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PREGUNTA ESCRITA E-2276/98

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(22 de julio de 1998)

Asunto: Activos financieros de origen delictivo

¿Qué medidas tiene previsto tomarla Comisión para aprovechar la oportunidad única de identificar los activos financieros de origen delictivo en el momento de la conversión de las monedas nacionales al euro?

¿Hay planes para ampliar las competencias de Europol para crear una unidad financiera que permita una amplia coordinación y cooperación europea, especialmente en el caso de las sumas procedentes del tráfico de drogas?

Respuesta del Sr. de Silguy En nombre de la Comisión

(25 de septiembre de 1998)

Todos los Estados miembros cuentan con sistemas destinados a evitar el blanqueo de los activos de origen delictivo a través del sistema financiero. Dichos sistemas se basan concretamente en la Directiva del Consejo no91/308/CEE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales(1). Por ahora, la directiva comunitaria prohibe únicamente el blanqueo de activos procedentes del tráfico de drogas. No obstante, en todos los Estados miembros se penaliza el blanqueo de activos derivados de una gama mucho más amplia de actividades delictivas. En la actualidad, la Comisión examina la posibilidad de actualizar la directiva y ampliar su ámbito de aplicación.

Con la llegada del euro, las obligaciones que impone la directiva seguirán siendo plenamente válidas y tendrán por objeto las operaciones de cambio en euros de los billetes y monedas en divisas. La Comisión espera que los bancos mantengan su habitual vigilancia durante el periodo que precederá a la introducción de los billetes y monedas en euros y durante el periodo de sustitución a fin de detectar cualquier operación sospechosa. La Comisión prosigue su tarea de reflexión sobre las implicaciones de la introducción del euro en la lucha contra el blanqueo de capitales y se ha acordado debatir la cuestión en el seno del comité de contacto creado en aplicación de la directiva mencionada.

Además, con objeto de proteger el euro, habrá que adoptar medidas de prevención y de lucha contra la falsificación de moneda. A este respecto, el Consejo está llevando a cabo una serie de trabajos en los que la Comisión participa activamente a fin de lograr un enfoque global que integre a los diferentes operadores, como por ejemplo, Europol, el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión y, en particular, la unidad de coordinación de la lucha contra el fraude. En esta óptica, la Comisión adoptó el 22 de julio de 1998 una comunicación específica relativa a la lucha contra la falsificación del euro(2) destinada al Consejo, el Parlamento y el Banco Central Europeo, en la que se aportan una serie de pistas para la reflexión.

(1) DO L 166 de 28.6.1991.

(2) COM(98)474 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2727/98

de Graham Mather (PPE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Repercusiones de la propuesta de directiva sobre imposición de los rendimientos del ahorro (COM(98)295)

Según se ha informado, tras una reunión del Consejo de Asuntos Generales celebrada en julio de 1998, el Sr. Jacques Poos ha pedido que una firma independiente elabore un estudio sobre los posibles efectos en los mercados de capitales de la adopción de las medidas previstas en la propuesta.

¿Puede confirmar la Comisión si se va a encargar un estudio de este tipo? En caso contrario, ¿puede indicar los motivos por los que no considera que un estudio de este tipo sea útil o necesario?
PREGUNTA ESCRITA E-2765/98

de Giacomo Santini (PPE) al Consejo

(11 de septiembre de 1998)

Asunto: Aplicación del recargo sobre el azúcar comunitario de importación

Mediante sentencia de 21 de mayo de 1980 en el Asunto 73/79, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constató el incumplimiento por parte del Estado italiano, del artículo 95 del Tratado CE por haber impuesto un recargo sobre el azúcar comunitario de importación, en aplicación de una decisión del Comité Interministerial de Precios (CPI no 3661 de 22 de junio de 1968). Dicha imposición ha sido considerada discriminatoria para las relaciones entre importadores y productores internos y, en consecuencia, constituye una inadmisible distorsión del principio de libre competencia. Se ha considerado que la aplicación del recargo es ilegal ya que dicho impuesto, aunque se recauda en la misma alícuota sobre el azúcar producido en Italia y sobre el azúcar procedente de los Estados miembros, no grava ambos productos de manera uniforme.

