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PREGUNTA ESCRITA E-1246/97 de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión (8 de abril de 1997)

Asunto: Accidentes laborales

La media de los accidentes laborales ocurridos en Italia es de un millón al año aproximadamente, de los que 1.153 fueron mortales en 1996.

Proteger la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la mejora del entorno de trabajo es uno de los objetivos previstos en el artículo 2 del acuerdo sobre política social celebrado por los Estados miembros de la Comunidad Europea (a excepción del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), acuerdo anexo al Protocolo sobre la política social aprobado en Maastricht junto con el Tratado.

1. ¿Puede decir la Comisión si dispone de datos relativos a los accidentes laborales en todos los países de la Unión en 1996;

2. qué acciones piensa emprender para cooperar con los Estados miembros en la lucha contra dicha plaga, debida en gran parte a que no se respetan las medidas básicas de seguridad?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (2 de junio de 1997)

La Comisión recuerda a Su Señoría que a partir del Acta Única Europea, el objetivo de fomentar un aumento de la calidad, sobre todo del medio de trabajo, para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, figura en el artículo 118A del Tratado CE y no solamente en el Protocolo social.

1. No. Las estadísticas de accidentes de trabajo en los Estados miembros para el año 1996 no están todavía disponibles. La Comisión ha publicado en el resumen de las estadísticas, serie «Población y condiciones sociales» no 2, 1997, los primeros resultados del proyecto de armonización de las estadísticas de accidentes de trabajo ocurridos en la Comunidad en el año 1993. Durante 1997 está prevista la publicación relativa a 1994. El número real medio de accidentes de trabajo con baja laboral de más de tres días en 1993 se calcula en 4.8 millones para el conjunto de la Comunidad. Ese mismo año, el índice de frecuencia global en Europa fue de 4 505 accidentes por 100 000 personas empleadas en las 6 grandes ramas comunes.

2. En el marco de sus responsabilidades, la Comisión verifica la transposición correcta y efectiva, por parte de los Estados miembros, de las directivas comunitarias relativas a la salud y la seguridad en el trabajo. De conformidad con el principio de subsidiariedad, corresponde a los Estados miembros -en este caso a las inspecciones nacionales de trabajo- garantizar el control y vigilancia adecuados de la aplicación de las disposiciones contenidas en las directivas.

Conviene subrayar, sin embargo, que en 1995 la Comisión (Decisión 95/319/CE) dio carácter oficial al Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo ((DO L 188 de 9.8.1995. )), uno de cuyos objetivos principales es fomentar la cooperación y desarrollar los intercambios de experiencia en materia de control de la aplicación del derecho comunitario derivado en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, con objeto de favorecer una aplicación equivalente y coherente del mismo en la Comunidad.
PREGUNTA ESCRITA E-0794/97 de Jean-Yves Le Gallou (NI) a la Comisión (10 de marzo de 1997)

Asunto: Subvenciones comunitarias a asociaciones, ONG y organismos varios

En relación con la línea A-3058 (Otras subvenciones con carácter general), ¿puede indicar la Comisión la lista completa de asociaciones u organismos que se benefician de subvenciones comunitarias, así como el importe exacto de esas subvenciones en el último ejercicio presupuestario cerrado, es decir, en 1996?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (25 de abril de 1997)

A solicitud del Parlamento, la Comisión elabora en este momento un informe exhaustivo y detallado sobre todas las subvenciones concedidas en 1996 a título de los créditos del capítulo A-30 del presupuesto.

La Comisión invita a Su Señoría a dirigirse a dicho informe, que será transmitido a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento una vez esté concluido.
PREGUNTA ESCRITA E-1245/97 de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión (8 de abril de 1997)

Asunto: Mundialización y democracia

La UE constituye uno de los elementos de aceleración del proceso de mundialización. Los conceptos de flexibilidad, competencia, libre comercio, globalización, se han convertido en puntos de referencia de la sociedad contemporánea.

Podemos ver cómo los capitales circulan ya sin obstáculos ni límites, y cómo la moneda única hará que las políticas presupuestarias dependan no ya de las autoridades políticas, sino de las económicas, responsables, por ende, sólo en cuanto bancos, y no como expresión de la voluntad de los ciudadanos.

