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PREGUNTA ESCRITA E-1126/01

de Jorge Moreira Da Silva (PPE-DE) a la Comisión

(6 de abril de 2001)

Asunto: Muelle dos Vapores (Cais dos Vapores)

La Plataforma Ciudadana de Defensa del Muelle dos Vapores me ha informado de que el Ayuntamiento de Montijo tiene un proyecto consistente en trasladar la estación fluvial situada en el Muelle dos Vapores al Muelle de Seixalinho.

En opinión de este movimiento ciudadano, las consecuencias sociales y ambientales de esta elección del Ayuntamiento de Montijo son muy negativas.

1. ¿Puede indicar la Comisión si se ha concedido alguna financiación comunitaria a este proyecto?

2. Habida cuenta de que el Muelle de Seixalinho está situado en una zona con un importante ecosistema de aves y especies acuáticas, ¿qué tipo de evaluación de impacto ambiental se ha llevado a cabo?

3. ¿Respeta este proyecto la directiva relativa a la conservación de las aves silvestres y la directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(20 de junio de 2001)

La Comunidad no ha participado en la financiación del proyecto mencionado por Su Señoría, consistente en trasladar la estación fluvial situada en el Cais dos Vapores al Cais do Seixalinho.

El Cais do Seixalinho está situado fuera de la zona de protección especial Estuário do Tejo, designada por Portugal con arreglo a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres(1), y del lugar de importancia comunitaria del mismo nombre propuesto con arreglo a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(2). No obstante, de acuerdo con el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, todos los proyectos que puedan afectar de forma apreciable a un lugar, aun cuando estén situados fuera de él, han de someterse a una evaluación adecuada de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del mismo. Por consiguiente, la Comisión ha solicitado a las autoridades portuguesas que le proporcionen la información necesaria sobre el proyecto y describan la evaluación de impacto ambiental que, en su caso, se haya llevado a cabo.

La información suministrada por las autoridades portuguesas también servirá para evaluar si se cumplen las disposiciones de la Directiva 97/11/CEE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercursiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(3).

(1) DO L 103 de 25.4.1979.

(2) DO L 206 de 22.7.1992.

(3) DO L 73 de 14.3.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-0703/01

de John Cushnahan (PPE-DE) a la Comisión

(8 de marzo de 2001)

Asunto: Difícil situación de las personas procesadas en Palestina

En Palestina, las personas acusadas son a menudo ejecutadas inmediatamente después de celebrados los juicios militares, tras habérseles denegado el acceso a un abogado y el derecho de recurso. ¿Qué medidas ha adoptado la Comisión Europea para poner fin a un procedimiento tan inaceptable?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(2 de mayo de 2001)

La Comisión se opone a la pena de muerte en toda circunstancia y mantiene su compromiso con la campaña para la abolición universal de la misma. Esa posición parte de la creencia por parte de la Comisión en la dignidad inherente y la inviolabilidad de todos los seres humanos.

En este contexto, la Comisión apoya por entero la declaración de la Presidencia de la Unión del 15 de enero de 2001 en la que se lamentaban profundamente las últimas ejecuciones que tuvieron lugar en Cisjordania y Gaza en enero de 2001 y se solicitaba del Presidente Arafat que respetase su compromiso con la Unión en cuanto a la moratoria de la pena de muerte. En esta declaración también se apeló al Presidente Arafat para que conmutara las sentencias de muerte dictadas contra Ali al-Hatib y Husa al-Din Musa en Belén. La autoridad palestina ha suspendido por el momento estas ejecuciones.
PREGUNTA ESCRITA E-1113/01

de Lord Inglewood (PPE-DE) a la Comisión

(6 de abril de 2001)

Asunto: Restricciones geográficas en la concesión de ayudas a la adquisición de bienes inmuebles

¿Es compatible con la legislación comunitaria que una autoridad local británica ofrezca subvenciones a la adquisición de bienes inmuebles a arrendatarios de viviendas sociales declaradas inhabitables, únicamente bajo la condición de que las propiedades que se vayan a adquirir estén situadas en Inglaterra o Gales?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(11 de junio de 2001)

