PREGUNTA ESCRITA P-2719/01

de Marco Formentini (ELDR) a la Comisión

(26 de septiembre de 2001)

Asunto: Posible violación de la Directiva 92/43/CEE

En los municipios de Carrosio y de Gavi (Región Piamonte), se han creado graves tensiones debido al riesgo que representa la puesta en funcionamiento de una mina que implica:

- la destrucción de las fuentes de alimentación de los acueductos que suministran agua potable a todo el municipio de Carrosio y a una parte del municipio de Gavi;

- las obras para un acueducto de sustitución en el territorio del Parque de Capanne di Marcarolo.

Al parecer, los órganos regionales competentes autorizaron estas obras con la sustancial violación de disposiciones comunicadas en varios documentos tanto por el Gobierno nacional como por la propia autoridad regional.

Dado el comienzo inminente de estas obras, cuyas repercusiones serán difíciles o imposibles de reparar, ¿tiene la intención la Comisión de interesarse por este asunto y de intervenir ante la administración regional de Piamonte para evitar los daños que temen la población y la administración local?

¿Puede tratarse, en este caso, de una violación de la Directiva 92/43/CEE(1)?

(1) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

Respuesta de las Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(22 de octubre de 2001)

La Directiva 85/337/CEE del Consejo de 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados en el medio ambiente(1), obliga a realizar una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de los proyectos que puedan tener un efecto importante sobre el medio ambiente debido a su carácter, tamaño o localización. Las clases de proyectos cubiertas por la Directiva se recogen en los dos anexos. Los proyectos recogidos en el Anexo I requieren un procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente. Con arreglo al apartado 2 del artículo 4, los proyectos de las clases recogidas en el Anexo II se someterán a una evaluación cuando los Estados miembros consideren que sus características lo exigen.

De acuerdo con la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, que fue modificada por la Directiva 85/337/CEE(2), para los proyectos recogidos en el Anexo II, los Estados miembros estarán obligados a determinar, ya sea examinándolos caso por caso, o recurriendo a criterios o umbrales previamente establecidos por ellos, si el proyecto deberá someterse a una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente. No obstante, en el caso de los proyectos cuyas solicitudes de autorización se presentaron ante las autoridades competentes antes del 14 de marzo de 1999, se aplicarán las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE antes de ser modificada.

Con arreglo a la información suministrada por Su Señoría, las obras a las que hace referencia en su pregunta podrían estar dentro del ámbito cubierto por el apartado 2 (industria extractiva) del Anexo II de la Directiva 85/335/CEE anterior a las modificaciones, por el apartado 19 (canteras y minería a cielo abierto cuando la superficie del terreno abierto supere las 25 hectáreas o extracción de turba cuando la superficie del terreno de extracción supere las 150 hectáreas) del Anexo I de la Directiva 85/337/CEE, tal y como fue modificada por la Directiva 97/11/CE, o por el apartado 2 (industria extractiva) del Anexo II de la Directiva 85/337/CEE, tal y como fue modificada por la Directiva 97/11/CE.

Además, y también de acuerdo con los datos transmitidos por Su Señoría, parece que el proyecto podría tener un efecto significativo en determinados sitios cubiertos por la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 sobre la conservación de los hábitats naturales y de la flora y la fauna silvestres.

Con arreglo al apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, por lo que se refiere a los sitios que, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Directiva 92/43/CEE, se clasifiquen como lugares de importancia comunitaria y sean designados Zonas Especiales de Conservación, cualquier plan o proyecto que no esté directamente relacionado con el lugar o sea necesario para su gestión pero pueda tener un efecto significativo en el mismo, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, deberá someterse a la correspondiente evaluación de las repercusiones sobre los objetivos de conservación del lugar.

No obstante, las disposiciones antes mencionadas no son totalmente obligatorias en la actualidad. Aún no se ha concluido el procedimiento mencionado, que establece que los lugares de importancia comunitaria se seleccionan a partir de una lista con los lugares de importancia comunitaria propuestos, que a continuación pasan a ser zonas especiales de conservación. Los sitios cubiertos por la Directiva en la actualidad, incluidos los mencionados por Su Señoría, siguen figurando como lugares propuestos. Por lo que se refiere a los lugares propuestos, los Estados miembros tienen determinadas obligaciones para garantizar que no se ponen en peligro determinados objetivos de la Directiva. En concreto, se aconseja que se abstengan de llevar a cabo cualquier actividad que puedan deteriorar dicho lugar.

En el caso que nos ocupa, el hecho de que no seamos conscientes de la situación descrita por Su Señoría, la Comisión adoptará las medidas necesarias para recabar toda la información sobre este asunto y garantizar, dentro de los límites que le impone el Tratado CE, el respeto del Derecho comunitario.

Si la Comisión observara una violación de la legislación comunitaria en el caso a que hace mención Su Señoría, no dudará, como guardián del Tratado CE, en adoptar todas las medidas necesarias, incluidos los procedimientos de infracción a que se hace referencia en el artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE, con el fin de garantizar el respeto de la legislación comunitaria pertinente.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.

(2) DO L 73 de 14.3.1997.