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PREGUNTA ESCRITA E-2173/99

de Salvador Jové Peres (GUE/NGL) a la Comisión

(29 de noviembre de 1999)

Asunto: Existencias de aceite de oliva

La revisión de las existencias de aceite de oliva ha supuesto que en Italia se reduzcan a un 50 % de las inicialmente previstas y, en Grecia, a cerca de un 30 %.

¿A qué atribuye la Comisión esta enorme reducción? En consecuencia, ¿reajustará a la baja las producciones previstas para ambos países?

Dado que la futura OCM va a reposar sobre la fiabilidad de las estadísticas, ¿qué medidas ha tomado y va a tomar la Comisión para evitar que se reproduzcan estas situaciones en el futuro y para evitar que generen una reglamentación injusta y discriminatoria para otros Estados miembros?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(21 de diciembre de 1999)

Como parte de las actividades del comité económico del Consejo oleícola internacional (COI), los países miembros de dicho Consejo deben comunicar una serie de datos estadísticos entre los que se encuentran las existencias de enlace.

La Comunidad es miembro del COI y, por consiguiente, debe presentar los datos estadísticos correspondientes.

Su Señoría tiene, sin duda, constancia de que la Comunidad, desde la campaña 1993-1994, ha manifestado su reserva respecto de los datos estadísticos del COI. Esta reserva obedece, entre otras razones, a la falta de fiabilidad de los datos del balance comunitario.

Después de haber efectuado una minuciosa revisión de la verosimilitud de los datos, la Comunidad presentó en la sesión no 81 del COI datos estadísticos que, en su opinión, reflejan en mayor medida la situación real, lo que ha permitido levantar la reserva sobre los datos del COI.

Esta revisión incluyó varias campañas y dio lugar, en algunos casos, a la modificación de los datos estadísticos del balance de los distintos Estados miembros productores. Así ocurrió en lo que concierne a los datos de los distintos Estados miembros sobre el consumo, las existencias y la producción que debe ser tenida en cuenta por tratarse de la producción comercializada. La cantidad que recibe ayudas puede presentar algunas diferencias, dado que, en particular, también incluye una cantidad correspondiente a los pagos a los pequeños productores.

Después de haber realizado esta necesaria evaluación de los datos del pasado, la Comisión ha adoptado medidas para que, en el futuro, todos esos datos sean más fiables. Entre esas medidas destacan las siguientes: elaboración de un método objetivo para calcular el rendimiento en aceitunas de los olivos, lo que permitirá conocer mejor la primera fase de producción, el reforzamiento de los controles en las almazaras, introduciendo, en particular, el pesaje automático de las aceitunas, y el control de la utilización del aceite de oliva producido.

Por último, la Comisión, en colaboración con los Estados miembros productores, está procediendo a reforzar los controles en todos los niveles del sector y vela por que se cumpla la normativa en lo que concierne tanto a la cantidad de aceite de oliva producido como a su calidad.
PREGUNTA ESCRITA E-2344/99

de Salvador Jové Peres (GUE/NGL) y Pedro Marset Campos (GUE/NGL) a la Comisión

(13 de diciembre de 1999)

Asunto: Importaciones de tomate procedentes de Marruecos

Mientras que existe un contingente para la importación de tomate procedente de Marruecos de 150 676 toneladas, entre octubre de 1998 y marzo de 1999, Marruecos exportó a la UE 181 542 Tm., vulnerando el punto 4 del artículo 2 del Protocolo relativo al régimen aplicable a la importación en la Comunidad de los productos agrícolas originarios de Marruecos, que dice literalmente: Le Maroc s'engage à ce que les exportations totales vers la Communauté au cours des périodes considérées et aux conditions prévues au présent protocole ne dépassent pas les quantités convenues aux articles 3 et 4.

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para asegurar el respeto del protocolo en el futuro? ¿Cómo piensa compensar a los productores comunitarios por las pérdidas económicas derivadas del incumplimiento del protocolo?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2344/99, E-2345/99, E-2346/99, E-2347/99, E-2348/99 y P-2483/99 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(20 de enero de 2000)

La Comisión sigue con atención la evolución de las importaciones de tomates frescos originarios de Marruecos.

Tras comprobarse, al final de la campaña 1998-1999 un rebasamiento de las cantidades acordadas, la Comisión llamó la atención de las autoridades marroquíes sobre la importancia del respeto de dichas cantidades para el correcto equilibrio del mercado comunitario.

