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PREGUNTA ESCRITA E-2281/02

de Jannis Sakellariou (PSE) a la Comisión

(24 de julio de 2002)

Asunto: Bloqueo de las autorizaciones de instalación decidida por la KVB en la región de Múnich Psicoterapeutas griegos

1. La Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (asociación de médicos de Baviera) (KVB) ha decretado el bloqueo de las autorizaciones de instalación de nuevos médicos en la región de Múnich. ¿Podría indicar la Comisión si esta medida es legal?

2. ¿Merma esta medida la libertad de establecimiento de una psicoterapeuta griega que quisiese tratar en esta región a pacientes afiliados al régimen del seguro de enfermedad para satisfacer la creciente necesidad de médicos de lengua griega?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(4 de septiembre de 2002)

La Comisión es consciente de los límites que ciertos países pueden fijar para el establecimiento y, en particular, la celebración de convenios en el ámbito de las profesiones médicas. Estas restricciones se establecen a veces por razones de salud pública y equilibrio financiero de las compañías de seguros de enfermedad.

No obstante, la Comisión no dispone, en este caso, de información suficiente para evaluar la normativa en cuestión. La Comisión solicitará tal información a las autoridades alemanas y mantendrá a Su Señoría al corriente de la evolución de la situación.
PREGUNTA ESCRITA E-2124/02

de Ian Hudghton (Verts/ALE) a la Comisión

(17 de julio de 2002)

Asunto: Futuro de las comunidades dependientes de la pesca

El Tribunal de Justicia Europeo ha reforzado de forma inequívoca el principio de la estabilidad relativa, sobre la base del texto original del Reglamento (CEE) del Consejo no 170/83(1), como un principio cuyo objetivo es garantizar a todos los Estados miembros una parte del TAC de la Comunidad, parte que se determina en lo esencial sobre la base de las capturas realizadas en el marco de actividades tradicionales de pesca y de la población local dependiente de la pesca e industrias relacionadas de los Estados miembros antes de que se fijara el sistema de cuotas (véase, por ejemplo, asunto C-4/96).

El ajuste del principio de estabilidad relativa que propone la Comisión en el marco de su propuesta de reforma de la PCP, para convertirlo en un principio que basaría las asignaciones en la proporción media de capturas en los 5 o 10 años precedentes y que, posiblemente, lo eliminaría, sería contrario a la propia esencia de este principio y a las razones por las que se estableció y por las que ha sido reiteradamente confirmado. El ajuste o la eliminación del principio tal y como se ha aplicado hasta ahora pondría en peligro el futuro de las comunidades que dependen de la protección de sus derechos históricos de pesca. Por tanto, ¿puede explicar con claridad la Comisión cómo asumirá la responsabilidad de destruir comunidades frágiles, en las que con frecuencia no hay empleo alternativo, socavando o eliminando de esta forma un principio fundamental comunitario firmemente establecido?

(1) DO L 24 de 27.1.1983, p. 1.

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2123/02 y E-2124/02dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(5 de agosto de 2002)

Tal y como afirma correctamente Su Señoría, en la normativa comunitaria se hace referencia al principio de estabilidad relativa. Sin embargo, dicha normativa no contiene los elementos necesarios para que el funcionamiento de dicho principio en la práctica sea totalmente transparente. La Comisión propone que dichos elementos se establezcan en un reglamento del Consejo, en consulta con el Parlamento. La Comisión está convencida de que, de esta manera, aumentará la seguridad jurídica.
PREGUNTA ESCRITA E-0949/02

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(9 de abril de 2002)

Asunto: Incumplimiento de la legislación de la Unión Europea en temas relacionados con la fiscalidad

¿Puede indicar la Comisión cuántos casos de posible infracción de la legislación comunitaria se han dado en Grecia en el ámbito fiscal, y cuáles son los temas relacionados con las infracciones?

¿En cuántos casos (si los hay), y en cuáles, piensa la Comisión denunciar a Grecia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(22 de mayo de 2002)

La Comisión remite a Su Señoría al Decimoctavo informe anual sobre el control de la aplicación del derecho comunitario(1), que recoge las iniciativas llevadas a cabo por la Comisión en 2000 para supervisar el cumplimiento del derecho comunitario, y el curso de los procedimientos de infracción por ella incoados y gestionados, en general y en cada sector.

