PREGUNTA ESCRITA P-0349/03

de Herman Vermeer (ELDR) a la Comisión

(6 de febrero de 2003)

Asunto: Compatibilidad de la política de sostenibilidad en el planteamiento de los objetivos de las organizaciones de productores con las normas en materia de competencia

La autoridad neerlandesa en materia de competencia NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit) ha impuesto unas multas a las organizaciones de productores en el sector de la pesca de camarones en los Países Bajos (asunto 2269) por haber concluido acuerdos mutuos en el marco de una cooperación trilateral con organizaciones de productores de Alemania y Dinamarca, subvencionada por la Comisión en 2002, mientras que las organizaciones de Alemania y Dinamarca no han recibido ninguna multa en su país. Por ese motivo formulo la presente pregunta escrita.

¿Se ha aclarado suficientemente el planteamiento de objetivos de las organizaciones de productores europeas en el contexto de las prohibiciones en el ámbito de la competencia? ¿No obliga precisamente la CE a las organizaciones de productores a que tomen medidas de regulación del mercado con el fin de adecuar mejor la oferta a la demanda para que contribuyan, en su calidad de organización de productores, a la valorización de sus productos pesqueros desde el punto de vista tanto cualitativo como cuantitativo? ¿Ello es compatible con las normas en materia de competencia? En caso de que surja un conflicto entre sostenibilidad y competencia, ¿qué aspecto prevalece entonces?

¿Qué medidas puede y va a tomar la Comisión para asegurar la igualdad de trato en todos los Estados miembros y para aclarar a corto plazo las normas que las organizaciones de productores han de cumplir?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(17 de marzo de 2003)

El 14 de enero de 2003, la autoridad de competencia de los Países Bajos (NMA) impuso multas por un valor total de 13 781 millones de euros a ocho comerciantes al por mayor de camarones y a ocho organizaciones de productores, una danesa, tres alemanas y cuatro neerlandesas, del sector de la industria de la pesca de camarones, por haber infringido la prohibición europea y neerlandesa de celebrar acuerdos. El NMA ha probado, en primer lugar, que las organizaciones de productores y los comerciantes mayoristas se pusieron de acuerdo para limitar las capturas de camarones del Mar del Norte y establecer unos precios mínimos. En segundo lugar, el NMA también constató que estos acuerdos se aplicaron en el período comprendido de enero de 1998 a febrero de 2000.

Con respecto a la aplicación de las normas de competencia aplicables a las organizaciones de productores y a las funciones de tales organizaciones, la Comisión cree que las normas a que deben atenerse las organizaciones de productores europeas en materia de competencia son suficientemente claras. La relación entre la aplicación de las normas de competencia y las organizaciones comunes de mercado de acuerdo con las políticas agrícola y pesquera comunitarias queda patente en el Reglamento no 26 del Consejo(1) y en la jurisprudencia pertinente. Las organizaciones de productores forman la espina dorsal de la Organización común de los mercados de productos pesqueros, habiéndoseles confiado la tarea de tomar medidas de regulación del mercado. En el cumplimiento de su misión, deben actuar de conformidad con los objetivos y los procedimientos previstos por la Organización común de mercado. En la medida en que las organizaciones de productores limiten su actividad a esta tarea, no existe ningún conflicto con las normas de competencia.

En cuanto a un posible conflicto con la política de sostenibilidad, la Comisión se remite a la reforma de la Organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura a través del Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999(2). Su objetivo principal es garantizar que la producción y la comercialización de los productos pesqueros tengan en cuenta la necesidad de apoyar la pesca sostenible. Por consiguiente, esta diseñada para incluir medidas que garanticen una mejor adaptación de la oferta a la demanda. Las organizaciones de productores pueden planificar su producción para ajustarla a la demanda, aplicando planes de captura, pudiendo asimismo tomar medidas para estabilizar los precios. Ello está en sintonía con el objetivo central de sostenibilidad de la Política Pesquera Común, una característica que ha venido claramente a acentuar el paquete más reciente de decisiones sobre la reforma de la Política Pesquera Común, que el Consejo aprobó en diciembre de 2002. Como ya se ha indicado más arriba, no se producirá ningún conflicto entre los requisitos de sostenibilidad y las normas de competencia mientras las organizaciones de productores se limiten a actuar dentro de los límites de sus tareas legítimas con arreglo a la Política Pesquera Común. En sentido inverso, las consideraciones de sostenibilidad no pueden utilizarse como argumento para justificar prácticas tales como los acuerdos entre organizaciones de productores y comerciantes al por mayor relativos a precios mínimos y límites de captura, que quedan fuera de las tareas legítimas de las organizaciones de productores en virtud de lo establecido en los instrumentos jurídicos pertinentes y que infringen las normas de competencia comunitarias.

En este contexto, la Comisión no subvencionó en 2002 una cooperación trilateral entre las organizaciones de productores de esos tres Estados miembros. Dicha cooperación fue el tema de un proyecto anterior. La Comisión aprobó la solicitud de fondos para la cooperación entre las organizaciones de productores en 1999, en el marco del programa PESCA. Sólo se pagó un anticipo en el momento en el que el beneficiario de una contribución financiera firmó la declaración. Desde entonces, la Comisión ha informado a los candidatos de que no podía dar su aprobación final al proyecto hasta que no estuviera segura de que los fondos sólo habían servido para llevar a cabo los objetivos del programa de trabajo y que no se habían utilizado para actividades que infringieran las normas de competencia.

Con respecto al problema de la igualdad de trato en todos los Estados miembros, la Comisión desea subrayar su satisfacción por el hecho de que el NMA haya investigado y condenado infracciones del Derecho europeo de la competencia. Esto coincide plenamente con la política de la Comisión de descentralización y modernización de la aplicación del Derecho europeo de la competencia. Como Su Señoría sabrá estos principios fueron los elementos en los que se asentó la recientemente finalizada reforma de las normas de defensa de la competencia europeas.(3) En lo que respecta a las multas impuestas, hay señalar que el NMA las impuso a todas las empresas y organizaciones de productores que participaron en las prácticas descritas, en proporción a su contribución a los efectos de los acuerdos o prácticas prohibidos sobre el mercado neerlandés. Tras la decisión del NMA y habida cuenta de sus otras prioridades de aplicación, la Comisión no tiene intención de incoar otro procedimiento sobre este asunto. Las autoridades de competencia danesas y alemanas también tienen potestad para aplicar los artículos 81 y 82 en sus respectivos territorios. Sin embargo, cada autoridad establece sus propias prioridades de aplicación.

(1) Reglamento no 26 del Consejo de 4 de abril de 1962 sobre aplicación de determinadas normas de competencia a la producción y al comercio de productos agrícolas, DO 30 de 20.4.1962.

(2) DO L 17 de 21.1.2000.

(3) Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, DO L 1 de 4.1.2003.