ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/514

(2004/C 78 E/0535)

PREGUNTA ESCRITA E-3296/03

de Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) a la Comisión

(7 de noviembre de 2003)

Asunto: Derechos que se han de pagar por la tarjeta de residencia

En los Países Bajos, los súbditos de Estados miembros de la Unión Europea afrontan regularmente unos elevados derechos a la hora de solicitar una tarjeta de residencia. Así, se da el caso de una mujer alemana que convive oficialmente, desde el 1 de julio de 2002, con un súbdito neerlandés. Esta mujer trabajaba como trabajadora transfronteriza en Alemania y perdió el empleo involuntariamente el 31 de mayo de 2003. Sobre la base del artículo 71 del Reglamento (CE) no 1408/71 (1), recibe un subsidio neerlandés de desempleo. La mujer se ha visto obligada a pagar unos derechos que ascienden a 430 euros por la prórroga de su tarjeta de residencia.

Tiene dos hijos que viven con su antiguo marido (el padre de los menores) en Alemania. La mujer alemana carece de antecedentes laborales en los Países Bajos. La persona que convive con ella siempre ha residido en los Países Bajos y hasta marzo de 2001 ejercía una actividad profesional autónoma. Desde abril de 2001 es asalariado de una empresa alemana (trabajador transfronterizo).

1. ¿Están autorizados los Países Bajos a pedir anualmente unos derechos de 430 euros por la expedición de una tarjeta de residencia prorrogada? ¿Están autorizados a hacer lo mismo en el caso de la tarjeta de residencia expedida el 6 de junio de 2003 por un plazo de 6 meses (hasta el 6 de diciembre de 2003)?

2. ¿Están autorizados los Países Bajos a pedir unos derechos de 285 euros por la tarjeta de residencia de cada hijo, en caso de que la madre alemana desee encargarse de sus hijos en los Países Bajos o educarlos junto con su pareja neerlandesa?

3. ¿En qué medida se puede hablar de una violación del Derecho comunitario (Tratado CEE, artículos 13, 17, 18, 39 y, entre otros actos, Directiva 68/360/CEE (2))?

Observación: los derechos por un documento neerlandés de identidad ascienden a 28,73 euros para los propios residentes y los súbditos neerlandeses.

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(15 de enero de 2004)

La legislación neerlandesa que incorpora la legislación comunitaria sobre el derecho de residencia dispone que los ciudadanos de la Unión que residen en los Países Bajos en virtud de la legislación comunitaria pueden obtener una tarjeta de residencia temporal de hasta cinco años. La validez de la tarjeta depende de en calidad de qué la solicita el ciudadano de la Unión (demandante de empleo, trabajador, persona inactiva, estudiante).

Según la información facilitada en la pregunta escrita, la ciudadana alemana nunca ha trabajado en los Países Bajos y, por lo tanto, no puede haber solicitado una tarjeta de residencia en virtud de la Directiva 68/360/CEE (3). No obstante, de la información facilitada en la pregunta parlamentaria no se deduce en calidad de qué solicitó una tarjeta de residencia en los Países Bajos cuando todavía trabajaba en Alemania y posteriormente, una prórroga, cuando pasó a ser desempleada. Podría haber ejercido su derecho a la libre circulación de conformidad con la Directiva 90/364/CEE, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia (4) o también existe la posibilidad de que solicitara un permiso de residencia con arreglo al derecho nacional sobre la reunificación familiar con su pareja neerlandesa.

Independientemente de en calidad de qué solicita una tarjeta de residencia un ciudadano de la Unión, la legislación comunitaria sobre libre circulación dispone que las tarjetas de residencia deben expedirse y renovarse gratuitamente o mediante el pago de una cantidad que no supere los derechos e impuestos cobrados por expedir documentos de identidad a los nacionales. Según la información de la Comisión, el coste de las tarjetas de residencia temporal expedidas a ciudadanos de la Unión en los Países Bajos ha aumentado a 28 euros. Dado que los documentos de identidad nacionales cuestan 28,77 euros este aumento no es discriminatorio respecto del coste de los documentos de identidad nacionales y es, por tanto, acorde con la legislación comunitaria.

La legislación neerlandesa establece también la posibilidad de obtener una tarjeta de residencia permanente. El coste de este documento es de 226,89 euros según la información de la Comisión. No obstante, los ciudadanos de la Unión no están obligados a solicitar este tipo de documento más caro.

Si a la ciudadana alemana en cuestión le cobraron 430 euros por prorrogar su tarjeta de residencia y 285 euros por la de cada uno de sus hijos, las cantidades cobradas parecen superar lo establecido en la citada legislación neerlandesa. Sin embargo, para evaluar el asunto con conocimiento de causa y, si es preciso, ponerse en contacto con las autoridades neerlandesas, la Comisión necesitaría información más detallada al respecto.

Por último, la Comisión desea señalar que el artículo 13 del Tratado CE no es aplicable en este caso pues solamente proporciona un fundamento jurídico para luchar contra la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o creencias, discapacidades, edad u orientación sexual.

(1) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.

(2) DO L 257 de 19.10.1968, p. 13.

(3) Directiva 68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre suspensión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados Miembros y de sus familias dentro de la Comunidad, DO L 257 de 19.10.1968.

(4) DO L 180 de 13.7.1990.