PREGUNTA ESCRITA P-2462/97 de Antonios Trakatellis (PPE) a la Comisión (8 de julio de 1997)

Asunto: Procedimiento de infracción de la legislación comunitaria contra Grecia en cuestiones de protección del medio ambiente y la salud pública

Como depositaria del Derecho comunitario, la Comisión vela por la aplicación de los Tratados y de disposiciones que las Instituciones toman en virtud de éstos (derecho derivado de segundo y tercer grado). En lo que se refiere a la aplicación de la legislación comunitaria relativa al medio ambiente y la salud pública en Grecia, ¿puede precisar la Comisión:

a) en cuántos y cuáles casos concretos ha emprendido procedimientos o tomado medidas para la aplicación del artículo 169 del Tratado de la UE (recurso de incumplimiento);

b) en cuántos y cuáles casos concretos ha emprendido procedimientos o tomado medidas para la aplicación de los apartados 1 y 2 del artículo 171 del Tratado de la UE (recurso de incumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia);

c) en qué fase se encuentran los procedimientos incoados por la Comisión en virtud de los artículos 169 y 171 del Tratado de la UE;

d) tras la decisión de la Comisión (26.6.1997) de imponer una sanción económica por valor de 24.600 ecus al día a Grecia por problemas de residuos, y caso de que Grecia se atuviera a la legislación vigente, si tiene intención de retirar el recurso incoado en virtud del apartado 2 del artículo 171 del Tratado de la UE?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (6 de agosto de 1997)

En su calidad de guardiana del Tratado CE, la Comisión tiene la responsabilidad de velar por que los Estados miembros apliquen la legislación comunitaria. En el ámbito del medio ambiente, la Comisión ha ejercido ya en el caso de Grecia su facultad de incoar procedimientos de infracción con el fin de garantizar la aplicación efectiva del Derecho comunitario, sobre la base del artículo 169 del Tratado CE. Además, a la vista de que las autoridades griegas tardan en adoptar las medidas necesarias para ejecutar una sentencia del Tribunal de Justicia de 1992 (referente al incumplimiento por Grecia de las obligaciones prescritas en las directivas 75/442/CEE ((DO L 194 de 25.7.1975. )) y 78/319/CEE ((DO L 84 de 31.3.1978. )) relativas, respectivamente, a los residuos y a los residuos peligrosos), la Comisión, de acuerdo con el artículo 171 del Tratado CE, decidió, en junio de 1997, recurrir por segunda vez al Tribunal de Justicia, al igual que ya se hiciera contra Alemania (procedimientos 86/0222, 86/0121 y 87/0372) e Italia (procedimientos 88/0239 y 90/0240).

La Comisión, en su XIV Informe sobre la aplicación del Derecho comunitario ((COM(97)299. )) comunicó al Parlamento todos los procedimientos incoados en el ámbito del medio ambiente para garantizar la aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros. El Anexo IV de este informe contiene datos precisos en cuanto a la fase de desarrollo de los procedimientos de infracción incoados contra todos los Estados miembros.

Su Señoría pide precisiones sobre la aplicación del artículo 171 del Tratado CE. Esta disposición prevé que la Comisión puede someter el asunto al Tribunal proponiendo una sanción económica (suma a tanto alzado o multa coercitiva) que deba ser pagada por el Estado miembro que no ha cumplido una sentencia del Tribunal. Es el propio Tribunal de Justicia el que fija el importe de esta sanción.

La Comisión, en su comunicación sobre la aplicación del artículo 171 del Tratado CE ((DO C 242 de 21.8.1996. )), definió una serie de criterios que se aplicarán cuando se haga uso de esta disposición. La Comisión considera que la utilización de la multa coercitiva es el instrumento más conveniente para conseguir que el Estado miembro cumpla cuanto antes con sus obligaciones. Con el fin de precisar los criterios generales que tendrá en cuenta a la hora de determinar el importe de esta multa, la Comisión adoptó una segunda comunicación sobre el método de cálculo de la multa coercitiva prevista en el artículo 171 del Tratado CE ((DO C 63 de 28.2.1997. )).

Conseguir cuanto antes la conformidad del Derecho del Estado miembro con el Derecho comunitario sigue siendo el objetivo que guiará a la Comisión a la hora de utilizar esta disposición. En este contexto, la adopción por el Estado miembro de las medidas necesarias para ejecutar la sentencia del Tribunal mientras se tramita el procedimiento basado en el artículo 171 del Tratado podría, en su caso, inducir a la Comisión a renunciar a la continuación del procedimiento en el Tribunal.

De acuerdo con este enfoque, la Comisión decidió archivar los procedimientos 86/0222 (referente a la no transposición de la Directiva 79/409/CEE sobre la conservación de las aves silvestres ((DO L 103 de 25.4.1979. ))) y 86/0121 (referente a la no transposición de la Directiva 80/68/CEE relativa a la protección de las aguas subterráneas ((DO L 20 de 26.1.1980. ))) contra Alemania, así como el procedimiento 88/0239 (referente a la no transposición de las directivas 75/440/CEE, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, ((DO L 195 de 25.7.1975. )) y 91/156/CEE, relativa a los residuos ((DO L 78 de 26.3.1991. ))) contra Italia, a raíz de la notificación por estos dos Estados miembros de las medidas adoptadas con el fin de ejecutar las sentencias del Tribunal de Justicia.

En los dos otros casos en que se ha incoado el procedimiento del artículo 171, a saber, el procedimiento 87/0372 (referente a la no transposición de la Directiva 75/442/CEE) contra Alemania y el procedimiento 90/0240 (referente a la no transposición de la Directiva 84/466/CEE por la que se establecen las medidas fundamentales relativas a la protección radiológica de las personas sometidas a exámenes y tratamientos médicos ((DO L 265 de 5.10.1984. ))) contra Italia, la Comisión está examinando las notificaciones recibidas por las autoridades nacionales, con el fin de decidir cómo conviene proceder en estos dos casos.