PREGUNTA ESCRITA P-2364/02

de Monica Frassoni (Verts/ALE) a la Comisión

(26 de julio de 2002)

Asunto: Nueva legislación italiana sobre residuos

El Decreto Ley no 138 del 8 de julio de 2002, convertido en Ley por el Parlamento italiano el 19 de julio, incluye una interpretación auténtica de la definición de residuo contemplada en el apartado 1 del artículo 6 del Decreto Legislativo no 22/97 (Decreto Ronchi), por el que se incorporó a la legislación italiana la Directiva 75/442/CEE modificada relativa a los residuos.

Los criterios de interpretación de la noción comunitaria de residuo incluidos en el decreto contradicen la Directiva comunitaria, tal y como la interpretó en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia, y pueden limitar el ámbito de aplicación de la Directiva en Italia.

¿Puede decir la Comisión, en su condición de guardiana de los Tratados, qué medidas piensa adoptar respecto del Gobierno italiano para poner fin a esta situación de incumplimiento por parte de Italia de las obligaciones que se derivan del Tratado UE?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(4 de septiembre de 2002)

La Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos(1), modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991(2), tiene como objetivo la protección de la salud del hombre y del medio ambiente contra los efectos perjudiciales causados por la recogida, el transporte, el tratamiento, el almacenamiento y el depósito de residuos. La definición de residuo figura en la letra a) del artículo 1 de la Directiva: se entenderá por residuo cualquier sustancia u objeto perteneciente a una de las categorías que se recogen en el Anexo I y del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse.

La Comisión, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE modificada, ha elaborado una lista de los residuos que pertenecen a las categorías enumeradas en el anexo I(3).

El Tribunal de Justicia ha aportado reiteradas orientaciones sobre la interpretación de la definición de residuo y ha aclarado, en particular, que no cabe interpretar que dicha definición excluya las sustancias que es posible reutilizar económicamente(4); que el sistema de vigilancia y de gestión establecido por la Directiva 75/442 modificada comprende todos los objetos y sustancias de los que se desprenda el propietario, aunque tengan un valor comercial y se recojan con fines comerciales a efectos de reciclado, recuperación o reutilización(5); que pueden ser residuos en el sentido de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442 modificada las sustancias que formen parte de un proceso de producción(6); que el método de tratamiento o la forma de utilización de una sustancia no resultan determinantes en orden a su calificación o no como residuo. Las transformaciones que pueda sufrir en el futuro un objeto o una sustancia carecen de incidencia sobre su carácter de residuo, que se define, conforme a la letra a) del artículo 1 de la Directiva, en relación con la acción, la intención o la obligación del poseedor del objeto o de la sustancia de desprenderse de ellos; además, es contraria a la eficacia del artículo 174 del Tratado CE y de la Directiva la utilización, por el legislador nacional, de medios de prueba, como las presunciones legales, que tengan como efecto restringir el ámbito de aplicación de la Directiva y no cubrir materias, sustancias o productos que responden a la definición del término residuo en el sentido de la Directiva(7).

Por último, el 18 de abril de 2002 el Tribunal estableció que el término desprenderse debe ser interpretado a la luz de los objetivos de la Directiva 75/442 que, según su tercer considerando, es la protección de la salud del hombre y del medio ambiente contra los efectos perjudiciales causados por la recogida, el transporte, el tratamiento, el almacenamiento y el depósito de residuos, y del apartado 2 del artículo 174 CE, según el cual la política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tiene como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado y ha de basarse, entre otros, en el principio de cautela y el principio de acción preventiva. Por consiguiente, el concepto de residuo no puede ser interpretado de forma restrictiva (C-9/00).

A la luz del contenido del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos en su versión modificada, y de la interpretación de esta disposición efectuada por el Tribunal de Justicia, el decreto italiano no 138 de 8 de julio de 2002 que, según describe Su Señoría, establece criterios sobre la interpretación de los términos intención de desprenderse y obligación de desprenderse y podría por consiguiente restringir el ámbito de aplicación de la Directiva 75/442/CEE, puede constituir una infracción de la legislación comunitaria sobre residuos.

La Comisión adoptará las medidas oportunas para comprobar el cumplimiento del Derecho comunitario en este caso concreto. Si la Comisión entiende que existe una infracción del Derecho comunitario en este caso concreto, no vacilará, en su condición de guardiana del Tratado, en adoptar todas las medidas necesarias previstas en el Tratado, incluidos los procedimientos de infracción contenidos en el artículo 226 del Tratado CE, para garantizar el respeto de la legislación comunitaria aplicable.

(1) DO L 194 de 25.7.1975.

(2) DO L 78 de 18.3.1991.

(3) Decisión 2000/532/CE de la Comisión, DO L 226 de 6.9.2000.

(4) Sentencia de 28.3.1990, asunto C-359/88.

(5) Sentencia de 25.6.1997, C-304/94.

(6) Sentencia de 18.12.1997, C-129/96.

(7) Sentencia de 15.6.2000, C-418/97.