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PREGUNTA ESCRITA E-3205/97 de Freddy Blak (PSE) a la Comisión (16 de octubre de 1997)

Asunto: Entorno laboral en los trabajos a domicilio

Un análisis realizado por el Ministerio de Investigación en Dinamarca concluye que el número de puestos de trabajo a domicilio aumentará de manera explosiva durante los próximos 3 a 5 años. ¿Cuánto espera la Comisión que aumentará el número de puestos de trabajo a domicilio en la Unión Europea durante los próximos años?

¿Es consciente la Comisión de que muchas directivas relativas al entorno laboral destinadas a proteger al trabajador no tienen ningún efecto para los trabajadores a domicilio, dado que las directivas en cuestión presuponen que el trabajo transcurre en lugares de trabajo más tradicionales?

¿Qué iniciativas piensa adoptar la Comisión para garantizar a los trabajadores a domicilio un entorno laboral en sus casas igual de bueno que el que tendrían asegurado en los lugares de trabajo tradicionales fuera de casa?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (24 de noviembre de 1997)

La Comisión es consciente de que el número de trabajadores a domicilio en Europa aumenta. Según los datos de la Comisión relativos a 1992, en la Comunidad trabajan habitualmente a domicilio 6,9 millones de personas, lo que equivale al 4,9 % de la población activa. La Comisión no está en condiciones de cuantificar el aumento del número de trabajadores a domicilio que se producirá en los próximos años.

En su Programa de acción social a medio plazo (1995-1997) ((COM(95)134 final. )), la Comisión reconoció la necesidad de realizar un esfuerzo a nivel europeo para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores a domicilio. Por otra parte, el 20 de junio de 1996, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó un Convenio y una Recomendación sobre los trabajadores a domicilio. El Convenio ofrece un elevado nivel de protección a los trabajadores a domicilio. No obstante, con vistas a garantizar su aplicación en el territorio de la Comunidad, debería ser ratificado por todos los Estados miembros. La Comisión evalúa en la actualidad diversas vías posibles de actuación.

En lo que a la protección se refiere, el Convenio de la OIT establece las obligaciones que se imponen a los Estados miembros para que apliquen una política de trabajo a domicilio destinada a mejorar la situación de los trabajadores a domicilio. Además, el Convenio establece expresamente que las políticas nacionales sobre trabajo a domicilio deberán promover, en la medida en que sea posible, la igualdad de trato entre trabajadores a domicilio y otros trabajadores asalariados, garantizando de ese modo a los trabajadores a domicilio de la Comunidad un entorno de trabajo de equivalentes condiciones al que existe en los lugares tradicionales de trabajo.
PREGUNTA ESCRITA E-3335/97 de Patricia McKenna (V) a la Comisión (22 de octubre de 1997)

Asunto: Planta de tratamiento de disolventes de Sellafield, Reino Unido

El pasado 10 de septiembre, la Comisión emitió un dictamen sobre la eliminación de residuos nucleares procedentes de la planta de tratamiento de disolventes de Sellafield, Reino Unido.

Basándose en la información facilitada por British Nuclear Fuels Ltd (BNFL), que explota la planta, el Gobierno británico y un «grupo de expertos», la Comisión decidió que la eliminación de residuos de la planta no puede dar origen a contaminación radiactiva, significativa desde el punto de vista de la salud, de las aguas, el suelo o el aire de otro Estado miembro.

¿Puede facilitar la Comisión información detallada de los datos suministrados por el BNFL, el Gobierno británico y el «grupo de expertos» sobre este asunto? ¿Cuáles fueron los miembros de este «grupo de expertos» y con qué criterios fueron designados?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (25 de noviembre de 1997)

Los datos generales que recibe la Comisión con arreglo al artículo 37 del Tratado Euratom los facilita el Estado miembro (es decir, el gobierno) en el que se lleva a cabo el plan de que se trata, no el operador. Si bien la Comisión no es competente para difundir esos datos, el Estado miembro del que proceden sí puede hacerlo en respuesta a una solicitud de una persona u organización.

