PREGUNTA ESCRITA E-2476/99

de Monica Frassoni (Verts/ALE) a la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

Asunto: Denuncia por acoso

El 20 de noviembre de 1998, un experto nacional en comisión de servicio en la Comisión Europea presentó una denuncia por acoso ante sus superiores, reiterándola el 4 de diciembre de ese mismo año.

No se tomaron medidas de protección algunas, a pesar de las recomendaciones de la Comisión.

El 25 de febrero de 1999, dicho experto fue obligado a abandonar sus funciones en condiciones particularmente humillantes, y su solicitud de renovación de contrato, que contaba con el apoyo de la Comisión, fue rechazada.

Todo parece indicar que nos hallamos ante una transgresión de los principios de protección de las víctimas que figuran en las recomendaciones de la Comisión.

La Comisión sólo decidió abrir una investigación interna tres meses después de la presentación de la primera denuncia.

Esta investigación todavía no ha concluido.

1. ¿Qué procedimiento se utiliza en los casos de denuncias por acoso en la misma Comisión Europea?

2. ¿Qué medidas de protección existen?

3. ¿Qué sanciones puede imponer la Comisión Europea al autor de un acoso?

4. ¿Cuál es el plazo para concluir los procedimientos internos, y qué garantías de imparcialidad se ofrecen?

5. ¿Cuáles son las medidas compensatorias en favor de las víctimas de acoso?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(9 de febrero de 2000)

Toda denuncia por acoso presentada por un miembro del personal de la Comisión puede generar una investigación administrativa, cuya pertinencia decide la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (AFPN). La Comisión proporcionó a su personal información específica sobre los procedimientos vinculados con la protección de la dignidad de la persona en una información administrativa de fecha 29 de febrero de 1996. El objeto de la investigación administrativa es comprobar la existencia de hechos que puedan dar lugar a un procedimiento disciplinario contra la persona autora de los mismos.

La jerarquía del acosado puede tomar medidas para proteger a la víctima mientras se está realizando la investigación, tal como puede ser la transferencia a otro puesto.

La AFPN puede iniciar un procedimiento disciplinario a petición de la jerarquía de la persona afectada o a iniciativa propia. Como consecuencia del procedimiento se puede imponer una de las sanciones recogidas en el Estatuto de los funcionarios.

A la fase de investigación administrativa no se aplican plazos. En caso de que se inicie el procedimiento disciplinario a raíz de una decisión de la AFPN, en función de cada caso, la Comisión está sometida a los plazos establecidos en el artículo 87 y en el anexo IX del Estatuto de los funcionarios.

Para poder determinar la sanción adecuada, la AFPN ha de comprobar todos los hechos imputados a la persona sometida a procedimiento disciplinario y, por tanto, tiene derecho y está obligada a eliminar todas las dudas.

La AFPN puede tomar una decisión sin el dictamen del Consejo de disciplina en los casos en los que se apliquen medidas disciplinarias tales como el apercibimiento o la amonestación, pero deben consultar a dicho Consejo para adoptar otras medidas. La AFPN adopta su decisión final tras haber recabado el dictamen del Consejo de Disciplina.

En el apartado 3 del artículo 7 del anexo IX del Estatuto se establece que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos debe adoptar su decisión en un plazo de un mes a partir del momento en que el Consejo de disciplina emita su dictamen motivado, previa audiencia del interesado.

Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia pone de manifiesto que los plazos establecidos en el apartado 3 del artículo 7 no son obligatorios, sino que se trata simplemente de normas de buena administración.

El procedimiento disciplinario se basa en el principio de la presunción de inocencia. La regularidad e imparcialidad de la totalidad del procedimiento se hallan bajo el control del Tribunal de Primera Instancia.

En lo que respecta a la compensación de las víctimas de acoso, la institución puede estar obligada a compensarlas si se demuestra que el perjuicio sufrido es consecuencia de una deficiencia de la institución relacionada con el servicio.