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PREGUNTA ESCRITA P-3353/97 de Caroline Jackson (PPE) a la Comisión (15 de octubre de 1997)

Asunto: Tratado de Amsterdam: Declaración sobre la calidad de redacción de la legislación comunitaria

1. ¿Qué medidas se propone tomar la Comisión para establecer directrices sobre calidad de redacción en la legislación comunitaria, tal como le instó a hacer el Consejo Europeo reunido en Amsterdam?

2. ¿Qué medidas organizativas se propone tomar la Comisión para velar por la aplicación de dichas directrices?

3. ¿Figurarán entre sus prioridades un replanteamiento de la formación profesional, la asignación de personal en cada sector a la tarea específica de comprobar que se utiliza efectivamente un lenguaje sencillo en los textos producidos y un examen del trabajo del Servicio Jurídico?

4. ¿Cuándo espera la Comisión ver completadas sus iniciativas sobre calidad de redacción en la legislación comunitaria y, en este sentido, tiene la intención de presentar un informe sobre los resultados al Parlamento Europeo y al Consejo?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (5 de noviembre de 1997)

1. La Comisión desea llamar la atención de Su Señoría sobre el hecho de que la declaración 39, anexa al Tratado de Amsterdam, relativa a la calidad de redacción de la legislación comunitaria invita al Parlamento, el Consejo y la Comisión a «adoptar de común acuerdo líneas directrices para mejorar la calidad de redacción de la legislación comunitaria».

2. - 4. La respuesta a estas preguntas se deriva de los trabajos mencionados anteriormente. La Comisión recuerda, por otra parte, que a partir de este momento adopta múltiples iniciativas con el fin de mejorar la calidad de su legislación en sentido amplio. Estas iniciativas se mencionan en el informe anual «legislar mejor» ((CSE(96)6007. )) y cuya edición de 1997 aparecerá en las próximas semanas.
PREGUNTA ESCRITA E-4122/97 de Anita Pollack (PSE) a la Comisión (16 de enero de 1998)

Asunto: Etiqueta ecológica

¿Ha efectuado la Comisión muestreos de opinión entre los consumidores de cada uno de los Estados miembros en relación con la etiqueta ecológica de la UE? En caso afirmativo, ¿qué revelaron las encuestas?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (27 de febrero de 1998)

La Comisión no ha efectuado muestreos de opinión entre los consumidores de los Estados miembros en relación con la etiqueta ecológica.

Parece prematuro, por ahora, efectuar un muestreo de ese tipo.
PREGUNTA ESCRITA E-3820/97 de Viviane Reding (PPE) a la Comisión (28 de noviembre de 1997)

Asunto: Precios agrícolas y fluctuaciones monetarias tras la introducción del euro

Tras la introducción de la moneda única en cierto número de Estados miembros, ¿qué va a ocurrir con las medidas destinadas a compensar las pérdidas ocasionadas por las fluctuaciones monetarias en el comercio intracomunitario de productos agrícolas?

Se da por sentado que dichas fluctuaciones dejarán de existir de facto en la zona euro. El problema se plantea en el caso del comercio entre la zona euro y la de los países «pre-in»; ¿seguirán beneficiándose las exportaciones de productos agrícolas de la zona euro hacia los países «pre-in» de estas compensaciones en caso de fluctuaciones monetarias fuera de la zona euro?

¿Cuál es la opinión de la Comisión en lo que se refiere a este aspecto específico de las consecuencias que tendrá la introducción del euro para la Política Agrícola Común?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión (9 de enero de 1998)

Los preparativos para el inicio de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria el 1 de enero de 1999 se encuentran bien avanzados. De conformidad con el artículo 109 J del Tratado CE, en marzo de 1998 la Comisión y el Instituto Monetario Europeo (IME) informarán al Consejo (informes de convergencia) sobre los progresos realizados por los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones relativas a la realización de la UEM. Siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 109 J, el Consejo decidirá y publicará, en mayo de 1998, la lista de Estados miembros que participarán en la tercera fase de la UEM a partir del 1 de enero de 1999. Al mismo tiempo, se anunciarán los tipos de cambio fijos bilaterales, que servirán para determinar los tipos de conversión respecto del euro en la fecha de inicio de la tercera fase.

