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PREGUNTA ESCRITA E-1833/02

de Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) a la Comisión

(27 de junio de 2002)

Asunto: Ayuda de la Comisión para la creación del Consejo General de la Juventud Europea

La ambición de la juventud europea de disponer de su propio Consejo General se justifica por la necesidad de disponer de un instrumento que aglutine a la juventud de los distintos países europeos y pueda tanto manifestarse ante los temas de su especial interés, en el conjunto comunitario, como proponer, consultivamente, propuestas para resolver sus problemas y satisfacer sus pretensiones.

La creación de un tal Consejo General de la Juventud Europea necesita de un impulso, especialmente consistente, por parte de las instancias comunitarias, ya que puede superar los localismos nacionales y aspirar a superar sus fronteras físicas y psicológicas.

¿Estima la Comisión que le correspondería aportar su concurso para consolidar un Consejo General de la Juventud Europea, que sirva de foro para que los jóvenes de los países miembros intenten resolver sus inquietudes y propongan soluciones a los retos que la integración comunitaria les depara?

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(4 de septiembre de 2002)

La Comisión comparte la inquietud de Su Señoría respecto a la importancia de facilitar un marco que permita escuchar a la juventud europea.

Es en este sentido que la Comisión elaboró el Libro Blanco Un nuevo impulso para la juventud europea(1) y llevó a cabo una amplia consulta entre los jóvenes antes de la adopción del mismo en noviembre de 2001. Esta consulta puso de relieve, en particular, el deseo de los jóvenes de estar más implicados en la sociedad, por lo que la participación es una de las prioridades del Libro Blanco.

Una de las propuestas del Libro Blanco para facilitar esta participación se dirige especialmente a consolidar una estructura de consulta de los jóvenes a escala europea.

Desde esta óptica, más que apoyar la creación de una nueva estructura como indica su Señoría, la Comisión propone en su Libro blanco que el Foro europeo de la Juventud, una organización que financia desde 1979 y cuyos miembros son los Consejos Nacionales de Juventud y las ONG juveniles, sea la base de la estructura de consulta de los jóvenes a escala europea, sin excluir los modelos de consulta directa de los jóvenes y con la idea de que se abra a los jóvenes ajenos a las organizaciones de juventud.

(1) COM(2001) 681 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1361/02

de Gerhard Schmid (PSE) a la Comisión

(14 de mayo de 2002)

Asunto: Negociaciones con los países candidatos en materia de justicia y asuntos de interior

1. ¿Con qué países candidatos se han concluido las negociaciones del capítulo de justicia y asuntos de interior? ¿Con qué países aún no han finalizado?

2. ¿Hay países candidatos que hayan exigido plazos de transición en materia de justicia y asuntos de interior?

3. En caso afirmativo, ¿para qué ámbitos se han exigido dichos plazos de transición?

Respuesta dada por el Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(24 de junio de 2002)

El capítulo de asuntos de interior ha quedado provisionalmente cerrado con Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Malta, Letonia, Lituania, Eslovenia y Eslovaquia.

Ninguno de estos países solicitó un período de transición.

Las negociaciones siguen abiertas con Bulgaria, Polonia y Rumania.
PREGUNTA ESCRITA E-2270/02

de Caroline Lucas (Verts/ALE) a la Comisión

(24 de julio de 2002)

Asunto: Documento de la FAO sobre las buenas prácticas agrícolas

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha publicado un documento para debate titulado Buenas Prácticas Agrícolas que contiene un apartado muy útil sobre el bienestar de los animales. En él se afirma que, entre otras cosas, se debería prohibir el aislamiento de los animales (como en cuadras o cochiqueras), evitar el hacinamiento y ajustar la capacidad máxima de almacenamiento, asimismo se deberían prohibir mutilaciones que no tengan fines terapéuticos, como recortar los picos o rabos de los animales, y reducir el transporte de animales vivos y la utilización de ferias de ganado.

¿Ha examinado la Comisión el documento para debate de la FAO y apoya el apartado sobre el bienestar de los animales?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(24 de septiembre de 2002)

La Comisión acoge favorablemente la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de formular unas Buenas Prácticas Agrícolas, entre las que se incluyen consideraciones relativas al bienestar de los animales.

