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PREGUNTA ESCRITA P-3945/97 de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión (4 de diciembre de 1997)

Asunto: Ayudas estatales a las empresas en los barrios urbanos degradados

En octubre de 1996, la Comisión adoptó un nuevo marco de referencia para las ayudas estatales a las empresas en los barrios urbanos desfavorecidos. Como se sabe, la anterior normativa no permitía a los Estados miembros tener en cuenta en medida plenamente satisfactoria los numerosos problemas de carácter social y económico que aquejan a las periferias de las grandes ciudades europeas. El nivel máximo de intensidad de la ayuda se ha fijado en el 26 % neto de la inversión y en 10.000 ecus por cada nuevo puesto de trabajo creado. Según las intenciones de la Comisión, esta iniciativa debería contribuir positivamente a la reactivación del empleo en los barrios periféricos que, en general, se caracterizan por una alta tasa de desempleo.

A pesar de que la Comisión haya pedido a los Estados miembros que aprovechen del nuevo marco normativo, cuya vigencia es de cinco años, con programas de ayuda específicos, al cabo de más de un año el Gobierno italiano todavía no ha adoptado todas las medidas necesarias para emprender dichos programas.

En consecuencia:

1. ¿Puede decir la Comisión cómo juzga el retraso del Gobierno italiano en atenerse al marco normativo europeo, especialmente si se considera que el período de vigencia de las nuevas normas se limita a cinco años a partir de 1996?

2. ¿Cuáles son los Estados miembros europeos que, ateniéndose a la Comunicación de la Comisión, ya han iniciado programas de ayuda para las periferias de las grandes ciudades?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (13 de enero de 1998)

Tal como indicaba la Comisión a Su Señoría en la respuesta a la pregunta escrita P-2628/97 ((DO C 82 de 17.3.1998, p. 117. )), el Encuadramiento sobre ayudas de Estado a las empresas en zonas urbanas desfavorecidas, adoptado por la Comisión el 2 de octubre de 1996 ((DO C 146 de 14.5.1997. )), tiene por objetivo establecer las normas que deben seguirse para determinar las zonas urbanas que pueden considerarse desfavorecidas y en consecuencia beneficiarse de ayudas estatales, bajo determinadas condiciones y límites que garanticen su compatibilidad con el mercado común. Se trata, pues, de explicaciones para los Estados miembros, y no de una invitación a conceder ayudas de este tipo. Esta decisión corresponde a los Estados miembros, los cuales, en su caso, deberán notificar a la Comisión los proyectos que elaboren a este respecto para su autorización.

Por lo que respecta a la situación en los Estados miembros, hasta ahora la Comisión únicamente tiene constancia de que Francia ha concedido ayudas de este tipo.
PREGUNTA ESCRITA E-3231/97 de Konstantinos Hatzidakis (PPE) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: Irregularidades cometidas por el Ministerio de Cultura griego en la adjudicación de contratos de obras financiadas por la Unión Europea

Según he sido informado, el Ministerio de Cultura griego, a la hora de adjudicar seis estudios sobre la unificación de los enclaves arqueológicos de Atenas, proyecto financiado por fondos comunitarios, no ha respetado las disposiciones de la Directiva 92/50/CEE ((DO L 209 de 24.7.1992, p. 1. )) ni otras disposiciones del Derecho comunitario, como el artículo 85 del Tratado, sobre normas de competencia. A título indicativo, podría mencionarse el trato discriminatorio de las candidaturas, la presentación fuera de plazo de la propuesta presentada por el consultor finalmente seleccionado, así como otras irregularidades e incumplimientos del procedimiento general que el Ministerio de Cultura griego no ha tenido en cuenta. Estos hechos ya han sido denunciados por la Cámara Técnica de Grecia y están recogidos en una reclamación presentada a la Comisión Europea por uno de los afectados, quien lleva más de nueve meses esperando respuesta.

A la vista de lo que antecede, ¿puede indicar la Comisión si ha tenido conocimiento de estos hechos y qué medidas piensa adoptar para garantizar el respeto del Derecho comunitario y una gestión transparente y justa de los fondos comunitarios por parte de las autoridades griegas?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (7 de enero de 1998)

El Ministerio de Cultura de Grecia publicó dos licitaciones en junio de 1995 y marzo de 1996, que concernían la adjudicación de seis estudios relativos a la unificación de los yacimientos arqueológicos de Atenas. El anuncio de los resultados se llevó a cabo simultáneamente para todos los estudios en julio de 1996. En enero de 1997 uno de los candidatos, que había sido descartado de la fase de adjudicación, hizo una denuncia ante la Comisión por infracción de la Directiva 92/50/CEE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios.

