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PREGUNTA ESCRITA E-0049/02

de Francesco Speroni (NI) a la Comisión

(24 de enero de 2002)

Asunto: Discriminación de los residentes en la Unión en materia de derechos de inscripción

Los organizadores de la maratón de Padua del 28 de abril de 2002 aplican a los residentes en el extranjero, incluidos los residentes en la Unión, derechos de inscripción más elevados que a los residentes en Italia, como puede verse en el sitio www.maratonasant-antonio.com.

¿Puede indicar la Comisión si esta diferenciación de derechos de inscripción se ajusta a derecho?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(26 de febrero de 2002)

La Comisión no ha podido constatar que los organizadores del maratón de Padua, previsto para el 28 de abril de 2002, apliquen a los no residentes en Italia unos derechos de inscripción superiores a los aplicados a los residentes. No ha podido obtenerse ningún tipo de información a este respecto en el sitio de Internet indicado por Su Señoría.

En cualquier caso, si esta información se confirmase, la Comisión desearía que los organizadores no practicasen respecto a los participantes en el maratón tal diferencia de trato, que podría resultar contraria al principio fundamental de no discriminación. Este principio, enunciado en el artículo 12 del Tratado CE, prohíbe no sólo cualquier discriminación basada en la nacionalidad, sino también la aplicación de cualquier otro criterio que, como en este caso concreto, conduzca, de manera directa o indirecta, al mismo resultado.

En este caso, además, si resultara que las autoridades están implicadas en su organización, la Comisión, tras examinar las circunstancias pertinentes en este caso concreto, podría incoar contra Italia un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 226 del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-0182/02

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) a la Comisión

(6 de febrero de 2002)

Asunto: Organismos de gestión colectiva y propiedad intelectual

La falta de pago de los derechos de propiedad intelectual por la difusión, en los medios de comunicación, de las obras de compositores de música y letra ha suscitado, como es sabido, una lógica preocupación y especulación. La federación de organismos de gestión colectiva de la música ha presentado a la Comisión Europea el código deontológico (GESAC) que ha elaborado.

¿Puede la Comisión dar a conocer este código e indicar qué opinión le merece? ¿Dispone asimismo de datos exhaustivos sobre las tarifas solicitadas por los organismos de gestión colectiva de compositores y letristas para la difusión radiofónica y televisiva de sus obras en cada uno de los Estados miembros de la Unión?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(18 de marzo de 2002)

La pregunta de Su Señoría se refiere a los organismos de gestión colectiva y a algunos aspectos de la gestión colectiva de los derechos de autor y de los derechos afines en Europa. En su respuesta, la Comisión desea aportar los elementos siguientes:

La radiodifusión de obras protegidas está supeditada a un derecho exclusivo de comunicación al público perteneciente a los autores, tal y como está armonizado por la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001(1), relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. La fecha límite para incorporar esta Directiva al ordenamiento jurídico nacional es el 22 de diciembre de 2002.

El derecho de comunicación al público es gestionado generalmente por las sociedades de gestión colectiva, que, por otra parte, han creado una red de acuerdos para distribuir los derechos recaudados en su territorio respectivo en nombre de los derechohabientes extranjeros.

El importe de las tarifas puede ser distinto según las sociedades de gestión implantadas en los distintos Estados miembros. Las actividades de las sociedades de gestión colectiva no están armonizadas en el ámbito comunitario, ni la gestión colectiva en sí. Tampoco existe un estudio dedicado especialmente a los precios de las licencias concedidas por las sociedades de gestión.

Finalmente, la pregunta de Su Señoría menciona un código deontológico que habría sido redactado por la GESAC. La Comisión tiene conocimiento de que se habló hace varios años en la GESAC sobre un código de ese tipo. No obstante, según la información disponible, las conversaciones no han dado resultados y la GESAC aún no ha enviado el código deontológico a la Comisión Europea.

