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PREGUNTA ESCRITA E-0182/98 de Florus Wijsenbeek (ELDR) a la Comisión (5 de febrero de 1998)

Asunto: Incumplimiento por parte de Bélgica del Acuerdo ADR

¿Está al tanto la Comisión de que en Bélgica, en el contexto del transporte por carretera de mercancías peligrosas, se imponen a los transportistas -so pena de cuantiosas multas- unas disposiciones más rigurosas de la denominada «declaración del expedidor» establecida por la Directiva marco 94/55/CE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera (los denominados documentos ADR)?

¿No considera la Comisión que las excepciones a la normativa en materia del transporte de mercancías peligrosas por carretera sólo podrán introducirse previa notificación a la Comisión y aprobación por parte de la misma, cosa que Bélgica no ha hecho?

¿No considera por consiguiente la Comisión que con ello Bélgica contraviene la legislación europea y que se debe poner fin a este tipo de prácticas lo antes posible?

¿Está dispuesta la Comisión a ponerse en contacto con las autoridades belgas para poner fin a este tipo de política?

En caso afirmativo, ¿de qué manera? En caso negativo, ¿por qué motivo?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (17 de marzo de 1998)

La Comisión confirma que, según lo dispuesto en la Directiva 94/55CE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera ((DO L 319 de 12.12.1994. )), el expedidor tiene que certificar por escrito que las mercancías peligrosas pueden transportarse por carretera y que cumplen las disposiciones aplicables. Esta declaración puede hacerse en la carta de porte o en una declaración aparte. Tal obligación del expedidor está recogida en el Anexo de la Directiva 94/55/CE del Consejo modificada por la Directiva 96/86/CE de la Comisión ((DO L 335 de 24.12.1996. )).

La Comisión no tiene constancia de que la aplicación de la disposición mencionada haya provocado dificultades en Bélgica. No obstante, está dispuesta a estudiar este caso y a ponerse en contacto al respecto con las autoridades belgas. Por lo tanto, le agradeceríamos que nos hiciera llegar más información sobre la cuestión.
PREGUNTA ESCRITA E-0745/98 de Glyn Ford (PSE) a la Comisión (18 de marzo de 1998)

Asunto: Pago de cheques para fomentar la eugenesia

¿Va a investigar la Comisión la política del Frente Nacional en Vitrolles por la que se abona a las familias francesas de raza blanca 5.000 francos franceses al tener un hijo, de manera que se garantice la no discriminación de los ciudadanos de la Unión Europea, y en particular de aquellos ciudadanos de raza negra que tienen la desgracia de vivir en Vitrolles?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (16 de abril de 1998)

La Comisión no ha recibido quejas concretas relativas a políticas racistas por parte de las autoridades de Vitrolles en contra de ciudadanos europeos de raza negra.

Sin embargo, la Comisión desea destacar que el artículo 48 del Tratado CE y el Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad ((DO L 257 de 19.10.1968. )), establecen el principio de la igualdad de trato en lo que respecta a las ventajas sociales de los nacionales y de los trabajadores de otros Estados miembros, así como de los miembros de sus familias. Así pues, si las autoridades de Vitrolles rechazaran las asignaciones por hijos a los trabajadores europeos no franceses o a los miembros de sus familias, concediéndoselas sin embargo a los nacionales franceses, estarían cometiendo una discriminación contraria a la ley comunitaria. No obstante, la aplicación de una legislación nacional, si la hay, que prohíba la discriminación racial, es un asunto de competencia nacional.

Además, tal como anunció en su reciente Plan de acción contra el racismo y una vez haya sido ratificado el Tratado de Amsterdam, la Comisión pretende hacer una propuesta legislativa en este ámbito antes de finalizar 1999.
PREGUNTA ESCRITA E-1311/98 de José García-Margallo y Marfil (PPE) a la Comisión (29 de abril de 1998)

Asunto: Euro 1999

Gracias al Pacto de estabilidad y crecimiento -adoptado por el Consejo Europeo de Amsterdam, en junio de 1997- los Estados miembros fijarán como objetivo presupuestario a medio plazo la obtención de «situaciones que estén cerca del equilibrio o excedentarias». Si continúan sus ajustes presupuestarios en los años siguientes, los Estados miembros contarán con unas finanzas públicas cuya situación les permitirá hacer frente más fácilmente a las consecuencias presupuestarias de posibles evoluciones desfavorables de la economía.

