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PREGUNTA ESCRITA E-0568/97 de Ulf Holm (V) al Consejo (25 de febrero de 1997)

Asunto: Política financiera común

La UEM implica que el BCE coordinará la política monetaria de los Estados miembros. Distintos economistas consideran que para lograr una unión monetaria que funcione plenamente es necesario coordinar también la política financiera.

¿Comparte el Consejo esta opinión?

Respuesta (14 de julio de 1997)

El Consejo desea hacer observar a Su Señoría que en la tercera fase de la UEM, y en lo que a los Estados miembros participantes se refiere, el Sistema Europeo de Bancos Centrales, de acuerdo con el artículo 105 del Tratado CE y el Protocolo relativo al SEBC, definirá y aplicará la política monetaria de la Comunidad. En caento a la política de tipos de cambio, el Consejo, con arreglo al artículo 109, puede celebrar acuerdos formales relativos a un sistema de tipos de cambio en relación con monedas no comunitarias que resulte coherente con el objetivo de estabilidad de precios o, a falta de dicho sistema, formular directrices generales en materia de política de tipos de cambio. Esas directrices generales se entenderán sin perjuicio del objetivo primordial del SEBC de mantener la estabilidad de precios.

Para la política económica en general, incluida la presupuestaria, son de aplicación otras normas. El artículo 102 A estipula que los Estados miembros aplicarán sus políticas económicas con vistas a contribuir a la realización de los objetivos de la Comunidad.

Con arreglo al apartado 1 del artículo 3 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la acción de los Estados miembros de la Comunidad incluye la adopción de una política económica basada en la estrecha coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros.

En virtud del procedimiento previsto en el artículo 103 del Tratado, el consejo fija las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad.

Con objeto de garantizar una coordinación más estrecha de dichas políticas y una convergencia sostenida, el Consejo observa la evolución de las realizaciones económicas de los Estados miembros, así como la conformidad de sus políticas con dichas orientaciones generales.

En este marco, en la tercera fase de la UEM, el Consejo estudiará los programas de estabilidad de los Estados miembros participantes así como los programas de convergencia de los Estados miembros no participantes. En la tercera fase de la UEM, los Estados miembros serán responsbales de sus políticas presupuestarias nacionales, sin perjuicio de las disposiciones del Tratado y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
PREGUNTA ESCRITA E-1316/97 de Mark Watts (PSE) a la Comisión (11 de abril de 1997)

Asunto: Legislación europea en materia monetaria

En los casos en que ciudadanos de la UE venden propiedades en otro Estado miembro y el Estado retiene una parte del dinero como parte de los impuestos pendientes de pago, y especialmente en los casos en que queda comprobado que no existe pago pendiente de impuestos, ¿qué recursos jurídicos tienen a su disposición los ciudadanos para actuar contra el Estado y/o el agente para garantizar el rápido reembolso del dinero que se les adeude?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (10 de junio de 1997)

La Comisión se permite señalar que, desde un punto de vista general, la administración fiscal es competencia de los Estados miembros, por lo que el contribuyente que contesta una imposición o desea obtener un reembolso debe utilizar los procedimientos de recurso previstos a tal efecto en las legislaciones nacionales.

No obstante, si se plantea a Su Señoría un caso concreto, la Comisión está dispuesta a examinarlo, siempre que le sean remitidos los datos necesarios.
PREGUNTA ESCRITA P-1681/97 de John Iversen (PSE) a la Comisión (7 de mayo de 1997)

Asunto: Transparencia ante la opinión pública

En el periódico «The European» del 17-23 de abril de 1997, la Comisaria Bonino declara que hay que renunciar al principio de transparencia cuando la Unión ha de adoptar decisiones.

