PREGUNTA ESCRITA P-2508/00

de W.G. van Velzen (PPE-DE) a la Comisión

(24 de julio de 2000)

Asunto: Consecuencias de la subasta de frecuencias UMTS para la telefonía móvil

En respuesta a mi pregunta urgente a la Comisión P-1839/00(1), el Comisario Liikanen señala que la Comisión investiga el efecto económico de las subastas, efecto que depende de gran cantidad de variables.

1. ¿Qué criterios utiliza la Comisión para verificar la igualdad de trato de los nuevos operadores y beneficiarios, y significa ello, también operativamente, que debe haber bloques separados en las subastas para los nuevos operadores y beneficiarios?

2. ¿Qué fundamento jurídico utiliza la Comisión para cada análisis económico ex post?

3. En caso de que dicho análisis económico ex post muestre que los altos ingresos procedentes de las subastas no son compatibles con lo dispuesto en la directiva sobre licencias u otros principios del Derecho comunitario, ¿cuál sería el procedimiento ulterior, a quién habría que reembolsar y qué supondría para las subastas que ya se han celebrado?

4. Teniendo en cuenta el contexto actual, ¿qué medidas ex ante propondrá la Comisión en la próxima revisión de la Directiva relativa a las telecomunicaciones para evitar que en el futuro haya de realizarse una intervención ex post? Y en caso de que no se hayan previsto medidas en el próximo paquete ¿cuáles serían las medidas que habría que adoptar entonces?

5. ¿Cómo garantiza la Comisión que la citada investigación económica, que deberá realizarse cuidadosamente y por tanto llevará su tiempo, no originará ningún obstáculo o incluso distorsión de la competencia en un mercado de las telecomunicaciones que se desarrolla con gran rapidez y en el que resulta indiscutible la ventaja competitiva para las empresas que ofrecen un producto en primer lugar?

6. ¿Puede confirmar la Comisión que velará activamente para que los detentores de licencias UMTS establezcan acuerdos especiales de acceso en favor de terceros?

7. a) ¿Está de acuerdo la Comisión con el hecho de que en una serie de subastas las autoridades nacionales realicen lo que según la directiva sobre licencias (apartado 2 del artículo 11) debe ser realizado por las autoridades nacionales de reglamentación?

b) ¿Opina la Comisión que está garantizada la neutralidad en la subasta neerlandesa, donde el Estado neerlandés interviene como organizador de la subasta y, al mismo tiempo, es un gran accionista de uno de los participantes en el procedimiento de subasta?

(1) DO C 89 E de 20.3.2001.

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(22 de septiembre de 2000)

1. Como se señalaba en la respuesta a la pregunta escrita de Su Señoría P-1839/00(1), la Comisión está siguiendo de cerca el desarrollo de los procedimientos establecidos por los Estados miembros para la concesión de las licencias de redes móviles de la tercera generación con el fin de comprobar el complimiento de los principios comunitarios. Incumbe a los Estados miembros aplicar esos principios, incluido el de no discriminación, en función de las condiciones imperantes en sus respectivos mercados. Por lo tanto, que se establezcan bloques separados para los nuevos y los antiguos titulares de licencias es algo que deberá determinar cada Estado miembro en función de las circunstancias propias de su territorio.

2. La Comisión evaluará el impacto económico de los procedimientos seguidos en los Estados miembros y su incidencia en el desarrollo de servicios innovadores y el aumento del nivel de competencia, no sólo en el contexto de su labor normal de seguimiento de la aplicación de la normativa comunitaria, sino también a efectos del desarrollo de las futuras normas de regulación del espectro.

3. Si en el futuro se incoaran nuevos procedimietnos, la Comisión considerará las medidas que deban tomarse según las características de cada caso.

4. La Comisión ha analizado los regímenes de concesión de licencias de los Estados miembros con arreglo a lo establecido en la Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990 relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones(2) (cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/59/CE del Consejo de 17 de junio de 1999(3)), y ha incoado una serie de procedimientos de infracción con arreglo a la Directiva 97/13/CE del Parlamento y del Consejo de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones(4) sobre cuestiones que, aunque no estén directamente relacionadas con los servicios móviles de la tercera generación, son de suma importancia a la hora de asegurar el cumplimiento de la normativa comunitaria. En cuanto a la nueva propuesta de marco regulador de la política del espectro adoptada por la Comisión el 12 de julio de 2000(5), la Comisión

considera que el hincapié que hace la directiva marco propuesta en la coordinación de los aspectos relativos al espectro, junto con la posibilidad de determinación de las mejores prácticas y de la aplicación de éstas en toda la Comunidad a través de la propuesta de decisión de regulación del espectro(6), contribuirán a salvaguardar el interés comunitario en este ámbito.

5. Desde antes de la adopción en 1998 de su propuesta de Decisión UMTS(7), la Comisión ha estado preparando la introducción puntual y coordinada de los sistemas móviles de la tercera generación en la Comunidad. Por supuesto, en su análisis del impacto económico de los procedimientos de concesión de licencias de tales sistemas se tendrán en cuenta estos objetivos prioritarios, por lo que no deberá tener ningún efecto negativo sobre la competencia.

6. La Comisión seguirá de cerca el cumplimiento de las disposiciones relativas al acceso de terceros a las redes móviles de los Estados miembros con el fin de fomentar unas condiciones de competencia justas en toda la Comunidad.

7. La Comisión quisiera poner de relieve que, de acuerdo con la reglamentación, las tareas reglamentarias pueden correr a cargo de organismos diferentes de la agencia independiente de control del Estado miembro. Por lo tanto, en el caso de los Países Bajos corresponde a las autoridades decidir acerca de la división de las tareas reglamentarias entre los organismos designados con arreglo a la normativa nacional, garantizando siempre que se cumpla el principio de independencia estructural de tales organismos respecto a las actividades vinculadas a la propiedad o al control del operador de telecomunicaciones. La Comisión, por su parte, no tiene razones para pensar que tal principio no se haya respetado en los Países Bajos.

(1) DO C 89 E de 20.3.2001.

(2) DO L 192 de 24.7.1990.

(3) DO L 162 de 26.6.1999.

(4) DO L 117 de 7.5.1997.

(5) COM(2000) 407 final.

(6) COM(2000) 393 final.

(7) Decisión no 128/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 1998 relativa a la introducción coordinada de un sistema de comunicaciones móviles e inalámbricas de tercera generación (UMTS) en la Comunidad; DO L 17 de 22.1.1999.