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PREGUNTA ESCRITA E-2695/98

de Marie-Noëlle Lienemann (PSE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Blanqueo de dinero negro y utilización del euro

Con ocasión del cambio de los billetes de los once Estados miembros de la UEM por euros (cambio al que se debe proceder a partir del 1 de enero de 2002 pero que ya se está preparando), ¿cómo piensa la Comisión luchar contra el blanqueo de dinero negro habida cuenta de que habrá de convertirse en euros una gran masa de estos capitales en divisas nacionales?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión

(6 de octubre de 1998)

En todos los Estados miembros existen mecanismos para evitar el blanqueo del producto de actividades delictivas a través del sistema financiero. Estos mecanismos se basan, en particular, en la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales(1). Actualmente, la Directiva prohibe únicamente el blanqueo de dinero resultante del tráfico de droga. Todos los Estados miembros, en cambio, persiguen el blanqueo de capitales procedentes de una gama más amplia de actividades delictivas. La Comisión examina ahora la actualización y extensión del objeto de la Directiva.

Las obligaciones emanadas de la Directiva seguirán plenamente de aplicación en el paso al euro y valdrán para las operaciones de cambio en euros de los billetes y monedas nacionales. La Comisión espera que los bancos mantengan su vigilancia habitual durante el período que precederá a la introducción de las monedas y billetes en euro y durante el período de cambio, con el fin de detectar cualquier transacción sospechosa. La Comisión prosigue su reflexión sobre las implicaciones de la introducción del euro para la lucha contra el blanqueo de capitales, y se acordó debatir el asunto en el Comité de contacto establecido en aplicación de dicha Directiva.

(1) DO L 166 de 28.6.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-1445/98

de Pierre Lataillade (UPE) a la Comisión

(11 de mayo de 1998)

Asunto: Directiva concerniente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a las máquinas

La Comisión Europea ha preparado una actualización de la "Guía de la directiva sobre máquinas" (89/392/CEE(1) modificada en 1991 y 1993), editada en 1993. Esta guía ha prestado grandes servicios a los fabricantes y a los usuarios de máquinas y en particular a las PYME. La revisión de esta guía, que es objeto de un amplio consenso en la industria y en la mayoría de los Estados miembros, se espera con gran interés desde hace más de un año.

1. ¿Cuáles son las razones de este retraso?

2. ¿Piensa la Comisión publicarla?

3. ¿En qué plazo de tiempo?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión

(1 de octubre de 1998)

La Comisión se felicita del apoyo que Su Señoría manifiesta a sus actividades destinadas a conseguir una mayor transparencia del derecho comunitario y quiere dejar constancia de que está dispuesta a apoyar la próxima publicación de una guía.

En 1993, la respuesta más eficaz al interés expresado por los industriales parecía un folleto. Mientras tanto, ha habido una evolución de las técnicas. El proyecto de guía ha triplicado su volumen y han sido necesarias actualizaciones constantes. Dado que la difusión electrónica resulta menos cara, más rápida y más flexible, la Comisión tiene intención de dar acceso a la guía vía las páginas de información que publica en Internet(2), entendiéndose que la guía sólo tiene por objetivo facilitar la aplicación de la Directiva 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas y no constituye una interpretación jurídicamente vinculante. En cuanto a la publicación en papel, la concesión de subvención dependerá de las posibilidades presupuestarias, teniendo en cuenta la prioridad que la Comisión tiene que reservar a la publicación de sus propios documentos.

(1) DO L 183 de 29.6.1989, p. 9.

(2) http://europa.eu.int/en/comm/dgiii/directs/dg3/index.htm.
PREGUNTA ESCRITA E-3371/98

de James Nicholson (I-EDN) al Consejo

(16 de noviembre de 1998)

Asunto: Persecución de los bahai en Irán

Representantes de la comunidad religiosa bahai en Europa afirman que los miembros de esta religión han sido perseguidos durante décadas en Irán de manera sistemática y que, como consecuencia de ello, podrían haber muerto más de 20.000 personas. También afirman que los bahai no disfrutan de ningún derecho civil, religioso o humano en Irán y están manifestando su preocupación por la muerte del Sr. Ruhollah Rowhani, que según ellos fue ejecutado el 21 de julio de 1998 sin ningún tipo de proceso legal y por la supuesta condena a muerte de otros dos bahai y la condena a diez años de cárcel de otro.

