PREGUNTA ESCRITA E-2298/98

de Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) a la Comisión

(22 de julio de 1998)

Asunto: Contaminación del río Segura

El Segura es un río que fluye entre las comunidades autónomas españolas de Castilla la Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana. Al llegar a su desembocadura, en la comarca valenciana de la Vega Baja, las aguas del río Segura registran un altísimo grado de contaminación que repercute negativamente en el medio ambiente, la agricultura y la calidad de vida de esta comarca situada en la demarcación provincial de Alicante, en el sur del País Valenciano.

La Comisión Europea adoptó una directiva que obliga a todos los Estados miembros de la Unión Europea a sanear el cauce de sus ríos antes del año 2006. Para tal fin, debe mantenerse el caudal ecológico de 4.000 litros por segundo, así como ampliar y mejorar el funcionamiento de las depuradoras.

Expertos en temas medioambientales temen que, dada la situación actual de contaminación del río Segura y la ausencia de instalaciones apropiadas, sea difícil que se cumplan las normas comunitarias.

¿Conoce la Comisión la preocupante situación de los niveles de contaminación existentes en el río Segura? ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para asegurar el cumplimiento de las normas medioambientales en el plazo previsto que tiene como año límite 2006?

Respuesta común

a las preguntas escritas P-2094/98 y E-2298/98 dada por el Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(11 de septiembre de 1998)

La Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio ambiente(1) exige a los Estados miembros la presentación de informes sectoriales (que traten asimismo de 13 directivas sobre el agua) en los que se proporcione información sobre los problemas relativos a la calidad de las aguas, correspondiendo el primer informe al período 1993-1995.

España no ha satisfecho su obligación de informar sobre la zona de captación del río Segura, por lo que se ha abierto un procedimiento de infracción de lo dispuesto en la Directiva 91/692/CEE. En lo que se refiere a la elaboración de informes con arreglo a la Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño(2), se dispone de información sobre dos zonas de baño en el río Segura, Calasparra y Cieza. Por lo que respecta a 1997, sólo los parámetros microbiológicos no cumplen los requisitos de las aguas de baño.

En relación con la contaminación por nitratos del río Segura, la Comisión recibió información de las autoridades españolas en la que se señalaba que, en varias ocasiones entre 1979 y 1995, se había superado el umbral de 50 miligramos por litro. De conformidad con lo previsto en la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura(3), España está obligada a determinar las aguas contaminadas por nitrógeno procedente de fuentes agrarias y a adoptar medidas en la cuenca del río para prevenir dicha contaminación. España no ha tomado las medidas necesarias y, por consiguiente, la Comisión ha presentado el asunto ante el Tribunal de Justicia.

Por lo que respecta a la contaminación causada por sustancias peligrosas, la Comisión es consciente del problema planteado en España por la puesta en práctica de la Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad(4) y, en particular, por la ausencia de programas de reducción de la contaminación de conformidad con el artículo 7 de la citada Directiva. Por lo que atañe a la Petición no 334/97 presentada al Parlamento, la Comisión recibió documentación sobre los vertidos de ácidos, sosa y aguas residuales procedentes de hospitales e industrias textiles y de fabricación de pilas en la cuenca del río Segura. Por consiguiente, parece que dicha contaminación se debe a una serie de sustancias que figuran en la lista II del Anexo de la Directiva 76/464/CEE. De conformidad con el artículo 7, los Estados miembros deben establecer programas para reducir tales sustancias. La Comisión ha constatado el incumplimiento por parte de España de su obligación de introducir dichos programas de reducción y, por tanto, ha abierto, de conformidad con el artículo 169 del Tratado CE, un procedimiento de infracción que está actualmente pendiente de decisión del Tribunal de Justicia (Asunto C-214/96).

Por último, la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas(5) obliga a los Estados miembros a garantizar que todas las aglomeraciones con más de 2.000 equivalentes habitante (equivalentes habitante es la unidad utilizada para representar el promedio de vertido orgánico por persona y día) dispongan de instalaciones de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas. El nivel normal de tratamiento es el tratamiento secundario, es decir, biológico. En algunos casos, el tratamiento debe ser más riguroso cuando se trate de vertidos procedentes de aglomeraciones con más de 10.000 equivalentes habitante en zonas consideradas sensibles por los Estados miembros, así como en las cuencas de los ríos conectados con dichas zonas.

La fecha límite para la determinación de las zonas sensibles era el 31 de diciembre de 1993. España no ha terminado aún este proceso y, por ello, la Comisión ha iniciado un procedimiento de infracción.

El plazo para la puesta en marcha de sistemas colectores y de tratamiento termina el 31 de diciembre de 1998 para los vertidos de aguas residuales urbanas procedentes de aglomeraciones de más de 10.000 equivalentes habitante en zonas sensibles, el 31 de diciembre de 2000 para los vertidos procedentes de aglomeraciones de más de 15.000 equivalentes habitante en zonas no sensibles, o el 31 de diciembre de 2005 para los vertidos procedentes de aglomeraciones menores. La Comisión comprobará, cuando proceda, el cumplimiento de dichas obligaciones por parte de las aglomeraciones afectadas.

Esta es la información proporcionada a la Comisión hasta ahora y la situación de las medidas pertinentes emprendidas por la Comisión en este ámbito para solucionar, con los instrumentos de que dispone, el problema del Segura.

(1) DO L 377 de 31.12.1991.

(2) DO L 31 de 5.2.1976.

(3) DO L 375 de 31.12.1991.

(4) DO L 129 de 18.5.1976.

(5) DO L 135 de 30.5.1991.