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PREGUNTA ESCRITA E-0072/01

de Elisabeth Jeggle (PPE-DE) a la Comisión

(22 de enero de 2001)

Asunto: Posibles medidas comunitarias de apoyo a la agricultura relacionadas con la crisis de la EEB

La crisis de la EEB es el origen de la fuerte disminución de la demanda de todo tipo de subproductos de carne bovina. La crítica situación de los ingresos de los agricultores se ha agudizado aún más por ello, poniendo en peligro la existencia de algunos establecimientos. Es el caso también de los mataderos.

De ahí resultan varias cuestiones:

1. En contra de las exigencias comunitarias, Alemania hará la prueba de la EEB a todas las reses hembras, mayores de 30 meses, y previstas para la compra para su aniquilación. ¿Considera posible la Comisión que esta carne sana se acoja a la intervención?

2. Parece que no podrá responderse de manera afirmativa a las demandas del Instituto Federal de Agricultura y Nutrición, en cuanto a que los machos bovinos se acojan a la intervención. ¿Piensa la Comisión que los criterios para la inclusión de la carne en la intervención deberían inspirarse más en el concepto de inspección veterinaria? ¿Podría ampliarse la intervención, al menos de manera provisional, a los machos bovinos mayores de 24 meses?

3. ¿Considera posible la Comisión aumentar la indemnización general por sacrificio de terneros de entre 1 y 7 meses y de peso inferior a 159,6 kg, del importe actual de 65 DM hasta el de 129 DM, correspondiente a los animales adultos?

4. ¿Existe la posibilidad de pagar a los cebadores de machos bovinos una prima por el mismo importe que la prima extraordinaria para machos bovinos por plazas de ceba vacías (extensificación), con el fin de descargar el mercado?

5. ¿Qué está haciendo la Comisión para investigar la aparición y la transmisión de la EEB? ¿Participa en el desarrollo de pruebas en animales vivos? ¿Existe un calendario?

6. La supresión de las harinas animales ha provocado un aumento de la demanda de proteínas vegetales. ¿Podría aprobarse una normativa excepcional, según la cual pudieran explotarse los terrenos en barbecho propios, con el fin de obtener proteínas vegetales para el consumo propio en proporción al censo ganadero anual medio de la explotación?

7. Es posible que, debido a la suspensión de los sacrificios, no pueda mantenerse la tasa de densidad de pastoreo de 2,0 UGM/ha. ¿De qué forma se tendrá en cuenta este factor en relación con las primas por animal y con las primas para favorecer la extensificación en el marco de los programas agrícolas?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(9 de febrero de 2001)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA E-0467/01

de Ioannis Averoff (PPE-DE), Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE), Antonios Trakatellis (PPE-DE) y Christos Folias (PPE-DE) a la Comisión

(20 de febrero de 2001)

Asunto: Protección de los bosques contra los incendios y futura estrategia de la Comisión

El Reglamento (CEE) no 2158/92(1) relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios deja de estar en vigor en 2001. Sin embargo, durante la última reunión del Comité forestal permanente que tuvo lugar en Francia, la Comisión comunicó a los Estados miembros que tiene la intención de revisar este Reglamento y que está estudiando la posibilidad de integrarlo en el nuevo Reglamento (CE) no 1257/1999(2) del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural.

De ser así, el problema de los incendios se plantearía como un problema agrícola y no ambiental, al mismo tiempo que acciones que hasta el momento se financiaban a través del Reglamento (CEE) no 2158/92 dejarían de ser elegibles.

1. ¿En qué fase se encuentran los trabajos relativos a la revisión del Reglamento (CEE) no 2158/92? ¿Teniendo en cuenta sus repercusiones, cuál es el objetivo de dicha revisión?

2. Considerando la importancia que tiene este Reglamento para los países del Mediterráneo, el Parlamento Europeo ya señaló que el presupuesto para estos temas debe aumentar. ¿Está dispuesta la Comisión revisar y aumentar de 50 a 77 millones de euros el presupuesto previsto?

(1) DO L 217 de 31.7.1992, p. 3.

(2) DO L 160 de 26.6.1999, p. 80.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(30 de marzo de 2001)

Se ruega a Sus Señorías se refieran a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-0247/01 del Sr. Alavanos(1).

