ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
PREGUNTA ESCRITA E-3034/01

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(30 de octubre de 2001)

Asunto: IVA aplicado a los proyectos financiados mediante colectas de fondos

A diferencia de lo que ocurre en el sector de la vivienda, los proyectos benéficos para la construcción y renovación de hospitales deben abonar la tasa total del IVA a la Hacienda Pública del Reino Unido. De este modo, gran parte del dinero recaudado se pierde. Es comprensible que este hecho desmoralice a los voluntarios que trabajan en estos proyectos.

Por lo tanto, ¿podría revisar la Comisión la lista del Anexo H de la sexta Directiva sobre el IVA para permitir al menos que estos proyectos benéficos abonen un tipo reducido de IVA?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 2001)

Las disposiciones comunitarias vigentes en el ámbito de la construcción solo permiten aplicar un tipo reducido a las prestaciones relativas a la vivienda, conforme a la política social.

Por otra parte, en el marco de la experimentación relativa a los servicios de gran intensidad de mano de obra(1), los Estados miembros que así lo soliciten pueden aplicar un tipo reducido hasta el 31 de diciembre de 2002 a las obras de renovación y reparación de viviendas particulares, con excepción de los materiales que constituyan una parte importante del valor del servicio prestado.

La legislación comunitaria establece una distinción entre las viviendas por una parte y, por otra, las construcciones comerciales o industriales, destinadas en principio a operadores con derecho a deducción, y los establecimientos como hospitales o colegios, generalmente subvencionados por las autoridades públicas.

La Comisión ha anunciado la revisión y racionalización a medio plazo, en su nueva estrategia sobre el impuesto sobre al valor añadido (IVA)(2), de las normas y excepciones aplicables a la determinación de los tipos reducidos de dicho impuesto. En ese contexto se estudiará asimismo el tratamiento del sector de la construcción. No obstante, dado que la adopción de disposiciones fiscales está siempre sujeta a la aprobación unánime del Consejo, la Comisión no puede garantizar el resultado de los debates de dicha institución en este ámbito.

(1) Directiva 1999/85/CE del Consejo, de 22 de octubre de 1999, que modifica la Directiva 77/388/CEE, por lo que se refiere a la posibilidad de aplicar, con carácter experimental, un tipo reducido del IVA sobre los servicios de gran intensidad de mano de obra DO L 277 de 28.10.1999.

(2) COM(2000) 348 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3683/01

de Nicholas Clegg (ELDR) a la Comisión

(17 de enero de 2002)

Asunto: Alimentos irradiados

¿Considera la Comisión adecuado que en el etiquetado, para designar alimentos tratados con radiaciones, se utilice exclusivamente la indicación de que se trata de un producto irradiado?

En el Reino Unido se han introducido distinciones tales como pasteurizado en frío, esterilizado mediante haz de electrones o pasteurizado mediante procedimiento electrónico.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(4 de febrero de 2002)

El etiquetado de los productos tratados con radiaciones ionizantes está regulado por las disposiciones del artículo 6 de la Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 22 de febrero de 1999, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre alimentos e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes(1), que establece el uso de las expresiones irradiado o tratado con radiación ionizante para indicar que el alimento o ingrediente alimentario se ha sometido a radiación. Por lo tanto, estas expresiones son obligatorias y su objetivo es asegurar una total transparencia para el consumidor.

Encontrará información sobre el tratamiento de alimentos e ingredientes alimentarios con radiaciones ionizantes en la siguiente dirección de internet: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sfp/sfp_index_en.html.

(1) DO L 66 de 13.3.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-3019/01

de Giles Chichester (PPE-DE) a la Comisión

(29 de octubre de 2001)

Asunto: Alimentación en días alternativos (skip a day) de las aves destinadas a la reproducción de los pollos de engorde

La industria avícola utiliza el término alimentación en días alternativos para referirse a una ración de piensos limitada que se da a las aves de cría y reproducción un día sí y uno no. Esta restricción es a menudo demasiado drástica y, por lo tanto, cruel. ¿Puede confirmar la Comisión si la Directiva 98/58/CE relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas(1) prohibe una práctica semejante? En caso afirmativo, ¿puede indicar qué medidas se han tomado para garantizar que los criadores en los diferentes Estados miembros dejen de emplear un método tan cruel para limitar la alimentación?

