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PREGUNTA ESCRITA E-2024/99

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(3 de noviembre de 1999)

Asunto: Los pequeños agricultores y la conservación del paisaje

¿Es consciente la Comisión de la función que desempeñan los pequeños agricultores en la conservación del paisaje como fuente de riqueza tanto para las comunidades locales como para el turismo?

¿No opina la Comisión que el plan para la protección del entorno rural y otros planes de desarrollo rural deberían ampliarse y aumentarse para garantizar que se concede el reconocimiento adecuado a los pequeños agricultores por la función que desempeñan?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(24 de noviembre de 1999)

La Comisión reconoce la importante función que desempeñan los pequeños agricultores en la gestión del entorno natural, la conservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente.

El Reglamento (CE) no 1259/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común(1), autoriza a los Estados miembros a modular los pagos directos a los agricultores con arreglo a determinados criterios objetivos. Los Estados miembros pueden utilizar los importes obtenidos de las reducciones de pagos para determinadas medidas adicionales en virtud de la ayuda al desarrollo rural establecida en el Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos(2). Este Reglamento presenta un enfoque integrado del desarrollo rural, en el que el reconocimiento de la pluralidad de funciones de la agricultura y, de forma implícita, de los pequeños agricultores, es un elemento clave. Asimismo, el Reglamento establece una serie de medidas que pueden adoptar los Estados miembros en función de sus necesidades específicas. Dado que los Estados miembros pueden establecer condiciones adicionales o más restrictivas para la concesión de la ayuda comunitaria al desarrollo rural, algunas de estas medidas pueden destinarse específicamente a los pequeños agricultores. El turismo rural es una de las posibles acciones que pueden aprobar los Estados miembros en sus programas de desarrollo rural para promover la reestructuración rural y diversificar la economía.

(1) DO L 160 de 26.6.1999.

(2) DO L 160 de 26.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-1765/99

de Bartho Pronk (PPE-DE) a la Comisión

(11 de octubre de 1999)

Asunto: Discriminación de ciudadanos comunitarios por la ley neerlandesa de integración de extranjeros

El 30 de septiembre de 1999 entró en vigor en los Países Bajos la ley de integración de extranjeros, que se aplicará únicamente a los ciudadanos no comunitarios. En relación con la entrada en vigor de esta ley, ¿puede la Comisión responder a las preguntas siguientes?

1. ¿Qué opina la Comisión sobre la ley de integración de extranjeros?

2. Si la Comisión considera que existe discriminación, ¿va a señalar este hecho a la atención de los Países Bajos?

3. ¿Por qué no ha reaccionado la Comisión todavía ante las reclamaciones de la sociedad neerlandesa y, en particular, de la Asociación nacional de defensa de intereses de los europeos meridionales (Landelijk Inspraakorgaan Zuid-Europeanen, LIZE), de 8 de septiembre de 1998 (tramitada por Carmel O'Reilly, Gabinete Flynn/ms D(98)?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(19 de noviembre de 1999)

La Ley mencionada tiene como objetivo la integración de las personas recién llegadas al país. Para alcanzar este objetivo se ofrecen a estas personas cursos de neerlandés y cursos dirigidos a aumentar sus posibilidades de empleo en el mercado de trabajo de los Países Bajos. La participación en el programa de integración es obligatoria para aquellas personas recién llegadas que, de acuerdo con la prueba oficial que se les hace, se considera que no tienen un conocimiento suficiente del idioma para integrarse en la sociedad neerlandesa, en general, y en el mercado de trabajo, en particular. El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley puede acarrear la imposición de multas y otras sanciones.

La exclusión de los nacionales comunitarios de los programas educativos ofrecidos con arreglo a dicha Ley ha puesto de manifiesto la enorme complejidad de este asunto, que exige un estudio en profundidad.

La Comisión está realizando un examen exhaustivo de la cuestión, y mantendrá informada a su Señoría de las conclusiones a las que llegue.

La Comisión lamenta el retraso con que se ha respondido a la carta a la que hace referencia su Señoría. La organización en cuestión ha recibido recientemente un mensaje a este respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-2077/99 de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión. Aplicación de la Directiva 89/48/CEE en Grecia.



