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PREGUNTA ESCRITA E-0768/96 de Ben Fayot (PSE) a la Comisión (1 de abril de 1996)

Asunto: Disposición discriminatoria en la legislación belga sobre los seguros

La ley belga de 27 de marzo de 1995 relativa a la función de intermediario de seguros y a la distribución de seguros, el punto 5 del artículo 10 precisa que el intermediario de seguros debe ser fiador de la conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias belgas de interés general de los productos que ofrece si se trata de contratos de seguros celebrados con empresas de seguros que no sean objeto de un acuerdo en Bélgica».

¿No es discriminatoria esta disposición en el sentido de que sólo contempla los contratos celebrados en libre prestación de servicio? La referencia que se hace al acuerdo obtenido en Bélgica, ¿no es discriminatoria e incluso contraria al principio del «pasaporte europeo» que introducen las terceras directivas?

Además, ¿no constituye esta disposición un obstáculo caracterizado a la libre prestación de servicio en el sentido de que disuade a los intermediarios de seguros establecidos en Bélgica de ofrecer productos de seguros no establecidos?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (13 de mayo de 1996)

La Comisión está examinando actualmente la ley belga de 27 de marzo de 1995 relativa a la intermediación en materia de seguros y a la distribución de seguros.

La Comisión estima que el apartado 5 del artículo 10 de la ley no es conforme al derecho comunitario, y en concreto a los artículos 52 y 59 del Tratado CE. Para ser admitido a registro y autorizado a ejercer la actividad de intermediario en Bélgica, un intermediario de seguros debe garantizar que los contratos de seguros que ofrece, y que son celebrados con empresas de seguros que no sean objeto de acuerdo en Bélgica, son conformes a todas las disposiciones jurídicas y reglamentarias belgas en lo que concierne al interés general. No obstante un intermediario no tiene la obligación de garantizar que los contratos de seguros que ofrece, y que son celebrados con empresas de seguros autorizadas en Bélgica, son conformes a las disposiciones belgas mencionadas más arriba. Por lo tanto, el apartado 5 del artículo 10 es discriminatorio con respecto a las empresas de seguros autorizadas en otros Estados miembros y que operan Bélgica mediante libre prestación des servicios o mediante libertad de establecimiento.

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades belgas para informarlas de su posición y para solicitarles una serie de precisiones al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-0471/96 de Gian Boniperti (UPE) y Antonio Tajani (UPE) a la Comisión (29 de febrero de 1996)

Asunto: Uso de anabolizantes

Teniendo en cuenta la reciente tragedia de un joven culturista romano, fallecido a causa del uso de anabolizantes, que confirma la peligrosidad del consumo de estos productos;

- Considerando que el peligro es aún más evidente en las actividades deportivas no disciplinadas por los organismos deportivos oficiales, en las que reina la subcultura y una peligrosa ignorancia;- Considerando que la legislación italiana no cuenta con normativa alguna contra el uso de sustancias dopantes en las actividades deportivas, y que este vacío debe colmarse, no sólo a nivel nacional, sino al de los países de la Unión Europea;- Considerando que el COI, el CONI y las federaciones deportivas persiguen el dopaje, cosa que no sucede en el ámbito de la legislación ordinaria;

¿No considera necesario la Comisión reprimir el uso de estas sustancias a través de una disposición legislativa comunitaria?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (7 de mayo de 1996)

La Comisión no tiene intención de proponer una legislación específica dirigida a la detección del uso ilegal de sustancias que aumentan el rendimiento de los deportistas.

No obstante, la utilización de drogas en el deporte puede ser contraria a determinadas disposiciones de las directivas comunitarias sobre la armonización de diversos aspectos relativos a los productos sanitarios y medicinales. Esta legislación prohíbe el uso de medicamentos que no hayan sido autorizados a través de un procedimiento de comercialización habitual ((Directiva 65/65/CEE, DO L 22 de 9.2.1965 (cuya última modificación la constituye la Directiva 93/39/CEE, DO L 214 de 24.8.1993). )). Es más, la publicidad de los medicamentos también se rige por disposiciones armonizadas ((Directiva 92/28/CEE, DO L 113 de 30.4.1992. )).

