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PREGUNTA ESCRITA E-1272/00

de Dirk Sterckx (ELDR) a la Comisión

(19 de abril de 2000)

Asunto: Criterios de agudeza visual en la Directiva europea 91/439 sobre el permiso de conducción

En aplicación de la Directiva 91/439(1) sobre el permiso de conducción, la legislación belga impone a los conductores de camiones un criterio de agudeza visual de al menos 0,8 para el ojo en mejores condiciones y de 0,5 para el ojo en peores condiciones, de ser necesario, con la ayuda de una corrección óptica (por ejemplo, gafas o lentillas). Las consecuencias de esta nueva norma en materia de agudeza visual es que las personas que padecen ambliopía no pueden convertirse en conductores de camión y puede darse además que algunos camioneros que durante años han pasado sin problemas los controles médicos, ahora se encuentren con que no superan las pruebas de aptitud.

¿Está al tanto la Comisión de esta situación? ¿No sería posible rectificar la directiva de manera que pudiera tenerse en cuenta la situación específica de los conductores de camiones que padezcan ambliopía? ¿No podría al menos hacerse una excepción para los conductores de camión que obtuvieron su permiso de conducción cuando las normas aplicadas eran menos estrictas?

(1) DO L 237 de 24.8.1991, p. 1.

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(6 de junio de 2000)

El Anexo III de la Directiva 91/439/CEE del Consejo de 29 de julio de 1991 sobre el permiso de conducción(1) establece los criterios sanitarios mínimos para poder conducir vehículos de motor, entre los que figuran criterios relativos a la vista. Los datos científicos de que se dispone en este momento indican que los criterios fijados para la salud en general, y para la vista en particular, no son bastante rigurosos en relación con los requisitos actuales de seguridad vial.

Sin embargo, la Comisión es asimismo consciente de que el Anexo III no permite el mantenimiento de criterios sanitarios menos rigurosos a nivel nacional para los conductores que obtuvieron su permiso antes de la entrada en vigor de la Directiva. La propuesta de Directiva de la Comisión contenía una disposición que lo hacía posible, pero el Consejo no la aprobó.

En varias ocasiones, el Comité de permisos de conducción debatió en 1998 y 1999 las consecuencias prácticas y sociales de esta situación, especialmente para los conductores profesionales de autobús y de camión. La Comisión examina en la actualidad la posibilidad de modificar la Directiva 91/439/CEE; cualquier propuesta al respecto podría volver a contemplar el mantenimiento de criterios sanitarios menos rigurosos a nivel nacional para los conductores que obtuvieron su permiso antes de la entrada en vigor de la Directiva, dentro de los límites que imponen los requisitos en materia de seguridad vial.

(1) DO L 237 de 24.8.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-1284/00

de Gerhard Hager (NI) a la Comisión

(19 de abril de 2000)

Asunto: Contratos de transporte aéreo de heridos y enfermos con la Federación austríaca de entidades de la seguridad social

Quisiera precisar mi pregunta E-0137/00(1). Como demuestra la investigación que he efectuado, el problema en relación con los contratos de liquidación austríacos celebrados entre el Ministerio Federal de Interior y una asociación de derecho privado, por un lado, y la Federación austríaca de entidades de la seguridad social, por otro, no consiste simplemente en la falta de licitación pública. El problema está más bien en que desde el 31 de marzo de 1995 la liquidación directa entre los servicios citados se hace sin que exista un fundamento jurídico para ello y en que la Federación de entidades de la seguridad social se niega a ofrecer esa misma posibilidad de la liquidación directa a otros prestadores de los mismos servicios. A la vista de tal situación, quisiera formular a la Comisión la siguiente pregunta:

¿El hecho de que la liquidación directa entre la Federación austríaca de entidades de la seguridad social y las empresas citadas de transporte aéreo de heridos y enfermos se haga sin que exista un fundamento jurídico para ello hace pensar a la Comisión que es dudoso que tal manera de proceder sea compatible con las disposiciones de la Directiva 92/50/CEE(2), de 18 de junio de 1992?

(1) DO C 280E de 3.10.2000, p. 183.

(2) DO L 209 de 24.7.1992, p. 1.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(15 de junio de 2000)

La Comisión remite a Su Señoría a la respuesta que dio a la pregunta E-0137/00 de Su Señoría, referente asimismo a los contratos de transporte aéreo de heridos y enfermos con la Federación austríaca de la Seguridad Social.

La cuestión planteada por Su Señoría se aclarará a la luz de la información que las autoridades austríacas han de transmitir a la Comisión. Evidentemente, puede haber una infracción de la Directiva de servicios 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, aunque se haya celebrado un contrato.
PREGUNTA ESCRITA E-1442/00

de Concepció Ferrer (PPE-DE) al Consejo

(12 de mayo de 2000)

Asunto: La situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial

Teniendo en cuenta los recientes informes de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial en los que se hace patente una falta total de respeto por dichos derechos,

Teniendo en cuenta que, según los informes de la ONU, la manifestación más evidente de esta falta de respeto por los derechos humanos es la inseguridad jurídica a que están expuestos los ciudadanos, que en cualquier momento pueden ser privados de libertad sin mandato judicial ni motivo legal que lo autorice,

Teniendo en cuenta el anuncio oficial hecho por la República de Guinea del inicio del proceso, el próximo 12 de abril, contra M. Alpha Condé, detenido desde el año 1998,

¿Qué garantías hay de un juicio justo?

¿Piensa enviar observadores para garantizar un juicio justo?

Respuesta

(29 de septiembre de 2000)

Su Señoría aborda en realidad dos situaciones diferentes, que se refieren a dos países diferentes, en su pregunta escrita.

1. La situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial a que se refiere Su Señoría se examinó en la sesión no 56 de la Comisión de Derechos Humanos que se celebró en marzo y abril de este año en Ginebra. En dicha ocasión, los Estados miembros de la Unión Europea se sumaron al consenso sobre la resolución relativa a dicho país que aborda los problemas mencionados por Su Señoría, y que incluye una serie de recomendaciones y de llamamientos al Gobierno de Guinea Ecuatorial para que tome medidas urgentes que pongan fin a las deficiencias y a las condiciones que culminan en violaciones y abusos de los derechos humanos.

2. En relación con el juicio que se ha llevado a cabo en la República de Guinea contra Don Alpha Condé, la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, hizo una declaración el 6 de abril de 2000 en la que manifestaba su deseo de que dicho juicio tuviese lugar de forma justa y transparente, con total respeto del Derecho, garantizando así que el Sr. Condé tuviese la posibilidad de defenderse de cada acusación formulada contra su persona. El curso de dicho juicio, que empezó el 12 de abril pasado, está siendo supervisado de cerca por los Jefes de Misión de la Unión Europea en Conakry.
PREGUNTA ESCRITA E-0840/00

de Ioannis Marínos (PPE-DE) a la Comisión

(21 de marzo de 2000)

Asunto: Tasa de desempleo en Grecia

La Oficina Estadística de la UE, Eurostat, dio a conocer el 4 de enero de 2000 (Boletín 1/2000) datos muy interesantes relativos a las tasas de desempleo de hombres y mujeres en la UE. Dichos datos cubren el período que va de noviembre de 1997 hasta noviembre de 1999, y hacen referencia a hombres y mujeres menores de 25 años y mayores de 25 años. Destaca la ausencia total de estadísticas sobre Grecia, a pesar de que hay datos analíticos de todos los demás países de la UE, Estados Unidos y Japón.

¿Puede informar la Comisión Europea de si las autoridades griegas han enviado datos relativos a las tasas de desempleo en Grecia? Si no es así, ¿qué razones han aducido? ¿Qué acciones han emprendido, si lo han hecho, los Servicios de la Comisión para obtener información sobre el índice de empleo en Grecia?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(12 de abril de 2000)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-0338/00 del Sr. Alavanos(1).

(1) Ver página 131.
PREGUNTA ESCRITA E-0589/00

de Mark Watts (PSE) a la Comisión

(29 de febrero de 2000)

Asunto: Política europea de transportes sostenible

Por lo que se refiere a la identificación de las principales ciudades en las rutas de los proyectos prioritarios de las RTE, ¿puede comunicar la Comisión cómo se tomaron estas decisiones y quiénes estuvieron implicados en la toma de decisiones? ¿Qué criterios se aplicaron y quiénes fueron los ganadores y los perdedores en dichas decisiones?

Respuesta de la Sra. de Palacio En nombre de la Comisión

(13 de abril de 2000)

En las orientaciones sobre la red transeuropea de transportes (RTE-T) se determinan los recorridos clave de importancia transeuropea y en los que se incluyen los previstos en los proyectos prioritarios de la red. Las orientaciones contienen una serie de mapas que ilustran dichos recorridos. Los nombres de ciudades que figuran en los mapas aparecen como punto de referencia aunque muchas ciudades que tienen acceso a la RTE-T no constan en los mismos.

