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PREGUNTA ESCRITA E-1640/98

de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión

(29 de mayo de 1998)

Asunto: Codificación radiotelevisiva efectuada por la RAI

De conformidad con el apartado 2 del artículo F del TUE, la Unión Europea respetará los derechos fundamentales garantizados en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, tal y como resultan de los principios generales del Derecho comunitario.

En relación con la temática del suministro del servicio público radiotelevisivo, los Estados miembros deben adoptar la medidas necesarias para proteger el derecho a la información y asegurar el acceso de los ciudadanos a las retransmisiones de los acontecimientos nacionales e internacionales de gran importancia para la sociedad, como los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo y los Campeonatos Europeos de Fútbol, con medidas compatibles con el Derecho comunitario, con el fin de regular el ejercicio de la retransmisión.

Considerando asimismo que la Unión debe tener en cuenta los aspectos culturales de su acción, de conformidad con el apartado 4 del artículo 128 del Tratado CE. Considerando que el servicio público entra dentro del ámbito de la televisión "de libre acceso" y que todas las medidas destinadas a limitar la recepción y/o a suspender la retransmisión televisiva están reguladas por la Directiva 89/552/CEE(1), modificada por la Directiva 97/36/CE(2), y su incumplimiento constituya infracción al Derecho comunitario.

¿Podría verificar la Comisión si la RAI, servicio público italiano, respeta la Directiva, en particular, los apartados 1 y 2 del artículo 2, el apartado 1 del artículo 2 bis, el apartado 1 del artículo 3 bis, el apartado 1 del artículo 11, el artículo 18 y el artículo 22 bis? ¿Podría asimismo intervenir la Comisión para poner fin a la práctica habitual llevada a cabo por la RAI de codificar de manera sistemática los programas destinados al exterior?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión

(20 de julio de 1998)

En virtud del artículo 3 del la Directiva 89/552/CEE (modificada por la Directiva 97/36/CE) denominada "Televisión sin fronteras", corresponde, en primer lugar, al Estado competente velar por el respeto de las normas de la Directive (incluidas las mencionadas en la pregunta de Su Señoría) en un radiodifusión. A la Comisión corresponde, en virtud del artículo 155 del Tratado CE, controlar, por una parte, la correcta incorporación al Derecho nacional de las normas del Derecho comunitario (en este caso la Directiva "Televisión sin fronteras") y, por otra, la correcta aplicación de las mismas. En este sentido, la Commission examina atentamente todas las quejas que le plantean. En este caso concreto, no ha recibido ninguna.

Además, la Comisión no cuenta con medios jurídicos para impedir la transmisión al extranjero de programas codificados de la RAI. Eso es competencia de los acuerdos contractuales entre el radiodifusor y los derechohabientes.

(1) DO L 298 de 17.10.1989, p. 23.

(2) DO L 202 de 30.7.1997, p. 60.
PREGUNTA ESCRITA E-1908/98

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) a la Comisión

(16 de junio de 1998)

Asunto: Política europea de ordenación del territorio y Fondos estructurales

¿Podría la Comisión informar sobre todos los proyectos piloto en materia de ordenación del territorio cofinanciados hasta la fecha por la Comisión Europea en el marco de las iniciativas comunitarias, así como aquéllos que van a serlo hasta el final del actual período de programación, especificando las regiones favorecidas, el coste total de la ejecución y la cofinanciación comunitaria?

Respuesta común

a las preguntas escritas E-1907/98 y E-1908/98 dada por la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(24 de julio de 1998)

Debido a la gran extensión de la respuesta, que consta de numerosos diagramas, la Comisión la remite directamente a Sus Señorías y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA P-2361/98

de Angela Billingham (PSE) a la Comisión

(15 de julio de 1998)

Asunto: Norma de la UEFA sobre propiedad común de una misma persona

¿Tiene conocimiento la Comisión de que organizaciones deportivas monopolísticas están imponiendo normas que afectan a los deportes en toda Europa sin explicación o previa consulta a los afectados? El último ejemplo de ello es la nueva norma de la UEFA, adoptada con carácter retroactivo y sin previa consulta, en virtud de la cual se prohíbe que los clubes de fútbol cuya propiedad corresponde a una misma persona participen en la misma competición europea.

¿Está de acuerdo la Comisión en que es inaceptable que organizaciones deportivas que ejercen un poder monopolístico sigan haciendo caso omiso de los principios de transparencia y consulta a la hora de adoptar decisiones que afectan al desarrollo económico del deporte en Europa?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión

(3 de septiembre de 1998)

La Comisión tiene conocimiento de que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ha adoptado recientente normas que regulan la participación en competiciones europeas de clubs pertenecientes a un mismo propietario.

