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PREGUNTA ESCRITA E-2865/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(14 de septiembre de 2000)

Asunto: Distribución de los Fondos estructurales en el marco del PDR presentado por el Estado español para el período 2000-2006

Un medio de comunicación gallego ha informado de que la Comisión Europea ha instado a las autoridades españolas a reformar el PDR con objeto de evitar una excesiva dispersión de las prioridades y los recursos en las inversiones previstas. ¿Puede indicar la Comisión si esta decisión está de alguna manera relacionada con una distribución inadecuada de los Fondos estructurales destinados a los territorios del Objetivo no 1 que, con frecuencia, se han venido utilizando en el Estado español en desacuerdo con las normas y objetivos de los Reglamentos de la UE?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(6 de noviembre de 2000)

Los importes asignados a las regiones españolas que pueden optar a las ayudas del objetivo 1 de los Fondos Estructurales para el período 2000-2006, tanto desde el punto de vista territorial como sectorial, se han aprobado en estrecha concertación entre el Estado miembro y la Comisión, según lo previsto en el artículo 8 del Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(1).

El 26 de julio de 2000, la Comisión anuncio su acuerdo de principio sobre el marco comunitario de apoyo (MCA) para esas regiones. Este proyecto fue examinado por los diferentes comités previstos en el citado Reglamento y ha sido definitivamente aprobado por la Comisión el 18 de octubre de 2000, finalizadas dichas consultas.

De las diez prioridades presentadas en el plan de desarrollo regional, el MCA incluye nueve. Dos prioridades contempladas en el plan (turismo y patrimonio cultural, equipamientos colectivos y bienestar social)se han fundido y se ha añadido una nueva prioridad (asistencia técnica). Dentro de cada prioridad, el proyecto de MCA aporta precisiones para aclarar la naturaleza de las intervenciones que van a ser cofinanciadas.

Este procedimiento de cooperación es común a todos los Estados miembros que se benefician de ayuda estructural comunitaria.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-2935/00

de Brian Simpson (PSE) a la Comisión

(19 de septiembre de 2000)

Asunto: Chipre

¿Podría indicar la Comisión qué medidas se han tomado con respecto a Turquía con el fin de convencer a ese país de que levante el embargo contra los buques mercantes que han visitado Chipre? ¿No considera la Comisión que dichas medidas son ilegales, que infringen todas las reglamentaciones de la Unión Europea así como que no benefician en absoluto las aspiraciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(30 de octubre de 2000)

Las restricciones aún aplicadas por Turquía a los buques que realizan actividades comerciales con Chipre y a los que enarbolan pabellón de Chipre siguen constituyendo un motivo de preocupación para la Comisión.

Esta cuestión se ha planteado en diversas ocasiones a las autoridades turcas, recientemente en la reunión del subcomité no 6 de transportes, medio ambiente y energía, incluyendo las redes transeuropeas, integrado por representantes de la Comunidad y de Turquía, que se celebró el 30 de junio de 2000 en Bruselas. La Comisión dejó muy claro a Turquía que espera que estas restricciones se supriman cuanto antes en el proceso de preadhesión.

La Comisión seguirá de cerca este asunto y abordará el problema en el informe periódico de 2000 que la Comisión deberá adoptar el 8 de noviembre de 2000.
PREGUNTA ESCRITA E-2904/00

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(14 de septiembre de 2000)

Asunto: Empleos en el Reino Unido en el sector del tabaco

¿Cuántos empleos calcula la Comisión que se perderán o se crearán (en su caso) en el sector de la manufactura del tabaco del Reino Unido, como consecuencia de las disposiciones de la propuesta de directiva sobre la fabricación, presentación y venta de productos del tabaco relacionadas con:

1. los nuevos límites relativos contenido de alquitrán por cigarrillo;

2. las restricciones a la exportación de productos del tabaco que no se ajusten a las normas de la UE?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(31 de octubre de 2000)

La reducción propuesta de 12 mg a 10 mg del contenido de alquitrán en los cigarrillos(1) es la continuación de un proceso iniciado con la Directiva 90/239/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1990, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros respecto al contenido máximo de alquitrán de los cigarrillos(2). Con motivo de las reducciones sustanciales introducidas en la Directiva de 1990, la Comisión no recibió ninguna información sobre consecuencias negativas de índole económica o laboral, por lo que no tiene conocimiento de ninguna prueba sobre el efecto que la reducción mucho menor del contenido de alquitrán que se propone actualmente pueda tener en cuanto a consecuencias económicas o sobre el empleo.

