PREGUNTA ESCRITA E-2750/00

de Hiltrud Breyer (Verts/ALE) y Alexander de Roo (Verts/ALE) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Aspectos relacionados con la legislación en materia de ayudas de la exención fiscal para las centrales de gas en Alemania

En el marco de una ley aprobada el 16 de diciembre de 1999 sobre la reforma fiscal ecológica se ha planeado también eximir del impuesto sobre el gas natural a las centrales respetuosas del medio ambiente con turbinas de gas y turbinas de vapor postconectadas (centrales con turbinas de gas y vapor). La concesión de la autorización con arreglo a la legislación en materia de ayudas para esta exención fiscal y su limitación temporal son actualmente objeto de negociaciones políticas entre el Gobierno federal y la Comisión. La Comisión ha propuesto limitar la exención fiscal a 5 años sin degresión. A ello se oponen, sin embargo, argumentos de peso que hablan en favor de un período más largo (unos 10 años).

1. ¿Sobre qué base ha adoptado la Comisión su decisión de calificar la exención fiscal planeada de las centrales con turbinas de gas y vapor de ayuda selectiva en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE?

2. ¿Seguiría la Comisión la valoración del experto jurídico Dr. Sellner según el cual la exención fiscal planeada no puede calificarse sin más de ayuda selectiva en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE?

3. ¿Qué razones han llevado a la Comisión a valorar la exención fiscal planeada como ayuda a la explotación y no como ayuda a la inversión?

4. ¿Comparte la Comisión la opinión de que la limitación temporal de la medida a 5 años debe considerarse problemática, precisamente ante el trasfondo de la revisión del marco comunitario sobre las ayudas medioambientales de 1994, en la medida en que la nueva versión permitiría perfectamente un período de 10 años?

5. ¿Comparte la Comisión la opinión de que una limitación temporal de la exención fiscal de las centrales con turbinas de gas y vapor de alto rendimiento a 5 años sería contraria a la puesta en práctica de los compromisos del Protocolo sobre la protección del clima de Kioto?

6. ¿Comparte la Comisión la opinión de que no existe un falseamiento de la competencia como resultado de una exención fiscal con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE porque los productores de electricidad (centrales nucleares, centrales de carbón, productores de energías renovables) que compiten con las centrales con turbinas de gas y vapor reciben o recibieron ayuda estatal en un grado muy considerable?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(11 de octubre de 2000)

1. Alemania notificó a la Comisión la exención fiscal para las centrales de gas y vapor de que se trata mediante carta de 16 de septiembre de 1999, de conformidad con el artículo 88 (antiguo artículo 93) del Tratado CE, como una más de las medidas destinadas a proseguir la reforma fiscal ecológica. El 15 de febrero de 2000 la Comisión adoptó una decisión sobre la mayoría de las medidas así notificadas(1). Sólo la exención de las centrales de gas y vapor quedó al margen de esta decisión ya que la notificación todavía no estaba completa. La Comisión había solicitado a Alemania más información sobre esta medida; en consecuencia todavía no había tomado ninguna decisión respecto a esta medida.

Con carta de 22 de agosto de 2000, Alemania retiró su notificación e informó a la Comisión de su intención de dar forma distinta a la exención. Al mismo tiempo remitió una nueva notificación con esta configuración.

2. La Comisión no dispone de dicha valoración por lo que no puede pronunciarse al respecto.

3. De lo que antecede se desprende que la Comisión todavía no ha tomado una decisión al respecto.

En general, se pueden calificar como ayudas a la inversión aquellas que reúnen las siguientes condiciones: para que una ayuda se pueda autorizar como ayuda a la inversión concedida para fines descritos en detalle en los distintos marcos comunitarios de la Comisión, dichos marcos prevén que la medida no debe superar la intensidad establecida en el correspondiente marco comunitario. Esta intensidad debe determinarse siempre sobre la base de los costes admisibles, que también establece el correspondiente marco. Así por ejemplo, el marco comunitario en vigor aplicable a las ayudas estatales para la protección del medio ambiente(2) contempla que las ayudas a la inversión se pueden autorizar básicamente hasta una intensidad del 30 %. Esta intensidad se refiere exclusivamente a los costes suplementarios necesarios para alcanzar los objetivos de protección del medio ambiente.

De ello se desprende que las ayudas sólo pueden autorizarse como ayudas a la inversión con determinada intensidad si pueden ponerse en relación con los costes admisibles de la inversión, es decir, de forma que pueda determinarse la intensidad.

Según la valoración en curso de la Comisión, todo ello falta en este caso concreto. La exención prevista en la disposición correspondiente de la ley fiscal sobre los aceites minerales sólo se aplica a las nuevas centrales de gas y vapor. Pero la limita a 10 años y no la relaciona con los costes ligados a la inversión, por lo que no se puede determinar la intensidad de la ayuda.

4. La Comisión está examinando actualmente la medida notificada a la luz del marco comunitario de ayudas estatales para la protección del medio ambiente en vigor y teniendo en cuenta la práctica utilizada hasta la fecha en la toma de decisiones para la autorización de ayudas al funcionamiento.

La Comisión todavía no ha tomado ninguna decisión sobre la nueva versión del marco comunitario para las ayudas estatales de protección al medio ambiente. Para valorar una medida como esta en cuestión, habrá que tener en cuenta, en cualquier caso, que no se trate de la exención de nuevos impuestos ecológicos para ayudar a las empresas ya existentes a adaptarse a la nueva situación de costes, sino de la exención para instalaciones nuevas de un impuesto ya existente.

5. A la hora de examinar las ayudas con fines ecológicos, la Comisión adopta siempre una actitud benévola. Incluidas también las ayudas destinadas a aplicar las obligaciones que emanan del Protocolo de Kioto sobre protección del clima. Pero ello no significa que no se apliquen a estas medidas las normas de control de las ayudas estatales.

6. Se produce distorsión de la competencia cuando las medidas inciden sobre la relación de competencia entre empresas o sectores de producción. En la fase actual de la valoración de la Comisión, esta posibilidad no queda excluida. El hecho de que posiblemente los competidores también hayan recibido otras ayudas estatales no implica que no se aplique el apartado 1 del artículo 87 (antiguo artículo 92) del Tratado CE. Procedería, por el contrario, examinar la compatibilidad de estas ayudas con el mercado común.

(1) Véase: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/industrie_1999.htm, N 575/A/99.

(2) DO C 72 de 10.3.1994.