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PREGUNTA ESCRITA P-2492/02

de Jean-Maurice Dehousse (PSE) a la Comisión

(2 de septiembre de 2002)

Asunto: Adquisición de propiedades inmobiliarias en Dinamarca

El sábado 29 de junio, la emisión Forum des Européens, del canal de televisión ARTE, estuvo dedicada a Dinamarca y a la Presidencia danesa que comienza. En dicha emisión se explicó que la legislación danesa prohibe la adquisición de propiedades inmobiliarias (o al menos de determinados tipos de propiedades) a los extranjeros, aunque sean ciudadanos de la Unión.

Si esta información es cierta, ¿cuál es el fundamento de dicha norma? ¿Opina la Comisión que dicha prohibición es compatible con los principios fundamentales de la Comunidad (incluida la igualdad de los ciudadanos) y del Mercado Común?

Además, ¿no se ha considerado la prohibición de este tipo de restricciones de derechos como parte integrante del acervo comunitario en las negociaciones en curso con algunos países candidatos a la Unión?

Si es así, ¿cuál es el resultado de las negociaciones al respecto con los distintos países candidatos?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(26 de septiembre de 2002)

La adquisición de bienes inmobiliarios en otro Estado miembro es un movimiento de capitales y como tal se rige por el artículo 56 del Tratado CE, que establece una prohibición de las restricciones a los movimientos de capital. Pero esta disposición está también sujeta a excepciones expresamente previstas en el Tratado.

En cuanto a Dinamarca, existe un protocolo especial en el Tratado sobre la adquisición de propiedad en ese Estado miembro que afirma que No obstante los dispuesto en el Tratado, Dinamarca podrá mantener la legislación vigente sobre la adquisición de bienes inmuebles distintos de las viviendas de residencia permanente. La legislación existente requiere que para adquirir una segunda residencia en Dinamarca el comprador debe haber residido en el país durante cinco años, independientemente de su nacionalidad.

Aunque la libertad de movimientos de capital es parte del acervo comunitario también lo es la disposición particular referente a las segundas residencias en Dinamarca.

En el caso de la mayor parte de los países candidatos, las negociaciones sobre movimientos de capital se han cerrado provisionalmente para todos excepto con Rumania. Con respecto a las operaciones inmobiliarias están previstos períodos transitorios para determinados países para la adopción de la libertad completa en el caso de la adquisición de segundas residencias o de terrenos agrícolas y forestales. Un resumen de los arreglos transitorios previstos para los países candidatos se encuentra en http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/chapters/chap4/index.htm.
PREGUNTA ESCRITA P-3624/98

de Stanislaw Tillich (PPE) a la Comisión

(24 de noviembre de 1998)

Asunto: Licitación de la Comisión de la UE de 18.7.1998: no 98/S 137-92959, no 98/S 137-92298, no 98/S 137-92958 y no 98/S 138-91477

¿Podría explicar la Comisión por qué dichas licitaciones con unos plazos muy breves se publicaron precisamente durante el período principal de vacaciones, coincidiendo, además, con los trabajos de reconversión de la publicación del Diario Oficial de papel a CD-ROM, por lo que muchas personas y organizaciones no pudieron presentarse a tiempo?

¿Podría prorrogar la Comisión el plazo de tal licitación, ya que se han presentado quejas al respecto, y no dar la impresión de que únicamente gente con información privilegiada podría haber mantenido el plazo en este caso que afecta a la DG XXIII?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión

(15 de enero de 1999)

Las licitaciones 98/S137-92959, 98/S137-92298 y 98/S137-92958 se publicaron en el Diario Oficial el 18 de julio de 1998 y el plazo concluyó el 8 de septiembre de 1998. 295 empresas pidieron la documentación relacionada con ellas, pese al grado de especialización del trabajo correspondiente.

El plazo de presentación de ofertas se ajusta al artículo 18 de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios(1). Recuérdese que este artículo estipula que el plazo de recepción de ofertas no puede ser inferior a cincuenta y dos días contados a partir de la fecha de envío del anuncio.

Por lo que respecta a la licitación 98/S138-91477, se publicó el 21 de julio de 1998 (plazo: 10 de septiembre de 1998). La Comisión recibió veinticuatro ofertas, un número elevado para este tipo de contratos.

Las licitaciones se publicaron en esas fechas para cumplir los plazos que exigían los compromisos financieros de 1998. Aunque la Comisión es consciente de que las fechas de publicación no eran ideales, se hizo el mayor esfuerzo posible para dar publicidad a las convocatorias por otros medios, como, por ejemplo, transmitiendo la información a los Centros Europeos de Información Empresarial para su difusión territorial.

