PREGUNTA ESCRITA P-1413/00

de Carlos Coelho (PPE-DE) a la Comisión

(3 de mayo de 2000)

Asunto: Mercado interior: validez del certificado de origen en otro Estado miembro

La empresa portuguesa Brimexol decidió instalar en una obra de construcción civil que está realizando en Lisboa un determinado tipo de tubería, procedente de Italia, para la conducción de aguas frías y calientes. El tubo utilizado es de polietileno reticulado PE-X, fabricado por Unidelta Idrosanitaria Savallesse SPA. La marca del tubo es Ultrapex y este va acompañado de una certificación de conformidad de origen emitida por el Istituto Italiano Dei Plastici (organismo italiano autorizado para emitir las certificaciones).

La entidad portuguesa EPAL, encargada de controlar la obra, rechazó este tubo por no estar certificado por el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil. A su vez, esta entidad nacional informó que dicho tubo no podría ser certificado sino que tendría que ser sometido a homologación, de acuerdo con el Decreto-Ley portugués de 7 de agosto de 1951 (Decreto-Ley 38/382, artículo 17).

¿Es compatible esta decisión con el mercado interior? Los productos admitidos en el mercado nacional de un Estado miembro (en este caso, un tubo para la conducción de aguas frías y calientes) provenientes de otro Estado miembro ¿deberán estar sujetos a certificación de conformidad propia del país donde se instalan (especialmente, si el fundamento jurídico es un decreto-ley de 1951), o bastará que tengan la certificación de conformidad emitida por la autoridad oficial del país de origen? ¿Deberá respetarse el principio de reconocimiento mutuo? ¿Concuerda esta decisión con el trabajo que está llevando a cabo la Comisión y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2000)

Los hechos que relata Su Señoría coinciden con los que constituyen el objeto de una queja que acaba de recibir la Comisión.

La Comisión está instruyendo dicha queja con gran diligencia a la luz del principio del reconocimiento mutuo, según lo define la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase sobre todo la sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe, conocida como Cassis de Dijon). Tal y como se ha señalado en las comunicaciones de la Comisión de 15 de junio de 1989, sobre un planteamiento global en materia de certificación y pruebas(1), y de 16 de junio de 1999, sobre el reconocimiento mutuo en el marco del seguimiento del Plan de acción para el Mercado Interior(2), las autoridades nacionales a diversos niveles deben poner en práctica ese principio. En el contexto de las normas de diseño, fabricación y funcionamiento de los productos legalmente fabricados o comercializados en otro Estado miembro, el Estado miembro de destino deberá aceptar los productos que responden a especificaciones técnicas que, aunque son distintas de las prescritas a nivel nacional, permiten sin embargo que se alcance un nivel de protección de la salud o la seguridad equivalente. En lo que respecta a los procedimientos de evaluación de la conformidad de los productos con determinados requisitos fundamentales, el Estado miembro de destino deberá aceptar los documentos facilitados por los operadores tal y como los han expedido los organismos competentes y acreditados del Estado miembro en que se hayan realizado, y no se justifica un doble control si los resultados del control en el Estado miembro de origen satisfacen las necesidades del Estado miembro de destino. En lo relativo a las pruebas y análisis, el Estado miembro de destino deberá tener en cuenta los análisis y pruebas realizados en otro Estado miembro y equivalentes a los que él impone, sin imponer su repetición. Por último, las autoridades nacionales aplican los sistemas de evaluación de las competencias de los organismos encargados de las pruebas y certificación de los productos.

La instrucción de la queja permitirá a la Comisión disponer de todos los elementos necesarios para valorar si se ha respetado en este caso el principio de reconocimiento. Si, al término de esta instrucción, la Comisión constata que no se ha cumplido el principio mencionado, no vacilará en incoar un procedimiento de infracción.

(1) DO C 267 de 19.10.1989.

(2) COM(1999) 299 final.