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PREGUNTA ESCRITA E-3519/01

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(8 de enero de 2002)

Asunto: Gitanos y personas itinerantes Peligro de exclusión social en la UE

Los proyectos presentados por la Comisión para conceder ayudas destinadas a promover y a mejorar la educación y la formación de los gitanos y de las personas itinerantes (incluyendo a los feriantes, las gentes del circo y gabarreros) han sido rechazados por los evaluadores externos.

¿Ha intentado la comisión colaborar con los promotores de estos proyectos para ayudarles a elaborar propuestas de proyectos que respondan a los criterios de elegibilidad para la financiación, facilitándoles la posibilidad de ayudar a los gitanos y a los itinerantes? Si no lo ha hecho, ¿cuál ha sido el motivo?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(15 de febrero de 2002)

La Comisión ha financiado un número considerable de proyectos destinados a promover y mejorar la educación y la formación de los gitanos y de las personas itinerantes (incluyendo a los feriantes, las gentes del circo y los gabarreros).

Este grupo destinatario ocupa un lugar prioritario dentro del programa Sócrates (acción Comenius), por lo que cada año se ha concedido financiación para proyectos promovidos por organizaciones que trabajan en el terreno desde los primeros años del programa. Otros muchos proyectos también han sido financiados mediante los programas Leonardo da Vinci y Juventud.

Las decisiones de la Comisión en cuanto a la financiación o el rechazo de propuestas de proyectos se basan en evaluaciones externas e independientes llevadas a cabo por expertos del sector. Cuando nuevas propuestas de proyectos no son seleccionadas para su financiación, los promotores reciben una carta en la que se exponen los motivos en los que se basa la decisión y se les insta a que pidan asesoramiento a los servicios correspondientes de la Comisión antes de presentar una nueva solicitud.
PREGUNTA ESCRITA P-3581/01

de Gabriele Stauner (PPE-DE) a la Comisión

(8 de enero de 2002)

Asunto: Presuntos casos de fraude y favoritismo en la Comisión

En su Resolución de 29 de noviembre de 2001, contenida en el Informe 2000 sobre la lucha contra el fraude (A5-0393/2001), el Parlamento criticó la lentitud con que progresaban las investigaciones sobre los presuntos casos de fraude y favoritismo en la Comisión y, en el apartado 21 de dicha resolución, recordó el caso de un antiguo Comisario al que se había acusado de haber utilizado indebidamente vehículos oficiales para fines privados, sin que el asunto hubiese quedado dilucidado hasta la fecha.

En su resolución, el Parlamento aludió también al caso de una antigua Comisaria, acusada de irregularidades en relación con la adjudicación de contratos a empresas con las que mantenía vínculos antes de tomar posesión de su cargo, y de que por iniciativa suya se pusiera a disposición de uno de sus colaboradores una vivienda de lujo en Bruselas y se encargara a un abogado alemán la elaboración de informes y estudios de escaso interés a fin de facilitarle libre entrada y salida al gabinete de la Comisaria, y acaso incluso la posibilidad de conocer expedientes sensibles (p. ej. el relativo al complejo industrial Leuna), en las que entendía la Comisión a la sazón.

El Parlamento volvió a insistir en que la Comisión, de conformidad con el artículo 213 del Tratado CE, debía incoar ante el Tribunal de Justicia las oportunas acciones contra antiguos miembros de la Comisión que hubiesen incumplido con sus deberes.

¿Podría comunicar la Comisión qué gestiones ha emprendido para dar satisfacción a estas exigencias?

¿Podría indicar además en qué fecha prestaron estos Comisarios declaración en relación con los hechos que se les imputaron?

Respuesta de la Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(20 de febrero de 2002)

En cuanto al uso de los vehículos de servicio por un antiguo miembro de la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha señalado que está realizando una investigación cuya conclusión tendría que estar cercana.

Por lo que se refiere al otro antiguo miembro de la Comisión al cual Su Señoría hace referencia, la Comisión desea señalar que una instrucción penal sobre varios aspectos de este asunto sigue su curso ante un juez de instrucción en Bruselas. La OLAF ha comunicado que está efectuando un seguimiento de este asunto en coordinación con las autoridades belgas.

Tal como se mencionaba en la respuesta que la Comisión dio a la pregunta escrita E-407300(1) de Su Señoría, se está llevando a cabo una investigación administrativa de la Comisión sobre uno de los puntos específicos que figura en la Resolución del Parlamento Europeo a que se refiere Su Señoría.

