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PREGUNTA ESCRITA E-0975/01

de Graham Watson (ELDR) al Consejo

(3 de abril de 2001)

Asunto: Cumbre de Estocolmo

Varios informes recientes apuntan a que la Presidencia sueca pretende convertir la cumbre de marzo en la cumbre de los bebés con la intención de corregir la tendencia demográfica de la UE y animar a los ciudadanos europeos a tener más hijos.

¿Qué estudios ha llevado a cabo el Consejo sobre la eficacia de acciones de fomento similares en el pasado? ¿En qué medida cree que el aumento de la tasa de natalidad afectaría a los recursos y al medio ambiente natural de la UE? Por último, ¿de qué forma cree que dicha política se podría compatibilizar con la nueva política común de la UE en materia de inmigración?

Respuesta

(16 de julio de 2001)

El Consejo Europeo de Estocolmo de los días 23 y 24 de marzo de 2001 abordó el reto demográfico del envejecimiento de la población y sus consecuencias para los sistemas de protección social.

Se señaló que el envejecimiento de la población requiere que se definan estrategias claras para garantizar la idoneidad de los sistemas de pensiones, sanitarios y de atención a la tercera edad, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad de las finanzas públicas y la solidaridad entre las generaciones.

El cambio demográfico se examinó en este contexto, pero el Consejo Europeo de Estocolmo no debatió explícitamente la cuestión de animar a los ciudadanos europeos a tener más hijos, por lo que no puede considerarse que ésta haya sido una cumbre de los bebés.
PREGUNTA ESCRITA E-1353/01

de Richard Corbett (PSE) al Consejo

(21 de mayo de 2001)

Asunto: Derechos Humanos en Malasia

¿Está el Consejo al corriente de que la policía malasia detuvo el 10 de abril a los señores Tian Chang Chua, Hishamudin Rais, Sarri Sungip y Abdul Malekhusin basándose principalmente en la Ley de Seguridad Interior?

¿Está el Consejo al corriente de que se han producido estas (y posiblemente otras) detenciones justo antes de la presentación por parte de grupos defensores de los derechos humanos de un memorándum dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos creada hace dos años por el Gobierno Malasio?

¿Cuál es la valoración que el Consejo hace de estos acontecimientos y qué medidas se dispone a tomar?

Respuesta

(27 de septiembre de 2001)

El Consejo está efectivamente al corriente de estas detenciones y ha transmitido al Ministro de Asuntos Exteriores malasio las inquietudes de la Unión en relación con la reciente ola de detenciones.
PREGUNTA ESCRITA E-0438/01

de Andrew Duff (ELDR) a la Comisión

(16 de febrero de 2001)

Asunto: Mercado único

Un ciudadano de la Unión Europea intentó comprar un billete de ida y vuelta Londres-Bruselas para el Eurostar y descubrió que el billete le costaría menos si lo compraba en Bruselas. Eurostar justifica la diferencia de precios por las variables condiciones del mercado en cada país. Sin embargo, cuando se puso en contacto con el servicio de venta de billetes de Eurostar en Bélgica, con la esperanza de comprar el billete y pagarlo con su tarjeta de crédito por vía telefónica, se sorprendió por el hecho de que Eurostar no le enviaría el billete a un destino fuera de Bélgica, a pesar de que estaba dispuesto a abonar el franqueo y el coste del paquete. Dado que no tiene contactos en Bélgica, el ciudadano se vio obligado a adquirir el billete en Inglaterra y, en consecuencia, a pagar un precio más elevado por el mismo servicio.

¿Tiene conocimiento la Comisión de esta situación? ¿Constituye una violación del mercado único? ¿Es legal el comportamiento de Eurostar?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(11 de mayo de 2001)

La Comisión garantiza a Su Señoría su constante preocupación por las prácticas empresariales dirigidas a dividir el mercado único por fronteras nacionales o a discriminar contra los consumidores de determinados Estados miembros.

