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PREGUNTA ESCRITA E-1561/99

de Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1999)

Asunto: Lista de buques que han abandonado el uso de redes de enmalle de deriva en cumplimiento del Reglamento (CE) no 1239/98

El Reglamento (CE) no 1239/98(1) de 8 de junio de 1998 que modifica el Reglamento (CE) no 894/97, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los

recursos pesqueros, prohíbe el uso de redes de enmalle a la deriva para los buques comunitarios a partir del 1 de enero de 2002. Al permitirse un abandono gradual de este tipo de artes por parte de las flotas de los Estados miembros, el apartadto 4 del artículo 1 de dicho Reglamento establece que, a más tardar, el 30 de abril de cada año, los Estados miembros comunicarán a la Comisión, respecto de cada especie principal incluida en el Anexo VIII del Reglamento que nos ocupa, la lista de los buques autorizados a faenar con redes de enmalle de deriva y, en concreto, que la información relativa a 1998 debía remitirse a más tardar el 31 de julio de 1998.

1. ¿Puede facilitar la Comisión la lista de los buques autorizados a faenar con redes de enmalle de deriva en el período comprendido entre 1995 y 1997?

2. ¿Puede facilitar la Comisión las listas de los buques autorizados a faenar con redes de enmalle de deriva en 1998 y 1999, que han debido ser proporcionadas ya por los Estados miembros?

3. ¿Puede garantizar la Comisión que, de la comparación de los listados que se solicitan, se está cumpliendo el apartado 3 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1239/98?

(1) DO L 171 de 17.6.1998, p. 1.

Respuesta común a las preguntas escritas P-1537/99 y E-1561/99 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(8 de octubre de 1999)

Los Estados miembros interesados han presentado a la Comisión la información a que se refiere el apartado 4 del artículo 11 bis del Reglamento (CE) no 894/97 del Consejo, de 29 de abril de 1997, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros(1).

Según los datos comunicados a la Comisión, la evolución de los buques dedicados a la pesca de bonito del norte en el Atlántico nordoriental utilizando redes de enmalle de deriva durante el período comprendido entre 1995 y 1997, y el número de buques autorizados en 1998 y 1999, son los siguientes:

>SITIO PARA UN CUADRO>

Según la información facilitada por los Estados miembros en cuestión, la obligación a que se refiere el apartado 3 del artículo 11 del Reglamento (CE) no 894/97 se cumple. En el contexto de las comprobaciones efectuadas con arreglo al artículo 29 del Reglamento (CEE) 2847/93 del Consejo, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común(2), la Comisión comprobará los datos correspondientes al período 1995-1997 facilitados por los Estados miembros.

(1) DO L 132 de 23.5.1997.

(2) DO L 261 de 20.10.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-1769/99

de Jan Andersson (PSE) a la Comisión

(11 de octubre de 1999)

Asunto: Propósitos de la Comisión en relación con la creación de un sistema común de reciclado de cristal en la Unión Europea

En la actualidad, los envases de las bebidas agravan los problemas que tienen la mayoría de los Estados miembros en relación con el tratamiento de residuos. Algunos países han puesto en marcha un sistema de reciclado de botellas, pero en determinados casos resulta difícil alcanzar los volúmenes necesarios para que el sistema sea rentable. Una posible solución sería crear un sistema común de reciclado de cristal en la Unión Europea, lo que contribuiría a aumentar los volúmenes de cristal reciclado y frenaría el problema, cada vez mayor, de las enormes cantidades de basuras domésticas.

¿Tiene la Comisión el propósito de tomar la iniciativa para la introducción de un sistema común de reciclado de cristal en la Unión Europea?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(17 de noviembre de 1999)

Impulsar los sistemas de reutilización de los envases en los Estados miembros es una de las medidas previstas en la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases(1) con el fin de evitar o reducir las repercusiones ambientales de dichos residuos siempre que los envases puedan volverse a utilizar de manera inocua para el medio ambiente y conforme a lo previsto en el Tratado.

Varios Estados miembros (por ejemplo, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia y Suecia) han creado sistemas de reutilización o fortalecido los antiguos. En la actualidad se han alcanzado tasas de reutilización de hasta el 90% para los envases de bebidas en algunos de esos mismos Estados.

