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PREGUNTA ESCRITA E-0007/01

de Lord Inglewood (PPE-DE) al Consejo

(18 de enero de 2001)

Asunto: La Política Europea de Seguridad y Defensa y la OTAN

¿Se integran las decisiones adoptadas en Niza con respecto a la Política Europea de Seguridad y Defensa de manera armónica y coherente en el ámbito más amplio de dicha política ya instaurado en el marco de la OTAN?

Respuesta

(14 de mayo de 2001)

Puede responderse a la pregunta formulada por Su Señoría recordando que el informe de la Presidencia aprobado por el Consejo Europeo de Niza trata extensamente lo referente a la Política Europea de Unidad y Defensa y la OTAN, como lo habían hecho los anteriores informes al Consejo Europeo relativos a la PESD.

En primer lugar, la OTAN sigue constituyendo la base de defensa colectiva de sus miembros y seguirá cumpliendo una importante función en la gestión de crisis.

En segundo lugar, el Consejo recuerda a Su Señoría que en el informe sobre el estado de los trabajos redactado por la Presidencia y anejo a las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki, se especifica que la Unión Europea debería disponer, en apoyo de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), de la capacidad autónoma de decidir poner en marcha y desarrollar, allí donde la OTAN como tal no esté comprometida, operaciones militares en respuesta a crisis internacionales.

El desarrollo de la PESD contribuirá a vitalizar un vínculo transatlántico renovado. Esto conducirá asimismo a una auténtica asociación estratégica entre la UE y la OTAN en la gestión de crisis, prestando la debida atención a la autonomía decisoria de ambas organizaciones.
PREGUNTA ESCRITA E-0335/01

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(13 de febrero de 2001)

Asunto: Precios del trigo

¿Puede la Comisión indicar el precio del trigo común dentro de la Unión Europea al final de cada década, desde 1959, y señalar a qué porcentaje precio vigente en el mercado mundial equivalía dicho precio en cada caso?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(23 de marzo de 2001)

la organización común de mercados en el sector de los cereales se introdujo el 1 de julio de 1967. Anteriormente, el Reglamento no 19(1) garantizaba la aplicación de un régimen de transición desde 1962.

Dentro de la organización común de mercados, los precios interiores se ajustaban a los precios de intervención que, en el caso del trigo blando, estaban fijados del siguiente modo:

- Campaña de 1967/1968: 98,75 Unidades de cuenta (U.C.)/tonelada

- Campaña de 1969/1970: 98,75 Unidades de cuenta (U.C.)/tonelada

- Campaña de 1979/1980: 165,26 ecus/tonelada

- Campaña de 1989/1990: 163,62 ecus/tonelada

- Campaña de 1999/2000: 119,19 euros/tonelada

La relación de estos precios institucionales, estables por definición, en relación con el precio del mercado mundial, sufre a veces fluctuaciones considerables en cortos períodos dentro de una campaña.

Durante la campaña de 1969/1970, los precios coste-seguro-flete (CIF)/Rotterdam registrados por la Comisión oscilaban 53 y 49 UC, lo que representa alrededor del 50 % del precio de intervención.

Después de haberse registrado una subida excepcional en 1973-1974, durante la campaña de 1979/1980 el precio CIF/Rotterdam registrado para los trigos se mantuvo en aproximadamente 143 ecus/tonelada, lo que representa un 86 % del precio de intervención.

A raíz de que, a finales de la década de los ochenta, los Estados Unidos introdujeran medidas específicas para ayudar a la exportación de trigo, los precios mundiales bajaron aproximadamente de los 130 ecus del de 1989 a menos de 70 ecus en el segundo semestre de 1990 y a menos de 50 ecus en enero-febrero de 1991, lo que representa alrededor del 30 % del precio de intervención comunitario.

Con la reforma de la política agrícola común de 1992, caracterizada por una reducción de los precios de intervención, el precio del mercado comunitario alcanzó un valor próximo al del mercado mundial. En la campaña de 1999/2000, el precio CIF se mantuvo entre 102 y 103 euros, lo que representa alrededor del 90 % del precio acordado.

(1) DO 30 de 20.4.1962.
PREGUNTA ESCRITA E-3938/00

de Christopher Huhne (ELDR) al Consejo

(20 de diciembre de 2000)

Asunto: Número de votaciones por mayoría cualificada

1. Podría indicar el Consejo las cifras anuales, para los últimos cinco años, referentes al número de votaciones o decisiones legislativas o de otro tipo para las que, de haber sido sometidas a votación, se habría aplicado la mayoría cualificada?

