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PREGUNTA ESCRITA E-2215/98

de David Thomas (PSE) a la Comisión

(16 de julio de 1998)

Asunto: Pagos por intervenciones en forma de almacenamiento

¿A cuánto ascienden los pagos de la Comisión a los Estados miembros por las intervenciones en forma de almacenamiento in situ de cereales? ¿Qué pagos adicionales se efectúan por la manipulación de los cargamentos de cereales que entran y salen de los almacenes de intervención?

¿Qué correlación existe entre los pagos efectuados en los Estados miembros y los niveles establecidos por la UE? ¿Puede dar a conocer la Comisión los niveles de los pagos efectuados en los Estados miembros?

¿Considera la Comisión que diferentes niveles de pago para el almacenamiento dentro de la UE distorsionan la competencia?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(8 de septiembre de 1998)

Los costes del almacenamiento de cereales en régimen de intervención se abonan a los Estados miembros en función de los importes a tanto alzado que se fijan de vez en cuando mediante decisión de la Comisión. Los importes a tanto alzado aplicables para el ejercicio financiero de 1998 ascienden a 1,76 ecus por tonelada tratándose de los costes de entrada en almacén(1), 1,71 ecus por tonelada en el caso de los costes de salida de almacén1 con tolerancia(2) (1,98 ecus por tonelada sin tolerancia) y 1,11 ecus por tonelada en el caso de los costes mensuales de almacenamiento.

El método de cálculo de estos importes a tanto alzado, que se aplica en toda la Comunidad, se establece en el Reglamento (CEE) 1643/89 de la Comisión, de 12 de junio de 1989, por el que se definen los importes a tanto alzado que sirven para financiar las operaciones materiales que resultan del almacenamiento público de los productos agrícolas(3) y se basa en la media ponderada de los costes reales comunicados por los cuatro Estados miembros que tengan los costes reales más bajos, siempre que esos Estados miembros reúnan al menos el 33 % del total de las cantidades almacenadas del producto de que se trate. La Comisión no tiene por costumbre publicar los importes reales que se le comunican para efectuar estos cálculos.

Puesto que la Comisión paga un importe uniforme en toda la Comunidad, la afirmación según la cual la existencia de distintos pagos por almacenamiento en la Comunidad distorsiona la competencia no resulta pertinente. Aunque los costes reales aplicables pueden variar de un Estado miembro a otro, esta situación refleja las condiciones de mercado en cada Estado miembro.

(1) Si no se producen traslados físicos del producto, el importe a tanto alzado se reduce 0,72 ecus por tonelada.

(2) Artículo 4 del Reglamento (CEE) 3597/90 de la Comisión, de 12 de diciembre de 1990, relativo a las normas de contabilización de las medidas de intervención que supongan la compra, el almacenamiento y la venta de productos agrícolas por parte de los organismos de intervención, DO L 350 de 14.12.1990.

(3) DO L 162 de 13.6.1989.
PREGUNTA ESCRITA E-2453/98

de Riccardo Nencini (PSE) a la Comisión

(30 de julio de 1998)

Asunto: Ayuda estatal

La cooperativa "Clad la Sartoria" de Massa (Italia), constituida antes del 31 de diciembre de 1996, ha presentado una solicitud de financiación en virtud de la Ley 49/85 (Ley Marcora). Sin embargo, esta Ley ha sido cuestionada por los servicios de la DG IV de la Comisión Europea, por ser considerada ayuda estatal. En noviembre de 1997, el Gobierno elaboró un decreto de modificación de la Ley 49/85 ateniéndose a las observaciones formuladas por los servicios de la Comisión. Sin embargo, al no conocerse aún el dictamen de la DG competente, no se pueden aplicar las medidas necesarias para garantizar los puestos de trabajo.

¿Tiene intención la Comisión de velar por que sus servicios hagan público lo antes posible su dictamen definitivo sobre el mencionado decreto?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión

(11 de septiembre de 1998)

La Comisión informa a Su Señoría de que, en su reunión del 15 de julio de 1998, decidió no formular objeciones con respecto al nuevo régimen de ayudas previsto por el decreto de modificación de la Ley 49/85.

Los casos de aplicación del antiguo régimen de la Ley 49/85 suspendidos, sobre los cuales la Comisión recibió los últimos datos en el mes de junio, serán más adelante objeto de una decisión única.
PREGUNTA ESCRITA E-2811/98

de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión

(17 de septiembre de 1998)

Asunto: Remuneración del Presidente del BCE

Según informaciones difundidas por la prensa, ni el Presidente del BCE, Sr. Duisenberg, ni los demás miembros del BCE saben qué remuneración van a percibir.

