PREGUNTA ESCRITA E-1797/02

de Benedetto Della Vedova (NI) a la Comisión

(24 de junio de 2002)

Asunto: Central eólica en los Montes de Tolfa

La empresa española Gamesa Eólica ha presentado una solicitud para la construcción de una central eólica (los llamados parques eólicos) en los Montes de Tolfa, en el territorio de Allumiere (un municipio perteneciente a la Región Lacio), en una zona que constituye una Zona de Protección Especial (ZPE) con arreglo a la Directiva 79/409/CEE(1). La zona en cuestión (un altiplano volcánico próximo al litoral al noroeste de Roma) es una zona con la naturaleza intacta, carente de edificación alguna y totalmente recubierta de bosques y praderas, de gran valor ecológico por su considerable biodiversidad y muy importante asimismo desde el punto de vista paisajístico y panorámico. En particular, la zona conserva algunos núcleos boscosos con uno de los valores documentales más importantes de la península italiana. Ahora bien, en Italia, la explotación de la energía eólica está devastando zonas que constituyen hábitats de gran valor natural y, en muchos casos, como en el que nos ocupa, se trata de zonas protegidas por la legislación nacional o lugares de interés comunitario (ZPE y LIC). Tanto los LIC como las ZPE albergan especies animales y hábitats amenazados que requieren medidas especiales de protección y, por dicho motivo, se consideran de importancia europea sobre la base de convenios internacionales y normas comunitarias como la Directiva 92/43/CEE(2) y la Directiva 79/409/CEE. En los instrumentos programadores de los Fondos estructurales comunitarios elaborados por muchas regiones italianas se prevé financiar la construcción de centrales eólicas mediante los recursos proporcionados por la Unión Europea: ello pone de manifiesto la evidente contradicción que supone destinar recursos comunitarios a iniciativas que provocarían daños irreversibles al patrimonio natural en zonas declaradas de importancia ambiental con arreglo justamente a las directivas anteriormente citadas.

¿No considera la Comisión que existe una incompatibilidad entre una central eólica compuesta de aerogeneradores de considerable tamaño y potencia y una ZPE en la que, aparte de los aspectos estrictamente ecológicos, el valor paisajístico y panorámico de conjunto es particularmente importante y evidente, visto, sobre todo, que los Montes de Tolfa están situados de cara al mar?

¿No considera asimismo la Comisión que es sumamente contradictorio financiar mediante fondos europeos destinados a favorecer la producción de energías renovables la construcción de centrales eléctricas eólicas situadas en zonas consideradas de especial valor natural e incluidas por este motivo en la lista de ZPE y LIC y que, por lo tanto, merecen ser protegidas con arreglo a las directivas de la Unión Europea?

(1) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.

(2) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(30 de julio de 2002)

El artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres prevé el establecimiento de medidas de conservación para las zonas especiales de conservación (ZEC). De conformidad con el apartado 5 del artículo 4 de la Directiva 92/43/CEE, estas medidas son también aplicables a los lugares de importancia comunitaria (LIC) cuando, basándose en la lista de lugares de importancia comunitaria propuestos (LICP), se adoptan de conformidad con el procedimiento fijado en el apartado 2 del artículo 4. Actualmente, aún

no se han designado las zonas especiales de conservación ni se ha aprobado todavía la lista de lugares de importancia comunitaria. No obstante, en cuanto a los lugares de importancia comunitaria propuestos y, sobre todo, cuando incluyen hábitat y especies prioritarios, los Estados miembros tienen la obligación de actuar de forma que se garantice que los objetivos de la Directiva no se vean comprometidos. Pese a la falta de una lista comunitaria, se aconseja a los Estados miembros que al menos se abstengan de realizar toda actividad que pueda deteriorar un lugar propuesto.

Por lo que respecta a las zonas de protección especial designadas con arreglo a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, y con arreglo al artículo 7 de la Directiva 92/43/CEE, ya son aplicables los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva 92/43/EEC.

En concreto, el apartado 3 del Artículo 6 establece que cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.

Según el apartado 4 del articulo 6, si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.

La construcción de un parque eólico dentro de una zona de protección especial puede, por lo tanto, autorizarse sólo si éste no tiene una repercusión significativa en el área en cuanto a la protección de la naturaleza o si, de existir dicha repercusión y a falta de soluciones alternativas, debe realizarse por razones imperiosas de interés público de primer orden.

En el caso mencionado por Su Señoría, el proyecto no parece haberse autorizado aún, por lo que la Comisión sólo puede esperar que se cumplan íntegramente los requisitos del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE. Toda posible contradicción entre el proyecto y los objetivos medioambientales de la zona de protección especial deberá ponerse de manifiesto en el marco de la evaluación mencionada en el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva.

En conclusión, no existe contradicción alguna entre la financiación comunitaria concedida a proyectos destinados a producir energía de fuentes renovables y la legislación comunitaria que permite realizar dichos proyectos sólo si no causan daños significativos a la protección de la naturaleza.