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PREGUNTA ESCRITA E-2590/00

de Isidoro Sánchez García (ELDR) al Consejo

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Previsiones del Consejo sobre las medidas a aplicar a las Regiones Ultraperiféricas para desarrollar el artículo 299.2 TCE

En coherencia con las declaraciones del Presidente en ejercicio, Sr. Chirac, en el Pleno del Parlamento Europeo del mes de julio, donde hizo referencia explícita a las Regiones Ultraperiféricas con ocasión de expresar los ejes de actuación de la Presidencia francesa durante el segundo semestre del año 2000, ¿cuáles son las previsiones del Consejo en lo que se refiere a la adopción de medidas a aplicar a las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea, al objeto de desarrollar el artículo 299.2 del TCE?

Respuesta

(9 de noviembre de 2000)

La Comisión presentó al Consejo el 14 de marzo de 2000 un informe sobre las medidas destinadas a poner en práctica el apartado 2 del artículo 299 del Tratado, relativo a las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

Tras dicho informe la Comisión elaboró un programa de trabajo con vistas a realizar las medidas destinadas a poner en práctica el apartado 2 del artículo 299.

No obstante, hasta la fecha no se ha sometido al Consejo ninguna propuesta formal de la Comisión y, por consiguiente, el Consejo no puede dar una respuesta más precisa a Su Señoría sobre las previsiones de adopción por su parte de las medidas específicas de aplicación del apartado 2 del artículo 299.
PREGUNTA ESCRITA E-2955/00

de Emmanouil Mastorakis (PSE) a la Comisión

(20 de septiembre de 2000)

Asunto: Política regional de la Unión Europea

Dado que la inminente ampliación supone una mayor amplitud de las desigualdades regionales y una reducción del PNB per cápita medio de la Unión Europea, es evidente que la Comisión deberá presentar a su debido tiempo una propuesta integrada sobre el carácter de la política regional, los criterios de aplicación y el volumen de los recursos presupuestarios tras el año 2006.

¿Qué se propone hacer la Comisión al respecto?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2955/00 y E-2966/00 dada por el Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(7 de noviembre de 2000)

En enero de 2001, la Comisión adoptará el Segundo Informe de Cohesión Económica y Social que será presentado al Parlamento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 (antiguo artículo 130b) del Tratado CE.

En dicho informe, se abordará la situación y la evolución de las regiones en el contexto de una Unión Europea ampliada, se evaluará el impacto de las políticas comunitarias sobre cohesión y se propondrán orientaciones para la política de cohesión que se aplique a partir del 2006.

La Comisión desea que este segundo informe constituya el punto de partida de un gran debate sobre el futuro de dicha política. A este respecto organizará en mayo de 2001 una reunión a la que invitará a todos los miembros del Parlamento así como a todos los agentes del desarrollo regional en los Estados miembros y en los países candidatos a la adhesión.
PREGUNTA ESCRITA E-2602/00

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(1 de agosto de 2000)

Asunto: Reforma de la organización común del mercado del aceite de oliva

1. ¿Cuánto tardará la Comisión en proceder a la reforma de la organización común del mercado del aceite de oliva?

2. ¿Cuáles serán sus principales características?

3. ¿Tendrá en cuenta la Comisión la crisis que afecta al mercado del aceite de oliva y que ha conducido a una dramática caída de los precios para los productores?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(29 de septiembre de 2000)

1. La Comisión se ha comprometido a presentar una propuesta de reforma durante el año 2000 con vistas a su aplicación en la campaña 2001/02, tal como establece el Reglamento (CE) no 1638/98 del Consejo, de 20 de julio de 1998, que modifica el Reglamento no 136/66/CEE por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas(1).

2. La Comisión no dejará de informar y consultar al Parlamento al respecto en el momento oportuno.

3. La respuesta es afirmativa.

(1) DO L 210 de 28.7.1998.
PREGUNTA ESCRITA P-2530/00

de Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) a la Comisión

(25 de julio de 2000)

Asunto: Incendios en el sur de Europa

Habida cuenta de los terribles incendios que han asolado el sur de Europa, en particular Grecia, a lo largo de los últimos meses, y ante la enorme cuantía de fondos que se requieren para indemnizar a los damnificados y rehabilitar el medio ambiente, ¿tiene la Comisión intención de desbloquear fondos extraordinarios para remediar esta situación?

