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PREGUNTA ESCRITA E-1442/03

de Caroline Jackson (PPE-DE) a la Comisión

(24 de abril de 2003)

Asunto: Revisión de la Directiva 91/157/CEE relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas

Se está llevando a cabo un Informe de Evaluación Específica del Riesgo sobre el cadmio (óxido) que contienen las pilas, de conformidad con el Reglamento no 793/93 (CEE)(1) del Consejo sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes.

Al mismo tiempo, la Comisión está preparando una evaluación ampliada del impacto de varias políticas elegidas para revisar la Directiva 91/157/CEE(2) relativa a las pilas.

¿Puede decir la Comisión cuándo se prevé que estén disponibles oficialmente los resultados del Informe de Evaluación Específica del Riesgo?

Dado que los resultados de la evaluación específica del riesgo suponen un elemento esencial de la Evaluación Ampliada del Impacto de la revisión de la Directiva relativa a las pilas, ¿garantizará la Comisión que se tendrán en cuenta debidamente dichos resultados a la hora de preparar la Evaluación Ampliada del Impacto?

¿Se han llevado a cabo o se están preparando otros Informes de Evaluación Específica del Riesgo relativos a otros metales presentes en las pilas, como plomo, níquel, cobalto y cinc?

(1) DO L 84 de 5.4.1993, p. 1.

(2) DO L 78 de 26.3.1991, p. 38.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(19 de mayo de 2003)

La Comisión está a la espera de los resultados de la evaluación del riesgo del (óxido de) cadmio utilizado en las baterías, que está realizando Bélgica y que se hará pública antes del otoño.

Hasta la fecha, el ponente belga de la evaluación del riesgo del (óxido de) cadmio utilizado en las baterías ha distribuido varios borradores de informes. La Comisión tiene la intención de tener en cuenta los resultados preliminares de esos borradores en la elaboración de la evaluación de impacto extendida.

Se han llevado a cabo o se están realizando otras evaluaciones del riesgo general de los metales de las sustancias clasificadas prioritarias de conformidad con el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento (CEE) no 793/93 de 23 de marzo de 2003. Entre esos metales se incluyen el níquel (ponente danés) y el zinc (ponente neerlandés). Se está realizando una evaluación voluntaria del riesgo del plomo que aplica esos mismos procedimientos de evaluación, pero sin que haya un ponente oficial de un Estado miembro. Se puede encontrar una lista completa de las sustancias consideradas prioritarias en lo que se refiere a la evaluación del riesgo que suponen, así como un resumen de los informes de evaluación del riesgo ya realizados en la siguiente dirección: http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/.
PREGUNTA ESCRITA E-0994/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(27 de marzo de 2003)

Asunto: Utilización de los fondos del programa Cooperación descentralizada por parte del ayuntamiento de Liorna

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales y territoriales en particular, como es el caso del municipio de Liorna, registran una gran necesidad de fondos europeos para apoyar acciones e iniciativas de desarrollo sostenible emprendidas por operadores comunitarios y operadores de los países en desarrollo, se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Ha presentado el ayuntamiento de Liorna proyectos en el marco del programa Cooperación descentralizada?

2. ¿Ha obtenido financiación para dichos proyectos?

3. ¿Se han utilizado dichos fondos?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0831/03, E-0893/03, E-0991/03, E-0992/03,E-0993/03, E-0994/03, E-0995/03, E-0996/03, E-0997/03, E-0998/03,E-0999/03, E-1000/03, E-1001/03, E-1002/03 y E-1003/03dada por el Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(6 de mayo de 2003)

Los principales programas de cooperación descentralizada de la Unión Europea son los que cofinancia al amparo de documentos únicos de programación (DOCUP) o de los programas Interreg del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

En relación con ese tema, la Comisión remite a Su Señoría a las respuestas que dio a las preguntas escritas nos E-0834/03, E-1118/03, E-1119/03, E-1120/03, E-1121/03, E-1122/03, E-1123/03, E-1124/03 y E-1125/03. La administración nacional encargada de la coordinación de los programas de cooperación de Interreg es el Ministerio de Infraestructuras y Transporte.
PREGUNTA ESCRITA E-0588/03

de Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) al Consejo

(28 de febrero de 2003)

