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PREGUNTA ESCRITA E-0322/02

de John Purvis (PPE-DE) a la Comisión

(12 de febrero de 2002)

Asunto: Preparativos para la reunión del Consejo Europeo que tendrá lugar en Barcelona

El Consejo Europeo de Lisboa de 2000 pidió al Consejo y a la Comisión que informen a más tardar a finales de 2000 sobre la revisión actual de los instrumentos financieros del BEI y del FEI con objeto de reorientar las subvenciones hacia el fomento de la creación de empresas, de firmas de alta tecnología y microempresas, así como de otras iniciativas de capital de riesgo que propone el BEI. ¿Se ha facilitado esta información?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(25 de marzo de 2002)

Sí, la Comisión elaboró junto con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) una comunicación de la Comisión titulada Análisis de los instrumentos comunitarios de financiación específicos de las PYME(1). El Consejo Ecofin del 7 de noviembre de 2000 acogió con satisfacción esta comunicación.

(1) COM(2000) 653 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0713/02

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(14 de marzo de 2002)

Asunto: Respeto de los derechos humanos

Siguiendo el espíritu de la Declaración de Barcelona de 1995, el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales deberían jugar un papel clave en las relaciones euro-mediterráneas.

Desagraciadamente, en el caso de Argelia, los asesinatos (unas 200 personas mueren al mes a causa del conflicto), las desapariciones de personas presuntamente secuestradas por fuerzas de seguridad o por grupos armados, la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos, y las restricciones de libertades civiles como el derecho de reunión y de expresión están a la orden del día.

¿Cuál es el criterio de la Comisión respecto a la situación actual en la cuenca sur del Mediterráneo en general y en Argelia en particular?

¿Piensa la Comisión introducir un mecanismo de control y seguimiento de los derechos humanos en este y los otros Acuerdos de Asociación con Estados mediterráneos?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(3 de abril de 2002)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-0602/02 de la Sra. Ferrer(1).

(1) DO C 229 E de 26.9.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-1888/02

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(1 de julio de 2002)

Asunto: Formación profesional en Grecia

En Grecia, los desempleados que participan en los programas subvencionados de formación profesional, cobran el dinero de la subvención de 8 a 10 meses después de concluir la formación. A los docentes se les paga transcurridos 2 a 3 años desde la finalización de los programas de formación.

1. ¿Considera la Comisión satisfactorio el plazo en el que perciben el dinero tanto los desempleados como los docentes?

2. ¿Está satisfecha de los resultados de la formación profesional en Grecia en lo que se refiere al 2o MCA?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(19 de agosto de 2002)

Durante el período 1994-99, el Ministerio de Trabajo, de acuerdo con la Comisión, estableció normas y reglamentos comunes para la gestión, la supervisión, el control y la evaluación de las acciones de formación financiadas por el Fondo Social Europeo mediante el Marco comunitario de apoyo (MCA) para Grecia.

Conforme a estas normas, es prioritario que el proveedor de la formación pague las subvenciones debidas a los participantes en cursos de formación al finalizar éstos.

Los gastos anuales contraídos para las acciones de formación en el marco de los distintos programas operativos se abonaron con arreglo a las solicitudes anuales de pagos finales que presentó el Estado miembro a la Comisión seis meses después de finalizar el ejercicio en cuestión.

2. Se estudiará en general la eficacia de las acciones de formación profesional con arreglo al MCA 1994-99 una vez concluya el ejercicio de evaluación ex post.
PREGUNTA ESCRITA E-1488/02

de Riitta Myller (PSE) a la Comisión

(29 de mayo de 2002)

Asunto: Comercio de emisiones

Algunos expertos en el comercio de electricidad han llamado la atención sobre el hecho de que, en un mercado liberalizado de la electricidad, el modelo de comercio de emisiones propuesto conduciría a un aumento considerable de los precios al consumidor. Igualmente, el informe relativo al reparto inicial del comercio de emisiones (Evaluation of Alternative Initial Allocation Mechanisms in a European Union Greenhouse Gas Emissions Allowance Trading Scheme, NERA 2002), publicado por la Comisión, señala que el precio de los derechos de emisión se trasladará, en un mercado liberalizado de la electricidad, a los precios (el denominado coste de oportunidad).

