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PREGUNTA ESCRITA E-4220/97 de Maartje van Putten (PSE) a la Comisión (21 de enero de 1998)

Asunto: Legibilidad del etiquetado de los productos alimenticios

El artículo 11 de la Directiva 79/112/CEE ((DO L 33 de 8.2.1979, p. 1. )) relativa al etiquetado estipula que las indicaciones previstas «deberán ser fácilemente comprensibles e irán inscritas en un lugar destacado y de forma que sean fácilmente visibles, claramente legibles e indelebles». En el artículo 23 de la Ley neerlandesa relativa al etiquetado de productos alimenticios se recoge esta disposición con las palabras:» claramente visible y fácilmente legible».

1. ¿Es cierto que los Estados miembros, a la hora de incorporar el contenido de dicho artículo 11 en su legislación, no pueden estipular un tamaño mínimo de los caracteres?

2. ¿Ha recibido la Comisión quejas sobre la utilización de caracteres poco claros o excesivamente pequeños para las etiquetas?

3. ¿No considera la Comisión que la fijación de un tamaño mínimo de los caracteres en las etiquetas, sobre todo teniendo en cuenta el creciente número de consumidores de la tercera edad, constituye una interpretación correcta de la disposición según la cual éstas han de ser «claramente legibles»?

4. En caso afirmativo, ¿se ha consignado dicha norma en las «directivas internas» para el control de dicha disposición?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (13 de febrero de 1998)

La aplicación del apartado 2 del artículo 11 de la Directiva 79/112/CEE, según el cual las indicaciones que deben figurar obligatoriamente en el etiquetado de productos alimenticios deben ser visibles y claramente legibles, es competencia de los operadores.

Como estipula el artículo 14 de la citada Directiva, los Estados miembros se abstendrán de precisar, aparte de lo previsto en los artículos 3 a 11, el modo en que deberán proporcionarse las indicaciones previstas. Por consiguiente, de conformidad con esta disposición, los Estados miembros no están autorizados a establecer el tamaño de los caracteres de las indicaciones en el etiquetado.

En cambio, los servicios de control de los Estados miembros son competentes para comprobar la aplicación correcta de los principios establecidos en el apartado 2 del artículo 11 e incorporados al Derecho nacional. Si consideran que las indicaciones que figuran en un etiquetado no son legibles, tienen derecho a exigir a los responsables del etiquetado la modificación del mismo. La Comisión no está habilitada para efectuar tales controles.
PREGUNTA ESCRITA E-3635/97 de Luciano Vecchi (PSE) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Garantías de cara a acceder a la iniciativa de empleo en el Reino Unido

Como ya se señaló en preguntas anteriores, la decisión de las autoridades italianas de obligar a las empresas que actúan sin ánimo de lucro a concertar garantías bancarias para poder acceder a las iniciativas de empleo resulta costosa y punitiva para las entidades que tienen dificultades para presentar garantías financieras propias.

Sabiendo que esta cuestión se regula de manera distinta en cada uno de los Estados miembros de la Unión, ¿puede decir la Comisión si en el Reino Unido está previsto exigir a las empresas que actúan sin ánimo de lucro (y en general a las empresas de la economía social y del «tercer sistema») que presenten garantías financieras o bancarias y, en caso afirmativo, con qué condiciones?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3624/97, E-3625/97, E-3626/97, E-3627/97, E-3628/97, E-3629/97, E-3630/97, E-3631/97, E-3632/97, E-3633/97, E-3634/97, E-3635/97, E-3636/97 y E-3637/97 dada por el Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (30 de enero de 1998)

La Comisión no dispone de datos sobre la obligación impuesta por los Estados miembros a las organizaciones sin ánimo de lucro de presentar una garantía bancaria para poder acceder a las financiaciones previstas en los diversos programas comunitarios. Este asunto es competencia de la legislación nacional.

En lo que se refiere a la concesión de subvenciones dentro de la iniciativa Empleo, compete a las autoridades nacionales firmantes de los convenios con los promotores de los proyectos exigir garantías bancarias según las normas nacionales vigentes. En Alemania, Grecia, España, Austria y Portugal normalmente no se piden dichas garantías a los promotores potenciales para permitirles acceder a la iniciativa Empleo.

Si bien es verdad que la constitución de una garantía bancaria puede suponer una carga suplementaria sobre todo para las empresas de la economía social, no es menos cierto que dicha garantía resulta indispensable cuando las consecuencias del mal cumplimiento de una obligación contractual puedan exceder los recursos financieros del deudor.

El Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 ((DO L 356 de 31.12.1997. )), en su versión modificada ((DO L 240 de 7.6.1995. )), que se aplica al presupuesto general de las Comunidades Europeas, exige la constitución de una fianza por los contratistas en el caso de contratos muy importantes o de la concesión de subvenciones de envergadura para la realización de proyectos. Sin embargo, a la mayoría de la asociaciones de carácter social rara vez le afecta esta obligación, habida cuenta de la amplitud limitada de los proyectos que proponen.
PREGUNTA ESCRITA E-4027/97 de Glenys Kinnock (PSE) al Consejo (15 de enero de 1998)

Asunto: Minas antipersonales y ayuda de la UE

¿Acoge el Consejo con satisfacción la decisión del RU de reconsiderar la cuantía de las ayudas al desarrollo destinadas a países que no «suscriben» el acuerdo de Ottawa sobre minas antipersonales?

¿No sería, entonces, oportuno que el Consejo recomendase a la UE la adopción de medidas análogas contra los países beneficiarios de ayudas al desarrollo procedentes de la UE que continúen produciendo y exportando minas antipersonales?

Respuesta (30 de marzo de 1997)

Hasta la fecha no se ha informado al Consejo sobre el contenido de la decisión que Su Señoría menciona en su pregunta, por lo que no ha debatido la cuestión.

Sin embargo, Su Señoría estará al corriente de que, en la Acción Común relativa a las minas terrestres antipersonales, adoptada el 28 de noviembre de 1997, el Consejo recordó su Resolución sobre la lucha contra las minas terrestres antipersonales, de 22 de noviembre de 1996, en la que se especificaban determinadas medidas que podrían adoptarse y los criterios por los que debería regirse la atribución de los fondos destinados a las acciones de retirada de minas.

Al mismo tiempo, la Unión Europea acogió favorablemente los esfuerzos encaminados a fomentar la adhesión universal al Convenio para la prohibición del uso, almacenamiento, producción y traslado de minas antipersonales y para su destrucción, e indicó que centraría su atención en aquellos países terceros que prosigan el suministro irresponsable y el uso indiscriminado de minas antipersonales.
PREGUNTA ESCRITA E-3588/97 de Brendan Donnelly (PPE) al Consejo (17 de noviembre de 1997)

Asunto: Declaración relativa a la nacionalidad de un Estado miembro del Tratado de Maastricht

¿Va a publicar el Consejo los textos de las declaraciones presentadas a la Presidencia en virtud de la Declaración relativa a la nacionalidad de un Estado miembro del Tratado de Maastricht, que establece que: «Los Estados miembros podrán declarar, a efectos informativos, quiénes deben considerarse sus nacionales a efectos comunitarios mediante una declaración presentada a la Presidencia, la cual podrá modificarse en caso necesario»?

Respuesta (19 de enero de 1998)

Ningún Estado miembro presentó declaraciones a la Presidencia en virtud de la Declaración (no 2) relativa a la nacionalidad de un Estado miembro adjunta al Acta final del Tratado de la Unión Europea.

Sin embargo, debe recordarse que se adjuntó al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea una Declaración del Gobierno de la República Federal de Alemania sobre la definición de nacional alemán y al Tratado de Adhesión de 1972 otra Declaración, del Reino Unido, sobre la definición del término «nacionales». En cuanto a la Ley sobre la nacionalidad británica de 1981, el Reino Unido efectuó una nueva Declaración, que figura en el DO C 23 de 28.1.1983, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA E-3003/97 de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión (1 de octubre de 1997)

Asunto: Recurso de Assoedilizia contra la venta del patrimonio inmobiliario público italiano

Recientemente, la prensa italiana publicó la noticia de que Assoedilizia se había dirigido por escrito a la Comisión para solicitar la anulación del decreto legislativo no 104 de 16 de febrero de 1996 y de la ley no 503 de 26 de noviembre de 1995 relativos a la venta del patrimonio inmobiliario público italiano, del patrimonio de las entidades de previsión y de los fondos de inversión inmobiliaria.

En resumen, Assoedilizia aduce que las mencionadas medidas legislativas ahogarán tanto el valor como la rentabilidad de los bienes inmuebles, crearán un mercado paralelo al privado, gestionado por el Estado en régimen de monopolio, al margen de las normas de la libre competencia previstas en el mercado comunitario.

¿Está la Comisión al corriente de este recurso?

¿Está al corriente de las vicisitudes de la venta del patrimonio inmobiliario público?

