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PREGUNTA ESCRITA E-0778/98 de Freddy Blak (PSE) a la Comisión (18 de marzo de 1998)

Asunto: Discriminación por motivos de edad en la contratación de personal por la UE

He observado con gran sorpresa que en la contratación de personal para la UE sigue ejerciéndose discriminación por motivos de edad: la pasada semana, la agencia de noticias Ritzaus difundió en Dinamarca unas ofertas de empleo en las que se imponía como requisito no tener más de 35 años de edad.

1. ¿Por qué se imponen límites de edad, en general, y por qué justamente el de 35 años en este caso?

2. ¿Considera la Comisión que una persona de más de 35 años es menos apta para trabajar en la UE que una de menos de 35 años?

3. ¿Es consciente la Comisión de que en otros sectores del mercado de trabajo se imponen cada vez más a menudo límites parecidos? ¿Considera deseable esta evolución?

4. ¿Qué iniciativas se propone adoptar la Comisión para poner fin a la discriminación por motivos de edad en el mercado de trabajo?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (6 de abril de 1998)

El 21 de enero de 1998 ((SEC(97)2416. SEC(97)2417. )), la Comisión adoptó el principio de no imponer límites de edad en los anuncios de oposición. Este principio se aplicará de manera progresiva, de común acuerdo con las demás Instituciones comunitarias. En una primera fase, en las oposiciones para grados iniciales el límite de edad se aumentará a 45 años, siguiendo el ejemplo de la fórmula adoptada el 20 de octubre de 1997 por la Mesa del Parlamento. Esta decisión se aplicará de ahora en adelante en todas las oposiciones para grados iniciales.

Para información de Su Señoría, desde comienzos del presente año la Comisión no ha publicado ninguna oposición con límites de edad de 35 años.

La práctica de la Comisión y de las demás Instituciones de establecer límites de edad en los anuncios de oposición ha sido criticada por el Defensor del Pueblo y por algunos miembros del Parlamento. Tales críticas se basan en el carácter discriminatorio y arbitrario de los límites de edad. En este contexto, la aplicación de límites de edad se asimila por tanto a cualquier otra forma de discriminación.

Actualmente, la cuestión de los límites de edad debe analizarse también a la luz del nuevo artículo 6 A del Tratado de Amsterdam, que establece que «el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar medidas adecuadas para luchar contra toda discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o creencias, minusvalía, edad o tendencias sexuales».
PREGUNTA ESCRITA E-0542/98 de James Nicholson (I-EDN) a la Comisión (4 de marzo de 1998)

Asunto: Régimen estatal de pensiones proporcionales al salario

El Gobierno del Reino Unido ha modificado recientemente la normativa relativa al Régimen estatal de pensiones proporcionales al salario (State Earnings Related Pension Scheme o SERPS), de modo que cualquier mujer que enviude con posterioridad al 5 de abril de 2000 perciba únicamente la mitad de la pensión de su marido.

¿Considera la Comisión que esta modificación de la Ley contraviene el artículo 119 del Tratado (igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo)?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (3 de abril de 1998)

Por lo que respecta al problema planteado por Su Señoría, la Comisión debe precisar que, en el ámbito de la protección social, los Estados miembros tienen libertad para fijar su propia política en relación con la organización y el funcionamiento de los regímenes de seguridad social, siempre y cuando se respete el Derecho comunitario en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres (artículo 119 del Tratado CE, Directivas 79/7/CEE ((DO L 6 de 10.1.1979. )) y 86/378/CEE ((DO L 225 de 12.8.1986. )), modificada por la Directiva 96/97/CE ((DO L 46 de 27.2.1997. ))) así como en materia de seguridad social de los trabajadores migrantes (artículo 51 del Tratado CE y Reglamentos (CEE) nos 1408/71 y 574/72, actualizados por el Reglamento (CE) no 118/97 ((DO L 28 de 30.1.1997. ))).

Por consiguiente, los Estados miembros, como en el caso descrito, pueden adoptar las normas que fijan el nivel de las diferentes prestaciones, a condición de que se respete el Derecho comunitario anteriormente mencionado.

