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PREGUNTA ESCRITA E-1996/99

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(9 de noviembre de 1999)

Asunto: Supresión de los privilegios fiscales para los diplomáticos

En el curso de la renovación de la Comisión se decidió el mes pasado que los nuevos Comisarios ya no disfrutarían en el futuro de los privilegios fiscales que se les habían concedido durante mucho tiempo. En el contexto de esta loable reforma digna de mención, ¿podría la Comisión indicar si este régimen se ampliará en un futuro próximo a la totalidad del aparato diplomático en el seno de la Unión Europea?

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(22 de diciembre de 1999)

El privilegio de comprar productos libres de impuestos por parte de los diplomáticos está basado en las antiguas tradiciones recíprocas que se codificaron en el Convenio de Viena a partir de 1961. También se contemplan explícitamente en la legislación comunitaria (en cuanto al IVA las exenciones se fijan en el apartado 10 del artículo 15 de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios(1), mientras que exenciones similares de impuestos especiales se citan en el apartado 1 del artículo 23 de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales(2). Estos privilegios están sujetos a las condiciones y limitaciones fijadas por los Estados miembros.

En su reunión del 29 de septiembre de 1999 la Comisión decidió que todos sus miembros renunciarían voluntariamente a varios de los privilegios especiales concedidos tradicionalmente por las autoridades belgas en aplicación del Convenio de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. Por lo que se refiere a los gastos de naturaleza privada, los miembros de la Comisión ya no ejercitarán por lo tanto su derecho a pedir la exención del IVA y los impuestos especiales para las compras de vino y bebidas espirituosas, cigarrillos y gasolina o, con exención del IVA, de una amplia gama de bienes de uso personal.

Generalmente se puede argumentar que en un mercado interior los privilegios de este tipo para diplomáticos de un Estado miembro destinados en otro Estado miembro ya no están justificados y deberían suprimirse. Esto, sin embargo, requeriría una modificación de la legislación comunitaria actual y un voto unánime del Consejo a propuesta de la Comisión. Se trata de una cuestión que necesita un examen cuidadoso porque interfiere con la aplicación por los Estados miembros del Convenio de Viena. Por consiguiente, la Comisión no tiene intención de presentar en un futuro próximo ninguna propuesta sobre este asunto.

(1) DO L 145 de 13.6.1977.

(2) DO L 76 de 23.3.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-1735/99

de Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) a la Comisión

(29 de septiembre de 1999)

Asunto: Normativa relativa a la contaminación acústica transfronteriza

A raíz de una serie de preguntas en las que los habitantes de la zona lindante con Bélgica de la provincia neerlandesa de Brabante Septentrional exponían su preocupación, se ruega a la Comisión que conteste a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué opinión le merece a la Comisión Europea la laguna existente en la normativa europea en materia de lucha y control con respecto a las perturbaciones transfronterizas de tipo acústico y vibratorio en términos generales, y, en particular, cuando éstas son causadas por complejos industriales?

2. ¿Considera la Comisión que resulta necesario establecer una normativa europea en este ámbito?

3. ¿Puede indicar la Comisión qué medidas piensa emprender en este ámbito y a qué plazo?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(12 de noviembre de 1999)

La Comisión es consciente de que la legislación europea y nacional actual no puede luchar adecuadamente contra el ruido y las vibraciones causadas en los Estados miembros colindantes. La Comisión es especialmente consciente de que los centros industriales y los aeropuertos generan problemas transfronterizos, con las consiguientes dificultades para las autoridades locales y nacionales. La Comisión considera que cierta armonización de la legislación en materia de contaminación acústica simplificaría de forma notable la labor de estas autoridades en su búsqueda de mejoras.

El Libro Verde de la Comisión sobre política futura de lucha contra el ruido(1) indica varios motivos por los que sería conveniente introducir cierta armonización en la normativa correspondiente. En este contexto, la Comisión está considerando la posibilidad de presentar una Directiva sobre exposición al ruido ambiente. Un elemento fundamental de dicha Directiva sería la armonización de los indicadores y de los métodos de evaluación. Para que los debates e intercambios de datos sean más claros, se incluirán asimismo la elaboración de un mapa europeo del ruido, la presentación de los planes de actuación local, la publicación de datos por parte de la Comisión y la mejora de la política comunitaria en materia de emisiones sonoras. La Comisión espera presentar una propuesta de Directiva al Consejo y al Parlamento en el transcurso del año 2000.

