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PREGUNTA ESCRITA P-0412/00

de Olivier Dupuis (TDI) a la Comisión

(9 de febrero de 2000)

Asunto: Artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea

¿No estima la Comisión que sería necesario aclarar cuanto antes las modalidades, los plazos y los criterios que sigue y seguirá para aplicar los artículos 6 y 7 del TUE, con el fin de evitar abusos políticos de las disposiciones del Tratado e injerencias indebidas en la vida política de algunos Estados miembros, que nada tienen que ver con las violaciones efectivas y documentadas de los derechos humanos en otros Estados miembros?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(23 de marzo de 2000)

El artículo 6 del Tratado de la Unión Europea expone los principios en los que se basa la Unión, sin exigir ninguna medida de aplicación por parte de la Comunidad.

El legislador define los criterios de aplicación del mecanismo previsto en el apartado 1 del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, a saber, la constatación de una violación grave y persistente por un Estado miembro de los principios enunciados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

La Comisión hace notar a Su Señoría que el papel de esta Institución en este procedimiento no es comparable al que ejerce en el marco de un procedimiento normal por incumplimiento.

Por último, según la Comisión, la naturaleza de la valoración requerida para la activación del procedimiento previsto en el artículo 7 no es compatible con la determinación preestablecida de modalidades y criterios precisos.
PREGUNTA ESCRITA P-0391/00

de Maurizio Turco (TDI) a la Comisión

(8 de febrero de 2000)

Asunto: Utilización de los Fondos Estructurales en Italia entre 1994 y 1999

Las recientes declaraciones del Tribunal de Cuentas italiano han reabierto la polémica en dicho país sobre el buen uso de los Fondos Estructurales.

De conformidad con los datos de los que dispone el Tribunal, Italia está todavía muy retrasada en la ejecución de la programación para 1994-1999.

¿Se corresponden estos rumores con la realidad?

¿Podría la Comisión comunicar lo antes posible la información más reciente de la que disponga sobre los compromisos y los pagos por región y objetivo?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(29 de febrero de 2000)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-0456/00

de Daniela Raschhofer (NI) a la Comisión

(24 de febrero de 2000)

Asunto: Respuesta a la pregunta E-1877/99 sobre política estructural y puestos de trabajo

En relación con la respuesta dada a la pregunta E-1877/99(1) el 20 de diciembre de 1999, quedan pendientes las siguientes preguntas:

1. ¿En qué datos se basa la respuesta a la pregunta 5 (información sobre Austria)?

2. ¿Qué autoridades nacionales elaboran los datos sobre el mercado laboral que están relacionados con los Fondos estructurales de la UE?

3. En el caso de los puestos de trabajo creados (2 100) en Burgenland, correspondiente al objetivo no 1, ¿se trata de contratos de duración corta, media o larga?

4. ¿Cuántos de los 2 100 puestos de trabajo creados son empleos a jornada completa o cuántos a jornada reducida?

5. ¿Qué criterios o definiciones aplica la Comisión a puestos de trabajo de duración corta, media o larga?

6. ¿En qué sectores económicos se crearon esos empleos nuevos?

7. ¿En qué estudios, datos o instrumentos se basa la Comisión para asegurar que los Fondos estructurales aplicados han podido mantener 5 800 puestos de trabajo en Burgenland, región correspondiente al objetivo no 1?

8. ¿Cómo puede demostrar la Comisión que, de no haberse concedido los créditos de los Fondos estructurales de la UE, se hubieran perdido esos puestos de trabajo?

(1) DO C 203 E de 18.7.2000, p. 78.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(28 de marzo de 2000)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-0177/00

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(31 de enero de 2000)

Asunto: Supeditación de seguros de enfermedad baratos a la libre competencia

1. ¿Puede confirmar la Comisión la exactitud de la comunicación del Consejo de Sanidad y Asistencia Sanitaria (RVZ) en los Países Bajos según la cual la ley vigente en dicho país referente al acceso a los seguros de enfermedad (WTZ) ha de dejar de prever una póliza global estándar barata para personas de más de 65 años, póliza que todo asegurador particular ha de ofrecer obligatoriamente?

2. ¿Puede confirmar la Comisión también que la contribución de solidaridad, denominada MOOZ (cofinanciación de la sobrerrepresentación de las personas mayores entre los beneficiarios de las cajas de enfermedad) que todos los asegurados particulares pagan a fin de compensar a las cajas de enfermedad con muchos beneficiarios mayores por las primas bajas y los costes elevados, va a dejar de estar autorizada por la Unión Europea?

3. ¿Es consciente la Comisión de que si la respuesta a las preguntas 1 y 2 es afirmativa, centenares de miles de asegurados individuales con ingresos reducidos se van a encontrar en una situación problemática?

4. ¿Puede confirmar también la Comisión que considera otras medidas que, en caso de aplicación de las mismas, conducirían a un aumento considerable de los gastos colectivos de asistencia sanitaria, como la obligación de suscribir contratos con un número superior de profesionales sanitarios, y acuerdos sobre los costes y el alcance de los servicios ofrecidos?

5. ¿Qué gestiones piensa realizar la Comisión para evitar que la asistencia sanitaria en los Países Bajos quede supeditada a consideraciones de libre competencia, en particular si dicha competencia tiene como consecuencia que los gastos individuales y colectivos para el paquete existente de previsiones aumenten innecesariamente?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(14 de marzo de 2000)

Cada Estado miembro tiene la competencia de organizar su régimen de seguridad social (incluida la asistencia sanitaria) como le parece oportuno, y es responsable de establecer las condiciones relativas a la concesión de prestaciones con arreglo a dicho régimen, siempre que estas facultades se apliquen, claro está, de conformidad con el Derecho comunitario. Existen diversas disposiciones comunitarias relativas a la coordinación de los regímenes de seguridad social que suprimen obstáculos a la libre circulación de personas dentro de la Comunidad y disposiciones tendentes a eliminar las discriminaciones entre hombres y mujeres en la seguridad social.

No obstante, la Comisión no tiene conocimiento de la comunicación específica que describe Su Señoría, ni de ninguna actuación comunitaria que reúna las características mencionadas. Por lo tanto, la Comisión solicitará información más detallada a las autoridades neerlandesas.
PREGUNTA ESCRITA P-0148/00

de Nicholas Clegg (ELDR) a la Comisión

(24 de enero de 2000)

Asunto: Entrada de Croacia en la OMC

En vista de la reciente elección de un nuevo Gobierno progresista en Croacia, ¿puede explicar la Comisión por qué se ha paralizado durante varios meses la entrada de Croacia en la OMC, a causa de objeciones por parte de la Unión Europea? ¿Qué medidas se están tomando para asegurar que Croacia entre en la OMC lo antes posible, siguiendo la línea de la política general de la UE con respecto a los Balcanes?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(17 de febrero de 2000)

La Comisión se ha comprometido a una conclusión rápida de las negociaciones para la adhesión de Croacia a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los cambios políticos que están teniendo lugar en este país permiten abrir nuevas sendas en las relaciones bilaterales. Sin embargo, dado que la nueva senda es la de una mayor integración en la Unión, esta integración no debería hacerse más difícil tanto para la Comunidad como para Croacia por las condiciones de adhesión a la OMC de este país. Las negociaciones con las partes interesadas continúan y se intensificarán en las próximas semanas con objeto de alcanzar pronto una conclusión satisfactoria.
PREGUNTA ESCRITA E-0470/00

de Isabelle Caullery (UEN) a la Comisión

(24 de febrero de 2000)

Asunto: Programas, proyectos comunitarios e iniciativas europeas en la región de Île-de-France

¿Puede la Comisión proporcionar una lista exhaustiva de los diferentes programas y proyectos europeos o iniciativas comunitarias en las que participa la región de Île-de-France en calidad de corporación asociada y especificar el nivel de dicha participación?

