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PREGUNTA ESCRITA E-2545/00

de José Pomés Ruiz (PPE-DE) a la Comisión

(28 de julio de 2000)

Asunto: Cooperación descentralizada con América Latina

Parece que la Comisión tiene la intención de suspender de modo provisional o definitivo los programas comunitarios de cooperación descentralizada con América Latina.

Estos programas son en la actualidad piezas maestras de la cooperación de la Unión Europea con América Latina. Tanto su poder de movilización de agentes de la sociedad civil como sus resultados son reconocidos.

¿Cuáles son las verdaderas razones que la Comisión esgrime en justificación de una tal suspensión?

¿Acaso se trata de clasificar este tipo de iniciativas entre las prioridades negativas de la Comisión?

¿Acaso América Latina forma parte en adelante de las prioridades negativas de la Comisión?

¿Cuál es la evaluación de la Comisión de los efectos políticos de una decisión semejante y en particular en términos de credibilidad de la Unión Europea con América Latina?

¿No encuentra la Comisión que su posición es incoherente con las declaraciones de los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Río de Janeiro en junio de 1999?

Por último, la Comisión no rompe su compromiso de transparencia adquirido con el Parlamento y suscrito por el Sr. Prodi en su investidura?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(8 de septiembre de 2000)

Hasta ahora no existe ninguna decisión de la Comisión encaminada a suspender de modo provisional o definitivo los programas horizontales de cooperación descentralizada con América Latina (AL-INVEST, ALURE, ALFA, URB-AL). Todo rumor en ese sentido se basa en puras especulaciones.

Evidentemente, la Comisión debe proceder a una evaluación de los instrumentos que son de su responsabilidad en el ámbito de la ayuda exterior teniendo en cuenta tanto los objetivos que persigue en este ámbito como los resultados concretos alcanzados a través de estos instrumentos y los medios de que dispone.

Desde ese punto de vista, es verdad que la Comisión ha iniciado una reflexión sobre el balance y las perspectivas de los programas horizontales de cooperación descentralizada con América Latina. Actualmente no se puede extraer ninguna conclusión al respecto.

Cualesquiera que sean las conclusiones de la reflexión en curso, la Comisión es consciente del papel fundamental que desempeñan estos programas como canal privilegiado de diálogo con la sociedad civil a ambos lados del Atlántico.
PREGUNTA ESCRITA E-1005/00

de Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) a la Comisión

(31 de marzo de 2000)

Asunto: Programas de la Unión Europea

El pasado 26 de noviembre de 1999 la Comisión Europea aprobó 19 programas nacionales de medidas promoción y publicidad en favor del consumo de la leche y productos lácteos, con una asignación de 1 200 millones de pesetas para España en el año 2000.

¿Se ha presentado algún programa para las islas Baleares? ¿Con qué importe?

Si la respuesta es positiva, por favor envíenme una explicación detallada de cada uno de los programas previstos para las islas Baleares.

Respuesta del Sr. Fischler En nombre de la Comisión

(29 de mayo de 2000)

El 26 de noviembre de 1999, la Comisión aprobó 19 programas de acción relativos al fomento del consumo en la Comunidad y a la ampliación de los mercados de la leche y los productos lácteos. El coste total de dichas medidas, íntegramente financiadas por la Comunidad, asciende a 8 M. Los programas seleccionados van dirigidos principalmente a los jóvenes de hasta 25 años, y los temas principales que deben desarrollarse son la nutrición y la modernidad de los productos.

La Comisión ha aprobado dos programas para el desarrollo de acciones en España por parte de agencias o de agrupaciones: Contrapunto SA dotado con 603 000; e INLAC (CCAE) dotado con 605 000.

