PREGUNTA ESCRITA E-2591/01

de Benedetto Della Vedova (TDI) a la Comisión

(26 de septiembre de 2001)

Asunto: Firma mediante el procedimiento de contratación directa de un contrato para la prestación de un servicio de centro de llamadas entre el INPDAP y Telecom Italia S.p.A.

El consejo de administración del INPDAP, la caja de seguros de la administración pública italiana, autorizó, en su decisión no 1352 de 20 de diciembre de 2000, la firma de un contrato con Telecom Italia para la creación de un centro de llamadas.

La decisión se tomó recurriendo al procedimiento de contratación directa, y no cita texto jurídico alguno que pueda justificar el recurso a tal procedimiento. Posteriormente, el Consejo de administración hizo referencia a la letra d) del apartado 2 del artículo 7 del Decreto ley no 157/1995 que permite la adjudicación de contratos públicos recurriendo al procedimiento de contratación directa sin publicación previa de un anuncio de licitación cuando en una situación de máxima urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles, dicha publicación no sea compatible con los plazos exigidos para la subasta pública, la subasta restringida o la contratación directa. Las circunstancias alegadas para justificar tal urgencia no deben nunca ser imputables a los órganos de contratación.

Parece, no obstante, que el recurso a dicha excepción no está justificado, ya que: a) los servicios que el centro de llamada debe supuestamente prestar con urgencia se están gestando desde hace años e implican por otro lado una adaptación de la base de datos que no puede efectuarse en breve plazo; y b) aun admitiendo que exista, hoy día, una situación de urgencia, ésta sería imputable al organismo adjudicatario, lo que contravendría una de las condiciones establecidas por la ley (por otro lado, el Consejo de dirección y vigilancia del INPDAP ya solicitó en junio de 2000 la creación de un centro de llamadas).

La firma de un contrato con Telecom Italia, de una duración de dos años y que implica la adaptación de instalaciones, así como la contratación y formación de personal, hace poco creíble que se pueda llevar a cabo a posteriori una licitación en igualdad de condiciones para las empresas competidoras.

En la operación centro de llamadas, llevada a cabo mediante el procedimiento de contratación directa, participan, más o menos con arreglo a las mismas modalidades reservadas y al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) y el Instituto Nacional del Seguro contra los Accidentes de Trabajo (INAIL).

Dado todo lo anterior:

1. ¿No considera la Comisión que la decisión no 1352/2000 es ilegal en lo concerniente al procedimiento adoptado y que, dadas las dimensiones de la operación (del orden de aproximadamente 7 000 millones en dos años, sin contar con los gastos de teléfono, que corren a cargo de la entidad adjudicataria, lo que supera con creces el límite establecido en el artículo 7 de la Directiva 92/50/CEE(1)) hubiera debido recurrirse a una licitación a nivel europeo, con arreglo a la Directiva 92/50/CEE del Consejo de 18 de junio de 1992?

2. ¿No le parece que, teniendo en cuenta el peso económico de las entidades participantes en esta operación centro de llamadas (INPS, INAIL e INPDAP), se está dando lugar, partiendo de actos de dudosa legitimidad, a una situación de dominio por parte de Telecom Italia sobre una parte importante del mercado de las nuevas tecnologías de la comunicación, sin que la empresa en cuestión tenga que hacer frente a competencia alguna?

(1) DO L 209 de 24.7.1992, p. 1.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de noviembre de 2001)

1. La Comisión ya tiene abierta una investigación destinada a comprobar la conformidad con el Derecho comunitario de los contratos públicos del recientemente adjudicado por INPDAP a la sociedad Telecom Italia para el suministro de un servicio de centro de llamadas, tal como indica Su Señoría. Según las informaciones actualmente disponibles, la adjudicación de este contrato parecería no estar sometida a las normas sobre elección del cocontratante previstas por la directiva del Consejo 92/50/CEE, de 18 de junio de 1992, que coordina los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios, en la medida en que los servicios no parecen estar, en lo esencial, incluidos entre los que contempla el Anexo IA de dicha Directiva.

El contrato en cuestión ha de respetar, sin embargo, las normas del Tratado CE en materia de libre prestación de servicios y libertad de establecimiento, así como los principios generales de no discriminación, igualdad de trato, proporcionalidad y transparencia. En particular, por lo que se refiere al respeto a este último principio, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas juzgó que la obligación de transparencia que incumbe a los órganos de contratación consiste en garantizar a cualquier licitador potencial un grado de publicidad adecuado que permita que el contrato de los servicios esté abierto a la competencia, así como en el control de la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación (véase, sobre todo, la sentencia de 7 de diciembre de 2000, asunto C-324/98, Telaustria, § 61-62).

2. La Comisión, además, tiene abiertas investigaciones sobre contratos de la misma naturaleza celebrados por Inail e Inps con la citada sociedad Telecom Italia, con el fin de determinar cuáles son las normas aplicables a la adjudicación de dichos contratos y de comprobar la conformidad con el Derecho comunitario de los procedimientos seguidos por dichos organismos para elegir cocontratante. En el supuesto de que los citados controles pusiesen de manifiesto una posible incompatibilidad de los procedimientos seguidos por Inpdap, Inail e Inps con las normas y principios comunitarios, y en particular, con el principio de transparencia, la Comisión podría verse obligada a aplicar el procedimiento por incumplimiento previsto en el artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE.