PREGUNTA ESCRITA E-2480/99

de Cristiana Muscardini (UEN) y Mauro Nobilia (UEN) a la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

Asunto: Normas de seguridad relativas a las viviendas

Recientes derrumbamientos de edificios de viviendas (el año pasado en Roma y este año en Foggia), aparentemente sin causas específicas, o sea, no debidas a fugas de gas o a terremotos, además de causar muchas víctimas han suscitado temores en la población y dudas justificadas entre los administradores públicos en cuanto a los niveles mínimos de seguridad de las construcciones civiles.

Por analogía con lo que se ha hecho para normalizar las instalaciones eléctricas o la licencia de los ascensores de las viviendas, con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos:

1. ¿Puede indicar la Comisión si existen, o se hallan en curso de redacción, directivas que fijen normas técnicas de seguridad para las construcción de viviendas?

2. ¿Tiene conocimiento de la situación existente en los Estados miembros en cuanto al porcentaje de viviendas cuya seguridad podría estar en peligro, bien por causas naturales (terremotos e inundaciones), bien por la antigüedad de la construcción y el uso de tecnologías completamente superadas?

3. ¿No opina que parte de los fondos estructurales podría destinarse a intervenciones tendentes a reestructurar edificios civiles para hacerlos más seguros?

4. Como alternativa, y sin esperar al año 2006 para reformar la finalidad de los fondos actuales, ¿por qué no prever en los próximos presupuestos la creación de un fondo ad hoc, con el fin de incentivar el uso de los préstamos bancarios aptos para ese fin?

5. Habida cuenta de los cambios climáticos que han podido comprobarse en diversas regiones europeas, con las consiguientes y numerosas catástrofes naturales acaecidas en los últimos años, ¿por qué no encarga un estudio sobre las condiciones reales del territorio, para seguir la evolución de los lugares de riesgo desde el punto de vista geológico y para determinar los nuevos parámetros técnicos de las construcciones?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(19 de enero de 2000)

La Comisión comparte los temores expresados por Sus Señorías en cuanto a los riesgos de derrumbamientos de edificios de viviendas que tienen lugar en el territorio de la Comunidad, aparentemente sin causas específicas.

Consciente de la necesidad de armonizar los diferentes modos y tipos de obras, productos, materiales y sistemas de construcción, la Comisión está ultimando los trabajos para la ejecución de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción(1).

La Directiva se basa en seis requisitos esenciales, el primero de los cuales es la estabilidad estructural, que deben cumplir los productos para que puedan ser incorporados de forma permanente en las obras. Se trata, pues, de una de las Directivas denominadas de nuevo enfoque, que establecen una relación entre las obras y los productos, que deben demostrar su aptitud para la utilización. Esta aptitud se evalúa según el respeto de especificaciones técnicas denominadas armonizadas, que elaboran actualmente los organismos de normalización.

Los Estados miembros son los responsables de los criterios para definir los riesgos que afectan a la estabilidad de los edificios en relación con su antigüedad y con los riesgos de catástrofe por causas naturales.

Asimismo, el Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999(2), por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, no prevé ningún recurso para la renovación y restauración de inmuebles existentes, y tampoco hay actualmente ninguna partida presupuestaria que prevea un fondo específico destinado a tales fines. No obstante, el nuevo Reglamento (CE) no 1783/1999 del Parlamento y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional(3), establece en la letra e) del apartado 2 del artículo 2 la posibilidad de cofinanciar medidas dirigidas a la protección y mejora del medio ambiente, atendiendo especialmente a los principios de precaución y de acción preventiva en la ayuda al desarrollo económico [...].

Respecto a la supervisión de las regiones consideradas de riesgo geológico habida cuenta de los cambios climáticos, también es competencia exclusiva de los Estados miembros, mientras que, para establecer las especificaciones técnicas armonizadas, se tendrá normalmente en cuenta la evolución de los parámetros técnicos en relación con los progresos y la adquisición de nuevos conocimientos, como por ejemplo las acciones definidas como restricciones.

(1) DO L 40 de 11.2.1989.

(2) DO L 161 de 26.6.1999.

(3) DO L 213 de 13.8.1999.