ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
PREGUNTA ESCRITA E-3501/97 de Arthur Newens (PSE) a la Comisión (10 de noviembre de 1997)

Asunto: Grupos de expertos sobre planificación familiar y VIH/SIDA

¿Cuántas veces se reunió el año pasado el Grupo de expertos sobre planificación familiar y VIH/SIDA de la Comisión y cuántas veces se ha reunido este año hasta ahora? ¿Cuál es el calendario de reuniones para 1998?

¿Qué temas han estado en el orden del día en 1997 y cuál ha sido el resultado de las reuniones?

Aparte de las reuniones del Grupo de expertos, ¿qué otras medidas concretas se están adoptando para mejorar la coordinación entre la Comisión Europea y los Estados miembros en el ámbito de la planificación familiar y el VIH/SIDA?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión (12 de diciembre de 1997)

El grupo de expertos sobre el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (HIV/SIDA) se reunió una vez en 1996 (31 de mayo) y dos veces en 1997 (21 de marzo y 25 de noviembre).

Entre los puntos del orden del día de la primera reunión de 1997 figuraban: planteamientos innovadores en materia de salud reproductiva; un estudio sobre «márketing social»; la primera fase de un estudio sobre la libre circulación de las personas con HIV/SIDA; las principales conclusiones de la evaluación exterior del programa SIDA, con especial énfasis en la estrategia del programa regional; el Reglamento (CE) no 550/97 del Consejo, de 24 de marzo de 1997 ((DO L 85 de 27.3.1997. )), sobre acciones en el ámbito del SIDA en los países en vías de desarrollo; los resultados de las investigaciones sobre el HIV/SIDA efectuadas en colaboración entre el programa de las Naciones Unidas sobre el SIDA, el Banco Mundial y el programa SIDA; la difusión de experiencias valiosas en materia de integración de los problemas de salud reproductiva, en particular el HIV/SIDA y la planificación familiar, en el contexto del sistema sanitario y de educación; la coordinación operativa; y la base jurídica para la línea presupuestaria HIV/SIDA discutida en el Consejo y el Parlamento. La reunión decidió crear un subgrupo sobre el HIV y la atención sanitaria y este subgrupo se reunió una vez en Bruselas y otra en Ginebra. Su trabajo continúa.

La segunda reunión de 1997 tuvo un formato especial porque la Comisión y el Parlamento invitaron a los expertos de los Estados miembros a asistir a una reunión sobre «El desafío del HIV/SIDA en los países en vías de desarrollo».

Aparte de las reuniones del grupo de expertos, se hacen continuos esfuerzos de coordinación, de manera formal e informal, en cada país (en el terreno) e internacionalmente. Por ejemplo, la Comunidad asiste como observador a las reuniones de gestión de UNAIDS. En el marco de las reuniones periódicas con la SADC (Comunidad de Desarrollo del África austral), la Comisión participó en la organización de una reunión regional sobre el HIV en la que se definió un programa de acción; en los distintos países, se celebran reuniones periódicas con los Estados miembros sobre temas sanitarios, y, cuando procede, sobre el HIV, la planificación familiar o la salud reproductiva.
PREGUNTA ESCRITA E-3697/97 de Kirsi Piha (PPE) a la Comisión (19 de noviembre de 1997)

Asunto: Utilización de los recursos del programa PHARE en Letonia

La Unión Europea presta asistencia a los países de Europa central y oriental a través de su programa PHARE. Al parecer, con cargo al mismo se ha concedido gran cantidad de ayuda para el desarrollo de los países candidatos a la adhesión. ¿Podría aclarar la Comisión la utilización dada a los recursos del programa PHARE concedidos en 1997 a Letonia?

