PREGUNTA ESCRITA E-3004/02

de Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) a la Comisión

(23 de octubre de 2002)

Asunto: Seguridad jurídica de la víctima, libertad de circulación y víctimas de violación en la UE

Una ciudadana finlandesa describió una experiencia vivida en Grecia durante un viaje turístico realizado en 1999. La víctima de una violación logró ver la matrícula del coche

del agresor y se la comunicó a la policía esa misma noche. El examen realizado por un médico griego confirmó la violación sufrida. Al día siguiente, se volvieron a analizar los hechos ante el juez instructor y se redactó un acta del interrogatorio en lengua griega con ayuda de un intérprete. La víctima no recibió una copia del pliego de acusación o del acta de investigación. En febrero de este año, la víctima recibió una citación judicial, pero la acusada era la propia víctima por haber presentado una falsa denuncia. El agresor había sido declarado inocente de los cargos en octubre de 2000 sin que la víctima fuera informada de tal circunstancia, por lo que no tuvo oportunidad de recurrir. En abril, la víctima fue declarada culpable de falsa denuncia y condenada a 20 meses de prisión incondicional. Se trata de un suceso aislado, pero cabe suponer que refleja la práctica reinante.

¿Constituye la diferencia de prácticas jurídicas entre los Estados miembros un obstáculo tal a las libertades de los ciudadanos acordadas en la UE que, en la práctica, no es posible disfrutar de esas libertades? ¿Cómo podría mejorarse la situación de las víctimas de violación mediante medidas comunes en la UE?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(9 de enero de 2003)

1. Sobre la base de la información proporcionada por Su Señoría, parece que se ha violado el derecho a la defensa de la mujer implicada en el caso, establecido en el apartado 3 del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y en el apartado 2 del artículo 48 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, y que esa señora tendría motivos de acción ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de acuerdo con los hechos descritos. El apartado 3 del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) establece el derecho a ser informado de la naturaleza y la causa de la acusación, a disponer del tiempo necesario para la preparación de la propia defensa, a defenderse personalmente o a través de un abogado, a examinar a los testigos de la acusación y, finalmente, a disponer de la ayuda gratuita de un intérprete. La Comisión está preparando una iniciativa que se espera permita establecer unas normas mínimas comunes en materia de garantías procesales de los demandados, en los procedimientos penales en toda la Unión. En enero de 2003 se publicará un Libro Verde sobre el tema y para diciembre de 2003 está prevista una propuesta de decisión marco.

2. La violación de derechos fundamentales, tales como el anteriormente descrito, pueden, en ciertos casos, tener un efecto negativo sobre el ejercicio por los ciudadanos de la Unión de su derecho a la libre circulación en el conjunto de su territorio, por lo que conviene abordar el problema de cómo asegurarse mejor de que los Estados miembros respetan los derechos fundamentales.

3. Por lo que se refiere a los derechos de las víctimas, la Decisión marco del Consejo 2001/220/JAI, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal(1) mejorará muchísimo la situación de todas las víctimas de delitos en la Unión, incluidas las víctimas de violación. El objetivo de la Decisión marco consiste en establecer determinados requisitos para que los Estados miembros mejoren los servicios que ofrecen a las víctimas del crimen. Entre las mejoras sugeridas se incluye el informar mejor a las víctimas de un delito, el reconocimiento de su papel en el procedimiento penal, la puesta a disposición de garantías para las víctimas y su familia y, en general, la mejora de las opciones que se les ofrecen. Se trata de permitir que las víctimas participen en mayor medida en los procedimientos penales que les afectan (dándoles un papel real y apropiado en los procedimientos) de modo que no pueda ya darse una situación como ésta, en la que no se le dio a la víctima la oportunidad de testificar ni se le informó del resultado. Hay otras disposiciones que ofrecen a las víctimas la posibilidad, si así lo desean, de una mediación entre el delincuente y la víctima y que garantizan que su intimidad será protegida, así como disposiciones especiales aplicables a las víctimas que pertenecen a grupos especialmente vulnerables y a las víctimas que residen en otro Estado miembro. También prevé garantías de comunicación efectiva, similares a las medidas de ese tipo adoptadas respecto a los demandados, una ayuda jurídica y otros tipos de consejos proporcionados gratuitamente cuando esté justificado y el reembolso de los gastos en que haya incurrido la víctima por su participación en el procedimiento. La Decisión marco también garantiza el derecho de protección, que incluirá, en caso de necesidad, a la familia de la víctima y el derecho a reparación en el marco del procedimiento penal. El artículo 11 establece específicamente que los Estados miembros velarán por reducir las dificultades con que se enfrentan las víctimas residentes en un Estado miembro diferente de aquél en el que se cometió el delito y el artículo

12 establece que los Estados miembros deben cooperar entre sí. La mayoría de estas disposiciones deben aplicarse a más tardar el 22 de marzo de 2002. Los artículos 5 y 6, las garantías en materia de comunicación y la asistencia específica a las víctimas deben entrar en vigor a más tardar el 22 de marzo de 2004. El artículo 10 relativo a la mediación penal en el marco del procedimiento penal, debe aplicarse a más tardar el 22 de marzo de 2006.

(1) DO L 82 de 22.3.2001.