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PREGUNTA ESCRITA E-3196/96 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (22 de noviembre de 1996)

Asunto: Cuantía de proyectos Valencianos del programa urban

El 10 de enero de 1997 terminará el plazo de presentación de proyectos de desarrollo urbano en el marco del programa URBAN para el período 1997-1999.

¿Cuál es la cuantía de la financiación que la Comisión podría destinar a los proyectos españoles del programa URBAN? ¿Qué parte correspondería a proyectos procedentes de la Comunidad Autónoma Valenciana?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3196/96, E-3197/96 y E-3202/96 dada por el Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (20 de diciembre de 1996)

El 8 de mayo de 1996 la Comisión decidió, tras consultar al Parlamento Europeo, la asignación indicativa de la reserva de las iniciativas comunitarias. Teniendo en cuenta dicha asignación, la cantidad disponible (a precios indizados de 1995) para Urban-España es de 56,2 millones de ecus para las zonas del objetivo no 1 y de 21,4 millones de ecus para las demás zonas.

La presentación de los programas operativos relativos a la ejecución de la extensión de Urban compete a los Estados miembros. Por consiguiente, la Comisión no puede hacer una previsión sobre la eventual participación de la Comunidad Autónoma de Valencia.

Hasta ahora, la Comisión no ha recibido ningún programa operativo de las autoridades españolas. En estos momentos no es posible prever la fecha en que la Comisión adoptará una decisión puesto que dependerá de la calidad de las propuestas presentadas.
PREGUNTA ESCRITA E-3176/96 de Gianfranco Dell'Alba (ARE) a la Comisión (22 de noviembre de 1996)

Asunto: Ejecución de los programas del objetivo 5b Región Umbria

Considerando que, de conformidad con el programa operativo de ejecución del Reglamento CEE 2081/93 ((DO L 193 de 31.7.1993, p. 5.)), en 1994 la concesión de subvenciones por parte de la Región Umbria estaba sujeta a la programación, la coordinación y el control de la ESAU (L.R. 4/83), por un monto total de 2.252.239.000 liras italianas;

Considerando que la Región Umbria ha solicitado a las OO.PP.AA. (Organizaciones Profesionales Agrícolas) la rendición de cuentas por los gastos realizados y por las actividades desarrolladas en el ámbito del objetivo 5b;

Considerando que la rendición de cuentas no es exhaustiva y no justifica que las actividades correspondan a los verdaderos objetivos prefijados, ya que sólo incluyen los siguientes elementos: a) título del proyecto y ámbito de intervención; b) cantidad de técnicos utilizados; c) cantidad de horas destinadas al programa; d) lista de las empresas interesadas;

Considerando que el control de los actos oficiales por parte de los organismos de la Unión Europea no han verificado hasta ahora el objetivo 5b, en la parte correspondiente al año 1994; ¿Puede la Comisión informar:

1. los motivos de la falta de control de los actos de rendición de cuentas por parte de los funcionarios de la Unión Europea;

2. si no considera oportuno volver a examinarlos con objeto de verificar que el presupuesto asignado corresponda efectivamente al personal realmente utilizado?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (8 de enero de 1997)

Ese programa se aprobó por decisión de la Comisión el 21 de diciembre de 1994, entregándose el 13 de enero de 1995 un primer anticipo de 2,35 millones de ecus. A pesar de haber enviado diversas notificaciones, la Comisión no ha recibido ninguna otra solicitud de anticipo, motivo por el que tiene previsto emprender las medidas necesarias para informarse de la utilización del primer anticipo.

La responsabilidad de la correcta aplicación y del control de las medidas cofinanciadas recae en los Estados miembros. La actividad de control de la Comisión, referente a la ejecución de los programas, se basa en un análisis de riesgo y sólo puede efectuarse sobre una muestra limitada. La Comisión no dispone de los medios necesarios para realizar un control sobre el terreno para cada programa y menos aún cada año. No obstante, una vez reciba la información solicitada, la Comisión decidirá si procede o no organizar un control sobre el terreno.
PREGUNTA ESCRITA E-2512/96 de Hiltrud Breyer (V) al Consejo (25 de septiembre de 1996)

Asunto: IVA y transporte aéreo

1. ¿Cómo y en qué plazo piensa el Consejo de Ministros armonizar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los billetes de avión con el de los distintos medios de transporte (ferrocarril y carretera) y en los distintos Estados miembros?

