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ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/668

(2004/C 84 E/0754)

PREGUNTA ESCRITA E-0739/04

de José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto: Futura política regional de la UE para las regiones mediterráneas más periféricas

Vista la próxima ampliación de la Unión Europea, las transferencias de fondos a los actuales Estados miembros en concepto de fondos estructurales y de cohesión se verán considerablemente reducidas. La propuesta del Comisario Michel Barnier es que las regiones que dejan de ser Objetivo 1, como la Comunidad Valenciana en España, continúen percibiendo ayudas de forma degresiva.

En este contexto, y con las perspectivas financieras de la UE a partir de 2007 en mente, ¿ha elaborado la Comisión un análisis pormenorizado del impacto de la reducción de créditos y ayudas sobre las economías de aquellas regiones mediterráneas incluidas hasta el momento en el Objetivo 1 de los Fondos Estructurales, pero que dejarán de estarlo debido a la elevación de su nivel de renta, teniendo en cuenta que continuarán siendo regiones periféricas y con niveles de renta aún insuficientes?

Si éste es el caso, ¿cuál es el impacto en términos cualitativos y cuantitativos sobre la Comunidad Valenciana?

Para las regiones que dejarán progresivamente de percibir estos fondos, ¿qué acciones propone la Comisión para que sus economías no se vean significativamente perjudicadas?

Por otra parte, ¿cómo considera la Comisión que deberá compensarse la caída radical de apoyo financiero a estas regiones que va a suponer la desaparición del Fondo de Cohesión?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(16 de abril de 2004)

La Comisión acaba de publicar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 del Tratado CE, el Tercer Informe sobre la cohesión económica y financiera (1), que contiene un análisis pormenorizado del impacto y el valor añadido de los Fondos Estructurales. El citado Informe incluye asimismo una propuesta de reforma de la política de cohesión para el período 2007-2013.

La Comisión propone que las regiones con un PIB per cápita inferior al 75 % de la media comunitaria puedan acogerse al nuevo objetivo de «convergencia y competitividad». La decisión sobre la subvenciona-bilidad de tales regiones se adoptará en función de los datos más recientes de que se disponga llegado el momento.

De acuerdo con los últimos datos (correspondientes a 2001) publicados en el Tercer Informe de cohesión, el PIB per cápita de la Comunidad Valenciana se sitúa en el 81,1 % de la media de la EU15, o en el 89 % de la EU25. La Comisión propone que las regiones actualmente subvencionables en virtud del objetivo no 1 que no cumplen los criterios del objetivo de convergencia disfruten de un mayor nivel de ayuda (en concepto de «phasing in» o «adaptación gradual»), durante un período transitorio, al amparo del nuevo objetivo de «competitividad regional y empleo». Las medidas transitorias se aplicarán según un esquema análogo al utilizado respecto de las regiones que han quedado excluidas del objetivo no 1 en el período 2000-2006.

(1) COM(2004) 107 final «Una nueva asociación para la cohesión».
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/911

(2004/C 84 E/1006)

PREGUNTA ESCRITA E-0909/04

de Margrietus van den Berg (PSE) a la Comisión

(24 de marzo de 2004)

Asunto: To Serve and Protect — Ferrocarriles neerlandeses

El diario neerlandés Het Parool anunció el 11 de marzo de 2004 que la empresa de seguridad To Serve and Protect estaba a punto de perder su contrato a partir del 1 de abril de 2004, en beneficio de una empresa de la competencia. To Serve and Protect ha obtenido unos resultados excelentes mediante un enfoque original, a plena satisfacción de todas las partes, en cuanto a la seguridad en las estaciones de ferrocarril en Amsterdam.

El ordenante, la compañía neerlandesa de ferrocarriles (Nederlandse Spoorwegen — NS), afirma que no se puede adjudicar el contrato a To Serve and Protect porque no reúne las condiciones europeas en materia de adjudicación de contratos. Según la NS, concretamente la dimensión excesivamente reducida de la empresa de seguridad constituye un problema. El portavoz de la NS afirma que el volumen de negocios ha de ascender a 4,5 millones de euros anuales como mínimo y que la empresa ha de emplear por lo menos a 400 personas.

