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PREGUNTA ESCRITA E-2065/98

de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión

(7 de julio de 1998)

Asunto: Reforma de las escuelas de Bellas Artes en institutos de enseñanza superior

En los países de la Unión Europa, con la excepción -según parece- de Italia, el diploma de las escuelas de Bellas Artes se equipara al título de licenciatura. En abril de 1989, la Cámara de los Diputados de Italia, consciente de esta diferencia, aprobó un orden del día por el que instaba al Gobierno a aprobar una reforma de las mencionadas escuelas para su "incorporación en un plan de estudios universitario que corrigiera el desfase en esta materia entre las legislaciones italiana y europea". En marzo de 1997, la Cámara aprobó finalmente por unanimidad el Decreto Ley no 2881, que transforma las escuelas en institutos de enseñanza superior de grado universitario.

Desde entonces, el texto ha quedado bloqueado en la Comisión de Cultura del Senado, y la Ley 59/97 (denominada Bassanini bis, por el nombre de su autor), en el apartado 11 de su artículo 21, y contrariamente -entre otros- al artículo 33 de la Constitución, relega las escuelas a institutos de enseñanza secundaria.

1. ¿Tiene la Comisión conocimiento de esta situación contradictoria que penaliza a los estudiantes de las mencionadas escuelas?

2. ¿Qué juicio hace la Comisión de esta discriminación de hecho, que no permite a los diplomados italianos de dichas escuelas ver reconocido su título de estudios en otros países de la UE al mismo nivel que el de sus colegas europeos?

3. ¿Qué iniciativas tiene previsto emprender la Comisión ante las autoridades italianas para que se agilice la tramitación de esta cuestión en el Senado, con el fin de corregir de una vez por todas el desfase entre las legislaciones italiana y europea en esta materia (como ha ocurrido con los estudiantes del ISEF)?

4. ¿No considera la Comisión que la legítima agitación sindical de los estudiantes de las escuelas de Bellas Artes, que dura ya varias semanas, se enmarca en la defensa de los derechos reconocidos por la nueva ciudadanía europea?
PREGUNTA ESCRITA P-0890/98

de Patricia McKenna (V) a la Comisión

(11 de marzo de 1998)

Asunto: Negativa de la compañía aérea Ryanair a reconocer a los sindicatos

La compañía aérea irlandesa Ryanair se ha visto envuelta en un prolongado conflicto con sus manipuladores de equipaje cuyo origen fue su negativa a reconocer o negociar con los sindicatos que representan a estos trabajadores. Ryanair se ha negado también a recurrir al cauce normal para resolver conflictos laborales, en la medida en que no tiene intención de participar en ningún procedimiento de arbitraje iniciado por la Irish Labour Court.

La dirección de Ryanair ha sido una de las grandes beneficiarias de la liberalización del transporte aéreo dentro de la UE.

Considerando los artículos 11 a 13 de la Carta Social Europea, que tienen por objeto los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, ¿puede la Comisión investigar los distintos aspectos del conflicto en Ryanair y elaborar un informe al respecto? ¿Qué otras medidas se propone adoptar en relación con este conflicto?

¿Cuándo va a publicar la Comisión su prometida evaluación del impacto social de la liberalización de los transportes aéreos?

¿Tiene la Comisión alguna propuesta sobre posibles formas de proteger los derechos de los trabajadores a la libre asociación y a la negociación colectiva en casos en que las empresas traten de denegar estos derechos?

Respuesta complementaria

del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(13 de mayo de 1998)

La cuestión mencionada por Su Señoría no entra dentro del ámbito de competencias de la Comunidad. En la letra b) del artículo 2 del Acuerdo sobre la Política Social, anejo al Protocolo Social (nuevo Artículo 137 b) del Tratado de Amsterdam) se expresa claramente que sus disposiciones no se aplicarán al derecho de asociación, al derecho de huelga y al derecho de cierre patronal.

Sin embargo, la Comisión es responsable de desarrollar las relaciones entre la dirección y los trabajadores a nivel europeo. El diálogo social europeo se construye a partir de la cooperación y el diálogo a nivel europeo y nacional. Si una de las partes de un sector industrial se niega incluso a reconocer la legitimidad de la otra, se socava toda la estructura de diálogo y cooperación social.

