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PREGUNTA ESCRITA E-1273/97 de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión (11 de abril de 1997)

Asunto: Últimos datos sobre la construcción del tranvía veloz «Casaletto/Largo Argentina» por parte del Ayuntamiento de Roma

En respuesta a la pregunta E-1508/96 ((DO C 356 de 25.11.1996, p. 48. )), la Sra. Bjerregaard, en nombre de la Comisión, anunciaba la posibilidad de una intervención directa de la Comisión ante las autoridades italianas en lo relativo al proyecto de construcción de la «línea C» del metro de Roma.

En efecto, en la pregunta se señalaba que el Ayuntamiento de Roma no había aplicado el procedimiento previsto en la Directiva 85/337/CEE ((DO L 175 de 5.7.1985, p. 40. )) en cuanto a la evaluación del impacto ambiental de dicha obra.

En cambio, en la respuesta a la pregunta prioritaria P-0141/97 ((DO C 186 de 18.6.1997, p. 234. )), la Sra. Bjerregaard, siempre en nombre de la Comisión y respecto de una cuestión análoga, es decir, la construcción de un tranvía veloz por parte del Ayuntamiento de Roma, también incluido en el Anexo II de la Directiva 85/337/CEE, como es el caso de las líneas metropolitanas, no menciona al procedimiento por incumplimiento sobre la base del artículo 169 del Tratado CE por la incorrecta transposición de la directiva en cuestión, mencionada en cambio en el caso de la línea C del metro de Roma. Por otro lado, tampoco se refiere a la posibilidad de una intervención ante las autoridades italianas análoga a la prevista para el caso de la línea C del metro de Roma.

¿Puede explicar la Comisión los motivos por los que se han dado dos respuestas diferentes a dos preguntas aparentemente análogas?

Por último, ¿puede hacer saber la Comisión si se han adoptado o se están adoptando medidas al respecto?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (5 de mayo de 1997)

El procedimiento de infracción basado en el artículo 169 del Tratado CE se refiere a la no transposición de los proyectos del Anexo II de la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente en la legislación italiana. Por lo tanto, se refiere a los dos proyectos citados por Su Señoría: la «línea C» del metro y la línea de tranvía Casaletto/Largo Argentina.

La Comisión intervino ante las autoridades italianas en los dos casos, tanto para la línea de metro como para la línea de tranvía veloz.
PREGUNTA ESCRITA E-0892/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (12 de marzo de 1997)

Asunto: Presencia de amianto en los inmuebles de las instituciones comunitarias

La utilización de amianto en la construcción de los edificios en los que se encuentran las oficinas de las instituciones europeas ha provocado muchas controversias. Tras el cierre del Berlaymont, los análisis encargados por la asociación de padres, a pesar de que la Dirección de Edificios de Bruselas asegurara que no hay amianto en la escuela de Uccle, demuestran que en Bruselas se sigue utilizando el amianto en la construcción.

Se observa que, a pesar de utilizarse en menor cantidad, continúa la producción de amianto, cuya presencia se ha constatado en varios nuevos inmuebles de Bruselas: en el edificio EAS, de las 20 pruebas 13 resultaron positivas; en el REM resultaron positivas 16 de 19; en el RMA 1 de 8, en el MAE de las 11 efectuadas 2 resultaron positivas; en el MON 1 positiva de 17 y en el LEO 7 positivas de un total de 20 pruebas.

¿Qué piensa hacer la Comisión para que se respeten las directivas sobre el control del amianto en la construcción?

¿Cómo piensa intervenir la Comisión para proteger la salud de los ciudadanos y la salud de las personas que trabajan en locales en los que se ha detectado la presencia de amianto?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0892/97 y E-1017/97 dada por el Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (25 de abril de 1997)

El 19 de septiembre de 1983, el Consejo adoptó, a propuesta de la Comisión, la Directiva 83/477/CEE, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo ((DO L 263 de 24.9.1983. )). También por iniciativa de la Comisión, dicha Directiva fue modificada por la Directiva 91/382/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991 ((DO L 206 de 29.7.1991. )).

Estas dos directivas, que incluyen prohibiciones y límites que deben respetarse en relación con el amianto de los edificios, ya han sido transpuestas a las legislaciones de los Estados miembros.

Bélgica ya ha introducido en su legislación, y más concretamente en el Reglamento general para la protección del trabajo, normas iguales o más estrictas que la prevista por las dos directivas citadas. Además de estas disposiciones, un decreto ministerial belga establece la obligación, para todo empresario radicado en territorio belga, de elaborar un inventario del amianto existente en sus instalaciones.

