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PREGUNTA ESCRITA E-1661/96 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) y Juan Colino Salamanca (PSE) al Consejo (24 de junio de 1996)

Asunto: Mercado de la patata

¿No cree el Consejo que es urgente y necesario regular de una forma más específica el mercado de la patata en la Unión Europea para equilibrar mejor el mercado, estabilizar los precios, garantizar la renta de los agricultores y evitar distorsiones de la competencia y abusos de especuladores de este producto?

¿No cree que es el momento de desbloquear la OCM de la patata pendiente en el Consejo desde hace tiempo?

Respuesta (10 de octubre de 1996)

Se pone en conocimiento de Sus Señorías que la propuesta de la Comisión que obra en posesión del Consejo no contiene instrumentos «que permitan estabilizar los precios y garantizar la renta de los productores».

La propuesta que presentó la Comisión en 1992 se limita

- en el plano interior, a fomentar la constitución de agrupaciones de productores a tenor de las que existen ya en el sector de las frutas y fortalizas

- en el plano de los intercambios con terceros países, al establecimiento de un régimen de certificados de importación que permitiría un seguimiento estadístico de las importaciones y la posibilidad de adoptar medidas de salvaguardia.

El Consejo, en su sesión de 14 a 17 de diciembre de 1992, procedió al examen de esta propuesta y acordó hacer avanzar este expediente así como añadir a la propuesta disposiciones relativas a las normas de comercialización.

El examen de dicha propuesta por el Consejo en 1993 y 1994 no ha permitido alcanzar un acuerdo dada la divergencia de los puntos de vista entre aquellas delegaciones que no veían la necesidad de una organización común de mercado y aquellas que deseban una OCM que impusiera unos instrumentos de gestión de mercado más estrictos, como subrayan Sus Señorías.

En diciembre de 1995, la Presidencia española, con ánimo de llegar a una fórmula transaccional, sugirió que se añadiera a los tres elementos mencionados, es decir, el establecimiento de normas comunes de comercialización, el fomento de las agrupaciones de productores y el régimen de intercambios con terceros países, la instauración de un «Fondo operativo» similar al que se propuso en el marco de la reforma de la OCM «Frutas y hortalizas».

Esta sugerencia no ha conseguido acercar los diferentes puntos de vista dentro del Consejo, ya que las delegaciones han mantenido sus posiciones iniciales.

La Presidencia irlandesa tiene intención de volver a examinar el expediente con el fin de proceder lo antes posible a una decisión del Consejo.
PREGUNTA ESCRITA E-1425/96 de Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) a la Comisión (6 de junio de 1996)

Asunto: Actuaciones de la policía alemana contra sindicalistas portugueses

En más de una ocasión nos hemos dirigido a la Comisión a causa de la situación de los trabajadores portugueses en Alemania, ya por haber sido contratados a través de agencias de verdadero «tráfico de mano de obra», ya por trabajar a destajo con evidente discriminación salarial y en precarias condiciones de seguridad e higiene laboral o por haber sido víctimas de actos violentos de xenofobia.

Pero recientemente ha tenido lugar un incidente que excede en gravedad a lo que motivó las preguntas anteriores. Porque dentro de un marco en el que se institucionalizó la libre circulación de trabajadores, en el que se avanza, positivamente, con directivas contra desigualdades de trato como consecuencia de traslados de trabajadores, es inaceptable que los responsables de la violencia sean agentes de la autoridad y las víctimas hayan sido concretamente sindicalistas portugueses que estaban llevando a cabo acciones de información, contacto y aclaración ante los trabajadores portugueses.

El día 25 de abril de 1996, en el hotel de Múnich en el que se hospedaban, dos sindicalistas y un intérprete fueron asaltados por un grupo de trece individuos, tres de los cuales iban uniformados, que se identificaron como policías. Tras la identificación «pasaron a los hechos» que consistieron en golpes y modos agresivos y groseros y en la confiscación de películas fotográficas y de documentos que los sindicalistas tenían en su habitación del hotel.

¿Ha tenido la Comisión conocimiento de estos graves incidentes? ¿No debería pedir explicaciones sobre lo ocurrido al Gobierno de Alemania?

Respuesta del Sr.Flynn en nombre de la Comisión (15 de julio de 1996)

La Comisión no estaba al corriente de los incidentes mencionados por Su Señoría.