Según el denunciante, el poder adjudicador infringió el principio de no discriminación, mencionado en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 92/50/CEE, puesto que desestimó varias ofertas, entre ellas la del denunciante, por incumplimiento de las formalidades administrativas, y aceptó sin embargo otras que también presentaban defectos de forma.

Los datos aportados por el denunciante no permiten determinar la existencia de infracción a lo dispuesto en la Directiva 92/50/CEE. Se trata de aspectos relativos al procedimiento (conformidad con las normas administrativas internas) y aplicados a todos los candidatos. El denunciante no alega dato alguno que demuestre una discriminación hacia algunas de las oficinas de consultoría, por ejemplo la aceptación por parte del poder adjudicador de ofertas que presentaran los mismos defectos de forma que hubieran servido para excluir a otras, práctica que podría significar una infracción de la Directiva 92/50/CEE y del principio de no discriminación
PREGUNTA ESCRITA E-3628/97 de Luciano Vecchi (PSE) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Garantías de cara a acceder a la iniciativa de empleo en Francia

Como ya se señaló en preguntas anteriores, la decisión de las autoridades italianas de obligar a las empresas que actúan sin ánimo de lucro a concertar garantías bancarias para poder acceder a las iniciativas de empleo resulta costosa y punitiva para las entidades que tienen dificultades para presentar garantías financieras propias.

Sabiendo que esta cuestión se regula de manera distinta en cada uno de los Estados miembros de la Unión, ¿puede decir la Comisión si en Francia está previsto exigir a las empresas que actúan sin ánimo de lucro (y en general a las empresas de la economía social y del «tercer sistema») que presenten garantías financieras o bancarias y, en caso afirmativo, con qué condiciones?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3624/97, E-3625/97, E-3626/97, E-3627/97, E-3628/97, E-3629/97, E-3630/97, E-3631/97, E-3632/97, E-3633/97, E-3634/97, E-3635/97, E-3636/97 y E-3637/97 dada por el Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (30 de enero de 1998)

La Comisión no dispone de datos sobre la obligación impuesta por los Estados miembros a las organizaciones sin ánimo de lucro de presentar una garantía bancaria para poder acceder a las financiaciones previstas en los diversos programas comunitarios. Este asunto es competencia de la legislación nacional.

En lo que se refiere a la concesión de subvenciones dentro de la iniciativa Empleo, compete a las autoridades nacionales firmantes de los convenios con los promotores de los proyectos exigir garantías bancarias según las normas nacionales vigentes. En Alemania, Grecia, España, Austria y Portugal normalmente no se piden dichas garantías a los promotores potenciales para permitirles acceder a la iniciativa Empleo.

Si bien es verdad que la constitución de una garantía bancaria puede suponer una carga suplementaria sobre todo para las empresas de la economía social, no es menos cierto que dicha garantía resulta indispensable cuando las consecuencias del mal cumplimiento de una obligación contractual puedan exceder los recursos financieros del deudor.

El Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 ((DO L 356 de 31.12.1997. )), en su versión modificada ((DO L 240 de 7.6.1995. )), que se aplica al presupuesto general de las Comunidades Europeas, exige la constitución de una fianza por los contratistas en el caso de contratos muy importantes o de la concesión de subvenciones de envergadura para la realización de proyectos. Sin embargo, a la mayoría de la asociaciones de carácter social rara vez le afecta esta obligación, habida cuenta de la amplitud limitada de los proyectos que proponen.
PREGUNTA ESCRITA E-3563/97 de Graham Mather (PPE) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Comunicación de la Comisión sobre coordinación fiscal (COM (97)0495)

La mencionada Comunicación de la Comisión se examinó por primera vez en la reunión del Consejo ECOFIN del 13 de octubre de 1997. El documento propone un paquete de medidas orientadas a atajar lo que califica de competencia fiscal perjudicial. El Consejo pidió a la Comisión que presentara una nueva Comunicación, a más tardar el 12 de noviembre, en la que se tuvieran en cuenta los resultados de esta reunión, y de la del Grupo de Política Fiscal del 20 de octubre. Los ministros subrayaron por unanimidad su intención de alcanzar un acuerdo político sobre este asunto en la reunión del Consejo ECOFIN del 1 de diciembre.

