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PREGUNTA ESCRITA P-3219/02

de Niels Busk (ELDR) a la Comisión

(7 de noviembre de 2002)

Asunto: Cofinanciación de obras en puertos pesqueros

¿Es correcto interpretar el Reglamento del Consejo (CE) no 2792/1999 del Consejo(1), de 17 de diciembre 1999, en el sentido de que instalaciones en puertos pesqueros cofinanciadas con capital privado no pueden beneficiarse de aportaciones de los fondos estructurales en la misma medida que instalaciones en puertos pesqueros financiadas exclusivamente con fondos públicos?

En caso afirmativo, ¿cómo justifica la Comisión una política que prevea un tratamiento diferenciado de proyectos dependiendo de si son de carácter público o privado?, y ¿tiene la Comisión la intención de modificar su práctica en esta materia?

(1) DO L 337 de 30.12.1999, p. 10.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(29 de noviembre de 2002)

El Consejo Europeo de Berlín (23-24 de marzo de 1999) adoptó las perspectivas financieras de la Agenda 2000 que regulan, en particular, la utilización de los Fondos Estructurales para el período 2000-2006. El apartado 48 de las conclusiones de la Presidencia de este Consejo estipula que:

En el caso de la inversión en sociedades, la contribución de los Fondos se ajustará a los porcentajes máximos de ayuda y a los límites de las combinaciones de ayudas fijados en el ámbito de las ayudas públicas. El Consejo Europeo apoya asimismo los porcentajes inferiores propuestos por la Comisión para las contribuciones de los Fondos a la inversión en infraestructuras generadoras de renta y a la inversión en sociedades.

Este principio se traduce en el Reglamento IFOP(1) (Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca) mediante tipos de participación financiera diferentes, en particular, para los equipamientos de los puertos pesqueros, según vayan acompañados o no de una participación financiera de beneficiarios privados.

El apartado 6 de la sección 2 Niveles de participación financiera del anexo IV de este mismo Reglamento precisa además que la autoridad de gestión (nacional) determinará si las operaciones, en particular de equipamiento de los puertos pesqueros, deben considerarse como acompañadas o no de una participación financiera de beneficiarios privados, concretamente sobre la base de las consideraciones siguientes:

- intereses colectivos frente a intereses individuales,

- beneficiarios colectivos frente a beneficiarios individuales,

- acceso del público a los resultados de la operación frente a propiedad y control privados,

- participación financiera de organismos colectivos e institutos de investigación.

(1) Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (DO L 337 de 30.12.1999).
PREGUNTA ESCRITA E-2728/02

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(30 de septiembre de 2002)

Asunto: Falta de pago de subvenciones a los productores griegos de cultivos biológicos

Los agricultores que producen cultivos biológicos en la provincia de El Pireo, cuyas propuestas están incluidas desde 1999 en el programa pertinente cofinanciado por la UE, no han percibido las ayudas económicas por sus cultivos correspondientes a los años 2000 y 2001. Una cuestión similar se ha planteado, al parecer, en otras provincias griegas.

¿Puede indicar la Comisión cuáles son las razones de la falta de pago de las subvenciones y qué medidas se propone tomar para que los agricultores perciban las ayudas que les corresponden?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(5 de noviembre de 2002)

De acuerdo con los primeros datos de que dispone la Comisión, la falta de pago de las primas agroambientales para cultivos biológicos a determinados beneficiarios de la circunscripción del Pireo, a título de los años 2000 y 2001, en virtud del Reglamento (CEE) no 2078/92,(1) se debe a una intervención de los servicios agrícolas provinciales ante las autoridades nacionales, sustentada en la existencia de una adopción irregular de compromisos agroambientales: en efecto, parece que se hubieran contraído compromisos en medio de la campaña agrícola de 1999 y no al inicio de ésta (lo que habría permitido un control exhaustivo de los compromisos a lo largo de las diferentes etapas de cultivo). En esas condiciones, las ayudas, pagadas entretanto a los beneficiarios a finales de la campaña 1999, deberían haber sido pagadas a finales de la campaña siguiente. De esta forma, los pagos debidos para 2000 ya se realizaron en 1999. La situación creada generó problemas jurídicos y de control. Mientras se mantuvieron estos problemas, se suspendieron los pagos. Según la información facilitada por las autoridades griegas, ya se ha resuelto la situación y las ayudas relativas a 2001 y 2002 podrían pagarse hasta finales de 2002. No obstante, la Comisión solicitará información adicional a las autoridades griegas acerca de las ambigüedades asociadas a la asunción de los compromisos agroambientales en la provincia del Pireo.