2. ¿Cuál es la proporción de decisiones que se adoptan actualmente por mayoría cualificada?

3. ¿Cuál es la proporción de decisiones legislativas que se adoptan por mayoría cualificada?

Respuesta

(27 de septiembre de 2001)

El Consejo no dispone de las cifras anuales, para los últimos cinco años, referentes al número de votaciones o decisiones legislativas o de otro tipo para las que, de haber sido sometidas a votación, se habría aplicado la mayoría cualificada.

Para el año 1999 se elaboraron estadísticas, pero sólo sobre el número de actos legislativos. Estas estadísticas demuestran que 67 de un total de 199 actos legislativos adoptados por el Consejo en 1999 tenían una base jurídica que exigía la adopción por unanimidad. Los restantes 132 actos adoptados durante dicho año tenían una base jurídica que autorizaba su adopción por mayoría cualificada lo que representa una proporción del 66,33 %.

De estos 132 actos legislativos:

- 104 fueron adoptados sin votos en contra ni abstenciones;

- 28 fueron adoptados con votos en contra o abstenciones;

Por lo tanto, 104 de estos 132 actos legislativos fueron adoptados sin oposición, lo cual significa que 67 + 104 = 171 de los 199 actos legislativos fueron adoptados sin oposición, lo que representa un total del 85 %.

A este respecto, conviene recordar que, en la práctica, la mayoría cualificada puede favorecer el acuerdo de todas las Delegaciones sobre un texto, en la medida en que aquellas Delegaciones que no están de acuerdo con el mismo pueden decantarse por votar a favor cuando observan que van a estar en minoría. La mayoría cualificada también refuerza el poder de enmienda de la Comisión y, además, puede favorecer la adopción de un texto distinto del que se habría aprobado si la base jurídica hubiese previsto la unanimidad.

Desde enero de 2001, los resúmenes mensuales de los actos del Consejo incluyen referencias al procedimiento de votación (unanimidad, mayoría cualificada o mayoría simple) seguido para la adopción de dichos actos por el Consejo. Estas listas mensuales se publican en el sitio del Consejo (MACROBUTTON HtmlResAnchor http://ue.eu.int, en Transparencia y Resumen de los actos del Consejo).
PREGUNTA ESCRITA E-3282/00

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) al Consejo

(25 de octubre de 2000)

Asunto: Ayudas estructurales a las regiones Objetivo no 1 a partir de 2006

En el actual periodo de programación, las regiones Objetivo no 1 son aquéllas cuyo PIB per capita, medido en estándar de poder adquisitivo y calculado a partir de los datos comunitarios de los tres últimos años disponibles el 26 de marzo de 1999, fuera inferior al 75 % de la media de los 15 Estados que conforman actualmente la UE.

Teniendo en cuenta esta consideración y el hecho indudable de que la media de los países candidatos a la adhesión es muy inferior a ese 75 % e incluso a la media del PIB de las actuales regiones objetivo no 1 y, seguramente, seguirá siéndolo en el momento de la primera adhesión, interesa conocer la posición del Consejo con respecto a las siguientes cuestiones:

¿Qué criterios se van a seguir para elegir a las futuras regiones Objetivo no 1 en el próximo periodo de programación, a partir del 1 de enero de 2007, y tras la adhesión de algunos de los países candidatos?

¿Qué directrices caracterizarán el tratamiento que, en concepto de ayudas estructurales, se otorgará a las actuales regiones Objetivo no 1 de la UE que, al comienzo del nuevo periodo de programación, es decir, a partir del 1 de enero de 2007 y como consecuencia de la adhesión de países candidatos, superen dicho 75 %? ¿Se considera la posibilidad de un Periodo Transitorio o Phasing out en condiciones similares al del actual periodo de programación? O, por el contrario, como parece lo lógico, ¿se establecerá un nuevo sistema transitorio teniendo en cuenta a las regiones Objetivo no 1 que entonces no habrían aún superado el 75 % del PIB de los 15, aunque estadísticamente sí lo hagan con respecto al total de los Estados miembros, computándose ya a los nuevos Estados?

