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PREGUNTA ESCRITA E-0204/99

de Manuela Frutos Gama (PSE) a la Comisión

(12 de febrero de 1999)

Asunto: Defensa de los pequeños y medianos consumidores de electricidad como consecuencia de la liberalización del sector energético

¿Le parece a la Comisión coherente con los objetivos del Tratado que el resultado de la aplicación de la Directiva eléctrica en España en la próxima década para PYME y usuarios domésticos se concrete en una limitación pactada entre empresas y Administración de un descenso limitado de las tarifas de un 1 ó un 2 % y en un incremento fijo de su tarifa de un 4,5 % para sufragar costes de transición a la competencia; independientemente de la evolución de otros parámetros del mercado energético?

Respuesta dada por el Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión

(12 de abril de 1999)

La liberalización del mercado eléctrico, de conformidad con la Directiva 96/92/CE del Parlamento y del Consejo de 19 de diciembre de 1996 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad(1), se realiza mediante un enfoque gradual. La porción de "clientes calificados", es deir, clientes que pueden elegir su proveedor de electricidad, tiene que representar en una primera etapa al menos un porcentaje comunitario de grandes clientes industriales con más de 40 GWh de consumo anual y debe extenderse sucesivamente también a una porción mayor de clientes más pequeños. Es cierto que durante este periodo de apertura gradual los beneficios de la liberalización suelen ser mayores para aquellos clientes que ya son "calificados". Sin embargo, la Comisión espera que, gracias a la posterior ampliación del segmento de clientes calificados a las pequeñas y medianas empresas (PYME)y gracias a los distribuidores calificados y a los comerciantes y proveedores de electricidad recientes, la liberalización será cada vez más ventajosa para los pequeños usuarios.

En este contexto, la ley española sobre electricidad se ajusta completamente al plan de apertura del mercado de la Directiva y va incluso más allá, aplicando reducciones a los pequeños clientes. La Comisión espera que, a medida que avance la liberalización, sus ventajas se extiendan también en mayor medida al consumo doméstico.

Sobre el tema de los costes del periodo transitorio a la competencia en España, la Comisión está examinando todavía el caso a la luz del artículo 24 de la Directiva (costes hundidos) y de las normas de las ayudas de Estado recogidas en el Tratado CE. Por tanto, y de momento, la Comisión solo puede remitir a Su Señoría a las respuestas dadas a las preguntas orales H-161/99 del Sr. Izquierdo Collado y H-162/99 de la Sra. Gracia Arias presentadas en el turno de preguntas posterior a la sesión parlamentaria de marzo de 1999.

(1) DO L 27 de 30.11.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-0752/99

de Fernand Herman (PPE) a la Comisión

(29 de marzo de 1999)

Asunto: Libre circulación en el territorio de los Estados miembros de las personas acogidas al sistema de jubilación anticipada

La ley belga considera al ciudadano belga acogido a la jubilación anticipada como un desempleado no solicitante de empleo y, por tal razón, no le permite abandonar el territorio belga más de 30 días al año, si bien no está obligado ni a presentarse periódicamente ni a aceptar un puesto de trabajo. Su única obligación consiste en enviar al Onem una carta en la que debe indicar las fechas de las vacaciones que se toma, a pesar de estar obligatoriamente en situación de vacaciones permanentes y definitivas.

Esta absurda situación representa un serio obstáculo a la libre circulación de personas en el territorio de los Estados miembros y es contraria al espíritu y a la letra de los Tratados.

No ignoro que la Comisión conoce este problema y que ha presentado una propuesta al Consejo encaminada a introducir las disposiciones transitorias relativas a las prestaciones de jubilación anticipada en el ámbito de la aplicación material del Reglamento 1408/71(1). Hasta la fecha, el Consejo no ha alcanzado el consenso necesario para adoptar dicha propuesta.

¿Qué piensa hacer la Comisión para desbloquear este asunto, estancado desde hace cinco años?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(19 de abril de 1999)

La Comisión desea recabar la atención de Su Señoría sobre el hecho de que, en efecto, ha propuesto en repetidas ocasiones ampliar a los regímenes de jubilación anticipada el ámbito de aplicación material del Reglamento (CEE) 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad(2). La Comisión confirma asimismo que su propuesta de 1996 en esta materia no obtuvo la aprobación unánime del Consejo.

