ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
PREGUNTA ESCRITA E-3441/02

de Marco Cappato (NI) a la Comisión

(2 de diciembre de 2002)

Asunto: Intercambio de datos personales entre Europol y los Estados Unidos

Con ocasión de la visita de la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los Estados Unidos, los responsables de la antena de Europol en Washington afirmaron que en varias ocasiones Europol ha intercambiado datos personales con las autoridades estadounidenses. Dichos datos sólo se intercambian en caso de que existan peligros para la vida de una persona, bajo la responsabilidad del director de Europol y la supervisión del Consejo de Dirección.

¿Puede la Comisión informar detalladamente sobre estas operaciones y, en particular, cuál es el fundamento jurídico de las mismas? ¿De cuántos casos se trata, respecto de cuántas personas (y de qué nacionalidad) y de qué datos se trata? ¿Qué razones de extraordinaria y vital importancia se han aducido en cada caso? ¿Por qué no se ha producido, siempre según las declaraciones de los responsables de Europol en los EE.UU., ningún intercambio de datos en la dirección contraria, es decir, de las autoridades estadounidenses a Europol?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(17 de enero de 2003)

El apartado 1 del artículo 2 del acto del Consejo, de 12 de marzo de 1999, por el que se fijan las normas para la transmisión por Europol de datos personales a Estados y organismos terceros(1), estipula que los datos personales pueden transmitirse en las condiciones establecidas en el artículo 18 del Convenio de Europol(2) cuando exista un acuerdo con dicho tercer Estado.

A falta de tal acuerdo, los datos personales pueden transmitirse en casos excepcionales, cuando el director de Europol considera que la transmisión es absolutamente necesaria para salvaguardar los intereses esenciales de los Estados miembros, o en interés de prevenir el peligro inminente asociado con el crimen.

El acto del Consejo también obliga al director de Europol a informar al consejo de administración de Europol y al organismo de supervisión conjunto, sin retraso injustificado, de cualquier decisión adoptada para transmitir datos personales en aplicación de esta cláusula excepcional.

Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el director de Europol decidió, el 28 de septiembre de 2001, aplicar la cláusula excepcional e informó de ello al consejo de administración y al organismo de supervisión conjunto. La transmisión de datos se ha limitado a la información ligada a las investigaciones sobre los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001, incluidas las actividades relacionadas con delitos de blanqueo de dinero. La razón de esa decisión era que la información en posesión de Europol podría ser de vital importancia para las autoridades competentes de Estados Unidos.

La Comisión no participa en el trabajo operativo de Europol y no tiene ningún conocimiento de los detalles de esta transmisión de datos y sobre si los Estados Unidos han suministrado datos a Europol.

(1) DO C 88 de 30.3.1999.

(2) DO C 316 de 27.11.1995.
PREGUNTA ESCRITA E-2954/02

de Gabriele Stauner (PPE-DE) a la Comisión

(22 de octubre de 2002)

Asunto: Cuentas de la Comisión en bancos comerciales

De la respuesta a mi pregunta escrita E-1851/02(1), deduzco que la Comisión mantiene cuentas en, al menos, un banco comercial en cada Estado miembro para efectuar pagos a los beneficiarios cuya cuenta bancaria se encuentra en el Estado miembro en cuestión.

Según la Comisión, estos bancos fueron elegidos por licitación abierta y sus nombres remitidos a la Comisión Consultiva de Compras y Contratos, a pesar de que con relación al valor límite (a consecuencia del bajo importe de las comisiones) no hubiera sido necesario. De la lista proporcionada por la Comisión deduzco que la mayoría de los contratos se celebra en el año 1998.

1. ¿Podría indicar la Comisión cuál es la duración de dichos contratos?

2. ¿Podría indicar la Comisión los bancos con los que se prolongó o renovó el contrato preexistente?

3. ¿Podría indicar la Comisión cuántos bancos presentaron ofertas para el procedimiento de adjudicación en cada país?

4. ¿Podría indicar la Comisión por qué en Bélgica, Italia y Suecia se celebraron contratos con varios bancos en vez de concentrar la colaboración en un sola entidad?

(1) Ver página 24.

Respuesta de la Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(13 de diciembre de 2002)

1. La duración de los contratos es de un año renovable automáticamente hasta cinco años, a menos que se rescinda el contrato.

