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PREGUNTA ESCRITA E-1428/00

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(5 de mayo de 2000)

Asunto: Naturaleza del papel de la Comisión como guardiana de los Tratados

¿Puede indicar la Comisión si su papel de guardiana de los Tratados es de naturaleza política o legal y si, en cualquiera de los casos, considera que redunda en su interés y en el de la Unión Europea ocuparse de todas las violaciones del Tratado mientras se mantenga ese papel?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1422/00 y E-1428/00 dada por el Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(18 de julio de 2000)

Su Señoría hace correctamente referencia al artículo 211 (antiguo artículo 155) del Tratado CE y al papel de la Comisión como guardiana de los Tratados que, efectivamente, constituye una de sus misiones básicas.

Según una jurisprudencia bien establecida del Tribunal de Justicia, la Comisión no tiene forzosamente que iniciar los procedimientos previstos en esa disposición pero puede hacerlo si así lo considera conveniente(1). La Comisión solamente es competente para decidir si es preciso iniciar el procedimiento contra un Estado miembro por no cumplir sus obligaciones y para determinar la conducta o la omisión atribuible al Estado miembro al que esos procedimientos se aplican(2). Efectivamente, sin tal margen de discreción la Comisión no podría cumplir eficazmente su papel de guardiana de los Tratados. Debe también considerarse que un margen comparable de discreción se concede generalmente a las autoridades nacionales competentes para ocuparse de las violaciones de la ley en el interés público.

Al ejercer su poder discrecional la Comisión tiene que tomar en consideración una gama amplia de aspectos como la gravedad de la infracción, su significado o su carácter de ejemplo, así los recursos de la Comisión. Después considerar cuidadosamente todas las circunstancias la Comisión puede, en un caso dado, decidir dar menos prioridad a la incoación de un procedimiento de infracción en una cuestión que implica exclusivamente una aplicación problemática, en un caso aislado, de normas nacionales que son, como tales, compatibles con el derecho comunitario. También necesita tenerse en cuenta que en tales casos individuales los tribunales nacionales podrían proporcionar soluciones más ventajosas que los procedimientos de infracción, que duran más tiempo y no permiten contrarrestar medidas ilegales o instar a las administraciones o pedir compensación por daños. Esto no va en detrimento, en ningún caso, de la importancia primordial, subrayada en varias ocasiones por la Comisión, que tienen las denuncias individuales para detectar violaciones del Derecho comunitario. El interés de la Comisión es simplemente asegurarse de que los casos más importantes de infracción sigan tratándose de forma rápida y eficaz en el futuro.

Es a estas consideraciones a las que están ligadas las observaciones del Director General del Servicio Jurídico de la Comisión, mencionadas por Su Señoría.

(1) Asunto 247/87 Star Fruit Company c. Comisión (1989) RTJ 291, punto 11.

(2) Asunto C-431/92 Comisión c. Alemania (1995) RTJ I-2189, punto 22.
PREGUNTA ESCRITA E-1098/00

de Christel Fiebiger (GUE/NGL) al Consejo

(6 de abril de 2000)

Asunto: Banco electrónico de datos sobre cerdos

El Consejo ha decidido crear, en tres etapas y antes del 1 de enero de 2003, un banco electrónico de datos sobre cerdos.

- ¿Qué datos se recogerán?

- ¿Quién recogerá los datos?

- ¿A cuánto se calcula que ascenderán los gastos de dicho banco de datos en la última y definitiva fase de su desarrollo?

- ¿Quién correrá con los gastos de la recogida de los datos?

- ¿Está previsto el reembolso de los gastos, en el caso de que sean los ganaderos los que tengan que recoger los datos?

- ¿Quién tendrá acceso a los datos?

Respuesta

(23 de octubre de 2000)

1. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el 10 de abril de 2000 la Directiva 2000/15/CE por la que se modifica la Directiva 64/432/CEE del Consejo relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina, a la que se refiere Su Señoría.

2. Esta Directiva(1) es consecuencia de la Directiva 64/432 modificada que ya mencionaba la creación de bases de datos informatizadas para animales de las especies bovina y porcina, que permitan disponer de información sobre los animales y sus movimientos.