La política social comunitaria garantiza el principio de la igualdad de trato para los trabajadores migrantes, y se ha enriquecido por lo que respecta a los trabajadores desplazados con una propuesta de Directiva ((DO C 187 de 9.7.1993. )) que fue objeto, el 3 de junio de 1996, de una posición común del Consejo. Esta propuesta de Directiva tiene como objetivo que los trabajadores desplazados a otro Estado miembro no se vean privados de un cierto número de normas imperativas de derecho del trabajo vigentes en ese Estado miembro.

No obstante, las objeciones en este caso no hacen tanto referencia al incumplimiento de las disposiciones comunitarias como a la manera en que los policías alemanes interpelaron a los sindicalistas en cuestión. La Comisión considera que todo acto de violencia puede conculcar los valores o las libertades fundamentales comunes a los Estados miembros y que las autoridades, en el marco del derecho y de las prácticas internas de los Estados miembros y habida cuenta de las características específicas de las situaciones en cuestión, deben procurar respetar estos valores y libertades fundamentales, que se encuentran en la base de todo Estado de derecho.
PREGUNTA ESCRITA E-0965/96 de Christine Oddy (PSE) a la Comisión (26 de abril de 1996)

Asunto: Recursos pesqueros europeos

¿Está informada la Comisión de que las Naciones Unidas han prohibido las redes de deriva de grandes proporciones (de longitud superior a 2,5 km), pese a lo cual ciertos países europeos continúan utilizándolas?

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para proteger los recursos pesqueros en el futuro?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (25 de junio de 1996)

De conformidad con el artículo 9 bis del Reglamento (CEE) no 3094/86 ((Reglamento (CEE) no 3094/86 del Consejo de 7.10.1986 (DO L 288 de 11.10.1986), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 3071/95 del Consejo de 22.12.1995 (DO L 329 de 30.12.1995). )), solamente está autorizada la utilización de redes de enmalle de deriva que no superen los 2,5 km de longitud total, salvo en el mar Báltico donde, de conformidad con las medidas acordadas en el ámbito del Convenio sobre la Pesca y Conservación de los Recursos Vivos en el mar Báltico, se pueden utilizar, bajo determinadas condiciones, redes de grandes dimensiones para la pesca del salmón.

En el informe relativo a la utilización de grandes redes de enmalle de deriva en el ámbito de la política pesquera común para 1995 ((SEC(95)2259 de 14.12.1995. )) se describen las iniciativas tomadas por la Comisión para asegurar el cumplimiento del citado artículo. La Comisión ha adoptado para 1996 medidas similares a las de 1995.

En general, la Comisión ha propuesto, para la conservación de los recursos pesqueros, un conjunto de medidas que abarcan tanto la protección de juveniles, dentro de una serie de medidas consideradas técnicas, y la reducción de los niveles de explotación, en particular en el ámbito del POP IV, como el refuerzo de los controles sobre todo mediante la localización vía satélite, mientras que, en lo que se refiere a las redes de enmalle de deriva, la Comisión ha propuesto al Consejo que se prohíba totalmente su utilización ((DO 118 de 29.4.1994. )), posición apoyada por el Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-1565/96 de José Pomés Ruiz (PPE) a la Comisión (17 de junio de 1996)

Asunto: Información sobre la convocatoria de proyectos piloto al amparo del artículo 10 del Reglamento del FEDER

¿Podría informar la Comisión sobre el desarrollo del proceso de selección de los proyectos financiables por el FEDER de acuerdo con su artículo 10, según la convocatoria publicada en el DO C 319 de 30 de noviembre de 1995?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (5 de julio de 1996)

Tras la convocatoria publicada en el Diario Oficial, a la que hace referencia Su Señoría, se han presentado a la Comisión 484 expedientes.

Se solicitará a un grupo de expertos independientes que examine las propuestas recibidas. Habida cuenta del tiempo necesario para la constitución de este grupo así como para el análisis en profundidad y la selección rigurosa de los proyectos, se puede estimar que la conclusión de los trabajos tendrá lugar hacia finales de octubre de 1996.

Por otro lado, el presupuesto actualmente disponible sólo permitirá a la Comisión la cofinanciación de unos 25 proyectos en el conjunto de los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-1388/96 de María Sornosa Martínez (GUE/NGL) a la Comisión (6 de junio de 1996)

Asunto: Recuperación y protección medioambiental de la Albufera de Valencia

La Albufera de Valencia, una de las principales zonas húmedas de Europa, clasificada de protección especial en virtud de la Directiva comunitaria sobre la conservación de las aves silvestres, continua sometida a múltiples amenazas y a un progresivo proceso de degradación medioambiental.

