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ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/475

(2004/C 88 E/0487)

PREGUNTA ESCRITA E-3851/03

de Baroness Sarah Ludford (ELDR) a la Comisión

(16 de diciembre de 2003)

Asunto: Ratificación de convenios internacionales en el ámbito de los derechos humanos

¿Puede la comisión dar a conocer la situación actual (desglosada por países) en lo que concierne a la firma y la ratificación por parte de los 25 Estados miembros, actuales y futuros, de todos los convenios de las Naciones Unidas, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del Consejo de Europa y de otros convenios internacionales en materia de derechos humanos, igualdad, protección de las minorías y lucha contra las discriminaciones?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(30 de enero de 2004)

Existen varios convenios de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, igualdad, protección de las minorías y no discriminación.

Los Estados miembros actuales y futuros son parte de los siguientes convenios:

— Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

— Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

— Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

— Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

— Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial

— Convención sobre los Derechos del niño

— Convención de 1951 sobre el Estatuto de los refugiados.

Asimismo, en el seno del Consejo de Europa hay una serie de convenciones y protocolos en el ámbito de los derechos humanos, la igualdad, la protección de las minorías y la no discriminación. Hay que destacar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Los 25 Estados miembros actuales y futuros son signatarios.

Su pregunta también menciona la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). A la Comisión no le consta que existan convenios sobre derechos humanos, igualdad, protección de minorías y no discriminación en el ámbito de la OCDE. En lo que respecta a las Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), los 25 miembros actuales y futuros de la Unión son Estados participantes y en calidad de tales suscriben los compromisos políticos de la OSCE en los ámbitos de derechos humanos, igualdad, protección de las minorías y no discriminación. La OSCE, en cuanto organización política, no dispone de textos jurídicamente vinculantes en estos ámbitos.
1.

a) ¿Comparte la Comisión la opinión del Gobierno del Land de Brandemburgo, de que la zona de Falkenseer Kuhlaake, dividida y recortada, es compatible con las disposiciones legales de la Directiva 92/43/CEE (2), y que el citado corredor no precisa ser clasificado como parte de dicha zona, pese a consideraciones técnicas de protección del medio ambiente? Si es así, ¿por qué opina la Comisión que la carretera de circunvalación tiene que pasar necesariamente por la zona de protección ecológica? ¿Por qué considera que la construcción de la carretera es más importante que la zona protegida? Si no es así, ¿qué medidas ha tomado o piensa tomar la Comisión para salvaguardar el carácter protegido de la zona en su conjunto? b) ¿Comparte la Comisión la opinión del Gobierno del Land de Brandemburgo, de que la citada carretera no repercutirá sustancialmente en las zonas colindantes protegidas de Falkenseer Kuhlaake y Spandauer Forst? Si es así, ¿por qué razones? Si no es así, ¿piensa instar al Gobierno del Land de Brandemburgo a que realice un estudio detallado de compatibilidad con el medio ambiente, y a que modifique sus planes según los resultados de dicho estudio?
2.

La Comisión deja al autor la responsabilidad de sus afirmaciones. Por su parte, ya ha expresado (1) en varias ocasiones la opinión de que los servicios de interés general desempeñan un papel fundamental para el desarrollo de un modelo social de la Unión, y que los Estados miembros tienen libertad para definir los servicios de interés general y su funcionamiento. No obstante, conviene garantizar que todas las restricciones aportadas a la aplicación de las normas del Tratado CE, y especialmente las restricciones de la competencia y de las libertades inherentes al mercado interior, no excedan de lo estrictamente necesario para asegurar la correcta ejecución de la misión de interés general. En particular, cuando los Estados miembros decidan confiar la gestión de tales servicios a terceros, la elección de estos últimos deberá realizarse en el respeto de las normas y principios del Derecho comunitario sobre contratos públicos. En este contexto, conviene señalar que el Colegio acaba de adoptar un Libro Verde sobre los servicios de interés general (sitio Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/services_general_interest) que recoge las reflexiones de la Comisión al respecto y que invita a cualquier parte interesada a que presente sus opiniones y sugerencias.
2.