Asimismo, ¿puede indicar el conjunto de iniciativas y programas europeos en las que participan los diferentes organismos, centros de investigación, asociaciones, universidades, ayuntamientos y otras colectividades situadas geográficamente en la región de Île-de-France, así como la proporción de dicha participación?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0469/00 y E-0470/00 dada por el Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(8 de marzo de 2000)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA P-0005/00

de Nicole Thomas-Mauro (UEN) al Consejo

(14 de enero de 2000)

Asunto: Situación en el Sudán

Mientras la comunidad internacional, la Unión Europea y los Estados miembros se indignan con legitimidad por la difícil situación de algunas poblaciones a lo largo y ancho del mundo, la minoría cristiana del sur del Sudán es objeto, ante la indiferencia general, de persecuciones inaceptables por parte de las autoridades gubernamentales.

Estas últimas llevan a cabo políticas de islamización forzosa de estas poblaciones, lo que provoca éxodos masivos, y recurren al desvío de la ayuda humanitaria, al asesinato, a la tortura y al rapto de mujeres y niños para su venta como esclavos, en particular, con destino a la prostitución.

¿Podría informar el Consejo acerca de las medidas que ha adoptado o piensa adoptar para reaccionar ante esta situación intolerable? ¿No podría animar a los Estados miembros a adoptar al mismo tiempo medidas severas para obligar a las autoridades sudanesas a respetar la dignidad humana, la libertad religiosa y los derechos humanos en general?

Respuesta

(10/11 de abril de 2000)

El Consejo coincide con Su Señoría en que la situación de los derechos humanos en el Sudán es preocupante. La UE planteó la situación de los derechos humanos en el Sudán en el quincuagésimo quinto período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra y en el Tercer Comité del quincuagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de las NU e invitó al Gobierno sudanés a que mejore la situación sobre el terreno y a que coopere plenamente con los mecanismos de las NU, al tiempo que reconocía que se habían logrado ciertos progresos durante el año.

Paralelamente, la UE inició el año pasado con el Gobierno del Sudán un diálogo centrado en el proceso de paz, las reformas basadas en la democracia y el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, las políticas antiterroristas y las relaciones del Sudán con los países vecinos, con el

objetivo de mejorar la situación en todos estos ámbitos. Dicho diálogo acaba de comenzar, por lo que resulta demasiado pronto para sacar conclusiones, en particular habida cuenta de la reciente evolución de la situación interna del Sudán (disolución del Parlamento el 12 de diciembre de 1999 y formación de un nuevo Gobierno), así como de la normalización de sus relaciones bilaterales con sus vecinos, Egipto, Eritrea, Etiopía y Uganda. Por supuesto, el Consejo es completamente consciente de que la actual evolución positiva no garantiza necesariamente el respeto de los derechos humanos en la totalidad del territorio de este país, el mayor del continente africano.

El Consejo seguirá muy de cerca la situación en el Sudán y proseguirá su contribución, dentro de sus posibilidades, a la mejora de la situación de los derechos humanos en dicho país.
PREGUNTA ESCRITA E-0184/00

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(31 de enero de 2000)

Asunto: Incumplimiento por parte de Grecia del Derecho comunitario

De acuerdo con el informe anual sobre la armonización de la legislación nacional de los Estados miembros con el Derecho comunitario, se ha detectado la falta de armonización por parte de Grecia en 241 casos. ¿Podría indicar la Comisión, en cuanto a la situación en 1999, cuántos y cuáles son los casos de falta de adaptación de Grecia al Derecho comunitario, y qué avances ha realizado Grecia en relación con los 241 casos de falta de armonización detectados en 1998?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(9 de marzo de 2000)

El informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho Comunitario elaborado por la Comisión recoge el conjunto de procedimientos de incumplimiento abiertos por la Comisión en virtud del artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE, bien a raíz de una denuncia, bien de oficio, contra un Estado miembro, por razón del incumplimiento del Derecho Comunitario. A 31 de diciembre de 1999, este número era de 259.

