PREGUNTA ESCRITA P-2279/02

de Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) a la Comisión

(18 de julio de 2002)

Asunto: Modificación de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas en España

En el Estado español, el pasado 5 de junio fue objeto de publicación, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Proyecto de Ley de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (regulado en la Ley 40/1998, de 9 de diciembre) y otras normas fiscales que se aplican en España. Se prevé que dicha reforma entre en vigor el próximo 1 de enero de 2003.

El artículo 77 de dicha ley recoge el régimen fiscal aplicable a las personas físicas españolas que obtengan rentas procedentes de la participación en instituciones de inversión colectiva con independencia de su origen, ya sean españolas o extranjeras. La modificación que quiere introducir el Gobierno español pretende otorgar beneficios fiscales a los partícipes que reinviertan sus participaciones en organismos no societarios en otro tipo de fondos basados en la emisión de participaciones. De estos beneficios fiscales quedan excluidas aquellas reinversiones hechas desde y hacia un organismo con forma societaria. Dado que la mayoría de los organismos societarios que actúan en España son extranjeros, ¿puede considerarse esto un obstáculo a la libre competencia u otro tipo de proteccionismo de facto impuesto por las autoridades españolas?

¿Es conforme el caso anteriormente descrito con la sentencia del Tribunal de Justicia, en el asunto C-398/95, SETTG, de 5 de junio de 1997, y con el artículo 49 del Tratado CE, en el cual se impide cualquier medida restrictiva que sea susceptible de desincentivar las actividades de un suministrador de servicios con independencia de la nacionalidad?

Sea como fuere, ¿conoce la Comisión la discriminación que supondrá para las instituciones de inversión colectiva europeas con forma societaria y comercializadas en España la modificación que, al amparo de la mencionada reforma, las Autoridades españolas pretenden introducir en el tratamiento fiscal

aplicable a la reinversión por personas físicas españolas en instituciones de inversión colectiva de carácter no societario, tanto españolas como europeas, armonizadas al amparo de la Directiva 85/611/CEE(1)?

(1) DO L 375 de 31.12.1985, p. 3.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(2 de octubre de 2002)

La Comisión ha tomado nota del Proyecto de Ley de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (regulado en la Ley 40/1998, de 9 de diciembre de 1998) y otras normas fiscales que se aplican en España, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

La Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), así como sus sucesivas modificaciones, no incluyen disposiciones fiscales sobre las OICVM, cualquiera que sea su forma jurídica (con o sin personalidad jurídica).

No obstante, de acuerdo con la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, incluso si la fiscalidad directa es competencia exclusiva de los Estados miembros, éstos no pueden sin embargo incumplir la normativa de la Comunidad y deben ejercer sus competencias en el respeto del Derecho Comunitario(1).

Como indica Su Señoría, podría haber riesgo de que se produjera una restricción de la competencia e incluso de un nuevo obstáculo para la libre prestación de servicios en la Unión, ya que esos organismos podrían sentirse obligados a modificar su forma jurídica y convertirse en un fondo con objeto de poder seguir operando en España de manera rentable(2), mientras que simultáneamente ya no podrían tomar en consideración una preferencia por suscriptores en otros Estados miembros para empresas.

También podría implicar un riesgo de discriminación indirecta de empresas de inversión extranjeras que operan con forma societaria.

La Comisión ya se ha dirigido a las autoridades españolas para pedir una explicación de las razones que han llevado a la introducción de una diferencia en el tratamiento fiscal del contribuyente en función de que su inversión se haya realizado en fondos comunes (sin personalidad jurídica) o en instituciones de inversión colectiva (con forma societaria) en el sentido del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 85/611/EEC del Consejo. Si la respuesta no resuelve las dudas que podrían plantearse respecto del cumplimiento de la legislación comunitaria por las nuevas disposiciones (si la Ley fuera adoptada como es el caso), la Comisión podría dar los pasos necesarios que están a su disposición como guardiana del Tratado CE.

(1) Asuntos C-279/93 Schumacker, sentencia de 14.2.1995, C-80/94 Wielockx sentencia de 11.8.1995, C-107/94 Asscher sentencia de 27.6.1996, C-250/95 Futura Participations sentencia de 15.5.1997, C-250/95 Singer sentencia de 15.5.1997, C-118/96 Safir sentencia de 28.4.1998, C-264/96 Imperial Chemical Industries sentencia de 16.7.1998, C-311/97 Royal Bank of Scotland sentencia de of 29.4.1999, C-35/98 Verkooijen sentencia de 6.6.2000.

(2) Asuntos C-270/83 Comisión v Francia, sentencia de 28.1.1986 y C-398/95 SETTG, sentencia de 5.6.1997.