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PREGUNTA ESCRITA E-3183/97 de Glyn Ford (PSE) a la Comisión (16 de octubre de 1997)

Asunto: Diferencia de precios de los periódicos

Aun cuando sea razonable que los periódicos que hayan traspasado la frontera de los Estados miembros puedan ser algo más caros, ¿podría dar su opinión la Comisión sobre el hecho de que el The Independent del 16 de septiembre costara 20 peniques en el Reino Unido y, en Estrasburgo, el mismo periódico se vendiera a 14 francos franceses, lo que equivale a 1,40 £, según el tipo de cambio de esa fecha, y supone un recargo de un 750 %?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (26 de noviembre de 1997)

Las decisiones unilaterales sobre la fijación de los precios de venta de los periódicos, incluidas las diferencias de precio entre Estados miembros, dependen esencialmente de la libre elección comercial de cada editor y por lo general no suelen pertenecer al ámbito de las prohibiciones del derecho comunitario.

Si la Comisión constatara la existencia de acuerdos restrictivos de la competencia o de prácticas abusivas incompatibles con las normas de competencia y el funcionamiento del mercado interior, adoptaría cualquier iniciativa apropiada en el marco de las disposiciones del Tratado CE y, por supuesto, informaría de ello al Parlamento.

Por otra parte, la Comisión ha iniciado recientemente un estudio que tiene por objeto el análisis de los sistemas de distribución de la prensa escrita en todos los Estados miembros, su interacción a nivel transfronterizo y sus efectos sobre la estructura de los precios de la prensa. La Comisión acaba de recibir los resultados de este estudio y está analizándolos.
PREGUNTA ESCRITA E-3005/97 de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión (1 de octubre de 1997)

Asunto: Normativa europea para la reducción de la contaminación atmosférica y para la protección de la calidad de vida en zonas urbanas

En su respuesta a la pregunta E-1673/97 ((DO C 45 de 10.2.1998, p. 78. )), la Comisión comunicó que, sobre la base de la Directiva 96/62/CE ((DO L 296 de 21.11.1996, p. 55. )), elaborará nuevas propuestas relativas a la calidad del aire y de la vida en zonas urbanas.

Además, se hacía referencia a una nueva estrategia adoptada por la Comisión el 18 de junio de 1996 para reducir la contaminación causada por los vehículos.

1. ¿Cuáles son las modalidades y los plazos en los que la Comisión formulará sus propuestas sobre la base de la Directiva 96/62/CE?

2. ¿Cuáles son, en resumen, las líneas directrices de la nueva estrategia adoptada en junio de 1996 por la Comisión y cuáles son los documentos a que se puede hacer referencia al respecto?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (7 de noviembre de 1997)

1. El 8 de octubre de 1997 ((COM(97)500. )) se aprobó una propuesta de Directiva del Consejo relativa a los valores límite para el anhídrido sulfuroso, los óxidos de nitrógeno, las partículas y el plomo atmosféricos.

2. La estrategia de control de las emisiones a la atmósfera producto del transporte por carretera aprobada el 18 de junio de 1996 por la Comisión ((COM(97)248. )) se basa en los resultados del programa Auto Oil. El objetivo de esa estrategia es mejorar la calidad atmosférica de la Comunidad para el 2010 mediante una reducción de las emisiones contaminantes de entre el 60 y el 70 % en relación con las de 1996 a través de un planteamiento integrado, equilibrado y que ofrece una buena relación entre costes y eficacia. A este respecto y como parte de esa estrategia, se aprobaron dos propuestas legislativas para mejorar la calidad de la gasolina y el gasóleo ((COM(97)271. )), por una parte, y establecer normas más estrictas para los vehículos particulares, por otro (2) (así como para los vehículos industriales ligeros) que deberán cumplirse a partir del 2000.

Estas propuestas legislativas han pasado por la primera lectura del Parlamento (10 de abril de 1997) y el Consejo ha aprobado una posición común sobre ellas (7 de octubre de 1997).
PREGUNTA ESCRITA E-2844/97 de Klaus-Heiner Lehne (PPE) a la Comisión (11 de septiembre de 1997)

Asunto: Gastos bancarios en el marco de la introducción del euro

En el periódico «Europa ohne Grenzen» (Europa sin fronteras), que publica la Comisión Europea, Dirección General de Información, Comunicación, Cultura y Medios Audiovisuales, en forma de carta mensual (ISSN 1021-2345), de junio de 1997 (cierre de redacción el 20 de mayo de 1997), se lee en la página 2, bajo el título «Cuestiones prácticas para el euro, y respuestas en primavera de 1998»:

Cuando los usuarios cambien la moneda nacional en euros a partir del 1 de enero de 1999, sólo tendrán que abonar los gastos técnicos reales de los bancos.

