ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
PREGUNTA ESCRITA P-3933/00

de Bart Staes (Verts/ALE) al Consejo

(7 de diciembre de 2000)

Asunto: Política Exterior Común con respecto a Kosovo

El antiguo Presidente de Finlandia, Martti Ahtisaari, ha publicado un libro titulado Misión en Belgrado, en el que describe su viaje a Belgrado el 2 de junio de 1999 como enviado de paz de la UE, junto con el enviado ruso Viktor Chernomirdin, para presentar el plan de paz de la Comunidad internacional al Presidente yugoslavo Slobodan Milosevic. Ahtisaari afirma que Milosevic inicialmente se negó categóricamente a negociar sobre dicho plan de paz, pero que a la mañana siguiente repentinamente se mostró dispuesto a aceptarlo. Según Ahtisaari, este repentino cambio de actitud obedeció a un pacto secreto celebrado por Milosevic con los generales rusos, con miras a convertir el norte de Kosovo en una zona serbia.

1. ¿Puede confirmar el Consejo la tesis de Martti Ahtisaari? En caso negativo, ¿qué argumentos puede aducir el Consejo para no aceptarla?

2. En caso afirmativo, ¿cómo explica el Consejo que la región kosovar al norte de Mitrovica se haya convertido mientras tanto de hecho en un enclave serbio, pese al hecho de que el ejército ruso no haya podido llevar a la práctica por su cuenta el pacto secreto y pese a la presencia de la KFOR?

3. ¿Está el Consejo dispuesto a hacer todo lo posible para poner fin cuanto antes a la constitución de un enclave serbio al norte de Kosovo y para devolver dicha zona a sus habitantes? En caso negativo, ¿por qué no?

4. En caso afirmativo, ¿para cuándo podrán regresar los habitantes albaneses a sus viviendas al norte de Mitrovica? ¿Y para cuándo podrá acceder la población albanesa de nuevo al hospital y a las facultades universitarias de Mitrovica?

Respuesta

(12 de marzo de 2001)

El 2 de junio de 1999, el Presidente Ahtisaari fue a Belgrado por iniciativa de la Unión Europea. En su reunión del 31 de mayo de 1999, el Consejo había apoyado sus esfuerzos de forma explícita, invitándolo a intervenir en el Consejo Europeo de Colonia con objeto de que diera su aportación a las deliberaciones sobre los Balcanes occidentales.

Su Señoría comprenderá perfectamente que el Consejo no tiene intención de comentar una publicación de una personalidad como el Presidente Ahtisaari, pero está en condiciones de garantizar que no ha recibido información sobre un hipotético pacto secreto entre el Sr. Milosevic y los generales rusos encaminado a convertir a Kosovo en una zona serbia.

Conviene recordar que el Consejo ha expresado en varias ocasiones tanto su confianza como su pleno apoyo a las iniciativas de Ahtisaari en Kosovo, sobre todo en la ciudad de Ahtisaari, encaminadas a la plena aplicación de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en particular a la normalización de las relaciones entre las diversas etnias, incluida la libre circulación de personas y el regreso de los refugiados.
PREGUNTA ESCRITA E-3747/00

de Joachim Wuermeling (PPE-DE) a la Comisión

(4 de diciembre de 2000)

Asunto: Discriminación de los conductores extranjeros de autocares en Francia

Una disposición legislativa francesa permite la imposición de elevadas multas contra los conductores de autocares incluso ya en caso de pequeñas infracciones, por ejemplo, cuando el disco del tacógrafo no es absolutamente exacto. La multa impuesta no guarda ninguna relación con la infracción cometida.

La policía francesa controla con especial frecuencia a las empresas extranjeras de autocares.

Estas medidas obstaculizan de manera indirecta la libre prestación de servicios.

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de estas actuaciones?

2. ¿Considera la Comisión que estas medidas francesas son compatibles con el Derecho de la CE?

3. En caso negativo, ¿tiene la Comisión la intención de iniciar un procedimiento por infracción del Tratado?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(17 de enero de 2001)

1. La Comisión está al corriente del cambio que ha habido en la legislación francesa, que autoriza la imposición de multas más elevadas en caso de haber infracciones serias y en ausencia del document de suivi.

