PREGUNTA ESCRITA E-3967/98

de Paul Rübig (PPE) a la Comisión

(4 de enero de 1999)

Asunto: Evaluación de los costes derivados de los actos legislativos europeos

Tanto en los Estados miembros como a escala europea existe la convicción de que es necesario redactar actos legislativos concretos tan pronto como se perciba su urgente necesidad. A este respecto, conceptos como subsidiariedad, SLIM o ficha de impacto son palabras clave para una mayor eficacia y transparencia en este ámbito.

Con objeto de conseguir una legislación sencilla y adecuada resulta conveniente, en particular, realizar una evaluación global de sus repercusiones financieras tanto para la administración como para los destinatarios normales de la normativa correspondiente. En particular, los costes externos derivados resultan muy elevados por lo general.

1. ¿Está satisfecha la Comisión de la configuración actual de las fichas financieras anexas a sus propuestas legislativas?

2. ¿Existen directrices o líneas generales para la evaluación de las repercusiones financieras?

3. ¿Cómo podrían tenerse en cuenta en mayor medida en el futuro los costes derivados de la legislación?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión

(2 de marzo de 1999)

1. La ficha financiera prevista en el artículo 3 del Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977, aplicable al Presupuesto General de las Comunidades Europeas, modificado por última vez por el Reglamento no 2779/9(1) debe acompañar a toda propuesta o comunicación de la Comisión susceptible de tener una incidencia en el presupuesto comunitario. Permite al legislador apreciar si la intervención comunitaria es necesaria, si es proporcionada respecto a los objetivos y si sus disposiciones de aplicación presentan una relación coste-eficacia aceptable. En el marco de la iniciativa SEM 2000, la Comisión adoptó un conjunto de disposiciones, varias de las cuales destinadas a mejorar el contenido y la calidad de las informaciones proporcionadas a tal efecto a las autoridades legislativa y presupuestaria.

2. y 3. La Comisión realiza desde hace varios años la evaluación del impacto de sus propuestas legislativas, en particular en los ciudadanos y las empresas. Ha recomendado a sus servicios que realicen dichas evaluaciones no sólo en el momento de la adopción de sus propuestas, sino también a lo largo del proceso legislativo(2).

Por otra parte, se realizan intercambios de información con los Estados miembros así como con las empresas, y en particular las pequeñas y medianas empresas (PYME), sobre las mejores prácticas en materia de técnicas de evaluación.

A este respecto, es necesario recordar dos iniciativas importantes de la Comisión:

a) La ficha de impacto PYME. Esta ficha acompaña a las propuestas que pueden tener un impacto significativo en las empresas, y en particular las PYME. Implica una evaluación profunda de la normativa, incluyendo un análisis de los costes cuando ello resulte posible.

b) Un primer proyecto piloto, iniciado en julio de 1998, relativo al panel de empresas. Este proyecto, complementario a la ficha de impacto, tiene por objeto evaluar, en colaboración con los Estados miembros y mediante la consulta directa de las empresas, el coste y las consecuencias administrativas para éstas de los nuevos textos legislativos propuestos en el ámbito del mercado interior. Se ha informado al Parlamento debidamente de este proyecto (Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - El panel de empresas: un proyecto piloto(3)), que funciona de manera satisfactoria.

(1) DO L 347 de 23.12.1998.

(2) Véase Directrices generales por la política legislativa, Boletín UE 1/2-1996, punto 1.10.11.

(3) COM(98)197 finales.