PREGUNTA ESCRITA E-3418/02

de Joaquim Miranda (GUE/NGL) a la Comisión

(2 de diciembre de 2002)

Asunto: Pensiones de jubilación de ciudadanos migrantes

De acuerdo con informaciones facilitadas por ciudadanos portugueses que residen y trabajan en otros Estados miembros, puede constatarse que éstos se ven perjudicados en el cálculo de las pensiones de jubilación por el hecho de haber repartido su actividad profesional entre el país de origen, Portugal, y otro Estado miembro.

Esta situación se produce fundamentalmente cuando en los Estados miembros en los que se ha cotizado para la jubilación se establecen períodos mínimos para la obtención del porcentaje máximo de jubilación. Sirva de ejemplo el caso de un trabajador que haya ejercido su actividad profesional en Portugal durante 19 años y posteriormente en Alemania durante otros 27 años (con lo que, entre ambos sistemas de seguridad social, ha totalizado casi 47 años de cotización) y que tendrá derecho sumando las dos jubilaciones a una pensión inferior a la que tendría derecho con una única jubilación si hubiera trabajado 35 años en este último país.

¿Cómo considera la Comisión que puede resolverse esta situación que, objetivamente, supone un obstáculo a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea? Teniendo en cuenta la actual revisión del Reglamento (CEE) no 1408/71 precisamente sobre la coordinación de los regímenes de seguridad social, ¿qué posibles modificaciones piensa introducir en dicho Reglamento para garantizar una solución a esta situación?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(14 de enero de 2003)

El objetivo del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan en el interior de la Comunidad(1) es coordinar los sistemas nacionales de seguridad social a fin de evitar que los trabajadores migrantes pierdan sus derechos de seguridad social por el hecho de desplazarse dentro de la Unión.

En efecto, tal como ha afirmado el Tribunal de Justicia en numerosas sentencias, el Reglamento (CEE) no 1408/71 no tiene por objeto la armonización de los sistemas de seguridad social sino su coordinación. En su sentencia de 28 de abril de 1998 (asunto C-120/95(2)), el Tribunal dictaminó que a falta de una armonización a escala comunitaria, corresponde a la legislación de cada Estado miembro determinar, por una parte, los requisitos del derecho o de la obligación de afiliarse a un régimen de Seguridad Social (sentencias de 24 de abril de 1980, Coonan, 110/79, Rec. p. 1445, apartado 12, y de 4 de octubre de 1991, Paraschi, C-349/87, Rec. p. I-4501, apartado 15) y, por otra, los requisitos que confieren derecho a las prestaciones (sentencia de 30 de enero de 1997, Stöber y Piosa Pereira, asuntos acumulados C-4/95 y C-5/95, Rec. p. I-511, apartado 36). Por consiguiente, incumbe a cada Estado miembro definir su sistema de seguridad social, incluido el importe de la pensión de jubilación.

Por otra parte, el objetivo del Reglamento (CEE) no 1408/71 aparece claramente mencionado en el propio Tratado CE, en concreto en su artículo 42, que dispone que dicho Reglamento debe garantizar efectivamente la libre circulación de los trabajadores creando a tal fin un sistema de coordinación basado principalmente en el principio de la acumulación de todos los períodos tomados en consideración por las distintas legislaciones nacionales para la adquisición y el mantenimiento de los derechos a las prestaciones, así como para el cálculo de las mismas.

Este principio se ha aplicado, en particular, al ámbito de las pensiones de jubilación. No se trata, pues, de garantizar una pensión cuyo importe sea equivalente a la cuantía más elevada que el interesado hubiera podido percibir en caso de haber realizado toda su carrera profesional en un único Estado miembro, sino de garantizar el principio de la acumulación antes mencionado. En efecto, el Estado miembro debe tener en cuenta los períodos de seguro cumplidos en otros Estados miembros, ya sea para la adquisición del derecho en caso de que su legislación prevea un requisito de duración mínima de carrera, o para calcular el importe de la pensión. El Reglamento antes citado prevé asimismo que cada Estado miembro efectúe un doble cálculo, el primero en virtud únicamente de la legislación que aplica (sin tener en cuenta los períodos de seguro realizados en virtud de otra legislación, es decir, la pensión nacional). A continuación, cada Estado miembro calcula el importe de la prestación basándose en la cuantía teórica prorrateada entre la duración de los períodos de seguro cumplidos en virtud de la legislación que aplica la institución (pensión proporcional). Al final, cada Estado debe conceder el importe más favorable, ya sea la pensión nacional o la pensión proporcional.

Habida cuenta de lo expuesto anteriormente, la propuesta de simplificación del Reglamento presentada por la Comisión en 1998(3) no contiene modificaciones sustanciales del sistema de cálculo de las pensiones de jubilación.

(1) DO L 149 de 5.7.1971.

(2) Decker, Rec. 1998, p. I-1831.

(3) Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la coordinación de los sistemas de seguridad social, presentada por la Comisión el 4 de enero de 1998, COM(98) 779 final.