A lo largo de 1990-1992 la Comisión introdujo una serie de grupos de trabajo integrados por representantes de todos los Estados miembros en los que se elaboraron varios planes generales. En ellos se definían los recorridos de importancia transeuropea teniendo en cuenta los flujos de tráfico y la necesidad de enlazar las regiones periféricas con el centro de la Comunidad. Los grupos de trabajo no señalaron concretamente ciudades a lo largo de las rutas transeuropeas. Los planes generales se incorporaron posteriormente a las orientaciones sobre la RTE-T, adoptadas por el Consejo y el Parlamento conforme al procedimiento de codecisión en 1996(1).

La Comisión estudia en la actualidad la mejor manera de proceder en este sentido dentro del informe de revisión de las orientaciones sobre la RTE-T que será presentado al Consejo y al Parlamento este verano.

(1) DO C 17 de 22.1.1996.
PREGUNTA ESCRITA E-1353/00

de Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) a la Comisión

(4 de mayo de 2000)

Asunto: Retraso de la Unión Europea en pronunciarse sobre la ampliación de capital de Santana Motor

La empresa automovilística española, Santana Motor, ha arrojado unas pérdidas durante 1999, de 2.986 millones de pesetas, superando todas las previsiones tanto del Gobierno regional andaluz como del plan estratégico de la empresa.

Para el propietario de dicha empresa, el Instituto de Fomento de Andalucía, perteneciente al Gobierno regional andaluz, las referidas pérdidas son consecuencia tanto de la apreciación del yen como del retraso de la Unión Europea en pronunciarse sobre la ampliación de capital y las ayudas solicitadas por la empresa.

¿Puede indicar la Comisión si tal imputación, vertida por el referido Instituto contra la Unión Europea, tiene algún fundamento lógico y en qué medida se la puede considerar responsable del perjuicio que se le achaca por parte de la entidad propietaria de la empresa Santana Motor?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(15 de junio de 2000)

La empresa en cuestión realizó un plan de reestructuración entre 1995 y 1997, apoyado por la ayuda estatal aprobada por la Comisión en su Decisión 97/17/CE de 30 de julio de 1996(1). La ayuda a Santana se aprobó bajo ciertas condiciones, tales como la presentación de un informe anual de control y la prohibición de cualquier nueva ayuda a la reestructuración. La Comisión señala que el plan de reestructuración en el que se basaba la mencionada decisión de la Comisión de 1996 debería haber llevado a la viabilidad de Santana. Tiene en cuenta la información presentada por Su Señoría de que las pérdidas contraídas por Santana en 1999 ascienden a 2 986 millones de Ptas.

En 1998, la Comisión tuvo conocimiento, a través de la prensa, de que se había otorgado un crédito de 3 800 millones de Ptas a Santana Motor por un consorcio de cinco bancos, acompañado por una garantía pública del Gobierno regional de Andalucía. A raíz de esta información, la Comisión pidió a las autoridades españolas información adicional, que sólo se proporcionó parcialmente. Documentos tales como el plan estratégico a medio plazo de la empresa hicieron referencia a la ayuda a la inversión, así como a una aportación de capital por parte de un organismo público. La medida se registró como ayuda no comunicada. Para poder evaluar las medidas públicas de financiación, la Comisión necesitaba más información, que presentaron poco a poco las autoridades españolas.

La Comisión está examinando actualmente las medidas; es por tanto demasiado pronto para sacar conclusiones relativas a la naturaleza de las mismas y a la compatibilidad con las normas de competencia comunitarias o la necesidad de procedimientos de conformidad con el apartado 2 del artículo 88 (antiguo artículo 93) del Tratado CE.

(1) DO L 6 de 10.1.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-0671/00

de Antonio Tajani (PPE-DE), Stefano Zappalà (PPE-DE), Giorgio Lisi (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE), Raffaele Fitto (PPE-DE), Raffaele Costa (PPE-DE), Raffaele Lombardo (PPE-DE) y Francesco Musotto (PPE-DE) a la Comisión

(9 de marzo de 2000)

Asunto: Violación de las normativas de la UE sobre la clonación humana

¿Qué iniciativas piensa tomar la Comisión después de haber autorizado la Oficina Europea de Patentes de Munich el registro de la patente para duplicar embriones?

¿Cómo piensa proteger los derechos fundamentales de la persona y evitar que, a diferencia de lo que sucede en países como los Estados Unidos y el Japón, en la Unión Europea se puedan patentar procedimientos de manipulación de la estructura genética de las células encaminados a realizar organismos vivos?

