PREGUNTA ESCRITA E-2894/98

de Wilmya Zimmermann (PSE) a la Comisión

(28 de septiembre de 1998)

Asunto: Problemas con la aplicación del artículo 8 y siguientes del Tratado de la UE (Ciudadanía de la Unión, libre circulación)

A causa de sus limitaciones, el Derecho de extranjería de muchos Estados miembros contradice con frecuencia los objetivos del artículo 8 del Tratado de la UE. En numerosos Estados miembros, la normativa en materia de residencia, social y laboral sitúan a los extranjeros en inferioridad de condiciones con respecto a los ciudadanos de los países en cuestión.

¿Qué medidas está adoptando la Comisión con respecto al Derecho de extranjería de los Estados miembros, con el fin de eliminar las dificultades relativas a la libre circulación?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 1998)

El Artículo 8a del Tratado CE establece el principio del derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión en el territorio de los Estados miembros. Este derecho está sujeto a las limitaciones y condiciones fijadas en el Tratado CE y en la legislación derivada promulgada para aplicarlo.

Con el fin de sacar todas las consecuencias de la introducción de la ciudadanía de la Unión en el Tratado, la Comisión pidió en enero de 1996 al grupo de expertos de alto nivel sobre la libre circulación de personas, presidido por Doña Simone Veil, que identificase los problemas todavía existentes en este ámbito, los evaluase y propusiese soluciones. El grupo de expertos presentó en marzo de 1997 su informe, el cual se envió también al Parlamento. Dos meses después, la Comisión presentó su segundo informe sobre la ciudadanía de la Unión(1) para evaluar la aplicación práctica de la ciudadanía de la Unión. En junio de 1997 la Comisión aprobó su Plan de acción del mercado único(2), que adoptó el Consejo de Amsterdam y que contiene propuestas sobre el derecho de residencia, los derechos sociales y la movilidad laboral.

Posteriormente, la Comisión ha anunciado varias actuaciones que se detallan en la Comunicación al Consejo y al Parlamento(3) de 1 de julio de 1998, así como una serie de nuevas iniciativas dirigidas a facilitar la libre circulación de personas en la Comunidad y a reforzar los derechos de los ciudadanos. Dichas iniciativas se refieren a la entrada y residencia, el acceso al empleo, los derechos sociales y el régimen familiar, el régimen fiscal y financiero, los derechos culturales, la situación de los nacionales de terceros países y la protección de los derechos individuales.

En lo referido a la legislación laboral y social, la Comisión aprobó en 1997 su Plan de acción para la libre circulación de los trabajadores(4) en el que indica cómo intensificar la cooperación y reforzar la responsabilidad y cómo aumentar el conocimiento y la visibilidad del derecho a la libre circulación, incluyendo mayor cooperación y mejores mecanismos informativos, creación de puntos de información para los trabajadores, mayor eficacia de la cooperación con los interlocutores sociales y mayor conocimiento y visibilidad del derecho a la libre circulación.

Además, la Comisión ya ha propuesto la revisión del Reglamento (CEE) 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad(5) y de la Directiva 68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre suspensión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad(6).

(1) COM(97)230 final.

(2) CSE(97)1 final.

(3) COM(98)403 final.

(4) COM(97)586 final.

(5) DO L 257 de 19.10.1968.

(6) DO L 257 de 19.10.1968.