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PREGUNTA ESCRITA E-0253/00

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(7 de febrero de 2000)

Asunto: Actos normativos

¿Cuál es el número total de actos normativos que, según los cálculos de la Comisión, se aprobaron en 1998 desglosados en: a) directivas de la Comisión, b) decisiones de la Comisión c) directivas del Consejo, d) directivas adoptadas por el Consejo y el Parlamento Europeo, e) instrumentos no publicados en el Diario Oficial, f) instrumentos de gestión corriente con validez limitada en el tiempo? ¿Cuál ha sido la evolución de esta cifra con respecto a años anteriores y cuáles son los cálculos más recientes para 1999?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(3 de marzo de 2000)

El número de reglamentos, directivas y decisiones adoptados, respectivamente, por el Parlamento y el Consejo o sólo por el Consejo o la Comisión desde 1995 a 1999, con exclusión de los actos de gestión corriente con validez limitada en el tiempo, se remitirá directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento. Tales datos se extraen de la base de datos interinstitucional Celex. Figuran también, desde 1997, en el Informe General sobre la actividad de la Unión Europea (cuadros no 28 (1997 y 1998) y no 29 (1999)). Para permitir un seguimiento de la evolución del número de actos legislativos vigentes, indicamos asimismo el número de actos derogados o que han expirado durante el año en cuestión.

Los actos de gestión corriente con una validez limitada en el tiempo (que va de algunos días a algunos meses) publicados en el Diario Oficial (serie L) con su título en caracteres normales son todos Reglamentos de la Comisión y se refieren en su mayoría a la política agrícola. He aquí las cifras correspondientes (fuente: base Celex): 1831 en 1999; 1809 en 1998; 1603 en 1997; 1402 en 1996; 1877 en 1995.

Los actos de las instituciones no publicados en el Diario Oficial no tienen carácter legislativo. Forman por otra parte un conjunto muy poco homogéneo (incluyen por ejemplo tanto las concesiones de ayuda financiera a Estados miembros, organismos o empresas, como las decisiones relativas al nombramiento de los funcionarios y la aplicación de su Estatuto), por lo que el cálculo de dichos actos no tendría demasiado sentido.
PREGUNTA ESCRITA E-0345/00

de Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) a la Comisión

(14 de febrero de 2000)

Asunto: SANIDAD, Agencia Europea de Seguridad de los Alimentos

El pasado 12 de enero la Comisión Europea propuso la creación de la Agencia Europea de Seguridad en los Alimentos en el plazo de dos años, dada la situación del mercado alimentario en el último año en la Unión y la desconfianza social hacia el sector por casos como el de las vacas locas o las dioxinas.

¿Cómo va la Comisión a garantizar la operatividad de este comité independiente si se le reducen sus competencias a mero órgano consultivo?

¿Qué mecanismos tiene previstos la Comisión Europea para garantizar la seguridad de los consumidores durante este plazo de dos años?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(28 de marzo de 2000)

En cuanto a la primera parte de la pregunta, la Comisión remite a Su Señoría a su respuesta a la pregunta escrita E-0231/00 de la Sra. Thomas-Mauro(1).

Por lo que se refiere a la segunda parte de la pregunta, la Comisión desea recordar que, desde 1997, el sistema que proporciona asesoramiento científico ha experimentado una reorganización total. Se ha hecho especial hincapié en la calidad, la independencia y la transparencia de dicho asesoramiento. Estos principios se siguen aplicando, asegurando así la protección de la salud de los consumidores. La Comisión ha señalado en el Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria(2) que durante los próximos dos años, en función de la disponibilidad de recursos, evaluará la posibilidad de reforzar las estructuras existentes de apoyo y asesoramiento científico en la fase previa al establecimiento del Organismo.

(1) Ver página 164.

(2) COM(1999) 719 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0356/00

de Elisa Damião (PSE) a la Comisión

(14 de febrero de 2000)

Asunto: Lista europea de enfermedades profesionales

La lista europea de enfermedades profesionales, que se pretende abierta permanentemente, debe tener en cuenta los nuevos riesgos relacionados con la inseguridad, los ritmos acelerados, los constantes cambios de funciones, lugar de trabajo y tecnologías, fenómenos que tienen consecuencias psicosomáticas denominadas estrés en la calidad de vida y en la salud de los trabajadores.

