PREGUNTA ESCRITA E-2960/01

de Samuli Pohjamo (ELDR) y Mikko Pesälä (ELDR) a la Comisión

(25 de octubre de 2001)

Asunto: Mejora de la situación de las personas con discapacidad

El artículo 1 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo(1), de 27 de noviembre de 2000, establece lo siguiente: La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación []. Asimismo, el artículo 5 (Ajustes razonables para las personas con discapacidad) de la misma directiva establece que a fin de garantizar la observancia del principio de igualdad de trato en relación con las personas con discapacidades, se realizarán ajustes razonables. Esto significa que los empresarios tomarán las medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta, para permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo, tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente, o para que se les ofrezca formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario []. La aplicación de esta directiva es de una importancia fundamental, ya que las personas con discapacidad siguen siendo objeto de actitudes negativas tanto en su trabajo como en la sociedad en general. El Consejo adoptó una posición sobre esta cuestión en su Resolución de 17 de junio de 1999(2), en la que insta a los Estados miembros a que pongan especial énfasis en fomentar las oportunidades de empleo de las personas minusválidas.

1. ¿De qué modo se garantiza la aplicación de la directiva por lo que respecta, en particular, a la lucha contra la discriminación en el trabajo y en el ámbito profesional de las personas con discapacidad y a los ajustes razonables mencionados en el artículo 5?

2. ¿Qué significa exactamente la frase que aparece en el artículo 5 salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario? Si el empresario tiene, unilateralmente, el derecho de considerar qué medidas le suponen una carga excesiva, ¿cómo puede evitarse que, amparándose en tal pretexto, la persona con discapacidad sea discriminada injustificadamente, por ejemplo, en el momento de la contratación?

3. ¿Cuáles son las medidas de la Unión Europea citadas en el artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales relativas al fomento de la autonomía de las personas minusválidas, de la integración social y profesional y de la participación en la sociedad? ¿Cómo se han hecho realidad tales medidas hasta el día de hoy? ¿Es posible mejorar aún más la situación?

4. ¿Hay, en un futuro próximo, planes previstos de proyectos destinados a mejorar situaciones como las expuestas previamente, en particular, destinados a mejorar la situación de las personas con discapacidad? En caso afirmativo, ¿cuáles son esos planes?

(1) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.

(2) DO C 186 de 2.7.1999, p. 3.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(12 de diciembre de 2001)

1. Con arreglo a lo establecido en el artículo 18 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 2 de diciembre de 2003. No obstante, también se prevé que, a fin de tener en cuenta condiciones particulares, los Estados miembros podrán disponer, cuando sea necesario, de un plazo adicional de tres años a partir del 2 de diciembre de 2003, para poner en aplicación las disposiciones de la presente Directiva relativas a la discriminación por motivos de edad y discapacidad.

La Comisión ha creado un grupo de trabajo compuesto por funcionarios de los Estados miembros responsables de la puesta en práctica de la Directiva, cuyo principal objetivo es facilitar la transposición de la Directiva a la legislación nacional mediante la organización de un foro de debate, el intercambio de información y la coordinación del trabajo.

La transposición de la Directiva a la legislación nacional otorgará derechos directamente aplicables a la protección contra la discriminación por motivos de discapacidad, entre los que se encuentra el derecho a recurrir ante un tribunal en caso de discriminación injusta.

Para muchas personas con discapacidad, una importante barrera para la igualdad de oportunidades, de participación o de rendimiento en el trabajo puede ser alguna característica de la situación laboral que les impida una participación en condiciones de igualdad.

No es posible establecer una lista exhaustiva de los tipos de ajustes que se necesitan para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad en el empleo. Será preciso examinar cada caso en función de sus propias circunstancias y sus méritos. Una vez dicho esto, se ofrece cierta orientación en el vigésimo considerando de la Directiva, en el que se declara lo siguiente: es preciso establecer medidas adecuadas, es decir, medidas eficaces y prácticas para acondicionar el lugar de trabajo en función de la discapacidad, por ejemplo adaptando las instalaciones, equipamientos, pautas de trabajo, asignación de funciones o provisión de medios de formación o encuadre.

2. En el artículo 5 de la Directiva se dispone que, en los casos en los que el empresario pueda demostrar que el ajuste propuesto suponga una carga excesiva para el funcionamiento de su empresa, no se considerará discriminatoria la no introducción del ajuste. La carga de la prueba recae en el empresario, que debe demostrar que un ajuste concreto supondría una carga excesiva, y las personas con discapacidad tienen derecho a plantear objeciones sobre el ajuste. El considerando 21 establece que para determinar si las medidas en cuestión dan lugar a una carga desproporcionada, deberían tenerse en cuenta, particularmente, los costes financieros y de otro tipo que éstas impliquen, el tamaño, los recursos financieros y el volumen de negocios total de la organización o empresa y la disponibilidad de fondos públicos o de otro tipo de ayuda. Por tanto, lo que se considere una carga desproporcionada deberá decidirse en función de cada caso.

3. Además de las medidas mencionadas destinadas a luchar contra las discriminaciones, la Comunidad pone en práctica diferentes acciones para favorecer la inserción socioprofesional de las personas con discapacidad. Así pues, el Fondo Social Europeo, que es el principal instrumento con el que la Comunidad concede ayudas a las personas con discapacidad, apoya una amplia gama de acciones entre las que se incluyen programas de iniciación a la vida profesional, empleos protegidos temporales y otras etapas intermedias, así como el empleo no asalariado y la creación de cooperativas para las personas con una discapacidad mental o una discapacidad física grave.

Asimismo, se conceden importantes ayudas a través de la iniciativa comunitaria Equal, cuyo objetivo es la cooperación transnacional para promover nuevos medios de lucha contra todas las formas de discriminación y de desigualdad relacionadas con el mercado de trabajo. Por otra parte, se conceden ayudas a un gran número de proyectos centrados en las necesidades de las personas con discapacidad a través de los programas comunitarios de investigación o de otros programas generales, tales como Sócrates, Leonardo da Vinci, Promoción de la salud, Daphne, Phare, Tacis, etc.

También se han emprendido diferentes iniciativas con el objetivo de favorecer la accesibilidad a las infraestructuras, a los medios de transporte y a las nuevas tecnologías. Estas iniciativas se enumeran en la Comunicación de 12 de mayo de 2000 Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad(1).

4. El programa de acción comunitario para luchar contra la discriminación (2001-2006) (Decisión 2000/750/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000)(2) prevé una serie de medidas destinadas a apoyar y completar los esfuerzos de los Estados miembros y de la Comunidad a fin de elaborar legislaciones y políticas eficaces de lucha contra la discriminación hasta 2006. Entre estas medidas figuran actividades destinadas a reforzar la capacidad de acción de las organizaciones de personas con discapacidad, así como la de las propias personas con discapacidad, para luchar contra las discriminaciones que sufren.

Asimismo, con el objetivo de promover una mejor comprensión de la discapacidad y de estimular a todos los niveles una movilización de todas las partes interesadas, la Comisión ha propuesto que se declare el año 2003 Año Europeo de las personas con discapacidad(3). En concreto, el objetivo de este Año Europeo es sentar las bases de un progreso duradero, mediante la información y la sensibilización de la población, y abrir de esta manera el camino a nuevas iniciativas legislativas y políticas.

(1) COM(2000) 284 final.

(2) DO L 303 de 2.12.2000.

(3) DO C 240 E de 28.8.2001.