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PREGUNTA ESCRITA E-3063/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (2 de octubre de 1997)

Asunto: Emisiones de compuestos orgánicos

En relación con la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos debidas al uso de disolventes volátiles en determinadas actividades industriales» (COM(96)0538 final - 96/0276(SYN)) ((DO C 99 de 26.3.1997, p. 32. )), a escala de la Unión Europea se han iniciado ya algunas medidas para reducir las emisiones de compuestos orgánicos, como el programa Auto Oil, y otras iniciativas legislativas relativas a las emisiones debidas al tráfico y al sistema de distribución de gasolina.

Es por tanto necesario que se reduzcan las emisiones provenientes de las fuentes estacionarias de disolventes, si bien, dado el considerable número de dichas fuentes, es necesario establecer condiciones específicas para los tres subsectores principales de aplicación.

¿Podría establecer la Comisión Europea una metodología de reducción igual para cada sector, visto el gran número de sectores industriales implicados, y fijar, en términos de coste/beneficio, objetivos equilibrados de reducción para cada uno de dichos sectores?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (5 de noviembre de 1997)

Cuando se redactó la propuesta de Directiva relativa la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas al uso de disolventes orgánicos en algunas actividades industriales, la Comisión estableció cuidadosamente los requisitos referentes a las emisiones de COV para los diferentes sectores industriales incluidos en el ámbito de aplicación. Diversos estudios sectoriales han hecho posible determinar el potencial para reducir las emisiones de COV de cada uno de los sectores utilizando las mejores técnicas disponibles. Los límites para las emisiones y el umbral del consumo de disolventes a partir de los cuales una instalación se incluye en el ámbito de aplicación de la Directiva se determinaron teniendo muy en cuenta esas consideraciones técnico-económicas.

La Comisión ha puesto gran empeño en garantizar la coherencia entre los diversos sectores, tanto en lo que se refiere al coste medio por tonelada de COV como a los coste marginales.

Por contra, la Comisión no ha creado una metodología uniforme para cada sector en cuestión en lo que se refiere a costes y beneficios, ya que hubiera sido muy difícil realizar tal cosa de manera apropiada, debido a que los sectores industriales son muchos y diversos y las empresas implicadas también. Además, la armonización total de los costes de reducción en todos los sectores podría perjudicar a las pequeñas y medianas empresas.
PREGUNTA ESCRITA E-3054/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (2 de octubre de 1997)

Asunto: Reforma de la OCM del aceite de oliva

En relación con la «Nota al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo sobre el sector de la aceituna y el aceite de oliva (incluidos los aspectos económicos, culturales, regionales, sociales y ambientales), la actual organización común del mercado, la necesidad de reforma y las alternativas existentes» (COM(97)57 final), desde el punto de vista político, la propuesta de la Comisión no promueve el desarrollo de las regiones olivícolas tradicionales de la Comunidad Europea.

Desde el punto de vista económico, no incentiva la competitividad del sector olivícola europeo. De hecho, la propuesta de crear una ayuda por árbol significa renunciar a olivares sostenibles en el futuro, aspecto esencial para salvaguardar el predominio europeo.

Desde el punto de vista del medio ambiente, la creación de una ayuda por árbol provocaría el abandono de los cultivos, con un aumento de los riesgos ecológicos por degradación.

Desde el punto de vista social, la ayuda a la producción garantiza los actuales niveles de ocupación e impide que las zonas rurales se despueblen. Establecer una ayuda por árbol significaría en la práctica, la desaparición de diversos sistemas de explotación productiva de los olivares, algunos de los cuales revisten importancia vital bien para los pequeños productores bien para los trabajadores asalariados.

¿No podría reflexionarse sobre la ayuda basada en el número de árboles? En este sentido, se subraya el hecho de que los propietarios podrían prescindir de recoger la aceituna embolsándose la ayuda y ahorrándose el gasto de mano de obra, o bien que otros podrían plantar olivos sólo y exclusivamente para percibir la ayuda.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (20 de octubre de 1997)

Ante todo, es necesario precisar que la nota sobre el sector del aceite de oliva a que se refiere Su Señoría presenta varias opciones de reforma de la actual organización común del mercado del aceite de oliva, una de las cuales es la de la ayuda por árbol.

