PREGUNTA ESCRITA E-3325/01

de Patricia McKenna (Verts/ALE) a la Comisión

(30 de noviembre de 2001)

Asunto: Centro de Desarrollo Empresarial de Drogheda, Irlanda

El Centro de Desarrollo Empresarial de Drogheda (Drogheda Business Development Centre, Ltd-DBDC), fue considerado idóneo para recibir financiación pública de Interreg y otras fuentes indirectas de financiación de la Unión Europea sobre la base de que adquiriría una propiedad destinada a albergar un centro empresarial muy necesario para la ciudad de Drogheda. Esto fue objeto de muchas críticas, tanto en informes oficiales(1) y en los medios de comunicación, como por parte de organismos oficiales como Enterprise Ireland. Habiendo adquirido la propiedad, la organización desea modificar sus objetivos y venderla obteniendo beneficios en el boyante mercado inmobiliario, alegando que el centro propuesto no es ni viable ni necesario. Sin embargo, DBDC afirma que creará un centro en otro lugar. Sin embargo, otras partes han ofrecido adquirir la propiedad o hacerse cargo del proyecto para acabar el centro. Pero todas estas tentativas han sido rechazadas

DBDC ya ha devuelto la subvención de Partnership y todo indica que se dispone a devolver el resto de las subvenciones después de la venta, que ya ha sido aprobada(2). Sin embargo, las autorizaciones necesarias para esta venta, de conformidad con los acuerdos de los organismos subvencionadores aún no han sido concedidas. No obstante, el resultado podría ser una empresa privada de promoción inmobiliaria, con un capital superior a dos millones de libres irlandesas, sin ninguna obligación vinculante de dotar a Drogheda de un centro empresarial. El Estado irlandés se vería, en tal caso, obligado a llevar sus acuerdos ante los tribunales, sin ninguna garantía de éxito.

¿Está de acuerdo la Comisión en que no es misión de las autoridades públicas, en particular de la Unión Europea, el facilitar un capital inicial bajo forma de subvenciones, que se transforma después en préstamos reembolsables, con vistas a crear en efecto empresas privadas? Considera correcto la Comisión que los organismos que gestionan fondos públicos, para objetivos públicos, obliguen a sus directores al secreto absoluto y que utilicen este medio, y otros, para excluir de sus consejos de administración a los representantes de la sociedad civil y a los organismos subvencionadores? ¿Está dispuesta la Comisión a aconsejar a los Estados miembros que soliciten un mandamiento judicial contra la venta para evitar el uso abusivo de la financiación de la Unión Europea y obligar a que se vuelva a los objetivos iniciales del proyecto?

(1) Informe de control del Programa operativo para el desarrollo local, urbano y rural 94/99, FEDER y Fondo de cohesión, Unidades de Control Financiero, Departamento de Finanzas, Irlanda, Febrero 2001; también informe sumario, sin fecha, ADM Ltd/Partnership.

(2) Pág. 3, Balance DBDC correspondiente al año 2000: Acontecimientos posteriores al cierre de las cuentas. Desde final de año, los directores han firmado un contrato para vender las instalaciones. También desde final de año la compañía ha devuelto las subvenciones a Drogheda Partnership Company Ltd.

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(12 de febrero de 2002)

El Centro de Desarrollo Empresarial de Drogheda (Drogheda Business Development Centre) recibió ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) durante el período de programación 1994-1999 en virtud de la iniciativa comunitaria Interreg II y el programa para el desarrollo local, urbano y rural.

El hecho de que el proyecto no llegó a ser nunca un centro empresarial totalmente operativo fue señalado en un informe de control realizado por la unidad de control del FEDER y del Fondo de Cohesión, creada en virtud del Reglamento (CE) no 2064/97 de 15 de octubre de 1997 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo, en lo relativo al control financiero por los Estados miembros de las operaciones cofinanciadas por los Fondos estructurales(1).

La Comisión seguirá en contacto con las autoridades competentes irlandesas para realizar el seguimiento de las medidas que se vayan a adoptar y podrá estudiar la aplicación, llegado el caso, de correcciones financieras.

(1) DO L 290 de 23.10.1997.