PREGUNTA ESCRITA E-0685/01

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la Comisión

(8 de marzo de 2001)

Asunto: Política Pesquera Común y pesca ilegal: los pabellones de conveniencia

Uno de los problemas más relevantes en la actualidad en el ejercicio de las pesquerías de altura es el mecanismo necesario para obligar a que Estados no contratantes de organizaciones internacionales de pesca que operen en aguas no sometidas a la jurisdicción de Estados costeros se acomoden a las disposiciones previstas por las organizaciones regionales de pesca destinadas a la conservación y la gestión racional de los recursos. El escaso desarrollo del Derecho Internacional del Mar facilita que navíos con pabellón de conveniencia, o incluso sin ningún tipo de pabellón, puedan llevar a cabo en aguas internacionales actividades pesqueras de carácter irresponsable y no respetuosas con los recursos ni con el medio marino, socavando los planes de gestión racional de los recursos piscícolas y las medidas destinadas a una pesca responsable acordados en el seno de las organizaciones regionales tales como la NAFO, la NEAFC o el ICCAT. En la evolución actual del Derecho del Mar, respetuoso con los derechos de soberanía de los Estados miembros y con escaso reconocimiento del derecho de injerencia, las partes contratantes de las organizaciones internacionales pesqueras abordan el problema de las medidas coercitivas mediante mecanismos indirectos de presión sobre los buques que no cumplen la normativa adoptada en el seno de las organizaciones para la gestión de los recursos, generalmente a través de medidas que dificultan la comercialización de las capturas que estos barcos efectúan, tales como la prohibición de transbordos o la prohibición de descarga en puertos de las partes contratantes.

¿Podría informar la Comisión sobre los datos de que dispone sobre este tipo de infracciones (nacionalidad de los barcos infractores, número de barcos, zonas de actuación, puertos utilizados para el desembarco, etc.,) y si está realizando o tiene pensado realizar un estudio pormenorizado sobre esta problemática?

¿Qué soluciones a esta problemática propone la Comisión Europea en estos momentos?

¿Cómo se puede impedir que la pesca ilegal obtenida mediante los pabellones de conveniencia acceda al mercado de la UE?

¿Está analizando soluciones propuestas ya por la Comisión Europea para problemáticas análogas, como puede ser el caso del transporte marítimo de productos contaminantes por medio de banderas negras?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(24 de abril de 2001)

La Comisión es consciente del problema que plantean los pabellones de conveniencia en lo que concierne al ejercicio duradero y responsable de la actividad pesquera.

No obstante, considera que el Derecho internacional y las organizaciones regionales de pesca son el marco adecuado para regular las actividades del sector. A este respecto, el Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar (aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación (FAO) en noviembre de 1993) es el instrumento más eficaz para obtener la información necesaria sobre los buques. Por otro lado, la ratificación del Acuerdo de Nueva York sobre la gestión y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y de las poblaciones de peces altamente migratorias (adoptado en agosto de 1995 y firmado en diciembre del mismo año en las Naciones Unidas) también contribuiría a regular las actividades en alta mar y a una mayor cooperación internacional por parte de los estados que no son miembros de las organizaciones regionales de pesca y que no participan en ellas. Por consiguiente, la Comisión desea, ante todo, que se produzca lo antes posible la ratificación de los dos acuerdos mencionados a fin de que puedan aplicarse sus disposiciones.

En lo que respecta a la cuestión que plantea Su Señoría en relación con las infracciones, la Comisión desea señalar que, a través del Reglamento (CE) no 2740/1999 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1999, que fija las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1447/1999 del Consejo, de 24 de junio de 1999, por el que se establece una lista de tipos de conductas que infringen gravemente las normas de la política pesquera común(1), podrá obtener por vez primera los datos que faciliten los Estados miembros. A continuación, la Comisión presentará al Consejo, al Parlamento y al Comité consultivo de pesca un balance global por Estado miembro de la información recibida. En el caso de los buques no comunitarios, las organizaciones regionales de pesca cuentan en su mayoría con un Compliance Committee (por ejemplo, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO) y la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (NEAFC)).

Toda la normativa comunitaria en la materia, y, en particular, el Reglamento (CEE) no 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común(2), persigue el objetivo de reforzar el control de las actividades pesqueras, desde las capturas hasta la comercialización. Por su lado, el Plan de acción internacional para combatir la pesca ilegal, no regulada y no declarada, en el que han participado intensamente la Comisión y los Estados miembros, prevé distintas medidas para suprimir la pesca ilegal, como, por ejemplo, el control de los nacionales por sus respectivos estados, el control y vigilancia de las actividades pesqueras desde su inicio hasta los desembarques y la aplicación de medidas de mercado internacionales. Este plan destaca, ante todo, la responsabilidad del estado del pabellón, así como la del estado del puerto y la del estado importador.

Con respecto al asunto del acceso de la pesca ilegal al mercado comunitario, el Plan de acción internacional, tal como se ha indicado, aprueba la utilización de medidas internacionales y multilaterales para eliminar el comercio pesquero y de productos de la pesca ilegales, instando a que se impongan sanciones. Por otro lado, las organizaciones regionales de pesca han demostrado que es posible prohibir la importación de pesca ilegal en el mercado europeo (véase el caso del atún rojo en la CICAA), así como efectuar un control de las capturas mediante un certificado de capturas (véase, a este respecto, la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marínos Antárticos (CCAMLR), la CIAT y la CICAA).

La Comisión participa en el grupo de trabajo conjunto FAO/Organización Marítima Internacional (OMI) sobre el control de los buques por los estados del pabellón. De hecho, el Plan de acción internacional insta a que se impulse la colaboración entre la FAO y la OMI con el objetivo, entre otros, de que pueda definirse el vínculo sustancial entre un buque pesquero y un estado (Art. 91 del Convenio sobre el Derecho del Mar).

(1) DO L 328 de 22.12.1999.

(2) DO L 261 de 20.10.1993.