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PREGUNTA ESCRITA E-1868/98

de Ernesto Caccavale (UPE) a la Comisión

(16 de junio de 1998)

Asunto: Presunta ilegitimidad de la prohibición de beneficiarse de subvenciones estatales cuando existe una financiación comunitaria

En relación con la medida 2.2 del Programa operativo de la Región de Campania, que prevé la subvención por parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de inversiones públicas en las zonas industriales con respecto a la cual se formuló la pregunta escrita E-1009/98(1), y teniendo en cuenta la respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión, ¿puede indicar ésta

1. si es cierto que la medida 2.2 del POP aprobado por el Consejo de Asuntos Regionales y por la Comisión Europea permite la financiación al 100 % de consorcios tanto públicos como privados y si, por lo tanto, es correcto o no declarar que la Región de Campania puede proponer una modificación para permitir el acceso de los particulares a dicha medida?

2. si la Región de Campania ha solicitado alguna vez por escrito a la Comisión Europea una autorización para introducir esa modificación?

3. si es lícita de alguna manera la prohibición, impuesta por iniciativa de la Región de Campania, de recurrir a los fondos previstos por la legislación nacional para cubrir el 50 % de la financiación?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(20 de julio de 1998)

La medida 2.2 "zonas industriales" del programa operativo para la región de Campania para el período de 1994-1999 establece que los beneficiarios de la intervención sean los organismos públicos y los consorcios. El plan financiero de la medida, propuesto por la región y aprobado por la Comisión, prevé la financiación pública al 100 %, lo que implica que los beneficiarios de la intervención sean únicamente organismos y consorcios públicos. Para destinar una parte de la financiación pública a consorcios privados, la región debe proceder previamente una modificación del plan financiero con el fin de permitir la inclusión de la participación financiera privada.

La región propuso al Comité de seguimiento del programa, durante su reunión de 11 de diciembre de 1997, una modificación del plan financiero de la medida, con el fin de autorizar, para el año 1996, la participación privada hasta un 50 % del total. Esta modificación no ha sido aún notificada a la Comisión.

La región de Campania debe cumplir y hacer cumplir el plan financiero del programa, tal como fue aprobado por la Comisión. Por consiguiente, incluso tras la posible modificación del plan financiero, la Comisión no puede aceptar que la parte a cargo del capital privado sea cubierta por otros recursos de carácter público.

(1) DO C 402 de 22.12.1998.
PREGUNTA ESCRITA P-2355/98

de Olivier Dupuis (ARE) a la Comisión

(13 de julio de 1998)

Asunto: Operaciones financieras del Sr. Karadzic

Según una noticia aparecida en el semanario "Nezavisne Novine" de Banja Luka y recogida por el "Corriere della Sera" del 22 de junio de 1998, en marzo de 1997 se transfirieron 17 millones de marcos (equivalentes a 17.000 millones de liras) del Banco Nacional de la Republika Srpska a la "Nuova Banca di Credito di Trieste", también conocida por el nombre esloveno de "Trzaska Kreditna Banka"; al parecer, dicha transferencia fue realizada por hombres fieles al criminal de guerra Radovan Karadzic poco antes de ceder el Gobierno de la Republika Srpska a los "moderados" del actual primer ministro Milorad Dodik. Cabe suponer que el cuantioso capital transferido es fruto de los saqueos realizados por los serbobosnios durante las operaciones de "limpieza étnica" y de malversaciones en perjuicio de los bienes de la Republika Srpska.

¿Qué información puede recabar la Comisión sobre las actividades de la sociedad Sarnos Establishment de Liechtenstein, que el "clan Karadzic" habría utilizado como cobertura para la transferencia de capitales?

¿Qué información puede recabar la Comisión sobre las actividades del Ispeco (Instituto Internacional de Estudios Políticos y Económicos para la Cooperación y el Desarrollo), con sede en Roma, dirigido por el Sr. Gianfranco Oliverio? Al parecer, este instituto se creó en 1995 con funciones de grupo de poder político-económico de Radovan Karadzic en Italia.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para impedir en el futuro la existencia de complicidades y connivencias directas y/o indirectas con el criminal de guerra Radovan Karadzic y para fortalecer la colaboración de las instituciones europeas con el Tribunal especial sobre crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión

(14 de septiembre de 1998)

La Comisión ha sido informada de los artículos aparecidos en la prensa italiana sobre las operaciones financieras del Sr. Karadzic. Desgraciadamente, no dispone de información complementaria ni de los medios para investigar la veracidad de los hechos expuerstos.

