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PREGUNTA ESCRITA P-2313/02

de Edward McMillan-Scott (PPE-DE) a la Comisión

(18 de julio de 2002)

Asunto: Cierre de las minas de carbón de Selby

En relación con la enorme inversión pública realizada por la Unión Europea y otras autoridades públicas para el desarrollo de las minas y de las infraestructuras complementarias en esa zona, ¿puede indicar la Comisión qué fondos hay disponibles para hacer frente a las consecuencias humanas del recientemente anunciado cierre de las minas de carbón de Selby?

Respuesta comúna las preguntas escritas P-2313/02 y E-2397/02dada por el Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(27 de agosto de 2002)

La Comisión comunica a Su Señoría que Selby no está incluida en los programas para las zonas de los objetivos 1 y 2 de los Fondos Estructurales entre 2000 y 2006 en el Reino Unido. Para el período 2000-2006, Inglaterra puede solicitar fondos del objetivo 3 (4 111 592 600 euros).

Los fondos del Objetivo 3 se pueden utilizar para contribuir a la adaptación y modernización de las políticas y los sistemas de educación, formación y empleo, conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) no 1260/1999, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(1) (apartado 3 del artículo 1). Más específicamente, el ámbito del Fondo Social Europeo mediante el cual se financian los programas del objetivo 3 está establecido en el Reglamento (CE) no 1784/1999 del Parlamento y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo Social Europeo(2) (artículo 2), que hace referencia al fomento de políticas activas del mercado laboral, medidas de inclusión social, aprendizaje permanente y espíritu empresarial.

Sin embargo, no es la Comisión la encargada de gestionar estos fondos, sino los gobiernos de los Estados miembros y, en el caso de Selby, la delegación local de Yorkshire y humberside. Las solicitudes de subvención deben presentarse bien directamente a las mencionadas autoridades, bien a través de organizaciones de cofinanciación activas en la región. La Comisión no toma iniciativas de ningún tipo en relación con la asignación y utilización de estos fondos.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.

(2) DO L 213 de 13.8.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-1583/02

de Gerhard Schmid (PSE) a la Comisión

(4 de junio de 2002)

Asunto: Reconocimiento de documentos notariales en España

Me consta que con frecuencia, los Registros de la Propiedad españoles se niegan a registrar actas notariales sobre transmisiones patrimoniales expedidas por notarios alemanes. Se basan para ello en la resolución del Ministerio de Justicia español (Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, Dirección General de los Registros y del Notariado) de 15 de marzo de 2000 3a no de expediente 166/99-B.

1. ¿Tiene la Comisión conocimiento de esta situación?

2. ¿Es esta situación contraria al Derecho comunitario?

3. En caso afirmativo, ¿qué piensa hacer la Comisión a este respecto?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(9 de julio de 2002)

La Comisión entiende que la referencia (Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, Dirección General de los Registros y del Notariado de 15.3.2000 3a no de expediente 166/99-B) mencionada en la pregunta puede no referirse a una ley o norma española, sino que tal vez podría ser un expediente individual o un procedimiento judicial.

La Comisión ha averiguado, a través de contactos de carácter extraoficial, que el problema descrito por Su Señoría puede datar de la época anterior a julio de 2000, fecha en que entró en vigor en España una nueva normativa sobre inversiones exteriores que, según la interpretación de la Comisión, debería permitir la aceptación de escrituras de otros Estados miembros.

Sin embargo, dado que la Comisión no tiene la certeza de que el sistema español relativo al reconocimiento de escrituras de otros Estados miembros sea totalmente compatible con el Tratado CE, se dirigirá por escrito a las autoridades españolas para verificar la situación. La Comisión mantendrá a Su Señoría al corriente del resultado de dicho análisis.
PREGUNTA ESCRITA E-2391/02

de Kathleen Van Brempt (PSE) a la Comisión

(2 de agosto de 2002)

Asunto: Fondos europeos para Bélgica y la ciudad de Amberes

Con cargo a sus distintos fondos, la Comisión Europea subvenciona multitud de proyectos loables en los Estados miembros de la UE. ¿Podría la Comisión indicar exactamente cuántas subvenciones recibe Bélgica de la UE y cuáles son los importes totales de las subvenciones destinadas a las ciudades de Gante y Amberes?

¿Podría la Comisión indicar exactamente cuál es el importe total de las subvenciones que se destinaron en los años 1999, 2000 y 2001 a Bélgica?

