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PREGUNTA ESCRITA E-2067/00

de Joachim Wuermeling (PPE-DE) a la Comisión

(27 de junio de 2000)

Asunto: Obstáculos a la importación de vajillas en Turquía por causa del incremento de requisitos de certificación

Desde julio del año pasado Turquía exige para las importaciones de vajillas la presentación de un certificado turco. En el marco del control de mercancías, se retiran muestras de cada envío, que no se devuelven, y se exigen tasas. Ello conduce a una obstaculización de la importación y a la imposición de hecho de un impuesto de importación de aprox. un 20 % del valor de la mercancía.

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de este procedimiento de las autoridades turcas en el caso de la importación de vajillas tanto para uso privado y como para la hostelería?

2. ¿Opina la Comisión que la normativa turca en materia de importaciones supone una infracción del Acuerdo de asociación entre la UE y Turquía?

3. ¿Qué medidas prevé adoptar la Comisión ante dichas circunstancias?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(28 de julio de 2000)

El problema al que se refiere Su Señoría fue puesto en conocimiento de la Comisión por los representantes del sector privado.

La Comisión considera que estas medidas representan, sin duda, un obstáculo al comercio y que incumplen la Decisión 1/95 del Consejo de asociación CE-Turquía, de 22 de diciembre de 1995, relativa al establecimiento de la fase final de la Unión Aduanera(1).

Por consiguiente, la Comisión inició contactos con las autoridades turcas en enero de 2000 para resolver este problema en el marco del Comité Mixto de la Unión Aduanera.

(1) DO L 35 de 13.2.1996.
PREGUNTA ESCRITA P-1584/00

de Richard Howitt (PSE) a la Comisión

(12 de mayo de 2000)

Asunto: Accidente de esquí en Meribel, Francia

¿Considera la Comisión que el código de conducta del esquiador de la Federación Internacional de Esquí tiene valor jurídico en la Unión Europea y es igualmente aplicable en Francia y en el Reino Unido?

En relación con la cooperación en asuntos judiciales y con las normas del mercado único en materia de seguros, ¿cree la Comisión que la responsabilidad de un accidente ocurrido entre dos esquiadores británicos en Francia puede ser debidamente establecida por tribunales británicos, o que la compañía de seguros francesa que aseguraba a uno de estos esquiadores puede solicitar que el caso sea tratado ante un tribunal francés?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(23 de junio de 2000)

La Comisión no tiene ninguna información sobre un código de conducta del esquiador de la Federación Internacional de Esquí (ISF), por lo que no está en condiciones de contestar a la primera pregunta de Su Señoría.

Las cuestiones de jurisdicción en asuntos civiles se rigen, en los Estados miembros, por el Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, con las adaptaciones correspondientes. En principio, la demanda debe presentarse en el país del demandado. Sin embargo, el Convenio permite algunas alternativas. En caso de responsabilidad por actos lesivos, el demandante tiene la opción de presentar la denuncia en el país en donde tuvo lugar el daño. El Convenio de Bruselas establece también normas específicas referentes a la jurisdicción

en asuntos de seguros (artículos 8-12a). Según estas normas, en caso de seguro de responsabilidad civil el asegurador que cubre el riesgo de responsabilidad civil puede también ser demandado ante el tribunal donde la parte perjudicada ha emprendido el procedimiento contra el asegurado, cuando la ley del país lo permite (artículo 10, 1).

En el caso mencionado por Su Señoría, el Convenio permitiría emprender los procedimientos tanto en el Reino Unido como en Francia.
PREGUNTA ESCRITA E-1511/00

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(12 de mayo de 2000)

Asunto: Nombres de dominio

¿Qué medidas se están adoptando a escala europea para impedir el registro de nombres genéricos como nombres de dominio, práctica que proporciona indebidamente ventajas a determinadas empresas y personas?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(27 de junio de 2000)

La Comisión es plenamente consciente de las dificultades existentes en la Comunidad para combatir el registro especulativo y abusivo de nombres, incluidos los nombres genéricos como, por ejemplo, los nombres de dominio.

Tal como se anunció en la Comunicación de la Comisión sobre la organización y gestión de Internet(1), la Comisión iniciará una consulta pública sobre los principios contra el registro especulativo y abusivo de nombres.

