PREGUNTA ESCRITA E-3665/00

de Luciana Sbarbati (ELDR) a la Comisión

(27 de noviembre de 2000)

Asunto: Protección de los puestos de trabajo en empresas beneficiarias de subvenciones estatales y comunitarias

Según el artículo 136 del Tratado CE, los Estados miembros tendrán como objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, una protección social adecuada y el diálogo social para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones. Objetivos, éstos, incluidos también en la Carta comunitaria de los derechos fundamentales de los trabajadores de 1989.

Dicho lo anterior, en Europa, y no obstante haber aprobado el PE el año pasado resoluciones en favor de los trabajadores, cada vez es más frecuente el recurso al despido colectivo y al expediente de regulación de empleo por parte de empresas que no tienen dificultades económicas y que, en algunos casos, reparten entre sus accionistas beneficios duplicados (basta recordar los casos más recientes de Renault Vilvorde, Michelin, Goodyear, Carrier, Miliani y Telecom). Las decisiones estratégicas de mercado (traslado de empresas, planes de reestructuración, privatizaciones, etc.) demuestran ser socialmente irresponsables y perjudican sobre todo a las categorías más débiles, los trabajadores de más años y las mujeres.

Semejante lógica no debería permitirse en las empresas que han recibido ayudas del Estado (desgravaciones fiscales, préstamos a bajo tipo de interés, incentivos al empleo) y que se han beneficiado de los fondos europeos.

Habida cuenta de la Directiva 75/129/CE(1) (modificada por la Directiva 92/56/CE(2)), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos y la Directiva 94/45/CE(3), sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de informe y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, así como la propuesta de la Comisión sobre un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores, ¿qué iniciativas piensa tomar la Comisión para hacer que las empresas estén obligadas a comportarse de una manera que favorezca el empleo?

(1) DO L 48 de 22.2.1975, p. 29.

(2) DO L 245 de 26.8.1992, p. 3.

(3) DO L 254 de 30.9.1994, p. 64.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(21 de febrero de 2001)

La Comisión, de conformidad con las competencias que le confiere el Tratado CE, vela por la aplicación adecuada del Derecho comunitario, especialmente de las directivas mencionadas por Su Señoría y de las normas en materia de ayudas estatales.

No obstante, es preciso subrayar que, por lo que se refiere a las directivas en materia de información y consulta de los trabajadores, las autoridades nacionales son los principales responsables de garantizar el cumplimiento de las disposiciones nacionales que las incorporan en sus legislaciones.

La Comisión considera que la rápida adopción de su propuesta de Directiva por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea(1) facilitará la aplicación concertada entre los interlocutores sociales de las operaciones de reestructuración de las empresas, así como, en general, el proceso de cambio y de adaptación de la industria europea a las cambiantes condiciones del mercado.

En cuanto al control de las ayudas, solamente es posible imponer condiciones de creación o mantenimiento de empleo en algunas categorías de ayudas (en concreto, las ayudas al empleo y las ayudas regionales). Por el contrario, otras ayudas, en especial las ayudas para salvar y reestructurar empresas, pueden incluir la condición de una reducción del empleo a fin de garantizar la viabilidad de la empresa y, con ello, la continuidad del resto de los puestos de trabajo. Estas ayudas pueden estar acompañadas de ayudas para medidas de formación, de orientación y de asistencia práctica a la búsqueda de otro empleo, de ayudas para la reinstalación y de formación profesional, así como de asistencia a los trabajadores que deseen emprender nuevas actividades. La Comisión siempre emite un dictamen favorable sobre este tipo de medidas.

(1) DO C 2 de 5.1.1999.