PREGUNTA ESCRITA E-2752/01

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(9 de octubre de 2001)

Asunto: Coste de las pruebas de gases de escape en automóviles de importación

Aproximadamente 500 importadores privados de automóviles han demandado al Estado sueco a través de una asociación por una cifra que asciende a varios millones de coronas (septiembre de 2000). Los importadores se han visto obligados a abonar cantidades que ascienden en algunos casos a 12 600 coronas suecas en concepto de pruebas de gases de escape. A pesar de que el impuesto no debe sobrepasar la cifra de 900 coronas, de acuerdo con lo previsto en las normas de la UE.

¿Cuál es la opinión de la Comisión sobre las normas suecas en lo concerniente a las pruebas de gases de escape para los automóviles de importación privada? ¿Tienen razón estos importadores privados cuando afirman que abonan un impuesto exorbitante?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(26 de noviembre de 2001)

Con arreglo a la Directiva 96/96/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques(1), incluidos los turismos, todos los Estados miembros deben someter los vehículos a un control técnico, como mínimo, una vez transcurridos cuatro años desde su puesta en circulación y, posteriormente, cada dos años a partir de esa fecha. Los Estados miembros pueden adoptar normas más rigurosas para los vehículos matriculados en su territorio y cerca de la mitad de ellos exigen que las inspecciones se realicen con mayor frecuencia o en una fecha inicial anterior a la prevista en la Directiva. La inspección técnica comprende una prueba de emisiones de gases de escape, así como controles relativos a la seguridad de los dispositivos de frenado, iluminación, etc.

La Directiva, al establecer normas mínimas, garantiza la libre circulación. Los vehículos que han superado con éxito la inspección técnica en alguno de los Estados miembros pueden circular por la Comunidad Europea y otros países. No obstante, en la medida en que las normas son mínimas y dado que los Estados miembros pueden aplicar normas más estrictas a los vehículos matriculados en su territorio, pueden exigir y de hecho exigen que los vehículos superen sus propias inspecciones técnicas para poder ser matriculados de nuevo en su territorio. Por consiguiente, un vehículo que disponga de un certificado válido de inspección técnica emitido, por ejemplo, por las autoridades competentes alemanas o francesas, debería ser sometido a una inspección técnica adicional para poder ser matriculado en Suecia. Así pues, Suecia no se extralimita en sus derechos cuando exige que los vehículos superen la inspección técnica sueca (con arreglo a las condiciones previstas en la Directiva 96/96/CE) antes de poder ser matriculados en su territorio.

Sin embargo, Suecia no puede exigir el cumplimiento de normas que no exige a sus propios vehículos. Si en este país la primera inspección técnica se realiza cuando el vehículo tiene tres años (a diferencia de lo previsto en la Directiva 96/96/CE, que prevé que ésta realice a partir de los cuatro años), Suecia podría exigir que sean sometidos a inspección técnica los vehículos de tres o más años como condición para que dichos vehículos puedan ser rematriculados en su territorio. No obstante, legalmente no puede someter a inspección a vehículos procedentes de otro Estado miembro (homologados de conformidad con la legislación comunitaria) en una fecha anterior a aquella en que sometería a inspección a los vehículos matriculados en su propio territorio: proceder de este modo constituiría una distorsión de la competencia.

Por otro lado, en su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha precisado las condiciones con arreglo a las cuales, en ausencia de una armonización completa, la institución de un Estado miembro responsable del sistema de homologación de los vehículos procedentes de otro Estado miembro en donde ya hayan sido homologados o autorizados puede considerarse conforme a los artículos 28-30o (antiguos artículos 30-36o) del Tratado CE. Entre estas condiciones, el Tribunal indica que el procedimiento de control no debe conllevar gastos excesivos(2). En cualquier caso, la información proporcionada en la pregunta de Su Señoría no permite a la Comisión analizar las circunstancias específicas en las cuales algunos de los 500 individuos mencionados se han visto obligados a abonar cantidades que ascienden a 12 600 coronas suecas.

Por último, si se determinase que el importe exigido por la inspección técnica de los gases de escape constituye una discriminación de los vehículos importados en relación con los vehículos nacionales similares o competidores, entonces sería aplicable el artículo 90o (antiguo artículo 95o) del Tratado CE, que prohíbe las discriminaciones fiscales. La información de que dispone la Comisión no permite determinar tal discriminación.

(1) DO L 46 de 17.2.1997.

(2) Véase, en particular, el asunto 406/85 (Gofette et Gilliard), Recopilación 1987, p. 2525.