El recurso al Tribunal de Justicia sobre la base del artículo 213 del Tratado CE es, pues, prematuro.

En el marco de estas distintas investigaciones, pueden naturalmente organizarse las comparecencias que se estimen convenientes.

(1) DO C 235 E de 21.8.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-3332/01

de Joan Colom i Naval (PSE) al Consejo

(3 de diciembre de 2001)

Asunto: Impuesto sobre la renta personal de los ciudadanos comunitarios residentes en el Principado de Andorra

La Unión Europea y sus Estados miembros han puesto en marcha una serie de medidas para luchar contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal en los llamados paraísos fiscales. Esta lucha,

cuyas finalidades comparte plenamente este Diputado, ha logrado ya algunos éxitos significativos pero, no obstante, cuenta ya con algunas primeras víctimas inocentes: algunos ciudadanos comunitarios que residen y trabajan en Andorra.

En efecto, recientes cambios en la normativa fiscal española del impuesto sobre la renta de las personas físicas han roto con la situación tradicional y creado una sobreimposición de los españoles residentes habituales en el Principado de Andorra, en el que constituyen el principal contingente de ciudadanos comunitarios. El problema parece residir en la confusión entre el concepto de residencia fiscal y el de residencia habitual. Lo que no sucede con los residentes de otros Estados miembros. Todo ello redunda en una discriminación de trato entre ciudadanos comunitarios. ¿Tiene el Consejo conocimiento de estos hechos?

En el marco de la lucha antes mencionada y en el contexto de la armonización fiscal ¿piensa el Consejo mantener esta diferenciación fiscal? ¿Tiene en cuenta el Consejo los intereses legítimos de estos ciudadanos que no tienen ninguna relación con actividades delictivas de ningún tipo?

Respuesta

(18 de marzo de 2002)

La pregunta que formula Su Señoría no es de competencia del Consejo.
PREGUNTA ESCRITA P-3189/01

de Willi Rothley (PSE) a la Comisión

(13 de noviembre de 2001)

Asunto: Lenguas de la Unión Europea

El semanario alemán Die Zeit de 27 de septiembre de 2001 informaba de que en los anuncios de puestos vacantes referentes a las oficinas de ayuda técnica la Comisión exigía el inglés como lengua materna. La medida abarca desde el programa Sócrates, dedicado a los estudiantes, hasta los programas de ayuda a la Europa Central y Oriental TACIS y PHARE.

Semejante discriminación de los ciudadanos que no tienen el inglés como lengua materna constituiría una violación flagrante de los Tratados.

¿Puede indicar la Comisión si esa información es cierta?

¿Está dispuesta la Comisión a poner fin a dicha práctica?

Respuesta dada por el Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(10 de diciembre de 2001)

Se ruega a Su Señoría que se remita a la respuesta conjunta dada por la Comisión a las preguntas escritas E-2901/01 et E-2944/01 del Sr. Staes(1).

(1) Ver página 141.
PREGUNTA ESCRITA E-3022/01

de Anne Van Lancker (PSE) a la Comisión

(30 de octubre de 2001)

Asunto: Política de igualdad de oportunidades de la Comisión

En relación con la política de igualdad de oportunidades de la Comisión, ¿podría la Comisión contestar a las preguntas siguientes?:

- ¿Podría explicar la Comisión por qué motivos ha promovido a un hombre a jefe de la unidad TAXUD A3, encargada de la tramitación de los procedimientos de infracción, puesto para el cual se exige el conocimiento de la gestión de infracciones y procedimientos, mientras que esa persona carecía de experiencia profesional en este ámbito y que había tres candidatas con las cualificaciones requeridas?

- ¿Podría indicar igualmente la Comisión cuántos funcionarios y cuántas funcionarias de los grados A2 y A3 forman parte de su Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(8 de enero de 2002)

Entre los nueve los funcionarios que presentaron sus candidaturas para el puesto de jefe de la unidad TAXUD A-3 (COM/224/00) había tres mujeres. Una de ellas retiró su candidatura.

La evaluación de las candidaturas fue llevada a cabo por:

- un grupo de selección, que concluyó que tres de los candidatos, entre los que se incluía a una mujer, podían ser objeto de selección en una primera fase;

- el Comité Consultivo para los Nombramientos (CCN), que llegó a la conclusión de que dos de los tres candidatos contaban con la formación profesional exigida; la candidata no fue seleccionada (si bien el Comité dejó constancia de su buena cualificación general);

- el Director General correspondiente, que eligió a uno de los dos candidatos seleccionados por el CCN (naturalmente, de acuerdo con el Comisario responsable).