Las acciones desarrolladas (publicidad y relaciones públicas) tiene carácter nacional y cubren la totalidad del territorio español, incluidas las Islas Baleares. No se contemplan acciones específicas destinadas a dichas islas.
PREGUNTA ESCRITA E-1857/00

de Joan Colom i Naval (PSE) y Alonso Puerta (GUE/NGL) al Consejo

(13 de junio de 2000)

Asunto: Idiomas en los comunicados de prensa del Consejo

¿Puede informar de cuál es la política lingüística y los usos en materia de comunicación seguidos por el Consejo?

¿Es cierto que los comunicados de prensa emitidos tras los Consejos de Ministros lo son sólo en francés e inglés?

¿Ha habido en los últimos cinco años alguna protesta o propuesta por parte del Gobierno de algún Estado miembro a fin de modificar esta política?

Respuesta

(23 de octubre de 2000)

Los comunicados de prensa son publicados en todas las lenguas oficiales de la Unión por el Servicio de Prensa de la Secretaría General del Consejo al término de las sesiones del Consejo o de otras reuniones que se celebren en el marco del Consejo (Consejos de Asociación y de Cooperación, firmas de Acuerdos con terceros países, etc.). Se difunden por correo y por vía electrónica, y se pueden consultar en el sitio Internet del Consejo.

Los textos originales de dichos comunicados se redactan durante o inmediatamente después de finalizar los trabajos del Consejo u otras reuniones generalmente en inglés o francés, según la disponibilidad de los documentos de base.

La traducción de estos comunicados a las otras 10 lenguas de la UE se pone en marcha sin dilación. No obstante, habida cuenta de los plazos necesarios para su traducción, pueden producirse algunos retrasos entre la salida de la versión original y las demás lenguas.

Todos estos textos están a disposición de la prensa in situ y se introducen inmediatamente en el sitio Internet del Consejo, en el epígrafe Newsroom/Últimas noticias. Cuando ya se dispone de todas las versiones lingüísticas, se procede a su envío por correo a unos 2000 destinatarios.

Por lo que respecta a la tercera pregunta de Sus Señorías, el Secretario General del Consejo recibió en 1998 una comunicación del Representante Permanente francés en la que le manifestaba su inquietud por el, a su juicio, excesivo plazo empleado para la traducción al francés.
PREGUNTA ESCRITA P-1559/00

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(11 de mayo de 2000)

Asunto: Aprobación del pago del tercer tramo para el aumento del capital social de Olympic Airways

En sus primeras declaraciones, el nuevo Ministro de Transportes, refiriéndose a la compañía Olympic Airways, ha afirmado que ésta registra serios problemas económicos, que peligra el calendario de traslado a Spata de determinadas instalaciones, y que el déficit de 1999 será mayor de lo previsto. La nueva dirección de Olympic Airways, de acuerdo con la decisión de la Comisión relativa a las ayudas concedidas por el Estado griego a la compañía Olympic Airways (1999/332/CE)(1), ha presentado un informe sobre la evolución de esta última en el marco del inminente pago del tercer tramo destinado a aumentar su capital social.

Ya que se desconoce aún la decisión de la Comisión sobre el estado del programa de reforma de la citada compañía, y habida cuenta del traslado de algunos servicios al nuevo aeropuerto de Spata, ¿puede indicar la Comisión:

1. qué opinión le merece el nuevo programa operativo de la compañía y si considera que éste garantizará el plan de desarrollo previsto;

2. si existen estudios sobre las posibilidades de compra o alquiler de aviones de aquí al 31 de diciembre de 2000 y si la compañía puede recurrir a las ayudas estatales;

3. qué opina de la situación económica de esta compañía?

(1) DO L 128 de 21.5.1999, p. 1.

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(19 de junio de 2000)

La Comisión recurre a asesores independientes para poder juzgar sobre la situación exacta de la empresa. La Comisión está en contacto con las autoridades griegas para que el nuevo plan de la empresa, con vistas a una próxima privatización de la compañía, sea capaz de conseguir el saneamiento de la misma.

