PREGUNTA ESCRITA E-3141/02

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(4 de noviembre de 2002)

Asunto: La aplicación de objetivos por parte de los Estados miembros de la UE para la admisión, acogida y expulsión de solicitantes de asilo sin tomar en consideración las razones por las que estas personas han huido

1. ¿Sabe la Comisión que en 2001 se rechazó en una primera selección el 22 % de las solicitudes de asilo en los Países Bajos, que este porcentaje aumentó hasta un 64 % en 2002 y que, en opinión del Ministro de Inmigración e Integración del actual gobierno cesante, en una primera selección se debería rechazar incluso el 80 % de las nuevas solicitudes de asilo?

2. ¿Hay otros Estados miembros de la UE que han establecido objetivos referidos al número o porcentaje de solicitantes de asilo que pueden ser admitidos? En caso afirmativo, ¿de qué Estados miembros se trata y qué objetivos aplican?

3. ¿Se han establecido objetivos en los esfuerzos realizados desde la Cumbre de Tampere de finales de 2000 por desarrollar un enfoque comunitario común para la admisión, acogida y expulsión de refugiados, o se aplican estos criterios sin que pueda establecerse de antemano a cuántas personas afectará el reglamento en determinado año?

4. ¿Existen países a los que, en opinión de todos los Estados miembros, los refugiados no puedan volver, como Somalia, Sierra Leona, el Iraq, Myanmar (Birmania) o Corea del Norte, o cada Estado miembro de la UE aplica sus propios criterios para decidir al respecto?

5. En opinión de la Comisión, la decisión de considerar ilegal la residencia permanente de un solicitante de asilo que no es considerado como refugiado, pero cuyo regreso a su país resulta imposible por razones objetivas, y la decisión de privarle de todos los derechos básicos (atención sanitaria, vivienda, ingresos, etc.) ¿contravienen los acuerdos internacionales (Convenio para la protección de los derechos humanos, Convenio sobre el estatuto de los refugiados, Convenio para la protección de los niños, etc.), incluso cuando las autoridades en cuestión no intentan expulsar a dicho solicitante de asilo porque en la práctica saben que éste no puede regresar a su país?

6. ¿Opina la Comisión que la fijación previa de objetivos para la admisión, acogida o expulsión de refugiados, sin perjuicio de las condiciones que obligan a estas personas a abandonar su país natal para poder sobrevivir, es conforme al Convenio sobre el estatuto de los refugiados de Ginebra de 1951?

7. ¿Qué soluciones pretende y desea fomentar la Comisión para resolver este tipo de problemas en los próximos años?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(12 de diciembre de 2002)

1. Las autoridades de los Países Bajos no han facilitado a la Comisión estadísticas sobre decisiones de asilo que puedan proporcionarle información sobre los porcentajes de rechazo y de reconocimiento en ese país. La Comisión no puede pronunciarse sobre una afirmación general como la citada, teniendo en cuenta el hecho de que el asilo es un derecho que debe reconocerse sobre la base de una evaluación individual y de la situación del país de origen de los solicitantes de asilo.

2. Hasta la fecha, la Comisión no tiene conocimiento de tales políticas.

3. No existen propuestas o instrumentos comunitarios, en virtud del Tratado CE y de las conclusiones de Tampere, que establezcan cifras o determinados criterios que fijen de antemano el número de personas a las que afectará la admisión y acogida en un año dado. Por lo que se refiere a la expulsión, y a la vista de la Comunicación de la Comisión sobre la política común de asilo, por la que se introduce un método abierto de coordinación(1), también se consideró mejorar el porcentaje de aplicación efectiva de las decisiones de retorno, incluso mediante la determinación de posibles objetivos orientativos específicos. Sin embargo, habría que identificar los medios, que podrían cubrir una serie de medidas tales como la mejora cualitativa del procedimiento de asilo (es decir, que evalúe mejor las necesidades de protección internacional), mejorar la identificación y documentación, mejorar la cooperación operativa entre Estados miembros y con terceros países en cuanto al retorno y la readmisión. etc.

4. No hay una postura común de la Unión en cuanto a qué países se considera imposible que retornen los solicitantes de asilo que no lo consiguen o que ya no necesitan protección internacional o los residentes ilegales. En estos momentos, cada Estado miembro aplica sus propios criterios cuando un Gobierno toma una decisión de este tipo, en el marco, sin embargo, del respeto de las obligaciones de no devolución y de protección internacional. La Comisión, no obstante, ha sugerido en su reciente Comunicación relativa a una política comunitaria de retorno de los residentes ilegales(2) que debería crearse un mecanismo de evaluación que valorara la situación real en determinados países para decidir si un traslado es posible o no.

5. La Comisión señala que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el hecho de que el retorno de una persona a la que se le ha denegado el asilo sea imposible, no implica una obligación de conceder un permiso de residencia. Además, en la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los requisitos y el estatuto al que pueden optar ciudadanos de países terceros y personas apátridas para ser refugiados o beneficiarios de otros tipos de protección internacional(3), se ha propuesto dejar fuera del ámbito de la Directiva la cuestión de los derechos y beneficios de las personas cuyo retorno es imposible por razones no relacionadas con motivos internacionales de protección. Por lo tanto, se deja a la discreción de los Estados miembros, en el pleno respeto de las obligaciones nacionales o internacionales de derechos humanos.

6. Al no existir legislación comunitaria, la Comisión no es competente para evaluar la compatibilidad de la legislación y las prácticas nacionales con las disposiciones de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de los refugiados. A nivel de la Unión, no se ha hecho ninguna propuesta política que pudiera ocasionar el rechazo y el traslado de personas independientemente de las circunstancias que los forzaron a salir de su país de origen.

7. Remitimos a Su Señoría a todas las propuestas legislativas presentadas sobre la base del artículo 63 del Tratado CE desde 1999, a las Comunicaciones de la Comisión sobre el asilo y el retorno mencionadas en otros puntos de la respuesta y a la última versión del marcador sobre la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia.

(1) COM(2001) 710 final.

(2) COM(2002) 564 final.

(3) DO C 51 E de 26.2.2002.