Con respecto a la imposición de los ingresos del capital, en el punto 19 III de su Comunicación, la Comisión afirma que cada Estado miembro debería establecer un impuesto de retención en la fuente mínimo, o bien facilitar información sobre los ingresos del ahorro a los demás Estados miembros. En el punto 19 IV, declara que la Comunidad debería promover la solución acordada más allá de sus fronteras.

1. ¿Mediante qué mecanismos y organizaciones internacionales piensa la Comisión promover dicha solución?

2. ¿Cuáles serán los medios utilizados en el contexto de dichos mecanismos y organizaciones?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3563/97, E-3564/97, E-3565/97, E-3566/97 y E-3567/97 dada por el Sr. Monti en nombre de la Comisión (3 de febrero de 1998)

A la Comisión le gustaría centrar la atención de Su Señoría en su nuevo comunicado de 5 de noviembre de 1997 ((COM(97)564 final. )) y en las conclusiones de la reunión del Consejo ECOFIN de 1 de diciembre de 1997 sobre política fiscal.

En estas conclusiones el Consejo aprobó un texto sobre la fiscalidad de los ahorros que contiene cuatro puntos que pueden formar la base de una nueva propuesta de directiva.

Tal y como adelantó la Comisión en su propia comunicación arriba mencionada, su intención es presentar dicha propuesta muy pronto, en principio, antes de abril de 1998.

La Comisión considera prematuro hacer comentarios en este momento sobre las delicadas preguntas planteadas por Su Señoría.

La Comisión está todavía reflexionando y su posición estará claramente definida en la propuesta de directiva.
PREGUNTA ESCRITA E-3625/97 de Luciano Vecchi (PSE) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Garantías de cara a acceder a la iniciativa de empleo en Bélgica

Como ya se señaló en preguntas anteriores, la decisión de las autoridades italianas de obligar a las empresas que actúan sin ánimo de lucro a concertar garantías bancarias para poder acceder a las iniciativas de empleo resulta costosa y punitiva para las entidades que tienen dificultades para presentar garantías financieras propias.

Sabiendo que esta cuestión se regula de manera distinta en cada uno de los Estados miembros de la Unión, ¿puede decir la Comisión si en Bélgica está previsto exigir a las empresas que actúan sin ánimo de lucro (y en general a las empresas de la economía social y del «tercer sistema») que presenten garantías financieras o bancarias y, en caso afirmativo, con qué condiciones?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3624/97, E-3625/97, E-3626/97, E-3627/97, E-3628/97, E-3629/97, E-3630/97, E-3631/97, E-3632/97, E-3633/97, E-3634/97, E-3635/97, E-3636/97 y E-3637/97 dada por el Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (30 de enero de 1998)

La Comisión no dispone de datos sobre la obligación impuesta por los Estados miembros a las organizaciones sin ánimo de lucro de presentar una garantía bancaria para poder acceder a las financiaciones previstas en los diversos programas comunitarios. Este asunto es competencia de la legislación nacional.

En lo que se refiere a la concesión de subvenciones dentro de la iniciativa Empleo, compete a las autoridades nacionales firmantes de los convenios con los promotores de los proyectos exigir garantías bancarias según las normas nacionales vigentes. En Alemania, Grecia, España, Austria y Portugal normalmente no se piden dichas garantías a los promotores potenciales para permitirles acceder a la iniciativa Empleo.

Si bien es verdad que la constitución de una garantía bancaria puede suponer una carga suplementaria sobre todo para las empresas de la economía social, no es menos cierto que dicha garantía resulta indispensable cuando las consecuencias del mal cumplimiento de una obligación contractual puedan exceder los recursos financieros del deudor.

El Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 ((DO L 356 de 31.12.1997. )), en su versión modificada ((DO L 240 de 7.6.1995. )), que se aplica al presupuesto general de las Comunidades Europeas, exige la constitución de una fianza por los contratistas en el caso de contratos muy importantes o de la concesión de subvenciones de envergadura para la realización de proyectos. Sin embargo, a la mayoría de la asociaciones de carácter social rara vez le afecta esta obligación, habida cuenta de la amplitud limitada de los proyectos que proponen.
PREGUNTA ESCRITA E-3637/97 de Luciano Vecchi (PSE) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Garantías de cara a acceder a la iniciativa de empleo en Suecia

Como ya se señaló en preguntas anteriores, la decisión de las autoridades italianas de obligar a las empresas que actúan sin ánimo de lucro a concertar garantías bancarias para poder acceder a las iniciativas de empleo resulta costosa y punitiva para las entidades que tienen dificultades para presentar garantías financieras propias.

