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PREGUNTA ESCRITA E-3292/01

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(28 de noviembre de 2001)

Asunto: Posible discriminación de las mujeres en el cálculo de las prestaciones de la Seguridad Social por accidente laboral

Según informaciones aparecidas en la prensa desde octubre de 1999, la Comisión ha decidido investigar si se está discriminando a las mujeres en Suecia en el cálculo de las prestaciones de la Seguridad Social por accidente laboral. La Confederación General de Funcionarios y Empleados de Suecia, TCO, ha presentado una demanda a la Comisión. A continuación, la Comisión ha solicitado al Gobierno sueco que exprese su opinión acerca de la demanda del sindicato TCO. Sin embargo, la Comisión insistió también en que el sindicato TCO debía precisar sus puntos de vista.

La crítica giraba en torno a dos cuestiones:

1. Por un lado, el método utilizado para calcular las prestaciones. TCO considera que las mujeres que trabajan a media jornada sufren desventajas en este sentido, sobre todo aquellas personas que reducen su jornada laboral para hacerse cargo de los niños que, en la práctica, son en su mayoría mujeres.

2. Por otro lado, consideran que los criterios para establecer lo que ha de considerarse un accidente de trabajo excluyen daños que a menudo sufren sólo las mujeres. El 70 por ciento de las personas a las que se reconoce oficialmente los daños en Suecia son hombres.

¿Podría la Comisión aclarar cómo ha evolucionado este asunto y si ha tenido un desenlace satisfactorio para todas las partes implicadas?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(17 de enero de 2002)

La Comisión confirma a Su Señoría que se le ha presentado una denuncia en la que se cuestiona la validez, respecto del Derecho comunitario, del régimen legal del seguro contra accidentes laborales y enfermedades profesionales aplicado en Suecia.

Según el denunciante, las nuevas normas probatorias (basadas en presunciones) dirigidas al reconocimiento de un accidente o una enfermedad como accidente laboral o enfermedad profesional, por una parte, y el método de cálculo de las indemnizaciones en función de que el trabajador realice una actividad a tiempo completo o a tiempo parcial en el momento de producirse el accidente, por otra, son discriminatorias respecto de las trabajadoras.

Actualmente, la Comisión está examinando el contenido de dicha denuncia a la luz del Derecho comunitario aplicable, a saber, la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social(1), así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en este ámbito.

La Comisión informará a Su Señoría del resultado del examen de la denuncia tan pronto como se hayan realizado las acciones de investigación y de consulta con todas las partes interesadas.

(1) DO L 6 de 10.1.1979.
PREGUNTA ESCRITA E-2269/01

de Gordon Adam (PSE) a la Comisión

(31 de julio de 2001)

Asunto: Fiebre aftosa Problemas de comercio con los países candidatos a la Unión Europea

¿Puede confirmar la Comisión que el cumplimiento por parte de los países candidatos a la adhesión de las obligaciones derivadas de los Acuerdos europeos y de los Acuerdos de Asociación sigue siendo un elemento fundamental de la estrategia mejorada de pre-adhesión?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2266/01, E-2267/01, E-2268/01 y E-2269/01dada por el Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(27 de septiembre de 2001)

Las decisiones comunitarias que se toman en materia de salvaguardia en los ámbitos veterinario y fitosanitario forman parte integrante del acervo comunitario. Las negociaciones de adhesión se basan en el principio de la incorporación del acervo comunitario por parte de los países candidatos. Desde el momento de la adhesión, éstos están obligados por el acervo, incluido en materia de salvaguardia, por ejemplo por lo que se refiere a las disposiciones relativas a la fiebre aftosa o a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Todos los países candidatos han suscrito este principio. Además, la Comisión insiste a fin de que los países candidatos efectúen una integración progresiva del acervo comunitario en el período de preadhesión.

