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ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/679

(2004/C 88 E/0697)

PREGUNTA ESCRITA E-0085/04

de Matti Wuori (Verts/ALE) a la Comisión

(20 de enero de 2004)

Asunto: Falta de un marco jurídico para las ONG en Malta

Malta, que se convertirá en Estado miembro de la UE el 1 de mayo próximo, no cuenta con un marco jurídico de regulación de las actividades de las organizaciones no gubernamentales. Ello impide que las ONG existentes, incluidas las ONG de desarrollo (ONGD) que han obtenido excelentes resultados, desarrollen plenamente su potencial. La existencia de un marco jurídico les permitiría establecer acuerdos de asociación con ONG europeas.

¿No cree la Comisión que debería ejercer presión sobre el Gobierno de Malta para la creación sin demora del marco jurídico necesario? Este sería un paso constructivo hacia el reconocimiento de la experiencia y el mandato de las ONG existentes, incluidas las ONGD que trabajan en el sector del desarrollo internacional, y proporcionaría el aliento necesario para que las ONG y las ONGD continúen e intensifiquen su labor solidaria.

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 2004)

La legislación comunitaria no impone a los Estados miembros la obligación de disponer de un marco legal que regule las organizaciones no gubernamentales (ONG). Ello se deja a la facultad discrecional de cada Estado. En consecuencia, la Comisión no tiene competencia para «ejercer presión sobre el Gobierno de Malta» en este tema.

La Comisión, durante todo el período de preadhesión y siempre que lo ha considerado oportuno y posible, ha insistido en que los proyectos financiados por la Comunidad incluyan ONG. En el contexto de su apoyo a las ONG, la Comisión está dispuesta a examinar proyectos específicos en relación con la aplicación de la legislación y las políticas comunitarias en Malta.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/259

(2004/C 88 E/0264)

PREGUNTA ESCRITA E-0977/04

de John Bowis (PPE-DE) a la Comisión

(30 de marzo de 2004)

Asunto: Seguro médico en la República Checa

¿Es consciente la Comisión de que, en la República Checa, existe una gran compañía de seguros médicos y otras muchas de menor importancia? ¿Es también consciente de que la compañía más importante ha tenido problemas financieros? ¿Está al corriente del hecho de que el Gobierno checo ha autorizado la redistribución de las primas de las compañías más pequeñas a favor de la compañía más importante sin la aprobación de los tomadores de seguro correspondientes? ¿Está de acuerdo la Comisión en que parece que todo ello no favorece la competencia ni los intereses de los tomadores? ¿Va a plantear la Comisión la cuestión a las autoridades checas?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La Comisión tiene conocimiento de la organización del seguro de enfermedad en la República Checa. En la actualidad hay una compañía de seguro médico general, que abarca a la mayoría de la población, y ocho filiales de seguros de enfermedad que en su día estaban previstas para empleados de sectores concretos (banca, minería), pero que actualmente están abiertos a cualquier persona. Todos los residentes permanentes están amparados por un seguro de asistencia sanitaria obligatorio gestionado por estos fondos.

Según la información que obra en poder de la Comisión, actualmente se está debatiendo en el Parlamento checo una enmienda de los actos jurídicos por los que se rige el funcionamiento de las compañías de seguro médico, en particular las disposiciones relativas a la redistribución de los fondos recaudados.

La organización y financiación de los regímenes de atención sanitaria y protección social incumbe a los Estados miembros, que, no obstante, tienen que ejercer sus competencias en la materia de conformidad con el derecho comunitario. Para valorar si un proveedor del seguro médico está o no sujeto a las normas de competencia de la UE, hay que analizar si dicho proveedor lleva cabo una actividad económica o administra un régimen de previsión social. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se desprende que no están sujetos a las normas de competencia los organismos a los que se confía la gestión de determinados regímenes obligatorios de seguridad social.