Teniendo en cuenta los progresos significativos realizados por los Estados miembros en materia de convergencia económica, se prevé que un amplio número de Estados miembros participe en la zona del euro desde el inicio de la tercera fase. Por la misma razón, también se espera que la transición a la tercera fase de la UEM se realice sin sobresaltos.

La Comisión es consciente de la preocupación de los Estados miembros en relación con las repercusiones de la introducción del euro sobre los mercados agrícolas. Como reconoce Su Señoría, la creación de la zona del euro, especialmente teniendo en cuenta la previsión de que participe un amplio número de Estados miembros, reducirá considerablemente la importancia de los mecanismos agromonetarios en la tercera fase de la UEM. Dado que aún no se ha decidido la lista de participantes en la UEM, sería prematuro presentar ahora propuestas de alteración del mecanismo actual de compensación. La Comisión volverá a abordar este tema una vez que se conozca la lista de Estados miembros participantes en la UEM.
PREGUNTA ESCRITA E-3916/97 de Marianne Thyssen (PPE) a la Comisión (11 de diciembre de 1997)

Asunto: Decisión del panel de la OMC sobre las hormonas

En la conferencia sobre legislación alimentaria que fue organizada los días 3 y 4 de noviembre de 1997 por la Comisión y el Parlamento Europeo, uno de los oradores afirmó que la Comunidad Europea había perdido el caso de las hormonas ante el panel de la OMC a causa de una mala redacción de la legislación europea al respecto.

Concretamente, al parecer ha sido imposible utilizar como argumento en el debate la no aceptación por parte del consumidor europeo del suministro de hormonas al ganado criado para la alimentación humana a causa del hecho de que dicha no aceptación no es mencionada en el preámbulo de la Directiva correspondiente.

¿Comparte la Comisión este punto de vista?

¿No considera la Comisión urgentemente necesario aclarar la legislación europea sobre productos alimentarios y, en su caso, adaptar su redacción para evitar en lo sucesivo tales dificultades?

¿Ha intervenido la Comisión entre tanto al respecto o tiene previsto hacerlo?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (2 de febrero de 1998)

El grupo especial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), encargado del examen de las medidas comunitarias relativas al empleo de hormonas de crecimiento en la ganadería, emitió su informe del 18 de agosto de 1997. La Comunidad recurrió dichog informe ante el organismo de apelación de la OMC, que emitió su informe el 16 de enero de 1998.

La línea argumental mencionada por Su Señoría relativa a la imposibilidad de acogerse a la no aceptación, por parte de los consumidores europeos, del empleo de hormonas, debido a que dicha no aceptación no figura en el preámbulo de la directiva en cuestión, no aparece como tal en el informe del grupo especial. El grupo especial ha declarado que se debería haber hecho referencia en el preámbulo a los nombres de los científicos y a los estudios científicos en los que se basó la prohibición de importación. Sin embargo, el organismo de apelación de la OMC acaba de anular estas conclusiones del grupo especial.
PREGUNTA ESCRITA E-3633/97 de Luciano Vecchi (PSE) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Garantías de cara a acceder a la iniciativa de empleo en los Países Bajos

Como ya se señaló en preguntas anteriores, la decisión de las autoridades italianas de obligar a las empresas que actúan sin ánimo de lucro a concertar garantías bancarias para poder acceder a las iniciativas de empleo resulta costosa y punitiva para las entidades que tienen dificultades para presentar garantías financieras propias.

Sabiendo que esta cuestión se regula de manera distinta en cada uno de los Estados miembros de la Unión, ¿puede decir la Comisión si en los Países Bajos está previsto exigir a las empresas que actúan sin ánimo de lucro (y en general a las empresas de la economía social y del «tercer sistema») que presenten garantías financieras o bancarias y, en caso afirmativo, con qué condiciones?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3624/97, E-3625/97, E-3626/97, E-3627/97, E-3628/97, E-3629/97, E-3630/97, E-3631/97, E-3632/97, E-3633/97, E-3634/97, E-3635/97, E-3636/97 y E-3637/97 dada por el Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (30 de enero de 1998)

La Comisión no dispone de datos sobre la obligación impuesta por los Estados miembros a las organizaciones sin ánimo de lucro de presentar una garantía bancaria para poder acceder a las financiaciones previstas en los diversos programas comunitarios. Este asunto es competencia de la legislación nacional.

