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PREGUNTA ESCRITA E-2683/97 de María Sornosa Martínez (GUE/NGL) y Pedro Marset Campos (GUE/NGL) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Situación de deterioro del río Segura

La situación de grave deterioro que sufre el cauce del río Segura a su paso por Orihuela, la Vega Baja, Murcia y su desembocadura en Guardamar, en Alicante, está provocando serios problemas medioambientales y sanitarios. El agua estancada y los lodos putrefactos producen emanaciones insalubres que se traducen en problemas respiratorios y gastrointestinales entre la población.

Desde hace algunos años se está denunciando desde diferentes fuerzas políticas y movimientos ciudadanos esta circunstancia, sin que las autoridades competentes hayan dado una solución global al problema, aunque se va a llevar a cabo la construcción de una depuradora en uno de los tramos conflictivos.

Un informe cualitativo sobre el estado del río Segura a su paso por la ciudad de Orihuela daba como resultado un I.C.G. (índice de calidad general) inferior a 70, considerado como «inadmisible». Este informe pone de relieve la inexistencia de vida acuática.

La dejación de que es objeto el cauce del río puede constituir presumiblemente un delito ecológico.

1. Ante esta situación, ¿no estima la Comisión que la Directiva 92/43/CEE ((DO L 206 de 22.7.1992, p. 7. )) relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres justifica la necesidad de poner en marcha un programa global que recepcionara y tratara el agua durmiente de estos tramos del río, con vistas a recuperar la vida natural y poder reutilizar las aguas para riego una vez depuradas, sin ningún riesgo para la salud humana al consumirla indirectamente?

2. ¿En qué medida estará dispuesta la Comisión a examinar conjuntamente con las autoridades locales la posibilidad de cofinanciar un plan para la recuperación de estos tramos del río?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (25 de septiembre de 1997)

1. La zona en cuestión no está clasificada como de protección especial, según lo dispuesto en la Directiva 79/409/CEE ((DO L 103 de 25.4.1979. )) relativa a la conservación de las aves silvestres, ni tampoco ha sido propuesta como «lugar de importancia comunitaria», en aplicación de la Directiva 92/43/CEE ((DO L 206 de 22.7.92, p. 7. )) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. La Comisión no tiene noticia de la presencia en la zona de ningún tipo de especie o hábitat de interés comunitario. Por todo ello, no es aplicable la Directiva 92/43/CEE.

2. Corresponde a las autoridades nacionales presentar proyectos y solicitar financiación comunitaria para estos dentro del actual marco comunitario de apoyo para España. En caso de que lo hagan, la Comisión estudiaría atentamente todos los aspectos de la cuestión antes de tomar una decisión sobre la financiación.
PREGUNTA ESCRITA E-2398/97 de Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) a la Comisión (10 de julio de 1997)

Asunto: Atentado eclógico al Marjal Oliva-Pego

El marjal Oliva-Pego, situado en la Comunidad Valenciana, está sufriendo en las últimas semanas daños importantes a causa de los reiterados incendios, roturaciones de tierras y desecación del humedal, lo que constituye un grave atentado ecológico que debería solucionarse con la realización del proyecto del Parque Natural para esta área.

¿Conoce la Comisión la situación que actualmente padece el proyecto del Parque Natural del marjal Oliva-Pego? ¿Puede informar sobre la situación de las ayudas europeas solicitadas por la Generalitat Valenciana para financiar la compra de terrenos a los agricultores?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (12 de septiembre de 1997)

La Comisión conoce los acontecimientos que han ocurrido en el marjal de Pego-Oliva, al constituir la conservación de este humedal uno de los objetivos del proyecto Life-Naturaleza «Programa de acciones para la conservación de humedales valencianos y creación de áreas de reserva para el samaruc (Valencia hispánica)», cuyo contrato (B4-3200/92/15183 y B4-3200/95/525) fué suscrito en diciembre de 1992 entre la Comisión Europea y la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.

El beneficiario ha sido requerido para que informe periodicamente a la Comisión sobre las acciones acometidas para asegurar la conservación del humedal frente a las actuaciones de algunos agricultores. Las medidas aplicadas se pueden resumir en los puntos siguientes:

- interposición de una denuncia judicial por parte del director de la reserva contra el Alcalde de Pego, por el supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, desobediencia grave a los agentes de la autoridad y detención ilegal;

- orden de la Consejería de Medio Ambiente paralizando cualquier tipo de actuación en el marjal;

- auto de la Juez competente de este caso, prohibiendo cualquier actuación en la marjal y encomendando a la guardia civil la vigilancia de su cumplimiento;

- las acciones contrarias a este edicto que se han producido desde entonces han sido objeto de las correspondientes denuncias ante el juzgado competente.

