ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
PREGUNTA ESCRITA E-1002/02

de María Valenciano Martínez-Orozco (PSE) a la Comisión

(12 de abril de 2002)

Asunto: Homologación de indicadores de violencia de género

¿Qué iniciativas y planes concretos tiene la Comisión en relación con el establecimiento de una lista de indicadores principales relacionados con la violencia de género y cómo piensa garantizar la coordinación, homologación y homogeneización necesaria en la recogida y disponibilidad de los datos para la elaboración de estadísticas e indicadores que permitan tener una visión real de la violencia de género en la UE?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(26 de junio de 2002)

Hasta el presente no ha habido una demanda clara para que se recojan estadísticas con el fin de calcular los indicadores relacionados con la violencia de género, por lo que la Comisión no dispone de la información solicitada. No obstante, la presidencia danesa tiene previsto elaborar indicadores sobre la violencia, basándose en las actividades de la presidencia española sobre la violencia de género. Asimismo, Eurostat está preparada para cooperar en este ámbito. De hecho, Eurostat tiene previsto iniciar las reflexiones sobre la elaboración de estadísticas en el ámbito de la persecución, la seguridad personal y los delitos en su programa de trabajo correspondiente a 2003.
PREGUNTA ESCRITA E-1069/02

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(17 de abril de 2002)

Asunto: Pilas de níquel y cadmio

¿No considera la Comisión que, puesto que la mayoría de las pilas de níquel y cadmio se utilizan en herramientas eléctricas, el mejor método para proteger el medio ambiente y la industria sería un sistema de depósito y reciclado de estas pilas en lugar de imponer restricciones a su utilización?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(31 de mayo de 2002)

El objetivo principal de la futura revisión de la Directiva 91/157/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas(1) será el de asegurar una gestión inocua desde el punto de vista medioambiental de todas las pilas y acumuladores. En concreto, la Comisión analiza en la actualidad varias medidas que permitirían reducir los riesgos relacionados con las pilas de níquel y cadmio (NiCd). Entre ellas se prevé establecer sistemas de devolución obligatorios, sistemas de depósito y restricciones de comercialización y uso. Para las distintas aplicaciones de pilas NiCd podrían preverse diferentes medidas.

La Comisión está evaluando tanto la viabilidad como la posible efectividad de los sistemas de depósito como parte de su análisis general de medidas adecuadas en relación con las pilas NiCd.

(1) DO L 78 de 26.3.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-1651/02

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(10 de junio de 2002)

Asunto: Obsequio de entradas al campeonato mundial de futbol

¿Puede indicar la Comisión qué personas de su plantilla han sido obsequiadas con entradas para el campeonato mundial de fútbol?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(10 de julio de 2002)

La Comisión remite a Su Señoría a su respuesta a la pregunta escrita E-0548/00(1). La Comisión no tiene un registro general de los funcionarios que hayan podido recibir entradas, pagando o gratis, para la Copa del Mundo de fútbol. Las normas reseñadas en la respuesta antes citada siguen aplicándose.

(1) DO C 26 E de 26.1.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-1696/02

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(12 de junio de 2002)

Asunto: Cinturón interior de Oporto

La denominada Comisión para el cinturón interior de Oporto ha enviado recientemente un informe a la Dirección General del Medio Ambiente en relación con los problemas de ruido que padecen los residentes junto a este cinturón por no haberse realizado obras de mejora del pavimento ni de construcción de barreras de protección acústica.

¿Puede informar la Comisión de su posición con respecto a este informe?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(25 de julio de 2002)

La Comisión confirma que una comisión de residentes de la ciudad de Oporto ha solicitado su intervención ante los problemas de ruido causados por el tráfico en el cinturón interior de la ciudad (VCI de Oporto).

En la actualidad no pueden aplicarse las disposiciones de la legislación comunitaria en materia de ruido ambiental a la situación mencionada. En efecto, el Parlamento y el Consejo aprobaron en mayo de 2002 una Directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental(1). El objetivo de la Directiva consiste en responsabilizar a las autoridades pertinentes de cada Estado miembro de la elaboración, mediante indicadores comunes, de mapas de ruido en las proximidades de las principales infraestructuras de transportes y las mayores aglomeraciones europeas, informar al público de la exposición al ruido y sus efectos y la aplicación de planes de acción para reducir el ruido o preservar la calidad acústica ambiental según corresponda. Los Estados miembros dispondrán de dos años a partir de la entrada en vigor del texto, es decir, el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, para transponer la Directiva a la legislación nacional.

