de todo el proceso.

Se discute actualmente acerca de cuál debe ser el mejor trato que cabe dar al deporte en el marco de los Tratados, considerando adecuadamente sus especialidades. Ello no podrá llevarse nunca a cabo en detrimento de las garantías individuales de los nacionales europeos. Precisamente ahora que lucha por la reforma de los Tratados, la UEFA debería dar una mejor muestra de respeto de los derechos fundamentales.

Por otra parte, la Sentencia Bosman y sus consecuencias supusieron la plena ampliación del mercado único al universo del fútbol profesional y a las relaciones entre clubes. Ahora bien, no puede haber compitiendo dentro del mismo mercado único unos clubes de fútbol europeos perjudicados y otros beneficiados como consecuencia de decisiones disciplinarias ilegales, sin respeto de las garantías procesales básicas y por hechos con los que los clubes indirectamente sancionados no tienen vinculación alguna.

¿Tiene conocimiento la Comisión de estos hechos en el ámbito de la UEFA? ¿Ya ha intentado recabar de ésta informaciones que aclaren el procedimiento seguido, con objeto de determinar si se respetaron o no las garantías procesales fundamentales que asisten a todos los nacionales europeos, entre los que se encuentran los jugadores profesionales de fútbol y, en otro plano, sus respectivos clubes? Si se comprobara que se incumplió el derecho a ser escuchado previamente, ¿qué hará la Comisión sobre este tema y cómo actuará con respecto a la UEFA?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(26 de septiembre de 2000)

Su Señoría se pregunta acerca de las posibilidades que tiene la Comisión de intervenir respecto a los incidentes ocurridos durante el partido Francia-Portugal de la Eurocopa 1999 de fútbol. A raíz de estos incidentes, la UEFA sancionó a diversos jugadores portugueses.

La Comisión recuerda que en 1974 el Tribunal de Justicia sentó el principio según el cual la práctica del deporte no entra dentro del ámbito del Derecho comunitario sino en la medida en que constituya una actividad económica(1). Posteriormente este enfoque se ha visto confirmado por varias sentencias, entre ellas la sentencia Bosman(2), a la que su Señoría se refiere. La Comisión siempre ha velado por que se aplicara este principio. Lo ha vuelto a recordar en el Informe de Helsinki sobre el deporte, que fue objeto de la Comunicación de 5 de diciembre de 1999(3), en la cual la Comisión distingue, dentro del pleno respeto de la jurisprudencia del Tribunal, entre las prácticas que entran dentro del ámbito de las normas de la competencia, las que en principio están prohibidas por las normas de la competencia y las que pueden quedar exentas de las normas de la competencia. Así, la Comisión considera que las reglas del juego son inherentes a cada deporte y no tienen por objeto falsear las normas de la competencia.

En el caso planteado por Su Señoría, la Comisión considera que los incidentes ocurridos y las sanciones subsiguientes guardan relación con el reglamento del juego y con su evaluación por parte de los árbitros y de la autoridad disciplinaria que interviene cuando se vulnera dicho reglamento. Así pues, la Comisión no puede actuar en este ámbito.

No obstante, la Comisión desea recordar que, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal, la seguridad jurídica, el respeto de los derechos de la defensa y el derecho a un recurso jurisdiccional(4) son principios que forman parte de los principios generales del Derecho comunitario. Así pues, cualquier ciudadano comunitario que considere que se ha vulnerado uno de sus derechos derivados del Derecho comunitario derecho a la libre circulación, por ejemplo puede hacer valer ese derecho ante una jurisdicción nacional.

(1) Véase la sentencia de 12 de diciembre de 1974, Walrave (36/74, Rec p. 1405).

(2) Véase la sentencia de 15 de diciembre de 1995, Bosman (C-415-93, Rec 1995, p. I-4921).

(3) Informe de la Comisión al Consejo Europeo con la perspectiva de la salvaguardia de las estructuras deportivas actuales y del mantenimiento de la función social del deporte en el marco comunitario. (Informe de Helsinki sobre le deporte); COM(1999) 644 final.

(4) Véase por ejemplo la sentencia de 15 de octubre de 1987 Unectef c/ Heylens y otros (222/86, Rec p. 4097).