PREGUNTA ESCRITA E-1912/00

de Pasqualina Napoletano (PSE) y Giovanni Procacci (ELDR) a la Comisión

(16 de junio de 2000)

Asunto: Limitación de la circulación de ciudadanos de la Unión Europea en el territorio chipriota

El pasado mes de abril, un grupo de ciudadanos italianos se desplazó a la República de Chipre para un viaje turístico-religioso. El programa contemplaba la visita tanto de la parte norte como

de la parte sur de la isla. No obstante la autorización previa para el viaje al norte concedida por las autoridades chipriotas a la Embajada italiana de Nicosia, se negó al grupo, sin aviso previo y sin motivación alguna, la autorización para pasar la línea verde que separa a Chipre de la parte ocupada por Turquía.

¿Conoce la Comisión otros casos similares acaecidos a ciudadanos de la Unión Europea? ¿Considera que este procedimiento entra en el ámbito de las relaciones normales de colaboración y de preadhesión?

En la perspectiva de la adhesión de Chipre a la Unión Europea, ¿cree que estas limitaciones a la circulación de ciudadanos comunitarios son conformes al principio de libre circulación de las personas?

Respuesta del Comisario Verheugen en nombre de la Comisión

(27 de julio de 2000)

La Comisión está informada del incidente mencionado por Sus Señorías y ha pedido detalles tanto a su delegación en Nicosia como a la embajada italiana en Chipre. También ha pedido una explicación al Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre.

El Ministerio ha contestado del siguiente modo:

Cuando el embajador italiano solicitó a la policía de Chipre (no al Ministerio de Asuntos Exteriores) permiso para que dicho grupo pudiera visitar los santos lugares, incluido el monasterio de San Barnabas, en la parte ocupada por Turquía, la policía aplicó las normas sobre el acceso de personas a la parte ocupada. El elemento básico de estas normas es asegurar la protección de los derechos del Estado chipriota en relación con las antigüedades y de la iglesia de Chipre en relación con los lugares santos que le pertenecen. La autorización para el acceso a estos lugares es, según el protocolo 1 del Convenio europeo de derechos humanos, un derecho y una responsabilidad exclusivos de sus propietarios. El Gobierno de Chipre no puede comportarse de tal forma que se pudiera interpretar que se violan estos derechos.

Obsérvese que en ningún momento la aprobación de la policía de Chipre o de cualquier otra autoridad chipriota autorizaba la visita del grupo a la parte ocupada de Chipre.

Las sensibilidades de los ciudadanos chipriotas a quienes se niega el acceso a la parte ocupada de Chipre por el régimen ilegal simplemente porque no son turcos, turcochipriotas o extranjeros deberían también tomarse en consideración. Por supuesto esto resulta aún más pertinente en el caso del monasterio de San Barnabas, el fundador de la iglesia de Chipre.

Como Sus Señorías saben, el resultado de la división de facto de la isla en dos partes estrictamente separadas es que las libertades fundamentales fijadas por los Tratados y en especial la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capital, el derecho de establecimiento y los derechos políticos, económicos, sociales y culturales universalmente reconocidos no pueden ejercitarse hoy en la totalidad del territorio de la isla. Sería necesario garantizar estas libertades y derechos como parte de un acuerdo completo que contemplara las garantías constitucionales que afectan al conjunto de la República de Chipre.