(1) Ver página 161.
PREGUNTA ESCRITA E-0205/01

de Catherine Stihler (PSE) a la Comisión

(2 de febrero de 2001)

Asunto: Desarrollo sostenible de la pesca

Hasta la fecha, la elaboración de indicadores, necesarios para medir el desarrollo sostenible a largo plazo, ha sido escasa. ¿Qué indicadores está elaborando la Comisión para supervisar: a) el estado de la pesca y de los ecosistemas marinos, b) las políticas (resultados) y c) las actividades pesqueras (presión de pesca)?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0180/01 y E-0205/01 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(15 de marzo de 2001)

El Reglamento (CE) no 1543/2000 del Consejo, de 29 de junio de 2000(1) establece un marco comunitario de recopilación y gestión de los datos necesarios para el funcionamiento de la política pesquera común.

El presente Reglamento se dirige a establecer un sistema armonizado de datos con la participación de la comunidad científica Comité Científico, Técnico y Económico de la pesca (CCTEP), las administraciones del Estado miembro y la profesión Comité Consultivo de la Pesca y la Acuicultura (CCPA). Los datos recogidos abarcan el conjunto del sector y tienen un carácter económico y biológico. El Reglamento completa los reglamentos anteriores sobre este ámbito, que incluyen las disposiciones para la recopilación y gestión de datos relativos a los buques pesqueros, sus actividades y capturas y el control de los precios.

Con el mismo objetivo, la Comisión y los Estados miembros participan en un estudio de sostenibilidad del Comité de Pesca de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre los indicadores socioeconómicos de la pesca, que estará finalizado en 2002. Por otra parte, la Comisión está preparando un estudio sobre indicadores socioeconómicos del sector pesquero con el fin de adquirir un conocimiento tan amplio como sea posible de los distintos datos relacionados con los aspectos socioeconómicos del sector pesquero y de evaluar la comparabilidad de estos datos dentro de la UE.

En una próxima Comunicación de la Comisión se tratará un programa de trabajo para la creación de indicadores medioambientales necesarios para la integración de los requisitos medioambientales en la Política pesquera común.

(1) DO L 176 de 15.7.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-0079/01

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(29 de enero de 2001)

Asunto: Déficit cero en el presupuesto del Estado español para el año 2001 y cumplimiento del principio de adicionalidad en la aplicación de los Fondos estructurales

El Gobierno español presentó, para su aprobación en el Parlamento nacional, un presupuesto para el año 2001 basado en el equilibrio presupuestario, con déficit cero, justificando su decisión con argumentos económicos internos, pero también con la necesidad de cumplir los acuerdos comunitarios de estabilidad financiera. La decisión del Gobierno español tiene lugar en circunstancias muy singulares. Desde hace varios años, el Gobierno español está reduciendo los salarios reales de los funcionarios públicos mediante el mecanismo de limitar las remuneraciones, basándose en una inflación prevista, pero siempre superada por la realidad. Reduce también las inversiones en las infraestructuras de transporte urgentemente necesarias y los gastos en investigación y desarrollo, así como en otros importantes campos, mientras que, por otro lado incrementa la presión fiscal con impuestos que alcanzan el doble de los niveles europeos. Desde el punto de vista de la Unión Europea, resulta especialmente preocupante y escandaloso que un Estado que recibe cada año recursos extraordinarios a través de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión utilice tales recursos para equilibrar su presupuesto, procurando alcanzar el déficit cero, al mismo tiempo que reduce las inversiones realizadas con fondos propios, no cumpliendo así, manifiestamente, el principio reglamentario de adicionalidad vigente en la Unión Europea. Teniendo la obligación de controlar el cumplimiento de las normas comunitarias en la aplicación de los Fondos comunitarios, ¿qué opina la Comisión acerca del comportamiento del Gobierno central español? ¿Ha tomado alguna iniciativa para comprobar si el presupuesto con déficit cero del Estado español se elaboró y aprobó sobre la base de la reducción relativa de los fondos propios que debería destinar a inversiones cofinanciadas por la Unión Europea, violando el principio de adicionalidad?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(15 de marzo de 2001)

Según la información remitida a la Comisión por las autoridades españolas, están han cumplido siempre con su obligación de adicionalidad en el contexto de los Fondos Estructurales.

