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PREGUNTA ESCRITA E-1173/98

de Ulf Holm (V) a la Comisión

(29 de abril de 1998)

Asunto: Ayudas a la reconversión

¿Puede la Comisión precisar a cuánto asciende el importe de los fondos reservados en el presupuesto para ayudas a la reconversión para los agricultores que desean dejar de cultivar tabaco y pasar a otros cultivos?

¿La línea presupuestaria correspondiente ha recibido más o menos fondos en los últimos tres ejercicios? ¿Piensa la Comisión proponer un aumento o una reducción en el próximo presupuesto?

¿Puede la Comisión informar asimismo del grado de utilización de estas ayudas a la reconversión? ¿Hay diferencias entre los Estados miembros respecto al grado de utilización?

¿Qué cultivos sustituyen habitualmente al tabaco?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(29 de mayo de 1998)

La Comisión puede informar a Su Señoría de que no existe, en el marco de la actual organización del mercado de tabaco bruto, un régimen de ayuda comunitaria a los productores que deseen cesar de cultivar tabaco y emprender otro cultivo.

En el marco de la reforma de la organización del mercado de tabaco bruto que la Comisión ha presentado recientemente al Parlamento y al Consejo(1), la Comisión propone la puesta en práctica de un sistema de recompra pública de cuotas en beneficio de los productores que deseen cesar el cultivo del tabaco.

(1) COM(1998)19 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0685/98

de Amedeo Amadeo (NI) y Salvatore Tatarella (NI) a la Comisión

(10 de marzo de 1998)

Asunto: Seguridad de los aviones de terceros países

En relación con la "Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un procedimiento de evaluación de la seguridad de las aeronaves de terceros países que utilizan los aeropuertos de la Comunidad" (COM(97)55 final. - 97/0039 SYN)(1) y aunque aprobamos la propuesta de la Comisión, ¿no cree ésta que la acción comunitaria no debería limitarse a mejorar la seguridad de los transportes y de los aviones de los terceros países, sino que debería persistir en sus esfuerzos para potenciar las normas de seguridad en toda Europa?

Respuesta del Sr. Kinnock (en nombre de la Comisión)

(12 de mayo de 1998)

La propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un procedimiento de evaluación de la seguridad de las aeronaves de terceros países que utilizan los aeropuertos de la Comunidad constituye sólo un elemento del plan de acción que figura en la Comunicación de la Comisión "Definición de una estrategia comunitaria para mejorar la seguridad aérea"(2). Su Señoría puede remitirse a la citada Comunicación si desea información complementaria sobre las iniciativas propuestas por la Comisión.

(1) DO C 124 de 21.4.1997, p. 39.

(2) SEC(96)1083 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1010/98

de Ernesto Caccavale (UPE) a la Comisión

(6 de abril de 1998)

Asunto: Incumplimiento de la normativa comunitaria por parte del municipio de Nápoles en el sector de los contratos públicos

La Comisión Europea ha incoado un procedimiento por incumplimiento contra Italia en el sector de los contratos públicos. En concreto, la Comisión acusa al municipio de Nápoles de incumplir la normativa comunitaria en la gestión de un contrato público de servicios de recogida de basuras urbanas. El anuncio de licitación pública es incompleto y constituye una violación total de la Directiva 92/50/CEE, relativa a los contratos públicos y servicios. De hecho, se han determinado omisiones evidentes como la falta de cualquier tipo de indicación obligatoria sobre los criterios de selección, la presencia de disposiciones discriminatorias de posibles operadores extranjeros, el retraso con que se puso a disposición el pliego de condiciones, el plazo de presentación de las ofertas, que era inferior respecto del mínimo establecido por la normativa comunitaria.

Por artículos aparecidos en la prensa local se ha tenido conocimiento de algunas irregularidades registradas en el procedimiento de otro contrato público, el de la gestión del patrimonio inmobiliario del municipio de Nápoles. De hecho, la licitación ha sido suspendida por el Tribunal Administrativo Regional de la Región de Campania por haberse previsto parámetros demasiado elevados y discriminatorios, los cuales no garantizan una competencia efectiva en el procedimiento de licitación y habrían terminado por favorecer al actual gestor.

Se pide, por lo tanto, a la Comisión que:

- verifique si el nuevo anuncio de licitación pública para la gestión del patrimonio inmobiliario cumple por fin los requisitos de equidad y regularidad;

- compruebe la regularidad de los procedimientos adoptados en todos los contratos públicos gestionados por el municipio de Nápoles y que determine, en consecuencia, las posibles violaciones del principio de la libre competencia;

- recurra ante el Tribunal de Justicia para que éste imponga al municipio de Nápoles y al Estado italiano el restablecimiento de los intereses legítimos supuestamente lesionados.

Respuesta complementaria

del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(7 de septiembre de 1998)

Se ruega a Su Señoría que facilite a la Comisión la información de que dispone en relación con el contrato sobre la gestión del patrimonio inmobiliario del municipio de Nápoles.

La Comisión no puede verificar la regularidad de los procedimientos de adjudicación de todos los contratos públicos de dicho municipio. Sólo podría incoar con respecto a Italia el procedimiento de infracción previsto en el artículo 169 del Tratado CE en caso de que dispusiera de elementos de prueba suficientes sobre la presencia de una infracción de las disposiciones comunitarias en materia de contratos públicos.
PREGUNTA ESCRITA E-0587/98

de Maria Berger (PSE) a la Comisión

(4 de marzo de 1998)

Asunto: Tenencia particular de armas

En la Directiva 91/477/CEE(1) se establece que la Comisión, dentro de los cinco años siguientes a su fecha de transposición, deberá presentar un informe sobre la situación que ha generado su aplicación y, si procede, propuestas para su modificación. Dicho informe debería haberse presentado antes del 1.1.1998.

¿Cuándo presentará la Comisión ese informe al Parlamento Europeo? ¿Proyecta presentar modificaciones destinadas a endurecer esa Directiva a la vista del creciente número de incidentes acaecidos en los Estados miembros?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(1 de junio de 1998)

El informe de la Comisión sobre la Directiva 91/477/CEE del Consejo de 18 junio 1991 sobre el control de la adquisición y tenencia de armas se concluirá lo antes posible, en cuanto se hayan incluido las recientes medidas de transposición de los tres nuevos Estados miembros.

El segundo punto de la pregunta es objeto de la pregunta E-201/98 del Sr. Hager(2). Se ruega a Su Señoría se remita a la respuesta de la Comisión a esa pregunta.

(1) DO L 256 de 13.9.1991, p. 51.

(2) Ver página 6.
PREGUNTA ESCRITA E-1690/98

de Kirsi Piha (PPE) a la Comisión

(29 de mayo de 1998)

Asunto: Información sobre el programa comunitario Natura

El programa comunitario Natura para la conservación de la biodiversidad en los países miembros de la Unión ha recibido críticas en Finlandia, sobre todo en lo que se refiere a la información sobre el mismo.

¿Cómo ha garantizado la Comisión y cómo piensa velar por las cuestiones relativas a la protección jurídica y el acceso a la información de los ciudadanos en la preparación del programa Natura en los países miembros?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(18 de junio de 1998)

De conformidad con el artículo 4 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 mayo 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, denominada Directiva de hábitats(1), corresponde a los Estados miembros proponer una lista de parajes para la red Natura 2000. El procedimiento de selección de dichos parajes a escala nacional en el marco del establecimiento de la red Natura 2000 puede incluir también la difusión de información y la consulta a los ciudadanos en relación con los parajes que van a proponerse y su valor natural. Asimismo, corresponde a los Estados miembros proporcionar la información pertinente sobre las repercusiones jurídicas previstas para los parajes propuesto para su integración en la red Natura 2000.

La Comisión hace todo lo posible para garantizar la transparencia de sus actividades a la hora de establecer la red Natura 2000. A fin de difundir información sobre las diferentes fases y repercusiones de este procedimiento, tres veces al año se publica un boletín de información especial sobre Natura 2000, que actualmente cuenta con una tirada de 14.000 ejemplares, y que está a disposición de todas las personas interesadas. Por otra parte, la Comisión dispone de una página de Internet sobre conservación de la naturaleza que incluye más información sobre Natura 2000.

