PREGUNTA ESCRITA E-0719/02

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(15 de marzo de 2002)

Asunto: Daños ecológicos no pagados e indemnización por la desventaja competitiva para productores agrícolas que han aplicado muchas medidas para la protección del medio ambiente

1. ¿Considera la Comisión que los costes ambientales que causa la agricultura y que amenazan con gravar los bolsillos de otros sectores de la sociedad o de generaciones futuras han de incluirse en la evaluación del carácter sostenible de los sistemas agrícolas, concretamente en torno a las consecuencias del trastorno del equilibrio mineral causado por el amoniaco, el nitrato y el fosfato debido a grandes importaciones de pienso para el ganado y a los venenos contenidos en los abonos, así como al cobre y cadmio a raíz del uso de pesticidas químicos?

2. ¿Por qué vuelve a excluirse al sector agrícola de la aplicación del principio actualmente vigente con carácter general de quien contamina paga, de manera que las empresas agrícolas han de pagar las medidas de prevención, pero en general aún no han de pagar la contaminación que provocan?

3. ¿Contribuye el hecho de que los ingresos agrícolas se obtengan de una forma poco corriente en comparación con otros sectores (bajos salarios, muchas empresas familiares) a que en este sector los ahorros se obtengan más fácilmente dedicando menos gastos y menos atención a las consecuencias ambientales?

4. ¿Puede la Comisión adherirse a la tesis de que los productos de empresas que utilizan cultivos biológicos serían comparativamente más baratos en el mercado que los de las empresas que operan de la forma habitual si esta última categoría tuviera que pagar por los daños ecológicos causados por sus métodos de trabajo?

5. ¿Comparte la Comisión la opinión de que la carga de los gastos ambientales mencionada en las anteriores preguntas puede considerarse una forma de competencia desleal, en concreto entre la agricultura habitual y la biológica?

6. ¿Ve la Comisión posibilidades en el sector agrícola de internalizar los costes ambientales como se aspira a hacer ahora en el sector del transporte, por lo que, en una comparación de los costes de producción, las empresas que causan menos contaminación obtendrían ventajas frente a las que contaminan más?

7. ¿Se contemplará expresamente la posibilidad de esta internalización al plantear la modificación prevista en los próximos años del empleo de recursos financieros para la Política Agrícola Común?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(22 de abril de 2002)

1. La Comisión está convencida que la agricultura, como cualquier otro sector o ciudadano individual, debe respetar las normas de medio ambiente y reducir los costes ambientales de acuerdo con las expectativas de la sociedad, y cree que ésta es una condición previa para alcanzar un desarrollo sostenible. Este punto de vista se ha subrayado explícitamente al incluir los requisitos en materia de protección del medio ambiente entre las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común (artículo 3 del Reglamento (CE) no 1259/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999)(1).

2. La Comisión insiste en que la agricultura no está exenta en ningún modo del principio quien contamina paga. Al igual que en cualquier otro sector, los agricultores tienen que cumplir las obligaciones que les impone la normativa de medio ambiente a sus propias expensas. Esa normativa se ha establecido tanto a escala comunitaria como en los Estados miembros y abarca una gama amplia de aspectos de medio ambiente, como la prevención de la contaminación de los insumos agrícolas (nitratos y productos fitosanitarios) y la protección de los hábitats y la biodiversidad.

3. Los agricultores se enfrentan a la competencia en el mercado y la viabilidad económica significa ante todo producir a costes competitivos. Por supuesto, la competitividad no debe lograrse a costa del medio ambiente. Por lo tanto, los agricultores, como cualquier otro productor o ciudadano, han de estar sujetos a normas de medio ambiente claramente definidas.

4. La Comisión no cree que la producción ecológica llegue a ser menos costosa imponiendo condiciones de medio ambiente más estrictas y, por consiguiente, más costosas, a los agricultores convencionales. Sin embargo, se puede pensar que, si se establecieran normas de medio ambiente más exigentes, aumentaría la competitividad de la agricultura ecológica respecto a la convencional siempre que los agricultores que practican la primera consiguieran ajustarse a esas normas a costes más bajos.

5. Tanto la agricultura convencional como la ecológica están sujetas a las mismas normas de medio ambiente, por lo cual la Comisión no está de acuerdo en que la competencia entre ambas sea injusta, siempre y cuando los Estados miembros obliguen realmente a cumplir las normas, lo cual, en muchas ocasiones, no es el caso. Sin embargo, la Comisión reconoce que la agricultura ecológica proporciona unos beneficios al medio ambiente que van más allá de las normas jurídicamente vinculantes. Esos beneficios dan lugar a la concesión de pagos agroambientales, calculados a partir de las diferencias de coste entre la agricultura ecológica y la convencional. Ya que los pagos a los agricultores que practican la agricultura ecológica son subvencionables como medidas agroambientales dentro de los programas de desarrollo rural, los Estados miembros los aplican en mayor o menor medida.

6. El significado real de la asunción de los costes ambientales, de acuerdo con el principio de que quien contamina paga, es que los costes del cumplimiento de las obligaciones de la normativa de medio ambiente recaigan en el contaminador potencial. Por lo tanto, la Comisión es reacia a recompensar el cumplimiento de las normas obligatorias de medio ambiente. Una situación distinta se da cuando los agricultores se comprometen a proporcionar beneficios ambientales en mayor grado que el requerido por las normas obligatorias. Si se supera esta referencia, conocida normalmente en agricultura como práctica agrícola correcta, se puede considerar que el agricultor utiliza sus factores de producción para ofrecer contrapartidas valiosas para el medio ambiente. Sólo para fomentar la provisión de esos servicios a través de incentivos financieros sobre una base voluntaria y contractual se incluyen entre las medidas de agroambientales.

7. Como expresa claramente la Comisión en la Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible, presentada en Gotemburgo, el refuerzo del segundo pilar de la política agrícola común (PAC) y, en especial, las medidas agroambientales, están entre las primeras prioridades del desarrollo de la PAC.

(1) DO L 160 de 26.6.1999.