¿Qué enfoque seguirá la Comisión para lograr que el texto aprobado en Munich excluya categóricamente la posibilidad de clonar seres humanos?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(25 de abril de 2000)

Las actuaciones de la Oficina Europea de Patentes (OEP), que no es una institución comunitaria, se rigen por el Convenio sobre la Patente Europea (CPE). Dicho Convenio es un acuerdo internacional del que son partes 19 países, incluidos todos los Estados miembros. Las normas de aplicación del CPE se modificaron el año pasado, para tomar en consideración la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas(1). Dichas normas, que siguen la redacción de la Directiva, excluyen específicamente de la patentabilidad los procedimientos de clonación de seres humanos, los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano y las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.

En respuesta a la controversia en torno a la patente europea EP0695351, la Comisión escribió a la OEP manifestándole su preocupación sobre la concesión de dicha patente y solicitando una rápida modificación de la misma. La OEP ha respondido acordando constituir una división de oposición antes de lo habitual, para estudiar las oposiciones que ya se han presentado respecto de dicha patente. Dicha división de oposición se constituyó el 29 de marzo de 2000 y se espera que emita en breve una resolución preliminar. La Comisión seguirá controlando la evolución de este asunto y, de ser inadecuada la actuación de la OEP, estudiará la conveniencia de tomar otras medidas, incluida la posibilidad de que la Comisión o la Comunidad se oponga formalmente a dicha patente ante la OEP.

(1) DO L 213 de 30.7.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-0271/00

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(7 de febrero de 2000)

Asunto: Funcionamiento del mercado interior en el ámbito laboral entre la Unión Europea y Suiza

El ciudadano europeo Kosta Parlavanzas me ha hecho llegar un extenso expediente documental en el que se afirma que Suiza persigue una política deliberada y sistemática de limitación de la prestación de trabajo por parte de los trabajadores extranjeros a unos 20 ó 30 años, expulsándolos al cabo de ese tiempo a su país de origen y no asegurando la transferencia de las pensiones sociales de esos trabajadores.

¿Posee la Comisión algún estudio, del tipo que sea, sobre el estatuto legal de los emigrantes europeos en Suiza?

¿Considera la Comisión posible y deseable la continuación y profundización de las relaciones entre la Unión Europea y Suiza, concretamente en el marco del espacio económico europeo, sin asegurarse antes de que ese país respeta las normas mínimas del mercado único en el ámbito laboral?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(15 de marzo de 2000)

La Comisión coincide en que la situación legal actual de los ciudadanos comunitarios que trabajan en Suiza no es satisfactoria. De ahí que haya negociado un amplio Acuerdo sobre la libre circulación de personas para armonizar las disposiciones suizas con el acervo comunitario en este campo incluyendo los ámbitos de la seguridad social y los derechos de pensión.

El Acuerdo se firmó el 21 de junio de 1999 y entrará en vigor después de la aprobación del Parlamento y tras la ratificación por las Partes Contratantes.

Una vez que el Acuerdo haya entrado en vigor, la Comisión supervisará de cerca su aplicación por Suiza y planteará cualquier dificultad que vaya surgiendo en la Comisión Mixta que se debe crear en virtud del Acuerdo.

El Acuerdo sobre libre circulación de personas está conectado con otros seis Acuerdos sectoriales (tráfico aéreo y terrestre, investigación, agricultura, contratación pública y reconocimiento mutuo de la evaluación de la conformidad), que solamente pueden entrar en vigor conjuntamente. Por lo tanto, Suiza no obtendrá ventajas en otras áreas sin llevar a cabo las mejoras acordadas a los ciudadanos de la Comunidad en Suiza.
PREGUNTA ESCRITA E-1300/00

de Charles Tannock (PPE-DE) al Consejo

(27 de abril de 2000)

Asunto: Soluciones a los frecuentes retrasos del Consejo en sus respuestas a las preguntas parlamentarias

¿Podría indicar el Consejo si la lentitud de respuesta por parte de algunos Estados miembros constituye la causa de los frecuentes retrasos del Consejo en sus respuestas a las preguntas parlamentarias? Si es así, ¿se ha pensado en fijar un plazo límite para las objeciones de los Estados a las respuestas propuestas por el Consejo de manera que éstas puedan notificarse a los diputados dentro del plazo establecido?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1299/00, E-1300/00 y P-1541/00

(10 de julio de 2000)

El Consejo recuerda a Su Señoría que no está sujeto a los plazos mencionados en la medida en que éstos se derivan de los apartados 5, 6 y 7 del artículo 44 del Reglamento Interno del Parlamento Europeo.