Está última incluía, en particular:

- la obligación para los Estados miembros que no hubieren instaurado un sistema de redes de vigilancia autorizadas, de prever una base de datos informatizada para los animales de la especie porcina, antes del 31 de diciembre de 1999;

- los datos que deben recabarse;

- el procedimiento Comisión/Comité Veterinario Permanente por lo que respecta al tratamiento de dichos datos.

3. La Directiva 2000/15/CE prevé efectivamente la creación en tres etapas de un banco electrónico de datos sobre cerdos y establece los plazos para realizar este objetivo y el marco legal para determinar las normas de desarrollo adecuadas, que son competencia de la Comisión.

4. A la espera de que se establezcan dichas normas, ya puede precisarse a Su Señoría que:

- los Estados miembros son responsables tanto de la recogida de los datos, como de las disposiciones que se deben aplicar para atenerse a la Directiva;

- las disposiciones relativas a las preguntas 1, 2 y 6 se determinarán según el procedimiento Comisión/Comité Veterinario Permanente;

- por el momento es difícil realizar una estimación de los costes de esta medida, dado que los mismos irán en función de las disposiciones adoptadas por los distintos Estados miembros a nivel nacional;

- las modalidades de financiación de los costes que se mencionan en las preguntas 4 y 5 podrán estudiarse en el marco de la revisión de determinadas disposiciones de la Directiva 85/73/CEE, relativa a la financiación de las inspecciones y controles sanitarios(2), con arreglo a lo previsto en el apartado 8 del artículo 14 de la Directiva 64/432/CEE(3).

(1) DO L 105 de 3.5.2000, p. 34.

(2) DO L 32 de 5.2.1985, p. 19.

(3) Directiva relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina, modificada por la Directiva 97/12/CE (DO L 109 de 25.4.1997, p. 1).
PREGUNTA ESCRITA E-1111/00

de Pernille Frahm (GUE/NGL) a la Comisión

(11 de abril de 2000)

Asunto: Promoción publicitaria de las naranjas españolas

Sobre la base de investigaciones publicadas por la organización danesa Grøn Information de las que se desprende que las naranjas españolas presentan un contenido alarmante de restos de insecticida, ¿puede la Comisión informar de la razón por la que ha decidido conceder créditos de la UE para promocionar las naranjas en cuestión e indicar si piensa retirar su ayuda a la promoción publicitaria si se confirman las informaciones publicadas por Grøn Information?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(16 de junio de 2000)

La Comisión recuerda a Su Señoría que la campaña de promoción de los cítricos de origen comunitario se rige por el Reglamento (CEE) no 1201/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, relativo a medidas destinadas a aumentar el consumo de cítricos(1), que considera que la fruta y las verduras son productos sanos cuyo consumo debe fomentarse en aras de una alimentación sana y equilibrada. El artículo 2 de ese Reglamento señala que las medidas de promoción no deben hacer referencia a Estados miembro concretos. Por consiguiente, la campaña citada está destinada a fomentar el consumo de cítricos cosechados en la Comunidad.

La Comisión no es sabedora de investigaciones que pongan de manifiesto que las naranjas procedentes de una de sus regiones tienen un contenido elevado de insecticidas, por lo que ruega a Su Señoría que le remita toda la información fiable que tenga al respecto.

Las naranjas comercializadas en la Comunidad deben cumplir la normativa comunitaria en materia de residuos de insecticidas. Las autoridades danesas deben cerciorarse de la observancia de esta normativa en el territorio danés. El sistema comunitario de alerta rápida sobre cuestiones alimentarias permite un intercambio rápido de información entre la Comisión y los Estados miembros cuando se detectan contenidos elevados de insecticidas u otros contaminantes en alimentos. En los últimos seis meses, la Comisión no ha recibido ninguna notificación danesa en relación con la presencia de insecticidas en las naranjas españolas.

(1) DO L 119 de 11.5.1990.
PREGUNTA ESCRITA E-1915/00

de Guido Podestà (PPE-DE) al Consejo

(19 de junio de 2000)

Asunto: Guerra en Etiopía y Eritrea

La Comisión de Desarrollo y Ayuda Humanitaria interviene desde hace meses en Etiopía con objeto de aliviar la emergencia alimentaria, pero la crisis se ha agravado recientemente por el recrudecimiento del conflicto entre Etiopía y Eritrea.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en sus esfuerzos por llegar a una mediación, ha aprobado una resolución en la que se considera que ambos países son de la acción bélica, y no tiene en cuenta las diferencias entre agresor y agredido, en este caso, entre Etiopía y Eritrea.

