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PREGUNTA ESCRITA E-1337/97 de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) a la Comisión (21 de abril de 1997)

Asunto: Medidas de vigilancia y control en la campaña del bonito en el Atlántico

Ante la nueva campaña del bonito del presente año, ¿se dispone la Comisión a fletar nuevamente un buque de vigilancia y control de dicha campaña en aguas del Atlántico?

¿Puede la Comisión informar detalladamente del plan previsto para este año y el coste del mismo para control y vigilancia de la campaña del bonito en el Atlántico?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (22 de mayo de 1997)

Dada la amplitud cada vez mayor del compromiso contraído para la asignación de recursos a la inspección y vigilancia de los buques pesqueros que utilizan redes de deriva y teniendo en cuenta el grado cada vez más alto de cumplimiento de las disposiciones aplicables, la Comisión no fletará en la campaña atunera del 97 ningún buque de control para inspectores de los Estados miembros y de la Comisión.

Durante la próxima campaña, será en los propios buques de control de los Estados miembros donde la Comisión desplegará sus efectivos para comprobar si los Estados que practican la pesca del atún con redes de deriva cumplen o no sus obligaciones de control e inspección. En cuanto a la campaña atunera del Atlántico, la Comisión se reunirá en mayo con los Estados miembros a fin de acordar para 1997 la forma de comenzar a aplicar un sistema común de control coordinado en el Atlántico. La Comisión tiene el propósito de enviar a lo largo de la campaña un mínimo de dos equipos, compuestos por sendos inspectores suyos cada uno, con el fin de que verifiquen en zonas diferentes, y en función de la presencia de buques con redes de deriva, los controles que se efectúen en tierra y en mar. Se calcula que el coste que correrá a cargo de la Comisión por la campaña atunera del Atlántico gire en torno a los 70.000 ecus.

En opinión de la Comisión, es de capital importancia que, para aumentar la eficacia global del control de la pesquería con redes de deriva, todos los Estados miembros que participen en ella procedan no sólo a coordinar sus inspecciones entre ellos mismos y con la Comisión sino también a desplegar en su totalidad todos los medios de inspección que tengan a su alcance.
PREGUNTA ESCRITA E-0650/97 de Carlos Robles Piquer (PPE) a la Comisión (6 de marzo de 1997)

Asunto: Inmigración ilegal vía Italia

El Sr. Tamas Kiss, alto funcionario del «Centro Internacional para el desarrollo de la política migratoria», organización intergubernamental con sede en Viena, acaba de declarar que «Italia es uno de los países de destino favoritos para los inmigrantes ilegales que desean entrar en la Unión Europea» («International Herald Tribune», París, 11 de febrero de 1997). Y el redactor, Celestine Bohlen, añade que «un problema principal es la falta de coordinación entre los servicios costeros italianos» que son, al menos, cuatro.

Dado que ello afecta a toda la Unión, ¿puede la Comisión confirmar estos hechos e informar de cómo interviene para poner coto a estas ilegalidades?

Respuesta del Sra. Gradin en nombre de la Comisión (18 de abril de 1997)

La Comisión recibe regularmente, en el marco de los trabajos del Título VI del Tratado de la Unión Europea. información sobre la existencia de corrientes de inmigración clandestina hacia los Estados miembros. A este respecto, la posición geográfica de algunos Estados miembros, como Italia, puede, por supuesto, hacer que estén más expuestos que otros a esas corrientes de inmigración clandestina, pero todos los Estados se enfrentan a este tipo de problema.

La lucha contra los flujos de inmigración ilegal pasa, en particular, por el control de las fronteras exteriores. El texto del proyecto de Convenio sobre el paso de las fronteras exteriores ((Propuesta de Decisión presentada por la Comisión basada en el artículo K3 del Tratado de la Unión Europea, por el que se aprueba el Convenio sobre el paso de las fronteras exteriores de los Estados miembros (DO C 11 de 15.1.1994). )) todavía no ha podido ser adoptado debido a las divergencias existentes entre algunos Estados miembros.

Conviene, sin embargo, señalar que, incluso si el Convenio estuviera en vigor, la organización y la coordinación de los servicios responsables del control de la inmigración continuarían siendo competencia exclusiva de los Estados miembros, y, por tanto, de Italia en el caso que nos ocupa.