¿Cuál cree la Comisión que sería la situación actual en Austria si el Pacto de estabilidad hubiese sido aplicado durante el período 1992-1997?

Respuesta del Sr. de Silguy en nombre de la Comisión (2 de junio de 1998)

El Pacto de estabilidad y crecimiento está constituido por una resolución del Consejo Europeo de 7 de junio de 1997, el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997 ((DO C 236 de 2.8.1997. )), relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas ((DO L 209 de 2.8.1997. )) y el Reglamento (CE) no 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo4. El Pacto pretende lograr la disciplina presupuestaria en la Unión Económica y Monetaria (UEM) y crear así las condiciones apropiadas de estabilidad para generar un crecimiento sostenido. Al mismo tiempo, establece un poderoso sistema de incentivos para que los Estados miembros no incurran en un déficit excesivo y para que rectifiquen rápidamente, de darse el caso.

En 1992, Austria tenía un déficit de las administraciones públicas del 2,0 % del producto interior bruto (PIB), que en 1993 fue del 4,2 %. Después de la adhesión de Austria a la Comunidad en enero de 1995, el Consejo decidió el 10 de julio de 1995 que este país tenía un déficit excesivo (artículo 104c (6) del Tratado CE. En el periodo al que se refiere la pregunta formulada por Su Señoría, es decir, entre 1992 y 1997, el objetivo principal de la política presupuestaria austríaca era la convergencia, es decir, corregir esta situación de déficit excesivo para poder cumplir los criterios de convergencia desde un punto de vista presupuestario. Además, los apartados 9 y 11 del artículo 104c del Tratado CE, que hacen referencia a las sanciones, no eran de aplicación en la segunda fase de la UEM.
PREGUNTA ESCRITA E-0122/98 de Gerardo Fernández-Albor (PPE) a la Comisión (30 de enero de 1998)

Asunto: Estatuto de la Asociación Europea

La reciente convocatoria, por parte de la Comisión, de propuestas para fomentar el desarrollo de organizaciones juveniles internacionales ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de contar con un Estatuto de Asociación Europea que regule aquellas asociaciones que abarquen un ámbito territorial más allá de los confines de un Estado miembro.

La creciente interdependencia de organizaciones que, al margen del ámbito puramente mercantil, mantienen múltiples relaciones de colaboración, entre distintos países miembros, fuerza la necesidad de buscar un marco jurídico, en el contexto de la Unión Europea, para que puedan desarrollar sus actividades con la comodidad de disponer de unas reglas de juego bien precisas.

¿Puede indicar la Comisión si considera necesario que se proponga la institucionalización, a nivel comunitario, del Estatuto de la Asociación Europea, para facilitar la colaboración entre personas, organizaciones y entidades, de los distintos países miembros, con objeto de que ésta disponga del necesario marco jurídico que regule sus actividades?

Respuesta del Sr. Papoutsís en nombre de la Comisión (6 de marzo de 1998)

La Comisión informará a su Señoría de que, con vistas a facilitar la cooperación entre organizaciones que deseen colaborar a escala europea a través de un organismo sin fines de lucro, ya ha presentado al Consejo una Propuesta de Reglamento sobre el Estatuto de la Asociación Europea ((DO C 99 de 21.4.1992. )).

La propuesta, presentada en 1992, se modificó en 1993 ((DO C 236 de 31.8.1993. )), tras los Dictámenes del Parlamento y el Comité Económico y Social, pero aún no ha sido adoptada por el Consejo.
PREGUNTA ESCRITA E-0217/98 de Gianni Tamino (V) a la Comisión (11 de febrero de 1998)

Asunto: Excepciones en Italia en favor de los mataderos

En la respuesta E-3274/97 ((DO C 158 de 25.5.1998, p. 75. )) a una pregunta mía anterior, la Comisión afirmaba que contactaría «a las autoridades italianas para pedirles más información al respecto».

El artículo 56 de la ley relativa a la ley presupuestaria de 1998, que contiene «medidas de estabilización de las finanzas públicas» y fue aprobada definitivamente por el Parlamento italiano el pasado 23 de diciembre, prorroga nuevamente el plazo (el anterior había sido fijado en la ley no 228 de 1997 relativa a disposiciones urgentes para prevenir y combatir los incendios forestales en el territorio nacional e intervenciones en materia de protección civil, medio ambiente y agricultura) hasta el 31 de diciembre de 1998 para los mataderos, que ya se han beneficiado de una prórroga que supera en tres años lo dispuesto por la normativa comunitaria.

