PREGUNTA ESCRITA E-0870/01

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(22 de marzo de 2001)

Asunto: Escombreras de explotación de pizarras en San Pedro de Trones (provincia de León - España)

La localidad de San Pedro de Trones, perteneciente al ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez, situado en la provincia de León (España), tiene dentro de su perímetro municipal dos enormes escombreras de estériles producidas por la explotación de pizarras de las empresas PIFORSA y PILESA. La primera escombrera se acumula en la ladera del monte, tiene una altura de 800 metros por encima del pueblo y dista unos 80 metros de las viviendas. Presenta grietas y peligros de corrimientos y desplomes sobre estas viviendas. La segunda escombrera se encuentra por encima de un barrio con la amenaza de ceder en cualquier momento. Estas dos escombreras representan un grave riesgo para las personas y desde hace dos años la Junta de Castilla y León ha prometido tomar medidas para corregir y minimizar el impacto de dichas escombreras y también la elaboración de un plan de ordenación de la explotación de pizarra en la zona.

¿Qué medidas puede adoptar la Comisión para garantizar que se aplique la Directiva 85/337/CEE(1) relativa al impacto ambiental, así como la Directiva 90/313/CEE(2) relativa a la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente?

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(2) DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2001)

La Comisión está al corriente de los hechos denunciados por Su Señoría.

En efecto, gracias a la información suministrada por Su Señoría en su pregunta escrita E-0252/99(1), en la que denunciaba la existencia de escombreras de pizarra no autorizadas de gran altura, la Comisión ha abierto un caso surgido de improviso y se ha dirigido a las autoridades españolas para solicitar sus observaciones sobre los hechos denunciados.

Las autoridades españolas informaron a la Comisión de que todas las explotaciones de pizarra de San Pedro de Trones disponen de un plan de restauración que ha sido sancionado con el dictamen favorable de las autoridades competentes en materia de medio ambiente. Dichas autoridades transmitieron, además, una copio de las autorizaciones de dichas explotaciones.

Por lo que se refiere a la explotación Piforsa que se cita en la pregunta escrita, situada a 683 metros de las viviendas más cercanas, según los datos y mapas enviados a la Comisión, las autoridades españolas señalaron que también disponía de autorización.

Dichas autoridades informaron asimismo a la Comisión de que, a raíz de la aparición de algunas fisuras, se llevaron a cabo dos estudios: uno realizado por la Universidad de Oviedo a petición de la empresa Piforsa, y el otro tiene por objeto específico estudiar, desde el punto de vista geotécnico, el terreno que separa la explotación de Piforsa de San Pedro de Trones. Ambos estudios concluyen que no existen peligros para las poblaciones vecinas.

Este caso se discutió durante la reunión bilateral organizada en octubre de 2000 en Madrid con las autoridades españolas. En dicha reunión, las autoridades presentaron datos que confirman la ausencia de riesgo para la población.

Además, las autoridades españolas enviaron a la Comisión un plan de acondicionamiento de las explotaciones de pizarra en el que se prevé la reestructuración de las escombreras de pizarra de San Pedro de Trones.

La Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados en el medio ambiente(2), modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 marzo de 1997(3), sólo se aplica a los proyectos aún no autorizados, y no a las instalaciones existentes, excepto en caso de modificación o ampliación de dichas instalaciones que puedan tener repercusiones notables sobre el medio ambiente.

A la luz de los datos suministrados en la presente pregunta, la Comisión no está en medida de identificar una violación de la Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, relativa a la libertad de acceso ala información en materia de medio ambiente(4).

En estas condiciones, y teniendo en cuenta los datos disponibles, la Comisión no puede continuar con el examen de este caso, a falta de pruebas de la existencia de una infracción.

No obstante, la Comisión no excluye la posibilidad de investigar más adelante el problema planteado por Su Señoría, en el caso de que pueda suministrarnos elementos que prueben la existencia de una violación del Derecho comunitario.

(1) DO C 341 de 29.11.1999.

(2) DO L 175 de 5.7.1985.

(3) DO L 73 de 14.3.1997.

(4) DO L 158 de 23.6.1990.