En el período de programación de 2000-2006, España ha previsto un aumento medio anual de los gastos estructurales del 9,6 % en el caso del objetivo no 1 y del 17,4 % en el de los objetivos nos 2 y 3.
PREGUNTA ESCRITA E-0326/01

de Ioannis Souladakis (PSE) a la Comisión

(13 de febrero de 2001)

Asunto: Enfermedad de Creutzfeld-Jacob (enfermedad de las vacas locas)

A tenor de la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-3886/00(1) y habida cuenta de que el Comisario responsable del presupuesto ha recomendado, en nombre de la Comisión, la inscripción de gastos por un valor aproximado de 1 000 millones de euros para la aplicación de medidas relativas a la retirada, almacenamiento y destrucción de carne de vacuno, importe que, según el Comisario, podría repercutir en las perspectivas financieras, ¿puede indicar la Comisión:

1. por qué razón, en el marco de una estrategia de cambio, estos fondos no se utilizan para apoyar la producción vegetal de semillas oleaginosas y proteaginosas, disminuyendo así el coste de producción del ganado vacuno, en lugar de utilizarse para destruir una producción impropia para la salud pública debido al uso de proteínas animales en la cadena alimentaria del ganado vacuno;

2. en qué consisten las propuestas y explicaciones sobre este asunto, a las que se refiere la Comisión en su respuesta, y cuál es el contenido de las mismas, con objeto de informar a este diputado en el marco de la transparencia que prevalece en las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión?

(1) DO C 174 E de 19.6.2001.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(28 de marzo de 2001)

Los gastos que menciona Su Señoría están destinados a sufragar, en el ejercicio presupuestario de 2002, el plan de emergencia propuesto por la Comisión para hacer frente a las graves perturbaciones que sufre el mercado de la carne de vacuno. Este plan comprende medidas de mercado, que se considera surtirán efecto a corto plazo, pero, además, prevé también modificaciones del régimen de primas, para favorecer la extensificación y activar un proceso de reducción de la producción de carne de vacuno. La amplitud de la crisis y la urgencia del caso, hacen que destinar esos fondos al sector de la carne de vacuno sea prioritario frente a una posible afectación para el fomento de la producción de oleaginosas y proteaginosas. Por otra parte, un mayor apoyo a estos productos no se traduciría necesariamente en una reducción de los costes de la alimentación animal.

Tal y como se anunciaba en la respuesta a la pregunta escrita E-3886/00, del Sr. Souladakis y otros(1), y conforme al mandato del Consejo, la Comisión ha procedido a analizar en profundidad la posible evolución de los hechos tras la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y la extensión de la prohibición de las harinas animales. Este análisis abarca los mercados de carne, la alimentación animal, en particular la oferta y demanda de plantas ricas en proteínas, y las políticas aplicables a estas últimas. Se informará al Parlamento y al Consejo de las conclusiones de este análisis, que tendrán en cuenta las perspectivas financieras aprobadas en Berlín y los compromisos internacionales de la Comunidad.

(1) DO C 174 E de 19.6.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-0192/01

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(1 de febrero de 2001)

Asunto: Oficinas de cambio

¿Existe o está previsto elaborar legislación comunitaria para proteger a los turistas de los abusos por parte de las oficinas de cambio, que ofrecen información engañosa sobre los valores de las divisas y cobran comisiones excesivas, o se considera que tal medida de protección es estrictamente una cuestión de los gobiernos nacionales?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(27 de marzo de 2001)

La legislación comunitaria sobre el euro contempla normas para el canje de billetes en los Estados miembros de la zona euro y establece el uso obligatorio del tipo de cambio oficial. Los gastos derivados de estas operaciones se especifican en otro lugar(1). Esta legislación será operativa hasta que las monedas nacionales se retiren del curso legal, habiéndose establecido como fecha límite el 28 de febrero de 2002.

No existe legislación comunitaria específica sobre las operaciones de canje de billetes de otras divisas. En determinados casos se puede recurrir a la legislación general sobre publicidad engañosa recogida en la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de publicidad engañosa(2).

Es importante informar claramente a los consumidores del coste de las operaciones para que puedan comparar y elegir la oficina de cambio que opere con las comisiones más bajas. Algunos Estados miembros han adoptado normas al respecto. La Comisión no considera necesario armonizar este tipo de legislación a nivel comunitario.

La Comisión subraya que, en muchos casos, la utilización de los cajeros automáticos para obtener billetes en moneda local es una alternativa más ventajosa.

(1) Ver respuesta a la pregunta escrita P-0052/99 planteada por el Sr. Tamino DO C 325 de 12.11.1999.

