PREGUNTA ESCRITA E-1361/97 de Mark Watts (PSE) a la Comisión (21 de abril de 1997)

Asunto: Seguro del automóvil en Italia para nacionales de terceros países

¿Tiene conocimiento la Comisión de los casos de ciudadanos británicos que residen y trabajan en Italia, a los cuales les resulta difícil contratar un seguro de automóvil debido a que poseen un vehículo matriculado en el Reino Unido, y que, en caso de conseguir el seguro del automóvil, lo hacen en condiciones menos favorables que los ciudadanos de nacionalidad italiana que conducen automóviles matriculados en Italia?

¿Qué acciones tiene intención de adoptar la Comisión Europea para garantizar que no se produzca discriminación?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (24 de junio de 1997)

El derecho comunitario en materia de seguro del automóvil hace del lugar de matrícula del vehículo el elemento determinante para precisar en qué Estado miembro se sitúa el riesgo. Esta localización del riesgo en función de su lugar de matrícula se debe al funcionamiento del sistema de la carta verde ((Establecido por la Recomendación no 5 adoptada el 25 de enero de 1949 por el Subcomité de transportes por carretera del Comité de transportes interiores de la Comisión Económica para Europa de la Organización de las Naciones Unidas. )) en el que se basa el régimen del seguro obligatorio de responsabilidad civil de los vehículos automóviles en la Comunidad así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad. La Directiva 72/166/CEE del Consejo ((DO L 103 de 2.5.1972. )) dispone que el Estado miembro en que esté matriculado el vehículo debe cerciorarse de que éste dispone de un seguro de suscripción obligatoria que cubre la responsabilidad civil derivada de su circulación. Este seguro obligatorio cubre, sobre la base de una prima única, los daños provocados por dicho vehículo en el territorio de los otros Estados miembros con arreglo a las legislaciones en vigor en dichos Estados miembros o a la cobertura exigida por la legislación del Estado miembro en el que está matriculado el vehículo cuando ésta sea superior ((Directiva 90/232/CEE (DO L 129 de 19 de mayo de 1990). )).

El derecho comunitario dispone también que el asegurador de un Estado miembro que desea ejercer el seguro obligatorio de responsabilidad civil de vehículos automóviles debe disponer de un reconocimiento concedido por su Estado miembro de origen y debe también ser miembro de la Oficina de aseguradores de automóviles y del fondo de garantía de seguros de automóviles del Estado miembro en el que desee ejercer su actividad. La adhesión a esos dos organismos es necesaria para garantizar el funcionamiento del sistema de la carta verde y del régimen del seguro obligatorio de responsabilidad civil de los vehículos automóviles instaurado por las Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE y 90/232/CEE del Consejo. La Oficina se encarga de la gestión y resarcimiento de los accidentes de carretera provocados por un vehículo de un Estado miembro en otro Estado miembro, mientras que el fondo de garantía de seguros de automóviles debe indemnizar los daños provocados por vehículos no asegurados o no identificados.

El derecho comunitario permite a cualquier asegurador de un Estado miembro ejercer la actividad de seguros en la rama de responsabilidad civil obligatoria de vehículos automóviles en cualquier otro Estado miembro, ya sea en régimen de sucursal o en régimen de libre prestación de servicios. Cuando un asegurador de un Estado miembro desea ejercer el seguro obligatorio de responsabilidad civil en otro Estado miembro respecto de vehículos allí matriculados, debe afiliarse a la Oficina nacional de aseguradores de automóviles y al fondo de garantía de seguros de automóviles de dicho Estado miembro y contribuir a su financiación. Además, si desea ejercer en régimen de libre prestación de servicios, debe designar a un representante, residente o establecido en el Estado miembro de la prestación, encargado de la gestión de los siniestros relativos a los contratos de seguros celebrados en dicho Estado miembro ((Directiva 90/618/CEE (DO L 330 de 29.11.1990), modificada por la Directiva 92/49/CEE (DO L 228 de 11.8.1992). )).

En el caso planteado por Su Señoría, en la medida en que el vehículo en cuestión permanezca matriculado en el Reino Unido, a efectos de determinación de localización del riesgo se considera un riesgo británico. Por consiguiente, su seguro obligatorio de responsabilidad civil debería estar cubierto por un contrato de seguros suscrito con una empresa de seguros habilitada a ejercer en el Reino Unido, con arreglo a las exigencias que se indican en el apartado segundo, ya sea por medio de un establecimiento en el Reino Unido o en régimen de libre prestación de servicios a partir de otro Estado miembro. Incumbe también al Estado británico velar por el respeto de esta obligación por tanto tiempo como dicho vehículo permanezca matriculado en el Reino Unido. En lo que se refiere al asegurador italiano, en la medida en que no esté habilitado a ejercer su actividad de seguros en el Reino Unido, con arreglo a lo indicado en los párrafos anteriores no puede conceder de manera válida una cobertura de seguros por un riesgo localizado en el Reino Unido. Una vez matriculado el vehículo en Italia, incumbe a las autoridades italianas velar por que ese vehículo esté provisto de un seguro obligatorio de responsabilidad civil que responda a las exigencias de cobertura fijadas por la legislación italiana.

En cuanto a las condiciones menos favorables de que se benefician los ciudadanos británicos con respecto a los ciudadanos italianos que conducen un vehículo matriculado en Italia, Su Señoría debería ponerse en contacto con los ciudadanos que han dado cuenta de este problema para recabar de ellos detalles suplementarios relativos a dicho trato discriminatorio. Ciertamente, conviene señalar que las normas del Tratado CE sobre la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad y sobre la libre circulación son en principio aplicables en lo que se refiere a medidas de origen estatal y no a medidas de origen privado. El Tribunal de Justicia ha aceptado excepciones a esta norma únicamente en los casos de restricciones de origen privado resultantes de medidas de naturaleza privada que traten de regular de manera colectiva las condiciones de ejercicio de alguna actividad profesional ((Sentencia de 30 de noviembre de 1995 en el asunto C-55/94 (Gebhard) y sentencia de 15 de diciembre de 1995 en el asunto C-415/93 (Bosman). )). No obstante, no pueden ser cubiertos por esta excepción los comportamientos individuales de las empresas de seguros en el marco de sus relaciones con los clientes. El vínculo contractual entre asegurador y asegurado crea lazos de derecho privado, que en principio están sujetos al derecho nacional y son susceptibles de recurso ante los tribunales nacionales.