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PREGUNTA ESCRITA E-0835/02

de Colette Flesch (ELDR) a la Comisión

(26 de marzo de 2002)

Asunto: Aumento de los efectivos del servicio de traducción de la Comisión

Según el European Voice del 7 al 13 de marzo de 2002, la Comisión anunciará próximamente que, debido a la ampliación, harán falta 110 traductores suplementarios, de los que 60 se destinarían a los servicios de la Comisión en Bruselas y 50 trabajarían como independientes (free-lance) en los Estados miembros.

¿Puede indicar la Comisión si estas informaciones son exactas?

¿Puede precisar el número de traductores suplementarios que se destinarían a los servicios de la Comisión en Luxemburgo?

¿Puede precisar también si la contratación de un número importante de independientes que trabajen en otros lugares distintos de los lugares de trabajo de las instituciones es conforme a los tratados y a los acuerdos relativos a las sedes?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(4 de junio de 2002)

La información que apareció en el European Voice de 7-13 de marzo de 2002 relativa al Servicio de Traducción de la Comisión (SdT) no era exacta.

Tras un examen inicial de las necesidades como consecuencia de la próxima ampliación, un documento interno de la Comisión, adoptado el 9 de abril de 2002, proporcionaba un cálculo aproximado de los recursos que el SdT tendrá que tener en cuenta para la ampliación. El total de recursos humanos y financieros se calcula en el equivalente en créditos de 110 puestos por nueva lengua para la traducción, incluidos los servicios de apoyo y gestión. De este total, 60 traductores ocuparían puestos permanentes y los recursos restantes se dividirían entre el personal permanente de gestión y apoyo y el personal contratado para tareas de traducción o apoyo.

La Comisión no está en condiciones de especificar cuántos traductores serán asignados a sus servicios en Luxemburgo. No obstante, puede confirmar que el equilibrio entre Luxemburgo y Bruselas no se realizará en detrimento de Luxemburgo.

Su Señoría será consciente de que las decisiones sobre la subcontratación del trabajo de traducción por traductores independientes en términos, tanto de volumen (actualmente alrededor del 20 % de la producción total del SdT pero que, como ya se ha anunciado, podría aumentar hasta un 30 % antes de finales de 2005), como el tipo de documentos entregados, son asunto de su autonomía administrativa. Ello no constituye en modo alguno un incumplimiento de los Tratados ni de los acuerdos relativos a las sedes de las instituciones.

También habrá que tener en cuenta que el trabajo para la Comisión de los traductores independientes como proveedores de servicios externos, se abona como trabajo a destajo, por lo que no es personal de la Comisión en sentido amplio.
PREGUNTA ESCRITA E-2426/02

de Olivier Dupuis (NI) a la Comisión

(26 de agosto de 2002)

Asunto: Supresión de la enseñanza en lengua uigur en las universidades del Turquistán oriental (Xinyang)

Según informa la agencia de prensa china Xinhua, las principales universidades de Xinyang, región con una población mayoritariamente musulmana, comenzarán a impartir sus asignaturas más importantes en chino y dejarán de hacerlo en las lenguas locales, puesto que, según se indica, así lo han pedido en particular los propios estudiantes, y porque es necesario estar a la altura de los imperativos de desarrollo económico y social.

Esta decisión, contraria a la constitución china, que garantiza la enseñanza en uigur a nivel superior, ha sido adoptada en una situación demográfica en que la población total del Turquistán oriental es de 19 millones de habitantes (aunque datos realmente fiables no están disponibles) de los que 8 millones son uigures, y en la que se registra una afluencia diaria de aprox. 7000 personas de la etnia hani (en 1949, había unos 300 000 hanis, que convivían con 5 millones de uigures).

Esta decisión, que se inscribe de pleno en los intentos de China por hacer que el separatismo uigur aparezca en el orden del día de la coalición internacional contra el terrorismo, obedece al propósito de frenar el movimiento a la afirmación de la identidad cultural de la población uigur, en una región en que la universidad ha venido impartiendo durante más de 50 años infinidad de cursos en las lenguas locales.

¿Ha sido informada la Comisión de esta decisión de las autoridades chinas? En caso afirmativo, ¿les ha transmitido su parecer de que la represión de los derechos culturales de las minorías no puede figurar en la agenda de la guerra contra el terrorismo? ¿Qué iniciativas piensa adoptar la Comisión por otra parte para que las autoridades chinas anulen la decisión sobre la supresión de la enseñanza en lengua uigur en el Turquistán oriental (Xinyang) y respeten así su propia constitución?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(24 de septiembre de 2002)

La Comisión ha tomado nota de la decisión de las autoridades chinas de que en el futuro las principales universidades de Xinjiang pasen a impartir las materias más importantes en chino en lugar de en las lenguas locales.

Tal como debe saber Su Señoría, en el marco del diálogo sobre los derechos humanos con China la Comisión plantea regularmente la cuestión del respeto por los derechos de las minorías culturales y religiosas.

La Comisión seguirá vigilando de cerca la situación de la minoría uigur en Xinjiang.
PREGUNTA ESCRITA E-1971/02

de Chris Davies (ELDR) a la Comisión

(8 de julio de 2002)

Asunto: Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil

¿Puede confirmar la Comisión si el plazo para la transposición y aplicación, por parte de los Estados miembros, de los primeros requisitos de la Directiva 2000/53/CE(1) relativa a los vehículos al final de su vida útil finalizó el 21 de abril de 2002?