No obstante, la Comisión quiere recordar que en 1997 suspendió sus operaciones de ayuda a la Republika Srpska, a raíz de informaciones similares que involucraban a presuntos criminales de guerra. Desde el principio ha sido del parecer, y así lo ha manifestado en reiteradas ocasiones, de que los sospechosos de crímenes de guerra deben ser justiciables y responder de sus actos, por lo que deben ser conducidos ante la justicia para asegurar una paz y una estabilidad duraderas en Bosnia y Hercegovina.

Con cargo a su presupuesto, la Comunidad está apoyando las actividades del Tribunal Penal Internacional.
PREGUNTA ESCRITA E-1542/98

de Gianni Tamino (V) a la Comisión

(19 de mayo de 1998)

Asunto: Paloma crucificada en Orvieto el día de Pentecostés

Es una tradición popular de Orvieto que el día de Pentecostés se crucifique una paloma, símbolo del Espíritu Santo, en una rueda de petardos que va corriendo por un cable de acero desde la iglesia de San Francisco (patrono de los animales) hasta la puerta de la Catedral, entre los gritos del público y la explosión de los petardos y fuegos artificiales colocados en la rueda de la paloma que a menudo acaba muerta o moribunda. De las condiciones del animal a su llegada a la Catedral se deducen buenos o malos augurios para la ciudad.

Esta bárbara ceremonia recibe la bendición del obispo de la ciudad y está patrocinada por la Región de Umbria y por la Unión Europea, como se puede observar en el folleto descriptivo de la ceremonia.

A pesar de las repetidas protestas de las diversas asociaciones de defensa de los derechos de los animales (Amici della Terra, LAV, ENPA, WWF) presentes en el territorio, también este año se volverá a sacrificar una paloma en nombre de la superstición.

¿Considera la Comisión compatible una manifestación de este tipo con la necesidad de defender y proteger el bienestar de los animales, reconocido por otra parte en los trabajos de la CIG que desembocaron en el Tratado de Amsterdam? ¿Con qué motivo se ha concedido el patrocinio comunitario a esta iniciativa? ¿No considera la Comisión que la imagen de la bandera de la UE se utiliza indebidamente y cómo tiene la intención de evitarlo?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(19 de junio de 1998)

Como ya ha declarado en varias ocasiones, la Comisión deplora todas las formas de crueldad con los animales y, en sus propuestas relativas al bienestar animal, ha procurado siempre conseguir el nivel de bienestar más elevado posible.

La Comunidad tiene una legislación de bienestar animal relativa a los animales de granja (prácticas agrarias, transporte y sacrificio) y de laboratorio. Esta legislación se actualiza cada cierto tiempo, teniendo en cuenta los nuevos progresos y los últimos descubrimientos científicos.

En un protocolo del Tratado de Amsterdam se exige que la Comisión y los Estados miembros presten la máxima atención a los requisitos de bienestar animal en los sectores de la agricultura, el transporte, el mercado interior y la investigación. Sin embargo, en el protocolo se insiste en que continúen respetándose los ritos religiosos, las tradiciones culturales y el patrimonio cultural regional.
PREGUNTA ESCRITA E-2037/98

de Klaus Hänsch (PSE) a la Comisión

(7 de julio de 1998)

Asunto: Concesión de fondos comunitarios a la comarca de Mettmann (Renania del Norte-Westfalia)

En lo referente a la concesión de fondos comunitarios a la comarca de Mettmann (Renania del Norte-Westfalia), ¿puede indicar la Comisión:

1. la suma de los recursos estructurales comunitarios percibidos y su desglose según los distintos fondos o programas e iniciativas comunitarios así como la suma de los recursos comunitarios concedidos desde 1994 a la comarca de Mettmann en el marco de otras líneas presupuestarias con destino a proyectos piloto y otras medidas o -en forma de ayudas directas- a universidades, institutos de investigación, empresas y otros beneficiarios, y

2. el número de los puestos de trabajo creados o mantenidos con ayuda de los citados recursos?

Respuesta complementaria

del Sr. Santer en nombre de la Comisión

(25 de septiembre de 1998)

Como complemento a su respuesta del 6 de julio de 1998(1), la Comisión está actualmente en condiciones de comunicar lo siguiente.

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a su pregunta escrita E-2036/98(2).

(1) DO C 354 de 19.11.1998, p. 129.

