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PREGUNTA ESCRITA E-1331/02

de Elspeth Attwooll (ELDR) al Consejo

(8 de mayo de 2002)

Asunto: Exportaciones pesqueras a Polonia

En la actualidad se está negando a la industria pesquera del Reino Unido, y en particular de las Islas Shetland, el mismo nivel de acceso de sus productos al mercado polaco que para sus equivalentes noruegos. Las importaciones de pescado británico siguen sujetas a aranceles, mientras que Noruega recibe un acceso favorable en virtud de un acuerdo bilateral con Polonia.

en nombre de la Comunidad, la Comisión ha aprobado recientemente un protocolo adicional al Acuerdo Europeo entre la UE y Polonia por el que se eliminan gradualmente los aranceles de importación de productos pesqueros. ¿Dará a conocer el Consejo las medidas acordadas y confirmará la fecha en que entrarán definitivamente en vigor?

Respuesta

(11 de noviembre de 2002)

Su Señoría se refiere al Protocolo adicional al Acuerdo Europeo con Polonia que el Consejo decidió firmar, a propuesta de la Comisión, el 17 de diciembre de 2001 tras las negociaciones que la Comisión había mantenido con la República de Polonia (y con el resto de los países asociados), con el fin de liberalizar el comercio en el sector de peces y productos de la pesca. En virtud de este acuerdo ambas partes aplicarán una reducción de un tercio de los derechos que aplican con motivo de la importación de estos productos a partir de la entrada en vigor del Protocolo. Un año después se aplicará una reducción de un tercio adicional hasta conseguir una liberalización total dos años después de la entrada en vigor del Protocolo (o antes de esa fecha si así se acordara).

El Protocolo con Polonia se firmó el 14 de junio de 2002, y el 18 de junio Ambas Partes se notificaron mutuamente la terminación de los procedimientos internos necesarios a tal fin. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 6 del Protocolo la entrada en vigor es el 1 de julio de 2002.
PREGUNTA ESCRITA E-0698/02

de Amalia Sartori (PPE-DE) a la Comisión

(13 de marzo de 2002)

Asunto: Favores sexuales a cambio de ayuda humanitaria

La prensa internacional ha informado de que algunos miembros de organizaciones no gubernamentales encargados de la distribución y gestión de ayuda humanitaria, en nombre de la ONU, han sido acusados de acoso sexual a algunos refugiados.

Esto se desprende de investigaciones llevadas a cabo por la ONU durante las operaciones de control de las actividades de ayuda en las zonas de crisis.

Al parecer, estas prácticas consisten en la concesión de alimentos, medicinas y otras ayudas a cambio de relaciones sexuales con mujeres jóvenes (muchas de ellas menores de edad).

La violencia y el desprecio que conllevan estas acciones se ve agravado por el hecho de que se realizaban sin ningún tipo de precaución, favoreciéndose así la transmisión del SIDA que, en dichas zonas, alcanza ya niveles alarmantes.

Se han producido hechos de este tipo en Liberia, Côte d'Ivoire y Timor Oriental, lo que permite suponer que se pueda tratar de una práctica ya consolidada.

Teniendo en cuenta que los programas de ayuda humanitaria de la ONU son cofinanciados por la Unión Europea, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para aclarar estos hechos lamentables protagonizados por individuos que, en vez de ayudar a las poblaciones que se encuentran en situación de emergencia, no hacen sino humillar y explotar precisamente a aquellos a quienes deberían auxiliar?

En caso de que se confirme la veracidad de tales informaciones, ¿qué se hará para castigar a los culpables y para evitar que este tipo de episodios pueda volver a repetirse?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(8 de mayo de 2002)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita P-0687/02 de la Sra. Sanders-Ten Holte(1).

