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1.

La Comisión remite a Su Señoría a los párrafos pertinentes de la Decisión 2003/433/CE de la Comisión, de 21 de enero de 2003, sobre el régimen de ayudas «exención del impuesto del timbre para los bienes inmuebles no residenciales sitos en regiones desfavorecidas» notificado por el Reino Unido (1), en especial los puntos 38 a 41 («Compatibilidad con las Directrices de ayuda regional») y 42 a 45 («Compatibilidad con las Directrices sobre zonas urbanas desfavorecidas»). En primer lugar, en los párrafos del título «Compatibilidad con las Directrices de ayuda regional» la Comisión reconoce que el mapa de ayuda regional para el Reino Unido no se basa en zonas NUTS III sino en el concepto de «zonas de oportunidades para el empleo», cada una de las cuales tiene una población superior a 100 000 habitantes. Además las zonas a que se dirige la exención del impuesto del timbre son zona aisladas y muy pequeñas. El párrafo 41 concluye afirmando: «Las autoridades británicas concuerdan en que las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional no son de aplicación a la exención del impuesto sobre el timbre, aunque muchos de los distritos desfavorecidos seleccionados sí que formen parte del mapa de las ayudas regionales.». En segundo lugar, en los párrafos del título «Compatibilidad con las Directrices sobre zonas urbanas desfavorecidas», la Comunicación de la Comisión sobre la expiración de las Directrices sobre ayuda estatal para empresas de zonas urbanas desfavorecidas constituye la base jurídica inicial para su evaluación. Según esta Comunicación la no ampliación de las Directrices (sobre ayuda estatal para las empresas en zonas urbanas desfavorecidas expiraron en el curso del procedimiento) no implica que la ayuda estatal ya no sea posible, y dependiendo de las circunstancias específicas de la ayuda propuesta, puede aprobarse directamente sobre la base de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado. Por consiguiente la Comisión examinará tales casos habida cuenta de los objetivos comunitarios. Así pues, la Comisión analizó el sistema tanto habida cuenta de los objetivos de la Comunidad como su efecto en la competencia y el comercio.
La Comisión continuará utilizando sus poderes de investigación y sus frecuentes contactos con los operadores del sector para controlar la situación con arreglo al artículo 11 del Reglamento una vez haya expirado el período de transición el 1 de octubre de 2003. Cada vez que se pongan en su conocimiento abusos o prácticas contrarias a las nuevas normas, tomará las medidas oportunas, en su caso en colaboración con las partes afectadas.

La Comisión desea aprovechar esta oportunidad para subrayar que no tiene ningúna intención de derogar el Reglamento (CE) no 1400/2002, ni de excluir su aplicación, ni de retirar el beneficio de la exención. Las condiciones para tal retirada o no aplicación se establecen en los artículos 6 y 7 del Reglamento, y, en opinión de la Comisión, éstas no se cumplen.

De igual forma, la Comisión quisiera llamar la atención de Su Señoría sobre el hecho de que si se derogara el Reglamento (CE) no 1400/2002, la exención general por categorías relativa a las restricciones verticales, conforme al Reglamento (CE) no 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (3), se aplicaría automáticamente a la distribución y a la reparación de los vehículos de motor. Desde el punto de vista de los concesionarios o de los talleres de reparación, ese reglamento cuenta con menos salvaguardias que el Reglamento (CE) no 1400/2002. Concretamente, no se establecen disposiciones sobre períodos de preaviso mínimos para la resolución de los contratos de los concesionarios, no permite a aquellos concesionarios que así lo deseen subcontratar los servicios de posventa, permitiría a los fabricantes impidir de forma efectiva que los concesionarios vendieran marcas de proveedores competidores y no prevé que los talleres de reparación independientes tengan acceso a la información técnica que necesitan para reparar los vehículos actuales de manera efectiva y segura.

En el supuesto de que no se aplicaran ni el Reglamento (CE) no 1400/2002 ni el Reglamento (CE) no 2790/1999 al sector de los vehículos de motor, los concesionarios, los fabricantes y los talleres de reparación tendrían mucha menos seguridad jurídica respecto a la compatibilidad de sus acuerdos con las normas de competencia. Por lo tanto, la Comisión considera que una exención por categorías representa la mejor opción para este sector y entiende que esta postura sea compartida por la mayoría de los afectados.
4.

