PREGUNTA ESCRITA E-2382/02

de Geoffrey Van Orden (PPE-DE) a la Comisión

(2 de agosto de 2002)

Asunto: Tratamiento de los solicitantes de asilo en la UE

1. ¿Cómo cuenta cada Estado miembro el número de migrantes (refugiados, solicitantes de asilo etc.) que solicitan la entrada en su territorio? (es decir, ¿incluyen en sus cálculos únicamente a los cabezas de familia o bien a todos los miembros de la misma?)

2. ¿A qué beneficios tienen derecho estos migrantes en cada uno de los Estados miembros de la UE?

3. ¿A partir de cuándo tienen derecho de voto los migrantes en cada uno de los Estados miembros de la UE?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(14 de octubre de 2002)

Los Estados miembros cuentan de maneras distintas el número de nacionales de países terceros que solicitan la entrada en su territorio, distinguiendo en particular si son refugiados, solicitantes de asilo, trabajadores migrantes o personas que buscan protección temporal.

A efectos de la elaboración de estadísticas comunitarias, se han acordado definiciones relativas al cómputo de las solicitudes de asilo y las decisiones positivas resultantes de estas solicitudes, incluida la concesión del estatuto de refugiado, el estatuto humanitario y otros tipos de protección subsidiaria equivalentes al asilo (por ejemplo, protección concedida en virtud del artículo 3 del Convenio Europeo sobre

Derechos Humanos). No obstante, el conjunto de definiciones utilizadas permite a los Estados miembros presentar datos a Eurostat referentes a personas individuales (una solicitud = una persona) o a casos (una solicitud = una o más personas, por ejemplo, una familia). Así pues, Alemania y el Reino Unido comunican casos, y los otros Estados miembros suelen comunicar personas individuales. Tampoco existe un enfoque armonizado para el cómputo de las retiradas y los abandonos de solicitudes de asilo. Asimismo, los solicitantes pueden ser computados dos veces en las cifras totales por solicitudes repetidas que no están separadas de las primeras solicitudes y cuando se trate de personas (re) transferidas a otro Estado miembro en virtud del Convenio de Dublín.

Sin embargo, hasta ahora no existe una definición acordada de los trabajadores migrantes que se utilice para la elaboración de estadísticas comunitarias. Se pide a las autoridades nacionales responsables de las estadísticas que suministren los datos ateniéndose a las recomendaciones de las Naciones Unidas de 1997 para las estadísticas de la migración internacional (revisión 1). Estas recomendaciones definen a un emigrante a largo plazo como cualquier persona que cambie su país de residencia habitual durante 12 meses o más, de modo que su país de destino sea, en efecto, su nuevo país de residencia. Sin embargo, muchos Estados miembros son incapaces de cumplir estas recomendaciones y presentan datos basados en definiciones y fuentes de datos nacionales. Algunos Estados miembros basan las estadísticas de migración en la información administrativa, como las solicitudes de permisos de residencia (por ejemplo Francia). Otros (por ejemplo, el Reino Unido) no cuentan directamente a los migrantes, sino que calculan su número utilizando datos de encuestas. Estas variaciones en las definiciones y fuentes de datos traen consigo problemas al comparar los cómputos sobre migración de los diferentes países. Para todos los Estados miembros, las estadísticas de migración se refieren generalmente a los migrantes individuales, esto es, un trabajador migrante y su familia se contarían por separado. Algunos sistemas estadísticos nacionales son capaces de presentar un desglose de los migrantes según la razón o la categoría de la migración trabajo, acompañamiento/reunificación familiar, etc., pero tal desglose aún no se ha recogido para las estadísticas comunitarias.

La Comisión está examinando vías para mejorar el intercambio de estadísticas y de información política relativa al asilo y la inmigración a la Unión y presentará un plan de acción. Esto cubrirá diversas medidas tales como nuevos métodos estadísticos y la ampliación de las recopilaciones de datos existentes a fin de incluir datos sobre las razones para la migración y la categoría de los permisos solicitados o concedidos.

Los beneficios sociales a que tienen derecho los ciudadanos de países terceros, así como el derecho de voto, difieren según la legislación nacional de cada Estado miembro y el estatuto de la persona en cuestión (por ejemplo, residente legal (incluidos los refugiados), solicitante de asilo registrado, persona a la que se ha concedido protección temporal o persona que necesita otro tipo de protección internacional). Conforme a las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, la Comisión ha propuesto un marco jurídico común para la admisión de nacionales de países terceros para el empleo, el estudio y otros fines no específicamente cubiertos por la legislación comunitaria, para la recepción de los solicitantes de asilo, para el estatuto de refugiados y para personas que necesiten otro tipo de protección internacional, así como disposiciones para casos de afluencia masiva de personas necesitadas de protección temporal (véase abajo la lista de propuestas pertinentes). Esta legislación prevé la armonización de los beneficios que deberán otorgarse a cada categoría. La Directiva sobre protección temporal deberá entrar en vigor en 2003, mientras que otras propuestas siguen debatiéndose en el Consejo.

La Comisión también ha presentado propuestas para la armonización de la legislación nacional, incluido el acceso a ciertos beneficios sociales, por lo que respecta a los nacionales de países terceros residentes a largo plazo y referente a los admitidos en virtud de disposiciones de reunificación familiar. Estas propuestas también siguen debatiéndose en el Consejo.

Por lo que respecta al derecho de sufragio pasivo de los nacionales de países terceros, cabe señalar que la Comisión no tiene competencia para legislar en este ámbito, que es cuestión de cada Estado miembro. Las propuestas de la Comisión (se ha enviado una lista directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento), por tanto, no contienen ninguna disposición a este respecto.