PREGUNTA ESCRITA E-0490/03

de Gabriele Stauner (PPE-DE) a la Comisión

(21 de febrero de 2003)

Asunto: Sentencia relacionada con en el asunto PerryLux

De la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de septiembre de 2002 en el asunto T-89/01 se desprende que el Gabinete del Presidente de la Comisión mantuvo contactos con PerryLux implicada en escándalos de fraude y cohecho.

La sentencia cita asimismo la declaración del Director adjunto de la Oficina de Seguridad de la Comisión, quien afirma haber mantenido dichos contactos por encargo del Gabinete del Presidente.

Hasta la fecha sólo se sabía de los contactos que había mantenido la antigua Comisaria Sra. Cresson con la mencionada empresa.

¿Puede explicar la Comisión con qué motivo y por iniciativa de quién mantuvo contactos el Gabinete del Presidente con PerryLux?

¿Qué pasos ha dado la Comisión tras la citada sentencia para que se vuelva a plantear el procedimiento contra el antiguo Director adjunto de la Oficina de Seguridad de la Comisión?

La esposa del Director adjunto de la Oficina de Seguridad recibió unas sumas de dinero del grupo PerryLux sin que existiera una contraprestación relevante por su parte. ¿Puede confirmar la Comisión que dichas cantidades provenían de fondos del presupuesto comunitario que debieran haberse destinado a operaciones de ayuda humanitaria y que fueron usadas para fines impropios?

¿Ha exigido la Comisión que la esposa del Director adjunto de la Oficina de Seguridad devuelva dichas cantidades?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(10 de junio de 2003)

1. En el primer párrafo de su pregunta se insinúa que el Gabinete del entonces Presidente de la Comisión se vio involucrado en prácticas corruptas con Perry Lux y para sustentar tal insinuación se alude a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el Caso T-89/01.

Sin embargo, en la sentencia a la que se refiere Su Señoría, no existe fundamento alguno que apoye dicha insinuación y, por consiguiente, la Comisión la rechaza enérgicamente.

La Comisión ha examinado detenidamente la sentencia a la que se refiere Su Señoría. En la misma, no se indica que el Gabinete del Presidente de la Comisión mantuvo contactos con Perry Lux, empresa implicada en escándalos de fraude y cohecho. El único pasaje de la sentencia que guarda alguna relación con el asunto mencionado es el punto 14 de la motivación, que forma parte de la exposición de hechos, pero que no figura entre las conclusiones del Tribunal. El texto de dicho fundamento es el siguiente:

El 12 de enero de 1999, el demandante compareció en una audiencia de conformidad con el artículo 87 del Estatuto de los Funcionarios. Durante la misma el demandante efectuó la siguiente declaración: Entiendo que la Comisión está insinuando que

el motivo que impulsó al Sr. Perry a conceder el contrato a mi esposa fue el cargo que yo desempeñaba en la Comisión. Tal suposición me deja atónito. Quienes me conocen saben que no soy un tipo de persona proclive a una actuación semejante. No mantengo ninguna relación profesional con el Sr. Perry . Durante la audiencia, se preguntó al demandante si, una vez finalizado el contrato de empleo [es decir, el contrato de su esposa], había mantenido algún contacto con el Sr. Perry. El demandante respondió que había mantenido con él cierta relación a instancias del Gabinete del Presidente y contactos privados esporádicos, por teléfono, o con motivo de algún encuentro ocasional.

Como se desprende de los puntos 40 a 45 de la motivación de la sentencia, la Comisión rechazó tajantemente la afirmación del Sr. W., según la cual no tenía ninguna relación profesional con el Sr. Perry. Sin embargo, el Tribunal no aceptó los argumentos esgrimidos como base suficiente para determinar la existencia de un conflicto de intereses contrario al artículo 14 del Estatuto de los Funcionarios. Ahora bien, como la disputa no tenía por objeto la declaración del Sr. W de haber mantenido contactos con el Sr. Perry a petición del Gabinete del Presidente, las partes no debatieron esta cuestión ante el Tribunal. En realidad, la Comisión desconoce cuáles son las pruebas, en caso de que existan, en las que se ha basado el Sr. W para realizar tal declaración. Evidentemente, al no existir pruebas, es imposible que la Comisión proceda a comprobar su veracidad. Durante el procedimiento disciplinario no se aportó ningún elemento en apoyo de tal declaración, y según sus fuentes, la Comisión no tiene ninguna prueba en este sentido.