En cuanto a la discriminación general de los conductores extranjeros de autocares por parte de las autoridades francesas, las estadísticas presentadas por dichas autoridades en relación con las infracciones detectadas en su territorio en la última década (véanse los informes de la Comisión relativos a los años 1991-1992(1), 1993-1994(2); 1995-1996(3)) y los datos respecto a Francia enviados para el próximo informe relativo a los años 1997-1998, no indican una cifra anormalmente elevada de controles a conductores no residentes o de infracciones por parte de conductores no residentes. Por el contrario, el número de conductores no residentes controlados y multados es mucho menor que el de los residentes.

2. y 3. La Comisión está examinando si la legislación francesa anteriormente mencionada se ajusta al Derecho comunitario. No obstante, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la cuestión de las sanciones aplicadas al transporte por carretera en caso de infracción es competencia de los Estados miembros. La Comisión únicamente puede velar por que las sanciones por infracción del Derecho comunitario sean suficientemente disuasivas, proporcionales y efectivas.

(1) COM(95) 713 final.

(2) COM(97) 698 final.

(3) COM(2000) 84 final.
PREGUNTA ESCRITA E-4090/00

de Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) a la Comisión

(10 de enero de 2001)

Asunto: Impulso a las relaciones comerciales de la UE con Mercosur y Chile

La reciente celebración en Madrid de la Ia Cumbre Empresarial Unión Europea, Latinoamérica y Caribe ha sido un adecuado Foro, al que han acudido 19 empresarios latinoamericanos y europeos, para discutir sobre medidas concretas que impulsen las relaciones comerciales de la Unión Europea con Mercosur y Chile.

En su visita de cortesía al Presidente del Gobierno de España, dicho colectivo ha solicitado al jefe del ejecutivo español que España asuma la iniciativa de impulsar tales relaciones con medidas concretas y eficaces, dado el privilegiado papel que juega el país ibérico entre ambos bloques económicos.

¿Estima la Comisión que le correspondería, en virtud de la petición de la referida Cumbre Empresarial, proponer un observatorio en la capital de España, que aporte iniciativas y propuestas para que la Unión Europea, por un lado, y Mercosur y Chile, por otro, posibiliten a la clase empresarial de ambos bloques económicos promover un mayor impulso en las relaciones comerciales mutuas?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(27 de febrero de 2001)

1. Actualmente se están desarrollando muchas iniciativas que aspiran a mejorar las relaciones comerciales entre los dos bloques económicos.

2. En primer lugar, la Comisión Europea colabora estrechamente con el Foro Empresarial UE-MERCOSUR (MEBF), que es una asociación de representantes y agrupaciones empresariales de las dos regiones cuyo deseo es intensificar las relaciones comerciales entre la UE y MERCOSUR y facilitar los flujos comerciales y de inversión. El MEBF ha conseguido constituirse en el principal representante de las agrupaciones empresariales de la UE y de MERCOSUR y la Comisión Europea no ha dejado de respaldar la iniciativa MEBF desde sus comienzos en 1998. La reciente cumbre empresarial UE-América Latina/Caribe en Madrid manifestó su apoyo a las actividades del MEBF e invitó específicamente al MEBF a participar de una manera destacada en la cumbre. Así pues, en el seno de la comunidad empresarial ya existe un foro que se propone mejorar las relaciones comerciales entre la UE y MERCOSUR.

3. En segundo lugar, la Comisión Europea ha adoptado medidas prácticas en apoyo de las relaciones empresariales entre la UE y América Latina, a través de varios programas de cooperación económica relacionados con las empresas, tales como Al-INVEST, ALURE y el ECIP, entre otros. Este tipo de programas que arrojan buenos resultados, en especial Al-INVEST, continuará en el futuro con el objetivo de apoyar a la comunidad empresarial europea en sus contactos con MERCOSUR.

4. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la Comisión Europea considera que no hay actualmente ninguna necesidad de crear un observatorio en Madrid que presente iniciativas y propuestas concebidas para que los círculos empresariales de la UE y MERCOSUR-Chile puedan mejorar las relaciones comerciales.
PREGUNTA ESCRITA E-3790/00

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(7 de diciembre de 2000)

Asunto: Tipos de IVA para la restauración de edificios

¿No opina la Comisión que sería preferible hacer frente a las presiones en favor de la construcción de nuevas viviendas, siempre que fuera posible, modificando o renovando las viviendas ya existentes, en lugar de construir nuevas viviendas en terrenos intactos hasta la fecha? ¿Está dispuesta a acceder a la solicitud de Gordon Brown de que se reduzca al 5 % el IVA para la conversión de propiedades en viviendas múltiples y se permita a cualquier Gobierno de la UE que lo desee introducir un tipo cero de IVA para la renovación de las viviendas ya existentes con el fin de fomentar la conservación y protección del espacio rural?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(1 de febrero de 2001)

La situación, con arreglo a la legislación comunitaria actual sobre el IVA, es que la categoría 9 del anexo H de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo de 17 de mayo de 1977 en materia de armonización de las leyes de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme(1) abarca la entrega, la construcción, la renovación y la alteración de viviendas proporcionadas en virtud de la política social. Los Estados miembros pueden por consiguiente aplicar un tipo reducido del IVA no inferior al 5 % a estos servicios. A toda reparación o modificación de las viviendas que no corresponda a esta definición se le aplicará el tipo normal del IVA.

En cuanto al tipo cero, solamente se permite a los Estados miembros que aplicaban este tipo del IVA el 1 de enero de 1991 mantenerlo durante un período transitorio. Por lo tanto, conforme a la legislación comunitaria actual, no se puede introducir un nuevo tipo cero.

(1) DO L 145 de 13.6.1977, Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2000/65/CE del Consejo de 17 de octubre de 2000 (DO L 269 de 21.10.2000).
PREGUNTA ESCRITA P-4130/00

de Ingo Schmitt (PPE-DE) a la Comisión

(9 de enero de 2001)

Asunto: No reconocimiento de los carnets de discapacitado alemanes en España

¿Tiene conocimiento la Comisión de que en España no se reconocen los carnets de discapacitado alemanes y de que, como consecuencia de ello, los discapacitados alemanes no pueden beneficiarse de las ventajas que se conceden a los discapacitados españoles? ¿No se trata a ese respecto de una clara infracción de la cláusula de no discriminación del Tratado UE?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(7 de marzo de 2001)

Con arreglo al principio de subsidiaridad, la decisión relativa a la definición de discapacidad y, por consiguiente, a las condiciones que permiten ser titular de una tarjeta de discapacidad es competencia de las autoridades nacionales. Por tanto, las condiciones de expedición de una tarjeta de discapacidad son establecidas por cada Estado miembro, sin que se haya previsto el reconocimiento mutuo de dichas tarjetas que permita a sus titulares tener derecho a las diversas prestaciones disponibles en otros Estados miembros distintos de aquel que expidió la tarjeta.

Con arreglo a la legislación comunitaria, el derecho a la asistencia social en otro Estado miembro depende de las circunstancias personales de la persona de que se trate. Por consiguiente, para verificar si en el caso a que hace referencia Su Señoría la denegación a un titular de una tarjeta de discapacidad alemana de prestaciones disponibles para los titulares de una tarjeta de discapacidad española constituye una violación de la legislación comunitaria, sería necesario que la Comisión tuviera más detalles sobre este caso particular. En principio, toda persona con discapacidad que resida y trabaje en España debería recibir un trato igual al dispensado a los nacionales con el mismo nivel de discapacidad, incluso si para ello es preciso que las autoridades españolas pertinentes determinen su nivel de discapacidad con arreglo a la legislación nacional. Si se trata de un residente en España que no ejerce una actividad económica, su derecho de residencia está supeditado a la condición de poseer recursos suficientes a fin de no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida y de estar cubierto por un seguro de enfermedad a todo riesgo y, en consecuencia, no tendría derecho a la asistencia social.