Por lo que se refiere a la propuesta de aplicar los topes de alquitrán, nicotina y monóxido de carbón a todos los productos, ya sean importados o fabricados en la Comunidad, se considera que esta disposición es fundamental para garantizar que no se produzca ninguna desviación, que la aplicación de las normas sobre el producto estén abiertas al control y que se asegure un alto nivel de protección de la salud pública. La Comisión no ha recibido ninguna prueba de graves repercusiones negativas de tipo económico o laboral.

No obstante, la Comisión ha propuesto un amplio período de transición, con objeto de que los fabricantes dispongan del tiempo suficiente para adaptarse a estas normas comunitarias, buscar nuevos mercados o modificar los procesos de comercialización y fabricación.

(1) COM(2000) 428 final.

(2) DO L 137 de 30.5.1990.
PREGUNTA ESCRITA E-2594/00

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(1 de agosto de 2000)

Asunto: Programa MEDA

En el curso de su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo y Cooperación, reunida en Estrasburgo el pasado junio de 2000, el Comisario Patten, responsable de Asuntos Exteriores, informó ampliamente y de forma brillante sobre sus proyectos para la reforma de los servicios exteriores y de la gestión de la ayuda externa de la Comisión.

Sin embargo, alguna de las cuestiones que le planteé en el curso del debate no fueron respondidas, seguramente por la lógica premura del tiempo. Por ello, para que pueda hacerlo de manera sosegada y por escrito, pregunto de nuevo:

En relación con la aplicación del programa MEDA de la Unión Europea en el Reino de Marruecos, cuya ejecución sólo alcanza hasta el momento el 25 % aproximadamente del total de los recursos disponibles, ¿qué medidas cree que pueden adoptarse en un futuro, a corto y medio plazo, para desbloquear tan indeseable situación, que impide el cumplimiento de un objetivo estratégico de la Unión en materia de cooperación para el desarrollo y, lo que es más grave, impide al Reino de Marruecos y a sus ciudadanos recoger el fruto y los beneficios de esa cooperación?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(11 de octubre de 2000)

Entre 1996 y 1999, los compromisos del programa MEDA en Marruecos alcanzaron la cifra de 630,29 M, lo que corresponde exactamente al objetivo fijado.

En cambio, en lo que respecta a los pagos, el programa de ajuste estructural (120 M) fue el único totalmente desembolsado, habiéndose efectuado el pago del tercer y último tramo en diciembre de 1999.

El escaso porcentaje de pagos correspondientes a los demás proyectos de cooperación con Marruecos es parcialmente atribuible a la larga duración (de cinco a diez años) de los proyectos clásicos de cooperación. Ahora bien, además es el resultado del lento comienzo de los proyectos MEDA, problema que comparten todos los terceros países mediterráneos, en parte por la larga negociación del convenio marco. En 1999, la situación mejoró, por lo que cabe esperar a partir de este año un aumento de los pagos. Obviamente, la pesadez de los procedimientos de decisión y gestión comunitarios también tienen que ver con los retrasos en la ejecución y el pago de los proyectos MEDA.

En el caso concreto de Marruecos, las estadísticas demuestran que, hasta el momento, la lentitud administrativa es un problema que comparten por igual la administración marroquí y la Comisión.