El grupo de expertos mencionado en los dictámenes de la Comisión sobre datos generales es el grupo nombrado por el comité previsto en el artículo 31 a los efectos del artículo 37. Los miembros del grupo son designados atendiendo a su experiencia y conocimientos personales pertinentes para el estudio de los datos transmitidos a la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-3043/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (1 de octubre de 1997)

Asunto: Libro Blanco sobre la revitalización de los ferrocarriles comunitarios

En el dictamen del Comité Económico y Social relativo al Libro Blanco de la Comisión sobre una estrategia para la revitalización de los ferrocarriles comunitarios (COM(96)0421) ((DO C 206 de 7.7.1997, p. 23. )), se estima indispensable cortar las ramas secas en materia de directivas y reglamentos y analizar con claridad si las directivas se han incorporado a las legislaciones nacionales. Con ello, sería posible verificar la aplicación y los resultados de los instrumentos utilizados en el sector ferroviario, de manera que los Estados puedan sacar provecho de las respectivas experiencias y buscar futuros ámbitos de aplicación.

¿Puede la Comisión verificar en qué medida la aplicación en cada uno de los Estados miembros tiende a ser convergente o divergente?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (3 de noviembre de 1997)

La principal pieza legislativa comunitaria sobre el desarrollo de los ferrocarriles es la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios ((DO L 237 de 24.8.1991. )), que estos últimos años ha tenido un considerable impacto en la reorganización de los ferrocarriles y constituye la base de la estrategia de la Comisión para revitalizar los ferrocarriles de la Comunidad establecida en su Libro Blanco de 1996. Sin embargo, la Comisión reconoce sin reservas la importancia de estudiar cómo se ha aplicado exactamente la Directiva en cada Estado miembro y qué resultados ha dado. Es por esto por lo que ha lanzado un estudio de amplio alcance sobre la aplicación y los resultados de la Directiva, y se propone presentar, a principios del próximo año, un informe al Consejo y al Parlamento. En cuanto a la aplicación de la Directiva en el derecho nacional, la Comisión ha comprobado que tres Estados miembros no han aplicado aún el artículo sobre los derechos de acceso, por lo que ha iniciado procedimientos contra ellos de conformidad con el artículo 169 del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-2909/97 de Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) a la Comisión (17 de septiembre de 1997)

Asunto: Aceptación de eurocheques en Francia

1. ¿Está informada la Comisión de que en Francia ya no hay ninguna entidad bancaria que haga efectivos los eurocheques?

2. ¿Comparte la Comisión mi opinión de que un eurocheque es un título legal de pago en Europa en virtud de los acuerdos bancarios?

3. ¿Considera la Comisión que los bancos franceses incumplen unilateralmente acuerdos bancarios europeos?

4. ¿Puede confirmar la Comisión que esta práctica distorsiona la competencia en las transacciones bancarias en Europa?

5. ¿Estima la Comisión que esta práctica comercial obstaculiza la libre circulación de personas y hace que ciudadanos europeos se encuentren periódicamente con problemas financieros al no poder retirar dinero o no poder pagar?

6. ¿Qué medidas tiene la Comisión la intención de adoptar a este respecto?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (15 de octubre de 1997)

El régimen jurídico relativo a la aceptación de los eurocheques internacionales por parte de los bancos franceses es de naturaleza estrictamente contractual. Este régimen se recoge en el «Acuerdo sobre las comisiones, fechas de valor y cobro centralizado de eurocheques normalizados extendidos en moneda nacional y la apertura del sector no bancario» (denominado «Package Deal»). Este Acuerdo ha sido objeto de una notificación a la Comisión en virtud del artículo 4 del Reglamento no 17 del Consejo de 6 de febrero de 1962, primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado ((DO 13 de 21.2.1962. )). El mismo no impone a todas las sucursales de un banco miembro del sistema de eurocheques internacionales la obligación de aceptar los eurocheques extendidos por un portador residente en un tercer país.

Según la información de que dispone la Comisión, algunos bancos no aceptan los eurocheques, pero esto no ocurre con todos los bancos que operan en Francia. Los bancos que no aceptan los eurocheques parecen actuar de forma unilateral, sin basarse en un acuerdo o práctica concertada, que son las únicas circunstancias contempladas en el artículo 85 del Tratado CE. Por último, ha de señalarse que los eurocheques en papel van siempre acompañados de una tarjeta de garantía que también permite sacar dinero en efectivo de los cajeros autómaticos. Prácticamente la totalidad de los cajeros automáticos instalados en Francia son accesibles con las tarjetas eurocheque.
PREGUNTA ESCRITA E-2612/97 de Graham Watson (ELDR) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Agricultura biológica

El reglamento sobre la cría ecológica de ganado propone la prohibición del uso de más de dos tratamientos alopáticos por animal al año o a lo largo de la vida. ¿En qué criterios científicos se basan las recomendaciones de la Comisión?

