PREGUNTA ESCRITA E-4221/97 de Karin Jöns (PSE) a la Comisión (21 de enero de 1998)

Asunto: Vinculación de la concesión de contratos públicos a la obligación de las empresas de aplicar medidas con vistas a la equiparación entre hombres y mujeres

1. ¿Puede citar la Comisión actos jurídicos europeos que impidan que se vincule la concesión de contratos públicos a la obligación de los empresarios de aplicar en sus empresas determinadas medidas con vistas a la equiparación entre hombres y mujeres, cuando se garantiza a estas empresas la libre elección de un número mínimo de medidas de una lista en favor del sexo menos representado (oportunidades de perfeccionamiento profesional, preferencia, con calificaciones iguales, en el momento de la promoción, aumento de las plazas de formación profesional, preferencia para la asunción tras la conclusión con éxito de una formación profesional, servicio de guardería a cargo de la empresa, oportunidades de trabajo a tiempo parcial, incluso para los cargos directivos, etc.).

2. En caso de que existan, en opinión de la Comisión, actos jurídicos europeos que impidan establecer esta condición en el marco jurídico actual, reconoce la Comisión que habrá que proceder a la revisión de los mismos a partir de la entrada en vigor del Tratado modificado de Amsterdam y, en particular, de su nuevo artículo 141 (antiguo artículo 119)?

3. ¿Piensa adoptar la Comisión las medidas necesarias para ello tras la entrada en vigor del nuevo Tratado?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (9 de marzo de 1998)

Las Directivas relativas a los contratos públicos ((Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, DO L 199 de 9.8.1993. Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, DO L 199 de 9.8.1993. Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, DO L 199 de 9.8.1993. Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, DO L 209 de 24.7.1992. Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, DO L 395 de 30.12.1989. Directiva 90/531/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1990, relativa a los procedimientos de formalización de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, DO L 297 de 29.10.1990. Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, DO L 199 de 9.8.1993. Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de los disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, DO L 76 de 23.3.1992. )) no contienen ninguna disposición específica en relación con la igualdad entre mujeres y hombres.

En 1996, la Comisión publicó un Libro verde sobre la contratación pública ((COM(96)583 final. )) en el que se describen en mayor detalle la legislación y las competencias europeas en relación con este asunto. En dicho Libro verde se demuestra que las directivas no impiden las acciones positivas en favor de las mujeres ni tampoco las fomentan. Habida cuenta de las respuestas a este Libro verde, la Comisión está examinando en la actualidad la posibilidad de tener más en cuenta medidas de este tipo en el marco de la contratación pública.