¿Está la Comisión al corriente de este nuevo acto? ¿Considera que es conforme a las directivas en la materia?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (2 de abril de 1998)

La Comisión ha contactado a las autoridades italianas para pedirles más información sobre los hechos indicados en la pregunta escrita sin que hasta el momento haya recibido respuesta alguna.

La Comisión va a pedir nuevamente esa información a las autoridades italianas.
PREGUNTA ESCRITA E-0184/98 de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión (5 de febrero de 1998)

Asunto: Transporte por ferrocarril de camiones pesados y remolques

Es posible ahorrar dinero y reducir los vertidos en el aire si se transportan por ferrocarril los camiones pesados en los trayectos de larga distancia. En la actualidad existe un sistema para que los camiones con remolque y carga se puedan transportar en vagones de ferrocarril especiales. ¿Existe algún tipo de ayuda de la UE para este tipo de proyectos? ¿Prevé la UE subvencionar de alguna forma el desarrollo técnico en este terreno?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión (27 de marzo de 1998)

La Comunidad Europea realiza una política activa dirigida a mejorar la competitividad y la eficacia del transporte combinado. En el marco de esta política, la Comisión ha venido apoyando acciones piloto en el campo del transporte combinado desde 1992. El Programa PACT, consagrado a estas acciones piloto, concede ayudas financieras limitadas a proyectos innovadores que mejoren la competitividad del transporte combinado internacional. Además, la Comunidad subvenciona otras actividades de investigación y desarrollo en el campo de la intermodalidad a través de su IV Programa Marco de IDT (Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo no 1110/94/CE ((DO L 126 de 18.5.1994. ))).

En general, la Comisión ha comprobado que el transporte combinado «acompañado» (las carreteras rodantes), tal y como se realiza en la actualidad, frecuentemente resulta por sí mismo poco viable económicamente. Se debe más bien a razones medioambientales u obedece al objetivo de reducir la saturación en determinados ejes, sobre todo los que atraviesan regiones montañosas. Estos aspectos y otros relacionados con el transporte intermodal se estudiaron en el Libro Blanco de 1997 «Intermodalidad y transporte intermodal de carga en la Unión Europea» ((COM(97)243 final. )).

Por el momento, la tecnología o las operaciones de estas carreteras rodantes no reciben financiación comunitaria en el marco de los programas mencionados. No obstante, la Comisión vería con buenos ojos los avances tecnológicos y económicos en este campo para que las carreteras rodantes lleguen a ser una opción económicamente viable. Si existen proyectos con este objetivo que cumplan los criterios establecidos para el Programa PACT o las tareas específicas de los programas de IDT en el campo de la intermodalidad, podrían optar a financiación comunitaria.
PREGUNTA ESCRITA E-0164/98 de Anita Pollack (PSE) a la Comisión (2 de febrero de 1998)

Asunto: Productos de madera y consumidores

¿Tiene intención la Comisión de aplicar algún sistema de certificación forestal que permita a los consumidores comprar con conocimiento de causa productos de madera cuya fabricación no haya supuesto un perjuicio para el medio ambiente?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (24 de marzo de 1998)

La Comisión no propugna ningún sistema específico de certificación forestal en su política en este campo, pero continúa propiciando y presidiendo conversaciones oficiales y extraoficiales sobre el tema a través de varios foros, así como vigilando el uso que se hace y los resultados que se derivan de las iniciativas de certificación forestal y de otros mecanismos de fomento de una gestión forestal sostenible en los mercados de los productos forestales. Además, la Comisión ha prestado apoyo, frecuentemente mediante planes de cofinanciación, a varios proyectos e iniciativas llevados a cabo con arreglo al artículo 4(c) del Reglamento (CE) no 3062/95 sobre una actuación en favor de los bosques tropicales ((DO L 327 de 30.12 1995. )), así como en aplicación del protocolo sobre los bosques del Convenio de Lomé.