Según los datos de que dispone la Comisión, en la República Checa la asistencia sanitaria la paga el seguro médico obligatorio que cubre a todos los residentes permanentes. Parece, por lo tanto, que en principio los proveedores de seguros administran un régimen de previsión social, que no está sujeto a las normas de competencia. Basándose en los datos existentes, la Comisión no tiene intención de plantear ésta cuestión a las autoridades checas.
3.y

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (4), tras la notificación al Estado miembro de la decisión de la Comisión de recuperar las ayudas ilegalmente concedidas, el Estado miembro es responsable de la recuperación de esas ayudas sin dilación y con arreglo a los procedimientos previstos en su Derecho nacional. En su carta de 26 de enero de 2004, la Comisión solicitó a las autoridades italianas que le comunicaran, antes del 25 de febrero de 2004, las medidas que habían adoptado para cumplir la decisión antes mencionada. Los servicios de la Comisión están examinando la carta de respuesta enviada por el Ayuntamiento de Roma. De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, la Comisión puede acudir al Tribunal de Justicia tras haber examinado el fondo del asunto basándose en la información disponible, si de tal examen se desprende que Italia no ha cumplido la decisión aprobada, tal como está previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/573

(2004/C 84 E/0650)

PREGUNTA ESCRITA E-0327/04

de Dana Scallon (PPE-DE) a la Comisión

(10 de febrero de 2004)

Asunto: El condado de Clare y el Objetivo I de los Fondos estructurales

Según se desprende de la correspondencia anterior de la Comisión, el condado de Clare seguirá siendo elegible para el Objetivo 1 durante un período transitorio que finalizará en 2006.

Sin embargo, el condado de Clare pasará a formar parte de la nueva circunscripción Noroeste (conocida anteriormente como Connacht Ulster) en 2004. ¿Puede confirmar la Comisión si, en la fecha mencionada, los condados que forman actualmente la circunscripción de Connacht Ulster mantendrán su condición de elegibles para el Objetivo 1 y que el condado de Clare no compartirá dicha condición?

¿No prevé la Comisión que esta situación pueda ocasionar problemas, pues será el único condado de la circunscripción del Noroeste que no goce de la condición de elegible para el Objetivo 1, a pesar de tener las mismas dificultades y necesidades que los condados de Connacht Ulster?

¿Puede confirmar la Comisión si el condado de Clare seguirá teniendo una condición distinta a la de los demás condados del Noroeste después de 2006?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(29 de marzo de 2004)

El Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999 por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (1), estipula en el apartado 1 de su artículo 3 el procedimiento para determinar la elegibilidad para la ayuda del objetivo no 1 en el período 2000-2006. Las normas determinan que, una vez establecida, la lista de las regiones elegibles permanece en vigor durante todo el período de programación (2000-2006).

Tal como se indicaba en la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-3699/03 (2), la elegibilidad del condado de Clare para el objetivo no 1 en el período de transición no será afectada por su inclusión en la circunscripción de North-West con miras a las elecciones parlamentarias. Por consiguiente, la Comisión está en condiciones de confirmar que los ocho condados de Cavan, Donegal, Galway, Leitrim, Mayo, Monagham, Roscommon y Sligo siguen siendo elegibles para el objetivo no 1 hasta el 31 de diciembre de 2006, mientras que el condado de Clare seguirá siendo elegible para el objetivo no 1 en el período de transición.

No se prevé que la inclusión de este último condado en la circunscripción de North-West tenga ningún impacto en la realización de los programas en las regiones elegibles para el objetivo no 1 y para el objetivo no 1 en el período de transición, respectivamente.

Es demasiado pronto para especular sobre cuestiones de elegibilidad para la ayuda en el ámbito de los Fondos Estructurales. En el tercer informe sobre la cohesión económica y social (aprobado por la Comisión el 18 de febrero de 2004), la Comisión propone mantener los criterios de elegibilidad para el actual objetivo no 1 en el caso de la nueva prioridad «Convergencia y competitividad».

(1) DO L 161 de 26.6.1999.

