PREGUNTA ESCRITA P-2487/01

de Pere Esteve (ELDR) a la Comisión

(5 de septiembre de 2001)

Asunto: Comienzo de las obras en la depuradora de Sant Jordi

El pasado mes de febrero, este diputado presentaba a la Comisión la pregunta escrita E-0470/01(1) relativa a la presunta ilegalidad en lo que respecta al proyecto de construcción de una depuradora en Mallorca en la localidad de Sant Jordi.

La Comisión, que hasta el momento no tenía conocimiento de los hechos, afirmaba haberse dirigido a las autoridades españolas para recabar sus observaciones sobre la aplicación de las Directivas 85/337/CEE(2) y 97/11/CE(3) en el caso señalado. Al parecer, el proyecto de ubicación no cumplía estas Directivas europeas.

Cabe recordar que la ejecución de este proyecto está cifrada en unos 5 000 millones de pesetas, de los cuales el 85 % estará cubierto, previsiblemente, por subvenciones de los fondos europeos.

El jueves 30 de agosto, el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno Español afirmaba su intención de comenzar las obras de construcción de la depuradora el próximo mes de octubre. Fuentes del Ministerio aseguraban que Bruselas consideró que la futura depuradora es factible, en referencia a la presunta ilegalidad de la ubicación del proyecto.

¿Cuál ha sido el resultado después de que la Comisión se dirigiese a las autoridades españolas?

¿Puede informar la Comisión si dicho proyecto ya cuenta con la plena aprobación de la Comisión Europea? En caso de ser así, ¿considera la Comisión adecuado que se financie un proyecto cuya presunta ubicación ilegal ya está siendo estudiada y ha sido aceptada a registro por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo?

Por otra parte, el pasado 5 de abril, en respuesta a la Plataforma creada en contra de este proyecto, el Ministerio de Medio Ambiente afirmaba que el plazo de los fondos europeos para financiar este proyecto acababa el pasado mes de julio de 2001. Ahora, desde Madrid se afirma que el plazo es el próximo mes de octubre y que, además, ésta es una fecha flexible. ¿Cuál es el verdadero plazo del que dispone el Ministerio de Medio Ambiente para no perder la subvención a este proyecto?

(1) DO C 261 E de 18.9.2001, p. 122.

(2) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(3) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(11 de octubre de 2001)

Como ya se indicaba en la respuesta a la pregunta escrita E-0470/01(1) a la que alude Su Señoría, la Comisión se dirigió a las autoridades españolas con el fin de recabar sus observaciones sobre la aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente en el caso señalado. La Comisión ya ha recibido y estudiado la respuesta de las autoridades españolas.

Es necesario precisar, en primer lugar, que la zona donde está prevista la construcción de la estación de depuración de aguas urbanas residuales no ha recibido por parte de las autoridades españolas la clasificación de zona de protección especial para las aves con arreglo a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres(2). Además, las autoridades españolas no incluyeron dicha zona en su lista nacional de lugares de interés comunitario que podrían quedar integrados en la red Natura 2000 en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(3). En consecuencia, desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza, el caso señalado es competencia exclusiva de las autoridades españolas.

Por lo que respecta a las obligaciones que se derivan de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, me permito remitir a Su Señoría a la respuesta dada a su anterior pregunta escrita.

Es oportuno hacer hincapié en el hecho de que la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, no es aplicable al caso que nos ocupa, habida cuenta de la fecha en que se solicitó la autorización del proyecto en cuestión.

Los proyectos de estaciones de depuración están incluidos en el Anexo II de la Directiva 85/337/CEE. Con arreglo al apartado 2 del artículo 4 de dicha de la Directiva, los proyectos incluidos en el Anexo II se someterán a una evaluación cuando el Estado miembro de que se trate considere que sus características así lo exigen. Las autoridades españolas informan de que, tras examinar el proyecto, el Ministerio de Medio Ambiente no consideró necesario someterlo al procedimiento formal de evaluación de impacto medioambiental.

En cualquier caso, las autoridades españolas indican que el proyecto fue objeto de una consulta pública y que se evaluaron sus incidencias ambientales. Observan asimismo que la ejecución del proyecto es muy necesaria para la ciudad de Palma de Mallorca y que la entrada en servicio de esta instalación permitirá respetar las obligaciones que impone la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas(4).

El análisis del caso no ha permitido a la Comisión concluir la existencia de infracción alguna al Derecho comunitario en materia de medio ambiente.

La estación de depuración de aguas residuales prevista en la zona del Prat de Sant Jordi, perteneciente al municipio de Palma de Mallorca, es cofinanciada por el Fondo de Cohesión(5). Sobre un coste total subvencionable estimado en 22,451 millones de euros, la ayuda comunitaria asciende a 19,083 millones de euros, lo que representa un porcentaje de participación comunitaria del 85 %.

Los gastos relativos, en particular, a los estudios preliminares y al grueso de la obra deben producirse en el período comprendido entre el 28 de julio de 1998 y el 30 de diciembre de 2003.

Por lo que se refiere al período para la realización de los gastos previamente mencionados, debe tenerse en cuenta que la Comisión puede prorrogar la fecha final indicada, siempre y cuando el Estado miembro proporcione una justificación válida para ello antes de la fecha de vencimiento.

(1) DO C 261 E de 18.9.2001.

(2) DO L 103 de 25.4.1979.

(3) DO L 206 de 22.7.1992.

(4) DO L 135 de 30.5.1991.

(5) Decisión C (1999) 2379, de 26 de julio de 1999.