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PREGUNTA ESCRITA E-1646/00

de Ward Beysen (ELDR) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Abuso de una posición de monopolio por parte del servicio de correos alemán Deutsche Post AG (DPAG)

En junio de 1994 se presentó una denuncia contra DPAG, por una parte por abusar de su posición de monopolio, al trasvasar los beneficios obtenidos con esta posición a un servicio de distribución de paquetes externo, lo cual representa una subvención cruzada ilícita, y, por otra parte, por el hecho de recibir ayuda estatal ilícita. Gracias a los beneficios obtenidos, DPAG ha logrado incluso desarrollar una red paneuropea. Evidentemente, esto supone una violación de las normas de competencia europeas. Sin embargo, sigue pendiente la conclusión de la investigación. ¿Para cuándo cabe esperar una decisión? ¿Aplicará la Comisión en la misma las normas de competencia europeas de forma equitativa y exhaustiva, proporcionando directivas claras en materia de ayudas estatales, a fin de garantizar la viabilidad competitiva, por una parte, y, por otra, la libertad de elección para los consumidores? En caso de demostrarse la existencia de subvenciones cruzadas, ¿procederá la Comisión a aplicar sanciones eficaces, concretamente obligando a DPAG a restituir los importes correspondientes? ¿Qué medidas adoptará finalmente la Comisión para impedir en lo sucesivo las subvenciones cruzadas y las distorsiones de la competencia?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1621/00 y E-1646/00 dada por el Sr. Monti en nombre de la Comisión

(30 de junio de 2000)

El 20 de julio de 1999 la Comisión decidió incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88 (antiguo artículo 93) del Tratado CE por lo que se refiere a la posible ayuda estatal concedida a Deutsche Post AG.

El procedimiento examina todas las supuestas ayudas estatales concedidas a Deutsche Post AG.

La Comisión está examinando actualmente las observaciones recibidas del Gobierno alemán y de las partes interesadas. Puesto que el examen aún no ha concluido no podemos hacer ningún comentario sobre el posible resultado de las investigaciones.
PREGUNTA ESCRITA E-1003/00

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(31 de marzo de 2000)

Asunto: Ramificaciones de la controversia entre las empresas bananeras de la UE y de los EE UU

¿Cuándo tiene previsto reunirse la Comisión con su contraparte estadounidense para resolver definitivamente la persistente y perjudicial controversia bananera entre la UE y los EE UU, y cuándo espera que se alcance una solución que satisfaga a todas las partes?

Respuesta común a las preguntas escritas E-1001/00, E-1002/00 y E-1003/00 dada por el Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(16 de mayo de 2000)

La Comisión lamenta informar a Su Señoría de que no ve ninguna posibilidad de conceder una compensación a las empresas de la Comunidad afectadas por el aumento de los aranceles norteamericanos.

La Comisión es consciente de las graves consecuencias que estas medidas pueden tener en los afectados y está decidida a resolver el problema con la mayor celeridad posible.

La Comisión presentó el 10 de noviembre de 1999 al Consejo y al Parlamento una propuesta de modificación de sus reglamentos sobre la importación de plátano(1) para adecuarse plenamente a las normas de la Organización Mundial del Comercio.

Paralelamente, la Comisión ha explorado la posibilidad de encontrar una solución al litigio con las partes interesadas. En particular, a finales de marzo de 2000, los representantes de la Comisión se reunieron con sus homólogos norteamericanos en Washington. Esta reunión fue, sin embargo, poco concluyente y demostró cuán difícil es acordar un sistema mutuamente aceptable.

La Comisión quiere confirmar que no se escatiman esfuerzos para concluir este litigio cuanto antes. La Comisión espera que el Parlamento respalde estos esfuerzos votando rápidamente su dictamen sobre la propuesta de la Comisión de 10 de noviembre de 1999.