En resumen, la declaración a la que se alude en la pregunta constituye una afirmación de un funcionario no probada y que nunca se verificó ante los tribunales. El mero hecho de que fuera citada (sin ulteriores comentarios) en una sentencia del Tribunal no le confiere veracidad. En realidad, no ha quedado en absoluto demostrada. Así pues, la sentencia no aporta ningún elemento que justifique la insinuación vertida en su pregunta. Si Su Señoría dispone de alguna información adicional que pueda contribuir a aclarar la cuestión, la Comisión la analizará; de lo contrario, no existe y nunca ha existido razón alguna para realizar una investigación.

2. Por lo que respecta a la posible reapertura del procedimiento disciplinario, resulta oportuno establecer una distinción entre las conclusiones de la Decisión disciplinaria de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos que fueron declaradas nulas por el Tribunal y la que se admitió.

En relación con las primeras, la Decisión del Tribunal es definitiva. Como bien sabe Su Señoría, el procedimiento disciplinario únicamente puede reabrirse en caso de que salgan a la luz nuevos hechos determinantes (véase el artículo 11 del Anexo IX del Estatuto de los Funcionarios).

Por lo que respecta a la conclusión que se admitió (infracción al artículo 13 del Estatuto de los Funcionarios), el Tribunal no puede ni pretende sustituir a la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos a efectos de determinación de la sanción adecuada. El Tribunal se vio obligado a invalidar la decisión disciplinaria debido a que las demás conclusiones no estaban suficientemente probadas, pero permitió que la Autoridad facultada para los nombramientos determinase la oportunidad de reabrir el procedimiento en relación con ese único punto (véase el punto 83 de la motivación de la sentencia). En efecto, el procedimiento disciplinario ha sido reabierto en lo que respecta a ese punto.

3. La Comisión informa a Su Señoría de que el resultado de la investigación llevada a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en relación con la empresa Perry Lux ha sido remitido a las autoridades judiciales del Gran Ducado de Luxemburgo. En la actualidad hay un procedimiento penal en curso. Dado que el caso se encuentra sub judice, la Comisión no se encuentra en condiciones de facilitar ninguna información al respecto.

4. La última parte de su pregunta obedece, claramente, a una interpretación equivocada de la sentencia. Ni en el procedimiento disciplinario, ni en el caso expuesto ante el Tribunal se insinuó que la Sra. W hubiese recibido de forma indebida fondos de la Comisión que hubieran debido destinarse a otros fines. Lo que se afirmó fue que la empresa del Sr. Perry había abonado ciertas sumas a la Sra. W. (es decir, con cargo a sus propios fondos) y, al no declararlo, Sr. W había quedado en deuda con el Sr. Perry y había comprometido su independencia, infringiendo las obligaciones a las que estaba sujeto en virtud de lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 14 del Estatuto de los Funcionarios (véanse las citas extraídas de la decisión en los puntos 36 y 63 de la motivación de la sentencia). Por consiguiente, no se ha producido un pago indebido por parte de la Comisión que pueda recuperarse en virtud de artículo 85 del Estatuto (disposición, ésta, que en ningún caso podría aplicarse a la Sra. W, dado que no es funcionaria). Por otro lado, la pregunta no tiene en cuenta lo expuesto en los puntos 74 y 75 de la motivación de la sentencia, en los que el Tribunal rechaza los argumentos de la Comisión por lo que respecta a las particulares circunstancias que rodearon la contratación de la Sra. W; así, el Tribunal consideró que la transacción entre el Sr. Perry y la Sra. W no fue ilícita. La sentencia es definitiva y la Comisión no puede adoptar ninguna medida contradictoria; su Señoría se hará cargo, sin duda, de que alegar en un procedimiento de recuperación que el pago se realizó de forma indebida es, por consiguiente, imposible.

La única excepción la constituiría el descubrimiento de un nuevo hecho relevante, en particular, en el marco del procedimiento penal mencionado en el punto 3, del que la Comisión y el Tribunal no tuvieran conocimiento previo. En caso de producirse, la Comisión tomaría, evidentemente, todas las medidas oportunas al respecto. Sin embargo, dicho procedimiento aún está en curso. La Comisión desea subrayar que ha intervenido en dicho procedimiento en calidad de parte civil, a fin de poder aprovechar cualquier posibilidad que surja de adoptar medidas adicionales.