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PREGUNTA ESCRITA P-1989/00

de Giovanni Procacci (ELDR) a la Comisión

(9 de junio de 2000)

Asunto: Recuperación de las contribuciones abonadas con arreglo al art. 29 de la Ley 427/93 sobre el polietileno virgen

Mediante el Decreto Ley no 331 de 1993, convertido en Ley no 427/93, el Estado italiano estableció un impuesto del 10 % sobre el polietileno virgen.

La Comisión Europea inició un procedimiento de infracción (94/4232) por distorsión del mercado comunitario como consecuencia de la diferente base imponible relativa a los materiales nacionales y comunitarios y a las ayudas estatales en caso de reutilización de dichas contribuciones.

Entretanto, la aprobación por el Gobierno italiano del Decreto Ley no 22/1997 sobre los desechos suprimía la contribución pero no resolvía el problema de su destino. Dichas contribuciones han sido abonadas hasta la fecha, pero no se han utilizado nunca a causa de la prohibición impuesta por la Comisión.

Dado que una ley contraria al Derecho comunitario debe ser derogada con efecto retroactivo, ¿podría contestar la Comisión a las siguientes preguntas?:

1. ¿Puede adoptar la Comisión directamente medidas, y cuáles serían éstas? ¿Tiene la intención de solicitar al Estado italiano que adopte medidas, y en su caso qué medidas, con objeto de recuperar las cantidades abonadas?

2. ¿Considera oportuno prever una indemnización, aunque sea indirecta, para los productores agrícolas, único sector al que, de hecho, afecta la contribución sobre el polietileno?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1816/00 y P-1989/00 dada por el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(13 de julio de 2000)

La Comisión confirma que el procedimiento por infracción emprendido contra Italia sobre la base del artículo 226 del Tratado CE (antiguo artículo 169) por la imposición de una exacción del 10 % sobre el precio del polietileno virgen ha sido archivado a raíz de la derogación de la ley incriminada.

Según la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, las impuestos cuyo cobro suponga una violación del Derecho comunitario deben ser reembolsados. Sin embargo, la devolución del importe se efectúa de conformidad con los procedimientos y las modalidades del Derecho nacional, los cuales no deben ser más rigurosos que los aplicados a los casos en los que no interviene el Derecho comunitario y tampoco deberán dificultar, o incluso imposibilitar, dicho reembolso.

De la misma forma, de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la indemnización por los daños causados como resultado de la imposición de cargas incompatibles con el Derecho comunitario es competencia del Estado miembro responsable de tal imposición. Dentro de este mismo contexto, las acciones por daños y perjuicios deberán someterse a las normas de fondo y de procedimiento del Derecho nacional.

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades italianas para hacer un balance de la situación.
PREGUNTA ESCRITA E-1842/00

de Michl Ebner (PPE-DE) al Consejo

(13 de junio de 2000)

Asunto: Sanciones de la UE y Austria (I)

Este gratuito argumento no responde obviamente a la realidad, como hace poco demostró, entre otros, el prestigioso jurista Günther Winkler en su informe Die Anatomie eines europäischen Willküraktes (Anatomía de un acto arbitrario europeo), por las siguientes razones:

La declaración de la Presidencia, dirigida como nota diplomática a las más altas instituciones del Estado de Austria y al Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal, está reconocida por el Derecho estatal y el Derecho comunitario como un acto oficial de la UE. Aunque por un lado lleva el membrete del Presidente del Gobierno de Portugal, se cita como institución emisora a la Presidencia de la Unión Europea. Con ello no solamente interviene una institución nacional, sino también una institución comunitaria.

Además de este punto, el informe del Sr. Winkler destaca toda una serie de deficiencias en la política de sanciones del Consejo.

En consecuencia, ¿puede indicar el Consejo si piensa seguir buscando argumentos para continuar con dicha política, la cual carece de fundamentos jurídicos, o si no considera que sería más útil esforzarse por conseguir una normalización de las relaciones con Austria?

