PREGUNTA ESCRITA E-1373/98

de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión

(7 de mayo de 1998)

Asunto: Protección de los militares de otros Estados miembros

El Tribunal de Justicia Europeo ha sentenciado recientemente que el servicio militar es un deber fundamental de los ciudadanos para con el Estado, pero que impone a éste ciertas obligaciones. Dicha sentencia del Tribunal establece la obligación para el Estado de compensar las repercusiones negativas que se produzcan a lo largo de todo el servicio militar y para la legislación comunitaria de imponer a los empleadores la obligación de proporcionar cobertura aseguradora a los trabajadores que estén realizando el servicio militar, con la condición de que el contrato de trabajo no se interrumpa antes de la entrada en filas.

La cuestión que se plantea, sin embargo, es si esta ventaja puede también reconocérsele a las personas que trabajan en un Estado miembro distinto de su país de origen y que están obligados a realizar el servicio militar en el ejército del país del que son nacionales.

¿Puede decir la Comisión si un ciudadano de otro Estado miembro de la UE puede exigir al país en el que trabaja cobertura aseguradora durante todo el periodo de cumplimiento del servicio militar en su Estado miembro de origen, y en qué condiciones?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(8 de junio de 1998)

El derecho comunitario prevé que los ciudadanos de la Comunidad deben estar afiliados en el Estado miembro en el que trabajan en las mismas condiciones que los nacionales de ese Estado: Reglamento (CEE) 118/97 del Consejo de 2 de diciembre de 1996 por el que se modifica y actualiza el Reglamento (CEE) 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) 574/72 por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) 1408/71(1).

En lo que respecta al servicio militar, el Tribunal de Justicia ha desarrollado una jurisprudencia que responde concretamente a las preguntas que ha planteado Su Señoría. Si la legislación del Estado en que se efectúa el servicio militar considera que durante el servicio militar se está asegurado, los otros Estados miembros también deben reconocer ese período para el cálculo de la correspondiente prestación, aunque sus propias legislaciones no lo tengan en cuenta (véase la sentencia de 15 de diciembre de 1993, Fabrizzi e.a., C-0113/92, C-0113/92, C-0114/92 y C-0056/92, Rec. p. I-6.707). Por otro lado, si un país reconoce que, durante el servicio militar, sus ciudadanos están asegurados, debe aplicarles las mismas condiciones si efectúan el servicio militar en otro Estado miembro (véase la sentencia de 25 de junio de 1997, Romero, C-0131/96, Rec. p. I-3.659).

Asimismo, las "ventajas sociales" Reglamento (CEE) 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad(2) que se reconocen a los nacionales (tomando en consideración la duración del servicio militar para determinar la antigüedad en la empresa) también deben otorgarse a los trabajadores migrantes que efectúan el servicio militar en su país (sentencia de 15 de octubre de 1969, Ugliola, rec. p. 363).

La jurisprudencia, en cambio, es restrictiva en lo que respecta a la protección social complementaria. Según la sentencia de 14 de marzo de 1996 (De Vos, C-0315/94, Rec. p. I-1.417), "un trabajador, nacional de un Estado miembro, que trabaja en el territorio de otro Estado miembro, no tiene derecho a que se continúen abonando las cotizaciones (aportación del empresario y aportación del trabajador) al seguro complementario de vejez y de supervivencia para trabajadores del sector público, por la cuantía que debería haberse abonado en el supuesto de que la relación laboral no se hubiera suspendido por razón del llamamiento a filas del trabajador, cuando dicho derecho corresponda legalmente a los nacionales de ese Estado, que trabajen en el sector público y que presten el servicio militar en ese Estado". (Para obtener más información sobre la jurisprudencia en la materia, véase el análisis detallado del abogado general Cosmas en el caso C-0248/96, Grahame, Rec. 1997, p. I-6.407).

(1) DO L 28 de 30.1.1997.

(2) DO L 257 de 19.10.1968.