En lo que se refiere a la concesión de subvenciones dentro de la iniciativa Empleo, compete a las autoridades nacionales firmantes de los convenios con los promotores de los proyectos exigir garantías bancarias según las normas nacionales vigentes. En Alemania, Grecia, España, Austria y Portugal normalmente no se piden dichas garantías a los promotores potenciales para permitirles acceder a la iniciativa Empleo.

Si bien es verdad que la constitución de una garantía bancaria puede suponer una carga suplementaria sobre todo para las empresas de la economía social, no es menos cierto que dicha garantía resulta indispensable cuando las consecuencias del mal cumplimiento de una obligación contractual puedan exceder los recursos financieros del deudor.

El Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 ((DO L 356 de 31.12.1997. )), en su versión modificada ((DO L 240 de 7.6.1995. )), que se aplica al presupuesto general de las Comunidades Europeas, exige la constitución de una fianza por los contratistas en el caso de contratos muy importantes o de la concesión de subvenciones de envergadura para la realización de proyectos. Sin embargo, a la mayoría de la asociaciones de carácter social rara vez le afecta esta obligación, habida cuenta de la amplitud limitada de los proyectos que proponen.
PREGUNTA ESCRITA E-3742/97 de Anita Pollack (PSE) a la Comisión (21 de noviembre de 1997)

Asunto: Conflicto entre los Fondos estructurales y el medio ambiente

Dada la extracción excesiva de agua de los acuíferos causada por el riego intensivo en las proximidades del río Guadiana en España y Portugal, ¿está la Comisión al corriente de que la construcción de la presa de Alqueva en Portugal, financiada mediante los Fondos estructurales, amenazará la existencia de importantes zonas húmedas entre ellas las del Parque Nacional de Daviniel, lo que constituye una contradicción con la estrategia de la biodiversidad?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (15 de diciembre de 1997)

A raíz de la solicitud de ayuda de los Fondos Estructurales para el proyecto de Alqueva presentado por las autoridades portuguesas, se han efectuado varios estudios de evaluación del impacto del proyecto sobre el medio ambiente. De estos estudios se han sacado orientaciones para establecer un plan de gestión medioambiental de la zona afectada por el proyecto de Alqueva.

El plan, elaborado por las autoridades portuguesas y presentado a la Comisión, comprende medidas minimizadoras y compensatorias para reducir los efectos del proyecto sobre la biodiversidad de la región afectada.

La Comisión, consciente de la importancia del medio ambiente para la ejecución del proyecto de Alqueva, previó al aprobar este programa el 27 de julio de 1997 la constitución de grupos técnicos de seguimiento, uno de ellos encargado específicamente del seguimiento de las cuestiones relacionadas con el agua y otro de las de conservación de la naturaleza. En estos grupos estarán representadas la Comisión, las autoridades responsables de medio ambiente y las organizaciones no gubernamentales relacionadas con el medio ambiente. La presencia de la Comisión permitirá especialmente velar por la correcta ejecución del plan de gestión medioambiental de la zona de Alqueva.
PREGUNTA ESCRITA E-3564/97 de Graham Mather (PPE) a la Comisión (13 de noviembre de 1997)

Asunto: Comunicación de la Comisión sobre coordinación fiscal (COM (97)0495)

La mencionada Comunicación de la Comisión se examinó por primera vez en la reunión del Consejo ECOFIN del 13 de octubre de 1997. El documento propone un paquete de medidas orientadas a atajar lo que califica de competencia fiscal jerjudicial. El Consejo pidió a la Comisión que presentara una nueva Comunicación, a más tardar el 12 de noviembre, en la que se tuviera en cuenta los resultados de esta reunión, y de la del Grupo de Política Fiscal del 20 de octubre. Los ministros subrayaron por unanimidad su intención de alcanzar un acuerdo político sobre este asunto en la reunión del Consejo ECOFIN del 1 de diciembre.

