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PREGUNTA ESCRITA E-2554/96 de Miguel Arias Cañete (PPE) a la Comisión (8 de octubre de 1996)

Asunto: Consecuencias medioambientales derivadas de la destrucción de la producción retirada de frutas y hortalizas

El Tribunal de Cuentas, en su informe anual relativo al ejercicio de 1994, señala su preocupación debido a los problemas medioambientales que se producen debido a la destrucción de la producción retirada; ya que en muchos casos, según señala el Tribunal de Cuentas, la fruta podrida ha contaminado superficies y aguas subterráneas de diversas regiones.

En sus respuestas al Tribunal de Cuentas, la Comisión aseguraba ser consciente de estos graves problemas medioambientales; y estar estudiando soluciones para los mismos, buscando otras salidas a estos productos.

¿Podría la Comisión explicar las conclusiones de estos estudios, así como las salidas alternativas posibles para estos productos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (31 de octubre de 1996)

La Comisión ruega a Su Señoría que tenga a bien remitirse a la respuesta conjunta a las preguntas escritas E-1901/96, 1902/96 y 1903/96 del Sr. Kreissl-Dörfler ((DO C 60 de 26.2.1997.)). Además, desea añadir que la nueva organización común de mercados aplicable al sector de las frutas y hortalizas establece lo siguiente:

- las organizaciones de productores, responsables de las operaciones de retirada, deben notificar a las autoridades, y éstas a su vez a la Comisión, las medidas adoptadas para garantizar la protección del medio ambiente en dichas operaciones;

- los Estados miembros deben adoptar las normas nacionales necesarias para la elaboración de pliegos de condiciones referentes a los métodos de retirada inocuos para el medio ambiente;

- los proyectos de estas normas deben transmitirse a la Comisión, la cual puede solicitar su modificación en un plazo de tres meses si comprueba que no permiten alcanzar los objetivos fijados en el artículo 130 R del Tratado CE y en el quinto programa comunitario de política y acción de medio ambiente y desarrollo sostenible ((COM(94)453 final.)).
PREGUNTA ESCRITA E-2417/96 de Florus Wijsenbeek (ELDR) a la Comisión (11 de septiembre de 1996)

Asunto: Licencias de caza para no residentes

En relación con las preguntas escritas 1754/82 ((DO C 129 de 16.5.1983, p. 5. )), 244/86 ((DO C 290 de 17.11.1986, p. 35. )) y 2171/88 ((DO C 227 de 4.9.1989, p. 20. )),

¿está enterada la Comisión de que cualquier cazador que desee ejercer la actividad cinegética en un Estado miembro distinto de aquel del que procede puede conseguir una licencia de visitante sin haber realizado el examen que se exige a los residentes en ese país? Así, en los Países Bajos, cualquier extranjero puede dirigirse a la policía municipal de La Haya (servicio de leyes especiales) para solicitar una licencia de visitante válida en cada caso para seis días.

¿No considera la Comisión que de esta forma se discrimina a los residentes, que sí deben someterse a un examen, y que se puede eludir la intención de la Comisión de imponer a los cazadores un examen de aptitud?

¿Tiene conocimiento la Comisión de que en los Países Bajos se otorgan licencias a las personas que han realizado el examen de caza en Alemania, Luxemburgo y Austria, pero no a los cazadores franceses que lo han hecho en los departamentos de Bas-Rhin y Haut-Rhin, mientras que este examen es idéntico al alemán?

¿Tiene la Comisión todavía la intención, de conformidad con su respuesta a la pregunta 244/86, de presentar una propuesta sobre un examen europeo de aptitud que permita también la aplicación de las directivas europeas sobre las aves?

En caso afirmativo, ¿de qué forma? En caso negativo, ¿por qué no?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (28 de octubre de 1996)

En su respuesta a las preguntas escritas no 1754/82 y no 244/86 la Comisión señaló ya que existen amplias diferencias entre los Estados miembros tanto en lo que respecta a las autoridades responsables de la expedición de licencias de caza como a la verdadera naturaleza de dichas licencias.

La Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres ((DO L 103 de 25.4.1979. )) no menciona el tema del establecimiento de pruebas de aptitud para los cazadores. Únicamente establece en el apartado 4 del artículo 7 que los Estados miembros se asegurararán de que la práctica de la caza respete los principios de una utilización razonable y de una regulación equilibrada desde el punto de vista ecológico de las especies de aves afectadas. Por consiguiente, la cuestión de las pruebas de aptitud es competencia de los Estados miembros y el pronunciarse respecto a una legislación ya existente se halla fuera de las atribuciones de la Comisión.