¿Cuál es la posición del Consejo en cuanto a esta supuesta persecución sistemática de los bahai en Irán?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-2792/98 y E-3371/98

(30 de noviembre de 98)

El Consejo, que en varias ocasiones ha planteado la cuestión de la situación de los miembros de la comunidad Baha'ie en Irán en relación con las autoridades iraníes, expresó su preocupación tras la ejecución de Ruhu'llah Rawhani el 21 de julio de 1998 y la sentencia a la pena capital contra otros tres miembros baha'ie en Mashad.

Posteriormente, tras ser informado de que se habían confirmado las sentencias a la pena capital contra Sirus Dhabihi-Muqaddam y Hidayat-Kashifi Najafabadi, el Consejo, a través de los jefes de la misión de la UE en Teherán, instó a Irán a que tomara medidas inmediatas para que aquéllos no fueran ejecutados. También reiteró su preocupación por otros cuatro miembros de la Comunidad Baha'ie asimismo sentenciados a muerte: los Sres. Bihnam Mithaqi, Kayvan Khalajabadi, Musa Talibi y Dhabihu'llah Mahrami.

En dichas ocasiones el Consejo reiteró la posición de la UE respecto a las sentencias a la pena capital en general e instó al Gobierno iraní a que protegiera la vida de la comunidad Baha'ie y respetara los derechos de las minorías religiosas. Recordó la resolución 1998/80 de la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, que expresaba preocupación por las violaciones graves y continuadas de los derechos humanos de los Baha'ie, e hizo un llamamiento a Irán para que renunciara a dictar sentencias de muerte por creencias o apostasía religiosas. El Consejo subrayó asimismo la importancia de que el Gobierno iraní permitiera que el relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Sr. Maurice Copithorne, visite Irán con miras a una cooperación constructiva sobre derechos humanos.

La Sra. Mary Robinson, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, ha protestado contra la ejecución del Sr. Rawhani y exhortado a Teherán a que no haga ejecutar a otros tres miembros Baha'ie.
PREGUNTA ESCRITA E-3037/98

de John Iversen (PSE) a la Comisión

(8 de octubre de 1998)

Asunto: Televisión sin fronteras

El partido de calificación del Campeonato de Europa entre Dinamarca y Belarús jugado en Belarús sólo fue retransmitido por la cadena TV3, dado que la DR y la TV2 no quisieron pagar el alto precio que se les pedía. Esto tuvo como consecuencia que sólo el 60 % de los telespectadores pudo ver el partido. Esta situación es contraria a la directiva del Consejo, según la cual determinados acontecimientos deportivos nacionales no deben ser sólo retransmitidos por canales accesibles únicamente a una pequeña parte de la población. ¿Considera la Comisión que existe una laguna en la directiva en cuestión?

¿Qué incidencia tiene la directiva en la fijación de los precios de retransmisión televisiva?

Respuesta del Sr. Oreja En nombre de la Comisión

(4 diciembre 1998)

El artículo 3 bis (1) de la Directiva 89/552/CEE(1)"Televisión sin fronteras", modificada por la Directiva 97/36/CE(2) permite -pero no obliga- a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias, de acuerdo con el Derecho comunitario, para evitar que una parte importante del público se vea privado de la posibilidad de seguir acontecimientos de gran interés para la sociedad, en directo o en diferido, a través de una televisión de libre acceso.

Las medidas que adopten los Estados miembros deberán mantener el equilibrio entre, por una parte, el interés general legítimo reconocido por el artículo 3 bis (1) y, por otra parte, el libre juego de la competencia entre "cadenas de libre acceso" y cadenas de pago, y la libertad de prestar servicios transfronterizos.

En general, la Comisión estima que la puesta a disposición de derechos de retransmisión de acontecimientos considerados "de gran interés para la sociedad", a precios de mercado, a cadenas "de libre acceso", puede considerarse una solución conforme al espíritu de la Directiva, que no prevé mecanismo de fijación del precio de estos derechos.

Con arreglo al artículo 3 bis (2) de la Directiva, las autoridades danesas han notificado a la Comisión el texto de un proyecto de decreto ministerial que contempla normas en materia de retransmisión de acontecimientos de gran importancia para el público danés. La Comisión examina actualmente estas medidas desde el punto de vista de su compatibilidad con el Derecho comunitario.

(1) DO L 298 de 17.10.1989.

