PREGUNTA ESCRITA E-4157/97 de Laura González Álvarez (GUE/NGL) y Pedro Marset Campos (GUE/NGL) a la Comisión (21 de enero de 1998)

Asunto: Proyecto de campo de golf en la Reserva de Caza de las Lagunas de Villafáfila (Castilla y León, España)

El Gobierno de Castilla y León proyecta la instalación de un campo de golf en un espacio protegido de alto valor ecológico: la Reserva de Caza de las Lagunas de Villafáfila. Este área fue designada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), por la presencia de excepcionales poblaciones de aves esteparias, en especial de avutardas que alcanzan ahí su mayor densidad en el mundo. Una instalación de estas características afectará al equilibrio hidrogeológico del área, perjudicando notablemente a las salinas que, junto con el resto de los ecosistemas acuáticos allí presentes, están incluidas en la Lista de Humedales de Importancia Internacional según el Convenio Ramsar.

El reconocimiento internacional del alto valor ecológico de las Lagunas de Villafáfila hace temer que una de las consecuencias de la instalación del campo de golf sea la retirada de los fondos LIFE, LEADER o INTERREG que a través de diversas iniciativas convergen en la zona. Se perdería así la oportunidad de implantar un verdadero desarrollo sostenible en estas comarcas, a cambio de una actividad de muy cuestionable relevancia socioeconómica.

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de esta situación?

2. ¿Puede comunicar la Comisión si este proyecto se beneficia de intervenciones estructurales de la Unión Europea?

3. ¿Qué acciones puede emprender la Comisión con el fin de garantizar la aplicación, por parte de las autoridades españolas, de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente y concretamente las siguientes Directivas:

a) la Directiva 85/337/CEE ((DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.)) relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente,

b) la Directiva 92/43/CEE ((DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.)) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (24 de febrero de 1998)

La Comisión ha tenido noticia de los hechos mencionados en la presente pregunta escrita a través de una queja.

La Comisión financia un proyecto de conservación de la avutarda en la zona con arreglo al programa LIFE.

El artículo 2 de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, prevé que los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se sometan a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones antes de concederse la autorización. Esta disposición se aplica a los proyectos enumerados en los Anexos I y II de la citada Directiva.

Los proyectos relativos a la construcción de terrenos de golf no figuran en ninguno de estos Anexos. Por ello, la Directiva 85/337/CEE no se aplica a los hechos mencionados en la presente pregunta escrita. No obstante, el área de Villafáfila fue designada por las autoridades españolas zona de protección especial para las aves (ZPE), de conformidad con la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres ((DO L 103 de 25.4.1979. )).

Ahora bien, según el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, que se aplica a las ZPE en virtud de su artículo 7, cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta sus objetivos de conservación. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.

Tras conocer los hechos mencionados por Sus Señorías, la Comisión remitió a las autoridades españolas una carta en la que se solicitaba información al respecto.

En respuesta a dicha solicitud, las autoridades españolas señalaron que el proyecto en cuestión había estado sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en el que se había recabado la opinión de la población. Tras dicha consulta, se solicitó al promotor del proyecto la realización de estudios complementarios sobre la hidrogeología, la utilización de productos fitosanitarios y sus repercusiones sobre la fauna. Según las autoridades españolas, dichos estudios, así como otros informes que obran en poder de la Comunidad Autónoma muestran que el proyecto en cuestión no tendrá efectos negativos sobre las aves que son el origen de la designación de la zona como ZPE.

Sobre la base de esta información, la Comisión no ha podido establecer la existencia de una violación de las obligaciones derivadas de la citada Directiva 92/43/CEE.