En efecto, al margen de cualquier respeto al entorno natural, varias centenas de industrias vierten sus aguas residuales en la Albufera, y la mayoría de municipios colindantes no depura sus aguas residuales que van a parar a este enclave ecológico, el más importante del País Valenciano y una de las mayores extensiones lacustres de la península Ibérica.

La Comisión propuso en 1995 a las autoridades regionales que se incluyera la Albufera de Valencia entre las zonas húmedas que podrían disfrutar de medidas de conservación, propuesta que fue rechazada.

1. ¿Ante esta situación no estima la Comisión que la Directiva 92/43/CEE ((DO L 206 de 22.7.1992, p. 7. )), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, justifica aún más la necesidad de poner en marcha un programa para la salvaguardia y recuperación de este importante patrimonio natural europeo?

2. ¿En qué medida la Comisión estaría dispuesta a examinar conjuntamente con las nuevas autoridades nacionales y valencianas, la posibilidad de cofinanciar un plan para la recuperación y protección, en el marco del reglamento LIFE, de la Albufera de Valencia?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (3 de julio de 1996)

1. La importancia comunitaria de la Albufera de Valencia deriva de su clasificación como zona de protección especial en virtud de la Directiva 79/409/CEE (Directiva «aves») ((DO L 103 de 25.4.1979. )). Por tanto, dicha zona ya forma parte de la red «Natura 2000» creada por la Directiva 92/43/CEE (Directiva «hábitats»).

Por consiguiente, compete a España el establecimiento de las medidas de gestión necesarias para velar por su conservación, incluidos, en su caso, planes de gestión específicos o integrados en otros planes de ordenación.

2. Las acciones destinadas a la recuperación y conservación de la Albufera pueden optar a las ayudas otorgadas en virtud de LIFE. La Comisión estudiará atentamente las propuestas que presenten las autoridades españolas en este contexto.
PREGUNTA ESCRITA E-1234/96 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (23 de mayo de 1996)

Asunto: Seguridad nuclear

El vicedirector del Departamento de seguridad nuclear y radioactiva del Centro científico «UKRITFE» ha dado la alarma en los periódicos de estos últimos días acerca de la posibilidad de que la central electronuclear de Chernóbil explote en cualquier momento. El peligro consiste al parecer en una reacción en cadena y en el hundimiento de la cubierta añadida al cuarto reactor de la central de Chernóbil. Este cuarto reactor ha quedado reducido a una masa incontrolada de material nuclear peligroso y de sustancias radioactivas que no responden a los requisitos de protección contra riesgos.

¿Puede la Comisión intervenir de forma inmediata con las medidas adecuadas para evitar ulteriores peligros nucleares?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (2 de julio de 1996)

Durante la conferencia que, con el título «Una década después de Chernóbil», tuvo lugar en abril de 1996, varios científicos manifestaron su preocupación por la contaminación radiológica que podría producirse si se hundiera la cubierta existente sobre los restos del reactor no IV de Chernóbil. La conferencia llegó a la conclusión de que, si un hundimiento podría liberar polvo radiactivo y producir una exposición significativa del personal empleado a pie de obra, no cabe esperar efectos en un radio mayor, en concreto no más allá de la zona de exclusión de 30 km alrededor del reactor.

Siempre ha sido el propósito de la Comisión asegurarse de que no puede volver a ocurrir un accidente como el de Chernóbil y de clausurar cuanto antes las unidades restantes de la central nuclear. Los gobiernos del G-7, la Comisión y el Gobierno de Ucrania firmaron un memorándum de acuerdo en diciembre de 1995 relativo al cierre de la central nuclear de Chernóbil antes del 2000. El memorándum prevé «seguir cooperando en el desarrollo de un enfoque rentable y respetuoso con el medio ambiente para la cubierta de Chernóbil IV, incluida la definición, tan pronto como sea posible, de las opciones técnicas y de los costes asociados».

