PREGUNTA ESCRITA E-2262/02

de Anne Jensen (ELDR) a la Comisión

(24 de julio de 2002)

Asunto: Licitaciones de órganos en la UE

El 1.6.2001 presenté una pregunta escrita a la Comisión sobre licitaciones de órganos en la UE (E-1583/01(1)).

El 18 de julio de 2001 recibí una respuesta de la Comisión de la que se desprendía, entre otras cosas, que la Comisión aún no poseía información suficiente para evaluar si las iglesias de

Alemania y de Suecia estaban incluidas en la Directiva del Consejo 93/36/CEE(2) de 14 de junio de 1993 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (en adelante denominada la directiva). Por otra parte, la Comisión prometió que investigaría el asunto lo antes posible y me mantendría informada del resultado de sus investigaciones.

¿Cuál ha sido el resultado de las prometidas investigaciones de la Comisión sobre la inclusión de las iglesias suecas y alemanas en la directiva? En otras palabras, ¿deben las iglesias suecas y alemanas sacar sus órganos a licitación?

(1) DO C 340 E de 4.12.2001, p. 240.

(2) DO L 199 de 9.8.1993, p. 1.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(20 de septiembre de 2002)

Como observación general, cabe mencionar que la decisión de considerar un organismo como organismo de Derecho público (y, por tanto, un poder adjudicador en el sentido descrito en las Directivas sobre contratación pública) depende de un análisis caso por caso en el que deben cumplirse tres condiciones:

1) el organismo en cuestión debe haberse creado para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil;

2) debe estar dotado de personalidad jurídica; y

3) debe estar mayoritariamente financiado o bien controlado por el Estado u otro ente público(1).

En este caso, es preciso comprobar especialmente el tercer criterio.

Por lo que se refiere a Suecia, cabe señalar que a partir del 1 de enero de 2000 se han introducido cambios legislativos en las relaciones entre el Estado sueco y la Iglesia sueca (Ley de la Iglesia sueca) y en la Ley sueca de contratación pública. La Iglesia está separada del Estado desde el 1 de enero de 2000.

La Ley de contratación pública fue modificada en consecuencia, de forma que las parroquias de la Iglesia sueca y las asociaciones religiosas ya no están obligadas a aplicarla, salvo en lo relativo a las actividades sujetas a la Ley de entierros. Sin embargo, el Estado sueco también apoya financieramente a la Iglesia en la conservación del patrimonio cultural. Dado que las autoridades suecas todavía no han identificado con precisión la proporción de dicho apoyo financiero, la Comisión aún no está en condiciones de determinar si la Iglesia sueca debe considerarse un organismo de Derecho público con arreglo a la normativa comunitaria.

En cuanto a Alemania, por una parte cabe recordar que las iglesias se autofinancian ya que, aunque lo recauda la Administración financiera del Estado, el impuesto religioso se envía directamente a las iglesias, que disponen de él de forma autónoma. Por otra parte, sin embargo, cabe mencionar que las iglesias están sujetas por ley a un control estatal, aunque de forma limitada. Es un tema controvertido si dicho control limitado cumple las condiciones establecidas por las Directivas comunitarias sobre contratación pública. De hecho, las autoridades públicas nunca nombran a los miembros de los Consejos de las iglesias. Por consiguiente, la Comisión tiene intención de recoger información adicional para valorar mejor el grado de control estatal antes de emitir un dictamen definitivo sobre la calificación de las iglesias alemanas como organismos de Derecho público según la definición de la normativa comunitaria.

(1) Según las Directivas de contratación pública, se entenderá por organismo de Derecho público, todo organismo: creado para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, dotado de personalidad jurídica, y cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes públicos territoriales u otros organismos de Derecho público, cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estos últimos, o cuyo órgano de administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por el Estado, los entes públicos territoriales u otros organismos de Derecho público.