PREGUNTA ESCRITA E-1637/02

de Riitta Myller (PSE) a la Comisión

(10 de junio de 2002)

Asunto: Acuerdos inhibitorios de la competencia y libre circulación

El objetivo de un acuerdo inhibitorio de la competencia, celebrado entre un empleador y un trabajador, es proteger de los competidores los conocimientos del empleador en materia de desarrollo del producto, investigación u otros conocimientos similares así como tomar en consideración, de un modo más equitativo, los intereses del empleador y del trabajador.

Sin embargo, los acuerdos inhibitorios de la competencia se utilizan actualmente y de modo general en trabajos en los que no hay ninguna necesidad de proteger la posición del trabajador, sus funciones o las informaciones necesarias para el funcionamiento de la empresa. A menudo, estos acuerdos son de larga duración e incluyen severas sanciones para garantizar su respeto. En general, son también abusivos y están en contradicción con el principio de proporcionalidad del Derecho comunitario.

Los acuerdos inhibitorios de la competencia limitan el derecho del asalariado a pasar a trabajar al servicio de otro empleador y obstaculizan la libre circulación de los servicios, ya que los trabajadores no pueden fundar su propia empresa en el mismo sector. De este modo, impiden, de modo general, la libre circulación de los trabajadores y de los servicios entre los Estados miembros. La legislación nacional relativa a la licitud de los acuerdos inhibitorios de la competencia varía notablemente dentro de la UE. Por este motivo, debido a las limitaciones impuestas por los acuerdos inhibitorios de la competencia, los trabajadores de los Estados miembros tienen posibilidades diferentes por lo que respecta a la circulación entre los Estados miembros para solicitar y obtener un empleo. Esto genera desigualdades entre los trabajadores de los distintos Estados miembros.

¿Qué acciones tiene previsto iniciar la Comisión para armonizar la legislación relativa a los acuerdos inhibitorios de la competencia y corregir los defectos mencionados?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(11 de julio de 2002)

No existe ningún texto legal europeo que trate específicamente de los acuerdos inhibitorios de la competencia entre patronos y empleados después de que finalice el contrato que hubieran celebrado. La Comisión no tiene previsto presentar ninguna propuesta legislativa al respecto.

La gran mayoría de acuerdos mencionadas por Su Señoría afectan a patronos y empleados de un mismo Estado miembro. En ese caso, las normas comunitarias sobre la libre circulación de trabajadores y servicios no son aplicables. Esas cláusulas se refieren fundamentalmente a problemas del Derecho de los contratos, regulados por el Derecho de los Estados miembros. Sin embargo, es obvio que cualquier restricción, derivada por ejemplo de las diferencias entre las legislaciones nacionales, puede tener consecuencias transfronterizas. El problema de si una cláusula particular es compatible con las normas comunitarias sobre la libre circulación de los trabajadores con arreglo al artículo 39 del Tratado CE y/o la libre prestación de servicios con arreglo al artículo 49 del Tratado CE debe examinarse caso por caso.

Por lo que se refiere a la libre circulación de los trabajadores, es importante mantener el equilibrio entre, por una parte, los derechos fundamentales de un trabajador a trabajar y a ejercer su derecho a la libre circulación y, por otra, el derecho del patrono a proteger sus intereses legítimos frente a sus competidores. Cuando existe tal equilibrio y la cláusula es proporcional a su objetivo y no limita innecesariamente el derecho del trabajador a la libre circulación, la cláusula no parece contraria a las disposiciones de la libre circulación de los trabajadores en la Comunidad. A este respecto, cabe referirse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto Bosman(1) en el que el Tribunal falló que las medidas que constituyen obstáculos a la libre circulación de los trabajadores no son contrarias al Derecho comunitario si persiguen un objetivo legítimo compatible con el Tratado CE y se justifican por razones imperativas de interés público y si se ajustan al principio de proporcionalidad.

Una cláusula particular que tenga un efecto desproporcionado sobre la capacidad de una persona de buscar un empleo puede también constituir un obstáculo a la prestación de servicios de conformidad con el artículo 49 del Tratado CE (por ejemplo en el caso de una empresa del sector de la

alta tecnología que necesite contratar a una persona altamente cualificada para poder prestar sus servicios). Según la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cualquier norma que pueda dificultar o hacer menos atractivo el ejercicio de una libertad fundamental garantizada por el Tratado CE, tal como la libre prestación de servicios, debe cumplir ciertos requisitos(2). Tales requisitos son cuatro: deben aplicarse de manera no discriminatoria, deben justificarse por razones imperativas de carácter general, deben ser adecuadas para conseguir el objetivo que se persigue y deben limitarse a lo que es necesario para lograr dicho objetivo.

Corresponde a las autoridades nacionales aplicar dichos criterios en los casos individuales y son los tribunales nacionales los que deben evaluar la cuestión de la compatibilidad o no de un acuerdo con dichos criterios a la luz de las normas y principios comunitarios sobre la libre circulación de trabajadores y servicios.

Por lo que se refiere a las normas de competencia del Tratado CE, sólo cubrirían los acuerdos mencionados por Su Señoría en casos muy excepcionales, si constituyeran la aplicación de un acuerdo entre empresas. Estos raros casos serían tratados individualmente por la Comisión.

(1) Asunto c-415/93, Bosman, ECR 1995, página I-4921.

(2) Véase, por ejemplo, el asunto c-55/94, Gebhard, ECR 1995, I-4165.