¿Puede indicar la Comisión otros lugares en Europa donde órganos con competencia para adoptar decisiones de tipo legislativo han hecho también la experiencia de que no se pueden tomar decisiones en condiciones de transparencia?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (13 de junio de 1997)

Al contrario de como señala Su Señoría, y tal como sugiere el título del artículo aparecido en «The European» del 17-23 de abril («Bonino opens up the debate to real people»), la Sra. Bonino nunca pretendió que la transparencia impidiera la toma de decisión. Al contrario, «Emma Bonino has attacked Europe's senior figures for refusing to court public opinion and continuing to negociate in secret» (primera frase del artículo).Por otra parte, la propia Comisión considera que la transparencia es una de sus prioridades.
PREGUNTA ESCRITA E-1704/97 de Marianne Eriksson (GUE/NGL) a la Comisión (20 de mayo de 1997)

Asunto: Derecho de un ciudadano no comunitario a visitar a un empleado de la UE en Bruselas

Un empleado sueco (agente temporal) del Parlamento Europeo en Bruselas tenía la intención de invitar a un amigo peruano residente en Suecia. El municipio de Etterbek le comunicó que, como empleado en el Parlamento Europeo en calidad de agente temporal, situación que figura en su tarjeta de identidad belga, no tenía derecho a firmar una solicitud de «prise en charge». Esto significa que un agente temporal con derecho a residir en Bruselas durante varios años no tiene derecho a recibir la visita de un ciudadano no comunitario en Bruselas.

¿Es correcta la información que ha recibido este agente temporal y conforme a la legislación belga?

En caso afirmativo, ¿no considera la Comisión que esta ley es contraria al objetivo de «una Europa abierta» y que refuerza la impresión de que la UE construye muros contra las personas procedentes de los países del llamado Tercer Mundo? ¿Tiene la Comisión la intención de adoptar alguna medida a este respecto?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (3 de julio de 1997)

La Comisión establecerá los contactos necesarios para poder disponer de toda la información sobre los hechos denunciados. Si fuere necesario, no dejará de instruir el oportuno expediente, en el marco del procedimiento previsto en el artículo 169 del Tratado.
PREGUNTA ESCRITA E-0592/97 de Luisa Todini (UPE), Claudio Azzolini (UPE), Guido Podestà (UPE), Roberto Mezzaroma (UPE), Alessandro Fontana (PPE) y Alessandro Danesin (UPE) a la Comisión (25 de febrero de 1997)

Asunto: Lentitud de los procedimientos de aplicación del Convenio de Lomé IV

El Convenio de Lomé IV prevé, en la segunda parte del protocolo financiero, una agilización y un aumento de las intervenciones con cargo al FED, lo cual obviamente hace que los procedimientos relativos a los proyectos de competencia conjunta de la DG VIII y de los países beneficiarios sean más complejos.

Las cuestiones jurídicas que podrían plantearse a raíz de la puesta en marcha de los citados proyectos resultan a menudo complejas, entre otras razones, porque las situaciones de crisis que viven algunas zonas, especialmente en África, crean dificultades imprevistas y provocan «reservas» o procedimientos «contenciosos». Todo esto proporciona cada vez más trabajo a los servicios de la Unidad de Asuntos Jurídicos en su delicada tarea, lo cual condiciona además, el posible recurso al arbitraje y puede determinar retrasos independientes de la voluntad de estos servicios que perjudican a las empresas demandantes y a la gestión eficaz del FED.

¿Tiene la Comisión Europea y concretamente el Comisario competente para el Convenio de Lomé, la intención de intervenir con rapidez y eficacia, a fin de reducir la duración de los procedimientos mencionados y hacerlos más transparentes, para evitar que las empresas tengan dificultades? ¿Qué piensa hacer la Comisión al respecto? ¿Piensa potenciar en un futuro los servicios de la citada Unidad de Asuntos Jurídicos con personal adicional?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión (25 de abril de 1997)

La Comisión confirma que las situaciones de crisis en algunos países de África plantean cuestiones jurídicas complejas que se refieren, en particular, al seguimiento de los contratos concluidos para la ejecución de proyectos y programas, lo que produce un aumento de las tareas que deben efectuarse. Estas tareas se añaden a los esfuerzos que la Comisión despliega en la ejecución de la cooperación al desarrollo para una mejora de la gestión financiera, esfuerzos que implican necesariamente un intenso seguimiento jurídico. El Parlamento reconoció recientemente los resultados de estos esfuerzos materializados en una mayor transparencia y eficacia, y la Comisión confirma que se propone continuar en este camino.

En el contexto actual de rigor presupuestario, las necesidades de la Comisión en recursos humanos superan los recursos disponibles.

Hay que reconocer, en efecto, que las tareas en el ámbito de la ayuda al desarrollo aumentaron de manera sensible, y que al mismo tiempo no hay recursos humanos suficientes.

