PREGUNTA ESCRITA E-2640/00

de Claude Turmes (Verts/ALE) a la Comisión

(1 de agosto de 2000)

Asunto: Nuevo código de conducta de la OCDE

En su reunión ministerial de junio de 2000, la OCDE aprobó un código de conducta sobre los aspectos sociales y ecológicos para las multinacionales. Con esto se vuelve sobre un acuerdo adoptado en 1976 que no contenía sanciones y que, al no resultar de utilidad alguna, había quedado completamente olvidado. Sin embargo, tampoco el nuevo código prevé sanciones.

¿Cree la Comisión que el nuevo código se respetará más que el anterior?

En caso afirmativo, ¿qué le lleva a pensarlo, habida cuenta de la inexistencia de sanciones en el nuevo código?

¿Piensa la Comisión incluir una referencia a este código en todos los futuros acuerdos comerciales con terceros países?

¿Cómo valora la Comisión la actitud de México en las negociaciones? (México se opuso tenazmente al código, pero en último término tuvo que adherirse al mismo a causa del principio de consenso). ¿No supone un presagio muy negativo para la cooperación futura con este país? ¿Piensa la Comisión plantear esta cuestión en el próximo Consejo mixto UE-México? ¿Cabe la posibilidad de que la Comisión estudie proponer una enmienda relativa a la inclusión de una referencia al código de conducta de la OCDE en el acuerdo UE-México en la próxima oportunidad que surja?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(18 de octubre de 2000)

Los ministros de los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), así como los de Argentina, Brasil, Chile y Eslovaquia, adoptaron el 27 de junio de 2000 las directrices modificadas relativas a las empresas multinacionales. Se trata de una serie de recomendaciones dirigidas conjuntamente por los Gobiernos de la OCDE a las empresas multinacionales.

Las directrices modificadas consisten en principios y normas no vinculantes de conducta con las que los Gobiernos de la OCDE exhortan a las empresas multinacionales a cumplir dichas directrices tanto en su territorio como a partir de él, es decir, también en los países no pertenecientes a la OCDE. En comparación con las directrices adoptadas en 1976, el texto se ha puesto al día y se ha ampliado sustancialmente, no sólo en sus aspectos sociales y ecológicos, sino también por lo que respecta a la protección de los consumidores, la lucha contra la corrupción y la divulgación de informaciones.

Las directrices previas no eran suficientemente conocidas, ni por las multinacionales ni por otras partes afectadas, y muchos países que las aceptaron no aplicaban íntegramente todos los mecanismos previstos, como los puntos de contacto nacionales.

Como muy bien señala Su Señoría, las nuevas directrices no contienen sanciones y la aceptación de las directrices por las multinacionales sigue siendo voluntaria. Los países miembros de la OCDE están de acuerdo en que las sanciones no son apropiadas para esta clase de instrumento. Una de las razones de ello es que en la legislación nacional están previstas sanciones para la mayoría de los asuntos cubiertos por las directrices, tales como las normas de competencia o el medio ambiente. Otra razón es que no pretenden sustituir la normativa nacional sobre conducta corporativa, sino sólo completarla, presentando a las multinacionales una serie de recomendaciones básicas que podrán cumplir voluntariamente, al margen del contexto. La buena impresión que puede causar en la opinión pública un comportamiento cívico de las empresas constituirá un incentivo cadavezmayor para que las multinacionales apliquen las directrices.

La aplicación de estas directrices se confía a los puntos de contacto nacionales que deben establecerse en cada país que las haya aceptado para promover su conocimiento por parte de las multinacionales y otras partes interesadas y supervisar su puesta en práctica efectiva, a través de misiones de buenos oficios, medidas de conciliación y mediación en los casos específicos en que una empresa no respete las directrices. Los países que las han aceptado (y sus puntos de contacto nacionales) son políticamente responsables y están sujetos a una revisión paritaria en el Comité de la OCDE sobre inversión internacional y empresas multinacionales (CIME).

La Comunidad no puede incluir una referencia a estas directrices en los acuerdos comerciales, ya que su objetivo es que las empresas acepten voluntariamente ciertas normas mínimas de conducta. El respeto de estas directrices no debería interferir en las obligaciones legales de las multinacionales conforme a la legislación nacional de su país de acogida. Por lo tanto, no parece oportuno dar a las directrices una personalidad jurídica distinta al derecho internacional. En cuanto a las disposiciones (obligatorias) sobre su aplicación por parte de los Gobiernos, figuran en una Decisión del Consejo de la OCDE, a la que pueden adherirse voluntariamente otros países. Incluir una referencia a esta decisión en acuerdos bilaterales celebrados por la Comunidad con terceros países tampoco parece oportuno, ya que todo el sistema de directrices y de su puesta en práctica está basado en el compromiso espontáneo, por parte de los países que no son miembros de la OCDE, de completar, y no sustituir, las normativas nacionales e internacionales. La Comunidad, no obstante, hará todo lo posible para fomentar su observancia por parte de las empresas europeas, ya que las directrices constituyen un paso hacia una mayor responsabilidad de los inversores en todo el mundo y para responder a las inquietudes de la sociedad civil en relación con el comportamiento de los inversores internacionales.

En cuanto a la posición de México durante la negociación, estaba guiada por ciertos malentendidos sobre el funcionamiento del nuevo marco que pudieron aclararse durante la reunión ministerial de la OCDE, en junio de 2000. La aplicación de las directrices modificadas estará sujeta a discusiones bilaterales y multilaterales permanentes para garantizar que estas nuevas directrices sean un instrumento útil para todas las partes afectadas.