A primera vista se aprecia que estas normas son de naturaleza deportiva y tienden a preservar la incertidumbre de los resultados, objetivo que el Tribunal de Justicia consideró legítimo en su sentencia de 15 de diciembre de 1995 en el asunto Bosman(1). Evidentemente, si clubs con un mismo propietario pueden participar en las mismas competiciones, ya sean nacionales o internacionales, se puede poner en duda que el resultado no esté decidido de antemano.

No obstante, es necesario determinar si estas normas de la UEFA se limitan a lo estrictamente necesario para lograr el objetivo de garantizar la incertidumbre de los resultados, o si existen medios menos restrictivos para alcanzar dicho objetivo. En la medida en que dichas normas sean proporcionadas al objetivo deportivo perseguido, no estarán cubiertas por las disposiciones de competencia del Tratado CE.

Por el momento, la Comisión no posee toda la información necesaria para evaluar la compatibilidad de estas normas con los artículos 85 y 86 del Tratado CE. Por otra parte, el hecho de que la UEFA haya consultado o no a otros organismos es irrelevante para esta evaluación.

(1) Asunto C-415/93 (1995) RTJ, I-4921, apartado 106.
PREGUNTA ESCRITA E-1532/98

de Dietrich Elchlepp (PSE) a la Comisión

(18 de mayo de 1998)

Asunto: Distancia mínima de 250 km para el programa de subvenciones de la UE "Hermanamiento entre ciudades de Europa"

En la región fronteriza franco-alemana del Alto Rin meridional se han establecido numerosos hermanamientos entre ciudades europeas. Sin embargo, en esta región no se entiende que, en el marco del programa de la UE "Hermanamiento entre ciudades de Europa", se exija como condición previa para la subvención de los actos de hermanamiento, de conformidad con el ámbito de acción 1, por parte de la Comisión que la distancia mínima entre las ciudades hermanadas sea de 250 km.

¿Podría indicar la Comisión las razones de esta cláusula y podría asimismo considerar la supresión de esta enojosa limitación?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión

(1 de julio de 1998)

El programa comunitario de hermanamiento de ciudades europeas, para el que el presupesto contempla una aportación limitada, se ha puesto en marcha para impulsar el desarrollo del contenido y la diversidad geográfica de los hermanamientos y, sobre todo, para conceder ayudas en aquellos casos que presenten más dificultades. En este sentido se da prioridad a aquellas ciudades separadas por miles de kilómetros, a los encuentros organizados en el marco de los hermanamientos en los que participan municipios que se encuentran en regiones desfavorecidas (como por ejemplo las regiones del objetivo 1) y en regiones periféricas de la Unión. De este modo, los hermanamientos bilaterales concertados en zonas fronterizas dentro de la Unión no son las que tienen más prioridad. En estos casos el desplazamiento habitual de los ciudadanos conlleva un coste de transporte y comunicación relativamente bajo. La mayoría de las ciudades hermanadas que hasta la fecha se han beneficiado de una ayuda están separadas por una distancia mínima de 1000 km.

En cambio, no existe ningún tipo de restricción respecto a la distancia mínima para que las ciudades hermanadas alberguen eventos sobre determinados temas ni tampoco respecto a las medidas de formación continua para las personas responsables del hermanamiento..
PREGUNTA ESCRITA E-2786/98

de Ana Palacio Vallelersundi (PPE) a la Comisión

(17 de septiembre de 1998)

Asunto: Candidaturas de los Ingenieros Técnicos a los concursos/oposiciones generales de acceso a la categoría A/LA de la Función Pública Europea

Habida cuenta que la Comisión ha tenido conocimiento, mediante la documentación anexa al Recurso de Anulación interpuesto el día 1 de diciembre de 1997 ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas por don Vicente Alonso Morales (T-299/97), de que un Ingeniero Técnico español, don Roberto Arce Recio, ha accedido a los cursos de doctorado en la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, Francia, obteniendo el título el día 24 de junio de 1998 con la mención "muy honorable", ¿por qué el Comisario Sr. Liikanen, en respuesta de fecha 10 de febrero de 1998 a la pregunta escrita E-4186/97(1) formulada por doña Barbara Dührkop, manifiesta que una de las razones sostenidas por la Comisión para acordar la no aceptación de los Ingenieros Técnicos españoles a la categoría A/LA de la Función Pública europea es que el título español de Ingeniero Técnico no da acceso a los cursos de doctorado?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(13 de octubre de 1998)

En primer lugar, la Comisión desea subrayar, como lo ha hecho ya en otras respuestas a preguntas de Sus Señorías, que no puede pronunciarse sobre un asunto que se encuentra actualmente en los tribunales.