En este caso, la nueva normativa del Reino Unido aplicable a partir del 6 de abril de 2000 para la concesión de prestaciones de supervivencia no contradice el Derecho comunitario vigente y, en particular, la Directiva 79/7/CEE (igualdad de trato en los regímenes estatutarios y legales de seguridad social), especialmente habida cuenta del hecho de que esta Directiva excluye de su ámbito de aplicación las prestaciones de supervivencia.

El artículo 119 del Tratado CE no se aplica a los regímenes estatutarios, sino que tiene únicamente por objeto la igualdad de remuneración entre trabajadores y trabajadoras y solamente cubre los regímenes profesionales de la seguridad social.
PREGUNTA ESCRITA E-0799/98 de Nuala Ahern (V) a la Comisión (18 de marzo de 1998)

Asunto: Dispersión de radiactividad procedente de la central nuclear de Dounreay (Escocia) al mar del Norte

¿Tiene la Comisión motivos para cambiar su respuesta a la pregunta H-0706/96 ((Debates del Parlamento Europeo 4-488 (septiembre de 1996). )) de 17 de septiembre de 1996, en la que afirmaba que la dispersión de radiactividad procedente de la central nuclear de Dounreay (Escocia) al mar del Norte no tenía repercusiones para Escandinavia, después de que la dirección de la Autoridad de la Energía Atómica del Reino Unido reconociera el 2 de febrero de 1998 la existencia de un segundo almacén/silo de residuos radiactivos en Dounreay cuya existencia se había mantenido hasta entonces en secreto? ¿Cuándo tuvo conocimiento la Comisión de la existencia de dicho almacén de residuos?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (5 de mayo de 1998)

El artículo de periódico a que hace referencia Su Señoría no contiene ninguna información nueva referida a los vertidos procedentes de Dounreay. Por lo tanto, no afecta a la respuesta de la Comisión a la pregunta oral H-706/96 de la Sra. Eriksson, formulada durante el turno de preguntas de la sesión de septiembre de 1996 del Parlamento ((Debates del Parlamento 4-488 (septiembre de 1996). )).

El pozo «hasta ahora secreto» es en realidad una instalación de almacenamiento in situ denominada «silo intermedio de residuos sólidos». Está conectado con el sistema de evacuación de efluentes de emplazamiento, por lo que cualquier vertido procedente del mismo forma parte de los vertidos autorizados del emplazamiento. La Comisión ha conocido la existencia de esta instalación desde que el Reino Unido se convirtió en signatario del Tratado Euratom. En este contexto, remitimos a Su Señoría a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-663/98 de la Sra. Bloch von Blottnitz ((Ver página 62. )).

El Gobierno del Reino Unido también ha anunciado que tanto los residuos del pozo intermedio como del silo de Dounreay serán recuperados para someterlos a tratamiento.
PREGUNTA ESCRITA P-0979/98 de Karin Riis-Jørgensen (ELDR) a la Comisión (18 de marzo de 1998)

Asunto: Reconocimiento mutuo de marcas ecológicas

¿Pueden las marcas ecológicas ser objeto de reconocimiento mutuo en la Comunidad?

La actual reglamentación (Reglamento (CEE) no 2092/91 del Consejo, de 24 de junio d 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios ((DO L 198 de 22.7.1991, p. 1. ))) exige que un operador que produzca productos ecológicos esté sometido a un sistema de control y que pague los gastos relacionados con dicho control.

Esto significa en la práctica que un operador que desee exportar a otro Estado miembro deberá estar sometido a una autoridad de control en el Estado miembro de importación y pagar a este órgano de control. Así pues, no se tiene en cuenta el hecho de que ya se haya realizado el correspondiente control en el Estado miembro de exportación. Ello implica un gasto suplementario para el exportador en una situación en la que el producto cumple los requisitos que se exigen a los productos ecológicos tanto en el país de producción como en el país de importación.

El sistema actual tiene, por consiguiente, consecuencias reales discriminatorias y constituye un obstáculo para el comercio en el mercado interior.

¿Está de acuerdo la Comisión en que el control efectuado en un Estado miembro no debe repetirse cuando el producto se exporte a otro Estado miembro?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (30 de abril de 1998)

La Comisión opina que cualquier producto que haya sido producido en un Estado miembro determinado o importado de un tercer país de acuerdo con las disposiciones del Reglamento (CEE) no 2092/91, de 4 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, puede comercializarse en cualquier Estado miembro. Por consiguiente, los Estados miembros no pueden imponer barreras a las importaciones de dichos productos destinadas a otros Estados miembros.