Además, se considera que el proyecto en cuestión pertenece a alguna de las categorías mencionadas en el Anexo II de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(2), ya que, según los datos que posee la Comisión, no se ajusta a los criterios de definición de vía rápida, por lo que conforme al apartado 2 del Artículo 4 de la misma Directiva, corresponde a las autoridades nacionales decidir sobre la evaluación de impacto ambiental en este tipo de proyectos. Sin embargo, de conformidad con el Artículo 2 de dicha Directiva, los proyectos que puedan tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental.

En consecuencia, la Comisión comunica a Su Señoría que ha solicitado información a las autoridades portuguesas sobre la situación y, en especial, sobre la clasificación de la vía en cuestión, la posible obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental y la aplicación de medidas para reducir al máximo las repercusiones.

La Comisión mantendrá informada a Su Señoría del resultado de sus diligencias ante las autoridades portuguesas.

(1) Directiva 2002/49/CE de 25.6.2002.

(2) DO L 175 de 5.7.1985, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, del 3 de marzo de 1997, DO L 73 de 14.3.1997.
PREGUNTA ESCRITA P-0396/02

de Eluned Morgan (PSE) a la Comisión

(11 de febrero de 2002)

Asunto: Comité Económico y Social (CES)

¿Por qué la Comisión consulta al Comité Económico y social cuando también dispone de la posibilidad y obligación, con arreglo al Tratado de Amsterdam, de consultar a los interlocutores sociales? ¿Qué posición adopta la Comisión en aquellos casos en que los dictámenes de ambos son contradictorios? ¿Cómo la justifica?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(19 de marzo de 2002)

El papel conferido a los interlocutores sociales en el marco del diálogo social está claramente definido por el Tratado CE, que da a los interlocutores sociales europeos la posibilidad de adoptar acuerdos marco que pueden traducirse en normas comunitarias, si los interlocutores sociales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139, así lo desean. El artículo 137 del Tratado CE indica los ámbitos donde la consulta de los interlocutores sociales es condición previa para el ejercicio del derecho de iniciativa de la Comisión. El artículo 138 precisa las modalidades de esta consulta.

A imagen de las prácticas existentes en los distintos Estados miembros, el diálogo social europeo se desarrolla entre interlocutores sociales autónomos y conduce a acuerdos libremente negociados.

Por el contrario, la consulta del Comité Económico y Social se refiere principalmente al procedimiento legislativo. Con el fin de redactar propuestas o una vez presentada una propuesta, la Comisión, el Consejo o el Parlamento consultan obligatoriamente cuando lo prevé el Tratado CE y facultativamente en los otros casos al Comité Económico y Social, en el que están representados los interlocutores sociales y otras categorías previstas por el Tratado CE.

El Comité emite un dictamen unitario, que es más bien el resultado de una síntesis de las posiciones que el resultado de una negociación entre los interlocutores sociales.

Está claro que, debido al refuerzo progresivo del papel de los interlocutores sociales, que desean mantener su autonomía frente a un órgano en el que están representados, la composición y el papel del Comité cambian. En el Tratado de Niza se contiene una indicación muy clara, en el sentido de una representación más amplia de la sociedad civil y de estructuras que no son esencialmente representativas de los interlocutores económicos y sociales. Por otra parte, con vistas a la ampliación, el Comité desempeña un papel importante para preparar a la sociedad civil de los países candidatos, en particular en los casos en que el Consejo de Asociación haya constituido un comité consultivo mixto económico y social.

