PREGUNTA ESCRITA E-2287/96 de Guido Podestà (UPE) a la Comisión (27 de agosto de 1996)

Asunto: Reconocimiento de diplomas

Las Directivas 89/48/CEE ((DO L 19 de 24.1.1989, p. 16. )) y 92/51/CEE ((DO L 209 de 24.7.1992, p. 25. )) establecen un sistema general de reconocimiento de los diplomas de enseñanza superior y sancionan los cursos de formación profesional de duración no inferior a tres años.

Estas Directivas permiten que un Estado miembro exija a una persona que haya obtenido su diploma en otro Estado miembro que siga cursos de integración para poder ejercer su profesión, en el caso de que existan «diferencias sustanciales» en la formación prevista por la normativa de los dos Estados miembros.

En el respeto de la libre circulación de las personas y teniendo en cuenta que son frecuentes los casos de «diferencias sustanciales» entre diplomas de los diversos Estados miembros, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para establecer unos criterios válidos de comparación con los que se pueda valorar objetivamente esas diferencias?

Por otra parte, ¿no considera la Comisión que, para ofrecer las mismas oportunidades a todos los ciudadanos de la Unión Europea, habría que permitir de ahora en adelante el reconocimiento pleno y recíproco, por parte de los países miembros, de los diplomas obtenidos dentro de la Unión Europea?

De otro modo, ¿qué acciones piensa iniciar la Comisión para que ese reconocimiento pleno y recíproco sea efectivo en breve?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (5 de noviembre de 1996)

La Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, establecía un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años. A continuación, esta Directiva fue completada por la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales. Esta Segunda Directiva se aplicaba a los títulos no contemplados en la Directiva 89/48/CEE.

Con arreglo al sistema general de reconocimiento de títulos, una persona plenamente cualificada para ejercer una profesión en un Estado miembro deberá, en principio, poder ejercer esa misma profesión en otro Estado miembro. Así pues, el reconocimiento del título constituye la regla general. Ahora bien, esta regla general cuenta sin embargo con algunas excepciones. Una de ellas se da, por ejemplo, cuando la formación que el solicitante del reconocimiento ha recibido en el Estado miembro de origen incluye materias sustancialmente diferentes de las cubiertas por el título que se exige en el Estado miembro de acogida. En ese caso, el Estado miembro de acogida tiene la posibilidad de exigir al solicitante que efectúe un curso de adaptación o que se someta a una prueba de aptitud («medidas de compensación»). Salvo en casos muy concretos contemplados por las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE, el migrante tiene la posibilidad de elegir entre el curso de adaptación o la prueba de aptitud.

En la práctica, las mencionadas medidas de compensación han sido poco utilizadas por los Estados miembros. Salvo en lo que respecta a las profesiones jurídicas (abogados, agentes de patentes, contables), las estadísticas comunicadas a la Comisión ponen de manifiesto que la imposición de medidas de compensación sigue constituyendo la excepción. Este uso tan limitado de las medidas de compensación prueba que, en la práctica, las autoridades nacionales encargadas de los expedientes de reconocimiento no han perdido de vista el principio de confianza mutua, que constituye uno de los pilares del sistema general de reconocimiento de títulos. De hecho, el pleno reconocimiento de los títulos por los demás Estados miembros ha sido la norma.

La Comisión opina que el reconocimiento pleno y recíproco por el que aboga su Señoría parece de difícil aplicación. Una profesión puede diferir considerablemente de un Estado miembro a otro, tanto por lo que se refiere a su definición y su régimen jurídico como a su nivel y sus condiciones de acceso. Con arreglo al principio de subsidiariedad, los Estados miembros siguen siendo competentes por lo que respecta a las normativas relativas a las profesiones. Debido a ello, determinadas profesiones que existen en un Estados miembro no existen en otro. A veces, aunque la denominación sea la misma, el contenido de la profesión varía. Por último, los niveles de formación exigidos para el acceso a una misma profesión también pueden variar.

El sistema general de reconocimiento de títulos ha tenido que hacer frente a todos esos problemas. Para ello, se han establecido mecanismos que permitieran nivelar las diferencias entre Estados miembros para que no constituyeran un obstáculo a la libre circulación. No obstante, la superación de estas diferencias nacionales requiere el establecimiento de procedimientos y normas previstas en el marco del sistema general y que no permiten un reconocimiento automático. Un reconocimiento pleno y recíproco podría impulsar a los estudiantes a formarse en el Estado o Estados miembros donde las exigencias en materia de formación fuesen menores o los títulos más accesibles. Ello conduciría a una nivelación a la baja contraria a los objetivos de la Comunidad que, con arreglo al Tratado, desea contribuir a la mejora de la calidad de los sistemas educativos y de formación. Así pues, los mecanismos de reconocimiento están obligados a respetar las características específicas nacionales. El reconocimiento automático sólo es posible cuando existe una armonización mínima de las formaciones. Esta tarea se llevó a cabo entre 1975 y 1985 en algunos sectores (médicos, enfermeros, veterinarios). En las mencionadas profesiones, la armonización de los niveles exigidos en cada Estado miembro ha permitido un reconocimiento de tipo automático.

En el futuro, la Comisión tiene previsto continuar por la vía abierta con el establecimiento del sistema general de reconocimiento de títulos. La Comisión va a adoptar una actitud vigilante por lo que respecta a la incorporación completa de las directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE en todos los Estados miembros, y a garantizar que las partes puedan beneficiarse plenamente de los derechos que les confieren ambas directivas.