(1) COM(1999) 582 final.
PREGUNTA ESCRITA E-0629/00

de María Ayuso González (PPE-DE) a la Comisión

(3 de marzo de 2000)

Asunto: Feoga-Garantía en los distintos Estados miembros de la UE durante el período 1997-1999

¿Puede especificar la Comisión cuál es el importe total recibido con cargo al FEOGA-Garantía durante los años 1997, 1998 y 1999, en cada uno de los Estados miembros de la UE, especificando

a) la distribución por capítulos (cultivos herbáceos, azúcar, textiles y gusanos de seda, frutas y hortalizas, otros sectores o productos vegetales, sector vitivinícola, tabaco, leche y productos lácteos, carne de vacuno, carne de ovino y caprino, carne de porcino, huevos y aves de corral, otras medidas de producción animal, restituciones de productos agrícolas transformados, restituciones de ayuda alimentaria de la UE, distribución de productos agrarios a los desfavorecidos, medidas de acompañamiento, medidas de desarrollo rural relacionadas con el funcionamiento de los mercados, otras medidas, ayudas a la renta, y Fondo Europeo de Garantía Pesquera), y

b) por modalidades (restituciones a la exportación, ayudas compensatorias de precios, ayudas por superficie, ayudas por cabeza de ganado, primas orientativas, ayudas al almacenamiento privado, retirada y operaciones similares, montantes compensatorios, medidas de acompañamiento de la reforma de la PAC, y gastos de almacenamiento público)?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(3 de abril de 2000)

La Comisión remite a Su Señoría al Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo informe financiero sobre el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), Sección de Garantía(1) para los datos relativos a 1997 y 1998 solicitados en la primera parte de su pregunta escrita.

El informe financiero de 1999 no está disponible todavía y por ello la Comisión envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento extractos de los datos que se incluirán en el mismo relativos a la información solicitada con respecto a 1999.

En cuanto a la segunda parte de su pregunta escrita, la Comisión envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento algunos cuadros complementarios relativos a la información solicitada con respecto a 1997, 1998 y 1999.

Sin embargo, la Comisión quiere subrayar que toda la información enviada relativa al ejercicio financiero de 1999 todavía no ha sido objeto de una liquidación de cuentas y, por este motivo, no puede considerarse como definitiva.

(1) COM(98) 552 y COM(1999) 568.
PREGUNTA ESCRITA E-0919/00

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(25 de marzo de 2000)

Asunto: Galgos en España e Irlanda

Los galgos adiestrados para correr en Irlanda se suelen matar o exportar cuando dejan de ser aptos para las carreras. Al llegar a España, estos animales son a menudo objeto de malos tratos sin que las autoridades españolas hagan nada por evitarlo.

En el pasado, Irlanda ha recibido subvenciones de la UE para ayudar a los criadores de galgos. ¿Puede garantizar la Comisión que ya no es así? ¿Puede indicar también la Comisión las medidas que está adoptando, o tiene intención de adoptar, para poner fin a los malos tratos de que son víctima los galgos en Irlanda y España, en particular los que son viejos y/o están enfermos?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0826/00 y E-0919/00 dada por el Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(19 de abril de 2000)

La Comisión está muy preocupada por el bienestar de los animales, asunto al que concede gran prioridad. Hay normas comunitarias relativas a los animales, con inclusión de los perros, a fin de protegerlos durante el transporte y respecto a su utilización con fines de investigación.

Según el Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales, adjunto al Tratado CE, la Comunidad y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales al formular y aplicar las políticas comunitarias en materia de agricultura, transporte, mercado interior e investigación, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional.

Por otra parte, las condiciones en que los perros como los galgos se crían y se utilizan en carreras dentro de los Estados miembros no están reglamentadas por la legislación comunitaria, por lo que este aspecto es materia reservada a la jurisdicción de los Estados miembros correspondientes. Al ser competencia de los distintos Estados miembros encontrar la solución a este problema, la Comisión sólo puede invitar a las autoridades competentes a suprimir los malos tratos a que se refiere Su Señoría.

La Comisión puede confirmar que no hay ninguna ayuda comunitaria a la inversión en cría o carreras de galgos. Es posible que se dispense ayuda comunitaria, con otros objetivos, a empresas, personas u organismos que críen galgos o participen en las carreras de galgos en la Comunidad. En tales casos, para la financiación comunitaria no se exige que los beneficiarios se abstengan de participar en la cría o en las carreras de galgos, y la Comisión carece de información sobre tales beneficiarios.
PREGUNTA ESCRITA E-0915/00 de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión. Derogación de la legislación.