Se envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento un estudio de las repercusiones sociales de los cambios en el sector de la aviación civil.
PREGUNTA ESCRITA E-0825/98

de Kirsten Jensen (PSE) a la Comisión

(26 de marzo de 1998)

Asunto: PVC

En la reciente propuesta de directiva del Consejo sobre vehículos fuera de uso, la Comisión no propone la eliminación progresiva del PVC en los automóviles que se fabriquen a partir del 1 de enero de 2002 aduciendo que el PVC se encuentra en muchos productos y que, por ello, el problema debería abordarse horizontalmente.

¿Cuándo prevé la Comisión presentar una propuesta sobre de solución horizontal de PVC y de qué manera se puede introducir la norma relativa a la responsabilidad del productor? ¿Prevé la Comisión adoptar otras iniciativas para asegurar que se reducen considerablemente las cantidades de PVC en el flujo de residuos?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(20 de julio de 1998)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita P-1524/98 del Sra. Riis-Jørgensen(1)

(1) Ver página 51.
PREGUNTA ESCRITA E-1751/98

de Anita Pollack (PSE) a la Comisión

(5 de junio de 1998)

Asunto: Reforma de la PAC y creación de empleo

¿Ha elaborado la Comisión algún cálculo para cuantificar el número de empleos que podrían crearse en las siguientes áreas:

1. mantenimiento del paisaje y protección de hábitats, marismas y otras zonas naturales de gran valor

2. explotación forestal sostenible

3. desarrollo de nuevos cultivos en el sector no alimentario

4. agricultura ecológica?

Y en caso afirmativo, ¿puede hacer un desglose, preferentemente por países?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(1 de julio de 1998)

La Comisión está totalmente de acuerdo con la opinión de Su Señoría en cuanto a que debería cuantificarse la creación de empleo en los diferentes campos mencionados en su pregunta. Aunque la Comisión no ha calculado estos datos, es posible conseguir estas cifras por otras vías.

1. Mantenimiento del paisaje y protección de hábitats, humedales y otras zonas naturales de gran valor. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) han realizado cálculos al respecto.

2. Explotación forestal sostenible. Puede encontrarse información útil en varias publicaciones, especialmente en informes sobre programas de investigación. La Comisión ha facilitado información recientemente acerca del informe final sobre la acción E3 de COST (Silvicultura en el contexto del desarrollo rural), publicada por el Instituto de investigación paisajística y forestal de Dinamarca (Ministerio de Medio Ambiente y Energía). Otra fuente de datos es el estudio "Europa y el Bosque", publicado por el Parlamento.

3. Desarrollo de nuevos cultivos en el sector no alimentario. En el Libro Blanco sobre la energía para el futuro, publicado por la Comisión,(1) se indica que, antes del año 2010, calcula que se crearán en la Comunidad, entre 500.000 y 900.000 trabajos en el sector de las energías renovables. Sin embargo, no se ha realizado un desglose detallado que muestre las cifras para nuevos cultivos en el sector no alimentario.

4. Agricultura ecológica. La Comisión no ha cuantificado los efectos de creación de empleo. Pero, a primera vista, parece lógico suponer que la agricultura ecológica necesita más trabajo manual. Sin embargo, la agricultura ecológica utiliza un número menor de fertilizantes y puede, por tanto, tener un costo en pérdida de empleos en esta industria.

(1) COM(97)599.
PREGUNTA ESCRITA E-2160/98

de Katerina Daskalaki (UPE) a la Comisión

(13 de julio de 1998)

Asunto: Discriminación contra los padres de familia numerosa

Es conocido el grave problema demográfico al que se enfrenta la UE, sobre todo en algunos países. Grecia es uno de los países europeos en los que la población envejece y los nacimientos disminuyen. A pesar de ello, no sólo no existen ayudas significativas para solucionar el problema, sino que se observa una discriminación contra uno de los miembros de la pareja con familia numerosa, el padre en este caso.

Concretamente, una madre de familia numerosa percibe subsidios hasta que el hijo más pequeño cumple los 23 años de edad y posteriormente una pensión durante toda su vida. Por el contrario, el padre de familia numerosa que esté viudo o separado y que tenga los niños a su cargo no tiene derecho a pensión.