Habida cuenta de todo lo anterior, la Comisión no entiende en qué se basa Su Señoría cuando afirma que había tres candidatas que cumplían los requisitos y que el candidato elegido finalmente carecía de la formación necesaria.

En la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera, en la actualidad cuatro hombres ocupan puestos de A2 y diez puestos de A3. Tres puestos del organigrama de la DG se hallan ocupados por mujeres. Si bien no hay mujeres en puestos de A2 y de A3, dos de los puestos de Jefe de Unidad están ocupados por una mujer.
PREGUNTA ESCRITA P-2706/01

de Harlem Désir (PSE) a la Comisión

(26 de septiembre de 2001)

Asunto: Bloqueo de las negociaciones sobre el acuerdo comercial y de cooperación entre la Unión Europea y Sudáfrica

¿Puede indicar la Comisión qué propuestas piensa hacer para desbloquear la conclusión de las negociaciones sobre el acuerdo comercial y de cooperación entre la Unión Europea y Sudáfrica? ¿No cree la Comisión que es perjudicial retrasar la entrada en vigor de dicho acuerdo, cuyos beneficios para el desarrollo de África pueden ser considerables, únicamente debido al sector de la pesca?

¿No considera la Comisión legítimo y justificado que Sudáfrica quiera preservar sus reservas de pesca y no comprometerse de nuevo con acuerdos de explotación del mismo tipo que los celebrados con Corea y con el Japón por el régimen anterior, en la época del apartheid, que no tiene la intención de renovar, y que más bien convendría emprender, previamente a todo acuerdo, un programa de cooperación científica y de control de los recursos haliéuticos?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(29 de octubre de 2001)

Las negociaciones del Acuerdo comercial y de cooperación con Sudáfrica concluyeron con éxito en 1999. La Decisión 1999/753//CE del Consejo, de 29 de julio de 1999, relativa a la aplicación provisional del Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Sudáfrica, por otra(1) prevé la aplicación provisional y parcial del Acuerdo a partir del 1 de enero de 2000, a la espera de la ratificación del mismo por las Partes.

Las negociaciones para la conclusión de un acuerdo separado en materia de pesa se suspendieron en 2001, al quedar claro que el mandato de la Comisión se refería a la conclusión de un acuerdo que incluyera el acceso de los buques europeos a los recursos haliéuticos de Sudáfrica, además de la cooperación en una serie de ámbitos relacionados con la pesca. El mandato de negociación de la delegación sudafricana era únicamente para negociar un acuerdo que no incluyera ese acceso.

La Comisión no descarta la posibilidad de que las Partes vuelvan a la mesa de negociaciones en una fase posterior. Considera que esta situación no afecta la aplicación provisional ni la plena entrada en vigor del Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación.

En opinión de la Comisión, no ocurre lo mismo con respecto a las negociaciones en curso sobre vino y bebidas espirituosas. En el Consejo de Cooperación Comunidad-Sudáfrica de 26 de junio de 2001, se acordó que se reuniría un grupo de seis funcionarios de alto nivel para tratar de encontrar una solución. Dicho grupo se reunió el 25 de julio de 2001 y acordó un Memorando de Acuerdo sobre las cuestiones pendientes, que constituirá la base para la conclusión del Acuerdo sobre el vino y las bebidas espirituosas.

(1) DO L 311 de 4.12.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-2632/01

de Hans Karlsson (PSE) a la Comisión

(27 de septiembre de 2001)

Asunto: Derecho de los empleados a la información

Para los empleados es muy importante recibir, con la debida antelación, información sobre los cambios previstos en las actividades de su lugar de trabajo. Desde hace tiempo se hacen esfuerzos para mejorar el derecho a la información, y éste fue uno de los temas tratados por la Presidencia sueca en el primer semestre del año.

Al parecer, existe hoy una tendencia entre los patronos a no cumplir su obligación de informar a los empleados sobre los cambios en las actividades de la empresa. Hay motivos para sospechar que los propietarios de las empresas ocultan intencionadamente información importante. Dos ejemplos recientes son el de Avesta Polarit cuando decidió cerrar la planta siderúrgica de Degerfors y el de Carrier cuando trasladó su producción de Arvika a Hungría.