Respuesta complementaria del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de octubre de 2000)

La Comisión está sumamente preocupada por los incendios forestales que asolaron Grecia este verano y, especialmente, por el drama vivido por las personas afectadas por los siniestros.

La Comisión no dispone de un mecanismo financiero de ayuda de emergencia en favor de los Estados miembros que pudieran intervenir para colaborar con los Estados miembros del sur y concretamente con Grecia para hacer frente a los daños causados por esta oleada de incendios.

No obstante, los Estados miembros interesados podrán hacer uso de los fondos comunitarios, en cumplimiento de la normativa y demás decisiones, reglas y acuerdos que los rigen, para reparar los daños sufridos por las infraestructuras públicas y adquirir el equipo de lucha contra incendios necesario.

Por lo que respecta a la reconstrucción del patrimonio y los espacios naturales, algunos programas operativos ya aprobados o en fase de negociación contemplan intervenciones fundamentadas en el sexto guión del apartado 1 del artículo 30 del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos(1), las cuales podrían contribuir a subsanar las necesidades de reconstrucción detectadas.

Además, la Comisión desea informar a Su Señoría de que el 17 de julio de 2000 aprobó, en virtud del Reglamento (CEE) no 2158/92 del Consejo de 23 de julio de 1992, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios(2), un programa dotado con 3,75 M (1,675 de los cuales de ayuda comunitaria) para la protección de los montes en Grecia durante el año 2000. Este programa incluye entre otras medidas la creación de pistas, cortafuegos y puntos de agua, la ejecución de operaciones silvícolas preventivas y la realización de actividades de vigilancia.

(1) DO L 160 de 26.6.1999.

(2) DO L 217 de 31.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-3196/00

de Esko Seppänen (GUE/NGL) a la Comisión

(12 de octubre de 2000)

Asunto: Financiación comunitaria de las organizaciones no gubernamentales

Dentro de los límites del presupuesto anual de la UE, la Comisión puede financiar las actividades de las ONG en distintos países. Puesto que las subvenciones deberían ser públicas y transparentes, ¿podría indicar la Comisión a qué organizaciones y con qué cantidades ha subvencionado la Comisión o su representación en Finlandia con cargo al presupuesto de 1999?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(8 de diciembre de 2000)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-3243/00

de Neil MacCormick (Verts/ALE) a la Comisión

(20 de octubre de 2000)

Asunto: Travesías marítimas cortas

Mi anterior pregunta (pregunta oral QH-0699/00)(1) sobre los transbordadores a las penínsulas de Escocia se refería a dos trayectos en particular. ¿Puede confirmar la Comisión que la respuesta a mi pregunta también es aplicable a los trayectos que enlazan a Gourock con Kilcreggan y con Helensburgh?

(1) Respuesta escrita de 6 de septiembre de 2000.

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(1 de diciembre de 2000)

Como ya sabe Su Señoría, la Comisión ha discutido con el ejecutivo de Escocia la manera de hacer que las rutas que actualmente opera CalMac sean conformes al Derecho Comunitario y, en particular, al Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo)(1) y las directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo(2). Dado que dos de estas rutas (Gourock/Dunoon y Tarbert/Portavadie) enlazan localidades de tierra firme, la Comisión solicitó información detallada sobre los servicios proporcionados para estas rutas y las características específicas de las localidades de destino. Tal y como señaló la Comisión en su respuesta a la pregunta oral H-0699/00 de Su Señoría formulada en la Sesión Plenaria de septiembre de 2000(3), la información presentada sugería que estos dos servicios podían ser, a los efectos del artículo 4 del Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, equiparables a los servicios regulares con (o entre) las islas, dado que una alternativa por tierra es poco realista o excesivamente larga.