De conformidad con el inciso ii) del primer apartado del artículo 1 de la Decisión 1999/332/CE de la Comisión, de 14 de agosto de 1998, Olympic Airways puede recibir nuevas garantías crediticias por un importe de 378 millones de dólares estadounidenses relativas a los préstamos que deben contraerse antes del 31 de diciembre de 2000 para la compra de aeronaves.
PREGUNTA ESCRITA E-1417/00

de Bill Miller (PSE) a la Comisión

(5 de mayo de 2000)

Asunto: Inversiones de capital

¿Puede presentar la Comisión una relación de las inversiones de capital desde 1988 realizadas en cada uno de los Estados miembros en las siguientes categorías:

- extracción de petróleo y de gas,

- industria manufacturera,

- distribución,

- hoteles y restauración,

- servicios financieros,

- transporte y comunicaciones,

- viviendas privadas?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(3 de julio de 2000)

La Comisión transmite directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento los datos pedidos aunque precisando que están basados en la metodología de contabilidad nacional conocida como SEC 79 y en la nomenclatura de ramas denominada Nomenclatura general de actividades económicas en las Comunidades Europeas (Clasificación y nomenclatura de las ramas entradas-salidas; NACE-CLIO).

Los datos muestran las inversiones (formación bruta de capital fijo) efectuadas por las ramas económicas interesadas y no los gastos efectuados en productos de inversión.

Las ramas disponibles difieren ligeramente de las pedidas: la construcción no distingue entre proprietarios privados o no, los servicios financieros incluyen sólo el crédito y a menudo se agrupan seguros, transportes y comunicaciones.

Es necesario precisar que nueva metodología de la Contabilidad Nacional denominada SEC 95 completó el concepto de inversiones incluyendo algunas inversiones inmateriales (informática y bases de datos, obras literarias o artísticas), gastos de prospección minera y petrolífera, independientemente de que tengan éxito o no, gastos de desarrollo de programas informáticos así como los equipamientos civiles del sector militar (edificios, aeropuertos, hospitales, vehículos, etc).

Por ello los datos de SEC 95, cuya transmisión a la EUROSTAT debería finalizar en septiembre del 2000, suponen para 1995 un aumento de sus importes que va desde un 3,8 % para Portugal hasta un 17,1 % para Dinamarca.
PREGUNTA ESCRITA E-1515/00

de Heidi Hautala (Verts/ALE) a la Comisión

(12 de mayo de 2000)

Asunto: Composición y funciones del Comité Europeo de Submarinismo Científico

En relación con la pregunta escrita E-1817/99(1) y la respuesta de la Comisión:

¿Podría informar la Comisión sobre la identidad de los miembros del ESDC (Comité Europeo de Submarinismo Científico) y sobre la fecha de su última reunión?

¿Qué funciones, de las mencionadas en la respuesta, ha realizado el Comité?

(1) DO C 203 E de 18.7.2000, p. 57.

Respuesta del Sr. Busquin en nombre de la Comisión

(21 de junio de 2000)

El mandato del Comité Europeo de Submarinismo Científico (ESDC) figura en el proyecto de norma europea para la formación de los submarinistas científicos, en la que se propone que se proceda a un control interno de una manera u otra, pero que tome las decisiones a un nivel más alto un comité ya existente como los comités de programa asociados a los programas de investigación europeos como MAST III o un comité ligado a una organización científica europea más amplia, por lo que se propone la creación de un Comité Europeo de Submarinismo Científico (ESDSC).

El ESDSC se ha agregado al Consejo Europeo de Ciencias Marínas y Polares de la Fundación Europea para la Ciencia, con sede en el no 1 del quai Lezay Marnésia, F-67080 Estrasburgo Cedex, que podría proporcionar a Su Señoría más información sobre la identidad de los miembros actuales. Según noticias de la Comisión, el ESDSC no se ha reunido aún.
PREGUNTA ESCRITA E-2025/00

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(21 de junio de 2000)

Asunto: Contribuciones presupuestarias de los Estados miembros

¿Podría indicar la Comisión cuáles fueron las contribuciones o los ingresos netos de cada uno de los Estados miembros en el último ejercicio presupuestario?