¿Puede hacer saber el Consejo cuál es la posición de la Unión Europea y qué medidas piensa adoptar:

1. para buscar una solución pacífica al actual conflicto en el Cuerno de África,

2. respecto de las medidas que el representante de la Presidencia de la Unión Europea competente para el conflicto entre Etiopía y Eritrea piensa adoptar para favorecer un cese inmediato del conflicto,

3. respecto de las acciones concretas que el representante de la Presidencia de la Unión Europea, de acuerdo con la Presidencia de la OUA, piensa poner en marcha inmediatamente para ayudar a la población civil víctima del conflicto?

4. ¿Puede decir si existen planes de evacuación de los ciudadanos de la Unión coordinados entre los Estados miembros?

Respuesta

(23 de octubre de 2000)

El 18 de julio de 2000 los Gobiernos de Etiopía y de Eritrea firmaron un acuerdo sobre el cese de las hostilidades, propuesto por la OUA, que el Consejo Europeo de Feira acogió con satisfacción en su declaración de 20 de junio de 2000. Ulteriormente, el Consejo de 29 de junio de 2000 aprobó la Posición Común 2000/420/PESC, relativa al apoyo de la UE al proceso de paz entre ambos países. En virtud de dicha Posición Común, la Unión Europea apoyará en particular el despliegue de observadores internacionales, la delimitación y demarcación de las fronteras, el desminado y los esfuerzos para prestar asistencia a los refugiados y personas desplazadas.

Se llama la atención de Su Señoría sobre el hecho de que el mandato del senador Rino Serri como representante especial de la Presidencia para Etiopía y Eritrea acaba de prorrogarse por un nuevo período de seis meses.
PREGUNTA ESCRITA P-1585/00

de Kyösti Virrankoski (ELDR) a la Comisión

(12 de mayo de 2000)

Asunto: Programa horizontal finlandés de desarrollo rural

El Gobierno finlandés transmitió en octubre pasado a la Comisión Europea su propuesta de plan horizontal de desarrollo rural. El programa incluye los programas de ayudas medioambientales para la agricultura y de ayudas para zonas menos favorecidas (ZMF).

Hasta el momento no se ha concluido el examen de la propuesta de Finlandia.

Los agricultores tienen de plazo hasta el 26 de mayo para comprometerse por un periodo de cinco años con los nuevos programas de ayudas medioambientales y de ayudas para ZMF, a pesar de que ni siquiera se ha decidido aún el contenido de los mismos. La situación daña profundamente la seguridad jurídica de los agricultores, ya que la ayuda concedida de acuerdo con estos programas puede suponer cerca de la mitad de todas las ayudas a la agricultura.

¿Cuántos son los Estados miembros cuyos programas aún no se han examinado?

¿A qué se debe la demora?

¿Qué personas y qué servicios son responsables de la demora?

¿Qué piensa hacer la Comisión para poner fin a la mala administración?

¿Cómo piensa asumir la Comisión su responsabilidad y restituir a los agricultores la seguridad jurídica?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2000)

El plan horizontal de desarrollo rural finlandés debía presentarse al Comité de estructuras agrarias y desarrollo rural (Comité STAR) el 29 de marzo de 2000. No obstante, dado que el plan de acción finlandés planteaba aún una serie de problemas en relación con lo dispuesto en la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura(1), este punto fue retirado del orden del día a la espera de que se aclarara en mayor medida la situación. La reunión del pasado mes de abril del Comité STAR fue parcialmente anulada, ya que el Comité para el desarrollo y la reconversión de las regiones sustituyó al Comité STAR, ocupándose únicamente de las cuestiones relacionadas con el objetivo no 1. En consecuencia, el plan finlandés se incluyó en el orden del día de la reunión del Comité STAR del 24 de mayo de 2000, en la que se emitió un dictamen favorable. La última fase del procedimiento de aprobación será la decisión de la Comisión.

