PREGUNTA ESCRITA E-3068/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (2 de octubre de 1997)

Asunto: Protección de los menores en los servicios audiovisuales

En relación con el «Libro Verde sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en los nuevos servicios audiovisuales y de información» (COM(96)0483 final), entre todos los mecanismos a disposición de los usuarios de los servicios suministrados por nuevos medios, los sistemas de clasificación y de etiquetado (o bien clasificación/codificación) parecen ofrecer los medios más eficaces para el control del contenido, ya que indican si un espacio presenta en general contenidos ilícitos y/o nocivos y de qué genero de contenido ilícito y/o nocivo se trata.

Debido a la naturaleza global de los servicios suministrados por los nuevos medios se pide, manteniendo su carácter inderogable, la clasificación/etiquetado de todos los contenidos (incluidos los ilícitos y nocivos), ya que el contenido que se considera ilícito en un Estado podría no ser considerado tal en otro.

¿No contribuiría el mecanismo de la declaración territorial o un sistema análogo a reducir el riesgo de que el contenido considerado ilícito en un país se reciba y utilice en el mismo país?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3068/97, E-3069/97, E-3070/97 y E-3071/97 dada por el Sr. Oreja en nombre de la Comisión (13 de noviembre de 1997)

A raíz de las consultas sobre el Libro Verde «Protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información», se logró un amplio consenso a propósito de que no se puede hablar propiamente de vacío jurídico en materia de protección de los menores y de la dignidad humana, incluso en el ámbito de los servicios en línea abiertos o cerrados. Con arreglo al principio de la soberanía territorial, la ley se aplica en el territorio nacional y los principios que se aplican «off-line» se aplican «on-line» El problema principal radica en la dificultad que encierra aplicar unos principios a menudo generales; con frecuencia se hace necesaria una aclaración o adaptación.

El proceso de consultas sobre el Libro Verde ((SEC(97)1203. )) puso de relieve que la coordinación de las respuestas nacionales a partir de la persecución de unos objetivos comunes por los Estados miembros, por las industrias afectadas y por la Comunidad, reforzaría la eficacia de las medidas nacionales. La Comisión tiene asimismo en cuenta los trabajos de seguimiento del Libro Verde efectuados hasta ahora por las demás Instituciones, así como los trabajos de seguimiento de la Comunicación sobre los contenidos ilícitos y nocivos en Internet ((COM(96)487 final. )), a saber la Resolución del Consejo de 17 de febrero de 1997, la Resolución del Parlamento de 24 de abril de 1997 y los dos informes del Grupo de trabajo Internet presentados al Consejo, el 28 de noviembre de 1996 y el 27 de junio de 1997.

Con el fin de crear una atmósfera de confianza para operadores y usuarios, se está elaborando una comunicación sobre las consecuencias del Libro Verde acompañada de una propuesta de recomendación del Consejo sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información. En lo que atañe a los servicios en línea, una serie de líneas directrices comunes mínimas intentarán establecer una coherencia en el desarrollo de los marcos nacionales de autorregulación. Se trata de provocar una dinámica de cooperación a escala europea que permita encontrar soluciones e instrumentos comunes. Además, los mecanismos de cooperación que se establezcan servirán para impulsar la cooperación internacional.

La protección eficaz de los menores en los servicios audiovisuales y de información en línea se articula en torno a cuatro ejes complementarios: la información de los usuarios sobre los riesgos inherentes y los medios de protección existentes; la adopción de prácticas correctas en cuanto a la presentación de los contenidos que puedan ser dañinos para los menores, lo que supone, por ejemplo, utilizar medios de protección como las páginas preliminares de advertencia (warning page), proceder a un etiquetado descriptivo o a la clasificación de los contenidos y dotarse de un sistema que permita comprobar la edad de los usuarios; contribuir al control ejercido por los padres a través de servicios o de dispositivos flexibles y de fácil utilización (sistemas de filtrado introducidos por el usuario u opciones de filtrado activadas por los operadores para ofrecer un acceso limitado a sitios previamente determinados) y gestionar de forma descentralizada las quejas. Esta cuestión se abordará en la propuesta de recomendación que la Comisión está elaborando.

Mientras que la libre circulación de los servicios de radiodifusión está garantizada en el marco de la Directiva 97/36/CE del Parlamento y del Consejo, de 30 de junio de 1997 por la que se modifica la Directiva 89/552/CEEE del Consejo, sobre coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva ((DO L 202 de 30.7.1997. )), conocida como «Televisión sin fronteras», la circulación internacional de otros tipos de servicios audiovisuales y de información se encuadra en general en el marco jurídico del propio Tratado CE y, en especial, dentro del respeto del principio de la libre circulación de servicios (artículo 59). Los Estados miembros pueden, no obstante, adoptar medidas que pueden aplicarse indistintamente, justificadas por razones de interés general con la condición de que dichas medidas sean estrictamente proporcionadas a los objetivos perseguidos y que no existan otras, menos restrictivas.

En el contexto de la aplicación de la propuesta de recomendación del Consejo relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información, los mecanismos de cooperación previstos permitirán luchar contra los contenidos manifiestamente ilícitos en todos los Estados miembros (ataques a la dignidad humana como la pornografía infantil). Cabe esperar legítimamente, que la instauración de una dinámica de cooperación pueda, en un plazo más o menos largo, favorecer el establecimiento de procedimientos adecuados en el caso de los contenidos lícitos en un Estado miembro e ilícitos en otro.