Respuesta de la Comisaria Schreyer en nombre de la Comisión

(24 de julio de 2000)

El último año para el cual existen datos sobre equilibrios presupuestarios es 1998.

Los cálculos para 1999 se adjuntarán al informe de 1999 sobre la asignación de gastos de la UE, que se está preparando actualmente. Como en cualquier otro año, el informe estará probablemente disponible a principios del otoño. Este informe es un documento público y también podrá consultarse en la página de Internet de la Comisión.

Los datos sobre los datos presupuestarios de años previos (en especial 1992-98) pueden ser encontrados en el informe titulado Asignación de los gastos operativos de la UE en 1998 por Estado miembro, disponible en la siguiente dirección:

http://europa.eu.int/comm/budget/pdf/agenda2000/statdepenses98.pdf

A pesar de que existen cálculos de los equilibrios presupuestarios por Estado miembro, se debe observar que no hay ninguna manera óptima de medir las contribuciones netas. La Comisión también ha planteado continuamente la improcedencia de usar tales medidas para evaluar los beneficios y costes presupuestarios de la pertenencia a la Unión. Estos problemas se abordan ampliamente en el informe de la Comisión sobre el funcionamiento del sistema de recursos propios de octubre de 1998 y en especial en su anexo 3. Este informe está disponible en la siguiente dirección:

http://europa.eu.int/comm/budget/fr/agenda2000/a2000rp.htm.
PREGUNTA ESCRITA E-1669/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Pago de contratistas y proveedores

En relación con la respuesta de la Sra. Schreyer a mi pregunta escrita E-0505/00(1), ¿podría facilitar la Comisión un desglose comparativo de los pagos que se efectuaron a 60 días durante los cuatro años anteriores (es decir, 1998, 1997, 1996 y 1995)?

(1) DO C 46 E de 13.2.2001.

Respuesta común a las preguntas escritas E-1669/00 y E-1670/00 dada por la Sra Schreyer en nombre de la Comisión

(20 de julio de 2000)

Resultados obtenidos y cambios en los plazos medios de pago desde 1995 (estadísticas generales)(1)

>SITIO PARA UN CUADRO>

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La Comisión empezó a registrar los plazos de pagos de facturas en 1995. El deterioro aparente en 1996 y 1997 que se constata en las estadísticas es, sin duda, debido en gran parte a la creciente disciplina con que los datos de los servicios son introducidos en el sistema contable de supervisión de facturas.

(1) Estas estadísticas no incluyen el pago de avances a los Estados miembros con cargo a la garantía del FEOGA, que se anotan en una cuenta no presupuestaria cuando se pagan efectivamente.
PREGUNTA ESCRITA E-1998/00

de Didier Rod (Verts/ALE) a la Comisión

(21 de junio de 2000)

Asunto: Contratos de la DG1 relativos a la concesión de subvenciones a varias ONG brasileñas

Hace tres años, la Comisión (DG I) firmó unos contratos con varias ONG brasileñas que operan en el ámbito del medio ambiente. Desde la firma de esos contratos, los beneficiarios no han recibido noticias ni pago alguno (ONG afectadas, por ejemplo: Ecotropica en el Estado de Mato Grosso (contrato no BR97/023/B7-E201/04) y WWF en Brasilia).

¿Puede explicar la Comisión las razones de este retraso y presentar su política relativa a la protección del medio ambiente y a las ONG en los países de América Latina? ¿Puede indicar qué curso piensa dar a dichos contratos?

Respuesta del Comisario Nielson en nombre de la Comisión

(28 de julio de 2000)

La Comisión no ha firmado contratos con organizaciones no gubernamentales brasileñas de medio ambiente para ninguno de los proyectos mencionados o para otros en el mismo paquete. Por tanto no hay hasta ahora ninguna obligación contractual con ONG para la aplicación de las propuestas de proyectos.

