PREGUNTA ESCRITA E-3730/98

de Antonios Trakatellis (PPE) a la Comisión

(11 de diciembre de 1998)

Asunto: Déficit de empresas y organismos públicos y adhesión de Grecia a la UEM

Las recomendaciones de la Comisión en el documento "Orientaciones económicas básicas para 1998" dicen que hay que reducir el déficit público de la Comunidad en un 2 % del PIB para 1998, principalmente a través del saneamiento de las finanzas. Paralelamente, se hace hincapié en que, pese a los esfuerzos realizados por Grecia, el déficit público de dicho país alcanzó en 4 % del PIB en 1997. Por tanto, se pide que persevere en sus intento de saneamiento financiero aplicando las medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno griego para el ingreso de la dracma en el Mecanismo de Tipos de Cambio del SME. Según recientes cálculos de la Comisión, el déficit público medio de la UE se limitará al 1,8 % en 1998, mientras que para Grecia se prevé un ligero empeoramiento. El Consejo Ecofin de octubre observó que el objetivo del programa griego de convergencia para el déficit público de 1998 es optimista (2,4 %) y, en consecuencia, es necesario que se adopten medidas de acompañamiento.

1. Considerando que el déficit de las empresas y organismos públicos constituye la mayor plaga de la economía griega, que supone un derroche de dinero público y que crece continuamente en vez de disminuir, ¿es compatible con las normas comunitarias la aportación continua e incontrolada al déficit público por parte del Estado, y cómo se concilia dicha práctica con el intento de convergencia real (y no nominal) de Grecia para su entrada en la UEM?

2. ¿Cómo se concilia la continua financiación comunitaria, por medio del segundo MCA y otros fondos comunitarios, de organismos públicos y empresas que sufren unas deudas y un déficit impresionantes que quedan cubiertos por el presupuesto nacional, por ejemplo: [Ogr ][Sgr ][Egr ] (Sociedad de Ferrocarriles de Grecia) 550.000 millones de dracmas; [Ogr ][Agr ][Sgr ][Agr ] (Organismo de Transporte Urbano de Atenas) 950.000 millones de dracmas, Olympic Airways 2.059 millones de ecus (1990-95), etc, sin aplicación alguna de planes de saneamiento y revitalización?

3. ¿Cómo se concilian con los objetivos de desarrollo económico los recortes en las inversiones públicas y la disminución de fondos comunitarios para obras y ejes de desarrollo (Vía Egnacia, Gas Natural, Catastro, Sanidad, Educación, etc.), que se destinan a cubrir déficit públicos improductivos?

4. ¿En qué medida pueden ser de aplicación las normas comunitarias sobre competencia y saneamiento fiscal en general en todas las empresas y organismos públicos, de modo que quede garantizado que los gastos comunitarios y públicos y las ayudas estatales se destinen a planes de desarrollo?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión

(15 de febrero de 1999)

1. El Gobierno griego ha reconocido la necesidad de proceder a una reforma estructural del sector público en general para aumentar el potencial y la eficiencia de la economía griega. El paquete de medidas de acompañamiento anunciado el 14 de marzo de 1998, al incorporarse Grecia al mecanismo de tipos de cambio (MTC) contenía, entre otras medidas, un plan amplio de privatizaciones durante 1998 y 1999 y un programa a medio plazo de reconversión de los organismos públicos deficitarios. Grecia ha avanzado significativamente estos últimos años en la reducción de sus desequilibrios fiscales. El déficit público general se redujo hasta un 4 % del producto interior bruto (PIB) en 1997 cuando en 1993 fue del 13,8 %, y las autoridades griegas estiman que en 1998 correspondió al 2,2 % del PIB. El programa de convergencia para el período 1998-2001, que Grecia ha presentado de conformidad con los Reglamentos del Consejo sobre el pacto de estabilidad y crecimiento, viene a consolidar el ajuste fiscal y la reforma estructural. El Consejo Ecofin examinó, el 12 de octubre de 1998, el programa de convergencia griego y emitió un dictamen sobre una Recomendación de la Comisión de conformidad con el Reglamento (CE) 1466/97 del Consejo de 7 de julio de 1997 relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas(1). El Consejo consideró que el programa era compatible con las orientaciones generales de política económica y que era un paso importante en la dirección del cumplimiento de los requisitos del pacto de estabilidad y crecimiento. El Consejo exhortó al Gobierno griego a aplicar enérgicamente el programa y a tomar las medidas necesarias para lograr sus objetivos, que incluyen la reforma del sector público en general.

2. El objetivo fundamental de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión es promover el desarrollo económico, financiando los proyectos que contribuyan a su realización. Los criterios principales para la cofinanciación comunitaria son, por lo tanto, el carácter subvencionable de los proyectos, según lo definido, por ejemplo, en el marco comunitario de apoyo (MCA) a Grecia, y su puesta en práctica eficiente. La asignación de estos fondos comunitarios no se condiciona directamente a la estructura de una organización o de una empresa beneficiaria mientras se asegure la gestión eficiente de los proyectos.

3. Los resultados económicos de varios Estados miembros han demostrado que la estabilidad macroeconómica, con un déficit público bajo, es una condición necesaria para el desarrollo económico. En estos ejemplos de éxito, el recorte del gasto público se ha logrado fundamentalmente reduciendo el consumo público y manteniendo al mismo tiempo un nivel alto de inversión pública. En el contexto de los Fondos estructurales, el principio de adicionalidad busca garantizar que el nivel de gasto público nacional subvencionable no se reduzca en comparación con el período previo del programa. Sin embargo, los problemas metodológicos de los datos proporcionados por las autoridades griegas todavía no han permitido a la Comisión confirmar que se haya respetado la adicionalidad durante este período del programa.

4. La Comunidad considera todo el territorio de Grecia posible receptor de ayudas dentro del Objetivo 1 de los Fondos estructurales, en el marco del Fondo de Cohesión y de las ayudas estatales contempladas en la letra a) del apartado 3 del Artículo 92 del Tratado CE, cuyo objetivo es promover el desarrollo económico del Estado miembro. Según lo mencionado anteriormente, la ayuda en el marco de estos sistemas depende principalmente de la eficiencia de los proyectos a la hora de contribuir al objetivo de desarrollo. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, el Tratado CE no faculta prácticamente a la Comunidad a interferir directamente en la estructura organizativa del sector público de un Estado miembro. Las excepciones son las condiciones de reconversión vinculadas a la autorización de ayudas estatales y las disposiciones en el contexto de la liberalización de las industrias de red.

En cuanto a las ayudas estatales, los apartados 2 y 3 del Artículo 92 del Tratado CE establecen exenciones a la prohibición general del apartado 1 de ese artículo. La compatibilidad de la ayuda con el mercado común de conformidad con las letras a) y c) del apartado 3 del Artículo 92 se evalúa con arreglo a los criterios específicos recogidos en las directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional. Se podrá autorizar una ayuda a estas regiones siempre que se busque específicamente su desarrollo apoyando la inversión o la creación de empleo en un contexto viable. Las directrices también especifican los umbrales para la cuantía de la ayuda que tienen en cuenta la naturaleza e importancia de los problemas regionales abordados. Otros sistemas de control de la ayuda estatal tienen en cuenta el desarrollo al autorizar ayudas más elevadas en regiones subvencionadas.

(1) DO L 209 de 2.8.1997.