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PREGUNTA ESCRITA E-1382/96 de Jesús Cabezón Alonso (PSE) y Juan Colino Salamanca (PSE) a la Comisión (6 de junio de 1996)

Asunto: Colaboración entre la Unión Europea y sociedades gastronómicas

El pasado 22 de marzo, en Venecia, la Comisión europea firmaba un principio de colaboración entre la Unión Europea y la Academia Internacional de Gastronomía.

¿En qué consistirá esa colaboración?

¿En base a qué criterios ha seleccionado la Comisión a la citada Academia Internacional de Gastronomía para establecer esta colaboración?

¿Qué aportación económica dará la Comisión para desarrollar esa colaboración?

Respuesta del Sr. Oreja en nombre de la Comisión (9 de septiembre de 1996)

La Comisión y la Academia Internacional de Gastronomía, a petición de esta última y de conformidad con la política tradicional de la Comisión de colaborar con la sociedad civil, suscribieron el pasado día 22 de Marzo de 1996 une declaración común para promover y favorecer la gastronomía europea.

La Comisión está abierta a seguir el mismo camino con agrupaciones similares que estén interesadas en ello, siempre que tengan una dimensión europea, de conformidad con las disposiciones del Tratado.

La gastronomía es un aspecto de la cultura europea que tiene una especial relevancia, y que ocupa hoy por derecho propio un lugar fundamental dentro de la cultura de los Estados miembros.

La Comisión estima que su actuación en este ámbito se inscribe plenamente dentro del mandato del artículo 128 del Tratado en cuya virtud la Comunidad contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados, favoreciendo la cooperación de cara a mejorar su conocimiento y difusión.

La Academia Internacional de Gastronomía presidida por el Señor Nuvoletti integra a las academias gastronómicas del Benelux, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia, y Reino Unido.

Esta declaración no ha dado lugar a ninguna consecuencia de tipo económico.
PREGUNTA ESCRITA E-1517/96 de Mark Killilea (UPE) a la Comisión (17 de junio de 1996)

Asunto: Tarjetas de estacionamiento para personas con minusvalías

En el proyecto de una nueva tarjeta de estacionamiento para personas con minusvalías, está previsto que se indique en la cara posterior de la tarjeta información sobre el titular de la tarjeta: apellidos, nombre, fecha de nacimiento, dirección, firma.

Aunque esta nueva tarjeta de estacionamiento, que estará reconocida en todos los Estados miembros, es una innovación que aplaudimos, ¿no está de acuerdo la Comisión en que la inscripción de los datos personales del titular de la tarjeta realizada de este modo podría suponer un peligro para dicha persona, por ejemplo en caso de daños o robo del vehículo, circunstancias que permitirían que otras personas accedieran a toda la información sobre el titular? ¿No considera que, en estas circunstancias, sería más adecuado alguna forma de codificación o un número de referencia? ¿No está de acuerdo la Comisión en que, por norma general, no debería fomentarse el que se dejen informaciones personales de esta índole en un vehículo no ocupado?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (10 de septiembre de 1996)

La propuesta de la Comisión se ha sometido a debate en las comisiones del Parlamento. Naturalmente, la Comisión ha tomado buena nota de los comentarios realizados, en especial, por lo que repecta a los aspectos relacionados con la seguridad de la inclusión de información personal en una tarjeta de aparcamiento.

Una vez el Parlamento haya adoptado su opinión, que se espera en breve plazo, la Comisión la examinará y, si es pertinente, elaborará una propuesta modificada.
PREGUNTA ESCRITA E-1759/96 de Leen van der Waal (EDN) a la Comisión (3 de julio de 1996)

Asunto: Violación de los derechos de las minorías religiosas en Marruecos

En un informe de la organización «Middle East Concern» de diciembre de 1995, facilitado por la Alianza Evangélica Europea, se afirma que los conversos de la religión musulmana al cristianismo son con cada vez mayor frecuencia víctima de persecuciones por parte de las autoridades policiales y judiciales locales en Marruecos. Este hecho llama la atención si se tiene en cuenta que la Constitución de Marruecos garantiza la libertad de culto y que Marruecos ha firmado diversos convenios internacionales sobre la protección de los derechos humanos. Al parecer, se trata de una discrepancia entre la política de la administración nacional, orientada a la tolerancia, y la aplicación de la misma por las autoridades locales.