En términos generales, el artículo 12 (antiguo artículo 6) del Tratado CE prohíbe cualquier discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado CE. Así, los servicios básicos para las personas con discapacidad, como los aparcamientos reservados o la dotación de sillas de ruedas en los aeropuertos, deberían estar a disposición de todos los nacionales comunitarios con discapacidad, sea cual sea su nacionalidad. La denegación de estos servicios básicos a ciudadanos comunitarios que se desplazan a otro Estado miembro podría considerarse, pues, una discriminación por razón de nacionalidad a tenor de lo dispuesto en el artículo 12, leído en combinación con el artículo 49 (antiguo artículo 59), del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-4151/00

de Patricia McKenna (Verts/ALE) al Consejo

(16 de enero de 2001)

Asunto: Derechos de la mujer en Arabia Saudita

En el 56o período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la UE manifestó su profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres en Arabia Saudita, y volvió a pedir una mejora de esta situación en la ley y en la práctica.

¿Qué nuevas iniciativas ha fomentado el Consejo para mejorar la situación de los derechos humanos de la mujer en Arabia Saudita desde esta declaración en el 56o período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas?

En estos momentos, la UE refuerza sus relaciones con los países del Golfo. ¿Cómo piensa aprovechar la situación el Consejo para mejorar la protección de los derechos humanos en Arabia Saudita? ¿Fomenta la formación de los policías para que protejan a las mujeres en situación de interrogatorio y detención, así como a las mujeres que denuncian malos tratos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos?

¿Qué presión ejerce el Consejo sobre Arabia Saudita para cerciorarse de que su proyecto de ley sobre el trabajo de la mujer respeta los Convenios 100 y 111 de la OIT, que dicho país ha ratificado?

Respuesta

(24 de abril de 2001)

La Unión Europea plantea la cuestión de los derechos humanos, entre ellos los derechos de la mujer, en toda ocasión adecuada, por ejemplo en el 10o Consejo Conjunto y la reunión ministerial con el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG) el 22 de mayo de 2000 y en una reunión ministerial de la Troica de la UE con el CCG en paralelo con la Asamblea General de las Naciones Unidas. Arabia Saudita ejerció la Presidencia del CCG durante el año 2000. En la reunión del 22 de mayo de 2000, la Unión Europea propuso entablar un diálogo en materia de derechos humanos. En el marco del Acuerdo de Cooperación CE-CCG(1) y del diálogo político, la Unión Europea seguirá patentizando a los miembros del CCG la necesidad de mejorar la situación de los derechos humanos en sus respectivos países y de cooperar con las Naciones Unidas y las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Insistirá asimismo en intensificar el diálogo en materia de derechos humanos.

La UE y el CCG están negociando un tratado de libre comercio. Conforme a la política que sigue la UE en sus acuerdos con terceros países por lo que respecta a los derechos humanos, el respeto de estos últimos sería un elemento fundamental de cualquier tipo de acuerdo de esa índole.

(1) DO L 54 de 25.2.1989, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA E-3955/00

de Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) a la Comisión

(13 de diciembre de 2000)

Asunto: Minoría húngara en Eslovaquia

Según el dictamen de la Comisión de 1997 sobre la solicitud de adhesión de Eslovaquia, la minoría húngara representa un 11 % de la población. En el último informe de la Comisión(1) se dedica apenas dos líneas a esta minoría.

Considera la Comisión que los derechos de la minoría húngara en Eslovaquia no se ven mermados por los decretos Beres todavía en vigor? ¿Que opinión le merece a la Comisión que una de las condiciones impuestas al Partido de la Coalición Húngara para que entrara en el gobierno fuera que los decretos de 1945 no fuesen revisados? ¿Qué efectos va a tener sobre esta minoría la implementación del tratado básico con Hungría?

(1) COM(2000) 711.

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(28 de febrero de 2001)

La Comisión sigue de cerca en todos los países candidatos, incluida Eslovaquia, el cumplimiento de los criterios establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague en 1993. El criterio político abarca la protección de las minorías, incluida la minoría húngara.

Por lo que se refiere a los decretos Benes, la Comisión es plenamente consciente de la complejidad y dimensión humana de este problema. No obstante, los decretos Benes se adoptaron y aplicaron antes de la fundación de la Comunidad Europea y antes de la entrada en vigor del Tratado de Roma. En la medida en que hoy en día su impacto legal se refiera a problemas de restitución de la propiedad, la Comisión no tiene competencias para intervenir ni en un actual ni en un futuro Estado miembro, puesto que el artículo 295 (antiguo artículo 222) del Tratado CE declara explícitamente que el presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros. La Comisión subraya, sin embargo, que los países candidatos tienen que cumplir, en el momento de su adhesión a la UE, el acervo comunitario, incluyendo los principios de libre circulación de personas y de libertad de establecimiento, y la garantía de la protección de los derechos humanos y de los derechos de las minorías.