(1) Ver página 43.
PREGUNTA ESCRITA E-0666/02

de Brigitte Langenhagen (PPE-DE) a la Comisión

(8 de marzo de 2002)

Asunto: Financiación del arrastrero Atlantic Dawn con cargo a fondos de la UE

Según tengo entendido, el arrastrero Atlantic Dawn fue construido en un astillero noruego, pertenece a una naviera islandesa y no está registrado como buque de pesca en la UE. En la actualidad, dicho arrastrero, en virtud de los acuerdos de la naviera con Mauritania, faena en aguas mauritanas y compite, por consiguiente, con los pescadores locales o de la UE que faenan en virtud del Acuerdo celebrado entre la UE y Mauritania. Por consiguiente, pido a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Coinciden mis informaciones con las de la Comisión en lo relativo a la construcción y actividades actuales del arrastrero?

2. ¿Qué medidas adoptará la Comisión, a la vista de que no está registrado como buque de pesca en la UE?

3. ¿A cuánto asciende el porcentaje de fondos de la UE en la financiación del Atlantic Dawn?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(18 de abril de 2002)

1. Aunque la Comisión no dispone de información sobre la construcción y el uso de los buques de los Estados miembros, parece ser que el Atlantic Dawn se construyó en Noruega y, desde entonces, ha estado faenando, acogido a un acuerdo privado, en aguas de Mauritania.

2. El Atlantic Dawn se registró en el registro de buques pesqueros de Irlanda y, por consiguiente, en el registro de buques pesqueros de la Comunidad, el 22 de marzo de 2002.

3. No se ha concedido ninguna ayuda de la Comunidad a la financiación del Atlantic Dawn.
PREGUNTA ESCRITA E-1772/02

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(21 de junio de 2002)

Asunto: Adhesión de la UE a la Unesco

En relación con la respuesta de la Comisaria Reding a mi pregunta escrita E-0730/02(1), de 29 de abril 2002, sobre el Año Internacional de las Montañas Los Dolomitas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, la Comisión Europea explica en el tercer párrafo que la Unión no es signataria del Convenio para la protección del patrimonio cultural y natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), de 1972.

¿No consideraría la Comisión conveniente que la Unión Europea se adhiriera oficialmente a la Unesco?

(1) Ver página 50.

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(6 de agosto de 2002)

El Convenio mencionado por Su Señoría no contiene cláusula alguna que permita a la Comunidad convertirse en parte contratante.
PREGUNTA ESCRITA E-1540/02

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(3 de junio de 2002)

Asunto: Discursos políticos de los comisarios en campañas electorales nacionales

El portavoz de la Comisión Europea ha declarado que, aunque los comisarios no hacen campaña en las elecciones nacionales, ello no les impide pronunciar discursos sobre cuestiones de partidos políticos en las campañas electorales nacionales.

Esta declaración suena a sofisma. Dado que los comisarios son pagados por la Unión Europea y están irremediablemente vinculados a esta institución, que debe ser un tema central en el debate democrático con ocasión de las campañas electorales nacionales, y que en la definición de sus trabajos se supone que son políticamente imparciales, ¿cómo pueden justificar sus intervenciones en tribunas de partidos políticos en campañas electorales nacionales? ¿Cuál es la posición actual de la Comisión a este respecto?

A la luz del asunto Palacio, ¿no debería la Comisión inquietarse muy especialmente por estar implicada en la política de una manera tan abierta como parece estarlo ahora?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(8 de julio de 2002)

Como la Comisión ya ha subrayado en numerosas ocasiones en respuesta a preguntas escritas y orales de los eurodiputados(1), sus miembros son hombres y mujeres que cumplen una función política y que, dentro del respeto a las obligaciones que su misión les impone, conservan libertad par expresar, con total independencia y bajo su entera responsabilidad, sus opiniones personales.

El código de conducta adoptado por la Comisión el 18 de septiembre de 1999 prevé expresamente que los Comisarios pueden ser miembros activos de partidos políticos o sindicatos, siempre que esta actividad no comprometa su disponibilidad al servicio de la Comisión.

