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PREGUNTA ESCRITA E-0599/00

de Hugues Martin (PPE-DE) a la Comisión

(29 de febrero de 2000)

Asunto: Transformación de los activos líquidos en

El 1 de enero de 2000 se transformarán en todos los activos líquidos nacionales de los países pertenecientes a la zona euro. Muchos ciudadanos conservan en su domicilio efectivos que, sin ser producto de actividades ilegales, no están fiscalizados.

De origen diverso, estos activos líquidos se explican por la tradición del pago al contado y vienen a ser lo que la cultura popular francesa denomina el calcetín.

Ahora bien, la transformación de estos activos líquidos en obligará a sus propietarios a someterse a la presión fiscal, o incluso a pagar multas fiscales. Si no se toman precauciones en este sentido, existe un riesgo claro de evasión fiscal al exterior de la zona euro, o incluso de fraude.

Aunque sólo sea posible hacer una evaluación aproximativa de a cuánto ascienden estos activos líquidos en cada país, las entidades bancarias nacionales consideran que el asunto no es trivial y que las consecuencias de una evasión fiscal masiva podrían castigar las economías de la zona euro.

Existe también el riesgo de que se produzca una competencia fiscal perjudicial en el interior de la Unión, en función de las soluciones más o menos liberales que adopten los Estados miembros.

Parece que no se debe rechazar la solución de la reinversión en las economías nacionales, aunque sometida a ciertas condiciones.

¿Se ha planteado la Comisión este problema, sobre todo en el marco del paquete fiscal que se está debatiendo actualmente? En caso afirmativo, ¿puede dar a conocer qué propuestas se han presentado en este sentido? En caso negativo, ¿tiene la Comisión la intención de abordar el problema?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(27 de abril de 2000)

Con el fin de no complicar las operaciones de cambio de billetes en el 2002, los Estados miembros desean no crear nuevos controles distintos de los ya existente. En aplicación de la Directiva no 91/308/CE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales(1), los bancos deberán simplemente controlar la identidad de los clientes que cambien un importe superior a 15 000 en una o más veces.

El cambio de monedas y billetes será gratuito para los clientes de un banco siempre que se trate de importes usuales. El período para el cambio de los billetes en los bancos comerciales sobrepasará a menudo en algunos meses el final del curso legal y el plazo de cambio para el Banco Central será largo (generalmente del orden de diez años) o incluso ilimitado, como en Bélgica.

(1) DO L 166 de 28.6.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-0906/00

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(25 de marzo de 2000)

Asunto: Alteración de la herencia cultural en la FYROM

Según la información disponible, últimamente se están produciendo numerosas modificaciones en el aspecto de la iglesia de Agios Dimitrios de la ciudad de Bitola (Monastiri), en la Ex República Yugoslava de Macedonia (FYROM), que constituyen sin lugar a dudas una alteración evidente de la herencia cultural del monumento histórico y de la región en general. ¿Puede indicar la Comisión si está al corriente de esta situación? ¿Qué medidas se propone tomar para detener inmediatamente estas acciones? ¿Ha emprendido o se propone emprender acciones para proteger los monumentos históricos y la herencia cultural en general en la región de los Balcanes?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(16 de mayo de 2000)

La Comisión agradece a Su Señoría su pregunta relativa al patrimonio cultural de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM).

Aunque lamenta no haber podido recabar informaciones precisas sobre el caso de la iglesia de Agios Dimitrios, la Comisión remite en términos generales a Su Señoría a la respuesta a la pregunta escrita E-0077/99 del Sr. Kaklamanis(1), y en particular a su segundo apartado.

(1) DO C 297 de 15.10.1999, p. 142.
PREGUNTA ESCRITA P-1097/00

de Malcolm Harbour (PPE-DE) a la Comisión

(4 de abril de 2000)

Asunto: Venta de vehículos Rover por parte de BMW

La Comisión tiene conocimiento sin duda de la repentina decisión tomada por BMW el jueves 16 de marzo de 2000 de abandonar la explotación de sus vehículos Rover, que se reestructurarán en el marco de una nueva empresa de vehículos MG que empleará a muchos menos trabajadores.