Pese a ello, la Comisión ha adoptado recientemente una propuesta de simplificación y reforma del Reglamento (CEE) 1408/71(3) en la que se incluye un nuevo capítulo que comprende y coordina los regímenes de jubilación anticipada conforme a su propuesta de 1996. La nueva propuesta será sometida al examen del Consejo durante 1999.

Asimismo la Comisión estudia en casos particulares si las legislaciones nacionales respetan en este ámbito los principios que garantiza el Tratado CE del modo que han sido objeto recientemente de interpretación por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas(4).

(1) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.

(2) DO L 149 de 5.7.1971; en 1980, DO C 169 de 9.7.1980; y en 1996, DO C 62 de 1.3.1996.

(3) DO C 38 de 12.2.1999.

(4) Sentencia Meints C-57/96 de 27.11.1997 y sentencia Comisión contra Francia C-35/97 de 24.9.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-0213/99

de Gerhard Schmid (PSE) a la Comisión

(12 de febrero de 1999)

Asunto: Tasas de los controles sanitarios de la carne según la Directiva 93/118/CE; mi pregunta E-2988/98

Según la Comisión, las tasas globales de las inspecciones sanitarias de la carne establecidas en la Directiva 93/118/CE(1) pueden aumentarse si los costes reales han sido mayores (véase la respuesta a mi pregunta E-2988/98(2). En Alemania, son por regla general los municipios los que imponen tales tasas.

¿Puede cada municipio establecer su propio régimen de tasas para cubrir los gastos ocasionados, o el régimen de tasas tiene que ser único para todo el Estado y cubrir los gastos medios de tales inspecciones en todo el país?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(9 de marzo de 1999)

La pregunta planteada por Su Señoría es objeto de un asunto pendiente ante el Tribunal de Justicia (Asunto no C-374/97 - A. Feyrer contra Landkreis Rottal-Inn). Por consiguiente, la Comisión debe esperar el fallo del Tribunal antes de pronunciarse.

(1) DO L 340 de 31.12.1993, p. 15.

(2) DO C 297 de 15.10.1999, p. 40.
PREGUNTA ESCRITA E-0796/99

de Paul Rübig (PPE) a la Comisión

(6 de abril de 1999)

Asunto: Envasado de leche en botellas de 180 ml.

La Directiva 75/106/CEE(1) relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el preacondicionamiento en volumen de ciertos líquidos en envases previos permite el envasado de leche y bebidas lácteas (excepto el yogur) sólo en determinadas cantidades. Entre éstas, se encuentran, al final de la escala, los 200 ml. y los 250 ml.

En Austria, las botellas más pequeñas de que se dispone para el envasado de leche tienen una capacidad de 250 ml. Esta cantidad ha resultado ser excesiva, en particular, para el aprovisionamiento de las guarderías infantiles. Por otra parte, existen botellas con una capacidad de 180 ml., que se destinan al envasado de yogur. Las botellas de 200 ml. no serían rentables para los productores y proveedores de las guarderías. Una solución razonable desde el punto de vista económico sería el envasado de leche en botellas para yogur.

¿Cree la Comisión que existe una manera de interpretar o modificar la mencionada Directiva, que permita, en los casos especiales que se han descrito, en envasado de leche en botellas de 180 ml?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión

(7 de mayo de 1999)

La Directiva 75/106/CEE, de 19 de diciembre 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el preacondicionamiento en volumen de ciertos líquidos en envases previos, establece en su anexo III los intervalos "optativos"(2) de los volúmenes nominales para todos los líquidos(3). En consecuencia, en la legislación que incorpora la Directiva al Derecho interno, los Estados miembros pueden autorizar la comercialización de líquidos con volúmenes no correspondientes a dichos intervalos (por ejemplo, las botellas de leche de 180 mililitros) siempre que se cumplan los requisitos legales en materia de competencia y protección de los consumidores.

En lo que respecta al propio anexo III, éste sólo puede modificarse mediante el procedimiento de codecisión, a partir de una propuesta de la Comisión.

(1) DO L 42 de 15.2.1975, p. 1.