Respuesta del Sr. van den Broek en nombre de la Comisión (16 de diciembre de 1997)

El programa operativo nacional para Letonia en 1997, financiado por PHARE con un total de 37,6 millones de ecus, se centra en la infraestructura, la integración europea, el desarrollo del sector privado y el desarrollo de los recursos institucionales y humanos. Las áreas prioritarias en 1997 son:

- Integración europea (5,5 MECU)

- Desarrollo del sector público (4,85 MECU)

- Desarrollo del sector privado (6,1 MECU)

- Desarrollo del sector financiero (2,2 MECU)

- Educación (1,65 MECU)

- Energía (3,9 MECU)

- Medio ambiente (6,1 MECU)

- Transporte (5,1 MECU)

- Gestión (1,3 MECU)

Además del programa nacional 1997 se han comprometido 1,8 MECU para el programa Tempus y 3,2 MECU para proyectos de cooperación transfronteriza.

El memorándum financiero para el programa 1997 se firmó en noviembre de 1997 y el programa se aplicará durante 1998 y 1999. Es pronto, por tanto, para evaluar su impacto.
PREGUNTA ESCRITA E-3989/97 de Georges Berthu (I-EDN) al Consejo (15 de enero de 1998)

Asunto: Billetes en euros; signos nacionales distintivos

El Consejo del IME acordó el 3 de diciembre de 1996 que los futuros billetes en euros no podrían llevar ningún signo nacional distintivo.

Tal posición, adoptada al parecer en virtud del apartado 3 del artículo 109 F, se presenta unas veces como definitiva, otras como no definitiva. En la segunda hipótesis, se alega que según el apartado 1 del artículo 105 A, el Banco Central Europeo (BCE) tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de banco en la Comunidad. El BCE, por lo tanto, tendría que confirmar, una vez constituido, la decisión del IME.

No obstante, tal interpretación del apartado 1 del artículo 105 A parece demasiado extensiva, ya que incluye en «la emisión de billetes», noción de política monetaria, la cuestión de los signos nacionales distintivos, que es de naturaleza totalmente distinta. ¿No opina igualmente el Consejo que semejante interpretación es demasiado extensiva? Por otro lado, ¿no significaría en definitiva que un grave problema de principio lo resuelve un órgano no democrático, o sea, el BCE?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3986/97, E-3987/97, E-3988/97, E-3989/97 y E-3990/97 (19 de marzo de 1998)

Según el reparto de competencias que establece el Tratado, el Banco Central Europeo tendrá el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de banco en euros, incluso por lo que se refiere a los aspectos relacionados con su diseño (artículo 105 A del Tratado y artículo 16 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo).

En su reunión de Dublín de los días 13 y 14 de diciembre de 1996, el Consejo Europeo acogió con agrado los diseños de los billetes de banco en euros que el Instituto Monetario Europeo le había presentado.

En cuanto sea creado de conformidad con el Tratado, el Banco Central Europeo adoptará las decisiones definitivas al respecto.
PREGUNTA ESCRITA E-4137/97 de David Bowe (PSE) a la Comisión (21 de enero de 1998)

Asunto: Importación de primates de Indonesia

¿Qué acciones tiene previsto emprender la Comisión a la vista de las violaciones de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES) y el enorme sufrimiento que se ocasiona a los animales, tal como se recoge en el reciente informe sobre el comercio de primates no humanos procedentes de Indonesia recibido por la Comisión?

Respuesta común a las preguntas escritas E-4137/97 y E-4138/97 dada por el Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (18 de febrero de 1998)

La Comisión tiene conocimiento del estudio de noviembre de 1997 de la Unión británica para la abolición de la vivisección (BUAV) sobre un número de cargamentos de primates de Indonesia a los Estados Unidos. Dado que al menos uno de los cargamentos de primates pasó en tránsito por la Comunidad, la Comisión hizo un llamamiento al Estado miembro correspondiente para recordarle las disposiciones del Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, sobre la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio ((DO L 61 de 3.3.1997. )) y en particular el apartado 5 del artículo 9 del mismo.

La Comisión además solicitó una reacción por parte de la autoridad administrativa de Indonesia para la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES) en respuesta al informe de la BUAV y le pidió que indicara su política en relación con la normativa de la IATA (Asociación de transporte aéreo internacional) y en materia de reproducción en cautiverio.

