PREGUNTA ESCRITA P-0528/03

de Regina Bastos (PPE-DE) a la Comisión

(18 de febrero de 2003)

Asunto: Cierre de empresas: BAWO Confecções, Lda., situada en el término municipal de Estarreja (Portugal)

La empresa alemana BAWO Confecções, Lda., situada en el término municipal de Estarreja (Portugal), intentó retirar su maquinaria el pasado 1 de febrero de 2003, en pleno período vacacional de las operarias, lo que ha suscitado una polémica sobre su posible cierre. Existen serias sospechas de que el objetivo de esta operación fuera el traslado de los equipos a otra unidad de fabricación de esta empresa en Egipto.

El pasado lunes, 10 de febrero de 2003, una vez finalizado el período vacacional, la empresa BAWO mantuvo cerradas sus puertas, aunque no facilitó información alguna sobre el futuro de la empresa. Esta actuación permite sospechar que se concretará el cierre de la empresa y el despido de todas sus trabajadoras (78).

La situación es tan extraña que el propio Presidente de la República Portuguesa, Jorge Sampaio, tuvo la iniciativa de recibir a una delegación de trabajadoras de la empresa BAWO, en la que declaró:

No podemos aceptar que se invoquen constantemente conceptos como reestructuración, reconversión o traslado de equipos para maquillar decisiones de cierre; la gestión moderna y responsable no resulta compatible con el secretismo ni con la negación de los problemas, sobre todo cuando está en juego el futuro de personas, que no son objetos ni meras cifras.

Ante la ola de cierres de empresas multinacionales que se ha producido en Portugal, solicito a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

- ¿Se han concedido fondos comunitarios a la empresa BAWO y, en concreto, a su unidad de producción BAWO Confecções, Lda. de Estarreja?

- En caso afirmativo, ¿cuáles fueron las cantidades, en qué fecha se concedieron y qué condiciones se impusieron a la empresa?

- ¿Qué medidas políticas tiene intención de adoptar la Comisión para prevenir y, en última instancia, sancionar este tipo de situaciones en que determinadas empresas se escudan en el secretismo y no se responsabilizan socialmente del futuro de sus trabajadores?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(20 de marzo de 2003)

La Comisión informa a Su Señoría de que la empresa en cuestión no ha recibido ninguna ayuda comunitaria, ni con cargo al Fondo Social Europeo (FSE), ni con cargo al Fondo Europeo Desarrollo Regional (FEDER).

En lo que respecta a las medidas para prevenir y hacer frente a las deslocalizaciones, la Comisión desea hacer hincapié en que existe una normativa comunitaria a este respecto, tanto en el plano social como en el de las ayudas estatales, en particular cuando éstas se financian con cargo a los Fondos Estructurales.

1. En lo que se refiere al aspecto social, varias directivas comunitarias pueden ser aplicables con motivo de cierres de empresas que tengan consecuencias sociales importantes, en particular despidos colectivos: la Directiva 98/59/CE(1), sobre los despidos colectivos, y la Directiva 94/45/CE(2), sobre los comités de empresa europeos. En dichas Directivas se establece que deberá informarse y consultarse previamente a los trabajadores sobre las decisiones de que se trate, con vistas a tratar de evitar dichos despidos o a atenuar sus consecuencias sociales.

Habida cuenta de que dichas Directivas han sido incorporadas al ordenamiento jurídico de los Estados miembros, corresponde a las autoridades nacionales competentes velar por la correcta aplicación de las normas en cuestión.

Por otra parte, la Directiva 2002/14/CE(3), relativa a la información y la consulta de los trabajadores a escala nacional, desarrolla dichos principios y establece dispositivos de participación preventiva de los representantes de los trabajadores en las decisiones estratégicas de las empresas y en la evolución previsible del empleo dentro de las mismas. Esta Directiva deberá ser objeto de transposición a más tardar el 21 de marzo de 2005, aunque es preciso señalar que la mayoría de los Estados miembros ya disponen de determinadas disposiciones en este ámbito.

Asimismo, en enero de 2002 la Comisión propuso a los interlocutores sociales europeos que determinaran los principios que deben cumplir las empresas al reestructurarse, y que establecieran los medios apropiados para garantizar que dichos principios se respeten en toda la Unión. A finales de 2002, los interlocutores sociales decidieron incluir esta cuestión en su programa de trabajo plurianual. La Comisión espera que los esfuerzos realizados en el marco del diálogo social europeo tengan resultados concretos y útiles en términos de influencia sobre la forma en que se llevan a cabo las reestructuraciones en Europa.

2. En lo que respecta a las ayudas estatales nacionales y/o cofinanciadas con cargo a los Fondos Estructurales, con vistas a evitar una competencia desleal entre Estados y a impedir que las ayudas estatales no se reduzcan a tener un mero efecto de dopaje de la economía local, sino que con ellas se trate de lograr un desarrollo sostenible, la reglamentación comunitaria establece medidas contra los efectos de la deslocalización:

- en primer lugar, la Comisión ha establecido en las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional (1998) disposiciones que obligan a los beneficiarios de las ayudas a mantener durante un período de cinco años la inversión de que se trate(4);

- en segundo lugar, y en el mismo sentido, en el Reglamento general sobre los Fondos Estructurales (1999) se establece que la participación de los Fondos en actividades productivas seguirá garantizada, a condición de que la localización de esas actividades no cambie en los cinco años siguientes a la decisión de participación(5);

- en tercer lugar, para que un gran proyecto (es decir, superior a 50 millones de euros) pueda ser cofinanciado en el marco de un programa del FEDER, la Comisión debe pedirlo explícitamente y los Estados miembros deben cumplimentar un cuestionario que incluya una pregunta sobre el riesgo de provocar una deslocalización. La Comisión tiene en cuenta este aspecto para motivar la decisión del nivel del porcentaje de la cofinanciación del FEDER (que puede llegar al 35 % en las regiones del objetivo no 1) concedida o, en su caso, denegada.

(1) Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, DO L 225 de 12.8.1998.

(2) Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, DO L 254 de 30.9.1994.

(3) Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativa a la representación de los trabajadores, DO L 80 de 23.3.2002.

(4) Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/1998/c_074/c_07419980310es00090031.pdf. Estas directrices son aplicables a partir de su fecha de publicación en el DO (DO C 74 de 10.3.1998). 4.10. Las ayudas a la inversión inicial deberán supeditarse, mediante su forma de desembolso o las condiciones ligadas a su obtención, al mantenimiento de la inversión de que se trate durante un período mínimo de cinco años.

(5) Reglamento CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, DO L 161 de 26.6.1999, letra b) del apartado 4 del artículo 30 http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/l_16119990626es00010042.pdf 4. Los Estados miembros comprobarán que sólo se garantice la participación de los Fondos en una operación si ésta no sufre ninguna modificación importante durante cinco años a partir de la fecha de la decisión de la autoridad nacional competente o de la autoridad de gestión sobre la contribución de los Fondos: a) que afecte , y b) que resulte, bien de un cambio en la naturaleza del régimen de propiedad de una infraestructura, bien de la interrupción o del cambio de localización de una actividad productiva.