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ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/223

(2004/C 78 E/0227)

PREGUNTA ESCRITA E-3113/03

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(22 de octubre de 2003)

Asunto: Clasificación de los códigos relativos a las unidades de medida de las cantidades exportadas presentes en la base de datos de la Comisión Europea denominada CATS (Clearance Audit Trail System)

En la respuesta complementaria a la pregunta escrita P-3202/02 (1), se adjuntaban extractos de la base de datos de la Comisión Europea denominada CATS (Clearance Audit Trail System), en la cual se recogen los datos procedentes de los Estados miembros relativos a las devoluciones en concepto de exportación de productos agrícolas comunitarios a terceros países.

Entre los distintos datos que aparecían en dichos extractos, se encontraban las unidades de medida de las cantidades exportadas, cuyos códigos son: 1; 10; 30; GRA; HL; Hl; hl; HST; k; K; kg; Kg; Kgs; KGS; NUM; NUMBER; P; q; ST; T; t; TON; U; UNI.

¿Puede indicar la Comisión si donde dice «GRA» hay que entender «gramos»; si donde dice «k, K, kg, Kg, Kgs, KGS» hay que entender «kilogramos»; si «q» significa «quintal»; si «T, t, TON» significa «tonelada»; si donde dice «HL, Hl, hl» hay que entender «hectolitros», así como a qué unidades de medida corresponden los siguientes códigos: 1; 10; 30; HST; NUM; NUMBER; P; ST; U; UNI?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(19 de noviembre de 2003)

La respuesta complementaria a la pregunta escrita P-3202/02 se refiere a una lista de datos agregados relativos a las restituciones por exportación hacia diferentes destinos. Esos datos cubren los ejercicios financieros de 1998 a 2001 y los detalles que figuran en esa lista, correspondientes a las unidades de medida, se indican tal como se transmitieron a los Estados miembros.

Hasta el ejercicio de 2001, el Reglamento (CE) no 2390/1999 (2) de la Comisión no imponía a los Estados miembros la utilización de códigos normalizados para indicar las unidades de medida comunicadas a la Comisión. Para el período considerado, la base de datos CATS contiene, por lo tanto, las unidades de medida utilizadas por los Estados miembros en sus propios sistemas informáticos, con el significado atribuido a escala nacional para cada ejercicio financiero.

Frente a esta amplia variedad de códigos no normalizados utilizados por los Estados miembros, la Comisión ha introducido unos códigos normalizados para las unidades de medida con motivo de la actualización del Reglamento (CE) no 2390/1999 para el ejercicio financiero de 2002. De este ejercicio financiero en adelante, la Comisión exigirá los siguientes códigos normalizados:

Letra Significado K Kilogramo L Litro P Pieza

(1) DO C 137 E de 12.6.2003, p. 172.

(2) Reglamento (CE) no 2390/1999 de la Comisión, de 25 de octubre de 1999, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1663/95 relativas a la forma y el contenido de la información contable que los Estados miembros deben mantener a disposición de la Comisión con vistas a la liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA, DO L 295 de 16.11.1999.
1.