La reciente decisión de la Comisión de llevar a cabo la reforma de la gestión de la ayuda externa trata de responder a la preocupación manifestada por Su Señoría. Esta reforma dará prioridad a la calidad de la preparación de las intervenciones financiadas con cargo al presupuesto de la Comunidad, garantizando al mismo tiempo la rápida ejecución de una acción una vez decidida su financiación. Esto debería permitir acelerar el ritmo real de absorción.
PREGUNTA ESCRITA P-3392/00

de Helena Torres Marques (PSE) a la Comisión

(25 de octubre de 2000)

Asunto: Gravamen de las ayudas comunitarias a los agricultores

¿Pueden las ayudas a la renta que se conceden a los agricultores con cargo a los Fondos comunitarios estar sujetas a gravamen en los países de residencia y, en consecuencia, revertir parcialmente en los activos del Estado miembro de que se trate?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(21 de noviembre de 2000)

La Comisión opina que las ayudas a la renta concedidas a los agricultores con cargo a los fondos comunitarios pueden estar sujetas a derechos, impuestos y gravámenes nacionales, aunque no a impuestos dirigidos específicamente a este tipo de ayudas. La tributación en el Estado miembro de residencia y, por lo tanto, la posibilidad de que las ayudas reviertan en los activos de dicho Estado miembro, viene determinada por la legislación fiscal nacional y, en las situaciones transfronterizas, por los acuerdos fiscales bilaterales entre Estados miembros. Los sistemas fiscales de los Estados miembros varían considerablemente tanto en lo que se refiere al ámbito de aplicación como a los niveles de tributación. En las situaciones transfronterizas, los acuerdos fiscales bilaterales contienen una serie de reglas para evitar que una persona residente en uno de los dos Estados miembros deba pagar impuestos por partida doble por los ingresos generados en el otro.
PREGUNTA ESCRITA E-3734/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(30 de noviembre de 2000)

Asunto: Costes de conversión al euro

¿Puede la Comisión indicar qué costes de conversión al euro (para máquinas expendedoras, modificación de programas informáticos, fabricación de billetes y monedas, etc.) tendrá probablemente que asumir cada Estado miembro que participe en la zona del euro?

¿Puede también indicar otros cálculos de bancos centrales nacionales, organismos públicos y grupos de investigación privados, inclusive organizaciones empresariales?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(18 de enero de 2001)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-2741/00 de la Sra. Villiers(1).

(1) DO C 89 E de 20.3.2001, p. 219.
PREGUNTA ESCRITA E-2022/00

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(21 de junio de 2000)

Asunto: Traslado de un ciudadano griego de la red penitenciaria egipcia a la griega

El ciudadano griego Georgios Lembidakis cumple cadena perpetua con trabajos forzados desde el año 1984 en Egipto por violación de la ley sobre estupefacientes. Él desearía su traslado a una prisión griega para poder cumplir allí el resto de la pena. Desde 1988, trata de regresar a Grecia con la ayuda de los Ministerios griegos de Asuntos exteriores, Interior y Justicia, siempre de conformidad con el acuerdo discrecional sobre traslado de condenados de 22 de diciembre de 1986 entre Grecia y la República Árabe de Egipto.

En el pasado, otras personas condenadas por el mismo delito que el recluso griego en cuestión que eran nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea (los alemanes Otto Kraling y Günter Leonhardt, el francés Roland Devaux, los británicos Paul Collet y Maureen Plesehet) han regresado de Egipto a sus países respectivos para cumplir allí el resto de sus penas.

¿Puede indicar la Comisión si cree que, sobre la base de la legislación comunitaria general y de la Asociación Euromediterránea con Egipto, puede contribuir a lograr el traslado de Georgios Lembidakis de la red penitenciaria egipcia a la griega?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(25 de julio de 2000)

La Comisión toma nota de los esfuerzos que se están llevando a cabo para tratar de conseguir que el Sr. Lempidakis sea transferido de Egipto a una prisión griega. Tales arreglos están cubiertos normalmente por acuerdos bilaterales como el celebrado entre Grecia y Egipto en 1986. Desafortunadamente, los acuerdos existentes entre Egipto y la Unión, ya sean bilaterales o en el contexto del proceso de Barcelona, no prevén disposiciones pertinentes a este caso.
PREGUNTA ESCRITA E-2646/00

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(1 de agosto de 2000)

Asunto: Riesgos para la salud en las transitional fibres contenidas en tizas de uso infantil

Según el New York Times del 14 de junio de 2000, la Consumer Product Safety Commission estadounidense sometió a prueba recientemente 25 barras de tiza enceradas. Las pruebas revelaron que 21 de ellas contenían una sustancia similar al amianto conocida como transitional fibre.

