PREGUNTA ESCRITA E-0233/97 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) al Consejo (13 de febrero de 1997)

Asunto: Libertades y derechos patrimoniales de los grecochipriotas en la zona ocupada

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia mediante la cual se condena a Turquía por violación de los derechos patrimoniales de la ciudadana grecochipriota Titina Loisidu, a quien se negó todo acceso a su propiedad, situada en la zona ocupada del norte de Chipre, tras la invasión turca de 1974. Al mismo tiempo, el Tribunal rechazó las alegaciones de Turquía de que la Convención Europea de Derechos Humanos no es de aplicación en el caso de la ocupación turca del norte de Chipre, porque, según afirma Ankara, no se ha aceptado aún la vigencia de la Convención.

Habida cuenta de la sentencia del Tribunal, ¿puede indicar el Consejo:

1. si, tras la sentencia del Tribunal, piensa ejercer presión para que se aplique la misma, tanto en el caso Loisidu como en cualquier otro caso similar de violación de derechos patrimoniales por las fuerzas de ocupación,

2. si ejercerá presión para que se permita a Eleni Foká ejercer la docencia en la zona ocupada y acceder sin trabas a la zona libre de Chipre,

3. si intervendrá para lograr la sustitución de otro maestro griego, que ejercía la docencia hasta fechas recientes en la región de Karpasía, pero se jubiló, y las autoridades turcas se niegan a cubrir la plaza vacante, y

4. si ejercerá presión para que se permita a los niños de Karpasía utilizar en clase, sin ningún tipo de trabas, los libros y el restante material que les envía la República de Chipre (los libros de historia o religión nunca llegan a su destino)?

Respuesta (4 de julio de 1997)

El Consejo manifiesta su preocupación respecto de las violaciones de los derechos humanos en Chipre y lamenta las violaciones denunciadas por Su Señoría. Sin embargo, no es competencia del Consejo vigilar el cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Consejo destaca que, dentro de su ámbito de competencias, no escatima esfuerzos en la búsqueda de una solución política justa y viable del conflicto en Chipre. El Consejo está convencido de que dicha solución constituirá la manera más eficaz de relegar al pasado las violaciones de los derechos humanos en ese país.

En lo que se refiere al problema de las personas confinadas, no se han realizado progresos en la aplicación de la recomendación hecha a raíz de la investigación de carácter humanitario efectuada en 1995 por la UNFICYP. El Consejo ha tomado buena nota de la Resolución no B4-0286/97 del Parlamento Europeo y sigue con la máxima atención los esfuerzos de las Naciones Unidad para mejorar las condiciones de vida de las personas confinadas y restaurar sus derechos fundamentales.

El Consejo desea señalar asimismo que el Protocolo Financiero actualmente vigente, firmado en junio de 1995, está orientado a apoyar los esfuerzos encaminados a promover una solución global de la cuestión chipriota. Se ha facilitado un importe de 12 millones de ecus para posibles iniciativas aprobadas de común acuerdo con Chipre, relativas a proyectos que promuevan la adopción de medidas destinadas a fomentar la confianza. Se prevé la puesta a disposición de fondos adicionales para la financiación de programas y proyectos destinados a fomentar el desarrollo de la isla en su conjunto.