Su pregunta escrita hace referencia al proyecto «Reforma de la política de asilo», financiado mediante el programa CARDS 2001 para Croacia, destinado a consolidar la capacidad administrativa de las instituciones croatas, principalmente el Ministerio del Interior, responsable de la política de asilo. Con ello mejorarán los procedimientos de concesión del estatuto de refugiado y la adopción de decisiones conforme a normas internacionales. El primer componente de este proyecto es un programa de hermanamiento para aumentar la capacidad y el desarrollo institucional en el ámbito de la política de asilo. El segundo componente del proyecto mencionado aborda la necesidad de Croacia de disponer de un centro de acogida de solicitantes de asilo, a fin de facilitar el tratamiento de las solicitudes de asilo proporcionando un alojamiento adecuado. El presupuesto total para la adaptación del emplazamiento seleccionado es de 700 000 euros (obras). Se prevé una cantidad adicional de 300 000 euros para el equipo de formación y el centro de documentación y recursos (suministros). Los procedimientos de licitación de estas partes del proyecto se encuentran en curso. El primer paso para que el complejo «Trstenik» pueda utilizarse como centro de alojamiento de solicitantes de asilo requiere intervenciones en las siguientes partes del complejo: — Cercado del complejo, incluida la cerca interna, que separará la primera fase de la segunda; — iluminación exterior; — acondicionamiento de 4 edificios (de un total de 8 edificios) para el uso administrativo, médico y de alojamiento, incluido el equipo; — restaurante y cocina; — sala de calderas; — vía de acceso; — acondicionamiento de la infraestructura de la primera fase (sistema externo de suministro de agua, sistema de aguas residuales incluido el nuevo regenerador biológico, canalización de calefacción externa, distribución externa de electricidad incluida la estación transformadora, instalación telefónica exterior, etc.), y preparación de la conexión con la segunda fase; el complejo ha estado sin utilizar un cierto tiempo. El total de la superficie neta de los edificios para la adaptación en la primera fase de puesta en funcionamiento del complejo «Trstenik» es de 2 500 metros cuadrados. «Trstenik» está situado junto a la gravera existente entre Otok Nartski y Novaki Nartski, a 35 kilómetros del centro de Zagreb en dirección sudeste. Sólo se han aportado fondos comunitarios y no existe cofinanciación de ningún tipo. El proyecto no está vinculado a ninguna iniciativa bilateral del Reino Unido. Es interesante destacar que el Parlamento croata adoptó la Ley sobre el asilo el 12 de junio de 2003. La aplicación real de la ley se ha retrasado al 1 de julio de 2004, hasta que el centro de acogida sea operativo. Sin embargo, no debería haber ningún vínculo entre la aplicación de la ley y el funcionamiento del centro de acogida.
—

1999-2002 (fondos comprometidos) Ayuda Humanitaria: 42,5 millones de euros para construcción de viviendas, rehabilitación, repatriación y protección, servicios de agua potable y saneamiento. Las intervenciones se gestionaron a través de los siguientes organismos: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización Internacional de Migraciones (OIM), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y organizaciones no gubernamentales internacionales (ONG). Administración de Transición de las Naciones Unidas en Timor Oriental: 10 millones de euros para gastos ordinarios, equipamiento de dependencias públicas e intervenciones dirigidas a potenciar la capacidad de la nueva administración. Fondo Fiduciario para Timor Oriental (TFET): 56 millones de euros para la reconstrucción social y económica, a través del Banco Mundial y de un fondo del Banco Asiático de Desarrollo creado específicamente a tal fin. Ayuda alimentaria: 8,5 millones de euros financiados a través del Programa Mundial de Alimentos. Apoyo al referéndum de 1999 y a las elecciones de 2001 y 2002: 1,5 millones de euros, de los cuales 1 millón para programas de sensibilización cívica y electoral y 0,5 millones para apoyar las misiones de observadores electorales de la UE. Los principales resultados de las misiones pueden consultarse en el sitio web Europa en la siguiente dirección: http://europa.eu.int/comm/external_relations/ human_rights/eu_election_assobserv/index.htm Programa de Salud: 16,5 millones de euros (2002). Proyecto de desarrollo y rehabilitación del sector sanitario financiado por el Banco Mundial. Infraestructura, productos farmacéuticos y acciones de formación para personal sanitario. Duración: 36 meses. Aumento de la capacidad a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): 2,5 millones de euros (2002). Cofinanciación de 17 puestos en la administración pública, en particular en los ministerios de Agricultura, Administración interna y Sanidad. Proyectos ONG: Como continuación de una licitación de 2001 se financiaron dos proyectos de organizaciones no gubernamentales en virtud de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), con una contribución comunitaria total de 1,44 millones de euros. El primer proyecto, gestionado conjuntamente con CARE Austria, se refiere a los derechos y el bienestar de la infancia. El segundo proyecto, en el que participan Abogados sin Fronteras, tiene por objeto la prevención de conflictos facilitando apoyo a las intervenciones de fortalecimiento del Estado de derecho a través del sistema jurídico.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/478

