PREGUNTA ESCRITA E-2766/02

de Kathleen Van Brempt (PSE) a la Comisión

(1 de octubre de 2002)

Asunto: Propuesta de directiva sobre responsabilidad ambiental Pregunta escrita P-2156/02 Respuesta insuficiente Violación del artículo 197 del Tratado CE

Se insta, en particular, a la Comisión Europea a que dé una respuesta exhaustiva a las siguientes preguntas:

1. La Comisión, en su respuesta a la pregunta escrita P-2156/02, comunica que no todas las actividades enumeradas en el Anexo I de la propuesta de la Comisión están sujetas a una regulación comunitaria de permiso o autorización (párrafo 4) y que la propuesta de directiva no hace ninguna diferencia ni restricción respecto al carácter comunitario o nacional de las disposiciones recogidas en la letra c) del apartado 1 del artículo 9 (párrafos 4 y 11). No obstante, en el párrafo 11 de su respuesta, la Comisión subraya que no se requiere un permiso o autorización nacional para todas las sustancias o los preparados peligrosos.A la luz de estas afirmaciones, quisiera formular las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son (en su caso) las situaciones concretas en los Estados miembros en las que una actividad que supone un riesgo potencial o fáctico para el ser humano y el medio ambiente, tal y como establece el Anexo I, y que no está sujeta a una regulación comunitaria de permiso o autorización, no está sujeta a una regulación nacional de permiso o autorización?

- ¿Cómo justifica la Comisión que tome en consideración las regulaciones nacionales de permiso o autorización para conceder una exención del sistema de responsabilidad ambiental objetiva, habida cuenta de la necesidad de no alterar el mercado interior (el fenómeno del environmental shopping)?

2. La Comisión indica en su respuesta que la letra c) del apartado 1 del artículo 9 no será de aplicación a los daños ambientales causados por emisiones para las que no se haya concedido una autorización o que sobrepasen los valores límites (párrafo 5). ¿Está la Comisión al corriente de que la emisión no autorizada de determinadas sustancias es culpa del operador cuya responsabilidad es relativamente menos difícil de probar y que, por ende, el sistema de responsabilidad objetiva se aplica, al parecer, especialmente en aquellas situaciones en las que es menos útil? En cuanto a la aplicación de la responsabilidad objetiva en caso de sobrepasarse el valor límite prescrito, la propuesta de la Comisión no especifica en absoluto qué sistema de carga de la prueba se aplica en este caso. Se solicita a la Comisión que aclare este punto.

3. La Comisión subraya en su respuesta que la letra c) del apartado 1 del artículo 9 no se refiere a la actividad como tal, sino a una emisión o un acto, y que, por ende, el artículo en cuestión no se aplica a accidentes (párrafo 6). ¿Está la Comisión al corriente de que un accidente se debe a un caso de fuerza mayor (también se aplica otro fundamento de exención previsto en el apartado 1 del artículo 9) o a la culpa del operador? ¿Podría aclarar la Comisión el hecho de que, en este caso, la culpa del operador es, de nuevo, relativamente menos difícil de probar que en otros casos en los que el sistema de responsabilidad objetiva no se aplica como consecuencia del artículo antes citado?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2765/02 y E-2766/02dada por el Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(18 de noviembre de 2002)

Como ya señalara en su respuesta a la pregunta escrita P-2156/02, formulada por Su Señoría, la propuesta de la Comisión sobre responsabilidad ambiental prevé algunas excepciones conforme a la letra c) del apartado 1 del artículo 9. Las excepciones no incluyen los casos en los que el daño haya sido causado por accidentes u otras disfunciones de la actividad en cuestión ni cuando se haya contravenido alguna condición operativa o valor límite relacionados con el desarrollo de la misma. No es posible ser más precisos ya que los accidentes, disfunciones y contravenciones difícilmente pueden preverse.

La propuesta tiene por objeto establecer un marco de prevención o reparación del daño ambiental y, para ello, precisa las circunstancias en las que el operador puede considerarse responsable, ya sea objetivamente o por culpa o negligencia, hecha salvedad de las excepciones previstas en particular en la letra c) del apartado 1 del artículo 9. No existe, pues, norma incondicional de responsabilidad objetiva.