La Comisión trabaja activamente a fin de crear una mejor comprensión a nivel internacional de las preocupaciones de la Comunidad en relación con el bienestar de los animales. La dimensión internacional de la política de la Comisión en materia de bienestar de los animales tiene como objetivo dar respuesta a las preocupaciones legítimas de los ciudadanos europeos, sin por ello crear nuevas barreras al comercio de productos de origen animal.

La iniciativa de la FAO, tal como subraya Su Señoría, apoya el enfoque proactivo de la Comisión.

La Comisión apoya plenamente las iniciativas técnicas para elaborar normas armonizadas sobre el bienestar de los animales en un contexto multicultural, tales como la reciente iniciativa emprendida por la Oficina Internacional de Epizootias (OIE).
PREGUNTA ESCRITA E-2218/02

de Caroline Jackson (PPE-DE) a la Comisión

(23 de julio de 2002)

Asunto: Implementación de la Directiva 1999/13/CE sobre emisiones de disolventes

¿Puede indicar la Comisión el estado actual, en cada Estado miembro, de la implementación de la Directiva 1999/13/CE(1) relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos?

¿Puede indicar la Comisión cómo se mantendrá y fomentará el sitio que se ha establecido en internet para facilitar la implementación de la Directiva, y si considera que ello podría ser un precedente útil para ayudar a la implementación de otras directivas relativas al medio ambiente?

(1) DO L 85 de 29.3.1999, p. 1.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(4 de septiembre de 2002)

La ejecutoria de los Estados miembros en la transposición de la Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones, dista de ser satisfactoria. De conformidad con el artículo 226 del Tratado CE, la Comisión ha incoado procedimientos de infracción contra la totalidad de los Estados miembros por no haber notificado las medidas de transposición dentro del plazo fijado en la Directiva. Posteriormente se han archivado ocho infracciones, en tanto que Austria ha recibido un dictamen razonado por no haber transpuesto la Directiva y se han planteado ante el Tribunal de Justicia los casos de Grecia, España, Irlanda, Italia y Reino Unido. Además de ello, todavía sigue examinándose el procedimiento de infracción contra Bélgica.

En lo que se refiere al sitio web establecido para facilitar la aplicación de esta Directiva, accesible a partir del sitio de la Comisión, ésta examina actualmente diversas opciones que permitan garantizar la actualización de su contenido. Es demasiado pronto para decidir si la configuración de este sitio concreto podrá servir de modelo para facilitar la aplicación de otras directivas relacionadas con el medio ambiente. No obstante, es indudable que, en general, las herramientas basadas en Internet, tales como los sitios web, tienen un papel importante que desempeñar tanto a la hora de comunicar la legislación sobre medio ambiente como a la de facilitar su aplicación.
PREGUNTA ESCRITA E-1758/02

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(19 de junio de 2002)

Asunto: Declaraciones del Director del Instituto Español de Oceanografía, con ocasión de la XII Reunión de las Organizaciones de Investigación Pesquera en Bayona, Galicia, el pasado 5 de junio

Con ocasión de la XII Reunión de las Organizaciones de Investigación Pesquera en Bayona, Galicia, el 5 de junio pasado, el Director del Instituto Español de Oceanografía, Álvaro Fernández, refiriéndose a la propuesta de la Comisión Europea de reforma de la Política Común de Pesca, señaló que no tiene sentido proponer una reducción lineal de las capturas, tal como pretende la Comisión cuando habla de reducciones entre el 30 y el 60 %, sino que es preciso analizar producto por producto y ver qué reducción es necesaria para cada especie y para cada caladero, tomando, en cualquier caso, medidas compatibles con la actividad pesquera. El Director del Instituto Español de Oceanografía señaló que en aguas comunitarias no existe ninguna especie que necesite una reducción del 40 %, y que también considera excesivas las reducciones superiores al 20 %, dado que una política de este tipo permite la recuperación de las especies y de las actividades de la flota.