Asunto: Libertad de asociación en Rumania

Con posterioridad a la respuesta de 27 de junio de 2002 a la pregunta E-1377/02(1), en la que la Comisión declara que la libertad de asociación está cubierta por los criterios definidos en Copenhague, nuevos acontecimientos han tenido lugar en Rumania. El Tribunal de Apelación de Bucarest ha confirmado la decisión de denegar la inscripción al primer partido de carácter regional de Rumania, la Liga Transilvania-Banat. El Tribunal declara, entre otras cosas, que el regionalismo y la subsidiariedad son principios que se oponen al carácter unitario e indivisible del Estado rumano.

¿Considera el Consejo que la prohibición de un partido político democrático es compatible con el espíritu de los criterios de adhesión definidos en Copenhague? ¿Tiene el Consejo intención de pedir explicaciones a las autoridades rumanas?

(1) DO C 28 E de 6.2.2003, p. 100.

Respuesta

(22 de julio de 2003)

El Consejo recuerda a Su Señoría que el artículo 49 del Tratado UE estipula que cualquier Estado europeo que respete los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión Europea. Por consiguiente, el Consejo concede la mayor importancia a que los países candidatos respeten los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Con respecto a Rumania, el Consejo toma nota de que el informe periódico de la Comisión para el año 2002 sobre los progresos de Rumania hacia la adhesión concluye que en general Rumania ha seguido cumpliendo con los criterios políticos de Copenhague. El informe declara también, de forma más específica que la Constitución rumana prevé la libertad de asociación y la libertad de reunión. Ambos derechos se respetan en la práctica.

El Consejo no tiene intención de comentar una sentencia específica de un tribunal rumano, que a tenor de la información de que se dispone, se puede impugnar a dos niveles, bien en el sistema jurídico nacional bien en el foro internacional pertinente como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si se comprobara que hubo violación de los principios fundamentales arriba mencionados, la Unión Europea, a la luz de los criterios fijados en Copenhague para la adhesión, dará los pasos apropiados ante las autoridades rumanas, en particular dentro del marco de los foros creados por el Acuerdo Europeo.
PREGUNTA ESCRITA E-1054/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(28 de marzo de 2003)

Asunto: Utilización de los fondos de LIFE III, del V Programa de acción en favor del medio ambiente y de un desarrollo sostenible y de las campañas informativas y de sensibilización sobre los problemas medioambientales Pésaro

En el mes de septiembre de 2002, el Comité de Vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó el balance de los gastos de los fondos concedidos por la UE.

Esta investigación revelaba igualmente la preocupante lentitud e ineficacia con la que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión Europea también ha subrayado, en diversas ocasiones, la preocupación acerca de la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Teniendo en cuenta que algunas entidades locales y territoriales en particular, como es el caso del municipio de Pésaro, registran una gran necesidad de fondos europeos para la protección y la defensa del medio ambiente, se solicita a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Ha presentado el ayuntamiento de Pésaro proyectos en el marco de los programas LIFE III, del V Programa de acción en favor del medio ambiente y de un desarrollo sostenible, y de las campañas informativas y de sensibilización sobre los problemas medioambientales?

2. ¿Ha obtenido financiación para dichos proyectos?

3. ¿Se han utilizado dichos fondos?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0835/03, E-0887/03, E-1047/03, E-1048/03,E-1049/03, E-1050/03, E-1051/03, E-1052/03, E-1053/03, E-1054/03,E-1055/03, E-1056/03, E-1057/03, E-1058/03 y E-1059/03dada por la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(5 de mayo de 2003)

En respuesta a las cuestiones mencionadas, la Comisión informa a Su Señoría de que los municipios de Frosinone, Fiumicino, Ancona, Carrara, Livorno, Macerata, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Siena y Terni no presentaron ningún proyecto para cofinanciar conforme al programa LIFE III. Esto incluye el ejercicio de selección de 2003.

