PREGUNTA ESCRITA E-1705/96 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (25 de junio de 1996)

Asunto: Mercado único y protección de los consumidores

En relación con el mercado único y la protección de los consumidores, y más en particular con las posibilidades y obstáculos del gran mercado, la futura revisión del Tratado de Maastricht debería brindar la ocasión de incluir en el Tratado algunas disposiciones fundamentales para mejorar la protección y defensa de los consumidores y fomentar su participación y representación en todos los niveles de toma de decisiones. En este sentido ¿no considera la Comisión que sería conveniente:

1. reformular el artículo 129 A con el objeto de identificar una política de los consumidores integrada y que permita defender sus intereses,

2. establecer una lista precisa de los derechos fundamentales de los consumidores,

3. garantizar el reconocimiento de las organizaciones de consumidores como parte de las acciones colectivas de consumo,

4. establecer un nuevo sistema de recurso especial en lo que se refiere a la decisión final sobre las modificaciones en la aplicación del principio de subsidiariedad?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1697/96 y E-1705/96 dada por el Sra. Bonino en nombre de la Comisión (29 de julio de 1996)

1) Los redactores del Tratado de la Unión, al incluir el artículo 129A en el Tratado, probablemente desearon subrayar la importancia concedida a la protección de los consumidores en la realización del mercado interior. En efecto, en este artículo se establece que la Comunidad debe contribuir a la consecución de un elevado nivel de protección del consumidor, no sólo mediante las medidas adoptadas en el marco de la realización del mercado interior, sino asimismo a través de acciones específicas que apoyen y completen las políticas aplicadas por los Estados miembros para la protección de la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores y garantizarles una información adecuada.

Hasta ahora, el artículo 129A parece haber sido una base jurídica adecuada y suficiente para el desarrollo de la política de los consumidores a escala comunitaria, en particular, en el marco del tercer plan de acción trienal 1996-1998 ((Comunicación de la Comisión sobre las prioridades de la política de los consumidores, 1996-1998. COM(95)519. )). El párrafo b) del apartado 1 del artículo 129A, por otra parte, ya se ha utilizado en dos ocasiones como base jurídica concreta para dos acciones comunitarias. Se trata de la última Decisión del Parlamento y del Consejo por la que se establece un sistema comunitario de información sobre los accidentes domésticos y de ocio ((Decisión 3092/94/CE de 7.12.1994, DO L 331 de 21.12.1994. )) (Ehlass) y de la propuesta de Directiva relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores ((DO C 260 de 5.10.1995. )).

2) Si bien considera que el interés principal de la Conferencia Intergubernamental no es aumentar las competencias de la Unión, la Comisión considera que, en el marco de esta Conferencia, podría estudiarse la posibilidad de garantizar mejor un elevado nivel de protección para los consumidores en las distintas políticas comunitarias.

3) En el apartado 3 del artículo 129A se prevé la notificación por los Estados miembros de las medidas más estrictas de protección de los consumidores establecidas de conformidad con el apartado 2 del mismo artículo. Dado que todavía no se ha adoptado ninguna medida de carácter legislativo a escala comunitaria en aplicación de este apartado 2, aún no han podido aplicarse los procedimientos de notificación previstos en el apartado 3. Sin embargo, la mayoría de las directivas anteriormente adoptadas en el marco de la política de los consumidores contienen una cláusula mínima que permite a los Estados miembros mantener o adoptar disposiciones más estrictas a fin de garantizar una protección más elevada de los consumidores. Los Estados miembros han utilizado estas cláusulas mínimas en muchas ocasiones. Por lo general, se han notificado a la Comisión las medidas legislativas nacionales más estrictas que las disposiciones comunitarias, en el marco de la comunicación habitual de las medidas de transposición de las directivas en cuestión.

4) La intensificación de los esfuerzos para mejorar la información de los consumidores y el refuerzo de su representación, son dos de las diez prioridades de la política de los consumidores anunciadas por la Comisión en su Comunicación de 31 de octubre de 1995. Para mejorar la consulta de los consumidores, la Comisión decidió, en particular, suprimir el Consejo consultivo y crear el Comité de los consumidores ((Decisión 95/260/CE de 13.6.1995. )). La Comisión desarrolla con éxito, desde hace años, acciones en materia de información de los consumidores. La Comisión estudia en la actualidad la definición de nuevas estrategias para la política de información a fin de adaptarla en mayor medida a las necesidades de los consumidores.