El artículo 56 (antiguo artículo 73b) del Tratado CE prohíbe todas las restricciones a los movimientos de capitales. Se entiende que los movimientos de capitales incluyen las compras transfronterizas de bienes inmuebles. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las restricciones incluyen las barreras indirectas a la realización de operaciones, aplicadas de tal manera que hacen ilusoria la libertad establecida en el Tratado CE. La Comisión no considera, sin embargo, que sean contrarias a esta libertad las medidas adoptadas por la autoridad local a que alude Su Señoría, consistentes en subvenciones a arrendatarios de viviendas sociales declaradas inhabitables para la adquisición de una propiedad dentro de una determinada zona de un Estado miembro. La Comisión entiende que no se establecen distinciones de nacionalidad entre los arrendatarios de estas viviendas sociales condenadas. Las políticas fiscales y de gastos a nivel nacional y local suelen llevar aparejadas incentivos o frenos a la realización de ciertas operaciones, generalmente en determinadas zonas dentro de la jurisdicción de la entidad correspondiente, de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 (antiguo artículo 3b) del Tratado CE. Así, por ejemplo, cualquier subvención industrial concedida a nivel nacional o local supondrá el establecimiento de las instalaciones industriales en una zona determinada, en vez de otro lugar de la Comunidad, en atención a los impuestos recaudados en esa zona o en otra similar. Si en este caso las ayudas estatales podrían suponer un problema, nunca se ha planteado que unas medidas nacionales como las que cita Su Señoría pudieran ser contrarias a las libertades contempladas en el Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA E-0101/01

de Brice Hortefeux (PPE-DE) a la Comisión

(29 de enero de 2001)

Asunto: Paso al euro de las PYME-PYMI

El paso a la moneda única representa un verdadero desafío para las PYME-PYMI y las empresas muy pequeñas, sobre todo artesanales. Según una encuesta de Cap Gemini Ernst & Young, únicamente el 25 % de las empresas europeas utiliza actualmente el euro como base de su contabilidad. Numerosos estudios revelan que las empresas, sobre todo las PYME-PYMI y las empresas artesanales, aún no están preparadas para afrontar la conversión en. Por otra parte, varias empresas mal informadas tienen intención de esperar hasta 2002 para convertir su contabilidad en. Sin embargo, el cambio al euro se llevará a cabo rápidamente y las monedas nacionales se deben retirar de la circulación durante los 15 primeros días de enero de 2002.

1. ¿Puede resumir la Comisión las medidas específicas que recomienda para facilitar el paso al euro de las PYME-PYMI y de las empresas artesanales?

2. ¿No le preocupa a la Comisión el retraso que parecen sufrir las empresas en sus preparativos para el paso al euro?

3. ¿No considera la Comisión que es necesario organizar una campaña de información práctica de ámbito europeo dirigida a las PYME-PYMI y a las empresas artesanales que complete las campañas que decida llevar a cabo cada uno de los Estados miembros?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(4 de abril de 2001)

1. El euro tiene un impacto en la mayoría de las funciones de las empresas. Como la mayor parte de las empresas, las PYME y las pequeñas y medias industrias deben adaptar sus herramientas informáticas y contables, reflexionar sobre las consecuencias en términos de política comercial, de comercialización (por ejemplo: nuevos precios psicológicos), comprobar la compatibilidad de los equipamientos de caja (aptitud a tratar pagos mixtos en y moneda nacional, respeto de las normas sobre redondeos, etc) o también informar al personal sobre las modalidades de paso al euro (sensibilizarlo a las nuevas cifras de su nómina).

2. La Comisión realiza periódicamente investigaciones sobre este tema que concluyen en la existencia de un retraso persistente y por ello alertó en sucesivas ocasiones a las autoridades nacionales sobre esta cuestión. La recomendación de la Comisión del 11 de octubre de 2000(1) contiene varias medidas con miras a incrementar sensiblemente la sensibilización de los protagonistas económicos a la preparación al euro. Algunas de ellas están aplicándose ampliamente (cambio anticipado de las cuentas bancarias y de los medios de pago documentales, etc).

