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PREGUNTA ESCRITA E-1830/02

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(27 de junio de 2002)

Asunto: Deportación de ciudadanos británicos

¿Está la Comisión al tanto de las medidas adoptadas por Chipre en relación con la deportación de dos ciudadanos británicos? ¿Podría indicar si la Dirección General de Ampliación sigue el procedimiento de deportación en este país?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(26 de julio de 2002)

La Comisión está al corriente de varios casos de deportaciones de ciudadanos británicos en Chipre y ha mantenido contactos epistolares con los deportados.

La Comisión desea subrayar que, como Chipre no es un Estado miembro, no se le aplica la legislación comunitaria.

Sin embargo, en cuanto Chipre se convierta en un miembro pleno de la Unión, tendrá que respetar el Derecho comunitario y adaptar su legislación nacional para respetar el derecho de libre circulación, incluyendo las normas que rigen las medidas que se adoptan para restringir este derecho (como por ejemplo la expulsión).

El derecho a la libre circulación de las personas es un derecho fundamental e individual concedido a cada ciudadano de la Unión por el propio Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (artículo 18). La restricción de este tipo de derechos es posible si se basa en razones de orden público de seguridad o salud públicas.

Las medidas adoptadas por los Estados miembros (como por ejemplo la prohibición de la entrada o la orden de expulsión) basándose en estos presupuestos solo pueden ser utilizadas respetando la Directiva del Consejo no 64/221/CE de 25 de febrero de 1964 para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública(1), que prevé determinadas salvaguardas y garantías para limitar el poder discrecional de los Estados miembros en este terreno. Su objetivo es garantizar que se protege el libre movimiento de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ha interpretado sus disposiciones.

Las medidas que se adopten por razones de orden público o seguridad pública tendrán que basarse exclusivamente en la conducta personal del individuo de que se trate y estar motivadas por una amenaza presente y suficientemente seria que afecte a los intereses fundamentales de la sociedad. Dichas medidas tendrán que aplicarse de acuerdo con el principio de la proporcionalidad.

Dentro del contexto de las negociaciones para la ampliación que se están llevando a cabo en la actualidad entre Chipre y la Unión, la Comisión supervisa con atención el proceso de ajuste de la legislación nacional chipriota con la legislación comunitaria y la capacidad de Chipre para aplicar la legislación comunitaria. Esta tarea continuará realizándose para garantizar que en el momento de la adhesión Chipre cumple por entero con todos los aspectos del derecho comunitario relacionados con la libre circulación de las personas que consagra el Tratado CE y que su forma de proceder es conforme con las disposiciones de la Directiva del Consejo 64/221/CE.

(1) DO P 56 de 4.4.1964.
PREGUNTA ESCRITA E-2143/02

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(18 de julio de 2002)

Asunto: Kiribati

En relación con Kiribati, ¿puede la Comisión establecer una relación de proyectos aprobados para ser financiados con cargo al presupuesto de la Unión Europea en el año 2001 y definir cuál es la cuantía total para la inversión de este año?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-1867/02, E-1868/02, E-1869/02, E-1870/02,E-1871/02, E-1872/02, E-1873/02, E-1874/02, E-1875/02, E-1876/02, E-1877/02, E-1878/02,E-1879/02, E-1880/02, E-1881/02, E-1882/02, E-1883/02, E-1884/02, E-1908/02, E-1909/02,E-1996/02, E-1997/02, E-1998/02, E-1999/02, E-2000/02, E-2001/02, E-2002/02, E-2003/02,E-2004/02, E-2005/02, E-2006/02, E-2007/02, E-2008/02, E-2009/02, E-2134/02, E-2135/02,E-2136/02, E-2137/02, E-2138/02, E-2139/02, E-2140/02, E-2141/02, E-2142/02, E-2143/02,E-2144/02, E-2145/02, E-2146/02, E-2147/02, E-2148/02, E-2149/02, E-2150/02, E-2151/02,E-2152/02, E-2153/02, E-2154/02 y E-2155/02dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(23 de septiembre de 2002)

En vista de la amplitud de su pregunta, la Comisión envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento un cuadro que contiene la información requerida.

