PREGUNTA ESCRITA P-3478/00

de Gabriele Stauner (PPE-DE) a la Comisión

(31 de octubre de 2000)

Asunto: Pagos a la empresa Fléchard

Según noticias aparecidas en la prensa, la empresa Fléchard está de nuevo envuelta en un caso de fraude relacionado con mantequilla manipulada, tras haber estado ya a principios de 1992 bajo sospecha de haber participado en la desviación fraudulenta hacia Polonia de mantequilla destinada a la antigua Unión Soviética.

En un escrito hecho llegar por mensajero a la autora de la pregunta el 5 de julio de 2000, la Comisaria responsable del Presupuesto se negó en aplicación de determinadas disposiciones del acuerdo marco vigente entre el Parlamento y la Comisión a proporcionar información sobre el importe de los fondos del presupuesto comunitario percibidos por la empresa Fléchard estos años pasados.

¿Está ahora dispuesta la Comisión a responder a los siguientes interrogantes?:

- ¿Es cierto que la empresa Fléchard ha recibido las siguientes ayudas comunitarias por exportaciones a terceros países:

- 1996: 29 129 659 FRF (2 069 toneladas de mantequilla)

- 1997: 105 747 713 FRF (6 931 toneladas de mantequilla)

- 1998: 72 907 357 FRF (3 932 toneladas de mantequilla)?

- En caso afirmativo, ¿desde cuándo dispone la Comisión de la información al respecto?

- En caso negativo, ¿cuáles son las cifras correctas?

¿Puede indicar también la Comisión el importe de los pagos efectuados a la citada empresa en el marco de la ayuda alimentaria?

¿Puede indicar también, dado el caso, el importe de las denominadas ayudas a la transformación recibidas por dicha empresa del presupuesto comunitario?

Respuesta común a las preguntas escritas E-3240/00 y P-3478/00 dada por la Sra. Schreyer en nombre de la Comisión

(14 de diciembre de 2000)

Las autoridades de los Estados miembros están llevando a cabo las investigaciones relativas a la mantequilla adulterada en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra

el Fraude (OLAF). No se han extraído aún conclusiones definitivas respecto a la participación de las empresas investigadas en el fraude. Por lo que se refiere a los aspectos operativos, de acuerdo con las disposiciones del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)(1), corresponde a la OLAF informar al Parlamento, en el marco de sus contactos periódicos con las instituciones.

La Comisión señala que únicamente las autoridades competentes de los Estados miembros pueden adoptar medidas respecto de un operador que no se considere fiable, incluida la suspensión de pagos para operaciones en curso, e incluirlo en la lista negra, de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE) no 1469/95 del Consejo, de 22 de junio de 1995, relativo a las medidas que deben adoptarse en relación con determinados beneficiarios de operaciones financiadas por la sección de Garantía del FEOGA y no 745/96 de la Comisión, de 24 de abril de 1996, por el que se establecen disposiciones de aplicación de este Reglamento(2). La OLAF recibe las comunicaciones correspondientes de los Estados miembros.

La Comisión recuerda que las ayudas en cuestión son gastos directamente gestionados por los Estados miembros y que a éstos corresponde reclamar las sumas indebidamente pagadas. La OLAF ha indicado que de momento no se ha procedido a la recuperación de las ayudas a nivel nacional. Previamente, han de determinarse exactamente las cantidades de productos no subvencionables y su destino final (con ayudas o sin ellas). Esta es también la razón por la que no se ha cuantificado el perjuicio causado al presupuesto comunitario.

La carta mencionada por Su Señoría indicaba que la Comisión no tiene acceso a la información detallada de los organismos de pago nacionales más allá del ejercicio de su derecho de control, y que, según la normativa comunitaria, estos datos deben recibir un tratamiento confidencial. En particular, los datos relativos a las empresas pueden constituir informaciones amparadas por el secreto comercial. Conviene a este respecto recordar también las disposiciones que protegen la confidencialidad y los datos individuales establecidas en el artículo 8 del Reglamento 1073/99.

La Comisión no dejará de informar al Parlamento de los resultados de las investigaciones en curso según las normas vigentes.

(1) DO L 136 de 31.5.1999.

(2) DO L 145 de 29.6.1995 y DO L 102 de 25.4.1996.