PREGUNTA ESCRITA E-3461/01

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(4 de enero de 2002)

Asunto: Restricciones en la aduana británica a la libre circulación de mercancías

Varias empresas en España dedicadas al comercio electrónico se encuentran regularmente con problemas ante la aduana británica. Se trata de empresas de productos españoles (vinos, joyas, regalos, etc.) y de tabacos (cigarrillos, puros, tabaco de liar). Para ventas en el interior de la Comunidad Europea, según la legislación vigente, pueden vender un máximo de cuatro cartones de cigarrillos para una persona individual y para su uso propio y con respecto a las bebidas alcohólicas, el máximo permitido para uso individual es de diez litros.

Sin embargo, y pese a estar en un mercado único, la aduana británica confisca gran cantidad de estos envíos a los clientes de estas empresas, diciendo que éstas deben pagar los impuestos en el Reino Unido, impuestos que ya han pagado en España. Dichas empresas consideran que se trata de una infracción del principio de la libre circulación de mercancías, consagrado en el Tratado.

La norma británica 3155/1992, transcribe erróneamente la Directiva 92/12/CEE(1) del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales. El artículo 8 de la Directiva establece: En cuanto a los productos adquiridos por particulares para satisfacer sus propias necesidades y transportados por ellos, el principio que rige el mercado interior dispone que los impuestos especiales se perciban en el país en que se hayan adquirido dichos productos. Al pagar el cliente personalmente para que los bienes sean transportados por separado (la factura que se le remite incluye gastos de envío como un importe aparte), se cumplen absolutamente los requisitos legales del artículo 8 de la Directiva citada.

¿Considera la Comisión que el gobierno británico respeta el principio de libre circulación de mercancías?

¿Piensa la Comisión que el cobro por segunda vez del impuesto especial por parte de la administración británica infringe la Directiva relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales?

¿No considera la Comisión que se trata en realidad de un arancel encubierto, prohibido por el artículo 25 del Tratado?

¿Qué acciones va a emprender la Comisión frente al gobierno británico para hacer respetar el mercado único?

(1) DO L 76 de 23.3.1992, p. 1.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(15 de febrero de 2002)

En efecto, el artículo 8 de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, establece que en el caso de los productos adquiridos por particulares para satisfacer sus propias necesidades, los impuestos especiales deben percibirse en el Estado miembro en que se hayan adquirido. Sin embargo, dicho artículo solo se aplica si los productos son transportados por los particulares. Si un transportista transporta los productos por cuenta del comprador, el artículo 8 ya no es aplicable.

Con arreglo a las normas específicas sobre los impuestos especiales aplicables a las ventas a distancia entre Estados miembros recogidas en el artículo 10 de la Directiva, los productos despachados a consumo en un Estado miembro que sean transportados o enviados directa o indirectamente por el vendedor o a cargo del mismo, están gravados por impuesto especial en el Estado miembro de destino.

El artículo 10 de la Directiva ha de interpretarse a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-296/95(1). El Tribunal interpreta dicho artículo de forma amplia y establece, por lo que se refiere al requisito de que los productos sean transportados por el vendedor o por cuenta de éste, que la fórmula utilizada en dicha disposición demuestra claramente que el legislador comunitario está más interesado en la naturaleza objetiva de las operaciones que en la forma jurídica que se les atribuye (punto 46 de la sentencia) y que las disposiciones del artículo deben aplicarse a todos los envíos realizados por cuenta del vendedor.

Según la experiencia de la Comisión, la mayoría de las empresas de comercio electrónico del tipo mencionado por Su Señoría facilitan el transporte o envío de los productos de manera que las disposiciones del artículo 10 sean aplicables a la operación. No obstante, cabe la posibilidad de que en algunos casos sea claramente el comprador, y no el vendedor, quien organice el transporte o envío de los productos. La Comisión considera que, habida cuenta de la estructura del régimen armonizado de impuestos especiales y del razonamiento que orienta la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-296/95, esos casos también han de estar sujetos a lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva 92/12/CEE.

Así pues, la Comisión responde lo siguiente a las preguntas de Su Señoría:

a) En opinión de la Comisión, las medidas adoptadas por las autoridades británicas y referidas por Su Señoría parecen conformes a las normas del régimen armonizado de impuestos especiales, que ha sido expresamente elaborado para aplicar el principio de la libre circulación de mercancías a los productos sujetos a ese tipo de impuestos.

b) Tal como se ha expuesto anteriormente, la Comisión considera que el artículo 10 de la Directiva 92/12/CEE se aplica a las ventas a distancia. En esos casos, el artículo 10 contempla un procedimiento de devolución del impuesto especial pagado por el vendedor en el Estado miembro desde el que se efectúe el envío, con objeto de evitar la doble imposición.

c) La Comisión no considera que la percepción de un impuesto especial por un Estado miembro conforme al régimen armonizado de impuestos especiales establecido en la Directiva 92/12/CEE pueda constituir un arancel aduanero (prohibido por el artículo 25 del Tratado CE).

d) A la luz de lo anterior, no parece haber motivos para que la Comisión adopte medidas contra el Reino Unido.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998. The Queen contra Commissioners of Customs and Excise, ex parte EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, John Cunningham, Recopilación de la jurisprudencia del Tribunal 1998 I-1605.