PREGUNTA ESCRITA E-2878/98

de Paul Rübig (PPE) a la Comisión

(28 de septiembre de 1998)

Asunto: Obstáculos a la prestación de servicios transfronteriza

La libre prestación de servicios constituye, desde los comienzos de la integración europea, uno de los pilares fundamentales del mercado interior. Con todo, todavía es susceptible de mejora, especialmente en el caso de los empresarios que ejercen sus actividades en las cercanías de las fronteras.

Cabe observar las diferencias a menudo existentes entre las tasas que han de abonarse por la ejecución de contratos en distintos Estados miembros. También existen medidas indirectas, como largos periodos de espera, de hasta medio año, para la concesión de un permiso de prestación de servicios en el extranjero, que pueden constituir una desventaja. Por último, están también las barreras burocráticas, como las notificaciones obligatorias de conformidad con las legislaciones nacionales en materia de desplazamiento de trabajadores, que dificultan la prestación de servicios entre los Estados miembros.

¿Considera la Comisión que estas circunstancias constituyen una violación del principio de la libre prestación de servicios consagrado en los artículos 59 y siguientes del Tratado CE? En caso afirmativo, ¿qué medidas tiene la intención de adoptar la Comisión al respecto?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(16 de noviembre de 1998)

La libre prestación de servicios significa que cualquier operador económico establecido en un Estado miembro tiene derecho a prestar temporalmente sus servicios en otro Estado miembro, sin obligación de establecerse en este último. Con este fin, el artículo 59 del Tratado CE prohíbe cualquier restricción. A este respecto, la Comisión recuerda, en especial, su comunicación interpretativa(1) de 1993, que responde a la necesidad de transparencia de las normas comunitarias y constituye un instrumento importante para las administraciones nacionales y los operadores económicos en este contexto.

La prohibición de las restricciones no constituye una prohibición total, sino una obligación para los Estados miembros de justificar las medidas que obstaculicen la libre prestación de servicios.

Las restricciones discriminatorias sólo podrían admitirse por las razones mencionadas explícitamente en el Tratado CE: en concreto, por las razones de orden público, seguridad y salud públicas que figuran en el artículo 56 (en relación con el artículo 66). Las restricciones no discriminatorias podrían justificarse si existen, en el sector de la actividad en cuestión, razones imperiosas vinculadas al interés general que justifiquen las restricciones a la libre prestación de servicios; si dicho interés no está asegurado ya por las normas del Estado en el que está establecido el prestador, y si no puede conseguirse el mismo resultado mediante normas menos rigurosas.

En lo que respecta a las preguntas planteadas, la exigencia de abonar tasas a las autoridades de un Estado miembro constituye un obstáculo. Suponiendo que dicha exigencia afecte a todo prestador de servicios, sin distinción del Estado miembro en el que se establezca, el Estado miembro debe justificarla por una razón imperiosa vinculada al interés general que no esté asegurada ya por las normas del Estado miembro en el que esté establecido el prestador (véase la jurisprudencia resultante de los asuntos Seco/Evi(2) y Guiot/Climatec(3)). Del mismo modo, la exigencia de un permiso previo a la prestación sólo se justifica si el interés general en cuestión no está asegurado ya por las normas del Estado miembro en el que está establecido el prestador. En la mayoría de los casos, un permiso previo es incompatible con el artículo 59 (véanse los asuntos Säger/Dennemeyer(4) y Vander/Elst(5)). La exigencia de una notificación previa a la prestación no constituye normalmente un obstáculo no justificado, en la medida en que refleja una obligación de información sobre la regularidad de la situación del prestador en el Estado miembro en el que está establecido. Ello no significa que ésta pueda ser desproporcionada en relación con el objetivo perseguido.

(1) DO C 334 de 9.12.1993.

(2) Sentencia de 3 de febrero de 1982, asuntos 62 y 63/81, Rec. 1982, p. 223.

(3) Sentencia de 28 de marzo de 1996, asunto C-272/94, Rec. 1996 I, p1905.

(4) Sentencia de 25 de julio de 1991, asunto C-76/90, Rec. 1991 I, p. 4221.

(5) Sentencia de 9 de agosto de 1994, asunto C-43/93, Rec. 1994 I, p. 3803.