PREGUNTA ESCRITA E-0009/96 de Angela Sierra González (GUE/NGL) al Consejo (25 de enero de 1996)

Asunto: Extradición de España a Austria del neonazi Gerd Honsik

La Audiencia Nacional española desestimó el 3 de noviembre de 1995 la petición de extradición planteada por Austria contra el neonazi Gerd Honsik, prófugo de la justicia austriaca desde mayo de 1992, fecha en que fue condenado a un año y medio de cárcel por «reactivación de la ideología nacionalsocialista» y por difundir la llamada «mentira de Auschwitz», que niega la existencia de las cámaras de gas durante el III Reich.

La más alta instancia penal española justificó su rechazo a la extradición de Gerd Honsik en que «la apología del nacionalsocialismo y del genocidio solo entraron en vigor en España desde mayo de 1995, mientras los delitos incriminados fueron cometidos entre 1986 y 1989».

Desde su instalación en Barcelona bajo la protección de la organización de extrema derecha Cedade, Gerd Honsik publica la revista «Halt», materiales de propaganda nazi y panfletos racistas que envía con regularidad y profusamente a Alemania y Austria.

1. ¿Qué opinión le merece al Consejo que personas condenadas por delitos de racismo en un país de la Unión Europea encuentren refugio en otro país miembro?

2. ¿Qué iniciativas despliega el Consejo para la consecución de un acuerdo de extradición entre los Quince, orientado a combatir el racismo, el terrorismo y la criminalidad en el seno de la Unión Europea?

Respuesta (3 de junio de 1996)

1. El Consejo considera que la colaboración de todos los Estados miembros es conveniente para impedir que los autores de delitos racistas y xenófobos no se aprovechen de las diferencias existentes entre determinadas legislaciones penales.

A este respecto, el Consejo ha logrado un acuerdo político sobre la acción común relativa a la acción contra el racismo y la xenofobia, según la cual cada Estado miembro se compromete a garantizar una cooperación judicial eficaz por lo que respecta a las infracciones derivadas de conductas concretas consideradas racistas o xenófobas.

En esta óptica, los Estados miembros deberían comprometerse, de resultar necesario, bien a actuar de manera que dichas conductas sean castigadas con sanciones penales, bien, en ausencia de las disposiciones necesarias y a la espera de su adopción, a hacer una excepción al principio de la doble incriminación para dichas conductas.

2. Por otra parte, el Consejo ya ha elaborado un primer convenio relativo al procedimiento de extradicón simplificado entre los Estados miembros, firmado el 10 de marzo de 1995. Dicho convenio se aplica cuando la persona buscada con fines de extradición da su consentimiento según las normas establecidas en el Convenio y, en particular, dentro del pleno respeto de los principios del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Por último, el Consejo estudia actualmente un proyecto de Convenio sobre la mejora de la extradición entre los Estados miembros. En particular, los Estados miembros estudian la medida en que será posible facilitar la extradición entre ellos a efectos de diligencias penales, así como a nivel de ejecución de penas.