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PREGUNTA ESCRITA E-2891/98

de Johanna Maij-Weggen (PPE) a la Comisión

(28 de septiembre de 1998)

Asunto: Violación de los derechos humanos en Colombia

Según las organizaciones humanitarias, entre ella Amnistía Internacional, en Colombia se siguen produciendo numerosas violaciones de los derechos humanos, destacando por su gravedad la situación de San José de Apartade.

¿Está al corriente la Comisión de la situación en San José de Apartade? ¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para señalar esta cuestión a la atención de las autoridades colombianas?

¿Otorga la Comisión de alguna manera apoyo financiero a los grupos de refugiados en Colombia?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión

(26 de octubre de 1998)

La Comisión sigue de cerca y con inquietud la evolución de la situación de los derechos humanos en Colombia, que en general sigue siendo insatisfactoria. A este respecto, ha manifestado en varias ocasiones a las autoridades colombianas su preocupación por la gravedad de la situación que reina en el país en materia de derechos humanos y de derecho humanitario y les ha instado a que se comprometan más firmemente para mejorar la situación.

La Comisión conoce la situación existente en San José de Apartade, que constituye uno de los múltiples ejemplos de la situación anteriormente mencionada. Los embajadores de los Estados miembros representados en Bogotá, así como el Jefe de la Delegación de la Comisión, efectúan periódicamente visitas a las zonas afectadas por el conflicto armado para prestar apoyo a las víctimas de las extorsiones y dar testimonio de estos hechos ante la comunidad internacional.

Por otra parte, la Comisión asigna la mayor prioridad a las iniciativas susceptibles de contribuir a la protección de los derechos humanos en dicho país, así como al seguimiento de los casos de violación de estos derechos, principalmente mediante:

- el refuerzo de la presencia de la comunidad internacional en el país (renovación de la financiación de los observadores internacionales puestos a disposición de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los derechos humanos, encargados del seguimiento de la situación de los derechos humanos en todo el país);

- la financiación de iniciativas en beneficio de organizaciones no gubernamentales (ONG) locales que trabajan en el ámbito de la democracia y los derechos humanos;

- la movilización entre 1997 y 1998 de 11 millones de ecus en concepto de ayuda humanitaria, destinada concretamente a la población desplazada víctima de la violencia.
PREGUNTA ESCRITA E-2627/98

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Lenguas y culturas minoritarias: financiación comunitaria

La Comisión Europea está elaborando una propuesta para dotar de base jurídica a un cierto número de líneas presupuestarias que carecen de ella y cuya ejecución, por esta razón, se encuentra suspendida.

¿Podría informar la Comisión sobre las líneas presupuestarias de que se trata y, en concreto, si entre ellas se encuentra la línea B3-1006 relativa a la promoción y salvaguarda de las lenguas y culturas minoritarias?

¿Podría informar la Comisión sobre cuál va a ser el tratamiento que dará a los programas que están actualmente en vías de aprobación, a los que han sido ya aprobados y a los que se encuentran en vías de ejecución en el marco de la línea presupuestaria B-1006 hasta la aprobación definitiva de la base jurídica correspondiente?

¿Podría informar la Comisión sobre el calendario para la aprobación por el Colegio de Comisarios de la correspondiente propuesta, y qué procedimientos y plazos se seguirán a continuación en los trámites posteriores ante el Parlamento y el Consejo?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(25 de noviembre de 1998)

La Comisión confirma que tiene previsto presentar al Parlamento y al Consejo una propuesta de fundamento jurídico para las actividades actualmente financiadas con cargo a la línea B3-1006 ("Promoción y salvaguardia de las lenguas y culturas regionales y minoritarias"). En este sentido, prepara una propuesta de programa plurianual que la Comisión debería adoptar antes de que finalice 1998.

Por lo que se refiere al presupuesto de 1998, la ejecución de la acción no se ha visto obstaculizada por la ausencia de fundamento jurídico. En efecto, cerca de la mitad de los créditos asignados a la acción ya se habían comprometido antes del 31 de mayo, tras la selección de un primer paquete de proyectos. Para el segundo paquete de proyectos, la selección se produjo antes del 10 de junio, fecha en que la Comisión decidió suspender la ejecución de las líneas desprovistas de fundamento jurídico, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-106/96. Así, la Comisión estimó que existía una expectativa legítima por parte de los beneficiarios cuyos proyectos habían sido elegidos en esta segunda selección. Dichos proyectos pudieron por lo tanto recibir una subvención.
PREGUNTA ESCRITA E-2357/98

de Graham Watson (ELDR) al Consejo

(28 de julio de 1998)

Asunto: Elecciones presidenciales en Togo

A raíz de la visita a Togo de una misión de observación de la UE, la Presidencia de la UE ha expresado su profunda preocupación sobre la legitimidad de las elecciones presidenciales celebradas en dicho país. En vista de que la Unión Europea alberga serias dudas acerca de la credibilidad de los resultados electorales anunciados el 24 de junio por el ministro del Interior togolés, ¿qué medidas piensa adoptar el Consejo para garantizar la democracia en Togo?

