PREGUNTA ESCRITA E-1847/96 de Joan Colom i Naval (PSE) a la Comisión (5 de julio de 1996)

Asunto: Discriminación por motivos de nacionalidad en las tarifas de las escuelas públicas de Estados miembros

Se ha podido constatar que las instituciones públicas de enseñanza (desde preescolar a la universitaria) de algunos Estados miembros de la UE practican una política de precios diferenciada según la nacionalidad del alumno, atendiendo al hecho de que éste sea o no ciudadano del Estado propietario de la institución en cuestión. Es decir, se aplican tarifas de matrícula, inscripción, cuotas mensuales, habitación, manutención, etc., distintas para sus nacionales y para los extranjeros, aunque éstos sean ciudadanos comunitarios. Inútil precisar que suelen ser los nacionales quienes pagan menos o, incluso, reciben gratis prestaciones que los demás comunitarios deben abonar.

En ese mismo sentido, se ha comprobado que, al menos un Estado miembro aplica una modalidad específica de discriminación en sus establecimientos de enseñanza en países que no pertenecen a la UE: sus nacionales y los ciudadanos del país tercero en que está ubicado el establecimiento pagan menos que los restantes comunitarios.

¿Considera la Comisión, y más teniendo en cuenta varias sentencias del Tribunal de Justicia, que tal discriminación por motivo de nacionalidad es compatible con los Tratados? En su caso, ¿qué medidas piensa adoptar al respecto?

Respuesta de la Sra. Cresson en nombre de la Comisión (18 de septiembre de 1996)

La primera parte de la pregunta aborda la discriminación sufrida por los ciudadanos comunitarios que deben pagar sumas más elevadas que los estudiantes nacionales para acceder a algunos centros de enseñanza pública. El mismo problema se plantea por lo que se refiere a la concesión de becas de estudio. Cabe recordar al respecto que las disposiciones comunitarias, según la interpretación del Tribunal de Justicia, garantizan por una parte la igualdad de trato de los estudiantes comunitarios y nacionales en el acceso a la educación y a la formación (artículos 126 y 127 - antiguo artículo 128 - del Tratado CE) y, por otra, de forma más completa, la de los trabajadores comunitarios y sus hijos, consagrada en los artículos 48, 52 y 59 del Tratado y en el Reglamento 1612/68 del Consejo. En cuanto a la primera categoría de personas, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha confirmado en repetidas ocasiones el principio, consagrado en el Derecho comunitario, de la no discriminación en el acceso a los cursos de formación profesional (véanse, entre otras, las sentencias en los asuntos Forcheri, no 152/82 y Gravier, no 293/83, relativas a la aplicación directa del artículo 7 - actual artículo 6 - del Tratado). La igualdad de trato supone no sólo la prohibición de imponer tasas más elevadas o que no sean exigidas a los estudiantes nacionales, sino también el acceso en igualdad de condiciones que los ciudadanos nacionales a las becas de estudio, salvo las de manutención.

Por lo que se refiere a los estudiantes hijos de trabajadores que hayan ejercido el derecho de libre circulación en otro Estado miembro, la igualdad de trato es completa y abarca todas las ayudas previstas para los nacionales, incluidas las becas de manutención (véase asunto Raulin, no 357/89)

En este contexto, se ha solicitado en el pasado la intervención de la Comisión, a veces en procedimientos contenciosos, para resolver asuntos concretos de los que tuvo conocimiento relativos a prácticas contrarias al derecho comunitario o a reglamentos discriminatorios. Por otra parte, los Tribunales nacionales deben aplicar el Derecho comunitario conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, como ocurrió en Bélgica en los numerosos asuntos interpuestos ante la jurisdicción nacional a raíz de la sentencia del asunto Gravier, ya citado.

La segunda parte de la pregunta hace referencia a la discriminación de los ciudadanos comunitarios respecto al acceso a centros de enseñanza pública de un Estado miembro sitos en el territorio de un país tercero. El caso al que se refiere Su Señoría es el único de que tiene conocimiento la Comisión y es objeto de un examen en profundidad en el marco de un procedimiento interno actualmente en curso.

A falta de mayores detalles que le permitan realizar las indagaciones necesarias sobre los problemas mencionados por Su Señoría, la Comisión lamenta no poder responder de forma más precisa a las preguntas planteadas. Ruega, pues, a Su Señoría tenga a bien precisar más detalladamente las preguntas planteadas a fin de poder responder con conocimiento de causa.