Con arreglo a la legislación española aplicable(2), los estudios universitarios en España se dividen en tres ciclos. Finalizado con éxito el primero de ellos, se obtienen los títulos oficiales de "diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico", que dan acceso al segundo ciclo que, una vez completado, da derecho a los títulos oficiales de "licenciado, arquitecto o ingeniero". Estos, a su vez, dan acceso al tercer ciclo, es decir, los estudios de doctorado. Por tanto, quienes han obtenido un título de "Ingeniero Técnico", diploma correspondiente al tercer ciclo, no pueden acceder directamente a los estudios de doctorado.

Por último, la Comisión desea insistir sobre el hecho de que para decidir si un título puede aceptarse para acceder a la función pública, esta institución debe basarse en la legislación propia de cada Estado miembro en el que el candidato ha realizado los estudios que pretende hacer valer, en el caso de la pregunta de Su Señoría, España.

(1) DO C 304 de 2.10.1998, p. 15.

(2) "Ley Orgánica" 11/1893, de 25 de agosto, de "Reforma Universitaria", y LOGSE 1/1990, de 3 de octubre.
PREGUNTA ESCRITA E-1783/98

de Concepció Ferrer (PPE) a la Comisión

(11 de junio de 1998)

Asunto: Andorra

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero de 1998 una ampliación del Acuerdo comercial con Andorra. Estos acuerdos, sin embargo, todavía no han entrado en vigor y, al parecer, están congelados.

¿Podría explicar la Comisión cuáles son las razones por las que no han podido entrar en vigor dichos acuerdos?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión

(16 de julio de 1998)

No es correcto que el Consejo haya aprobado una extensión del Acuerdo comercial con Andorra en febrero de 1998.

Las relaciones entre Andorra y la Comunidad están basadas en el Acuerdo de Unión Aduanera del 28 de junio de 1990, que entró en vigor el 1 de julio de 1991.

El 24 de febrero de 1997, el Consejo adoptó unas directrices de negociación que autorizaban a la Comisión a entrar en negociaciones para la celebración de un acuerdo de cooperación con Andorra, de lo cual el Parlamento estaba informado. El 19 de enero de 1998, la Comisión concluyó las negociaciones relativas a ese acuerdo de cooperación, que cubre una amplia gama de sectores, incluyendo el medio ambiente, comunicaciones, información, cultura, transporte, cooperación regional y transfronteriza y problemas sociales, pero que no afecta al funcionamiento del Acuerdo de Unión Aduanera. Los dos acuerdos deberían funcionar de forma paralela y ser gestionados por la misma comisión mixta. La rúbrica del nuevo acuerdo por la Comisión se encuentra actualmente pendiente hasta que se encuentre una solución satisfactoria a la cuestión del tabaco.

La Comisión expresa su preocupación por la extensión y la gravedad del contrabando de tabaco y desearía que se hicieran rápidos progresos hacia la solución de lo que es una situación intolerable para la Comunidad y sus Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-0779/98

de Jens-Peter Bonde (I-EDN) a la Comisión

(18 de marzo de 1998)

Asunto: Suministro de agua en los Estados miembros

¿Piensa garantizar la Comisión a los Estados miembros la posibilidad de imponer a sus propios sistemas de suministro de agua normas más estrictas que las adoptadas a escala comunitaria?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(18 de junio de 1998)

La legislación comunitaria de aguas se basa en el artículo 130 S del Tratado CE, por el que establecen unos requisitos mínimos. Simultáneamente, el artículo 130 T del Tratado CE dispone que las medidas adoptadas en virtud del artículo 130 S no serán obstáculo para el mantenimiento o la adopción, por parte de cada Estado miembro, de medidas de mayor protección. Tales medidas deberán ser compatibles con el Tratado CE y, en particular, no ser discriminatorias.

Esto es cierto para la actual Directiva de agua potable y para la nueva Directiva de agua potable propuesta (Directiva 80/778/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano(1) y propuesta de la Comisión de 4 de enero de 1995(2), dictamen del Parlamento de 12 de diciembre de 1996, propuesta modificada de la Comisión de 4 de junio de 1997(3), posición común adoptada por el Consejo el 19 de diciembre de 1997).