El acuerdo de no revisar los decretos de 1945 ha sido parte del proceso de construcción de la coalición en la República Eslovaca. Lo ha aceptado como tal el Partido de Coalición Húngara (SMK). La Comisión considera que esta situación es un asunto político interno de Eslovaquia, acerca del cual no le compete emitir juicio alguno.

Por lo que se refiere al Tratado básico con Hungría, la Comisión acoge con satisfacción que se haya puesto en marcha su aplicación mediante la creación de una Comisión Mixta para Asuntos relacionados con las Minorías, con participación de representantes de la minoría húngara de Eslovaquia. Los diversos grupos de trabajo han iniciado recientemente su tarea y han obtenido ya unos primeros resultados visibles, por ejemplo, en el sector del empleo. Ahora es importante que la puesta en práctica no se vea obstaculizada por retrasos en ambos lados.
PREGUNTA ESCRITA E-3707/00

de John Cushnahan (PPE-DE) al Consejo

(30 de noviembre de 2000)

Asunto: La situación de la comunidad Ahmadiyya en Pakistán

¿Está informada la Presidencia de las violaciones de los derechos humanos de la comunidad Ahmadiyya en Pakistán? Una serie de leyes de 1974 convierten en delito la profesión, práctica y propagación de la fe Ahmadiyya. Algunos miembros de la comunidad han sido acusados de blasfemia en relación con la Sección 295 C, que prevé la pena de muerte. Asesinatos recientes de miembros de la comunidad Ahmadiyya por parte de musulmanes ortodoxos no han sido investigados. ¿Qué se propone hacer el Consejo para proteger los derechos fundamentales de la comunidad Ahmadiyya?

Respuesta

(12 de marzo de 2001)

El Consejo comparte la inquietud que manifiesta Su Señoría en su pregunta en lo referente a la discriminación contra minorías religiosas en Pakistán. Sin embargo, dado que las reuniones regulares del diálogo político entre la Unión y Pakistán se suspendieron tras el golpe de estado militar de 1999, ahora le resulta a la Unión más difícil que antes transmitir su inquietud a los dirigentes políticos pakistaníes. Aun así, en varias ocasiones se ha planteado el tema de la protección de las minorías religiosas con interlocutores de alto nivel en la administración o en el gobierno, en particular en las visitas de la Troika a Islamabad efectuadas en noviembre de 1999 y noviembre de 2000. En su última visita, la Troika insistió especialmente ante el Ministro del Interior en que se garantizase una protección eficaz de las minorías religiosas contra cualquier violencia entre comunidades, se aclaren los incidentes que se produjeron y se enjuicie a los responsables de dichos actos. La Troika también planteó el tema de las discriminaciones legales todavía vigentes en Pakistán contra determinadas minorías, incluida la cuestión de las votaciones separadas.

En estas conversaciones, el Ministro Sr. Haider garantizó a la Troika que la administración deseaba que se incluyese a todas las minorías en el proceso político. Aun reconociendo que las decisiones iniciales discriminatorias tomadas en aplicación de la legislación contra la blasfemia habían despertado el temor de los grupos afectados, el Sr. Haider insistió en que en las causas no se había aplicado ninguna de estas decisiones controvertidas. El Ministro confirmó así mismo, que el gobierno se comprometerá a proseguir la necesaria reforma de esta legislación. En lo referente a actos violentos entre comunidades, el gobierno declaró ser consciente de la magnitud del problema. Seguirá actuando con firmeza contra cualquier forma de violencia y se comprometerá a detener y encausar a los responsables.

La Troika recordó al Ministro que estos problemas suscitaban una gran inquietud en Europa y que los responsables políticos, las ONG y los medios de comunicación europeos seguirán de cerca la evolución de la situación en Pakistán. El Consejo seguirá estudiando regularmente la situación y, en su caso, planteará de nuevo estos problemas a los interlocutores pertinentes a través de los Embajadores europeos en Islamabad.