PREGUNTA ESCRITA P-1057/98

de Paul Lannoye (V) a la Comisión

(30 de marzo de 1998)

Asunto: Acuerdo multilateral sobre inversiones

El proyecto AMI que se está negociando actualmente en la OCDE, y en cuya negociación participa activamente la Comisión, incluye un gran número de disposiciones básicas que pueden poner en peligro la aplicación de la política comunitaria en materia de medio ambiente, así como los convenios internacionales sobre el medio ambiente y los diferentes protocolos de aplicación a los que ha adherido la Unión.

Se trata, en particular, de las siguientes medidas:

- prohibición de la obligación de resultados (performance requirement);

- indemnización por expropiación "rastrera", cabe considerar que una medida legislativa o fiscal con un objetivo medioambiental equivale a una expropiación;

- principio de preferencia nacional aplicado de manera general a todas las inversiones,

- principios de statu quo ("standstill") y de desmantelamiento ("roll-back").

¿Cuenta la Comisión con una evaluación del impacto previsible de estas disposiciones, no sólo en la legislación comunitaria vigente en materia de medio ambiente sino también en las diferentes políticas comunitarias con repercusiones directas o indirectas en el medio ambiente?

¿No considera la Comisión que todos los acuerdos multilaterales relativos a las inversiones deben estar subordinado a los convenios internacionales vigentes o futuros en materia de medio ambiente?

Respuesta de Sir Leon Brittan en nombre de la Comisión

(6 de mayo de 1998)

La cuestión planteada por Su Señoría se está discutiendo activamente en esta fase de la negociación del acuerdo multilateral sobre inversiones (AMI). Se trata de alcanzar un equilibrio entre las disciplinas del AMI (no a la expropiación sin compensación, trato nacional/nación más favorecida, requisitos de statu quo (standstill), desmantelamiento (roll-back) y limitaciones de rendimiento) y otros importantes ámbitos de las políticas nacionales que preocupan a las partes del AMI, y de evitar consecuencias no deseadas para las prácticas reguladoras normales. En este sentido, el problema del impacto del AMI va más allá de las políticas y normas en materia de medio ambiente.

Puesto que las negociaciones siguen abiertas, es difícil evaluar las consecuencias del AMI para el medio ambiente. La Comisión está comprometida a garantizar que el AMI no ponga obstáculos a las actuales políticas y normas ambientales comunitarias ni a su desarrollo.

Hasta ahora, el grupo de negociación del AMI debate un paquete incompleto de propuestas para un texto que se propone tratar este problema de forma integral. Entre los elementos que contienen hasta ahora los textos presentados al grupo destacan:

- el preámbulo, que muestra la decisión de las partes de aplicar el AMI de manera coherente con el desarrollo sostenible y con la protección del medio ambiente;

- la afirmación, en el texto del acuerdo, del derecho de las partes contratantes a establecer regulaciones no discriminatorias para asegurarse de que la actividad de inversión tenga en cuenta la salud, la seguridad y el medio ambiente;

- una disposición que impide reducir las medidas nacionales en materia de medio ambiente para atraer una inversión; y

- una excepción en el artículo sobre la prohibición de requisitos de rendimiento que cubre aquellos requisitos que pudieran afectar al cumplimiento de las leyes y normas o a la salud, la seguridad y el medio ambiente.

Para su parte, la Comisión ha propuesto introducir en el acuerdo una excepción general similar al artículo XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) que se aplicaría a las medidas necesarias para proteger la salud humana, veterinaria y fitosanitaria, y para proteger los recursos naturales no renovables.

Sobre la base de idénticas consideraciones, la regulación internacional en materia de medio ambiente podrá continuar sin obstáculos del AMI. Por tanto, no parece necesario un artículo específico que subordine el AMI a los acuerdos ambientales internacionales.