PREGUNTA ESCRITA E-3591/02

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(13 de diciembre de 2002)

Asunto: Los paquetes de medidas ERIKA y la Ley de contaminación por petróleo (Oil Pollution Act) adoptada en 1990 por EE.UU.

¿Qué razones tuvo la Comisión, tras el accidente del petrolero Erika, e incluso antes de los sucesivos accidentes ocurridos frente a las costas de Galicia, como los de los buques Polycomander, Aegean Sea, Urquiola y Casón, para no haber incluido en las iniciativas de los paquetes ERIKA las estrictas medidas de garantías financieras y de seguro exigidas a armadores y buques por la Ley de contaminación por petróleo (Oil Pollution Act) adoptada en 1990 por los Estados Unidos y motivada por el accidente del Exxon Valdez, que establece las disposiciones relativas a la correspondiente responsabilidad económica ilimitada, a la garantía de 1 000 millones de dólares que se exige a los armadores y al doble casco de los petroleros que navegan por aguas de aquel país? Ante las lagunas de la legislación europea en la materia, ante la falta de responsabilidad de la UE, ¿podría la Ley de contaminación por petróleo haber provocado de modo perverso una selección negativa, de tal forma que los buques en mejores condiciones abastecen a EE.UU., que desde aquella fecha no ha vuelto a registrar accidentes trágicos, y los peores suministran a los países de la UE, lo cual provoca los conocidos accidentes, entre ellos los ocurridos en Galicia?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(26 de febrero de 2003)

La Comisión comparte los temores de Su Señoría sobre los posibles efectos perversos de la ley americana de 1990 Oil Pollution Act (Ley de Contaminación por hidrocarburos). En efecto, la actuación unilateral de los Estados Unidos implicaba el riesgo de que los buques menos seguros se trasladaran a las aguas europeas. Por esta razón, la Comisión, consciente de este peligro, reaccionó con las medidas de los Paquetes ERIKA I y II.

La Comisión había propuesto concretamente en el marco del paquete ERIKA-II elevar considerablemente el límite máximo de indemnización a las víctimas de contaminación por hidrocarburos mediante la creación de un fondo de indemnización por los daños provocados por la contaminación por hidrocarburos en aguas europeas (Fondo COPE), que debía fijar el límite máximo de la indemnización global a mil millones de euros frente al límite actual de 185 millones de euros(1). Esta medida permitiría indemnizar plenamente a todas las víctimas de una contaminación por hidrocarburos de las aguas de la Unión y agilizar el procedimiento de indemnización.

No obstante, tras el dictamen emitido por el Parlamento en primera lectura, el Consejo no dio curso a esta propuesta por preferir fomentar la creación de un fondo similar a nivel internacional, de manera que la actuación de la Unión en materia de responsabilidad por contaminación se enmarca en los mecanismos internacionales, contrariamente a los Estados Unidos.

En su Comunicación de 3 de diciembre de 2002(2), la Comisión, preocupada por la falta de avances en este ámbito, pidió a los Estados miembros que ratificaran sin más tardar el protocolo por el que se establece un fondo suplementario de indemnización de los daños debidos a contaminación por hidrocarburos, que velaran por que el límite máximo de indemnización se fijara en mil millones de euros y que procurasen que el fondo fuese completamente operativo antes de acabar 2003. También les solicitó que contemplasen sanciones apropiadas a los operadores responsables de una contaminación por razones de negligencia grave.

Además, como ha señalado en varias ocasiones, el fondo internacional complementario sólo constituirá una solución alternativa aceptable al Fondo COPE si el límite máximo de indemnización alcanza la cifra de mil millones de euros por lo menos y si todos los Estados miembros participan desde el principio. Si no es el caso, sería primordial adoptar rápidamente la propuesta inicial de la Comisión de creación de un fondo COPE, en su versión modificada tras recabar el apoyo del Parlamento.

En concreto, la Comisión ya ha empezado a preparar una serie de nuevas disposiciones legislativas destinadas sobre todo a imponer sanciones penales a cualquier persona (es decir, no sólo al armador, sino también al propietario de la carga, a la sociedad de clasificación o a cualquier otra persona interesada) responsable de una contaminación por su negligencia. Se propondrán medidas de lucha contra las actividades (deliberadas) de vertido efectuadas por buques, que completarán medidas sobre la recogida de pruebas y la persecución de los delincuentes. La Comisión desea hacer hincapié en que los autores de estas contaminaciones no pueden eximirse de su responsabilidad escudándose en que contribuyen al FIPOL.

(1) DO C 120 E de 24.4.2001.

(2) COM(2002) 681 final.