PREGUNTA ESCRITA E-1165/01

de Alexander de Roo (Verts/ALE), Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE), Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE), María Sornosa Martínez (PSE) y Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(19 de abril de 2001)

Asunto: El secreto en torno a 83 informes científicos sobre el Plan Hidrológico español

En octubre de 2000, el Gobierno español solicitó a 130 científicos la elaboración de informes sobre diferentes aspectos del proyecto del Plan Hidrológico Nacional. El plazo estaba fijado para finales de noviembre de 2000. Ochenta y tres de ellos elaboraron un informe, en su mayoría de carácter crítico. Ahora, el Gobierno español se niega a hacer públicos esos 83 estudios. El Gobierno español ni siquiera autoriza a sus autores a publicarlos y por ello mantiene una disputa con uno de los científicos, que ha publicado su informe en Internet.

¿Es este proceder del Gobierno español conforme con la legislación de la UE relativa al acceso a la información sobre el medio ambiente?

¿Tiene la Comisión acceso a estos 83 estudios?

¿Tiene la Comisión Europea la intención de instar al Gobierno español a que haga públicos estos estudios?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(26 de junio de 2001)

La Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente(1) establece en su artículo 3 que las autoridades públicas están obligadas a poner la información relativa al medio ambiente a disposición de cualquier persona física o jurídica que lo solicite y sin que dicha persona esté obligada a probar un interés determinado.

El apartado 4 de dicho artículo precisa que las autoridades públicas deberán responder a los interesados lo antes posible y dentro de un plazo de dos meses. La denegación de la información solicitada debe justificarse y estar basada en una de las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 3.

Por otro lado, el artículo 4 de la Directiva 90/313/CEE establece que la persona que considere que su solicitud de información ha sido denegada o ignorada sin motivo justificado, o que haya recibido una respuesta inadecuada por parte de una autoridad pública, podrá presentar un recurso judicial o administrativo contra la decisión de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional en la materia.

La Directiva 90/313/CEE se transpuso al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 38 de 13 de diciembre de 1995, modificada por la Ley 55 de 29 de diciembre de 1999, que introduce vías de recurso nacionales.

Partiendo únicamente de los hechos señalados en la pregunta escrita, la Comisión no puede establecer si las autoridades españolas han recibido una solicitud de información a la que pudieran no haber dado el curso debido, incurriendo así en una posible violación de las disposiciones de la Directiva.

En caso de que la autoridad competente hubiera denegado una solicitud de información, incumpliendo así las disposiciones de la Directiva, correspondería al solicitante interesado interponer el recurso previsto en el artículo 4 ya citado de la Directiva y en la legislación española de transposición.

La Comisión no dispone de los 83 estudios mencionados en la presente pregunta escrita.

El Derecho comunitario no atribuye a la Comisión competencia alguna para instar al Gobierno español a publicar dichos estudios.

(1) DO L 158 de 23.6.1990.