(2) DO C 78 E de 27.3.2004.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/240

(2004/C 88 E/0242)

PREGUNTA ESCRITA E-0876/04

de Struan Stevenson (PPE-DE) a la Comisión

(22 de marzo de 2004)

Asunto: Pesca ilegal en las aguas próximas a las Azores

Las autoridades portuguesas han declarado públicamente que en enero y febrero fueron hallados 63 buques extranjeros que pescaban en aguas próximas a las Azores, de los cuales 20 respetaban el límite de las 100 millas.

Los medios de comunicación portugueses han destacado que, según la posición de la Comisión en este asunto, estas actividades pesqueras se consideran legales, ya que se ajustan al dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión.

No obstante, el artículo 15 del Reglamento (CE) no 1954/2003 establece con toda claridad que el antiguo régimen por el que se protegen las aguas de las Azores quedará derogado sólo a partir del 1 de agosto de 2004 o tras aprobarse una nueva legislación en materia de esfuerzo pesquero.

¿Tiene la Comisión plena responsabilidad por lo que respecta a la situación actual de pesca incontrolada y no restringida en las aguas que bañan las Azores?

En caso negativo, ¿qué medidas pretende adoptar la Comisión en este sentido?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(26 de abril de 2004)

La Comisión confirma a Su Señoría que ya se pronunció sobre la aplicación del Reglamento (CE) no 1954/2003 (1). Esta posición fue comunicada a los Estados miembros, mediante una «nota para intervención oral», en la reunión del grupo de «Política interna/externa en materia de pesca» del Consejo de 19 de febrero de 2004.

De dicho documento se desprende que, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento anteriormente mencionado, la actividad pesquera de los buques comunitarios que no son portugueses es legítima en la zona incluida entre las 100 y las 200 millas alrededor de las Azores.

La Comisión no está al tanto de las actividades sin control o ilegales practicadas en las aguas mencionadas. En cualquier caso, si el Derecho comunitario no se respeta, corresponde a las autoridades nacionales, administrativas o judiciales, adoptar las medidas adecuadas para lograr una aplicación correcta de las normas comunitarias. Además, la Comisión puede incoar el procedimiento previsto en el artículo 226 del Tratado CE contra un Estado miembro que no respete el Derecho comunitario.

Queda claro, en cualquier caso, que la Comisión desea que las actividades pesqueras en esta zona se practiquen en condiciones satisfactorias y aceptables para todas las partes interesadas.

(1) Reglamento (CE) no 1954/2003 del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre la gestión del esfuerzo pesquero en lo que respecta a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 2847/93 y se derogan los Reglamentos (CE) no 685/95 y (CE) no 2027/95, DO L 289 de 7.11.2003.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/432

(2004/C 84 E/0503)

PREGUNTA ESCRITA E-0586/04

de Bill Newton Dunn (ELDR) a la Comisión

(26 de febrero de 2004)

Asunto: Pasaporte para caballos

¿Cuántos Estados miembros han puesto en marcha la Decisión 2000/68/CE (1) de la Comisión Europea? ¿Está la Comisión satisfecha de que lo hayan hecho de forma correcta?

¿Tiene la Comisión algún plan para permitir el uso del marcado por congelación y/o microcircuitos como métodos aceptables de identificación?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(1 de abril de 2004)

De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 2000/68/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, por la que se modifica la Decisión 93/623/CEE de la Comisión y se regula la identificación de los équidos de crianza y de renta, los Estados miembros velarán por que, a partir del 1 de julio de 2000 a más tardar, los équidos registrados y los équidos de crianza y de renta vayan acompañados del documento de identificación. Los destinatarios de dicha Decisión son los Estados miembros.

La Decisión 2000/68/CE no obliga a los Estados miembros a notificar las disposiciones legales adoptadas para dar cumplimiento a la misma. Hasta la fecha, la Comisión no ha recibido ninguna reclamación sobre la no aplicación de dicha Decisión por algún Estado miembro.

La legislación comunitaria en materia de bienestar de los animales no contiene restricciones específicas con respecto a la utilización de los métodos mencionados por Su Señoría. Por lo que se refiere a las mutilaciones en general, la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas (2), prevé la aplicación de disposiciones nacionales en la materia siempre que se respeten las normas generales del Tratado CE.

