PREGUNTA ESCRITA E-3465/00

de Antonio Di Pietro (ELDR) a la Comisión

(8 de noviembre de 2000)

Asunto: Respeto de los derechos civiles en Rumania

En 1992, dos ciudadanos italianos, el Sr. Matar y la Sra. Quinci, decidieron trasladarse a Rumania con la finalidad de ejercer una actividad empresarial en el comercio al por mayor, actividad que a lo largo de pocos años fue haciéndose más rentable, hasta llegar a la apertura de diversos puntos de venta en las ciudades de Bucarest y Constanza.

En junio de 1999, el Sr. Matar recibió una orden de expulsión y fue obligado a salir de Rumania en el plazo de 48 horas, abandonando la casa y todos los bienes de su propiedad, sin que se le comunicara el motivo de semejante decisión. Lo mismo ocurrió con la Sra. Quinci, que se encontraba en Italia por razones de estudios de sus hijas, donde le llegó la orden de expulsión por un plazo de cinco años.

Tras haber recurrido contra este procedimiento inmotivado, los cónyuges Matar-Quinci llegaron a saber, tras no poca resistencia por parte del Ministerio de Interior rumano, que el motivo de la expulsión del Sr. Matar era la mujer, acusada injustamente de ser una periodista que había trabajado también en Líbano durante la guerra civil, en apoyo de los Hezbollah islámicos, de haber escrito y publicado en periódicos italianos artículos en favor de éstos y de haber continuado esta actividad periodística también en Bucarest, manteniendo contactos que tampoco se precisaban, junto con la creación de sociedades de cobertura. Estas afirmaciones no responden a la verdad, al no haberse hallado huella alguna de los artículos y de las demás actividades atribuidas a los cónyuges italianos.

El Tribunal Supremo rumano, a cuya competencia habían sometido el asunto, ha resuelto acoger un recurso de inconstitucionalidad por abuso de poder presentado por el Sr. Matar, mediante sentencia no 299 de 5 de mayo de 2000, respecto a la normativa que permite adoptar disposiciones de expulsión sin incoar previamente un procedimiento. En efecto, en el caso del Sr. Matar, la disposición fue adoptada directamente por la oficina de policía de pasaportes y no por un magistrado.

A la luz de los hechos expuestos, ¿no considera la Comisión que la actual situación de falta de respeto de los derechos civiles en Rumania constituye un obstáculo esencial para que prosigan las negociaciones en curso con vistas a la adhesión a la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(20 de diciembre de 2000)

Para entrar a formar parte de la Comunidad, Rumania como cualquier otro país candidato tiene que cumplir los criterios de adhesión establecidos por el Consejo Europeo en su reunión

en Copenhague en 1993. En especial, los criterios políticos requieren la estabilidad de instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, derechos humanos y el respeto por y la protección de minorías. Las normas de la protección de derechos humanos por lo tanto son tomadas en consideración por la Comisión en su evaluación del progreso de Rumania hacia la adhesión a la Comunidad. Tal evaluación fue hecha recientemente por la Comisión en el informe periódico de 2000 sobre el progreso de Rumania hacia la adhesión(1).

Rumania también ha ratificado el convenio europeo sobre derechos humanos en 1994 y sus protocolos, y por lo tanto es atado por las obligaciones que siguen de estos textos. Las condiciones para la expulsión de extranjeros residenciales están reguladas en el artículo 1, protocolo 7 del convenio. Puesto que Rumania también ha reconocido la jurisdicción del Tribunal de derechos humanos, un caso puede traerse ante este tribunal para una violación del convenio y de sus protocolos. Sin embargo, tal acción puede solamente admitirse después de que se hayan agotado todos los remedios nacionales.

En el último informe periódico la Comisión concluyó que Rumania en general cumple los criterios políticos de Copenhague pero que necesitan hacerse progresos ulteriores aún en la reforma de la legislación se relacionaron con los derechos políticos y civiles.

La Comisión ayuda a Rumania y supervisa su progreso hacia el cumplimiento de las condiciones para la adhesión a la Comunidad. En este caso particular la Comisión observa que el sistema judicial rumano ha podido reparar la situación y anular una orden de expulsión que encontró contraria a la legislación rumana.

(1) COM(2000) 710 final.