En este sentido, pregunto a la Comisión:

1. ¿De qué gastos se trata?

2. ¿Considera la Comisión justificado que los gastos que origine el cambio de moneda de curso legal corran a cargo de los usuarios?

3. ¿Es coherente con el ordenamiento jurídico que el cambio de un medio de pago legal, debido a la decisión de las autoridades estatales, pueda imputarse al usuario individual?

4. Habida cuenta de que el cambio de moneda legal constituye una medida derivada de la autoridad del Estado, ¿no deberían correr los gastos a cargo del presupuesto general?

5. ¿Qué medidas piensa emprender la Comisión para que las reticencias de orden psicológico de una gran parte de la población contra el euro no se incrementen debido a posibles costes adicionales (costes debidos al cambio)?

6. ¿No se podría obligar a los bancos, a través de reglamentos transitorios, a realizar el cambio gratuitamente para los consumidores?

7. En relación con las preguntas 1 a 6, ¿cuál es la opinión de la Comisión de la decisión del Tribunal Federal de Justicia alemán de 15 julio de 1997, asunto XI ZR 269/96 y 279/96, sobre la exención de gastos para la ejecución por los bancos de cometidos ordenados por el Estado? (Se adjuntan los artículos correspondientes del Frankfurter Allgemeine Zeitung.)

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión (31 de octubre de 1997)

La Comisión ha estudiado las cuestiones planteadas por Su Señoría. Estas cuestiones se debatieron en una mesa redonda celebrada el 15 de mayo de 1997 y en la que participaron diversas asociaciones interesadas. La Comisión ha recibido observaciones, en particular de instituciones financieras y organizaciones de consumidores.

La Comisión, con la ayuda de un grupo de expertos, seguirá estudiando estas cuestiones con todo detalle en los próximos meses. Estos trabajos concluirán a finales de 1997. La Comisión remitirá cuanto antes a Su Señoría una respuesta suplementaria.

La Comisión, tal como indicó en su Comunicación sobre los aspectos prácticos del euro, se propone determinar antes de que finalice 1997 si es necesario un planteamiento común de los Estados miembros participantes en cuanto a los gastos de cambio de moneda, si dicho planteamiento común debe aplicarse mediante la aprobación de disposiciones legales a nivel nacional o europeo, si conviene dejar que actúen las fuerzas del mercado o si, en lugar de ello, deberán aplicarse acuerdos voluntarios o códigos de prácticas correctas.
PREGUNTA ESCRITA P-3615/97 de Eva Kjer Hansen (ELDR) a la Comisión (6 de noviembre de 1997)

Asunto: Protección de los intereses financieros de la Comunidad

¿Qué iniciativas concretas piensa emprender la Comisión a raíz de la modificación del artículo 209 A en el Tratado de Amsterdam?

¿Volverá a examinar la Comisión el convenio para la protección de los intereses financieros de la Comunidad (que aún no ha sido ratificado por ningún Estado miembro), teniendo en cuenta que pueden adoptarse elementos del mismo con arreglo al artículo 209 A modificado?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (8 de diciembre de 1997)

La Comisión da la bienvenida a los cambios realizados en el artículo 209A del Tratado CE por el Tratado de Amsterdam. Este artículo se convertirá en el artículo 280 del Tratado CE y constituirá el fundamento jurídico para las propuestas relativas a la protección de los intereses financieros de la Comunidad, con una función más activa del Parlamento (procedimiento de codecisión).

El Tratado aún ha de ser ratificado por los Estados miembros. Si bien la Comisión está examinando actualmente las posibilidades del nuevo artículo 280, es todavía demasiado pronto para decidir acerca de iniciativas concretas.

Tal como indicó en su respuesta a la pregunta escrita E-3349/97 de la Sra. Torres Marques ((DO C 117 de 16.4.1998, p. 177. )), la Comisión es consciente de que ningún Estado miembro ha ratificado aún el Convenio sobre protección de los intereses financieros de las Comunidades. El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 28 de abril de 1997 introdujo como objetivo la fecha de mediados de 1998 para esta ratificación, con la consiguiente aprobación del Consejo Europeo de Amsterdam. La Comisión considera que la ratificación es un asunto urgente, y sigue de cerca la situación en cada Estado miembro. Tras la adopción de los dos protocolos al Convenio sobre la protección de los intereses financieros, así como la adopción del Convenio sobre la lucha contra la corrupción, los Estados miembros que no estén dispuestos a comenzar separadamente el proceso de ratificación para cada uno de los instrumentos, establecidos sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, pueden ahora ratificarlos todos juntos.
PREGUNTA ESCRITA E-2893/97 de Phillip Whitehead (PSE) al Consejo (16 de septiembre de 1997)

Asunto: Nivel de liberación de níquel en la aleación empleada en las monedas de 1 y 2 euros

La Directiva sobre el níquel (CE/94/27) ((DO L 188 de 22.7.1994, p. 1. )) prohíbe el uso de aleaciones de níquel cuyo nivel de liberación de níquel sea superior a 0,5 ìg/cm2 por semana en los productos destinados a entrar en contacto directo y prolongado con la piel humana.

