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PREGUNTA ESCRITA E-1317/98 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (29 de abril de 1998)

Asunto: Euro 1999

Gracias al Pacto de estabilidad y crecimiento -adoptado por el Consejo Europeo de Amsterdam, en junio de 1997- los Estados miembros fijarán como objetivo presupuestario a medio plazo la obtención de «situaciones que estén cerca del equilibrio o excedentarias». Si continúan sus ajustes presupuestarios en los años siguientes, los Estados miembros contarán con unas finanzas públicas cuya situación les permitirá hacer frente más fácilmente a las consecuencias presupuestarias de posibles evoluciones desfavorables de la economía.

¿Cuál cree la Comisión que sería la situación actual en Italia si el Pacto de estabilidad hubiese sido aplicado durante el período 1992-1997?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión (2 de junio de 1998)

El Pacto de estabilidad y crecimiento está constituido por una resolución del Consejo Europeo de 7 de junio de 1997, el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997 ((DO C 236 de 2.8.1997. )), relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas ((DO L 209 de 2.8.1997. )) y el Reglamento (CE) no 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (2). El Pacto pretende lograr la disciplina presupuestaria en la Unión Económica y Monetaria (UEM) y crear así las condiciones apropiadas de estabilidad para generar un crecimiento sostenido. Al mismo tiempo, establece un poderoso sistema de incentivos para que los Estados miembros no incurran en un déficit excesivo y para que rectifiquen rápidamente, de darse el caso.

En 1992, Italia tenía un déficit de las administraciones públicas del 9,7 % del producto interior bruto (PIB), que en 1993 fue del 9,5 %. Esta situación desembocó en una Decisión del Consejo, de 26 de septiembre de 1994, relativa a la existencia de un déficit excesivo en Italia (Artículo 104c (6) del Tratado CE). En el periodo al que se refiere la pregunta formulada por Su Señoría, el objetivo principal de la política presupuestaria italiana era la convergencia, es decir, corregir esta situación de déficit excesivo para poder cumplir los criterios de convergencia desde un punto de vista presupuestario. Además, los apartados 9 y 11 del artículo 104c del Tratado CE, que hacen referencia a las sanciones, no eran de aplicación en la segunda fase de la UEM.
PREGUNTA ESCRITA E-0204/98 de Gerhard Hager (NI) a la Comisión (11 de febrero de 1998)

Asunto: Grupo operativo Schengen

En los últimos tiempos se ha oído hablar de un grupo operativo encargado de medidas para mejorar la protección de las fronteras exteriores de los países del Grupo de Schengen. En este contexto, se plantean las siguientes cuestiones a la Comisión:

1. ¿Qué ha llevado a la Unión Europea a crear un grupo operativo semejante?

2. ¿Dónde cree la Comisión haber encontrado deficiencias en el control actual de las fronteras exteriores?

3. ¿Qué mejoras espera obtener la Comisión de la utilización de un grupo operativo semejante?

4. ¿Opina la Comisión que la creación del grupo operativo puede garantizar un control sin fisuras de las fronteras terrestres y marítimas?

5. ¿Opina la Comisión que los problemas actuales son resultado, exclusivamente, de problemas nacionales de aplicación o de deficiencias de la normativa referente al acuerdo de Schengen?

6. ¿Considera la Comisión que el modo de proceder de algunos Estados miembros que, si bien detienen a los inmigrantes ilegales, no controlan a continuación su salida efectiva del territorio de la Unión, entraña una contradicción con el acervo jurídico de la Unión?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (5 de mayo de 1998)

1. Durante su reunión del 15 de diciembre de 1997, el comité ejecutivo de Schengen aprobó una decisión sobre medidas tendentes a intensificar los controles en las fronteras exteriores y a favorecer la eficacia de tales controles. La decisión contemplaba la creación de una «task force» encargada de orientar la implantación de las medidas adoptadas por el comité ejecutivo y de proceder al desarrollo de las mismas. La decisión complementa el plan de acción aprobado por el Consejo el 26 de enero de 1998 con vistas a responder al aflujo de inmigrantes procedentes de Iraq y de las regiones limítrofes.

2. a 5. A menos que el derecho comunitario o de la Unión sea puesto en entredicho, no es incumbencia de la Comisión pronunciarse ni sobre la aplicación del régimen del convenio de Schengen en materia de controles en las frontieras exteriores por parte de los Estados miembros de que se trate, ni sobre el funcionamiento y los resultados de la «task force» mencionada anteriormente.