¿Puede aclarar la Comisión:

1. si va a considerar como ayudas estatales y, por consiguiente, examinar detenidamente las ayudas concedidas por el Gobierno del Reino Unido a dicha reestructuración; y

2. si la repentina interrupción del suministro a los distribuidores autorizados de Rover constituye un incumplimiento de contrato con arreglo a las normas de la Comisión en materia de exenciones por categorías?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(10 de mayo de 2000)

1. El Reino Unido ha notificado a la Comisión un paquete detallado de ayudas ligado a la inversión prevista de BMW en la fábrica de Longbridge. Por el momento la investigación de la

Comisión sobre dicho paquete aún no ha concluido. Corresponde a las autoridades británicas informar a la Comisión si la nueva situación por lo que se refiere a la futura propiedad futura de Rover tiene un impacto en el paquete. Después de recibir esta información la Comisión actuará en consecuencia.

2. Las disposiciones del Reglamento (CE) no 1475/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles(1) (el reglamento de exención por categorías) por lo que se refiere a los derechos y obligaciones de los distribuidores se aplican esencialmente a los objetivos de ventas de los distribuidores, a sus requisitos de existencias, a las ventas cruzadas entre ellos dentro de la red y a la duración y terminación del acuerdo con el distribuidor. La obligación del fabricante de automóviles de suministrar a sus distribuidores coches es una cuestión contractual que no corresponde al ámbito de la exención por categorías.

(1) DO L 145 de 29.6.1995.
PREGUNTA ESCRITA E-0398/00

de Hartmut Nassauer (PPE-DE) a la Comisión

(15 de febrero de 2000)

Asunto: Negociaciones de la Unión Europea con la República Checa sobre la adhesión

En el dictamen sobre la solicitud de ingreso de Polonia, la Comisión afirmó que Polonia tenía que completar el procedimiento de indemnización de los afectados por expropiaciones.

¿Puede exponer la Comisión si ha planteado también la misma exigencia frente a la República Checa? Hasta ahora, en la República Checa no se han indemnizado expropiaciones comparables.

Respuesta común a las preguntas escritas E-0293/00, E-0294/00, E-0295/00, E-0296/00, E-0297/00, E-0298/00, E-0299/00, E-0300/00, E-0301/00, E-0302/00, E-0303/00 y E-0398/00 dada por el Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(20 de marzo de 2000)

Las negociaciones de adhesión con la República Checa están enfocadas principalmente a que el Gobierno checo acepte y se adapte al acervo de la Unión Europea y sea capaz de satisfacer las condiciones que el Consejo Europeo establece para los miembros de la Unión. Como Estado miembro, la República Checa tendrá que adoptar y aplicar todos los aspectos de la legislación y la política comunitarias, incluidos los principios de libre circulación y libertad de establecimiento. La cuestión planteada por Su Señoría debe ser considerada primeramente en ese contexto, pero obviamente los criterios políticos de Copenhague también desempeñan su papel dado que incluyen la protección de los derechos humanos y de los derechos de las minorías. La Comisión está siguiendo de cerca los progresos en estos asuntos en todos los países candidatos.

Sin embargo, es importante señalar que el asunto planteado en estas preguntas se refiere a acontecimientos que tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del Tratado CE. Por lo tanto, los llamados decretos Benesch no se trataran en las negociaciones de adhesión. Por otra parte, el Artículo 295 (antes Artículo 222) del Tratado CE declara que el Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros. La Comisión no está por lo tanto en condiciones de intervenir en cuestiones relativas a la restitución de la propiedad en un Estado miembro actual o futuro.

Sin embargo, la República Checa ha sido parte del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos (CEDH) desde 1992. La aplicación del CEDH es responsabilidad del Consejo de Europa. Por lo tanto, lo mejor es que las cuestiones que surjan referentes a este convenio se dirijan al Consejo de Europa.

La Comisión remite además a Su Señoría a las disposiciones pertinentes de la Declaración checoalemana, adoptada el 21 de enero de 1997, respecto a sus relaciones mutuas.

