PREGUNTA ESCRITA E-1686/02

de Gerhard Schmid (PSE) a la Comisión

(12 de junio de 2002)

Asunto: Congelación de cuentas bancarias ejecución de las medidas

El 27 de diciembre de 2001 entró en vigor el Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo(1) sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo.

¿Cómo aplican los Estados miembros este Reglamento en la práctica?

¿En qué forma se comunica a los bancos qué cuentas han de congelar?

¿A través de qué cauces se efectúa esta comunicación?

(1) DO L 344 de 28.12.2001, p. 70.

Respuesta comúna las preguntas escritas E-1685/02 y E-1686/02dada por el Sr. Patten en nombre de la Comisión

(9 de julio de 2002)

Con arreglo a la Resolución 1373(2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo adoptó, el 27 de diciembre de 2001, la Posición Común 2001/931/PESC, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo(1), el Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo(3), y la Decisión 2001/927/CE del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, por la que se establece la lista prevista en el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo(4). Estos instrumentos prevén, en concreto, la congelación de fondos, otros activos financieros y recursos económicos de las personas, grupos y entidades enumerados por el Consejo.

El 2 de mayo de 2002, el Consejo actualizó las listas de personas, grupos y entidades sujetos a estas medidas por medio de la Posición Común 2002/340/PESC(2) y la Decisión 2002/334/CE(5) del Consejo. Las listas de esta institución incluyen datos de identificación, pero no números de cuentas bancarias.

A resultas de dicha actualización, en estos momentos las medidas de congelación se aplican a ocho personas físicas y doce grupos y entidades. Como hasta la fecha sólo dos Estados miembros han comunicado la cantidad (4 500 euros) que se ha congelado, la Comisión carece de información precisa sobre la repercusión de las medidas contempladas en el Reglamento (CE) no 2580/2001. No obstante, cabe señalar que casi todos los grupos y entidades fueron incluidos en la lista el 2 de mayo de 2002 y que las ocho personas han sido procesadas en los Estados Unidos por actos terroristas en Oriente Medio y el Sudeste de Asia.

La orden de congelación consta de dos elementos: congelación de las cuentas y recursos económicos de las personas, grupos y entidades enumerados en las listas, y prohibición de que cualesquiera fondos y recursos económicos se pongan a disposición de los mismos. La obligación de denegar fondos y recursos económicos compete a todos los agentes económicos en la Comunidad y ciudadanos de la Unión que mantienen relaciones con los incluidos en las listas, por lo que es difícil cuantificar la incidencia de tal prohibición. No obstante, es muy probable que su repercusión sobre tales grupos y entidades sea mayor que la incidencia de la congelación de las cuentas que puedan tener en la Comunidad.

El Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo es directamente aplicable en todos los Estados miembros. Por consiguiente, todos los agentes económicos en la Comunidad y los ciudadanos de la Unión tienen la obligación legal de aplicar la medida de congelación. Están obligados a, por un lado, identificar y congelar las cuentas pertenecientes a las personas, grupos y entidades incluidos en las listas y, por otro, denegar cualesquiera fondos y activos financieros o recursos económicos que pudieran deber a tales personas, grupos y entidades. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 2580/2001, también deben proporcionar a las autoridades competentes cualquier información que pueda facilitar el cumplimiento de tal Reglamento.

Corresponde a las autoridades competentes verificar si los reglamentos se aplican y publicar directrices o instrucciones sobre las modalidades de aplicación de estas medidas.

La Comisión, por su parte, estudia en la actualidad con la Federación Europea de Banca y otras asociaciones pertinentes las posibilidades de simplificar la ejecución de las medidas de congelación y solventar los problemas que surgen en su aplicación.

El Reglamento prevé que los Estados miembros deben determinar las sanciones (administrativas o penales) aplicadas en caso de infracción de las disposiciones del mismo. Corresponde también a los Estados miembros adoptar las medidas necesarias para procesar a los ciudadanos y agentes económicos que cometan infracciones.

(1) DO L 344 de 28.12.2001.

(2) DO L 116 de 3.5.2002.

(3) DO L 344 de 28.12.2001.

(4) DO L 344 de 28.12.2001.

(5) DO L 116 de 3.5.2002.