El informe se ha enviado al Parlamento (PE/2001/1303).

El decimonoveno informe anual se aprobará en 2002, tras lo cual se remitirá al Parlamento.

(1) COM(2001) 309 final, volumen I.
PREGUNTA ESCRITA E-1298/02

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(7 de mayo de 2002)

Asunto: Reducción de la contribución del Reino Unido al presupuesto

El método empleado para calcular la corrección británica ha sido modificado con el fin de neutralizar los beneficios netos (los beneficios aleatorios) que se producen como resultado del aumento del porcentaje de RPT que retienen los Estados miembros.

¿Cuándo y por medio de qué proceso se produjo este cambio?

¿A cuánto ascendió la contribución global del Reino Unido al presupuesto comunitario en cada uno de los pasados cinco años tanto antes como después de la reducción anual?

¿De qué modo afectará la ampliación a la reducción de la contribución del Reino Unido al presupuesto?

Respuesta de la Comisaria Schreyer en nombre de la Comisión

(6 de junio de 2002)

La corrección de los recursos propios en favor del Reino Unido fue introducida por la letra e) del artículo 4 de la Decisión del Consejo 2000/597/CE, Euratom, de 29 de septiembre de 2000, sobre el sistema de los recursos propios de las Comunidades Europeas(1). Esta corrección se aplica retroactivamente a partir del 1 de enero de 2001 puesto que el porcentaje retenido por los Estados miembros aumentó a partir de esa fecha. Esto se acordó entre los Estados miembros en el Consejo Europeo de Berlín de marzo de 1999 y se refleja en el punto 72 de las conclusiones de la Presidencia.

Los pagos totales del Reino Unido al presupuesto comunitario en los últimos cinco años han sido:

>SITIO PARA UN CUADRO>

El tamaño de la reducción es directamente proporcional a los gastos comunitarios asignados (es decir, los gastos comunitarios asignados a Estados miembros individuales). Puesto que este gasto asignado aumentará tras la ampliación debido al gasto en los nuevos Estados miembros, la reducción del Reino Unido aumentará(2). Por consiguiente, el Reino Unido soportará un coste de la ampliación inferior al normal(3).

(1) DO L 253 de 7.10.2000.

(2) El aumento de la reducción será parcialmente amortiguado por las disposiciones de la letra f) del artículo 4 de la decisión sobre recursos propios, que está basada en el punto 72 de las conclusiones de la Presidencia de Berlín. Este artículo afirma que en el momento de la ampliación el gasto asignado será reducido por un importe equivalente al gasto de preadhesión anual en los países candidatos.

(3) Puesto que el coste de la ampliación se financiará básicamente a través de un aumento del recurso producto nacional bruto (PNB), una parte normal de la financiación sería equivalente a la parte de Reino Unido en el PNB de la Unión.
PREGUNTA ESCRITA E-2297/02

de Isidoro Sánchez García (ELDR) a la Comisión

(25 de julio de 2002)

Asunto: Revisión del Libro Blanco de Transporte en 2004

¿Qué posibilidades existen para que en la revisión anunciada para el 2004 por la Comisión en su Libro Blanco sobre la Política Europea de Transporte se incluya en el mapa de las redes la provincia de Teruel en la línea del AVE Ibérico Madrid-Cuenca-Valencia, al objeto de evitar el aislamiento de la citada provincia española?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(22 de agosto de 2002)

La Comisión anunció su intención de proponer en 2004 una revisión de la Decisión 1692/96/CE(1) sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte. Como se señala en el Libro Blanco, esta revisión tendrá por objeto centrar la actuación de la Comunidad en un pequeño número de prioridades a lo largo de los grandes ejes, integrar las redes de los países candidatos e integrar los corredores marítimos. Puesto que el ámbito de las redes transeuropeas es una competencia compartida con los Estados miembros, la Comisión trabajará en estrecha colaboración con las Administraciones nacionales en la elaboración de esa propuesta de revisión.

Además, la Comisión recuerda a Su Señoría la propuesta de revisión intermedia de las orientaciones(2) que está examinando el Consejo. Esta propuesta incluye en los mapas del anexo I de la Decisión antes citada el enlace ferroviario Huesca-Zaragoza-Teruel como línea proyectada de alta velocidad, cuya realización contribuirá a poner fin al aislamiento de la provincia de Teruel. La propuesta ya ha sido objeto de un dictamen positivo del Parlamento.

