PREGUNTA ESCRITA P-2451/00

de Roberto Bigliardo (TDI) a la Comisión

(11 de julio de 2000)

Asunto: Instalación de un convertidor térmico en el término municipal de Acerra (Nápoles Italia)

¿Tiene conocimiento la Comisión de que el Presidente de la Giunta Regionale (Ejecutivo Regional) de Campania ha dispuesto, mediante la ordenanza no 161 (Boletín Oficial de la Región de Campania) de 26 de junio de 2000, la instalación de un convertidor térmico en la zona ASI (Área de Desarrollo Industrial) del término municipal de Acerra y ha fijado como fecha de inicio de las obras el 7 de junio de 2000, a pesar de que el Ayuntamiento de esta ciudad ha expresado en reiteradas ocasiones por unanimidad su rechazo a una instalación de este tipo?

En el término municipal de Acerra están implantadas industrias como la Montefibre, con un impacto ambiental preocupante, y la población se muestra especialmente preocupada por el hecho de que en la zona circundante, de Casalnuovo a Caivano, existan incineradoras de tipo industrial e instalaciones de dudosa calidad ecológica. De acuerdo con algunos estudios, la región de Acerra es una zona de riesgo por lo que se refiere a las muertes por cáncer.

¿Puede intervenir la Comisión ante el Ejecutivo Regional de Campania para evitar ante todo un conflicto de poderes con el Ayuntamiento de Acerra, que tiene todo el derecho de manifestar su oposición respecto de decisiones que vienen de arriba y que carecen de criterios adecuados, y, sobre todo, pedirle al mismo que convoque oportunamente una reunión de los servicios correspondientes, especialmente con objeto de evitar que, debido al clima de tensión en que vive la población, se produzcan problemas de orden público?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(7 de septiembre de 2000)

La Comisión es responsable de la aplicación adecuada del Derecho comunitario en todos los Estados miembros. Con arreglo al artículo 211 (antiguo artículo 155) del Tratado CE, Con objeto de garantizar el funcionamiento y el desarrollo del mercado común, la Comisión velará por la aplicación de las disposiciones del presente Tratado, así como de las disposiciones adoptadas por las instituciones, en virtud de este mismo Tratado. Con arreglo al artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE, Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia.

Los conflictos internos de poder entre los diferentes órganos de la administración italiana no son de competencia comunitaria. La Comunidad sólo es responsable de la aplicación correcta del Derecho comunitario.

En este caso concreto, las Directivas comunitarias sobre la evaluación del impacto ambiental (Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio 1985, relativa a la evaluación de las repecusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1) y la Directiva 97/11/CE de 3 de marzo 1985(2), por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE) constituyen la legislación comunitaria aplicable. La Comisión puede evaluar la situación a partir de esta base legal.

No obstante, según la información suministrada por su Señoría y al no existir motivos de queja sobre la aplicación del Derecho comunitario, actualmente no se ha constatado ninguna infracción de las mencionadas directivas.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.

(2) DO L 73 de 14.3.1997.