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PREGUNTA ESCRITA E-2984/02

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(23 de octubre de 2002)

Asunto: Medidas para reducir la siniestralidad en la pesca

El Parlamento Europeo aprobó el 5 de abril de 2001 una Resolución sobre seguridad y accidentes en las actividades de pesca(1) en cuyo apartado 3 pedía que se promoviera una mayor inclusión de los pescadores en la Directiva 93/104/CE del Consejo, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, modificada por la Directiva 2000/34/CE del PE y del Consejo, de manera que mejore su protección.

¿Ha dado la Comisión algún paso al respecto?

(1) DO C 21 E de 24.1.2002, p. 359.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(5 de diciembre de 2002)

La Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo(1) se aplica a todos los sectores de actividad, privados o públicos, a excepción del transporte aéreo, ferroviario, por carretera, marítimo, y por vías interiores de navegación, incluida la lacustre, de la pesca marítima, de otras actividades marítimas y de las actividades de los médicos en período de formación (sectores excluidos).

A partir de ahora, estos sectores excluidos de la Directiva 93/104/CE estarán cubiertos por la Directiva 2000/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 2000(2), que entrará en vigor el 1 de agosto de 2003 (el 1 de agosto de 2004 para los médicos en formación).

Por lo que se refiere a los trabajadores que ejercen su actividad a bordo de los barcos de pesca marítima, la Directiva 2000/34/CE prevé, en particular, que el número máximo de horas de trabajo o el número mínimo de horas de descanso se establezca mediante disposiciones legales, reglamentarias o administrativas o mediante convenios colectivos o acuerdos entre los interlocutores sociales, dentro de los límites definidos por la Directiva: el número de horas de trabajo no puede superar 14 horas por período de veinticuatro horas y 72 horas por período de siete días; el número mínimo de horas de descanso no puede ser inferior a 10 horas por período de venticuatro horas y 77 horas por período de siete días.

En su artículo 3, la Directiva prevé que, a más tardar el 1 de agosto de 2009, la Comisión, previa consulta con los Estados miembros y los interlocutores sociales a nivel europeo, examinará el funcionamiento de las disposiciones por lo que se refiere a los trabajadores a bordo de barcos de pesca marítima y comprobará, en particular, si estas disposiciones siguen siendo adecuadas, especialmente por lo que se refiere a la salud y la seguridad, a fin de presentar, en su caso, las modificaciones convenientes.

(1) DO L 307 de 13.12.1993.

(2) DO L 195 de 1.8.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-2690/02

de Bart Staes (Verts/ALE) al Consejo

(26 de septiembre de 2002)

Asunto: Sistema comunitario de certificados de destino final

El punto 1.2.2. del informe final de la Subcomisión de tráfico de armas (doc. 614/4 95/96, de 28 de abril de 1999) de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento belga establece que: Resulta imprescindible desarrollar un sistema eficaz para controlar estos movimientos comerciales. En este sentido nos referimos en particular a la necesidad de introducir un riguroso sistema comunitario para la expedición y verificación de certificados de destino final.

¿Podría comunicar el Consejo si está al corriente de esta afirmación y si comparte el análisis de los parlamentarios federales belgas?

1. En caso afirmativo, ¿qué medidas ha tomado para introducir este sistema y para cuándo estima que va a estar operativo?

2. En caso negativo, ¿por qué no? ¿Tiene el Consejo intención de someter este asunto a la evaluación de sus miembros? En caso afirmativo, ¿cuándo lo hará?

Respuesta

(18 de febrero de 2003)

El Consejo invita a Su Señoría a remitirse a la respuesta dada a su anterior pregunta E-2689/02. Además, el Consejo subraya que en el Tercer Informe Anual con arreglo a la disposición operativa no 8 del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas, emitido a finales de 2001, se especificaba una serie de directrices sobre temas que requieren consideración o acción en el futuro próximo. Dichas directrices permitirían a los Estados miembros y a sus asociados dentro y fuera de la Unión Europea controlar y medir los avances realizados en la aplicación del Código.

Dentro de este marco, los Estados miembros se comprometieron a proseguir los procedimientos en materia de normalización de la información que debe aparecer en los certificados de destino final.