Dado que algunos trabajadores (por ejemplo, los cajeros de los bancos y comercios) mantienen un prolongado contacto con las monedas, ¿considera el Consejo que las monedas son productos que pueden entrar en contacto directo y prolongado con la piel humana?

Si es así, ¿garantizará el Consejo que la aleación de níquel elegida para los euros cumple las normas relativas a estos productos que contempla la Directiva sobre el níquel?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2893/97 y E-2895/97 (22 de diciembre de 1997)

La Comisión presentó el pasado mes de junio una propuesta de Reglamento que contiene las características técnicas de las monedas acuñadas en euros y más particularmente las relativas a los metales con que se fabrican. La Comisión prevé que el níquel sólo se utilice para las monedas de 1 y 2 euros, que representan un 8 % aproximadamente del total de euros acuñados. Compárese tal proporción con la del 75 % aproximadamente de monedas fabricadas con níquel en la mayor parte de los Estados miembros.

Debido a su alto valor, las monedas de 1 y 2 euros requerirán dispositivos de seguridad adicionales con el fin de reducir el alcance de posibles fraudes. Con la tecnología actual, es muy difícil experimentar, desarrollar y producir una alternativa para el níquel que respete dichos dispositivos de seguridad dentro del plazo para la introdución de las monedas del euro, antes del 1 de enero de 2002. Por ello, tras consultar al Comité científico para la toxicidad y la ecotoxicidad de los productos químicos, la Comisión ha decidido mantener su propuesta relativa a la utilización del níquel únicamente para las monedas de 1 y 2 euros.

El 7 de julio de 1997, el Consejo efectuó un primer examen de la propuesta de la Comisión y alcanzó al respecto un acuerdo de principio, pendiente en particular de las modificaciones que puedan introducirse a la vista de las posibles enmiendas del Parlamento Europeo en su primera y segunda lecturas. Debe recordarse que este Reglamento sólo puede ser adoptado por el Consejo después de que se haya seleccionado a los Estados miembros que vayan a adoptar el euro como moneda única (párrafo segundo del artículo 105 A del Tratado relacionado en particular con el artículo 109 K).

La adopción del Reglamento debe efectuarse conforme al procedimiento de cooperación con el Parlamento Europeo previsto en el artículo 189 C del Tratado. Por consiguiente, el Consejo fijará su posición común después de estudiar el dictamen emitido el pasado 6 de noviembre en primera lectura por el Parlamento Europeo.
PREGUNTA ESCRITA E-3439/97 de Nel van Dijk (V) a la Comisión (31 de octubre de 1997)

Asunto: Permiso parental para los funcionarios de la UE

El 3 de junio de 1996, el Consejo adoptó la Directiva 96/34/CE ((DO L 145 de 19.6.1996, p. 4. )) relativa al permiso parental. Los Estados miembros deben cumplir esta directiva en un plazo de dos años. Es obvio que las instituciones deben cumplir la legislación por ellas promulgada. Se aproxima la fecha en que debe presentarse una propuesta de modificación del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea. ¿Cuándo puede contar el Parlamento con la presentación de esa propuesta?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (2 de diciembre de 1997)

El Estatuto de los funcionarios ya contiene disposiciones que regulan la concesión de permisos por motivos familiares. Así, de conformidad con el artículo 40 del Estatuto, en circunstancias excepcionales y a petición del funcionario, puede concedérsele una excedencia sin derecho a sueldo por interés personal durante un período de un año, que puede renovarse dos veces. Cuando el permiso se solicita para cuidar a un niño de corta edad, puede renovarse en cuatro ocasiones. Los funcionarios de la Comisión hacen uso de esta posibilidad. Actualmente, 89 de las 335 excedencias voluntarias en curso se han concedido para que el funcionario pueda cuidar a uno o varios niños de corta edad.