Sin embargo, la introducción de un sistema europeo en este sentido es una cuestión bastante compleja en la que intervienen varios factores (normalización o distancias para el transporte). Ello dificulta la armonización de los actuales sistemas, los cuales han seguido distintas pautas de desarrollo a lo largo del tiempo. Por otra parte, la necesidad de garantizar un elevado nivel de protección del entorno debe combinarse con la de las reglas del mercado interior.

La Comisión va a aprovechar el proceso de revisión de la Directiva 94/62/EC, cuyo inicio está previsto para antes de que finalice el presente año, para introducir nuevas mejoras en los sistemas de reutilización de los envases en los Estados miembros.

(1) DO L 365 de 31.12.1994.
PREGUNTA ESCRITA E-1841/99

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(13 de octubre de 1999)

Asunto: Instalación de una central termoeléctrica solar para la producción de energía eléctrica en la región de Francocastelo, en Creta (Grecia)

De acuerdo con las denuncias que me han llegado de los habitantes de la región de Francocastelo, en Sfakia (Creta), se prevé la construcción de una central termoeléctrica solar para la producción de energía eléctrica, que, sin embargo, en los períodos de menor insolación, funcionará con gas líquido. También de acuerdo con las denuncias de los habitantes, la realización de la obra está financiada por la Unión Europea en el marco del programa THERMIE.

¿Puede indicar la Comisión si entre sus planes se encuentra la financiación de esta obra, y, en caso afirmativo, en qué medida se ha realizado el estudio sobre las repercusiones en el medio ambiente, tanto desde el punto de vista ecológico (se trata de una zona de especial belleza natural, que se ha incluido en el programa NATURA 2000), como desde el punto de vista económico y cultural, pues la construcción se realizará cerca de yacimientos arqueológicos, así como de aldeas pobladas y de zonas residenciales con una actividad turística en desarrollo, que constituye la principal fuente de ingresos de los habitantes de la región?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(17 de noviembre de 1999)

El proyecto TE-235-96 (central termoeléctrica solar europea en Francocastelo, Creta-Teseo) ha recibido dentro del programa Thermie una ayuda para la primera fase, que tiene por objeto el diseño de la central.

La puesta en práctica del proyecto dependerá plenamente de la legislación y los procedimientos administrativos nacionales (en este caso, griegos) por lo que respecta a las autorizaciones y los permisos necesarios para el uso del terreno, la planificación del espacio, el impacto medioambiental, la construcción, el funcionamiento y la conexión a la red. En caso de que no se concedieran estas autorizaciones, el proyecto no podría recibir otras ayudas. En concreto, el área de Francocastelo se encuentra situada en una zona incluida en la lista de lugares de importancia comunitaria propuesta por las autoridades griegas para la red Natura 2000, en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(1). Por tanto, los estudios del impacto medioambiental pertinentes realizados en relación con este proyecto deberán tener plenamente en cuenta la importancia de la conservación de este lugar, de manera que se pueda evitar su deterioro.

Cuando las autoridades nacionales o locales conceden permisos, la Comisión solamente puede asumir que se han tenido en cuenta las consideraciones medioambientales. No es responsabilidad de la Comisión interferir en los asuntos locales. No obstante, la Comisión puede intervenir en caso de que se le comunicaran pruebas de un posible incumplimiento de la legislación comunitaria.

(1) DO L 206 de 22.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-1731/99

de W.G. van Velzen (PPE-DE) al Consejo

(30 de septiembre de 1999)

Asunto: Ilie Ilascu, parlamentario moldavo encarcelado

El Sr. Ilie Ilascu, parlamentario moldavo, se encuentra encarcelado sin haber tenido un juicio justo en la provincia moldava disidente de Transdniester. La autoproclamada República Soviética de Transdniester, con el apoyo del XIV Cuerpo de Ejército Ruso, ha encarcelado a dirigentes no rusos, el más conocido de los cuales es el Sr. Ilascu.

¿Piensan los Ministros de Asuntos Exteriores plantear esta cuestión en la próxima reunión del Consejo de Cooperación UE-Rusia e informar de ello al Parlamento?