En 1996 la administración valenciana ha comprado o está realizando gestiones de compra en el marjal de Pego-Oliva de 569 anegadas por un valor de 111 millones de pesetas. Se encuentra en fase de tramitación, más o menos avanzada según los casos, la adquisición de tierras en 1997 por un valor similar al montante anterior.
PREGUNTA ESCRITA E-2320/97 de Leonie van Bladel (UPE) al Consejo (18 de julio de 1997)

Asunto: Lucha internacional contra la delincuencia y control de las fronteras exteriores de la UE a la luz del tráfico de cocaína a través de los Países Bajos organizado por el cártel de la droga surinamés

1. ¿Puede explicar la Presidencia neerlandesa del Consejo por qué el Sr. R.J. Hoekstra, antiguo secretario general del Ministerio de Asuntos Generales, continúa siendo miembro del Consejo de Estado, el órgano consultivo supremo de los Países Bajos, a pesar del acto de prevaricación cometido, a saber, la destrucción ilegal de los expedientes del antiguo Servicio de Información Exterior de los Países Bajos, mientras que el Sr. Van der Voort, sospechoso de complicidad en un acto similar de prevaricación, la destrucción de un expediente, ha sido cesado?

2. ¿Puede explicar la Presidencia del Consejo cómo es posible que el próximo 14 de septiembre el Sr. K.M. Meulmeester, antiguo director del Servicio de Información Exterior de los Países Bajos, participe, en calidad de asesor del Primer Ministro, como conferenciante en el Congreso sobre la lucha contra la delincuencia internacional en la Europa del 2000 que se celebrará en Bucarest, a pesar del acto de prevaricación que ha cometido, a saber, la destrucción ilegal de los expedientes del antiguo Servicio de Información Exterior de los Países Bajos, y por qué motivo ha sido cesado el Sr. Van der Voort, sospechoso de complicidad en un acto similar de prevaricación, la destrucción de un expediente?

3. ¿No opina la Presidencia del Consejo que en el caso del Sr. Van der Voort debería tenerse en cuenta el principio de la oportunidad, dada la gran importancia que la lucha contra la mafia surinamesa de la droga reviste para toda Europa y dado que las sospechas que recaen sobre él se basan exclusivamente en su complicidad en un acto de prevaricación consistente en la destrucción de un expediente, acto que en ocasiones precedentes, mucho más graves, como en el caso de los Sres. K.M. Meulmeester y R.J. Hoekstra, fue sancionado invocando el interés público?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2251/97, E-2319/97 y E-2320/97 (7 de noviembre de 1997)

Las cuestiones que Su Señoría menciona no son competencia del Consejo.
PREGUNTA ESCRITA E-2766/97 de Christoph Konrad (PPE) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Subvención estatal del Reino de Bélgica a la empresa siderúrgica Forges de Clabecq

1. El 18 de diciembre de 1996, la Comisión Europea constató que las subvenciones del Reino de Bélgica a favor de la empresa siderúrgica Forges de Clabecq por un importe de hasta 3.000 millones de francos belgas son incompatibles con el mercado común. Se pidió a Bélgica que reclamara la devolución de las subvenciones en un plazo de dos meses. ¿Tiene conocimiento la Comisión Europea de si ya se ha producido la devolución? En caso de que la devolución de la subvenciones no pudiera conseguirse, ¿estaría dispuesta la Comisión ha examinar si las distorsiones de la competencia originadas por las subvenciones no podrían paliarse mediante una reducción de la capacidad?

2. ¿El 13 de junio de 1997, el período belga «Le Soir» publicó que, en caso de producirse la venta de la empresa Forges de Clabecq a una empresa privada, la región de Valonia estaría dispuesta a facilitar 1.800 millones adicionales de francos belgas a dicha empresa? ¿Considera la Comisión Europea que esta nueva subvención también sería incompatible con el código de subvenciones a la siderurgia? ¿Qué medidas proyecta adoptar con objeto de conseguir la necesaria reducción de la capacidad?

