PREGUNTA ESCRITA E-1716/00

de Olivier Dupuis (TDI) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Sobornos y política de la Unión en materia de distorsión de las reglas de competencia y de lucha contra la corrupción

En su respuesta de 8 de noviembre de 1999 a la pregunta escrita P-1844/99(1), la Comisión indicó su voluntad, en el marco de la Comunicación de 21 de mayo de 1997 sobre la política de la Comunidad contra la corrupción, de plantear a los Estados miembros la cuestión de la deducibilidad de los sobornos en las instancias apropiadas, en la perspectiva de buscar un acuerdo sobre una acción concertada para la supresión de esta deducibilidad.

En su respuesta de abril (conjunta a la pregunta oral no 59 (H-0257/00)(2) y a la pregunta E-2012/99(3)), la Comisión afirma disponer de informaciones según las cuales la totalidad de los Estados miembros que seguían permitiendo a las empresas deducir de sus beneficios las comisiones pagadas a agentes públicos extranjeros ya han modificado su legislación o están a punto de hacerlo con el fin de poner en práctica los principios contenidos, por una parte, en la Recomendación de la OCDE de abril de 1996 y, por otra, en la Comunicación de la Comisión de 21 de mayo de 1997.

¿Puede la Comisión detallar de manera exhaustiva los Estados miembros afectados y los plazos exactos de modificación de las legislaciones de cada uno de ellos?

La Comisión afirma, por otra parte, que no tiene actualmente la intención de proponer una armonización de las condiciones de deducibilidad de las comisiones abonadas a particulares o empresas privadas. Además de la distorsión evidente de las reglas de competencia que implica asimismo el pago de este tipo de comisiones, ¿tiene la Comisión conciencia de que una parte sustancial de los importes pretendidamente asignados a operaciones destinadas a permitir la obtención de contratos en terceros países, a través del pago de comisiones a particulares o empresas privadas, tiene en realidad como destinatarios finales a intermediarios y dirigentes de empresas del país de origen, miembro de la Unión?

Por estas razones, ¿no considera la Comisión que tiene la obligación de adoptar con urgencia todas las iniciativas apropiadas a fin de poner lo más rápidamente posible término a estas prácticas de deducibilidad de las comisiones abonadas a particulares o empresas tanto públicas como privadas?

(1) DO C 219 E de 1.8.2000, p. 32.

(2) Debates del Parlamento Europeo (abril de 2000).

(3) DO C 219 E de 1.8.2000, p. 67.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(12 de julio de 2000)

Para completar las respuestas anteriores mencionadas por Su Señoría, la Comisión desearía precisar que, de acuerdo con la información ofrecida por los Estados miembros de la Comunidad a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la totalidad de los Estados miembros que seguían permitiendo a las empresas deducir de sus beneficicios las comisiones pagadas a agentes públicos extranjeros, a excepción de Luxemburgo, ya han modificado su legislación con el fin de suprimir esta deducibilidad y, por tanto, aplicar los principios contenidos, por una parte, en la Recomendación de la OCDE de abril de 1996 y, por otra, en la Comunicación de la Comisión de 21 de mayo de 1997(1) relativa a la política de la Unión contra la corrupción.

Por lo que se refiere a Luxemburgo, este Estado miembro ha presentado, según las informaciones que ha proporcionado a la OCDE, un proyecto de ley a su Parlamento nacional con objeto de suprimir la deducibilidad de estas comisiones y asimismo ha indicado que dicho proyecto debería adoptarse antes de finales de 2000.

Respecto a la corrupción en el sector privado, el Consejo adoptó el 22 de diciembre de 1998(2) una acción común sobre la base del artículo 31 del Tratado de la Unión Europea (antiguo artículo K.3). De conformidad con el artículo 8 de esta acción común, Cada Estado miembro deberá presentar, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la misma (el 31 de diciembre de 1998), propuestas convenientes relativas al derecho penal para la aplicación de esta acción que habrán de ser examinadas por las autoridades con vistas a su adopción. El Consejo deberá evaluar los resultados de la acción común en el plazo de tres años a partir de su entrada en vigor. Sólo a la vista de los resultados de esta acción común será posible determinar si la acción emprendida en materia de derecho penal debe o no completarse con otra acción en el ámbito de la fiscalidad.

(1) COM(97) 192 final.

(2) DO L 358 de 31.12.1998.