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PREGUNTA ESCRITA E-2635/00

de Karin Riis-Jørgensen (ELDR) a la Comisión

(1 de agosto de 2000)

Asunto: Ayudas estatales ilegales a Combus A/S

La empresa estatal danesa de autobuses Combus A/S ha podido competir gracias a las ayudas estatales con empresas privadas (nacionales y extranjeras) con precios muy por debajo de sus costes reales.

Según mis informaciones, los empresarios de autobuses daneses tuvieron una reunión con la Comisión en otoño de 1999. En dicha reunión, los empresarios daneses presentaron sus alegaciones sobre ayudas estatales ilegales a Combus A/S y fueron informados de que la Comisión investigaría el asunto.

A este respecto, me permito formular las preguntas siguientes:

1. ¿Ha realizado la Comisión dicha investigación tras la visita de los empresarios de autobuses daneses en otoño de 1999?

2 En caso de que se esté realizando la investigación, ¿puede indicar la Comisión en qué fase se encuentra la investigación y, sobre todo, cuándo espera la Comisión cerrar el caso de las ayudas estatales ilegales a Combus A/S?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(23 de octubre de 2000)

Toda financiación estatal que distorsione o amenace con distorsionar la competencia al favorecer a ciertas empresas y que afecte al comercio entre Estados miembros requiere, en principio, la aprobación previa de la Comisión. La Comisión no ha recibido ninguna notificación de ayuda estatal, conforme al artículo 88 (antiguo artículo 93) del Tratado CE, sobre el problema de la financiación de la empresa danesa de transporte público Combus A/S.

No obstante, las compensaciones económicas por la prestación de servicios de transporte público por carretera y ferrocarril están exentas de notificación y evaluación previas por parte de la Comisión en virtud del régimen de ayudas estatales del Tratado, siempre que se concedan de conformidad con el Reglamento (CEE) no 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable(1), modificado por el Reglamento (CEE) no 1893/91 del Consejo de 20 de junio de 1991(2).

Dentro del marco del Reglamento, los Estados miembros son libres de elegir la forma de compensación que conceden a las empresas para equilibrar los costes de la prestación de servicios públicos. Sin embargo, la Comisión actuará en casos de uso irregular documentado de tales ayudas siempre que pueda establecerse que se han producido efectos perjudiciales para la competencia y el comercio transfronterizo.

La Comisión no ha tomado una decisión formal relativa a su evaluación de la financiación de Combus A/S. Teniendo en cuenta la situación actual del mercado, la Comisión considera innecesario actuar de inmediato.

(1) DO L 156 de 28.6.1969.

(2) DO L 169 de 29.6.1991.
PREGUNTA ESCRITA P-3361/00

de Barbara Weiler (PSE) a la Comisión

(20 de octubre de 2000)

Asunto: Discriminación de profesores de lengua materna

En el Estado federado alemán de Hesse, los profesores de lengua materna están clasificados, por regla general, en el sistema de retribución público de los empleados no funcionarios en categorías inferiores con respecto a sus colegas alemanes.

1. ¿Opina la Comisión que los Estados federados alemanes están legitimados para clasificar, por regla general, a los profesores de lengua materna en una categoría inferior a la de los profesores alemanes que tampoco son funcionarios?

2. En caso afirmativo, ¿estaría también justificada tal clasificación en una categoría inferior en el caso de que se exija expresamente la certificación de la formación plena de profesor en el país de origen como condición indispensable para la enseñanza del idioma materno y se haya reconocido la aptitud individual para la enseñanza mediante una certificación de igualdad de posición?

3. ¿No supone semejante manera de proceder, en opinión de la Comisión, la conculcación de los siguientes derechos:

- el derecho a la igualdad de trato (en este caso, en relación con la nacionalidad);

- el derecho a la libre circulación;

- el derecho al mismo salario por el mismo trabajo?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(14 de noviembre de 2000)

La Comisión lleva a cabo en el Estado miembro correspondiente una investigación sobre los hechos mencionados por Su Señoría y le informará sobre los resultados de la misma.
PREGUNTA ESCRITA E-3181/00

de Theresa Villiers (PPE-DE) a la Comisión

(10 de octubre de 2000)

Asunto: Nuevo mecanismo de tipos de cambio (MTC II)

1. En caso de que el RU decidiera integrarse en el euro, ¿piensa el Consejo que el Tratado exigiría a este país su adhesión al MTC II antes su integración en el euro y, en ese caso, por cuánto tiempo?