La Comisión examina actualmente las soluciones posibles a este problema estructural. Mientras tanto, para reforzar las unidades donde el trabajo aumentó considerablemente se reorganizarán los recursos existentes de la Dirección General de Desarrollo. En este marco se decidió una transferencia de recursos humanos para reforzar la Unidad Asuntos Jurídicos.
PREGUNTA ESCRITA P-1153/97 de Eva Kjer Hansen (ELDR) a la Comisión (21 de marzo de 1997)

Asunto: Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la ejecución de los programas de acción de los Estados miembros en el marco del control de los gastos relativos al FEOGA, sección «Garantía»

En 1994, el importe total de los pagos ilícitos constatados en el marco del FEOGA, sección «Garantía», ascendieron a 416,8 millones de ecus, de los cuales, sólo se cobraron 79,1 millones de ecus, es decir, menos del 20 %. Esta cifra muestra que es necesario realizar más esfuerzos. Además, en el periodo 1991-1994, se constató una escasa utilización (sólo el 41 %) de los créditos destinados al control puestos a disposición de los Estados miembros por la UE.

Como consecuencia del examen el año pasado de la propuesta del Consejo, ¿puede indicar la Comisión qué medidas ha adoptado para ayudar a esclarecer los casos de fraude y cobrar el importe ilícitamente pagado?

¿Puede, además, la Comisión indicar qué medidas ha adoptado para garantizar una mayor utilización por parte de los Estados miembros de los créditos destinados al control facilitados por la UE?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (17 de abril de 1997)

En sus últimos programas de trabajo en materia de lucha contra el fraude, la Comisión ((COM(95)23 final, COM(96)17 final. )) resaltó la necesidad de mejorar el nivel de recaudación. En el marco de la sección «Garantía» del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) se han tomado recientemente diversas medidas destinadas a acelerar la recaudación. En particular, la Comisión pidió a los Estados Miembros que verificaran todos los casos de irregularidades comunicados antes de 1993 en los que aún faltara por recuperar parte del importe. Como consecuencia de este ejercicio, la tasa de cobro aumentó un 32 % y están en curso procedimientos legales para otro 34 %. En los demás casos, la Comisión deberá decidir si el fallo en la recaudación del importe en cuestión se debió a una negligencia del Estado Miembro, en cuyo caso se cargaría a cuenta del mismo.

La Comisión es plenamente consciente de la escasa utilización que hacen a veces algunos Estados Miembros de los créditos antifraude. Como ha indicado Su Señoría, la Comisión ha elaborado una propuesta de reglamento sobre la ejecución de los programas de acción de los Estados Miembros en el marco de control de los gastos relativos al FEOGA, sección «Garantía». Se llegó a un acuerdo de principio con el Consejo en marzo de 1997. Respecto a las acciones cofinanciadas, el objetivo del nuevo reglamento es claramente incrementar la utilización de los créditos antifraude (el Artículo 1 autoriza la utilización de otros medios para reforzar la eficacia de los controles), realizar programas de control estructurados y alentar fuertemente a los Estados Miembros a definir una estrategia coherente.
PREGUNTA ESCRITA E-0323/97 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (13 de febrero de 1997)

Asunto: OCM del aceite de oliva: gasto del FEOGA en Italia

En el Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1995 se cifra en 1.781 millones de ecus el gasto total del FEOGA como garantía relativa al aceite de oliva presupuestado para 1996. Aunque esta cifra está en la línea de la gastada entre 1991 y 1993, se constata que el gasto de 1995 estuvo muy por debajo, con sólo 812,5 millones de ecus.

¿Cuál es la cuantía total del gasto realizado en Italia?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0320/97, E-0321/97, E-0322/97, E-0323/97, E-0324/97, E-0325/97, E-0326/97, E-0327/97, E-0328/97, E-0329/97, E-0330/97, E-0331/97, E-0332/97, E-0333/97, E-0334/97, E-0335/97, E-0336/97, E-0337/97, E-0338/97, E-0339/97, E-0340/97, E-0341/97, E-0342/97, E-0343/97 y E-0344/97 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión (6 de marzo de 1997)

En el cuadro que figura a continuación se reflejan los gastos que ha solicitado Su Señoría. El gasto total comunitario relativo a los presupuestos de 1995 y 1996 se eleva, respectivamente, a 813,5 y 2.007,7 millones de ecus. La diferencia con los totales que figuran en el cuadro se debe a los pagos relativos a las medidas de promoción del aceite de oliva. El importe del presupuesto de 1995 es muy inferior al de 1996 (y al de 1994) debido a la decisión que se tomó en el «paquete de precios» para 1994-1995 de cambiar la fecha de pago. En efecto, el presupuesto de 1995 no preveía pagos correspondientes a la campaña de 1994-1995, sino únicamente los remanentes de la campaña 1993-1994.

