PREGUNTA ESCRITA E-3282/01

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(27 de noviembre de 2001)

Asunto: Contaminación medioambiental en San Claudio (Oviedo-Asturias)

La Agrupación medioambiental de San Claudio Aire Limpio (Amascal) ha denunciado ante diferentes administraciones asturianas la contaminación del aire y el suelo que produce la empresa Indasa, instalada en San Claudio, municipio de Oviedo (Asturias). Esta empresa utiliza en su horno de fundición, chatarra, restos de pintura, tinta y aceites lubricantes, todos ellos considerados residuos peligrosos. La contaminación del aire y del suelo por metales pesados (plomo, cadmio, etc.,) que genera dicha empresa situada a unos 300 metros del núcleo denso de la población, infringiendo la normativa española donde se establece que este tipo de industrias ha de estar a más de 2 000 metros de las zonas habitadas, hace temer a los vecinos por su salud y por el futuro de la zona en la que viven.

En 1966 la Unión Europea adoptó una Directiva marco con objeto de aumentar la calidad del aire y también existe legislación comunitaria sobre límites máximos nacionales de emisión. Por

otra parte, por lo que se refiere a los residuos, la Directiva 75/442/CEE(1) que fija los principios de base relativos a la recogida, eliminación, reutilización y tratamiento de éstos, ha sido completada por la Directiva 78/319/CEE(2) relativa a la eliminación de los residuos tóxicos y peligrosos.

En este caso pudieran ser de aplicación las siguientes Directivas:

- Directiva 1999/30/CE(3), relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente;

- Directiva 82/884/CEE(4) y sus modificaciones, relativa al valor límite para el plomo contenido en la atmósfera;

- Directiva 88/609/CEE(5) y sus modificaciones, relativa a la limitación de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión;

- Directiva 96/62/CE(6), sobre evaluación y gestión del aire ambiente.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión en el caso que nos ocupa, para garantizar la correcta aplicación de la legislación comunitaria vigente?

(1) DO L 194 de 25.7.1975, p. 39.

(2) DO L 84 de 31.3.1978, p. 43.

(3) DO L 163 de 29.6.1999, p. 41.

(4) DO L 378 de 31.12.1982, p. 15.

(5) DO L 336 de 7.12.1988, p. 1.

(6) DO L 296 de 21.11.1996, p. 55.

Respuesta complementariade la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(3 de junio de 2002)

Las autoridades españolas (Comunidad Autónoma de Asturias y Ayuntamiento de Oviedo) han remitido sus observaciones e información en respuesta a la carta de la Comisión sobre la actividad de la empresa Indasa y el cumplimiento del Derecho comunitario medioambiental que podría aplicarse en este caso.

Del examen de la información proporcionada se deduce que la empresa Indasa consiguió del ayuntamiento de Oviedo una autorización para llevar a cabo una actividad industrial de fundición para el reciclaje de aluminio. Esta autorización está sujeta al cumplimiento de distintas condiciones y se obtuvo tras diversos trámites administrativos ante las autoridades.

Las autoridades españolas informan de que, a raíz de las denuncias de los vecinos y de las inspecciones efectuadas, se ha constatado que la actividad de la empresa en cuestión no correspondía exactamente a la autorización concedida. Las autoridades españolas comunican que el Ayuntamiento de Oviedo ha exigido a la empresa la adopción de una serie de medidas y que dicha empresa está haciendo las gestiones necesarias para legalizar su actividad y cumplir la normativa vigente sobre emisiones a la atmósfera.

Por otra parte, conviene precisar que la cuestión de la distancia entre la instalación citada y los centros habitados es competencia de las autoridades nacionales al no estar regulada por el Derecho comunitario.

En cuanto a la aplicación de la Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación(1), hay que señalar que aunque se recoge esta instalación en el apartado 2.5 del anexo I de la Directiva, el artículo 5 de la Directiva 96/61/CE contempla un régimen de transición para las instalaciones existentes.

En cualquier caso, la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, tomará las medidas necesarias para garantizar el respeto del Derecho comunitario en estos casos.

(1) DO L 257 de 10.10.1996.