2. Si la adhesión al MTC II no constituye un requisito previo, ¿cómo se puede esperar que el RU cumpla los requisitos de estabilidad cambiaria que establece el Tratado?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(20 de noviembre de 2000)

En caso de que el Reino Unido decida adoptar el euro, el Consejo procederá a una evaluación amplia de su capacidad para hacerlo. Esta evaluación cubrirá varios criterios. En cuanto al criterio de estabilidad del tipo de cambio, la disposición pertinente del Tratado CE es el tercer guión del apartado 1 del artículo 121 (antiguo artículo 109 J), que especifica que el criterio de tipo de cambio es el respeto, durante dos años como mínimo, sin que se haya producido devaluación frente a la moneda de ningún otro Estado miembro, de los márgenes normales de fluctuación que establece el mecanismo de tipos de cambio del sistema monetario europeo. El artículo 3 del protocolo sobre los criterios de convergencia también hace referencia al criterio sobre participación en el mecanismo de tipo de cambio del sistema monetario europeo mencionado en el tercer guión del apartado 1 del artículo 121 del Tratado.

Ni la decisión de ampliar la banda del MTC al ± 15 % desde el ± 2,25 % ni el movimiento al MTC II no se consideran razones válidas para eliminar el requisito de pertenecer a ambos mecanismos de tipo de cambio. Por lo tanto, para ser coherente con las disposiciones del Tratado, debería producirse la participación de la libra esterlina en el MTC II durante dos años antes de que el Reino Unido adopte el euro, aunque se tuviera en cuenta la estabilidad del tipo de cambio durante el tiempo de no participación.
PREGUNTA ESCRITA E-2727/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Precio de la tierra arable

¿Podría facilitar la Comisión datos comparativos de los precios por hectárea de tierra arable de similares características en cada uno de los Estados miembros en todos los años (o en los últimos diez, en su defecto) para los que se disponga de datos?

¿Podría asimismo facilitar datos análogos para Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(9 de octubre de 2000)

Desde 1973, la mayoría de los Estados miembros facilitan todos los años a la Comisión los datos sobre los precios de las tierras arables.

Los datos correspondientes al periodo de 1977-1998, junto con información metodológica útil para su interpretación, fueron publicados por Eurostat en la edición de 1999 Precios de las tierras y arrendamientos en la Unión Europea(1).

Los datos sobre los precios de las tierras arables proceden, en la mayoría de los Estados miembros, de fuentes administrativas y son recopilados por la administración del catastro o las autoridades fiscales. Las principales diferencias metodológicas entre los Estados miembros se describen en la citada publicación. La falta de datos comparativos entre Estados miembros reside en el hecho de que los Estados miembros comunican los datos sobre los precios de las tierras arables con carácter voluntario.

Por otra parte, la Comisión no dispone de datos comparables de los Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina.

(1) [ISBN 92-828-8381-7].
PREGUNTA ESCRITA E-2538/00

de Neil MacCormick (Verts/ALE) a la Comisión

(28 de julio de 2000)

Asunto: Programa Erasmus: imposición fiscal a los estudiantes

¿Podría confirmar la Comisión que los estudiantes que participan en programas de intercambio Erasmus como estudiantes visitantes están exentos de tributación a nivel local cuando viven como estudiantes visitantes en el país de acogida? ¿Podría asesorar la Comisión sobre el procedimiento adecuado que debe seguirse cuando a un estudiante visitante que participa en un intercambio entre el Reino Unido y Francia se le exige el pago de impuestos y, en última instancia, la liquidación definitiva de Grenoble (2o distrito administrativo) o de cualquier otra autoridad local?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(9 de octubre de 2000)

A falta de legislación comunitaria armonizada, los impuestos directos son en principio competencia de los Estados miembros.

Según la información de que dispone la Comisión, las becas Erasmus están exentas del impuesto sobre la renta en todos los países que participan en Erasmus. La pregunta planteada por Su Señoría hace referencia específicamente, no obstante, a los impuestos locales.

No existe ningún impuesto local sobre la renta en Francia. Es posible que los impuestos locales mencionados por Su Señoría en la pregunta hagan referencia a impuestos, derechos u otras tasas que imponga una determinada ciudad a los residentes en concepto de servicios públicos. Los estudiantes en intercambio no están necesariamente exentos de estos tributos, y, lógicamente, tampoco los convenios de doble imposición celebrados entre los Estados miembros regularían dichos impuestos.
PREGUNTA ESCRITA E-2302/00

de Carmen Cerdeira Morterero (PSE) a la Comisión

(11 de julio de 2000)

Asunto: Fondos Estructurales para Ceuta en el período 2000-2006

¿Cuál es la cantidad estimada por parte de la Comisión de Fondos estructurales para la región española de Ceuta en el período 2000-2006?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2302/00, E-2304/00 y E-2306/00 dada por el Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(29 de septiembre de 2000)

En este momento es imposible estimar con precisión el importe y el desglose de los créditos de los Fondos Estructurales de los que se beneficiará las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en el periodo de programación de 2000-2006. En efecto, las negociaciones relativas a las intervenciones de los objetivos nos 1 y 2 en España son actualmente objeto de una negociación con las autoridades españolas.

Asimismo, tampoco se pueden estimar actualmente los importes que se concederá a dichas Ciudades en virtud de las iniciativas comunitarias Interreg y URBAN.

Por lo que respecta al objetivo no 1, la Comisión ha transmitido a todos los Estados miembros una propuesta de desglose de los créditos disponibles en virtud a este objetivo entre las regiones interesadas de cada Estado miembro. Dicha propuesta se basa en el método utilizado por la Comisión para repartir entre los Estados miembros los créditos asignados a este objetivo. La Comisión ha enviado directamente a Su Señoría y al Secretario General del Parlamento una copia de la propuesta relativa a España.

Es preciso subrayar, no obstante, que se trata de una propuesta de carácter indicativo. El reparto definitivo será decidido de común acuerdo entre el Estado miembro y la Comisión en el momento de la adopción de los marcos comunitarios de apoyo y de los documentos únicos de programación.
PREGUNTA ESCRITA E-3072/00

de Bill Miller (PSE) a la Comisión

(2 de octubre de 2000)

Asunto: Agencias, fundaciones y centros de la UE

¿Podría proporcionar la Comisión la lista completa de agencias, fundaciones y centros de la UE, indicando en qué ciudades se ubican, el número de personas empleadas en cada una y la financiación que recibe cada una?

¿Existe alguna propuesta para crear nuevas organizaciones de la UE? En caso afirmativo, ¿para cuándo se prevé que se tomará una decisión sobre su creación?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(17 de noviembre de 2000)

La Comisión remite al cuadro enviado directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento, en el que se incluye un listado de los organismos descentralizados de la Comunidad (agencias, fundaciones, oficinas y centros) y se indican las ciudades en que están radicados, el tamaño de sus plantillas respectivas (cuadro de efectivos) y la financiación percibida por cada uno de ellos con cargo al presupuesto comunitario (2000 y 2001).

El 27 de septiembre de 2000, la Comisión aprobó una propuesta de Reglamento relativo a la creación de una Agencia Europea de Seguridad Aérea(1), propuesta que se ha transmitido al Parlamento y al Consejo con arreglo a los procedimientos habituales.

Según lo indicado en el Libro Blanco de la Comisión sobre Seguridad Alimentaria(2), está previsto que a finales del año 2000 se presente una propuesta de Reglamento relativo a la creación de una Autoridad Alimentaria Europea.

Por último, cabe mencionar que, en su Comunicación titulada Adecuación de los recursos humanos a las tareas de la institución(3) en concreto en su apartado 3.3, relativo a la externalización la Comisión ha propuesto emprender estudios de viabilidad y análisis de costes y beneficios en relación con determinados ámbitos.

(1) COM(2000) 595.

(2) COM(1999) 719 final.