La Comisión es consciente de que en algunos Estados miembros se utilizan los transpondedores electrónicos para la identificación de los équidos, además del marcado por congelación o por calor. La legislación comunitaria exigió el marcado por congelación de los équidos vacunados contra la peste equina durante el brote de la enfermedad en la Península Ibérica en 1989.

La legislación en vigor autoriza el marcado activo, además del documento de identificación. En tal caso, deberá figurar en dicho documento información relativa al marcado utilizado.

(1) DO L 23 de 28.1.2000, p. 72.

(2) DO L 221 de 8.8.1998.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 33/50

(2004/C 33 E/047)

PREGUNTA ESCRITA E-0533/03

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(26 de febrero de 2003)

Asunto: Prohibición del aborto en Polonia

El Gobierno polaco ha decidido incluir en el Tratado de Adhesión de Polonia a la Unión Europea una declaración sobre la ética, la cultura y la protección de la vida. En dicha declaración, se incluye a su vez una ley especialmente restrictiva sobre el aborto. La inclusión de dicha norma en el Tratado de Adhesión de Polonia refuerza, no sólo jurídicamente, una prohibición anacrónica y antidemocrática respecto a los derechos de las mujeres y, además, la posible aceptación de la mencionada declaración por parte de la Unión Europea constituiría un agravio jurídico y moral en detrimento de los derechos de las mujeres en toda la Unión Europea. Habida cuenta de todo lo anterior, ¿podría indicar la Comisión si tiene la intención de aceptar la declaración en cuestión junto con el Tratado de Adhesión de Polonia? ¿Qué medidas va a tomar a fin de que, independientemente del Tratado de Adhesión, tal prohibición no esté vigente en Polonia?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(2 de abril de 2003)

Efectivamente el Gobierno de Polonia ha hecho insertar una declaración sobre «moralidad pública» en el Tratado de adhesión. Dicha declaración no contiene referencia específica a ninguna ley polaca en materia de aborto. La declaración, en cuanto tal, no implica que se conceda a Polonia una exención respecto de las obligaciones y deberes que le incumben en virtud de los Tratados CE. Por el contrario, los Estados miembros actuales han adoptado una declaración conjunta en la que se subraya que las declaraciones adjuntas al Tratado de adhesión no pueden ser interpretadas ni aplicadas de manera contradictoria respecto de las obligaciones que incumben a los Estados miembros en virtud del Tratado y del Acta de adhesión. La Comisión ha suscrito plenamente dicha declaración.

En cualquier caso, conviene recordar que los Estados miembros siguen siendo competentes para decidir lo relativo a sus respectivas legislaciones nacionales en materia de interrupción del embarazo y que dicha práctica está sujeta a numerosas restricciones en los actuales Estados miembros.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 33/153

(2004/C 33 E/150)

PREGUNTA ESCRITA P-1683/03

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(15 de mayo de 2003)

Asunto: Aclaración del Reglamento del Consejo (CE) no 2340/2002

El Reglamento del Consejo (CE) no 2340/2002 (1) no siguió la propuesta de la Comisión en cuanto al respeto del régimen de regulación que figura en el Reglamento (CE) no 2027/95 (2), de 15 de junio de 1995, de acuerdo con la redacción dada por el Reglamento (CE) no 149/1999 (3), de 19 de enero de 1999, mencionado en la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-l849/02 (4), es decir, la cuota cero de esfuerzo pesquero de las flotas británica y española de las especies de que se trata en la zona bajo jurisdicción o soberanía de Portugal en la división CIEM X o COPACE 34.

Habida cuenta de que, como aclaró la Comisión en su respuesta a la pregunta escrita P-0026/03 (5), el mencionado esfuerzo pesquero cero se encuentra plenamente en vigor, naturalmente dicha omisión no tiene consecuencia jurídica alguna.

