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PREGUNTA ESCRITA E-2962/00

de Daniela Raschhofer (NI) a la Comisión

(20 de septiembre de 2000)

Asunto: La extrema derecha en los Estados miembros

Austria cuenta con una ley que somete a procedimiento penal toda forma de actividad de carácter nacionalsocialista (Ley de prohibición 1947, Boletín Oficial del Estado no 13/1945, Diario Oficial de la República de Austria no 25/1947). Dicha ley tiene rango constitucional.

Los artículos 3 a 3 nonies establecen las figuras de delito y las penas conminatorias. El marco penal oscila, según el delito, entre un año y cadena perpetua. El procedimiento es competencia de los juzgados de primera instancia, que actúan como salas de lo criminal.

¿Puede indicar la Comisión:

- qué Estados miembros cuentan con normas legislativas comparables,

- qué diferencias existen entre los Estados miembros en lo que respecta a las figuras de delito y las penas conminatorias,

- si, a la luz de los valores europeos comunes, es necesario someter a procedimiento penal las actividades de carácter nacionalsocialista, y

- si la Comisión proyecta elaborar una normativa europea común para impedir dichas actividades?

¿Puede transmitir la Comisión, dado el caso, las distintas normas legislativas comparables?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(31 de octubre de 2000)

La acción común del 15 de julio de 1996(1) relativa a la acción contra el racismo y la xenofobia prevé que los Estados miembros incriminen una serie de comportamientos racistas o xenófobos, o en su defecto, se comprometan a derogar para estos comportamientos al principio de la doble incriminación. Se contemplan, en especial, la incitación pública a la violencia o al odio racial, la apología pública de los crímenes contra la humanidad y las violaciones de los derechos humanos, el negacionismo, la difusión de escritos de carácter racista o xenófobo y la participación en actividades de grupos, organizaciones o asociaciones implicadas en discriminación, violencia u odio racial.

El primer informe de evaluación de la aplicación de este texto, realizado en 1998, indica que los comportamientos contemplados son objeto de sanciones penales en la mayoría de los Estados miembros y que los que no incriminaban la totalidad de los comportamientos contemplados estaban modificando sus legislaciones. Los instrumentos de la cooperación judicial se aplican sin dificultad en este ámbito.

Un segundo informe está en proceso de elaboración por el Consejo. A luz del mismo la Comisión apreciará la necesidad de elaborar una normativa europea complementaria, en particular por lo que se refiere a la utilización de Internet con fines racistas o xenófobos.

(1) DO L 185 de 27.7.1996.
PREGUNTA ESCRITA E-2774/00

de Roberta Angelilli (UEN) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Venta a Ucrania de maquinaria para imprimir papel moneda

En 1992, se estipuló un acuerdo por valor de cientos de miles de millones entre, por un lado, el Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato de Italia y, por otro, la recién nacida República de Ucrania. Dicho acuerdo establecía que esta última debía recibir del Poligrafico 1 700 millones de monedas y algunas máquinas industriales, entre ellas una impresora de billetes de banco.

Según la versión oficial del Ministerio de Hacienda, el Istituto Poligrafico, a causa de problemas burocráticos y diplomáticos que no se han explicado, sólo entregó las monedas y, más tarde, una máquina para fabricar papel. En cambio, tanto de una declaración del Subsecretario responsable, Sr. Pennacchi, como del propio balance del Istituto, se desprende que se trataba de una máquina para fabricar billetes de banco. El 10 de abril de 2000, uno de los periódicos más serios de Italia, el Corriere della Sera, en un artículo de su corresponsal en Bruselas, Ivo Caizzi, se hacía eco de la teoría según la cual la impresora de billetes de banco entregada a Ucrania podría usarse con fines ilícitos, por ejemplo, la impresión de billetes en, lo que explicaría el misterio que envuelve a toda la cuestión.

¿Puede dar a conocer la Comisión su opinión sobre este asunto?