6. Hasta el momento los procedimientos y modalidades de extrañamiento de los nacionales de terceros países no han sido objeto de regulación a escala de la Unión.
PREGUNTA ESCRITA E-1251/98 de Odile Leperre-Verrier (ARE) a la Comisión (29 de abril de 1998)

Asunto: Ayuda alimentaria en la Unión Europea

Ahora que termina el invierno, ¿puede indicar la Comisión qué ayuda alimentaria ha concedido directa o indirectamente a las organizaciones no gubernamentales autorizadas?

Por otra parte, ¿puede indicar la Comisión qué medidas se propone adoptar para reducir la pobreza y la malnutrición en la Unión Europea, que aumentan constantemente en los Estados miembros?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (3 de junio de 1998)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-0896/98 de Daniela Raschhofer (NI) a la Comisión (26 de marzo de 1998)

Asunto: Derechos de aduana sobre los plátanos

La Comisión ha presentado al Consejo su nueva propuesta en materia de reforma de la organización de mercados del plátano. En ella se prevé para Austria, Suecia y Finlandia un contingente de 353.000 toneladas que puede importarse con arreglo a unos derechos de aduana de 300 ecus/tonelada.

1. ¿Cómo se establecen los contingentes y los derechos de aduanas para Austria?

2. ¿Por qué se diferencian los derechos de aduana aplicables a Austria, Suecia y Finlandia de los correspondientes a los contingentes de los demás Estados de la UE (2,2 millones de toneladas y 75 ecus/tonelada de derechos de aduana)?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (15 de abril de 1998)

1. El Consejo y el Parlamento prosiguen actualmente el debate sobre las propuestas de modificación de la organización común del mercado (OCM) del plátano presentadas por la Comisión. Estas propuestas responden a la necesidad de que a 1 de enero de 1999 la normativa comunitaria quede adaptada a las obligaciones internacionales contraídas por la Unión.

2. La Comunidad dispone de un mercado único del plátano y no hay, por tanto, ninguna diferencia de tratamiento entre los Estados miembros. Una vez puestos en libre circulación, los plátanos importados pueden venderse y consumirse sin restricciones en cualquier punto de la Comunidad. El contingente arancelario autónomo de 353.000 toneladas se ha propuesto para responder al crecimiento que han registrado las necesidades de consumo del conjunto de la Comunidad como consecuencia de la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia.
PREGUNTA ESCRITA E-1014/98 de Wilmya Zimmermann (PSE) a la Comisión (6 de abril de 1998)

Asunto: Problemas relacionados con la libre circulación en la UE en los casos de acogida de niños extranjeros en familias alemanas

Los menores extranjeros tutelados no tienen frecuentemente el mismo estatuto que sus padres de acogida. Ello ocurre a menudo en el caso de menores solicitantes de asilo o de menores extranjeros a los que su Estado de origen no les haya expedido pasaporte (en parte también procedentes de Estados de la UE). Ello conduce con frecuencia a dificultades en relación con la libre circulación (paso de fronteras).

1. ¿Cómo se proyecta resolver este problema en el seno de la UE?

2. ¿De qué manera se toman en consideración para la solución de este problema la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, el Convenio de La Haya sobre la adopción o la «propuesta de un Convenio Europeo sobre el derecho a la vida de familia» (presentada por la Coordinadora Europea para el Derecho de los Extranjeros a la Vida de Familia, 25 Bld de Bonne Nouvelle, F-75002 París)?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (17 de Junio de 1998)

La Comisión comparte la preocupación de Su Señoría sobre la libre circulación de niños extranjeros que residen legal o temporalmente en la Comunidad.

A este respecto, el artículo 2 del Acuerdo de Schengen establece que las fronteras interiores pueden cruzarse en cualquier punto sin que se realice ningún tipo de control.

Asimismo, se han tomado medias para facilitar la libre circulación de escolares procedentes de terceros países que viajen dentro de la Comunidad.

Tres Directivas ((DO C 306 de 17.11.1995, DO C 289 de 31.10.1995 y DO C 307 de 18.11.1995. )) propuestas por la Comisión el 24 de agosto de 1995 que pretendían mejorar la libre circulación dentro de la Comunidad se referían también a la libre circulación de los nacionales de terceros países que residan legalmente en la Comunidad.

