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PREGUNTA ESCRITA E-3266/02

de Renzo Imbeni (PSE)y Guido Podestà (PPE-DE) a la Comisión

(19 de noviembre de 2002)

Asunto: Sede de la Autoridad Alimentaria Europea (AAE)

Ahora que ha finalizado el nombramiento de los altos dirigentes responsables de la política europea en materia de seguridad alimentaria tanto en el seno de la Comisión Europea como de la Autoridad Alimentaria Europea, ¿está dispuesta la Comisión a intervenir para que se adopte, en breve plazo, la decisión relativa a la elección de la sede definitiva de la AAE, de forma que esta última pueda desempeñar su labor en las mejores condiciones?

¿De qué forma considera oportuno intervenir la Comisión ante el Consejo y ante los Jefes de Estado y de Gobierno para garantizar que se respeten, a la hora de adoptar esta decisión, los criterios funcionales establecidos tanto por la propia Comisión como por el Parlamento Europeo?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(23 de diciembre de 2002)

La Comisión lamenta que el Consejo no haya llegado a una conclusión con respecto a la sede de la Autoridad. También lamenta que la ausencia de una decisión al respecto haya conducido al Parlamento a dejar en reserva una parte importante del presupuesto asignado a la Autoridad hasta que se resuelva la cuestión de la sede. Estos elementos negativos inhiben claramente el rápido establecimiento de la Autoridad, un objetivo compartido por las tres instituciones. La incertidumbre relativa a la sede tiene un efecto negativo sobre la capacidad de contratar y conservar al personal altamente cualificado y experimentado del que dependerá, en definitiva, el buen funcionamiento de la Autoridad. Asimismo, ocasiona problemas de tipo práctico derivados de la necesidad de crear una sede provisional.

Siguiendo los deseos del Consejo, la Comisión ha adoptado las medidas necesarias para que la Autoridad comience a funcionar en Bruselas. Para ello ha emprendido los trabajos preparatorios necesarios para dotar a la Autoridad de una infraestructura administrativa y técnica básica.

La decisión relativa a la sede dependerá en última instancia del Consejo. La Comisión ha expresado en repetidas ocasiones su convicción de que la cuestión de la sede de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria debería enfocarse desde sus necesidades operativas. En este sentido, la Comisión considera que su ubicación debería ser central, de tal manera que se facilite el intercambio entre los encargados de la evaluación del riesgo, los gestores del riesgo y otras partes interesadas de la Comunidad. También es importante que los numerosos científicos voluntarios de toda la Unión, que asistirán con regularidad a las reuniones destinadas a establecer la asesoría científica de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, puedan acceder fácil y rápidamente a la sede de la Autoridad.
PREGUNTA ESCRITA E-2916/02

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(16 de octubre de 2002)

Asunto: Palau

En relación con Palau, ¿puede la Comisión establecer una relación de proyectos aprobados para ser financiados con cargo al presupuesto de la Unión Europea en el año 2001 y definir cuál es la cuantía total para la inversión de este año?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2909/02, E-2910/02, E-2911/02, E-2912/02,E-2913/02, E-2914/02, E-2915/02, E-2916/02, E-2917/02, E-2918/02,E-2919/02, E-2920/02, E-2921/02 y E-2922/02dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(4 de diciembre de 2002)

La Comisión transmitirá directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento un cuadro con la información solicitada, así como el Informe anual 2001 sobre la política de desarrollo de la CE y la ejecución de la ayuda exterior.
PREGUNTA ESCRITA E-2400/02

de Antonio Tajani (PPE-DE) al Consejo

(5 de agosto de 2002)

Asunto: Información falsa y perjudicial sobre el litoral romano divulgada por un sitio Internet turístico alemán

¿Está al corriente el Consejo de que en el sitio Internet de Marco Polo (www.marcopolo.de/index), la mayor guía turística de Alemania, el litoral romano, y en particular la playa de Ostia, se califica, sin fundamento alguno, de receptáculo de inmundicias y terribles enfermedades, con frases infamantes del tipo tifus y cólera en la playa?

¿Cómo piensa intervenir el Consejo para restablecer la verdad y proteger la imagen de Ostia, después de que las autoridades italianas competentes para la salud pública desmintieran categóricamente cualquier alarma y garantizaran la idoneidad de las aguas de baño en todo el litoral?

¿Qué iniciativas piensa tomar el Consejo para proteger contra estos ataques engañosos la gran labor y las ingentes inversiones que la administración pública y las empresas locales están llevando a cabo para valorizar el atractivo turístico del litoral romano a nivel tanto nacional como internacional?

