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PREGUNTA ESCRITA P-2843/00

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(4 de septiembre de 2000)

Asunto: Multa impuesta a Grecia

Tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que ha marcado un hito, por la que se condena a Grecia a pagar una multa diaria por no respetar la legislación medioambiental, ¿puede decir la Comisión cuánto ha pagado Grecia hasta la fecha o cuándo se espera que este país haga el primer pago?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(16 de octubre de 2000)

En su sentencia de 4 de julio de 2000(1), el Tribunal de Justicia condenó Grecia a pagar a la Comisión, en la cuenta recursos propios de la CE, una multa coercitiva por importe de 20 000 por cada día de retraso en la ejecución de las medidas necesarias para cumplir la sentencia Comisión/Grecia, de 7 de abril de 1992, a partir de la fecha de comunicación de la sentencia y hasta la ejecución de la misma.

Dado que se trata de la primera sentencia fundamentada en el artículo 228 (antiguo artículo 171) del Tratado CE que impone el pago de una multa coercitiva a un Estado miembro, la Comisión, considerando las normas existentes(2), enviará una carta a las autoridades griegas, estableciendo las modalidades de pago del importe debido con arreglo a la multa coercitiva diaria que comenzó a contar a partir de la fecha de comunicación de la sentencia y que continuará vigente hasta que Grecia cumpla las exigencias de la misma.

(1) Asunto C-387/97.

(2) Decisión de 14 de diciembre de 1994 relativa a las disposiciones de procedimiento interno para la recaudación de las sumas globales o multas coercitivas impuestas por el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 171 del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA P-3176/00

de Arlindo Cunha (PPE-DE) a la Comisión

(4 de octubre de 2000)

Asunto: Agenda 2000

Tras haberse aprobado las dotaciones destinadas a los Fondos Estructurales hace un año y medio, en el Consejo Europeo de Berlín de abril de 1999, y definido los importes destinados a la política de desarrollo rural hace cerca de un año, se impone aplicar, en la práctica y sin demora, las medidas de desarrollo resultantes de esas opciones políticas fundamentales de la Unión Europea.

Según he podido saber, se están produciendo retrasos inadmisibles. En unos casos porque los Estados miembros enviaron tardíamente sus propuestas a la Comisión, en otros por razones imputables a los propios servicios de ésta.

¿Puede informar la Comisión sobre sus propias decisiones de aprobación de los programas operativos de agricultura y desarrollo rural en cada uno de los Estados miembros?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(31 de octubre de 2000)

De un total de 69 planes de desarrollo rural presentados por los Estados miembros en el marco de los apartados 3 y 4 del artículo 40 del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA)(1), 53 habían recibido ya a 11 de octubre de 2000 la aprobación de la Comisión.

Por lo que se refiere a las medidas de desarrollo rural que financia la Sección de Orientación del FEOGA y que, en aplicación del apartado 1 del citado artículo 40, dependen de la programación del objetivo no 1 de los Fondos Estructurales (incluidas las zonas que son objeto de un apoyo temporal), la Comisión ha aprobado 6 marcos comunitarios de apoyo (de un total de 7 presentados), 11 documentos únicos de programación (de un total de 18 presentados) y 15 programas operativos (de un total de 51 presentados) que contienen este tipo de medidas.

Por último, en virtud del apartado 2 de ese mismo artículo 40, hay medidas de desarrollo rural financiadas por la Sección de Garantía del FEOGA que se integran en 20 documentos únicos de programación de regiones del objetivo no 2 de los Fondos Estructurales (incluidas las zonas que son objeto de un apoyo temporal), sujetos actualmente al examen de la Comisión.

Se enviará directamente a su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento una exposición más detallada del reparto entre los distintos Estados miembros. Por lo demás, los documentos que son aprobados por la Comisión se transmiten al Parlamento en aplicación del código de conducta sobre la ejecución por la Comisión de las políticas estructurales(2).

(1) DO L 160 de 26.6.1999.

(2) DO C 279 de 1.10.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-2757/00

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Indemnizaciones de Alemania a los prisioneros condenados a trabajos forzados en campos de concentración

En abril de 1996 fue remitida a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una petición (no 987/97) firmada por 17 mujeres griegas que, durante la ocupación alemana, habían sido obligadas a realizar trabajos forzados en campos de concentración.