¿No considera la Comisión que esta discriminación viola el principio de la igualdad de tratamiento entre hombres y mujeres, sobre todo cuando, como ocurre en este caso, esta desigualdad afecta a personas que por regla general pertenecen a los grupos sociales más desfavorecidos económicamente?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(11 de septiembre de 1998)

La Comisión no tiene competencia para intervenir en el caso descrito por Su Señoría relativo a la desigualdad de trato que afecta a los padres de familia numerosa en caso de fallecimiento, o separación, de sus cónyuges en comparación con las madres de familia en esa misma situación.

En efecto, la legislación comunitaria vigente en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres y, en particular, la Directiva 79/7/CEE, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social(1) (regímenes legales) toleran esta discriminación.

En virtud del párrafo 1 b) de su artículo 7, dicha Directiva autoriza a los Estados miembros a excluir de su ámbito de aplicación las ventajas concedidas a las personas que han educado hijos.

Esto significa que los Estados miembros pueden limitar estas ventajas a uno de los padres, como es el caso en Grecia.

En 1987 ya se presentó una propuesta de directiva(2), aún pendiente en el Consejo, en la que entre otras cosas se contempla la solución a este problema.

De conformidad con su cuarto programa de acción a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000)(3) y el programa de acción social (1998-2000)(4), la Comisión tiene previsto presentar una nueva propuesta de Directiva que sustituya a la de 1987 y en la que se tengan en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, así como la evolución de las estructuras sociales y familiares.

(1) DO L 6 de 10.1.1979.

(2) DO C 309 de 19.11.1987.

(3) DO L 335 de 30.12.1995.

(4) COM(98)259 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1968/98

de Kenneth Coates (GUE/NGL) a la Comisión

(30 de junio de 1998)

Asunto: Control del riesgo de accidentes graves

Los accidentes ocurridos en fechas recientes en una planta de tratamiento de residuos de Killamarsh, situada en mi circunscripción electoral y propiedad de la empresa SARP UK, filial de Vivendi, han causado gran preocupación tanto en esta localidad como en toda la aglomeración urbana de Sheffield. La población local desea saber si se podría conseguir el traslado de esta planta, con el fin de alejar las actividades potencialmente peligrosas de los centros de población.

¿De qué instrumentos jurídicos se dispone para facilitar este traslado?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(3 de septiembre de 1998)

La legislación comunitaria sobre residuos no contiene ninguna disposición sobre la distancia mínima entre las plantas de tratamiento y las zonas habitadas. Es posible que se introduzca una disposición de ese tipo con respecto a los vertederos en una nueva Directiva(1) que se está debatiendo actualmente en el Consejo y en el Parlamento.

No obstante, la Directiva 96/82/CE del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas(2) (conocida como Directiva "Seveso II"), que entrará en aplicación el 3 de febrero de 1999, contiene en su artículo 12 una nueva disposición sobre usos del suelo. Esta disposición refleja la necesidad de que, tras el accidente ocurrido en Bhopal (India) en 1984, se tengan en cuenta en el proceso de reglamentación las implicaciones de ordenación del territorio de los riesgos de accidentes graves. La inclusión de esta disposición puede considerarse como un gran paso adelante en el proceso de atenuación de los accidentes graves.

El objetivo de la Directiva es, por una parte, prevenir los accidentes graves y, por otra, limitar sus consecuencias para el hombre y el medio ambiente mediante los controles del lugar de implantación de las nuevas instalaciones, la modificación de las instalaciones existentes y las nuevas evoluciones, por ejemplo en materia de comunicaciones, lugares frecuentados por el público y zonas habitadas próximas a las instalaciones existentes. A largo plazo, las políticas de ordenación del territorio garantizarán el mantenimiento de una distancia suficiente entre las instalaciones peligrosas y las zonas habitadas. En los casos en que ya existen tales instalaciones cerca de zonas habitadas, la Directiva "Seveso II" requiere que, en el contexto de la aplicación de los citados controles, se prevean medidas técnicas adicionales para que no aumenten los riesgos para la población.