(1) DO L 167 de 22.6.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-0037/02

de Luciano Caveri (ELDR) a la Comisión

(23 de enero de 2002)

Asunto: Reglamento para los profesores de esquí en Italia

Desde hace tiempo, el Ministerio de Políticas Comunitarias italiano tiene preparado el esperado reglamento que debe regular la prueba de reconocimiento del título de profesor de esquí tras su establecimiento y estipular las normas necesarias para regular la libre prestación de servicios en el ámbito del ejercicio de dicha profesión, de conformidad consistente con los acuerdos celebrados entre la Comisión Europea, algunos países de la zona alpina y las asociaciones nacionales que representan a los profesores de esquí. ¿Puede informar la Comisión sobre los retrasos de Italia en este ámbito?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(18 de febrero de 2002)

El acuerdo mencionado por Su Señoría, auspiciado por la Comisión, se celebró entre diez asociaciones profesionales de profesores de esquí el 28 de marzo de 2000. La Comisión y los países alpinos no son firmantes de este acuerdo. Por consiguiente, Italia no está obligada de ningún modo a incorporar a su Derecho interno lo dispuesto en él. Italia sólo está obligada a respetar lo dispuesto en la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE(1). Aun así, se nos ha informado de que las autoridades italianas han aceptado dicho acuerdo de modo informal. Además, no hemos recibido hasta la fecha ninguna queja de profesores de esquí de otros Estados miembros que hubieran encontrado dificultades para ejercer su profesión en Italia.

(1) DO L 209 de 24.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-0057/02

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(24 de enero de 2002)

Asunto: Catastrófica situación de la agricultura tras las nevadas y heladas registradas en algunas regiones de Grecia

Hace una semana, Grecia resultó afectada por unas condiciones meteorológicas sin precedentes, principalmente caracterizadas por fuertes nevadas y heladas, que han causado la destrucción de gran parte la producción agrícola (cítricos, aceitunas, frutas y hortalizas) en regiones como Creta, Ática, Beocia y Eubea.

¿Puede indicar la Comisión si tiene intención de tomar medidas de ayuda a favor de los productores afectados por el mal tiempo a través del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(21 de febrero de 2002)

La Comisión no ha recibido aún de Grecia ninguna información oficial sobre los efectos en la agricultura de las adversas condiciones climáticas que afectaron al país y, en especial, a las regiones de Creta, Ática, Beocia y Eubea en la primera semana de enero de 2002.

En función de la importancia de los daños sufridos, es posible, en efecto, que la solidaridad financiera comunitaria sea indispensable para superar cuanto antes los problemas a los que se enfrenten las zonas rurales de esas regiones y para reconstruir el potencial de producción de las mismas. Esto se aplicaría particularmente a las producciones que hayan podido resultar más dañadas por las malas condiciones climáticas, es decir, los cítricos, el aceite de oliva y las frutas y hortalizas.

La Comisión no puede adoptar medidas para compensar a las zonas rurales afectadas y a su población hasta que Grecia presente las oportunas solicitudes en el contexto de los programas y mecanismos de ayuda que se contemplan actualmente en el III marco comunitario de apoyo de Grecia (2000-2008).

Llegado el caso, la contribución del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) debería inscribirse dentro de la dotación financiera total que tiene asignada la intervención de los Fondos Estructurales en Grecia durante el período de programación 2000-2006. El actual Programa Operativo Desarrollo Rural (2000-2006) de Grecia, dotado con 1 233,42 millones de euros, incluye un crédito de 14 millones para las catástrofes naturales y otras situaciones de urgencia. En caso de que este importe no resultara suficiente, las autoridades griegas estarían facultadas para solicitar una redefinición de las prioridades del programa y de las asignaciones financieras correspondientes.

Además, si fuese necesario, las autoridades griegas podrían estudiar la posibilidad de emplear la reserva que contempla el citado marco comunitario de apoyo.

