PREGUNTA ESCRITA E-2565/99

de Erik Meijer (GUE/NGL) y Alain Krivine (GUE/NGL) a la Comisión

(11 de enero de 2000)

Asunto: Amenazas para la salud pública a causa de la transformación de baterías con plomo neerlandesas en Francia

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de que la empresa Metal Blanc, en la localidad francesa de Bourg-Fidèle (departamento de las Ardenas), transforma baterías con plomo estropeadas procedentes de los Países Bajos y que como consecuencia de ello el entorno está gravemente contaminado, por lo que, según una investigación efectuada por la RNSP (Red Nacional de Salud Pública) el 25 % de los niños padecen una intoxicación con plomo, es peligroso que paste el ganado vacuno y se desaconseja a los habitantes consumir verduras procedentes de las propias huertas?

2. ¿Tiene conocimiento igualmente la Comisión de que la justicia francesa paralizó hace cierto tiempo la empresa Metal Blanc, entre otras razones, porque la empresa no disponía de un sistema cerrado para la captación de vapores de plomo y aguas residuales, pero que en espera del cumplimiento por esta empresa de las condiciones de autorización entre tanto se le ha vuelto a dar permiso para reanudar el transporte y la transformación de desechos de plomo?

3. ¿Puede confirmar la Comisión la postura adoptada por el ministro neerlandés de medio ambiente, en respuesta a unas preguntas del diputado R. Poppe, de que el procedimiento para el transporte de los residuos de la lista naranja supone que las autoridades en cuestión deciden independientes unas de otras, es decir, cada cual para su propio territorio, sobre la concesión o denegación de una autorización de exportación o importación, de modo que los Países Bajos no han de cuestionar previamente a las autoridades competentes francesas acerca de la exactitud de los datos facilitados por la empresa en relación con el método de transformación?

4. ¿Comparte la Comisión el punto de vista de que el método mencionado en la pregunta 3 puede conducir a que las diferentes autoridades competentes no relacionen a tiempo la información disponible referente al medio ambiente y la salud pública, por lo que las empresas pueden escapar al control oficial interior transportando residuos a otro Estado miembro?

5. ¿Puede confirmar la Comisión que actualmente se está efectuando una investigación bajo su responsabilidad acerca de la industria del plomo en Europa? ¿Cuándo se va a disponer del resultado de dicha investigación?

6. ¿Está dispuesta la Comisión a propugnar que la directiva europea sobre el transporte de residuos se revise de tal manera que antes del transporte de residuos las autoridades en cuestión reúnan sus datos y puedan adoptar una posición común sobre la aceptabilidad del transporte y la transformación?

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(9 de febrero de 2000)

La Comisión fue informada a través de una denuncia de los hechos mencionados por Su Señoría, y envió una carta al Gobierno francés recabando información sobre los hechos.

A falta de una respuesta después de un período de más de ocho meses, la Comisión envió al Estado miembro, de conformidad con el artículo 226 (ex art. 169) del Tratado CE (procedimiento en caso de no cumplimiento de una obligación) una carta oficial por infracción del artículo 10 (ex art. 5) del Tratado CE(1). Este artículo ordena que los Estados miembros deben hacer lo posible para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las instituciones comunitarias. En este caso Francia no ayudó a la Comisión a cumplir su función de guardiana de la legislación comunitaria. En su respuesta, las autoridades francesas proporcionaron información y presentaron algunas observaciones, poniendo de relieve que de resultas de las infracciones las autoridades habían tomado medidas estrictas y que el juzgado local seguía instruyendo el caso. Los denunciantes fueron informados de la respuesta.

El procedimiento aplicable a los traslados de residuos de la denominada lista naranja con vistas a su recuperación dentro de la Comunidad está regulado por los artículos 6-9 del Reglamento (CEE) no 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea(2). El notificante tiene que facilitar, en la notificación del traslado, toda la información pertinente, especialmente la identidad del destinatario, la localización del centro de recuperación y el tipo de autorización con que opera dicho centro, así como su período de validez. La notificación, y por lo tanto toda la información allí contenida, debe ser puesta a disposición de todas las autoridades concernidas del Estado de procedencia, destino y tránsito. Un traslado sólo puede llevarse a cabo si, en el período de 30 días, ninguna de las autoridades concernidas plantea objeciones por alguna de las razones consignadas en el apartado 4 del artículo 7. El Reglamento no impone obligaciones específicas a la autoridad del Estado de procedencia (en este caso, los Países Bajos), en el sentido de que tenga que pedir confirmación a la autoridad del Estado de destino (en este caso, Francia) de que la información suministrada por el notificante en relación con la pretendida recuperación sea exacta. Corresponde a la autoridad del Estado de destino comprobar la exactitud de la información, y si ésta no fuera satisfactoria, oponerse al traslado.

A juicio de la Comisión, los procedimientos del Reglamento 259/93 del Consejo procuran un grado suficiente de supervisión y control de los traslados de residuos, y no supone un incentivo para que los operadores económicos se sustraigan a los controles estatales nacionales habituales. El procedimiento impuesto por los artículos 6-9 del Reglamento (CEE) no 259/93 del Consejo supone la participación de todas las autoridades en el control y supervisión de un determinado traslado. Si una sola de las autoridades plantea una objeción, el traslado no puede efectuarse. Además, el hecho es notificado a todas las autoridades. Por lo tanto, e independientemente de que la autoridad del Estado de procedencia conceda una autorización de traslado o no, si la autoridad de destino plantea una objeción, el traslado no puede efectuarse.

El 31 de diciembre de 1998 las autoridades danesas notificaron un proyecto legislativo sobre la prohibición de importación, venta y producción de productos de plomo o que contuvieran dicho metal. De conformidad con la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas(3), la Comisión tenía tres meses para reaccionar frente a la notificación danesa. Se estableció una prórroga de tres meses porque algunos Estados miembros enviaron observaciones pormenorizadas a las autoridades danesas. La Comisión envió también una carta en la que exponía las suyas. En la actualidad la Comisión está evaluando, con la ayuda del Comité de toxicidad, ecotoxicidad y medio ambiente, que también deberá dictaminar acerca de la cuestión más general de los efectos del plomo sobre la salud humana y el medio ambiente de la Comunidad, el contenido de la notificación y las razones científicas que justifican las medidas previstas en el proyecto de decreto.

Los procedimientos del Reglamento (CEE) no 259/93 del Consejo proporcionan un nivel suficiente de supervisión y control de los traslados de residuos para su recuperación en la Comunidad. Las Comisión no considera que una modificación de los procedimientos en el sentido apuntado por Su Señoría aportara nada al actual nivel de supervisión y control.

(1) Comunicado de prensa IP 99/812 de 29 de octubre de 1999.

(2) DO L 30 de 6.2.1993.

(3) DO L 204 de 21.7.1998.