(1) COM(2000) 202 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1295/00

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(19 de abril de 2000)

Asunto: Permisos de conducción y diabetes

El gobierno británico ha interpretado la Directiva 91/439/CEE(1) estimando que se debe prohibir la conducción de automóviles destinados al transporte de personas y automóviles cuya masa máxima autorizada exceda de 3 500 kilogramos, prácticamente a todas las personas aquejadas de diabetes que haga necesario un tratamiento de insulina.

1. ¿ Tiene la Comisión conocimiento de que algún otro Estado miembro haya introducido tales medidas restrictivas?

El gobierno británico aduce que su política es el resultado de una larga evaluación de expertos acerca de los peligros asociados a la conducción de vehículos de mayores dimensiones por parte de personas afectadas de diabetes que requiera un tratamiento de insulina. Sin embargo, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de los Comunes informó en febrero de 2000 que estas pruebas carecían de fuente fidedigna.

2. ¿Tiene la Comisión conocimiento de cualquier indicio que pudiese apoyar la interpretación de la Directiva que está aplicando el gobierno británico?

(1) DO L 237 de 24.1.1991, p. 1.

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(21 de junio de 2000)

La Directiva 91/439/CEE del Consejo del 29 de julio de 1991 sobre el permiso de conducción(1) establece en el punto 10 del anexo III que:

El permiso de conducción no debe expedirse ni renovarse a los candidatos o conductores de este grupo de afectados de una diabetes mellitus que haga necesario un tratamiento de insulina, salvo en casos muy excepcionales debidamente justificados mediante un dictamen médico autorizado y previa realización de revisiones médicas regulares.

Esto supone que en general se debe prohibir que personas con diabetes mellitus conduzcan camiones o autobuses, pues hay un riesgo de que sufran desvanecimientos mientras conducen tales vehículos con el consiguiente y obvio riesgo de producir un accidente grave.

Las disposiciones médicas establecidas en el anexo III de la Directiva se basan en el asesoramiento de médicos especialistas de toda la Comunidad.

Por lo que se refiere a la interpretación de la Directiva, corresponde a cada Estado miembro establecer como considere apropiado las normas concretas aplicables para establecer los casos muy excepcionales. No obstante, es evidente que esto no puede interpretarse como que todos los diabéticos que requieran un tratamiento de insulina pueden conducir camiones o autobuses.

(1) DO L 237 de 24.8.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-1389/00

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(4 de mayo de 2000)

Asunto: Mayor participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones

La representación femenina en los puestos de responsabilidad sigue siendo muy escasa tanto en el sector público como en el privado: en la Comisión Europea, por ejemplo, sólo un 19 % de los funcionarios de categoría A son mujeres; en el sector privado, en particular en el sector financiero, tal porcentaje sólo representa el 8,2 %.

Tal situación se debe, entre otras cosas, al alto coste de las infraestructuras para el cuidado de los niños y a la doble carga, vida profesional y familia/labores del hogar, que aún deben soportar las mujeres.

¿Cómo proyecta conseguir la Comisión que, en sus futuros planes de empleo, los Estados miembros adopten medidas concretas destinadas a subsanar tales problemas, ofreciendo, a este respecto, servicios de cuidado de los niños a precios razonables y sensibilizando a la población sobre la conveniencia de repartir equitativamente entre hombres y mujeres las tareas domésticas?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(16 de junio de 2000)

La conciliación de la vida privada y profesional es desde hace tiempo una prioridad de la política de igualdad entre los sexos de la Comisión. El Fondo Social Europeo y, en particular, la Iniciativa comunitaria de empleo NOW (1994-1999), así como las directrices de la nueva Iniciativa comunitaria EQUAL(1), mencionan explícitamente la necesidad de infraestructuras para el cuidado de los niños a fin de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

En la Decisión 2000/228/CE del Consejo, de 13 de marzo de 2000, relativa a las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para el año 2000(2), y en particular en la directriz 21, se pide a los Estados miembros que elaboren, apliquen y promuevan políticas favorables a la familia, incluidos servicios a precios asequibles, accesibles y de gran calidad, para el cuidado de niños y de otras personas dependientes, así como la introducción de permisos parentales y de otros tipos. La Comisión realiza un seguimiento continuo de la puesta en práctica de esta directriz en los planes nacionales de acción y, si descubriera una aplicación inadecuada, haría recomendaciones a los Estados miembros a fin de que mejoren la situación.

En el marco de la Decisión 95/593/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativa a un programa de acción comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000)(3), la Comisión ha financiado proyectos destinados a alentar a los hombres a hacerse cargo de las tareas de cuidado de personas dependientes.