Por añadidura, como se indica en su respuesta a la pregunta escrita no 224/86, la Comisión estima que las licencias de caza no merecen un tratamiento preferencial en el ámbito comunitario. No hay por el momento propuestas de medidas a tomar respecto de este tema.
PREGUNTA ESCRITA E-2623/96 de Gerardo Fernández-Albor (PPE) a la Comisión (15 de octubre de 1996)

Asunto: Falta de iniciativa de la Comisión al no presentar ninguna propuesta de acción común en el marco de la PESC

En su resolución A4-0175/96, el Parlamento Europeo ha lamentado que la Comisión, a pesar de las competencias otorgadas por el TUE, y en particular por su artículo J.8, apartado 3, no haya presentado al Consejo ninguna propuesta de acción común.

Como ha quedado claramente reflejado en diversas intervenciones, el Parlamento Europeo estima que es políticamente importante que la Comisión ejerza este derecho de iniciativa en sectores para los que se prevén procedimientos de carácter predominantemente intergubernamental.

¿Puede indicar la Comisión cuál ha sido el motivo de su inactividad en el ámbito que consideramos, y qué importancia puede atribuir al ejercicio del derecho de iniciativa que le corresponde de acuerdo con el artículo J.8, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (25 de noviembre de 1996)

El 17 de julio de 1996, durante el debate relativo a la Resolución A4-0175/96, la Comisión confirmó que seguiría haciendo uso de su derecho de iniciativa con arreglo al artículo J8.3 Tratado sobre la Unión Europea.

La naturaleza de las iniciativas adoptadas por la Comisión en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) es diferente de la de las propuestas que efectúa en el marco comunitario, donde dispone del derecho único de iniciativa.

No obstante, la Comisión desempeña plenamente su función, tal como la definen los artículos J5.3 y J8.3, participando en las tareas de los grupos de trabajo PESC del Consejo, y presentando propuestas.

Por último, la Comisión envía también al Consejo y al Parlamento un gran número de documentos, entre otros análisis globales e iniciativas sobre cuestiones políticas, económicas y comerciales en el ámbito de las relaciones exteriores.
PREGUNTA ESCRITA P-2423/96 de Clive Needle (PSE) a la Comisión (4 de septiembre de 1996)

Asunto: Imposición de las ganancias de artistas extranjeros en Alemania

¿Qué opinión le merece a la Comisión la modificación legislativa que entró en vigor en Alemania el 1 de enero, por la cual aumenta el tipo de imposición de las ganancias de los artistas extranjeros hasta el 29%, en el caso de colectivos, y hasta el 32%, en el caso de personas individuales? ¿Es consciente del efecto perjudicial que puede tener para los artistas internacionales de la interpretación y para el mercado único?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (12 de noviembre de 1996)

La Comisión está al corriente de que, desde el 1 de enero de 1996, Alemania ha ajustado la retención en origen aplicada a los ingresos brutos de los artistas no residentes a la que se aplica a los ingresos de los no residentes en general. Así pues, dicha retención ha pasado del 15% al 25%. Sin embargo, la imposición de los artistas residentes se lleva a cabo con arreglo a la base imponible de sus ingresos netos a los que se aplica, como máximo, un tipo marginal del 53%.

El hecho de que la retención en origen se aplique a una remuneración bruta, sin tener en cuenta, al contrario de lo que ocurre con los artistas residentes, los gastos profesionales en que se haya incurrido, puede dar lugar a un gravamen más elevado del artista no residente en caso de que la retención sea superior al impuesto adeudado si se hubiera calculado tomando como base los ingresos reales (una vez deducidos los gastos profesionales). Esto ocurre siempre que dichos gastos son superiores al 52,9% de la remuneración bruta.