La actividad comunitaria en el ámbito del dopaje en lo que se relaciona con los deportes se basa en la Resolución del Consejo de 3 de diciembre de 1990, sobre la acción comunitaria de lucha contra el dopaje, incluido el abuso de los fármacos, en particular en el deporte ((DO C 329 de 31.12.1990. )), en la que se invitaba a la Comisión a elaborar un código de conducta para luchar contra el uso de drogas en el deporte, que fue aprobada por el Consejo en su Resolución de 8 de febrero de 1992 ((DO C 44 de 19.2.1992. )), en la que se invitaba a los jóvenes, a los padres, a las instituciones educativas y a los atletas a asegurarse de que la participación en actividades deportivas esté libre de dopaje, y a que estos últimos actúen como modelos de conducta. Además, alentaba a los profesionales de la salud, a las personas vinculadas con el deporte (en particular directores deportivos, entrenadores, etc.) y a las organizaciones deportivas a prevenir activamente el dopaje y fomentar un juego limpio, y apelaba a la cooperación entre organizaciones deportivas sobre cuestiones relacionadas con la situación y el control del dopaje.
PREGUNTA ESCRITA E-0911/96 de Christof Tannert (PSE) a la Comisión (23 de abril de 1996)

Asunto: Programas comunitarios para Berlín en 1995 y 1996

1. ¿Qué importes se han concedido, en concepto de ayudas comunitarias, al Estado Federado de Berlín para 1995 y 1996?

2. ¿Qué cantidades se han utilizado hasta ahora?

3. ¿A qué medidas y programas se refieren

a) los importes concedidos,

b) los importes utilizados?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (5 de julio de 1996)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-0284/96 de Pierre Bernard-Reymond (PPE) a la Comisión (15 de febrero de 1996)

Asunto: Situación de los países de la OCDE con respecto de los criterios de Maastricht para la creación de una moneda única

¿Cuál es la situación, a 31 de diciembre de 1995, de todos los países miembros de la OCDE respecto de los cinco criterios que la Unión Europea plantea en el marco del Tratado de Maastricht con vistas a la creación de una moneda única?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión (29 de marzo de 1996)

En noviembre de 1995, la Comisión elaboró un informe sobre la convergencia en la Comunidad. El Cuadro 1 constituye una actualización, en la medida de lo posible, de la situación de los Estados miembros con respecto a los cinco criterios de convergencia. Cabe señalar, tal como se indica al pie del citado Cuadro, que los valores de referencia de dichos criterios no se aplican de manera automática, sino que están sujetos a evaluación. Por lo demás, el Tratado CE (artículo 109 J) exige que a la hora de analizar la convergencia se tomen en consideración algunos indicadores suplementarios, tales como el mercado del ecu, la integración de los mercados, la balanza por cuenta corriente y otros índices de precios.

Cuadro 1: Situación de los Estados miembros en relación con los criterios de convergencia

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Fuente: Comisión

A título indicativo, el Cuadro 2 recoge las mismas variables con respecto a los demás miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). La comparación resulta difícil, dado que son distintos tanto las definiciones de las series estadísticas utilizadas como el grado de actualización de los datos. Esta dificultad afecta, sobre todo, a las series relativas a la hacienda pública. Por último, no se menciona el criterio de los tipos de cambio, dado que los países de la OCDE que no forman parte de la Comunidad no están vinculados por un régimen de cambio.

