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ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 33/88

(2004/C 33 E/084)

PREGUNTA ESCRITA E-0852/03

de Christos Folias (PPE-DE) a la Comisión

(20 de marzo de 2003)

Asunto: Contratos públicos

El segundo apartado del artículo 7 de la Ley griega 2955/2001, permite el suministro de materiales sin que la entidad pública en cuestión lleve a cabo una programación anual de necesidades ni suscriba ningún contrato, no prevé ningún procedimiento respecto a qué material es más adecuado para el enfermo y autoriza el establecimiento de un precio máximo vinculante, limitando así la competencia. Por otra parte, la Decisión Ministerial Conjunta DY6a/G.P/73754/24-7-02/FEK 984/31-7-02, emitida en aplicación de la ley previamente mencionada, no se basa en ningún factor técnico para clasificar los productos que describe como no comparables entre sí y designa a la totalidad de los productos de categorías generales como no comparables entre sí, adoptando el principio de que, por definición, los productos de un fabricante no pueden compararse a cualquier otro producto de otro fabricante. Igualmente, permite a las entidades públicas abastecerse según su propia voluntad, sin que medie la suscripción de contrato alguno y sin que fijen sus necesidades anuales, tanto respecto al contenido exacto, como respecto a la cantidad.

¿Son acordes con el derecho comunitario en materia de suministros, y en concreto con la Directiva 93/36/CEE (1), la Ley griega 2955/2001 y la Decisión Ministerial emitida en aplicación de dicha ley? En caso negativo, ¿qué medidas tiene intención de tomar la Comisión con miras a la plena aplicación por parte de Grecia de la mencionada Directiva y cuándo?

Respuesta complementaria del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(31 de julio de 2003)

Efectivamente, la Comisión ha obtenido la ley griega no 2955/2001 y la decisión ministerial de aplicación correspondiente (2). Tras un primer estudio, se observa que esas disposiciones podrían no ajustarse a lo dispuesto en la Directiva 93/36/CEE (3).

La Comisión acaba de recibir una queja relativa a ese mismo tema. Esta última parece dar una visión más completa de la manera en que se aplica la legislación griega en el contexto de los suministros para hospitales.

La Comisión va a estudiar los voluminosos documentos recibidos en esta ocasión y se dirigirá, en el marco de esta queja, a las autoridades griegas para obtener su punto de vista tanto sobre las alegaciones del reclamante como sobre el análisis de la Comisión en este asunto.

(1) DO L 199 de 9.8.1993.

(2) DY6a/GP/73754/24-7-02/FEK 984/31-7-02.

(3) Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, DO L 199 de 9.8.1993.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 65/180

(2004/C 65 E/196)

PREGUNTA ESCRITA E-2583/03

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(8 de agosto de 2003)

Asunto: Estatuto de las Escuelas Europeas

¿Considera la Comisión que los contratos del Gobierno del Reino Unido para profesores británicos destinados a las Escuelas Europeas de Bruselas están en conformidad con el artículo 12 del Estatuto de las Escuelas Europeas, del cual todos los Estados miembros son signatarios?

¿Cuál es la opinión de la Comisión sobre las últimas decisiones del Employment Tribunal (Tribunal de Trabajo británico) a este respecto?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(22 de septiembre de 2003)

Como Su Señoría sabe, las Escuelas Europeas se rigen por un convenio intergubernamental específico, el «Convenio por el que se establece el estatuto de las Escuelas Europeas», cuya versión revisada entró en vigor el 1 de octubre de 2002. El personal docente destinado a las escuelas se rige por el «Estatuto del personal destinado a las Escuelas Europeas», que entró en vigor el 1 de septiembre de 2000, si bien sigue estando empleado por las autoridades del Estado miembro del que procede.

La letra a) del apartado 4 del artículo 12 del Convenio de las Escuelas Europeas establece que: «Estos últimos conservarán los derechos de ascenso y de jubilación que les garanticen sus normativas nacionales», y la letra a) del apartado 2 del artículo 49 del Reglamento establece que: «Las autoridades nacionales competentes pagarán los salarios nacionales al miembro del personal y comunicarán al Director de la Escuela las cantidades pagadas, precisando todos los elementos tenidos en cuenta para el cálculo […]».

