PREGUNTA ESCRITA E-1887/00

de Olivier Dupuis (TDI) a la Comisión

(9 de junio de 2000)

Asunto: Incumplimiento de la Convención de Nueva York sobre los Derechos del Niño

El 25 de septiembre de 1999 Lucio Congiu se instaló en Italia con sus dos hijos gemelos, Antoine y Charles, después de que la madre abandonara el hogar familiar en La Bastidonne (Francia) y dejara a sus dos hijos a cargo del padre, con el que no estaba casada. Posteriormente la madre recurrió a un Tribunal francés de Familia, el cual decidió dictar el 26 de septiembre de 1999 una orden internacional de detención contra el Sr. Congiu por no devolución de menores, a pesar de que no se había incoado procedimiento alguno con anterioridad para conceder la custodia o el derecho de visita a la madre. El 30 de noviembre de 1999, considerando el Tribunal francés de Familia que el padre era culpable de secuestro, lo declaró desposeído de su patria potestad. A pesar de que posteriormente se envió a los niños junto a su madre, el Tribunal decidió proseguir el procedimiento y cursó una solicitud de extradición contra el Sr. Congiu por secuestro de menores.

Los importantes medios judiciales a los que se ha recurrido en este caso para resolver una controversia entre padres que se disputan la custodia de menores contravienen claramente la Convención de Nueva York sobre los Derechos del Niño.

¿No considera necesario la Comisión, en el marco de sus nuevas competencias, tal y como se derivan del Tratado de Amsterdam, intervenir ante los Estados miembros interesados en este asunto para obtener el respeto de sus compromisos internacionales y obligarles a revisar las decisiones adoptadas contra el Sr. Congiu? De manera más general, ¿no considera la Comisión que debe adoptar con urgencia una iniciativa con objeto de impedir que siga siendo fuente de dificultades adicionales en situaciones ya de por sí difíciles el hecho de que los progenitores sean nacionales de Estados miembros diferentes?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(25 de julio de 2000)

La Comisión recuerda a Su Señoría que no está en condiciones de pronunciarse sobre el caso concreto expuesto, ni sobre las sentencias dictadas contra la persona citada.

Las nuevas disposiciones del Tratado CE no dan tampoco a la Comisión autoridad para intervenir ante los Estados miembros en cuestión, es decir Francia e Italia, con el fin de modificar decisiones tomadas. Corresponde exclusivamente a dicha persona hacer valer sus derechos en juicio, presentar su defensa, de hecho y de derecho, ante la jurisdicción competente en el procedimiento en su contra, y en su caso, recurrir contra las decisiones dictadas.

La Comisión comparte las preocupaciones de Su Señoría sobre la necesidad de tener en cuenta el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y especialmente su artículo 9, que prevé expresamente el derecho de cada niño a mantener relaciones regulares personales y contactos directos con sus dos padres.

No obstante, la Comisión no prevé actualmente proponer normas comunitarias en el ámbito del secuestro de niños. Todos los Estados miembros son ya partes del Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles del secuestro de niños, cuyo objeto principal es organizar una cooperación entre una red de autoridades centrales designadas al efecto para garantizar la vuelta inmediata de los niños desplazados o retenidos ilícitamente en un Estado parte así como hacer respetar efectivamente en los otros Estados los derechos de guardia y visita. Existe un convenio también del Consejo de Europa de 1980 sobre el reconocimiento y la ejecución de decisiones relativas a la custodia de los hijos del que tanto Italia como Francia son partes contratantes. Además el Consejo de Europa está elaborando un convenio sobre los contactos con los niños, que propone normas para la aplicación del artículo 9 del Convenio de las ONU antes citado.

A escala específicamente comunitaria, el reconocimiento y la ejecución, en los otros Estados miembros, de derechos de visita o guardia reconocidos o concedidos por las autoridades de un Estado miembro a los padres de los niños comunes con motivo de la disolución del matrimonio están previstos mediante el Reglamento de 29 de mayo de 2000 sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de las decisiones en materia matrimonial. Además son posibles nuevos avances en el futuro, que permitirían una ejecución inmediata, sin trámites pero con garantías, de decisiones tomadas en otro Estado miembro, en particular en cuanto al ejercicio de la responsabilidad parental.

Por el contrario, en lo referido a la determinación de los derechos de guardia y visita, éstos son competencia de las autoridades nacionales competentes en virtud de normas comunitarias, de instrumentos internacionales o del Derecho internacional privado. Corresponde a cada Estado miembro decidir si, y en qué condiciones, se concede un derecho de guardia o visita a uno u otro de los padres y cuáles son las sanciones aplicables, civil y penalmente, en caso de no respeto de estos derechos por uno de los padres.