La pregunta se refiere a una práctica empresarial privada que debe evaluarse a la luz de las normas comunitarias de competencia. En virtud de estas normas, no es ilegal que un proveedor de servicios de transporte aplique precios distintos en mercados distintos, tal como un viaje en distinta dirección en la misma ruta. Tampoco constituye necesariamente una infracción del Derecho comunitario el que una empresa venda un producto idéntico a precios distintos en distintos Estados miembros.

No obstante, la negativa a vender o remitir un billete a un cliente en otro Estado miembro puede ser ilegal en determinadas circunstancias. En especial, Eurostar puede estar infringiendo las normas de competencia si concluye un acuerdo restrictivo con distribuidores independientes de sus servicios, o si existe una práctica concertada que les impida vender billetes fuera de sus Estados miembros. También podría constituir infracción de las normas de competencia que el comportamiento de Eurostar resultase de un acuerdo horizontal con sus competidores o si puede demostrarse que abusa de una posición dominante en el mercado.

Si bien la Comisión no tiene pruebas de tal comportamiento en este caso, estaría interesada en recibir más información al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-1321/01

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(3 de mayo de 2001)

Asunto: Censo general en Grecia

El 18 de marzo de 2001 se llevó a cabo en Grecia el censo general de la población. El cuestionario del Servicio Nacional de Estadística incluía preguntas que constituyen evidentemente residuos de décadas pasadas (por ejemplo, si la vivienda cuenta con WC, etc.), mientras que, por otra parte, presentaba omisiones importantes, pues no se formulaban preguntas sobre cuestiones cruciales como la posesión de automóvil y la utilización de nuevas tecnologías en Grecia (por ejemplo, número de ordenadores por vivienda, acceso a Internet y otras). Al mismo tiempo, se pusieron de manifiesto dudas procedentes de numerosos sectores en cuanto a la limpieza de la organización del censo y, por consiguiente, a la exactitud de los datos que se presentarán en definitiva.

¿Está satisfecha la Comisión en lo que se refiere a la limpieza de la organización del censo así como al cuestionario utilizado por el Servicio Nacional de Estadística para recoger información de la población censada?

Respuesta del SR. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(31 de julio de 2001)

El contenido de un censo general de población y vivienda refleja a menudo una combinación entre la necesidad de datos nacionales, recomendaciones internacionales y, en el caso de un Estado miembro, de la necesidad de datos comunitarios, expresada en el Programa Comunitario de Censos. La Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat) no se halla en la posición adecuada para juzgar si el censo de Grecia de 2001 satisface las necesidades de datos nacionales del citado país. No obstante, debería tenerse en cuenta que realizar un censo de carácter general resulta una operación enorme y extremadamente costosa. Por tanto, los contenidos de los censos suelen limitarse a las variables estructurales realmente básicas de la población y condiciones de vivienda, siendo los datos necesarios a un nivel regional muy detallado o a un nivel de clasificación detallado. La obtención de un espectro más amplio de variables se realiza por lo general mediante encuestas por muestreo, que permiten recopilar una gran variedad de datos a un coste asequible.

En lo que respecta al cuestionario, el contenido del censo general de Grecia sigue fielmente las directrices de las recomendaciones realizadas por la Comisión Económica para Europa de las naciones Unidas (CEPE/ONU)-Eurostat para los censos de 2000 sobre población y vivienda en la región de la CEPE y del programa comunitario para los censos de población y vivienda de 2001, tal y como acordó

el Comité del Programa Estadístico y publicó Eurostat bajo el título Orientaciones y programa de trabajo para el programa comunitario de censos de población y vivienda 2001.

En lo que se refiere al grado de exhaustividad del censo griego, todavía no se dispone de información. No obstante, se sabe que el Instituto Nacional de Estadística de Grecia ha previsto llevar a cabo una encuesta de verificación del censo para revisar su cobertura. Durante los próximos meses deberán estar disponibles los resultados de este ejercicio de control de calidad.
PREGUNTA ESCRITA E-0812/01

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(19 de marzo de 2001)

Asunto: Mercado negro de animales de compañía en la UE

En la actualidad, el mercado negro de animales de compañía en y entre los Estados comunitarios sigue operando sin ningún control ni ninguna garantía sanitaria para animales y compradores. En la comunidad autónoma de Valencia (España), la asociación de criadores y comerciantes del sector (Grecoacom) ha denunciado recientemente que un 70 % de las ventas de animales de compañía se realiza de forma ilegal ante la pasividad de la Generalitat valenciana (autoridad competente).

