PREGUNTA ESCRITA E-1794/02

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(24 de junio de 2002)

Asunto: Trabas impuestas por una sentencia judicial a los mecanismos de protección de las autoridades públicas en empresas privatizadas en gran medida

1. ¿Recuerda la Comisión que las objeciones a la privatización de empresas estatales en el pasado se rebatieron, entre otras cosas, con el argumento de que, aun cuando se atrajera capital no público, las autoridades públicas, mediante determinados mecanismos de protección, como una participación mínima con derecho de veto, mantendrían, en gran medida, el poder de decisión sobre el lugar del establecimiento, la naturaleza de la producción, el volumen de empleo, la fusión con otras empresas o la absorción por otras empresas y la influencia de la empresa sobre las necesidades de la sociedad y del medio ambiente?

2. ¿Cuáles son las consecuencias de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo, a petición de la Comisión, sobre Acciones de oro (golden shares) del Estado francés y portugués, y que ahora se consideran que carecen de utilidad para al interés común pero que están en contradicción con la libre circulación de capitales en la UE?

3. ¿Podría confirmar la Comisión si considera que las participaciones estatales belgas similares en Distrigas, así como las participaciones neerlandesas en la empresa de servicios postales TPG y en el suministrador de telecomunicaciones KPN revisten un mayor interés público? ¿En qué sentido divergen los mecanismos de protección belgas y neerlandeses de los de Francia y Portugal?

4. Habida cuenta de la sentencia citada en la pregunta no 2, ¿pueden las autoridades nacionales de los Estados miembros proteger sus intereses vitales en el campo del suministro de energía, el abastecimiento de agua, los servicios postales, las telecomunicaciones y el transporte público, así como en el campo del medio ambiente y del empleo, si ya no poseen la mayoría de las participaciones?

5. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿de qué manera y bajo qué circunstancias puede tener lugar esta protección?

6. En caso de que la respuesta a la pregunta no 4 sea negativa, ¿significa esto que la pretendida protección únicamente puede garantizarse manteniendo la empresa en su totalidad o, por lo menos, una mayoría de las participaciones en manos de las autoridades públicas o bien, adquiriendo de nuevo una mayoría de las participaciones en la empresa?

(Fuente: Diario neerlandés De Volkskrant y Metro, edición Países Bajos, de 5 de junio de 2002)

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(9 de agosto de 2002)

1. El artículo 295 del Tratado CE estipula: El presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros. Los Estados miembros son libres por lo que se refiere al régimen de propiedad puesto que el Tratado CE no impone ni introduce en el ordenamiento jurídico comunitario un nuevo concepto o reglamento sobre la propiedad. Por lo tanto los Estados miembros tienen derecho a nacionalizar o privatizar. Sin embargo, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la aplicación de una decisión de privatización (por ejemplo) tiene que seguir los principios del Derecho comunitario, en especial la libertad de movimientos de capital.

2. Según el apartado 1 del artículo 228 del Tratado CE, Si el Tribunal de Justicia declarare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia. En el presente caso, Portugal y Francia tienen que modificar, respectivamente, la ley marco sobre privatizaciones (y los decretos ley relacionados) y el decreto que confiere al Estado una acción de oro en Elf-Aquitaine, para atenerse al requisito comunitario en el campo de movimiento de capitales. Para verificar la corrección de las enmiendas previstas, la Comisión pedirá a ambos Estados miembros una descripción de las medidas que adopten con este fin, así como un calendario para la adopción.

3. Según lo dictaminado por el Tribunal de Justicia, algunas circunstancias pueden justificar la posesión por los Estados miembros de un grado de influencia en empresas inicialmente públicas y privatizadas posteriormente: cuando trabajan en campos que implican la prestación de servicios en interés público o estratégicos. Sin embargo, la libre circulación de capitales, como principio fundamental del Tratado CE, puede ser restringida solamente por normas nacionales justificadas por las razones mencionadas en el artículo 58 del Tratado CE (por ejemplo, orden público o seguridad pública) o eliminando requisitos de interés general aplicables a todas las personas y empresas que llevan a cabo una actividad en el territorio de los Estados miembros. Además, para justificarse la legislación nacional debe asegurar el objetivo que persigue y no ir más allá de lo necesario para lograrlo, a fin de respetar el principio de proporcionalidad.

En cuanto al mecanismo belga de protección, el Tribunal de Justicia ha dictaminado que el régimen en cuestión es de oposición (no se requiere ninguna aprobación previa). Además, el régimen se limita a ciertas decisiones referentes a activos estratégicos de las empresas (incluyendo las redes de suministro energético) y a decisiones específicas de gestión relativas a los activos que puedan ser puestas en cuestión en otros casos. Finalmente, el ministerio puede intervenir de conformidad con el real decreto que confiere una acción de oro al Estado solamente cuando hay amenaza de que los objetivos

de la política energética pueden resultar comprometidos. Por lo tanto el sistema permite que el Estado miembro concernido intervenga con objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público obligatorias de Distrigaz pero respetando al mismo tiempo los requisitos de seguridad jurídica. En cuanto a la participación de las autoridades holandesas en TPG y KPN, la Comisión decidió enviar una carta de requerimiento a las autoridades holandesas, y recibió una respuesta en que las autoridades holandesas. Los derechos especiales ligados a la existencia de acciones de oro en ambas empresas están siendo analizados por la Comisión, en especial habida cuenta de la Decisión del Tribunal de Justicia del 4 de junio de 2002.

4. Según lo mencionado en la respuesta a la pregunta 3, los Estados miembros pueden retener cierto grado de influencia en empresas privatizadas de sectores que implican la prestación de servicios en interés público o servicios estratégicos. Sin embargo hay que justificar las restricciones a la libre circulación del capital por las razones mencionadas en el artículo 58 del Tratado CE o eliminando requisitos de interés general. Además, para justificarse la legislación nacional debe ser conveniente para asegurar el objetivo perseguido y no ir más allá de lo necesario para lograrlo, a fin de respetar el principio de proporcionalidad.

Por otra parte, puede recordarse que el marco comunitario existente que rige varias áreas mencionadas en la cuestión contiene disposiciones de salvaguardia del interés público o establece políticas diseñadas para garantizarlo respetando las normas del mercado interior.

5. Los medios y circunstancias de las restricciones a los movimientos de capital para proteger el interés general de conformidad con los requisitos comunitarios ya han sido explicados en 3 y 4.

6. Respuesta afirmativa.