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PREGUNTA ESCRITA P-2161/00

de Marco Cappato (TDI) al Consejo

(22 de junio de 2000)

Asunto: Libertad religiosa en Grecia

La ciudadana griega Chara Kalomiri se encuentra en el centro de una acción judicial que plantea serias dudas en cuanto al respeto de la libertad religiosa en Grecia. Denunciada por las autoridades de Monte Athos por haber dirigido de septiembre de 1994 a marzo de 1995 un centro de filosofía psicológica práctica situado en la Península Calcídica, fue condenada por primera vez por la justicia griega en 1997 y, tras anular el Tribunal Supremo la sentencia, condenada una segunda vez con ocasión de la repetición del proceso. Los jueces ha justificado su decisión alegando que el lugar de culto budista, dedicado a la meditación, carecía de la autorización obligatoria del Ministerio de Educación Pública y Asuntos Religiosos, autorización que se concede después de escuchar la opinión de la jerarquía ortodoxa.

¿No considera el Consejo que, puesto que el respeto de la libertad religiosa es un derecho fundamental de la persona y un principio común a los Estados miembros, deberían tomarse urgentemente medidas, de conformidad con los antiguos artículos 6 y 7 del TUE o del antiguo artículo 13 del Tratado TCE, con vistas a suprimir cualquier tipo de violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como cualquier discriminación relacionada con la libertad religiosa, prestando una especial atención a Grecia?

Respuesta

(23 de octubre de 2000)

La pregunta formulada por Su Señoría, que se refiere a hechos, decisiones y sentencias de naturaleza puramente interna, no entra dentro de las competencias de la Unión Europea.

El derecho a la libertad de religión o creencias, que aparece plasmado en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y según se desprende de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, forma parte de los principios generales del Derecho comunitario (artículo 6 del TUE)(1). No obstante, esta disposición del Tratado se aplica únicamente en situaciones cubiertas por el Derecho comunitario o de la Unión.

(1) Sentencia de 27 de octubre de 1976, Asunto 130/75, Prais, Rec. 1976, p.1589.
PREGUNTA ESCRITA E-1855/00

de Nicholas Clegg (ELDR) a la Comisión

(9 de junio de 2000)

Asunto: Tarificación diferenciada por parte de las compañías aéreas

Según informaciones recibidas, es más barato volar a los Estados Unidos desde algunos Estados miembros vía Heathrow que volar simplemente de Heathrow a los Estados Unidos con la misma compañía aérea.

La tarificación diferenciada se aplica normalmente a los precios de los billetes en las diferentes etapas de un viaje de ida y vuelta. Éste, sin embargo, es un caso de tarificación diferenciada en la misma ruta de ida.

¿Considera la Comisión que éste es un uso aceptable de la tarificación diferenciada? De no ser así, ¿qué medidas se propone tomar?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(20 de julio de 2000)

La Comisión considera que Londres-Nueva York es un mercado distinto de, por ejemplo, Bruselas-Nueva York y que las empresas tienen justificación, por lo tanto, para cobrar precios distintos por billetes para estos dos destinos, incluso si el vuelo de Bruselas a Nueva York se hace vía Heathrow. En general los vuelos directos desde todos los aeropuertos comunitarios a los Estados Unidos son más caros que los vuelos con escalas. Sin embargo puede existir una infracción de las reglas de competencia si las líneas aéreas restringen la posibilidad de que los consumidores de Londres compren y utilicen billetes más baratos desde puntos de salida situados en otros lugares de la Comunidad, particularmente si tales restricciones están basadas en un acuerdo o una práctica concertada entre varias líneas aéreas. La Comisión está considerando actualmente si debe actuar en este asunto.
PREGUNTA ESCRITA E-1380/00

de Michl Ebner (PPE-DE) al Consejo

(5 de mayo de 2000)

Asunto: Firma y ratificación de la CEDAW y de su Protocolo opcional

Hasta diciembre de 1999, sólo 23 Estados, de los que 11 son Estados miembros de la UE, habían firmado el Protocolo adicional a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Irlanda, Portugal, España y el Reino Unido no han firmado todavía tal Protocolo. ¿Impulsará el Consejo que dichos Estados firmen a la mayor brevedad el Protocolo adicional, a fin de que ya no haya obstáculos a su ratificación?

¿Promoverá asimismo el Consejo que todos los países candidatos firmen y ratifiquen dicha Convención y su Protocolo adicional en el marco de las negociaciones de adhesión?

Respuesta

(26 de septiembre de 2000)

El Consejo no dispone de ninguna competencia para presionar a los Estados miembros de la Unión Europea para que firmen rápidamente los instrumentos de las Naciones Unidas. Constata sin embargo que el hecho de que once Estados miembros ya hayan ratificado un protocolo muy reciente es ya una muestra del compromiso de los Estados miembros de la Unión Europea en la materia.

En cuanto a la firma de instrumentos de las Naciones Unidas por parte de los países candidatos a la Unión Europea, en la medida en que tales textos no forman parte del acervo comunitario, la Unión Europea no puede plantear como requisito previo a su ingreso en ella la firma del Convenio CEDAW y de su Protocolo adicional.

Por último, el Consejo recuerda a Su Señoría que el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea prevé en su artículo 13 (antiguo artículo 6 A) que, dentro de los límites de sus competencias, el Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, puede adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos, en particular, de sexo. Esta disposición del Tratado pertenece por definición al bloque del acervo que cada país candidato a la adhesión deberá integrar en su legislación.
PREGUNTA ESCRITA E-2204/00

de Johan Van Hecke (PPE-DE) a la Comisión

(3 de julio de 2000)

Asunto: Contenidos de PCB y dioxina en el pescado

Según se indica en determinados estudios, el pescado contiene en ciertos casos unas concentraciones de PCB y dioxina equivalentes a las de los pollos contaminados durante la crisis belga de la dioxina. Tanto las autoridades europeas como los Estados miembros no se deciden a aplicar al pescado unas normas tan severas como las que aplican a los productos cárnicos.

El Ministro belga de Sanidad suscitó la cuestión al nivel europeo en el otoño de 1999, pero, según él, nadie se mostró dispuesto a tomar medida alguna.

¿Un contenido elevado de PCB y dioxina en el pescado es tan nocivo para el ser humano como un contenido similar en la carne? Por lo que se refiere al contenido de PCB y dioxina, ¿considera la Comisión la instauración de normas distintas para el pescado y para la carne?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(15 de septiembre de 2000)

La contaminación de los productos destinados a la alimentación humana y animal por las dioxinas y los policlorobifenilos (PCB) constituye una amenaza para la salud pública. Esta es la razón por la que la Comisión adoptará las medidas necesarias para reducir el nivel de contaminación por dioxinas y PCB en los productos destinados a la alimentación humana y animal, incluidos el pescado y los alimentos para pescados, para garantizar la protección de la salud pública. En consecuencia, la Comisión estableció, en el Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria(1), la necesidad de definir normas para los contaminantes a lo largo de toda la cadena de los productos destinados a la alimentación humana y animal. Es necesario abordar prioritariamente la cuestión de la base científica requerida para fijar estos límites.

Por todo ello, la Comisión pidió al Comité científico de alimentación humana y al Comité científico de alimentación animal que evaluaran los riesgos para la salud pública que representa la presencia de dioxinas y PCB en los productos destinados a la alimentación humana y animal. Esto supone una evaluación del consumo alimentario de dioxinas y PCB por la población comunitaria, identificando los principales productos responsables de la contaminación. Vista la gran complejidad de la cuestión y, en particular, los problemas causados por el contenido natural en dioxinas en el medio ambiente, no se dispondrá de los dictámenes antes de este otoño.

En función de estas evaluaciones científicas del riesgo, la Comisión propondrá medidas para limitar la presencia de dioxinas y PCB a lo largo de toda la cadena de los productos destinados a la alimentación humana y animal.

(1) COM(1999) 719 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1651/00

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Los desaparecidos de la tragedia chipriota

Dado que, transcurridos 26 años aproximadamente de la invasión de Chipre, no se ha confirmado aún de forma oficial y fuera de toda duda lo ocurrido con los desaparecidos de la tragedia chipriota, y teniendo en cuenta las previsiones incluidas en el acuerdo concluido el 31 de julio de 1997 por las dos comunidades sobre el asunto en cuestión, ¿puede indicar la Comisión si, a la vista del proceso de adhesión, que incluye, por supuesto, tanto a Chipre como a Turquía, se propone emprender alguna acción que contribuya a la solución definitiva de esta cuestión fundamentalmente humanitaria?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(28 de junio de 2000)

La Comisión cree que el progreso hacia la adhesión de Chipre a la Unión y la búsqueda de una solución justa y viable del problema político existente son procesos que se refuerzan mutuamente. Además, la Comisión opina que esta adhesión beneficiará a ambas comunidades y llevará la paz civil y la reconciliación a la isla. Por otra parte, lamenta que no fuera posible encontrar una solución política antes de comenzar las negociaciones de adhesión. La Comisión todavía espera que los representantes de la comunidad turcochipriota se adhieran a estas negociaciones. En cuanto a las conversaciones de aproximación patrocinadas por las Naciones Unidas, se reanudarán en Ginebra en julio de 2000. Evidentemente, antes de que pueda llegarse a una solución duradera del problema político, habrá que aclarar de manera definitiva la cuestión de los desaparecidos en el marco de las negociaciones.
PREGUNTA ESCRITA E-1462/00

de Jillian Evans (Verts/ALE) a la Comisión

(10 de mayo de 2000)

Asunto: Efectos de la exposición al sulfato de calcio en la salud

¿Qué información posee la Comisión acerca de los efectos a largo plazo de la exposición al sulfato de calcio en la salud de las personas? ¿Qué medidas se han adoptado para minimizar los riesgos de exposición a dicha sustancia?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(19 de julio de 2000)

El sulfato de calcio es un compuesto químico que se utiliza en muchos ámbitos diferentes, si bien se usa principalmente para la producción de cemento y como material de construcción. Esta sustancia tiene un efecto irritante en las vías respiratorias y los ojos, y apenas se conocen sus efectos nocivos a largo plazo. La exposición de los trabajadores a los productos químicos peligrosos está regulada en la Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo(1), que prevé medidas específicas de prevención basadas en la evaluación del riesgo.

Está autorizada la utilización del sulfato de calcio como aditivo alimentario (número CE: E 516). Con arreglo al dictamen del Comité Científico de Alimentación Humana no se ha asignado ninguna ingesta diaria admisible (IDA) específica a esta sustancia, lo que significa que no es necesario establecer ningún nivel máximo a fin de garantizar la seguridad cuando se utiliza esta sustancia en los alimentos. Por tanto, no se precisa ninguna otra medida para este tipo de utilización.

También se utiliza esta sustancia como un implante, como en los sustitutos de sustancias óseas, y en este caso su uso está regulado por la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios(2). Las impurezas pueden crear problemas en el uso del sulfato de calcio, pero existen procedimientos conocidos para limpiar los materiales y directrices vigentes (normas farmacológicas) de aceptación general de la USP (US Pharmacopeia) y el NF (National Formulary). No se conocen efectos nocivos a largo plazo de la utilización de esta sustancia en sustitutos de sustancias óseas.

(1) DO L 131 de 5.5.1998.

(2) DO L 169 de 12.7.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-1605/00

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Red de drenaje en la región de Pendelis

En la zona oeste de la localidad de Pendelis (Micrí Kalicea) situada en uno de los tres macizos montañosos que rodean la cuenca ateniense, no se ha llegado a construir una red de drenaje para las aguas residuales y las necesidades de los habitantes en materia de alcantarillado se cubren con sumideros que, debido a la fuerte pendiente del terreno, hacen que las aguas residuales se viertan en el medio ambiente y en los riachuelos adyacentes, con todas las repercusiones negativas que ello implica.

Considerando los graves problemas que esta situación entraña tanto para la salud de los habitantes como para la contaminación del subsuelo, y dado que en los anteriores Marcos Comunitarios de Apoyo se financiaron acciones de este tipo, ¿puede indicar la Comisión:

1. si piensa presentar propuestas concretas en favor de la construcción de una red de drenaje en la citada región;

2. si piensa apoyar, en caso de ser propuestas, acciones en este sentido?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(11 de julio de 2000)

Desde el punto de vista de la legislación comunitaria, la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas(1) obliga a los Estados miembros a velar por que todas las aglomeraciones de más de 2000 e-h (el equivalente habitante es una unidad de medida de la contaminación orgánica que representa la contaminación media producida por persona y día) dispongan de sistemas colectores y de tratamiento para las aguas residuales urbanas. Las fechas límite para la instalación de tales sistemas son el 31 de diciembre de 1998, el 31 de diciembre de 2000 o el 31 de diciembre de 2005 según las dimensiones de la aglomeración y la sensibilidad de las aguas receptoras.

Ahora bien, la localidad de Pendelis (Micri Kalicea) parece situarse fuera de la aglomeración de Atenas y ser de una dimensión inferior a 2000 e-h. En estas condiciones, la legislación comunitaria no se aplica a la citada localidad. Las medidas que deben tomarse para hacer frente al deterioro ambiental derivado a los vertidos de aguas residuales son competencia de las autoridades griegas.

La Comisión considera que el tipo de trabajos a que se refiere Su Señoría podría acogerse a una cofinanciación con arreglo al próximo marco comunitario de apoyo para Grecia correspondiente al período de programación 2000-2006 de los fondos estructurales. No obstante, según el principio de subsidiariedad, la elección de los proyectos que van a financiarse es competencia de las autoridades del Estado miembro de que se trate.

(1) DO L 135 de 30.5.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-0972/00

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(31 de marzo de 2000)

Asunto: Ayudas de fondos comunitarios

Más de 150 trabajadores de Lisnave Estaleiros Navais de Lisboa, Sarl esperan desde hace 15 años su reincorporación a la empresa tras un despido forzoso que nunca aceptaron.

Entretanto, según determinadas informaciones, tanto la empresa Lisnave como la empresa Gestnave Serviços industriais, sucesora de la anterior, recibieron ayudas de fondos comunitarios.

1. ¿Puede indicar la Comisión qué fondos comunitarios se concedieron a dichas empresas?

2. ¿Se garantizó la necesidad de mantener los puestos de trabajo al conceder los fondos comunitarios?

Respuesta complementaria de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(27 de julio de 2000)

Según la información facilitada por las autoridades portuguesas, las empresas Lisnave Estaleiros Navais S. A. y Gestenave Prestação de Serviços Industriais S. A. (resultado ambas de la reestructuración de la empresa Lisnave Estaleiros Navais de Lisboa S. A.) se acogieron durante el período 1994/1999 a la financiación del Fondo Social Europeo (FSE) para acciones de formación profesional.

Gestenave Prestação de Serviços Industriais S. A. obtuvo, en el marco del programa operativo Formação Profissional e Emprego (formación profesional y empleo) una cofinanciación del FSE de 5 041 072 por un total de 842 000 horas de formación y de 1 542 beneficiarios. Dichos beneficiarios eran personal activo empleado y desempleado (ex trabajadores de SODIA). Por lo que se refiere a los desempleados, las acciones de reconversión han permitido su incorporación a Gestenave u otras empresas, así como la creación de proyectos de autoempleo.

Lisnave Estaleiros Navais S. A. obtuvo, en el marco del subprograma Industria (PEDIP II) del programa operativo Modernização do Tecido Económico (modernización del tejido económico), una cofinanciación de 3 711 295 por un total de 501 000 horas de formación y de 1 907 beneficiarios. Dichos beneficiarios eran personal activo empleado y jóvenes, sin cualificaciones profesionales, que debían sustituir a los efectivos que se hubiesen acogido al programa de prejubilación previsto en el plan de reestructuración. Habida cuenta de la disminución de los pedidos, Lisnave no ha conseguido incorporar a todos los jóvenes y ha intentado que se integren en otras empresas del sector o de la región. Con tal fin, Lisnave ha creado un observatorio del empleo para efectuar un seguimiento de la empleabilidad de dichos jóvenes. Si bien los datos ya disponibles son reducidos, cabe esperar resultados positivos.
PREGUNTA ESCRITA E-1142/00

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(11 de abril de 2000)

Asunto: Libro Blanco sobre seguridad alimentaria y Organismo alimentario europeo

En enero de 2000 se publicó el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria (COM(1999) 719 final). El capítulo 4 del mismo trata de la creación de un Organismo alimentario europeo (OAE), y el capítulo 5, de la legislación relativa a la seguridad alimentaria.

Los principios de la seguridad alimentaria también deben aplicarse al sector de la alimentación animal (apartado 69). Los incidentes ocurridos en los últimos años justifican que el sector de la alimentación animal se considere parte de la cadena alimentaria. Las materias primas destinadas a la producción de alimentos para animales, incluidos los materiales derivados de animales, deben definirse con claridad.

Lo preferible es una lista de materias primas permitidas, pero el procedimiento que supone es complejo y prolongado. Por este motivo, a corto plazo se extiende la lista negativa existente. La Comisión se considera obligada a elaborar a medio plazo una lista positiva. La legislación deberá modificarse para que los cadáveres y los materiales de desecho no puedan utilizarse en la alimentación de animales; para ésta sólo deben utilizarse materias procedentes de animales sanos.

1. ¿Se ha iniciado ya el procedimiento de elaboración de una lista positiva? En caso negativo, ¿cuándo iniciará la Comisión el procedimiento?

2. ¿Qué procedimientos aplica o aplicará la Comisión para elaborar dicha lista positiva?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1122/00, E-1127/00, E-1128/00, E-1140/00, E-1141/00, E-1142/00, E-1143/00, E-1144/00, E-1145/00, E-1146/00, E-1147/00, E-1148/00, E-1150/00, E-1151/00, E-1152/00, E-1153/00, E-1155/00, E-1156/00, E-1157/00, E-1158/00, E-1160/00, E-1161/00 y E-1162/00 dada por el Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(9 de junio de 2000)

Se están examinando los diferentes asuntos planteados por Su Señoría con vistas a presentar propuestas de legislación de conformidad con los períodos de tiempo previstos en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria.

No sería pertinente en este momento dar a conocer información detallada sobre cada propuesta.
PREGUNTA ESCRITA E-1945/00

de Luis Berenguer Fuster (PSE) a la Comisión

(16 de junio de 2000)

Asunto: Operaciones de adquisición en el mercado de generación español

En la prensa española se ha publicado la noticia según la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia se oponía a la adquisición de Hidrocantábrico por Unión Fenosa, en razón de que en el mercado eléctrico español quedarían simplemente tres competidores y es difícil que se produzcan nuevas entradas.

¿Tiene este nuevo hecho alguna relevancia para la Comisión a la hora de valorar los CTCs?

¿Ha solicitado la remisión del informe del TDC para la incorporación del expediente?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(20 de julio de 2000)

Como Su Señoría ya sabe, la operación de adquisición de la empresa española Hidroeléctrica del Cantábrico SA por la empresa española Unión Eléctrica Fenosa SA no ha tenido lugar, por lo que de ello no puede derivarse ninguna consecuencia para los costes de transición a la competencia; así pues, la situación del mercado eléctrico español no ha cambiado.

Por otra parte, dado que normalmente los informes del Tribunal de Defensa de la Competencia se hacen públicos, la Comisión no consideró necesario solicitar formalmente a las autoridades españolas la transmisión de dicho informe.
PREGUNTA ESCRITA E-2109/00

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Partida A-3026

En la partida A-3026 se destinan 350 000 a los denominados Comités de Expertos Europeos.

¿Quiénes son estos expertos, qué cometidos se les han encomendado y cuándo van a concluir y publicar sus trabajos?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(27 de julio de 2000)

Los tres Comités de Expertos Europeos (grupos de reflexión) que reciben una subvención con arreglo a esta línea Trans-European Policy Studies, Centro europeo de estudios políticos y Centro de Política Europea han sido elegidos por la autoridad presupuestaria (véanse las observaciones a la línea presupuestaria) y llevan a cabo, por iniciativa propia, una investigación sobre integración europea. Cada año estas organizaciones presentan a la Comisión un informe sobre sus actividades.