Diario Oficial n° 170 E de 20/06/2000 p. 0144 - 0144



PREGUNTA ESCRITA E-2077/99 de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión (12 de noviembre de 1999) Asunto: Aplicación de la Directiva 89/48/CEE en Grecia Grecia fue condenada mediante sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de marzo de 1995 (asunto C-0365/93) por la no aplicación de la Directiva 89/48/CEE(1), relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años. Dado que, según resulta de denuncias formuladas por ciudadanos interesados, el DIKATSA, organismo público griego encargado del reconocimiento de títulos de índole semejante, no se ha adaptado a la citada Directiva, ¿puede indicar la Comisión si Grecia aplica la sentencia del Tribunal de Justicia? En caso negativo, ¿qué acciones piensa emprender la Comisión para que se armonice la legislación griega con el derecho comunitario? (1) DO L 19 de 24.1.1989, p. 16. Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión (30 de noviembre de 1999) Al no atenerse Grecia a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 23 de marzo de 1995, la Comisión interpuso, el 10 de diciembre de 1997, un nuevo recurso por incumplimiento por la no transposición de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, acompañado de una solicitud de multa coercitiva. La vista en el Tribunal de Justicia se celebró el 20 de octubre de 1999.
PREGUNTA ESCRITA E-1899/99

de Raffaele Costa (PPE-DE) a la Comisión

(29 de octubre de 1999)

Asunto: Programa Caleidoscopio (1996-1998)

¿Podría la Comisión hacer saber a qué organismos públicos o privados, instituciones, empresas, cooperativas o particulares, y en qué medida se han asignado importes o contribuciones (con pagos ya efectuados o no) en relación con Caleidoscopio, programa de apoyo comunitario a las actividades artísticas y culturales (1996-1998), con un presupuesto de 26,5 millones de ecus, equivalentes a unos 51 000 millones de liras?

¿Podría decir asimismo si se ha controlado el destino efectivo de los importes y el buen fin de las iniciativas?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(23 de noviembre de 1999)

En cuanto a la primera parte de la pregunta, teniendo en cuenta la extensión de la contestación, que comporta numerosas publicaciones, la Comisión envía directamente todos los elementos de respuesta a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.

En cuanto a la segunda parte, el desarrollo de los proyectos seleccionados se supervisa mediante informes intermedios y finales y, por consiguiente, las aportaciones económicas sólo se conceden una vez que la Comisión haya verificado y aceptado dichos informes.
PREGUNTA ESCRITA E-2207/99

de Antonio Tajani (PPE-DE) a la Comisión

(29 de noviembre de 1999)

Asunto: Demolición del antiguo Teatro Pacini por parte del Municipio de Fucecchio (Florencia)

Mediante las decisiones del Consejo municipal nos 42 y 78 de 1997, El Municipio de Fucecchio (Florencia) ha aprobado una modificación del centro histórico de Fucecchio que permite la demolición del antiguo Teatro Pacini, construido en 1700, y su sustitución por un nuevo edificio, más grande y de cemento armado, cediendo a la empresa inmobiliaria Cabel una parte de la plaza pública con una superficie de aproximadamente 400 metros cuadrados. Dichas decisiones, que suponen una modificación del plan de urbanismo, incumplen la Ley no 1089, de 1 de junio de 1939, que en el artículo 1 de sus disposiciones generales sobre la protección de los bienes de interés artístico e histórico convierte a la plaza en inalienable en virtud de su artículo 23, como patrimonio indisponible del ente público. Las resoluciones que el municipio de Fucecchio tiene la intención de aprobar ocasionan un grave perjuicio a la comunidad de Fucecchio y contrastan con las disposiciones generales relativas a la protección del patrimonio de interés artístico e histórico no sólo nacionales, sino también europeas.

¿Está dispuesta la Comisión a intervenir ante las autoridades competentes italianas para que prevean las medidas necesarias para la conservación y salvaguardia de los bienes culturales europeos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 del Tratado, que fija como uno de los objetivos de la acción comunitaria en materia cultural el desarrollo de las culturas de los Estados miembros mediante la valorización de su patrimonio común?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(20 de diciembre de 1999)

El Tratado CE especialmente en su artículo 151 (antiguo artículo 128) otorga a la Comunidad competencias en el sector cultural. Como establece el artículo 151, la acción comunitaria se destinará exclusivamente respetando plenamente el principio de subsidiariedad a favorecer la cooperación entre los Estados miembros; contribuir al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional; y favorecer la cooperación cultural entre los Estados miembros y con los terceros países y las organizaciones internacionales competentes.