Como las autoridades locales y no CalMac, son las que proporcionan el servicio entre Gourock y Helensburgh vía Kilcreggan, la Comisión no ha examinado atentamente dicho servicio. Sin embargo, se ha solicitado información al ejecutivo escocés sobre los servicios marítimos no proporcionados por CalMac, como las rutas Gourock/Kilcreggan/Helensburgh, que pueden ser operadas dentro de las obligaciones del servicio público. Cuando esta información esté disponible, la Comisión podrá pronunciarse al respecto.

(1) DO L 364 de 12.12.1992.

(2) DO C 205 de 5.7.1997.

(3) Debates del Parlamento Europeo (septiembre de 2000).
PREGUNTA ESCRITA E-2700/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Ayudas a la agricultura y adhesión de Eslovenia

1. ¿En cuánto calcula la Comisión los costes adicionales anuales que se derivarían de extender a Eslovenia las actuales ayudas agrícolas cuando este país ingrese en la UE,

a) suponiendo que su actual producción agrícola siguiera como ahora, y

b) realizando una proyección en función de los cambios en los incentivos a los precios a medida que las políticas estructurales y de ayudas se vayan adaptando a las actuales políticas comunitarias?

2. ¿En cuánto se calcula el coste anual, en cada caso, para el Fondo de Garantía y para los Fondos Estructurales?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2690/00, E-2691/00, E-2695/00, E-2699/00, E-2700/00 y E-2701/00 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(29 de septiembre de 2000)

Para calcular los costes adicionales anuales de las ayudas agrícolas derivados del ingreso en la Comunidad de Polonia, la República Checa, Chipre, Hungría, Eslovenia y Estonia, sería necesario conocer con un razonable grado de certidumbre la fecha, los términos y las condiciones de la adhesión de estos países a la Comunidad. Dichos aspectos tendrán que ser definidos en las negociaciones para la adhesión de estos países, cuyo capítulo agrícola se abrió para la negociación en junio de 2000. En consecuencia, cualquier estimación de costes realizada a partir de los supuestos mencionados por Su Señoría tendría inevitablemente un carácter hipotético, especulativo e incierto. En el estado actual del proceso de negociación, por lo tanto, la Comisión no está en condiciones de responder a las preguntas formuladas por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-2617/00

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(1 de agosto de 2000)

Asunto: Aparatos de televisión en blanco y negro/sistema de preferencias generalizadas

¿Puede la Comisión aclarar qué importaciones a la UE están cubiertas por el sistema de preferencias generalizadas?

¿Qué trato reciben en este sistema los aparatos de televisión en blanco y negro?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(26 de septiembre de 2000)

Los productos que están cubiertos por el sistema de preferencias generalizadas comunitario (SPG) figuran en los anexos I y VII del Reglamento (CE) no 2820/98 del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, relativo a la aplicación de un plan plurianual de preferencias arancelarias generalizadas durante el período comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 31 de diciembre de 2001(1).

Para beneficiarse de tipos de derechos preferenciales, un producto debe provenir de un país beneficiario que pueda acogerse al SPG, según las normas de origen establecidas en el Reglamento (CE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario(2), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1602/00 de la Comisión, de 24 de julio de 2000(3). Además, debe presentarse un certificado de origen modelo A del SPG, expedido por el organismo gubernamental pertinente del país beneficiario al realizar el despacho de aduanas en la Comunidad.

Los receptores de televisión en blanco y negro clasificados en el código 8528 13 00 de la nomenclatura combinada están cubiertos por el SPG. Se consideran como no sensibles en el plan actual de la Comunidad y pueden importarse en consecuencia libres de derechos de aduana (apartado 4 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 2820/98), siendo el tipo normal del arancel aduanero común aplicable en el año 2000 del 2 %. En virtud del mecanismo de graduación contemplado en el artículo 3 de este reglamento, los productos malasios no gozan de franquicia de derechos.

Se aplican a estos receptores de televisión dos criterios de origen distintos. El valor de los materiales no originarios utilizados no debe superar el 40 % del precio en fábrica del producto, ya que el valor de estos materiales no puede exceder al de los materiales originarios utilizados, o bien el valor de los materiales no originarios utilizados no debe superar el 25 % del precio en fábrica del producto.

