PREGUNTA ESCRITA E-2024/98

de Laura De Esteban Martin (PPE) a la Comisión

(30 de junio de 1998)

Asunto: Código de conducta de empresas comunitarias que operan en los PVD

Habida cuenta de que el Senado español ha aprobado recientemente una moción, con el fin de establecer un código de conducta sobre las condiciones laborales de los trabajadores de instalaciones de propiedad española en países del Tercer Mundo, para combatir la práctica de sobreexplotación de los mismos (como evitar la utilización de niños como mano de obra o la fijación de un tope de horas en la semana laboral), y de que la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento Europeo acaba de empezar los trabajos de un informe de iniciativa sobre las condiciones laborales de las empresas comunitarias que realizan sus actividades en los PVD,

¿Qué acogida tienen estas iniciativas en el seno de la Comisión?

¿Piensa la Comisión presentar una propuesta relativa al establecimiento de un código de conducta sobre las condiciones laborales de las empresas provenientes de los Estados miembros que operan en los PVD?

¿Considera la Comisión pertinente establecer un apartado dedicado a este aspecto en las negociaciones post-Lomé que se iniciarán el próximo mes de septiembre?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión

(24 de septiembre de 1998)

La mejora de las condiciones de vida y trabajo en los países en desarrollo constituye una preocupación constante para la Comisión, que sigue con interés las distintas iniciativas emprendidas en este ámbito y aprecia los esfuerzos hechos con el fin de definir unos códigos de conducta voluntarios. La Comisión, que participa en los trabajos en curso de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la revisión de las directrices para las empresas multinacionales, se esfuerza en promover un enfoque coordinado de los Estados miembros y de la Comisión en estos ámbitos. La Comisión considera, sin embargo, que es esencial que estas cuestiones estén integradas en las legislaciones de los países en desarrollo.

Esta cuestión se aborda, por otra parte, desde varios ángulos en el marco de las políticas comunitarias. El régimen de estímulo social recientemente introducido en el sistema de preferencias arancelarias generalizadas constituye un ejemplo. Este sistema prevé la concesión de preferencias adicionales a los países beneficiarios que aplican efectivamente los derechos sociales fundamentales previstos en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no 87, 98, 138. Este régimen refleja plenamente el enfoque positivo y estimulante adoptado por la Comunidad en la materia, y cuyo objetivo no es otro que tratar las cuestiones sociales como elementos de la política de cooperación al desarrollo y no como medios de coerción proteccionistas que la Conferencia Ministerial de Singapur de la Organización Mundial del Comercio (OMC) había descartado claramente.

La política comunitaria cubre también un amplio abanico de acciones que pueden contribuir a un mejor respeto de los derechos sociales a través, en particular, de los apoyos a los sindicatos y a diferentes sectores sociales. Por otra parte, los acuerdos de cooperación que celebra la Comunidad con los países en desarrollo hacen explícitamente referencia en lo sucesivo, más allá de los derechos del hombre y los principios democráticos, a los compromisos asumidos en la Cumbre para el desarrollo social en Copenhague. Esto se aplica para los Acuerdos con los países en desarrollo de Asia, de América Latina y del Mediterráneo, y en el caso del futuro Acuerdo de asociación con los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) que, según precisa el mandato de negociación adoptado por el Consejo el 29 de junio de 1998, debe contener una mención específica al respeto de los derechos sociales fundamentales basándose para ello en los principios contenidos en los instrumentos pertinentes de la OIT.

Por lo que se refiere más concretamente a las relaciones futuras con los países ACP, el mandato de negociación aborda la cuestión del respeto de los derechos sociales fundamentales a varios niveles. Más allá del preámbulo, en el marco de la ayuda al desarrollo, la Comunidad aportará su apoyo a las políticas e instituciones del mercado del trabajo y especialmente para la aplicación de las legislaciones que garanticen un nivel conveniente de protección de los trabajadores, el respeto de los derechos sociales fundamentales, y la mejora de las condiciones de salud y seguridad en los lugares de trabajo. Con el mismo espíritu, las intervenciones comunitarias previstas en el marco del mecanismo de inversión destinado a promover el desarrollo de las empresas en los países ACP, deberán explícitamente tener en cuenta las normas definidas por la OIT. Finalmente el componente económico y comercial del mandato de negociación de la Comunidad prevé una referencia a los Convenios internacionales en materia de derechos sociales fundamentales y promover la cooperación en este ámbito.

Los mecanismos que permitirán concretar estas orientaciones deberán definirse en el marco de las negociaciones y la asociación con los países en cuestión.