Parece que tres posibilidades deben distinguirse: a) El europeo se encuentra en el territorio de un Estado miembro del que es ciudadano. La mayor parte de los Estados miembros no conceden la extradición de sus propios ciudadanos a Estados Unidos y entre los que sí lo hacen, según ha podido saber la Comisión, solamente uno lo hace a condición de que el condenado sea devuelto para cumplir la condena en su país. Además, en caso necesario la pena se ajusta a las normas de ese Estado miembro. b) El europeo se encuentra en el territorio de un Estado miembro del que no es ciudadano, o en un tercer país. En este caso, no habría ningún obstáculo para la extradición a Estados Unidos sobre la base de la ciudadanía pero otros argumentos para la denegación podrían aplicarse, especialmente los previstos por el tratado bilateral de extradición aplicable. En el futuro, si el acuerdo UE-USA sobre extradición entra en vigor, también habría que tomar en consideración las razones para la denegación previstas en este acuerdo. c) El europeo se encuentra en territorio de Estados Unidos. En este caso, parece muy poco probable que sea devuelto al Estado miembro del que es ciudadano para ser juzgado en él.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 65/109

(2004/C 65 E/121)

PREGUNTA ESCRITA E-2003/03

de Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) a la Comisión

(16 de junio de 2003)

Asunto: Libertad de circulación de billetes del euro

La circulación de billetes del euro, desde su muy temprana edad, se ha encontrado con un obstáculo, no por esperado menos molesto y preocupante, como es la restricción a la circulación de determinados billetes del euro, especialmente a partir de cien euros.

«No se admiten billetes a partir de cien euros», recogen frecuentes letreros indicadores en comercios y establecimientos abiertos al público.

¿Puede indicar la Comisión si existen disposiciones sobre la posibilidad de no aceptar billetes del euro, en cualquiera de sus tamaños, y en caso contrario si los usuarios que deseen abonar los servicios solicitados tienen algún recurso legal para enfrentarse a las disposiciones que restringen la circulación de determinados billetes del euro?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(23 de julio de 2003)

De conformidad con la tercera frase del apartado 1) del artículo 106 del Tratado CE y con el artículo 10 del Reglamento (CE) no 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro (1), todas las denominaciones de los billetes en euros son de curso legal. Si bien este Reglamento introduce una limitación (véase artículo 11) sobre el número máximo de monedas que una parte está obligada a aceptar, no existen disposiciones similares en relación con los billetes. Las diferentes denominaciones de los billetes se especifican en una decisión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. El concepto de curso legal no está definido en el derecho comunitario, por lo que debe interpretarse a la luz de las disposiciones y prácticas nacionales.

No existe legislación europea que contemple la posibilidad de plantear un recurso contra la aceptación restringida de determinados billetes. Pueden ser aplicables diferentes disposiciones de la legislación civil y monetaria de los Estados miembros.

(1) DO L 139 de 11.5.1998.
3.

Los sistemas de los Estados miembros para supervisar la gestión de fondos comunitarios varían según sus disposiciones constitucionales y la distribución de competencias entre los diversos niveles de la administración. En algunos Estados son responsables los ministros nacionales mientras que en otros no tienen derechos legales (o éstos son muy limitados) de supervisión sobre el gasto comunitario a nivel regional. En todo caso, el Reglamento aplicable prevé una gama amplia de medidas que los Estados miembros deben tomar el control financiero de la ayuda [véase, en especial, artículo 38 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (1), y el Reglamento (CE) no 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales (2)].
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/835

(2004/C 78 E/0888)

PREGUNTA ESCRITA E-3614/03

de Esko Seppänen (GUE/NGL) a la Comisión

(5 de diciembre de 2003)

Asunto: Cultivo de bayas dulces de serbal

Las ayudas a la agricultura son competencia exclusiva de la Comisión. ¿Considera la Comisión que las autoridades de un Estado miembro actúan de modo correcto al no conceder las ayudas a todos los agricultores sobre las mismas bases sino en virtud de su lugar de residencia? Las autoridades finlandesas no han concedido ayudas adecuadas a los agricultores que cultivan bayas dulces de serbal en lo que tales autoridades consideran la zona «equivocada» del país, es decir, en una zona que no está considerada zona de cultivo de bayas. En opinión de la Comisión, las bayas de serbal transformadas para que sean dulces, ¿son bayas o fruta?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(29 de enero de 2004)

