PREGUNTA ESCRITA P-2010/02

de Patsy Sörensen (Verts/ALE) a la Comisión

(2 de julio de 2002)

Asunto: Expulsión de menores rumanos

¿Está al corriente la Comisión de que países como Bélgica proceden a la expulsión de menores rumanos a su país de origen por haber cometido delitos bajo la presión de las bandas de delincuencia organizada?

¿Está al corriente la Comisión de que uno de los motivos de la expulsión es que, con arreglo a la ley belga, estos jóvenes, a menudo de corta edad, no pueden ser perseguidos judicialmente ni encarcelados?

¿Es cierto que en su país de origen no existe ningún tipo de acogida, con lo que la gran mayoría de ellos van a parar al mundo de la delincuencia o se convierten en vagabundos?

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión contra estas prácticas y de qué manera podría colaborar, en vista de los actuales proyectos para niños vagabundos, de manera que, cuando estos niños regresen a su país de origen, puedan contar con una acogida más humana?

Respuesta del Señor Verheugen en nombre de la Comisión

(30 de julio de 2002)

La Comisión está al corriente de la situación que menciona Su Señoría y de que en Bélgica se están llevando a cabo una serie de procesos en tribunales juveniles en relación con el retorno de menores rumanos no acompañados a su país de origen.

No existe en la Comunidad una legislación específica sobre el trato que se debe dar a los menores no acompañados que sean ciudadanos de terceros países que se ocupe de asuntos como las condiciones de recepción, de estancia o de repatriación, pero se exhorta a los Estados miembros a que tomen en consideración las directrices que estableció una Resolución del Consejo al respecto(1).

En el caso al que se refiere Su Señoría, las autoridades belgas han explicado que esas decisiones se adoptaron con vistas a apartar a los niños de las organizaciones delictivas que los controlaban y a facilitarles su reintegración en su entorno propio. Se opina que las alternativas tales como colocar a los menores en centros especializados en Bélgica habrían sido perjudiciales para los intereses de los niños por motivos prácticos (entorno extraño, problemas de idioma, etc.).

Con arreglo a la Resolución del Consejo antes mencionada, e independientemente de su situación legal, los menores no acompañados que sean ciudadanos de terceros países y se encuentren en un Estado miembro los menores no acompañados deberían tener derecho a la protección necesaria y a los cuidados básicos con arreglo a las disposiciones de la legislación nacional. Sin embargo, cuando un menor de edad no esté autorizado para prolongar su estancia en un Estado miembro, éste sólo podrá devolverlo al país de origen o un país tercero dispuesto a admitirlo cuando a su llegada se reúnan en éstos las condiciones adecuadas de acogida y asistencia para el menor, en función de sus necesidades, habida cuenta de su edad y de su nivel de autonomía. De ello podrán encargarse

los padres u otros adultos que cuiden de él, así como órganos estatales o no estatales. En tales casos, las autoridades competentes de los Estados miembros deberían cooperar con las autoridades del país de origen del menor, con organizaciones internacionales tales como la Unicef y, de ser preciso, con organizaciones no gubernamentales (ONG) para garantizar que, a su retorno, el niño reciba la atención adecuada. En cualquier caso, ningún menor podrá ser devuelto a un tercer país cuando las condiciones de retorno no se ajusten a lo dispuesto en la Convención relativa al estatuto de los refugiados, la Convención Europea sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales o la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes o la Convención sobre los Derechos del Niño.

En el caso específico de los menores rumanos en Bélgica, la Comisión ha recibido información de que se está llevando a cabo esa cooperación.

En Bucarest y otras grandes ciudades de Rumania hay centros de acogida para menores en los que los niños de la calle y otro tipo de niños que necesitan protección pueden alojarse bajo la responsabilidad del Departamento de Protección del Niño de la zona, a veces en cooperación con algunas ONG. En esos centros se analiza la situación jurídica y social de los niños con vistas a reintegrarlos a sus familias o, en caso de que esto no sea posible, establecer un plan de atención. Se han celebrado o se están negociando acuerdos bilaterales al respecto entre Rumania y los Estados miembros.

La Comisión sigue respaldando al Gobierno de Rumania en sus esfuerzos por mejorar sus políticas relativas a la atención a los niños. Se está aplicando actualmente en Rumania un programa Phare de 25 millones de euros por el que se proporciona financiación para clausurar las grandes instituciones anticuadas, desarrollar servicios alternativos de protección del niño a nivel local y realizar una campaña de concienciación del público sobre la prevención de los abandonos y la reintegración de los niños a sus familias naturales o de acogida. Los centros pueden optar a la financiación con cargo a este programa, que irá seguido de otro similar que se iniciará próximamente. Como parte de este programa, los centros de acogida pueden optar a la financiación. Este programa irá seguido de otro similar que se iniciará en breve y para el que ya se han comprometido 10 millones de euros.

(1) Resolución del Consejo de 26 de junio de 1997 relativa a los menores no acompañados nacionales de países terceros, DO C 221 de 19.7.1997.