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PREGUNTA ESCRITA P-0373/99

de Olivier Dupuis (TDI) al Consejo

(17 de febrero de 1999)

Asunto: Estado de salud preocupante del Sr. Ukshin Hoti y desapariciones y detenciones sin inculpación en la República Federal de Yugoslavia

En una resolución de urgencia aprobada el 14 de mayo de 1998(1), el Parlamento Europeo pidió al Consejo que hiciera cuanto estuviera en su mano para que las autoridades de Belgrado procedieran a la liberación de Ukshin Hoti, profesor universitario kosovar condenado en 1995 por delitos de opinión por las autoridades de la República Federal de Yugoslavia. Desde entonces, el estado de salud del Sr. Ukshin Hoti, que sigue detenido, se ha degradado notablemente como consecuencia de las durísimas condiciones de detención que soporta.

¿Puede la Presidencia del Consejo, por medio de su embajador en Belgrado, o por cualquier otra vía, verificar directamente las condiciones de detención y la situación médica del Sr. Hoti y hacer cuanto esté en su mano para que el Sr. Hoti sea liberado inmediatamente, sin esperar al término de su pena en el próximo mes de mayo?

De manera más general, ¿puede la Presidencia en ejercicio del Consejo indicar el número de detenidos por delitos de opinión que están encarcelados actualmente y dar una estimación del número de personas detenidas sin inculpación o desaparecidas en la República Federal de Yugoslavia desde principios de 1998?

Respuesta

(26 de abril de 1999)

El Consejo comparte plenamente la preocupación de Su Señoría sobre el estado de salud de D. Ukshin Hoti.

Por consiguiente, la Presidencia encargó a su Embajador en Belgrado establecer contacto con los representantes locales del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a fin de que comprueben la situación médica y las condiciones de detención del Sr. Hoti y estimen en qué medida es posible su rápida liberación. Los representantes del CICR consiguieron entrevistarse con el Sr. Hoti el 1 de marzo de 1999. La Presidencia se propone mantener al Parlamento al corriente de la información que los representantes del CICR proporcionen a su Embajador en Belgrado.

No obstante, y dada la grave tensión que registran las relaciones entre Belgrado y la Unión Europea, debida especialmente a la actual crisis de Kosovo y a las demandas que el Consejo ha dirigido a Belgrado sobre el particular, el Consejo desea recomendar a Su Señoría que limite su optimismo.

El Consejo no está en condiciones de informar con exactitud sobre el número de personas actualmente encarceladas por delitos de opinión o el de las personas detenidas sin inculpación o desaparecidas. De acuerdo con los datos comunicados por el CICR en agosto de 1998, dicho Comité estaba investigando la situación de 138 serbios y montenegrinos supuestamente secuestrados por el Ejército de Liberación de Kosovo y la de más de 400 albaneses al parecer detenidos por las fuerzas serbias. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cifraba en un total de 400 sus casos registrados de personas de quienes no se tiene noticia. El ACNUR cree que alrededor de 200 de ellas se encuentran actualmente detenidas por la policía.

(1) DO C 167 de 1.6.1998, p. 197.
PREGUNTA ESCRITA P-0374/99

de Antoni Gutiérrez Díaz (GUE/NGL) a la Comisión

(17 de febrero de 1999)

Asunto: Construcción de la carretera C-37 de Torelló al Valle de En Bas en Cataluña (España)

El proyecto para la construcción de un eje circulatorio entre las ciudades de Vic y Olot en Cataluña ha provocado en los últimos años una importante movilización de rechazo por parte de las organizaciones de defensa del medio ambiente, así como de numerosas fuerzas políticas y sociales de estas comarcas.

Esta actuación, que incluye la construcción de un túnel a su paso por Bracons en el tramo que une la localidad de Torelló con el Valle de En Bas, ha sido calificada por el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como de severa para el territorio.

Sin embargo, y a pesar de que la oposición para llevar a cabo este proyecto ha ido aumentando, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña ha decidido iniciar los trámites administrativos para llevarlo a efecto y ha solicitado al Gobierno español su inclusión en las Redes Transeuropeas de Transporte (RTT) de la Unión Europea.

¿Puede informar la Comisión de si el Estado español le ha tramitado la demanda de inclusión de este eje entre las RTT? De ser así, ¿está prevista su financiación con cargo al Fondo de Cohesión?