¿Cuál es su opinión al respecto?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (11 de noviembre de 1997)

La Comisión ha comprobado si se ha recibido la comunicación de Assoedilizia; no es el caso. Por lo tanto, la Comisión no conoce el asunto con detalle suficiente para poder investigar el problema planteado y no puede por el momento responder a la pregunta. La Comisión rogaría a Su Señoría que facilite más detalles.
PREGUNTA ESCRITA P-3617/97 de Konstantinos Hatzidakis (PPE) a la Comisión (10 de noviembre de 1997)

Asunto: Grado de realización del catastro de Grecia

Dado que Grecia es uno de los pocos países de Europa que todavía no tienen un catastro nacional, cualquiera puede comprender la importancia que tiene su realización para el país. ¿Puede indicar la Comisión, sobre la base de los datos que obren en su poder, cuál es el importe total de los fondos previstos para la financiación del catastro de Grecia, qué porcentaje de estos fondos se ha desembolsado hasta el momento y qué resultados se han obtenido en relación con el volumen total del proyecto, así como la fecha en que está previsto concluir el proyecto teniendo en cuenta el ritmo de realización que se ha seguido hasta el momento?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (5 de diciembre de 1997)

El programa operativo para el medio ambiente, aprobado el 29 de julio de 1994, prevé un importe de 172 millones de ecus en gastos públicos para realizar el catastro en Grecia, lo que representa un tercio del presupuesto de dicho programa. Tras las recientes conversaciones sobre la modificación del marco comunitario de apoyo (MCA), está previsto, en principio, que el presupuesto del catastro se reduzca en 33,3 millones de ecus(gastos públicos).

El porcentaje actual de absorción de este proyecto es del 11 % y está previsto que se duplique (22 %) para finales de 1997, fecha en la que los contratos firmados ascenderán a 120 millones de ecus. La Comisión estima que, para introducir un sistema de catastro nacional, ha sido necesaria una buena preparación, tanto legislativa como organizativa, lo que forzosamente ha llevado su tiempo, y que la absorción propiamente dicha no podrá empezar hasta este año. La Comisión opina que ya no hay obstáculos para que la absorción de los créditos se realice en los plazos previstos por el MCA.

Terminar totalmente el catastro en todo el territorio griego, según la programación de las autoridades griegas, necesitará unos quince años.
PREGUNTA ESCRITA E-3399/97 de Amedeo Amadeo (NI) al Consejo (28 de octubre de 1997)

Asunto: Derechos Humanos en Corea del Norte

Actualmente deben ser un millón los muertos por hambre en Corea del Norte. Esta espantosa cifra figura aparentemente en un documento secreto del Partido Comunista norcoreano. En todo caso, lo que sí es cierto es que Corea del Norte se encuentra en gravísima dificultad agrícola hasta el punto de que los niños se encontrarían en un grave estado de malnutrición, abandonados por las calles. Los campesinos parecen estar tan débiles y hambrientos que no pueden ni siquiera cultivar sus tierras para cubrir sus propias necesidades.

En la actualidad, el déficit alimentario se calcula entre uno y dos millones de toneladas de alimentos. Pero la solicitud de ayuda dirigida el pasado mes de abril a las Naciones Unidas ha sido de sólo 200.000 toneladas. El motivo de esta reticencia en pedir ayuda internacional adecuada se encuentra en el temor del líder norcoreano Kim-Jong II de que un programa masivo de ayuda alimentaria conlleve una presencia extendida de agentes internacionales hasta el punto de poner en entredicho su liderazgo.

Pero más allá de los juegos políticos, la situación en Corea del Norte sigue siendo grave. La población civil norcoreana puede contar con un aporte diario de 750-1000 calorías frente a las 2.500 necesarias para una alimentación normal.

En estas condiciones se pide al Consejo que proporcione noticias oficiales y que tome contacto con el Gobierno coreano para solicitar la intervención en esta grave crisis.

Respuesta (16 de febrero de 1998)

La Unión Europea sigue preocupándose por la situación alimentaria en Corea del Norte. Ha sido difícil evaluar la gravedad de esta crisis, debido en no poca medida a la falta de transparencia sobre el tema por parte del Gobierno de Corea del Norte. A pesar de ello, hay razones suficientes para pensar que la situación es mala. Por ello la Comisión Europea decidió recientemente el envío de un paquete de ayuda por valor de 55 millones de ecus (alrededor de 65 millones de dólares de los EE.UU.). Esta ayuda se distribuye en su mayor parte en estrecha colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) La Comisión también ha enviado a Corea del Norte a agentes independientes en el marco de programas del PMA y de la UNESCO.
PREGUNTA ESCRITA E-3534/97 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión (12 de noviembre de 1997)

