PREGUNTA ESCRITA E-1480/00

de Karl-Heinz Florenz (PPE-DE) a la Comisión

(11 de mayo de 2000)

Asunto: Alcance de los controles efectuados hasta la fecha en el ámbito de la legislación sobre alimentación humana y animal

En el marco del Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de directiva para el establecimiento de una declaración porcentual sobre las diferentes sustancias presentes en los piensos compuestos.

A la vista de los problemas jurídicos que conlleva esa propuesta (protección de conocimientos técnicos, deficiente controlabilidad), ¿no sería conveniente que la Comisión obtuviera en primer lugar una visión general del grado de aplicación de las directivas precedentes en los Estados miembros y comprobara, a este respecto, en qué medida se realizan controles en el ámbito de la legislación sobre alimentación humana y animal?

¿A cuánto ascienden, en este contexto, el número de empresas ya controladas, el número de pruebas extraídas, el número de investigaciones realizadas sobre los ingredientes, aditivos y sustancias no deseadas? ¿Cómo se han sancionado hasta ahora las infracciones de la legislación sobre alimentación humana y animal?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(13 de julio de 2000)

Su Señoría se refiere a las iniciativas de la Comisión para que se haga una declaración sobre los porcentajes de las diferentes sustancias presentes en los piensos compuestos, que está actualmente debatiéndose en el Consejo y en el Parlamento. La propuesta de Directiva de la Comisión, que exige la máxima transparencia en cuanto a la composición de los piensos compuestos(1), se ha incluido en un conjunto de medidas presentado en la reunión del Consejo Agricultura de junio de 1999 y al Parlamento en septiembre de 1999, tras la crisis de la dioxina. En ambos casos hubo un amplio apoyo a la propuesta de la Comisión. Esta medida contribuye a garantizar un nivel elevado de inocuidad de los alimentos, como se menciona en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria(2).

La Comisión coincide con Su Señoría en lo relativo a la necesidad de comprobar el grado de aplicación de la legislación comunitaria pertinente en el ámbito de la alimentación humana y animal. Ya existen diversos instrumentos que permiten a la Comisión evaluar el grado de aplicación de la legislación comunitaria.

Los Estados miembros tienen que informar a la Comisión sobre los controles y muestreos efectuados. Este es el caso, en particular, de la Directiva 89/397/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa al control oficial de los productos alimenticios(3), que obliga a los Estados miembros a transmitir a la Comisión toda información útil relativa a la ejecución de los programas de control, tanto nacionales como coordinados a escala comunitaria, ofreciendo datos estadísticos sobre los controles realizados, tipo de muestras recogidas y las infracciones comprobadas.

Asimismo exige tal información la Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa a las medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos(4). Esta Directiva exige proceder a muestreos para la detección de residuos, según un plan establecido por los Estados miembros y aprobado por la Comisión. Los Estados miembros deben elaborar y enviar a la Comisión un informe anual sobre los resultados del programa.

Por lo que respecta a la alimentación animal, el artículo 22 de la Directiva 95/53/CE del Consejo, de 25 de octubre de 1995, por la que se establecen los principios relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal(5), establece que los Estados miembros transmitirán información sobre los resultados de las actividades de inspección, que permitan establecer un programa coordinado de controles para el año siguiente a nivel comunitario.

En lo relativo a la evaluación por la Comisión de la transposición de las directivas comunitarias, hay que recalcar que la Comisión inicia sistemáticamente procedimientos de infracción con arreglo al artículo 226 del Tratado CE (antiguo artículo169) contra los Estados miembros que incumplen la obligación de notificar las medidas de transposición en los plazos previstos por dichas directivas. Puede hallarse más información al respecto en el informe anual sobre el seguimiento de la aplicación de la legislación comunitaria, que se publica en el Diario Oficial.

También controla el nivel de aplicación de la legislación comunitaria y el nivel de uniformidad de dicha aplicación la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión (OAV), de Dublín. Los informes de los controles y las recomendaciones se hacen públicos en Internet. La Comisión los estudia detenidamente y, en caso de incumplimiento, se incoa el procedimiento. Esto ha ocurrido en varias ocasiones.

Son los Estados miembros quienes aplican las sanciones por incumplimiento de la reglamentación por parte de los industriales de la alimentación. Además del recurso a los tribunales, las sanciones pueden comprender la retención del producto para pruebas adicionales, la posible destrucción de lotes que quizá estén contaminados o incluso el cierre del centro de explotación.

Como se expone en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, la Comisión considera que recoger información, incluidos los resultados de los controles oficiales, es un elemento esencial de cualquier sistema de seguridad alimentaria. Por esa razón, en la acción 8 del anexo del Libro Blanco se propone un instrumento global que permita a la Comisión recoger y explotar información sobre los resultados de inspecciones a todos los niveles de la cadena alimentaria humana y animal.

La Comisión lamenta no disponer actualmente de información sistemática y detallada como la solicitada, sobre el número de inspecciones y de muestreos realizados por los Estados miembros.

(1) COM(1999) 744 final.

(2) COM(1999) 719 final.

(3) DO L 186 de 30.6.1989.

(4) DO L 125 de 23.5.1996.

(5) DO L 265 de 8.11.1995.