PREGUNTA ESCRITA E-3895/00

de Robert Goebbels (PSE) a la Comisión

(13 de diciembre de 2000)

Asunto: Apertura a la competencia de los servicios de la Comisión

La Comisión se ha fijado como objetivo atacar a los monopolios públicos y obligar a todos los sectores con derechos exclusivos a someterse a la dura ley de la competencia.

¿Por qué la Comisión aún no ha tenido el coraje de aplicar sus ideas a sus propios servicios? ¿Por qué no se inspira, por ejemplo, en los nobles principios formulados en su propuesta de reglamento sobre los contratos de servicio público en el transporte de viajeros sometiendo a licitación pública cada cinco años todas las prestaciones realizadas por sus servicios con el fin de mejorar el rendimiento y la transparencia de éstos, ofrecer mejores servicios, controlar la evolución del coste y garantizar la calidad más elevada posible, por utilizar la jerga comunitaria?

¿No gestionarían mejor los operadores privados los expedientes confiados a la Comisión, respetando por ejemplo, los plazos de pago fijados en 30 días por la Directiva 2000/35/CE(1), en tanto que por sus propios reglamentos la Comisión se concede generosamente plazos de pago de 60 días, plazos que los servicios comunitarios a menudo no están en condiciones de respetar?

(1) DO L 200 de 8.8.2000, p. 35.

Respuesta de la Comisaria Schreyer en nombre de la Comisión

(6 de abril de 2001)

La Comisión persigue un uso más eficaz de sus recursos mediante el recentrado de sus tareas y actividades de base y definiendo una política apropiada de externalización. Los criterios mencionados por Su Señoría (mejorar el rendimiento y la transparencia, control de costes y ofrecer servicios de alta calidad) son efectivamente las normas básicas del planteamiento general de la Comisión para la asignación y el uso de los recursos.

Ciertas tareas (particularmente la aplicación de programas comunitarios) pueden realmente exteriorizarse cuando este es un medio efectivo de materializar actividades concretas, evitando al mismo tiempo una pérdida de responsabilidad y seleccionando, además, la forma más apropiada de externalización. La Comisión ha estudiado con detalle los diversos modelos posibles de externalización y en varias ocasiones ha informado al Parlamento y al Consejo sobre los resultados de este trabajo. Según lo anunciado en su reciente comunicación(1) sobre la adaptación entre actividades y recursos, la Comisión está llevando a cabo actualmente estudios de viabilidad y análisis de costes y beneficios en ciertos ámbitos donde la externalización sería posible. Desde hace ya algunos años se han externalizado determinados servicios internos de la Comisión, tales como la seguridad y las cantinas.

Sin embargo, en el sistema comunitario la externalización tropieza con ciertos límites, especialmente las llamadas prerrogativas institucionales, es decir, las actividades que deben ser llevadas a cabo directamente por las instituciones. El sistema institucional creado por el Tratado CE, según lo interpreta el Tribunal de Justicia, requiere que cada institución tome la responsabilidad de la puesta en práctica directa de las tareas que le han sido explícitamente atribuidas y sobre las cuales ejerce poderes discrecionales.

Fuera del área de las prerrogativas institucionales la Comisión puede exteriorizar ciertas tareas recurriendo a diversos instrumentos, según el nivel de responsabilidad implicada: descentralización a órganos comunitarios, descentralización a organismos nacionales y externalización a contratistas privados.

Las tareas de servicio público, definidas y supervisadas por la Comisión, pueden solamente exteriorizarse a organismos públicos. Una evaluación previa de los costes y beneficios debe considerar el cumplimiento de las normas legales y presupuestarias, la proximidad a los beneficiarios, la publicidad dada al papel de la Comunidad y la necesidad de consolidar la experiencia interna, así como los costes ligados a la preparación, supervisión y control por la Comisión. La delegación de tareas no debe empeorar la libertad de acción de la Comisión. Las tareas, en especial las ligadas a la ejecución presupuestaria, deben llevarse a cabo de conformidad con los principios de Derecho público, especialmente los de legalidad, transparencia e independencia y teniendo muy presente el interés público. La cadena de responsabilidad entre la Comisión y los organismos designados debe preservarse y la Comisión debe guardar el control efectivo de las tareas propias o descentralizas.

Nada impide, sin embargo, subcontratar al sector privado tareas que no implican poderes discrecionales y que deberían, en principio, proporcionar a la institución una asistencia puramente técnica, tal como el tratamiento de datos o la prestación de servicios al consumidor. La subcontratación permite a la Comisión movilizar las cualificaciones de las que la institución no dispone y que no son convenientes para la administración mediante organismos comunitarios.

En especial la Comisión ha previsto en su propuesta de modificación del Reglamento financiero adoptado el 26 de julio de 2000(2) que no puede confiar medidas de ejecución presupuestaria a organismos u organizaciones de Derecho privado exteriores, con excepción de los que tienen una misión de servicio público garantizada por el Estado.

La Directiva 2000/35/CE del Parlamento y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de luchas contra la morosidad en las operaciones comerciales(3), no fija un plazo de pago de 30 días para todas las transacciones comerciales en el sector privado. Al contrario, los poderes públicos y el sector privado continúan disfrutando del derecho a negociar períodos de pago en sus relaciones comerciales y el plazo de 30 días solamente se aplica si el contrato no dice nada al respecto. La Comisión no trata de una manera diferente al sector privado.

La Comisión es consciente de que debe mejorar su capacidad para cumplir los plazos de los pagos que realiza y ha abordado esta cuestión en varias ocasiones, la última en julio del 2000, cuando adoptó directrices dirigidas a aumentar la proporción de pagos realizados en el plazo de 60 días. La Comisión paga intereses cuando no respeta el plazo.

(1) SEC(2000) 2000/3.

(2) COM(2000) 461 final.

(3) DO L 200 de 8.8.2000.