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(10 de noviembre de 2000)

La impresión de billetes en implica varios procesos en los que se usan diferentes máquinas, esto es, para la producción de papel con filigrana, la impresión del diseño, la impresión del diseño en relieve y para la aplicación de otras medidas de seguridad. Este complejo proceso de producción es una garantía contra la impresión ilícita de billetes en por personas no autorizadas y que usan máquinas en etapas concretas del proceso.
PREGUNTA ESCRITA E-3022/00

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(26 de septiembre de 2000)

Asunto: Necesidad de homogeneización de las luces de emergencia en los vehículos comunitarios

En el Estado español, el color de las luces de emergencia de los vehículos no está actualmente homologado con el resto de los países comunitarios donde dichas luces son de color azul. De

esta manera, servicios prioritarios y de urgencia como es el caso de los bomberos y las ambulancias comparten el color ámbar con otros servicios como el de recogida de basuras o vehículos de desplazamiento lento, mientras que el color azul queda reservado únicamente para la policía. Esta situación de confusión acarrea también problemas de tráfico para los vehículos de emergencia e incluso riesgo para los ciudadanos.

En octubre de 1995 y en mayo de 1996, la Federation of European Fire Officers Association instó a la Dirección General de Tráfico española a la revisión de la normativa sobre señalización luminosa de vehículos de emergencia. Por su parte, la Asociación Profesional española de Técnicos de Bomberos también ha realizado repetidos intentos ante la misma Dirección General solicitando la asimilación con el resto de países europeos a través de la sustitución del color ámbar por el color azul en las sirenas de los vehículos prioritarios. Y, finalmente, la Dirección General de Protección Civil también se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de homologación con el resto de países de la UE.

Hasta el momento, la Dirección General de Tráfico española ha venido argumentando que no todos los sectores afectados deseaban cambiar el color ámbar por el azul en los vehículos prioritarios. Sin embargo, esta información ha sido desmentida por la Junta Directiva de la APTB y por las sucesivas manifestaciones de las partes implicadas descritas en el párrafo anterior.

A falta de una normativa europea específica para regular el problema expuesto, ¿no considera conveniente la Comisión que, en aras de una mayor seguridad de los ciudadanos, debería existir una homologación de las luces de emergencia para los vehículos prioritarios de todos los Estados miembros?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(14 de noviembre de 2000)

Es cierto que no existe hoy por hoy ninguna directiva que armonice, a escala comunitaria, la homologación de las luces especiales que equipan determinados vehículos.

Sin embargo, el Reglamento no 65 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas responde a la preocupación expresada y prescribe disposiciones técnicas de homologación para estos equipamientos especiales, tales como faros giratorios, rampas y luces de destellos.

La Comunidad no ha suscrito este Reglamento, debido a la voluntad de los Estados miembros de conservar la posibilidad de regular el uso y las características técnicas de estos dispositivos, especialmente para los vehículos de las fuerzas del orden.

No obstante, si esta voluntad llegara a evolucionar, la Comunidad podría entonces prever la adopción de este Reglamento y armonizar y diferenciar los equipamientos de los vehículos prioritarios de los de los vehículos lentos.
PREGUNTA ESCRITA E-2762/00

de Mark Watts (PSE) a la Comisión

(1 de septiembre de 2000)

Asunto: Equipo de visión nocturna de las naves de gran velocidad

¿Es consciente la Comisión del vacío existente en las especificaciones de la OMI relativas a naves de gran velocidad, vacío que podría dar lugar a una situación en la que un buque destinado al transporte de pasajeros a gran velocidad podría operar legalmente sin equipo de visión nocturna, debido a que la definición de nave de alta velocidad se limita al diseño del casco y no trata de la seguridad de la navegación a gran velocidad?

¿Dispone la Comisión de propuestas para abordar este problema?

¿Está de acuerdo la Comisión en que deben modificarse las directivas correspondientes según el modelo de la decisión del Ministerio de Marína de Hong Kong de imponer a todas las naves que navegan de noche a 25 nudos o más el requisito general de estar dotadas de un equipo autorizado de visión nocturna?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(16 de octubre de 2000)

El requisito de disponer del equipo de visión nocturna está cubierto por el código para naves de gran velocidad (NGV) de la Organización Marítima Internacional (OMI), adoptado por el Comité de Seguridad Marítima en 1994. Este código pasó a ser obligatorio para las NGV destinadas a viajes internacionales el 1 de enero de 1996. Las naves de pasajeros de alta velocidad construidas en dicha fecha o después de la misma y destinadas a viajes nacionales también deben cumplir este código en virtud de la Directiva 98/18/CE del Consejo, de 17 de marzo de 1998 sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje(1).

La disposición pertinente del código para NGV establece que Cuando las condiciones operacionales justifiquen la provisión de equipo para mejorar la visión nocturna, se deberá instalar tal equipo. Esto significa que corresponde al país de abanderamiento decidir si efectivamente dicho equipo debe instalarse o no en función de las condiciones náuticas existentes en la ruta en que opera la nave de alta velocidad.