¿Podría la Comisión indicar exactamente cuál es el importe total de las subvenciones que se destinaron en los años 1999, 2000 y 2001 a la ciudad de Amberes?

¿Podría la Comisión indicar exactamente cuál es el importe total de las subvenciones que se destinaron en los años 1999, 2000 y 2001 a la ciudad de Gante?

¿De qué tipo de subvenciones se trata en el caso de la ciudad de Amberes?

¿De qué tipo de subvenciones se trata en el caso de la ciudad de Gante?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(26 de agosto de 2002)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-1584/02

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(4 de junio de 2002)

Asunto: Servicio de ambulancias

Con respecto a las nuevas normas del Comité Europeo de Normalización (CEN) tales como los vehículos médicos y su equipamiento ambulancias y especificación para las camillas y otro tipo de equipamiento para el traslado de pacientes usado en ambulancias, que entrarán en vigor a partir del 6 de junio de 2002, y a los fondos adicionales que se tendrán que utilizar para permitir que todas las ambulancias cumplan los requisitos de dicho Comité, ¿está de acuerdo la Comisión en que el proceso resulta excesivamente difícil, caro y técnico en aquellas zonas en que los fabricantes no pueden producir vehículos que se adapten totalmente a las normas del CEN y donde las fundaciones locales del servicio nacional de la salud (NHS) sólo pueden comprar estos vehículos en el extranjero a un coste mucho más elevado (£78 000 en lugar de £62 000)? ¿No está de acuerdo también en que, en el caso de Gran Bretaña, debería ser suficiente el contrato NHS para facilitar ambulancias, llamado Contrato Nacional para la transformación de vehículos y carrocerías, que, aunque no se ajuste a las nuevas normas, mejora, en última instancia, los niveles de calidad y seguridad?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(9 de julio de 2002)

Con arreglo a la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios(1), los fabricantes deben declarar que sus productos cumplen los requisitos esenciales de dicha Directiva, y no que cumplan las normas europeas. El uso de normas es únicamente una de las maneras posibles de cumplir los requisitos de la Directiva. Las mencionadas normas del CEN son aplicadas por todos los organismos de normalización nacionales, incluyendo en el Reino Unido al Instituto Británico de Normalización (British Standards Institute BSI), que las publicó como normas BSI: BS EN 1789:1999 (vehículos médicos y su equipamiento ambulancias) y BS EN 1865:1999 (especificación para las camillas y otro tipo de equipamiento para el traslado de pacientes usado en ambulancias).

La Comisión no tiene motivos para creer que el contrato NHS, aunque fuera distinto de las citadas normas, no sea conforme con la normativa sobre productos sanitarios de 1994, que incorpora la Directiva 93/42/CEE.

(1) DO L 169 de 12.7.1993.
PREGUNTA ESCRITA P-1628/02

de Minerva Malliori (PSE) a la Comisión

(3 de junio de 2002)

Asunto: Sustancias tóxicas en los alimentos

Los resultados de recientes investigaciones de científicos suecos, así como de la agencia del Reino Unido de control de los alimentos, revelan la presencia de acrilamida, una sustancia particularmente tóxica, y de la que supone produce alteraciones genéticas, en alimentos preparados que circulan en el mercado y de amplio consumo.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como el principio de cautela, ¿está informada la Comisión sobre este asunto? ¿Puede confirmar la veracidad de las investigaciones? ¿Piensa tomar medidas para corregir la situación, como por ejemplo, investigar la presencia de esta sustancia en los alimentos, así como la mención obligatoria de su presencia en la etiqueta?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(3 de julio de 2002)

Se remite a Su Señoría a la respuesta a la pregunta escrita E-1404/02 del Sr. Jean-Maurice Dehousse(1).

Además, por lo que se refiere a la posible mención en la etiqueta, debe señalarse que no se trata de una alternativa aceptable a la comercialización de alimentos seguros. En este caso, se necesitan nuevas investigaciones, que ya se han iniciado, a fin de establecer la magnitud del riesgo planteado y determinar la mejor manera de gestionar este riesgo.

(1) Ver página 201.
PREGUNTA ESCRITA E-0795/02

de Feleknas Uca (GUE/NGL) a la Comisión

(20 de marzo de 2002)

Asunto: Prohibición de las instituciones de la asociación de la corriente alevita-bectachitita en Turquía

La Sala Segunda ha prohibido el 13 de febrero de 2002 la asociación de las instituciones alevitas-bectachis por supuesta violación de la ley turca de asociaciones. Unos 20 millones de personas pertenecen en Turquía a la corriente islámica alevita.