Por otra parte, la autoridades nacionales señalan que el problema en cuestión sólo se produjo en esta provincia.

(1) Reglamento (CEE) no 2078/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural, DO L 215 de 30.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-2922/02

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(16 de octubre de 2002)

Asunto: Saint Kitts y Nevis

En relación con Saint Kitts y Nevis, ¿puede la Comisión establecer una relación de proyectos aprobados para ser financiados con cargo al presupuesto de la Unión Europea en el año 2001 y definir cuál es la cuantía total para la inversión de este año?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2909/02, E-2910/02, E-2911/02, E-2912/02,E-2913/02, E-2914/02, E-2915/02, E-2916/02, E-2917/02, E-2918/02,E-2919/02, E-2920/02, E-2921/02 y E-2922/02dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(4 de diciembre de 2002)

La Comisión transmitirá directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento un cuadro con la información solicitada, así como el Informe anual 2001 sobre la política de desarrollo de la CE y la ejecución de la ayuda exterior.
PREGUNTA ESCRITA E-2878/02

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(14 de octubre de 2002)

Asunto: Nuevo trazado de la línea del tranvía de Atenas

Recientemente, el Gobierno griego modificó el trazado de la línea del tranvía debido a los problemas que podrían ocasionar las vibraciones originadas por el paso del tranvía en un monumento histórico, la Puerta de Adriano. Pese a que los arqueólogos habían hecho hincapié en este problema antes de que comenzaran las obras de construcción de la línea del tranvía, el Gobierno procedió a efectuar dichas obras en ese preciso lugar.

1. ¿Estuvo la Comisión de acuerdo con el trazado inicial de la línea de tranvía, habida cuenta de que el proyecto está financiado por el 3er MCA?

2. ¿Contempla cubrir los costes adicionales que originará el nuevo trazado de la línea? ¿A qué importe ascenderán dichos costes?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2878/02 y E-2947/02dada por el Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(11 de noviembre de 2002)

El proyecto principal para la construcción del tranvía de Atenas se incluye entre los previstos en el programa operativo Ferrocarriles, aeropuertos, transporte urbano (2000-2006). Hasta ahora, la Comisión no ha recibido de las autoridades griegas una solicitud específica para la realización de este proyecto.

El procedimiento para la aprobación de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para proyectos importantes exige que las autoridades griegas presenten una solicitud, tal como disponen los artículos 25 y 26 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(1). La solicitud debe tener por objeto el proyecto en su forma definitiva.

Entre los gastos que pueden optar a las ayudas del FEDER sólo pueden incluirse los presentados por el Estado miembro a la Comisión en su solicitud final.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-2384/02

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(2 de agosto de 2002)

Asunto: Condiciones inherentes a la aplicación de la orden de detención europea

De acuerdo con las propuestas de orden de detención europea actualmente en estudio en el Consejo de Ministros, ¿el Estado miembro que solicite la orden quedará obligado a limitar el procesamiento del extraditado a los delitos que se indiquen en la orden? ¿Constituiría una violación de la orden de detención el que el Estado solicitante procesara al extraditado por un delito supuestamente cometido antes de la fecha de petición de la extradición y no especificado en la orden sin que se ofreciese al extraditado en primer lugar la posibilidad de abandonar la jurisdicción del Estado solicitante?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(24 de septiembre de 2002)

La adopción de la Decisión-marco del Consejo sobre el mandamiento de detención europeo y los procedimientos de entrega entre Estados miembros en el último Consejo de Justicia y Asuntos Interiores de 13 de junio de 2002, constituye un avance fundamental para la creación del espacio judicial europeo. Publicada en el Diario Oficial de las Comunidades el 18 de julio de 2002, este instrumento entró en vigor veinte días después de su publicación (artículo 35). Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para adaptarse a sus disposiciones antes del 31 de diciembre de 2003 (artículo 34).

