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PREGUNTA ESCRITA E-0602/02

de Concepció Ferrer (PPE-DE) a la Comisión

(6 de marzo de 2002)

Asunto: Negociaciones entre la UE y Argelia para un Acuerdo de Asociación

Ante las negociaciones que está llevando a cabo la Unión Europea con Argelia para llegar a un Acuerdo de Asociación con este país del margen sur del Mediterráneo,

Considerando la importancia que la Declaración de Barcelona de 1995 dio al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, otorgándoles un papel clave en las relaciones euromediterráneas,

Teniendo en cuenta la situación en Argelia, donde unas 200 personas mueren cada mes en incidentes relacionados con el conflicto y hay miles de secuestrados y desaparecidos y las restricciones a las libertades civiles está al orden del día,

En el marco de las negociaciones del Acuerdo de Asociación, ¿cómo piensa la Comisión hacer el seguimiento de los derechos humanos en Argelia para poder dar cumplimiento a los acuerdos de Barcelona?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(3 de abril de 2002)

Durante las negociaciones del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación con Argelia, la Comisión ha prestado gran atención a la situación de los derechos humanos en ese país y continuará haciéndolo después de dichas negociaciones. A este respecto, la Comisión considera que, en lo que respecta a las víctimas de los sucesos trágicos que ensangrientan Argelia desde hace unos diez años, conviene hacer una distinción entre los atentados de los grupos terroristas, contra los que luchan legítimamente las autoridades argelinas, y los actos que, alegando la lucha antiterrorista, han violado o violan los derechos humanos y las libertades fundamentales.

De modo general, sólo se podrá salir de la espiral de la violencia mediante un diálogo con todas las fuerzas democráticas de Argelia y la continuación de las reformas políticas, económicas y sociales.

El Acuerdo de Asociación rubricado el 19 de diciembre de 2001 dispone en su artículo 2 que el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales, tal y como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial de dicho Acuerdo.

El modo en que ambas Partes respeten este compromiso se examinará en el marco del diálogo político que se creará entre ambas en cuanto entre en vigor el Acuerdo. El diálogo político se llevará a cabo a varios niveles, tanto ministerial, principalmente en el Consejo de Asociación, como de altos funcionarios, a través de las vías diplomáticas, o a través de otros canales. La Comisión tiene el propósito de utilizar plenamente esos distintos medios para apoyar el cumplimiento de los objetivos fijados en el artículo 2 del Acuerdo.

A la espera de que entre en vigor el Acuerdo, se está manteniendo un diálogo periódico ad hoc entre la troica de la Unión Europea y el Gobierno argelino. Durante estos encuentros se habla sistemáticamente de la cuestión de los derechos humanos.
PREGUNTA ESCRITA P-0891/02

de Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) al Consejo

(27 de marzo de 2002)

Asunto: Reuniones periódicas Prodi-Schröder

Tras la reunión del Presidente de la Comisión Europea, Sr. Prodi, con el canciller alemán Sr. Schröder en Barcelona, se decidió celebrar reuniones periódicas entre la Comisión y el Gobierno alemán antes de cada cumbre europea. Se prevé que la primera de estas reuniones se celebre en Berlín antes de la próxima cumbre.

Se pregunta al Consejo: ¿Se van a celebrar reuniones análogas con dirigentes de otros países? ¿O bien estas reuniones se van a limitar a Alemania y, eventualmente, a algunos otros grandes países?

Respuesta

(27 de junio de 2002)

El Consejo sugiere a Su Señoría que formule su pregunta directamente a la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-0882/02

de Patricia McKenna (Verts/ALE) a la Comisión

(3 de abril de 2002)

Asunto: Negativa de Argelia a conceder visados una Comisión técnica de la UE.

Argelia ha aceptado los artículos del Acuerdo de asociación con la Unión Europea, en particular el artículo 2, que establece que el respeto de los principios democráticos y de los

derechos humanos básicos constituye una parte esencial del Acuerdo. Sólo unas semanas después de haber aceptado este artículo, el Gobierno argelino se ha negado a conceder visados a la Comisión técnica de la UE (en el marco del programa de la IEDDH), para supervisar la representación de la sociedad civil en Argelia.

¿Cuál es la opinión del Comisión al respecto?

