PREGUNTA ESCRITA E-0392/98 de Elisabeth Schroedter (V) a la Comisión (24 de febrero de 1998)

Asunto: Evaluación de la aplicación de los Fondos estructurales en el Estado federado de Brandeburgo, sobre todo en relación a las repercusiones sobre el medio ambiente.

En relación con la pregunta escrita P-3614/97 ((DO C 158 de 25.5.1998, p. 163.)), formulada a la Comisión el 6 de noviembre de 1997, referente a si tiene conocimiento de que en el Estado federado de Brandeburgo es el Banco de Inversiones del Estado federado quien comprueba la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente a la hora de conceder los recursos del FEDER, tal y como se informó en el documento de evaluación independiente, la respuesta de la Comisaria Wulf-Mathies no contribuyó a la clarificación del problema.

Por tanto, es necesario formular las siguientes preguntas adicionales:

1. ¿Es la Comisión de la opinión de que las declaraciones del Informe provisional de evaluación no son correctas, cuando afirman que «en lo que se refiere a la protección medioambiental, el Banco de Inversiones comprueba, antes de conceder los recursos del FEDER, si el proyecto respeta los planes o programas de ordenación territorial existentes y los planes de construcción presentados, y si en las superficies comerciales se garantiza la eliminación o la mayor reducción posible de la contaminación y una gestión correcta de los residuos» (Informe de los Estados federados sobre el uso de los fondos FEDER, FSE y FEOGA en el Estado de Brandeburgo 1994-1999, de 5 de mayo de 1997, p. 17), sino que en realidad, y según las declaraciones del Ministerio de Economía de Brandeburgo, siempre existe una autorización escrita de las autoridades medioambientales antes de que se conceda cualquier cantidad de dinero para los proyectos de menor envergadura?

2. ¿Qué importancia tienen para la Comisión los informes provisionales de evaluación exigidos por el Reglamento de los Fondos estructurales?

3. ¿Qué instrumentos de control emplea la Comisión para comprobar si realmente se aplican los requisitos del Reglamento de los Fondos estructurales no 2081/93 ((DO L 103 de 31.7.1993, p. 5.)) expuestos en el tercer guión del apartado 4 del artículo 8 (sobre el Objetivo 1) y relativos a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (27 de marzo de 1998)

1. Tanto la declaración de la página 17 de la evaluación intermedia de Brandeburgo como el informe sobre los procedimientos de subvenciones previamente presentado por el Ministerio de Economía de dicho Estado federado son correctos. No hay ninguna contradicción entre las dos posiciones. El apoyo del Fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) a los proyectos individuales se debate en el comité regional de apoyo (Landesfördeausschuss) en el que está representado el Ministerio de Medio Ambiente. El Banco de Inversiones del Estado Federado (ILB), como organismo responsable de las autorizaciones, garantiza el cumplimiento de las condiciones establecidas por dicho comité. A la hora de imponer condiciones medioambientales, se busca la participación de las autoridades competentes en este campo. Por tanto, el papel del ILB se limita a la verificación formal del cumplimiento de las disposiciones pertinentes y de las condiciones fijadas. En este sentido, el ILB sí que comprueba si los proyectos son compatibles con los planes existentes de ordenación territorial y de construcción, como se indica en el informe de evaluación.

2. En la «Guía común para el seguimiento y las evaluaciones intermedias», la Comisión ha establecido los objetivos y requisitos de la evaluación intermedia, destacando la importancia que concede a este procedimiento. Para la Comisión, la evaluación intermedia facilita la toma de decisiones y una gestión eficaz de los programas. Las evaluaciones también permiten a la Comisión planificar con eficacia los futuros programas y su cofinanciación.

3. Durante la fase de programación, los interlocutores regionales deben presentar garantías por escrito de que las medidas cofinanciadas por el FEDER serán compatibles con la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. Los principios de subsidariedad y cooperación implican que los interlocutores regionales son responsables de la aplicación de los programas y de verificar que se cumple la legislación medioambiental. Además, se debe indicar en informes anuales qué medidas de protección del medio ambiente se han tomado. El último informe disponible relativo a Brandeburgo muestra que la opinión del departamento de protección del medio ambiente y de la administración local son necesarias en todos los proyectos. También puede comprobarse y garantizarse el cumplimiento de las exigencias fijadas a través de controles in situ, realizados por la Comisión.