Para mayor información sobre la naturaleza de las infracciones constatadas a cargo de Grecia en 1999, remito a Su Señoría al XVII Informe Anual actualmente en curso de elaboración, que se comunicará al Parlamento en las próximas semanas.
PREGUNTA ESCRITA E-0048/00

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(20 de enero de 2000)

Asunto: Proceso de Colonia: adaptación del programa Poseima en el ámbito del comercio de productos agrícolas

El Reglamento (CEE) no 3763/91(1) del Consejo (Poseidom) prevé medidas específicas destinadas a la venta y comercialización de determinados productos agrícolas de regiones ultraperiféricas hacia regiones vecinas.

La Región Autónoma de las Azores está especializada en el despacho de productos lácteos y de carne de gran calidad, normalmente apenas dirigida hacia el Continente, por dificultadas de transporte y de las estructuras de comercialización.

¿Cree la Comisión posible introducir, en el Poseima, medidas de tipo semejante a las existentes en el reglamento Poseidom (particularmente en su artículo 3o) con objeto de incentivar el envío de los productos agrícolas de las Azores hacia otras regiones vecinas (p.ej.: los demás archipiélagos de Micronesia y los Estados Orientales de los EEUU y de Canadá)?

(1) DO L 356 de 24.12.1991, p. 1.

Respuesta común a las preguntas escritas E-0038/00, E-0043/00, E-0044/00, E-0045/00, E-0046/00, E-0047/00, E-0048/00, E-0049/00, E-0050/00, E-0051/00 y E-0052/00 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(28 de febrero de 2000)

Su Señoría ha presentado toda una serie de preguntas sobre la aplicación del programa Poseima en las Azores.

El informe de la Comisión sobre las medidas de aplicación del apartado 2 del artículo 299 (antiguo artículo 227) del Tratado CE está aún en fase de elaboración.

Así pues, en la fase actual, la Comisión no puede responder a las preguntas planteadas por Su Señoría acerca del contenido de ese informe antes de haberlo aprobado.

Por último, el programa de trabajo de la Comisión para el año 2000 prevé la presentación al Consejo y al Parlamento de un informe de aplicación del Reglamento (CEE) no 1600/92 del Consejo, de 15 de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de las Azores y Madeira relativas a determinados productos agrarios(1) (Poseima), referente al sector agrario del Poseima, acompañado, en su caso, por las propuestas de adaptación que sean necesarias para alcanzar los objetivos de ese programa. Las medidas correspondientes a la agricultura de las Azores se examinarán en ese contexto.

(1) DO L 173 de 27.6.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-0949/00

de Marie-Noëlle Lienemann (PSE) a la Comisión

(29 de marzo de 2000)

Asunto: Despidos colectivos en el grupo ABB-Alsthom

¿Puede comprobar la Comisión si el procedimiento seguido para los despidos previstos en el grupo ABB-Alsthom Power en numerosos países de la Unión viola el Derecho comunitario? ¿Puede adoptar medidas para evitar estos despidos?

No sólo la mayoría de estas supresiones de puestos de trabajo no obedece a necesidades industriales y plantea enormes problemas sociales, sino que estas decisiones se adoptan además sin dialogar ni negociar con las organizaciones sindicales y los comités europeos de empresa.

En efecto, parece que la Directiva europea relativa a los comités europeos de empresa no es adecuada para los casos de fusión de dos empresas, sobre todo cuando ésta se efectúa a partes iguales, y no garantiza la consulta de los asalariados en relación con los despidos consecuencia de una fusión.

En todo caso, convendría mejorar la mencionada directiva para colmar dicha laguna, si se llegara a comprobar su existencia. Por otra parte, ¿piensa la Comisión proponer la actualización y mejora de la Directiva sobre la creación de comités de empresa europeos en lo referente a las fusiones de empresas?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(17 de abril de 2000)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a su pregunta oral H-0238/00, formulada en el turno de preguntas de la sesión de marzo I de 2000(1) del Parlamento.

(1) Debates del Parlamento Europeo (marzo I de 2000).
PREGUNTA ESCRITA E-0077/00

de Gianfranco Dell'Alba (TDI) a la Comisión

(24 de enero de 2000)

Asunto: Nombramiento de un abogado general en el Tribunal de Justicia

El artículo 222 del Tratado CE establece que el Tribunal de Justicia estará asistido por nueve abogados generales hasta el 6 de octubre de 2000. Tras el nombramiento como juez del abogado general La Pergola, como consecuencia del fallecimiento del juez Mancini, ha surgido una vacante sin que el Estado miembro interesado haya dispuesto la sustitución desde hace varios meses. El hecho de que no estén nombrados todos los abogados generales constituye una auténtica violación del Tratado.

