PREGUNTA ESCRITA E-0945/96 de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión (26 de abril de 1996)

Asunto: Armonización fiscal

Por las indicaciones que figuran de los cuadros elaborados por la Comisión con ocasión de la presentación de la Comunicación sobre fiscalidad se deduce claramente que entre 1980 y 1993 aumentó la presión fiscal para todos los italianos, tanto los trabajadores asalariados como los autónomos. También se deduce la disparidad de la carga fiscal existente entre países, las diferencias en las bases imponibles y en la presión fiscal entre trabajadores asalariados y trabajadores autónomos.

1. ¿No considera la Comisión que una fiscalidad demasiado desigual supone un obstáculo para el funcionamiento del mercado interior y una distorsión indirecta de la competencia?

2. ¿No cree que se debería considerar la posibilidad de establecer límites máximos, como se hizo con los mínimos fijados en el sector del IVA, para la imposición fiscal sobre la pequeña empresa y la artesanía?

3. ¿No estima que la poderosa, hiperburocrática y diversificada carga fiscal que se aplica a las PYME y a la artesanía en Italia supone un gran obstáculo para la contratación de personal y la creación de nuevos puestos de trabajo?

4. En caso afirmativo ¿qué iniciativas piensa tomar para crear las condiciones que permitan proceder con más rapidez hacia la armonización y realización del mercado interior?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (4 de junio de 1996)

Los cuadros sobre la estructura fiscal y de gastos sociales de la Comunidad elaborados por la Comisión muestran que entre 1980 y 1993 aumentó la presión fiscal soportada por los trabajadores. Sin embargo, los datos disponibles no permiten extraer la misma conclusión sobre la fiscalidad de los trabajadores autónomos, al menos en la fase actual de análisis.

Precisamente si las diferencias en los sistemas fiscales y de seguridad social nacionales de los Estados miembros suponen obstáculos para el correcto funcionamiento del mercado único o una distorsión de la competencia, la Comisión tendrá mayores razones para proponer una reducción de esas diferencias. Sin embargo, estos efectos no necesariamente provienen de las diferencias de normas fiscales, sobre todo si se tienen en cuenta no sólo todos los impuestos y gastos sociales sino también sus contrapartidas, como la calidad de la infraestructuras o de la educación.

Las barreras fiscales o de seguridad social en el mercado único existen en ámbitos específicos, como por ejemplo el trato de los trabajadores transfronterizos y en los flujos de renta transfronterizos de las empresas. El documento sobre fiscalidad comunitaria presentado por la Comisión en la reunión informal de ministros de economía y de hacienda celebrado en Verona el 12 y 13 de abril señaló la importancia de estas barreras y la necesidad de eliminarlas.

En su comunicación de 25 de mayo de 1994 sobre la mejora de la situación fiscal de las pequeñas y medianas empresas (PYME) ((COM(94)206. )), la Comisión declaró que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, no tenía ninguna intención de armonizar los regímenes fiscales de las PYME. Por lo tanto, no sería adecuado que la Comisión propusiera un tipo máximo para la imposición fiscal sobre las PYME o las empresas del sector de la artesanía. El nivel de fiscalidad de tales empresas es un asunto exclusivo de los Estados miembros. Sin embargo, la Comisión ha hecho recomendaciones a los Estados miembros para que fomenten mejoras concretas en la situación fiscal de las PYME ((DO L 177 de 9.7.1994. )).

Desde el punto de vista de la creación de trabajo, parece ser más perjudicial la fiscalidad cada vez mayor del trabajo que la de las empresas. Sin embargo, en cualquier Estado miembro, un régimen fiscal burocrático y complejo resulta especialmente perjudicial para las PYME. Por ello, en su informe al Consejo Europeo de Madrid sobre las PYME ((CSE(95)2087. )), la Comisión recomendó que los Estados miembros desarrollaran una estrategia decidida de simplificación administrativa y normativa, incluido un sistema simplificado del IVA. Además, teniendo en cuenta que las PYME se ven más afectadas por los impuestos y contribuciones de seguridad social relativamente elevados, la Comisión considera que los Estados miembros han de empeñarse en llevar a cabo la reducción de los costes laborales no salariales para fomentar el empleo en las PYME.

Por último, la Comisión subraya la importancia de continuar los trabajos iniciados en el documento sobre fiscalidad en la Comunidad que debatieron los ministros de economía y de hacienda en Verona. El documento propone un nuevo planteamiento global sobre cuestiones fiscales y de seguridad social que tienen en cuenta los objetivos del mercado único, la unión económica y monetaria y la lucha contra el desempleo. Un grupo de alto nivel formado por representantes de los ministros de economía y de hacienda y presidido por la Comisión seguirá analizando la fiscalidad siguiendo las líneas generales de ese documento.

La Comisión ha anunciado recientemente, en una comparecencia de uno de sus miembros en el Comité para asuntos económicos y monetarios y política industrial, el deseo de efectuar con carácter regular un intercambio de puntos de vista sobre este tema con el Parlamento.