PREGUNTA ESCRITA E-0642/03

de Paul Rübig (PPE-DE) al Consejo

(4 de marzo de 2003)

Asunto: Tratamiento jurídico-fiscal del gasto de investigación

En el proceso de Lisboa se subraya que de las empresas de orientación tecnológica partirán impulsos positivos, en particular, para la creación de empleo. Se constata asimismo expresamente que Europa debe recuperar el terreno perdido en el ámbito de la investigación, en particular, con respecto a los Estados Unidos y el Japón.

En este contexto, se plantean las siguientes preguntas: ¿qué tratamiento jurídico-fiscal reciben el gasto de investigación y las inversiones empresariales en los actuales y futuros Estados miembros de UE, así como en los EE.UU., el Japón y Australia?

¿Qué consecuencias tiene la fiscalidad sobre la solvencia de las PYME y de los centros de investigación?

¿Cómo evalúa el Consejo estas reflexiones? ¿Las incluirá en sus trabajos preparatorios para la aplicación de Basilea II en la UE?

Respuesta

(21 de julio de 2003)

El Consejo comparte la importancia que atribuye Su Señoría al Proceso de Lisboa y al papel de la pequeña y mediana empresa y de las empresas tecnológicas.

En este contexto, se llama la atención de Su Señoría sobre el informe del Consejo (Competitividad) del 3 de marzo de 2003 al Consejo Europeo de Primavera que, entre otras cosas, declara que:

Para garantizar el mantenimiento de un enfoque equilibrado en el marco de la UE y para que las empresas europeas sigan siendo competitivas y funcionen en igualdad de condiciones en la economía mundial, es necesario que la Comisión realice un análisis global de impacto de las propuestas legislativas comunitarias, así como una consulta al empresariado y a todas las partes interesadas, que posteriormente se tengan en cuenta a nivel decisorio.

Con respecto a la política en materia de espíritu empresarial, se requiere un enfoque coordinado que ofrezca una respuesta global a las necesidades de los empresarios, eliminando, por ejemplo, los obstáculos para la creación, el desarrollo y el crecimiento de las empresas y estableciendo un equilibrio entre los riesgos y los beneficios.

Debe garantizarse la participación y consulta efectivas de las pequeñas empresas en el proceso de definición de las políticas.

Respecto del tratamiento fiscal que recibe el gasto de investigación en los actuales y futuros Estados miembros, así como las consecuencias que tiene la fiscalidad sobre la solvencia de las PYME y de los centros de investigación, el Consejo no dispone de la información necesaria para responder a las preguntas planteadas por Su Señoría. El Consejo insta a Su Señoría a que se dirija directamente a los Estados miembros, a los Estados adherentes y a otros Estados terceros a este respecto.

En relación con el nuevo marco de adecuación de capital (Basilea II) que se está negociando en el marco del Comité de Basilea, con vistas a sustituir el Acuerdo de Basilea de 1988, el Consejo es consciente de las posibles consecuencias para el sector de las PYME. En el proceso negociador y los trabajos preparatorios llevados a cabo a este respecto, se harán todos los esfuerzos para garantizar que Basilea II no tenga consecuencias negativas para la financiación de las PYME. Sin embargo, a este respecto se recomienda a Su Señoría que remita la pregunta a la Comisión, que tiene un estatuto de observador en las negociaciones.