(2004/C 84 E/0554)

PREGUNTA ESCRITA E-1857/03

de Brian Simpson (PSE) a la Comisión

(3 de junio de 2003)

Asunto: Protección de las franjas horarias de los vuelos regionales

¿Puede la Comisión explicar su posición con respecto a la protección de las franjas horarias de los vuelos regionales, habida cuenta de las disposiciones actuales sobre franjas horarias aéreas?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(7 de julio de 2003)

La legislación comunitaria protege los servicios regionales de dos modos. En primer lugar, las normas comunitarias sobre el acceso al mercado (Reglamento (CEE) no 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias (1), artículo 4) disponen que los gobiernos podrán imponer la denominada obligación de servicio público en rutas comunitarias de la periferia y en regiones en las que el transporte aéreo sea vital para su desarrollo. En rutas interiores en las que se haya impuesto una obligación de servicio público, las normas comunitarias sobre la asignación de franjas horarias (Reglamento (CEE) no 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios (2)) disponen que los Estados miembros pueden reservar franjas horarias en aeropuertos totalmente coordinados (letra b) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento). Tratándose de rutas no interiores en las que se haya impuesto una obligación de servicio público, no cabe la posibilidad de reservar franjas horarias. En segundo lugar, en el caso de las rutas que no disfruten de la obligación de un servicio público pero que conecten aeropuertos regionales en el territorio de un Estado miembro con un aeropuerto totalmente coordinado, las normas aplicables a la asignación de franjas horarias (letra a) del apartado 1 y apartado 3 del artículo 9 del Reglamento) otorgan a los Estados miembros el derecho de reservar franjas horarias únicamente en determinadas condiciones. De acuerdo con lo anterior, podrían reservarse franjas horarias para esas rutas, únicamente si las rutas en cuestión estuviesen en funcionamiento en 1993, en el momento de la entrada en vigor del Reglamento sobre franjas horarias y en caso de que el Estado miembro interesado hubiese comunicado la lista de las rutas que se acojan a este régimen.

(1) DO L 240 de 24.8.1992.

(2) DO L 14 de 22.1.1993.
1.

La Comisión ha sido informada de las afirmaciones sensacionalistas y engañosas efectuadas por la organización Public Citizen en relación con las peticiones de la Comunidad a los Estados Unidos. La crítica se basa en dos ideas erróneas en relación con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, (GATS) en particular, la de que favorece la privatización y la de que constituye una amenaza a la capacidad de actuación del Gobierno en aras del interés público. Ni el GATS ni las peticiones de la Unión pretenden forzar la privatización de las empresas públicas, se les haya confiado o no la prestación de servicios de interés general. La Unión está tratando de lograr compromisos que permitan a los proveedores de servicios de la UE acceder a los mercados de los terceros países en una serie de sectores, en los casos en que el Gobierno haya decidido permitir el acceso a un sector particular por parte de los proveedores de servicios nacionales del sector privado, o cuando la experiencia haya demostrado que la competencia puede ser un medio de mejorar la prestación del servicio sin poner en peligro el acceso equitativo a los servicios públicos. Por ejemplo, los actuales compromisos de los Estados Unidos por lo que respecta a los servicios de depuración de aguas residuales cubren exclusivamente «los servicios adjudicados al sector privado». La Unión ha solicitado la ampliación de este compromiso a fin de permitir que los proveedores de servicios europeos participen en las licitaciones cuando la administración municipal contrate dichos servicios con empresas privadas. Ello no implica la privatización de los servicios municipales, como se ha insinuado, sino que si un municipio recurre o tiene previsto recurrir a la contratación de empresas del sector privado, no parece justificarse demasiado la exclusión de los proveedores de servicios de la Unión. Por otro lado, las peticiones de la Comisión no van encaminadas a la derogación de las normas sobre protección del consumidor, medio ambiente o toma de decisiones democrática por parte de los cargos electos. Existen razones de peso para la estricta regulación de que son objeto muchos servicios, y el GATS reconoce explícitamente el derecho de los Estados miembros de la OMC a regular las actividades económicas y no económicas dentro de su territorio con vistas al logro de objetivos de interés público. A fin de aprovechar al máximo las oportunidades ofrecidas, la apertura de los mercados debe inscribirse en un marco reglamentario e institucional adecuado que fomente la competencia y contribuya a garantizar un acceso equitativo a los servicios básicos. La Unión no pretende en absoluto una desregulación de los servicios.
1.

