ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
PREGUNTA ESCRITA E-2308/97 de Heidi Hautala (V) al Consejo (18 de julio de 1997)

Asunto: Riesgos para la salud de las prótesis de silicona

Según se señala en nuevos estudios sobre la materia, existe la posibilidad de que la implantación de prótesis de silicona en los pechos de las mujeres, normalmente con el objetivo de conseguir un mayor volumen de los mismos, ocasione derrames de esta sustancia en el organismo que podrían ocasionar gravísimos daños para la salud. Se cree asimismo que la silicona implantada en una mujer en gestación podría pasar al feto, ocasionándole graves secuelas. Los fabricantes estadounidenses de prótesis de silicona se enfrentan en la actualidad a procesos judiciales de gran alcance que podrían llevar a las autoridades de ese país a prohibir el uso de las mencionadas prótesis.

¿Está al corriente el Consejo de los graves daños para la salud que provoca la silicona y, en particular, de las hipótesis acerca de la posibilidad de que esta sustancia pudiera pasar al resto del organismo y a los fetos? ¿Se plantea el Consejo la posibilidad de emprender acciones a fin de introducir condiciones más estrictas para que los fabricantes de prótesis de silicona asuman las responsabilidades derivadas de sus productos? ¿Tiene previsto el Consejo prohibir las prótesis de silicona?

Respuesta (17 de noviembre de 1997)

Hasta ahora no le ha sido sometida al Consejo la cuestión a la que se refiere Su Señoría.

De momento, sírvase Su Señoría dirigirse a la Comisión para saber si ésta se propone tratar esta cuestión.
PREGUNTA ESCRITA E-3061/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (2 de octubre de 1997)

Asunto: Emisiones de compuestos orgánicos

En relación con la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos debidas al uso de disolventes volátiles en determinadas actividades industriales» (COM(96)0538 final - 96/0276(SYN)) ((DO C 99 de 26.3.1997, p. 32. )), la directiva propuesta está plenamente en concordancia con el principio de subsidiariedad y establece un objetivo de reducción de las emisiones COV a partir de reducciones factibles, desde el punto de vista técnico y económico, en cada sector.

¿Podría garantizarse una correcta recepción de la directiva en las normativas de todos los Estados miembros y simplificar los criterios de control de observancia de la misma, dado el carácter sumamente técnico y la complejidad de la redacción?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (31 de octubre de 1997)

Las disposiciones de la propuesta de Directiva mencionada por Su Señoría, relativa a la reducción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en algunas actividades industriales, se sitúa plenamente en el marco del principio de subsidiariedad. En particular, los Estados miembros tienen la posibilidad de cumplir las obligaciones de la Directiva haciendo cumplir los valores límite de emisión previstos para cada sector industrial incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva o elaborando y aplicando un programa nacional de reducción que permita obtener los mismos resultados por otros medios. La flexibilidad que ofrecen esos planes nacionales permite adaptar las reducciones de las emisiones necesarias a las características del sector industrial de cada Estado miembro y aprovechar, así, al máximo la relación coste-eficacia de la legislación. Aunque el contenido de esos planes y los medios para aplicarlos se dejan a juicio de los Estados miembros, el objetivo final, sin embargo, consistente en la reducción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), es obligatorio. No respetarlo equivale a una infracción como la que se comete al no aplicar una disposición de cualquier otra normativa comunitaria.

En cumplimiento de las obligaciones que le impone el Tratado CE, la Comisión comprueba que las disposiciones de esa normativa se incorporan convenientemente al Derecho de cada Estado miembro. Además, la Comisión señala a Su Señoría que el fundamento jurídico de la propuesta (artículo 130 S del Tratado CE) permite a los Estados miembros tomar medidas de protección más estrictas que las previstas en la Directiva.

Cuando se redactó la propuesta de Directiva anteriormente mencionada, la Comisión sabía muy bien que el texto era bastante técnico y, por ello, hizo todo lo posible para simplificarlo y que su lectura y comprensión fueran lo más sencillas posible.
PREGUNTA ESCRITA E-2354/97 de Leonie van Bladel (UPE) al Consejo (18 de julio de 1997)

Asunto: Papel de las tropas gubernamentales angoleñas en la conquista del Zaire por Kabila

¿Qué opina el Consejo del hecho de que las tropas gubernamentales fueron ayudadas con el apoyo militar efectivo del ejército oficial angoleño para conquistar el territorio del Zaire?

