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PREGUNTA ESCRITA E-0938/01

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(28 de marzo de 2001)

Asunto: Pago más rápido de las facturas a nombre de la Comisión

En un programa de televisión danés llamado Los eurócratas, que se emitió en la televisión sueca el 11 de febrero de 2001, se abordaba, entre otras, la cuestión de los plazos de tramitación para el pago de las facturas que debe pagar la Comisión en relación con diversos proyectos. Según dicho programa de televisión, cuatro de diez facturas no se pagan en su debido plazo. El programa daba el ejemplo de una factura que la Comisión recibió por un proyecto medioambiental en Irlanda. La factura pasó el control de ocho empleados, y su pago no se efectuó hasta pasados 60 días.

Muchas pequeñas empresas tienen reclamaciones pecuniarias pendientes en la Comisión, y se ven obligadas a esperar demasiado tiempo por el reembolso. El hecho de que se recurra a tantos empleados de la Comisión para controlar cada factura es también un problema.

¿Qué va a hacer la Comisión para establecer una práctica que posibilite que el pago de las facturas sea más rápido y no se utilicen tantos recursos humanos para controlar que las facturas son correctas?

Respuesta de la Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(3 de julio de 2001)

La Comisión, en 1991, se dio como objetivo efectuar los pagos en el plazo de 60 días desde el recibo de una petición válida. Desde 1997 paga intereses por los pagos fuera de plazo.

En 2000, el 74 % de los pagos se hicieron dentro del plazo de 60 días. El objetivo de la Comisión, tal como figura en la acción 10 de la parte II del Libro Blanco Reforma de la Comisión(1), aprobado el 1 de marzo de 2000, es efectuar el 95 % de los pagos en dicho plazo en 2002.

La Comisión ha abordado esta cuestión de los plazos de pago en distintas ocasiones, la última en julio de 2000. En esa oportunidad acordó varias medidas dirigidas a acelerar el pago de las facturas. Ni la Comisión ni los consultores externos, sin embargo, identifican como causa de los retrasos el número excesivo de personas que revisan las facturas.

Algunas medidas de la Comisión tendrán por efecto, con todo, mejorar los procedimientos y reducir el número de personas que revisan las facturas.

Entre otras:

- la clarificación de los términos de los contratos: fijar los detalles que deben incluirse en los contratos, asegurar que los anexos técnicos en los que se establece lo que el contratista debe entregar a la Comisión en cada fase de un proyecto estén elaborados con precisión y puedan ser verificados por ambas partes, etc.;

- la simplificación de las disposiciones financieras y de procedimiento de los contratos: simplificar las cláusulas financieras y reducir el número de documentos justificativos que deben presentarse con las solicitudes de pago cuando se trate de contratos basados en todo o en parte en procedimientos de reembolso de costes, estableciendo importes estándar para categorías de gasto como los gastos de viaje, etc.;

- la mejora de herramientas y procedimientos de tecnología de la información (TI): sistema común de registro de facturas recibidas y de supervisión de su trámite de pago, etc.

(1) COM(2000) 200 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0867/01

de John McCartin (PPE-DE) a la Comisión

(22 de marzo de 2001)

Asunto: Niveles de gas radón en los colegios y los hogares irlandeses

¿Está al corriente la Comisión del reciente estudio llevado a cabo por el Instituto de Protección Radiológica de Irlanda que demuestra que existen altos niveles de gas radón en una cuarta parte de los colegios irlandeses y en 91 000 hogares en toda Irlanda, lo que representa un riesgo para la seguridad pública?

¿Puede indicar la Comisión si la incapacidad del Gobierno irlandés para solucionar de manera eficaz este riesgo constituye una violación de la legislación medioambiental europea?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2001)

El Instituto de Protección Radiológica de Irlanda realizó un exhaustivo estudio de las concentraciones de gas radón en los hogares y centros escolares irlandeses. La parte correspondiente a los hogares se ultimó en 1999 y la referente a los centros escolares concluirá en 2001. El estudio demuestra que en el 8,8 % de los hogares irlandeses se supera el nivel de referencia de 200 bequerelios por metro cúbico (Bqm-3), nivel que también se supera en una o varias aulas en el 23 % de los centros escolares irlandeses.