Respuesta

(6 de febrero de 2003)

Como norma general, no corresponde al Consejo opinar sobre declaraciones de los medios de comunicación ni tampoco ha tratado este tema en concreto. Su Señoría debería dirigir su pregunta a las autoridades italianas, las cuales pueden reaccionar por su propia cuenta de forma adecuada.
PREGUNTA ESCRITA E-3313/02

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(22 de noviembre de 2002)

Asunto: La seguridad y el deporte del esquí fuera de pista

¿Tiene la Comisión previsto emprender alguna iniciativa tendente a la adopción de medidas de seguridad para las personas aficionadas a esquiar fuera de las pistas normales?

¿Hay alguna perspectiva para la adopción de medidas de este tipo?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(4 de diciembre de 2002)

La Comisión remite a Su Señoría a la respuesta a la pregunta escrita E-1026/01 del Sr. Maccormick(1). Como se indica en la citada respuesta, la Comisión no tiene previsto adoptar medidas sectoriales específicas sobre la seguridad del esquí fuera de pista.

En su próximo informe al Parlamento y al Consejo sobre la seguridad de los servicios al consumidor, la Comisión evaluará las necesidades y las posibilidades de adoptar medidas comunitarias sobre la seguridad de los servicios. En este contexto, es probable que el turismo y las actividades deportivas y de ocio sean objeto de una atención particular dado el riesgo que pueden entrañar algunas de ellas, como el esquí fuera de pista. No obstante, la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad podría impedir a la Comunidad imponer obligaciones jurídicamente vinculantes a los Estados miembros sobre la organización del esquí fuera de pista.

(1) DO C 147 E de 20.6.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-2810/02

de Stephen Hughes (PSE) a la Comisión

(7 de octubre de 2002)

Asunto: Pesca con red de enmalle en el Mar del Norte

En la actualidad está en vigor la legislación noruega por la que se aplica el Acuerdo UE/Noruega sobre medidas técnicas para 2002 en el Mar del Norte y dicha legislación prevé que los noruegos pueden aplicar su reglamentación sobre la red de enmalle de 148 mm fuera de la zona noruega de 4 millas. A los pescadores del nordeste de Inglaterra les preocupa sobremanera que tal reglamentación deba aplicarse también en la costa, lo que supondría una amenaza para sus existencias.

¿Podría exponer la Comisión la posibilidad de conceder en un futuro inmediato a la pesca artesanal de la UE una exención similar a la que ya disfrutan los pescadores noruegos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(5 de noviembre de 2002)

En la reunión celebrada por la Comisión y Noruega el 21 de junio de 2001, este país manifestó a la Comunidad su intención de poner en vigor una normativa que exige, para los artes de pesca fijos, una dimensión mínima de malla de 148 mm para la pesca del bacalao, el eglefino, el carbonero, la platija, la maruca y la merluza en la Zona Económica Noruega. Del mismo modo, la Comisión notificó a Noruega su intención de aplicar una normativa que exige, para los artes fijos, una dimensión mínima de malla de 140 mm para la pesca de bacalao en las aguas comunitarias del Mar del Norte. Esto no constituye ningún acuerdo con Noruega, sino un simple intercambio de información sobre las posiciones respectivas de ambas partes.

Habida cuenta de que la posición de Noruega se refiere a la Zona Económica Noruega, excluye toda referencia a la zona que ocupa las cuatro millas siguientes a las líneas de base noruegas, pues ésta no se encuentra incluida en dicha zona económica. Noruega ha informado a la Comisión de que no existen normas que determinen las dimensiones de malla de los artes fijos utilizados para la pesca del bacalao, etc. en esa zona. Tal es la decisión de Noruega, y forma parte de su competencia jurídica adoptar semejante posición.

La Comisión es poco propicia a reproducir la situación noruega en el Derecho comunitario, según el cual la dimensión de malla de 140 mm es aplicable hasta la playa en aguas comunitarias, disposición que, como es evidente, también es aplicable a las actividades de pesca noruegas en esas aguas.