Durante el período de preadhesión, las relaciones entre la Comunidad y los países candidatos se rigen por los acuerdos de asociación. En este contexto, así como en el marco de diferentes foros internacionales, la Comisión ha planteado la cuestión de las medidas restrictivas, en algunos casos excesivas, aplicadas por los países candidatos. La Comisión hace todo lo posible a fin de que estas medidas no sean más estrictas que las medidas preventivas tomadas por la Comunidad. La Comisión confirma que las disposiciones que deben adoptar los países candidatos no deben constituir discriminaciones arbitrarias o restricciones encubiertas en los intercambios. A este respecto, los acuerdos de asociación constituyen un elemento fundamental de la estrategia de preadhesión. La Comisión tiene la intención de continuar en esta dirección. Además, con motivo de sus frecuentes contactos con las autoridades veterinarias de los países candidatos, la Comisión transmite regularmente información sobre la evolución más reciente de la situación en los Estados miembros y sobre las medidas aplicadas.
PREGUNTA ESCRITA E-2361/01

de Cristiana Muscardini (UEN) a la Comisión

(6 de agosto de 2001)

Asunto: Aumento de las tarifas Bancomat en Italia y euro

Con vistas a la entrada en vigor de la moneda única, varias asociaciones del sector comercial acusan a las entidades bancarias de comportamientos contrarios a la competencia y protestan contra el Banco central italiano por la indiferencia que demuestra respecto de la legitimidad del aumento del 0,20 % al 0,53 % de las comisiones cobradas por las compras efectuadas con tarjetas Bancomat o con tarjetas de crédito. Se ha calculado que este aumento costará a las empresas un importe adicional de casi 600 000 millones de liras al año, cifra que podría fácilmente aumentar, habida cuenta de que con la introducción del euro aumentará el uso de las tarjetas de pago más cómodas.

1. ¿Puede decir la Comisión si el aumento de estas comisiones también se ha producido en los demás países de la Unión?

2. ¿Puede presentar un cuadro comparativo de las comisiones cobradas por las compras efectuadas con tarjeta de crédito en los países de la zona del euro?

3. ¿Existen diferencias entre la situación de los países de la zona del euro y la de los países que no forman parte de la misma?

4. ¿Considera que el aumento solicitado, al mismo tiempo y por un mismo porcentaje, por las entidades de crédito constituye un comportamiento de cártel y, en consecuencia, contrario a la competencia?

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(17 de octubre de 2001)

Conviene precisar que el hecho de cobrar una comisión al comerciante por operaciones efectuadas mediante tarjeta de pago no constituye en sí mismo una restricción de la competencia.

Las tarificaciones para los comerciantes se negocian con los compradores de las transacciones mediante tarjeta (bancos o sociedades de gestión de las tarjetas de crédito) teniendo en cuenta el contexto competitivo existente. La Comisión no dispone de estos datos comerciales sobre la competencia ni de otra información al respecto.

La Comisión informa que la situación citada por Su Señoría está actualmente siendo objeto de examen por la autoridad competente en lo que respecta a la competencia en el sector bancario, el Banco de Italia, de conformidad con las normas sobre competencia
PREGUNTA ESCRITA E-2285/01

de David Martin (PSE) a la Comisión

(31 de julio de 2001)

Asunto: Foie gras alimentación forzada de patos

En sus recomendaciones de 1999 relativas a las ocas y patos domésticos, la Comisión permanente del Consejo de Europa del Convenio europeo sobre la protección de los animales en las ganaderías recomendaba que los países en los que estaba autorizada la producción de foie gras impulsasen la investigación sobre los aspectos relacionados con el bienestar de los animales así como sobre los métodos alternativos que prescindan de la cebadura.

¿Sabe la Comisión si los Estados miembros han adoptado algún tipo de medida para cumplir estas recomendaciones? Teniendo en cuenta que las recomendaciones del Consejo de Europa de 1999 por la que se permitía la producción de foie gras impulsaban la investigación sobre los aspectos relacionados con el bienestar y métodos alternativos que prescindan de la cebadura, ¿han llevado a cabo estos países algún tipo de investigación en este ámbito?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2284/01, E-2285/01 y E-2286/01dada por el Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(18 de septiembre de 2001)

Las recomendaciones adoptadas por la Comisión permanente del Convenio europeo sobre la protección de los animales en las ganaderías tienen como destinatarios a las partes del Convenio.

La definición de práctica corriente para limitar la producción de foie gras a determinadas áreas de Europa fue acordada por las partes del Convenio. Éstas deben aplicar los requisitos de estas recomendaciones tal como han sido adoptadas, como los que menciona Su Señoría.

