PREGUNTA ESCRITA E-3052/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (2 de octubre de 1997)

Asunto: Libro Verde sobre contratación pública

En relación con el «Libro Verde: la contratación pública en la Unión Europea: reflexiones para el futuro» (COM(96)0583 final), se pide que las administraciones adjudicadoras tengan en mayor consideración, en materia de contratos públicos, la calidad de las ofertas que se les presentan en términos de ventajas económicas, de las que el precio representa sólo un elemento. Existen de hecho otros factores que pueden ser tomados en consideración: la calidad, el respeto de los plazos, la protección del medio ambiente, la funcionalidad, la seguridad, etc. En otros términos: el coste global de la operación calculado a partir de su duración.

¿No debería una política europea en materia de contratos públicos de obras resaltar el concepto de «mejor ofertante», estableciendo normas precisas incluidas por los adjudicadores en las cláusulas del contrato con el fin de que se privilegie la forma de «oferta económicamente más ventajosa» con respecto a la «oferta más baja»?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (18 de noviembre de 1997)

Su Señoría opina que la política de la Unión Europea en materia de contratación pública debería dar mayor importancia al concepto de «mejor ofertante» estableciendo normas destinadas a inducir a los poderes adjudicadores a conceder prioridad a la «oferta económicamente más ventajosa» sobre la «oferta más baja».

Tras la adopción el 27 de noviembre de 1996 del Libro Verde de la Comisión sobre contratación pública, se ha procedido a un amplio debate con todas las partes interesadas sobre los distintos aspectos de la política de contratación pública en la Unión Europea. Varios participantes en dicho debate han aludido al problema mencionado. Una vez que el Parlamento Europeo haya adoptado una posición formal sobre el Libro Verde, la fase de consulta se dará por concluida y la Comisión adoptará una comunicación orientada a la adopción de medidas en relación con la política de contratación pública y dará a conocer su postura con respecto a las principales cuestiones planteadas en el debate.

Las Directivas sobre contratación pública autorizan la concesión de contratos basándose no sólo en el precio, sino también en el criterio de oferta más ventajosa. Se pueden tener en cuenta varios criterios de carácter técnico o económico, siempre que no sean discriminatorios. La Comisión considera que ambos criterios desempeñan una función igualmente importante. En algunos contratos, como los relacionados con productos sencillos e identificables, el mejor criterio parece ser simplemente el precio. No obstante, la aplicación de dicho criterio en contratos más complejos resultaría inadecuada. La Comisión es consciente de que por lo que respecta a los contratos de construcción, los poderes adjudicadores tienden a basarse exclusivamente en el precio a fin de aprovechar la situación actual, caracterizada por una competencia muy elevada en el sector. A pesar de que en sus anuncios aseguran que la concesión del contrato se basará en la oferta económicamente más ventajosa, en la práctica, aplican exclusivamente el precio más bajo, porque ello facilita el proceso de evaluación de las ofertas. Dicha práctica constituye una infracción a las normas en la materia.

No obstante, la Comisión no considera necesario modificar la formulación de las normas sobre criterios de adjudicación. Dichas normas conceden a los poderes adjudicadores un amplio margen de libertad para elegir los criterios de adquisición (siempre que sean criterios económicos) y, en particular, para adjudicar los contratos basándose exclusivamente en criterios de precio. En cualquier caso, merecería la pena que, en las acciones de información y formación que la Comisión tiene previsto emprender, se aclarase que no es obligatorio adjudicar los contratos basándose exclusiva o principalmente en el precio, y se impulsase a las entidades adjudicadoras a seleccionar los criterios más apropiados en función del objeto del contrato.

Por último, cabe recordar que, con arreglo al actual marco legislativo, la protección ambiental, a la que se alude como criterio de calidad, no constituye un elemento adecuado para definir la oferta económicamente más ventajosa. A este respecto, la Comisión remite a Su Señoría a la pormenorizada posición de la Comisión sobre las posibilidades que brinda el actual marco legislativo para el logro de objetivos medioambientales en los procedimientos de contratación pública, en los puntos 5.45 a 5.53 del Libro Verde.