Por consiguiente, la Comisión no puede intervenir en un asunto que compete exclusivamente a Italia.
PREGUNTA ESCRITA E-1933/99

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(4 de noviembre de 1999)

Asunto: Aplicación del programa operativo Educación y Formación Profesional Inicial del Marco Comunitario de Apoyo para Grecia

De la respuesta de la Comisión a una pregunta anterior(1), se desprende que la aplicación del programa operativo Educación y Formación Profesional Inicial del Marco Comunitario de Apoyo para Grecia registra problemas y que el desembolso de los fondos previstos es lento. ¿Puede indicar la Comisión cuál es el índice actual de utilización de los créditos asignados, si los problemas registrados en la aplicación de dicho programa se han superado y, de no ser éste el caso, a qué se deben los considerables retrasos existentes?

(1) H-0411/97, Debates del Parlamento Europeo (junio de 1997).

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(2 de diciembre de 1999)

Recientemente se ha acelerado considerablemente la ejecución del programa operativo (PO) en cuestión.

En lo que atañe al Fondo Social Europeo, se ha comprometido un 100% de los créditos programados, de los cuales ya se ha abonado a Grecia un 78,86%. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ha comprometido un 82% y abonado un 48% de los créditos programados. Todos los créditos del FEDER se comprometerán antes del 31 de diciembre de 1999.

Todos los compromisos legales nacionales deberán contraerse antes de finales del año 1999, mientras que su ejecución puede continuar hasta diciembre de 2001. Este año se llevará a cabo una reprogramación interna definitiva del PO Educación y formación profesional inicial para corregir la programación y garantizar la plena utilización de los créditos disponibles.

La mayoría de los problemas que se plantearon en el pasado, y que habían retrasado considerablemente la ejecución financiera del programa, parecen ya resueltos.
PREGUNTA ESCRITA P-2690/99

de Thierry La Perriere (UEN) al Consejo

(3 de enero de 2000)

Asunto: Relaciones UE-Turquía, derechos humanos y minorías cristianas

En el marco de las negociaciones sobre la puesta en práctica de la unión aduanera y sobre la candidatura de Turquía a la adhesión a la Unión Europea, el Consejo concede especial atención a la situación de los kurdos.

En Turquía existen otras minorías. Una parte importante de su población es cristiana. En el pasado, estos turcos de religión cristiana han sido objeto de violaciones masivas de los derechos humanos y su situación sigue siendo extremadamente precaria.

¿Puede indicar el Consejo si, en el marco de las negociaciones en curso con Turquía, presta particular atención a la situación de estas minorías cristianas?

Respuesta

(13 de marzo de 2000)

El Consejo Europeo de Helsinki decidió que Turquía es un Estado candidato llamado a ingresar en la Unión atendiendo a los mismos criterios que se aplican a los demás Estados candidatos. El cumplimiento de los criterios políticos para la adhesión es un requisito previo a la apertura de las negociaciones de adhesión. El Consejo subraya que la estabilidad de las instituciones que garanticen los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías es uno de los criterios políticos de Copenhague. Esto, lógicamente, incluye a las minorías cristianas.

Con arreglo a las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki, sobre la base de la estrategia europea actual, Turquía, al igual que otros Estados candidatos, podrá acogerse a una estrategia de preadhesión destinada a servir de estímulo y apoyo a sus reformas. Esto incluirá un diálogo político reforzado, con especial hincapié en los progresos en el cumplimiento de los criterios políticos para la adhesión, con especial referencia, entre otras cosas, a la cuestión de los derechos humanos. Esto, lógicamente, también incluye a las minorías cristianas.
PREGUNTA ESCRITA P-2697/99

de Rosa Díez González (PSE) al Consejo

(3 de enero de 2000)

Asunto: Censo de ciudadanos de la Unión Europea condenados a muerte

¿Conoce el Consejo el número, la identidad, la situación jurídica, las condiciones de detención y la situación personal y familiar de los ciudadanos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea condenados a muerte en el resto del mundo? ¿Ha establecido algún censo al respecto y puede transmitirlo a esta diputada y al Parlamento Europeo?

Si ignora el Consejo esta información, ¿no considera necesario emprender acciones encaminadas a establecer un control sistemático de estos casos y, en este sentido, qué acciones considera oportuno emprender para subsanar esta falta de información?

Respuesta

(28 de febrero de 2000)

El Consejo no dispone de la información solicitada en relación con el censo de ciudadanos de la Unión Europea condenados a muerte.