Por tanto, el Gobierno irlandés se ajusta a lo dispuesto en la Recomendación de la Comisión 90/143/Euratom, de 21 de febrero de 1990, relativa a la protección de la población contra los peligros de una exposición al radón en el interior de edificios(1). En ella se proponen un nivel de referencia de 400 Bqm-3 a partir del cual debe examinarse la adopción de medidas sencillas, pero eficaces, para reducir el nivel de radón, y un nivel de diseño de 200 Bqm-3 para las futuras construcciones.

Los Estados miembros no están obligados a adoptar medidas correctoras, ya que son los propietarios de las viviendas quienes deben hacerlo. No obstante, Irlanda ha establecido un régimen de subvenciones para ayudar a los propietarios de las viviendas a sufragar los gastos en que hayan incurrido para resolver los problemas de contaminación por radón. Se espera que este incentivo económico mejore significativamente la situación.

(1) DO L 80 de 27.3.1990.
PREGUNTA ESCRITA E-1748/01

de José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) a la Comisión

(15 de junio de 2001)

Asunto: Toma de control de Hidrocantábrico por el Grupo Villar Mir y EnBW

La operación consistente en la toma de control de Hidrocantábrico por el Grupo Villar Mir y EnBW amenaza con reforzar la posición de dominio conjunta existente en el mercado de la generación de energía eléctrica en el territorio peninsular español. Como resultado de dicha posición de dominio conjunta reforzada, la competencia efectiva podría verse obstaculizada de manera significativa en dicho mercado.

Por otra parte, la operación notificada afecta a la competencia en los mercados regionales y locales de la distribución y comercialización de energía eléctrica en los que Hidrocantábrico se encuentra presente, los cuales presentan todas las características de un mercado definido y no constituyen una parte sustancial del mercado común.

¿Considera la Comisión que, en aplicación de lo previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 9 del Reglamento 4064/89(1), deberían ser las autoridades competentes españolas las que decidieran sobre el asunto a fin de que se aplique la legislación nacional de defensa de la competencia al mismo y, en concreto, el artículo 14 y siguientes de la Ley 16/1989, de 17 de Julio de Defensa de la Competencia y el Real Decreto 1080/1992 que la desarrolla?

(1) DO L 395 de 30.12.1989, p. 1.

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(31 de julio de 2001)

El 1 de junio de 2001, la Comisión decidió llevar a cabo una segunda investigación detallada de la propuesta de adquisición de control conjunto de la empresa española Hidroeléctrica del Cantábrico S.A. (Hidrocantábrico) por parte del Grupo español Villar Mir y de Energie Baden-Württemberg (EnBW). La Comisión considera que la operación propuesta plantea serias dudas ya que podría consolidar la posición de dominio conjunta existente en el mercado español de electricidad. También examinará hasta qué punto se reforzaría la posición dominante de Electricité de France(EdF), que controla conjuntamente EnBW. El gobierno español ha solicitado la remisión del caso, pero como la Comisión está iniciando una investigación pormenorizada, según el artículo 9 del Reglamento de concentraciones(1), no está obligada a pronunciarse sobre la solicitud realizada por las autoridades nacionales en esta fase del procedimiento.

A partir del momento en el que decidió abrir una segunda investigación, la Comisión dispone de cuatro meses como máximo para tomar una decisión definitiva.

(1) Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, DO L 395 de 30.12.1989, modificado en última instancia por el Reglamento (CE) no 1310/97 del Consejo de 30 de junio de 1997, DO L 180 de 9.7.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-0915/01

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(28 de marzo de 2001)

Asunto: Auditoría a la zona urbana de Braga

El rotativo portugués Diário do Minho publicaba el 17 de junio de 1998: La Comisión va a promover la realización de una auditoría a la zona urbana de Braga en el ámbito de un programa para desarrollar conocimientos sobre la calidad de vida en las ciudades. La iniciativa engloba a 58 ciudades europeas y no sólo tiene como objetivo proporcionar un mejor conocimiento de las urbes, sino recabar información para la definición de políticas urbanas.

En la noticia se añadía que el trabajo de evaluación, cuya duración prevista era de un año, corría a cargo de European Economic Research and Advisory Consortion.

