PREGUNTA ESCRITA E-0448/03

de José Mendiluce Pereiro (PSE), Jean Lambert (Verts/ALE)y Inger Schörling (Verts/ALE) a la Comisión

(19 de febrero de 2003)

Asunto: Otorgamiento de permisos de investigación de hidrocarburos en el Océano Atlántico frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura

El Real Decreto 1462/2001(1) otorgó permisos de investigación de hidrocarburos a la empresa Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. (RIPSA) en aguas del Océano Atlántico frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, por un período de seis años. Se trata de nueve áreas, denominadas respectivamente Canarias 1 a Canarias 9, que abarcan una superficie de 616 060 hectáreas. Dichos permisos se conceden al amparo de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. La empresa que solicita los permisos sólo presenta como única documentación, además de planos y avales, el programa de trabajos e inversiones. No se presentó proyecto de investigación alguno, ni Estudio de Impacto Ambiental ni memoria alguna sobre las medidas de protección ambiental. El Real Decreto 1462/2001 además no contiene condicionante alguno en materia ambiental. Los permisos de investigación se sitúan en aguas internacionales, implicando el ejercicio de una actividad que, de conformidad con los tratados y convenios internacionales, está específicamente sujeta a una evaluación previa de su impacto ambiental. A ello hay que añadir el hecho de que la isla de Lanzarote fue declarada Reserva de la Biosfera(2).

La instalación de tales plataformas supone un elevado riesgo para las actividades pesqueras, para la biodiversidad del mar y de las costas canarias, y ejercería un inevitable fenómeno negativo para el turismo. De la ubicación prevista, las cuadrículas se sitúan a escasos kms de varias Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)(3). Tanto la Directiva 97/11/CE(4) de 3 de marzo de 1997 como el Real Decreto-Ley 9/2000 de 6 de octubre obligan a realizar una evaluación de impacto ambiental de los proyectos de extracción de petróleo y gas natural con fines comerciales.

¿No opina la Comisión que el Real Decreto 1462/2001 incumple la Directiva 97/11/CE, al no haberse realizado una evaluación transparente y previa a la decisión de las repercusiones medioambientales de los permisos de investigación, de las actividades de exploración y de las actividades de perforación?

¿Puede la Comisión garantizar que los LIC reseñados anteriormente no resulten afectados por los permisos de investigación, y que el Gobierno español aplique el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE(5), que establece que cualquier proyecto que, sin tener relación

directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar?

(1) Boletín Oficial del Estado (BOE) de 23 de enero de 2002.

(2) Declarada Reserva de la Biosfera el 7 de octubre de 1993 por el programa MAB de la Unesco, alcanzando una superficie terrestre de 847 km2 y a una superficie marina de 387 km2.

(3) En Lanzarote: Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de los Islotes de Lanzarote y Risco de Famara; Área Importante para las Aves (IBA) de Llanos de La Corona-las Honduras; y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de Archipiélago Chinijo (ES010045), los Islotes (ES010044), Sebadales de la Graciosa (ES7010020), La Corona (ES010047), Los Jameos (ES010054), Sebadales de Gauasimeta (ES7010021) y Cagafrecho (ES7011002). Y en Fuerteventura: ZEPA de Isla de Lobos, Jable de Corralejo, Macizo de Pozo Negro-Vigán, Playa de Sotavento y Península de Jandía; y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de Islote de Lobos (ES010031), Corralejo (ES010032), Sebadales de Corralejo (ES010022), Pozo Negro (ES0000096) y Playa de Sotavento de Jandía (ES010035).

(4) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

(5) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(28 de marzo de 2003)

La primera pregunta que Sus Señorías dirigen a la Comisión hace alusión a una posible aplicación incorrecta de la Directiva 85/337/CEE(1), modificada por la Directiva 97/11/CE(2), por parte de las autoridades españolas en relación con la concesión de un permiso de investigación de hidrocarburos en aguas del Océano Atlántico, frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. A este respecto, es preciso señalar que la Directiva mencionada se aplica a los proyectos contemplados en sus anexos I y II. Las prospecciones en busca de petróleo no figuran en dichos anexos, motivo por el cual no parece que la Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE, sea aplicable al caso en cuestión.

Por lo que respecta a la aplicación de la Directiva 92/43/CEE(3) al caso señalado, la Comisión se dirigirá a las autoridades españolas lo antes posible, en su función de guardiana de los Tratados, al objeto de garantizar el respeto de las obligaciones que se derivan de la Directiva en lo relativo a la protección de los hábitats y las especies.

(1) Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, DO L 175 de 5.7.1985.

(2) Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, DO L 73 de 14.3.1997.

(3) Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, DO L 206 de 22.7.1992.