(1) DO L 228 de 9.9.1996.

(2) DO C 362 E de 18.12.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-0337/02

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(12 de febrero de 2002)

Asunto: Presupuesto y costes de la Convención sobre el Futuro de Europa

A la luz de la información publicada recientemente, según la cual los costes previstos para la Convención sobre el Futuro de Europa serán elevados, ¿puede confirmar la Comisión cuál será el presupuesto acordado para la misma? Asimismo, ¿puede facilitar la Comisión detalles acerca del desglose de dicho presupuesto, en especial, qué parte del mismo se destinará a los servicios de traducción, a publicaciones, a los gastos del Presidente y los miembros de la Convención y a los honorarios del Presidente de la Convención?

¿Puede indicar, asimismo, de qué parte del Presupuesto de la Unión Europea procederán estos fondos?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0139/02, E-0337/02 y E-0419/02dada por el Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2002)

El Parlamento, el Consejo y la Comisión celebraron el 28 de febrero de 2002 un acuerdo interinstitucional que establecía la contribución de cada una de estas instituciones a la financiación de la Convención sobre el futuro de Europa. Dichos acuerdos se basan en una estimación del presupuesto de la Convención de 4 millones de euros para el primer ejercicio presupuestario, comprendido entre marzo y diciembre de 2002.

Esta cantidad se transferirá del presupuesto general de la Unión a un fondo específico no incluido en el presupuesto general de la Comunidad, desglosándose del siguiente modo:

- 1 millón de euros con cargo a la sección I (Parlamento);

- 0,4 millones de euros con cargo a la sección II (Consejo);

- 2,6 millones de euros con cargo a la sección III (Comisión) Parte A.

Estas cantidades representan el 0,1 % de los gastos de administración de cada institución, excluidas las pensiones.

La autoridad presupuestaria adoptó un presupuesto rectificativo el 28 de febrero de 2002, creando las líneas presupuestarias necesarias y transfiriendo los créditos necesarios para permitir la puesta en práctica de estas contribuciones.

Según las normas acordadas por las tres instituciones, el presupuesto de la Convención habrá de adoptarse a propuesta del Secretario General de la Convención y con el acuerdo del Parlamento, el Consejo y la Comisión.

En principio, el presupuesto de la Convención no incluye los gastos de viaje y alojamiento de los miembros de la misma (con excepción de los de su Presidium), que son cubiertos por el Parlamento, los Estados miembros y los países candidatos de los que proceden dichos miembros, como tampoco los sueldos de los miembros de la Secretaría de la Convención cuando desarrollan sus funciones en comisión de servicio procedentes de las instituciones de la Unión, o algunos gastos de infraestructura (tales como los de interpretación, producción, edificios y personal), cubiertos por las tres instituciones que organizan las reuniones de la Convención.
PREGUNTA ESCRITA E-2170/02

de Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) a la Comisión

(18 de julio de 2002)

Asunto: Calendario para clarificar la definición de residuo

En su respuesta a la pregunta escrita E-0885/02(1), la Comisaria Margot Wallström afirma que el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la Comunidad aboga por que se aclare la diferencia jurídica entre lo que es y no es residuo. Asimismo indica que la Comisión tomará las medidas necesarias en el contexto de ese programa para evaluar la mejor manera de llevar a cabo esa tarea.

La definición de residuo debería clarificarse lo antes posible para que las empresas que fabrican productos derivados en el marco de los procesos industriales dejen de sufrir las consecuencias de esta situación económica indeseable. Entre otros, UNICE (Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa) ha observado el problema y ha emprendido una iniciativa para resolverlo.

¿Cuándo piensa adoptar medidas la Comisión para clarificar la definición de residuo?

(1) DO C 229 E de 26.9.2002, p. 155.

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2170/02 y E-2195/02dada por el Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(5 de septiembre de 2002)

La Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el sexto programa de acción comunitaria para el medio ambiente (PAMA), adoptada por el Consejo el 11 de junio de 2002(1), señala como una de sus acciones prioritarias en relación con el uso y la gestión sostenibles de los recursos naturales y los residuos la de distinguir claramente entre los residuos y lo que no son residuos(2).