(en millones de ecus)

>TABLE>
PREGUNTA ESCRITA P-1210/97 de Peter Skinner (PSE) a la Comisión (26 de marzo de 1997)

Asunto: Debates en la Comisión Europea sobre metodología de análisis de costes/beneficios

¿Puede la Comisión hacer público un informe de sus actuales debates sobre análisis de costes/beneficios y evaluación de repercusiones? ¿Puede indicar la Comisión qué procedimientos de licitación se han aplicado para la contratación de consultores o expertos que asesoren a la Comisión en estas cuestiones? Me refiero, en particular, a la situación o acuerdo contractuales con ex miembros del Grupo Molitor. Considerando que el Grupo Molitor ha terminado ya su informe, ¿a qué título participan los miembros de este grupo en los debates de la Comisión? ¿Puede la Comisión explicar, asimismo, en qué medida han intervenido en el debate los interlocutores sociales y otros grupos de interés que representan a los distintos sectores de la sociedad?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (23 de abril de 1997)

Tal como había mencionado en sus informes «Legislar mejor» ((CSE(96)7. CSE(95)580. )), la Comisión emprendió, tras la adopción el 16 de enero de 1996 de sus líneas directrices generales para su política legislativa, la racionalización y modernización de sus evaluaciones de impacto. Estos trabajos condujeron, en particular, a una reflexión acerca de las posibilidades de introducir técnicas de análisis costes-beneficios.

En estas reflexiones, la Comisión mantiene una postura abierta respecto a la actitud de los diferentes sectores de la economía y de la sociedad, y examina las experiencias de las diferentes administraciones, tomando asimismo en consideración las opiniones de los expertos individuales.

Cuando la Comisión recurre a prestadores de servicios, lo hace conforme a las disposiciones comunitarias vigentes en materia de contratación pública. Hasta la fecha, no se ha adjudicado ninguna contratación pública a antiguos miembros del grupo de expertos independientes de simplificación legal y administrativa (el grupo llamado « Molitor»).
PREGUNTA ESCRITA E-1055/97 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) a la Comisión (19 de marzo de 1997)

Asunto: Política común de inmigración

Antes las medidas tomadas por algunos Estados miembros (básicamente policiales o restrictivas de derechos individuales sobre el control y la regulación de la inmigración), ¿no cree la Comisión que es necesaria una política común de inmigración, como garantía de que todos los Estados miembros aplicarán mecanismos básicamente civiles de regulación de los inmigrantes de terceros países? ¿Qué progresos hay en esta materia?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (15 de mayo de 1997)

En lo que se refiere al asilo, su marco adecuado se encuentra en la Convención de Ginebra ((Convención del 28 de julio de 1951 relativa al estatuto de refugiados. )) y, con respecto a la inmigración, hoy en día, cada Estado Miembro dispone de su propia normativa. Por su parte, la Comisión confirma las orientaciones de su comunicación de febrero de 1994 ((Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre las políticas de inmigración y de asilo de 23 febrero 1994 - COM(94)23 final. )) respecto a la inmigración y al asilo, en la que subraya la necesidad de un enfoque global y equilibrado de la inmigración. Este enfoque debe basarse en un buen conocimiento de las corrientes migratorias, que se ajuste a los objetivos de la Unión y que incluya diversos aspectos:

- una actuación sobre las causas profundas de la inmigración, mediante una política de desarrollo que aborde este problema

- una política clara de normas de admisión en la Unión para los nacionales de terceros países a efectos de residencia, trabajo, estudio o a título de reagrupación familiar

- normas que regulen la residencia de personas nacionales de terceros países que residan legalmente en la Unión, y, en particular, de aquellas que estén instaladas de forma permanente en un Estado Miembro

- una lucha eficaz contra la inmigración ilegal, el tráfico y la trata de seres humanos.