Respuesta

(26 de febrero de 2001)

Por el momento, el Consejo no ha recibido ninguna propuesta de la Comisión para definir los criterios de selección de las futuras regiones del Objetivo 1 en el marco del próximo período de programación a partir del 1 de enero de 2007 y, en consecuencia, no puede dar una respuesta más precisa a las preguntas planteadas por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-2454/00

de John McCartin (PPE-DE) al Consejo

(24 de julio de 2000)

Asunto: Regiones europeas fronterizas

¿Es consciente el Consejo de que la Comisión ha presentado una propuesta de Plan de acción para ayudar a las regiones fronterizas a hacer frente a la ampliación? ¿Ha estudiado el Consejo si dicho plan requerirá una modificación de las perspectivas financieras, con un nuevo límite máximo de la rúbrica 2, de modo que las regiones más pobres no pierdan ayuda como consecuencia del plan?

Respuesta

(12 de febrero de 2001)

El Consejo no ha recibido una propuesta de la Comisión en el sentido evocado por su Señoría, por lo que tampoco se ha planteado modificar las perspectivas financieras para abarcar las intervenciones planteadas en su pregunta. Por tanto, no se cuestiona a este respecto la situación de las actuales regiones pobres.

En lo que respecta a la segunda pregunta, el Consejo recuerda a su Señoría que, en todo caso, las perspectivas financieras ya incluyen la cobertura de otras intervenciones, en particular el aspecto A de Interreg III, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo regional integrado entre las zonas fronterizas, incluidas las fronteras exteriores y las zonas marítimas.
PREGUNTA ESCRITA E-4132/00

de Rainer Wieland (PPE-DE) al Consejo

(16 de enero de 2001)

Asunto: Derecho de un nacional israelí a jugar en las ligas alemanas de balonmano

¿Comparte el Consejo el punto de vista jurídico de que los nacionales israelíes deben ser tratados como ciudadanos de la UE en las ligas alemanas de balonmano en lo relativo a sus posibilidades de jugar, por lo que en sus licencias no debe constar la letra A, prevista en el artículo 15 del Reglamento de la Federación Alemana de Balonmano?

En caso de que no fuera así:

1. y a la vista de las recientes conversaciones mantenidas con Israel sobre la actualización del Acuerdo de Asociación de 20 de noviembre de 1995,

2. dado que los clubes israelíes participan desde hace años en las competiciones europeas más importantes de fútbol, balonmano y otros deportes y que, por consiguiente, son parte integrante del mercado interior europeo del deporte, lo que justificaría y haría lógica la creación de un espacio común de servicios en materia de actividad deportiva que incluya a Israel,

¿proyecta el Consejo promover la modificación del citado Acuerdo de Asociación para que los nacionales israelíes sean equiparados a los ciudadanos de la UE con respecto a la libertad de circulación prevista en el artículo 39 del Tratado CE?

Respuesta

(14 de mayo de 2001)

El Acuerdo de Asociación UE-Israel, que entró en vigor el 1 de junio de 2000, no incluye disposición alguna en cuanto a la libre circulación de personas. Por tanto, el tema que cita Su Señoría en relación con el derecho de los nacionales israelíes de jugar en las ligas alemanas de balonmano es propio de la competencia nacional de cada Estado miembro.
PREGUNTA ESCRITA E-3633/00

de Marco Cappato (TDI) al Consejo

(22 de noviembre de 2000)

Asunto: Informe sobre la Directiva 95/46/CE y su posible revisión

La Directiva 95/46/CE(1) del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al tratamiento de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que entró en vigor el 25 de octubre de 1998, establece en su artículo 33 que La Comisión presentará al Consejo y al Parlamento Europeo periódicamente y por primera vez en un plazo de tres años a partir de la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 32 un informe sobre la aplicación de la presente Directiva, acompañado, en su caso, de las oportunas propuestas de modificación. Dicho informe será publicado. La Comisión estudiará, en particular, la aplicación de la presente Directiva al tratamiento de datos que consistan en sonidos e imágenes relativos a personas físicas y presentará las propuestas pertinentes que puedan resultar necesarias en función de los avances de la tecnología de la información, y a la luz de los trabajos de la sociedad de la información.

¿Considera el Consejo necesario introducir modificaciones en esta directiva y, en caso afirmativo, cuáles y en qué plazos? ¿Qué plazos ha previsto el Consejo para examinar la propuesta de directiva COM(2000) 385 y pronunciarse al respecto?

(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Respuesta

(24 de abril de 2001)

El Consejo no ha debatido aún sobre la necesidad de aportar modificaciones a la Directiva general 95/46/CE ni sobre el posible contenido de éstas. Deberá hacerlo cuando reciba el primer informe de la Comisión sobre la aplicación de esta Directiva y las posibles propuestas. Con arreglo a los artículos 32 y 33 de la Directiva, la presentación del informe está prevista antes de finales de octubre de 2001.