Para la campaña en curso, la Comisión, a la vista de la evolución de las importaciones durante el mes de octubre de 1999, solicitó a las autoridades marroquíes la celebración de consultas urgentes. Dichas consultas, celebradas en Rabat el 22 de diciembre de 1999, no permitieron encontrar una solución que pueda garantizar que no se rebasará el contingente acordado. Por este motivo, y sin perjuicio de consultas posteriores, la Comisión implantó, mediante el Reglamento (CE) no 2767/1999, un régimen de certificados de importación, de conformidad con el intercambio de notas entre la Comunidad y el Reino de Marruecos de 22 de diciembre de 1994.

La Comisión recuerda que los Estados miembros son responsables de la aplicación correcta de las disposiciones vigentes en el momento de las importaciones y, en particular, de la fijación de los derechos de aduana exigibles.
PREGUNTA ESCRITA E-2551/99

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(4 de enero de 2000)

Asunto: Defensor del consumidor para servicios financieros

¿Podría indicar la Comisión si considera adecuados los procedimientos de recurso del consumidor en el caso de un banco que opera a través de Internet, que tiene su base en un Estado miembro pero contrata créditos y empréstitos en otros Estados miembros?

En caso negativo, ¿considerará la posibilidad de presentar propuestas sobre las vías de recurso de los consumidores/tomadores de créditos/titulares de depósitos bancarios tal como el sistema de defensor del consumidor que existe en el Reino Unido u otros sistemas de Derecho indicativo que tienen problemas para iniciar una acción judicial en el país de acogida del banco en cuestión?

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(24 de febrero de 2000)

La posibilidad de que el consumidor obtenga una compensación extrajudicial en caso de conflicto entre un banco y su cliente existe en casi todos los Estados miembros. Normalmente, estos sistemas también cubren los servicios bancarios que se ofrecen vía Internet. Por lo que se refiere a las transacciones transfronterizas, la actual situación es insatisfactoria puesto que hay poca cooperación transfronteriza entre los organismos encargados de recibir las denuncias.

Como se afirma en el plan de acción de ejecución del marco para los mercados financieros(1), la Comisión fomenta el establecimiento de una red entre éstos con objeto de resolver conflictos transfronterizos por el desarrollo de una red comunitaria para la presentación de denuncias. El funcionamiento de esta red se basará en la Recomendación 98/257 de la Comisión de 30.3.1998 relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo(2).

Una primera reunión sobre compensación transfronteriza con representantes de órganos nacionales sobre actividades bancarias y de seguros se celebró en octubre de 1999 y la segunda en febrero del 2000. Existe un apoyo generalizado a los órganos nacionales para que cooperen efectivamente de forma transfronteriza. Los avances se recogerán en el informe provisional periódico sobre el plan de acción.

(1) COM(1999) 232 final.

(2) COM(98) 198 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2774/99

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(18 de enero de 2000)

Asunto: Progreso de las obras del metro de Atenas

1. ¿Puede indicar la Comisión cuál era el presupuesto inicial del contrato para la construcción del metro de Atenas y cuánto se espera que cueste finalmente dicho proyecto?

2. ¿Se solventarán las 619 deficiencias serias de los tramos Sintagma-Sepolia y Sintagma-Ethniki Amina, citadas en un informe del consorcio ATTIKO METRO, responsable de la obra, y publicadas el 5.12.1999 en el diario ELEFTHEROTIPIA, y no constituirán un obstáculo para la entrada en funcionamiento del proyecto a comienzos de enero, según estaba previsto?

3. ¿No opina la Comisión que, si se hubiera seguido el modelo de construcción del aeropuerto de Spata es decir, con un contratista en lugar de un consorcio, como en la construcción del metro, autofinanciación y explotación del proyecto por el constructor, se habrían obtenido mejores resultados en cuanto a la fecha de entrega y la calidad de construcción del proyecto?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(28 de febrero de 2000)

1. Con arreglo al contrato firmado en 1991, el presupuesto inicial destinado al proyecto de metro de Atenas ascendía a 261 500 millones de dracmas (a precios de noviembre de 1991). Como consecuencia de la inflación, dicho importe se modificó incrementándose hasta 420 000 millones de dracmas (a precios de diciembre de 1999), en virtud de lo dispuesto en el contrato mencionado.

