ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
PREGUNTA ESCRITA E-2722/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Ingresos en el sector agrícola

¿Cuáles fueron los ingresos medios (en ecus/euros) de los trabajadores del sector agrícola en cada uno de los Estados miembros en cada uno de los últimos diez años?

¿Qué proporción de la renta nacional media representan estos ingresos en cada uno de los Estados miembros en cada uno de los últimos diez años?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(13 de octubre de 2000)

La renta agraria puede definirse de distintas formas. Para comparar los niveles de ingresos de la actividad agraria en los Estados miembros, en general la Comisión utiliza el valor añadido neto al coste entre los factores por unidad de trabajo anual, disponible para todos los Estados miembros. Este parámetro cubre los ingresos generados por una actividad agraria, pero no es plenamente representativo de la totalidad de la renta de los agricultores. En primer lugar, las rentas, intereses y salarios pagados no se deducen. En segundo lugar, los agricultores pueden tener otros tipos de ingresos tales como salarios, prestaciones sociales, rentas de actividades no agrarias, o bien pagar impuestos, contribuciones sociales, etc. La renta per cápita se expresa sobre la base de una unidad de trabajo anual lo que, en términos generales, equivale a un trabajo a tiempo completo.

El peso que tienen, dentro de la renta total disponible de la población agraria, la renta derivada de la actividad agraria y algunos elementos como intereses y salarios varía mucho según los Estados miembros. Estos aspectos, junto con la armonización del cálculo de los ingresos entre Estados miembros, deben tenerse presentes cuando se efectúe un ejercicio comparativo y se trate de sacar conclusiones.

La renta agraria media de los 15 Estados miembros en el periodo 1990-1998 figura en los cuadros remitidos directamente a Su Señoría y a la secretaría del Parlamento, en euros y en estándar de poder adquisitivo. No se proporcionan datos para 1999 ya que las cuentas agrarias de este año son todavía provisionales y, además, se han elaborado con una nueva metodología; sobre la base de esta nueva metodología no existen datos disponibles para todos los Estados miembros para un periodo de tiempo largo.

En cuanto a la segunda pregunta, debe destacarse que la proporción de la renta nacional media representada por la renta agraria, tal como se define más arriba, no constituye un indicador significativo de la situación relativa de las personas que trabajan en el sector agrario. El indicador de renta utilizado en agricultura no es comparable con la renta media per cápita del resto de la economía, especialmente en aquellos sectores en los que los salarios representan la principal fuente de ingresos, ya que la renta agraria constituye tanto la renta del agricultor (procedente de su trabajo) como la renta o beneficio de su empresa (esta renta se denomina renta mixta en las rentas nacionales). Además, el número de personas que trabajan en la agricultura se expresa en volumen, es decir, en unidades de trabajo anual, mientras que no existe este dato en otros sectores de la economía.
PREGUNTA ESCRITA E-2106/00

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) al Consejo

(30 de junio de 2000)

Asunto: Convenio de 1995 sobre la Protección de los Intereses Financieros de las Comunidades Europeas

¿Qué medidas piensa tomar el Consejo para asegurar la ratificación del Convenio de 1995 sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, dado que ello se debía haber concluido en 1998 y que la ratificación carecerá de sentido en cuanto la Comisión presente una propuesta de acto comunitario?

Respuesta

(7 de noviembre de 2000)

El Consejo prosigue haciendo llamamientos a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho para que procedan rápidamente a ratificar el Convenio firmado en 1995 y sus Protocolos. El Consejo considera que no procede reflexionar sobre las posibles consecuencias de una iniciativa de la Comisión con respecto a un acto comunitario sobre la materia antes de que no se haya emprendido dicha iniciativa o se la haya anunciado formalmente.
PREGUNTA ESCRITA E-3002/00

de Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) a la Comisión

(20 de septiembre de 2000)

Asunto: Reforma fiscal en Alemania: procedimiento de reducción a la mitad del impuesto de sociedades (Halbeinkünfteverfahren)

Del artículo aparecido en el diario alemán Frankfurter Allgemeine el 2 de septiembre de 2000 se desprende que la ley de reducción fiscal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2001, situará a los fondos de inversión extranjeros en inferioridad de condiciones con respecto a los fondos de inversión establecidos según la legislación alemana. En Alemania, los ingresos procedentes de los dividendos estarán, en el futuro, sujetos al procedimiento mencionado. Los ingresos de los fondos de inversión no alemanes, sin embargo, seguirán sujetos a la actual reglamentación, es decir, a la imposición íntegra.

