PREGUNTA ESCRITA E-2844/98

de Pedro Marset Campos (GUE/NGL) a la Comisión

(28 de septiembre de 1998)

Asunto: Supuesto complot para retener y multar a camiones españoles en Poitiers (Francia)

La patronal de transportes de la región de Murcia (España) ha denunciado la existencia de una trama entre una brigada de gendarmes franceses de la zona de Poitiers (Francia) y un taller concreto dedicado al control de tacógrafos para retener y multar a sus camiones con el pretexto de tener los tacógrafos manipulados, la mayoría de los cuales cumplen la legislación española en esta materia.

Este desagradable suceso ha bloqueado ya a una decena de camiones murcianos durante los fines de semana obligando a los camioneros a pagar cantidades muy elevadas para poder continuar la marcha con las mercancías.

Se sospecha que un determinado número de gendarmes cobra comisión de talleres por llevarles camiones españoles para el cambio de tacógrafos supuestamente manipulados.

Ya se han presentado varias denuncias antes los Ministerios de Fomento y Asuntos Exteriores y a la Embajada de Francia en España.

Dado que el Tratado de la UE confiere a la Comisión la misión de velar por la observancia del mismo:

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de esta situación?

2. ¿No estima la Comisión que se están vulnerando los derechos de los ciudadanos con respecto a la libre circulación de mercancías y trabajadores y tratándose de ciudadanos de países europeos se debe pedir con carácter de urgencia una investigación minuciosa de este supuesto delito?

3. ¿Piensa la Comisión dirigirse a las autoridades francesas y españolas para informarse sobre esta supuesta trama delictiva y adoptar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la legislación comunitaria?

4. ¿Cómo piensa la Comisión afrontar este tipo de situaciones con el fin de garantizar el libre tránsito de trabajadores y mercancías en el seno de la Unión Europea?

5. ¿Puede informar la Comisión sobre el seguimiento de esta situación?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 1998)

Las autoridades españolas han planteado genéricamente esta cuestión a la Comisión, recabando información real sobre la legislación comunitaria y obteniendo la misma. Si su Señoría cree que suceden actividades delictivas de esta índole, debería proporcionar a la Comisión los detalles necesarios sobre cada incidente con objeto de que pueda iniciarse una investigación.

La Comisión mantiene su defensa de los principios fundamentales de libre circulación de bienes y personas dentro de la Comunidad. En este contexto, la Comisión destaca que el Parlamento expresó el 5 de noviembre de 1998 su compromiso político de suprimir este tipo de obstáculo para la libre circulación de bienes, al aprobar una propuesta de Reglamento del Consejo(1), basada en el artículo 235 del Tratado de la CE, para la creación de un sistema de alerta rápida que permita solucionar la amenaza de grave alteración del comercio de mercancías. Esto incluye la obligación para los Estados miembros de actuar con celeridad al objeto de suprimir todo obstáculo al comercio que acontezca en su territorio e informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas, y permite una posible intervención de la Comisión mediante un documento de notificación.

(1) COM(97)619 final.