1. Si una empresa realiza su trabajo satisfactoriamente y es competitiva, ¿cómo se puede aducir como argumento para excluirla de la adjudicación de un contrato que es excesivamente pequeña? ¿Qué opina la Comisión al respecto?

2. ¿Puede indicar la Comisión cuáles son realmente las condiciones en este contexto?

3. ¿Le parece posible a la Comisión que semejante noticia ofrezca al lector una imagen negativa de Europa, causando enemistad entre ésta y el ciudadano?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

Las normas europeas en materia de contratación pública no prevén la obligación de descartar a empresas de la participación en las convocatorias de ofertas debido a su tamaño. No obstante, permiten que las entidades adjudicadoras exijan que los participantes en los procedimientos de adjudicación cuenten con la capacidad técnica, económica y financiera que estimen necesaria para la realización del contrato en cuestión, como un volumen de negocios mínimo o un número mínimo de empleados. A fin de evitar consecuencias negativas para las empresas pequeñas, las normas comunitarias autorizan la participación de agrupaciones de empresas. En el caso mencionado por Su Señoría, la compañía neerlandesa de ferrocarriles consideró que un volumen de negocios anual mínimo de 4,5 millones de euros y una plantilla de al menos 400 personas eran condiciones necesarias para realizar el contrato en cuestión.

La Comisión es consciente de los efectos negativos de una información que no incluye suficientes explicaciones para que sea comprendida y correctamente apreciada y, por consiguiente, deplora que el público haya podido recibir información distorsionada en esta cuestión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/699

(2004/C 88 E/0718)

PREGUNTA ESCRITA E-0526/04

de Matti Wuori (Verts/ALE) a la Comisión

(24 de febrero de 2004)

Asunto: Ampliación del Puerto de Arinaga (Gran Canaria, España)

La Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado a información pública (Boletín Oficial de Canarias del viernes 14 de noviembre de 2003) el Proyecto Básico de Ampliación del Puerto de Arinaga, que afecta a los Municipios de Agüimes y Santa Lucía. El futuro muelle, que ocupa 2,2 km lineales de costa, tendrá como objetivo la carga y descarga de pasajeros y mercancías como gas y petróleo. Los perjuicios que generará la construcción de la ampliación del Puerto de Arinaga son mucho mayores que los discutibles beneficios socioeconómicos que conllevaría, además de la influencia en el tejido empresarial del Puerto de La Luz y Las Palmas debido a la derivación de parte del tráfico de contenedores y barcos al Puerto de Arinaga. Este proyecto tendrá efectos graves sobre los ecosistemas litorales marinos más productivos y los sebadales, reduciendo las áreas de reproducción y crías de especies de interés pesquero para los pescadores de Agüimes (19 284 habitantes) y Santa Lucía (40 011 habitantes). Además afecta las posibilidades de desarrollo de turismo verde de la zona. El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto no ha sido elaborado con la seriedad metodológica y pericia requeridas, pues muchas de sus afirmaciones no están justificadas desde un punto de vista científico (tales como: las alternativas existentes a este puerto, la no influencia en la dinámica sedimentaria litoral y, por lo tanto, la ausencia de efectos sobre la Playa del Inglés y la Playa de Maspalomas; la ausencia de efectos sobre el régimen natural de oleaje y viento que llega a Pozo Izquierdo, lugar más importante de Europa para la práctica del windsurf; la ausencia de efectos sobre parte del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de «Playa del Cabrón» y sobre los sebadales de la Bahía de Arinaga; la falta de cuantificación de las poblaciones de especies protegidas afectadas ni del interés del área en el contexto insular; el interés real del proyecto para la población de los municipios lindantes; la pérdida de oportunidades de ocio y de recursos marinos explotables).

