PREGUNTA ESCRITA P-1520/98

de María Sornosa Martínez (GUE/NGL) a la Comisión

(7 de mayo de 1998)

Asunto: Desastre ecológico en Doñana

En la madrugada del sábado 25 de abril se produjo la rotura de una presa en las minas de Aznalcóllar en la provincia de Sevilla, produciéndose el vertido de más de 5.000 millones de litros de agua contaminada de residuos minerales altamente tóxicos al río Guadamar, inundando una importante superficie de cultivos y llegando incluso a alcanzar al Parque de Doñana. ¿Qué opinión le merece esta catástrofe ecológica a la Comisión? ¿Ha adoptado la Comisión ya algún tipo de medidas para hacer frente a este desastre? ¿Está manteniendo la Comisión algún tipo de contacto con las autoridades españolas al respecto? ¿Considera oportuno la Comisión realizar algún desplazamiento a la zona para tener un mejor conocimiento in situ de este desastre sin precedentes en España? ¿Cree la Comisión que existe algún tipo de relación entre este desastre y la queja presentada en enero de 1996 por la Confederación Ecologista Pacifista de Andalucía (CEPA), en la que se advertía de las filtraciones de residuos en la presa de las minas de Aznalcóllar?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(8 de junio de 1998)

La Comisión ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la catástrofe ecológica ocurrida en los alrededores del parque nacional de Doñana. La Comisión lamenta que este accidente se haya producido y que hayan resultado perjudicados no solamente el medio ambiente, sino la agricultura y la pesca en la zona afectada.

La Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades españolas y se ha establecido un intercambio permanente de información sobre las medidas adoptadas tanto para proteger el parque nacional y sus alrededores como para reducir al mínimo las consecuencias del accidente. La Comisión ha comunicado a las autoridades españolas su disponibilidad para enviar expertos del grupo operativo comunitario para cooperar con ellas, en caso de que así lo deseen, en la evaluación de la situación y de las medidas adoptadas por las propias autoridades españolas para atenuar los efectos medioambientales, en especial en lo que se refiere al parque de Doñana. Las autoridades españolas han acogido favorablemente este ofrecimiento y es posible que en breve se manifiesten al respecto.

Las autoridades españolas designaron al parque de Doñana zona de protección especial para las aves en virtud del artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 abril 1979, relativa a la conservación de las aves salvajes(1).

A finales de 1995, la Comisión recibió una denuncia sobre la contaminación por sustancias peligrosas, como consecuencia de las actividades mineras de la empresa Boliden Apirsa S.L., de las aguas de los ríos Agrio y Guadiamar en Aznalcóllar. Durante la instrucción de la denuncia, la Comisión solicitó a las autoridades españolas sus observaciones sobre los hechos denunciados. El caso figuró en el orden del día de la reunión "paquete" sobre denuncias y procedimientos de infracción en el campo del medio ambiente que se celebró en Madrid en noviembre de 1996. Las autoridades españolas informaron a la Comisión sobre las medidas tomadas para prevenir la contaminación. En 1997, la Comisión informó al denunciante sobre la respuesta de las autoridades españolas y le invitó a presentar información adicional que permitiera continuar la instrucción del expediente. El denunciante no respondió a esta carta. El 25 de marzo de 1998, atendiendo a la información que había sido facilitada por las autoridades españolas que indicaba que se habían tomado las medidas necesarias para resolver la situación denunciada y al no disponer de nueva información del denunciante, la Comisión decidió archivar el expediente. Posteriormente, el denunciante fue informado por la Comisión de su decisión de archivar el asunto.

Hasta tanto no se hayan determinado las causas del siniestro, la Comisión no está en situación de pronunciarse sobre la posible relación entre el mismo y la denuncia anteriormente mencionada. En efecto, la denuncia se refería a problemas de contaminación de las aguas por sustancias peligrosas en condiciones normales de funcionamiento de la empresa, mientras que las causas del accidente ocurrido todavía no han sido esclarecidas.

(1) DO L 103 de 25.4.1979.