(2) Este carácter optativo se define del siguiente modo en el apartado 1 del artículo 5: "Los Estados miembros no podrán denegar, prohibir ni restringir la comercialización de los envases previos que cumplan las disposiciones de la presente Directiva, por motivos referentes a la determinación de sus volúmenes, a los métodos con que se controlen dichos volúmenes o a los volúmenes nominales en el caso en que éstos figuren en la columna I del anexo III".

(3) Excepto en el caso de alcoholes concretos, para los cuales los volúmenes son obligatorios.
PREGUNTA ESCRITA E-0535/99

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) a la Comisión

(12 de marzo de 1999)

Asunto: La industria de conservas de productos de la pesca y la acuicultura en la Unión Europea

En la sesión plenaria de junio de 1998, el Parlamento Europeo debatió y aprobó el Informe de iniciativa sobre la industria de conservas de productos de la pesca y la acuicultura en la Unión Europea (A4-0137/98)(1), entre cuyas conclusiones el Parlamento Europeo instaba a la Comisión a que impulse y apoye financieramente las medidas innovadoras y la investigación de nuevos sistemas de producción, nuevos productos, la transformación de especies actualmente sin valor comercial, así como nuevas preparaciones y presentaciones.

¿Puede la Comisión informar acerca de las medidas que ha adoptado para dar cumplimiento a esta petición del Parlamento Europeo?

(1) DO C 210 de 6.7.1998, p. 295.
PREGUNTA ESCRITA E-0400/99

de Robin Teverson (ELDR) a la Comisión

(1 de marzo de 1999)

Asunto: Ayuda alimentaria de la UE

¿Podría informar la Comisión de la evolución que ha registrado, en los últimos cinco años, el valor total de la ayuda alimentaria de la UE destinada a países no comunitarios? ¿ Podría proporcionar, asimismo, una lista del valor de esta ayuda, durante ese mismo período, por país receptor y, a ser posible, por Estado miembro donante?

¿Podría facilitar, asimismo, una lista con el tipo de ayuda alimentaria de la UE (a saber, cereales, leche, productos preparados) y una explicación sobre el funcionamiento de este sistema de ayuda (esto es, criterios de selección, toma de decisiones)?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión

(20 de abril de 1999)

El valor total de la ayuda alimentaria comunitaria de estos últimos cinco años y su distribución en función de la naturaleza de la ayuda se recogen en los cuadros enviados directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.

Las decisiones actuales tomadas en materia de ayuda alimentaria y seguridad alimentaria se basan en el Reglamento (CE) 1292/96 del Consejo de 27 de junio de 1996 sobre la política y la gestión de la ayuda alimentaria y de las acciones específicas de apoyo a la seguridad alimentaria(1).

Los países que podrían beneficiarse de una intervención en este ámbito se recogen en un Anexo del Reglamento. Las asignaciones cuyo importe es superior a 2 millones [fmxeuro] deberán ser aprobadas por un Comité de gestión (que está formado por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión), previamente a cualquier decisión de la Comisión.

(1) DO L 166 de 5.7.1996.
PREGUNTA ESCRITA P-1101/99

de Anneli Hulthén (PSE) a la Comisión

(15 de abril de 1999)

Asunto: Normas comunes para las pensiones de jubilación

El Reglamento 1408/98(1), por el que se regula la coordinación de determinadas prestaciones sociales, prevé, entre otras cosas, normas relativas al pago de las pensiones jubilación para las personas que han trabajado en varios Estados de la UE. Dichas normas, sin embargo, no incluyen todos los tipos de pensión, dado que los Estado miembros no han llegado aún a un acuerdo sobre normas comunes aplicables por ejemplo a las pensiones de jubilación anticipada. Es importante que existan normas simples y claras en un ámbito tan importante como el de las pensiones. Por lo tanto, es urgente que todas las pensiones de jubilación se rijan por una reglamentación común.

¿Qué progresos se han realizado respecto a la armonización de las prestaciones sociales en este ámbito, y ha pensado la Comisión proponer también normas comunes para las pensiones anticipadas?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(4 de mayo de 1999)

La Comisión desea señalar a Su Señoría que ha propuesto en varias ocasiones que el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) 1408/71 relativo a la coordinación de los regímenes de seguridad social sea ampliado a los sistemas de jubilación anticipada(2). Lamentablemente, la propuesta de la Comisión de 1996 aún no ha obtenido la unanimidad en el Consejo.