No obstante, la Comisión, inquieta ante la posibilidad de que la falta de reglamentación por parte de Noruega pueda desembocar en prácticas pesqueras deletéreas para el bacalao del Mar del Norte, se propone plantear esta cuestión en las consultas que se han de celebrar este año con Noruega acerca de la gestión de las poblaciones de pesca conjuntas.
PREGUNTA ESCRITA E-2371/02

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(2 de agosto de 2002)

Asunto: GATS

Dado que las autoridades regionales y locales son las responsables de regular y prestar muchos de los servicios cubiertos por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, ¿piensa la Comisión aclarar en qué medida se ha consultado a las citadas autoridades a propósito de las actuales negociaciones con la Organización Mundial de Comercio?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2370/02 y E-2371/02dada por el Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(17 de septiembre de 2002)

Para preparar las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), la Comisión ha llevado a cabo amplias consultas en un intento de garantizar un aporte equilibrado a los trabajos preparatorios. Además de las reuniones generales sobre cuestiones de política comercial en sentido amplio en el llamado diálogo con la sociedad civil, la Comisión ha servido de anfitriona a una serie de reuniones específicas de las negociaciones del GATS con la sociedad civil, la última de las cuales tuvo lugar el 2 de julio de 2002. Esta reuniones están abiertas a todos los grupos con un interés en las negociaciones del GATS, incluyendo representantes tanto del gobierno central como de los gobiernos locales de los Estados Miembros. La Comisión pretende mantener este diálogo a medida que avancen las negociaciones del GATS.

Los esfuerzos de la Comisión para llamar a consulta a la sociedad civil tienen por supuesto un complemento en las consultas que se celebran a nivel nacional y que ayudan a dar forma a las posiciones que los Estados Miembros adoptan cuando la Comisión los consulta a través del llamado Comité del artículo 133 (Servicios). Sin embargo, la responsabilidad para consultar con las autoridades regionales o locales incumbe, en opinión de la Comisión, a las autoridades nacionales de cada Estado Miembro con arreglo a las modalidades que mejor se adapten a su ordenamiento jurídico. Por tanto, la pregunta debería más bien dirigirse a las autoridades nacionales de cada Estado Miembro. En consecuencia, la Comisión no ha llevado a cabo una valoración del posible impacto de la capacidad de las autoridades locales o regionales para regular y suministrar servicios, ni le consta que otros haya llevado a cabo una valoración este tipo.
PREGUNTA ESCRITA E-2373/02

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(2 de agosto de 2002)

Asunto: GATS

Las autoridades locales tienen la obligación de garantizar que todos los contratos de servicios por encima de un determinado umbral estén abiertos a la libre competencia en todo el territorio de la UE. ¿Podría la Comisión indicar qué umbral se aplica a los servicios cubiertos por el GATS, caso de existir dicho umbral?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2373/02 y E-2374/02dada por el Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(25 de septiembre de 2002)

El artículo del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) estipula que sus disposiciones sobre las naciones más favorecidas, el acceso comercial y el trato nacional (por ejemplo, GATS, artículos II, XVI y XVII) no serán aplicables a las leyes, reglamentos o prescripciones que rijan la contratación por organismos gubernamentales de servicios destinados a fines oficiales y no a la reventa comercial o a su utilización en el suministro de servicios para la venta comercial.

El articulo XIII-2 concede a los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) un mandato para la preparación de normas multilaterales sobre la contratación pública en materia de servicios en el marco del AGCS. Hasta que no se haya logrado un acuerdo sobre dichas normas multilaterales, el AGCS no impone ninguna obligación/condición sobre los umbrales ni sobre la posibilidad de fomentar consideraciones ambientales y sociales en la concesión de los contratos.

El contexto de las negociaciones del artículo XIII-2 del AGCS, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros han presentado el 15 de julio de 2002 una propuesta (S/WPGR/W/39) sobre un marco general para dichas normas. Este marco y la aplicación de normas de contratación claras (en particular normas sobre transparencia) contribuirán a la buena gobernanza. En dicha propuesta se plantea por ejemplo que los criterios usados por las autoridades públicas en las contrataciones tienen que ser transparentes y se resalta la flexibilidad que ofrecen el AGCS a los miembros de la OMC, que pueden decidir los sectores que desean abrir a la competencia internacional y los que prefieren que sigan sometidos a restricciones de acceso y a tra nulo un en un to nacional. Por supuesto que en la negociación de las futuras normas del AGCS tendremos en cuenta nuestro régimen interno, en particular en lo referente a umbrales particulares y a tener en cuenta condicionantes ambientales y sociales.
PREGUNTA ESCRITA E-2917/02

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(16 de octubre de 2002)

Asunto: Papua Nueva Guinea

En relación con Papua New Guinea, ¿puede la Comisión especificar qué proyectos han sido financiados con cargo al presupuesto de la UE en el año 2000?