El Tribunal basa su prohibición en la Ley de asociaciones no 2098, en cuyo artículo 5 se penaliza la difamación de la unidad del pueblo turco con su tierra y su gente mediante actividades en nombre de una lengua, una raza, una religión o una etnia.

Tales disposiciones con incompatibles con una sociedad pluralista y democrática y vulneran el derecho a libertad de religión y opinión.

1. ¿Ha tenido conocimiento la Comisión de la prohibición de dicha corriente islámica?

2. ¿Qué opina la Comisión del Derecho turco de asociación?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(29 de abril de 2002)

La Comisión tuvo conocimiento del cierre de la Asociación Cultural de la Unión de Instituciones Alevitas y Bectachititas por parte del Tribunal Civil de Ankara el 13 de febrero de 2002.

La Comisión ha tomado nota de los argumentos del fiscal de que, según los artículos 14 y 24 de la Constitución turca y el artículo 5(1) de la Ley de Asociaciones, no está permitido establecer una asociación con el nombre de Alevita o Bectachitita en Turquía.

Dicha Asociación interpuso recientemente un recurso de apelación ante el Tribunal de Casación. En esa fase la Comisión ya había sido informada de que, en caso de que se rechazara el recurso, el asunto se sometería al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En cuanto a la Ley de Asociaciones, la Comisión ha señalado en sus informes periódicos el carácter restrictivo de dicha Ley y el modo igualmente restrictivo en que se aplica. Esta cuestión se ha tratado de manera constante en el diálogo político entre la Unión y Turquía.

La última serie de modificaciones legislativas aprobadas por el Parlamento turco el 26 de marzo de 2002 incluye algunas modificaciones de la Ley de Asociaciones pero no del apartado 5 del artículo 5, en que se ha basado la reciente prohibición de la Asociación Cultural de la Unión de Instituciones Alevitas y Bectachititas. En consecuencia, la Comisión sigue siendo crítica respecto al modo en que se puede ejercer el derecho de asociación en Turquía.

(1) El apartado 5 del artículo 5 de la Ley de Asociaciones establece que está prohibido fundar una asociación con el fin de llevar a cabo una actividad en nombre de una región, raza, clase social, religión o secta o que se base en estos elementos.
PREGUNTA ESCRITA E-0348/02

de Nelly Maes (Verts/ALE) a la Comisión

(12 de febrero de 2002)

Asunto: Destrucción de inversiones de la UE en los territorios palestinos por Israel

Los ataques israelíes lanzados sobre territorios palestinos han reducido a nada 17 millones de euros de inversiones de la UE. El colmo del cinismo ha sido el hecho de que el Gobierno israelí no ha cesado de reprochar a la Autoridad Palestina y a Yaser Arafat que no actúan con firmeza contra el terrorismo de Hamas y Yihad, cuando es el Gobierno israelí el que, deliberadamente, está destruyendo todos los medios preventivos y represivos de que disponen los palestinos para combatir la violencia y el terrorismo.

¿Puede señalar la Comisión si apoya la iniciativa de exigir el reembolso del dinero a Israel?

El Consejo debería hacer más que pedir explicaciones a Israel sobre cómo contribuye la destrucción de infraestructuras civiles a la lucha contra el terrorismo. El Consejo, mediante la exigencia de indemnizaciones, debe enviar una clara señal de advertencia a Sharon de que está cometiendo una equivocación estratégica.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(8 de abril de 2002)

La Comisión remite a Su Señoría a la respuesta a la pregunta escrita E-0284/02 formulada por la Sra. Morgan(1).

La Comisión considera que la destrucción de infraestructuras básicas en Cisjordania y la Franja de Gaza, financiadas en gran parte por la Comunidad y los Estados miembros, socava los esfuerzos por alcanzar la paz. Echa por tierra los esfuerzos por garantizar un desarrollo social y económico duradero de la región, que sería de interés para ambas partes, y es una baza en las manos de los extremistas, que no desean otra cosa que explotar el resentimiento creciente entre determinados sectores del pueblo palestino.

En cuanto a la exigencia de indemnizaciones de compensación, la propiedad y los equipos financiados por el presupuesto de la Comunidad pertenecen al beneficiario y, por lo tanto, en términos estrictamente jurídicos, correspondería a este último (que en la mayoría de los casos es la Autoridad Palestina) presentar los recursos jurídicos pertienentes.