¿No considera la Comisión, como guardiana de los Tratados, que tiene la obligación de señalar a la atención de los Estados miembros dicha anomalía, especialmente al Gobierno italiano, que debe designar un candidato para que, de común acuerdo, se nombre al nuevo abogado general?

Respuesta del Presidente Prodi en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 2000)

Según el artículo 223 (antiguo artículo 167) del Tratado CE, el nombramiento de los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia es competencia de los Gobiernos de los Estados miembros, que deben proceder de común acuerdo.

Es cierto que el no nombramiento o el retraso en el nombramiento de los miembros del Tribunal es perjudicial al buen funcionamiento de esta institución.

Sin embargo, Su Señoría debe recordar que en este caso se trata de nombrar a un noveno abogado general para parte del mandato que resta y para un puesto creado con motivo de la última ampliación y que será suprimido el 6 de octubre de 2000.
PREGUNTA ESCRITA P-0101/00

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) al Consejo

(19 de enero de 2000)

Asunto: Política de asilo de la Unión Europea

En su respuesta a mi pregunta escrita H-0722/99, el Consejo especifica que los Estados miembros no cuentan con una definición común de lo que es un país de procedencia seguro y una solicitud manifiestamente infundada, lo que motiva a su vez las siguientes preguntas:

1. ¿Acaso las decisiones sobre política de asilo adoptadas en la Cumbre de Tampere tienen consecuencias en la manera en que los Estados miembros habrán de juzgar los casos de asilo, cuando el solicitante es objeto de una persecución no estatal?

2. La Cumbre decidió aplicar la Convención de Ginebra de manera plena y total. ¿Tiene ello consecuencias prácticas en la manera en que los Estados miembros tramitarán y evaluarán las peticiones de asilo individuales?

Respuesta

(13 de marzo de 2000)

El Consejo Europeo de Tampere, al tiempo que prevé un futuro sistema europeo común de asilo basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra, hace un llamamiento para que, entre otras medidas a corto plazo, se establezcan estándares comunes para un procedimiento de asilo eficaz y justo, se aproximen las normas sobre el reconocimiento y el contenido del estatuto de refugiado y se adopten medidas relativas a formas de protección subsidiarias. El Consejo Europeo insta al Consejo a alcanzar estos objetivos sobre la base de propuestas que debe presentar la Comisión. Las consecuencias para los Estados miembros por las que pregunta Su Señoría se derivarán de dichas propuestas, que el Consejo examinará prioritariamente.
PREGUNTA ESCRITA P-0055/00

de Marie-Noëlle Lienemann (PSE) a la Comisión

(18 de enero de 2000)

Asunto: Programa de diagnóstico precoz de la E.E.B

¿Cómo y cuándo prevé aplicar la Comisión un programa sistemático de diagnóstico precoz de la EEB, tal como lleva haciendo la Confederación Helvética desde marzo de 1999?

Este programa de diagnóstico precoz de la EEB puesto en marcha en Suiza revela que el prión patológico está mucho más extendido entre el ganado bovino de lo que cabe pensar y que los animales infectados pueden entrar en la cadena trófica.

¿No sería verdaderamente urgente y necesario, habida cuenta del principio de precaución, criterio jurídicamente obligatorio, que la Comisión arrojase luz sobre este terrible problema antes de que se produzcan otras catástrofes alimentarias en Europa?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(9 de febrero de 2000)

Como manifesté en mi intervención ante el Parlamento el pasado mes de septiembre, considero que sería conveniente establecer un programa sistemático de detección de la EEB. La Comisión ha entablado conversaciones con los Estados miembros sobre la introducción de pruebas post-mortem de EEB, con vistas a presentar una propuesta al Comité Veterinario Permanente antes de abril de 2000.