¿Puede la Comisión exigir que es estudien proyectos alternativos que no tengan efectos negativos sobre las zonas LIC e IBA (Important Bird Areas) interesadas por el proyecto ni comprometan las posibilidades de desarrollo de actividades sostenibles en la zona (zonas de práctica de deportes acuáticos, pesca, marisqueo, baño y ocio)?
—

De lo anteriormente expuesto se desprende que las citadas Directivas se aplican únicamente cuando un nacional comunitario desee ejercer una profesión regulada en un Estado miembro distinto de aquél en el que haya obtenido sus cualificaciones profesionales, y no a situaciones puramente internas de un Estado miembro. Pues bien, de las informaciones facilitadas por Su Señoría no se desprende que el Sr. Ghezzi haya obtenido sus cualificaciones profesionales fuera de Italia. Por consiguiente, a la vista de los hechos expuestos, no puede llegarse a la conclusión de que se hayan vulnerado las Directivas anteriormente citadas.
3.

La Comisión quisiera subrayar que el Anexo XVIII al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), modificado por la Decisión no 37/89 del Comité Mixto del EEE, de 30 de abril de 1998, extiende el ámbito geográfico de aplicación de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (1) a los Estados del Espacio Económico Europeo que no son miembros de la UE. Por consiguiente, las empresas tienen que garantizar que los trabajadores desplazados al territorio de Islandia disfrutan, independientemente de cuál sea la legislación aplicable a su relación laboral, de las condiciones de empleo vigentes en Islandia en relación con los aspectos siguientes: períodos máximos de trabajo y mínimos de descanso, período mínimo de vacaciones anuales pagadas, sueldo mínimo (incluida la retribución de las horas extraordinarias), condiciones para la subcontratación temporal de trabajadores a otras empresas, salud, seguridad e higiene en el trabajo, salvaguardias aplicadas a las condiciones de empleo de niños y jóvenes, igualdad de trato entre hombres y mujeres y otras medidas de no discriminación. Las autoridades nacionales del Estado miembro del EEE de que se trate son las responsables de supervisar cómo cumple estas normas cada empleador concreto. Según la información disponible, la Comisión sabe que Impregilo emplea a trabajadores de Portugal y de Rumania, entre otras nacionalidades. Aunque la confederación sindical islandesa ha expresado inquietud general por las condiciones y los salarios de los trabajadores empleados por el contratista italiano, no se han presentado denuncias formales ante las autoridades o los sindicatos de Islandia en relación con infracciones de la legislación islandesa, la cual contiene disposiciones sobre los derechos y los sueldos mínimos de los trabajadores de cualquier nacionalidad que trabajen en el país (2). Recientemente se ha solucionado un litigio entre las autoridades islandesas e Impregilo en relación con los sueldos y las condiciones de trabajo (octubre de 2003). Según la confederación sindical islandesa, se están negociando algunos puntos de desacuerdo pendientes en relación con las condiciones de trabajo, y los sueldos también son acordes con la legislación islandesa.
3.

¿Es la operación conforme a la normativa en materia de competencia, en particular por lo que se refiere a la concentración de empresas y al abuso de posición dominante, en virtud del Reglamento 4064/89 (CEE) (5) y del artículo 82 del Tratado, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia (C 85/76 y C 70/89)?
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/277

(2004/C 88 E/0281)

PREGUNTA ESCRITA P-1039/04

de Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE) a la Comisión

(29 de marzo de 2004)

Asunto: Candidatura de la Comisaria Reding para las elecciones europeas

La Comisaria Reding participará en las elecciones europeas como candidata, sin renunciar a sus funciones actuales durante el período de la campaña electoral, contrariamente a lo que se convino con la antigua Comisaria de Empleo, Sra. Diamantopoulou.

¿Por qué no puede haber una norma general aplicable durante los períodos de campañas electorales en el seno del Colegio de Comisarios? ¿No considera útil la Comisión la elaboración de un reglamento claro en el seno de su Colegio a fin de evitar conflictos de intereses entre las funciones de los Comisarios y los intereses de los candidatos?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(28 de abril de 2004)

En virtud de las prácticas vigentes en la Comisión, todo miembro del Colegio tiene obligación de informar oportunamente al Presidente de su intención de proclamarse candidato a un cargo electivo y de su participación prevista en la campaña electoral correspondiente. Cuando el Comisario candidato tenga previsto participar activamente en la campaña, dicha participación activa implica que el Comisario en cuestión se abstendrá de participar en los trabajos del Colegio mientras dure la campaña electoral (1). Se pretende así evitar, por una parte, el riesgo de conflicto de intereses y, por otro, garantizar al Comisario interesado la máxima libertad de acción y expresión que sea acorde con el principio de colegialidad.

