PREGUNTA ESCRITA E-0350/02

de Helena Torres Marques (PSE) a la Comisión

(12 de febrero de 2002)

Asunto: Situación de los emigrantes portugueses víctimas de delitos violentos en Sudáfrica

El problema de los delitos violentos en Sudáfrica ha ido adquiriendo dimensiones verdaderamente preocupantes en los últimos años. Sólo en 2001 han sido casi 21 000 las víctimas mortales ocurridas en incidentes violentos, cifra que no sólo incluye ciudadanos sudafricanos, sino también numerosos ciudadanos europeos, especialmente ingleses, griegos, holandeses y portugueses.

Desgraciadamente, el fenómeno no parece tener visos de disminuir. Muy al contrario: el pasado año fueron 30 los ciudadanos portugueses que perdieron la vida en Sudáfrica, cuando en 1999 y 2000 el balance de muertes rondaba una media de 20 al año; sólo durante el pasado mes de enero han sido ya 3 los ciudadanos fallecidos víctimas de un asesinato.

La comunidad portuguesa de Sudáfrica es, de hecho, una de las más significativas de aquel país (150 000 habitantes según datos oficiales, aunque el número puede ser superior). En consecuencia, es también una de las más afectadas por el crecimiento exponencial del crimen, fenómeno al que las autoridades sudafricanas no parecen ser capaces de poner fin por sí solas.

Por todo lo anterior, ¿puede indicar la Comisión en qué medida tiene intención de apoyar a Sudáfrica y sus autoridades en la lucha contra los problemas creados por los delitos violentos y la determinación de las causas que los originan y, sobre todo, qué medidas está tomando o piensa tomar la Comisión Europea para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos en aquel país?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(9 de abril de 2002)

La Comisión es consciente del alto índice de criminalidad en Sudáfrica y de los esfuerzos de las autoridades del país por reducirlo, sin gran éxito hasta la fecha. La Comisión considera que la situación es muy alarmante, ya que la violencia es una amenaza para la vida de todos los habitantes del país, incluidos los ciudadanos de la Unión y, entre ellos, la comunidad portuguesa. La violencia afecta también a la estructura de la sociedad. Además, socava la reputación del país en el extranjero, desanima la inversión extranjera y tiene efectos perjudiciales para el conjunto de la economía.

La Comisión ha expresado reiteradamente esta opinión a las autoridades sudafricanas. Considera que el Gobierno de Sudáfrica es consciente del problema y parece abordarlo lo mejor que puede, teniendo en cuenta los importantes retos y las numerosas prioridades a los que se enfrenta. La Comisión cree que la mejor manera de ayudar a resolver el problema es sostener los esfuerzos del Gobierno de Sudáfrica.

No obstante, la Comisión considera que no entra dentro de sus competencias ni de sus posibilidades adoptar medidas específicas para garantizar la seguridad de los europeos en Sudáfrica.

Aunque el actual programa indicativo plurianual no se centra en la prevención del crimen como sector prioritario, la Comisión ha financiado dos programas de apoyo a la policía de Sudáfrica. Apoya la consolidación de capacidades en el Departamento de Justicia y financia también centros de traumatología que en el pasado se ocupaban de las consecuencias del apartheid y la violencia institucional, pero que se ocupan cada vez más de las consecuencias de la violencia criminal.

Por otra parte, la Comisión está convencida de que la causa de los delitos violentos en Sudáfrica tiene sus raíces en las secuelas del apartheid, en la extrema pobreza de una parte importante de la población y en la dramáticamente desigual distribución de la riqueza en el país. El conjunto de su programa de cooperación al desarrollo con Sudáfrica se ha diseñado para abordar estos problemas.