(1) DO L 221 de 8.8.1998, p. 23.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(9 de enero de 2002)

La Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, establece que Todos los animales deberán tener acceso a los alimentos a intervalos adecuados a sus necesidades fisiológicas (punto 15 del anexo) y que deberán recibir suficiente cantidad con el fin de mantener su buen estado de salud y de satisfacer sus necesidades de nutrición.

El 21 de marzo de 2000, el Comité científico de la salud y el bienestar de los animales adoptó un dictamen sobre el bienestar de los pollos para producción de carne. El Comité científico declara que las restricciones drásticas de pienso causan problemas inaceptables de bienestar. No obstante, indica también que si se permite que las aves destinadas a la reproducción alcancen un elevado peso corporal, mediante el libre acceso al pienso, se provocan otros graves problemas de bienestar en las razas existentes.

En consecuencia, no es posible concluir que todas las formas de acceso restringido al pienso constituyan una infracción de la Directiva sin tener en cuenta los posibles perjuicios de la alimentación libre sobre el bienestar de los animales, por lo que declarar que determinado sistema de alimentación es realmente contrario a lo establecido en el punto 15 del anexo de la Directiva es una cuestión de hecho, que debe ser juzgada en primera instancia por los Estados miembros en aplicación de la Directiva.

Si un Estado miembro descubriera que un sistema de alimentación incumple los requisitos del anexo, en virtud de la transposición de la Directiva deberá disponer de las competencias adecuadas para adoptar medidas específicas, según sea preciso para el bienestar de los animales.

Ha de destacarse que, teniendo en cuenta el dictamen del Comité científico antes citado, la Comisión tiene previsto presentar durante la segunda mitad de 2002 una propuesta al Consejo destinada a establecer normas para la protección de los pollos de cría.
PREGUNTA ESCRITA E-2744/01

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) al Consejo

(10 de octubre de 2001)

Asunto: Saddam Hussein ante un tribunal de crímenes de guerra

¿Colabora el Consejo de Ministros para que, en caso de que surja la oportunidad en el futuro, Saddam Hussein y sus colaboradores comparezcan ante un tribunal internacional de crímenes de guerra? ¿Está el Consejo dispuesto a colaborar a que sean detenidos Saddam Hussein y los miembros de su Gobierno en caso de que efectúen una visita oficial al extranjero?

Respuesta

(1 de marzo de 2002)

No existe por el momento ningún tribunal internacional de crímenes de guerra aplicable a las personas que cita en su pregunta. Se han iniciado, sin embargo, en algunas jurisdicciones nacionales, también en la Unión Europea, diligencias judiciales contra Saddam Hussein.

La Unión Europea y sus Estados miembros son partidarios de que se instituya la Corte Penal Internacional que prevé el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998. Ello se patentiza especialmente en la Posición Común del Consejo de 11 de junio de 2001. En lo venidero, el delito de genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, y en cuanto exista acuerdo sobre su definición

también el delito de agresión, podrán ser objeto de recurso ante la Corte Penal y perseguidos en caso de que el Estado del que el presunto autor es nacional o el Estado en que se ha producido el comportamiento en cuestión haya ratificado el Estatuto de Roma, o en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actuando en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, haya presentado un estado de cosas ante el Fiscal de la Corte Penal. No obstante, la Corte no será competente más que con respecto a acciones cometidas con posterioridad a la entrada en vigor del Estatuto de Roma. El Consejo está totalmente dispuesto a colaborar con esta Corte en cuanto se instaure.
PREGUNTA ESCRITA E-3634/01 de Michl Ebner (PPE-DE) al Consejo. Libros de historia.



