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PREGUNTA ESCRITA E-1290/96 de Antoni Gutiérrez Díaz (GUE/NGL) a la Comisión (31 de mayo de 1996)

Asunto: Fusión de los grupos dedicados a envases de alimentos y bebidas Crown Cork y Carnaudmetalbox

Con fecha 6 de noviembre de 1995, el Comité consultivo sobre operaciones de concentración emitió dictamen sobre dicha fusión ((DO C 86 de 23.3.1996, p. 3.)), y con fecha 14 de noviembre de 1995, la Comisión consideró dicha operación compatible con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo EEE (Decisión 96/222/CE ((DO L 75 de 23.3.1996, p. 38.))).

Ante esta decisión de la Comisión:

1. ¿Puede la Comisión decir quién ha fijado, y por qué, que la nueva sociedad «ceda-venda» cinco fábricas de aerosoles (que no son bebidas ni alimentación): las de Lyon, Reus y Schwedt de CARNAUDMETALBOX y las del Reino Unido e Italia de CROWN?

2. ¿Cuáles son los planes industriales y de productividad I + D y qué efectos se derivarán de ellos en materia de empleos directos (o inducidos) y en qué número de centros de trabajo?

3. ¿Qué reportará hacia los aprovisionamientos de materiales europeos la concentración de poder de compra único? Dichos aprovisionamientos, ¿serán realizados exclusivamente en Europa?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (3 de julio de 1996)

1. Una vez investigada la propuesta inicial de concentración entre Crown Cork & Seal y Carnaud Metalbox, la Comisión concluyó que la operación crearía una posición dominante en el mercado europeo de aerosoles de hojalata. Su Señoría puede hallar las razones de tal conclusión en la Decisión 96/222/CE ((DO L 75 de 23.3.1996. )). Para subsanar esta dificultad, Crown Cork & Seal decidió proponer la venta de cinco fábricas de aerosoles, especificando cuáles eran las fábricas afectadas por esta propuesta. La Comisión consideró que la medida era suficiente para eliminar sus preocupaciones desde el punto de vista de la competencia; en consecuencia, la concentración fue declarada compatible con el mercado común.

2. Todavía no se ha procedido a la venta de las fábricas en cuestión; por lo tanto, se ignoran por el momento los planes de los posibles nuevos propietarios en cuanto a productividad o empleo.

3. En su investigación, la Comisión analizó cuidadosamente los efectos de esta concentración sobre el suministro de materiales, particularmente la hojalata. Se concluyó que la operación no llevará a la creación de nuevo poder adquisitivo. En especial, se observó que, debido a la actual situación del mercado en Estados Unidos, las partes no podrán utilizar los precios estadounidenses contra los proveedores europeos, por dos razones: en primer lugar, una encuesta económica efectuada para la Comisión mostró que la diferencia de precios entre Estados Unidos y Europa no es lo suficientemente importante para constituir un incentivo económico al envío transatlántico de grandes cantidades de productos de estaño. En segundo lugar, se halló que la industria de estaño estadounidense no tiene suficiente capacidad para suministrar a gran escala a clientes no americanos. En vista de estos hechos, no es previsible que se produzca cambio significativo alguno en los patrones y orígenes de los suministros.
PREGUNTA ESCRITA E-1302/96 de Ian White (PSE) a la Comisión (31 de mayo de 1996)

Asunto: Documentos T1

El artículo 356 del Reglamento 2454/93 establece que «las mercancías y el documento T1 deberán presentarse en la Oficina de Destino, que diligenciará los ejemplares del documento T1 en función del control efectuado, devolviendo a la mayor brevedad posible un ejemplar a la Oficina de Partida y conservando el otro ejemplar».

¿Estaría la Comisión dispuesta a considerar la posibilidad de introducir un cambio, según el cual si las mercancías y los documentos T1 se han presentado correctamente en la oficina de Destino y ésta no cumple el reglamento, las multas a que dé lugar esta actuación se impondrían al Estado miembro al que pertenece dicha Oficina de Destino?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (25 de julio de 1996)

La disposición reglamentaria a la cual se refiere Su Señoría impone en efecto a la aduana de destino de una operación de tránsito la obligación de devolver sin demora un ejemplar del documento T1 a la aduana de partida, devolución que debe en principio producirse en un plazo máximo de diez días laborables a partir de la presentación del envío y de los documentos. Este plazo se reduce incluso al día laborable que sigue a la presentación cuando se trata de mercancías para las cuales el recurso a la garantía global está temporalmente prohibido.