La Comisión es consciente de la demanda creciente y legítima por parte de la población de más garantías en relación con la gestión sostenible de los bosques. A nivel mundial, la certificación puede considerarse un instrumento entre otros que puede servir para mejorar la gestión forestal en aquellas regiones del planeta afectadas por la deforestación y la degradación forestal a gran escala a causa de prácticas de tala inapropiadas. En Europa no es probable que la certificación forestal tenga ningún efecto significativo sobre la gestión forestal puesto que ésta ya se caracteriza por un alto nivel de sostenibilidad. De haberlos, los efectos potenciales de esta práctica se limitarían aquí a posibles ventajas comerciales y a una mejor información del público sobre las ventajas que presentan desde el punto de vista ecológico la madera y los productos a base de madera en comparación con las materias primas no renovables.
PREGUNTA ESCRITA P-1349/98 de Sir Jack Stewart-Clark (PPE) al Consejo (23 de abril de 1998)

Asunto: Convenio sobre la experimentación con animales

En 1986, sobre la base de asesoramiento jurídico, el Consejo acordó que la Directiva 86/609/CEE ((DO L 358 de 18.12.1986, p. 1. )) relativa a la protección de los animales utilizados con fines de experimentación y otros fines científicos se limitaría a la utilización de los animales para la puesta a punto de productos y para pruebas de seguridad.

Por otra parte, el Convenio del Consejo de Europa prevé la protección de los animales utilizados para todos los fines de experimentación y la Comunidad debió adherirse a dicho Convenio desde hace tiempo.

¿Podría explicar el Consejo por qué las negociaciones sobre este asunto han tomado tanto tiempo y puede asegurar al Parlamento de que se llegará a una conclusión positiva durante la Presidencia británica?

Respuesta (13/14 de julio de 1998)

Al Consejo le satisface poder anunciar que el 23 de marzo de 1998 adoptó la Decisión por la que se celebra el Convenio citado por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-0581/98 de Jan Mulder (ELDR) a la Comisión (4 de marzo de 1998)

Asunto: Ejecución de la línea presupuestaria B2-5122

¿Podría indicar la Comisión el número y el nombre de las organizaciones que se beneficiaron de línea presupuestaria B2-5122 en 1997?

¿Podría indicar la Comisión el número de casos en los que se concedieron las subvenciones y el número de casos en los que se denegaron? ¿Cuáles fueron los motivos más frecuentes de estas denegaciones?

¿Podría indicar la Comisión cuanto tiempo transcurre, por término medio, entre la solicitud de una subvención y la concesión real de la misma? ¿Considera la Comisión que este plazo es razonable?

¿No considera la Comisión que una mejor información a los beneficiarios contribuiría a una ejecución más eficaz de esta línea presupuestaria? ¿Qué medidas piensa adoptar al respecto?

¿No considera la Comisión que las organizaciones que se benefician de esta línea presupuestaria deberían poder autofinanciarse cada vez en mayor medida? En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa adoptar al respecto?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (29 de abril de 1998)

La lista de los beneficiarios de la línea presupuestaria B2-5122 le será enviada directamente a Su Señoría, así como a la Secretaría general del Parlamento.

De entre las solicitudes, 101 recibieron una respuesta positiva y 42 negativa. Las respuestas negativas se debieron, o bien a que el solicitante no figuraba entre las organizaciones mencionadas nominalmente en el comentario de la partida presupuestaria, o bien a que el proyecto presentado no era conforme al vademécum que regula la partida presupuestaria o no respondía a los objetivos de ésta.

El plazo medio de tramitación de un expediente es de dos a tres meses. El plazo varía en función de distintos factores: a) si un proyecto presentado está completo y va acompañado de la documentación financiera necesaria (conforme al vademécum); b) si es preciso enviar el vademécum al solicitante y esperar su presentación correcta; c) del procedimiento interno de la Comisión con sus exigencias de controles financieros antes de que pueda enviarse una carta concediendo la subvención.

Para mejorar la situación, la Comisión se reunió con algunos de los posibles beneficiarios a principios de 1998 con el fin de explicarles el vademécum de 1998 y los procedimientos. Los demás solicitantes reciben también este vademécum antes de que presenten sus proyectos.

