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PREGUNTA ESCRITA E-1721/98

de Pervenche Berès (PSE) a la Comisión

(29 de mayo de 1998)

Asunto: Reducción del nivel de las emisiones acústicas de los aeropuertos de la Unión europea: cierre de noche

En su Resolución de 10 de junio de 1997 (A4-0183/97)(1) sobre el Libro Verde "Política futura de lucha contra el ruido" (COM(96)0540), el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que establezca normas vinculantes para el tráfico aéreo y que uniformice las exigencias para limitar el ruido de los aviones y de las zonas que rodean a los aeropuertos (apartado 29) y consideró que los movimientos de aviones, principalmente durante la noche, constituyen una fuente de trastorno para la población, y deben reducirse (apartado 31).

¿Qué medidas concretas ha adoptado o se dispone a adoptar la Comisión para dar curso a la petición del Parlamento Europeo sobre una reducción coordinada de las molestias acústicas originadas por el tráfico nocturno en determinados aeropuertos de la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(8 de julio de 1998)

Con arreglo a lo dispuesto en su programa de trabajo para 1998, la Comisión está preparando una Comunicación sobre transporte aéreo y medio ambiente que incluirá una evaluación del alca1nce y del contenido de un posible marco comunitario sobre restricciones de explotación, especialmente en lo que se refiere al tráfico nocturno en los aeropuertos sujetos a limitaciones en materia de emisiones sonoras. Entretanto, la Comisión ha presentado una propuesta, basada en la normativa comunitaria anterior(2), destinada a limitar la matriculación y utilización dentro de la Comunidad de aeronaves remodeladas con equipos de insonorización(3).

(1) DO C 200 de 30.6.1997, p. 28.

(2) Directiva no92/14/CEE del Consejo (DO L 76 de 23.3.1992), modificada por la Directiva no98/20/CE del Consejo (DO L 107 de 7.4.1998).

(3) DO C 118 de 17.4.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-0996/98

de María Sornosa Martínez (GUE/NGL) a la Comisión

(2 de abril de 1998)

Asunto: Toxicidad de los juguetes de PVC

La Unión Europea ha confirmado recientemente la toxicidad de los juguetes de PVC blando. El Comité de Toxicidad, Ecotoxicidad y Medio Ambiente de la Unión Europea ha reconocido que la exposición de los niños a los tres plastificantes añadidos a los juguetes -ftalatos DINP, DEHP y DNOP- se acerca peligrosamente a los umbrales recomendados, coincidiendo con los resultados del estudio realizado por la organización Greenpeace sobre los juguetes de PVC.

Considerando que se ha constatado que los juguetes de PVC son una fuente directa de ingestión de sustancias químicas tóxicas para los niños,

1. ¿Qué medidas piensa emprender la Comisión al respecto?

2. ¿Es la Comisión partidaria de buscar niveles inferiores de aditivos o tóxicos? O por el contrario,

3. ¿Se plantea la Comisión hacer efectiva la prohibición de los juguetes de PVC promoviendo alternativas que no requieran la utilización de plastificantes?
PREGUNTA ESCRITA E-2099/98

de Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) a la Comisión

(10 de julio de 1998)

Asunto: Directiva de la UE relativa a la conservación de las aves silvestres (79/409/CEE)

La legislación sobre la caza tanto de la República Federal de Alemania como de sus Estados Federados viola, en muchos puntos, la Directiva europea relativa a la conservación de las aves silvestres (79/409/CEE)(1).

1. ¿Cuántos recursos se han interpuesto ante la Comisión sobre el tema?

2. ¿Cuántos procedimientos por incumplimiento ha iniciado la Comisión hasta el momento en este ámbito?

3. ¿Existen sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas al respecto? En caso afirmativo, ¿cuáles? (Mencionar, por favor, la fecha y el número de referencia de cada una de ellas).

