PREGUNTA ESCRITA E-4116/00

de Juan Naranjo Escobar (PPE-DE), Salvador Jové Peres (GUE/NGL) y Carlos Carnero González (PSE) a la Comisión

(11 de enero de 2001)

Asunto: Contratación pública y lucha contra el desempleo

En anteriores preguntas parlamentarias sobre la posibilidad de incluir criterios sociales de carácter objetivo entre los criterios de adjudicación de los contratos públicos (ver preguntas E-0816/00 y E-0817/00(1)), la Comisión Europea ha respondido siempre de manera negativa, aduciendo la incompatibilidad con la Directiva 93/37/CE(2) sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras.

Algunos poderes públicos, concienciados por el enorme problema que representa el desempleo en sus Estados miembros, habían incorporado algunos criterios referidos a la creación o el mantenimiento de empleo estable entre los criterios de adjudicación de los contratos públicos, sin que estos criterios conllevasen discriminaciones respecto de los licitadores de otros Estados miembros. La Comisión ha abierto procedimiento contra algunos de estos poderes públicos. A resultas de uno de estos procedimientos (asunto C-255/98 Comisión contra República francesa), el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resuelve que las Directivas de contratación pública no excluyen la posibilidad de que los órganos de contratación utilicen como criterio de adjudicación una condición relacionada con la lucha contra el desempleo, siempre que ésta respete todos los principios fundamentales del Derecho comunitario y, en particular, el principio de no discriminación (punto 50 de la sentencia).

Vistas las conclusiones de la mencionada sentencia, ¿cómo va a proceder la Comisión con los procedimientos abiertos con algunos poderes públicos? ¿Va a incorporar la Comisión estas conclusiones en las nuevas directivas sobre contratos públicos que están en en proceso de adopción en las instituciones comunitarias, con objeto de clarificar el espíritu de la citada sentencia?

(1) DO C 374 E de 28.12.2000, p. 164.

(2) DO L 199 de 9.8.1993, p. 54.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de marzo de 2001)

La pregunta que plantean Sus Señorías, referida a las consecuencias de la sentencia dictada recientemente por el Tribunal de Justicia en el asunto C-225/98 (Edificios escolares Nord-Pas-de-Calais) para la gestión de los casos de infracción y las futuras directivas sobre contratación pública, plantea cuestiones complejas.

La Comisión está examinando esta jurisprudencia y dará a conocer su interpretación en una comunicación interpretativa sobre las posibilidades de toma en consideración de objetivos sociales en los contratos públicos. Además, la Comisión se ha comprometido a adoptar dicha comunicación antes de que termine el primer semestre de 2001.

En función de esa comunicación, la Comisión decidirá el curso que se da a los casos de infracción abiertos contra determinados Estados miembros.

Por otra parte, a la vista de esta comunicación y teniendo en cuenta los debates en el seno del Consejo y del Parlamento sobre la aprobación de la refundición de las directivas sobre contratos públicos, la Comisión examinará si conviene proponer la inserción de una disposición expresa en la legislación con objeto de clarificar la posibilidad de incluir criterios sociales.