Con este fin, tras la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, el Consejo, prosiguiendo con su trabajo anterior, aprobó por un lado algunos textos relativos a la admisión de nacionales de países terceros y, por otra, aprobó mas de una quincena de textos relativos al alejamiento de inmigrantes irregulares ((La mayoría de estos textos se publicaron en DO C 274 de 19.9.1996. )).

Aún reconociendo la importancia de la lucha contra la inmigración irregular, la Comisión ha manifestado en numerosas ocasiones su preocupación ante el desequilibrio existente entre el trabajo realizado en materia de alejamiento en detrimento de una política clara respecto a las normas de admisión. La Comisión señaló, en particular, la poca seguridad jurídica que ofrecían los instrumentos adoptados por el Consejo en este sentido (resoluciones, conclusiones y recomendaciones). Por este motivo, señaló también en numerosas ocasiones que preparaba un proyecto de texto relativo a este enfoque global de la admisión que aportara una mayor seguridad jurídica.
PREGUNTA ESCRITA E-0799/97 de Jean-Yves Le Gallou (NI) a la Comisión (10 de marzo de 1997)

Asunto: Subvenciones comunitarias a asociaciones, ONG y organismos varios

En relación con la línea B3-101 (La juventud con Europa), ¿puede indicar la Comisión la lista completa de asociaciones u organismos que se benefician de subvenciones comunitarias, así como el importe exacto de esas subvenciones en el último ejercicio presupuestario cerrado, es decir, en 1996?

Respuesta complementaria de la Sra. Cresson en nombre de la Comisión (6 de junio de 1997)

Como complemento a su respuesta del 17 de abril de 1997 ((DO C 217 de 17.7.1997, p. 228. )), la Comisión está actualmente en condiciones de comunicar lo siguiente.

La Comisión envía la información solicitada directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-0938/97 de Spalato Belleré (NI) a la Comisión (13 de marzo de 1997)

Asunto: Asignación de franjas horarias a las compañías aéreas

Se han retirado las franjas aéreas asignadas a la compañía aérea «Noman», en graves dificultades económicas al haber interrumpido sus actividades, por no haberlas utilizado en un 80 %, dado que en virtud de la normativa comunitaria, en caso de utilización inferior a dicho porcentaje, se suspenden y redistribuyen las franjas horarias entre las compañías que actúan en el sector.

Civilavia, Dirección General de la Aviación Civil del Ministerio de Transportes italiano, ha cedido en bloque las franjas horarias de la «Noman» a la compañía aérea «Airone», que opera en territorio italiano, dando pie a numerosas dudas respecto de la transparencia de dicha operación.

¿Podría la Comisión hacer saber su opinión al respecto y si no considera que en este caso se ha producido una violación de la normativa europea relativa a la asignación de franjas horarias, y se distorsionan las normas que regulan la competencia entre empresas según lo establecen los Tratados de la Unión?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (6 mayo 1997)

El Reglamento (CEE) del Consejo No 95/93 sobre normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios ((DO L 14 de 22.1.1993. )) establece que las compañías aéreas tendrán derecho a unas franjas concretas a condición de que hayan utilizado esas mismas franjas durante el periodo de funcionamiento equivalente previo en un porcentaje mínimo del 80 %. En caso contrario, los coordinadores de los aeropuertos pueden repartir las franjas horarias disponibles entre las compañías aéreas que las soliciten según unos criterios concretos de orden de prioridad definidos previamente, salvo cuando una compañía pueda justificar el uso insuficiente de las franjas horarias que tenía asignadas aduciendo las razones mencionadas explícitamente en el Reglamento. Entre esas razones cabe mencionar, en particular, perjuicios económicos graves para una compañía aérea comunitaria en fase de reestructuración. Además, el Reglamento establece que una compañía aérea puede en determinadas condiciones transferir sus franjas horarias a otra como consecuencia de su absorción total o parcial por esta última.

En el caso mencionado por su Señoría, las autoridades italianas han informado a la Comisión de que han concedido a NOMAN un permiso de explotación temporal mientras esté en fase de reestructuración financiera y de que algunas de sus actividades han sido asumidas por AIR ONE. Atendiendo a esa información, la Comisión no tiene razones para sospechar que las normas comunitarias mencionadas anteriormente no hayan sido plenamente respetadas en este caso.