La Comisión subraya asimismo que desde 1996 aplica programas de cooperación entre las Administraciones de los Estados miembros. Estos programas, que conllevan una financiación comunitaria, permiten formar a los funcionarios, que adquieren un conocimiento recíproco de los métodos y procedimientos utilizados por sus colegas de otros Estados miembros, contribuyendo de esta manera a mejorar la capacidad de reacción de las Administraciones nacionales a los problemas planteados por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-1524/97 de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión (5 de mayo de 1997)

Asunto: Libre circulación en el EEE

El Estatuto de los trabajadores de temporada dentro del EEE, que se aplica, por ejemplo, a unos 350 ciudadanos italianos en Lichtenstein, donde trabajan hasta 11 meses al año, penaliza de forma inhumana e incívica a dichos trabajadores, marginándolos, separando a las familias y a sus hijos, sin protección social ni seguro alguno, negándoles sus derechos inapelables, como la percepción de subsidios familiares, jubilación, seguridad social, subsidio de desempleo, pensión de invalidez o derecho de escolarización. Desde hace poco la concesión escalonada de permisos temporales ya no es de nueve meses, sino de cuatro con interrupción. Así, el trabajador de temporada, aunque trabaje once meses al año como cualquier ciudadano, no puede acumular derecho alguno, ni siquiera para su familia. Es decir, un verdadero escándalo en el corazón de Europa.

1. ¿Piensa la Comisión tolerar que se prolongue dicha situación?

2. ¿No considera que, además de la libre circulación de capitales, mercancías y servicios, debería también permitirse, con mayor motivo, la libre circulación de personas en los países del EEE?

3. ¿No estima oportuno y políticamente correcto pedir la abolición del Estatuto de trabajadores de temporada del EEE y el establecimiento de la libre circulación de personas, a través de una revisión del Acuerdo UE/EEE, tal como se prevé en el Protocolo 15?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (11 de junio de 1997)

El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) abarca las cuatro libertades del mercado único, incluida la libre circulación de personas. En el Protocolo 15 del Acuerdo del EEE se establecen las excepciones en el ámbito de la libre circulación de personas en relación con Liechtenstein. Esas excepciones son temporales y únicamente válidas durante un período transitorio que concluye el 1 de enero de 1998. Al término del período transitorio, las partes contratantes revisarán conjuntamente las medidas transitorias, teniendo debidamente en cuenta la situación geográfica específica de Liechtenstein. La Comisión ha entablado ya un diálogo con las autoridades de Liechtenstein para asegurarse de que las medidas necesarias para poner fin al período transitorio se tomarán en la fecha debida y de que el acervo comunitario en materia de libre circulación de personas entrará en vigor en Liechtenstein el 1 de enero de 1998.
PREGUNTA ESCRITA E-1900/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (4 de junio de 1997)

Asunto: Libro Verde sobre Educación/Formación - la movilidad transnacional

En relación con el «Libro verde Educación - Formación - Investigación. Los obstáculos para la movilidad transnacional» (COM(96)0462). cabe señalar que es extremadamente importante encontrar soluciones a los problemas que obstaculizan la movilidad de quienen se preparan para entrar en el mercado de trabajo. En estos tiempos, en los que el empleo es un bien escaso y de difícil acceso, es necesario combatir activamente todo intento de proteccionismo en el empleo nacional por parte de los Estados miembros de la Unión. Este problema, que no se contempla en el Libro Verde, podría plantearse al final de período de formación de quienes participan en los programas de incentivación de la formación a nivel comunitario.

¿Puede la Comisión hacer hincapié en este aspecto, de modo que quede incluido en el documento final.

Respuesta común a las preguntas escritas E-1900/97, E-1901/97, E-1902/97, E-1903/97 y E-1904/97 dada por el Sra.Cresson en nombre de la Comisión (22 de julio de 1997)

Habida cuenta de la amplitud de la respuesta, la Comisión la envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-0530/97 de Ana Miranda de Lage (PSE) al Consejo (19 de febrero de 1997)

Asunto: Ayuda del Gobierno español a Túnez

Un periódico español publicaba el pasado 26 de enero de 1997 una noticia según la cual el Gobierno español no supeditará su ayuda a Túnez al respeto de los derechos humanos por parte de ese país.

Teniendo en cuenta los artículos B, F, J, J.1 del TUE, así como los artículos 130 U, 228 y 238 del Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas, y los esfuerzos que el Consejo, la Comisión y el Parlamento vienen haciendo para incluir sistemáticamente la cláusula democrática en los acuerdos celebrados con terceros países, incluidos los acuerdos euromediterráneos (de los que Túnez es signatario), ¿puede el gobierno de un Estado miembro de la UE apartarse del respeto de los derechos humanos en favor del interés nacional y no condicionar la cooperación económica con un país al respeto de los derechos humanos en ese país?