¿Ha tenido en cuenta la Comisión, en sus estudios relativos a la reforma de la PCP, opiniones científicas como las expresadas en Bayona por una persona de alta responsabilidad como el Director del Instituto Español de Oceanografía?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(22 de julio de 2002)

Si bien la Comisión basa sus propuestas sobre la conservación y gestión de las poblaciones de peces en las recomendaciones dimanantes de la comunidad científica, toma particularmente en consideración los dictámenes oficiales emitidos por los organismos científicos pertinentes, a saber, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) y el Comité científico, técnico y económico de la pesca (CCTEP). Dichos organismos representan la opinión de científicos de toda Europa, con lo que se asegura el mayor consenso posible entre todos los expertos participantes.

Álvaro Fernández es un científico conocido y muy respetado. Sin embargo, la Comisión no puede utilizar como fundamento científico las opiniones formuladas a título individual por determinados expertos, y menos aún las publicadas en los medios de comunicación.
PREGUNTA ESCRITA E-1577/02

de Brice Hortefeux (PPE-DE) a la Comisión

(4 de junio de 2002)

Asunto: Redefinición de la PAC

La agricultura ha ocupado siempre un lugar relevante en la construcción europea. Los artículos 38 y 39 del tratado de Roma especifican los siguientes objetivos: asegurar una renta para los agricultores, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor precios razonables. Sin embargo, las restricciones que se imponen en la actualidad a la política agrícola común no dejan prácticamente ningún margen de acción a los agricultores.

Las reformas sucesivas han limitado la eficacia de los diferentes instrumentos de gestión de los mercados. Éstas han favorecido las ayudas directas, sin que por ello constituyan una red de seguridad para las rentas agrícolas.

En este contexto, ¿de qué manera piensa la Comisión redefinir los objetivos de la PAC, de modo que se diferencie entre aquellos que competen a la gestión de los mercados agrícolas y aquellos que proceden de la política de rentas de los agricultores?

Además, ¿podría precisar la Comisión los objetivos y los medios en lo que se refiere a la ordenación territorial y a las restricciones agroambientales?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(27 de junio de 2002)

En las reformas sucesivas de la política agrícola común, las medidas de gestión de los mercados se han centrado cada vez más en la estabilización de los mercados agrícolas, mientras que la estabilización de las rentas se ha llevado a cabo mediante los pagos directos.

Desde el punto de vista de la Comisión, los objetivos de la política agrícola común definidos en la reforma de la Agenda 2000 cumplen las necesidades y expectativas de la sociedad europea. Estos objetivos darán una forma concreta en los próximos años a un modelo europeo de agricultura que implicará una mayor adaptación al mercado y un aumento de la competitividad, una mayor seguridad y calidad de los alimentos, la estabilización de las rentas agrícolas, la integración de las cuestiones medioambientales en la política agrícola, el desarrollo de las zonas rurales, la simplificación y una descentralización reforzada.

No obstante, los instrumentos políticos podrían ajustarse con el fin de cumplir estos objetivos de forma más adecuada. En lo que se refiere a la gestión de los mercados, debe prestarse una mayor atención a la función de la intervención en cuanto red de seguridad. En lo relativo a los pagos directos, es necesario determinar cómo podrían desempeñar un papel más eficaz en la estabilización del sector agrícola, en particular en lo referente al aumento del margen de acción de los agricultores.

Con respecto a las medidas agroambientales, se podría hacer un mayor esfuerzo para alcanzar el objetivo de integrar las cuestiones medioambientales en los programas agroambientales y las condiciones medioambientales adicionales. El reforzamiento del segundo pilar de la política agrícola común, el desarrollo rural, facilitaría el cumplimiento del objetivo de un desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales.
PREGUNTA ESCRITA E-2098/02

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la Comisión

(16 de julio de 2002)

Asunto: Galicia, región altamente dependiente de la pesca

En su respuesta a mi pregunta E-0650/02(1), el Comisario Fischler reconoce que:

- Galicia es una región muy dependiente de la pesca;

- los Estudios que preceptivamente tenía que realizar la Comisión (art. 14.2 del Reglamento (CEE) 3760/92(2)) para analizar la dependencia de la pesca de las regiones europeas se han hecho con imperfecciones y datos incompletos y que se han suscitado problemas a la hora de comparar los datos procedentes de distintos Estados, por lo que la Comisión va a seguir mejorando la metodología (sic);

- a pesar de ser Galicia muy dependiente de la pesca, no puede reconocérsele como tal a efectos de asignación de fondos estructurales, pues el concepto sólo se aplica a regiones del objetivo 2 y no del 1.