Considerando la gran diversidad de zonas marítimas y condiciones náuticas existentes en las aguas comunitarias, y teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, la Comisión no tiene actualmente intención de proponer medidas adicionales.

Las medidas adoptadas por las autoridades de Hong Kong deben contemplarse a la luz de las condiciones predominantes en aquellas aguas.

(1) DO L 144 de 15.5.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-2129/00

de Jan Andersson (PSE) a la Comisión

(30 de junio de 2000)

Asunto: Ayudas comunitarias a la exportación para el transporte de animales vivos a terceros países

En la actualidad se conceden ayudas a la exportación para el transporte de animales vivos a terceros países. Estas ayudas tienen como consecuencia transportes largos y a menudo penosos para los animales.

¿Tiene la Comisión la intención de suprimir las ayudas a la exportación para el transporte de animales vivos a terceros países?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(18 de septiembre de 2000)

La exportación de ganado vivo constituye una importante salida comercial para la carne de vacuno comunitaria que difícilmente puede sustituirse por la exportación de carne de vacuno debido a los distintos rituales de sacrificio, la falta de almacenes frigoríficos en los países importadores o la demanda específica de carne fresca de la calidad requerida en esos países. En caso de que se hiciera imposible la exportación de ganado vivo procedente de la Comunidad debido a la progresiva supresión de las restituciones por exportación, otros proveedores se apoderarían de esos mercados. Australia está aumentando cada vez más sus exportaciones de ganado vivo al mundo árabe, pese a que el viaje dura mucho más desde ese país que a partir de la Comunidad.

Además, la Comisión desea llamar la atención de su Señoría sobre el Reglamento (CE) no 615/98 de la Comisión, de 18 de marzo de 1998, por el que se establecen disposiciones específicas de aplicación del régimen de restituciones por exportación en lo referente al bienestar de los animales vivos de la especie bovina durante su transporte(1), según el cual el pago de las restituciones por exportación de animales vivos debe ajustarse a las disposiciones de la Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, sobre la protección de los animales durante el transporte y que modifica las Directivas 90/425/CEE y 91/496/CEE(2), y que establece además un sistema de control adecuado.

(1) DO L 82 de 19.3.1998.

(2) DO L 340 de 11.12.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-3064/00

de Francesco Rutelli (ELDR) a la Comisión

(2 de octubre de 2000)

Asunto: Pena de muerte

El compromiso contra la práctica de la pena de muerte constituye desde hace tiempo una prioridad para el Parlamento Europeo y para la política exterior de la Unión. Con objeto de contribuir con hechos a la afirmación de los valores que confirman la inviolabilidad de la vida humana, el

Parlamento aprobó en 1999 una serie de enmiendas para que las líneas presupuestarias B7-702, B7-703, B7-704, B7-705 y B7-707 se utilicen asimismo para campañas e iniciativas en favor de una moratoria de las ejecuciones. Se trata de un cometido de gran valor moral y de apoyo con hechos a quienes luchan en el mundo contra la pena de muerte. ¿Puede indicar pormenorizadamente la Comisión qué medidas se han llevado a cabo con cargo a las diferentes líneas presupuestarias para dar cumplimiento a las enmiendas del Parlamento Europeo?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(18 de octubre de 2000)

Desde 1995, el presupuesto comunitario (línea B7-7040) permite financiar algunas acciones de organizaciones no gubernamentales en favor de la abolición de la pena de muerte. Los Reglamentos(1) adoptados por el Consejo el 29 de abril de 1999 sientan un fundamento jurídico que permite continuar y desarrollar las actividades en materia de derechos humanos. Los citados Reglamentos prevén la continuación de dicha ayuda en favor de las iniciativas en defensa de la abolición de la pena de muerte.

En 1999, la Comisión financió con el Consejo de Europa un programa conjunto en favor de la abolición de la pena de muerte (medida destinada a movilizar a la opinión pública de los países miembros del Consejo de Europa). En 2000 se decidieron dos acciones: una para ayudar a los presos condenados a muerte en el Caribe que no disponen de recursos financieros suficientes para impugnar sus acusaciones (512 952) y otra para sensibilizar a la opinión pública y apoyar a las personas que luchan por la abolición de la pena de muerte en Filipinas, Estados Unidos, Caribe y Europa (675 859).