Ni el Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos del niño aprobado en 1989, en el que se establece un marco común por el que los Estados miembros se comprometen a desarrollar los derechos de los niños en el ordenamiento jurídico interno, ni el Convenio de La Haya de 1993, que trata del establecimiento de un mecanismo de cooperación que garantice que, a lo largo del proceso de adopción, se protegen los intereses superiores del niño, contienen disposiciones específicas sobre la circulación de niños en familias de acogida que viajen por la Comunidad.

La propuesta de convenio sobre el derecho a la vida de familia preparada por la coordinadora europea por el derecho de los nacionales extranjeros a una vida de familia, en su redacción actual, se centra en la reunión familiar y no se refiere específicamente al tema de los niños en familias de acogida.
PREGUNTA ESCRITA E-0678/98 de Antoni Gutiérrez Díaz (GUE/NGL) a la Comisión (10 de marzo de 1998)

Asunto: Condiciones de promoción de los Ingenieros Técnicos españoles en comparación con otros casos

¿Qué motivos inspiran a la Comisión para exigir un requisito que no figura en el texto de la convocatoria -la posesión de un título ciclo largo (licenciatura equivalente)- al Ingeniero Técnico español, Vicente Alonso Morales, candidato a la oposición general COM/A/1047 (DO C 145 A, de 13.5.1997)?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0635/98, E-0636/98, E-0637/98, E-0638/98, E-0639/98, E-0640/98, E-0641/98, E-0642/98, E-0643/98, E-0644/98, E-0645/98, E-0669/98, E-0670/98, E-0671/98, E-0672/98, E-0673/98, E-0674/98, E-0675/98, E-0676/98, E-0677/98, E-0678/98, E-0679/98, E-0724/98, E-0725/98, E-0726/98, E-0727/98 y E-0728/98 dada por el Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (21 de abril de 1998)

La Comisión considera que la parte fundamental de la información solicitada por Su Señoría se encuentra en las respuestas de la Comisión a las preguntas escritas E-2749/97 de la Sra. García Arias ((DO C 82 de 17.3.1998. )) y E-4186/97 de la Sra. Dührkop Dührkop ((DO C 304 de 2.10.1998, p. 15. )). Por consiguiente, la Comisión ruega a Su Señoría consulte dichas respuestas en las que la Comisión expuso con detalle su enfoque general respecto a los diplomas que dan acceso a la categoría A/LA de la función pública europea, y en particular, respecto a los diplomas de los ingenieros técnicos españoles.

La traducción correcta de «diploma universitario» al alemán es «abgeschlossenes Hochschulstudium» y esta expresión figura en la convocatoria de oposión COM/A/1047 (97/C 145 A/02), publicada en el Diario Oficial. Además, y en lo que se refiere a su pregunta sobre la oposición COM/A/720 y COM/A/721 la Comisión ruega a Su Señoría tenga a bien consultar la sentencia de 3 de marzo de 1994 del Tribunal en el asunto T-82/92 (Cortés Jiménez contra la Comisión).

La Comisión llama la atención de Su Señoría sobre el hecho de que el candidato a la oposición COM/A/104 presentó un recurso, registrado en la Secretaría del Tribunal de primera instancia el 1 de diciembre de 1997, con el número de asunto T-299/97. Por consiguiente, la Comisión no puede responder dado que se trata de un procedimiento judicial actualmente en curso.
PREGUNTA ESCRITA E-1586/98 de Umberto Bossi (NI) al Consejo (25 de mayo de 1998)

Asunto: Saldos restantes de Italia

La Magistratura contable italiana ha iniciado recientemente una investigación sobre los saldos restantes en las cuentas públicas italianas. No es la primera vez que tal cosa sucede, ya que en julio de 1997 se alarmó por primera vez a la Comisión Europea sobre los importes abonados en el presupuesto del Estado italiano pero no empleados.

El riesgo es que al aumentar los recursos disponibles y no utilizados por efecto de los vínculos de caja se cree una masa enorme de gasto posible, la cual podría traducirse antes o después en gasto efectivo, poniendo fuera de control las cuentas del Estado. En 1996, los saldos restantes italianos ascendieron a 94.767 millardos de liras, mientras que en 1997 eran más de 160.000 millardos de liras, superando el total del bienio los 250.000 millardos de liras.

