PREGUNTA ESCRITA E-0773/98

de Jessica Larive (ELDR) a la Comisión

(18 de marzo de 1998)

Asunto: Precios fijos de los libros y el artículo 128 del Tratado de Maastricht

La Comisión ha iniciado recientemente un procedimiento con objeto de poner fin al sistema de fijación transfronteriza de los precios de libros entre Alemania y Austria. La Comisión considera que los acuerdos en materia de precios contravienen la legislación europea en materia de competencia.

El 30 junio 1997, el Consejo de Cultura encargó a la Comisión la realización de un estudio sobre la relación entre el apartado consagrado a la cultura del Tratado de Maastricht y el del Tratado de Roma. La autora de la presente pregunta muestra su sorpresa al constatar que la Comisión acaba de convocar la licitación relativa al mismo.

El 17 febrero 1998, la Comisión, por boca del Comisario Van den Broek, confirmó al Parlamento Europeo en Estrasburgo que el apartado 4 del artículo 128 del Tratado de Maastricht prevé que se tengan en cuenta de manera sistemática las consecuencias de las políticas comunitarias sobre los aspectos culturales.

1. ¿No considera la Comisión que, en el contexto del proceso de toma de decisiones, no deben tenerse en cuenta tan sólo argumentos de carácter económico sino que también se ha de considerar la perspectiva cultural?

2. ¿Por qué motivo ha tardado la Comisión más de medio año en convocar la licitación pública para la realización del estudio sobre la relación entre el apartado relativo a la cultura del Tratado de Maastricht y el del Tratado de Roma?

3. ¿No considera la Comisión que lo más lógico y oportuno sería aguardar los resultados de dicho estudio antes de iniciar un procedimiento que pondría fin a la fijación transfronteriza de los precios de los libros y que se basa exclusivamente en motivos económicos?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión

(28 de abril de 1998)

Es evidente que la Comisión está dispuesta a atender a los aspectos culturales a la hora de tomar decisiones conforme a las disposiciones del Tratado CE; por ejemplo, al aplicar las normas comunitarias sobre competencia. Además, según el apartado 4 del artículo 128 del Tratado CE, tiene la obligación de hacerlo. De hecho, tal como ha reconocido el Tribunal de Justicia, la Comisión ya ha atendido a aspectos culturales en sus anteriores decisiones sobre fijación transfronteriza de precios de libros, incluso antes de que se introdujera el apartado 4 en el artículo 128 del Tratado CE (conclusiones del abogado general Lenz (Rec. 1995, p. I-52) en el asunto del "net book agreement", sobre el sistema de precios fijos entre el Reino Unido e Irlanda, según las cuales la Comisión, cumpliendo su deber, había tomado en consideración los aspectos culturales al adoptar su decisión). Esta obligación ya se derivaba de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia antes de que existiera el apartado 4 del artículo 128 del Tratado CE.

La Comisión tiene competencia exclusiva para eximir los acuerdos de la prohibición general establecida en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE si se cumplen las condiciones del apartado 3 del artículo 85. La Comisión, dentro de sus poderes discrecionales de conformidad con el apartado 3 del artículo 85 y cuando proceda, puede atender a argumentos culturales. Esto no significa que pueda eximirse cualquier acuerdo del cual se afirme que se justifica por motivos culturales. Por ejemplo, el apartado 3 del artículo 85 únicamente permite que se eximan los acuerdos cuyos supuestos efectos positivos, ya sean culturales o de otro tipo, puedan demostrarse claramente, y requiere que los medios empleados para lograr estos efectos sean lo menos restrictivos posible para la competencia. La disposición favorable de la Comisión a atender a aspectos culturales en sus decisiones no puede llevarla a emplear sus poderes discrecionales para tomar decisiones contrarias a otras disposiciones del Tratado. Cabe señalar que el abogado general VerLoren van Themaat, en el asunto VBBB/VBVB (v. Rec. 1984, p.89) sobre el sistema de precios fijos de los libros holandeses y flamencos, consideró innecesario atender a los aspectos culturales si antes no se demostraba que los supuestos beneficios culturales del establecimiento de precios fijos para la producción y distribución de libros realmente existían. En este caso, el Tribunal de Justicia confirmó en su sentencia que la Comisión estaba en lo cierto al afirmar que no había beneficios tales.

Tras una amplia investigación realizada desde 1993 sobre todos los aspectos del sistema alemán-austríaco de fijación de precios de los libros, la Comisión incoó procedimientos por haber alcanzado la conclusión preliminar de que no había argumentos que justificaran una exención. En este momento, la Comisión se encuentra a la espera de una respuesta de las partes. Sólo después de un minucioso examen de dicha respuesta y del punto de vista de los terceros interesados se adoptará una decisión final.

Al convocar la licitación para el estudio, la Comisión tuvo que seguir, como es lógico, los procedimientos correspondientes.

La Comisión siempre ha sostenido que la iniciativa del Consejo de solicitar a la Comisión que lleve a cabo un estudio no debe dar lugar a retrasos en los procedimientos relativos a asuntos concretos de sistemas de fijación de precios de los libros. Por supuesto, mientras dure el procedimiento, la Comisión tendrá en cuenta todos los datos de que disponga.