PREGUNTA ESCRITA E-0234/00

de Luigi Vinci (GUE/NGL) a la Comisión

(4 de febrero de 2000)

Asunto: Evaluación del impacto ambiental del proyecto Malpensa

En virtud del artículo 8 de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo no 1692/96/CE(1) de 23 de julio de 1996, en el desarrollo y la realización de los proyectos, los Estados miembros deberán tener en cuenta la protección del medio ambiente mediante la realización de evaluaciones de las repercusiones en el medio ambiente de los proyectos de interés común que deban realizarse, de conformidad con la Directiva 85/337/CEE(2) y en aplicación de la Directiva 92/43/CEE(3) El aeropuerto Malpensa 2000 figura con el número 10 entre los 14 proyectos de interés común.

Cabe recordar que el proyecto Malpensa 2000 es anterior a la mencionada Directiva y que sólo posteriormente ha sido ampliado de manera tal que hace obligatorio el cumplimiento de la propia Directiva. No obstante, el Gobierno italiano no ha respetado esta Directiva, que obliga a los Estados miembros a someter a una evaluación del impacto ambiental los 14 proyectos TEN, a pesar de las repetidas solicitudes de las entidades locales y de los ciudadanos residentes en las proximidades del aeropuerto de Malpensa y, sobre todo, a pesar de que fuera un requisito para la obtención de financiación por parte de la Unión Europea.

A pesar de todo ello, el proyecto Malpensa 2000 ha recibido una financiación de 400 000 millones de liras por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

¿Puede hacer saber la Comisión si ha constatado incumplimiento, por parte del Gobierno italiano, de la normativa comunitaria relativa a la protección del medio ambiente establecida en el mencionado artículo 8 de la Decisión no 1692/96/CE, de 23 de julio de 1996?

En consecuencia, de conformidad con las respectivas competencias y con el fin de proteger las condiciones de vida y la salud de las personas que residen en las proximidades del aeropuerto, ¿tiene la intención la Comisión de no autorizar aumentos del tráfico aéreo en Malpensa, además de los previstos por el plan regulador general aeroportuario aprobado?

Por último, ¿observa la Comisión posibles irregularidades cometidas, según el autor de la pregunta, por el Gobierno italiano y por el BEI en el incumplimiento de las condiciones obligatorias establecidas en el apartado 1 del artículo 8 de la mencionada Decisión?

(1) DO L 228 de 9.9.1996, p. 1.

(2) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(3) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(31 de marzo de 2000)

La autorización para el proyecto Malpensa 2000 (ampliación del actual aeropuerto de Malpensa) se concedió el 13 de febrero de 1987 (Ministerio de Transportes, Decreto no 903), antes de expirar el plazo de los Estados miembros para incorporar al Derecho nacional la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (3 de julio de 1988). La obligación legal específica de realizar una evaluación de impacto ambiental (EIA) no era, por tanto, de aplicación.

Con arreglo a la información de que dispone la Comisión, no se habían introducido cambios de importancia en el proyecto(1) (infraestructura aeroportuaria) desde su aprobación en 1987. Conforme a la Directiva 85/337/CEE, la EIA sólo podía exigirse antes de efectuarse determinadas reformas en la infraestructura del aeropuerto(2).

La Directiva 85/337/CEE no puede aplicarse con carácter retroactivo. El hecho de que el proyecto Malpensa pertenezca a las redes transeuropeas (RTE) no puede considerarse motivo suficiente para introducir una excepción a esta regla, que es principio general del Derecho comunitario, igualmente confirmado, con referencia a la Directiva 85/337/CEE, por el Tribunal de Justicia el 11 de agosto de 1995 en el asunto C-431/92 Comisión contra Alemania (Grosskrotzenburg).

La Decisión no 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996 sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, no incorpora ninguna obligación legal respecto a la aplicación de la Directiva EIA. Su artículo 8 prevé que los proyectos RTE se rigen y están sometidos a la Directiva 85/337/CEE. Dado que ésta cubre todos los proyectos cuya autorización se haya concedido después del 3 de julio de 1988, no existe obligación legal para que los Estados miembros sometan proyectos autorizados antes del 3 de julio de 1988 al procedimiento previsto en la Directiva 85/337/CEE, aunque el proyecto esté relacionado con la red transeuropea.

La Comisión no tiene intención de prohibir un aumento del tráfico en el aeropuerto de Malpensa por razones ambientales. La cuestión es competencia de los Estados miembros, los cuales pueden adoptar reglas operativas concretas o limitar el ejercicio de los derechos de tráfico en los aeropuertos comunitarios por razones ambientales de acuerdo con el apartado 2 del artículo 8 o con el artículo 9 del Reglamento (CEE) no 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias(3).

(1) A efectos de la Directiva 85/337/CEE, se entenderá por proyecto la realización de trabajos de construcción o de otras instalaciones u obras; otras intervenciones en el medio natural o el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de los recursos del suelo (Artículo 1).

(2) Apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 85/337/CEE.

(3) DO L 240 de 24.8.1992.