ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/539

(2004/C 88 E/0551)

PREGUNTA ESCRITA E-0815/04

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(15 de marzo de 2004)

Asunto: Detención masiva de cristianos evangélicos eritreos

¿Está al corriente la Comisión de la persecución que está teniendo lugar en Eritrea contra los cristianos evangélicos? En una reciente campaña de las autoridades eritreas, fueron detenidos 51 cristianos evangélicos, lo que eleva a 347 el total estimado de ciudadanos detenidos y encarcelados en nueve lugares de Eritrea por sus creencias religiosas.

En Eritrea, sólo están reconocidas como religiones oficiales la ortodoxa, la católica, la luterana evangélica y la musulmana, todas las demás son «ilegales». Por consiguiente, desde mayo de 2002, todas las iglesias evangélicas eritreas se han visto obligadas a cerrar y se han prohibido las reuniones para el culto en lugares públicos e incluso en las viviendas. De acuerdo con la creencia de la Unión Europea de que la libertad de practicar de forma pacífica la propia religión sin persecución constituye un derecho humano fundamental, es evidente que el Gobierno eritreo viola gravemente esos derechos humanos.

¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para garantizar la liberación de los 347 presos religiosos eritreos? Por otra parte, ¿qué medidas puede adoptar para crear una mayor tolerancia hacia las diferentes religiones en Eritrea y la suspensión de la prohibición de todas las religiones denominadas no oficiales?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(22 de abril de 2004)

La Comisión está al corriente de que en Eritrea se está produciendo una persecución motivada por las creencias religiosas, y recuerda que la Constitución eritrea establece la libertad de religión. No obstante, el Gobierno restringe este derecho en la práctica. Sólo se permite reunirse libremente a los cuatro grupos religiosos del país autorizados por el Gobierno: los cristianos ortodoxos, los musulmanes, los católicos y los miembros de la Iglesia Evangélica de Eritrea (afiliada a la Federación Luterana Mundial).

En mayo de 2002, el Ministro de Información promulgó un decreto en virtud del cual todos los grupos religiosos debían registrarse, si bien ello no se aplicó a los cuatro grupos autorizados. A los restantes grupos se les hizo saber que, hasta que fueran aprobadas las solicitudes de registro, no podrían celebrar actividades ni servicios religiosos. Hasta el momento no se ha concedido ninguna autorización.

A partir de entonces, según varios informes recibidos, se ha intensificado la persecución. El Gobierno ha hostigado, arrestado y detenido a miembros de grupos religiosos protestantes no autorizados, conocidos colectivamente a nivel local como «pentes», a miembros de movimientos reformistas procedentes de la Iglesia copta o existentes en su interior, a Testigos de Jehová y a seguidores de la fe Baha'i. Los informes afirman que en algunas ocasiones la policía maltrató físicamente a los detenidos, y que se exigió de algunos de ellos que firmaran declaraciones por las que renunciaban a su fe o aceptaban no practicarla como condición para ser liberados. Se afirma que estos acontecimientos afectaron a centenares de individuos.

Los Testigos de Jehová se ven particularmente afectados, debido a su negativa a cumplir los deberes del Servicio Nacional. A muchos de ellos se les expulsó de viviendas de propiedad gubernamental o no se les permitió ocuparlas, les fue denegado el pasaporte y el visado de salida, y a algunos se les denegó o retiró la tarjeta de identidad. A finales de 2003, unos once Testigos de Jehová permanecían al parecer detenidos sin cargos. El Servicio Nacional es obligatorio en Eritrea para todos los varones entre los 18 y los 45 años y para todas las hembras entre los 18 y los 28 años, y el Gobierno no ha previsto alternativas no militares.

La Comisión admite que lo anteriormente expuesto constituye una violación de los derechos humanos fundamentales y, en coordinación con los Estados miembros, sigue de cerca los acontecimientos. Esta cuestión será discutida en el marco del diálogo político previsto por el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú. El diálogo fue reemprendido en 2003, tras el período de suspensión que siguió a las enérgicas medidas tomadas contra la oposición política y los medios de comunicación a finales de 2001. En una primera fase resultó difícil tratar las cuestiones políticas sensibles. No obstante, está a punto de dar comienzo una segunda fase, en la que se ha garantizado a la Unión Europea que será posible discutir los derechos civiles, políticos, religiosos, económicos, sociales y culturales.