(2) DO L 202 de 30.7.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-2964/98

de Gerardo Fernández-Albor (PPE) a la Comisión

(8 de octubre de 1998)

Asunto: Enseñanza del español en Brasil

Las recientes disposiciones estatales brasileñas referentes a la obligatoriedad de la enseñanza del español en las escuelas ha puesto en evidencia de inmediato la dificultad que conllevará el poner en práctica las mismas debido a la falta de profesores de dicha lengua en el país sudamericano.

Como quiera que, para proseguir con el proceso de integración de las economías sudamericanas, es imprescindible poder facilitar el conocimiento de la lengua española a todos los nacionales brasileños durante su época educativa, parece necesario el plantearse de qué manera nuestra Unión Europea puede ayudar a solucionar el problema de carencias de enseñantes al respecto.

¿Puede indicar la Comisión si, como forma de aportar ayuda al proceso de integración económica de Sudamérica a través de MERCOSUR y otros acuerdos de similar naturaleza, entiende que debe proponer un programa para incentivar que los profesores de español, existentes en el territorio comunitario, puedan desempañar tales funciones en el país brasileño y superar las carencias apuntadas?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión

(30 de octubre de 1998)

La decisión adoptada recientemente por las autoridades brasileñas de intensificar el aprendizaje y la práctica del español, al hacer obligatoria su enseñanza, plantea varias dudas por lo que se refiere a las modalidades de ejecución de esta medida.

Seguramente es demasiado pronto para determinar cómo y a qué ritmo va a desarrollarse este proceso en el mismo Brasil y, a fortiori, si es o será necesaria una ayuda exterior.

En cualquier caso, y sin descartar de ninguna manera la propuesta de Su Señoría, la cooperación requiere de antemano la solicitud del país beneficiario.
PREGUNTA ESCRITA E-1990/98

de Mary Banotti (PPE) a la Comisión

(30 de junio de 1998)

Asunto: Medidas en favor de la familia y los niños

Tras la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el Asunto C-106/96 (12 de mayo de 1998), ¿qué medidas está adoptando, o tiene intención de adoptar, la Comisión para garantizar la ejecución de los proyectos que van a financiarse con cargo a la línea presupuestaria B-/4108: Acciones en favor de la familia y los niños?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(6 de octubre de 1998)

Para 1998, la Comisión ha decidido desbloquear parcialmente la ejecución de la línea presupuestaria B3-4108 (Acciones en favor de la familia y los niños). Hasta la fecha, ya se han efectuado compromisos por un importe de 810.000 ecus. Aún podrían financiarse otros proyectos por un importe de 2,19 millones de ecus en el marco de la realización del informe demografíco y de la ejecución de los proyectos aceptados por la Comisión antes del 10 de junio de 1998, que han suscitado expectativas por parte terceros.

La posibilidad de financiación de estas medidas en el futuro se reexaminará en el marco del acuerdo interinstitucional sobre los fundamentos jurídicos y las modificaciones introducidas por el Tratado de Amsterdam.
PREGUNTA ESCRITA E-2837/98

de Niall Andrews (UPE) a la Comisión

(28 de septiembre de 1998)

Asunto: Solicitantes de asilo

¿Puede indicar la Comisión el número de solicitantes de asilo que hay en cada uno de los Estados miembros, el número de los considerados "refugiados económicos" y el de refugiados políticos?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión

(10 de noviembre de 1998)

La Comisión envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento dos cuadros. El cuadro A muestra el número de solicitudes de asilo presentadas en cada Estado miembro cada año desde 1987 hasta 1997. El cuadro B muestra el número de decisiones tomadas por cada Estado miembro durante el mismo período para reconocer a una persona como refugiado en el sentido de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.

Es importante señalar que las decisiones de asilo frecuentemente se refieren a solicitudes presentadas en años anteriores. No hay, por tanto, una correlación directa entre ambos cuadros. Con la información disponible, no se pueden sacar conclusiones sobre el número de solicitudes de asilo infundadas presentadas en cada Estado miembro.