Teniendo en cuenta esta situación:

1. ¿Qué opina la Comisión de estas nuevas normas de la legislación fiscal de Alemania, teniendo en cuenta el principio de la igualdad de trato que establece el Derecho comunitario así como la prohibición de discriminación?

2. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión al respecto?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(15 de noviembre de 2000)

La Comisión desea informar a Su Señoría de que la cuestión relativa al régimen fiscal de los fondos de inversión en acciones ya ha sido señalada a su atención por parte de varios fondos extranjeros.

1. La Comisión subraya que ya ha llegado a su conocimiento la ley mencionada en el artículo del Frankfurter Allgemeine Zeitung de 2 de septiembre de 2000 a la que hace referencia Su Señoría. En efecto, la Comisión está actualmente efectuando un examen detallado del régimen fiscal aplicable a los dividendos de fondos alemanes con respecto al régimen aplicable a los fondos extranjeros a la luz de las disposiciones comunitarias pertinentes y, especialmente, en virtud del principio de no discriminación.

2. Basándose en lo que antecede, la Comisión se reserva, llegado el caso, la posibilidad de instruir el expediente en el marco del procedimiento previsto en el artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE.
PREGUNTA ESCRITA P-2421/00

de Concepció Ferrer (PPE-DE) a la Comisión

(11 de julio de 2000)

Asunto: Reforma de la OCM del arroz

La Comisión Europea adoptó el 7 de junio una propuesta de reforma de la OCM del arroz que supondrá la eliminación del mecanismo de intervención de precios y el incremento de las ayudas directas, incluyendo el arroz dentro de la OCM de los cultivos herbáceos. Asimismo parece que existe la intención de aprovechar esta medida para aumentar los aranceles del arroz proveniente de terceros países.

Considerando que el precio de intervención es básico para proteger al sector ante las importaciones de terceros países, que operan con precios más competitivos en el mercado mundial, y que es posible que el aumento de las ayudas no compense las pérdidas producidas por la supresión del precio de intervención, con la consiguiente pérdida de rentabilidad, y teniendo en cuenta, además, que el arroz está sometido ya a un sistema de penalizaciones discriminatorio respecto a otros cultivos herbáceos,

¿Cómo piensa corregir la Comisión esta discriminación del arroz respecto a otros cultivos herbáceos? ¿Puede avanzar la Comisión las medidas que va a proponer para que la reforma de la OCM del arroz no suponga un desequilibrio del mercado?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(1 de agosto de 2000)

La propuesta de reforma de la OCM del arroz se basa en la integración del sector del arroz(1) en el sistema de los cultivos herbáceos y en la abolición del precio de intervención.

La Comisión no considera que esta propuesta ocasione una discriminación del arroz con respecto a otros cultivos herbáceos ni pueda suponer un desequilibrio del mercado. Dicha propuesta se basa en varios puntos: el aumento del pago por superficie, pasando de los 52,65 por tonelada actuales a los 63 por tonelada, que corresponde a la ayuda fijada para los cereales a partir de la

campaña 2001-2002; la posibilidad de adoptar medidas excepcionales, en caso de perturbaciones del mercado tras la abolición del mecanismo de intervención, y el aumento de la protección externa y de la preferencia comunitaria mediante la aplicación del sistema general de aranceles fijos. Este aspecto de la propuesta debe negociarse con los países suministradores.

Estas medidas, junto con la introducción de la retirada de tierras, permitirán alcanzar un equilibrio entre la oferta y la demanda y mantener al mismo tiempo la renta de los cultivadores de arroz.

(1) COM(2000) 278 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2486/00

de Isidoro Sánchez García (ELDR) a la Comisión

(24 de julio de 2000)

Asunto: Valoración del enfriamiento de las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Latina

Se percibe en los medios latinoamericanos un enfriamiento entre los países de la UE y América Latina y da la impresión de que ello se produce después de la marcha de los Comisarios españoles que en los últimos años han ocupado las carteras responsables de la cooperación internacional.

