PREGUNTA ESCRITA E-2604/00

de Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) a la Comisión

(1 de agosto de 2000)

Asunto: Seguridad Social

1. ¿Cuál es la normativa comunitaria vigente aplicable a los regímenes de la Seguridad Social de los Estados miembros?

2. ¿Qué jerarquía tienen los convenios de la Seguridad Social con respecto a la normativa vigente en esta materia?

3. ¿Cómo se regulan las liquidaciones de las prestaciones de vejez de los trabajadores por cuenta propia o ajena que hayan estado sujetos a la legislación de dos o más Estados miembros?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(13 de septiembre de 2000)

1. Las disposiciones de seguridad social no están armonizadas, a nivel comunitario. Cada Estado miembro es, por tanto, competente para legislar al respecto (principalmente, por lo que se refiere a la determinación de los criterios de afiliación o del importe de las prestaciones), dentro del respeto de los principios del Derecho comunitario.

Las disposiciones comunitarias aplicables a los nacionales comunitarios, apátridas y refugiados que están o han estado asegurados con arreglo a la legislación de la seguridad social de uno o de varios Estados miembros, así como a los miembros de su familia, sólo se aplican para coordinar las legislaciones de seguridad social nacionales. Estas disposiciones están previstas, esencialmente, en el Reglamento (CEE) no 1408/71(1) y en el correspondiente Reglamento de aplicación (CEE) no 574/72(2). Su finalidad es eliminar los obstáculos a la libre circulación de dichas personas y garantizar, fundamentalmente: una remuneración que no sea más desfavorable que la que reciben los nacionales que no han hecho uso de su libertad de circulación; el disfrute de las prestaciones de seguridad social adquiridas con arreglo a una legislación determinada, aunque dichas personas se desplacen a otros Estados miembros, y, en su caso, el cómputo de los períodos de seguro cumplidos en otro Estado miembro a efectos de apertura de derechos o cálculo de las prestaciones. Por último, está previsto en principio aplicar una única legislación de seguridad social (se trata, por lo general, de la legislación del lugar de ejercicio de la actividad profesional).

2. En aplicación de su artículo 6, el Reglamento (CEE) no 1408/71 sustituye, salvo reservas explícitas contenidas en el Reglamento (en particular en su anexo III), a cualquier convenio de seguridad social tal como se define en la letra k) de su artículo 1 que vincule ya sea exclusivamente a dos o varios Estados miembros (letra a) del artículo 6) o bien al menos a dos Estados miembros y a uno o varios otros Estados, siempre que se trate de casos en cuya resolución no haya de intervenir ninguna institución de uno de estos últimos Estados (letra b) del artículo 6).

El Tribunal de Justicia ha sentenciado reiteradamente que esta sustitución tiene carácter imperativo y se aplica aunque la aplicación de convenios hubiera sido más favorable para el asegurado(3).

El Tribunal de Justicia considera que la sustitución no admite excepciones, aparte de las que recogen explícitamente los reglamentos, salvo en el caso en que tuviera por efecto que un trabajador perdiera, por la entrada en vigor de los reglamentos, ventajas en materia de seguridad social que le hubiesen correspondido de haber hecho uso anteriormente de su derecho a la libre circulación, bien por la aplicación de la legislación nacional sola o en combinación con convenios internacionales de seguridad social vigentes entre dos o más Estados miembros, o bien por la aplicación de convenios bilaterales de seguridad social vigentes(4).

Sin embargo, esta excepción no puede aplicarse si, en el momento de la primera fijación de las prestaciones en virtud del Reglamento (CEE) no 1408/71, ya se hubiera procedido a una comparación de las ventajas que se desprenden de dicho reglamento y del convenio, respectivamente, con el resultado de que la aplicación del Reglamento resultara más ventajosa que el Derecho convencional(5).

3. En caso de que un trabajador haya desarrollado su carrera profesional en más de un Estado miembro, los Reglamentos (CEE) no 1408/71 y (CEE) no 574/72 establecen un sistema destinado a garantizar que no se lesionen sus derechos por haber hecho uso de su libertad de circulación. Si un período de seguro no es suficiente para causar derecho a pensión, se contabilizan también los períodos de seguro cumplidos en otros Estados miembros. Por otra parte, el cálculo de los derechos de pensión se efectúa teniendo en cuenta todas las legislaciones que hayan sido aplicables al interesado, de la manera más ventajosa para éste, ya que cada institución competente de cada Estado miembro afectado está obligado a abonar, entre la pensión nacional o la pensión prorrateada, aquella cuyo importe sea el más favorable al trabajador. Cada una de estas prestaciones de vejez se paga acto seguido en cualquier lugar en que resida o se encuentre el interesado dentro del territorio del Espacio Económico Europeo, sin aplicar reducción, suspensión o modificación alguna.

(1) Reglamento del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad. DO L 149 de 5.7.1971 (versión consolidada más reciente: Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo, de 2.12.1997, DO L 28 de 30.1.1997).

(2) Reglamento del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 74 de 27.3.1972).

(3) Por ejemplo: sentencia de 7 de junio de 1973, Walder (82/72, Rec. p. 599) y sentencia de 9 de noviembre de 1995, Thévenon (C-475/93, Rec. p. I-3813).

(4) Sentencias de 7 de febrero de 1991, Rönfeldt (C-227/89, Rec. p. I-323) y Thévenon, anteriormente citada.

(5) Sentencia de 7 de mayo de 1998, Gómez Rodríguez (C-113/96, Rec. p. I-2461).