Por otra parte, con fecha de 28 de agosto de 2000, la Comisión remitió al Consejo una propuesta de Directiva relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (COM(2000) 385). Esta propuesta no tiene por objeto modificar ampliamente la Directiva 97/66/CE sino adaptar y actualizar su contenido con el fin de tener en cuenta los avances técnicos garantizando en particular la neutralidad de las normas con respecto a las tecnologías empleadas, así como un alto nivel de protección. Esta propuesta forma parte del paquete legislativo que la Comisión remitió al Consejo a finales de agosto de 2000 con objeto de garantizar la revisión del marco reglamentario de las telecomunicaciones. El Consejo comenzó a estudiar sin demora las cuatro propuestas de este paquete. Con respecto a la propuesta mencionada y en el estado actual de la programación de los trabajos, se prevé incluir este punto en el orden del día de las sesiones del Consejo del 5 y 6 de abril y del 27 y 28 de junio de 2001, con objeto de realizar un debate cuyo carácter estará en función de la marcha de los trabajos técnicos en el Grupo del Consejo.
PREGUNTA ESCRITA E-3943/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(13 de diciembre de 2000)

Asunto: Coste de las transferencias bancarias

1. ¿Puede calcular la Comisión los costes medios o típicos que supone para un cliente de un banco comercial una transferencia de 50 euros a otro cliente de un banco:

a) en cada uno de los Estados miembros

b) entre cada Estado miembro de la zona del euro y cada uno de los demás Estados miembros de la zona del euro?

2. ¿Se ha fijado la Comisión como uno de sus objetivos que el coste de todas las transferencias bancarias dentro de la zona del euro, incluidas las transferencias transfronterizas, equivalga al coste dentro de un Estado miembro?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(15 de febrero de 2001)

1. a) La Comisión no dispone de la suficiente información para poder calcular el precio medio de una transferencia de crédito de 50 entre dos bancos en cada Estado miembro. Hay aproximadamente 10 000 bancos en la Comunidad y cada una determina su propia política de precios. El hecho de que no se cobre al cliente de un banco directamente o que se haga de forma no transparente (con un precio para cada transacción) no significa que el cliente no pague nada (subvención cruzada, precios agrupados, etc). Las transferencias de pago conllevan costes.

b) La Comisión no tiene ninguna información sobre el precio de una transferencia transfronteriza de 50. Sin embargo, un estudio llevado a cabo por el Institut Européen Interrégional de la Consommation en el otoño de 1999 mostró que el cargo medio para una transferencia transfronteriza de 100 de un país de la eurozona a otro era aproximadamente de 17. Los detalles de transferencias entre algunos pares individuales de bancos en la eurozona pueden encontrarse en el sitio Internet:

http://www.europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/surveys/sur14_en.htm.

Sobre la base de los resultados de este estudio, y si no entramos en detalles sobre la metodología, puede concluirse que la diferencia de precios para las transferencias nacionales y transfronterizas es muy alta.

2. La Comisión comparte la preocupación de Su Señoría por el problema de los altos precios para los pagos transfronterizos. Las transferencias transfronterizas son aún bastante más caras que las nacionales. El objetivo de la Comisión es hacer los pagos transfronterizos, especialmente los de pequeño importe, más fiables, menos caros y más rápidos. Esto ha sido repetido por la Comisión en numerosas ocasiones; por ejemplo, la comunicación Pagos al por menor en el mercado interior de enero de 2000(1), la respuesta al informe Peijs en el Parlamento el 26 de octubre de 2000 y la mesa redonda de la Comisión sobre la creación de una zona única para pagos del 9 de noviembre de 2000(2).

(1) COM(2000) 36 final.

(2) Véase www.europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_en.html.
PREGUNTA ESCRITA E-3859/00

de Diana Wallis (ELDR) a la Comisión

(8 de diciembre de 2000)

Asunto: Sistemas de interceptación a escala comunitaria

En respuesta a mi pregunta E-2655/00(1), la Comisión afirmaba no tener conocimiento de ningún intento de imponer sistemas incorporados de interceptación a escala comunitaria.

