PREGUNTA ESCRITA E-0685/03

de Marie Isler Béguin (Verts/ALE), José Mendiluce Pereiro (PSE)y Alexander de Roo (Verts/ALE) a la Comisión

(7 de marzo de 2003)

Asunto: Plan Hidrológico Nacional español, Fondos Estructurales y balance costes-beneficios

La Comisión europea está estudiando la petición del Gobierno español de cofinanciar con fondos de la UE las obras previstas por el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y, en particular, las que tienen relación con los trasvases del Ebro hacia la zona metropolitana de Barcelona y hacia el Levante español.

Según un grupo de científicos(1), el balance económico costes-beneficios de estos trasvases arrojaría en ambos casos un resultado negativo. El balance sería de 2 204,02 Meuros, sin contabilizar los costes derivados de mejorar la calidad de las aguas trasvasables para usos urbanos, ni los costes del cambio climático, y de 3 556,34 Meuros, incluyendo estos costes. Frente a esta situación, los mismos científicos proponen fórmulas de aprovechamiento y gestión hídrica alternativas(2). Estas fórmulas se basan en la gestión de la demanda más que en el incremento de la oferta de agua, y corresponden a una política de desarrollo sostenible que toma en cuenta la capacidad de carga del litoral y la necesidad de una planificación integrada de las zonas costeras (Integrated Coastal Zone Management), como recomienda la misma Comisión.

Un reciente estudio de la Universidad de Berkeley confirma también las dudas sobre la viabilidad socioeconómica de estos trasvases, ratificando las críticas de los autores anteriormente citados de la Universidad española y criticando la ausencia de un estudio financiero que permita garantizar quién pagaría y cómo se aseguraría el pago de estos trasvases. En el mismo trabajo, se citan proyectos similares que han supuesto grandes fracasos financieros en EE UU(3).

Según el Reglamento (CE) no 1260/1999(4), las intervenciones estructurales para grandes proyectos tales como las infraestructuras de los trasvases del Ebro deben basarse sobre un análisis de los costes y de la utilidad socioeconómica de los mismos, con indicación del índice de utilización previsto y del efecto previsible en el desarrollo o en la reconversión de la región afectada.

1. ¿No opina la Comisión que la política de los trasvases del PHN no tiene sólidas bases en lo que se refiere al análisis costes-beneficios y que, por lo tanto, se deberían tomar en cuenta propuestas alternativas antes de autorizar su cofinanciación por parte de los Fondos Estructurales y, en particular, del FEDER?

2. ¿La Comisión estaría dispuesta en destinar los recursos financieros pedidos por las autoridades españolas para cofinanciar los trasvases del Ebro a medidas alternativas tales como las mencionadas en esta pregunta?

(1) Arrojo Agudo P. y otros, Análisis y valoración socioeconómica de los trasvases del Ebro, WWF European Office, septiembre 2002.

(2) Para la zona metropolitana de Barcelona: aumentar la eficiencia de las redes urbanas, reducir las demandas mediante programas de buenas prácticas domésticas y industriales y, como última opción, desalar aguas marinas. Para el Levante español: controlar las explotaciones ilegales de regadíos, poner en marcha un programa socio-ambiental de reconversión del regadío, desarrollar un banco de aguas que permitiera transferir, desde un enfoque de mercado intervenido por la Administración, derechos concesionales o de propiedad entre particulares; aumentar la eficiencia de las redes urbanas y, también como última opción, desalar aguas marinas.

(3) A. Horne & others, A technical review of the Spanish National Hydrological Plan (Ebro river out-of-basin diversion), Fundación Universidad Politécnica de Cartagena, 7 de enero de 2003.

(4) DO L 161 de 26.6.1999, p. 1.

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2003)

En aplicación del principio de subsidiariedad, son los Estados miembros los que deben seleccionar los proyectos que vayan a ser cofinanciados por los programas de los Fondos Estructurales.

No obstante, los Estados miembros están obligados a notificar a la Comisión aquellos proyectos para los que se solicite la cofinanciación comunitaria y cuyo coste sobrepase el umbral de 50 millones de euros que establece el artículo 25 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo(1). Dichos proyectos deben cumplir todos los requisitos exigidos para los grandes proyectos, en especial los dispuestos en el artículo 26 de ese mismo Reglamento, así como los establecidos en cualquier otra normativa comunitaria que sea pertinente al caso.

(1) Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (DO L 161 de 26.6.1999).