PREGUNTA ESCRITA E-1967/98

de Kenneth Coates (GUE/NGL) a la Comisión

(30 de junio de 1998)

Asunto: Control del riesgo de accidentes graves

¿En qué medida son aplicables las Directivas 88/610/CEE(1) y 96/82/CE(2) del Consejo a las situaciones de emergencia ocurridas los días 14 y 30 de mayo de 1998 en la planta de tratamiento de residuos de Killamarsh, que está situada en mi circunscripción y es propiedad de la empresa SARP UK, filial de Vivendi, cuando se formó una nube anaranjada de cien metros de dióxido de nitrógeno sobre la concentración urbana de Sheffield, como consecuencia de escapes de un camión cisterna que contenía ácido nítrico y de un depósito de almacenamiento, respectivamente?

¿Qué acciones puede emprender la Comisión en relación con estos incidentes? ¿Tiene previsto la Comisión investigar estos hechos? ¿Existen otras directivas que traten este problema?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(3 de septiembre de 1998)

La Comisión ha investigado los dos incidentes que menciona Su Señoría y ha recibido de autoridades británicas toda la información requerida. Dadas las escasas consecuencias de los incidentes, la Comisión no tiene la intención de proceder a una investigación propia.

La planta está sujeta a las disposiciones de la Ley de salud y seguridad en el trabajo de 1974 (Health and Safety at Work Act), que impone a SARP (Reino Unido) Ltd. la obligación de preservar en la medida de lo posible la salud y la seguridad de sus empleados y de la población.

La planta dispone de autorizaciones concedidas por la Environmental Agency en aplicación de la Ley de Protección del Medio Ambiente de 1990 (Environmental Protección Act). Esta ley incorpora en el derecho nacional las disposiciones de la Directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1984, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales(3). Las autorizaciones tienen por objeto controlar las actividades para reducir a un mínimo su impacto sobre el medio ambiente.

La Directiva 84/360/CEE no contiene ninguna disposición que se refiera específicamente a los accidentes. Será derogada por la Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación(4) (conocida como Directiva IPPC). Esta directiva, que entrará en vigor en 1999, impone la obligación de tomar las medidas necesarias para prevenir los accidentes y limitar sus consecuencias.

La planta no está sometida a las disposiciones de los reglamentos de 1985 sobre accidentes industriales graves que transponen la Directiva 82/501/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1982, modificada por las directivas del Consejo 87/216/CEE de 19 de marzo de 1987(5) y 88/610/CEE de 24 de noviembre de 1988, relativa a los riesgos de accidentes graves en determinadas actividades industriales(6) (conocida como Directiva de Seveso). No obstante, el Health and Safety Executive - HSE (Oficina para la Salud y la Seguridad) entiende que la empresa ha mantenido contactos con el departamento de planes de emergencia del condado de Derbyshire para preparar voluntariamente un plan de emergencia en el exterior de la planta. Además, el HSE está discutiendo actualmente con la empresa si la Directiva 96/82/CE del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Directiva Seveso II) es aplicable a la planta. Esta nueva Directiva, que sustituirá a la Directiva 82/501/CEE a partir de febrero de 1999, se aplica a todas las plantas de tratamiento de residuos en que se encuentren presentes determinadas cantidades mínimas de ciertas sustancias peligrosas especificadas. La única exclusión pertinente en este caso se refiere a los vertederos de residuos.

La Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos(7) obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar una gestión de los residuos que no ponga en peligro la salud humana ni dañe al medio ambiente y,más concretamente, que no cree riesgos para el agua, el aire o el suelo. Los Estados miembros deben efectuar las oportunas inspecciones periódicas en las empresas que realizan operaciones de recuperación o eliminación de residuos.

(1) DO L 336 de 7.12.1988, p. 14.

(2) DO L 10 de 14.1.1997, p. 13.

(3) DO L 188 de 16.7.1984.

(4) DO L 257 de 10.10.1996.

(5) DO L 85 de 28.3.1987.

(6) DO L 336 de 7.12.1988, p. 14.

(7) DO L 194 de 25.7.1975.