Por ahora, la Comisión no tiene previsto incluir las vibraciones en la propuesta mencionada ni preparar una Directiva específica al respecto.

(1) COM(96) 540 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1862/99

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(14 de octubre de 1999)

Asunto: Establecimiento de una red europea de derechos humanos

En una reunión interministerial celebrada en Viena en diciembre de 1998 se decidió que la Unión Europea elaborara un informe anual sobre los derechos humanos.

¿No considera la Comisión que el establecimiento de una red europea de ONG que operan en el ámbito de los derechos humanos serviría de útil canal de comunicación entre dichas ONG y la Comisión Europea?

¿Apoyará un estudio de viabilidad destinado a examinar cómo podría funcionar tal red?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(8 de noviembre de 1999)

La Comisión concede una enorme importancia a los trabajos de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que persiguen los objetivos de los derechos humanos, así como a sus considerables contribuciones a la protección y promoción de estos derechos.

En la declaración adoptada en Viena el 10 de diciembre de 1998, la Unión se comprometió a reflexionar sobre la conveniencia de organizar periódicamente un foro sobre los derechos humanos con la participación de instituciones de la Unión y de representantes de centros universitarios y ONG. El Foro organizado por la Presidencia para el 30 de noviembre de 1999, que agrupará a representantes de las instituciones, de las ONG y de la universidad, supondrá la primera etapa de un diálogo profundo.

Por otra parte, la Comisión se congratula de la institución, en 1997, de un grupo de contacto por iniciativa de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Federación internacional de derechos humanos con

el fin de celebrar debates abiertos sobre las cuestiones de los derechos humanos entre las ONG, los parlamentarios, la Comisión y el Consejo, así como representantes de los Estados miembros. Este grupo de contacto, que constituye un embrión de una red de ONG que trabaje por la salvaguarda y la promoción de los derechos humanos, podría desarrollarse a partir de las provechosas experiencias en esta materia, como la asamblea general de las ONG de desarrollo.

La Comisión piensa presentar en 2000 una comunicación sobre los derechos humanos. Se consultará a las ONG para su elaboración. Uno de los temas que se tratarán en esta comunicación será la mejor manera de facilitar la plusvalía de la contribución de las ONG a los trabajos de la Comisión en materia de derechos humanos, así como el establecimiento de una posible red.
PREGUNTA ESCRITA E-1911/99

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(29 de octubre de 1999)

Asunto: Aplicación de la iniciativa comunitaria URBAN en Grecia

¿Puede indicar la Comisión en qué fase de aplicación se encuentra la iniciativa comunitaria URBAN en Grecia en relación con el pago de los créditos previstos, si considera que este grado de aplicación es satisfactorio y, de no ser así, a qué se deben los eventuales retrasos?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(25 de noviembre de 1999)

El retraso registrado en el comienzo de la ejecución del programa de iniciativa comunitaria URBAN en Grecia se debe a la necesidad de constituir una estructura descentralizada de gestión, lo que exigió largas discusiones, así como la firma de un contrato de gestión entre el Ministerio de economía nacional y las agencias encargadas de la ejecución en las seis ciudades incluidas en dicho programa.

Desde la constitución de esta estructura, se han conseguido avances muy rápidos, de forma que actualmente se han firmado todos los contratos y los proyectos están en vías de realización, incluso algunos terminados. Dada la pequeña envergadura de estos proyectos, puede preverse su conclusión para el final del primer semestre de 2000.

De acuerdo con las informaciones enviadas a la Comisión por las autoridades griegas, el conjunto de créditos correspondientes a URBAN ha sido comprometido y, por lo tanto, parece realista pensar que se va a conseguir la absorción total de dichos créditos. Esta situación todavía no se refleja en el importe de los créditos de pago, que es todavía relativamente bajo, debido al retraso registrado en el comienzo del programa.
PREGUNTA ESCRITA E-1897/99

de Raffaele Costa (PPE-DE) a la Comisión

(29 de octubre de 1999)

Asunto: LEADER II

La contribución global de los Fondos estructurales comunitarios asignada a Italia para la iniciativa comunitaria LEADER II relativa al desarrollo rural para el período 1994-1999 es de 282 millones de ecus, es decir, 546 000 millones de liras.