La Unión Europea, que está resueltamente a favor de la abolición universal de la pena de muerte, interviene de modo periódico ante los terceros países de que se trate para evitar la aplicación o la ejecución de dicha pena, en particular a raíz de las iniciativas adoptadas en dicho sentido, en el seno del Consejo, por los miembros o la Presidencia del Consejo.
PREGUNTA ESCRITA P-2580/99

de Umberto Bossi (TDI) a la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

Asunto: Programa comunitario ECIP

El programa comunitario ECIP ha obtenido un enorme éxito, con más de 3 000 millones de concedidos por la Comisión para la cofinanciación de acciones previstas por las Facility 1, 2, 3 y 4.

Tras la reorganización interna de la Comisión, los procedimientos de selección y evaluación de los proyectos presentados han experimentado una fuerte ralentización que, desde hace algunos meses, se ha convertido en una suspensión de las concesiones de subvención a los proyectos ya aprobados por la propia Comisión, a pesar de que se disponía de dichos fondos.

Asimismo, el fin del período de validez natural del Reglamento del Consejo y la reorganización general de los programas de ayuda a la inversión a los terceros países corren el riesgo de alargar aún más los plazos de espera de los beneficiarios, a los que, además, no se les informa de los plazos de los procedimientos.

Por todo ello:

1. ¿puede indicar la Comisión si ha procedido a informar a los ciudadanos de la decisión de suspender las concesiones, de los motivos de dicha suspensión y de las medidas que tiene intención de adoptar para agilizar los procedimientos?

2. ¿tiene intención de conceder financiación a los proyectos presentados y/o aprobados en 1999?

3. ¿qué garantías tiene intención de ofrecer a los beneficiarios tanto de los proyectos ya presentados (y que están a la espera de ser analizados) como de los ya seleccionados para encontrar una rápida solución de los problemas mencionados?

4. ¿está prevista la renovación del programa ECIP o su sustitución por otro programa?

5. ¿están previstas medidas transitorias que garanticen la continuidad en las diferentes fases del procedimiento?

Respuesta común a las preguntas escritas P-2580/99 y E-2599/99 dada por el Sr. Patten en nombre de la Comisión

(24 de enero de 2000)

Durante los últimos años, se ha acumulado una serie de expedientes relativos al ECIP pendientes de ser examinados. Por esta razón, se decidió a principios de 1999 que la Comisión, dados sus recursos limitados, daría prioridad al cierre de los contratos existentes, efectuando los pagos pendientes, así como a la recuperación de fondos del ECIP no utilizados y reembolsables.

La Comisión ha decidido recientemente proponer al Consejo y al Parlamento prorrogar la validez del Reglamento ECIP por un período transitorio de un año, hasta el 31 de diciembre de 2000, lo que permitirá el seguimiento operativo de acciones ya financiadas y la modificación de contratos ya firmados, así como la asistencia técnica necesaria para la realización y el cierre de acciones en curso. Los nuevos proyectos no serán financiados después del 31 de diciembre de 1999 y cualquier solicitud de financiación que no recibiera la aprobación formal de la Comisión antes de dicha fecha será devuelta a los candidatos.

En 2000, se llevará a cabo una evaluación independiente del ECIP, sobre la cual la Comisión se basará para definir una estrategia más coordinada para los diversos instrumentos financieros destinados a fomentar la inversión en países en vías de desarrollo.
PREGUNTA ESCRITA P-2790/99

de Paul Lannoye (Verts/ALE) a la Comisión

(7 de enero de 2000)

Asunto: Proyectos de investigación sobre tratamientos en el ámbito del 5o Programa Marco

El plazo de presentación de proyectos de investigación (Referencia: 1999/C 64/13) relativos a los tratamientos en el ámbito 5o Programa Marco de investigación acaba de vencer (15 de noviembre de 1999). Se sabe que se han presentado varios proyectos cuyo objetivo es la evaluación de las medicinas no convencionales (Programa de Investigación 1.1.1. Prioridad temática 1.1.1. 10.1 (i)(ii)(iii) Investigación sobre salud pública, Investigación sobre servicios sanitarios, salud y seguridad/Evaluación de la eficacia de las terapias no convencionales.

Normalmente, la evaluación correcta y objetiva de los proyectos de investigación se hace con la ayuda de expertos especialistas en el sector de investigación correspondiente.