(2) DO L 250 de 19.9.1984.
PREGUNTA ESCRITA E-0021/01

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la Comisión

(17 de enero de 2001)

Asunto: XII Sesión extraordinaria de ICCAT

Sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de ejercer, en el seno de las Organizaciones Regionales de Pesca, una doble representación, en primer lugar como Estado miembro de la Comunidad Europea y, en segundo lugar, como parte contratante en representación de determinados territorios de ultramar de la Organización Regional de Pesca correspondiente, en la XII Sesión Extraordinaria de la CICAA celebrada en Marrakech del 13 al 20 de noviembre último, pude observar que, en el caso del Reino Unido, miembros de su delegación participaban simultáneamente en las reuniones de coordinación comunitarias y, por otro lado, en las reuniones de las partes contratantes de la CICAA, en representación de Bermudas. Este doble papel permitía al representante del Reino Unido participar en las reuniones internas de coordinación de los intereses comunitarios y, al mismo tiempo, defender a través de Bermudas, posicionamientos críticos contra los intereses de la UE.

Ante esta situación, ¿puede la Comisión informar qué medidas ha tomado o piensa tomar para impedir que hechos semejantes puedan seguir produciéndose en futuras reuniones de la CICAA o de otra ORP?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(16 de febrero de 2001)

El problema de la representación de los intereses particulares de los territorios de ultramar de algunos de los Estados miembros ha sido objeto de una declaración especial adjunta al Tratado de la Unión Europea.

Esta declaración precisa que sólo en circunstancias excepcionales puede haber divergencia entre los intereses de la Unión y los de los países o territorios de ultramar. En estas circunstancias, el Consejo debe esforzarse por encontrar soluciones que sean acordes con la posición de la Unión. No obstante, si tal solución resultare imposible, se ha convenido en la posibilidad de que el Estado miembro interesado actúe por separado en favor de esos países o territorios sin que por ello se atente contra los intereses de la Comunidad.

En caso de preverse esa divergencia de intereses, el Estado miembro interesado ha de informar de ello al Consejo y a la Comisión y, si una acción separada se considera inevitable, debe indicar con claridad que tal acción se justifica por la necesidad de atender a los intereses de uno de esos territorios.

El ajuste de las posiciones en presencia debe hacerse dentro de las instancias adecuadas del Consejo, de las que forman parte las reuniones de coordinación que se celebran con motivo de las sesiones de las organizaciones regionales de pesca. Los Estados miembros son los responsables de la composición de sus delegaciones en el seno de esas instancias. La Comisión, por su parte, en su condición de garante del Tratado, tiene el deber de velar por que los Estados miembros le informen correctamente a ella y al Consejo de las posiciones que pretendan defender en nombre de sus territorios de ultramar.
PREGUNTA ESCRITA E-0179/01

de Patricia McKenna (Verts/ALE) a la Comisión

(1 de febrero de 2001)

Asunto: El impacto social y ecológico de los acuerdos de pesca

La reciente Comunicación sobre la industria pesquera y la reducción de la pobreza(1), apoya la elaboración de estudios medioambientales y sociales con anterioridad a las intervenciones que tengan un impacto potencial de carácter social o ambiental. ¿Cómo prevé la Comisión llevar esto a cabo con vistas a los acuerdos de pesca de la UE con terceros países?

(1) COM(2000) 724.

Respuesta común a las preguntas escritas E-0179/01 y E-0206/01 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(12 de marzo de 2001)

En el marco de sus relaciones de pesca bilaterales, la Comisión toma cada vez más en consideración los aspectos medioambientales y sociales de las actividades pesqueras que se ejercen en las aguas sujetas a la soberanía o jurisdicción de sus socios.

Las evaluaciones que, con la participación de varios de sus servicios, realiza la Comisión antes de la apertura de toda negociación permiten tener en cuenta esos aspectos hasta donde lo permite la información de la que se dispone. Dichas evaluaciones se presentan al Consejo y al Parlamento.

Además, en el marco de esas relaciones bilaterales, siendo consciente de las carencias existentes, la Comisión se esfuerza por convencer a sus socios de la exigencia de desarrollar una pesca responsable y de emprender un conjunto de medidas que permitan aumentar los conocimientos sobre el estado de los recursos pesqueros, los métodos de pesca y las necesidades de las poblaciones locales.