¿Tiene conocimiento la Comisión del preceptivo Estudio de Impacto Ambiental? ¿Qué opinión le merece? ¿Considera la Comisión que la incursión en Espacios de Especial Interés Natural, como pone de manifiesto el EIA, puede contravenir la normativa comunitaria al respecto?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(22 de marzo de 1999)

España no ha presentado ninguna solicitud para incluir este tramo concreto de la carretera, en particular la autopista C-37 Torelló - Valle da En Bas en Cataluña, en el plan de Redes Transeuropeas de Transporte (RTT). El Fondo de Cohesión y el presupuesto del plan de RTT no prevén ninguna financiación de este tramo concreto. Cabe subrayar que el Fondo de Cohesión financió dos tramos de la autopista conocida como "Eje de Cataluña": el tramo entre Rajadell y Artés(1) y el tramo entre Artés y Sta. Maria de Oló(2).

La Comisión no conoce los resultados del estudio de impacto ambiental realizado por el gobierno español.

Según la información facilitada por Su Señoría, la ruta debe atravesar una zona propuesta por España para su inclusión en la red Natura 2000 (Sistema Transversal Catalán, código ES51110005). La Comisión se dirigirá a las autoridades españolas para solicitarles información sobre los procedimientos aplicados para garantizar el cumplimiento de los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(3).

(1) Decisión C(95) 3068 de la Comisión de 11 de diciembre de 1995, modificada por la Decisión C(96) 3776 de 12 de diciembre de 1996.

(2) Decisión C(96) 2626 de la Comisión de 23 de septiembre de 1996.

(3) DO L 206 de 22.7.1992.
PREGUNTA ESCRITA P-0260/99

de Maartje van Putten (PSE) a la Comisión

(5 de febrero de 1999)

Asunto: Aplicación de las normas CITES en Grecia

En septiembre de 1998, la secretaría de la Convención CITES publicó una notificación en la que se pedía a todas las partes signatarias de la Convención CITES que suspendiesen el comercio con Grecia, dado que este país ha realizado unos esfuerzos insuficientes para transponer la Convención CITES y la normativa correspondiente de la UE al ordenamiento jurídico nacional.

¿Puede indicar la Comisión de qué manera piensa incitar a Grecia en un futuro próximo a que aplique la legislación nacional referente a la Convención CITES y si tiene previsto ayudar a Grecia en dicho empeño?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(12 de marzo de 1999)

En octubre de 1998, tras comprobar que Grecia no había tomado las medidas necesarias para aplicar el Reglamento (CE) 338/97 relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio(1), la Comisión decidió someter el asunto al Tribunal de Justicia, de conformidad con el artículo 169 del Tratado CE.

Entretanto, las autoridades griegas notificaron a la Comisión el texto de la Ley 2637/98, adoptada el 27 de agosto de 1998, que establece en Grecia un nuevo marco reglamentario relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, de conformidad con el Reglamento CITES(2). Actualmente se está examinando la conformidad de dicho texto.

(1) DO L 61 de 3.3.1997.

(2) DO L 384 de 31.12.1982.
PREGUNTA ESCRITA P-0354/99

de Marco Formentini (NI) a la Comisión

(12 de febrero de 1999)

Asunto: Irregularidades en la concesión de ayudas para el objetivo 2 de los Fondos estructurales en la región de Liguria

El 30 de marzo de 1998 el Ayuntamiento de Chiavari, provincia de Génova, solicitó a la región de Liguria la concesión de una ayuda a fondo perdido en concepto del objetivo 2 para un proyecto de recalificación urbanística, turística y comercial del casco histórico de la localidad. Dicha solicitud se formuló respetando los plazos y términos contemplados en las disposiciones de procedimiento.

Mediante el Decreto de la Dirección no 321 de 4 de septiembre de 1998 se aprobó la clasificación de las propuestas presentadas y la consiguiente concesión de ayudas. Se admitieron como destinatarias de ayudas las propuestas de Génova, Cairo Montenotte y Sarzana, aunque, como se menciona en dicho Decreto, estos proyectos no se apoyaban en "características adecuadas". La propuesta presentada por el Ayuntamiento de Chiavari fue desestimada a pesar de reunir todos los requisitos, tanto a nivel del proyecto como de los aspectos formales.

Como consecuencia de esta decisión, el Ayuntamiento de Chiavari recurrió a las instancias judiciales. La investigación sigue abierta.