En este contexto, ¿no considera necesario la Comisión aclarar este hecho, con objeto de garantizar el cumplimiento de la legalidad comunitaria e impedir que puedan producirse daños irreparables en los equilibrios biológicos de los bancos de pesca de dichas zonas, bien documentados por la comunidad científica en publicaciones que conoce la Comisión y que se reconocen ampliamente en su propuesta COM(2002)739?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(12 de junio de 2003)

En lo que respecta al régimen de esfuerzo pesquero en la zona X, se ruega a Su Señoría se remita a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-1849/02 del Sr. Casaca (6). La Comisión reitera su posición expresada en esa respuesta en lo que se refiere a la aplicación del Reglamento (CE) no 2340/2002 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por el que se establecen para 2003 y 2004 las posibilidades de pesca de las poblaciones de peces de aguas profundas.

En cualquier caso, hay que destacar que las disposiciones del nuevo régimen aplicable en las denominadas «aguas occidentales», actualmente pendiente en el Consejo (7), determinarán las nuevas condiciones de acceso a la zona en cuestión.

(1) DO L 356 de 31.12.2002, p. 1.

(2) DO L 199 de 24.8.1995, p. 1.

(3) DO L 18 de 23.1.1999, p. 3.

(4) DO C 28 E de 6.2.2003, p. 148.

(5) DO C 222 E de 18.9.2003, p. 138.

(6) DO C 28 E de 6.2.2003.

(7) COM(2002) 739 final.
1. y 2.

Con arreglo a la información presentada en la pregunta escrita, ni la madre alemana ni ninguno de sus hijos están trabajando en los Países Bajos o lo han hecho en el pasado. Por tanto, no han ejercido su derecho a la libre circulación de los trabajadores cuando se trasladaron a los Países Bajos, sino que han ejercido su derecho a la libre circulación de las personas tal como se establece en la Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia (4). Por tanto, la madre alemana y su hija de 19 años de edad no entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (artículo 39 CE), ni del Reglamento (CEE) no 1251/70 de la Comisión, de 29 de junio de 1970, relativo al derecho de los trabajadores a permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo. Así pues, no son aplicables las normas en materia de igualdad de trato de los nacionales de la Unión previstas en los reglamentos mencionados.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 65/181

(2004/C 65 E/197)

PREGUNTA ESCRITA E-2592/03

de Gerhard Schmid (PSE) a la Comisión

(14 de agosto de 2003)

Asunto: Multas por la falta del distintivo de nacionalidad en los vehículos en la República Checa

En los Estados miembros de la Unión Europea basta, para la circulación por el extranjero, que los vehículos lleven la placa de matriculación europea, en la cual está integrado sobre un fondo azul el distintivo de nacionalidad. Sin embargo, para circular por países que no pertenecen a la Unión Europea es necesario, además, un distintivo de nacionalidad de forma oval, cuya falta puede dar lugar a multas. También en la República Checa se imponen multas si falta el distintivo de nacionalidad de forma oval.

¿Va a entablar la Comisión negociaciones con la República Checa para que este país acepte ya antes del 1 de mayo de 2004 la placa de matriculación europea como distintivo de nacionalidad?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(18 de septiembre de 2003)

El Reglamento (CE) no 2411/98 del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativo al reconocimiento en circulación intracomunitaria del signo distintivo del Estado miembro de matriculación de los vehículos de motor y sus remolques (1), introdujo el llamado «distintivo europeo» que los Estados miembros deben reconocer como equivalente al distintivo oval establecido por el Convenio de Viena de 1968 (2).

La República Checha ha ratificado el Convenio de Viena y el distintivo oval sigue siendo válido. Los países que no pertenecen a la Unión no están obligados por el Reglamento del Consejo, que sólo se aplica al tráfico intracomunitario. Por lo tanto, no existen fundamento legal alguno para pedir a la República Checa que reconozca el distintivo europeo antes del 1 de mayo de 2004. En cambio, después de esa fecha sí deberá reconocerlo, por formar parte del acervo comunitario.

(1) DO L 299 de 10.11.1998.

(2) Convenio sobre circulación por carretera, de 8 de noviembre de 1968, celebrado en el marco de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas.