ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 70/3

(2004/C 70 E/003)

PREGUNTA ESCRITA E-2606/02

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(18 de septiembre de 2002)

Asunto: Tasas distorsionadoras de la competencia en el comercio internacional

En Alemania, Austria e Italia, Estados miembros de la UE, deben abonarse derechos de autor como remuneración de la propiedad intelectual de los autores, los compositores y los editores de música.

¿Corresponde a los principios del libre mercado y a los intereses de la UE que en Alemania y Austria deban abonarse tasas en forma de derechos de autor sobre los productos de los autores, los editores de música y los compositores y que estas tasas vuelvan a tener que pagarse en Italia tras la exportación de las mercancías antes de su nueva venta?

¿No debe calificarse este procedimiento de distorsión de la competencia?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(22 de octubre de 2002)

Conforme a las obligaciones internacionales y a la legislación de la Unión sobre derechos de autor y derechos conexos, las leyes nacionales de derecho de autor de los Estados miembros confieren un cierto número de derechos exclusivos a los autores. El derecho de distribución confiere al autor el derecho a controlar la venta o cualquier otra transferencia de propiedad de copias físicas de sus obras literarias, musicales, audiovisuales u otras y a recibir derechos por su distribución, sea a través de libros, vídeos o CD.

Sin embargo, según la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el derecho de distribución expira con la primera venta de una obra dentro de la Unión o dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), si la venta la efectúa el detentor del derecho o si se produce con su consentimiento. Esto significa, por ejemplo, que si el autor, o un editor, en su nombre, han comercializado libros protegidos por derechos de autor en uno de los Estados miembros, dichos libros podrán circular libremente en toda la Unión y podrán revenderse sin más autorización por parte del autor (o del editor concesionario) y sin pago suplementario de derechos.

Esta jurisprudencia, que concilia el principio de la libre circulación de bienes dentro de la Unión o del EEE con la protección específica de los derechos de propiedad intelectual, la han confirmado varias directivas sobre derechos de autor y derechos conexos, primero respecto a categorías específicas de trabajo, como, por ejemplo, programas de ordenador (1) y bases de datos (2) y, en 2001, respecto a todas las restantes categorías de trabajo (3), tales como obras literarias incorporadas en libros u obras musicales incorporadas en CD. Así pues, hay que conseguir el consentimiento del autor y pagar los derechos para la primera distribución de un bien protegido por derechos de autor. En caso de posteriores ventas u otras transferencias de propiedad dentro de la Unión o del EEE no serán necesarios otros consentimientos o pagos. La Comisión no tiene conocimiento de ningún pago doble en una situación de distribución posterior.

Los derechos pueden también exigirse para otros usos de bienes protegidos por derechos de autor, tales como, por ejemplo, la copia de una obra, y los pagos en cuestión pueden efectuarse en la comercialización de determinados productos. Estos pagos, sin embargo, no serían un «pago doble» para la distribución posterior, pues no estarían vinculados al acto de distribución de un bien protegido por derechos de autor. Por ejemplo, en la mayoría de los Estados miembros de la Unión, los autores disfrutan de un derecho de remuneración por las copias de sus obras para uso privado. Esta remuneración en general se percibe a partir de los soportes sin grabar de material audio o audiovisual y/o a partir de los equipos de grabación, y tiene que pagarla normalmente el fabricante o el importador de tales productos. Los sistemas de remuneración tienen que concordar con los principios generales establecidos en la letra b del segundo apartado del artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE sobre derechos reservados en la sociedad de la información, que los Estados miembros tienen que aplicar antes de diciembre de 2002. Esta Directiva permite a los Estados miembros establecer excepciones a los derechos relativos a copias privadas, y a los sistemas de remuneración. Sin embargo, como estos sistemas no se han armonizado a nivel de la Unión, las condiciones concretas pueden diferir de un Estado miembro a otro. En general, la remuneración sólo tiene lugar si la venta de los productos en cuestión se efectúa en el territorio de Estado miembro, pero no se si destina a la exportación.

(1) Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, DO L 122 de 17.5.1991.

(2) Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, DO L 77 de 27.3.1996.

(3) Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, DO L 167 de 22.6.2001.