PREGUNTA ESCRITA E-0846/00

de Marie-Arlette Carlotti (PSE) a la Comisión

(21 de marzo de 2000)

Asunto: Acción de la Unión Europea contra las minas

La Comisión ha adoptado una propuesta de reglamento sobre las minas antipersonas.

- En el ámbito presupuestario, se refuerza la legitimidad de la línea horizontal B7-661. ¿Significa esto que los programas de acción contra las minas, en toda su diversidad, deberán financiarse exclusivamente con cargo a esta línea?

Considerando la posición particular adoptada en relación con la retirada de minas con fines humanitarios por las ONG, quienes favorecen, en particular, la integración de la retirada de minas en un enfoque global de desarrollo, ¿qué disposiciones se van a adoptar para garantizar el acceso efectivo de las ONG a la financiación de la Unión?

- Para la puesta en práctica de las acciones de la Unión Europea contra las minas antipersonas se ha establecido el principio de condicionalidad de la ayuda a la adhesión y al respeto de la Convención de Ottawa. Este principio cuenta con excepciones en lo relativo a la asistencia a las víctimas y con una propuesta de ayuda a los países solicitantes para la aplicación de las disposiciones de la Convención.

¿Qué criterios y modalidades se aplicarán que no ocasionen, en la práctica, una doble victimización de algunas comunidades vulnerables?

- En el marco del refuerzo de la acción de la Unión Europea en favor de la aplicación efectiva de la Convención y de su universalización, ¿qué lugar se otorga a las minas antipersonas en el diálogo político con los socios de la Unión y, de manera más particular, con los países candidatos a la adhesión?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(26 de abril de 2000)

1. La comunicación y la propuesta de Reglamento presentadas recientemente por la Comisión tienen por objeto, de una parte, formular una política más activa y coherente de la Unión en materia de lucha contra las minas antipersonas (MAP) y, de otra, dotar a la línea presupuestaria B7-661, creada por el Parlamento en 1996 pero desprovista hasta ahora de fundamento jurídico, de la legitimación necesaria, así como de una vocación tanto horizontal como específica.

El enfoque preconizado se basa en la formulación de un marco político global para la acción comunitaria en el ámbito de las minas antipersonas, dentro del cual se situarían las medidas sectoriales y geográficas conexas. Las acciones emprendidas podrán ser financiadas por la línea horizontal o por los programas geográficos. Este enfoque permitirá integrar en la estrategia global una serie de acciones de interés común para toda actividad relacionada con la limpieza de minas, por ejemplo los planes sistemáticos de evaluación de las operaciones pasadas o en curso, la estimación de las necesidades, tanto de las poblaciones como de los desactivadores de minas, la elaboración de planes regionales y plurianuales, la comprobación de los objetivos perseguidos, la racionalización de los instrumentos e intervenciones y la garantía de coherencia entre las acciones de la Unión y entre estas últimas y los compromisos asumidos conforme al Convenio de Ottawa.

Se iniciará un ejercicio de programación plurianual de las actividades antiminas en cuanto se adopte el Reglamento. Este se basará en las orientaciones políticas generales e incluirá tanto las actividades horizontales como las vinculadas a países o regiones particulares. El programa plurianual se hará público y será por tanto accesible a todas las organizaciones no gubernamentales. Éstas ya son en la actualidad, directa o indirectamente, las principales beneficiarias de los fondos comunitarios. También están previstos algunos acuerdos de asociación para la ejecución de proyectos plurianuales.

2. Por lo que se refiere a los criterios que deben aplicarse a la hora de ayudar a las poblaciones víctimas de MAP en países que no han suscrito el Convenio de Ottawa, la Comisión intenta comprobar varios factores, tanto independientes como acumulados; en primer lugar, tal como ya se desprende de la pregunta, las informaciones sobre el estado de la población afectada por las operaciones de limpieza de minas solicitadas por un país determinado, la práctica de este país respecto a la producción, almacenamiento y comercio de minas, el grado de aceptación de las medidas de apoyo a la adhesión al Convenio y la comprobación de que no se persiguen objetivos comerciales ni científicos a través de tales intervenciones. También es importante, a veces, conocer el origen de la instalación de minas (u otros objetos no explosionados). Esta lista de referencia no es exhaustiva, pero puede suministrar una indicación del enfoque que la Comisión piensa adoptar.

3. Dicho enfoque se refleja, obviamente, tanto en el diálogo político con los países candidatos a la adhesión como con los terceros países. En efecto, el proyecto de Reglamento, que no se limita a las minas, sino que abarca también los objetos no explosionados, va dirigido también a los problemas de depósito y acumulación de este material. La Comisión no descuida ninguna posibilidad de cooperación con terceros países para acelerar la eliminación de esta plaga, coordinando más estrechamente las respectivas políticas y juntando los recursos necesarios para desarrollar mejores instrumentos y estrategias.