PREGUNTA ESCRITA E-3719/00

de Demetrio Volcic (PSE) y Vincenzo Lavarra (PSE) a la Comisión

(30 de noviembre de 2000)

Asunto: Inmigración clandestina en Italia

Con la llegada del invierno, las vías terrestres de comunicación registran un notable incremento de entradas ilegales en la zona de Goricia y Trieste, en la región del Friul-Venecia Julia. El número de inmigrados clandestinos que cruzan las fronteras terrestres asume dimensiones similares a las ya conocidas con los desembarcos clandestinos en las costas italianas, en particular en Pulla y Calabria.

El Consejo Regional del Friul-Venecia Julia ha pedido la intervención de las fuerzas armadas para contrarrestar y gestionar el fenómeno. El Consejo Regional de Pulla pregunta qué medidas piensa aplicar la Comunidad Europea.

El 16 de marzo de 2000, el Parlamento Europeo pidió a la Unión Europea que adoptara las medidas necesarias para contrarrestar el fenómeno. Lo mismo hizo la CE durante la Conferencia sobre la seguridad en los mares Jonio y Adriático, celebrada en Ancona en mayo de 2000.

La afluencia incontrolada de inmigrados clandestinos crea problemas para la seguridad de los ciudadanos y situaciones de incertidumbre.

El Comisario Vitorino afirma conocer plenamente los problemas relacionados con el tráfico de seres humanos y enumera las medidas de lucha contra la delincuencia organizada que ya se han aplicado en el marco de varias iniciativas regionales en los países de origen.

¿Puede hacer saber la Comisión:

1. qué iniciativas piensa emprender para prestar apoyo a la población de las regiones italianas directamente afectadas por este fenómeno;

2. cómo piensa gestionar el paso de los inmigrados por los países de la Unión Europea considerados de tránsito;

3. si piensa crear puntos para el control del flujo de inmigrados en el territorio;

4. si piensa crear centros de asistencia humanitaria para los inmigrados en tránsito y, por último,

5. qué instrumentos financieros piensa utilizar en favor de las regiones italianas de tránsito?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(8 de febrero de 2001)

En la reunión especial del Consejo Europeo, celebrada en Tampere (Finlandia) los días 15 y 16 de octubre de 1999, los Jefes de Estado y de Gobierno de los 15 Estados miembros adoptaron conclusiones de gran calado sobre, entre otras cosas, la manera de desarrollar una política común relativa a la inmigración ilegal (letra b) del apartado 3 del artículo 63 del Tratado CE (antiguo artículo 73 k)). Los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron su apoyo a una gestión global de los flujos migratorios en todas sus etapas y pidieron, entre otras cosas, la prevención de todas las formas de tráfico y trata de personas.

Con este fin, se invitó al Consejo y/o a los Estados miembros:

- a hacer frente a la inmigración ilegal en su origen, en especial luchando contra quienes se dedican a la trata de seres humanos y la explotación económica de los migrantes,

- a adoptar una legislación a tal efecto, que prevea sanciones rigurosas contra este grave delito,

- a orientar, junto con Europol, sus esfuerzos para detectar y desmantelar las redes de delincuencia organizada implicadas,

- a salvaguardar los derechos de las víctimas de la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y niños,

- a prestar asistencia a los países de origen y de tránsito para ayudar a las autoridades de dichos países a que refuercen su capacidad de luchar de manera efectiva contra la trata de seres humanos y hagan frente a sus obligaciones de readmisión con relación a la Unión y los Estados miembros, y

- a promover una cooperación más estrecha y una asistencia técnica mutua entre los servicios de control fronterizo de los Estados miembros, tales como programas de intercambio y transferencia de tecnologías, en especial en fronteras marítimas.

De la división de poderes entre la Comunidad y los Estados miembros se desprende que corresponde a estos últimos poner en práctica especialmente el último punto. La Comisión no tiene competencias operativas o ejecutivas en el ámbito de la inmigración ilegal y todavía no existe ninguna legislación comunitaria que establezca un reparto equitativo de la carga de los costes relacionados con los controles de las fronteras exteriores de la Unión. Por consiguiente, actualmente apenas existe posibilidad alguna de que la Comisión ayude directamente a las regiones italianas más afectadas por la inmigración ilegal. Respecto al problema de los posibles movimientos secundarios de inmigrantes ilegales en la Unión, la Comisión remite a Su Señoría al artículo 23 del Convenio de aplicación de Schengen de 1990, que establece los principios aplicables en estos casos.

Tal como señala en su reciente Comunicación sobre una política comunitaria de migración(1), la Comisión presentará, en la primera mitad de 2001, una Comunicación especial sobre la futura política de repatriación de la Comunidad.

(1) COM(2000) 757 final.