ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/108

(2004/C 88 E/0113)

PREGUNTA ESCRITA E-2664/03

de Terence Wynn (PSE) a la Comisión

(10 de septiembre de 2003)

Asunto: Productos manufacturados procedentes de terceros países

La respuesta a la pregunta E-1795/03 (1) eludía lo esencial. He aquí un ejemplo: Si una pieza de fundición industrial se fabrica en China para ser vendida en la UE, los fabricantes chinos no tienen que cumplir las mismas leyes concernientes a la salud, la seguridad y el medio ambiente que obligan a los fabricantes europeos. Los trabajadores están sujetos a condiciones que no serían aceptables en la Unión Europea y se pueden producir emisiones a la atmósfera que tampoco serían aceptables. Sin embargo, esos productos se comercializan en la UE, y a unos precios con los que la producción local no puede competir a causa de las exigencias de la legislación europea.

Me permito reiterar la pregunta E-1795/03:

¿Por qué autoriza la Comisión la entrada en la UE de productos procedentes de terceros países que no cumplen las normas mínimas en materia de salud, seguridad y medio ambiente a las que están sujetas las empresas europeas? ¿Está de acuerdo la Comisión en que la consecuencia directa de autorizar la entrada de tales productos en la UE es la pérdida de empleos en el sector europeo de las manufacturas?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(7 de noviembre de 2003)

La respuesta a la pregunta escrita E-1795/03 de Su Señoría aludía a los esfuerzos desplegados para fomentar la aplicación del enfoque reglamentario europeo en terceros países.

Es importante hacer la distinción entre los requisitos obligatorios relativos a los productos, basados en objetivos políticos legítimos, tales como la protección del medio ambiente o la sanidad y seguridad, y aplicados por la Comunidad a los productos tanto comunitarios como extranjeros, por un lado, y, por otro, la cuestión de los métodos de producción de los bienes importados.

La Comunidad puede establecer requisitos legítimos relativos a los productos, siempre que cumpla sus obligaciones internacionales, es decir que no puede imponer leyes relativas a la seguridad y el medio ambiente a países fuera de su jurisdicción, al igual que estos países no pueden imponer sus propios requisitos en el territorio de la Comunidad. Se trata de un principio fundamental de soberanía plenamente coherente con la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y, concretamente, sus principios nos 2, 11 y 12, y también uno de los principios básicos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La Comunidad intenta no obstante fomentar el cumplimiento de normas más estrictas en los países en desarrollo; se trata por ejemplo de:

— la posibilidad de conceder a los países en desarrollo que apliquen normas sociales o medioambientales más estrictas un acceso preferente al mercado comunitario a través del sistema de preferencias generalizadas;

— el diálogo entre los países desarrollados y las empresas a fin de incitar a éstas a que adopten una actitud más responsable desde el punto de vista social y medioambiental en los países en desarrollo (por ejemplo, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha elaborado una directrices sobre la responsabilidad social de las empresas);

— el apoyo prestado por la política de la Comisión de ayuda al desarrollo a los países en desarrollo que se proponen establecer y aplicar nuevas normas más estrictas;

— la Unión está examinando también con sus socios de la OMC la forma de mejorar la relación entre comercio y medio ambiente.

Cabe subrayar en este contexto que, según algunos estudios de investigación, las normas medioambientales tienden a elevarse al mismo tiempo que el nivel de desarrollo, por lo que lo mejor que puede hacer la Unión para fomentar la adopción de normas más estrictas por parte de sus socios consiste en potenciar el desarrollo y el crecimiento económicos. El bloqueo de las importaciones procedentes de países en desarrollo tendría justamente el efecto contrario, ya que abandonaría a estos países en la pobreza y retrasaría aún más su ascenso en el ámbito reglamentario.

La Comisión conoce el argumento según el cual la autorización de tales importaciones puede ocasionar la pérdida de puestos de trabajo en la industria manufacturera europea. Se trata de un viejo argumento que ha sido desmentido en gran medida por los acontecimientos.

La Comisión considera que, a la hora de evaluar dicho argumento, es preciso tener en cuenta los siguientes extremos:

— se trata de una afirmación hipotética basada en la suposición de que la Comunidad podría incumplir sus obligaciones en el marco de la OMC y dar la espalda a los beneficios de los acuerdos comerciales multilaterales; la hipotética «pérdida» debe sopesarse en relación con el aún menos hipotético incremento del número de puestos de trabajo logrado a través de décadas de liberalización comercial;

— la liberalización comercial permite a los países especializarse en aquellos sectores en los que son más competitivos y permite también a todos los agentes beneficiarse del aumento de la productividad;

— dentro de su evolución natural, la economía de la Unión se ha alejado del sector manufacturero que emplea mucha mano de obra, en el que se han especializado los países en desarrollo, y cuenta en la actualidad con una estructura económica basada en los servicios, por lo que los trabajadores de la Unión sólo compiten de forma muy limitada con las importaciones a bajo coste;

— debido a la sensibilización de los consumidores europeos a las cuestiones sociales y medioambientales, los productores comunitarios pueden beneficiarse del mercado global de los productos que se ajustan a normas estrictas. Por ejemplo, el hecho de dirigirse a consumidores muy bien informados ha contribuido a convertir a la industria comunitaria en una industria muy competitiva en lo que atañe a los bienes respetuosos del medio ambiente y las tecnologías que preservan el medio ambiente.

(1) DO C 78 E de 27.3.2004, p. 725.