(1) DO L 209 de 24.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-3903/98

de Patricia McKenna (V) a la Comisión

(4 de enero de 1999)

Asunto: Participación de Mario Monti, Miembro de la Comisión, en la reunión de Bilderberg

En relación con la reunión de Bilderberg a la que asistió Mario Monti, Miembro de la Comisión, y que se celebró en Toronto, los días 30 de mayo al 2 de junio de 1996:

1. ¿Puede especificar la Comisión cuáles fueron las partidas que componían el total del viaje? ¿Puede señalar si los costes se reembolsaron en su momento? Si no fue así, ¿quién los pagó?

2. Puesto que, normalmente, Bilderberg paga un lujoso alojamiento, ¿puede indicar la Comisión si el Miembro de la Comisión ha de declararlo?

3. ¿Recibió el Miembro de la Comisión las dietas estipuladas correspondientes a los días de viaje?

4. ¿Pidió licencia el Miembro de la Comisión para ausentarse durante este viaje?

¿Considera la Comisión que Mario Monti, Miembro de la Comisión, debería haber declarado su calidad de miembro del Comité de Dirección de Bilderberg? Si considera que no, ¿por qué no?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-3899/98, E-3900/98, E-3901/98, E-3902/98 y E-3903/98 dada por el Sr. Santer en nombre de la Comisión

(5 de febrero de 1999)

El pago de los gastos de desplazamiento y estancia se realizó con arreglo a las disposiciones vigentes.

En cuanto a la participación del Sr. Monti en el comité de dirección de Bilderberg, la Comisión se remite a la respuesta dada a la pregunta oral H-933/98 de Su Señoría en el turno de preguntas de la sesión de noviembre II 1998 del Parlamento(1).

(1) Debates del Parlamento (noviembre II 1998).
3.

He aquí el desglose por Estados miembros de las importaciones correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2001 y octubre de 2002 (importaciones por las que se pagaron derechos —con un retraso de dos meses— en el período comprendido entre enero de 2002 y diciembre de 2002). Se distinguen tres categorías: importaciones de productos agrícolas por las que se abonaron derechos agrícolas, importaciones de productos no agrícolas por las que se pagaron derechos de aduana e importaciones de productos parcial o totalmente exentos de derechos de importación. (millones de euros) Import. de productos agrícolas por las que se abonaron derechos agrícolas Import. de productos no agrícolas por las que se abonaron derechos de aduana Importaciones de productos parcial o totalmente exentos de derechos de importación TOTAL importaciones UE-15 10 933,8 426 028,2 479 604,2 916 566,2 Bélgica 479,8 26 547,4 30 768,6 57 795,8 Dinamarca 94,9 8 461. 6 331,5 14 887,3 Alemania 1 789,9 112 338,4 102 363,2 216 491,5 Grecia 293,9 5 226. 9 469,8 14 989,8 España 1 171,9 22667. 31 475,5 55 314,4 Francia 731,5 43 587,8 54 969,1 99 288,4 Irlanda 102,4 4 252,8 13 992,7 18 347,9 Italia 1 532,8 51 233,3 49 115,5 101 881,7 Luxemburgo 4,7 1 113,3 1 811,7 2 929,8 Países Bajos 1 249,2 37063. 67 918,4 106 230,6 Austria 293. 12 150,2 11 714,6 24 157,7 Portugal 407,1 3 672,8 5 352,9 9 432,8 Finlandia 56,6 3 868,7 7 912,8 11 838,1 Suecia 184,8 11 145,6 11 035,3 22 365,6 Reino Unido 2 541,3 82 700,8 75 372,6 160 614,7 Se remiten directamente a Su Señoría y a la secretaría del Parlamento las tres categorías más importantes, en valor de los productos importados, parcial o totalmente exentas de derechos de importaciones.
—

Por lo que respecta al permiso de paternidad, esta cuestión se aborda en la Directiva 2002/73/CE (3) (que modifica la Directiva 76/207/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres), que en su 13er considerando recuerda la Resolución de 29 de junio de 2000 en la que se alentaba a los Estados miembros a evaluar la posibilidad de que sus respectivos ordenamientos jurídicos reconocieran a los hombres trabajadores el derecho individual e intransferible al permiso de paternidad, manteniendo sus derechos en materia laboral. Se resaltaba asimismo que son los Estados miembros los que deben decidir si reconocen dicho derecho, así como determinar aquellas condiciones, distintas del despido y la reincorporación al trabajo, que no entran en el ámbito de aplicación de esta Directiva. El nuevo apartado 7 del artículo 2 (de la Directiva 76/207/CEE introducido por la Directiva 2002/73/CE) establece que la Directiva no «afectará al derecho de los Estados miembros a reconocer derechos específicos al permiso de paternidad y/o de adopción». La Comisión no contempla por el momento nuevas propuestas en este ámbito.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/172