(2) DO C 386 de 11.12.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-1886/98

de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión

(16 de junio de 1998)

Asunto: Informe de convergencia

El informe de la Comisión sobre la convergencia y correspondiente recomendación con vistas a la transición a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (COM(98)1999 final) indica que, el 23 de octubre de 1995, el Consejo adoptó el Reglamento (CEE) 2494/95(1), donde se establecía la base jurídica para la determinación de una metodología armonizada para calcular los índices de precios al consumo de los Estados miembros.

Dicho Reglamento planteaba una armonización gradual en dos etapas:

1. Elaboración de una serie de índices de precios al consumo provisionales (IPCP), que se basaban en los IPC nacionales existentes, corregidos para hacer coincidir en todo lo posible los bienes y servicios cubiertos.

2. Elaboración de índices de precios al consumo armonizados (IPCA).

En el mismo informe, se señala que los IPCA sirven para elaborar los siguientes índices agregados a nivel europeo: índice de precios de consumo europeo (IPCE), índice de precios de consumo del Espacio Económico Europeo (IPCEEE), y el futuro índice de precios de consumo de la Unión Monetaria.

¿Podría la Comisión facilitar datos del IPCE para 1997?

(1) DO L 257 de 27.10.1995, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA E-1456/98

de Felipe Camisón Asensio (PPE) a la Comisión

(11 de mayo de 1998)

Asunto: Cultivo del lúpulo en la provincia de León (España)

Es público y notorio que el cultivo del lúpulo en la provincia de León (España) ha venido sufriendo una drástica reducción, en la extensión cultivada, desde el año de 1985 hasta la fecha, habiéndose llegado a un punto en que de las primitivas 2.000 hectáreas sólo se explotan en estos momentos menos de la mitad.

Esta circunstancia agraria lleva aparejada unas consecuencias sociales graves, por razón de la pérdida de puestos de trabajo que el hecho acarrea, precisamente en una zona muy afectada por problemas de desempleo, por lo que el intentar reducir aún más dicha extensión produciría, irremediablemente, una agudización de tan indeseable lacra social.

También está suficientemente contrastado que este cultivo no es sustituible por otra alternativa razonablemente rentable, que pudiera solucionar el agravamiento del problema que provocaría la insistencia en proceder a mayores reducciones.

Ante esta inquietante situación, ¿por qué no se toma como referencia, como punto de partida de una potencial reducción, la superficie plantada en 1985, dado que desde esa fecha ya se ha practicado una sustanciosa y suficiente reducción?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(23 de junio de 1998)

Como respuesta a la pregunta de Su Señoría cabe observar que las medidas especiales de carácter temporal en el sector del lúpulo adoptadas por el Consejo el 25 de mayo de 1998, referentes a la puesta en barbecho y al arranque, son completamente opcionales en los Estados miembros productores, que pueden decidir aplicarlas o no en sus territorios respectivos.

Se ha considerado 1997 como año base de referencia para estas medidas porque los precios en el mercado libre, especialmente de los lúpulos alemanes (que representan el 80 % de la producción comunitaria) han bajado considerablemente hasta valores situados claramente por debajo de la media de los últimos 20 años.
PREGUNTA ESCRITA E-1130/98

de José Salafranca Sánchez-Neyra (PPE) a la Comisión

(24 de abril de 1998)

Asunto: Derechos humanos en China

¿Cuál es el estado de la situación, a juicio de la Comisión, de los derechos humanos en China?

Respuesta de Sir Leon Brittan en nombre de la Comisión

(9 de junio de 1998)

Los derechos humanos en China desempeñan un papel fundamental en las relaciones Comunidad-China. La Comisión es plenamente consciente de la preocupación permanente que suscitan diversos aspectos de la situación de los derechos humanos en China: la suerte de los disidentes, la amplia utilización de la pena de muerte y la supresión de las libertades religiosas y culturales, también en Tíbet. Teniendo en cuenta estas preocupaciones, la postura de la Comisión, según lo establecido en la última Comunicación sobre China, "Construir una asociación global con China"(1), es comprometer a China en un diálogo franco y constructivo sobre derechos humanos. Aunque está claro que China está muy lejos de las normas aceptables en materia de derechos humanos, la Comisión reconoce también los esfuerzos y mejoras ya registrados. Por esta razón, la Comisión considera que el compromiso es más eficaz que la confrontación para obtener los resultados deseados en este campo.