2. No se renovó ni se prorrogó ningún contrato más de cinco años. Al acercarse el término del período de cinco años o antes, si un contrato se rescinde, se publica otra licitación.

A veces el banco cuyo contrato ha expirado gana la nueva licitación y se le adjudica el nuevo contrato.

Así, a los siguientes bancos mencionados en el punto 3 de la pregunta escrita E-1851/02 de Su Señoría también se les había adjudicado el contrato anterior:

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los nombres de los bancos citados son sus nombres actuales, como consecuencia de diversas fusiones. No son necesariamente los nombres que figuran en los contratos.

Así mismo, desde la respuesta a la pregunta escrita E-1851/02, los contratos con Nordea Bank Danmark A/S y Banque Fédérative du Crédit Mutuel a los que se refiere el punto 3 de esa pregunta han expirado y se han adjudicado otros nuevos, previa licitación. Los nuevos contratos fueron adjudicados a los mismos bancos, Nordea Bank Danmark A/S y Banque Fédérative du Crédit Mutuel.

3. El siguiente cuadro facilita la información solicitada:

>SITIO PARA UN CUADRO>

4. Antes de 1999, se publicaban licitaciones separadas para contratos en ecus y en las monedas nacionales. En algunos países, se adjudicaron al mismo banco ambos contratos. En otros, se adjudicó a un banco el contrato en ecus y a otro el contrato en moneda nacional. Así ocurrió en el caso de Italia y Suecia.

En Bélgica, los contratos se adjudicaron a más de un banco debido al gran número de pagos realizados en ese país, tanto por transferencia como en efectivo para anticipos de misiones.
PREGUNTA ESCRITA E-3721/02

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(19 de diciembre de 2002)

Asunto: Trinidad y Tobago

En relación con Trinidad y Tobago, ¿puede la Comisión establecer una relación de proyectos aprobados para ser financiados con cargo al presupuesto de la Unión Europea en el año 2001 y definir cuál es la cuantía total para la inversión de este año?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-3680/02, E-3681/02, E-3682/02, E-3683/02, E-3684/02,E-3685/02, E-3686/02, E-3687/02, E-3688/02, E-3689/02, E-3690/02, E-3691/02,E-3692/02, E-3693/02, E-3694/02, E-3695/02, E-3696/02, E-3697/02, E-3698/02,E-3699/02, E-3700/02, E-3701/02, E-3702/02, E-3703/02, E-3704/02, E-3705/02,E-3706/02, E-3707/02, E-3708/02, E-3709/02, E-3710/02, E-3711/02, E-3712/02,E-3713/02, E-3714/02, E-3715/02, E-3716/02, E-3717/02, E-3718/02, E-3719/02,E-3720/02, E-3721/02, E-3722/02, E-3723/02, E-3724/02 y E-3725/02dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(11 de febrero de 2003)

A continuación se facilita a Su Señoría un cuadro que recoge el importe total de las ayudas concedidas a los países siguientes:

>SITIO PARA UN CUADRO>

La Comisión remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento un cuadro más detallado junto con el informe anual 2001 sobre la política de desarrollo y la aplicación de la ayuda exterior.
PREGUNTA ESCRITA E-3707/02

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(19 de diciembre de 2002)

Asunto: Sudáfrica

En relación con Sudáfrica, ¿puede la Comisión establecer una relación de proyectos aprobados para ser financiados con cargo al presupuesto de la Unión Europea en el año 2001 y definir cuál es la cuantía total para la inversión de este año?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-3680/02, E-3681/02, E-3682/02, E-3683/02, E-3684/02,E-3685/02, E-3686/02, E-3687/02, E-3688/02, E-3689/02, E-3690/02, E-3691/02,E-3692/02, E-3693/02, E-3694/02, E-3695/02, E-3696/02, E-3697/02, E-3698/02,E-3699/02, E-3700/02, E-3701/02, E-3702/02, E-3703/02, E-3704/02, E-3705/02,E-3706/02, E-3707/02, E-3708/02, E-3709/02, E-3710/02, E-3711/02, E-3712/02,E-3713/02, E-3714/02, E-3715/02, E-3716/02, E-3717/02, E-3718/02, E-3719/02,E-3720/02, E-3721/02, E-3722/02, E-3723/02, E-3724/02 y E-3725/02dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(11 de febrero de 2003)

A continuación se facilita a Su Señoría un cuadro que recoge el importe total de las ayudas concedidas a los países siguientes:

>SITIO PARA UN CUADRO>

La Comisión remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento un cuadro más detallado junto con el informe anual 2001 sobre la política de desarrollo y la aplicación de la ayuda exterior.
PREGUNTA ESCRITA E-1751/02

de Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) a la Comisión

(19 de junio de 2002)

Asunto: Trabajadores del Banco Central Europeo

El sindicato mayoritario del BCE considera que los derechos sociales de los trabajadores de dicha institución están vulnerados al no disfrutar de los derechos derivados del estatuto de la función pública europea, ni de la legislación laboral alemana, que se debería aplicar por defecto al estar radicada la sede del BCE en Francfort. El BCE argumenta que su independencia reconocida por el Tratado le permite llevar a cabo de manera autónoma su política de personal.

¿Considera la Comisión que la independencia del BCE justifica la situación de los trabajadores de dicha institución?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(2 de agosto de 2002)

El Banco Central Europeo (BCE) fue creado de conformidad con el artículo 8 del Tratado de la CE y actúa dentro de los límites de las competencias que se le confirieron en virtud del Tratado de CE y del estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC).

En concreto, el apartado 1 del artículo 36 del estatuto del SEBC estipula que el Consejo de Gobierno del BCE establecerá las condiciones laborales del personal del BCE y el apartado 2 del artículo 36 estipula la competencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en cualquier conflicto que pueda surgir entre el BCE y sus empleados. El citado artículo es análogo a los artículos 283 y 236 del Tratado de CE, que son de aplicación a los funcionarios de la Comunidad. Además, el Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades estipula, en su artículo 23, que también será de aplicación al BCE, a los miembros de sus órganos y a su personal, del mismo modo que es de aplicación a los funcionarios de la Communidad.

Por todo ello, no procede plantearse la aplicación de la legislación laboral del Estado de acogida a las condiciones laborales en el BCE. Por razones de transparencia, la no aplicabilidad de la legislación laboral alemana se ha recordado en el artículo 15 del Acuerdo sobre la sede entre la República Federal de Alemania y el BCE.
PREGUNTA ESCRITA E-2245/02

de Caroline Jackson (PPE-DE) a la Comisión

(23 de julio de 2002)

Asunto: Sistema de reembolso de las clínicas dentales en el Reino Unido

La política del Gobierno del Reino Unido es pagar a las clínicas dentales estatales una cantidad determinada por cada tratamiento proporcionado, a lo que se añade la financiación de bienes de equipo, personal y costes de funcionamiento. Las mismas cantidades por tratamiento proporcionado por dentistas independientes se pagan sin reembolso de los costes relativos a equipamiento, personal o funcionamiento, excepto la parte correspondiente al impuesto sobre actividades empresariales. ¿Podría la Comisión indicar si esta política constituye un caso de competencia desleal y si es coherente con la política de competencia leal de la UE?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(20 de septiembre de 2002)

La política sanitaria es responsabilidad de los Estados miembros, que tienen derecho a crear, administrar y financiar establecimientos públicos de salud encargados de tareas de servicio público.

La financiación de estos servicios se ajusta a las normas de competencia si no excede de lo necesario para permitirles garantizar su misión. No obstante, una sobrecompensación de los costes de los servicios públicos de salud que diera lugar a subvenciones cruzadas de actividades competitivas podría infringir las normas de competencia.

De estos principios se desprende que la política seguida por el Gobierno británico, consistente en abonar a los centros dentales públicos un importe definido por cada tratamiento efectuado, y en asumir además todos sus costes de inversión, personal y explotación, mientras que los dentistas independientes contratados para prestar los mismos cuidados dentales solamente reciben honorarios equivalentes sin compensación de sus costes de inversión, personal o explotación, no constituye necesariamente un obstáculo a la libre competencia.

En efecto, a los centros dentales públicos se les pueden imponer obligaciones de servicio público (límites máximos de facturación, horarios de apertura, presencia en el territorio o especialidades cubiertas) que no recaen sobre las consultas dentales independientes y que originan costes. En la medida en que los fondos concedidos por las autoridades británicas se limitan a compensar a los centros dentales públicos los costes inducidos por su misión de servicio público, dichos fondos no quedan incursos en el ámbito de las normas relativas a las ayudas estatales.

