PREGUNTA ESCRITA P-4068/00

de Karla Peijs (PPE-DE) al Consejo

(20 de diciembre de 2000)

Asunto: Emigración ilegal de la zona Schengen al Reino Unido

1. ¿Es consciente el Consejo de la existencia de un importante movimiento migratorio ilegal desde la zona Schengen hacia el Reino Unido?

2. ¿Tiene conocimiento el Consejo de que los controles fronterizos en las fronteras exteriores, en particular en Calais, Zeebrugge y Hoek van Holland, dejan mucho que desear, puesto que los controles aleatorios de transportistas realizados han demostrado que centenares de personas intentaban abandonar la zona Schengen clandestinamente y que muchas de estas mismas personas ya habían entrado ilegalmente en la zona Schengen?

3. ¿Está el Consejo al corriente de que los controles fronterizos mediante controles aleatorios y, recientemente, mediante el control de todos los cargamentos en las fronteras exteriores de la zona Schengen son realizados de hecho por empresas privadas, y no por las autoridades competentes?

4. ¿Tiene conocimiento el Consejo de que los pasajeros clandestinos descubiertos y entregados por las empresas privadas a las autoridades competentes son puestos en libertad por esas mismas autoridades, de forma que pueden desaparecer de nuevo en la ilegalidad e intentar pasar a Inglaterra una vez más?

5. ¿No opina el Consejo que el control en las fronteras debe ser efectuado por las autoridades competentes y no por empresas privadas?

6. ¿Qué medidas se propone adoptar el Consejo para poner fin a esta situación?

7. ¿Qué medidas se propone adoptar el Consejo para indemnizar a los transportistas que, sin saberlo, son víctimas de la ley británica en materia de inmigración y asilo (Immigrant and Asylum Act, de 3 de abril de 2000), extremadamente inflexible, y del inviable código de conducta que forma parte de dicha ley?

Respuesta

(8 de marzo de 2001)

1. La inmigración ilegal en la Unión Europea es uno de los temas principales que está tratando el Consejo, como muestran las conclusiones de los Consejos Europeos de Tampere, Santa Maria da Feira y Niza. Como sabe Su Señoría, el Consejo Europeo pidió a la Unión Europea que intensificara su cooperación para acabar con el tráfico de personas, tras los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar el año pasado en Dover. El Consejo es consciente de que también hay emigración ilegal entre unos Estados miembros y otros. No obstante, el Consejo no dispone de información ni estadísticas sobre la dimensión de la emigración ilegal desde la zona Schengen hacia el Reino Unido.

2. El Consejo no tiene información sobre la calidad ni sobre la eficacia de los controles fronterizos que se realizan en Calais, Zeebrugge y Hoek van Holland. Las normas y los procedimientos que deben seguir los Estados miembros al realizar los controles fronterizos están definidos en el acervo de Schengen que, con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, ha quedado incorporado al Derecho comunitario en el Título IV del Tratado CE. Compete, por tanto, a la Comisión, como guardiana de los Tratados, vigilar si los Estados miembros cumplen sus obligaciones en estas cuestiones.

3. y 5. Sólo practican los controles en las fronteras los funcionarios de los servicios de control de fronteras o de los servicios responsables de los Estados miembros, de acuerdo con las competencias que el Derecho nacional asigna a la policía de fronteras. No se consideran controles fronterizos los que practican los transportistas u otras empresas privadas en las fronteras exteriores de Schengen. Los transportistas realizan esos controles para cumplir lo dispuesto en el artículo 26 del Convenio de aplicación de Schengen. En virtud de ese artículo los transportistas están obligados a tomar todas las medidas necesarias para cerciorarse de que el extranjero transportado por vía aérea o marítima tenga en su poder los documentos de viaje exigidos para entrar en el territorio de las Partes Contratantes. Podrán imponerse sanciones contra los transportistas que transporten a extranjeros que no estén en posesión de los documentos de viaje exigidos.

4. El Consejo no tiene información sobre esos hechos.

6. En cumplimiento de las conclusiones de los Consejos Europeos de Tampere y Santa Maria da Feira, en las que resalta la importancia del control de los flujos migratorios, el Consejo ha celebrado debates sobre las medidas tanto operativas como normativas para luchar contra el tráfico de personas. Sobre esta materia el Consejo adoptó el 30 de noviembre de 2000 unas conclusiones que contienen algunas medidas operativas para luchar contra la inmigración ilegal, como el intercambio de información sobre los flujos detectados, la optimación del sistema de alerta rápida para la transmisión de información sobre inmigración ilegal y sobre redes de pasadores, y la coordinación de las redes de funcionarios de enlace de los Estados miembros en los países de origen de inmigración irregular.

En cuanto a las medidas normativas, los órganos del Consejo están debatiendo un proyecto de directiva del Consejo, presentada como iniciativa por Francia, relativa a la armonización de las sanciones impuestas a los transportistas que trasladan al territorio de los Estados miembros a nacionales de países terceros desprovistos de los documentos necesarios para su admisión(1). El 6 de septiembre de 2000 el Consejo presentó la iniciativa al Parlamento Europeo para que éste dictaminara.

Además, los órganos del Consejo están debatiendo un proyecto de directiva destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, y un proyecto de decisión marco destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada y a la estancia irregulares. Ambos proyectos, presentados también como iniciativas por Francia, se han publicado en el Diario Oficial(2). El Consejo pidió al Parlamento Europeo que dictaminara sobre ambas iniciativas el 17 de noviembre de 2000 a más tardar.

Haciendo referencia a estos textos, el Consejo Europeo de Niza pidió que, conforme a la invitación expresa que se formuló en Feira, se resuelvan cuanto antes las últimas dificultades relacionadas con los textos destinados a luchar contra la trata de personas y la inmigración ilegal.

7. No corresponde al Consejo manifestarse sobre la ley británica en materia de inmigración y asilo (Immigration and Asylum Act).

(1) DO C 269 de 20.9.2000, p. 8.

(2) DO C 253 de 4.9.2000, pp. 1 y 6.