En sus edificios de Bruselas, la Comisión no sólo respeta las disposiciones de ambas directivas, sino también las de la legislación belga, cuando éstas son más estrictas.
PREGUNTA ESCRITA E-1306/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (11 de abril de 1997)

Asunto: Seguridad para los buques pesqueros

En relación con la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un régimen armonizado de seguridad para los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros (COM(96)255 final - 96/0168 SYN) ((DO C 292 de 4.10.1996, p. 29. )) (doc. CES 1392/96/0168 SYN), se considera sumamente importante que, como propone la Comisión, se establezcan normas y requisitos comunes de seguridad para los buques de pesca de eslora igual o superior a 24 metros, como primer paso.

También cabe apoyar la intención de la Comisión de examinar la aplicación de medidas complementarias a las que ya se han establecido para los demás buques existentes y para aquellos de eslora inferior a 24 metros.

¿Puede procurar la Comisión que los estudios estén disponibles antes del 1 de enero de 1998, con objeto de que las nuevas propuestas que la Comisión piensa presentar puedan referirse también a las categorías de embarcaciones mencionadas?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1306/97, E-1307/97 y E-1308/97 dada por el Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (22 de mayo de 1997)

En la exposición de motivos de la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un régimen armonizado de seguridad para los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros ((DO C 292 de 4.10.1996. )), la Comisión señaló su intención de examinar, para los buques pesqueros de eslora inferior a 24 metros, la necesidad de adoptar medidas complementarias a las incluidas en la Directiva 93/103/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a las disposiciones mínimas de salud y de seguridad en el trabajo a bordo de los buques de pesca ((DO L 307 de 13.12.1993. )). La Comisión prevé el inicio de un estudio al respecto en la segunda mitad de 1997.

Las disposiciones de la propuesta de la Comisión otorgarán a los Estados miembros la facultad jurídica de inspeccionar los buques de pesca que enarbolen pabellón de un país tercero y faenen en sus aguas interiores o territoriales o descarguen las capturas en sus puertos con objeto de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad prescritas por esta Directiva. Los medios logísticos para efectuar estas inspecciones tanto en la costa como mar adentro ya están en vigor en el marco de la Directiva 95/21/CE relativa al control del Estado del puerto ((DO L 157 de 7.7.1995. )) y del sistema de control aplicable a la Política Común de Pesca.

Con respecto a la recogida de datos sobre siniestros en buques pesqueros y accidentes de trabajo a bordo de los mismos, la Comisión remite a Su Señoría a su respuesta a la pregunta escrita E-2721/96 del Sr. Pronk ((DO C 105 de 3.4.1997. )).
PREGUNTA ESCRITA E-1016/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (19 de marzo de 1997)

Asunto: Clonación

Los experimentos realizados en laboratorios de Escocia y Nueva Zelanda, si bien han logrado definir una nueva frontera en la investigación en el campo de la biogenética, han abierto el problema de los límites a la hora de censurar la investigación y la experimentación científica. En efecto, aunque la clonación representa una conquista científica importante, ésta necesita ser estudiada, graduada y regulada desde el punto de vista ético, en una sociedad con grandes necesidades adaptadas a unos medios escasos.

Se pide a la Comisión:

1. La creación de un Alto Comité científico que estudia las implicaciones éticas y jurídicas y los distintos resultados que puede producir la clonación genética;

2. Una directiva que apoye las conclusiones de la resolución de 16 de marzo de 1989 del Consejo de Europa, así como los resultados del primer Convenio sobre la bioética aprobado en diciembre de 1996 por esta misma institución, y que prohibía la clonación, tanto humana como animal;

3. Una directiva que imponga límites a la ciencia para que se respeten los valores éticos y se proteja a los seres humanos de las posibles manipulaciones de la ciencia.

Respuesta común a las preguntas escritas E-1016/97 y E-1194/97 dada por el Sra. Cresson en nombre de la Comisión (21 de mayo de 1997)

Como sabe Su Señoría, la reacción de la Comisión ha sido inmediata, recurriendo al grupo de asesores sobre ética de la biotecnología, organismo independiente ante la Comisión, que emitirá dictamen en la materia en el mes de mayo. Es preciso proceder a una reflexión seria sobre las implicaciones éticas de la clonación en general a la luz de las experiencias recientes. El grupo de asesores ha decidido, por otra parte, celebrar una mesa redonda sobre el tema, a la que serán invitados a miembros del Parlamento, servicios de la Comisión, investigadores de alto nivel y las partes interesadas. La Comisión concede todo su apoyo al grupo de asesores en este proceso de diálogo y transparencia.