A nivel político, de acuerdo con las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales, la Unión se ha reservado el derecho de pedir una reparación en los foros adecuados.

(1) Ver página 29.
PREGUNTA ESCRITA E-1163/02

de Luis Berenguer Fuster (PSE) a la Comisión

(23 de abril de 2002)

Asunto: Expediente por ayudas públicas al parque temático Terra Mítica: crédito concedido por el Gobierno español

En los últimos días se publica en la prensa valenciana la información acerca de un préstamo de algo más de cuatro millones de euros con un tipo de interés cero concedido por el Gobierno al parque temático Terra Mítica de Benidorm (Alicante).

Se trata de un crédito que el Ministerio español de Ciencia y Tecnología concedió a Terra Mítica durante el ejercicio de 2001 en el marco de un programa denominado Profit, de ayudas para la innovación empresarial.

El objeto de este programa es, al parecer, otorgar una línea de ayudas para impulsar la competitividad del sector productivo mediante el desarrollo de tecnologías innovadoras o la incorporación de nuevas tecnologías en las empresas.

De acuerdo con el expediente abierto por la Comisión a Terra Mítica en aplicación del artículo 88.2 del Tratado, ¿tiene conocimiento la Comisión de la concesión de esta ayuda por parte del Gobierno español y de los términos en los que optó la mencionada sociedad para su obtención? ¿Considera la Comisión que esta información constituye un nuevo dato en el expediente abierto y que puede ser objeto de investigación?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(3 de junio de 2002)

Las autoridades españolas no le han comunicado a la Comisión información alguna sobre la concesión del préstamo al que se refiere Su Señoría. La Comisión se va a dirigir a las Autoridades españolas para comprobar si efectivamente dicho préstamo ha sido concedido, en cuyo caso lo estudiará a la luz de la normativa sobre ayudas estatales e informará puntualmente a Señoría del resultado de sus investigaciones.
PREGUNTA ESCRITA E-1981/02

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(8 de julio de 2002)

Asunto: Listas de espera en la sanidad pública en Roma y en Italia

Hace tiempo que en Roma y en Italia se debate el grave problema de las denominadas listas de espera para acceder a los servicios de asistencia sanitaria gratuita. Esta cuestión puede resultar particularmente peligrosa en los casos de emergencias y de patologías particulares; por ejemplo, en numerosos casos algunos pacientes se ven obligados a esperar hasta más de seis meses para poder realizar unos análisis.

Se ruega a la Comisión que conteste a las siguientes preguntas:

1. ¿Existen ejemplos de buenas prácticas al respecto?

2. ¿Existen documentos o investigaciones de la Comisión?

3. ¿Puede expresar una opinión general sobre esta cuestión?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(27 de agosto de 2002)

La Comisión tiene conocimiento de que las esperas para acceder a los servicios de asistencia sanitaria son causa de preocupación en diversos Estados miembros. Por el momento, sin embargo, la Comisión no tiene datos disponibles sobre listas de espera. Ello no obstante, el nuevo programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública, recientemente aprobado por el Parlamento y el Consejo, prevé la creación de un completo sistema de información sobre la salud que puede servir de marco para examinar algunas de las cuestiones suscitadas por su pregunta.

Ademas, la Comisión espera que las respuestas de los Estados miembros a un cuestionario sobre la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración para las personas de edad avanzada, recientemente distribuido, arrojen luz sobre el problema y proporcionen algunas indicaciones sobre cómo abordarlo.
PREGUNTA ESCRITA E-1463/02

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(27 de mayo de 2002)

Asunto: La financiación de los libros de texto optativos por el 1er Programa operativo Educación y formación profesional inicial

En el marco del 1er Programa operativo Educación y formación profesional inicial de Grecia, en la acción a) de la medida 1 del subprograma 1, titulada Libros Programas, se preveía la publicación de material didáctico de carácter optativo, como por ejemplo un conjunto de manuales de física entre los que cabía elegir el libro de texto para el 2o curso de enseñanza media. Transcurrido un año desde su publicación, los libros de texto optativos se retiraron porque ocasionaban muchos problemas en el proceso educativo.

1. ¿Qué sumas se han destinado a la acción citada?

2. ¿Qué medidas piensa tomar la Comisión?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(5 de julio de 2002)

En el marco del Programa operativo mencionado por Su Señoría, efectivamente estaba prevista la financiación de la producción y edición de varios libros/manuales, entre los que se podía elegir.