Por lo que se refiere a la situación de los Comisarios que, pese a figurar en listas electorales, no participan de manera activa en la campaña electoral, corresponde al Comisario interesado, en concertación con el Presidente y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, apreciar si tal situación es compatible con su participación en los trabajos del Colegio.

En el caso de la Sra. Reding, dado que la Comisaria se ha comprometido con el Presidente a no participar activamente en la campaña electoral, se ha considerado que su candidatura no le impedía seguir disponible al servicio de la Comisión y no planteaba riesgos de conflicto de intereses. Habida cuenta de estos compromisos, nada impide a la Sra. Reding participar en los trabajos del Colegio durante el período en cuestión.

Esta conclusión es compatible con el Código de Conducta de los Comisarios, que establece que los Comisarios podrán ser miembros activos de partidos políticos siempre y cuando su actividad no les impida estar disponibles al servicio de la Comisión.

En función de la experiencia que vaya acumulándose, el futuro Presidente de la Comisión podrá estudiar si es necesario establecer una norma general aplicable durante los períodos de la campaña electoral al Colegio de Comisarios.

(1) Véanse a este respecto las respuestas a las preguntas escritas no 124/68, DO C 83 de 23.8.1968 — no 858/76, DO C 70 de 21.3.1977— y 2752/94, DO C 88 de 10.4.1995.
—

J. H. Rogers (2002) «Monetary Union, price level convergence and inflation: How close is Europe to the United States?» (Unión monetaria, convergencia del nivel de precios e inflación: comparación entre Europa y Estados Unidos), Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, Documentos de debate sobre finanzas internacionales, no 740, octubre de 2002.
1.

¿Ha adquirido la Comisión conocimiento de la publicación de febrero de 2003 del «International Journal of STD and Aids», revista especializada sobre las enfermedades de transmisión sexual, en la que David Gisselquist, John Potterat y otros señalan que la propagación del SIDA en África difiere considerablemente de la propagación de otras enfermedades de transmisión sexual, que el SIDA también es muy frecuente en niños de 5 a 12 años cuyas madres no han desarrollado la enfermedad y que llama la atención el hecho de que el SIDA sea tan frecuente en aquellos grupos de población con los mejores niveles de educación y asistencia sanitaria?
1.

La Comisión está trabajando para aplicar en su totalidad el nuevo Reglamento financiero (1) (RF) que contiene disposiciones detalladas que incluyen los conflictos de intereses relativos a su personal y a los contratistas. Con respecto a potenciales contratistas/beneficiarios: El artículo 94 RF prohíbe la adjudicación de un contrato a los candidatos o licitadores (y el apartado 2 del artículo 114 la concesión de subvenciones a los solicitantes) que sean objeto de un conflicto de intereses. Las normas de desarrollo (ND) del RF (letra a) del apartado 2 del artículo 135 de las ND) obligan al Ordenador Nacional a controlar en cada procedimiento de adquisición esta posible razón de exclusión y registrar una exclusión de este tipo (candidatos afectados y razones) en los resultados finales de la evaluación (apartado 2 del artículo 147 b) de las ND). Las mismas normas son aplicables en laconcesión de subvenciones (apartado 4 del artículo 178 c) de las ND). Con respecto a su personal: Por lo que se refiere a cualquier agente financiero, el artículo 52 del RF y el artículo 34 de las ND han introducido: — una extensa definición de lo que debe entenderse por conflicto de intereses («Existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de un agente de la ejecución del presupuesto o de un auditor interno se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo de intereses comunes con el beneficiario»); — una prohibición para que cualquier agente financiero adopte cualquier medida de ejecución presupuestaria que pueda poner sus propios intereses en conflicto con los de las Comunidades; — así como un procedimiento claro en caso de que surgiera esta situación (la remisión al superior jerárquico que confirmará por escrito si existe o no conflicto de intereses. En caso afirmativo, adoptará por sí mismo la decisión que considere más conveniente).
1.