Asunto: Participación del Banco de Trabajo en programas del Fondo Social

En la respuesta que dio la Comisión a mi pregunta P-3140/97 ((DO C 102 de 3.4.1998, p. 166. )), dejó sin respuesta la cuestión de si el Banco de Trabajo participa en programas comunitarios y, concretamente, en programas del Fondo Social para la formación y especialización del personal. ¿Podría la Comisión responder a la citada cuestión e indicar, en el caso de que el Banco de Trabajo participe en tales programas, cuáles fueron los porcentajes de participación de mujeres y hombres en los mismos durante los 3 últimos años?

Por último, dado que la Comisión, refiriéndose en su respuesta a la infracción a que aludía la pregunta mencionada, afirmaba que «...aunque se trate de una infracción, constituye el acto de una empresa privada y, en consecuencia, no está justificada una intervención directa por parte de la Comisión», ¿puede indicar la Comisión mediante qué procedimiento interviene en el sector privado (Banco del Trabajo) en el caso de que infrinja la legislación comunitaria, cuando además participa en programas financiados por la Unión Europea? En este caso, ¿no tiene el sector privado la obligación de cumplir la legislación de la Unión Europea, de la que obtiene financiación para sus programas?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (12 de diciembre de 1997)

La Comisión desea comunicar a Su Señoría que la gestión de los proyectos individuales de los programas del Fondo Social Europeo (FSE), es responsabilidad de la Administración nacional de cada Estado miembro.

La Comisión pidió al Ministerio de Trabajo de Grecia que proporcionara la información pertinente. Según la información transmitida, en 1995 se financió una acción de formación para 28 miembros del personal administrativo del Banco de Trabajo, tres de los cuales eran mujeres. El coste total ascendió a 20 400 000 Drs (unos 60 000 ecus) y la participación del FSE fue de 7 650 000 Drs (unos 25 000 ecus).

No hay evidencia de que se hayan producido irregularidades en la aplicación de esta acción, ni de que se haya infringido la legislación comunitaria.
PREGUNTA ESCRITA E-3737/97 de Yves Verwaerde (PPE) a la Comisión (21 de noviembre de 1997)

Asunto: MEDA para la democracia

¿Podría informar la Comisión Europea acerca del estado de elaboración de las normas de aplicación de dicho programa comunitario?

Parece que los abonos de las subvenciones a los proyectos seleccionados a lo largo del año 1997 no pueden efectuarse sin que dichas reglas hayan sido definidas previamente.

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión (9 de diciembre de 1997)

En lo que se refiere a las normas de aplicación del programa MEDA para la democracia, Su Señoría puede remitirse a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita no E-1808/97 del Sr. Titley ((DO C 45 de 10.2.1998, p. 105. )). Por este concepto, en 1996 se aprobó la financiación de 62 acciones y en 1997, hasta la fecha, la financiación de 32 acciones.

Por otra parte, la Comisión ha elaborado una propuesta de Reglamento ((DO C 282 de 18.9.1997. )) relativo a la financiación de acciones en pro de la democracia y de los derechos humanos, que actualmente está siendo examinada por el Consejo y el Parlamento. Si es aprobado, este Reglamento reforzará la aplicación de acciones eficaces, coherentes y visibles mediante el establecimiento de procedimientos flexibles, transparentes y rápidos para la toma de las decisiones de financiación.
PREGUNTA ESCRITA E-3235/97 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: Financiación de terceros países con cargo a programas comunitarios para los Estados miembros

Aunque la categoría III (políticas internas) de las perspectivas financieras está destinada a apoyar las acciones de los Estados miembros de la Unión Europea, se siguen adoptando reglamentos para financiar a terceros países con cargo a programas elaborados para atender las necesidades de los Estados miembros, y ello a pesar de existir la categoría IV (terceros países), exclusivamente dedicada a países que no son miembros de la Unión y que ya reciben de ésta una generosa financiación.

