PREGUNTA ESCRITA E-3843/97 de Kirsi Piha (PPE) a la Comisión (5 de diciembre de 1997)

Asunto: Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas relativa al monopolio de la venta al por menor de alcohol en Suecia

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó hace un par de semanas una sentencia relativa al monopolio de la venta de alcohol en Suecia. El denominado asunto Frantzén suscitó también en el país vecino de Suecia, Finlandia, un debate acerca de si en Finlandia existe un monopolio similar. La sentencia del Tribunal ha sido en sí lamentable, ya que el apoyo a un monopolio se adecúa muy poco a los principios de la Comunidad sobre libre competencia y libre comercio. En Italia existen, por ejemplo, en el sector del tabaco, monopolios respaldados por razones parecidas. En este momento parece como si el monopolio, alegando determinadas razones, fuera admisible por parte de la Unión, en tanto que alegando otras no lo es. ¿Podría indicar la Comisión cuáles son las razones que justifican el mantenimiento de un monopolio en un Estado miembro?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (17 de febrero de 1998)

Los monopolios legales existentes en los Estados miembros no son necesariamente incompatibles con el Derecho comunitario y no siempre tienen que ser abolidos. Sin embargo, los monopolios nacionales de carácter comercial deben cumplir las normas del Tratado CE, y en particular las normas que regulan la libertad de circulación de mercancías en los artículos 30 a 37.

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (asunto C-189/95, Franzén, sentencia de 23 de octubre de 1997), las normas nacionales relativas a la existencia y el funcionamiento del monopolio han de ser examinadas con arreglo al artículo 37 del Tratado CE. Esta disposición exige ajustar los monopolios de carácter comercial de tal manera que se garantice que no exista ninguna discriminación entre los nacionales de los Estados miembros en lo que se refiere a las condiciones de adquisición y comercialización de las mercancías. La organización y el funcionamiento del monopolio deben así adecuarse con el fin de excluir toda discriminación entre los nacionales de los Estados miembros respecto de las condiciones de abastecimiento y de mercado, de manera que el comercio de mercancías procedentes de otros Estados miembros no se vea desfavorecido, de hecho o de Derecho, en relación con las mercancías nacionales, y que no se falsee la competencia entre las economías de los Estados miembros.

Además, las normas nacionales pueden tener una relación con el monopolio, aunque, estrictamente hablando, no regulen su funcionamiento. Tales normas son consideradas separables del funcionamiento del monopolio y son examinadas en relación con el artículo 30 del Tratado CE. En el asunto Franzén, el Tribunal de Justicia estimó que un sistema de licencias aplicable a las importaciones de mercancías que imponga a las procedentes de otros Estados miembros costes suplementarios, como los costes de intermediación, los relativos al abono de las exacciones y tasas exigidos para la concesión de una licencia, o los relativos a la obligación de disponer de capacidad de almacenamiento en el Estado miembro de destino constituye un obstáculo a la importación contrario al artículo 30 del Tratado CE. Un obstáculo puede considerarse justificado y proporcionado en relación con una exigencia preceptiva aceptada por el artículo 36 del Tratado CE o la jurisprudencia del Tribunal, como la salud pública. Sin embargo, el Tribunal no consideró que se cumpliesen estas condiciones en las circunstancias aplicables en el asunto Franzén.