PREGUNTA ESCRITA E-3495/01

de Laura González Álvarez (GUE/NGL) a la Comisión

(8 de enero de 2002)

Asunto: Construcción de un puerto deportivo en la ría de Vigo (España)

La asociación Voces polo litoral de Teis nos ha hecho llegar su inquietud acerca de un proyecto de puerto deportivo en la zona de A Lagoa, que agravaría aún más la ya deteriorada situación medioambiental de la ría de Vigo (Galicia). La denuncia se apoya en un informe del Observatorio Medioambiental de la ría de Vigo y en documentos del Instituto de Investigaciones Marítimas.

En el pasado ya hemos alertado a la Comisión de la contaminación de la playa de Samil, y del proyecto de relleno previsto en la ensenada de San Simón, entre otras actuaciones que afectan gravemente a este litoral. Este puerto deportivo tendrá un espigón de 235 metros de longitud y su construcción alterará seriamente el ecosistema de la zona, así como la desaparición de la playa de A Lagoa.

¿En qué medida puede intervenir la Comisión acerca de las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de protección del medio ambiente y, especialmente, la Directiva 85/337/CEE(1) relativa a la evaluación de las repercusiones medioambientales?

¿Puede comunicar la Comisión si para la realización de este proyecto se ha solicitado ayuda financiera de los fondos comunitarios?

(1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(1 de marzo de 2002)

La Directiva 85/337/CEE(1) del Consejo, de 27 de junio de 1985, modificada por la Directiva 97/11/CE(2) del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, podría ser de aplicación en este caso, ya que los puertos deportivos dependen del Anexo II (punto 12, b).

Conviene señalar que el artículo 2 de esa Directiva contempla que los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, deberán someterse a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones antes de concederse la autorización.

Para los proyectos enumerados en el Anexo II, los Estados miembros deberán determinar en base a un examen caso por caso o bien mediante criterios o umbrales fijados por el Estado

miembro, si el proyecto debe someterse a una evaluación de conformidad con los artículos 5 a 10. En el caso del examen caso por caso o de la fijación de criterios o umbrales, el Estado miembro deberá tener en cuenta los criterios de selección pertinentes establecidos en el Anexo III. La decisión que adopte la autoridad deberá estar a disposición del público.

A partir únicamente de los elementos de información que proporciona Su Señoría, la Comisión no está en condiciones de determinar cuál ha sido la vía elegida por las autoridades españolas para la aplicación de la Directiva.

No obstante, en virtud del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 97/11/CE, si una solicitud de autorización hubiere sido presentada antes del 14 de marzo de 1999, seguirán aplicándose las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE en su versión anterior a la modificación.

Por otra parte, de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(3), la selección de los proyectos individuales cofinanciados en el seno de cada programa con arreglo a los Fondos Estructurales es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros.

En todo caso, la Comisión se dirigirá a las autoridades españolas para solicitarles sus observaciones sobre los hechos que denuncia Su Señoría, con objeto de garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria aplicable en este caso.

(1) DO L 175 de 5.7.1985.

(2) DO L 73 de 14.3.1997.

(3) DO L 161 de 26.6.1999.