La mayor parte de los animales que entran en este comercio negro no cuentan con controles sanitarios ni han pasado por los preceptivos procesos de desparasitación, además de haber sido criados en lugares que no se adaptan a sus necesidades fisiológicas.

En este sentido, cabe destacar que la Unión Europea cuenta con un vacío legal en este campo. La legislación comunitaria vigente se ocupa del traslado de los animales domésticos entre países, su utilización en pruebas de cosmética o el comercio de animales exóticos, pero no tiene instrumentos para frenar el mercado negro existente y que se demuestra a través del ejemplo valenciano arriba aportado.

¿Tiene la intención la Comisión de elaborar una Directiva sobre las condiciones de venta y control sanitario de los animales de compañía en la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(11 de junio de 2001)

Los intercambios intracomunitarios de animales de compañía entran dentro del ámbito de diferentes normativas veterinarias definidas en el Anexo A de la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización del mercado interior(1).

Dicha normativa comunitaria establece que estos animales deben someterse a una serie de controles veterinarios cuando sean objeto de intercambios y ventas intracomunitarios.

La responsabilidad de la aplicación diaria de la normativa comunitaria recae en los Estados miembros. Por definición, los mercados negros son ilegales al amparo de las disposiciones nacionales. En consecuencia, la Comisión no tiene intención de adoptar medidas normativas adicionales en este sector.

(1) DO L 224 de 18.8.1990.
PREGUNTA ESCRITA P-0345/01

de Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) a la Comisión

(6 de febrero de 2001)

Asunto: Injerencia de las sociedades de distribución alimentaria en procesos políticos

La sorprendente injerencia de la cadena alimentaria suiza MIGROS en el proceso social que vive la región hortofrutícola de Almería, España, ha producido una especial reacción de rechazo por parte de los colectivos empresariales de la referida región agrícola, que han recibido cartas de la conocida empresa suiza amenazando con romper las relaciones comerciales si no mejoran las condiciones de los inmigrantes.

Tan sorprendente reacción de una empresa comercial en un debate que ya ha sido superado, tras determinados incidentes de adaptación de un determinado colectivo de inmigrantes en la mencionada región agrícola de Almería, amenaza con ser un muy peligroso antecedente de injerencia de empresas comerciales en determinados conflictos sociopolíticos que pueden suscitarse en cualquier ámbito agrícola de la geografía comunitaria.

¿Entiende la Comisión que deba manifestar sus consideraciones para impedir tales injerencias como la de MIGROS, que se ha dejado llevar por la intromisión de un colectivo, como el Foro Cívico Europeo, que desea favorecer los intereses agrícolas de los países del este europeo?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(13 de marzo de 2001)

Es obvio que a la Comisión no le corresponde interferir en las decisiones de tipo comercial de las empresas privadas.

Dichas empresas tienen por supuesto libertad a la hora de aplicar consideraciones sociales, medioambientales o cualquier otro tipo de criterios éticos en sus políticas comerciales, incluyendo en lo relativo a sus adquisiciones. Las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, que fueron revisadas el año pasado y ratificadas por todos los miembros de la OCDE a nivel ministerial, promueven de hecho que se apliquen las mejores prácticas empresariales en este ámbito. La Comisión apoya por completo el fomento de dichas directrices como medio de alentar un comportamiento cívico por parte de las empresas.

Su Señoría recordará sin duda que las instituciones están comprometidas en mantener un tratamiento justo (económico, social y cultural) de todos los nacionales de terceros países que residen de manera legal en el territorio de los Estados Miembros, tal como se afirmó en las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere (octubre de 1999).
PREGUNTA ESCRITA E-0891/01

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(27 de marzo de 2001)

Asunto: Subvenciones al proyecto policial Sensus

En su respuesta a la pregunta P-0009/01(1), el Comisario Erkki Liikanen afirma que la Comisión tiene conocimiento de que el Amt für Auslandsfragen (AfA), que participó tanto en Aventinus como en Sensus a través de su centro experimental de tecnología lingüística, es un organismo gubernamental que informa a la Cancillería de la República Federal de Alemania. Con esta respuesta a la parte 7 de la pregunta, reconoce implícitamente que la Comisión está al corriente de la participación del Servicio de Seguridad del Estado alemán (Bundesnachrichtendienst).

