PREGUNTA ESCRITA E-1718/01

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(14 de junio de 2001)

Asunto: Interpretaciones diferentes, según el Estado miembro, sobre la participación o exclusión de auditores externos y verificadores medioambientales para la aplicación del Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (SGAM)

1. ¿Recuerda la Comisión que, en relación con el Reglamento por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (SGAM), el Parlamento Europeo aprobó en el transcurso de sus dos primeras lecturas una enmienda cuyo objetivo era acabar con la posición de monopolio de los grandes organismos de verificación en calidad de verificadores SGAM, de manera que también auditores externos y verificadores medioambientales pudieran realizar estas tareas, pero que dicha enmienda no se incluyó en el texto definitivo aprobado el 14 de febrero de 2001 en tercera lectura conforme al procedimiento de conciliación?

2. ¿Podría confirmar la Comisión que las prácticas actuales difieren notablemente de un Estado miembro a otro, ya que, por ejemplo, en Alemania, los auditores externos pueden realizar estas tareas mientras que los grandes organismos en los Países Bajos y en Dinamarca intentan impedir que esto ocurra?

3. ¿Sabe la Comisión que esta obstaculización se lleva a cabo en los Países Bajos por parte del Raad voor de Accreditatie (Consejo de Acreditación) y, siguiendo el ejemplo de éste, por la Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen (Fundación para la Coordinación de los Sistemas de Certificación Medioambiental), que están en condiciones de impedir el ingreso de los aproximadamente ochenta verificadores medioambientales al baluarte inexpugnable que son los organismos de certificación?

4. ¿Está al corriente la Comisión de la propuesta de ley neerlandesa no 27683, que tiene por objeto la modificación del artículo 12 de la Ley en materia de gestión medioambiental con vistas a introducir la rectificación al Reglamento SGAM, pero en la que no se tiene en cuenta la libre prestación de servicios prevista por dicho Reglamento? ¿Considera que esta propuesta de ley es fiel al espíritu del Reglamento?

5. ¿Cuál es la interpretación de la Comisión sobre la manera en que los auditores externos y los verificadores medioambientales podrán participar o ser excluidos de dichas actividades?¿Cuál será en adelante la interpretación válida: la alemana o la neerlandesa y danesa? ¿Considera la Comisión que, en la práctica, seguirán existiendo reglamentaciones diferentes según los Estados miembros, con las consecuencias que ello supone para la posición jurídica de este grupo profesional?

6. ¿Permitirá la Comisión que en adelante se perpetúen las diferentes interpretaciones del Reglamento según el Estado miembro? En caso negativo, ¿cómo y cuándo piensa resolver esta cuestión?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(26 de julio de 2001)

1. y 2. Tanto en su versión original(1) como en su versión revisada(2), el Reglamento EMAS siempre ha evitado limitar en exclusiva a los organismos el acceso a la profesión de verificador medioambiental. Antes bien, en el texto del Reglamento se especifica que los sistemas de acreditación nacionales pueden optar por acreditar como verificadores medioambientales a individuos u organizaciones(3).

Dicha facultad de elección, que es competencia de los Estados miembros en virtud del principio de subsidiariedad, permite tener en cuenta, en particular, la estructura preexistente en materia de certificación medioambiental. Sea cual sea la opción que elija cada Estado miembro a la hora de establecer su sistema nacional de acreditación, los verificadores medioambientales han de ser independientes en todo momento de las actividades que comprueban.

Debe tenerse presente, asimismo, que de conformidad con Reglamento (CE) no 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001(4), los Estados miembros cuentan con un plazo de 12 meses, a partir de la entrada en vigor del Reglamento, para asegurarse de que sus sistemas de acreditación sean operativos. Por consiguiente, es difícil prever la opción por la que se decantarán en lo relativo a la acreditación de organismos e individuos como verificadores EMAS.

A la luz de lo anterior, no es posible afirmar en la actualidad que determinados organismos de verificación impidan el acceso de individuos a la acreditación EMAS.

3. Habida cuenta de que la figura del verificador medioambiental se rige únicamente por el Reglamento EMAS, no queda muy clara la alusión que se hace en la pregunta a los 80 verificadores a los que se impediría el ingreso a la verificación. Sólo puede tratarse de 80 verificadores medioambientales acreditados, efectivamente, en virtud del Reglamento EMAS, o bien de un grupo de individuos que poseen otras competencias y están sujetos a unas condiciones de ejercicio de su profesión ajenas a dicho Reglamento. A este respecto, cabe señalar que en el registro comunitario correspondiente sólo figuran seis verificadores medioambientales acreditados en los Países Bajos.

4. Por el momento, la Comisión no ha recibido de manera oficial el proyecto de ley neerlandesa que se menciona, motivo por el cual se encuentra en la imposibilidad de pronunciarse sobre su compatibilidad con las disposiciones del Reglamento (CE) no 761/2001.

5. y 6. Como ya se ha indicado en los puntos 1 y 2, el Reglamento (CE) no761/2001 ofrece a los Estados miembros la posibilidad de elegir el tipo de verificadores medioambientales que desean acreditar (organismos, individuos o ambos). En consecuencia, el ejercicio de dicha facultad no puede entenderse como una diferencia de interpretación del Reglamento. De cualquier modo, y en aplicación del principio de libre prestación de servicios, todo organismo o individuo que haya sido acreditado como verificador medioambiental en un Estado miembro puede ejercer sus funciones en otro Estado miembro, conforme se reitera en el apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 761/2001.

(1) Reglamento (CEE) no 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1993, por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, DO L 168 de 10.7.1993.

(2) DO L 114 de 24.4.2001.

(3) Véanse el Anexo III A del Reglamento (CEE) no 1836/93 y el Anexo V 5.1 del Reglamento (CE) no 761/2001.

(4) DO L 114 de 24.4.2001.