PREGUNTA ESCRITA E-2270/01

de Pierre Jonckheer (Verts/ALE) a la Comisión

(31 de julio de 2001)

Asunto: Minería de carbón a cielo abierto en el Norte de Palencia (Comarca del Alto Carrión, España)

En la Comarca del Alto Carrión (Guardo en Palencia), la sociedad Unión Minera del Norte S.A. (Uminsa), propiedad del empresario leonés Victorino Alonso, ha solicitado durante los años 2000 y 2001 un total de 600 hectáreas para desarrollar cielos abiertos en los próximos 3 años, distribuidas en 6 proyectos de explotación, bajo pretexto de que la minería de interior no es rentable. Esta comarca constituye la mayor parte del 16 % de la superficie arbolada de la desértica provincia de Palencia. Es hábitat natural del oso pardo, urogallo, acebo y otras especies protegidas por las Directivas 79/409/CEE(1) y 92/43/CEE(2), y zona contigua al Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, inscrito en la Red Natura 2000 con el Número de LIC 414 011. Estos proyectos han sido sometidos a evaluación de impacto ambiental, pero en su tramitación administrativa se han advertido notables irregularidades y una deliberada e interesada falta de rigor técnico y científico con el fin de minimizar los nefastos efectos sobre flora, fauna, suelos, atmósfera, hidrología, paisaje, empleo y población humana(3).

La restauración de hábitat y biodiversidad ya es imposible en las zonas afectadas: este nivel de degradación ha sido posible gracias a la evidente connivencia con la Administración Autonómica de Castilla y León, y con otras entidades locales implicadas(4). Por otro lado, dichas administraciones han negado a la Plataforma Comarcal Antidesmontes de Guardo (Palencia) el acceso a la información ambiental, infringiendo la Directiva 90/313/CEE(5).

¿Cómo justifica la Comisión la destrucción de la biodiversidad y el futuro de esta comarca cuando el sector minero está predestinado a desaparecer a corto plazo? ¿No piensa la Comisión que España está infringiendo la normativa y política europea de preservación de medio ambiente y, en especial, de sus bosques, vulnerando las Directivas 79/403/CEE, 92/43/CEE, 90/313/CEE, 91/156/CEE(6) sobre los residuos y 97/11/CE(7) sobre la evaluación del impacto medioambiental? ¿Qué piensa hacer la Comisión para impedir este desastre ecológico?

(1) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(2) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

(3) Es importante además destacar que, la calidad del carbón de los cielos abiertos es tan baja que causa el 35 % más de cenizas con el consiguiente aumento de la contaminación ambiental.

(4) Estas entidades, sabedoras de las desastrosas consecuencias ambientales, justifican la concesión de los cielos abiertos con el mantenimiento del empleo, cuando en realidad las plantillas se han reducido en 2/3, y se conceden ayudas públicas multimillonarias a la empresa por reducción del 15 % de la producción. La connivencia se pone también de manifiesto en la concesión del 80 % del total de los fondos públicos para la restauración de escombreras en Castilla y León, a esta misma empresa.

(5) DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.

(6) DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.

(7) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(17 de octubre de 2001)

La Comisión no está al corriente de los hechos a que hace referencia Su Señoría.

No obstante, la Comisión comprobó que la zona en cuestión corresponde a la zona de protección especial / lugar de importancia comunitaria (SEC/LIC) ES4140011 Fuentes Carrionas Montaña Palentina, clasificada por las autoridades españolas como Zona de Protección Especial para las aves con arreglo al artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres(1). Esta zona fue identificada igualmente por las autoridades españolas en su lista nacional de lugares de importancia comunitaria que pueden pasar a formar parte en un futuro de la red Natura 2000 con arreglo a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y la fauna silvestres(2).

La Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente(3), prevé en su artículo 3 que las autoridades públicas deberán poner la información relativa al medio ambiente a disposición de cualquier persona física o jurídica que lo solicite sin que dicha persona esté obligada a probar un interés determinado. El apartado 4 de dicho artículo precisa que la autoridad pública responderá al interesado a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, antes de dos meses. La denegación de la comunicación de la información solicitada deberá estar motivada y basarse en alguna de las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 3.

Los hechos referidos por Su Señoría no bastan para que la Comisión decida si las autoridades españolas han aplicado de forma incorrecta las disposiciones de la Directiva 90/313/CEE anteriormente citadas. En caso de que la autoridad competente ante la que se ha denunciado la violación de las disposiciones de la Directiva denegara el acceso, correspondería al demandante presentar el recurso previsto en el artículo 4 de la Directiva y en la legislación española de transposición.

En cualquier caso, la Comisión se ha dirigido a las autoridades españolas para solicitar de ellas sus observaciones sobre los hechos denunciados por Su Señoría, con el fin de garantizar el respeto del Derecho comunitario aplicable en este caso.

(1) DO L 103 de 25.4.1979.

(2) DO L 206 de 22.7.1992.

(3) DO L 158 de 23.6.1990.