PREGUNTA ESCRITA E-3475/02

de Benedetto Della Vedova (NI) a la Comisión

(6 de diciembre de 2002)

Asunto: Ayudas estatales a las empresas públicas de radio y televisión

La existencia de un servicio público de radiodifusión (SPR) puede justificarse si ofrece a los usuarios los programas que no ofrecen las empresas comerciales existentes.

La radiodifusión no está exenta de la aplicación de los artículos 86, 87 y 88 del Tratado CE relativos a la competencia; el Protocolo sobre el sistema de radiodifusión pública anexo al Tratado de Amsterdam confirma que los Estados miembros son competentes para financiar y organizar el servicio público de radiodifusión, siempre que dicha financiación se utilice para llevar a cabo la función de servicio público tal como haya sido atribuida, en la medida en que no afecte a las condiciones del comercio y de la competencia en la Comunidad en un grado que sea contrario al interés común y se respete la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación.

La definición de servicio público contenida en el contrato de servicios entre el Gobierno italiano y la RAI, contrariamente a lo que también pide la Comisión en su Comunicación sobre las ayudas de Estado al SPR, resulta excesivamente general y mucho más amplia de lo que se considera aceptable en dicha Comunicación.

En cambio, el artículo 1 de la Directiva 80/723/CEE(1) relativa a la transparencia de las relaciones financieras exige claridad al definir el servicio público y al utilizar fondos públicos; el artículo 5 dispone que las emisoras públicas mantendrán una clara separación contable entre las actividades públicas y las actividades comerciales, con el fin de que los fondos públicos no financien estas últimas.

El 21 de septiembre pasado, un miembro del Consejo de Administración de la RAI declaró públicamente que la RAI no está en condiciones de distinguir cuáles son los programas financiados por los fondos públicos y cuáles por la publicidad.

El canon abonado a la RAI no puede definirse ayuda preexistente a la entrada en vigor del Tratado CE y, en consecuencia, no sujeto a las obligaciones que se derivan del mismo, en virtud de los cambios radicales que se han producido en el sistema de radio y televisión italiano.

A la vista de lo que precede, ¿puede decir la Comisión:

1. si la RAI, tras el requerimiento de información formulado por la Comisión el pasado mes de junio, ha llevado a cabo la separación contable con arreglo a la Directiva 80/723/CEE;

2. si considera compatible con la separación entre actividades de servicio público y actividad comercial el hecho de que los programas adquiridos con fondos públicos se interrumpan con anuncios comerciales;

3. si considera aceptable que en Italia no exista una autoridad independiente que controle el cumplimiento de las obligaciones de servicio público exigidas de la RAI;

4. qué opina de la proporcionalidad de la financiación pública recibida por la RAI;

5. si las emisoras públicas de los demás países de la Unión Europea aplican la separación contable y respetan el criterio de proporcionalidad;

6. los motivos del retraso en iniciar y concluir los procedimientos de infracción por las ayudas de Estado a la RAI y a numerosas emisoras públicas europeas?

(1) DO L 195 de 29.7.1980, p. 35.

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(4 de febrero de 2003)

Por lo que se refiere a los problemas generales, pueden hacerse las siguientes observaciones.

El protocolo sobre el sistema de difusión pública en los Estados miembros, anexo al Tratado CE mediante el Tratado de Amsterdam, reconoce el papel y la importancia de la radiodifusión de servicio público y confirma que los Estados miembros son competentes para definir y organizar el mandato de servicio público y su financiación. La elección del sistema de financiación es competencia del Estado miembro y no puede haber en principio ninguna objeción a la elección de un sistema doble de financiación (combinación de fondos públicos y publicidad) en vez de un sistema de financiación única (solamente fondos públicos). Esto se aplica también a las emisoras cuya programación se considera que es parte de su mandato de servicio público.

Los problemas de separación de cuentas y proporcionalidad de la financiación pública se plantean en varios casos de los que la Comisión se ocupa y que afectan a varios Estados miembros. La Comisión investiga actualmente estos casos y por lo tanto no es posible anticipar la respuesta a esta cuestión.

En lo que respecta a la necesidad de una autoridad que controle la actividad de las emisoras que tienen confiada la misión de servicio público general, en la Comunicación sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de difusión(1) la Comisión afirma que: Es además necesario que el servicio público se preste efectivamente según las modalidades previstas en la disposición formal entre el Estado y la empresa encargada del servicio. Para ello, es conveniente que una autoridad competente u organismo designado al efecto controle su aplicación. La presencia de tal autoridad es un medio para que los Estados miembros se aseguren de que se cumple la misión y pueda, al mismo tiempo, facilitar las tareas de la Comisión con arreglo a las normas sobre ayuda estatal. Sin embargo la falta de tal autoridad no es en sí misma un indicio de ayuda incompatible.

Con respecto a la duración de las investigaciones de la Comisión en este sector, la Comisión está evaluando varias denuncias referentes a la financiación por el Estado de servicios públicos de difusión. Mientras que la Comisión llevaba a cabo el análisis de estas denuncias, han ocurrido nuevos cambios legislativos (tales como el protocolo de Amsterdam, la nueva Comunicación de la Comisión sobre servicios de interés general(2) y la nueva Directiva sobre transparencia(3)). La necesidad de tener en cuenta estos cambios y de tratar coherentemente los diversos casos ha retrasado la investigación sobre los procedimientos de ayuda estatal. A este respecto la Comisión ha decidido redactar una comunicación sobre la aplicación de las normas de ayuda estatal a los servicios de radiodifusión pública, que fue adoptada el 5 de noviembre de 2001. Tras la Comunicación se tomaron decisiones ya en casos que afectaban a la televisión portuguesa, a emisoras locales de televisión de Bélgica y a canales digitales de la BBC. Se espera que las decisiones sobre la RAI y otras cadenas sean adoptadas este año.

En cuanto a los problemas específicos del caso RAI, puede ponerse de relieve que la investigación de la Comisión está en una etapa avanzada. Tan pronto como concluya, la Comisión tomará una decisión que se referirá también a los temas planteados. Por supuesto, la postura de la Comisión sobre estos asuntos no puede anticiparse aunque sí pueden hacerse algunas observaciones. En cuanto al problema de la existencia de una autoridad competente u organismo encargado de supervisar a la RAI, por lo que sabe la Comisión, está sujeto al control de una comisión parlamentaria específica y al control de la Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni. En cuanto al problema de la evaluación de la proporcionalidad de la financiación pública recibida por la RAI, la Comisión llevará a cabo esta evaluación en el marco del caso pendiente de ayuda estatal referente a la RAI, sobre la base de los criterios establecidos en la Comunicación previamente mencionada del 5 de noviembre de 2001. Finalmente, en cuanto a la separación de cuentas, también este asunto se tratará en el contexto del procedimiento pendiente.

Asimismo, en este punto la Comisión decidió, en diciembre de 2002, denunciar a Italia ante el Tribunal de Justicia por no transposición de la última modificación de la directiva sobre transparencia.

(1) DO C 320 de 15.11.2001.

(2) COM(2002) 689 final.

(3) Directiva 2000/52/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000 por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, DO L 193 de 29.7.2000.