Con respecto a la imposición de los ingresos del capital, en el punto 19 III de su Comunicación, la Comisión afirma que cada Estado miembro debería establecer un impuesto de retendión en la fuente mínimo, o bien facilitar información sobre los ingresos del ahorro a los demás Estados miembros. En el punto 19 V, declara que las disposiciones de control de la residencia fiscal de los beneficiarios no deberían ser demasiado complejas.

1 ¿Qué posibles medidas ha estudiado la Comisión?

2. ¿Qué se desprende de estos estudios?

3. ¿Cuáles son las implicaciones financieras del control de la residencia fiscal de los beneficiarios para las autoridades de la Comunidad y de los Estados miembros?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3563/97, E-3564/97, E-3565/97, E-3566/97 y E-3567/97 dada por el Sr. Monti en nombre de la Comisión (3 de febrero de 1998)

A la Comisión le gustaría centrar la atención de Su Señoría en su nuevo comunicado de 5 de noviembre de 1997 ((COM(97)564 final. )) y en las conclusiones de la reunión del Consejo ECOFIN de 1 de diciembre de 1997 sobre política fiscal.

En estas conclusiones el Consejo aprobó un texto sobre la fiscalidad de los ahorros que contiene cuatro puntos que pueden formar la base de una nueva propuesta de directiva.

Tal y como adelantó la Comisión en su propia comunicación arriba mencionada, su intención es presentar dicha propuesta muy pronto, en principio, antes de abril de 1998.

La Comisión considera prematuro hacer comentarios en este momento sobre las delicadas preguntas planteadas por Su Señoría.

La Comisión está todavía reflexionando y su posición estará claramente definida en la propuesta de directiva.
PREGUNTA ESCRITA E-3854/97 de Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) a la Comisión (5 de diciembre de 1997)

Asunto: Las publicaciones de la Agencia Europa de Medio Ambiente en las lenguas comunitarias

La Agencia Europea de Medio Ambiente se creó: para facilitar la máxima información ambiental; para el desarrollo y aplicación de la política ambiental y para asegurar que la citada información llegase al público.

Dicho esto, hay que señalar que la extensa y cualitativa producción de sus informes y servicios, mayoritariamente sólo es accesible en inglés. Ello no sólo crea una situación discriminatoria, sino que además limita la eficacia y difusión del trabajo de la Agencia.

¿Podría informar la Comisión sobre las acciones en curso para paliar estas serias limitaciones que, además, contradicen el Reglamento que dio origen a la creación de la Agencia?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (14 de enero de 1998)

La Agencia Europea de Medio Ambiente se creó para facilitar a la Comunidad y a los Estados miembros una información objetiva, comparable y fiable. Según el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente ((DO L 120, 11.5.1990. )), dicha información va dirigida principalmente a los responsables de la elaboración y la aplicación de las políticas ambientales. Con el fin de acanzar este objetivo, se otorgó a la Agencia un estatuto independiente, delegando la supervisión de sus trabajos en un Consejo de administración. El director ejecutivo de la Agencia es responsable ante este Consejo de la ejecución del programa de trabajo y de la preparación y publicación de los informes. La Agencia es un organismo independiente, financiado mediante una subvención inscrita en el presupuesto de la Comunidad, que cuenta con procedimientos propios de financiación y gestión de las traducciones a través del centro de traducción de Luxemburgo.

Su Señoría puede tener la certeza de que la Comisión es consciente del problema. Sus representantes en el Consejo de administración han puesto de relieve la necesidad de publicar un mayor número de informes en otras lenguas. La Comisión participa asimismo en el grupo operativo de publicaciones de la Agencia, creado este año para analizar la manera de concentrar los esfuerzos de la Agencia y elaborar una estrategia de publicación que tenga plenamente en cuenta la cuestión de la traducción. Para ello, ha de tener presente que la traducción de documentos constituye, en buena medida, un problema de recursos. Al igual que otras agencias europeas, la Agencia de Medio Ambiente se enfrenta al dilema de asignar recursos adicionales a la traducción en detrimento de sus actividades operativas y de su capacidad de llevar a cabo el programa de trabajo.

