PREGUNTA ESCRITA E-2244/98

de Allan Macartney (ARE) a la Comisión

(16 de julio de 1998)

Asunto: Importación y matriculación de coches entre Estados miembros

¿Es consciente la Comisión de los problemas que experimentan los vendedores de coches independientes para obtener el certificado de homologación de los fabricantes de vehículos, que necesitan para poder matricular en su Estado miembro los coches que han importado de otros Estados miembros?

¿Qué medidas está tomando la Comisión para garantizar que los fabricantes de coches de los Estados miembros cumplan su obligación de proporcionar los certificados de homologación a los vendedores de coches?

¿Qué comisión considera que podrían cobrar los fabricantes a los vendedores por la expedición de los certificados?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(21 de septiembre de 1998)

El apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 92/53/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de vehículos de motor y de sus remolques(1), establece que "1. Los Estados miembros sólo matricularán y autorizarán la venta o puesta en circulación de los nuevos vehículos, teniendo en cuenta su fabricación y funcionamiento, cuando vayan acompañados de un certificado de conformidad válido."

Los Estados miembros han de hacer cumplir la obligación que incumbe a los fabricantes de expedir el certificado de conformidad CE para todos los vehículos no matriculados que lo necesiten. Todo vehículo acompañado de un certificado de homologación CE (desde el 1 de enero de 1998, la mayoría de los turismos nuevos de la categoría M1) puede ser directamente matriculado en otro Estado miembro sin que tenga que realizarse ningún otro trámite administrativo respecto de su homologación. Sólo los vehículos que carezcan de un certificado de homologación CE pueden ser sometidos a un procedimiento de homologación única para volver a ser matriculados en otro Estado miembro. Algunos Estados miembros delegan en los fabricantes o en sus representantes la tarea de expedir los documentos necesarios para la homologación nacional de un vehículo que haya sido objeto de una homologación de tipo nacional o única en otro Estado miembro.

Respecto de los casos en que esta delegación por parte de un Estado miembro reviste la forma de monopolio legal, el Tribunal de Justicia estableció, en la sentencia dictada el 13 de noviembre de 1975 en el asunto 26-75, General Motors Continental NV/Comisión de las Comunidades Europeas(2), lo siguiente:

"Cuando se combina con la libertad del fabricante o su representante, designados por la autoridad pública, de fijar el precio de sus servicios, la delegación por un Estado miembro en estas personas, en régimen de monopolio legal, de la obligación de Derecho público de realizar el control técnico de los vehículos antes de su puesta en circulación lleva a la creación de una posición dominante.

El abuso de tal posición puede consistir, entre otras cosas, en la imposición de un precio exagerado en relación con el valor económico del servicio prestado, lo que se traduce en un freno para las importaciones paralelas al neutralizarse el nivel posiblemente más favorable de los precios aplicados en otras zonas de venta de la Comunidad o al dar lugar a condiciones de transacción no equitativas según lo dispuesto en la letra a) del segundo párrafo del artículo 86."

Por otra parte, en su sentencia en el asunto Gofette y Gilliard, el Tribunal estableció, por lo que se refiere a los vehículos no acompañados de un certificado de homologación CE, lo siguiente:

"Los artículos 30 y 36 del Tratado CEE deben interpretarse en el sentido de que, en la fase actual de la evolución del Derecho comunitario, el establecimiento en un Estado miembro de un sistema de homologación para los vehículos importados de otro Estado miembro en el que ya hayan sido homologados o autorizados, es conforme al Tratado únicamente si:

- el procedimiento de control no implica gastos o retrasos que no sean razonables y las autoridades públicas garantizan el pleno cumplimiento de dichos requisitos cuando el fabricante o sus representantes se encarguen de efectuar los controles necesarios,

- y se permite que el importador sustituya las inspecciones de control por la presentación de documentos expedidos en el Estado miembro de exportación siempre que dichos documentos contengan los datos necesarios según controles ya efectuados."

En su Comunicación interpretativa relativa a los procedimientos de homologación y matriculación de vehículos anteriormente matriculados en otro Estado miembro(3), la Comisión formuló su postura respecto de esta sentencia declarando lo que sigue:

"Cuando los Estados miembros deleguen determinadas funciones de Derecho público en los fabricantes o sus representantes, como por ejemplo la expedición de los documentos necesarios para la homologación y la matriculación de un vehículo procedente de otro Estado, deberán garantizar que estas personas ejercen las funciones mencionadas conforme a las exigencias de la libre circulación de mercancías dentro de la Unión. En particular, los fabricantes o sus representantes deberán expedir los documentos que se les soliciten:

- sin la presentación del vehículo, puesto que su intervención se refiere a las características técnicas del vehículo en el momento de su primera puesta en circulación y no al estado físico del vehículo en el momento de la importación;

- sin exigir que les comuniquen los documentos comerciales del vehículo (factura de compra, pago de determinados impuestos, etc.), salvo si éstos son imprescindibles para determinar el tipo exacto del vehículo (cuando los documentos expedidos en el Estado miembro de origen no lo permitan);

- a un coste y en unos plazos razonables (con carácter indicativo, se consideraría razonable un coste alrededor de los 100 ecus y un plazo que no supere las tres semanas)."

Si la Comisión recibe una denuncia detallada de algún ciudadano o agente económico relativa a un caso de inobservancia del Derecho comunitario por parte de otro agente económico, procederá al examen de la denuncia y dará una respuesta adecuada.

(1) DO L 225 de 10.8.1992.

(2) Recopilación 1975, pp. 1.367-1.381.

(3) DO C 143 de 15.5.1996.