PREGUNTA ESCRITA E-2930/97 de Florus Wijsenbeek (ELDR) a la Comisión (17 de septiembre de 1997)

Asunto: Supuesta corrupción de la gendarmería belga

¿Está informada la Comisión del extraordinario aumento del número de quejas por la actuación de las autoridades belgas en materia del control del tráfico por carretera ((Véase al respecto mi pregunta no E-2607/97. ))?

¿Está asimismo informada la Comisión de que, concretamente cuando se para a los conductores extranjeros por insignificancias, las multas que se imponen no guardan proporción alguna con las infracciones constatadas y siguen un procedimiento tal que en especial resultan discriminados los transportistas extranjeros? En este sentido, se tiene constancia de casos que afectan a la empresa Meijer, de Kruiningen, a cuyo conductor se le impidió el pasado 28 de junio continuar el viaje, al no poder abonar la multa en dinero belga, sino sólo en dinero neerlandés, y se le retiró el vehículo con una grúa, resultando el vehículo seriamente dañado, así como a la empresa Leeuw, de Hagenstein, que también tuvo un incidente de esta índole en Bélgica el pasado mes de mayo.

¿Está informada la Comisión de que los servicios de grúa pagan en Bélgica y en Francia comisiones a las instancias encargadas de la imposición de multas, como es el caso de la gendarmería belga?

¿Considera la Comisión que estas prácticas son acordes con el principio de no discriminación y libre prestación de servicios en virtud del artículo 75 de la Directiva 88/599 ((DO L 325 de 29.11.1988, p. 55. ))?

¿Está dispuesta la Comisión a ponerse en contacto con las autoridades nacionales a este respecto, con el fin de acabar con este tipo de prácticas inadmisibles ((Véase en este contexto mi pregunta formulada en el turno de preguntas de abril de 1996 (no H-0082/96) - Debates del Parlamento Europeo 4-480. ))?

En caso afirmativo, ¿de qué modo? De lo contario, ¿por qué motivo?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2607/97 y E-2930/97 dada por el Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (17 de octubre de 1997)

De vez en cuando la Comisión recibe quejas sobre la manera en que las autoridades de diversos Estados miembros ejercen sus actividades de control. En el caso de Bélgica, no se ha producido aumento exponencial alguno del número de quejas. La Comisión tiene conocimiento, no obstante, de la anomalía existente en la actualidad en el Derecho belga, según la cual los transportistas no residentes en Bélgica que en vez de proceder al pago inmediato de la multa optan por ir a juicio están obligados a abonar, por cada infracción, un importe más elevado. La Comisión ha solicitado de las autoridades belgas una confirmación oficial de que se están elaborando las modificaciones legislativas necesarias para corregir cuanto antes esta situación.

En otro ámbito distinto, pero relacionado con el anterior, la Comisión solicitará a todos los Estados miembros información sobre los regímenes de sanción que aplican en la actualidad, a fin de determinar si las prácticas de represión de las infracciones de algunos Estados miembros son discriminatorias para los nacionales de otros países. En esta comprobación se tendrá en cuenta la sentencia dictada en la materia por el Tribunal de Justicia (asunto C-29/95, E. Pastoors). Si los resultados que se obtengan justifican su intervención, la Comisión entrará en contacto con los Estados miembros interesados para hallar una solución al problema.

La Comisión no tiene indicios de que existan en Bélgica ni en Francia convenios específicos entre la gendarmería y las empresas de remolque de vehículos que pudieran plantear algún conflicto de interés. Tras la investigación de una denuncia concreta al respecto, las autoridades belgas garantizaron a la Comisión que no existe ningún acuerdo irregular entre la gendarmería y la empresa de remolque de vehículos y que se han dictado instrucciones a fin de que las prácticas de represión de las infracciones sean objeto de verificaciones periódicas.