Cabe señalar que cuando el gravamen resulta excesivo en comparación con las ganancias obtenidas realmente, las autoridades alemanas conceden por jurisdicción voluntaria y a petición del interesado, una reducción del impuesto («Billigkeitsmaßnahme» con arreglo al ¶ 163 Abgabenordnung). Según la información de que dispone la Comisión, el Gobierno alemán ha presentado, por razones de seguridad jurídica, un proyecto de ley destinado a reforzar mediante una disposición de carácter legislativo la posibilidad de lograr la imposición de los artistas extranjeros según sus ingresos reales cuando la aplicación de la retención en origen sobre su remuneración tenga como consecuencia una imposición en Alemania más onerosa que aquella a la que estaría sujeta la misma remuneración recibida por un artista residente.
PREGUNTA ESCRITA E-2046/96 de Martina Gredler (ELDR) a la Comisión (19 de julio de 1996)

Asunto: Posición de la Comisión con respecto al apartado 4 del artículo 100 A

Con ocasión de la última ampliación de la UE se aceptaron las normas más severas en materia de protección del medio ambiente de los nuevos países en algunos ámbitos hasta su revisión en 1998.

¿Podría indicar la Comisión si acepta de conformidad con el apartado 4 del artículo 100 A un mantenimiento de estas normas más severas después de 1998 en los ámbitos definidos desde 1994 o si interpretaría este hecho como una discriminación arbitraria?

¿Sería lo anterior admisible aunque estas normas ya existían antes de la adhesión?

¿Es preciso precisar el apartado 4 del artículo 100 A con ocasión de la revisión del Tratado de Maastricht?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (1 de octubre de 1996)

En ciertas disposiciones y anexos del Tratado de Adhesión se prevé la inaplicación de determinadas exigencias comunitarias en materia de medio ambiente hasta finales de 1998. Durante este período la Comisión debe acometer el reexamen de dichas exigencias. Este reexamen está llevándose a cabo actualmente y no conviene prejuzgar sus resultados.

La Comisión no ha propuesto, en su dictamen a la conferencia interinstitucional, la modificación del apartado 4 del artículo 100A del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-2471/96 de Johanna Maij-Weggen (PPE) y Peter Pex (PPE) a la Comisión (23 de septiembre de 1996)

Asunto: Espionaje comercial a través de ordenadores de la Comisión

¿Puede confirmar la Comisión que el servicio estadounidense de información ha pirateado ordenadores (de la Comisión y del Parlamento Europeo) para obtener información comercial confidencial (véase el artículo aparecido en el periódico neerlandés De Telegraaf el 6 de agosto de 1996)?

¿Puede confirmar la Comisión que el pasado año, durante las negociaciones relativas a un nuevo acuerdo mundial de libre comercio, los negociadores estadounidenses estaban al corriente de informaciones muy confidenciales de la Comisión?

¿Dispone la Comisión también de información de otros países (por ejemplo, de los Estados ACP) en relación con la obtención y la utilización de información comercial confidencial por parte de los Estados Unidos?

¿Qué medidas puede adoptar la Comisión para prevenir tales prácticas tanto dentro de sus propios servicios como también en las administraciones de los países en desarrollo asociados en el marco ACP?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (23 de octubre de 1996)

La Comisión carece de pruebas acerca de dichas imputaciones, aparte de informaciones aparecidas en la prensa.

La Comisión se ha esforzado considerablemente en los últimos años por mejorar sus redes informáticas y sigue esforzándose en dicho sentido. No puede responder de las medidas internas de países de África, Caribe y Pacífico.
PREGUNTA ESCRITA E-1657/96 de Yannos Kranidiotis (PSE) al Consejo (24 de junio de 1996)

Asunto: Asesinato a sangre fría de un guarda grecochipriota por soldados turcos

El 3 de junio de 1996 por la mañana, soldados turcos dispararon y asesinaron a sangre fría a Stelios Panayis Kalis, un guarda grecochipriota de 19 años. El asesinato se produjo en la zona neutral que se encuentra bajo el control de la Fuerza de paz de las Naciones Unidas en Chipre en la que dicho soldado se encontraba desarmado. Cabe señalar que este asesinato es el séptimo de este tipo. Este incidente pone de manifiesto una vez más el carácter agresivo del ejército turco de ocupación y el peligro que representa para el pueblo de Chipre.

¿Puede indicar el Consejo si tiene intención de plantear el asunto ante la parte turca en el marco del próximo Consejo de asociación UE-Turquía y hasta qué punto respaldará activamente la propuesta de desmilitarización de Chipre que contribuiría tanto a los esfuerzos de solución del problema chipriota como a evitar casos similares en el futuro?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1657/96 y E-1712/96 (19 de noviembre de 1996)

1. El Consejo deplora la herida mortal que sufrió, cuando se encontraba en la zona de separación, D. Stelios Panayís Kallis, miembro de la guardia nacional grecochipriota y el desproporcionado recurso a la violencia por parte de las fuerzas de seguridad en el norte del país como respuesta a la entrada no autorizada en dicha zona.

