PREGUNTA ESCRITA P-0988/00

de Neil MacCormick (Verts/ALE) a la Comisión

(22 de marzo de 2000)

Asunto: Aguas residuales y pequeñas lecherías

Las pequeñas lecherías de regiones periféricas de la Unión van a tener dificultades a corto plazo para adaptar sus métodos de producción de modo que satisfagan los requisitos impuestos por los reglamentos y directivas comunitarios referentes a las aguas residuales. El problema de convertir el excedente de lactosuero en proteínas reutilizables tiene solución desde el punto de vista técnico, pero se tardará aún en lograr un procedimiento comercialmente rentable y utilizable por los pequeños productores. Se ocasionarán perjuicios de alcance bastante generalizado a PYME y explotaciones agrícolas con la consiguiente disminución de oportunidades de empleo en las regiones periféricas si éstas se ven obligadas a cerrar, lo que ocurrirá con toda probabilidad si han de cumplir las nuevas normas de inmediato.

¿Piensa la Comisión considerar de modo favorable las solicitudes para aplazar la plena entrada en vigor de la ley en aquellos casos en que la situación periférica garantiza un deterioro ecológico mínimo resultante de tal aplazamiento y los costes de producción alcanzarían niveles prohibitivos si se exigiera una aplicación inmediata?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(25 de abril de 2000)

A escala comunitaria, el vertido de las aguas residuales procedentes de la industria de transformación de la leche está regulado por la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas(1).

El artículo 13 de dicha Directiva, adoptada en 1991, establece que, a más tardar el 31 de diciembre de 2000, las aguas residuales industriales biodegradables que procedan de instalaciones de determinados sectores industriales, entre los que se cuenta el de la industria lechera, y no penetren en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas antes de ser vertidas en las aguas receptoras deben cumplir las condiciones establecidas por la autoridad competente o el organismo adecuado del Estado miembro. Esta obligación se aplica a los vertidos procedentes de instalaciones industriales que representen una contaminación orgánica biodegradable de 4 000 equivalentes habitante o más (el equivalente habitante es una unidad de medida que corresponde a la contaminación orgánica media vertida diariamente por una persona en las aguas residuales domésticas).

La autoridad competente o el organismo adecuado tenían que establecer los requisitos aplicables al vertido de las aguas residuales industriales antes del 31 de diciembre de 1993. Por consiguiente, los responsables de las instalaciones en cuestión han dispuesto de un plazo de siete años para cumplir tales requisitos. La Directiva no ofrece posibilidad alguna de prorrogar ese plazo.

No existen disposiciones comunitarias que regulen los vertidos de las instalaciones industriales pertenecientes a los sectores cubiertos por la Directiva que produzcan una contaminación inferior a 4 000 equivalentes habitante. La propuesta de directiva por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, presentada por la Comisión el 15 de abril de 1997(2), prevé que tales vertidos queden también sujetos a una autorización previa en los casos en que puedan tener efectos negativos en el estado de las aguas receptoras.

(1) DO L 135 de 30.5.1991.

(2) DO C 184 de 17.6.1997.