(1) E-2459/99, E-2600/99 y E-2628/99, DO C 225 E de 8.8.2000, p. 139; E-0539/02, Ver página 26.
PREGUNTA ESCRITA E-1366/02

de Eurig Wyn (Verts/ALE) a la Comisión

(14 de mayo de 2002)

Asunto: Ley pakistaní contra la blasfemia

Actualmente, dos hombres se encuentran detenidos en prisiones pakistaníes acusados de haber violado la ley contra la blasfemia. El primero de ellos, Sr. Parvez Masih, ha sido víctima de repetidas torturas y se encuentra bajo la constante amenaza de ser sometido a nuevos actos de violencia.

El segundo de ellos, ha sido sometido a amenazas extrajudiciales contra su vida y recibió un disparo en el interior del Tribunal Supremo de Sahiwal que le fue propinado por el recurrente.

En las mezquitas pakistaníes, se enseña que los blasfemos merecen ser ajusticiados inmediatamente y que proteger a uno de ellos constituye un gesto tan grave como cometer blasfemia.

Esta ley se presta a abusos peligrosos en la medida en que, al parecer, es posible eliminar un rival de negocios acusándole de haber cometido blasfemia.

Se cree que el General Musharraf quiere revocar o, en última instancia, modificar esta ley, pero se teme que los grupos extremistas puedan dificultarle la labor.

¿Está de acuerdo la Comisión en que esta ley plantea problemas en materia de derechos humanos?

¿Cree la Comisión que sería necesario presionar al Gobierno pakistaní para que modifique estas leyes?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(7 de junio de 2002)

La Comisión sigue preocupada respecto a la aplicación de la Ley contra la blasfemia en Pakistán.

Aparentemente, esta Ley se aplica arbitrariamente y a menudo no se cumplen las normas procesales básicas. Por otra parte, se incoa un número desproporcionado de procesos contra ciudadanos no musulmanes, basados frecuentemente en denuncias (cerca del 70 % de todos los procesos de blasfemia implican a musulmanes, o sea, el 30 % de todos los casos tiene que ver con la pequeña comunidad no musulmana, un 3 % de la población). Por lo tanto, hay que destacar que las seis sentencias de 2001 dictadas al amparo de la principal disposición sobre la blasfemia fueron emitidas contra musulmanes, según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, una organización no gubernamental (ONG) que se ocupa de estos derechos.

Con ocasión de una conferencia organizada por el Gobierno paquistaní en abril de 2000, se anunció una reforma procesal de la Ley contra la blasfemia. Sin embargo, a consecuencia de protestas de los grupos religiosos, el Gobierno retiró la propuesta.

La Comisión participa activamente en los esfuerzos conjuntos de toda la Unión para resolver los problemas relacionados con los derechos humanos en Pakistán, en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común. En este contexto, la Comisión seguirá abordando cuestiones preocupantes, incluida la Ley contra la blasfemia. La entrada en vigor del nuevo Acuerdo de cooperación Comunidad-Pakistán, que contiene una cláusula en materia de derechos humanos y principios democráticos, ofrecerá la posibilidad de restablecer plenamente el diálogo de cooperación con Pakistán, incluyendo los aspectos sensibles relacionados con los derechos humanos.
PREGUNTA ESCRITA P-1249/02

de Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) a la Comisión

(24 de abril de 2002)

Asunto: Impuesto en las Islas Baleares

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha aprobado la Ley 7/2001 del 23 de abril sobre el Impuesto sobre las estancias en empresas turísticas de alojamiento, destinado a la dotación del Fondo para la mejora de la actividad turística y la preservación del medio ambiente.

En su exposición de motivos se establece que el extraordinario desarrollo de la actividad turística ha significado un desgaste excesivo de los recursos territoriales y medioambientales de las Islas Baleares y que el mantenimiento de la competitividad del producto turístico de las Islas Baleares exige a las instituciones un esfuerzo que garantice su desarrollo sostenible y, dada la insuficiencia de las fuentes de financiación, establece dicho impuesto.

