PREGUNTA ESCRITA P-1987/02

de Carlos Lage (PSE) a la Comisión

(1 de julio de 2002)

Asunto: Libre circulación de personas en el espacio Schengen

El pasado 22 de junio, fuerzas policiales españolas impidieron recurriendo a la violencia la entrada al territorio español a un grupo de unos 500 ciudadanos de nacionalidad portuguesa que se dirigía a España para participar en una manifestación autorizada al margen del Consejo Europeo de Sevilla. El incidente tuvo lugar en la localidad fronteriza de Vila Verde do Ficalho, en Alentejo, y se saldó con una acción represiva por parte de las autoridades españolas, que propinaron golpes de porra y empujones a ciudadanos portugueses (entre los cuales se encontraba un diputado a la Asamblea de la República) que sólo trataban de pedir explicaciones sobre la razón por la cual no se les permitía cruzar la frontera. La policía española llegó incluso a penetrar en los autocares que transportaban al grupo y confiscar material fotográfico y de vídeo. Nada justifica este tipo de procedimientos y actuaciones, totalmente inadmisibles en el marco de una Unión que asume el respeto de las libertades y de los derechos fundamentales como uno de sus principios fundadores. Ni siquiera hipotéticas razones de seguridad nacional, como las que permiten a cada Estado signatario del Acuerdo de Schengen aplicar el artículo 2 de dicho instrumento y restablecer, de esta manera, el control de sus fronteras interiores. En este caso, el grupo de

ciudadanos portugueses no parecía presentar ningún peligro especial, ni ningún peligro a secas, para el Estado español. Y aunque así no fuera, no deja de ser inaceptable que en España, Portugal o cualquier otro Estado de la Unión pueda darse semejante actitud de fuerza y prepotencia que, lamentablemente, tuvo como protagonistas a las autoridades policiales españolas.

En consecuencia, ¿puede indicar la Comisión qué medidas piensa adoptar, en su calidad de guardián de los Tratados, para evitar que, en el futuro, las libertades (principalmente las de circulación y de manifestación) y los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos sean vulnerados como lo han sido en este caso?

Respuesta comúna las preguntas escritas P-1975/02 y P-1987/02dada por el Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(25 de julio de 2002)

El apartado 2 del artículo 2 del convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen estipula que los Estados miembros pueden reintroducir controles en la frontera durante un período limitado por motivos de orden público o seguridad nacional. Esto se hace en circunstancias excepcionales como medida preventiva para evitar el riesgo de que se aproveche la libre circulación para poner en peligro el orden público o la seguridad pública de un Estado miembro, especialmente cuando se planea manifestarse en el mismo.

Los controles fronterizos se llevarán a cabo según el Derecho comunitario existente en el campo de la libre circulación de ciudadanos de la Unión. A este respecto debe recordarse que el derecho de libre circulación, conferido por el Tratado de la Unión Europea a todo ciudadano de la Unión, puede restringirse por razones de orden público, seguridad pública o salud pública.

Las medidas así adoptadas se basarán exclusivamente en la conducta personal del individuo concernido y serán motivadas por una amenaza actual y suficientemente grave que afecte a uno de los intereses fundamentales de la sociedad. Por otra parte, tales medidas deben aplicarse de conformidad con el principio de proporcionalidad.

No cabe duda de que los ciudadanos tienen derecho a expresar libremente su opinión y a reunirse pacíficamente, derechos reflejados en el Convenio europeo sobre derechos humanos y en la Carta de derechos fundamentales de la Unión. Deben por lo tanto poder disfrutar de estos derechos sin amenazas para su seguridad, para la seguridad de terceros o para la propiedad. Los Estados miembros se ven enfrentados a veces al hecho de que se abusa de estos derechos aprovechándose de demostraciones públicas legítimas para llevar a cabo actos violentos.

La Comisión recuerda que la responsabilidad primaria del mantenimiento de la ley y el orden corresponde a los Estados miembros.

Por todo ello los Estados miembros pueden decidir introducir controles en la frontera durante un período limitado cuando el orden público o la seguridad nacional así lo requieran. Por lo tanto corresponde a los Estados miembros decidir si se efectuarán controles fronterizos durante cumbres futuras.