1. ¿Puede indicar la Comisión con precisión qué remuneraciones perciben los miembros del BCE?

2. En caso negativo, ¿cuáles son las razones para ocultar esta información a las ciudadanas y ciudadanos de la UE y violar el principio de transparencia?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión

(14 de octubre de 1998)

De acuerdo con el Protocolo no 3 sobre los estatutos del Sistema Europeo de Bancos centrales (SEBC) y el Banco Central Europeo (BCE), las condiciones laborales de los miembros del Comité de Dirección del BCE, y en particular sus emolumentos, pensiones y otras ventajas de seguridad social, se rigen por contratos celebrados con el BCE. Dichas condiciones son fijadas por el Consejo de Gobernadores a propuesta de un Comité integrado por tres miembros nombrados por el Consejo de Gobernadores y tres miembros nombrados por el Consejo. Los miembros del Comité de Dirección no tienen derecho de voto en estas materias (artículo 11.3 de los estatutos del SEBC). Por lo que se refiere al personal del BCE, el Consejo de Gobernadores aprueba las condiciones laborales, incluidos los emolumentos, pensiones y demás ventajas de seguridad social, a propuesta del Comité de Dirección del BCE (artículo 36.1).

No corresponde a la Comisión pronunciarse sobre los emolumentos del personal y de los miembros del Comité de Dirección del BCE, puesto que no tiene competencia en la fijación de sus condiciones laborales.
PREGUNTA ESCRITA E-2611/98

de Josep Pons Grau (PSE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Derechos humanos en Guinea Ecuatorial

Habida cuenta de los últimos acontecimientos ocurridos en Guinea Ecuatorial, donde tras el macrojuicio contra 117 personas de la etnia Bubi, realizado sin las mínimas garantías exigibles a un Estado de Derecho, se dictaron, entre otras condenas, 15 penas de muerte, y donde las condiciones carcelarias de los presos condenados son absolutamente infrahumanas, según fuentes de Amnistía Internacional, lo que presuntamente ha causado la muerte de Martín Puye del Movimiento de Autodeterminación de la Isla de Bioko,

Habida cuenta de la absoluta falta de voluntad del Gobierno de Malabo por avanzar en la vía de la democratización y del respeto de los derechos,

¿Va a reconsiderar la Comisión sus relaciones de cooperación con Guinea Ecuatorial? ¿Se va a hacer uso de la "cláusula de condicionalidad democrática" del Convenio de Lomé?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión

(5 de octubre de 1998)

La Comisión sigue de cerca la evolución de la situación en materia de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Ha intervenido en sucesivas ocasiones, utilizando las vías adecuadas y en conjunción con los Estados miembros, en favor de las personas detenidas y condenadas tras los incidentes ocurridos en la isla de Bioko en enero de 1998.

La Comisión ha hecho saber claramente a las autoridades ecuatoguineanas que la reanudación progresiva de la cooperación depende de la evolución en el respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de derecho, de acuerdo con el artículo 5 del cuarto Convenio de Lomé. A este respecto, está dispuesta a apoyar medidas de reforma para mejorar la situación y garantizar el Estado de derecho y el funcionamiento democrático de las instituciones.
PREGUNTA ESCRITA E-2087/98

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(10 de julio de 1998)

Asunto: Efectos nocivos del gas CS

Teniendo en cuenta la creciente preocupación que reina por los efectos nocivos del gas CS, ¿tiene la Comisión la intención de llevar a cabo un estudio sobre los riesgos que representa para la salud humana el clorobenzalmalonitrilo?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(1 de octubre de 1998)

La actual legislación comunitaria contempla el control del uso de determinadas sustancias químicas a fin de proteger a las personas (también en tanto que trabajadores y consumidores) y el medio ambiente.

El Reglamento (CEE) 793/93(1) del Consejo establece un marco general para evaluar y controlar sistemáticamente los riesgos de las "sustancias existentes", es decir, las sustancias utilizadas en la Comunidad antes de septiembre de 1981 y listadas en el Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas (CESQC).