En lo que se refiere a esta opción concreta, la Comisión considera que no puede tener las consecuencias negativas indicadas por Su Señoría (por ejemplo, abandono de olivares, degradación ecológica, problema de la mano de obra), siempre y cuando la concesión de la ayuda pueda supeditarse a varias condiciones, entre las que cabe destacar la obligación de recoger las aceitunas.
PREGUNTA ESCRITA E-3051/97 de Amedeo Amadeo (NI) a la Comisión (2 de octubre de 1997)

Asunto: Política de numeración de los servicios de telecomunicación

En relación con el «Libro Verde sobre una política de numeración de los servicios de telecomunicación en Europa» (COM(96)0590 final), se considera que debe prestarse especial atención a la armonización y la sincronización del proceso de introducción de selección y preselección. Se apoya la introducción de la portabilidad del número cuanto antes, a partir del 1 de enero de 1998, en relación con la portabilidad de la instalación (dentro de la zona local), el servicio similar y el suministrador de servicios (incluida la portabilidad de los números dedicados a servicios especiales), siempre que sea técnicamente posible. El espacio europeo de la numeración telefónica debe crearse cuanto antes aunque haya que someter a constante revisión las ventajas económicas y sociales de su puesta en práctica.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la función y los cometidos que deberá desempeñar la nueva autoridad europea prevista?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (23 de octubre de 1997)

En el Libro Verde de noviembre de 1996 sobre una política de numeración de los servicios de telecomunicación en Europa, la Comisión propuso una consulta pública sobre varias opciones de actuación política. Una de ellas es la creación de una nueva estructura para regular y administrar la numeración en Europa. Dicha estructura desempeñaría un papel importante en una de las hipótesis propuestas más ambiciosas, consistente en la armonización de los planes nacionales de numeración. Sin embargo, ante los resultados de la consulta, la Comisión concluyó en su Comunicación de mayo de 1997 ((COM(97)203 final. )) que, por el momento, no existe suficiente apoyo para una armonización de mayor alcance de dichos planes. Esta evaluación puede verse modificada por las nuevas demandas del mercado tras la plena liberalización y, en tal caso, se procedería en los próximos años a un análisis adicional de costes y beneficios.

A corto plazo, la única tarea nueva en materia de gestión de la numeración se deriva de la creación de un espacio europeo de numeración telefónica (ETNS), basado en el distintivo de país 388, tal como se propone en la Comunicación de la Comisión de mayo. Ahora bien, el alcance de este espacio europeo no justificaría la creación de una autoridad europea sobre numeración y la Comisión ha propuesto encargar a la Oficina Europea de Telecomunicaciones (ETO) la gestión de dicho espacio, al menos en un principio.

Antes de finales de 1999, la Comisión revisará el marco reglamentario de la Comunidad en materia de telecomunicaciones, a la luz de los requisitos de los mercados liberalizados de telecomunicaciones. Con tal motivo, volverá a considerarse la necesidad de crear una autoridad europea reguladora en materia de telecomunicaciones.
PREGUNTA ESCRITA E-2973/97 de Joaquín Sisó Cruellas (PPE) a la Comisión (17 de septiembre de 1997)

Asunto: Informática en las PYME europeas

Recientemente, un directivo español de una importante empresa líder mundial en el desarrollo de software afirmó que en España se invierte en tecnologías de la información la mitad de lo que se invierte en Europa. Esta diferencia es especialmente acusable en las pequeñas y medianas empresas, ya que la mitad de ellas no tienen un ordenador personal y el otro 50 % que dispone de ellos no supera los cinco, a pesar de que el empresario español es consciente de su importancia para mejorar la competitividad de una PYME.

1. A tenor de las cifras arriba expuestas, ¿tiene la Comisión datos, desglosados por países, con el porcentaje de las PYME europeas que están informatizadas en el seno de la Unión y, de ser así, podría facilitarlos?

2. ¿Podría indicar si las PYME cuentan con alguna ayuda comunitaria para poder hacer frente a este tipo de inversiones y, de responder afirmativamente, qué tipo de actuaciones se están haciendo al respecto?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión (24 de octubre de 1997)

Habida cuenta de la amplitud de la respuesta, la Comisión la envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-2865/97 de Thomas Megahy (PSE) al Consejo (13 de septiembre de 1997)

Asunto: Ayuda a los países en desarrollo

Tras los datos facilitados por UNICEF según los cuales la ayuda de las naciones industrializadas a los países en desarrollo ha alcanzado su nivel más bajo de todos los tiempos, ¿va a considerar el Consejo la posibilidad de alcanzar un acuerdo para incrementar esta ayuda por parte de los Estados miembros, y al mismo tiempo evaluar su eficacia para aliviar la pobreza creciente, promover el desarrollo equitativo y fomentar un comercio que beneficie a ambas partes?

