PREGUNTA ESCRITA E-1310/02

de Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE) a la Comisión

(7 de mayo de 2002)

Asunto: La falta de garantías mínimas de procedimiento y la violación de los derechos humanos y sus consecuencias para la ejecución de la orden de detención europea desde abril de 2003

En el marco de una cooperación penal muy avanzada, y en especial en la decisión marco del Consejo en materia de orden de detención europea y los procedimientos de extradición entre Estados miembros (14867/01 COPEN), el reconocimiento recíproco se basa en el respeto de los derechos fundamentales.

Esta confianza recíproca es a menudo tan sólo un deseo político. Para ilustrarlo puede utilizarse un informe recientemente publicado por Amnistía Internacional sobre el trato inhumano y las torturas perpetrados reiteradamente por funcionarios en España en el período comprendido entre 1995 y 2002. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 19), al igual que la propuesta de decisión marco del Consejo sobre la orden de detención europea (considerando 12(bis)), establece que nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.

Esta diputada no acaba de comprender de qué medios dispone la Comisión Europea para controlar y dar a conocer las posibles violaciones de los derechos fundamentales en la UE.

1. ¿Estaba la Comisión al corriente o tenía alguna sospecha de los sucesos racistas e inhumanos acaecidos en España, tal como describe Amnistía Internacional?

2. ¿De qué modo controla e informa la Comisión ahora sobre las violaciones de los derechos fundamentales tal como se establece en el artículo 6 del TUE?

3. ¿Qué cambios del actual método prevé la Comisión con la entrada en vigor del Tratado de Niza, y la posibilidad, estipulada en el artículo 7, de comunicar al Consejo la violación grave y continuada por parte de un Estado miembro del artículo 6, y en su caso proceder a la suspensión de los derechos de dicho Estado miembro?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(2 de julio de 2002)

La Comisión ha tenido conocimiento del informe de Amnistía Internacional Spain, crisis of identity, Race-related Torture and Ill treatment by State Agents presentado el 16 de abril de 2002. Este informe se centra en el respeto de los derechos fundamentales de los inmigrantes y de las minorías étnicas por parte de los funcionarios del Estado. En su Informe anual para el año 2000, el Observatorio Europeo de los fenómenos racistas y xenófobos hacía referencia al Informe 2001 de Amnistía Internacional en el que se constataban actos violentos por parte de la policía así como un aumento de las demandas en las que se describen los malos tratos infligidos a los inmigrantes por los agentes de policía municipal, nacional y autonómica en España.

La Comisión condena firmemente toda forma de expresión racista o xenófoba, ya que constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales comunes a todos los Estados miembros. Reitera el compromiso de la Comisión de luchar contra los fenómenos racistas y xenófobos por todos los medios previstos en los Tratados.

En sus recientes conclusiones del 25 y 26 de abril de 2002 sobre la lucha contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia, el Consejo de la Unión Europea recordó, en particular, que es necesario acercar a las legislaciones nacionales en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia, velando al mismo tiempo por el respeto de las normas constitucionales y los principios relativos al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y destacó la importancia del proyecto de Decisión marco relativo a la lucha contra el racismo y la xenofobia que la Comisión presentó en diciembre de 2001 y que está siendo debatido en el Consejo. A este respecto, la Comisión desea recordar que no tiene competencia sobre la administración de justicia en los Estados miembros y que emprender acciones penales corresponde a las autoridades judiciales de los Estados.

Por lo que se refiere al control del cumplimiento del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE), los medios de la Comisión difieren según el contexto jurídico en el cual el Estado miembro habría violado los derechos fundamentales.

Si el Estado miembro comete la violación en el marco del Derecho comunitario, por ejemplo, transponiendo una Directiva comunitaria de una manera errónea, la Comisión puede poner en marcha el procedimiento jurídico previsto en el artículo 226 del Tratado CE, pidiendo al Tribunal de Justicia que constate la infracción. En caso de que el Estado miembro no se ajuste a la resolución judicial, el Tribunal puede imponer el pago de una sanción.

Si el Estado miembro comete la violación fuera del marco del Derecho comunitario, por ejemplo, en las acciones penales emprendidas contra delitos no vinculados con las políticas de la Comunidad, la Comisión puede desencadenar el procedimiento político previsto en el artículo 7 TUE, proponiendo al Consejo, reunido a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno, constatar la existencia de la violación. Este procedimiento presupone que la violación sea grave y persistente y afecte a los principios mismos enunciados en el artículo 6 TUE. La decisión requiere el dictamen favorable del Parlamento y la unanimidad de los 14 Jefes de Estado o de Gobierno. A continuación, el Consejo puede, cuando proceda, suspender algunos derechos del Estado miembro en cuestión y, en particular, su derecho de voto en el Consejo.

La versión actual del artículo 7 TUE no permite al Consejo intervenir hasta que la violación ya existe y es reiterada. El Tratado de Niza añadirá la posibilidad de constatar un riesgo claro de violación grave y dará al Parlamento un derecho de iniciativa en esta nueva fase de prevención.

Por lo que se refiere a la orden de detención europea, es necesario recordar que, en su aplicación, los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros están sometidos enteramente al cumplimiento de las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El apartado 3 del artículo 1 del proyecto de Decisión marco remite a las disposiciones del artículo 6 TUE que, por su parte, remite al Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual se impone a los órganos jurisdiccionales nacionales cuando tengan que realizar una orden de detención europea. Se han introducido algunas disposiciones destinadas a recordar que el conjunto del mecanismo está sometido al respeto de los derechos fundamentales como vienen declarados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el preámbulo, y en particular, los Considerandos 12 y 13.

En otras palabras, la Comisión considera que, si todo indica que la ejecución de una orden de detención europea corre el riesgo de implicar, para la persona entregada, un riesgo serio de ser sometido a torturas o un trato inhumano o humillante, la autoridad judicial deberá rechazar la ejecución de la orden. Sin embargo, entre los Estados democráticos, objeto todos del control del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se presupone el respeto de los derechos fundamentales y la confianza es la norma.