¿Supone esto que los ganaderos no podrán utilizar vermicidas para las ovejas en época de nacimiento de corderos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (6 de Octubre de 1997)

La propuesta de la Comisión ((COM(96)366. )) de un reglamento del Consejo que complemente el Reglamento (CEE) no 2092/91, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimentos ((DO L 198 de 22.7.1991. )), para que incluya la producción ganadera, recoge una disposición que prohibe la venta de productos ecológicos de animales que hayan recibido más de dos series de tratamiento de medicinas alopáticas que no sean para parásitos. De este modo, los tratamientos para parásitos (por ejemplo los vermífugos para ovejas) no se incluirían en esta disposición y, por tanto, estarían autorizadas.

En la agricultura ecológica, la salud de los animales se centra en tres principios básicos: elección de razas resistentes a las enfermedades, uso de piensos ecológicos y alojamiento extensivo. Hay pruebas de que la gravedad de los problemas causados por las enfermedades es menor si se aplican estos principios y el recurso a tratamientos alopáticos sólo es necesario en casos excepcionales.

Las pruebas científicas se toman en cuenta en la agricultura ecológica pero no son los principales que se tienen presentes a la hora de establecer normas. La agricultura ecológica constituye una forma específica de producción que se beneficia de un etiquetado especial y garantiza una calidad particular del producto que satisfaga las expectativas de los consumidores ante tales productos.

Las restricciones con respecto a la agricultura ecológica en general, y en particular las relacionadas con el uso de medicamentos alopáticos, se establecieron tras un cuidadoso examen de las prácticas agrícolas ecológicas existentes en los Estados miembros y de las expectativas de los consumidores con respecto a estas prácticas. En este contexto, el uso de medicamentos alopáticos tiene que limitarse a un estricto mínimo. En su sesión de mayo de 1997, el Parlamento emitió un dictamen sobre la propuesta de la Comisión tras un detallado examen de las normas de producción propuestas y confirmó el principio básico de los tratamientos limitados.
PREGUNTA ESCRITA E-3163/97 de Concepció Ferrer (PPE) a la Comisión (13 de octubre de 1997)

Asunto: Programa Eurathlon

La Comisión Europea anunció el pasado mes de abril la financiación de 1,7 millones de ecus para 174 proyectos dentro del marco del Programa Eurathlon para el deporte. Los proyectos seleccionados prevén la realización de actividades de muy diversa índole, como esgrima o paracaidismo, y la actividad más repetida dentro de estos 174 proyectos es el fútbol.

Teniendo en cuenta que una de las finalidades del Programa Eurathlon para el deporte es el intercambio deportivo entre ciudadanos de la UE y fomentar de este modo el espíritu europeo, ¿podría decir la Comisión cuántos de los proyectos aprobados están destinados al fomento del deporte entre personas con algún tipo de minusvalía?

¿Podría indicar también la Comisión cuántos proyectos del total que fueron presentados (657) tenían como finalidad la promoción del deporte entre personas con minusvalía?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión (6 de noviembre de 1997)

El presupuesto «deporte» gestionado por la Comisión, prevé una parte para el programa Eurathlon, mientras que otra parte se reserva a la financiación de los deportes para personas minusválidas.

En el marco de este programa específico de deporte para personas minusválidas, la Comisión recibió en 1997 126 solicitudes de subvención, de las que 72 recibirán una ayuda de la Comisión por un importe total previsto de 1 millón de ecus.
PREGUNTA ESCRITA E-2348/97 de Patricia McKenna (V) al Consejo (18 de julio de 1997)

Asunto: Enjuiciamiento de los líderes de los jemeres rojos

En un reciente informe, Amnistía Internacional ha solicitado la ayuda de la comunidad internacional para llevar a los tribunales a los líderes de los jemeres rojos supuestamente responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Camboya y para garantizar que se les someta a un juicio justo.

Amnistía afirma que el sistema judicial de Camboya padece una persistente falta de imparcialidad y transparencia, y que «los esfuerzos encaminados a la aplicación de reformas han topado con el obstáculo de las tensiones existentes en el seno de la coalición gubernamental». Por este motivo, el sistema judicial camboyano tendría enormes dificultades para garantizar un enjuiciamiento de los líderes de los jemeres rojos que cumpliera los patrones internacionales de equidad.