La orden de detención europea debería substituir a los mecanismos de extradición actualmente en vigor entre los Estados miembros. Su ámbito de aplicación cubre todas las situaciones anteriormente cubiertas por el Convenio europeo de extradición de 1957. El principio de doble incriminación queda suprimido para una lista de 32 delitos cuando éstos sean castigados con una pena superior a tres años en el territorio de ejecución. El mecanismo previsto es estrictamente judicial. A nivel práctico, la denegación de extradición de los nacionales no podrá presentarse a la autoridad judicial de un Estado miembro que haya emitido una orden de detención europea.

El artículo 27 de la Decisión-marco permite a un Estado miembro renunciar al principio de especialidad, siempre y cuando al pronunciarse sobre la entrega y de forma específica, la autoridad judicial no disponga otra cosa. Si este no es el caso, el principio de especialidad seguirá aplicándose y será necesario contar con una autorización previa del Estado de ejecución para iniciar diligencias complementarias para hechos que no figuren en la orden de detención europea inicial, salvo si se trata de una de las excepciones enumeradas en el apartado 3 de dicho artículo.
PREGUNTA ESCRITA E-2368/02

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(2 de agosto de 2002)

Asunto: Puesta en común de software de fuente abierta

¿Ha otorgado la Comisión la debida atención al informe publicado por el IDA (Intercambio de Datos entre Administraciones) bajo el título Puesta en común de software de fuente abierta Estudio de viabilidad del IDA sobre intercambio de datos entre administraciones (DG Empresa), en el que se recomienda la creación de un centro de intercambio de software al que las administraciones puedan acudir a donar software? ¿Coincide con la sugerencia formulada en el citado estudio en el sentido de que el software desarrollado por las administraciones públicas y propiedad de las mismas debería publicarse bajo licencia de fuente abierta?

¿Qué postura piensa tomar la Comisión respecto de esta cuestión?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(3 de septiembre de 2002)

El estudio de viabilidad Puesta en común de software de fuente abierta se inició en el marco del programa IDA (Intercambio de Datos entre Administraciones) con el objeto de analizar la manera de mejorar la reutilización de las aplicaciones informáticas desarrolladas por y para las administraciones públicas.

El IDA puso en marcha el mencionado estudio:

- para explorar las posibilidades de generar una mayor rentabilidad en las implementaciones informáticas en el sector público europeo;

- para responder a la sugerencia del plan de acción eEurope 2002 de impulsar la utilización de software de fuente abierta en el sector público;

- y para evaluar la viabilidad de una recomendación resultante del simposio del IDA sobre la utilización de software de fuente abierta en la administración pública (celebrado en Bruselas en febrero de 2001).

Se pidió a la empresa que llevó a cabo el estudio (Unisys) que evaluara los aspectos técnico, organizativo, legal y financiero del intercambio de software, por lo que las recomendaciones resultantes proceden de dicha empresa. A pesar de que la Comisión no se ha pronunciado formalmente sobre las citadas recomendaciones, en la actualidad está examinando varias opciones para la aplicación de medidas prácticas. Cuando éstas se refieran al programa IDA, las propuestas deberán ser aprobadas por los Estados miembros, representados en el Comité para la Telemática en la Administración (CTA).

Las licencias de software y el intercambio de software están interrelacionados, por lo que la sugerencia de que el software propiedad de las administraciones públicas se publique bajo licencia de fuente abierta que propone el estudio deberá contemplarse en este contexto. Para que el intercambio de software entre las administraciones sea posible, deberá permitirse el acceso al código fuente (a efectos de modificaciones) y no podrán imponerse restricciones a la distribución del software. Las licencias de software de fuente abierta cumplen ambas condiciones.
PREGUNTA ESCRITA P-2719/02

de Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE) a la Comisión

(20 de septiembre de 2002)

Asunto: Retraso en la creación del observatorio comunitario Leader+

De conformidad con los apartado 23 y 40 (sección III) de la comunicación de la Comisión de 14 de abril de 2000 por la que se fijan orientaciones sobre la iniciativa comunitaria de desarrollo rural (Leader+)(1), la Comisión debe crear un observatorio comunitario. En la mayoría de los Estados miembros ya se han preparado los proyectos Leader+.