¿Ha evaluado la Comisión las repercusiones del comercio de emisiones en los precios al consumidor en un mercado liberalizado? ¿Qué importancia tendrán los costes originados por este sistema para el consumidor de electricidad? ¿Cuál es la relación de los costes surgidos de este modo con el coste-beneficio originado por el régimen de comercio de emisiones y presentado anteriormente por la Comisión?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(12 de julio de 2002)

El límite que pueden alcanzar los precios de la electricidad depende de los instrumentos seleccionados para controlar el cambio climático. El propósito de la Comisión es la aplicación rentable de los objetivos de Kioto de forma que, de conformidad con el Protocolo de Kioto, se reduzcan al máximo los costes para los consumidores europeos.

El comercio de emisiones es un instrumento flexible que garantizará una reducción de las emisiones satisfactoria para todas las partes.

La evaluación de las repercusiones que provocará la aplicación del acuerdo de Kioto relativo a los precios de la electricidad durante el período 2008-2012 está rodeada de incertidumbre ya que, en ausencia de políticas climáticas, la trayectoria de los precios también es incierta y depende de los avances en otras políticas comunitarias, como la liberalización de los mercados del gas y la electricidad. Sin embargo, el incremento del precio de la electricidad fue consecuencia de la liberalización parcial de este mercado desarrollada hasta la fecha y que ha supuesto la reducción de los precios para numerosos consumidores.

La Comisión no considera de utilidad la comparación entre el aumento previsto del precio de la electricidad y el ahorro que supondría el comercio de emisiones en la Unión Europea. Los posibles incrementos del precio de la electricidad y los ahorros por el comercio de emisiones en la Unión dependen de las políticas alternativas que se seleccionen, en ausencia del comercio de emisiones, para frenar las emisiones de gases con efecto invernadero en el sector productor de la electricidad.

En los documentos que acompañan a la propuesta de Directiva por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, la Comisión ha calculado en más de mil millones de euros al año el posible ahorro que supone el comercio de emisiones para los sectores productores de electricidad y calor.
PREGUNTA ESCRITA E-0917/02

de Giles Chichester (PPE-DE) a la Comisión

(5 de abril de 2002)

Asunto: SIDEX

¿Ha recibido la Comisión toda la información pertinente sobre la adquisición de Sidex por parte de LNM/Ispat? ¿Considera que se han cumplido todos los requisitos en materia de publicidad?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(22 de mayo de 2002)

La Decisión 94/907/CE, CECA, Euratom del Consejo y de la Comisión de 19 de diciembre de 1994 sobre la celebración del Acuerdo Europeo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y Rumania(1), obliga a este país a asegurar la transparencia en el campo de la ayuda estatal a la siderurgia por un intercambio completo y continuo de información, incluidas el importe, intensidad y propósito de la ayuda y un plan de reestructuración detallado.

En cuanto a Sidex SA Galati, en octubre de 2001 la Comisión recibió un documento elaborado por el organismo rumano de privatización y gestión de la propiedad estatal sobre la privatización de dicha empresa. La Comisión pidió información adicional que se proporcionó en abril de 2002. La Comisión está analizando esta información y en caso necesario pedirá más datos o clarificaciones a las autoridades rumanas.

(1) DO L 357 de 31.12.1994.
PREGUNTA ESCRITA P-1666/02

de Antonios Trakatellis (PPE-DE) a la Comisión

(5 de junio de 2002)

Asunto: Prohibición de celebrar contratos públicos con empresas de medios de comunicación

Según la nueva ley aprobada por el Parlamento griego, queda prohibida la celebración de contratos públicos con personas físicas o jurídicas identificadas como accionistas de base en empresas de medios de comunicación. Según esta misma ley, por accionista de base se entiende el titular de acciones hasta un 5 % del total del capital social de la empresa de comunicación.

