PREGUNTA ESCRITA E-2792/01

de Baroness Nicholson of Winterbourne (ELDR) a la Comisión

(9 de octubre de 2001)

Asunto: Efectos sobre la salud derivados de las antenas de transmisión para la telefonía móvil

¿Tiene intención la Comisión de estudiar los posibles efectos sobre la salud derivados de la instalación de antenas de transmisión para la telefonía móvil cerca de núcleos con gran densidad de población?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(22 de enero de 2002)

La ubicación de las antenas de telefonía móvil es ante todo un asunto entre los operadores de telefonía móvil y las autoridades locales, regionales y estatales. Los procedimientos vigentes y los criterios aplicados varían mucho de un Estado a otro y pueden incluir consideraciones sobre los posibles efectos de las radiaciones electromagnéticas para la salud, sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y de respetar las normas de planificación urbanística, etc.

A escala comunitaria, la Directiva 97/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP)(1), establece que cuando, por motivos urbanísticos, medioambientales, económicos u otros, pueda resultar beneficioso compartir instalaciones, las autoridades nacionales de reglamentación pueden imponer la obligación de compartirlas e intervenir para resolver litigios entre las partes comerciales interesadas. Está previsto que esta disposición se incorpore al nuevo marco reglamentario sobre telecomunicaciones que está debatiéndose actualmente en el Consejo y el Parlamento.

La normativa comunitaria que regula los equipos radioeléctricos (incluidas las antenas de telefonía móvil) obliga a los fabricantes a garantizar que son seguras. Concretamente, la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad(2) (la Directiva R & ETT) obliga a los fabricantes a garantizar que sus productos no afectan a la salud si se utilizan para los fines para los que están previstos. El apartado 2 del artículo 7 de la misma Directiva permite explícitamente a los Estados miembros imponer restricciones al uso de equipos radioeléctricos, por ejemplo mediante la prescripción de distancias mínimas respecto a la población, para garantizar que las antenas se instalan adecuadamente.

La Comunidad ha proporcionado también orientaciones sobre los niveles de seguridad que deben respetarse. El 12 de julio de 1999 el Consejo adoptó la Recomendación 1999/519/CE a los Estados miembros relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz)(3). El pleno respeto de las restricciones básicas y de los niveles de referencia incluidos en la recomendación garantiza a los usuarios un alto nivel de protección contra los efectos agudos y a largo plazo de las radiaciones no ionizantes emitidas por dichas instalaciones. Los límites recomendados incluyen un factor de seguridad de 50 para cubrir posibles efectos a largo plazo en toda la gama de frecuencias. Los Estados miembros, de acuerdo con el Tratado CE, pueden establecer un nivel de protección más elevado que el contemplado en esta Recomendación. El Comité Científico de la Comisión sobre Toxicología, Ecotoxicología y Medio Ambiente confirmó estos límites en su nuevo dictamen sobre los riesgos para la salud relacionados con la exposición a los campos electromagnéticos, publicado el 30 de octubre, en el que afirmaba que la información adicional aportada recientemente sobre los efectos carcinógenos y otros efectos no térmicos de las frecuencias de radio y de las frecuencias de microondas en los últimos años no justifica una revisión de los límites de exposición establecidos por la Comisión sobre la base del dictamen de 1998 del Comité Director Científico.

Además, las normas europeas elaboradas por el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) garantizarán, tal como solicitó la Comisión, que los dispositivos comercializados cumplen los límites fijados en la Recomendación del Consejo. Estas normas se reconocerán en el marco de la Directiva 1999/5/CE y sustituirán a las normas nacionales que les sean contrarias.

La Comisión destina alrededor de 12,8 millones de euros al apoyo de programas de investigación (cuyo valor total supera los 32,5 millones de euros) sobre la influencia potencial de los campos electromagnéticos (CEM) en la salud humana. Esta investigación incluye un proyecto específico que abarca los posibles efectos para la salud de las estaciones base de telefonía móvil. Este proyecto, de una duración prevista de cuatro años, aún no ha llegado a medio camino pero, tal como sucede con otros proyectos de investigación relacionados con los CEM, recientemente se han revisado las medidas de coordinación dentro de la Comisión para que los resultados de la investigación tengan una amplia difusión tan pronto como pueda disponerse de ellos.

(1) DO L 199 de 26.7.1997.

(2) DO L 91 de 7.4.1999.

(3) DO L 199 de 30.7.1999.