1. ¿Puede confirmar la Comisión la información facilitada por «Middle East Concern» sobre la situación de las minorías religiosas y sobre las discrepancias entre la política del Estado y la actuación de las autoridades locales en Marruecos?

2. ¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión, en el marco del acuerdo de asociación aprobado recientemente por el Parlamento Europeo, para poner fin a esta situación?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión (26 de julio de 1996)

1. Según la constitución marroquí (artículo 6), el Islam es la religión de Estado que garantiza a todos la libertad de culto.

Sin embargo, según la ley islámica, los musulmanes tienen estrictamente prohibido cambiar de religión. Por otro lado, está prohibido determinado tipo de proselitismo según el Código Penal marroquí de 1962 (párrafo 2 del artículo 220). Se han dado, en efecto, varios casos en los que se condenó a ciudadanos marroquíes por practicar la religión cristiana.

2. El respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos es una preocupación constante de la Unión Europea.

La declaración de la Conferencia de Barcelona, suscrita por Marruecos, destaca expresamente el compromiso de los participantes en la materia.

Por su parte, la Comisión, en coordinación con los Estados miembros, no dejará de comunicar a las autoridades marroquíes su preocupación por el respeto de los derechos humanos, sobre todo a lo largo del diálogo político que debe iniciarse en el marco del nuevo Acuerdo de Asociación, que sólo entrará en vigor una vez ratificado por el conjunto de los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-1497/96 de Vassilis Ephremidis (GUE/NGL) a la Comisión (12 de junio de 1996)

Asunto: Utilización del cuerpo de bomberos con fines represivos

Se ha pedido al cuerpo de bomberos griegos que actúen como instrumento de represión para dispersar las manifestaciones públicas, bajo las órdenes de la policía, apoyando así a los grupos policiales especializados en este ámbito.

Considerando que la labor del cuerpo de bomberos consiste en asegurar la protección de la vida y de los bienes de los ciudadanos en el caso de incendio, desastre natural o accidente y habida cuenta de que sólo se encuentran en servicio actualmente en Grecia 5.400 personas de un total de 7.000 puestos previstos, lo que equivale a un bombero para más de 1.800 habitantes, cuando en los demás países europeos esa equivalencia es de un bombero para 700 habitantes, la utilización de estos servicios para dispersar manifestaciones disminuye aún más su eficacia en la ejecución de su deber.

¿Puede la Comisión indicar:

- si considera que se debe poner fin a la utilización del cuerpo de bomberos para la represión de las concentraciones y manifestaciones, porque esta utilización contraviene su función y su naturaleza, distorsiona sus objetivos y sus deberes, contradice y obstaculiza el carácter social de su labor;

- si tiene conocimiento de qué países de la UE utilizan sus cuerpos de bomberos con fines represivos;

- si las financiaciones comunitarias destinadas a reforzar los medios y el funcionamiento de los cuerpos de bomberos no contribuyen así a apoyar la labor represiva de la policía en lugar de la labor de protección de la vida y los bienes de los ciudadanos?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (18 de julio de 1996)

1. No compete a la Comisión apreciar el eventual uso que un Estado miembro haga de los servicios contra incendios con fines de mantenimiento del orden.

2. La Comisión no dispone de información al respecto.

3. En el pasado la Comisión ha financiado el equipo de los servicios contra incendios en Grecia, pero no el funcionamiento de estos servicios. Dicha financiación no contribuye en absoluto a la actividad represiva de la policía, sino a la mera protección contra los incendios.
PREGUNTA ESCRITA E-1130/96 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (13 de mayo de 1996)

Asunto: Emisión de gases y partículas contaminantes

Cabe congratularse con la Comisión por la propuesta (COM(95)350 ((DO C 328 de 7.12.1995, p. 1. )) sobre la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores que se instalen en las máquinas móviles no de carretera, y se subraya, asimismo, que se trata de la primera propuesta de directiva de la UE para tratar este importante problema.