Para evitar cualquier posible malentendido sobre la participación del Servicio de Seguridad del Estado alemán (Bundesnachrichtendienst), en Aventinus y Sensus, ¿reconoce la Comisión explícita e inequívocamente que tiene conocimiento de la participación del Servicio de Seguridad del Estado alemán (Bundesnachrichtendienst) en Aventinus y Sensus?

(1) DO C 187 E de 3.7.2001, p. 154.

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(1 de agosto de 2001)

Cuando se produjo la firma del contrato para el proyecto Sensus, los servicios de la Comisión estaban al corriente de que el AfA (Amt für Auslandsfragen) era un centro de experimentación de tecnologías lingüísticas y de que se trataba de un organismo público directamente dependiente de la Cancillería federal alemana. Sin embargo, sólo se informó a dichos servicios del vínculo entre el AfA y el BND (servicio de información alemán) al final del proyecto. En cualquier caso, ningún impedimento jurídico obstaculizaba la participación en el proyecto Sensus tanto del AfA, como del BND.
PREGUNTA ESCRITA P-1445/01

de Joan Colom i Naval (PSE) a la Comisión

(11 de mayo de 2001)

Asunto: Acuerdo de Quebec y relaciones UE-América Latina

Hace unos días ha sido firmado en Quebec un acuerdo para la constitución de una gran zona de librecambio que incluiría a todos los países de América.

¿Puede decir la Comisión cuáles son las implicaciones de este acuerdo para las relaciones políticas y comerciales de la Unión Europea y América?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(10 de julio de 2001)

La Cumbre de Quebec sobre las Américas celebrada en abril de 2001 no dio lugar a una aceleración del proceso de integración de las Américas, sino que más bien confirmó la Declaración de los Ministros de Comercio de 34 países participantes en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), formulada en la reunión que tuvo lugar en Buenos Aires en ese mismo mes con el fin de garantizar que las negociaciones del Acuerdo ALCA estén finalizadas para enero de 2005 y que el Acuerdo entre en vigor en diciembre de 2005 a más tardar.

Las negociaciones del ALCA tienen por objeto seguir liberalizando el comercio en el hemisferio occidental reduciendo los obstáculos al comercio y la inversión para generar crecimiento económico y prosperidad en la región. La Declaración ministerial de Buenos Aires hace hincapié en el compromiso de los países participantes para establecer un régimen comercial abierto y equilibrado y evitar la creación de nuevos obstáculos en el ámbito del comercio y la inversión para los países que no se encuentran en el hemisferio occidental.

Por lo general, la Comisión no se opone a las iniciativas regionales destinadas a incrementar la liberalización comercial, siempre y cuando respeten las normas internacionalmente aceptadas de la Organización Mundial del Comercio, se complementen con el régimen mundial de comercio y no añadan obstáculos al comercio con otros países.

Habida cuenta de la situación actual de las negociaciones del ALCA, en estos momentos no puede efectuarse ningún análisis exhaustivo de los diversos aspectos, lo cual dificulta toda valoración de las posibles repercusiones sobre el comercio entre la Comunidad y los países de la futura ALCA.
PREGUNTA ESCRITA E-2130/01

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(17 de julio de 2001)

Asunto: Cumplimiento de la Directiva 91/321/CEE sobre alimentos para lactantes

La Comisión, en su respuesta a la pregunta PE-1229/01(1), señala que, basándose en la información proporcionada por el diputado, no ve cómo las acciones publicitarias descritas podrían distorsionar la competencia entre las clínicas y los proveedores. Sin embargo, la Ministra belga de Protección del Consumidor, Salud Pública y Medio Ambiente, Magda Aelvoet, en respuesta a una pregunta en la que la senadora Sabine de Bethune pedía explicaciones sobre esta cuestión, comunicaba el jueves 22 de marzo que las campañas publicitarias de los fabricantes de alimentos para lactantes contravenían la Directiva en cuestión.