Sabiendo que esta cuestión se regula de manera distinta en cada uno de los Estados miembros de la Unión, ¿puede decir la Comisión si en Suecia está previsto exigir a las empresas que actúan sin ánimo de lucro (y en general a las empresas de la economía social y del «tercer sistema») que presenten garantías financieras o bancarias y, en caso afirmativo, con qué condiciones?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3624/97, E-3625/97, E-3626/97, E-3627/97, E-3628/97, E-3629/97, E-3630/97, E-3631/97, E-3632/97, E-3633/97, E-3634/97, E-3635/97, E-3636/97 y E-3637/97 dada por el Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (30 de enero de 1998)

La Comisión no dispone de datos sobre la obligación impuesta por los Estados miembros a las organizaciones sin ánimo de lucro de presentar una garantía bancaria para poder acceder a las financiaciones previstas en los diversos programas comunitarios. Este asunto es competencia de la legislación nacional.

En lo que se refiere a la concesión de subvenciones dentro de la iniciativa Empleo, compete a las autoridades nacionales firmantes de los convenios con los promotores de los proyectos exigir garantías bancarias según las normas nacionales vigentes. En Alemania, Grecia, España, Austria y Portugal normalmente no se piden dichas garantías a los promotores potenciales para permitirles acceder a la iniciativa Empleo.

Si bien es verdad que la constitución de una garantía bancaria puede suponer una carga suplementaria sobre todo para las empresas de la economía social, no es menos cierto que dicha garantía resulta indispensable cuando las consecuencias del mal cumplimiento de una obligación contractual puedan exceder los recursos financieros del deudor.

El Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 ((DO L 356 de 31.12.1997. )), en su versión modificada ((DO L 240 de 7.6.1995. )), que se aplica al presupuesto general de las Comunidades Europeas, exige la constitución de una fianza por los contratistas en el caso de contratos muy importantes o de la concesión de subvenciones de envergadura para la realización de proyectos. Sin embargo, a la mayoría de la asociaciones de carácter social rara vez le afecta esta obligación, habida cuenta de la amplitud limitada de los proyectos que proponen.
PREGUNTA ESCRITA E-3384/97 de Jaak Vandemeulebroucke (ARE) a la Comisión (23 de octubre de 1997)

Asunto: Impreso de candidatura a un concurso para la Agencia Europea de Medio Ambiente (Copenhague)

En el Diario Oficial C 294 A, de 27 de septiembre de 1997, se anuncia la organización por parte de la Agencia Europea de Medio Ambiente de un procedimiento de selección para contratar a un director adjunto.

En todas las versiones lingüísticas de dicho Diario Oficial, el impreso de candidatura adjunto figura únicamente en inglés.

Si la Comisión aspira verdaderamente a lograr la igualdad de trato de todos los ciudadanos de la Unión Europea, ¿no considera que todos los candidatos deben poder participar en este procedimiento de selección en su lengua materna y que, en este caso concreto, los candidatos de habla inglesa cuentan con una clara ventaja?

¿Está dispuesta la Comisión a adoptar medidas serias y concretas para evitar en el futuro tales formas de discriminación? Por lo que se refiere al procedimiento de selección que nos ocupa, ¿tiene la Comisión la intención de facilitar impresos de candidatura en todas las lenguas oficiales?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (1 de diciembre de 1997)

Como sabe Su Señoría, la Agencia Europea de Medio Ambiente es un órgano independiente sobre el cual la Comisión no tiene ningún control directo. La responsabilidad de todos los asuntos relacionados con el personal de la Agencia, incluida su contratación, corresponde al Consejo de administración de la misma, que delega las tareas cotidianas y los problemas generales de gestión en el director ejecutivo. El Consejo de administración cuenta con dos representantes designados por el Parlamento que podrían contribuir a aclarar estos extremos.