¿Puede facilitar la Comisión la evaluación correspondiente a las ciudades portuguesas, que, de acuerdo con el mencionado diario, fueron Braga, Lisboa y Oporto?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(21 de mayo de 2001)

La auditoría urbana es un ejercicio de recopilación de indicadores sobre la calidad de vida realizado por la Comisión en 58 de las mayores ciudades europeas.

Los resultados, que incluyen una comparación con las demás ciudades analizadas, se publicaron en abril de 2000 y pueden consultarse en la página web siguiente: http://www.inforegio.cec.eu.int/urban/audit

En Portugal, las ciudades analizadas fueron, efectivamente, Lisboa, Oporto y Braga. Los datos de estas tres ciudades figuran en la rúbrica Search by city de la página antes citada y pueden compararse con los de las demás ciudades en la rúbrica Search by domain. Estas secciones sólo existen en inglés.
PREGUNTA ESCRITA E-1623/01

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(12 de junio de 2001)

Asunto: Reconocimiento de las galerías terapéuticas como galerías curativas

En Alemania y Austria, pero también en numerosos países candidatos (por ejemplo, Eslovenia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría), las galerías terapéuticas ya están reconocidas como galerías curativas y, en consecuencia, las cajas del seguro de enfermedad se hacen cargo de los costes de las terapias.

- ¿Podría indicar la Comisión qué importancia atribuye a las galerías terapéuticas en cuanto galerías curativas?

- ¿Piensa la Comisión que, en un futuro, la Unión Europea incrementará la promoción y el apoyo económicos a la gestión de este tipo de centros terapéuticos también por medio de los programas comunitarios?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(23 de julio de 2001)

Las competencias de la Comunidad en el área sanitaria son limitadas. El reconocimiento de la utilización de galerías de mina para administrar asistencia médica y las decisiones de que el seguro médico reembolse los gastos de tratamiento en ellas entran en el ámbito de las responsabilidades de los Estados miembros en materia de organización y suministro de servicios sanitarios y asistencia médica (artículo 152 del Tratado CE -antiguo artículo 129-).

El nuevo programa de salud pública, que está siendo actualmente debatido en el Parlamento y en el Consejo, contiene acciones relativas al intercambio de las mejores prácticas y a la rentabilidad de determinadas intervenciones sanitarias, por lo que podría constituir un marco en el que reflexionar sobre los costes y beneficios de tratamientos y procedimientos, si bien, por supuesto, la decisión final de su uso y aplicación seguiría recayendo en los Estados miembros.

Por otra parte, en el programa Calidad de vida y gestión de los recursos vivos, del Quinto programa marco de investigación y desarrollo tecnológico, podrían emprenderse estudios sobre la eficacia de estas terapias.
PREGUNTA ESCRITA E-1244/01

de Francesco Fiori (PPE-DE), Generoso Andria (PPE-DE), Renato Brunetta (PPE-DE), Raffaele Costa (PPE-DE), Marcello Dell'Utri (PPE-DE), Giuseppe Gargani (PPE-DE), Giorgio Lisi (PPE-DE), Francesco Musotto (PPE-DE), Giuseppe Nisticò (PPE-DE), Guido Podestà (PPE-DE), Amalia Sartori (PPE-DE) y Stefano Zappalà (PPE-DE) a la Comisión

(26 de abril de 2001)

Asunto: RAI (Radiotelevisión Italiana)

¿Pueden decir el Presidente de la Comisión y la Comisión:

- si la Radiotelevisión Italiana ha recibido alguna vez en el curso de su historia fondos de la Comisión Europea sea cual sea la razón,

- si estos fondos se han utilizado para emitir información o programas,

- si éstos se han emitido y cuándo,

- si respetaban los principios por los que se rige la RAI como sociedad concesionaria de un servicio público de interés nacional,

- si cree que debe suspender toda la financiación existente debido a la violación de los principios de equidad por parte de la RAI?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1123/01 y E-1244/01 dada por la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2001)

El principal programa comunitario que interviene en el sector audiovisual es el programa MEDIA Plus, que entró en vigor el 1 de enero de 2001. Este programa es continuación de los programas MEDIA y MEDIA II, que fueron aplicados entre 1991 y 2000.