La Comisión señala también que muchas personas que no están reconocidas como refugiados en el sentido de la Convención de 1951, necesitan, no obstante, protección internacional. En algunos casos, los Estados miembros tendrán obligaciones en virtud de otros instrumentos de derechos humanos, como el Convenio Europeo de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o la Convención de las Naciones Unidas de 1984 contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En otros casos, puede haber razones humanitarias para no devolver a la persona a su país de origen. Algunos Estados miembros conceden a estas personas lo que a menudo se denomina "situación B" o de hecho. Todavía no se han adoptado a nivel de la Unión las normas mínimas comunes de otras formas de protección complementaria a la situación de refugiado, pero la letra a) del apartado 2 del artículo 73k del Tratado de Amsterdam exigirá al Consejo que adopte medidas en este ámbito en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor del nuevo Tratado.
PREGUNTA ESCRITA P-3207/98

de Livio Filippi (PPE) a la Comisión

(16 de octubre de 1998)

Asunto: Cierre de la fábrica Solvay en Ferrara

La empresa Solvay ha decidido cerrar una empresa que emplea a 200 trabajadores en Ferrara, lo que ha dado lugar a protestas de los sindicatos y de las instituciones locales.

Ya son demasiados los casos de empresas que, sin preocuparse por las consecuencias sociales, despiden personal o cierran fábricas.

¿Puede comprobar el Comisario Flynn si la empresa ha cumplido con la obligación de consultar a los trabajadores, contemplada en la Directiva europea sobre los comités de empresa y decir qué piensa hacer para que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores y salvaguardar los puestos de trabajo?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(16 de noviembre de 1998)

La Comisión es consciente de los problemas relacionados con el cierre de la fábrica de Solvay en Ferrara (Italia).

Por medio del artículo 13 de la Directiva 94/45/CE del Consejo, relativa a la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria(1), se ofrecía a los interlocutores sociales la posibilidad de alcanzar un acuerdo voluntario sobre la constitución de un comité de empresa europeo para cumplir con las obligaciones dispuestas en la Directiva. En el grupo Solvay existe un acuerdo como el que prevé el artículo 13, pero la Comisión no tiene, por ahora, ninguna información acerca de si se ha respetado totalmente dicho acuerdo en el contexto del cierre de la fábrica de Ferrara. Se está tratando de obtener más información al respecto.

Hay que recalcar que los Estados miembros son, en primera instancia, los responsables de transponer, aplicar y ejecutar las Directivas de la Comunidad.

(1) DO L 10 de 16.1.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-3328/98

de Gerardo Fernández-Albor (PPE) a la Comisión

(10 de noviembre de 1998)

Asunto: Fondo europeo de garantía para las pensiones

Las continuas conjeturas sobre el futuro de las pensiones han llevado a algunos países miembros a crear un fondo público de reserva, para financiar a medio y largo plazo las mismas.

El citado fondo operará cuando el sistema de reparto de la Seguridad Social sea insuficiente debido al envejecimiento de la población, cubriendo posibles desfases futuros entre cotizaciones y prestaciones.

¿Piensa la Comisión que debiera estudiar una fórmula a escala comunitaria, para crear un Fondo Común, para toda la Unión Europea, que procure, de igual forma que los referidos fondos nacionales, evitar los posibles desfases futuros que puedan producirse en cualquier país miembro, aportando la solidaridad comunitaria para el futuro de todos los planes de pensiones que existan en los Estados que componen nuestra Unión?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(16 de diciembre de 1998)

En el ámbito de la protección social, los Estados miembros tienen libertad para establecer su propia política por lo que respecta a la organización y el funcionamiento de los regímenes de seguridad social, siempre y cuando se respete la legislación comunitaria en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres y de seguridad social de los trabajadores migrantes.

Por tanto, los Estados miembros, si así lo desean, pueden acordar la creación de un fondo público de reserva para la financiación de las pensiones a medio y largo plazo. La Comisión no tiene la intención de promover la idea de un fondo de estas características para toda la Comunidad.
PREGUNTA ESCRITA P-2266/98

de Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) a la Comisión

(13 de julio de 1998)

Asunto: Prohibición de las exportaciones de residuos de materias textiles con miras a su reciclaje

El Reglamento (CEE) 259/93(1) prohíbe la exportación de residuos peligrosos hacia países que no sean miembros de la OCDE. En 1996 se extendió el ámbito de aplicación de dicho Reglamento a las exportaciones de residuos para su reciclaje. Entre los productos cuya exportación se prohíbe se encuentran los productos textiles usados.

Esto último ocasiona graves problemas a las empresas que se dedican a exportar este tipo de productos textiles para reutilizarlos o reciclarlos.

¿Cuál es la razón exacta por la que la Comisión incluye los productos textiles usados entre los residuos?

