PREGUNTA ESCRITA E-1562/97 de Ben Fayot (PSE) y Viviane Reding (PPE) a la Comisión (6 de mayo de 1997)

Asunto: Crédito al consumo: protección de los ciudadanos no residentes por la legislación belga

Mediante una ley nacional de 12 de junio de 1991, Bélgica incorporó la Directiva 87/102 ((DO L 42 de 12.2.1987, p. 48. )), de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo. En ella se estipula que la ley sólo se aplicará a los contratos de crédito celebrados con un consumidor que tenga su residencia habitual en Bélgica.

En la actualidad se celebran numerosos contratos de crédito entre intermediarios financieros belgas y consumidores residentes en el Gran Ducado de Luxemburgo. Estos contratos de «crédito fácil» designan como ley aplicable la legislación belga, con la que existen efectivamente los principales vínculos de unión.

Con demasiada frecuencia dichos contratos no respetan los derechos de los consumidores que resultan de aplicar la legislación belga (concesión de un crédito sin entrega del contrato, ignorancia del plazo de renuncia al contrato...). Los profesionales belgas oponen a los consumidores la no aplicabilidad de la ley belga a los no residentes.

1. ¿Comparte la Comisión nuestro punto de vista, consistente en que la citada directiva, y, por consiguiente, las leyes nacionales de transposición, no permiten la discriminación entre residentes y no residentes, dado que estas medidas de protección revisten un carácter imperativo del que deben beneficiarse plenamente todos los consumidores, aunque su contrato pueda estar localizado en el Estado miembro en cuestión, en este caso Bélgica?

2. ¿Cómo es que la Comisión ha cerrado los ojos en el momento de verificar la conformidad de la incorporación de la Directiva 87/102 en Bélgica, cuando la restricción del campo de aplicación a los residentes belgas parece una infracción grave del principio de no discriminación del artículo 7 del Tratado?

3. ¿Está de acuerdo la Comisión en que la plena protección de los consumidores residentes y no residentes resulta aún más importante en la medida en que la Directiva 87/102 constituye un texto mínimo que permite a los Estados miembros mantener o adoptar disposiciones más estrictas para la protección de los consumidores? De este modo, un consumidor puede estar mejor protegido en determinados casos por la legislación del país de origen del profesional que por su propia ley.

Respuesta de la Sra. Bonino en nombre de la Comisión (3 de julio de 1997)

Es un error que los profesionales belgas opongan a los consumidores residentes en el Gran Ducado de Luxemburgo la no aplicabilidad de la ley belga. Si se presenta un caso ante los tribunales belgas o luxemburgueses, éstos ciertamente aplicarán el Derecho belga excepto, en determinadas condiciones, si el Derecho luxemburgués fuera más favorable al consumidor. Esta es la solución que se deriva de las normas de Derecho internacional establecidas por el Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.

En efecto, este Convenio determina como norma general que el contrato se rige por la ley elegida por las partes (artículo 3) y, en su defecto, por la ley del país con el que posee los vínculos más estrechos (artículo 4). Así pues, la aplicación de la legislación belga, en los casos mencionados por Su Señoría, se deriva claramente del artículo 3 del Convenio de Roma, dado que se trata de la ley elegida por las partes. Pero, incluso si no hay posibilidad de elección, la legislación belga, en principio, sería en cualquier caso la legislación aplicable, de conformidad con el artículo 4. En efecto, el país que tiene los vínculos más estrechos con un contrato de crédito es el del establecimiento del prestamista.

Si se interpreta literalmente, el artículo 2 de la ley belga de 12 de junio de 1991 parecería descartar esta solución, ya que establece que «la presente ley se aplica a los contratos de crédito celebrados con un consumidor que tenga su residencia habitual en Bélgica [.....]». No obstante, este artículo debe interpretarse a la luz del Convenio de Roma, instrumento jurídico de jerarquía superior a la ley belga. Así pues, este artículo tiene como único efecto reforzar la protección de los consumidores residentes mediante el establecimiento de un límite a la libertad de las partes de elegir el derecho aplicable. De esta manera, se deriva de este artículo que la ley belga es imperativamente aplicable a los créditos acordados con un consumidor que tenga su residencia habitual en Bélgica por un prestamista establecido en ese mismo país. Esta limitación de la libertad de las partes no es contraria al Convenio de Roma.

Habida cuenta de estas consideraciones, la Comisión puede responder concretamente a las preguntas planteadas por Su Señoría:

1. La Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, no contiene ninguna disposición a fin de determinar el ámbito de aplicación territorial de las leyes de transposición. Sin embargo, la Comisión está de acuerdo con la afirmación de Su Señoría de que si Bélgica se negara a aplicar su ley de transposición de la Directiva 87/102 a los casos de préstamos otorgados por prestamistas establecidos en Bélgica a consumidores no residentes, se trataría de una conculcación grave del espíritu de la Directiva anteriormente mencionada. No en un sentido estricto, debido a la discriminación entre residentes y no residentes, sino en la medida en que un planteamiento de estas características permitiría situaciones de vacío jurídico en las que los consumidores no residentes no estarían protegidos por ninguna ley nacional de transposición.

2. Tal como se deduce de las explicaciones ofrecidas, Bélgica no ha restringido el campo de aplicación de su ley de incorporación de la Directiva 87/102 únicamente a los residentes belgas, lo que constituiría una discriminación indirecta por razón de nacionalidad, prohibida por el artículo 6 del Tratado CE. Por una parte, el artículo 2 de la ley belga tiene por objeto todos los consumidores residentes en Bélgica, con independencia de su nacionalidad. Por otra, no tiene por objeto limitar el campo de aplicación de la ley, sino garantizar la aplicación imperativa de ésta aún en caso de que las partes hayan decidido lo contrario, bajo las condiciones anteriormente mencionadas.

3. En el caso de las materias que son objeto de directivas de armonización mínima, el consumidor puede estar mejor protegido por la legislación del país de origen del profesional, o bien por la ley del país en que reside. Esto es consecuencia del carácter mínimo de las directivas en cuestión. El objetivo de estas directivas no consiste en que se aplique la ley más favorable al consumidor, sino garantizarle un nivel mínimo de protección, con independencia de la ley aplicable de conformidad con las normas del derecho internacional privado.

Las normas comunitarias establecidas por el Convenio de Roma tienen generalmente como resultado la aplicación de la ley del país de origen del proveedor a los no residentes. No obstante, cuando los profesionales han prestado su servicio a no residentes en el país de éstos, el Convenio de Roma garantiza, en determinadas condiciones, la aplicación de la ley del país de residencia del consumidor, cuando ésta le sea más favorable (artículo 5 del Convenio de Roma).