PREGUNTA ESCRITA E-3538/98

de Pedro Marset Campos (GUE/NGL) a la Comisión

(25 de noviembre de 1998)

Asunto: Ubicación de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanas en Albudeite (Murcia, España)

La Junta General del Consorcio de Residuos Sólidos urbanos de la Región de Murcia ha acordado la ubicación de la futura planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos (PTRSU) a 5 km del casco urbano de la localidad de Albudeite en Murcia.

El malestar entre la población ha ido en aumento ya que, además de que la determinación de la ubicación de dicha planta se ha realizado sin tramitar el preceptivo estudio de impacto medioambiental, se ha ocultado la más elemental información al Ayuntamiento de Albudeite, hasta el preciso momento en que se ha sometido a acuerdo del Consorcio. La razón por la cual se realizó una sesión sin información previa y a tan sólo 7 días de la finalización del plazo, sin tiempo suficiente para sopesar la idoneidad del lugar elegido entre los ayuntamientos afectados, era para asegurar la recepción de las subvenciones del POMAL.

Teniendo en cuenta que la instalación puede afectar al desarrollo económico de Albudeite (Murcia) y que se trata de una economía eminentemente agrícola,

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de esta situación?

2. ¿No considera la Comisión que la actitud de los promotores ha vulnerado lo establecido en la Directiva 90/313/CEE(1) relativa a la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente?

3. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para garantizar la aplicación correcta de la Directiva 85/337/CEE(2) relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente en el caso que nos ocupa?

4. ¿No estima la Comisión que se debe requerir al Consorcio que establezca la necesaria separación entre la urgente decisión adoptada sobre la ubicación de la planta y la obtención de las correspondientes subvenciones del POMAL, previa tramitación del correspondiente estudio de evaluación de impacto ambiental y valoración de las propuestas que, en su caso, puedan formular otros ayuntamientos?

5. ¿Puede solicitar la Comisión a las autoridades competentes que faciliten más amplia información sobre el contenido del proyecto, al objeto de que los ayuntamientos afectados puedan adoptar los acuerdos que estimen pertinentes en defensa de sus legítimos intereses?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(7 de enero de 1999)

1. La Comisión no tiene conocimiento de los hechos a que se refiere Su Señoría. Puede confirmar, no obstante, que la cofinanciación del proyecto aludido está prevista en el marco del Programa Operativo de Medio Ambiente Local (POMAL).

2. La Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente(3), establece en su artículo 3 que las autoridades públicas están obligadas a poner la información relativa al medio ambiente a disposición de cualquier persona física o jurídica que lo solicite y sin que dicha persona esté obligada a probar un interés determinado. Basándose exclusivamente en los hechos que se mencionan en la pregunta escrita, la Comisión no está en condiciones de determinar si las autoridades españolas han recibido una solicitud de acceso a la información a la cual hayan respondido de forma inadecuada.

3. y 4. La Comisión se ha dirigido a las autoridades españolas para recabar información sobre los hechos denunciados por Su Señoría.

5. Como se ha indicado en el punto 2, en virtud de la Directiva 90/313/CEE, toda persona física o moral puede formular a una autoridad pública una solicitud de acceso a la información sobre medio ambiente. La autoridad pública debe responder al interesado lo antes posible y en un plazo máximo de dos meses.

(1) DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.

(2) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(3) DO L 158 de 23.6.1990.