Diario Oficial n° 160 E de 04/07/2002 p. 0156 - 0157



PREGUNTA ESCRITA E-3634/01 de Michl Ebner (PPE-DE) al Consejo (11 de enero de 2002) Asunto: Libros de historia Con relación a la elección de libros de historia para los colegios, ¿puede informar el Consejo de si existen iniciativas en los Estados miembros para coordinar su contenido? Respuesta (25-26 de marzo de 2002) El Consejo no ha tomado iniciativas, ni podría tomarlas, para coordinar el contenido de los libros de historia que se utilizan en los colegios de la Unión Europea, dado que ello queda explícitamente excluido por el apartado 1 del artículo 149 del Tratado, que dispone que los Estados miembros son responsables en cuanto a los contenidos de la enseñanza.
PREGUNTA ESCRITA E-2993/01

de Cristiana Muscardini (UEN) a la Comisión

(29 de octubre de 2001)

Asunto: Detención de 119 adiestradores de terroristas en Somalia

Hace dos días se detuvo en sur de Puntlandia, Somalia, a 119 personas pertenecientes a la organización integrista Al-Ittihad. De los interrogatorios, todavía en curso, se deduce que el grupo estaba dirigido a la frontera con Somalilandia, donde habría debido establecer una base de adiestramiento para terroristas (la organización en cuestión estaría muy cercana a la más conocida Al-Qaeda de Bin Laden). Teniendo en cuenta el peligro de que el conflicto actualmente en curso en Afganistán se extienda a otros países que, según el servicio de inteligencia estadounidense, respaldan a organizaciones terroristas islámicas, ¿podría informar la Comisión de si está al corriente de todo lo expuesto?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(11 de enero de 2002)

La Comisión tiene conocimiento de la presencia de la organización Al Ithiad al Islamya en el sur de Somalia. Se le informó del posible carácter terrorista de esta organización, así como de su posible vinculación con Al Qaeda. No cesan los rumores que apuntan a un posible traslado de algunos de sus elementos a Puntland hace algún tiempo. No obstante, la Comisión no tiene confirmación de la información detallada proporcionada por su Señoría respecto a la detención de 119 personas vinculadas a Al Itthiadh.
PREGUNTA ESCRITA E-2531/01

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(19 de septiembre de 2001)

Asunto: Aplicación de una ecotasa en la isla de Lanzarote

Según información a la que he tenido acceso, la Comisión estudia la viabilidad de establecer un impuesto medioambiental (ecotasa) en la isla de Lanzarote con financiación a cargo del programa LIFE. Dicha iniciativa formaría parte de un conjunto de 20 proyectos medioambientales a realizar en España, que la Comisión podría financiar por un importe total de 8,6 MEuros.

De tener algún fundamento esta información, ¿cuáles son los objetivos que tendría la implantación de una ecotasa en Lanzarote y cuáles serían los términos técnicos fiscales que la definirían?

¿Cuáles serían los 19 proyectos de estudio restantes además del relacionado con la isla de Lanzarote que la Comisión piensa financiar en España?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(7 de noviembre de 2001)

El proyecto Ecotasa Lanzarote figura en la lista de proyectos para el ejercicio Life correspondiente al año 2000 aprobada por el Comité Life reunido el 18 de junio de 2001 y por la Comisión el 14 de agosto de 2001. El beneficiario, y en consecuencia ejecutor del proyecto, es el Exmo. Cabildo Insular de Lanzarote. Aunque esté cofinanciado por la Comisión, no se trata de un estudio comunitario.

El objetivo del proyecto, tal como se recoge en el formulario remitido a la Comisión, es explorar la viabilidad y la aplicación de un modelo de ecotasa (impuesto ambiental) para la isla de Lanzarote que permita impulsar un cambio de modelo hacia un turismo sostenible, con vistas a:

- dotar a la isla de un nuevo instrumento financiero que, junto a otras medidas de ordenación territorial de la isla y del Gobierno autonómico, contribuya a limitar la presión humana sobre el sistema insular, en particular la resultante del turismo; evitar una mayor sobrecarga de la capacidad de la isla, dando satisfacción de esta manera a las demandas de la población isleña;

- crear un canal de sensibilización y encontrar formulas de compromiso para el turismo dentro de la isla;

- ensayar garantías de participación y control social en el uso de los fondos recibidos.

Los términos técnicos fiscales no están definidos en el proyecto.

