PREGUNTA ESCRITA P-1326/02

de Earl of Stockton (PPE-DE) a la Comisión

(2 de mayo de 2002)

Asunto: Orden de detención europea

¿Considera la Comisión Europea que las propuestas para el establecimiento de una orden de detención europea, en su versión actual, no cubrirían los actos ejecutados en un Estado miembro que no sean contrarios a su propia legislación?

Si dichos actos son ilegales en otro Estado miembro, ¿puede confirmar la Comisión que dicho Estado miembro no tendrá derecho a acogerse a la orden de detención europea para solicitar la extradición de las personas implicadas?

¿Opina la Comisión que el material publicado en Internet en un Estado miembro o enviado por correo internacional al extranjero es un acto ejecutado exclusivamente en dicho Estado miembro?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(6 de junio de 2002)

La Decisión marco sobre la orden de detención europea que aún debe ser adoptada formalmente por el Consejo se basa en el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Esto significa que la resolución tomada por la autoridad judicial de un Estado miembro requiriendo la detención y captura de una persona debe ser reconocida y ejecutarse en el otro Estado miembro.

Para ser efectivo el reconocimiento mutuo tiene que recortarse el alcance del principio de la doble incriminación que, en materia de extradición, permite a un Estado miembro no entregar una persona que cometa actos que no se consideran delito en su territorio.

En la Decisión marco sobre la orden de detención europea(1), el principio de doble incriminación ha sido excluido en el caso de 32 categorías de delitos punibles con un mínimo de tres años de encarcelamiento, conforme a la ley del Estado miembro que dicta la resolución. Esto significa que, cuando, según la ley del Estado miembro en el que se dicta la resolución, un acto esté incluido entre uno de esos 32 tipos de conducta y sea punible con al menos tres años de encarcelamiento, la autoridad judicial de ejecución no tendrá que verificar que el acto sea también un delito según su derecho nacional.

Cuando el delito no se encuentre entre los mencionados en la lista o no sea punible en el Estado miembro de publicación con al menos tres años de encarcelamiento, la autoridad judicial de ejecución puede negarse a entregar a la persona si los actos que han dado lugar a la orden de detención europea no se consideran delito según su propio derecho nacional (apartado 1 del artículo 4). Sin embargo, la existencia de la doble incriminación debe apreciarse de manera flexible. La autoridad de ejecución valorará si los actos constituyen delito según su derecho nacional, pero no entrará a valorar si la definición de los delitos es exactamente la misma (parte de los componentes puede diferir) o si el nivel de castigo es comparable. En este punto la orden de detención europea difiere del procedimiento anterior de extradición porque ha desaparecido el requisito de una pena mínima en el Estado miembro de ejecución.

La autoridad judicial puede solamente dictar una orden de detención europea con el fin de llevar a cabo un procesamiento criminal si, según su propio derecho nacional, tiene jurisdicción para conocer del delito, y los actos son considerados como delitos punibles con penas privativas de libertad de al menos un año. Se entiende que la autoridad judicial de un Estado miembro no podrá dictar una orden de detención europea por un acto que se considera delito según la ley de otro Estado miembro y no según su propia legislación.

Por lo que se refiere al contenido ilegal en Internet, corresponde a las leyes nacionales de los Estados miembros determinar si tal conducta compete a su jurisdicción. El Eurojust puede ayudar a coordinar las investigaciones y procesamientos cuando están implicados más de un Estado miembro.

Durante los debates en el Consejo sobre la propuesta de la Comisión relativa a una Decisión marco sobre la explotación sexual de la pornografía infantil e infantil(2), la Comisión ha intentado garantizar que las normas mínimas sobre competencia prevean que, al menos un Estado miembro, tenga competencia para procesar la pornografía infantil en Internet cuando el material en cuestión se remitió desde o hacia el territorio de un Estado miembro. La Comisión ha adoptado el mismo planteamiento en su propuesta de Decisión marco sobre el racismo y la xenofobia(3). La Comisión no ha propuesto en estos instrumentos que tal conducta deba considerarse como ocurrida exclusivamente en un Estado miembro particular. Sin embargo, el problema de las normas de competencia exclusivas será abordado a finales de este año por la Comisión en su Comunicación sobre competencia en el contexto del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en materia penal.

Hay que observar, por último, que el análisis de los problemas de competencia previstos en esta respuesta solamente se aplica en el contexto de la orden de detención europea y que la situación es diferente en materia civil.

(1) Basada en la propuesta de la Comisión, publicada en el DO C 332 E de 27.11.2001.

(2) DO C 62 E de 27.2.2001.

(3) DO C 75 E de 26.3.2002.