PREGUNTA ESCRITA E-3598/01

de Ilka Schröder (GUE/NGL) a la Comisión

(8 de enero de 2002)

Asunto: Cartas de advertencia (Gefährderanschreiben) dirigidas por la policía a personas de las que se supone que van a participar en manifestaciones de protesta contra la Cumbre de Laeken

Según informaciones publicadas en varios medios de comunicación (entre otros, el Berliner Zeitung de 10 de diciembre de 2001), en vísperas de la Cumbre de Laeken, durante la primera mitad de diciembre, en muchos Estados Federados de Alemania se advirtió a personas de las que se sospechaba que participarían en manifestaciones de protesta contra la mencionada Cumbre de que no viajaran al extranjero o, incluso, se les impidió hacerlo. En Baden Wurtemberg se emitieron prohibiciones de viajar al extranjero, y en algunos casos se exigió la presentación obligatoria. En Berlín se retiraron pasaportes y documentos de identidad.

En Göttingen la policía remitió dichas cartas (Gefährderanschreiben) a personas de las que se sospechaba que son contrarias a la UE. En dicho documento se instaba a los destinatarios a que, del 13 al 15 de diciembre, no participaran en manifestaciones, lo que se justificaba afirmando que era el único modo de que pudieran evitar exponerse al riesgo de ser objeto de medidas policiales preventivas (que podían llegar hasta el traslado a la frontera franco-belga) en el marco de la protección frente a riesgos o de medidas penales por la comisión de delitos en el curso de manifestaciones. La Dirección de la Policía de Göttingen se remitía a un archivo de criminales creado en noviembre de 2000.

Teniendo en cuenta anteriores respuestas a preguntas parlamentarias, cabe señalar que las acciones de protesta se celebran en el contexto de una cumbre de la UE. Dado que no existe una policía europea, las medidas policiales son ejecutadas por instituciones nacionales o regionales.

En caso de que la Comisión no se considere competente para responder a las siguientes preguntas, debe justificarlo caso por caso:

- ¿Dispone la Comisión de información sobre la base jurídica en virtud la cual las autoridades alemanes crearon dicho archivo, en el que, evidentemente, también figuran personas que deben ser consideradas inocentes?

- ¿Qué opinión le merece a la Comisión esta limitación de los derechos fundamentales, que, entre otras cosas, es contraria al artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y a los artículos 11 y 12 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

- Dicha práctica limita los derechos fundamentales de las personas al impedirles ejercer sus derechos como ciudadanos de Europa. ¿Qué medidas va a adoptar la Comisión para poner fin a dicha práctica?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(12 de febrero de 2002)

Las cuestiones planteadas por Su Señoría se centran en la valoración de la compatibilidad con el Derecho comunitario de las medidas restrictivas de la libertad de circulación adoptadas por un Estado miembro por razones de orden público.

El derecho a circular y residir en el territorio de otro Estado miembro es un derecho fundamental conferido directamente a cada ciudadano de la Unión por el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (CE). No obstante, cabe establecer limitaciones a este derecho por razones de orden público, seguridad pública o salud pública.

Las medidas adoptadas por los Estados miembros en materia de orden público deben apreciarse a la luz de la Directiva 64/221/CEE(1) y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Los atentados, en virtud de las necesidades de orden público y seguridad pública, a los derechos garantizados por el Tratado CE, no podrían sobrepasar el límite de lo necesario para la protección de estas necesidades(2).

Corresponde a las autoridades nacionales apreciar en primer lugar la situación concreta y posteriormente adoptar las medidas adecuadas, en cumplimiento del Derecho comunitario. En particular, las medidas adoptadas para proteger el orden público y la seguridad pública deben aplicarse en cumplimiento del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad exige que la medida en cuestión esté fundada, que exista un justo equilibrio entre la medida aplicada y el objetivo perseguido, así como entre los intereses de la persona y los del Estado en cuestión.

Por lo que se refiere a la creación de archivos, los Estados miembros están autorizados a tratar datos a efectos de la protección del orden público, la seguridad pública o la salud pública, por lo que se refiere a medidas incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 64/221/CEE, a condición de que se respeten plenamente las disposiciones relativas a la protección de datos. Eso significa en particular que los datos de carácter personal deberán ser adecuados, pertinentes y no excesivos, y deberán tratarse solamente con fines determinados, explícitos y legítimos.

(1) Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública (DO B 56 de 4.4.1964).

(2) Véase el asunto 36/75 Rutili, Rec. [1975] II-1219.