PREGUNTA ESCRITA E-0090/99

de Konstantinos Hatzidakis (PPE) a la Comisión

(27 de enero de 1999)

Asunto: Reiterado incumplimiento por parte de Grecia del régimen de liberalización de las telecomunicaciones de la Unión Europea

A pesar de que el inicio del año está dedicado a la sociedad europea de la información, la OTE (empresa de telecomunicaciones griega) continúa infringiendo la ley y dificultando el acceso de los usuarios griegos a Internet y a la sociedad de la información. Por una parte, obstruye la asignación de números telefónicos de cuatro cifras a proveedores de servicios de Internet distintos de su filial y, por otra parte, incrementa los costes de las llamadas urbanas en un 38,4 % gravando a los usuarios griegos con precios injustificadamente elevados y haciendo prohibitivos para el consumidor medio los costes básicos de conexión a Internet. En ambos casos, se infringen disposiciones básicas del Derecho comunitario.

En el primer caso (denegación/retraso en la concesión de números telefónicos), se infringen las disposiciones relativas al abuso de posición dominante del artículo 68 del Tratado. En el segundo (incremento de los precios de las llamadas urbanas), hay un claro incumplimiento de las disposiciones de la directivas sobre telefonía vocal (95/62(1) y 98/10(2)), en virtud de las cuales sólo puede realizarse una reestructuración de los precios después de un control de costes, algo que no ha ocurrido en la OTE.

Desgraciadamente, el Gobierno griego, a pesar de las garantías y promesas dadas a la Comisión sobre el cumplimiento gradual por parte de Grecia de la normativa comunitaria y de las prácticas en materia de telecomunicaciones, cierra los ojos ante el problema y continúa incumpliendo sus compromisos. Según la información que facilitó recientemente la Comisión, se han señalado doce violaciones importantes de la legislación comunitaria que han llevado a la suspensión de la financiación del programa operativo griego en materia de telecomunicaciones. Grecia continúa con su táctica de no cumplir la normativa comunitaria permitiendo a la OTE saltarse flagrantemente disposiciones fundamentales del orden jurídico comunitario.

¿Puede indicar la Comisión qué medidas tiene la intención de adoptar en lo relativo a estos dos casos de incumplimiento de la legalidad y qué medidas tienen intención de adoptar las autoridades competentes para proteger a los consumidores griegos de las consecuencias de estas dos actuaciones?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión

(26 de febrero de 1999)

De conformidad con el derecho comunitario, los problemas relacionados con un posible abuso por una empresa dominante, según lo establecido en el artículo 86 del Tratado CE, pueden tramitarse también a nivel nacional.

Por lo que se refiere a la asignación de números telefónicos a los proveedores de servicios de Internet, se informó a la Comisión de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (EET) se encargaba del caso a nivel nacional. La EET informó a la Comisión de que ha impuesto una multa de 80 millones GDR a la OTE (empresa de telecomunicaciones griega) por no proporcionar números de acceso único a los proveedores de servicios de Internet. A la Comisión le consta que dos de estos proveedores no han firmado un contrato con OTE para la concesión de dicho número.

En cuanto al aumento de las tarifas de las llamadas urbanas, de conformidad con el Derecho comunitario los Estados miembros tienen la obligación general de permitir a sus operadores que reequilibren sus tarifas telefónicas cuando dichas tarifas no correspondan a los costes subyacentes. La Directiva 98/10/CE, sin embargo, exige que los Estados miembros velen por que el servicio de telefonía vocal siga siendo asequible.

No obstante, el principio de orientación en función de los costes no impide que se recuperen costes de diversas maneras en dos servicios que se ofrecen utilizando en parte la misma infraestructura cuando esté justificado por la naturaleza de los servicios respectivos o por la tendencia de la demanda. Por lo tanto, las autoridades griegas competentes pueden permitir a la OTE aplicar una tarifa más baja para el acceso a Internet, siempre que esa misma tarifa se aplique a todos los proveedores de servicios de Internet.

(1) DO L 321 de 30.12.1995, p. 6.

(2) DO L 101 de 1.4.1998, p. 24.