PREGUNTA ESCRITA E-1897/98

de Konstantinos Hatzidakis (PPE) a la Comisión

(16 de junio de 1998)

Asunto: Contaminación de la ciudad de La Canea debido a la ampliación de una central eléctrica

Según denuncias del Colegio Médico de La Canea (Creta), la ampliación prevista de la central eléctrica de Xilocamara, a apenas tres kilómetros del centro de la ciudad, tendrá repercusiones especialmente negativas sobre la salud de los habitantes de la región debido al incremento de la contaminación atmosférica que provocarán las emisiones de la central. Sin duda, además de la atmosférica, se originará también contaminación de las aguas marinas de la ciudad de La Canea, dado que los vertidos de la central se realizarán sin ningún tipo de tratamiento en el Golfo de Sudas. A causa de ello también se perjudicará el desarrollo turístico de la región que constituye la fuente básica de ingresos para sus habitantes.

¿Puede indicar la Comisión si tiene conocimiento de esta situación, si la ampliación proyectada cumple las normas comunitarias en materia de medio ambiente y protección de la salud pública y qué medidas tiene intención de adoptar en caso de que ello no sea así, para garantizar que no se produzca un agravamiento de la contaminación atmosférica y marina y un riesgo para la salud de los vecinos y de los miles de turistas que visitan la ciudad?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(15 de julio de 1998)

La Comisión no ha sido informada de momento del asunto que menciona Su Señoría.

De conformidad con el Derecho comunitario, la ampliación de una central eléctrica debe evaluarse ante todo con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 88/609/CEE del Consejo, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión(1). Esta Directiva establece valores límite para las emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOX) y cenizas. Se aplica a las instalaciones cuya potencia supera 50 MW. Si la potencia de una instalación de combustión se amplía en al menos 50 MW, el valor límite de emisión aplicable a la parte nueva de la instalación se determina en función de la potencia térmica del conjunto de la instalación.

Las centrales térmicas cuya potencia supere 300 MW deben someterse además a una evaluación obligatoria de las repercusiones ambientales, de conformidad con la Directiva 85/337/CEE del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(2) (modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo)(3). Las instalaciones industriales menos potentes destinadas a la producción de energía eléctrica, de vapor y de agua caliente, están sujetas a evaluación si los Estados miembros consideran que sus características lo exigen. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, todos los proyectos de transformación o ampliación de este tipo de instalaciones, que puedan tener consecuencias ecológicas importantes, han de ser objeto de un estudio del impacto medioambiental.

Por otra parte, la introducción de sustancias peligrosas en las aguas de superficie, incluidas las aguas costeras, está sujeta a lo dispuesto en la Directiva 76/464/CEE del Consejo, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad(4), cualquiera que sea la naturaleza de la fuente de contaminación.

A partir de finales de 1999, las nuevas instalaciones de combustión cuya potencia térmica supere 50 MW estarán asimismo sujetas a los dispuesto en la Directiva 96/61/CE del Consejo, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación(5). De conformidad con esta Directiva, las autoridades deben determinar, sobre la base de las mejores técnicas disponibles, valores límite para las emisiones al aire, al agua y al suelo que garanticen un nivel de protección elevado del medio ambiente en su conjunto. Para las instalaciones existentes de esta categoría de potencia, las autoridades deberán velar por que cumplan los requisitos de la Directiva, a más tardar ocho años tras la fecha de su entrada en vigor.

Todos los proyectos de transformación de las instalaciones deberán ser notificados a las autoridades, que tomarán las medidas oportunas para que no se realice ninguna modificación sustancial sin una autorización previa expedida con arreglo a la Directiva.

A falta de datos sobre la capacidad de la central y la ampliación proyectada, sobre la fecha prevista para iniciar el procedimiento de autorización y la construcción y sobre la naturaleza de las sustancias peligrosas cuyo vertido en el mar causa preocupación, resulta imposible determinar cuál de los actos comunitarios mencionados anteriormente se aplica en este caso concreto.

(1) DO L 336 de 7.11.1988.

(2) DO L 175 de 5.7.1985.

(3) DO L 73 de 14.3.1997.

(4) DO L 129 de 18.5.1976.

(5) DO L 257 de 10.10.1996.