PREGUNTA ESCRITA E-2777/02

de Robert Goebbels (PSE) a la Comisión

(3 de octubre de 2002)

Asunto: Directiva sobre el impacto

La Comisión acaba de tomar medidas con respecto a Francia, el Reino Unido, Italia y Austria, sobre el incumplimiento de las disposiciones de la directiva relativa a la evolución de la incidencia sobre el medio ambiente de determinados proyectos públicos y privados. Si para ello la Comisión puede efectivamente basarse en textos comunitarios aprobados en buena y debida forma, la cuestión que se plantea cada vez con mayor insistencia es saber si la Directiva sobre el impacto sigue siendo conforme al principio de subsidiariedad. La Directiva sobre el impacto es de hecho anterior al Tratado de Maastricht, que consagra el principio según el cual la Comunidad no intervendrá sino en la medida en que los objetivos de la acción prevista no puedan realizarse de forma suficiente por los Estados miembros.

Me parece evidente que una municipalidad, una autoridad regional o un parlamento nacional están en mejores condiciones que los servicios de la Comisión para juzgar la utilidad y el impacto medioambiental de una instalación de tratamiento de desechos, un proyecto de concentración parcelaria, o un proyecto de circunvalación viaria de una ciudad. En realidad, la Comisión, al recurrir al Tribunal de Justicia o al remitir un dictamen motivado a un Estado miembro, actúa en general como instrumento de los opositores locales contra los proyectos, quienes hacen uso de todo tipo de procedimientos para retrasar la realización de infraestructuras juzgadas útiles por las autoridades elegidas democráticamente.

¿No es hora de que la Comisión en su conjunto ponga fin a ésta guerra de procedimientos perjudicial para el interés público definido por las autoridades competentes de los Estados afectados, y de que proponga una adaptación de la Directiva sobre el impacto respetuosa con el principio de la subsidiariedad?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(8 de noviembre de 2002)

Incumbe a la Comisión garantizar la aplicación correcta de la legislación comunitaria de acuerdo con los poderes que le confiere el Tratado CE. Según el artículo 211 del Tratado CE, con objeto de garantizar el funcionamiento y el desarrollo del mercado común, la Comisión velará por la aplicación de las disposiciones del presente Tratado, así como de las disposiciones adoptadas por las instituciones en virtud de este mismo Tratado. Por ello, la Comisión toma todas las medidas necesarias, incluidos los procedimientos de infracción del artículo 226 del Tratado CE, para garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria. El principio de subsidiariedad no afecta a la misión de la Comisión mencionada en el artículo 211 del Tratado CE.

En particular, en lo que se refiere a la cuestión específica planteada por Su Señoría, la Comisión está de acuerdo en que las autoridades locales son las más indicadas para evaluar la utilidad de un proyecto o sus repercusiones sobre el medio ambiente. Sólo las autoridades competentes de los Estados miembros son responsables de realizar los procedimientos, evaluaciones y determinaciones establecidos en la Directiva 85/337/CEE(1) del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, ya fuera antes o después de su modificación por la Directiva 97/11/CE(2) del Consejo, de 3 de marzo de 1997. Sin embargo, la Comisión considera que está en disposición y tiene derecho a verificar y garantizar que esos procedimientos, evaluaciones y determinaciones, llevados a cabo por quien corresponde, se ajusten a la legislación comunitaria y, en particular, a la Directiva 85/337/CEE.

Además, hay que señalar que la Directiva 97/11/CE, que ha hecho más estrictas las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE, se aprobó en marzo de 1997 después de ratificarse y entrar en vigor el tratado de Maastricht.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.

(2) DO L 73 de 14.3.1997.