Las Islas Baleares reciben 11 000 000 de turistas al año, de los cuales sólo el 50 % se alojan en empresas turísticas de alojamiento.

¿Entiende la Comisión que un impuesto de estas características y con el objetivo mencionado anteriormente, debería ir dirigido a todos los turistas y no solamente al 50 % de los mismos?

¿Considera la Comisión que hay una discriminación entre los distintos turistas que acuden a las islas, según dónde se alojen?

¿Piensa la Comisión que esta ley puede ser un obstáculo a la libre circulación de personas en una parte del territorio de la Unión?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(31 de mayo de 2002)

El problema que plantea Su Señoría se refiere a un impuesto sobre las estancias en empreas turísticas de alojamiento, impuesto indirecto sobre el consumo que no ha sido objeto de armonización en las Comunidades Europeas. En consecuencia, los Estados miembros siguen teniendo libertad para determinar los criterios de recaudación de tal impuesto, siempre que se respeten los principios del Derecho comunitario.
PREGUNTA ESCRITA E-1703/02

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(13 de junio de 2002)

Asunto: Ayuda C35/02 Adaptación del sistema fiscal nacional a las particularidades de la Región Autónoma de las Azores

¿Puede facilitar la Comisión copias de toda la correspondencia a que se refiere en su carta de 24 de abril de 2002(1), por la que notificó a Portugal su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con respecto a la ayuda C 35/02 (ex NN 10/2000)?

(1) DO C 127 de 29.5.2002, p. 16 y siguientes.

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(26 de julio de 2002)

La solicitud de Su Señoría se tratará de conformidad con el Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento y el Consejo de 30 de mayo de 2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión(1).

(1) DO L 145 de 31.5.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-1109/02

de Christos Zacharakis (PPE-DE)y Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) al Consejo

(18 de abril de 2002)

Asunto: Garantía de protección de los derechos humanos en Argelia

Teniendo en cuenta las violaciones básicas observadas en relación con el respeto y la protección de los derechos humanos en Argelia así como el nuevo marco de colaboración entre la Unión Europea y los países mediterráneos, que, en virtud de la decisión de la Unión Europea, deberá basarse en los principios relativos a los derechos humanos, ¿qué medidas piensa adoptar el Consejo para garantizar que la situación de los derechos humanos en Argelia constituye un tema especial de debate en todos los encuentros que se desarrollen en el marco del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Argelia, en aplicación del proceso de colaboración euromediterránea (Proceso de Barcelona)?

Respuesta

(3 de octubre de 2002)

El Consejo sigue con especial interés las cuestiones relacionadas con el respeto de los derechos humanos en Argelia. En 1997, el Consejo entabló con Argelia un diálogo político a nivel ministerial. En estas reuniones representado por la Troika el Consejo aborda regularmente las cuestiones referentes al respeto de los derechos humanos e insiste enérgicamente para que se eviten todo tipo de derivas y abusos, aun en aras de la lucha antiterrorista.

El pasado 22 de abril, se firmó en Valencia el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación con Argelia, que entrará en vigor tras el dictamen conforme del Parlamento Europeo y las ratificaciones de los Estados miembros. El respeto de los derechos humanos constituye un elemento esencial de este Acuerdo, que inspira la política exterior e interior de las Partes. Asimismo, el Acuerdo institucionaliza un diálogo político regular a diferentes niveles, especialmente en el Consejo de Asociación, sobre todas las cuestiones que presenten un interés común.