Todos los Estados miembros han incorporado en sus legislaciones nacionales la Directiva 98/58/CE del Consejo relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas(1). No obstante, debe señalarse que en la Directiva 98/58/CE y en las recomendaciones mencionadas no se prevé ninguna prohibición de la alimentación forzada.

(1) DO L 221 de 8.8.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-2777/01

de Samuli Pohjamo (ELDR) a la Comisión

(9 de octubre de 2001)

Asunto: Cumplimiento del principio de adicionalidad de los Fondos Estructurales de la UE en Finlandia

¿Podría indicar la Comisión cómo comunica Finlandia que ha respetado el principio de adicionalidad en la financiación con cargo a los Fondos Estructurales de la UE?

¿Se ajustan sus declaraciones a lo previsto en los reglamentos sobre los Fondos Estructurales?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(20 de noviembre de 2001)

En virtud del artículo 11 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(1), el argumento principal que sirve de base al principio de adicionalidad es que los Fondos Estructurales no deben reemplazar el gasto público u otros gastos equivalentes realizados por un Estado miembro. Con el fin de comprobar la adicionalidad se efectúan evaluaciones en tres fases: previa, intermedia y posterior.

La Comisión y las autoridades finlandesas se han puesto de acuerdo en el nivel del gasto público, que se mantendrá durante el período 2000-2006 para las zonas del objetivo no 1. En comparación con el período anterior (1995-1999), esto supone un aumento del 0,7 % sobre la media anual. Este cálculo se basa en el supuesto de que los ingresos municipales y estatales crecerán un 2 % por término medio y que el gasto realizado por las empresas públicas no se incluye en el cálculo.

A lo largo de todo el período de programación, las autoridades finlandesas informarán a la Comisión, a su debido tiempo, de las circunstancias que pueden poner en peligro su capacidad para cumplir con el principio de adicionalidad.

Este principio se comprobará además en una fase intermedia de conformidad con el Reglamento del Consejo arriba mencionado.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-3045/01

de Glenys Kinnock (PSE) a la Comisión

(5 de noviembre de 2001)

Asunto: Presencia de socorristas acuáticos

¿Tiene conocimiento la Comisión de un estudio reciente llevado a cabo por el Reino Unido sobre el número de niños que perecen ahogados cada año en las piscinas y mares de los Estados miembros de la UE?

A la luz de dicho estudio, ¿va a considerar la Comisión la posibilidad de proceder a un registro sistemático de las cifras referidas a todos los Estados miembros de la UE?

¿Qué medidas va a tomar la Comisión para adoptar un reglamento relativo a la presencia de socorristas en las piscinas y playas públicas?

Respuesta complementariadel Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(24 de enero de 2002)

La Comisión ha llevado a cabo averiguaciones para obtener el estudio mencionado por Su Señoría. Las autoridades competentes en el Reino Unido le han enviado dos estudios recientes realizados para el Department of Trade and Industry (DTI) sobre las muertes por ahogamiento(1). Sin embargo, estos informes sólo se refieren a los accidentes que se producen en el entorno doméstico (vivienda y jardín) y su alcance se limita a la situación en el Reino Unido.

Uno de estos dos estudios está centrado en los accidentes de niños menores de cinco años que tienen lugar en los jardines. El otro estudio analiza de forma más general el problema de las muertes por ahogamiento tanto en la vivienda como en el jardín.

Basándose en los datos recogidos, estos dos estudios describen los casos de accidente más frecuentes y dan recomendaciones para limitar los riesgos de muertes domésticas por ahogamiento. Los estudios ponen de manifiesto que habitualmente el origen de los accidentes en los casos de los niños más pequeños es la falta de vigilancia.

La Comisión no ha encontrado ningún estudio realizado en el Reino Unido o en otro país con un alcance más general, como el que menciona Su Señoría en su pregunta, sobre el problema de los niños que perecen ahogados en las pisicinas o en el mar.

La Comisión no prevé ninguna iniciativa comunitaria específica para recoger información sobre las muertes por ahogamiento de niños en los Estados miembros y las disposiciones sobre el personal de salvamento en las piscinas públicas y las playas. Considera que estas cuestiones son competencia de los Estados miembros y de sus autoridades locales. Sin embargo,

los aspectos de este problema que afectan de forma más general a la seguridad de los servicios en los establecimientos turísticos podrán tratarse en el marco de las iniciativas horizontales sobre la seguridad de los servicios. El Parlamento ha solicitado recientemente a la Comisión que presente un informe y propuestas apropiadas sobre estas iniciativas en 2003.