Teniendo en cuenta que las acusaciones a las que probablemente deberán enfrentarse los líderes de los jemeres rojos incluyen violaciones de la Convención de Ginebra, crímenes de jurisdicción universal, éstos podrían ser juzgados en cualquier Estado.

¿Qué medidas propone el Consejo para garantizar que los líderes de los jemeres rojos acusados de violación de los derechos humanos puedan ser sometidos a un juicio justo en Estados miembros de la UE, de manera que los culpables de los delitos que han asolado Camboya durante décadas puedan ser llevados ante la justicia?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2348/97 y E-2744/97 (17 de noviembre de 1997)

1. La Unión Europea ha seguido con preocupación los recientes acontecimientos acaecidos en Camboya. En particular, ha iniciado gestiones ante el Rey Sihanouk y los dos coprimeros ministros Ung Huot y Hun Sen a fin de obtener garantías políticas de un rápiso retorno de Camboya a la normalidad constitucional.

La Unión Europea ha manifestado su preocupación en lo referente a las alegaciones de justicia expeditiva y desapariciones tras el golpe del 5 de julio de 1997. La Unión Europea ha pedido que se esclarezcan plenamente dichos informes y se restablezca inmediatamente el respeto de los derechos humanos.

El Gobierno camboyano ha dado garantías en tal sentido.

2. El papel de los jemeres rojos ha sido un elemento determinante de la reciente crisis camboyana, que ha dado lugar a la destitución del Príncipe Ranarriddh como coprimer ministro. Por otra parte, los jemeres rojos siguen ocupando territorios en el norte del país.

La Unión Europea está a afavor de una solución negociada entre todas las partes que están dispuestas a aceptar la legalidad constitucional, con miras a la reconciliación nacional.

Se sobreentiende que los autores de exacciones y crímenes contra la humanidad, definidos en la Convención de Ginebra, deberán ser juzgados lo antes posible.
PREGUNTA ESCRITA E-2684/97 de María Sornosa Martínez (GUE/NGL) y Pedro Marset Campos (GUE/NGL) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Concentración de ozono en el Levante español

En la provincia de Castellón en la Comunidad Valenciana, se está realizando un estudio promovido por la Comisión Europea que bajo el nombre de «Proyecto Bema» analiza la contaminación atmosférica en la zona.

La concentración de ozono en la troposfera es excesiva y se debe, según los expertos del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CAEM), a las refinerías y al abundante incremento del parque automovilístico de los últimos años. Esta circunstancia provoca enfermedades respiratorias y está afectando gravemente a los cultivos. Los científicos advierten que el efecto oxidante del ozono ya ha provocado la desaparición de semillas mediterráneas y que si no se toman medidas restrictivas, en el plazo de 20 años se rebasará la acumulación de ozono tolerable para los seres vivos.

La cuenca mediterránea está considerada como zona especialmente amenazada.

1. Aparte de los estudios valorativos que se están llevando a cabo, ¿ha tomado la Comisión medidas de urgencia para que la situación actual no se agrave?

2. ¿Tiene constancia la Comisión de algún incumplimiento de la Directiva 84/360/CEE ((DO L 188 de 16.7.1984, p. 20. )) del Consejo, de 28 de junio de 1984, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de instalaciones industriales?

3. ¿Qué gestiones puede emprender la Comisión con las autoridades españolas, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente y, especialmente, la aplicación de la Directiva 91/156/CEE ((DO L 78 de 26.3.1991, p. 32. )) relativa a residuos y la Directiva 84/360/CEE arriba mencionada?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (6 de octubre de 1997)

1. Aunque la Comisión comparte la opinión de Su Señoría en cuanto a la situación extremadamente delicada de la cuenca mediterránea, no ha tomado medidas de urgencia en relación con el ozono en la troposfera sobre la provincia de Castellón (España).

2. La Comisión no tiene conocimiento de que se haya producido ningún incumplimiento de la Directiva del Consejo 84/360/CEE por parte de España.

3. La Comisión tampoco tiene conocimiento de que haya surgido ningún problema con motivo de la aplicación de la Directiva 84/360/CEE en España. Sin embargo, a resultas de un procedimiento de infracción iniciado por la Comisión, el Tribunal de Justicia condenó a España el 5 de junio de 1997 por la falta de notificación de las medidas nacionales de aplicación de la Directiva 91/156/CEE.