(2004/C 84 E/0211)

PREGUNTA ESCRITA P-0192/04

de Philip Bradbourn (PPE-DE) a la Comisión

(22 de enero de 2004)

Asunto: Reembolso en virtud de la norma n+2

¿Puede facilitar la Comisión Europea el cálculo más aproximado de la cantidad que deberá reembolsar el Reino Unido por cada región en el ejercicio 2003, en virtud de la norma n+2?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(1 de marzo de 2004)

El apartado 2 del artículo 31 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999 por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (1) indica que la Comisión liberará de oficio cualquier parte de un compromiso que no haya sido objeto de un pago a cuenta o para el que no se haya recibido una solicitud aceptable de pago al término del segundo año siguiente al del compromiso. Se establecen algunas excepciones en casos de procedimiento judicial o de recurso administrativo.

La Comisión todavía no ha finalizado el tratamiento de las declaraciones de pago correspondientes a 2001 y no está por lo tanto en condiciones de proporcionar la información pedida por Su Señoría. La Comisión se ha comprometido a informar a los Estados miembros antes de finales de febrero 2004 sobre cualquier liberación automática que resulte de la norma denominada «n+2» para el período que finalizaba el 31 de diciembre de 2003.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.
1.

El Consejo sintió la misma preocupación que Su Señoría ante la detención y posterior condena a 15 años de prisión del periodista belga Thierry Falise, del fotógrafo francés Vincent Reynaud y de su intérprete estadounidense. No obstante, no inició ninguna gestión diplomática oficial ante el Gobierno de Lao para no interferir con los esfuerzos bilaterales que llevaban a cabo en ese momento los Gobiernos de Francia y Bélgica, que procuraban la liberación de los periodistas.
—

«Car price differentials within the European Union on 1 November 2002» (Diferenciales de precios de los automóviles en la Unión Europea al 1 de noviembre de 2002), Comisión Europea, Dirección General de Competencia.
3.

Por último, debe tenerse en cuenta que, en general, los requisitos de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (1) son de aplicación, y en especial los que se refieren a la transparencia de precios, tarifas y condiciones. La «Directiva sobre el servicio universal» (2), un ejemplo de legislación sectorial, entrará en vigor el 25 de julio de 2003. Sin embargo, esta Directiva no obliga a celebrar un contrato de provisión de acceso a Internet, sino que establece la obligación de mencionar, de celebrarse un contrato, los servicios prestados y los detalles de precios y tarifas. Por ello, la legislación de telecomunicaciones no parece dejar hueco para que la Comisión exija la inserción en contratos de las condiciones a las que hace referencia Su Señoría en su pregunta. Sin embargo, la Comisión hace notar a Su Señoría que el 18 de junio de 2003 adoptó una propuesta de Directiva sobre las prácticas comerciales abusivas (3). Esta Directiva haría frente a las prácticas «engañosas» y «agresivas». En cuanto a las prácticas «engañosas», las empresas tienen la obligación de no omitir información «esencial» alguna que el consumidor medio necesite a la hora de tomar una decisión bien fundada sobre una transacción cuando esta información no pueda deducirse del contexto.
2.

La existencia de pocas agencias de calificación en el mundo no implica automáticamente que tengan, por separado o conjuntamente, una posición dominante. De hecho, incluso un número reducido de competidores puede hacer que un mercado sea competitivo si compiten enérgicamente unos con otros. La Comisión no ha investigado hasta ahora y no puede concluir que exista una «falta de mecanismos competitivos entre ellas». En todo caso, el tener una posición dominante no constituye per se un abuso. El refuerzo de una posición dominante puede considerarse un abuso en determinadas circunstancias; sin embargo, la oferta de servicios adicionales no parece ser un comportamiento abusivo, en la medida en que aumenta la elección de servicios disponibles para el consumidor. Si Su Señoría tiene información sobre comportamientos concretos de agencias de calificación que puedan considerarse anticompetitivos, es bienvenido a comunicarla a la Comisión. Sobre la base de los elementos que se presenten, la Comisión podrá decidir iniciar una investigación.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 33/64

(2004/C 33 E/060)

PREGUNTA ESCRITA E-0656/03

de Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) a la Comisión

(5 de marzo de 2003)

Asunto: Embarcaciones de dragado en Indonesia

El 26 de julio de 2002 la marina indonesia detuvo varias embarcaciones de dragado, entre ellas tres belgas, en Sumatra. Se les acusó de no llevar la documentación pertinente y de robar arena. Desde esa fecha, las embarcaciones quedaron amarradas.