(1) DO L 357 de 30.12.1998.

(2) DO L 253 de 11.10.1993.

(3) DO L 188 de 26.7.2000.
PREGUNTA ESCRITA P-3035/00

de Ian Hudghton (Verts/ALE) a la Comisión

(20 de septiembre de 2000)

Asunto: IFOP y enfermedades de los peces

¿Puede la Comisión indicar si se han dado casos en que se hayan aplicado las nuevas disposiciones del IFOP que entraron en vigor el 1 de enero para permitir a los Estados miembros compensar a los pescadores por las enfermedades de los peces? En caso afirmativo, ¿puede la Comisión proporcionar detalles de dichos casos, a qué Estados miembros se refieren y el nivel de la ayuda prevista?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(10 de octubre de 2000)

Hasta la fecha, la Comisión no tiene noticia de ayuda alguna que haya podido concederse, al amparo de los programas estructurales para el período 2000-2006 en el sector de la pesca y la acuicultura, como compensación por las enfermedades de los peces.

Durante la ejecución de un programa, la Comisión se cerciora de que se apliquen los criterios de admisibilidad establecidos en la normativa comunitaria y los criterios de selección fijados por el programa considerado. Sin embargo, la selección de los distintos proyectos compete al organismo de gestión designado por el Estado miembro. La Comisión recibe información sobre los pormenores de los proyectos realizados a través de los informes anuales de ejecución, que habrán de presentarse por primera vez en 2001.
PREGUNTA ESCRITA P-3080/00

de Francisca Sauquillo Pérez del Arco (PSE) a la Comisión

(22 de septiembre de 2000)

Asunto: Nombramientos en la Comisión

La Comisión Europea está redefiniendo tareas y prioridades en el área de las relaciones exteriores y la cooperación al desarrollo. En este marco, la Comisión nombró recientemente al nuevo Director General del Servicio Común de Relaciones Exteriores, sin embargo no se ha hecho lo propio con el Director General de la DG-Desarrollo.

¿Puede explicar la Comisión a qué se debe el retraso en el nombramiento de un nuevo Director General de desarrollo considerando la necesidad de que la reorganización del SCR y de la DG Desarrollo tengan lugar de manera paralela para evitar disfunciones entre dos organismos que deben trabajar en estrecha conexión?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(27 de octubre de 2000)

Como su Señoría debe saber, la Comisión tenía el propósito de reorganizar simultáneamente el Servicio Común de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Desarrollo. De esta forma, los dos puestos de Director General se publicaron al mismo tiempo y con un mismo plazo para la presentación de las candidaturas (11 de julio).

Una vez concluido el procedimiento de selección aplicable a los altos cargos, la Comisión decidió en su reunión del 26 de julio de 2000 nombrar al Sr. Bonacci Director General del Servicio Común de Relaciones Exteriores. En ese momento, sin embargo, no se tomó ninguna decisión con respecto al Director General de Desarrollo.

La Comisión discutió este nombramiento en su reunión del 13 de septiembre, decidiendo no cubrir la vacante de Director General de Desarrollo sino, conservando las candidaturas presentadas al amparo de la letra a) del apartado 1 del artículo 29 del Estatuto de los funcionarios comunitarios, proceder a la publicación simultánea del puesto a nivel interinstitucional (letra c) del apartado 1 del artículo 29) y exterior (apartado 2 del artículo 29). Con el fin de garantizar que las exigencias de ese cargo se cumplan plenamente, la Comisión, antes de tomar una decisión definitiva, ha querido brindar la oportunidad de que presente su candidatura el mayor número posible de personas que estén potencialmente cualificadas para el puesto. Este segundo paso responde perfectamente al código de conducta de la Comisión que se adoptó el pasado mes de diciembre para el nombramiento de los altos cargos.