En lo que respecta al período de programación 2000-2006, el plan finlandés es el primer plan de un Estado miembro financiado por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) que examina el Comité STAR.

(1) DO L 375 de 31.12.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-2034/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(21 de junio de 2000)

Asunto: Ayudas directas al sector agrario

En declaraciones realizadas recientemente a un órgano de comunicación gallego, en las que se daba cuenta de un estudio universitario según el cual la productividad del sector agrario gallego apenas alcanza el 16 % de la media europea y cuya presentación contó con la participación del Director General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión, José Manuel Silva, éste afirmó que el sector agrario gallego no recibe grandes cantidades de ayudas directas, porque sus productos básicos, la leche y la carne, están sometidos a un sistema de mercado en mayor medida que a un régimen de subvenciones. ¿Qué mecanismo perverso permite entonces que las subvenciones comunitarias, sobre todo las concedidas a través del FEOGA-Garantía, beneficien en particular a las regiones y agriculturas más ricas, en detrimento de aquellas, como la de Galicia, que son perfectamente capaces de avanzar hacia una agricultura multifuncional, aunque basada en la tierra?

Respuesta complementaria del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(27 de julio de 2000)

La Comisión confirma que el sector agrario gallego recibe relativamente pocas ayudas directas porque sus productos básicos, la leche y la carne, reciben apoyo esencialmente a través de los mercados, pagados por los consumidores, y no de las subvenciones, pagadas por los contribuyentes.

Dicho de otro modo: son los consumidores europeos, y no los contribuyentes, quienes apoyan a los agricultores gallegos.

La Comisión recuerda que el Consejo Europeo de Berlín decidió postponer para el año 2005 el comienzo de la reforma del sector lácteo, aunque encomendó al Consejo la realización de una revisión intermedia, basada en un informe de la Comisión, para que el régimen actual de tasa suplementaria pueda desaparecer después del 2008.

La Comisión espera poder contar con el apoyo de Su Señoría cuando llegue la hora de la reforma del sector lácteo.
PREGUNTA ESCRITA E-1565/00

de Bart Staes (Verts/ALE) al Consejo

(24 de mayo de 2000)

Asunto: Ayudas estatales a las producciones audiovisuales

La Comisión desea reducir las ayudas estatales a las producciones audiovisuales a la mitad del presupuesto total. Con esta propuesta, la Comisión aplica por primera vez plenamente las normas en materia de competencia en el ámbito de la cultura.

Esta medida tendrá efectos nefastos para las iniciativas audiovisuales en las zonas culturales y los Estados miembros de la UE pequeños y medianos, que, al contrario que las zonas culturales y los Estados miembros grandes, disponen de un número más limitado de fuentes de financiación. Por otra parte, un criterio relativo (en este caso, la norma del 50 %) como el aplicado por la Comisión ofrece una imagen deforme de los importes invertidos realmente.

1. ¿Está de acuerdo el Consejo con la propuesta de la Comisión de reducir las ayudas estatales a las producciones audiovisuales a la mitad del presupuesto total? En ese caso, ¿qué argumentos aduce para apoyar esta propuesta?

2. ¿Admite el Consejo que con esta propuesta se aplicarían por primera vez plenamente las normas en materia de competencia en el ámbito de la cultura? En caso negativo, ¿cómo debe interpretarse entonces la reducción de las ayudas estatales a las producciones audiovisuales a la mitad del presupuesto total?

3. ¿Considera el Consejo que la reducción de las ayudas estatales a las producciones audiovisuales a la mitad del presupuesto total puede conciliarse con los objetivos de la Comisión para apoyar el desarrollo de las zonas culturales y los Estados miembros pequeños y medianos? En caso afirmativo, ¿de qué forma contribuye la reducción de las ayudas estatales a las producciones audiovisuales a la mitad del presupuesto total al desarrollo de las zonas culturales y los Estados miembros pequeños y medianos?

4. ¿Tiene el Consejo la intención de oponerse a la propuesta de la Comisión de reducir las ayudas estatales a las producciones audiovisuales a la mitad del presupuesto total, teniendo en cuenta las repercusiones negativas que ello tendría para las iniciativas audiovisuales en las zonas culturales y los Estados miembros pequeños y medianos? En caso negativo, ¿por qué no y qué argumentos aduce el Consejo para apoyar la propuesta de la Comisión?

