ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/377

(2004/C 88 E/0383)

PREGUNTA ESCRITA P-1933/03

de Dana Scallon (PPE-DE) a la Comisión

(5 de junio de 2003)

Asunto: Desarrollo social

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ayuda para políticas y acciones relativas a la salud y a los derechos en materia de reproducción y sexualidad en los países en desarrollo, presentada por la Comisión (COM(2002) 120 final (1), COM(2003)168 final), prevé la financiación de acciones relativas a la salud en los países en desarrollo. Durante el procedimiento legislativo se puso de manifiesto que la Comisión tiene intención de utilizar los créditos de este programa para financiar, entre otras cosas, el aborto a petición de la interesada.

La competencia comunitaria en materia de política de desarrollo (apartado 1 del artículo 177 del Tratado) hace referencia al término «desarrollo social», que está abierto a interpretación. Los artículos 136 a 145 del Tratado cubren el sentido del término «desarrollo» en política social en relación con las políticas internas. Es indiscutible que no existe competencia comunitaria para regular o financiar el aborto en el seno de la Comunidad. Por ello, sería incoherente que el mismo término jurídico se interpretara de manera diferente. Por consiguiente, parece apropiado, en relación con la primera frase del artículo 5 del Tratado, interpretar de la misma manera el apartado 1 del artículo 177 del Tratado, y no permitir actividades comunitarias que no son legalmente posibles dentro de la Comunidad.

¿Interpreta la Comisión el término «desarrollo social», tal como figura en el apartado 1 del artículo 177 del Tratado, en el sentido de que proporciona un fundamento jurídico para actividades que facilitan el aborto a petición de la interesada?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(30 de junio de 2003)

El Reglamento de reciente adopción sobre la ayuda para políticas y acciones relativas a la salud y a los derechos en materia de reproducción y sexualidad en los países en desarrollo (2) se propone financiar intervenciones innovadoras que mejoren la salud reproductiva y sexual de los hombres y mujeres de los países en desarrollo. La aseveración de Su Señoría de que esta normativa financiará el aborto a petición de la interesada conduce a error, ya que en el considerando 16 del Reglamento se dice que: «En ningún caso cabe apoyar, conforme al presente Reglamento, los incentivos para fomentar la esterilización o el aborto como medio para la planificación familiar ni los ensayos abusivos de métodos de anticoncepción en países en desarrollo. En la aplicación de las medidas de cooperación, deberán ser objeto de rigurosa observación las decisiones adoptadas en la CIPD, en especial el punto 8.25 del Programa de Acción CIPD (3), en el que se dispone, entre otras cosas, que en ningún caso debe fomentarse el aborto como método de planificación. Tras un aborto, deben ofrecerse inmediatamente servicios de asesoramiento, información y planificación familiar, lo que contribuirá asimismo a evitar la repetición de abortos.»

Como ya se manifestó en la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-3323 (4) formulada por Su Señoría, las competencias de la Comunidad en materia de política de desarrollo se estipulan en el título XX del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. En consecuencia, toda la actuación de la Comunidad en materia de cooperación al desarrollo debe ajustarse a los objetivos definidos en el artículo 177 del Tratado CE.

La Comisión recuerda que del fallo del Tribunal de Justicia en el Asunto C-268/1994 (Portugal/Comisión, [1996] — Recopilación de la jurisprudencia del Tribunal I-6177) se desprende que una medida en el ámbito de la cooperación al desarrollo puede establecer disposiciones sobre cuestiones concretas sin que haya que recurrir a otros fundamentos jurídicos, o a la participación de los Estados miembros en la celebración del acuerdo, en la medida en que la finalidad fundamental del mismo es la consecución de los objetivos mencionados en el artículo 177, y a condición de que las cláusulas relativas a cuestiones concretas no impongan obligaciones de un grado tal que constituyan de hecho objetivos distintos de los de la cooperación al desarrollo.

La Comunidad, por lo tanto, tiene plenas competencias en materia de Salud Reproductiva y Sexual en los países en desarrollo. La ejecución de la ayuda comunitaria al desarrollo siempre se realiza en el marco jurídico del país de que se trate.

(1) DO C 151 E de 25.6.2002, p. 260.

(2) DO L 224 de 6.9.2003.

(3) CIPD: Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo.

(4) DO C 11 E de 15.1.2004.