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PREGUNTA ESCRITA E-0687/98

de Amedeo Amadeo (NI) y Salvatore Tatarella (NI) a la Comisión

(10 de marzo de 1998)

Asunto: Transporte internacional de viajeros - Reglamento del Consejo no 684/92 de 16.3.1992

Según el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento no 684/92(1), "los servicios regulares especializados definidos en las letras a), b), c) y d) del párrafo segundo del punto 1.2 del artículo 2 no requerirán autorización siempre que estén amparados por un contrato firmado por el organizador y el transportista".

¿Podría precisar la Comisión si es cierto que los servicios regulares especializados que corresponden a la definición de servicio regular según los puntos a), b), c) y d) del segundo párrafo del apartado 1.2 del artículo 2 y que no requieren autorización ("siempre que estén amparados por un contrato firmado por el organizador y el transportista") pueden coexistir sistemáticamente con los servicios regulares existentes que requieren autorización y captar así la clientela de estos últimos?

(1) DO L 74 de 20.3.1992, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA P-1550/98

de Marie-Noëlle Lienemann (PSE) a la Comisión

(8 de mayo de 1998)

Asunto: Crédit Lyonnais

¿Cómo ha podido adoptar la Comisión unas posiciones públicas que han penalizado seriamente y constituyen una grave amenaza para un gran banco europeo, a saber, el Crédit Lyonnais, y qué piensa hacer para solucionar este problema, garantizando la continuidad de este banco y el mantenimiento de los puestos de trabajo?

Resulta sorprendente la actitud crítica de la Comisión ante el incremento de las ayudas públicas (cuyo importe parece ser objeto de desacuerdos en cuanto a la interpretación), mientras que las compensaciones que se exigen habitualmente para garantizar las reglas de competencia previstas para una inversión llegan incluso a duplicarse con respecto al plan establecido inicialmente. En este sentido, los importes propuestos por el Gobierno francés y el Crédit Lyonnais son totalmente suficientes para compensar las ayudas públicas, incluso aceptando el límite superior de estas últimas, estimado por la Comisión (que bien podría cuestionarse).
PREGUNTA ESCRITA E-1539/98

de Phillip Whitehead (PSE) a la Comisión

(18 de mayo de 1998)

Asunto: Etiquetado de los alimentos

¿Mantiene aún la Comisión su propósito de emprender una revisión exhaustiva del etiquetado de los alimentos?

En caso afirmativo, ¿cuándo se podrá disponer de los resultados?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión

(23 de junio de 1998)

Según se prometió al aprobar la última modificación(1) de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final(2), se ha iniciado el proceso de codificación de la citada Directiva para hacerla más comprensible a los usuarios. A finales del presente año se hará llegar al Parlamento y al Consejo la propuesta de texto codificado.

La Comisión está también examinando actualmente la necesidad de modificar la Directiva 79/112/CE, con objeto de garantizar una mejor información de las personas que padecen alergias alimentarias.

Por último, la Comisión, dentro del ámbito del seguimiento del Libro Verde sobre la legislación alimentaria(3), estudiará la necesidad y viabilidad de simplificar la legislación comunitaria relativa al etiquetado de productos alimenticios, para reagrupar, en la medida de lo posible, todas las disposiciones en materia de etiquetado.

(1) COM(98)99 final.

(2) DO L 33 de 8.2.1979.

(3) COM(97)176 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1258/98

de Freddy Blak (PSE) a la Comisión

(29 de abril de 1998)

Asunto: Discriminación en la venta de entradas para el campeonato del mundo de fútbol

1. ¿Cuál es la posición de la Comisión respecto a la discriminación en la venta de entradas para el campeonato del mundo de fútbol de Francia 1998?

2. ¿Qué iniciativas ha adoptado la Comisión para modificar esta situación, de manera que se asegure la igualdad de los ciudadanos de la UE para adquirir entradas para el campeonato del mundo 1998?

3. ¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión para que no se reproduzca esta situación en acontecimientos similares en la UE en el futuro?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión

(24 de junio de 1998)

Los servicios de la Comisión han completado la evaluación preliminar de las modalidades de venta de entradas para el campeonato del mundo de fútbol por parte de sus organizadores (el Comité français d'organisation de la Coupe du Monde de Football 1998 (CFO)) y han llegado a la conclusión preliminar de que dichas modalidades infringen las normas de competencia del Tratado CE por cuanto exigían a quienes querían comprar las entradas directamente al CFO que facilitaran una dirección en Francia para el envío de las entradas. Esta exigencia discriminaba a los consumidores no residentes en Francia que, por una razón u otra, no podían adquirir las entradas a los operadores turísticos autorizados o a sus respectivas federaciones nacionales de fútbol. En este sentido, los servicios de la Comisión comunicaron al CFO su conclusión preliminar de que ha abusado de su posición dominante en el mercado de entradas para el campeonato del mundo, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 86 del Tratado CE.

Para compenser en la medida de lo posible los efectos de este procedimiento discriminatorio, la Comisión instó al CFO a que pusiera todas las entradas no vendidas a disposición exclusivamente de los residentes fuera de Francia. El CFO comunicó el 23 de marzo de 1998 que no podía aceptar tal petición, pero que ofrecería estas entradas a residentes y no residentes en Francia por igual y sobre una base no discriminatoria. A la vista de esta negativa, la Comisión está preparando un procedimiento jurídico formal contra el CFO respecto de la venta de entradas en las mencionadas modalidades discriminatorias.

No le quepa duda a Su Señoría de que la Comisión procederá sin vacilación contra los organizadores de acontecimientos deportivos si en el futuro se vuelven a producir circunstancias similares. Con todo, la Comisión preferiría solucionar los problemas en una fase anterior y, en este sentido, celebra la reciente iniciativa de la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA) de negociar en su integridad las modalidades de venta de entradas para el campeonato europeo de fútbol del año 2000 con objeto de garantizar su compatibilidad con las normas de competencia comunitarias.
PREGUNTA ESCRITA E-0900/98

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(26 de marzo de 1998)

Asunto: Venta de entradas para Euro 2000

Teniendo en cuenta que la UEFA ha declarado que tiene intención de consultar a expertos jurídicos de la Comisión para la preparación del torneo de fútbol Euro 2000 en Bélgica, así como los acuerdos sobre la reventa de entradas en Holanda ¿puede garantizar la Comisión que no se repetirá la actual situación respecto a las normas de competencia comunitarias y a la Copa Mundial de fútbol, tres meses antes de la inauguración del torneo Euro 2000?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 1998)

A la vista de los últimos acontecimientos, representantes de la UEFA se reunieron recientemente con la Comisión para debatir las normas que regirán la venta de entradas para el torneo de fútbol Euro 2000. En el curso del debate, la UEFA confirmó su intención de tener muy presente la inquietud de la Comisión en relación con los problemas surgidos en los últimos meses en la venta de entradas para la Copa Mundial de fútbol en Francia. Su Señoría puede tener la seguridad de que en cuanto estén finalizadas, la Comisión examinará detalladamente las normas para la venta de entradas propuestas por la UEFA con vistas a asegurar su compatibilidad con las normas de competencia comunitarias.
PREGUNTA ESCRITA P-0460/98

de Shaun Spiers (PSE) a la Comisión

(16 de febrero de 1998)

Asunto: Bienestar de las gallinas ponedoras

¿Cuándo tiene intención la Comisión de presentar propuestas sobre la mejora del bienestar de las gallinas ponedoras?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(13 de marzo de 1998)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-115/98 de la Sra Pollack(1).

(1) DO C 304 de 2.10.1998, p. 33.
PREGUNTA ESCRITA E-1288/98

de Reino Paasilinna (PSE) a la Comisión

(29 de abril de 1998)

Asunto: La economía pública y la UEM

El criterio del tres por ciento de déficit público establecido en el acuerdo de estabilidad, o acuerdo Waigel, ha puesto en dificultades al sector público. El desempleo puede seguir aún creciendo en los países de la UE si se aplica al sector público la norma estricta e inflexible del tres por ciento. Además, el actual procedimiento de penalizaciones podría agravar aún más la situación de los Estados miembros.

La política económica con la que se está restringiendo la economía pública mediante recortes y reducción de personal podría llegar a provocar durante la fase inicial de la Unión monetaria un aumento del desempleo y de la desinformación de los ciudadanos. Por este motivo, se debería establecer en el acuerdo de estabilidad un suficiente margen de movimientos para los casos en que se rebasen con carácter provisional los criterios.