Dado el gran número de sustancias enumeradas en el CESQC (alrededor de 100.000), en el Reglamento se introdujo un planteamiento que sirviera para establecer prioridades. Así, se elaboraron tres listas prioritarias de 109 sustancias. Estas sustancias, que deben contemplarse como sustancias químicas potencialmente peligrosas para las personas y el medio ambiente y que deben someterse a una evaluación del riesgo, se enumeran en tres reglamentos de la Comisión adoptados en el período 1994-1997. El clorobenzalmalonitrilo es una sustancia que, aunque aparece recogida en el CESQC, no se ha incluido por el momento en ninguna de las tres listas prioritarias.

No obstante, la Comisión inició recientemente, en consulta con los Estados miembros, la elaboración de una nueva lista de sustancias prioritarias que requieren atención inmediata debido a sus efectos potenciales sobre las personas o el medio ambiente. Por tanto, el clorobenzalmalonitrilo puede considerarse una sustancia "candidata" a esta nueva cuarta lista prioritaria.

Con todo, cabe observar que el clorobenzalmalonitrilo no se clasificó como sustancia peligrosa al elaborar la Directiva del Consejo 67/548/CEE(2) sobre la clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas.

El Quinto Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) (1998-2002)(3) incluye la posibilidad de solicitar la investigación de los efectos sanitarios del gas CS, concretamente en la acción clave no 1 sobre salud, alimentación y medio ambiente.

(1) DO L 84 de 5.4.1993.

(2) DO L 196 de 16.8.1967.

(3) COM(98)8.
PREGUNTA ESCRITA E-2271/98

de Bill Miller (PSE) a la Comisión

(22 de julio de 1998)

Asunto: Impuesto especial

¿Considera la Comisión que el sistema actual de impuestos especiales en los distintos Estados miembros es satisfactorio, o cree necesaria una mayor coordinación en este ámbito?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(2 de octubre de 1998)

Por lo que se refiere a la armonización de los tipos y estructuras de los impuestos especiales, se remite a Su Señoría al primer párrafo de la contestación a su pregunta escrita E-1898/98(1).

Por lo que se refiere a la coordinación del control de la circulación de mercancías sujetas al impuesto especial, la Comisión considera que es necesaria una mayor cooperación y trabaja activamente con los Estados miembros en este sentido. En este contexto, se remite a Su Señoría al programa de trabajo 1998/1999 de la Comisión en materia de lucha contra el fraude(2), que establece distintas medidas que la Comisión se propone iniciar para reforzar la coordinación.

(1) DO C 50 de 22.2.1999, p. 111.

(2) COM(98)278 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2504/98

de Astrid Lulling (PPE) a la Comisión

(30 de julio de 1998)

Asunto: Mercado único y contratos de distribución exclusiva

Debido a la pequeña extensión del territorio del Gran Ducado de Luxemburgo, los minoristas luxemburgueses se ven siempre obligados a abastecerse a través de proveedores belgas que han celebrado contratos de distribución exclusiva para Bélgica y el Gran Ducado.

En algunos casos, la entrega "física" de los productos al minorista luxemburgués es llevada a cabo directamente por el productor o el comerciante mayorista no situado en Bélgica, en tanto que la entrega "contable" pasa por el intermediario belga, lo que eleva en exceso el precio inicial de una comisión que puede variar entre el 15 y el 40 %.

¿Considera la Comisión que este sistema, que tiene como consecuencia que el precio facturado al minorista luxemburgués sea a menudo más elevado que el precio de venta al público para el mismo producto en las regiones limítrofes, es compatible con el mercado único y el principio de competencia leal?

¿Qué medidas podría adoptar la Comisión para garantizar que los minoristas luxemburgueses tengan derecho a abastecerse en el país de su elección donde existan redes de distribución para un mismo producto y, de esta forma, puedan escapar a redes de suministro abusivas?

Respuesta del Sr. Van Miert En nombre de la Comisión

(6 de noviembre de 1998)

El Reglamento (CEE) 1983/83 de la Comisión, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a las categorías de acuerdos de distribución exclusiva(1) exime, con arreglo a las disposiciones del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE, los acuerdos de distribución exclusiva, es decir, los acuerdos por los que una parte se comprometa con la otra a entregarle únicamente a ésta determinados productos para su reventa en la totalidad o en una parte definida del territorio del mercado común. Por tanto, es conforme a las normas comunitarias de competencia reservar a un único distribuidor la tarea de revender determinados productos en una parte definida del territorio del mercado común, como es el territorio belgo-luxemburgués.

El mismo Reglamento prevé, sin embargo, que el beneficio de la exención por categorías deja de ser aplicable a los acuerdos en cuestión cuando los productos contractuales no pueden ser ofrecidos por importadores paralelos en el territorio concedido al distribuidor exclusivo ni obtenerse por parte de los consumidores o intermediarios establecidos en este territorio en empresas situadas fuera de él y que practican condiciones más ventajosas.

