PREGUNTA ESCRITA E-0380/01

de Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) a la Comisión

(15 de febrero de 2001)

Asunto: Libertad de establecimiento en los Países Bajos

Un maestro frigorista alemán que quería ejercer su actividad en los Países Bajos solicitó la dispensa del denominado examen de CFC, obligatorio en este país. Su solicitud le fue denegada en razón de las singulares exigencias de la formación neerlandesa, y la solicitud de reconocimiento de su título de maestría le fue expresamente denegada, incluso al ser presentada a instancias del LGH (servicio de promoción industrial de la Cámara de Artesanía de Renania del Norte-Westfalia).

1. ¿Qué opina la Comisión del caso expuesto, a la luz del principio de libertad de establecimiento?

2. ¿Qué medidas piensa tomar la Comisión si comprueba que las autoridades neerlandesas han contravenido el principio de libre establecimiento?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(26 de marzo de 2001)

En lo que afecta al reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales, la profesión de maestro frigorista está cubierta por la Directiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de junio de 1999, por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos respecto de las actividades profesionales a que se refieren las Directivas de liberalización y de medidas transitorias(1), que completan el sistema general de reconocimiento de títulos, en la medida en que afecta a la construcción de maquinaria y suministro eléctrico.

Con arreglo al artículo 4 de la Directiva, que recoge tal cual la medida correspondiente de la Directiva 64/427/CEE del Consejo, de 7 de julio de 1964, relativa a las modalidades de medidas transitorias en el ámbito de las actividades por cuenta propia de transformación correspondientes a las clases 23 a 40 de la CITI (Industria y artesanía)(2), actualmente derogada, los Estados miembros que subordinen el acceso a la actividad en cuestión o su ejercicio a la posesión de conocimientos y aptitudes generales o particulares aceptan como prueba suficiente de dichos conocimientos y aptitudes el ejercicio de dicha actividad en otro Estado miembro durante un tiempo determinado (en principio, seis años) como trabajador por cuenta ajena o como jefe de empresa.

Tras la transposición completa de la Directiva (el plazo de transposición vence el 31 de julio de 2001), los profesionales que no reúnan las condiciones de experiencia profesional fijadas en el artículo 4 podrán solicitar igualmente el reconocimiento de su título, certificado o diploma con arreglo al artículo 3 de la Directiva.

Resulta de lo que antecede que la Directiva 1999/42/CE no permite actualmente solicitar el reconocimiento de títulos de formación. No obstante, con arreglo a los artículos 43 y 49 (antiguos artículos 52 y 59) del Tratado CE, tal como los interpretó el Tribunal de Justicia (sentencia Vlassopoulou), los Estados miembros deben tener en cuenta actualmente los títulos de formación adquiridos en otro Estado miembro y efectuar un examen comparativo entre el título adquirido por el emigrante en su país de origen y el que exige el Estado miembro de acogida. Si bien los artículos 43 y 49 del Tratado CE prohíben cualquier discriminación por causa del origen del título, en cambio estos artículos no imponen, contrariamente a la Directiva citada, ninguna obligación precisa sobre el resultado del examen comparativo.

A falta de información más exacta sobre la experiencia profesional del ciudadano en cuestión y sobre los motivos de la denegación de su solicitud, la Comisión no puede afirmar si la decisión tomada por las autoridades neerlandesas se ajusta al Derecho comunitario.

En cuanto a las medidas previstas por la Comisión, cabe recordar que el procedimiento de recurso por incumplimiento previsto en el artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE es pertinente cuando la legislación nacional de un Estado miembro no se ajuste al Derecho comunitario, e incluso cuando, aun ante una legislación conforme, exista una práctica administrativa constante contraria

al Derecho comunitario. En cambio, la Comisión no puede resolver directamente casos individuales. Ni la Comisión ni el Tribunal de Justicia pueden anular una decisión de una autoridad nacional, ni obligar a un Estado miembro a indemnizar a particulares. Únicamente los tribunales nacionales son competentes en la materia. No obstante, a fin de facilitar la resolución informal de casos individuales, se ha creado una red de puntos nacionales de contacto.

(1) DO L 201 de 31.7.1999.

(2) DO 117 de 23.7.1964.