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión

(14 de septiembre de 1998)

1. Hasta la fecha, la Comisión ha recibido 646 denuncias por infracciones de la Directiva 79/409/CE sobre la conservación de las aves silvestres. Las denuncias contra Alemania ascienden a 54.

2. La Comisión ha incoado un procedimiento de infracción por cada una de dichas denuncias, aunque agrupando las relativas a hechos similares. Hoy por hoy, hay tres casos abiertos de infracción contra Alemania por incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Directiva 79/409/CE.

3. En respuesta a los recursos de la Comisión por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva 79/409/CE, el Tribunal ha dictado las siguiente sentencias contra Alemania:

- C-412/85, sentencia de 17 septiembre 1987

- C-288/88, sentencia de 3 julio 1990

- C-57/89, sentencia de 28 febrero 1991

- C-345/92, sentencia de 23 de marzo de 1993 (asunto sobre la base del artículo 171 del Tratado CE por incumplimiento de la citada sentencia de 17 septiembre 1987).

El asunto C-121/97 fue cancelado a raíz del cumplimiento de Alemania. Este asunto se había abierto sobre la base del artículo 171 del Tratado CE por incumplimiento de la citada sentencia de 3 julio 1990.

(1) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA E-1914/98

de José Apolinário (PSE) a la Comisión

(16 de junio de 1998)

Asunto: Aplicación del Reglamento 2080/92

A los efectos de la aplicación del Reglamento 2080/92(1) en un proyecto de repoblación forestal, ¿considera la Comisión que las zonas del proyecto no destinadas a la plantación de árboles (cortafuegos, caminos, charcos de agua) forman parte del proyecto en lo que se refiere a las primas de mantenimiento y la pérdida de rendimiento?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(27 de julio de 1998)

El Reglamento (CEE) 2080/92 del Consejo, de 30 junio 1992, por el que se establece un régimen comunitario de ayudas a las medidas forestales en la agricultura(2), instituye un régimen de ayudas cofinanciadas por la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA).

Este régimen puede comprender ayudas destinadas a cubrir los gastos de repoblación (incluyendo, en el caso portugués, ayudas para la construcción de caminos, de cortafuegos y de puntos de toma de agua); una prima anual por hectárea arbolada que cubre los gastos de mantenimiento de las tierras arboladas durante los cinco primeros años; una prima anual por hectárea destinada a compensar la disminución de ingresos derivada de la forestación de tierras de labor; ayudas a las inversiones de mejora de las superficies arboladas tales como la construcción de cortafuegos, puntos de agua y caminos, y mejora de los alcornocales. Las tres primeras ayudas se destinan a las nuevas repoblaciones que se efectúen en tierras de labor, mientras que la cuarta se destina a las tierras ya arboladas situadas en explotaciones agrícolas.

De conformidad con el Reglamento (CEE) 2080/92, las primas de mantenimiento están reservadas a las nuevas repoblaciones y se conceden durante los cinco años siguientes a la plantación de los árboles. Por su parte, las primas encaminadas a compensar la disminución de ingresos están destinadas a las personas que efectúen la repoblación de tierras de labor.

Si las obras de infraestructuras mencionadas por Su Señoría se realizan en el marco de la repoblación de tierras de labor, los gastos forman parte de los gastos de repoblación y, por lo tanto, esas tierras de repoblación reciente formarían parte de todas formas, junto con sus infraestructuras, de las que pueden acogerse a las primas de mantenimiento y a las de compensación de la disminución de ingresos.

En cambio, si esas infraestructuras se realizan en bosques preexistentes, tanto si se trata de bosques a los que puede aplicarse la cuarta ayuda citada anteriormente (tierras forestales en explotaciones agrícolas) como si no, o en otras zonas agrícolas no repobladas, no se pueden conceder las primas de mantenimiento y de compensación de la disminución de ingresos. Ello se debe a que la finalidad principal de ese régimen de ayudas es favorecer la repoblación forestal de tierras de labor.

(1) DO L 215 de 30.7.1992, p. 96.

