PREGUNTA ESCRITA E-1141/02

de Erik Meijer (GUE/NGL) al Consejo

(22 de abril de 2002)

Asunto: Los desahucios, la falta de hogar y el aumento de conflictos étnicos como consecuencia de la intervención externa en las Repúblicas de Bosnia y Herzegovina

1. ¿Podría confirmar el Consejo que, en 2002, tanto la República Serbia como la Federación croato-musulmana de Bosnia y Herzegovina han iniciado una activa política de desahucios, por la que los ciudadanos deben abandonar a corto plazo su vivienda si no pueden demostrar que son propietarios legales? ¿Podría confirmar igualmente que se trata sobre todo de personas que, tras la pérdida o el abandono forzado de su antigua vivienda en regiones donde su grupo de población constituía una minoría, han encontrado un refugio más seguro en viviendas actualmente abandonadas y ubicadas en regiones donde su grupo de población constituye una mayoría?

2. ¿Podría confirmar igualmente el Consejo que estos desahucios se llevan a cabo aun sabiendo que la vivienda desalojada va a permanecer deshabitada, puesto que los habitantes originales en la medida que hayan sobrevivido a la guerra prefieren vivir en regiones donde se sienten más seguros porque su grupo étnico no constituye una minoría en las mismas?

3. ¿A cuántas personas aumentaría la cifra actual de 450 000 refugiados nacionales en Bosnia y Herzegovina si esta política de desahucios se aplicara de forma efectiva a todas las viviendas que entren en consideración para los mismos?

4. ¿En qué medida los organismos que interfieren en la situación de este país, entre los cuales se encuentra la Unión Europea, son responsables de esta política de limpieza étnica contraria y forzada, odiada por los habitantes afectados de todos los grupos étnicos, por la que muchas personas vuelven a caer en la miseria, en parte a causa de su origen étnico, y por la que se crea un caldo de cultivo de resentimiento contra personas procedentes de otros grupos étnicos?

5. ¿Entrevé el Consejo posibilidades para promover la regulación de los derechos de propiedad de un modo aceptable para todo el mundo, mediante consultas, ventas voluntarias e intercambios de viviendas, de forma que tantas personas como sea posible puedan seguir viviendo en el lugar que prefieran?

6. ¿Qué otras iniciativas piensa adoptar el Consejo para ayudar a prevenir nuevos problemas de falta de hogar, flujos de refugiados y conflictos étnicos?

Fuente: espacio informativo Nova de la televisión neerlandesa (TV Nederland 3), de 5 de abril de 2002.

Respuesta

(30 de septiembre de 2002)

El Consejo no tiene información de que exista una activa política de deshaucios se haya producido en las entidades de Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, el Consejo acoge con agrado el interés de su Señoría en asuntos relativo al retorno de refugiados.

El Anexo 7 del Acuerdo Marco General de Dayton/París trata el tema de los refugiados y personas desplazadas. Los signatarios, que eran las partes en conflicto, acordaron allí que todos los refugiados y personas desplazadas tenían derecho a volver libremente a sus hogares de origen y a recuperar sus propiedades, de las que habían sido privados durante las hostilidades desde 1991, o a obtener compensación por toda propiedad que no pudieran recuperar. Las partes establecieron que el retorno de los refugiados y personas desplazadas era un objetivo importante de la solución del conflicto en Bosnia y Herzegovina.

La UE comparte esta valoración, y en varias ocasiones ha declarado la importancia que concede al derecho de retorno, la última vez en su reunión de 15 de abril. Cualquier otra política sólo serviría, de hecho, para consolidar los resultados de la limpieza étnica durante la guerra. Si quienes se ven obligados a dejar propiedades que no eran suyas manifiestan resentimiento, más indignados aún se sentirán aquellos a quienes se niega el acceso a su propiedad, que les fue arrebatada durante la guerra.

La comunidad internacional trata estos temas en el contexto del Grupo de Trabajo de Reconstrucción y Retorno (GTRR), organismo en el que participan varias agencias, dirigido por la OAR. Agrupa a la OAR, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a la Comisión Europea, a la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO), a los gobiernos de Alemania, los Estados Unidos y los Países Bajos, al Banco Mundial, a la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina (UNMIBH) y su fuerza Internacional de Policía (IPTF), a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al Grupo de Gestión Internacional (IMG), a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a la Comisión para las Reclamaciones de Propiedad de las Personas Desplazadas y de los Refugiados (CRPC) y a la SFOR. Es preciso dejar claro que el Consejo no es miembro de ese organismo.

Y pese a no ser miembro de ese organismo, el Consejo intentará responder lo mejor posible a las preguntas que plantea Su Señoría.

Desde la introducción de las leyes de propiedad en 1998, todas las personas que vivieran en propiedades pertenecientes a, o reclamadas por, personas desplazadas o refugiados tenían que desalojarlas dentro de los plazos establecidos. Esos plazos dependían del status del ocupante de la propiedad y variaban entre 90 días (combinados a veces con el derecho a alojamiento alternativo por parte de las municipalidades, en función de la situación social del ocupante) a 15 días (para aquellos que estaban haciendo uso ilegal de la propiedad o eran capaces de encontrar alojamiento por sí mismos). Según la OAR, la abrumadora mayoría de las personas a las que se les exigió desalojar propiedades ajenas podía arreglárselas por sí misma (por poseer su propia propiedad, una propiedad familiar o tener ingresos suficientes para alquilar).

Las autoridades locales, que no estaban necesariamente muy ansiosas por emplearse enérgicamente en invertir los resultados de la guerra, no aplicaron siempre correctamente la legislación. El Alto Representante en Bosnia-Herzegovina, W. Petritsch, modificó en diciembre de 2001 las leyes sobre la propiedad ajustando los criterios a fin de garantizar que las autoridades tuviesen menos margen de manipular u obstruir el proceso administrativo.

El objetivo de las leyes de propiedad es permitir a todos los demandantes volver a tomar posesión de sus propiedades poniendo fin a la enorme cantidad de desposeimientos impuestos durante la guerra. Si el demandante decide no regresar a su propiedad, podrá venderla o alquilarla. No se ha puesto en conocimiento del Consejo evidencia alguna de que esta legislación lleve a la situación descrita en su pregunta por Su Señoría.

El proceso de aplicación de la legislación sobre la propiedad alcanzó su culminación en los años pasados, cuando aumentó la aceptación y el apoyo local. La UE lo acoge con agrado. Esta política, no obstante, no puede tener el resultado, según afirma Su Señoría, de aumentar en un número de 450 000 los refugiados internos, pues ese número incluye ya a los que están ocupando propiedades reclamadas por otros.

El Grupo de Trabajo de Reconstrucción y Retorno, además de trabajar en favor de la recuperación de propiedad, atiende también a permitir a los que regresen a acceder a todos los beneficios y servicios necesarios para la reintegración normal en la comunidad asistencia sanitaria, pensiones, educación aceptable, oportunidades de empleo remunerado, etc. Su Señoría debería dirigir esta pregunta directamente a este organismo para obtener información más detallada.