No obstante, en algunos Estados miembros o regiones la comercialización de productos ecológicos está fuertemente relacionada desde hace tiempo con determinadas marcas privadas que en esos países o regiones atraen considerablemente a los consumidores. En algunos casos, los propietarios de dichas marcas establecen requisitos complementarios con respecto a las normas de producción o los requisitos de control. Esos requisitos complementarios están regulados por el Derecho privado. Los productores que utilicen una de esas marcas sólo tendrán que cumplir dichos requisitos complementarios si introducen sus productos en el mercado con la marca específica para la que se han establecido dichos requisitos.
PREGUNTA ESCRITA E-1089/98 de Graham Mather (PPE) al Consejo (6 de abril de 1998)

Asunto: Supresión de las ventas libres de impuestos intracomunitarias

En la reunión del Consejo de Transportes de 17 de marzo de 1998, circuló un documento en el que se pedía que se realizara una evaluación del impacto económico de los efectos de esta supresión. En el debate que siguió, la mayoría de los ministros de Transportes que intervinieron se mostraron favorables a la realización de dicha evaluación.

¿Se va a celebrar un debate similar en el Consejo ECOFIN?

Respuesta (13/14 de julio de 1998)

El Consejo Economía y Finanzas (ECOFIN) adoptó, por unanimidad, en 1991 la Decisión de surpimir las ventas libres de impuestos para los viajeros intracomunitarios a partir del 30 de junio de 1999. Desde entonces el Consejo ha debatido en varias ocasiones la cuestión de si, a pesar de ello, el Consejo debería instar a la Comisión a realizar un estudio sobre el impacto de esa supresión. Esta cuestión fue examinada por última vez en la sesión del Consejo ECOFIN del 19 de mayo de 1998. De estos debates resulta claro que no existe un consenso entre los Ministros de Economía y Finanzas para replantear la decisión adoptada en 1991 y para instar a la Comisión a realizar ese estudio. No obstante, la Comisión ha preparado un documento de trabajo para aclarar los instrumentos de los que disponen los Estados miembros para controlar las consecuencias de la supresión de las ventas intracomunitarias libres de impuestos a partir del 30 de junio de 1999.
PREGUNTA ESCRITA E-0022/98 de Christian Rovsing (PPE) a la Comisión (29 de enero de 1998)

Asunto: Derechos exclusivos en el mercado del gas

La empresa estatal de gas natural «Dansk Naturgas A/S» dispone de los derechos excluivos para la exportación, el transporte y el almacenamiento del gas natural en Dinamarca.

En opinión de la Comisión, ¿son estos derechos exclusivos compatibles con las normas de la competencia recogidas en el Tratado?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (9 de marzo de 1998)

La Comisión no puede pronunciarse en abstracto sobre la legalidad de los derechos exclusivos. Estos pueden estar justificados en algunos casos, cuando su supresión impediría a las empresas que prestan servicios de interés económico general realizar determinadas funciones que les impone la ley.

Los derechos exclusivos cuya existencia menciona Su Señoría deberían evaluarse en el contexto de la incorporación de la próxima directiva sobre normas comunes para el mercado interior del gas, a partir de la posición común política del Consejo de 8 de diciembre de 1997.
PREGUNTA ESCRITA E-0231/98 de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión (13 de febrero de 1998)

Asunto: Presa en el río Árajzos

En el río Árajzos y, concretamente, en el paraje de Ayios Nikólaos, perteneciente a la localidad de Dafnotí, se proyecta construir una central hidroeléctrica. La presa creará un embalse de 5 km2 de extensión.

Según denuncias de asociaciones ecologistas y habitantes de la región, la obra no es necesaria para cubrir las necesidades energéticas, dado que las soluciones alternativas (plantas de ciclo combinado, con gas natural como combustible) constituyen opciones más económicas.

Teniendo en cuenta que la presa y el embalse provocarán una subida de la capa freática y una intensificación de los fenómenos de corrimientos de tierras, con el riesgo consiguiente de grandes desastres, el embalse inundará dos monumentos de importancia histórica y cultural de la región, el puente de Plaka y el edificio de la aduana, y el estudio específico de las repercusiones ambientales, realizado por encargo de la Región del Épiro, se muestra contrario a la obra y propone declarar el cauce del río zona de protección de la naturaleza así como impedir toda intervención,

1. ¿puede indicar la Comisión si está informada de los hechos denunciados?