Teniendo en cuenta los artículos 130 S y 130 T del Tratado CE, el Consejo, en su posición común sobre la nueva Directiva de agua potable, especificaba en el preámbulo lo siguiente:

".....

(18) Considerando que los Estados miembros podrán fijar valores para parámetros no incluidos en el anexo I cuando lo consideren necesario para garantizar la calidad de la producción, distribución e inspección de las aguas destinadas al consumo humano;

(19) Considerando que, cuando los Estados miembros estimen necesario adoptar normas más estrictas que las establecidas en las partes A y B del anexo I, o bien normas para parámetros no incluidos en el anexo I pero necesarios para proteger la salud humana, habrán de notificar dichas normas a la Comisión;

(20) Considerando que los Estados miembros, al introducir o mantener medidas de protección más estrictas, están obligados a respetar los principios y normas del Tratado tal como los interpreta el Tribunal de Justicia; ....."

Por lo tanto, la Comisión confirma que los Estados miembros están facultados para establecer normas más estrictas para sus redes de abastecimiento de agua, siempre que se respeten los principios antes indicados. Tras la ratificación del Tratado de Amsterdam, estas disposiciones del Tratado CE no se modificarán. Sin embargo, la legislación en materia de medio ambiente objeto del apartado 1 del artículo 130 S se adoptará entonces mediante el procedimiento de codecisión, en lugar del actual procedimiento de cooperación.

(1) DO L 229 de 30.8.1980.

(2) DO C 131 de 30.5.1995.

(3) DO C 213 de 15.7.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-2253/98

de Miguel Arias Cañete (PPE) a la Comisión

(22 de julio de 1998)

Asunto: FEOGA-Garantía en el Reino Unido, 1986-1995

¿Puede especificar la Comisión cuál es el importe total recibido durante los años 1986 a 1995 por el Reino Unido con cargo al FEOGA-Garantía, especificando

- la distribución por capítulos (cultivos herbáceos, azúcar, textiles y gusanos de seda, otros sectores o productos vegetales, sector vitivinícola, tabaco, leche y productos lácteos, carne de vacuno, carne de ovino y caprino, carne de porcino, huevos y aves de corral, otras medidas de producción animal, restituciones de productos agrícolas transformados, restituciones de ayuda alimentaria de la UE, distribución de productos agrarios a los desfavorecidos, medidas de acompañamiento, medidas de desarrollo rural relacionadas con el funcionamiento de los mercados, otras medidas, ayudas a la renta y Fondo Europeo de Garantía Pesquera);

- y por modalidades (restituciones a la exportación, ayudas compensatorias de precios, ayudas por superficies, ayudas por cabeza de ganado, primas orientativas, ayudas al almacenamiento privado, retirada y operaciones similares, montantes compensatorios, medidas de acompañamiento de la reforma de la PAC, y gastos de almacenamiento público)?
PREGUNTA ESCRITA E-1724/98

de Brendan Donnelly (PPE) a la Comisión

(5 de junio de 1998)

Asunto: Directiva 85/374/CEE del Consejo y propuestas de modificación de esta Directiva del COM(97)478

¿Piensa exponer la Comisión si acepta la consideración del fluoruro presente en el agua como un producto "mueble" con arreglo a los términos de la Directiva 85/374/CEE(1) y del texto de las propuestas de modificación de esta Directiva, y por tanto susceptible de petición de responsabilidades en casos de enfermedad provocada por su presencia en el agua?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(17 de julio de 1998)

Conforme al artículo 2 de la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, cualquier bien "mueble" debe ser considerado un producto a los efectos de la Directiva. Las únicas excepciones son básicamente las materias primas agrícolas y los productos de la caza, salvo cuando hayan sufrido una transformación inicial.

El 1 de octubre de 1997 la Comisión propuso modificar la Directiva 85/374/CEE(2) con objeto de que las materias primas agrícolas y los productos de la caza fueran considerados productos a los efectos de la Directiva. Esta propuesta fue presentada tras la Recomendación del Consejo de ampliar la Directiva a las materias primas agrícolas, en el contexto del caso de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB)(3).

La Directiva no incluye una definición de bien "mueble". La interpretación del Tratado y de los actos adoptados en desarrollo del mismo corresponde al Tribunal de Justicia. Sin perjuicio de ello, incumbe a la legislación nacional determinar si el agua potable que contiene fluoruro ha de considerarse un producto a los efectos del artículo 2 de la Directiva.

