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PREGUNTA ESCRITA E-0620/00

de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión

(3 de marzo de 2000)

Asunto: Enseñanza de la interpretación de la lengua griega

Los centros que la Universidad de Maguncia (Alemania) tiene en el campus de Germersheim incluyen un departamento de gran utilidad en el que se forman intérpretes de las diferentes lenguas europeas. Pese a que bastantes decenas de estudiantes cursan interpretación de y a la lengua griega, según la información de que dispone el autor de la pregunta, la citada Universidad proyecta suprimir dichos estudios. Según esta misma información, la Universidad en cuestión obtiene financiación de la Unión Europea precisamente para reforzar la enseñanza de la interpretación.

¿Podría informar la Comisión, sobre la base de esta última información, acerca de los planes de la Universidad de Maguncia en lo que concierne a la interpretación de y a la lengua griega?

Y ya que no parece haber un motivo fundado para suprimirla, ¿podría solicitar la Comisión a la Universidad de Maguncia o a su autoridad de control que mantenga la enseñanza de la lengua citada, que es de especial utilidad para el funcionamiento de las instituciones comunitarias y de muchos otros organismos y empresas europeos?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(14 de abril de 2000)

La Comisión comparte el punto de vista de Su Señoría por lo que se refiere a la importancia de la lengua griega en su calidad de lengua oficial de la Comunidad. En cuanto a la interpretación de lenguas, el Servicio Común Interpretación Conferencias (SCIC) de la Comisión realiza grandes esfuerzos en favor del multilingüismo y de la igualdad en la consideración de todas las lenguas. No obstante, la Comisión no puede usurpar las competencias de las autoridades nacionales en lo que respecta a la formación de intérpretes.

En efecto, de conformidad con el Tratado CE, cada Estado miembro es responsable del contenido de su enseñanza y de la organización de su propio sistema educativo. Así pues, la decisión de no proseguir la enseñanza de la interpretación de la lengua griega es competencia de las autoridades universitarias y, en última instancia, del Estado miembro en cuestión.

Por último, parece ser que, en este caso, las informaciones de que dispone Su Señoría no se corresponden plenamente con la situación real. En efecto, la Universidad de Maguncia ha confirmado que no incluye la lengua griega en su formación de intérpretes, y que nunca lo ha hecho. Por otra parte, la Comisión no concede ninguna ayuda al programa de formación de intérpretes de esta universidad.
PREGUNTA ESCRITA E-0978/00

de Niels Busk (ELDR) a la Comisión

(31 de marzo de 2000)

Asunto: Documentos T5

En relación con mi anterior pregunta (P-2817/99)(1), pido a la Comisión que, en su respuesta, tome como punto de partida la situación en la cual la responsabilidad sigue recayendo sobre el exportador, mientras que, tras su sellado, el documento queda en manos de las autoridades y, de este modo, bajo su control exclusivo.

¿Piensa la Comisión adoptar medidas para que la responsabilidad de devolución de los documentos T5 se atribuya a las autoridades, teniendo en cuenta que son éstas quienes están en posesión de dicho documento?

(1) DO C 225 E de 8.8.2000, p. 209.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(19 de mayo de 2000)

La Comisión mantiene que no es necesario transferir a las autoridades competentes la responsabilidad de la devolución de los documentos T5 en la medida en que esta responsabilidad les incumbe ya legalmente. Tampoco fue advertida de que la situación descrita por Su Señoría revistiera un carácter general en uno o más Estados miembros.

Cuando se establece en un caso particular que las autoridades competentes no respetaron la obligación de devolución del original del ejemplar de control T5, el exportador tiene siempre la posibilidad, tal como se indica en la respuesta de la Comisión a la cuestión escrita P-2817/99 de Su Señoría, de solicitar la confirmación del respeto de la utilización o el destino previsto para las mercancías. En último recurso, dispone siempre de la posibilidad de hacer valer sus derechos, incluso en juicio, en especial en el caso de una posible violación por un Estado miembro de sus obligaciones comunitarias y en particular si esto le supone un perjuicio.