Remitimos directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento la lista de los otros 19 proyectos aprobados para su cofinanciación en España.
PREGUNTA ESCRITA E-3116/01

de Giovanni Pittella (PSE) a la Comisión

(13 de noviembre de 2001)

Asunto: Situación ambiental en Marianna di Pietrabianca (CZ), Italia

Considerando que existen fundadas sospechas de que en la localidad de Marianna di Pietrabianca (CZ, Italia) cientos de vigas de ferrocarril permanecen enterradas a unos treinta metros bajo el nivel de la zona de resaca; al parecer, estas vigas fueron transportadas por la empresa Mollo para las obras de un balneario; el Ministerio de Medio Ambiente califica estas vigas de residuos especiales; en evidente incumplimiento del decreto ministerial de 26 de marzo de 1976 por el que se declara de notable interés público el litoral de Bonifati, al filo de los años, en la escollera de Santa María se han construido varios balnearios, con quioscos de cemento, inamovibles, y otras numerosas construcciones de cemento; en el invierno de 2000 buena parte de la escollera se derrumbó en el mar; en incumplimiento de las leyes del Estado, en todo el litoral de Bonifati varios accesos al mar están permanentemente cerrados al tránsito peatonal;

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para que se proceda al saneamiento de estos lugares y se supriman prohibiciones que a todas luces son ilegales?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(7 de enero de 2002)

Las competencias de la Comisión se limitan a las que le confiere el Tratado CE. En particular, le compete velar por la correcta aplicación de la normativa comunitaria en todos los Estados miembros. Según el artículo 211 (antiguo artículo 155) del Tratado CE, con objeto de garantizar el funcionamiento y el desarrollo del mercado común, la Comisión velará por la aplicación de las disposiciones del presente Tratado, así como de las disposiciones adoptadas por las instituciones en virtud de este mismo Tratado.

De conformidad con el artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE, si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia.

En la información ofrecida por Su Señoría no se presentan motivos para fundamentar una denuncia por incumplimiento de la normativa comunitaria, por lo que en estos momentos no puede determinarse con claridad si se han infringido las directivas comunitarias. Si Su Señoría presentara información detallada que permitiera evaluar el caso que nos ocupa a la luz de la normativa comunitaria aplicable en materia de medio ambiente, la Comisión podría iniciar una investigación sobre este asunto.
PREGUNTA ESCRITA E-2755/01

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(9 de octubre de 2001)

Asunto: Libre comercio con los 48 países más pobres del mundo

En marzo de 2001 se decidió dar inicio al libre comercio, con períodos de transición, entre los países de la UE y los 48 países más pobres del mundo.

¿Es posible que la UE reconsidere esta decisión de principio o se considera totalmente inamovible? En caso de que exista la posibilidad de que se reconsidere la cuestión, ¿puede la Comisión informar de las condiciones que se precisan para ello?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(14 de noviembre de 2001)

El 26 de febrero de 2001, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) no 416/2001, de 28 de febrero de 2001, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2820/98 relativo a la aplicación de un plan plurianual de preferencias arancelarias generalizadas durante el período comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 31 de diciembre de 2001 con el fin de ampliar a los productos originarios de los países menos desarrollados (PMD) la franquicia de derechos de aduana sin ninguna limitación cuantitativa(1). Este Reglamento, comúnmente conocido como Reglamento todo menos las armas (Everything but arms, EBA) concede un acceso exento de derechos a las importaciones de todos los productos procedentes de los PMD (los 48 países más pobres), con excepción de las armas y las municiones, y sin ninguna limitación cuantitativa. Tan sólo en el caso de la importación de los plátanos frescos, el arroz y el azúcar, la liberalización se llevará a cabo de manera escalonada hasta que tenga lugar la liberalización completa en 2009.

El Reglamento EBA modificó el Reglamento (CE) no 2820/98 del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, relativo a la aplicación de un plan plurianual de preferencias arancelarias generalizadas durante el período comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 31 de diciembre de 2001(2) (Reglamento sobre el sistema de preferencias generalizadas (SPG)).

La iniciativa EBA como parte del SPG es un instrumento autónomo de la política comercial que concede preferencias centradas en el desarrollo. Se trata de una concesión unilateral por parte de la Comunidad a los países más pobres del mundo con el fin de ampliar las oportunidades comerciales de los PMD y aumentar su participación en el comercio mundial.