(1) DO L 206 de 22.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA P-1097/98

de Marianne Thyssen (PPE) a la Comisión

(30 de marzo de 1998)

Asunto: Discriminación derivada de convenios sobre doble imposición fiscal

Las consecuencias del Convenio sobre doble imposición fiscal firmado entre los Países Bajos y Bélgica el 16 agosto 1971 son, entre cosas, que un neerlandés y un belga que residan en Bélgica, en el mismo municipio, y trabajen en los Países Bajos, en la misma empresa neerlandesa, estarán sujetos a una imposición fiscal diferente. El belga liquidará sus impuestos en Bélgica; el neerlandés, en los Países Bajos, con arreglo a sus respectivos regímenes fiscales.

¿Considera la Comisión que esta diferencia es incompatible con el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad tal como se establece en el artículo 6 y en el apartado 2 del artículo 48 del Tratado CEE?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(2 de junio de 1998)

Su Señoría indica que los trabajadores neerlandeses y belgas con residencia en Bélgica y que trabajen en los Países Bajos reciben un tratamiento fiscal diferente. Afirma que los trabajadores belgas deben liquidar sus impuestos en Bélgica y los neerlandeses, en los Países Bajos.

La Comisión observa que, según la información de que dispone, las disposiciones del convenio fiscal entre Bélgica y los Países Bajos que se refieren a la imposición de los trabajadores (artículo 15) no establecen ninguna distinción basada en la nacionalidad. En efecto, en aplicación de esta disposición los trabajadores fronterizos son tributados en el Estado de residencia independientemente de su nacionalidad, y los demás trabajadores, en el Estado en el que ejercen el empleo.

Únicamente existe diferenciación del Estado de imposición para la función pública (artículo 19). Según esta disposición, en efecto, los neerlandeses que trabajan en la función pública de los Países Bajos, aunque residan en Bélgica, deben liquidar sus impuestos en los Países Bajos, y un belga fronterizo que se encuentre en las mismas condiciones debe hacerlo en Bélgica (a condición de no poseer la doble nacionalidad belgo-neerlandesa).

La Comisión considera que, en el estado actual del Derecho comunitario, esta diferenciación para la función pública no constituye una infracción del Derecho comunitario.
PREGUNTA ESCRITA E-0201/98

de Gerhard Hager (NI) a la Comisión

(11 de febrero de 1998)

Asunto: Endurecimiento de la Directiva sobre el control de la adquisición y tenencia de armas

En los últimos tiempos se han cometido en numerosos Estados miembros terribles "delitos de sangre" con armas.

En vista de dichos sucesos horribles, ¿tiene intención la Comisión de endurecer la Directiva 91/477/CEE(1) del Consejo, de 18 junio 1991, sobre el control de la adquisición y tenencia de armas?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(6 de mayo de 1998)

La Directiva 91/477/CEE relativa al control de la adquisición y tenencia de armas fue adoptada como medida de acompañamiento a la supresión de los controles en las fronteras interiores.

En cuanto a los hechos a los que alude Su Señoría, la Comisión no tiene noticia de que hayan revelado fallos en los procedimientos y formalidades de control instaurados por la Directiva para los desplazamientos intracomunitarios de armas de fuego.

La Comisión recuerda, además, que el artículo 3 de la Directiva autoriza a los Estados miembros a incluir en su legislación una clasificación de las armas más estricta que la prevista por la Directiva. Por último, cabe señalar que en virtud de lo dispuesto en su artículo 2, la Directiva no obsta a la aplicación de las disposiciones nacionales relativas al uso de armas.

Una vez dicho esto, la Comisión tiene previsto examinar, en el marco del informe que elaborará sobre la aplicación de la Directiva, distintos aspectos del funcionamiento y la incidencia de la Directiva. A la hora de efectuar el examen, se tendrán en cuenta las cuestiones relacionadas con el orden público y la seguridad pública.

(1) DO L 256 de 13.9.1991, p. 51.
PREGUNTA ESCRITA E-1426/98

de Kenneth Coates (GUE/NGL) a la Comisión

(11 de mayo de 1998)

Asunto: Rápida propagación de la tuberculosis

¿Es consciente la Comisión de la amplitud y la rapidez con que se propaga la tuberculosis en el sudeste asiático, en Africa, en Europa Oriental y en otros lugares y del número de muertes que ocasiona según señalan los informes de la Organización Mundial de la Salud?

¿Qué medidas está tomando la Comisión para hacer frente a esta emergencia?

