ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/906

(2004/C 84 E/1001)

PREGUNTA ESCRITA E-0897/04

de Monica Frassoni (Verts/ALE), Caroline Lucas (Verts/ALE), Jean Lambert (Verts/ALE), Patricia McKenna (Verts/ALE), Giorgio Celli (Verts/ALE), Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE), Pasqualina Napoletano (PSE), Marco Cappato (NI), Giovanni Procacci (ELDR) y Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(23 de marzo de 2004)

Asunto: Aplicación incorrecta en Italia de las Directivas 1999/74/CE y 2002/4/CE, relativas a la protección de las gallinas ponedoras

Considerando que: con el Decreto legislativo no 267, de 29 de julio de 2003, relativo a la «Aplicación de las Directivas 1999/74/CE y 2002/4/CE, relativas a la protección de las gallinas ponedoras y al registro de establecimientos de cría», publicado en el DO no 219, de 20 de septiembre de 2003, el Gobierno italiano pretendió transponer a su ordenamiento y aplicar las Directivas citadas anteriormente;

a pesar de que el plazo fijado por la Directiva 1999/74/CE («a más tardar el 1 de enero de 2002») hubiese vencido hacía tiempo, la transposición contiene excepciones ilegales en virtud del Derecho comunitario, señaladas desde hace tiempo por la asociación italiana LAV o evidenciadas en reuniones de las Comisiones de Sanidad y Políticas Comunitarias del Senado italiano e incluidas en las actas de dichas reuniones;

estas excepciones ilegales incluyen, entre otras cosas:

— ulteriores excepciones a la prohibición de construcción y puesta en funcionamiento por primera vez de jaulas no modificadas, prevista por la Directiva a partir del 1 de enero de 2003, por otra parte, sin límites temporales si las jaulas fueron «encargadas antes del 31 de diciembre de 2002»;

— en los 550 cm2 de superficie de la jaula no modificada o en los 600 cm2 de la jaula modificada que debe ser «utilizable sin limitaciones», el Decreto prevé, en cambio, que en estos espacios se incluya la «cinta salvahuevos», hasta 8 cm de espacio horizontal;

— autorización de densidades de 12 gallinas por m2 de zona utilizable «para los establecimientos que apliquen este sistema en la fecha de entrada en vigor del Decreto», en lugar del 3 de agosto de 1999, como prevé la Directiva;

— el Decreto legislativo subordina la obligación de proveer las jaulas modificadas de «dispositivos de recorte de uñas adecuados» a la disponibilidad en el mercado de «dispositivos declarados idóneos por organismos comunitarios»;

en espera de la transposición italiana y previendo evidentemente poder gozar de amplias excepciones ilegales, durante 2003 se siguieron construyendo establecimientos con jaulas en batería, como en el caso del municipio de Vivaro (PN).

Por lo tanto,

— ¿puede indicar la Comisión qué medidas pretende adoptar en relación con la situación creada, para evitar que abusos programados puedan beneficiarse de excepciones ilegítimas?;

— ¿tiene intención de emprender acciones para hacer que los efectos producidos por las excepciones queden subsanados por la eliminación de las ventajas, con respecto a otros productores comunitarios, que pudieran ocasionar los mismos que se han aprovechado de ellas?;

— ¿tiene intención de incoar un procedimiento de infracción contra el Gobierno italiano por las violaciones descritas anteriormente?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

Ante la omisión por parte de Italia de comunicar a su debido tiempo las medidas relacionadas con la transposición de la legislación de que se trata, la Comisión incoó el procedimiento previsto en el artículo 226 del Tratado CE.

Dicho procedimiento se interrumpió, ya que, el 24 de septiembre de 2003, Italia facilitó información sobre el Decreto legislativo no 267 de 27 de julio de 2003.

Antes de la adopción del Decreto legislativo, la Comisión se había percatado de que, en varios puntos importantes, el texto propuesto por las autoridades italianas no era conforme con las disposiciones de la Directiva modificada. La Comisión se dirigió varias veces a las autoridades italianas a ese respecto, pero el texto adoptado contiene las disposiciones que la Comisión consideraba no conformes con las disposiciones de la legislación comunitaria.

La Comisión tiene previsto proseguir el procedimiento de infracción, ya que las autoridades italianas no han respondido a su carta.