PREGUNTA ESCRITA E-1550/97 de Dietrich Elchlepp (PSE) a la Comisión (6 de mayo de 1997)

Asunto: Dificultades burocráticas que encuentran los estudiantes extranjeros procedentes de Estados miembros de la UE

Últimamente está aumentando el número de reclamaciones graves en las que se denuncian los excesivos trámites burocráticos que se han de cumplir para estudiar en otros Estados miembros de la UE y el trato vejatorio que reciben los estudiantes extranjeros que se traduce en retrasos y negativas en relación con la concesión de permisos de residencia a estudiantes de Estados miembros de la Unión en algunas ciudades universitarias de la UE, lo que va completamente en contra de la libre circulación de personas y de la prohibición de la discriminación en la UE, así como del sentido y de la finalidad del programa comunitario ERASMUS. Un ejemplo craso de retrasos y negativas en relación con la concesión de permisos de residencia se hizo público recientemente en la universidad de Amiens, donde, con consecuencias sociales graves, se les denegó el permiso de residencia durante mucho tiempo a 30 estudiantes procedentes de países de la UE y donde en las residencias de estudiantes se hacía pagar complementos únicamente a los estudiantes extranjeros. Estos incidentes provocan que los jóvenes y sus padres crean cada vez menos en las declaraciones a favor de una política europea y de la movilidad en la formación y en el trabajo.

1. ¿De qué información se dispone sobre las dificultades que encuentran los estudiantes de Estados de la UE a la hora de obtener un permiso de residencia y en qué Estados miembros han surgido problemas en repetidas ocasiones?

2. ¿De qué manera se podrían reducir los obstáculos burocráticos, en parte intolerables, para iniciar estudios en el extranjero en lo referente a los certificados de la afiliación a un seguro, los ingresos parentales, las partidas de nacimiento compulsadas y traducidas, etc.?

3. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para impedir en el futuro los casos de discriminación manifiesta de los estudiantes extranjeros por parte de las autoridades locales?

Respuesta de la Sra. Cresson en nombre de la Comisión (7 de julio de 1997)

Las dificultades a que se refiere Su Señoría son el fundamento del Libro Verde elaborado por la Comisión sobre los obstáculos para la movilidad en la educación, la formación y la investigación. El análisis pormenorizado de estos obstáculos que en él se realiza ha recibido una buena acogida en el excelente informe de la Sra. Todini, aprobado por unanimidad por el Parlamento el 14 de mayo de 1997.

Por lo que respecta a las preguntas concretas planteadas por Su Señoría:

1. La Comisión no está al corriente de la posible existencia de problemas a los que tengan que hacer frente los estudiantes de Erasmus en relación con la denegación del permiso de residencia. Esta situación no es aceptable y debe solucionarse mediante una mayor cooperación de las instituciones, los establecimientos correspondientes y las autoridades nacionales.

2. Ya se han señalado a la atención de la Comisión las formalidades administrativas a que están sometidos los ciudadanos de la Unión que estudian en un Estado miembro diferente del de su nacionalidad así como determinadas dificultades a que se enfrentan en relación con estas formalidades. No obstante, la Comisión no está al corriente del caso concreto mencionado por Su Señoría.

En cuanto a los recursos de los estudiantes, la Directiva 93/96 ((DO L 317 de 18.12.1993. )) relativa al derecho de residencia de los estudiantes (que, hasta ahora, ha sido incorporada por todos los Estados miembros excepto Alemania), prevé en su artículo 1 que los Estados miembros reconozcan el derecho de residencia a todo estudiante que, con una declaración o, según su elección, con cualquier otro medio equivalente, garantice a la autoridad nacional correspondiente que dispone de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida. La transposición de esta disposición al Derecho nacional de un cierto número de Estados miembros ha tenido como consecuencia que se obligue a los estudiantes a presentar pruebas formales (tales como documentos bancarios o declaraciones de asunción de responsabilidad por parte de los padres o terceros). La Comisión, al considerar que la exigencia de estos justificantes es contraria al artículo 1 anteriormente mencionado, ha incoado procedimientos de infracción contra estos Estados miembros. Se han enviado dictámenes motivados a España, Francia e Italia, y se han archivado los procedimientos emprendidos contra Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos a raíz de las modificaciones introducidas en las legislaciones de estos Estados miembros. Por lo que respecta a los certificados de afiliación a un seguro, se prevé en el artículo 1 de la Directiva 93/96 que el derecho de residencia está subordinado a la condición de que el estudiante disponga de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida. Por tanto, no es contrario al Derecho comunitario que la autoridad nacional responsable de la expedición del permiso de residencia exija la presentación de un justificante de afiliación a un seguro de enfermedad.

Por lo que respecta a la presentación de extractos de partidas de nacimiento compulsadas y traducidas, la Comisión considera que, de conformidad con las disposiciones del Derecho comunitario en materia de libre circulación de personas, la exigencia de estos documentos debe limitarse a los casos en que debe probarse un vínculo de parentesco (si, por ejemplo, el beneficiario del derecho de residencia está acompañado por sus hijos). La Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a Francia en relación con la exigencia de las prefecturas de presentar partidas de nacimiento.

Por último, en cuanto a los plazos para la concesión del permiso de residencia, la Comisión considera que, cuando el estudiante haya presentado una declaración de recursos y los justificantes de afiliación a un seguro de enfermedad, no se justifican en ningún caso los retrasos en la concesión del permiso de residencia (a no ser que existan razones de orden público que hagan necesarias verificaciones específicas).

Tal como demuestran las acciones mencionadas, la Comisión utiliza las facultades que le han sido conferidas como garante del Tratado para asegurar el pleno respeto del Derecho comunitario y, en especial, de la Directiva 93/96. Es preciso señalar que la Comisión está elaborando un informe sobre la aplicación de esta Directiva, que se transmitirá al Consejo y al Parlamento, y en el que prestará una especial atención a las formalidades de concesión de los permisos de residencia.

3. La Comisión utiliza todos los medios disponibles a fin de evitar que se produzcan diferencias de trato, en especial en el marco de sus programas de movilidad de personas en formación.

La Comisión anunció en su Libro Verde que tiene la intención de dar un seguimiento concreto a la consulta iniciada, dentro de sus competencias. Asimismo, espera recibir el apoyo del Parlamento para que progresen rápidamente estos difíciles asuntos.