Durante el primer semestre de 2002, los Estados miembros convinieron en un núcleo común de elementos que deberían aparecer en los certificados de destino final cuando así lo exigiera un Estado miembro, en relación con la exportación de bienes incluidos en la lista común de equipo militar. También especificaron un conjunto adicional de elementos, que también podrían exigirse de conformidad con la legislación nacional respectiva. Todos esos datos se recogen en un Compendio de las prácticas acordadas de los Estados miembros en el marco del Código de Conducta que se adjuntará al cuarto informe anual, cuya ultimación y publicación está prevista para antes del final de 2002.
PREGUNTA ESCRITA E-2289/02

de Geoffrey Van Orden (PPE-DE) a la Comisión

(25 de julio de 2002)

Asunto: Elecciones al Parlamento Europeo en 2004

¿Se aplicará la reducción en el reparto de escaños del Parlamento Europeo (tal y como se acordó en Niza) en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004? ¿Se verán en consecuencia los 87 escaños del Reino Unido reducidos a 72 en junio de 2004?

En caso de que se reduzca el número de escaños que corresponde al Reino Unido, ¿en qué criterios regionales se basará esa redistribución de escaños?

Respuesta del Presidente Prodi en nombre de la Comisión

(9 de octubre de 2002)

En virtud del Tratado de Niza, el número máximo de miembros del Parlamento será de 732. Con arreglo al artículo 2 del Protocolo sobre la ampliación de la Unión Europea anexo al Tratado de Niza, el número de parlamentarios elegidos en el Reino Unido a partir del 2004 será de 72. No obstante, en virtud del tercer apartado del artículo 2 de dicho Protocolo, en caso de que el número total de miembros del Parlamento que deben elegirse fuera inferior a 732, se aplicará una corrección a prorrata, para la legislatura 2004-2009, entre los parlamentarios de cada Estado miembro, de modo que el número total sea el más próximo posible a 732. El Consejo decidirá el número que debe elegirse en el 2004 en cada Estado miembro en virtud de las disposiciones antes citadas.

Actualmente la distribución de los escaños del Parlamento dentro de cada Estado miembro está regulada por las disposiciones nacionales. La Comisión recuerda que el Parlamento emitió el 12 de junio de 2002 su dictamen favorable al proyecto de decisión del Consejo que modifica el Acto relativo a la elección de los parlamentarios por sufragio universal directo (A5-0225/2002), que dispone el escrutinio proporcional pero que, en función de sus especificidades nacionales, los Estados miembros pueden constituir circunscripciones o prever otras subdivisiones electorales que no afecten al carácter proporcional del método de escrutinio. Corresponde pues a cada Estado miembro determinar, respetando estas disposiciones, si se crearán tales circunscripciones regionales y sobre qué base.
PREGUNTA ESCRITA E-2165/02

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(18 de julio de 2002)

Asunto: Trabajadores no pagados

¿A cuántos trabajadores no pagados emplea la Comisión? ¿Cuántas de las personas que trabajan en la Comisión reciben un salario inferior al salario mínimo en sus respectivos países?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(30 de septiembre de 2002)

La Comisión no emplea a trabajadores sin sueldo. Todos los funcionarios y demás agentes que tiene contratados ganan un importe superior al salario mínimo obligatorio de su respectivo país.

La Comisión tiene contratados a 17 consultores que, siendo altos funcionarios retirados, no perciben un sueldo sino una pensión.
PREGUNTA ESCRITA E-2731/02

de Mary Honeyball (PSE) al Consejo

(30 de septiembre de 2002)

Asunto: Celebración del concurso de Miss Mundo en Nigeria

¿Podría el Consejo instar a todos los Estados miembros de la UE y a los países candidatos a la adhesión a condenar la sentencia de pena de muerte impuesta a una joven nigeriana, Amina Lawal, por haber dado a luz sin estar casada? Asimismo, ¿podría instar a todos los Estados miembros y a los países candidatos a la adhesión a boicotear el concurso de Miss Mundo que tendrá lugar en Nigeria a finales del presente año?

Respuesta

(18 de febrero de 2003)

En su Declaración del 21 de agosto de 2002, la Presidencia expresó, en nombre de la Unión Europea, la gran preocupación que ésta siente ante la decisión del Tribunal de Apelación de denegar el recurso de D.a Amina Lawal contra la pena que la condena a morir lapidada. Los países candidatos se asociaron a dicha Declaración.

Como en casos anteriores(1), la UE recuerda su posición frente a la pena de muerte y anima al Gobierno de Nigeria a proseguir sus esfuerzos hacia la abolición de la misma, con la que contribuirá al aumento de la dignidad humana y al desarrollo progresivo de los derechos humanos. La Declaración del Consejo del 30 de septiembre de 2002, sobre la pena de muerte y las formas de ejecución especialmente crueles, reitera tal posición.

El Consejo no ha tratado la posibilidad de boicotear el concurso de Miss Mundo previsto próximamente en Nigeria.