2. ¿Cuál podría ser (en tantos por ciento) dicho IVA?

3. ¿Cuál sería el importe (en valor absoluto) en que se traduciría la introducción de un IVA sobre los billetes de avión?

Respuesta (13 de febrero de 1997)

El régimen del IVA aplicable a los transportes de personas en sus diversas modalidades (por vía aérea, por vía marítima, en aguas interiores, por ferrocarril y por carretera) se fija en la sexta Directiva IVA, que estipula que dichos transportes se gravarán en función de las distancias recorridas en los diversos Estados miembros.

Por lo que respecta a los tipos de IVA aplicables a los transportes de personas, la situación actual es la siguiente:

- el transporte interior de personas está sujeto a gravámenes bastante diferentes en los diversos Estados miembros;

- El transporte intracomunitario de personas se grava en la mayor parte de los casos con un tipo cero.

Con el fin de lograr un sistema comunitario de IVA, la Comisión presentó en 1992 una propuesta de Directiva, que se limita a los transportes de personas por carretera y en aguas interiores. En esta propuesta se deja de lado el problema de la relación entre dicho sector y los demás medios de transporte (en particular, transportes por ferrocarril y transportes aéreos). La Comisión dejó esta cuestión para ser examinada en un informe que se comprometió a presentar antes de que finalizara 1994 y que debería presentar una evaluación de conjunto sobre la situación del sector de los transportes de personas en materia de IVA, así como un estudio de los riesgos de distorsiones de competencia entre los diferentes modos de transporte.

A falta de dicho informe de la Comisión, el Consejo no está en condiciones de facilitar a Su Señoría la información que solicita, aunque es consciente de que dicha materia resulta de capital importancia para el desarrollo futuro de los transportes en la Unión.
PREGUNTA ESCRITA E-2482/96 de Michl Ebner (PPE) a la Comisión (25 de septiembre de 1996)

Asunto: Campañas contra el tabaco

Teniendo en cuenta que, el 3.6.1996, presenté una pregunta escrita a la Comisión (E-1372/96 ((DO C 365 de 4.12.1996, p. 4.))) para saber:

- qué campañas contra las causas de las enfermedades cancerosas y qué proyectos de fomento del no fumar tenía previsto realizar la Comisión para concretar la lucha contra el cáncer y

- por qué no se suprime el apoyo del mercado de la producción de tabaco, dado que el consumo de tabaco es tan perjudicial para la salud;

considerando que, el 16.7.1996, el Sr. Flynn, en nombre de la Comisión, respondió de modo totalmente evasivo y afirmó al respecto: «El apoyo al mercado del tabaco crudo es parte integrante de la organización común de mercados aprobada por el Parlamento y el Consejo. No desempeña, por sí mismo, función alguna de incitación al consumo de tabaco»,

se ruega de nuevo a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Piensa reconsiderar la Comisión su postura totalmente injustificable?

2. ¿No piensa la Comisión proponer al Parlamento y al Consejo que eliminen las medidas de apoyo al tabaco crudo y supriman la organización común de mercados?

3. ¿No opina la Comisión que los precios protegidos del tabaco crudo constituyen una incitación al consumo de tabaco, pues, gracias a las medidas de apoyo de la UE, esta droga -responsable, como se ha demostrado, del 30% de los casos de cáncer- es comercializada a precios más reducidos, lo que bien puede considerarse una incitación al consumo de tabaco?

4. ¿No piensa la Comisión abandonar de una vez su actitud farisaica, al menos en esta cuestión?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (4 de diciembre de 1996)

La Comisión está examinando activamente este asunto en la actualidad. Se transmitirá una respuesta adicional a Su Señoría en su momento.
PREGUNTA ESCRITA E-3280/96 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (5 de diciembre de 1996)

Asunto: Criterio para computar la economía sumergida

Los medios de comunicación reflejan cada vez con más exigencia las dificultades existentes para encontrar mediciones estadísticas universalmente aceptadas.

