PREGUNTA ESCRITA P-0277/01

de Sérgio Marques (PPE-DE) a la Comisión

(2 de febrero de 2001)

Asunto: Zona Franca de Madeira

El régimen de ayudas financieras y fiscales de que goza la Zona Franca de Madeira (ZFM) fue debidamente autorizado por la Comisión en 1987. La autorización se prorrogó posteriormente por dos períodos suplementarios. Según la última decisión de prórroga, la Comisión decidió no aducir objeciones contra la aplicación de dicho régimen hasta el 31 de diciembre de 2000, fecha en la que se sometería a un nuevo análisis.

A raíz de la adopción en 1998 por la Comisión de las orientaciones sobre las ayudas estatales con finalidad regional orientaciones que Portugal nunca aceptó se propuso a todos los Estados miembros, en virtud del artículo 88 del Tratado CE, que procediesen a la modificación de los regímenes de ayudas que estuviesen en vigor el 1 de enero de 2000, para que pudieran ser compatibles, a partir de esa fecha, con los criterios establecidos en dicho documento de la Comisión.

La posición de la Comisión, irreducible en cuanto que no está dispuesta a tomar en consideración, en lo referente a las ayudas estatales, la situación particular de Madeira, confirmada en el Tratado de Amsterdam recuérdese que el apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE admite medidas específicas directamente relacionadas con las zonas francas, las ayudas públicas y la política fiscal y la de las autoridades portuguesas, irreducible igualmente, en la defensa de la legitimidad del régimen de ayudas en vigor en la ZFM, desembocaron en la incoación por la Comisión, en julio de 2000, de un procedimiento formal de investigación, por existir dudas en cuanto a la compatibilidad del régimen de ayudas vigente en la ZFM con el Derecho comunitario, que abarca únicamente la concesión de ayudas al funcionamiento de las empresas que se instalen en la ZFM a partir del 1 de enero de 2000.

La decisión de la Comisión sorprende, pues ella misma ha establecido una nueva normativa más favorable en materia de ayudas públicas a las regiones ultraperiféricas, tanto en el informe sobre las medidas destinadas al cumplimiento de las disposiciones del apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE como, posteriormente, en las modificaciones introducidas en las orientaciones sobre las ayudas públicas con finalidad regional para tomar en consideración el nuevo estatuto de las regiones ultraperiféricas, notificadas a la República Portuguesa en agosto de 2000.

La incoación del procedimiento formal de investigación ha puesto en entredicho el clima de confianza imprescindible para el desarrollo de la ZFM, proyectando al exterior una imagen de inconsistencia del régimen con el consiguiente y posible traslado de los operadores a otras zonas competidoras. Se ha puesto también en tela de juicio uno de los principios vectores del desarrollo regional, pues es bien conocida la plusvalía que la ZFM ha significado para el desarrollo económico y social de Madeira, especialmente al permitir la realización de nuevos proyectos de inversión, la diversificación de la estructura productiva, la adquisición de conocimientos y la generación de empleo cualificado, la creación de puestos de trabajo (actualmente rondan los 2 700) y la promoción de Madeira en el exterior.

Está en tela de juicio el desarrollo de una de las regiones más desfavorecidas de la Unión Europea y de Portugal, razón por la que se pregunta lo siguiente:

La normativa comunitaria por la que se rigen los procedimientos formales de investigación concede a la Comisión un largo plazo para adoptar una decisión en el ámbito de ese tipo de procedimientos, plazo que puede superar los 18 meses a partir de la fecha de la incoación.

Teniendo en cuenta la generalización del clima de desconfianza que se ha generado en la ZFM, dada la publicidad del procedimiento de investigación y la obligación, impuesta por la Comisión, de comunicar su tenor inmediatamente a los posibles beneficiarios de las ayudas, ¿no considera la Comisión que urge adoptar una decisión sobre este asunto lo más rápidamente posible?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(5 de marzo de 2001)

Tal como la Comisión lo indicó en su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 (antiguo artículo 93) del Tratado CE, la aplicación del régimen de ayudas financieras y fiscales de la Zona Franca de Madeira se autorizó por primera vez en 1987, de conformidad con la derogación del antiguo apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE. Desde entonces la Comisión autorizó la prolongación de este régimen en dos ocasiones, por períodos adicionales de, respectivamente, tres y seis años. Según los términos de la última decisión de la Comisión, pueden concederse ayudas fiscales (exención total de impuestos directos hasta finales del 2011) a las empresas industriales, financieras y de servicios que se instalaron en la Zona franca antes del 1 de enero de 2001.

A raíz de la adopción de las directrices relativas a las ayudas estatales de finalidad regional la Comisión propuso a todos los Estados miembros, como medidas apropiadas en virtud del apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE, modificar todos los regímenes de ayudas de finalidad regional existentes que estuvieran en vigor el 1 de enero de 2000 con el fin de hacerlos compatibles con las disposiciones de dichas directrices a partir de esa fecha. Estas directrices consagran el principio de la prohibición de ayudas regionales destinadas a reducir los gastos corrientes de las empresas (ayudas de explotación), admitiendo al mismo tiempo excepciones en las regiones que se benefician de la derogación prevista en la letra a) del apartado 3 del artículo 87 (antiguo artículo 92) del Tratado CE, a condición de que estén justificadas en función de su contribución al desarrollo regional y su naturaleza y de que su nivel sea proporcional a las desventajas que tienen por objeto atenuar. Esta misma condición debe también comprobarse en el caso de las ayudas de explotación (eventualmente no regresivas y no limitadas en el tiempo) concedidas en regiones ultraperiféricas cuando tales ayudas están destinadas a reducir los costes adicionales del ejercicio de la actividad económica inherentes a las desventajas definidas en el apartado 2 del artículo 299 (antiguo artículo 227) del Tratado CE.

El alcance actual del régimen de ayudas financieras y fiscales de la Zona Franca de Madeira es considerable. El importe total de las ayudas concedidas en forma de exenciones fiscales habría sido de más de 1 000 millones en 1997 y parece concentrarse en los centros de servicios financieros y servicios internacionales. Puesto que estos sectores cuentan ahora con alrededor de 4 000 empresas en actividad sin por ello emplear directamente a más de a 1 000 personas, es legítimo plantearse la contribución de las ayudas al desarrollo regional. En estas circunstancias la Comisión ha planteado la compatibilidad de este régimen con el Derecho comunitario.

No obstante, y tal como ya lo destacó en su respuesta a la pregunta escrita P-1373/00(1) de Su Señoría, la Comisión no tiene de ninguna manera la intención de perjudicar al desarrollo de la región de Madeira y lamenta que haya un clima de incertidumbre por lo que se refiere al futuro de la Zona franca. Por eso intentará adoptar una decisión final al respecto cuanto antes.

(1) DO C 46 E de 13.2.2001, p. 180.