Los artículos 20 (recopilación en tiempo real de datos informáticos) y 21 (interceptación de datos relativos al contenido) del borrador presentado por el Consejo de Europa de un Convenio destinado a combatir el cibercrimen en Europa implican la introducción de sistemas incorporados de vigilancia a escala paneuropea y, posiblemente, global (gracias a la participación de los Estados Unidos en el proceso de redacción). Las definiciones tan inaceptablemente amplias que establece el artículo 1 del borrador del Convenio agravan aún más el peligro. En su documento informal de 2 de octubre de 2000, la propia Comisión expresó sus numerosas preocupaciones con respecto al actual borrador del Convenio, indicando la gravedad de la propuesta.

En el documento Consejo-PD (2000)10 del Consejo de Europa sobre la protección de datos personales se afirma, en relación con la Directiva 95/46/CE(2), que se puede defender la necesidad de una retención general obligatoria de datos de transmisión para la investigación de delitos penales. Teniendo en cuenta que el borrador del proyecto describe los datos relativos a las transmisiones como cualquier dato informático relativo a una comunicación, es difícil imaginar la forma de imponer esto sin un amplio sistema de vigilancia.

¿Puede la Comisión indicar qué medidas piensa adoptar para garantizar que el Convenio no tenga como consecuencia la imposición de sistemas incorporados de vigilancia?

(1) DO C 113 E de 18.4.2001, p. 143.

(2) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(22 de febrero de 2001)

En el contexto de las negociaciones en curso en torno a un Convenio del Consejo de Europa sobre delincuencia informática, la Comisión ha presentado un documento informal en el que, como indica Su Señoría, manifiesta su inquietud por aspectos relativos a la protección de la intimidad en el texto objeto de discusión.

La Comisión va a seguir participando de forma activa en esas negociaciones, a las que asiste en calidad de observador, y defenderá el acervo comunitario en toda la medida de sus posibilidades.
PREGUNTA ESCRITA E-4072/00

de Gabriele Stauner (PPE-DE) a la Comisión

(10 de enero de 2001)

Asunto: Graves deficiencias en el tratamiento del material nuclear por parte del Centro Común de Investigación

En la letra j) del apartado 1 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de abril de 2000, sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 1998 se pidió a la Comisión que llevara a cabo una investigación administrativa oficial para esclarecer las responsabilidades correspondientes con respecto a la advertencia silenciada de deficiencias graves en el Centro Común de Investigación, en particular, en lo relativo al tratamiento del material nuclear.

¿Podría transmitirme la Comisión una copia del informe de investigación?

¿Podría comunicarme la Comisión que acciones ha emprendido en virtud de dicho informe?

Respuesta del Sr. Busquin En nombre de la Comisión

(21 de febrero de 2001)

A raíz de la Resolución del Parlamento de 13 de abril de 2000 sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión, la Comisión realizó una investigación administrativa sobre el tema que nos ocupa. En ella no pudo detectarse ninguna irregularidad y por lo tanto no se produjo ninguna consecuencia administrativa o disciplinaria. Más concretamente, de la investigación se desprendió que no había habido voluntad de retención de información en el tratamiento del expediente de auditoría de eficacia realizado por la DG de Control Financiero acerca de las actividades del Centro Común de Investigación (CCI).

Huelga decir que, por lo que se refiere a la cuestión de la seguridad en el tratamiento de material nuclear en el CCI, se tomaron todas las medidas operativas necesarias para garantizar la observancia de las normas vigentes en la materia y para comprobar su aplicación; por ejemplo,

se contrató un segundo especialista en radioprotección (el procedimiento de selección terminó a finales de 2000) y se creó un puesto de agente encargado del transporte de material fisible y radioactivo (abril de 2000).

se volvieron a determinar las zonas controladas específicas para el almacenado de material fisible y radiactivo (labor realizada para finales de 1999).

recategorización de laboratorios nucleares con el fin de reducir el nivel de las licencias de explotación y los potenciales riesgos que de ello resulta (labor realizada en 2000).

Ampliación del programa de formación del personal (comenzó en abril de 2000).

Por otro lado, el CCI ha establecido un comité permanente sobre estas cuestiones cuya función es observar la evolución de la reglamentación europea y de los Estados miembros en la materia y garantizar la conformidad de las medidas de seguridad vigentes en los diferentes centros del CCI.

Como la investigación administrativa se ha llevado a cabo en el marco de la aprobación de gestión correspondiente a 1998, el informe de la misma, así como la información sobre las consecuencias que pueden sacarse de la misma, pueden ser comunicadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 276 (antiguo 206) del Tratado CE, con las salvedades que imponga el respeto a la confidencialidad, ya que el informe comporta elementos que podrían afectar a los derechos individuales.