El Reino Unido, como Su Señoría sabe, paga un complemento de rendimiento (threshold) a los profesores que trabajan en Inglaterra y en Gales. En opinión del Ministerio británico de Educación y Formación Profesional (DFES), se trata de una medida de contratación y de retención que no es válida para los profesores destinados a las Escuelas Europeas. En la reciente sentencia de la Sala de Apelación del Tribunal de Trabajo (EAT/0884/02) del Reino Unido, el Tribunal tenía que pronunciarse sobre el contrato de trabajo entre determinados profesores de las Escuelas Europeas y su empleador, el DFES. El Tribunal concluyó que, con arreglo a este contrato, los profesores no tenían derecho a obtener determinados aumentos salariales tras su asignación a las Escuelas Europeas. Sin embargo, al EAT no se le pidió que se pronunciara sobre si, con arreglo a dicha interpretación, los contratos de trabajo eran de hecho compatibles con la letra a) del apartado 4 del artículo 12 de la Convención de las Escuelas Europeas anteriormente citada.

La Comisión ha solicitado a su Servicio Jurídico que examine si las condiciones del contrato del Reino Unido son conformes con lo dispuesto en la letra a) del apartado 4 del artículo 12 del Convenio de las Escuelas Europeas.

La Comisión velará por que este asunto sea objeto del adecuado seguimiento y no dudará en responder a cualquier otra nueva pregunta de Su Señoría tan pronto como el análisis jurídico esté disponible.
3.

El Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios (2) prevé que los alimentos que contengan organismos modificados genéticamente, que consistan en estos organismos o que estén producidos a partir de ellos pero que ya no los contengan deben ser autorizados antes de comercializarse en la Comunidad. Uno de los criterios más importantes para su autorización es que estos alimentos no constituyan un peligro para el consumidor. Actualmente, está en segunda lectura en el Parlamento una propuesta de Reglamento de la Comisión sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (3). El objetivo de dicha propuesta consiste, entre otros, en mejorar el actual procedimiento de autorización del Reglamento (CE) no 258/97 para hacerlo más eficiente y transparente. En ella, se mantiene el criterio de que los alimentos modificados genéticamente no pueden constituir un peligro para la salud humana.
—

Ayuntamiento de Siena, Italia — En 2000, un proyecto no seleccionado. — En 2001, un proyecto no seleccionado. — En 2002, un proyecto subvencionado (2 854 EUR). — En 2003, no se presentó ningún proyecto.
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El 10 de octubre de 2003 se publicó en el periódico británico The Guardian un artículo titulado «We have faith in condoms», según el cual responsables de la Iglesia Católica, o de la Santa Sede, o del Estado de la Ciudad del Vaticano, desaconsejan la utilización del preservativo como método de prevención del sida, sosteniendo que el virus del VIH pasa a través de la tupida malla de látex de los preservativos, con lo que la protección es nula.
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en mayo la «U.S. Commission on International Religious Freedom» (USCIRF), agencia federal independiente estadounidense, publicó su informe anual sobre la libertad religiosa en el mundo y que, según dicho informe: — en la Federación de Rusia la situación es preocupante, a la vista de la posible injerencia de la Iglesia Ortodoxa en la política de Moscú, el férreo control del Estado sobre las prácticas religiosas de los ciudadanos rusos y la negación de visados para los religiosos y sus colaboradores; — en la República Popular China, es constante la práctica del confinamiento, la tortura y la cárcel para los ciudadanos chinos a causa de sus creencias religiosas, así como el férreo control de las actividades religiosas en el Tíbet; — en Lao la situación se caracteriza por la sistemática violación de la libertad religiosa por parte de funcionarios gubernamentales, en particular, encarcelamientos y conversiones forzosas; — en Viet Nam el encarcelamiento de los disidentes religiosos y la campaña de conversión forzosa de las minorías religiosas vietnamitas en las provincias del Noroeste y en la región de las mesetas centrales habitadas por los Montagnard son de tal gravedad que la USCIRF ha sugerido que no se concedan más ayudas para financiar proyectos distintos de los humanitarios hasta que las autoridades vietnamitas se comprometan a respetar la libertad religiosa;
—

