PREGUNTA ESCRITA E-1287/00

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(19 de abril de 2000)

Asunto: Graves problemas de desertificación en Valencia (España)

Recientemente se ha celebrado en Valencia (España) un congreso sobre desertificación organizado por la Sociedad Europea de Conservación de los Suelos (ESSC). Entre las conclusiones de los más de 400 científicos expertos que han participado en el certamen, destaca la afirmación de que España es el país con mayor riesgo de pérdida de suelo de toda Europa (el 60 % del territorio español está gravemente afectado por la desertificación). En concreto, en la Comunidad Valenciana, el problema afecta al 40 % del territorio, siendo irrecuperable entre un 5 % y un 7 % de dicho suelo afectado.

En unas declaraciones del comisario Fischler (véase la respuesta a la pregunta E-1563/95(1)) la Comisión afirmaba que la clave de la lucha eficaz contra la desertificación se encuentra en una utilización del suelo sensata y compatible con las necesidades del medio ambiente, combinada con una gestión racional y prudente de los recursos hídricos. Por otro lado, cabe destacar que con una intencionalidad parecida se están llevando a cabo los trabajos para la puesta en marcha de la futura Directiva Marco del Agua.

Actualmente, sin embargo, en la mencionada Comunidad Autónoma de Valencia:

- se están produciendo determinadas prácticas agrícolas y urbanísticas que afectan seriamente a los diferentes niveles freáticos en zonas como Les Marínes, la Marjal de Almenara, la Marjal de Peñíscola o la Marjal de Pego-Oliva,

- se están proyectando trasvases, como el de Xucar-Vinalopó, que afectarán al lago de la Albufera (zona protegida dentro de LIFE),

- sigue aumentando la contaminación por nitratos del agua por culpa de una deficiente conservación del suelo,

- se está construyendo un parque temático (Terra Mítica) cuya demanda de agua se calcula que duplicará en el 2002 el déficit hídrico de una zona gravemente afectada por las sequías,

- se están o se han instalado campos de golf (Peñíscola, Benidorm y Finestrat, Manises) sin ninguna planificación ni previsión en referencia a los recursos hídricos, etc.

¿No considera la Comisión que todas las prácticas descritas entran en contradicción no sólo con el Convenio de la Lucha contra la Desertificación, suscrito por España, sino también con los postulados por los cuales el Estado español y el Gobierno valenciano reciben y gestionan fondos FEDER, FEOGA y de Cohesión para conseguir un uso sostenible del suelo?

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para instar al Gobierno español y al autonómico a una lucha efectiva y concreta contra el grave problema de la desertificación que afecta en especial a la Comunidad Valenciana y para lo cual se recibe la citada financiación comunitaria?

(1) DO C 311 de 22.11.1995, p. 4.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(3 de julio de 2000)

La Comisión confirma que la actual normativa comunitaria en materia de política de aguas no garantiza una gestión sostenible de todas las aguas. Por este motivo, en respuesta a la iniciativa de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, la Comisión propuso al Parlamento y al Consejo una directiva marco sobre aguas(1). El Consejo adoptó una posición común en octubre de 1999(2). El Parlamento emitió su dictamen (2a lectura) en febrero de 2000(3). El desarrollo del procedimiento de conciliación parece indicar que la adopción definitiva se producirá a mediados de 2000.

La directiva marco sobre aguas establecerá una serie de ambiciosos objetivos ambientales, tales como prevenir el deterioro del estado de las aguas subterráneas, regenerar masas de agua subterránea y garantizar un equilibrio entre la extracción y la alimentación de dichas aguas letra b) del apartado 1 del artículo 4, exigirá una gestión de las aguas basada en las cuencas fluviales (planes hidrológicos de cuenca) que garantice la protección de las aguas superficiales y subterráneas (artículo 3), y obligará a los Estados miembros a adoptar medidas jurídicamente vinculantes a fin de alcanzar este objetivo, tales como medidas de control de la captación de aguas dulces superficiales y subterráneas y de embalse de aguas dulces superficiales, con inclusión de un registro o registros de captación y embalse. Únicamente podrán quedar exentas de estas obligaciones las captaciones que no repercutan de manera significativa en el estado del agua letra d) del apartado 3 del artículo 11.

Una vez adoptada la directiva, la Comisión velará por que se incorpore a los ordenamientos jurídicos nacionales y se aplique de manera adecuada, para lo cual recurrirá a los instrumentos previstos en el Tratado CE incluido el artículo 226 (antiguo artículo 169) y procederá a la información y consulta de todas las partes interesadas. Además, la directiva garantizará la apertura y transparencia en este ámbito al obligar a los Estados miembros a informar a los ciudadanos y otras partes interesadas de los planes hidrológicos de cuenca que elaboren.

Por otra parte, cabe señalar que la nueva política de desarrollo rural adoptada por el Consejo en junio de 1999 se ha convertido en el segundo pilar de la política agrícola común. El apoyo al desarrollo rural sostenible, vinculado a las actividades agrícolas y a su reconversión, puede destinarse, entre otras cosas, a la conservación y promoción de una agricultura sostenible de elevado valor natural que respete las exigencias medioambientales. Otros objetivos de dicha política son el desarrollo sostenible de los bosques, la conservación y mejora de los recursos forestales y el crecimiento de las superficies forestales. Asimismo, también podría preverse la cofinanciación de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente. Estas diversas medidas pueden contribuir a luchar contra la desertificación en las zonas mencionadas por Su Señoría. Corresponde al Estado miembro afectado presentar sus programas de desarrollo rural, de conformidad con el principio de subsidiariedad.

Con arreglo al Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(4), la Comisión y los Estados miembros deben velar por que la protección del medio ambiente se integre en la definición y aplicación de la acción de los Fondos. El Fondo de Cohesión concede ayuda financiera para proyectos que contribuyan a alcanzar los objetivos fijados en el Tratado CE en los sectores del medio ambiente y de las redes transeuropeas de infraestructuras de transporte.

También debe señalarse a este respecto que España está incluida en el Anexo IV (Mediterráneo norte) de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, al igual que Portugal, Italia y Grecia. Estos Estados miembros ya han elaborado o están elaborando programas de acción

nacionales y regionales para luchar contra la desertificación y han celebrado una serie de reuniones en las que ha participado la Comisión. La Convención se aplica sobre la base de los programas de acción nacionales y regionales. La Comunidad, en su calidad de parte contratante, está especialmente interesada en que dicha Convención se aplique en la región del Mediterráneo norte.

(1) Propuestas de la Comisión: DO C 184 de 17.6.1997, DO C 16 de 20.1.1998 y DO C 108 de 7.4.1998.

(2) Posición común del Consejo (CE) no 41/1999 de 22.10.1999; DO C 343 de 30.11.1999.

(3) No publicado en el DO hasta la fecha.

(4) DO L 161 de 26.6.1999.