(1) Reglamento (CE) no 975/1999 del Consejo, de 29 de abril de 1999, por el que se fijan los requisitos para la aplicación de las acciones comunitarias de cooperación al desarrollo que contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho así como el de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, y Reglamento (CE) no 976/1999 del Consejo, de 29 de abril de 1999, por el que se fijan los requisitos para la aplicación de las acciones comunitarias, distintas de las de cooperación al desarrollo que, dentro del marco de la política de cooperación comunitaria, contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho así como respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales en los terceros países, DO L 120 de 8.5.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-3054/00

de Anneli Hulthén (PSE) a la Comisión

(28 de septiembre de 2000)

Asunto: Posibilidades de los discapacitados de gozar del derecho a la libre circulación en la UE

De conformidad con el artículo 13 del Tratado de Amsterdam, todos los ciudadanos de la UE tienen derecho a la libre circulación en el territorio de la Unión Europea. No obstante, para las personas con diferentes tipos de discapacidades físicas, que necesitan medios especiales de transporte y ayuda personal, esta libertad sigue siendo muy limitada.

¿Qué medidas considera necesarias la Comisión para facilitar las posibilidades de las personas discapacitadas de trasladarse físicamente a través de las fronteras interiores? ¿Podremos ver algún resultado en este sentido en un plazo razonablemente corto?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(24 de octubre de 2000)

La preocupación expresada por Su Señoría es precisamente la que ha guiado a la Comisión en el momento de la adopción el 12 de mayo de 2000 de su Comunicación al Parlamento, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad(1). En efecto, este documento subraya que la movilidad es de capital importancia para garantizar una plena participación en la actividad económica y social, y que, por el contrario, la falta de movilidad es un factor que limita la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad, incluido el derecho a la libre circulación.

En consecuencia, la Comisión ha determinado unas cuarenta iniciativas comunitarias que pueden favorecer a corto, medio y largo plazo la accesibilidad de los transportes y de las infraestructuras para las personas con discapacidad. Se ruega a Su Señoría que consulte la Comunicación mencionada a fin de obtener mayor información.

(1) COM(2000) 284 final.
PREGUNTA ESCRITA E-3126/00

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(6 de octubre de 2000)

Asunto: Muerte de aves marinas

¿Está de acuerdo la Comisión con lo afirmado por algunas organizaciones de defensa del medio ambiente en el sentido de que más de 250 000 aves marinas estarían muriendo cada año a causa de los anzuelos con cebo de peces dispuestos por las embarcaciones de pesca de palangre?

¿Cuál sería según los cálculos de la Comisión el número de aves muertas cada año en aguas europeas como consecuencia de esta práctica?

¿Piensa la Comisión adoptar medidas para intentar reducir esta mortandad?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(10 de noviembre de 2000)

La Comisión está al corriente de esta cuestión dadas las dimensiones universales del sector pesquero comunitario. Sin embargo, no puede emitir un juicio sobre la exactitud de las cifras mencionadas por Su Señoría sin tener información precisa sobre las especies afectadas, las aguas donde se producen las capturas accidentales, el tipo de pesca practicado y finalmente, la exactitud de las fuentes de la reclamación.

A la Comisión no le consta que las capturas accidentales de aves marinas a causa de la pesca de palangre en aguas de la Comunidad supongan un problema. Gran parte de la preocupación viene a raíz de las capturas accidentales de albatros ocurridas en el hemisferio sur, en los océanos.

La Comisión trabaja para garantizar que se conceda especial prioridad a la conservación del medio ambiente marino y de las especies no comercializadas. Los Estados miembro también juegan un papel muy importante en la definición y aplicación de medidas medioambientales y pesqueras.

La Directiva sobre aves(1) proporciona un estricto marco jurídico para proteger las aves marinas en la Comunidad.

Las iniciativas recientes para abordar este problema son: el Reglamento (CE) no 66/98 del Consejo, de 18 de diciembre de 1997, por el que se establecen determinadas medidas de conservación y control aplicables en la zona antártica(2), con objeto de reducir las capturas accidentales causadas por la

pesca de palangre; y en 1999 la adopción del Plan de Acción Internacional por parte de la FAO para reducir las capturas accidentales de aves marinas en la pesca de palangre. Este plan es de interés para todos los Estados miembros. La Comunidad presentará un plan de acción comunitario para las aves marinas en el próximo Comité de Pesca de la FAO en febrero de 2001.