El municipio de Florencia presentó dos proyectos para cofinanciar conforme al programa LIFE III en 2002, que no se financiaron. En 2000 y 2003 no presentó ningún proyecto.

El municipio de Massa presentó un proyecto para cofinanciar conforme al programa LIFE III en 2000, que no se financió. En 2002 y 2003 no presentó ningún proyecto.

El municipio de Prato no presentó ningún proyecto para cofinanciar conforme al programa LIFE III en 2000 y 2002. En 2003 presentó un proyecto, cuyo procedimiento de evaluación está en curso y se concluirá antes de septiembre de 2003.

No hay ninguna financiación comunitaria prevista dentro del marco del Sexto programa de acción en materia de medio ambiente.

En cuanto a las campañas de formación y sensibilización medioambiental, ninguno de los municipios mencionados por Su Señoría ha recibido financiación comunitaria durante el período que comienza en 2000.
PREGUNTA ESCRITA E-0672/03

de Mario Borghezio (NI) a la Comisión

(7 de marzo de 2003)

Asunto: Respeto de la libertad de prensa en el País Vasco

El 21 de febrero, la justicia española ordenó el cierre del diario nacionalista vasco Euskaldunon Egunkaraia y la detención de sus principales responsables.

Esta iniciativa de las autoridades españolas ha desatado numerosas protestas y perplejidad por parte de varios exponentes del mundo político y de la sociedad civil. También el Gobierno regional vasco manifestó su solidaridad al diario.

¿Qué opina la Comisión Europea de esta actuación de las autoridades españolas?

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para defender los derechos a la libertad del pueblo vasco y, ante todo, la libertad de prensa?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-0641/03, E-0672/03 y E-0801/03dada por el Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2003)

El cierre del Diario Egunkaria es el resultado de una decisión judicial. Dado que el poder judicial es en nuestros Estados de Derecho y democráticos independiente del ejecutivo, las decisiones de los órganos jurisdiccionales no pueden presentarse a ningún control político. La Comisión, por lo tanto, no comenta las decisiones tomadas por una autoridad judicial.

Todos los sistemas judiciales de los Estados miembros de la Unión ofrecen las garantías de procedimiento necesarias para toda persona, física o jurídica, acusada o perseguida por la justicia, de acuerdo con las exigencias del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Hay que recordar a este respecto que cuando una persona considere que sus derechos fundamentales no han sido respetados puede presentar un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una vez agotadas todas las vías judiciales de derecho interno.
PREGUNTA ESCRITA E-1298/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) al Consejo

(7 de abril de 2003)

Asunto: El caso de Olivenza (Portugal/España) y el caso del puente de Ajuda

- Por el Tratado de Alcañices, celebrado en 1297 entre D. Dinis, rey de Portugal, y Fernando IV, rey de Castilla, Olivenza se integró definitivamente en el territorio portugués, situación que se mantuvo una vez finalizada la unión dinástica entre Portugal y

España (1580-1640). El 20 de mayo de 1801, las tropas españolas ocuparon Olivenza. El 6 de junio de ese mismo año, Portugal, bajo la amenaza de una invasión francesa y en virtud del Tratado de Badajoz, se vio obligada a ceder Olivenza a España. España violó dicho Tratado al invadir Portugal en 1807, lo cual supuso su anulación. El Tratado de París, de 30 de mayo de 1814, declara nulo y sin efecto el Tratado de Badajoz de 1801. Los derechos portugueses se reconocen en el artículo 105 del Acta Final del Congreso de Viena (9 de junio de 1815). El 7 de mayo de 1817, España firmó el Tratado de Viena, reconociendo la justicia de las reclamaciones formuladas por Su Alteza Real, el Príncipe Regente de Portugal y del Brasil, sobre la Villa de Olivenza y los demás territorios cedidos a España por el Tratado de Badajoz de 1801, comprometiéndose a llevar a cabo sus más eficaces esfuerzos con objeto de que se efectúe la retrocesión de dichos territorios (lo más pronto posible) en favor de Portugal.

