PREGUNTA ESCRITA P-2492/97 de Francesco Baldarelli (PSE) a la Comisión (9 de julio de 1997)

Asunto: Derecho de información y consulta de los sindicatos (Reglamento no 17/62)

La Comisión Europea está actualmente instruyendo un caso relativo a la legislación sobre la reforma del sistema portuario italiano (Ley no 84, de 28 de enero de 1994, modificada por la Ley no 647, de 23 de diciembre de 1996) por presuntas violaciones del Derecho comunitario. La instrucción (no 92/2221) constituye un procedimiento de la Comisión Europea contra el Estado italiano.

Como se desprende de la comunicación de la DG IV(«Competencia») de la Comisión Europea, firmada por Humbert Drabbe y enviada el 26 de mayo de 1997 (D/ 13203), la Comisión reconoce a las antiguas compañías de trabajadores portuarios la calificación de «partes interesadas».

Sin embargo, la Comisión ha rehusado a los representantes legítimos de los trabajadores (los sindicatos FILT/CGIL, FIT/CISL y U LTRASPORTI) el derecho de información y consulta durante la fase de instrucción, justificando este hecho, en la misma comunicación, con el argumento de que las antiguas compañías están formalmente representadas por la ANCIP y la CULMV de Génova y no por FILT/CGIL, FIT/CISL y U LTRASPORTI.

Esta decisión está en franca contradicción con el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento no 17/62 ((DO L 13 de 21.2.1962, p. 204. )) donde se dice que «Estarán facultados para presentar solicitudes con este fin: a) Los Estados miembros, b) Las personas físicas o jurídicas que invoquen un interés legítimo». Los sindicatos tienen dimensión nacional y representan a los trabajadores portuarios, por lo que su interés legítimo es manifiesto.

¿Considera quizá la Comisión que son las asociaciones de industriales y de la patronal las que deben representar los intereses de los trabajadores o admite, por el contrario, que los sindicatos son representantes de «intereses legítimos» en las negociaciones que afectan a los trabajadores mismos?

¿No considera la Comisión que debe ampliar el derecho de información y consulta, en el caso relativo a la legislación portuaria italiana, también a FILT/CGIL, FIT/CISL y U LTRASPORTI.

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (1 de agosto de 1997)

Su Señoría se refiere al procedimiento de infracción contra Italia, incoado por la Comisión en virtud del artículo 90 en relación con los artículos 86, 59, 30 y 48 del Tratado CE. Dicho procedimiento se inició tras la sentencia del Tribunal de Justicia del 10 de diciembre de 1991 en el asunto Merci / Siderurgica Gabrielli ((Sentencia de 10.12.1991, asunto C- 179/90, Merci / Siderurgica Gabrielli, Rec. p I- 5929 )) (más conocido con el nombre de sentencia Port de Genes), en la que el Tribunal señaló que algunas disposiciones de la legislación portuaria italiana eran contrarias al Tratado.

No obstante, la pregunta de Su Señoría requiere dos precisiones.

En primer lugar, este asunto no se instruye en virtud del Reglamento (CE) no 17/62 que regula la aplicación de los artículos 85 y 86 a las empresas, sino en virtud del artículo 90 del Tratado CE, que se refiere a la aplicación de las normas del Tratado en lo que respecta a los Estados miembros. En los procedimientos en virtud del artículo 90, la Comisión sólo encausa al Estado miembro (Italia, en el caso analizado). Así pues, antes de adoptar cualquier decisión en virtud del apartado 3 del artículo 90, la Comisión da al Estado miembro afectado la posibilidad de exponer su punto de vista. Por otro lado, en ausencia de un Reglamento de aplicación del artículo 90 y de acuerdo con una jurisprudencia confirmada del Tribunal, la Comisión también ofrece a las empresas beneficiarias de la medida estatal la posibilidad de ser oídas. Así ocurrió en este caso, en que la Comisión informó y escuchó a ANCIP y a CULMV que representan a las compañías portuarias, es decir las antiguas compañías de trabajadores portuarios, transformadas en virtud del artículo 21 de la Ley 84/94.

En segundo lugar, no es exacto afirmar que la Comisión denegara a los sindicatos FILT / CIGIL, AJUSTE / CISL y Ultrasporti el derecho a ser informados y consultados durante la fase de instrucción. En efecto, si bien es cierto que en los procedimientos en virtud del artículo 90 la Comisión no tiene ninguna obligación formal de oír a terceros, en la práctica siempre ha hecho uso de su poder discrecional y ha seguido una política transparente de información y de consulta de las partes que podían presentar un interés específico. Tal fue el caso incluidas las organizaciones sindicales.

En el caso analizado, la carta de la Comisión del 26 de mayo de 1997 que menciona Su Señoría no constituye una denegación de la petición de FILT / CIGIL, AJUSTE / CISL y Ultrasporti sino una invitación a que precisen su eventual interés específico.