3. El presupuesto de comunicación sobre el euro de la Comisión sirve en su mayor parte a cofinanciar los programas nacionales de comunicación, que tienen entre sus objetivos a las PYME. Además permite también financiar varias acciones transnacionales destinadas a las PYME, en particular en asociación con la red de cámaras de comercio e industria (Eurocámaras).

(1) DO C 303 de 24.10.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-0933/01

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(28 de marzo de 2001)

Asunto: Tramitación más rápida de la ayuda de urgencia

En un programa de televisión danés llamado Los eurócratas, que se emitió en la televisión sueca el 11 de febrero de 2001, se abordaba, entre otras, la cuestión de los largos plazos de tramitación de las ayudas de urgencia en particular y los proyectos de ayuda al desarrollo en general. El programa daba como ejemplo un proyecto para salvar la selva tropical de Bolivia. La solicitud para el proyecto se envió a la Comisión en diciembre de 1997. Cinco meses más tarde, el proyecto recibió la aprobación oficial de la Comisión. Pero las tareas relacionadas con el contrato y el presupuesto se prolongaron. En febrero de 2000, por ejemplo, el Comisario Nielson afirmó que la financiación estaba lista. Sin embargo, en noviembre de 2000 todavía no hay nadie en la Comisión que sepa si el proyecto puede obtener permiso para ponerse en marcha.

Otro de los ejemplos del programa es el de la ayuda de urgencia tras los efectos devastadores del huracán Mitch a su paso por América Central en noviembre de 1998. En diciembre de 1998 y mayo de 1999, la Comisión prometió entre 200 y 250 millones de euros en concepto de ayuda de urgencia. Tras la asignación de la suma en mayo de 2000 se abrió el procedimiento para elaborar un proyecto de ayuda de emergencia. Tres años después de la catástrofe, el proyecto puede comenzar.

La tramitación de los proyectos de ayuda citados ilustra de manera muy clara la ineficacia del sistema burocrático. ¿Ha evaluado la Comisión su trabajo en relación con la ayuda de urgencia? ¿Tiene alguna propuesta sobre cómo establecer un procedimiento rápido para la ayuda de urgencia, que no necesite varios años de tramitación?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(19 de junio de 2001)

La Comisión remite a Su Señoría a la respuesta a la pregunta escrita no P-1085/01 presentada por el Sr. Schmidt(1).

La Comisión quisiera señalar una vez más la confusión existente entre la ayuda humanitaria que proporciona la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO) y la ayuda al desarrollo a más largo plazo que se proporciona a través de otros instrumentos comunitarios. Así pues, confirma una vez más que la ayuda humanitaria para las víctimas del huracán Mitch se entregó en un plazo récord y que el importe comprometido (aproximadamente 40 millones de euros) ha sido desembolsado en su totalidad.

Los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo tienen que acordarse con las autoridades nacionales y someterse a una larga fase preparatoria (determinación de las necesidades, evaluación, elaboración de las propuestas, etc.). Todo ello implica necesariamente un planteamiento a más largo plazo.

No obstante, la Comisión ha reconocido la necesidad de realizar urgentemente mejoras importantes en cuanto a la rapidez y calidad de la entrega de la ayuda, estando actualmente trabajando en ese sentido en el contexto de la reforma de la ayuda exterior de la Comunidad.

(1) DO C 318 E de 13.11.2001, p. 197.
PREGUNTA ESCRITA E-1465/01

de Bruno Gollnisch (TDI) al Consejo

(21 de mayo de 2001)

Asunto: Estafas en las vacaciones de tiempo compartido

Desde hace varios años, se acumulan los abusos y las estafas cometidos por profesionales de las vacaciones de tiempo compartido, conocidas con el nombre de Timeshare.

Centenares de personas han sido y continúan siendo víctimas de estos mafiosos del turismo, que venden o revenden semanas ficticias de estancia en apartamentos inexistentes y se desvanecen una vez realizada estafa y cobrado el dinero.

En varias localidades de España (en particular Tenerife y Denia), en el Midi y el Sudoeste de Francia (sobre todo en Canet-Plage) y en las islas de ultramar (Guadalupe), la reputación del turismo se ve en ocasiones gravemente comprometida.

¿Tiene intención del Consejo de investigar detalladamente una situación que se presenta ya como un grave problema?

