PREGUNTA ESCRITA E-3458/00

de Mihail Papayannakis (GUE/NGL) a la Comisión

(8 de noviembre de 2000)

Asunto: Estudios específicos urbanísticos de las Cícladas

A finales de la década de los 80, en el marco del programa comunitario Envireg y de los programas operativos regionales, se encargó a varios grupos de expertos la elaboración de los Estudios específicos urbanísticos sobre el desarrollo, el uso del suelo y la protección del medio ambiente de las islas Cícladas. No obstante, tal como se desprende de varias denuncias y protestas, algunos de estos estudios aún no se han concluido, y muchos de los que se han terminado no se han sancionado legalmente mediante la publicación de decretos presidenciales para poderlos aplicar.

Tal como se desprende de la comunicación 1037/18.7.2000 del Secretario de Estado griego de Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Obras Públicas, Grecia parece proceder al margen de la regulación jurídica de los Estudios específicos urbanísticos. Como resultado directo de este obstruccionismo, por una parte, quedan sin resolver y se agravan los problemas medioambientales, económicos y de desarrollo que viven a diario los frágiles ecosistemas insulares de las Cícladas y, por otra, la parcelación inmobiliaria prolifera sin control.

Considerando el interés que muestran tanto la Comisión como el Consejo por contar con una estrategia comunitaria de gestión integrada y acondicionamiento de las franjas costeras basada en los principios de la sostenibilidad a largo plazo y las buenas prácticas medioambientales, y ya que la Comisión ha financiado los estudios, ¿podría indicar por qué razón, a pesar de que muchos de los estudios ya se han elaborado, no se han sancionado legalmente mediante la publicación de los decretos presidenciales correspondientes? ¿Por qué Grecia procede al margen de las propuestas de los Estudios específicos urbanísticos, tal como revelan las respuestas del Ministerio de Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Obras Públicas? ¿Se han impuesto las correspondientes sanciones a todos aquellos que no han concluido los estudios dentro del plazo exigido, como se desprende de varias denuncias?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(18 de diciembre de 2000)

La Comisión es consciente de la lentitud con la que las autoridades griegas aplican los Estudios específicos de ordenación del territorio y ha planteado el tema varias veces en los comités de seguimiento de los programas operativos a través de los cuales se han cofinanciado.

Las autoridades griegas han admitido siempre el retraso en la aplicación práctica de esos estudios y lo han justificado sistemáticamente por lo engorroso de los trámites legales y administrativos del sistema de aplicación.

La finalidad de la iniciativa comunitaria Envireg 1990-1993 era la elaboración de esos estudios y, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, no preveía un límite temporal para llevarlos a la práctica sino que se dejaba este aspecto a la apreciación del Estado miembro. Este es el motivo por el que, cuando se clausuró dicha iniciativa y llegó el momento del pago del saldo, la Comisión no denegó el pago de los importes correspondientes a esos estudios, habida cuenta de que las autoridades griegas han manifestado siempre su intención de llevar a término el procedimiento de aplicación de los mismos. Lo mismo puede decirse de los estudios de ese tipo cofinanciados en virtud de los programas operativos regionales del período de 1989-1993.

En el período de programación de 1994-1999, en el que los estudios de ese tipo se financiaron en gran parte al amparo de la medida 4.2 del programa operativo (PO) de medio ambiente, se produjeron los mismo problemas de lentitud. Por ello, en la 9a reunión del comité de seguimiento, celebrada en Atenas el 15 de diciembre de 1999, se decidió limitar la cofinanciación en virtud de ese PO a los 25 estudios que se podrán aplicar realmente antes de finales de 2001. En los demás estudios, que constan generalmente de cuatro fases, sólo podrán declararse los gastos correspondientes a la fase que esté en curso.

Los demás aspectos planteados por Su Señoría, como el hecho de que las autoridades nacionales se inclinen por opciones diferentes o las sanciones por las demoras, competen únicamente al Estado miembro.