ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
PREGUNTA ESCRITA E-3127/01

de Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) a la Comisión

(14 de noviembre de 2001)

Asunto: Potencia de las emisiones radioeléctricas

Europa ha sido precursora en el ámbito de la transmisión de datos inalámbrica. Sin embargo, en este momento parece que la actividad de las redes de Internet basadas, por ejemplo, en la tecnología de radio inalámbrica y, en particular, la maximización de las distancias de transmisión de datos se verán limitadas por la Decisión ERC/DEC/(01)07 del Comité Europeo de Radiocomunicaciones, según la cual la potencia máxima autorizada de las emisiones radioeléctricas será considerablemente más baja que la de nuestros competidores internacionales. Esta limitación de potencia, especialmente en las regiones poco pobladas de la UE, dificultará las posibilidades de desarrollo de la transmisión de datos inalámbrica.

¿Por qué la potencia máxima de las emisiones en Europa en las bandas de baja frecuencia (por debajo de 6 MHz) es de sólo 100 mW, en tanto que el límite correspondiente en los Estados Unidos es de 4 W? ¿En qué se puede basar una diferencia tan considerable en la potencia máxima autorizada? ¿Por qué las frecuencias bajas (que en el resto del mundo suelen ser de 2,4 MHz y 5MHz) no pueden tener, en general, un uso comercial en la UE?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(5 de febrero de 2002)

Su Señoría se refiere a las aplicaciones de la transmisión de datos inalámbrica que funcionan en la denominada banda exenta de licencia.

Precisamente, está a punto de entrar en vigor, tras la segunda lectura del Parlamento Europeo, el 12 de diciembre de 2001, una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo basada en la propuesta de la Comisión relativa a un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico. La citada Decisión permitirá evaluar, a nivel comunitario, la utilización del espectro radioeléctrico en la medida en que lo exijan las políticas comunitarias; armonizar dicha utilización en la Comunidad, concretamente mediante el otorgamiento de los oportunos mandatos a la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y de Telecomunicaciones (CEPT), y conferir a la armonización carácter jurídicamente vinculante para los Estados miembros. La pregunta planteada por Su Señoría demuestra la urgencia de implantar un mecanismo de estas características.

La situación en lo que respecta a las bandas exentas de licencia, que se utilizan en muchos sistemas además de los de transmisión de datos, es sumamente complejo y exijiría un análisis pormenorizado. Por otra parte, a la hora de comparar las disposiciones aplicables en Europa o las recomendaciones de la CEPT con la normativa aplicable en otros países, como los EE.UU., debe tomarse en consideración el uso tradicional de las referidas bandas, que puede diferir sustancialmente de unos lugares a otros.

Se remitirá directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento un estudio exhaustivo de la situación.
PREGUNTA ESCRITA P-3083/01

de Marialiese Flemming (PPE-DE) a la Comisión

(30 de octubre de 2001)

Asunto: Normas de seguridad y medidas de protección europeas para centrales nucleares

¿Qué medidas ha adoptado la Comisión con vistas a la elaboración de normas de seguridad europeas comunes para centrales nucleares en todos los Estados miembros de la Unión Europea?

¿Cree la Comisión que se pueden elaborar normas de seguridad uniformes jurídicamente vinculantes, pese a la utilización de tecnologías distintas por parte de los Estados miembros?

¿Cuándo podrá presentar la Comisión un libro verde con las normas de seguridad y medidas de protección europeas comunes para centrales nucleares, con vistas a un debate?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(12 de diciembre de 2001)

Las competencias de la Unión en el sector de la energía nuclear se establecen en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado Euratom), cuyo Capítulo 3 (Título II) está dedicado a la protección sanitaria y a la seguridad.

En este contexto, se han ido elaborando reglamentos, directivas y orientaciones en materia de protección radiológica con el fin de evitar posibles daños para la salud derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.

Corresponde a los Estados miembros, y en particular a sus autoridades de reglamentación nuclear, expedir licencias y regular la ubicación, la concepción, la construcción, el funcionamiento y el desmantelamiento de las instalaciones nucleares, de conformidad con todos los requisitos derivados del Tratado Euratom y de otros convenios y tratados internacionales. Los Estados miembros poseen regímenes reglamentarios y marcos legislativos distintos, por lo que los procedimientos reglamentarios varían de un Estado a otro, a menudo como consecuencia del uso de tecnologías de reactores y marcos administrativos diferentes.

