PREGUNTA ESCRITA E-2087/02

de Bob van den Bos (ELDR) al Consejo

(12 de julio de 2002)

Asunto: Esclavitud

A finales de mayo, la comisión europeo-estadounidense de investigación instituida por el Presidente Bush y compuesta por destacadas personalidades publicó un informe muy revelador sobre la situación en el Sudán. En él, la comisión acusa al Gobierno de Jartún de favorecer la práctica de la esclavitud. El fenómeno del comercio de esclavos se manifiesta en numerosos países africanos, pero también son culpables de él, por ejemplo, los Estados islámicos del Golfo y determinados países del Cáucaso y del Sureste asiático.

1. ¿Está al corriente el Consejo del contenido del mencionado informe? ¿Qué conclusiones políticas extrae del mismo?

2. ¿Tiene conocimiento el Consejo de prácticas de esclavitud en los países ACP? En caso afirmativo, ¿qué política pone en práctica para eliminarlas?

3. ¿Se aborda esta cuestión en el diálogo político? En caso afirmativo, ¿con qué resultados? en caso negativo, ¿por qué no?

4. ¿Qué sanciones se reserva el Consejo para el caso de que no se logren resultados en este sentido en los países ACP en los que se hayan detectado prácticas de esclavitud?

Respuesta

(19 de diciembre de 2002)

El Consejo tomó nota del informe del Grupo internacional de eminentes personalidades sobre la esclavitud, los secuestros y los trabajos forzados en Sudán, que presentó el senador estadounidense Sr. Danforth y que fue publicado el 22 de mayo de 2002 por el Departamento de Asuntos Africanos de los Estados Unidos. El Consejo debatirá los distintos elementos del informe en una fase posterior, en su caso en el marco de la evaluación del diálogo político.

El 17 de junio de 2002, el Consejo adoptó conclusiones sobre Sudán. En ellas destaca que el principal interés de las UE en sus relaciones con Sudán reside en el fomento de un acuerdo de paz y de respeto de los derechos humanos y del derecho humanitario como condición previa para garantizar la estabilidad interna y regional. La UE tiene asimismo como objetivo actuar en favor de la democracia, del Estado de derecho y de la lucha contra la pobreza, dado que todas estas cuestiones están vinculadas entre si.

El Consejo se congratuló del diálogo político establecido entre la UE y Sudán desde la última visita de la troika a Jartún en diciembre de 2001, y tomó nota de la evolución observada hasta el momento. La UE debatió con el Gobierno sudanés la situación de los derechos humanos y comunicó sus inquietudes. El Consejo aprobó el enfoque de la UE en lo referente al proceso de paz en Sudán, destacando el llamamiento que hace en favor de un alto el fuego general que se enmarque en un proceso global y justo de negociaciones para la paz. Está previsto que se lleve a cabo en diciembre de 2002 una nueva evaluación del diálogo existente desde noviembre de 1999 entre la UE y Sudán. La reanudación de la cooperación para el desarrollo de la UE con Sudán depende de los progresos alcanzados hacia un acuerdo de paz.

A escala internacional, una vez más emanaron de la UE resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en Sudán, en estrecha colaboración con los ponentes especiales competentes, adoptadas en la tercera comisión de la sesión no 56 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001 y en la sesión no 58 de la Comisión de Derechos Humanos en 2002. Entre otras cosas, se instó al Gobierno sudanés a que interviniese y acabase con los secuestros de mujeres y niños y su sometimiento a trabajos forzados o a condiciones similares, y a que evitase cualquier acto de tortura o de trato cruel, inhumano o degradante.

La cuestión de los derechos humanos se aborda regularmente en el marco del diálogo político de la UE con los terceros países. Siempre que el Consejo dispone de alegaciones específicas y circunstanciadas, se tratan casos concretos y la UE destaca, en consecuencia, que la esclavitud y el secuestro de civiles están prohibidos con arreglo al Derecho internacional.

Los signatarios del Acuerdo de Asociación ACP-CE, entre ellos Sudán, convinieron en que el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho caracterizarán a las políticas nacionales e internacionales de las Partes y constituirán los elementos fundamentales del Acuerdo. Si, a pesar del diálogo político regular entre las Partes, una de ellas considera que la otra Parte no ha cumplido una obligación derivada del Acuerdo, podrá invitarla a celebrar consultas centradas principalmente en las medidas adoptadas o que vayan a adoptar con el fin de remediar la situación. Si las consultas no conducen a una solución aceptable podrán adoptarse las medidas oportunas.