¿No considera oportuno la Comisión procurar que se utilicen combustibles alternativos, ecológicos y biodegradables, vista la experiencia derivada de la utilización del ecodiesel, dado que el consumo de 1 litro representa una reducción global de las emisiones de CO2 en la atmósfera de 2,3 Kg?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (22 de julio de 1996)

La propuesta ((COM(95)350. )) establecerá requisitos sobre emisiones de motores y no sobre combustibles ecológicos.

La Comisión se ha comprometido a estimular el descubrimiento de combustibles más ecológicos para reducir la emisiones de gases de invernadero fruto de fuentes móviles. Los combustibles alternativos como el biocombustible parecen poseer algunas ventajas a este respecto, pero hay que sopesarlas teniendo en cuenta factores como las repercusiones ambientales de los métodos de labranza de esos cultivos. La reducción neta de las emisiones de CO2 suele ser inferior a la indicada por Su Señoría y el coste de la misma es mucho más elevado que el de otras medidas de reducción de las emisiones de CO2.
PREGUNTA ESCRITA E-1204/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (15 de mayo de 1996)

Asunto: Funcionamiento del procedimiento de comitología en relación con el proyecto de reglamento sobre ayuda al desarrollo para población refugiada, desarraigada y desplazada en Asia y en América Latina

Teniendo en cuenta su experiencia en cuanto al funcionamiento del procedimiento de comitología, ¿puede realizar la Comisión un cálculo aproximado de lo que supone aplicar durante un año natural todas las decisiones correspondientes a esta línea presupuestaria de valor superior a 0,5 millones de ecus, 2 millones de ecus y 5 millones de ecus, respectivamente, en términos de

1. número de páginas de documentos por traducir y considerar

2. número de decisiones requeridas, en cifras absolutas y relativas con respecto al conjunto

3. gastos derivados de la creación y asistencia a comités adicionales con respecto a la situación actual?

Respuesta del Sr. Marín en nombre de la Comisión (12 de junio de 1996)

Desglose de decisiones según el importe de la contribución comunitaria

De un total de 54 proyectos para los cuales la Comisión decidió una financiación en 1995:

- 17 (31%) estaban comprendidos entre O,5 y 2 MECU

- 14 (26%) entre 2 y 5 MECU

- ninguno superó los 5 MECU.

Al ser el total de créditos de compromiso en el presupuesto de 1996 igual al de 1995 (60 MECU), puede calcularse un número similar de decisiones y porcentajes durante el actual ejercicio presupuestario y para cualquier otro año con los mismos créditos presupuestarios.

Número de páginas que deberán traducirse y examinarse

Cada proyecto presentado a un comité tendrá que ser acompañado por una descripción de una longitud media de 5 páginas. Esta descripción tendrá que traducirse en 10 lenguas (es decir, todas las oficiales menos la del original).

Costes adicionales de creación y asistencia a comités

Los proyectos se presentarán en las reuniones periódicas del Comité ALA, por lo que no existirá ningún coste adicional.
PREGUNTA ESCRITA E-1508/96 de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión (12 de junio de 1996)

Asunto: Incumplimiento por parte de la administración municipal de Roma de la Directiva 85/337/CEE incorporada a la legislación italiana mediante el Decreto de la Presidencia del Gobierno no 377/85

A raíz de una pregunta formulada al Alcalde de Roma, Francesco Rutelli, en el ámbito municipal se ha sabido que la administración municipal de Roma no ha respetado la Directiva 85/337/CEE ((DO L 175 de 5.7.1985, p. 40. )), incorporada por el Decreto de la Presidencia del Gobierno no 337/85, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, por lo que se refiere a la obra más importante que tiene la intención de realizar para las celebraciones del año 2000: la línea «C» del metro.