En estos momentos se dispone ya de las respuestas a la publicación del puesto, por lo que la Comisión acometerá de inmediato las siguientes fases del proceso de nombramiento.
PREGUNTA ESCRITA E-1640/00

de Alejandro Agag Longo (PPE-DE) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Competencia en las comunicaciones

La introducción de la competencia en el sector de las comunicaciones es, a día de hoy, un objetivo perseguido, con más o menos intensidad, por todos los Estados miembros de la Unión y corroborado por la Comisión en la recomendación de las grandes orientaciones de política económica. Por otra parte, es bien sabido que existen distintas formas de otorgar licencias a los distintos operadores encargados de conformar el susodicho tejido competitivo. Recientemente, hemos sabido por los medios de comunicación que el Estado británico ha ingresado unos 36 000 millones de dólares (6,3 billones de pesetas) como consecuencia de la subasta de licencias de telefonía móvil de tercera generación.

Siendo conscientes del necesario grado de subsidiariedad de estas decisiones, ¿considera la Comisión que los distintos métodos de concesión de licencias son neutrales respecto a los procesos de apertura a la competencia? O dicho de otro modo, ¿no piensa la Comisión que los elevados precios que se alcanzan en estas subastas pueden suponer una adulteración a priori de la competencia al condicionar la fijación de precios a posteriori y al espolear procesos de concentración empresarial basados únicamente en la posibilidad de hacer frente a la subasta?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(11 de septiembre de 2000)

El número de operadores a los que pueden concederse frecuencias para la oferta de servicios móviles de tercera generación está limitado según la norma UMTS por el espectro de frecuencia disponible, resultando inevitable un procedimiento de selección. Las directivas comunitarias establecen que esta selección debe basarse en criterios objetivos, proporcionales, transparentes y no discriminatorios. El

respeto de estos criterios es indispensable para no falsear la competencia entre los operadores potenciales. Como la Comisión precisó en su respuesta a la pregunta escrita P-1839/2000 del Sr. Van Velzen(1), los Estados miembros pueden aplicar el procedimiento de selección que estimen oportuno siempre que respeten estos principios.

La elección entre un procedimiento de adjudicación al mejor postor y un procedimiento de adjudicación a la mejor oferta influye en el desarrollo de estos servicios, que dependen de diversos factores (duración de la licencia, modalidades de pago, obligación de cobertura geográfica, obligación de itinerancia), así como de las estrategias de las empresas afectadas y de las reacciones de los consumidores. Por ello, estos efectos deben apreciarse caso por caso.

(1) DO C 89 E de 20.3.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-2490/00

de Raffaele Costa (PPE-DE) al Consejo

(24 de julio de 2000)

Asunto: Las condiciones de detención en Italia

¿Qué opina el Consejo de la situación de las cárceles italianas en lo relativo a los derechos de los ciudadanos?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2488/00 y E-2490/00

(7 de noviembre de 2000)

La política de empleo en el medio penitenciario es competencia de los Estados miembros. Con arreglo al principio de subsidiariedad, la acción comunitarias en materia de empleo se limita a alentar la cooperación entre los Estado miembros y a apoyar y, en su caso, completar la acción de los mismos en las condiciones previstas en los artículos 125 y siguientes del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-2740/00

de Theresa Villiers (PPE-DE) al Consejo

(3 de agosto de 2000)

Asunto: Coste de adoptar el euro

1. ¿Ha realizado el Consejo un cálculo de lo que costará el adoptar el euro a los 11 países que forman parte actualmente de la eurozona y del coste estimado para Grecia cuando se incorpore en el 2001? ¿Puede facilitar un desglose de esas cifras?

2. ¿Ha realizado el Consejo un cálculo de lo que costará a Dinamarca, Suecia y el Reino Unido el adoptar el euro, si dichos países expresan el deseo de llevarlo a cabo?

Respuesta

(16 de noviembre de 2000)

El Consejo no ha realizado ningún cálculo de los costes derivados de la introducción del euro, que son sufragados en parte por el sector público y en parte por el privado.

No obstante, hay que tener presente que estos costes se producen sólo una vez, mientras que la supresión definitiva de los costes relacionados con el tipo de cambio entre los Estados miembros que adopten el euro generará importantes ventajas a largo plazo, tanto para el sector privado como para el sector público.