PREGUNTA ESCRITA E-2614/98

de Ernesto Caccavale (UPE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Incumplimiento de las normas en materia de libre competencia por parte de "Italia Lavoro"

El Sr. Romano Prodi, Presidente del Gobierno italiano, ha presentado recientemente al Senado y a la Cámara de Diputados los nuevos proyectos de su gobierno destinados a estimular el desarrollo de la economía en el sur del país. Además del incentivo ya existente de 18 millones destinado a las empresas que empleen a trabajadores en trabajos de utilidad social (Lavori socialmente utili, LSU) y de los incentivos a la movilidad territorial, el Presidente del Gobierno ha anunciado que se ha encomendado a "Italia Lavoro", empresa pública del antiguo grupo GEPI, la tarea de crear una sociedad de trabajo temporal que aplique a los trabajadores empleados en los LSU las condiciones del mercado y todos los incentivos económicos y fiscales ya previstos. Todo ello coincidiendo con el lanzamiento de la Agenzia per il Sud, cuyas actividades se dirigirán expresamente a la creación de un determinado número de puestos de trabajo, previamente establecido cada año.

- ¿No considera la Comisión necesario y conveniente comprobar la regularidad del procedimiento aplicado por el Gobierno italiano en esta atribución, dado que en realidad no se ha convocado una convocatoria de concurso público que hubiere permitido una participación en pie de igualdad de todas las empresas que se ocupan de trabajo temporal y que, por lo tanto, se ha aplicado incumpliendo abiertamente el principio de libre competencia?

- ¿No considera la Comisión que existen razones suficientes para temer que "Italia Lavoro" termine por constituir un monopolio de la gestión del trabajo temporal, que puede suponer de hecho una excepción a las leyes nacionales y europeas, eliminando toda posibilidad de competencia y de mercado para las demás empresas que se ocupan de trabajo temporal y con el riesgo posterior de que se vuelvan a crear situaciones peligrosas de clientelismo y asistencialismo?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión

(13 de octubre de 1998)

Los servicios del sector del empleo entran en la categoría 22 del anexo I.B de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios(1). Según el artículo 9 de esta Directiva, los contratos que tengan por objeto servicios que figuran en el anexo I.B se otorgarán de conformidad con los artículos 14 (normas técnicas comunes) y 16 (obligación de publicar la intención de adjudicar un contrato de servicio público). Los hechos señalados por Su Señoría no indican que se haya vulnerado cualquiera de estas disposiciones.

Con respecto a la aplicación de las reglas de competencia europeas a "Italia Lavoro", la situación de una compañía en una posición dominante en virtud de la concesión de derechos especiales o exclusivos a una empresa no constituye en principio, como tal, una infracción de las reglas de competencia del Tratado CE.

El Tribunal de Justicia, en su sentencia de 23 de abril de 1991(2), dictaminó que la concesión de un monopolio legal a una oficina nacional de empleo no implica necesariamente una infracción de los artículos 90.1 y 86 del Tratado CE. Habría infracción, en cambio, si el mero ejercicio de ese derecho llevara inevitablemente a un abuso de poder en el mercado en el sentido del artículo 86 del Tratado CE. Así sucedería, por ejemplo, si la empresa es incapaz de satisfacer la demanda y el monopolio impide que un competidor intente satisfacer esa demanda.

Sobre la base de los hechos señalados por Su Señoría no es posible evaluar si "Italia Lavoro", que tiene concedido el derecho a suministrar determinados servicios en el sector del empleo, está en una posición dominante, ni tampoco, si así fuera, si abusa de esta posición dominante en el ejercicio de sus derechos.

(1) DO L 209 de 24.7.1992.

(2) Asunto c-41/90, Höfner y Elsner v. Macrotron, ECR I-1979.