PREGUNTA ESCRITA E-2008/98

de María Sornosa Martínez (GUE/NGL) a la Comisión

(30 de junio de 1998)

Asunto: Vulneración del principio de igualdad de trato en el acceso al trabajo de la explotación piscícola en la Albufera de Valencia

La Albufera de Valencia, una de las principales zonas húmedas de Europa y clasificada como zona de especial protección en virtud de la Directiva 79/409/CEE(1) (Directiva "Aves") y, por tanto, parte de la red "Natura 2000" creada por la Directiva 92/43/CEE(2) (Directiva "Hábitats"), goza de un régimen especial de explotación pesquera desde que en 1250 el Rey Jaime I, el Conquistador, otorgó a varias cofradías de Catarroja, El Palmar y Silla ese derecho. El derecho de sucesión de los socios cofrades se hereda por costumbre, que no como condición, dentro de los requisitos de las cofradías, de padre a hijo, aunque se han dado tres excepciones a este hábito pudiendo ejercer tres mujeres ese privilegio.

El reparto de parcelas del lago para la explotación piscícola se efectúa el segundo domingo de julio de cada año y las parcelas son denominadas "redolins".

Desde 1994, cinco mujeres están intentando acceder al derecho a pescar en el lago, y en las cofradías siempre les ha sido denegado. En la actualidad, estas mujeres han presentado un recurso ante los tribunales.

Constatando que esta situación vulnera la igualdad de trato entre hombres y mujeres y que va contra la Directiva 76/207/CEE(3) relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, la formación y la promoción profesionales y las condiciones de trabajo, y contra los artículos 2, 3 y 114 del nuevo Tratado de Amsterdam, donde se contemplan las políticas de igualdad de derechos y de oportunidades como un objetivo,

1. ¿Está al corriente la Comisión de estos hechos?

2. ¿No considera la Comisión que esta situación vulnera la Directiva 76/207/CEE y va contra los artículos 2, 3 y 114 del nuevo Tratado de Amsterdam?

3. ¿Puede la Comisión, en virtud de la anterior Directiva y como garante del respeto al Tratado de la Unión, aplicar la directiva y favorecer de este modo el principio de igualdad y su política de "mainstreaming" en este caso?

4. ¿Qué acciones va a tomar la Comisión al respecto?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(11 de septiembre de 1998)

1. La Comisión desconocía la situación denunciada por su Señoría.

2. De la información proporcionada parece deducirse que la explotación piscícola de la Albufera de Valencia por los miembros de las cofradías constituye una actividad económica de acuerdo con el Tratado CE. No obstante, es probable que los pescadores ejerzan dicha actividad de modo autónomo, fuera de los vínculos de una relación contractual. La Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, a la que hace referencia su Señoría, no sería pues aplicable. Por otro lado, la Comisión llama la atención de su Señoría sobre el hecho de que el Tratado de Amsterdam aún no ha entrado en vigor, por lo que la cuestión de su posible vulneración no se plantea en este caso. De cualquier modo, es jurisprudencia constante(4) que lo dispuesto en los artículos 2 y 3 no confiere a los particulares derechos que puedan invocar ante una jurisdicción nacional. En cuanto al futuro artículo 141 del Tratado de Amsterdam, no regula la situación de los trabajadores autónomos.

En cambio, la Directiva 86/613/CEE, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad,(5) impone a los Estados miembros el respeto del principio de la igualdad de trato entre los trabajadores autónomos en materia de acceso a una actividad económica.

3. y 4. La Comisión ruega a su Señoría que le transmita información más detallada sobre la situación a la que hace referencia para permitirle apreciar la compatibilidad de la costumbre denunciada con el Derecho comunitario.

En cualquier caso, la Comisión también desea llamar la atención de su Señoría sobre el hecho de que el artículo 169 del Tratado CE no confiere a la Comisión el poder de iniciar procedimientos por incumplimiento contra los Estados miembros cuando las vulneraciones del derecho comunitario son imputables a organismos privados. Según la información de que dispone actualmente la Comisión, no parece que pueda reprocharse ningún incumplimiento a las autoridades españolas. Son las personas que se consideran víctimas de una vulneración del principio de igualdad de trato quienes deben acudir a los tribunales nacionales. En caso de duda sobre la interpretación que debe darse a las disposiciones del Derecho comunitario, los tribunales nacionales pueden someter cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, de conformidad con el artículo 177 del Tratado CE.

(1) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(2) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

(3) DO L 39 de 14.2.1976, p. 40.

(4) Asunto 126/86 Giménez Zaera, Rec., 1987, p. 3.697 (artículo 2); asunto C-78/90, Sociétés Compagnie Commerciale de l'Ouest, Rec., 1992, p. I-1.847 (artículo 3).

(5) DO L 359 de 19.12.1986.