Además, la Comisión ha adoptado recientemente una propuesta de simplificación y modificación del Reglamento (CEE) 1408/71(3), en la cual se ha introducido un nuevo capítulo con objeto de incluir y coordinar los sistemas de jubilación anticipada, con arreglo a lo contemplado en la propuesta anterior de 1996. Se espera que el Consejo examine la nueva propuesta en 1999.

Al mismo tiempo, la Comisión estudia, caso por caso, si las legislaciones nacionales respetan, en favor de los beneficiarios de jubilación anticipada, los principios garantizados por el Tratado CE tal como los ha interpretado el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia reciente(4).

(1) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.

(2) Véase DO C 169 de 9.7.1980 y DO C 62 de 1.3.1996.

(3) DO C 38 de 12.2.1999.

(4) Véase la sentencia Comisión/Francia C-35/97 de 24.9.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-2985/98

de John McCartin (PPE) a la Comisión

(8 de octubre de 1998)

Asunto: Primas por cabeza de ganado y de otro tipo para Irlanda

¿Es la Comisión consciente de los graves daños sufridos por los agricultores en Irlanda, sobre todo en la zona occidental del país, como consecuencia de precipitaciones extraordinariamente intensas, y considera la posibilidad de compensar las pérdidas sufridas por las pequeñas explotaciones familiares concediendo primas por cabeza de ganado y de otro tipo?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de octubre de 1998)

La Comisión es consciente de las dificultades con las que se enfrentan los agricultores irlandeses, en parte debido a las malas condiciones meteorológicas. Se ha adoptado una serie de medidas para anticipar los pagos a los Estados miembros. El anticipo pagado a los Estados miembros correspondiente a la prima por vacuno se ha incrementado de un 60 a un 80 %, y también se ha desplazado su pago al 16 de octubre de 1998. Con respecto a la prima por oveja, el Reglamento por el que se fija el segundo anticipo de la prima se ha adoptado a tiempo para poder pagarla a los productores a partir del 15 de octubre de 1998. En ambos casos, el Estado miembro podrá efectuar los pagos a los agricultores tan pronto como sea posible.

Con respecto a los pagos compensatorios, Irlanda dispone de los anticipos habituales, por lo que el Estado miembro puede efectuar los pagos tan pronto como sea posible.
PREGUNTA ESCRITA E-3735/98

de Aline Pailler (GUE/NGL) a la Comisión

(11 de diciembre de 1998)

Asunto: Convenio internacional sobre los derechos de los trabajadores migrantes

En su respuesta a la pregunta escrita E-2283/96(1) planteada por la autora de la presente pregunta, la Comisión precisó que ningún Estado miembro había ratificado la Convención de Naciones Unidas para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias y que estaba dispuesta a adoptar iniciativas para incitar a que los Estados miembros ratifiquen dicha Convención tal y como lo solicitó el Parlamento Europeo.

¿Puede indicar la Comisión qué iniciativas ha tomado en este sentido? ¿Qué resultados han tenido entre los Estados miembros? ¿Cuáles son, en su opinión, los obstáculos que impiden a los Estados miembros ratificar dicha Convención?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(16 de febrero de 1999)

Hasta la fecha, el "Convenio internacional para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias" no ha entrado en vigor porque no ha sido ratificado por un número suficiente de Estados. Según la información que posee la Comisión, ningún Estado miembro ha ratificado aún dicho Convenio. Parece que uno de los principales obstáculos a la ratificación de dicho Convenio por los Estados miembros es el hecho de que éste reconoce derechos para todos los trabajadores migrantes, independientemente de la regularidad o irregularidad de su situación en el país en el que se han establecido.

No obstante, en el marco de las competencias que le corresponden, la Comisión ha proseguido activamente sus iniciativas para reforzar la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias. Por lo que se refiere a los trabajadores migrantes comunitarios, la Comisión ha propuesto mejorar(2) las condiciones para la libre circulación de los trabajadores, con vistas, entre otras cosas, a reforzar el derecho a la integración plena y efectiva de los trabajadores migrantes y de los miembros de sus familias en el Estado miembro de acogida.

Por otra parte, respecto a los trabajadores migrantes que son ciudadanos de países terceros, la Comisión ha propuesto ampliar las normas de coordinación de la seguridad social (Reglamento (CEE) 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad(3)) a los trabajadores de países terceros que residen legalmente en un Estado miembro.