La información a disposición de la Comisión no permite determinar si el sistema descrito por Su Señoría viola las normas de competencia comunitarias.
PREGUNTA ESCRITA E-3658/02

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(18 de diciembre de 2002)

Asunto: Marea negra en Galicia: vertidos ocasionales

La catástrofe del Prestige ha alarmado una vez más a la opinión pública europea, que contempla atónita como se suceden periódicamente las mareas negras en nuestras costas. Tras cada catástrofe, los gobiernos hacen públicas manifestaciones de endurecimiento de la legislación hasta que se produce la siguiente.

Sin embargo, las mareas negras representan menos del 20 % del petróleo y derivados vertidos al mar diariamente. Más del 80 % se debe a prácticas cotidianas, como por ejemplo, el vaciamiento y lavado de los depósitos en alta mar. Es un hecho constatado que cada vez que se produce una catástrofe de estas características una serie de buques aprovechan para limpiar sus tanques.

Hay quien sostiene que no es ocasional, sino una práctica diaria, pero que sólo se observa, dados los medios presentes en la zona, en casos de auténtica marea negra.

¿Tiene previsto la Comisión realizar alguna propuesta formal o alguna acción específica, destinadas a impedir que estos hechos se repitan, tanto en el marco de la Unión como en el seno de la Organización Marítima Internacional?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(6 de febrero de 2003)

La Comisión considera especialmente preocupante el problema que supone la práctica ilegal de vaciar y lavar los depósitos en alta mar, así como sus efectos en el entorno marino. Considera que deben imponerse sanciones penales a todas las personas que, de forma deliberada o por una negligencia grave, causen una contaminación marina.

Se han propuesto iniciativas al respecto en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, presentada el 3 de diciembre de 2002(1). Además, el Consejo Europeo de Copenhague de diciembre de 2002 afirmó en sus conclusiones su intención de examinar la necesidad de adoptar nuevas iniciativas, especialmente en materia de responsabilidad penal de los autores de contaminación.

En este contexto, la Comisión ha iniciado la elaboración de un proyecto de Reglamento destinado, en particular, a imponer sanciones penales a todas las personas (es decir, no sólo al armador, sino también al propietario de la carga, a la sociedad de clasificación o a cualquier otra persona implicada) responsables de una contaminación como consecuencia de su negligencia grave.

Esta propuesta se atacará a las operaciones (deliberadas) de vertido por los buques (el vaciamiento y lavado de los depósitos en alta mar) y se completará con disposiciones sobre la recopilación de pruebas y el procesamiento de los responsables.

(1) COM(2002) 681 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3355/02

de Antonios Trakatellis (PPE-DE) a la Comisión

(27 de noviembre de 2002)

Asunto: Prohibición de celebrar contratos públicos con empresas de medios de comunicación

Según la nueva ley aprobada por el Parlamento griego (no 3021, Diario Oficial del Estado 19/0672002), queda prohibida la celebración de contratos públicos con personas físicas o jurídicas identificadas como accionistas de base en empresas de medios de comunicación. Según esta misma ley, por accionista de base se entiende el titular de acciones hasta un 5 % del total del capital social de la empresa de comunicación.

Habida cuenta de la dificultad que supone el control del concepto de accionista de base tanto en el ámbito comunitario como en el internacional:

- ¿Puede indicar la Comisión si esta nueva ley se ajusta al Derecho comunitario? ¿En qué medida se vulnera el principio de igualdad, como principio general de Derecho, dado que no podrán controlarse ni las empresas con sede en los Estados miembros, ni las llamadas empresas off-shore, en relación con las empresas nacionales?

- ¿Existe una obligación por parte de los Estados miembros de colaborar con las autoridades nacionales competentes en el control del concepto de accionista de base (suministro de información, investigaciones, etc.), en particular cuando la correspondiente legislación nacional no prevé un control equivalente?

- ¿Constituye el eventual retraso del control de las empresas comunitarias, un incumplimiento del principio de igualdad y una discriminación de estas últimas en relación con las empresas nacionales y en qué medida es factible y jurídicamente legítimo excluir eventualmente a las empresas comunitarias de la celebración de contratos públicos, habida cuenta de la imposibilidad de efectuar un control eficaz de estas empresas?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(8 de enero de 2003)

En respuesta a la pregunta escrita P-1666/02 formulada por Su Señoría respecto a este asunto, la Comisión ha obtenido el texto de la ley griega a la que se refiere.