Éstos reforzarán la complementariedad entre los dos procesos de consulta de los interlocutores sociales y del Comité.
PREGUNTA ESCRITA E-1793/02

de Gianfranco Dell'Alba (NI) a la Comisión

(24 de junio de 2002)

Asunto: Nombramiento de los jefes de delegación en los terceros países durante el período 1999-2002

¿Puede precisar la Comisión:

- los nombres y la nacionalidad de los jefes de delegación en los terceros países, excluidos los países ACP y los países PECO, a 1 de septiembre de 1999;

- los nombres y la nacionalidad de los jefes de delegación en los mismos países a 1 de junio de 2002 y, por último,

- el número y la nacionalidad de los jefes de delegación ya jubilados o beneficiarios de otras medidas de retiro, junto con el número y la nacionalidad de los jefes de delegación que han pasado a la administración central de la Comisión?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(1 de agosto de 2002)

Debido a la gran extensión de la respuesta, que consta de numerosos diagramas, la Comisión la remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-0872/02

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(2 de abril de 2002)

Asunto: Especies de aves amenazadas

La oca marina es una especie habitual en los terrenos del Palacio de Drottningholm, a las afueras de Estocolmo. Se han recibido quejas sobre la contaminación que producen estas aves y sobre el hecho de que a veces atacan a las personas que pasan por allí.

En el año 2000, el gobierno de la región de Estocolmo autorizó al palacio de Drottningholm a vaciar una treintena de nidos y a matar unas 20 aves. Esto último no se realizó porque un vertido de petróleo en el verano de 2000 decimó la especie.

La Sociedad Ornitológica de Suecia consideró que, en virtud de la directiva sobre la protección de aves silvestres, Suecia estaba obligada a adoptar medidas para proteger la especie. En la Unión Europea, la oca marina anida sólo en Suecia y en Finlandia. En el periódico Aftombladet del 15 de octubre de 2000, los ornitólogos declaraban que iban a advertir a la Comisión de que el gobierno regional había autorizado la caza de la oca marina, del pico negro, del azor, del milano negro y del halcón pescador.

¿Ha recibido la Comisión alguna reclamación sobre este asunto y ha abierto una investigación? En caso afirmativo, ¿cuáles son los resultados de dicha investigación?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(14 de mayo de 2002)

La Comisión no ha recibido quejas, ni de particulares ni de organizaciones, sobre la administración regional de Estocolmo por haber dado permiso para cazar barnaclas cariblancas, pitos negros, azores, ratoneros comunes y gaviotas canas.

Con arreglo a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres(1), de las especies anteriormente mencionadas sólo la gaviota cana puede ser cazada regularmente en Suecia (anexo II/2). Según el artículo 9 de la Directiva, los Estados miembros pueden conceder autorización para cazar otras especies por razones especiales como, por ejemplo, controlar los daños causados a los cultivos. El informe sueco sobre las autorizaciones concedidas en el año 2000 incluye las otorgadas por la administración regional de Estocolmo para cazar barnacla cariblanca (77 ejemplares) y azores (50 ejemplares), pero no menciona los pitos negros ni los ratoneros comunes. Gracias a la información administrada por Su Señoría, la Comisión podrá ponerse en contacto con las autoridades suecas para obtener su punto de vista sobre este asunto.

(1) DO L 103 de 25.4.1979.
PREGUNTA ESCRITA E-1754/02

de Jean Lambert (Verts/ALE) y Inger Schörling (Verts/ALE) a la Comisión

(19 de junio de 2002)

Asunto: Uso improprio del Fondo Social Europeo en cursos de formación de camareras y camareros en Tenerife

En el marco del programa de cursos de formación 2002 del Gobierno de Canarias en Tenerife, han sido previstos unos cursos de formación para camareras de piso y camareros de restaurante financiados por el Fondo Social Europeo. El programa, gestionado por Ashotel (Asociación de Empresarios de Hostelería de Tenerife), se llevará a cabo en diferentes hoteles de la isla. Dos especializaciones han sido propuestas: la primera, camarera de piso (335 horas en 4 meses); la segunda camareros de restaurante (800 horas en 9 meses).

¿No opina la Comisión que se trata de disfrazar contratos de temporada bajo cursos de formación aprovechándose de fondos comunitarios?

¿No cree la Comisión que los operadores hoteleros hacen de estos fondos un negocio ahorrándose los costes de personal durante la estación turística?

