PREGUNTA ESCRITA E-2607/01

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(26 de septiembre de 2001)

Asunto: Situación de doble imposición de la renta

En agosto de 1990, varias decenas de trabajadores fueron contratados en el aeropuerto, en Portugal, por Cogefar-Impresit, una empresa italiana con representación en Portugal, para trabajar en la construcción civil en Bruselas, en régimen de traslado. Al no estar en situación regular, en noviembre de 1991, estos trabajadores firmaron un contrato con la CDK, empresa establecida en Bélgica.

Hasta finales de junio de 1991, fueron remunerados en Portugal mediante cheques.

En 1990 y 1991, Cogefar declaró a estos trabajadores en Portugal, mientras que la CDK lo hacía en Bélgica, pero de forma irregular. Por ejemplo, si el sueldo de un trabajador declarado en Portugal, de agosto a diciembre de 1990, ascendía a 270 000 escudos, en Bélgica se elevaba a 700 000 FB para el mismo período, sin complementos familiares a pesar de que el trabajador en cuestión estuviese casado y con hijos.

En cuanto a los impuestos sobre la renta correspondientes a 1990 y 1991 (reclamados por Bélgica), los servicios belgas de Hacienda afirman que deben pagarse a la administración tributaria belga, ya que según el acuerdo bilateral (artículo 15), las retribuciones no fueron abonadas por una entidad establecida fuera del territorio belga, por correr a cargo de la CDK, de la que formaba parte Cogefar. Ahora bien, los trabajadores protestan por esta situación basándose en que, durante este período, estuvieron efectivamente a cargo de Cogefar, instalada en Portugal, y fueron remunerados en Portugal, país en el que pagaron impuestos. Por tanto, las declaraciones efectuadas por la CDK han sido falseadas.

En la actualidad, cerca de 50 trabajadores portugueses, cuya situación laboral en Bruselas ha sido regularizada, son víctimas de esta situación ya que son objeto de una reclamación fiscal belga de considerable valor, debido a una clara falsificación por parte de una empresa de la Unión Europea durante 1990 y 1991.

¿Puede informar la Comisión sobre las medidas que podrían tomarse para resolver esta situación?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(23 de noviembre de 2001)

La pregunta planteada por Su Señoría hace referencia concretamente a la situación de un determinado número de trabajadores portugueses de una empresa radicada en Portugal que, en los años 1990 y 1991, fueron enviados a Bélgica para trabajar en el sector de la construcción civil. De los datos facilitados por Su Señoría se desprende que durante el período mencionado los trabajadores siguieron percibiendo su salario en Portugal donde asimismo pagaron impuestos. A consecuencia de las declaraciones emitidas por la empresa belga en la que prestaban sus servicios, dichos trabajadores se sometieron a imposición en Bélgica, ya que las autoridades belgas estimaban que las remuneraciones de los asalariados de que se trataba no habían sido asumidas por una entidad radicada fuera de Bélgica.

Como se ha producido una doble imposición por parte de estos trabajadores, Su Señoría se pregunta si pueden adoptarse medidas para remediar la situación.

En primer lugar, la Comisión se permite recordar que el derecho comunitario y, en particular, el artículo 49 del tratado CE, prohibe a los Estados miembros obstaculizar la libre prestación transfronteriza de servicios mediante la doble imposición.

A este respecto, conviene destacar que el Convenio de 16 de julio de 1960 celebrado entre Portugal y Bélgica determina las reglas aplicables en materia de fiscalidad para evitar que pueda producirse una doble imposición. Por lo que atañe a los impuestos sobre las remuneraciones de los trabajadores asalariados, los artículos 15 y 23 establecen las reglas para determinar en cuál de los dos Estados es oportuno gravar los salarios.

En cuanto al caso que nos ocupa, como la Comisión no puede valorar las circunstancias de hecho, no le compete pronunciarse sobre los remedios que el derecho nacional ofrece a sus contribuyentes cuando, contrariamente a la reglas fijadas en el Convenio, se ha producido una doble imposición de las rentas.