PREGUNTA ESCRITA E-2429/02

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(26 de agosto de 2002)

Asunto: Autorización de publicidad no solicitada por correo electrónico contraria a lo dispuesto en favor del sistema de consentimiento del abonado (opt-in) en la nueva directiva

1. ¿Tiene conocimiento la Comisión de que el 18 de julio de 2002, el tribunal de Amsterdam (Países Bajos) estableció, a raíz de un recurso de apelación en un asunto entre el proveedor de Internet XS4ALL y Ab Fab Interactive Media Group, que está autorizado el envío no solicitado de grandes cantidades de correo publicitario electrónico comercial, también llamado espam?

2. ¿Es compatible esta sentencia judicial con la posición común examinada por el Parlamento Europeo en segunda y última lectura los días 29 y 30 de mayo de 2002, con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, que, de conformidad con el punto de vista del Consejo, parte del sistema opt-in, según el cual los receptores deben haber dado previamente su autorización para la recepción no solicitada de mensajes comerciales por correo electrónico, fax o sistemas de llamada automática?

3. ¿Significa la aprobación de esa directiva que una sentencia judicial como la mencionada en la pregunta no 1 ya no va a encajar en la normativa en vigor después de que los Estados miembros, en un plazo de dos años, hayan cumplido las obligaciones derivadas de la directiva?

4. En caso afirmativo, ¿puede intentarse que los jueces, tomando estrictamente nota de la directiva, y adelantándose a las obligaciones que de ella se deriven, partan del sistema opt-in?

5. En caso negativo, ¿cuáles son las posibilidades restantes para la aplicación continua de un sistema opt-out, según el cual siga siendo posible enviar publicidad no solicitada hasta que el receptor formule una objeción ateniéndose a unas modalidades establecidas? ¿Qué medidas complementarias se necesitan para poner fin a esa situación?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(11 de octubre de 2002)

1. La Comisión tiene conocimiento de la sentencia de 18 de julio de 2002 del Tribunal de Apelación de Amsterdam sobre el correo electrónico comercial masivo no solicitado.

2. La sentencia viene a subrayar, aún más si cabe, la necesidad de la nueva Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas(1). Demuestra que sin esta Directiva no existe en muchos Estados miembros una base jurídica sólida que permita a los proveedores de servicios de Internet ayudar a sus clientes a actuar contra el correo electrónico comercial no solicitado ni siquiera cuando es fuente de sustanciales molestias. Una de las razones que justificaban la propuesta de la Comisión de una lista de inclusión comunitaria armonizada para el correo electrónico comercial no solicitado era dar solución a este problema.

3. A partir del 31 de octubre 2003 deberá existir una base jurídica clara en todos los Estados miembros para la prohibición del correo electrónico no solicitado con fines de venta directa con respecto a los abonados que sean personas físicas, a menos que se cuente con el consentimiento previo del destinatario.

4. El que los tribunales puedan y quieran tener en cuenta las modificaciones inminentes de la legislación nacional, y en qué medida lo hagan, dependerá de cada ordenamiento jurídico nacional.

5. Los Estados miembros pueden aplicar un sistema de lista de inclusión para el correo electrónico comercial no solicitado antes de que entre en vigor la nueva obligación legal con arreglo a la Directiva 2002/58/CE, y muchos de ellos lo han hecho ya. Sin embargo, los Estados miembros tienen igualmente la posibilidad de aguardar a la fecha límite de transposición de la nueva Directiva y mantener hasta ese momento un sistema de lista de exclusión. Además, los Estados miembros no están obligados a aplicar el enfoque de la lista de inclusión a los abonados que son personas jurídicas. Para esta categoría, pueden mantener o establecer sistemas de lista de exclusión (apartado 5 del artículo 13 de la Directiva 2002/58/CE).

(1) DO L 201 de 31.7.2002.