PREGUNTA ESCRITA E-1714/02

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(13 de junio de 2002)

Asunto: Ayudas otorgadas por los Estados Plazos de procedimiento

El artículo 88 (antiguo artículo 93) del Tratado constitutivo de la CE, atribuye a la Comisión Europea la competencia específica de decidir sobre la compatibilidad de las ayudas estatales con el mercado común. Es necesario notificar a la Comisión los proyectos destinados a instituir nuevas ayudas o a modificar los regímenes de ayudas existentes, y no se les podrá dar ejecución sin la autorización previa de la Comisión.

Sin embargo, los procedimientos son actualmente muy largos y el único plazo seguro para la conclusión del procedimiento por parte de la Comisión es de 20 meses. Plazos tan largos como éste originan inseguridad e inestabilidad en las empresas.

¿No cree la Comisión que es necesario llevar a cabo una dinamización, reducir los plazos de procedimiento y simplificar dicho procedimiento, de cara a una economía más competitiva y más fuerte?

Por consiguiente:

- ¿No cree la Comisión que sería útil establecer un plazo máximo específico (diverso del excesivo plazo de 20 meses)? ¿No se podría especificar en el apartado 5 del artículo 4 que la Comisión no puede formular más de tres peticiones de información adicional, mediante la introducción, tras el tercer párrafo, de una frase del tipo: No obstante, la Comisión no puede formular más de tres peticiones de información adicional (considerando suficientes dos peticiones iniciales más una petición final, procedimiento que aseguraría el examen completo de las notificaciones en no más de tres fases, garantizando a la Comisión un período de 8 meses para el examen, es decir, los dos meses iniciales más tres peticiones con cadencia bimestral)?

O bien, ¿considera que sería más conveniente:

- contemplar en el apartado 6 del artículo 7 un plazo preciso para la conclusión del procedimiento de examen por parte de la Comisión, sustituyendo, en el segundo párrafo, el plazo de 18 meses por un plazo de 12 meses, todo ello sin modificar la facultad de extender dicho plazo, por acuerdo entre las partes, en casos excepcionales y justificados, o, por último,

- crear e introducir en el citado Reglamento (CE) no 659/1999(1) otro mecanismo que establezca un plazo adecuado, si bien específico y más breve del plazo actual, para la conclusión del procedimiento por parte de la Comisión?

Si la causa de todo esto reside en el hecho de que la Comisión no dispone de recursos humanos suficientes para concluir dichos procedimientos en plazos más breves, ¿por qué no se piensa en aumentar el número de recursos humanos disponibles en la Dirección General en cuestión?

(1) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(29 de julio de 2002)

El Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, que establece normas detalladas para la aplicación del artículo 93 (ahora artículo 88) del Tratado CE, habla efectivamente de un plazo orientativo general de 20 meses para examinar la ayuda notificada. Sin embargo es importante observar que este plazo se desglosa en dos partes, una de dos meses para el examen preliminar de la medida de ayuda notificada (artículo 4) y otra orientativa de 18 meses para la investigación formal (artículo 7). Por otra parte, el Reglamento no establece ningún plazo para examinar la ayuda ilegal, pagada sin previa notificación a la Comisión y sin que ésta se haya pronunciado, aunque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia indica que tal examen debe concluir en un plazo razonable.

El plazo inicial de dos meses se suspende si la Comisión considera necesario pedir información adicional al Estado miembro y un nuevo plazo de dos meses empieza a contar desde la llegada de la información pedida. Este diálogo puede continuar varias veces aunque el Estado miembro puede en cualquier momento pedir a la Comisión que adopte una decisión sobre la base de la información disponible (apartado 3 del artículo 5).

La información disponible muestra que alrededor del 80 % de las ayudas notificadas son aprobadas por la Comisión durante la fase preliminar, el 15 % es retirada por el Estado miembro y solamente en un 5 % se procede a la fase formal de investigación.

En un estudio interno sobre una muestra aleatoria de 100 casos de ayuda estatal gestionados por la Dirección General de Competencia, en los que la Comisión decidió no plantear objeciones a la ayuda notificada sin incoar el procedimiento formal de investigación, se constató que el tiempo medio necesario para elaborar la decisión era aproximadamente de cuatro meses desde la notificación, lo que está en la línea del tiempo necesario para la evaluación inicial de la notificación y para una ronda de preguntas y respuestas con el Estado miembro. En el 16 % de los casos que superaron el tiempo de seis meses para alcanzar una decisión, los factores primarios parecen ser la complejidad de las cuestiones planteadas, la pobre calidad de la notificación original y los retrasos por parte de los Estados miembros para responder a las peticiones de información de la Comisión.

Por otra parte debe reconocerse que retrasos sustanciales surgen a veces en casos en que es necesario incoar el procedimiento formal de investigación de conformidad con el artículo 88.2 del Tratado CE, aunque en la mayoría de los casos se respete el plazo orientativo de 18 meses. Inevitablemente, estos son los casos más complejos, que plantean a menudo cuestiones complejas de evaluación. En algunos casos la Comisión puede también considerar necesario recurrir a expertos exteriores. Sin embargo, hay a veces también retrasos sustanciales por parte de los Estados miembros al proporcionar la información necesaria, o la que se envía está incompleta. En los casos extremos, los Estados miembros proporcionan la información adicional pertinente sólo después de tener conocimiento de que la Comisión está redactando una decisión negativa sobre el caso.

La Comisión explora actualmente los medios para mejorar la velocidad y eficacia de sus procedimientos de ayuda estatal y espera abrir un diálogo con los Estados miembros en el otoño. Todavía no puede pronunciarse sobre la posibilidad de proponer enmiendas al Reglamento, que en todo caso establece plazos máximos y no es un obstáculo para procedimientos más rápidos. Sin embargo la Comisión también espera que los Estados miembros proporcionen respuestas a sus cuestiones de manera completa y oportuna, lo que no siempre ocurre, desgraciadamente. Por esta razón la Comisión no es partidaria de fijar un límite legal en el número de cuestiones que puede plantear a los Estados miembros.