Respuesta

(23 de octubre de 2000)

El Consejo no se ha pronunciado al respecto y, por consiguiente, no puede responder a la pregunta de Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-0539/00

de Raffaele Costa (PPE-DE) al Consejo

(2 de marzo de 2000)

Asunto: Remuneraciones de los funcionarios del Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Considerando que el presupuesto del Banco Europeo de Inversiones (BEI) destina aproximadamente 129 millones de ecus (250 mil millones de liras italianas) para los salarios de cerca de 1000 funcionarios de dicha institución (concretamente de 998); que la cifra mencionada no sólo comprende los dirigentes, para los cuales el gasto sería de aproximadamente 260 000 ecus al año (500 millones de liras italianas), sino también los simples administradores;

¿Puede el Consejo hacer públicas las informaciones relativas a los siguientes aspectos?:

1. La composición de los órganos directivos de la BEI.

2. La retribución y el trato fiscal (retribución bruta y neta que incluye los complementos)

3. Cuál es el trato económico medio global de los dirigentes (funcionarios de la BEI)

4. Si es cierto que para los aproximadamente 1000 funcionarios de la BEI, el gasto, calculado haciendo una media de las remuneraciones asignadas a cada nivel relativa a las remuneraciones y cargas por cuenta de la institución, asciende a 250 millones de liras italianas anuales (unos 130 M), es decir, más del doble respecto a la media europea de los bancarios, que perciben unos 100 millones de liras anuales (menos de 52 000 al año)

5. Si es cierto que los miembros del comité de dirección de dicha institución perciben en total 50 millones de liras italianas netas al mes.

6. Si es cierto que los directores generales perciben 40 millones de liras italianas netas al mes.

7. Si es cierto que sólo son públicos los salarios hasta el nivel de jefe de división.

8. Si es cierto que algunos administradores del banco reciben, por varios conceptos, rentas provenientes de la institución por valor de 500 000 euro al año (aproximadamente mil millones de liras italianas)

9. Si no se considera oportuno proceder a una reducción del 30 % de esta retribución a partir del 1 de enero de 2000.

10. Cuánto han percibido exactamente todos los administradores y todos los funcionarios de la BEI durante el año 1998.

Respuesta

(18 y 19 de septiembre de 2000)

El Consejo hace observar a Su Señoría que el Banco Europeo de Inversiones, previsto en el artículo 266 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y cuyos miembros son los Estados miembros, está dotado de personalidad jurídica.

El Banco se rige por un estatuto, que figura en un protocolo anejo al Tratado, cuyo artículo 8 estipula que el Banco será administrado y dirigido por un Consejo de Gobernadores, un Consejo de Administración y un Comité de Dirección. La composición de estos órganos se precisa, respectivamente, en los artículos 9, 11 y 13 del Protocolo sobre los Estatutos del Banco.

El Estatuto estipula asimismo que los funcionarios y empleados del Banco estarán sometidos a la autoridad del Presidente del Comité de Dirección, a quien corresponderá su contratación y despido.

El Consejo invita, pues, a Su Señoría a que se dirija al Banco Europeo de Inversiones para obtener la información detallada que solicita.
PREGUNTA ESCRITA E-0980/00

de Hartmut Nassauer (PPE-DE) a la Comisión

(31 de marzo de 2000)

Asunto: Disposiciones discriminatorias en materia de Derecho patrimonial en varios países candidatos a la adhesión

La adhesión a la Unión Europea hace que el Derecho patrimonial que rija en los países candidatos tenga que ser coherente con el acervo comunitario. Por ello, las disposiciones discriminatorias, especialmente en materia de restitución y privatización, deben considerarse contrarias al Derecho comunitario.

Hasta ahora, la Comisión no se ha manifestado sobre la cuestión de la legitimidad en materia de privatización, indemnizaciones y restitución en países que aspiran a la adhesión a la Unión Europea. ¿Comparte la Comisión la opinión de que la publicación de un Libro Blanco de la Comisión podría contribuir a incrementar la seguridad jurídica en estas cuestiones, que afectan a casi todos los países candidatos?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0980/00, E-0981/00 y E-0982/00 dada por el Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2000)

El Tratado CE declara que de ninguna manera prejuzgará las normas de los Estados miembros que rijan el régimen de propiedad (artículo 295 antiguo artículo 222). De este modo, la Comisión no tiene ninguna competencia para intervenir en cuestiones relativas a la restitución de la propiedad en un Estado miembro actual o futuro.