- Hasta hoy, debido a la cuestión de Olivenza, queda por demarcar la frontera entre Portugal y España desde el cañón del río Caia al del río Cuncos.

- Más concretamente: en 1709, como consecuencia de la Guerra de Sucesión española, fuerzas españolas destruyeron el puente de Olivenza, también denominado puente de Nuestra Señora de Ajuda.

- El pasado 11 de marzo de 2003 comenzaron por iniciativa española unas obras de reconstrucción del puente en las que se llevaron a cabo trabajos de explanación de tierras en la margen izquierda del Guadiana, territorio portugués administrado de facto por España, lo que motivó una petición de explicaciones por parte del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores portugués a su homólogo español. Más recientemente, la iniciativa española ha alcanzado ya la margen derecha del Guadiana (término municipal de Elvas), en territorio portugués de iure y de facto.

- ¿Tiene el Consejo una posición en cuanto a la cuestión de Olivenza?

- En caso de que no haya tomado aún posición alguna, ¿cómo valora esta cuestión desde un punto de vista jurídico?

- ¿Qué paralelismo establece con la cuestión de Gibraltar, suscitada repetidamente por España?

- ¿Piensa llevar a cabo gestiones con objeto de contribuir a la resolución del problema?

- ¿Cómo califica el Consejo a un Estado miembro que se substrae del cumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales asumidas repetidamente con respecto a otro Estado miembro?

- Por lo que se refiere al puente de Ajuda, ¿puede examinar el Consejo la posibilidad de intervenir para que cese esta iniciativa española?

Respuesta

(22 de julio de 2003)

El Consejo informa a Su Señoría de que jamás ha abordado esa cuestión por ser ajena a sus competencias.
PREGUNTA ESCRITA E-1439/03

de Gabriele Stauner (PPE-DE) a la Comisión

(24 de abril de 2003)

Asunto: Reforma del régimen disciplinario

En el marco de la reforma del Estatuto de los funcionarios y otros agentes de la Comunidades Europeas, la Comisión ha propuesto modificar también el régimen disciplinario establecido.

En la actualidad, un procedimiento disciplinario concluido puede volver a abrirse a petición del funcionario interesado, y también por iniciativa de la autoridad facultada para los nombramientos, siempre que se aleguen nuevos hechos debidamente documentados susceptibles de modificar la valoración de la conducta del funcionario.

De acuerdo con la nueva propuesta de la Comisión, en el futuro sólo el funcionario podrá solicitar una reapertura del procedimiento disciplinario.

Esto significaría en la práctica que la autoridad facultada para los nombramientos no podría actuar cuando llegaran a su conocimiento nuevos hechos probatorios de la conducta reprochable de un funcionario que anteriormente se había librado de una sanción.

¿Cuáles son los motivos que han movido a la Comisión a proponer este cambio, con el que limita su propio margen de actuación en un asunto decisivo?

¿Piensa la Comisión mantener esta propuesta, o la modificará?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(19 de junio de 2003)

En la versión de la propuesta de la Comisión de modificación del Estatuto de los funcionarios que aparentemente ha visto Su Señoría, las palabras por propia iniciativa o se omitieron inadvertidamente del artículo 25 del anexo IX. El artículo pertinente del Estatuto de los funcionarios revisado se corrigió posteriormente. En consecuencia, el texto del actual Estatuto de los funcionarios acordado con el Consejo reza así: El procedimiento disciplinario podrá reabrirse por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos por propia iniciativa o a petición del interesado, ante hechos nuevos suficientemente probados.(1).

(1) Véase el doc. 5752/03 STAT 10 FIN 31, de 6 de febrero de 2003, del Consejo de la Unión Europea.
PREGUNTA ESCRITA P-0292/03

de Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE) a la Comisión

(3 de febrero de 2003)

Asunto: Declaraciones de Tony Blair de 26 de enero de 2003 sobre el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en relación con los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea

El 26 de enero, el Primer Ministro británico Tony Blair sugirió a través de los medios de comunicación que consideraba como soluciones considerables para reducir el número de solicitantes de asilo en el Reino Unido el hecho de dejar de cumplir las obligaciones derivadas del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (concretamente el artículo 3 de dicho Convenio) o la renuncia a dicho Convenio.