¿Cómo se computa la economía sumergida a efectos de calcular el PIB?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3280/96, E-3298/96, E-3299/96, E-3300/96, E-3301/96, E-3302/96, E-3303/96, E-3304/96, E-3305/96, E-3306/96, E-3307/96, E-3308/96, E-3309/96, E-3310/96, E-3311/96, E-3312/96 y E-3313/96 dada por el Sr. de Silguy en nombre de la Comisión (21 de enero de 1997)

En este momento es imposible estimar de manera precisa la repercusión de la economía sumergida en el producto interior bruto. En efecto, los métodos utilizados son muy diferentes en los Estados miembros y, por otra parte, algunos Estados miembros efectúan correcciones implícitas muy difíciles de evaluar.

Está previsto concluir a finales de 1998 los trabajos relativos a la cuestión de la exhaustividad. En esta fecha será posible efectuar la estimación solicitada con una cierta fiabilidad y posibilidad de comparación entre los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-2913/96 de Salvador Garriga Polledo (PPE) a la Comisión (8 de noviembre de 1996)

Asunto: OCM del aceite de oliva

¿Podría explicar la Comisión su afirmación de que la nueva OCM del aceite de oliva va a disminuir la posibilidad de fraude?

¿Qué mecanismos pone en marcha esta nueva OCM para reforzar el control de ayudas?

Respuesta de la Sra Gradin en nombre de la Comisión (17 de diciembre de 1996)

La experiencia adquirida en el sector del aceite de oliva ha mostrado que se han producido fraudes significativos en relación con la ayuda al consumo. Además, las medidas de control no han garantizado debidamente la protección de los intereses financieros de la Comunidad, en particular, respecto a la ayuda a la producción. En las operaciones de importación y exportación se produjeron también fraudes. Esta es una de las principales razones por las que la Comisión cree necesario examinar posibles modificaciones de la organización del mercado común en este sector ((Reglamento no 136/66/CEE que instaura la organización común de mercados en el sector de las materias grasas - DO 172 de 30.9.1996. )) con arreglo a su programa de trabajo de 1996 ((DO L 282 de 26.9.1996. )).

La Comisión no ha presentado aún propuestas formales. Como indicó en su Respuesta a las Preguntas escritas E-2684/96 y E-2685/96 y P-2946/96 del Sr Valverde López y P-2946/96 del Sr. Papayannakis ((DO C 91 de 20.3.97. )), las diferentes opciones se discutirán primero con el Parlamento y con el Consejo. Por consiguiente, la Comisión no puede aún estipular qué mecanismos deben introducirse para reforzar los controles y reducir el fraude.
PREGUNTA ESCRITA E-2585/96 de Francesco Baldarelli (PSE) a la Comisión (11 de octubre de 1996)

Asunto: Financiación a las organizaciones de jóvenes agricultores europeos

La información que se proporciona a los ciudadanos sobre las actividades de la Unión Europea es fundamental para el proceso de construcción de la casa común europea, y más aún para determinados sectores de la economía tradicional, como la agricultura.

En este ámbito, las organizaciones juveniles revisten gran importancia puesto que las nuevas generaciones deben tener una visión europeísta sólida y convencida.

Actualmente, las actividades del CEJA (Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores) y del PEJA, reciben una financiación procedente de los fondos de la UE de aproximadamente 1 millón de ecus, en el marco de la línea presupuestaria B2-514.

Sin embargo, la Comisión Europea ha propuesto la eliminación de la línea B2-514 del presupuesto para 1997, y en su lugar ha presentado dos nuevas líneas presupuestarias, la B2-5121 «Encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas», con una dotación de 7,5 millones de ecus, y la B2-5122 «Sensibilización de la opinión pública ante la Política Agrícola Común», con una dotación de 2 millones de ecus.

A la vista de que las actividades del CEJA/PEJA y de otras organizaciones no podrán incluirse en la línea B2-5121 «Encuestas sobre estructura de las explotaciones agrícolas», resulta claro que dichas organizaciones sufrirán una drástica reducción de la financiación, que marcaría el fin de buena parte de las actividades desarrolladas hasta ahora.