Con excepción de los casos de incumplimiento ocasional de los plazos previstos, está claro que un Estado miembro que no adoptase las medidas necesarias para que esta obligación sea respetada por sus aduanas se expone, por parte de la Comisión o de los otros Estados miembros, al riesgo de ver incoar en su contra los procedimientos previstos por el Tratado para conseguir una aplicación correcta del Derecho comunitario. No obstante, en el estado actual del Tratado, solamente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas está habilitado para exigir a un Estado miembro el pago de una multa o de una multa coercitiva y solamente cuando no haya adoptado las medidas impuestas por una sentencia anterior ante el incumplimiento por parte de este Estado miembro de sus obligaciones.

La posibilidad de prever en la legislación derivada un poder de sanción pecuniaria directa contra los Estados miembros que no respeten sus compromisos ha sido previsto por la Comisión con el fin sobre todo de garantizar la transposición y la aplicación correcta de las directivas en relación con la realización del mercado interior. En materia aduanera, el carácter directamente aplicable de la normativa y la división de las tareas entre la Comisión y los Estados miembros han supuesto hasta ahora favorecer la búsqueda de una asociación permanente en la gestión de la unión aduanera y la protección de la frontera exterior. Este enfoque podría a largo plazo cuestionarse si resultara insuficiente para garantizar el buen funcionamiento de la unión aduanera.
PREGUNTA ESCRITA E-1605/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (24 de junio de 1996)

Asunto: Contratación en la DG I-B - Dirección B

¿Cuántos y qué porcentaje de los funcionarios de la Comisión que trabajan en la DG I-B -Relaciones con Latinoamérica- son de nacionalidad española o portuguesa?

¿Es esta situación compatible con el principio contemplado en el código de conducta, según el cual no deberían existir discriminaciones por razones de nacionalidad?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión (15 de julio de 1996)

El personal de la Dirección de América Latina (IB/B) de categoría A y de nacionalidad portuguesa y española es, respectivamente, de 3 y 8 personas. Esta última cifra es idéntica a la del personal de nacionalidad italiana.

El personal de la Comisión es contratado conforme a un procedimiento neutro, de acuerdo con el estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, que estipula en su artículo 7 que «la autoridad facultada para proceder a los nombramientos destinará a cada funcionario a un puesto de su categoría o de su servicio, que corresponda a su grado, mediante nombramiento o traslado, tomando en cuenta únicamente el interés del servicio y sin consideración de la nacionalidad.».

Es sin embargo obvio que los conocimientos lingüísticos desempeñan un papel primordial plan en la lista de competencias profesionales requeridas, especialmente en las Direcciones Generales encargadas de las relaciones exteriores. Así, el personal de la Dirección General IB/B ha de tener un buen conocimiento de la lengua española/portuguesa que son los vehículos de nuestra cooperación con el subcontinente, del mismo modo que puede serlo el inglés para el personal de la Dirección de Asia o el francés para la Dirección del Mediterráneo.
PREGUNTA ESCRITA E-0968/96 de Christine Oddy (PSE) a la Comisión (26 de abril de 1996)

Asunto: Encarecimiento de los medicamentos veterinarios

¿Está informada la Comisión de que la nueva normativa sobre el tipo de medicamentos que pueden recetar los veterinarios ha duplicado el precio de los mismos? Cabe citar como ejemplo el antibiótico general denominado Kephalexin, que cuesta 14,60 £ por cada 100 pastillas, sustituido por una versión veterinaria especial que cuesta 29,37 £ por cada 100 pastillas.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para revisar dicha normativa?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (13 de junio de 1996)

El objetivo esencial de la legislación farmacéutica veterinaria es la protección de la salud pública y animal, sin descuidar los aspectos industriales y económicos que deben tenerse en cuenta en la consecución de este objetivo. La Directiva 81/851/CEE ((DO L 317 de 6.11.1981. )), modificada por la Directiva 90/676/CEE ((DO L 373 de 31.12.1990. )), establece los criterios de calidad, eficacia y seguridad que deben estudiarse en función de la especie animal por tratar. El recurso a medicamentos no autorizados para esa especie animal implica, en efecto, el riesgo de reacciones adversas e ineficacia. Además, en el caso de los animales para producción, el control de residuos de medicamentos en la carne impone la utilización de medicamentos de uso veterinario cuyos límites máximos de residuos han sido ya estudiados. Por tal motivo, la Directiva exige que se dé preferencia a un medicamento de uso veterinario, principio cuya supresión no tiene previsto proponer la Comisión.