Finalmente, la Comisión ha propuesto un acto del Consejo(4) por el que se establece el Convenio relativo a las normas de admisión de nacionales de terceros países en los Estados miembros. Dicho acto se refiere a las condiciones de residencia de los nacionales de países terceros en el territorio de los Estados miembros, incluidos el agrupamiento familiar y el acceso al empleo.

(1) DO C 365 de 4.12.1996, p. 103.

(2) DO C 344 de 12.11.1998.

(3) DO C 6 de 10.1.1998.

(4) DO C 337 de 7.11.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-3666/98

de Aline Pailler (GUE/NGL) a la Comisión

(7 de diciembre de 1998)

Asunto: Acoso en el trabajo

Estudios recientes señalan que muchos asalariados son víctimas en su lugar de trabajo, en empresas y administraciones, de acoso moral, también llamado "mobbing". En su reciente libro "El acoso moral. La violencia depravada a diario", Marie-France Hirigoyen define el "mobbing" o acoso en el lugar de trabajo como "conductas indirectas de destrucción insidiosa de una persona con objeto de atentar contra su dignidad, de forma reiterada, constante y durante un largo periodo de tiempo". A menudo, las víctimas sufren consecuencias muy graves.

Algunos Estados miembros, como por ejemplo Alemania, Italia y Suecia, disponen de legislaciones nacionales relativas al acoso moral en el trabajo. ¿Tiene la Comisión información sobre el número de personas víctimas de "mobbing" y está dispuesta a proponer una directiva que permita luchar de forma más eficaz contra el acoso moral en los lugares de trabajo?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(24 de febrero de 1999)

La Comisión es consciente del problema que representa en Europa el acoso en los lugares de trabajo. Actitudes o comportamientos de esta naturaleza pueden constituir una violación de la integridad de los trabajadores y perturbar seriamente el entorno de trabajo.

En estos momentos no se dispone en la Comunidad de cifras relativas al hostigamiento en los lugares de trabajo. El informe sobre las condiciones de trabajo, elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, ofrece algunos datos sobre problemas similares. Por ejemplo, señala que el 2 % de los trabajadores comunitarios declaran haber sido objeto de acoso sexual en el último año.

La Comisión estudia el problema del acoso en el marco de sus trabajos preparatorios para la aplicación del nuevo artículo 13 cuando entre en vigor del Tratado de Amsterdam.
PREGUNTA ESCRITA E-4062/98

de Graham Mather (PPE) a la Comisión

(13 de enero de 1999)

Asunto: Directiva de 1992 relativa a la conservación de los hábitats: designación de zonas especiales de conservación

De conformidad con la Directiva de 1992 relativa a la conservación de los hábitats(1), los Estados miembros debían proponer para 1992 una serie de lugares como zonas especiales de conservación. El Reino Unido ha incumplido todas sus obligaciones a este respecto.

¿Qué medidas pretende adoptar la Comisión para garantizar que el Reino Unido cumpla ahora dichas obligaciones?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(12 de marzo de 1999)

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres establece que cada Estado miembro proponga a la Comisión una lista de lugares en el plazo de los tres años siguientes a la notificación de dicha Directiva. Por consiguiente, dicha lista debía haberse enviado a más tardar en junio de 1995.

El Reino Unido ha propuesto ahora 333 lugares, que cubren una superficie de 16.885 km2. Asimismo, ha informado a la Comisión de que su lista está completa en su mayor parte y de que los pocos lugares restantes se comunicarán en la primavera de 1999.

Con vistas a elaborar una lista de lugares de importancia comunitaria que se declararán zonas especiales de conservación (ZEC) con arreglo a la Directiva, la Comisión evaluará con los Estados miembros las diferentes listas nacionales propuestas en el marco de cada una de las diferentes regiones biogeográficas cubiertas por la Directiva.

Todo el territorio del Reino Unido está situado en la región biogeográfica atlántica. Se ha previsto organizar un seminario en otoño de 1999 para evaluar las listas nacionales propuestas para esta región. En este contexto, se examinará la idoneidad de la propuesta británica con respecto a los objetivos de la Directiva, que constituirá la base para ulteriores debates entre la Comisión y el Reino Unido sobre esta cuestión.

(1) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.