PREGUNTA ESCRITA E-1126/02

de Astrid Lulling (PPE-DE) a la Comisión

(18 de abril de 2002)

Asunto: Diferencias entre los precios brutos sin IVA en la Unión Europea

Recientemente, la Comisión ha presentado su proyecto de reglamento relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a las categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en la industria del automóvil(1). Uno de los objetivos del proyecto es la confluencia de los precios sin impuestos en dicha industria.

En Luxemburgo, empresarios de numerosos sectores se quejan de que sus proveedores europeos (emplazados fuera del Gran Ducado) les exigen precios brutos sin impuestos muy superiores a los fijados para empresarios de otros Estados miembros.

Además, son muchas las empresas que, obligatoriamente, deben realizar sus pedidos a proveedores de un determinado país europeo y no de otro país donde la misma mercancía es más económica. Asimismo ocurre que un único país distribuye un producto en Europa y que es el importador quien se encarga de fijar los distintos precios en los Estados miembros.

Por analogía a la propuesta sobre los automóviles mencionada anteriormente, ¿qué respuesta piensa dar la Comisión a estas acusaciones?

¿Pueden considerarse estas actividades como un atentado contra los principios de la libre circulación de mercancías en el mercado único y de la libre competencia y contra la prohibición de la letra a) del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, que prevé fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción?

¿Está preparada la Comisión para intervenir legislativamente, o de otra forma, con el objeto de resolver este problema?

(1) DO C 67 de 16.3.2002, p. 2.

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(28 de mayo de 2002)

En cuanto a las normas de competencia, el sector de la distribución de automóviles actualmente está regulado por el Reglamento (CE) no 1475/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y servicio de venta y postventa de vehículos automóviles(1), que expira al 30 de septiembre de 2002.

El proyecto de nuevo Reglamento para la distribución de automóviles, adoptado por la Comisión el 5 de febrero, tiene por objeto crear condiciones de mercado que permitan una mejor competencia en los mercados de venta y postventa.

El planteamiento general del Reglamento está basado en la nueva política de la Comisión para evaluar las restricciones verticales, fijada en el reciente Reglamento (CE) no 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a los acuerdos verticales y prácticas concertadas(2), y en las directrices respectivas(3).

Este Reglamento general establece las normas de competencia aplicables a todos los sectores de la distribución excepto el automóvil, para el cual el proyecto de Reglamento mencionado prevé un régimen más estricto. Este Reglamento general está basado en un enfoque más económico y no cubre en la letra d) de su artículo 4 la restricción de las entregas cruzadas entre distribuidores dentro de un sistema de distribución selectiva, incluso entre distribuidores que operan a niveles comerciales diferentes. Tal sistema prohibe a los fabricantes limitar el suministro a los distribuidores minoristas por otros importadores independientes distintos del que les fue asignado. Simétricamente, los fabricantes no pueden limitar la posibilidad de los importadores independientes de vender a los mencionados distribuidores minoristas, si lo desean.

Sin embargo, en los casos luxemburgueses en cuestión, faltan elementos, en particular en cuanto al tipo de distribución contemplado que permitan determinar si los comportamientos mencionados pueden constituir una infracción o no. Si elementos que demuestren que comportamientos contrarios a la competencia fueran puestos en conocimiento de la Comisión, ésta los examinaría con el fin de determinar si procede incoar los procedimientos de infracción necesarios para poner fin a dichas prácticas.

(1) DO L 145 de 29.6.1995.

(2) DO L 336 de 29.12.1999.

(3) Directrices sobre restricciones verticales, DO C 291 de 13.10.2000.