A fin de proteger a los consumidores y de acuerdo con la opinión del comité científico de alimentación animal, desde el 31 marzo está prohibido el uso de Nifursol como aditivo en la alimentación animal. Recientemente, en el asunto T-392/02, el Tribunal Europeo de Primera Instancia dictaminó que la decisión de la Comisión, en virtud del Reglamento del Consejo (CE) no 1756/2002, de 23 de septiembre de 2002, por el que se modifican la Directiva 70/524/CEE del Consejo sobre los aditivos en la alimentación animal en lo que respecta a la retirada de la autorización de un aditivo y el Reglamento (CE) no 2430/1999 de la Comisión (1), estaba bien fundada y no halló ningún motivo para anular o modificar tal medida. En estas condiciones, la Comisión no permitirá el uso de Nifursol a menos que se garantice que la sustancia es segura.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/29

(2004/C 84 E/0032)

PREGUNTA ESCRITA E-2516/03

de Herbert Bösch (PSE) a la Comisión

(29 de julio de 2003)

Asunto: Task force de Eurostat e independencia de la OLAF

El 9 de julio de 2003, la Comisión decidió crear una task force en el contexto de las acusaciones realizadas contra Eurostat. En su comunicado de prensa IP/03/979, la Comisión señala que se crea una task force multidisciplinar para avanzar rápidamente en relación con los aspectos internos y externos de las investigaciones que la OLAF está realizando sola en la actualidad. Además, esta task force llevará a cabo una investigación de carácter administrativo a gran escala para aclarar la responsabilidad personal de otros agentes implicados en posibles irregularidades financieras. Esta task force estará dirigida por Peter Zangl, en la actualidad Director General adjunto de la DG de Sociedad de la Información, bajo la autoridad de F.H. Brüner, Director General de OLAF.

Esta medida contradice la Decisión de la Comisión, de 28 de abril de 1999, por la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (1), en virtud de la cual la Comisión delega en la OLAF sus competencias para efectuar investigaciones administrativas internas y externas (artículo 2 de la decisión). Asimismo, se opone al artículo 3, que garantiza expresamente la independencia de la OLAF en relación con la ejecución de las competencias de investigación. En particular, la designación como jefe de la task force de un funcionario que no pertenece a la OLAF contradice las disposiciones que establecen que el Director de la Oficina no aceptará instrucciones de la Comisión.

En este contexto, ¿ha tenido en cuenta la Comisión la posibilidad de que los funcionarios y empresas afectados por las investigaciones de la task force contesten la legalidad de estas investigaciones?

En este contexto, ¿qué conclusiones saca la Comisión de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relación con los asuntos C-11/00 y C-15/00, en las que éste subraya la especial importancia que tiene que las investigaciones de la OLAF sean independientes?

(1) DO L 136 de 31.5.1999, p. 20.
4.

En lo que atañe a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres, denominada «Directiva sobre hábitats», cabe recordar que hace referencia explícita a tipos de hábitat y no a la utilización del suelo. Los tipos de hábitat y las especies enumerados en los anexos I y II deben incluirse en la red Natura 2000, tras el procedimiento establecido en el artículo 4 y los criterios de selección establecidos en el anexo III de la Directiva. La designación de lugares de importancia comunitaria en virtud de la Directiva se basa, por lo tanto, en la calidad ecológica del hábitat y de las especies que existen en un lugar y no en la clasificación de la utilización del suelo de ese lugar. La legislación forestal griega recientemente presentada no modificará la clasificación de los tipos de hábitat incluidos en la Directiva sobre hábitats ni la lista de lugares de importancia comunitaria propuesta por Grecia. Dado que la propuesta griega de lugares de importancia comunitaria se basó en los criterios de selección del anexo III y no en los criterios de utilización del suelo, no se espera que esta lista sea modificada. Está previsto que la lista de lugares de importancia comunitaria seleccionados para la región mediterránea sea adoptada por la Comisión antes de finales de 2004. Por lo que se refiere a la identificación de los lugares de importancia comunitaria propuestos debe tenerse en cuenta que los Estados miembros tienen la obligación general de actuar de forma que se garantice que los objetivos de la Directiva no se vean comprometidos. Pese a la falta de una lista comunitaria, las autoridades de los Estados miembros deben abstenerse, al menos, de realizar cualquier actividad que pueda deteriorar seriamente la integridad de un lugar incluido en la lista nacional, que pueda causar el deterioro de un hábitat natural o que pueda perturbar considerablemente a las especies. Además, debe subrayarse que las disposiciones de los artículos 12, 13 y 14, que se aplican a ciertas especies vegetales y animales, son aplicables desde la fecha de entrada en vigor de la Directiva, es decir, desde el 10 de junio de 1994. En lo que respecta a la gestión de los lugares, en un plazo de seis años a partir de la aprobación de la lista de lugares de importancia comunitaria para la región mediterránea, cada Estado miembro en cuestión deberá designarlos como áreas especiales de conservación y establecer las prioridades pertinentes. Tras la aprobación y la aplicación de la legislación griega, la Comisión evaluará el impacto que los posibles cambios de clasificación en la utilización del suelo puedan tener en los lugares de importancia comunitaria propuestos y adoptará todas las medidas apropiadas para garantizar la aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente.
—

