PREGUNTA ESCRITA E-3819/00

de Robert Goebbels (PSE) a la Comisión

(7 de diciembre de 2000)

Asunto: Disposiciones fiscales francesas restrictivas de la libertad de prestación de servicios de las compañías de seguros comunitarias

El legislador francés ha adoptado tipos de impuestos que se pueden considerar discriminatorios en los casos de rescate de seguros de vida por parte de residentes franceses que desean beneficiarse de la libertad de prestación de servicios de las compañías de seguros comunitarias.

Las disposiciones de los artículos 125-0 A modificado (artículo 21 de la ley de finanzas de 1998) y 125 A del Código General de Impuestos francés excluyen a los tomadores de contratos suscritos en libertad de prestación de servicios del beneficio de los tipos del impuesto liberatorio. El tipo del impuesto liberatorio es del 35 % si la duración del contrato es inferior a 4 años, del 15 % si la duración del contrato es de entre 4 y 8 años y del 7,5 % si la duración del contrato es igual o superior a 8 años, siempre que los contratos se hayan suscrito a partir del 26 de septiembre de 1997 o se hayan pagado las primas con posterioridad a dicha fecha.

Los residentes franceses que han suscrito sus contratos de seguro de vida en libertad de prestación de servicios no pueden beneficiarse de esos tipos. El beneficio que realizan al rescatar su contrato sufre una imposición según el baremo progresivo del impuesto sobre la renta, cuyo tramo más elevado corresponde a un tipo del 54 %. Así, un contribuyente sujeto al tipo máximo del impuesto sobre la renta y que rescate su contrato de seguro de vida después de 8 años pagará un impuesto del 7,5 % si suscribió su contrato con una compañía de seguros establecida en Francia, optando por el impuesto liberatorio, pero del 54 % si suscribió el contrato en libertad de prestación de servicios.

Semejante discriminación flagrante, destacada por numerosos diarios y revistas financieras, obstaculiza seriamente la actividad de las compañías de seguros extranjeras que operan en libertad de prestación de servicios en el mercado francés y ha dado lugar a la presentación de reclamaciones ante la Comisión. Respondiendo a tales reclamaciones, los servicios de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera han expresado su intención de proponer a la Comisión, en relación con dichos tipos de imposición discriminatorios, la incoación contra Francia del procedimiento previsto en el artículo 226 del Tratado CE. Ahora bien, ha pasado ya más de un año desde las primeras reclamaciones y la Comisión aún no ha reaccionado.

¿Puede precisar la Comisión cómo piensa proceder en este asunto?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(12 de febrero de 2001)

Se ha comprobado que la legislación francesa excluye las rentas contempladas en el artículo 125 A y 125-0 A del Código General de Impuestos francés (GGI), que están sujetas al impuesto sobre la renta, de los tipos del impuesto liberatorio cuando el deudor no está domiciliado o establecido en Francia. Los ingresos procedentes de tales inversiones o de los contratos suscritos con organismos o personas establecidas fuera de Francia están sujetos a la globalización de los importes imponibles y, por lo tanto, a un tipo de imposición por lo general más elevado o que puede ser más elevado. Esta legislación parece pues llevar a una discriminación de los servicios de las empresas financieras o de seguros establecidas fuera de Francia.

El 30 de octubre de 2000, la Comisión envió una carta a las autoridades francesas, solicitando que presentasen sus observaciones sobre este punto en el plazo de dos meses a partir de la recepción de dicha carta. Una vez recibidas tales observaciones, la Comisión podría emitir, en su caso, el dictamen motivado contemplado en el artículo 226 (ex artículo 169) del Tratado CE.

Conviene destacar que las denuncias correspondientes contenían varios elementos, que en primer lugar dieron lugar a reuniones con los demandantes y que requirieron la solicitud de informaciones suplementarias a las autoridades francesas. Se ha informado a los demandantes sobre la postura adoptada por la Comisión.