Respuesta

(2 de diciembre de 1999)

El Consejo está siguiendo de cerca la situación de los derechos humanos en el Transdniester, en particular el caso del parlamentario moldavo D. Ilie Ilascu. Durante su visita a Tiraspol el 15 de octubre de 1999, la troica comunitaria de altos funcionarios planteó la cuestión del Sr. Ilascu a las autoridades del Transdniester.

En la reciente troica ministerial con Rusia, en Moscú, el 7 de octubre pasado, se planteó de manera más amplia la cuestión del Transdniester, que sin embargo no está incluida en el orden del día de la próxima cumbre entre la UE y Rusia.

El Consejo utilizará cualquier otra ocasión adecuada que se presente para presionar con el fin de que el Sr. Ilascu vuelva a ser juzgado en breve y mantendrá debidamente informado de ello al Parlamento Europeo.
PREGUNTA ESCRITA P-2334/99

de Umberto Bossi (TDI) a la Comisión

(29 de noviembre de 1999)

Asunto: Incumplimiento de las normas antimonopolios en materia de certificación de los productos DOP e IGP

Tras la respuesta no exhaustiva a la anterior pregunta P-1845/99(1), cabe solicitar a la Comisión que esclarezca mejor cuanto se expone a continuación:

- El apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) no 2081/92(2) del Consejo prevé, en la versión italiana, que la estructura de control de los productos DOP e IGP podrá estar constituida por uno o varios servicios de control designados y/u organismos privados autorizados.

Contra la opción escogida por el Gobierno italiano de designar a una única empresa privada para cada producto se han pronunciado:

- la autoridad italiana antimonopolio (Antitrust), mediante su Recomendación/dictamen de 6 de marzo de 1998, publicada en el boletín no 8/98 serie actividades de recomendación no 12;

- el Tribunal Administrativo Regional del Lacio, mediante la Disposición no 2038/1998.

Asimismo, el Tribunal Administrativo Regional del Lacio declara en dicha disposición que la versión italiana de dicho Reglamento (CEE) no se atiene a las versiones en las demás lenguas comunitarias, que establecen claramente el principio de pluralidad de los organismos privados de control.

Por todo ello:

1. ¿Puede indicar la Comisión si tiene conocimiento de las dos posiciones expuestas anteriormente de la autoridad italiana antimonopolio (Antitrust) y del Tribunal Administrativo Regional del Lacio?

2. ¿Comparte la Comisión las posiciones expresadas por las autoridades judiciales y de control italianas?

3. ¿Qué medidas tiene intención de adoptar sobre el particular?

(1) Ver página 27.

(2) DO L 208 de 24.7.1992, p. 1.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(13 de diciembre de 1999)

La Comisión no ha sido informada en ningún momento por los cauces oficiales ni del dictamen de la autoridad italiana de defensa de la competencia, ni de la resolución del tribunal administrativo del Lacio, si bien ha tenido conocimiento de ello por otras vías.

La Comisión no acostumbra a comentar este tipo de decisiones, que competen exclusivamente a los Estados miembros.

A la luz de lo expuesto en las respuestas a las preguntas escritas P-1845/99(1) y E-2066/99(2) de Su Señoría, la Comisión considera que no es oportuno adoptar medida alguna a este respecto.

(1) Ver página 27.

(2) Ver página 46.
PREGUNTA ESCRITA P-2577/99

de Alexander de Roo (Verts/ALE) a la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

Asunto: Transporte de animales

De las imágenes de transporte de caballos emitidas recientemente por televisión se desprende claramente que en numerosos Estados miembros no se cumplen debidamente los requisitos establecidos en la Directiva sobre transporte de animales.

Pese a que la Comisión tiene el deber de fiscalizar la aplicación que los Estados miembros hacen de esta Directiva, durante años se ha encargado esta tarea a un solo inspector de la Oficina Alimentaria y Veterinaria. ¿Cuándo se tomará más en serio la Comisión sus responsabilidades en este terreno y aumentará el número de inspectores a doce, como exigía el Consejo de Ministros de Agricultura en junio de 1995?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(27 de enero de 2000)

La Comisión es consciente de los problemas relacionados con el bienestar de los animales, de los que han informado diferentes cadenas de televisión europeas. Tanto de los informes de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) como de las quejas de varias organizaciones de protección de los animales se desprende que continúan existiendo problemas en dicho ámbito.