Tras 9 meses de vencerse el plazo de presentación de candidaturas para el observatorio comunitario Leader+ y, por lo tanto, dos años y medio después de iniciarse el programa, ¿por qué motivos aún no existe una decisión oficial y, por lo tanto, tampoco se ha procedido a la constitución de redes a nivel comunitario?

¿Podría la Comisión informar sobre la fase en que se encuentra el proceso y sobre los resultados de las medidas aplicadas hasta ahora en el marco del mismo?

¿Qué tiene intención de hacer la Comisión con el fin de lograr cuanto antes la constitución del observatorio comunitario Leader+?

(1) DO C 139 de 18.5.2000, p. 5.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(23 de octubre de 2002)

El 3 de noviembre de 2001(1), la Comisión publicó un anuncio de licitación (2001/S 226-155371) como continuidad a su comunicación de 14 de abril de 2000, destinada a los Estados miembros, en la que anunciaba que un observatorio de los territorios rurales, dirigido por la Comisión, garantizará la integración en una red de alcance comunitario y se ocupará, además, de su funcionamiento. El citado anuncio divide el contrato en cuatro lotes e indica el presupuesto máximo para cada uno de ellos.

La Comisión ha recibido ofertas de cuatro licitadores, algunas de las cuales se refieren a varios lotes.

El Comité de evaluación constituido para el estudio de las ofertas ha aplicado, sucesivamente, los criterios de exclusión, de selección y de adjudicación. Concluidos estos trabajos, la Comisión considera que, contrariamente a lo esperado, la convocatoria de licitación en procedimiento abierto no ha atraído un número suficiente de ofertas que permita adjudicar el contrato en condiciones que respeten plenamente el principio de una sana gestión financiera, por lo que ha decidido no adjudicar ningún contrato con respecto a los citados cuatro lotes. No obstante, la Comisión, vista la necesidad de disponer de un observatorio europeo de los territorios rurales durante el período de vigencia de Leader+, examina actualmente otras vías alternativas para su creación.

(1) DO S 226 de 23.11.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-2283/02

de Bernd Lange (PSE) a la Comisión

(24 de julio de 2002)

Asunto: Tráfico de pasajeros en la frontera de Gibraltar

He recibido una nota formulada por un ciudadano que durante sus vacaciones disfrutó de la libre circulación de personas en la Unión Europea y que, no obstante, encontró dificultades en la frontera con Gibraltar.

Allí, los tiempos de espera son comparables a los de antes de la introducción de la libre circulación y es, en particular, la parte española la que dificulta los controles y formalidades aduaneras.

¿Qué medidas ha adoptado o tiene intención de adoptar la Comisión para suprimir también en la frontera hispano-británica de Gibraltar estos obstáculos a la libre circulación de personas?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(12 de agosto de 2002)

El cruce fronterizo entre Gibraltar y España no es una frontera interna con ausencia de controles sino una frontera exterior a Schengen; así pues están permitidos los controles de las personas. Además, puesto que Gibraltar está excluido del territorio aduanero comunitario común en virtud del artículo 29 del Acta de Adhesión del Reino Unido, también son precisos controles de las mercancías transportadas por viajeros procedentes de Gibraltar.

Después de recibir numerosas denuncia la Comisión envió, el 30 de octubre de 2000, una carta de requerimiento al Gobierno español llamando su atención sobre los controles, que podrían ser desproporcionados y, por consiguiente, incompatibles con el Derecho comunitario.

En su respuesta del 20 de diciembre de 2000 el Gobierno español declara que los controles son necesarios y proporcionados. Según las autoridades españolas sólo se requiere que las personas muestren su pasaporte o documento de identidad y cruzan prácticamente sin necesidad de parar. El control de mercancías transportadas por los viajeros se lleva a cabo mediante controles aleatorios de una de cada diez personas o vehículos y el control no demora más de un minuto. Por término medio, 8 vehículos y 20 peatones cruzarían la frontera por minuto en cada sentido. Sin embargo, el Gobierno español acepta que, lamentablemente, en algunas horas del día se forman colas de vehículos.

Después de examinar cuidadosamente la respuesta del Gobierno español y sobre la base de información suministrada por viajeros y más datos que la Comisión ha podido recopilar, se concluye que no se está produciendo ninguna infracción del Derecho comunitario.

