PREGUNTA ESCRITA E-2350/02

de Alexandros Alavanos (GUE/NGL) a la Comisión

(30 de julio de 2002)

Asunto: Niños con discapacidades múltiples

Según un documento del Ministerio griego de Educación, para una determinada categoría de niños con discapacidades múltiples (trastornos psicomotores, ceguera y falta de autonomía en relación con las necesidades básicas), no existe una infraestructura particular ni especializada destinada a su rehabilitación y cuidado, por lo que su existencia depende del entorno familiar.

Considerando que el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece en el artículo 13 que el Consejo podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, que en una resolución sobre la igualdad de oportunidades de las personas con minusvalías (20/12/96, 97/C 12/01), el Consejo reafirma su compromiso con el principio de igualdad de oportunidades en el desarrollo de políticas globales en materia de minusvalía, y que se han concedido hasta la fecha importantes recursos financieros para acciones a favor de las personas con discapacidades:

¿Puede indicar la Comisión si piensa contribuir a crear en Grecia un marco de protección y asistencia que ofrezca a estas personas la oportunidad de llevar una vida lo más digna posible y, a este respecto, qué disposiciones existen para las personas discapacitadas de esta categoría en los demás Estados miembros?

1. Si, en el marco de la libertad de circulación de ciudadanos, ¿estos niños podrían ser acogidos en centros o instituciones con sede en otros Estados miembros, según los reglamentos internos en vigor, cuando así lo deseen sus tutores y cuando no puedan ser internados en Grecia?

2. Para 2003, declarado Año europeo de las personas con discapacidad, ¿tiene previsto la Comisión adoptar alguna medida adicional para mejorar la existencia de estos niños?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(16 de septiembre de 2002)

El tratamiento individualizado que reciben los ciudadanos en los centros de los Estados miembros no es competencia de la Comisión, por lo que ésta no puede intervenir en casos individuales. Sin embargo, desde 1984, el Marco Comunitario de Apoyo (MCA)

viene concediendo ayudas en apoyo de las reformas en el sector de la asistencia psiquiátrica. Una serie de proyectos financiados en Grecia en el MCA2 contribuyeron a abordar las cuestiones que plantea Su Señoría. En 2000, en virtud del MCA3 se concedieron ayudas (para el período 2000-2006) a una serie de acciones consagradas a estos temas. En concreto, en el marco del Programa operativo Salud y previsión se prevé una dotación de algo más de 513 millones de euros que se repartirán entre cinco ejes prioritarios, que incluyen la sanidad, la salud mental y la previsión. Ya se han puesto en marcha una serie de acciones específicas para mejorar la situación de los niños con discapacidad.

En relación con el derecho a la libre circulación de las personas en la Unión, la Comisión desea traer a colación en primer lugar el Reglamento (CEE) no 1408/71(1), por el que se coordinan los regímenes nacionales de seguridad social. En la medida en que se considere que la asistencia prestada a los niños con discapacidad constituye una forma de asistencia sanitaria, cabe la posibilidad de invocar el artículo 22 del mencionado Reglamento, que hace referencia a las personas que se desplazan al territorio de otro Estado miembro con el fin de recibir allí asistencia médica. El mismo artículo establece que la persona en cuestión debe obtener la autorización previa de la institución de afiliación. Esta autorización no podrá ser denegada cuando, habida cuenta del estado de salud actual de la persona y la evolución probable de la enfermedad, la asistencia prevista en el Estado miembro en que reside no pueda serle dispensada en el plazo normalmente necesario para obtener el tratamiento de que se trata. En los demás casos, la institución de afiliación goza de un amplio poder discrecional para decidir si concede o no la autorización.

Sin embargo, en las sentencias Kohll (C-155/96), Decker (C-120/95), Smits y Peerbooms (C-157/99) y Vanbraekel (C-368/98), el Tribunal de Justicia puntualizó que los Estados miembros deben respetar el Derecho comunitario en el ejercicio de sus competencias. El Reglamento (CEE) no 1408/71 no tiene por objeto la regulación del reembolso de los gastos incurridos en relación con la prestación de asistencia sanitaria en otro Estado miembro y, en consecuencia, no impide en modo alguno el reembolso, conforme a las tarifas vigentes en el Estado miembro de afiliación, de dichos gastos, incluso cuando no exista autorización previa. El Tribunal reconoció que los turistas, las personas en tratamiento médico y las personas que se desplazan con fines educativos o de negocios deben ser considerados destinatarios de servicios y pueden, por lo tanto, acogerse al principio de libre prestación de servicios consagrado en el artículo 49 del Tratado CE, aun en los casos en que no cuenten con autorización previa. Por otra parte, en la sentencia Kohll, el Tribunal reiteró que un Estado miembro debe reembolsar los gastos de un tratamiento médico obtenido en otro Estado miembro siempre que forme parte de los servicios médicos cubiertos por la seguridad social del Estado miembro de afiliación y se apliquen las tarifas vigentes en el mismo. Sin embargo, el que pueda considerarse justificada la legislación nacional depende de circunstancias específicas, en particular del tipo de tratamiento deseado.

Por lo que respecta al Año Europeo de las personas con discapacidad, conforme a la Decisión del Consejo relativa a su proclamación(2), cada Estado miembro creará o designará un organismo nacional de coordinación, que será responsable de la aplicación del Año Europeo en su territorio. Uno de los cometidos de este organismo será definir una estrategia y fijar objetivos prioritarios para el Estado miembro en cuestión. Corresponde, pues, al organismo de coordinación de Grecia decidir acerca de la conveniencia o no de adoptar, con ocasión del Año Europeo, medidas específicas para los niños con discapacidad en ese país.

(1) Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, DO L 82 de 27.3.1980.

(2) Decisión 2001/903/CE del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, sobre el Año Europeo de las personas con discapacidad 2003, DO L 335 de 19.12.2001.