¿Podría la Comisión hacer saber a qué organismos públicos o privados, instituciones, empresas, cooperativas o particulares, y en qué medida se han asignado importes o contribuciones (con pagos ya efectuados o no) en relación con LEADER II?

¿Podría decir asimismo si se ha controlado el destino efectivo de los importes y el buen fin de las iniciativas?

Rspuestas del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(22 de noviembre de 1999)

La contribución global del programa de iniciativa comunitaria Leader II a Italia en el período de 1994-1999 ha sido de 329 millones de euros.

En aplicación del principio de subsidiariedad, la iniciativa comunitaria Leader II se caracteriza esencialmente por una ejecución descentralizada, dentro del respeto de las competencias institucionales de cada corporación territorial.

Conforme a lo indicado en la Comunicación a los Estados miembros sobre la iniciativa comunitaria Leader II(1), cada uno de los programas de innovación rural de cada GAL (grupo de acción local: conjunto de interlocutores públicos y privados que desarrolla, en un territorio coherente de dimensión local, una estrategia de desarrollo plurisectorial) puede abarcar varios ámbitos de intervención y distintos tipos de beneficiarios.

La Comisión no participa en la selección de los grupos de acción local, que, en Italia, son 200, y la aprobación de los planes de acción local que dichos grupos desarrollan compete a los Estados miembros, que seleccionan los programas a través de los grupos de cooperación regional. La selección individual de los proyectos corresponde a los GAL, que deben atenerse a las políticas comunitarias y a los criterios de subvención de las intervenciones financiadas por los Fondos Estructurales comunitarios.

Por consiguiente, en la fase actual es imposible responder con todo detalle a la pregunta planteada por Su Señoría.

Los beneficiarios de los programas de la iniciativa Leader II son fundamentalmente PYME del medio rural, empresas agrarias, corporaciones locales (municipios sobre todo), y los propios grupos de acción local, en su calidad de promotores de las medidas innovadoras previstas por esta iniciativa.

Una vez que haya concluido la ejecución de la iniciativa, la Comisión dispondrá de datos muy detallados y específicos de todas las intervenciones y podrá facilitárselos a Su Señoría.

(1) DO C 180 de 1.7.1994.
PREGUNTA ESCRITA E-2042/99

de Lennart Sacrédeus (PPE-DE) a la Comisión

(3 de noviembre de 1999)

Asunto: Matanza de vacas en Suecia

El 7 de octubre, seis vacas en buena salud fueron eliminadas en Ljungskile, en el sur de Suecia, debido a que el propietario no había querido marcarlas según la normativa comunitaria en vigor desde el 1 de enero de 1998. Las vacas fueron abatidas a tiros en un prado y sus cadáveres conducidos a una central de desechos. El Servicio Nacional de Productos Agrarios de Suecia afirma que la manera en que está redactada la normativa comunitaria obliga a matar a los animales en el lugar mismo donde se encuentran, sin que sea posible desplazarlos, ni siquiera a un matadero. Tampoco se permite excepción ninguna. ¿Es el propósito de la Comisión que la normativa se interprete de esta manera?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

La Comisión no dispone de información específica sobre el caso concreto al que se refiere su Señoría. No obstante, en términos generales, conviene recordar las normas aplicables en la materia, por ejemplo las previstas en el

Reglamento (CE) no 494/98 de la Comisión, de 27 de febrero de 1998, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 820/97 del Consejo en lo relativo a las sanciones administrativas mínimas en el marco del sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina(1). El artículo 1 de dicho Reglamento dispone que cuando en una explotación haya uno o más animales que no cumplan ninguna de las disposiciones del artículo 3 del Reglamento (CE) no 820/97, se impondrá una restricción a las entradas y salidas de todo animal de dicha explotación. Si el poseedor de un animal no pudiere probar la identificación de éste en un plazo de dos días laborables, el animal será eliminado inmediatamente bajo la supervisión de las autoridades veterinarias, sin que se conceda indemnización alguna por parte de las autoridades competentes.

Los animales a los que se hace referencia son los que no disponen de ninguno de los elementos previstos en el sistema de identificación (marcas auriculares, notificación a la base de datos informatizada, pasaporte, inscripción en el registro individual llevado en cada explotación). En caso de gravedad excepcional y, una vez transcurrido el plazo previsto, la matanza se justifica en particular por las infracciones cometidas que puedan constituir un riesgo para la salud humana y animal.