Mientras el respeto de los derechos humanos plantee problemas en Argelia, las cuestiones sobre el particular figurarán en el orden del día del diálogo político, ya sea el iniciado en 1997, ya sea el que ha de institucionalizar, una vez vigente, el Acuerdo de Asociación. En la reunión del diálogo político, celebrada en Bruselas el 5 de diciembre de 2001, el Consejo pidió a Argelia que le facilitase información sobre la suerte de varias personas desaparecidas y solicitó su cooperación con los mecanismos de las Naciones Unidas y con las ONG en el ámbito de los derechos humanos. El 5 de junio, se celebró en Argel una reunión del mismo tipo, que supuso una nueva ocasión para que siguiesen debatiéndose estas cuestiones con las autoridades argelinas.
PREGUNTA ESCRITA E-1849/02

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(28 de junio de 2002)

Asunto: Propuesta ilegal de captura de besugo

La Comisión Europea, a través de su propuesta de reglamento(1), propone que se concedan a dos Estados miembros derechos de pesca de besugo en la zona CIEM X.

Ahora bien, el Reglamento no 2027/95(2), modificado por el Reglamento no 149/99(3), fija en cero el esfuerzo de pesca de estos Estados miembros en la zona CIEM X para especies de aguas profundas (en las que cabe clasificar al besugo) o para especies demersales.

Dicho Reglamento no sólo no ha sido revocado, sino que es incluso citado en los considerandos de la propuesta de la Comisión.

Ante esta situación, ¿puede explicar la Comisión la propuesta presentada?

¿Es consciente la Comisión de las gravísimas repercusiones para la sostenibilidad de la pesca en la Zona Económica Exclusiva de la Región Autónoma de Azores que su política de incentivo desregulado para la pesca puede tener?

(1) COM(2001) 764.

(2) DO L 199 de 24.8.1995, p. 1.

(3) DO L 18 de 23.1.1999, p. 3.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(1 de agosto de 2002)

El dato según el cual los dos Estados miembros a que se refiere Su Señoría tienen asignado un esfuerzo de pesca cero en la zona CIEM X, en virtud del régimen de regulación del esfuerzo pesquero en aguas occidentales (Reglamento (CE) no 2027/95, de 15 de junio de 1995, por el que se establece un régimen de gestión del esfuerzo pesquero relativo a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios, modificado por el Reglamento (CE) no 149/1999, de 19 de enero de 1999), es incorrecto. Esos Estados miembros disponen de una cuota cero de esfuerzo pesquero sólo en aquella parte de la zona CIEM X que está bajo la soberanía de Portugal, pero pueden pescar legítimamente en otras partes de esa zona. Por tanto, la propuesta de la Comisión no contraviene la legislación vigente.

Se han asignado a esos dos Estados miembros cuotas muy pequeñas, de 10 toneladas cada una, para cubrir las capturas accesorias y evitar el descarte en la pesca exploratoria. Son cantidades demasiado exiguas para incidir significativamente en la sostenibilidad de la población.
PREGUNTA ESCRITA E-0403/02

de Cristiana Muscardini (UEN), Roberta Angelilli (UEN), Sergio Berlato (UEN),Roberto Bigliardo (UEN), Sebastiano Musumeci (UEN), Antonio Mussa (UEN),Mauro Nobilia (UEN), Adriana Poli Bortone (UEN), Franz Turchi (UEN)y Mariotto Segni (UEN) a la Comisión

(20 de febrero de 2002)

Asunto: Tarjeta de residencia

A pesar del muy celebrado artículo del Tratado de Maastricht que prevé el establecimiento de la ciudadanía europea y de la muy alabada instauración de la moneda única, los ciudadanos italianos en Europa, y en particular en Bélgica, padecen situaciones de verdadera discriminación.

La legislación belga, como la de muchos países de la Unión (Alemania, Países Bajos, etc.), no permite la expedición de un documento de identidad nacional, sino que concede únicamente la tarjeta de residencia como documento de identidad válido para todos los ciudadanos italianos residentes en Bélgica y en Europa.

