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PREGUNTA ESCRITA E-0614/01

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(1 de marzo de 2001)

Asunto: Traspasos de futbolistas

Se dice que una pequeña cantidad de quejas iniciaron el actual debate sobre los derechos de traspaso de los futbolistas.

¿Cuántas quejas había recibido la Comisión cuando comenzó el proceso de diálogo con las distintas autoridades futbolísticas?

¿Cuántas quejas ha recibido en total?

¿Quién formuló esas quejas y por qué motivo?

¿Cuántos representantes recibidos por la Comisión abogaron por que se mantenga el actual sistema?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(19 de abril de 2001)

Las denuncias que dieron lugar a la incoación de un procedimiento contra la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en diciembre de 1998 fueron cuatro. Posteriormente, la Comisión recibió otra denuncia.

En septiembre de 2000, fecha a partir de la cual la Comisión intensificó sus debates con las autoridades futbolísticas, dos de las denuncias, relativas ambas al mismo caso, ya se habían retirado a raíz de un acuerdo con la FIFA.

La Comisión no puede revelar el nombre de los denunciantes en los asuntos relativos a procedimientos de aplicación de las normas de competencia del Tratado CE.

Las denuncias se referían, en particular, a dos aspectos de las normas de la FIFA aplicables a los traspasos internacionales: la prohibición total de rescisión unilateral del contrato y el pago de indemnizaciones de traspaso al final del contrato en situaciones no cubiertas por la sentencia Bosman.

La Comisión ha recibido opiniones en favor del mantenimiento de las normas actuales de la FIFA. También ha recibido muchas opiniones en favor de la necesidad de proceder a una modificación de estas normas.

A raíz de una reunión celebrada el 5 de marzo de 2001, la FIFA, de acuerdo con la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), se ha comprometido a modificar muy rápidamente sus normas que regulan el estatuto y los traspasos de jugadores, en su versión de 1997, según principios que se han hecho públicos.
PREGUNTA ESCRITA E-0554/01

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(27 de febrero de 2001)

Asunto: Declaración de fiabilidad para la DG Presupuestos

En la reunión de la Comisión de Control Presupuestario del 7 de febrero de 2001, el Sr. Fischler, miembro de la Comisión Europea, afirmó que en 1999 el porcentaje exacto de error para las transacciones financieras dentro de la Dirección General de Agricultura fue del 3,06 %.

En consonancia con el espíritu de cooperación y transparencia entre las instituciones europeas, ¿podría el miembro de la Comisión competente en materia de presupuestos indicar cuál es el porcentaje correspondiente para las transacciones financieras dentro de la Dirección General de referencia? En caso negativo, ¿por qué no?

Respuesta común a las preguntas escritas P-0553/01, E-0554/01, E-0555/01, E-0556/01, E-0557/01, E-0558/01, E-0559/01, E-0560/01, E-0561/01, E-0562/01, E-0563/01, E-0564/01, E-0565/01, E-0566/01, E-0567/01, E-0568/01, E-0569/01 y E-0570/01 dada por el Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(11 de abril de 2001)

La Comisión recuerda a Su Señoría que el Tribunal de Cuentas no facilita el índice de error en el marco de su declaración de fiabilidad para el presupuesto general, ya que considera que calibrar el éxito de la gestión financiera de la Comisión basándose solamente en este indicador resulta demasiado simple.

Por consiguiente, hace tres años el Tribunal decidió no volver a publicar el índice de error global y desarrollar su método de declaración de fiabilidad para proporcionar una mayor cantidad de información descriptiva a la autoridad competente para aprobar la gestión.

Además, el Tribunal de Cuentas ha manifestado en varias ocasiones que, si tuviera que presentar índices de error a una escala más pequeña que la del índice de error general (por ejemplo, por sectores o por Direcciones Generales), éstos serían completamente engañosos. El Tribunal audita un número limitado de transacciones lo que no le permite determinar un índice de error válido a este nivel más bajo.

Como consecuencia, la Comisión no está en condiciones de facilitar a Su Señoría la información solicitada.
PREGUNTA ESCRITA E-1607/01

de Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) a la Comisión

(1 de junio de 2001)

Asunto: Nuevas medidas contra el consumo de drogas

El estudio de la realidad social ha puesto de manifiesto en ciertos países miembros una ligera subida en la edad de inicio en el contacto con las drogas, un incremento de los consumidores de alcohol y hachís, y una bajada en las drogas duras como la heroína, así como la estabilización del resto de los que toman sustancias ilegales.

Muchos son los gobiernos que ya han puesto en marcha distintas reformas que afectarán a las leyes básicas de sus ordenamientos jurídicos en lo referente a la lucha contra el narcotráfico. Así, medidas como fijar una mayor proporcionalidad entre la pena que se impone y la cantidad de droga decomisada, una mayor gradación de las posibles condenas para los pequeños narcos, la atenuación de la condena para los colaboradores de la justicia, etc., endurecen la lucha contra el narcotráfico, habida cuenta del consumo que todavía existe, muy a pesar de las variaciones que experimenta tanto ese fenómeno como el sector de la sociedad que lo rodea.

¿Ante esta constante transformación que experimenta el narcotráfico, de qué manera la Comisión alienta a todos los Estados miembros para que adopten una regulación más actualizada, sólida y estricta contra ese fenómeno?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(17 de julio de 2001)

La política y la legislación en materia de lucha contra la droga son ámbitos de competencia compartida entre los Estados miembros y la Comunidad.

Desde 1990 la Unión apoya la necesidad de un enfoque mundial, pluridisciplinar e integrado en materia de lucha contra la droga, basado en cuatro elementos principales: i) reducción de la demanda, ii) reducción de la oferta y lucha contra el tráfico ilícito, iii) cooperación internacional, iv) coordinación a nivel nacional y en la Unión.

Para responder al reto del tráfico que surte de estupefacientes y sustancias psicotrópicas a nuestras sociedades, la Comisión aprobó, el 23 de mayo de 2001, una propuesta(1) de decisión-marco sobre el establecimiento de disposiciones mínimas relativas a los elementos constitutivos de infracciones penales y a las sanciones aplicables en el ámbito del tráfico de drogas. Esta propuesta fue solicitada, entre otras, en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere del 15 y 16 de octubre de 1999, y en el Plan de acción antidroga de la Unión Europea (2000-2004)(2).

Como Su Señoría indica, es importante que la Unión, mediante la aprobación de la propuesta de decisión-marco del Consejo, demuestre claramente su voluntad de luchar contra el tráfico de drogas que amenaza la salud, la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos, estableciendo un enfoque común sobre el Derecho penal y reforzando la cooperación entre Estados miembros.

(1) COM(2001) 259/4.

(2) COM(1999) 239 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1255/01

de Bart Staes (Verts/ALE) al Consejo

(27 de abril de 2001)

Asunto: Posición de la Unión Europea sobre la promoción de la lactancia materna

La Directiva 91/321/CEE(1) de 14 de mayo de 1991, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los preparados para lactantes y preparados de continuación, es una traducción del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Este código fue elaborado por la Organización Mundial de la Salud y Unicef y aprobado por la Asamblea General de la OMS en 1981.

En su Resolución 49.15 de 1996, la Organización Mundial de la Salud solicita medidas adicionales para evitar el fomento de la alimentación de lactantes menores de 6 meses con sucedáneos de la leche materna, de forma que se aliente a las madres a continuar amamantando a sus hijos. En principio debería haberse adoptado una nueva resolución el año pasado, pero el debate sobre la posibilidad de mantener la frontera de los seis meses ha sido aplazado y tendrá lugar en la Asamblea General del próximo mes de mayo.

¿Se propone el Consejo abogar, en la próxima Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, por la adopción de medidas adicionales para evitar el fomento de la alimentación de lactantes menores de 6 meses con sucedáneos de la leche materna, tal como se estipuló en la Resolución 49.15? En caso negativo, y habida cuenta de la importancia que reviste la lactancia materna para la salud, ¿por qué se niega el Consejo a aplicar la Resolución 49.15 de la Organización Mundial de la Salud?

(1) DO L 175 de 4.7.1991, p. 35.

Respuesta

(27 de septiembre de 2001)

La Resolución a la que se refiere Su Señoría fue adoptada por consenso en la Quinta Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Dicha Asamblea acogió favorablemente la posición de la Unión Europea al respecto.

La Resolución de la OMS apremia explícitamente a los Estados miembros a que garanticen el respeto global del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y la subsiguiente Resolución de la OMS, en lo que se refiere al etiquetado, así como a todas las formas de publicidad y de promoción comercial.

La responsabilidad de la aplicación de dicha Resolución, como es el caso con todas las resoluciones de la OMS, es competencia de los Estados miembros de la OMS.
PREGUNTA ESCRITA E-0129/01

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(31 de enero de 2001)

Asunto: Servicios financieros

1. ¿Puede la Comisión indicar qué proporción del PIB han generado los servicios financieros en cada Estado miembro durante cada uno de los últimos diez años?

