PREGUNTA ESCRITA E-1406/00

de Jeffrey Titford (EDD) a la Comisión

(5 de mayo de 2000)

Asunto: Protección y recompensas para denunciantes de casos de fraude

¿Podría indicar la Comisión qué tipo de protección y de incentivos se brinda a los denunciantes de casos de fraude y corrupción en las instituciones de la Unión Europea?

¿Podría indicar asimismo la Comisión si existe algún sistema para recompensar a quienes denuncien públicamente las actividades fraudulentas y corruptas de la Comisión y de las demás instituciones comunitarias?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(30 de junio de 2000)

La Decisión de la Comisión 1999/396/CE, CECA, Euratom, de 2 de junio de 1999, relativa a las condiciones y las modalidades de las investigaciones internas en materia de lucha contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses de las Comunidades (notificada con el número SEC(1999) 802)(1), establece disposiciones específicas destinadas a garantizar que los miembros del personal disponen de canales claros que pueden usar para informar de cualquier sospecha de irregularidad.

El artículo 2 de dicha Decisión jurídica establece que todo funcionario o agente de la Comisión que llegue a tener conocimiento de hechos que permitan presumir la existencia de posibles casos de fraude o cualquier otra actividad ilegal lo comunicará inmediatamente a su Jefe de Servicio o a su Director General o [mldr] a su Secretario General, o directamente a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)).

La Decisión también adopta disposiciones específicas para garantizar que los funcionarios y agentes de la Comisión no deberán en ningún caso sufrir un trato no equitativo o discriminatorio por el hecho de haber efectuado una comunicación acerca de posibles actividades ilegales o infracciones comparables a través de las vías contempladas en la Decisión.

Además de dichas disposiciones, en el Libro Blanco sobre la Reforma de la Comisión, aprobado el 1 de marzo de 2000(2), la Comisión afirmaba (medida 59) su intención de adoptar normas generales sobre la denuncia de irregularidades que, entre otras cosas, deberán garantizar la protección del denunciante que actúe de buena fe por motivos de interés público, sin ánimo de lucro personal y de acuerdo con los procedimientos de su servicio; la protección contra falsas alegaciones; la posibilidad de denunciar irregularidades a través de canales internos en cada servicio de la Comisión, aunque no exclusivamente por la vía jerárquica; y la definición de los canales externos a la Comisión y las circunstancias en que la utilización de dichos canales debe protegerse. La Comisión puntualizaba además que la denuncia de un caso de irregularidad a la OLAF para su posterior investigación no exime a los directivos de la Comisión de adoptar las medidas necesarias para paliar los problemas que les hayan sido señalados.

En octubre se elaborarán nuevas normas relativas a la denuncia de responsabilidades, incluidas propuestas para los cambios pertinentes en el Estatuto de los Funcionarios y clarificaciones del procedimiento para denunciar las irregularidades a la OLAF. A continuación se celebrarán consultas con vistas a la adopción de ambas medidas de forma que sean compatibles con el actual Estatuto de los Funcionarios y con propuestas que se elaborarán para realizar cambios pertinentes en el Estatuto de los Funcionarios el año próximo.

No existe a nivel comunitario ningún sistema para recompensar a quienes sacan a la luz cualquier actividad fraudulenta o corrupta en el seno de la Comunidad. El Reglamento de la OLAF, de 1999, establece claramente que los funcionarios tienen el deber profesional de informar de las sospechas de irregularidad. La Decisión de la Comisión de junio de 1999 incorpora plenamente dicha disposición y tiene fuerza de ley.

(1) DO L 149 de 16.6.1999.

(2) COM(2000) 200 final.