¿Piensa la Comisión rescindir el Acuerdo de asociación, a no ser que se concedan visados a los funcionarios de la UE para supervisar el cumplimiento del Acuerdo?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(23 de abril de 2002)

La Comisión confirma que una delegación de funcionarios de la Comisión acompañada de un experto tenía previsto viajar a Argelia, en febrero de 2002, en el marco de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH). Esta misión de carácter técnico tenía como objetivo elaborar la programación de la línea presupuestaria B7/7 (destinada a financiar esta iniciativa). También estaba prevista otra misión que no tenía relación con los derechos humanos.

Al tratarse de misiones que viajan a Argelia para programas de asistencia o cooperación, la Misión de Argelia ante las Comunidades Europeas manifestó el deseo de disponer de un plazo suplementario para su preparación; por este motivo la Embajada de Argelia en Bélgica no expidió los visados solicitados por los funcionarios de la Comisión.

Tras nuevos contactos entre la Comisión y la Misión de Argelia ante las Comunidades Europeas, durante los cuales se explicó con más detalle el objetivo de la misión de programación de actividades de apoyo a la democratización y a los derechos humanos, se fijó una nueva fecha para la visita de la delegación de la Comisión: ésta debería viajar a Argel durante la segunda quincena de abril de 2002. Las autoridades argelinas garantizaron que expedirían los visados solicitados a tiempo.

Por consiguiente, la Comisión considera cerrado este incidente.
PREGUNTA ESCRITA E-0559/02 de Glyn Ford (PSE) al Consejo. Argelia y los derechos humanos.



Diario Oficial n° 229 E de 26/09/2002 p. 0105 - 0105



PREGUNTA ESCRITA E-0559/02 de Glyn Ford (PSE) al Consejo (4 de marzo de 2002) Asunto: Argelia y los derechos humanos ¿Cómo asegurará el Consejo la evaluación de la situación de los derechos humanos en Argelia y que el cumplimiento del artículo 2 del Acuerdo de Asociación, una vez ratificado, sea un epígrafe específico del orden del día de todas las reuniones que se celebren en el marco de dicho Acuerdo? Respuesta comúna las preguntas escritas E-0559/02 y E-0561/02 (26 de junio de 2002) El Consejo, con arreglo a la práctica constante que aplica en el marco de los diálogos políticos, y mientras siga siendo necesario, hará constar las cuestiones relativas a los derechos humanos en el orden del día del diálogo político con Argelia, así como en el del Consejo de Asociación.
PREGUNTA ESCRITA E-0426/02

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) al Consejo

(22 de febrero de 2002)

Asunto: Restricciones de la libertad de expresión en Turquía

Según se ha publicado en la prensa internacional, el Parlamento turco ha tomado la decisión de modificar el artículo 312 del Código Penal para endurecerlo todavía más. Ahora, es suficiente la simple sospecha de posible perturbación del orden público para que comience el proceso de castigo a los responsables. De acuerdo con tales publicaciones, todo este asunto se originó por las peticiones presentadas por ciudadanos turcos de origen kurdo a favor de la enseñanza de la lengua kurda en los colegios y en la universidad, algo que Turquía se había comprometido a promover hace tres años.

De acuerdo con la interpretación del Consejo Nacional de Seguridad turco, las peticiones presentadas por ciudadanos turcos de origen kurdo se consideran actividades separatistas, ya que conciernen a la enseñanza en una lengua distinta de la oficial. Este hecho insólito viene a añadirse a la increíble historia del editor Fatih Tas, sobre el cual pesa la amenaza de un año de prisión por cometer el error de publicar en lengua turca el libro Intervencionismo americano del gran pensador estadounidense y profesor de la universidad de Harvard, Noam Chomsky. El señor Chomsky (que en dicho libro hace una crítica severa a Turquía y a las tácticas que emplea para llevar a cabo la limpieza étnica de la minoría kurda) tiene previsto viajar a Turquía el 13 de febrero de 2002 para presentarse ante el tribunal que va a juzgar al editor turco y trasladarse después a Diyarbakir, donde vive un gran número de kurdos.

¿Conoce el Consejo las citadas actuaciones del régimen turco? ¿Cuál es su opinión? ¿Es compatible la prohibición de libros y del uso de la lengua kurda con el proceso de adaptación de Turquía al modo de actuar que corresponde a un Estado europeo?

Respuesta

(27 de junio de 2002)

El Consejo no ignora que el artículo 312 del Código Penal turco fue modificado por la Ley no 4744 votada el 6 de febrero de 2002 por el Parlamento turco. Concretamente, el apartado 2 del artículo 312, que penaliza la instigación a la hostilidad recíproca quedó modificado con la inserción de la cláusula de un modo que pueda poner en peligro el orden público. En términos generales, las disposiciones modificadas del Código Penal entrañan escasas mejoras respecto de la ley anteriormente vigente, debido, entre otras cosas, a que los fiscales y jueces siguen gozando de un amplio margen de interpretación.