El Consejo quisiera, no obstante, señalar que, con vistas a mejorar la colaboración con el Parlamento Europeo en este ámbito, ha adoptado rápidamente una serie de medidas internas para poder responder a las preguntas escritas en un plazo inferior a dos meses. En este contexto, ha establecido, en el seno de sus instancias preparatorias, un procedimiento de estudio con el que pueda mantener el equilibrio requerido entre este objetivo y la necesidad de garantizar, con la consulta a los servicios competentes y la organización de un procedimiento contradictorio a nivel del Consejo, el mayor nivel posible de calidad de sus respuestas.

A lo largo de los años, una serie de factores han dificultado el respeto de dicho equilibrio, en detrimento de la rapidez de las respuestas, entre los que cabría destacar el importante aumento del número de preguntas escritas formuladas al Consejo, factor nada despreciable, la urgencia de las preguntas en ámbitos que requieren un estudio pormenorizado, e incluso, las propias exigencias de la actualidad que imponen, en ocasiones, plazos para que los parlamentarios dispongan realmente de los últimos datos sobre la situación.

En cualquier caso, el Consejo comparte la preocupación expresada por Su Señoría y confirma su intención de facilitar, bajo cualquier circunstancia, las respuestas más adecuadas y completas a las preguntas escritas que se le formulen. Buscará soluciones que le permitan mejorar al máximo los actuales procedimientos de estudio al tiempo que se respetan los requisitos antes mencionados.
PREGUNTA ESCRITA E-2034/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(21 de junio de 2000)

Asunto: Ayudas directas al sector agrario

En declaraciones realizadas recientemente a un órgano de comunicación gallego, en las que se daba cuenta de un estudio universitario según el cual la productividad del sector agrario gallego apenas alcanza el 16 % de la media europea y cuya presentación contó con la participación del Director General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión, José Manuel Silva, éste afirmó que el sector agrario gallego no recibe grandes cantidades de ayudas directas, porque sus productos básicos, la leche y la carne, están sometidos a un sistema de mercado en mayor medida que a un régimen de subvenciones. ¿Qué mecanismo perverso permite entonces que las subvenciones comunitarias, sobre todo las concedidas a través del FEOGA-Garantía, beneficien en particular a las regiones y agriculturas más ricas, en detrimento de aquellas, como la de Galicia, que son perfectamente capaces de avanzar hacia una agricultura multifuncional, aunque basada en la tierra?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(13 de julio de 2000)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA P-0448/00

de Phillip Whitehead (PSE) a la Comisión

(14 de febrero de 2000)

Asunto: EEB en Francia

Habida cuenta de las conclusiones de la misión veterinaria de la Comisión en Francia (DG SANCO 1058/99) ¿realizará la Comisión un estudio de seguimento sobre las prácticas en vigor en este país que incluya: a) el examen inefícaz de los casos presuntos de EEB; b) la readmisión de casos presuntos y la inclusión de animales muertos en la cadena alimentaria humana; c) los niveles de contaminación del ganado alimentado con harina de carne y huesos? Asimismo, ¿hará constar la correspondencia con el Ministerio de Agricultura francés posterior a la carta del Sr. Bernard Vallat de 24 de noviembre de 1999?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(21 de marzo de 2000)

Ya es posible consultar en Internet el informe de la misión, junto con los comentarios de las autoridades francesas sobre el proyecto de informe.

El procedimiento habitual de la Comisión para el seguimiento de las conclusiones de las misiones veterinarias es dar a los Estados miembros la oportunidad de transmitir información detallada sobre la actuación realizada y prevista en relación con las recomendaciones del informe de la misión. En el caso de la misión veterinaria a Francia (DG SANCO 1058/99), la Comisión ha pedido una respuesta a las autoridades francesas. Asimismo, la Comisión emprenderá todas las acciones de seguimiento que resulten necesarias en función de esta respuesta.

Estas acciones de seguimiento tendrán por objeto todas las deficiencias observadas, incluido el control de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), la reintroducción de los casos sospechosos en la cadena alimentaria y la aplicación de la prohibición relativa a la harina de carne y huesos (HCH). El equipo de la misión descubrió que se excluye al ganado muerto (es decir, los animales que mueren en las explotaciones) del control de la EEB, pero no descubrió que estos animales entren en la cadena alimentaria humana en Francia.