PREGUNTA ESCRITA E-1796/00

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(8 de junio de 2000)

Asunto: Límite al impuesto sobre el dióxido de carbono en Suecia

La fabrica de carburo Azko Nobel, la única de su género en Suecia, que tiene 50 empleados en Stockvik, en las afueras de Sundvall, está amenazada de cierre si la legislación de la UE prohibe a Suecia establecer un límite al impuesto sobre el dióxido de carbono. Un aumento del impuesto sobre el dióxido de carbono haría que la fábrica de carburo ya no fuese rentable. En Suecia se aplica el impuesto sobre el dióxido de carbono más elevado, pero para que las empresas con una utilización intensiva de energía no sufrieran demasiado, en 1997 se introdujo un límite a este impuesto.

No obstante, según las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, la Comisión considera que este límite existente en Suecia es una ayuda estatal incompatible con la normativa de la UE en materia de competencia. ¿Podría señalar la Comisión si estas informaciones son correctas? En ese caso, ¿podría la Comisión explicar su posición?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(19 de julio de 2000)

En 1997 la Comisión aprobó una propuesta sueca para un tipo impositivo más bajo aplicable al dióxido de carbono producido por el combustible utilizado para calefacción en actividades industriales grandes consumidoras de energía y para invernaderos industriales. La aprobación se basó en las directrices comunitarias sobre la ayuda estatal para la protección del medio ambiente(1). Por lo tanto es correcto que la Comisión considera que el límite máximo aplicable al impuesto constituye una ayuda estatal.

La exoneración de un impuesto general cae en el ámbito del apartado 1 del artículo 87 (antiguo artículo 92) del Tratado CE cuando favorece a determinadas empresas y esto tiene, a su vez, un efecto en el comercio entre Estados miembros. Se calculó que la exención sueca beneficiaba a alrededor de 60 empresas y (como constata la cuestión) afecta al comercio en la Comunidad.

El punto 1.5.3 de las directrices ambientales estipula que la introducción de impuestos o exacciones medioambientales puede dar lugar a ayudas estatales, ya que algunas empresas no pueden soportar la carga financiera adicional y solicitan una desgravación temporal. Esta desgravación constituye una ayuda de funcionamiento que puede adoptar [la forma de] desgravación de los impuestos medioambientales implantados en algunos Estados miembros, para evitar que sus empresas queden en desventaja con respecto a sus competidores de países en que no existen tributos análogos.

En cuanto a la compatibilidad de la ayuda con el mercado común, el punto 3.4 de las directrices declara que la Comisión no aprueba normalmente una ayuda de explotación que alivie a las empresas de costes resultantes de la contaminación que causan. Sin embargo, la Comisión puede autorizar una exacción temporal de los nuevos impuestos medioambientales cuando sea necesario compensar pérdidas de competitividad, particularmente a nivel internacional. En principio la ayuda debería ser regresiva. Otro factor que debe tenerse en cuenta es lo que las empresas concernidas tienen que hacer a cambio: reducir su contaminación. El tipo impositivo reducido para el CO2 producido por el carbón y el gas natural utilizados en la fabricación industrial se aprobó hasta finales de 1999. La Comisión acaba de recibir más información de las autoridades suecas sobre la prolongación prevista del sistema y procederá evaluarla(2).

(1) DO C 72 de 10.3.1994.

(2) Caso de ayuda estatal N 2/2000.