Se remite a Su Señoría al caso del suministro de agua de Camelford (Reino Unido) en 1988(4). Tras la entrega de 20 toneladas de sulfato de aluminio a una planta de tratamiento de agua, que se depositaron en un tanque erróneo, el agua suministrada a unas 11 500 personas adquirió un elevado grado de acidez (hasta 3 000 veces superior a los niveles permitidos por la Comunidad). En una acción colectiva para exigir la reparación de lesiones personales, se alegó que el agua era un producto defectuoso con arreglo a la Parte I "Product Liability" de la Ley de protección del consumidor (Consumer Protection Act) de 1987. Las autoridades responsables del agua admitieron la responsabilidad y la cuestión se limitó a determinar el alcance de los daños(5).

(1) DO L 210 de 7.8.1985, p. 29.

(2) DO C 337 de 7.11.1997.

(3) Resolución sobre los resultados de la Comisión temporal de investigación en relación con la DO C 85 de 17.3.1997. Véase también "Commission's first bi-annual BSE follow-up Report", COM(98)282 final.

(4) Report for the Commission on the application of Directive 85/374/EEC on liability for defective products (Study Contract No. ETD/B5-3000/MI/06).

(5) A.B. and others v. South West Water Services Ltd. [1993] 2 W.L.R. 507, C.A.
PREGUNTA ESCRITA E-1697/98

de Kirsi Piha (PPE) a la Comisión

(29 de mayo de 1998)

Asunto: Cierre de la central nuclear de Chernobil

El cierre de la central nuclear de Chernobil en el año 2000 constituye un proyecto financiero de gran importancia desde el punto de vista de la seguridad de los ciudadanos de la Unión. Los fondos utilizados hasta este momento para solucionar los problemas ocasionados por los reactores de Chernobil han procedido, entre otros, de los fondos concedidos a Ucrania con cargo al programa TACIS.

¿Podría indicar la Comisión qué importe de los fondos TACIS de 1997 se ha destinado a proyectos que tengan por objeto el cierre -no la mejora del estado de los reactores- de Chernobil y si se han utilizado fondos para acciones destinadas a que los reactores continúen en funcionamiento?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión

(1 de julio de 1998)

La Comisión ha asignado fondos de TACIS para los siguientes proyectos relacionados directamente con el cierre de Chernóbil:

- preparación de las operaciones de cierre definitivo de las unidades 1-3 (1,5 millones de ECUS);

- evaluación del impacto ambiental del plan de cierre definitivo de Chernóbil (0,04 millones de ECUS);

- ayuda a la central nuclear de Chernóbil para que cierre definitivamente las unidades 1-3 (5,5 millones de ECUS);

- diseño y construcción de instalaciones dirigidas a la recuperación, clasificación y tratamiento de residuos de nivel bajo e intermedio que resulten del cierre definitivo de las unidades 1-3 (33 millones de ECUS);

- diseño y construcción del depósito de residuos de nivel bajo e intermedio (5,5 millones de ECUS);

- definición y creación de un organismo de desarrollo empresarial en Slavutich/Chernóbil (0,35 millones de ECUS).

No se ha utilizado ningún fondo de TACIS para prolongar el uso de los reactores.
PREGUNTA ESCRITA E-2255/98

de Miguel Arias Cañete (PPE) a la Comisión

(22 de julio de 1998)

Asunto: FEOGA-Garantía en Portugal, 1986-1995

¿Puede especificar la Comisión cuál es el importe total recibido durante los años 1986 a 1995 por Portugal con cargo al FEOGA-Garantía, especificando

- la distribución por capítulos (cultivos herbáceos, azúcar, textiles y gusanos de seda, otros sectores o productos vegetales, sector vitivinícola, tabaco, leche y productos lácteos, carne de vacuno, carne de ovino y caprino, carne de porcino, huevos y aves de corral, otras medidas de producción animal, restituciones de productos agrícolas transformados, restituciones de ayuda alimentaria de la UE, distribución de productos agrarios a los desfavorecidos, medidas de acompañamiento, medidas de desarrollo rural relacionadas con el funcionamiento de los mercados, otras medidas, ayudas a la renta y Fondo Europeo de Garantía Pesquera);

- y por modalidades (restituciones a la exportación, ayudas compensatorias de precios, ayudas por superficies, ayudas por cabeza de ganado, primas orientativas, ayudas al almacenamiento privado, retirada y operaciones similares, montantes compensatorios, medidas de acompañamiento de la reforma de la PAC, y gastos de almacenamiento público)?