(1) Drowning accidents in the garden involving children under five July 2000 URN00/906; Drowning in the home & garden June 2001 URN 01/903.
PREGUNTA ESCRITA E-2877/01

de Bart Staes (Verts/ALE) a la Comisión

(22 de octubre de 2001)

Asunto: Ayuda estatal a Ryanair en el aeropuerto de Charleroi

En la respuesta a la pregunta P-1767/01(1) la Comisión señala que dada la información recientemente publicada en la prensa [Nota del diputado: en relación con la ayuda estatal valona a las actividades de la compañía aérea Ryanair en el aeropuerto de Charleroi], la Comisión informa a Su Señoría de su intención de comprobar si los datos de que dispone siguen siendo válidos. Otros aeropuertos regionales tienen además serias reservas sobre la ayuda estatal de la Comunidad valona ya que, en opinión de los mismos, se está produciendo una flagrante violación del derecho comunitario en materia de competencia.

Las siguientes actividades de la compañía aérea Ryanair en el aeropuerto de Charleroi se benefician, al parecer, de la ayuda estatal:

- financiación de la formación del personal de cabina y de facturación de equipajes;

- una tarifa de 5 000 francos por avión que ocasiona pérdidas para el handling (distribución de equipajes, atención a los pasajeros, etc.) mientras que, previamente, se pedía 60 000 francos por avión a otras compañías aéreas;

- handling gratis para el tercer vuelo diario a Dublín; puesta a disposición de Ryanair de personal procedente de la empresa BSCA (Brussels South Charleroi Aeroport), encargada de los servicios de aeropuerto, que está financiada con fondos estatales y

- subvenciones irregulares de la Comunidad valona que permiten a Ryanair ofrecer a los pasajeros billetes de avión gratis.

Después de haber procedido al control de la información facilitada con anterioridad (en relación con la ayuda estatal valona a las actividades de la compañía aérea Ryanair en el aeropuerto de Charleroi), ¿sigue considerando la Comisión que la ayuda estatal de la Comunidad valona se produce con arreglo a la legislación comunitaria en materia de competencia? En caso afirmativo, ¿cuáles son los argumentos aportados por la Comisión al respecto? En caso negativo, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para hacer que la Comunidad valona y Ryanair cumplan lo antes posible con la legislación comunitaria en materia de competencia?

(1) DO C 350 E de 11.12.2001, p. 222.

Respuesta comúna las preguntas escritas E-2877/01 y E-2941/01dada por la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(20 de diciembre de 2001)

A raíz de la información aparecida en la prensa a principios de verano sobre las ayudas a la explotación de los servicios aéreos destinadas a la empresa Ryanair en el aeropuerto de Charleroi, la Comisión solicitó, en septiembre de 2001, una serie de informaciones a las autoridades belgas con el fin de poder determinar el tipo de ayudas destinadas a la empresa Ryanair a la luz de las normas del Tratado CE en materia de ayudas de Estado. La Comisión decidirá el curso a dar a este asunto en función de las informaciones que se le envíen.
PREGUNTA ESCRITA P-2308/01

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(20 de julio de 2001)

Asunto: Los sulfitos en los vinos y sus efectos para la salud

¿Sabe la Comisión que hay pruebas médicas de que la presencia de altas concentraciones de sulfitos en los vinos puede provocar reacciones adversas en algunos consumidores, en particular en los que sufren de asma?

¿Considera la Comisión que debería introducirse para los vinos un etiquetado de salud?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(28 de septiembre de 2001)

Se remite a Su Señoría a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-2200/01 del Sr. Davies(1).

(1) Ver página 78.
PREGUNTA ESCRITA E-2363/01

de Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) a la Comisión

(6 de agosto de 2001)

Asunto: Almacenamiento en Rusia de residuos nucleares procedentes de los Estados miembros de la UE

¿Puede confirmar la Comisión que la Federación Rusa ha creado la posibilidad, mediante una ley específica aprobada el 6 de junio por la Duma, de almacenar residuos nucleares procedentes de los Estados miembros de la Unión Europea?