BSE: prácticamente todos los países del mundo prohibieron la importación de carne de bovino procedente de uno o más países de la Unión y, en particular, del Reino Unido. En términos de mercados, las prohibiciones relativas a la BSE son especialmente relevantes. Incluso cuando no se ha impuesto una prohibición, suele haber restricciones suplementarias (edad del animal, cabaña de origen, etc.) que va más allá de las medidas en vigor en la Unión por lo que se refiere a la BSE. Tales restricciones limitan también el potencial de exportación de los Estados miembros, especialmente en anteriores mercados clave del norte de África y de Oriente Medio. Sin embargo, y teniendo en cuenta la larga historia de restricciones en relación con la BSE y los sucesivos acontecimientos (evolución del mercado mundial del vacuno, etc.) es difícil identificar la parte que corresponde a la BSE en la pérdida de partes de mercado. La Comisión va a enviar directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento un cuadro con los valores relativos a las exportaciones totales de carne de bovino (carne y animales vivos) de la Unión en los últimos años (1999-2002), expresadas en toneladas de pieza en canal. Hay que observar que la situación actual del mercado de carne de bovino de la unión es relativamente estable y que hay un equilibrio entre la oferta y la demanda.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 70/67

(2004/C 70 E/070)

PREGUNTA ESCRITA E-1930/03

de Lennart Sacrédeus (PPE-DE) a la Comisión

(13 de junio de 2003)

Asunto: Desplazamientos de la población en las regiones petroleras del Sudán

La sangrienta guerra civil que asola el Sudán se ha cobrado ya dos millones de vidas humanas. Cuatro millones han huido de sus hogares. La Coalición Europea Sobre el Petróleo de Sudán (ECOS), una red compuesta por 70 organizaciones europeas, de marcado carácter cristiano y religioso, indica que decenas de miles de sudaneses han sido obligados a huir del condado de Ruweng en el Alto Nilo occidental como consecuencia de los conflictos relacionados con la extracción de petróleo y esto, con el conocimiento de las compañías petroleras. Una parte considerable de los ingresos que produce el petróleo en el Sudán se destina a sufragar gastos militares. Tan sólo el 2 % del presupuesto del Sudán se destina al sector sanitario mientras que el 48 % se utiliza para fines militares y para financiar a la policía, por ejemplo, para la compra de cazas rusos Mig-29, helicópteros de ataque Mi 24 y carros de asalto T 72.

¿Cómo interviene la UE a través de la Comisión ante el Gobierno del Sudán para que detenga este desplazamiento deliberado de la población de las regiones petroleras? ¿Qué medidas adopta la UE para influir sobre los países de modo que no vendan armamento caro de tecnología avanzada a las partes beligerantes en el Sudán?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(17 de julio de 2003)

La Unión se ha interesado siempre por la situación de los desplazados internos procedentes de las distintas zonas afectadas por el enfrentamiento civil, en particular de las zonas en las que se extrae petróleo. Está cuestión se planteó durante el diálogo político Unión/Sudán celebrado en diciembre de 2002 en Jartún.

