PREGUNTA ESCRITA E-0189/98

de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión

(5 de febrero de 1998)

Asunto: Tarjetas de residente

El Reglamento 1612/68(1) que hace obligatoria la posesión de una tarjeta de residente para todos los ciudadanos de la Unión residentes en otro Estado miembro supone serios obstáculos a la aplicación efectiva de la libre circulación de personas y no va en consonancia con los principios en los que se basan los acuerdos de Schengen, ratificados recientemente por Italia, especialmente con el artículo 2 del Convenio de aplicación que establece que se podrán atravesar las fronteras interiores sin que sea necesario control alguno.

¿Puede la Comisión informar cómo pretende hacer compatible la obligación de la tarjeta de residente prevista por numerosos Estados miembros con el principio de libre circulación de personas y las disposiciones del Convenio de Schengen?

¿No considera la Comisión que ha llegado el momento de actuar ante los Estados miembros para suprimir la obligación de la tarjeta de residente?

¿No considera la Comisión que el pasaporte nacional debería bastar para permitir la circulación y el movimiento de los ciudadanos comunitarios que se establecen en países de la Unión?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(6 de mayo de 1998)

Con respecto a esta cuestión, cabe distinguir tres aspectos: el de la tarjeta de residencia que el derecho comunitario prevé para los ciudadanos de la Unión que desean residir en un Estado miembro por un periodo superior a tres meses; el de la posible obligación establecida por el derecho nacional de llevar consigo la tarjeta de residencia cuando se transita por la vía pública, y el de los controles que pueden ejercerse en el momento de cruzar una frontera.

El derecho comunitario prevé la expedición de una tarjeta de residencia a los ciudadanos de la Unión que deseen residir en un Estado miembro por un plazo superior a tres meses (véase en particular el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre suspensión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados Miembros y de sus familias dentro de la Comunidad(2) y el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados Miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios(3)). Según el Tribunal de Justicia, dicha tarjeta de residencia constituye un documento público que reconoce un derecho derivado del Tratado CEE.

El derecho comunitario derivado no impone a los ciudadanos la obligación de llevar consigo la tarjeta de residencia cuando transitan por la vía pública. No obstante, el derecho comunitario no prohibe a los Estados miembro la imposición a los ciudadanos de la Unión, de manera no discriminatoria con relación a sus propios ciudadanos, de la obligación de llevar consigo el documento de identidad o de viaje o la tarjeta de residencia cuando transitan por la vía pública y la imposición de sanciones respetando el principio de proporcionalidad con respecto a las infracciones a dicha obligación. Según confirmó el Tribunal de Justicia en su sentencia Comisión contra Bélgica(4), "el derecho comunitario no se opone a que, en su territorio, un Estado miembro controle el cumplimiento de la obligación de encontrarse, en todo momento, en posesión de su tarjeta de residencia o de establecimiento, impuesta a los que ostentan el derecho de residencia comunitario, habida cuenta de que se impone a sus propios nacionales una obligación idéntica en relación con su documento de identidad".

En virtud del derecho comunitario, los Estados miembros tienen la obligación de admitir a los ciudadanos de la Unión en su territorio previa simple presentación de su documento nacional de identidad o de su pasaporte en vigor (véase el apartado 1 del artículo 3 de las Directivas mencionadas). Así pues, en principio, el derecho comunitario se opone a las medidas administrativas que exigen de forma general otras formalidades en la frontera distintas de la simple presentación de una tarjeta de identidad o de un pasaporte en vigor.

Por lo que respecta a los controles del respeto de la obligación impuesta por el derecho nacional de que los ciudadanos de la Unión lleven consigo la tarjeta de residencia cuando cruzan las fronteras, el Tribunal de Justicia estimó en la sentencia mencionada que, en la medida en que dichos controles no condicionen la entrada en el territorio y, en otros términos, no tengan por efecto su denegación, no corresponde al derecho comunitario su prohibición. El Tribunal de Justicia añadió que la práctica de dichos controles en el momento de la entrada en el territorio de un Estado miembro puede constituir, sin embargo, en función de las circunstancias, un obstáculo al principio de libre circulación de personas. Así ocurriría, por ejemplo, si se descubriese que dichos controles se practican de forma sistemática, arbitraria o inútilmente coercitiva.

Dado que dentro de la Unión aún no se ha logrado el objetivo de supresión de los controles de personas, los principios del derecho comunitario mencionados anteriormente siguen aplicándose.

En cuanto a la cuestión del Convenio de Schengen, el apartado 3 de su artículo 2 dispone que la supresión del control de personas en las fronteras interiores no afecta ni al ejercicio de las competencias de policía por parte de las autoridades competentes en virtud de la legislación de cada una de las partes contratantes sobre el conjunto de su territorio, ni a las obligaciones de tenencia, transporte y presentación de los títulos y documentos previstos por la legislación.

(1) DO L 257 de 19.10.1968, p. 2.

(2) DO L 257 de 19.10.1968.

(3) DO L 172 de 28.6.1973.

(4) Sentencia de 27 de abril de 1989, Asunto 321/87, Rec.1989, p. 1.007.