PREGUNTA ESCRITA E-0393/02

de Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) a la Comisión

(21 de febrero de 2002)

Asunto: Igualdad de oportunidades en las adjudicaciones de las licitaciones públicas

El Ayuntamiento de Oulu, ciudad de la autora de la pregunta, decidió en el año 2001 la adjudicación de un contrato para organizar el cuidado temporal y la recogida a domicilio de animales de compañía. Este Ayuntamiento convocó, a nivel municipal, una licitación para organizar el servicio de cuidado temporal de animales de compañía de conformidad con la ley finlandesa sobre la protección de los animales.

El número de recogidas de animales en esta ciudad es relativamente alto, aproximadamente 400 por año (368 de pago y el resto a título gratuito). Sin embargo, se optó por una solución según la cual el Ayuntamiento confió la organización del cuidado de animales de compañía a una asociación protectora de animales sin fines de lucro.

Esta asociación pudo presentar una oferta notablemente más económica que los empresarios del sector privado debido a que se sirve de trabajadores voluntarios y recibe donaciones. Las donaciones se pueden asimilar a las subvenciones públicas, por lo que sus consecuencias deberían tomarse en consideración del mismo modo que las subvenciones directas.

Hay que destacar que la citada asociación facturó al Ayuntamiento todos los servicios efectuados.

Según datos disponibles, esta asociación sin fines de lucro no ha respetado, en sus actividades, los requisitos mínimos de la legislación finlandesa ni de la Directiva de la UE (artículo 30 de la Ley finlandesa sobre la protección de los animales y Decreto 491/96 relativo al transporte de animales basado en la Directiva 95/29/CE del Consejo)(1). La asociación, por ejemplo, no dispone de un vehículo autorizado para el transporte de animales conforme a las normas comunitarias. También por esta razón, la citada asociación pudo presentar una oferta más económica, ya que no ha invertido fondos para poder organizar el cuidado de animales de conformidad con la ley.

1. ¿Cuál es la posición de la Comisión por lo que respecta al hecho de que asociaciones sin fines de lucro puedan, gracias al uso del voluntariado, las donaciones y las ayudas públicas, lograr, en algunos ámbitos, ventajas a la hora de competir con los empresarios del sector privado, que deben, lógicamente, tener en cuenta la rentabilidad económica en sus actividades?

2. ¿Cómo va a garantizar la Comisión que, en el contexto de las licitaciones públicas, no se hace un mal uso del estatuto de asociación sin fines de lucro para lograr ventajas a la hora de competir en una actividad que es, en el fondo, comercial?

3. ¿Cómo va a garantizar la Comisión que el cumplimiento de la legislación comunitaria constituye un criterio fundamental en la adjudicación de contratos públicos?

(1) DO L 148 de 30.6.1995, p. 52.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(8 de abril de 2002)

1. Toda concesión de fondos públicos a asociaciones sin fines de lucro que cumpla el criterio definido en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE debe ser notificada a la Comisión a fin de poder verificar si es compatible con el mercado común.

Conviene recordar al respecto que la prohibición de las ayudas de Estado sólo compete a las ventajas selectivas otorgadas sin contrapartida equivalente. No será de aplicación en los casos en los que el Estado adquiera productos o servicios a precio de mercado o cuando compense a una compañía por los costes adicionales generados por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público(1).

Además, las ayudas a las que se refiere el apartado 1 del artículo 87 son medidas directa o indirectamente financiadas por el Estado. De ahí que las ventajas competitivas obtenidas por las asociaciones sin fines de lucro no sigan las normas del Tratado CE sobre las ayudas de Estado, ya que están financiadas por donaciones privadas.

Asimismo, el apartado 1 del artículo 87 únicamente prohíbe las ayudas de Estado en la medida en que afecten la competitividad y los intercambios comerciales entre los Estados miembros. Habría que preguntarse hasta qué punto, en su caso, la concesión de subvenciones a organizaciones sin fines de lucro que sólo ejercen a nivel local podría afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. De acuerdo con el Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis(2), las medidas de ayuda no reúnen todos los criterios del apartado 1 de artículo 87 del Tratado si no exceden un límite máximo de 100 000 euros durante un período de tres años.

2. El 7 de diciembre de 2000, el Tribunal de Justicia se pronunció sobre el asunto C-94/99 (Arge Gewässerschutz/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft) sobre la participación de licitadores que reciben subvenciones públicas en un procedimiento de adjudicación de contratos públicos de servicios.

Según el Tribunal, el principio de igualdad de trato no se opone a que las entidades adjudicadoras permitan participar en el procedimiento de adjudicación de contratos públicos a aquellos organismos que reciben subvenciones que les permiten efectuar ofertas a precios bastante más bajos que los licitadores no subvencionados. El Tribunal concluyó que si el legislador comunitario hubiese tenido la intención de obligar a las entidades adjudicadoras a excluir a tales licitadores, lo habría mencionado expresamente. Añade además que sólo en determinadas circunstancias particulares, p. ej. cuando la subvención recibida no es conforme con el Tratado y la obligación de restituirla pusiera en peligro la solidez financiera del licitador, las entidades adjudicadoras deben tomar en consideración la existencia de subvenciones, y en particular de ayudas no conformes con el Tratado, con objeto de, en su caso, excluir a los licitadores que las reciban.

3. Respecto a las adjudicaciones públicas, las Directivas obligan únicamente a los Estados miembros cuando superan un cierto límite, que depende de la Directiva aplicable. Sin embargo, en cada procedimiento de adjudicación pública, incluidos aquellos que no superan el límite marcado, se debe respetar las normas fundamentales del Tratado CE en general, y particularmente el principio de no discriminación en materia de nacionalidad. Las entidades adjudicadoras, cuando actúan como particulares dentro de la Comunidad, deben atenerse igualmente a cualquier legislación que se derive del Tratado CE así como a las normas de aplicación posteriores incluida la Directiva 95/29/CE del Consejo, de 29 de junio de 1995, por la que se modifica la Directiva 91/628/CEE sobre la protección de los animales durante el transporte.

De acuerdo con el artículo 211 del Tratado CE, pertenece a la Comisión velar por la correcta aplicación de la legislación comunitaria por los Estados miembros. Podrá llevarse a cabo de formas distintas, por ejemplo, a través de investigaciones por iniciativa propia o a partir de las quejas formuladas por compañías o individuos.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2001, Ferring SA y ACOSS, asunto C-53/00.

(2) DO L 10 de 13.1.2001.