¿Puede informar el Consejo:

1. Si sigue considerando que el recargo, recaudado por el Estado italiano en virtud de la decisión CPI 3661 de 22 de junio de 1968 es ilegal;

2. Si no considera que se debería devolver el recargo pagado en la aduana por los importadores italianos, puesto que el mismo fue percibido ilegalmente, sin condiciones de restitución;

3. Si, en su caso, el organismo competente (Cassa Conguaglio Zucchero) puede solicitar al importador el pago de la diferencia entre el recargo pagado en la aduana y el importe de las ayudas legítimamente concedidas por el Estado italiano;

4. Si el Estado puede, de manera autónoma y sin control alguno por parte de otras autoridades, fijar el importe de las ayudas proporcionadas a las industrias en forma directa o indirecta;

5. Si la CCZ (Cassa Conguaglio Zucchero) puede solicitar la restitución, cuando el recargo ilegalmente cobrado ya haya sido restituido al importador, sobre la base de una norma retroactiva;

6. Si la carga de la prueba respecto del elemento que impide el derecho al reembolso, en virtud de la Ley 429/90, significa que el operador está obligado a probar el hecho de que el recargo no ha sido transferido a otras personas;

7. Si, incluso en caso de que el recargo haya sido transferido al consumidor, puede considerarse resuelta la ilegalidad del cobro?

¿Puede el Consejo instar al Gobierno italiano a que anule los apartados 2 y 7 del artículo 29 de la mencionada Ley 128/90?

Respuesta

(3 de noviembre de 1998)

No es competencia del Consejo pronunciarse sobre cómo realiza el Estado italiano la aplicación práctica de la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de mayo de 1980 en el Asunto 73/79. En el caso de que esta sentencia no se respetara en todos sus puntos, y de conformidad con el artículo 171 del Tratado, corresponde a la Comisión decidir acerca de las medidas necesarias para garantizar su ejecución.
PREGUNTA ESCRITA n. 2010/98 del José APOLINÁRIO a la Comisión. Informe de cohesión y estudios sobre la renta regional



Diario Oficial n° C 118 de 29/04/1999 p. 0014



PREGUNTA ESCRITA E-2010/98 de José Apolinário (PSE) a la Comisión (30 de junio de 1998) Asunto: Informe de cohesión y estudios sobre la renta regional ¿Por qué motivo no divulga la Comisión los estudios sobre la renta regional elaborados en el marco del informe de cohesión? En caso de haberlo hecho en fecha reciente, agradecería que me enviara una copia de los mismos.
PREGUNTA ESCRITA E-2172/98

de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión

(10 de julio de 1998)

Asunto: Violación del Derecho comunitario en los transportes de sustancias radiactivas con contenedores Castor

¿Puede indicar la Comisión qué medidas tiene intención de tomar a la vista de la violación, por parte de los Estados miembros, de las disposiciones de la UE relativas a la protección contra las radiaciones, como la Directiva del Consejo 92/3/Euratom(1), de 3 de febrero de 1992, y 96/29/Euratom(2), en el caso de los transportes de material radiactivo en contenedores Castor?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(3 de septiembre de 1998)

Conviene tener presente que la Directiva 96/29/Euratom, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes, solamente entrará en vigor en mayo de 2000. Hasta ese momento, seguirán siendo válidas las Directivas 80/836/Euratom de 15 de julio de 1980(3) y 84/467/Euratom de 3 de septiembre de 1984(4). Sin embargo, la Comisión no tiene indicios de que se haya violado lo dispuesto en alguna de estas tres directivas o en la Directiva 92/3/Euratom, de 3 de febrero de 1992, relativa a la vigilancia y al control de los traslados de residuos radiactivos entre Estados miembros o procedentes o con destino al exterior de la Comunidad.

En cuanto a las posibles medidas futuras, la Comisión remite a Su Señoría a la declaración efectuada en la sesión plenaria del Parlamento de 17 de junio de 1998(5).

(1) DO L 35 de 12.2.1992, p. 24.

(2) DO L 159 de 29.6.1996, p. 1.

(3) DO L 246 de 17.9.1980.

(4) DO L 265 de 5.10.1984.

(5) Acta literal del debate, 17 de junio de 1998, edición provisional, p. 20.
PREGUNTA ESCRITA E-2527/98

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Opresión política en Myanmar

Considerando las innumerables atrocidades que ha llevado a cabo contra la población la dictadura militar de Myanmar y la extremada pobreza que padece la población del país a pesar de la abundancia de recursos naturales, ¿qué medidas tiene la Comisión la intención de adoptar a este respecto?