En la cumbre celebrada recientemente en Moscú sobre seguridad nuclear entre los dirigentes del G-7, incluidos el Presidente de la Comisión y los Presidentes de Rusia y Ucrania, se acordó que las deliberaciones sobre la renovación de la cubierta se reanudarían tan pronto como estuviera concluido el último estudio financiado por TACIS, lo cual está previsto para finales de este año.
PREGUNTA ESCRITA E-1689/96 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (24 de junio de 1996)

Asunto: Observatorio Europeo de las PYME

El primer informe anual del Observatorio semania básicamente la estructura de las PYME y sus ámbitos de actividad, el segundo pasa revista a la evolución del sector y el tercero se centra en los progresos que afectan a las PYME, en particular los que se han producido tras la realización del mercado interior. El documento en examen incluye, además, análisis específicos sobre los gastos administrativos que afectan a las PYME y al sector de los servicios destinados a la producción.

Los operadores del sector consideran inadecuada la definición de PYME actualmente en vigor, a la que tienden a conformarse las legislaciones nacionales. ¿Podría la Comisión examinar detenidamente este asunto, ya que se trata de una cuestión indispensable para la aplicación de elecciones correctas en el ámbito de la política económica?

Respuesta del Sr. Papoutsís en nombre de la Comisión (16 de septiembre de 1996)

La Comisión comparte los puntos de vista de Su Señoría en cuanto a la necesidad de una orientación clara en materia de definición de las pequeñas y medianas empresas (PYME) como referencia esencial para garantizar una mejor coherencia, visibilidad y eficacia de las políticas en favor de las PYME. Así, el 4 de abril de 1996 la Comisión adoptó una recomendación sobre la definición de las PYME ((DO L 107 de 30.4.1996 )) que proporciona por primera vez un conjunto de normas precisas para definir las PYME, tanto en los programas e instrumentos comunitarios como también en los de los Estados miembros. Mientras que anteriormente determinadas medidas en favor de las PYME marcaban un límite de 500 empleados o no disponían de ningún criterio preciso y podían así aprovechar en determinados casos a grandes empresas, la definición contenida en la recomendación permite limitar el beneficio de estas medidas a las empresas de menos de 250 empleados, es decir, a las empresas que realmente lo necesitan, lo cual refuerza la eficacia de este tipo de medidas.

En cuanto a los demás criterios que deben cumplirse para que una empresa sea calificada de PYME, son por una parte los márgenes financieros (el volumen de negocios anual no debe exceder los 40 millones de ecus o el total del balance anual no debe exceder los 27 millones de ecus), y por otra parte un criterio de independencia. Este último permite excluir a las empresas que, por medio de participaciones, pueden beneficiarse del apoyo de una gran empresa y no son por tanto PYME auténticas. Por otro lado, esta recomendación tiene previstos límites de personal inferiores (50 empleados y 10 empleados) que permiten a la Comisión o a los Estados miembros dirigir aún más algunas de sus políticas. La Comisión está convencida de que gracias a esta recomendación, las medidas en favor de las PYME deberían concentrarse en las empresas que encuentran dificultades a causa de su tamaño y de que debería aumentarse, por otro lado, la coherencia entre las medidas comunitarias y las medidas nacionales.
PREGUNTA ESCRITA E-1692/96 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (24 de junio de 1996)

Asunto: Observatorio Europeo de las PYME

Los resultados del informe del Observatorio Europeo de las PYME ponen de manifiesto las grandes dificultades con que se enfrentan las PYME para conseguir capital y el hecho de que, sin lugar a dudas, el acceso al capital de riesgo es una variable determinante para la apreciación de la calidad del sector empresarial. Junto a un nivel de competencia compatible en el sector bancario, deben desarrollarse de manera homogénea en los Estados de la Unión aquellos instrumentos, como por ejemplo los préstamos participativos o los subsidios locales, que no existen de manera uniforme en todos ellos. El objetivo debe ser la creación de un mercado del crédito compuesto de múltiples actores que compitan entre sí con productos diferenciados.

En este contexto, ¿podría la Comisión Europea prever una interpretación estricta y amplia del artículo 130 del Tratado en relación con el sector de las pequeñas y medianas empresas?

Respuesta del Sr. Papoutsís en nombre de la Comisión (16 de septiembre de 1996)

La Comisión comparte el análisis de Su Señoría en cuanto a la situación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) frente al acceso al crédito y a los fondos propios. Recuerda que, de acuerdo con los objetivos enunciados en el artículo 130 del Tratado CE, la política de empresa tiende a:

- fomentar un ambiente favorable al desarrollo de las PYME,

- mejorar la competitividad de las PYME y fomentar su europeización y su internacionalización.

