ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/664

(2004/C 78 E/0708)

PREGUNTA ESCRITA E-3877/03

de Francesco Fiori (PPE-DE) a la Comisión

(16 de diciembre de 2003)

Asunto: Violación de los principios comunitarios por parte del artículo 24 de la Ley 289/2002

El artículo 26 de la ley de 23 de diciembre de 1999, no 488, delineó, estableciendo procedimientos de transparencia pública, el sistema de selección de las empresas para el abastecimiento de bienes y servicios a las empresas públicas. En el apartado 3 del artículo 24 de la ley de 27 de diciembre de 2002, no 289, se confirma la obligación de los entes indicados en el cuadro C y de los entes institucionales de utilizar los convenios marco definidos por la Consip S.p.A.

Los principios generales en que el Estado italiano declara haberse inspirado al establecer tal disposición normativa serían el de la protección de la competencia y el de la transparencia, con cuya aplicación se pretende conseguir el ahorro y la contención del gasto, así como la eficacia de los sistemas de abastecimiento.

No obstante, el Estado italiano pretende perseguir tales objetivos mediante una disposición normativa (la que se está discutiendo) que parece estar en contradicción tanto con el ordenamiento constitucional italiano (muchas regiones ya han interpuesto recurso ante el Tribunal Constitucional en relación con el asunto) como con las normas y los principios comunitarios, al menos en tres ámbitos:

a) la posibilidad del legislador italiano de modificar autónomamente (reduciéndolo) el nivel comunitario fijado por las directivas comunitarias y por los correspondientes decretos legislativos de transposición;

b) incoherencia del sistema de abastecimiento centralizado aplicado mediante los procedimientos de la Consip con las normas comunitarias sobre la competencia;

c) creación de un contexto normativo y administrativo no favorable al desarrollo de las pequeñas empresas.

Teniendo en cuenta los argumentos precedentes, ¿qué medias piensa tomar la Comisión para proteger las asociaciones de pequeñas y medianas empresas, que sin duda alguna se ven afectadas por tal normativa?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(2 de febrero de 2004)

La Comisión ha examinado en varias ocasiones los aspectos jurídicos vinculados al sistema de centralización de las adquisiciones implantado en Italia por Consip y no ha detectado ninguna infracción del Derecho comunitario que pueda dar lugar a un procedimiento por incumplimiento. Con carácter preliminar, desearía señalar a la atención de Su Señoría la propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios y de obras, que sustituirá a las tres directivas actualmente en vigor. El artículo 11 de la posición común adoptada por el Consejo el 20 de marzo de 2003 prevé, en efecto, que «los Estados miembros podrán establecer que los poderes adjudicadores adquieran obras, suministros y/o servicios por medio de centrales de compras», y añade que «se considerará que los poderes adjudicadores que adquieran obras, suministros y/o servicios por medio de una central de compras […] han respetado las disposiciones de la presente Directiva, siempre que la central de compras respete dichas disposiciones».

En primer lugar, en cuanto a la afirmación de Su Señoría de que Italia habría modificado y reducido el umbral de aplicación de las directivas comunitarias en materia de contratación pública, conviene observar que las disposiciones de las tres directivas comunitarias imponen a los Estados miembros obligaciones mínimas, dejando a éstos la posibilidad de establecer normas más estrictas para una apertura a la competencia más amplia y generalizada de los contratos públicos. En efecto, dichas directivas comunitarias constituyen, como lo ha recordado a menudo el Tribunal de Justicia, textos jurídicos de coordinación y no de armonización de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos a escala comunitaria.

Además, conviene resaltar que, desde el punto de vista del Derecho comunitario, todo contrato público está sometido en principio a obligaciones en materia de publicidad. En cuanto a los contratos cuyo importe sea inferior a los umbrales comunitarios, como el Tribunal de Justicia lo ha aclarado en su jurisprudencia, existe la obligación de garantizar una publicidad adecuada en relación con el importe y la naturaleza del contrato. Corresponde al Estado miembro determinar las modalidades de dicha publicidad, pudiendo éste obligar a recurrir a la publicidad a escala comunitaria, en particular mediante la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (1).

A la vista de lo anteriormente expuesto, conviene precisar que lo dispuesto por la ley mencionada por Su Señoría no ha modificado el umbral de aplicación de las directivas. Está claro que el legislador nacional, al remitir sencillamente a la aplicación de las normas nacionales que transponen las directivas comunitarias antes citadas, ha querido remitir por completo a las modalidades de publicidad previstas por dichas disposiciones, incluyendo, en particular, las relativas a la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

En segundo lugar, en cuanto a la observación de que la centralización de las adquisiciones crearía un entorno jurídico y administrativo desfavorable al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYME), la Comisión subraya que el asunto del impacto de la centralización de las adquisiciones mediante la Consip en los mercados que nos ocupan y, en particular, en la actividad de las PYME, constituye un problema que incumbe a la autoridad nacional en materia de competencia, la cual ya se ha ocupado en varias ocasiones de dicho sistema, como también lo han hecho de manera general las autoridades políticas y administrativas competentes.

A este respecto, la Comisión añade que ha tenido conocimiento de que la autoridad nacional en materia de competencia ha dirigido una serie de recomendaciones a la Consip para evitar una restricción excesiva de la competencia en las licitaciones que ella lanza, a las que la Consip parece atenerse. Además, las autoridades políticas y administrativas nacionales, a saber, el Gobierno, el Parlamento y Consip, han iniciado recientemente una reflexión acerca de cómo limitar los efectos negativos potenciales del mecanismo de centralización de las adquisiciones en la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

La Comisión recuerda que, últimamente, el Decreto Ley no 143/2003, convertido en la Ley no 212/2003 publicada en el diario oficial nacional no 131/L de 11 de agosto de 2003, ha aportado modificaciones importantes a este asunto, entre las que cabe citar la derogación del apartado 3 del artículo 24 de la Ley no 289/2002 mencionada por Su Señoría, con el fin, precisamente, de reducir los efectos del mecanismo de centralización de las adquisiciones en la actividad de las pequeñas y medianas empresas. Conforme a la información de la que la Comisión dispone actualmente, en el marco de la aprobación de la ley financiera correspondiente a 2004 se prevén otras modificaciones de la normativa vigente.

(1) Por otra parte, esta posibilidad está prevista explícitamente por las directivas mencionadas anteriormente (véanse el artículo 13 de la Directiva 93/36/CEE para los suministros, y el artículo 21 de la Directiva 92/50/CEE para los servicios), las cuales prevén que los poderes adjudicadores podrán hacer publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea los anuncios de licitación relativos a los contratos de suministros y de servicios que no están sometidos a la publicidad obligatoria prevista por dichas directivas.