PREGUNTA ESCRITA P-4010/98

de Gérard Caudron (PSE) a la Comisión

(22 de diciembre de 1998)

Asunto: Doble imposición a los trabajadores fronterizos franceses que ejercen su actividad en Bélgica

El Parlamento europeo se expresó en el mes de junio sobre el estatuto de los trabajadores fronterizos.

El trabajo legislativo llevado a cabo por nuestro colega Van Lancker constituye un paso suplementario hacia una clarificación precisa de ese estatuto.

Es necesario recordar que estos asalariados pagan sus impuestos sobre la renta en Francia en base al Convenio de 1964.

No obstante, hay que constatar que ni el Estado francés ni el belga hacen nada para intentar resolver casos comprobados de doble imposición.

Algunos de estos asalariados han visto incluso cuestionado su estatuto de trabajador fronterizo durante los años pasados mientras que anteriormente este estatuto les era reconocido. Ello no deja de tener consecuencias ya que la administración fiscal belga les reclama atrasos muy importantes que amenazan la solvencia de esas familias.

¿Podría la Comisión precisar si tiene intención de tomar medidas de urgencia ante estas situaciones, particularmente pidiendo que se congelen esos atrasos y que se renegocie el Convenio de 1964 que rige los trabajadores franceses y belgas en base al informe aprobado por el Parlamento europeo?

¿Puede indicar la Comisión si tiene intención de obligar a los Estados miembros a aplicar esta nueva legislación que ya ha sido aprobada por el Parlamento europeo?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(23 de febrero de 1999)

La Comisión observa, en primer lugar, que la fijación de las normas relativas al poder tributario compete, a falta de armonización comunitaria, a los Estados miembros y se rige por los convenios fiscales bilaterales celebrados entre los distintos Estados miembros afectados. Por otra parte, el Tribunal de Justicia reconoció a los Estados miembros, en su sentencia de 12 de mayo de 1998(1), el derecho a definir, en los convenios bilaterales celebrados entre ellos para suprimir las dobles imposiciones, los criterios de reparto del poder tributario. La Comisión considera, en la situación actual, que los Estados miembros están en mejor situación para regular entre ellos el reparto del poder tributario habida cuenta de cada situación particular y, por tanto, no considera actualmente oportuno formular propuestas de armonización en este ámbito.

Respecto a las relaciones entre Francia y Bélgica, el reparto del poder tributario se rige por el Convenio celebrado entre estos dos Estados el 10 de marzo de 1964. Con arreglo a este Convenio, los sueldos y salarios son imponibles en el Estado en cuyo territorio se ejerce la actividad personal generadora de estos ingresos (apartado 1 del artículo 11). Como excepción a este principio, los trabajadores fronterizos están sujetos a imposición en el Estado en que residen (letra c) del apartado 2 del artículo 11). Se considera trabajador fronterizo a la persona que vive en la zona fronteriza de un Estado y que ejerce su actividad en la zona fronteriza del otro Estado. También como excepción a este principio, los sueldos y salarios abonados por los Estados francés y belga o por una persona jurídica de Derecho público de uno de estos dos Estados sólo son imponibles en el Estado en que se pagan estos sueldos y salarios, aunque se paguen a trabajadores fronterizos (artículo 10).

La aplicación de las disposiciones antes mencionadas de este Convenio a situaciones particulares, que requiere tener en cuenta consideraciones puramente fácticas, incumbe a los Estados signatarios. La Comisión no dispone de competencia en la materia.

En el supuesto de que empleados residentes en Francia estuvieran sujetos a imposición por parte de Bélgica en relación con sueldos y salarios ya gravados en Francia, aquéllos, (apartado 3 del artículo 24 del Convenio), mediante solicitud escrita y motivada presentada a las autoridades fiscales francesas, pueden solicitar la revisión de las imposiciones que dan lugar la doble imposición cuyo mantenimiento es contrario al Convenio.

Esta solicitud debe presentarse antes de la expiración de un plazo de seis meses a partir de la fecha de la notificación o de la retención en la fuente de la segunda imposición. En este caso, las autoridades a quienes se haya presentado la solicitud deberán ponerse de acuerdo con las autoridades del otro Estado para evitar la doble imposición. Por lo tanto, los riesgos de doble imposición a los que se refiere Su Señoría no deberían existir.

Así las cosas, la Comisión es consciente de las inquietudes que la necesidad de recurrir a este procedimiento, que puede ser largo, puede causar a los empleados afectados. Por esta razón está dispuesta, para casos especialmente difíciles que se le comuniquen, a contactar a las autoridades fiscales de los dos Estados miembros para instarles, si el procedimiento previsto no da resultados en un plazo razonable, a encontrar lo antes posible una solución en cuanto a la determinación del Estado en que los salarios percibidos deben gravarse.

(1) Asunto C-336/96 Cónyuges Gilly, apartado 30.