Cuadro 2: Situación de los demás países miembros de la OCDE en relación con los criterios de convergencia

>TABLE>

Fuente: FMI (Estadísticas financieras internacionales) y OCDE (Principales indicadores económicos). (*) Déficit público de la Administración Central. (**) Deuda de la Administración Central. (1) Índices provisionales de precios al consumo publicados el 29.2.1996; media aritmética de los doce índices mensuales en relación con la media aritmética de los doce índices mensuales del período precedente. (2) Vencimiento medio a diez años, excepción hecha de Luxemburgo y Grecia (aproximadamente 5 años). (3) Fuente: Informe económico anual de la Comisión, COM(96) 86 final, de 6.3.1996. El signo negativo indica un superávit. (4) Inflación: basada en datos trimestrales.
PREGUNTA ESCRITA E-0751/96 de Ian White (PSE) a la Comisión (26 de marzo de 1996)

Asunto: Huesos triturados para carne

La carne recuperada por medios mecánicos se obtiene de esqueletos que han sido descarnados mediante el procedimiento habitual y después se someten a la acción de rodillos de alta presión para extraer los restos de tejido que quedan. La mezcla resultante de tendones, cartílagos, tejido conjuntivo y fragmentos de hueso se tritura obteniendo un purín que se utiliza para engrosar los productos cárnicos, si a esto todavía se le puede llamar carne.

¿Tiene la Comisión algún plan para proteger al consumidor frente a estas prácticas mediante un sistema de etiquetas adecuado?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (15 de abril de 1996)

La Comisión es consciente del problema del etiquetado de la carne recuperada por medios mecánicos que se utiliza en productos cárnicos. Hace unos meses se empezó a discutir este tema con los Estados miembros en el Comité Permanente de Productos Alimenticios. La mayoría considera que en principio se debe informar al consumidor sobre el uso de carne recuperada por medios mecánicos en los productos cárnicos.

Próximamente se tratará de nuevo la cuestión con los expertos en etiquetado de productos alimenticios de los Estados miembros para examinar en detalle la manera más idónea de informar al consumidor sobre el uso de carne recuperada por medios mecánicos.
PREGUNTA ESCRITA E-0439/96 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (29 de febrero de 1996)

Asunto: PYME

En su Resolución sobre una estrategia de empleo coherente para la Unión Europea (A4-0166/95) ((DO C 249 de 13.7.1995, p. 143. )), el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que elaborase un programa especial para la formación en administración de las PYME.

De un estudio llevado a cabo por el Consejo se desprende que existe un conocimiento insuficiente de las reglamentaciones financieras europeas por parte de las PYME y que existen diferencias notables entre los Estados en cuanto al conocimiento de dichas reglamentaciones.

Considerando que las reglamentaciones deben ser conocidas y accesibles para que sean útiles para las PYME, que el período de solicitud de las reglamentaciones financieras de la Unión Europea es a menudo demasiado corto para las PYME, por lo que convendría ampliarlo, y que la Comisión debería dedicar más tiempo a la difusión del conocimiento de los reglamentos en todos los Estados miembros, ¿no cree la Comisión que ha llegado el momento de prestar una atención particular a las PYME y publicar el programa especial destinado a la formación, teniendo en cuenta también que sólo con un compromiso activo por parte de las PYME se podrá incidir en el empleo, de manera que éste aumente progresivamente en el conjunto de la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (9 de abril de 1996)

La Comisión invita al Sr. Diputado a remitirse a la respuesta a la pregunta escrita E-3190/95 del Sr. Hernández Mollar ((DO C 161 de 5.6.1996, p. 8. )).

Además, la propuesta de la Comisión sobre un programa plurianual (1997-2000) en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) ((Doc. COM(96)98 final. )) se dirige a mejorar el entorno financiero y hará posible tras su adopción poner en marcha acciones de alcance limitado en el ámbito de la formación, sobre todo en favor de las mujeres empresarias.
PREGUNTA ESCRITA E-0711/96 de Anita Pollack (PSE) a la Comisión (26 de marzo de 1996)

Asunto: Exterminación de focas en Canadá

¿Sabe la Comisión que el Gobierno canadiense ha decidido autorizar este año la matanza de 250.000 focas de Groenlandia y focas de capucha; a menudo el método utilizado es cruel y contraviene las condiciones estipuladas por la legislación canadiense relativa a los mamíferos marinos, a pesar de que muchos expertos en biología marina sostienen que el exceso de capturas es responsable de la disminución de las reservas de focas?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (11 de abril de 1996)

La Comisión está al corriente de las medidas de gestión adoptadas por el Gobierno canadiense en diciembre de 1995, que incluyen la autorización de captura de 250 000 focas de Groenlandia para la temporada atlántica de 1996. El contingente de años anteriores ha sido de 186 000 focas, y el número real de animales sacrificados se sitúa en torno a los 60 000 anuales. La Comisión no tiene conocimiento de que se haya incrementado el contingente autorizado de capturas de focas de capucha.

