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PREGUNTA ESCRITA E-3729/97 de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) a la Comisión (21 de noviembre de 1997)

Asunto: Apertura de un contingente de 1.000 toneladas de lomos de atún de terceros países con arancel reducido

En el Reglamento (CEE) no 702/97 ((DO L 104 de 22.4.1997, p. 8. )) del 14 de abril de 1997 se establece la apertura de un contingente arancelario comunitario autónomo para determinados productos de la pesca.

En este Reglamento se permite la entrada de 1.000 toneladas de lomos de atún procedentes de terceros países, reduciendo a la mitad los derechos arancelarios que les corresponderían.

¿Puede la Comisión informar de las causas de la apertura excepcional externa a países beneficiarios de preferencias generalizadas y acuerdos como el Convenio de Lomé?

¿Ha sido ésta una medida excepcional o bien hay posibilidades de que se repita en un futuro próximo?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3729/97 y E-3730/97 dada por el Sra. Bonino en nombre de la Comisión (23 de enero de 1998)

La apertura de un contingente comunitario autónomo para la importación en 1997 de 1.000 toneladas de lomos de atún con un arancel aduanero del 12 % se aprobó para paliar los problemas de abastecimiento de la industria conservera de atún de la Unión Europea. Estos problemas obedecen a la situación general del mercado de atún en todo el mundo (escasa oferta y fuerte demanda) así como a la evolución de los métodos de tratamiento de la materia prima (desarrollo del corte en lomos en los países cercanos a los lugares de pesca para transportar únicamente el producto «útil» para el enlatado).

El contingente arancelario de lomos de atún destinados a la industria conservera de la Comunidad está abierto a terceros países que no sean los países de África, el Caribe o el Pacífico, dado que éstos ya disfrutan de un acceso totalmente libre de aranceles para los productos en cuestión.

La Comisión examina cada año la situación de cada uno de los mercados para los que los Estados miembros presentan solicitudes de contingentes o de suspensión arancelaria. El análisis de 1998 está en marcha y se prevé que las propuestas de la Comisión estén listas para finales de enero de 1998, fecha habitual de este ejercicio. En el caso del atún, existe una solicitud de apertura de un contingente de lomos que está siendo estudiada.
PREGUNTA ESCRITA E-3598/97 de Ernesto Caccavale (UPE) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Mala utilización de fondos destinados a la cooperación

En 1993 la DG VIII confió aproximadamente 6.000 millones de liras a una ONG italiana de Bolonia, la CESTAS, para medidas urgentes en el ámbito sanitario en Angola. Hasta ahora, no consta la presencia de la CESTAS en Angola, pero la presidencia de dicha ONG ha autorizado entre 1993 y 1994 numerosos gastos faraónicos para misiones de «evaluación» de sus miembros en dicho país. Al parecer, esta ONG habría tenido numerosos problemas con las autoridades de Cabo Verde (África) en los años 1994 y 1995, ya que éstas la acusaban de un retraso de muchos meses en la gestión de un proyecto de «lucha contra el SIDA» también financiado por la DG VIII de la UE.

¿Puede la Comisión aclarar inmediatamente estos hechos, evaluar la necesidad de suspender toda financiación que se hubiera acordado ilegítimamente, realizar una cuidadosa verificación en Angola del uso efectivo y correcto de los fondos UE y evaluar si no ha habido «favoritismos» por parte de la DG VIII y/o superficialidad en la gestión por parte de los funcionarios encargados del control de las misiones en el lugar?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión (8 de enero de 1998)

La Comisión no puede aceptar acusaciones de favoritismo en la concesión de los fondos a las organizaciones no gubernamentales (ONG) para la ejecución de la cooperación al desarrollo.

La Comisión evalúa sistemáticamente el buen fundamento de los proyectos y programas presentados por las ONG europeas, es decir, en particular, su compatibilidad con las estrategias de desarrollo de los países en cuestión, antes de cualquier decisión de financiación. La ejecución es seguida atentamente por la Comisión (sede y delegación), y la continuidad de la financiación depende de la rigurosa ejecución del proyecto, a veces en condiciones difíciles.

Las misiones de evaluación y de control in situ de los distintos proyectos se efectúan de manera profesional y con total independencia de las autoridades locales y de las ONG concernidas. Si se constata una irregularidad se suspende inmediatamente la financiación. El último tramo sólo se abona sobre la base de un informe de ejecución y de la comprobación de que los gastos se hicieron según lo previsto y de conformidad con las normas sobre utilización de los fondos.

