PREGUNTA ESCRITA E-3994/00

de Helmuth Markov (GUE/NGL) a la Comisión

(21 de diciembre de 2000)

Asunto: Aplicación e interpretación de las directivas de la UE por parte de Alemania

1. ¿Puede indicar la Comisión si, y cómo, Alemania ha transpuesto al derecho nacional la Directiva 80/987 (insolvencia del empresario)?

2. ¿Está prohibido el despido por razones técnicas y sin indemnización, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (asunto 262/88 y C-173/91)?

3. ¿Cómo hay que interpretar la directiva de la UE en ese punto, en el caso de que sea el Estado el empleador?

4. ¿Está obligado el Estado a garantizar, en primer lugar, el mantenimiento del salario y, en segundo lugar, los derechos de indemnización?

5. Si un trabajador recibe una indemnización, por tratarse de un despido por razones técnicas, y otro trabajador no recibe ninguna indemnización por tratarse de una quiebra, ¿puede hablarse de violación del principio de igualdad de trato al interpretar la directiva de la UE?

6. ¿Puede indicar la Comisión si, y cómo, ha transpuesto Alemania al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 87/344 (seguro de defensa jurídica)?

7. ¿Hay que interpretar la letra c) del apartado 2 del artículo 3 de dicha directiva en el sentido de que las asociaciones y otras personas jurídicas pueden ejercer el derecho de exigir al asegurador el reembolso de los gastos, en el caso de que se trate de una organización o un círculo de personas sin ánimo de lucro?

8. ¿Tiene que reembolsar el asegurador a esas organizaciones los gastos en que hayan incurrido sin beneficios?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(28 de febrero de 2001)

1., 3., 4. y 5. La Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario(1), está incorporada al Derecho alemán mediante el libro III del Código de la seguridad social: promoción del trabajo (Sozialgesetzbuch, Drittes Buch: Arbeitsförderung) así como por la ley sobre la mejora del seguro de vejez profesional (BetrAVG). Según el informe de la Comisión sobre la transposición de la Directiva 80/987/CEE en los Estados miembros, la legislación alemana contiene, en varios aspectos, disposiciones más favorables para los trabajadores que las contenidas en la Directiva.

Dicha Directiva obliga a los Estados miembros a crear un organismo que garantice a los trabajadores por cuenta ajena, cuyo empresario se haya convertido en insolvente, el pago de las deudas salariales impagadas y relativas a la remuneración correspondiente a un período determinado. El mínimo garantizado por la directiva comunitaria es la remuneración correspondiente a los tres últimos meses de la relación laboral. Por otra parte, la Directiva en cuestión no puede aplicarse a un Estado porque éste no puede ser objeto de un procedimiento de indemnización colectivo de los acreedores.

2. Por lo que se refiere a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a la que hace referencia Su Señoría, ha de observarse que ésta sólo se refiere a la aplicación del principio de la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres y, más particularmente, al alcance del artículo 141 (antiguo artículo 119) del Tratado CE. Este artículo se aplica a todas las prestaciones concedidas por los regímenes profesionales de seguridad social de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de mayo de 1990 en el asunto C-262/88 (Douglas Harvey Barber contra Guardian Royal Exchange Assurance Group)(2).

Conforme al artículo 141 y a la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo(3), las indemnizaciones por despido, si están previstas por la legislación nacional, deben abonarse de forma igualitaria a los trabajadores de los dos sexos que se encuentren en la misma situación. Esta obligación de respetar el principio de la igualdad de trato se aplica también cuando el empleador sea el Estado miembro.

6. a 8. Por lo que se refiere a la transposición de la Directiva 87/344/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1987, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro de defensa jurídica(4) en Alemania, el legislador alemán ha elegido la opción b), prevista en el apartado 2 del artículo 3, para la gestión de los siniestros de la rama defensa jurídica (VAG, artículo 8a). Esta opción prevé que la gestión de los siniestros de dicha rama deberá hacerse por una empresa jurídicamente distinta que no gestione a la vez siniestros de otras ramas de seguro. Esta exigencia se impone a toda empresa de seguros de defensa jurídica que tenga su sede social en el territorio alemán.

Cuando el método previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 87/344/CEE deba ser aplicado por un asegurador de defensa jurídica, conforme a la legislación de su Estado miembro de origen, el asegurado puede confiar la gestión del siniestro objeto de un contrato de seguro de defensa jurídica al abogado que elija. Cuando se aplique el método previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva y el asegurado confíe la gestión del siniestro a un abogado de su elección, el asegurado asumirá los gastos derivados de esta gestión. Algunas veces, la empresa de seguros puede fijar límites al reembolso de los gastos y honorarios del abogado designado. El hecho de que el tomador del contrato de seguro de defensa jurídica sea una persona física o jurídica, o una organización sin ánimo de lucro, no debería tener ninguna incidencia a este respecto.

(1) DO L 283 de 28.10.1980.

(2) Rec. Tribunal de Justicia 1990 I-1889.

(3) DO L 39 de 14.2.1976.

(4) DO L 185 de 4.7.1987.