¿Cómo tiene previsto la Comisión garantizar los puestos de trabajo en el sector público de los países donde se produzcan despidos temporales y definitivos de trabajadores como consecuencia del carácter rígido e inflexible del mencionado criterio de déficit público?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión

(19 de junio de 1998)

Desde que el Consejo aprobara las primeras orientaciones generales de la política económica, en 1994, la Comunidad ha mantenido la idea, dentro de la política económica presupuestaria, de que conseguir la consolidación presupuestaria en los Estados miembros es la mejor forma de que las Haciendas públicas recuperen su capacidad de maniobra, así como de impulsar un fuerte aumento de la inversión privada y de la capacidad productiva en Europa. Esta política presupuestaria contribuye también al logro de una combinación de políticas equilibrada, orientada a la estabilidad y favorecedora del crecimiento y el empleo. Como han podido experimentar sobradamente los Estados miembros con una elevada deuda pública, el exagerado aumento de los intereses de la deuda al que inevitablemente conduce el descontrol del déficit y el incremento de la deuda obstaculizan gravemente la posibilidad de mantener unos servicios públicos adecuados.

Los esfuerzos por lograr la consolidación deben hacerse manteniendo el equilibrio social, no a costa de la calidad de los servicios públicos, sino aumentando la eficacia y eficiencia del gasto público y fomentando las actividades productivas, esto es, invirtiendo en infraestructuras y en la formación de los recursos humanos, y adoptando medidas activas en el mercado de trabajo.

Ahora bien, en el respeto de estos principios generales y de las exigencias que se derivan de la coordinación de las políticas, según se expresa en el Tratado de Amsterdam, la responsabilidad de adoptar las medidas presupuestarias concretas para llevar a la práctica dichas políticas corresponde plenamente a los Estados miembros, en función de sus propios procedimientos presupuestarios y en aplicación del principio de subsidiariedad.
PREGUNTA ESCRITA E-1228/98

de Marie-Paule Kestelijn-Sierens (ELDR) a la Comisión

(29 de abril de 1998)

Asunto: Distancia entre los aeropuertos y las poblaciones circundantes

1. ¿Dispone la Comisión de datos sobre la distancia mínima de las pistas de aterrizaje que los Estados miembros imponen para la concesión de licencias de construcción, de un lado, y para las obras de ampliación de un aeropuerto, de otro?

2. ¿Dispone la Comisión de datos sobre la distancia realmente respetada entre las zonas residenciales y las pistas de aterrizaje de los aeropuertos en cada uno de los Estados miembros?

3. ¿Está examinando la Comisión la posibilitad de establecer unas normas mínimas a nivel europeo en este ámbito para proteger más adecuadamente a los vecinos y al ciudadano en general de la contaminación acústica y de los malos olores ocasionados por el queroseno?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(29 de mayo de 1998)

1. La Comisión no tiene información acerca de la distancia mínima de la pista de aterrizaje impuesta por la legislación de los Estados miembros para los permisos de construcción o ampliación de pistas. En este campo, hay que tener presentes las recomendaciones de la Organización Internacional de la Aviación Civil, que no son jurídicamente vinculantes.

2. La Comisión no dispone de datos representativos sobre las distancias a las que obligan los diferentes Estados miembros para separar pistas y zonas urbanizadas.

3. La Comisión no tiene previsto el establecimiento de normas mínimas vinculantes en este campo. Sin embargo, piensa publicar una comunicación sobre el transporte aéreo y el medioambiente para finales del presente año. En este documento, se tratarán una serie de cuestiones medioambientales relacionadas con los aeropuertos y sus alrededores.
PREGUNTA ESCRITA E-1555/98

de Susan Waddington (PSE) a la Comisión

(19 de mayo de 1998)

Asunto: Armonización de las normas de seguridad para las bicicletas

La aplicación de las normas de seguridad para las bicicletas difiere ampliamente de un Estado miembro a otro. En algunos Estados miembros deben instalarse faros como parte del equipamiento de serie, mientras que en otros no es obligatorio el freno delantero. En muchos Estados miembros las bicicletas se comercializan más como juguetes que como medio de transporte.

Dado que se está fomentando el uso de la bicicleta como medio de transporte respetuoso con el medio ambiente y que, por lo tanto, aumentará el numero de bicicletas en la UE, ¿qué medidas está considerando la Comisión para armonizar las normas de seguridad del producto en el, cada vez mayor, mercado interior de la bicicleta a fin de asegurar que a los consumidores se les garantizan las mismas normas mínimas de seguridad en todos los Estados miembros?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión

(26 de junio de 1998)

A diferencia de lo que ocurre en el sector de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, en el sector de las bicicletas no existe una normativa comunitaria para eliminar los obstáculos técnicos a los intercambios.

