PREGUNTA ESCRITA E-2306/96 de Carlos Robles Piquer (PPE) a la Comisión (27 de agosto de 1996)

Asunto: Libertad de circulación de recetas médicas

La facilidad de circulación por todo el territorio de la Unión, que se deriva de las cuatro libertades fundamentales, da lugar con alguna frecuencia a que los ciudadanos comunitarios que se encuentran en un territorio diferente al de su Estado de origen se vean obligados a solicitar que les sea expedido un medicamento para el cual obtuvieron la correspondiente receta médica en su lugar de procedencia.

En numerosos casos, tales ciudadanos se han encontrado con la desagradable sorpresa de que las farmacias de un país comunitario, diferente al suyo propio, les han negado la expedición del medicamento prescrito alegando su no validez en el territorio del Estado comunitario en que se encuentran accidentalmente, por motivos que son de su personal incumbencia.

¿Puede indicar la Comisión cuál es la razón que puede alegar una farmacia de un país miembro para no aceptar la receta expedida por un médico de otro país de la Unión, y cuál es la disposición comunitaria que cualquier ciudadano de la Unión puede alegar para que le sea expendido un medicamento, sobre la base de una receta expedida por cualquier médico de cualquier país de la UE?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (30 de octubre de 1996)

La Comisión opina que una norma que prohíba a un farmacéutico, establecido en un Estado miembro, aceptar recetas médicas de uso privado fuera del sistema de seguridad social, extendidas por médicos establecidos en otros Estados miembros, supera lo que cabe considerar necesario para la protección de la salud pública y se opone a las disposiciones de la legislación comunitaria, en especial en materia de libre prestación de servicios (artículo 59 del Tratado CE).

El artículo 1 de la Directiva 92/26/CEE ((DO L 113 de 30.4.1992. )), relativa a la clasificación de los medicamentos para su dispensación, define la receta médica como «cualquier receta extendida por un profesional de la salud facultado para prescribir medicamentos» y no establece ninguna condición de nacionalidad, residencia o establecimiento del médico que la extiende.

Además, las condiciones de ejercicio de la profesión de médico y de farmacéutico han sido armonizadas mediante las Directivas 75/362/CEE ((DO L 167 de 30.6.1975. )) y 75/363/CEE, sobre médicos2 (codificadas en la Directiva 93/16/CEE ((DO L 165 de 7.7.1993. ))), y 85/432/CEE y 85/433/CEE, sobre farmacéuticos ((DO L 253 de 24.9.1985. )). De ellas se desprende que la prescripción de un medicamento por parte de un médico establecido en otro Estado miembro ofrece la misma garantía para el paciente que una receta extendida por un médico de su mismo Estado miembro. Lo mismo ocurre en el caso de la compra de un medicamento en una farmacia de otro Estado miembro. Por otra parte, el Tribunal de Justicia se pronunció en este sentido en sus sentencias de 7 de marzo de 1989 (215/87 «Schumacher») y de 8 de abril de 1992 (asunto C62/90 Comisión /Alemania). De esta jurisprudencia se desprende también que, en el territorio comunitario, un ciudadano comunitario tiene derecho a adquirir sin restricciones medicamentos destinados a su uso personal, cuando éstos han sido regularmente prescritos o suministrados, así como a obtenerlos cuando se desplaza en territorio comunitario.

No obstante, cualquier farmacéutico o persona facultada o autorizada a expedir medicamentos tiene la posibilidad de negarse a facilitar el medicamento en caso de duda sobre la autenticidad de la receta, como podría ser el caso de aquellas recetas médicas que puedan ser objeto de abuso o puedan ser desviadas de su utilización para fines ilegales (recetas especiales, en especial de estupefacientes y psicotropos, como prevé el segundo apartado del artículo 3 de la Directiva 92/26/CEE).

Por tanto, lo que la Comisión considera contrario al derecho comunitario no es la negativa individual de un farmacéutico a aceptar una receta, sino una norma general que le prohíba hacerlo. En efecto, el hecho de que el médico que haya extendido la receta esté establecido en otro Estado miembro no puede constituir un criterio sistemático de prohibición o de negativa a aceptar una receta.