PREGUNTA ESCRITA E-0519/01

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(22 de febrero de 2001)

Asunto: Contratos públicos para la compra de ordenadores y exigencias medioambientales

Por encargo del Gobierno sueco, la Dirección Nacional de Racionalización de la Administración Pública ha realizado una adjudicación de contratos para la adquisición de 400 000 nuevos ordenadores personales destinados a los ministerios, los organismos del Estado, los municipios y las diputaciones provinciales. Uno de los requisitos de la dirección nacional es que los ordenadores no contengan productos químicos nocivos, como por ejemplo productos ignífugos o metales pesados como el cadmio o el antimonio.

La Comisión ha cuestionado que las exigencias medioambientales de la dirección nacional estén planteadas de manera correcta, en lo que es la mayor adjudicación de contratos para la adquisición de PC realizada en Suecia. Al parecer, la Comisión ha considerado que estas exigencias pueden constituir un obstáculo al comercio. Por su parte, la dirección nacional afirma que se trata de exigencias medioambientales razonables y equilibradas.

¿Puede la Comisión explicar por qué no considera que la Dirección Nacional de Racionalización de la Administración Pública ha planteado sus exigencias medioambientales de la manera correcta?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(27 de abril de 2001)

La Comisión informa a Su Señoría de que, en el pliego de condiciones del contrato en cuestión, la Statskontoret prevé la exclusión de los licitadores cuya propuesta no satisfaga determinadas condiciones técnicas mínimas relativas a la presencia, en las partes mecánicas de plástico de los ordenadores, de ciertos metales pesados como el cadmio y el antimonio, así como de ciertas sustancias, como los aprestos ignífugos bromados. La Comisión sólo podrá considerar los referidos criterios como ilegítimos, en virtud de los artículos 28-30 (antiguos artículos 30-36) del Tratado CE, si su inserción en el pliego de condiciones produce un efecto discriminatorio.

La Comisión advierte que al menos una de las sustancias excluidas por las autoridades suecas, el antimonio, no está reglamentada ni a nivel comunitario ni en Suecia. Otras sustancias sólo están parcialmente reglamentadas. Por consiguiente, los productos que contengan ésta u otras sustancias prohibidas en el procedimiento de adjudicación, pueden ser vendidos y comercializados legalmente en todos los Estados miembros, incluida Suecia. Por el momento, no se ha transmitido información que justifique la exclusión de la sustancia mencionada. En vista de ello, una tal limitación, que podría favorecer o excluir a determinados proveedores o productos, podría ser contraría a los artículos 28-30 del Tratado CE.

La Comisión tiene aún que analizar las distintas informaciones suplementarias comunicadas por las partes implicadas en el caso antes de tomar postura sobre el curso que debe seguir, y antes de proponer, eventualmente, que se inicie un procedimiento por infracción sobre la base del artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE. En dicho análisis, la Comisión tendrá igualmente en cuenta la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos(1).

La utilización de criterios ligados a consideraciones relativas a la competencia medioambiental de los licitadores en la valoración de las propuestas sólo será legítima, en virtud de las normas que rigen los contractos públicos(2), si éstas inciden en la prestación que se ha de efectuar o en las modalidades de su ejecución, y si contribuyen a la elección de la propuesta más ventajosa desde el punto de vista económico.

(1) DO C 365 E de 19.12.2000.

(2) Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, DO L 199 de 9.8.1993.