Respuesta (14 de julio de 1997)

En sus relaciones con terceros países la Unión concede, efectivamente, especial importancia al respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos.

Túnez fue el primer país que firmó un Acuerdo Euromediterráneo de Asociación, cuyo artículo 2, denominado «cláusua de derechos humanos», estipula que las relaciones entre Túnez y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, así como las disposiciones del propio Acuerdo, se basarán en el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos.

Esta «cláusula de derechos humanos», que se incluye sistemáticamente en los acuerdos con terceros países, establece cierta dependencia entre el grado de respeto de los derechos humanos de un país signatario y la disposición de la UE a intensificar su cooperación con dicho país asociado.

El Consejo pone de manifiesto que todos los Estados miembros respetan las obligaciones contraídas en virtud del Tratado o derivadas de los acuerdos internaciones celebrados por la Comunidad Europea.
PREGUNTA ESCRITA P-1812/97 de Karl Habsburg-Lothringen (PPE) a la Comisión (20 de mayo de 1997)

Asunto: Zonas sensibles

¿Podría confirmar la Comisión que actualmente se están realizando esfuerzos con vistas a declarar zonas sensibles a determinadas regiones de los Alpes como, por ejemplo, el Brennero y el San Gotardo con todas sus consecuencias como son, por ejemplo, los efectos sobre la Directiva relativa a los costes de las infraestructuras de transporte?

¿Comparte la Comisión la opinión de que esta medida eficaz y necesaria debería también extenderse a otras regiones afectadas por un tráfico extremo en las que existen zonas de particular sensibilidad ecológica como, por ejemplo, la ruta alta de los Tauern y otros puertos alpinos?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (18 de junio de 1997)

La propuesta de directiva del Consejo relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos industriales por el uso de determinadas infraestructuras ((COM(96)331 final. )), presentada por la Comisión, contiene efectivamente disposiciones adecuadas para la aplicación de tasas por la utilización de carreteras sensibles en regiones en las que los costes de suministro y uso de la infraestructura vial son superiores a la media comunitaria. Las regiones que pertenecen a esta categoría serían las especialmente sensibles desde el punto de vista ecológico y en las que una circulación intensa puede tener efectos perjudiciales.

No obstante, a la espera del dictamen del Parlamento, el examen de la propuesta de la Comisión al Consejo muestra hasta ahora que el concepto de carreteras sensibles y sus consecuencias en cuanto al aumento de tasas plantea problemas a numerosos Estados miembros. Por consiguiente, la discusión se centra en saber si el sistema de gravámenes para las rutas de circulación intensa de los Alpes podría ser diferente del que se aplique al resto de la Comunidad.

Por otra parte, la Comisión precisa que la Directiva 96/62/CE del Consejo relativa a la evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente ((DO L 296 de 21.11.1996. )) establece que los Estados miembros deben determinar las zonas y aglomeraciones urbanas en los que los niveles de contaminantes superen o puedan superar los valores límite. Para dichas zonas y aglomeraciones urbanas, deberán establecerse planes de acción que pueden incluir, llegado el caso, medidas sobre el tráfico por carretera.
PREGUNTA ESCRITA P-2012/97 de Graham Watson (ELDR) a la Comisión (4 de junio de 1997)

Asunto: Hong Kong

La Comisión es ciertamente consciente de que la Declaración Conjunta Sino-Británica sobre la cuestión de Hong Kong establecía que la legislatura de la Región Administrativa Especial de Hong Kong se constituiría mediante elecciones. La Comisión será también consciente de que ya se ha estado reuniendo y ocupándose de diversos asuntos, antes del cambio de soberanía el 1 de julio de 1997, un Consejo Provisional «elegido» por 400 electores seleccionados, y que este mismo Consejo Provisional reemplazará al consejo existente elegido en las primeras horas del 1o de julio.

¿Está la Comisión de acuerdo en que las acciones del Consejo Provisional Legislativo hasta la fecha representan una violación de la Declaración Conjunta de 1984, y que el funcionamiento del mencionado Consejo después del 30 de junio constituye asimismo una violación de ese acuerdo internacional inscrito en las Naciones Unidas?