(1) Declaración del 27 de marzo de 2002 en que se celebra la absolución de Safya Husseini.
PREGUNTA ESCRITA E-1598/02

de Helena Torres Marques (PSE) a la Comisión

(5 de junio de 2002)

Asunto: Impuestos que gravan la adquisición de automóviles

La aplicación del nuevo reglamento sobre la distribución de vehículos automóviles y el consiguiente incremento de la competencia deberían tener como resultado para el consumidor una reducción de los precios de los vehículos nuevos y una mayor diversificación de la oferta. Habida cuenta de que en algunos países, especialmente en Portugal, los profesionales del sector prevén un incremento de los precios que podrá llegar al 25 %, ¿puede informar la Comisión de cuáles son los impuestos que gravan la adquisición de vehículos automóviles nuevos en cada uno de los países de la Unión Europea?

Respuesta de Frederik Bolkestein en nombre de la Comisión

(30 de julio de 2002)

Para cualquier información relativa a los tipos impositivos que actualmente se aplican a los vehículos automóviles nuevos, la Comisión remite a Su Señoría a un estudio realizado por la empresa COWI Consulting Engineers and Planners SA en noviembre de 2001, y que se puede encontrar en la siguiente dirección web: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/car_taxes/co2_cars_study_25-02-2002.pdf.

Asimismo, enviamos directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento tres cuadros en los que figuran las diversos impuestos con que se grava la compra de vehículos automóviles nuevos en cada uno de los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-3174/02

de Dorette Corbey (PSE) a la Comisión

(7 de noviembre de 2002)

Asunto: Reforma de la Política Agrícola Común

El desarrollo sostenible constituye una prioridad de la Unión Europea. La protección de la biodiversidad es una necesidad global. Las aves se han visto afectadas por una agricultura intensiva. En el marco de las propuestas de revisión a medio plazo de la PAC, la Comisión ha elevado la importancia de la protección de la biodiversidad y del mantenimiento del hábitat natural.

1. ¿Está de acuerdo la Comisión con que es necesario dar prioridad a la financiación del segundo pilar a favor de los agricultores que ajusten sus prácticas agrícolas de tal forma que beneficien a las especies y zonas contempladas en las Directivas sobre hábitats y aves silvestres?

2. ¿De qué forma alentará la Comisión a los Estados miembros a dar prioridad a las actividades incluidas en el segundo pilar a favor de agricultores que ajusten sus prácticas agrícolas de tal forma que beneficien a las zonas de protección especial contempladas en las Directivas sobre hábitats y aves silvestres?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(17 de diciembre de 2002)

La Comisión opina ciertamente que es necesario ampliar para los Estados miembros las posibilidades de incentivar la prestación de servicios al medio ambiente a través de regímenes agroambientales enmarcados en el desarrollo rural, segundo pilar de la política agrícola común (PAC). Las actividades de protección de la biodiversidad y de conservación de los hábitats naturales constituyen una parte fundamental de los servicios que los agricultores pueden prestar al conjunto de la sociedad.

Es por este motivo por el que la Comisión propuso en su Comunicación sobre la Revisión Intermedia de la PAC(1) una serie de medidas para reforzar el apoyo a esas actividades en el marco de esta política. Entre ellas se incluían el aumento de la financiación destinada al desarrollo rural y el alza del porcentaje de intervención en favor de las medidas agroambientales y de la retirada de tierras a largo plazo con fines también ambientales.

Son los Estados miembros los que deciden en el contexto de sus prioridades y necesidades dónde debe centrarse especialmente el apoyo recibido. Tratándose de las zonas protegidas Natura 2000, la responsabilidad de su correcta administración incumbe a los Estados miembros, que deben encontrar la mejor forma de contribuir a ese objetivo con los fondos comunitarios actualmente disponibles. Como lo ha hecho en el pasado, la Comisión examinará cualquier cambio que, dentro de los compromisos legales de cada Estado miembro, se proponga introducir en los programas de desarrollo rural.

Las necesidades financieras que conlleva la gestión de la red Natura 2000 están siendo examinadas actualmente por un grupo de expertos contratado por la Comisión, la cual se ha comprometido en su programa de trabajo de 2003 a presentar una Comunicación sobre este tema al Parlamento y al Consejo. Esta Comunicación servirá de base para continuar el debate sobre la estructura que deba presentar a largo plazo la cofinanciación comunitaria.