Los Estados miembros pueden decidir, en función de sus prioridades, conceder ayudas agrícolas nacionales a tal o cual cultivo. Deben, sin embargo, garantizar que estas posibles ayudas nacionales sean compatibles con el Derecho comunitario. Hasta ahora, esto implicaba que la Comisión examinaba previamente las ayudas estatales previstas por los Estados miembros para verificar la conformidad de las mismas con el Derecho comunitario, en el marco de las «Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario» (1). En este contexto, la Comisión acaba de adoptar una nueva normativa de exención por categoría de ayuda estatal en la agricultura en el marco de la reforma de la política agrícola común (PAC) (2). El nuevo Reglamento permitirá a los Estados miembros conceder varios tipos de ayudas estatales agrícolas sin tener que solicitar la aprobación previa de la Comisión. Esta exención por categoría permitirá acelerar la aplicación de las nuevas ayudas estatales en agricultura y facilitará asimismo la aplicación de los programas nacionales destinados a reforzar las normas en materia de medio ambiente, bienestar animal e higiene en el sector agrícola.

A falta de detalles concretos sobre las medidas mencionadas por Su Señoría, la Comisión no puede pronunciarse en cuanto a su conformidad con el Derecho comunitario.

Por lo que se refiere al hecho de saber si las serbas, fruto del serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia), «pihlajanmarja» en finlandés, son frutas o bayas, la Comisión opina que se trata de bayas, y, por lo tanto, también de frutas. Las bayas son, por definición, frutas.

(1) DO C 28 de 1.2.2000.

(2) Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios, DO L 1 de 3.1.2004.
1.

En lo que atañe a la publicación de los resultados de los controles sanitarios de las importaciones, cabe señalar que dichos controles son competencia exclusiva de los Estados miembros. En términos generales, éstos no tienen la obligación de proceder al muestreo de cada uno de los lotes objeto de importación para su análisis de laboratorio, ni de publicar los resultados o comunicarlos a la Comisión. Los Estados miembros sólo están obligados a informar a los demás Estados miembros y a la Comisión a través del sistema de alerta rápida de la Unión en caso de detectarse algún riesgo en esos controles. La Comisión debe informar en tal caso al país tercero de origen. En el caso de la contaminación con nitrofurano de la carne de aves de corral importada de Tailandia y Brasil, son de aplicación determinadas Decisiones específicas de la Comisión que obligan a los Estados miembros a comprobar cada uno de los lotes objeto de importación de carne de aves de corral procedente de esos países, a fin de detectar la presencia de nitrofurano y comunicar los resultados a la Comisión a través del sistema de alerta rápida. La Decisión sigue plenamente vigente en el caso de Brasil, mientras que, en el de Tailandia, el porcentaje de las importaciones sometidas a pruebas se sitúa actualmente en un 20 %. Estas Decisiones de la Comisión constituyen medidas de salvaguardia que, por definición, son temporales. Cada semana se publica en el sitio de Internet de la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores un resumen de las notificaciones efectuadas a través del sistema de alerta rápida, correspondientes a dicha semana. La referencia en la pregunta al control de la posible utilización de harina de carne y huesos en la producción animal de terceros países no procede en este contexto. La normativa comunitaria sobre la importación de productos avícolas no impone a los terceros países una prohibición relativa a los piensos comparable a la que existe en la Unión. La existencia de una prohibición efectiva en un país tercero constituye un importante elemento a la hora de proceder a la evaluación del riesgo geográfico de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), la cual puede tener a su vez una incidencia en las condiciones de importación desde ese país tercero de productos procedentes de rumiantes. La normativa comunitaria no prohíbe la utilización de harina de carne y huesos en el sector avícola de un país tercero que desee exportar carne de aves de corral a la Comunidad. No existe ninguna prueba científica que demuestre una relación entre la alimentación de las aves de corral a base de harina de carne y huesos y un posible riesgo de transmisión de la EEB a los humanos. En el caso de Brasil, las autoridades de este país han garantizado a la Comisión que dichas harinas no se utilizan en la producción de aves de corral, ya que, desde el punto de vista del coste, no son competitivas respecto a las proteínas vegetales tales como la soja.
3.

