ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/184

(2004/C 88 E/0191)

PREGUNTA ESCRITA E-0419/04

de Anna Karamanou (PSE) a la Comisión

(17 de febrero de 2004)

Asunto: Mujeres quemadas en el Pakistán

Recientemente ha salido de nuevo a la luz la espeluznante práctica de los crímenes con fuego, muy común en el Pakistán, la India y Bangladesh. Se trata de una forma de violencia doméstica, en la que los maridos o los suegros llegan al extremo de quemar a las mujeres por razones que van desde una disputa económica hasta una borrachera del marido. Los autores rocían a las mujeres con queroseno y les prenden fuego o simplemente las rocían con un ácido. Se alega como causa oficial un accidente doméstico. En cualquier caso, estas acciones suelen desembocar en la muerte de la víctima, sea inmediata o posteriormente, debido a la ausencia de cuidados médicos. Las denuncias son mínimas porque las mujeres tienen miedo.

¿Qué acciones piensa emprender la Comisión para presionar al gobierno del Pakistán, de la India y de Bangladesh, a fin de eliminar la indiferencia y la falta de voluntad política y así luchar contra el odio hacia las mujeres y castigar de forma ejemplar a los culpables de los crímenes con fuego?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(23 de marzo de 2004)

La Comisión está al corriente de esta práctica en los tres países mencionados por Su Señoría.

Las agresiones con fuego, y más concretamente las agresiones con ácido, son una de las múltiples formas de violencia contra las mujeres que existen en Pakistán. Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, en 2000 se registraron 55 casos, 63 en 2001 y 88 en 2002. El hecho de que estos casos reciban cada vez mayor difusión gracias a los medios de comunicación ha obligado a las autoridades a reconocer la existencia del problema. No obstante, puede que ello también haya tenido el efecto no deseado de difundir la idea de recurrir a dichas prácticas.

La cuestión es compleja, ya que los asesinatos por motivos de honor están enraizados en arcanas tradiciones existentes en algunas de las zonas más remotas de Pakistán. También se produce a menudo una confusión entre los preceptos islámicos y las tradiciones tribales. En Pakistán el delito de homicidio pertenece a la esfera privada, lo que implica que el Estado no puede intervenir si la víctima o su familia no presenta una denuncia. Esta situación ha favorecido la práctica de presionar o sobornar a la víctima o incluso a la policía para que no se presente una denuncia, dejando en libertad a numerosos delincuentes y distorsionando el curso normal de la justicia.

Abordar de manera eficiente el problema requeriría revisar el Código Penal, impartir una formación adecuada a la policía y lanzar una campaña de sensibilización masiva. Se han detectado algunas medidas positivas en los seis últimos meses, habiéndose abierto un nuevo debate en el Gobierno y el Parlamento sobre la violencia doméstica, los asesinatos por motivos de honor y el problema concreto de las agresiones con ácido. Las Asambleas provinciales han adoptado resoluciones sobre estas cuestiones, y el propio Presidente Musharraf se ha pronunciado sobre un caso concreto. Pero es preciso hacer mucho más para llegar a un sistema en el que las víctimas se vean protegidas frente a las presiones injustas.

La Unión Europea ha abordado repetidas veces el problema de la violencia contra las mujeres en varias gestiones diplomáticas ante el Ministerio pakistam de Justicia y Derechos Humanos. Por otra parte, se prevé mencionar de manera concreta el número cada vez mayor de agresiones con ácido con ocasión de una nueva gestión diplomática de la Unión Europea que tendrá lugar durante las próximas semanas.

Por otra parte, la Delegación de la Comisión en Pakistán lanzó a finales de 2003 una primera convocatoria de propuestas con arreglo al programa de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos a fin de financiar microproyectos que aborden el problema de la violencia contra las mujeres. Como resultado de esta inciativa, se espera que 12 proyectos dirigidos por organizaciones no gubernamentales (ONG) locales serán financiados en todo el país para atender a diversas formas de violencia doméstica. Las posibles actividades incluyen las campañas de sensibilización, el suministro de asistencia jurídica y médica a las víctimas y la participación y educación de las autoridades locales.

Al igual que en Pakistán, el quemar y arrojar ácido a las jóvenes casadas está a menudo vinculado en Bangladesh a los problemas de pago de la dote o a la negativa a casarse. El actual Gobierno, dirigido por el Partido Nacional de Bangladesh (BNP), ha mostrado una especial determinación a la hora de combatir esta forma de crimininalidad particularmente atroz, la cual, según la Fundación de supervivientes de agresiones con ácido, se duplicó en 2002, pasando a más de 350 agresiones declaradas. El Parlamento refrendó en marzo de 2003 una ley para combatir el riesgo de agresiones con ácido, y actualmente castiga los casos más horrendos con la pena capital.

La Comisión ha abordado la cuestión a través de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, apoyando a las víctimas de la violencia y promoviendo la capacitación de las mujeres y niños vulnerables. Al mismo tiempo, la Comisión planea incrementar su apoyo a las actividades concretas de derechos humanos en 2005 y 2006, en el marco de la revisión del Programa Indicativo Nacional para Bangladesh. Ello podría incluir el apoyo a un programa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que favorece a los jóvenes vulnerables y también particularmente a las posibles víctimas de agresiones con ácido. Este tema también ha sido debatido en el marco del diálogo formal de la Comisión con el Gobierno sobre cuestiones de derechos humanos y de gobernanza.

En la India, la quema de jóvenes casadas se produce cuando la joven casada o su familia no pueden atender a las demandas cada vez mayores de pago de la dote efectuadas por el marido y la familia de éste. La quema de jóvenes casadas debe ser considerada en el contexto más amplio de la subordinación de las mujeres en la sociedad india.

A través de sus programas de desarrollo en los sectores sociales de la salud y la educación, la Comisión tiene por objetivo contribuir a la capacitación de las mujeres en la India. La Comisión tiene compromisos en curso de casi 500 millones de euros para programas sectoriales de salud genésica, en los que las mujeres son los principales beneficiarios, y de educación elemental, haciendo especial hincapié en los distritos con un escaso porcentaje de mujeres alfabetizadas.

La Comisión también ha financiado en la India numerosos programas de la sociedad civil y de las ONG directamente vinculados a la no discriminación entre los sexos. Un ejemplo lo constituye la creación de un Instituto de formación para la capacitación de las mujeres que fue creado en Nueva Delhi con fondos de la Comunidad. Este Instituto, entre otras cosas, ha suministrado a los oficiales indios de policía formación relativa a la no discriminación entre los sexos, que deberá ayudar a incrementar la sensibilización en una amplia gama de cuestiones, incluida la quema de jóvenes casadas.

En los tres países, la Comisión, a través de su cooperación al desarrollo, concede prioridad a la mejora del acceso a la educación básica y de la calidad de ésta, lo que a medio plazo deberá desembocar en cambios de actitud.