¿Cómo piensa la Comisión garantizar la meritoria actividad de las organizaciones de jóvenes agricultores que reciben fondos europeos y que centran su propio trabajo en la información y la organización de manifestaciones públicas que involucran a miles de jóvenes agricultores procedentes de los países de la UE? ¿No considera la Comisión que, si bien es necesario respetar las exigencias de una política de ahorro, los fondos destinados a estas organizaciones representan cifras muy reducidas, que se utilizan para actividades de utilidad pública, sin despilfarro y con objetivos que merecen ser compartidos?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (13 de noviembre de 1996)

La Comisión financia cada año las actividades del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA) con cargo a la línea presupuestaria B2-514. Periódicamente, se ha venido avisando al CEJA de que la continuación de sus actividades así como el volumen y el ritmo de éstas podría verse en peligro. La subvención ya hubo de ser reducida sensiblemente en alguna ocasión por falta de medios, lo que obligó al CEJA a reducir o aplazar sus reuniones.

En el caso del presupuesto de 1997, el esfuerzo general de rigor presupuestario explica el nivel en el que se ha fijado la dotación de la línea B2 - 5122 en el anteproyecto de presupuesto (APP).
PREGUNTA ESCRITA E-3300/96 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (5 de diciembre de 1996)

Asunto: Economía sumergida y PIB

Los medios de comunicación reflejan cada vez con más exigencia las dificultades existentes para encontrar mediciones estadísticas universalmente aceptadas.

¿Qué proporción del PIB representa la economía sumergida de Austria?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3280/96, E-3298/96, E-3299/96, E-3300/96, E-3301/96, E-3302/96, E-3303/96, E-3304/96, E-3305/96, E-3306/96, E-3307/96, E-3308/96, E-3309/96, E-3310/96, E-3311/96, E-3312/96 y E-3313/96 dada por el Sr. de Silguy en nombre de la Comisión (21 de enero de 1997)

En este momento es imposible estimar de manera precisa la repercusión de la economía sumergida en el producto interior bruto. En efecto, los métodos utilizados son muy diferentes en los Estados miembros y, por otra parte, algunos Estados miembros efectúan correcciones implícitas muy difíciles de evaluar.

Está previsto concluir a finales de 1998 los trabajos relativos a la cuestión de la exhaustividad. En esta fecha será posible efectuar la estimación solicitada con una cierta fiabilidad y posibilidad de comparación entre los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-2453/96 de Gijs de Vries (ELDR) al Consejo (25 de septiembre de 1996)

Asunto: Solicitantes de asilo procedentes de Burundi

En marzo de 1996, Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido dejaron, al parecer, en suspenso la expulsión a Burundi de solicitantes de asilo cuyos casos ya habían sido examinados y desestimados. Sin embargo, Francia y Alemania tenían la intención de expulsar a los solicitantes de asilo que se encontraran en esa situación.

1. ¿Qué Estados miembros han expulsado a solicitantes de asilo a Burundi desde marzo?

2. ¿Han decidido los Estados miembros, que en el artículo K.1 del Tratado acordaron considerar la política de asilo un asunto de interés común, desarrollar una política común en la materia y, en caso afirmativo, cuál es dicha política?

Respuesta (17 de enero de 1997)

El Consejo no dispone de elementos de información sobre los hechos relativos a la repatriación a cargo de uno u otro Estado miembro de los solicitantes de asilo procedentes de Burundi.

El Consejo no ha dispuesto ninguna política común de los Estados miembros en materia de expulsión o no expulsión de los solicitantes de asilo procedentes de Burundi en aquellos casos en los que sus solicitudes hayan sido rechazadas con carácter definitivo.

Por el contrario, la posición común de 4 de marzo de 1996 definida por el Consejo relativa a la aplicación armonizada de la definición del término «refugiado» con arreglo al artículo 1 de la Convención de Ginebra, de 28 de julio de 1951, relativa al Estatuto de los Refugiados ((DO L 63/2 de 13.3.1996. )), podría tener un efecto de convergencia de las políticas de los Estados miembros que contempla la pregunta de referencia, aunque en este momento el Consejo no disponga de información concreta que permita evaluar tales efectos.

Además, en su Resolución, de 14 de octubre de 1996, sobre el establecimiento de las prioridades de la cooperación en materia de Justicia y Asuntos de Interior para el período que va del 1 de julio de 1996 al 30 de junio de 1998 ((DO C 319/1 de 26.10.1996. )), el Consejo ha incluido las formas de protección subsidiaria (protección de hecho y permiso humanitario de residencia) entre sus prioridades en el ámbito de la mejora de la cooperación en materia de inmigración y de asilo.

