PREGUNTA ESCRITA E-2954/01

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(25 de octubre de 2001)

Asunto: Políticas de inmigración comunes tras los ataques terroristas en los EE.UU.

Teniendo en cuenta el amplio abuso de las disposiciones de asilo en la Unión Europea durante los últimos años, la necesidad de preservar el apoyo de la opinión pública al principio de asilo para los verdaderos refugiados y el hecho de que, habida cuenta de los recientes atentados en los Estados Unidos, todavía es más importante asegurar que únicamente residen en Europa las personas que tienen derecho legal a ello, ¿está de acuerdo la Comisión en que una de las principales razones por la que para los traficantes de seres humanos sigue siendo rentable esta actividad y por la que muchas personas viven clandestinamente en la Unión Europea (incluidas muchas personas a las que los tribunales han denegado su solicitud de asilo y que después han desaparecido en la comunidad), es la falta de voluntad política en Europa para aplicar la ley y expulsar a todos aquellos que no tienen derecho a entrar ni a permanecer dentro de las fronteras de los Estados miembros?

En caso afirmativo, ¿no considera la Comisión que es indispensable que la nueva política de inmigración común que se está elaborando debe asegurar como mínimo:

- que el Consejo elabore una lista de los Estados que no practican la persecución estatal;

- que los Estados miembros acuerden una definición común de asilo, racionalicen los procedimientos de recurso y establezcan mecanismos para expulsar a las personas cuyas solicitudes se han considerado infundadas y que son aceptadas por otros Estados miembros;

- que la Unión Europea ejerza la aplicación de una presión política y económica sobre los Estados que se nieguen a readmitir a sus nacionales aduciendo que carecen de la documentación necesaria, se apliquen sanciones penales a las personas cuyas solicitudes se consideren infundadas, o que deban abandonar un Estado miembro por otro motivo, si se niegan a cooperar con las autoridades legítimas en la identificación de sus países de origen, y

- que ningún Estado miembro tenga leyes que impidan expulsar a los ciudadanos no comunitarios a los que no se les ha concedido el estatus de refugiado político?

¿Opina también la Comisión que a la Unión le interesa mostrarse flexible con relación al fundamento jurídico de propuesta común, en virtud de la cooperación reforzada, de modo que los Estados que como el Reino Unido no han transferido competencias en materia de control de la inmigración a la Unión Europea puedan acordar libremente cualquier medida a nivel intergubernamental, en un espíritu de cooperación europea que beneficie a la Unión en su conjunto?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(8 de enero de 2002)

Hay una serie de factores que han fomentado el contrabando y el tráfico en la Unión en los últimos años. Esta es la razón por la que, en su reciente Comunicación relativa a una política común de inmigración ilegal(1), la Comisión ha presentado propuestas encaminadas al establecimiento de un plan de acción específico que coordine y refuerce la intervención de los Estados miembros en diversos ámbitos con el fin de abordar las principales cuestiones de forma más eficiente y coherente. Entre los temas abordados cabe señalar: la política de visados, el análisis e intercambio de información, las medidas previas al cruce de fronteras, el desarrollo de una guardia de fronteras europea, el reforzamiento de la cooperación policial y judicial, y medidas tendentes a combatir el trabajo no declarado, ya que éste también puede fomentar la inmigración ilegal.

En cuanto a las políticas de repatriación de los Estados miembros, Su Señoría debe tener en cuenta que, según los datos sobre repatriación recogidos por Eurostat, el número de personas repatriadas por los Estados miembros no es insignificante. Por ejemplo, en el año 2000 fueron expulsadas 367 552 personas(2) y se facilitó la repatriación de otras 87 628 personas(3). Sin embargo, en el contexto de una política global de asilo y de inmigración de la Unión, la Comisión considera que el tema de la repatriación merece una reflexión a fondo con el fin de desarrollar un enfoque comunitario coherente que tenga en cuenta su complejidad. Al objeto de estimular este debate, la Comisión está preparando un Libro Verde sobre la política de repatriación para principios de 2002, que incluirá propuestas de normas y medidas comunes. A este respecto, el establecimiento de una política de readmisión coherente de la Unión fue considerado prioritario por el Consejo Europeo de Tampere, de los días 15 y 16 de octubre de 1999. Se han iniciado negociaciones sobre acuerdos en este ámbito con Rusia, Marruecos, Pakistán, Sri Lanka, Hong Kong y Macao, y recientemente se ha rubricado un primer acuerdo con la Región administrativa especial de Hong Kong.

En lo que se refiere al asilo, la Comisión trabaja basándose en el artículo 63 (antiguo artículo 73 K) del Tratado CE. A la luz de las conclusiones de Tampere, la Comisión ha presentado todas sus propuestas legislativas para una primera fase de armonización. En su Comunicación de noviembre de 2000 titulada Hacia un procedimiento de asilo común y un estatuto uniforme, válido en toda la Unión, para las personas a las que se concede asilo(4), que presenta el objetivo a largo plazo de la armonización de la Unión en este ámbito, la Comisión propuso opciones, escenarios y métodos para alcanzar este ambicioso objetivo. La Comisión señala a la atención de Su Señoría la reciente Comunicación de noviembre de 2001(5) sobre la política de asilo, por la que se introduce un método abierto de coordinación, que completa y apoya el proceso legislativo. Una de las cinco directrices europeas propuestas por la Comisión aborda el tema de las repatriaciones. Las Comunicación también incluye el primer informe de la Comisión sobre la aplicación de la Comunicación del 20 de noviembre y presenta una visión global de la política de la Unión en este ámbito.

Por otra parte, la Comisión también ha adoptado un documento de trabajo destinado al Consejo Europeo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de los días 6 y 7 de diciembre de 2001, que indica la forma de garantizar la seguridad interna al tiempo que se cumplen las obligaciones de protección internacional. Este documento proporciona una base para proseguir el debate a nivel europeo y propone algunos cambios a la legislación europea vigente y propuesta en el ámbito de la inmigración y el asilo.

En lo que respecta a la posición del Reino Unido, la Comisión recuerda a Su Señoría que, de conformidad con el Protocolo sobre dicha posición, adjunto a los Tratados, el Reino Unido no participa en la aprobación por parte del Consejo de las medidas propuestas con arreglo al Título IV del Tratado CE y tales medidas no son vinculantes ni aplicables en dicho país. No obstante, en un plazo de tres meses a partir de la presentación al Consejo, el Reino Unido puede notificar su deseo de

participar en la aprobación y aplicación de alguna medida propuesta. Este país también puede notificar su deseo de aceptar una medida en cualquier momento tras la adopción de la misma. En aras de la seguridad jurídica, la Comisión insiste en que las propuestas en estos ámbitos se apoyen en el fundamento jurídico adecuado.

(1) COM(2001) 672 final.

(2) Fuente: Eurostat. Sin datos para IRL, NL y UK; faltan datos para B, DK y L.

(3) Fuente: Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La mayoría de las repatriaciones voluntarias facilitadas se han efectuado a partir de Alemania (68 648 en 2000).

(4) COM(2000) 755 final.

(5) COM(2001) 710 final.