La Comisión ha abierto cuatro procedimientos de infracción contra Grecia, en particular por ausencia de transposición de la Directiva marco (2), la Directiva de servicio universal (3), la Directiva de autorización (4) y la Directiva de acceso (5). En este contexto, la Comisión envió a Grecia el 6 de octubre de 2003 cuatro escritos de emplazamiento. Este país disponía de un plazo de dos meses, hasta el 6 de diciembre de 2003, para responder a dichos escritos. Grecia ha respondido recientemente informando a la Comisión de que el Ministerio había preparado ya un proyecto legislativo tras un período de consulta pública. No obstante, las reservas formuladas por la Comisión en sus escritos de requerimiento no han quedado disipadas por esta respuesta y, ante esta situación, la Comisión ha decidido pasar a la siguiente fase de los procedimientos de infracción, remitiendo a Grecia dictámenes motivados. La Comisión publicó la información pertinente relativa a dichos procedimientos en comunicados de prensa de fechas 8 de octubre y 17 de diciembre de 2003 (6), así como en el 9o informe sobre la aplicación (7) publicado recientemente.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/145

(2004/C 84 E/0183)

PREGUNTA ESCRITA E-4075/03

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(14 de enero de 2004)

Asunto: Contratos de trabajo de los médicos empleados en la DEH

La Comisión ha recibido recientemente quejas de médicos que trabajan en la Compañía pública de electricidad (DEH) de Grecia, sobre las condiciones que están obligados a aceptar para trabajar en dicha compañía. Estos médicos, con distintas especialidades, llevan muchos años trabajando con un «contrato de prestación de servicios independientes»; tras varias decisiones judiciales, esta relación laboral se ha convertido en un «contrato de empleado a tiempo parcial de duración indefinida». Sin embargo, según las condiciones establecidas en el nuevo contrato que les ha sido notificado por la DEH, no se benefician de las mismas disposiciones que la DEH aplica a su personal de plantilla o externo, quedando así excluidos de los aumentos de sueldo, ascensos, primas, pagas extra de Navidad y otras ventajas previstas en los convenios colectivos de trabajo o en la legislación.

¿Puede indicar la Comisión si las condiciones comunicadas a los médicos de la DEH en relación con el nuevo contrato de trabajo mencionado son compatibles con la Directiva 97/81/CE (1) y, en particular, con el principio de no discriminación que se establece en la cláusula 4, según el cual, «por lo que respecta a las condiciones de empleo, no podrá tratarse a los trabajadores a tiempo parcial de una manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo comparables»?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(24 de febrero de 2004)

En la pregunta escrita se plantea la cuestión de si se infringe la Directiva sobre trabajo a tiempo parcial (2) al celebrar contratos especiales carentes de determinados complementos que se conceden normalmente al personal asalariado.

La Directiva sobre trabajo a tiempo parcial ha sido correctamente transpuesta en Grecia por el artículo 2 de la Ley no 2369 de 1 de septiembre de 1998. Esta ley griega se aplica a todo el sector privado y a las relaciones laborales con empresas públicas y otros organismos del sector público.

La Comisión no ha recibido reclamaciones similares en lo que se refiere al incumplimiento del principio de no discriminación de la Directiva sobre trabajo a tiempo parcial en Grecia.

Toda supuesta infracción de la citada ley griega debería remitirse, en primer lugar, a las autoridades griegas competentes y, de hecho, la Comisión tiene conocimiento de que este caso concreto ha sido llevado ante los tribunales griegos.

(1) DO L 14 de 20.1.1998, p. 9.

