PREGUNTA ESCRITA E-2408/02

de Charles Tannock (PPE-DE) al Consejo

(7 de agosto de 2002)

Asunto: Condiciones inherentes a la aplicación de la orden de detención europea

De acuerdo con las propuestas sobre la orden de detención europea actualmente en estudio en el Consejo, ¿el Estado miembro que solicite la orden quedará obligado a limitar el procesamiento del extraditado a los delitos que se indiquen en la orden? ¿Constituiría una violación de la orden de detención el que el Estado solicitante procesara al extraditado por un delito supuestamente cometido antes de la fecha de petición de la extradición y no especificado en la orden sin ofrecer al extraditado en primer lugar la posibilidad de abandonar la jurisdicción del Estado solicitante?

Respuesta

(16-19 de diciembre de 2002)

La pregunta sobre si el Estado miembro que solicita la orden queda obligado a limitar el procesamiento de una persona entregada en virtud de la Decisión marco relativa a la orden de detención europea a los delitos que se indican en la orden queda respondida en el artículo 27 de dicha Decisión marco, que se refiere a las posibles actuaciones por otras infracciones.

La norma principal que dispone el artículo 27 corresponde al conocido principio de especialidad de la legislación relativa a la extradición, conforme al cual el Estado requirente no puede procesar a una persona extraditada por otro delito cometido antes de la extradición o entrega salvo aquél por el que se concedió la extradición (véase apartado 2 del artículo 27). Como es tradicional en la mayoría de los tratados de extradición, en la Decisión marco relativa a la orden de detención europea se definen las condiciones prácticas en las cuales debe aplicarse este principio.

El artículo 27, apartado 3 de la Decisión marco dispone que este principio no se aplica en los siguientes casos:

a) cuando, habiendo tenido la oportunidad de salir del territorio del Estado miembro al que haya sido entregada, la persona no lo haya hecho en un plazo de cuarenta y cinco días desde su puesta en libertad definitiva, o haya vuelto a dicho territorio después de haber salido del mismo;

b) la infracción no sea punible con una pena o medida de seguridad privativas de libertad;

c) el proceso penal no concluye con la aplicación de una medida restrictiva de la libertad individual de la persona;

d) cuando la persona esté sujeta a una pena o medida no privativas de libertad, incluidas las sanciones pecuniarias, o a una medida equivalente, aun cuando dicha pena o medida pudieren restringir su libertad individual;

e) cuando la persona hubiere dado su consentimiento, en su caso junto con la renuncia al principio de especialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13;

f) cuando la persona hubiere renunciado expresamente, después de la entrega, a acogerse al principio de especialidad en relación con determinadas infracciones anteriores a su entrega;

g) cuando la autoridad judicial de ejecución que hubiere entregado a la persona dé su consentimiento con arreglo al apartado 4.

Con respecto a la renuncia de la persona detenida a su derecho al principio de especialidad, la letra f) especifica que la renuncia debe hacerse ante la autoridad judicial competente del Estado miembro emisor, que se levantará acta de la misma con arreglo al Derecho interno de éste, y que debe efectuarse en condiciones que pongan de manifiesto que la persona lo ha hecho voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias que ello acarrea. En relación con lo anterior, estipula asimismo que la persona tendrá derecho a asistencia letrada. Además, cabe señalar que el artículo 13, apartado 4 de la Decisión marco sobre la orden de detención europea permite a todo Estado miembro establecer que la persona interesada puede revocar dicha renuncia. Cinco Estados miembros han comunicado a la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea que desean recurrir a esta posibilidad, concretamente Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Finlandia y Suecia. Del artículo 13, apartado 4 de la Decisión marco sobre la orden de detención europea se sigue que, en los demás Estados miembros, no es posible revocar la renuncia al principio de especialidad.

Por lo demás, el Estado emisor sólo podrá procesar a la persona entregada por infracciones que no figuran en la orden de detención europea si solicita y obtiene el consentimiento del Estado de ejecución. El artículo 27, apartado 4 de la Decisión marco dispone que dicha solicitud de consentimiento se presentará a la autoridad judicial de ejecución, acompañada de la información mencionada en el apartado 1 del artículo 8, y de una traducción conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo. El artículo 27, apartado 4 dispone además que el consentimiento se dará cuando la infracción que motive la solicitud sea a su vez motivo de entrega de conformidad con lo dispuesto en la misma Decisión marco, y que el consentimiento se denegará por los motivos de no ejecución obligatoria a que se refiere el artículo 3 y podrá ser denegada por los motivos de no ejecución facultativa del artículo 4.

Sobre la solicitud de consentimiento se resolverá a más tardar a los 30 días de la recepción de la solicitud. Como ocurre con la orden de detención europea, en las situaciones enumeradas en el artículo 5 (esto es, ejecución de una sentencia dictada en rebeldía, pena o medida de seguridad privativa de libertad a perpetuidad, o cuando la persona interesada es nacional del Estado miembro de ejecución o reside en él), el Estado miembro emisor deberá dar las garantías previstas en la orden.

El artículo 27, apartado 1 de la Decisión marco dispone un mecanismo jurídico por el cual los Estados miembros podrán notificar a la Secretaría General del Consejo que, en su relación con otros Estados miembros que hayan efectuado la misma notificación, se presumirá dado el consentimiento para el enjuiciamiento, condena o detención con vistas a la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad por toda infracción cometida antes de su entrega distinta de la que motivó esta última, salvo que, en un caso particular, la autoridad judicial de ejecución declare lo contrario en su resolución de entrega. No obstante, no ha llegado a la Secretaría General ninguna notificación en este sentido.

De todo lo anterior se sigue que, si un Estado miembro procesare a una persona entregada con arreglo a la Decisión marco relativa a la orden de detención europea por una infracción que no conste en la orden, sin brindar a la persona la posibilidad de abandonar el territorio del Estado miembro en cuestión en un plazo de cuarenta y cinco días desde su puesta en libertad definitiva, y no se aplicare ninguna de las demás excepciones descritas en el artículo 27, apartado 2, dicho Estado miembro estaría infringiendo la Decisión marco relativa a la orden de detención europea si lo hiciera sin obtener antes el consentimiento del Estado miembro de ejecución conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 27, apartado 4.