La Comisión observa en China signos de mayor tolerancia de la disidencia, como muestra el período preparatorio del último Congreso Nacional del Pueblo (cartas abiertas, peticiones, etc.). También es positiva la liberación de varios conocidos disidentes. La Comisión acoge asimismo con satisfacción la firma por China y su anunciada intención de ratificar el Convenio de las Naciones Unidas sobre derechos económicos, sociales y culturales, y su compromiso de firmar el Convenio de las Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos. La Comisión ha subrayado en reiteradas ocasiones que esto debe ser seguido por una aplicación plena y completa de los dos convenios. El compromiso de China de no introducir la pena de muerte en Hong Kong y permitir a las autoridades de Hong Kong que informen de forma autónoma sobre sus compromisos en materia de derechos humanos en las Naciones Unidas, es igualmente alentador.

Sin embargo, en definitiva, la prueba real para los derechos humanos en China sólo podrá ser determinada por la firma de los acuerdos internacionales o incluso por la liberación de detenidos concretos. La prueba real será la administración cotidiana de justicia en China y la manera en que afecte a los ciudadanos ordinarios de forma concreta y específica.

Al comprometer a China en un diálogo, y utilizando toda una gama de proyectos de cooperación, la Comisión espera poder ayudar a consolidar la sociedad civil y promover el Estado de Derecho.

(1) COM(98)181 final.
PREGUNTA ESCRITA P-2754/98

de Olivier Dupuis (ARE) a la Comisión

(1 de septiembre de 1998)

Asunto: Ley de caza de la Asamblea Regional siciliana

Considerando que el 20 agosto 1998, la Asamblea Regional siciliana aprobó un proyecto de ley relativo a la protección de la fauna silvestre y al ejercicio de la caza cuyo articulado infringe la ley nacional italiana y la Constitución; considerando que dicha decisión es contraria a una directiva europea determinada, puesto que entre las especies cuya caza está autorizada figura la perdiz griega siciliana, lo que constituye una violación de la Directiva (CEE) 79/409(1) y sus modificaciones, que incluye dicha ave en el anexo 1 relativo a las especies especialmente protegidas a nivel comunitario; ¿qué iniciativas piensa emprender la Comisión para restablecer la legalidad y el cumplimiento de las directivas comunitarias?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(2 de octubre de 1998)

La Comisión establecerá los contactos necesarios para poder disponer de toda la información sobre los hechos denunciados. Si fuere necesario, no dejará de instruir el oportuno expediente, en el marco del procedimiento previsto en el artículo 169 del Tratado.

(1) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA E-1053/98

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(6 de abril de 1998)

Asunto: Controles veterinarios de pescado

La UE ha decidido que los controles veterinarios de las exportaciones a la UE de pescado procedente de terceros países deberán ser más frecuentes a partir de enero de 1997.

¿Puede la Comisión indicar la frecuencia media con que se ha controlado el pescado procedente de Chile o el Canadá en los años 1995, 1996 y 1997?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(7 de mayo de 1998)

La Directiva 97/675/CEE del Consejo, de 10 de diciembre de 1990, establece los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de terceros países(1). Existen tres tipos de controles: los de documentos, los de identidad y los físicos. Los dos primeros deben efectuarse en cada lote. A este respecto, los lotes de productos de la pesca procedentes de Chile y de Canadá se controlaron con una frecuencia del 100 % en 1995, 1996 y 1997.

En lo que se refiere a los controles físicos, es conveniente remitirse a la Decisión 94/360/CE de la Comisión(2), cuya última modificación la constituye la Decisión 97/139/CE(3). A partir del 1 enero 1997 son aplicables en toda la Comunidad las siguientes frecuencias:

- el 20 % a los productos de la pesca contenidos en recipientes herméticamente cerrados destinados a mantener su estabilidad a temperatura ambiente, el pescado fresco y congelado y los productos de la pesca secados y salados;

- el 50 % a los productos de la pesca no mencionados en el primer guión.

Antes del 1 enero 1997, los Estados miembros tenían la posibilidad de aplicar su propia frecuencia de control. Según la información general de que dispone la Comisión, la situación en los Estados miembros era muy diferente (oscilaba entre el 2 y el 100 %). Por ello, el establecimiento de medias de 1995 y 1996 no es relevante a este respecto.

(1) DO L 373 de 31.12.1990. Esta Directiva se ha sustituido por la Directiva 97/78/CE del Consejo (DO L 24 de 30.1.1998.).

(2) DO L 158 de 25.6.1994.