¿Piensa el Consejo adoptar medidas contra estos organismos, empresas que incluso bancos que organizan a sabiendas estafas a escala internacional?

¿Están previstas en la legislación europea actual relativa turismo y la protección del consumidor medidas específicas respecto de las vacaciones de tiempo compartido?

Si se demuestra que la falta de diligencia de algunos Estados debido al laxismo de sus poderes públicos frente a tales acciones, ¿podría instarles entonces el Consejo a adoptar medidas? ¿Según qué procedimiento?

Respuesta

(27 de septiembre de 2001)

Su Señoría observará que la adquisición de un derecho de utilización en régimen de tiempo compartido de uno o varios inmuebles está regulada por la Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido(1). Esta directiva tiene por finalidad aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la protección de los adquirentes en relación con determinados aspectos de los contratos que afectan directa o indirectamente a la adquisición de un derecho de utilización en régimen de tiempo compartido de uno o varios inmuebles.

No obstante, no existe por el momento un instrumento jurídico de la Unión Europea que sancione específicamente los abusos y estafas en el ámbito de la multipropiedad mencionados por Su Señoría.

Sin embargo, numerosos instrumentos jurídicos adoptados por el Consejo con base en el artículo 34 del TUE tienden a mejorar considerablemente la cooperación entre las autoridades competentes en la lucha contra el fraude internacional.

En la medida en que las legislaciones nacionales de los Estados miembros no aportasen una respuesta satisfactoria a este problema, correspondería a un Estado miembro o a la Comisión hacer uso de su derecho de iniciativa proponiendo sancionar penalmente tales conductas de forma armonizada a escala europea.

(1) DO L 280 de 29.10.1994, p. 83.
PREGUNTA ESCRITA E-0906/01

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(28 de marzo de 2001)

Asunto: Salud y seguridad de los trabajadores

En su respuesta a la pregunta escrita E-0339/00(1), concerniente a la obligación de los Estados miembros de garantizar un control y una supervisión adecuados conforme al apartado 2 del artículo 4 de la Directiva marco 89/391/CEE(2), relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, la Comisión indica que si recibiera datos concretos que demostraran que las administraciones nacionales incumplen sus obligaciones al respecto, la Comisión adoptaría las medidas pertinentes, llegando en concreto a incoar, si los resultados de la investigación de cada caso así lo determinan, el procedimiento de infracción previsto en el artículo 226 del Tratado CE.

Considerando que la cuestión sigue siendo muy seria y los controles insuficientes y que la Comisión, por una parte, si nos atenemos a su respuesta, recaba información al respecto desde el 20 de marzo de 2000, y, por otra, ha recibido denuncias concretas en la petición no 00/4404 (SAG 2000 A/382828/2) de la Confederación General de Trabajadores de Grecia, así como en la pregunta E-0014/00(3), ¿podría responder la Comisión a las siguientes preguntas?:

1. ¿Cuándo tiene intención de difundir la información que ha recabado?

2. ¿Por qué no ha incoado el procedimiento de infracción de conformidad con el artículo 226 con ayuda de los datos en los que se basan las denuncias o de los que ella haya recabado?

(1) DO C 303 E de 24.10.2000, p. 178.

(2) DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.

(3) DO C 280 E de 3.10.2000, p. 158.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(18 de junio de 2001)

La Comisión desea subrayar que una cuestión tan compleja como la aplicación de un control y una vigilancia adecuados por parte de los Estados miembros conforme al apartado 2 del artículo 4 de la Directiva marco 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo no puede dilucidarse sin una información detallada y completa sobre el supuesto funcionamiento inadecuado del sistema de control y vigilancia.

Por lo que respecta en particular a la situación en Grecia, la Comisión ha pedido información complementaria al demandante, a raíz de la denuncia presentada por la Confederación General de Trabajadores de Grecia. Una vez recibida dicha información, la Comisión envió una carta al Gobierno griego en la que solicitaba información relativa a la aplicación de medidas destinadas a promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Si bien se ha enviado a las autoridades griegas una carta de recordatorio al respecto, la Comisión no ha recibido todavía la información solicitada.

La información recabada a raíz de la pregunta escrita E-0339/00(1) le será transmitida por separado directamente a Su Señoría, así como a la Secretaría del Parlamento.

(1) DO C 303 E de 24.10.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-1676/01

de Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) a la Comisión

(14 de junio de 2001)

Asunto: Construcción naval

El 8 de mayo, la Comisión Europea a la vista de la competencia desleal que desde hace años protagoniza Corea, evidenciada en su 4o Informe sobre el sector, propuso finalmente llevar el caso ante la Organización Mundial de Comercio el próximo 30 de junio.

Asimismo, se prevé de inmediato, la adopción de ayudas a este sector tan castigado de hasta un 14 % para los segmentos afectados, ayudas que fueron interrumpidas el 31 de diciembre de 2000.

¿Qué compensaciones se van a otorgar a las empresas de este sector por los perjuicios sufridos desde el citado 31 de diciembre hasta ahora, donde no se han registrado apenas pedidos y nuestra industria ha quedado totalmente a merced de la competencia desleal de Corea del Sur?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(30 de julio de 2001)

Según lo señalado por Su Señoría en su pregunta, ha habido pocos pedidos de barcos los primeros meses de este año en la Comunidad. Sin embargo, esto puede explicarse en gran medida por el elevado número de pedidos a finales del año pasado, debido a supresión de las ayudas a la explotación. La Comisión no ve la necesidad de compensar a los astilleros por este efecto en la coordinación de los pedidos. Además, la menor actividad de pedidos en 2001 no sólo se ha observado en la Comunidad, sino también en otras partes. Así pues, parece que los astilleros de Corea del Sur han registrado un descenso del 32,6 % en los pedidos en relación al primer trimestre de 2001, en comparación con el mismo período del año pasado.

La Comisión está haciendo todo lo posible para lograr una situación de normalidad en el mercado mundial de construcción naval. La Comisión está negociando con el Gobierno de Corea del Sur para alcanzar una solución estable, que garantice precios normales en el mercado mundial. Paralelamente, la Comisión está preparando una acción de la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra las subvenciones coreanas ilegales y un mecanismo temporal de defensa de los astilleros comunitarios. Se pondrá en marcha la acción de la OMC contra Corea, y el mecanismo temporal de defensa se propondrá al Consejo y al Parlamento en caso de que fracasen las negociaciones con Corea.
PREGUNTA ESCRITA P-1599/01

de Christos Zacharakis (PPE-DE) a la Comisión

(21 de mayo de 2001)

Asunto: Condena de Turquía por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

En su reciente sentencia del 10 de mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Turquía por continuas vulneraciones masivas de los derechos humanos en Chipre desde el año 1974 y falló en favor de la República de Chipre.

Dado que el Gobierno turco se apresuró a declarar que ignorará la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya competencia judicial cabe señalar que reconoció formalmente

en 1990, y considerando que en el pasado ignoró una sentencia condenatoria semejante del mismo Tribunal en el caso del recurso de la Sra. Loizidou en 1996:

- ¿Puede indicar la Comisión qué medidas inmediatas piensa tomar para garantizar que Turquía respete las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

- ¿Qué repercusiones tendrá la actitud de Turquía, que vulnera sus compromisos contraidos con las instituciones europeas con vistas a su adhesión a la Unión Europea? ¿De qué manera concreta se manifestarán estas posibles repercusiones en el marco de las relaciones políticas y económicas de la Unión Europea con Turquía?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(19 de junio de 2001)

La Comisión es consciente de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la que se refiere Su Señoría.

En tanto que país candidado, Turquía debe cumplir los criterios de Copenhague, entre otras cosas, en materia de derechos humanos.

Este es uno de los ámbitos incluidos en la Asociación para la Adhesión y en el diálogo político reforzado con Turquía. La Comisión evaluará los avances realizados por todos los candidatos con respecto a los criterios de Copenhague en los informes periódicos sobre los progresos en los preparativos para la adhesión que serán adoptados en noviembre de November 2001.

Se recuerda a Su Señoría que el caso del recurso de la Sra. Loizidou contra Turquía se mencionó en el último informe periódico publicado en noviembre de 2000(1).

(1) COM(2000) 713 final.