Con posterioridad, la Comisión solicitó de las autoridades españolas información referente a las medidas adoptadas para la ejecución del fallo del Tribunal. La respuesta recibida de su parte señala que el Consejo de Ministros ha aprobado un «Anteproyecto de Ley de Residuos», cuya adopción está prevista para finales de año, para así dar cumplimiento al fallo del Tribunal y a las obligaciones establecidas en la Directiva 91/156/CEE.
PREGUNTA ESCRITA E-3296/97 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: Acciones desestabilizadoras por parte de Turquía

Según diversas noticias publicadas, los servicios secretos turcos están elaborando un plan de desestabilización del Egeo con el pretexto de la «persecución» de supuestos guerrilleros kurdos en alguna de las islas del Egeo oriental.

Todo este plan persigue desacreditar a un Estado miembro de la UE, Grecia, como centro de actividades terroristas así como poner en duda sus derechos territoriales con el pretexto de combatir y prevenir los actos de tal índole.

Dado que Turquía constituye un Estado asociado con la UE, hecho que le obliga a respetar las normas del Derecho internacional, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para impedir una desestabilización generalizada en el Egeo, cuyas consecuencias sufriría la propia UE?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (17 de noviembre de 1997)

La Comisión considera que este asunto no es de su competencia.
PREGUNTA ESCRITA E-2875/97 de Kenneth Coates (GUE/NGL) a la Comisión (11 de septiembre de 1997)

Asunto: Libre circulación

Manifestándose en nombre del Gobierno británico, el Sr. Alan Howarth, diputado y CBE, ha declarado que en general la legislación no permite abonar las prestaciones de desempleo durante los períodos en que la persona que busca empleo está ausente del Reino Unido y que es así porque las prestaciones de desempleo se abonan a personas que cumplen determinadas condiciones relativas al trabajo y al mercado y la estancia en el extranjero impide el cumplimiento de las mismas.

¿Incumplen estas disposiciones relativas a las prestaciones de desempleo el apartado 1 del artículo 8 A del Tratado de la Unión Europea, que establece que «Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros...?»

Respuesta común a las preguntas escritas E-2873/97 y E-2875/97 dada por el Sr. Flynn en nombre de la Comisión (2 de octubre de 1997)

Los Reglamentos (CEE) no 1408/71 y 574/72 ((Actualizado por el Reglamento (CEE) no 118/97 (DO L 28 de 30.1.1997), modificado por última vez por el Reglamento (CEE) no 1290/97 (DO L 176 de 1.7.1997). )) del Consejo coordinan los regímenes de Seguridad Social de los Estados miembros. Dichos Reglamentos confieren al nacional comunitario derecho a exportar determinadas prestaciones de seguridad social cuando éste reside en un Estado miembro distinto del Estado competente. Sin embargo, procede señalar que el artículo 69 del Reglamento (CEE) no 1408/71 limita a un período máximo de tres meses el derecho del trabajador a percibir las prestaciones por desempleo cuando éste se desplaza a otro Estado miembro, y sólo si el fin del traslado es buscar allí otro empleo.

El Tribunal de Justicia ha avalado este régimen, alegando que existe una relación entre el derecho al disfrute de prestaciones por desempleo y la disponibilidad para trabajar, y que el beneficiario debe estar disponible para trabajar en el Estado miembro competente. Al sujetar a requisitos las facilidades que concede a los trabajadores desempleados que buscan un empleo, el legislador comunitario ha hecho un uso correcto de la facultad de apreciación de que dispone para la ejecución de la libre circulación de los trabajadores ((Sentencia del Tribunal de Justicia de la CEE de 8.4.1992, Asunto C-62/91, Gray, Rec. 1992 p. I-2.737. )).

La Comisión, sin embargo, teniendo en cuenta la coyuntura del mercado de trabajo y la dificultad que supone encontrar un empleo en el período de tres meses previsto, opina que se debería ampliar dicho plazo de tiempo ((DO C 189 de 9.7.1980. )). En este sentido, ya presentó en 1980 una propuesta de ampliación de dicho período, propuesta que volvió a presentarse en su versión modificada de enero de 1996 ((DO C 68 de 6.3.1996. )).