Aunque no corresponde a la Comisión inmiscuirse en casos concretos, está no obstante dispuesta a recordar a los Estados miembros, a nivel general del respeto del Derecho comunitario, sus obligaciones sobre este tema.
PREGUNTA ESCRITA E-0355/00

de Ward Beysen (ELDR) a la Comisión

(14 de febrero de 2000)

Asunto: Directiva sobre los derechos de autor

El Consejo está examinando la propuesta de la Comisión para revisar la directiva sobre los derechos de autor y derechos conexos. Por una parte, la propuesta ofrece unas ventajas inmensas, en la medida en que se encuentre un equilibrio entre los titulares de los derechos de autor, los usuarios y la industria tecnológica, pero, por otra parte, también puede suponer un peligro si se concede el monopolio técnico absoluto a los titulares de los derechos de autor. ¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para evitar que se impongan y haya que someterse a sistemas técnicos en los casos excepcionales, concretamente los casos en que sí se autorizan las copias?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(28 de marzo de 2000)

La propuesta de Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información(1) tiene por objeto adaptar a escala comunitaria el marco jurídico de los derechos de autor para afrontar los retos de las nuevas tecnologías y formas de producción y explotación de las obras. Se sitúa en un entorno mundializado y tiene también por objeto transponer la mayor parte de las obligaciones internacionales derivadas de sendos Tratados adoptados en 1996 bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre los derechos de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas.

Entre tales obligaciones, las partes contratantes acordaron elaborar una legislación que garantizara la protección jurídica de las medidas técnicas utilizadas por los beneficiarios para proteger sus obras contra actos no autorizados. La propuesta de Directiva transpone esta obligación a escala comunitaria para garantizar un nivel equivalente de protección en todos los Estados miembros y permitir el correcto funcionamiento del mercado interior.

Su Señoría reconoce los esfuerzos realizados por la Comisión en su propuesta para garantizar el equilibrio entre los distintos derechos e intereses afectados. La Comisión presta especial atención a dicho equilibrio sobre la cuestión de la delimitación del alcance de la protección de las medidas técnicas cuando un Estado miembro se acoge a una de las excepciones previstas en el artículo 5 de la propuesta. Esta preocupación es compartida por los Estados miembros, que están buscando en el Grupo de Trabajo del Consejo una solución satisfactoria.

(1) DO C 180 de 25.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-0214/00

de Bernard Poignant (PSE) a la Comisión

(4 de febrero de 2000)

Asunto: Naufragio del Erika e indemnización al sector pesquero y de la acuicultura a través de los Fondos estructurales

El naufragio del Erika ha tenido consecuencias económicas importantes para el mundo de la pesca y la acuicultura, sector al que ya habían afectado especialmente las crisis. Algunos pescadores han perdido su zona de pesca en torno a los restos del Erika, que constituyen auténticas bombas de relojería, otros han perdido sus herramientas de trabajo, contaminadas por el fuel-oil. Todos se han negado durante un tiempo a hacerse a la mar y han perdido jornadas de pesca.

Por lo que respecta a los ostricultores, algunos se han visto perjudicados por esta catástrofe, al haber invadido la mancha de fuel-oil sus criaderos de ostras y destrozado no sólo su producción sino también su material.

Por último, se ha mermado asimismo la confianza de los consumidores en dichos productos marinos, lo que hace temer una disminución de las ventas.

En esta situación de desastre económico, las personas perjudicadas pueden solicitar una indemnización al Fondo internacional contra la contaminación por hidrocarburos. Sin embargo, en el seno de la Unión Europea no se les otorga ninguna ayuda de emergencia.

Los comunicados de prensa de los días 4 y 13 de enero de 2000 revelan, no obstante, que la Comisión Europea considera que se pueden utilizar los Fondos estructurales para ayudar a las víctimas del temporal.

¿Tiene intención la Unión Europea de emplear también dichos fondos para ayudar a los pescadores y ostricultores víctimas de la marea negra? De ser así, ¿cómo piensa actuar si determinadas regiones dependientes de la pesca no cumplen los requisitos del objetivo no 2?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(20 de marzo de 2000)

El Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) podrá contribuir a reparar los daños causados a los pescadores y ostricultores por la marea negra a través del próximo documento único de programación francés para las intervenciones estructurales en los sectores de la pesca y la acuicultura 2000-2006 (DOCUP), conforme a lo dispuesto en el Reglamento de aplicación del IFOP, el Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca(1).

El DOCUP francés, que aún no ha sido presentado a la Comisión, abarcará la totalidad del territorio francés con independencia de su pertenencia al objetivo no 2. De tal forma, todas las regiones afectadas por la marea negra podrán acogerse a las medidas previstas con arreglo al Reglamento IFOP.

