PREGUNTA ESCRITA E-1830/97 de Carlos Carnero González (GUE/NGL) a la Comisión (28 de mayo de 1997)

Asunto: Ejecución de URBAN en Toledo (España)

Toledo es una de las ciudades españolas beneficiarias de la primera fase del programa URBAN (1994-1999). Es de sobras conocido por la Comisión el importante papel desempeñado por el Parlamento Europeo en el nacimiento de este programa de iniciativa comunitaria que tiene en cuenta la problemática específica de las zonas urbanas en la Unión Europea. No es de extrañar, por tanto, que desde esta institución velemos por la consolidación de iniciativas como ésta y por que se desarrollen en consonancia con lo que establece la normativa comunitaria.

Recientemente he tenido conocimiento de que en la ciudad de Toledo se ha constituido una coordinadora de defensa del programa URBAN que ha puesto de manifiesto algunas críticas en relación con la ejecución del programa por parte del ayuntamiento. Los integrantes de esta coordinadora son los colectivos que tomaron parte en la elaboración y en la presentación del proyecto y que ahora ven que no sólo no se cumplen los objetivos para los que fue concebido sino que además se han visto relegados del seguimiento de la ejecución del programa.

¿Conoce la Comisión la existencia de esta coordinadora y de las críticas vertidas sobre la actual ejecución del programa? De ser así, ¿podría indicar qué opinión le merecen? Y en su caso, ¿va a recabar la opinión de los Gobiernos estatal y local y de la coordinadora al respecto?

Por otra parte, ¿puede informar si la realización de un boletín de información sobre URBAN al que se han destinado 21 millones de pesetas y del que se han excluido a los colectivos vecinales afectados por la ejecución del programa constituye una de las medidas subvencionables?

Y por último, ¿puede aclarar la Comisión el papel de los interlocutores sociales y económicos en las diferentes fases de ejecución del programa y si el veto a la participación de determinados colectivos puede constituir una violación de lo dispuesto en el Reglamento no 2081/93 ((DO L 193 de 31.7.1993, p. 5. )) de los Fondos estructurales?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (7 de julio de 1997)

La Comisión ignora la existencia de una asociación coordinadora para la defensa del programa URBAN en Toledo y no tiene conocimiento de las críticas sobre su ejecución. Se dirigirá a las autoridades españolas con el fin de conocer su opinión y posibles comentarios al respecto. La Comisión, sin embargo, no puede formular una petición precisa sin conocer el objeto de las críticas y el nombre de la asociación o de las personas responsables.

En cuanto a la realización de un boletín informativo sobre URBAN, la Comisión señala que cuando se aprueba una intervención, únicamente figuran en el programa sus ejes principales. El contenido de éstos, que se materializan en un conjunto de acciones, se determina ulteriormente en el marco de la subsidiariedad por las autoridades responsables de la ejecución del programa. La Comisión es informada y consultada en los comités de seguimiento. Durante el último de estos comités, celebrado en enero de 1997, las autoridades españolas señalaron que una actuación relativa a la ejecución de actividades informativas y divulgativas estaba siendo analizada y discutida por los interlocutores sociales y económicos del barrio. No se imputó ningún gasto en concepto de esta actuación.

El papel de los interlocutores económicos y sociales en la elaboración y ejecución de los programas se toma en consideración con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento no 2054/88 del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes, modificado ((DO L 193 de 31.7.1993. )), así como en el apartado 3 del punto 20 de la comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones de la iniciativa comunitaria URBAN. El Reglamento establece que es el Estado miembro, dentro de las posibilidades que ofrecen las normas institucionales y las prácticas existentes propias de cada Estado, el que designa a los organismos competentes.