Hasta el momento, el presupuesto total del proyecto se ha incrementado hasta alcanzar 530 000 millones de dracmas (a precios de diciembre de 1999) debido a dos razones. En 1994, el Parlamento griego aprobó un aumento del 14,64 % del importe del contrato a fin de aportar ciertas mejoras al proyecto, sobre todo, en lo referente a las estaciones. Se aceptó un incremento del 10 % (a precios de marzo de 1999) con arreglo a las condiciones del contrato, con objeto de hacer frente a la adversidad de condiciones geológicas, que no se había previsto, así como a la necesidad de reforzar la seguridad de los edificios.

2. Los 619 problemas técnicos detectados en noviembre de 1999 se resolvieron y el metro empezó a funcionar el 28 de enero de 2000.

3. Dada la diferencia existente entre el proyecto del metro de Atenas y el del Aeropuerto de Spata, la Comisión no se encuentra en condiciones de emitir el juicio solicitado por Su Señoría. No obstante, por lo que respecta a una prolongación ulterior del metro de Atenas, que sería cofinanciada por los fondos comunitarios, según la información de que dispone la Comisión, la autoridades griegas están examinando la posibilidad de proceder a su construcción mediante otros medios, como por ejemplo, los contratos de concesión.
PREGUNTA ESCRITA E-2410/99

de Cristina Gutiérrez Cortines (PPE-DE) a la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

Asunto: Iniciativa comunitaria Interreg II: cooperación España/Marruecos

Dentro de la iniciativa comunitaria Interreg existe un programa de cooperación entre España y Marruecos que a su vez contempla cuatro ámbitos de cooperación: medidas de desarrollo socioeconómico, medidas de patrimonio cultural y medioambiente, mejora de las comunicaciones transfronterizas, y gestión y control del programa.

¿Puede la Comisión informar, detalladamente, sobre cada una de las ayudas otorgadas a estos cuatro apartados, los destinatarios y el importe de las mismas?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(17 de enero de 2000)

El apoyo concedido a la iniciativa comunitaria Interreg España-Marruecos en el período 1994-1999 se eleva a 104,1 M

Presenta el siguiente desglose:

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los proyectos están gestionados por los siguientes organismos: Administración Central; Junta de Andalucía; Ayuntamiento de Cádiz; Ayuntamiento de Málaga; Ciudad Autónoma de Ceuta; Ciudad Autónoma de Melilla; Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir; Diputación Provincial de Málaga; Diputación Provincial de Cádiz; Red Eléctrica; Telefónica; Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz; Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras; Autoridad Portuaria de Ceuta y Autoridad Portuaria de Melilla.

La Presidencia del Comité de seguimiento, en este caso el Ministerio español de Economía y Hacienda puede proporcionar detalles sobre los proyectos cofianciados por estos cuatro subprogramas, los destinatarios finales y los importes concedidos.
PREGUNTA ESCRITA E-2773/99

de Christos Folias (PPE-DE) y Ioannis Marínos (PPE-DE) a la Comisión

(18 de enero de 2000)

Asunto: Cuestiones de personal y servicios de la Comisión Europea

Desde hace seis (6) meses permanece vacante un puesto de grado A5 en la oficina de la Comisión Europea de Atenas. Pese a la presentación de numerosas candidaturas (más de 20), no se ha seleccionado a ninguna persona.

¿Se ha considerado a todos los candidatos inadecuados para un simple puesto de grado A5?

¿Ha ocurrido quizás algo distinto, desconocido para el común de los mortales?

¿Por qué sigue la Comisión sin cubrir el puesto anunciado?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(14 de febrero de 2000)

Efectivamente se ha publicado un puesto de funcionario A destinado en la Representación de la Comisión en Atenas. Esta publicación se ha mantenido en situación de espera hasta que finalizara la reestructuración del Servicio de Prensa y Comunicación, del que dependen desde el 1 de octubre de 1999 las Representaciones en los Estados miembros. Puesto que esta reestructuración está en buen camino, el puesto se volverá a publicar en breve y se cubrirá lo más rápidamente posible.
PREGUNTA ESCRITA E-2401/99

de Bart Staes (Verts/ALE) al Consejo

(13 de diciembre de 1999)

Asunto: Primacía del Derecho internacional con respecto a una directiva de la UE y cumplimiento de las disposiciones jurídicas de los tratados referentes al Rin Férreo