Los medios profesionales directamente afectados examinan actualmente la oportunidad de presentar a la Comisión un expediente en el que se ponga claramente de manifiesto la existencia real de dichos obstáculos, que impiden la libre circulación de bicicletas en la Comunidad. La Comisión estudiará el expediente con especial atención y no dejará de proponer, si procede, las medidas que considere más adecuadas.

No obstante, conviene remitir a Su Señoría a la Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 junio 1992, relativa a la seguridad general de los productos(1), que se aplica a los productos para los que no existe una normativa comunitaria específica que determine los requisitos de seguridad. Dicha Directiva establece principalmente los criterios de seguridad que han de cumplir los productores en lo que se refiere a los productos que comercialicen y permite a los Estados miembros adoptar medidas específicas cuando un producto presente un riesgo para la salud o la seguridad de los consumidores.

(1) DO L 228 de 11.8.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-1293/98

de Edward McMillan-Scott (PPE) a la Comisión

(29 de abril de 1998)

Asunto: Falta de reconocimiento mutuo entre Estados miembros de las pruebas de inspección técnica de vehículos

Actualmente un vehículo sólo puede pasar las pruebas de inspección técnica de vehículos en el Estado miembro en el que está matriculado. Dado el obstáculo que ello representa para la libre circulación de personas:

1. ¿Tiene la Comisión intención de proponer la homologación y mutuo reconocimiento de estas pruebas?

2. ¿Qué factores determinan la posición de la Comisión sobre este tema?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(25 de mayo de 1998)

La Directiva 96/96/CE(1) del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques establece los requisitos mínimos para el control del estado de los vehículos. Los Estados miembros son libres de incluir otros elementos de control y de realizar pruebas más severas en la inspección de los vehículos matriculados en ellos. Esto hace que exista cierto rechazo por parte de los Estados miembros que cuentan con pruebas más rigurosas a aceptar la posibilidad de que sus ciudadanos obtengan un certificado de inspección técnica en un Estado miembro vecino que aplica un sistema más indulgente. El objetivo actual de la Comisión es aumentar los requisitos de la inspección técnica siempre que esté justificado desde el punto de vista de la rentabilidad. Con el tiempo, este proceso suscitará una convergencia de las normas nacionales, pero, mientras esto se lleva a cabo, la mayoría de los Estados miembros se mostrarán en contra del reconocimiento mutuo.

Existen acuerdos bilaterales entre Estados miembros que permiten el reconocimiento mutuo en casos específicos. Esta práctica no es infrecuente en el sector del transporte pesado. Sin embargo, no es práctica común para con los vehículos de turismo.

(1) DO L 46 de 17.2.1997.
PREGUNTA ESCRITA n. 1214/98 del José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL a la Comisión. Competitividad



Diario Oficial n° C 386 de 11/12/1998 p. 0094



PREGUNTA ESCRITA E-1214/98 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (29 de abril de 1998) Asunto: Competitividad En el informe del Parlamento (A-0113/97) sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo sobre la comparación de resultados (Benchmarking) de la industria europea en materia de competitividad (COM(96)0463 - C-0622/96) y sobre el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre una política europea de fomento de la calidad destinada a aumentar la competitividad europea (SEC(96)2000), se pide a la Comisión que presente conclusiones acerca de por qué determinados sectores europeos como el de las bebidas, funcionan mejor que sus homólogos de los EE.UU. y del Japón en términos de valor añadido industrial. ¿Cuándo piensa presentar sus conclusiones?
PREGUNTA ESCRITA P-1916/98

de Astrid Thors (ELDR) a la Comisión

(9 de junio de 1998)

Asunto: Cuestiones de competencia en relación con los medios de pago electrónico y otros instrumentos de pago

Habida cuenta del rápido desarrollo de los instrumentos de pago, como las tarjetas y los medios de pago electrónico, ¿cuándo tiene previsto la Comisión pronunciarse sobre si la situación en materia de competencia es satisfactoria para las empresas que ofrecen tarjetas de crédito o para los servicios de gestión de pagos?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión

(8 de julio de 1998)

La Comisión está finalizando un análisis de las normas de dos importantes sistemas internacionales de tarjetas de crédito, a fin de evaluar su compatibilidad con la legislación comunitaria. Estas normas fueron notificadas a la Comisión con objeto de obtener una declaración negativa o una exención con arreglo al artículo 85 del Tratado CE. Además de estas notificaciones, la Comisión también está examinando varias denuncias formales e informales, en particular la presentada por la organización minorista Eurocommerce, contra uno o más elementos de estos sistemas internacionales de tarjetas de crédito.