Por lo que se refiere al proyecto de Cestas en Angola en el ámbito de la salud, aún no se ha pagado el último tramo. La Comisión, en efecto, al comprobar que la ONG tenía dificultades para ejecutar el proyecto, en un país desgarrado por los conflictos, le pidió reorientarlo y la acción ha sido prorrogada.

Por lo que se refiere al proyecto Cestas en Cabo Verde, el Ministerio de Salud se quejó de retrasos en el suministro de equipamientos previstos en el proyecto. El desacuerdo se solventó en 1993 tras una misión de evaluación. El proyecto de Cestas se concluyó en 1994, una vez efectuadas todas las prestaciones previstas en el contrato. El proyecto sigue adelante directamente con la Unidad de Educación para la Salud del Ministerio.
PREGUNTA ESCRITA E-3654/97 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión (19 de noviembre de 1997)

Asunto: Continuación de las acciones del Fondo de Cohesión

De conformidad con la normativa actual, los recursos del Fondo de Cohesión se destinan a aquellos Estados miembros cuyo PNB per cápita es inferior al 90 % de la media comunitaria siempre que exista un programa nacional que cumpla los términos económicos de la convergencia. La Comisión ha propuesto en el programa de acción 2000 el mantenimiento del Fondo de Cohesión en su forma actual con objeto de continuar facilitando ayuda comunitaria a los Estados miembros menos favorecidos que hayan accedido a la tercera fase de la UEM.

Sobre la base de la normativa vigente, ¿los países que no accedan a la tercera fase de la UEM continuarán siendo beneficiarios de los recursos del Fondo de Cohesión también después del año 1999 siempre que su PNB per cápita sea inferior al 90 % de la media comunitaria y tengan un programa nacional de convergencia?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (5 de enero de 1998)

En el documento Agenda 2000 ((COM(97)2000 final. )) la Comisión propuso mantener el Fondo de Cohesión en su forma actual, lo cual significa que los Estados miembros que no accedan a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM) y cuyo producto nacional bruto per cápita sea inferior al 90 % podrán seguir optando a la ayuda del Fondo de Cohesión, siempre y cuando hayan elaborado un programa nacional que cumpla los requisitos de convergencia económica establecidos en el artículo 104 C del Tratado CE.

Amediados del período 2000-2006 se efectuará una revisión de la admisibilidad sobre la base del criterio del PNB per cápita inferior al 90 % de la media comunitaria.
PREGUNTA ESCRITA E-3705/97 de Françoise Grossetête (PPE) a la Comisión (19 de noviembre de 1997)

Asunto: Mercado Interior. Venta de gafas pregraduadas en la UE

Considerando las disparidades actuales en las condiciones de venta de gafas pregraduadas entre los distintos Estados miembros;

Considerando que este tipo de productos tiene una incidencia en la salud de los consumidores;

Se pide a la Comisión información sobre sus intenciones acerca de la aplicación de una reglamentación comunitaria tendente a harmonizar las condiciones de venta, relativas en particular a la calidad de los distribuidores (ópticas, farmacias, etc) de gafas pregraduadas en la UE.

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (2 de febrero de 1998)

La Comisión no prevé actualmente presentar propuestas destinadas a establecer una normativa comunitaria en lo que respecta a las condiciones de venta de las gafas premontadas.

Por lo que respecta a la cualificación de los vendedores de gafas premontadas, no existe una normativa comunitaria que coordine la formación de estos profesionales o el acceso a la actividad profesional de este sector y su ejercicio. Este tipo de normativa, específica de una profesión, existe únicamente para siete profesiones (médicos, dentistas, enfermeros generales, veterinarios, comadronas, farmacéuticos y arquitectos).

Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, y dado que el reconocimiento de las cualificaciones de los profesionales del sector del comercio que vende al por menor las gafas premontadas (ópticos, optometristas, etc.) figura en las Directivas 89/48/CEE de 21 de diciembre de 1988 relativa a los nacionales de los Estados miembros poseedores de un título expedido en un país tercero ((DO L 19 de 24.1.1989. )) y 92/51/CEE de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de la formación profesional, que completa la Directiva 89/42/CEE ((DO L 209 de 24.7.1992. )), la Comisión no prevé presentar propuestas destinadas a coordinar la formación y las condiciones del ejercicio de estas profesiones.