Es preciso subrayar que la intervención del FEOGA, caso de producirse, se limitaría a la reconstitución del potencial de producción destruido, excluyendo la compensación de las pérdidas de ingresos sufridas, las cuales no son subvencionables. Tal compensación sólo sería posible en el marco de un régimen nacional de ayudas que tendría que notificarse a la Comisión para su aprobación.
PREGUNTA ESCRITA E-0056/02

de Dana Scallon (PPE-DE) a la Comisión

(24 de enero de 2002)

Asunto: Reclamaciones contra abogados y profesionales del derecho

¿Puede indicar la Comisión si existen directrices comunitarias en materia de reclamaciones contra abogados y otros profesionales del derecho?

En caso de actuaciones indebidas como, por ejemplo, de ejercicio profesional en situaciones de conflicto de intereses, ¿puede aclarar la Comisión cuál es la postura de la Unión Europea en relación con las reclamaciones presentadas por terceros?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(18 de marzo de 2002)

No hay directrices específicas sobre el tratamiento de este tipo de reclamaciones.

En cualquier caso, la conducta profesional de los abogados es ajena al ámbito actual de la legislación comunitaria. La Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados(1) y la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título(2), remiten a la normativa nacional en este asunto.

La legislación comunitaria no ofrece fundamento alguno que permita a la Comisión adoptar una postura sobre las reclamaciones de terceros.

(1) DO L 78 de 26.3.1977.

(2) DO L 77 de 14.3.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-0224/02

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(6 de febrero de 2002)

Asunto: Barbados

En relación con Barbados, ¿puede la Comisión especificar qué proyectos han sido financiados con cargo al presupuesto de la UE, en el año 2000?

¿Puede la Comisión esclarecer cuál es el volumen total de la ayuda a lo largo del año 2000 en todos los conceptos referentes al citado país?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0215/02, E-0216/02, E-0217/02,E-0218/02, E-0219/02, E-0220/02, E-0221/02, E-0222/02, E-0223/02,E-0224/02, E-0225/02, E-0226/02, E-0227/02 y E-0228/02dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(25 de marzo de 2002)

Debido a la gran extensión de la respuesta, que consta de numerosos diagramas, la Comisión la remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA P-0204/02

de Patricia McKenna (Verts/ALE) a la Comisión

(30 de enero de 2002)

Asunto: Instrumental para electro-shocks

En un informe de Amnistía Internacional publicado el año pasado se indicaba que 76 países utilizan procedimientos químicos y electro-shocks con fines de tortura. Tales equipos no se supervisan ni evalúan. Diferentes organizaciones de derechos humanos, expertos médicos y funcionarios de prisiones han cuestionado su seguridad. Se ha descubierto que algunos fabricantes de tales productos han recibido la certificación CE y que la utilizan como un argumento de venta.

¿Podría indicar la Comisión el número y el nombre de las empresas que fabrican tales productos y que han recibido la certificación CE durante los últimos cinco años y cuál es el procedimiento por el que se concede la marca CE a tales productos?

¿Podría confirmar también la Comisión si se garantiza la seguridad de la víctima y del usuario del producto y no considera la Comisión que el establecimiento de unas normativas adicionales con unos controles más estrictos sobre la exportación y un sistema de evaluación e inspección deberían formar parte del proceso de certificación CE para supervisar la política de exportación de las empresas, a fin de prevenir violaciones tan graves de los derechos humanos?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(8 de febrero de 2002)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita P-2783/01 del Sr. Ford(1).

