PREGUNTA ESCRITA E-2240/01

de María Rodríguez Ramos (PSE), Rosa Díez González (PSE)y Raimon Obiols i Germà (PSE) a la Comisión

(26 de julio de 2001)

Asunto: Suspensión de las adopciones internacionales en Rumania

Casi un centenar de parejas españolas iniciaron en 1999 los trámites de adopción de un menor en Rumania a través de la Asociación para la Adopción Internacional

de Baleares-ADIB y la Entidad Colaboradora de Adopción Internacional Interadop-Alternativa Familiar de Castilla y León. Ambas entidades cuentan con la acreditación de las respectivas Consejerías de sus Gobiernos Autonómicos y, en consecuencia, todas sus actuaciones son supervisadas por estas Administraciones públicas.

Cada familia española adelantó la suma de 4 450 dólares para gastos de tramitación, traducción y estudio jurídico de sus expedientes, que se encuentran en fase administrativa desde el año 2000. Estos procedimientos se han visto suspendidos por parte del Gobierno rumano. Según nuestras informaciones, ha sido la propia Comisión Europea quien tras detectar una serie de anomalías en los procesos de adopción internacional ha solicitado del Gobierno rumano la suspensión de las mismas, por falta de garantías jurídicas de protección del menor.

¿Puede informar la Comisión de la veracidad de estas informaciones?

De ser ciertas, ¿qué garantías ha exigido la Comisión al Gobierno rumano para que se puedan reanudar los trámites de adopción de un menor ya iniciados?

Una vez garantizada la seguridad y el bienestar de los niños rumanos que es, a nuestro juicio, la prioridad en este problema, ¿podría establecer la Comisión un marco normativo transitorio con el Gobierno rumano para que la suspensión de las adopciones internacionales no afecte a los expedientes ya iniciados (o en fase de conclusión) por familias procedentes de los Estados miembros de la UE?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(4 de octubre de 2001)

En su informe periódico 2000(1) sobre los progresos de Rumanía en el camino de la adhesión a la Unión Europea, la Comisión señaló que la legislación y las prácticas de Rumanía en lo que se refiere a la adopción permitían la intervención de consideraciones distintas de la consideración de lo que sea mejor para el niño. Esta situación podía influir negativamente en la reforma global del sector de la asistencia infantil en Rumanía.

La información que se ha facilitado a la Comisión, el Parlamento, organizaciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y las autoridades rumanas no sólo apunta hacia un marco legislativo inadecuado sino que también indica infracciones generalizadas respecto a la aplicación de la legislación existente.

En vista de esa situación, el Gobierno rumano decidió suspender las adopciones internacionales durante un año. Desde el 14 de diciembre de 2000, el Comité de Adopción Rumano dejó de enviar niños a fundaciones de adopción internacionales. Con efectos a partir del 21 de junio de 2001, el Comité de Adopción Rumano decidió suspender al menos durante un año el registro de nuevas familias extranjeras que solicitan una adopción internacional, lo que significa que los niños enviados a las fundaciones de adopción antes del 14 de diciembre de 2000 aún pueden ser adoptados por familias extranjeras que hayan sido registradas antes del 21 de junio de 2001 por el Comité de Adopción Rumano.

La Comisión se congratula por esta decisión, que ofrecerá a Rumanía la posibilidad de establecer la legislación y los reglamentos administrativos necesarios para cumplir los compromisos contraídos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Estos compromisos tienen como finalidad, ante todo, proteger los intereses del niño y estipulan, entre otras cosas, que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen.

La Comisión ha aconsejado al Gobierno rumano que apruebe una nueva ley de adopciones internacionales y cree estructuras administrativas adecuadas y procedimientos transparentes para aplicarla de conformidad con las obligaciones internacionales de Rumanía.

(1) COM(2000) 710 final.