(1) DO L 337 de 30.12.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-0686/00

de Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) a la Comisión

(9 de marzo de 2000)

Asunto: Ayudas públicas concedidas por el Gobierno español al sector eléctrico

¿Piensa la Comisión aprobar los Costes de Transición a la Competencia para las empresas eléctricas españolas por valor de 1,3 billones de pesetas?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(18 de abril de 2000)

En el contexto de la liberalización del mercado de la electricidad con arreglo a la Directiva 96/92/CE del Parlamento y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad(1), las autoridades españolas establecieron compensaciones para paliar los Costes de Transición a la Competencia (CTC) por un importe de aproximadamente 1 300 000 millones

de pesetas. Las autoridades españolas notificaron estas medidas el 29 de enero de 1999 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la citada Directiva, que prevé, en su apartado 1, que Los Estados miembros en los que las autorizaciones concedidas antes de la entrada en vigor de la presente Directiva prevean compromisos o garantías de funcionamiento cuyo incumplimiento sea posible a causa de lo dispuesto en la presente Directiva, podrán solicitar acogerse a un régimen transitorio, que les podrá ser concedido por la Comisión, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las dimensiones de la red de que se trate e igualmente el nivel de interconexión de la red y la estructura de su industria eléctrica. La Comisión informará a los Estados miembros de dichas solicitudes antes de tomar una decisión, teniendo en cuenta el respeto a la confidencialidad. Dicha decisión será publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Las autoridades españolas notificaron asimismo estas medidas en tanto que necesarias según los términos del apartado 3 del artículo 88 (antiguo artículo 93) del Tratado CE (ayudas estatales).

Con fecha de 8 de julio de 1999, la Comisión adoptó una decisión en el sentido de que estas medidas no estaban cubiertas por el artículo 24 de la Directiva, sino que debían examinarse en el marco de las normas sobre ayudas estatales, y, en particular, de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 (antiguo artículo 92) del Tratado CE(2). Las autoridades españolas recurrieron contra esta decisión, actualmente pendiente ante el Tribunal(3).

Paralelamente, la Comisión está procediendo al examen del expediente en tanto que ayuda no notificada, por cuanto la medida empezó a aplicarse con anterioridad a su notificación en virtud del apartado 3 del citado artículo 88. La Comisión adoptará una decisión a la mayor brevedad.

(1) DO L 27 de 30.1.1997.

(2) DO L 319 de 11.12.1999.

(3) Asunto C-369/99, Reino de España contra la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-0490/00

de Glenys Kinnock (PSE) y Ioannis Souladakis (PSE) a la Comisión

(24 de febrero de 2000)

Asunto: Comercio sexual en Kosovo

¿Es la Comisión consciente de la cobertura de prensa dada al comercio sexual con mujeres de las zonas empobrecidas de Europa del Este que está teniendo lugar en Kosovo?

¿Querría indicar la Comisión qué medidas apoyaría encaminadas a poner fin a esta trata y al sufrimiento que causa?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(17 de marzo de 2000)

La Comisión tiene conocimiento, y declara estar preocupada por ello, de los informes sobre el tráfico de mujeres que con el fin de explotarlas sexualmente está teniendo lugar en Kosovo. Parece darse el caso de que Kosovo no es sólo lugar de origen, sino también lugar de tránsito y destino de dicho tráfico.

Por lo que se refiere a la situación en Kosovo, la Comisión está tomando parte activa en el trabajo que se está realizando al amparo del pacto de estabilidad para el Sureste de Europa. El trabajo para combatir la delincuencia organizada en Kosovo y en las regiones vecinas se está llevando a cabo gracias al cuadro de trabajo III sobre justicia y asuntos de interior, así como al grupo de trabajo multidisciplinar del Consejo sobre delincuencia organizada. El tráfico de seres humanos con el fin de explotarlos sexualmente constituye una parte importante de este trabajo.

