PREGUNTA ESCRITA E-3610/98

de Gianfranco Dell'Alba (NI) a la Comisión

(3 de diciembre de 1998)

Asunto: Ayudas estatales a la RAI previstas por la ley italiana de finanzas

Al presentar al Parlamento el proyecto de ley de finanzas para el año 1999, el Gobierno italiano ha incluido en el mismo una subvención de más de 200.000 millones de liras a favor de la RAI con la justificación de compensación por falta de ingresos derivados de la tasa anual que percibe la empresa estatal de radio y televisión. Dicha subvención, que se ha de considerar ayuda estatal en virtud del artículo 92 del Tratado, no está sujeta a contabilidad separada ni a liquidación de cuentas específica, por lo que no se reúnen los más elementales criterios de transparencia contable. Por otra parte, para dicha ayuda está prevista la obligación de notificación previa a la Comisión.

Vistas sus más recientes orientaciones al respecto, ¿no considera la Comisión totalmente ilícitas dichas ayudas, por ser incompatibles con las normas que regulan las ayudas estatales?

¿Piensa la Comisión intervenir ante el Gobierno italiano para ponerlo en guardia contra dicha incompatibilidad y para evitar que se incluya en la ley de finanzas una disposición contraria al Derecho comunitario?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión

(11 de enero de 1999)

Hasta el momento, la Comisión no ha recibido del Gobierno italiano notificación alguna referente a las medidas de financiación mencionadas por Su Señoría. Todo acto de las autoridades nacionales por el que se concedan recursos estatales a una empresa pública, según lo establecido en la Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados Miembros y las empresas públicas(1), está sujeto a la obligación de notificación conforme al artículo 93 del Tratado CE.

Sin embargo, a raíz de una denuncia recibida en 1996, la Comisión está analizando otras medidas en favor de Radio televisione italiana (RAI) que, en principio, pueden entrar en el ámbito de aplicación de las normas comunitarias sobre ayudas estatales. La más importante de estas medidas es el sistema de financiación de RAI, que abarca recursos públicos (canon televisivo) y recursos procedentes del mercado (ingresos de publicidad).

Sobre la base de la información de que actualmente dispone la Comisión, parece que RAI no ha adoptado ningún sistema contable analítico con objeto de separar los gastos e ingresos de servicio público de los comerciales. Por el momento, tampoco parece que el Gobierno italiano haya definido con la suficiente precisión cuáles son las actividades relacionadas con una u otra de estas áreas. El examen de la denuncia requiere un análisis muy complejo.

La Comisión ha pedido información detallada a las autoridades italianas para esclarecer los hechos expuestos en la denuncia a la luz del Tratado CE y del protocolo de Amsterdam. Una parte de esta información ya ha sido facilitada por el Gobierno, mientras que otra parte aún no está disponible.

La Comisión estima que las medidas a las que hace referencia Su Señoría se han de evaluar conjuntamente con el sistema de financiación de RAI, teniendo en cuenta las obligaciones de servicio público que la legislación italiana impone a dicha entidad. Si los recursos concedidos por el Estado a RAI fueran superiores a los costes contraídos por la empresa en el cumplimiento de su misión de servicio público, podrían constituir una ayuda estatal incompatible conforme al artículo 92.

(1) DO L 195 de 29.7.1980.