(1) COM(2000) 853.

(2) DO L 72 de 21.3.2000.

(3) DO L 335 de 30.12.1995.
PREGUNTA ESCRITA E-1701/00

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Marcas de los huevos

Suecia ha sido el escenario de un debate sobre el derecho de la cadena de supermercados Gröna Konsum de vender huevos con la etiqueta huevos de gallinas criadas en baterías, huevos de gallinas criadas al aire libre y huevos ecológicos. Gröna Konsum controla minuciosamente a sus suministradores y efectúa un examen especial para las salmonelas. La Administración sueca de alimentación afirma sin embargo que la Unión Europea no autoriza ninguna marca distinta de las suyas es decir: huevos de gallinas criadas en baterías, huevos de gallinas criadas en el suelo, menos de siete gallinas por metro cuadrado, huevos de gallinas criadas en el suelo, más siete gallinas por metro cuadrado y gallinas al aire libre. La Administración sueca de alimentación afirma que Gröna Konsum no puede utilizar sus propias marcas en los huevos sino que debe seguir las disposiciones europeas en la materia. ¿Comparte la Comisión esta opinión de la Administración sueca de alimentación?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(14 de julio de 2000)

Sí, el apartado 1 del artículo 18 del Reglamento (CEE) no 1274/91 de la Comisión, relativo a determinadas normas de comercialización de los huevos(1), modificado por el Reglamento (CEE) no 2221/92(2), dispone que sólo podrán utilizarse, en los huevos y los embalajes, las menciones que figuran en ese artículo para indicar el tipo de cría, siempre que se cumplan las condiciones pertinentes establecidas en el anexo II de ese Reglamento.

Esas menciones, decididas en estrecha cooperación con las administraciones nacionales, tienen por objeto informar a los consumidores de manera clara e inequívoca. No obstante, las normas comunes de comercialización de los huevos no establecen términos o condiciones de producción para los huevos ecológicos.

(1) DO L 121 de 16.5.1991.

(2) DO L 218 de 1.8.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-1175/00

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(12 de abril de 2000)

Asunto: Utilización de coches de alquiler de terceros países

En su respuesta a la pregunta H-1190/98(1), la Comisión comunicó su intención de resolver la cuestión durante el primer semestre del año (esto es, 1999).

¿Puede decir si lo consiguió?

(1) Debates del Parlamento Europeo no 4-531 (enero de 1999).

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(19 de junio de 2000)

La Comisión se complace en informar a Su Señoría de que, en virtud del punto 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1662/1999 de la Comisión, de 28 de julio de 1999, que modifica el Reglamento (CEE) no 2454/93 por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el Código aduanero comunitario(1), que entró en vigor el 5 de agosto de 1999, se aportó una solución al problema mencionado en la pregunta H-1190/98, planteada en el turno de preguntas de la sesión de enero de 1999(2).

De acuerdo con la nueva disposición, las autoridades aduaneras podrán autorizar a una persona física, establecida en el territorio aduanero de la Comunidad, a utilizar dentro de él un vehículo alquilado fuera de dicho territorio, en virtud de un contrato escrito. Esta autorización estará sujeta a la condición de que los terceros países donde se alquilen y matriculen los vehículos autoricen la importación temporal de vehículos alquilados y matriculados dentro del territorio aduanero de la Comunidad en circunstancias similares. El vehículo deberá reexportarse o entregarse a una empresa de alquiler establecida en el territorio aduanero de la Comunidad para su reexportación posterior, dentro de los ocho días siguientes a la entrada en vigor del contrato.

(1) DO L 197 de 29.7.1999.

(2) Debates del Parlamento Europeo no 4-531 (enero de 1999).
PREGUNTA ESCRITA P-1905/00

de Michael Cashman (PSE) a la Comisión

(6 de junio de 2000)

Asunto: Contratos matrimoniales

¿Podría confirmar la Comisión que los contratos matrimoniales validados y firmados en virtud de la ley de uno de los Estados miembros no son válidos ante los tribunales de otro Estado miembro?

¿Podría la Comisión dar garantías al Parlamento Europeo de que introducirá medidas para proporcionar protección jurídica a los ciudadanos en situaciones semejantes?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(5 de julio de 2000)

Su Señoría pide a la Comisión que confirme si los contratos de matrimonio validados y firmados en virtud del Derecho de un Estado miembro no son válidos ante los tribunales de otro Estado miembro.