¿Ha dado a conocer el Consejo que es contrario a este tipo de ayuda militar, cuya financiación proviene de la venta de la reserva petrolífera existente, dinero que precisamente ha de ser destinado al desarrollo de Angola en general y a la mejora de la situación humanitaria en particular?

¿Cómo explica el Consejo al ciudadano europeo que las reservas petrolíferas angoleñas para los próximos tres años estén ya vendidas y que los beneficios de las mismas se utilicen para la compra de material militar ofensivo -adquirido en gran parte de un país que participa en el Acuerdo de paz, esto es, Rusia- mientras que la UE concede fondos para el desarrollo general del país?

Respuesta (13 de noviembre de 1997)

Según los informes que han llegado al Consejo, al parecer, unidades del ejército angoleño pretaron apoyo a las tropas de Kabila, miemtras, al mismo tiempo, unidades de la UNITA apoyaron al expresidente Mobutu.

Últimamente, el gobierno de Rwuanda a reconocido públicamente la intervención que sus tropas han efectuado en la lucha por el control del país. Ha quedado claro que también han intervenido en este conflicto tropas de otros países de la región.

El Consejo ha condenada toda intervención militar ajena al conflicto en el antiguo Zaire, y ha pedido a las partes congoleñas resuelvan el conflicto de manera pacífica.

El Consejo, por medios diplomáticos y por medio de su Enviado Especial para la región de los Grandes Lagos, Sr. Ajello, ha rogado a los gobiernos de los países de la región que se abstengan de cualquier intervención.

La cuestión de la compra de material bélico por el gobierno angoleño no es competencia del Consejo. No obstante, el Consejo considera ciertamente conveniente que tanto las autoridades angoleñas como la UNITA asignen el máximo posible de sus ingresos a los objetivos comunes de desarrollo, según los define el Convenio de Lomé.
PREGUNTA ESCRITA E-2850/97 de Edith Müller (V) a la Comisión (11 de septiembre de 1997)

Asunto: Política de la UE en la antigua Yugoslavia

¿Puede la Comisión facilitar los costes exactos de administración de los programas de la UE en la antigua Yugoslavia desde 1995, incluidos los costes de los servicios de la Comisión en Bruselas, en las delegaciones y en las oficinas de representación, así como de las tareas administrativas subcontratadas (vigilancia, evaluación, identificación de proyectos, adquisiciones, etc.)?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2850/97 y E-2851/97 dada por el Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (23 de octubre de 1997)

Habida cuenta de la amplitud de la respuesta, la Comisión la envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-2867/97 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) a la Comisión (11 de septiembre de 1997)

Asunto: Actividades de análisis y cooperación en el ámbito del empleo

La propuesta modificada de decisión relativa a las actividades de la CE en materia de análisis y cooperación en el ámbito del empleo (Programa ESSEN) parece ser que todavía no ha sido adoptada, pese a los esfuerzos de la Presidencia neerlandesa.

¿Es previsible que se adopte antes del Consejo Europeo extraordinario sobre el empleo?

¿Qué incidencia tendrá este retraso en el informe conjunto relativo al empleo sobre el que se pronunciará el Consejo Europeo de diciembre, al finalizar la Presidencia luxemburguesa?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (20 de octubre de 1997)

En la actualidad, la propuesta modificada de Decisión del Consejo sobre las actividades de la Comisión en materia de análisis, investigación, cooperación y acción en el ámbito del empleo ((COM(95)250 modificado por el COM(96)449. )) sigue sometida a debate en el seno del Consejo.

La Comisión no puede comunicar formalmente la fecha en la que se adoptará esta propuesta. No obstante, parece que la evolución suficientemente positiva de los trabajos actuales en el seno del Consejo permite esperar un resultado rápido.