(2) DO L 215 de 30.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-1664/98

de David Hallam (PSE) a la Comisión

(29 de mayo de 1998)

Asunto: Precio de intervención para el azúcar blanco

La exposición de motivos de las propuestas de precios agrarios 1998/99 de la Comisión, presentadas el 4 febrero 1998, señala que los índices de los precios agrarios han disminuido en términos reales en un 48 % desde 1980, en conformidad con la caída de los precios de producción. Durante el mismo período, el precio de intervención para el azúcar blanco, de conformidad con lo indicado en el Diario Oficial, ha aumentado en un 45 % a pesar de la caída de los costes laborales y energéticos, y de la constante racionalización de la industria azucarera.

Vista esta tendencia contradictoria, ¿puede explicar la Comisión por qué motivo sus propuestas de precios agrarios 1998/99 no incluyen una reducción del precio de intervención para el azúcar blanco?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(29 de junio de 1998)

La tendencia aparentemente contradictoria que señala Su Señoría entre la evolución de los índices de los precios agrícolas y el precio de intervención del azúcar blanco es sólo ilusoria y se debe a la comparación entre un precio expresado en términos reales y el otro expresado en términos nominales.

Cuando se aplica la misma metodología a las dos series de precios, es decir, cuando el mismo deflactor se utiliza también con los precios de intervención del azúcar blanco con el fin de expresarlos en términos reales, se ve claramente que ambos han seguido la misma evolución desde 1980 hasta ahora: han bajado un 45 %, aproximadamente. De acuerdo con este planteamiento, el precio de intervención del azúcar blanco propuesto por la Comisión para 1998-1999 resulta justificado.
PREGUNTA ESCRITA E-2314/98

de Riccardo Nencini (PSE) a la Comisión

(22 de julio de 1998)

Asunto: Cierre del Juzgado comarcal de Borgo S. Lorenzo

Se ha tomado recientemente la decisión de cerrar el Juzgado comarcal de Borgo S. Lorenzo (Florencia), decisión para la que no existe motivo alguno -incluso teniendo en cuenta las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno italiano- ya que se trata de una demarcación extensa (más de 1.127 km2), cuenta con 56.000 habitantes (la Ley prevé un mínimo de 50.000) y las cifras de la actividad judicial no justifican el cierre de dicho Juzgado.

La supresión de este servicio ha supuesto una importante molestia para la población.

A la luz de las nuevas orientacioness comunitarias en materia de reforma de la Justicia, ¿puede manifestar su opinión la Comisión sobre el particular para que sea posible reconsiderar esta decisión?

Respuesta de la Sra. Gradin En nombre de la Comisión

(7 de septiembre de 1998)

La Comisión informa a Su Señoría que la cooperación judicial en materia civil y penal, desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión europea, ha pasado a ser una cuestión de interés común para los Estados miembros. Sin embargo, esta cooperación no permite en ningún caso intervenir a nivel europeo en el ámbito de la organización judicial de los Estados miembros.

Por tanto, cada Estado miembro es soberano para decidir el nombre y la sede de los órganos jurisdiccionales en su territorio, en función de sus propias consideraciones.
PREGUNTA ESCRITA E-1933/98

de Esko Seppänen (GUE/NGL) a la Comisión

(18 de junio de 1998)

Asunto: UE y medidas fitosanitarias

En la UE somos conscientes, por lo general, de las enfermedades animales que se combaten con fondos comunitarios. Tales enfermedades son, por ejemplo, la EEB y la peste porcina.

Sin embargo, diferentes países indican le presencia de nuevas enfermedades vegetales que han llegado a Europa procedentes de América del Sur. ¿Tiene conocimiento la Comisión de qué enfermedades se trata y de cómo han llegado a Europa?

¿Se han producido negligencias en los controles fronterizos? ¿Cómo se proyecta combatir tales plagas?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión

(27 de julio de 1998)

La Comisión es consciente de los riesgos fitosanitarios que plantea la importación a la Comunidad de vegetales y de productos vegetales procedentes de terceros países.

