PREGUNTA ESCRITA E-2294/01

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(31 de julio de 2001)

Asunto: Supresión de las diferencias de interpretación referentes a la compensación del impuesto sobre el valor añadido

1. ¿Recuerda la Comisión la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 3 de junio de 1992 (Asunto C-287/91) en que se consideró la práctica de Italia, Estado miembro, contraria a la octava directiva sobre el IVA 79/1072CEE(1)?

2. ¿Qué consecuencias va a tener la aceptación de su propuesta de 17 de junio de 1998(2) de modificación de la Directiva 77/388/CEE(3) por lo que se refiere a la obligación de Italia de reembolsar el IVA a empresas de fuera de dicho país?

3. ¿Existen actualmente aún diferencias de opinión sobre la aplicación de la sentencia de 1992, en cuyo contexto Italia fue acusada no sólo por las empresas sino también por los Estados miembros de actuar contrariamente a la Directiva?

4. En opinión de la Comisión, ¿durante cuánto tiempo puede continuar tal diferencia de opinión sobre interpretaciones divergentes?

5. En caso de que la Comisión responda positivamente a la pregunta no 3, ¿qué va hacer para resolver esta diferencia de opinión, anticipándose a la entrada en vigor de la nueva versión de la Directiva 77/388/CEE?

6. ¿Qué otras diferencias de opinión no resueltas siguen existiendo en relación con acuerdos sobre armonización fiscal y regímenes de compensación más allá de las fronteras interiores? ¿De qué manera piensa la Comisión encontrar una solución al respecto?

(1) DO L 331 de 27.12.1979, p. 11.

(2) COM(1998) 377 final DO C 219 de 15.7.1998, p. 16.

(3) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(15 de octubre de 2001)

1. La Comisión no tiene conocimiento de que existan diferencias de opinión sobre la aplicación, por parte italiana, de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Justicia el 3 de junio de 1992 (asunto C-287/91).

2. Es cierto que en 1994 la Comisión envió un dictamen motivado a las autoridades italianas, sobre la base del artículo 228 (antiguo artículo 171) del Tratado CE, para solicitar a este Estado miembro la adopción de las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia citada. Una vez que Italia dio curso a la solicitud, el procedimiento mencionado se suspendió.

3. Recientemente, la Comisión ha sido informada de nuevos retrasos importantes en el reembolso del IVA a sujetos pasivos extranjeros y ha contactado de nuevo a las autoridades italianas en relación con este asunto. A finales del 2000 el Gobierno italiano anunció la adopción de nuevas medidas encaminadas a reducir estos retrasos.

De conformidad con las informaciones más recientes de que dispone la Comisión, las medidas de las autoridades italianas no han surtido todavía los efectos deseados y, por consiguiente, la Comisión podría decidir próximamente iniciar un nuevo procedimiento de infracción contra dicho Estado miembro.

4. Cabe señalar que la Comisión ya presentó en junio de 1998 una propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE respecto del régimen del derecho a deducción del impuesto sobre el valor añadido, a fin de sustituir el procedimiento de reembolso del IVA previsto en la Octava Directiva 79/1072/CEE del Consejo, de 6 de diciembre 1979, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios Modalidades de devolución del Impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el interior del país, por otro sistema de recuperación del IVA debido a abonado en otro Estado miembro. De acuerdo con esta propuesta, los sujetos pasivos podrán recuperar el IVA directamente en la declaración periódica que presenten en el Estado miembro de residencia.

Esta propuesta tiene por objeto resolver el problema planteado por los retrasos en el reembolso y representa una notable simplificación para los operadores, los cuales podrán recuperar el IVA abonado en otro Estado miembro de la misma manera que el IVA nacional.

A pesar del total apoyo de los operadores y el dictamen favorable del Parlamento y del Comité Económico y Social, no ha sido posible todavía obtener un acuerdo unánime en el Consejo sobre esta propuesta.