¿Qué ayudas facilita la Comisión a la investigación sobre los medios de contener y curar la tuberculosis?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(29 de mayo de 1998)

La Comisión es consciente del incremento de la incidencia de la tuberculosis (TB) y de los factores asociados a este fenómeno, incluyendo unos sistemas sanitarios fragmentados, unas condiciones socioeconómicas deterioradas y unas prácticas inadecuadas que conducen a una resistencia de los microbios.

A través del programa comunitario sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y otras enfermedades transmisibles, la Comisión presta actualmente apoyo a proyectos de vigilancia y respuesta a la TB en los que participan todos los Estados miembros. Dichos proyectos tienen por objetivo mejorar la capacidad de las autoridades de los Estados miembros para luchar contra esta enfermedad.

En el marco de la ampliación de la Comunidad, se ha animado a los países de Europa Central y Oriental aspirantes a la adhesión a que participen en ellos y en otros programas de acción en el ámbito de la salud pública (abiertos a los países de Europa Central y Oriental (PECO), a Malta y a Chipre). La Comisión coopera asimismo en este ámbito con Estados Unidos en el marco del grupo de trabajo Comunidad-Estados Unidos y con organizaciones internacionales, en particular la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial.

Por lo que respecta a la investigación sobre la tuberculosis, Biomed está financiando actualmente 7 proyectos (importe total de 3,25 millones de ecus) relativos al desarrollo de una vacuna, al desarrollo de una nueva generación de fármacos para luchar contra las variedades resistentes a los fármacos que están circulando actualmente y a la epidemiología de la tuberculosis.

El quinto programa marco de investigación ofrece nuevas oportunidades para la investigación de la tuberculosis, puesto que habrá una acción clave sobre enfermedades infecciosas.
PREGUNTA ESCRITA E-1346/98

de Viviane Reding (PPE) a la Comisión

(29 de abril de 1998)

Asunto: Deducciones de seguro de enfermedad en pensiones de jubilación complementarias percibidas en otro Estado miembro

Considerando que la Caja Regional Interprofesional de Pensiones de Vejez francesa aplica índices de descuento para el régimen general de seguro de enfermedad cuatro veces más elevados para los beneficiarios de un subsidio domiciliados fuera de Francia que los que están domiciliados en Francia;

Considerando que dicha práctica constituye una discriminación injustificada de los trabajadores fronterizos domiciliados en otro Estado miembro;

Considerando que la libre circulación de trabajadores constituye una de las libertades esenciales para el buen funcionamiento del mercado común;

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de dicha práctica discriminatoria?

2. ¿Qué medidas ha previsto la Comisión para garantizar la igualdad de trato entre los beneficiarios de pensiones complementarias residentes o no en Francia?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(4 de junio de 1998)

En materia de Seguridad Social, el Reglamento (CE) 118/97 del Consejo de 2 de diciembre de 1996 por el que se modifica y actualiza el Reglamento (CEE) 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) 574/72 por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) 1408/71(1) se refiere al derecho de las personas que se desplazan dentro de la Comunidad a la Seguridad Social y, en particular, a las pensiones. Sin embargo, el Reglamento (CEE) 1408/71(2) sólo es aplicable a los regímenes de pensiones "estatutarias", basadas en una legislación concreta. Los regímenes complementarios de origen convencional, como el que nos ocupa, no dependen del Reglamento (CEE) 1408/71, por lo que no se pueden citar sus disposiciones en este caso. Podemos destacar que en 1998 la Comisión iniciará una simplificación y reforma de las reglas de coordinación de los sistemas de Seguridad Social de los Estados miembros, y entonces se examinará la extensión del campo de aplicación de la coordinación.

El 8 octubre 1997 y como primer paso para superar los obstáculos de la libre circulación con respecto a las pensiones complementarias, la Comisión presentó una propuesta de directiva relativa a la salvaguarda de los derechos de pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia que se desplazan dentro de la Comunidad(3). Esta propuesta de directiva se está discutiendo actualmente en el Consejo; el Parlamento y el Comité Económico y Social ya han emitido dictámenes favorables al respecto.

(1) DO L 28 de 30.1.1997.

(2) DO L 149 de 5.7.1971.

