PREGUNTA ESCRITA E-3544/02

de Pedro Aparicio Sánchez (PSE)y Alejandro Cercas (PSE) a la Comisión

(11 de diciembre de 2002)

Asunto: Discriminación de pensionistas españoles, ex-trabajadores en Gibraltar

Existe, como ya conoce la Comisión, una grave discriminación de las autoridades británicas hacia los pensionistas de nacionalidad española que en su día trabajaron en la colonia de Gibraltar. Cerca de diez mil ciudadanos españoles sufren, desde 1990, la negativa de aplicar a sus pensiones las revalorizaciones legales, tal como se hace con sus colegas que aún residen en Gibraltar.

En septiembre de 2001, y en respuesta a nuestra pregunta E-2033/01(1), la Comisión informó que estaba analizando la situación a la luz del Derecho comunitario, así como que había pedido información a las autoridades británicas. La respuesta finalizaba textualmente así: la Comisión informará a Su Señoría acerca de su decisión respecto a este problema.

Habiendo pasado más de un año sin recibir la información prometida, preguntamos de nuevo a la Comisión: ¿Cuál es su posición sobre este asunto? ¿Cuáles son las iniciativas que ha adoptado para solucionarlo?

(1) DO C 40 E de 14.2.2002, p. 151.

Respuesta comúna las preguntas escritas E-3544/02 y E-3640/02dada por el Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(21 de enero de 2003)

Las preguntas planteadas se refieren al problema de la no revalorización o no indexación de las pensiones de jubilación a cargo del Gobierno de Gibraltar. Sin duda Sus Señorías recordarán que éste ya había sido el asunto de preguntas escritas, a las cuales la Comisión respondió que se disponía a solicitar a las autoridades británicas información adicional a este respecto.

Para responder con precisión a sus preguntas es necesario centrar el caso en cuestión. Por ello, cabe recordar que el Gibraltar Social Insurance Fund (GSIF), organismo creado por el Gobierno de Gibraltar para el pago de las pensiones de jubilación de los trabajadores en la colonia británica, quebró en 1993, y que, desde entonces, el Gobierno británico garantiza el pago de las pensiones, congelando sus cuantías. Dicha congelación se aplica a todos los trabajadores jubilados, independientemente de su nacionalidad, de conformidad con el Derecho comunitario.

Conviene recordar que el Derecho comunitario no establece en los Reglamentos (CEE) no 1408/71(1) y no 574/72(2) más que una coordinación de los distintos sistemas de seguridad social de los Estados miembros a fin de ofrecer una protección social a las personas que se desplazan en el interior de la Unión. En este espíritu, compete sólo a los Estados miembros determinar las condiciones de apertura y de concesión de las prestaciones asignadas, respetando el Derecho comunitario y, en especial, el principio de no discriminación.

Las preguntas planteadas por Sus Señorías se refieren además a la existencia de dos prestaciones asignadas por el Gobierno de Gibraltar, la Elderly Persons Allowance (EPA) y la Household Cost Allowance (HCA). Las preguntas planteadas apuntan más precisamente a la naturaleza jurídica de estas dos prestaciones. Se trata de determinar, en este caso, si la existencia y la asignación de estas dos prestaciones de tipo no contributivo pudieran ser un medio indirecto de indexación de las pensiones de jubilación, infringiendo el Derecho comunitario al imponer una condición de residencia para beneficiarse de las mismas.

De las informaciones obtenidas de las autoridades británicas, puede deducirse que ambas dependen de la asistencia social y que, en consecuencia, se hallan fuera del campo de la seguridad social y, por ende, de la normativa comunitaria.

De hecho, la EPA depende de una organización de beneficencia privada, Community Care Limited, que distribuye fondos del Gobierno de Gibraltar de acuerdo con las condiciones siguientes: beneficia a las personas de 65 o más años residentes en Gibraltar que hayan vivido en Gibraltar durante al menos diez de los últimos veinte años y que no hayan sido beneficiarias de una pensión de jubilación contributiva o de cualquier otra prestación de asistencia social que supere la cuantía de la EPA. Según las autoridades británicas, esta prestación tiende a desaparecer y, actualmente, sólo beneficia a un centenar de personas.

En cuanto a la HCA, se destina a ayudar a ciertas personas mayores a hacer frente a sus gastos domésticos, siempre con arreglo a unas condiciones de subvencionabilidad basadas en la residencia y en los ingresos. Su gestión depende también de Community Care Limited.

De lo anterior puede deducirse que las dos prestaciones señaladas dependen de la asistencia social, tanto por su naturaleza jurídica como por sus condiciones de subvencionabilidad. En este sentido, no se ha apreciado ninguna discriminación basada en la nacionalidad. Además, es necesario decir que la asistencia social no entra en el campo de aplicación de la normativa comunitaria, como se desprende claramente del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (CEE) no 1408/71.

Por lo que se refiere a las pensiones de jubilación contributivas, la Comisión no ha apreciado la existencia de ninguna discriminación basada en la nacionalidad de los trabajadores. De hecho, estas prestaciones están congeladas para todos los antiguos trabajadores de Gibraltar, tanto si son ciudadanos británicos como españoles.

(1) Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, DO L 149 de 5.7.1971.

(2) Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familiares que se desplacen dentro de la Comunidad, DO L 74 de 27.3.1972.