Si bien en el Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental(1) no estaba prevista la excepción de la letra c) del apartado 1 del artículo 9 y aunque el Convenio de Lugano(2) no contiene una excepción similar, la propuesta de la Comisión tiene en cuenta las observaciones presentadas durante el período de consulta, en especial la opinión de que, a falta de tal excepción, la capacidad de los aseguradores de dar una cobertura adecuada por daños ambientales se vería enormemente dificultada.

La Comisión no cuenta con una lista exhaustiva de los Estados miembros relativa a los casos en los que las sustancias y preparados peligrosos no están sujetos a un permiso o autorización, ya sea comunitario o nacional. A título de ejemplo, según las informaciones de que dispone la Comisión, Bélgica no tiene un régimen general de autorización aplicable a todas las sustancias y preparados peligrosos(3), aunque tales sistemas de autorización previa existen para ciertas categorías de productos peligrosos o que contienen sustancias o preparados peligrosos (tales como los biocidas o los plaguicidas). Existen igualmente reglas que permiten a las autoridades competentes en determinados casos prohibir la comercialización de un producto o exigir su retirada del mercado, pero esa intervención se lleva a cabo en casos individuales y no está vinculada a un sistema de autorizaciones.

Los regímenes nacionales de permiso o autorización conforme a la letra c) del apartado 1 del artículo 9 no pueden por sí perturbar un mercado interior hoy por hoy inexistente, dado que en la actualidad no existe la armonización comunitaria plena en cuanto a autorizaciones de sustancias y preparados peligrosos(4). De cualquier modo no tienen por qué producirse lagunas ya que una empresa o bien habrá de cumplir las condiciones y requisitos de cualquier permiso nacional aplicable o, a falta de un permiso nacional, se verá privada de la posibilidad de acogerse a la letra c) del apartado 1 del artículo 9.

Respecto a la aplicación de la responsabilidad objetiva por superar el valor límite de emisiones fijado en un permiso, es cierto que una infracción de la ley a menudo da lugar a la presunción de culpa. La Comisión estima, sin embargo, que la propuesta de Directiva aporta un valor añadido a la normativa actual ya que esta última no garantiza suficientemente la reparación del daño ambiental, y del daño a la biodiversidad en concreto, en función de un régimen basado en la responsabilidad culposa.

En lo que se refiere a la carga de la prueba, la propuesta deja cierto margen de maniobra a los Estados miembros dado que no impone una atribución específica de la misma. Debe recordarse, no obstante, que, conforme a principios comúnmente aceptados, la parte que reclama quedar exenta de una obligación ha de probar las circunstancias que lo motivan. En la práctica, la autoridad competente tiene que establecer los tres elementos constitutivos de la responsabilidad en caso de daño ambiental debido a una actividad de las enumeradas en el Anexo I, es decir, la existencia del daño, un acto u omisión atribuible al operador y un nexo causal entre estos dos elementos: cualquier operador que desee acogerse a una de las excepciones previstas en el artículo 9 de la propuesta, deberá, por tanto, asumir la carga de la prueba.

La Comisión no está totalmente de acuerdo con la idea de que, en caso de accidente, es más fácil establecer la culpa del operador. No hay principio general que demuestre que un accidente que no se deba a la intervención divina o a fuerza mayor haya de atribuirse necesariamente a la negligencia del operador. Los accidentes pueden producirse aunque este último haya tomado las debidas precauciones(5). En este sentido, sigue siendo útil excluir el requisito de probar la culpa o la negligencia del operador.

(1) COM(2000) 66 final.

(2) Convenio del Consejo de Europa sobre responsabilidad civil por los daños causados por actividades peligrosas para el medio ambiente, firmado en 1993 (ETS 150).

(3) Una ley de 21 de diciembre de 1998 (Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid) establece el marco legal adecuado para ello, pero no parece que las autoridades públicas hayan hecho uso de esta posibilidad legislativa para implantar un régimen de autorización general.

(4) La Comisión prepara en la actualidad una revisión completa de su política sobre los productos químicos peligrosos: véase el Libro Blanco Estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados químicos (COM(2001) 88 final).

(5) Esta es seguramente una de las razones por las que numerosas leyes nacionales de responsabilidad civil complementan su normativa general sobre la demostración de culpa mediante normas específicas de responsabilidad para productos o instalaciones defectuosos. En tal caso, una vez comprobado el defecto, no se exige demostrar la culpa o negligencia del productor o del operador.