Respuesta (26 de noviembre de 1997)

Llamamos a atención de Su Señoría en primer lugar sobre el hecho de que la ayuda de los Estados miembros de la Unión Europea destinada a los países en desarrollo es competencia únicamente los Estados miembros.

Las cifras más recientes facilitadas por la OCDE relativas a la ayuda al desarrollo prestada por los países industrializados reunidos en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) correspondiente al año 1995 muestran que las contribuciones de los estados miembros de la Unión Europea equivalían a 26,910 mil millones de dólares y que superaban ampliamente las contribuciones de otros grandes donantes, como los Estados Unidos (7,4 mil millones de dólares) y Japón (14,5 mil millones de dólares). Si añadimos la parte de ayuda al desarrollo financiada a través del presupuesto de la Comunidad Europea, así como el FED, esta ayuda se eleva a 31,411 mil millones de dólares, lo que representa el 53,5 % de la ayuda al desarrollo prestada por el conjunto de los países industrializados. Por otra parte, desde el año 1990, la ayuda combinada de los Estados miembros y de la Comunidad ha aumentado tanto en términos absolutos (de 25 a 31,411 mil millones de dólares), como en porcentaje (de menos del 50 % al 53,5 %).

En lo que a los objetivos de la política de la Comunidad Europea en el ámbito de la cooperación al desarrollo se refiere, el artículo 130 U del Tratado de la Unión Europea fija como objetivos la lucha contra la pobreza, la realización de un desarrollo económico y social duradero en los países en desarrollo y la inclusión de estos países en la economía mundial.

En cuanto a la eficacia de la ayuda comunitaria, cabe señalar que, a raíz de la Declaración del Consejo (en su formación de Desarrollo) de 25 de noviembre de 1994 y según las modalidades definidas por éste el 1 de junio de 1995, se está llevando a cabo en la actualidad un ejercicio de evaluación completa y en profundidad de los programas e instrumentos de ayuda comunitaria, con el fin de obtener una apreciación de los resultados en función de sus objetivos y de aprender de la experiencia. Una vez terminada la primera fase («desk phase») de las evaluaciones de los programas ALA y MED, así como de la cooperación con los países ACP, ha comenzado la segunda fase, consistente en misiones in situ. El informe con una síntesis global del ejercicio completo será redactado por la Comisión y se prevé para el segundo semestre de 1998.
PREGUNTA ESCRITA E-3213/97 de Glyn Ford (PSE) a la Comisión (16 de octubre de 1997)

Asunto: Estatuto de Mónaco en la Unión Europea

¿Qué relación oficial mantiene Mónaco con la Unión Europea?

¿Estima la Comisión que la Sentencia Bosman no se debe aplicar al traspaso de John Collins desde Mónaco al Celtic?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (6 de noviembre de 1997)

Mónaco es un país tercero independiente que no forma parte de la Comunidad. Sin embargo, dada la relación específica que mantiene con uno de los Estados miembros, sí forma parte de la unión aduanera europea.

Por lo que respecta a la segunda parte de la pregunta, la Comisión ruega a Su Señoría se remita a la respuesta a la pregunta E-1920/97 ((DO C 21 de 22.1.1998, p. 121. )).
PREGUNTA ESCRITA E-2769/97 de Patricia McKenna (V) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Matanza de peces en el complejo nuclear de Sellafield (Gran Bretaña)

El 18 de julio tuvo lugar un vertido de hidróxido de sodio no radiactivo al río Calder en el complejo nuclear de Sellafield, en Cumbria (Gran Bretaña). La Environment Agency (Agencia para el Medio Ambiente) de Gran Bretaña ha calculado que más de 1.000 anguilas, más de 1.000 esguines y truchas mariscas y muchos otros peces resultaron muertos como consecuencia del vertido.

Se cree que dicho vertido fue debido a una válvula defectuosa de una instalación de almacenamiento en el complejo de Sellafield.

Matanzas de este tipo ya han tenido lugar con anterioridad en Sellafield. En abril de 1991, la National Rivers Authority (autoridad nacional competente en materia hidrográfica) llevó a la empresa British Nuclear Fuels Ltd (BNFL) ante los tribunales por un vertido de ácido al río Calder que produjo la muerte a más de 1.500 peces y un vertido de polielectrolitos al cercano Black Beck que mató a más de 2.000 peces. Se declaró culpable de ambos delitos a BNFL y se le condenó a pagar una multa de 2.000 libras esterlinas.

