PREGUNTA ESCRITA P-0875/01

de Hans-Peter Mayer (PPE-DE) a la Comisión

(13 de marzo de 2001)

Asunto: Legislación en materia de adjudicación de contratos públicos

El municipio G celebra un contrato de mantenimiento general de fincas urbanas (también denominado contrato de encargado de fincas) con la empresa D. La oferta no se ha sacado a licitación pública porque el municipio G opina que no puede realizarse una descripción completa y detallada de los servicios de que se trata. El objeto del contrato es la ejecución de trabajos artesanales y la prestación de servicios en los ámbitos de gestión de superficies (es decir, no se trata de proyectos de construcción, sino de gestión de locales en edificios del municipio), conservación y mantenimiento (es decir, ejecución de obras).

No se conoce el volumen de la oferta; puede ser superior o inferior a 200 000.

Para la ejecución del contrato, la empresa de servicios (contratista general) se sirve de subcontratistas externos y de empresas propias, sin sacar a licitación pública las ofertas individuales.

En el caso de la empresa de servicios (contratista general), se puede prescindir de las licitaciones públicas, ya que se trata de empresas privadas. Con los subcontratistas podrían llevarse a cabo negociaciones antes y después de la conclusión del contrato.

El municipio G quiere conseguir con ello, entre otros fines, que permanezca el mayor número posible de contratos dentro del territorio del municipio.

Las asociaciones y cámaras profesionales ven en las órdenes de ejecución de los ministros de los Länder una violación de las directivas comunitarias en materia de adjudicación de contratos públicos y una maniobra para sustraerse a la aplicación de los reglamentos generales alemanes de contratación de obras y de servicios.

¿Cuál es la situación jurídica en caso de que el objeto del contrato tenga un valor inferior a 200 000?

¿Cuál es la situación jurídica en caso de que el objeto del contrato tenga un valor superior a 200 000?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(26 de abril de 2001)

El municipio mencionado en el ejemplo es un poder adjudicador en virtud de la ley europea de contratos públicos. Por lo tanto, la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios(1) y la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras(2) en su versión modificada por la Directiva 97/52/CE del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre de 1997(3) se aplican a contratos públicos de obras y de servicios del municipio.

El municipio tiene que sacar a licitación los servicios de administración de edificios si se dan las dos condiciones siguientes: que los servicios sean servicios de limpieza de edificios, servicios de administración de la propiedad o servicios integrados de ingeniería, con arreglo a las categorías 12 y 14 del anexo I A de la Directiva 92/50/CEE, y que el valor global de los servicios que se contrate sea superior a 200 000. En cambio, el municipio sólo tiene que sacar a licitación obras públicas si el valor global de las obras es superior a 5 M. Si los servicios de administración de los edificios cubren tanto servicios públicos como obras públicas, la aplicación de la directiva deberá decidirse sobre la base de lo que constituye el objeto principal del contrato (obras o servicios).

El contrato tiene que salir a concurso a través de la publicación de un anuncio. En general, el municipio deberá adjudicar el contrato por procedimiento abierto o restringido. En circunstancias especiales, el municipio podrá adjudicar un contrato público de servicios por un procedimiento negociado con publicación previa. Tal es el caso cuando la naturaleza de los servicios que deben prestarse, en particular cuando se trata de servicios de naturaleza intelectual, no permite la elaboración de un pliego de condiciones con precisión suficiente como para permitir la adjudicación del contrato seleccionando la mejor propuesta de acuerdo con las normas que rigen los procedimientos abierto y restringido. La carga de la prueba de la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen el procedimiento negociado corresponde al municipio que desee prevalerse de las mismas.

Desde el punto de vista de la legislación europea, no existe impedimento para que el municipio adjudique el contrato a un adjudicatario general y éste recurra a subcontratistas. En cualquier caso, el contrato del municipio deberá haber salido a concurso a través de la publicación de una convocatoria de contrato. Además, deberá haber sido adjudicado de acuerdo con las reglas de la correspondiente directiva. Las reglas de la directiva sólo se aplican a la subcontratación cuando el propio adjudicatario principal es un poder adjudicador con arreglo a las directivas.

Si el valor global de los contratos queda por debajo de los límites, las Directivas 92/50/CEE y 93/37/CEE no se aplicarán. Sin embargo, el municipio estará obligado a cumplir la ley comunitaria por lo que respecta a la adjudicación de los contratos, y en particular, tendrá que seguir el principio de no discriminación establecido en el Tratado CE.

(1) DO L 209 de 24.7.1992.

(2) DO L 199 de 9.8.1993.

(3) DO L 328 de 28.11.1997.