2. El Consejo concede una gran importancia al respecto de la vida humana y no duda en condenar ante cualquier instancia los actos de violencia.

3. Los recientes sucesos han vuelto a poner en evidencia la urgente necesidad de promover una solución política global en Chipre, bajo la égida de las Naciones Unidas. La Unión Europea reitera su apoyo incondicional a la labor desempeñada en dicho sentido por el Secretario General y su representante.
PREGUNTA ESCRITA E-2235/96 de Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) y Honório Novo (GUE/NGL) a la Comisión (9 de agosto de 1996)

Asunto: Programa POSEIMA-Agricultura - Ayuda a la producción de vino en Madeira

Es sabido que la producción de vino reviste una importancia especial y fundamental en la región autónoma de Madeira.

¿Puede indicar la Comisión si se gestiona en el ámbito estricto del POSEIMA el marco actual del apoyo a la producción de vino en Madeira o si, por el contrario, este apoyo se presta mediante otras políticas comunitarias?

En cualquiera de los casos, ¿puede indicar la Comisión cuáles son las acciones específicas, con los correspondientes créditos, previstas en el marco del apoyo a la producción de vino en Madeira?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (24 de septiembre de 1996)

Mediante el Reglamento (CEE) no 1600/92 del Consejo ((DO L 173 de 27.6.1992. )), se estableció la concesión de ayudas comunitarias para sostener, por una parte, la producción de los vinos de licor de Madeira a través de una ayuda a la compra de mosto concentrado rectificado (12,08 ecus por hectolitro para una cantidad máxima de 3.600 hectolitros por campaña) y de alcohol vínico, y de una ayuda al envejecimiento de los vinos de licor (0,02379 ecus por hectolitro y día, en la actualidad para una cantidad máxima de 20.000 hectolitros al año). Por otra parte, se estableció una ayuda global para el mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción tradicional de vinos de calidad producidos en regiones determinadas. Esta última ayuda asciende actualmente a 476,76 ecus por hectárea.

Las medidas de intervención establecidas en el Título III del Reglamento (CEE) no 822/87 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola y el régimen de arranque comunitario no se aplican a la región de Madeira.

Dentro del programa operativo plurifondos de la región autónoma de Madeira, aprobado por la Comisión el 4 de marzo de 1994, estaban previstas ayudas para la mejora de las estructuras vitivinícolas por una cuantía de 1,8 millones de ecus.

Este programa se inscribe en el marco comunitario de apoyo para las intervenciones estructurales comunitarias en Portugal durante el periodo de 1994-1999.
PREGUNTA ESCRITA P-2097/96 de Eryl McNally (PSE) a la Comisión (16 de julio de 1996)

Asunto: Repercusiones financieras de la introducción de nuevas lenguas oficiales de la Unión Europea

¿Podría explicar la Comisión cuáles serían las repercusiones financieras de la introducción de nuevas lenguas oficiales a raíz de la adhesión de nuevos Estados miembros a la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (9 de septiembre de 1996)

La Comisión considera que en estos momentos resultaría prematuro responder de manera precisa a la pregunta formulada por Su Señoría, habida cuenta de los interrogantes que plantea desde el punto de vista lingüístico la futura ampliación de la Unión Europea debido al número de países candidatos y de nuevas lenguas.

Hasta el momento toda ampliación ha dado lugar, en el plano lingüístico, al aumento del personal estatutario de los servicios lingüísticos, al incremento del presupuesto destinado a la traducción y a la interpretación independientes, al refuerzo del presupuesto dedicado al aprendizaje de nuevas lenguas, al aumento de los gastos de publicación y a gastos derivados de la necesidad de adaptar las infraestructuras mobiliarias e inmobiliarias (instalación del personal y equipamiento de las salas de reunión).