La Comisión ya ha empezado a preparar, en estrecha colaboración con los Estados miembros, una guía práctica para la aplicación de esta disposición, que se publicará probablemente en el transcurso de 1998.

(1) DO C 156 de 24.5.1997.

(2) DO L 10 de 14.1.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-2045/98

de James Moorhouse (ELDR) a la Comisión

(7 de julio de 1998)

Asunto: Violación de los derechos humanos en Méjico- masacre de Chiapas

¿No le preocupa a la Comisión el hecho de que, cinco meses después de la terrible masacre de Acteal, en el Estado mejicano de Chiapas, los instigadores de tal crimen no hayan sido todavía detenidos y enjuiciados y que, además, ese fracaso pudiera conducir a que ocurran otras atrocidades en la región?

¿Instará la Comisión al Gobierno mejicano para que cumpla su compromiso formal de perseguir a los instigadores de tal crimen y garantizar el fin de la presencia paramilitar en Chiapas, tal como se pedía en la Resolución del Parlamento Europeo del 15 de enero de 1998 (B4-0056/98)

Respuesta común

a las preguntas escritas E-2044/98 y E-2045/98 dada por el Sr. Marín en nombre de la Comisión

(7 de septiembre de 1998)

La Comisión ha tomado buena nota del informe del Parlamento que acompañaba su decisión de emitir un dictamen favorable al Acuerdo interino con México, en mayo de 1998.

Por lo que se refiere al texto en el que se define por primera vez explícitamente el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos como esencial, la Comisión lo considera un elemento clave del nuevo Acuerdo, cuya entrada en vigor el 1 de julio de 1998 constituye un hito. En adelante, la Comunidad dispone de una base explícita, contractual y jurídica que le permite afrontar mejor esta problemática, a fin de contribuir de manera más eficaz y constructiva a mejorar la situación de los derechos humanos en México.

En cuanto a los dispositivos que permiten analizar el respeto de los derechos humanos y la implicación de las organizaciones no gubernamentales (ONG), su peso político en ese sentido ya se había traducido en hechos concretos antes de la firma del Acuerdo. Un intercambio de opiniones sobre la situación en Chiapas constituyó el tema principal de la reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores mexicano, celebrada en Panamá en febrero de 1998. Además, a iniciativa del Parlamento, se organizó en marzo una audiencia pública en Bruselas en la que los representantes de la sociedad civil mexicana, incluido un amplio abanico de ONG, tuvieron ocasión de defender sus puntos de vista ante la opinión pública.

Independientemente de estos hechos, la Comisión seguirá valiéndose de todos los medios para recordar a las autoridades mexicanas la importancia que la Unión concede a que todos los responsables de la masacre sean identificados y juzgados.
PREGUNTA ESCRITA E-1861/98

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(16 de junio de 1998)

Asunto: Aplicación del programa "Educación y formación profesional inicial" en Grecia

Según algunas informaciones, la Comisión ha propuesto a la Comisión de seguimiento recortar la financiación de las medidas del programa operacional "Educación y formación profesional inicial" de Grecia. ¿Cuál es el importe de los recortes propuestos programa por programa? ¿Por qué motivos propone la Comisión estos recortes?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(3 de septiembre de 1998)

En la última reunión del Comité de seguimiento del programa operativo "Educación y Formación Profesional Inicial", celebrada el 7 mayo 1998 en Atenas, la Comisión propuso la reducción del programa en cuestión. Si bien no se especificó cómo se debería reducir proporcionalmente cada subprograma, cabe observar que el subprograma 2 (formación inicial) progresa adecuadamente y cumple prácticamente sus objetivos en lo que se refiere a la tasa de utilización de los créditos del Fondo Social Europeo (47 % a finales de marzo de 1998). Las cifras respectivas para los demás subprogramas son: 20 % (educación secundaria); 23 % (educación universitaria) y 16 % (modernización administrativa del sistema educativo).

Teniendo en cuenta que el período de programación en curso concluirá en breve y que todos los compromisos financieros deben haberse efectuado antes del 31 de diciembre de 1999, que la tasa de utilización del programa asciende al 29 % y que alrededor de 1 350 millones de ecus no han sido aún utilizados, que no es realista esperar un aumento espectacular de la tasa de utilización en los próximos años; considerando, por otra parte, la debilidad de las estructuras y los mecanismos de aplicación, la Comisión propuso la citada reducción proporcional para garantizar una utilización completa y en el plazo adecuado de los créditos del Fondo Social Europeo en Grecia.