(2) Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el DO L 14 de 20.1.1998.
5.

Caso de no contar con las posibilidades mencionadas en el apartado 4, ¿está dispuesta y tiene previsto la Comisión emprender una iniciativa encaminada a la adopción de medidas complementarias por las que se obligue a los beneficiarios de fondos comunitarios a proporcionar una garantía previa de que dichos fondos no se utilizarán en modo alguno para la preparación, promoción o celebración de luchas con animales, implicando la negativa a proporcionar dicha información la no concesión de la subvención?
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/53

(2004/C 84 E/0060)

PREGUNTA ESCRITA E-3127/03

de Jean Lambert (Verts/ALE) a la Comisión

(23 de octubre de 2003)

Asunto: Cuentas bancarias y libertad de circulación

¿Está la Comisión al corriente de los problemas que plantean las reglamentaciones concernientes a la prevención del blanqueo de dinero y a la libertad de circulación de los nacionales de la Unión Europea?

Según algunas informaciones, a causa de los documentos de identidad exigidos, a los nacionales europeos les resulta extremadamente difícil, si no imposible, abrir una cuenta bancaria en el Reino Unido. Con frecuencia, no pueden hacerlo porque carecen de una dirección permanente en el país, y, por lo tanto, no tienen facturas expedidas por algún servicio público, y les es imposible tener un domicilio permanente porque no pueden presentar referencias bancarias. Estas normas constituyen una barrera oculta a la libre contratación de nacionales europeos en el Reino Unido.

¿Puede la Comisión recomendar algún tipo de acciones para ayudar a las personas afectadas a superar estas dificultades?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(21 de noviembre de 2003)

La Comisión conoce varios casos en los que nacionales de países de la Unión no residentes en el Reino Unido han tenido dificultades para abrir una cuenta bancaria.

El apartado 1 del artículo 3 de la Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales (1) establece que los bancos deben exigir, mediante un «documento acreditativo», la identificación de sus clientes.

Por consiguiente, los bancos del Reino Unido quedan obligados, por esta Directiva, a conocer a sus clientes y aplicarles procedimientos adecuados de diligencia debida. El hecho de que los bancos sean cada vez más exigentes respecto de la identificación de sus clientes se debe a que cualquier fallo en los controles de prevención del blanqueo de capitales puede tener consecuencias muy graves para ellos. No obstante, la legislación del Reino Unido no prohibe que un cliente sin residencia en el país o en trámites de cambiar su país de residencia abra una cuenta bancaria.

Los bancos del Reino Unido cumplen o deben cumplir las directrices del Joint Money Laundering Steering Group. En ellas se establecen los procedimientos recomendados para varios supuestos de apertura de cuenta bancaria. El hecho de que una persona que llega al Reino Unido para residir no cuente aún con una dirección permanente en el país no debería impedir que abriera una cuenta bancaria. La Comisión recomendaría a las personas con dificultades para abrirla que se acojan a las mencionadas directrices.

No obstante, cabe señalar que en el Reino Unido se aplica la libertad de contratación en este ámbito y que, por tanto, un banco no puede estar obligado a establecer relaciones contractuales con un cliente si no lo desea.

(1) Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, DO L 166 de 28.6.1991 modificada por la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, DO L 344 de 28.12.2001.
3.

La Comisión no dispone de información sobre el emplazamiento definitivo de eliminación o valorización de los residuos peligrosos que en la actualidad están almacenados con carácter temporal. La legislación griega sobre residuos peligrosos (Decisión ministerial conjunta 19396/1546/1997) prevé una serie de medidas específicas de gestión de residuos peligrosos. En concreto, exige explícitamente que las instalaciones y empresas que eliminan, valorizan, recogen o transportan residuos peligrosos no pueden mezclar categorías distintas de residuos peligrosos ni residuos peligrosos con no peligrosos. Además, las autoridades griegas han confirmado que las condiciones de gestión respecto al almacenamiento preliminar en el lugar de producción impiden la mezcla de residuos (peligrosos o no peligrosos).