Debido a las diferentes razones mencionadas anteriormente, la Comisión ve difícil adoptar una posición respecto a los casos específicos planteados por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-0366/00

de Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) a la Comisión

(14 de febrero de 2000)

Asunto: Desconocimiento de las importaciones de lomos de atún

Con ocasión de una petición de las autoridades de Tailandia para que la Unión Europea abra un nuevo contingente de importación de 8 000 toneladas de productos de la partida 1604.14.00 (lomos y conservas de atún), y considerando que el mercado de lomos de atún comunitario está suficientemente abastecido, como acaba de demostrar el estudio encargado al efecto por la Comisión, formulé a la Comisión la pregunta escrita E-2310/99(1) en la que pedía, entre otras informaciones, las cantidades de lomos y conservas de atún exportadas por Tailandia a la UE y las empresas comunitarias compradoras, al amparo de los dos últimos contingentes abiertos.

Sorprendentemente, la respuesta de la Comisión fue que la Comisión no se halla en condiciones de facilitar la información solicitada, ya que al tratarse de actividades comerciales de empresas privadas, no se conocen los datos.

En vista de ello se pregunta a la Comisión:

- Cómo es posible que la Comisión pueda pedir al Consejo sucesivas aperturas de contingentes arancelarios de lomos de atún cuando no tiene ni un solo dato sobre las cantidades de este producto que están entrando en la Unión Europea al amparo de dichos contingentes, ni sobre las empresas o Estados miembros que los importan?

- ¿Qué tipo de control hace la Comisión de estas importaciones cuando son además competencia directa de una importante industria comunitaria en la que están en juego un gran número de empleos y elevadas inversiones?

(1) DO C 225E de 8.8.2000, p. 95.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(28 de marzo de 2000)

En su pregunta escrita E-2310/99(1), Su Señoría había solicitado a la Comisión únicamente los datos sobre las empresas privadas tailandesas (lista de empresas exportadoras de lomos de atún a la Comunidad, cantidades exportadas por cada una de estas empresas) y comunitarias (lista de empresas comunitarias importadoras y su ubicación).

Como ya indicó en su respuesta, la Comisión no puede ofrecer datos sobre las operaciones comerciales de empresas privadas ya que estos datos no se notifican a la Comisión.

En el momento de elaborar sus propuestas para la apertura de contingentes de productos de la pesca, la Comisión se sirve en particular de datos globales sobre la utilización de dichos contingentes y de las solicitudes presentadas por las administraciones de los Estados miembros.

En lo que respecta al control sobre las importaciones realizadas sobre la base de ese contingente, la Comisión y los Estados miembros aplican las disposiciones establecidas en los artículos 308 bis a 308 quater del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario(2).

(1) DO C 225E de 8.8.2000, p. 95.

(2) DO L 253 de 11.10.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-0238/00

de Jillian Evans (Verts/ALE) a la Comisión

(7 de febrero de 2000)

Asunto: Adicionalidad de los Fondos estructurales

La definición jurídica de la adicionalidad exige que los créditos de los Fondos estructurales no sustituyan al gasto público o a otro gasto estructural equivalente. Sin embargo, en el Reino Unido esto está aún por demostrar a nivel interno.

La Unión Europea abona el componente europeo de los Fondos estructurales para Gales al Ministerio de Hacienda británico. Éste calcula la dotación presupuestaria anual destinada a la Asamblea Nacional para Gales mediante un mecanismo que no se ha adaptado para tener en cuenta las sumas adicionales que estarán disponibles para las regiones de West Wales y Valleys con cargo al programa del Objetivo 1 a partir de enero de 2000. En la práctica, esto significa que los regímenes de ayuda de la UE en Gales se han pagado con cargo al presupuesto de Gales destinado a la educación, la sanidad, los servicios sociales, etc.