¿Puede indicar la Comisión a qué se debe esta situación y si piensa limitar la transferencia de recursos a terceros países con cargo a programas destinados a cubrir las importantes necesidades que registra la propia Unión?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (1 de diciembre de 1997)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-3509/97 de Leonie van Bladel (UPE) al Consejo (14 de noviembre de 1997)

Asunto: Violación de la intimidad por parte de las autoridades (locales) europeas

1. En las inmediaciones de las Cortes neerlandesas de La Haya, unas cámaras de vídeo instaladas por el ayuntamiento vigilan todo el tráfico -el peatonal incluido- de la esquina de la Molenstraat y la Prinsenstraat, en relación con el cierre al tráfico motorizado en esta parte de la ciudad. Al parecer, particulares -concretamente el personal del Parkhotel de La Haya- tienen acceso a las imágenes de dicha cámara de vídeo con objeto de autorizar el paso por estas calles a un tráfico motorizado seleccionado a su discreción entre las 11.30 y las 05.30 horas. ¿No considera el Consejo que ningún particular debería poder acceder a las actividades de vigilancia efectuadas por la municipalidad en la vía pública europea?

2. ¿Está dispuesto el Consejo a solicitar a la Comisión que elabore directivas que tengan por objeto evitar que bajo ningún concepto se autorice a particulares a violar la intimidad de los ciudadanos en la vía pública, ya sea o no por orden de las autoridades (locales)?

3. ¿Está dispuesto el Consejo a solicitar a la Comisión que elabore directivas que tengan por objeto evitar a toda costa que las autoridades locales autoricen a particulares la vigilancia de la vía pública, como ha sido el caso con el personal del hotel citado anteriormente?

4. ¿Es consciente el Consejo de que la proliferación de cámaras de videovigilancia que, por encargo de las autoridades (locales), son manejadas y examinadas por particulares, supone una grave violación de la intimidad de los ciudadanos europeos? ¿Está dispuesto el Consejo a adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a este tipo de actividades, solicitando a la Comisión que elabore directivas al respecto?

Respuesta (20 de enero de 1998)

Parece conveniente recordar a Su Señoría que el mantenimiento del orden público en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea es competencia exclusiva de las autoridades respectivas de cada uno de ellos.

Su Señoría podrá comprender, por tanto, que el Consejo no esté en condiciones de pronunciarse sobre un asunto cuya competencia no le atribuyen los Tratados.
PREGUNTA ESCRITA E-3135/97 de Giuseppe Rauti (NI) a la Comisión (13 de octubre de 1997)

Asunto: Registro de los pederastas en toda Europa

¿Puede decir la Comisión si ha evaluado adecuadamente el resultado positivo que está obteniendo en el Reino Unido la creación del «registro de pederastas», decidida en el contexto de una nueva normativa sobre el tema el pasado mes de agosto y que entró en vigor de inmediato? Como señaló el diario belga de mayor difusión, «Le Soir», en su edición del pasado 2 de septiembre, de acuerdo con las nuevas disposiciones cualquier persona que en la actualidad se encuentre cumpliendo una condena por actos de pederastia o en libertad condicional o vigilada por tales crímenes en el Reino Unido, deberá facilitar a la policía, en el plazo de dos semanas sus datos personales y su dirección; también deberá comunicar los cambios de domicilio posteriores.

La nueva normativa -que permite también perseguir penalmente a los pederastas ingleses por delitos cometidos en el extranjero, a fin de combatir el denominado «turismo sexual»- afecta a casi 6.000 personas y se prevé que cada año se sumen 3.500 nuevos nombres. Quienes contravengan la nueva ley podrán sufrir condenas de hasta 6 meses de cárcel y una multa de 15 millones. Más aún, en ciertos casos, la policía tendrá la facultad de indicar a escuelas y grupos de jóvenes pertenecientes a organizaciones locales, que un hombre potencialmente peligroso se ha establecido en la zona.

Considerando que en varios Estados europeos hay nuevas normativas en proceso de elaboración, ¿no considera la Comisión que ha de tomar la iniciativa, siguiendo la pauta de la ley inglesa, de elaborar una legislación común para los 15 países de la Unión Europea y que prevea, entre otras cosas, la creación de un «fichero europeo de pederastas», en el que consten también los viajes y traslados que se realicen en cualquier país?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (21 de noviembre de 1997)

La Comisión comparte la preocupación de Su Señoría con respecto al abuso sexual de menores.

La Unidad de Drogas de Europol, precursora de Europol, podría hacer uso de su mandato en el ámbito de la lucha contra el tráfico de seres humanos para recomendar formas de mejorar la presente situación en los Estados miembros, basándose en la experiencia de los países que han creado registros concretos de delincuentes sexuales.

Al amparo de la iniciativa Daphne de 1997, se ha iniciado un estudio de la viabilidad dela recogida, intercambio y uso de datos personales de delincuentes sexuales de menores para proteger mejor a éstos de la delincuencia organizada que opera en y a través de los Estados miembros.

Por el momento la Comisión no se plantea crear un registro como el que propone Su Señoría.