¿Ha tenido conocimiento la Comisión de esta última matanza de peces? En caso afirmativo, ¿qué medidas ha adoptado o piensa adoptar en el futuro?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (1 de octubre de 1997)

La Comisión ha visto los informes publicados en la prensa sobre el vertido de hidróxido sódico no radiactivo del complejo de Sellafield de la empresa British Nuclear Fuels Ltd. No obstante, no hay obligación de que la empresa o las autoridades británicas informen a la Comisión sobre un incidente de este tipo. La Comisión no va a adoptar ninguna medida en relación con este asunto.

La investigación sobre el origen del incidente y la solicitud de posibles modificaciones de las instalaciones o los procedimientos son competencia exclusiva de las autoridades nacionales.
PREGUNTA ESCRITA E-2752/97 de Kyösti Virrankoski (ELDR) al Consejo (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Ventas libres de impuestos

Las ventas libres de impuestos que se realizan en los barcos y aviones que cubren el transporte interior de la UE concluirán con toda probabilidad en 1999.

En Finlandia esto significa que los trasbordadores de vehículos que se dirigen a Tallinn o a Suecia pasando por Ahvenanmaa (Åland) podrán preservar esa ventaja, en tanto que la perderán los barcos que se dirijan directamente a Suecia. Los trasbordadores procedentes de Vaasa (Vasa) o Pietarsaari (Jakobstad) se encontrarán entre los perdedores. La conclusión de dichas ventas podría suponer el fin de todo el trasporte por su escasa rentabilidad, lo que supondría una pérdida irreparable para las comunicaciones por carretera en toda la Finlandia central.

También las condiciones de competencia se distorsionarían considerablemente, lo que vulneraría los principios fundamentales de la UE.

¿Podría indicar el Consejo qué medidas proyecta aplicar para evitar la distorsión de la competencia, mantener el transporte entre los Estados miembros y permitir la prosecución de las ventas libres de impuestos?

Respuesta común a las preguntas escritas E-2666/97 y E-2752/97) (7 de noviembre de 1997)

El Consejo pide a Sus Señoría que tengan a bien remitirse a la respuesta dada a la pregunta escrita E-1515/97 ((Ver página 3. )).
PREGUNTA ESCRITA E-2833/97 de Nuala Ahern (V) a la Comisión (1 de septiembre de 1997)

Asunto: Las centrales nucleares ucranianas de Khmeinitski (unidad 2) y Rovno (unidad 4) (k2/r4) y la cuenta «Seguridad nuclear» del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)

¿Cuál es la opinión de la Comisión, en el marco de la cuenta «Seguridad nuclear» del BERD que pretende mejorar la seguridad de los reactores en los países de la Europa oriental, sobre su decisión de finalizar los reactores nucleares en Ucrania, teniendo en cuenta que la Unión Europea contribuye a la cuenta «Seguridad nuclear»?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (3 de octubre de 1997)

La propuesta de terminación de los dos reactores nucleares en Ucrania (proyecto R4K2) no es un proyecto de la cuenta de seguridad nuclear del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD).

Ucrania ha presentado una solicitud de préstamo para financiar este proyecto conforme a las operaciones normales del BERD. También está previsto conceder financiación con cargo al instrumento de préstamo de Euratom de conformidad con los procedimientos establecidos.
PREGUNTA ESCRITA P-3246/97 de Yves Verwaerde (PPE) a la Comisión (9 de octubre de 1997)

Asunto: Grupo de expertos de alto nivel sobre los aspectos sociales de la sociedad de la información

¿Puede informar la Comisión sobre la composición del Grupo de expertos de alto nivel sobre los aspectos sociales de la sociedad de la información?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (6 de noviembre de 1997)

La Comisión envía la información solicitada directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-2524/97 de Panayotis Lambrias (PPE) a la Comisión (24 de julio de 1997)

Asunto: Creación de una institución para el control del medio ambiente

Tras la modificación del artículo 171 del TUE y la aplicación de una sanción por el Tribunal de Justicia (asunto C 63/2, 28.2.1997), entramos en un nuevo periodo de aplicación reforzada del derecho comunitario. Teniendo en cuenta que el derecho comunitario sobre el medio ambiente se ha desarrollado en los últimos 20 años y que constituye algo de interés vital para los ciudadanos, y con el fin de fomentar y poner en práctica los esfuerzos de los Estados miembros para aplicar este derecho y para evitar sanciones de importantes cantidades económicas por parte del Tribunal de Justicia Europeo, se pregunta a la Comisión si piensa crear una institución para el control comunitario del medio ambiente, tal y como sucede en otros ámbitos de la política comunitaria.

