PREGUNTA ESCRITA E-3369/01

de Toine Manders (ELDR) a la Comisión

(6 de diciembre de 2001)

Asunto: Directiva contra la piratería

La Comisión ha anunciado la presentación de una propuesta de directiva para la adopción de medidas contra la usurpación de marca y la piratería.

La experiencia ha demostrado que resulta difícil combatir la piratería. Desearía, por consiguiente, realizar una propuesta en este sentido que merece la pena ser investigada.

En los Países Bajos existe desde hace treinta años un instrumento sumamente eficaz de cooperación de los sectores público y privado en el ámbito de la lucha contra la piratería. Se trata de una cooperación a dos niveles: represión civil y represión penal. Los resultados son sumamente satisfactorios.

Por lo que respecta al ámbito penal, existe un departamento de investigación especial (Opsporingsdienst BumaStemra) dependiente del Ministerio de Justicia neerlandés, encargado de la represión penal en relación con los derechos de la propiedad intelectual.

Este instrumento de cooperación entre los sectores público y privado tiene por objeto la optimización de la represión civil por los derechohabientes gracias a una represión penal que se sustenta en un intensivo intercambio de información entre las partes implicadas.

En el marco de la propuesta de directiva en contra de la piratería, ¿está dispuesta la Comisión a examinar más a fondo este modelo específico de cooperación de los sectores público y privado para que quizás pueda servir de modelo a una futura política europea en este ámbito?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(31 de enero de 2002)

Tal y como indica Su Señoría, la cooperación entre los poderes públicos y el sector privado es un elemento clave del éxito en la lucha contra la usurpación y la piratería.

La consulta de los medios interesados que la Comisión comenzó en 1998 con el Libro Verde sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior mostró con claridad la importancia de una estrecha cooperación entre todos los actores afectados para luchar de manera eficaz contra la usurpación de marca y la piratería.

Esta cooperación puede tomar formas diversas. A lo largo de la consulta se hizo especial hincapié en la necesidad de una mejor coordinación de las bases de datos y de un aumento de los flujos de información transfronterizos, implicando a poderes públicos y a organismos profesionales.

En su comunicación del 30 de noviembre de 2000 sobre el seguimiento del Libro Verde(1), la Comisión subraya la mejora de la cooperación entre el sector privado y las autoridades públicas y les recomendó una mejor utilización de las bases de datos y de los sistemas de información públicos y privados existentes en la materia, dentro del cumplimiento de las normas sobre secreto y protección de datos. Expresa de igual manera su deseo de que se persiga la compatibilidad de los sistemas existentes y las pasarelas que puedan tenderse entre ellos. Finalmente, la Comisión fomenta las iniciativas nacionales y privadas con vistas a la concertación de protocolos de acuerdo para la cooperación e intercambio de información.

La asociación neerlandesa BumaStemra es una sociedad de gestión colectiva que participó de forma activa en la consulta inicia da con el Libro Verde en 1998. Según la legislación neerlandesa, dispone también de determinados poderes ejecutivos para participar de forma activa en la lucha contra la piratería. La Comisión está en contacto con las autoridades neerlandesas para apreciar de la mejor manera las competencias de esta estructura. Sin embargo, la Comisión señala a Su Señoría que no pretende introducir disposiciones específicas relativas a la cooperación entre el sector privado y los poderes públicos en su futura propuesta de Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Por otra parte, la Comisión estima que es tarea de los poderes públicos y del sector privado el buscar a nivel nacional los medios apropiados para establecer o reforzar su cooperación, de conformidad con la legislación de cada Estado miembro.

(1) COM(2000) 789 final.