PREGUNTA ESCRITA E-0094/03

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(28 de enero de 2003)

Asunto: Proyecto de trasvase del río Castril al canal de Jabalcón (Granada España)

La Asociación para la Defensa y Fomento del Río Castril junto con los presidentes de distintas comunidades de regantes, los propios ayuntamientos de la zona, miembros de la plataforma Castril-Jabalcón y varias organizaciones ecologistas, nos han hecho llegar su oposición al proyecto de conducción de las aguas del río Castril hasta el canal de Jabalcón, presentado por la confederación hidrográfica del Guadalquivir y financiado con fondos europeos. Este proyecto que salió a exposición pública en el año 2000, fue retirado por la fuerte presión social, quedando de manifiesto su inviabilidad. Paralelamente, se presenta otro proyecto denominado Acondicionamiento de márgenes y reforestación en el cauce del río Castril, al cual ya se han presentado más de dos mil alegaciones.

Este proyecto, previsto como obra necesaria en el plan hidrológico nacional, afectaría gravemente a los agricultores de la zona, muchos de ellos dedicados a la agricultura ecológica, afectaría a los espacios naturales, la fauna, la flora y al parque natural de la Sierra del Castril, un ecosistema de gran valor ecológico.

De llevarse a cabo este proyecto de trasvase podrían vulnerarse las siguientes directivas:

a) la Directiva 85/337/CEE(1), modificada por la 97/11/CE(2), relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente;

b) la Directiva 92/43/CEE(3), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión con el fin de garantizar la legislación comunitaria en materia de medio ambiente y concretamente las directivas antes mencionadas?

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(2) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

(3) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 2003)

Es preciso señalar ante todo que la Sierra del Castril ha sido propuesta por las autoridades españolas como lugar de importancia comunitaria en la formación de la red Natura 2000. Asimismo ha sido clasificada de zona de protección especial para las aves con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres(1). En virtud del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a una zona de conservación especial se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. Las autoridades sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.

Por lo que se refiere a la Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE, puede precisarse que el artículo 2 prevé que los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se sometan a una evaluación antes de concedérseles la autorización. Esta condición se aplica a los proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva. El proyecto de trasvase a que se refiere la presente pregunta escrita podría estar comprendido en el anexo I (punto 12) o en el anexo II (punto 10m) según sus dimensiones y características. En el primer caso, la evaluación de impacto ambiental es obligatoria. En caso contrario, el Estado miembro ha de determinar, ya sea en función de cada caso, o conforme a los umbrales o criterios fijados por ese Estado, o bien siguiendo un planteamiento combinado de ambos procedimientos, si el proyecto debe someterse a tal evaluación.

La información que aporta Su Señoría no indica si se ha llevado a cabo un estudio de evaluación de impacto sobre el proyecto denunciado. Por consiguiente, la in formación de que dispone la Comisión no le permite presuponer la existencia de una infracción del Derecho comunitario. Por ello se dirigirá sin dilación a las autoridades españolas para recabar información sobre la eventual aplicación de las Directivas 85/337/CEE y 92/43/CEE en el caso aquí denunciado. De cualquier modo, la Comisión, en calidad de guardiana de los Tratados, adoptará las medidas necesarias para garantizar el respeto del derecho comunitario en este asunto.

(1) DO L 103 de 25.4.1979.