(1) DO C 81 E de 4.4.2002, p. 209.
PREGUNTA ESCRITA P-0388/02

de Marit Paulsen (ELDR) a la Comisión

(6 de febrero de 2002)

Asunto: Nuevo sistema de control y sanciones en el ámbito de la seguridad alimentaria

El 12 de enero de 2002, en su discurso con motivo de la llamada Semana Verde de Berlín, el Comisario Byrne informó sobre la adopción de un nuevo enfoque con respecto al control público de los alimentos en la UE, que se presentará por escrito en el plazo de unos meses. Indicó que esta reforma incluirá posibilidades de aplicación de sanciones eficaces y proporcionadas tanto a nivel nacional como de la UE. Asimismo, como complemento a las sanciones administrativas, la Comisión está estudiando la posibilidad de imponer multas y de retener determinados pagos de la UE.

¿Puede la Comisión afirmar ya que este control nuevo y reforzado se aplicará a la totalidad de la cadena alimentaria (desde la producción hasta el consumo) incluyendo, así, la cría de animales, en Europa? ¿Podría señalar la Comisión, asimismo, qué repercusiones tendrá esta reforma sobre las autoridades que en la actualidad son responsables de este control a nivel comunitario y en los distintos Estados miembros?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(5 de marzo de 2002)

La propuesta a la que se refiere Su Señoría constituye el seguimiento al anuncio hecho por la Comisión en su Libro Blanco sobre seguridad alimentaria(1) de que sometería al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de Reglamento relativo a los controles de seguridad oficiales de los alimentos y de los alimentos para animales (acción 4 del anexo del Libro Blanco).

El objetivo de esta propuesta es establecer los principios generales para efectuar controles oficiales a fin de verificar el cumplimiento de toda la legislación relativa a piensos y alimentos. La propuesta trata pues toda la gama de actividades, desde la granja hasta la mesa, comprendidas en esa legislación y, en especial, la cría de ganado.

La propuesta tendría un planteamiento integral, es decir, que los controles de piensos y alimentos no se plantearían sector por sector, sino como un todo en el que todos los controles se integran dentro de un sistema global. Esto requerirá una comunicación fluida entre los servicios de control de los Estados miembros y una coordinación de los mismos, así como personal altamente cualificado para llevar a cabo los controles y procedimientos de control documentados.

Además, la Comisión está estudiando la posibilidad de incluir las medidas de cumplimiento que habría que tomar en los casos en que no se respete la legislación relativa a piensos y alimentos. Estas medidas podrían ser tanto de alcance nacional como comunitario. En este momento se está debatiendo esta cuestión.

Los preparativos de la propuesta están muy avanzados y se pretende proceder a su presentación formal una vez hayan concluido todas las consultas dentro y fuera de la Comisión.

(1) COM(1999) 719 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3188/01

de Jan Mulder (ELDR) a la Comisión

(20 de noviembre de 2001)

Asunto: Ayudas europeas para el desarrollo de polígonos industriales

En los apartados 17 y 18 de su Resolución de 16 de enero de 2001 sobre el informe especial del Tribunal de Cuentas 7/99 sobre las ayudas financieras europeas en favor de los polígonos industriales, una de las solicitudes dirigidas a la Comisión se refería al fomento de la coordinación regional entre diversos agentes a fin de evitar la competencia entre los promotores, otra al fomento de la simplificación de los procedimientos de adquisición nacionales y locales y otra a la investigación de las posibilidades y de los plazos dentro de los cuales la Comisión podría disminuir progresivamente sus actividades referentes a polígonos industriales de conformidad con el principio de subsidiariedad.

¿Ha accedido entretanto la Comisión a las tres solicitudes arriba mencionadas?

En caso afirmativo, ¿en qué medida y de qué manera?

En caso negativo, ¿dentro de qué plazo y de qué manera piensa responder la Comisión a las solicitudes?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(7 de enero de 2002)

La Comisión ha expuesto ya ante el Parlamento su opinión, a saber: que no considera adecuadas en sí las medidas destinadas a evitar la competencia entre los promotores potenciales de polígonos industriales. La competencia es un elemento esencial del mercado único y constituye una importante fuerza motriz en el desarrollo empresarial local y regional.