Asimismo, dentro de su política de cooperación al desarrollo, la Comisión invita a sus socios a que formulen peticiones y propuestas que se orienten a satisfacer esa exigencia.
PREGUNTA ESCRITA P-0644/01

de Elisa Damião (PSE) a la Comisión

(23 de febrero de 2001)

Asunto: Indicadores estructurales Informe para el Consejo de Estocolmo

Considerando la diversidad de las fuentes citadas por Eurostat en la elaboración de los indicadores destinados a concretar la estrategia de Lisboa, publicados ahora en el informe para el Consejo de Estocolmo, ¿ha consultado la Comisión, y concretamente el servicio Eurostat, a las instituciones públicas nacionales, autónomas y habilitadas para proporcionar datos estadísticos por los Estados miembros? ¿Se responsabiliza la Comisión de la fiabilidad y comparabilidad de estos indicadores y puede indicar con mayor detalle las fuentes primarias, así como sus metodologías?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(17 de abril de 2001)

Con objeto de publicar el Informe de síntesis a mediados de febrero, la Comisión (Eurostat) tuvo que recopilar en un breve período de tiempo todos los datos e indicadores necesarios. En la medida de lo posible, Eurostat utilizó los datos oficiales armonizados del Sistema Estadístico Europeo (SEE), facilitados por los Institutos Nacionales de Estadística (INE) de los Estados miembros.

Todas las cifras debían recibirse antes del 19 de enero de 2001. En este apretado calendario, Eurostat suministró también los datos nacionales a los institutos nacionales de estadística que los solicitaron y estableció una nueva fecha límite que le permitiera tener en cuenta sus observaciones, en lo posible. En este contexto, no acudió a los organismos regionales, dado que a nivel regional no se recopila casi ningún dato.

El 26 de enero de 2001 tuvo lugar la última transmisión de los datos e indicadores. A continuación, se hizo uso de estos datos en el Informe de síntesis, que fue presentado por el Presidente de la Comisión el 7 de febrero de 2001.

La Comisión (Eurostat), en cooperación con su red de institutos nacionales de estadística, asume la responsabilidad de los indicadores estructurales y su calidad. No obstante, es de observar que en el primer ejercicio de recopilación de indicadores estructurales se detectaron en algunos casos deficiencias en ciertos aspectos de la calidad (por ejemplo, actualidad, comparabilidad o integridad).

Por tanto, Eurostat elaborará un plan estratégico para abordar estas cuestiones de calidad a corto y medio plazo. Se está poniendo en marcha una estructura que permitirá la participación de los INE a distintos niveles, tanto en la elaboración de los indicadores como en el proceso de mejora de la calidad de los datos correspondientes.

Se puede consultar un documento actualizado que ofrece una descripción general de la metodología de los indicadores estructurales en el sitio web de Eurostat(1), en la página relativa a los indicadores estructurales. No obstante, Eurostat tiene la intención de ampliar esta metodología hasta un mayor nivel de detalle en las tareas descritas más arriba.

(1) http://www.europa.eu.int/comm/eurostat.
PREGUNTA ESCRITA E-3820/00

de Generoso Andria (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE), Stefano Zappalà (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE), Luigi Cesaro (PPE-DE), Francesco Musotto (PPE-DE) y Guido Viceconte (PPE-DE) a la Comisión

(7 de diciembre de 2000)

Asunto: Inundación de Cervinara

Visto que: existen tragedias totalmente olvidadas, pero que son tan dramáticas como las de Soverato y el Piamonte; ya nadie se acuerda de Cervinara, de sus 5 muertos, de sus casas destruidas, de la desidia humana; después de la tragedia, Rosa Russo Iervolino, entonces ministra de Asuntos Interiores, promulgó un decreto para hacer frente a las inundaciones y al desequilibrio hidrogeológico de Avellino, Benevento, Caserta y Salerno de los días 14, 15 y 16 de diciembre de 1999.

Considerando que: el artículo 5 de dicho decreto establecía que, en un plazo de 30 días, y previa verificación de los daños por parte de la Región Campania, se presentaría un plan de intervenciones infraestructurales encaminadas a reducir los riesgos; ya ha transcurrido casi un año desde esa fecha perentoria, pero de las intervenciones ni asomo.

¿Puede la Comisión preguntar al Ministro de Asuntos Interiores Enzo Bianco por qué motivo no ha aprobado aún la financiación (100 000 millones) del proyecto presentado en su momento por la Región Campania?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(25 de enero de 2001)

La Comisión lamenta enormemente la pérdida de vidas humanas y los daños causados por las recientes inundaciones y corrimientos de tierras ocurridos en Italia.

La Comisión no es competente, sin embargo, para tratar el tema planteado ya que su solución corresponde exclusivamente a las autoridades nacionales.