¿Puede la Comisión esclarecer cuál es el volumen total de la ayuda a lo largo del año 2000 en todos los conceptos referentes al citado país?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2909/02, E-2910/02, E-2911/02, E-2912/02,E-2913/02, E-2914/02, E-2915/02, E-2916/02, E-2917/02, E-2918/02,E-2919/02, E-2920/02, E-2921/02 y E-2922/02dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(4 de diciembre de 2002)

La Comisión transmitirá directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento un cuadro con la información solicitada, así como el Informe anual 2001 sobre la política de desarrollo de la CE y la ejecución de la ayuda exterior.
PREGUNTA ESCRITA E-1636/02

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(10 de junio de 2002)

Asunto: Democracia en Singapur

¿Tiene conocimiento la Comisión del caso que tiene como protagonista al Dr. Chee Soon Juan, Presidente del Partido Democrático de Singapur y líder de la oposición al partido en el gobierno en dicho país?

¿Puede confirmar la Comisión que el Ministro Lee Kuan Yew y el Primer Ministro Goh Ghok Tong han demandado a Chee Soon Juan, acusándole de haber puesto en entredicho la actuación del gobierno durante las elecciones de noviembre de 2001 en relación con un presunto préstamo secreto por un importe de 10 000 millones de dólares concedido por Singapur al antiguo régimen de Suharto en Indonesia, en 1997?

¿Es cierto que el Tribunal Superior de Justicia denegó la solicitud de Chee Soon Juan de ser defendido ante el tribunal por el abogado australiano William Henric Nicholas contra los cargos de los que se le acusa?

¿Está de acuerdo la Comisión en que, en una sociedad democrática, las acusaciones de carácter político deberían rebatirse mediante un debate democrático y no ante los tribunales?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(2 de julio de 2002)

La Comisión, a través de su Delegación en Yakarta y junto con las misiones diplomáticas de los Estados miembros, sigue de cerca la situación de los derechos humanos en Singapur y está al corriente del caso del Dr. Chee Soon Juan, presidente del Partido Democrático de Singapur.

La Comisión puede confirmar que, según diversas fuentes, el Ministro Lee Kwan Yew y el Primer Ministro Goh Ghok Tong han demandado al Dr. Juan por difamación en relación con un presunto préstamo secreto al régimen de Suharto y que dos peticiones del Dr. Juan para ser defendido por un abogado de otro país han sido rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Singapur. Mientras tanto, parece ser que el Dr. Juan ha presentado a su vez una demanda por difamación contra el Ministro Yew.

La Comisión ha constatado una tendencia de las figuras destacadas en Singapur a ejercer su derecho a discutir las acusaciones políticas en los tribunales, y está de acuerdo en que el debate abierto y el imperio de la ley son dos elementos importantes en una sociedad democrática que goce de buena salud.
PREGUNTA ESCRITA P-2843/02

de Ian Hudghton (Verts/ALE) a la Comisión

(3 de octubre de 2002)

Asunto: Consecuencias de los retrasos en las propuestas relativas a la Política Pesquera Común

Dados los continuos retrasos en la publicación, por parte de la Comisión, de las propuestas relativas a la reforma de la PPC así como la controversia que éstas siguen suscitando, parece posible que también se retrase el calendario general relativo a la realización y a la entrada en vigor de la PPC reformada.

1. ¿Puede indicar la Comisión cuál va a ser el estatuto jurídico de las restricciones de acceso en el caso de que la PPC no entre en vigor como parece que será el caso para enero de 2003, en particular, por lo que respecta a:

a) las zonas costeras de 6 a 12 millas, y

b) el acceso al Mar del Norte?

2. ¿Puede garantizar la Comisión que los retrasos y su propia incapacidad de atenerse al calendario no van a comprometer el objetivo prioritario de la pesca sostenible y, en consecuencia, la propia supervivencia de las comunidades dependientes de la pesca?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(28 de octubre de 2002)

1. Las condiciones relacionadas con la ampliación de las aguas costeras de 6 a 12 millas náuticas expirarán a finales de 2002 en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento no 3760/92 del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura(1).

Las normas sobre el acceso al Mar del Norte no se verán afectadas por las nuevas disposiciones que entrarán en vigor el 1 de enero de 2003. A partir de esa fecha, ya no se aplicarán las restricciones de acceso al Mar del Norte a los buques españoles y portugueses que preveía el Acta de Adehsión de 1985.

