PREGUNTA ESCRITA E-0467/00

de Luis Berenguer Fuster (PSE) a la Comisión

(24 de febrero de 2000)

Asunto: Defectuosa transposición a Derecho español de normas comunitarias en materia de seguridad y salud en el trabajo

En el marco de las normas comunitarias que tienen por objeto garantizar unos niveles mínimos de protección de la seguridad de los trabajadores, el Reino de España ha aprobado diversas normas de transposición al Derecho interno, la Directiva marco 89/391/CEE(1), y dos de las Directivas específicas de desarrollo, la Directiva 92/104/CEE(2), relativa a las disposiciones mínimas destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad y salud de los trabajadores de las industrias extractivas subterráneas o a cielo abierto, y la Directiva 92/57/CEE(3), relativa a las disposiciones mínimas destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad y salud de los trabajadores en las obras de construcción civil.

En el caso de ciertas construcciones de carácter civil, como es el caso de los túneles, la normativa española no se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 92/57/CEE, ya que estas obras se someten en España también a la inspección de medidas de seguridad establecidas para las minas y otras industrias extractivas, de acuerdo con el Real Decreto 1389/97. La Ley 42/97 de 14 de noviembre mantiene la no competencia de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, en materia de seguridad y salud, sobre las actividades subterráneas, con independencia del carácter de la actividad, no minera o extractiva.

Esta irregular extensión de las medidas y controles del sector minero a la construcción de túneles subterráneos de obra civil, que ha sido denunciada ante la Comisión por organizaciones sindicales y profesionales, en lugar de mejorar los niveles de seguridad requeridos por las normas comunitarias, es susceptible de crear situaciones de riesgo para los trabajadores. Estos

riesgos se producen como consecuencia de la aplicación de normas de seguridad y técnicas de excavación no previstas para obras de construcción y de la posible coincidencia de normas e instrucciones contradictorias. De esta forma, la normativa vigente no permite alcanzar en España los niveles de seguridad contemplados y exigidos en la Directiva 92/57/CEE.

1. ¿Ha examinado la Comisión la defectuosa transposición al Derecho español de la Directiva 92/57/CEE, que supone la existencia de un vacío de control en materia de seguridad y salud en las actividades subterráneas no extractivas en demérito de la aplicación de la citada Directiva?

2. ¿Qué medidas pretende adoptar la Comisión para garantizar una correcta transposición en España de la Directiva 92/57/CEE en lo que se refiere a las construcciones subterráneas de carácter civil?

(1) DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.

(2) DO L 404 de 31.12.1992, p. 10.

(3) DO L 245 de 26.8.1992, p. 6.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(3 de abril de 2000)

La Comisión ha analizado las medidas españolas de transposición de la Directiva 92/57/CEE y considera que ésta ha sido correctamente incorporada al Derecho español.

Esta conclusión no se ve afectada por el hecho de que el Real Decreto 1389/1997, por el que se incorpora la Directiva 92/104/CEE relativa a las industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas, someta las actividades de construcción de túneles, de todo tipo, a las disposiciones mínimas aplicables a las minas. En efecto, el Real Decreto 1389/1997 establece que esto se hará sin perjuicio de las normas aplicables al sector de la construcción, a saber, las disposiciones de transposición de la Directiva 92/57/CEE.

En la medida en que la Directiva 92/57/CEE fue adoptada con arreglo al artículo 137 del Tratado CE (antiguo artículo 118A), ésta establece las disposiciones mínimas en el ámbito de la protección de la seguridad y la salud que deberán aplicarse en las obras temporales o móviles. La expresión disposiciones mínimas implica que se autoriza a los Estados miembros a mantener o establecer medidas más rigurosas que las que son objeto de la intervención comunitaria, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 del artículo 137 del Tratado CE.

El examen de la normativa española ha mostrado que la aplicación de las disposiciones mínimas establecidas para el sector de la minería a determinadas actividades de la construcción, tales como la construcción de túneles, incrementa el nivel de protección de los trabajadores establecido por la Directiva 92/57/CEE.

Los Estados miembros son los responsables de garantizar que se ejerzan un control y una vigilancia adecuados de las disposiciones nacionales de transposición de las directivas. Asimismo, la designación de las autoridades competentes a este respecto es competencia exclusiva de los Estados miembros.