¿No considera la Comisión que debe verificar, mediante la apertura de la correspondiente investigación, si la región de Liguria ha adoptado criterios discriminatorios contrarios a los principios de objetividad, corrección y transparencia en la gestión de los recursos financieros de la Comunidad Europea?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(15 de marzo de 1999)

La pregunta de su Señoría atañe a un asunto que, en aplicación del principio de subsidiariedad, es competencia principal de las autoridades italianas.

La información enviada por la región de Liguria (en concreto, la referente al concurso de proyectos enmarcados en la medida 3.5: Infraestructuras para revitalizar los centros urbanos) indica que las proposiciones se calificaron con arreglo a un sistema de puntuación cuyo principal criterio era el impacto de la infraestructura propuesta en el medio ambiente, el turismo local, la mejora y reconversión de las infraestructuras existentes y la creación de empleo. El proyecto presentado por el municipio de Chiavari no se rechazó, pero recibió una calificación más baja que los proyectos de los municipios citados por su Señoría.

Las solicitudes de financiación correspondientes a la medida 3.5 superan en la actualidad los recursos disponibles. No obstante, la nueva configuración dada recientemente al programa del objetivo no 2 (cuya adopción por la Comisión está teniendo lugar en estos momentos) asigna ya a esa medida un mayor volumen de fondos. El proyecto de Chiavari ocupa el primer puesto de la lista inmediatamente después de los que ya han sido financiados y, por tanto, se halla bien situado para poder beneficiarse de esos nuevos fondos.

Por lo demás, según la información que obra en poder de la Comisión, no parece haber motivos que justifiquen el inicio de una investigación sobre este asunto.
PREGUNTA ESCRITA E-0437/99

de Brigitte Langenhagen (PPE) a la Comisión

(4 de marzo de 1999)

Asunto: Interpretación y aplicación de la Directiva 92/43/CEE

¿Qué criterios o condiciones son en cada caso determinantes para que se puedan aplicar a un proyecto ferroviario las "consideraciones relacionadas con consecuencias positivas de importancia primordial para el medio ambiente" de conformidad con el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE(1)?

Esta pregunta completa mi pregunta de 25.7.1998. La Sra. Bjerregaard respondió en nombre de la Comisión a la misma (E-2638/98)(2). La respuesta de la Comisión plantea y deja abierta la pregunta que ahora presento.

Respuesta de la Sra. Bjerregaard En nombre de la Comisión

(1 de abril de 1999)

En su respuesta a la pregunta escrita 2638/98 de su Señoría, la Comisión ya expuso su opinión y explicó que la cuestión de las "consecuencias positivas de importancia primordial para el medio ambiente" sólo podía tratarse en cada caso concreto. No existen fórmulas generales ni criterios distintos de los ya establecidos por la Directiva 92/43/CEE sobre la conservación de los hábitats naturales y la fauna y flora silvestres, y las ventajas medioambientales generales de los trenes sobre otras formas de transporte no pueden hacer olvidar la necesidad de análisis específicos de los proyectos y emplazamientos.

Sólo el Tribunal de Justicia puede ofrecer una interpretación definitiva de la Directiva y la Comisión lamenta no poder ofrecer a su Señoría más orientación que la contenida en su respuesta anterior.

(1) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

(2) DO C 118 de 29.4.1999, p. 110.
PREGUNTA ESCRITA E-0563/99

de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión

(12 de marzo de 1999)

Asunto: Reordenación del CONI y defensa del empleo

El 29 de enero de 1999, el Consejo de Ministros italiano aprobó un proyecto de decreto legislativo relativo a la "reordenación del Comité Olímpico Nacional Italiano".

En esta disposición se prevé una "reordenación" que consiste en realidad en la privatización salvaje de las estructuras del CONI, desconectándolo de las federaciones de las distintas disciplinas deportivas, con el riesgo de hacer peligrar seriamente, además de la operatividad de la estructura, numerosos puestos de trabajo.

La privatización de estas estructuras no daría lugar sobre todo a una disminución de la deuda pública, sino a la transferencia a manos privadas de importantes ingresos procedentes de concursos y pronósticos vinculados a las actividades deportivas ("totocalcio" u otros):

1. ¿Cree la Comisión que la privatización salvaje del CONI debe ser por lo menos gradual, prestando especial atención a la protección de los puestos de trabajo?