A falta de normativa comunitaria, los Estados miembros son los únicos competentes para decidir las condiciones de venta, el nivel y la duración de la formación impartida en su territorio, así como las condiciones de acceso al ejercicio de estas actividades profesionales, siempre que la legislación nacional respete el Derecho comunitario, y especialmente los principios de libre circulación de mercancías y de no discriminación.
PREGUNTA ESCRITA E-4003/97 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (14 de enero de 1998)

Asunto: Ingresos para el presupuesto comunitario procedentes del gravamen a los buques pesqueros

Según datos procedentes de las asociaciones de armadores de buques pesqueros de los Estados miembros de la UE, cada armador que desea adquirir una licencia de pesca debe abonar cierta suma de dinero, parte de la cual constituye un ingreso para el presupuesto comunitario, mientras el resto revierte en beneficio de los Estados miembros de la Unión.

¿Puede indicar la Comisión Europea en qué punto del presupuesto comunitario aparecen dichos ingresos, cuál es su importe en 1997 y si los servicios de la Comisión están considerando un incremento adicional de dicho gravamen impuesto a los buques pesqueros de la Unión?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (12 de febrero de 1998)

Los armadores de buques comunitarios interesados en obtener una licencia de pesca en el marco de un acuerdo de pesca firmado por la Comunidad y un país tercero:

- no pagan gasto alguno de licencia cuando se trata de acuerdos de reciprocidad; los acuerdos de reciprocidad son acuerdos en virtud de los cuales, a cambio de las posibilidades de pesca concedidas por el país tercero a buques comunitarios en sus aguas, la Comunidad concede posibilidades de pesca en aguas comunitarias a buques de ese país tercero; este es el tipo de acuerdos vigentes para el mar del Norte, el mar Báltico y Atlántico norte;

- pagan un derecho de licencia (canon) cuando se trata de acuerdos para acceder a una zona dada a cambio de una contrapartida financiera; los acuerdos con contrapartida financera son acuerdos en virtud de los cuales un país tercero concede posibilidades pesqueras a buques comunitarios a cambio de una contrapartida financiera que paga la Comisión y de un canon que paga el armador del barco que solicita la licencia; dicho canon es abonado en su totalidad por el armador a la hacienda pública del país tercero; este es el tipo de acuerdos firmado con países del Atlántico sur y del oceáno Índico, pertenecientes al grupo de Estados de África, Caribe y Pacífico (ACP).

Así pues, el armador que solicita una licencia de pesca para un buque no efectúa pago alguno a la Comisión y, por lo tanto, en el presupuesto de la Comisión no aparece ningún importe de ese tipo.
PREGUNTA ESCRITA E-3511/97 de Leonie van Bladel (UPE) al Consejo (14 de noviembre de 1997)

Asunto: Daños a la pequeña y mediana empresa a causa del abuso de la posición de monopolio de las compañías de correo y telecomunicaciones neerlandesas y europeas

1. La pequeña y mediana empresa se ve a menudo perjudicada por el abuso que las compañías de correo y telecomunicaciones hacen de su posición de monopolio. En los Países Bajos, en diversos lugares, se utiliza la misma ventanilla para despachar actividades relacionadas con el monopolio, como son las transacciones postales, y actividades de otro tipo, como el cambio de divisas o la emisión de los permisos de circulación, con lo que el tiempo de espera para entregar un simple paquete postal en hora punta (entre las 16.00 y las 18.00 horas) puede ser de más de 20 minutos; esto perjudica en especial a la pequeña y mediana empresa. El gerente de la compañía de correos y telecomunicaciones neerlandesa PTT, W. van den Berg, no encuentra que ello constituya una situación alarmante, mientras que para la pequeña y mediana empresa supone unas pérdidas sustanciales. ¿Está dispuesto el Consejo a solicitar a la Comisión que elabore directivas para evitar los abusos de la posición de monopolio de las compañías de correos telecomunicaciones europeas?

2. ¿Podría indicar la Comisión de qué manera puede quebrantarse la posición de monopolio de las empresas de correos y telecomunicaciones europeas, en favor de la pequeña y mediana empresa y del empleo?

3. ¿Está dispuesto el Consejo a solicitar a la Comisión que elabore directivas que tengan por objeto prohibir la interferencia de los intereses comerciales con las actividades derivadas de la posición de monopolio por parte de las compañías de correos y telecomunicaciones europeas, como el hecho de que realicen actividades en competencia con los bancos comerciales, como el cambio de divisas, en la misma ventanilla en la que se efectúan las transacciones postales, ligadas a la posición de monopolio?

