PREGUNTA ESCRITA E-0660/97 de Pedro Marset Campos (GUE/NGL) a la Comisión (6 de marzo de 1997)

Asunto: Mantenimiento de los servicios públicos de interés general

A la vista de las negativas consecuencias de la aplicación restrictiva de los criterios de Maastricht para la consecución de la Unión Económica y Monetaria en los servicios públicos de interés general y en materias como la sanidad, investigación, servicios sociales, pensiones, etc, que contribuyen, junto con el paro, al empeoramiento de la calidad de vida en Europa y sobre todo en los países y regiones más pobres, ¿no estima la Comisión que sería imprescindible introducir una modificación en dichos criterios para que no se contabilicen en la cuantía del déficit del PIB y en la deuda pública los gastos derivados del mantenimiento de dichos servicios públicos de interés general?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión (8 de abril de 1997)

La Comisión no comparte la opinión expresada por Su Señoría. Lo que resulta perjudicial para los servicios públicos de interés general no es el respeto de los criterios de convergencia sino la existencia de un déficit excesivo o una deuda insostenible. En efecto, los países que logren sanear su situación presupuestaria se situarán en una senda de crecimiento económico más fuerte y más duradero, lo que genera una mayor capacidad para financiar los servicios públicos. Por el contrario, aquellos que aplazan los ajustes necesarios agravan sus dificultades para garantizar las funciones básicas de los poderes públicos, debido al efecto negativo de un crecimiento menor, una tasa de paro más elevada y una carga de la deuda pública en aumento. Además, la posición de Su Señoría no corresponde a la estrategia macroeconómica recomendada tanto por el Consejo como por la Comisión, consistente en restablecer las condiciones de un crecimiento duradero más fuerte gracias a la flexibilización de la política económica que permitirá el saneamiento presupuestario.

Sin perjuicio del objetivo de reducción de los déficit presupuestarios, desde 1993 las autoridades de la Comunidad han recomendado explícitamente orientaciones generales de política económica -en particular el punto 4 de las publicadas en julio de 1996 ((Economía Europea no 62, 1996, p. 7. ))- que precisan que debe orientarse el gasto público hacia actividades favorables al desarrollo de los factores endógenos de crecimiento, tales como las inversiones en infraestructuras, en recursos humanos y en políticas activas de empleo. Sin embargo, en virtud del principio de subsidiariedad, corresponde únicamente a las autoridades de los Estados miembros tomar decisiones que afecten a los distintos tipos de gasto. La obligación de disciplina presupuestaria no supone ninguna obligación de reducción de categorías concretas de gasto, ya que esta elección es una competencia nacional exclusiva.

La distinción que desearía introducir Su Señoría para excluir de los criterios de déficit y de deuda determinadas categorías de gasto de los servicios públicos, que, por razones de calidad de vida o por objetivos sociales, se considera no pueden ser disminuidos, conllevaría dificultades de definición considerables. En efecto, al tratarse de un concepto relativo y que es el resultado de decisiones políticas propias de cada país, se abriría la puerta a la confusión y el ejercicio de evaluación de los déficit excesivos fijado por el Tratado (artículo 104-c) perdería toda su credibilidad y efectividad.