¿Es consciente la Comisión de esta evolución?

¿Qué medidas puede adoptar para garantizar que los empleados reciban información sobre los cambios previstos en su lugar de trabajo?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(9 de noviembre de 2001)

La Comisión comparte la preocupación de Su Señoría con respecto al hecho de que los trabajadores reciban a tiempo la información sobre los cambios que vayan a tener lugar en su lugar de trabajo. Con el fin de garantizar esta práctica, en 1998 la Comisión elaboró una propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea(1).

El objetivo de la propuesta es acabar con las lagunas y contrarrestar las deficiencias de la legislación nacional en este campo para asegurar que se consulte e informe a los trabajadores antes de tomar decisiones que les afecten. Para acabar con los problemas relacionados con el incumplimiento por parte de los empresarios de su deber de informar y consultar, tal y como señalaba Su Señoría, la Comisión propuso que algunas decisiones tomadas por los empresarios que violan las disposiciones de la Directiva no tuviesen efectos legales.

La Comisión considera muy positivo el hecho de que el Consejo finalmente adoptase una posición común sobre la propuesta bajo la Presidencia sueca(2). El Parlamento está actualmente llevando a cabo una segunda lectura y la Comisión colaborará en lo que sea necesario para que el Consejo y la Comisión alcancen un acuerdo final sobre la Directiva antes de finales de 2001.

(1) DO C 2 de 5.1.1999.

(2) P.R. no 9397/01.
PREGUNTA ESCRITA P-1594/01

de Luckas Vander Taelen (Verts/ALE) a la Comisión

(21 de mayo de 2001)

Asunto: Estación de Luxemburgo en Bruselas y libre circulación de servicios

Los estudios sobre la estación bruselense de Luxemburgo, inscritos dentro del proyecto de los edificios D4 y D5 (place du Luxembourg), han sido encargados por la compañía ferroviaria estatal belga (SNCB) a la sociedad en participación AEL-GROUP T-Tractabel. La SNCB, dueña de la obra de remodelación de la estación y actuando en calidad de propietaria, solicitó un dictamen urbanístico de la Región de Bruselas Capital-Municipio de Ixelles, relativo a dicha remodelación (fecha de la solicitud: 28 de abril de 1998).

La Directiva 92/50/CEE(1) del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, debe ser aplicada por todas los poderes adjudicadores en el sentido dado a esta expresión por la Directiva 71/305/CEE(2), y todo obstáculo a la libre circulación de servicios debe ser suprimido.

¿Puede comprobar la Comisión si la SNCB ha procedido a una licitación para los estudios y la remodelación de citada estación de Luxemburgo, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 92/50/CEE?

(1) DO L 209 de 24.7.1992, p. 1.

(2) DO L 185 de 16.8.1971, p. 5.

Respuesta complementariadel Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(14 de enero de 2002)

Según las informaciones remitidas por las autoridades belgas y las partes interesadas, la SNCB no fue uno de los firmantes de la convención de estudios sobre los trabajos de renovación de la estación bruselense de Luxemburgo, dado que esta convención se celebró entre la sociedad anónima Forum Leopold (promotor privado), por una parte, y Tractabel, por otra parte. Es exacto que esta convención

fue firmada en presencia de la SNCB. No obstante, esta última participó como propietaria del terreno en cuestión con objeto de informar a los autores de los estudios sobre determinados elementos de orden técnico relativos al acceso a la estación. Por lo tanto, la SNCB no ha intervenido en calidad de poder adjudicador ni de dueña de la obra. Tampoco intervendrá en la financiación de los estudios en cuestión.

Por consiguiente, al tratarse de una convención celebrada entre dos personas jurídicas de Derecho privado, a las que no pertenece la SNCB, no cabe aplicar a este asunto la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios(1).

(1) DO L 209 de 24.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-3259/01

de Mario Borghezio (NI) a la Comisión

(23 de noviembre de 2001)

Asunto: Utilización de la lengua occitana durante los Juegos Olímpicos de Invierno Turín 2006

La Chambra Economica Europèa Dels Paìses Occitans CHAMBRA D'OC ha hecho un llamamiento a los organismos internacionales competentes para que apoyen la solicitud, presentada en virtud de la Ley 482/99 Normas en materia de protección de las minorías lingüísticas históricas al Comité organizador de los XX Juegos Olímpicos de Invierno Turín 2006, para que, con ocasión de dichos juegos, se aplique la ley mencionada y se utilice la lengua occitana en todas las ceremonias oficiales, en particular, en la ceremonia de apertura de los Juegos.