El 9 de octubre de 2002, un juez indonesio condenó a cada uno de los dragadores belgas al pago de una multa de más de 3 000 dólares por no disponer de la documentación pertinente ni de copias de la misma. Tras el pago de dichas multas, se les debería haber puesto en libertad. En la sentencia, el juez no menciona el robo de arena, ya que no se trata de una sustracción. Si se ha notificado una cantidad inferior de arena recogida, esto sólo es imputable a los concesionarios locales que están en contacto con las autoridades centrales. Sin embargo, se trata de un problema interno de Indonesia. Pese a ello, el Gobierno indonesio hizo caso omiso de la sentencia y decidió exigir una indemnización al margen de la vía judicial. Se pidieron 18,5 millones de euros de rescate. Este importe equivale al 15 % del valor de las embarcaciones de dragado. Según el Gobierno indonesio, se trata de una compensación por las pérdidas sufridas por la población indonesia debido a unas condiciones perjudiciales de obtención de arena que fueron fijadas por los Gobiernos anteriores. A estas alturas se ha pagado el rescate y se ha puesto en libertad a los dragadores.

1. ¿Está enterada la Comisión de esta situación?

2. En caso afirmativo, ¿no opina la Comisión que el Gobierno indonesio ha contravenido las obligaciones contraídas en el marco de la OMC?

3. ¿No considera la Comisión que el Gobierno indonesio ha hecho caso omiso (de forma injustificada) de la sentencia del juez indonesio, menoscabando el Estado de Derecho?

4. En caso afirmativo, ¿tiene previsto la Comisión realizar gestiones a este respecto cerca del Gobierno indonesio?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(4 de abril de 2003)

La Comisión tiene conocimiento del proceso judicial en Indonesia de varios dragadores, entre los cuales se hallaban varios belgas, y de su posterior puesta en libertad.

En el momento actual, la Comisión no considera que el comportamiento del Gobierno indonesio sea contrario a sus obligaciones en la Organización Mundial del Comercio.

En cuanto al presunto hecho de que el Gobierno indonesio haya hecho caso omiso de la sentencia, la Comisión considera que se trata de un problema interno, que no guarda relación con las obligaciones internacionales de Indonesia. Por tanto, en la situación actual la Comisión no va a hacer ninguna gestión ante el Gobierno indonesio.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/20

(2004/C 88 E/0020)

PREGUNTA ESCRITA E-1150/03

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(1 de abril de 2003)

Asunto: Seychelles

Recientemente, Colin Thelermont, tras escapar de prisión, fue salvajemente torturado antes de ser ejecutado; un caso similar en el mes de enero de 1999 también terminó con una ejecución sumaria.

Teniendo en cuenta que Seychelles ha ratificado tanto la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como la Convención contra la pena de muerte (1 de febrero de 2002), ¿qué medidas piensa tomar la Unión Europea para que las autoridades de Seychelles hagan frente a sus responsabilidades en este ámbito?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-1148/03 y E-1150/03

dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(6 de mayo de 2003)

Las relaciones de la Comunidad con los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (Estados ACP) se basan en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tal y como se define en el Acuerdo de Cotonú.

Las medidas adoptadas para mejorar la democratización y la buena gobernanza de las Seychelles comprenden la concesión de una ayuda considerable para el desarrollo y la consolidación de las organizaciones no estatales mediante un programa de capacitación de la sociedad civil (un 15 % del 9o Fondo Europeo de Desarrollo (FED) está asignado en calidad de fondos a los que los agentes no estatales tienen acceso directo). El objetivo de esta medida es potenciar la capacidad de los agentes no estatales para que puedan convertirse en un socio valorado y constructivo en el desarrollo de Seychelles.

Asimismo, en los últimos años, la Comisión ha tomado una serie de iniciativas para apoyar el proceso democrático (por ejemplo, la presencia de la Delegación en las elecciones, las conversaciones con los líderes de la oposición en Bruselas y en Seychelles, etc).

En lo que toca a una posible actuación de la Unión sobre las denuncias concretas de tortura, la Comisión se pondrá en contacto con la Presidencia local en Seychelles.
1.

