PREGUNTA ESCRITA P-2362/02

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(24 de julio de 2002)

Asunto: Compatibilidad de las propuestas del Gobierno británico relativas al metro de Londres con la reglamentación comunitaria en materia de contratos públicos y ayudas estatales

El Gobierno del Reino Unido ha declarado oficialmente que va a proceder a un amplio programa de modernización del metro de Londres recurriendo a una asociación entre el sector público y el privado que implica un proceso de licitación iniciado en abril de 2000 por London Transport (LT) a través de su filial comercial London Underground Limited (LUL). Este proyecto prevé el alquiler de los bienes materiales y de la infraestructura, incluido el material móvil, a dos consorcios privados durante un período de 30 años, mientras que la gestión seguirá estando en manos del sector público e incumbirá al nuevo organismo Transport for London (TfL), que está sometido al control político de la Greater London Authority. Se considera que el coste de la operación asciende a unos 45 000 millones de euros a precios de 2001 a lo largo de un período de 30 años, lo que lo convierte en el mayor contrato público jamás adjudicado en Europa. El patrimonio de London Underground se ha incorporado a tres empresas de infraestructuras (Infraco) y se transfirió a dos consorcios licitadores seleccionados, Tubelines y Metronet, el 8 de mayo de 2002, a reserva de la aprobación de las autoridades británicas de seguridad y de reglamentación y de la autorización de la Comisión Europea en virtud de la reglamentación aplicable en materia de fusiones y ayudas estatales. La autorización de la fusión de conformidad con las normas de competencia de la UE se obtuvo el 24 de junio de 2002 (véase Asunto COMP/M2694).

TfL garantizará los compromisos contraídos por LUL en el marco de los contratos PPA y supervisará su realización. Sin embargo, TfL afirma, en una queja presentada ante la Comisión, que se ha infringido la legislación comunitaria tanto en lo que respecta a contratos públicos como a ayudas estatales. TfL afirma que los contratos PPA no constituyen una concesión puesto que LUL hará pagos en efectivo a los Infracos y que, en consecuencia, estos contratos entran en el marco de aplicación de la Directiva 93/38/CEE(1) (sobre los servicios públicos) y que, además, tras la selección de los candidatos, negociaciones posteriores han aumentado significativamente el valor del contrato y disminuido los riesgos inherentes en más del 10 % del valor de la oferta (que se estima que es del orden de 3 000 millones de euros para el consorcio Metronet apartado 69 del Asunto Comp/M 2694), lo que hubiera debido lanzar obligatoriamente, tal y como se exige en el artículo 4 de la Directiva sobre servicios públicos, una nueva presentación de ofertas por parte de todos los licitadores iniciales.

TfL señala, además, infracciones contra el artículo 34 de la misma Directiva, afirmando que LUL no ha aplicado la metodología correcta para evaluar la oferta económicamente más ventajosa. El proceso se complica también debido a la existencia de supuestas violaciones de la reglamentación aplicable a las ayudas estatales que podrían favorecer únicamente a los licitadores seleccionados en detrimento de sus competidores aunque puedan concederse ayudas después de que el Gobierno del Reino Unido haya transmitido la correspondiente notificación.

Teniendo en cuenta la declaración del Comisario Bolkestein contra toda violación de las normas de competencia en la concesión de contratos públicos consistente en permitir a los candidatos o licitadores seleccionados modificar aspectos fundamentales de sus ofertas poniendo así en peligro el principio de igualdad de trato y la necesidad de garantizar que los contratos públicos sean rentables, ¿está dispuesta la Comisión a iniciar una investigación urgente sobre estas presuntas violaciones del Derecho comunitario?

(1) DO L 199 de 9.8.1993, p. 84.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(4 de septiembre de 2002)

La Comisión está examinando actualmente la licitación convocada por el Gobierno del Reino Unido, así como las quejas presentadas ante la Comisión sobre aspectos relacionados con ayudas estatales y contratación pública en el asunto de una asociación entre el sector público y el privado para el metro de Londres.

La Comisión concluirá este examen una vez haya recibido toda la información necesaria para evaluar el caso.

La Comisión informará oportunamente a Su Señoría de los resultados de este examen.