PREGUNTA ESCRITA E-3949/00

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(13 de diciembre de 2000)

Asunto: Evaluación del impacto medioambiental

Con referencia a la respuesta de la Sra. Wallström, en nombre de la Comisión, a la pregunta E-2683/00(1), sobre la alta velocidad en la zona del Grande Raccordo Anulare, no se considera convincente la respuesta dada para el punto 2, puesto que el apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 85/337/CEE(2) establece que el Estado miembro deberá verificar que se haya dado al público la posibilidad de manifestar su opinión antes de emprender la ejecución del proyecto.

Está claro que el control de la aplicación de la Directiva es obligación de cada Estado miembro de la Unión Europea. Sin embargo, si un Estado miembro no efectúa los debidos controles, de hecho se crea una disparidad de trato de los ciudadanos debido a la falta de transparencia de la labor de información y a la imposibilidad, para los ciudadanos, de acceder a la información y participar en la toma de decisiones.

En consecuencia, ¿puede decir la Comisión:

1. qué institución es competente para intervenir en este caso;

2. qué ocurre a escala europea;

3. cuáles son las directivas pertinentes;

4. qué opina de este asunto?

(1) DO C 113 E de 18.4.2001, p. 149.

(2) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(22 de febrero de 2001)

La Comisión es la responsable de velar por la aplicación correcta del Derecho comunitario en todos los Estados miembros.

Las atribuciones de la Comisión son exclusivamente las que le confiere el Tratado CE. Con arreglo al artículo 211 (antiguo artículo 155) del Tratado CE, con objeto de garantizar el funcionamiento y el desarrollo del mercado común, la Comisión velará por la aplicación de las disposiciones del presente Tratado, así como de las disposiciones adoptadas por las instituciones en virtud de este mismo Tratado. Sobre la base del artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE, si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado de que se trate no se atuviere a ese dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia.

En el caso que nos ocupa, la Comisión ya abordó en 1997/1998 la cuestión de la correcta aplicación de la legislación comunitaria sobre evaluación de impacto ambiental en relación con el proyecto a que se refiere Su Señoría. Dado que la pregunta escrita actual no incluye ningún elemento nuevo pertinente, se ruega a Su Señoría se remita a las respuestas anteriores de la Comisión a su pregunta escrita E-578/98(1) y a la pregunta escrita E-2274/00 del Sr. Tajani(2).

El segundo apartado de la respuesta a la pregunta escrita E-2683/00(3) de Su Señoría se refería a la cuestión de la evaluación de las indemnizaciones para las personas posiblemente afectadas por el proyecto. Ese aspecto monetario no está cubierto por la normativa comunitaria sobre evaluación de impacto ambiental y es un asunto competencia de los Estados miembros.

(1) DO C 386 de 17.12.1998.

(2) DO C 103 E de 3.4.2001, p. 104.

(3) DO C 113 E de 18.4.2001, p. 149.