ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/536

(2004/C 88 E/0548)

PREGUNTA ESCRITA E-0806/04

de Antonio Di Pietro (ELDR) a la Comisión

(15 de marzo de 2004)

Asunto: Ley Tremonti— Mediaset

Gracias a la Ley no 489 de 8 de agosto de 1994 (de ahora en adelante «Ley Tremonti»), la empresa Mediaset, que opera en el sector de la información y los medios de comunicación, ha obtenido importantes desgravaciones fiscales (por un valor de alrededor de 243 mil millones de las antiguas liras italianas). Como consecuencia directa de dichas desgravaciones, Mediaset ha reforzado notablemente su posición de dominio en el mercado, ha colmado el enorme déficit que la aquejaba y ha logrado cotizar en bolsa. Algunas de las decisiones relativas a dicha Ley fueron determinadas de forma decisiva por el titular de la empresa, quien, al mismo tiempo, ocupa el cargo de Presidente del Consejo de Ministros y, por consiguiente, se encuentra en una situación evidente de conflicto de intereses. En efecto, en el sector concreto y limitado del mercado de los medios de comunicación televisivos, la empresa Mediaset ha resultado ser en la práctica la beneficiaria exclusiva o principal de la disposición legal mencionada. La participación de la empresa beneficiaria en las decisiones relativas a las normas o disposiciones correspondientes constituye un grave delito en materia de competencia cuando dicha participación se produce, como ocurre de forma evidente en el caso que nos ocupa, «en una medida tal que se pueda considerar de peso, al menos en caso de que dichas disposiciones modifiquen la posición de la empresa en cuestión en el mercado de forma significativa» (conclusiones del Abogado General Sr. FG Jacobs, de 21 de marzo de 1991, asunto Extramet).

Asimismo, las acciones de una empresa dirigidas a la promulgación, a través de sus representantes, de disposiciones de favor cuyo objeto consiste en reforzar su posición de dominio, o bien a excluir a terceros del mercado (Tribunal de Apelación de Milán, ord. de 9-13 de julio de 1998 y sent. de 22 de marzo — 16 de junio de 2000), como en el caso que nos ocupa resulta evidente, constituye un grave delito en materia de competencia. Por otra parte, las situaciones de conflicto de intereses suponen una alteración grave del órgano en cuyo seno se producen.

¿Podría explicar la Comisión por qué motivo no ha procedido a adoptar algún tipo de medida para salvaguardar la competencia en el mercado analógico italiano de los medios de comunicación, seriamente afectado por los delitos de competencia descritos, considerando, por otra parte, que en el caso que nos ocupa, la inacción de la Comisión podría determinar la prescripción de tales delitos, lo que supondría una serie de perjuicios para el mercado y el erario comunitario e italiano de una importancia considerable?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

A raíz de una alegación, la Comisión ya consideró el tema de la pregunta y concluyó que no había motivos suficientes para continuar con la investigación del asunto, dado que no había indicios de una posible infracción de la legislación comunitaria en materia de competencia.

En cuanto a la alegación de que la participación de la empresa en las decisiones relativas a la ley supone una violación de la legislación en materia de competencia, habida cuenta del conflicto de intereses, la Comisión considera lo siguiente: la legislación en materia de competencia no hace referencia alguna al conflicto de intereses, por lo que la Comisión no dispone de medios legales para afrontar dicha situación de conflicto de intereses, por sí sola, con independencia de sus efectos en el mercado. La Comisión sí puede, sin embargo, intervenir en una situación de abuso de posición dominante o de ayudas estatales.

No obstante, en relación a la posición dominante, el mero hecho que Mediaset fuese beneficiaria con arreglo a la Ley no 489 de 8 de agosto de 1994 de legislación fiscal, que no estaba destinada únicamente a Mediaset, ni siquiera exclusivamente a empresas de radio o televisión, no se puede considerar como un abuso de posición dominante.

Además, en este asunto en particular, se supone que el conflicto de intereses tendría que haber afectado la competencia a través de la normativa sobre concesión de desgravaciones fiscales. Las distorsiones de la competencia debidas a la concesión de ventajas mediante recursos estatales se evalúan de conformidad con las normas sobre ayudas estatales del Tratado. Es jurisprudencia consolidada que el artículo 87 «no establece una distinción según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que las define en función de sus efectos». Lo que la Comisión tiene que valorar es si una medida se ajusta a la definición del Tratado de ayuda estatal. Los elementos señalados en la pregunta realizada por Su Señoría no muestran que éste sea el caso y la posibilidad de que un conflicto de intereses haya podido desempeñar un papel importante en la elaboración de una medida como ésta no puede alterar dicha evaluación.