PREGUNTA ESCRITA E-1891/96 de Klaus-Heiner Lehne (PPE) a la Comisión (11 de julio de 1996)

Asunto: Horarios nacionales de cierre de los comercios frente a la liberalización en la Unión Europea

¿Opina la Comisión que hay que hacer compatibles las normas nacionales de los Estados miembros en lo referente al derecho de cierre de los comercios o los horarios de apertura de los negocios con las reglas de la competencia y las disposiciones de liberalización de los Tratados europeos?

¿Hay que hacer compatibles las disposiciones mencionadas con las normas relativas a la libre prestación de servicios contempladas en el artículo 59 y siguientes?

¿Es la reducción de los horarios legales de apertura de los comercios, tal como se prevé en una ley modificativa en la República Federal de Alemania (de las 18.00 a las 16.00 horas los sábados por la tarde), contraria a la prohibición de adoptar disposiciones que signifiquen un retroceso, contemplada en el artículo 62 del Tratado?

¿Opina la Comisión que conviene considerar la posibilidad de armonizar las disposiciones relativas al cierre de los comercios a escala europea?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (9 de octubre de 1996)

El Tribunal de Justicia ya ha debido pronunciarse en varias ocasiones, en el marco de cuestiones prejudiciales ((Asuntos «B & Q», C-169/91, sentencia de 16.12.1992; «Punto Casa y PVV», sentencia de 24.11.1993, C-267/91 y C-268/91, así como «Semeraro Casa Uno Srl», sentencia de 20.6.1996, C-418/93, C-419/93, C-420/93, C-421/93, C-460/93, C-461/93, C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-10/94, C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 y C-332/94. )), sobre las normativas nacionales relativas a los horarios de apertura de los comercios, incluida la prohibición de que ejerzan actividades comerciales los domingos. El Tribunal ha confirmado la compatibilidad de estas normas nacionales con las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías y al derecho de establecimiento.

La Comisión considera que el examen de la misma cuestión desde la perspectiva de otras disposiciones del Tratado no arroja un resultado diferente. No es concebible que el establecimiento de horarios de apertura de los comercios establecidos en un Estado miembro pueda obstaculizar la prestación de servicios transfronterizos, habida cuenta de que el artículo 59 del Tratado sólo es de aplicación en el caso de que un operador económico ejerza sus actividades en un Estado miembro en el que no esté establecido. Una normativa sobre horarios de apertura es aplicable a todos los operadores que ejerzan actividades en el territorio del Estado miembro de que se trate, no tiene por objeto regular las condiciones relativas a la prestación de los servicios transfronterizos y, además, los efectos restrictivos que podría producir sobre la libre circulación de servicios transfronterizos son demasiado inciertos e indirectos para que pueda considerarse que la obligación por ella establecida podría obstaculizar la libre prestación de servicios transfronterizos. Como esta normativa nacional no infringe, en principio, lo dispuesto en el artículo 59 del Tratado CE, lo mismo sucede en lo relativo al artículo 62 del Tratado CE.

Los artículos 85 y 86 del Tratado CE se aplican a los comportamientos de las empresas y no a los de los Estados miembros (legislaciones nacionales). Sin embargo, según una jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, el artículo 85, en combinación con el artículo 5 del Tratado CE, obliga a los Estados miembros a no adoptar o mantener en vigor medidas que puedan eliminar la utilidad de las normas de competencia aplicables a las empresas, aunque se trate de iniciativas de carácter legislativo o reglamentario. Así sucede especialmente cuando un Estado miembro impone o favorece la celebración de acuerdos contrarios al artículo 85 o refuerza las consecuencias de tales acuerdos ((Sentencia de 21 de septiembre de 1988, asunto 267/86 «Van Eycke», sentencia de 17 de noviembre de 1993, asunto C-2/91 «Meng». )). No es probable que una normativa nacional que fije los horarios de apertura de los comercios se encuadre en una de estas situaciones, al no ser concebible que la posible celebración de acuerdos entre empresas que resulte de este tipo de normativas pueda afectar al comercio entre Estados miembros. Ahora bien, los acuerdos sólo se encuadran dentro del ámbito de aplicación de las normas de competencia del Tratado CE en el caso de que puedan afectar de manera sensible al comercio interestatal.

A pesar de la disparidad de las normativas nacionales relativas a los horarios de apertura de los comercios, la Comisión no ve ninguna necesidad, por el momento, de adoptar medidas. Independientemente de la posible oportunidad de una iniciativa comunitaria, no parece que su necesidad se justifique desde el punto de vista jurídico, puesto que la posible disminución de las normativas nacionales que han de cumplir los comercios no tendría como consecuencia la eliminación de los obstáculos al comercio intracomunitario de mercancías y servicios.