(1) Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de aves silvestres, DO L 103 de 25.4.1979.

(2) DO L 6 de 10.1.1998.
PREGUNTA ESCRITA P-3438/00

de Minerva Malliori (PSE) a la Comisión

(30 de octubre de 2000)

Asunto: Organismos modificados genéticamente

Considerando la inquietud de la opinión pública tras las recientes revelaciones sobre la detección de maíz modificado genéticamente en alimentos que se comercializan libremente en los Estados Unidos (productos de las marcas Kellogg's y Taco Bell), y dada la prohibición de destinar dicho maíz al consumo humano debido a que produce una sustancia insecticida para proteger el grano; sabiendo, además, que en muchos países de la Unión Europea está prohibido el cultivo y la comercialización de tales productos, ¿puede indicar la Comisión si hay países de la Unión Europea que importen los productos en cuestión, y de qué países se trata?

¿Se efectúan controles por muestreo de los productos importados? ¿Qué grado de eficacia tienen dichos controles? ¿Tiene intención la Comisión de establecer el etiquetado obligatorio y elaborar un código deontológico que las empresas respeten en interés de los consumidores?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 2000)

La pregunta hace referencia al hecho de que en Estados Unidos se ha detectado recientemente la presencia de una variedad de maíz modificado genéticamente denominada Star Link en diversos productos alimenticios. La American Environmental protection agency (EPA) ha aprobado el uso industrial y en la alimentacíón animal del maíz Star Link, pero no ha aprobado su uso en alimentos destinados al consumo humano, debido a la incertidumbre existente en relación con su posible carácter alergeno.

En la Comunidad no están aprobados ni el cultivo ni el uso en alimentos del maíz Star Link, por lo que, legalmente, los productos alimenticios que contengan indicios de este maíz no se pueden importar en la Comunidad. Los Estados miembros son responsables del control y la inspección de los productos alimenticios, incluidos los alimentos importados. La Comisión no ha recibido ninguna comunicación de los Estados miembros que sugiera que se han encontrado indicios de maíz Star Link en productos importados.

Los requisitos de etiquetado se aplican a los productos modificados genéticamente (PMG) cuya comercialización se ha aprobado de conformidad con el Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 1997 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios(1). La Comisión considera que es inadecuado etiquetar los productos que no han sido aprobados por la Comunidad.

(1) DO L 43 de 14.2.1997.
PREGUNTA ESCRITA E-2465/00

de Mary Banotti (PPE-DE) a la Comisión

(24 de julio de 2000)

Asunto: Normas europeas para el embalsamamiento y traslado de los restos mortales

La cuestión de la repatriación de los restos mortales en el seno de la UE se puso dramáticamente de manifiesto a raíz del caso del traslado a Irlanda del cadáver de una persona fallecida en Portugal. El cuerpo llegó en tal estado de descomposición que la familia no pudo ver el cadáver antes del funeral, ocasionando así un estrés añadido innecesario a la familia en cuestión.

Visto que los ciudadanos de la UE se desplazarán cada vez con más frecuencia entre los Estados miembros, tanto por motivos de trabajo como de ocio y que, inevitablemente, se producirá un incremento del traslado de los restos mortales de un Estado miembro a otro, ¿consideraría la Comisión la elaboración de un reglamento por el que se regularan las normas en materia de embalsamamiento y traslado de los restos mortales, a fin de evitar que en el futuro pueda darse este tipo de circunstancias turbadoras?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(11 de octubre de 2000)

La Comisión expresa su pesar por el dolor de la familia de la persona fallecida a la que se hace referencia en la pregunta.

El traslado de restos mortales está regulado por el Acuerdo internacional de Berlín, de 1937 (no 4391, Serie de Tratados de la Liga de Naciones) y por el Acuerdo del Consejo de Europa sobre el traslado de cadáveres, celebrado en septiembre de 1973. Como se señalaba en la respuesta de la Sra. White(1) a las preguntas escritas E-0144/95 y E-0428/95, la Comisión, tras una amplia consulta a todas las partes interesadas, ha llegado a la conclusión de que una armonización detallada de las normas nacionales, además de lo que ya existe actualmente, no sería conveniente ni necesaria, y que no estaría justificada desde el punto de vista de la subsidiariedad y de la proporcionalidad.

(1) DO C 202 de 7.8.1995.