PREGUNTA ESCRITA E-2392/97 de Carmen Fraga Estévez (PPE) a la Comisión (10 de julio de 1997)

Asunto: Necesario aumento de la transparencia de la Comisión

Tras las reiteradas conversaciones que la DG XIV ha aceptado mantener con una de las partes interesadas en lo que ha sido denominado como «quota hopper», y que han culminado en la lamentable y asombrosa carta que el presidente de la Comisión, Sr. Santer, dirigió por su cuenta al Primer Ministro del Reino Unido el pasado 17 de junio de 1997, que hacen dudar de lo que la Comisión entiende por procedimientos democráticos, en aras de la necesaria transparencia en sus actuaciones que la Comisión viene reiterando, de paliar el grave daño a la imagen de las instituciones que ha provocado dicha carta, y teniendo en cuenta que en este asunto son varias las flotas, sectores, Estados miembros e instituciones implicadas, cuya opinión también la Comisión debería haberse interesado por conocer de primera mano, se pregunta a la Comisión: ¿Cuál es su opinión, claramente expresada, respecto al asunto denominado como «quota hopping» y cuáles son las acciones y medidas que la Comisión tiene intención de tomar al respecto a partir de ahora?

Respuesta común a las preguntas escritas P-2334/97, P-2369/97, E-2389/97, E-2390/97, E-2391/97 et E-2392/97 dada por el Sra. Bonino en nombre de la Comisión (29 de julio de 1997)

En virtud del apartado 2 del artículo 9 del Reglamento (CEE) no 3760/92 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura ((DO L 389 de 31.12.1992. )), los Estados miembros deben informar anualmente a la Comisión de los criterios que hayan adoptado para la distribución y las normas detalladas de utilización de las disponibilidades pesqueras que se les hayan asignado, de conformidad con la legislación comunitaria y la política pesquera común. Por consiguiente, los Estados miembros tiene competencias para adoptar las condiciones de expedición de licencias, siempre y cuando tales condiciones no estén reguladas por la normativa comunitaria, aunque en el ejercicio de esas competencias deben respetar la legislación comunitaria e informar a la Comisión.

En este contexto, la Comisión está facultada para tomar posición sobre la compatibilidad con la legislación comunitaria de las medidas nacionales propuestas y para comunicar su opinión a todo Estado miembro que le pida confirmación de la compatibilidad de esas medidas.

El Tribunal de Justicia ha aceptado que la finalidad del sistema de cuotas puede justificar que se establezcan condiciones que garanticen la existencia de un vínculo económico real entre el buque y el Estado miembro si el propósito de esas condiciones es que la poblaciones dependientes de la pesca y las industrias conexas se beneficien de las cuotas.

El Reino Unido tiene competencias, al igual que los demás Estados miembros, para adoptar medidas que garanticen la existencia de un vínculo económico real con los buques que enarbolen su pabellón. El Reino Unido preguntó si ciertas medidas eran compatibles con la legislación comunitaria.

El Presidente de la Comisión informó en su carta al Sr. Blair de que las normas propuestas serían compatibles con la legislación comunitaria siempre y cuando no fueran discriminatorias, fueran proporcionadas con respecto a su objetivo y alternativas, es decir, que dieran a los agentes económicos la posibilidad de ajustarse a uno o más de estos requisitos o a otros elementos posibles para demostrar la existencia de un vínculo económico con el Estado del pabellón.

El intercambio de cartas con el Sr. Blair fue precedido por discusiones técnicas entre las autoridades británicas y la Comisión de cuyos resultados fueron informadas oportunamente las autoridades españolas.

En cualquier caso, la Comisión analizará a fondo cualquier medida específica que adopte el Reino Unido en relación con la asignación de cuotas, tal como ha venido haciendo y seguirá haciendo con la normativa de todos los Estados miembros en su calidad de guardiana de los Tratados.

La Comisión sólo aceptará la compatibilidad con la legislación comunitaria de cualesquiera medidas definitivas si éstas no son discriminatorias, son proporcionadas y alternativas y concuerdan enteramente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta, como es su deber, los intereses legítimos de todos los Estados miembros.