La Comisión ha tomado medidas en este sentido desde diversos frentes. En primer lugar, en el ámbito de los programas de investigación y desarrollo tecnológico de la UE, diversos proyectos han abordado esta cuestión en los últimos años, con el fin de contribuir a la disponibilidad de soluciones técnicas que proporcionen a las personas ciegas o deficientes visuales acceso a las comunicaciones y servicios digitales. Estos proyectos inciden, por ejemplo, en el acceso a documentos electrónicos, en la accesibilidad de la web, en el acceso a las matemáticas en formato electrónico, en el acceso a ficheros de música, en el acceso a material escolar electrónico para niños, etc. Para obtener más información sobre estos proyectos, puede consultarse la siguiente dirección: http://www.cordis.lu/ist/ka1/special_needs/. En segundo lugar, a través del trabajo de normalización (para obtener informaciones más detalladas, véase: (http://www.eeurope-standards.org/activities_e-accessibility.htm). Cabe observar que, en el ámbito de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), el Consejo de Normalización de las TIC ha creado el grupo de coordinación de la normalización «Diseño para todos y tecnologías de la asistencia» (Design for All and Assistive Technologies Standardisation Co-ordination Group — DATSCG), con el fin de reunir a los diversos organismos que desarrollan actividades de normalización en este ámbito en Europa, como CEN, Cenelec y ETSI (1), así como a representantes de grupos de personas discapacitadas y de otros grupos activos en la normalización de las TIC. Concretamente, el DATSCG está promoviendo las orientaciones de la iniciativa para la accesibilidad de la web (Web Accessibility Initiative — WAI), que tienen como objetivo aumentar la accesibilidad de la web para las personas con discapacidades. Una resolución del Parlamento ha recomendado su utilización en los sitios web públicos, de las instituciones de la Unión y de los Estados Miembros (para más información sobre el DATSCG, véase http://www.ict.etsi.org/DATSCG/DATSCG_home.htm). En tercer lugar, la Comisión está consultando e invitando a organizaciones de personas con discapacidades, en particular a personas ciegas o con deficiencias visuales, a participar en diversos grupos de trabajo en que se desarrollan o aplican nuevas medidas legislativas. Tal es el caso de los trabajos en los ámbitos de la accesibilidad de los servicios de comunicaciones electrónicas, de la gestión de los derechos digitales y de la televisión digital, realizados en el seno del grupo de trabajo para las comunicaciones inclusivas (Inclusive Communications — INCOM) y sujetos a la apreciación del Comité de las Comunicaciones (COCOM), instituido de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva marco 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (2).
—

Martin Huncar, pastor adjunto de la Iglesia Protestante Word of Life de Bratislava, afirma que ni siquiera ha intentado registrar su iglesia porque sabía que era inútil. La iglesia se ha visto obligada a registrarse ante el Ministerio del Interior como una organización que lleva a cabo actividades sociales y cristianas con los jóvenes y no puede utilizar la palabra «iglesia» en sus documentos oficiales. Huncar subraya que, sin registro, la iglesia no puede celebrar matrimonios o funerales legalmente válidos y tampoco puede trabajar en las escuelas y las cárceles;
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/99

(2004/C 78 E/0099)

PREGUNTA ESCRITA E-2251/03

de Joaquim Miranda (GUE/NGL) a la Comisión

(7 de julio de 2003)

Asunto: Carta de los niños hospitalizados

En 1988, se redactó en Leiden la Carta de los niños hospitalizados, cuyo objetivo es la humanización de los servicios de atención a los niños.

19 países de Europa que adhirieron sucesivamente a esta Carta, entre los que se encuentran Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Suiza, Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia, fundaron la «European Association of Children in Hospital» que, en su VII Conferencia Internacional, celebrada en Bruselas en 2002, decidió plantear la cuestión ante las instituciones de la Unión Europea. A pesar de que este asunto no entra en el ámbito de las competencias comunitarias, ¿puede decir la Comisión si tiene intención de abordar este tema y proponer al Consejo la adopción de medidas que correspondan a las recomendaciones incluidas en dicha Carta?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(7 de agosto de 2003)

Como Su Señoría indica, este asunto no entra en el ámbito de las competencias comunitarias.

La asistencia sanitaria es responsabilidad de los Estados miembros. La Comisión no puede intervenir a este respecto y, por esta razón, no propondrá al Consejo que tome medidas que se ajusten a las recomendaciones realizadas en la Carta de los niños hospitalizados.