3. ¿Exigirá la Comisión Europea al Reino de Bélgica que suspenda el pago de toda ayuda a la empresa, de conformidad con el apartado 4 del artículo 6 del Código de Subvenciones a la Siderurgia, debido a los últimos acontecimientos registrados en el caso de la empresa Forges de Clabecq?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (2 de octubre de 1997)

1. El 19 de diciembre de 1996, la empresa Forges de Clabecq se declaró en quiebra. Así pues, al solicitar la devolución de la ayuda concedida a la empresa, las autoridades belgas presentaron una reclamación ante las autoridades de la quiebra por un importe correspondiente a la cantidad que se debía reembolsar.

2. La Comisión aún no ha recibido notificación de la participación de la Región de Valonia en la adquisición de Forges de Clabecq. De recibirla, la Comisión la evaluará detenidamente a fin de garantizar que esta operación no lleva aparejada una nueva ayuda de algún tipo. Por lo que respecta a la posible reducción de capacidad, no se contempla el caso de que una ayuda pueda considerarse compatible con las directrices sobre ayudas a la siderurgia por tener como contrapartida una reducción de capacidad, salvo que dicha ayuda se destine específicamente a facilitar el cierre parcial o total de la empresa.

3. La Comisión no tiene motivo alguno para creer que las autoridades belgas van a eludir sus obligaciones de notificación. No obstante, adoptará todas las medidas adecuadas para garantizar el respeto de las normas comunitarias.
PREGUNTA ESCRITA E-2831/97 de Nuala Ahern (V) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Crédito de Euratom para la Unidad 3 de la central nuclear de Kalinin (Rusia)

¿Cuál es la situación actual del crédito propuesto por Euratom para la Unidad 3 de la central nuclear de Kalinin? ¿Ha sido aprobada su solicitud por el Grupo de expertos sobre seguridad nuclear de los programas PHARE/TACIS? En caso afirmativo, ¿bajo qué criterios y qué condiciones? ¿El crédito propuesto está siendo revisado por el Banco Europeo de Inversiones? En caso afirmativo, ¿bajo qué criterios?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión (16 de octubre de 1997)

A raiz de la recepción de una solicitud de crédito formulada por la entidad estatal de electricidad rusa Rosenergoatom, la Comisión está llevando a cabo los estudios necesarios para tomar una decisión acerca de la misma.

De acuerdo con la Decisión del Consejo 94/179/Euratom, de 21 de marzo de 1994, por la que se modifica la Decisión 77/270/Euratom con objeto de habilitar a la Comisión a contraer empréstitos Euratom para contribuir a la financiación de la mejora del grado de seguridad y eficacia del parque nuclear de determinados terceros países ((DO L 84 de 29.3.1994. )), y con las Directrices complementarias a la misma, el grupo de expertos en seguridad nuclear de PHARE y TACIS ha debatido ya los detalles técnicos del proyecto y en julio de 1997 presentó una declaración a la Comisión. En ella se señala que con la aplicación del programa de modernización propuesto y de las medidas recomendadas por Riskaudit se lograría un nivel de seguridad aceptable a nivel internacional. Insiste también en la necesidad de que las autoridades rusas encargadas de la seguridad nuclear y las organizaciones de seguridad técnica se sumen al proceso de autorización y recomienda que durante este último siga dándose un apoyo comunitario al regulador nuclear ruso. El dictamen se condiciona a la satisfactoria conclusión de la evaluación del impacto medioambiental del proyecto.

Como parte de los procedimientos de préstamo de Euratom, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) deberá emitir una recomendación sobre los aspectos financieros del proyecto subvencionable con el fin de determinar, por ejemplo, si el proyecto puede acogerse a este tipo de financiación o si el beneficiario es solvente y podrá efectuar el reembolso del préstamo Euratom.
PREGUNTA ESCRITA P-2862/97 de Doeke Eisma (ELDR) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Inversiones en las centrales nucleares de Rovno y Kmelnitsky (Ucrania)

Hace algún tiempo el BERD decidió no participar en la terminación de las centrales nucleares Rovno 4 y Kmelnitsky 2 en Ucrania, al haberse desprendido de un estudio que dicha inversión no satisfacía el criterio del coste mínimo que ha de respetar el Banco. En estos momentos, el BERD ha encargado la realización de un segundo estudio para examinar si la terminación de una de las dos centrales sí satisface el criterio del coste mínimo.

¿Considera la Comisión oportuno que, a raíz de la decisión del BERD, también se cancele el préstamo de Euratom para la terminación de las dos centrales?