Respuesta

(26 de septiembre de 2000)

El Consejo no ha recibido ninguna propuesta de la Comisión sobre el tema al que se refiere Su Señoría. Como Su Señoría sin duda sabe, el Consejo, de conformidad con el Tratado, no actúa en este ámbito más que a propuesta de la Comisión (artículo 89 del TCE). El Consejo puede decidir también, a petición de un Estado miembro, que una ayuda específica concedida por dicho Estado sea considerada compatible con el mercado común, cuando circunstancias excepcionales justifiquen dicha decisión (tercer párrafo del apartado 2 del artículo 88 del TCE). El Consejo no ha recibido solicitudes de este tipo en relación con el tema planteado por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-1460/00

de Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) a la Comisión

(10 de mayo de 2000)

Asunto: Trato de animales vagabundos en España

¿Tiene conocimiento la Comisión de la manera de que se acogen y sacrifican los animales vagabundos en Cataluña (España)?

¿Sabe la Comisión que la acogida de perros vagabundos, por ejemplo, se ha confiado, mediante contratación externa, a una organización comercial que anestesia y quema vivos a los animales si nadie los recoge dentro de un plazo de ocho a diez días?

¿No opina la Comisión que en Cataluña, tal como en la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, los animales domésticos vagabundos se han de acoger en asilos para animales?

¿Sabe la Comisión que España no ha suscrito el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los animales domésticos (1987)?

¿Tiene la Comisión la posibilidad de interpelar al gobierno autónomo de Cataluña sobre su responsabilidad frente a la protección de los animales domésticos?

Respuesta del Sr Byrne en nombre de la Comisión

(15 de junio de 2000)

La Comisión desconoce de qué forma se captura y sacrifica a los perros callejeros en España. Esta cuestión no es competencia de la Comunidad.

La Comisión comparte la opinión de que debe evitarse el sufrimiento innecesario de los animales.

Es cierto que España no ha ratificado el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los animales domésticos.

Si bien el reciente Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales(1) insta a la Comunidad y a los Estados miembros a que tengan plenamente en cuenta los requisitos relativos al bienestar de los animales, la Comisión no dispone actualmente de ningún instrumento jurídico que le permita intervenir con arreglo a las sugerencias de Su señoría.

(1) DO C 340 de 10.11.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-1454/00

de Béatrice Patrie (PSE) a la Comisión

(10 de mayo de 2000)

Asunto: Publicación de un estudio sobre la viabilidad de crear una estructura europea para el control y la evaluación de la salud

En el contexto del Programa de acción comunitario sobre vigilancia de la salud en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública (1997-2001), el Parlamento Europeo y el Consejo, en su Decisión no 1400/97(1), aprobaron el cuarto considerando, que señala que sería oportuno hacer un estudio sobre la viabilidad de crear una estructura permanente para el control y la evaluación de los datos e indicadores sanitarios de la Comunidad Europea.

Habida cuenta de que la elaboración de este estudio de viabilidad se encargó a un grupo de expertos que entregó su informe en septiembre de 1997, ¿tiene previsto la Comisión Europea hacer público este informe cuanto antes, sin demorar inútilmente la creación de un Observatorio europeo de la salud, indispensable para una política europea de programación y de prevención en materia de salud a largo plazo y que respete las disposiciones del Tratado de Amsterdam que tienen por objeto garantizar un nivel elevado de salud en la UE?

(1) DO L 193 de 22.7.1997, p. 1.

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(13 de junio de 2000)

La Comisión comunica a Su Señoría que se hará público próximamente el informe elaborado por expertos sobre la viabilidad de la creación de un Observatorio europeo de la salud. Los expertos se han reunido recientemente para examinar una serie de cambios que se han producido desde la publicación del primer informe.
PREGUNTA ESCRITA E-2491/00

de Raffaele Costa (PPE-DE) a la Comisión

(24 de julio de 2000)

Asunto: Las condiciones de detención en Italia

¿Qué opina la Comisión de la situación de las cárceles italianas en lo relativo a los derechos de los ciudadanos?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(19 de septiembre de 2000)

La Comisión lamenta no poder responder a la pregunta, al no disponer de información suficiente.