En el marco de estos programas, el apoyo comunitario se atribuye únicamente a productores y distribuidores independientes, y la noción de independencia se evalúa teniendo en cuenta los eventuales vínculos de la sociedad candidata/beneficiaria con una sociedad de radiodifusión pública o privada.

Las sociedades de radiodifusión, públicas o privadas, no pueden optar a una ayuda comunitaria en el marco de MEDIA, por lo que la RAI no ha percibido ninguna contribución financiera comunitaria a este título.
PREGUNTA ESCRITA E-1566/01

de Pervenche Berès (PSE) a la Comisión

(29 de mayo de 2001)

Asunto: Discriminación fiscal por razón del lugar de instalación

¿Es compatible con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea la denegación, por parte de la administración de un Estado miembro de la Unión Europea, de la exención de los derechos de sucesión previstos en el Derecho nacional en favor de organismos con vocación científica, humanitaria o técnica, a una institución de esa naturaleza que ejerce una misión similar en ese mismo Estado miembro pero está instalado en otro Estado miembro de la Unión Europea?

Respuesta del Señor Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de julio de 2001)

La situación que describe Su Sría. puede estar en contradicción con el Tratado CE en la medida en que esa denegación puede dar lugar a una situación perjudicial en detrimento de determinados organismos que ejercen actividades comparables, en función de su lugar de establecimiento.

La situación a que hace referencia Su Sría. debería examinarse contando con datos más completos para que la Comisión pueda apreciar si constituye una infracción al Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-0748/01

de Nicholas Clegg (ELDR) al Consejo

(15 de marzo de 2001)

Asunto: Inicio de un proceso en el marco de los procedimientos de solución de diferencias de la OMC (decisión del Comité 133)

Cuando el Comité 133 toma la decisión de iniciar un proceso en el marco de los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, ¿se registran los detalles de la decisión por escrito? En caso contrario, ¿por qué motivo? Si estos documentos existen, ¿son accesibles al público? En caso contrario, ¿por qué motivo?

Respuesta

(13 de julio de 2001)

1. El Consejo recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 del Tratado, las decisiones relativas a la política comercial común son adoptadas por el Consejo sobre la base de propuestas o recomendaciones de la Comisión.

2. Por otra parte, el Consejo señala a Su Señoría que los resultados de las deliberaciones del Comité del Artículo 133 se hacen constar por escrito en documentos de la Secretaría General del Consejo y que el acceso del público a los documentos del Consejo es objeto de la Decisión del Consejo 93/731/CE, de 20 de diciembre de 1993, modificada por las Decisiones del Consejo 96/705/CE, de 6 de diciembre de 1996, y 2000/527/CE, de 14 de agosto de 2000, que establece los casos en los que debe mantenerse la confidencialidad, en particular en materia comercial e industrial.
PREGUNTA ESCRITA E-0365/01

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(14 de febrero de 2001)

Asunto: Reestructuración de Xerox Ayudas recibidas del Gobierno irlandés

Xerox reestructura en estos momentos sus actividades de fabricación en Europa en Venrey (Países Bajos), Mitcheldean (Reino Unido) y Dundalk (Irlanda).

Sin embargo, es posible que esta reestructuración se vea distorsionada si Xerox se ve obligada a reembolsar al Gobierno irlandés los miles de recibidos para que se instalara en Dundalk hace dos años, por cada empleo que se pierda en Irlanda.

¿No considera la Comisión que estas barreras son contrarias al espíritu, y quizás incluso a la letra, de la legislación europea, destinada a crear un mercado único europeo?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(5 de abril de 2001)

La fábrica de Xerox en Dundalk, que fabrica ordenadores y otro equipo de tratamiento de la información, recibió ayuda a la inversión inicial bajo la forma de subvenciones de capital y de empleo. La planta ya está en funcionamiento y se han pagado parte de los incentivos.

Los regímenes de ayuda regional afectados son aprobados por la Comisión por estar incluidos en la derogación prevista en el apartado 3 del artículo 87 (antiguo artículo 92) del Tratado CE.