La legislación farmacéutica comunitaria en vigor no obliga a la industria a estudiar los medicamentos con vistas a su utilización pediátrica. Sin embargo, el marco regulatorio existente ya ofrece incentivos para los productos sin interés comercial. El Reglamento (CE) no 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos (1) establece incentivos para que la industria farmacéutica desarrolle y pueda comercializar medicamentos para tratar enfermedades graves y poco frecuentes para las que no se dispone de un método satisfactorio de tratamiento. Esta legislación se aplica por igual a las enfermedades infantiles y a las de los adultos. En 2000, tras una importante contribución de la Unión, la Conferencia Internacional sobre Armonización de los Requisitos Técnicos aplicables al Registro de Sustancias Farmacéuticas para Uso Humano (ICH) finalizó la guía E11: «Ensayos clínicos con medicamentos en pediatría», de aplicación en la Unión. En 2001, la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos creó, dentro del Comité de Especialidades Farmacéuticas, el Grupo de expertos en pediatría, que asesora sobre el estudio y la utilización de medicamentos pediátricos y está elaborando unas directrices al respecto destinadas a los investigadores y a la industria. De resultas de una Resolución del Consejo, la Comisión ha evacuado consultas para preparar propuestas con vistas a un nuevo Reglamento específicamente dirigido a la necesidad de profundizar en el estudio y la autorización de medicamentos pediátricos. Las propuestas de la Comisión están actualmente sometiéndose a una evaluación de impacto ampliada (EIA), cuyos resultados deben comunicarse en el primer trimestre de 2004. Cuando se conozcan estos resultados, podrán concluirse las propuestas para su adopción por la Comisión. En espera de la EIA, y para agilizar el procedimiento legislativo, la Comisión ha creado un grupo ad hoc de trabajo en el Comité farmacéutico (en el que están representados todos los Estados miembros) para que le asesore sobre este proyecto informal de propuesta. Por otra parte, la Comisión prosigue sus debates con otros grupos de interesados.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/662

(2004/C 78 E/0706)

PREGUNTA ESCRITA E-3872/03

de Alexander de Roo (Verts/ALE) a la Comisión

(16 de diciembre de 2003)

Asunto: Repercusión de las inversiones de la UE en el trasvase Júcar-Vinalopó

En el Convenio entre los usuarios de la conducción Júcar-Vinalopó y la empresa estatal «Aguas del Júcar S.A.» del 13 de julio de 2001, se dice expresamente que no se repercutirán ni las inversiones del Estado español, ni las de la Unión Europea, calificadas como «resto de la inversión» en el punto c) de la cláusula III del mismo Convenio. Esta cantidad no será repercutida a los usuarios, ni en las tarifas del agua, ni vía amortizaciones, ni vía gastos de explotación, ni con ningún otro concepto.

¿No opina la Comisión que este tratamiento de la financiación comunitaria es contraria a las siguientes obligaciones comunitarias: la transparencia en la gestión y aplicación de los fondos europeos (considerando 26 y 57, artículos 17 al 19, 34, 36 y 46 del Reglamento 1260/1999 (1)); la prohibición de que se falsee la competencia en el seno del mercado interior con ayudas de Estado (artículo 87 TCE); la protección de los intereses financieros comunitarios (artículo 280 TCE); y la obligación de transparencia económica y de tener en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua (artículo 9 y anexo III de la Directiva 2000/60/CE (2))?

La propia Abogacía del Estado español reconoce en su dictamen de 2 de junio de 2003 la independencia de la naturaleza de los fondos públicos en relación con la cuestión de la inclusión en los cánones de regulación y tarifas de utilización de agua de los importes financiados con fondos europeos en las obras hidráulicas.

Hay que tener en cuenta, además, que 35 hm3 anuales, sobre un total de 80 hm3 previsto por este trasvase, van dirigidos a usos de abastecimiento urbano, en los cuales es norma habitual hace años el pago de las inversiones por los usuarios, vía tarifas. En el caso del Alacantí y la Marína Baja, los nuevos abastecimientos van dirigidos básicamente a satisfacer los actuales incrementos de demanda turística. Ello supone que la Comisión estaría financiando a fondo perdido al sector turístico español. ¿Puede la Comisión aceptar esta situación?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(4 de febrero de 2004)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.