La Comisión comparte plenamente las opiniones de Su Señoría sobre la importancia de proteger el bienestar animal durante el transporte.

La Comisión sigue adelante en su proceso de reclutamiento de personal de inspección; por otra parte, también cuenta con nuevo personal responsable del control de la aplicación de la legislación sobre bienestar animal en vigor en los Estados miembros. La Comisión es consciente de la creciente importancia que los consumidores conceden al bienestar de los animales y continuará garantizando que, entre sus demás responsabilidades, se dé la adecuada importancia al bienestar animal.

Dada la relevancia de este asunto, los inspectores tienen en cuenta los problemas relativos al bienestar animal durante sus misiones en los Estados miembros. La práctica de realizar inspecciones combinadas aumentará el nivel de información disponible acerca de la aplicación de la legislación comunitaria en este ámbito.
PREGUNTA ESCRITA P-2548/99

de Theresa Zabell (PPE-DE) a la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

Asunto: Prácticas monopolísticas en el deporte de la vela, en diversas clases olímpicas para la compra de material

En el deporte de la vela se viene produciendo una práctica monopolística, con el consentimiento de la Federación Internacional de Vela (ISAF), en diversas Clases Olímpicas para la compra del material.

La problemática se centra en el hecho de que los regatistas que pretenden ser olímpicos no tienen más remedio que suministrarse de los mismos astilleros designados por la ISAF, que argumenta que de lo que se trata es de garantizar la calidad e igualdad de los mismos.

No cabe duda de que un importante sector a nivel internacional desea frenar y acabar con esta práctica monopolística, ya que ello da lugar a situaciones como las siguientes:

- la marca elegida no tiene ninguna necesidad de promocionarse,

- falta de oportunidades (promoción patrocinio, etc.) para los deportistas ya que todos están obligados a utilizar los mismos equipos,

- precios por encima de lo razonable al no existir competencia,

- falta de desarrollo técnico al no estar sujeto a las leyes del mercado.

Comisario Monti, si bien es un problema a escala mundial, centrándonos en Europa, me gustaría saber: ¿Qué puede hacer la Comisión Europea para acabar con este monopolio de material, de manera que cada regatista pueda proveerse de su material donde mejor le convenga, con tal de que reúna las condiciones reglamentarias, y así no perjudicamos a la industria náutica?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(11 de enero de 2000)

La Comisión da las gracias a Su Señoría por comunicarle los requisitos para la compra del equipo de navegación para las olimpiadas.

Varias modalidades deportivas están regidas por requisitos estrictos sobre el equipo que puede emplearse. Estos requisitos pueden dictarse en interés de la seguridad o para garantizar que las diferencias de equipo no tengan una influencia indebida en el resultado de la competición. En consecuencia, las autoridades deportivas pueden imponer tales requisitos sin infringir la ley sobre competencia.

En este caso se afirma que los participantes están obligados a comprar su equipo a un único proveedor pero no queda claro cómo se impone en la práctica esta obligación.

La información de la que dispone la Comisión no es suficiente por el momento para intervenir en el caso expuesto por Su Señoría pero si se presentase una denuncia debidamente justificada, sería examinada, naturalmente, de conformidad con los procedimientos existentes.
PREGUNTA ESCRITA P-2279/99

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(24 de noviembre de 1999)

Asunto: Sanciones a España por la no transposición de directivas comunitarias sobre medio ambiente

El Ministerio de Medio Ambiente del Reino de España no ha realizado los pasos necesarios para la transposición, en los plazos adecuados, de tres directivas importantes en el ámbito del medio ambiente: control de emisiones industriales (que tenía que haber entrado en vigor el 31 de octubre), Ley de evaluación del impacto ambiental (que debería haber sido transpuesta antes de marzo) y acceso a la información medioambiental (asunto sobre el cual la Comisión Europea ya dirigió un aviso a España en julio de 1996 por restringir este derecho).