Por otra parte, la Comisión está estudiando las eventuales implicaciones sobre las políticas comunitarias y las posibilidades de actuar en el marco de sus competencias.
PREGUNTA ESCRITA E-0303/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (13 de febrero de 1997)

Asunto: Zonas elegibles

La dimensión variable de las unidades territoriales administrativas, la falta de estadísticas homogéneas, el carácter obsoleto de algunos datos, la base de cálculo del PIB y la flexibilidad de algunos criterios son todos ellos factores que inciden en la determinación de las regiones y zonas elegibles.

Por lo que se refiere a la determinación de las zonas elegibles para el objetivo no 2, la función de la Comisión se ha visto limitada de manera importante y los criterios básicos han perdido importancia en favor de criterios subsidiarios menos transparentes y difícilmente cuantificables y comparables.

Esta situación, que trae aparejada la multiplicación de zonas elegibles y la superposición de unas zonas y otras, tiene incidencia en la programación, gestión, vigilancia y evaluación del conjunto de las ayudas.

¿Puede indicar la Comisión si tiene o no intención de ampliar sus funciones con respecto a la definición de las zonas elegibles del objetivo no 2?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (7 de abril de 1997)

Efectivamente, los criterios de subvencionabilidad de las zonas industriales en declive incluidas en el objetivo no 2 pueden agruparse en dos categorías; a saber, criterios básicos y criterios complementarios facultativos para los Estados miembros.

Para el primer grupo, los criterios básicos, las estadísticas utilizadas son armonizadas por la Comisión y, por consiguiente, comparables entre los Estados miembros hasta el nivel III de la nomenclatura de las unidades territoriales estadísticas (NUTS), y antes en algunos casos.

El papel de la Comisión en la elaboración de la lista de zonas subvencionables en virtud del objetivo no 2 se redujo a raíz de la revisión por el Consejo de los reglamentos sobre los Fondos estructurales en 1993. Esto explica en gran parte la mayor diseminación geográfica de las zonas subvencionables. En cambio, la Comisión ha procurado que no se produjera ningún solapamiento entre dichas zonas, de conformidad con la normativa vigente.

El tema del futuro papel de la Comisión en este campo se tratará en las negociaciones preparatorias para la adopción de los nuevos reglamentos de los Fondos estructurales.
PREGUNTA ESCRITA E-1002/97 de Miguel Arias Cañete (PPE) a la Comisión (19 de marzo de 1997)

Asunto: Empresarios agrícolas en Portugal

¿Puede la Comisión indicar el número de empresarios agrícolas existentes en Portugal y el número de activos empleados directamente en el sector agrario de Portugal en la actualidad?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0989/97, E-0990/97, E-0991/97, E-0992/97, E-0993/97, E-0994/97, E-0995/97, E-0996/97, E-0997/97, E-0998/97, E-0999/97, E-1000/97, E-1001/97, E-1002/97 y E-1003/97 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión (2 de mayo de 1997)

Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias

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Fuente: Eurostat.
PREGUNTA ESCRITA E-0990/97 de Miguel Arias Cañete (PPE) a la Comisión (17 de marzo de 1997)

Asunto: Empresarios agrícolas en Austria

¿Puede la Comisión indicar el número de empresarios agrícolas existentes en Austria y el número de activos empleados directamente en el sector agrario de Austria en la actualidad?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0989/97, E-0990/97, E-0991/97, E-0992/97, E-0993/97, E-0994/97, E-0995/97, E-0996/97, E-0997/97, E-0998/97, E-0999/97, E-1000/97, E-1001/97, E-1002/97 y E-1003/97 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión (2 de mayo de 1997)

Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias

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Fuente: Eurostat.
PREGUNTA ESCRITA E-1325/97 de James Moorhouse (PPE) al Consejo (10 de abril de 1997)

Asunto: Violaciones de derechos humanos en Túnez

En relación con la resolución sobre violaciones de derechos humanos en Túnez aprobada por el Parlamento Europeo en mayo de 1996 (B4-0606/96) ((DO C 166 de 10.6.1996, p. 204. )) referente al actual y cada vez mayor acoso por parte de las autoridades tunecinas a las personas que defienden los derechos humanos y las libertades públicas en su país, ¿puede el Consejo asegurar que se va a tratar la cuestión de los derechos humanos en las reuniones UE/Túnez en el marco del programa MEDA y que se ejercerá presión sobre Túnez -en el marco de dicho programa- para que Túnez respete sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, libertad de expresión y derechos democráticos?