2 ¿Puede ser el proceso de privatización contrario a la Carta europea del deporte, aprobada en Rodas por la VII Conferencia de ministros europeos de deportes en 1992?

3. ¿Puede esta privatización negar el derecho al deporte a las capas económicamente más débiles, habida cuenta también de la escasez de estructuras públicas administradas por entes distintos del CONI?

4. ¿Qué opina, en general, de este asunto?

Respuesta del Comisario Oreja en nombre de la Comisión

(5 de mayo de 1999)

La cuestión formulada por Su Señoría es competencia del Gobierno italiano.

Sin embargo, en la medida en que la reorganización del Comité Olímpico Nacional Italiano implica una privatización contemplada por la aplicación de la Directiva 77/187/CEE(1), de 14 de febrero de 1977, relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transpasos de empresas, el cesionario debe mantener las mismas condiciones de trabajo previstas por el cedente.

Según lo dispuesto en la Directiva, el traspaso de una empresa no constituye en sí mismo un motivo de despido para el cedente o el cesionario (apartado 1 del artículo 4), pero esta disposición no impide despidos que puedan producirse por razones económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios en cuanto al empleo.

En estas circunstancias, es el Derecho nacional que transpone la Directiva 77/187/CEE, tal como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, el que regula las consecuencias jurídicas derivadas de este asunto.

(1) DO L 61 de 5.3.1977.
PREGUNTA ESCRITA E-0174/99

de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión

(11 de febrero de 1999)

Asunto: Ley que discrimina a los italianos en la provincia de Bolzano

Con referencia a mi anterior pregunta escrita E-3040/98(1) relativa a la discriminación contra los italianos en la provincia de Bolzano, informo a la Comisión que la ley a que me refería ya ha sido aprobada (Ley Provincial del 17 de diciembre de 1998 no13 "Ordinamento Edilizia Abitativa Agevolata" (Reglamentación de las facilidades para la construcción de edificios habitables)).

A la vista de ello, ¿puede la Comisión dar a conocer su opinión al respecto?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(26 de marzo de 1999)

Tras un detallado examen de la legge provinciale n.13 de la provincia de Bolzano, de 17 de diciembre de 1998, titulada "Ordinamento dell'Edilizia Abitativa Agevolata", la Comisión no ha constatado que exista discriminación alguna contra ciudadanos de la Unión prohibida por el Derecho comunitario. Según el artículo 4 de la citada ley, las personas que deseen volver a establecerse en la provincia de Bolzano, después de haber residido en ella durante cinco años por lo menos y de emigrar al extranjero, están asimiladas para efectos legales a los residentes, con independencia de su nacionalidad. Además, el apartado 6 del artículo 5 de la misma ley garantiza la igualdad de trato a los nacionales de otros Estados miembros que residan en la provincia de Bolzano y ejerzan una actividad económica.

(1) DO C 182 de 28.6.1999, p. 40.
PREGUNTA ESCRITA E-0579/99

de José Barros Moura (PSE) a la Comisión

(12 de marzo de 1999)

Asunto: Negociaciones UE/Suiza

Considerando la respuesta de 8.2.1999 a mi pregunta E-4022/98(1), solicito a la Comisión que me aclare sobre las implicaciones concretas de la no totalización de los períodos de empleo en otros Estados Miembros, durante el período transitorio, por lo que respecta al período mínimo de empleo exigido para tener derecho al subsidio de desempleo, teniendo en cuenta la situación de los trabajadores portugueses que prestan en gran número trabajo estacional en Suiza.

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(12 de abril de 1999)

Según el proyecto de acuerdo con Suiza en materia de seguridad social para los trabajadores migrantes, en general debe aplicarse íntegramente el Reglamento (CEE) 1408/71 a los nacionales de terceros países(2) que trabajen en Suiza. Sin embargo, se hace una excepción en lo que se refiere a subsidios de desempleo durante el periodo transitorio con las personas que han trabajado en Suiza durante menos de un año. En tales casos, los periodos de empleo en otro Estado miembro no se agregan al periodo de carencia exigido para tener derecho al subsidio de desempleo en Suiza (actualmente de seis meses). En circunstancias normales, esta excepción no debería afectar a los trabajadores de temporada portugueses, puesto que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 1408/71, "trabajador de temporada" es aquél que no reside en el Estado donde trabaja y, por tanto, tiene derecho a las prestaciones de desempleo en su país de residencia (Portugal, en este caso).

