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PREGUNTA ESCRITA E-1780/01

de Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) a la Comisión

(15 de junio de 2001)

Asunto: Cooperación en materia de drogas con América Latina

Tras seis años de existencia, el OEDT, que ha sido objeto de una profunda reforma tanto en sus objetivos como en sus métodos de trabajo, se perfila como un auténtico sistema de información integrado sobre las drogas y las políticas de drogas que se llevan a cabo en los distintos países miembros de la Unión.

Este observatorio es requerido no sólo por los países candidatos a la Unión sino por otros terceros países como un auténtico potencial de exportación de conocimiento y experiencia en esas materias. Así, si el OEDT está ya en condiciones de satisfacer esa demanda de los países candidatos desde que, a esos efectos, su reglamento fuera modificado y puesto a su disposición los recursos humanos necesarios con cargo al Programa PHARE, no se puede decir lo mismo respecto de otros terceros países y más en particular, de América Latina, para la que toda la información en materia de drogas se configura como una prioridad en la cooperación con la UE. El OEDT no cuenta ni con los medios jurídicos ni los recursos necesarios para satisfacer esta demanda y cooperar directamente con América Latina.

En este contexto podría la Comisión precisar lo siguiente:

1. Lista de los países de América Latina, de África y de Asia que hayan solicitado beneficiarse de la cooperación europea en materia de información sobre drogas con vistas a la creación de observatorios nacionales y/o regionales sobre las drogas.

2. Lista y descripción de los proyectos que tiene previsto la Comisión ejecutar en ese marco así como de los medios correspondientes dispuestos para su ejecución.

3. Lista de las entidades europeas escogidas por la Comisión para la ejecución de esos proyectos, y modo por el que han sido seleccionadas, criterios, etc.

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(1 de agosto de 2001)

La Comisión remite a la respuesta que dio a la pregunta planteada por Su Señoría sobre la cooperación en materia de drogas con América Latina en lo que se refiere especialmente a los aspectos relacionados con el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (P-1768/01)(1).

Únicamente Venezuela ha solicitado beneficiarse de la cooperación europea en materia de información sobre drogas.

Sólo se está elaborando un proyecto de observatorio en los terceros países no candidatos. Se trata del Observatorio de Venezuela, para el cual se prevé una subvención de la Comisión de 1 950 000 euros.

Todavía no se ha confeccionado la lista de los organismos europeos elegidos por la Comisión para la ejecución de este proyecto y aún no han sido ultimadas las normas de ejecución por parte del Gobierno de Venezuela y la Comisión.

(1) DO C 350 E de 11.12.2001, p. 223.
PREGUNTA ESCRITA E-0411/01

de Paul Rübig (PPE-DE) a la Comisión

(15 de febrero de 2001)

Asunto: Discriminación fiscal en el caso de los alquileres de mano de obra procedente del resto del territorio comunitario

Hasta el momento, en Austria se deduce el impuesto municipal del importe de los salarios también en el caso de las empresas de alquiler de mano de obra. Con efecto al 1 de enero de 2001, toda empresa a la que una empresa de alquiler de personal ceda mano de obra para una prestación laboral, deberá abonar, en virtud del artículo 20 de la Ley presupuestaria 142/2000 (BGBl I, 2001), el impuesto

municipal, por un importe igual al 70 % de la compensación por desplazamiento. Teniendo en cuenta que de esta forma se incluyen en la base del cálculo, entre otros, los costes laborales no salariales y un factor relativo a los beneficios, se alcanza, por lo menos, una duplicación de la carga fiscal municipal.

Un trabajador cedido a una empresa austríaca por una empresa de alquiler de mano de obra establecida en otro lugar de la Comunidad para prestar sus servicios en Austria recibe, a la hora de calcular el impuesto municipal, un trato considerablemente menos favorable que un trabajador contratado directamente por esa misma empresa austríaca.

Incluso en el caso de que esta empresa austríaca hubiera de encargar, por ejemplo, una reparación a una empresa eléctrica nacional, debería pagarse mucho menos en concepto de impuesto municipal que si la reparación la llevara a cabo un montador eléctrico cedido por una empresa de alquiler de mano de obra establecida en otro lugar de la Comunidad.

Esta discriminación y este obstáculo a la competencia en perjuicio de las empresas de alquiler de mano de obra establecidas en otros puntos del territorio de la Comunidad ¿son lícitos en el marco de la legislación comunitaria?

Respuesta del Sr Bolkestein en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2001)

El impuesto municipal se encuentra contemplado en las leyes federales austríacas. Al no haber disposiciones comunitarias específicas al respecto, el impuesto queda a la discreción política de Austria. Los Estados miembros deben, no obstante, observar ciertos principios generales de la legislación comunitaria, incluida la prohibición de discriminación. Sin embargo, en el caso al que se refiere Su Señoría, las empresas de alquiler de mano de obra extranjera no están siendo discriminadas frente a la empleada en Austria, puesto que la situación no es comparable; sólo es comparable la de las empresas de alquiler de mano de obra. Las leyes austríacas no contemplan un tratamiento diferente entre este tipo de empresas, ya estén emplazadas en el extranjero o en Austria. Por lo tanto la Comisión da por supuesto que no son principalmente las empresas extranjeras las que deban soportar una mayor carga impositiva.
PREGUNTA ESCRITA E-1757/01

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(15 de junio de 2001)

Asunto: Ayudas a los olivicultores víctimas del mal tiempo en Portugal

El mal tiempo que afectó a Portugal ocasionó graves perjuicios a producciones agrícolas, en particular la aceituna, cuya producción sufrió en la última campaña una reducción del orden del 60 al 70 %, en particular en las regiones de Trás-os-Montes y Alto Douro, que el Gobierno portugués declaró zona de desastre.

Mientras tanto, los agricultores, en su mayoría pequeños productores, no recibieron apoyo alguno a fondo perdido y el Gobierno se limitó a abrir una línea de crédito bonificada, a pesar de los enormes perjuicios ocasionados por la caída de la producción en una región que depende en gran medida de la oliviculura.

En consecuencia, los agricultores perdieron las ganancias de la producción y las ayudas incluidas en el presupuesto, y están atravesando una situación muy difícil que hasta puede obligarlos a abandonar el sector para sobrevivir.

Por ello, es necesario conceder una ayuda a los olivicultores de esta región equivalente, al menos, al 50 % de la media anual de las producciones de los últimos tres años declarados al INGA.

¿Puede la Comisión dar a conocer su posición respecto de la concesión de esta ayuda a los agricultores productores de aceituna víctimas del mal tiempo, a la vista de que seguramente existían partidas previstas para el pago de las ayudas a la producción que no se han concedido, y a la vista también de que Portugal es un contribuyente neto de la PAC?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(31 de julio de 2001)

La Comisión no cuenta con ningún un instrumento financiero que le permita conceder ayudas compensatorias a los agricultores afectados por pérdidas de producción debidas a condiciones meteorológicas adversas.

No obstante, la Comisión estaría dispuesta a examinar una posible ayuda nacional en ese sentido, siempre que se ajuste a las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario(1).

(1) DO C 28 de 1.2.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-1640/01

de Robert Goebbels (PSE) a la Comisión

(12 de junio de 2001)

Asunto: Abastecimiento anticipado de euros por parte de la población

El grupo de acción Euro 50 Group, presidido por el Sr. Edmond Alphandéry, antiguo Ministro francés de Economía y Hacienda, se reunió recientemente en Berlín para hacer un balance de la preparación de la zona euro ante la introducción de la moneda común el 1 de enero de 2002. En esa ocasión, se constató que la mayoría de los distribuidores de billetes de los países interesados sólo disponen de dos compartimentos para contener los billetes, lo que significa que los cajeros no estarán en condiciones de distribuir a la vez billetes de 5 y 10 euros y de 20 y 50 euros. De hecho, los billetes que se distribuirán a la población serán los grandes, situación que amenaza con provocar a principios de 2002 un déficit de billetes pequeños, lo que dificultará la labor del comercio cuando el euro entre en vigor.

¿Por qué motivo la Comisión no permite al gran público abastecerse de manera anticipada, por ejemplo durante el período comprendido entre Navidad de 2001 y el 1 de enero de 2002, de un juego de 2 billetes de 5 euros y un billete de 10 euros, similar al juego de monedas por un total de 20 euros que el público podrá adquirir antes de finales de diciembre de 2001 en varios países?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(18 de julio de 2001)

La gran mayoría de los distribuidores de billetes tienen cuatro compartimentos en ocho de los doce Estados miembros participantes y por tanto distribuirán sin especiales dificultades pequeños billetes (5 y/ó 10). Independientemente del número de compartimentos, habrá pequeños billetes en la mayoría de los distribuidores en el conjunto de los Estados miembros participantes a excepción de Finlandia, Grecia y Luxemburgo. Varios Estados miembros han decidido por su parte medidas complementarias para abastecer al público con pequeños billetes, como el establecimiento de puntos de intercambio

específicos (L), el desembolso en pequeños billetes de los pagos sociales (IRL), el pago en pequeños billetes por las oficinas de correos de las pensiones y salarios en regiones aisladas (GR). El acuerdo celebrado el 19 de febrero de 2001 entre la Comisión y las tres asociaciones bancarias europeas prevén, por otra parte, que las retiradas en las ventanillas de importes habituales se ofrecerán sistemáticamente en pequeños billetes.

El abastecimiento anticipado al público con billetes fue excluido por los Ministros de Hacienda y el Banco Central Europeo (BCE) en la reunión del Consejo Ecofin informal de Versalles en octubre de 2000.
PREGUNTA ESCRITA E-0331/01

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(13 de febrero de 2001)

Asunto: Competitividad del aeropuerto de Spata

Según ha publicado la prensa griega, la compañía que administra el aeropuerto de Spata ha fijado precios sumamente elevados para la explotación de sus locales y servicios, así como otras tasas de aeropuerto que superan con creces las que se aplican en otros aeropuertos de la competencia que, sumadas a las tasas de aeropuerto aplicadas a los pasajeros, las encarecen aún más, con el riesgo de que el nuevo aeropuerto no resulte competitivo ni atractivo para las compañías aéreas.

1. ¿Comparte la Comisión la opinión de que puede plantearse un problema en cuanto a la competitividad y viabilidad del aeropuerto debido a esta política de precios?

2. ¿Se justifican acaso el aumento de las tasas de aeropuerto y el coste adicional por pasajero?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(6 de abril de 2001)

Las decisiones relativas al nivel o estructura de las tasas aeroportuarias son responsabilidad de las autoridades nacionales y locales. Hasta que se apruebe la propuesta de directiva de la Comisión(1) relativa a las tasas aeroportuarias, deberán aplicarse los principios generales de Derecho comunitario, fundamentalmente el de imposición de tasas de forma no discriminatoria. Hasta el momento no se han producido denuncias. La Comisión no cuenta con información suficiente para evaluar la incidencia de las tasas aeroportuarias propuestas sobre la competitividad de este aeropuerto.

En ausencia de una información más detallada, la Comisión no puede evaluar si las tasas impuestas en el aeropuerto de Spata están justificadas desde el punto de vista del viajero.

(1) DO C 257 de 22.8.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-1060/01

de John Corrie (PPE-DE) a la Comisión

(5 de abril de 2001)

Asunto: Ayuda al desarrollo para ONG de carácter religioso

¿Qué condiciones aplica la Comisión a las solicitudes de cofinanciación o de otro tipo de ayuda concernientes a proyectos destinados a países en desarrollo y presentadas por organizaciones no gubernamentales gestionadas por la iglesia o de carácter religioso?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(23 de julio de 2001)

Los criterios para optar a una cofinanciación con cargo a la línea presupuestaria B7-6000 que se aplican a las organizaciones no gubernamentales (ONG) gestionadas por la iglesia o de carácter religioso y los aplicados a todas las organizaciones no gubernamentales son exactamente iguales y están definidos en el Reglamento (CE) no 1658/98 del Consejo de 17 de julio de 1998 sobre la cofinanciación, con organizaciones no gubernamentales (ONG) de desarrollo europeas, de acciones en los ámbitos que afectan a los países en desarrollo(1), cuyo artículo 3 establece lo siguiente:

Los agentes de la cooperación que podrán beneficiarse de una cofinanciación de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento serán las ONG que satisfagan las condiciones siguientes:

- estar constituidas como organizaciones autónomas sin fines lucrativos en un Estado miembro con arreglo a la legislación de dicho Estado,

- tener su sede en un Estado miembro; dicha sede deberá ser el centro principal de todas las decisiones relativas a las acciones cofinanciadas,

- la mayor parte de sus recursos financieros deberá ser de origen europeo.

Para determinar si una ONG puede tener acceso a la cofinanciación, se tendrán en cuenta los elementos siguientes:

- su capacidad de movilizar la solidaridad efectiva de la población europea para sus actividades en el ámbito del desarrollo,

- la prioridad que conceda al desarrollo y su experiencia en la materia,

- su capacidad de gestión administrativa y financiera,

- en la medida de lo posible, su conocimiento del sector y del país de que se trate,

- su capacidad de respaldar acciones de desarrollo propuestas por las personas asociadas situadas en los países en desarrollo y la naturaleza y alcance de sus vínculos con organizaciones parecidas en los países en desarrollo.

(1) DO L 213 de 30.7.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-0852/01

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(22 de marzo de 2001)

Asunto: Rigor presupuestario

¿Puede la Comisión llevar a cabo una estimación de las repercusiones que podría tener en el PIB, después de un año, y en la inflación de los precios al consumo, después de dos años, una restricción discrecional de un punto porcentual en el balance general presupuestario del gobierno, en el caso de Irlanda y de Alemania?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(21 de junio de 2001)

El efecto cuantitativo que un endurecimiento de la política fiscal puede tener sobre el producto interior bruto (PIB) real y sobre la inflación depende de varios factores, que no permiten agregar ni un solo número a los multiplicadores económicos. Un factor importante es el grado de apertura de una economía. La repercusión en las pequeñas economías abiertas, como la de Irlanda, tiende a ser menor que en las grandes economías, como en el caso de Alemania, ya que una parte mayor del impulso se transmite a sus socios comerciales. Esto se traduciría sobre todo en una reducción de la contratación del sector público, de la que una parte sustancial es importada y, en consecuencia, el efecto multiplicador interno en el Estado miembro sería relativamente pequeño. Sin embargo, si el endurecimiento fiscal se pretende lograr mediante la reducción del empleo público, el efecto sería sustancialmente mayor, puesto que esta medida afectaría de una forma más directa al mercado laboral y, por lo tanto, a los salarios, lo que, dadas las circunstancias actuales, es más probable en el caso de Irlanda, que a pesar de su relativa apertura a la migración laboral se caracteriza por un descenso de la oferta de mano de obra. Por consiguiente, la naturaleza del endurecimiento fiscal y las circunstancias relativas a las limitaciones de capacidad son elementos cruciales en la estimación.
PREGUNTA ESCRITA P-0415/01

de Niels Busk (ELDR) a la Comisión

(8 de febrero de 2001)

Asunto: Seguridad de los alimentos y OMC

¿Considera la Comisión que la carne y los productos a base de carne importados de países terceros ofrecen a los consumidores la misma seguridad que los productos elaborados en la UE?

