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PREGUNTA ESCRITA E-0798/98 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (18 de marzo de 1998)

Asunto: Comercio ilegal de órganos humanos y de medicamentos

La prensa europea ha sacado a la luz pública datos y denuncias escalofriantes en relación con el tráfico ilegal de órganos y de medicamentos peligrosos.

Más concretamente, la abogada Marie-Gabrielle Coller, en una entrevista concedida al periódico suizo «Le Matin», denunciaba que se envían a Grecia partidas de medicamentos que suponen graves riesgos para quienes los toman, en tanto que el médico alemán Michael Hümel (considerado el «cerebro» de estos envíos de medicamentos a Grecia) está relacionado con el tráfico de órganos humanos procedentes de países orientales y destinados sobre todo a hospitales alemanes.

A este fin se han creado empresas destinadas al blanqueo de dinero procedente de este tipo de actividades. Por otro lado, resulta espeluznante la confesión del cirujano ruso Valeri Sumakov, especialista en transplantes, quien efectuaba exportaciones de órganos desde Moscú utilizando documentos falsos.

¿Podría la Comisión decir cuál es su punto de vista oficial sobre este asunto, de implicaciones éticas monstruosas, así como qué datos obran en poder de sus servicios relacionados con el envío a Grecia de medicamentos peligrosos y con el tráfico ilegal de órganos humanos destinados a dicho país?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (11 de mayo de 1998)

La Comisión tiene conocimiento de las informaciones periodísticas que denuncian que la escasez crónica de órganos ha dado lugar al desarrollo del tráfico de órganos. La reflexión sobre las implicaciones éticas de este fenómeno y las medidas que deberán adoptarse al respecto corresponde, sin embargo, a los Estados miembros.

Conforme a las disposiciones del capítulo IV y del artículo 29 de la Directiva 75/319/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmacéuticas ((DO L 147 de 9.6.1975. )), la importación de medicamentos procedentes de terceros países en territorio comunitario está subordinada a la concesión, por parte de las autoridades del Estado miembro pertinente, de una autorización de fabricación que se otorga si se cumplen las estrictas condiciones establecidas en dichas disposiciones. Las autoridades nacionales, a través de inspecciones regulares, controlan el cumplimiento permanente de estas obligaciones.
PREGUNTA ESCRITA E-0935/98 de Antonio Tajani (PPE) a la Comisión (26 de marzo de 1998)

Asunto: Protección de la salud de las policías locales

La legislación italiana no prevé la inclusión de los funcionarios de los cuerpos de policía local entre los trabajadores que pertenecen a categorías de riesgo y enfermedades laborales. Sin embargo, tan sólo en Roma, murieron 180 guardias municipales en activo entre 1980 y 1996: el 42 % de cáncer y el 40 % de enfermedades cardiorrespiratorias. La edad media de los fallecidos es de 51 años. Si se compara con otros grupos de trabajadores, incluidos entre las categorías protegidas, la tasa de mortalidad de los guardias municipales es muy elevada y el fallecimiento lo provocan en la mayoría de los casos enfermedades contraídas debido al trabajo desarrollado en la calle, en contacto con agentes atmosféricos nocivos.

¿No considera la Comisión que el hecho de que el Gobierno italiano no incluya a las policías locales entre las categorías de riesgo y enfermedades laborales supone una violación de todas las normativas comunitarias en materia de protección de la salud?

¿No considera la Comisión que ello supone asimismo una violación de los Tratados de Roma, Maastricht y Amsterdam y de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores?

¿Qué iniciativas tiene previsto adoptar la Comisión para hacer que el Gobierno italiano respete los derechos de los funcionarios de las fuerzas de policía local?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (8 de mayo de 1998)

La Directiva marco 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo ((DO L 183 de 29.6.1989. )), así como sus directivas específicas, no obliga a los Estados miembros a designar o a clasificar determinadas profesiones como «categoría de riesgo». Además, en el caso concreto de las fuerzas de policía, se establece en el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 89/391/CEE que dicha Directiva no será de aplicación cuando se opongan a ello de manera concluyente las particularidades inherentes a determinadas actividades específicas. En este caso, será preciso velar para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas en la medida de lo posible, habida cuenta de los objetivos de la presente Directiva. En consecuencia, las actividades de las fuerzas de policía escapan en gran parte al Derecho comunitario en materia de salud y seguridad de los trabajadores en el trabajo y, por tanto, deben aplicárseles medidas de sustitución de carácter estrictamente nacional.

La Comisión considera que no se ha conculcado ninguna disposición del Derecho comunitario. Así pues, el problema planteado por Su Señoría debería solucionarse exclusivamente a nivel de las autoridades italianas.
PREGUNTA ESCRITA E-0245/98 de Petrus Cornelissen (PPE) a la Comisión (13 de febrero de 1998)

Asunto: Secuestro de coches

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de que ha surgido en Europa una nueva manera brutal de robo de automóviles, el denominado secuestro de coches (car-jacking) en el que se obliga al conductor a entregar las llaves, después de lo cual el secuestrador desaparece con el coche?

2. ¿Está dispuesta la Comisión, en su caso en concertación con las autoridades policiales, los fabricantes de automóviles, las organizaciones de defensa del consumidor y las compañías de seguros, a examinar las posibilidades existentes para luchar contra esta nueva plaga transfronteriza?

3. En este contexto, ¿está dispuesta la Comisión a prestar atención a las nuevas posibilidades tecnológicas, como el seguimiento del coche robado por satélite y la inmovilización a distancia del automóvil?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (17 de marzo de 1998)

La Comisión tiene conocimiento, gracias a las noticias que se han venido publicando en la prensa internacional, del cada vez mayor número de casos de secuestro de coches (car-jacking) en Europa y, más concretamente, en Bruselas.

En el marco de la cooperación en el ámbito de Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión está gestionando programas común para reforzar la cooperación policial (Programa OISIN) y ha presentado una propuesta ((DO C 352 de 20.11.1997. )) para llevar a cabo un programa de intercambio y formación para reforzar la lucha contra la delincuencia organizada (Programa Falcone).

Además, la Comisión colabora estrechamente en el trabajo que se desarrolla en el Consejo relativo a las condiciones legales para la elaboración de medidas tecnológicas que combatan el tráfico de coches robados.

Basándose en estudios realizados por expertos sobre el tema en cuestión, la Comisión puede incluso considerar medidas para adaptar al progreso tecnológico la Directiva 74/61/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1973, relativa a los dispositivos de protección contra la utilización no autorizada de los vehículos a motor ((DO C 38 de 11.2.1974. )).
PREGUNTA ESCRITA E-0754/98 de Angela Sierra González (GUE/NGL) a la Comisión (18 de marzo de 1998)

Asunto: Reducciones de la iniciativa REGIS para las regiones ultraperiféricas en el marco de la Agenda 2000

La Agenda 2000 de la Comisión Europea prevé el mantenimiento de las regiones ultraperiféricas como Región Objetivo número 1, pese a que éstas superen en su PIB el 75 % de la media comunitaria.

No obstante, cuando la misma Agenda 2000 de la Comisión Europea habla de «reducir el número de iniciativas comunitarias», se excluye de los nuevos objetivos a la iniciativa REGIS para regiones ultraperiféricas, contemplados en anteriores períodos de programación. Como conoce la Comisión, la iniciativa REGIS es el segundo programa de inversiones en Canarias, tras el programa Operativo de Canarias (FEDER), y supone importantes fondos económicos para el desarrollo local o el fomento de las energías renovables, por mencionar sólo dos ejemplos.

Por otro lado, el tratamiento específico en el nuevo Tratado de Amsterdam de las regiones ultraperiféricas, donde se contemplan medidas específicas para las «condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales comunitarios», parece hacer necesario contemplar una iniciativa comunitaria específica para estas regiones, tal como lo ha sido la iniciativa REGIS hasta ahora.

¿Considera necesario la Comisión incluir una iniciativa comunitaria para regiones ultraperiféricas en el próximo período de programación, tal como ha ocurrido en los Programas REGIS I y REGIS II?

¿De qué forma ha previsto la Comisión paliar una posible desaparición de la iniciativa REGIS, teniendo en cuenta la importancia de sus aportaciones financieras para la economía y la sociedad canarias?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (21 de abril de 1998)

La Comisión tiene la intención de conceder una atención especial a las zonas ultraperiféricas. En su propuesta relativa a los nuevos Reglamentos de los Fondos estructurales de 18 de marzo de 1998 ((COM(98)131. )), prevé asimilar específicamente estas regiones al objetivo no 1, incluso aunque su producto interior bruto (PIB) por habitante rebase el 75 % de la media comunitaria.