Respuesta

(7 y 8 de diciembre de 1998)

El informe de los observadores de la Unión Europea sobre las elecciones presidenciales de Togo del 21 de junio de 1998 puso de manifiesto numerosas anomalías y cuestiona su validez. La oposición togolesa mantiene que su candidato, D. Gilchrist Olympio, ganó las elecciones y rechaza aceptar la legitimidad del Presidente Eyadema tras la expiración su mandato anterior, el 25 de agosto de 1998.

Como sabe Su Señoría, el Consejo de la Unión Europea se esfuerza por fomentar la democracia en Togo. En una declaración del 26 de junio de 1998 la UE manifestó su decepción por la forma en que se llevaron a cabo las elecciones. Como señal adicional de la insatisfacción de la UE con la manera de realizarse las elecciones, se ordenó a los Embajadores de la UE que no asistieran a la ceremonia de investidura del Presidente Eyadema el 26 de julio.

El 13 de julio de 1998, el Consejo aprobó el texto de una carta dirigida al Gobierno de Togo en la que se solicitaba la celebración de consultas con dicho Gobierno sobre la base del artículo 366 bis del Convenio revisado de Lomé IV. Las consultas tuvieron lugar en Bruselas el 30 de julio. La Delegación togolesa estuvo encabezada por el Primer Ministro, Sr. Kwassi Klutse. La explicación ofrecida por Togo difiere sensiblemente del punto de vista expresado por la misión de observadores de la Unión Europea. La Unión Europea ha decidido estudiarla detenidamente y, teniendo en cuenta esas consideraciones así como la evaluación del proceso democrático en Togo, decidirá si procede continuar las consultas. La cooperación para el desarrollo de la UE con Togo desde 1993 está suspendida parcialmente.

Mientras tanto, el Consejo seguirá observando atentamente la situación política y hará lo que esté en su mano para fomentar el desarrollo de la democracia en Togo.
PREGUNTA ESCRITA E-2353/98

de Claudio Azzolini (PPE) , Guido Podestà (PPE) , Antonio Tajani (PPE) y Guido Viceconte (PPE) a la Comisión

(27 de julio de 1998)

Asunto: Restablecimiento de la legalidad y de la justicia en Italia

En una entrevista publicada en el periódico "America Oggi", el fiscal de Milán Pier Camillo Davigo, realizó juicios gravísimos sobre la legitimación política del Sr. Silvio Berlusconi en su calidad, en su momento, de Presidente del Consejo de Ministros italiano. Los juicios vertidos por el fiscal adjunto del Tribunal de Milán dan una visión de la fiscalía de Milán como contrapoder político, generador de conflictos desacreditadores y desestabilizadores de las instituciones.

Habida cuenta de que el Parlamento Europeo se manifestó hace ya tiempo, por amplia mayoría, sobre la exigencia de separación en la carrera judicial, precisamente para evitar episodios como los que se producen en algunas fiscalías de la República Italiana,

¿podrían adoptar rápidamente las instituciones comunitarias todas las medidas urgentes, necesarias y adecuadas que incidan en sus competencias con objeto de restablecer en los juzgados italianos el principio de legalidad así como de sancionar y evitar que se puedan producir y repetir los graves hechos anteriormente mencionados, que lesionan los derechos y garantías fundamentales del ciudadano europeo y que son el signo tangible de la utilización política de los procesos penales?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión

(17 de septiembre de 1998)

La pregunta de Su Señoría parece dar a entender que las acusaciones de la Fiscalía de Milán contra el Sr. Berlusconi podrían perturbar el equilibrio entre el poder judicial y el poder ejecutivo en la República Italiana, lo que podría considerarse una infracción a la tradicional separación de poderes inherente al régimen constitucional de Italia y de los demás Estados miembros de la Comunidad. En el estado actual del Derecho comunitario, el mantenimiento de la separación de los poderes es competencia de los Estados miembros. La Unión Europea no está habilitada para ingerir en los regímenes constitucionales de los Estados miembros, salvo si fuera necesario para que se respete la supremacía del Derecho comunitario.
PREGUNTA ESCRITA E-2445/98

de Angela Sierra González (GUE/NGL) a la Comisión

(30 de julio de 1998)

Asunto: Actuaciones de la multinacional Chiquita en Latinoamérica

En recientes informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación se realizan varias revelaciones de interés sobre la actuación de la multinacional Chiquita en diversos países latinoamericanos.