Ante los resultados de diferentes estudios llevados a cabo, ¿cuál ha sido la actualización en los últimos años de esta lista de enfermedades profesionales y de nuevos riesgos?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(13 de marzo de 2000)

La lista europea de enfermedades profesionales se aprobó mediante la Recomendación 90/326/CEE de la Comisión, de 22 de mayo de 1990(1).

El 20 de septiembre de 1996, la Comisión presentó una Comunicación(2) que examinaba la aplicación de dicha Recomendación en los Estados miembros.

En 1999, la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, emprendió las labores técnicas necesarias para actualizar la citada lista europea. Durante las mismas se presta especial atención a los nuevos riesgos para la salud de los trabajadores, por ejemplo los riesgos de carácter psicosocial.

Una vez concluidas estas labores, se prevé adoptar la nueva lista europea de enfermedades profesionales durante el primer semestre del año 2001.

(1) DO L 160 de 26.6.1990.

(2) COM(96) 454 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0674/00

de Marit Paulsen (ELDR) a la Comisión

(9 de marzo de 2000)

Asunto: Libre circulación de los trabajadores

En Suecia, la reglamentación relativa al reembolso de los préstamos estatales al estudio está recogida en la Ley relativa a las ayudas al estudio (1973:349) y en el Decreto relativo a las ayudas al estudio (1973:418).

Las personas domiciliadas en Suecia reintegran sus préstamos al estudio pagando una cantidad anual equivalente al 4 % de la suma de sus ingresos, ya sean laborales, comerciales o de capital. Las personas domiciliadas en el extranjero, es decir incluso las que lo están en otro Estado miembro, reintegrarán una cantidad anual equivalente a una veinteava parte de la deuda.

Es obvio que estas normas se aplican independientemente de la nacionalidad del deudor, pero en realidad tienen como consecuencia que las personas con ingresos medios o bajos con estudios de duración media (entre 4 y 5 años) y los trabajadores a tiempo parcial no pueden permitirse vivir y trabajar en otro Estado miembro, ya que las cantidades que han de reembolsar son entonces mucho más elevadas que si se quedan en Suecia (por supuesto, para personas con ingresos altos la situación es la contraria). Pongamos el ejemplo de una persona A que tiene una deuda de unas 300 000 coronas suecas, lo que constituye una deuda normal para los estudios de 4 ó 5 años, y unos ingresos anuales de 168 000 coronas (14 000 coronas al mes). Si reside y trabaja en Suecia, esta persona A deberá reembolsar una cantidad anual de 6 720 coronas. Sin embargo, si esta persona A reside y trabaja en Francia, la cantidad anual ascenderá a 15 000 coronas, o sea más del doble. Es evidente que las normas de reembolso suecas favorecen a las personas con ingresos altos, mientras que aquéllas con ingresos medios o bajos y los trabajadores a tiempo parcial carecen de recursos para beneficiarse de la libertad de residir y trabajar en otro Estado miembro (cfr. sentencia Kraus del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, C-19/92).

¿Son contrarias estas normas de reembolso a la libertad de buscar trabajo y residir y trabajar en otro Estado miembro (artículo 39 del Tratado CE)?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(12 de abril de 2000)

La Comisión lleva a cabo en el Estado miembro correspondiente una investigación sobre los hechos mencionados por Su Señoría y le informará sobre los resultados de la misma.
PREGUNTA ESCRITA E-0045/00

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(20 de enero de 2000)

Asunto: Proceso de Colonia: adaptación del programa Poseima en Azores en el ámbito de los incentivos a la producción vegetal

El título II del Reglamento (CEE) no 1600/92(1) introduce medidas de gran importancia y futuro para el desarrollo agrícola en las regiones autónomas de Azores y Madeira. Sin embargo, su utilización ha sido relativamente reducida, habida cuenta del elevado porcentaje de cofinanciación que se exige (un 20 % de financiación privada y un 30 % de pública).