Debe señalarse que las cifras que figuran en el cuadro resumido por países también pueden encontrarse en la parte de Cuadros financieros del Informe Anual sobre la ejecución de la ayuda exterior de la CE.
PREGUNTA ESCRITA P-2071/02

de Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) a la Comisión

(8 de julio de 2002)

Asunto: Región Europea del Año

Se pregunta a la Comisión si conoce la organización denominada La Región Europea del Año y, de ser así, si podría confirmar si esta organización tiene algún punto en común con la organización de la capitalidad europea que el Consejo de la Unión Europea decide con una base jurídica vinculante.

¿Puede confirmar la Comisión si el Presidente Romano Prodi ha apoyado en nombre de la Comisión esta iniciativa o le ha otorgado algún apoyo institucional y, en caso afirmativo, sobre qué base jurídica?

¿Puede confirmar que el Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, es un destacado miembro de dicha organización o del jurado internacional que ha elegido a Baleares y Carelia como Regiones Europeas del año 2003? En caso negativo, ¿se ha delegado a otro miembro del colegio de comisarios o funcionario de la Comisión Europea para sustituirle?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(27 de septiembre de 2002)

La Comisión ha sido informada de la existencia de la organización denominada Región Europea del Año a través de una carta que su Presidente envió al Presidente de la Comisión. Sin embargo, desea puntualizar que no existe ningún vínculo entre la citada organización y el proceso de designación de la capital europea.

La Comisión informa a Su Señoría de que dicha organización constituye una entidad de derecho privado que no se ha beneficiado de ningún apoyo por su parte.

Un funcionario de la Dirección General de Política Regional de la Comisión ha sido invitado, a título personal, a formar parte del tribunal encargado de designar la región europea del año. Únicamente tres regiones (Carelia, Baleares y el Bajo Danubio) han presentado un expediente de candidatura. Dado que ninguna de las tres propuestas cumple todos los criterios exigidos por esta organización, ésta ha decidido proceder, con los medios apropiados, a una nueva convocatoria de candidaturas, con el fin de recibir un número de solicitudes lo suficientemente elevado para efectuar una selección sobre una base más amplia.
PREGUNTA ESCRITA E-2672/02

de Mary Banotti (PPE-DE) a la Comisión

(24 de septiembre de 2002)

Asunto: Alquiler de automóviles en la UE por parte de personas mayores de 70 años

He sido informada de que ciudadanos comunitarios mayores de 70 años se están topando con dificultades para alquilar automóviles en la Unión Europea. ¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para garantizar que se ponga fin a la mencionada discriminación de inmediato y qué sanciones pueden aplicarse a las empresas de alquiler de automóviles que continúen con esta práctica discriminatoria en caso de que tal práctica resulte ser contraria al Derecho comunitario?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(28 de octubre de 2002)

La Comisión recuerda que, el 27 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó la Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(1). La Directiva prohíbe la discriminación, entre otras cosas por razón de edad, incluido el recurso a límites de edad que no estén objetiva y razonablemente justificados por una finalidad legítima y si los medios para lograr este objetivo no son adecuados y necesarios. Los Estados Miembros tienen hasta el 2 de diciembre de 2003 para transponer la Directiva a sus ordenamientos jurídicos nacionales.

No obstante, el ámbito material de esta Directiva se limita al empleo y no cubre la igualdad de trato en el acceso a los bienes y servicios, como en el caso que plantea Su Señoría. Ni esta Directiva ni ningún otro instrumento del Derecho comunitario impide a las empresas de alquiler de automóviles ofrecer un trato diferente en función de la edad. Por consiguiente, las personas que consideren que han sido objeto de discriminación por este motivo deberán solicitar una compensación en virtud de cualquier disposición nacional que pudiera existir.

(1) DO L 303 de 2.12.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-1883/02

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(28 de junio de 2002)

Asunto: Guinea Ecuatorial

En relación con la Guinea Ecuatorial, ¿puede la Comisión especificar qué proyectos han sido financiados con cargo al presupuesto de la UE en el año 2000? ¿Puede la Comisión determinar cuál es el volumen total de la ayuda a lo largo del año 2000 en todos los conceptos referentes al citado país?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-1867/02, E-1868/02, E-1869/02, E-1870/02,E-1871/02, E-1872/02, E-1873/02, E-1874/02, E-1875/02, E-1876/02, E-1877/02, E-1878/02,E-1879/02, E-1880/02, E-1881/02, E-1882/02, E-1883/02, E-1884/02, E-1908/02, E-1909/02,E-1996/02, E-1997/02, E-1998/02, E-1999/02, E-2000/02, E-2001/02, E-2002/02, E-2003/02,E-2004/02, E-2005/02, E-2006/02, E-2007/02, E-2008/02, E-2009/02, E-2134/02, E-2135/02,E-2136/02, E-2137/02, E-2138/02, E-2139/02, E-2140/02, E-2141/02, E-2142/02, E-2143/02,E-2144/02, E-2145/02, E-2146/02, E-2147/02, E-2148/02, E-2149/02, E-2150/02, E-2151/02,E-2152/02, E-2153/02, E-2154/02 y E-2155/02dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(23 de septiembre de 2002)

En vista de la amplitud de su pregunta, la Comisión envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento un cuadro que contiene la información requerida.

Debe señalarse que las cifras que figuran en el cuadro resumido por países también pueden encontrarse en la parte de Cuadros financieros del Informe Anual sobre la ejecución de la ayuda exterior de la CE.
PREGUNTA ESCRITA E-1915/02

de Dorette Corbey (PSE) al Consejo

(2 de julio de 2002)

Asunto: Introducción del euro

Según el Eurobarómetro 56, casi la mitad de la población de la UE opina que la introducción del euro ha provocado un alza de precios en los productos de consumo. De acuerdo con un estudio realizado por la Organización de Consumidores de los Países Bajos, en el período comprendido entre marzo de 2001 y marzo de 2002, los precios de los CD se han incrementado en un 7,2 %. En este mismo período, en el sector de la hostelería, los restaurantes han aumentado sus precios de menú una media del 6,2 %, mientras que los bares lo han hecho nada menos que un 8,8 %. Se había pronosticado que el euro iba a conllevar una mayor transparencia y una omisión de los gastos de cambio y, por ello, una reducción de los precios. Además, al inicio de las vacaciones de verano, muchas personas descubrirían la ventaja del euro en el extranjero, puesto que dentro de la zona euro ya no habrá que cambiar dinero. Sin embargo, como la introducción del euro ha provocado una importante alza de precios, esta ventaja ya no existe. Al mismo tiempo, parte de los antiguos billetes no han sido devueltos, lo que representa una fuente de beneficios para los bancos nacionales y, de ahí, para los tesoros públicos.

1. ¿Reconoce el Consejo que tiene la responsabilidad política de cumplir la promesa hecha a los consumidores y de procurar que el euro empiece a resultar ventajoso para éstos?

2. ¿Qué posibilidades entrevé el Consejo para hacer frente a esta responsabilidad política?

Respuesta

(5 de noviembre de 2002)

Ni la Comisión ni el BCE han comunicado un incremento substancial de la inflación a raíz de la introducción de billetes y monedas en euros el 1 de enero de 2002. En marzo de 2002, la Comisión publicó el Balance de operaciones de introducción del euro fiduciario, y en abril del mismo año, el BCE publicó la Evaluación del cambio de moneda en el 2002.

Sin embargo, ambas instituciones admiten que la inflación ha sido superior al 2 % en la zona euro desde enero de 2002, aunque relacionan dicho fenómeno con factores de excepción, como unos precios energéticos inesperadamente elevados de forma sostenida y aumentos temporales de precios en los alimentos, como consecuencia de las crisis alimentarias ligadas a la EEB y a otras enfermedades animales y de condiciones meteorológicas adversas.

Por otra parte, el Consejo señala a la atención de Su Señoría la importancia de los beneficios a largo plazo que se derivan de la introducción del euro.
PREGUNTA ESCRITA E-2164/02

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(18 de julio de 2002)

Asunto: Plátanos curvos

Teniendo en cuenta que dos tribunales británicos han confirmado recientemente que las normas de la UE sobre el grado aceptable de curvatura de los plátanos y los pepinos no son aplicables, ¿puede confirmar la Comisión si piensa tomar medidas para garantizar la aplicación de estas normas en el Reino Unido? ¿Puede indicar también la Comisión por qué su oficina en Londres ha negado reiteradamente la existencia de legislación de la UE por la que se rige la forma de las frutas y hortalizas, calificándola como una historia de terror y un euro-mito?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(25 de septiembre de 2002)

Las normas de comercialización de varias frutas y hortalizas, entre las que se cuentan los plátanos, están establecidas en diversos Reglamentos de la Comisión. Estos Reglamentos se basan en acuerdos internacionales celebrados en foros tales como la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEE/ONU). La Comisión ha aclarado esta cuestión en repetidas ocasiones y, entre ellas, con motivo de las explicaciones dadas por su Representación en el Reino Unido a propósito de los Euromitos.

