PREGUNTA ESCRITA E-1740/02

de Bartho Pronk (PPE-DE), Maria Martens (PPE-DE),Karla Peijs (PPE-DE) y Albert Maat (PPE-DE) a la Comisión

(19 de junio de 2002)

Asunto: Pregunta complementaria a la pregunta E-1022/02 relativa a la libre circulación de capitanes

La respuesta de la Comisión a la pregunta E-1022/02(1) es incomprensible. La Comisión se basa para la misma en los apartados 3 y 4 del artículo 39. El Tribunal de Justicia ha señalado muy claramente en el asunto C-114/97 y C-283/99 dónde se encuentran los límites de estas disposiciones, que, naturalmente, son también aplicables al problema que nos ocupa. El Tribunal dice expresamente independientemente de las tareas del trabajador, de manera que la Comisión remite injustamente a las tareas especiales que deben realizarse como consecuencia de las especiales características de la navegación marítima. Evidentemente, nunca dos casos son exactamente iguales, pero ello no impide a ningún sistema jurídico remitir a la jurisprudencia. Es comprensible, aunque incorrecto desde el punto de vista jurídico, el hecho de que la Comisión desee reconsiderar su posición a raíz de la sentencia del Tribunal sobre el asunto Anave. Un procedimiento ante el Tribunal puede llevar años y el resultado sólo es relevante en el momento en que éste se produce, y no antes. No puede producirse entretanto una especie de vacío jurídico. Por último, la Comisión no ha dado respuesta alguna a las preguntas 3 y 5, y no ha abordado en detalle las preguntas 1, 2 y 4.

1. ¿Podría responder la Comisión a las preguntas 1 a 5 de la pregunta escrita E-1022/02, una por una, y de la forma más detallada posible?

2. ¿Podría proporcionar la Comisión información sobre el calendario y el fondo del asunto Anave?

(1) DO C 229 E de 26.9.2002, p. 170.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(23 de julio de 2002)

La Comisión prefiere abstenerse de emitir comentarios más detallados sobre las posibles repercusiones de la jurisprudencia a la que aluden Sus Señorías, dado que existen dos asuntos relacionados con la cuestión específica de los capitanes y primeros oficiales, el asunto Anave y el recientemente presentado asunto Anker(1), que se encuentran todavía sub judice.

La Comisión no ha recibido todavía información sobre el calendario previsto por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con respecto al asunto Anave.

Los antecedentes del asunto son los siguientes:

- La Asociación de Oficiales de la Marína Mercante Española presentó una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo español contra el Real Decreto 2062/1999 por el que se regula el nivel mínimo de formación en profesiones marítimas. El Tribunal español remitió la materia al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que éste emitiese una decisión prejudicial, dadas las dudas que el primero tenía en cuanto a si la interpretación de la normativa comunitaria, efectuada hasta ahora por el Tribunal de Justicia, permite el mantenimiento de disposiciones conforme a las cuales los puestos de capitán y primer oficial que son empleados de las compañías marítimas se reservan incondicionalmente a los nacionales de un Estado miembro.

- Con arreglo a la legislación española, los ciudadanos de los Estados miembros podrán acceder a los empleos en las dotaciones de los buques que no impliquen el ejercicio, aunque sólo sea de manera ocasional, de funciones públicas, que quedará reservado a ciudadanos españoles (apartado 2 del artículo 77 de la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marína Mercante). El artículo 8 del Real Decreto 2062/1999 recoge las normas específicas sobre reconocimiento de títulos profesionales de ciudadanos de la Unión Europea con titulaciones expedidas por uno de los Estados miembros. En el apartado 2 del artículo 8, se hace referencia a los puestos que implican o pueden implicar el ejercicio de funciones públicas atribuidas legalmente a españoles, como los de capitán, patrón o primer oficial de puente. Estos puestos quedarán reservados a ciudadanos españoles.

- Como excepción a la norma que establece la reserva de los puestos de capitán y primer oficial a ciudadanos españoles, el apartado 3 del artículo 8 amplía la oferta de los puestos de capitán y primer oficial, en condiciones de reciprocidad, a los ciudadanos de otros Estados miembros por lo que respecta al empleo en buques mercantes de arqueo bruto inferior a 100 toneladas brutas (GT), que transporten carga o menos de 100 pasajeros y que operen exclusivamente entre puertos o puntos situados en zonas en que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.

(1) Referencia a la decisión prejudicial presentada por el Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts, en el asunto de Derecho administrativo de 1. Albert Anker, 2. Klaas Ras y 3. Albertus Snoek contra la República Federal de Alemania, Asunto C-47/02, DO C 109 de 4.5.2002.