PREGUNTA ESCRITA P-2689/99

de Ingo Friedrich (PPE-DE) a la Comisión

(11 de enero de 2000)

Asunto: Creación de un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (COM(98) 76 Artículo 2, punto 27 Contaminante: las sustancias y grupos de sustancias enumerados en el Anexo

1. ¿Es cierto que la utilización de bentonita o de sustancias naturales similares en el marco de los trabajos públicos en los que se utiliza la mejor tecnología disponible (BAT) no tiene ningún efecto duradero para las aguas subterráneas?

2. ¿Es cierto que, en el término Materias en suspensión, de conformidad con el punto 10 del Anexo VIII, es necesario diferenciar entre materias en suspensión que pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente y otras que, por ejemplo, se basan en minerales de arcilla naturales (como por ejemplo, la bentonita) y que, por lo tanto, son inofensivas para el medio ambiente?

3. ¿Iría en contra de la Directiva marco relativa a la protección de las aguas si, por razones de claridad jurídica, el término Materias en suspensión del punto 10 del Anexo VIII se precisara con la frase Suspensiones que contienen materias nocivas para el medio ambiente o debería efectuarse esta precisión en los derechos de aguas de los respectivos Estados miembros?

4. En el caso de que, en el marco de otras deliberaciones al respecto, no se realizara la precisión mencionada anteriormente del término Materias en suspensión previsto en el punto 10 del Anexo VIII de la propuesta de una directiva marco para la protección de las aguas, ¿sería tarea de los Estados miembros sustituir, en sus respectivos derechos nacionales, para la utilización de bentonita o de materias en suspensión similares una autorización previa por normas vinculantes generales de conformidad con el apartado 3 del artículo 13 de la Directiva marco relativa a la protección de las aguas?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(4 de febrero de 2000)

Las obras públicas afectan a las aguas subterráneas de muchas maneras, si bien los efectos son normalmente temporales. En relación con este problema se han llevado a cabo extensas consultas, de las cuales se deduce que, en muchos casos, debería existir la posibilidad de establecer exenciones a la prohibición general de llevar a cabo vertidos a las aguas subterráneas. Por ello, tanto la propuesta modificada de la Comisión, de 17 de junio de 1999, para la aprobación de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas(1) como la posición común del Consejo, de 20 de octubre de 1999, sobre una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (9085/3/99)(2) permiten a los Estados miembros autorizar exenciones en estos casos. En vista de las diferencias en cuanto a la geología, la hidrología y los recursos acuáticos de los países comunitarios y sus regiones conviene dejar esta cuestión a la discreción de los Estados miembros, fijando los criterios al respecto en la legislación comunitaria.

La Comisión no puede compartir la postura de que las materias en suspensión basadas en minerales de arcilla naturales sean, en sí, inocuas para el medio ambiente. Las materias inertes en suspensión, tanto de origen químico como biológico, pueden producir un deterioro real de la calidad ecológica de las aguas, por ejemplo, al cubrir las biocenosis de la microfauna y la microflora en las aguas superficiales y también al afectar a las zonas de desove de los peces.

En caso de que el Parlamento y el Consejo aprueben la propuesta de Directiva con arreglo a lo indicado anteriormente, será competencia de los Estados miembros decidir si aplican exenciones y en qué medida. En su dictamen (en primera lectura) de 11 de febrero de 1999 sobre una Directiva por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas(3), el Parlamento daba especial importancia a los criterios para la concesión de exenciones. La facultad que tienen los Estados miembros de conceder exenciones de la prohibición general de efectuar vertidos directos a las aguas subterráneas, en este y otros casos determinados, queda recogida en la letra g) del apartado 3 del artículo 11 de la posición común del Consejo.

(1) DO C 342 E de 30.11.1999.

(2) No publicada todavía en el Diario Oficial.

(3) DO C 150 de 28.5.1999.