Si bien, en opinión de la citada comisión, el riesgo de una exposición dañina al amianto o a sustancias similares es escaso por estar las tizas recubiertas de cera, se considera necesario tomar medidas conforme al principio de cautela, a fin de proteger la salud infantil.

Anteriores estudios ya habían revelado la presencia de amianto o de transitional fibres en las tizas de uso infantil. Los principales fabricantes de los Estados Unidos han accedido voluntariamente a sustituir estas fibras por otras sustancias en el plazo de un año.

¿Es consciente la Comisión del problema de las tizas fabricadas en la Unión Europea o importadas desde terceros países? En caso afirmativo, ¿qué medidas prevé adoptar para evitar los posibles riesgos para la salud infantil?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(12 de octubre de 2000)

A principios del presente año la Comisión tuvo conocimiento de la existencia de reportajes en la prensa de los EE.UU. relativos a la posible presencia de amianto y de las denominadas fibras de transición en el polvo de talco utilizado para la fabricación de tizas para niños.

Desde entonces, la Comisión se ha puesto en contacto con la Consumer Product Safety Commission (CPSC) de los EE.UU. a fin de obtener información más concreta sobre estos reportajes y, en particular, a fin de conocer los niveles y tipos de fibras descubiertos y los tipos y marcas de los productos. La CPSC ha transmitido sus resultados preliminares tal como se presentaban en el comunicado de prensa citado por el New York Times de 14 de junio de 2000, mencionado por Su Señoría. En la actualidad, la CPSC está completando los resultados del estudio y se ha comprometido a entregar una copia del informe a la Comisión.

Paralelamente, la Comisión ha informado sobre este posible problema a los miembros del comité de urgencia previsto en la Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1992, relativa a la seguridad general de los productos(1), y les ha pedido que transmitan toda información pertinente que los Estados miembros pudieran conocer.

Si se confirmara la información contenida en estos reportajes, la Comisión informará a los Estados miembros a fin de que se examine si es pertinente aplicar a los productos que contienen las fibras de amianto medidas de restricción de la comercialización de conformidad con las disposiciones de la Directiva 76/769/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos(2).

(1) DO L 228 de 11.8.1992.

(2) DO L 262 de 27.9.1976.
PREGUNTA ESCRITA E-2232/00

de Elisa Damião (PSE) al Consejo

(11 de julio de 2000)

Asunto: Acuerdo entre Sudáfrica y la Unión Europea

A pesar del Acuerdo entre Sudáfrica y la Unión Europea, siguen produciéndose, según algunos exportadores portugueses, situaciones de dumping que suponen un incumplimiento del artículo 2 de dicho Acuerdo y que perjudican a la industria portuguesa.

¿Qué medidas ha tomado el Consejo para evitar estas situaciones de competencia desleal? ¿Qué esfuerzos ha llevado a cabo el Consejo para que no se vea perjudicada la industria portuguesa?

Respuesta

(7 de noviembre de 2000)

El Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación firmado el 11 de octubre de 1999 entre la Comunidad Europea y Sudáfrica corrobora el compromiso de ambas Partes de impulsar el proceso de reestructuración económica actualmente en curso en Sudáfrica e impulsar la expansión y liberalización recíproca del comercio de bienes, servicios y capitales. No obstante, al fomentar dichos flujos comerciales, ambas Partes han subrayado su compromiso con los principios y normas que regulan el comercio internacional, incluida la aplicación de medidas antidumping y compensatorias. El artículo 23 del Acuerdo confirma que nada de lo dispuesto en el mismo será obstáculo para que se adopten las medidas cuya aplicación contempla el GATT en caso de dumping y el artículo 24 señala en qué circunstancias la Unión Europea o Sudáfrica pueden adoptar medidas de salvaguardia compatibles con la OMC cuando un producto esté siendo importado en cantidades cada vez mayores y en tales condiciones que provoque o amenace con provocar un perjuicio grave a los fabricantes nacionales. El artículo 26 establece que, antes de adoptar dichas medidas de salvaguardia, se entregará al Consejo de Cooperación creado en virtud del Acuerdo toda la información pertinente para encontrar una solución aceptable para ambas partes, aunque en circunstancias excepcionales que exijan una actuación inmediata podrán aplicarse medidas preventivas sin consulta previa. Cabe destacar que el Acuerdo no contempla las prácticas comerciales de los fabricantes o exportadores de la Comunidad Europea o sudafricanos en terceros países.