Parece que muchos saldos restantes se deben a retrasos en la contabilización y que otros son saldos de crédito o cantidades destinadas a financiar proyectos que aún no se han realizado.

¿Puede indicar el Consejo cuáles son los parámetros europeos que considera aceptables?

¿No opina el Consejo que son excesivos los saldos restantes registrados en Italia?

En el caso de que se reconozca que se han superado los límites permitidos, ¿qué medidas cautelares piensa tomar el Consejo?

Respuesta (20 de julio de 1998)

Mediante la Decisión de 1 de mayo de 1998, el Consejo ha derogado su Decisión precedente sobre la existencia de un déficit excesivo en Italia ((DO L 139 de 11.5.1998, p. 15. )).

En dicha Decisión, el Consejo comprueba que el déficit público italiano ha quedado reducido al 2,7 % del PIB en 1997 y que, según las previsiones, continuará decreciendo en 1998 hasta un 2,5 %. Además, el Consejo hace observar, en esta misma Decisión, que el nuevo programa a medio plazo recientemente presentado por el Gobierno italiano a su Parlamento se propone seguir reduciendo el déficit hasta el 1,5 % en 2000 y hasta el 1 % en 2001.

El Consejo considera que las reducciones ya realizadas o previstas, junto con el compromiso del Gobierno italiano de mantener a medio plazo un superávit primario presupuestario del orden del 6 % anual, son esenciales para mantener el ratio de la deuda pública en una tendencia sostenible a la baja.

El Consejo debe seguir con atención la evolución presupuestaria en Italia, al igual que en todos los demás Estados miembros que participan en la moneda única, en el marco de la vigilancia y la evaluación de los planes de estabilidad que han presentado hace poco dichos Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA P-1747/98 de Freddy Blak (PSE) a la Comisión (27 de mayo de 1998)

Asunto: La ley de pensiones de Dinamarca sigue discriminando a las mujeres

A pesar de que, a partir del 1 de julio de 1999 se prohibirá la discriminación entre hombres y mujeres en el sector de las pensiones en Dinamarca, al menos 450.000 mujeres danesas seguirán recibiendo menos pensión que sus colegas hombres.

Casi medio millón de mujeres están cotizando en una caja de pensiones que sistemáticamente las sitúa en condiciones inferiores a las de los hombres. La modificación de ley que entrará en vigor en julio de 1999 no cubrirá a estas mujeres.

¿Está de acuerdo la Comisión en que la discriminación entre hombres y mujeres es contraria al artículo 119 del Tratado de Roma? ¿No debería haberse introducido en dicha ley un artículo, en virtud del cual, a partir del 1 de julio de 1999, las mujeres tuvieran garantizado un sistema de pensiones no discriminatorio? En la situación actual, 26 de 43 cajas de pensiones sitúa a las mujeres en condiciones inferiores a las de los hombres.

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (22 de junio de 1998)

Conforme al art. 119 del Tratado CE, tal como lo interpretó el Tribunal de Justicia en la sentencia Barber ((Recopilación 1990, p. I-1889. )) de 17 de mayo de 1990 y las sentencias semejantes que siguieron, a partir de 17 de mayo de 1990 debe suprimirse toda discriminación por razón de sexo en materia de pensiones de empresa o complementarias.

Sin embargo, siempre queda una posibilidad de diferencia de trato para determinados regímenes de pensiones. Es el caso de los regímenes en los que la capitalización es el modo de financiación. Según la jurisprudencia del Tribunal en los asuntos C-152/91 Neath ((Recopilación 1993, p. I-6953. )) (sentencia de 22 de diciembre de 1993) y C-200/91 Coloroll ((Recopilación 1994, p. I-4389. )) (sentencia de 28 de septiembre de 1994), lo relevante en este tipo de regímenes en relación con el art. 119 del Tratado CE es la promesa del empresario de abonar una pensión complementaria. Si dicha promesa está encaminada a una cotización definida (como en el caso de los «regímenes de cotización definida»), lo importante, en lo relativo a este artículo, es que las cotizaciones sean iguales para hombres y mujeres. Este hecho podría tener como consecuencia que las prestaciones finales fueran diferentes para hombres y mujeres por la mayor esperanza de vida de éstas.