Como lo que estamos reclamando no son más fondos estructurales sino más equidad en el reparto de las posibilidades de pesca entre regiones europeas dependientes de la pesca,

1. ¿Puede comunicar la Comisión si va a tener en cuenta esa dependencia de la pesca no para otorgar más fondos estructurales sino para participar con mayor equidad y sin discriminación en la distribución de las posibilidades de pesca, en función de ese grado de dependencia?

2. ¿Cómo va a lograr la Comisión que Galicia, que lleva 17 años esperando a que finalice su período transitorio y a que se reforme la PCP, obtenga un reparto más justo y equilibrado de sus posibilidades pesqueras en aguas comunitarias, teniendo en cuenta que el actual reparto se hizo en función del grado de dependencia de la pesca de las regiones europeas, que entonces no figuraba Galicia y que el 1 de enero de 2003 deberá gozar de plenos derechos en igualdad de condiciones con otras regiones europeas o incluso más, debido a su mayor grado de dependencia?

(1) DO C 229 E de 26.9.2002, p. 114.

(2) DO L 389 de 31.12.1992, p. 1.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(23 de septiembre de 2002)

Como ya se indicaba en la respuesta de la Comisión a las preguntas escritas E-2097/02 y E-2096/02(1) de Su Señoría, el concepto de dependencia de la pesca se define como un criterio de subvencionabilidad de las regiones del objetivo no 2 en el apartado 8 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo(2), donde se abordan las ayudas estructurales al sector pesquero, pero no aparece en los Reglamentos del Consejo referentes a la asignación de las posibilidades de pesca a nivel comunitario y a su subdivisión en cuotas nacionales, atribuidas a los Estados miembros.

(1) Ver página 180.

(2) Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (DO L 161 de 26.6.1999).
PREGUNTA ESCRITA E-2325/02

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la Comisión

(26 de julio de 2002)

Asunto: Igualdad de acceso a los recursos pesqueros para todos los Estados miembros

En su respuesta a la pregunta H-0476/02(1) durante el turno de preguntas del pasado Pleno del Parlamento Europeo celebrado en Estrasburgo el día 2 de julio de 2002, el Comisario F. Fischler dio a entender que, a partir del 1 de enero de 2003, para todos los Estados miembros incluidos España y Portugal tendrían validez las mismas leyes y se aplicarían los mismos principios para la determinación de TACs y cuotas así como para el acceso a las aguas comunitarias.

¿Puede informar la Comisión acerca de si dichas palabras significan que tanto Portugal como España, a partir del 1 de enero de 2003, tendrán libre acceso a los recursos pesqueros dentro de las aguas comunitarias en las mismas condiciones que el resto de los Estados miembros y, por tanto, sin ningún tipo de discriminación?

(1) Respuesta oral de 2.7.2002.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(3 de septiembre de 2002)

La expiración del período transitorio establecido en el Acta de Adhesión de 1985 significa que, a partir del 1 de enero de 2003,

- los buques de pesca de los Estados miembros que quedaban excluidos de determinadas zonas de las aguas comunitarias, como el Mar del Norte, tendrán libre acceso a esas aguas;

- los buques podrán dedicarse a la pesca de especies no sujetas a limitaciones de captura ni a asignaciones de cuotas en el marco de la política pesquera común;

- la asignación por parte de la Comunidad de nuevas posibilidades de pesca en esas aguas (es decir, las que no hayan sido asignadas aún) tendrá en cuenta los intereses de todos los Estados miembros, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso (iii) del apartado 4 del artículo 8 del Reglamento (CEE) no 3760/92 del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura(1).