¿Cuál es la valoración que hace la Comisión del enfriamiento de estas relaciones y, en su caso, a qué causa se debe tal situación?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(8 de septiembre de 2000)

La Comisión considera que las relaciones de la Comunidad con los países de América Latina no ha sufrido ningún enfriamiento. Por otra parte, estas relaciones no dependen en absoluto de la nacionalidad de los miembros de la Comisión encargados de la cooperación internacional.

Todos los Estados miembros y la Comisión contribuyeron activamente al éxito de la primera cumbre entre la Unión y América Latina y el Caribe, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1999, y prosiguen sus esfuerzos para concretar las prioridades establecidas con motivo de esta cumbre.

La Comisión considera que las relaciones entre la Comunidad y los países de América Latina se han intensificado y han mejorado en todas sus dimensiones. La cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno antes citada muestra claramente la importancia política que la Comunidad presta a sus relaciones con los países de América Latina y el Caribe. La continuación de las negociaciones con el Mercosur y Chile y la aplicación de los acuerdos con México demuestran la incidencia económica de estas relaciones. La Comunidad representa el primer inversor y el primer o segundo proveedor y cliente de esta zona de América Latina. Finalmente, por lo que respecta a la cooperación, además del apoyo a la reducción de la deuda de los tres países más pobres, las relaciones de cooperación continúan como en el pasado. La Comunidad sigue siendo el primer donante de ayuda a los países en vías de desarrollo.
PREGUNTA ESCRITA E-0250/00

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(7 de febrero de 2000)

Asunto: Fondos para organizaciones federalistas

Determinadas organizaciones cuyo objetivo político es la unificación del continente europeo reciben fondos con cargo a partidas del presupuesto de las Comunidades.

¿Puede indicar la Comisión qué entidades promotoras de la creación de un superestado europeo, organización federal o unión más estrecha han recibido fondos como los que se mencionan, y con cargo a qué partida del presupuesto, durante los dos últimos ejercicios?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(9 de marzo de 2000)

En la línea A-3021 del presupuesto de la Comisión, la Autoridad Presupuestaria autoriza a la Comisión a emplear dinero en subvenciones a organizaciones de interés europeo para cubrir sus costes de funcionamiento.

Los nombres de los beneficiarios y el importe de las subvenciones son comunicados por la Comisión al Parlamento cada año en el informe sobre los beneficiarios de las subvenciones de la Parte A. La lista correspondiente a 1998 puede encontrarse en EUROPA, el servidor de Internet de la Comisión, en la siguiente dirección:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/info_subv/beneficiaries_en.htm.

La lista de beneficiarios de una subvención bajo la línea A-3021 para 1999 se comunicará al Parlamento antes del finales de mayo de 2000. Mientras tanto, aparte de las 14 organizaciones mencionadas por la Autoridad Presupuestaria en sus observaciones sobre la línea presupuestaria A-3021, se envía una lista de los beneficiarios directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento.

La Comisión tendrá que dejar a Su Señoría decidir por sí mismo cuáles de estas organizaciones se incluyen en su definición de federalistas.

La elección por parte de la Comisión de los proyectos que deben financiarse se basa en la finalidad de la propia acción y no en los objetivos políticos de la organización que apoya los proyectos. La Comisión no está por lo tanto en condiciones de informar a Su Señoría de cuáles de las organizaciones que reciben una subvención para un proyecto tienen como objetivo la creación de una federación, puesto que no poseen los datos solicitados.

Además, la Comisión apoya acciones del movimiento europeo y de la federación internacional de casas de Europa (FIME), que aspiran a despertar un diálogo sobre conceptos europeos (ideas), tal como solicita el Parlamento Europeo y se establece en el comentario a la línea presupuestaria B3-301.
PREGUNTA ESCRITA P-2321/00

de Roy Perry (PPE-DE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Financiación europea

¿Cuánto dinero procedente de los fondos de la Unión Europea se ha destinado a proyectos en el condado de Hampshire, las ciudades de Southampton y Portsmouth, y el condado de la Isla de Wight, durante los últimos cuatro años, desglosado por fondo, proyecto, año y zona?