¿Abogaría la Comisión por la imposición de sanciones económicas y financieras al Gobierno de Myanmar?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión

(28 de septiembre de 1998)

La Comisión sigue presionando a sus interlocutores para que exhorten al Gobierno de Birmania a entablar un diálogo exhaustivo con la oposición. Este ha sido uno de los temas importantes tratados en discusiones recientes con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANASE).

De acuerdo con la posición común adoptada, la cooperación con Birmania seguirá suspendida hasta que se realicen progresos sustanciales en materia de democratización y respeto de los derechos humanos. Solamente se financiarán los programas humanitarios.

Además, al margen del ámbito político, hay que recordar que la Unión ha negado a Birmania temporalmente el acceso a las preferencias arancelarias concedidas en el marco de los sistemas de preferencias arancelarias generalizadas (SPG) debido a las prácticas de trabajo forzado existentes en este país (Reglamento (CE) 552/97 del Consejo, de 24 de marzo de 1997(1) ).

La Unión considerará la adopción de medidas adicionales y seguirá aplicando la posición común respecto a Birmania. La decisión de imponer otras sanciones al Gobierno birmano tiene que adoptarse en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y no como medida unilateral de la Comisión.

(1) DO L 85 de 27.3.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-2141/98

de Graham Watson (ELDR) al Consejo

(14 de julio de 1998)

Asunto: Tribunal Penal Internacional

¿Apoyará el Consejo las medidas destinadas a definir como crimen de guerra el reclutamiento y la utilización como soldados de niños menores de 15 años, en el marco de las actuales negociaciones para el establecimiento de un Tribunal Penal Internacional permanente?

Respuesta

(22 de octubre de 1998)

1. El Consejo expresa su profunda satisfacción por la culminación con éxito de la Conferencia de Roma para la creación del Tribunal Penal Internacional, logro de dimensiones históricas que transmite el mensaje de que el mundo puede convertirse en un lugar para vivir más justo y seguro.

La Unión Europea suscribe plenamente el resultado de la Conferencia de Roma tal como se refleja en el estatuto adoptado por una abrumadora mayoría de los Estados participantes el 17 de julio de 1998 y que sienta las bases de un tribunal eficaz y fiable como institución destinada a luchar contra la impunidad de los crímenes más execrables y a impedir que se cometan estos. El Consejo confía en que el número exigido de sesenta ratificaciones se alcance en breve para que el tribunal pueda ser operativo.

2. La definición de crímenes de guerra contenida en el estatuto incluye la prohibición de la participación de niños en conflictos armados, tanto internacionales como internos. Según esta definición, el reclutar obligatoria o voluntariamente a menores de quince años en las fuerzas armadas nacionales en caso de conflicto armado internacional, o en fuerzas o grupos armados en caso de conflicto armado de carácter no internacional y el hacerlos participar activamente en hostilidades constituye un crimen de guerra respecto del cual tiene jurisdicción el Tribunal. Los Estados miembros de la UE, que habían propugnado la prohibición clara y total de la utilización de niños en conflictos armados, celebran este resultado.

3. La cuestión de la participación de niños en conflictos armados merece un lugar de especial importancia en el debate internacional. En este sentido, la UE apoya decididamente la labor del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los niños en conflictos armados. La UE hace un llamamiento a todos los Estados para que apliquen plenamente las normas internacionales pertinentes, y espera que se pueda avanzar de manera significativa en los trabajos sobre el protocolo optativo relativo a la participación de niños en conflictos armados.

4. En términos más generales, el garantizar la plena protección de los niños es uno de los objetivos clave de la política de derechos humanos de la UE. La Convención sobre los Derechos del Niño constituye una base sólida y universal para esta protección. La UE promueve de forma consecuente la aplicación de esta Convención.
PREGUNTA ESCRITA E-2555/98

de Johanna Maij-Weggen (PPE) al Consejo

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Deterioro de la situación en Papúa Occidental, actual provincia indonesia de Irian Jaya

¿Está informado el Consejo del deterioro de la situación en Irian Jaya (Indonesia), donde concretamente en Biak y Sorong siete ciudadanos han perdido la vida a manos de militares indonesios desde el pasado 1 de julio, y donde decenas de ciudadanos han resultado gravemente heridos y han tenido que ser ingresados en hospitales locales, por el solo hecho de haberse manifestado por una mayor autonomía y una mayor independencia para su región?