No obstante, cabe destacar que en junio de 2001 el Consejo publicó un informe(1) sobre seguridad nuclear en el contexto de la ampliación. Dicho informe fue elaborado por expertos de las autoridades de reglamentación nuclear de los Estados miembros, con la participación de la Comisión. En él se adopta una perspectiva europea para evaluar la seguridad nuclear en los países candidatos. Como resultado de esta evaluación, se han dirigido algunas recomendaciones a los Estados candidatos para que alcancen un elevado nivel de seguridad nuclear.

En el marco del Consejo está previsto proceder en 2002 a una revisión inter pares con objeto de comprobar si se han seguido dichas recomendaciones. Todo este proceso demuestra claramente que la Comunidad es capaz de elaborar un planteamiento común en materia de seguridad nuclear a pesar de los diversos diseños y tecnologías empleados por la industria nuclear.

(1) COM(2001) 568 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2530/01

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(19 de septiembre de 2001)

Asunto: Restricción de los bienes con impuestos pagados que entran en el Reino Unido

¿Puede indicar la Comisión cuál es su posición en relación con la política del Gobierno del Reino Unido de restringir la cantidad de bienes con impuestos pagados que los viajeros particulares pueden importar al Reino Unido?

¿Sabe la Comisión que el servicio de aduanas del Reino Unido procede, cada vez con más frecuencia, a confiscar bienes personales (normalmente, vehículos de motor) de los viajeros que únicamente se limitan a ejercer sus libertades de conformidad con el derecho comunitario?

¿Qué acciones tiene previsto emprender la Comisión para defender el derecho de los viajeros a importar los bienes anteriormente mencionados en el Reino Unido?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(24 de octubre de 2001)

La Comisión ha recibido varias reclamaciones acerca de cómo el Reino Unido está aplicando la normativa comunitaria relativa a impuestos sobre consumos específicos a los viajeros que desean importa bienes sujetos a impuestos sobre consumos específicos adquiridos en otro Estado miembro. Las reclamaciones hacen referencia tanto a la cantidad de los bienes como al decomiso de los bienes y de los vehículos. Actualmente, la Comisión está investigando estas reclamaciones y examinará la política del Reino Unido en vista de los resultados de dicha investigación.

Si la Comisión considera que un Estado miembro no cumple con sus obligaciones en virtud de lo dispuesto en el Tratado de la CE, podrá iniciar un procedimiento de infracción de conformidad con el artículo 226 (antiguo artículo 169) del Tratado de la CE. Este procedimiento, cuyo fin es garantizar que los Estados miembro actúan de conformidad con el Derecho comunitario, puede en última instancia llevar a un proceso judicial ante el Tribunal de Justicia.
PREGUNTA ESCRITA E-3166/01

de Lord Inglewood (PPE-DE) a la Comisión

(19 de noviembre de 2001)

Asunto: Sellafield y el Gobierno irlandés

Teniendo en cuenta la oposición inalterable del Gobierno irlandés y sus intentos periódicos y sistemáticos de anticiparse a los acontecimientos respecto a la central nuclear de Sellafield, ¿qué importancia concede la Comisión, en cuanto a las pruebas aportadas, a las acciones y solicitudes del Gobierno irlandés? ¿Considera que sus actividades son coherentes con la aceptación del acervo comunitario?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(28 de enero de 2002)

Los servicios de la Comisión siguen la evolución de los acontecimientos en relación con las acciones y argumentos de las autoridades irlandesas en relación con el caso Sellafield.

La Comisión tiene conocimiento de las acciones de Irlanda contra el Reino Unido ante el Tribunal de Derecho del Mar de las Naciones Unidas y ante un tribunal de arbitraje dependiente de la Convención OPAR. A este respecto, la Comisión querría recordar que, con arreglo a los artículos 292 (CE) y 193 (Euratom), cualquier disputa entre dos Estados miembros en relación con la aplicación o interpretación de los Tratados no podrá resolverse por cauces que no sean los estipulados por los Tratados.

La Comisión también se ha dirigido por escrito al Reino Unido con la intención de obtener una serie de aclaraciones sobre este tema.
PREGUNTA ESCRITA P-3609/01

de Giovanni Fava (PSE) a la Comisión

(8 de enero de 2002)

Asunto: Nuevas construcciones en una zona no edificable y fondos europeos en Sicilia

El 4 de diciembre de 2001, la Junta de Gobierno de la Región Sicilia presentó una propuesta de ley que, entre otras cosas, prevé la regularización de las construcciones abusivas edificadas en el litoral, cuyo número se estima en 170 000 unidades. Este proyecto de ley resulta una verdadera derogación del único instrumento de protección de las costas vigente en Sicilia que prevé la obligación de no construir en una franja de 150 metros (Ley regional no 78 de 12 de junio de 1976). El mencionado proyecto de ley prevé, además, la posibilidad de construir nuevas instalaciones hoteleras en la orilla del mar, en terrenos no edificables, con una capacidad para 4 000 camas.

Es probable que los proyecto ya presentados reciban financiación en el ámbito de los pactos territoriales, de los programas de rehabilitación urbana y desarrollo sostenible del territorio (Prusst) y de Agenda 2000.

Es evidente que estos proyectos contravienen no solamente el espíritu de las políticas regionales de desarrollo sostenible de las regiones menos avanzadas sino también las normas vigentes relativas a la protección del medio ambiente y a las intervenciones específicas que reciben el apoyo de la Unión Europea para la rehabilitación y saneamiento de las costas.

¿Está la Comisión al corriente de esta iniciativa de la Junta Regional de Sicilia? ¿Puede asegurarse la Comisión de que los recursos facilitados por los Fondos Estructurales no se utilicen para financiar dichos proyectos? ¿Puede intervenir la Comisión para que se aplique la normativa comunitaria relativa a la evaluación del impacto ambiental? ¿Qué medidas piensa adoptar para que no sufran daños las zonas de la red Natura 2000 urbanizadas de manera abusiva?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(12 de febrero de 2002)

La Comisión no tiene conocimiento de la propuesta de ley mencionada por Su Señoría. No obstante, velará por que la ejecución de los programas que cofinancia con cargo a los Fondos Estructurales sea coherente con los objetivos de los programas y por que éstos sean compatibles con todas las políticas comunitarias, incluida la de protección del medio ambiente.
PREGUNTA ESCRITA E-3714/01

de Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) a la Comisión

(17 de enero de 2002)

Asunto: Las relaciones de la Comisión con ERT

La Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT) es un grupo de interés importante en el seno de la Unión.

¿Tiene la Comisión una idea de la frecuencia con la que los diferentes comisarios han participado en reuniones oficiales con ERT durante el año 2001?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(14 de febrero de 2002)

La política de la Comisión es consultar a todos sus interlocutores en el marco de la preparación de sus propuestas y acciones. En lo que se refiere a la política de empresa, la ERT forma parte de dichos interlocutores.

Los Miembros de la Comisión han celebrado cierto número de reuniones con representantes de la Mesa Redonda Europea de Industriales (European Round Table of Industrialists, ERT) dentro del proceso general en el que la Comisión consulta a la sociedad civil.

Los debates con los representantes de la ERT se centraron, por lo general, en temas relacionados con asuntos de empresa y competitividad.
PREGUNTA ESCRITA E-2956/01

de Bertel Haarder (ELDR) al Consejo

(5 de noviembre de 2001)

Asunto: Gestión de la libertad de circulación de los trabajadores por parte de Bélgica

1. ¿Está informado el Consejo de los problemas que encuentran los ciudadanos de la UE en la administración belga en lo que respecta al registro de su nueva residencia y a la obtención de documentos de identificación? Entre estos problemas cabe señalar el largo tiempo de espera, la necesidad de insistir repetidamente para obtener una respuesta en el municipio de acogida, así como la emisión de diversas tarjetas de identificación temporales antes de obtener una tarjeta definitiva.

2. ¿Considera el Consejo que éste es un sistema adecuado en un país que acoge diversas instituciones internacionales, como la OTAN y la UE?

3. ¿Ha previsto Bélgica adoptar medidas para mejorar el sistema?

Respuesta

(1 de marzo de 2002)

El Consejo no es competente para responder a las preguntas que plantea su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-3505/01

de Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) a la Comisión

(8 de enero de 2002)

Asunto: Las otras lenguas de Francia

En respuesta a una pregunta de este diputado sobre las medidas aplicadas por la Comisión respecto a las dificultades institucionales y presupuestarias que registra en Francia la utilización de las otras lenguas de dicho Estado distintas del francés (E-2464/01)(1), la Comisaria de Cultura, Viviane Reding, afirma que este asunto, al ser competencia de los Estados miembros, no compete a la Comisión.