El apartado 1 del artículo 6 del nuevo Tratado de la Unión, que entrará en vigor próximamente, dispone que la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Según el apartado 2 del artículo 6, la UE respeta los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

El apartado 1 del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea confiere a la Comisión la competencia de presentar al Consejo una propuesta en la que se constata que un Estado miembro amenaza con violar los principios recogidos en el apartado 1 del artículo 6.

En opinión de la Comisión, ¿constituye el hecho de dejar de cumplir las obligaciones derivadas del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o la renuncia a dicho Convenio por un Estado miembro una violación de los principios recogidos en los apartados 1 y 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea?

¿Considera la Comisión que el hecho de dejar de cumplir las obligaciones derivadas del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (concretamente el artículo 3 de dicho Convenio) o la renuncia al Convenio por el Reino Unido darían lugar a que la Comisión presentara al Consejo una propuesta como las que prevé en el apartado 1 del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(3 de marzo de 2003)

La Comisión ha tomado nota de las declaraciones del Primer Ministro británico.

La Comisión reconoce que la cuestión planteada por Su Señoría es pertinente, habida cuenta del papel particular, atribuido al Convenio europeo de derechos humanos (CEDDH) por el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, así como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el régimen de protección de los derechos fundamentales de la Unión.

Sin embargo, antes de pronunciarse sobre el fondo, la Comisión desea proseguir sus reflexiones, a la luz de posible evolución.
PREGUNTA ESCRITA E-0863/03

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(20 de marzo de 2003)

Asunto: Utilización de los fondos del programa Leader + por parte del Municipio de Frosinone

En septiembre de 2002, el Comité de vigilancia del Ministerio de Economía del Gobierno italiano presentó las cuentas correspondientes a los gastos efectuados con cargo a los fondos puestos a disposición por la Unión Europea. Esta investigación ha permitido constatar la preocupante lentitud e ineficacia con que algunas entidades territoriales proceden a la adjudicación de los proyectos.

La Comisión ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por la insuficiente utilización de los fondos europeos por parte de las entidades locales.

Considerando que algunas entidades locales territoriales, como por ejemplo el Municipio de Frosinone, tienen gran necesidad de utilizar los fondos europeos para apoyar acciones innovadoras de desarrollo rural destinadas a valorizar el patrimonio cultural y natural, crear nuevos puestos de trabajo para reforzar el entorno económico y mejorar la capacidad de organización de las comunidades rurales;

1. ¿Puede decir la Comisión si el Municipio de Frosinone presentó proyectos para el programa Leader +?

2. ¿Puede hacer saber, asimismo, si el Municipio de Frosinone recibió financiación para dichos proyectos?

3. ¿Sabe la Comisión si estos fondos se han utilizado?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(9 de abril de 2003)

La cuestión planteada por Su Señoría se refiere a la utilización de los fondos del programa Leader + por el municipio de Frosinone.

En este contexto, se pregunta si el municipio de Frosinone presentó proyectos para el programa Leader +, si dicho municipio obtuvo financiación para dichos proyectos y si se utilizaron esos fondos.

De la documentación en posesión de la Comisión se desprende que el municipio de Frosinone no está incluido en el territorio que participa en el PIC Leader + Lazio, aprobado mediante la Decisión de la Comisión no C(2001) 3626 de 26 de noviembre de 2001.

Por lo tanto, dicho municipio no podía presentar proyectos, ni obtener ninguna financiación del programa Leader + Lazio.

Resulta útil aclarar que la Comisión no decide sobre los proyectos específicos, ni sobre la selección de los grupos de acción local. Decide contribuir a un programa que incluye los criterios para seleccionar los grupos sobre la base de los procedimientos que garantizan el enfoque Leader. El Estado miembro o la autoridad regional responsable realiza, en las condiciones fijadas en el programa, la selección final de los grupos y proyectos cofinanciados.