PREGUNTA ESCRITA E-0861/00

de Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) a la Comisión

(22 de marzo de 2000)

Asunto: Problemas surgidos en proyectos de investigación plurinacionales financiados por la Unión Europea

Uno de los centros participantes en el proyecto de investigación en materia de pesca (FAIR CT-97-3508) se apropió de una idea y de un plan comunes de investigación, así como de los resultados iniciales obtenidos de manera conjunta y los publicó con su nombre. Anteriormente se había acordado con cada centro que los resultados se mantendrían por el momento sin publicar debido a que aún eran preliminares y, además, con vistas al aprovechamiento posterior de los resultados, debía pensarse detenidamente cuál sería el momento adecuado para su publicación. El coordinador de la UE informó de todo esto por escrito también a la dirección del centro en cuestión.

En este centro se actuó con tanto secreto que los demás socios de la UE no tuvieron conocimiento hasta casi un año después de lo que había ocurrido con el plan común y los resultados. Esta actuación perjudicó económica y científicamente a la UE, a los demás centros y a la comunidad científica mundial, así como a muchas empresas que cooperaban en el proyecto. Aún no se puede evaluar la magnitud de los daños. En realidad, si se pudo seguir adelante con el proyecto fue gracias a que, por sus fundamentos, era muy sólido y estaba muy bien planificado, y los centros participantes eran punteros en su sector.

La UE no cuenta con un sistema de evaluación, por ejemplo, un comité ético supranacional, que actúe con rapidez en este tipo de casos, con el fin de que los proyectos de investigación no se vean perturbados por el alargamiento de los asuntos. Este comité ético, familiarizado con la investigación científica y sus métodos, no sería un tribunal, pero podría dar consejos y recomendaciones y, en calidad de financiador, podría someter, de ser necesario, a un participante claramente egoísta e inmanejable a un seguimiento especial. La mera existencia de un órgano supranacional podría impedir la falta de honradez científica.

Si, a pesar de todo, el asunto acaba ante la justicia, un dictamen internacional podrá servir de ayuda a las autoridades judiciales locales en este asunto inmaterial y, por lo tanto, constituir un factor de mejora de la protección jurídica de todos.

Un sistema que se ampare en acuerdos complejos y en una institución judicial sería extremadamente ajeno al mundo científico y, además, lento. El fundamento de una cooperación científica fructífera debe seguir siendo la confianza mutua y la toma de conciencia del conocimiento propio, es decir, determinadas normas éticas que, afortunadamente, son un axioma para la mayor parte de los científicos.

No obstante, con el fin de que en el futuro se pueda intervenir con mayor rapidez en caso de problemas:

1. ¿Qué posición piensa adoptar la Comisión ante este tipo de rupturas de acuerdos?

2. ¿Qué tipo de medidas piensa adoptar la Comisión para que no vuelvan a producirse rupturas de este tipo? ¿Cómo va a investigar la UE estos casos?

3. ¿Va a adoptar medidas la Comisión para que se cree un comité ético de investigación o, en su lugar, va a proponer un modelo propio para solucionar problemas de estas características mediante algún otro procedimiento similar?

4. ¿Cómo se pueden garantizar los derechos de propiedad intelectual de los investigadores durante todo el proyecto?

Respuesta del Sr. Busquin en nombre de la Comisión

(19 de mayo de 2000)

Su Señoría se refiere al proyecto titulado Fish cysteine proteinase inhibitors and infectious diseases (contrato FAIR 5-CT97-3508), financiado con arreglo al cuarto programa marco de investigación y desarrollo tecnológico (IDT). Dicho proyecto finalizará el 30 de noviembre de 2000 y se espera que tenga resultados científicos significativos.

1. En virtud del contrato tipo correspondiente al cuarto programa marco de IDT, la Comisión puede rescindir el contrato o poner fin a la participación de uno de los contratistas (i) cuando el proyecto resulte afectado sustancialmente por factores técnicos o económicos, o si el potencial de explotación de los resultados previstos disminuye de forma significativa, o (ii) cuando no se haya tomado ninguna medida correctora en caso de incumplimiento o violación de las obligaciones contractuales por parte del consorcio o de uno de los contratistas. La Comisión puede recurrir a tales medidas en caso de publicación prematura de los resultados de la investigación por uno de los contratistas sin el consentimiento de los demás participantes.

Por lo que respecta al caso señalado por Su Señoría, la Comisión fue informada de que un doctorando había publicado de forma prematura cierta información general producida con anterioridad al inicio del proyecto. Dicha publicación no tuvo repercusiones sobre la marcha del proyecto. En cuanto la Comisión estuvo al corriente de la situación, recordó a los socios sus derechos y obligaciones contractuales, así como las medidas correctoras que podían tomarse al respecto. Hasta ahora, ninguna de las partes contratantes ha solicitado la aplicación de tales medidas. Dado que el proyecto en sí mismo no se ha visto afectado, no le corresponde a la Comisión tomar medidas suplementarias.

2. De acuerdo con los contratos tipo del cuarto y quinto programa marco de IDT, los resultados obtenidos durante el proyecto son propiedad de los contratistas que los han producido. Normalmente, las medidas que deben tomarse para garantizar la protección de dichos resultados están establecidas en un acuerdo de consorcio, celebrado entre los participantes, del que la Comisión no es parte. Este acuerdo, celebrado para la puesta en marcha del proyecto, completa el contrato y determina asimismo el Derecho nacional aplicable.

En el contrato tipo del quinto programa marco de IDT, se ha reforzado la protección de los socios con respecto a la publicación prematura de los resultados derivados del proyecto mediante disposiciones sobre la protección de los conocimientos, el plan de aplicación tecnológica, la publicidad y las comunicaciones sobre el proyecto, así como la confidencialidad.

3. La Comisión considera que las disposiciones contractuales y los acuerdos de consorcio adecuados son suficientes para hacer frente a este tipo de problemas. En caso de litigio entre los miembros del consorcio, les corresponde a estos tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos de propiedad intelectual, por norma general sobre la base de un acuerdo de consorcio. La Comisión siempre ha señalado a los socios la importancia de celebrar acuerdos de consorcio sobre los derechos de propiedad intelectual y se los ha recomendado encarecidamente incluso en el caso de proyectos en los que el contrato no preveía tal obligación. Este marco jurídico parece más adecuado para la resolución de litigios sobre los derechos de propiedad intelectual que el recurso a un comité, que se limitaría a formular recomendaciones no vinculantes y no podría rectificar eventuales incumplimientos.

4. Las normas sobre los derechos de propiedad intelectual (incluida la propiedad y los derechos de acceso) siguen siendo válidas mientras dure el contrato. Además, según el contrato tipo correspondiente al quinto programa marco de IDT, todas las disposiciones contractuales relativas a los derechos de propiedad intelectual continúan aplicándose después de que finalice o se rescinda el contrato.