ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/405

(2004/C 78 E/0427)

PREGUNTA ESCRITA E-2407/03

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(21 de julio de 2003)

Asunto: Seguro de los vehículos de motor

El 19 de junio de 2003, la mediadora belga en materia de seguros presentó su informe anual. Este informe anual expone que el número de cancelaciones, por otra parte en muy pocas ocasiones motivadas con claridad, ha sido tan masivo que cabe preguntarse si una empresa aseguradora que en primer lugar atrae al consumidor para excluirlo a continuación sin la menor explicación no está cometiendo un abuso del derecho. La realidad es que los aseguradores pueden cancelar anualmente el contrato, respetando el plazo de preaviso, sin otras consecuencias.

De la información de los servicios de la mediadora se deriva que los aseguradores están autorizados a excluir de otras coberturas, diferentes del seguro obligatorio de responsabilidad civil, a los clientes involucrados en un siniestro, incluso cuando el interesado no era el responsable o no había terceros implicados.

¿Comparte la Comisión el punto de vista de que los aseguradores no pueden excluir sin más de determinadas coberturas de riesgos a conductores involucrados en un accidente del que no sean responsables o en el que no estén implicados terceros, aunque sólo fuera porque es poco útil suscribir un seguro cuando el asegurador excluye a gran escala a los asegurados que, de buena fe, solicitan una indemnización? En caso negativo, ¿por qué razones? En caso afirmativo, ¿qué medidas va a tomar en favor de los consumidores afectados?

¿Puede constituir un abuso del derecho la práctica consistente en atraer a consumidores para excluirlos posteriormente sin motivos? En caso afirmativo, ¿qué medidas va a tomar la Comisión? En caso negativo, ¿qué argumentos aduce la Comisión para rebatir la sospecha de la mediadora belga en materia de seguros?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-2405/03, E-2406/03 y E-2407/03

dada por el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(4 de septiembre de 2003)

La Comisión sigue con preocupación la situación en algunos Estados miembros donde las subidas de los precios del seguro obligatorio corren el riesgo de tener el efecto perverso de obstaculizar o incluso de impedir la libre elección de los individuos (en particular los jóvenes y las personas mayores) entre los distintos medios de transporte a su disposición (vehículo privado o transporte público). Remitimos a Su Señoría a las respuestas que la Comisión dio a las preguntas escritas no 0592/02 (1) y 1522/03 (2), de Marianne Thyssen y Armando Cossutta respectivamente.

No obstante, la Comisión es fiel al principio de libertad de tarifas preconizada por las terceras directivas sobre seguros. Esto es especialmente válido para el ámbito del seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles, a pesar de su carácter obligatorio confirmado en la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase en particular la sentencia de 25 de febrero de 2003 (3)). En efecto, las presiones competitivas benefician a los consumidores.

Su Señoría menciona el espíritu del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y del artículo II-21 del proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa. La Comisión desea precisar que un tratamiento diferenciado no constituye necesariamente una discriminación basada en la edad del tomador de seguro cuando este tratamiento pueda estar justificado por factores objetivos, que reflejen elementos subyacentes objetivos, para determinar el nivel de las primas del tomador de seguro. Así pues, es necesario tener en cuenta que las compañías fijan sus tarifas en función, entre otros factores, de la frecuencia media de los siniestros. Según su valoración del riesgo, pueden decidir libremente adaptar su oferta o incluso dejar a la competencia algunos nichos de los mercados nacionales. En cualquier caso, la Comisión se siente en el deber de precisar que la segmentación no es de ninguna manera un resultado de la normativa europea, sino más bien una técnica destinada a fijar una tarificación más conforme a la situación de cada mercado local: se aplican algunas tarifas diferenciadas a los individuos que representan costes diferentes. En este sentido, parece conforme al Derecho comunitario siempre que corresponda a categorías de clientes diferentes, cuyos riesgos pueden evaluarse mediante análisis estadísticos apropiados y objetivos.