Respuesta complementaria del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(20 de septiembre de 2000)

Habida cuenta de la amplitud de la respuesta, la Comisión la envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-0803/00

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(16 de marzo de 2000)

Asunto: Apoyos comunitarios a la empresa Lacto-Ibérica

La empresa Lacto Ibérica poseía en Ponte de Lima una fábrica de producción de queso, marca Limiano, donde empleaba a más de 100 trabajadores. Esta empresa, que recibía financiación comunitaria, ha decidido cerrar su fábrica de Ponte de Lima y concentrar la producción en Vale de Cambra, a cientos de kilómetros de distancia, lo cual significa en la práctica el despido de la casi totalidad de sus trabajadores.

Solicito, pues, de la Comisión, la siguiente información:

1. ¿Sabe la Comisión qué proyectos de Lacto Ibérica recibieron financiación comunitaria? ¿Qué importes fueron atribuidos y cuáles realmente abonados?

2. ¿Contenían esos proyectos cláusulas condicionantes respecto al mantenimiento del empleo y de la fabricación en la unidad de Ponte de Lima?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(19 de mayo de 2000)

La empresa Lacto-Ibérica ha recibido ayudas de la Sección de Orientación del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) para un proyecto de modernización de las instalaciones de su unidad industrial en Ponte de Lima. El proyecto, que fue aprobado en marzo de 1997, presentaba el siguiente plan financiero: inversión total 519 662 000 PTE; ayuda nacional aprobada 74 765 236 PTE; ayuda del FEOGA aprobada 224 295 705 PTE.

En julio de 1998, el beneficiario presentó una solicitud de autorización para trasladar la inversión a su planta industrial en Vale de Cambra, con el objeto de concentrar sus actividades en ese mismo lugar. Dado que las relaciones contractuales directas entre el beneficiario y los productores de leche no se veían alteradas en modo alguno, dicha modificación recibió el visto bueno de las autoridades nacionales.

En mayo de 1999, el beneficiario recibió un primer tramo por valor de 144 456 876 PTE, por las obras ya realizadas.

La Comisión desea señalar a Su Señoría que los proyectos de transformación y comercialización de productos agrarios debían atenerse a los requisitos en materia de origen comunitario de los productos y mantenimiento de la inversión, pero no estaban sujetos a ninguna condición relacionada con el empleo.

De acuerdo con la información facilitada por las autoridades portuguesas responsables de la aplicación de los programas operativos, la empresa Lacto-Ibérica Industria de lacticínios e queijos, SA, recibió ayudas del Fondo Social Europeo (FSE) para desarrollar una serie de proyectos de formación profesional. Los importes aprobados fueron de 704 170 PTE dentro del marco comunitario de apoyo I (MCA I), correspondiente al período 1989-1993, y de 15 373 078 PTE dentro del MCA II, correspondiente al período 1994-1999. Los importes efectivamente abonados fueron de 563 336 PTE dentro del MCA I (1989-1993) y de 7 484 400 PTE dentro del MCA II (1994-1999).

En lo que respecta al apoyo a la formación profesional, no se impone ninguna condición relacionada con el mantenimiento del empleo o la actividad de la unidad de producción.
PREGUNTA ESCRITA E-1555/00

de Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) a la Comisión

(18 de mayo de 2000)

Asunto: Libertad religiosa en Macedonia

¿Podría confirmar la Comisión la noticia de que el Tribunal Constitucional de Macedonia ha prohibido que se rece en las escuelas de dicho país?

¿Puede explicar la Comisión a qué obedece esta prohibición?

¿Considera la Comisión que esta prohibición es conforme al principio europeo de libertad religiosa?

¿Qué posibilidades ve la Comisión de cuestionar esta prohibición en Macedonia?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(19 de junio de 2000)

La Comisión puede confirmar que el Tribunal Constitucional de la Antigua República Yugoslava de Macedonia ha anulado con su decisión no U.br. 195/99 (publicada en el Boletín Oficial de la Antigua República Yugoslava de Macedonia no 36/2000 de 12 de mayo de 2000) una ley del Ministerio de Educación que establecía hacer una oración en las escuelas elementales y secundarias el primer día del curso escolar 1999/2000.

La decisión del Tribunal Constitucional estaba basada, esencialmente, en el artículo 19 de la Constitución de la Antigua República Yugoslava de Macedonia que establece que la iglesia ortodoxa de Macedonia y otras comunidades y grupos religiosos están separados del Estado y son iguales ante de la ley. Este principio de separación entre las religiones y el Estado ha sido la razón principal en la que subyace la decisión del Tribunal ha tomado dicha decisión.

