PREGUNTA ESCRITA P-3288/02

de Roberto Bigliardo (UEN) a la Comisión

(13 de noviembre de 2002)

Asunto: Deterioro y destrucción del medio ambiente en los Montes Tifatini

En mi anterior pregunta P-0154/02(1), sobre la particular situación de deterioro de los Montes Tifatini que rodean la ciudad de Caserta, pregunté a la Comisión qué iniciativas se podían emprender para defender un territorio objeto de una especulación sin escrúpulos. En su respuesta, la Comisión señaló que estaba evaluando la situación de la zona de los Montes Tifatini, de cara a su posible inclusión en un programa de proyectos medioambientales que lleva el código IT80010016. Esta situación especial permitiría proteger el lugar en la fase de propuesta de declaración de LIC, con la obligación establecida en la Directiva 92/43/CEE(2) de interrumpir cualquier actividad que pueda causar daños al lugar de que se trata.

En realidad, las colinas que rodean el Palacio Real de Vanvitelli se encuentran en un estado de completa destrucción. Actualmente existen 8 canteras en funcionamiento en el territorio de la ciudad de Caserta, y otras 12 se encuentran oficialmente abandonadas, aunque en realidad muchas de ellas funcionan clandestinamente. Hace algunos años, se calculó que la superficie nuda de todas las canteras era superior a 1000 m2. Otro informe evaluaba los daños en 7 billones de las antiguas liras. La situación actual es de alteración total del territorio, con una modificación traumática de la geomorfología natural. El fenómeno de las canteras de Caserta no tiene equivalente en el territorio europeo a la vista del impacto destructor de las actividades de extracción.

¿Qué iniciativas de control y qué medidas piensa emprender la Comisión contra las autoridades regionales responsables del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Directiva 92/43/CEE?

(1) DO C 205 E de 29.8.2002, p. 83.

(2) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(17 de diciembre de 2002)

El artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres establece la protección de los lugares de importancia comunitaria que, de conformidad con el procedimiento previsto en la Directiva, han de ser designados como zonas especiales de conservación. Estas obligaciones son aplicables a todas las autoridades de los Estados miembros a nivel nacional, regional o local. En virtud del apartado 3 del artículo 6, cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar.

La disposición arriba mencionada se refiere a los lugares de importancia comunitaria (LIC) y a las zonas especiales de conservación (ZEC) comprendidos en la Directiva 92/43/CEE. Aunque no sea aún plenamente vinculante en cuanto a los lugares de importancia comunitaria propuestos con arreglo a la Directiva, es decir, los lugares propuestos por los Estados miembros pero todavía no incluidos en una lista oficial aprobada por la Comisión, los Estados miembros tienen la obligación de actuar de manera que no se menoscaben los objetivos de la Directiva y de velar por que se adopten las medidas necesarias para impedir su deterioro.

Monte Tifata IT8010016 ha sido propuesto como lugar de importancia comunitaria con arreglo a la Directiva 92/43/CEE. Por consiguiente, se le aplica la obligación antes señalada.

En este caso concreto, por no estar al corriente de la situación que describe Su Señoría, la Comisión dará los pasos precisos para recabar información detallada.

Si llegara a tener conocimiento de que se trata de un caso de violación del Derecho comunitario, la Comisión, en su calidad de guardiana del Tratado CE, no dudará en adoptar todas las medidas necesarias, incluso incoar los procedimientos de infracción previstos en el artículo 226 del tratado CE, con el fin de garantizar el respeto de la correspondiente normativa comunitaria.