La Comisión comunica a Su Señoría que, hasta ahora, ha tenido a su disposición recursos, si bien reducidos, para financiar sus acciones de investigación, análisis y cooperación en el ámbito del empleo. Así pues, este retraso solamente tendrá una pequeña repercusión en los trabajos relacionados con el informe conjunto que se presentará al Consejo Europeo de diciembre. En caso de que no hubiera ninguna decisión del Consejo, la situación sería mucho más difícil a partir de 1998.
PREGUNTA ESCRITA E-2874/97 de Kenneth Coates (GUE/NGL) a la Comisión (11 de septiembre de 1997)

Asunto: Libre circulación

Con arreglo a la normativa británica sobre prestaciones de desempleo, los parados sólo tienen derecho a cobrarlas cuando viajan «al extranjero», es decir, a cualquier lugar del Espacio Económico Europeo, si lo hacen específicamente para buscar trabajo. Si van de vacaciones a otro lugar del EEE o se desplazan para asistir a los funerales de un familiar no pueden seguir beneficiándose de dichas prestaciones. Estas restricciones no se aplican a las personas con empleo ni a los trabajadores autónomos.

¿Qué puede hacer la Comisión en relación con esta discriminación contra los desempleados de la Unión Europea residentes en el Reino Unido, que no cumple la obligación de «garantizar en el interior de la Comunidad... la igualdad de trato con respecto a las distintas legislaciones nacionales...»?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (15 de octubre de 1997)

De conformidad con la normativa de 1996 sobre el subsidio de desempleo, un parado tiene derecho a dos semanas de vacaciones sin pérdida de la prestación y sin sanciones; ahora bien, estas vacaciones están sujetas a determinadas condiciones. Para obtener esta prestación, la persona debe estar buscando activamente un empleo y disponible para trabajar. Según la normativa (19(1) (p) «Circunstancias en las que se debe considerar que una persona busca activamente un empleo»), debe considerarse durante un máximo de dos semanas que un parado busca activamente un empleo, aunque no esté buscándolo de hecho porque esté de vacaciones, siempre que siga disponible para trabajar. Por consiguiente, el funcionario responsable debe decidir si el parado sigue disponible para trabajar a efectos de seguir recibiendo el subsidio de desempleo, y si el parado pasa sus vacaciones fuera del Reino Unido se considera que no está disponible para trabajar.

El hecho de que la persona desempleada sólo tenga derecho a recibir la prestación de desempleo mientras busca un empleo en otro Estado miembro, según las condiciones establecidas en el artículo 69 del Reglamento (CEE) no 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad ((Actualizado por el Reglamento (CE) no 118/97 - DO L 28 de 30.1.1997, modificado por última vez por el Reglamento (CE) no 1290/97 - DO L 176 de 1.7.1997. )), se ajusta al derecho fundamental de igualdad de trato y a las libertades previstos en el Tratado CE ((Sentencia del TJCE de 16.5.1991. Asunto C-272/90, Van Noorden, 1991, I, p. 2.543. )).
PREGUNTA ESCRITA E-3136/97 de Rijk van Dam (I-EDN) a la Comisión (13 de octubre de 1997)

Asunto: Libertad de culto en Marruecos

La Comisión, en su respuesta a la pregunta del Sr. Van der Waal sobre la violación de los derechos de las minorías religiosas en Marruecos, señala que ésta «no dejará de comunicar a las autoridades marroquíes su preocupación por el respeto de los derechos humanos». En este contexto, se señala a la atención de la Comisión lo siguiente:

Recientemente, dos cristianos, un americano (Timothy Lamb) y un surcoreano (Joohyun Ahn), fueron arrestados en la ciudad marroquí de Fez y, tras pasar varios días en prisión preventiva, fueron expulsados del país acusados de proselitismo, mientras que estos no habían hecho uso de argucias de ningún tipo para convencer a los musulmanes de que abandonaran su fe. En el registro que se efectuó en la vivienda de estos, se encontraron tan sólo algunos vídeos y cintas de mensaje cristiano y un par de biblias en árabe. Al parecer, un juez en Fez ofreció a Lamb su puesta en libertad a cambio de que recitara el credo musulmán. A Lamb tampoco le estuvo permitido en ningún momento ponerse en contacto con la embajada o con un abogado.

1. ¿Podría confirmar la Comisión estas informaciones? ¿No considera que esta actuación de las autoridades judiciales marroquíes contraviene el derecho a la libertad de culto y el derecho a un proceso justo?