La inclusión de requisitos en los acuerdos de subvención en el sentido de que las subvenciones para inversiones específicas deben reembolsarse si no se mantienen durante varios años, están explícitamente previstos conforme a los párrafos 4.10 y 4.14 de las directrices pertinentes de la Comisión, es decir, las directrices sobre ayuda regional(1). Esta disposición está dirigida a impedir el uso erróneo del dinero público, es decir, impidiendo que el equipo comprado a través de la ayuda estatal sea transferido a otra región que no puede acogerse a la ayuda. Al mismo tiempo, la cláusula de los cinco años se deriva de la necesidad de asegurar que la inversión subvencionada tiene un impacto en el desarrollo regional de la región afectada, que sería puesto en peligro si se permitiera a la empresa trasladarse a otra parte al poco tiempo.

(1) DO C 74 de 10.3.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-1776/01

de Paul Rübig (PPE-DE) a la Comisión

(15 de junio de 2001)

Asunto: Reglamento alemán sobre embalajes. Obstáculos al comercio de los importadores de bebidas.

El Reglamento alemán sobre embalajes actualmente en vigor prevé la imposición de una fianza obligatoria para los envases de determinadas bebidas (cerveza, refrescos, agua mineral, zumos de frutas y verduras, vino). Dicha fianza será de aplicación a tipos de bebida en los que menos del 72 % de la producción esté envasada en recipientes retornables.

La Comisión decidió por primera vez en enero de 2001, tras años de pruebas y una larga fase precontenciosa, presentar una demanda contra Alemania ante el TJCE a consecuencia de este porcentaje y la amenaza de fianza obligatoria. La normativa representa un obstáculo al comercio, en especial para las empresas extranjeras que exportan agua mineral a Alemania. La fianza obligatoria tampoco se ve justificada desde el punto de vista de los objetivos de protección del medio ambiente. El objetivo aparente es potenciar la utilización de envases retornables. Dados los enormes costes que esto supondrá, que en última instancia recaerán sobre los compradores, más que fomentarse el objetivo, se conseguirá el efecto contrario, como de hecho ya han demostrado numerosos estudios. A pesar de las objeciones a dicha normativa que ya existían desde 1991, en marzo de 2001 Alemania notificó una modificación de su reglamento sobre embalajes. En este reglamento se aprobará definitivamente la fianza obligatoria que hasta ese momento sólo constituía una amenaza.

¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Comisión en caso de que se aprobara la fianza obligatoria?

¿Qué piensa la Comisión hacer para seguir garantizando un comercio libre eficiente, efectivo y ágil, a pesar de la amenaza que supone para ello la introducción de esta normativa?

¿Con qué posibilidades cuenta la Comisión para la consecución de este objetivo?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1774/01, E-1775/01, E-1776/01, E-1777/01 y P-1823/01 dada por el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(26 de julio de 2001)

El proyecto de segunda modificación del Reglamento alemán de envases, que ha sido notificado en el marco de las Directivas 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases(1) y 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas(2), ha sido examinado por la Comisión a la luz de las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario.

Los puntos mencionados por Sus Señorías han sido objeto, entre otros, de examen por los servicios competentes de la Comisión.

Habida cuenta de que, en su sesión de 13 de julio de 2001, el Bundesrat siguió una proposición de resolución común de diversos länder y no votó a favor del proyecto tal como fue notificado a la Comisión, ya no se plantea la cuestión de la compatibilidad de dicho proyecto con el Derecho comunitario.

(1) DO L 365 de 31.12.1994.

(2) DO L 204 de 21.7.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-1045/01

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consejo

(3 de abril de 2001)

Asunto: Medidas presentadas por el Reino Unido para reducir el flujo de refugiados e inmigrantes en la Unión Europea

En la reunión del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Interiores del pasado mes de febrero, las medidas presentadas por el Reino Unido para reducir el flujo de refugiados e inmigrantes en la Unión Europea, llegando incluso a proponer la modificación de la Carta de los Refugiados de las Naciones Unidas, entran en contradicción con las necesidades objetivas y con la capacidad política y económica de la Unión. ¿En qué fase se encuentra el estudio en el Consejo de dichas propuestas?

Respuesta

(27 de septiembre de 2001)

En temas de asilo y migración, el Consejo sigue el programa previsto en el Título IV del Tratado y, más concretamente, por su artículo 63, que enumera las medidas que deberá adoptar el Consejo a corto plazo en estos ámbitos.