¿Cuáles son las medidas que la Comisión piensa tomar para evaluar si los fondos comunitarios se están utilizando de manera apropiada?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(18 de julio de 2002)

El Programa operativo integrado de las islas Canarias incluye una medida relativa al desarrollo del sector del turismo. Las acciones mencionadas en la pregunta escrita de Sus Señorías se inscriben en las medidas de formación profesional previstas para desarrollar la capacitación de los recursos humanos en dicho sector. Los documentos de programación recogen el compromiso de las autoridades españolas de garantizar su compatibilidad con las políticas comunitarias, incluido en todo lo relativo a las ayudas a la formación.

Tras la reforma de los Fondos Estructurales y de conformidad con el respecto del principio de subsidiariedad, las actividades de gestión y los procedimiento de selección de los proyectos son competencia de los Estados miembros. Por tanto, la Comisión no dispone de información que le permita esclarecer las dudas suscitadas en las preguntas que se le han formulado. La Comisión hará las gestiones necesarias con las autoridades nacionales con el fin de garantizar que los fondos comunitarios en cuestión se utilicen adecuadamente e informará a Sus Señorías del resultado de dichas gestiones.
PREGUNTA ESCRITA E-0899/02

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(4 de abril de 2002)

Asunto: Acusaciones de persecución en Laos

¿Cuenta la Comisión con pruebas, ya sea a través de su representación o directamente, en el sentido de que aún se persigue en Laos a los grupos religiosos minoritarios?

¿Cuál ha sido la intervención de la Comisión en relación con este tema ante las autoridades de Laos?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(24 de abril de 2002)

La Comisión conoce la información según la cual la libertad de expresión religiosa sigue siendo restringida en Laos, incluida la información que señala que integrantes de grupos cristianos son perseguidos y/o detenidos por su filiación religiosa.

Aunque la Constitución de Laos establece el derecho y la libertad de tener o no creencias religiosas, las autoridades restringen aparentemente este derecho en la práctica, especialmente a las comunidades no budistas.

El grado de tolerancia con la práctica religiosa varía de una región a otra. Al parecer se han producido detenciones y encarcelamientos de creyentes religiosos y de sus dirigentes sin cargos. Además, se ha enjuiciado a algunos cristianos por causar desórdenes sociales. Asimismo, se dice que los grupos religiosos que desean abrir nuevos lugares de culto se enfrentan a dificultades.

La Iglesia Católica posee tres diócesis en el sur, zona en la que los católicos pueden celebrar su culto libremente, pero parece tener dificultades en las montañas y en el norte. Las congregaciones protestantes, que cuentan con dos grupos oficialmente reconocidos, según parece celebran su culto en todo el país.

La Unión, en su intervención ante la 57a Comisión de derechos humanos de la ONU, el 29 de marzo de 2001, subrayó la necesidad de reforzar el respeto de los derechos políticos y civiles en Laos, incluida la libertad religiosa. Asimismo, la Comisión expresó su preocupación con ocasión de la reunión celebrada por el Comité conjunto de la Comunidad y la República Democrática Popular de Laos el 15 de mayo de 2001.

La Comisión, la delegación de la Comisión en Bangkok, que se ocupa de las relaciones con la RDP de Laos, así como las legaciones diplomáticas de los Estados miembros siguen muy de cerca estos asuntos y otros relacionados con los derechos humanos en Laos. Asimismo, la Comisión participa plenamente en todas las actuaciones de la Unión dirigidas a hacer partícipe de sus preocupaciones a las autoridades de Laos.
PREGUNTA ESCRITA P-1841/02

de Georges Garot (PSE) a la Comisión

(24 de junio de 2002)

Asunto: Producción de chalote

Recientemente, la interprofesional francesa de productores de frutas y hortalizas y los productores de chalote de la región del oeste de Francia manifestaron al autor de la pregunta su preocupación por el proyecto de los servicios de las Direcciones Generales de Agricultura y Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión de uniformar la producción de chalote y cebolla y, en consecuencia, la denominación comercial de este producto.

Esta orientación parece preocupante por varios motivos:

- es incompatible con la promoción del modelo agrícola europeo que la Unión Europea pretende defender; perjudica gravemente el carácter multifuncional de la agricultura y en particular sus aspectos medioambientales (biodiversidad), así como la seguridad y calidad de los productos;

- es contraria a las decisiones de la Cumbre de Berlín, en particular en lo relativo al desarrollo rural; este segundo pilar se destina a garantizar el mantenimiento de la actividad de las zonas rurales: el modo de producción europeo de chalote mayoritario contribuye ampliamente a estos objetivos, sin subvención alguna;

- es contraria a la estrategia de desarrollo sostenible definida en 2001 en el Consejo Europeo de Gotemburgo;

- por último, contradice el contenido del Libro Blanco de 2000 sobre la seguridad alimentaria, en particular, los grandes principios de mayor calidad y seguridad de los productos y mejor información del consumidor.

