PREGUNTA ESCRITA E-0216/01

de Wilfried Kuckelkorn (PSE) a la Comisión

(5 de febrero de 2001)

Asunto: Indemnización por expatriación

En el apartado 4 de la Sección 2 del Anexo VII del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas se regula el pago de la denominada indemnización por expatriación equivalente al 16 % del sueldo base.

1. ¿Por qué existe una indemnización de este tipo una vez que el funcionario ha decidido libremente ser funcionario europeo y, por lo tanto, vivir en el extranjero?

Existen además otras incongruencias: la indemnización se concede durante todo el periodo de servicio -teniéndose en cuenta para los pagos subsiguientes en concepto de pensión- a los funcionarios que no poseen la nacionalidad del Estado en cuyo territorio prestan servicio. Sin embargo, aquellos funcionarios que, en un período de cinco años y medio anterior a su entrada al servicio de las Comunidades, hubieren residido o ejercido su actividad profesional principal, de forma habitual, en el territorio de tal Estado percibirán una indemnización por residencia fuera de su país de origen de un 4 %. Quien hubiere prestado servicio en una organización internacional, en particular en las instituciones europeas, percibirá empero la indemnización del 16 %.

2. ¿Cómo se compagina esta interpretación del Estatuto, y el Estatuto mismo, con los principios de igualdad de trato de la jurisprudencia europea?

3. ¿Con qué fin pone a disposición el contribuyente europeo unas sumas de dinero que, habida cuenta de los largos periodos de que se trata, resultan considerables y, a la vista de los datos expuestos, es evidente que no se abonan para lograr la necesaria adaptación a las condiciones de vida?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(22 de marzo de 2001)

Las indemnizaciones por expatriación o las prestaciones comparables forman parte, por lo general y con todo derecho, de las remuneraciones en organismos internacionales, embajadas o representaciones permanentes de países y empresas internacionales. Un reciente estudio independiente ha confirmado que la remuneración de los funcionarios de la Comunidad (incluida la indemnización por expatriación) en Bruselas es comparable en líneas generales a la de los funcionarios expatriados de los Estados miembros, mucho más baja que la del personal de cualificación comparable empleado en empresas multinacionales y cercana a la del personal de categoría comparable de otros organismos internacionales. Si de lo que se trata es de mantener una función pública europea independiente de calidad, cuyos funcionarios tengan elevados niveles de capacidad, eficacia e integridad, y sean contratados dentro de la mayor amplitud geográfica posible entre los ciudadanos de los Estados miembros, todas las instituciones europeas tienen que garantizar que resultan atractivas como empleadores.

De ello se deriva, contrariamente a lo que afirma Su Señoría, que el hecho de que el funcionario haya decidido vivir en el extranjero no es una razón para no pagarle la indemnización por expatriación. Sin la indemnización, las personas que tienen que abandonar su país para venir a trabajar para las instituciones no tendrían un incentivo suficiente para realizar dicha elección. Tiene que ser posible atraer a funcionarios de todos los Estados miembros, incluso de aquéllos en los que los salarios son los más elevados y en los existe el máximo abanico de oportunidades de trabajo competitivas. La observación de Su Señoría es aplicable también a otras personas cuyas carreras profesionales probablemente tengan como destino el extranjero, como diplomáticos, personal de empresas multinacionales, etc., quienes sin embargo reciben incentivos semejantes y a menudo más generosos, porque sus empleadores saben que así ha de ser.

El Libro Blanco sobre La reforma de la Comisión(1) de 1 de marzo de 2000 confirmaba que las condiciones globales de empleo, incluidas las condiciones retributivas, en la Comisión y en las demás instituciones europeas, deberán seguir siendo atractivas y competitivas con el fin de garantizar una función pública europea independiente, permanente y de alta calidad. Esta voluntad política ha sido respaldada por el Parlamento en el informe Harbour sobre el Libro Blanco sobre La reforma de la Comisión, aprobado el 30 de noviembre de 2000.

En relación con los pormenores de las condiciones en las cuales se concede la indemnización por expatriación, es preciso señalar lo siguiente:

- La indemnización por expatriación se concede de conformidad con el Estatuto de los Funcionarios, que fue adoptado por el Consejo previa consulta al Parlamento. Su finalidad es compensar al funcionario por las cargas adicionales que supone el trabajar fuera de su país de origen, tales como la obligación absoluta de trabajar en una o más lenguas extranjeras, la frecuente pérdida de ingresos por parte de un cónyuge o compañero que lo acompañan, y la necesidad de mantener, durante todo el tiempo que dura su trabajo, vínculos estrechos con su país de origen.

- Es el principal medio para distinguir niveles de salario entre los funcionarios que tienen la nacionalidad del país de acogida y los que han abandonado su país de origen para aceptar un trabajo en una institución europea.

- La indemnización por expatriación sólo se concede en una medida estrictamente proporcional a la existencia de una situación de expatriación y en circunstancias minuciosamente definidas y objetivamente comprobables. Contrariamente a lo que afirma Su Señoría, se concede únicamente durante el servicio activo, mientras que el funcionario está obligado a vivir fuera de su propio país por razones de servicio, y no se tiene en cuenta en el cálculo de los derechos a pensión; además, la jurisprudencia relativa a esta indemnización nunca ha sugerido que contenga ningún elemento de discriminación ilegal entre los funcionarios expatriados y los del país de acogida, ya que la diferencia de salario está directamente relacionada con una diferencia de situación.

- Las obligaciones económicas resultantes del trabajo fuera del país de origen no disminuyen con el tiempo ni se ven afectadas por ninguna integración gradual en el país de acogida.

- Algunos gastos -como garantizar los cuidados de los padres que ya no se valen solos, sufragar la formación escolar o universitaria de los hijos, o mantener una residencia en el lugar de origen- pueden aumentar, y generalmente aumentan, con el tiempo.

- La indemnización por residencia fuera del país de origen, de menor categoría, se concede a los funcionarios que, sin tener la nacionalidad del país de acogida, ya habían vivido o trabajado en dicho país con perspectivas probables de una larga estancia. Por este motivo, los periodos de trabajo para otro organismo internacional o una embajada de un país, que normalmente son destinos de duración limitada, no se tienen en consideración en este contexto.

(1) COM(2000) 200 final.