PREGUNTA ESCRITA E-2326/02

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la Comisión

(26 de julio de 2002)

Asunto: Competencia comunitaria sobre las medidas de conservación

En sus propuestas para la reforma de la Política Común de Pesca (PCP) aprobadas por el Colegio de Comisarios el pasado 28 de mayo de 2002, la Comisión atribuye nuevas competencias a los Estados costeros a la hora de establecer medidas técnicas en aguas de su jurisdicción que sólo requerirían la autorización de la Comisión. En concreto, se les permite la adopción de normas en la zona de 0 a 12 millas aplicables a todos los buques y de medidas de urgencia en las demás zonas aplicables a todos los buques comunitarios.

Teniendo en cuenta que ya existe un procedimiento a nivel comunitario que permite a la Comisión Europea la adopción de medidas de emergencia a corto plazo, sometidas posteriormente a la ratificación por el Consejo, ¿cuáles son las razones que justifican la creación de este nuevo procedimiento?

¿Considera la Comisión Europea que la cesión de dichas competencias a los Estados costeros se ajusta al Derecho comunitario vigente? En caso afirmativo, ¿sobre la base de qué preceptos legales?

Finalmente, ¿no considera la Comisión que debería de ser ella misma la que adoptase estas medidas para garantizar el principio de neutralidad?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(16 de septiembre de 2002)

En la pregunta escrita de Su Señoría se hace referencia a los artículos 8 y 9 de la propuesta de la Comisión, que tratan, respectivamente, de las medidas de urgencia de los Estados miembros y de las medidas de los Estados miembros dentro de la zona de 12 millas marinas.

El artículo 8 contempla las medidas de urgencia de corto período de aplicación, mientras que el artículo 9 se refiere a medidas en la zona de 12 millas que carecen de este carácter urgente. No se trata de un procedimiento nuevo, puesto que este principio ya está recogido en el artículo 46 del Reglamento (CE) no 850/98 del Consejo, del 30 de marzo de 1998, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos(1), y, aunque en él se formula de modo diferente (se aplica a las poblaciones locales), tiene un efecto similar.

Obviamente, existe una diferencia entre el citado artículo 46 y el artículo 9 propuesto, dado que el primero no se aplica a los buques de otros Estados miembros. No obstante, la Comisión considera que, si se desea que las medidas restrictivas para la conservación y gestión dentro de dicha zona sean plenamente eficaces, no deben aplicarse únicamente a los buques del Estado miembro ribereño sino también a los restantes buques con derecho a pescar en ella.

En ese artículo se afirma que tales medidas no deberán ser discriminatorias y, con este fin, se establecen determinadas garantías jurídicas, contemplándose, en particular, la participación en el procedimiento de los Estados miembros afectados (véase el segundo párrafo del apartado 1 y el apartado 2). Los Estados miembros y los consejos consultivos regionales interesados pueden presentar sus observaciones por escrito a la Comisión, que confirmará la medida o exigirá su cancelación dentro de los quince días hábiles siguientes. Además, los Estados miembros tienen la posibilidad de someter al Consejo la decisión de la Comisión, y el Consejo puede adoptar por mayoría cualificada una decisión diferente.

Esta disposición no debe interpretarse como una cesión de competencias. Según el principio de la subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado CE, ninguna acción de la Comunidad debe exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado. En consonancia con ello, la Comisión considera que las medidas relativas a la conservación y gestión de los recursos en la zona mencionada y que aún no hayan sido adoptadas por la Comunidad pueden ser emprendidas con competencia y corrección por el correspondiente Estado miembro ribereño.

En cuanto a la cuestión de la neutralidad de estas medidas, se han adoptado las garantías jurídicas arriba mencionadas que la preservan de forma efectiva.

(1) DO L 125 de 27.4.1998.