2. ¿Puede la Comisión señalar alguna incoherencia metodológica en particular entre la medida de los servicios financieros en los Estados miembros y alguna dificultad especial para evaluar el valor añadido en este sector?

3. ¿Puede la Comisión facilitar cifras comparables correspondientes a los Estados Unidos y al Japón?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(7 de mayo de 2001)

Los datos solicitados por Su Señoría pueden extraerse de las cuentas nacionales, un ámbito estadístico estructurado mediante una norma metodológica denominada Sistema europeo de cuentas económicas integradas (SEC).

Su Señoría y la Secretaría del Parlamento recibirán directamente los datos sobre la proporción del PIB generada por los servicios financieros en cada Estado miembro durante cada uno de los últimos diez años.

No hay incoherencias metodológicas particulares dado que las cuentas nacionales de los Estados miembros se basan en el SEC.

No existen excepciones relacionadas con las definiciones de los conceptos.

Hay dos versiones del SEC. El nuevo SEC (SEC 95) se viene aplicando desde 1999 y sustituye a la versión anterior (SEC 79), utilizada desde 1970 hasta 1997. En el SEC 95 se amplió la definición de servicios financieros: la producción de los servicios de seguros distintos de los seguros de vida incluye ahora la renta de la inversión de las reservas técnicas de seguro.

El valor añadido en este sector está formado por las comisiones y honorarios facturados explícitamente a los clientes y la diferencia entre los intereses cobrados por los préstamos y los intereses pagados por los depósitos, lo que se denomina servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI). Medir las comisiones y honorarios es bastante sencillo al realizarse mediante un cálculo contable, mientras que medir el SIFMI es algo más complejo.

Los datos de los Estados Unidos y Japón se ajustan al SEC 79 y serán enviados directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-0851/01

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(22 de marzo de 2001)

Asunto: Situación presupuestaria de los miembros de la zona euro

¿Podrá la Comisión estimar, sobre la base de los modelos econométricos de que dispone, las repercusiones en los tipos de interés de la zona euro de una restricción o una flexibilización de un punto porcentual en la situación presupuestaria estructural, adaptada a la coyuntura, de cada miembro de la zona euro?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(27 de junio de 2001)

La Comisión no ha calculado el impacto en los tipos de interés de la eurozona de los cambios en las posiciones presupuestarias estructurales de cada uno de los miembros de la eurozona.

En el modelo económico de la Comisión, los cambios permanentes en la deuda del Estado expulsan al gasto privado y llevan al alza a los tipos de interés a largo plazo. El grado de aumento de los tipos de interés depende en gran medida de la sensibilidad del consumo al interés. No hay consenso en la literatura sobre el efecto de la deuda pública en los tipos de interés y los estudios empíricos se contradicen. Las pruebas sobre la equivalencia de Ricardo también dan resultados dispares. Algunos estudios apoyan la noción de que la equivalencia de Ricardo describe los datos muy bien y no encuentran ninguna correlación entre deuda pública y tipos de interés. Sin embargo, Tanzi y Chalk(1), considerando a la Comunidad como un conjunto, encontraron que en el período 1970-98 el 10 % del aumento del producto interior bruto (PIB) en el coeficiente deuda de la Comunidad-PIB supuso un aumento de los tipos de interés reales del 0,6 %. La existencia de un impacto de la deuda en los tipos de interés a nivel comunitario parece sugerir que los cambios en la deuda en la región en su conjunto son más importantes para los tipos de interés que la deuda de países individuales. Sin embargo el tamaño del efecto constatado para la submuestra 1980-98 es muy inferior, del 0,1 %.

Las simulaciones con el modelo económico de la Comisión, en que la equivalencia de Ricardo no se sostiene completamente a largo plazo, sugieren que un aumento permanente en la ratio deuda-PIB del 10 % puede aumentar los tipos de interés reales a largo plazo en entre un 0,2 y un 0,3 %.

(1) V. Tanzi y N. Chalk, Impact of Large Public Debt on Growth: a Discussion of Potential Channels, EE R&S no 2, 2000.
PREGUNTA ESCRITA E-0012/01

de Luis Berenguer Fuster (PSE) a la Comisión

(17 de enero de 2001)

Asunto: Decisión sobre el expediente de ayudas públicas abierta al Reino de España

La Comisión ha manifestado en diversas ocasiones que la vicepresidenta de Palacio no tiene incompatibilidad legal para intervenir en el expediente de ayudas públicas por costes de transición a la competencia a las empresas eléctricas españolas.

Recientemente, la prensa española se ha hecho eco de los denodados intentos de la Sra. de Palacio para hacerse con el control del expediente, con la finalidad de evitar un varapalo inmediato al Gobierno español que por cierto coincide sustancialmente con aquél del que ella formó parte. Igualmente ha señalado en la prensa española que la combatividad de la vicepresidenta ha conseguido aplazar la apertura del expediente contra España, que se iba a tratar en la reunión del Colegio de Comisarios del 21 de diciembre.

¿Sigue pensando la Comisión que la vicepresidenta de Palacio no se dedica a defender los intereses del Gobierno español en el expediente de ayudas públicas a las empresas eléctricas españolas?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(1 de marzo de 2001)

La Comisión no acostumbra comentar artículos de prensa, que sólo comprometen a sus autores; además, en el caso que nos ocupa, el expediente da lugar a interpretaciones muy diversas en la prensa española.

La Vicepresidenta de la Comisión, al desempeñar un papel doble, el de miembro del Colegio de Comisarios y de responsable, en particular, de energía, contribuye al análisis del expediente abierto sobre los costes de transición a la competencia en el sector eléctrico español, así como en los demás Estados miembros, aunque la Dirección General de Competencia examine dicho expediente y por tanto vaya a ser objeto, en su momento, de una propuesta que el miembro responsable de esta política someterá a sus colegas. En este contexto intervino hasta ahora la Vicepresidenta.

Por último, la Comisión ruega a Su Señoría se remita a las respuestas a sus preguntas escritas E-1761/99(1) y E-3178/00(2) al respecto.

(1) DO C 170 E de 20.6.2000.

(2) No publicada aún.
PREGUNTA ESCRITA E-0372/01

de Reinhold Messner (Verts/ALE) a la Comisión

(15 de febrero de 2001)

Asunto: Prórroga de la concesión a Autostrade SpA

En relación con las preguntas precedentes E-2293/99(1) y E-1457/00(2):

- ¿Puede indicar la Comisión si la comisión independiente responsable de la gestión de los contratos de obras públicas previstos en la propia concesión a Autostrade SpA ha sido efectivamente creada?

- En caso afirmativo, ¿es realmente independiente e imparcial, como lo exigía la Comisión Europea, considerando que es sabido que en la misma están presentes dos representantes designados por la empresa nacional autónoma de carreteras (ANAS) y uno designado por Autostrade SpA?

- En caso de que la composición de esta comisión independiente sea la que se acaba de señalar, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión a fin de que se garantice el cumplimiento de las condiciones establecidas en su carta del 30 de julio de 1998 al Gobierno italiano?

- ¿No considera que la prórroga de la concesión, que se justificó por la necesidad de cubrir los costes de obras no pagadas y de otros contenciosos, es en realidad un acto administrativo concedido a cambio de inversiones en nuevas infraestructuras?

A este respecto, cabe recordar que en la concesión se prevén nuevas inversiones equivalentes a unos 8,4 billones de liras, de los cuales 5,6 se destinarán a potenciar el tramo Florencia-Bolonia (34 km), a pesar de que los acuerdos de Gobierno de julio de 1996 sólo autorizaban la ejecución del tramo del paso Aglio-Canova y la mejora del tramo Florencia Norte-Florencia Sur.

(1) DO C 225 E de 8.8.2000, p. 89.

(2) DO C 53 E de 20.2.2001, p. 144.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(3 de abril de 2001)

La Comisión solicitó información a las autoridades italianas en relación con la constitución de la comisión independiente citada por Su Señoría, mediante carta fechada el 25 de mayo de 2000, al objeto de comprobar si se habían respetado efectivamente los compromisos relativos a la imparcialidad e independencia de la propia comisión. Dichas autoridades no respondieron hasta el pasado 18 de diciembre.

Las autoridades italianas comunicaron que prevén constituir tres comisiones independientes, que se encargarán de la atribución de contratos de obras de Autostrade S.p.A. conforme a una competencia territorial; las citadas comisiones aún no han sido constituidas. No obstante, las autoridades italianas precisaron que ya se había preparado un proyecto de decreto de nombramiento de los miembros de dichas comisiones y aseguraron que dichos miembros se elegirían entre personas competentes e independientes, tanto de la entidad concedente, como de la sociedad concesionaria, al objeto de garantizar un nivel máximo de imparcialidad en el desarrollo de los procedimientos de atribución.