La legislación comunitaria (Reglamento no 494/98) se ha adoptado en forma de reglamento. Un acto de este tipo es obligatorio en todos sus elementos y no es compatible con una legislación nacional más flexible.

Por otro lado, las autoridades suecas no han presentado a la Comisión una solicitud de modificación del reglamento aplicable en la materia.

(1) DO L 60 de 28.2.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-1947/99

de Olivier Dupuis (TDI) al Consejo

(4 de noviembre de 1999)

Asunto: Kosovo

Se están multiplicando las tomas de posición en favor de la independencia de Kosovo, en particular pero no solamente por parte de personalidades políticas estadounidenses. Del lado europeo, se asiste por el contrario, por una parte, a una ofensiva legalista que reafirma el concepto de la integridad territorial de Yugoslavia y, por otra, a la aplicación de una política sobre el terreno que se ve obligada a tener en cuenta la nueva realidad que se ha creado en Kosovo.

¿No considera el Consejo que este enfoque europeo ambiguo puede causar perjuicio a largo plazo a la cuestión de la definición del estatuto final de Kosovo?

¿No considera el Consejo que la Unión debería proponer rápidamente un enfoque político en lo relativo a la cuestión del estatuto final de Kosovo, distanciándose al mismo tiempo de las posiciones ambiguas, con los riesgos que éstas implicarían a medio plazo, y de las posiciones en favor de una independencia, que no haría más que reforzar aún más la fragmentación de los Balcanes, proponiendo ya ahora la unificación de Kosovo y Albania?

En cualquier caso, ¿está dispuesto el Consejo a consagrar una parte sustancial de los recursos del plan de reconstrucción a la creación de nuevas vías de comunicación y al refuerzo de las vías de comunicación ya existentes entre Albania y Kosovo?

Respuesta

(31 de enero de 2000)

La política de la UE en Kosovo se basa principalmente en la puesta en práctica completa de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en todos sus elementos, y por todas las partes implicadas. Por lo tanto, el Consejo no considera ambiguo el planteamiento de la UE. Los rumores sobre la inevitable independencia de Kosovo van en contra del fin perseguido; el Consejo los rechaza finalmente, y continúa manteniendo el principio de la integridad territorial de la RFY.

Recientemente, todos los participantes en el pacto de estabilidad, en el que la UE desempeña un papel principal, reiteraron solemnemente su compromiso con, entre otros, todos los principios y normas consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki, la Carta de París y el Documento de Copenhague de 1990.

El Consejo desea comunicar a Su Señoría que la cuestión de construir nuevas rutas de comunicación en el sudeste de Europa está también en el orden del día de la Comisión sobre reconstrucción, desarrollo y cooperación económicos del Pacto de Estabilidad. El pasado 9 de octubre, en la reunión inaugural de esta Comisión en Bari, varios países de la región y el BEI presentaron proyectos de infraestructura, cuya viabilidad y financiación se encuentran ahora en curso de evaluación.
PREGUNTA ESCRITA E-1907/99

de Raffaele Costa (PPE-DE) a la Comisión

(29 de octubre de 1999)

Asunto: Programa de acción para la prevención del SIDA (1996-2000)

¿Podría la Comisión hacer saber a qué organismos públicos o privados, instituciones, empresas, cooperativas o particulares, y en qué medida se han asignado importes o contribuciones (con pagos ya efectuados o no) en relación con el programa de acción para la prevención del SIDA (1996-2000), con un presupuesto previsto para todo el período de 49,6 millones de ecus, equivalentes a 96 000 millones de liras?

¿Podría decir asimismo si se ha controlado el destino efectivo de los importes y el buen fin de las iniciativas?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(23 de noviembre de 1999)

En el marco del programa de prevención del sida y otras enfermedades transmisibles, aprobado el 29 de marzo de 1996 por el Parlamento Europeo y el Consejo mediante la Decisión no 647/96/CE(1), se puede conceder una subvención a proyectos que respondan a los objetivos del programa y aporten un valor añadido comunitario.

Con arreglo a las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución conferidas a la Comisión, cada año se envía al Parlamento una recapitulación sucinta de las solicitudes de financiación recibidas (incluidas las que pueden recibir una subvención).