(3) DO C 5 de 9.1.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-1008/98

de Ernesto Caccavale (UPE) a la Comisión

(6 de abril de 1998)

Asunto: Imposición de una contribución a cargo del sector farmacéutico en caso de superación del gasto farmacéutico en 1998

Junto con el proyecto de ley ligado a la regulación de la situación financiera correspondiente al año 1998, el Parlamento italiano ha aprobado una enmienda presentada por el Gobierno según la cual, en el supuesto de que a finales de año se registre un gasto farmacéutico nacional superior a los límites indicados en el apartado 15 del artículo 36 (en la práctica, el 10 % más de los previstos 11,091 billones de gasto), las empresas titulares de la autorización de comercio (o sea, los productores de medicamentos), las empresas distribuidoras (es decir, de venta al por mayor) y las farmacias estarán obligadas a aportar al Servicio Sanitario Nacional una contribución equivalente al 60 % del exceso, debiendo anticipar también, salvo reembolso sucesivo por parte del Estado, el restante 40 %.

A lo anterior hay que añadir que las farmacias ya están obligadas a aportar una contribución porcentual al Servicio Sanitario Nacional (del 3,75 % al 12,5 %) en relación con el precio de los medicamentos dispensados con cargo al Estado italiano en favor de los asistidos.

¿No opina la Comisión que dichas disposiciones, al repercutir en los productores, distribuidores y farmacéuticos la carga de parte del gasto farmacéutico nacional, pueden alterar el balance general de las finanzas del Estado con posibles repercusiones en cuanto al respeto de los criterios de convergencia previstos en el Tratado de la Unión, poniendo indebidamente a cargo del sector privado una carga pública?

Respuesta del Sr. de Silguy En nombre de la Comisión

(13 de mayo de 1998)

Las decisiones sobre financiación del gasto público en sanidad son de plena competencia de los Estados miembros, al igual que, con carácter más general, cualquier otra decisión acerca de la distribución de la carga fiscal entre los contribuyentes.

La contribución mencionada tiene su origen en una cláusula de salvaguardia contenida en el presupuesto, que especifica la forma de financiación de un eventual gasto farmacéutico nacional superior a los límites previstos para los años 1998, 1999 y 2000. En consecuencia, no es seguro que tal contribución deberá efectuarse.
PREGUNTA ESCRITA E-1229/98

de Marie-Paule Kestelijn-Sierens (ELDR) a la Comisión

(29 de abril de 1998)

Asunto: Normativa europea para la restricción de los vuelos nocturnos

El Parlamento Europeo, en el apartado 31 de su Resolución A-0183/97(1) sobre el Libro Verde de la Comisión "Una política futura de lucha contra el ruido", aprobada el 10 junio 1997, solicita que se ponga límite al tráfico aéreo nocturno. Para los grandes aeropuertos, que nada tienen que temer por su posición de cara a la competencia, se ha introducido una franja horaria en la que se permiten los vuelos nocturnos. Como consecuencia de ello, los vuelos nocturnos se desvían cada vez con más frecuencia hacia aeropuertos de menor categoría, que, por motivos económicos, no aplican dichas normas. Las personas que habitan en las inmediaciones de estos aeropuertos más pequeños se ven confrontadas con estos problemas de contaminación acústica nocturna adicional.

¿No considera la Comisión que, ante esta distorsión de la competencia, es necesario armonizar la legislación nacional y regional en relación con las restricciones de los vuelos nocturnos?

Respuesta dada por el Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(29 de mayo de 1998)

La condiciones de ruido varían considerablemente de un aeropuerto a otro, dependiendo de su proximidad a zonas residenciales y del volumen de tráfico. Por ahora, la Comisión no ha previsto una armonización de las normativas nacionales y regionales sobre la limitación de los vuelos nocturnos. Sin embargo, la Comisión va a seguir observando de cerca el desarrollo del mercado en esta área con vistas a reconsiderar la necesidad de una acción a nivel comunitario y al mismo tiempo garantizar que el derecho comunitario se respeta cuando exista prohibición de ruidos.

La Comisión quiere publicar una Comunicación sobre transporte aéreo y medioambiente a finales de año. Los aspectos ambientales en y alrededor de los aeropuertos estarán entre los temas tratados en dicho documento.

(1) DO C 200 de 30.6.1997, p. 28.