¿Considera posible la Comisión proponer porcentajes de cofinanciación más reducidos?

(1) DO L 173 de 27.6.1992, p. 1.

Respuesta común a las preguntas escritas E-0038/00, E-0043/00, E-0044/00, E-0045/00, E-0046/00, E-0047/00, E-0048/00, E-0049/00, E-0050/00, E-0051/00 y E-0052/00 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(28 de febrero de 2000)

Su Señoría ha presentado toda una serie de preguntas sobre la aplicación del programa Poseima en las Azores.

El informe de la Comisión sobre las medidas de aplicación del apartado 2 del artículo 299 (antiguo artículo 227) del Tratado CE está aún en fase de elaboración.

Así pues, en la fase actual, la Comisión no puede responder a las preguntas planteadas por Su Señoría acerca del contenido de ese informe antes de haberlo aprobado.

Por último, el programa de trabajo de la Comisión para el año 2000 prevé la presentación al Consejo y al Parlamento de un informe de aplicación del Reglamento (CEE) no 1600/92 del Consejo, de 15 de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de las Azores y Madeira relativas a determinados productos agrarios(1) (Poseima), referente al sector agrario del Poseima, acompañado, en su caso, por las propuestas de adaptación que sean necesarias para alcanzar los objetivos de ese programa. Las medidas correspondientes a la agricultura de las Azores se examinarán en ese contexto.

(1) DO L 173 de 27.6.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-0545/00

de William Newton Dunn (PPE-DE) a la Comisión

(28 de febrero de 2000)

Asunto: Impuestos del timbre británicos discriminatorios para las empresas británicas

Considerando el principio de los Tratados que establece que no debe haber discriminaciones entre los ciudadanos de la Unión Europea, ¿es legal que el Gobierno británico recaude impuestos del timbre sobre las transacciones individuales de acciones en empresas británicas, pero permita que las transacciones de acciones de empresas no británicas estén exentas de esos impuestos?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(6 de abril de 2000)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-0025/00

de Manuel Pérez Álvarez (PPE-DE) a la Comisión

(19 de enero de 2000)

Asunto: Seguridad en los juguetes

A lo largo del año también pero muy especialmente en estas fechas los medios de comunicación en general y las televisiones en particular invaden nuestras vidas y nuestros hogares con publicidad de juguetes, publicidad, por lo tanto, dirigida a un seguimiento especial de la población, como es el de los niños.

Sabemos también que muchos de esos mensajes publicitarios no se corresponden con la realidad y condiciones del producto publicitado.

Ante esta publicidad engañosa en un porcentaje no despreciable, qué medidas se han adoptado de cara a prevenir o eliminar los efectos de la misma?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(24 de marzo de 2000)

La Directiva televisión sin fronteras (TVSF), es decir, la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva(1), modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento y del Consejo, de 30 de junio de 1997, proporciona el marco legal para la radiodifusión televisiva dentro de la Comunidad.

La Directiva TVSF adoptada en 1989 contiene algunas disposiciones relacionadas con la publicidad televisada. En particular, el artículo 16 establece que la publicidad televisada no deberá perjudicar moral o físicamente a los menores. Cuando se revisó la Directiva, la Comisión se comprometió a realizar un estudio sobre los efectos de la publicidad televisada y de la televenta sobre los menores, en el marco de la próxima revisión de la Directiva, con arreglo al artículo 26. Este estudio se inició en enero de 2000 y se espera que esté concluido antes de finales del año 2000.

Además de la Directiva sobre la televisión, la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa(2), se aplica de forma horizontal a toda la publicidad.

Cabe destacar que actualmente la Comisión fomenta un diálogo entre las asociaciones de consumidores y la industria sobre las prácticas comerciales dirigidas a los niños.

(1) DO L 202 de 30.7.1997.