La firma por las partes, en el contexto de las negociaciones de paz impulsadas por la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo (Intergovernmental Authority on Development, IGAD), de los dos memorandos de acuerdo relativos a la cesación de las hostilidades y la protección de la población civil constituye un gran avance. Según la información de que dispone la Comisión, los desplazados internos están regresando a sus zonas de origen.

La Comisión carece de competencias por lo que respecta a la actuación de las empresas petrolíferas, en particular las que desarrollan operaciones en el sur de Sudán, dado que sus países de origen (China, Malasia, India, etc.) no forman parte de la Unión. La única empresa europea presente allí, Lundin, ha suspendido sus operaciones desde hace dieciocho meses.

En cuanto al comercio de armas, la Unión cumple y aplica íntegramente la resolución de las Naciones Unidas que prohíbe la venta de armas a Sudán. Sin embargo, la Comisión tiene conocimiento de que ambas partes están comprando armamento a países no pertenecientes a la Unión.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 70/79

(2004/C 70 E/080)

PREGUNTA ESCRITA E-2167/03

de Erik Meijer (GUE/NGL) al Consejo

(30 de junio de 2003)

Asunto: Una solución duradera para la denominación oficial de Macedonia que evite susceptibilidades y satisfaga las diferentes aspiraciones de macedonios, albaneses y griegos

1. ¿Recuerda el Consejo que, al separarse la República de Macedonia de la antigua Federación de Yugoslavia, surgió el deseo de añadir al nombre de dicho país una denominación especial que lo diferenciara de la Macedonia griega, compuesta por las tres regiones septentrionales limítrofes con la República de Macedonia y el Mar Egeo?

2. ¿Cuánto tiempo se mantendrá el compromiso provisional logrado en 1993, por el cual la denominación a que nos referíamos en el apartado 1 se concretó mediante una referencia al pasado inmediato, «Ex República Yugoslava de Macedonia», habida cuenta de que todo el mundo, tanto en el interior como en el exterior del país, sigue usando el nombre de «Macedonia», mientras que la UE y algunos Estados siguen manejando una sigla incomprensible, «FYROM», procedente del inglés?

3. ¿Puede confirmar el Consejo que, ya en 1993, se consideraron otras denominaciones que no se relacionaban con el pasado, sino con el presente y el futuro, tales como «Macedonia del Norte», «Nova Macedonia», «Vardar-Macedonia» o «Slavo-Macedonia»? ¿Se descartó finalmente esta última denominación porque al poner el énfasis en un solo gran grupo étnico despertaba el rechazo de la población del norte y del oeste, que en su mayoría no es eslava?

4. ¿Opina el Consejo que ahora, tras el reconocimiento impulsado por la UE de la igualdad de los dos grupos étnicos que constituyen la mayoría en cada zona del país, se puede contribuir a una convivencia pacífica y duradera de ambos pueblos en un Estado común adjuntando los nombres de ambas mayorías étnicas a la denominación oficial del país, tal como se desea en el exterior?

5. ¿Está el Consejo dispuesto a promover, con vistas a lograr una solución definitiva que acabe con la denominación «FYROM», la posibilidad de alcanzar el compromiso de todos los interesados con denominaciones como «Makedonija-Ilirdia», o bien con variantes en las que se añada al nombre del país la expresión «Shipero» o «Albano»?

Respuesta

(8 de diciembre de 2003)

El Consejo recuerda a Su Señoría que la UE denomina a dicho país con los términos «the former Yugoslav Republic of Macedonia» («la ex República yugoslava de Macedonia»). Asimismo, este es el nombre con el que fue admitida como miembro en las Naciones Unidas el 8 de abril de 1993 en espera de la resolución del desacuerdo que surgió acerca de su nombre.

Corresponde a los países y a las partes más afectadas y no al Consejo, llegar a un acuerdo definitivo sobre este asunto.
4.