Dado que la Comisión ha anunciado su intención de orientar los Fondos estructurales de un modo más efectivo y concentrado entre los años 2000 y 2006, ¿va a considerar la Comisión la posibilidad de introducir un mecanismo que permita ver en qué medida se ha aplicado el principio de adicionalidad a nivel regional en los Estados miembros y, por consiguiente, en qué medida se han utilizado los fondos de forma que las zonas consideradas obtengan el mayor beneficio posible?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(31 de marzo de 2000)

De acuerdo con la normativa comunitaria no es necesario que los Estados miembros apliquen el principio de adicionalidad sobre una base regional.

Las normas se recogen en el Reglamento general sobre los Fondos Estructurales(1), aprobado por el Consejo en junio de 1999, que establece el marco de referencia para la Comisión y los Estados miembros en materia de ejecución de los programas para el período que concluye al final de 2006.

Además de las disposiciones relativas a la adicionalidad, los Reglamentos también exigen que los Estados miembros, en primer lugar, garanticen que los recursos comunitarios se gastan únicamente en las regiones con derecho a subvención a las que han sido asignados y, en segundo lugar, que dichos recursos sean cofinanciados con recursos nacionales dentro de los límites previstos. Los documentos de programación aprobados por la Comisión contienen la confirmación necesaria sobre ambos aspectos.

(1) Reglamento (CE) no 1260/1999 de 21.6.1999 DO L 161 de 26.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-0103/00

de Jo Leinen (PSE) a la Comisión

(26 de enero de 2000)

Asunto: Compatibilidad con el derecho comunitario de una ley danesa relativa a un impuesto sobre los beneficios del capital invertido en acciones, en el caso de traslado a otro Estado miembro de la UE

Una ley danesa del año 1987 establece un impuesto sobre los beneficios del capital invertido en acciones a los ciudadanos daneses que se trasladen a otro Estado miembro de la UE. Por lo tanto, las personas que por motivos profesionales o de cualquier otra índole se vean obligadas a trabajar y a residir en otro Estado miembro de la UE serán objeto de discriminación.

1. ¿Es compatible el artículo 13a de la ley sobre beneficios del capital invertido en acciones (Lovbekendtgorelse 1987-11-05 no 698, Karnovs Lovsamling 6 (1988), p. 5880) con los artículos 43, 56, 18 y 12 del Tratado CE?

2. En caso de respuesta negativa, ¿qué medidas proyecta adoptar la Comisión Europea para que Dinamarca cumpla la legislación comunitaria?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(9 de marzo de 2000)

La Comisión es consciente de las normas fiscales danesas según las cuales se gravan las plusvalías no realizadas provenientes de acciones, en el caso de que una persona salga del país. En Alemania, Francia y Austria existen normas similares.

La legislación danesa somete a impuestos las plusvalías realizadas mediante la venta de acciones en Dinamarca. Para tratar en igualdad de condiciones al contribuyente que deja un Estado miembro y va a otro donde no se gravan las plusvalías se evalúa su deuda impositiva latente con relación a las plusvalías cuando sale de Dinamarca. Sin embargo, este impuesto no se hace efectivo inmediatamente y solamente debe pagarse una vez que se hayan realizado las plusvalías, es decir, la venta efectiva de las acciones en cuestión. El impuesto se evalúa sobre la base de las plusvalías calculadas en el momento de salir de Dinamarca, pero si el valor de las acciones baja posteriormente, Dinamarca permite un nuevo cálculo del impuesto de forma que solamente se gravan las plusvalías efectivas. Por otra parte, los impuestos sobre plusvalías en el nuevo Estado miembro de residencia se deducen plenamente de la deuda impositiva danesa.

Es verdad que el contribuyente debe suministrar una garantía para el pago de los impuestos evaluados al salir de Dinamarca, pero las autoridades danesas aceptan (una parte de) las acciones como garantía.

No parece haber ninguna diferencia material entre el tratamiento fiscal dado a los residentes en Dinamarca y a los que salen del país.