La lengua occitana, expresión de uno de los grandes pueblos europeos, ampliamente difundida en el territorio de 3 Estados miembros Italia (Padania), Francia y España, es la lengua utilizada en los Valles Occitanos en los que se celebrarán los Juegos de Invierno de 2006.

¿Qué iniciativas emprenderá la Comisión Europea, también en aplicación del Convenio Europeo para la Protección de las Lenguas Minoritarias, para que el Comité organizador Turín 2006 (TOROC) acepte la legítima solicitud de los occitanos? Su aceptación tendría un elevado valor simbólico para el reconocimiento y la protección concreta, por parte de Europa, de todas las minorías lingüísticas europeas.

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(20 de diciembre de 2001)

La Comisión desea en primer lugar felicitar a Piamonte por acoger los Juegos Olímpicos de Invierno en 2006 y confía en que sabrá aprovechar esta oportunidad única a fin de dar a conocer mejor al mundo los atractivos y las especificidades culturales de este territorio situado en el corazón de Europa.

La Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias es un texto elaborado por el Consejo de Europa y se ha propuesto a los Estados europeos miembros del Consejo de Europa para su ratificación. Si bien Italia todavía no la ha firmado, se ha inspirado en ella para la elaboración de la Ley 482/99 sobre la protección de las minorías lingüísticas históricas.

La Unión no posee en este ámbito, ni en el ámbito del deporte, las competencias específicas necesarias para intervenir en el sentido sugerido por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-3045/01

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(5 de noviembre de 2001)

Asunto: Presencia de socorristas acuáticos

¿Tiene conocimiento la Comisión de un estudio reciente llevado a cabo por el Reino Unido sobre el número de niños que perecen ahogados cada año en las piscinas y mares de los Estados miembros de la UE?

A la luz de dicho estudio, ¿va a considerar la Comisión la posibilidad de proceder a un registro sistemático de las cifras referidas a todos los Estados miembros de la UE?

¿Qué medidas va a tomar la Comisión para adoptar un reglamento relativo a la presencia de socorristas en las piscinas y playas públicas?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(3 de diciembre de 2001)

La Comisión no tiene conocimiento del estudio al que se refiere Su Señoría, pero está recabando la información necesaria para poder responder a esta pregunta y comunicará sus conclusiones lo antes posible.
PREGUNTA ESCRITA E-3361/01

de Michael Cashman (PSE) a la Comisión

(6 de diciembre de 2001)

Asunto: Alergias a productos alimenticios

¿Es la Comisión consciente de los riesgos que el gluten y la lactosa pueden acarrear para mucha gente? ¿Podría detallar qué medidas ha adoptado para garantizar que los alimentos elaborados y la comida servida en establecimientos de restauración vayan acompañados de la indicación de si contienen uno de estos ingredientes?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(21 de enero de 2002)

La Comisión no ignora que el gluten es el origen de diversas intolerancias en algunas personas y que los productos lácteos, incluida la lactosa, son uno de los alergenos más extendidos.

Es esencial que las personas que sufran alergias o intolerancia a una o varias sustancias puedan comprobar si dicha sustancia o sustancias están presentes en los productos alimenticios.

Por esta razón, y conforme a la intención anunciada en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria(1), la Comisión transmitió al Parlamento y al Consejo una propuesta(2) de modificación de la Directiva 2000/13/CE relativa al etiquetado de los productos alimenticios.

Dicha propuesta incluye, en particular, una lista de ingredientes o de sustancias que causan alergias o intolerancias y prevé que los ingredientes o las sustancias en cuestión, o sus productos derivados, deberán ser mencionados en el etiquetado de los productos alimenticios que los contenga, sin excepción posible.

Los cereales que contienen gluten y los productos lácteos figuran en dicha lista.

En el caso de productos alimenticios vendidos sin embalaje previo, entre los que se incluyen los alimentos propuestos en los restaurantes, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento y del Consejo de 20 de marzo de 2000(3) prevé que la información requerida deberá comunicarse al consumidor, y que son los Estados miembros quienes deciden las modalidades de esta comunicación. Estas normas seguirán aplicándose tras la adopción de la propuesta antes evocada.

(1) COM(1999) 719 final.

(2) DO C 332 E de 27.11.2001.

(3) DO L 109 de 6.5.2000.