Las propuestas en cuestión se aceptaron en principio para su financiación. Forman parte de un paquete que incluye proyectos de ONG y un sistema de asistencia técnica para la coordinación que requiere un acuerdo formal con el Gobierno brasileño. El diseño poco convencional del proyecto ha supuesto dificultades para ambos lados. El paquete será reexaminado en un futuro próximo por la Comisión con objeto de decidir la línea más apropiada de conducta.

La Comisión ha financiado un gran número de actividades de las ONG en América Latina para acciones ambientales, principalmente mediante líneas para bosques tropicales, medio ambiente y cofinanciación de ONG. El año pasado más de 22 M de proyectos de ONG en Brasil se financiaron a través de la línea de cofinanciación de las ONG. El papel de la sociedad en la protección del medio ambiente y el desarrollo viable está ampliamente aceptado en América Latina y en la política de la Comisión. Entre los ejemplos de proyectos financiados por la Comisión están el COAMA en el Amazonas colombiano (ganador del premio Rigth Livelihood en 1999) y un proyecto con las ONG brasileñas para proteger a los indios de la zona de Javari que nunca han tenido contacto con el exterior.
PREGUNTA ESCRITA E-1085/00

de Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) a la Comisión

(7 de abril de 2000)

Asunto: Objetivos del estudio sobre abastecimiento de lomos de atún

El Consejo encargó a la Comisión un estudio sobre las necesidades de abastecimiento de lomos de atún del mercado comunitario. En el documento de síntesis de dicho estudio, hecho público por la Comisión, se asegura que el objetivo era, en efecto, hacer un balance de los suministros de lomos de atún. No obstante, el primer párrafo del capítulo de recomendaciones comienza diciendo El tema central de este estudio es cómo alimentar a la industria italiana para que siga siendo competitiva. Puede explicar la Comisión:

¿Cuál era, en realidad el objetivo final del estudio?

¿Considera ético que, aprovechando un encargo muy preciso del Consejo, dicho estudio, financiado con fondos públicos, se utilice en realidad para conocer las necesidades de unas determinadas empresas de un Estado miembro?

Si dichas industrias desean conocer cuáles son los puntos débiles para poder competir con el resto de empresas de los Estados miembros, ¿no deberían encargar ellas mismas su propio estudio?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2000)

En relación con la primera pregunta, Su Señoría puede consultar la respuesta conjunta de la Comisión a las preguntas escritas E-756/00 a E-761/00 del Sr. Varela Suanzes-Carpegna.(1)

Por otro lado, la Comisión considera que el estudio se ha utilizado de forma equilibrada, tanto desde el punto de vista del análisis como de las conclusiones.

El análisis abarca los principales Estados miembros productores y consumidores de este producto (y los terceros países) y las recomendaciones atañen a todos los agentes del mercado, tanto a corto como a medio plazo.

Es, pues, inexacto afirmar que el estudio se ha utilizado para conocer las necesidades de determinadas empresas de un Estado miembro. El estudio, lejos de centrarse en los agentes económicos de un solo Estado miembro, examina detalladamente la situación de las principales empresas de los Estados miembros interesados; en concreto, la de siete empresas españolas, cinco italianas y cuatro francesas.

Como respuesta a la última pregunta, la Comisión recuerda que ha efectuado este estudio a instancias del Consejo y no a petición de las empresas.

(1) DO C 26 E de 26.1.2001, p. 104.
PREGUNTA ESCRITA E-1768/00

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(31 de mayo de 2000)

Asunto: Marca de contraste en los metales preciosos

Actualmente no existe ningún tipo de armonización en relación con el peso a partir del cual es obligatoria la marca de contraste. Así, por ejemplo, en el Reino Unido ésta es obligatoria a partir de los 7,78 gramos para la plata de ley, mientras que en los Países Bajos lo es a partir de 1 gramo, con lo que surgen problemas a la hora de vender objetos de plata en este último país, incluso cuando la marca procede de la Oficina de análisis y contraste de metales preciosos de Gran Bretaña.