Habida cuenta de la dificultad que supone el control del concepto de accionista de base tanto en el ámbito comunitario como en el internacional, ¿puede indicar la Comisión:

- en qué medida se vulnera el principio de igualdad, como principio general de Derecho, dado que no podrán controlarse ni las empresas con sede en los Estados miembros, ni las llamadas empresas off-shore, en relación con las empresas nacionales;

- existe una obligación por parte de los Estados miembros de colaborar con las autoridades nacionales competentes en el control del concepto de accionista de base (suministro de información, investigaciones, etc.), en particular cuando la correspondiente legislación nacional no prevé un control equivalente;

- constituye el eventual retraso del control de las empresas comunitarias, un incumplimiento del principio de igualdad y una discriminación de estas últimas en relación con las empresas nacionales y en qué medida es factible y jurídicamente legítimo excluir eventualmente a las empresas comunitarias de la celebración de contratos públicos, habida cuenta de la imposibilidad de efectuar un control eficaz de estas empresas?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(27 de junio de 2002)

La Comisión no dispone del texto de la ley griega mencionada por Su Señoría, ya que acaba de votarla ahora el Parlamento griego. Por consiguiente, la Comisión no está, por el momento, en condiciones de pronunciarse sobre estas cuestiones. Sin embargo, la Comisión informará a Su Señoría de sus conclusiones una vez haya efectuado las investigaciones necesarias sobre el citado problema.
PREGUNTA ESCRITA E-1034/02

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(15 de abril de 2002)

Asunto: Preguntas sin contestar sobre el papel del BCE en la campaña sobre el euro en Gran Bretaña

La Comisión no ha contestado a mi detallada pregunta (P-0435/02(1)) relativa a la publicidad del Banco Central Europeo sobre el euro.

La reitero: ¿Por qué el BCE, como banco central independiente, está haciendo una campaña sobre el euro en Gran Bretaña? ¿Se trata de una información ofrecida de forma espontánea, o ha pedido el Gobierno Británico al BCE que organizara tal campaña? ¿De dónde procede el dinero para pagar los gastos de la campaña?

¿La decisión de entrar en el euro es de carácter nacional o es una decisión en la que pueden injerirse legalmente las instituciones europeas? Tengan en cuenta, por favor, que no me refiero a las obligaciones de los Estados miembros en relación con la primera respuesta de la Comisión a esta parte de mi pregunta.

Por último, ¿de qué presupuesto dispone el BCE para gastar en campañas o en información? ¿Cuáles son las limitaciones sobre el tipo de campañas que puede o no financiar u lanzar el BCE?

(1) Ver página 46.

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2002)

Las preguntas de Su Señoría se refieren al Banco Central Europeo. La Comisión, ni está en condiciones de contestarlas, ni tiene derecho a hacerlo en nombre del Banco Central Europeo.
PREGUNTA ESCRITA P-1904/02

de Avril Doyle (PPE-DE) a la Comisión

(25 de junio de 2002)

Asunto: Transporte de MOX del Japón al Reino Unido

Según la Comisión, ¿se han tomado las medidas de seguridad apropiadas para el transporte de MOX (óxido mixto de plutonio-uranio) desde el Japón con destino al puerto británico de Barrow-in-Furness que está previsto para agosto/septiembre de 2002?

¿Está dispuesta la Comisión a detallar las medidas de seguridad y a indicar si se han tomado todas las precauciones necesarias para proteger el territorio y las aguas europeos?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(17 de julio de 2002)

La Comisión no tiene responsabilidad ni competencia legal para evaluar las disposiciones de seguridad aprobadas para el traslado de combustible de óxido mixto (MOX) al Reino Unido.

La Oficina de Seguridad Nuclear Civil (Office of Civil Nuclear Security, OCNS) del Reino Unido es responsable de la regulación para el transporte seguro de las categorías sensibles de material nuclear por parte de operadores nucleares civiles. En este contexto, y en el marco de la Convención sobre protección física de los materiales nucleares, la OCNS es la autoridad nacional británica designada para el traslado de este material desde destinos extranjeros y hacia ellos.