La Directiva ofrece la posibilidad de prescribir medicamentos humanos a los animales en virtud del principio «de cascada», es decir, que, cuando no existe ningún medicamento veterinario conveniente y autorizado para la especie animal afectada, se admite el recurso a un medicamento veterinario autorizado para otra especie y, eventualmente, a un medicamento humano. Con la «cascada» se introdujo algo de flexibilidad en la exigencia anterior de prescribir exclusivamente medicamentos de uso veterinario.

Es posible que, en determinados casos, los medicamentos genéricos de uso humano sean menos costosos que las nuevas especialidades veterinarias, en particular, aquellos medicamentos de uso humano cuyo precio está directa o indirectamente influido por los sistemas de seguridad social. Tales diferencias desaparecerán, sin embargo, por el desarrollo del mercado veterinario y la libre competencia.
PREGUNTA ESCRITA E-0859/96 de Stephen Hughes (PSE) a la Comisión (12 de abril de 1996)

Asunto: Relaciones de la Comisión Europea con la Coalición Europea de Energía a partir de Residuos (EEWC)

Habida cuenta de que los días 11 al 13 de marzo de 1996 se celebró en Estocolmo (Suecia) una conferencia de la Coalición Europea de Energía a partir de Residuos (EEWC),

¿Ha concedido la Comisión Europea ayuda financiera para la organización de esta conferencia?

¿Ha concedido la Comisión Europea alguna financiación a la Coalición Europea de Energía a partir de Residuos?

¿Participó algún representante de la DG XI en esta conferencia?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (7 de junio de 1996)

La Comisión está en condiciones de confirmar a Su Señoría que, dentro de su programa de medidas en favor de una mayor penetración de las energías renovables (programa ALTENER), suscribió en 1995 un contrato de gastos compartidos con la Coalición Europea de Energía a partir de Residuos (EEWC), para la organización de un seminario y una visita de unos treinta responsables municipales a una instalación piloto de aprovechamiento de residuos urbanos. Como estaba previsto, el seminario y la visita tuvieron lugar en Estocolmo los días 11 a 13 de marzo de 1996.

Por otra parte, la Comisión tiene a bien precisar que no ha concedido financiación alguna a dicha asociación y que no estuvo representada en dicha actividad.
PREGUNTA ESCRITA E-1472/96 de Kenneth Collins (PSE) a la Comisión (12 de junio de 1996)

Asunto: Decisiones de la Comisión en 1995

Hasta ahora, la Comisión ha comunicado, en su Informe Anual sobre las actividades de la Unión Europea, una lista de los instrumentos legislativos dotados durante el año (por ejemplo, 7335 instrumentos adoptados en 1993 - Informe Anual del mismo año, apartado 1025). No obstante, en su Informe del año 1995, la Comisión omite mencionar esta cifra (apartado 1057).

¿Existe alguna razón que justifique esta omisión?

¿Puede proporcionar la Comisión la cifra exacta?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (15 de julio de 1996)

Por razones técnicas, las cifras relativas a los actos autónomos adoptados por la Comisión en 1995 no pudieron incluirse en el Informe General 1995. Estas cifras son las siguientes: decisiones: 3025, Reglamentos: 2801, dictámenes: 298, directivas: 35 y recomendaciones: 25.
PREGUNTA ESCRITA E-0916/96 de Ian White (PSE) a la Comisión (23 de abril de 1996)

Asunto: Seguridad en el mar

¿Tiene en proyecto la Comisión alguna propuesta legislativa encaminada a exigir que los navíos matriculados en la UE dispongan al menos de dos propulsores para evitar los desastrosos efectos del fallo del propulsor dotado de un solo motor?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (10 de mayo de 1996)

La Comisión ha apoyado los esfuerzos internacionales para reducir el riesgo de fallo de los sistemas de propulsión y maniobra de los buques. Desde su creación en 1995, la Organización Marítima Internacional (OMI) se ha esforzado en mejorar la fiabilidad de dichos sistemas y ha incorporado varias reglas en ese sentido al Convenio para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS), que es aplicable a los buques de pasaje y de carga en viaje internacional.