Esta decisión coincide con el principio europeo de libertad religiosa (según lo establecido, entre otras cosas, en el artículo 9 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales), que está garantizado en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. El artículo 9 de la Constitución de la Antigua República Yugoslava de Macedonia establece que los ciudadanos de la República de Macedonia son iguales en cuanto a libertades y derechos, independientemente de su sexo, raza, color de piel, nacionalidad, origen social, adscripciones políticas

y creencias religiosas, propiedades y clase social y el artículo 19 establece que la libertad de confesión religiosa está garantizada. El derecho de cada uno a expresar su fe libre y públicamente, individualmente o con otras personas está garantizado [mldr]. Las decisiones del Tribunal Constitucional son finales y ejecutivas.

Por lo tanto, la Comisión no considera pertinente comenzar una discusión con el Gobierno de la Antigua República Yugoslava de Macedonia acerca de una decisión que ha tomado su Tribunal Constitucional.
PREGUNTA ESCRITA E-1968/00

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(21 de junio de 2000)

Asunto: Adhesión de Timor Oriental al Convenio de Lomé

En la Resolución del Parlamento Europeo sobre Timor Oriental aprobada el 18 de noviembre de 1999 (B5-0271/1999) se señalaba, en particular, en su apartado 15, que el Parlamento pide a la Comisión que inicie los preparativos para la rápida adhesión de Timor Oriental al Convenio de Lomé.

Seis meses después de la aprobación de dicha Resolución del Parlamento Europeo, ¿puede decir la Comisión qué medidas concretas ha adoptado para preparar la adhesión de Timor Oriental al Convenio de Lomé? ¿En qué situación se encuentra actualmente este asunto y cuáles son, en opinión de la Comisión, las perspectivas para un futuro próximo?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1968/00 y E-1969/00 dada por el Sr. Patten en nombre de la Comisión

(25 de julio de 2000)

La Comisión comparte la opinión de la comunidad internacional de que la posible adhesión de Timor Oriental al Convenio de Lomé debería ser objeto de una decisión política del futuro Gobierno de dicho país. Una vez constituido el Estado de Timor Oriental independiente, su Gobierno deberá estudiar este asunto y determinar qué grupo económico de la región servirá mejor los intereses de este país. La Comisión facilitará, en su debido momento, la información necesaria al Gobierno de Timor.

Por lo que se refiere a la contribución de la Comunidad a la rehabilitación de Timor Oriental, la Comisión puede confirmar que en la primera quincena del mes de junio de 2000 se abonó al beneficiario la contribución a la Administración de Transición de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNTAET), de aproximadamente 10 M, y que el primer tramo de la contribución de 9,2 M al fondo fiduciario del Banco Mundial (TFET) se pagará a partir de la firma del acuerdo financiero con el gestor de dicho fondo y previa recepción de una solicitud de pago. La firma está prevista para el mes de julio de 2000. Los demás tramos se pagarán posteriormente, según lo previsto en el acuerdo financiero. Por lo que se refiere a las contribuciones de los Estados miembros, la Comisión lamenta no disponer de una relación completa de sus prestaciones.
PREGUNTA ESCRITA E-1592/00

de Isidoro Sánchez García (ELDR) a la Comisión

(19 de mayo de 2000)

Asunto: Desglose por Estado y por región ultraperiférica de la iniciativa comunitaria URBAN

¿Puede saberse la distribución por Estado miembro y por región ultraperiférica de los fondos previstos con cargo a la iniciativa URBAN?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(20 de junio de 2000)

El 28 de abril de 2000 la Comisión adoptó las orientaciones para la iniciativa comunitaria URBAN II(1). La contribución total del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo 2000-2006 asciende a 700 M.

Asimismo, la Comisión decidió el reparto indicativo de los créditos de compromiso disponibles entre los Estados miembros correspondientes a URBAN II (véase el cuadro que aparece a continuación).

>SITIO PARA UN CUADRO>

La distribución de los importes financieros dentro de los Estados miembros dependerá de las decisiones que tomen las autoridades nacionales, que no han sido aún comunicadas a la Comisión.

(1) DO C 141 de 19.5.2000.