PREGUNTA ESCRITA E-2268/99

de Hans Kronberger (NI) a la Comisión

(13 de diciembre de 1999)

Asunto: Reconocimiento de la formación profesional de masajista dentro de la UE

En un caso concreto, una persona de nacionalidad austriaca que había solicitado a la administración de la Baja Baviera (Alemania) el reconocimiento de su formación profesional recibió una negativa con la siguiente justificación:

No es posible un reconocimiento basado en la Directiva 92/51/CEE(1) y, por lo tanto, en el apartado 4 del artículo 2 de la Ley de masajistas y fisioterapeutas, porque tales profesiones no corresponden al concepto profesional alemán de masajista y maestro médico de baños, a pesar de que su denominación es en parte idéntica.

El solicitante ha recibido, sin embargo, del Ministerio de Educación federal alemán una respuesta totalmente contraria, a saber, que sí es posible el reconocimiento de su formación en virtud del artículo 16 de la Directiva de la UE.

1. ¿Es conforme a derecho que se deniegue a un ciudadano austríaco el reconocimiento de su formación profesional de masajista en Alemania?

2. ¿Qué fundamento jurídico ha de aplicarse realmente?

(1) DO L 209 de 24.7.1992, p. 25.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(14 de enero de 2000)

1. Sí, en la medida en que las profesiones sean diferentes tal y como se explica en el punto siguiente.

2. En principio, el sistema general tal y como viene definido por la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años(1) y la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE, está destinado a aplicarse al reconocimiento de los títulos y cualificaciones profesionales dentro de la Comunidad, salvo las excepciones previstas en las Directivas.

No obstante, es necesario reunir una serie de condiciones, en concreto, el profesional deberá estar completamente cualificado y deberá solicitar el reconocimiento de sus títulos en un Estado miembro con el fin de ejercer la misma profesión para la que está habilitado en el Estado miembro donde ha recibido su formación. Caso de que no se reúnan las condiciones de aplicación de las Directivas, el Estado miembro de acogida podrá negarse a aplicarlas. La decisión de no aplicación deberá ser naturalmente una resolución motivada para que se pueda ver si el caso concreto incurre en una situación de exclusión de Directivas.

Cada decisión individual se basa en la comparación de las cualificaciones del migrante con la formación relativa a la profesión que quiere ejercer en un Estado miembro determinado (la normativa nacional se aplicará en este caso). El Estado miembro donde quiere ejercer el migrante también tiene en cuenta el ámbito de actividad de las profesiones en los dos Estados miembros. La evaluación de los elementos de hecho relativos a un expediente individual es competencia de las autoridades nacionales según el procedimiento definido por las Directivas, es decir, sobre todo una resolución motivada y entregada en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de presentación del expediente completo por parte del migrante ante la autoridad competente.

El que dos profesiones en dos Estados miembros tengan una denominación similar no significa que las profesiones sean idénticas. De hecho, es el contenido, o sea, el ámbito de actividad de la profesión en cuestión, y no la denominación, lo que determina la identidad de dos profesiones en dos Estados miembros diferentes. Si existieran diferencias muy significativas, podría tratarse de dos profesiones diferentes en los dos Estados miembros, en cuyo caso podría no aplicarse el sistema general. Aparte de esta situación excepcional, cuando existan diferencias sustanciales entre la formación de dos Estados miembros, se podrá pedir al migrante una serie de medidas de compensación con el fin de que subsane las diferencias sustanciales existentes entre los dos tipos de formación.

En el caso que nos ocupa, corresponde al interesado hacer valer sus derechos en el Estado miembro de acogida de conformidad con el Derecho interno, así como considerar la posibilidad de un recurso. La Directiva antes mencionada confiere al migrante la posibilidad de acudir a los tribunales de conformidad con la legislación nacional. Además, según la información comunicada por las autoridades alemanas, podría pedir que se revisara la resolución ante el ministerio de sanidad (Gesundheitsministerium) del Estado federado donde se haya dictado la resolución.

(1) DO L 19 de 24.1.1989.