Por lo que respecta al modo en que las autoridades turcas tratan la libertad de expresión y los derechos culturales de los ciudadanos turcos de origen kurdo, en particular en lo referente a la demanda de enseñanza en lengua kurda, el Consejo no deja de recordar a Turquía sus obligaciones contraídas en este sentido en virtud de la asociación para la adhesión, para lo cual constituye una nueva y oportuna ocasión el Consejo de Asociación UE-Turquía que se celebrará el 16 de abril de 2002.
PREGUNTA ESCRITA E-0120/02

de Eurig Wyn (Verts/ALE) al Consejo

(29 de enero de 2002)

Asunto: Coste de las medidas de seguridad alimentaria para los productores

Los costes de las medidas comunitarias adoptadas a fin de proteger la salud de los consumidores (las pruebas para los MER y las harinas cárnicas) son considerables. ¿No piensa el Consejo que la falta de armonización de las reglamentaciones relativas a los costes que entraña la aplicación de las medidas sanitarias adoptadas a nivel comunitario provoca distorsiones de la competencia dentro del Mercado Único?

En consecuencia, ¿está de acuerdo el Consejo en que es necesaria la armonización comunitaria urgente de la concesión de fondos públicos para cubrir estos costes, a fin de que no recaigan en los productores y evitar de esa manera distorsiones de la competencia?

Respuesta

(21 de mayo de 2002)

El Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las encefalopatías espongiformes dispone la realización estricta de pruebas en todos los Estados miembros. Este Reglamento no prevé ninguna medida de intervención financiera a cargo del presupuesto comunitario. Ahora bien, anteriormente, en el marco del procedimiento Comisión/Comité veterinario permanente se había previsto una contribución comunitaria de 15 euros por prueba con arreglo a las medidas específicas adoptadas en materia de EEB. Esta contribución procedente del fondo veterinario está destinada a pagar la compra de equipos de toma de pruebas. Además, los Estados miembros adoptan las disposiciones que consideran adecuadas, de acuerdo con su propia estructura administrativa y respetando la normativa comunitaria.

En el artículo 40 del Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno, se establece expresamente que, salvo disposición en contrario, los artículos del Tratado CE relativos a las ayudas nacionales en materia de competencia (los artículos 87, 88 y 89) serán aplicables a la producción y al comercio de los productos de este sector. En concreto esto supone que los Estados miembros están obligados a notificar a la Comisión la concesión de cualquier ayuda en este sector, ya que esta deberá pronunciarse sobre la compatibilidad de esa ayuda con el mercado común.

No obstante, a principios de enero, con ocasión de la presentación de las prioridades de la Presidencia ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, el Presidente del Consejo resaltó el interés de una mayor armonización de las diferentes medidas de apoyo decididas por los Estados miembros para luchar contra los efectos de la EEB desde el punto de vista de un estricto respeto de las normas del mercado interior. El Consejo, sin embargo, no ha podido por el momento pronunciarse en la materia, pues la Comisión no le ha presentado una propuesta al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-0883/02

de Elizabeth Lynne (ELDR) a la Comisión

(3 de abril de 2002)

Asunto: Acción de la Comisión como consecuencia de la sentencia del TJCE en el asunto C-1/00 del 13.12.2001

¿Qué medidas está tomando la Comisión como consecuencia a la sentencia del 13 de diciembre de 2001 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto C-1/00 de la Comisión contra Francia (incumplimiento de las obligaciones que le incumben por parte de un Estado miembro: negativa a levantar el embargo sobre la carne de bovino británica)?

A la luz del permanente embargo ilegal de Francia sobre la carne británica, ¿ha iniciado la Comisión el procedimiento contemplado en el artículo 228 del Tratado CE, que le permitirá indicar la multa que debería pagar Francia?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(7 de mayo de 2002)

La Comisión, al no haber recibido una garantía satisfactoria por parte del Gobierno francés respecto al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia, ha iniciado el procedimiento contemplado en el artículo 228 del Tratado CE. De acuerdo con dicho procedimiento, el 21 de marzo de 2002 se remitió el escrito de requerimiento por el que se concedía a este Estado miembro un plazo de 30 días para que presentase sus observaciones. Las autoridades francesas contestaron el 19 de abril, y su respuesta se está estudiando.

El pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva contemplado en el apartado 2 del artículo 228 solo es de aplicación en la última etapa del procedimiento, en concreto si el Estado miembro afectado incumple el dictamen motivado de la Comisión, lo que permite que ésta someta el asunto al Tribunal de Justicia.

En estos casos la Comisión deberá indicar el importe que considere adecuado para la suma a tanto alzado o la multa. Corresponderá al Tribunal de Justicia decidir finalmente si impone o no el pago de una suma a tanto alzado o de una multa.
PREGUNTA ESCRITA E-0448/02

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(21 de febrero de 2002)

Asunto: Organizaciones no gubernamentales (ONG)

¿Qué organizaciones integran la Plataforma de las ONG del sector social?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(18 de abril de 2002)

La Plataforma de las ONG del sector social (a menudo llamada la Plataforma social) cuenta con treinta y siete organizaciones miembros que trabajan en el sector social. Actualmente hay varias solicitudes pendientes para convertirse en miembros de pleno derecho, y las ONG sociales de países candidatos a la adhesión pueden convertirse en miembros asociados.

Se envía directamente a Su Señoría y a la secretaría del Parlamento una lista de los miembros de la Plataforma.

Se pueden encontrar más detalles en el sitio web de la plataforma social: www.socialplatform.org
PREGUNTA ESCRITA P-1145/02

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) a la Comisión

(16 de abril de 2002)

Asunto: No utilización de su lengua materna por parte de funcionarios de la Comisión

El Parlamento Europeo ofrece la posibilidad de interpretación en todas las lenguas oficiales de la Comunidad en todas las reuniones de sus comisiones parlamentarias. Sin embargo, algunos funcionarios de la Comisión Europea, en particular griegos y holandeses, que asisten a estas reuniones y a los que se les pide que expresen sus opiniones, utilizan casi exclusivamente el inglés, y en menor medida el francés, cuando podrían expresarse mejor en su lengua materna.

¿Existe una nota de servicio de la Comisión Europea en la que se prohiba a los funcionarios utilizar su lengua materna y que imponga la obligación de utilizar exclusivamente el inglés y el francés? ¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para que algunos de sus funcionarios comprendan que pueden y deben utilizar su lengua materna, elemento que forma parte integrante del carácter multicultural de nuestro continente?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(23 de mayo de 2002)

En la Comisión no existe ninguna circular que prohíba a sus agentes utilizar su lengua materna o que les obligue a expresarse únicamente en inglés o en francés.

La Comisión desea subrayar, en primer lugar, que en virtud de la letra f) del artículo 28 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, una de las condiciones para el reclutamiento de los candidatos es que estos posean el conocimiento en profundidad de una de las lenguas de las Comunidades y un conocimiento satisfactorio de otra de ellas, en la medida necesaria para el desempeño de las funciones que puedan ser llamados a ejercer. Por tanto, no se precisa si el conocimiento de una lengua concreta de las Comunidades tiene prioridad respecto de las demás lenguas.

Además, la Comisión desea recordar que, según las normas de aplicación de su Reglamento interno, en la práctica utiliza tres lenguas: alemán, francés e inglés.

La Comisión no ve, por tanto, razón objetiva para obligar a sus agentes a utilizar una lengua u otra aunque fuese su lengua materna apartándose de los preceptos vigentes y de la práctica habitual.

Por lo que se refiere al caso específico de la participación de la Comisión en las comisiones parlamentarias en las que es posible la interpretación hacia todas las lenguas oficiales de la Unión, los agentes de la Comisión disponen de la posibilidad de utilizar la lengua que deseen. Así, por ejemplo, por razones de facilidad algunos eligen expresarse en la lengua en la que han examinado uno u otro asunto; otros, por razones inherentes al carácter técnico del debate, recurren a una lengua conocida por la mayoría a fin de que la mayor parte de los presentes en la reunión sigan la intervención en directo.
PREGUNTA ESCRITA E-0429/02

de Stavros Xarchakos (PPE-DE) a la Comisión

(21 de febrero de 2002)

Asunto: Conversión de los Institutos de Enseñanza Tecnológica en centros de enseñanza universitaria

En Grecia es particular intenso el debate acerca de la conversión de los Institutos de Enseñanza Tecnológica en centros de enseñanza universitaria. Sin un debate previo en profundidad con la comunidad universitaria, el Gobierno decidió transformar los TEI en centros de enseñanza universitaria, una decisión que ha suscitado los lógicos interrogantes tanto entre los docentes como entre los licenciados de nivel universitario.