(2) DO L 250 de 19.9.1984.
PREGUNTA ESCRITA E-0598/00

de Hervé Novelli (PPE-DE) a la Comisión

(29 de febrero de 2000)

Asunto: Negativa del Estado francés de pagar la subvención a la vivienda a una estudiante por no residir en territorio francés

El Estado francés se niega a pagar una subvención a la vivienda a una estudiante de nacionalidad francesa que estudia en Bélgica, alegando que para poder beneficiarse de dicha ayuda debería residir en territorio francés.

Esta disposición, que implica una discriminación importante entre estudiantes de una misma nacionalidad, según éstos cursen sus estudios en Francia o en otro Estado miembro, no contribuye en absoluto a la realización de una Europa unida.

¿Podría la Comisión indicar si tales disposiciones resultan o no contrarias a los Tratados y los textos que de ellos se desprenden, que han creado la Unión Europea y determinan su funcionamiento?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(12 de abril de 2000)

Según la legislación comunitaria vigente, los Estados miembros son libres de decidir por propia iniciativa si permiten a los nacionales que desean cursar estudios en otro Estado miembro seguir beneficiándose de becas o ayudas en el país de acogida. También son libres de establecer ayudas y becas diseñadas específicamente para facilitar la movilidad de sus estudiantes. Esta decisión es competencia exclusiva de los Estados miembros.

Es verdad que las disposiciones de la legislación francesa que menciona Su Señoría constituyen un obstáculo a la movilidad de los estudiantes; sin embargo, no infringen la legislación comunitaria.
PREGUNTA ESCRITA E-0285/00

de Claude Desama (PSE) a la Comisión

(11 de febrero de 2000)

Asunto: La fusión propuesta entre Worldcom y Sprint

La fusión propuesta entre Sprint y MCI Worldcom supone una amenaza para el mercado europeo de Internet. Juntos, los dos operadores adquirirían una posición dominante en los Estados Unidos que les permitiría aplicar tarifas más elevadas, tanto en lo que se refiere a los operadores como a los usuarios. La nueva compañía fusionada podría ejercer su control en puntos cruciales para obtener beneficios sobre el transporte y la conmutación del tráfico mundial de Internet.

¿Cómo piensa reaccionar la Comisión ante esta situación perjudicial según las normas de la competencia?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(7 de marzo de 2000)

El proyecto de fusión entre MCI WorldCom y Sprint fue notificado el 11 de enero de 2000 a la Comisión a efectos del examen de su compatibilidad con el mercado común. Como ya hizo la Comisión en 1998 con ocasión del examen de la fusión entre MCI y WorldCom, los efectos de la combinación de las actividades de Sprint y de MCI WorldCom en el mercado de Internet serán examinados con la mayor atención. Si resultase que el proyecto de concentración debiese conducir a la creación o al refuerzo de una posición dominante, las partes deberán proponer soluciones adecuadas a fin de suprimir los problemas de competencia.
PREGUNTA ESCRITA E-0284/00

de Hans-Peter Mayer (PPE-DE) a la Comisión

(11 de febrero de 2000)

Asunto: El principio de igualdad en relación con los criterios de concesión de la nacionalidad británica

Según los criterios de concesión de la nacionalidad británica, los hijos de una madre británica y un padre extranjero nacidos antes del 1 de enero de 1983 no tienen derecho a la nacionalidad británica, ya que hasta esa fecha la nacionalidad se heredaba a través del padre.

¿Constituye esa disposición una violación del principio de igualdad establecido implícitamente en el Derecho comunitario?

¿Sería posible tomar medidas legislativas comunitarias para modificar tal disposición?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(16 de marzo de 2000)

Las normas sobre concesión y pérdida de la nacionalidad dependen exclusivamente del Derecho interno de cada Estado miembro.