2. ¿Está dispuesta la Comisión a comunicar a las autoridades marroquíes que este tipo actuación contraviene el Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos y a transmitir su preocupación por la situación de las minorías cristianas en dicho país?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión (3 de noviembre de 1997)

1. La Comisión no está en condiciones de confirmar las informaciones contenidas en la pregunta de Su Señoría.

2. En cuanto a las cuestiones de fondo planteadas por Su Señoría, le remitimos a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-1759/96 del Sr. Van der Waal ((DO C 345 de 15.11.1996. )).
PREGUNTA ESCRITA E-2704/97 de Markus Ferber (PPE) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Protección del gallo lira en Austria

Cada dos años y por un importe de 1.000 DM, está permitido cazar en la región austriaca de Sulzberg un ejemplar de gallo lira. En Alemania, por el contrario, el gallo lira figura en la lista roja y por tanto está protegido durante todo el año. Mientras que en Alemania se conserva esta especie, en Austria se permite su caza.

¿Por qué motivo existen en dos países vecinos, ambos pertenecientes a la UE, normas tan diferentes en materia de protección de la naturaleza?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (22 de septiembre de 1997)

De conformidad con el artículo 7 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres ((DO L 103 de 25.4.1979, modificada por la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia (DO L 1 de 1.1.1995). )), las especies enumeradas en el Anexo II podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional siempre que los Estados miembros velen por que la caza de estas especies no comprometa los esfuerzos de conservación realizados en su área de distribución. En el caso del gallo lira (Tetrao tetrix) que menciona Su Señoría, esta especie solo puede ser objeto de caza en los Estados miembros para los que se indica en el Anexo II.2. En Austria está permitida la caza tanto de machos como de hembras, mientras que en Alemania sólo pueden cazarse machos. Por consiguiente, estas diferentes prácticas se ajustan plenamente a las disposiciones legales de la Directiva.
PREGUNTA ESCRITA E-2501/97 de Anita Pollack (PSE) a la Comisión (18 de julio de 1997)

Asunto: Convenio CITES - Marfil

Dada la Resolución del Parlamento Europeo B4-0473/97 de 12 de junio de 1997 que «insta a las Partes a no aceptar las propuestas de Botswana, Namibia y Zimbabue de eliminar de la lista al elefante africano» y el deseo de varios Estados miembros de votar en contra de esta eliminación, la posición adoptada por la Comisión ha afectado al resultado final obtenido por las del Convenio CITES.

En interés de la transparencia, ¿piensa la Comisión publicar las propuestas específicas que presentó en Harare sobre el problema del elefante y comprometerse, en lo sucesivo, a comunicar sus propuestas relativas a una posición común de los Estados miembros al Parlamento Europeo con la suficiente antelación?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (26 de septiembre de 1997)

Las propuestas referentes al traslado de las poblaciones de elefantes de Botsuana, Namibia y Zimbabue fueron aprobadas por una mayoría de representantes considerablemente superior a los dos tercios necesarios. La postura de la Comisión de apoyar una solución de compromiso en estrictas condiciones y la decisión consiguiente de la Comunidad de abstenerse no influyeron en el desenlace final de la reunión. No obstante, la Comisión y la Comunidad contribuyeron durante toda la reunión a los resultados positivos en ella alcanzados.

La Comisión está dispuesta, de conformidad con el código de conducta de relaciones con el Parlamento, a informar detalladamente de estas negociaciones a la comisión correspondiente y a explicarle las posiciones adoptadas. Esto supondrá una excelente ocasión para que el Parlamento compruebe que no existió ninguna discrepancia entre su posición acerca de los elefantes, recogida en la Resolución 94-0473/97 de 12 de junio de 1992, y la de la Comisión.