En lo referente al tráfico de seres humanos que tiene su lugar de origen y de tránsito en Kosovo con destino a los Estados miembros y a los países candidatos, la Comisión continuará apoyando las acciones y los proyectos de los programas STOP (Trata de seres humanos y explotación sexual de los niños) y DAPHNE (Medidas para combatir la violencia ejercida contra los niños, los adolescentes y las mujeres). La Comisión presentará también propuestas legislativas para aproximar la legislación penal de los Estados miembros en relación con el tráfico de seres humanos, y expedirá permisos de estancia temporales para las víctimas del tráfico que estén dispuestas a presentar pruebas. Además, la Comisión participa activamente en la cooperación internacional contra el tráfico de seres humanos en un contexto más amplio, que incluye el Grupo de los ocho países más industrializados (G8), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (por ejemplo, el proyecto para la Convención sobre la delincuencia transnacional organizada y los tres protocolos adicionales, uno de los cuales se refiere al tráfico de seres humanos).
PREGUNTA ESCRITA E-0096/00

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(26 de enero de 2000)

Asunto: Plan de saneamiento integral de la Ría de Vigo

Financiado conjuntamente, en un 80 % por el Fondo de Cohesión y en un 20 % por la Junta de Galicia, se está llevando a cabo en la Ría de Vigo un plan de saneamiento integral. La mala gestión de la ejecución del plan, que origina el deterioro de las instalaciones puestas a disposición, está causando numerosos problemas que se manifiestan en el vertido de aguas residuales domésticas y en la presencia de residuos industriales sumamente peligrosos y tóxicos que afectan a playas de elevado valor natural y social, según declaran los habitantes del Ayuntamiento de Alcabre (Vigo).

Los habitantes de Alcabre ya han expuesto esta situación a la Comisión y al Defensor del Pueblo Europeo y han reclamado una inspección en el tramo comprendido entre la carretera de la Coruña y la desembocadura del río Lagares, siempre dentro del municipio de Vigo.

En estas circunstancias, ¿piensa la Comisión realizar una inspección de las instalaciones del colector de la margen derecha de la Ría y de la estación depuradora de aguas residuales del río Lagares, tal como ha solicitado la población?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(7 de marzo de 2000)

Recientemente la Comisión tuvo conocimiento de los hechos evocados por Su Señoría y se dirigió a las autoridades españolas para solicitarles información sobre los hechos denunciados con el fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones comunitarias aplicables al proyecto en cuestión. Además, en la próxima reunión del comité de seguimiento prevista para el mes de abril, la Comisión solicitará un análisis más concreto sobre el contenido de dicho proyecto y mantendrá informado a Su Señoría al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-0895/00

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(22 de marzo de 2000)

Asunto: Evaluación de la crisis de la dioxina en Bélgica

Otra vez más, la crisis de la dioxina en Bélgica ha demostrado la vulnerabilidad de la cadena alimentaria y del control de la misma. Una evaluación, tal como la ha efectuado la denominada comisión de la dioxina de la Cámara de Representantes, puede contribuir a la solución de los puntos problemáticos. A este respecto, tanto la Unión Europea como los quince Estados miembros de la UE han de desempeñar una función importante.

Los parlamentarios abogan reiteradamente en favor de unas directivas claras y coherentes para el uso responsable de desechos de origen animal.

¿Opina la Comisión que las directivas existentes son suficientemente claras y coherentes para un uso responsable de los desechos de origen animal?

a) En caso afirmativo, ¿qué argumentos aduce La Comisión para declarar que las directivas destinadas al uso responsable de los desechos de origen animal son claras y coherentes, contrariamente a lo que afirma la denominada comisión de la dioxina?

b) En caso negativo, ¿va a elaborar la Comisión propuestas para alcanzar un sistema coherente y claro para el uso responsable de desechos de origen animal?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(12 de mayo de 2000)

La Comisión comparte la opinión del Comité de la dioxina de la Cámara de Representantes belga por lo que se refiere a la materia de los desechos de origen animal.

Durante algún tiempo, se ha debatido, a nivel político, técnico y científico, la posible exclusión de determinados desechos de origen animal de la cadena alimentaria y se ha expresado la voluntad de prohibir que se reciclen los desechos de origen animal de alto riesgo en la cadena alimentaria.