Entre tanto, la cuestión del trato que debe darse a los solicitantes de asilo procedentes de Burundi podría debatirse a solicitud de cualquier Delegación en el Centro de Información, Reflexión e Intercambio en materia de asilo (CIRIA).
PREGUNTA ESCRITA E-3026/96 de Ulf Holm (V) a la Comisión (11 de noviembre de 1996)

Asunto: Abusos de los que son víctimas los niños

En relación con el actual escándalo en Bélgica sobre los casos de pedofilia y abusos contra los niños, en diversos análisis periodísticos se apunta la posibilidad de que el desmantelamiento del sistema judicial y del sistema de seguridad social en Bélgica hayan contribuido a que estas actividades continuaran durante tanto tiempo antes de que la sociedad pudiera intervenir. Los estrictos criterios de convergencia de la UEM han contribuido a este desmantelamiento. A la vista del artículo 34 de la Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas, en el que se establece el derecho de los niños a la protección contra cualquier forma de abuso sexual y su utilización en actividades de prostitución y pornografía, ¿podría la Comisión informar de si ha efectuado un análisis de las repercusiones de los criterios de convergencia de la UEM sobre los derechos y la seguridad de los niños?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (19 de diciembre de 1996)

La Comisión no ha realizado ningún estudio sobre las posibles repercusiones de los criterios de la Unión Económica y Monetaria en los derechos y la protección de los menores en los Estados miembros. Por otra parte, considera muy difícil proceder a un estudio de este tipo que pueda ofrecer garantías de fiabilidad.
PREGUNTA ESCRITA E-3206/96 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (22 de noviembre de 1996)

Asunto: Gandia: Fecha de la decisión sobre los proyectos y el artículo 10 del Feder

El 30 de noviembre de 1995 la Comisión publicó la convocatoria a concurso para presentar proyectos urbanos piloto, en el marco de las medidas innovadoras del artículo 10 del FEDER. Entre los proyectos presentados, 91 proceden de España.

Uno de los proyectos presentados tiene como misión la restauración urbana en el Ayuntamiento de Gandia (Valencia).

¿Cuándo va a decidir la Comisión si el proyecto de Gandia es susceptible de recibir financiación europea a través del artículo 10 del FEDER?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3198/96, E-3199/96, E-3200/96, E-3201/96, E-3203/96, E-3204/96, E-3205/96, E-3206/96, E-3207/96, E-3208/96, E-3209/96, E-3210/96, E-3211/96, E-3212/96, E-3213/96, E-3214/96 y E-3215/96 dada por el Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (20 de diciembre de 1996)

En respuesta a la convocatoria de propuestas, se presentaron a la Comisión más de 500 expedientes, de los cuales 97 proceden de España. El presupuesto disponible, 60 millones de ecus, permitirá a la Comisión cofinanciar unos 25 proyectos en todos los Estados miembros.

Por lo que se refiere al procedimiento de selección, la citada convocatoria de propuestas señala que «... un grupo de expertos internacionales independientes ayudará a los servicios de la Comisión a encontrar las ideas más innovadoras para seleccionar las propuestas que se ajusten lo máximo posible a los criterios establecidos. La Comisión decidirá el número final de propuestas que se vayan a cofinanciar, tomando en consideración los fondos disponibles, los temas de las propuestas y la distribución en el territorio de la Unión de los proyectos que se consideren adecuados».

Dado que el procedimiento está en marcha, en estos momentos no es posible hacer ninguna estimación sobre las posibilidades de que una ciudad sea elegida ni sobre el previsible importe de cofinanciación comunitaria que le correspondería. Lo mismo sucede con cualquier otra estimación referida a un Estado miembro o región determinada.

Por lo que se refiere al número y al nombre de los proyectos que podrían afectar a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Valencia, además de los mencionados explícitamente en las preguntas mencionadas más arriba, la Comisión no puede pasar por alto el principio de confidencialidad que se impone en esta fase del procedimiento y asimismo en consideración al hecho de que las propuestas relativas a actuaciones en las que participan más de una autoridad local pueden ser aceptadas si tal cooperación proporciona un valor añadido.

Habida cuenta del número excepcionalmente elevado de propuestas presentadas, el plazo necesario para el análisis profundo y la selección rigurosa de los expedientes no permite pensar que la Comisión pueda adoptar una decisión antes de finales de año.