¿Podría informar la Comisión de si se ha abierto ya el proceso sancionador contra España por la no transposición de las tres directivas mencionadas?

¿Podría informar la Comisión de la respuesta dada por las autoridades españolas a los sucesivos avisos que ha recibido por parte de la institución comunitaria?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(20 de diciembre de 1999)

La Comisión abre por iniciativa propia procedimientos contra los Estados miembros que no comunican en el plazo establecido las medidas de incorporación de directivas a su ordenamiento interno.

España no ha notificado aún a la Comisión las medidas de incorporación de la Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación(1). La Comisión va a incoar en breve el procedimiento de infracción establecido en el artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE.

Por lo que se refiere a la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(2), la Comisión ha abierto ya contra España el procedimiento de infracción a que se refiere el artículo 226 del Tratado CE. En agosto de 1999 se remitió al Estado español un escrito de requerimiento. Ante esta situación, la Comisión tomará próximamente una decisión sobre la notificación de un dictamen motivado al Reino de España, lo cual constituye el segundo paso del procedimiento de infracción.

Con respecto a la incorporación incorrecta de la Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente(3), al no haberse considerado satisfactoria la respuesta de las autoridades españolas, la Comisión ha interpuesto recurso ante el Tribunal de Justicia. El asunto lleva la referencia C-0189/99.

(1) DO L 257 de 10.10.1996.

(2) DO L 73 de 14.3.1997.

(3) DO L 158 de 23.6.1990.
PREGUNTA ESCRITA P-2103/99

de Marie-Noëlle Lienemann (PSE) a la Comisión

(12 de noviembre de 1999)

Asunto: Despidos colectivos en Michelin

Teniendo en cuenta los numerosos escándalos que se han producido en relación con despidos colectivos (citemos el caso de Renault Vilvorde), y más concretamente aquéllos cuya única razón de ser era el aumento de los beneficios de los accionistas, ¿qué va a hacer la Comisión Europea para actualizar la directiva relativa a los despidos colectivos, con el fin de garantizar y proteger mejor los derechos de los trabajadores y evitar la supresión de empleos?

Asimismo, y en el caso concreto de la empresa Michelin, ¿qué medidas va a tomar para hacer que se respeten las disposiciones de dicha directiva?

¿No considera la Comisión que sería conveniente elaborar una serie de disposiciones que permitan que los trabajadores impugnen la legitimidad de un despido por motivos económicos antes de que éste tenga lugar?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(30 de noviembre de 1999)

La Comisión recuerda a su Señoría que su propuesta de 11 de noviembre de 1998 relativa a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad(1) tiene precisamente como objetivo completar y hacer más eficaces las normas comunitarias y nacionales vigentes en este ámbito, en particular las que establece la Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos(2).

El Parlamento Europeo ha emitido ya un dictamen en primera lectura sobre esta propuesta, y ahora se está a la espera de que el Consejo adopte una posición común; a este respecto, la Comisión considera que el Consejo debe acelerar el proceso.

La Comisión no tiene elementos para concluir que la empresa mencionada haya violado las disposiciones de la Directiva 98/59/CE ni las que la incorporan a la legislación francesa, dado el carácter general del anuncio de supresión de 7 500 empleos en los próximos tres años.

En lo que respecta a la verificación de las razones por las que se justifican los despidos colectivos, la Comisión recuerda a su Señoría que en todos los Estados miembros existen normas que permiten a los trabajadores impugnar un despido injustificado o abusivo. Este tema aparece mencionado en la Comunicación de la Comisión de 25 de noviembre de 1998 titulada Modernizar la organización del trabajo Un planteamiento positivo del cambio(3) entre las cuestiones que se invita a los interlocutores sociales a examinar en el marco del desarrollo de nuevas formas de relaciones contractuales y de trayectorias profesionales, garantizando a la vez seguridad a los trabajadores, es decir, en términos de continuidad en el empleo... (punto 2.1.3 de dicha Comunicación).

(1) DO C 2 de 5.1.1999.

(2) DO L 225 de 12.8.1998.

(3) COM(98) 592 final.