La Comisión considerará si son necesarias las medidas con arreglo a la letra c) del apartado 6) del artículo 4 del Reglamento (CE) no 338/97 a la luz de los resultados de las consultas pertinentes.
PREGUNTA ESCRITA E-3532/97 de Hiltrud Breyer (V) a la Comisión (12 de noviembre de 1997)

Asunto: Evaluación del impacto ambiental

1. ¿Es consciente la Comisión de que la evaluación del impacto ambiental puede utilizarse como coartada, perdiendo así su valor probatorio, cuando en caso de excepciones a planes regionales globales se somete a la evaluación del impacto ambiental solamente la variante divergente, con lo que se omite la comparación de la compatibilidad con el medio ambiente de las variantes conformes con el plan regional y las variantes que se apartan del mismo?

2. ¿Proyecta la Comisión efectuar una adición en este sentido a la Directiva de la UE que regula la evaluación del impacto ambiental para garantizar el sentido originario de la misma?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (18 de diciembre de 1997)

La Comisión desea recordar a Su Señoría que, de momento, el procedimiento de evaluación del impacto sobre el medio ambiente de los proyectos públicos o privados sujetos a la legislación comunitaria no tiene ninguna relación con la planificación.

Un proyecto se someterá a un procedimiento obligatorio cuando se encuentre entre los tipos de proyecto mencionados en el Anexo I de la Directiva comunitaria, o cuando, en función de su naturaleza, su magnitud y su localización, el Estado miembro considere que debe someterse a dicho procedimiento.

La Comisión no ha tenido nunca conocimiento de casos de utilización abusiva del procedimiento del tipo del mencionado por Su Señoría.

Su Señoría es, sin duda, consciente de que la Directiva 97/11/CE del Consejo por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente ((DO L 73 de 14.3.1997. )) entrará en vigor en marzo de 1999. La Comisión no tiene la intención de modificar esta nueva legislación.
PREGUNTA ESCRITA E-3748/97 de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión (21 de noviembre de 1997)

Asunto: Compra de uniformes para el personal de ATAC (Azienda Tranvie e Autolinee del Comune) - CO.TRA.L. (Consorzio Transporti Pubblici Lazio)

En fecha reciente, se ha presentado ante la Fiscalía de Roma una denuncia sobre presuntas irregularidades en el suministro de uniformes para el personal ATAC/CO.TRA.L.

Según esta denuncia, presentada por la Secretaría Regional del Sindicato Confederazione Nazionale Lavoratori Transporti, el suministro de uniformes, adjudicado por medio de una licitación privada de la ATAC a una empresa romana, no coincide con las muestras en lo relativo a la calidad de los tejidos y, además, el comportamiento de la empresa ATAC/CO.TRA.L. habría violado lo establecido en la carta de adjudicación de la licitación, en la que se preveía que, en caso de disconformidad con el suministro, se devolvería toda la partida. En cambio, el 13 de junio de 1997, la empresa obtuvo un exiguo descuento sobre el material suministrado y consideró que el problema estaba resuelto, sin rechazar la partida, como estaba previsto.

Este hecho también permite albergar dudas sobre los precios señalados en la carta de adjudicación, considerando el alto número de uniformes que necesita la empresa y las características particulares de los tejidos necesarios para dichos uniformes.

1. ¿Puede informar la Comisión si, en el caso de la licitación de que se trata, se ha respetado plenamente la normativa europea en materia de concursos públicos de suministros y, en particular, la Directiva 93/38/CEE ((DO L 199 de 9.8.1993, p. 84. )), sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en el sector de los transportes?

2. ¿Puede la Comisión dar una opinión sobre los hechos de que se trata?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (6 de enero de 1998)

1. Los datos facilitados por Su Señoría, a saber, el hecho de que en el momento de la entrega los suministros no se ajustaban a las muestras que habían servido de base para la adjudicación del contrato, así como el de que el poder adjudicador no rechazara toda la partida, limitándose a pedir un descuento no constituye, contrariamente a lo que se afirma en la carta de adjudicación, una infracción a la legislación comunitaria en materia de contratación pública.

Se trata de hechos acontecidos en la fase de ejecución del contrato, en este caso las obligaciones de ambas partes en la relación contractual. Por ello, los hechos deben analizarse con arreglo a la legislación nacional y no a las directivas comunitarias en materia de contratación pública que coordinan los procedimientos de adjudicación de contratos, que dejan al legislador nacional la reglamentación de la fase de ejecución.

Tampoco entra en el ámbito de aplicación de las directivas la evaluación de los precios por lo que, en todo caso, ésta podría ser efectuada por el juez nacional con arreglo a las disposiciones aplicables de derecho interno.

2. Por todas estas razones, la Comisión no puede dictaminar sobre los hechos expuestos por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-3890/97 de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión (11 de diciembre de 1997)

Asunto: Exclusión de los productores afectados con respecto al pago de indemnizaciones

En virtud de las decisiones interpretativas del Reglamento (CE) no 950/97 ((DO L 142 de 2.6.1997, p. 1.)) por el que se sustituye el Reglamento (CEE) no 2328/91 ((DO L 218 de 6.8.1991, p. 1.)), el Gobierno griego se basa, para la aplicación del artículo 5, en el criterio de «renta familiar» y no en el de «renta del titular de la explotación agrícola», con la consiguiente exclusión de los productores cuyos familiares (cónyuges, hijos) trabajan al margen de la explotación agrícola y disponen de ingresos propios, a la hora de cobrar indemnizaciones en caso de catástrofe natural.

Considerando que el desarrollo del mundo rural, tal como propugnan las políticas comunitarias, también está basado en ingresos que no proceden de la agricultura, ¿puede indicar la Comisión:

1. si considera legítimo incluir en la renta de los titulares de explotaciones agrícolas que desempeñan esta actividad de forma principal, los ingresos no procedentes de la agricultura que aportan otros familiares;

2. qué medidas piensa adoptar para evitar que, por esta razón, se excluya a los titulares de explotaciones agrícolas que cumplen los requisitos previstos en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 950/97 con respecto al pago de indemnizaciones?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (13 de febrero de 1998)

Con el fin de concentrar las ayudas a la inversión en las explotaciones agrarias en virtud del Reglamento (CE) no 950/97, relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, en las explotaciones que más lo necesitan, Grecia establece la noción de titular de la explotación agraria que ejerce esta actividad como actividad principal, teniendo en cuenta la renta familiar para el cálculo de la renta global.

Efectivamente, los Estados miembros pueden establecer condiciones suplementarias para definir el concepto de titular de la explotación que ejerce dicha actividad como actividad principal, dado que el Reglamento antes citado se limita a establecer las condiciones mínimas que deben cumplir dichos titulares para poder acogerse a las ayudas en cuestión ((Apartado 5 del artículo 5 de dicho Reglamento. )).

La aplicación por parte de Grecia del criterio de la renta familiar, para establecer los beneficiarios de las ayudas nacionales concedidas en caso de siniestro, se basa en las mismas razones que en el caso de las ayudas concedidas al amparo del Reglamento (CE) no 950/97. Esta condición suplementaria establecida para la concesión de las ayudas nacionales no presenta ningún problema de compatibilidad con los artículos 92 a 94 del Tratado CE que regulan las ayudas concedidas por los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA P-3601/97 de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) a la Comisión (6 de noviembre de 1997)

Asunto: Calendario para la presentación de la nueva propuesta de la Comisión para la prohibición de las redes de enmalle a la deriva

En el Consejo de Ministros de Pesca del pasado 30 de abril de 1997 la delegación española presentó una petición para la prohibición de las redes de enmalle a la deriva que contó con el beneplácito de las delegaciones italiana y alemana, ésta siempre que la nueva propuesta se hiciese en los términos aprobados en el informe del Parlamento Europeo.

En este sentido se expresó la Comisaria Bonino ante el Pleno del Parlamento Europeo de 10 de junio de 1997, comprometiéndose a presentar una nueva propuesta antes del final de año en curso.

La ratificación de esta postura por parte de las delegaciones mencionadas, durante el Consejo Informal de La Toja del pasado mes de septiembre, a las que se unió la declaración del ministro de Pesca británico a la delegación española en el sentido de que su Gobierno apoyaría dicha prohibición en los términos aprobados en el informe del Parlamento Europeo, presuponen la existencia de una mayoría suficiente en el Consejo para llevar a cabo con éxito la nueva propuesta modificada por parte de la Comisión.

¿Puede informar la Comisión acerca del calendario para presentar dicha propuesta antes de finales del presente año?

¿Existe algún hecho que haya motivado el cambio de la postura de la Comisión expresada ante el Pleno del Parlamento Europeo?

En particular, ¿ha comunicado a la Comisión algún Gobierno de algún Estado miembro una postura contraria o diferente a la mantenida en el Consejo de Ministros de abril y en el Consejo Informal de La Toja que ponga en entredicho la nueva mayoría o imponga un cambio de estrategia para solucionar definitivamente el problema del uso de las redes de enmalle a la deriva?

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (9 de diciembre de 1997)

No sin antes precisar que nunca ha habido una reunión informal de ministros en la Toja, la Comisión confirma nuevamente su firme voluntad de contribuir a una solución rápida del problema de las redes de enmalle de deriva. El que se llegue a una solución no depende de que la actual propuesta de la Comisión sirva de base para un proyecto de compromiso de la Presidencia o de que se presente una nueva propuesta, sino de la capacidad para conseguir una mayoría cualificada para decidir.

Esta es la lógica con la que la Comisión se comprometió en abril de 1997 a entablar conversaciones con los Estados miembros más directamente afectados para buscar la mejor forma de desbloquear el proceso. Los contactos habidos no han permitido conseguir las condiciones para reunir una mayoría cualificada en torno a un proyecto de compromiso de la actual Presidencia antes de que finalice el año 1997.

Dada la voluntad claramente manifestada por la Presidencia británica de actuar rápidamente, parece que ahora ya se dan las condiciones para conseguir en el Consejo la mayoría cualificada imprescindible.
PREGUNTA ESCRITA E-3404/97 de Ole Krarup (I-EDN) a la Comisión (28 de octubre de 1997)

Asunto: Directivas sobre el derecho de residencia

Con referencia a las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam sobre un incremento de la libertad de circulación de las personas, etc, ¿puede la Comisión decir hasta qué punto las tres directivas adoptadas en 1990 sobre el derecho de residencia se aplican ahora a un grupo más extenso de personas?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (29 de enero de 1998)

Las Directivas a las que alude Su Señoría son las Directivas (CEE) no 90/365 relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su actividad profesional ((DO L 180 de 13.7.1990. )), (CEE) no 90/364 relativa al derecho de residencia (1) y (CEE) no 93/96 relativa al derecho de residencia de los estudiantes ((DO L 317 de 18.12.1993 )).

Dichas directivas han ampliado de forma significativa el ámbito de aplicación del derecho de residencia, que en un principio estaba limitado a las personas que ejercían una actividad económica. A este respecto, cabe señalar que el artículo 1 de la Directiva (CEE) no 90/364 establece que su ámbito de aplicación son «los ciudadanos de los Estados miembros que no disfruten de dicho derecho en virtud de otras disposiciones del Derecho comunitario».

La ampliación del derecho de residencia ha quedado consagrada por el Tratado de la Unión Europea. Efectivamente, el artículo 8A incluido en el Tratado CE hace de la libre circulación un derecho fundamental y personal conferido a los ciudadanos de la Unión, sin hacer referencia a una actividad económica ((Segundo Informe de la Comisión sobre la Ciudadanía de la Unión, COM(97)230 final. )). El artículo 8A precisa, no obstante, que el ejercicio de este derecho está sujeto a las limitaciones y condiciones previstas en el Tratado y en el derecho derivado.

El Tratado de Amsterdam, que incorpora el artículo 8A mencionado anteriormente, no modifica la situación jurídica del derecho de residencia.

La Comisión señala además que, con motivo del informe que está elaborando sobre la aplicación de las tres directivas mencionadas, estudiará con particular atención los problemas con los que los ciudadanos europeos puedan topar a la hora de obtener el reconocimiento de su derecho de residencia en el marco de uno u otro de estos instrumentos.