En estos momentos se están estudiando las modalidades de inclusión en el Estatuto del concepto de derecho a permiso parental, que probablemente serán objeto de una propuesta de la Comisión en el marco más general de la elaboración de un proyecto de mejoras estatutarias que la Comisión tiene previsto presentar antes de que termine su mandato.
PREGUNTA ESCRITA E-3121/97 de Jan Mulder (ELDR) a la Comisión (13 de octubre de 1997)

Asunto: Utilización de productos fitosanitarios biológicos en la Unión Europea

La Comisión, en su respuesta a la pregunta E-1761/97 ((DO C 76 de 11.3.1998, p. 53.)), anuncia una serie de medidas que tienen por objeto contribuir a la mejora de la posición de los productos fitosanitarios biológicos en Europa. Se ruega a la Comisión que responda a las siguientes preguntas adicionales:

1. ¿Cuándo entrará en vigor el procedimiento acelerado para la admisión de productos biológicos?

2. ¿Cuándo estará lista la armonización en el marco de la OCDE? ¿Se modificarán las directivas existentes a raíz de la misma?

3. ¿Se consultará con las empresas del sector tanto en lo que respecta al procedimiento acelerado como a la armonización en el marco de la OCDE?

4. ¿Se propone la Comisión de fomentar el uso de productos biológicos en el seno de la UE? ¿Está dispuesta a facilitar ayuda financiera, por ejemplo, corriendo con parte de los gastos de registro de dichos productos, a fin de fortalecer la posición de los productos biológicos frente a los químicos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (28 de noviembre de 1997)

1. La Comisión está preparando actualmente una propuesta de modificación de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios ((DO L 230 de 19.8.1991. )). Dada la complejidad y sensibilidad de las cuestiones tratadas en la propuesta, no se espera que la Comisión la adopte antes de finales de 1998. La fecha de entrada en vigor de las medidas propuestas dependerá de la duración del procedimiento de aprobación, en el que intervendrá el Parlamento Europeo.

2. El documento de trabajo citado en la respuesta a la pregunta escrita QE-1761/97 de Su Señoría, referido a los datos exigidos en relación con los microorganismos, ha sido enviado a la secretaría de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Parece realista prever un período de tres a cuatro años para conseguir la armonización en el seno de ese organismo. Mientras tanto, el documento de trabajo puede servir de guía para las personas interesadas dentro de la Comunidad.

3. La industria interesada ya ha sido consultada sobre el documento de trabajo mencionado en el punto 2 y están previstas más consultas.

4. La Comisión no considera oportuno financiar una parte de los costes que acarrea la obtención de autorizaciones de productos fitosanitarios. La Comisión considera que las medidas indicadas en la respuesta a la pregunta QE-1761/97 pueden facilitar la obtención de la autorización de productos fitosanitarios que contengan microorganismos en la medida en que se demuestre que los riesgos derivados del uso de esos productos son menores que los que se derivan generalmente de productos fitosanitarios químicos.
PREGUNTA ESCRITA E-2754/97 de Michl Ebner (PPE) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Conformidad con el Derecho comunitario del decreto ley italiano D. L. 31.12.1996 no 669

Considerando que está en vigor la Directiva del Consejo de 28 de junio de 1990 sobre el derecho de residencia (90/364/CEE) ((DO L 180 de 13.7.1990, p. 26. )), en que se contempla la igualdad de los ciudadanos de la UE en todos los Estados miembros. ¿Podría indicar la Comisión si el artículo 29 del D. L. 31.12.1996 no 669 se ajusta al Derecho de la UE?

¿Podría indicar la Comisión si en virtud del citado artículo 29 se ven perjudicados los nacionales de otros Estados miembros de la UE residentes en Italia, ya que en este decreto no se contemplan los vehículos traídos del extranjero y registrados en Italia que se matricularon en el extranjero antes del 1 de enero de 1987?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (21 de octubre de 1997)

El artículo 29 del Decreto-Ley no 669 ((Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana no 305 de 31.12.1996. )), de 31 de diciembre de 1996, sobre ayudas a la adquisición de vehículos automóviles nuevos supeditadas a la destrucción de bienes análogos usados, establece como condición para la aplicabilidad de dicha ayuda que el vehículo destinado a ser destruido fuera matriculado por primera vez antes de 1 de enero de 1987. Esta condición no parece contraria al Derecho comunitario.