(1) DO L 389 de 31.12.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-2424/02

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(20 de agosto de 2002)

Asunto: Vacaciones anuales de los trabajadores griegos

Según el artículo 7 del Decreto presidencial 88/1999 que incorpora al Derecho nacional griego la Directiva 93/104/CE(1) relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, se prevén vacaciones anuales retribuidas para los trabajadores tras un período continuado de empleo de al menos doce meses. Teniendo en cuenta, por una parte, la importancia que entrañan las vacaciones anuales para los trabajadores y, por otra, el artículo 7 de la Directiva 93/104/CE así como la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-173/99, según la cual no se permite que un Estado miembro adopte una normativa nacional con arreglo a la cual un trabajador no comienza a adquirir el derecho a vacaciones anuales retribuidas hasta que haya realizado un período mínimo de empleo ininterrumpido, ¿qué medidas piensa tomar la Comisión para garantizar que los trabajadores griegos tendrán vacaciones anuales sin límites temporales de empleo, tal como establecen la Directiva 93/104/CE y la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-173/99?

(1) DO L 307 de 13.12.1993, p. 18.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(2 de octubre de 2002)

El 21 de marzo de 2002, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 226 del Tratado CE, la Comisión remitió a Grecia una carta de emplazamiento en relación con la transposición del artículo 7 de la Directiva 93/104/CE(1).

Mediante carta de 21 de mayo de 2002, las autoridades griegas comunicaron a la Comisión que iban a adoptar las medidas necesarias para modificar la legislación nacional relativa a las vacaciones anuales, a fin de que fuera conforme con la Directiva.

La Comisión podría decidir remitir a Grecia el dictamen motivado contemplado en el artículo 226 del Tratado CE si considerara que la nueva legislación no es conforme con la Directiva.

(1) Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo DO L 307 de 13.12.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-0139/02

de Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) a la Comisión

(31 de enero de 2002)

Asunto: Partida presupuestaria para las actividades del Presidium de la Convención europea

La Declaración de Laeken no sólo recoge la apertura de un proceso constituyente en la Unión Europea, sino que plantea abiertamente la elección directa del presidente de la Comisión Europea, apunta el camino para la creación de un Gobierno europeo, dibuja un sistema penal común e incluye a las regiones en el debate sobre el reparto de competencias en la UE.

Por ello, la actividad del Presidium encargado de estudiar las propuestas al respecto es extremadamente importe y es deseable que cuente con los medios y posibilidades que faciliten su labor.

¿Puede indicar la Comisión cual es la partida presupuestaria habilitada para que el referido Presidium pueda desarrollar confortablemente su actividad, bajo el punto de vista material, y cual será el desarrollo de esta partida con el control presupuestario correspondiente?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0139/02, E-0337/02 y E-0419/02dada por el Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2002)

El Parlamento, el Consejo y la Comisión celebraron el 28 de febrero de 2002 un acuerdo interinstitucional que establecía la contribución de cada una de estas instituciones a la financiación de la Convención sobre el futuro de Europa. Dichos acuerdos se basan en una estimación del presupuesto de la Convención de 4 millones de euros para el primer ejercicio presupuestario, comprendido entre marzo y diciembre de 2002.

Esta cantidad se transferirá del presupuesto general de la Unión a un fondo específico no incluido en el presupuesto general de la Comunidad, desglosándose del siguiente modo:

- 1 millón de euros con cargo a la sección I (Parlamento);

- 0,4 millones de euros con cargo a la sección II (Consejo);

- 2,6 millones de euros con cargo a la sección III (Comisión) Parte A.

Estas cantidades representan el 0,1 % de los gastos de administración de cada institución, excluidas las pensiones.

La autoridad presupuestaria adoptó un presupuesto rectificativo el 28 de febrero de 2002, creando las líneas presupuestarias necesarias y transfiriendo los créditos necesarios para permitir la puesta en práctica de estas contribuciones.

Según las normas acordadas por las tres instituciones, el presupuesto de la Convención habrá de adoptarse a propuesta del Secretario General de la Convención y con el acuerdo del Parlamento, el Consejo y la Comisión.

En principio, el presupuesto de la Convención no incluye los gastos de viaje y alojamiento de los miembros de la misma (con excepción de los de su Presidium), que son cubiertos por el Parlamento, los Estados miembros y los países candidatos de los que proceden dichos miembros, como tampoco los sueldos de los miembros de la Secretaría de la Convención cuando desarrollan sus funciones en comisión de servicio procedentes de las instituciones de la Unión, o algunos gastos de infraestructura (tales como los de interpretación, producción, edificios y personal), cubiertos por las tres instituciones que organizan las reuniones de la Convención.