Según este acuerdo, los trabajadores de temporada también tienen derecho a residir en Suiza, lo que les permitiría solicitar las prestaciones de desempleo suizas una vez que cumplieran el periodo de carencia nacional.

(1) DO C 320 de 6.11.1999, p. 109.

(2) DO C 6 de 10.1.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-0102/99

de Robin Teverson (ELDR) a la Comisión

(27 de enero de 1999)

Asunto: Quinto Programa Marco y energía geotérmica

En los anteriores programas de investigación y desarrollo de la UE se ha mencionado específicamente la energía geotérmica, no así en el próximo programa. Aunque el Parlamento Europeo aprobó una enmienda para rectificar la omisión e incluir la energía geotérmica en el Anexo II(a) (v) de la sección de energías renovables, la Comisión no aceptó la enmienda y tampoco el Consejo la ha incluído.

¿Piensa confirmar la Comisión que esta omisión no pondrá en peligro futuras financiaciones de esta área, y que los proyectos relativos a la energía geotérmica continuarán recibiendo la dotación que les corresponde, teniendo en cuenta que la Sra. Cresson ha manifestado que la UE se ha propuesto el objetivo de aumentar el porcentaje del uso de energías renovables del 6 al 12 %?

Respuesta de la Sra. Cresson en nombre de la Comisión

(25 de marzo de 1999)

El objetivo declarado de la Comunidad de incrementar el porcentaje de energías renovables de un 6 % a un 12 % constituye uno de los motores del componente energético del Quinto Programa Marco(1). Asimismo, es verdad que el empleo de recursos geotérmicos puede contribuir de manera significativa al logro de este objetivo, especialmente si el proyecto europeo de calor seco de Soultz-sous-Forêts (Francia) continúa respondiendo a las expectativas que ha generado.

Muchos aspectos de la tecnología geotérmica están consolidados, por lo que este concepto no se podría considerar como una prioridad primordial a la hora de conceder financiación para la investigación. Sin embargo, es aún necesario seguir investigando el aprovechamiento de la energía geotérmica, por lo que podría recibir ayuda en el futuro.

No obstante, el enfoque del Quinto Programa Marco consiste en centrarse en problemas, no en tecnologías. Si los proyectos de investigación y demostración de energía geotérmica pueden contribuir a resolver los problemas enunciados en el programa, se prestan a la financiación europea en mayor medida que a la puramente nacional, y si pueden lograr los objetivos fijados en el programa de trabajo para las fuentes de energías renovables, se tratarán en pie de igualdad con otros proyectos de energías renovables.

(1) DO C 137 de 7.6.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-0272/99

de Manuel Escolá Hernando (ARE) a la Comisión

(17 de febrero de 1999)

Asunto: Trasvase y Fondo de Cohesión

En la página 11 de la publicación titulada "Evaluación hidrológica España/Portugal" recientemente editada por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas se señala que las autoridades españolas, en carta remitida el 8 de noviembre de 1995, realizaron diversas observaciones al informe elaborado por la consultora MWL recogido en la publicación antes mencionada, referentes "al trasvase de recursos de una cuenca a otra, necesarios para tratar los graves problemas estructurales que se plantean en numerosas regiones españolas".

¿Comparte la Comisión este planteamiento? ¿Considera que existen otras fórmulas alternativas que no supongan la realización de unas obras que van a contar con un elevado rechazo político y social?
PREGUNTA ESCRITA E-0877/99

de James Nicholson (PPE) a la Comisión

(8 de abril de 1999)

Asunto: Iniciativa PYME - Irlanda del Norte

¿Qué recursos se han concedido a Irlanda del Norte en el marco de la iniciativa PYME en el actual período de programación?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-0871/99, E-0872/99, E-0873/99, E-0874/99 y E-0877/99 dada por la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(5 de mayo de 1999)

El cuadro siguiente muestra los importes (expresados en millones de [fmxeuro]) concedidos a Irlanda del Norte por los Fondos estructurales para los programas en cuestión en el actual período de programación (1994-1999). Cabe subrayar que los importes del programa PEACE se refieren tanto a Irlanda como a Irlanda del Norte. Además, está previsto añadir un importe adicional de 100 millones de [fmxeuro] a los cuadros financieros de este programa.

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