En estas condiciones, ¿cómo explica la Comisión el hecho de que no tome en consideración los grandes principios y normas de conducta que ella misma establece en el estudio, análisis y tratamiento de la problemática sobre el chalote?

¿Qué intereses y qué política piensa realmente defender? ¿No sería necesario un nuevo examen de los textos europeos sobre el chalote?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(2 de agosto de 2002)

La Comisión no está preparando en la actualidad ningún texto que pudiera tener como consecuencia la uniformización de los cultivos o las denominaciones comerciales de los chalotes y las cebollas.

Sin embargo, los cultivadores franceses, y especialmente los productores bretones de chalote, han presentado una queja a la Comisión en la que afirman estar muy inquietos por la aparición en el mercado de semillas de chalotes.

Estos cultivadores consideran que las semillas en cuestión no cumplen las normas comunitarias y que no debería permitirse su comercialización, en aplicación de la legislación comunitaria.

Por otra parte, la Comisión ha recibido asimismo una queja en la que se denuncia el hecho de que la legislación francesa solamente autorice la comercialización de chalotes si éstos se obtienen por multiplicación vegetativa a partir de bulbos.

En la actualidad, la Comisión está examinando en detalle estas quejas. Durante este examen, la Comisión tendrá en cuenta los diferentes elementos mencionados por Su Señoría en su pregunta escrita.
PREGUNTA ESCRITA E-0260/02

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(7 de febrero de 2002)

Asunto: Tratamiento de los ingresos por señoreaje y pagos al Erario público

1. ¿Puede detallar la Comisión el tratamiento, a efectos del Tratado de Maastricht y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de los ingresos por señoreaje que perciben los bancos centrales nacionales?

2. ¿Cómo se consideran los ingresos?

3. ¿Entran dentro de los cálculos del superávit y del déficit público cuando son percibidos por el banco central o cuando se pagan en forma de dividendo o se transfieren al erario público?

4. ¿Qué directrices o políticas existen por lo que respecta a los pagos a los Erarios públicos?

5. ¿Pueden incluirse en los mismos los pagos a cuenta de reservas acumuladas en el pasado? ¿Se contabilizarían como ingresos a la hora de evaluar los déficits públicos?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(25 de marzo de 2002)

1. Según la decisión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) del 6 de diciembre de 2001, la renta monetaria se recaudará y asignará a los bancos centrales nacionales según el artículo 32.5. Ni el estatuto del BCE ni la Decisión 2001/914/CE del BCE, de 6 de diciembre de 2001, sobre la asignación de los ingresos monetarios de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros participantes a partir del ejercicio de 2002 (ECB/2001/16)(1), contienen normas para el uso de la renta monetaria. Por esta razón el tratamiento podría diferir según los Estados miembros que han adoptado la moneda única. En especial el tratamiento de la renta monetaria asignada por el BCE para otros fines de conformidad con el Tratado CE y con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no diferirá del tratamiento de la renta monetaria en años anteriores.

2., 3. y 5. El sistema europeo de cuentas nacionales y regionales (ESA) no identifica la renta monetaria (llamada señoreaje) pues es un concepto analítico solamente. Las transacciones y ajustes de balance implicados están por debajo de lo establecido y no deberían por lo tanto afectar al excedente o déficit de las administraciones públicas. En caso de que haya ganancias excepcionales derivadas de la transición a la moneda única (euro en efectivo) cualquier transferencia resultante a un Gobierno central de la zona euro será tratada como transacción financiera que no afecta al excedente o déficit del Estado sino que afecta potencialmente a la deuda pública.

4. La Comisión no es consciente de que exista una directriz política aplicable a todos los Estados miembros. Así pues, corresponde a los Estados miembros decidir sobre estos problemas y la información sobre las decisiones reales deberá recogerse en los Estados miembros.

(1) DO L 337 de 20.12.2001.