PREGUNTA ESCRITA E-1468/97 de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión (30 de abril de 1997)

Asunto: Trato desigual entre trabajadores migrantes en materia de orden público

El Consulado italiano de Stuttgart y las organizaciones de asistencia social de los trabajadores migrantes denuncian el recurso excesivo de las autoridades locales a la expulsión de los trabajadores de otros Estados miembros por cuestiones de orden público.

El ministro de Justicia de Baden Württemberg, Sr. Goll, y su delegado, el juez Knapp, han declarado públicamente que han aplicado un sistema de expulsión automática de los trabajadores migrantes y, en general, de los extranjeros, como forma de penalizar su incapacidad para integrarse en Alemania.

Si bien dicho argumento puede ser discutible en relación con la situación de los trabajadores extranjeros, desde luego no puede aplicarse en el caso de los trabajadores migrantes que, por definición, no tienden a la integración deseada por las administraciones nacionales.

Cabe relacionar el comportamiento de las autoridades alemanas con el criterio de gestión de los permisos de estancia que contempla la AufenthG/EWG, que desvía hacia objetivos distintos la finalidad perseguida por la normativa comunitaria.

¿No considera la Comisión que el apartado 12 de la AufenthG/EWG es incompatible con el Tratado, puesto que ejerce una discriminación injustificada entre los trabajadores migrantes?

Considerando que, en virtud del poder discrecional que se arrogan las autoridades, los trabajadores comunitarios pueden ser expulsados por cualquier razón de orden público, mientras que los mismos trabajadores de la UE que han obtenido el permiso de estancia por tiempo indefinido pueden ser expulsados únicamente por motivos graves de orden público, ¿no considera la Comisión que debe intervenir con el fin de que dicha norma sea interpretada y aplicada de modo que todos los trabajadores migrantes comunitarios, independientemente del permiso de estancia que decidan concederle las autoridades nacionales, tengan derecho a la igualdad de trato también en las cuestiones de orden público?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1468/97 y E-1472/97 dada por el Sr. Flynn en nombre de la Comisión (26 de junio de 1997)

Con arreglo al tercer apartado del artículo 48 del Tratado CE, el ejercicio del derecho a la libre circulación de los trabajadores está supeditado a consideraciones de orden público, seguridad y salud públicas. La Directiva 64/221/CEE ((DO 56 de 4.4.1964. )) precisa en el primer apartado del artículo 3 que las medidas de orden público o de seguridad pública deben estar fundamentadas, exclusivamente, en el comportamiento personal del individuo a que se apliquen. El segundo apartado del artículo 2 de esta misma Directiva determina que las razones de orden público, seguridad o salud públicas no pueden invocarse con fines económicos. En su jurisprudencia reiterada, el Tribunal de Justicia sentenció que el recurso planteado por una autoridad nacional al concepto de orden público supone la existencia de una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Aunque el Derecho comunitario no impone a los Estados miembros una escala de valores uniforme por lo que se refiere a la valoración de los comportamientos que pueden considerarse como contrarios al orden público, no puede considerarse que un comportamiento posee el grado suficiente de gravedad que justifique restricciones a la admisión de entrada o permiso de estancia en un Estado miembro de un nacional de otro Estado miembro, cuando el primer Estado miembro no tome, por lo que respecta a ese mismo comportamiento cuando es realizado por sus propios nacionales, las medidas represivas u otras medidas reales y efectivas destinadas a combatir este comportamiento ((Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 1982, asuntos acumulados 115 y 116/81, Adoui y Cornuaille contra el Estado Belga, Rec. 1982, p. 1.665. )).

El Parlamento ha recibido varias peticiones sobre algunos problemas derivados de la aplicación de las reservas en materia de orden público por las autoridades del Estado federado alemán («Land») de Baden-Württemberg (a nacionales comunitarios, trabajadores y otros). A este respecto, la Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades alemanas para que apliquen la norma según la interpretación de las disposiciones del Tratado mencionadas anteriormente y la aplicación de las medidas nacionales de ejecución de la Directiva citada.