El Acuerdo contempla, sin embargo, procedimientos específicos en caso de que las industrias de un Estado miembro resulten perjudicadas por causa de la competencia desleal de los productores sudafricanos en el mercado comunitario. Las compañías interesadas deberán solicitar a sus respectivos Ministerios de Comercio que se dirijan directamente a la Comisión o que sometan el asunto al correspondiente comité del Consejo. En el último Consejo de Cooperación entre la Comunidad y Sudáfrica, celebrado el 31 de marzo de 2000, ningún Estado miembro planteó casos de dumping.
PREGUNTA ESCRITA E-2693/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Ayudas a la agricultura y adhesión de Lituania

1. ¿En cuánto calcula la Comisión los costes adicionales anuales que se derivarían de extender a Lituania las actuales ayudas agrícolas cuando este país ingrese en la UE,

a) suponiendo que su actual producción agrícola siguiera como ahora, y

b) realizando una proyección en función de los cambios en los incentivos a los precios a medida que las políticas estructurales y de ayudas se vayan adaptando a las actuales políticas comunitarias?

2. ¿En cuánto se calcula el coste anual, en cada caso, para el Fondo de Garantía y para los Fondos Estructurales?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2692/00, E-2693/00, E-2694/00, E-2696/00, E-2697/00 y E-2698/00 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(13 de octubre de 2000)

Para realizar una estimación del coste adicional anual de las ayudas agrícolas resultantes de la adhesión a la Comunidad de Letonia, Lituania, Malta, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía sería necesario conocer, con un grado razonable de certeza, la fecha y las condiciones de la adhesión. Estos aspectos tendrán que definirse en las negociaciones con estos países y la correspondiente al capítulo agrario todavía no se ha abierto. En consecuencia, cualquier estimación de costes efectuada a partir de los supuestos citados por Su Señoría ha de ser necesariamente de carácter hipotético, especulativo e incierto. Por esta razón, en la fase actual del proceso de negociación la Comisión no puede contestar a las preguntas formuladas por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-2735/00

de Ioannis Souladakis (PSE) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Inicio de las negociaciones entre la UE y Bulgaria

De acuerdo con el programa anunciado por la Presidencia francesa en cuanto al inicio de las negociaciones con los países candidatos a la adhesión, las conversaciones entre la Unión Europea y Bulgaria deberían abordar en primer lugar tan sólo cinco ámbitos de la legislación comunitaria, lo cual retrasará sin duda el proceso de adhesión de dicho país.

¿Considera la Comisión que el número de ámbitos examinados en el marco de las negociaciones es suficiente o, por el contrario, debería ser mayor e incluir otros sectores, con objeto de acelerar el proceso de adhesión de Bulgaria a la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(26 de septiembre de 2000)

Los Estados miembros han decidido entablar negociaciones de adhesión con Bulgaria en cinco ámbitos adicionales bajo la Presidencia francesa, además de los seis acordados bajo la Presidencia portuguesa. Esto coincidía con lo sugerido por la Comisión y elevaba el número total de ámbitos que se están negociando a once (libre circulación de capitales, derecho de sociedades, estadísticas, pequeñas y medianas empresas, ciencia e investigación, educación y formación, telecomunicaciones, cultura y política audiovisual, consumidores y protección sanitaria, relaciones exteriores y Política Exterior y de Seguridad Común). De éstos últimos, ya se han cerrado provisionalmente cuatro durante la Presidencia portuguesa (pequeñas y medianas empresas, ciencia e investigación, educación y formación y Política Exterior y de Seguridad Común).

Dado que las negociaciones con Bulgaria no se iniciaron hasta marzo de 2000, la Comisión considera que los avances realizados hasta ahora constituyen rápidos progresos.