PREGUNTA ESCRITA E-0068/99

de Esko Seppänen (GUE/NGL) a la Comisión

(27 de enero de 1999)

Asunto: Doble tributación de las pensiones pagadas por Suecia a jubilados residentes en Finlandia

He remitido junto con el diputado nacional finlandés Esko-Juhani Tennilä una carta a la Comisión para pedirle que clarifique si la práctica impositiva de las autoridades finlandesas, por la cual se gravan las pensiones pagadas por Suecia, atenta contra la libre circulación de personas en territorio comunitario. Además de la citada carta, he formulado dos preguntas escritas sobre el asunto, a las cuales la Comisión ha contestado diciendo que procedería a estudiar la cuestión y que informaría de su posición en el otoño de 1998. Todavía no ha dado ninguna respuesta. ¿Cuál es la posición de la Comisión sobre esta cuestión?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(6 de abril de 1999)

La Comisión no puede ver ninguna incompatibilidad con el derecho comunitario en la forma en que las pensiones suecas se han gravado en Finlandia en el pasado y se siguen gravando en la actualidad. En general, el hecho de que los impuestos difieran de un Estado miembro a otro es consecuencia de la ausencia de armonización del impuesto sobre la renta a nivel comunitario. La Comisión no considera que estas diferencias estén en conflicto con la libre circulación de personas, aunque las cargas fiscales puedan influir a un ciudadano a la hora de decidir en qué Estado miembro vivir.

Por lo que se refiere a la situación concreta de los residentes finlandeses que reciben pensiones suecas, estas pensiones se pagan tras la deducción del 25 % del impuesto sueco sobre la renta del capital aplicado a la parte de la pensión que supere 40.000 SKR (± 4.500 [fmxeuro]). De conformidad con el apartado 1 del artículo 18 del Convenio nórdico sobre el impuesto de la renta y del capital (idéntico en las versiones de 1989 y 1996) estas pensiones sólo son imponibles en Suecia, por lo tanto están eximidas del impuesto en Finlandia. Sin embargo, en virtud de la letra d del apartado 3 del artículo 25 de dicho Convenio, Finlandia puede incluir la pensión en la base impositiva finlandesa, pero asignará como deducción del impuesto sobre la renta finlandés la parte atribuible a la pensión. En efecto, las normas finlandesas corresponden a lo que se conoce como "exención progresiva", es decir a principios generalmente aceptados de derecho fiscal internacional y en particular al Convenio modelo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) relativo a la doble imposición.

Conforme a la legislación previa en vigor hasta 1997, Finlandia aplicó exactamente lo permitido en este Convenio. Esto produjo un resultado considerado insatisfactorio por los pensionistas afectados, pues el impuesto sueco excedente seguía estando a cargo del pensionista, en los casos en que el impuesto sueco sobre la pensión es más elevado que el impuesto finlandés sobre esa parte de la renta. Para remediar esta situación, la sección 136 (3) de la Ley fiscal finlandesa sobre la renta se ha modificado a favor del contribuyente en 1997. Ahora el impuesto sueco se imputa en su totalidad en la deuda tributaria global finlandesa en los casos en que anteriormente permanecía el excedente del impuesto sueco. Por tanto la carga fiscal sueca y finlandesa combinadas ya no puede ser más alta que si la renta entera fuera imponible solamente en Finlandia.

En estas circunstancias, la Comisión no ve ninguna razón para intervenir ante las autoridades finlandesas para recusar con argumentos legales o políticos su práctica o los principios subyacentes.

Sin embargo, Finlandia no reembolsa el impuesto sueco en el caso de los pensionistas cuya deuda fiscal finlandesa es inferior al impuesto sueco. En esos casos los pensionistas finlandeses deberían beneficiarse en Suecia de la interpretación del Tratado CE dada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 18 de febrero de 1995 (C-279/93 - Schumacker) y podrían tener que ser tratados a efectos fiscales como si fueran residentes. A este respecto, la Comisión ha escrito a las autoridades suecas solicitándoles explicaciones sobre la manera en que los principios establecidos en el juicio Schumacker son respetados por la legislación fiscal sueca.

Los conflictos sobre la competencia que tiene el Estado miembro para recaudar contribuciones de la seguridad social se rigen por el derecho comunitario. En el caso de las contribuciones sanitarias recaudadas sobre los pensionistas que se benefician de las pensiones de invalidez o vejez reguladas por el Reglamento (CE) 118/97 del Consejo de 2 de diciembre de 1996 por el que se modifica y actualiza el Reglamento (CEE) 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) 574/72 por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) 1408/71(1), es la opinión de la Comisión que dicha recaudación sería contraria al derecho comunitario si se recauda a un pensionista residente en Finlandia sin ser el beneficiario de una pensión de invalidez o vejez conforme a la legislación finlandesa sino el beneficiario de una pensión de invalidez o vejez conforme a la legislación de otro Estado miembro. Según las disposiciones del Reglamento se obligaría a la institución finlandesa, en tal caso, a proporcionar la atención sanitaria al pensionista pero en nombre de la institución en el otro Estado miembro. Sin embargo, para los pensionistas que se benefician también de una pensión de invalidez o vejez conforme a la legislación finlandesa las disposiciones del Reglamento no se oponen a la recaudación de contribuciones de seguridad social por Finlandia, pues en tal caso los beneficios serían proporcionados por la institución finlandesa y a su cargo.

(1) DO L 28 de 30.1.1997.