PREGUNTA ESCRITA E-0111/01

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(1 de febrero de 2001)

Asunto: Denunciantes (1): su función útil desde el punto de vista social para la solución de problemas dentro de grandes e importantes organizaciones

1. ¿Comparte la Comisión el punto de vista de que la publicidad y el debate público hasta la fecha siempre han resultado ser las vías más eficaces para organizar la atención en torno a abusos supuestos dentro de organizaciones y que esta atención puede contribuir a que se impida que los problemas constatados puedan permanecer sin solución durante largo tiempo?

2. ¿Cómo evalúa la Comisión el punto de vista de que, para las personas que tienen conocimiento de los abusos, sólo es justificable el aplazamiento del recurso al instrumento mencionado en la pregunta número 1 mientras exista la certeza de que los problemas constatados son relativamente reducidos o se resolverán dentro de la organización de manera rápida y eficaz?

3. ¿Reconoce la Comisión que es previsible y prácticamente inevitable que los directivos de diversas organizaciones intenten mantener fuera de la actualidad abusos constatados, desmentir problemas o aplazar una solución, y que por ello es frecuente que no se aprecien las críticas ni la información que no coincida con dichos intentos?

4. ¿Reconoce la Comisión igualmente que, a consecuencia de los intentos mencionados en la pregunta número 3, puede surgir una contradicción grave entre el deseo de los directivos de mantener la tranquilidad en la organización en cuestión, por una parte, y, por otra, la función útil de los denunciantes desde el punto de vista social?

5. ¿Cómo valora la Comisión las consecuencias de la contradicción mencionada en la pregunta número 4 para los denunciantes que, en cuanto a sus medios de subsistencia, dependen de la organización dentro de la cual ejercen sus funciones y que por ello pueden temer un castigo, el despido o una degradación por ser los transmisores de malas noticias?

6. ¿Comparte la Comisión el punto de vista de que el aparato funcionarial a su disposición no ha de constituir una excepción a la norma según la cual el fomento de soluciones rápidamente aplicables en caso de problemas, de la supresión de situaciones no deseadas y del debate público sobre el mejor modo de funcionamiento redunde en beneficio del conjunto de la sociedad?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(11 de abril de 2001)

La Comisión considera que la transparencia constituye una cualidad esencial de una administración pública moderna. Además, otorga una elevada prioridad a mantener informados a los ciudadanos acerca de sus actividades y permanece comprometida con el principio de conceder el mayor acceso posible a su información y documentos.

Por lo que respecta a la divulgación pública de las sospechas de mala administración y presuntos abusos, la Comisión comparte la opinión del Comité de expertos independientes, según el cual debe alcanzarse un equilibrio adecuado entre los intereses públicos de confidencialidad y lealtad de los funcionarios públicos y los de transparencia y obligación de rendir cuentas. En efecto, el objetivo principal de las disposiciones en materia de denuncia es ofrecer un incentivo al personal para comunicar sus sospechas dentro de la organización y a sus superiores jerárquicos para proceder eficazmente a la investigación oportuna. La Comisión considera que estos principios se aplican con igual intensidad en las instituciones de la UE.

El 29 de noviembre de 2000, la Comisión aprobó un documento consultivo sobre la denuncia de sospechas de infracciones graves (SEC(2000) 2078/6) en el que se presenta una serie de propuestas actualmente en proceso de consulta al personal y sus representantes. Al término de este período de consulta, la Comisión formulará una propuesta concluyente que someterá al Comité interinstitucional del Estatuto con vistas a la modificación de este texto. El documento propone (medida que se introdujo en 1999 con la creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude u OLAF) la inclusión en el Estatuto de la obligación para todo el personal de denunciar los abusos bien dentro de su institución, bien directamente a la OLAF, con la garantía de no sufrir represalia alguna por esa información. El documento también recoge las circunstancias en las que se considera justificado que semejantes denuncias sean objeto de una mayor divulgación y concluye que la publicación de sospechas de abusos graves fuera de la institución de tutela o la OLAF debe ser un último recurso cuyo ejercicio legítimo sólo procede en la poco probable situación de que ninguna de las dos haya atendido el problema de forma adecuada. En este caso extremo, la Comisión considera apropiado que se de la alerta a las más altas autoridades de las demás instituciones europeas sin que los denunciantes de buena fe deban temer represalia alguna.

En opinión de la Comisión, la forma más eficaz de animar al personal a comunicar sus sospechas de irregularidades dentro de la organización es proporcionar canales de denuncia claramente definidos y seguros. Para una mayor garantía de que estas cuestiones se examinan con el debido rigor, parece razonable establecer vías seguras y concretas por las que el personal pueda expresar sus legítimas sospechas fuera de la organización, como opción de último recurso.

La Comisión confía en que la apertura de vías aceptables, seguras y serias para que el personal pueda comunicar sus sospechas de irregularidades conduzca a la creación de una cultura abierta de autodisciplina que tenga a su vez por consecuencia desterrar los comportamientos reprobables o inaceptables. La existencia de una cultura en la que el personal tenga la confianza necesaria para plantear esas sospechas garantiza que, en los raros casos en los que se producen efectivamente irregularidades, éstas pueden detectarse tempranamente y ser atajadas con responsabilidad y eficacia. Del mismo modo, cuando una sospecha parta de datos erróneos o responda a una explicación perfectamente inocente, esa cultura permitirá que semejantes malentendidos sean rápidamente corregidos.

La Comisión no sólo no está tratando de alejarse de las buenas prácticas, sino que además pretende reforzar las disposiciones existentes que permiten a los funcionarios cumplir con su obligación de comunicar sus sospechas de presuntas irregularidades. La aplicación de medidas como las propuestas proporcionará a la Comisión y su personal normas comparables con las más rigurosas de cualquier Estado miembro de la Unión.

Los principios que se pondrían en práctica facilitarían la presentación de denuncias de buena fe, el estudio serio y exhaustivo de la información y la realización de investigaciones con arreglo a métodos que no comprometan los derechos subjetivos (incluida la presunción de inocencia), la seguridad de la carrera de los funcionarios que ejerzan su derecho de denuncia ni el enjuiciamiento administrativo o penal efectivo de quienes resulten culpables de infracciones.

Un objetivo básico de contar con buenos dispositivos de denuncia es disuadir a los infractores potenciales y detener a los reales, aplicándoles una justa penalización. Un sistema que carezca de las características de la propuesta presentada por la Comisión puede dar la impresión de ser transparente, pero resultar ineficaz en la práctica por la divulgación demasiado temprana de la información o la existencia de deficiencias de procedimiento.