PREGUNTA ESCRITA E-1573/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (6 de mayo de 1997)

Asunto: Subcontratación en la industria textil

Según la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la competitividad de la subcontratación en la industria textil y de la confección en la Unión Europea (COM (96) 210 final), la subcontratación emplea a 800.000 trabajadores en la industria textil; los subcontratistas han de hacer frente a desafíos cruciales y su desarrollo condicionará el futuro del sector.

La comunicación de la Comisión tiene por objeto proponer una serie de medidas y una estructura encaminadas a apoyar los esfuerzos realizados por los subcontratistas para aumentar su competitividad. Ello conlleva el desarrollo de medios adecuados para ofrecer un mayor nivel de calidad, innovación, confianza y flexibilidad.

¿Puede la Comisión Europea tomar medidas para evitar que la imposición fiscal y las cargas graven básicamente al trabajo?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (12 de junio de 1997)

La subcontratación en el sector textil y de la confección está sujeta a un cierto número de cambios que afectan al conjunto del sector, y más concretamente al componente de mano de obra poco cualificada. Estos cambios están vinculados a la internacionalización de la producción con una participación creciente de países con mano de obra barata, a la diversidad de la demanda, al crecimiento del papel de la distribución y a los cambios de las estrategias de adaptación de los clientes.

Por otro lado, las empresas de subcontratación tienen ventajas competitivas que les permiten mejorar la productividad de las empresas. Se trata más concretamente de las ventajas en términos de cualificaciones, servicios, mejor utilización de una logística flexible y sistemas de calidad de la producción.

Tras la Comunicación sobre subcontratación y en colaboración con los interlocutores sociales, la Comisión ha creado «un grupo de subcontratación» que tiene como objetivo desempeñar un papel de promotor y animador para garantizar la difusión de la información y de las mejores prácticas a nivel europeo para incrementar la participación de las empresas del sector en las acciones comunitarias y nacionales existentes mediante acciones piloto concretas.

En lo que se refiere al coste de la mano de obra, la Comisión considera que su importancia en el sector (salarios directos, pero también cargas sociales y fiscalidad) con relación al coste total de la producción es muy elevada, pero varía en función de la tecnología utilizada, el sub-sector y el país. En general, en el campo de la confección, este coste representa en los países industrializados un 40 % del coste total de la producción. Sin embargo, existen importantes diferencias en el seno de la Comunidad no sólo a nivel de los salarios, sino también de las cargas sociales y el sistema tributario ligado a los salarios.

En diciembre de 1993, el Consejo Europeo de Essen estableció un marco común para la aplicación en los Estados miembros de las reformas estructurales del mercado del empleo. Este marco está provisto de un mecanismo de seguimiento anual a nivel europeo a partir de los programas nacionales. En estos momentos existe un amplio consenso en Europa sobre el hecho de que, para promover el empleo y la competitividad de las empresas, es necesario invertir la tendencia, observada desde hace más de 15 años, a la concentración de las exacciones fiscales y sociales sobre el empleo asalariado. Propuesto en 1993 por el Libro Blanco «Crecimiento, competitividad, empleo» ((COM(93)700. )), este cambio de tendencia no se ha concretado todavía en la mayor parte de los Estados miembros.

La Comisión estima que es indispensable intensificar los intercambios de información y experiencia que tienen lugar con este motivo. Además, el Consejo Europeo de Dublín de diciembre de 1996 aprobó el planteamiento global propuesto por la Comisión como marco de una evolución estructural de los sistemas de exacciones fiscales y sociales más favorables para el empleo y el medio ambiente. Concretamente se trata de limitar la competencia fiscal cuyo crecimiento incontrolado constituye un obstáculo para los esfuerzos de recuperación de las estructuras impositivas.

Sin embargo, la Comisión subraya que es competencia de cada Estado miembro encontrar los mejores métodos para reducir los costes indirectos del trabajo (cotizaciones sociales, impuestos sobre las rentas salariales), así como los medios para financiarlo. No obstante, conviene que la manera en que se definan las reducciones no implique falseamientos de competencia, que es el riesgo que se corre si se definen para sectores económicos particulares.