¿Cómo piensa la Comisión garantizar que se imponen los mismos requisitos para los productos importados que para los productos elaborados en la UE y puede indicar si en tal caso los requisitos son conformes a las disposiciones de la OMC?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(2 de abril de 2001)

Los requisitos sanitarios básicos que la Comunidad exige a la producción de carne y de productos cárnicos se aplican igualmente a las importaciones de terceros países. La legislación comunitaria contiene disposiciones para garantizar el cumplimiento de esos requisitos, tales como una certificación, inspección y controles fronterizos. El principio general que se aplica siempre a las importaciones de terceros países es el de que las normas del tercer país en materia de higiene y de control de residuos deben ser al menos equivalentes a las establecidas para los productores del mercado único. La autorización de las importaciones de carne y productos cárnicos se supedita a que las autoridades del tercer país garanticen que los productos cumplen los requisitos de importación de la UE. Las importaciones se autorizan basándose en una lista de terceros países autorizados a exportar a la Comunidad, disposiciones en materia de certificación y listas de establecimientos autorizados a exportar a la Comunidad. Como parte integrante de este sistema, la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión realiza visitas de inspección a los países exportadores para comprobar que su nivel de protección es semejante al de la Comunidad.

El Acuerdo Sanitario y Fitosanitario (ASF) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) permite a las partes adoptar medidas para proteger la salud y la vida de las personas y los animales. Esas medidas deben basarse en normas internacionales; de otro modo, las medidas deben justificarse adecuadamente a la luz de una evaluación científica del riesgo. En las medidas de importación que adopta, la Comisión procura basarse en normas internacionales, pero también consulta a sus comités científicos. Todas las medidas que entran en el ámbito de aplicación del ASF se notifican al Comité del ASF, y las observaciones recibidas se toman en consideración. Dado que se atiene a los procedimientos establecidos en el ASF, la Comisión considera que las medidas que adopta son coherentes con las normas de la OMC.
PREGUNTA ESCRITA E-0767/01

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(13 de marzo de 2001)

Asunto: La Carta de los Derechos Fundamentales

¿Ha considerado detenidamente la Comisión las repercusiones de la extensa lista de atributos enumerados en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales, por razón de los cuales se prohibiría toda discriminación, si la Carta se incorporara a los Tratados, y especialmente la prohibición de la discriminación por razón de la lengua? ¿Está sugiriendo la Comisión seriamente que la capacidad de hablar una lengua no es una causa justificable de discriminación entre candidatos a un puesto de trabajo, con lo que sería ilegal que, por ejemplo, una autoridad sanitaria garantizara, mediante pruebas de aptitud lingüística, que los médicos y las enfermeras sean capaces de comprender a los pacientes y hacerse entender claramente por ellos, o que un empleador no pudiera exigir a unos traductores que hablaran una determinada lengua? En caso de que la Comisión opine que las habilidades lingüísticas no constituyen una causa apropiada de discriminación, ¿piensa eliminar los requisitos lingüísticos de los concursos y oposiciones a los que deben presentarse aquellas personas que desean entrar en la Comisión o en otras instituciones europeas?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(19 de abril de 2001)

En primer lugar, la Comisión recuerda que la Carta de los Derechos Fundamentales (texto fundador con vocación de incorporarse a los Tratados) fue elaborada por una Convención en la que, junto a la Comisión, participaron representantes de los Jefes de Estado y de Gobierno, de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo.

De igual forma, la Comisión recuerda que el artículo 21 de la Carta se corresponde, aunque con un ámbito de aplicación más amplio, con el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en particular en lo relativo a la prohibición de discriminación por razón de lengua, a la cual hace referencia Su Señoría.

En cuanto al fondo, sólo existe discriminación cuando se trate a una persona de manera desfavorable con respecto a otra en una situación comparable sobre la base de un criterio determinado. En los ejemplos citados por Su Señoría el criterio lingüístico podría, en cualquier caso, estar justificado objetivamente por un fin legítimo.