PREGUNTA ESCRITA E-3432/00

de Cristiana Muscardini (UEN) y Sergio Berlato (UEN) a la Comisión

(7 de noviembre de 2000)

Asunto: Control de los empleados

El Gobierno Blair ha autorizado a todas las empresas establecidas en territorio británico, a partir del 24 de octubre, a realizar controles sobre el correo electrónico y las llamadas telefónicas de sus empleados sin el consentimiento previo de éstos.

Considerando que la legislación belga también autoriza a los empresarios a comprobar que sus empleados utilicen con fines exclusivamente profesionales los medios de comunicación que la empresa les pone a disposición, aunque en este caso el consentimiento de los interesados es obligatorio, ¿no considera la Comisión que esta manera de actuar contradice gravemente el principio de salvaguarda de los derechos humanos, a que tan frecuentemente aluden los propios gobiernos?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(16 de febrero de 2001)

Sus Señorías hacen referencia al Statutory Instrument 2000 No.2699 del Reino Unido titulado The Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications) Regulations 2000 que transpone el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva 97/66/CE(1). El Reino Unido ha comunicado recientemente a la Comisión este instrumento jurídico. Entendemos que Sus Señorías hacen también referencia a la legislación belga. Esta última, además del consentimiento individual, establece ciertas

condiciones para garantizar la vigilancia lícita de los empresarios a sus empleados (información, proporcionalidad y necesidad). En particular, el consentimiento de los interesados no puede considerarse válido si viene dado en forma no específica en el ámbito genérico de la relación laboral. Las autoridades belgas encargadas de proteger la confidencialidad han distribuido información sobre este asunto de conformidad con las indicaciones anteriormente mencionadas, con fecha 3 de abril de 2001.

En general, el artículo 5 de la Directiva relativa a la protección de datos en el sector de las telecomunicaciones impone a los Estados miembros garantizar la confidencialidad de las comunicaciones realizadas a través de las redes públicas de telecomunicación y de los servicios de telecomunicación accesibles al público. Por lo tanto, el artículo no contempla la comunicación trasmitida a través de las redes privadas pero si contempla la comunicación que se origina en las redes privadas y termina en las públicas o viceversa. Para registrar tal comunicación es preciso el consentimiento de los usuarios.

Sin embargo, como puede resultar difícil obtener el consentimiento explícito previo de ambos usuarios para registrar la comunicación que la empresa necesita como prueba de la transacción efectuada (por ejemplo, orden de compra o venta de acciones a través del teléfono o del correo electrónico), en el mismo artículo se ha creado una excepción para este tipo de registros en el marco de las prácticas comerciales habituales y legales.

La Directiva 95/46/CE(2) establece la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales. Esta Directiva no contiene ninguna norma específica para proteger los datos de los empleados en los lugares de trabajo, pero deben respetarse los principios generales para la protección de las personas con respecto del tratamiento de datos personales. La vigilancia de la comunicación por parte de los empresarios puede ser lícita solo en circunstancias restringidas en las que se cuente con el consentimiento de las partes interesadas o cuando los intereses legítimos de los empresarios invaliden los intereses en materia de derechos fundamentales y libertades de los trabajadores. En tales casos, el control debería limitarse a lo estrictamente necesario para alcanzar un fin legítimo y concreto, y permitir, por ejemplo, por medios técnicos o mediante la clasificación de las llamadas y los correos electrónicos, excluir las comunicaciones privadas de tales prácticas; la información obtenida no debe utilizarse para otros propósitos incompatibles. En tales casos, el empresario debe informar al empleado de tal vigilancia.

Por otra parte, las normativas nacionales deben atenerse a los principios generales del Derecho comunitario que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, comprende también los derechos humanos fundamentales, tal y como establece la Convención Europea de Derechos Humanos, que incluye el derecho a la privacidad.

De acuerdo con su Agenda para la política social(3), la Comisión está actualmente preparando la consulta de los interlocutores sociales sobre el tema de la protección de datos en el ámbito laboral y las cuestiones relacionadas con ello (por ejemplo, la vigilancia de los empleados). El resultado de esta consulta ofrecerá a la Comisión una orientación para determinar cómo abordar este asunto a nivel comunitario.

La Comisión quisiera llamar la atención de Su Señoría hacia la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que prevé el respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de la comunicación (artículo 7) y la protección de los datos personales (artículo 8). Además, los artículos 21, 26 y 31 tienen una relevancia específica para los trabajadores y para la protección de sus datos privados.

La Comisión examinará si la nueva normativa británica, como la de algún otro Estado miembro, se atiene a las Directivas 95/46/CE y 97/66/CE.

(1) Directiva 97/66/CE del Parlamento y del Consejo de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones, DO L 24 de 30.1.1998.

(2) Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, DO L 281 de 23.11.1995.

(3) COM(2000) 379 final.