¿Puede la Comisión poner en marcha una serie de medidas que prevean los mecanismos necesarios para que la responsabilidad presupuestaria retorne a las autoridades políticas, y una serie de medidas que, limitando la influencia de los organismos financieros, permitan a los Estados miembros aplicar políticas económicas, evitando así que sean las grandes empresas e capitales las que decidan en lugar de los Estados soberanos?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1245/97 y E-1259/97 dada por el Sr. de Silguyen nombre de la Comisión (28 de mayo de 1997)

En el contexto de la Unión Económica y Monetaria, los distintos componentes de la política económica serán gestionados por diferentes instancias decisorias: el Banco Central Europeo en cuanto a la política monetaria, los parlamentos y gobiernos nacionales en el caso de la política presupuestaria, y los interlocutores sociales en lo que respecta a la determinación de los niveles salariales.

Según lo previsto en el apartado 1 del artículo 103 del Tratado CE, la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros implica que la responsabilidad soberana de las autoridades nacionales en relación con la política presupuestaria se ha de ejercer en el marco de las disposiciones financieras y presupuestarias del Tratado y de los demás textos comunitarios, aceptados libremente por los Estados miembros. Así, en el apartado 1 del artículo 103, el Tratado dispone que «los Estados miembros considerarán sus políticas económicas como una cuestión de interés común y las coordinarán en el seno del Consejo, conforme a lo dispuesto en el artículo 102 A». Según la Comisión, el euro permitirá a los Estados miembros recuperar colectivamente la soberanía monetaria que la mundialización de los mercados financieros les ha hecho perder individualmente.

En el marco de esta coordinación, las políticas presupuestarias nacionales dependerán únicamente de la responsabilidad soberana de las autoridades políticas nacionales, que representan a los ciudadanos.
PREGUNTA ESCRITA E-0478/97 de Giuseppe Rauti (NI) a la Comisión (19 de febrero de 1997)

Asunto: Recuperación de naves de la marina borbónica en la bahía de Nápoles

¿Está al corriente la Comisión de que se vuelve a plantear la recuperación de numerosos barcos de la marina borbónica que yacen sumergidos en la bahía de Nápoles, en un punto localizado hace ya mucho tiempo con gran precisión?

La recuperación de dichos barcos -especialmente el navío «S. Giacchino», la fragata «Pallade» y la corbeta «Flora», tres naves que suman un total de 128 cañones - supondría un acontecimiento histórico y cultural de excepcional importancia a nivel mundial para la ciudad de Nápoles y su vida económica y turística.

Por todo ello, ¿puede decir la Comisión si tiene intención de subvencionar total o parcialmente, con carácter extraordinario, una operación de interés tan relevante para una ciudad aquejada de dramáticos problemas sociales y laborales y que, con dicha intervención, recibiría una demostración de solidaridad europea firme y concreta?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión (14 de abril de 1997)

La Comisión no está al corriente del debate sobre la recuperación de barcos de la marina borbónica hundidos en la bahía de Nápoles. Sin embargo, la Comisión comparte totalmente la opinión de Su Señoría de que tal operación supondría un acontecimiento histórico y cultural de excepcional importancia.

Por el momento, los programas de los Fondos Estructurales en favor de Nápoles y la región de Campania en general no prevén ninguna contribución financiera para el proyecto al que se refiere Su Señoría. Si el Gobierno italiano solicitara este tipo de ayuda, la Comisión accedería gustosa a examinar dicha petición en el contexto de los Fondos Estructurales, y especialmente de la contribución potencial del proyecto al desarrollo de la región.
PREGUNTA ESCRITA E-1414/97 de Honório Novo (GUE/NGL) a la Comisión (22 de abril de 1997)

Asunto: Traslado de la GIP (Grundig Indústria de Portugal - Fábrica de Produtos Audio) de Braga (Portugal)

La respuesta de la Comisión, de 9 de enero de 1997, a la pregunta escrita P-3533/96 ((DO C 83 de 14.3.1997, p. 131. )) y la respuesta complementaria de 25 de marzo de 1997 ((DO C 319 de 18.10.1997, p. 8. )), de la que acuso recibo y que agradezco, suscitan en mí las siguientes consideraciones complementarias, sin perjuicio de que continúe aguardando a la información de la Comisión, que sigue pendiente, sobre la posible venta de edificios de la Grundig que se construyeron con la cofinanciación de los fondos comunitarios a través del PEDIP I.

¿Puede indicar la Comisión cuál fue el «proyecto sustancial de inversiones» presentado por la Grundig al PEDIP II que «el comité de selección no consideró elegible»?

¿Qué características tenía dicho proyecto y qué importes financieros solicitaba?

Teniendo en cuenta el caso reciente de la Renault de Vilvoorde, en Bélgica, ¿está dispuesta la Comisión a aprobar algún tipo de ayuda de cofinanciación comunitaria a la Grundig, en el caso de que se demuestre la intención de la empresa multinacional de clausurar la unidad de Braga y trasladar la actividad industrial de ésta a Hungría?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (27 de mayo de 1997)

La Comisión no dispone de información acerca de los proyectos considerados no subvencionables por los comités nacionales encargados de la selección.

La aprobación de los regímenes de ayuda por parte de la Comisión se rige por las normas comunitarias en materia de competencia. Esos regímenes pueden ser cofinanciados por los Fondos estructurales siempre que contribuyan a la consolidación del desarrollo económico de las regiones menos desarrolladas sin mermar las posibilidades de desarrollo de la Comunidad en general, contribuyendo de este modo a reforzar la cohesión económica y social. En este contexto, toda solicitud de ayuda presentada por Grundig en un determinado Estado miembro al amparo de un régimen de ayuda puede ser considerada por las autoridades competentes de acuerdo con los mismos criterios que cualquier otra solicitud de ayuda.

Por lo que se refiere a las deslocalizaciones, la Comisión informa a Su Señoría de que este tema será examinado en el marco de la futura reforma de los Fondos estructurales.
PREGUNTA ESCRITA P-1585/97 de Antonios Trakatellis (PPE) a la Comisión (30 de abril de 1997)

Asunto: Marco Comunitario de Apoyo - Subprograma del metro de Salónica

En el segundo eje prioritario, titulado «mejora de las condiciones de vida», del Segundo Marco Comunitario de Apoyo (MCA) 1994-1999 para Grecia, presentado por el Gobierno griego, figura, entre otras cosas, el Programa empresarial «Desarrollo urbano (metro de Atenas y Salónica)». Han transcurrido ya tres años desde el comienzo del MCA y, mientras que el subprograma del metro de Atenas, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con una aportación de 783 millones de ecus, está llevándose a cabo, el metro de Salónica no se ha empezado todavía, con lo que se deja sin utilizar la financiación comunitaria de 70,7 millones de ecus concedidos por el FEDER para la ejecución de las obras.

1. ¿Puede indicar la Comisión a qué se debe dicho retraso y cuál es la causa de que no se hayan emprendido las obras?

2. Dado que el MCA expira en 1999, ¿hasta cuándo puede aplazarse el comienzo de las obras sin poner en peligro la financiación del MCA?

3. qué medidas ha tomado y piensa tomar la Comisión para la inmediata ejecución de las obras, consideradas indispensables en una ciudad de un millón de habitantes?

4. ¿Tiene intención de acordar en el futuro, ante la posibilidad de anulación de las obras, el traspaso de la dotación comunitaria asignada (70,7 millones de ecus) a otros ejes o subprogramas del MCA?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (28 de mayo de 1997)

La Comisión confirma que el programa operativo sobre desarrollo urbano del segundo marco de apoyo comunitario (MCA) para Grecia prevé créditos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la confinanciación de la construcción del metro en Salónica.

Debido a la complejidad de las negociaciones del contrato entre el Ministerio griego y los contratistas candidatos, las obras del metro no se han iniciado todavía.

La Comisión no ha recibido hasta la fecha ninguna solicitud concreta de cofinanciación de estudios u obras para este proyecto, que podría no estar finalizado antes de que acabe el periodo del segundo MCA. Tampoco tiene conocimiento de que existan intenciones de dar otro destino a los créditos antes citados.

La Comisión está vigilando con suma atención la evolución de este expediente, en contacto con las autoridades griegas.
PREGUNTA ESCRITA P-1141/97 de Christine Barthet-Mayer (ARE) a la Comisión (19 de marzo de 1997)

Asunto: Aproximación de los tipos del impuesto sobre consumos específicos para el alcohol y las bebidas alcohólicas en el mercado único de la UE

Desde el establecimiento del mercado único el 1 de enero de 1993, las bebidas alcohólicas, entre ellas los vinos de productores autónomos, de las bodegas cooperativas o del sector en general, tienen dificultades para la libre circulación debido a la falta de armonización de los procedimientos y de los tipos del impuesto sobre consumos específicos. Los pequeños productores, en particular los vinicultores que no tienen filiales en otros Estados miembros, salen perjudicados en el sistema de libre competencia. Para los intercambios comunitarios de un escaso volumen de botellas (franquicia de la Directiva 92/12/CEE ((DO L 76 de 23.3.1992, p. 1. )) circulación), los productores no tienen la posibilidad de vender directamente a los particulares por expedición y con un documento único y armonizado entre Estados miembros: tienen que pasar por un representante fiscal, remunerado a tanto alzado, por lo que los costes son mayores y los plazos y gestiones administrativas más largos que en el anterior sistema aduanero.

¿Está dispuesta la Comisión a encontrar una solución eficaz y rápida para desbloquear una situación intolerable que constituye un obstáculo indirecto a la libre circulación y a la equidad de los intercambios?

Respuesta común a las preguntas escritas P-1141/97 y E-1183/97 dada por el Sr. Monti en nombre de la Comisión (24 de abril de 1997)

La Comisión es consciente de las dificultades con que se encuentran los agentes económicos en los intercambios intracomunitarios de pequeñas cantidades de vino embotellado.

El origen del problema señalado por Su Señoría es la falta de armonización de los tipos de los impuestos especiales. En consecuencia, los Estados miembros que aplican un impuesto especial bastante elevado en calidad de destinatarios de expediciones intracomunitarias de vinos están obligados a imponer condiciones bastante estrictas para proteger su recaudación nacional.

Además, la legislación comunitaria aplicable en materia de ventas a distancia, en particular el artículo 10 de la Directiva 92/12/CEE de 25 de febrero de 1992 ((DO L 76 de 23.3.1992. )), no detalla exactamente las formalidades que deben seguirse, dejando su concreción a los Estados miembros en el momento de la incorporación al ordenamiento jurídico nacional.

En particular, el sistema de representación fiscal en materia de ventas a distancia no es obligatorio para los Estados miembros, que pueden permitir al expeditor o a su mandatario que liquide los impuestos especiales en el lugar de destino.

Sin embargo, la Comisión estudia actualmente otras posibilidades de simplificación, que se presentarán en el informe sobre la aplicación de los artículos 7 a 10 de la Directiva 92/12 que se remitirá al Parlamento y al Consejo en el curso de este año.
PREGUNTA ESCRITA E-1591/97 de Konstantinos Hatzidakis (PPE) a la Comisión (6 de mayo de 1997)

Asunto: Selección de evaluadores para el programa LEONARDO DA VINCI en Grecia

La autoridad griega responsable de la gestión del programa LEONARDO DA VINCI (Instituto Griego de Trabajo) ha convocado plazas de expertos para la evaluación de las propuestas del año 1997. Según informaciones que han llegado a mi conocimiento, el Presidente del Consejo de Administración de dicho instituto ha procedido al nombramiento de algunos evaluadores sin seguir ningún procedimiento de selección objetiva y basada en el mérito y excluyendo al mismo tiempo a otros expertos evaluadores que habían participado con excelentes resultados en el procedimiento del año anterior. Esta forma de proceder pone sin duda en cuestión la necesaria trasparencia en la gestión del programa así como, en último término, su eficacia.

Ante esta situación, ¿puede indicar la Comisión qué medidas tiene intención de adoptar para asegurar la necesaria objetividad en la evaluación de las propuestas y, por consiguiente, el buen funcionamiento del programa en 1997?