La acción a la que se hace referencia se llevó a cabo y se financió en el marco del citado Programa, por un importe de 200 000 ecus.

Según las informaciones que el Ministerio de Educación ha facilitado a la Comisión, parte de esos manuales han sido retirados de la enseñanza.

La Comisión no dispone actualmente de más elementos informativos a este respecto. Por consiguiente, se remitirá una carta al Ministerio de Educación a fin de examinar el curso que ha de darse a esta cuestión cuando se clausure el programa operativo.
PREGUNTA ESCRITA P-0644/02

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(28 de febrero de 2002)

Asunto: Posición de la Comisión con respecto a la política de EE.UU. en materia de seguridad portuaria a nivel internacional

Las medidas en materia de seguridad portuaria a nivel internacional presentadas por el senador estadounidense Hollings en forma de propuesta de seguridad pueden tener consecuencias de gran alcance. Las primeras noticias amenazadoras sobre la concesión de la exclusividad a tan sólo 10 puertos para el suministro de mercancías a EE.UU. y sobre el pretendido objetivo de exhaustividad para los puertos exteriores en materia de inspección de contenedores parecen basarse principalmente en rumores. Pese a ello, las medidas de seguridad de EE.UU. tendrán un impacto considerable en los puertos europeos.

¿Podría indicar la Comisión cómo intentará armonizar la postura de los Estados miembros, si esta problemática se plantea en la próxima reunión de la Organización Marítima Internacional? ¿De qué forma tendrá en cuenta la Comisión los acuerdos comerciales internacionales, en el marco de la OMC, a la hora de debatir una posible normativa unilateral y proteccionista? ¿Cuál es la posición de la Comisión con respecto a una inspección más rigurosa de los contenedores, y puede presentar un cálculo relativo de las implicaciones de una inspección de este tipo en términos de costes y tiempo por contenedor?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(22 de marzo de 2002)

Las disposiciones americanas en materia de seguridad sólo son aceptables si se ajustan al marco internacional (la Organización Marítima Internacional (OMI) o la Organización Internacional del Trabajo (OIT)), en especial por lo que se refiere a las medidas aplicables en el territorio de países terceros. De acuerdo con las normas internacionales, se debe evitar cualquier medida unilateral que tenga repercusiones sobre el comercio mundial.

Tanto por lo que se refiere al control de los contenedores como de las personas, en los foros internacionales antes citados se han creado grupos de reflexión para definir las principales líneas de acción futuras en materia de reglamentación. Los operadores, nuestros Estados miembros y la Comisión están trabajando actualmente en la búsqueda de un consenso europeo sobre esos temas, como se ha hecho recientemente en una sesión del grupo de trabajo en la OMI.
PREGUNTA ESCRITA E-0546/02

de Ilka Schröder (GUE/NGL) al Consejo

(4 de marzo de 2002)

Asunto: Registro del edificio Vrankrijk de Amsterdam por la policía neerlandesa

El 17 de enero de 2002, alrededor de las 3.30 horas de la madrugada, unos 200 miembros del cuerpo de policía de Amsterdam irrumpieron en el internacionalmente conocido edificio Vrankrijk, en la Spuistraat 216, en el centro de la ciudad. Según las declaraciones de los inquilinos, la policía golpeó a un vecino con una porra y le produjo heridas de consideración por lo que tuvo que ser tratado en el hospital, y registró las 14 viviendas del edificio (www.statewatch.org). Durante el registro se requisaron algunos libros, teléfonos móviles y una colección de pistolas de agua. Según el punto de vista de los inquilinos, la policía también registró viviendas para las que no mostró orden de registro alguna (http://www.indymedia.de/2002/01/13697.html).

1. ¿Que información tiene el Consejo sobre el registro de Vrankrijk? ¿Sobre qué base jurídica se llevó a cabo?

2. ¿Qué medidas piensa tomar el Consejo para evitar registros en edificios o partes de edificios en los Estados miembros?

3. ¿Qué información tiene el Consejo sobre propuestas propias o propuestas de la Comisión destinadas a proteger mejor de la arbitrariedad policial los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y, especialmente, la inviolabilidad de la vivienda?

Respuesta

(25 de junio de 2002)

Se recuerda a Su Señoría que el artículo 33 del TUE excluye las medidas nacionales destinadas al mantenimiento del orden público en los Estados miembros de las competencias del Consejo.