En su pregunta E-2406/03, Su Señoría menciona la problemática de la consideración del pasado de siniestralidad de los asegurados. La Comisión desea recordar que el abandono del sistema uniforme obligatorio de bonus/malus en Bélgica es una consecuencia directa de la acción que inició a partir de 1996 y que finalizó en 2002 (4) con la introducción de medidas que disocian la escala de la tarifa. Por lo tanto, las empresas dispondrán de una mayor libertad para efectuar la diferenciación en función de la siniestralidad real de sus asegurados y a hacer ofertas más competitivas a sus clientes.

Su Señoría menciona también en esta cuestión las medidas introducidas en la legislación belga por el artículo 2 de la Ley de 2 de agosto de 2002, llamada «Ley Monfils» (5). Esta disposición permite a cualquier persona dirigirse a la Oficina de tarificación «cuando al menos tres compañías de seguros a las que se haya dirigido se nieguen a concederle cobertura». Hay que precisar que «la propuesta de una prima superior» a un límite máximo «determinado al multiplicar la prima más baja de la tarifa de la compañía de seguros para un vehículo automóvil idéntico al que es objeto de la solicitud» se asimila a una denegación con arreglo a esta disposición. Queda claro que, de acuerdo con el marco reglamentario europeo, corresponde exclusivamente a las autoridades nacionales prever los mecanismos oportunos para que los tomadores de seguros puedan cumplir la obligación de suscribir el seguro de responsabilidad civil obligatorio. Por lo tanto, la Comisión no podría pronunciarse sobre medidas como éstas o la mencionada en la pregunta no E-2407/03 que son competencia de las instituciones belgas competentes en materia de control y política comercial de las empresas. Sin embargo, la Comisión acoge muy favorablemente la medida destinada a la lucha contra la falta de seguro que figura en estas mismas disposiciones y que le parece perfectamente compatible con el objetivo contemplado por las directivas sobre el seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles.

Por su parte, la Comisión ha tomado la iniciativa de proponer, en el marco de la modernización en curso de las directivas sobre el seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles, algunas medidas destinadas a facilitar la vida de las personas que deseen cambiar de seguro (obligación del asegurador de expedir un certificado con el historial de siniestralidad) para sacar provecho de las mejores condiciones tarifarias ofrecidas en cada momento (6). En este contexto es, por supuesto, favorable a toda medida de transparencia destinada a reducir la asimetría de información entre el asegurador y el asegurado.

Además, la Comisión está convencida de que el camino que debe seguirse para disminuir el coste del seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles pasa inevitablemente por un refuerzo de la seguridad vial: en 2000, los accidentes de tráfico causaron la muerte de 41 761 personas (de ellos 1 470 en Bélgica) y más de 1,7 millones de heridos en la Unión. Entre 1991 y 2001, 16 918 personas encontraron la muerte en las carreteras belgas (7). Para hacer frente a esta plaga, la Unión desarrolla una campaña muy ambiciosa para la seguridad vial cuyos efectos serán también positivos para las carteras de los tomadores de seguros, ya que toda reducción de la siniestralidad tiene necesariamente una incidencia sobre el coste de la prima.

Por último, en lo relativo al proyecto del Gobierno belga relacionado con la duración de los contratos de seguros que cubren la responsabilidad civil de los vehículos automóviles de los jóvenes conductores mencionados en la pregunta E-2405/03, no corresponde a la Comisión pronunciarse sobre proyectos hipotéticos de normativas nacionales.

(1) DO C 301 E de 5.12.2002.

(2) DO C 33 E de 6.2.2004, p. 128.

(3) En el caso C-59/01, Comisión c/República Italiana, en particular el apartado 29 de la sentencia.

(4) Con la aprobación del Decreto Real de 16 de enero de 2002, por el que se modifica el Decreto Real de 22 de febrero de 1991 por el que se introduce la normativa general de control de las compañías de seguros y el Decreto Real de 14 de diciembre de 1992 relativo al contrato modelo de seguro obligatorio de la responsabilidad en materia vehículos automóviles, publicado en el Monitor belga de 14 de febrero de 2002.

(5) Aparecido en el Diario Oficial belga de 30 de agosto de 2002.

(6) COM(2002) 244 final.

(7) Según CARE, el banco de datos comunitario sobre los accidentes de tráfico rodado (http://europa.eu.int/comm/transport/home/care/index_en.htm).