Por regla general, los pasajeros que pasan por la zona internacional de tránsito de un aeropuerto, sin tener acceso al territorio nacional del país de escala, no necesitan estar en posesión de un visado. El Convenio de Chicago, de 7 de diciembre de 1994, relativo a la aviación civil internacional, y, en particular, su Anexo 9, establece el principio de la libertad de paso en tránsito por la zona internacional de los aeropuertos. No obstante, se contempla la posibilidad de establecer excepciones a este principio general, previa notificación de dicha excepción a la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), por lo que los nacionales de determinados terceros países pueden ser sometidos a la obligación de poseer visados de tránsito aeroportuario. La decisión de exigir un visado de tránsito aeroportuario a nacionales de determinados terceros países se basa en consideraciones relativas al control de la inmigración ilegal y a la seguridad del Estado.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/335

(2004/C 88 E/0342)

PREGUNTA ESCRITA E-0896/03

de Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) a la Comisión

(21 de marzo de 2003)

Asunto: Prácticas de las autoridades fiscales alemanas con respecto al impuesto sobre el volumen de negocios

Cuando una empresa no domiciliada en Alemania realiza un envío de mercancías desde su domicilio social a un receptor en Alemania, las autoridades fiscales alemanas le exigen, cada vez más a menudo, el pago del impuesto sobre el volumen de negocios. Las autoridades alegan que el vendedor no domiciliado en Alemania queda sujeto a dicho impuesto por razón del envío realizado a un cliente alemán. Tal supuesto se aplica también en el caso de que la mercancía no se transporte directamente al cliente alemán sino que se opte por dejarla en un almacén del transportista contratado por el vendedor, de manera que pueda examinarse si está completa y presenta la calidad adecuada. El vendedor no alemán permite que la mercancía se retire del almacén una vez que el cliente ha realizado el pago y examinado la calidad del producto, o sea, el cliente mismo o alguien en su nombre recoge la mercancía. Las autoridades fiscales alemanas parten de la premisa de que, a pesar de que haya un comprador ya establecido, el vendedor ha hecho transportar las mercancías a Alemania en principio para su propia disposición. Todo ello dificulta gravemente el comercio intracomunitario de mercancías con la República Federal de Alemania.

1. ¿Qué opinión le merece a la Comisión la postura jurídica de las autoridades fiscales alemanas?

2. ¿Qué medidas piensa tomar la Comisión en caso de que la actuación de las autoridades fiscales alemanas contravenga al Derecho comunitario en materia del impuesto sobre el volumen de negocios?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(7 de mayo de 2003)

La pregunta de Su Señoría se refiere al lugar en que se van a realizar las entregas efectuadas por vendedores establecidos fuera de Alemania que venden bienes a compradores residentes en Alemania cuando los bienes se depositan antes en un almacén de la empresa de transportes, donde los compradores van a buscarlos.

La respuesta a esa pregunta depende de las circunstancias específicas de cada operación y de las condiciones concretas de los contratos celebrados entre los vendedores y sus clientes. Se trata, ante todo, de ver si el transporte de los bienes se efectúa como parte de la entrega o si el transporte precede a una posterior entrega.

La Comisión ya tiene conocimiento del problema apuntado en esta pregunta parlamentaria y piensa ponerse en contacto con las autoridades alemanas para clarificar el alcance de su práctica.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/255

(2004/C 78 E/0255)

PREGUNTA ESCRITA P-3283/03

de Francesco Speroni (NI) a la Comisión

(30 de octubre de 2003)

Asunto: Plátanos

En Padania (y posiblemente en otros sitios de la Unión) se están comercializando unos frutos denominados «bananitos» que, tal y como se desprende de la página web www.baby-banana.com, señalada en los paquetes, pertenecen a una especie de plátanos cuya longitud no supera los diez centímetros.

¿Puede decir la Comisión si dichos frutos están sujetos o no al Reglamento (CE) no 2257/94 (1)?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(19 de noviembre de 2003)

La Comisión informa a Su Señoría de que los productos a los que se refiere, los llamados «bananitos» o «plátanos enanos», son plátanos de entre 8 y 12 centímetros pertenecientes a los subgrupos Sweet-fig (AA), Apple Fig y Pome (prata) (AAB). Las normas de calidad del anexo I del Reglamento (CE) no 2257/94 de la Comisión, de 16 de septiembre de 1994, por el que se fijan las normas de calidad para los plátanos, no se aplican a estas variedades sino únicamente a los plátanos de las variedades Musa (AAA) spp, subgrupos Cavendish y Gros Michel. No obstante, los frutos de esas variedades tienen que cumplir las normas horizontales por las que se rige la comercialización de los alimentos (normas fitosanitarias, de sanidad pública, de etiquetado, etc.).

