PREGUNTA ESCRITA E-2013/97 de John Iversen (PSE) a la Comisión (11 de junio de 1997)

Asunto: Sustancias tóxicas para aspersión

Estas últimas dos semanas, la gran empresa danesa Cheminova que produce sustancias tóxicas para aspersión ha sido acusada de vender a terceros países sustancias tóxicas para aspersión no reconocidas en la UE. Estas sustancias se utilizan, entre otros, en países de Centroamérica, en donde un programa documental danés muestra cómo los agricultores de Centroamérica enferman y mueren a causa de dichas sustancias.

¿Comparte la Comisión la opinión de que se debe prohibir la exportación de sustancias tóxicas para aspersión fuera de las fronteras de la UE si éstas no están reconocidas en la UE?

¿Comparte la Comisión la opinión de que se debe aplicar la responsabilidad de los productos, de manera que se pueda exigir responsabilidades a los productores por los efectos que estas sustancias puedan tener sobre el medio ambiente y las personas?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2013/97 y E-2054/97 dada por el Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (7 de agosto de 1997)

La Comisión no tiene intención de adoptar medidas tendentes a prohibir la exportación fuera de la Comunidad de pulverizadores venenosos u otros productos químicos peligrosos que no están autorizados en la Comunidad.

En los foros internacionales (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Organizacion para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)) se ha debatido durante muchos años el problema de la exportación de productos químicos peligrosos cuya comercialización y uso están prohibidos a nivel nacional con vistas a proteger la salud y el medio ambiente en otros países. Resultado de estos debates fueron dos recomendaciones internacionales (Directrices de Londres para el intercambio de información acerca de productos químicos objeto de comercio internacional del PNUMA y Código Internacional de Conducta de la FAO sobre la distribución y uso de plaguicidas), ambas modificadas posteriormente para incluir el procedimiento internacional de consentimiento fundamentado previo (CFP) (PNUMA, 1989; FAO, 1990).

El objetivo de esas recomendaciones es informar a los países importadores de los riesgos de los productos químicos cuyo uso ha sido prohibido o rigurosamente restringido en el país de origen por razones de salud o ambientales. El propósito de esta clase de información es sensibilizar a los países importadores sobre los riesgos existentes y ayudarles, de esta manera, a controlar la importación de productos químicos indeseados. El procedimiento internacional CFP exige que los Gobiernos tomen decisiones sobre la futura importación de determinados productos químicos peligrosos sobre la base de una información previa referente a dichos productos. La FAO y el PNUMA elaboran documentos de ayuda a la decisión para los productos químicos CFP, que luego distribuyen para ayudar a los Gobiernos a evaluar los riesgos asociados a la manipulación y el uso de un producto químico y a tomar decisiones más fundamentadas sobre su importación y uso futuros teniendo en cuenta la situación local. Sobre esa base, cada país podrá decidir si prohíbe la importación de ese producto químico o impone condiciones a su utilización.

La Comunidad ha aplicado las recomendaciones internacionales mediante el Reglamento (CEE) no 2455/92 del Consejo ((DO L 251 de 29.8.1992. )), relativo a la exportación e importación de determinados productos químicos peligrosos, que declara obligatorios en la Comunidad el intercambio de información y el procedimiento CFP. Además, los exportadores de productos químicos y preparados peligrosos están obligados a empaquetar y etiquetar sus productos de la misma manera que cuando se comercializan en la Comunidad.

Actualmente se está negociando, bajo los auspicios del PNUMA y de la FAO, la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para la aplicación del procedimiento CFP. La tercera sesión de estas negociaciones se celebró en Ginebra entre el 26 y el 30 de mayo de 1997.

El establecimiento de un procedimiento de información de carácter general está, por otra parte, incluido en el orden del día del Comité de Comercio y Medio Ambiente de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La Comisión ha sostenido sistemáticamente ante este comité la opinión de que la OMC podría adoptar medidas complementarias en este ámbito estableciendo un sistema de notificación que actuase como red de seguridad. Para evitar la duplicación innecesaria del trabajo y la confusión en la reglamentación, este sistema de notificación debería aplicarse solamente a las mercancías prohibidas en un país y no contempladas en acuerdos internacionales ya existentes y a las exportaciones de miembros de la OMC que no sean partes de esos acuerdos. Habría que procurar que el sistema así establecido no disuadiese a los miembros de la OMC de participar en los acuerdos sobre medio ambiente presentes y futuros pertinentes.

El problema de la prohibición o de la reducción progresiva de las exportaciones de productos químicos prohibidos a nivel nacional se discutió en una conferencia sobre el comercio internacional de productos químicos peligrosos organizada por la Comisión a iniciativa del Parlamento (Bruselas, 5-7 de julio de 1995). Se ha enviado directamente un ejemplar del informe final de esa conferencia a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento. Entre las conclusiones a que se llegó figura la de que las medidas existentes respetan la soberanía de los países importadores a la hora de establecer sus necesidades particulares en materia de importación de productos de protección de los vegetales y de otras sustancias peligrosas.

La Comisión considera importante que estos productos químicos sean manipulados con seguridad en los países en vías de desarrollo o con economías en transición para mejorar la gestión de los productos químicos en esos países. A tal efecto, la Comisión financia actualmente varios proyectos administrados por el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación cuyo objetivo es promover el desarrollo de la gestión integrada de las plagas.

En cuanto a la responsabilidad de los productores en lo que se refiere a los efectos que las sustancias cuyo uso está prohibido en la Comunidad puedan tener sobre la salud humana y el medio ambiente, es posible que el productor, o la empresa o persona que realmente las utilicen, puedan ya incurrir en responsabilidad conforme a la legislación nacional por los efectos negativos de este uso dentro de la Comunidad, por constituir una infracción de la legislación vigente.

La Comisión pretende que los perjuicios causados queden incluidos en un régimen de responsabilidad estricta en la futura legislación comunitaria sobre responsabilidad ambiental, tema sobre el que se está elaborando actualmente un Libro Blanco.

Sin embargo, un régimen comunitario no puede normalmente tener efectos extraterritoriales, por lo que no puede aplicarse a los perjuicios ocasionados fuera de la Comunidad. Parece que la única manera de conseguir estos efectos sería la celebración de un acuerdo internacional. Esta es la razón por la que la Comisión pone grandes esperanzas en el futuro convenio CFP, que debería estar listo para finales de 1997. Constituirá un poderoso instrumento en el comercio internacional para mejorar la gestión de los productos químicos, así como la seguridad en su manipulación y uso, en los países en vías de desarrollo.