¿Está dispuesto el Consejo a solicitar al Gobierno indonesio una aclaración de estos hechos violentos y a informar al Parlamento Europeo al respecto?
PREGUNTA ESCRITA P-2238/98

de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión

(10 de julio de 1998)

Asunto: Incendios en Grecia y Sicilia

Dada el carácter extraordinario de la situación creada en Grecia y Sicilia por los incendios que tuvieron lugar recientemente (principios de julio), ¿puede indicar la Comisión:

1. si está dispuesta a conceder una ayuda urgente extraordinaria a las regiones afectadas basándose en, entre otros actos, el Reglamento (CEE) 4256/88 que prevé la adopción de medidas de indemnización en caso de catástrofes naturales;

2. en qué fase de realización se encuentra el catastro nacional griego y cuáles son, en su opinión, los motivos de la lentitud con que se realiza;

3. si las autoridades competentes griegas han presentado antes del 1 de noviembre (de conformidad con el artículo 4 del Reglamento 2158/92) sus proyectos o programas para mejorar la protección de los bosques contra los incendios y cuáles fueron los proyectos para el presente año, y

4. si ha financiado reforestaciones en Grecia durante los últimos cinco años, de qué extensión y en qué regiones?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(21 de septiembre de 1998)

La Comisión no dispone de los medios financieros adicionales necesarios para intervenir en favor de las regiones damnificadas. No obstante, a través de una nueva programación de las medidas dentro del marco comunitario de apoyo, se podrían asignar créditos a proyectos subvencionables en ese marco, a propuesta de las autoridades griegas.

En lo que atañe a la implantación del catastro nacional en Grecia, la Comisión ya ha tenido la oportunidad de explicar que el inicio tardío de los trabajos correspondientes se debe a la necesidad de establecer con anterioridad el marco jurídico necesario y la estructura organizativa del citado catastro (S.A. Ktimalogio).

Por lo que se refiere a las acciones comunitarias en el ámbito de la protección de los bosques, a lo largo del período de 1992 a 1997 inclusive se concedió una ayuda de 15,5 millones de ecus a 66 proyectos griegos presentados en virtud del Reglamento (CEE) 2158/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios, con un coste total de 37,96 millones de ecus. En 1998, se abonó un primer tramo de 2,03 millones de ecus destinados a 11 proyectos que suponen un coste total de 4,06 millones de ecus.

Debido a la constante disminución del importe que las autoridades presupuestarias destinan a la protección de los bosques en Europa (16 en 1998, frente a 23,5 millones de ecus en 1996), la demanda y, por consiguiente, las necesidades superan con creces las posibilidades de que se conceda una ayuda comunitaria a proyectos de prevención contra los incendios.

A raíz de catástrofes naturales, el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola ha cofinanciado medidas de repoblación forestal en Grecia. Sin embargo, el informe relativo a la aplicación de las medidas no incluye datos tan detallados como los que requiere la pregunta planteada por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA P-2050/98

de Rijk van Dam (I-EDN) a la Comisión

(30 de junio de 1998)

Asunto: Prórroga de la reglamentación relativa al régimen de sustitución del tonelaje antiguo por el nuevo

Durante la reunión de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo, celebrada los días 18 y 19 de mayo en Bruselas, el representante de la Comisión Europea respondió a una pregunta de quien formula la presente que la Dirección General VII ha aprobado a nivel interno una propuesta de prórroga de la reglamentación relativa al régimen de sustitución del tonelaje antiguo por el nuevo en la navegación interior, establecida mediante el Reglamento 1101/89(1) y prorrogada por el Reglamento 844/94(2). En caso de que la Comisión Europea apruebe esta propuesta, el procedimiento de cooperación, de conformidad con el artículo 189 C del Tratado, no podrá iniciarse antes de septiembre de 1998. Dada la duración de dicho procedimiento, no es seguro de que la prórroga de la reglamentación relativa al régimen de sustitución del tonelaje antiguo por el nuevo pueda llevarse a efecto a tiempo, es decir, para el 28 de abril de 1999.