Por lo que respecta a las actuaciones realizadas hasta este momento correspondientes a REGIS I y II, la Comisión pretende integrarlas en los programas del objetivo no 1 en un afán por concentrar los temas, simplificar la gestión y la administración y conseguir una mayor eficacia de las actuaciones.

Por lo que se refiere a la intensidad de la ayuda comunitaria, las zonas ultraperiféricas deberán beneficiarse, al igual que las demás regiones subvencionables en virtud del objetivo no 1, del esfuerzo de concentración de los recursos presupuestarios en favor de este último.
PREGUNTA ESCRITA E-0544/98 de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión (4 de marzo de 1998)

Asunto: Percepción de una pensión belga

Numerosos pensionistas que han regresado a Italia desde Bélgica no pueden percibir el importe de las pensiones de las que son titulares puesto que el Instituto Nacional de Pensiones belga no autoriza ni el pago a una cuenta corriente bancaria, ni el cobro por poderes -aun tratándose de descendientes directos-, a pesar de que el decreto de 15 de mayo de 1996 prevé la posibilidad de abonar las pensiones mediante transferencia a una cuenta corriente bancaria o postal en todos los países de la Unión excepto en Italia y en algún otro país miembro, donde no existe un acuerdo con las instituciones bancarias.

¿Podría intervenir la Comisión ante las autoridades italianas para que lleguen urgentemente a un acuerdo con las instituciones bancarias a fin de lograr la inmediata aplicación del mencionado decreto?

Habida cuenta de la buena disposición de la Asociación de Bancos de Italia (ABI), ¿podría actuar la Comisión con el fin de resolver a la mayor brevedad posible una situación que perjudica gravemente a los italianos que hayan adquirido en el extranjero su derecho a percibir una pensión?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (15 de abril de 1998)

La Comisión desea señalar a la atención de Su Señoría el apartado 1 del artículo 53 del Reglamento (CEE) no 574/72, en el que se menciona la modalidad de pago de las prestaciones debidas en virtud de las disposiciones del Reglamento (CEE) no 1408/71 ((Reglamentos (CEE) no 1408/71 y no 574/72 relativos a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, modificados y actualizados por el Reglamento (CE) no 118/97 de 30.1.1997 (DO L 28 de 30.1.1997). )). Este apartado remite al Anexo 6, en el que los procedimientos relativos a los pagos corrientes y de índole diversa están desglosados por Estado miembro. En el punto «A. Bélgica» y en el «H. Italia» se indica el pago directo al interesado.

Según las informaciones de la Comisión, en la actualidad los importes de las pensiones se abonan bien directamente al interesado mediante giro postal internacional o cheque o bien mediante acuerdo directo entre la institución deudora de un país y los bancos de otro país.
PREGUNTA ESCRITA E-0838/98 de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión (26 de marzo de 1998)

Asunto: Presuntas irregularidades de Enfap UIL en la gestión de las contribuciones del FSE para la formación profesional

Hace unos días se tuvo noticia de nuevos episodios poco claros en relación con la gestión de los fondos para la formación profesional de la Región del Lazio. El pasado 7 de febrero, el Director General del INPS (Instituto Nacional de Seguridad Social), Sr. Penna, remitió al asesor para el presupuesto de la Región del Lazio, el diputado Angiolo Marroni, una carta en la que denuncia que uno de los entes gestores de la formación profesional, el Enfap Uil, evadió 13.000 millones de contribuciones de seguridad social para sus propios agentes, desde 1992 hasta hoy. No obstante, entre marzo y diciembre de 1997, la Región del Lazio abonó al Enfap unos 10.000 millones de conformidad con los convenios de formación profesional.

Ya en el pasado se produjeron episodios poco claros en la gestión de la formación profesional del Lazio, como en el caso de la investigación abierta a raíz de preguntas mías anteriores, que culminó con la denuncia de determinados entes gestores por estafa y asociación para delinquir. Entre estos entes se encontraba el propio Enfap, que a pesar de todo, siguió siendo homologado en la última edición del Fondo Social Europeo, en la que se le concedieron 40 cursos, aproximadamente.