Respuesta de Sir Leon Brittan en nombre de la Comisión (25 de junio de 1997)

La Comisión no puede proporcionar a Su Señoría el análisis jurídico preciso que solicita de un acuerdo en el que la Comunidad no es parte. Sin embargo, parece evidente que la controversia y la preocupación que despertó en diciembre pasado la designación de los futuros miembros del Consejo Legislativo Provisional han de ser forzosamente dañinas para la confianza general en la continuidad en Hong Kong tras la cesión. Por este motivo la Comisión pidió en aquel momento que se celebraran elecciones tan pronto como fuera posible tras la cesión de la Región Administrativa Especial (RAE), de modo que se pudiera crear un nuevo Consejo Legislativo.

Desde entonces los miembros que se designaron para formar el Consejo Legislativo Provisional han celebrado reuniones, pero no pretenden funcionar como Consejo Provisional Legislativo hasta el 1 de julio de 1997.

Entretanto, la novena sesión plenaria del comité de preparación de la RAE de Hong Kong determinó en mayo el método para la elección del primer Consejo Legislativo de la RAE.

Los métodos electorales acordados ahora para el primer Consejo Legislativo son semejantes a los establecidos para las posteriores elecciones al Consejo Legislativo en la Ley Fundamental para Hong Kong (que se promulgó en 1990 para dar fuerza de ley a la Declaración Conjunta a la que hace referencia Su Señoría). Consisten en una mezcla de procedimientos, directos e indirectos, incluyendo la elección por un colegio electoral especialmente seleccionado.

La Comisión acoge favorablemente la decisión del comité preparatorio de que las elecciones al primer Consejo Legislativo se celebren a más tardar el 30 de junio de 1998. La Comisión espera que tengan lugar mucho antes, de modo que se pueda avanzar hacia el «objetivo último» que establece la Ley Fundamental: elecciones por sufragio universal para todos los miembros del Consejo Legislativo de la RAE.
PREGUNTA ESCRITA E-1629/97 de Carlos Robles Piquer (PPE) a la Comisión (14 de mayo de 1997)

Asunto: Nacionalidad del personal en la «European Training Foundation» y en el CEDEFOP

Una reciente exhibición de estas dos Agencias de la Comisión ha permitido conocer diversos datos sobre ellas, incluida la composición por nacionalidades de su personal. Se observan hechos como el de la escasa representación de los Estados miembros más claramente meridionales. Por ejemplo, en la «ETF» sólo trabajan 10 personas procedentes de España, Portugal y Grecia, junto a 14 belgas, 10 neerlandeses y 8 irlandeses. Nada se dice, tampoco, acerca de la categoría y las responsabilidades de cada una de ellas.

¿Puede facilitar la Comisión una relación completa de los funcionarios y empleados de ambas Agencias así como de la tarea y el grado atribuidos a cada uno de ellos? ¿Puede indicar también si la «ETF» se encargará en el futuro de gestionar los programas MEDA, para los que parece bien situada por su localización en Turín?

Respuesta de la Sra. Cresson en nombre de la Comisión (30 de junio de 1997)

Las condiciones de trabajo del personal de la Fundación Europea de Formación («European Training Foundation») y del CEDEFOP se rigen por el Reglamento aplicable a los agentes temporales y demás agentes de las Comunidades. Se contrata al personal en función de su capacidad y su integridad y sobre una base geográfica lo más amplia posible. La contratación del personal tiene por objeto garantizar la capacidad del CEDEFOP y de la Fundación para cumplir su misión, que, en el caso de esta última, es proporcionar de la forma más eficaz posible asistencia en materia de formación a los países de Europa del Este y de la antigua Unión Soviética. El director de la Fundación es el responsable de la contratación del personal y de todos los demás asuntos relacionados con éste, mientras que en el caso del CEDEFOP es el Consejo de Administración el que ejerce esta resposabilidad a través del director.

Se enviará directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento una lista del personal de la Fundación y del CEDEFOP que incluirá su grado y nacionalidad.