La definición de residuo figura en la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos(3), en su versión modificada, y constituye un componente fundamental de la legislación comunitaria sobre gestión de residuos. En el marco del 6o PAMA, la Comisión adoptará medidas, desde el inicio del programa, para estudiar cuál es la mejor forma de dejar clara la distinción. Esto se hará con vistas a examinar las maneras de basarse, si se demuestra necesario y adecuado, en los parámetros que existen ya tanto en la legislación comunitaria como en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con esta definición.

La decisión relativa a la imposición de un impuesto sobre los residuos es competencia exclusiva de cada Estado miembro. La legislación comunitaria no obliga a los Estados miembros a imponer tal impuesto. Por consiguiente, corresponde a cada uno de ellos, según proceda, y no a la Comunidad, abordar el problema de doble imposición que plantea Su Señoría.

(1) Reunión del Consejo no 2435 Pesca Luxemburgo, 11 de junio de 2002 (C/02/172).

(2) Véase el inciso iv) del apartado 2 del artículo 8 de la Decisión adoptada.

(3) DO L 194 de 25.7.1975.
PREGUNTA ESCRITA E-2013/02

de Hiltrud Breyer (Verts/ALE) a la Comisión

(9 de julio de 2002)

Asunto: Finanzas del Ministerio griego de Agricultura

Para el año 2002, el Ministerio de Agricultura de la República griega ha puesto a disposición de las instituciones interesadas (ayuntamientos, municipios y protectoras de animales) créditos

que ascienden a 2 350 000 de euros con la condición de que, según un comunicado de la Dirección general de servicios veterinarios, las instituciones mencionadas anteriormente muestren su interés por dar un trato adecuado a los perros sin dueño, mediante la creación de guarderías caninas donde los perros puedan ser acogidos, recibir asistencia veterinaria, ser registrados y castrados, y trabajen para fomentar en Grecia el respeto por los animales. Existe el temor de que la suma de 2 350 000 de euros se destine a acabar con los animales, como ocurrió con el hogar para animales Arca de Noé de la ciudad de Chania, en Creta, que fue desocupado a principios de 2002.

1. ¿Tiene constancia la Comisión de si este dinero procedía de las arcas comunitarias?

2. En caso afirmativo, ¿puede confirmar la Comisión quién ha recibido estas ayudas y en qué medida, para qué se han utilizado y quién controla el paradero de las mismas?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(23 de septiembre de 2002)

Tal como indicó la Comisión en su respuesta a la pregunta escrita E-1658/02 del Sr. Bakopoulos(1), el control de los perros vagabundos es una cuestión que compete en exclusiva a los Estados miembros. No hay financiación comunitaria prevista para este fin de la que puedan beneficiarse los Estados miembros, sus organismos nacionales o locales, o las organizaciones protectoras de animales.

(1) DO C 277 E de 14.11.2002.
PREGUNTA ESCRITA P-2239/02

de Rainer Wieland (PPE-DE) a la Comisión

(17 de julio de 2002)

Asunto: Documentación de exportación en la lengua nacional

¿Es cierto que los documentos aduaneros (en este caso declaración de exportación de la Comunidad Europea) para la circulación de mercancías dentro y fuera de la Unión Europea sólo pueden cumplimentarse en la lengua nacional de la correspondiente aduana?

¿No cabe la posibilidad de cumplimentar y presentar el mencionado documento, así como toda la documentación relacionada con la circulación de mercancías, en lengua inglesa?

En caso negativo, ¿tiene intención la Comisión de introducir un régimen lingüístico unitario o de permitir el uso de todas las lenguas oficiales de la Unión Europea?

¿Son libres los Estados miembros de elegir la lengua?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(9 de septiembre de 2002)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 211 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión(1), las declaraciones en aduana (en este caso las declaraciones de exportación) deben extenderse en una de las lenguas oficiales de la Comunidad aceptada por las autoridades aduaneras del Estado miembro en el que se cumplan las formalidades. Corresponde a los Estados miembros determinar qué lenguas oficiales aceptan.

Su fuera necesario, las autoridades aduaneras del Estado miembro de destino pueden solicitar al declarante o a su representante en dicho Estado miembro la traducción a una de sus lenguas oficiales.

