PREGUNTA ESCRITA E-1400/00

de María Sornosa Martínez (PSE) a la Comisión

(5 de mayo de 2000)

Asunto: Riesgo en las balsas mineras españolas

Según datos hechos públicos por la organización ecologista WWF, actualmente en España existen un total de 743 balsas mineras, de las cuales 161 se encuentran en riesgo de sufrir accidentes parecidos al que se registró en Rumania el pasado mes de enero. En dicha ocasión, el desbordamiento en una mina de oro de una balsa de residuos provocó la contaminación del Danubio y de uno de sus afluentes.

La Comisión Europea ya ha expresado en diversas ocasiones su preocupación legítima por la situación de las balsas mineras dentro del territorio de la Unión Europea. Sin embargo, también ha reconocido que no existen datos exhaustivos que permitan detectar las balsas con problemas similares a la accidentada en Rumania con el fin de prevenir futuros desastres ecológicos.

Por su parte, el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, celebrado en Bruselas el pasado 30 de marzo, trató la cuestión sin que, al parecer, hayan sido adoptadas medidas tendentes al control y a la erradicación de las balsas mineras susceptibles de sufrir desbordamientos u otro tipo de accidentes con riesgo para la salud y el entorno.

En este sentido, y teniendo en cuenta los datos aportados por la WWF sobre el Estado español, no hay que olvidar el desastre que también se produjo en Aznalcóllar (Andalucía) donde el desbordamiento de una balsa minera afectó gravemente al Parque Nacional de Doñana.

¿Tiene previsto la Comisión elaborar un censo concreto que permita evaluar qué balsas mineras presentan riesgo y en qué Estados miembros están ubicadas?

¿Qué acciones y propuestas concretas piensa llevar la Comisión ante el Consejo para que no sucedan en territorio de la UE nuevos accidentes como el de Rumania?

¿Cómo piensa la Comisión garantizar que los países candidatos a la adhesión presentan suficientes garantías en lo tocante a la seguridad y preservación del medio ambiente en casos como el de las balsas mineras?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(23 de junio de 2000)

Tras el accidente de Aznalcóllar, la Comisión emprendió un estudio sobre la gestión de los residuos generados por la industria extractiva y la evaluación de los riesgos ambientales correspondientes. Concretamente, este estudio debe indicar la situación geográfica y los tipos de emplazamientos de eliminación que pueden constituir un peligro para la salud humana y el medio ambiente. Asimismo, describirá y analizará las medidas específicas adoptadas para controlar las fases de explotación y desmantelamiento de dichos emplazamientos. El estudio incluía los 15 Estados miembros y, tras el reciente accidente de Baia Mare (Rumanía), se amplió a los países candidatos.

Habida cuenta de los accidentes mencionados, es preciso proceder a la revisión de la legislación comunitaria sobre seguridad en la explotación de instalaciones mineras. Como señala en su Comunicación titulada Promover el desarrollo sostenible en la industria extractiva no energética de la Unión Europea(1), la Comisión presentará en breve una comunicación al respecto, que incluirá un plan de acción.

Por lo que respecta a la gestión de los riesgos industriales, la Directiva Seveso II(2) parece ser la herramienta legislativa más apropiada para prevenir estos accidentes. Dicha Directiva obliga a los operadores industriales a aplicar sistemas de gestión de la seguridad que deben incluir una evaluación de riesgos pormenorizada sobre la base de posibles situaciones de accidente. Con todo, el ámbito de aplicación actual de la Directiva no abarca de forma clara las actividades de explotación minera ni las presas o fosos para residuos, motivo por el cual podría ser objeto de una revisión que permitiera determinar las modalidades de inclusión de las actividades extractivas.

Los fosos de decantación de residuos forman parte del ámbito de aplicación de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999, sobre vertido de residuos(3). Sin embargo, ésta no trata específicamente todos los problemas relacionados con su gestión. Sobre la base de los resultados del citado estudio, que deberá terminarse en el verano de 2000 para los Estados miembros y a finales de 2000 para los países candidatos, se determinará la necesidad de elaborar una propuesta de nueva Directiva específicamente centrada en la gestión de los residuos de la minería.

Además, en el marco del intercambio de información a que se refiere el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 96/61/CE(4), cabría proceder a la elaboración de un documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles para el tratamiento de minerales en los ámbitos pertinentes. Dicho documento podría centrarse en las técnicas aplicables para reducir la contaminación habitual y para prevenir los accidentes o paliar sus consecuencias.

Por otra parte, el Libro Blanco en el que se propone una directiva en materia de responsabilidad ambiental(5) tiene por objeto mejorar la aplicación de principios clave como los de prevención, precaución y de que quien contamina paga, así como de la legislación ambiental comunitaria vigente, además de garantizar una restauración adecuada del medio ambiente. La realización de inversiones rentables y oportunas en medidas de prevención que permitan evitar daños cuya reparación sería más costosa redundará con toda probabilidad en beneficio de las explotaciones que todavía no hayan adoptado las medidas adecuadas.

Los países candidatos están obligados a aplicar la legislación comunitaria, conocida como el acervo comunitario, antes de adherirse a la Unión Europea. Todas las revisiones de la legislación vigente o toda nueva legislación se integrarán automáticamente a dicho acervo.

(1) COM(2000) 265 final.

(2) Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9.12.1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, DO L 10 de 14.1.1997.

(3) DO L 182 de 16.7.1999.

(4) Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24.9.1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, DO L 257 de 10.10.1996.

(5) COM(2000) 66 final.