Diario Oficial n° 046 E de 13/02/2001 p. 0078 - 0079



PREGUNTA ESCRITA E-0915/00 de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión (25 de marzo de 2000) Asunto: Derogación de la legislación ¿Cuántas disposiciones legislativas (directivas, reglamentos, decisiones) se han derogado cada año en los últimos diez años? Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión (18 de mayo de 2000) >SITIO PARA UN CUADRO> >SITIO PARA UN CUADRO>
PREGUNTA ESCRITA E-0220/00

de Willy De Clercq (ELDR) a la Comisión

(4 de febrero de 2000)

Asunto: Recaudación a posteriori de derechos de aduana sobre productos textiles importados de Bangladesh

Con motivo de la misión de una delegación comunitaria a Bangladesh a finales de 1996, que tenía por objeto controlar la validez de 15 000 certificados de origen, impreso A, emitidos

de finales de 1993 a mediados de 1996, se pidió a las autoridades aduaneras de cada Estado miembro que procedieran a una acción de recaudación a posteriori de los derechos para los certificados 1) evidentemente falsificados o referentes a mercancías no producidas en Bangladesh y 2) obtenidos sobre la base de declaraciones incorrectas de los productores ante la oficina de fomento de las exportaciones (Export Promotion Bureau).

Bangladesh ha reconocido los problemas que se plantearon en relación con la emisión de certificados de origen (impreso A) y el control inadecuado de los mismos. Además, parece ser que se informó muy tardíamente a los importadores en cuestión de la Unión Europea sobre los problemas afrontados por las autoridades de Bangladesh.

¿Es cierto que actualmente la Comisión está examinando una propuesta destinada a condonar determinados derechos de aduana a los importadores en cuestión sobre la base de circunstancias excepcionales? En caso afirmativo, ¿qué medidas se van a tomar y a qué período se van a referir? En caso negativo, ¿piensa la Comisión tomar medidas al respecto?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(28 de marzo de 2000)

Es cierto que se declararon exigibles los derechos de aduana relativos a las importaciones efectuadas al amparo de 15 000 certificados de origen expedidos por las autoridades de Bangladesh de 1994 a mediados de 1996, siendo retirados (anulados) estos certificados por las autoridades de Bangladesh en las condiciones descritas en la pregunta formulada por Su Señoría, en conformidad plena con lo dispuesto por el Reglamento CEE no 2454/93(1).

Se llevó a cabo una misión comunitaria de cooperación e investigación administrativa en Bangladesh en diciembre de 1996. Esta misión permitió confirmar la sospecha de irregularidades y, sobre la base de estas comprobaciones, la Comisión publicó una información en el Diario Oficial en abril de 1997(2).

Una catástrofe natural (inundaciones), de considerable incidencia en la vida económica de Bangladesh y en el funcionamiento de su Administración, castigó a este país entre junio y agosto de 1998. La Comisión está examinando si estos hechos constituyen circunstancias excepcionales a efectos del Reglamento anteriormente citado.

(1) DO L 253 de 11.10.1993.

(2) DO C 107 de 5.4.1997.
PREGUNTA ESCRITA P-1372/00

de Marianne Thyssen (PPE-DE) a la Comisión

(26 de abril de 2000)

Asunto: Propuesta de directiva sobre suplementos alimenticios

En estos momentos no existe en la Unión Europea una legislación armonizada en materia de suplementos alimenticios. Ello tiene consecuencias graves y persistentes para la libre circulación de estos productos en la Unión Europea.

En su Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, la Comisión anuncia su intención de presentar al Consejo y al Parlamento una propuesta de directiva en materia de suplementos alimenticios en marzo de 2000. Esa medida de armonización solucionaría el problema arriba mencionado.

¿Puede indicar la Comisión en qué fase se halla la preparación de la propuesta de directiva y cuándo se propone presentarla al Consejo y al Parlamento?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(26 de mayo de 2000)

La propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo sobre suplementos alimenticios, que se anunció en el apartado 105 del Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, fue adoptada por la Comisión el 8 de mayo de 2000. Próximamente se transmitirá al Consejo y al Parlamento, y se publicará en el Diario Oficial.
PREGUNTA ESCRITA E-0650/00

de Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) a la Comisión

(9 de marzo de 2000)

Asunto: Política regional

En la comparecencia del Sr. Landaburu en la Comisión de Política Regional comentó, que para mejorar y ser más eficaces, era necesario cambiar o ampliar los criterios y no sólo observar el PIB por habitante como indicador.

¿Qué otros criterios se consideran que se deberían incorporar?

¿Ya se ha tomado la decisión sobre estos nuevos indicadores?

¿Cuándo se piensa adoptar esta decisión?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(31 de marzo de 2000)

El artículo 3 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(1), se refiere al producto interior bruto (PIB) per cápita. Estipula que las regiones del objetivo no 1 (regiones menos desarrolladas) son regiones del nivel NUTS II cuyo PIB per cápita, medido en unidades de poder adquisitivo y calculado a partir de los datos comunitarios de los tres últimos años disponibles el 26 de marzo de 1999, es inferior al 75 % de la media comunitaria.

El producto interior bruto regional es un indicador sintético de la actividad de producción de una región. Por tanto, es adecuado para medir el grado de desarrollo económico de las regiones. Precisamente, el criterio del PIB per cápita expresado en unidades de poder adquisitivo y referido al nivel NUTS II se utiliza desde 1988 para determinar la subvencionabilidad de las regiones por el objetivo no 1.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del mencionado Reglamento, la Comisión aprobó la lista de las regiones subvencionables por el objetivo no 1 el 1 de julio de 1999. La validez de dicha lista se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2006.

En estas circunstancias, la Comisión no tiene intención de proponer criterios de subvencionabilidad por el objetivo no 1, para el periodo 2000-2006, diferentes de los que adoptó el Consejo con el acuerdo del Parlamento.

Por otra parte, el reparto de las dotaciones financieras entre las regiones subvencionables por el objetivo no 1 introduce otros criterios además del PIB regional per cápita, en particular la tasa de desempleo.

La Comisión recuerda a Su Señoría que, en el contexto del objetivo no 2 (regiones en reconversión), el artículo 4 del mismo Reglamento establece unos criterios aparte del PIB per cápita que pueden utilizarse para justificar la subvencionabilidad de las zonas propuestas.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-1613/00

de Cristiana Muscardini (UEN) a la Comisión

(29 de mayo de 2000)

Asunto: Las condiciones precarias de los AT3 en el CCI de Ispra

Los agentes temporales con un contrato de una duración de tres años (AT3) en el CCI de Ispra han organizado una protesta sindical para intentar sensibilizar a la Dirección del Centro en el sentido de permitir la renovación de los contratos por tres años. Es sabido que la nueva política del personal de investigación del CCI prevé una flexibilidad en la gestión de proyectos de corta duración y también que este personal con contrato de tres años representa el 25 % de la plantilla total y no puede volver a ser contratado tras la finalización del propio contrato, que vuelve a utilizarse para la contratación de nuevos agentes en sustitución de los que se han quedado sin trabajo.

1. ¿Es racional repetir esta situación cada tres años?

2. ¿No puede calificarse como derroche inútil de energías la no renovación del contrato a agentes que han demostrado su capacidad durante la relación laboral y reemplazarlos por nuevos agentes, sin la experiencia laboral que habían adquirido los AT3?

3. ¿Figura entre los objetivos de esta nueva política del personal de investigación institucionalizar los contratos precarios?

4. ¿No resultaría más conveniente, en interés de la investigación y del centro que la gestiona, pensar en nuevos procedimientos de selección en lugar del contrato precario automático que, por una parte, puedan garantizar la continuidad en la actividad investigadora, sobre todo si se trata de un mismo proyecto, y, por otra, excluyan el carácter automático de la extinción del contrato?

5. ¿Cuál es la opinión de la Comisión a este respecto?

Respuesta del Sr. Busquin en nombre de la Comisión

(10 de julio de 2000)

Ruego a Su Señoría se remita a las respuestas de la Comisión a las preguntas escritas P-0692/00 del Sr. Speroni(1) y P-1734/00 del Sr. Di Pietro(2).

(1) DO C 330 E de 21.11.2000, p. 206.

(2) Ver página 212.
PREGUNTA ESCRITA E-0259/00

de John McCartin (PPE-DE) a la Comisión

(7 de febrero de 2000)

Asunto: Niveles de concentración de radón en la Unión Europea

¿Puede indicar la Comisión si dispone de cifras de niveles de concentración de radón en edificios públicos y viviendas de toda la Unión Europea e indicar si estos niveles de concentración de gas constituyen un riesgo para la salud pública?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(23 de marzo de 2000)

La Comisión llevó a cabo un análisis de los niveles de radiación natural en los Estados miembros, que fue publicado en forma de Atlas (Atlas Radiológico: fuentes naturales de radiación ionizante en Europa, 1993, EUR 14470) y continúa recopilando información a partir de análisis nacionales.

En relación al posible peligro que esto supone para la salud pública, la Comisión publicó en 1990 su Recomendación 90/143/EURATOM de 21 de febrero de 1990 relativa a la protección de la población contra los peligros de una exposición al radón en el interior de edificios(1). En dicha Recomendación se propone un nivel de referencia de 400 bequerelios por metro cúbico, para las acciones correctoras que se realicen en los edificios ya existentes.

El porcentaje de viviendas que exceden este nivel es, en términos generales mínimo, sin embargo, el problema es mayor en ciertas regiones y en algunos Estados miembros como Finlandia y Suecia.

(1) DO L 80 de 27.3.1990.
PREGUNTA ESCRITA E-0516/00

de Michael Gahler (PPE-DE) a la Comisión

(28 de febrero de 2000)

Asunto: Nacionalidad y doble imposición

En la delegación en Francfort de la Cámara de Comercio e Industria de Austria, corporación de derecho público, trabajan un ciudadano alemán y un ciudadano austríaco. A este último se le aplica, como empleado de una corporación de derecho público, el tratamiento que recibiría si residiera en Austria; en cambio, el empleado alemán está sujeto al convenio de doble imposición vigente entre Austria y Alemania. Con arreglo a este convenio, dicho empleado está sujeto también, con limitaciones, a la normativa fiscal austríaca, a menos que, amparándose en la sentencia Schumacker del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, solicite acogerse sin restricciones a dicha normativa fiscal.

De esta situación se derivan ventajas concretas para el empleado austríaco: por ejemplo, el pago de las deducciones por cargas familiares concedidas en Austria o la posibilidad de desgravar las cuotas de seguro obligatorio de enfermedad por encima del tope de la base de cotización aplicado en Alemania.

¿Guarda conformidad con el Derecho europeo que un empleado austríaco goce de mejores condiciones que un empleado alemán por el solo motivo de su nacionalidad?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(19 de abril de 2000)

Tal como ha constatado el Tribunal de Justicia en sucesivas ocasiones, los residentes y los no residentes se encuentran normalmente en una situación diferente que justifica un tratamiento fiscal distinto(1).

Según el artículo §3 de la Ley austríaca sobre los procedimientos fiscales (Bundesabgabenordnung-BAO), se considera a los funcionarios austríacos residentes en el extranjero, a pesar de su situación real, como residentes en Austria. Por lo tanto, estas personas se imponen en Austria sobre la base de sus rentas a escala mundial. En todos los Estados miembros existen normas comparables.

Esta normativa no es contraria al derecho europeo, puesto que los nacionales de otros Estados miembros no residentes en Austria remunerados por las arcas públicas austríacas, como por ejemplo un empleado de la Cámara de Comercio e Industria de Austria en Francfort (Alemania), pueden optar por una imposición ilimitada en Austria (artículo 1 § 4 ÖEStG) si la renta de origen austríaco constituye la práctica totalidad de su renta a escala mundial.

Si la renta austríaca no alcanza tal proporción y, por lo tanto, no existe la posibilidad de elegir, se impone al empleado contrariamente al funcionario austríaco como a un no residente austríaco (con su renta como empleado de la Cámara de Comercio e Industria). En cambio, se trata como un residente fiscal en Alemania. En estas circunstancias, pueden derivarse algunas diferencias de trato del distinto estatuto de los residentes en relación con los no residentes, tal como señala Su Señoría en la pregunta. Esto es una consecuencia inevitable de la existencia de distintos sistemas fiscales nacionales no armonizados.

(1) Sentencia del 14.2.1995, Asunto C-279/93 Schumacker, Sentencia del 12.5.1998, Asunto C-336/96-Gilly).