PREGUNTA ESCRITA P-0744/03

de Nelly Maes (Verts/ALE) a la Comisión

(5 de marzo de 2003)

Asunto: Financiación del tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

En el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 2002/96/CE(1) del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se estipula que cada productor será responsable de financiar las operaciones [] en relación con los residuos procedentes de sus propios productos. Por otra parte, en el artículo 9 se establece que los Estados miembros velarán por que como muy tarde el 13 de agosto de 2005 los productores aporten la financiación de los costes de recogida, tratamiento, valorización y eliminación respetuosa con el medio ambiente de los RAEE []. En el caso de los RAEE de productos puestos en el mercado antes del 13 de agosto de 2005 (losresiduos históricos), los costes de gestión serán financiados por los productores. Los Estados miembros podrán disponer, como alternativa, que también usuarios diferentes de los hogares particulares sean responsables, parcial o totalmente, de dicha financiación.

En otras palabras, esta Directiva prevé que los productores sean los responsables de la financiación de la recogida y la eliminación de estos residuos. Recientemente, el Ministerio Flamenco de Medio Ambiente ha incluido varios acuerdos en materia de política medioambiental (MBO) en un proyecto de ley del Gobierno flamenco. Por lo que respecta a la Directiva, los acuerdos se refieren a la ejecución de la obligación de aceptar, en virtud del Reglamento de Flandes relativo a la prevención y la gestión de los residuos (VLAREA), los residuos de pilas de arranque que contienen plomo y otras pilas usadas.

En el apartado 2 del artículo 5 del MBO sobre los residuos de pilas de arranque que contienen plomo se estipula que los organismos de gestión sólo deberán asumir los costes directos relacionados con la recogida con miras al tratamiento de los residuos de pilas de arranque que contienen plomo. Igualmente, los costes indirectos relacionados con los residuos de otras pilas usadas se transfieren a las autoridades municipales. En la práctica, esto supone que las autoridades municipales tienen que financiar los costes indirectos. Por consiguiente, y pese a la Directiva comunitaria, los consumidores/ciudadanos flamencos sí tienen que pagar por el tratamiento de los residuos de los aparatos electrónicos.

¿Considera la Comisión que estos MBO no son conformes con la reglamentación europea correspondiente?

En caso afirmativo, ¿qué medidas se propone adoptar al respecto?

En caso negativo, ¿cómo explica la Comisión que el ciudadano deba asumir los costes de tratamiento?

¿Qué opina la Comisión de la imputación a los ciudadanos de los costes indirectos relacionados con otros productos no electrónicos, como los neumáticos usados, a los que se aplica el mismo principio?

(1) DO L 37 de 13.2.2003, p. 24.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(4 de abril de 2003)

La Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) establece el principio de responsabilidad del productor, pues son los productores quienes tienen que financiar el tratamiento, la recuperación y la eliminación correctos desde el punto de vista medioambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de los hogares. Esta responsabilidad comienza en el punto de recogida designado. Los productores pueden cumplir sus compromisos individualmente o delegando los trabajos reales en terceros, que pueden ser las autoridades locales, con los consiguientes costes. Las pilas y acumuladores de los RAAE deben retirarse antes de que éstos sean recogidos(1) y la financiación de este tratamiento corresponde a los productores.

La Directiva entró en vigor 13 de febrero de 2003. El plazo de transposición de la Directiva por los Estados miembros es el 13 de agosto de 2004. Las obligaciones económicas para los RAEE procedentes de hogares particulares (artículo 8) y los no procedentes de hogares particulares (artículo 9) prevista por la Directiva entran en vigor el 13 de agosto de 2005.

En Flandes, el Reglamento flamenco para la prevención y la gestión de residuos (Vlarea) aplica el principio de responsabilidad del productor, requiriendo a los productores que acepten la devolución gratuita de los residuos eléctricos y electrónicos. El propósito del principio de devolución es hacer a los productores económicamente responsables de la recogida y el tratamiento de los residuos.

El Acuerdo sobre política medioambiental (APM o, en neerlandés, Milieubeleidsovereenkomst) de 26 de enero de 2001 sobre la aplicación de la obligación, establecida en el Reglamento Vlarea, de aceptar la devolución de residuos eléctricos y electrónicos establece un sistema de financiación de la recogida y el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos. Según el artículo 7 del APM, los productores e importadores deben establecer Comités de gestión (beheersorganismen), responsables de la recogida y el tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos. El apartado 4 del artículo 5 del APM establece que la recogida de residuos eléctricos y electrónicos por los Comités de gestión debe ser gratuita en determinados puntos del sistema de recogida. Por lo tanto, parece que, como la Directiva establece, los consumidores pueden devolver gratuitamente los residuos eléctricos y electrónicos.

Las normas de financiación de la recogida y el tratamiento de las pilas y acumuladores de los residuos para la región flamenca se fijan en un Acuerdo en materia de política medioambiental sobre pilas y acumuladores y un reciente Acuerdo en materia de política medioambiental sobre los residuos de pilas y acumuladores de arranque con plomo. La Directiva 91/157/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas(2) requiere que los Estados miembros velen por la organización eficaz de la recogida por separado y la recuperación de pilas y acumuladores usados. Dado que esta Directiva no contiene ninguna norma específica sobre quién debe correr con los costes de recogida y tratamiento de los residuos de pilas y acumuladores, los Estados miembros son libres de establecer dichas normas a nivel nacional. La Comisión no tiene noticias de que el APM flamenco sobre pilas y acumuladores no sea conforme a la legislación comunitaria pertinente en el ámbito de las pilas y acumuladores.

Por lo que se refiere a los residuos de neumáticos, el Acuerdo flamenco en materia de política medioambiental sobre los residuos de neumáticos requiere que los productores y los importadores establezcan un Comité de gestión responsable de tomar medidas preventivas y para la recogida y el tratamiento de los residuos de neumáticos. Es el Comité de gestión, y no los municipios, quien corre con la responsabilidad económica de la recogida y el tratamiento de los residuos de neumáticos. Parece que los ciudadanos pueden entregar gratuitamente sus neumáticos usados en puntos de recogida específicos. No hay legislación comunitaria que establezca normas sobre quién debe correr con los costes de recogida y tratamiento de los residuos de neumáticos. Por lo tanto, los Estados miembros son libres de establecer dichas

normas a nivel nacional. Por otro lado, la Comisión no tiene noticias de que el APM flamenco sobre residuos de neumáticos no sea conforme a la legislación comunitaria pertinente, Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil(3).

(1) Apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 2002/96/CE.

(2) DO L 78 de 26.3.1991.

(3) DO L 269 de 21.10.2000.