Los fabricantes de alimentos para lactantes distribuyen muestras gratuitas en las clínicas belgas de maternidad como reclamo publicitario para los alimentos destinados a lactantes. Esta práctica no sólo es ilegal sino también contraria al Tratado CE (por lo que supone de distorsión de la competencia) y se opone al objetivo fundamental del Código de la OMS, sobre todo en lo que respecta al fomento de la lactancia natural por mor de la salud pública. Además, al parecer, las autoridades nacionales, en este caso la Federación belga, no hacen nada para poner fin a este problema.

¿Piensa actuar la Comisión en vista de que las autoridades nacionales incumplen su deber de velar por que la normativa en vigor sea respetada en la Federación belga por las partes interesadas? En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para que los fabricantes de alimentos para lactantes dejen de distribuir muestras gratuitas en las clínicas de maternidad belgas con fines publicitarios? En

caso negativo, ¿cuáles son los argumentos de la Comisión para poder justificar que la distribución gratuita de alimentos para lactantes en las clínicas de maternidad por parte de fabricantes y comerciantes sea conforme a la Directiva 91/321/CEE(2)?

(1) DO C 318 E de 13.11.2001, p. 227.

(2) DO L 175 de 4.7.1991, p. 35.

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(5 de septiembre de 2001)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a su pregunta escrita P-1229/01(1).

Dicha respuesta sigue siendo válida.

(1) DO C 318 E de 13.11.2001, p. 227.
PREGUNTA ESCRITA E-0573/01

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(27 de febrero de 2001)

Asunto: Vulneración del Derecho comunitario relativo a los automóviles de extranjeros y residentes temporales en Grecia

Grecia vulnera la directiva comunitaria relativa al uso de automóviles por parte de ciudadanos extranjeros de la Unión Europea al imponer unos impuestos de matriculación exagerados. También vulnera la directiva comunitaria relativa al uso de automóviles de ciudadanos de la Unión Europea que residen temporalmente en Grecia al no respetar, entre otros, el principio de proporcionalidad de las sanciones, imponiendo multas desorbitadas a residentes temporales que poseen vehículos de uso privado. ¿Qué medidas se propone tomar la Comisión para que Grecia cumpla las exigencias del Derecho comunitario?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(9 de abril de 2001)

Por lo que se refiere a la introducción en Grecia, por ciudadanos europeos, de vehículos procedentes de otros Estados miembros con motivo del traslado de una residencia habitual, la Comisión comparte la opinión de Su Señoría. En efecto, la recaudación de impuestos, por la administración griega, de importes que sobrepasan considerablemente el coste aproximado de los servicios prestados para la matriculación de los vehículos en cuestión, no es compatible con el Derecho comunitario, y más concretamente con la Directiva 83/183/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables a las importaciones definitivas de bienes personales de los particulares procedentes de un Estado miembro(1). La Comisión ha incoado el procedimiento del artículo 226 (ex artículo 169) del Tratado CE contra Grecia por infracción de estas disposiciones.

Por lo que se refiere a la utilización temporal, en Grecia, de vehículos registrados en otros Estados miembros, la Comisión comparte también la opinión de Su Señoría. En efecto, a raíz de peticiones al Parlamento y de que ciudadanos europeos denunciaran una serie de medidas aplicadas por la administración griega y que limitaban la libertad de utilización, en ese Estado miembro, de vehículos matriculados en otros Estados miembros, la Comisión envió a Grecia un dictamen motivado (la segunda etapa formal del procedimiento de infracción con arreglo al artículo 226 del Tratado CE). La violación del principio de proporcionalidad de las sanciones formaba también parte de las quejas enunciadas en el dictamen motivado en cuestión.

La Comisión proseguirá uno y otro procedimiento de conformidad con las disposiciones del Tratado CE.

(1) DO L 105 de 23.4.1983.