Respuesta de la Sra. Cresson en nombre de la Comisión (11 de junio de 1997)

La Comisión, a la hora de nombrar a los expertos que realizarán la evaluación de las propuestas presentadas directamente a la misma en el marco del programa Leonardo, se basa en la lista de personas designadas por las autoridades nacionales, tal como está establecido en la decisión relativa a Leonardo. Los criterios de selección de estos expertos se establecen de manera rigurosa a fin de garantizar una evaluación objetiva y una elevada calidad. Con el objetivo de garantizar la mayor objetividad posible, la fase de evaluación incluye varias etapas. La Comisión evalúa también las propuestas directamente presentadas a las autoridades nacionales, y éstas analizan las propuestas directamente presentadas a la Comisión a fin de completar la evaluación efectuada por los expertos externos.
PREGUNTA ESCRITA E-1090/97 de Thomas Megahy (PSE) a la Comisión (21 de marzo de 1997)

Asunto: Cierre de la fábrica de Renault en Vilvoorde

Si un gran fabricante de automóviles puede cerrar una fábrica sin previo aviso, con la pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo, ¿qué sentido tiene la legislación vigente en la Unión Europea relativa a la información y consulta de los trabajadores?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (14 de mayo de 1997)

La decisión de cerrar la planta de Vilvoorde adoptada por Renault entra en el ámbito de aplicación de dos directivas comunitarias: la Directiva 75/129/CEE (despidos colectivos) ((DO L 48 de 22.2.1995. )) y la Directiva 94/45/CEE (comités de empresa europeos) ((DO L 254 de 30.9.1994. )).

Ambos instrumentos comunitarios han sido incorporados a las legislaciones nacionales que hacen al caso (la legislación belga y la legislación francesa respectivamente). Dichas legislaciones nacionales cuentan con los dispositivos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas por los textos en cuestión.

La Comisión realiza un seguimiento constante de la adecuación de dichos mecanismos de aplicación, al objeto de garantizar que las reconversiones industriales se llevan a cabo de una manera socialmente aceptable, en particular tras la información y consulta de los representantes de los trabajadores.
PREGUNTA ESCRITA E-0994/97 de Miguel Arias Cañete (PPE) a la Comisión (17 de marzo de 1997)

Asunto: Empresarios agrícolas en España

¿Puede la Comisión indicar el número de empresarios agrícolas existentes en España y el número de activos empleados directamente en el sector agrario de España en la actualidad?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0989/97, E-0990/97, E-0991/97, E-0992/97, E-0993/97, E-0994/97, E-0995/97, E-0996/97, E-0997/97, E-0998/97, E-0999/97, E-1000/97, E-1001/97, E-1002/97 y E-1003/97 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión (2 de mayo de 1997)

Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias

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Fuente: Eurostat.
PREGUNTA ESCRITA E-1116/97 de Joan Vallvé (ELDR) a la Comisión (24 de marzo de 1997)

Asunto: Utilización de los topónimos en documentos oficiales

Este diputado observa que en algunos documentos emanados de la Comisión, los topónimos correspondientes a municipios de Catalunya, Islas Baleares y País Valenciano no figuran en su forma oficial actual y mantienen la forma castellanizada impuesta por el régimen político anterior a la democracia.

Para citar algunos ejemplos, en el documento COMISIÓN (96) 388 final de 4 de septiembre de 1996, Informe Anual del Fondo de Cohesión, figuran los topónimos siguientes:

- Páginas 20, 58, 355: Lérida y Gerona en lugar de Lleida y Girona

- Página 20: Figueras por Figueres

- Página 87: Játiva por Xátiva

- Página 105: Puerto de la Selva por Port de la Selva

- Página 110: San Pedro Pescador por Sant Pere Pescador

- Página 215: Sta. Coloma de Gramanet por Sta. Coloma de Gramenet

Las formas correctas referidas son las que figuran en la relación de municipios y códigos publicada por el «Instituto Nacional de Estadística de España» en fecha de 1 de mayo de 1996.

¿Por qué personas dependientes de esa Comisión no siguen las normas en materia de toponimia del citado organismo oficial?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (13 de mayo de 1997)

En las decisiones de financiación del Fondo de cohesión la Comisión emplea los topónimos que aparecen en los formularios de solicitud de ayuda enviados por las autoridades responsables del Estado miembro.

En el Informe Anual del Fondo de cohesión, cuya versión española es una traducción de un original en inglés o en francés, el criterio que se aplica es el de la utilización del topónimo correspondiente en el idioma al que se traduce.

Para eliminar dudas al respecto, la Comisión se pondrá en contacto con la Representación Permanente de España para que ésta le proporcione la lista oficial de topónimos empleados por el Estado español, en la cual podrá basarse la Comisión en el futuro.