PREGUNTA ESCRITA P-1427/98

de Astrid Thors (ELDR) a la Comisión

(29 de abril de 1998)

Asunto: Legislación francesa sobre técnicas de cifrado

La legislación francesa en materia de telecomunicaciones limita de manera considerable el uso de técnicas de cifrado. Estas medidas se pueden observar también en el informe de la Comisión sobre cifrado y firmas digitales. Recientemente han entrado en vigor dos decretos en este país, que establecen las condiciones para su utilización y hacen del sector objeto de procedimientos de licencias o autorizaciones. Entre las limitaciones se puede mencionar que el denominado Third Trusted Party (TC, Terceros de Confianza), condición necesaria para que se autorice el cifrado, debe contar con mayoría de ciudadanos franceses en su administración. Además, las "claves" del cifrado deben encontrarse en el denominado TC, lo que implicaría que, desde el punto de vista legal, la comunicación que apareciera en forma cifrada en un PC no se podría utilizar en Francia.

¿Considera la Comisión que las normas y condiciones antes citadas son compatibles con las disposiciones del mercado interior? De no ser así, ¿qué medidas prevé la Comisión adoptar para garantizar que la posibilidad de ofrecer un servicio y asegurar la confidencialidad de la comunicación, también se pueda realizar en territorio francés?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(11 de junio de 1998)

Con arreglo a la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas(1), las autoridades francesas notificaron cuatro proyectos de decreto destinados a regular la utilización del cifrado en el ámbito de las telecomunicaciones. La Comisión hizo sus observaciones respecto a los cuatro proyectos de decreto. Recientemente, dichos decretos fueron formalmente adoptados por las autoridades francesas.

La legislación francesa distingue entre productos y servicios relativos a la confidencialidad y autentificaciones, es decir, firmas digitales y otros productos y servicios similares.

En lo que se refiere a los productos y servicios relativos a la confidencialidad, la legislación francesa establece normas de utilización, normas relativas al suministro de productos de bajo nivel de seguridad, a los prestadores de servicios establecidos en Francia y al suministro de otros productos y servicios. De acuerdo con la interpretación de la Comisión, no existen restricciones de utilización si el prestador del servicio está debidamente autorizado, de lo contrario se necesita una autorización previa. El suministro de productos de bajo nivel de seguridad debe ajustarse a un procedimiento de declaración previa. Los prestadores de servicios establecidos en Francia deben ajustarse a un procedimiento especial de autorización previa, y para los demás suministros de productos o servicios es necesario un procedimiento de autorización previa.

El procedimiento especial de autorización previa de los prestadores de servicios relativos a la confidencialidad establecidos en territorio francés no exige, en la versión que ha sido promulgada, que la mayoría de los miembros de la administración tengan nacionalidad francesa. El decreto sólo exige que los prestadores de servicios cuenten en su personal con un número suficiente de empleados cualificados según establece el Decreto 81-514, relativo a la protección de la información en los ámbitos de la defensa y la seguridad nacional.

La Comisión confirma la postura adoptada en la Comunicación sobre la firma digital y el cifrado(2), en la que declaró que seguiría de cerca la evolución de los Estados miembros en el ámbito del cifrado y que examinaría las disposiciones nacionales para evaluar su compatibilidad con el Tratado CE, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y los requisitos impuestos por la Directiva 95/46/CE del Parlamento y el Consejo, de 24 octubre 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(3) y por la Directiva 97/66/CEE del Parlamento y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones(4).

(1) DO L 109 de 26.4.1983.

(2) COM(97)503 final.

(3) DO L 281 de 23.11.1995.

(4) DO L 24 de 30.1.1998.