PREGUNTA ESCRITA E-0991/98

de Pieter Dankert (PSE) y Jan Mulder (ELDR) a la Comisión

(2 de abril de 1998)

Asunto: Órgano de conciliación para gastos agrícolas

Mediante Decisión de 1 de julio de 1994 (DO L 182 de 16.7.1994), la Comisión creó un órgano de conciliación encargado de intervenir, en el marco del procedimiento de la liquidación de cuentas, en litigios entre la Comisión y los Estados miembros sobre correcciones financieras en los gastos declarados por los Estados miembros en relación con el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola.

1. ¿Está dispuesta la Comisión a hacer intervenir dicho órgano de conciliación en litigios sobre correcciones financieras en los gastos declarados por los Estados miembros en relación con las líneas presupuestarias en el artículo B2-51 (Realización del mercado interior en el ámbito agrícola)?

2. En caso negativo, ¿qué argumentos motivan esta distinción en las posibilidades de recurso? ¿No es más lógico que todos los gastos agrícolas en el presupuestos estén sujetos a las mismas posibilidades de recurso?

3. ¿De qué otra manera se ofrece a los Estados miembros una posibilidad de recurso en contra de correcciones financieras en los gastos declarados en relación con las líneas presupuestarias del artículo B2-51 (Realización del mercado interior en el ámbito agrícola)?

4. ¿En qué medida considera la Comisión conveniente que el procedimiento de conciliación en el futuro también se aplique a gastos declarados en relación con las líneas presupuestarias del artículo B2-51 (Realización del mercado interior en el ámbito agrícola)? En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa tomar? En caso negativo, ¿por qué motivos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(27 de mayo de 1998)

El Reglamento (CEE) 729/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, sobre la financiación de la política agrícola común(1), establece en el párrafo tercero de la letra c) del apartado 2 de su artículo 5 la posibilidad de recurrir a un órgano de conciliación para que examine los casos en que diverjan las posiciones de la Comisión y de un Estado miembro; pero esta disposición sólo cubre los gastos que dependen de la Sección de Garantía del FEOGA, quedando excluidos así los de la Sección de Orientación y todos los demás gastos agrícolas, entre ellos los del Capítulo B2-51 del presupuesto.

Dada la importancia de las sumas que representan cada año las medidas emprendidas por la Sección de Garantía, la creación de ese procedimiento de conciliación respondió, entre otros motivos, a la necesidad de evitar en la medida de lo posible un excesivo número de recursos ante el Tribunal de Justicia en los casos en que la Comisión no acepte la totalidad o una parte de los gastos presentados por un Estado miembro.

Como se indica en el artículo 1 de la Decisión 94/442/CE de la Comisión, de 1 de julio de 1994, relativa a la creación de un procedimiento de conciliación(2), la iniciación de éste es facultad que corresponde a los Estados miembros. Esto no prejuzga, sin embargo, la decisión definitiva que adopte la Comisión en la liquidación de cuentas, decisión que puede diferir de las conclusiones establecidas por el órgano de conciliación.

En cuanto a la subvencionabilidad de los gastos que presenten los Estados miembros por medidas concretas, los gastos de la Sección de Orientación, y también los muy diversificados del Capítulo B2-51, dependen de otros textos normativos y de otros procedimientos de decisión.

Sujetar esos gastos al régimen de la Sección de Garantía, como pide su Señoría, exigiría que previamente se revisara y modificara de forma exhaustiva toda la normativa aplicable en la materia, y ello con la necesaria participación del Consejo y el Parlamento.

Además, esa operación sería un tanto prematura dado que las propuestas de la Comisión contenidas en la Agenda 2000(3) contemplan ya algunas concentraciones financieras bajo el régimen de la Sección de Garantía.

Como ya antes se ha indicado, la comparecencia ante el órgano de conciliación no constituye un "procedimiento de recurso" propiamente dicho. Por tanto, en caso de posición irreconciliable de las partes acerca de la subvencionabilidad de los gastos comprometidos por un Estado miembro (en el marco de los presupuestos de la Sección de Garantía o de la de Orientación, del Capítulo B2-51 o de otros), el procedimiento normal y uniforme de recurso es el previsto por la normativa, es decir, el dirigido al Tribunal de Justicia.

Los Estados miembros tienen en todos los casos la posibilidad de recurrir a ese Tribunal y de aportarle públicamente las bases que justifiquen su gestión, debiendo entonces la Comisión justificar también públicamente los motivos de su rechazo.

(1) DO L 94 de 28.4.1970.

(2) DO L 182 de 16.7.1994.

(3) COM(97)2000 final.