Por este motivo, la Comisión no prevé la publicación de un Libro Blanco sobre la cuestión.

Teniendo en cuenta las razones expuestas, no corresponde a la Comisión tomar posición respecto a los casos específicos planteados por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA P-0704/00

de Theresa Villiers (PPE-DE) al Consejo

(2 de marzo de 2000)

Asunto: Grupo de alto nivel sobre retención en origen

1. ¿Quiénes han sido designados para participar en el grupo de alto nivel que dirige Manuel Baganha, y que se encargará de salir del estancamiento en que se encuentra la cuestión de la retención en origen? Y, más concretamente, ¿a quién ha designado el Gobierno británico?

2. ¿Cuáles serán las competencias oficiales de este grupo de trabajo y qué lenguas se usarán durante las reuniones?

3. ¿Cuántas reuniones ha celebrado dicho grupo, y cuándo y dónde se celebraron? ¿Quiénes asistieron a cada una de las reuniones, qué se debatió, cuáles fueron los puntos contenidos en los órdenes del día y cuáles fueron las conclusiones oficiales?

4. ¿Cuándo volverá a reunirse el grupo y qué reuniones se han previsto en el futuro? ¿Cuáles serán los temas de debate de esas futuras reuniones?

5. ¿Qué consultas realizará el grupo y con quién? ¿Cómo determinará los grupos de intereses a los que consultará sobre esta importante cuestión? ¿Piensa consultar a representantes de los servicios financieros de la City londinense? Si es así, ¿a quiénes? ¿Cuál será la función de la Comisión con respecto al grupo?

6. ¿Cuándo se ha previsto que el grupo finalice sus conclusiones y/o informe al Consejo de Ministros?

Respuesta

(18 de mayo de 2000)

1. El Consejo ECOFIN de 31 de enero de 2000 decidió crear un Grupo de alto nivel sobre retención en origen para atender a la voluntad política expresa en las Conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki de 10 y 11 de diciembre de 1999 con respecto al paquete fiscal (véanse puntos 34 a 38 de las Conclusiones de la Presidencia). El Consejo acordó asimismo que la importancia política concedida al Grupo debe reflejarse en el nombramiento por cada Estado miembro y por la Comisión de un representante de alto nivel.

2. El Grupo se ha constituido en el marco del Consejo. Por lo tanto, su trabajo estará supeditado al reglamento ordinario del Consejo. El Consejo informará en la forma habitual al Parlamento Europeo sobre el resultado de las deliberaciones del Grupo.

3. El Grupo celebró reuniones el 25 de febrero y el 3 de abril de 2000. Estudió, en concreto, la manera de aplicar con la máxima eficacia el principio de un intercambio de información en el marco de la fórmula transaccional que presentaron la Presidencia y la Comisión el 7 de diciembre de 1999.

4. Se espera que el Grupo culmine su trabajo a tiempo para que el Consejo Ecofin pueda informar al Consejo Europeo a más tardar en junio de 2000.
PREGUNTA ESCRITA E-2023/00

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(21 de junio de 2000)

Asunto: Retrasos en los pagos del subprograma 1.3. (bibliotecas escolares) del programa Educación y formación inicial del segundo MCA

Hace un año, la Comisión de valoración de los libros, formada por 60 miembros, completó la lista de libros que seleccionaba para la dotación de las bibliotecas escolares, financiada a través

del programa Educación y formación inicial del segundo MCA. Están encargados de la entrega del material a las bibliotecas los responsables de ejecución determinados por el Ministerio de Educación, que también tienen la obligación de pagar a los editores tras la recepción de los libros.

