PREGUNTA ESCRITA P-3431/01

de Pere Esteve (ELDR) a la Comisión

(6 de diciembre de 2001)

Asunto: Extracción de arena en las Illes Balears

Uno de los temporales más grandes que han sufrido las Illes Balears, ha provocado la pérdida de una gran magnitud de arena en las playas. El Ministerio de Medio Ambiente español ha anunciado la extracción de arena delante de las costas de las Illes Balears: concretamente, la explotación de los yacimientos de arena que se encuentran delante de las costas de Banyalbufar (Mallorca) y del norte de la isla de Eivissa.

Esta actuación inminente por parte del Ministerio, ha disparado la alarma entre científicos y sectores sociales. Los argumentos son que la disminución de arena que ahora se observa en algunas playas naturales es una situación transitoria: las playas se podrán recuperar en pocos meses si las condiciones son mínimamente favorables y la acción humana no actúa en sentido contrario. La mayor parte de la arena desaparecida está a pocos metros de la playa, dentro del agua, y retornará a la playa cuando el régimen de olas sea favorable. Por otra parte, el diputado quiere recordar a la Comisión que la regeneración artificial es una solución transitoria, cara y altamente impactante. Entre los diversos impactos, los científicos destacan: La destrucción de las comunidades bentónicas que viven en los fondos de arena que son dragados, afectando a veces a especies de especial interés pesquero; el cambio drástico de las condiciones ecológicas del fondo dragado, con la creación de taludes y fosas, así como la sustitución de las comunidades biológicas originales por otras; la generación de aguas turbias en la zona de extracción, hecho que perjudica a especies que requieren aguas muy transparentes, como la Posidonia oceánica; la sepultación de comunidades naturales en la zona de deposición, afectando en algunos casos a comunidades vegetales protegidas (Posidonia).

Considerando que la política ambiental consiste, tal y como se recoge en la Directiva 85/337/CEE(1), en evitar daños ecológicos más que en combatirlos posteriormente, el diputado

quiere saber: ¿Está al corriente la Comisión del citado proyecto?¿Piensa advertir a las autoridades españolas sobre la conveniencia de realizar esta extracción, teniendo en cuenta las consecuencias que ocasionaría sobre el ecosistema de estas dos zonas y lo dispuesto en la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente?

Cabe recordar, que la Dirección de Costas ya tuvo que rectificar en el año 1994, ante un proyecto similar en Cala Agulla (Mallorca), porque el estudio de impacto ambiental realizado por el Gobierno español, presentaba graves fallos: errores en la cartografía provocaban que la extracción se hiciese en zonas con posidonia.

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(11 de enero de 2002)

La Comisión desconocía el proyecto al que se refiere Su Señoría.

Es posible que un proyecto de extracción de arena como el que menciona Su Señoría pertenezca al ámbito de aplicación de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985(1), modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1987, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(2), ya que en la enumeración de la letra c) del apartado 2 del Anexo II de esta Directiva se incluye la extracción de minerales mediante dragados marinos o fluviales.

De acuerdo con lo dispuesto en dicha Directiva, para decidir si un proyecto de los enumerados en el Anexo II debe someterse a una evaluación con arreglo a los artículos 5 a 10, los Estados miembros deben llevar a cabo un estudio caso por caso o determinar unos umbrales o criterios o bien combinar ambos métodos teniendo en cuenta los criterios de selección establecidos en Anexo III la Directiva referentes a las características del proyecto, su ubicación y las características del potencial impacto. Los Estados miembros velarán por que el público pueda tener acceso a las resoluciones de las autoridades competentes.

Tal y como Su Señoría ha solicitado, la Comisión tiene previsto recordar a las autoridades españolas las disposiciones de las Directivas del Consejo anteriormente mencionadas para garantizar su cumplimiento si un proyecto concreto surge tras el anuncio del Ministerio español de Medio Ambiente.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.

(2) DO L 73 de 14.3.1997.