¿Puede la Comisión:

- anular la obligatoriedad de la tarjeta de residencia para los ciudadanos italianos en Bélgica y en todos los países de la Unión;

- instar a las autoridades de todos los países de la Unión a que permitan la expedición de un documento nacional para un ciudadano de un país miembro y que dicho documento pueda ser reconocido como válido en todo el territorio de la Unión;

- elaborar medidas prácticas para la aplicación del principio de ciudadanía de la Unión?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(8 de marzo de 2002)

En primer lugar, procede recordar que el Derecho comunitario actualmente en vigor establece que el derecho de residencia de un ciudadano de la Unión en un Estado miembro distinto de aquel del que ostenta la nacionalidad quedará plasmado en la expedición de un documento denominado permiso de residencia de nacional de un Estado miembro de la CEE.

En virtud de su propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros(1), que se está debatiendo actualmente en el Parlamento y el Consejo, la Comisión propone la supresión del permiso de residencia durante los cuatro primeros años de residencia y, después de estos cuatro años, la expedición de un permiso de residencia permanente.

Esta propuesta de directiva está encaminada, como desean Sus Señorías, a dar un contenido más concreto a la ciudadanía de la Unión introduciendo nuevas simplificaciones al ejercicio del derecho de libre circulación y libre residencia. La instauración de un derecho de residencia permanente, junto con el derecho a las prestaciones sociales y una protección contra las expulsiones, es un ejemplo de estas simplificaciones.

El permiso de residencia es un documento totalmente diferente del documento de identidad nacional, que expiden los Estados miembros a sus nacionales. Incumbe a cada Estado miembro la expedición de un documento de identidad o de un pasaporte a sus nacionales, y hay Estados miembros que no expiden documento de identidad.

(1) DO C 270 E de 25.9.2001.
PREGUNTA ESCRITA P-2540/02

de John Hume (PSE) a la Comisión

(5 de septiembre de 2002)

Asunto: Convoy de BNFL desde Japón a Sellafield

¿Está la Comisión satisfecha con las medidas que se han tomado para el transporte marítimo de pastillas de combustible de óxido mixto de plutonio-uranio desde Japón a Sellafield a través de aguas europeas? Habida cuenta de que la razón de la devolución de las pastillas de combustible es que se habían dado falsas garantías de calidad, ¿qué acciones prevé la Comisión para garantizar a los ciudadanos de la Unión Europea, especialmente los que viven alrededor del mar de Irlanda, que este tipo de transportes marítimos no volverán a realizarse en el futuro?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(23 de septiembre de 2002)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita P-1904/02 de la Sra. Doyle(1).

(1) DO C 277 E de 14.11.2002, p. 252.
PREGUNTA ESCRITA E-1355/02

de Jens-Peter Bonde (EDD) a la Comisión

(14 de mayo de 2002)

Asunto: Traslado de Steffen Smith

¿Puede explicar la Comisión lo que ocurrió el fin de semana del 19 al 21 de abril de 2002, dado que el 19 de abril Steffen Smith no se encontraba en la lista de traslados de directores generales, mientras que el 22 de abril sí figuraba en la misma?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(29 de julio de 2002)

La Comisión remite a Su Señoría a la alocución que pronuncié ante la Comisión de Asuntos Jurídicos, el 21 de mayo de 2002, en mi calidad de Comisario responsable de personal y administración.

Se envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento una copia de mi discurso del 21 de mayo.

Ni la Comisión ni yo mismo tenemos conocimiento de que ocurriera algo relevante para el Sr. Smidt durante el fin de semana del 19-21 de abril de 2002.

Ni la Comisión ni yo mismo tenemos conocimiento de la existencia de ninguna lista de traslados de directores generales a 19 de abril de 2002.

La Comisión desea también remitir a Su Señoría al tercer punto de la respuesta conjunta dada a las preguntas escritas E-1430/02 del Sr. Meijer y E-1563/02 del Sr. Corbett(1).

(1) DO C 309 E de 12.12.2002, p. 122.