Considerando el hecho de que esta Directiva establece en sus artículos 5, 6, 8 y 9 que la administración municipal debe informar a los ciudadanos sobre las obras que tiene la intención de realizar, que los ciudadanos deben contar con la posibilidad de manifestar su opinión y que la administración municipal, una vez adoptadas las decisiones, debe hacerlas públicas y justificarlas, y constatando el hecho de que la administración municipal no ha respetado ninguno de estos artículos,

¿puede indicar la Comisión si no considera oportuno intervenir para que la administración municipal respete la de que se trata?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (12 de julio de 1996)

El proyecto de construcción de una línea de metro no está automáticamente sujeto a un procedimiento de evaluación de sus repercusiones sobre el medio ambiente en el sentido de la Directiva 85/337/CEE.

Se trata de un tipo de proyecto incluido en el Anexo II de dicha Directiva y la legislación italiana no prevé un procedimiento de evaluación de las repercusiones medioambientales para esta categoría de proyectos, al igual que no lo prevé para otras muchas categorías de proyectos incluidos en el mencionado Anexo II.

Por ello se ha iniciado un procedimiento de infracción contra Italia basado en el artículo 169 del Tratado CE.

Además, cualquier proyecto que tenga repercusiones importantes sobre el medio ambiente debido a su naturaleza, dimensión o localización, deberá someterse al citado procedimiento (artículo 2 de la Directiva 85/337/CEE).

Este artículo no ha sido incorporado a la legislación italiana y en el anteriormente citado procedimiento de infracción se hace referencia a esta irregularidad. Podría preverse, sin embargo, una intervención ante las autoridades italianas con relación al proyecto en cuestión sobre la base de informaciones adicionales relativas a las principales características del proyecto y que permitan evaluar las repercusiones medioambientales del mismo.
PREGUNTA ESCRITA E-1704/96 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (25 de junio de 1996)

Asunto: Ayudas a la construcción naval

En relación con la propuesta de Reglamento del Consejo (COM(95)0410) ((DO C 304 de 15.11.1995, p. 21. )) sobre las ayudas a la construcción naval, resulta conveniente adoptar nuevas disposiciones que permitan satisfacer los requisitos del acuerdo OCDE, que exige el respeto de las condiciones normales de competencia en el sector de la construcción y reparación de buques mercantes y cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 1996, con una posible revisión tras un período de tres años. Cabe destacar que dicho acuerdo prohíbe cualquier medida de apoyo en favor de la construcción de buques mercantes, con las siguientes excepciones:

1. ayudas a la investigación y el desarrollo,

2. ayudas de carácter social relacionadas con el cierre de astilleros,

3. créditos a la exportación de buques, de conformidad con el nuevo acuerdo sobre los créditos a la exportación de buques,

4. créditos nacionales prorrogados en unos términos y condiciones equivalentes a los previstos en el acuerdo antes mencionado.

¿Podría la Comisión comunicar las medidas que piensa adoptar para garantizar la aplicación de sanciones a aquellos buques y constructores navales excluidos de las disposiciones del acuerdo OCDE?

Respuesta de Sir Leon Brittan en nombre de la Comisión (24 de julio de 1996)

El acuerdo de la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) sobre la construcción naval aún no ha entrado en vigor, a falta de ratificación por los Estados Unidos. Su texto limita el campo de las ayudas a la investigación y al desarrollo aprobadas a las ayudas sociales, así como a los créditos interiores o a la exportación sujetos a «understanding» sobre los créditos a la exportación de buques.

El incumplimiento de estas disciplinas puede implicar sanciones o medidas en contra previstas en el artículo 8 del acuerdo. La Comunidad podría pues utilizar estas disposiciones, en su caso, respecto a las partes contraventoras.

Sin embargo, es necesario destacar que estas medidas sólo se pueden aplicar contra las partes signatarias del acuerdo (Comunidad, Japón, Corea, Noruega, los Estados Unidos) y que, por lo tanto, aceptaron disciplinas internacionales en materia de ayudas que son en general más estrictas que las del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por lo tanto, los buques o armadores de los otros países no podrán verse afectados por sanciones previstas en un acuerdo al cual no se han adherido. No obstante, el acuerdo sobre subvenciones de la OMC prevé la posibilidad de medidas en contra. En efecto, al término del procedimiento, un grupo de expertos puede autorizar una parte a adoptar medidas contra otra parte que conceda subvenciones no conformes al acuerdo.
PREGUNTA ESCRITA E-1198/96 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (15 de mayo de 1996)

