PREGUNTA ESCRITA E-0817/00

de Juan Naranjo Escobar (PPE-DE), Carlos Carnero González (PSE) y Salvador Jové Peres (GUE/NGL) a la Comisión

(21 de marzo de 2000)

Asunto: Adecuación de las políticas sociales de los Estados miembros al Derecho comunitario, en particular a las directivas de adjudicación de contratos públicos de obras

Habida cuenta de que el Tratado de la Unión Europea (artículo 136) establece que la Comunidad y sus Estados miembros tendrán como objetivo el fomento del empleo para conseguir un nivel de empleo estable y duradero y la lucha contra las exclusiones; que las conclusiones

del Consejo Europeo de Viena (11 y 12 de diciembre de 1998) confirman que el empleo es la prioridad principal de la Unión, ¿considera la Comisión Europea que las políticas sociales de los Estados miembros, especialmente la creación de empleo estable y la integración social de los minusválidos, son compatibles con el Derecho comunitario y en concreto con las directivas de adjudicación de los contratos públicos de obras?

La Directiva 93/37/CE(1), en su artículo 30, se refiere a los criterios de adjudicación de contratos, señalando que el adjudicador del contrato se basará únicamente bien en el precio más bajo, bien en la oferta más ventajosa económicamente según determinados criterios de los que se citan, como ejemplos, el precio, el plazo de ejecución, el coste de utilización, la rentabilidad y el valor técnico. Teniendo en cuenta que estos ejemplos no excluyen otros criterios de adjudicación, ¿no interpreta la Comisión que la creación de empleo estable y de puestos de trabajo para minusválidos, como criterios de adjudicación, pueden favorecer la oferta económicamente más ventajosa, siguiendo el espíritu de la sentencia Beentjes del Tribunal de Justicia que admite que el criterio de la oferta más aceptable puede ser compatible con la Directiva si expresa la facultad de apreciación reconocida a los poderes adjudicadores para identificar la oferta más ventajosa económicamente en función de criterios objetivos y si, por tanto, no implica ningún elemento arbitrario de selección?

¿No convendría modificar la Directiva 93/37/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras con el objeto de clarificar los conceptos anteriormente citados teniendo en cuenta las prioridades actuales de la Unión Europea para que así los Estados miembros puedan adaptar medidas sociales acordes a las necesidades de sus ciudadanos?

(1) DO L 199 de 9.8.1993, p. 54.

Respuesta común a las preguntas escritas E-0816/00 y E-0817/00 dada por el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(12 de mayo de 2000)

Las directivas comunitarias de adjudicación de contratos públicos dependen del mercado interior y pretenden, por una parte, optimizar la gestión de las adquisiciones públicas, intentando obtener la mejor relación calidad-precio y, por otra, garantizar una verdadera competencia y condiciones de acceso al mercado iguales para todas las empresas. A este fin, dichas directivas contemplan dos modalidades de adjudicación de contratos: la adjudicación al precio más bajo o a la oferta económicamente más ventajosa; esta última se evalúa en función de una serie de criterios objetivos, algunos de los cuales se enumeran en las directivas a título de ejemplo. Dichos criterios objetivos se refieren siempre a la oferta en cuestión y aportan información sobre la calidad de la prestación, pero no pueden hacer referencia a la estructura de la empresa. La jurisprudencia del Tribunal, en la sentencia Beentjes, mencionada por Sus Señorías, excluye explícitamente la utilización de un criterio social (más concretamente la contratación de desempleados de larga duración) como criterio de adjudicación del contrato. Las recientes conclusiones del Abogado General en el asunto C-225/98 refuerzan esta interpretación. Por el contrario, y de acuerdo con lo que especifica la Comisión en el punto 4.4 de su comunicación sobre la contratación pública de 11 de marzo de 1998(1), de esa jurisprudencia se desprende que es posible plantear como condición de ejecución de contratos públicos ya adjudicados el respeto de obligaciones de carácter social, que tenga como objeto por ejemplo promover el empleo femenino o apoyar a ciertas categorías desfavorecidas. Es evidente que sólo se permiten las condiciones de ejecución que no discriminen, directa o indirecta, a los licitadores provinientes de otros Estados miembros. Por otro lado, se debe asegurar una transparencia adecuada, mencionando estas condiciones en el anuncio y en las condiciones generales de contratación.

De esa manera, a diferencia de lo que sugieren Sus Señorías, las condiciones de ejecución no pueden pretender la exclusión previa de determinadas empresas (las directivas contienen a este efecto criterios de selección), sino un compromiso de los licitadores para adoptar determinadas medidas si se les adjudica el contrato. Para utilizar el ejemplo que aportan Sus Señorías, no se puede imponer a las empresas la obligación de contar previamente con un porcentaje de asalariados permanentes, pero se les puede pedir que se comprometan a crear nuevos puestos de trabajo fijos para la realización del contrato, una vez adjudicado.

Iguales consideraciones se aplican en lo que concierne a la utilización del número de trabajadores minusválidos de una empresa como criterio de desempate. Por otra parte, el Abogado General, en el asunto mencionado más arriba, considera que la utilización de un criterio subsidiario para desempatar ofertas equivalentes tiene como consecuencia que ese criterio sería en definitiva el único criterio determinante para la adjudicación del contrato, lo cual debe excluirse a la vista de la

sentencia Beentjes, e infringe las directivas. En cambio, nada impediría que se impusiera a los licitadores la condición de comprometerse a contratar, para la realización del contrato, un número o un porcentaje de trabajadores minusválidos, de conformidad con las normas de transparencia y no discriminación a causa de la nacionalidad. Además, y según lo que afirma la Comisión en su citada comunicación, las normas de las directivas sobre contratación pública permiten excluir a los candidatos que violan la legislación en materia social (mldr).

Durante los trabajos de preparación de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, los Estados miembros se manifestaron explícitamente contra la introducción de criterios de carácter no estrictamente económico para la adjudicación de contratos.

La Comisión anunció, en su citada comunicación, su intención de adoptar una comunicación interpretativa sobre los aspectos sociales en la contratación pública que tendrá por objeto clarificar los principios aplicables al tener en cuenta objetivos sociales en el ámbito de los contratos públicos y las condiciones en las que sería compatible perseguir esa clase de objetivos con los principios y normas del derecho comunitario sobre contratación pública.

(1) COM(98) 143.