El Reglamento EBA prevé un proceso de liberalización que concluirá en el año 2009. Asimismo, establece que los acuerdos especiales para los PMD no deberían quedar sujetos a la renovación periódica del esquema de preferencias generalizadas de la Comunidad. Por tanto, la fecha de expiración del presente esquema del SPG (31 de diciembre de 2001) no afecta a las disposiciones EBA.

(1) DO L 60 de 1.3.2001.

(2) DO L 357 de 30.12.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-3401/01

de Anneli Hulthén (PSE) a la Comisión

(21 de diciembre de 2001)

Asunto: Investigación en medicamentos infantiles

Los medicamentos elaborados y aprobados en la actualidad están casi exclusivamente destinados a los adultos, y pocas veces a los pacientes de menor edad. Cuando los niños caen enfermos, lo normal es que se les administre el mismo tratamiento médico que a los adultos, en menores dosis. Sin embargo, estos medicamentos no han sido probados en niños, ya que éstos constituyen un grupo de pacientes relativamente pequeño y la evaluación de los medicamentos en pruebas clínicas es muy costosa.

Sin embargo, que un medicamento funcione bien en los adultos no significa necesariamente que lo haga en los niños. El niño se halla en fase de crecimiento, su metabolismo es más rápido que el de un adulto y su cuerpo es más sensible a las sustancias farmacológicas.

En diciembre de 2000, el Consejo de la Unión Europea señaló, en una resolución, la posibilidad de fomentar la creación de medicamentos destinados a los niños.

¿Qué está haciendo la Comisión para elaborar medidas destinadas a fomentar la investigación clínica que permita mejorar los medicamentos infantiles?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(28 de enero de 2002)

La Comisión reconoce las dificultades que conlleva la obtención de medicamentos pediátricos convenientemente adaptados.

A raíz de la Resolución del Consejo de diciembre de 2000, la Comisión expresó claramente que reconocía la existencia del problema y que estaba preparada para tomar medidas con arreglo a los recursos y a las prioridades.

La Comisión se compromete a elaborar una nueva propuesta legislativa en 2002. En noviembre de 2001 se organizó una reunión con los Estados miembros sobre este asunto, y actualmente se está elaborando un documento de consulta para favorecer las contribuciones de todos los sectores afectados y el diálogo con los mismos.
PREGUNTA ESCRITA E-2357/01

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(6 de agosto de 2001)

Asunto: Medidas de protección en el régimen de la multipropiedad

La Directiva 94/47/CE(1) del Parlamento y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de la adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen compartido, aborda los aspectos relativos a los contratos de multipropiedad. Su artículo 3 estipula que los Estados miembros deberán establecer en sus legislaciones las medidas necesarias para que el vendedor proporcione a los adquirentes información sobre el bien inmueble y que dicha información forme parte integrante del contrato. En la práctica, los contratos de derecho de aprovisionamiento por turno infunden a error al consumidor, que, una vez que ha adquirido su derecho, no sabe qué puede hacer para protegerse.

¿Conoce la Comisión si algún Estado miembro no ha establecido aún estas medidas de protección en su legislación? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos de esos Estados miembros ante ese vacío legal? ¿Qué medidas protegen en este caso a estos consumidores?

¿Qué piensa hacer la Comisión para que dichas medidas sean adoptadas y cumplidas en todos los Estados miembros?

(1) DO L 280 de 29.10.1994, p. 83.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(3 de diciembre de 2001)

Todos los Estados miembros han informado sobre las medidas que han adoptado con el fin de aplicar la Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido. Sin embargo, en relación con el artículo 3 de la Directiva, la Comisión considera que las medidas adoptadas por Italia no transponen este artículo correctamente ya que no se ha aprobado ninguna disposición que tenga en cuenta las consecuencias del incumplimiento de este artículo. Por lo tanto, la Comisión ha iniciado un proceso por incumplimiento con arreglo al artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE. Actualmente, la Comisión está examinando la situación en Grecia y el Reino Unido.