La Comisión informa a Su Señoría de que existe un régimen fitosanitario comunitario establecido por la Directiva 77/93/CEE del Consejo(1), modificada en último lugar por la Directiva 98/2/CE de la Comisión, de 8 enero 1998, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad(2). Las "disposiciones fitosanitarias" se refieren a los "organismos de cuarentena" particularmente en relación con los materiales destinados a plantación y con algunos materiales destinados a ser utilizados y que tienen una gran repercusión sobre la salud de los vegetales, como la madera, las patatas y los cítricos, así como las partes ornamentales (flores cortadas, ramas) de algunas especies.

Al llegar el producto al país, los Estados miembros deben efectuar un control fitosanitario para comprobar que se han cumplidos dichas disposiciones. En caso de que algunos lotes o partes de lotes no cumplan lo dispuesto en dicha Directiva, por ejemplo debido a la presencia de organismos nocivos, los Estados miembros deben interceptarlos, con objeto de evitar que se introduzcan organismos nocivos en la Comunidad. Además, dichas interceptaciones han de notificarse a los Estados miembros y a la Comisión. Por ejemplo, en 1995 se notificaron 11 interceptaciones de organismos nocivos sobre productos vegetales procedentes de países sudamericanos. Tanto en 1996 como en 1997 se produjeron 8 interceptaciones y durante el primer semestre del presente año se interceptaron 3 lotes de productos vegetales procedentes de esa misma parte del mundo.

La Comisión toma las medidas necesarias para garantizar la eficacia de los controles fitosanitarios efectuados por los Estados miembros en los puntos de entrada de la Comunidad, y no ha constatado que se hayan producido negligencias al efectuarse dichos controles sobre importaciones procedentes de países sudamericanos.

(1) DO L 26 de 31.1.1977.

(2) DO L 15 de 21.1.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-1418/98

de Riccardo Nencini (PSE) al Consejo

(11 de mayo de 1998)

Asunto: Despido colectivo

La empresa "Replay" de Scarperia, en la provincia de Florencia, fabricante de productos plásticos, está sujeta a un procedimiento de despido colectivo de cerca de 40 empleados; la propietaria ("S.P. Metal", con sede en París) cedió la empresa a la A.C.P. Plastic, con sede en el Reino Unido, mientras estaban en curso los procedimientos de movilidad de trabajadores. La dirección de la empresa ha cometido infracciones tanto en virtud de la Directiva del Consejo de 17 febrero 1975 y sus posteriores modificaciones, como en virtud de la Directiva del Consejo de 14 febrero 1997 y sus posteriores modificaciones, en especial de los artículos 3, 4 y 6.

¿Tiene la intención el Consejo de verificar el posible incumplimientos de las mencionadas directivas por parte de la dirección de la empresa "Replay"?

Respuesta

(24 de septiembre de 1998)

El Consejo no está facultado para pronunciarse sobre las infracciones de la legislación comunitaria. Corresponde a la Comisión velar por la aplicación del derecho comunitario, en su caso bajo el control del Tribunal de Justicia.
PREGUNTA ESCRITA E-2088/98

de Mark Watts (PSE) a la Comisión

(10 de julio de 1998)

Asunto: Bienestar de los animales en el momento de su sacrificio

El artículo 13 de la Directiva 93/119/CE relativa a la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza establece que, a más tardar el 31 de diciembre de 1995, la Comisión presentará dos informes, a saber, uno al Consejo y otro al Comité veterinario permanente, basándose en un dictamen del Comité científico veterinario, acompañado de propuestas relativas a una serie de cuestiones que afectan al bienestar de los animales en el momento de su sacrificio.

El Comité científico veterinario publicó su dictamen detallado en octubre de 1996. Este Comité recomendó, en concreto, que debía procederse a la incisión de ambas arterias carótidas, en lugar de sólo una, para provocar un desangrado rápido y la muerte. El Comité estableció asimismo las intensidades mínimas de corriente necesarias para lograr un aturdido eficaz en cada una de las principales especies de animales de explotación.

