PREGUNTA ESCRITA E-2893/02

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(14 de octubre de 2002)

Asunto: Adjudicación de un contrato a una empresa externa que encomendó la reestructuración del sitio web de la UE a un funcionario de la Comisión Europea

1. ¿Ha adquirido la Comisión conocimiento del artículo publicado en el periódico neerlandés Algemeen Dagblad (AD), de 1 de octubre de 2002, según el cual un portavoz de la Comisión pidió una excedencia de un año para trabajar en la oficina de comunicación belga G-Plus, donde también trabajan otros antiguos o actuales colaboradores de la Comisión?

2. ¿Podría confirmar la Comisión que G-Plus fue la empresa adjudicataria, en junio de 2002, de parte del contrato de reestructuración del sitio web de la UE por un importe de 23 millones de euros?

3. ¿Comparte la Comisión la opinión del Sr. Jonathan Faull, citada en el artículo arriba mencionado, de que la adjudicación de este contrato es completamente legal, ya que se han observado todas las normas, y de que, habida cuenta de la presencia de sus colaboradores en G-plus, la adjudicación del contrato a otra empresa incluso hubiera sido ilegal? ¿Podría indicar la Comisión de qué normas se trata?

4. ¿Podría confirmar la Comisión la noticia publicada en el AD, según la cual el Presidente de la Comisión intervino personalmente a finales de septiembre para rescindir el contrato? ¿Cuáles fueron las razones por las que se optó por un enfoque distinto al que se había adoptado en junio?

5. ¿Comparte la Comisión la opinión de que la situación detallada en el citado artículo de prensa refleja una confusión de intereses inadmisible? ¿Cómo es posible que se haya dado esta situación?

6. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para rescindir definitivamente este contrato? ¿Qué gestiones pretende emprender para evitar que esta situación se repita?

7. ¿Tiene la Comisión intención de introducir una obligación de registro para que no se produzca este tipo de confusiones de intereses inadmisible, siguiendo el ejemplo del Reglamento general para los funcionarios de la Administración Pública (Algemeen Rijksambtenarenreglement) en los Países Bajos?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(25 de noviembre de 2002)

La Comisión conoce la existencia del informe aparecido en Algemeen Dagblad al que se refiere Su Señoría.

El 17 de junio de 2002, la Comisión firmó un contrato-marco, por un máximo de cinco años, para la prestación de diversos servicios relacionados con el mantenimiento, la gestión y la promoción de EUROPA, el sitio Internet de las instituciones europeas. El contrato fue adjudicado a la empresa ASCII la cual, como parte del contrato-marco, firmó nueve acuerdos independientes por un total de 4 450 000 de euros al año. Uno de los acuerdos se refería a la redacción y actualización de documentos y una parte de las tareas que debían realizarse fueron subcontratadas por ASCII a G-plus, por una cuota anual de 165 000 euros. Esta cantidad suponía algo menos del 3,6 % del importe total anual que recibirá ASCII.

La Comisión confirma que el contrato fue adjudicado de acuerdo con un procedimiento de licitación riguroso que cumplía de forma rigurosa lo establecido en la Directiva 92/50/CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios(1), como ya afirmaron tanto el Portavoz como el Director general de Prensa y Comunicación.

La presencia de un funcionario en excedencia por asuntos propios en G-plus, la empresa subcontratada por ASCII, dio lugar a la suspensión del contrato de EUROPA el 27 de septiembre de 2002, con el fin de poder revisar la situación a la vista de los problemas de percepción que habían surgido.

Su Señoría puede observar que el 9 de octubre de 2002, G-plus comunicó a la Comisión su decisión de retirarse del consorcio creado por ASCII para la ejecución del contrato-marco. Posteriormente, la Comisión restableció su contrato con ASCII.

La Comisión está estudiando actualmente las normas que rigen el principio de incompatibilidad, especialmente las relativas a la relación entre los funcionarios y las empresas privadas que se presentan a convocatorias de licitación de la Comisión.

(1) DO L 209 de 24.7.1992.