En particular, el traslado del combustible MOX desde Japón es competencia del control regulador de la OCNS. La OCNS revisó todas las disposiciones de seguridad, especialmente tras los atentados terroristas ocurridos en septiembre de 2001 en Estados Unidos. También las autoridades reguladoras de Estados Unidos y Japón revisaron dichas disposiciones de seguridad. Todas las autoridades de seguridad se mostraron satisfechas con las disposiciones, y declararon que eran lo bastante sólidas para hacer frente a cualquier posible amenaza.

Según la información de que dispone la Comisión, las medidas de seguridad vigentes parecen adecuadas. Sin embargo, Su Señoría puede consultar la Convención sobre protección física de los materiales nucleares, y en concreto, el párrafo sobre confidencialidad de la información en materia de medidas de seguridad.
PREGUNTA ESCRITA E-1286/02

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(7 de mayo de 2002)

Asunto: Permiso de conducción francés

¿Podría aclarar la Comisión si a los titulares de un permiso de conducción francés no les está permitido conducir un automóvil en el Reino Unido cuando han superado la edad de 70 años?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(4 de junio de 2002)

El apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción(1) establece que los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros serán reconocidos recíprocamente. Ahora bien, de conformidad con el apartado 3 del artículo 1 de dicha Directiva, los Estados miembros podrán aplicar a los titulares de permisos de otros Estados miembros sus disposiciones nacionales en materia de duración de validez del permiso y de control médico.

Por esta última razón, los períodos de validez difieren en los Estados miembros, lo que, por ejemplo, autoriza a los titulares de permisos británicos conducir hasta la edad de 70 años sin renovar su permiso, mientras que los titulares en Francia de permisos de conducción de automóviles y motocicletas pueden utilizarlos de por vida.

Así pues, si un titular de permiso de conducción francés desea, cumplidos los 70 años, conducir un automóvil en el Reino Unido, deberá determinarse si ha establecido o no su residencia normal en el Reino Unido.

Si un titular de permiso de conducción francés no establece su residencia en el Reino Unido y sólo circula en él en calidad de turista, se aplicará el Convenio sobre circulación por carretera, de 8 de noviembre de 1968. El titular de un permiso francés válido puede circular por el territorio del Reino Unido, aunque haya superado los 70 años, sin necesidad de cumplir los requisitos adicionales declaración sobre la salud y renovación del permiso cada tres años en el caso de los permisos de conducción de automóviles).

No obstante, si el titular de un permiso de conducción francés establece su residencia normal en el Reino Unido, se aplicarán las normas británicas y ese titular deberá presentar una declaración sobre su salud, como cualquier otro titular de un permiso británico.

No se impide a los titulares de permisos franceses, como tales, conducir un automóvil en el Reino Unido después de los 70 años.

(1) DO L 237 de 24.8.1991.
PREGUNTA ESCRITA P-1441/02

de James Fitzsimons (UEN) a la Comisión

(15 de mayo de 2002)

Asunto: Beneficiarios del programa Europass-Formación

La Comisión acaba de anunciar que, desde que se pusiera en marcha esta iniciativa en el año 2000, se han asignado 20 000 cursos de formación Europass.

¿Puede presentar la Comisión un desglose por nacionalidad de este programa y el tipo de cursos seguidos?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(10 de junio de 2002)

La Comisión agradece a Su Señoría su interés por la iniciativa Europass-Formación, establecida por la Decisión 1999/51/CE del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, relativa a la promoción de itinerarios europeos de formación en alternancia incluido el aprendizaje(1). El objetivo específico de la Decisión es fomentar períodos de formación profesional en otros Estados miembros y contribuir a la calidad de los mismos.

El 2 de mayo de 2002, la Comisión adoptó su informe sobre la aplicación de la Decisión(2), y se lo presentó al Parlamento y al Consejo.

Dicho informe, que se exige en el Artículo 9 de la Decisión 1999/51/CE, ofrece una imagen de los dos primeros años de la aplicación. En particular, contiene información sobre la difusión de los documentos de Europass-Formación, incluido un desglose por países.

