PREGUNTA ESCRITA E-1219/00

de Alonso Puerta (GUE/NGL) a la Comisión

(14 de abril de 2000)

Asunto: La seguridad de los trabajadores en los túneles de España

Constituye un objetivo de la Comunidad y de los Estados miembros conseguir que el índice de siniestralidad de los trabajadores disminuya al máximo. Sin embargo, las medidas de transposición de las Directivas CEE del Consejo 92/57(1), de 24 de junio de 1992, y 92/104(2), de 3 de diciembre de 1992, adoptadas por el Gobierno español en 1997, han originado graves contradicciones que constituyen una fuente adicional de riesgos de seguridad en las obras de los túneles de construcción civil. En las mencionadas Directivas comunitarias, relativas a la seguridad de los trabajadores, se establece una clara separación entre las industrias extractivas, de una parte, y las obras de construcción, de otra. La Directiva 92/57 se refiere a la seguridad en las obras de construcción temporales o móviles, y en sus artículos 1 y 2 se excluyen explícitamente las industrias extractivas. Entre los trabajos con riesgo para los trabajadores, esta Directiva resalta en su Anexo II.6 las obras de excavación de pozos, de movimientos de tierra subterráneos y de túneles. La Directiva 92/104 se refiere exclusivamente a la seguridad en las industrias extractivas, es decir, en las minas subterráneas o a cielo abierto.

El Gobierno español, por iniciativa del Ministerio de la Presidencia, transpuso perfectamente la Directiva 92/57 a través del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción, incluyendo las obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos. En su artículo 1.2 se excluyen explícitamente las industrias extractivas. Sorprendentemente, por iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y Minas, el Gobierno español transpuso de forma distorsionada la Directiva 92/104 del Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, en cuyo artículo 2.4o a las industrias extractivas se añaden todas las industrias que realicen actividades de perforación o excavación de túneles o galerías.

Con estas dos disposiciones incoherentes, los directores de obra y demás operarios de los túneles se enfrentan a una normativa confusa y a instrucciones facultativas contradictorias, debido a la duplicidad de competencias entre Administraciones con distintos reglamentos de seguridad y con regímenes sancionadores distintos. La alta inversión en obras públicas prevista en España para los próximos años puede incrementar las situaciones de riesgo.

¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Comisión para garantizar en España una correcta transposición de la Directiva 92/104 y, en concreto, para que las autoridades españolas supriman el apartado 4a de artículo 2 del Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre?

(1) DO L 245 de 26.8.1992, p. 6.

(2) DO L 404 de 31.12.1992, p. 10.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(26 de mayo de 2000)

Las Comisión ha analizado las medidas adoptadas por España para transponer la Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles (octava Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) y de la Directiva 92/104/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1992, relativa a las disposiciones mínimas destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas (duodécima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) y considera que ambas Directivas se han incorporado correctamente al Derecho español.

Esta conclusión no se ve afectada por el hecho que el Real Decreto 1389/1997, por el que se transpone la Directiva 92/104/CEE, relativa a las industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas, someta las actividades de excavación de los túneles, de cualquier naturaleza, a las disposiciones mínimas aplicables al sector minero. En efecto, el Real Decreto 1389/1997 establece que ello se hará sin perjuicio de las normas aplicables al sector de la construcción, a saber las disposiciones por las que se transpone la Directiva 92/57/CEE relativa a las obras de construcción temporales o móviles.

Teniendo en cuenta que la Directiva 92/57/CEE se adoptó de conformidad con el artículo 137 del Tratado CE (antiguo artículo 118A), establece disposiciones mínimas en el ámbito de la protección de la seguridad y de la salud que han de aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. La expresión disposiciones mínimas indica que los Estados miembros están autorizados a mantener o aplicar medidas más rigurosas que las previstas en la intervención comunitaria, de conformidad con el apartado 5 del artículo 137 del tratado CE. Ello implica que un Estado miembro puede ampliar el ámbito de aplicación de las disposiciones mínimas establecidas para el sector minero a las actividades del sector de la construcción, siempre que no sean menos rigurosas que las disposiciones mínimas establecidas para este sector en la Directiva 92/57/CEE.

El examen de la legislación española revela que la aplicación de las disposiciones mínimas establecidas para el sector minero a ciertas actividades de la construcción, como la excavación de túneles, mejora la protección de los trabajadores prevista en la Directiva 92/57/CEE.

Los Estados miembros son responsables de realizar un control y un seguimiento adecuados de las disposiciones nacionales por las que se transponen las directivas. A este respecto, la designación de las autoridades competentes en la materia es competencia exclusiva de los Estados miembros.