PREGUNTA ESCRITA P-1664/01

de Francesco Fiori (PPE-DE) a la Comisión

(1 de junio de 2001)

Asunto: Asimetrías en el mercado interno de la energía eléctrica

La transposición no uniforme de las directivas comunitarias que liberalizan los sectores de los servicios públicos está creando graves distorsiones del mercado interior.

Concretamente, en el sector de la energía, Francia ha encontrado la manera de mantener fundamentalmente intacto el papel de Electricité de France (EDF), el monopolio nacional del sector de la energía eléctrica.

EDF está aprovechando la posición dominante en el mercado francés, que le garantiza el ordenamiento jurídico nacional, para adquirir participaciones importantes en empresas privadas del mismo sector en otros Estados miembros. En los últimos días se ha tenido noticia de la adquisición del 3,9 % de la empresa italiana Montedison Spa, que opera también en el sector eléctrico.

Tal situación es inaceptable, ya que, al quedar contrarrestada la igualdad de condiciones competitivas querida por las disposiciones comunitarias, los operadores del sector se hallan en posiciones diversas según el Estado miembro del que provengan, con gran discriminación de aquellos que provienen de Estados miembros más aplicados en la labor de liberalización.

Ello provoca asimismo la paralización fundamental del proceso de liberalización puesto en marcha por la Comunidad Europea y hace que los Estados miembros no se sientan motivados para llevar adelante con eficacia el proceso. El daño para la competitividad del sistema económico europeo será cada vez mayor.

¿Qué soluciones concretas tiene previsto proponer la Comisión para impedir a las empresas públicas que gozan de un régimen de monopolio garantizado por el ordenamiento jurídico nacional aprovecharse de ese privilegio para hacerse con el control de otras empresas que no pueden gozar de tal privilegio?

Respuesta común a las preguntas escritas P-1664/01 y P-1688/01 dada por el Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(13 de julio de 2001)

En muchos aspectos la creación progresiva de un mercado interno de la electricidad ha sido todo un éxito. A pesar de que las Directivas fijan la apertura de los mercados de la electricidad en tan sólo un 30 % (± 35 % para 2003), una gran mayoría de los Estados miembros ha decidido ir mucho más allá. Cuatro Estados miembros ya han abierto el 100 % de sus mercados eléctricos, otros cuatro lo harán en 2003 y otros tres abrirán sus mercados completamente en 2007 como muy tarde.

Algo parecido puede afirmarse de la apertura cualitativa del mercado, es decir, del acceso efectivo de terceras partes a las redes. Está generalmente admitido que el modo más eficaz para garantizar el acceso no discriminatorio a estas instalaciones fundamentales se consigue a través de la regulación del acceso de terceras partes a cargo de un regulador independiente y de la separación real y efectiva de, por un lado, la transmisión y la distribución y la generación y el suministro, por otro.

No obstante, el paso, más rápido de lo previsto, hacia la apertura completa del mercado y el acceso regulado al mercado de terceras partes ha traído consigo importantes distorsiones del mercado y un aumento en las desigualdades entre empresas comunitarias competidoras. Algunos Estados miembros han limitado la apertura del mercado al mínimo legalmente exigido. Esta amplia divergencia en la apertura del mercado, tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo ha llevado al desarrollo progresivo de un mercado interno muy irregular.

La Comisión celebró un debate el pasado 20 de junio sobre restricciones transfronterizas a la inversión y distorsiones del mercado energético.

Por lo que se refiere a las diferencias actuales en el grado de liberalización del sector de la energía, la Comisión confirmó que es preciso hacer frente a este problema mediante la adopción lo antes posible por parte del Consejo y del Parlamento de las propuestas de la Comisión de marzo de 2001 en favor de una mayor liberalización de los mercados (la apertura del mercado de la electricidad de uso no doméstico a partir del 1 de enero de 2003, la apertura de los mercados del gas de uso no doméstico a partir del 1 de enero de 2004 y de todos los consumidores (incluido el uso doméstico) a partir del 1 de enero de 2005 (ver IP/01/356).

Con el fin de hacer frente a las distorsiones de la competencia y a las desigualdades a corto plazo y hasta que se adopten nuevas propuestas en materia de liberalización, la Comisión acordó:

- Realizar un seguimiento de los Estados miembros con el fin de garantizar que las Directivas de liberalización de los mercados del gas y la electricidad se aplican de forma adecuada y en el momento oportuno.

- Garantizar la plena aplicación en el sector energético de las normas del Tratado en materia de competencia. En concreto, la Comisión continuará aplicando las normas de los Tratados en materia de prácticas comerciales restrictivas y abuso de posición dominante en el mercado con el fin de evitar restricciones y distorsiones de la competencia en el suministro, evitar la discriminación en el acceso a las redes, examinar detenidamente cualquier tipo de ayuda estatal que se conceda a compañías de gas o

eléctricas (incluida la ayuda estatal en el sector nuclear) y aplicar las normas de competencia para defender el derecho de los consumidores a elegir proveedor. Ejemplos de intervención de la Comisión en este sentido en los dos últimos años los constituyen la actuación en contra de la venta conjunta (por ejemplo, GFU y EDF/CNR), refuerzo de las posiciones dominantes mediante fusiones (por ejemplo, VEBA/VIAG, EDF/EnBW), acceso privilegiado a las redes (por ejemplo, interconectores Alemania-Dinamarca y Francia-Reino Unido), regímenes de costes hundidos y dispositivos para la retención de clientes clave (Gasnatural/Endesa).

La Comisión también acordó que si se aplazara la adopción de las propuestas para continuar con la liberalización de los mercados energéticos contemplaría la posibilidad de adoptar Decisiones o Directivas ella misma en virtud del artículo 86 (antiguo artículo 90) del Tratado CE, y en particular el tercer apartado del mismo, con el fin de hacer frente a las posibles distorsiones de la competencia que se desprendan de los distintos niveles de liberalización. Tal recurso, por el que la Comisión adoptó Directivas dirigidas a los Estados miembros con arreglo al apartado 3 del artículo 86 del Tratado CE, ya se utilizó en el sector de las telecomunicaciones.