PREGUNTA ESCRITA E-1407/96 de Laura De Esteban Martin (PPE) a la Comisión (6 de junio de 1996)

Asunto: Servicios Públicos

¿Qué parámetros utiliza la Comisión para calificar los servicios públicos como esenciales o no en la elaboración de la normativa comunitaria?

¿Tiene previsto la Comisión elaborar una carta europea de los servicios públicos y unificar sus criterios adoptando un concepto comunitario de servicio público?

¿Podría enumerar la Comisión la normativa adoptada en 1994 y 1995 que esté relacionada con el concepto de servicio público o con los servicios públicos en general?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (15 de julio de 1996)

La Comisión considera que el concepto de «interés económico general» mencionado en el artículo 90 del Tratado CE, así como la noción de «servicio esencial», evolucionan con el tiempo, en particular en función del desarrollo tecnológico, del progreso económico, del cambio de los ciudadanos y de las modificaciones en los hábitos de los consumidores. Además, entre los Estados miembros hay disparidades de origen histórico, jurídico y cultural, tanto en la propia concepción del servicio de interés económico general como en las modalidades organizativas en que se inscribe. Por último, corresponden a realidades diferentes de un sector a otro.

Por consiguiente, cuando la Comisión definió el concepto de servicio universal en los actos normativos, lo caracterizó como el suministro a todos, con una garantía de aprovisionamiento y un nivel de calidad mínimo y a un precio asequible, de varios servicios que, de acuerdo con las características de cada sector, pueden considerarse esenciales.

Así pues, esta definición puede variar mucho de un sector a otro. En el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, el alcance del servicio universal se definió en la Directiva 90/388/CEE, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones ((DO L 192 de 24.7.1992. )), así como en la Directiva 95/62/CE del Parlamento y el Consejo relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal ((DO L 321 de 30.12.1995. )).

Este concepto cambia también con el tiempo.

La determinación de los servicios considerados esenciales y que, por consiguiente, deben ser objeto en su caso de un servicio universal, debe por lo tanto hacerse caso por caso, en función de la situación en el conjunto de los Estados miembros, para determinado servicio y en determinada fecha. Cabe por otra parte recordar que los cometidos de servicio público, la atribución de derechos especiales o exclusivos, así como la determinación del régimen de propiedad de las empresas que se benefician de ellas, son competencia exclusiva de los Estados miembros.

La Comisión ha anunciado su intención de proceder a la adopción de una comunicación relativa a los servicios públicos, en la que sienta las líneas maestras de la actuación comunitaria al respecto, pasada y por venir. Teniendo en cuenta la variedad de concepciones acerca del servicio público en los Estados miembros y de su competencia exclusiva en la materia, en dicha comunicación no podrá darse una «definición comunitaria» del servicio público.

Tal y como ha solicitado, Su Señoría encontrará a continuación una relación de los principales actos relacionados con el servicio público adoptados en 1994 y 1995. Todos corresponden al sector de las telecomunicaciones:

- Directiva 94/46/CE de la Comisión de 13 de octubre de 1994, por la que se modifican las directivas 88/301/CEE y 90/388/CEE, especialmente en relación con las comunicaciones por satélite ((DO L 268 de 19.10.1994. )). En esta Directiva los equipos de las estaciones terrestres de satélites y los servicios de comunicación por satélite se incluyen en el ámbito de aplicación de las directivas 88/301/CEE (terminales de telecomunicaciones) y 90/388/CEE (servicios de telecomunicaciones). La Directiva da asimismo una definición del concepto de «derechos especiales» concedidos por los Estados miembros a un número limitado de empresas mediante cualquier instrumento legal, reglamentario o administrativo;

- Directiva 91/51/CE de la Comisión, de 18 de octubre de 1995, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE con respecto a la supresión de las restricciones a la utilización de las redes de televisión por cable para la prestación de servicios de telecomunicaciones ya liberalizados ((DO L 256 de 26.10.1995. )). La Directiva constata el bloqueo de la liberalización del sector de las telecomunicaciones, debido a las normas que prohíben la utilización de otra infraestructura para la prestación de los servicios ya liberalizados. Obliga en particular a los Estados miembros a suprimir todas las restricciones al suministro de la capacidad de transmisión a través de las redes cableadas de televisión;

- Directiva 96/2/CE de la Comisión, de 16 de enero de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en relación con las comunicaciones móviles y personales ((DO L 20 de 26.1.1996. )). Esta Directiva modifica la Directiva 90/388/CEE (servicios de telecomunicaciones) al incluir en su ámbito de aplicación los servicios de comunicaciones móviles y personales. Impone asimismo una serie de obligaciones a los Estados miembros sobre las condiciones de concesión de licencias a los operadores de redes móviles, la asignación de las radiofrecuencias y el derecho de interconexión de los sistemas de comunicaciones móviles con las redes fijas y las redes públicas de telecomunicaciones;

- Directiva 95/62/CE, ya citada, del Parlamento y el Consejo, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal.

Cabe añadir la reciente Directiva 96/19/CE ((DO L 74 de 22.3.1996. )) de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la instauración de la plena competencia en los mercados de telecomunicaciones.