PREGUNTA ESCRITA E-0729/98

de Carlo Ripa di Meana (GUE/NGL) a la Comisión

(18 de marzo de 1998)

Asunto: Financiación por parte del Estado italiano de un proyecto promovido en la ciudad de Roma, a pesar de su carácter extraterritorial, por el Estado de la Ciudad del Vaticano

Habida cuenta de que el Estado italiano ha financiado con 40 000 millones de liras un proyecto de ingeniería civil valorado en 80 000 millones de liras que ha sido promovido en la ciudad de Roma, a pesar de su carácter extraterritorial, por el Estado del Vaticano;

el Estado vaticano ha confiado las obras correspondientes a este proyecto a las empresas Impregilo y Dioguardi mediante un contrato privado y sin recurrir a una licitación europea, tal como queda establecido en virtud de la Directiva 89/440/CEE(1), aduciendo como motivo de esta derogación el hecho de que el Estado italiano habría contribuido, en el caso que nos ocupa, en menos de un 50 % para financiar un proyecto a cargo de terceros, con lo que, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 406 de 1991 por la que se estipula la transposición de la Directiva 89/440/CEE, ésta última no sería de aplicación;

si bien el proyecto financiado consiste en un aparcamiento subterráneo en el interior de la colina de Janículo, no están previstas rampas de acceso ni de salida, por lo que el resultado final sería un edificio cúbico inaccesible de cinco plantas;

el Estado italiano ha emprendido por separado otro proyecto para la construcción de rampas con objeto de proporcionar acceso al mencionado aparcamiento, lo cual aumentará el coste final de las obras en aproximadamente 12 000 millones de liras, y de que este proyecto está en vías de aprobación, de conformidad con los procedimientos normales europeos en materia de licitaciones públicas, bajo la dirección de la Administración de Obras Públicas de la región del Lacio en su calidad de parte contratante;

parece evidente que la construcción de un aparcamiento y de rampas de entrada y salida son elementos inseparables de un mismo proyecto, ya que un aparcamiento sin accesos representa un proyecto urbanístico descabellado;

la artificiosa división de las obras en dos partes distintas (aparcamiento y rampas de acceso) tiene por objeto eludir el procedimiento obligatorio de licitación europea prevista por la Directiva 89/440/CEE, y de que la contribución total del Estado italiano se eleva a 52 000 millones de liras (40 000 millones + 12 000 millones), es decir, el 56 % del importe total de las obras necesarias para construir un aparcamiento dotado de accesos.

¿Podría intervenir la Comisión ante el Estado italiano para que se restablezcan las debidas condiciones en materia de competencia, recurriendo incluso, si fuera necesario, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(10 de junio de 1998)

El artículo 2 de la Directiva 89/440/CEE, actualmente de la Directiva 93/37/CEE, de 14 junio 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras(2) no es aplicable en el caso concreto que señala Su Señoría dado que el Vaticano es un tercer Estado, independiente y soberano, que no está sujeto al cumplimiento de las directivas comunitarias en lo que respecta a la adjudicación de sus contratos, independientemente de que haya o no haya una contribución financiera por parte del Estado italiano e independientemente del alcance de esa contribución. El criterio decisivo es el hecho de que la entidad adjudicadora, en el caso presente, no está sujeta al Derecho comunitario.

(1) DO L 210 de 21.7.1989, p. 1.

(2) DO L 199 de 9.8.1993.