¿Cuándo tiene la Comisión la intención de presentar los informes, junto con las propuestas requeridas en virtud de las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 13 de la Directiva 93/119/CE?¿Tiene la Comisión la intención de incluir entre sus propuestas: a) un requisito en el sentido de la incisión de ambas arterias carótidas, y b) una disposición que establezca las intensidades mínimas de corriente para el aturdido de cada una de las principales especies de animales de explotación?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de julio de 1998)

La Comisión tiene previsto presentar a corto plazo dos informes, uno al Consejo y otro al Comité veterinario permanente, elaborados a partir de un dictamen del Comité científico veterinario, acompañado de propuestas adecuadas relativas a la utilización, en particular, de pistolas de balas, gases o combinaciones de ambos para el aturdido o la matanza. Los informes y las propuestas harán referencia además a la intensidad y a la duración del uso de la corriente necesaria para aturdir las distintas especies en cuestión y cualquier otro procedimiento científicamente reconocido de aturdido o matanza.

Además, la Comisión tiene la intención de incluir en su propuesta la exigencia de que los animales aturdidos sean desangrados mediante una incisión de ambas arterias carótidas o de los vasos de donde nacen para provocar su desangrado rápido y la muerte. Además, pretende incluir disposiciones que establezcan la intensidad mínima de la corriente para el aturdido de las distintas especies en cuestión.
PREGUNTA ESCRITA E-1811/98

de Ulla Sandbæk (I-EDN) a la Comisión

(11 de junio de 1998)

Asunto: Informe del IEPC sobre el programa "Campfire" de Zimbabwe

El programa "Campfire" de Zimbabwe es una iniciativa de desarrollo que ha recibido elogios por sus resultados en términos de mejora de los niveles de vida rural, reducción de la pobreza y conservación de la fauna y de sus hábitats en Zimbabwe.

Recientemente, el grupo "Indigenous Environmental Policy Centre" (IEPC), con sede en los EE.UU., presentó un informe de 48 páginas titulado "El caso del Programa Campfire de Zimbabwe, retórica o realidad" en el que literalmente hace añicos al programa.

¿Conoce la Comisión el informe IEPC?

En caso afirmativo, ¿está de acuerdo con su contenido y recomendaciones?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión

(25 de junio de 1998)

La Comisión conoce el informe realizado por el grupo "Indigenous environmental policy centre" (IEPC). Aunque nunca ha mantenido una relación directa con el programa Campfire, la Comisión ha efectuado un seguimiento del programa en las zonas geográficas en las que la Comisión ha emprendido proyectos de desarrollo rural.

Debido a defectos de metodología, la Comisión no considera el informe IEPC como prueba concluyente del éxito o el fracaso del programa Campfire en Zimbabue.

El informe IEPC se basa en una metodología y en un marco de análisis financiero y económico que no sería aceptable por los donantes como evaluación de un proyecto de desarrollo. Al parecer, el informe se basa en entrevistas seleccionadas con ocupantes ilegales y se centra exclusivamente en los problemas que afectan al programa Campfire. El análisis financiero del informe carece de la profundidad suficiente para contrarrestar la evidencia de que las comunidades reciben un porcentaje significativo de los beneficios y que, gracias al programa Campfire, ha aumentado la inversión en la gestión de la naturaleza.