En consecuencia, la Comisión presentó al Parlamento y al Consejo una propuesta relativa a un tercer programa plurianual para las PYME que cubre el período de 1997-2000 y cuenta entre sus objetivos prioritarios la mejora del contexto financiero de las empresas. En el marco de la aplicación de este programa, la Comisión propone:

- mejorar el acceso a los préstamos, en especial mediante el apoyo a la concesión de garantías bancarias por el fondo europeo de inversión (FEI) y en particular en el marco de la aplicación del nuevo instrumento «European loan insurance scheme for employment» (ELISE), fomentando el desarrollo de las sociedades de garantía mutua y facilitando el diálogo entre bancos y PYME a través de la mesa redonda bancos-PYME;

- intensificar sus esfuerzos para reducir los problemas de retraso de pago entre las empresas así como entre las administraciones y las empresas;

- facilitar el desarrollo de instrumentos financieros específicos como el factoraje o el seguro de crédito;

- estimular el desarrollo de los mercados de capitales para las PYME de fuerte crecimiento;

- movilizar a los inversores de capital a riesgo privados en apoyo de las empresas de fuerte contenido tecnológico y fuerte potencial de crecimiento.

Las acciones previstas proseguirán o completarán las medidas vinculadas a la financiación de las PYME ya aplicadas en el marco de la política regional o de las operaciones del Banco Europeo de Inversiones y del FEI.
PREGUNTA ESCRITA E-1132/96 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (13 de mayo de 1996)

Asunto: Emisión de gases contaminantes procedentes de los motores de combustión interna

En relación con la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera COM(95)350 ((DO C 328 de 7.12.1995, p. 1. )), ¿sancionará la Comisión con el máximo rigor a aquellos fabricantes que, una vez obtenida la homologación para determinado tipo de motor, continúen fabricando motores de la misma serie no conformes a las características registradas y aprobadas durante el procedimiento de homologación?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (2 de julio de 1996)

La propuesta (de Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera) establece procedimientos para los casos en que los motores no estén conformes con el tipo homologado (artículo 13). Corresponde a los Estados miembros tomar las medidas necesarias para garantizar que los motores que se están fabricando se ajusten al tipo homologado. Dichas medidas pueden llegar a la retirada de la homologación (sanciones).

Por tanto, está de más que la Comisión apruebe una decisión sobre sanciones.
PREGUNTA ESCRITA E-1326/96 de Laura González Álvarez (GUE/NGL) y María Sornosa Martínez (GUE/NGL) a la Comisión (3 de junio de 1996)

Asunto: Residuos radiactivos en la mina «Lobo-G» (La Haba, Extremadura)

La mina de uranio «Lobo-G» actualmente abandonada, situada en la zona de la Serena, almacena varios cientos de bidones de residuos radiactivos procedentes del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

En la comarca de la Serena existe preocupación y alarma social por la insuficiente información acerca del contenido exacto de dichos bidones. La población desconoce las posibles repercusiones que estos residuos pudieran tener sobre la salud de las personas y el medio ambiente.

¿No estima la Comisión que urge conocer si el contenido de estos bidones produce efectos radiológicos?

Con el objeto de garantizar el respeto de la legislación comunitaria ¿puede la Comisión realizar una investigación con vistas a determinar el contenido exacto de los bidones almacenados en la mina «Lobo-G»?

¿Qué gestiones puede emprender la Comisión con el objeto de garantizar el cumplimiento de la Directiva 91/156/CEE ((DO L 78 de 26.3.1991, p. 32. )) relativa a los residuos?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (24 de julio de 1996)

Según el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) de España, el propietario de los residuos, el material almacenado en la antigua mina de uranio Lobo-G son bidones de escoria de la mina abandonados tras el tratamiento de la roca (mineral) para la extracción de uranio. El nivel de radiactividad natural será inferior entonces en el material original. El material de los bidones no contiene radionucléidos artificiales. Según el CIEMAT, el permiso de almacenamiento de los residuos en la antigua mina fue concedido por el Consejo de Seguridad Nuclear de España (CSN).

La aplicación de las prescripciones incluidas en directivas comunitarias, incluidas las correspondientes a la autorización y el control de instalaciones para el almacenamiento de residuos, es responsabilidad de las autoridades nacionales. En el caso de los residuos almacenados en Lobo-G, la Comisión no ha recibido ninguna indicación de incumplimiento de ninguna de las prescripciones por parte del propietario de los residuos o por parte de las autoridades.