PREGUNTA ESCRITA E-0883/99

de Cristiana Muscardini (NI) a la Comisión

(8 de abril de 1999)

Asunto: Control de la seguridad de los aeropuertos

El reciente accidente sufrido por un avión de línea en el aeropuerto de Génova vuelve a plantear el problema del control de la seguridad de las pistas y las instalaciones aeroportuarias.

Sin cuestionar la competencia de los organismos internacionales que desempeñan funciones en el sector del transporte aéreo y sin entrar en el tema de las responsabilidades por dicho accidente y a la vista de la autorización del Consejo a la Comisión para la creación de un organismo europeo para la seguridad de la aviación civil:

1. ¿Puede informar la Comisión a qué resultados ha llegado en los trabajos preparatorios para la creación de dicho organismo?

2. ¿Puede informar si ya tiene competencias sobre la seguridad de los aeropuertos?

3. ¿Puede decir si ya cuenta con servicios ad hoc para el control de los parámetros técnicos previstos (longitud de las pistas, distancia mínima entre las pistas y las infraestructuras viales e industriales, las viviendas, los ríos y el mar)?

4. ¿Considera que la existencia de instalaciones siderúrgicas abandonadas junto a la pista de Génova es compatible con las normas más elementales de seguridad?

5. ¿No considera oportuno presentar, en el ámbito de la seguridad aérea, propuestas de modificación al Reglamento no3922/91(1) relativo a la armonización de normas técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil, con objeto de garantizar la máxima tranquilidad a los ciudadanos respecto de la aplicación de las normas relativas a las infraestructuras aeroportuarias?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(7 de mayo de 1999)

1. La Comisión recibió efectivamente el 20 de julio de 1998 un mandato del Consejo para negociar en nombre de la Comunidad y de sus Estados miembros un convenio multilateral, con participación de otros Estados europeos, tendente a la creación de una autoridad europea encargada de la seguridad de la aviación. La Comisión ha elaborado posteriormente un proyecto de convenio, y tendrá que celebrarse un amplio debate en el comité especial de negociación creado por el Consejo para asistir a la Comisión antes que se puedan iniciar las negociaciones oficiales con terceros. Este proceso interno está en marcha actualmente.

2. La Comisión y el Consejo han acordado ya que esta organización será competente en materia de seguridad aeroportuaria. Se ha admitido, sin embargo, que, previo acuerdo de las partes implicadas, podría no constituir ésta una tarea prioritaria de la nueva organización, y que la aplicación de sus competencias en este campo concreto podría decidirse ulteriormente.

3. No se ha decidido todavía si las competencias en materia de seguridad aeroportuaria se limitarían a la publicación de unos requisitos comunes que se aplicarían a nivel nacional o si la propia autoridad debería tener competencias reguladoras para certificar y supervisar realmente la seguridad de las operaciones aeroportuarias. Tales decisiones deberá tomarlas la propia autoridad, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad.

4. Hasta el momento la Comunidad no ha actuado en el campo de la seguridad aeroportuaria, por lo que la Comisión no puede especular sobre qué es y qué no es seguro en las proximidades de un aeropuerto. Sólo puede remitirse a las normas internacionales y prácticas recomendadas actuales establecidas por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), a la cual pertenecen todos los Estados miembros.

5. El Reglamento (CEE) 3922/91 del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, relativo a la armonización de normas técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil, podría efectivamente aplicarse a las operaciones aeroportuarias, puesto que su artículo 1 hace referencia a las organizaciones y personas implicadas en la operación de aeronaves. Podría, por lo tanto, constituir una base apropiada para legislar en este campo. No obstante, teniendo en cuenta los comentarios previos sobre las normas y prácticas recomendadas de la OACI y el principio de subsidiariedad, no ha parecido hasta ahora necesario que la Comunidad actúe en este campo.

(1) DO L 373 de 31.12.1991, p. 4.