PREGUNTA ESCRITA E-1472/97 de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión (30 de abril de 1997)

Asunto: Desviación de poder por parte de las autoridades de Badem-Württemberg en relación con la libre circulación de trabajadores

Últimamente se ha producido un fuerte aumento de los casos de incumplimiento de la normativa comunitaria sobre trabajadores migrantes en Alemania y, sobre todo, en Stuttgart.

Ello parece obedecer a una decidida intención de ejercer una desviación sistemática de poder con el fin de aplicar a los trabajadores de los demás Estados miembros, en lugar de la AufenthG/EWG (normativa que traspone en Alemania las directivas sobre trabajadores migrantes), la mucho más severa Ausländergesetz (disposiciones generales sobre los extranjeros, que hace posible expulsar a ciudadanos comunitarios por motivos que, de otro modo, no estarían permitidos).

¿Puede intervenir la Comisión ante las autoridades de Baden-Württemberg para garantizar los derechos de los ciudadanos de los Estados miembros, evitando así unas condiciones de vida precarias para los trabajadores comunitarios migrantes y restableciendo la seguridad del Derecho?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1468/97 y E-1472/97 dada por el Sr. Flynn en nombre de la Comisión (26 de junio de 1997)

Con arreglo al tercer apartado del artículo 48 del Tratado CE, el ejercicio del derecho a la libre circulación de los trabajadores está supeditado a consideraciones de orden público, seguridad y salud públicas. La Directiva 64/221/CEE ((DO 56 de 4.4.1964. )) precisa en el primer apartado del artículo 3 que las medidas de orden público o de seguridad pública deben estar fundamentadas, exclusivamente, en el comportamiento personal del individuo a que se apliquen. El segundo apartado del artículo 2 de esta misma Directiva determina que las razones de orden público, seguridad o salud públicas no pueden invocarse con fines económicos. En su jurisprudencia reiterada, el Tribunal de Justicia sentenció que el recurso planteado por una autoridad nacional al concepto de orden público supone la existencia de una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Aunque el Derecho comunitario no impone a los Estados miembros una escala de valores uniforme por lo que se refiere a la valoración de los comportamientos que pueden considerarse como contrarios al orden público, no puede considerarse que un comportamiento posee el grado suficiente de gravedad que justifique restricciones a la admisión de entrada o permiso de estancia en un Estado miembro de un nacional de otro Estado miembro, cuando el primer Estado miembro no tome, por lo que respecta a ese mismo comportamiento cuando es realizado por sus propios nacionales, las medidas represivas u otras medidas reales y efectivas destinadas a combatir este comportamiento ((Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 1982, asuntos acumulados 115 y 116/81, Adoui y Cornuaille contra el Estado Belga, Rec. 1982, p. 1.665. )).

El Parlamento ha recibido varias peticiones sobre algunos problemas derivados de la aplicación de las reservas en materia de orden público por las autoridades del Estado federado alemán («Land») de Baden-Württemberg (a nacionales comunitarios, trabajadores y otros). A este respecto, la Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades alemanas para que apliquen la norma según la interpretación de las disposiciones del Tratado mencionadas anteriormente y la aplicación de las medidas nacionales de ejecución de la Directiva citada.