En cuanto a la crueldad a que hace referencia Su Señoría, el Ministro canadiense de pesca y océanos ha asegurado que esta actuación se llevará a cabo de forma humanitaria, responsable y acorde con la normativa vigente, que prohíbe la captura de focas blancas con fines comerciales y su caza para uso personal. Las importaciones en la Comunidad de pieles y productos de la foca blanca están prohibidas desde 1983 en virtud de la Directiva 83/129/CEE del Consejo ((DO L 91 de 9.4.1983. )).

La Comisión no tiene noticia de que estén disminuyendo las reservas de focas por exceso de capturas. Por el contrario, los científicos canadienses calculan que dichas reservas ascienden a 4,8 millones, con un incremento anual de 250 000 animales. Se afirma incluso que esta elevada cifra está retrasando la recuperación de algunas reservas de peces.
PREGUNTA ESCRITA E-0885/96 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) a la Comisión (17 de abril de 1996)

Asunto: Comités de empresa europeos

El 22 de septiembre de 1996 concluye el plazo para la transposición a las legislaciones nacionales de la Directiva 94/45/CE ((DO L 254 de 30.9.1994, p. 64. )) del Consejo de 22 de septiembre de 1994 sobre los Comités de empresa de dimensión europea.

¿En qué fase se encuentra esa transposición en los diferentes Estados de la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (15 de mayo de 1996)

En Noruega ((País afectado por la Directiva 94/45/CE con arreglo al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. )) y en Bélgica, los interlocutores sociales a escala nacional han celebrado acuerdos sobre las modalidades de transposición de la Directiva 94/45/CE, que todavía precisan leyes de ampliación relativas a los puntos no regulados por los interlocutores sociales.

En Italia, en Portugal y en Islandia1 los interlocutores sociales negocian en la actualidad un acuerdo relativo a la transposición de la Directiva.

En Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, los Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y Noruega ya se han presentado proyectos de ley ante los respectivos parlamentos nacionales, o se presentarán en las próximas semanas.

En Grecia, Luxemburgo y Liechtenstein1 se están preparando proyectos de ley.
PREGUNTA ESCRITA E-0638/96 de Peter Pex (PPE) a la Comisión (15 de marzo de 1996)

Asunto: Codificación y traducción de emisiones de televisión de «Europe by satellite»

«Europe by satellite» difunde en directo, de lunes a viernes, información sobre las conferencias de prensa, las reuniones y visitas, las actividades y todas las sesiones plenarias del Parlamento Europeo. Dichas emisiones se pueden captar a través de EUTELSTAT II mediante un descodificador.

En relación con dichas emisiones, surgen dos cuestiones que no respetan la plena información a los ciudadanos de la UE:

1. ¿Por qué no puede captar dichas emisiones cualquier ciudadano de la Unión Europea, sin descodificador?

2. ¿Por qué no se han previsto ni traducción ni subtítulos en neerlandés?

Considero que esta situación es contraria a la obligación de la Unión Europea de informar debida y plenamente a sus ciudadanos acerca de cualquier asunto europeo. Además, la Unión Europea contradice su propia política si no se respeta plenamente la diversidad lingüística y el plurilingüismo en la Unión Europea, dado que el Consejo, por lo que se refiere al plurilingüismo, ha aprobado una resolución según la cual el ciudadano sólo va a apoyar una Europa integrada si dispone de la garantía de que todos los idiomas de la UE son iguales y que todas las personas tienen el mismo acceso a la información ((DO C 207 de 12.8.1995, p. 1. )). ¿Comparte la Comisión este razonamiento?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión (6 de mayo de 1996)

1. Europa por Satélite (EpS) está destinado al beneficio de las personas que trabajan en los medios de comunicación. La función de la Comisión no es transmitir al público en general, sino dar a los medios de comunicación un acceso completo y libre a la información sobre la Comunidad, para que puedan adaptarla a sus respectivas audiencias televisivas. Las emisiones de EpS con noticias y sesiones de instituciones comunitarias se transmiten descifradas, con excepción de las informaciones a la prensa en la sala de prensa de la Comisión, destinadas a los periodistas acreditados en Bruselas.