La Comisión no ha sido informada oficialmente por las Autoridades de los Países Bajos sobre modificación alguna de la «Mediawet», a pesar de que le hayan sido comunicadas las preocupaciones de ciertos actores de mercado en lo relativo a las normas sobre retransmisión obligatoria. Sobre si es posible modificar la «Mediawet» mientras se transpone el nuevo marco regulador de comunicaciones electrónicas, la Comisión desearía indicar que este nuevo marco debe entrar en vigor el 25 de julio de 2003, lo cual significa que, para esta fecha, todas las Directivas pertinentes deben haber sido transpuestas al derecho nacional, y que toda legislación que no cumpla con el nuevo marco debe ser derogada o modificada. En la actual situación, dado que no han sido comunicados ni notificados a la Comisión ni la proposición de ley que modificaría la «Mediawet» ni ninguna otra ley de los Países Bajos que transponga el nuevo marco regulador de comunicaciones electrónicas, la Comisión no puede pronunciarse sobre el cumplimiento de las normas de los Países Bajos sobre retransmisión obligatoria del nuevo marco regulador y, en particular, del Artículo 31 de la Directiva 2002/22/CE sobre el servicio universal (1).
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/463

(2004/C 88 E/0476)

PREGUNTA ESCRITA E-3496/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(24 de noviembre de 2003)

Asunto: Colombia — Rehenes del ELN

Una grabación en vídeo del movimiento guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), difundida por la agencia Reuters, demuestra que los siete turistas que fueron secuestrados el pasado día 12 de Septiembre durante una visita a unas ruinas indígenas siguen vivos.

De los siete rehenes, tres son nacionales de los Estados Miembros de la Unión (un español, un británico y una alemana) y cuatro son ciudadanos israelíes.

La guerrilla ha aceptado liberar gradualmente a los rehenes cuando una Comisión Humanitaria se haya desplazado y haya sido testigo de las difíciles condiciones de vida que soportan los habitantes de Sierra Nevada, pero ha advertido de que los matará en caso de que el ejército colombiano trate de intervenir para rescatarlos.

¿Puede confirmar la Comisión:

— que los rehenes siguen vivos y se encuentran en buen estado de salud?

— ¿Puede decir la Comisión qué gestiones ha llevado a cabo o piensa llevar a cabo ante el ELN u organizaciones humanitarias para promover la liberación de los rehenes?

— ¿Qué gestiones ha llevado a cabo ante el Gobierno colombiano para sensibilizarle sobre la situación de los rehenes y lograr proteger su vida y conseguir su libertad?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(22 de diciembre de 2003)

Desde que Su Señoría formuló su pregunta, dos de los tres ciudadanos europeos que habían sido secuestrados han sido liberados por la guerrilla del ELN gracias a la mediación de la Iglesia Católica, con la asistencia de las Naciones Unidas. Un ciudadano europeo sigue retenido por la guerrilla del ELN, que ha prometido liberarlo antes de Navidad junto con los otros cuatro rehenes israelíes.

Las personas ya liberadas aseguran que no fueron maltratadas por sus secuestradores.

La Comisión condena firmemente éstos y todos los demás secuestros que tienen lugar en Colombia, y exige la liberación inmediata e incondicional del ciudadano europeo y de las demás personas que permanecen secuestradas. Sus secuestradores son responsables de su salud y de su seguridad.

La Comisión no ha hecho ninguna gestión ante el Gobierno de Colombia, las organizaciones humanitarias o el ELN. La protección diplomática y consular entra dentro de las competencias de los Estados miembros, y no de la Comunidad. El artículo 20 del Tratado CE únicamente contempla el derecho de todo ciudadano de la Unión a acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.