¿Qué medidas considera la Comisión Europea que deberán adoptarse en caso de que, pese a lo previsto, no pudiera entrar en vigor la prórroga de la reglamentación relativa al régimen de sustitución del tonelaje antiguo por el nuevo antes o a partir del 28 de abril de 1999?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(27 de julio de 1998)

La Comisión prepara una propuesta de prórroga del régimen de sustitución del tonelaje antiguo por el nuevo durante un período limitado de cinco años, así como de reducción progresiva a lo largo de este período de la relación entre el viejo y el nuevo tonelaje. Cuando esta relación llegue a cero, este mecanismo reglamentario funcionará como un mecanismo de control utilizado únicamente en caso de perturbación grave del mercado de la navegación interior.

La Comisión espera que la importancia de la cuestión garantice una estrecha cooperación entre las instituciones que permitirá la entrada en vigor de la nueva legislación al término de la normativa vigente.

(1) DO L 116 de 28.4.1989, p. 25.

(2) DO L 98 de 16.4.1994, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA E-3178/98

de Christian Rovsing (PPE) a la Comisión

(27 de octubre de 1998)

Asunto: Restos de medicamentos en la carne de caballo

Teniendo en cuenta la preocupación del público por la presencia de restos de medicamentos en los alimentos y dado que los animales, incluidos los caballos de carreras necesitan ser tratados de enfermedades, pido a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué medidas piensa la Comisión adoptar para garantizar que se establecen contenidos máximos de residuos autorizados para todos los tipos de medicamentos necesarios y que, además, éstos tengan un precio accesible para todos los propietarios de caballos?

2. Teniendo en cuenta que los caballos de carreras profesionales consumen una considerable cantidad de medicamentos a lo largo de su carrera, ¿cómo piensa la Comisión asegurar que éstos no acabarán como caballos de consumo?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión

(11 de noviembre de 1998)

La Comisión está realizando un minucioso examen del problema al que se refiere Su Señoría, y le informará de su resultado lo más rápidamente posible.
PREGUNTA ESCRITA E-2810/98

de Hiltrud Breyer (V) al Consejo

(18 de septiembre de 1998)

Asunto: Remuneración del Presidente del BCE

Según informaciones difundidas por la prensa, ni el Presidente del BCE, Sr. Duisenberg, ni los demás miembros del BCE saben qué remuneración van a percibir.

1. ¿Puede indicar el Consejo con precisión qué remuneraciones perciben los miembros del BCE?

2. En caso negativo, ¿cuáles son las razones para ocultar esta información a las ciudadanas y ciudadanos de la UE y violar el principio de transparencia?

Respuesta

(9 de noviembre de 1998)

El artículo 36 de los Estatutos del SEBC y del BCE dispone que el Consejo de Gobierno del BCE establecerá las condiciones de contratación del personal del BCE.

El apartado 3 del artículo 11 de los mencionados Estatutos dispone además que las condiciones de empleo de los miembros del Comité Ejecutivo, y en particular sus sueldos, serán fijados por el Consejo de Gobierno a propuesta de un comité compuesto por tres miembros designados por el Consejo de Gobierno y otros tres designados por el Consejo de la Unión Europea.

Por consiguiente, el Consejo no es el órgano competente para responder a la pregunta formulada por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-2607/98

de Patricia McKenna (V) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Tribunal de Justicia Europeo

La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el caso C-321/95P ha sido calificada por el ministro belga de Medio Ambiente como "una situación desafortunada, perjudicial para el estado de derecho". En efecto, esta sentencia crea una situación en la que se impide que los defensores de los derechos colectivos puedan, en principio, impugnar las decisiones de las instituciones comunitarias, lo que crea un importante vacío en materia de protección judicial en temas de interés común

¿No está de acuerdo la Comisión en que esta sentencia cuestiona seriamente la democracia y la subsidiariedad en la Unión Europea?

En el caso C-321/95P, Greenpeace, además de otras organizaciones e individuales, intentaron impugnar la decisión de la Comisión de seguir concediendo financiación comunitaria a dos centrales eléctricas de gasóleo, cuya construcción se había iniciado antes de que se hubiera realizado una evaluación del impacto medioambiental. Este proyecto incumplía, por lo tanto, la Directiva 85/337/CEE(1) y la decisión de la Comunidad C(91) en lo que se refiere a los Fondos estructurales.

¿No es totalmente inaceptable que, en un caso en el que se están cuestionando los derechos colectivos, esta sentencia permita a la UE actuar sin que los grupos y organizaciones tengan derecho a presentar recurso?

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.