PREGUNTA ESCRITA E-2699/96 de Karin Riis-Jørgensen (ELDR) a la Comisión (15 de octubre de 1996)

Asunto: Interpretación nacional de las normas de la UE en materia de licitaciones

La circular del Ministerio de Hacienda danés sobre las ofertas públicas y las licitaciones (no 42 de 1 de marzo de 1994) abre la posibilidad de que en una licitación a escala de la UE, el licitador público participe en la operación de licitación elaborando «una oferta de control»; es decir, una oferta de la propia autoridad pública. Además, de conformidad con una norma de cálculo en la circular mencionada, la institución licitadora pública puede incrementar el importe de las ofertas privadas. Mediante la aplicación de un incremento de oficio correspondiente a los costes que ha de afrontar el Estado en caso de no adjudicársele el trabajo objeto de la licitación, que él ejecutaba anteriormente, es decir, los costes que se derivan en concreto de la reconversión profesional de sus trabajadores y las retribuciones de los funcionarios públicos que se han quedado sin tarea.

¿No considera la Comisión que esta práctica constituye una discriminación en beneficio del sector público, toda vez que se incrementa automáticamente el precio ofrecido por el ofertante privado?

¿Piensa la Comisión tomar medidas contra esta práctica en Dinamarca?

Respuesta complementaria del Sr. Monti en nombre de la Comisión (1 de julio de 1997)

Como anunció en su respuesta de 29 de noviembre de 1996 ((DO C 60 de 26.2.1997. )), la Comisión procede a informarle del resultado de su investigación.

La Comisión ha acabado de examinar la compatibilidad con la normativa comunitaria sobre contratación pública de las disposiciones de la circular del Ministerio de Hacienda no 42, de 1 de marzo de 1994, sobre la adjudicación mediante subasta de funciones y trabajos reservados al Estado.

La Comisión ha constatado que la circular no contiene un conjunto de disposiciones aplicables a la comparación de las ofertas, sino que solamente ofrece un método que permite a los poderes adjudicadores decidir de manera objetiva cuándo deben anular un procedimiento de adjudicación. Desde esta perspectiva, hay que considerar que la circular se ocupa de una cuestión que no viene regulada por las directivas comunitarias y, por tanto, es legítima en la medida en que no sea contraria a las disposiciones y principios generales del Tratado.

La circular no es contraria a ninguna disposición general del Tratado (en particular, los artículos 30, 52 y 59 y sigs.). Por otro lado, en lo que atañe al principio de igualdad de trato, es de señalar que el sistema introducido por la circular no parece discriminar a ninguno de los licitadores (externos) y, por consiguiente, no va en contra de dicho principio.

Con todo, conviene subrayar que, a juicio de la Comisión, el procedimiento de adjudicación está sujeto a las disposiciones de las directivas comunitarias desde el principio hasta el final, incluso si a la postre no se adjudica un contrato a un licitador externo. Esto significa que, siempre que se cumplan las condiciones normales (valor superior al umbral correspondiente, directivas aplicables en atención al objeto y sujeto de la licitación), es obligatorio publicar un anuncio de licitación y son aplicables las disposiciones de la normativa comunitaria.

Como la circular es conforme al derecho comunitario, huelga tomar medida alguna.