PREGUNTA ESCRITA E-3013/00

de Freddy Blak (PSE) a la Comisión

(26 de septiembre de 2000)

Asunto: Trabas a los guías turísticos extranjeros

En varias ciudades europeas, la administración local, impide a los guías y operadores turísticos extranjeros ejercer su actividad, en virtud de normas proteccionistas locales. Con frecuencia se trata de normas que exigen cualificaciones especiales que sólo los guías locales pueden cumplir.

Muchos guías turísticos han sido arrestados y han tenido que pagar enormes multas por ejercer su trabajo. Esta situación resulta inaceptable y es contraria a las disposiciones del mercado interior relativas a la libre circulación de trabajadores. ¿Es cierto que la Comisión no tiene la intención de intervenir contra un país como Italia, donde se han dado casos particularmente graves de violación de las disposiciones del Tratado de Roma relativas a la libre circulación?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(7 de noviembre de 2000)

La situación a la que hace referencia Su Señoría está en conocimiento de la Comisión, que mantiene, a su vez, numerosos contactos tanto con el sector profesional como con las autoridades nacionales. Es necesario hacer referencia especialmente al documento de trabajo relativo a los guías turísticos(1) y al informe presentado por el Consejo y el Parlamento(2) en relación con la aplicación de la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, referente a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE(3).

En primer lugar, es conveniente recordar que los Estados miembros gozan de las competencias necesarias para definir las condiciones a las que se supeditan el acceso y ejercicio de profesiones en sus territorios (siempre que dichas normas no resulten discriminatorias). Dichas normas pueden establecer, concretamente, la posesión de un título o diploma específicos para poder ejercer una determinada profesión. El objetivo de estas normas es el de garantizar una cierta calidad y al mismo tiempo están motivadas, por ejemplo, por la protección de la salud pública y de los consumidores. No obstante, los nacionales de los Estados miembros que hayan obtenido su título en otro Estado miembro están sujetos al Derecho comunitario.

Para ejercer la profesión de guía turístico en Italia es preciso estar en posesión de una titulación del nivel indicado en la Directiva 92/51. La Directiva establece que los nacionales de un Estado miembro tienen derecho a ejercer en otro Estado miembro una profesión para la que estén plenamente titulados en su Estado miembro de origen. En aquellos casos en los que existan diferencias considerables entre las materias y la formación cursadas por el candidato y los requisitos del Estado miembro de acogida, éste podrá exigir que el candidato se someta a un período de prácticas de adaptación o a una prueba de aptitud.

Italia ha aplicado la Directiva mediante un Decreto aprobado en 1994 (Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319). Dicho Decreto prevé que el reconocimiento puede someterse al cumplimiento de un período de prácticas de adaptación o una prueba de aptitud, a elección del candidato.

En lo referente a la aplicación de estas normas por ciudades a las que Su Señoría hace referencia, cada Estado miembro goza del derecho de delegar poderes a sus autoridades locales siempre que lo considere adecuado y de aplicar directivas a través de medidas adoptadas por las autoridades regionales o locales. Sin embargo, esta división de poderes no le exime de la obligación de asegurar que las disposiciones de la directiva se aplican adecuadamente con arreglo al Derecho nacional(4).

La imposición de multas administrativas y penales a personas que ejercen una profesión regulada sin la titulación o reconocimiento previo de sus capacidades obtenidas en otro Estado miembro no es, en principio, contraria a las normas mencionadas anteriormente. De hecho, la Comisión no ha recibido en ningún momento queja alguna sobre el rechazo de un Estado miembro a reconocer una cualificación de guía turístico ni sobre la existencia de dificultades particulares en los procedimientos de reconocimiento en este sector.

Por lo que respecta a la imposición de multas a operadores turísticos, el problema parece tener su origen principal en una confusión entre la profesión de operador turístico y la de guía turístico. La competencia para definir el alcance de ambas profesiones recae sobre los Estados miembros. Los hechos puestos hasta ahora en conocimiento de la Comisión a este respecto no indican una práctica que pudiera constituir una violación del Tratado constitutivo de la CE. En cualquier caso, la Comisión quisiera recordar a Su Señoría que el artículo 49 (antiguo artículo 59) del Tratado constitutivo de la CE (libertad de prestación de servicios) puede tener efecto directo y otorga a los particulares unos derechos que las autoridades nacionales deben respetar. Así pues, las partes interesadas pueden proteger mejor sus propios derechos invocando esta disposición ante los tribunales nacionales para la anulación de las multas que se les pudieran imponer por la infracción de estas disposiciones.

(1) SEC(97) 837 final.

(2) MARKT/D4/8052/4/99.

(3) DO L 209 de 24.7.1992 DO L 30 de 9.2.1995 (última modificación).

(4) TJCE C-227-230/85.