PREGUNTA ESCRITA E-0729/96 de Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) a la Comisión (26 de marzo de 1996)

Asunto: Discriminación de las mujeres en el pago de las cuotas de pensión y de renta vitalicia

1. ¿Está la Comisión al corriente de que las mujeres que cotizan para su jubilación a través del empresario deben pagar cuotas más elevadas y, por tanto, una cotización más elevada, que los hombres para tener derecho a una pensión equivalente a la de estos últimos?

2. ¿Tiene conocimiento la Comisión de que también a la hora de hacer un seguro de renta vitalicia las mujeres deben pagar cuotas más elevadas que los hombres para beneficiarse de una renta anual equivalente a la de estos últimos?

3. Las compañías de seguros neerlandesas consideran que pueden pedir el abono de cuotas superiores por el hecho de que, según las estadísticas actuales, las mujeres neerlandesas viven, por término medio, más tiempo que los hombres. ¿Considera la Comisión que este argumento es sólido?

4. ¿Considera la Comisión que es justo que las compañías de seguros recurran a estadísticas de mortalidad basadas en un pasado en el que las mujeres apenas participaban o no participaban en absoluto en el proceso laboral, mientras que las mujeres que pagan sus cuotas de pensión sí participan en dicho proceso?

5. ¿Considera la Comisión que es probable que las estadísticas de mortalidad sean totalmente diferentes dentro de 30 años?

6. ¿Considera la Comisión que puede hablarse de discriminación por razón del sexo? En caso afirmativo, ¿qué medidas se propone adoptar la Comisión al respecto?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (7 de mayo de 1996)

Por lo que se refiere a los regímenes complementarios de empresa, la Comisión está al corriente de que continúan produciéndose determinadas prácticas discriminatorias en función del sexo en lo relativo al importe de las aportaciones para la constitución de una pensión o de una renta vitalicia.

El argumento de la mayor esperanza de vida de las mujeres que se esgrime para justificar la diferencia de trato entre hombres y mujeres, y, por lo tanto, la consideración de factores actuariales diferentes según el sexo para el pago de las aportaciones y de las prestaciones, han sido objeto, entre otras cosas, de cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales al Tribunal de Justicia. Estas cuestiones se plantearon en el marco de la aplicación del artículo 119 del Tratado CE, que se refiere a la igualdad de retribución entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social, y a raíz de la sentencia Barber, de 17 de mayo de 1990. En esta sentencia, el Tribunal consideró que las prestaciones ofrecidas por los regímenes profesionales de los trabajadores debían considerarse como retribución según lo dispuesto en el artículo 119 del Tratado CE y que, por lo tanto, ya no se admitiría excepción alguna al principio de igualdad de trato.

Dado que el artículo 119 del Tratado es una disposición de Derecho primario directamente aplicable, que prevalece sobre todos los actos de Derecho derivado y de Derecho nacional, se pudo comprobar que la Directiva 86/378/CEE ((DO L 225 de 12.8.1986. )) (acto de Derecho derivado) de 24 de julio de 1986, que autorizaba determinadas excepciones al principio de igualdad de trato, ya no debía ser aplicable. En efecto, según las letras h) e i) del artículo 6 de esta Directiva, los regímenes profesionales o complementarios podrían prever reglas de cálculo actuarial diferentes, según el sexo, que tuvieran en cuenta la mayor esperanza de vida de las mujeres. Más concretamente, la Directiva 86/378/CEE prevé que los regímenes pueden tener en cuenta elementos de cálculo actuarial diferentes según el sexo por lo que se refiere a las aportaciones de los empresarios y a las prestaciones basadas en las aportaciones.

La situación de las disposiciones de las letras h) e i) del artículo 6 fue clarificada por la jurisprudencia del Tribunal, y más concretamente por las sentencias de 22 de diciembre de 1993, asunto C-152/91 Neath, y de 28 de septiembre de 1994, asunto C-200/91 Coloroll.

El Tribunal precisa que las aportaciones de los trabajadores deben ser las mismas en todos los casos para los dos sexos en un régimen profesional contributivo de los empleados, puesto que forman parte del salario según lo dispuesto en el artículo 119 del Tratado CE. Por el contrario, las aportaciones del empresario no entrarían en el ámbito de aplicación del artículo 119 del Tratado CE. En efecto, según el Tribunal, la utilización de factores actuariales diferentes según el sexo en las modalidades de financiación de los regímenes profesionales tal como los describe Su Señoría no está incluida en el ámbito de aplicación del artículo 119 del Tratado CE.

Por lo tanto, en lo sucesivo, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para que los distintos regímenes de empresa o complementarios resultantes de las relaciones de trabajo apliquen el principio de la igualdad de las contribuciones de los trabajadores, de acuerdo con el artículo 119 del Tratado CE tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia en los asuntos antes citados.

La Comisión considera que, en adelante, no debe tenerse en cuenta ninguna referencia a la consideración de factores actuariales diferentes según el sexo por lo que se refiere a las aportaciones de los trabajadores asalariados y a todos los regímenes profesionales. Según la jurisprudencia del Tribunal, las discriminaciones basadas en el sexo por lo que respecta a las aportaciones del empresario están justificadas, puesto que responden a factores actuariales objetivos.

La Comisión presentó el 16 de mayo de 1995 una propuesta de Directiva ((DO C 218 de 23.8.1995. )) que tiende, por razones de claridad y de seguridad jurídicas, a conciliar la Directiva 86/378/CEE con el artículo 119 del Tratado CE. Esta propuesta de directiva de carácter declaratorio del derecho actualmente existente sigue pendiente ante los órganos del Consejo.

Por otra parte, la Comisión ha escrito a los Gobiernos de los Estados miembros recordándoles la obligación, en virtud del artículo 119 del Tratado CE, de adoptar las medidas necesarias para ajustarse a este artículo, que deben tener efecto retroactivo a partir del 17 de mayo de 1990, fecha de la sentencia Barber.

Por lo que respecta a los contratos de seguros y a los regímenes que conceden prestaciones suplementarias derivadas de las aportaciones satisfechas con carácter puramente voluntario por los empleados, en la medida en que no están incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 119 del Tratado (asunto C-200/91, Coloroll), las disposiciones de las directivas en materia de seguros, especialmente la Directiva 92/96/CEE, disponen que las compañías de seguros que cubren estos riesgos deben tener en cuenta para el cálculo de las primas y provisiones matemáticas los distintos elementos estadísticos necesarios para permitir a la compañía de seguros cumplir con la totalidad de sus compromisos y elaborar provisiones matemáticas adecuadas. Estos elementos estadísticos, entre los cuales figuran factores demográficos, deben elegirse de manera prudente y con arreglo a hipótesis actuariales razonables. Estas directivas tienen por objeto la realización del mercado interior en el sector de los seguros, con el fin de permitir la libre circulación de las compañías de seguros y de los productos de seguros y garantizando al mismo tiempo un nivel de protección adecuado de los asegurados.