Comprendemos la inquietud expresada por Su Señoría y transmitimos su pregunta al director ejecutivo de la Agencia solicitándole una respuesta directa a la misma.
PREGUNTA ESCRITA E-3139/97 de Joaquim Miranda (GUE/NGL) a la Comisión (13 de octubre de 1997)

Asunto: Proceso C-150/97- Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

El 17 de abril de 1997 se inició en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una acción contra la República Portuguesa, a iniciativa de la Comisión de las Comunidades europeas sobre el no cumplimiento de la Directiva 85/337/CEE del Consejo del 27 de junio 1985.

Considerando la importancia que la aplicación de esta reglamentación asume en Portugal en relación con los demás Estados miembros, se pregunta: ¿Puede la Comisión, en su calidad de demandante, informar sobre el estado de avance y la situación del proceso en el Tribunal de Justicia?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (19 de noviembre de 1997)

El 17 de abril de 1997, la Comisión interpuso ante el Tribunal de Justicia un recurso contra Portugal para transposición incorrecta al Derecho nacional de la Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente ((DO L 175 de 5.7.1985. )). El asunto (C-150/97) no se refiere a casos de aplicación incorrecta de la Directiva, sino a la no conformidad de la transposición formal al Derecho portugués de varias disposiciones de la Directiva. Se ha publicado un resumen de las objeciones en el Diario Oficial ((DO C 181 de 14.6.1997. )).

Portugal impugnó estas objeciones en su memoria en defensa. Tras la réplica de la Comisión, las autoridades portuguesas presentaron su contrarréplica. El procedimiento escrito ha concluido ya. Tendrá lugar a continuación el procedimiento oral, cuya fecha de apertura aún no ha sido establecida por el Tribunal. El Tribunal no dictará sentencia hasta que finalice este procedimiento.

Conviene señalar que, aunque hayan impugnado las objeciones presentadas, las autoridades portuguesas han adoptado el decreto ley no 278/97, de 8 de octubre de 1997, publicado en el Diário da República no 233 de 8 de octubre de 1997, I Serie-A, página 5440, por el que se modifican el decreto ley no 186/90 de 6 de junio de 1990 y el decreto reglamentario no 38/90 de 27 de noviembre de 1990, que son los decretos por los que se transpone la Directiva, «con el fin de proceder a la transposición total de la Directiva en cuestión». La Comisión está examinando la importancia de estas modificaciones en relación con las objeciones presentadas en el asunto C-150/97.
PREGUNTA ESCRITA E-3254/97 de Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: Bloque legislativo para la reducción del ruido

En el Pleno del pasado mes de junio fue aprobada por unanimidad una Resolución por la que se urgía a la Comisión a que presentase dentro del año en curso una directiva marco sobre el ruido ambiental y una directiva integrada sobre la maquinaria al aire libre:

¿Podría informar la Comisión si tiene la intención de cumplir con este compromiso?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (19 de noviembre de 1997)

A resultas de la consulta llevada a cabo por la Comisión en relación con el Libro Verde sobre Política futura de lucha contra el ruido ((COM(96)540. )) y, más concretamente, en respuesta a la resolución aprobada por el Parlamento, la Comisión ha puesto en marcha la elaboración de la directiva marco sobre el ruido ambiental. En el estadio actual existen varios aspectos cuya definición aún es incompleta, lo que hace necesario mantener nuevos debates técnicos y científicos que permitan elaborar una propuesta sólidamente fundamentada. Estas actividades de preparación están previstas para 1998, mientras que la propuesta está programada para el inicio de 1999.

En relación con la directiva marco sobre las emisiones acústicas procedentes de maquinaria utilizada al aire libre, cabe señalar que su aprobación por la Comisión está prevista para finales del año en curso.