2. EpS se transmite por un canal vía satélite que cuenta con cuatro canales de sonido. En general, estos canales son, aparte de la lengua original (que puede ser cualquiera de las once lenguas oficiales), francés, inglés y alemán. Por ello, se debe únicamente a razones técnicas el que de momento sólo se ofrezcan cuatro canales de sonido.
PREGUNTA ESCRITA E-0452/96 de James Moorhouse (PPE) a la Comisión (29 de febrero de 1996)

Asunto: Derecho de sufragio activo de los ciudadanos de la UE en Francia

¿Puede la Comisión explicar la razón por la que aparentemente se ha desatendido del incumplimiento por parte del Gobierno francés del artículo 8 B del Tratado de Maastricht en relación con las elecciones cantonales?

Este artículo dispone que un ciudadano de la Unión Europea que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en el Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (2 de abril de 1996)

En virtud del procedimiento del artículo 169 del Tratado CE, la Comisión ya ha comunicado al gobierno francés la necesidad de incorporar al derecho nacional la Directiva 94/80/CE ((DO L 368 de 31.12.1994. )), de 19 de diciembre de 1994, por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales.
PREGUNTA ESCRITA E-0176/96 de Kenneth Coates (PSE) a la Comisión (1 de febrero de 1996)

Asunto: Protección medioambiental - El efecto acumulativo de la minería a cielo abierto

¿Cómo se puede garantizar la aplicación del requisito de que el efecto «acumulativo» de las instalaciones esté sujeto a un estudio de impacto medioambiental (85/337/CEE) ((DO L 175 de 5.7.1985, p. 40. ))?

¿Qué investigación u otra información posee la Comisión sobre este tema, en particular en lo que respecta al efecto acumulativo sobre el medio ambiente local de diversas minas de carbón a cielo abierto distintas en una localidad concreta?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (11 de marzo de 1996)

La Directiva 85/337/CEE impone la obligación de realizar estudios de evaluación ambiental siempre que un proyecto pueda tener efectos importantes sobre el medio ambiente por razones tales como su naturaleza, envergadura o ubicación (artículo 2). Cada proyecto debe considerarse en relación con las condiciones medioambientales de la zona concreta en la que esté prevista su realización. Por tanto, las condiciones medioambientales existentes, incluidas las derivadas de proyectos similares en la zona, deben tenerse en cuenta para decidir si la Directiva es aplicable al proyecto de que se trate. Si lo es, la Directiva exige que se lleve a cabo la evaluación, según cada caso concreto, de los efectos directos e indirectos del proyecto, incluidos los efectos acumulativos (artículo 3 y Anexo III). Siempre que se haya determinado que la Directiva es aplicable atendiendo a ese análisis, su aplicación puede asegurarse con los mecanismos establecidos por el Estado miembro en las normas de desarrollo correspondientes.

En la actualidad la Comisión no dispone de ningún estudio pertinente sobre el efecto acumulativo de varias minas a cielo abierto. No obstante, la Comisión reconoce la necesidad de que los estudios de impacto ambiental de los Estados miembros traten en mayor medida de las consecuencias indirectas y acumulativas de los proyectos, así como de las interacciones entre ellas, y está considerando la posiblidad de elaborar un estudio al respecto. Además, la Comisión está considerando una propuesta de directiva sobre evaluaciones medioambientales estratégicas que, de acuerdo con el proyecto actual, abarcará los planes y programas en el sector de la extracción minera. En relación con esta propuesta se están preparando varios estudios de casos reales en los que se tratará, entre otras cosas, de la evaluación de los efectos acumulativos.