ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/370

(2004/C 88 E/0376)

PREGUNTA ESCRITA E-1751/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(27 de mayo de 2003)

Asunto: Venezuela — Desempleo y referéndum

Según noticias de los medios de comunicación venezolanos, la tasa de desempleo ha alcanzado al parecer en este país el 22,6 %, tras haber perdido su empleo el pasado año 792 811 personas.

Se suceden las noticias en cuanto a la situación de incertidumbre política en dicho país y al mantenimiento del clima de enfrentamiento social entre los partidarios del Presidente Chávez y la oposición, existiendo indicios de que, al parecer, el propio Presidente está intentando obstaculizar de diversas formas la realización de un referéndum para poner fin a su mandato.

Habida cuenta de la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de febrero de 2003:

— ¿De qué informaciones dispone la Comisión sobre la situación política, social y económica de Venezuela?

— ¿Cuál es, en su opinión, la perspectiva a medio y largo plazo?

— ¿Ha llevado a cabo la Comisión algún tipo de seguimiento sobre las repercusiones que tiene la crisis venezolana en las comunidades de emigrantes procedentes de Estados miembros?

— ¿Considera la Comisión la posibilidad de prestar apoyo a los nacionales de los Estados miembros y sus descendientes en caso de que se deteriore la situación?

— ¿De qué informaciones dispone sobre la actitud del Presidente venezolano y de su Gobierno por lo que se refiere a la creación de condiciones efectivas para la realización de dicho referéndum?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(10 de julio de 2003)

La situación política en Venezuela sigue siendo inestable. La sociedad se halla profundamente dividida entre partidarios y detractores del Gobierno. Los representantes del Gobierno y de la oposición firmaron un acuerdo el 29 de mayo de 2003, que aborda los tres aspectos principales recogidos en el programa de la mesa de negociaciones: el apoyo a una solución electoral, la investigación de los hechos ocurridos en abril de 2002 y el desarme de la población civil. El acuerdo abre las puertas a un referéndum, contemplado en la Constitución, y prepara así el terreno para alcanzar una solución «constitucional, pacífica, democrática y electoral», tal como ha solicitado la comunidad internacional, incluida la Unión.

Resulta difícil prever cómo va a evolucionar la situación en Venezuela. El procedimiento contempla la designación de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de la Asamblea Nacional, en la que puede ser difícil llegar a un acuerdo. No está claro si, una vez creado, el CNE considerará válidas las firmas recogidas por la oposición cuando en febrero de 2003 intentó que se celebrara un referéndum no vinculante para destituir al Presidente Chávez. En caso contrario, la oposición deberá intentar de nuevo recoger las firmas necesarias para convocar el referéndum. El nuevo CNE habrá de validarlas y confirmar que alcanzan el porcentaje legal (es decir, al menos el 20 % de los votantes inscritos). El Presidente Chávez ha declarado que respetará lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución y en el acuerdo e insiste en que el referéndum no debería limitarse al Presidente sino incluir también a otras autoridades elegidas. Otra posibilidad para el Presidente Chávez consiste en convocar elecciones anticipadas.

Paralelamente, el país atraviesa una grave crisis económica con importantes repercusiones sociales. Para 2003 se prevé una contracción económica del 15 % y un aumento de la tasa de desempleo, que en la actualidad es del 20 % aproximadamente.

La Comisión sigue con atención la situación política. La Unión ha respaldado plenamente la labor de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el grupo de trabajo tripartito, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Centro Carter y el «grupo de amigos» para favorecer el diálogo nacional. La Unión ha destacado en diversas declaraciones la necesidad de hallar una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral. En su última declaración, de 5 de junio de 2003, la Unión acogió favorablemente la firma de un acuerdo político entre el Gobierno venezolano y la oposición el 29 de mayo de 2003 e invitó a todas las partes a que hicieran lo necesario sin demora para aplicar dicho acuerdo. Además de ello, se mostró dispuesta a brindar asistencia a tal efecto.

En respuesta a la crisis actual, la Comisión ha suscrito un proyecto de apoyo a la OEA en la aplicación de los posibles acuerdos entre las partes en el marco del diálogo moderado por esta Organización. Se ha asignado un importe de 600 000 euros al proyecto, que abarca los tres componentes del acuerdo: el apoyo a una solución electoral, la investigación de los hechos ocurridos en abril de 2002 y el desarme de la población civil. Por otra parte, Venezuela figura en la lista de países que la Comisión considera prioritarios a efectos de la observación electoral, suponiendo que se celebraran comicios. La decisión definitiva relativa al envío de una misión de observación electoral se tomaría a la luz de una misión exploratoria, en la que se valoraría la oportunidad, la utilidad y la viabilidad del seguimiento por parte de la UE. La decisión relativa al envío de una misión exploratoria se tomará una vez se haya aclarado el curso del proceso electoral.

La Unión no ha adoptado medidas concretas para proteger a los ciudadanos de sus Estados miembros en Venezuela. En principio, su protección y apoyo compete a los países de origen.