Respuesta (9 de marzo de 1998)

1. En respuesta a la pregunta de Su Señoría, el Consejo desearía recordar que, con arreglo a lo dispuesto en el Tratado, la cuestión del abuso de una posición dominante es competencia de la Comisión.

2. El Consejo quisiera recordar también a Su Señoría que el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron hace poco (el 15 de diciembre de 1997) la Directiva 97/67/CE, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio. ((DO L 15 de 21.1.1998, p. 14. ))
PREGUNTA ESCRITA E-3284/97 de Leonie van Bladel (UPE) al Consejo (21 de octubre de 1997)

Asunto: Amenaza de la reserva natural del delta del Okavango en Botswana

1. ¿Tiene el Consejo conocimiento de la intención de Namibia, en relación con la grave sequía, de bombear agua del río Okavango en Botswana?

2. ¿Sabe el Consejo que el bombeo de agua del río Okavango tiene lugar con ayuda financiera china, a cambio de la cual Namibia otorga a China derechos para la pesca ante la costa de este país?

3. ¿Tiene el Consejo la intención, habida cuenta de la flora y fauna inmaculadas y extraordinarias del delta del Okavango, de proceder a una concertación con los Gobiernos de Namibia y Botswana para buscar una solución alternativa, con ayuda financiera de la Unión Europea, a fin de resolver el problema de la falta de agua en Namibia?

4. ¿Está dispuesto el Consejo a recurrir a los conocimientos específicos sobre el suministro en agua existentes en Europa, concretamente al Instituto inglés de las zonas húmedas con sede principal en los Países Bajos, a fin de encontrar una solución para esta situación?

Respuesta (16 de febrero de 1998)

El Consejo no dispone de información sobre el proyecto de Namibia de bombear agua del río Okavango en Botswana. Por otra parte, el Consejo no tiene competencia directa para intervenir en esta cuestión.

Este tipo de problema podría plantearse en el marco de la gestión del Convenio de Lomé que corresponde en primer lugar a la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-4071/97 de Phillip Whitehead (PSE) a la Comisión (14 de enero de 1998)

Asunto: Etiquetado de los alimentos

Teniendo en cuenta el alto porcentaje de alimentos envasados que se encuentran a la venta en algunos países, ¿no estima la Comisión que, si los consumidores desean optar por una dieta sana, es esencial que todos los alimentos envasados cuenten con un etiquetado completo sobre sus propiedades nutritivas y que las etiquetas deberían incluir, como mínimo, información sobre calorías, proteínas, hidratos de carbono, azúcares, grasas, grasas saturadas, fibra y sodio?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (30 de enero de 1998)

Según la legislación comunitaria vigente en materia de etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios ((DO L 276 de 6.10.1990. )), establecida en la Directiva 90/496/CEE, la información sobre los ocho elementos mencionados puede proporcionarse voluntariamente y resulta obligatoria en determinadas circunstancias estipuladas en la citada Directiva.

La Comisión planteó la cuestión y solicitó observaciones sobre la revisión de la Directiva relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas en su Libro Verde sobre legislación alimentaria publicado en mayo de 1997 ((COM(97)176 final. )). Actualmente, la Comisión está examinando dichas observaciones pero todavía no ha llegado a ninguna conclusión al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-3113/97 de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión (13 de octubre de 1997)

Asunto: Contrato para las cantinas de ferroviarios en Las Marcas y la circunscripción de Pescara

Recientemente la Compañía de Ferrocarriles del Estado, S.A. ha concluido una licitación para el servicio de restauración para los ferroviarios de Las Marcas y de la circunscripción de Pescara. Si bien del examen de las ofertas resultó que la más conveniente era la de una empresa denominada «Centro ternano di ristorazione (CTR)», la Compañía de Ferrocarriles ha concedido, según una práctica muy extendida, el derecho de preferencia a los «Dopolavoro ferroviari (Dlf)», entidades de origen sindical. De este modo, las 150.000 comidas anuales del contrato se han adjudicado, por la misma cifra requerida por el CTR, al Dlf de Ancona, que ha hecho valer dicho derecho de preferencia.