En lo que respecta al apoyo financiero a las actividades en este ámbito, el marco de referencia viene constituido por el Reglamento (CE) no 1783/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al FEDER(1), en el que se prevé la concesión de ayudas con vistas al establecimiento de infraestructuras de dimensiones adecuadas para el desarrollo local y del empleo (artículo 2.1.c)), en el contexto de los programas de desarrollo económico financiados por los Fondos Estructurales durante el período 2000-2006.

Con arreglo a la gestión descentralizada de estos programas, la selección de los distintos proyectos, entre los que se incluyen los relativos al desarrollo de polígonos industriales, corresponde a las autoridades designadas de los Estados miembros.

En el período de programación 2000-2006, los datos disponibles acerca del objetivo no 1 sugieren que un 1 %, aproximadamente, de los gastos de los Fondos Estructurales se destina a medidas relacionadas con parques y viveros de empresas y un 2,7 % al acondicionamiento y la renovación de

zonas industriales y militares y a las zonas urbanas. En lo que respecta al objetivo no 2, las cifras son algo más altas, esto es, un 6,8 % para los parques y viveros de empresas y un 7 % para el acondicionamiento y la renovación de zonas industriales y militares y las zonas urbanas. Estas cifras tienen meramente valor ilustrativo, puesto que engloban otras actividades aparte de la creación de polígonos industriales.

(1) DO L 213 de 13.8.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-3662/01

de Jutta Haug (PSE) al Consejo

(15 de enero de 2002)

Asunto: Concertación de los períodos de vacaciones en Europa

En su edición de 14.10.2001, la Westdeutschen Allgemeinen Zeitung informaba sobre una reunión del Consejo de Turismo de la UE. Al parecer, el Consejo se propone concertar los períodos de vacaciones escolares de los 15 Estados miembros. De la noticia se deduce que ello podría traer consigo una descongestión de la red viaria, una ocupación hotelera más homogénea y unos mayores ingresos para las regiones turísticas. No hay mención de los aspectos educativos y pedagógicos de la planificación de las vacaciones escolares.

¿Se propone verdaderamente el Consejo concertar los períodos de vacaciones en Europa? En caso afirmativo ¿por qué no se tiene en cuenta, a la hora de efectuar dicha planificación, el interés de quienes deberían gozar en realidad de las vacaciones, esto es, los niños? ¿Son, para el Consejo, las vacaciones orientadas a una ocupación hotelera óptima más importantes que las vacaciones entendidas como una buena clave para una sociedad basada en el conocimiento?

Respuesta

(25 de junio de 2002)

El Consejo informa a Su Señoría de que no comenta nunca las declaraciones publicadas en la prensa. La reunión a la que alude Su Señoría es una sesión del Consejo, que se celebró en Bruselas el 27 de septiembre de 2001, durante la cual se estudió, dentro del punto Varios del orden del día, la cuestión de la mejora de la planificación de los períodos de vacaciones en Europa. El Consejo tuvo conocimiento, en dicha ocasión, de una Nota informativa de la Delegación austríaca en la que se planteaba la cuestión de una mejor distribución estacional de las actividades turísticas en Europa mediante determinadas medidas dirigidas a flexibilizar los flujos turísticos. En virtud de esta iniciativa austríaca, acogida con interés por varias Delegaciones, se invitó a la Comisión, pese a las limitadísimas competencias de la Comunidad en esta materia, a que estudiara la cuestión y presentara lo antes posible al Consejo información al respecto.

Entretanto, la Comisión ha enviado a los Estados miembros una carta en la que les preguntaba acerca de sus experiencias en esta materia, los cambios que estimen necesarios y la naturaleza de la concertación deseada.

El Consejo recuerda a Su Señoría que, en lo que respecta a la estricta organización del sistema educativo, el apartado 1 del artículo 149 del Tratado dispone que esta materia es responsabilidad de los Estados miembros. Así pues, la armonización de las vacaciones escolares no constituye en sí misma una competencia comunitaria.