A la luz de estos hechos, ¿puede decir la Comisión:

1. si ya estaba al corriente de los hechos;

2. si cree conveniente abrir una nueva investigación sobre la gestión de los fondos del FSE para la formación profesional en la Región del Lazio;

3. si considera oportuno que no se homologue a los entes objeto de investigación, por lo menos hasta que se aclare su posición frente a la justicia italiana;

4. si puede emitir un juicio general sobre todo este asunto?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (3 de abril de 1998)

La Comisión desconoce los hechos mencionados por Su Señoría. Está llevando a cabo una investigación en el Estado miembro correspondiente e informará a Su Señoría de los resultados de la misma.
PREGUNTA ESCRITA E-0554/98 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión (4 de marzo de 1998)

Asunto: Programa Operativo Regional del Ática - Subprograma 2, Medida 2

La Medida 2 del Subprograma 2 del Programa Operativo Regional del Ática se refiere a las intervenciones de desarrollo y la mejora de la circulación y concierne a los Parques Biológicos y a las Regiones Biológicas. De acuerdo con el calendario del programa, hasta 1997 deberían haberse concedido fondos públicos por valor de 5.990.000 ecus.

1. ¿En qué punto se encuentra la aplicación del programa y qué acciones se han llevado a cabo?

2. Si ha habido aplazamientos, ¿en dónde se han dado y cuáles son las principales causas de los mismos?

3. ¿Ha habido cambios durante de la revisión del MCA, y en qué porcentaje del presupuesto?

4. ¿Qué nivel de utilización ha habido hasta el 31.12.1997?

5. ¿Se han hecho las indispensables evaluaciones por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo en relación con la creación de Parques Biológicos y Regiones Biológicas?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (7 de mayo de 1998)

Según los cuadros financieros modificados el 21 de octubre de 1997, el gasto público de la medida 2.2 del programa operativo «Ática» (parques industriales) programada hasta 1997 asciende a 1 millón de ecus.

Esta medida aún no ha comenzado realmente, debido fundamentalmente a problemas relacionados con el marco legal que regula dichos parques. Por el momento, solamente se han iniciado algunos estudios y no se puede descartar que, en un futuro próximo, un examen de la situación actual lleve a modificar la medida, con el fin de tener en cuenta el retraso registrado.
PREGUNTA ESCRITA P-0436/98 de Mark Killilea (UPE) a la Comisión (16 de febrero de 1998)

Asunto: Adopción de medidas de la UE en materia de agricultura y medio ambiente

Teniendo en cuenta las ayudas aprobadas por la Comisión conforme el Reglamento(CEE) no 2078/92 ((DO L 215 de 30.7.1992, p. 85. )), podría informar la Comisión sobre el importe percibido hasta la fecha por Irlanda con arreglo a dichas medidas en materia de agricultura y medio ambiente y sobre el porcentaje al que corresponde con respecto al importe total puesto a disposición por la UE? ¿Es posible realizar un desglose por títulos, es decir, agricultura respetuosa con el medio ambiente, gestión no productiva de la tierra, proyectos de formación o demostración?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (27 de febrero de 1998)

Irlanda ha puesto en marcha un único programa en aplicación del Reglamento (CEE) no 2078/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural ((DO L 215 de 30.7.1992. )). Se trata del llamado régimen de protección del medio ambiente rural (REPS, rural environment protection scheme), a la disposición de los agricultores de todo el país que acepten realizar actividades medioambientales y observar ciertas limitaciones en sus prácticas de producción durante al menos cinco años. Los primeros pagos del programa REPS se efectuaron en 1995 y la contribución aportada por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) en los primeros tres años supuso 19 millones de ecus en 1995, 43 millones de ecus en 1996 y 98 millones de ecus en 1997.

La contribución del FEOGA representa el 75% del gasto, dado que Irlanda es una zona del objetivo no 1. En otras regiones, la contribución comunitaria está limitada al 50%.

Respecto al gasto total del FEOGA en programas agroambientales, la cantidad dedicada al REPS supuso el 4% en 1995, el 3% en 1996 y más del 6% en 1997. A efectos comparativos, Irlanda representa el 3,3% de la superficie agrícola útil (SAU) de la Comunidad.

Por lo que se refiere al desglose por tipos de medida, la Comisión no ha recibido aún el informe de Irlanda sobre la aplicación del programa y los datos suministrados se refieren tan sólo a las cifras generales.

