PREGUNTA ESCRITA E-2261/99

de Marie Isler Béguin (Verts/ALE) a la Comisión

(13 de diciembre de 1999)

Asunto: Reconocimiento de títulos

El Tratado de la Comunidad Europea, que prevé la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios y el reconocimiento general de una enseñanza o de una formación profesional, no se respeta.

En efecto, según el sistema general de reconocimiento de títulos, el Estado miembro de acogida no puede negar a los nacionales comunitarios el acceso a una actividad profesional regulada si cuentan con la cualificación para ejercer esa profesión en su país de origen. Ahora bien, la armonización y el reconocimiento de los títulos de los países miembros aún no se han actualizado, por ejemplo, el título de maestra de educación preescolar (Bélgica-Francia), el título de arquitecto (Francia-Grecia), etc.

Estas prácticas administrativas generan situaciones de exclusión social y profesional en el seno de una Europa que preconiza la supresión de las fronteras.

La Comisión Europea ha decidido presentar un recurso contra Francia y Grecia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por incumplimiento de la legislación comunitaria.

¿Qué tramites han de realizar y con qué posibilidades de recurso cuentan los ciudadanos europeos a quienes se deniegue un empleo por no presentar un título reconocido?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(20 de enero de 2000)

El sistema general está basado en la noción de reconocimiento mutuo, lo que presupone que se puede considerar que las cualificaciones nacionales dentro de la Comunidad tienen el mismo valor. Este principio se ha aplicado a aquellas profesiones reguladas cuyo nivel mínimo de formación exigida no está coordinado a nivel comunitario(1). El Estado miembro de acogida debe examinar la cualificación de un candidato procedente de otro Estado miembro (el Estado miembro de origen) en relación con sus propios requisitos. Si hay diferencias significativas, el Estado miembro de acogida puede exigir que se haga una prueba de aptitud, se pase un período de adaptación o que el candidato tenga experiencia profesional.

Cada Estado miembro es responsable de incorporar la legislación comunitaria a su propio ordenamiento jurídico. Las Directivas mediante las cuales se establece el sistema general han sido ya incorporadas en su práctica totalidad al ordenamiento jurídico de todos los Estados miembros; dichas Directivas son, principalmente, la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años(2) y la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE(3). La Directiva 89/48/CEE aún no ha sido completamente incorporada al ordenamiento jurídico de Grecia. La Comisión ha llevado el asunto ante el Tribunal de Justicia y ha solicitado que se imponga una multa coercitiva a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 228 (antiguo artículo 171) del Tratado CE. Además, los derechos básicos de los ciudadanos que dependen del sistema general son directamente aplicables en los Estados miembros. Por lo tanto, los ciudadanos pueden reclamar esos derechos ante los tribunales nacionales y pueden utilizar las vías nacionales de recurso jurisdiccional, de las que todo Estado miembro debe disponer(4). En general, es competencia de los tribunales nacionales averiguar si, en un caso concreto, las autoridades nacionales han infringido el ordenamiento jurídico comunitario. En este contexto, los tribunales nacionales pueden pedir al Tribunal de Justicia una decisión prejudicial en que se interprete la legislación comunitaria.

Según los tratados, la Comisión es responsable de que la legislación comunitaria se aplique correctamente. Por lo tanto, si un Estado miembro incumple la legislación comunitaria, la Comisión tiene poderes propios (recurso por incumplimiento) para intentar poner fin a la infracción y, si es necesario, puede llevar el caso ante el Tribunal de Justicia. La Comisión emprende toda actuación que le parezca adecuada para dar curso o bien a una reclamación o bien a indicios de infracción que ella misma detecte. Nótese que, en los casos concretos, los procedimientos de infracción incoados por la Comisión no tienen el mismo efecto jurídico que una acción jurídica nacional y, por lo tanto, no la pueden sustituir.

Cualquiera puede presentar a la Comisión una reclamación contra un Estado miembro por toda medida (legislativa, reglamentaria o administrativa) o práctica atribuible a un Estado miembro que se considere incompatible con una disposición o un principio del ordenamiento jurídico comunitario. Los recurrentes no tienen obligación de demostrar que tienen intereses en el procedimiento. Tampoco necesitan probar que la infracción les afecta de forma principal y directa. Para que la reclamación sea admisible, debe tener por objeto una infracción del ordenamiento jurídico comunitario por parte de un Estado miembro. Por lo tanto, no puede tratarse de un litigio entre particulares.

Los ciudadanos que no obtengan el reconocimiento de su titulación pueden consultar los puntos de contacto nacionales en todas las oficinas de información de la Comisión. Los particulares

también pueden obtener información sobre los derechos que les otorga el ordenamiento jurídico comunitario a través del Servicio de Orientación al Ciudadano (que facilita números de teléfono gratuitos en todos los Estados miembros) o por internet.

(1) El sistema general no se aplica a aquellas profesiones para las que existe una legislación comunitaria específica, en la que se armonizan los requisitos mínimos de cualificación (por ejemplo, médicos, enfermeros generales, comadronas, dentistas, farmacéuticos y, hasta cierto punto, arquitectos). En estas profesiones, el reconocimiento es automático.

(2) DO L 19 de 24.1.1989.

(3) DO L 209 de 24.7.1992.

(4) Véase el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 89/48/CEE y el apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 92/51/CEE.