De todos modos, la Comisión continuará examinando la compatibilidad de las normas danesas con el derecho comunitario, ya que una queja respecto del mismo asunto ha sido presentada y está siendo estudiada actualmente.
PREGUNTA ESCRITA E-0289/00

de Arie Oostlander (PPE-DE) al Consejo

(14 de febrero de 2000)

Asunto: Presos kosovares en Serbia

En una declaración de la Delegación interparlamentaria para las relaciones con la Europa sudoriental, en la que se hacía referencia a una resolución del PE de 16 de septiembre de 1999 (B5-0100/1999), se hacía un llamamiento al Gobierno serbio para que pusiese en libertad a los aproximadamente 1900 presos kosovares que aún se encontraban encarcelados en condiciones infrahumanas en cárceles serbias.

¿Tiene conocimiento el Consejo de que desde el final de la crisis de Kosovo unos 2000 kosovares siguen encarcelados en Serbia?

¿Está dispuesto el Consejo a realizar gestiones eficaces a fin de permitir que estas personas vuelvan lo antes posible a sus familias?

Respuesta

(16/17 de mayo de 2000)

El Consejo comparte plenamente la preocupación de Su Señoría por la suerte de los presos kosovares retenidos aún en Serbia. Con ocasión del Consejo de Asuntos Generales del 19 de julio de 1999, los Ministros hicieron un llamamiento a la República Federativa de Yugoslavia para

que garantizase que el Comité Internacional de la Cruz Roja pudiera entrar plenamente en contacto con dichos presos. El Consejo exigió asimismo la inmediata puesta en libertad de los presos retenidos sin cargos y que se tratara a los presos de conformidad con las normas internacionales aplicables. Tras el Consejo de Asuntos Generales del 19 de julio, las autoridades de Belgrado autorizaron el acceso a las prisiones serbias por parte del CICR, que en sus visitas in situ contabilizó aproximadamente 2000 presos albano-kosovares. Desde junio, el CICR ha ayudado a cerca de 326 personas a regresar a sus casas en condiciones de seguridad una vez que se les hubo puesto en libertad en Serbia.

En su reunión del 13 de septiembre de 1999, el Consejo manifestó su profunda preocupación por el hecho de que siga abierta la cuestión de la desaparición de varios miles de personas, en su inmensa mayoría albano-kosovares.

Su Señoría puede tener la certeza de que el Consejo continuará haciendo a este respecto cuanto esté a su alcance y valorará especialmente como uno de los elementos clave para un eventual levantamiento de las sanciones al régimen de Belgrado los avances en el terreno de las libertades democráticas y el respeto de los derechos de las minorías.
PREGUNTA ESCRITA E-0913/00

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(29 de marzo de 2000)

Asunto: Posible evolución peligrosa de las explotaciones agrarias francesas

Desde 1994, el Ministerio de Agricultura francés está realizando esfuerzos considerables para lograr la armonización de las construcciones de las explotaciones agrarias (establos, pozos de purín, etc.). El nivel y la calidad de tales construcciones son bajos e insuficientes, motivo por el que existe el peligro de que se produzcan daños ecológicos considerables. En un futuro próximo, y según las

circunstancias, puede que lleguen a desmoronarse dichas instalaciones, que ya no pueden repararse. Son, por lo tanto, preocupantes, tanto desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista económico. Entretanto, el 50 % de las explotaciones agrarias francesas ya se ha adaptado a las normas establecidas por el Gobierno francés, a pesar de que éstas parecen estar en contradicción con la legislación de la UE.

¿Puede indicar la Comisión si tiene conocimiento de tales problemas? ¿Piensa tomar alguna medida para aclarar la situación?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(11 de mayo de 2000)

Desde que comenzó a aplicarse el capítulo de desarrollo rural de la Agenda 2000 (julio de 1999), el apoyo a las inversiones en las explotaciones agrarias de la Comunidad y, más en concreto, de Francia, se ha limitado a aquellas explotaciones que cumplen las normas mínimas exigidas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales (artículo 5 del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos)(1).

Tales normas incluyen la legislación comunitaria y, cuando proceda, las disposiciones nacionales complementarias. Su cumplimiento se comprueba mediante la realización de controles y es imprescindible para que pueda otorgarse la ayuda comunitaria.

(1) DO L 160 de 26.6.1999.