La Comisión espera adoptar una decisión formal en ambos casos en el segundo semestre de 1998. Una vez que la Comisión haya emitido su opinión sobre estos asuntos individuales pendientes, se propone publicar rápidamente una comunicación en la que, en un contexto más general, aclare su posición respecto a los principales aspectos de la competencia en este ámbito.
PREGUNTA ESCRITA E-1094/98

de Claudio Azzolini (PPE) y Antonio Tajani (PPE) a la Comisión

(7 de abril de 1998)

Asunto: Violación del Preámbulo y del artículo F del TUE (Preámbulo y artículo 6 del Tratado de Amsterdam)

Hace algunos meses, la RAI Spa, concesionaria del servicio público italiano de radiotelevisión, adoptó la medida disciplinaria de "apercibimiento escrito" contra Ermanno Corsi, redactor jefe de la sede de la RAI en Nápoles y presidente del Colegio de Periodistas de la Región Campania. Con esta medida, formal y sustancialmente vejatoria, se pretende castigar la presencia ocasional y gratuita de Ermanno Corsi en la primera página del diario "Roma" como autor de "opiniones" publicadas en un espacio reservado al intercambio de ideas y a la libre expresión del pensamiento. Evidentemente, la RAI ha confundido las prestaciones profesionales, para las cuales es necesaria una autorización previa y específica de la empresa, y la libertad de opinión, expresa y debidamente protegida por el artículo 21 de la Constitución italiana y, como tal, no sujeta a censuras, autorizaciones o controles. No obstante, de nada ha servido haber hecho observar que las "opiniones", siempre dedicadas a la cuestión meridional, no son prestaciones profesionales y haber presentado una declaración del director y editor del diario "Roma" sobre la gratuidad de los escritos de Ermanno Corsi.

1. ¿Puede decir la Comisión si al limitar la libertad de opinión y de expresión la RAI, servicio público italiano de radiotelevisión, viola los principios legales y de derecho universalmente reconocidos en la Unión Europea y que constituyen la base de los ordenamientos de los Estados miembros y del Tratado de la Unión Europea?

2. ¿Puede la Comisión intervenir ante el Gobierno italiano y ante la comisión parlamentaria italiana de vigilancia de la RAI con el fin de que se adopten las medidas necesarias para impedir que se lesione un derecho reconocido por la Constitución italiana y por los derechos fundamentales en que se basa la Unión Europea, y para pedir que se levante una medida disciplinaria injustamente adoptada?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión

(20 de julio de 1998)

El artículo F.2 del Tratado de la Unión Europea impone una obligación sobre los actos y políticas de las instituciones europeas pero no da a la Unión ni a la Comunidad competencias generales directas en la materia (Dictamen 2/94 del Tribunal de Justicia). La Comisión considera, pues, que el marco jurídico no permite dar curso a las peticiones de Sus Señorías.
PREGUNTA ESCRITA E-1002/98

de Gianni Tamino (V) a la Comisión

(2 de abril de 1998)

Asunto: Incumplimiento de la normativa comunitaria en la licitación de la carretera "Cispadana"

Tras la respuesta de la Comisaria Bjerregaard a mi pregunta E-3972/97(1) sobre la construcción de la carretera "Cispadana", desearía informar de que el 27 de febrero de 1998 concluyó la fase de entrega de la documentación por parte de los participantes en la licitación en cuestión, sin que las autoridades italianas competentes (Ministerio de Obras Públicas y ANAS) se conformaran en dicha licitación a las disposiciones de la Directiva 93/37/CEE(2).

¿Ha recibido la Comisión las informaciones solicitadas a las autoridades italianas? ¿Qué conclusiones se deducen de éstas?

¿Considera que, tal y como se ha desarrollado posteriormente este asunto, existen las condiciones necesarias para incoar un procedimiento por incumplimiento en contra de Italia, de conformidad con el artículo 169 del Tratado?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(5 de junio de 1998)

La Comisión está realizando un minucioso examen del problema al que se refiere Su Señoría, y le informará de su resultado lo más rápidamente posible.

(1) DO C 196 de 22.6.1998, p. 44.

(2) DO L 199 de 9.8.1993, p. 54.