¿Podría comunicar la Comisión en qué países de la UE son los TEI equivalentes por completo a los centros de enseñanza universitaria? En los restantes países de la UE ¿están los licenciados de nivel universitario equiparados, tanto en lo económico como en lo institucional, a los diplomados de los TEI? ¿Tienen los docentes de los TEI el mismo nivel que los profesores de los centros universitarios? De acuerdo con la legislación comunitaria vigente, ¿cuáles son las condiciones que deben cumplir los TEI para llegar a ser completamente equivalentes a los centros universitarios? En conclusión, ¿pueden hacerse completamente equiparables a los centros de enseñanza universitaria con un simple cambio de clasificación?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(3 de abril de 2002)

De conformidad con el artículo 149 del Tratado CE, la Comunidad debe respetar plenamente la responsabilidad de los Estados miembros en cuanto a la organización de sus sistemas educativos.

Por consiguiente, el tema de la pregunta escrita no es de competencia comunitaria.
PREGUNTA ESCRITA E-0063/02

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consejo

(25 de enero de 2002)

Asunto: La Presidencia española y las lenguas de trabajo de la Unión Europea

La entrada de nuevos Estados en la UE, cuyas lenguas oficiales tendrán el mismo nivel de reconocimiento que las actuales en la Unión de 15 Estados, puede agudizar la tendencia de que, sin perjuicio del reconocimiento de las lenguas de todos los Estados miembros, una parte de ellas adquiera un estatuto de facto como lenguas preferentes de trabajo, situación que ya se produce en la actualidad con el francés y el inglés.

Determinados Estados pretenden que su lengua goce del mismo reconocimiento que el francés y el inglés y utilizan como argumento el número de hablantes dentro de la UE. Sin embargo, dentro de la Unión Europea existen lenguas como el español y el portugués el gallego, una de las lenguas del Estado español, pertenece a este mismo sistema lingüístico que cuentan con centenares de millones de hablantes en cuatro continentes y que gozan de un carácter universal que debe ser tenido en cuenta en la búsqueda de una solución en este debate.

Parecería absurdo que una Unión Europea que debe desempeñar un papel fundamental como exponente político y económico mundial despreciara el valor de ambas lenguas como lenguas de trabajo preferentes cuando, entre las que son o serán lenguas oficiales de la UE, ambas se sitúan entre las tres más habladas del mundo. ¿Cuál es la posición que defenderá en este sentido la Presidencia española?

Respuesta

(13 de mayo de 2002)

El artículo 290 del TCE dispone que el régimen lingüístico de las instituciones de la Comunidad será fijado por el Consejo, por unanimidad. La posición del Consejo a este respecto se expone en su Reglamento no 1 (UE) de 1958, modificado posteriormente a raíz de las adhesiones de nuevos Estados miembros, en el que se dice que en la actualidad existen once lenguas oficiales de trabajo de la Comunidad.
PREGUNTA ESCRITA E-0887/02

de Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) a la Comisión

(3 de abril de 2002)

Asunto: Lengua oficial en Italia

El Parlamento italiano está examinando actualmente una propuesta de modificación de la Constitución para declarar el italiano como lengua oficial de la República. Con ello se rompe una tradición de protección y tutela de otras lenguas que son oficiales en una parte del territorio de la República Italiana y se menoscaba la riqueza lingüística del país.

Una actuación constitucional similar hizo que, en Francia, resulte jurídicamente imposible el reconocimiento de las lenguas denominadas minoritarias o regionales en el seno de la República Francesa. En una sentencia reciente, el Consejo Constitucional (Tribunal Constitucional) francés considera que, en virtud del párrafo primero del artículo 2 de la Constitución la lengua de la República es el francés, se impone el uso del francés en las relaciones con las administraciones y servicios públicos. Asimismo, no puede imponerse el uso de una lengua distinta del francés a los alumnos de los centros de enseñanza públicos ni a la vida de los centros, así como tampoco puede imponerse en la enseñanza de las asignaturas distintas de las de la lengua considerada.

¿Considera la Comisión que esta actuación resulta compatible con el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística garantizada por los Tratados? ¿No considera que la Europa de los ciudadanos requiere una protección efectiva todas las lenguas? ¿Tiene intención de recabar información del Parlamento y Gobierno italianos?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(7 de mayo de 2002)

La Comisión está al corriente de la propuesta legislativa que está siendo objeto de examen en el Senado italiano y que tiene por objeto la modificación del artículo 12 de la Constitución italiana. Cada Estado miembro tiene competencia exclusiva para determinar las disposiciones de su constitución relativas a la definición de su(s) lengua(s) oficial(es).