PREGUNTA ESCRITA E-2056/98

de Felipe Camisón Asensio (PPE) a la Comisión

(7 de julio de 1998)

Asunto: Perspectivas de reforma de los Fondos estructurales

En relación con el asunto de referencia:

1. ¿Podría la Comisión informar si se están proyectando las reformas para conseguir mayor simplificación y descentralización, y en qué sentido?

2. ¿Continúa manteniendo la Comisión la postura de seguir, a partir del año 1999, con la aplicación del Fondo de Cohesión sin variaciones del procedimiento actual?

3. En cuanto a la Perspectiva Europea de Desarrollo Espacial (ESDP), ¿se prevé financiación de los Fondos Estructurales para esta futura acción?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(11 de septiembre de 1998)

La simplificación y la descentralización son algunos de los principales objetivos de la nueva orientación del sistema de aplicación de los Fondos estructurales que propone la Comisión en cada uno de los ámbitos de aplicación y en cada una de las etapas. La clarificación de las responsabilidades de todos los que participan en la aplicación, definiendo el papel y las responsabilidades de cada uno, tiene como finalidad simplificar la ejecución de los Fondos. Por lo que respecta a la programación, el seguimiento, la evaluación y el control, las responsabilidades respectivas ya están claramente definidas, lo cual facilitará más las relaciones entre la Comisión, los Estados miembros, las regiones y los agentes económicos. Los Estados miembros son responsables de la aplicación general de los Fondos y la programación pormenorizada ya está descentralizada, es decir, que la aplicación, la gestión financiera, el seguimiento y la evaluación de esta parte de la programación son competencia suya en primer término. La gestión financiera es un ámbito que se ha simplificado especialmente. Mientras que el sistema actual de compromisos y pagos comunitarios se apoya en una sucesión de tramos, de diversos pagos de anticipos y de umbrales de intervención en función de las realizaciones efectivas, el sistema propuesto se basa en un único compromiso anual automático, el pago de un único anticipo en el momento de la aprobación de un programa, el pago mediante reembolso de los gastos certificados por el Estado miembro y el pago de un saldo. Otro ámbito importante para los agentes, el de la admisibilidad de los gastos, también se ha simplificado. Aunque la normativa actual no contempla ninguna disposición, la práctica ha demostrado la necesidad de normas (véanse las 22 fichas de subvencionabilidad aprobadas por la Comisión en marzo de 1997 en el contexto de SEM 2000), y el principio que se sigue es la aplicación de las normas nacionales, salvo en el caso de que surja una necesidad a escala comunitaria (p. ej. armonización, vacío jurídico), para la cual la Comisión adopta normas comunes.

En lo que concierne al Fondo de cohesión, la Comisión ha propuesto que puedan beneficiarse de él los Estados miembros cuyo producto nacional bruto (PNB) per cápita sea inferior al 90 % de la media comunitaria, independientemente de que participen o no en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria.

La propuesta de Reglamento por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos estructurales(1), establece en el apartado 4 de su artículo 9 que la Comisión dictará orientaciones en las que señalará las prioridades comunitarias para cada uno de los objetivos de los Fondos estructurales.

Por consiguiente, dichas orientaciones deberán tener en cuenta las disposiciones del artículo 1 de la propuesta de Reglamento antes citada, que establecen que, en su acción en pro de los objetivos asignados a los Fondos estructurales, la Comunidad contribuirá a promover un desarrollo armonioso, equilibrado y duradero de las actividades económicas. Éstas podrán, para tal fin, adoptar determinados elementos de la perspectiva europea de ordenación del territorio.

La Comisión ha propuesto además que una de las tres iniciativas comunitarias se centre en la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, para así contribuir a estimular una ordenación equilibrada del territorio europeo. Por último, la Comisión, por propia iniciativa, podría impulsar, si se diera el caso, determinados estudios o acciones innovadoras relativos a las cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio.

(1) DO C 176 de 9.6.1998.