PREGUNTA ESCRITA E-3385/01

de Ioannis Marínos (PPE-DE) a la Comisión

(7 de diciembre de 2001)

Asunto: Impuesto de la jihad

Según diversas publicaciones de la prensa europea, entre los inmigrantes musulmanes clandestinos, semiclandestinos y legales de Europa (y especialmente de Alemania) funciona un sistema de recaudación del denominado impuesto de la jihad, vinculado también con el funcionamiento de un sistema bancario ilegal. En concreto, este sistema bancario funciona en países de la Europa occidental y permite a los inmigrantes clandestinos (quienes no pueden realizar operaciones de forma legal con los bancos) enviar dinero a sus países de origen.

El sistema se denomina hawala y se basa en agentes que operan en el país de residencia de los inmigrantes y se encargan, contra el cobro de una comisión, de enviar el dinero al país de origen de los inmigrantes legales o ilegales. Durante esta transacción se retiene también con el absoluto consentimiento de quienes participan en ella el impuesto de la jihad, que se destina a apoyar económicamente a los talibán.

¿Está informada la Comisión del funcionamiento de este sistema bancario ilegal? ¿Qué medidas piensa tomar para que cese este apoyo económico al terrorismo, si desea ser consecuente con las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros y por el Pleno del Parlamento Europeo así como por las Naciones Unidas?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(28 de enero de 2002)

La Comisión tiene conocimiento de las afirmaciones de que el sistema Hawala de transferencia de dinero ha desempeñado un papel primordial en la financiación de las actividades de algunos grupos terroristas. Es consciente de que no suele haber registros escritos de las transacciones efectuadas mediante tal sistema, que se basa en la confianza, por lo que es difícil comprobar o demostrar las afirmaciones realizadas.

En general, las transferencias de dinero entre la Comunidad y los terceros países se benefician de las disposiciones del Tratado CE sobre la libre circulación de capitales y pagos. No obstante, las transferencias a que se refiere Su Señoría pueden infringir las legislaciones bancarias nacionales (como en Alemania, donde es preciso disponer de una licencia bancaria para ejercer la actividad

empresarial de transferencia de dinero), la legislación comunitaria contra el blanqueo de dinero (según el origen de los fondos) o los reglamentos comunitarios que imponen sanciones financieras (según el receptor o el destino de los fondos). El mero hecho de que los inmigrantes ilegales tengan la posibilidad de transferir dinero no hace que las transferencias sean ilegales.

En cuanto a las afirmaciones sobre la financiación de actividades terroristas, el Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales (FATF/GAFI) recomendó el 30 de octubre de 2001 que, entre otras medidas, las personas que presten un servicio de transferencia de dinero o valor, incluida la transmisión mediante sistemas o redes informales, deben poseer una licencia o estar registradas, y que deben estar sujetas a la legislación y los reglamentos destinados a evitar el blanqueo de dinero que se aplican a las instituciones financieras. El GAFI ha acordado asimismo que las personas físicas o jurídicas que realicen estos servicios ilegalmente deben ser sancionadas administrativa, civil o penalmente (recomendación especial no VI).

Si, como se afirma, se recauda cierta cantidad para financiar a los talibanes, la transferencia de dicha cantidad infringiría el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo, de 6 de marzo de 2001, por el que se prohibe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán(1). Sin embargo, la Comisión no dispone de pruebas de que una o más personas físicas o jurídicas de la Comunidad o bajo su jurisdicción hayan efectuado transferencias de recursos financieros incumpliendo el Reglamento (CE) no 467/2001.

La Comisión seguirá el asunto de las transferencias financieras del sistema Hawala y, si es necesario, propondrá modificaciones de los instrumentos comunitarios correspondientes.

(1) DO L 67 de 9.3.2001.