PREGUNTA ESCRITA E-2621/00

de Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) a la Comisión

(1 de agosto de 2000)

Asunto: Desigualdad de condiciones para ciertas empresas

El Tratado prevé la instauración de un mercado interior en el cual, entre otros factores, la libre competencia y la no discriminación entre empresas es una condición indispensable para asegurar su buen funcionamiento.

La evolución previsible del mercado del agua en la Unión Europea hace probable la aparición de distorsiones en la competencia entre las empresas de los diferentes Estados miembros. Para asegurar el buen funcionamiento del mercado común del agua es necesario asegurar su transparencia, la no discriminación entre las empresas y la reciprocidad.

Vista la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre concesiones en derecho comunitario de contratos públicos, ¿por qué la Comisión Europea no ha tomado posición en la Comunicación relativa a las concesiones administrativas respecto a la situación de desigualdad de condiciones de competencia a las cuales están sometidas las empresas privadas originarias de Estados con un nivel importante de apertura de su mercado respecto a las empresas públicas originarias de Estados con un mercado cerrado a la competencia?

¿Por qué no ha previsto la Comisión la apertura del mercado del agua y el establecimiento de la reciprocidad prevista en otros sectores como el de la electricidad?

¿Por qué la Comisión Europea no ha tomado posición respecto a las empresas públicas encargadas del servicio del agua en sus Estados que participan en las licitaciones para adquirir la concesión del servicio de agua en un Estado donde este mercado es más abierto? Y ¿por qué no ha previsto para estos casos una mejor transparencia a fin de evitar que estas empresas utilicen recursos públicos para financiar actividades fuera del ámbito del servicio público que se les ha encargado?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(18 de octubre de 2000)

Es cierto, como indica Su Señoría, que, contrariamente a lo que ocurre en los sectores de la electricidad o el gas, no hay medidas específicas a nivel europeo aplicables al sector del agua destinadas a eliminar barreras nacionales en este sector. Sin embargo, esta ausencia de normas específicas no impide la aplicación de las normas del Tratado CE sobre el mercado interior y la competencia. En efecto, el suministro de agua y el saneamiento del agua son actividades de origen económico cubiertas por estas normas.

La comunicación interpretativa sobre las concesiones en Derecho comunitario(1) (en lo sucesivo comunicación) mencionada por Su Señoría, tiene por objeto informar a los agentes económicos y las autoridades públicas sobre las normas aplicables en el ámbito de las concesiones, cualquiera que sea el sector de actividad en cuestión, incluido el del agua.

La Comisión comprende las preocupaciones de las que Su Señoría se hace eco. Recuerda, sin embargo, que esta comunicación no tiene como fin examinar las condiciones de competencia mencionadas entre empresas privadas y públicas, en particular en el ámbito del agua, ni aún menos la de pronunciarse sobre la cuestión. En efecto, la Comisión se propuso precisar y aclarar las normas y principios generales del Tratado que ya son aplicables a las disposiciones de adjudicación de las concesiones, sin perjuicio de los posibles regímenes sectoriales específicos y de las normas de competencia.

En cuanto a las condiciones desiguales de competencia a las que estarían sometidas las empresas privadas originarias de Estados miembros con un mercado muy abierto con relación a las empresas públicas originarias de Estados miembros con un mercado cerrado a la competencia, es cuestión que afecta a las normas de competencia, en particular, al artículo 86 (ex artículo 90) del Tratado CE y a las normas sobre las ayudas estatales, y no está incluida en el ámbito de aplicación de esta comunicación. Debe, sin embargo, tenerse en cuenta, que el Tratado es neutro en cuanto al régimen de propiedad en los Estados miembros (artículo 295 (ex artículo 222)) y que, por lo tanto, la Comisión se siente en el deber de mantener una postura neutra en cuanto a la facultad de los Estados miembros de elegir entre la gestión directa de los servicios de interés general y la asignación de estos servicios a un tercero.

La Comisión considera que su comunicación interpretativa constituye un instrumento importante para garantizar una mayor transparencia en los servicios de utilidad pública, incluso en el sector del agua, en la medida en que especifica que corresponde los Estados miembros velar por que estas concesiones se adjudiquen según modalidades compatibles con el Derecho comunitario, en particular, en cuanto a publicidad y apertura a la competencia de los operadores cualificados, y también en cuanto a la igualdad de oportunidades entre estos operadores. Una aplicación correcta de estos principios y normas debería por tanto permitir a las empresas comunitarias beneficiarse de un acceso más amplio y más transparente a la gestión de los servicios de utilidad pública, y en particular, del agua.

Por lo que se refiere a la aplicación de las normas de competencia del Tratado CE, la Comisión llama también la atención de Su Señoría sobre la reciente aprobación por la Comisión de una comunicación sobre los servicios de interés general(2). En esta comunicación aporta nuevos aclaraciones a su política respecto a los servicios de interés general en respuesta a petición del Consejo Europeo de Lisboa. La ausencia de las normas específicas de armonización de las condiciones de apertura a la competencia del ámbito del agua no supone un obstáculo a la aplicación de los principios del Tratado CE y, en particular, de las normas de competencia existentes en este sector.

Por último, la Comisión desea informar al honorable miembro de la existencia de una Directiva relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas(3). Esta Directiva impone a los Estados miembros la obligación de garantizar que las empresas públicas mantengan cuentas separadas y fiables relativas a las distintas actividades ejercidas por una misma empresa, y sirve, en particular, para garantizar la aplicación exacta y efectiva de las normas de competencia a estas empresas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Tratado CE.

(1) DO C 121 de 29.4.2000.

(2) IP/00/1022 de 20 de septiembre de 2000.

(3) Directiva 2000/52/CE de la Comisión de 26 de julio de 2000 que modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, DO L 193 de 29.7.2000.