PREGUNTA ESCRITA E-2650/98

de Friedhelm Frischenschlager (ELDR) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Subvenciones ilegales para la energía nuclear

La liberalización del mercado europeo de la energía sigue progresando y en los próximos años repercutirá en beneficio de los ciudadanos debido a que el incremento de la competencia originará disminuciones sustanciales de los precios de la energía. No obstante, el proceso iniciado por la Comisión de la UE deberá supeditarse en los próximos años a un continuo control, para que las subvenciones, en su sentido más amplio, no den lugar a distorsiones del mercado que ocasionarían consecuencias duraderas indeseables tanto económicas como ecológicas. En el contexto del aprovechamiento pacífico de la energía nuclear cabe plantearse la cuestión de que si se conceden demasiadas subvenciones ello podría repercutir gravemente en detrimento de la comercialización de otras formas de producción de energía, especialmente en la basada en fuentes renovables de energía.

¿Opina la Comisión que las centrales nucleares o sus operadores reciben subvenciones, entendidas en el más amplio sentido, por ejemplo, mediante reglamentaciones y disposiciones inadecuadas en cuanto a la responsabilidad, subvenciones a la investigación (desviadas de su destino original), garantías estatales, etc., que no son compatibles con el Derecho de la UE?

En caso negativo, ¿puede la Comisión confirmar que el cálculo de los costes de los generadores de las centrales nucleares tiene debidamente en cuenta:

- los daños y destrozos que pueda ocasionar un accidente ("Super-GAU");

- el almacenamiento final de material radiactivo o su total reenriquecimiento;

- el cierre y la conservación sin riesgos durante el período de tiempo en el que la central nuclear cerrada constituya un riesgo para la salud y el medio ambiente, y el desguace compatible con el medio ambiente tras un período de funcionamiento relativamente corto.

En caso negativo, ¿cómo explica la Comisión los precios de la energía procedente de centrales nucleares? ¿Permitiría la Comisión, especialmente por lo que se refiere a productores de energía privados, una evaluación de costes tan deficiente, así como el cálculo de precios basado en dicha evaluación?

¿Cómo evalúa la Comisión las posibilidades de éxito de una demanda relativa al derecho de competencia interpuesta por un productor de energía tradicional contra el operador de una central nuclear?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión

(1 de octubre de 1998)

Salvo una denuncia que se está examinando actualmente, la Comisión no tiene hasta la fecha indicios de la concesión de subvenciones a centrales nucleares que sean incompatibles con la legislación comunitaria.

Las normas sobre la obligación de constituir reservas para daños nucleares, almacenamiento definitivo de elementos de combustible y cierre definitivo de establecimientos son de la incumbencia de los Estados miembros. En parte se basan en convenciones internacionales que tienen por finalidad la instauración de un marco general de seguridad frente a los riesgos nucleares.

Con arreglo al artículo 24 de la Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 1996 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad(1), los Estados miembros pueden notificar a la Comisión los compromisos y las garantías de funcionamiento concedidas antes de la entrada en vigor de la Directiva y cuyo incumplimiento sea posible a causa de lo dispuesto en la misma, para solicitar su acogida al régimen transitorio indicado en ese artículo. La Comisión se dispone a examinar estas notificaciones. En caso de que la Comisión reciba información concreta, en este contexto o en otro, sobre ventajas de coste que no se ajusten a las normas comunitarias sobre ayudas estatales, las examinará con diligencia.

La Comisión está obligada a examinar las denuncias procedentes de empresas o personas sobre infracciones a las normas comunitarias en materia de competencia. Las posinbilidades de éxito dependen de las circunstancias de cada caso y no pueden determinarse por adelantado.

(1) DO L 27 de 30.1.1997.