Según el Gobierno Federal, la venta del «Hüttenbahn» por Klöckner Werke (1978) y la recompra por la acería Georgsmarienhütte (1996) no se tradujo en un beneficio significativo para dicha acería. Por consiguiente, basándose en la información de que dispone, la Comisión no estima que se haya concedido ayuda estatal en este asunto. La Comisión no pose ninguna información relativa a una nueva venta del «Hüttenbahn» por la acería Georgsmarienhütte a Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück (Empresa de transportes del Distrito de Osnabrück). La Comisión pedirá más formación sobre esta venta a Alemania.
—

que en la edición del 17 de septiembre del Corriere della Sera ha aparecido un artículo según el cual: a) los propietarios de la sociedad Eapa, Sres. Francesco Guerrini y Manuela Chiossi, están desde el 12 de septiembre bajo arresto domiciliario por una supuesta estafa de 2,3 millones de euros; b) el Sr. Guerrini sostuvo en el primer interrogatorio que se había limitado a reagrupar alumnos de una clase a otra con el fin de garantizar en interés de todos el mantenimiento de las lecciones menos frecuentadas; su asociada, ex-secretaria de un antiguo asesor lombardo de AN, que accedió al cargo de directora del Eapa gracias a sus buenas relaciones políticas, admitió, sin embargo, que algunos de los cursos financiados por la Región no llegaron a impartirse; c) los acusados, con objeto de documentar su buena fe, sostienen que los controladores de la región habían tenido conocimiento o habían consentido incluso ciertos trucos consistentes en hinchar los cursos de formación profesional con falsas inscripciones de alumnos y profesores que en realidad nunca hicieron acto de presencia; d) otra información comprometedora para la Región Lombardía es la declaración de una joven milanesa, primera en denunciar la presunta estafa: en 2002, después de comprobar que figuraba inscrita en un curso fantasma, acudió al jefe de los inspectores regionales para denunciar la irregularidad; la única respuesta que obtuvo fue una nota del Eapa en la que se le censuraba por haber recurrido a las autoridades de la región y se le amenazaba con una reclamación por daños y perjuicios, momento en el que lo puso en conocimiento de la Fiscalía del Estado,
1.

Se remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento un cuadro en el que se detallan los compromisos y los pagos de la ayuda externa por país con cargo al presupuesto comunitario de 2002. Las cifras recogidas tienen carácter provisional, pues las definitivas no estarán disponibles hasta finales de abril de 2003. Los importes asignados por región suelen ser superiores a los que figuran en los capítulos presupuestarios por zona geográfica, pues los importes consignados en las líneas presupuestarias temáticas (acuerdos pesqueros, ayuda humanitaria, ayuda alimentaria, cofinanciación con organizaciones no gubernamentales, derechos humanos, etc.) han sido asignados, en la medida de lo posible, a los países beneficiarios.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 70/252

(2004/C 70 E/271)

PREGUNTA ESCRITA E-3295/03

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(7 de noviembre de 2003)

Asunto: Estatuto de las Escuelas Europeas

Al mismo tiempo que acuso recibo de la respuesta de la Comisión a mi pregunta E-2583/03 (1), ¿podría señalar la Comisión cuál es opinión con respecto a las siguientes cuestiones?

1. El hecho de que a profesores británicos de las Escuelas Europeas se les haya asignado un grado antes de su nombramiento pero el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Reino Unido no les haya abonado el incremento salarial;

2. El hecho de que el director (jefe de departamento) haya decidido que una serie de profesores británicos de las Escuelas Europeas pueden ser promovidos y el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Reino Unido haya rechazado esta promoción en todos los casos;

3. El hecho de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Reino Unido haya suprimido los complementos que los profesores percibían anteriormente en su salario nacional en el momento de su nombramiento como personal docente de las Escuelas Europeas.

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(8 de diciembre de 2003)

La Comisión concede la mayor importancia al respeto, por parte de los empresarios, de todas las condiciones de empleo y se preocuparía ante cualquier caso de trato injusto y discriminación. No obstante, la Comisión no puede opinar de forma motivada sobre las situaciones hipotéticas que plantea Su Señoría si no dispone de más información específica al respecto. Si tiene en mente casos concretos, se invita a Su Señoría a remitirlos por escrito a la Comisión, de forma detallada, adjuntando material pertinente, para que ésta pueda examinarlos y, si procede, adoptar las medidas de seguimiento apropiadas. Evidentemente, los detalles personales de individuos concretos se tratarían con discreción.

(1) DO C 65 E de 13.3.2004, p. 180.