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (15 de septiembre de 1997)

La Comisión es plenamente consciente del valioso papel que pueden desempeñar las instituciones de inspección en materia de medio ambiente. Considera además que tiene gran importancia que las diferentes autoridades competentes de los Estados miembros cumplan de forma eficaz las funciones de inspección necesarias para la protección efectiva del medio ambiente. En este sentido, la Comisión llama la atención de Su Señoría sobre su Comunicación de 22 de octubre de 1996 ((COM(96)500 final. )) sobre la aplicación del Derecho comunitario de medio ambiente, en la que anuncia su propósito de adoptar recomendaciones en las que se definan en particular unas directrices en el campo de las inspecciones medioambientales. La Comisión espera contribuir así a reducir la gran disparidad de situaciones existente en la actualidad en los Estados miembros en relación con esta cuestión.

El Consejo, en su resolución de 19 de junio de 1997, confirma el planteamiento preconizado por la Comisión y pide a esta última que elabore, a partir de los trabajos realizados en el marco de la «Red para la aplicación y el control del Derecho comunitario de medio ambiente» (IMPEL ((IMPEL: European Union Network for Implementation and Enforcement of Environmental Law - Red extraoficial de la UE para la aplicación y el control del Derecho comunitario de medio ambiente. ))), unos criterios mínimos para las funciones de inspección realizadas a nivel de los Estados miembros. Se invita también a la Comisión a considerar los posibles medios que podrían permitir a los Estados miembros garantizar una puesta en práctica y una aplicación uniformes de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente.
PREGUNTA ESCRITA E-3395/97 de Hugh Kerr (V) a la Comisión (23 de octubre de 1997)

Asunto: Armonización de la legislación sobre derechos de paso en la UE

¿Tiene la Comisión conocimiento de que en Gran Bretaña la legislación en materia de derechos de paso es muy favorable a los ciudadanos en lo que respecta al acceso a las zonas rurales, en comparación con la de otros Estados miembros?

Por ejemplo, en Gran Bretaña siempre ha existido un derecho consuetudinario y jurisprudencial según el cual un camino adquiere estatuto de vía pública cuando se utiliza de modo regular, y un camino que pasa a ser vía pública lo es indefinidamente.

Oponerse a un derecho de paso es delito en Gran Bretaña, y la ley obliga a las autoridades viarias locales a señalizar los caminos reservados a peatones y los caminos de herradura.

Esta práctica es muy apreciada por los caminantes de los Estados miembros que visitan las zonas rurales de Gran Bretaña.

¿Prepara la Comisión propuestas sobre la armonización de la legislación en materia de derechos de paso en la Unión?

Respuesta del Sr. Santer en nombre de la Comisión (5 de noviembre de 1997)

El tema planteado no es competencia de la Comunidad.
PREGUNTA ESCRITA E-2445/97 de Graham Watson (ELDR) a la Comisión (16 de julio de 1997)

Asunto: Acceso a Internet a través de British Telecom

En su programa electoral, el Partido Laborista británico se comprometió a garantizar el acceso a Internet en todo el territorio del Reino Unido, para lo cual llegó a un acuerdo con la empresa British Telecom.

Ahora que este partido ha llegado al poder en el Reino Unido, ¿se muestra de acuerdo la Comisión en que este acuerdo otorgará a British Telecom una posición de monopolio en lo relativo al acceso a Internet? ¿Tiene previsto la Comisión emprender una investigación a fin de esclarecer si el mencionado acuerdo contraviene la legislación de la UE en materia de competencia?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (15 de septiembre de 1997)

Ningún representante del Gobierno británico, de British Telecom (BT) o de los terceros interesados se ha puesto en contacto con la Comisión a fin de discutir las posibles repercusiones de tal acuerdo sobre la competencia. Si dicho acuerdo llegara a ponerse en práctica, la Comisión procedería, en caso de juzgarlo oportuno, al análisis de sus implicaciones a la luz de los artículos 85 y 86 del Tratado CE y, posiblemente también, de los artículos 5 y 90 del Tratado CE. Por supuesto, cualquier tercero que se considere perjudicado por dicho acuerdo podrá elevar sus quejas a la Comisión o a la autoridad nacional competente.

Por lo que respecta a Internet, la Comisión ha iniciado ya una investigación sobre el acceso de los prestadores de servicios de Internet a instalaciones controladas por operadores públicos de telecomunicaciones tanto en el Reino Unido como en otros Estados miembros.