Cabe precisar que gran parte de los gastos de traducción y publicación (y, concretamente, el Diario Oficial de las Comunidades Europeas) se debe al hecho de que la mayoría de los actos comunitarios son directamente aplicables en los Estados miembros, lo cual exige su difusión en la lengua oficial de cada uno de ellos.
PREGUNTA ESCRITA E-2142/96 de Giuseppe Rauti (NI) a la Comisión (3 de agosto de 1996)

Asunto: Apoyo a la horticultura italiana

Vista la grave situación del sector de las frutas y hortalizas, en particular en el sur de Italia, donde la crisis es especialmente aguda puesto que se registra una reducción de la productividad de entre el 20% y el 60% para la fruta de mayor consumo, es urgente adoptar una política de apoyo, con formas específicas de ayuda. ¿Piensa la Comisión acelerar la adopción de las nuevas normas relativas a las intervenciones comunitarias en el sector de la horticultura y evitar nuevos retrasos?

En particular, vista la situación de la normativa, con más de 600.000 millones de liras que la Unión Europea gasta cada año en el sector y que en su mayor parte favorecen a las empresas más grandes, lo que permite importantes beneficios sólo en la distribución organizada, ¿ha previsto la Comisión intervenciones de garantía en favor de los pequeños productores del sur de Italia?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (8 de octubre de 1996)

La Comisión propuso un Reglamento por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, un Reglamento por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas y un Reglamento por el que se establece un régimen de ayuda a los productores de determinados cítricos ((COM(95)434, COM(96)177. )). La Comisión consideró que, para hacer frente a una demanda cada vez más concentrada, la agrupación de la oferta a través de las organizaciones de productores debería consolidar la posición de los productores en el mercado al adjudicarse un papel más importante como operadores comerciales.

Según los datos sobre la ejecución del presupuesto de 1995, la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola abonó a los organismos de pago italianos 917.000 millones de liras con cargo al capítulo 15 (frutas y hortalizas). 103.000 millones se destinaron a las empresas exportadoras en concepto de restituciones por exportación, 78.000 millones fueron directamente a los agricultores en concepto de indemnización de retirada, 736.000 millones indirectamente a los agricultores como ayudas a la producción de frutas transformadas (291.000 de los cuales destinados a la transformación de cítricos).

Las ayudas a la transformación, de acuerdo con la normativa vigente, se abonan a las industrias de transformación que hayan pagado a los productores, por la materia prima, un precio mínimo (superior al precio de mercado). La reforma aprobada recientemente introduce un cambio importante en la transformación de los cítricos: la ayuda que se pagaba a los transformadores se abonará directamente a los productores.
PREGUNTA ESCRITA E-2088/96 de Angela Billingham (PSE) a la Comisión (26 de julio de 1996)

Asunto: Gas radón

En el Reino Unido se reconoce que la existencia de gas radón en el ambiente es una importante causa de cáncer. ¿Podría comunicar la Comisión cuáles son las actuales normas vigentes en los Estados miembros de la CE en relación con los niveles aceptables de este gas en las proximidades de los centros habitados?

¿Tiene la Comisión la intención de examinar la legislación correspondiente para garantizar una adecuada protección de los ciudadanos de la Unión Europea frente a este peligro para su salud?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (16 de septiembre de 1996)

El 21 de febrero de 1990, la Comisión adoptó una Recomendación sobre la protección de la población contra la exposición al radón en ambientes cerrados (90/143/EURATOM ((DO L 80 de 27.3.1990. ))). En esta Recomendación se establece un nivel de concentración de referencia del gas radón de 400 Bq/m3 para estudiar medidas paliativas en las viviendas existentes y un nivel previsto de 200 Bq/m3 para los edificios de nueva construcción.

Los Estados miembros han respondido a esta Recomendación de distintas maneras según, entre otras cosas, las características específicas de la presencia de gas radón en cada Estado. En general, allí donde se han establecido niveles de referencia éstos son coherentes con las pautas de la Recomendación. Al diferir tanto el régimen legal como las implicaciones prácticas de dichos niveles de referencia, carece de sentido cualquier comparación meramente numérica.

La Comisión fomenta activamente la intervención de los Estados miembros en este campo de acuerdo con la Recomendación. No obstante, la responsabilidad en cuanto a la aplicación de medidas paliativas de protección de la población contra el radón dentro del marco general de la política sanitaria recae en las autoridades nacionales.

La recientemente revisada Directiva del Consejo sobre las normas básicas de seguridad para la protección de la población y los trabajadores contra los peligros de las radiaciones ionizantes (96/29/EURATOM ((DO L 159 de 29.6.1996. ))) se aplica, entre otros, a las fuentes naturales de radiación, incluido el radón, principalmente en lo que se refiere a la exposición laboral, aunque excluye al radón en las viviendas, que es objeto de la Recomendación anteriormente mencionada.