PREGUNTA ESCRITA E-2752/98

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(10 de septiembre de 1998)

Asunto: Los gastos de la protección social en la Unión Europea

Según el informe de la Comisión sobre el gasto social de los Estados miembros en 1997 (COM(98)0243), continúan registrándose grandes diferencias en el gasto social de los distintos Estados miembros, que oscila desde el 20 % y el 21 % del PIB en Irlanda y Grecia, respectivamente, hasta el 36 % del PIB en Suecia. Los niveles de las prestaciones por desempleo oscilan asimismo desde el 60-65 % del salario de un trabajador en Dinamarca y Francia hasta el 25 % en Grecia. Teniendo en cuenta lo anterior así como que, según el mismo informe, en el 35 % de los hogares de la Unión Europea, aproximadamente, las prestaciones sociales constituyen la principal fuente de ingresos y que, sin ellas, el 40 % de los hogares cumpliría la definición convencional de pobreza, ¿con qué medidas piensa contribuir la Comisión a armonizar el gasto social en los distintos Estados miembros y a mitigar la pobreza, especialmente en países como Grecia, que presenta uno de los niveles más bajos de gasto social y cuyas regiones son las más pobres en términos de PIB per cápita?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(22 de octubre de 1998)

Es responsabilidad de cada Estado miembro organizar y financiar su propio sistema de protección social, y el gasto público en protección social en los Estados miembros varía de forma importante de un país a otro: desde un 20 % del producto interior bruto (PIB) en Irlanda hasta un 36 % del PIB en Suecia(1).

En este contexto, no obstante, hay que destacar que el volumen de gasto público para la protección social no permite por sí solo una valoración adecuada del nivel de protección social que existe en un Estado miembro en particular. Se pueden realizar, en principio, transferencias eficaces por medio de desgravaciones fiscales o subsidios, así como por medio de prestaciones en metálico, y, en este caso, aparecerán como ingresos más bajos, en lugar de como gastos. La solidez del pilar público dentro del sistema general de protección social de un Estado miembro no refleja sólo la estructura demográfica del mismo, y en particular la estructura de hogares y familias, sino también la importancia relativa de los programas de trabajo y de los sistemas privados.

La Comisión fomenta la cooperación entre los Estados miembros para lograr un grado elevado de convergencia de los objetivos y de las políticas en materia de protección social. La Comisión presentará, a finales de 1998, un informe sobre la aplicación de la Recomendación 92/441/CEE del Consejo de 24 de junio de 1992 sobre los criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de protección social(2); y, a principios de 1999, una Comunicación que incluirá una evaluación de la aplicación de la Recomendación 92/442/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1992, relativa a la convergencia de los objetivos y de las políticas de protección social2.

El Tratado de Amsterdam introduce, en el artículo 137, un nuevo mandato para que la Unión actúe para combatir la exclusión social.

(1) Informe sobre la Protección Social en Europa.

(2) DO L 245 de 26.8.1992.