Entre ellas merecen ser destacadas las siguientes:

- Chiquita controla de forma secreta docenas de compañías supuestamente independientes, para así evadir las restricciones sobre la propiedad de la tierra y las leyes de seguridad nacional de los países centroamericanos.

- Chiquita y sus empresas subsidiarias han realizado operaciones con pesticidas que han afectado a la salud de sus trabajadores y de los residentes en la zona, a pesar de un acuerdo firmado con un grupo medioambiental (Rainforest Alliance) para adherirse a estándares de seguridad. Entre los pesticidas usados se encuentran algunos no permitidos en ninguno de los países de la UE.

- Cientos de personas en un barrio de Costa Rica han sido expuestos a emisiones de gas tóxico de una factoría subsidiaria de Chiquita.

¿Conoce la Comisión las informaciones comentadas en los medios de comunicación?

¿Sabe la Comisión si la multinacional Chiquita o sus empresas subsidiarias cumplen los parámetros de respeto a la salud de sus trabajadores y a la conservación del medio ambiente?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión

(22 de septiembre de 1998)

La Comisión sigue con interés la evolución de la multinacional "Chiquita Brands" en varios países de América Latina.

Por lo que se refiere a la utilización de pesticidas altamente tóxicos en Costa Rica, la Comisión está informada de que distintos órganos costarricenses presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo de Costa Rica, así como ante diversos Tribunales de Estados Unidos, en contra de la utilización de esta clase de pesticidas. La sentencia dictada por los Tribunales americanos dio la razón a las partes demandantes, a las que se indemnizó. No obstante, aún continúan las denuncias.

Por otra parte, según las informaciones proporcionadas por distintos medios de comunicación, la multinacional "Chiquita Brands" cumple con la normativa en vigor tanto en sus compromisos económicos básicos como en lo relativo al nivel de salario mínimo establecido por la ley costarricense para la actividad bananera. En materia de conservación del medio ambiente, el control de las actividades de esta multinacional es enteramente competencia del Estado costarricense.
PREGUNTA ESCRITA E-2570/98

de Patricia McKenna (V) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Base de datos sobre las estadísticas medioambientales

Existen informaciones relativas a que la Comisión Europea posee actualmente una nueva base de datos sobre las estadísticas medioambientales que por el momento solo puede utilizar la Comisión y a la que no puede acceder el Parlamento Europeo.

¿Puede la Comisión confirmar la existencia de dicha base de datos? ¿Qué estadísticas medioambientales contiene? ¿Cuándo está previsto, si lo está, que los diputados al Parlamento Europeo tengan acceso a la misma? ¿Por qué no se informó inmediatamente a los diputados de la existencia de esta base de datos ni se les permitió acceder a ella?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión

(6 de octubre de 1998)

La Comisión no cuenta con ninguna base de datos estadísticos sobre medio ambiente que sea accesible para los departamentos responsables de las políticas de la Comisión pero no para el Parlamento. En realidad, los datos sobre medio ambiente en los países de la Unión, la AELC y los países candidatos, una vez verificados por Eurostat, son transferidos a New Cronos, que es la base de datos de difusión general de Eurostat, a la que tiene idéntico acceso el personal de la Comisión y del Parlamento.

Su Señoría quizá se refiera a la base de datos interna de Eurostat, ENVSTAT, que se ha establecido únicamente a efectos de producción interna de Eurostat y que contiene una mezcla de datos validados y no validados. Esta base de datos es accesible exclusivamente para el personal de Eurostat responsable de corregir y completar dichos datos. Una vez que los datos se han completado y están disponibles para su difusión, se transfieren a la base de datos New Cronos como queda descrito anteriormente.
PREGUNTA ESCRITA E-2845/98

de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión

(28 de septiembre de 1998)

Asunto: Riesgo de contaminación por amianto

En la sede del "Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato" que se encuentra en la Via Salaria, en Roma (donde, entre otras cosas, se imprime el Boletín Oficial), trabajan unas 1.500 personas con una presencia continua de 24 horas al día. Las organizaciones sindicales han presentado en más de una ocasión, en años pasados, denuncias sobre la situación de riesgo provocada por la utilización de amianto en el aislamiento de los techos del edificio (realizado a finales de los años 60). A tenor de dichas denuncias, y tras una intervención de la fiscalía, se procedió a comprobar las condiciones internas del edifico. El resultado de dicha comprobación ha sido la constatación de la existencia de amianto anfibólico (que contiene amosita) en cantidades que oscilan entre 10 y 25 fibras/litro, muy superiores a los valores máximos previstos por la ley. A pesar de ello, no se ha procedido a reestructurar el edificio en cuestión.