El Convenio SOLAS de 1974, en su versión enmendada, obliga a las administraciones marítimas nacionales -que son las autoridades competentes para su aplicación- a prestar especial atención a la fiabilidad de los sistemas de un solo propulsor principal para garantizar que es suficiente para que el buque navegue a una velocidad adecuada, especialmente en caso de sistemas poco habituales ((Convenio SOLAS, capítulo II-1, Parte C, Instalacionies de máquinas, regla 26, ¶ 2. )).

En su comunicación «Una política común de seguridad marítima» ((COM(93)66 final. )) de 24 de febrero de 1993, la Comisión, teniendo en cuenta el carácter mundial del transporte marítimo y su importancia para la seguridad y la competitividad, definía una política basada en el principio de garantizar la aplicación adecuada y efectiva de las normas internacionales. Sin embargo, en su comunicación «Hacia una nueva estrategia marítima» ((COM(96)81. )), la Comisión subraya el papel que puede desempeñar la Comunidad para mejorar la seguridad y garantizar la competencia leal en el comercio marítimo internacional.

Dicho lo anterior, la Comisión no tiene previsto presentar ninguna propuesta legislativa que obligaría a los buques matriculados en la Comunidad a llevar como mínimo dos propulsores.
PREGUNTA ESCRITA E-1451/96 de Christine Oddy (PSE) a la Comisión (12 de junio de 1996)

Asunto: Ley de 1995 sobre la discriminación contra los minusválidos

¿Sabía la Comisión Europea que el Parlamento del Reino Unido acaba de aprobar una ley que incorpora los derechos de los minusválidos?

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión Europea para establecer derechos similares para todos los minusválidos de la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (5 de julio de 1996)

La Comisión está bien informada acerca de las nuevas disposiciones legales introducidas por las autoridades británicas a fin de combatir las discriminaciones sufridas por las personas con minusvalías.

En su dictamen de 28 de febrero de 1996 «Reforzar la Unión Política y preparar la ampliación» ((COM(96)90 final. )), la Comisión ha manifestado formalmente su deseo de que se introduzca en el Tratado CE una cláusula general de no discriminación.
PREGUNTA ESCRITA E-1773/96 de Erich Schreiner (NI) a la Comisión (3 de julio de 1996)

Asunto: Derechos de la minoría austriaco-alemana en Eslovenia

La Unión Europea está a punto de celebrar un acuerdo europeo con Eslovenia. Dicho acuerdo debe también garantizar la protección de las minorías en Eslovenia. Si bien es cierto que la Constitución de Eslovenia reconoce a los grupos étnicos de los italianos y los húngaros, y de forma limitada también a los roma y los sinti, no reconoce, sin embargo, a la minoría austriaco-alemana de unas 6.000 a 7.000 personas que viven en su mayor parte en las ciudades de Maribar, Celje y Ptuj en la Baja Estiria y que sobrevivieron a la expulsión y los campos de la muerte en 1945/46. Hasta ahora el Gobierno de Ljubljana sigue sin conceder el estatuto de minoría a este grupo étnico austriaco-alemán, estatuto que se da, por ejemplo, por descontado para la minoría eslovena de Carintia.

¿Qué iniciativas prevé tomar la Comisión Europea para ayudar a la minoría austriaco-alemana de Eslovenia a conseguir el reconocimiento a que tiene derecho como minoría autóctona?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (26 de julio de 1996)

La Comisión se remite a la opinión del Consejo de Europa, que consideró en 1993 que Eslovenia respetaba los derechos de las minorías.

La Comisión, al igual que el Consejo de Europa, considera que las minorías en Eslovenia gozan de la protección de la constitución.
PREGUNTA ESCRITA E-0640/96 de Astrid Lulling (PPE) a la Comisión (15 de marzo de 1996)

Asunto: Acciones del ministerio fiscal italiano contra la oficina de Bruselas de las regiones de Trentino-Alto Adigio (Italia) y Tirol (Austria)

El ministerio fiscal italiano ha iniciado acciones contra la oficina de Bruselas de las regiones de Trentino-Alto Adigio (Italia) y Tirol (Austria), en la que trabajan cuatro personas, por «atentado contra la integridad del Estado» (artículo 241 del Código Penal italiano).