(3) SEC(2000) 2000.
PREGUNTA ESCRITA E-3508/00

de Stefano Zappalà (PPE-DE) a la Comisión

(10 de noviembre de 2000)

Asunto: Parque Nacional del Circeo

Considerando que:

- el Parque Nacional del Circeo se creó en los años treinta mediante real decreto;

- desde entonces, nunca ha existido una entidad gestora del Parque, ni se ha establecido y aprobado el correspondiente plan de ordenación;

- el Parque está situado en una zona de alto valor ambiental y en él se encuentran también vestigios arqueológicos romanos y lagos;

- uno de estos lagos, el lago de Paola, es considerado propiedad privada, lo que representa un considerable gasto con cargo a la colectividad, y no tiene la debida protección contra las iniciativas privadas, aunque forma parte integrante del parque y sus aguas pueden definirse como públicas;

- una normativa nacional farragosa y controvertida no aclara la situación, aunque la zona esté clasificada de interés nacional y europeo;

¿Puede hacer saber la Comisión:

- si tiene conocimiento de este problema;

- si tiene la intención de examinar este asunto más de cerca;

- si tiene la intención de verificar que las autoridades nacionales respetan la legislación europea, también en el ámbito de la zona más amplia que comprende las islas Pontinas y las correspondientes reservas naturales, en interés del medio ambiente, de un territorio densamente urbanizado y de la población que, desde todos los puntos de vista, vive una situación incierta?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(12 de diciembre de 2000)

En este caso específico, dado que ciertas áreas del territorio que abarca el Parco Nazionale del Circeo han sido propuestas como lugares de importancia comunitaria con arreglo a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora salvajes(1) y, clasificadas como Zonas de Protección Especial (ZPE) con arreglo a la Directiva 79/409 EEC de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de aves silvestres(2), estas Directivas podrían constituir el fundamento jurídico.

Sin embargo, según la información facilitada por Su Señoría, debido a la falta de motivos de queja respecto a la aplicación de la legislación comunitaria, actualmente no se puede identificar ninguna infracción.

En cuanto a que nunca ha existido una entidad gestora del Ente Parco, se le comunica a Su Señoría que las situaciones de no conformidad con la legislación interna de los Estados miembros son únicamente pertinentes en los sistemas jurídicos nacionales.

(1) DO L 206 de 22.7.1992.

(2) DO L 103 de 25.4.1979.
PREGUNTA ESCRITA E-2702/00

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Ayudas a la agricultura y adhesión de Turquía

1. ¿En cuánto calcula la Comisión los costes adicionales anuales que se derivarían de extender a Turquía las actuales ayudas agrícolas cuando este país ingrese en la UE:

a) suponiendo que su actual producción agrícola siguiera como ahora, y

b) realizando una proyección en función de los cambios en los incentivos a los precios a medida que las políticas estructurales y de ayudas se vayan adaptando a las actuales políticas comunitarias?

2. ¿En cuánto se calcula el coste anual, en cada caso, para el Fondo de Garantía y para los Fondos Estructurales?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(29 de septiembre de 2000)

Para calcular los costes adicionales anuales de las ayudas agrícolas que se derivarían de la adhesión de Turquía a la Comunidad sería necesario saber, con un grado razonable de exactitud, la fecha, términos y condiciones de la adhesión de Turquía a la Comunidad. Estos aspectos deberán definirse en las negociaciones de adhesión con dicho país, las cuales aún no han comenzado. Por consiguiente, cualquier estimación del coste realizada a partir de las suposiciones señaladas por Su Señoría sería necesariamente de naturaleza exclusivamente hipotética y especulativa. Por lo tanto, en la fase actual del proceso de preadhesión, la Comisión no puede responder a las preguntas planteadas por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-1602/00

de Cecilia Malmström (ELDR) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Principio de subsidariedad

Uno de los protocolos anexos al Tratado de Amsterdam, que entró en vigor el 1 de mayo de 1999, se refiere a la aplicación de los principios de subsidariedad y proporcionalidad. El protocolo define y establece una serie de criterios suplementarios para la aplicación y el respeto de dichos principios. ¿Ha habido cambios en la manera de trabajar de la Comisión y sus funcionarios a raíz de la inserción de dicho protocolo? En caso afirmativo, ¿qué cambios se han producido que garanticen el respeto de los principios de subsidariedad y proporcionalidad?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(6 de julio de 2000)

La Comisión se ha organizado internamente a fin de tener en cuenta el protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad que, esencialmente, incorpora las orientaciones acordadas en el Consejo Europeo de Edimburgo de 1992, que la Comisión siempre ha procurado respetar plenamente.

