ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/558

(2004/C 88 E/0569)

PREGUNTA ESCRITA E-1003/04

de Daniel Hannan (PPE-DE) a la Comisión

(31 de marzo de 2004)

Asunto: Proyecto de autopista en Rumania

La UE ha amenazado recientemente con posponer la adhesión de Rumania si dicho país no logra combatir con éxito la corrupción. Cabe esperar que el Gobierno rumano haya tomado nota, si bien existen indicios de que tal problema persiste e incluso de que se está agravando. Un ejemplo concreto de ello lo constituye el proyecto de autopista transilvana, que destruiría uno de los últimos entornos medievales que quedan en Europa sin ofrecer ventajas más que a las personas bien relacionadas que han adquirido tierras en la zona donde se va a construir la autopista mencionada. Existe, por otra parte, un proyecto que cuenta con el respaldo de la UE para construir una autopista que, partiendo de la frontera húngara, atraviese Rumania pasando por Brasov, la principal ciudad de Transilvania, y Bucarest hasta llegar al Mar Negro. En consecuencia, el nuevo plan de construcción de una segunda autopista que parta de Brasov y discurra en paralelo a la primera, apenas a ochenta kilómetros de ésta, y acabe desviándose absurdamente hasta atravesar la frontera húngara, se antoja superfluo. Dicho proyecto no se ha sacado a concurso. No se ha efectuado evaluación ambiental o cálculo de cifras de tráfico alguno antes de aprobarlo y el contrato se ha asignado a la empresa estadounidense Becthel mediante un «decreto» de urgencia, proceso específicamente concebido para eludir el control parlamentario. Existen asimismo pruebas que señalan que las tierras necesarias para construir la autopista se han expropiado injustamente. Un estudio efectuado por la Sociedad Académica Rumana afirma que los 3 000 millones de euros necesarios para la autopista Bechtel bastarían para financiar la rehabilitación de toda la infraestructura viaria de los 3 000 municipios con que cuenta Rumania o bien para completar las obras de modernización de más 3 500 kilómetros de carreteras nacionales.

¿Puede indicar la Comisión cuál es su posición con respecto al proyecto de autopista de Bechtel? ¿Está de acuerdo la Comisión con que, en apariencia, el Gobierno rumano ha hecho muy poco para resolver los problemas ligados a la corrupción? ¿Está asimismo de acuerdo con que no redunda en interés de nadie el ver un entorno y un patrimonio de valor incomparable destruidos para siempre por culpa de proyectos ineficaces, innecesarios y corruptos?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2004)

La decisión de no aplicar las normas en materia de contratación pública vigentes en Rumania, que están destinadas a aplicar las directivas europeas en materia de contratación pública, y de adjudicar el contrato para la construcción de la autopista Brasov-Cluj-Bors sin publicar una licitación, hace que surjan dudas sobre el compromiso del Gobierno rumano de respetar procedimientos de contratación pública transparentes. La Comisión a pedido a Rumania que suministre más información a fin de poder evaluar las consecuencias de esta decisión. Como no hubo una licitación pública y transparente, la Comisión Europea ha dejado claro a las autoridades rumanas que no concederá ayuda financiera alguna para el proyecto y no apoyará a ninguna institución financiera internacional para la construcción de esta autopista.

La Comisión considera que los procedimientos de contratación pública abiertos y transparentes constituyen un elemento importante de la lucha contra la corrupción, como se indica en la reciente Comunicación relativa a una política global de la UE contra la corrupción (1). La Comisión, por consiguiente, considera que los esfuerzos del Gobierno contra la corrupción deberían incluir un compromiso firme de utilizar procedimientos de contratación pública abiertos y transparentes y de abstenerse de introducir derogaciones de las normas de contratación pública mediante las que se aplican las directivas europeas.

Más en general, de los informes y estudios internacionales se desprende que la corrupción en Rumania sigue siendo un problema sistemático que mina el Estado de Derecho, limita la reforma económica y el desarrollo y contribuye enormemente a impedir la inversión extranjera directa. La Comisión tiene conocimiento de algunas medias tomadas por la administración rumana en los últimos dieciocho meses para tratar de poner remedio a esta situación: adoptó un plan de acción nacional revisado de lucha contra la corrupción en diciembre de 2002; votó una serie de textos legislativos anticorrupción en abril de 2003 y creó una oficina nacional de la fiscalía en septiembre de 2002. Gracias a estas medidas, existe un marco legal apropiado y teóricamente se han asignado medios humanos y financieros suficientes para poder luchar contra la corrupción de manera efectiva. La ausencia constante de resultados en la investigación de la corrupción de alto nivel plantea cuestiones sobre el grado de apoyo político otorgado para resolver seriamente este problema.

(1) COM(2003) 317 final de 28.5.2003.