(3) DO L 55 de 24.2.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-2091/98

de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión

(10 de julio de 1998)

Asunto: Bloqueo de los finiquitos de miembros de la policía fiscal

En Italia, el Gobierno Prodi ha bloqueado las liquidaciones laborales (finiquitos) a cargo del FAF ("Fondo de Asistencia de la Policía Fiscal"). En algunos casos se ha abonado la liquidación sólo a algunos miembros, hasta agotar los fondos disponibles, en tanto que otros se han quedado fuera, con lo que se les ha negado arbitrariamente un derecho.

A pesar de que existe un Decreto específico del Estado italiano que bloquea los fondos, se constatan a menudo casos en los que se siguen abonando las liquidaciones, lo que provoca graves desigualdades de trato entre los ciudadanos.

Ante los hechos expuestos, ¿puede decir la Comisión:

1. si no considera arbitraria la decisión del Gobierno Prodi de suspender el pago de un derecho adquirido como son las liquidaciones laborales;

2. si no considera discriminatorio el pago de la liquidación a sólo algunos afortunados, excluyendo a otros que tienen los mismos derechos;

3. si no considera oportuno intervenir ante las autoridades italianas para pedir al menos la igualdad de trato de todos los ciudadanos;

4. cuál es su opinión general sobre esta cuestión?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(10 de septiembre de 1998)

Hasta el momento, la cuestión del pago de las indemnizaciones laborales a los trabajadores con motivo de la terminación o rescisión de un contrato o de una relación laboral no ha sido objeto de reglamentación comunitaria. La legislación nacional de cada Estado miembro es la que determina los montantes y las modalidades de pago de esas indemnizaciones.

Por lo tanto, la decisión del Gobierno italiano en relación con las modalidades de aplicación del "Trattamento di Fine Rapporto" es materia de la exclusiva competencia de las autoridades nacionales, y en particular de los tribunales competentes en todos los litigios que surjan en este ámbito.
PREGUNTA ESCRITA E-1630/98

de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión

(27 de mayo de 1998)

Asunto: Informe anual del Fondo de Cohesión (1996)

En relación con el "Informe anual del Fondo de Cohesión (1996)" (COM(97)302 final), en el mismo se hace referencia a las actividades del Fondo de Cohesión en 1996 que, en muchos aspectos se ha revelado como un año clave. En efecto, el Fondo de Cohesión se ha vuelto plenamente operativo, siendo posible proceder a una evaluación retroactiva de los proyectos concluidos. Asimismo, 1996 ha sido el año del reexamen intermedio de la admisibilidad de los Estados miembros, así como el primer año de comprobación de la aplicación de los programas de convergencia económica por parte de los Estados miembros y de aplicación del principio de condicionalidad por parte de la Comisión.

¿Podría sensibilizar la Comisión a los Estados miembros para un mejor reparto regional de las inversiones, con especial atención a las zonas rurales y urbanas del interior más desfavorecidas?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(1 de julio de 1998)

El Fondo de Cohesión ofrece ayuda financiera a los Estados miembros más pobres -aquellos con un PNB per cápita inferior al 90 % de la media comunitaria- para que alcancen déficits presupuestarios soportables manteniendo unos niveles elevados de inversiones públicas en los sectores del transporte y el medio ambiente.

El Fondo de Cohesión, que no cuenta entre sus objetivos combatir las diferencias económicas regionales, no puede prestar ayuda para actividades rurales o urbanas concretas.

La iniciativa de presentar al Fondo de Cohesión solicitudes de proyectos correspondientes a los sectores de las infraestructuras de transportes transeuropeos y el medio ambiente depende exclusivamente de los Estados miembros beneficiarios. La Comisión no está en condiciones de rechazar ninguna solicitud utilizando para ello como argumento el lugar en el que esté ubicado el proyecto.
PREGUNTA ESCRITA E-1598/98

de Allan Macartney (ARE) a la Comisión

(25 de mayo de 1998)

Asunto: Impuesto sobre el whisky importado por Taiwan y la legislación comunitaria

La propuesta de impuesto provisional para las bebidas espirituosas en los intercambios comerciales con Taiwan establece una diferencia entre whisky escocés e irlandés y otros whiskies. Esta diferencia asciende a 242 NT$/litro, favoreciendo a los "otros whiskies", concretamente los procedentes del Japón, de los Estados Unidos, el Canadá, la India, Bélgica y Francia.

¿Cuáles son las repercusiones de un acuerdo celebrado en el marco de la legislación comunitaria que favorece a dos Estados miembros (en este caso, Francia y Bélgica) y va en detrimento de otros dos, concretamente el Reino Unido e Irlanda?