La subvención pública es complementaria, por lo que la Comisión espera de cada beneficiario posible, o bien que financie él mismo la parte principal de su acción o bien que encuentre otros interlocutores para la cofinanciación de ésta. Dicho esto, la Comisión propone en su vademécum para 1998 tres porcentajes de cofinanciación posible basados en criterios que tienen en cuenta el interés de la acción en sí misma y las capacidades en términos de recursos humanos y financieros de las organizaciones.
PREGUNTA ESCRITA E-0039/98 de Giacomo Leopardi (PPE) a la Comisión (29 de enero de 1998)

Asunto: Gastos farmacéuticos: retenciones forzosas y compatibilidad con los principios de la Unión Europea

En el ámbito del proyecto de ley vinculado al presupuesto para el año 1998, el Parlamento italiano ha aprobado una enmienda presentada por el Gobierno italiano, mediante la que se impone a las empresas farmacéuticas, a los distribuidores mayoristas y a las farmacias una cotización al servicio nacional de salud equivalente al 60 % del excedente de los gastos farmacéuticos previstos para el año 1998, carga que se deduciría de la cuota retributiva en función del precio de venta al público de los medicamentos (apartado 15 del artículo 31 del proyecto de ley no 4354).

¿Puede decir la Comisión si dicha previsión legislativa, que impone una retención forzosa sobre las cuotas de rebasamiento del gasto farmacéutico, de las que no se puede responsabilizar en absoluto a farmacias, empresas farrmacéuticas o distribuidores mayoristas, es compatible con los principios de la Unión Europea y con la libertad de empresa, teniendo en cuenta que las farmacias ya están obligadas a pagar una contribución porcentual al servicio nacional de salud, que varía entre el 3,75 % y el 12.5 % según el precio del medicamento suministrado a cargo del Estado a los beneficiarios de la seguridad social?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (6 de abril de 1998)

La cotización al servicio nacional de salud a que se refiere Su Señoría debe asimilarse a una tasa sobre el consumo de medicamentos, a pesar de que recaiga en personas distintas a los consumidores. En consecuencia, la legitimidad de este tipo de cotización debe evaluarse ante todo basándose en las disposiciones comunitarias en materia de imposición indirecta.

La Comisión observa que, a este respecto, dicha cotización no suscita objeción alguna, al tratarse de una tasa que no es objeto de armonización comunitaria y que, además, no es susceptible de dar lugar a discriminaciones fiscales en detrimento de productos de otros Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-0858/98 de Ursula Schleicher (PPE) al Consejo (31 de marzo de 1998)

Asunto: Repercusiones de la prohibición publicitaria del tabaco

La directiva no trata de forma explícita la publicidad en los puntos de venta ni la presentación y etiquetado de los precios; por tanto, estas cuestiones pueden ser reguladas por cada uno de los Estados miembros. ¿Es válido esto sólo para los productos del tabaco o también para los productos distintos del tabaco de la misma marca?

La directiva tampoco trata la publicidad del tabaco en las publicaciones de prensa procedentes de terceros países.

1. ¿Significa esto que queda a libre decisión de los Estados miembros permitir o prohibir esta publicidad y, con ello, establecer nuevas restricciones al comercio?

2. ¿Es válida esta reglamentación también para la publicidad de productos distintos del tabaco?

¿Cómo se compagina la facultad que la directiva concede a los Estados miembros de poder establecer ellos mismos reglamentaciones más estrictas con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 100 A del Tratado CE?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0856/98, E-0857/98, E-0858/98, E-0859/98, E-0860/98, E-0861/98 y E-0862/98 (13/14 de julio de 1998)

Como sabe Su Señoría, el Parlamento Europeo, después de un amplio debate, aprobó, en segunda lectura, el 13 de mayo de 1998, la posición común del Consejo referente a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco sin introducir en ella enmiendas. En consecuencia, el Consejo adoptó dicha Directiva en su sesión del 22 de junio de 1998.

En lo que respecta, particularmente, a las preguntas planteadas por Su Señoría, cabe señalar que el Consejo, con ocasión de sus deliberaciones sobre la propuesta de la Comisión, puso gran cuidado en llegar a un texto que tuviese en cuenta, al mismo tiempo el funcionamiento eficaz del mercado interior y las exigencias encaminadas a garantizar un nivel elevado de protección de la salud.

Los motivos que guiaron los trabajos del Consejo sobre esta propuesta de Directiva se explicitaron en detalle en las consideraciones y en la exposición de motivos que se transmitieron al Parlamento Europeo antes de su segunda lectura. Corresponderá a los Estados miembros adoptar las disposiciones apropiadas para garantizar una aplicación de la Directiva que permita alcanzar los objetivos que se persiguen.

El Consejo recuerda a Su Señoría que incumbe a la Comisión velar por la aplicación de las disposiciones adoptadas por la Instituciones en virtud el Tratado, y que el Tribunal de Justicia es competente para interpretarlas y garantizar su conformidad con el Tratado.