A la vista del acuerdo firmado en julio de 2000 por el Gobierno alemán, en virtud del cual éste se compromete a indemnizar, mediante un fondo especial, a un millón y medio de personas de edad que fueron sometidas a trabajos forzados durante la segunda Guerra Mundial:

a) ¿Puede indicar la Comisión si las mujeres griegas firmantes de la petición, así como aquellas personas que se encuentran en el mismo caso, tienen derecho a recibir una indemnización tal como prevé dicho acuerdo?

b) De no ser así, ¿de qué medios disponen para reclamar un trato similar al de las personas indemnizadas?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(20 de octubre de 2000)

La Comisión no puede decir si las condiciones del acuerdo mencionado por Su Señoría darían derecho a una compensación a las mujeres griegas que firmaron la petición no 987/97, o a otras en circunstancias similares, puesto que esta es una cuestión que compete al Gobierno alemán.

La petición no 987/97 fue debatida en una reunión de la Comisión de Peticiones del Parlamento celebrada el 1 de diciembre de 1998, en la que se decidió que, dado que el Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo de 14 de junio de 1971(1) no era aplicable a los regímenes en favor de las víctimas de guerra, se dirigiría a la Comisión de Peticiones del Bundestag alemán para intentar mejorar la situación de estas víctimas.

(1) Última versión consolidada: Reglamento (CE) no 118/97 del Consejo de 2 de diciembre de 1996 por el que se modifica y actualiza el Reglamento (CEE) no 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) no 574/72 por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) no 1408/71 DO L 28 de 30.1.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-2930/00

de Marco Cappato (TDI) a la Comisión

(19 de septiembre de 2000)

Asunto: Obstáculos por parte de las autoridades cubanas a la reagrupación y la expatriación de un matrimonio ítalo-cubano

El ciudadano italiano Enrico Orlandini contrajo matrimonio en 1999 con Yaima Prado Gattorno, ciudadana cubana. En el momento de solicitar el pasaporte para salir del país con su marido, las autoridades cubanas decidieron hacer efectiva una condena anterior por frecuentación de un extranjero, que hasta entonces estaba suspendida. Al mismo tiempo, se prohibió al marido cualquier tipo de contacto con la esposa, incluso con la amenaza de hacer más dura la condena si intentaba ponerse en contacto con ella.

¿Piensa intervenir la Comisión en este caso concreto y, en general, plantear la cuestión de la abolición del delito de frecuentación de un extranjero en el marco de las relaciones con el Gobierno cubano?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(13 de octubre de 2000)

La Comisión sigue de cerca la situación de los derechos humanos en este país participando (a través de su Delegación en México) en el grupo de trabajo sobre derechos humanos en La Habana. Este grupo, creado a petición del Consejo y compuesto por representantes de los Estados miembros, supervisa la situación de los derechos humanos y está en contacto con las autoridades cubanas y los grupos que defienden estos derechos en la isla.

La Comisión no conoce la situación específica de la persona mencionada por Su Señoría, aunque someterá este caso al grupo de trabajo sobre derechos humanos en cuanto tenga ocasión.
PREGUNTA ESCRITA E-2552/00

de Sebastiano Musumeci (UEN) a la Comisión

(28 de julio de 2000)

Asunto: Construcción del puente sobre el Estrecho de Mesina

Tras décadas de debates estériles e inútiles, el Gobierno italiano aún no ha expresado formalmente su voluntad en relación con la construcción del puente sobre el Estrecho de Mesina para la conexión física entre Sicilia y el continente europeo.

Por su misma naturaleza y función, esta obra no puede considerarse como de interés exclusivo del Estado italiano.

1. ¿No considera la Comisión que la construcción de una conexión fija para atravesar el Estrecho de Mesina debe incluirse entre los proyectos de la red de infraestructuras de transporte de interés comunitario?

2. ¿No considera la Comisión que el puente entre Sicilia y Calabria constituye la continuación lógica de la red viaria transeuropea que, desde el Báltico, debe atravesar la Unión hasta el confín de Sicilia?

3. ¿De qué estudios dispone la Comisión sobre el interés comunitario de dicha infraestructura?

4. ¿Subsisten por parte de la Comisión obstáculos y prejuicios, de diversa naturaleza, con respecto a la realización de este importante proyecto?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(11 de septiembre de 2000)

La Comisión está al corriente de la existencia de un proyecto de construcción de un puente sobre el Estrecho de Mesina entre Sicilia y Calabria. Este proyecto, sin embargo, no figura entre los enlaces de los mapas del Anexo I de la Decisión no 1692/96/CE del Parlamento y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte(1).