Así se indica claramente en la declaración no 2 anexa al Tratado de la Unión Europea, según la cual la cuestión de si una persona posee una nacionalidad determinada se resolverá únicamente remitiéndose al Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.
PREGUNTA ESCRITA E-0166/00

de Rosa Díez González (PSE), Fernando Pérez Royo (PSE) y Luis Berenguer Fuster (PSE) a la Comisión

(31 de enero de 2000)

Asunto: Efectos de una ayuda de Estado para el sector eléctrico español

Dada la situación económica y financiera envidiable de las empresas eléctricas españolas beneficiarias de los CTC, ¿cómo piensa la Comisión vincular el abono de CTC elegibles a la viabilidad financiera y económica de las empresas? ¿Pretende la Comisión evaluar el efecto y la necesidad de los CTC a escala de las empresas consolidadas o activo a activo?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(9 de marzo de 2000)

La Comisión considera que, para que constituya un coste hundido, una inversión o un contrato deben convertirse en no económicos por razón de la liberalización del mercado eléctrico que establece la Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 1996 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad(1), y afectar sensiblemente a la competitividad de la empresa en cuestión. La Comisión analiza los costes fallidos activo por activo antes de determinar el efecto sobre la competitividad de las empresas consolidadas.

(1) DO L 27 de 30.1.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-0797/00

de Lousewies van der Laan (ELDR) a la Comisión

(16 de marzo de 2000)

Asunto: Exigencia de que los ciudadanos neerlandeses regresen a los Países Bajos en caso de reclamación repentina de prestaciones de determinados tipos de seguros colectivos

1. ¿Está informada la Comisión de los efectos prácticos sobre los ciudadanos neerlandeses del real decreto 746 que les exige regresar a los Países Bajos si desean seguir beneficiando de determinados tipos de seguros colectivos?

2. ¿Está de acuerdo la Comisión en que esto constituye una restricción de facto de la libre circulación de personas en la Unión Europea?

3. ¿Qué medidas tomará la Comisión para garantizar que los ciudadanos neerlandeses puedan seguir residiendo en el lugar de su elección en la Unión Europea sin incurrir en gastos indebidos e imprevistos a consecuencia de la nueva legislación?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(13 de abril de 2000)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita P-0706/00 del Sr. Staes(1).

(1) Ver página 207.
PREGUNTA ESCRITA P-0163/00

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(26 de enero de 2000)

Asunto: Visita del 17 de enero de Comisario Franz Fischler a Marruecos

El día 30 de noviembre de 1999 expiró el Acuerdo de Pesca con el Reino de Marruecos, con la perspectiva de la paralización de la flota que opera en esa zona y con todas las consecuencias socioeconómicas que de ello resultan. En esa flota cerca de treinta embarcaciones son portuguesas, que dan empleo aproximadamente a 700 pescadores y generan más de 3 000 puestos de trabajo indirecto, sobre todo en dos poblaciones que dependen del sector de la pesca Sesimbra y Olhão/Fuzeta. Esta flota está especializada para operar en las zonas pesqueras marroquíes y su reconversión es bastante difícil.

Según la Agence Europe del 18 de enero de 2000, el encuentro entre el Comisario Franz Fischler y el Secretario de Estado marroquí Taieb Fassifihiri dio como resultado que el Acuerdo no será renovado, tomando la UE conocimiento de que la cooperación basada en las actividades de extracción han concluido y que considera necesario explorar otras soluciones.

1. ¿ Puede comunicar el Comisario cuál es la credibilidad de esta noticia? ¿Ha descartado ya la Comisión la hipótesis de la renovación del Acuerdo de Pesca?

2. ¿Qué medidas ha tomado ya para hacer frente a la paralización de la flota a consecuencia de la expiración del Acuerdo?

Respuesta del Sr. Fischler En nombre de la Comisión

(17 de febrero de 2000)

La Comisión confirma que está en contacto con las autoridades marroquíes para explorar todas las formas que pudiera adoptar una posible nueva cooperación pesquera con Marruecos que presente ventajas mutuas para ambos sectores.

La posición de la Comisión sigue siendo la misma que ha manifestado durante los últimos meses, y que se basa sobre todo en el mandato de negociación aprobado por el Consejo el 15 de octubre de 1999.

La Comisión ya ha autorizado medidas de apoyo financiero a los armadores y a las tripulaciones afectadas por la no renovación del acuerdo de pesca con Marruecos. Estas ayudas se financiarán, a partir del 1 de enero de 2000, en el marco de los programas del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) 2000-2006 de España y de Portugal, con arreglo a las condiciones del nuevo Reglamento del IFOP.