PREGUNTA ESCRITA E-0100/98 de Umberto Bossi (NI) a la Comisión (30 de enero de 1998)

Asunto: Medidas contra la inmigración clandestina en Europa

En Italia, la situación de emergencia debida a la inmigración de albaneses ha sido objeto de acaloradas discusiones a menudo inútiles y explotadas hasta la saciedad, que resurgen con fuerza en estos momentos ante la análoga situación kurda. Según fuentes internacionales, miles de kurdos hostigados en sus territorios de Turquía e Iraq podrían llegar a las costas de Apulia creando una situación muy crítica desde el punto de vista sanitario y de orden público.

Los datos oficiales indican que la delincuencia (sobre todo en las grandes ciudades del norte de Italia y en sus periferias) ha aumentado de manera alarmante debido a la increíble organización de la delincuencia albanesa (red de explotación de la prostitución y tráfico de estupefacientes); en poco más de un año los albaneses, clandestinos o no, han sido capaces de levantar un verdadero imperio dedicado a la delincuencia.

La desastrosa legislación italiana en materia de inmigración extracomunitaria («ley Martelli») permite a los inmigrantes clandestinos permanecer quince días en territorio nacional antes de abandonar el país voluntariamente. Es evidente que estas normas facilitan el paso de inmigrantes irregulares hacia otros Estados europeos (sobre todo hacia Alemania, Francia y Austria).

¿Tiene la Comisión la intención de tomar medidas concretas para que Turquía, que está negociando con Europa su adhesión a la Unión, ponga fin a las violaciones de los derechos humanos cometidas contra el pueblo kurdo?

¿Prevé la Comisión adoptar medidas legislativas encaminadas a evitar que los inmigrantes extracomunitarios ilegales se establezcan en el territorio europeo? ¿No considera que los países miembros deben adaptar sus legislaciones con la finalidad de acoger únicamente a los inmigrantes extracomunitarios a los que estén en condiciones de ofrecer un trabajo regular, un nivel de vida digno y unos servicios sociales adecuados?

¿Qué va a hacer la Comisión para impedir que se propaguen en Europa las organizaciones de delincuentes procedentes de terceros países?

Respuesta de la Sra.Gradin en nombre de la Comisión (16 de marzo de 1998)

La Comisión ha seguido con la máxima atención la situación de Italia a lo largo de 1997, marcada por la inmigración de albaneses y por los desembarcos de personas en su mayoría provenientes de Irak y de la región vecina. En lo que concierne a este último despliegue que afecta a numerosos Estados miembros, el Consejo adoptó el 26 de enero un plan de acción de la Unión Europea dirigido a la política migratoria, así como a las relaciones exteriores de la Unión. La Comisión ha participado en todos los trabajos preparatorios del plan de acción al igual que en su puesta en marcha.

Tratándose de Turquía, la Comisión insiste en la importancia de mejorar la situación en la que se encuentran los derechos humanos en este país y de continuar el proceso de democratización turca para el desarrollo de las relaciones entre la Comunidad y Turquía. La Comisión respalda pletamente con las conclusiones del Consejo europeo de Luxemburgo, que tuvo lugar en diciembre de 1997 y que recordó que reforzar las uniones entre Turquía y la Comunidad depende también del seguimiento de las reformas políticas y económicas que se han iniciado en este Estado, principalmente en el ajuste de normas y prácticas en materia de derechos humanos a las que están en vigor en la Comunidad. El Consejo ha añadido que un refuerzo tal depende también del respeto a las minorías y de la protección de las mismas. A pesar de la reciente decisión de Ankara de suspender todo diálogo político con la Unión Europea, la Comisión quiere continuar notificando a sus interlocutores turcos las preocupaciones de la Unión Europea en lo relativo a estas cuestiones.

Según el Tratado de la Unión Europea, la política de inmigración se considera un tema de interés común que depende de la cooperación entre Justicia y Asuntos de Interior. Se han adoptado varios documentos que no son vinculantes jurídicamente, en concreto en lo que se refiere a nacionales de terceros países que no residen legalmente en un Estado miembro. Por su parte, a instancias de los Estados miembros, la Comisión considera que, a excepción de los solicitantes de asilo y de las personas que sean admitidas por razones humanitarias o de reagrupación familiar, la admisión de los nacionales de terceros países con el fin de obtener un empleo deberá realizarse en función del mercado laboral. En este sentido, la Comisión ha presentado una propuesta de Convenio para la admisión de nacionales de terceros países en los Estados miembros que incluye a su vez un capítulo sobre la admisión con el fin de obtener un trabajo remunerado ((DO C 337 de 7.11.1997. )). Actualmente se está discutiendo esta propuesta en el Consejo.

La Comisión es consciente de los problemas de los Estados miembros en su lucha contra la inmigración ilegal y las redes que suelen organizar estos flujos de inmigrantes. La Comisión recuerda su enfoque en materia de migraciones y de asilo presentado en la comunicación de 1994 sobre las políticas de inmigración y de asilo ((COM(94)23 final. )). Este enfoque aúna el control de los flujos migratorios y la plena integración de los inmigrantes legales.