PREGUNTA ESCRITA E-2366/01

de Glyn Ford (PSE) al Consejo

(28 de agosto de 2001)

Asunto: Facturas de servicios para los usuarios de bajos ingresos

De acuerdo con la ley sobre la industria del agua del Reino Unido de 1991, las empresas suministradoras de agua fijaban sus tarifas de acuerdo con el valor catastral de la propiedad a la que prestaban el servicio.

En un caso reciente que ha tenido lugar en el sudoeste del país, uno de mis electores de bajos ingresos recibió una factura elevada por su consumo de agua, al estar viviendo por entonces en una propiedad de alto valor catastral.

Aunque sus reducidos ingresos no le permiten pagar la factura, la empresa demandó judicialmente al Sr. Cole para reclamar su dinero.

La ley sobre la industria del agua de 1999 ha cambiado esta situación, y permite a las empresas suministradoras de agua adaptar sus facturas con mayor exactitud para que reflejen el consumo real de agua de sus clientes. Sin embargo, esta legislación no es retroactiva. Por lo tanto, se reconoce la inicua situación anterior del Sr. Cole, pero por desgracia, no cambia el hecho de que deba pagar una factura de 700 libras, cosa que los tribunales de Inglaterra han declarado que está obligado a hacer.

¿Puede estudiar el Consejo de Ministros la posibilidad de intervenir en cuestiones nacionales para ayudar a los grupos de bajos ingresos que se vean penalizados de esta forma?

Respuesta

(6 de diciembre de 2001)

El Consejo lamenta informar a Su Señoría de que sus competencias no le permiten interferir en asuntos internos de un país tales como la fijación de los precios del agua o la tributación local.

El Consejo quisiera recordar, con todo, que está dedicando un considerable esfuerzo a las cuestiones relacionadas con la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

El Comité de Protección Social establecido por el Consejo en junio de 2000 se encarga en la actualidad, con carácter prioritario, de preparar y coordinar la labor del Consejo, que se realiza dentro del marco del nuevo método abierto de coordinación, tal como lo definió el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000. Sucesivos Consejos Europeos han imprimido impulso a estas actividades.

Se está trabajando de manera intensa en este ámbito, tratando una amplia gama de cuestiones, dados los numerosísimos aspectos de la pobreza y la exclusión social. Actualmente el Comité trabaja con la Comisión en la preparación de un informe conjunto del Comisión y el Consejo basado en los planes nacionales de acción sobre la inclusión social, así como en la elaboración de un conjunto de indicadores para potenciar en el futuro la cooperación y el desarrollo. Los resultados de ambas actividades se elevarán al Consejo Europeo de Laeken de diciembre de 2001.

Por otra parte, el Consejo y el Parlamento Europeo acaban de llegar a un acuerdo sobre el proyecto de Decisión por la que se aprueba un programa de acción comunitario quinquenal (2002-2006) a fin de fomentar la cooperación entre los Estados miembros para luchar contra la exclusión social, con un presupuesto de 75 millones de euros. Los objetivos que persigue el programa son una mejor comprensión de la exclusión social, la organización de intercambios de información sobre las políticas aplicadas y la promoción del aprendizaje mutuo, así como el desarrollo de la capacidad de los agentes para hacer frente de manera eficaz a la exclusión social y a la pobreza.

Hay que destacar que el programa de lucha contra la exclusión social es un complemento de las acciones que se realizan con la financiación del Fondo Social Europeo y en el marco de la iniciativa de lucha contra la pobreza.