PREGUNTA ESCRITA E-0645/01

de Alexander de Roo (Verts/ALE), María Sornosa Martínez (PSE) y Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(6 de marzo de 2001)

Asunto: Plan Hidrológico Nacional español y legislación comunitaria

¿Ha informado el Gobierno español oficialmente a la Comisión de su Plan Hidrológico Nacional, propuesto recientemente?

¿Sabe la Comisión que según Birdlife International (véase www.seo.org/es/conservation.html) el mencionado PHN afecta a no menos de 109 áreas protegidas por las directivas comunitarias relativas a los hábitats y a las aves silvestres? ¿Está al corriente la Comisión de que el PHN amenaza la existencia del lince ibérico y de docenas de otras especies de la fauna y de la flora?

Por ejemplo, sólo en el delta del Ebro 30 áreas protegidas están en peligro.

De conformidad con el artículo 6 de las mencionadas directivas, los planes como el PHN se autorizan únicamente si el Gobierno español demuestra que no hay alternativas. ¿Ha facilitado el Gobierno español estas pruebas a la Comisión?

Existen por lo menos dos alternativas al PHN:

1. utilizar los recursos hídricos existentes de manera más racional e instalar aparatos de riego por goteo para la agricultura, como se hace en Israel, en lugar de inundar todos los terrenos agrícolas;

2. la desalinización del agua del Mediterráneo resulta más barata que el PHN, según estudios del Gobierno de Aragón (véanse las observaciones generales presentadas sobre el Plan Hidrológico Nacional).

¿Hará saber la Comisión al Gobierno español que este PHN constituye una infracción de las directivas comunitarias relativas a los hábitats y a las aves silvestres?

¿Se negará la Comisión a conceder las ayudas (una tercera parte del coste) que el Gobierno español espera recibir de los fondos comunitarios?

¿Está dispuesta la Comisión a bloquear los importes de los Fondos estructurales destinados a España mientras el Gobierno español no respete las directivas comunitarias relativas a los hábitats y a las aves silvestres?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(7 de junio de 2001)

El Gobierno español ha informado a la Comisión de su propuesta de Plan Hidrológico Nacional. La Comisión remite a las respuestas que dio a las preguntas orales H-0843/00 de la Sra. Sornosa Martínez durante el turno de preguntas del período parcial de sesiones del Parlamento de noviembre de 2000(1), H-0904/00 de la Sra. Sornosa Martínez (diciembre de 2000)(2), H-0973/00 de la Sra. Sornosa Martínez (enero de 2001)(3) y H-0186/01 de la Sra. García-Orcoyen Tormo (marzo de 2001)(4), referentes todas ellas a esta cuestión.

Muchos de los proyectos previstos en el plan propuesto podrían afectar a zonas de protección especial (designadas por España de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres)(5) o a lugares de importancia comunitaria (que deberán integrarse en la red Natura 2000 en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres)(6). Por tanto, las especies incluidas en los anexos II y IV de la directiva sobre hábitats y las especies enumeradas en el anexo I de la directiva sobre aves también podrían verse afectadas.

De conformidad con el apartado 3 del artículo 6 de la directiva sobre hábitats, el plan ha de ser objeto de una evaluación global de las repercusiones en el lugar independiente de la evaluación a la que muchos proyectos individuales habrán de someterse.

Por consiguiente, el propio plan debe quedar sujeto a las disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE. Dicho artículo establece que los planes que puedan afectar a lugares protegidos (los contemplados en las Directivas 79/409/CEE o 92/43/CEE) deben ser objeto de una evaluación. Si ésta pone de manifiesto que el plan tendrá importantes efectos negativos en los lugares en cuestión, sólo podrá autorizarse el plan si no existen soluciones alternativas, por motivos de interés público de primer orden y siempre que se adopten las medidas compensatorias correspondientes.

Las autoridades españolas presentaron su proyecto de plan a la Comisión. La información presentada incluye un estudio sobre sus posibles efectos en el medio ambiente. La Comisión examina actualmente el proyecto de plan y, en caso de que observe insuficiencias, las comunicará rápidamente a las autoridades españolas.

En lo que respecta a las directivas sobre conservación de la naturaleza, las autoridades españolas se han comprometido a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la observancia de las disposiciones de dichas directivas.

Debe señalarse que, en estos momentos, el texto del plan es todavía un borrador que se está debatiendo en el Parlamento español. Resultaría por tanto prematuro suponer que van a surgir conflictos entre el plan y la normativa o la política actuales de la Comunidad.

La financiación de las medidas relacionadas con el plan a través de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión se efectuará de acuerdo con la normativa correspondiente, en particular el Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(7), y con el Marco Comunitario de Apoyo correspondiente a las regiones españolas incluidas en el objetivo no 1 para el período 2000-2006 y otros documentos de programación pertinentes, y el Reglamento (CE) no 1264/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, que modifica el Reglamento (CE) no 1164/94 por el que se crea el Fondo de Cohesión(8). Todos estos textos toman debidamente en consideración el respeto de la normativa medioambiental, incluidas las directivas sobre hábitats y aves mencionadas por Sus Señorías. Por otra parte,

el 14 de marzo de 2001 se envió a los Estados miembros una carta sobre la notificación a la Comisión de los parajes de Natura 2000 y su protección durante las operaciones parcialmente financiadas por los Fondos Estructurales y el programa de desarrollo rural, relativas principalmente a las inversiones en explotaciones agrarias.

(1) Respuesta escrita de 15.11.2000.

(2) Respuesta escrita de 13.12.2000.

(3) Respuesta oral de 16.1.2001.

(4) Respuesta escrita de 13.3.2001.

(5) DO L 103 de 25.4.1979.

(6) DO L 206 de 22.7.1992.

(7) DO L 161 de 26.6.1999.

(8) DO L 161 de 26.6.1999.