Dado que, si bien los editores han hecho entrega de los libros, realizando nuevas impresiones de miles de libros y adquiriendo obligaciones económicas considerables, aún no se les ha pagado, lo que les crea enormes problemas económicos, ¿sabe la Comisión a qué se deben los retrasos en los pagos y, en caso afirmativo, de qué modo se resolverá el problema?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(18 de septiembre de 2000)

La Comisión no tenía conocimiento del problema planteado por Su Señoría, por lo que solicitó información al respecto al Ministro de Educación griego, que es responsable de la aplicación del programa operativo en cuestión. Según la información recibida, el retraso en los pagos a los editores se debe principalmente al hecho de que, conforme a los contratos suscritos entre éstos y los organismos de ejecución, los pagos sólo pueden realizarse una vez hayan finalizado la entrega de los libros y los controles de rigor, un proceso que exige tiempo.

Ya se han transferido a los organismos de aplicación anticipos por más del 50 %. Los pagos posteriores a la entrega de libros y a los controles pertinentes se realizan normalmente siguiendo los procedimientos usuales. Se siguen produciendo algunos retrasos en relación con un reducido número de organismos de ejecución. El Ministro de Educación ha confirmado a la Comisión que hará todo lo posible para resolver el problema a la mayor brevedad.
PREGUNTA ESCRITA P-1027/00

de Marietta Giannakou-Koutsikou (PPE-DE) a la Comisión

(29 de marzo de 2000)

Asunto: Programa de lucha contra el desempleo y la exclusión del mercado laboral

De los créditos del Fondo Social incluidos en el 2o marco comunitario de apoyo para Grecia que acaba de expirar, se habían aprobado inicialmente 230 000 000 para el programa de lucha contra el desempleo y la exclusión de grupos sociales sensibles, como las personas discapacitadas, los drogodependientes y los inmigrantes. Al retrasarse la aplicación del programa al que se había destinado, la suma citada se vio reducida en 60 000 000, importe que se transfirió a otros programas sin tener, no obstante, certeza alguna de que fueran a utilizarse por dicha vía.

Dada la urgente necesidad de hacer llegar los fondos correctamente a los grupos sociales sensibles a los que van destinados, es decir, las personas discapacitadas, los drogodependientes y los inmigrantes, con el fin de lograr la inserción de dichos grupos en el mercado laboral, ¿cómo piensa abordar la Comisión el asunto? ¿A qué se debe, en su opinión, el retraso en la aplicación del programa (índice de utilización excesivamente bajo de los fondos) con arreglo a los objetivos que debía alcanzar?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(28 de abril de 2000)

Según la información más reciente recibida de las autoridades griegas, el porcentaje de utilización de los fondos del programa en el período 1994-1999 se cifró aproximadamente en un 55 % en cuanto a los gastos efectuados. A finales de diciembre de 1999, se había comprometido el total de los créditos del programa, y se espera que éstos se aprovechen al 100 % en los plazos previstos por las disposiciones financieras vigentes.

El que el porcentaje de utilización fuera tan reducido, en especial entre 1994 y 1997, se debió fundamentalmente al enfoque innovador del programa, a estructuras de administración y gestión inadecuadas, a la carencia de estructuras apropiadas para ponerlo en práctica y a las deficiencias en las acreditaciones de beneficiarios.

No obstante, se han realizado grandes progresos al respecto en comparación con el período 1994-1997. Se restableció el organismo nacional de acreditación, que actualmente opera de modo satisfactorio, y se ha mejorado el control del programa.

En cualquier caso, en el Tercer marco comunitario de apoyo a Grecia (2000-2006) habrá que incidir especialmente en un enfoque individualizado, preventivo y activo destinado a favorecer la integración de grupos socialmente vulnerables en el mercado laboral general. En este contexto, es importante desarrollar o reforzar estructuras y mecanismos adecuados del mercado laboral, así como estructuras de apoyo, acogida y asistencia, a fin de facilitar la participación, integración y atonomía de aquéllos expuestos a la exclusión, entre los que se encuentran las personas con discapacidad.
PREGUNTA ESCRITA E-0939/00

de Antonio Di Pietro (ELDR) a la Comisión

(29 de marzo de 2000)

Asunto: Legislación belga relativa a los laboratorios de biología clínica

En virtud del Real Decreto no 143 de 30 de diciembre de 1982, en Bélgica está prohibido el control de los laboratorios de biología clínica por parte de personas que no estén al mismo tiempo habilitadas para efectuar análisis médicos.