Asunto: Instalación de tratamiento de aguas de Oikos plc en la isla de Canvey (Essex)

¿Está informada la Comisión de tecnologías para la recuperación de petróleo a partir del agua en una instalación industrial? ¿Puede proporcionar ejemplos de algún Estado miembro? En la medida en que se está desarrollando dicho proceso de un modo innovador, ¿de qué programas concretos de financiación comunitaria se dispone de los que pudiera beneficiarse un proyecto similar?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (1 de julio de 1996)

La Comisión no dispone de información de una tecnología de ese tipo y por lo tanto, lamentablemente, no puede dar ejemplos. A partir de la terminología utilizada en esta pregunta, no está clara la naturaleza de la tecnología citada.
PREGUNTA ESCRITA E-1433/96 de Mark Watts (PSE) a la Comisión (6 de junio de 1996)

Asunto: Matanza de focas en el Mar Blanco

Como continuación de mi pregunta E-2385/95 ((DO C 40 de 12.2.1996, p. 27. )) sobre todos los aspectos de la captura de focas en el Mar Blanco en 1995, objeto de un programa de investigación y dado que en octubre de 1995, la Comisión declaró que me remitiría una copia del resultado del programa de investigación ruso, ¿podría la Comisión explicar por qué no se dispone aún de esos resultados?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (16 de julio de 1996)

Desafortunadamente, la solicitud de la Comisión de que se faciliten los resultados del programa ruso de investigación sigue sin respuesta.

Tan pronto como se reciba el informe, se enviará una copia del mismo a Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-1936/96 de Enrico Ferri (PPE) y Pier Casini (PPE) al Consejo (17 de julio de 1996)

Asunto: Exclusión de la aplicación del IVA a los impuestos nacionales al consumo y a los impuestos suplementarios regionales al consumo de gas metano

Considerando que la inclusión en la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido del impuesto al consumo del gas metano y los impuestos suplementarios regionales de conformidad con el artículo 10 del DL 15/977, crea una desigualdad de trato a escala comunitaria y grandes dudas sobre su legitimidad a escala nacional;

Considerando, por ejemplo, que el precio que se paga en Italia por el consumo de gas metano es mucho más elevado que en cualquier otro país y no sólo por el coste de la materia prima, sino especialmente por el aumento continuo de los gravámenes (impuestos, impuestos suplementarios, etc.), que en pocos años han llevado el peso de los gravámenes a más de la mitad del coste final;

Considerando que la sexta Directiva CEE 77/388/CEE ((DO L 145 de 13.6.1977, p. 1. )) en materia de a armonización de las legislaciones de los Estados miembros para la creación de un sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, prevé explícita e inequívocamente en el punto II del artículo 11 del Título VIII que en la base imponible se deben incluir todos los impuestos, derechos, tasas y exacciones, con excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido;

Considerando que, a la vista de la situación legislativa interna de los Estados miembros, sólo una acción normativa comunitaria puede derogar la situación legítimamente reconocida de la aplicación de un impuesto sobre otro impuesto;

¿Puede el Consejo adoptar una directiva por la que se modifique la normativa nacional vigente y que excluya, allí donde sea posible, la aplicación del IVA sobre los impuestos al consumo y los impuestos suplementarios regionales que gravan el consumo de gas metano?

Respuesta (10 de octubre de 1996)

Las disposiciones que citan Sus Señorías relativas a la base imponible del IVA se explican por el hecho de que el impuesto sobre el valor añadido es un impuesto general sobre el consumo que grava todos los elementos, salvo el propio IVA, incluido en el precio de una mercancía determinada. Por otra parte, estas mismas normas se aplican no sólo a las operaciones efectuadas en el interior de un país, sino también a la importación y a las adquisiciones intracomunitarias de bienes.

El Consejo solamente puede contemplar la posibilidad de modificar esta legislación sobre la base de una propuesta de la Comisión. Ahora bien, el Consejo no ha recibido propuesta alguna en este sentido.