Respuesta (2 de julio de 1997)

El respeto de los principios democráticos y del Estado de Derecho, así como de los derechos humanos y de las libertades fundamentales constituye, con arreglo a su artículo 3, un elemento esencial del Reglamento (CE) no 1488/96 del Consejo, de 23 de julio de 1996, relativo a las medidas de acompañamiento financieras y técnicas (Meda) para las reformas de las estructuras económicas y sociales en el marco de la colaboración Euromediterránea. Su violación justifica la adopción de medidas adecuadas.

Las orientaciones para los programas indicativos, previstas por el apartado 2 del artículo 5 del mencionado Reglamento, fueron adoptadas mediante la Decisión del Consejo 96/706/CE, de 6 de diciembre de 1996. En los puntos 17 y 18 del Anexo de esta Decisión, se mencionan de nuevo la democratización y el Estado de Derecho como objetivos de las medidas incluidas en el marco del Reglamento Meda.

Por lo que respecta a la posibilidad de plantear la cuestión de los derechos humanos en el marco del programa Meda, la aplicación de este programa, según lo dispuesto en los artículos 9 y 15 del Reglamento (CE) no 1488/96 del Consejo, corresponde, como Su Señoría no ognora, en primer lugar a la Comisión. No obstante, y respetando las competencias respectivas, el Consejo seguirá esta cuestión con atención.
PREGUNTA ESCRITA E-1096/97 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) a la Comisión (21 de marzo de 1997)

Asunto: Cláusula de no discriminación en el Tratado revisado

En relación con la redacción del artículo 62 del Tratado, propuesta por la Presidencia irlandesa de aquel, ¿no piensa la Comisión que exigir la unanimidad ante los problemas de discriminación significará un obstáculo enorme para que la Unión actúe contra tal fenómeno?

La mayoría cualificada, sin embargo, ¿no facilitaría actuaciones comunitarias para superar toda forma de discriminación?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (20 de mayo de 1997)

El artículo 6a del proyecto de reforma del Tratado de la Unión Europea contenido en el addéndum preparado por la Presidencia neerlandesa se refiere a la lucha contra cualquier forma de discriminación.

En el marco de la Conferencia Intergubernamental, la Comisión insiste en la conveniencia de generalizar la votación por mayoría cualificada en todos los ámbitos de naturaleza o contenido no constitucional.

Aun reconociendo el carácter especialmente sensible de las medidas en materia de lucha contra la discriminación, es indudable que la votación por mayoría cualificada facilitaría las decisiones en este ámbito.
PREGUNTA ESCRITA E-1825/97 de Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) a la Comisión (28 de mayo de 1997)

Asunto: Importaciones de productos agrícolas en el país valenciano

El País Valenciano recibe numerosas importaciones de productos agrícolas procedentes de terceros países no miembros de la Unión Europea, tales como vino, arroz, hortalizas, miel, frutos secos, chufa y cítricos, entre otros, los cuales llegan en muchas ocasiones sin pasar ningún tipo de control ni de inspección respecto al cumplimiento de las normas fitosanitarias exigidas por la UE.

Como la Comisión ya sabe, se ha detectado la entrada de diversas cargas de patatas egipcias que no cumplen la normativa, por lo cual persiste el riesgo que ello comporta.

¿Puede informar la Comisión qué tipo de medidas de control análogas se prevén para estos productos importados de terceros países respecto a la aplicación de las normas de calidad que fija la Unión Europea, la normativa fitosanitaria y los índices mínimos de residuos permitidos?

¿Tiene en cuenta la Comisión las repercusiones económicas que están ocasionando dichas importaciones en el mantenimiento de las rentas de los agricultores de la cuenca mediterránea y más concretamente en el campo valenciano?

¿Cómo piensa la Comisión regular efectivamente estas importaciones y compensar a la agricultura valenciana por los daños sufridos por la falta de un control adecuado de las citadas importaciones?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (24 de junio de 1997)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-1726/96 del Sr. Vallvé ((DO C 11 de 13.1.1997. )).
PREGUNTA ESCRITA E-0992/97 de Miguel Arias Cañete (PPE) a la Comisión (17 de marzo de 1997)

Asunto: Empresarios agrícolas en Dinamarca

¿Puede la Comisión indicar el número de empresarios agrícolas existentes en Dinamarca y el número de activos empleados directamente en el sector agrario de Dinamarca en la actualidad?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0989/97, E-0990/97, E-0991/97, E-0992/97, E-0993/97, E-0994/97, E-0995/97, E-0996/97, E-0997/97, E-0998/97, E-0999/97, E-1000/97, E-1001/97, E-1002/97 y E-1003/97 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión (2 de mayo de 1997)

Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias

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Fuente: Eurostat.
PREGUNTA ESCRITA E-1266/97 de Clive Needle (PSE) a la Comisión (11 de abril de 1997)

Asunto: Evaluación de los programas del Objetivo 5b

¿Podría ofrecer la Comisión una evaluación de la aplicación de los programas del Objetivo 5b a la mitad del período 1994-1999, y comentar en particular su aplicación en el Reino Unido en comparación con los demás Estados miembros?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (12 de mayo de 1997)

El Gobierno del Reino Unido, los copartícipes locales y la Comisión están actualmente inmersos en la evaluación intermedia de los programas del objetivo no 5b). Por consiguiente, la Comisión no efectuará ningún tipo de evaluación por separado.

Dado que aún no han finalizado las evaluaciones correspondientes a las once regiones del objetivo no 5b) del Reino Unido, resulta prematuro hacer cualquier tipo de comentario sobre el funcionamiento de los programas del Reino Unido y efectuar un análisis comparativo con otros Estados miembros, cuyas evaluaciones se encuentran asimismo inconclusas.

La Comisión preparará un resumen de las conclusiones de la evaluación intermedia de los Fondos estructurales y debatirá las consecuencias acerca del funcionamiento de los programas en cada comité de seguimiento.

La publicación de los informes de evaluación intermedia para cada región será una facultad discrecional de cada uno de los comités de seguimiento responsables de la aplicación de los programas del objetivo no 5b).
PREGUNTA ESCRITA E-1048/97 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) y Manuela Frutos Gama (PSE) a la Comisión (19 de marzo de 1997)

Asunto: Producción de tabaco y empleo

¿Por qué la Comisión quiere perjudicar con la nueva OCM del tabaco de forma grave e irreparable a 20.000 familias que viven del cultivo del tabaco, sin posibilidades alternativas, en una región con bajo nivel de desarrollo como es Extremadura (España)?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (21 de abril de 1997)

La Comisión es consciente de la importancia social y económica del cultivo del tabaco en algunas regiones productoras, como es el caso de Extremadura en España, y no tiene intención de proponer medidas que perjudiquen a las 20.000 familias de cultivadores, antes bien, el objetivo de la reforma por ella prevista es mejorar las condiciones materiales de éstos favoreciendo la calidad de la producción.
PREGUNTA ESCRITA E-0654/97 de Wilfried Telkämper (V) al Consejo (10 de marzo de 1997)

Asunto: Posición común de la UE sobre Cuba

El texto de la posición común de la UE sobre Cuba de 2.12.1996 ((DO L 322 de 12.12.1996, p. 1. )) presenta divergencias al comienzo del apartado 2:

- En tanto que en la versión inglesa (lengua de las negociaciones) figura la expresión «tentative economic opening... in Cuba», lo que se ajusta a las versiones alemana, española y portuguesa,

- en la versión francesa, por el contrario, figura la expresión, más bien peyorativa, «timide ouverture», apertura tímida, al igual que en las versiones italiana, sueca y danesa.

A la vista de la importancia de dicha posición común y de su operatividad, ¿estaría dispuesto el Consejo a adaptar al texto inglés las versiones divergentes?

Respuesta (16 de junio de 1997)

El Consejo es consciente de las dificultades existentes para garantizar una concordancia perfecta entre las distintas versiones lingüísticas de las decisiones que adopta. Todas estas versiones lingüísticas deben ser tenidas en cuenta si se presenta un problema de interpretación del texto. Dicho esto, el Consejo no comparte la opinión de Su Señoría en cuanto al hecho de que las distintas versiones lingüísticas de la posición común del Consejo sobre Cuba dan lugar a interpretaciones divergentes.
PREGUNTA ESCRITA E-1669/97 de Anita Pollack (PSE) a la Comisión (20 de mayo de 1997)

Asunto: Convenio para combatir la desertización

¿Qué medidas se han tomado para estimular a los Estados miembros a ratificar este convenio que entró en vigor el 26 de diciembre de 1996? ¿Ha sido firmado ya por alguien? ¿Prevé la UE su ratificación?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión (6 de junio de 1997)

El artículo 34 del Convenio de las Naciones Unidas para combatir la desertificación requiere que los Estados miembros y la Comunidad determinen sus responsabilidades respectivas en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo, entre las que figura la ratificación. A 15 de mayo de 1997, diez Estados miembros han ratificado el convenio. Se trata de Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Finlandia, Suecia y Reino Unido. La Comunidad, por su parte, está tramitando el procedimiento de ratificación.