Teniendo en cuenta que el derecho a utilizar las lenguas propias de los países europeos, incluidas las lenguas no oficiales de los Estados, está consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales aprobada precisamente en la Conferencia Intergubernamental de Niza, ¿qué institución debe velar por el respeto de este derecho, si la Comisión no se considera capacitada para hacerlo, mientras que, por otro lado, se siente habilitada, justamente y como ejemplo, para tomar medidas de importante transcendencia como impedir la fusión de poderosas compañías que operan en el territorio de la Unión, en el caso de vulnerarse las normas de competencia?

(1) DO C 93 E de 18.4.2002.

Respuesta de la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(1 de marzo de 2002)

El artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales establece que La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística. El artículo 51 de este mismo instrumento especifica que: Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones y órganos de la Unión, respetando el principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. A tenor de ello, el asunto al que hace referencia Su Señoría no parece referirse a acciones que puedan entrar dentro del ámbito del artículo 51 de la Carta.

El artículo 81 del Tratado CE confiere a la Comunidad responsabilidades en el ámbito de la política de competencia: Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común (artículo 81 del Tratado de la Unión Europea). El artículo 85 del Tratado CE establece la responsabilidad de la Comisión en la aplicación de esta política. En el ámbito de la política lingüística no se confieren competencias comparables ni a la Comunidad ni a la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-2942/01

de Bart Staes (Verts/ALE) al Consejo

(25 de octubre de 2001)

Asunto: Lentitud de los procedimientos de liquidación de siniestros en caso de accidente (de tráfico) en Suiza

El Consejo, en su respuesta a la pregunta E-1080/2001(1), declara no estar al corriente del contenido de las conversaciones que, según el diputado, se celebraron el 16 de febrero de 2001 entre la Presidencia en ejercicio del Consejo y el Presidente de Suiza. La iniciativa del Presidente en ejercicio de la Unión Europea de entonces se inscribía en el marco de la búsqueda de una solución para los eternos procesos de liquidación de la indemnización por daños entre las víctimas de la UE y las compañías de seguros suizas, puesto que la Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos de automóviles no ofrecía ninguna solución a este problema.

Las lagunas existentes en la legislación suiza ofrecen a las aseguradoras la posibilidad de aplazar durante mucho tiempo la concesión de indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil. Esta fuente de inseguridad jurídica también afecta a los ciudadanos comunitarios víctimas de accidentes (de tráfico) en Suiza, puesto que se ven involucrados en un procedimiento jurídico sin ninguna perspectiva de obtener una indemnización dentro de un plazo razonable.

¿Podría proporcionar el Consejo el contenido completo de las conversaciones celebradas el 16 de febrero de 2001 entre la Presidencia de la UE y el Presidente de Suiza sobre una indemnización rápida, justa y equitativa para las víctimas de accidentes de tráfico de la UE en Suiza? En caso negativo, ¿por qué se niega el Consejo a proporcionar el contenido completo de las conversaciones celebradas el 16 de febrero pasado entre la Presidencia y el Presidente de Suiza sobre una indemnización rápida, justa y equitativa para las víctimas de accidentes de tráfico de la UE en Suiza?

(1) DO C 364 E de 20.12.2001, p. 41.

Respuesta

(14 de febrero de 2002)

El Consejo remite a su respuesta a la pregunta (E-1080/01) formulada por Su Señoría sobre este mismo asunto. En dicha respuesta se explicaba que el Consejo no ha sido informado de contacto alguno sobre este asunto, en febrero del presente año, entre la Presidencia de la UE y el Presidente de Suiza. Por lo que el Consejo alcanza a saber, este tema no se debatió en la ocasión a que hace referencia Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-2307/01

de Astrid Thors (ELDR) a la Comisión

(31 de julio de 2001)

Asunto: Artículo 75 del Convenio de Schengen, transporte de medicamentos

El artículo 75 del Convenio de Schengen dispone que las personas que se trasladan en la zona de Schengen y transportan medicamentos que pueden clasificarse como narcóticos deberán llevar un certificado. ¿Cómo debe interpretarse esta disposición? No está claro qué autoridades pueden emitir el certificado ni para qué medicamentos es necesario dicho certificado.

¿Ha pensado la Comisión proponer una revisión del Convenio para que se clarifique este punto o se suprima el certificado?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(8 de octubre de 2001)

El artículo 75 del Convenio de aplicación de Schengen dispone que las personas pueden transportar los estupefacientes y sustancias sicotrópicas que sean necesarios en el marco de un tratamiento médico, siempre que puedan presentar un certificado(1) expedido por una autoridad competente.