(1) DO L 245 de 20.9.1994, p. 6.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/560

(2004/C 78 E/0595)

PREGUNTA ESCRITA E-3477/03

de Baroness Sarah Ludford (ELDR) a la Comisión

(24 de noviembre de 2003)

Asunto: Mujeres en centros penitenciarios

¿Podría la Comisión proporcionar información sobre el número de mujeres que se encuentran en la actualidad cumpliendo condena en las prisiones de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea?

¿Podría la Comisión proporcionar la cifra total de madres con hijos a su cargo que se encuentran cumpliendo condena en las prisiones de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea?

¿Qué porcentaje de la población penitenciaria constituyen las mujeres en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea?

¿Podría enumerar la Comisión los Estados miembros de la Unión Europea que cuentan con el mayor número de mujeres en los centros penitenciarios per capita?

¿Cuál es el delito más habitual cometido por las mujeres que se encuentran cumpliendo condena en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea?

¿Qué diferencias existen en todos estos aspectos entre los centros penitenciarios masculinos y femeninos en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(27 de enero de 2004)

La Comisión no dispone de datos estadísticos para dar a Su Señoría una respuesta apropiada.

La Comisión ha obtenido algunos datos estadísticos sobre presos en los Estados miembros y los países candidatos en el contexto de la preparación de dos libros verdes, uno sobre posibles medidas de la Unión para salvaguardar los derechos individuales durante la detención preventiva y las alternativas existentes, y un segundo sobre la aproximación, el reconocimiento y la aplicación de sanciones penales en la Unión.

A petición de la Presidencia italiana, la Comisión envió un cuestionario a los Estados miembros pidiéndoles datos estadísticos sobre la población total de sus cárceles: personas en detención previa y presos condenados, presos nacionales y no nacionales y con respecto a éstos, su desglose entre procedentes de otros Estados miembros, de países candidatos a la adhesión y de terceros países. Las cuestiones relativas al número de presas, etc. no están contempladas en el cuestionario, al no tener relevancia para ambos libros verdes, y la Comisión no tiene la intención de recabar información sobre este problema particular.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/150

(2004/C 88 E/0159)

PREGUNTA ESCRITA P-3485/03

de Torben Lund (PSE) a la Comisión

(17 de noviembre de 2003)

Asunto: EEE, Noruega y el pago de un impuesto por parte de los trabajadores de la UE

Noruega, como se sabe, no es miembro de la UE, pero participa en el mercado interior, donde rige el principio de libre circulación de los trabajadores e igualdad de trato de todos los ciudadanos. A pesar de ello, el Gobierno noruego ha adoptado la decisión, con efectos de 1 de enero de 2004, de que, entre otros, los ciudadanos de la UE que trabajan en Noruega paguen un impuesto por los desplazamientos entre el domicilio y el lugar de destino (en este caso concreto, una terminal de helicópteros/plataforma petrolífera). Los ciudadanos noruegos que trabajan en Noruega no tendrán que pagar este impuesto.

Los ciudadanos extranjeros en Noruega gozan de un descuento del 15 % de la base imponible porque no utilizan las ofertas culturales y sociales públicas en la misma medida que los noruegos. Por el contrario no pueden deducir nada por préstamos, etc.

¿Puede indicar la Comisión en qué medida Noruega puede adoptar diferentes normas fiscales para un ciudadano de la UE que trabaja en Noruega y para un ciudadano noruego que trabaja en Noruega? ¿Puede indicar asimismo la Comisión si las normas en materia de impuestos sobre los desplazamientos son conformes con los acuerdos de Noruega con la UE y si discriminan a los trabajadores de la UE? Por último, ¿puede indicar la Comisión que medidas se propone adoptar en caso de que Noruega haya introducido normas discriminatorias?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(19 de diciembre de 2003)

La Comisión no tenía noticia del problema planteado por Su Señoría. No obstante, al no disponer de los textos jurídicos aplicables, la Comisión sólo puede hacer referencia al hecho de que la distinción entre residentes y no residentes es un principio básico y común de la tributación que, según el Tribunal de Justicia, no contraviene, en principio, la normativa comunitaria (sentencia de 14 de febrero de 1995 en el asunto C-279/93 — Schumacker). Sin embargo, si los no residentes se hallan en una situación comparable a la de los residentes, no pueden ser objeto de una tributación superior a la correspondiente a los residentes.

