PREGUNTA ESCRITA E-0631/97 de Jaak Vandemeulebroucke (ARE) a la Comisión (4 de marzo de 1997)

Asunto: Licitaciones por parte de la Unión Europea

¿Podría indicar la Comisión hasta qué punto investiga la estructura de la propiedad de las sociedades que participan en las licitaciones que se convocan?

En el caso de que dicha investigación no se efectuara, ¿podría indicar la Comisión cómo hace para impedir que se produzca una confusión de intereses?

Respuesta (12 de mayo de 1997)

En aplicación de las directivas de contratación pública, los servicios de la Comisión permiten participar en sus licitaciones a todos los empresarios, después de publicar un anuncio de licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Estas directivas no contienen oblicaciones relativas a la estructura de las sociedades licitadoras, salvo una disposición sobre las agrupaciones de empresarios que figura en todas ellas.

Según esta disposición, casi idéntica en todas las directivas, las agrupaciones de empresarios están autorizadas a presentar ofertas. El poder adjudicador no puede exigir la transformación de tales agrupaciones en una forma jurídica determinada para la presentación de la oferta. No obstante, si el contrato se adjudica a una agrupación, ésta puede verse obligada a aceptar tal transformación, en la medida en que resulte necesaria para la correcta ejecución del contrato (artículos 18 de la Directiva 93/36/CEE, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro ((DO L 199 de 9.8.1993. )), 21 de la Directiva 93/37/CEE, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras ((DO L 199 de 9.8.1993. )), 26 de la Directiva 92/50/CEE, de 18 de junio de 1992, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios ((DO L 209 de 27.7.1992. )), y 33.1 de la Directiva 93/38/CEE, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones ((DO L 199 de 9.8.1993. ))).

Por consiguiente, la Comisión vela por que sus servicios, al igual que todos los poderes adjudicadores de los Estados miembros, permitan que tales agrupaciones presenten ofertas y no se exija una forma jurídica determinada para ello. Por el contrario, el derecho comunitario permite a los servicios exigir al adjudicatario una forma jurídica determinada.

La Comisión entiende que la expresión «confusión de intereses» denota una situación en la que el empresario tiene vínculos especiales con un poder adjudicador que propician la adjudicación de los contratos públicos a dicho empresario.

A este respecto, conviene señalar que el derecho comunitario no impide a las entidades recabar la opinión o aceptar observaciones -que pueden utilizarse para elaborar las prescripciones un contrato- de empresas que puedan participar en la licitación. El derecho comunitario solamente se opone a ello si peligra el principio de igualdad de trato y, especialmente, si se menoscaba la competencia. Éste es el criterio que sigue la Comisión, en los casos que llegan a su conocimiento, para evitar que se produzca la confusión de intereses a que se refiere Su Señoría.