(1) DO L 173 de 30.6.1983.
PREGUNTA ESCRITA E-2792/98

de Viviane Reding (PPE) al Consejo

(18 de septiembre de 1998)

Asunto: Persecución de la comunidad Baha'ie en Irán

El 21 de julio de 1998 se ejecutó en Mashad, Irán, a Ruhollah Rawhani, ciudadano iraní y miembro de la religión baha'ie, condenado por haber convertido a una joven de religión islámica a la religión baha'ie.

Educada en la religión baha'ie desde su infancia, la joven niega haber sido convertida. No se pudo mantener comunicación alguna con el condenado y no se le permitió elegir libremente a su abogado. El Sr. Rawhani es el primer miembro de la religión baha'ie ejecutado desde 1992. En la misma ocasión, cuatro correligionarios han sido detenidos y condenados, y cabe albergar el máximo temor a su respecto.

¿Cuál es la posición del Consejo respecto de la persecución impune de ciudadanos iraníes en Irán, basada únicamente en su credo religioso? ¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo para evitar la ejecución inminente de los cuatro condenados baha'ie, para alertar a la comunidad internacional y ejercer presión ante las autoridades iraníes en favor de uno de los más importantes derechos humanos?
PREGUNTA ESCRITA E-2998/98

de Renate Heinisch (PPE) a la Comisión

(8 de octubre de 1998)

Asunto: Información sobre el importe de los créditos de fomento de la UE, concedidos en 1997 a escuelas superiores e institutos de investigación del Estado Federado de Baden-Wüttemberg

¿Podría decir la Comisión para qué actividades se concedieron créditos comunitarios a escuelas superiores e institutos de investigación del Estado Federado de Baden-Wütemberg en 1997 y a cuánto ascendieron dichos créditos, procedentes:

1. Del cuarto programa marco de investigación, desarrollo tecnológico y demostración?

2. De los programas comunitarios en los ámbitos de la energía y el medio ambiente?

3. De iniciativas comunitarias, en particular el Programa INTERREG?

4. De los programas SÓCRATES, "Leonardo da Vinci" y "Juventud por Europa"?

5. De otros programas comunitarios?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión

(23 de octubre de 1998)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-3425/98

de Dietrich Elchlepp (PSE) a la Comisión

(24 de noviembre de 1998)

Asunto: Desglose de las ayudas comunitarias a Baden-Württemberg

1. ¿Qué ayudas de los programas comunitarios se destinaron en el período comprendido entre 1995 y 1997 a Baden-Württemberg?

2. ¿Cuál fue el importe de estas ayudas y a qué proyectos y lugares se destinaron?

Respuesta complementaria

del Sr. Santer en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 1999)

Habida cuenta de la amplitud de la respuesta, la Comisión la envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-1895/98

de Richard Howitt (PSE) a la Comisión

(16 de junio de 1998)

Asunto: Proyecto de mejora de la A13 - M25 de Wennington a Mardyke Road: trabajos de hormigonado

¿Está de acuerdo la Comisión en que la utilización de hormigón en las carreteras produce más polvo y niveles más elevados de ruido que cualquier otro tipo de recubrimiento? ¿No considera la Comisión que la utilización de recubrimientos generadores de menos ruido o a base de asfalto debería constituir la práctica habitual en toda Europa, lo que ofrecería una mayor protección del medio ambiente y, asimismo, una mejor calidad de vida a las personas que viven muy cerca de las principales redes de carreteras?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(3 de septiembre de 1998)

La decisión sobre el uso de hormigón, asfalto u otro material de recubrimiento para la construcción de carreteras depende de diferentes factores, como la estabilidad de los cimientos, las condiciones climáticas, los costes de inversión y de mantenimiento, la seguridad vial, los requisitos ambientales y la disponibilidad de materiales.

Las autoridades nacionales y locales responsables de la construcción de carreteras son las que mejor pueden decidir qué material es el más adecuado para las condiciones y requisitos específicos de cada caso.

Por consiguiente, la Comisión no puede estar de acuerdo con que el uso de asfalto poroso deba constituir la práctica habitual en toda Europa.
PREGUNTA ESCRITA E-3537/98

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(25 de noviembre de 1998)

Asunto: Línea presupuestaria 3029

¿Podría la Comisión publicar una lista de las organizaciones beneficiarias de las ayudas otorgadas con cargo a la línea presupuesta 3029 durante los últimos cinco años?