Por lo demás, la disposición considerada no parece imponer la condición de que el vehículo destinado a ser destruido haya sido matriculado en Italia. La Comisión pide a Su Señoría que, de tener constancia de casos concretos de discriminación en función del Estado miembro donde haya sido matriculado el vehículo que debe destruirse, se lo comunique a fin de comprobar la posible vulneración del Derecho comunitario.
PREGUNTA ESCRITA E-2657/97 de Patricia McKenna (V) al Consejo (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Crueldad en la producción de carne de porcino

Existe un descontento creciente entre los consumidores de la Unión Europea con respecto a la utilización de parideras de reducidas dimensiones y sogas por parte de la industria porcina por las condiciones de apiñamiento en las que se cría a los animales. Por esta razón, Tesco, una importante cadena de supermercados de Gran Bretaña, ha anunciado que, a partir del próximo 1 de agosto, prohibirá la venta de porcino fresco criado por medio de ese sistema. La prohibición se extenderá a otros productos de la especie porcina en un período de un año.

Tesco ha tomado esta decisión siete años antes de la fecha prevista para la entrada en vigor de una prohibición del sistema en todo el territorio de la Unión Europea.

Como consecuencia del descontento creciente de los consumidores, ¿reconsiderará la Unión Europea su prohibición con la intención de introducirla antes para reducir la crueldad en la industria porcina y restablecer la confianza del consumidor en los productos porcinos?

Respuesta (15 de enero de 1998)

El 19 de noviembre de 1991, el Consejo adoptó la Directiva 91/630/CEE ((DO L 340 de 11.12.1991, p. 33. )) relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos.

En dicha Directiva se establecen, en particular, unos requisitos relativos a las superficies de espacio libre de que debe disponer cada cerdo criado en grupo, así como las disposiciones en materia de construcción de las instalaciones de cría.

Dispone además, a partir del 31.12.1995, prohibir la construcción o el acondicionamiento de instalaciones en las que se ate a las cerdas y a las cerdas jóvenes.

No obstante, la autoridad competente podía autorizar la utilización de instalaciones construidas antes del 1 de enero de 1996 durante un período transitorio adicional (hasta el 31 de diciembre de 2005).

Sin embargo, en el artículo 6 de la mencionada Directiva se dispone que «A más tardar el 1 de octubre de 1997, la Comisión presentará al Consejo un informe elaborado sobre la base de un dictamen del Comité científico veterinario sobre el sistema o sistemas de explotación intensiva que respeten las exigencias de bienestar de los cerdos desde un punto de vista patológico, zootécnico, fisiológico y de comportamiento y sobre las repercusiones socioeconómicas de los distintos sistemas. En particular, dicho informe deberá tener en cuenta el bienestar de las cerdas criadas en los distintos grados de confinamiento y en grupos e irá acompañado de las propuestas apropiadas teniendo en cuenta las conclusiones de dicho informe».

El Consejo puede garantizar a Su Señoría que, desde el momento en que reciba el informe de la Comisión y las posibles propuestas de acompañamiento, las estudiará con toda la atención y rapidez necesarias para pronunciarse lo antes posible.
PREGUNTA ESCRITA E-3081/97 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (2 de octubre de 1997)

Asunto: Violación por Turquía de sus compromisos internacionales

Es sabido que Turquía firmó en 1923 el Tratado de Lausana en virtud del cual se preveía un régimen especial de autonomía y de autogobierno local para las islas de Imbros y Tenedos. No obstante, siguiendo su táctica habitual, Turquía hizo caso omiso de los compromisos adquiridos y (inmediatamente después de la firma del Tratado) inició una oleada de persecuciones contra los griegos que habían vivido en estas islas ininterrumpidamente durante siglos. Ello llevó, por ejemplo, a la confiscación de terrenos de cultivo pertenecientes a griegos como demuestra el caso de las 800 hectáreas que «fueron expropiadas» pagando dos liras turcas por cada 10 áreas, y sustraídas por tanto de este modo a sus 900 propietarios griegos, vecinos de la aldea de Squinudi de la isla de Imbros.

Además, en esta misma isla el Estado turco estableció una cárcel para presos con condenas de larga duración los cuales se dedicaron a aterrorizar a los habitantes, algo que consiguieron plenamente ya que en Imbros sólo permanecen 230 griegos de edad avanzada y en Tenedos viven todavía muchos menos.

Cabe señalar que después de este «éxito», las cárceles dejaron de funcionar en 1992.

¿Puede indicar la Comisión cuándo ha recordado a Turquía que debe respetar los compromisos contraídos a la firma del Tratado de Lausana, cuál fue la respuesta de los turcos y qué opinión le merece la última declaración del ministro turco de Asuntos Exteriores, Sr. Cem, en la que afirmaba que su país se niega a remitir el problema del islote de Imia al Tribunal Internacional de La Haya?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (7 de noviembre de 1997)

El asunto al que se refiere la pregunta no es competencia de la Comisión (que lamenta no disponer de la información solicitada).