PREGUNTA ESCRITA E-0565/98 de Karla Peijs (PPE) a la Comisión (4 de marzo de 1998)

Asunto: Eficacia de la legislación en materia de lucha contra el fraude en relación con medios de pago distintos de pago en metálico

Las legislaciones en materia de lucha contra el fraude en los nuevos medios de pago varían considerablemente de un Estado miembro a otro. En la mayoría de ellos no existe una legislación penal relativa al dinero electrónico almacenado en las tarjetas prepagadas. Las prácticas utilizadas en los distintos países difieren sustancialmente. Las discrepancias y las lagunas presentes en las legislaciones y las políticas plantean dificultades importantes en la lucha contra la delincuencia organizada, lo que podría comprometer la confianza del público en los nuevos medios de pago y dificultar el pleno funcionamiento del Mercado Único. En 1995, los operadores de las tarjetas de pago internacionales conjuntamente con las tres asociaciones europeas del sector del crédito pusieron debidamente este hecho en conocimiento de la Comisión.

La Comisión ha admitido en varios documentos la necesidad de una iniciativa en este ámbito. Sirvan de ejemplo el Libro Verde de la Comisión sobre las modalidades de transición a la moneda única (mayo de 1995, ¶ 136), la política de la Comisión relativa a los nuevos medios de pago (XV/111/96 de 21 de junio de 1996, p. 7) y la Iniciativa europea de comercio electrónico (COM(97)157, ¶ 49). El Plan de acción del Consejo para luchar contra la delincuencia organizada (97/C251/01, adoptado el 28 de abril de 1997) encargó al Consejo y a la Comisión «abordar el fraude y la falsificación en relación con los nuevos tipos de instrumentos de pago, como los electrónicos» (orientación política no 15, Parlamento. 6).

¿Puede la Comisión comunicar sus intenciones en este ámbito e informar al Parlamento Europeo de los avances que se han producido hasta la fecha?

Respuesta de la Sra.Gradin en nombre de la Comisión (31 de marzo de 1998)

Al aprobar un plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada ((Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada (adoptado por el Consejo el 28 de abril de 1997), DO C 251 de 15.8.1997. )), el Consejo Europeo de Amsterdam demostró, en junio de 1997, la determinación de la Comunidad en adoptar un enfoque coherente y coordinado. El Plan de acción pide al Consejo y a la Comisión que examinen y dirijan, para finales de 1998, el ámbito de acción del fraude y la falsificación en relación con todos los medios de pago, incluidos los electrónicos. La Comisión responderá a esta petición proponiendo un conjunto de medidas para ser consideradas por los organismos pertinentes, con el fin de promover un «entorno de seguridad» adecuado para los pagos.

Con este fin, la Comisión ha comenzado un trabajo preparatorio con todas las partes involucradas (la industria de sistemas de pago, las pequeñas y medianas empresas (PYME) y los consumidores) para determinar la amplitud del problema y la naturaleza de cualquier solución. Aunque todavía no se encuentra en condiciones de formular un conjunto de medidas definitivo, la Comisión cuenta ya con varias conclusiones preliminares.

En primer lugar, la respuesta debería evitar referirse exclusivamente a instrumentos de pago específicos. Cualquier respuesta parcial podría derivar en arbitraje político, de manera que el fraude y la falsificación se desviarían hacia medios y sistemas alternativos. Por consiguiente, la Comisión comparte la opinión de que el fraude debería tratarse respecto a todos los medios de pago, incluidos los electrónicos.

En segundo lugar, la comprensión del problema requiere la evaluación de las formas potenciales de comportamiento ilícito. Mientras que los delitos pueden referirse a los medios de pago, el fraude y la falsificación pueden tener también lugar en las transacciones o preparativos de la actividad delictiva. Por consiguiente, la Comisión opina que, dada la rápida innovación tecnológica y de servicios, debería evitarse una codificación de delitos demasiado precisa.

En tercer lugar, se necesita consistencia a nivel internacional para garantizar la efectividad. Habrá que prestar atención a la coherencia y a la compatibilidad de enfoques dentro de la Comunidad. Con este fin, resulta de importancia significativa que todas las partes implicadas (autoridades, industria y grupos de usuarios) traten de coordinar sus iniciativas en los foros y grupos internacionales correspondientes, estableciendo, cuando sea posible, un acuerdo conjunto. Por consiguiente, al elaborar un enfoque íntegro, la Comisión procurará maximizar el ámbito de colaboración y cooperación a todos los niveles y de todas las formas apropiadas.

Por último, ninguna iniciativa individual, ya sea legislativa o no, ofrecerá la solución óptima al problema. Es más bien la aplicación de un conjunto de acciones exhaustivo y consistente, diseñado para prevenir el fraude y para sancionar el comportamiento fraudulento cuando haya tenido lugar, lo que permitirá atajar el problema de raíz. En este contexto, la Comisión determinará si la falta de leyes armonizadas para luchar contra el fraude constituye una desventaja significativa y cual sería la mejor línea de acción que habría que adoptar.