Habida cuenta de que la vigilancia y el control de la aplicación por parte de los Estados EEE/AELC del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) son competencias específicas del Órgano de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), la Comisión transmitirá el problema planteado al Órgano de Vigilancia y le pedirá que haga el seguimiento preciso.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/625

(2004/C 88 E/0643)

PREGUNTA ESCRITA E-2527/03

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(29 de julio de 2003)

Asunto: Ron

La UE ha reconocido la importancia del sector del ron para el desarrollo económico y social de algunos países ACP. El Acuerdo CE-EE.UU. sobre los alcoholes blancos contiene disposiciones especiales para el ron a fin de respaldar ese reconocimiento. Los términos del Memorándum Especial sobre el ron que figura como anexo a ese acuerdo de franquicia establecen un arancel residual que permite a los productores de ron, tanto de los países ACP como de la UE en los Departamentos de Ultramar franceses, seguir manteniendo una pequeña preferencia en el mercado europeo hasta el momento en que estos proveedores tradicionales puedan pasar de ser productores de variedades de ron de base a fabricantes de unos productos de marca con un valor añadido que les permita competir con productores de terceros países que frecuentemente cuentan con amplios subsidios.

¿Podría indicar la Comisión qué medidas tiene previsto adoptar durante la próxima revisión del SPG a fin de garantizar el mantenimiento de sus compromisos con los productores ACP? ¿Podría confirmar la Comisión si el ron está excluido de la revisión del SPG?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(22 de agosto de 2003)

La Declaración común sobre el ron (Declaración XXV) del Acuerdo de Partenariado entre los Países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y la Unión Europea reconoce la importancia del sector del ron para el desarrollo económico y social de varios países y regiones ACP. La UE es consciente del reto que estos afrontan, inter alia, por la liberalización del mercado europeo del ron.

La Unión ha aprobado un programa de 70 millones de euros con objeto de cumplir con esta declaración y ayudar a los exportadores de ron de los países ACP a aumentar su competitividad y a la industria del ron de estos Estados a pasar de la producción de mercancía a granel, a la elaboración de productos de marca con un alto valor añadido. En la actualidad el programa se encuentra plenamente en funcionamiento, una vez consolidada la Asociación Regional de Productores de Ron del Caribe (WIRSPA) como encargada de la gestión de las distintas actividades de dicho programa.

Los acuerdos generales del actual esquema del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la Unión, que concluye el 31 de diciembre de 2004, no incluyen el ron. Sí está incluido, no obstante, en el esquema SPG para los países menos adelantados, que pueden importar todo tipo de productos, a excepción de armas y munición, sin pagar aranceles (dentro de la iniciativa denominada «Todo Menos Armas»). La Comisión no prevé un cambio en la situación del ron tras la revisión del actual SPG.
6.

Grecia no ha terminado aún la implantación del sistema de identificación y registro de animales de la especies bovina exigida en el Reglamento (CE) no 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 820/97 del Consejo (3), que había de implantarse plenamente el 1 de enero de 2000 a más tardar. Tampoco funciona correctamente el sistema que exige a los ganaderos de ovinos y caprinos llevar un registro de los traslados de los animales de acuerdo con la Directiva 92/102/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1992, relativa a la identificación y al registro de animales (4). También está aún sin finalizar el sistema griego de identificación de las parcelas agrícolas que, según el Reglamento (CEE) no 3508/92 del Consejo, debía estar terminado para el 1 de enero de 1997, a más tardar. Estas deficiencias afectan a componentes clave del SIGC, por lo que no pueden aplicarse los controles administrativos y normativos, tales como las verificaciones cruzadas automatizadas, y, por otro lado, las inspecciones en las explotaciones no son totalmente de fiar. La Comisión controla periódicamente la situación en Grecia y, por otro lado, las autoridades griegas se han comprometido a lograr ciertos avances durante el año 2003 que, en caso de confirmarse tal programa, supondrían una notable mejora de los resultados del SIGC de cara a la campaña 2004, cuyos pagos deben efectuarse durante el ejercicio financiero 2005.