PREGUNTA ESCRITA E-1245/03

de Antonio Di Pietro (ELDR) a la Comisión

(2 de abril de 2003)

Asunto: Creación de un vertedero de lodos rojos procedentes del tratamiento de la bauxita en el mar de Portoscuso (Cagliari) en Cerdeña

El 28 de mayo de 2002, la sociedad Eurallumina SpA empresa que produce más de un millón de toneladas de óxido de aluminio al año tratando con el proceso Bayer unos dos millones de toneladas anuales de bauxita, de las cuales se derivan aproximadamente un millón de toneladas anuales de residuos llamados lodos rojos, caracterizados por una elevada alcalinidad por la sosa residual con pH inicial superior a 13, reducido a 10,5 con la utilización de ácido sulfúrico y agua de mar ha presentado a la Región de Cerdeña y al municipio de Portoscuso un proyecto con vistas a la creación de un nuevo vertedero (unas 80 hectáreas de superficie y 18 metros de altura, para un total de unos 13 millones de m3), que se ubicará en el mar delante del actual vertedero de lodos rojos (120 hectáreas), actualmente en fase de saturación.

La realización de dicho proyecto agravaría más la degradación medioambiental de un territorio declarado en 1990 zona de gran riesgo de crisis medioambiental en virtud del artículo 7 de la Ley 349/86 y causaría un grave perjuicio al desarrollo turístico del golfo al que se asoman las islas de San Pietro y de Sant'Antioco, además de la laguna adyacente de Boi Cerbus, zona húmeda de interés comunitario.

Teniendo en cuenta que la administración municipal de Portoscuso ya ha declarado su disposición a acoger dicho proyecto, antes incluso de proceder a un análisis serio de evaluación del impacto medioambiental a que está subordinada cualquier autorización previa, ¿no considera la Comisión que dicho proyecto puede violar la directiva marco en materia de protección de las aguas y, más específicamente, la referente a la contaminación provocada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en las aguas marinas territoriales?

Considerando, por otra parte, que la importante actividad productiva antes descrita proporciona empleo a unos 500 trabajadores de la región, ¿puede indicar la Comisión si existe la posibilidad de contribuir a la financiación de soluciones alternativas de menor impacto medioambiental y que permitan garantizar la continuidad de la producción de la empresa Eurallumina SpA, en el supuesto de que ésta no pudiera hacer frente a los costes de las soluciones alternativas?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(2 de junio de 2003)

Por lo que se refiere a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados en el medio ambiente(1), tal y como fue modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997(2), los Estados miembros están obligados a garantizar que se somete a una evaluación del impacto medioambiental todos aquéllos proyectos que puedan tener un efecto significativo sobre el medio ambiente en virtud de su naturaleza, tamaño o localización. El proyecto mencionado por Su Señoría podría entrar en el ámbito cubierto por la letra b) del punto 11 del Anexo II de la Directiva, Instalaciones de eliminación de residuos industriales y basuras. Por lo que se refiere a los proyectos recogidos en el Anexo II, los Estados miembros están obligados a determinar caso por caso o a través de una selección de criterios o umbrales, si se debe someter un proyecto a un procedimiento de evaluación del impacto medioambiental.

Por lo que se refiere a la legislación comunitaria sobre medio ambiente, tal y como Su Señoría señala, la zona de la laguna de Boi Cerbus está incluida como zona de interés comunitario propuesto por Italia para la red Natura 2000 con arreglo a la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres(3) con el nombre de Punta S'Aliga. El artículo 6 de dicha Directiva obliga a los Estados miembros a evitar el deterioro de los hábitats y perturbación de las especies para los que se ha declarado la zona. En concreto, el apartado 3 del artículo 6 exige una evaluación adecuada de cualquier proyecto o plan que pueda tener un impacto significativo en un lugar y el apartado 4 del artículo 6 especifica las condiciones para la aprobación de tales planes o proyectos.

Por lo que se refiere a la legislación comunitaria sobre residuos, el vertido de lodos rojos procedentes de la producción de aluminio al mar constituye una operación de eliminación de residuos de acuerdo con la Directiva marco sobre residuos, Directiva 75/442/CEE de 15 de julio de 1975 sobre residuos(4), tal y como fue modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991(5). Como tal debe ajustarse a las disposiciones de la Directiva, en concreto su artículo 4, que exige, entre otras cosas, que los residuos se eliminen sin crear riesgos para el agua, aire, suelo, animales y plantas, y sin perjudicar lugares de especial interés. Cuando el depósito de tales residuos se hace sobre o bajo tierra se debe ajustar a los requisitos operativos y técnicos de la Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos(6).

Además, el permiso para este proyecto deberá también ajustarse a los requisitos con arreglo a la Directiva 78/176/CEE del Consejo de 20 de febrero de 1978 relativa a los residuos procedentes de la industria del dióxido de titanio(7), tal y como fue modificada por las Directivas 82/883/CEE del Consejo de 3 de diciembre de 1982 relativa a las modalidades de supervisión y de control de los medios afectados por los residuos procedentes de la industria del dióxido de titanio(8), 83/29/CEE de 24 de enero de 1983(9) y 91/692/EEC de 23 de diciembre de 1991 sobre la normalización y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio ambiente(10).

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas(11) protege todas las aguas incluidas las aguas costeras, y establece el objetivo de alcanzar/mantener una buena calidad para 2015 como muy tarde. Cubre todas las fuentes de impactos incluida la eliminación de residuos y va unida a una cláusula de no deterioro, por ejemplo, el deterioro de la calidad del agua por debajo de los niveles actuales no está permitido por norma. No obstante, la información que ofrece Su Señoría no revela ninguna razón específica de queja sobre la aplicación de las Directivas antes mencionadas a este caso concreto. Por lo tanto, a la luz de lo anterior, por el momento no puede hablarse de infracción de ninguna de las disposiciones mencionadas del Derecho comunitario. En caso de que Su Señoría pudiera suministrar información detallada que permitiera a la Comisión evaluar la situación en relación con dichas Directivas, la Comisión podría investigar este tema.

Por lo que se refiere a la posible cofinanciación por medio de fondos estructurales, sería necesarios disponer de información más detallada sobre el carácter de las soluciones alternativas contempladas con el fin de comprobar si tienen derecho a una ayuda como parte del Programa Operativo de la región. Conviene recordar que el seguimiento de la eficacia de los intervenciones de los fondos estructurales es responsabilidad de los Estados miembros.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.

(2) DO L 73 de 14.3.1997.

(3) DO L 206 de 22.7.1992.

(4) DO L 194 de 25.7.1975.

(5) DO L 78 de 26.3.1991.

(6) DO L 182 de 16.7.1999.

(7) DO L 54 de 25.2.1978.

(8) DO L 378 de 31.12.1982.

(9) DO L 32 de 3.2.1983.

(10) DO L 377 de 31.12.1991.

(11) DO L 327 de 22.12.2000.