PREGUNTA ESCRITA E-3816/02

de Isidoro Sánchez García (ELDR) a la Comisión

(9 de enero de 2003)

Asunto: Eliminación de las tarifas telefónicas internacionales entre los Estados miembros de la Unión Europea

La Unión Europea vive momentos de grandes transformaciones, con una Conferencia Intergubernamental en el horizonte de 2004, cuyo objetivo principal será la reforma de los Tratados y su adecuación a la nueva realidad de una Europa ampliada. Desde la cumbre de Laeken la idea que parece subyacer en todas las actuaciones de la UE es conseguir ahondar y reforzar el sentimiento de pertenencia a la UE.

En esta estrategia, que comparto plenamente, sería lógico anticipar la adopción de medidas que tuvieran el mayor impacto posible en la ciudadanía europea.

A este respecto, en defensa de los intereses del consumidor, sería conveniente replantearse la existencia de tarifas telefónicas internacionales entre los Estados miembros, pues carecería de sentido su mantenimiento en un mercado único sin fronteras que hace especial referencia, como uno de sus pilares fundamentales, a la libre circulación de personas, servicios y capitales.

¿Cree la Comisión compatible en un mercado único, el mantenimiento indefinido de las tarifas telefónicas internacionales entre los Estados miembros?

¿Podría la Comisión enumerar las causas que impedirían la desaparición de las mismas, así como el procedimiento que debería seguirse para la consecución de tal fin?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(24 de febrero de 2003)

El proceso de liberalización del mercado de las telecomunicaciones se ha considerado desde el principio un elemento fundamental en la construcción del mercado único.

Desde el 1 de enero de 1998, el mercado de las telecomunicaciones se ha liberalizado en la mayoría de los países de la Unión, combinando la competencia con un mayor grado de armonización para aprovechar al máximo las oportunidades brindadas por un mercado único.

El marco legislativo existente se concibió fundamentalmente para gestionar la transición del monopolio a la competencia y se centró por tanto en la creación de un mercado competitivo y en los derechos de los nuevos participantes en el mercado.

En cuanto a las tarifas internacionales, este proceso ha supuesto una reducción del 40 % en las tarifas cobradas por el operador tradicional en el período comprendido entre 1998 y 2002. Además, los datos suministrados por el último informe sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones(1) indican que el número de operadores que recurren a la selección y a la preselección del operador en las llamadas internacionales es de 412 y de 272, respectivamente. En algunos casos, según el informe de aplicación, los operadores alternativos ofrecen descuentos de hasta un 65 % respecto a las tarifas de los operadores preexistentes.

El nuevo marco reglamentario tiene por objeto aumentar la competencia en el sector en beneficio de los consumidores en lo que se refiere a las tarifas y la calidad. El nuevo Reglamento permitirá que las autoridades reguladoras nacionales analicen y evalúen el mercado e impongan la regulación apropiada cuando consideren que el mercado no es competitivo.

Únicamente cuando no haya una verdadera competencia, habrá obligaciones reglamentarias de cualquier tipo. En los casos en que existan obligaciones reglamentarias, éstas deben eliminarse a menos que se considere que el mercado no es competitivo.

A este respecto, la diferencia entre las llamadas locales y de larga distancia ya es borrosa en algunos Estados miembros. Asimismo, la legislación vigente no impide que los operadores decidan ofrecer una tarifa única por las llamadas a otros Estados miembros, siempre que se respeten las condiciones de un mercado de libre competencia. No obstante, existen razones económicas que justifican las diferencias entre las tarifas internacionales y las nacionales, especialmente la diferencia en los costes subyacentes y los problemas relacionados con los desequilibrios arancelarios. Incluso en economías integradas, como es el caso de los operadores telefónicos norteamericanos, se aplican diversos precios dependiendo del Estado de donde proceda la llamada y del Estado adonde se efectúe, lo que no parece repercutir en el sentimiento de ciudadanía, pero asegura que los operadores telefónicos no estén obligados permanentemente a incurrir en pérdidas.

Por consiguiente, ya existe el marco jurídico para el desarrollo de un mercado verdaderamente único de las llamadas telefónicas entre los Estados miembros y surtirá progresivamente todos sus efectos mediante los mecanismos del nuevo régimen aplicable a los mercados de las telecomunicaciones conforme a lo descrito anteriormente.

(1) COM(2002) 695 final.