PREGUNTA ESCRITA P-2106/96 de Karla Peijs (PPE) a la Comisión (16 de julio de 1996)

Asunto: Prohibición del recurso a la garantía global en determinadas transacciones

1. ¿Ha examinado la Comisión de qué manera se puede alcanzar el objetivo de la lucha contra el fraude con lo dispuesto en la normativa aduanera comunitaria a través de medidas que repercutan menos duramente en las empresas de buena fe que mediante la prohibición de recurrir a la garantía global a consecuencia de la Decisión 96/37/CE ((DO L 10 de 13.1.1996, p. 44. )) de 20 de diciembre de 1995? En caso afirmativo, ¿cuál es el resultado de dicho examen?

2. ¿Ha examinado también la Comisión si pueden someterse a examen otras variables que puedan influir en el riesgo en las medidas de lucha contra el fraude, como el destino de las mercancías o la identidad del receptor y las condiciones comerciales de pago y entrega (pago al contado frente a cuenta corriente y contrato de suministro permanente)?

3. ¿Se ha de considerar la reducción del plazo de validez del denominado documento T1 de 8 a 2 días como una medida de lucha contra el fraude que hace que ya no sea imprescindible una posible prórroga de la prohibición del recurso a la garantía global?

4. ¿Puede indicar la Comisión la razón por la que en su Decisión ha ido más allá del dictamen del Tribunal de Cuentas (DO C 303 de 14.11.1995) de exigir el título de garantía del 100% únicamente en caso de no liquidación de los documentos y en caso de sospecha de fraude?

5. ¿Cómo va a evaluar la Comisión en los primeros meses la prohibición de recurrir a la garantía global?

6. ¿Cuándo y sobre la base de qué criterios va a tener lugar dicha evaluación?

7. ¿El tráfico regular de mercancías T2 también va a quedar sujeto próximamente a dicha prohibición?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (17 de septiembre de 1996)

En el contexto de crisis por el que atraviesan actualmente los regímenes de tránsito y que ha motivado las Comunicaciones de la Comisión «Fraude en el procedimiento de tránsito - Soluciones previstas y perspectivas para el futuro» de 29 de marzo de 1995 ((COM(95)108 final. )) y «Acción en materia de lucha contra el fraude en el tránsito» de 3 de abril de 1996 ((SEC(96)290 final. )), se ha creado un grupo para realizar un análisis global de la normativa en materia de tránsito y formular propuestas de reforma de estos regímenes.

En el curso de su actividad a la que se han asociado los Estados miembros y sobre la que también se consultará a los operadores, este grupo ha previsto ya algunas orientaciones para controlar el acceso al régimen y seleccionar en consonancia a los operadores que podrían acogerse a mecanismos particulares y evitar algunas de las medidas más estrictas adoptadas para proteger los intereses financieros de los Estados miembros y de la Comunidad.

Las medidas de lucha contra el fraude en el tránsito, tanto las preventivas como las operativas, varian mucho y cubren un gran número de aspectos reglamentarios y de procedimiento; por otro lado, deben adaptarse a una gran gama de fraudes posibles. Por lo que se refiere a la determinación de los riesgos que presentan algunas operaciones de tránsito, la Comisión animó a los Estados miembros a utilizar el sistema de análisis de riesgos que se centra en los envíos de riesgo para aplicarles medidas de control específicas en el punto de partida y en el de destino, basándose en numerosos criterios relativos no sólo a las mercancías mismas (naturaleza, origen y elementos de imposición) sino también a los operadores, las circunstancias y las Partes Contratantes de la transacción comercial, así como a los componentes geográficos del transporte.

El plazo para volver a presentar los envíos en tránsito se fija, en principio, en función de las exigencias del recorrido que se vaya a efectuar (modo de transporte y duración del viaje). No obstante, por razones prácticas, se ha previsto un plazo básico de ocho días excepto para los envíos referentes a productos sensibles para los que tiene que fijarse el plazo en función de la distancia que se ha de recorrer. Esta medida que permite controlar mejor los movimientos de las mercancías sensibles es de hecho complementaria de la medida de prohibición temporal del recurso a la garantía global que tiene por objeto garantizar la percepción de los recursos propios tradicionales de la Comunidad y de los impuestos nacionales sobre estas mercancías.

Como ya se indicó anteriormente a Su Señoría, en la respuesta a su pregunta escrita ((DO C 173 de 17.6.1996. )) P-491/96, en la que se autorizaba a España y a Alemania a adoptar las medidas de prohibición temporal del recurso a la garantía global aplicables en toda la Comunidad a un cierto número de productos sensibles al fraude, la Comisión siguió las disposiciones del artículo 360 del Reglamento (CEE) No 2454/93 de 2 de julio de 1993 (al que sustituyó el artículo 362 mediante el Reglamento (CEE) No 482/96 de 19 de marzo de 1996 ((DO L 70 de 20.3.1996. ))), después de haber examinado a fondo el fundamento de estas peticiones y haber medido las consecuencias de los fraudes comprobados respecto de estos productos en términos de recursos propios y de impuestos nacionales evadidos. A este respecto resulta pertinente destacar que el aumento del fraude relativo a estos productos sensibles justifica plenamente la aprobación de las medidas en cuestión. En este caso, la Comisión no sólo tuvo en cuenta las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la insuficiencia de garantías en materia de tránsito (punto 1.36 del informe anual del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 1994 ((DO C 303 de 14.11.1995. ))), sino que asumió plenamente las competencias presupuestarias que el Consejo le confirió en virtud de los artículos 205 y 209 del Tratado CE.

Las medidas de prohibición temporal de recurrir a la garantía global deben en principio, y salvo prórroga, dejar de ser aplicables el 31 de diciembre de 1996. La Comisión elabora actualmente una serie de criterios que permitirán medir las consecuencias de estas medidas, bien en términos de protección de los intereses financieros o de consecuencias sobre las actividades de los sectores comerciales afectados por estos productos. La Comisión procede a recabar las informaciones necesarias de los Estados miembros y de los operadores así como a utilizar los datos disponibles.

Por último, la Comisión no prevé la ampliación de la medida de prohibición temporal de recurrir a la garantía global en las operaciones de tránsito T2.