El aumento del presupuesto destinado a las redes transeuropeas confirma la importancia que revisten para la Unión Europea. Tanto la construcción de nuevas infraestructuras de transporte como la modernización de infraestructuras existentes entran en consideración para una cofinanciación. A este respecto, el expediente del Rin Férreo merece especial atención por parte del Consejo. En virtud del artículo 12 del Tratado belgoneerlandés de separación (19 de abril de 1839) y de los Tratados belgoneerlandeses derivados de 5 de noviembre de 1842 y 13 de enero de 1873 (el denominado Tratado del Rin Férreo), Bélgica tiene derecho a un enlace a través del cantón neerlandés de Sittard hasta la frontera alemana. La construcción del primer enlace ferroviario transfronterizo en Europa concretó este Derecho internacional de tránsito entre 1869 y 1879. Sin embargo, después de las dos guerras mundiales, el Rin Férreo entre Amberes y la región alemana del Ruhr cayó en desuso. Actualmente, las autoridades neerlandesas impiden que se vuelva a utilizar este enlace ferroviario internacional basándose en la legislación nacional.

1. ¿Reconoce el Consejo que Bélgica, en virtud del artículo 12 del Tratado belgoneerlandés de separación (19 de abril de 1839) y de los Tratados belgoneerlandeses derivados de 5 de noviembre de 1842 y 13 de enero de 1873, tiene derecho a un enlace a través del cantón neerlandés de Sittard hasta la frontera alemana?

2. ¿Está supeditada la legislación medioambiental neerlandesa, en ejecución de la directiva sobre los hábitats, a los tratados internacionales antes mencionados, puesto que una de las partes contratantes del Tratado belgoneerlandés de separación (Rusia) no es Estado miembro de la UE? (N.B.: el Convenio de Viena dispone explícitamente que el Derecho internacional prevalece sobre el Derecho nacional).

3. A la luz de las respuestas a las primeras dos preguntas, ¿va a pedir el Consejo a las autoridades neerlandesas que cumplan sus obligaciones que se derivan de los tratados, tanto más cuanto que la realización del Rin Férreo queda cubierta por el principio general de fidelidad comunitaria? En caso negativo, ¿por qué motivos?

Respuesta

(28 de febrero de 2000)

La cuestión planteada por Su Señoría no es competencia del Consejo.
PREGUNTA ESCRITA E-2681/99

de Luis Berenguer Fuster (PSE) a la Comisión

(12 de enero de 2000)

Asunto: Declaraciones del Gobierno español por el expediente abierto en materia de ayudas públicas al sector eléctrico

El Gobierno español y en particular su Ministro de Industria y Portavoz del Gobierno, Josep Piqué, han anunciado en repetidas ocasiones que antes de finalizar el año 1999, la Comisión adoptará una decisión en el expediente de ayudas públicas al sector eléctrico español en concepto de costes de transición a la competencia.

¿Está de acuerdo la Comisión con esas afirmaciones del Gobierno español?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(8 de febrero de 2000)

En los contactos entre el Ministro español y el Comisario de Competencia se habló, efectivamente, de tomar una decisión sobre este expediente antes de finales de 1999. No obstante, la búsqueda de un asesor independiente y la complejidad del expediente no permitieron lograr este objetivo. De todos modos, la Comisión espera estar en condiciones de adoptar una decisión cuanto antes.
PREGUNTA ESCRITA P-2567/99

de LORD Inglewood (PPE-DE) a la Comisión

(16 de diciembre de 1999)

Asunto: Sistema de radio digital DAB (Digital Audio Broadcasting)

¿Apoya la Comisión la introducción del sistema de radio digital DAB en la Comunidad? ¿Qué está haciendo para fomentar su implantación?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(10 de enero de 2000)

La Comisión se congratula de la expansión de los servicios de radio digital a través de plataformas adecuadas dado el importante papel que la radio representa desde el punto de vista social, cultural y económico y habida cuenta de las ventajas, actuales y futuras, de las transmisiones digitales. La Comisión sigue muy de cerca, por tanto, la evolución de la radiocomunicación digital, incluido el sistema DAB(1), y mantiene con regularidad contactos con las partes interesadas en el proceso.