(1) DO L 161 de 26.6.1999, p. 1.

(2) DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
—

Croacia: La Comunidad reconoció a Croacia en enero de 1992. No obstante, el reconocimiento no condujo inmediatamente a la concesión de ayuda económica o al establecimiento de relaciones contractuales a causa de la guerra y de que el país no satisfacía las exigencias de la democracia. Así pues, la decisión de iniciar negociaciones con vistas a un acuerdo de cooperación y la ampliación del programa Phare se suspendió hasta que Croacia demostrara que se comprometía a respetar los principios democráticos y los derechos humanos. Sólo en el año 2000, cuando el nuevo Gobierno se comprometió claramente a respetar esos principios, es cuando la UE decidió iniciar negociaciones con vistas a un acuerdo de estabilización y asociación y conceder asistencia comunitaria.
2.

La Comisión no comparte la opinión de que las pequeñas centrales hidroeléctricas, sin excepción, tengan solo ventajas para el medio ambiente. Si bien es evidente que estas centrales no producen gases de efecto invernadero, pueden tener, sin embargo, un impacto considerable sobre la ecología, al privar a los ríos del flujo de sus aguas, al crear un obstáculo insalvable para los peces migratorios, al interferir con la recarga de los acuíferos subterráneos próximos a los ríos, etc. No obstante, en la mayoría de los casos pueden encontrarse soluciones para estos efectos negativos. La Comisión opina que los aspectos ambientales no pueden subordinarse entre sí, sino que, en aras de la transparencia, es fundamental que los beneficios y los perjuicios que suponen las pequeñas centrales hidroeléctricas para el medio ambiente se evalúen y se consideren según las perspectivas claramente definidas de la Directiva marco sobre las aguas, teniendo en cuenta asimismo los impactos generales. Esta será una de las tareas de la elaboración de los planes hidrológicos de cuenca, y será objeto de examen por parte de la Comisión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/904

(2004/C 78 E/0955)

PREGUNTA ESCRITA P-4049/03

de Francesco Speroni (NI) a la Comisión

(7 de enero de 2004)

Asunto: Productos con OGM

¿Hay una normativa que obligue a los establecimientos públicos del sector de la restauración a indicar el uso de productos con OGM cuando se supere el límite contemplado en la reglamentación?

En caso negativo, ¿considera conveniente la Comisión elaborar una normativa que introduzca esta obligación con objeto de proteger tanto la regularidad de las prácticas comerciales como la seguridad alimentaria?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(18 de febrero de 2004)

Ni la legislación comunitaria en vigor (1) ni las disposiciones del Reglamento (CE) no 1829/2003 (2), que serán aplicables a partir de abril de 2004, establecen la obligación para los restaurantes y colectividades de etiquetar como tales los alimentos obtenidos a partir de organismos modificados genéticamente o que contengan ingredientes obtenidos a partir de organismos modificados genéticamente.

En efecto, la nueva reglamentación en materia de etiquetado de alimentos que contengan material modificado genéticamente, y concretamente el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CE) no 1829/2003, se aplica a los alimentos que se suministran como tales al consumidor o a las colectividades. Por consiguiente, esas disposiciones sólo se aplican a los alimentos que suministran como tales las colectividades a los consumidores; en cambio, cuando esos alimentos son objeto de transformación o preparación, no se aplican las obligaciones de etiquetado.

El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CE) no 1829/2003 abre la posibilidad de adoptar, mediante el procedimiento de comitología, normas específicas relativas a la información que deben facilitar las colectividades que suministran alimentos al consumidor final. Actualmente, no está prevista ninguna iniciativa sobre el particular.

La cuestión —más amplia— de la información que deben proporcionar a los consumidores los establecimientos del sector de la restauración se trata en el contexto de la revisión general de la legislación relativa al etiquetado de los alimentos.

(1) Reglamento (CE) no 49/2000 de la Comisión, de 10 de enero de 2000, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1139/98 del Consejo relativo a la indicación obligatoria, en el etiquetado de determinados productos alimenticios fabricados a partir de organismos modificados genéticamente, de información distinta de la prevista en la Directiva 79/112/CEE, DO L 6 de 11.1.2000.

(2) Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Texto pertinente a efectos del EEE), DO L 268 de 18.10.2003.