La Comisión se reserva, en cualquier caso, la posibilidad de iniciar el procedimiento por incumplimiento previsto en el artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE si no se respetasen los compromisos asumidos por las autoridades italianas a los que hace referencia Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA P-0443/01

de Georges Berthu (NI) a la Comisión

(13 de febrero de 2001)

Asunto: Actividades de la asociación Racine

La asociación francesa privada Racine (Red de Apoyo y Capitalización de las Innovaciones Europeas), que actúa en los ámbitos del empleo y la formación profesional, tiene por objeto contribuir a la aplicación concreta de las orientaciones comunitarias en el contexto francés, a través de la concesión de ayuda técnica a los que le presentan proyectos. En esa tarea, cuenta con la ayuda del FSE, que le proporciona el 90 % de su presupuesto de funcionamiento.

¿Está en condiciones la Comisión de evaluar el aporte concreto de esta asociación, que, al parecer, no es muy conocida por los operadores sociales? ¿Son de dominio público la utilización de sus fondos y el conjunto de sus cuentas?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(27 de marzo de 2001)

Racine (asociación en virtud de la Ley de 1901 sobre las asociaciones sin ánimo de lucro) contribuye activamente a la puesta en práctica de diversos programas en materia de empleo y de política social.

En este marco, se pueden citar las siguientes misiones:

- Apoyo a las iniciativas comunitarias ADAPT y EMPLEO.

- Intervención en el marco de los objetivos 3 y 4 de los fondos estructurales.

- El capítulo encuestas y análisis de la primera fase del programa Leonardo da Vinci (1995-1999).

- Para el Estado francés: organización de visitas de estudios del programa Leonardo da Vinci gestionado por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP).

- Vigilancia estratégica de los nuevos dispositivos.

- Para la Delegación interministerial de la ciudad: trabajos específicos dirigidos a organizaciones de barrio que suministran servicios básicos.

- Racine también interviene en las actividades de PHARE.

Debido a su colaboración en proyectos, Racine está en contacto regular con los agentes sociales. Por su parte, estos están representados en el seno de los tres colegios constitutivos del consejo de administración (instituciones públicas, interlocutores sociales y personalidades cualificadas) de Racine.

En cuanto a las cuentas, al tratarse de una asociación Ley 1901, Racine está sometida al control de un auditor que comprueba su contabilidad.

Por otro lado, el control público de la asociación está asegurado por un controlador financiero designado por el Ministerio francés del Presupuesto que ejerce esta función y asiste a las sesiones del consejo de administración de la asociación.
PREGUNTA ESCRITA E-0093/01

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(29 de enero de 2001)

Asunto: Vertedero de cadáveres de vacas en Mesía (Galicia, España)

Los primeros días del año vinieron marcados en Galicia por el descubrimiento, en una antigua mina de cuarzo a cielo abierto, de los cadáveres de más de 300 reses transportados allí de forma subrepticia. Los autores del vertido habrían sido los empleados de la empresa encargada por el Gobierno regional de la incineración de dichos cadáveres, no aptos para acceder a la cadena alimentaria.

Dadas las razones aducidas por las autoridades españolas y gallegas para justificar dicho vertido, quisiera formular a la Comisión las siguientes preguntas:

¿Está la Comisión, y, si así fuera, a través de qué mecanismos, controlando la aplicación en los Estados miembros de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, destinadas a erradicar la EEB y a proteger la salud de los consumidores europeos?

¿De qué manera piensa la Comisión Europea sancionar comportamientos como el descrito?

¿Qué acciones piensa adoptar la Comisión en este caso concreto de vertedero de cadáveres de reses en Galicia?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(13 de marzo de 2001)

En lo que se refiere a las cuestiones relativas a la salud pública y la salud animal, la Comisión sigue la política de mantener un alto nivel de vigilancia con el fin de garantizar que los Estados miembros cumplan plenamente las obligaciones que les impone la legislación comunitaria.

Los expertos de la Comisión llevan a cabo controles periódicos sobre el terreno en todos los Estados miembros para verificar la correcta aplicación de la legislación comunitaria sobre la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y los aspectos con ella relacionados.

La cuestión concreta que plantea Su Señoría está siendo investigada por la Comisión.

En caso de que, una vez establecidos los hechos, la Comisión considerara que España no está cumpliendo sus obligaciones, podría adoptar las medidas necesarias dentro de sus competencias para garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria. En caso necesario, entre estas medidas se incluiría el inicio de procedimientos por incumplimiento en virtud de lo dispuesto en el artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado CE.