PREGUNTA ESCRITA P-4069/00

de Antonio Di Pietro (ELDR) a la Comisión

(20 de diciembre de 2000)

Asunto: Aumento del canon de Telecom

Según informa la prensa italiana, el Comisario europeo responsable de Competencia, Mario Monti, ha pedido a la Autoridad para la Garantía de las Comunicaciones italiana que aumente el canon Telecom para la telefonía fija en un 6 % anual como mínimo, además del IVA y la inflación.

El canon de telefonía fija genera ingresos globales anuales de 7,7 billones de liras para Telecom Italia, que, teniendo en cuenta el poder adquisitivo, parecen los más elevados de Europa; pero con el paso de la concesión a la licencia el canon telefónico, en lugar de aumentar, debería disminuir progresivamente hasta cubrir los costes reales de mantenimiento de la red fija, con el fin de no alterar el juego de la competencia.

Ahora bien, parece que la instrucción realizada para comprobar el denominado déficit de acceso ha sido realizada por un antiguo Director del Ministerio de Comunicaciones, transferido a la Autoridad para la Garantía de las Comunicaciones y asumido posteriormente por Telecom Italia.

Frente a la solicitud de aumento del canon proveniente del Comisario responsable de Competencia, dos asociaciones de consumidores italianas, Adusbef y Codacons, han enviado a las autoridades competentes una denuncia motivada para que se compruebe si dicho Comisario está legitimado para exigir a una Autoridad independiente un aumento del canon o si más bien debe limitarse a dialogar con los gobiernos.

A la luz de los hechos descritos, ¿no sería oportuno comprobar si en el Gabinete del Comisario responsable de Competencia existen cargos que pudieran encontrarse en un conflicto de intereses con las decisiones adoptadas por el Gabinete mismo en relación con la citada solicitud a la Autoridad para la Garantía de las Comunicaciones de aumentar el canon?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(2 de mayo de 2001)

La Comisión, a propuesta del Comisario responsable de competencia en aquel momento, decidió en 1998 incoar un procedimiento de infracción contra Italia, porque ésta no había autorizado a Telecom Italia a reequilibrar sus tarifas telefónicas. En efecto, el artículo 4 ter de la Directiva 90/388/CEE, tal como ha sido modificada, prevé que los Estados miembros deben permitir -antes de la liberalización del mercado el 1 de enero de 1998- ajustar las tarifas telefónicas a los costes subyacentes. El objetivo de esta obligación era evitar el mantenimiento de precios inferiores a los costes en algunos mercados, que impedirían las inversiones de nuevos competidores en estos mercados.

En el transcurso de septiembre y octubre del 2000 los expertos del organismo de garantía de las telecomunicaciones italianas (AGCOM) y de la Comisión se pusieron de acuerdo sobre el coste del servicio de acceso de Telecom Italia. Esto permitió calcular el aumento necesario del canon, con el fin de permitir a Telecom Italia generar ingresos suficientes para cubrir el coste de este servicio. El objeto de la intervención de la Comisión era solamente recordarle a AGCOM que si no permitía tal aumento la Comisión sólo tendría la alternativa de recurrir al Tribunal de Justicia para hacer constatar la infracción de la Directiva si, después de más de dos años de procedimiento, AGCOM no permitía a Telecom Italia alinear su canon con el coste subyacente. Como la Directiva hace referencia a la alineación con los costes subyacentes de los servicios en cuestión, no es legítimo efectuar una comparación internacional.

Telecom Italia no intervino en el proceso de cálculo del coste del servicio de acceso, excepto para proporcionar los datos contables requeridos o precisiones sobre la metodología contable aplicada. Por lo que se refiere al antiguo alto funcionario italiano mencionado por Su Señoría, que trabaja actualmente en Telecom Italia, se trata de un aspecto puramente interno a Italia sobre el cual la Comisión no puede pronunciarse.

La Comisión recibió de asociaciones de consumidores un correo cuyos autores se preguntaban sobre la pertinencia y legitimidad de su acción en materia de equilibrio tarifario. La Comisión respondió a esta carta, que parecía basarse en malentendidos, explicando la motivación de su planteamiento. La Comisión no pone en entredicho el principio de tarificación instaurado por AGCOM. Por lo tanto, si Telecom Italia aumenta su canon, deberá disminuir otros precios para seguir estando dentro del límite máximo fijado para el 2001 y el 2002. Para el consumidor medio se tratará de una operación sin consecuencias financieras. Por último, la Comisión no impuso un aumento del canon ni, por supuesto, fijó su importe, limitándose a exponer las dificultades jurídicas a las cuales estaba sometida.

Por último, ningún miembro del Gabinete del Comisario encargado de la Competencia se encuentra en una situación conflicto de intereses.