PREGUNTA ESCRITA P-3277/97

de Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) a la Comisión

(13 de octubre de 1997)

Asunto: Perjuicio por una liquidación complementaria a los importadores europeos de productos textiles de Bangladesh

En el marco del SPG, las importaciones procedentes de Bangladesh con certificados de origen entran en el mercado comunitario con condiciones más ventajosas.

Ahora se ha comprobado que no todos los certificados expedidos por la Administración cumplen los requisitos previstos. Por ello, y a instancias de la Comisión, Bangladesh ha anulado con carácter retroactivo 15.000 certificados de origen. La Comisión se propone exigir una liquidación complementaria de derechos de importación correspondientes al período 1994-1996. Ello provoca grandes problemas financieros a muchos importadores europeos.

1. ¿Considera la Comisión que en la Administración de Bangladesh se dispone de un conocimiento suficiente respecto a la elaboración de los certificados de origen? Si no es ese el caso, ¿ha suministrado la Comisión suficiente ayuda para la correcta elaboración de los mismos?

2. ¿Desde cuándo conocía la Comisión los problemas técnicos de dichos certificados? ¿Informó inmediatamente a los importadores a ese respecto?

3. Si no es ese el caso, ¿por qué no lo hizo? ¿Espera la Comisión que sean los propios importadores quienes verifiquen la validez de los certificados de origen expedidos oficialmente por las administraciones? En ese caso, ¿de qué forma pueden los empresarios controlar esa validez?

4. ¿Considera la Comisión que es justa la liquidación complementaria en el contexto de unos certificados oficiales nulos? En caso afirmativo, ¿considera la Comisión razonable el establecimiento de una liquidación complementaria tres años después de la fecha de las importaciones?

5. ¿De qué forma piensa la Comisión evitar este tipo de problemas en el futuro?

Respuesta complementaria

del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(11 de junio de 1998)

1. La Comisión considera que las autoridades de Bangladesh estaban suficientemente informadas de la normativa comunitaria en materia de certificados de origen. Los criterios fundamentales en materia de obtención del origen, de entrega y de valoración de la validez de estos certificados son idénticos desde más de veinte años. Son ampliamente conocidos en los medios oficiales o económicos interesados, dentro y fuera de la Comunidad.

En anteriores encuentros (a partir de 1994) con representantes de la Comisión, se llamó la atención de las autoridades responsables de la expedición de los certificados de origen, así como de los exportadores de Bangladesh, sobre las exigencias de esta normativa.

Del mismo modo, y en el marco de la cooperación administrativa prevista por la normativa, las autoridades aduaneras de los Estados miembros tienen contactos regulares con las autoridades responsables de ese país, para pedirles comprobar algunos de estos certificados; y se puede comprobar que, muy a menudo, estas solicitudes de comprobación van acompañadas de la referencia precisa a la normativa aplicable.

La Delegación oficial de la Comisión en el país había comunicado y puesto a disposición de las autoridades y de los medios económicos el nuevo esquema de preferencias generalizadas a partir de su entrada en vigor, en 1995, que sirve de marco jurídico para las importaciones en cuestión, con toda la documentación adecuada, tanto para las administraciones como para los exportadores bangalíes; sólo cuando se anunció la misión de investigación en cuestión, en noviembre de 1996, manifestaron estos últimos su interés por la posibilidad de información que se les había ofrecido.

Además, la Comisión organizó dos seminarios en 1995, en Bruselas, con motivo de la entrada en vigor del nuevo esquema; uno de estos seminarios se refirió exclusivamente a la cuestión de las normas de origen, y estaba destinado a los representantes de las autoridades de los países beneficiarios.

En consecuencia, el argumento del desconocimiento de la normativa debe, como mínimo, matizarse mucho.

2. La Comisión descubrió en noviembre/diciembre de 1996 la amplitud de las disfunciones en la materia, en el curso de una misión de investigación comunitaria efectuada in situ con los representantes de varios Estados miembros; esta investigación confirmó las sospechas de algunos de ellos, que habían informado a la Comisión en 1996. Por ello, a partir del mes de diciembre de 1996, se informó a los Estados miembros de los resultados de esta investigación, y se les pidió tomar todas las disposiciones convenientes para de garantizar la percepción de los derechos que se desprendía de esta constatación.

Sólo cuando los resultados de la investigación en cuestión fueron suficientemente probatorios, en la primavera de 1997, la Comisión publicó una información a los importadores en el Diario Oficial.

3. La legislación aduanera comunitaria, establecida y sin cambios desde más de veinte años, prevé que la carga de la prueba del origen incumbe a los importadores, y que la validez del certificado de origen debe poder demostrarse a satisfacción de las autoridades aduaneras comunitarias. Este principio es objeto de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia.

Conviene precisar que esta obligación jurídica es totalmente lógica, en la medida en que, si la demanda que debe beneficiarse de una preferencia arancelaria se supedita a estas condiciones de origen, todo indica que la mayoría de los importadores se aseguran ante sus proveedores, por razones comerciales e industriales evidentes, de la calidad de sus productos, y en consecuencia del origen de las materias que la componen.

De manera general, se recuerda que en el marco de una estricta subsidiariedad, la gestión operativa de estos certificados se efectúa en el momento de la importación en la Comunidad, y que los controles se hacen bajo la responsabilidad exclusiva de las administraciones aduaneras de los Estados miembros.

4. La percepción de estos derechos de aduana está justificada, aunque sólo fuera porque los importadores escrupulosos, los productores europeos y los ciudadanos en general soportan cada vez menos las situaciones de competencia injustas y los fraudes que atentan contra las normativas comunitarias. La Comisión no puede sino ser sensible a estos argumentos, que van en el sentido de su papel tradicional de salvaguardia de los Tratados y en consecuencia del derecho aduanero comunitario que de ellos se deriva.

El plazo de tres años está fijado por el Código Aduanero Comunitario, adoptado por el Consejo y que por tanto debe ser aplicado en primer lugar por los Estados miembros. Este plazo es totalmente compatible con las prácticas tradicionales en materia de prescripción aduanera y fiscal.

5. La Comisión no piensa mantenerse inactiva ante la importancia de estos problemas de fraudes aduaneros; lo ha demostrado en otras circunstancias. Pretende, simplemente, que la legislación aplicable en un momento dado se respete para situaciones anteriores, con el fin de no atentar, con la retroactividad, contra el principio de seguridad jurídica; para el futuro, en su Comunicación al Consejo y al Parlamento en materia de gestión de los regímenes arancelarios preferenciales(1), propone un programa de renovación de la gestión de estos regímenes, en el que la cuestión de los certificados de origen y los problemas encontrados por los importadores se valoran en el contexto político mucho más amplio de la renovación de las prácticas de gestión de estos regímenes preferenciales.

(1) COM(97)402 final.