PREGUNTA ESCRITA P-2195/01

de Giorgio Celli (Verts/ALE) a la Comisión

(17 de julio de 2001)

Asunto: Alta velocidad ferroviaria

Después de innumerables denuncias de muchos ciudadanos y ecologistas en relación con casos de incumplimiento de las leyes de protección del medio ambiente, y a la vista de los últimos episodios judiciales que han dado lugar a la suspensión cautelar de diversas obras en el trayecto de Bolonia a Florencia y relacionados con el proyecto de alta velocidad en Italia, ¿Puede comprobar la Comisión si se han respetado todas las disposiciones legales relativas a los estudios sobre el impacto medioambiental del proyecto ferroviario según la Directiva del Consejo 85/337/CEE(1)?

¿Qué datos ha recogido en relación con la descompensación hidrogeológica que está causando dicha obra pública financiada con fondos europeos?

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(5 de septiembre de 2001)

Generalmente, las situaciones en las que puede considerarse que la normativa comunitaria en materia de medio ambiente ha sido incorrectamente aplicada por las autoridades de los Estados miembros suelen ser comunicadas a la Comisión a través de quejas, preguntas parlamentarias y peticiones dirigidas al Comité de Peticiones del Parlamento. Ahora bien, las situaciones denunciadas por ser incompatibles con la normativa comunitaria aplicable deben describirse detalladamente para que la Comisión pueda evaluarlas en relación con la normativa comunitaria de medio ambiente.

Con arreglo a la Directiva 85/337/CEE(1), relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y a la Directiva 97/11/CE(2), modificada por la Directiva 85/337/CEE, los Estados miembros están obligados a garantizar que, antes de conceder la autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes en el medio ambiente debido, inter alia, a su naturaleza, dimensión o localización, se sometan a un procedimiento de autorización y a una evaluación de sus repercusiones. Los proyectos a que se refiere la Directiva se enumeran en los anexos.

De acuerdo con la Directiva 85/337/CEE, antes y después de su modificación por la Directiva 97/11/CE, los proyectos mencionados en el Anexo I han de someterse a una evaluación de sus repercusiones sobre el medio ambiente.

Tomando como base la información suministrada por su Señoría, la Comisión considera que las obras a las que se refiere su pregunta entran dentro del ámbito de aplicación de las Directivas 85/337/CEE y 97/11/CE y, en particular, en la categoría 7 (vías para el tráfico a gran distancia de los ferrocarriles) del Anexo I de las dos Directivas. Sin embargo, no se aporta ningún elemento para deducir que la Directiva ha sido infringida en este caso concreto. Cuando no se aporta la prueba de que el Derecho comunitario ha sido infringido (o va a ser infringido) la Comisión considera que no hay motivos para intervenir. Las medidas de la Comisión para controlar la aplicación correcta del Derecho comunitario en los Estados miembros deben basarse en reclamaciones que pongan de manifiesto elementos (hechos y acciones) que constituyan la base para determinar que se ha infrigido el Derecho comunitario.

Ante la falta de motivos de queja específicos en este caso concreto, no se observa actualmente ninguna infracción de la Directiva.

El hecho de que un tribunal nacional haya iniciado un procedimiento por incumplimiento de la normativa de protección del medio ambiente y de que, como medida cautelar, haya suspendido varios proyectos de construcción en la sección Bolonia-Florencia de la red ferroviaria de alta velocidad no constituye en sí mismo un elemento que revele una infracción de la Directiva.

Además, cuando los tribunales nacionales controlan la conformidad de los procedimientos administrativos internos con el Derecho nacional derivado del Derecho comunitario no hacen sino garantizar el adecuado cumplimiento del Derecho comunitario. El hecho de que los tribunales nacionales desempeñen las mismas funciones que la Comisión con arreglo al artículo 211 del Tratado CE está en perfecta consonancia con el enfoque de la Comisión de que los tribunales nacionales y los órganos administrativos son los primeros responsables de garantizar que las autoridades de los Estados miembros cumplen el Derecho comunitario.

Hay que insistir en que, en los casos de incorrecta aplicación del Derecho comunitario, la acción de los tribunales nacionales es mucho más eficaz que cualquier intervención de la Comisión. Los poderes de la Comisión se limitan a los que le confiere el Tratado CE. En su tarea de garantizar la aplicación correcta del Derecho comunitario en todos los Estados miembros, la Comisión puede abrir procedimientos de infracción y someter el asunto al Tribunal de Justicia. Sin embargo, las sentencias del Tribunal sólo declaran si ha habido o no infracción. El Tribunal de Justicia no puede derogar una disposición nacional incompatible con el Derecho comunitario ni forzar a una administración nacional a responder a una queja individual, ni ordenar a un Estado miembro a pagar los daños y perjuicios a las personas perjudicadas por una infracción del Derecho comunitario. Sólo los tribunales nacionales pueden dictar órdenes a los órganos administrativos y hacer derogar una decisión nacional. Del mismo modo, sólo los tribunales nacionales tienen la facultad, en su caso, de ordenar a un Estado miembro que se haga cargo de las pérdidas sufridas por las personas como consecuencia de una infracción del Derecho comunitario de la que dicho Estado sea responsable.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.

(2) DO L 73 de 14.3.1997.