La Comisión está analizando esta ley.

Si es necesario, la Comisión se pondrá en contacto con Grecia para obtener los elementos necesarios que le permitan completar su análisis.
PREGUNTA ESCRITA E-2666/02

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(23 de septiembre de 2002)

Asunto: Tienda para los funcionarios de la UE en Bruselas

En respuesta a la pregunta E-1412/02(1), el Comisario señaló que la legislación belga en materia lingüística no es de aplicación en la tienda para funcionarios de la UE situada en la Wetenschapsstraat en Bruselas.

Señaló también que esta tienda ofrece la misma gama de productos que se encuentran en cualquier supermercado normal.

1. Si la legislación belga no es de aplicación en esta tienda de la UE, ¿puede decir la Comisión por qué se ha elegido para este establecimiento el francés como lengua de comunicación? ¿Por qué no se ha optado por el bilingüismo francés/inglés tal y como se puede deducir de la respuesta a la pregunta E-0173/02(2)?

2. El hecho de que los productos no son totalmente idénticos a los que se pueden encontrar en cualquier supermercado normal resulta evidente al ver la oferta de, entre otros, agua mineral de Portugal y jengibre caramelizado de Austria. Puesto que la etiqueta de estos productos está redactada en una única lengua (portugués y alemán, respectivamente) puede deducirse que ninguno de estos dos productos está destinado a los supermercados belgas normales. ¿Comparte la Comisión mi opinión de que esta manera de etiquetar infringe de todos modos el artículo 16 de la Directiva 2000/13/CE(3)? ¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para que las etiquetas de estos productos estén redactadas en una lengua que el consumidor comprenda fácilmente?

(1) DO C 309 E de 12.12.2002, p. 120.

(2) DO C 205 E de 29.8.2002, p. 87.

(3) DO L 109 de 6.5.2000, p. 29.

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(20 de noviembre de 2002)

Tal como se indicó en la respuesta a la pregunta E-1412/02(1) de Su Señoría, dado que la tienda no está abierta al público en general por motivos razonados que ya se han citado repetidamente, la información y los letreros de la tienda están principalmente en francés. Esta fue la opción práctica elegida por Delhaize.

El establecimiento ofrece los que podrían denominarse especialidades alimenticias de los Estados miembros, con el fin de satisfacer la demanda de sus clientes que son una mezcla de nacionales de estos Estados miembros.

En este contexto, el etiquetado de estos productos es conforme con la Directiva 2000/13 CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.

(1) DO C 309 E de 12.12.2002, p. 120.
PREGUNTA ESCRITA E-3547/02 de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión. Las cooperaciones suprarregionales y su exclusión de EURES.



Diario Oficial n° 155 E de 03/07/2003 p. 0167 - 0167



PREGUNTA ESCRITA E-3547/02 de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión (11 de diciembre de 2002) Asunto: Las cooperaciones suprarregionales y su exclusión de EURES En su Comunicación de 13 de febrero de 2002 al Consejo, al Parlamento Europeo, al Consejo Económico y Social y al Comité de Regiones sobre un plan de acción de la Comisión en materia de cualificación y movilidad(1), la Comisión destaca la dimensión europea del mercado de trabajo y la importancia de la movilidad y flexibilidad profesionales. No obstante, está pensando, al parecer, en la posibilidad de excluir del sistema de cooperación EURES, relativo a la mutua información sobre el mercado de trabajo, a los cuarenta consejos sindicales interregionales. ¿Son verídicas estas informaciones? (1) COM(2002) 72 final. Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión (31 de enero de 2003) No. La Comisión cree que una participación activa de los interlocutores sociales es de capital importancia para el éxito de EURES, la red formada por la Comisión, los servicios de empleo de los Estados miembros y cualquier otro socio nacional que puedan tener. De conformidad con la nueva Decisión de la Comisión sobre EURES, adoptada por la Comisión en diciembre(1), los interlocutores sociales estarán representados a nivel europeo por el Grupo estratégico de alto nivel y el Grupo de trabajo. Los principios más destacados de la futura organización de las asociaciones transfronterizas de EURES se establecerán en la Carta EURES. La propuesta de la Comisión prevé que las asociaciones transfronterizas incluyan a los servicios públicos de empleo así como a los sindicatos y las organizaciones patronales de todas las regiones participantes. (1) C(2002)5236 final.