Con ocasión del análisis de los cambios económicos y tecnológicos que podrían justificar una revisión de las orientaciones, la Comisión ha solicitado a los Estados miembros que le indiquen los proyectos que en su opinión merecen figurar en los mapas de la red transeuropea. Si el Gobierno italiano le pide a la Comisión que examine el citado proyecto, la Comisión le prestará la debida atención, pero por el momento no dispone de ningún estudio al respecto.

En caso de que los resultados de este examen general conduzcan a la Comisión a proponer una revisión de las orientaciones, es evidente que la Comisión tendrá en cuenta el hecho de la red transeuropea de transporte debe contribuir a sacar el máximo partido del mercado interior y aumentar la cohesión económica y social de la Comunidad.

Por consiguiente, podrían presentarse proyectos nuevos que contribuyan a una mayor cohesión económica y social como, por ejemplo, los que fomenten una mayor continuidad territorial, siempre que se satisfagan las demás condiciones que caracterizan a los proyectos de interés común.

(1) DO L 228 de 9.9.1996.
PREGUNTA ESCRITA E-2601/00

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(1 de agosto de 2000)

Asunto: Derrumbamiento de un muelle en el puerto de Heraclión en Creta

El 9 de julio de 2000, se derrumbó la parte occidental del muelle 2 del puerto de Heraclión, en Creta, cuya construcción había sido financiada a través del 2o MCA.

1. ¿Acaso estas obras fueron inspeccionadas por el Asesor especial de control de calidad (ESPEL) y se detectó alguna anomalía?

2. ¿Por qué motivos se ha desplomado una parte del muelle del puerto, y sobre quiénes recae la responsabilidad?

3. ¿Ofrece dicho puerto garantías de seguridad para que en él atraquen barcos de pasajeros y transbordadores?

4. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión tras estos hechos, con objeto de imponer sanciones y velar por la rehabilitación del puerto?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(5 de octubre de 2000)

La Comisión no ha cofinanciado las obras de la sección oeste del muelle no 2 del puerto de Heraclio. Según la información de la que dispone aquélla, estas obras se han realizado con fondos procedentes de la caja del puerto.
PREGUNTA ESCRITA E-2521/00

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(2 de agosto de 2000)

Asunto: Peajes en los puentes e inversión

¿Tiene conocimiento la Comisión de la fuerte convicción imperante a nivel local de que la existencia de ciertos peajes en los puentes tiene repercusiones enormemente negativas en las inversiones? Por ejemplo, parece haber pruebas de que el peaje en el Tamar Bridge (puente de Tamar) disuade a las empresas de invertir en la zona de Saltash, incluida en el objetivo 1, debido a que los costes derivados del cruce del puente ascienden a aproximadamente 300 £ por persona al año. Asimismo, los niveles de inversión en el sur de Gloucestershire, en la parte londinense del Severn Bridge (puente de Severn), son sumamente elevados, en tanto que muchas zonas del bosque de Dean muy próximas al Severn Bridge, que se encuentran justo al otro lado del puente y que cumplirían los criterios para ser incluidas en el objetivo 2, se enfrentan a una imposible barrera a las inversiones al superar el coste de los peajes las 1000 £ por persona y año.

¿Está dispuesta la Comisión a encargar un estudio para determinar si son procedentes esas preocupaciones?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(26 de septiembre de 2000)

En el artículo 7 de la Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras(1) se establecen las condiciones en que los Estados miembros pueden imponer peajes a los vehículos pesados de transporte de mercancías. Si una autoridad nacional, regional o local decide introducir un peaje para ese tipo de vehículos, este debe ser compatible con la directiva; en el caso de otros vehículos, corresponde a las autoridades fijar las tarifas de acuerdo con el principio de subsidiariedad, siempre y cuando no sean excesivas (es decir, en relación con los costes subyacentes) ni discriminatorias.

(1) DO L 187 de 20.7.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-2434/00

de Michel Hansenne (PPE-DE) a la Comisión

(18 de julio de 2000)

Asunto: IVA: trabajo de confección (sin suministro de material)

Cuando una empresa con sede en un Estado miembro A envía mercancías hacia un Estado miembro B para que estas mercancías sean transformadas por un trabajador autónomo y posteriormente, tras su transformación, sean expedidas directamente desde el Estado miembro B y por cuenta de la empresa establecida en el Estado miembro A a un comprador radicado en un Estado miembro C:

- Con arreglo a la Sexta directiva sobre el IVA, ¿debe la empresa radicada en el Estado miembro A someterse al IVA en el Estado miembro B?

- Si la respuesta es afirmativa, ¿existen medidas de simplificación para evitar la identificación de la empresa radicada en el Estado miembro A con la establecida en el Estado miembro B? ¿Cabe hacer una distinción en función de si el trabajo de confección es facturado por el trabajador encargado del mismo a la empresa radicada en el Estado miembro A o al cliente final de esta última radicado en el Estado miembro C?

- Si existen tales medidas de simplificación, ¿han sido publicadas? ¿Las han adoptado todos los Estados miembros?

- Si la Comisión no ha publicado ninguna medida de este tipo, ¿cuál es la razón?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(7 de septiembre de 2000)

La Comisión constata que esta pregunta es idéntica a la pregunta escrita E-1680/00 formulada por Su Señoría.

Por tanto, la Comisión remite a Su Señoría a la respuesta ya dada(1) a dicha pregunta.

(1) Ver página 99.
PREGUNTA ESCRITA E-2958/00

de Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) a la Comisión

(20 de septiembre de 2000)

Asunto: Investigación del Sr. Stubbe acerca de la población de hamsters en la zona fronteriza entre Heerlen (Países Bajos) y Aquisgrán (Alemania)

Los posibles daños al hábitat natural de la rata de trigo domina desde hace mucho tiempo el debate sobre la construcción de un polo de desarrollo transfronterizo en la región fronteriza germano-neerlandesa entre Aquisgrán y Heerlen. La Comisión ha encargado la investigación acerca de una queja de la Liga Alemana de Protección de la Naturaleza (Naturschutzbund) a un experto, a saber, el Sr. Stubbe.

¿Cuál es la opinión y la motivación de la Comisión en torno a la independencia/imparcialidad del experto en cuestión, visto que éste es miembro de la Liga de Protección de la Naturaleza que presentó la queja?

¿De qué manera piensa la Comisión refutar posibles quejas sobre esta aparente parcialidad?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(6 de octubre de 2000)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita P-0910/00 de la Sra. Keßler(1).

(1) DO C 26 E de 26.1.2001, p. 129.
PREGUNTA ESCRITA P-1167/00

de Nirj Deva (PPE-DE) al Consejo

(6 de abril de 2000)

Asunto: Financiación presupuestaria de medidas específicas destinadas a luchar contra la discriminación por motivos de sexo

En materia de discriminación, el artículo 13 del Tratado establece que el Consejo [mldr] podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo.

¿Podría explicar el Consejo su posición común (CE) no 13/2000(1), adoptada el 16 de diciembre de 1999, cuyo apartado 3 del artículo 3 establece que:

En la selección, preparación, ejecución y evaluación de las actividades se prestará una atención especial a [mldr] las funciones, conocimientos, perspectivas y contribuciones específicos de las mujeres o muchachas y de los hombres o muchachos en la gestión y utilización sostenibles de los recursos naturales,

e indicar en qué medida se inscribe esta posición común en la obligación prevista en el Tratado?

(1) DO C 64 de 6.3.2000, p. 47.

Respuesta

(10 de octubre de 2000)

El Consejo no considera adecuado manifestarse sobre una cuestión para la cual el procedimiento de decisión está en curso.
PREGUNTA ESCRITA E-2116/00

de Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Equipo de seguridad de los motociclistas

Dentro del tráfico rodado, la motocicleta es un vehículo especialmente desprotegido en caso de accidente. Aparte del casco, se pueden utilizar también otros equipos de protección.

¿Qué tipo de disposiciones existen en los Estados miembros en relación con el uso del casco y otros equipos de protección? ¿Cuenta la Comisión con resultados de estudios acerca de la importancia del uso de equipos de protección (aparte del casco) en los accidentes? ¿Considera necesario la Comisión que se unifiquen en la UE las disposiciones relativas a los equipos de protección y su utilización?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(8 de setiembre de 2000)

En su Comunicación de 17 de marzo de 2000, titulada Prioridades de la seguridad vial de la UE Informe de situación y clasificación de las acciones(1), la Comisión señala que la protección de los ocupantes de vehículos en caso de colisión es una de las prioridades absolutas a nivel comunitario. Esto se aplica, entre otras cosas, al uso de casco para los usuarios de motocicletas.

En su Resolución de 26 de junio, el Consejo considera necesario avanzar en este sentido con vistas a la adopción de una directiva sobre el uso de casco para los usuarios de motocicletas y ciclomotores.

Según la información de que dispone la Comisión, el uso de casco es obligatorio para los usuarios de motocicletas en todos los Estados miembros. Por lo que respecta a motores de pequeña cilindrada, la Comisión presentará en los próximos meses un informe sobre la situación en materia de reglamentación y los resultados de los estudios que se están realizando en los Estados miembros sobre el cumplimiento y la eficacia de la normativa sobre el uso del casco, así como sobre otros equipos de protección. Tras este primer balance, la Comisión evaluará la necesidad de tomar eventuales medidas de armonización.

(1) COM(2000) 125 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2432/00

de Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) a la Comisión

(18 de julio de 2000)

Asunto: Devolución del permiso de conducción a personas condenadas repetidas veces por conducir en estado de extremada embriaguez

La Unión Europea está intentando armonizar en 0,5 por mil el nivel de alcohol que puede ser motivo de condena por conducir en estado de embriaguez. Al mismo tiempo debería considerarse en qué condiciones se puede devolver el permiso de conducción a personas que han sido condenadas en repetidas ocasiones por conducir en estado de extrema embriaguez (en Finlandia, por ejemplo, con más de 1,0 por mil). Además de prohibirles conducir, se debería examinar la posibilidad de exigir a los reincidentes un certificado médico. Para devolverles el permiso de conducción, se les podría exigir que se sometieran a un reconocimiento médico para constatar el grado de su dependencia del alcohol.

¿Qué medidas prevé emprender la Comisión para armonizar el proceder de los Estados miembros en cuanto a la devolución del permiso de conducción a personas sentenciadas por conducir en estado de extrema embriaguez?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(13 de septiembre de 2000)

La Comisión pretende, por medio de una nueva recomendación, fomentar un régimen más armonizado para los niveles máximos permitidos de alcoholemia, basados en un nivel máximo general no superior a 50 miligramos por milímetro (mg/ml) y con un nivel máximo más bajo no superior a 20 mg/ml para conductores de categorías especiales. Los conductores que presenten niveles superiores a los señalados serán penalizados con una condena penal o multa según la legislación nacional, como es el caso actualmente.

Por otro lado, la Comisión no propone ninguna medida nueva en relación con la devolución de un permiso de conducción tras una condena por conducir en estado de máxima embriaguez. Las sanciones no son competencia de la legislación europea. Además, la definición de conducción en estado de máxima embriaguez está establecida a nivel nacional y no europeo. En un contexto más general, los Estados miembros llegaron a un acuerdo, en 1998, sobre el reconocimiento mutuo de las decisiones de privación del derecho de conducir en el marco del Convenio sobre las decisiones de privación del derecho de conducir(1). No obstante, los Estados miembros todavía no han firmado dicho Convenio.

(1) DO C 216 de 10.7.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-1655/00

de Adriana Poli Bortone (UEN) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Proyecto Life

¿Estima oportuno la Comisión prever en el proyecto Life una intervención financiera en favor de las pequeñas y medianas empresas cuyas actividades sean compatibles con el medio ambiente, en particular las PYME ya incluidas, que tienen la intención de llevar a cabo sus actividades en el perímetro de zonas protegidas (entidades, parques), en las que existen edificaciones abusivas que han sido objeto de planes de rehabilitación?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(4 de julio de 2000)

Independientemente del hecho de que algunas pequeñas y medianas empresas (PYME) lleven a cabo sus actividades en el perímetro de zonas protegidas, el ámbito temático Life-Naturaleza concede ayudas financieras para medidas destinadas a la conservación de los hábitats naturales y de las especies de importancia comunitaria y, en particular, a la realización de la red europea Natura 2000.

Las PYME también pueden acceder al ámbito temático Life-Medio ambiente, cuyo objetivo es contribuir al perfeccionamiento de técnicas y métodos innovadores e integrados y a un mayor desarrollo de la política medioambiental comunitaria.