PREGUNTA ESCRITA E-3329/01

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(30 de noviembre de 2001)

Asunto: Subida de los precios de coste de productos y servicios contratados a raíz de la sustitución de antiguas tareas públicas por un sistema de licitaciones

1. ¿Podría confirmar la Comisión que cada vez son más las Administraciones de los Estados miembros de la UE que recurren a las licitaciones para operaciones de compra y contratos de servicios, con lo que, entre las diversas ofertas presentadas por las empresas que ofrecen un producto o servicio similar, se opta por aquella empresa que lo ofrece al precio más bajo?

2. ¿Podría confirmar la Comisión que no solamente el método de compra de productos y servicios mencionado en el apartado 1, sino que también la subcontratación de actividades antiguamente realizadas por la propia Administración o bajo gestión de la misma, son el resultado de una política fomentada por la Comisión a través de reglamentación europea en ámbitos diversos?

3. ¿Sabe la Comisión que en los Países Bajos se ha constatado recientemente especialmente por parte de la Oficina de examen del Ayuntamiento de Amsterdam que este sistema de licitaciones puede conducir a que las empresas realicen acuerdos entre sí sobre quien presentará la oferta más económica, de tal manera que, incluso esta oferta, seguirá siendo bastante más cara que los costes reales con el incremento del margen habitual de riesgo y de ganancias para la empresa y que las empresas se reparten entre ellas a posteriori la suma adicional abonada por la Administración pública?

4. ¿Sabe la Comisión además que una parte de estos ingresos adicionales son utilizados por las empresas para comprar a funcionarios y tener así acceso a información privilegiada sobre los cálculos que utiliza la Administración en relación con una determinada licitación?

5. Aparte de las penalizaciones ya existentes para casos en que puede probarse la existencia de acuerdos entre empresas en este sentido o de compra de información privilegiada ¿de qué manera piensan a conseguir la Comisión que, en un futuro próximo, el sistema de licitaciones permita conseguir los precios más bajos manteniendo un nivel de calidad aceptable?

6. ¿Qué alternativas ve la Comisión al sistema de licitaciones en el caso de que los objetivos descritos en el apartado 5 no puedan alcanzarse de manera sostenible dentro del presente sistema?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(21 de enero de 2002)

1. La Comisión confirma que cada vez más órganos de contratación aplican las Directivas, lo que debe considerarse como resultado de un mejor cumplimiento de las normas.

La Comisión también desea destacar que la aplicación de las Directivas sobre contratación pública no implica que los órganos de contratación estén obligados a optar por la licitación que ofrece el precio más bajo. Dado que el objetivo de las Directivas es garantizar una relación calidad/precio óptima para el órgano de contratación, siempre existe la posibilidad de elegir una oferta que se considere la económicamente más ventajosa.

2. La Comisión señalaría que la decisión de realizar o no tareas específicas o de subcontratar dichas actividades incumbe al propio órgano de contratación y no entra en el ámbito político de la Comisión. Las Directivas sobre contratación pública no se aplican a procesos por los cuales las divisiones o departamentos de los órganos de contratación se privatizan o se transforman en entidades autónomas. La política en materia de descentralización o privatización de los departamentos de un órgano de contratación es responsabilidad del propio órgano. En caso de que la entidad recién creada o privatizada pase a ser considerada también como un órgano de contratación, estará obligado, cuando corresponda, a adjudicar los contratos de conformidad con las Directivas sobre contratación pública.

3. a 6. La Comisión es consciente de que recientemente se ha constatado que en los Países Bajos ha habido acuerdos entre licitadores de contratos de obras públicas con el resultado de que la oferta finalmente seleccionada ofrece una relación calidad/precio menos ventajosa de la que se conseguiría en condiciones de competencia leal. Este comportamiento entraría en conflicto con las normas comunitarias sobre competencia, que legitimarían el inicio de procedimientos judiciales. La Comisión también tiene noticias de que se han producido sobornos a funcionarios para que den a las empresas información previa sobre una convocatoria de contrato. El fraude es un fenómeno de por sí y de ninguna manera es el resultado de la aplicación de las Directivas sobre adjudicación de contratos públicos, ni se ve favorecido por dicha aplicación. Así, estos delitos penales deberán perseguirse empleando los medios adecuados. En el asunto que nos ocupa, la Comisión tiene entendido que las autoridades nacionales ya han iniciado investigaciones (penales) al respecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión considera que la correcta aplicación de las normas sobre contratación pública permite conseguir una relación calidad/precio óptima, lo que es uno de los objetivos de dichas Directivas. A este respecto, existen numerosos ejemplos de autoridades locales que han calculado el ahorro y el aumento de la calidad de los servicios que han obtenido gracias a convocatorias de contrato abiertas. Dada esta circunstancia, la Comisión no prevé, a este respecto, ninguna alternativa al sistema actual.