El fracaso de un programa de desarrollo no puede demostrarse simplemente enumerando los problemas a los que debe hacer frente. En este sentido, el informe no presenta cuál sería la situación actual sin la existencia del programa, tema que generalmente trataría cualquier evaluación. Por ejemplo, existen pruebas de que la pérdida total del hábitat silvestre en zonas Campfire es muy inferior al nivel general de pérdidas en el valle de Zambezi. Además, un programa de esta naturaleza no solamente tiene resultados cuantitativos, sino que conlleva otros procesos (como el fortalecimiento de las comunidades locales o los mayores niveles de autodeterminación) que también deben tenerse en cuenta.
PREGUNTA ESCRITA E-2280/98

de Anita Pollack (PSE) a la Comisión

(22 de julio de 1998)

Asunto: Talasemia

¿Dispone la Comisión de datos sobre el grado de difusión de la talasemia en cada Estado miembro?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(5 de agosto de 1998)

La Comisión no dispone de la información solicitada.
PREGUNTA ESCRITA E-1733/98

de Joaquim Miranda (GUE/NGL) y Honório Novo (GUE/NGL) al Consejo

(8 de junio de 1998)

Asunto: Construcción de un depósito de residuos nucleares en Aldeadávila (España)

El Gobierno español ha propuesto recientemente al Senado de España la constitución de una comisión para estudiar la posibilidad de construir un depósito de residuos nucleares en la zona de Adeadávila de la Ribera, retomando así proyectos anteriores que, al igual que ahora, suscitaron entonces la firme oposición de la población.

Habida cuenta de que la construcción de dicho "cementerio" nuclear supondría un grave peligro, debido a la naturaleza granítica de la zona en que se pretende instalar; de que representaría un gran peligro para la salud pública y para el medio ambiente, un alto riesgo para la economía de la región y de que infringiría las normas internacionales, ya que estaría situado a menos de cien kilómetros de la frontera entre España y Portugal, ¿puede el Consejo, con la urgencia que requiere este asunto, facilitar información sobre la actitud que tiene intención de adoptar al respecto?

Respuesta

(24 de septiembre de 1998)

La Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(1) es de aplicación en los casos de instalaciones destinadas exclusivamente a almacenar permanentemente o a eliminar definitivamente residuos radiactivos. En virtud del apartado 1 del artículo 4 de la misma, este tipo de instalación debe ser objeto en principio de un estudio de impacto para analizar sus efectos en el medio ambiente. En el artículo 7 se establecen, además, procedimientos de consulta en caso de que dichos proyectos puedan tener repercusiones importantes en el medio ambiente de otro Estado miembro, bien por iniciativa del Estado miembro en cuyo territorio se piensa realizar el proyecto o bien a petición del otro Estado miembro.

Por otra parte, el artículo 37 del Tratado Euratom precisa que cada Estado miembro deberá suministrar a la Comisión, que emitirá un dictamen en un plazo de seis meses, los datos generales sobre todo proyecto de evacuación, cualquiera que sea su forma, de los residuos radiactivos, que permitan determinar si la ejecución de dicho proyecto puede dar lugar a una contaminación radiactiva de las aguas, del suelo o del espacio aéreo de otro Estado miembro.

El Consejo considera que la correcta aplicación de la legislación comunitaria debería permitir que se garantizase la observancia, en el marco del proyecto mencionado por Sus Señorías, de las normas vigentes en materia medioambiental y sanitaria.

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
PREGUNTA ESCRITA n. 1135/98 del José APOLINÁRIO a la Comisión. Segundo Marco Comunitario de Apoyo - Azores



Diario Oficial n° C 013 de 18/01/1999 p. 0021



PREGUNTA ESCRITA E-1135/98 de José Apolinário (PSE) a la Comisión (24 de abril de 1998) Asunto: Segundo Marco Comunitario de Apoyo - Azores Teniendo en cuenta la peculiaridad de la región de las Azores (Portugal), región ultraperiférica que cuenta con un estatuto especial confirmado en el Tratado de la Unión Europea, ¿puede indicar la Comisión en qué medida dicha región fue objeto del apoyo comunitario a través de los Fondos Estructurales durante el período de 1994 a 1999 (medidas de política e importes económicos)? ¿Cuál es la perspectiva de la Comisión sobre los apoyos en el ámbito del Marco Comunitario de Apoyo durante el período de 2000 a 2006?