PREGUNTA ESCRITA E-1059/00

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(4 de abril de 2000)

Asunto: Encauzamiento de los Barrancos Poyo, Torrente, Chiva y Pozalet en Valencia

Actualmente acaba de ser aprobada la primera fase del proyecto para el encauzamiento de 42 kilómetros de barrancos pertenecientes a la red hidrográfica del barranco de Chiva. Dicho proyecto supone el ensanchamiento y profundización del cauce, cambios de trazado y recubrimientos diversos, así como la conexión de barrancos periféricos al cauce principal. Aunque las autoridades procedieron a la aprobación del preceptivo estudio de impacto, la Declaración fechada el 15 de marzo por la Dirección General de Calidad Ambiental adjuntaba un anexo de tres páginas con unos condicionantes que el proyecto debía revisar y de los cuales no se tiene noticia hasta el momento. Diversas asociaciones y entidades (como la Asociación Española de Limnología, Acció Ecologista-Agró, SEO-Birdlife o la Plataforma per un Barranc Verd) han denunciado las graves consecuencias que este tipo de actuación tendría para los ecosistemas fluviales y lacustres afectados. Las principales consecuencias serían, además de la degradación paisajística: la eliminación total e irreversible de la cubierta vegetal que actualmente coloniza el cauce y las riberas y de las formaciones botánicas (mates) adyacentes a la desembocadura del cauce en el lago, comportando la destrucción completa de los hábitat naturales que éstas ofrecen a multitud de especies protegidas, especialmente por lo que respecta a las aves; la remoción de las materias tóxicas acumuladas en el fondo; el aumento del volumen de sedimentos (debido a la mayor velocidad de circulación del agua, y al aumento de la superficie de cuenca drenada) que irán a parar a la Albufera, contribuyendo indefectiblemente a acelerar el aterramiento del lago, sujeto a los máximos niveles de protección contemplados en la normativa de este Parque Natural, etc.

Por otro lado, de confirmarse estos extremos, el proyecto de canalización de los barrancos entraría en contradicción con diversas leyes nacionales y autonómicas y, además, supondría una violación de la Directiva 79/409(1) de protección de las aves (donde La Albufera está incluida como zona ZEPA), y de la Directiva 92/43(2) sobre conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres (por la cual España ha incluido al Parque Natural como espacio protegido en la Red Natura 2000).

¿Podría la Comisión informar en qué estado se encuentran las denuncias 99/4494, SG(99), A/7586 y 99/4430, SG(99), A/6253 presentadas por las organizaciones ecologistas valencianas?

¿Sabe la Comisión si el proyecto descrito cuenta con financiación por parte de los Fondos comunitarios?

¿Piensa la Comisión abrir un procedimiento de infracción motivado por el incumplimiento de la legislación comunitaria mencionada?

¿No considera la Comisión que existen también irregularidades en la Declaración de impacto ambiental, puesto que a fecha de hoy no se ha dado respuesta a los requerimientos recogidos en el anexo de la misma y que en el proceso no se han evaluado las afecciones sobre las áreas más valiosas del Parque?

(1) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(2) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(18 de mayo de 2000)

La Comisión ha tenido conocimiento de los hechos a que se refiere Su Señoría a través de las denuncias 99/4430 y 99/4494 citadas en la pregunta escrita.

En el marco de la instrucción de dichas denuncias, la Comisión se ha dirigido en varias ocasiones a las autoridades españolas para recabar sus observaciones sobre los hechos denunciados. Al no obtener respuesta en el plazo señalado, la Comisión ha remitido a España un escrito de emplazamiento basado en el artículo 10 (antiguo artículo 5) del Tratado CE.

El proyecto cuenta con financiación al amparo del Fondo de cohesión (proyecto no 98.11.61.012). Las autoridades españolas están al corriente de que dicha financiación está condicionada al respeto de la reglamentación comunitaria en vigor en materia de medio ambiente.

En el momento en que obre en su poder la respuesta de las autoridades españolas (incluida la declaración de impacto ambiental), la Comisión procederá a analizarla para garantizar que la legislación comunitaria aplicable sea respetada en este caso concreto.

Por lo tanto, resultaría prematuro pronunciarse en este momento sobre la existencia de una infracción al Derecho comunitario.