PREGUNTA ESCRITA E-0384/00

de María Rodríguez Ramos (PSE) a la Comisión

(15 de febrero de 2000)

Asunto: Entorno medioambiental en el Parque natural del Moncayo

El Moncayo, parque natural de la Comunidad Autónoma de Aragón, se está convirtiendo en un parque eléctrico en su zona soriana. La negligente actuación de la Administración ha permitido la instalación de 6 parques eólicos, 31 kilómetros de líneas eléctricas, además de decenas de kilómetros de líneas de 220 kv junto con subestaciones.

El interés medioambiental de la zona está reconocido a nivel comunitario pues existe un proyecto del programa LIFE de protección del quebrantahuesos, cuyas aves tienen la zona de campeo también en la zona soriana.

La declaración de impacto(1), cuyo estudio de impacto no había sido anunciado en el BOC y L de 9 de julio de 1998, ha sido cambiada radicalmente, de forma unilateral, por la Administración de Castilla y León, sin audiencia ni información a los alegantes, lo que ha originado la ocupación, sin desafectar, de la Cañada Real en el entorno del Moncayo por la instalación de dichas líneas eléctricas, poniendo así en serio peligro la viabilidad del programa LIFE. Contra estas irregularidades se han presentado más de 1 500 alegaciones y hay un recurso contencioso-administrativo presentado.

¿Puede informar la Comisión de la correcta transposición, por parte del Estado español, de la Directiva 85/337/CEE(2), cuya última modificación es la Directiva 97/11/CE(3) del Consejo relativa a la evaluación de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente?

De producirse modificaciones en una declaración de impacto ya aprobada, ¿obligaría la correcta aplicación de dicha Directiva a comenzar un nuevo expediente desde la fase en que se produjeron dichos cambios?

¿Permite el programa LIFE (protección del quebrantahuesos en la zona del Moncayo aragonés) alguna medida de protección de estas aves en zonas limítrofes, aunque pertenezcan a distintas Comunidades Autónomas?

¿Existe alguna medida que obligue a las compañías a corregir las alteraciones innecesarias producidas en el entorno, mientras se resuelven los recursos administrativos presentados?

(1) Declaración publicada en el BOC y L de 6 de noviembre de 1998.

(2) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(3) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(6 de abril de 2000)

En lo que respecta a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, hay que señalar que la Comisión ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por incorporación incorrecta de dicha Directiva en el ordenamiento jurídico español. La Comisión ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia(1) por este motivo.

La Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 65/337/CEE, establece en su artículo 3 que los Estados miembros deberán cumplirla a más tardar el 14 de marzo de 1999. Hay que señalar que la Comisión, en caso de falta de comunicación de las medidas nacionales de transposición en los plazos fijados, actúa de oficio con arreglo al artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE. En el caso de la Directiva 97/11/CE se acaba de notificar a España un dictamen motivado.

El proyecto a que se refiere su Señoría se refiere a instalaciones industriales destinadas a la producción de energía eléctrica o a instalaciones destinadas al transporte de energía por líneas eléctricas. Este tipo de proyectos figura en el Anexo II de la Directiva 85/337/CEE. Con arreglo al apartado 2 del artículo 4, los proyectos contemplados en el Anexo II han de evaluarse si el Estado miembro interesado considera que lo exigen sus características. Hay que señalar que, en este caso, parece que se ha llevado a cabo una evaluación de impacto medioambiental. Ahora bien, la Comisión, basándose únicamente en la información comunicada por su Señoría, no está en condiciones de determinar si las modificaciones introducidas en el proyecto deben someterse a una evaluación de sus repercusiones.

El quebrantahuesos pertenece a las especies protegidas por la Directiva 92/43/CEE(2) del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Hay un proyecto LIFE que trata específicamente de la protección de los quebrantahuesos en la región del Moncayo aragonés, en la Comunidad Autónoma de Aragón. La reintroducción de esta especie en esta zona será muy importante para su reintroducción en otras regiones montañosas de España.

La Comisión, en su función de garante de los Tratados, tomará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Derecho comunitario en este caso.

(1) Asunto C-474/99.

(2) DO L 206 de 22.7.1992.