(1) Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 253 de 11.10.1993).
PREGUNTA ESCRITA E-1479/02

de Cecilia Malmström (ELDR) al Consejo

(27 de mayo de 2002)

Asunto: Acuerdo de Asociación con Argelia

Actualmente se están llevando a cabo negociaciones sobre un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Argelia. En el texto del acuerdo existe una cláusula para que los principios fundamentales del acuerdo sean el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos. Desgraciadamente, los informes ponen de relieve que los derechos humanos se violan sistemáticamente en Argelia y que, con frecuencia, el Gobierno de este país deja inconcluso el esclarecimiento de estas graves violaciones. Además, Argelia ha denegado la entrada a expertos en derechos humanos de la ONU y a determinados informadores.

Si la UE desea firmar un acuerdo de asociación con Argelia se necesitarían llevar a cabo mejoras considerables en lo que atañe al respeto de los derechos humanos. ¿De qué manera piensa conseguir el Consejo que la valoración de la situación de los derechos humanos en Argelia y la correspondencia con los artículos sobre los derechos humanos en el acuerdo de asociación sean un punto importante en todas las reuniones en las que se negocie el acuerdo y, especialmente, en los Consejos de Asociación?

Respuesta

(3 de octubre de 2002)

El Consejo remite a Su Señoría a las respuestas que dio a las preguntas E-0881/02, formulada por Patricia McKenna, E-1031/02, formulada por Philip Bushill-Matthews y E-1109/02, formulada por Christos Zacharakis y Konstantinos Hatzidakis.
PREGUNTA ESCRITA E-1138/02

de Erik Meijer (GUE/NGL) al Consejo

(22 de abril de 2002)

Asunto: El cambio de la política gubernamental israelí de convivencia pacífica con un Estado palestino equivalente a supremacía continuada

1. ¿Conviene el Consejo en que, desde que Sharon asumió el poder en Israel por avivar los conflictos étnicos, la relación entre Israel y los territorios palestinos ocupados por Israel en 1967 ha cambiado considerablemente dado que, en lugar de la evolución anteriormente acordada hacia un Estado palestino independiente, el Gobierno israelí ha puesto en práctica una evolución unilateral y contraria a la prevista que lleva al desmantelamiento de la autonomía palestina, a la realización de una violenta depuración política entre la población palestina, a la ruptura de los contactos con otros Estados, al aumento de los asentamientos creados desde Israel en territorio palestino y a la destrucción de puertos, aeropuertos, carreteras y edificios?

2. ¿Conviene igualmente el Consejo en que este cambio no sólo se debe a la evidente necesidad de seguridad de los habitantes de Israel, sino al hecho de que aquellas fuerzas políticas israelíes que desde siempre opinaban que estos territorios debían formar parte del Estado israelí y que para ello, de ser necesario, la población palestina debía ser expulsada o estimulada para que abandonara dichos territorios, intentan propiciar, en beneficio propio, hechos irrevocables?

3. Desde la llegada al poder del Gobierno Sharon, ¿a qué importe ascienden los proyectos de mejora del territorio palestino financiados o cofinanciados por la UE o algunos de sus Estados miembros que han sido destruidos por la intervención israelí?

4. Dado el cambio de situación, ¿está dispuesto el Consejo a dejar claro que cualquier política que parta de la desigualdad de ambos pueblos afectados, del mantenimiento de la postergación política y económica de los palestinos, de la colonización y anexión, sólo puede llevar al aislamiento de Israel con respecto a la Unión Europea?

Respuesta

(30 de septiembre de 2002)

No corresponde al Consejo especular acerca de las motivaciones del Gobierno israelí. Sin embargo, el Consejo ha manifestado reiteradamente que el conflicto no podrá solucionarse militarmente y exhortado a las partes a avanzar en la vía de una solución política de sus conflictos, tomando como base las RCSNU 242 y 338 y el principio tierra a cambio de paz. Hace votos por que llegue el día en que dos Estados, Israel y Palestina, vivan uno junto al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas, disfrutando ambos de relaciones estrechas y cálidas con la Unión Europea.

Se están evaluando los daños sufridos por las infraestructuras palestinas financiadas total o parcialmente por la UE, incluidos los causados por la actuación reciente de la Fuerza de Defensa de Israel.