¿Puede decir la Comisión:

1. si no considera oportuno intervenir ante las autoridades italianas para comprobar la situación actual del edificio mencionado;

2. si no considera que en este caso se está produciendo una violación de la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo, en clara contradicción con las Directivas comunitarias 83/477/CEE(1) y 91/382/CEE(2);

3. en caso afirmativo, si tiene intención de emprender un procedimiento en relación con el Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

4. cuál es su opinión sobre este asunto?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(6 de noviembre de 1998)

Las Directivas relativas a la protección de los trabajadores expuestos al amianto, mencionadas por Su Señoría, han sido incorporadas a la legislación italiana. Cualquier asunto relativo a su aplicación es competencia de la autoridad italiana responsable de que se ejerciten un control y una vigilancia adecuados.

No obstante, la Comisión observa que el resultado de la medición del nivel de polvo indicado en la pregunta no parece indicar que se hayan sobrepasado los valores límite previstos en el artículo 8 de la Directiva 83/477/CEE del Consejo, de 19 de septiembre de 1983, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (segunda Directiva particular con arreglo al artículo 8 de la Directiva 80/1107/CEE).

(1) DO L 263 de 24.5.1983, p. 25.

(2) DO L 206 de 29.7.1991, p. 16.
PREGUNTA ESCRITA E-2624/98

de Marlies Mosiek-Urbahn (PPE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Establecimiento, para los mayores, de un programa parecido al Año de servicio voluntario europeo para los jóvenes

El año europeo de servicio voluntario para jóvenes entre 18 y 25 años ha obtenido un gran éxito; cada año, la Comisión Europea proporciona puestos de trabajo de tipo social para dar a los jóvenes la oportunidad de trabajar un año en otro país europeo y conseguir experiencia en los campos del arte y la cultura, el medio ambiente, el ámbito rural, la igualdad de derechos, la salud, etc.

También los mayores tienen gran interés en el establecimiento de un programa parecido que permita a las personas de edad ejercer durante un año, en otro país europeo, actividades de tipo social con el apoyo financiero de la UE y conocer el territorio, la cultura, la lengua y las personas de un Estado miembro de la UE. ¿Piensa la Comisión Europea hacer extensivo a los mayores de 55 años el proyecto del Año de servicio voluntario europeo para los jóvenes, que tanto éxito ha tenido?

Respuesta de la Sra. Cresson en nombre de la Comisión

(8 de octubre de 1998)

El programa de servicio voluntario europeo, que ha sido adoptado recientemente (Decisión no1686/98/CE del Parlamento y del Consejo de 20 de julio de 1998, por la que se establece el programa de acción comunitaria "Servicio voluntario europeo para los jóvenes"(1)), tiene como objetivo ofrecer a los jóvenes de 18 a 25 años una experiencia formativa independiente de los programas educativos oficiales.

La Comisión no tiene, por ahora, planes para poner en marcha un programa similar para las personas mayores. No obstante, la Comisión reconoce la importancia de la acción voluntaria como parte de un enfoque activo respecto del envejecimiento.

La Comisión está elaborando actualmente una comunicación relativa a asuntos que afectan a las personas mayores, incluido el envejecimiento activo. Dicha comunicación debería estar acabada hacia finales de año, a tiempo para formar parte del debate político en torno al año internacional de las Naciones Unidas, que en 1999 tendrá como título: "Hacia una sociedad para todas las edades".

(1) DO L 214 de 31.7.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-2580/98

de Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) al Consejo

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Derecho al voto de los ciudadanos europeos en las elecciones municipales en Bélgica

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia del pasado 9 de julio de 1998, en la que se condena a Bélgica por no haber transpuesto la directiva que desarrolla el artículo 8 B.1 del Tratado, relativo al derecho de voto en las elecciones municipales para todos los ciudadanos europeos, independientemente de que residan en un Estado miembro distinto de su nacionalidad, ¿qué medidas piensa adoptar el Consejo para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos europeos que residen en Bélgica en las próximas elecciones municipales de octubre del 2000?

