PREGUNTA ESCRITA E-2502/98

de Lucio Manisco (GUE/NGL) a la Comisión

(30 de julio de 1998)

Asunto: Irregularidades administrativas en la Comisión

En su sentencia del 17 de febrero de 1998 en relación con el asunto T-56/96 "Alberto Maccaferri contra la Comisión Europea", el Tribunal de Primera Instancia (TPI) anuló la decisión de la Comisión de no proceder al nombramiento del demandante como agente temporal de grado A4/5 en la Dirección General de Política de la Empresa, Comercio, Turismo y Economía Social tras la celebración del concurso 62T/XXIII/93.

1. ¿Es cierto que los servicios de la Comisión Europea suprimieron la base presupuestaria para el puesto de agente temporal A4/5 para el que se había realizado la selección?

2. ¿Por qué motivo los servicios de la Comisión habrían llevado a cabo semejante acto ilegítimo?

3. ¿Podría informar la Comisión del curso dado a esta sentencia del TPI?

4. ¿Podría indicar la Comisión a qué nivel se sitúan las responsabilidades administrativas y financieras (en el seno de la Dirección General afectada y en la de Personal y Administración) y qué medidas disciplinarias se han adoptado ya para sancionar estas irregularidades que perjudican enormemente la imagen de la Unión Europea ante sus ciudadanos?

5. ¿Podría dar a conocer la Comisión los costes directos (por ejemplo, reembolso de gastos a los candidatos, publicación de anuncios en los diarios nacionales, etc.) e indirectos (por ejemplo, el número de horas por persona dedicadas por los miembros de los comités de selección) de las dos selecciones en las categorías A y B?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(21 de octubre de 1998)

La sentencia citada por Su Señoría condenó a la Comisión a anular la decisión de no nombrar al demandante agente temporal de grado A5/A4 de la DG XXIII tras el concurso 62T/XXIII/93 por falta de motivación. Hay que precisar que el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en ningún caso afirmó que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (AFPN) tuviera la obligación de proseguir un procedimiento de contratación una vez iniciado y cubrir el puesto vacante nombrando a uno de los seleccionados del concurso. Al contrario, con arreglo a una jurisprudencia reiterada, la sentencia reconoce que la AFPN no tiene ninguna obligación en ese sentido ya que tiene razones poderosas para no nombrar a los seleccionados siempre que la AFPN justifique su decisión de manera clara y apropiada.

El TPI anuló la decisión adoptada por constatar que la Comisión no había dado explicación alguna al demandante sobre la transferencia del puesto que hubiera podido basar la expectativa de contratación a raíz del concurso 62T/XXIII/93 ni en el momento de los hechos, ni en la fase de reclamación. Aunque estas motivaciones no fueron comunicadas al demandante antes de su recurso, es decir, ni en el momento de adopción de las diferentes decisiones, ni en el momento de su reclamación, se desprende en cambio de los intercambios que han tenido lugar a lo largo del procedimiento ante el TPI, tanto orales como escritos, que estas explicaciones se le dieron en dicha fase. Por otra parte, la Comisión informó al demandante de lo anterior mediante carta dirigida a su abogado.

La Comisión confirma que el puesto vacante de grado A5/A4 en la Dirección General XXIII al que se refería la selección 62T/XXIII/93 ha sido anulado. En efecto, consciente de la importancia de la evaluación del impacto de la legislación comunitaria sobre las empresas y de la necesidad de simplificar la legislación comunitaria, que sigue siendo una de las prioridades de la Comisión, se puso sin embargo de manifiesto que dicho trabajo podía ser realizado sin dificultad, bajo responsabilidad de la jerarquía, por un agente de grado B encargado de recabar informaciones, gestionar y hacer el seguimiento técnico de la evolución de las legislaciones. Preocupada por economizar y rentabilizar los recursos de que dispone la Comisión, se organizó un nuevo procedimiento de selección para dicho puesto B de manera regular y se ha contrató a un agente temporal de categoría B.

Habida cuenta de lo anterior y de las conclusiones de la decisión del TPI, la Comisión considera haber cumplido sus obligaciones en cuanto a las consecuencias de la sentencia de que se trata y confirma que no se adoptará ninguna otra medida sobre este asunto.

Los costes relativos a la selección de la categoría A se dividen en gastos de publicidad (10 384 ecus) y gastos de viaje (1 500 ecus). Había 11 candidatos, de los que dos desistieron antes de las entrevistas. Se calcula que una secretaria dedicó cuatro días de trabajo y los tres miembros del tribunal 1,5 días cada uno.

La selección de la categoría B formaba parte de una convocatoria de manifestación de interés referida a 11 ámbitos de actividad. Los costes globales de dicha convocatoria se dividen en gastos de publicidad (29 178 ecus) y gastos de viaje (2 250 ecus). Hubo 71 candidaturas. Se convocó a 6 candidatos, de los que uno desistió. Se calcula que una secretaria dedicó tres días de trabajo y los tres miembros del tribunal 1,5 días cada uno.