PREGUNTA ESCRITA E-0550/03

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(26 de febrero de 2003)

Asunto: Impactos medioambientales de los Parques Eólicos

Asociaciones ecologistas, culturales y de vecinos nos han hecho llegar su preocupación por la proliferación incontrolada de parques eólicos en la provincia de Guadalajara (Campisalabos, Cantalojas y Villa) y los que se pretenden instalar en la comarca de Tiermes-Caracena (Canalejas, Sierro y De Grado), en Soria. Precisamente los parques de Hijes y Somolinos no se han autorizado por razones medioambientales.

La comarca de Tiermes-Caracena está catalogada como Zona Importante para las Aves (IBA no 079) y situada entre las Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA) de los Altos de Barahona y macizo de Ayllón. En la zona se encuentran numerosas poblaciones de buitre leonado, buitre negro, águila real, búho, alimoche y la muy amenazada alondra de Dupont.

El yacimiento arqueológico de Tiermes (declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla-León), que abarca desde la Edad del Bronce hasta la Edad Media, conserva una importante necrópolis y una ciudad romana completa. De la época medieval se conserva la iglesia de Nuestra Señora de Tiermes del siglo XII. Los habitantes de la zona privados de información, pese a la solicitud de la misma a las autoridades competentes, consideran que toda esta riqueza natural y arqueológica se vería gravemente amenazada.

¿No estima la Comisión que pudieran vulnerarse las siguientes Directivas:

- 97/11/CEE(1), relativa a la evaluación de impacto ambiental;

- 79/409/CEE(2), relativa a la conservación y protección de las aves silvestres;

- 92/43/CEE(3), relativa a la conservación y protección de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres;

- 90/313/CEE(4), relativa al derecho a la información en materia de medio ambiente?

¿Qué acciones piensa emprender la Comisión para que se apliquen correctamente las Directivas mencionadas?

(1) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

(2) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(3) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

(4) DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2003)

Su Señoría se refiere a dos áreas diferentes situadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León respectivamente.

Con la información que nos proporciona Su Señoría no nos es posible determinar la localización exacta de esos lugares. No obstante, una de esas áreas parece estar situada cerca de la Sierra de Pela, que es un lugar de importancia comunitaria propuesto por las autoridades españolas (ES4240007), y, el otro, de la zona de protección especial de los Altos de Barahona (ES0000203).

Por lo tanto, las autoridades españolas tienen que realizar una evaluación de las repercusiones ambientales de acuerdo con el apartado 3 del artículo 6 la Directiva sobre hábitats, Directiva 79/409/CE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.

La Directiva 85/337/CE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo 1997) exige que se realice la evaluación de las repercusiones de futuras instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) si pueden tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización. La evaluación debe analizar, entre otras informaciones, los efectos acumulativos del proyecto propuesto. No se desprende claramente de la información proporcionada por Su Señoría si se ha incumplido esa Directiva en los casos en cuestión.

En cuanto al hecho de que los habitantes no hayan recibido respuesta de las autoridades competentes a su petición de información, hay que señalar que la Directiva 90/313/CEE, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente obliga a las autoridades públicas a dar acceso a la información ambiental disponible en un plazo máximo de dos meses tras la recepción de una petición, a no ser que sea aplicable una de las excepciones a esta obligación establecidas en el artículo 3 de esa Directiva. Su Señoría no precisa cuándo se hizo esa petición, ni si los habitantes locales habían presentado, basándose en el artículo 4 la Directiva, un recurso judicial o administrativo contra la decisión, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional en la materia. Por lo tanto y teniendo en cuenta la información proporcionada por Su Señoría, no queda claro si se ha incumplido la Directiva 90/313/CEE del Consejo en este caso.