2. La Comisión presenta siempre propuestas en las que se reconoce la necesidad de apoyar y fomentar el desarrollo sostenible de las poblaciones de peces y, por lo tanto, de las pesquerías con ellas relacionadas. Así pues, es de esperar que las actuales propuestas se adopten en los plazos previstos o con muy poco retraso.

(1) DO L 389 de 31.12.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-3726/02

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(19 de diciembre de 2002)

Asunto: Programa Comenius

¿Es consciente la Comisión de que las escuelas que desean participar en el programa Comenius tienen grandes dificultades para encontrar socios en otros países de la UE?

¿Proyecta la Comisión adoptar medidas para coordinar más eficazmente el intercambio entre escuelas?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(27 de enero de 2003)

La Comisión no tiene conocimiento de que existan dificultades graves de esa clase derivadas de los sistemas en vigor. Las informaciones recibidas hasta el momento por la Comisión indican que los sistemas funcionan, en general, de manera satisfactoria.

Comenius 1, la acción Comenius relativa a las asociaciones entre centros escolares, ha sido definida como una acción descentralizada en la Decisión no 253/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2000, por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de educación Sócrates(1). La ejecución de las acciones descentralizadas corresponde a los organismos nacionales designados por las autoridades nacionales de los países participantes(2).

Estos organismos nacionales tienen la responsabilidad de informar sobre el programa al público destinatario y de asesorar a los centros sobre cómo encontrar socios en el extranjero. Corresponde a las autoridades nacionales velar por que su organismo nacional ofrezca el apoyo necesario a las partes interesadas de su país.

No obstante, la Comisión está cofinanciando diversos instrumentos dirigidos a ayudar a los centros escolares a encontrar socios en otros países, como la base de datos en Internet PartBase y la herramienta de búsqueda de socios del Espacio Comenius.

(1) DO L 28 de 3.2.2000.

(2) Dirección del organismo nacional del Reino Unido:Central Bureau for International Education and TrainingBritish CouncilUK London SW 1A 2BN.
PREGUNTA ESCRITA E-3637/02

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(17 de diciembre de 2002)

Asunto: Integración económica

Al hilo de la respuesta de la Comisión a la pregunta E-1816/02(1), ¿podría tomar nota la Comisión de que la pregunta se refería al volumen (y no al flujo) de inversión extranjera directa en cada Estado miembro y responder ahora a la pregunta formulada?

¿Puede la Comisión presentar las cifras del año disponible más reciente, de los cinco años anteriores y de los diez años precedentes relativas al volumen de acciones con cotización en bolsa en poder de no residentes en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea en forma de porcentaje de los respectivos PIB, así como desglosar dichas cifras entre acciones en poder de residentes de otro Estado miembro y de un tercer país?

(1) DO C 301 E de 5.12.2002, p. 233.

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(15 de enero de 2003)

En las estadísticas de la posición de inversión internacional, las acciones en poder de no residentes se clasifican como acciones de inversión directa extranjera o IDE (si el no residente posee al menos el 10 % de las participaciones en el capital de la empresa) o como acciones de inversión de cartera si se trata de un caso distinto. Ambos tipos de acciones se refieren a inversiones cotizadas y no cotizadas. Los datos sobre las acciones de la Unión en poder de no residentes solo se encuentran disponibles para la parte de la IDE, sin que se haga una distinción entre las inversiones cotizadas y no cotizadas. Constituyen un subgrupo de las acciones de llegada totales de la IDE, que también incluye acciones de la deuda de la IDE frente a las partes no residentes.

Todos los datos disponibles se muestran en el cuadro que se ha enviado directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento. Tal y como se solicitó, se encuentran desglosados según los propietarios (intracomunitarios/extracomunitarios), y abarcan el período comprendido entre finales de 1994 y finales de 2000. Se ofrece el mismo tipo de datos a nivel nacional para los Estados miembros en casi todos los casos. Las principales excepciones las constituyen Bélgica-Luxemburgo y (en lo relativo a la diferenciación entre datos intracomunitarios y extracomunitarios) también España e Irlanda. En otros Estados miembros, las series cronológicas están incompletas o no figura parte de la distinción acciones/total IDE. Los Estados miembros que no figuran son, no obstante, considerados a la hora de calcular el total de la Unión, bien con arreglo a información no publicable facilitada por el Estado miembro en cuestión, o bien según las estimaciones realizadas por Eurostat a partir de toda la información disponible.