La Comisión adoptó el 28 de abril de 1997 una propuesta para ampliar el ámbito geográfico de la Fundación Europea de Formación a los países beneficiarios del programa MEDA ((COM(97)117 final. )).
PREGUNTA ESCRITA E-1498/97 de Pervenche Berès (PSE) a la Comisión (30 de abril de 1997)

Asunto: Energía - Factores contaminantes

¿Puede la Comisión presentar un cuadro de evaluación de la importancia de los diferentes factores contaminantes (CO2, escapes de gas por país de origen y modo de transporte, emisiones de nitrógeno y azufre, etc.) resultantes del funcionamiento de las centrales eléctricas según las fuentes energéticas utilizadas?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (18 de junio de 1997)

La importancia relativa de las fuentes de energía utilizadas para la producción de electricidad con respecto a las emisiones en el ambiente depende de factores relacionados con las propias emisiones y de las tecnologías utilizadas para su reducción, como por ejemplo los equipos de desulfuración o los hornos de baja emisión de óxidos de nitrógeno (Nox). Por lo que respecta al dióxido de carbono (CO2), no existen actualmente sistemas de reducción válidos desde el punto de vista económico.

A fin de mostrar las diferentes emisiones en función de los combustibles utilizados para la producción de electricidad, se calcularon las siguientes tasas de CO2 por terajulio (TJ), basadas en las estadísticas sobre la energía y el CO2 realizadas en 1995:

>TABLE>

En este cálculo, el gas incluye los gases producidos en hornos de coque y altos hornos. La tasa de emisión correspondiente al gas natural es menor (56 toneladas CO2/TJ aproximadamente).

Las siguientes tasas de emisión correspondientes al anhídrido sulfuroso (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) proceden de un ejercicio de modelización realizado en el marco del estudio «La energía europea hasta el 2020: hipótesis de evolución». Dichas tasas de emisión se refieren a 1995.

kg/TJ

>TABLE>

Las emisiones de CH4 debidas a fugas de las redes de distribución de gas y durante su producción no pueden atribuirse a la producción de electricidad o a otros usos del gas. Por consiguiente, la tasa de gas no incluye las emisiones de CH4 previas a la producción de electricidad. Lo mismo ocurre con los demás contaminantes y gases de efecto invernadero.
PREGUNTA ESCRITA P-1724/97 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión (11 de mayo de 1997)

Asunto: Obstaculización por parte de las autoridades turcas a la financiación concedida por la UE a la Unión turca de derechos humanos

A pesar de las continuas apelaciones de la Unión Europea a Turquía en relación con el respeto de los derechos humanos, el Ministerio de Interior ha pedido, mediante una circular, a los bancos turcos que congelen cualquier ayuda económica destinada a las organizaciones pro derechos humanos en Turquía.

Así, el Banco Rural de Turquía ha llegado hasta el punto de bloquear los créditos concedidos por la Comisión Europea a la Unión de derechos humanos de Turquía (IHD) para la formación de los jóvenes en cuestiones relacionadas con los derechos humanos, en aplicación del artículo 60 de la Ley de uniones y asociaciones, según el cual, las organizaciones que perciban ayuda procedente de personas físicas o jurídicas o de otros organismos deberán solicitar la autorización previa del Ministerio de Interior. La Unión de derechos humanos ha pedido explicaciones al Banco Rural así como la anulación de la congelación de la ayuda económica, sin haber recibido respuesta alguna, por lo que piensa emprender acciones judiciales. Cabe señalar que la Unión turca de derechos humanos teme que esta práctica de las autoridades turcas pueda influir negativamente en la concesión de futuras financiaciones de la Unión Europea.

¿Puede decir la Comisión:

1. si piensa ejercer alguna presión ante las autoridades turcas para evitar que continúen bloqueando la ayuda destinada a los derechos humanos en Turquía, un país vinculado a la Unión Europea mediante un sistema de relaciones especiales (Unión Aduanera), y si tiene intención de presentar este asunto ante el próximo Consejo de Asociación;

2. si puede confirmar que seguirá proporcionando ayuda directa en el futuro a las organizaciones turcas de defensa de los derechos humanos;

3. si tiene intención de ejercer algún tipo de presión para que se suprima el artículo 60 de la ley turca antes mencionada, así como todos los artículos que sirven para obstaculizar el respeto de los derechos humanos en Turquía?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (10 de junio de 1997)

La Comisión comparte la preocupación de Su Señoría por el respeto de los derechos humanos en Turquía.

La Comisión tiene conocimiento del bloqueo de los fondos a que hace mención Su Señoría y ha dado instrucciones a su representación en Ankara de que realice gestiones a este respecto ante las autoridades turcas.

La Comisión comunicará al Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía su parecer sobre el artículo 60 de la Ley de asociaciones, a saber, que esta disposición es inaceptable porque atenta contra los derechos humanos y las asociaciones.

La Comisión garantiza a Su Señoría que está firmemente decidida a proseguir su programa de apoyo a las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la defensa y la promoción de los derechos humanos en Turquía.