Toda esta cuestión se expone claramente en la Directiva 96/97/CE ((DO L 46 de 17.2.1997. )) del Consejo de 20 de diciembre de 1996, por la que se modifica la Directiva 86/378/CEE (4) relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social, con vistas a la integración de la jurisprudencia del Tribunal en la sentencia Barber y las sentencias semejantes.
PREGUNTA ESCRITA E-0930/98 de Concepció Ferrer (PPE) a la Comisión (26 de marzo de 1998)

Asunto: Pagos de las acciones en favor de las pequeñas y medianas empresas

Teniendo en cuenta que a finales de 1997, de los 910 millones de ecus previstos para la iniciativa comunitaria de pequeñas y medianas empresas solamente se había procedido a efectuar el pago de 140 millones de ecus, ¿podría decir la Comisión si estos datos se corresponden con la realidad? ¿Podría explicar la Comisión cuáles son los motivos que explican este desfase entre los compromisos y los pagos?

¿Qué medidas tomará la Comisión para corregir este desajuste entre los compromisos y los pagos realizados en las acciones comunitarias para las pequeñas y medianas empresas? ¿Podría la Comisión hacer una relación de las cantidades pagadas a cada Estado miembro para cada una de las acciones destinadas a las pequeñas y medianas empresas?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (29 de abril de 1998)

En el cuadro que se envía a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento figura el nivel de los compromisos y pagos realizados hasta febrero de 1998 relativos a los programas adoptados en virtud de la iniciativa comunitaria en favor de las pequeñas y medianas empresas (PME). La cofinanciación total europea concedida a los distintos programas es de 1.060 millones de ecus de los cuales 545 ya han sido comprometidos y 303 abonados.

Las diferencias entre estas cifras es consecuencia de una serie de circunstancias. Éste es el primer período de programación de esta iniciativa, lo que ha provocado algunos retrasos importantes en la preparación y aprobación de los programas, como algunos que no pudieron ser aprobados hasta 1997. Los retrasos en la aprobación también han causado retrasos en la ejecución, al tener que crearse nuevas asociaciones y hacerlas operativas. Sin embargo, durante el período de aplicación de los programas de los Fondos estructurales, es normal que los pagos sean menores que los compromisos. Los pagos se siguen realizando dos o tres años después de la fecha final de los compromisos.

En caso necesario, la Comisión está alentando a los Estados miembros, a través de las reuniones del Comité de seguimiento, a acelerar la ejecución de la iniciativa. La Comisión también está facilitando la ejecución de una serie de intercambios de proyectos piloto que comenzarán a finales de este año dentro del marco de la iniciativa y que actuarán como un catalizador para fomentar las mejores prácticas y aumentar la calidad de las actuaciones.
PREGUNTA ESCRITA E-0747/98 de Allan Macartney (ARE) a la Comisión (18 de marzo de 1998)

Asunto: Importancia de las autoridades locales en el marco de los Fondos estructurales

Habida cuenta de las recientes modificaciones que han tenido lugar en el Reino Unido en la estructura de asociación de programa para la entrega de las ayudas de los Fondos estructurales, ¿considera la Comisión que las autoridades locales constituyen un eslabón fundamental en la colaboración tripartita entre la Comisión, el Estado miembro y la región?

¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión para garantizar que no se devalúa el papel de las autoridades locales como consecuencia de la existencia de órganos ejecutivos de los programas?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (8 de abril de 1998)

La Comisión está de acuerdo en que los gobiernos locales constituyen un elemento fundamental de los marcos regionales con responsabilidades en la aplicación de los programas comunitarios de política regional en el Reino Unido. En este sentido, se felicita de los recientes cambios introducidos en la composición de los comités de seguimiento de esos programas y, en especial, de la inclusión en ellos de interlocutores sociales y de concejales elegidos, estos últimos representados ya en todos los comités de seguimiento de Inglaterra y Gales.

Los personas o entidades encargadas de la ejecución de los programas regionales no tienen ningún poder de decisión respecto de éstos y, tal y como se establece en las cláusulas ordinarias adjuntas a cada documento único de programación, son los comités de seguimiento quienes deben tomar todas las decisiones.

No obstante, dado que los responsables de la ejecución, o sus secretarías, son indispensables para aplicar las decisiones de esos comités, la Comisión continuará velando por que se respete esta división de competencias.