PREGUNTA ESCRITA E-1228/96 de Ian White (PSE) a la Comisión (23 de mayo de 1996)

Asunto: Aplicación de la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente

Se ruega a la Comisión que indique lo siguiente:

1. Para la aplicación plena de dicha Directiva por parte de los Estados miembros, ¿están obligados éstos a adoptar medidas que garanticen la realización de evaluaciones de las repercusiones sobre el medio ambiente para los proyectos con posible repercusión significativa sobre el mismo, enumerados en el Anexo II de la Directiva (85/337/CEE) ((DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.))? En caso de resultar necesario, ¿para qué fecha habrán de adoptarse esas medidas?

2. ¿Qué Estados miembros han adoptado ya las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de la Directiva 85/337/CEE en lo relativo a las explotaciones agrícolas intensivas de terrenos incultos (Anexo II, 1b)?

3. ¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para garantizar el pleno cumplimiento de dicha Directiva por parte de los Estados miembros?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (17 de julio de 1996)

1. La Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente establece que los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas en el Anexo II deben someterse a una evaluación cuando los Estados miembros consideren que sus características lo exigen (apartado 1 del artículo 4).

A tal fin, los Estados miembros pueden especificar, en particular, determinados tipos de proyectos que deban someterse a una evaluación o establecer criterios o umbrales necesarios para determinar cuales, entre los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas en el Anexo II, deben ser objeto de una evaluación (apartado 2 del artículo 4). Se deduce de dicho artículo que los Estados miembros disponen de un amplio margen de libertad para decidir si un proyecto recogido en el Anexo II ha de someterse o no a una evaluación de impacto.

Los Estados miembros tienen obligación de establecer un sistema que les permita decidir si un proyecto recogido en el Anexo II ha de someterse o no a una evaluación de este tipo. Las formas contempladas a tal efecto en el apartado 2 del artículo 4 son indicativas, de manera que los Estados miembros pueden adoptar otras distintas. Dicha obligación entró en vigor el mismo día que la Directiva, es decir, en julio de 1987 para los doce Estados miembros y el 1 de enero de 1994 para Austria, Finlandia y Suecia en el marco del Espacio Económico Europeo.

2 y 3. Conforme a lo establecido en el artículo 155 del Tratado CE, la Comisión, en su calidad de salvaguarda del Tratado, vela por que los Estados miembros incorporen correcta y oportunamente las disposiciones de las directivas. Cuando un Estado miembro no lo hace así, la Comisión incoa el procedimiento contemplado en el artículo 169 del Tratado CE, que puede dar lugar a que el Tribunal de Justicia condene a dicho Estado miembro por no incorporar la directiva de que se trate o por hacerlo incorrectamente.

La Comisión se ha cerciorado de la adecuada incorporación de la Directiva 85/337/CEE en los ordenamientos jurídicos nacionales por lo que se refiere a los aspectos mencionados por Su Señoría. En este contexto, el Tribunal de Justicia ha condenado a Bélgica por incorporación incorrecta de dicha Directiva. Asimismo, se están tramitando procedimientos por infracción contra Italia, Irlanda y España.

Se está estudiando la legislación de los tres Estados miembros nuevos (Austria, Finlandia y Suecia). Todos los demás Estados miembros han instaurado procedimientos satisfactorios en relación con los aspectos a que alude Su Señoría.