La Comisión desearía llamar la atención de Su Señoría respecto al informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (CEE) no 2078/92, presentado al Parlamento el 4 de diciembre de 1997 ((COM(97)620 final. )).
PREGUNTA ESCRITA E-0404/98 de Katerina Daskalaki (UPE) a la Comisión (24 de febrero de 1998)

Asunto: Problemas relativos a la producción de aceite de oliva, algodón y cítricos

Los agricultores griegos atribuyen a las decisiones adoptadas en Bruselas, que consideran sumamente graves, los problemas surgidos en la producción de aceite de oliva, algodón y cítricos. Hablan de presiones ejercidas sobre la producción griega de algodón y subrayan que la producción de cítricos se ve afectada negativamente por el acuerdo de la OMC, que limita el volumen de las exportaciones subvencionadas. Los productores de aceite de oliva se ven afectados por los excedentes de la producción española, pero también por el hecho de que el comisario se niegue a adoptar las medidas necesarias. La subvención comunitaria al aceite griego ha sufrido una reducción del 30% y la Comisión, en lugar de acelerar la intervención comunitaria, pide que se lleve a cabo un almacenamiento privado con subvención comunitaria.

¿Desconoce la Comisión que en Grecia no existe una infraestructura adecuada y que no se prevé adoptar, en general, medida alguna, dado que la situación de los agricultores griegos resulta cada vez más problemática y existe el peligro de una nueva movilización de masas?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (19 de marzo de 1998)

La Comisión no comparte el análisis de los agricultores griegos que refiere Su Señoría en relación con los problemas con que se encuentran en los mercados del aceite de oliva, el algodón o los cítricos.

Por lo que respecta más concretamente al aceite de oliva, la Comisión recuerda que la caída de los precios del mercado se debe a la abundante producción de todos los Estados miembros productores durante dos campañas consecutivas, y a la gestión de los oleicultores, que han preferido retener importantes cantidades de aceite de oliva en vez de sacarlas al mercado durante la campaña anterior. El descenso de la financiación en Grecia, a través de la ayuda a la producción, sólo afecta a cerca del 25% de los oleicultores. El 75% restante no se ve afectado por la aplicación del estabilizador presupuestario, ya que se consideran pequeños productores en el sentido del Reglamento no 136/66/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1966, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas ((DO 172 de 30.9.1966. )).

Para hacer frente a la difícil situación del mercado, la Comisión ya ha adoptado medidas en forma de ayudas al almacenamiento privado y ha autorizado el almacenamiento de 30.000 toneladas de aceite de oliva en Grecia. Además, ha hecho más claras las disposiciones reglamentarias para que las organizaciones de productores puedan obtener mayores beneficios de dicha medida. Antes de prever otras medidas de intervención en el mercado, la Comisión desea conocer los resultados de la medida de ayuda al almacenamiento privado.
PREGUNTA ESCRITA P-0890/98 de Patricia McKenna (V) a la Comisión (11 de marzo de 1998)

Asunto: Negativa de la compañía aérea Ryanair a reconocer a los sindicatos

La compañía aérea irlandesa Ryanair se ha visto envuelta en un prolongado conflicto con sus manipuladores de equipaje cuyo origen fue su negativa a reconocer o negociar con los sindicatos que representan a estos trabajadores. Ryanair se ha negado también a recurrir al cauce normal para resolver conflictos laborales, en la medida en que no tiene intención de participar en ningún procedimiento de arbitraje iniciado por la Irish Labour Court.

La dirección de Ryanair ha sido una de las grandes beneficiarias de la liberalización del transporte aéreo dentro de la UE.

Considerando los artículos 11 a 13 de la Carta Social Europea, que tienen por objeto los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, ¿puede la Comisión investigar los distintos aspectos del conflicto en Ryanair y elaborar un informe al respecto? ¿Qué otras medidas se propone adoptar en relación con este conflicto?

¿Cuándo va a publicar la Comisión su prometida evaluación del impacto social de la liberalización de los transportes aéreos?

¿Tiene la Comisión alguna propuesta sobre posibles formas de proteger los derechos de los trabajadores a la libre asociación y a la negociación colectiva en casos en que las empresas traten de denegar estos derechos?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (23 de abril de 1998)

La Comisión está realizando un minucioso examen del problema al que se refiere Su Señoría, y le informará de su resultado lo más rápidamente posible.