La Comisión comunica a Su Señoría que actualmente no existen normas comunitarias aplicables a los contratos de matrimonio y a los regímenes matrimoniales. Los convenios de Bruselas y Roma relativos, respectivamente, a la competencia judicial y a la ley aplicable a las obligaciones contractuales en materia civil y comercial excluyen los regímenes matrimoniales de su ámbito de aplicación. Del mismo modo, el Reglamento sobre la competencia judicial y el reconocimiento y ejecución de las decisiones en materia matrimonial excluye los contratos de matrimonio y los regímenes matrimoniales de su ámbito de aplicación. No obstante, la comunicación de la Comisión por la que se proponen unos indicadores para examinar los avances realizados en la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia(1) prevén, para abril del 2004, un estudio preliminar sobre la competencia judicial, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de los juicios en cuanto a regímenes matrimoniales.

Por ello la validez de los contratos de matrimonio celebrados en otro Estado miembro actualmente está regulada por las normas nacionales, en particular el Derecho internacional privado de cada Estado miembro.

Por otra parte, la Comisión observa que existe un convenio, concluido bajo los auspicios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, relativo a la ley aplicable a los regímenes matrimoniales pero este convenio sólo ha sido ratificado por tres Estados miembros: Francia, Luxemburgo y los Países Bajos.

(1) COM(2000) 167 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1621/00

de Nelly Maes (Verts/ALE) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Reclamación contra la empresa de Correos alemana por competencia desleal

Las normas europeas en materia de competencia estipulan que los servicios de correos no pueden utilizar los ingresos procedentes de los servicios reservados para la subvención cruzada de actividades en los sectores abiertos a la competencia. En Alemania, la Deutsche Post AG ostenta un monopolio legal para los servicios postales estándar. El servicio de paquetes es un servicio no reservado. Al contrario que el servicio postal normal, que obtiene beneficios, el servicio de entrega de paquetes registra pérdidas desde 1984. En 1994 se presentó a la Comisión Europea la primera de una serie de reclamaciones por competencia desleal.

El 21 de julio de 1999, la Comisión incoó un procedimiento contra la empresa de Correos alemana por ayudas estatales ilícitas. El juicio de la Comisión en este asunto supone una prueba para la eficacia y la credibilidad de la normativa relativa al sector de correos y a las ayudas estatales. Si las ayudas estatales falsifican la competencia, la sanción última que garantiza el cumplimiento de las normas europeas es la devolución de la ayuda estatal ilícita.

En otros casos en los que está implicada Alemania, la Comisión Europea ha aplicado integralmente las normas en materia de ayudas estatales y se ha obligado a las empresas alemanas a devolver las ayudas estatales ilícitas recibidas.

En el asunto de la reclamación contra la empresa de Correos alemana, ¿podrá resistir la Comisión la presión de Alemania y mantener la misma actitud decidida?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1621/00 y E-1646/00 dada por el Sr. Monti en nombre de la Comisión

(30 de junio de 2000)

El 20 de julio de 1999 la Comisión decidió incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88 (antiguo artículo 93) del Tratado CE por lo que se refiere a la posible ayuda estatal concedida a Deutsche Post AG.

El procedimiento examina todas las supuestas ayudas estatales concedidas a Deutsche Post AG.

La Comisión está examinando actualmente las observaciones recibidas del Gobierno alemán y de las partes interesadas. Puesto que el examen aún no ha concluido no podemos hacer ningún comentario sobre el posible resultado de las investigaciones.
PREGUNTA ESCRITA E-2714/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Coste medio del capital en la zona euro

¿Podría indicar la Comisión si, como consecuencia de la introducción del euro y del consiguiente crecimiento del mercado de bonos de empresa emitidos en, se ha reducido el coste medio real del capital para las empresas de la zona euro?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(19 de septiembre de 2000)

El mercado de eurobonos está experimentando cambios fundamentales como consecuencia de la introducción euro, el cambio tecnológico y la mundialización. La introducción del euro unificó once mercados nacionales en un mercado de obligaciones único, fundamentalmente más homogéneo. Estas características han sido la fuerza impulsora de los progresos en el mercado de los eurobonos, creando mayor transparencia, aumentando la competencia entre instituciones financieras y promoviendo el desarrollo de un mercado de obligaciones más amplio y líquido que estimule la seguridad y la desintermediación. Estos factores coadyuvan a aumentar la disponibilidad y a bajar el coste del capital para las empresas de la zona del euro.