Como ya se demostró con motivo de la reunión del Convenio sobre el comercio internacional de especies de fauna y flora en peligro de extinción (CITES), la Comisión está en principio dispuesta a tener en cuenta las opiniones del Parlamento al formular sus propuestas de posiciones comunes. Del mismo modo, la Comisión -junto con la Presidencia- efectúa un intercambio periódico de información con los representantes de las organizaciones no gubernamentales de la Comunidad durante las reuniones del CITES. En cuanto a la futura comunicación al Parlamento de las propuestas de posición de la Comunidad con la suficiente antelación respecto de las reuniones del CITES, la Comisión seguirá ateniéndose a lo dispuesto en el mencionado código de conducta.
PREGUNTA ESCRITA E-2510/97 de Giuseppe Rauti (NI) a la Comisión (22 de julio de 1997)

Asunto: Devolución del IRPF a las familias con una renta única

¿Sabe la Comisión que en Italia se incumple cada vez con mayor frecuencia -también sobre la base de una sentencia poco clara del Tribunal Constitucional italiano (no 358 de 24.7.1995)- una directiva de la CEE, por la que desde 1976 se reconoce a las familias con una renta única (esto es, cuando sólo trabaja uno de los cónyuges) el derecho al reembolso del 50 % del IRPF, así como el derecho a los intereses legales conexos y la revaluación monetaria?

Dada la importancia social del problema, ¿piensa intervenir la Comisión ante el Gobierno de Roma para que la mencionada Directiva se aplique también en Italia?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (28 de octubre de 1997)

La fiscalidad de la renta de las personas físicas es competencia de los Estados miembros. Ninguna directiva comunitaria, ni siquiera la 76/207/CEE ((Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo - DO L 39 de 14.2.1976. )), impone obligación alguna en cuanto al método que ha de utilizarse para gravar las rentas de las parejas. Por lo tanto, la Comisión no tiene motivos para intervenir ante el Gobierno italiano.
PREGUNTA ESCRITA E-2686/97 de Luigi Moretti (NI) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Retrasos en los pagos

En 1995 la Comisión aprobó la Recomendación 95/198/CE ((DO L 127 de 10.6.1995, p. 19. )) relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales. El hecho de que una parte de los destinatarios de las medidas aconsejadas no ha procedido a la aplicación de las mismas ha conducido a la Comisión a elaborar y aprobar recientemente una comunicación sobre los retrasos en los pagos en las transacciones comerciales y a contemplar la elaboración de una propuesta de directiva que se presentará antes de finalizar el año en curso.

Habida cuenta de que los beneficiarios de los créditos puestos a disposición para programas de iniciativas comunitarias se quejan cada vez con más frecuencia de retrasos injustificados en el pago de la financiación por parte de las instituciones comunitarias, ¿puede explicar la Comisión qué medidas aplica para respetar los plazos de pago en la financiación de los programas comunitarios?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (16 de octubre de 1997)

La Comisión, en primer lugar, remite a Su Señoría a las respuestas que dio recientemente a las preguntas escritas E-3101/96 del Sr. Mather ((DO C 105 de 3.4.1997. )) y E-1568/97 del Sr. Novo ((DO C 60 de 25.2.1998, p. 27. )). En estas respuestas a peticiones similares a la que plantea Su Señoría, la Comisión informaba al Parlamento de cuáles habían sido las modificaciones introducidas estos últimos años en sus procedimientos de pago y cuyo resultado, en general, es una ejecución más fiable y más rápida.

La Comisión procede regularmente a medir los plazos de ejecución. En el ejercicio 1996, se observó que, en todos los pagos presupuestarios de la Comisión, el plazo medio, entre el momento de recepción de la factura y la fecha valor de débito en la cuenta financiera de la Comisión era de 52 días. En ese ejercicio 1996 resultó que el 78 % de los pagos se ejecutó en un plazo inferior o igual a 60 días, el 12 % entre 60 y 90 días, y el 10 % requirió más de 90 días.

Aunque estima que estos resultados todavía se pueden mejorar y que habría que conseguir que al menos el 95 % de las órdenes de pago se ejecuten en un plazo de 60 días naturales, la Comisión aprobó, recientemente, una comunicación sobre los plazos de ejecución ((SEC(97)1205. )) en la que se reconoce explícitamente, en algunos tipos de pagos, el principio del pago de intereses de demora si se sobrepasa el plazo. Las modalidades prácticas de aplicación de esta medida, que exige la inserción de una cláusula en todos los contratos de la Comisión, se han aprobado ya y se aplican desde el 1 de octubre de 1997.