Por lo que se refiere a los años 1996, 1997 y 1998, ya están a disposición de todos los individuos u organismos interesados repertorios que presentan de forma resumida los datos principales de los proyectos financiados. La recopilación de la documentación correspondiente al año 1999 concluirá a lo largo del mes de noviembre de 1999.

Por otra parte, también es posible consultar en Internet información de índole general sobre los proyectos subvencionados(2).

Cada proyecto financiado en el marco del programa es objeto de una evaluación científica y financiera por parte de la Comisión.

Por lo que respecta a la evaluación del programa, la Comisión ha presentado al Parlamento y al Consejo un informe intermedio(3) que versa, fundamentalmente, sobre el período de aplicación comprendido entre 1996 y 1997. En dicho informe, la Comisión subraya el grado de coherencia y de complementariedad logrado entre el programa en cuestión y las políticas, programas e iniciativas comunitarias vinculados al mismo. La Comisión realiza asimismo una evaluación de las acciones llevadas a cabo, a fin de aumentar el interés y la incidencia del programa. Con este propósito, la Comisión se basa en los dictámenes de un grupo de expertos externos y en los pareceres de los representantes de los Estados miembros que forman parte del comité de gestión.

(1) DO L 95 de 16.4.1996.

(2) http://europa.eu.int/comm/dg05/phealth/aids/projects.htm.

(3) COM(1999) 463 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1457/99

de David Bowe (PSE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1999)

Asunto: Alimentos funcionales

¿Considera la Comisión que está justificado retrasar el lanzamiento de la margarina Unilever que disminuye el colesterol, teniendo en cuenta que un producto similar producido por Raisio en Finlandia ya está presente en el mercado finlandés y que McNiels lo comercializará en varios Estados Miembros de la UE?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1455/99, E-1456/99, E-1457/99 y E-1458/99 dada por el Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(15 de octubre de 1999)

La Comisión no tiene la intención de proponer nuevas normas comunitarias de etiquetado de los denominados alimentos funcionales. Esta categoría no existe actualmente en el Derecho comunitario, y los productos en cuestión están sujetos a las disposiciones generales de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978(1) relativa al etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios destinados al consumidor final.

En 1997, Unilever presentó en los Países Bajos una solicitud para comercializar en la Comunidad una margarina para untar con ésteres de fitosterol, con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios(2). Unilever debió considerar que su producto no era substancialmente equivalente al producto fabricado por Raisio en Finlandia, y no se acogió al artículo 3(4) del Reglamento (CE) no 258/97, que establece un procedimiento abreviado para productos que son substancialmente equivalentes a otros alimentos o ingredientes alimentarios existentes.

La propia Comisión no ha formulado objeciones al informe inicial de evaluación de las autoridades de los Países Bajos en relación con el producto Unilever. Sin embargo, varios Estados miembros han hecho objeciones razonadas. De ahí que la autorización sólo

pueda concederse de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 258/97. Las objeciones hechas por los Estados miembros se refieren a aspectos de salud pública, así que la Comisión ha consultado al Comité científico de alimentación, con arreglo al artículo 11 del Reglamento (CE) no 258/97. Ahora se está a la espera del dictamen del Comité científico de alimentación.

En lo que respecta al producto Raisio, se remite a su Señoría a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita P-1506/99 del Sr. Mulder(3).

(1) DO L 33 de 8.2.1979.

(2) DO L 43 de 14.2.1997.

(3) DO C 203 E de 18.7.2000, p. 4.
PREGUNTA ESCRITA E-1823/99

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(12 de octubre de 1999)

Asunto: Ejercicio de las competencias políticas y legislativas de las entidades territoriales ante el Consejo de Ministros Europeo

Habida cuenta de la celebración de la Conferencia Intergubernamental para revisar los Tratados de la Unión y considerando su poder de iniciativa, ¿puede presentar la Comisión Europea una reforma que garantice la presencia directa en el Consejo de Ministros de entidades políticas territoriales (Comunidades Autónomas, estados federados, etc.) que cuentan con competencias muy concretas (políticas, económicas, sociales y culturales) cuando el Consejo trate de asuntos de especial interés para las mismas?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(25 de noviembre de 1999)

Los Estados miembros se distinguen por una gran diversidad por lo que se refiere a sus estructuras.

El artículo 203 (antiguo artículo 146) del Tratado CE permite a los Estados miembros componer su representación en el Consejo en función de sus situaciones específicas.