2. ¿Existe una evaluación de las repercusiones ambientales de la obra? ¿Se han estudiado las soluciones alternativas?

3. ¿Existe una propuesta global para la protección de la región, que ya soporta una sobrecarga ambiental provocada por obras similares?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (18 de marzo de 1998)

1. La Comisión no está al corriente del proyecto de construcción de una presa hidroeléctrica en el río Árajzos, en el Épiro, ya que dicho proyecto no ha sido presentado para obtener financiación comunitaria.

2. Según una primera información, se está llevando a cabo una evaluación de impacto ambiental, de conformidad con la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente ((DO L 175 de 5.7.1985. )). Un estudio de impacto ambiental ha sido realizado por el promotor y, en breve, será presentado a las autoridades competentes del ministerio de medio ambiente para su autorización, la cual, en virtud de la legislación griega, consiste en una decisión ministerial en la que se establecen las condiciones necesarias. Antes de conceder la autorización, las autoridades evalúan todos los elementos, incluidas las posibles soluciones alternativas. Por otra parte, el estuario del río Árajzos forma parte de una zona de protección especial (Amvrakikos kolpos), clasificada con arreglo a la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres ((DO L 103 de 25.4.1979. )). Por consiguiente, la Comisión llamará la atención de las autoridades griegas sobre la necesidad de evaluar correctamente el posible impacto ecológico de la presa en dicho lugar.

3. La Comisión ignora la existencia de una propuesta global de protección de la región con respecto a proyectos similares.
PREGUNTA ESCRITA E-0520/98 de Thomas Megahy (PSE) a la Comisión (2 de marzo de 1998)

Asunto: Ayuda financiera para cultivadores de drogas causantes de dependencia

Teniendo en cuenta la decisión de la Comisión de continuar con las ayudas a la producción de tabaco por la cantidad de un millardo de ecus al año, ¿pueden esperar subvenciones similares los cultivadores de substancias relativamente inofensivas tales como la heroína (que produce cada año un reducido número de muertes, en comparación con las ocasionadas por el tabaco)? ¿No ha pensado la Comisión en otro modo más provechoso de gastar el dinero del contribuyente europeo?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (30 de marzo de 1998)

No.
PREGUNTA ESCRITA E-0975/98 de Carlos Robles Piquer (PPE) al Consejo (31 de marzo de 1998)

Asunto: Presos políticos en Cuba

Agradeciendo vivamente la respuesta a mi pregunta escrita E-3519/97 ((DO C 158 de 25.2.1998, p. 138. )), sobre las relaciones con Cuba, ruego se aclaren los siguientes aspectos: ¿«El diálogo por etapas que se iniciaría a nivel técnico» cumplirá estrictamente las condiciones fijadas en la vigente Posición Común relativa a ese Gobierno? Y, complementariamente, ¿se ha solicitado que entre los presos políticos liberados como obsequio a Su Santidad Juan Pablo II sean incluidos los señores Félix Antonio Boné Carcasses, René Gómez Manzano y Vladimiro Roca Antúnez, así como la señora Marta Beatriz Roque Cabello, todos los cuales se hallan encarcelados por el único delito de haber escrito que «La Patria es de todos»?

Respuesta (8 de junio de 1998)

La Posición Común de la Unión Europea relativa a Cuba, de 2 de diciembre de 1996, precisa que la Unión, a fin de facilitar un cambio pacífico en Cuba, alentará la reforma de la legislación nacional en lo referente a los derechos políticos y cívicos, incluido el Código Penal cubano. La misión de expertos en el ámbito jurídico que la Comisión ha enviado a Cuba, con arreglo a las recomendaciones de la Presidencia adoptadas por el Consejo el 8 de diciembre de 1997, se inscribe, con carácter técnico, en este contexto. El informe de esta misión será estudiado por el Consejo y constituirá un elemento que deberá tomarse en consideración en la próxima evaluación de la Posición Común que deberá tener lugar en junio de 1998. Según las disposiciones del apartado 4 de dicha Posición Común, a medida que las autoridades cubanas avancen hacia la democracia, la Unión Europea prestará su apoyo al proceso y estudiará el uso adecuado de los medios a su disposición con este fin.