¿Cuál es la postura de la Comisión frente a esta cuestión?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(24 de octubre de 2001)

La modificación de la ley rusa, aprobada por la Duma el 6 de junio de 2001, relaja la ley de 1991 sobre la protección del entorno natural (apartado 3 del artículo 50), por la que quedaba prohibida la importación de residuos y materiales radiactivos de otros Estados con fines de almacenamiento o vertido, y permiten la importación de combustible nuclear agotado para almacenamiento técnico y nuevo tratamiento.

Las modalidades precisas de tales importaciones habrían de someterse a acuerdos específicos aún por negociar entre la Federación Rusa y los países interesados. Estos acuerdos cubrirían, en caso necesario, el calendario del nuevo tratamiento y la devolución de los productos que resulten de la operación de tratamiento.

La enmienda de la ley se ha efectuado con el fin de obtener ingresos por parte de la Federación Rusa. La intención manifestada es utilizar gran parte de esos ingresos alrededor del 70 % para rehabilitar zonas contaminadas por malas prácticas anteriores en la gestión de materiales radiactivos.

Con arreglo a la legislación Euratom, las exportaciones habrían de contar con la autorización de la Comisión. A tal efecto, la Comisión debe garantizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales, comprobar los requisitos de aprovisionamiento y cerciorarse de que los intereses de la Comunidad quedan salvaguardados. Si el contrato es únicamente de nuevo tratamiento, la Comisión ha de ser informada para comprobar que se cumplen todas las obligaciones contraídas respecto al material correspondiente.

Por lo que se refiere a los residuos radiactivos, la legislación comunitaria cubre el traslado desde la Comunidad a terceros países(1). En ella se estipula claramente que no se autorizarán los traslados a un tercer país que no posea los recursos técnicos, jurídicos o administrativos para gestionar con seguridad los residuos radiactivos. Esta legislación no afecta a los combustibles irradiados para volver a ser tratados (a no ser que el Estado miembro defina esos combustibles como residuos). No obstante, el Convenio común sobre la seguridad de la gestión del combustible agotado y de los residuos radiactivos contiene condiciones similares aplicables al combustible agotado y a los residuos. Los Estados miembros habrán de cumplir las obligaciones arriba citadas. La Comisión vigilará de cerca su aplicación.

(1) Directiva 92/3/Euratom del Consejo, de 3 de febrero de 1992, relativa a la vigilancia y al control de los traslados de residuos radiactivos entre Estados miembros o procedentes o con destino al exterior de la Comunidad, DO L 35 de 12.2.1992.
PREGUNTA ESCRITA E-2199/01

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(23 de julio de 2001)

Asunto: Normas relativas a los suelos y residuos biológicos

La Comisión ha publicado dos resúmenes de una propuesta de directiva relativa al tratamiento biológico de los residuos biológicos, pero ahora se sugiere que estos trabajos podrían sustituirse por la elaboración de un proyecto de directiva sobre normas relativas a los suelos.

¿Podría indicar la Comisión su posición con respecto a la adopción de medidas en estos ámbitos, señalar cuáles son sus prioridades y presentar el calendario para la publicación de otros proyectos y propuestas definitivas?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(24 de septiembre de 2001)

En la Comunicación sobre el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente 2001-2010: el futuro está en nuestras manos(1), la Comisión destacaba una serie de ámbitos de intervención prioritaria en el sector del medio ambiente, uno de los cuales es la mejora de la protección de los suelos de la Comunidad. La Comisión está actualmente preparando una Comunicación sobre los suelos cuya aprobación está prevista para la primera mitad de 2002. Actualmente, la intervención comunitaria dirigida específicamente a los suelos es limitada (por ejemplo, la Directiva de utilización de los lodos de depuradora)(2), y se dispone de escasa información sobre el estado de los suelos a escala comunitaria. La próxima Comunicación tendrá en consideración las funciones del suelo, los procesos de degradación y las políticas actuales, y sugerirá algunas opciones para el futuro que deberán ser objeto de los debates oportunos con el Parlamento, el Consejo y todos los interesados.

(1) COM(2001) 31 final.

(2) Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en la agricultura DO L 181 du 4.7.1986.