Respuesta

(19 de octubre de 1998)

Como bien sabe Su Señoría, en virtud del artículo 164, corresponde al Tribunal de Justicia garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado. La Comisión, por su parte, vela por la correcta aplicación del Derecho comunitario, de conformidad con el artículo 155. En virtud de lo dispuesto en el artículo 171, también le corresponde actuar en caso de que un Estado miembro no hubiera tomado las medidas que entrañe la ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia.
PREGUNTA ESCRITA P-1530/98

de Ilona Graenitz (PSE) a la Comisión

(8 de mayo de 1998)

Asunto: Símbolo del euro en los teclados de PC

El tránsito al euro también requiere que se incluya el símbolo del euro en los teclados de los ordenadores.

1. ¿Existe la posibilidad de obtener gratuitamente ese símbolo del euro en la Unión Europea?

2. ¿Puede proporcionar la Unión una asistencia general para incluir ese símbolo en los teclados?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión

(10 de junio de 1998)

La Comisión viene empleando el símbolo euro para designar la moneda única desde el Consejo Europeo celebrado en Dublín el 13/14 de diciembre de 1996. El 23 de julio de 1997, la Comisión publicó una Comunicación(1) en la que invitaba a todos los usuarios de divisas a emplear el símbolo siempre que fuera necesario un símbolo distintivo para indicar importes monetarios en euros. A tal fin, en octubre de 1997, la Comisión registró el símbolo euro para su uso tipográfico general en la Organización Internacional de Normalización (ISO), según la norma internacional ISO 10036.

Es posible obtener el símbolo en diversos formatos a partir de "EUROPA", servidor externo de la Comisión en Internet (http://europa.eu/international). Por otra parte, la descripción técnica del símbolo figura en diversos folletos publicados por la Comisión.

En noviembre de 1997, la Comisión presentó propuestas detalladas para la colocación del símbolo euro en los teclados de los ordenadores ("Recomendación para la colocación del signo euro en los teclados de ordenadores y equipos similares de tratamiento de la información", versión 1.5), propuestas que las principales asociaciones industriales acogieron favorablemente.

(1) COM(97)418 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2119/98

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(10 de julio de 1998)

Asunto: Sanciones unilaterales en materia de inversiones contra Myanmar

¿Procedería la Comisión en contra de un Estado miembro de la UE que impusiera unilateralmente sanciones en materia de inversiones contra Myanmar?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(5 de octubre de 1998)

La Comisión comparte la preocupación del Parlamento por la situación en Birmania. La Comunidad ha tomado varias medidas al respecto. La posición común sobre Birmania, que deberá revisarse antes del 28 de octubre de 1998, no incluye, por ahora, medidas equivalentes a un embargo de las inversiones.

En cuanto a la prohibición de las inversiones por parte de los Estados miembros, cabe señalar que la inversión efectuada por ciudadanos comunitarios en otros Estados miembros o terceros países constituye un movimiento de capital en el sentido del artículo 73 B del Tratado CE. Por tanto, la normativa comunitaria sobre los movimientos de capital es aplicable a las inversiones y a las prohibiciones de inversión. El artículo 73 B prohibe, como principio general, cualquier restricción de los movimientos de capital y de los pagos, no sólo entre Estados miembros sino también entre Estados miembros y terceros países. Por tanto, los Estados miembros, por principio, deben velar por la plena libertad de los movimientos de capital, incluida la inversión extranjera directa, con cualquier país tercero, incluida Birmania.

El Tratado ofrece a los Estados miembros un número limitado de excepciones a este principio general. Así, el apartado 1 del artículo 73 C del Tratado CE establece que "lo dispuesto en el artículo 73 B se entenderá sin perjuicio de la aplicación a terceros países de las restricciones que existan el 31 de diciembre de 1993 de conformidad con el Derecho nacional o con el Derecho comunitario en materia de... inversiones directas, incluidas las inmobiliarias, el establecimiento, la prestación de servicios financieros o la admisión de valores en los mercados de capitales". A 31 de diciembre de 1993 no existía restricción general alguna de los Estados miembros para los movimientos de capitales con Birmania, que pudiera estar cubierta por esta disposición del Tratado, aparte de las muy escasas restricciones sectoriales (transporte, pesca) que se aplican a todos los terceros países. El apartado 2 del artículo 73 G autoriza medidas unilaterales de los Estados miembros por razones políticas graves y por motivos de urgencia hasta tanto el Consejo no haya tomado medidas comunitarias.