PREGUNTA ESCRITA E-0683/03

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(7 de marzo de 2003)

Asunto: Incumplimiento de la normativa sobre participación pública en la legislación de costas española

La Ley española 53/2002, de 30 de diciembre, sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, modifica determinados preceptos de la Ley 22/1988, de 28 de julio, sobre Costas.

El proceso de elaboración y aprobación de dicha Ley de acompañamiento se ha realizado desde la total ausencia de participación por parte de los ciudadanos y sectores directamente afectados. Teniendo en cuenta que muchos de estos sectores se han pronunciado, alegando una grave rebaja del nivel de protección de la costa, que se deriva de la modificación aprobada:

¿No considera la Comisión que el Reino de España ha aprobado la legislación mencionada vulnerando los aspectos de participación e información al público recogidos por las Directivas 85/337/CEE(1) y 90/313/CEE(2) y sus posteriores modificaciones?

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(2) DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(5 de mayo de 2003)

La cuestión planteada por Su Señoría sobre si la adopción de la legislación española de costas viola las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE del Consejo de 27 de junio de 1985 sobre la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados en el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997(1) y de la Directiva 90/313/CEE del Consejo de 7 de junio de 1990 sobre la libertad de acceso a la información sobre el medio ambiente, da pie a las siguientes observaciones:

La Directiva 85/337/CEE se aplica a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de aquéllos proyectos públicos o privados que amenacen con tener serios efectos sobre el entorno. A los efectos de dicha Directiva, se entiende por proyecto la realización de trabajos de construcción o de otras instalaciones u obras, u otras intervenciones en el medio natural o el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de los recursos naturales del suelo. Esta definición deja claro que la preparación y adopción de legislación no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 85/337/CEE.

La Directiva 90/313/CEE obliga a las autoridades públicas a solicitar el acceso a la información medioambiental. El proyecto de legislación que amenaza con tener repercusiones sobre el medio ambiente podría entrar dentro de la definición de información relativa al medio ambiente. A parte de la obligación de suministrar información al público sobre la situación del medio ambiente, esta Directiva no exige a las autoridades públicas que diseminen información activamente sobre la situación del medio ambiente. En la nota de Su Señoría no se hace referencia alguna al hecho de si se presentó una solicitud de acceso a la información sobre el medio ambiente a las autoridades públicas competentes y si éstas lo rechazaron. A falta de tal información, la Comisión no puede determinar si se han violado las disposiciones de la presente Directiva.

Teniendo en cuenta lo expuesto más arriba, la Comisión concluye que el problema planteado no entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 85/337/CEE y no se puede concluir que se hayan violado las disposiciones de la Directiva 90/313/CEE.

(1) DO L 73 de 14.3.1997.