El 17 de diciembre de 1999, se presentó un recurso ante la Comisión (COMP/37.7.754) contra esta normativa en lo concerniente a la libertad de establecimiento (artículo 43 TCE).

En 1987, a raíz de un recurso de la Comisión, el Tribunal de Justicia declaró esta normativa compatible con la libertad de establecimiento puesto que no había sido considerada discriminatoria, sin verificar, no obstante, su carácter proporcional (Sentencia de 12 de febrero de 1987 en el Asunto 221/85, Comisión contra Bélgica, Rec. 1987, p. 719).

No obstante, desde 1995 (Sentencia de 30 de noviembre de 1995 en el Asunto C-55/94, Gebhard, Rec. 1995, p. I-4186), el Tribunal considera que cualquier medida nacional, aunque se aplique indistintamente a los residentes comunitarios, como es el caso de la normativa belga en cuestión, pero susceptible de dificultar o hacer menos atractivo el ejercicio o el acceso a una profesión por parte de un ciudadano de otro Estado miembro, puede ser incompatible con el artículo 43 TCE si dicha medida no se justifica por motivos imperativos de interés general y si no es proporcionada.

En este contexto, ¿cómo piensa la Comisión aplicar esta nueva jurisprudencia, que reconoce la validez de la tesis que la propia Comisión defendía hasta hace ocho años? ¿Verificará la Comisión la proporcionalidad de las medidas de que se trata, que el Tribunal se negó a verificar en 1987, considerando que todavía hoy las normas relativas al control de los laboratorios de biología clínica divergen considerablemente entre los Estados miembros de la Comunidad?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(10 de mayo de 2000)

Como destaca Su Señoría, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de libertad de establecimiento ha cambiado.

Además, el recurso mencionado incluye algunos elementos nuevos en relación con el recurso que originó la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 1987. Desde entonces, la Comisión está llevando a cabo un profundo estudio de la legislación belga relativa a los laboratorios de análisis médicos.
PREGUNTA ESCRITA E-1037/00

de Francesco Speroni (TDI) a la Comisión

(4 de abril de 2000)

Asunto: Propiedad intelectual sobre material genético humano

La perplejidad que ha suscitado sin duda en los ámbitos ético y jurídico la reciente concesión por parte de la OEP (Oficina Europea de Patentes) de una patente sobre material genético humano saca de nuevo a la luz las normas que regulan actualmente el delicado sector de las biotecnologías.

¿Puede indicar la Comisión si considera conveniente promover acciones con el objetivo de anular la patente concedida por la OEP a la empresa australiana Stem Cell Sciences?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de junio de 2000)

El miembro de la Comisión responsable de los asuntos de mercado interior declaró ante el Parlamento, en el debate del 31 de marzo de 2000, que la Comisión es consciente de la preocupación, que además comparte, manifestada en cuanto a la concesión de la patente EP695351 a la universidad de Edimburgo por una invención en el área de la tecnología de células madre hecho por esta institución en colaboración con Stem Cell Sciences. Este miembro de la Comisión informó al Parlamento de que había escrito a la Oficina Europea de Patentes solicitando que la Oficina emprendiese cualquier actuación que considerase necesaria para corregir el error que dio lugar a la concesión de esta patente en su forma actual. En respuesta, la Oficina Europea de Patentes ha consentido en crear inmediatamente una división de oposición para considerar todos los escritos de oposición que se han registrado ya contra esta patente. Esta división de oposición fue constituida debidamente el 29 de marzo de 2000 y se pronunciará con carácter prejudicial tan pronto como sea posible. El resultado podría ser que se revocase la patente, que se mantuviese en su forma actual o que se mantuviese tras haber sido modificada. La Comisión seguirá pendiente de la situación y, si la decisión prejudicial no resultase ser aceptable, considerará qué acciones emprender, incluida la oposición formal a la propia patente.

Además, con arreglo a la Resolución del Parlamento de 30 de marzo de 2000, el grupo europeo de ética en ciencias y nuevas tecnologías está preparando un dictamen sobre los aspectos éticos de la investigación sobre células madre de embriones humanos, que se publicará durante este verano.