(1) COM(2002) 394 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3118/02

de Marie-Thérèse Hermange (PPE-DE) a la Comisión

(30 de octubre de 2002)

Asunto: Financiaciones de la Unión Europea en el ámbito del agua

Con ocasión de la Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenido que concluyó en Johannesburgo el pasado 4 de septiembre, la Comisión subrayó en un comunicado de prensa fechado el 3 de septiembre que la Unión presta cada año ayuda al desarrollo y la cooperación científica en el ámbito del agua por valor de 1 400 millones de euros (fuente: comunicado IP/02/1265).

- ¿Puede precisar la Comisión los instrumentos comunitarios a través de los que encauza estos 1 400 millones de euros de inversión?

- ¿Cómo se reparte esta inversión entre los diferentes programas en cuestión?

- ¿Cuál es el importe anual de cada uno de ellos?

- ¿Cuáles son, por países, los proyectos en el ámbito del agua que han sido financiados por la Unión Europea en el marco de cada uno de estos programas?

Durante la Cumbre de Johannesburgo, se adoptó una iniciativa europea para el agua. ¿Puede exponer la Comisión cómo piensa desarrollar y aplicar esta iniciativa? ¿Puede precisar también si movilizará para ello créditos del presupuesto comunitario, con carácter complementario a los que ya han sido invertidos? En caso afirmativo, ¿a qué programas se destinarán y qué tipo de proyectos se beneficiarán de estas aportaciones?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(25 de noviembre de 2002)

Aunque remitiéndose a la respuesta que ofreciera a la pregunta oral H 696/02 durante el turno de preguntas de la sesión parlamentaria de octubre de 2002(1), la Comisión desea añadir las respuestas siguientes a las preguntas concretas formuladas por su Señoría:

- La cifra de 1 400 millones de euros es la media de la ayuda que presta la Unión (Comunidad y Estados miembros) en el ámbito del agua. Esta cifra se basa en la información facilitada por los Estados miembros sobre las asignaciones del año 2002, completada con los datos contenidos en los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos/Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE/CAD).

- Por lo que se refiere a la Comisión, la suma destinada al agua en el 2002 procedente del presupuesto comunitario y del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) ascendió a 135 millones de euros. El cálculo de esta cifra no incluye las actividades relacionadas con el agua que corresponden a otras partidas sectoriales, como, por ejemplo, la salud, el medio ambiente o el desarrollo rural y urbano, o a programas de investigación.

- En el marco de la iniciativa comunitaria del agua, se está realizando actualmente un inventario que permitirá exponer con más detalle los proyectos bilaterales de la Comunidad y de los Estados miembros en el sector del agua.

(1) Respuesta escrita del 22.10.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-2533/02

de Jan Mulder (ELDR) a la Comisión

(11 de septiembre de 2002)

Asunto: Control de las normas de origen para la importación de azúcar ACP

En virtud del denominado Protocolo del azúcar, determinados países ACP pueden exportar azúcar a la UE a unos precios atractivos para ellos.

1. ¿Puede confirmar la Comisión que este azúcar se ha producido exclusivamente en los países ACP en cuestión?

2. ¿Puede confirmar la Comisión que se trata de excedentes del azúcar producido en los países ACP y no de excedentes que han surgido porque el país ACP en cuestión también ha importado azúcar del mercado mundial?

3. ¿Puede indicar la Comisión qué tipo de control se ejerce y, en su caso, cuántas misiones de control se han efectuado desde Bruselas?

4. ¿Puede indicar la Comisión si recientemente se han realizado estudios para indicar con más claridad qué grupos de la sociedad en los países ACP se benefician del Protocolo del azúcar?

Respuesta del Señor Lamy en nombre de la Comisión

(16 de octubre de 2002)

1. La Comisión no tiene motivo para creer que el azúcar importado al amparo del Protocolo del azúcar no tenga como único origen los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) en cuestión.

2. El Protocolo del azúcar no prohibe a los países ACP importar azúcar de otros países a la vez que exportan su propia producción a la Comunidad.

3. El origen del azúcar ACP está certificado y verificado de conformidad con las disposiciones pertinentes del Protocolo 1 del anexo V del Acuerdo de Cotonú, en particular el título IV, relativo a las pruebas de origen, y el título V, relativo a las disposiciones de cooperación administrativa. Pueden llevarse a cabo misiones de inspección para identificar y evitar las violaciones de las disposiciones del Protocolo 1, lo que no ha sido el caso con respecto al origen del azúcar importado al amparo del Protocolo del azúcar.