En lo que se refiere a la segunda cuestión planteada por Su Señoría, el Consejo quisiera señalar que el 24 de febrero de 1998 la Presidencia hizo una declaración en nombre de la Unión Europea en la que se congratulaba de la decisión del Gobierno cubano de liberar inmediatamente a ciertos prisioneros a raíz del llamamiento lanzado por el Papa e invita a las autoridades a que liberen y reintegren plenamente en la sociedad a todos aquéllos que fueron encarcelados por haber expresado pacíficamente sus convicciones políticas, incluidos los cuatro miembros dirigentes del grupo de disidencia interna.
PREGUNTA ESCRITA E-0490/98 de Klaus Lukas (NI) al Consejo (27 de febrero de 1998)

Asunto: Ventas «duty-free»

Compruebo que el Consejo ha contesta muy someramente a mi pregunta E-2666/97 ((DO C 102 de 3.4.1998, p. 85. )), por lo que la vuelvo a formular aquí.

El Consejo ha decidido que el sistema de ventas «duty-free» ha de terminar en el año 1999 por ser incompatible con la lógica del mercado interior.

¿Qué objetivo persigue el Consejo con esta decisión?

¿Sería posible alcanzar el mismo objetivo con medios menos draconianos?

En caso afirmativo, ¿qué tipo de medidas cabría calificar de suficientes a este respecto?

En caso negativo, ¿por qué no?

¿De qué modo obstaculizan las ventas «duty-free» el correcto funcionamiento del mercado interior?

¿De qué fundamentos disponía el Consejo para tomar la mencionada decisión?

¿Cómo ha valorado el Consejo las repercusiones de esta decisión para la política de empleo?

¿Cómo valora el Consejo hoy las consecuencias de esta decisión para la política de empleo?

¿Cómo fundamenta el Consejo esta destrucción de miles de puestos de trabajo por motivos puramente ideológicos?

¿Creará el Consejo puestos de trabajo para todas aquellas personas que perderán su empleo a raíz de esta decisión ideológicamente motivada?

En caso afirmativo, ¿cuándo y dónde se crearán estos puestos de trabajo?

¿Cómo se financiarán estas medidas de creación de puestos de trabajo?

En caso negativo, ¿cómo se justifican tales decisiones a la luz de la intención tantas veces declarada por los diferentes Consejos de hacer lo posible por crear puestos de trabajo?

Respuesta (18 de mayo de 1998)

El Consejo no tiene nada que añadir a la respuesta dada a la pregunta de Su Señoría no E-2666/97.
PREGUNTA ESCRITA E-0140/98 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión (2 de febrero de 1998)

Asunto: Programa operativo «Pesca» de Grecia

El programa operativo «Pesca» de Grecia incluye cuatro subprogramas, y uno adicional referente a la asistencia técnica. Dado que existe un calendario para cada uno de los subprogramas 1 a 4,

1. ¿Puede indicar la Comisión cuál es la marcha de los subprogramas y en qué acciones de cada subprograma se han registrado avances?

2. ¿Hay retraso en la absorción de fondos? En caso afirmativo, ¿cuáles son las principales razones del retraso?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (13 de marzo de 1998)

1. La Comisión observa que el grado de ejecución de las medidas por el Estado miembro en cada uno de los cuatro subprogramas de pesca de Grecia, expresado en función de los compromisos financieros y de los pagos (realización), es el siguiente:

- flota:

compromisos financieros: 72 % del subprograma pagos: 36 % del subprograma

- acuicultura:

compromisos financieros: 90,6 % del subprograma pagos: 12,6 % del subprograma

- transformación o comercialización:

compromisos financieros: 64,1 % del subprograma pagos: 11,6 % del subprograma

- infraestructuras:

compromisos financieros: 63,8 % del subprograma pagos: 3,6 % del subprograma.

2. Estos datos ponen de manifiesto que el mayor retraso en la utilización de créditos corresponde al subprograma de infraestructuras. Tales retrasos obedecen fundamentalmente al tiempo que se necesita para realizar las inversiones de las medidas (muchas veces, dos años) después de que se hayan comprometido.