¿Puede la Comisión replantearse la posibilidad de solucionar este problema mediante la armonización del peso límite en toda la UE, con el objeto de nivelar así la oferta de productos de joyería fabricados con metales preciosos?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(11 de julio de 2000)

Como se respondió ya en anteriores ocasiones a preguntas escritas del Parlamento(1), la propuesta de Directiva sobre metales preciosos(2) no ha experimentado progresos sustanciales en el Consejo. Teniendo en cuenta los nuevos estudios sobre la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Houtwipper(3), parece quedar excluida la imposición por la vía del artículo 28 (antiguo artículo 30) del Tratado CE de un sistema de reconocimiento mutuo de los procedimientos nacionales de evaluación de la conformidad fundados en la declaración del fabricante y en el contraste. Dada la situación permanente de punto muerto en que se encuentra la cuestión, la Comisión pretende comprobar con los Estados miembros el margen para avanzar en la armonización de las legislaciones nacionales.

(1) E-3158/98 de la Sra. Ferrer DO C 207 de 21.7.1999, E-3139/98 de la Sra. Miranda de Lage DO C 142 de 21.5.1999 y E-3029/98 del Sr. Arias Cañete DO C 135 de 14.5.1999.

(2) DO C 209 de 29.7.1994.

(3) Sentencia de 15.9.1994 en el asunto C-293/93.
PREGUNTA ESCRITA E-2314/00

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(11 de julio de 2000)

Asunto: Directiva Seveso II

En respuesta a la pregunta oral no 64 (H-0469/00)(1) la Comisión comunica que el ámbito de aplicación de la Directiva Seveso II se ha ampliado y simplificado al mismo tiempo. Esto significa, entre otras cosas, que la fabricación y almacenamiento de sustancias pirotécnicas entran, desde el 3 de febrero de 1999, en esta directiva a partir de determinados valores umbral.

¿Pueden las personas, organizaciones y/o empresas perjudicadas por la ausencia de adaptación de la Directiva Seveso dentro del plazo establecido por la Comisión iniciar un procedimiento jurídico contra el Estado miembro infractor, con vistas a una indemnización? En caso afirmativo, ¿de qué forma deben iniciar dicho procedimiento los afectados? En caso negativo, ¿por qué no es posible y cuáles son los argumentos jurídicos que aporta la Comisión para adoptar esa posición?

(1) Respuesta escrita del 13.6.2000.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(7 de septiembre de 2000)

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de responsabilidad del Estado reconoce el derecho de las personas, organizaciones y empresas a emprender una acción judicial por daños y perjuicios en el caso de haber sido perjudicados por la transposición de la Directiva del Consejo 96/82/CE, de 9 de noviembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas(1).

En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha desarrollado el principio de que los Estados miembros están obligados a reparar los daños y perjuicios causados a las personas por las infracciones de la legislación comunitaria imputables a los Estados miembros, siempre que la norma comunitaria infringida confiera derechos individuales, la infracción sea lo suficientemente grave y exista una relación causal directa entre la infracción y el perjuicio sufrido por las personas (asuntos 6/90 y 9/90, Francovich [1991] ECR I-5357, 5415; asuntos acumulados 46/93 y 48/93 [1996], ECR I-1029).

El procedimiento para emprender dicha acción judicial también se contempla en la jurisdicción del Tribunal de Justicia, con arreglo a la cual las personas pueden actuar ante los tribunales nacionales según lo previsto en la legislación nacional sobre responsabilidad. Ahora bien, las condiciones establecidas por las legislaciones nacionales no podrán ser menos favorables que las previstas para recursos internos similares, ni estar establecidas en la práctica de forma que imposibiliten o dificulten excesivamente la obtención de una reparación.

(1) DO L 10 de 14.1.1997.