Por lo que se refiere al dictamen del High Court de 24 de junio de 2002 al que se refiere su Señoría en su pregunta, la Comisión desea puntualizar que ese Tribunal no ha puesto en entredicho la aplicabilidad en el Reino Unido de las normas de comercialización comunitarias. Antes bien, el objeto del dictamen en cuestión era interpretar una disposición nacional que hace del incumplimiento de esas normas una infracción sancionable. El Tribunal dictaminó que esa disposición nacional no se aplica a las normas de comercialización que se elaboraron con posterioridad a la entrada en vigor de aquélla.

La Comisión seguirá de cerca la reacción de las autoridades británicas ante el citado dictamen del High Court.
PREGUNTA ESCRITA E-2287/02 de Imelda Read (PSE) a la Comisión. Publicidad del tabaco.



Diario Oficial n° 092 E de 17/04/2003 p. 0148 - 0148



PREGUNTA ESCRITA E-2287/02 de Imelda Read (PSE) a la Comisión (25 de julio de 2002) Asunto: Publicidad del tabaco El 28 de marzo de 2002, el Gobierno británico remitió una notificación a la Comisión, de acuerdo con la Directiva 98/34/CE(1), relativa al proyecto de ley sobre la publicidad y la promoción del tabaco. Estaba previsto que el período de statu quo de este proyecto de ley expirara el 1 de julio de 2002. ¿Podría la Comisión confirmar que el motivo de esta prórroga es que el Gobierno alemán ha presentado objeciones a este proyecto de ley británico que prohíbe la publicidad del tabaco? (1) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37. Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (22 de agosto de 2002) La Comisión desea informar a Su Señoría de que, efectivamente, el 28 de marzo de 2002 se le notificó el proyecto de ley sobre la publicidad y la promoción del tabaco, con arreglo a la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas. Posteriormente, el 28 de junio de 2002, las autoridades alemanas emitieron, de conformidad con el apartado 2 del artículo 9 de dicha Directiva, un dictamen razonado, en virtud del cual el período de statu quo se ha prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2002.
PREGUNTA ESCRITA E-0581/02

de Professor Sir Neil MacCormick (Verts/ALE) al Consejo

(5 de marzo de 2002)

Asunto: Servicios postales en áreas rurales

¿Tiene conocimiento el Consejo de la preocupación existente en las comunidades rurales en cuanto a la necesidad de mantener las oficinas locales de los servicios postales, teniendo en cuenta que éstas funcionan a menudo como comercios locales de ultramarinos y constituyen, por consiguiente, una especie de centro para las comunidades aisladas?

En este contexto, ¿va a considerar favorable el Consejo la posición del Parlamento Europeo sobre la liberalización de los servicios postales, que mantiene el límite propuesto de 150 gramos hasta que se lleve a cabo una revisión profunda sobre la viabilidad de una mayor liberalización? ¿Se opone el Consejo a toda medida encaminada a la introducción de un límite de 50 gramos en 2006 como propuso la Comisión en octubre de 2001, sin que se conozcan adecuadamente los posibles efectos que tal medida podría tener en la provisión del servicio universal y de la tarifa universal?

Respuesta

(5 de noviembre de 2002)

Por lo que respecta a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad, el Parlamento Europeo aprobó, en su sesión plenaria celebrada del 11 al 14 de marzo de 2002, una serie de enmiendas en segunda lectura a la posición común del Consejo.

Una de esas enmiendas añade para la Comisión la obligación de informar cada dos años sobre la evolución del sector, en especial en lo concerniente a los aspectos económicos, sociales, laborales y tecnológicos, así como sobre la calidad del servicio.

En su reunión del 7 de mayo de 2002, el Consejo adoptó la Directiva por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad, aprobando las enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en segunda lectura. El objeto de la Directiva es liberalizar otra franja del mercado postal (20 % según algunos cálculos) para el 1 de enero de 2006, manteniendo las salvaguardias actuales sobre suministro de servicio universal. En efecto, a este respecto el nuevo considerando 6, incluido a petición del Parlamento Europeo, tiene en cuenta expresamente la gran importancia social y económica de la red postal rural, que permite ofrecer una red de infraestructuras básica para el acceso universal a las nuevas tecnologías del sector de las telecomunicaciones. Podrán adoptarse posibles medidas adicionales sobre la base de una propuesta que la Comisión presentará antes del 31 de diciembre de 2006.
PREGUNTA ESCRITA E-2785/02

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(3 de octubre de 2002)

Asunto: Cierre de la factoría Federal Mogul transferencia de puestos de trabajo a los países candidatos

En la Compañía Federal Mogul, que tiene actualmente su sede en Bridgewater en el sudoeste de Inglaterra, trabajan 370 personas. El 20 de agosto de 2002, la compañía anunció sin aviso previo a los trabajadores el cierre de la factoría. La compañía tiene previsto transferir su producción a Polonia y Turquía.

¿Puede confirmar la Comisión que el hecho de no consultar ni a la plantilla ni a sus representantes sindicales constituye una flagrante violación de la legislación comunitaria?

¿Puede indicar la Comisión si iniciará las actuaciones legales pertinentes?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(13 de noviembre de 2002)

La Comisión desea destacar que en diversas directivas comunitarias se establecen procedimientos de información y consulta a los representantes de los trabajadores que pueden resultar aplicables en caso de cierres de empresas, en particular la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos(1), y la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria(2). A fin de completar las disposiciones comunitarias sobre la materia, recientemente se ha adoptado la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea(3). No obstante, los Estados miembros tienen de plazo hasta el 23 de marzo de 2005 para trasponerla a sus ordenamientos jurídicos internos.

Las dos primeras directivas han sido ya traspuestas a los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros. Corresponde a las autoridades nacionales competentes evaluar su aplicación correcta y efectiva en cada caso concreto.

(1) DO L 225 de 12.8.1998.

(2) DO L 254 de 30.9.1994.

(3) DO L 80 de 23.3.2002.
PREGUNTA ESCRITA P-2520/02

de Pietro-Paolo Mennea (PPE-DE) a la Comisión

(4 de septiembre de 2002)

Asunto: Air Sicilia

Según noticias publicadas en la prensa italiana y tras las quejas presentadas por los ciudadanos, se ha podido saber que la compañía aérea Air Sicilia, que opera en el territorio nacional italiano, ha suspendido sus vuelos en varias ocasiones, manifestando cierto desprecio por los pasajeros, que siguen esperando aún los correspondientes reembolsos.

Los clientes, a pesar de haber sido víctimas del mal funcionamiento de la compañía y de esperar un reembolso, aguardarán probablemente en vano. Así queda vulnerada de manera flagrante la Carta de derechos de los pasajeros que deberían respetar todos los operadores del sector, incluida la compañía aérea mencionada.

Por otra parte, la prensa también se hace eco de que dicha compañía registra dificultades económicas, al ser incapaz de respetar los compromisos contraídos con los clientes y con sus propios empleados, que reclaman el pago de su sueldo que no les ha sido abonado desde hace muchos meses.

Entretanto, los dueños de esta compañía están operando a través de empresas con otras razones sociales.

¿Puede afirmar la Comisión si la situación descrita corresponde a la realidad?

¿Puede indicar asimismo si esta situación general vulnera los derechos de los ciudadanos europeos y si piensa actuar en favor de aquellos que se han visto perjudicados por semejante situación y comportamiento?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(8 de octubre de 2002)

De la información que proporciona en su pregunta Su Señoría, se desprende que Air Sicilia no está en situación de hacer frente a sus obligaciones económicas ante sus clientes. En la actualidad, la Comisión carece de otras informaciones detalladas al respecto.

La legislación comunitaria sobre los derechos de los pasajeros no prevé tales situaciones, que están en principio reguladas por la legislación nacional y cuyo cumplimiento corresponde a las autoridades y tribunales nacionales.

A pesar de ello, la Comisión va a solicitar de las autoridades italianas información conforme al apartado 5 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 2407/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre la concesión de licencias a las compañías aéreas(1). El apartado establece cierto vínculo entre la titularidad de una licencia y la situación financiera de una compañía aérea.

En sentido más general, la Comisión sigue muy de cerca la situación financiera del sector de la aviación y, en caso de que los intereses de los pasajeros se vean en peligro a causa de un grave deterioro generalizado, contemplará la posibilidad de adoptar iniciativas para preservarlos.

(1) DO L 240 de 24.8.1992.