¿No conviene la Comisión en que no deben realizarse nuevas inversiones en ninguna de las dos centrales hasta que el BERD haya decidido si otorgará un préstamo para su terminación?

En caso de que el BERD desista también de financiar la terminación de una de las dos centrales, ¿tendrá en cuenta la Comisión dicha decisión?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (23 de septiembre de 1997)

La información de que dispone la Comisión no confirma que el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) haya decidido no participar en la terminación de las centrales nucleares Rovno 4 y Khmelnitsky 2. El BERD aún está investigando los aspectos económicos del proyecto. La Comisión, por su parte, prosigue también la preparación del préstamo Euratom para el proyecto.

La Comisión sigue comprometida con la plena aplicación del memorándum de acuerdo para el cierre de Chernobil en el año 2000 y tendrá en cuenta, obviamente, todos los aspectos pertinentes en su decisión sobre la financiación del proyecto: disponibilidad de la necesaria financiación complementaria de otras instituciones financieras como el BERD, necesidad de buscar garantías para la terminación de los dos reactores con normas de seguridad internacionalmente aceptables y necesidad de obtener el cierre de Chernobil, especialmente ante un reciente informe de expertos independientes que confirma la inseguridad de la unidad 3, que aún está en funcionamiento.
PREGUNTA ESCRITA P-1144/97 de Leonie van Bladel (UPE) al Consejo (24 de marzo de 1997)

Asunto: Suriname - Bouterse - tráfico internacional de drogas

Recientemente, el Presidente neerlandés del Consejo de Ministros ha convocado a los Embajadores del Brasil y China para comunicarles su desagrado por la recepción de una misión diplomática de Suriname, en el Brasil y China, respectivamente, encabezada por el antiguo dictador de Suriname, Desi Bouterse. Según el Presidente neerlandés, tal recepción surte un efecto elevador del rango político de Desi Bouterse. Por lo visto, el Presidente basa su postura en la amplia participación de Bouterse en el tráfico internacional de cocaína y las molestias que ello causa, concretamente a los Países Bajos y Francia.

1. ¿El Presidente neerlandés también ha comunicado al Embajador de Suriname en La Haya su desagrado por el efecto elevador del rango político de los viajes diplomáticos de Bouterse? En caso negativo, ¿por qué razones?

2. ¿Está justificada una acción internacional como la que ha realizado el Presidente neerlandés, mientras la Justicia neerlandesa obviamente no desea proceder a la emisión de una orden internacional de detención o, en su caso, de búsqueda de Desi Bouterse?

3. Vistas las enormes molestias que el tráfico de drogas de Bouterse causan en el Norte de Francia, concretamente en la ciudad de Lille y alrededores, ¿no sería preferible que el Presidente neerlandés realizase esta y otras futuras gestiones diplomáticas junto con el Gobierno francés?

Respuesta (7 de noviembre de 1997)

A partir del 1 de julio de 1997 la Presidencia del Consejo ha sido asumida por Luxemburgo. Por otra parte, las cuestiones relativas a la extradición entre un Estado miembro y un Estado tercero no son competencia del Consejo. Por último, las gestiones a las que hace referencia la pregunta de Su Señoría no han sido puestas en conocimiento del Consejo.
PREGUNTA ESCRITA P-2878/97 de Wayne David (PSE) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Subvenciones al carbón alemán

La continua práctica de conceder el pago de ayudas estatales a determinados sectores de la industria alemana del carbón está dando lugar a la fijación de un precio por debajo del de coste y a la concesión de subvenciones a productores de antracita que presentan un menor rendimiento. Esta práctica contraviene también las condiciones específicas para la aprobación de ayudas y los principios básicos de la CECA y la CE. Como consecuencia de ello, los productores de antracita del Reino Unido, por ejemplo, deben hacer frente a una competencia desleal.

¿Podría informar la Comisión al Parlamento acerca de las medidas que se propone adoptar a este respecto?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (1 de octubre de 1997)

Por carta de 1 de agosto de 1997 dirigida al Gobierno alemán y publicada en el Diario Oficial ((DO C 258 de 23.8.1997. )), la Comisión informó a dicho Gobierno de su decisión de abrir el procedimiento previsto en el artículo 88 del Tratado CECA. Esa carta se refiere a las ventas de antracita realizadas en el territorio de la Comunidad por las empresas hulleras alemanas Sophia-Jacoba GmbH y Preussag Anthrazit GmbH.

Respetando el derecho de defensa, la Comisión ha pedido a Alemania que le presente en el plazo de un mes varios informes sobre las condiciones de tales ventas desde la perspectiva de las normas de competencia.

