PREGUNTA ESCRITA P-3523/01

de Emma Bonino (NI) al Consejo

(13 de diciembre de 2001)

Asunto: Situación en Zimbabwe

La situación en Zimbabwe continúa deteriorándose, con una escalada de intimidaciones y amenazas contra partidos de oposición, organizaciones de defensa de los derechos humanos y medios de comunicación, así como contra misiones diplomáticas de los países y organizaciones internacionales acreditadas en Harare. Los instigadores sistemáticos de la violencia son el Presidente de la República,

Mugabe, y los miembros de su Gobierno. Con ocasión de la visita de una delegación de 20 miembros de la Unión Europea a Harare, el pasado 20 de noviembre, el Presidente Mugabe rebasó los límites impuestos por la cortesía diplomática y por los buenos modales más elementales, al abandonar la sala de reunión tras calificar de inadmisibles todas las preguntas relativas al informe de las Naciones Unidas sobre la explotación de los recursos naturales en la República Democrática del Congo y a la propuesta de enviar observadores a las próximas elecciones presidenciales.

¿Qué medidas piensa tomar la Unión Europea, en particular el Consejo, para agilizar el diálogo político previsto por el artículo 96 del Tratado de Cotonú con miras a defender de manera concreta los principios de la democracia y salvaguardar los derechos humanos y las libertades fundamentales en Zimbabwe, así como el prestigio y la dignidad de las instituciones europeas?

¿No considera el Consejo que la situación está lo bastante madura como para considerar, conjuntamente con los Estados Unidos y otros Estados, la aplicación de sanciones con objetivos bien determinados, dirigidas personalmente al Presidente, los miembros de su Gobierno y sus familias, como la retirada de visados y de permisos de residencia, así como de cualquier otra medida sin repercusiones negativas para la población civil?

Respuesta

(25-26 de marzo de 2002)

La Unión Europea siente profunda preocupación por la frágil situación de los derechos humanos en Zimbabwe, particularmente desde principios de 2000, y por el imperante clima de violencia e intimidación y la aparente impunidad con que se persiste en los crímenes. Son asimismo motivo de preocupación el hostigamiento a la oposición, especialmente en la proximidad de las elecciones presidenciales previstas para el 9 y 10 de marzo de 2002, la intimidación a la justicia, las limitaciones generalizadas a la libertad de expresión, incluida la prensa, y las ocupaciones ilegales de granjas.

El 29 de octubre de 2001 se decidió entablar consultas con Zimbabwe y la Parte ACP en virtud de las disposiciones sobre el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho consignadas en el apartado 2 del artículo 9 del Acuerdo de Cotonú y en aplicación del artículo 96 de este mismo Acuerdo.

El 11 de enero de 2002 se celebraron consultas en las que participaron varios países de la SADC que desempeñan un importante papel en este proceso.

Al concluir el encuentro, la UE destacó los ámbitos en los que las autoridades zimbabuenses se han mostrado deseosas de esforzarse en atender, mediante acciones concretas, las preocupaciones de la UE. En cualquier caso, la UE se manifestó insatisfecha y solicitó al Gobierno de Zimbabwe que, en el plazo de una semana, enviase una carta al Presidente del Consejo de la UE, en la que detallara las acciones previstas para todos los puntos tratados en las conversaciones. En términos más concretos, la UE insistió en que se invitara y acreditara, al menos seis semanas antes de las elecciones, a observadores internacionales, incluidos los de la UE, y se permitiera el pleno acceso a los medios de comunicación nacionales e internacionales. Se invitó asimismo a los Jefes de la Misión de la UE en Harare a que informasen urgentemente de los progresos que se efectúen, para que el Consejo de Asuntos Generales del 28 de enero de 2002 pudiera proceder a una evaluación de la situación.

El Consejo de Asuntos Generales del 28 de enero de 2002 manifestó su profunda preocupación por la situación en Zimbawe, en particular por la reciente escalada de violencia e intimidación ejercida sobre los opositores políticos y por el acoso a que se ha sometido a los medios informativos independientes. El Consejo tomó nota de que el Gobierno de Zimbawe no había adoptado medidas eficaces para mejorar la situación, como pidió el Consejo Europeo en Laeken el pasado mes de diciembre.

El Consejo lamentó la declaración hecha el 9 de enero de 2002 por el Jefe de las Fuerzas Armadas de Zimbawe, General Vitalis Zvinavashe, por cuanto supone la amenaza de acabar con el proceso democrático si los jefes militares no están de acuerdo con el resultado de las elecciones presidenciales.

El Consejo expresó su profunda preocupación por las leyes recientemente promulgadas en Zimbawe, las cuales, de llegar a aplicarse, atentarían gravemente contra el derecho a la libertad

de expresión, reunión y asociación, en particular la Ley de orden público y seguridad y la Ley de modificación de leyes generales (pues ambas vulneran las normas y condiciones para unas elecciones libres y limpias, acordadas por los parlamentarios de la SADC en marzo de 2001, así como la legislación propuesta para regular los medios de comunicación.

El Consejo tomó nota de que el Gobierno de Zimbawe había asegurado, en las consultas mantenidas el 11 de enero, y había confirmado, en la carta enviada por el Ministro de Asuntos Exteriores Mudenge el 18 de enero de 2002, que haría todo lo posible, en particular, por poner fin a la violencia; que las elecciones serían libres y limpias; que se invitaría a observadores electorales internacionales, entre ellos los procedentes de los Estados miembros de la UE; que se permitiría a periodistas nacionales e internacionales informar de las elecciones; que el Gobierno de Zimbawe defiende la independencia del poder judicial y que no habría más ocupaciones de explotaciones o propiedades. Con todo, preocupa todavía al Consejo que sigan produciéndose graves violaciones de los derechos humanos y que se haya avanzado poco en permitir el acceso de los observadores electorales internacionales y de los medios de comunicación. El Consejo subrayó que se juzgaba al Gobierno de Zimbawe por su proceder sobre el terreno.

El Consejo seguirá coordinando su actuación con sus socios internacionales, en particular los países socios de Zimbawe en la SADC.

La UE concluye que no se están cumpliendo los elementos esenciales definidos en el artículo 9 del Acuerdo de Cotonú y lamenta que, pese a todos los esfuerzos realizados, las consultas mantenidas en virtud del artículo 96 no hayan remediado esta situación.

Por consiguiente, la UE ha decidido concluir dichas consultas y aplicar sanciones específicas:

- si el Gobierno de Zimbawe impide el despliegue de una misión de observación de la UE a partir del 3 de febrero de 2002, o si impide con posterioridad que la misión realice eficazmente su labor; también, si el Gobierno de Zimbawe impide a los medios de comunicación internacionales el libre acceso para informar de las elecciones, o

- si se produce un grave deterioro de la situación sobre el terreno, con un empeoramiento de la situación de los derechos humanos o con ataques contra la oposición, o

- si se determina que las elecciones no están siendo libres y limpias.