PREGUNTA ESCRITA P-0600/96 de Jessica Larive (ELDR) a la Comisión (6 de marzo de 1996)

Asunto: Trabas a la prestación de servicios en Bélgica

1. ¿Puede confirmar la Comisión que la exigencia de un permiso de trabajo impuesta a un trabajador que no posea la nacionalidad de un Estado miembro de la UE y que trabaje para un empresario neerlandés es contraria a lo estipulado en los artículos 59 y 60 del Tratado, si el trabajador en cuestión dispone de un permiso válido de residencia y trabajo en los Países Bajos y, en su calidad de trabajador contratado por un empresario neerlandés, es enviado a Bélgica con carácter temporal para prestar servicios?

2. ¿Puede confirmar la Comisión, asimismo, que el requisito de inscribirse en Bélgica como contratista es contrario a los artículos 59 y 60, cuando se trata de empresas neerlandesas registradas en los Países Bajos por lo que respecta a la aplicación de la legislación neerlandesa en materia de seguridad social, de manera que sus trabajadores ya están asegurados con arreglo a dicha legislación neerlandesa?

3. ¿Puede confirmar la Comisión que los anticipos pagados por empresas neerlandesas de la construcción en concepto de cotizaciones sociales para trabajadores destacados en Bélgica, en conexión con el Documento de Identidad Social, que está vigente en Bélgica desde el 1 de enero de 1995 para el sector de la construcción, son contrarios a las normas europeas sobre el desplazamiento de trabajadores recogidas en el Reglamento (CEE) no 1408/71 ((DO L 149 de 5.7.1971, p. 2. ))?

En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para eliminar estas trabas al mercado interior?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (15 de abril de 1996)

1. La Comisión comparte la conclusión de Su Señoría, según la cual la obligación de que un trabajador que no sea ciudadano comunitario y que, trabajando para un empresario neerlandés, sea enviado por este último a Bélgica para prestar sus servicios profesionales, es incompatible con los artículos 59 y 60 del Tratado CE, siempre y cuando el trabajador ya disponga en los Países Bajos de un permiso de residencia y de trabajo en regla. Esta conclusión se deriva directamente de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-43/93 (Vander Elst) de 9 de agosto de 1994 ((Rec. 1994, p. I-3803. )). El Gobierno belga, a petición de la Comisión, está examinando las consecuencias de esta sentencia sin excluir la posibilidad de que ésta inicie el procedimiento previsto en el artículo 169 del Tratado CE.

2. Tampoco cabe excluir que la aplicación de la obligación de inscribirse en Bélgica por parte de las autoridades nacionales pueda ser incompatible con los artículos 59 y 60 del Tratado CE. No obstante, no se puede llegar a una conclusión afirmativa, tal y como solicita Su Señoría, hasta que se examinen todos los hechos relevantes. En este caso, el examen aún sigue su curso.

3. La Comisión considera que la obligación de pagar anticipos sobre las cotizaciones de la seguridad social en Bélgica es incompatible con el derecho comunitario, en la medida en que lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento (CEE) no 1408/71 exime de tal obligación. Se trata, más en concreto, de trabajadores desplazados a Bélgica que, de conformidad con las disposiciones del citado Reglamento, siguen sujetos a la normativa de la seguridad social del Estado miembro en el que residen normalmente. La Comisión desea señalar a Su Señoría que, en relación con este asunto, ha remitido al Gobierno belga una carta de emplazamiento conforme al artículo 169 del Tratado CE.