Todo lo dicho ha de verse a la luz de que Grecia es el único Estado miembro en que no se ha efectuado una evaluación ni revisión intermedia de los programas en curso del Fondo Social Europeo.
PREGUNTA ESCRITA E-0682/98

de Per Stenmarck (PPE) al Consejo

(16 de marzo de 1998)

Asunto: Alcohol y seguridad en las carreteras europeas

El número de accidentes mortales en las carreteras de la UE es muy alto. Cada año mueren en torno a 45 000 personas. En relación con esto, el alcohol juega un papel muy importante. ¿Qué iniciativas se propone adoptar el Consejo para reducir el nivel de alcohol permitido en la conducción?

Respuesta

(24 de septiembre de 1998)

El Consejo comparte la preocupación de Su Señoría por lo que respecta a la necesidad de mejorar la seguridad vial con el fin de reducir el número de víctimas en accidentes de tráfico, preocupación que expresó en las conclusiones adoptadas en la sesión que celebró los días 17 y 18 junio 1997 relativa a la seguridad vial y, en particular, a la comunicación de la Comisión titulada "Promoción de la seguridad vial en la Unión Europea - Programa para 1997-2001".

Por lo que respecta más concretamente al problema del alcohol en la conducción, el Consejo llama la atención de Su Señoría sobre la firma, el pasado 18 de junio, por los Representantes de los Quince Estados miembros, del Convenio sobre las decisiones de privación del derecho de conducir. La aplicación de dicho Convenio hará que sean ejecutorias en toda la Unión las decisiones de privación del permiso de conducir adoptadas como consecuencia de determinadas infracciones, en especial la conducción de un vehículo bajo influencia del alcohol o de otras sustancias que alteran o disminuyen las facultades psíquicas y físicas del conductor.
PREGUNTA ESCRITA E-0992/98

de Iñigo Méndez de Vigo (PPE) al Consejo

(31 de marzo de 1998)

Asunto: Arsenal químico en el mar Báltico

La existencia de un arsenal químico en el mar Báltico es una realidad y amenaza con un desastre ecológico, económico y humano de enormes proporciones. Se trata de unas 302.000 toneladas de gas mostaza y otras sustancias tóxicas, que componían el grueso del arsenal químico de Alemania durante la II Guerra Mundial. De éstas, 35.000 toneladas fueron lanzadas al mar en bidones y contenedores metálicos por los soviéticos, mientras que los norteamericanos y británicos apilaron el resto en viejos barcos con su posterior hundimiento. Además, hay que contar con la existencia de picratos, sustancias altamente explosivas, lo que multiplica el riesgo de una amenaza química. Frente a esta situación, Rusia ofrece no sólo sus especialistas y tecnología, sino también un programa de cooperación internacional que, asegura, podría resolver el problema en cuatro años.

¿Es consciente el Consejo de la gravedad de esta situación? ¿Qué tiene pensado hacer el Consejo para resolver los problemas que plantean las armas químicas sumergidas en el Báltico? ¿Tiene previsto el Consejo responder al ofrecimiento de Rusia para ejecutar una acción conjunta con este país?

Respuesta

(24 de septiembre de 1998)

El Consejo tiene conocimiento del problema de las armas químicas sumergidas en los mares tras la segunda guerra mundial, pero la cuestión del arsenal químico en el Mar Báltico nunca ha sido planteada en el Consejo. Se examinó sin embargo dicha cuestión en el marco del Convenio de Helsinki, del que la Comunidad Europea es parte.

Tras un detenido examen de la cuestión, la Comisión de Helsinki llegó a la conclusión de que dejar las armas químicas en su actual ubicación sería claramente menos arriesgado que una eventual operación de recuperación utilizando las técnicas actualmente disponibles.

La Federación de Rusia, por su parte, no ha presentado documentación en la que se exponga su análisis del peligro que supone esta situación ni ha precisado el contenido de sus propuestas.