¿Puede decir la Comisión si ya han sido nombrados los expertos para la evaluación de la calidad de los proyectos de investigación en cada una de las disciplinas (homeopatía, osteopatía, etc.)?

En caso contrario, ¿podría la Comisión indicar en qué fecha, según qué criterios objetivos y con qué procedimientos piensa designar a dichos expertos?

¿Podría indicar el número de proyectos y las disciplinas para los cuales ha recibido proyectos de investigación?

¿Podría indicar asimismo si la dotación presupuestaria prevista es suficiente?

Respuesta del Sr. Busquin en nombre de la Comisión

(28 de enero de 2000)

Dentro de la convocatoria de propuestas(1) del programa específico de investigación sobre calidad de vida y gestión de los recursos vivos(2), se han presentado para la fecha de 15 de noviembre de 1999 unos 600 proyectos en el área actividades genéricas, entre los cuales hay tres que tratan de aspectos relacionados con la medicina no convencional.

La evaluación de las propuestas por expertos independientes tendrá lugar durante el mes de enero de 2000. Tal como se establece en el manual de evaluación del programa (www.cordis.lu/life), cada propuesta será evaluada por un mínimo de cuatro expertos independientes. Todos los expertos se seleccionan a partir de la base de datos expertos de la Comisión, que se crea a partir de manifestaciones de interés. Los expertos se eligen en función de su cualificación científica para cada una de las disciplinas del programa de trabajo. Los nombres de los expertos que toman parte en la sesión de evaluación se publicarán después de que se hayan tomado todas las decisiones sobre la convocatoria de propuestas.

Para esta sesión de evaluación se ha asignado a las actividades genéricas un presupuesto de 86 millones de ecus. Dado que la contribución comunitaria global necesaria para la 600 propuestas recibidas superará los 900 millones de ecus, es probable que el índice de selección sea aproximadamente de 1 a 10 para el conjunto de las actividades genéricas.

(1) DO C 64 de 6.3.1999.

(2) DO L 64 de 12.3.1999.
PREGUNTA ESCRITA P-2369/99

de Luís Queiró (UEN) a la Comisión

(1 de diciembre de 1999)

Asunto: Ayuda a la reconstrucción de Timor Oriental

Se ha hecho público que la Misión Conjunta de Evaluación dirigida por el Banco Mundial ya ha terminado su labor de determinación de necesidades a corto plazo (años 2000, 2001 y 2002) para la reconstrucción de Timor Oriental.

La Comisión ha presentado una primera estimación sobre los costes de sus operaciones de reconstrucción: aproximadamente 200 millones de dólares.

Teniendo en cuenta la intención tantas veces manifestada tanto por la Comisión como por el Sr. PESC de que la Unión Europea colaborará y apoyará clara y eficazmente el esfuerzo de reconstrucción de Timor Oriental, a la que se asoció el Parlamento en términos financieros adecuados con ocasión del debate y aprobación, en primera lectura, del presupuesto para el año 2000, ¿de qué modo vertebrará la Comisión con el Banco Mundial y con la UNTAET (Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental) sus acciones de ayuda a la reconstrucción de Timor Oriental? Más concretamente, ¿qué posición adoptará en la Conferencia de donantes que se realizará en Tokio el próximo 17 de diciembre?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

Por lo que se refiere a la postura de la Comisión con respecto al apoyo a la reconstrucción de Timor oriental, Su Señoría debe ser consciente de que la Comunidad proporcionó inmediatamente a este país ayuda humanitaria para la vuelta de los refugiados y ayuda alimentaria.

La Comisión también ha comprometido 10 M para el nuevo fondo especial de la administración transitoria de las Naciones Unidas en Timor oriental (Untaet), que ofrece un apoyo administrativo y logístico básico para la futura administración transitoria y ayuda humanitaria.

Desde una perspectiva de desarrollo, una estrategia coherente de rehabilitación y reconstrucción del territorio relativamente reducido de Timor oriental requerirá una amplia coordinación entre todas las partes. La reciente misión conjunta de evaluación llevada a cabo por el Banco Mundial en la que la Comisión participó activamente servirá de base para desarrollar un modelo de acción concreta a largo plazo que se discutirá en una reunión de los donantes en Tokio el 17 de diciembre de 1999. La Comisión está evaluando actualmente el informe sucinto de la misión conjunta con objeto de identificar las áreas donde la Comunidad puede contribuir mejor a obtener la máxima rentabilidad y eficacia de su ayuda.