¿Está la Comisión al corriente del dictamen del CES (10/95), en el que se formulan críticas a la prohibición total de las exportaciones de productos con miras a reciclarlos, por la importancia económica y ecológica que reviste el reciclaje?

¿Qué repercusiones tiene la prohibición sobre el empleo tanto dentro de la Unión como fuera de la misma?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(7 de octubre de 1998)

Las razones por las que los tejidos usados se consideran residuos se enumeran en la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-107/98 de la Sra. Oomen-Ruijten(2).

La propuesta modificada de la Comisión de reglamento del Consejo por el que se establecen normas y procedimientos comunes aplicables a los envíos de ciertos tipos de residuos a determinados países no adheridos a la OCDE(3) instauraría un procedimiento de control (consentimiento informado previo) de las exportaciones de residuos no peligrosos basado en el principio de precaución, pero prohibiría las exportaciones de residuos no peligrosos hacia países de fuera de la OCDE que hayan indicado su deseo de no recibir este tipo de importaciones.

La Comisión está al corriente del dictamen del Comité Económico y Social a que se refiere Su Señoría y es consciente de los problemas económicos y ecológicos inherentes. Por estas razones ha propuesto un procedimiento de control en lugar de una prohibición total que afectaría sobre todo a algunos de los países más pobres del mundo y cuyas economías son las más frágiles. No obstante, la Comisión no ha llevado a cabo una evaluación de las repercusiones sobre el empleo.

(1) DO L 30 de 6.2.1993, p. 1.

(2) DO C 310 de 9.10.1998, p. 22.

(3) COM(94)678 final.
PREGUNTA ESCRITA P-3101/98

de Maren Günther (PPE) a la Comisión

(8 de octubre de 1998)

Asunto: Concurso de la Comisión

El último concurso de la Comisión para candidatos a funcionarios ha tenido que ser anulado a causa de graves irregularidades.

1. ¿Quién es responsable de los daños causados a los participantes, algunos procedentes de los Estados Unidos, por pérdida de ingresos y gastos de viaje?

2. ¿Qué medidas disciplinarias se adoptarán contra los funcionarios responsables de la Comisión, que no han adoptado las medidas necesarias para garantizar un concurso en toda regla?
PREGUNTA ESCRITA E-2687/98

de Ursula Schleicher (PPE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Conducción de aguas residuales en Lisboa

¿Está informada la Comisión de que, según noticias publicadas en la prensa portuguesa, las aguas residuales de muchos restaurantes nuevos construídos en la zona de administración del puerto de Lisboa se conducen sin tratamiento alguno y pasando por la red general de aguas residuales urbanas al Tajo? ¿Qué medidas tiene la Comisión la intención de adoptar para limitar esta continuada contaminación de la desembocadura del Tajo?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(5 de octobre de 1998)

En virtud de los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1991, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas(1), modificada por la Comisión 98/15/CE(2) de 27 de febrero de 1998, los Estados miembros deben velar por que haya sistemas colectores que transporten las aguas residuales urbanas de las aglomeraciones hasta instalaciones depuradoras para tratarlas antes de verterlas en las aguas receptoras. El plazo es el 31 de diciembre de 1998 para las aglomeraciones urbanas de más de 10.000 equivalentes habitantes(el equivalente habitante es una unidad de medida que representa la carga orgánica media producida por una persona en un día)cuyas aguas residuales urbanas se vierten en aguas identificadas como sensibles por los Estados miembros, el 31 de diciembre de 2000 para las aglomeraciones de más de 15.000 equivalentes habitantes cuyas aguas residuales urbanas se rechazan en aguas no identificadas como sensibles y el 31 de diciembre de 2005 para las aglomeraciones urbanas más pequeñas.

La Comisión comprueba actualmente los criterios utilizados por los Estados miembros, entre ellos Portugal, para definir como sensibles en lo que respecta a la calidad de las aguas a determinadas zonas. A este respecto, la Comisión comprobará la conformidad de la clasificación del estuario del Tajo que las autoridades portuguesas no designaron zona sensible.

La Comisión no ha sido informada de la existencia de vertidos directos de los efluentes de numerosos restaurantes de Lisboa en el estuario del Tajo. La Comisión comprobará asimismo a su debido tiempo que todas las aglomeraciones urbanas, y entre ellas la de Lisboa, respetan las disposiciones de la Directiva anteriormente mencionadas por lo que se refiere a la recogida y el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

(1) DO L 135 de 30.5.1991.

(2) DO L 67 de 7.3.1998.