En el Cuadro 3 del Informe (página 14) se muestra el desglose por país de origen (Unión Europea y países del Espacio Económico Europeo) de los itinerarios europeos registrados por documentos Europass-Formación hasta noviembre de 2001:

>SITIO PARA UN CUADRO>

En cuanto al tipo de curso, aproximadamente las tres cuartas partes de las personas en posesión de un documento Europass-Formación seguían educación o formación profesional secundaria o segundo ciclo de enseñanza secundaria; los niveles de educación inferiores y superiores representan cada uno entre el 10 % y el 15 % de los casos.

Entre otras cosas, se averiguó que:

- la duración del aprendizaje en el extranjero oscilaba entre tres y quince semanas;

- una ligera mayoría de las personas en posesión de un documento Europass-Formación eran mujeres (alrededor del 55 %);

- la gran mayoría de las personas en posesión de un documento Europass-Formación tenían entre diecisiete y veintitrés años de edad.

Un número considerable de itinerarios europeos se desarrollan en el marco del programa Leonardo da Vinci, si bien la proporción varía notablemente de país a país (de un 30 % a un 100 %). En algunos países, las iniciativas bilaterales o nacionales representan el 50 % de los itinerarios europeos.

(1) La Decisión fue adoptada el 21 de diciembre de 1998, DO L 17 de 22.1.1999, y entró en vigor el 1 de enero de 2000.

(2) Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Informe sobre la aplicación de la Decisión 1999/51/CE del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, relativa a la promoción de itinerarios europeos de formación en alternancia, incluido el aprendizaje, COM(2002) 214 final.
PREGUNTA ESCRITA P-0822/02

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(19 de marzo de 2002)

Asunto: Encauzamiento y urbanización del río Barxell en Alcoy (Alicante)

¿Podría la Comisión informar sobre el estado de la queja 2001/4783, SG (2001) A/9437, presentada por la Colla Ecologista la Carrasca (Ecologistes en Acció), sobre el proyecto de Encauzamiento, Defensa y Urbanización del río Barxell, primera fase, tramo primero, del Viaducto de San Jorge en Alcoy (Alicante)?

¿Qué grado de incumplimiento presenta para la Comisión el proyecto denunciado, por lo que respecta especialmente a las directivas 97/62/CE(1), 92/43/CE(2) y 79/409/CEE(3)?

¿Considera la Comisión que el proyecto en cuestión está en consonancia con los preceptos aprobado en la directiva marco del agua (2000/60/CE(4))?

(1) DO L 305 de 8.11.1997, p. 42.

(2) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

(3) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(4) DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(26 de abril de 2002)

La Comisión recibió una queja, registrada con el número de referencia 2001/4783, sobre el proyecto de encauzamiento del curso urbano del río Barxell en Alcoy (España).

En respuesta a dicha queja, la Comisión se dirigió por escrito a las autoridades españolas con el fin de solicitar sus comentarios sobre los hechos planteados por el denunciante y sobre la aplicación de las siguientes Directivas del Consejo:

- 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 sobre la conservación de los hábitats naturales y la flora y la fauna silvestres;

- 79/409/EEC de 2 de abril de 1979 sobre la conservación de las aves silvestres;

- 85/337/EEC de 27 de junio de 1985 sobre la evaluación de los efectos de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1).

En su respuesta, las autoridades españolas informaron a la Comisión de que el proyecto se llevará a cabo en el área urbana y no afectará a ningún lugar de interés comunitario o zona de protección especial para las aves.

Las autoridades españolas añaden que se ha llevado a cabo una evaluación del impacto medioambiental de acuerdo con la legislación española sobre aguas en vigor. Dicho estudio siguió un procedimiento de consulta pública.

En la actualidad, la Comisión está evaluando la información suministrada por las autoridades españolas en relación con la presencia de tortugas de agua dulce (mauremys leprosa) en la zona. Esta especie se incluye en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats.

Por último, en relación con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, la Comisión considera que no es de aplicación en este caso.

(1) DO L 175 de 5.7.1985 tal y como fue modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997, DO L 73 de 14.3.1997.