PREGUNTA ESCRITA E-2494/02

de Mogens Camre (UEN) a la Comisión

(9 de septiembre de 2002)

Asunto: La Comisión Europea contrata a musulmanes fundamentalistas como consejeros

En la respuesta de la Comisión de 18 de junio de 2002, en nombre de Antino Vitorino, a mi pregunta E-1177/02(1) de 15 de abril de 2002 sobre la exhortación a la violencia por parte de imanes musulmanes, la Comisión indican que la UE se basa en los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión en el marco de la ley, que son comunes a todos los Estados miembros. La Comisión lamenta cualquier conducta que constituya una exhortación al odio o que vaya en contra de los derechos humanos.

En mi pregunta de 15 de abril de 2002, llamaba la atención sobre el hecho de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en una sentencia de 31 de julio de 2002 (asuntos 41340/98 y 41342/98), ha establecido que la sharia (ley islámica) es contraria a los valores que defiende el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Según el prestigioso periódico danés Jyllands-Posten de 14 de agosto de 2002, la Comisión Europea recurre a los servicios de Tariq Ramadan como consejero en asuntos relacionados con el islam. Como él mismo reconoce, Ramadan es un musulmán fundamentalista. Ramadan escribe que los musulmanes deben adaptarse a la sociedad liberal, pero considera que los musulmanes deben seguir siendo fundamentalistas y, en un claro abuso de los derechos humanos, exige su derecho a construir una sociedad paralela, con fronteras firmes hacia el exterior y una estricta ortodoxia y una justicia propia en el interior, en los países de Europa en los que se hayan establecido.

A pesar de las numerosas declaraciones de la UE en el sentido de que la Unión defiende la libertad y la democracia, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la sharia es contraria a los derechos humanos fundamentales, la Comisión Europea tiene a Tariq Ramadan como consejero en asuntos culturales, a pesar de que él está en contra de todos los valores que la Unión se supone que defiende.

En vista de esto, ¿podría indicar la Comisión de qué manera defiende el hecho de utilizar el asesoramiento de un musulmán fundamentalista en algo tan importante como los asuntos culturales? ¿No considera la Comisión que es posible encontrar un asesor competente dentro de la religión islámica que no desee de derribar nuestro régimen y suprimir la democracia?

(1) DO C 28 E de 6.2.2003, p. 77.

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(25 de octubre de 2002)

La Comisión, no ha recurrido hasta ahora a los servicios de Tariq Ramadan como asesor en asuntos culturales como afirma Su Señoría.

En realidad le invitó a intervenir en el marco de un Encuentro en favor de la Ciencia y la Cultura que organizó los días 7 y 8 de mayo de 1997 en Santiago de Compostela, sobre el tema Una inspiración ética para la Unión Europea. Los participantes en este Encuentro apreciaron sus observaciones humanistas y de espíritu abierto así como su ambición por promover la integración de los jóvenes musulmanes en los países de la Unión Europea en los que han nacido. De acuerdo con estas mismas razones, la Comisión invitó al Profesor Ramadan a intervenir de nuevo, con motivo del coloquio sobre el Diálogo intercultural celebrado en Bruselas los días 20-21 de marzo de 2002.

La Unión Europea tiene como fundamentos de su actuación los principios comunes a todos los Estados miembros, de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos así como las libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión, salvo las limitaciones previstas por la ley.

En este marco, y apoyándose en análisis profundos, la Comisión procede a la elección de los expertos a los que consulta en el ámbito cultural. Por regla general, su intención es seguir actuando así en el futuro, convencida de que la diversidad de posiciones y análisis es determinante para la lucidez del diagnóstico necesario para toda acción en favor del interés común de la Unión y sus Estados miembros.