PREGUNTA ESCRITA E-3320/97 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión (20 de octubre de 1997)

Asunto: Tráfico ilegal y eliminación de residuos nucleares

Según ha denunciado la organización Greenpeace, parece que una parte del tráfico y almacenamiento de residuos tóxicos y nucleares ha caído en manos de redes ilegales. Las autoridades judiciales italianas ya han iniciado investigaciones sobre la eliminación ilegal de residuos en el Mediterráneo. En el informe publicado por Greenpeace se menciona a la compañía Oceanic Disposal Management, con sede en Lugano, como una sucursal de la red «The Network» encargada de este tráfico ilegal a través de sus oficinas en Alemania, Austria, Francia, Italia, Rusia, Gran Bretaña y Suiza.

¿Puede la Comisión:

1. facilitar datos sobre la magnitud de este problema;

2. indicar qué medidas piensa adoptar para identificar estas redes ilegales?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3234/97 y E-3320/97 dada por el Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (4 de diciembre de 1997)

La Comisión no dispone de la información publicada por Greenpeace, según la cual el transporte y tratamiento de residuos tóxicos y nucleares ha pasado a manos de la Mafia. De hecho, la Comisión no tiene competencias en materia penal, por lo que no está en condiciones de facilitar información sobre la magnitud del problema. No obstante, sobre la base de la información suministrada por Sus Señorías, desea formular las observaciones siguientes:

El Convenio para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación (Convenio de Barcelona) y su Protocolo para la prevención de la contaminación del Mar Mediterráneo mediante vertidos efectuados por buques y aeronaves entraron en vigor para la Comunidad el 15 de abril de 1978. El artículo 4 del Protocolo prohíbe el vertido en el Mediterráneo de residuos y materiales radiactivos, así como numerosas otras categorías de residuos peligrosos enumeradas en el Anexo I. El vertido de otras categorías de residuos en el Mar Mediterráneo no está prohibido como tal, pero está supeditado a la expedición de un permiso por parte de las autoridades competentes, ya sea un permiso específico (para las categrías enumeradas en el Anexo II) o un permiso general.

Por otra parte, en cuanto a los residuos peligrosos, el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos ((DO L 377 de 31.12.1991. )) prevé que los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para asegurar que, en todos los lugares en que se viertan (descarguen) residuos peligrosos, dichos residuos se registren y se identifiquen.

La empresa a la que Greenpeace considera responsable del hundimiento de buques en el Mediterráneo está establecida en Lugano (Suiza). Suiza no es parte en el Acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE) y, por tanto, no está obligada a aplicar la legislación comunitaria. No obstante, parece ser que esta empresa también tiene oficinas en varios Estados miembros. En cualquier caso, toda operación de eliminación, como el vertido de residuos en el mar, que se lleve a cabo en territorio bajo la jurisdicción de un Estado miembro debe obtener un permiso de conformidad con las disposiciones de la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos ((DO L 194 de 25.7.1975. )).

En lo que respecta a los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos, éstos están regulados por el Reglamento (CEE) no 259/93 del Consejo relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea ((DO L 30 de 6.2.1993. )) o por la Directiva 92/3/Euratom del Consejo, relativa a la vigilancia y al control de los traslados de residuos radiactivos entre Estados miembros o procedentes o con destino al exterior de la Comunidad ((DO L 35 de 12.2.1992. )), en lo que se refiere a los residuos radiactivos. Según el artículo 14 de este Reglamento, están prohibidas las exportaciones de residuos peligrosos destinados a la eliminación fuera de la Comunidad, salvo las dirigidas a los países de la AELC.

El artículo 11 de la Directiva prohíbe los traslados de residuos radiactivosya sea a cualquier destino situado al sur de los 60o de latitud sur, a un Estado no comunitario signatario del cuarto Convenio ACP-CEE o bien a un país tercero que, a juicio de las autoridades competentes del país de origen, no posea los recursos técnicos, jurídicos o administrativos para gestionar con seguridad los residuos radiactivos.

Los traslados de residuos entre Estados miembros destinados a la eliminación están permitidos si han sido objeto de notificación y todas las autoridades afectadas, a saber, las de los países de origen, destino y tránsito, han dado previamente su autorización. Un traslado sólo puede ser autorizado si la instalación encargada del tratamiento de los residuos está debidamente autorizada y la gestión ambientalmente racional de los residuos queda garantizada. El traslado ha de ir acompañado de un documento de circulación o de seguimiento y, en un plazo de 180 días a partir de la recepción de un traslado de residuos peligrosos (de dos semanas en el caso de un traslado de residuos radiactivos), el destinatario debe enviar un certificado de eliminación al notificante y a las autoridades afectadas.

Si no se cumplen estas condiciones, el traslado se considera tráfico ilícito. En lo que respecta a los casos de tráfico ilícito de residuos peligrosos, el artículo 26 del Reglamento (CEE) no 259/93 establece la necesidad de tomar medidas en un plazo de treinta días a partir del momento en que la autoridad competente haya sido informada del tráfico ilícito. Estas medidas consisten en gestionar de otra forma los residuos, según métodos ambientalmente racionales y pueden incluir, en ciertos casos, la obligación de proceder a su retirada. Además, según el apartado 5 del artículo 26, los Estados miembros están obligados a tomar las medidas legales pertinentes para prohibir y sancionar el tráfico ilícito. Sin embargo, los Estados miembros no tienen la obligación de notificar a la Comisión los casos de tráfico ilícito.

En cuanto a los traslados de residuos peligrosos en el interior de un Estado miembro, los Estados miembros establecerán un régimen adecuado de vigilancia y control de los traslados de residuos de ámbito nacional. Este sistema debe tener en cuenta la necesidad de garantizar la coherencia con el sistema comunitario establecido por el Reglamento (CEE) no 259/93 (artículo 13).

Por último, según la Directiva 93/75/CEE, que fija los requisitos de notificación exigidos a los buques que transporten mercancías peligrosas o contaminantes, incluidas sustancias radiactivas, el operador de un buque que zarpe de un puerto de un Estado miembro tiene la obligación de notificar los detalles relativos al buque y a su carga a las autoridades competentes de dicho Estado miembro. Los Estados miembros deben adoptar las disposiciones legislativas o administrativas nacionales necesarias para garantizar el cumplimiento de dicho requisito.

A la luz de lo anterior, es difícil para la Comisión determinar la veracidad de los actos ilegales citados, así como las organizaciones vinculadas al hundimiento de buques con residuos en el Mediterráneo. No obstante, la Comisión se dirigirá en primer lugar a las autoridades suizas e italianas a fin de recabar su opinión y, en la medida de lo posible, más datos acerca de este grave asunto.