PREGUNTA ESCRITA P-4049/00

de Giorgio Celli (Verts/ALE) a la Comisión

(20 de diciembre de 2000)

Asunto: Regularización de construcciones ilegales y programa operativo regional 2000-2006 en Sicilia

La Junta de Gobierno de la Región de Sicilia presentó en el mes de noviembre una propuesta de ley que prevé, entre otras cosas, la legalización de construcciones abusivas edificadas en la franja costera y cuyo número se calcula en alrededor de 170 000 unidades. Este proyecto de ley viene a ser una verdadera y auténtica abrogación del único instrumento de protección de las costas vigente en Sicilia, que prevé la prohibición de edificar en una franja de terreno de 150 metros a partir del mar (Ley regional 78, de 12 de junio de 1976).

El proyecto de ley prevé la regularización de los conjuntos urbanísticos realizados abusivamente y la redacción para dichos conjuntos de planes de reordenamiento urbanístico y medioambiental a cargo de los municipios. También atribuye a los municipios las cargas relativas a la regularización y a los correspondientes proyectos de intervenciones, evitando entrar en el detalle de las cifras.

Esta incertidumbre en cuanto a los recursos financieros que se pondrían a disposición para la regularización permite suponer que la Región pretende utilizar los recursos disponibles en el ámbito del período de programación de los Fondos estructurales 2000-2006. Esto podría tener lugar mediante la cobertura de las medidas previstas en el programa operativo regional al que los municipios podrían recurrir a la hora de establecer proyectos que se financiarían a través de los fondos POR. Los Fondos estructurales podrían utilizarse, entre otras cosas, también para pagar a técnicos encargados por las administraciones locales para elaborar dichos proyectos, contribuyendo de esta manera a alimentar una importante red de clientelismo. Frente a este riesgo, el mundo empresarial (Confindustria) y los medios de protección del patrimonio ambiental y cultural (Italia Nostra) han lanzado un llamamiento contra la medida de legalización.

Esta medida entraña el peligro, entre otras cosas, de afectar también a las zonas costeras incluidas en la red Natura 2000 y en las que se han llevado a cabo construcciones abusivas, y podría permitir legalizar obras urbanísticas evitando un procedimiento de verificación y evaluación del impacto medioambiental.

¿Está la Comisión al corriente de esta iniciativa de la Junta de Gobierno de la Región de Sicilia?

¿Puede velar la Comisión por que a la hora de completar la programación que se está llevando actualmente a cabo se excluya la hipótesis de utilizar los Fondos estructurales para la mencionada regularización de construcciones ilegales?

¿Puede velar la Comisión por que dicha regularización no permita eludir la normativa comunitaria en materia de evaluación del impacto medioambiental?

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para que no sufran menoscabo las zonas de la red Natura 2000 en las que se hayan llevado a cabo urbanizaciones abusivas?

Respuesta común a las preguntas escritas P-4045/00 y P-4049/00 dada por la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(20 de febrero de 2001)

La Comisión no tiene conocimiento del proyecto de ley citado por Su Señoría. Sin embargo procurará que, en la ejecución de los programas por ella cofinanciados, se respete la normativa que rigen los fondos estructurales(1) y se garantice la coherencia entre las acciones y los objetivos del programa y la compatibilidad de aquéllos con todas las políticas comunitarias, entre ellas la de medio ambiente.

De acuerdo con el artículo 2 de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(2), modificada por la Directiva 97/11/Ce del Consejo, de 3 de marzo de 1997(3), los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que, antes de ser autorizados, los proyectos que puedan tener una incidencia significativa en el medio ambiente por razón de, por ejemplo, sus características, su tamaño o su localización, soliciten autorización para su ejecución y se sometan a una evaluación de sus repercusiones. El artículo 4 de la Directiva determina las clases de proyectos incluidos en el ámbito de aplicación y el primero de sus dos anexos recoge la lista de los mismos.

La Directiva 85/337/CEE, con sus modificaciones, se aplica a los proyectos. El objetivo de la misma es prevenir la contaminación y las fuentes de perturbación desde su origen, en vez de tener que remediar sus efectos. El principio en el que se basa es que la autorización de proyectos públicos y privados que puedan tener una incidencia importante sobre el medio ambiente sólo podrá concederse previa evaluación de las repercusiones medioambientales que puedan provocar. Sin embargo, las construcciones a que se refiere Su Señoría ya se han efectuado. Ya no son proyectos. En tal caso ya no se justifica la realización de una evaluación de impacto medioambiental con arreglo a la Directiva, porque sólo podrían analizarse las repercusiones sobre el medio ambiente, pero no influir sobre la concesión de autorización. Debe concluirse que en la Directiva 85/337/CEE, con sus modificaciones, no existen disposiciones que impongan la realización de una evaluación de impacto a las construcciones que nos ocupan.

Por otro lado, hay que subrayar que la Directiva se aplica a las clases de proyectos que figuran en el primero de los dos anexos de la Directiva. A partir de la información facilitada por Su Señoría, no es posible discernir si las construcciones mencionadas están comprendidas en las clases que figuran en dicho anexo.

Si las construcciones se realizan en un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) propuesto con arreglo a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales de la fauna y flora silvestres(4), o en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con arreglo a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres(5), podría tener pertinencia lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE.

Por lo que se refiere a las propuestas de LIC, la Directiva 92/43/CEE obliga a los Estados miembros a actuar de manera que no se pongan en peligro los objetivos de la Directiva. Se pide a las autoridades de los Estados miembros que, incluso en ausencia de una lista comunitaria, se abstengan de toda actividad que pueda provocar el deterioro de un lugar incluido en la lista nacional.

Por lo que se refiere a las ZEPA, los Estados miembros tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para evitar, en las zonas de especial protección, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así como la perturbación de las especies para las que se han designado las zonas, si tal perturbación contraviene los objetivos de la Directiva. Por otro lado, todo plan o proyecto que tenga un impacto sobre la zona, individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, debe ser objeto de una evaluación que analice sus repercusiones.

Sin embargo, a partir de la información facilitada, no es posible determinar cuáles de las construcciones mencionadas afectan a una propuesta de LCI o a una ZEPA, ni cuántas son, ni puede apreciarse si la amnistía mencionada causaría el deterioro de hábitats naturales o de los hábitats de las especies, ni de qué manera, o si provocaría una perturbación de las especies para las que han designado las zonas.

Por todo ello, al no alegarse unas razones que demuestren un incumplimiento de la normativa comunitaria, no es posible, por el momento, determinar la existencia de infracción.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.

(2) DO L 175 de 5.7.1985.

(3) DO L 73 de 14.3.1997.

(4) DO L 206 de 22.7.1992.

(5) DO L 103 de 25.4.1979.