Teniendo esto en cuenta,

1. ¿puede indicar la Comisión si la licitación llevada a cabo por la Compañía de Ferrocarriles se ha realizado dentro del respeto de las normas establecidas por la Directiva 93/38/CEE ((DO L 199 de 9.8.1993, p. 84. )) y 92/50/CEE ((DO L 209 de 24.7.1992, p. 1. )) sobre contratación pública, tanto en lo que se refiere a los procedimientos como a las normas de publicidad de la licitación?,

2. ¿no constituye la concesión del derecho de preferencia a la Dlf de Ancona una violación de las normas que rigen la libre competencia y, en particular, una violación de las directivas citadas?,

3. ¿puede indicar la Comisión si el resultado de la licitación debe considerarse regular?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (19 de noviembre de 1997)

1. El servicio de cantina forma parte de los servicios de categoría 17 (servicios de hostelería y restauración) del anexo I B de la Directiva 92/50/CEE, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, y del anexo XVI B de la Directiva 93/38/CEE, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones. Por consiguiente, la adjudicación del contrato está sometida únicamente al respeto de las disposiciones relativas a especificaciones técnicas y normas (artículo 14 de la Directiva 92/50/CEE y artículo 18 de la Directiva 93/38/CEE) y a la obligación de comunicar a la Comisión los resultados del procedimiento de adjudicación en el plazo de dos meses contados a partir de la adjudicación del mercado (artículo 16 de la Directiva 92/50/CEE y artículo 24 de la Directiva 93/38/CEE).

2. y 3. En cuanto a la cuestión referente al derecho de preferencia, la Comisión evaluará si se trata de una medida nacional discriminatoria contraria al Tratado CE. La respuesta a la tercera pregunta depende del resultado de dicha evaluación.
PREGUNTA ESCRITA E-3708/97 de Ulf Holm (V) al Consejo (19 de noviembre de 1997)

Asunto: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima que se celebrará en Kioto

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima que se celebrará en Kioto en diciembre, la UE hablará con una sola voz. Son muchos los que no sólo dentro de la UE sino también fuera, como, por ejemplo, Australia, consideran que esta situación plantea una serie de problemas, ya que implica que los Estados de la UE negocian ahora como una persona jurídica.

¿Quién decide en la UE la postura que adoptará ésta? ¿La Comisión, los Estados miembros u otra instancia?

¿Considera el Consejo que el Tratado vigente en la actualidad permite definir a la UE como una persona jurídica? ¿Esclarecerá el Tratado de Amsterdam este punto?

Respuesta (19 de enero de 1998)

El Consejo recuerda a Su Señoría que la materia de un posible Protocolo de Kioto corresponde en parte dentro a la competencia de la Comunidad Europea y en parte a la de los Estados miembros.

Su Señoría es sin duda consciente del hecho de que tanto la Comunidad como sus Estados miembros son Partes contratantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La referencia a la Unión Europea en el proceso de negociación del Protocolo de Kioto expresa la obligación de estrecha cooperación entre los Estados miembros y las Instituciones comunitarias, tal como se deriva de la exigencia de unidad en la representación internacional de la Comunidad (véase, por ejemplo, el Dictamen 1/94 del Tribunal de Justicia, de 15.11.1994, Rec. 1994, página I-5267, punto 108).

En cuanto a la postura de la Comunidad Europea en las negociaciones de Kioto, ésta debe ser establecida por el Consejo de conformidad con el apartado 1 del artículo 228 del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-3589/97 de Jaime Valdivielso de Cué (PPE) al Consejo (17 de noviembre de 1997)

Asunto: Distribución eficaz de productos incautados por fraude comunitario

Con la aplicación del reglamento de protección de marcas y de los derechos de propiedad intelectual se han realizado controles a través de instrumentos aduaneros que han detectado más de 1.500 casos y se han producido infracciones en casi todos los Estados miembros.

Tras las incautaciones de productos se produce un vacío sobre el destino de dichos productos. Por el momento la solución es la destrucción sistemática que acarrea elevados costes e ineficacia. Existen ejemplos patéticos, se incautan textiles que se destruyen, operación que provoca elevados costes económicos y medioambientales.

La Unión Europea tiene como precedente de aprovechamiento el de productos agrícolas retirados del mercado y su distribución gratuita a entidades benéficas. La UE requiere que estas entidades tengan firmados convenios de colaboración con el Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEOGA).

¿Considera el Consejo la posibilidad de establecer un sistema similar para el aprovechamiento de los productos incautados por fraude? En España se han incautado miles de unidades textiles, ¿se contempla alguna medida de aprovechamiento imaginativo donándolos a instituciones benéficas y humanitarias como Cáritas o Cruz Roja que firmen convenios similares al del FEOGA?

Respuesta (26 de enero de 1998)

El Consejo ruega a Su Señoría que se remita a las respuestas dadas a las preguntas escritas nos 0065/97, 0845/97 y 3560/97, que tratan del mismo tema.