PREGUNTA ESCRITA E-0194/02

de Bert Doorn (PPE-DE) a la Comisión

(5 de febrero de 2002)

Asunto: Discriminación por razón de la nacionalidad

En varios Estados que han solicitado la adhesión a la Unión Europea están en vigor leyes relativas a la restitución de los bienes expropiados tras la guerra en las que se establece la nacionalidad del propio país como requisito para la devolución de dichos bienes.

A juicio de la Comisión ¿se trata de una forma de discriminación por razón de la nacionalidad que debe suprimirse antes de la adhesión, en el caso de que ésta tenga lugar?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0194/02, E-0195/02, E-0196/02 y E-0197/02dada por el Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(17 de mayo de 2002)

La Comisión está controlando permanentemente el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague para la adhesión de los países candidatos, es decir, el respeto de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y civiles, y la protección de las minorías. Desde que emitió su dictamen sobre la solicitud de adhesión de los candidatos a la Unión en 1997, la Comisión describe y evalúa cada año detalladamente los avances en estos ámbitos en sus Informes Regulares sobre el progreso de los países candidatos hacia la adhesión. Dichos Informes (los más recientes se adoptaron en noviembre de 2001)(1) se han transmitido al Parlamento y hecho públicos. Además, el control se lleva a cabo a través de reuniones contempladas en los Acuerdos Europeos (por ejemplo, Consejos y Comités de Asociación), así como en el marco de las asociaciones para la adhesión sobre temas específicos.

En la evaluación general de los Informes Regulares, la Comisión concluye que los 12 países candidatos que negocian actualmente con la Unión reúnen dichos criterios políticos para la adhesión. Al decidir entablar negociaciones con los países candidatos, los Consejos Europeos de Luxemburgo (12 y 13 de diciembre de 1997) y Helsinki (10 y 11 de diciembre de 1999) respaldaron la opinión sobre los criterios políticos de la Comisión, expresada en los dictámenes e Informes Regulares. En 1999, el Consejo Europeo de Helsinki estipuló claramente que el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague

constituía un requisito previo para el inicio de negociaciones de adhesión. Además, el Consejo Europeo de Laeken (14 y 15 de diciembre de 2001) citaba específicamente diez países candidatos que podrían adherirse a la Unión en 2004.

La situación con respecto a los derechos de propiedad, no obstante, es una consecuencia de la historia posterior a la Segunda Guerra Mundial de los países candidatos, especialmente compleja. No debe perderse de vista que las expropriaciones tuvieron lugar mucho antes de que se fundara la Comunidad y entrara en vigor el Tratado de Roma y, por lo tanto, no influyen en principio en la transposición y aplicación del acervo comunitario en los países candidatos.

Los problemas relacionados con la restitución de las propiedades confiscadas son por lo tanto esencialmente responsabilidad de cada país candidato y, en su caso, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los países candidatos han elegido, en consecuencia, los planteamientos que consideran más adaptados a su contexto histórico, social y económico. Aunque no se haya promulgado una legislación específica, todo individuo tiene derecho a llevar su caso ante el Tribunal de acuerdo con la legislación vigente. Tras la adhesión a la Union, y en el ámbito de aplicación del Tratado CE, estará prohibida cualquier discriminación basada en la nacionalidad (de un Estado miembro), el origen racial o étnico, la religión o las creencias.

Pese a que la Unión no tiene competencias respecto al régimen de propiedad (artículo 295 CE), la Comisión ha tomado nota de los siguientes avances en los países candidatos relacionados con este tema sensible: en agosto de 2001, el Gobierno de la República Checa tomó la primera decisión, basada en un acto específico que entró en vigor en julio de 2000, sobre la transferencia de propiedades y tierras a la Asociación de Comunidades Judías Checas. En la República Eslovaca, se han devuelto las propiedades de la Iglesia basándose en la Ley de 1994, que abarca el período que va de 1945 en adelante. Además, una comisión gubernamental establecida en agosto de 2001 está elaborando legislación relativa al período contemporáneo a la Segunda Guerra Mundial; dicha legislación se ocupará específicamente de la restitución de propiedades a la Asociación de Comunidades Judías Eslovacas. Polonia cuenta con legislación relativa a la devolución de propiedades comunales; en este contexto, se han restituido una serie de sinagogas, así como iglesias, escuelas, etc., o se han otorgado compensaciones. En Rumania, la Ley de Restitución de la Propiedad entró en vigor en febrero de 2001, y en ella se establecían los principios y procedimientos básicos aplicables a la restitución de propiedades. La Ley también abarca el período 1940-1945 y deberá por lo tanto satisfacer las solicitudes de restitución de los judíos afectados por legislación discriminatoria durante la Guerra. Al mismo tiempo, hay que señalar que la aplicación de esta Ley no ha sido satisfactoria hasta ahora. En Eslovenia, el Acta de Desnacionalización de 1991 estableció la base jurídica para este proceso.

Los Decretos AVNOJ(2) fueron adoptados en un momento histórico, después de la Segunda Guerra Mundial, muy anterior a la fundación de la Comunidad Europea y a la entrada en vigor del Tratado de Roma. Por lo que respecta al Estado miembro más afectado (Austria), la creación de una comisión de historiadores austriacos y eslovenos, que se ocupa entre otras cosas de las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, constituye un avance positivo. Además, ya está en marcha el proceso de desnacionalización en Eslovenia y en septiembre de 2001 se adoptaron decisiones en relación con el 61 % de las propiedades reclamadas. Pese a estos avances, todavía debe progresarse en este ámbito. El tema de la desnacionalización se ha incluido en el orden del día de una serie de reuniones en el marco del Acuerdo Europeo, y se ha tratado más recientemente en el Comité de Asociación reunido en Bruselas el 15 de febrero de 2002.

(1) COM(2001) 700 final.

(2) En relación con este tema, dichos decretos estipulaban que los habitantes de origen alemán y austríaco debían ser expulsados y sus propiedades confiscadas.