Con esta finalidad, se está eleborando una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen nuevas normas para la eliminación y transformación de los desechos de origen animal. La presentación de dicha propuesta al Consejo y al Parlamento está prevista para el mes de junio de 2000.
PREGUNTA ESCRITA E-1211/00

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(14 de abril de 2000)

Asunto: Deutsche Post y el Gobierno alemán

El Gobierno alemán ha concedido un monopolio legal a Deutsche Post y le ha autorizado a establecer tarifas postales fijas, por lo que Deutsche Post ha incrementado sus ingresos mucho más de lo que es necesario para garantizar el servicio universal. Deutsche Post ha aprovechado esta ventaja financiera para subvencionar los servicios comerciales de entrega de paquetes de Deutsche Post (colocando así, de inmediato, a los competidores de este servicio en posición de desventaja) y para hacer adquisiciones en la UE (por ejemplo, Deutsche Post ha adquirido el 50 % de Securicor Distribution y ha comprado asimismo Herald International Mailings).

La Comisión ya ha indicado que el apoyo del Gobierno alemán a Deutsche Post parece implicar una ayuda estatal. ¿Puede decir claramente la Comisión si es así, y en caso afirmativo, qué medidas piensa adoptar la Comisión para impedir que se infrinja la legislación comunitaria?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(26 de mayo de 2000)

El 20 de julio de 1999 la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 (antiguo artículo 93) del Tratado CE en relación con la posible ayuda estatal concedida a Deutsche Post AG.

El procedimiento abarca todas las alegaciones de ayuda estatal referentes a Deutsche Post AG: uso de ingresos del servicio de cartas monopolístico para cubrir pérdidas del servicio de paquetes, uso de tales ingresos para adquisiciones, uso de los beneficios de transmisiones inmobiliarias a Deutsche Post AG para financiar adquisiciones, garantía del Estado para deudas y cobertura de obligaciones de pensión por el Estado.

La Comisión está examinando actualmente las observaciones recibidas del Gobierno alemán y de las partes interesadas. Puesto que el examen sigue su curso, en la fase actual no puede darse indicación alguna sobre el posible resultado de las investigaciones.
PREGUNTA ESCRITA E-1396/00

de Bernd Lange (PSE) a la Comisión

(4 de mayo de 2000)

Asunto: Normalización de la indumentaria para la conducción de motocicletas

En el debate público siguen apareciendo rumores acerca de intentos de normalizar la indumentaria de protección de los motociclistas. Así, parece ser que el Comité Europeo de Normalización (CEN) ya ha presentado algunos proyectos en este sentido.

¿Prevé la Comisión normalizar la indumentaria para la conducción de motocicletas?

¿Se han dado ya pasos en esta dirección?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(8 de junio de 2000)

El Comité Europeo de Normalización (CEN) es un organismo privado que, como tal, es libre de establecer las normas que considere necesarias o útiles para el conjunto de los agentes económicos. La Comisión no puede influir en las decisiones del CEN a ese respecto.

No obstante, la Comisión puede pedir a los organismos europeos de normalización, entre los que se encuentra el CEN, que elabore normas europeas armonizadas, con el fin de satisfacer las obligaciones básicas establecidas en las directivas conocidas como de nuevo enfoque. Este es el caso de la Directiva de nuevo enfoque 89/686/CEE sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual(1), conocida como Directiva EPI.

Es importante señalar que, desde 1994, el CEN, la Comisión, los expertos de los Estados miembros y diversas organizaciones representativas de los fabricantes han venido discutiendo la consideración que ha de darse a la indumentaria para motociclistas a efectos de la citada Directiva EPI. Los Estados miembros han aprobado las conclusiones de esos debates: la indumentaria para motociclista (incluidos los guantes, las botas y los zapatos) no entra en el ámbito de aplicación de la EPI, salvo si el fabricante reivindica, o da a entender en sus folletos o en su publicidad, que el conjunto de su indumentaria aporta una determinada protección. En tal caso, debe cumplir las obligaciones básicas que establece la Directiva 89/686/CEE. A los protectores, tales como coderas o rodilleras, que, en su caso, formen parte de la indumentaria de motociclista se les aplica siempre la EPI.

Actualmente, únicamente se está elaborando una norma relativa a la indumentaria de motociclista. Se refiere a las condiciones que deben cumplir los protectores dorsales destinados a la indumentaria de protección de los motociclistas contra los impactos mecánicos. Se trata de la prEN 1621-2, en relación con la cual el último proyecto presentado por el CEN data de febrero de 1999. Ese proyecto completa la norma EN 1621-1, aprobada en 1997 y que se refiere a los protectores.

(1) DO L 399 de 30.12.1989.