No obstante, no se ha establecido una lista de los medicamentos para los que se exige a las personas que se desplazan dentro del espacio Schengen un certificado especial.

El artículo 75 hace referencia a los productos médicos que figuran en los convenios internacionales sobre drogas (Convenio único sobre estupefacientes de 1961 y Convenio de 1971 sobre sustancias sicotrópicas) o contienen sustancias que figuran en estos convenios y que están regulados por las legislaciones nacionales. Estos convenios permiten aumentar la lista de sustancias sujetas a los controles previstos por las legislaciones nacionales. Por lo tanto, cada Estado miembro puede tener su propia lista de productos que se consideran o contienen estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, los Estados miembros han de comunicar qué autoridades son competentes para la expedición o legalización del certificado. En el Diario Oficial(2) se ha publicado una lista de las autoridades competentes de los diez países que aplicaron el acervo de Schengen antes del 25 de marzo de 2001. Por lo que atañe a los cinco países nórdicos que aplicaron este acervo con posterioridad a dicha fecha, la lista de autoridades competentes se ha remitido directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.

Por el momento, la Comisión no tiene la intención de proponer cambios en la normativa vigente.

(1) El certificado uniforme se publica en el DO L 239 de 22.9.2000.

(2) El certificado uniforme se publica en el DO L 239 de 22.9.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-3184/01

de Mario Borghezio (NI) al Consejo

(23 de noviembre de 2001)

Asunto: Coberturas que han favorecido al Centro Islámico de Milán

Tras la denuncia del presidente Bush, que definió el Instituto Cultural Islámico de Milán como una conocida célula terrorista y epicentro de las redes terroristas activas en Europa, el semanario estadounidense Newsweek puso de manifiesto, en su edición del 5 de noviembre de 2001, los retrasos y omisiones de que han sido objeto las investigaciones llevadas a cabo sobre dicho centro, del que las autoridades italianas tenían conocimiento desde hace muchos años y desde el cual, según se ha comprobado, se habrían programado y organizado ataques terroristas con armas químicas en Europa.

En dicho artículo se cita una declaración efectuada por un funcionario italiano al Washington Post, según el cual antes del 11 de septiembre no se era consciente de la profundidad y la complejidad del problema.

¿No considera el Consejo que semejantes retrasos y omisiones han perjudicado gravemente la seguridad en Europa?

¿No estima asimismo que es necesario esclarecer las responsabilidades, sean al nivel que sean, e identificar las posibles coberturas políticas de dichos retrasos?

¿No piensa que es igualmente necesario verificar, incluido a través de Europol, si otros centros similares que operan actualmente en Europa y, en particular, en Londres, donde en muchas mezquitas importantes se está llevando a cabo una encendida campaña propagandística a favor de Bin Laden, desarrollan actividades parecidas a las del Instituto Cultural Islámico de Milán? En caso afirmativo, ¿no sería conveniente clausurar de manera inmediata tales centros de apoyo del terrorismo?

Respuesta

(18 de febrero de 2002)

El Consejo desea subrayar que no tiene competencia para investigar las operaciones de los cuerpos de seguridad ni de las autoridades judiciales de los Estados miembros.

El Consejo desea recordar, además, a Su Señoría que, en sus conclusiones aprobadas el 20 de septiembre de 2001, declaró explícitamente lo siguiente:

El Consejo ha decidido crear dentro de Europol, por un período de 6 meses que podrá renovarse, un equipo de especialistas antiterroristas. Se ha invitado a los Estados miembros a que designen para dicho equipo funcionarios de enlace procedentes de los servicios de policía y de los servicios de información especializados en la materia, sin perjuicio de las legislaciones que rijan su funcionamiento.

Entre los cometidos de este equipo figuran los siguientes:

- recoger a su debido tiempo todos los datos e información pertinentes sobre la amenaza actual;

- analizar la información recogida y realizar el necesario análisis operativo y estratégico;

- redactar un documento de evaluación de la amenaza basado en la información obtenida. Este estudio abarcará en particular los objetivos, los daños, los posibles modus operandi, las consecuencias para la seguridad de los Estados miembros (descripción de las situaciones posibles) y determinará los ámbitos en los que deben tomarse medidas de prevención (tráfico aéreo, edificios oficiales, protección de personalidades, etc.).