Ahora bien, la Comisión estima que la intervención reguladora en el campo de las comunicaciones electrónicas debería ajustarse a una serie de principios, y en particular al de la neutralidad tecnológica (véase al respecto: Hacia un nuevo marco para la infraestructura de comunicaciones electrónicas y los servicios asociados. Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones(2)). La neutralidad tecnológica reviste especial importancia ya que, al darse la convergencia tecnológica, cualquier red o plataforma puede incrementar su capacidad de proporcionar cualquier tipo de servicio. Los servicios de radiocomunicación se prestan igualmente a través de plataformas de televisión digital y de Internet y se están examinando nuevas tecnologías tales como los sistemas de comunicaciones móviles (UMTS). Fomentar una determinada tecnología plantea, por consiguiente, el gran riesgo de provocar distorsiones en el mercado.

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión no viene impulsando de forma activa la introducción en la Comunidad de ningún sistema de radio digital en particular.

(1) Sistema desarrollado por el Proyecto no 147 del Programa Eureka. A los elementos principales de este sistema se refieren las normas EN 300 797; EN 300 798 y, particularmente, EN 300 799 del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI).

(2) COM(1999) 539 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2353/99

de Raffaele Costa (PPE-DE) a la Comisión

(13 de diciembre de 1999)

Asunto: Ayudas estatales italianas a la RAI

En la respuesta a la pregunta escrita E-1701/99(1), el Comisario Monti, en nombre de la Comisión, afirma que ésta debe evaluar si las ayudas concedidas por el Estado (italiano) a la RAI, en forma de canon o mediante medidas específicas, son proporcionales al coste neto incurrido por la empresa para el cumplimiento de los deberes de servicio público que le impone el Estado.

¿Qué opina la Comisión sobre la proporcionalidad entre el coste neto (sumamente elevado) y el canon y demás medidas específicas que el Estado ha concedido y concede a la RAI?

(1) Ver página 28.

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(5 de enero de 2000)

Según lo anticipado ya en su respuesta a la pregunta escrita E-1701/99(1) de Su Señoría, la Comisión ha abierto una investigación formal sobre el canon de televisión y otras ayudas adicionales concedidas a la Radio Televisione Italiana (RAI) por el Estado y por el Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI).

En la actual etapa del procedimiento la Comisión todavía no ha concluido su análisis de la naturaleza de la ayuda existente en concepto de canon de televisión. En cuanto a las otras medidas acordadas por el Estado y el IRI, el Gobierno italiano todavía no ha presentado sus observaciones.

Una evaluación general de la proporcionalidad de la ayuda concedida a la RAI con los costes contraídos por la empresa para cumplir sus obligaciones de servicio público impuestas por el Estado sólo será posible una vez concluido el procedimiento actualmente en marcha.

(1) Ver página 28.
PREGUNTA ESCRITA E-1977/99

de Ursula Schleicher (PPE-DE) a la Comisión

(5 de noviembre de 1999)

Asunto: Ordenación territorial y proyectos de construcción en el parque natural de Sintra-Cascais (Portugal)

¿Tiene conocimiento la Comisión de que está prevista la construcción de urbanizaciones en algunos lugares del parque natural de Sintra-Cascais, por ejemplo, en las zonas de Cabo Raso y Abano, lo que ocasionaría un daño permanente a dicho parque natural? ¿Está dispuesta la Comisión a ponerse en contacto con las autoridades competentes portuguesas a fin de asegurar que se respeten las normas comunitarias de protección ambiental y preservar la red Natura 2000?

Respuesta de la Sra. Wallström En nombre de la Comisión

(6 de diciembre de 1999)

La Comisión toma nota del caso presentado por Su Señoría y procederá a su registro. Efectivamente, el parque natural de Sintra-Cascais coincide parcialmente con el lugar de importancia comunitaria del mismo nombre propuesto por Portugal para formar parte de la red Natura 2000 con arreglo a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(1).

La Comisión velará por tanto para que las autoridades nacionales respeten las disposiciones del derecho comunitario sobre la protección de la naturaleza. A tal efecto, se les remitirá una carta señalándoles el caso mencionado y las obligaciones que para ellos se derivan de la aplicación del derecho comunitario, en particular las impuestas por el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE. Según esa disposición, cualquier proyecto no directamente relacionado con un lugar de la red Natura 2000, ni necesario para su gestión, pero que pueda tener una incidencia significativa sobre el mismo, debe ser objeto de una evaluación apropiada de sus repercusiones habida cuenta de los objetivos de conservación del lugar de que se trate.

(1) DO L 206 de 22.7.1992.