PREGUNTA ESCRITA E-3656/00

de Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) a la Comisión

(27 de noviembre de 2000)

Asunto: Desigualdad de trato en el régimen fiscal español

A la hora de gravar a los propietarios de bienes inmuebles, el régimen fiscal español distingue entre ciudadanos españoles y ciudadanos no españoles. Así, los ciudadanos de la UE que no residen en España, pero que poseen allí un inmueble, están sujetos tanto a la contribución de fincas urbanas como al impuesto sobre el patrimonio. La contribución de fincas urbanas a que están sujetos los llamados no residentes en España se paga una vez al año y equivale al 2 % del valor catastral de la finca. También el impuesto sobre el patrimonio a que están sujetos los no residentes en España ha de abonarse una vez al año y su importe se calcula en relación con el valor del inmueble en el momento de la compraventa.

Además, cuando en España se venden inmuebles hay que pagar un impuesto sobre la plusvalía que depende del beneficio obtenido con la venta y que es distinto según se trate de residentes o no residentes. Mientras que los no residentes en España tienen que soportar un impuesto sobre la plusvalía del 35 %, en el caso de los residentes sólo es del 20 %.

1. ¿Es compatible con la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad, establecida en las libertades fundamentales, la diferencia de trato que se da a los ciudadanos de la UE que son propietarios de bienes inmuebles en España según sean residentes o no residentes?

2. ¿Qué medidas piensa tomar la Comisión en el caso de que esa diferencia de trato no sea compatible con la prohibición de discriminación ni esté justificada por razones objetivas ni sea proporcionada?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(24 de enero de 2001)

La Comisión informa a Su Señoría de que el régimen fiscal aplicable a los ciudadanos europeos no residentes en España y propietarios de bienes inmuebles en ese Estado miembro ya fue examinado por la Comisión con ocasión de la pregunta escrita E-1380/99 del señor Swoboda(1) y le remite, para todos los efectos, a la respuesta dada a aquella pregunta.

De manera general, por lo que se refiere a los bienes inmuebles no arrendados y que no constituyen la vivienda principal, la legislación española prevé una imposición en concepto de renta y también en concepto de patrimonio. Las plusvalías obtenidas en la compraventa forman parte de la renta del año en que ésta se produce. Los hechos que generan la imposición así como las bases imponibles son idénticos para los residentes y los no residentes, pero hay diferencias en cuanto a los tipos aplicables y a las desgravaciones personales.

La renta ficticia anual resultante de un inmueble de esas características asciende al 2 % del valor catastral (apartado 1 del artículo 71 de la Ley 40/1998 relativa al impuesto sobre la renta de las personas físicas, BOE 10.12.1998, y apartado 5 del artículo 23 de la Ley 41/1998, relativa a la renta de los no residentes, BOE 10.12.1998). Por tratarse de la renta de un residente, se añade

al resto de su renta en el ámbito mundial, sometida al baremo progresivo, y puede alcanzar un tipo marginal del 48 % (un 39,60 % destinado al Estado y un 8,40 % destinado a las comunidades autónomas, artículos 50 y 61 de la Ley 40/1998; hasta el ejercicio fiscal de 1998, el total de estos impuestos podía alcanzar el 56 %). Para los no residentes, en cambio, se aplica el tipo general a tanto alzado del 25 % de impuesto sobre la renta de los no residentes (apartado 1a del artículo 24 de la Ley 41/1998). La Comisión podrá constatar una desventaja en detrimento de un no residente únicamente si su renta mundial, hipotéticamente sometida al impuesto español como la de cualquier residente, no alcanza un tipo marginal del 25 % (para el ejercicio fiscal de 2000 se alcanza un tipo semejante cuando la renta imponible es de 2 142 000 pta., es decir, 10 684). En una situación semejante muy poco frecuente la Comisión consideraría que las autoridades españolas están obligadas a percibir únicamente el importe del impuesto debido por un residente.

Las plusvalías (definidas en los artículos 31 y 32 de la Ley 40/1998) obtenidas por no residentes por la compraventa de un bien inmueble situado en España que no constituye la vivienda principal son imponibles en ese país (artículo 1 g de la Ley 41/1998). Por el contrario, el tipo aplicable a las plusvalías realizadas por residentes que hubieran sido propietarios del bien durante más de un año es del 18 % (Real Decreto 3/2000); en caso de que el inmueble haya sido vendido durante el primer año, las plusvalías realizadas se gravan según el baremo progresivo mencionado anteriormente. Para este último caso, la Comisión únicamente podrá constatar un trato menos favorable a un no residente cuando se den las condiciones mencionadas anteriormente (en 2000 se alcanza un tipo marginal del 35 % en caso de renta imponible de 4 182 000 pta. = 20 859). Sin embargo, hay un aspecto en el que la Comisión observa una discriminación manifiesta, en la medida en que está previsto un tipo de base. Ha señalado a la atención de las autoridades españolas esta situación diferente y se reserva el derecho de iniciar un procedimiento formal con arreglo al artículo 226 CE en caso de que la legislación española no se armonice con las exigencias del Tratado CE.

Por lo que se refiere al impuesto sobre el patrimonio, el baremo progresivo de dicho impuesto se aplica de manera indistinta a los inmuebles de los residentes y a los de los no residentes, pero se reserva una franquicia de base de 18 000 000 pta. (= 89 783) para los residentes, que únicamente constituye una discriminación hacia los no residentes en caso de que un no residente no disponga, fuera de España, más que de un patrimonio inferior a esa suma.

(1) DO C 27 E de 29.1.2000.