El anuncio del procedimiento de selección de un director adjunto se publicó en el Diario Oficial en todas las versiones lingüísticas con arreglo al material enviado por la Agencia. Los textos suministrados y publicados consistían en un formulario de solicitud en inglés y un anuncio de vacante en todas las lenguas oficiales. La decisión de publicar nuevos formularios de solicitud corresponde a la Agencia, pero ésta ha informado a la Comisión de que todos los candidatos que se han dirigido a la Agencia recibirán formularios idénticos, pero en su propia lengua, para garantizar la igualdad de trato de todas las solicitudes.

Por regla general, los representantes de la Comisión en el Consejo de administración sostienen los principios de igualdad de oportunidades y selección basada en la capacidad, eficiencia e integridad del candidato en relación con los requisitos del puesto.
PREGUNTA ESCRITA E-4085/97 de Wolfgang Kreissl-Dörfler (V) a la Comisión (16 de enero de 1998)

Asunto: Cartografía de territorios indígenas en la zona del Amazonas

Por encargo de la Comisión europea se han llevado a cabo varios proyectos para realizar la cartografía de territorios indígenas y zonas protegidas en la zona del Amazonas.

¿En qué países se han cartografiado territorios indígenas y zonas protegidas y hasta qué punto son completos los mapas actuales?¿En qué marco están previstos proyectos para completarlos y en qué medida participan las empresas privadas?¿Existe una relación entre los proyectos de cartografía mencionados y el proyecto piloto del PPG7?

Respuesta común a las preguntas escritas E-4084/97, E-4085/97 y E-4086/97 dada por el Sr. Marín en nombre de la Comisión (3 de febrero de 1998)

La Comunidad ha financiado numerosos proyectos en la Amazonía relacionados con la cartografía de los territorios indígenas, a través de la línea presupuestaria para los bosques tropicales. Estos proyectos aspiran a establecer los límites de los territorios indígenas con la intención básica de fomentar la protección y el desarrollo viable de los bosques tropicales, de modo que estos grupos puedan optar por seguir practicando sus formas tradicionales de vida siempre que sea posible y sostenible frente a otras demandas y otros usuarios del suelo.

Se ha pedido a la Comisión que ayude a los países en vías de desarrollo a establecer una visión global exacta de los territorios indígenas en sus territorios. En este contexto, la Comisión está elaborando un documento de trabajo sobre el apoyo a los indígenas en la cooperación al desarrollo.

La Comisión ha ayudado al Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil a elaborar mapas exactos y actualizados de los territorios indígenas del país y a crear una red entre organismos similares de América Latina para compartir experiencias y coordinar actividades transfronterizas. Esta labor está entrando en una segunda fase, que añadirá otros datos geográficos, por ejemplo los tipos de vegetación, a un único SIG (sistema de información geográfica). El ISA se ha convertido así en el principal depositario nacional de información sobre los territorios indígenas, hasta el punto de que organismos de Gobierno como la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) acuden en primer lugar al ISA para obtener mapas y ayudar a resolver los conflictos territoriales que afectan a los indígenas. El ISA mantiene sólidas relaciones con el programa experimental del G7, en particular con el proyecto «Tierras indígenas», que ha efectuado la demarcación de los límites jurídicos de los grupos indígenas reconocidos en la Amazonía brasileña, con el apoyo del Gobierno alemán y de la Comunidad (a través del fondo para los bosques tropicales).

En Brasil, el ISA mantiene contactos muy estrechos con el Gobierno, especialmente con la FUNAI, departamento federal responsable de asuntos indígenas.
PREGUNTA ESCRITA E-3177/97 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión (13 de octubre de 1997)

Asunto: Programas innovadores para mujeres dedicadas a la agricultura y de zonas rurales

Con miras a mejorar y reforzar la posición de las mujeres en las zonas rurales, la Comisión ha convocado un concurso de presentación de propuestas de proyectos piloto y de demostración para programas innovadores dirigidos a las mujeres de la agricultura y a las mujeres en general (96/C/284/10).

¿Puede indicar la Comisión:

1. si se ha completado el procedimiento de evaluación y selección de los proyectos presentados

2. y cuántas propuestas presentadas con participación griega han sido aprobadas y cuáles son?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (9 de diciembre de 1997)

1. La evaluación y la selección de las propuestas presentadas en relación con la convocatoria de propuestas mencionada por Su Señoría aún no han concluido.

2. Por consiguiente, la Comisión es incapaz de facilitar en la fase actual la información solicitada por Su Señoría acerca de las propuestas griegas.