4. La Comisión no tiene noticias de ningún estudio reciente sobre los beneficios que proporciona el Protocolo del azúcar a los diversos sectores de la sociedad en los países ACP, pero se mantiene regularmente informada (gracias a un Memorándum anual que presentan los Estados ACP signatarios del Protocolo del azúcar) sobre los esfuerzos de los países ACP por aumentar la eficiencia y la competitividad y sobre la importancia que tiene el azúcar en sus economías y en sus sociedades.
PREGUNTA ESCRITA P-1679/02

de Nelly Maes (Verts/ALE) a la Comisión

(6 de junio de 2002)

Asunto: Violencia en Kisangani

Con motivo de los actos violentos ocurridos el 14 de mayo de 2002 en Kisangani, fuentes de las Naciones Unidas cuentan con que también se sigan produciendo disturbios en otras ciudades que están bajo el control de la RCD (Reagrupación Congoleña para la Democracia). Entre la población crece el descontento por el hecho de que el movimiento rebelde, bajo presión de Rwanda, mantiene su rechazo al acuerdo político entre el presidente Joseph Kabila y el movimiento rebelde MLC (Movimiento para la Liberación del Congo).

La Comunidad Internacional está actuando de una manera muy blanda con Rwanda, que sigue perpetrando graves violaciones de los derechos humanos en el Congo.

¿Cuándo comenzará la Comisión Europea a poner en práctica las decisiones de la Comunidad Internacional, esto es, la desmilitarización de Kisangani, la reapertura del río Congo, la reunificación del país y la retirada de las tropas extranjeras?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(1 de julio de 2002)

La aplicación de las decisiones de la comunidad internacional es esencialmente una cuestión que compete a las partes implicadas en el conflicto.

La Comisión concede total apoyo a las Naciones Unidas pero no puede ejecutar medidas tales como la desmilitarización de Kisangani, la reapertura del río Congo o la retirada de los ejércitos extranjeros.

Con respecto a la reapertura del río Congo al tráfico comercial durante el mes de abril, los representantes del Gobierno del Congo, la cooperación regional para el desarrollo (RCD)-Goma y el Movimiento para la Liberación del Congo (MLC) firmaron un acuerdo propuesto por la misión enviada por la Organización de las Naciones Unidas a la República Democrática del Congo (MONUC). El primer convoy ya ha llegado a Kisangani escoltado por unidades ribereñas del MONUC.
PREGUNTA ESCRITA P-3064/02

de Torben Lund (PSE) a la Comisión

(22 de octubre de 2002)

Asunto: Muertes relacionadas con el producto adelgazante Letigen procedimiento de autorización dudoso

En su edición del 28 de octubre de 2002, la revista danesa de consumidores T+T revela la manera en que el producto adelgazante Letigen ha podido causar la muerte a varias personas y el hecho de que las autoridades farmacológicas han autorizado el producto sobre una base enormemente dudosa. Otros productos adelgazantes con el mismo contenido en sustancias estimulantes del sistema nervioso central están prohibidos en el resto de la UE y estudios realizados en los Estados Unidos revelan claramente que los productos adelgazantes con estructura y contenido similar a los del Letigen pueden producir graves efectos secundarios.

¿Puede la Comisión, sobre esta base, comentar las razones en las que se han basado las autoridades farmacológicas para autorizar el Letigen? ¿Puede explicar la Comisión por qué motivo productos con contenido similar pueden al mismo tiempo estar autorizados en unos Estados miembros y prohibidos en otros? Podemos suponer, a modo de ejemplo, que un sueco y un danés son igual de sensibles a un producto peligroso como el Letigen u otro similar. Dado que el Letigen está prohibido en Suecia, muchos suecos lo han adquirido en Dinamarca, por lo que el problema no puede considerarse un asunto nacional. ¿Puede la Comisión indicar qué medidas piensa adoptar frente a las autoridades farmacológicas danesas en beneficio de la salud en Dinamarca y en el resto de la UE?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(12 de noviembre de 2002)

Letigen es un producto farmacéutico que contiene 20 miligramos (mg) de efedrina y 200 mg de cafeína.

Las autoridades nacionales no han adoptado una decisión divergente con respecto al Letigen debido a que sólo un solicitante en Dinamarca pidió una autorización de comercialización.

La autoridad competente para autorizar la comercialización de un producto farmacéutico en Suecia (la Agencia de Productos Farmacéuticos (MPA)) no ha recibido ninguna solicitud de autorización de comercialización relativa al Letigen. Por consiguiente, la MPA nunca ha rechazado una autorización de comercialización del Letigen.

La autoridad competente de Dinamarca (la Agencia danesa de productos farmacéuticos) concedió una autorización de comercialización para el Letigen en 1990.

La Comisión trasladará las preocupaciones de Su Señoría a la Agencia danesa de productos farmacéuticos para que ésta se pronuncie sobre la seguridad del Letigen en el tratamiento de la obesidad que presenta un importante riesgo médico.