En 1999 se vio un gran aumento de la emisión de deuda por el sector privado, en especial de bonos, que casi se cuadriplicaron con respecto a 1998. El significado de la evolución en los mercados de obligaciones de empresas es que el sistema financiero comunitario está predominantemente orientado por los bancos, en comparación con el sistema de los Estados Unidos, más orientado al mercado. El desarrollo del mercado de obligaciones de empresas ofrece una alternativa a la financiación bancaria tradicional y facilita considerablemente la extensa reestructuración actualmente en curso de la industria europea. El crecimiento del mercado de obligaciones de empresas tendrá, por lo tanto, consecuencias importantes para la financiación de la economía en general y para las fusiones, adquisiciones y reestructuración de empresas en especial.
PREGUNTA ESCRITA E-1200/00

de Adriana Poli Bortone (UEN) a la Comisión

(12 de abril de 2000)

Asunto: Municipio de Casarano

El 21 de marzo de 2000, en el municipio de Casarano (provincia de Lecce) tuvo lugar una manifestación titulada 5a Jornada de la memoria y del compromiso en recuerdo de las víctimas de las mafias, en cuyo patrocinio también intervenía la Comisión Europea.

¿Puede hacer saber la comisión en qué medida y con qué intervenciones prestó su apoyo a la iniciativa en cuestión?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(27 de junio de 2000)

La Comisión desea informar a Su Señoría de que no ha concedido apoyo moral, financiero o logístico alguno a la manifestación en cuestión. No obstante, el Presidente de la Comisión concedió su patrocinio a la iniciativa a título personal.
PREGUNTA ESCRITA E-1277/00

de Jan Andersson (PSE) a la Comisión

(19 de abril de 2000)

Asunto: Imposición fiscal de pensiones suecas en Finlandia

Tengo entendido que los ciudadanos finlandeses que vuelven a su país de origen tras haber trabajado en Suecia han de pagar impuestos por sus pensiones también a las autoridades finlandesas. Las personas afectadas consideran que se trata de una imposición fiscal doble injustificada, que frena además la libre circulación de trabajadores entre los dos países comunitarios.

¿Ha advertido la Comisión esta situación en relación con la imposición fiscal de pensiones suecas en Finlandia? ¿Existen planes, entre los trabajos en curso en la Comisión, que puedan contribuir a modificar la situación actual?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(9 de junio de 2000)

A falta de armonización a nivel comunitario, la asignación de derechos de imposición en las relaciones bilaterales, según lo ha confirmado recientemente el Tribunal de Justicia(1), es competencia de los Estados miembros. El mecanismo normal son los convenios para evitar la doble imposición. Aunque tales convenios no existen entre todos los Estados miembros, todos aquéllos que tienen fronteras comunes han celebrado convenios. Las relaciones entre Finlandia y Suecia se rigen por el Convenio de 23 de septiembre de 1996 celebrado entre los países nórdicos, modificado por un Protocolo de 6 de octubre de 1997.

Con arreglo al apartado 1 del artículo 18 de este Convenio, las pensiones pagadas por un Estado contratante (Suecia) a un residente de otro Estado contratante (Finlandia) son imponibles únicamente en el primer Estado mencionado (Suecia). Sin embargo, con arreglo a la letra d) del apartado 3 del artículo 25, cuando un residente de Finlandia obtenga ingresos que, de conformidad con las disposiciones del Convenio, únicamente sean imponibles en otro Estado contratante (Suecia), Finlandia podrá incluir dichos ingresos en la base imponible, pero permitirá que se deduzca del impuesto finlandés sobre la renta la parte del impuesto sobre la renta que sea atribuible a los ingresos derivados de ese otro Estado (Suecia).

Aunque el resultado de la letra d) del apartado 3 del artículo 25 pueda ser un incremento del impuesto progresivo pagado por otros ingresos en Finlandia, no parece darse ninguna doble imposición en las pensiones pagadas a los residentes finlandeses que han trabajado en Suecia. A falta de indicaciones de que se esté produciendo realmente esa doble imposición, es difícil ver qué medidas podría tomar la Comisión en este caso concreto. Sin embargo, cabe señalar que la Comisión está examinando actualmente el tratamiento fiscal del régimen de pensiones.

(1) Sentencia de 12 de mayo de 1998, asunto C-336/96, Sr. y Sra. Gilly, apartado no 30.