¿Opina la Comisión que la cooperación transfronteriza entre regiones corresponde a los objetivos que persigue en el marco de la política regional?

¿Puede confirmar la Comisión que, por ejemplo, la cooperación a todos los niveles en la zona Sarre-Lorena-Luxemburgo ha contribuido de forma significativa a la realización de programas transfronterizos destinados al fomento de esas regiones?

¿Opina la Comisión que el hecho de que regiones de distintos Estados miembros con fronteras comunes establezcan estructuras administrativas comunes en Bruselas, con el fin de alcanzar una mejor coordinación de sus actividades y una mayor eficacia de sus proyectos comunes en el marco de la política regional, es contrario a la letra y el espíritu de los Tratados y puede ser considerado un atentado contra la integridad territorial de los Estados miembros en cuestión?

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para contribuir a que se informe a los ministerios fiscales en cuestión de los numerosos precedentes de cooperación transfronteriza y para que, en el futuro, puedan evitarse o sobreseerse las acciones como las mencionadas que, ciertamente, no favorecen al proceso de integración europea?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (16 de abril de 1996)

Como complemento a la respuesta a la pregunta escrita E-3107/95 del Sr. Ebner ((DO C 91 de 27.3.1996. )), la Comisión confirma su convicción de que la colaboración entre los entes territoriales de cada lado de una frontera nacional y la cooperación entre estos entes y los agentes socioeconómicos, como por ejemplo las cámaras de comercio, son elementos muy importantes para la consecución de las iniciativas en favor del desarrollo estructural de las regiones fronterizas.

En la medida en que, por lo general, este extremo no afecta a las difusiones del Tratado de la CE, la Comisión no se ha pronunciado sobre la conveniencia o, llegado el caso, la forma elegida de representación de los entes territoriales o de los agentes socioeconómicos regionales en Bruselas.

En numerosas ocasiones, la Comisión ha informado sobre las buenas prácticas de la cooperación transfronteriza, las cuales además se ha ocupado de difundir. Si las autoridades interesadas lo desean, la Comisión está dispuesta a facilitarles explicaciones más concretas sobre las zonas fronterizas a las que se refiere Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-1781/96 de Philippe De Coene (PSE) a la Comisión (3 de julio de 1996)

Asunto: Legislación chipriota en materia de homosexualidad

Chipre es un Estado candidato a la Unión Europea. La Unión Europea ha consignado el respeto del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en el artículo F de su Tratado y es razonable partir de la premisa de que todo Estado candidato a la adhesión también lo respeta. El Código Penal chipriota prohibe los actos homosexuales entre adultos en la vida privada en sus artículos 171, 172 y 173 y prevé en estos casos penas de prisión de 5 a 14 años.

El 22 de abril de 1993, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en el asunto Medinos contra Chipre, declarando en la misma que los artículos del Código Penal chipriota contravenían el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Se ruega a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Ha eliminado Chipre los artículos 171, 172 y 173 de su Código Penal, de manera que el país no contraviene ya el artículo 8 de Convenio?

2. En caso afirmativo, ¿podría facilitar la Comisión información acerca de las modificaciones introducidas?

3. En caso negativo, adoptará la Comisión medidas en el marco de las negociaciones de adhesión para poner fin a este intromisión en la vida privada, a la inseguridad jurídica existente y al incumplimiento constatado del Convenio?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (19 de julio de 1996)

Con respecto a la legislación de Chipre sobre la homosexualidad, la Comisión ha sido informada por las autoridades chipriotas de que tras la decisión del Tribunal europeo de derechos humanos del 22 de abril de 1993 (Medinos contra Chipre) declarando que los artículos 171-173 del código penal de Chipre constituían una infracción del artículo 8 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Ministerio de Justicia y orden público elaboró un proyecto de ley de enmienda que el Consejo de Ministros de Chipre adoptó el 26 de enero de 1995 y que a su vez se presentó a la Cámara de Representantes el 23 de febrero de 1995.

El proyecto de ley se discutió en la comisión jurídica de la Cámara de Representantes pero aún no se había votado en la fecha de la disolución de la Cámara por las elecciones parlamentarias del 26 de mayo de 1996. Las discusiones continuarán cuando el comité reanude sus trabajos en septiembre.