Además, la Comisión ha permitido que los demás Estados miembros y terceros interesados le presenten sus observaciones sobre este asunto en un plazo de también un mes a partir de la fecha de la citada publicación en el Diario Oficial.
PREGUNTA ESCRITA E-2770/97 de Mark Watts (PSE) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Utilización de cabeceras de 6 metros de ancho

¿Qué opina la Comisión sobre las posibilidades de utilización de cabeceras y márgenes parcelarios de 6 metros de ancho como parte del régimen de retirada de tierras de cultivo?

Los reglamentos que actualmente regulan el régimen de retirada de tierras exigen una anchura mínima de 20 metros, lo cual entraña en muchas ocasiones que esta práctica no sea viable para muchos pequeños agricultores.

¿Existe alguna posibilidad de cambiar las normas que regulan el régimen de retirada de tierras para incluir la utilización de las cabeceras y los márgenes parcelarios? En ese caso, ¿cuál sería el calendario para la introducción de dichos cambios?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (15 de septiembre de 1997)

La retirada de tierras obligatoria tiene por objetivo garantizar el control de la producción de cereales, oleaginosas y proteaginosas.

De forma general, las parcelas retiradas son las menos productivas. La anchura mínima de 20 metros se estableció con el fin de evitar que se acogieran a la retirada obligatoria únicamente las superficies alrededor de los terrenos, que son menos productivas por naturaleza.

La Comisión no tiene intención de modificar las disposiciones en este ámbito, sobre todo teniendo en cuenta que los problemas de las pequeñas explotaciones señalados por Su Señoría no se dan en la realidad, dado que la normativa comunitaria exime a los pequeños productores de la retirada de tierras obligatoria.
PREGUNTA ESCRITA P-2918/97 de Arlene McCarthy (PSE) al Consejo (8 de septiembre de 1997)

Asunto: Investigación sobre los derechos antidumping aplicados a las exportaciones de algodón crudo procedentes de la India, el Pakistán, Indonesia, Turquía, China y Egipto

En relación con la nueva investigación sobre los derechos antidumping aplicados a las exportaciones de algodón crudo procedentes de la India, el Pakistán, Indonesia, Turquía, China y Egipto, ¿podría aclarar el Consejo por qué ha aprobado una tercera investigación de este tipo con tanta premura, después de que expirara la anterior investigación de la Comisión, y sin que ésta terminara oficialmente, después de que en mayo de 1997 el Consejo rechazara los derechos propuestos?

El Consejo rechazó la reclamación anterior porque consideraba que los derechos provocarían más daños que beneficios a la Comunidad en su conjunto. ¿No cree el Consejo que esta decisión aparentemente política de iniciar una nueva investigación produce más daños que beneficios? ¿No está de acuerdo el Consejo en que este nuevo caso, aunque esencialmente idéntico, no sólo pone en peligro a las partes directamente interesadas, al crear nuevas incertidumbres durante el período de reclamación, con la perspectiva de unas repercusiones mucho más drásticas, en forma de cierres de empresas y de numerosos despidos en la industria textil del acabado y en el sector de la venta al por mayor de la UE, en el caso de que se introduzcan esos derechos, sino que también supone la pérdida de una considerable suma de dinero de los contribuyentes europeos?

Respuesta (10 noviembre 1997)

1. El Consejo recuerda a Su Señoría que, en virtud de lo términos del artículos 5 del Reglamento 384/96 del Consejo (reglamento de base antidumping), es incumbencia exclusiva de la Comisión el decidir sobre la apertura de un procedimiento antidumping.

2. Según las informaciones de que dispone el Consejo, Eurocoton depositó una reclamación respecto de las importaciones de tejidos crudos de algodón originarios de varios países terceros. A raíz de la presentación de esta reclamación, y de conformidad con el artículo 5 del citado Reglamento 384/96, la Comisión decidió abrir un procedimiento antidumping y la correspondiente investigación (dictamen publicado en el Diario Oficial de 11 de julio de 1997).

3. Se recuerda que, con arreglo al apartado 9 del artículo 6 del Reglamento de base, una investigación antidumping finaliza, si es posible, en el plazo de un año. En cualquier caso, esta investigaciones deben estar terminadas en un plazo máximo de los quince meses que siguen a su apertura.

4. El Consejo está a la espera de los resultados de la investigación antes de tomar posición sobre esta cuestión.