PREGUNTA ESCRITA E-3550/00

de Johannes Blokland (EDD) a la Comisión

(15 de noviembre de 2000)

Asunto: Tasa neerlandesa sobre los minerales de superficie

El Gobierno neerlandés proyecta introducir una tasa sobre los minerales de superficie. La arena marina de la parte neerlandesa de la plataforma continental así como la importación de productos acabados procedentes del extranjero quedarán exentas de dicha tasa. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas neerlandés ha encargado la realización de un estudio sobre el impacto económico y medioambiental de esta medida. Otro estudio, realizado por el Instituto Económico Neerlandés de Rotterdam, indica que la medida provocará entre otras cosas una pérdida de puestos de trabajo en las regiones fronterizas, al desaparecer las exportaciones.

1. ¿Considera la Comisión que la medida proyectada perturba el funcionamiento del mercado interior?

2. ¿Considera la Comisión que la medida proyectada, concretamente la exención aplicable a la arena marina y a la importación de productos acabados procedentes del extranjero, es compatible con las normas de la OMC en materia de comercio internacional?

3. ¿Justifica la magnitud previsible del impacto ambiental de la medida proyectada el grado de perturbación del mercado interior?

4. ¿No opina la Comisión que, cuando los Estados miembros proyecten tomar medidas que puedan perturbar el mercado interior, deben efectuar las consultas necesarias antes de introducirlas?

5. ¿Está la Comisión dispuesta a comunicarle al Gobierno neerlandés su punto de vista sobre este asunto?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3549/00 y E-3550/00 dada por el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(19 de enero de 2001)

Según la información de que dispone la Comisión, el Gobierno neerlandés estudia introducir una tasa sobre las materias primas, de cualquier procedencia, que se extraen de la capa superior del suelo, excepto las del suelo marino. De este modo y con el fin de reducir dichas extracciones, el Gobierno neerlandés pretende promover la utilización de materiales reciclados, de materias primas renovables y de arena marina. Esta tasa y el consiguiente reembolso de los ingresos obtenidos a los operadores neerlandeses del sector afectado tiene como objetivo reducir los efectos nocivos que pueden tener las extracciones sobre el paisaje y la naturaleza.

El Derecho comunitario en su estado de armonización actual no se opone, en principio, a que un Estado miembro introduzca este tipo de tasa, siempre que ésta respete los principios del Tratado CE y del Derecho derivado. No obstante, según la información de que dispone la Comisión, el Gobierno neerlandés no ha concretado hasta la fecha sus intenciones en una ley ni en un proyecto de ley. Por lo tanto, la Comisión no puede pronunciarse de forma definitiva sobre la compatibilidad de la posible tasa neerlandesa con el Derecho comunitario, ni puede tampoco dar a conocer su posición al Gobierno neerlandés.

Un Estado miembro que desee establecer medidas fiscales que repercutan en el mercado interior no estará obligado a llegar a un acuerdo con los demás Estados miembros, excepto si dichas medidas constituyen normas técnicas en el sentido de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas(1). En dicho caso, debe notificarse a la Comisión el proyecto de especificaciones técnicas u otros requisitos vinculados a medidas fiscales o financieras que afectan al consumo de productos al fomentar la observancia de dichas especificaciones técnicas u otros requisitos. Sin embargo, en el apartado uno del artículo ocho de dicha Directiva se especifica que las observaciones o dictámenes circunstanciados de la Comisión o de los Estados miembros sólo podrán referirse al aspecto que pudiera constituir un obstáculo para los intercambios, y no al aspecto fiscal de la medida. En cualquier caso y en virtud del Tratado CE, corresponde a la Comisión velar por que la legislación de un Estado miembro sea conforme al Derecho comunitario y no perjudique, por lo tanto, el funcionamiento del mercado interior.

Actualmente, la Comisión no dispone de suficiente información sobre la medida para pronunciarse sobre su compatibilidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No obstante, dado que la tasa en cuestión no parece dar un trato menos favorable a los productos importados que a los productos locales, no parece que la medida plantee problemas a priori a este respecto.

En cuanto a los posibles aspectos ambientales de dicha tasa, conviene recordar la estrategia para integrar el medio ambiente y el desarrollo sostenible en la política de transportes acordada por el Consejo de Transportes de 6 de octubre de 1999 en el marco del proceso de Cardiff y presentada al Consejo Europeo de Helsinki (10-11 de diciembre de 1999). La Comisión está tomando dicha estrategia como base para formular las políticas de transportes. Se está preparando una primera revisión de la estrategia y su aplicación, para el Consejo de Transportes que tendrá lugar bajo la Presidencia sueca en la primera mitad de 2001.

El núcleo de la sostenibilidad reside en un análisis equilibrado de los aspectos económicos, sociales y ambientales, en que todos ellos gocen de la misma importancia. Un paso importante en el camino que lleva de la búsqueda general de sostenibilidad a una formulación práctica es la definición ampliada propuesta en un informe de un grupo conjunto de expertos de transportes y medio ambiente formado por expertos de los respectivos Ministerios de los Estados miembros, que se presentó a la Comisión el 26 de septiembre de 2000. Con arreglo a dicho informe, un sistema de transportes sostenible

deberá satisfacer las siguientes exigencias: permitir que se satisfagan con seguridad y de forma coherente con la salud humana y del ecosistema las necesidades básicas de acceso y desarrollo de las personas, las empresas y las sociedades y promover la igualdad entre generaciones y dentro de las mismas; ser asequible, funcionar eficazmente, ofrecer una gama de modos de transporte y apoyar un vibrante desarrollo económico y regional; limitar las emisiones y los residuos a la capacidad del planeta para absorberlos, utilizar recursos renovables al ritmo o por debajo del ritmo en que éstos se generan y utilizar recursos no renovables al ritmo o por debajo del ritmo de desarrollo de sustitutos renovables, y minimizar la utilización del suelo y las emisiones acústicas.

(1) DO L 204 de 21.7.1998.