A partir de julio de 1998 se han presentado y difundido a sus servicios nuevas directrices internas destinadas a definir mejor la vía que debe seguirse por lo que se refiere a las indicaciones aportadas por el protocolo.

Estas instrucciones han tenido resultados que, en concreto, se reflejan en una mayor precisión de las justificaciones de la acción comunitaria prevista por lo que respecta a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad.
PREGUNTA ESCRITA E-3184/00

de Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) a la Comisión

(10 de octubre de 2000)

Asunto: Programa EQUAL

En las reuniones que la Comisión ha tenido con los responsables de los distintos Estados para el programa EQUAL, la Comisión se ha comprometido a presentar un documento que establezca las directrices y fórmulas del partenariado en el programa EQUAL.

1. Dado que estamos con los plazos bastante ajustados en la iniciativa comunitaria EQUAL ¿cuándo piensa hacer efectivo la Comisión el compromiso de presentar el documento sobre el partenariado tan necesario según los objetivos de la mencionada iniciativa?

2. ¿Qué criterio se seguirá para distribuir la ayuda comunitaria si se presenta un proyecto de partenariado entre una zona de objetivo 1 y otra fuera de objetivo?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(21 de noviembre de 2000)

La Comisión reconoce que la correcta puesta a punto de los partenariados para el desarrollo en todos los Estados miembros es de vital importancia para el pleno desarrollo de la iniciativa EQUAL. Esta cuestión está siendo debatida pormenorizadamente, tanto a escala bilateral como multilateral, en el marco de las negociaciones entabladas con los Estados miembros de cara a la aprobación de los proyectos de programas nacionales en el marco de esta iniciativa comunitaria. Esta estrecha colaboración está dando ya frutos, entre los que destaca la puesta a punto de un sistema de preguntas y respuestas que permite interpretar ciertos aspectos de la iniciativa, incluidos los partenariados, así como llegar a acuerdos sobre los mismos.

No deja de ser cierto, sin embargo, que para ciertos Estados miembros es asimismo importante que existan criterios claros a la hora de decidir el tipo de financiación aplicable a los proyectos de partenariado entre una zona de objetivo 1 y otra fuera de ese objetivo. En las negociaciones a las que se ha hecho referencia, la Comisión tratará de asegurar que se adopten en los Estados miembros normas prácticas para resolver este problema.
PREGUNTA ESCRITA P-4106/00

de Pietro-Paolo Mennea (ELDR) a la Comisión

(20 de diciembre de 2000)

Asunto: Situación de los agricultores en Apulia

Se ha tenido conocimiento de una fuerte protesta protagonizada por los agricultores de Barletta, que ha durado varios días, en la primera mitad de noviembre, en la ciudad de Barletta y en los pueblos del valle del Ofanto, con manifestaciones en contra del considerable encarecimiento de los carburantes, de las elevadas multas por la plantación de viñas consideradas irregulares y de la reducción en un 35 % de las ayudas al aceite de oliva.

Dado que tanto la ciudad de Barletta como los ciudadanos de la misma han sufrido graves daños, también mediante la ocupación del Ayuntamiento, el bloqueo de las principales vías de comunicación dentro de la ciudad y la detención por la fuerza de un tren de pasajeros (pendolino) en la estación de la ciudad, y teniendo en cuenta que, como consecuencia de dichas protestas, han resultado heridos tres guardias municipales que intervinieron para contener la manifestación;

¿Puede indicar la Comisión si los agricultores de las regiones del Objetivo 1:

- pueden beneficiarse de la supresión de la sanción aplicada por plantar viñas consideradas ilegales o, alternativamente, puede ésta reducirse a una sanción simbólica, como ya ha ocurrido en España,

- pueden aspirar a que deje de aplicarse la revisión de la reducción del 35 % de las ayudas al aceite de oliva y, en caso de que dicha revisión se mantuviere, a que la reducción sea inferior al 35 %,

- pueden beneficiarse de la reducción del coste del carburante utilizado para las actividades agrícolas?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(11 de enero de 2001)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.