PREGUNTA ESCRITA E-1136/96 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (13 de mayo de 1996)

Asunto: Armonización a escala mundial de las normas aplicables a la inversión directa

Los flujos mundiales de inversión directa (IDE) han pasado de 68.000 millones de dólares en 1960 a 1 billón 650 millones en 1993, es decir, un crecimiento medio anual del 11%.

Según las estadísticas de Naciones Unidas y de Eurostat, el aumento del IDE a escala mundial ha sido cuatro veces más rápido que el del PIB y tres veces mayor que el del comercio.

¿No considera la Comisión que los procedimientos para la solución de conflictos han de ser compatibles con los de la OMC y con los instrumentos que regulan las controversias entre invesores y Estados; que se ha de respetar el principio de trato nacional, aunque con las oportunas excepciones y reservas, evitando además la discriminación de las empresas nacionales que se produce, por ejemplo, en las «zonas francas con vocación exportadora»; que es necesario regular en mayor medida la adopción de incentivos fiscales y directos para atraer las IDE, circunstancia que también repercute en la financiación de los Estados beneficiarios?

Respuesta de Sir Leon Brittan en nombre de la Comisión (20 de junio de 1996)

La Comisión está de acuerdo en que las normas multilaterales sobre inversión deben aplicarse a todos los niveles del Gobierno.

La Comisión es consciente de la necesidad de asegurarse de que las normas para la solución de controversias sean compatibles con los mecanismos ya existentes. Las medidas concretas tomadas para garantizar la compatibilidad de la Organización Mundial del Comercio (OMC) incluyen la participación de expertos de la OMC en las discusiones en curso en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre un acuerdo multilateral sobre la inversión (MAI). Por lo que se refiere a la solución de conflictos entre inversores privados y el estado, el centro internacional para la solución de conflictos de inversión (ICSID) también contribuirá a este trabajo.

La Comisión coincide en que la «discriminación inversa», es decir, mejor tratamiento dado a los inversores extranjeros que a los operadores nacionales, podría crear problemas respecto a la igualdad de condiciones para todos los operadores. Sin embargo, en las negociaciones en curso de la OCDE, éste no ha sido hasta ahora un problema importante (las llamadas zonas francas industriales donde tales prácticas se utilizan ampliamente no son una característica común en la OCDE). Se tendrá que abordar este problema, sin embargo, en discusiones y negociaciones futuras en normas multilaterales sobre inversión en la OMC.

La Comisión está de acuerdo en que las normas sobre incentivos para la inversión deberían ser parte de futuras normas multilaterales de inversión. La política de ayudas estatales de la Comunidad ha conducido ya a límites significativos en incentivos para la inversión en la Comunidad. Este tema se ha retomado ya en las negociaciones en curso en el seno de la OCDE.

Las directrices para la participación de la Comunidad y de sus Estados miembros en las negociaciones en el seno de la OCDE reflejan en gran parte las respuestas dadas anteriormente.