PREGUNTA ESCRITA P-3063/98

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(2 de octubre de 1998)

Asunto: Problemas de salud por la actividad de canteras extractivas en Alhaurín de la Torre (Málaga - España)

En la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre vienen ejerciendo su actividad un total de ocho canteras, algunas de ellas ilegales, que, además de ocasionar un grave deterioro medioambiental, están produciendo todo tipo de afecciones, alergias y enfermedades de vías respiratorias, con incidencia fundamentalmente en la población infantil y en las personas de edad avanzada.

Un informe del Servicio Andaluz de Salud indica que el número de partículas sedimentables, entre ellas el sílice, asciende a 908 miligramos por metro cuadrado y día, cuando los niveles máximos aconsejables no deberían superar los 150 miligramos por metro cuadrado y día de polvo en suspensión.

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de esta situación?

2. ¿Qué medidas correctoras entiende la Comisión deberían adoptar las autoridades españolas en cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente y protección de la salud para eliminar los altos índices de polvo en suspensión? ¿No estima la Comisión que deberían cumplirse los requisitos generales de la Directiva 96/61/CEE(1) relativa a la prevención y control integrado de la contaminación?

3. ¿Sabe la Comisión si se ha realizado un estudio de impacto ambiental de conformidad con la Directiva 85/337/CEE(2) relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente?

4. ¿No estima la Comisión que el Estado español debe poner en conocimiento de la población los niveles y valores que se vayan registrando así como la duración de los episodios de contaminación en cumplimiento de la Directiva 90/313/CEE(3) relativa a la libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(1 de diciembre de 1998)

La Comisión no está al corriente de los hechos que menciona Su Señoría.

La Directiva 80/779/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a los valores límite y a los valores guía de calidad atmosférica para el anhídrido sulfuroso y las partículas en suspensión(4), obliga a los Estados miembros a crear estaciones de medición de partículas en suspensión y a tomar las medidas adecuadas para que no se superen los valores límite fijados. Con los datos que aporta su Señoría no es posible determinar si dichos valores límite se han excedido, ya que tales datos hacen referencia a partículas depositadas, y no a partículas en la atmósfera. La propuesta de directiva del Consejo relativa a los valores límite de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente(5) establecerá valores límite más estrictos para las partículas a partir de 2005. Los Estados miembros deberán elaborar planes de actuación detallados en los que figure cómo se respetarán los valores límite en áreas de baja calidad atmosférica.

La Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación debe incorporarse al ordenamiento jurídico de los Estados miembros el 1 de noviembre de 1999 a más tardar, por lo cual no es aplicable en este caso.

La Comisión desconoce si las canteras en cuestión han sido sometidas a la evaluación de impacto ambiental prevista en la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. En su artículo 2, dicha Directiva preceptúa que, antes de ser autorizados, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental. Esta disposición se aplica a los proyectos enumerados en los anexos I y II. A falta de información más pormenorizada sobre las canteras, la Comisión considera que podrían incluirse en varias clases de proyectos de las enumeradas en el Anexo II. Conforme al apartado 2 del artículo 4, tales proyectos deberán someterse a evaluación de impacto ambiental cuando los Estados miembros consideren que sus características así lo exigen.

La Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, establece en su artículo 3 que los Estados miembros están obligados a poner la información relativa al medio ambiente a disposición de cualquier persona física o jurídica que la solicite sin que dicha persona esté obligada a probar un interés determinado. Basándose exclusivamente en los datos que aporta Su Señoría, la Comisión no está en condiciones de establecer si las autoridades españolas no han atendido debidamente alguna solicitud de información recibida. Los únicos datos que los Estados miembros están obligados a facilitar por iniciativa propia son los que se mencionan en el artículo 7, es decir, la información de carácter general sobre el estado del medio ambiente, a través de medios como la publicación periódica de informes descriptivos.

(1) DO L 257 de 10.10.1996, p. 40.

(2) DO L 175 de 5.7.1985, p. 48.

(3) DO L 158 de 23.6.1990, p. 58.

(4) DO L 229 de 30.8.1980.

(5) DO C 259 de 18.8.1998.