El 19 de marzo de 2002 la Comisión anunció su intención de cerrar su investigación relativa a las restricciones fronterizas españolas con respecto a Gibraltar al no haber encontrando ninguna prueba en el sentido de que los controles llevados a cabo por las autoridades españolas sobre viajeros y mercancías sean desproporcionados y por lo tanto incompatibles con el Derecho comunitario.

El 21 de marzo de 2002 las autoridades españolas abrieron un segundo carril para vehículos, lo que debe haber aliviado la situación sobre el terreno. Desde entonces la Comisión no ha recibido ninguna otra denuncia.
PREGUNTA ESCRITA E-2016/02

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(9 de julio de 2002)

Asunto: Determinación de la sede para las agencias europeas

Desde hace tiempo, se discute respecto de la determinación de la sede de algunas agencias europeas, como por ejemplo, la agencia alimentaria y la agencia de navegación por satélite.

En particular, el debate se ha centrado en la oportunidad de descentralizar dichas sedes o de concentrarlas en Bruselas.

1. ¿Puede la Comisión hacer saber si existe una lista completa de las agencias o de las estructuras similares para las cuales hay que determinar una sede en los próximos meses o años;

2. si existe un calendario preciso de los trabajos para las decisiones relativas a estas ubicaciones;

3. si existen documentos al respecto?

Respuesta del Presidente Prodi en nombre de la Comisión

(27 de septiembre de 2002)

Los Tratados no especifican los criterios para decidir el emplazamiento de la sede de un organismo ni los procedimientos al efecto. El Artículo 289 del Tratado CE estipula simplemente que la sede de las instituciones será determinada de común acuerdo entre los Gobiernos de los Estados miembros.

En el pasado se siguieron distintos métodos para determinar la sede de los organismos que existen actualmente. Sobre todo el artículo 289 del Tratado CE se aplicó por analogía y los representantes de los gobiernos adoptaron en consecuencia una decisión por acuerdo común. Más raramente la sede de algunos organismos ha sido decidida por el Consejo, en los reglamentos mediante los que se crearon.

La Comisión no ha establecido ninguna lista o calendario para fijar la sede de los organismos o estructuras similares. En el Consejo Europeo de Laeken (14-15 de diciembre de 2001), los Estados miembros discutieron el asunto de las sedes de varios organismos futuros sobre la base de una lista preparada por la Presidencia del Consejo, pero no llegaron a un acuerdo.

No existe un calendario exacto para esta clase de decisiones. En principio, cuando un organismo es creado por un acto legislativo, debe tomarse una decisión sobre su sede, por lo menos provisionalmente, para que puede funcionar.

La Comisión no tiene conocimiento de ningún documento específico sobre este asunto.
PREGUNTA ESCRITA E-3489/02

de Charles Tannock (PPE-DE)y Theresa Villiers (PPE-DE) a la Comisión

(9 de diciembre de 2002)

Asunto: Los intentos de la Comisión por flexibilizar el mercado laboral y la Directiva sobre los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal

¿Tendrá la Directiva sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos, a juicio de la Comisión, efectos positivos o adversos para la flexibilización laboral en la Unión Europea? ¿Cree la Comisión más concretamente que esta Directiva disminuirá o aumentará el margen de flexibilidad ofrecido a los empleados y, en particular, para las mujeres que deseen trabajar y dependan para ello de mecanismos flexibles de empleo que les permitan conciliar la actividad laboral con otras obligaciones?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(19 de diciembre de 2002)

Muchos estudios revelan aspectos preocupantes relativos a las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. La cesión de trabajadores parece estar asociada a condiciones de trabajo especialmente precarias.

En la Directiva propuesta se establece un marco general para las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal en toda Europa. Su objetivo principal es mejorar la seguridad de este colectivo de trabajadores, ofreciendo al mismo tiempo una mayor flexibilidad a las empresas. La Directiva mejorará la seguridad de estos trabajadores y garantizará que no sufran ninguna desventaja. La formulación de un marco general para las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos deberá incrementar el atractivo del sector y el número de trabajadores que eligen este tipo de trabajo especialmente por la flexibilidad que supone. Al mismo tiempo, las empresas usuarias tendrán más posibilidades de elección y podrán ver mejor atendidas sus necesidades de flexibilidad. La Directiva establece, pues, el marco para la ulterior expansión del sector, y contribuirá a la plena realización de su potencial de empleo y a la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo.