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PREGUNTA ESCRITA E-2234/01

de Daniela Raschhofer (NI) a la Comisión

(26 de julio de 2001)

Asunto: Exportación de harinas animales e importación de carne de vacuno

En su respuesta a mi pregunta E-0804/01(1) manifiestan la Comisión manifiesta que si bien las estadísticas disponibles permiten determinar el volumen de las exportaciones comunitarias de proteínas transformadas de origen animal a los países de la Europa central y oriental, es muy difícil estimar cuál es el volumen exacto de las exportaciones de piensos que contienen proteínas animales.

Pues bien, si el volumen exacto de las exportaciones de piensos que contienen proteínas de origen animal es muy difícil de estimar, desearía saber entonces cuál es el volumen de las exportaciones comunitarias de proteínas transformadas de origen animal a los países de la Europa central y oriental, que, según ustedes, las estadísticas disponibles permiten determinar sin más.

El Comité Científica Director lleva a cabo una evaluación permanente del riesgo de EEB en terceros países, y ha presentado un estudio que contiene los datos relativos a las exportaciones.

¿Puede proporcionar la Comisión dicho estudio? Si es así, le ruego que me lo remita.

En su respuesta a mi pregunta E-0804/01, la Comisión afirma que los resultados de dicho estudio se han hecho públicos en Internet.

¿En qué dirección de Internet se encuentran dichos resultados?

En su respuesta a mi pregunta E-0804/01, la Comisión ha dejado varias preguntas sin contestar. Confiando en que la Comisión responda esta vez a las preguntas presentadas:

- ¿Cuántas reses o cuántas toneladas de carne de vacuno importa la UE anualmente de los países de la Europa central y oriental?

- ¿Cuántas reses o cuántas toneladas de carne de vacuno importa cada uno de los Estados miembros?

(1) DO C 350 E de 11.12.2001, p. 41.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(18 de octubre de 2001)

La Comisión va a remitir los datos relativos a las exportaciones comunitarias de proteínas transformadas de origen animal a los países de la Europa central y oriental directamente a su Señoría y a la Secretaría del Parlamento. Como se indica en la respuesta a la pregunta escrita E-0804/01 formulada por Su Señoría, estas cifras se encuentran asimismo en internet en relación con los Estados miembros y los terceros países sobre los que el Comité director científico ha llevado a cabo una evaluación del riesgo geográfico de la EEB (RGE); los correspondientes informes se han publicado en internet en la siguiente dirección: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/outcome_en.html

reports

Asimismo, la Comisión volverá a remitir a su Señoría y a la Secretaría del Parlamento las estadísticas relativas a las importaciones comunitarias de reses y carne de vacuno procedentes de los países de Europa central y oriental.
PREGUNTA ESCRITA P-2675/01

de Jorge Moreira Da Silva (PPE-DE) a la Comisión

(24 de septiembre de 2001)

Asunto: Acuerdo hidrológico Portugal-España

¿Considera la Comisión Europea que el acuerdo hidrológico celebrado entre Portugal y España respeta la Directiva marco de aguas vigente desde hace un año aproximadamente?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(29 de octubre de 2001)

Según determina la Directiva marco sobre aguas(1), cuya entrada en vigor se produjo el 22 de diciembre de 2000, la gestión de las cuencas hidrográficas es el principio clave para la gestión del agua en general. La Directiva fija los siguientes requisitos de coordinación (apartados 3 y 4 del artículo 3):

Los Estados miembros velarán por que cualquier cuenca hidrográfica que abarque el territorio de más de un Estado miembro se incluya en una demarcación hidrográfica internacional. A petición de los Estados miembros interesados, la Comisión intervendrá para facilitar su inclusión en dichas demarcaciones hidrográficas internacionales.

Cada uno de los Estados miembros adoptará las disposiciones administrativas adecuadas, incluida la designación de la autoridad competente apropiada, para la aplicación de las normas de la presente Directiva en la parte de cualquier demarcación hidrográfica internacional situada en su territorio.

Los Estados miembros velarán por que los requisitos de la presente Directiva encaminados al logro de los objetivos medioambientales establecidos en el artículo 4 y en particular todos los programas de medidas se coordinen para la demarcación hidrográfica en su conjunto. En lo que respecta a las demarcaciones hidrográficas internacionales, los Estados miembros interesados efectuarán dicha coordinación de forma conjunta y podrán, a tal fin, utilizar las estructuras existentes derivadas de acuerdos internacionales. A petición de los Estados miembros interesados, la Comisión intervendrá para facilitar el establecimiento de los programas de medidas.

Si bien la cooperación y la coordinación entre Estados miembros acerca de las demarcaciones hidrográficas internacionales son elementos obligatorios con arreglo a la Directiva marco sobre aguas, la forma institucional y jurídica de esas actuaciones (acuerdo formal, convenios, canje de notas, etc.) queda a discreción de los Estados miembros interesados.

El convenio entre España y Portugal se ajusta, en líneas generales, a los requisitos de la Directiva marco sobre aguas en lo que respecta a la necesidad de garantizar un nivel adecuado de coordinación. Por consiguiente, se acogería con suma satisfacción la creación de un marco adecuado para la gestión de las cuencas hidrográficas compartidas por España y Portugal. Una vez establecido ese marco, el reto para el futuro consistirá en llevar a la práctica la planificación referente a las cuencas hidrográficas y desarrollar los programas para cada una de ellas con arreglo a lo dispuesto en la Directiva.

(1) Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DO L 327 de 22.12.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-2189/01

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(23 de julio de 2001)

Asunto: Tramo portugués de la conexión de Galicia y Portugal con la línea ferroviaria de alta velocidad

En la respuesta a la pregunta oral H-0530/01(1), correspondiente al Pleno del Parlamento del pasado 4 de julio, la Comisión indicó que está siguiendo atentamente las etapas de planificación del plan de líneas de alta velocidad en Portugal que incluye el eje ferroviario atlántico, dentro del proyecto prioritario no 8, y que contribuirá a la continuidad e interoperabilidad de los enlaces hispano-lusos.

La respuesta a esta pregunta oral se produce en un momento en que el Gobierno portugués cuestiona el carácter, e incluso la propia construcción, de esta línea.

Habida cuenta de que la línea Lisboa-A Coruña forma efectivamente parte del proyecto prioritario no 8, incluido en un número limitado de proyectos que deben recibir una atención muy especial por parte de la Unión Europea, y de que este proyecto afecta de manera decisiva al desarrollo económico de Galicia, ¿qué iniciativas ha emprendido la Comisión ante los Gobiernos portugués y español y ante la Xunta de Galicia para garantizar la construcción de esta línea ferroviaria en el horizonte del año 2007, como estaba previsto?

(1) Respuesta escrita de 3.7.2001.

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(27 de septiembre de 2001)

Como se señaló en la respuesta a las preguntas escritas E-1046/01(1) y E-2030/01(2), planteadas por Su Señoría, la Comisión tiene la intención de proponer unas orientaciones revisadas para la red transeuropea de transportes que incorporarán, en el Anexo III, nuevos proyectos específicos. El Libro Blanco sobre la políticia europea de transportes adoptado por la Comisión el 12 de septiembre de 2001(3) indica precisamente que, entre los proyectos previstos, está la interoperabilidad del ferrocarril ibérico de alta velocidad, partiendo de los planes español y portugués de líneas ferroviarias de alta velocidad. El plan español incluye, en particular, las líneas en Galicia resultantes del acuerdo celebrado entre los Gobiernos español y gallego, y concretamente el eje La Coruña-Vigo-frontera portuguesa.

La Comisión ha tomado ya contacto con las autoridades portuguesas para llamar su atención sobre la gran importancia que reviste garantizar la continuidad e interoperabilidad de las conexiones ferroviarias hispanolusas a lo largo del corredor incluido en el proyecto prioritario no 8. Por otro lado, y a petición de las autoridades española y portuguesa, ha concedido ayudas financieras con cargo a la red traseuropea con el fin de modernizar la línea existente, a la espera de que se construya el eje ferroviario Oporto-Vigo.

(1) DO C 340 E de 4.12.2001, p. 155.

(2) DO C 93 E de 18.4.2002, p. 49.

(3) COM(2001) 370.
PREGUNTA ESCRITA E-3380/01

de John McCartin (PPE-DE) a la Comisión

(7 de diciembre de 2001)

Asunto: Licencias de pesca, registro de buques y acuerdos con terceros países

¿Podría indicar la Comisión si nuevos buques de pesca, que constituirían un tonelaje adicional para la flota comunitaria y que no dispondrían de asignación de cuotas en aguas comunitarias podrían obtener un registro como buque pesquero? ¿Cuáles serían las condiciones para que dicho registro se produjera? ¿Podría indicar la Comisión si el registro de dichos buques como parte de la flota comunitaria constituye una licencia para la realización de acuerdos pesqueros privados con terceros países o si sirve para solicitar una participación en las cuotas comunitarias acordadas con dichos países? ¿Podría indicar la Comisión a cuánto asciende el número de buques registrados de este tipo?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(8 de enero de 2002)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 2090/98 de la Comisión de 30 de septiembre de 1998 relativo al registro comunitario de buques pesqueros(1), todos los buques comunitarios que enarbolen pabellón de un Estado miembro o estén registrados en él constarán en el registro comunitarios de buques pesqueros.

Dicho registro no constituye automáticamente una autorización para celebrar acuerdos privados o para solicitar la concesión de una cuota. No obstante, tanto los particulares como las empresas están autorizados a celebrar acuerdos privados con terceros países, así como a solicitar la asignación de una cuota en virtud de un acuerdo pesquero celebrado entre la Comunidad y el tercer país en cuestión. Esta solicitud es remitida por el pescador al Estado miembro del pabellón y la Comisión la comunica, a su vez, al tercer país, en el marco de las posibilidades de pesca que le corresponden a dicho Estado miembro en virtud de las condiciones fijadas por el acuerdo pesquero. Es pues el tercer país quien expide una licencia a los buques pesqueros comunitarios que desean pescar en aguas de aquel país.

Por lo que respecta a la asignación de cuotas a buques concretos y a la expedición de licencias de pesca con arreglo al artículo 3 del Reglamento no 3690/93 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, por el que se establece un sistema comunitario que determina las normas relativas a la información mínima que deberán contener las licencias de pesca(2), cabe señalar que tal responsabilidad recae sobre el Estado miembro del pabellón y no sobre la Comisión.

(1) DO L 266 de 1.10.1998.

(2) DO L 341 de 31.12.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-2205/01

de Adriana Poli Bortone (UEN) a la Comisión

(23 de julio de 2001)

Asunto: Elecciones albanesas sin observadores del PE

Vista la situación en Albania, muy lejos aún de la celebración de elecciones libres, democráticas, correctas y con un buen nivel de participación, ¿piensa explicar la Comisión por qué no se envió a ningún observador del Parlamento Europeo en la segunda vuelta (fase muy delicada debido a las denuncias reiteradas de fraude y de intervenciones policiales)? ¿Con qué criterio se eligieron las mesas electorales a las que se enviaron los observadores?

Respuesta del Señor Patten en nombre de la Comisión

(14 de septiembre de 2001)

La decisión de enviar o no enviar observadores del Parlamento para supervisar la segunda vuelta de las elecciones correspondía a la competencia del propio Parlamento. La Comisión no puede injerirse en las decisiones de esta naturaleza del Parlamento.

Para garantizar un seguimiento adecuado de todo el proceso electoral en Albania se ha establecido, con los auspicios de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa/Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OSCE/OIDDH), una Misión Internacional de Observación de las Elecciones. En ella se ha reunido un número importante de expertos internacionales sobre elecciones, observadores a largo y a corto plazo, miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y, durante la primera vuelta, miembros del Parlamento. La Comisión considera que esa Misión está desempeñando su mandato adecuadamente.

La Comisión ignora cuáles han sido los criterios exactos para la distribución de los observadores por parte de la OSCE/OIDDH en los distintos colegios electorales, pero confía plenamente en la capacidad y conocimientos especializados ampliamente reconocidos de la OSCE/OIDDH al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-2910/01

de Karl von Wogau (PPE-DE) a la Comisión

(17 de octubre de 2001)

Asunto: Aumento de precios de la operadora de telefonía móvil Viag Interkom con motivo de la conversión a euros

Con motivo de la conversión a euros, la operadora de telefonía móvil Viag Interkom AG redondea al alza a un céntimo entero de euro. De este modo, una llamada local de diez minutos en horario reducido, por la que antes de la conversión se pagaban 50 pfennig, pasará a costar 30 céntimos (59 pfennig) después del paso al euro.

¿Tiene conocimiento la Comisión Europea de casos similares de aumento de precios con motivo de la conversión a la moneda única?

¿No considera la Comisión Europea que cuando se trate de pequeñas cantidades es conveniente, por no decir imperativo, redondear a más decimales, justamente cuando los establecimientos utilizan en su publicidad cantidades con decimales?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(17 de diciembre de 2001)

Las normas de conversión establecidas en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1103/97 del Consejo, de 17 de junio de 1997, sobre determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro(1) se aplican a las cantidades que deben pagarse o contabilizarse. Dado que la unidad de tarificación del servicio de teléfono no entra en esta definición, el hecho de que la empresa Viag Interkom AG haya pasado de cobrar 50 pfennig a 30 céntimos de euro por unidad de tarificación debe considerarse una simple subida de precios y no un caso de aplicación de las normas de conversión. Incumbe al mercado sancionar las subidas abusivas.

En lo que se refiere al problema general de conversión de los contratos basados en pequeños importes unitarios, la Comisión comparte la opinión de Su Señoría y estima que después de la conversión conviene conservar el mayor número posible de decimales; la normativa europea no exige redondear el resultado de la operación.

(1) DO L 162 de 19.6.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-3158/01

de Massimo Carraro (PSE) y Giovanni Pittella (PSE) a la Comisión

(14 de noviembre de 2001)

Asunto: Airbus

Teniendo en cuenta las noticias publicadas por la prensa según las cuales el Ministro italiano de Defensa, Antonio Martino, ha manifestado la intención de renunciar a la compra de 16 aviones A400M proyectados por Airbus, debido a su escasa utilidad;

¿Puede explicar la Comisión, sobre la base de sus anteriores comunicaciones y de las posiciones adoptadas al respecto por las demás instituciones europeas, qué importancia podría revestir la realización de este vehículo militar, táctico y logístico en el desarrollo de la industria europea de la defensa, así como en el contexto más amplio de la construcción de una defensa común europea?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(21 de diciembre de 2001)

La Comisión plasmó su visión sobre el futuro de las industrias europeas de defensa en sus Comunicaciones adoptadas en 1996 y 1997(1).

Como respuesta a la disminución de la demanda y al aumento de la competencia, se ha iniciado un proceso de reestructuración en las industrias europeas de defensa. La industria europea debería poder llevar a cabo el necesario proceso de reestructuración, cooperar o fusionar actividades que sean similares o complementarias y, como consecuencia, mejorar su posición competitiva. Si bien corresponde a la industria dirigir el proceso, los Estados miembros y las Instituciones y organismos europeos deben intentar establecer el marco necesario que permita el correcto funcionamiento de un mercado europeo de equipos de defensa.

Las actividades de la Comisión deben centrarse en la oferta, promoviendo acciones que modelen un mercado europeo de equipos de defensa y permitan que la contratación europea de material de defensa sea más rentable.

Por lo que respecta a la demanda, el papel de los Estados miembros y de otras organizaciones multilaterales es particularmente importante en áreas como la armonización temporal y de contenidos de los requisitos operativos y la creación de una Agencia Europea de Armamento que lleve a cabo programas con una dimensión europea.

La Comisión se felicita de que requisitos comunes conduzcan de un modo cada vez más sistemático a programas comunes como el del avión A400M. La puesta en marcha de este programa, al reunir los recursos de los principales fabricantes aeronáuticos de Europa, representará el nacimiento concreto de Airbus Military Company.

Esto se corresponde con los objetivos políticos acordados en el Consejo Europeo de Helsinki, en el que se acordó igualmente continuar la armonización de los requisitos militares y avanzar en la planificación y adquisición de armas, conforme consideren conveniente los Estados miembros.

(1) COM(96) 10 final y COM(97) 583 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2915/01

de Pere Esteve (ELDR) a la Comisión

(17 de octubre de 2001)

Asunto: Declaración de Servicio Público según el Reglamento (CE) 2408/92

Para los habitantes de la isla de Menorca, la utilización del transporte aéreo no es un lujo, sino que tiene un carácter esencial y básico: es una necesidad.

Tan sólo en el período 1996 a 2001, el precio para los residentes insulares que gozan de un descuento del 33 % de un trayecto entre la isla de Menorca y el aeropuerto de Palma, ha aumentado un 41'58 %. Concretamente, el precio ha pasado de 12 000 ptas. a 16 990.

Según el Reglamento núm. 2408/92(1) de la UE, todo Estado miembro puede imponer la obligación de servicio público en relación con servicios aéreos regulares en un aeropuerto que sirva a una región periférica, o en desarrollo, situada en su territorio, o en una ruta de baja densidad de tránsito que sirva a un aeropuerto regional de su territorio, cuando esta ruta se considere esencial para el desarrollo económico de la región en que está situado el aeropuerto.

No obstante, según el artículo 103 de la Ley de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social del 1997 del Estado Español, corresponde al Gobierno del Estado español realizar las declaraciones de servicio público según lo previsto en el reglamento de la Unión Europea antes citado.

Ante la situación expuesta, interesa saber al Sr. Diputado:

1. Considerando el Reglamento 2408/92 de la UE, ¿hay algún impedimento técnico para que el Gobierno español, si así lo considerase conveniente, acordase la declaración de interés público del servicio de transporte aéreo entre las Islas Baleares y entre estas y la península Ibérica?

2. ¿Considera la Comisión adecuada la declaración de interés de servicio público del trayecto citado, dado que ya existen otros precedentes en la UE, como es el caso de la aprobación de la declaración de servicio público en las rutas aéreas entre las islas Canarias?

(1) DO L 240 de 24.8.1992, p. 8.

Respuesta de Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(7 de diciembre de 2001)

De acuerdo con la información de la Comisión, no existe impedimento alguno para que las autoridades recurran a lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CEE) no 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias(1).

En el caso planteado por Su Señoría, tal decisión es competencia únicamente de las autoridades españolas mientras que a la Comisión le corresponde tan sólo comprobar la correcta aplicación por parte de los Estados miembros de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento no 2408/92.

(1) DO L 240 de 24.8.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-2566/01

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(21 de septiembre de 2001)

Asunto: Condiciones sanitarias deplorables en el mercado central de carne de Renti (Grecia)

Según información de que dispone este diputado (noticias publicadas en la prensa, informes de servicios competentes), las instalaciones del mercado de carne al por mayor de Atenas, pertenecientes al Organismo del Mercado Central de Atenas supervisado por el Ministerio de Comercio, no cumplen las condiciones de la Decisión de la Comisión 96/658/CE(1) y funcionan de manera ilegal sin la aprobación de la autoridad competente, tal como prescribe el artículo 4 de la Decisión.

Las instalaciones carecen de espacio y equipamientos; el personal no respeta las normas sobre prácticas de higiene personal; en los espacios libres se acumulan la basuras y objetos inservibles, que son nido de insectos y ratones; la carne, expuesta a las condiciones atmosféricas del ambiente exterior, se despieza en medio de clientes, visitantes e incluso perros, y se transporta a las carnicerías a granel en vehículos sucios e incluso en los maleteros de turismos. Pese a todo esto, las instalaciones siguen funcionando y el organismo responsable se despreocupa del cumplimiento de las exigencias comunitarias.

1. ¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para que Grecia cumpla la legislación europea en vigor?

2. ¿Qué peligro entrañan para la salud pública las condiciones descritas?

3. ¿Está prevista en el 3er MCA una asignación financiera para construir nuevas instalaciones?

(1) DO L 302 de 26.11.1996, p. 22.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(29 de octubre de 2001)

La Comisión desconocía las circunstancias reinantes en el mercado de carne al por mayor de Renti, tal como las describe Su Señoría.

La legislación comunitaria, cuyos destinatarios son los Estados miembros, establece las normas y niveles de calidad que han de aplicarse a la producción de carne. Son las autoridades centrales las que deben controlar la aplicación de los requisitos comunitarios y adoptar las medidas correctivas necesarias. La Comisión ha escrito a las autoridades griegas solicitándoles una pronta aclaración de la situación, y transmitirá a Su Señoría la información que reciba en adelante. Por otro lado, la Comisión estudiará las medidas que deban adoptarse en función de la respuesta que reciba, que se sumarían a los actuales esfuerzos para mejorar el cumplimiento de la legislación comunitaria por parte de Grecia.

La Comisión no gestiona proyectos individuales en el Marco Comunitario de Apoyo (MCA). Por lo tanto, no está en situación de confirmar si existe o no una asignación financiera para este proyecto en el 3er MCA. Son las autoridades griegas las que deben decidir la inclusión del proyecto en el programa pertinente.