PREGUNTA ESCRITA E-0530/02

de Charles Tannock (PPE-DE) a la Comisión

(25 de febrero de 2002)

Asunto: Inmunidad y orden europea de detención y entrega

A fin de evitar el tipo de debate jurídico prolongado que tuvo lugar en el Reino Unido tras la detención del antiguo Presidente Pinochet, a pesar del compromiso contraído por el Gobierno del Reino Unido en un tratado internacional de no detener a actuales o antiguos presidentes de gobierno (sustituido, en opinión de una mayoría de Lores con competencia legislativa (Law Lords), por otro compromiso internacional posterior), ¿puede detallar el Consejo la lista de personas que se van a beneficiar de inmunidad contra toda detención en virtud de la orden europea de detención y entrega y dejar absolutamente claro en la legislación si entre dichas personas van a figurar diplomáticos de la UE, actuales y antiguos jefes de Estado, ministros gubernamentales, diputados a parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo y miembros de la Comisión Europea?

Respuesta del Sr. Vitorino en nombre de la Comisión

(9 de abril de 2002)

El 12 de diciembre de 2001, el Consejo alcanzó un acuerdo político relativo a una Decisión marco sobre el mandamiento de detención europeo. El Parlamento aprobó la propuesta a principios de febrero de 2002(1), estando prevista su aprobación formal para abril o mayo de 2002.

La letra c) del apartado 1 del artículo 17 de la Decisión marco establece que cuando la persona reclamada disfrute de un privilegio o inmunidad, el mandamiento de detención europeo no podrá ejecutarse a menos que la autoridad judicial de ejecución haya sido informada de la suspensión del privilegio o inmunidad.

La autoridad competente para suspender la inmunidad puede ser, según el tipo de privilegio o inmunidad, el Estado de ejecución (por ejemplo, si la persona reclamada disfruta de una inmunidad específica como miembro del Parlamento o ministro gubernamental) u otro Estado. En el primer caso, la autoridad judicial de ejecución deberá enviar una petición a la autoridad competente para suspender la inmunidad. En el segundo caso, es la autoridad judicial emisora quien debe hacer esta petición. Si el estatuto especifico de la persona que disfruta de la inmunidad y la legislación del Estado miembro de ejecución así lo permiten, habrán de tomarse las medidas necesarias para que pueda tener lugar la entrega efectiva. En cualquier caso, aparte de la inmunidad conferida por convenios internacionales (tales como la Convención de Viena de 1964(2)), las disposiciones sobre inmunidad varían entre Estados miembros y se rigen por el derecho nacional.

En lo que se refiere a la cuestión específica de la inmunidad, también debe mencionarse el segundo párrafo del apartado 7 del artículo 4. De conformidad con este artículo, el Estado de ejecución no está obligado a ejecutar el mandamiento de detención europea cuando el delito se haya cometido fuera del territorio del Estado miembro emisor y la legislación del Estado miembro de ejecución no permita perseguir estos mismos delitos si se cometen fuera de su territorio. Ello podría, por ejemplo, facultar a un Estado miembro a no prestar asistencia para la ejecución de un mandamiento de detención europea cuando otro Estado miembro haya aplicado una cláusula de jurisdicción universal que no sería aplicable para el mismo tipo de caso en el Estado de ejecución.

(1) DO C 332 E de 27.11.2001.

(2) Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961, entrada en vigor en 1964.