PREGUNTA ESCRITA P-0392/00

de Inger Schörling (Verts/ALE) a la Comisión

(8 de febrero de 2000)

Asunto: El principio de publicidad de la información y protección de la fuente

El Comisario Neil Kinnock ha afirmado en la prensa sueca que, tal como se concibe en Suecia, el principio de publicidad de la información y protección de la fuente no es adecuado para la Comisión de la UE. Al parecer, según Kinnock, si se introdujera el principio de publicidad de la información, las decisiones importantes se tomarían de manera informal, y la protección de la fuente de información conduciría a que aumentara el secretismo. Kinnock también afirmó que Paul van Buitenen ha dejado de ser una valiosa fuente de información que revela las irregularidades cometidas en el seno de la Comisión y se ha convertido en un informador sin fiabilidad que busca desacreditar a la Comisión como institución.

¿Puede el Comisario Kinnock explicar más detalladamente qué razones le llevan a pensar que el principio de publicidad de la información y protección de la fuente tendría el efecto contrario al deseado si se aplica en el seno de la UE? ¿Puede el Comisario explicar las razones por las que Paul van Buitenen ha dejado de ser un informador valioso para convertirse en todo lo contrario?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(24 de marzo de 2000)

Recientemente la Comisión publicó su propuesta de Reglamento relativo al acceso del público a los documentos de las Instituciones Europeas(1), en el que se establecen los principios y normas que, en opinión de la Comisión, son necesarios para garantizar la transparencia de la información facilitada por las Instituciones a los ciudadanos europeos. Al elaborar su propuesta, la Comisión tuvo en cuenta la experiencia positiva adquirida en relación con el código de conducta(2), la normativa de los Estados miembros sobre el acceso a los documentos, en particular, las buenas prácticas aplicadas en los países nórdicos, y la situación concreta de las Comunidades.

El Parlamento y el Consejo examinarán este texto y, por último, establecerán las normas obligatorias aplicables en este ámbito.

En el Parlamento y en otros lugares, el Vicepresidente responsable del personal y de la reforma administrativa ha reconocido concretamente que Suecia dispone de una amplia y positiva tradición en materia de acceso público a la información y que, en consecuencia, sus normas son dignas de interés pero, para ser realistas, no pueden copiarse completamente en las Instituciones Europeas en un futuro próximo.

En declaraciones públicas, el Vicepresidente también subrayó el hecho de que en Suecia, los intercambios informales que tienen lugar antes de que un documento obtenga el estatuto de oficial no son accesibles al público. En la propuesta presentada por la Comisión, la definición de un documento excluye los textos para uso interno tales como los documentos de debate, los dictámenes de los servicios y los mensajes informales. Si no existiera esta excepción, que en opinión del Comité de Expertos Independientes era necesaria porque la Comisión requiere el espacio de reflexión necesario para formular su política antes de que ésta sea del dominio público, la gente sería reacia a producir e intercambiar estos documentos, lo que podría provocar un mayor secreto sin añadir eficacia al trabajo.

Mientras tanto, las referencias que figuran en la pregunta distorsionan lo dicho por el Vicepresidente. Éste ha reiterado que las irregularidades reveladas por un funcionario de la Comisión eran asunto de procedimientos disciplinarios o jurídicos antes de esa revelación. También hizo referencia a las alusiones efectuadas en la prensa sueca según las cuales el fraude era continuo entre miles de funcionarios dentro de la organización. Evidentemente esto no es cierto. Este tipo de declaración generalizada, que injustamente difama a la Comisión y a su personal, es el que provoca la desconfianza injustificada de los ciudadanos.

(1) COM(2000) 30 final.

(2) Código de conducta relativo al acceso del público a los documentos del Consejo y de la Comisión, adoptado por el Consejo el 20 de diciembre de 1993 (DO L 340 de 31.12.1993, p. 43) y por la Comisión el 8 de febrero de 1994 (DO L 46 de 18.2.1994, p. 58). El Parlamento Europeo adoptó una Decisión relativa al acceso del público a sus documentos el 10 de julio de 1997 (DO L 263 de 25.9.1997, p. 27).