¿Cómo responde la Comisión a las críticas según las cuales estas subvenciones se dirigen más a organizaciones católicas, mientras que organizaciones no religiosas y de centro izquierda han resultado mucho menos beneficiadas, incluso teniendo un gran número de miembros?

Respuesta de la Sra. Cresson en nombre de la Comisión

(14 de diciembre de 1998)

La Comisión envía cada año al Parlamento la lista de las organizaciones subvencionadas con cargo a la línea presupuestaria "Apoyo a organizaciones juveniles internacionales y no gubernamentales" (actualmente, la línea A-3029). Las listas de beneficiarios desde 1995 son enviadas directamente a su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.

Los criterios de subvencionabilidad y de selección aplicados figuran en la convocatoria de propuestas para la selección de 1998, publicada en el Diario Oficial(1). Dichos criterios no hacen referencia alguna al carácter confesional o aconfesional de las organizaciones. Así, se puede constatar que en la lista de organizaciones beneficiarias figuran organizaciones representativas de varias religiones y que este tipo de organizaciones sólo representan un porcentaje poco elevado: en 1998, menos del 10 % de las organizaciones subvencionadas se definen en principio como organizaciones confesionales. Si se trata en su mayoría de organizaciones católicas es porque efectivamente se ha recibido un mayor número de solicitudes de subvención procedentes de este tipo de organizaciones. Permítame recordarle que en los últimos años no se ha denegado ninguna solicitud procedente de organizaciones confesionales no católicas.

Por otra parte, uno de los criterios de selección es la representatividad de las organizaciones; naturalmente este criterio se ha aplicado igualmente a las organizaciones de carácter político.

Finalmente, a la vista de la lista de las organizaciones subvencionadas, se puede constatar que la mayoría de ellas no tienen ni carácter confesional ni político, sino que se articulan en torno a otros objetivos, por ejemplo ciertos tipos de actividades para los jóvenes, o son organizaciones estudiantiles.

(1) DO C 374 de 10.12.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-3144/98

de Roberto Mezzaroma (PPE) a la Comisión

(16 de octubre de 1998)

Asunto: Relaciones con Sudáfrica

¿Puede comunicar la Comisión, en lo relativo a las relaciones políticas y económicas con Sudáfrica, cuál es la naturaleza y el alcance de los programas que se piensa emprender o ya en curso, los plazos de aplicación de los mismos, los importes globales de los recursos utilizados o que se piensan utilizar en un periodo de tiempo específico, las modalidades de gestión política, económica y técnica según las especificidades de cada programa, el tipo de empresa o de consorcio de empresas que se han convocado o se convocarán para la aplicación de dichos programas y, por último, qué puntos de referencia tiene la Comisión sobre el terreno, así como los nombres y demás datos de los responsables directos?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión

(9 de noviembre de 1998)

La Comisión remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento una copia del informe anual sobre el Programa Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo en Sudáfrica (PERD) (1996 y 1997). Este informe y sus anexos (base jurídica, programa indicativo plurianual, listas de contratos adjudicados) contiene la información solicitada. También se envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento una lista de los programas que van a ponerse en marcha en 1998.

Se envía asimismo a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento la lista de funcionarios implicados directamente en la ejecución del PERD en Pretoria y en Bruselas.
PREGUNTA ESCRITA E-3229/98

de Edith Müller (V) a la Comisión

(26 de octubre de 1998)

Asunto: Concursos generales

¿Puede indicar la Comisión, para todos los concursos generales celebrados durante los últimos cinco años con vistas a la contratación de personal, los datos estadísticos referentes al número de candidaturas, de candidatos admitidos al examen escrito, de candidatos admitidos al examen oral y de candidatos seleccionados, todo ello desglosado por sexos y nacionalidades?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(25 de noviembre de 1998)

La Comisión, sobre la base del artículo 2 del Anexo XI del Estatuto, presentará al final del año 1998 el informe trienal sobre las necesidades en materia de contratación de las instituciones comunitarias. En este informe figurarán unas series estadísticas mediante la que se ha de responder a la solicitud de información de Su Señoría.

Por el momento, la Comisión transmite a Su Señoría, así como a la Secretaría General del Parlamento, algunos elementos estadísticos no exhaustivos sobre las oposiciones generales A y B organizadas y administradas por la Comisión durante el período comprendido entre 1993 y 1997.