PREGUNTA ESCRITA E-1931/02

de Astrid Lulling (PPE-DE) a la Comisión

(3 de julio de 2002)

Asunto: Anteproyecto de ley para la reglamentación de la venta, el consumo y la publicidad de las bebidas alcohólicas en España

El Ministerio del Interior de España está a punto de concluir un proyecto de ley destinado, entre otras cosas, a reglamentar la publicidad de las bebidas alcohólicas.

En su redacción actual, el proyecto de ley contiene las siguientes disposiciones en relación con la publicidad de las bebidas alcohólicas:

- la prohibición total de publicidad en televisión de 8 de la mañana a 9 de la noche;

- la obligación de incluir en la publicidad autorizada en la radio mensajes sobre los efectos negativos del consumo de alcohol, en particular para los jóvenes;

- la prohibición de exhibir publicidad en la vía pública de todas las bebidas alcohólicas con un contenido de alcohol superior al 20 %;

- la prohibición de efectuar campañas publicitarias dirigidas a los menores de 18 años;

- la prohibición de incluir publicidad en las publicaciones destinadas a los jóvenes.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en sus conclusiones relativas al asunto C-405/98 (petición de decisión prejudicial de la justicia sueca Asunto Gourmet) se pronunció en contra de las restricciones desproporcionadas de la publicidad, las cuales juzga incompatibles con el mercado interior. Estas medidas favorecerían los productos nacionales en contra de los productos procedentes de otros Estados miembros.

La Comisión Europea está a punto de enviar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una queja contra determinadas restricciones de la Ley Evin de Francia que son incompatibles con el buen funcionamiento del mercado interior de los servicios de comunicación comercial.

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, ¿podría la Comisión responder a las siguientes preguntas?:

1. ¿No constituyen las restricciones que podrían aplicarse en España y la dificultad que tendrían los productos de importación para darse a conocer en este mercado un obstáculo al acceso al mercado interior para los productores de bebidas alcohólicas?

2. ¿Constituirían las posibles restricciones en contra de la publicidad emitida por radio y televisión en otros Estados miembros un caso en litigio similar al contenido de la queja de la Comisión contra Francia en relación con algunos aspectos de la Ley Evin?

3. ¿En qué medida deben respetar las autoridades españolas un principio de proporcionalidad entre objetivos y medios?

4. ¿De qué forma podría cooperar la Comisión con las autoridades españolas para conseguir que se respete el principio de proporcionalidad?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(24 de septiembre de 2002)

Su Señoría informa a la Comisión de la existencia de un proyecto de ley en España destinado a reglamentar la publicidad de las bebidas alcohólicas. Entre las disposiciones incluidas en dicho proyecto de ley figuran la prohibición total de publicidad en televisión entre las 8:00 y las 21:00 horas, la obligación de incluir en la publicidad autorizada en la radio mensajes sobre los efectos negativos del consumo de alcohol, la prohibición de exhibir publicidad en la vía pública de bebidas con un contenido de alcohol superior al 20 %, la prohibición de efectuar campañas publicitarias dirigidas a menores de 18 años y la prohibición de incluir publicidad en las publicaciones destinadas a los jóvenes.

Como recuerda Su Señoría, el Tribunal de Justicia, en su sentencia Gourmet (C-405/98) consideró que la prohibición de toda publicidad de bebidas alcohólicas podría afectar en mayor medida a la comercialización de productos originarios de otros Estados miembros que de productos nacionales, y que afecta a la oferta transfronteriza de espacios publicitarios de modo particular. Sin embargo, considerando que tal restricción puede estar justificada por la protección de la salud pública, estimó que los artículos 28 y 49 CE relativos a la libre circulación de mercancías y de servicios no se oponen a una prohibición de anuncios publicitarios, salvo que, en las circunstancias de hecho y de Derecho que caracterizan la situación en el Estado miembro de que se trata, la protección de la salud pública pueda asegurarse con medidas que afecten en menor medida al comercio intracomunitario. Por lo tanto, es conveniente tener en cuenta esta jurisprudencia para apreciar la compatibilidad con los artículos 28 y 49 de las medidas descritas por Su Señoría. En particular, en caso de que se reconociera la existencia de obstáculos a la libre circulación de mercancías y de servicios, se debería verificar que las disposiciones de la ley respetan el principio de proporcionalidad, es decir, que sean adecuadas para alcanzar el objetivo deseado y que no existan medidas menos restrictivas que permitan llegar al mismo resultado. La Comisión está dispuesta a analizar junto con las autoridades españolas, si éstas lo desean, el proyecto de ley en preparación para evitar la aplicación de medidas que puedan ser contrarias al Derecho comunitario.

Por otra parte, las restricciones que podrían derivarse de la adopción de las medidas descritas no serían similares a las existentes en el marco de la queja de la Comisión relativa a la Ley Evin, que trata de obstáculos a la retransmisión de acontecimientos deportivos efectuada por organismos de radiodifusión establecidos en el territorio del Estado miembro donde existe la legislación restrictiva. Las hipótesis mencionadas por Su Señoría se refieren a restricciones que podrían afectar a las emisiones radiotelevisadas procedentes de otros Estados miembros. A este respecto, el Tribunal de Justicia recordó en su sentencia Agostini que si la Directiva Televisión sin fronteras(1) no se opone, en principio, a la aplicación de una normativa nacional que, de forma general, persiga un objetivo de protección de los consumidores es a condición de que no establezca un control secundario de las emisiones de radiodifusión televisiva que se añada al que el Estado miembro tiene la obligación de efectuar. Se precisa, sin embargo, siempre que dichas medidas no impidan la retransmisión propiamente dicha en su territorio de las emisiones de radiodifusión televisiva procedentes de este otro Estado miembro(2).

(1) Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, DO L 298 de 17.10.1989; modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, DO L 202 de 30.7.1997.

(2) TJCE, 9 de julio de 1997, Agostini, C-35/95 y C-36/95, Rec 1997 p. I-03843, puntos 34 y 38.