¿Cuántos Estados miembros informaron a la Comisión, con fecha 22 de abril de 2002, del cumplimiento de dichos requisitos?

¿Cuántos Estados miembros comunicaron con antelación a la Comisión o al Consejo de Medio Ambiente que no se encontraban en condiciones de cumplir con la mencionada Directiva de conformidad con los requisitos legislativos?

A la vista del hecho de que, al parecer, ninguno de los Estados miembros ha cumplido los requisitos de la legislación ¿qué quejas ha presentado la Comisión en este sentido y qué propuestas está elaborando para reformar los procedimientos de ejecución?

Dadas las graves repercusiones de este incumplimiento de los procedimientos legislativos comunitarios, ¿ha planteado el Comisario Wallström o el Presidente de la Comisión esta cuestión directamente a los Primeros Ministros o a los Ministros de Medio Ambiente?

(1) DO L 269 de 21.10.2000, p. 34.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(4 de septiembre de 2002)

1. La Comisión confirma que el plazo para la transposición de la Directiva 2000/53/CE(1) relativa a los vehículos al final de su vida útil era el 21 de abril de 2002 (véase el artículo 10 de la Directiva).

2. A 22 de abril de 2002, ningún Estado miembro había comunicado a la Comisión las medidas adoptadas para transponer la Directiva al Derecho interno.

3. Ningún Estado miembro había advertido a la Comisión, con anterioridad al 22 de abril de 2002, que no podría cumplir la Directiva de conformidad con los requisitos legislativos.

4. En caso de que los Estados miembros no comuniquen las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que han puesto en vigor para dar cumplimiento a las directivas comunitarias en el plazo previsto para su transposición, la Comisión inicia procedimientos de infracción contra los Estados miembros afectados, sobre la base del artículo 226 del Tratado CE. La Comisión ha puesto en marcha este procedimiento remitiendo escritos de requerimiento por ausencia de comunicación a todos los Estados miembros. Por consiguiente, la Comisión no tiene previsto reformar el proceso legislativo ni el procedimiento de ejecución.

5. Dado que la Comisión está aplicando las disposiciones del Tratado para caso de ausencia de transposición, y que el procedimiento se encuentra en sus primeras fases, no ha habido necesidad de que la Comisión plantee esta cuestión a los Estados miembros directamente a nivel ministerial.

(1) Directiva 2000/53/CE del Parlamento y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil, DO L 269 de 21.10.2000.
PREGUNTA ESCRITA E-1377/02

de Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) a la Comisión

(14 de mayo de 2002)

Asunto: Libertad de asociación en Rumania

Las autoridades rumanas han declarado públicamente en varias ocasiones que los partidos políticos de carácter regionalista serán declaradas inconstitucionales. En 1998, un tribunal de Cluj incluso declaró ilegal una fundación llamada Fundación Transilvania por estas mismas razones.

¿Opina la Comisión que este tipo de actitud podría violar el derecho a la libertad de asociación?¿Ha solicitado explicaciones a las autoridades rumanas? Si no es así, ¿tiene la Comisión intención de intervenir?

¿Considera la Comisión que tal decisión es compatible con el respeto de los criterios democráticos establecidos en Copenhague?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(27 de junio de 2002)

La libertad de asociación que es un principio inscrito en la constitución rumana, por los partidos políticos, incluidos los regionales, deberían tener derecho a existir. Sin embargo, la constitución prohíbe las organizaciones cuyos objetivos y actividades van contra los principios del Estado (incluidas la soberanía y la integridad de Rumania).

La Comisión conoce el caso específico de la fundación Pro-Transilvania, cuyos estatutos se declararon inconstitucionales tras varios procesos ante los tribunales rumanos. Los argumentos jurídicos relativos a este asunto son complejos ya que se trataría de evaluar si las disposiciones de la Constitución rumana tal como se interpretaron en este asunto constituyen una prohibición injustificada de la libertad de asociación. Dado que Rumania es signataria del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y que las vías de recurso nacionales están agotadas, el organismo competente para cortar este asunto es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los criterios de adhesión a la Unión, definidos en el Consejo Europeo de Copenhague de 1993 hacen explícitamente referencia a la necesidad de tener instituciones estables que velen por la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías. La libertad de asociación está cubierta por este criterio y la Comisión está comprometida en velar por que esta condición de adhesión se respete, por lo que no dudará en señalar todo asunto relativo a este criterio en sus informes periódicos sobre los progresos realizados por los países candidatos y en tenerlo en cuenta en sus relaciones bilaterales con éstos.
PREGUNTA ESCRITA E-1004/02

de María Valenciano Martínez-Orozco (PSE) al Consejo

(12 de abril de 2002)

Asunto: Cumplimiento de los compromisos contraídos con las mujeres en el proceso de reconstrucción de Afganistán

Teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo solicitó el 13 de diciembre de 2001 que se supeditara la concesión de ayuda internacional para la reconstrucción del Afganistán a la participación de mujeres en el proceso de toma de decisiones y en la determinación del destino de la ayuda y que, además, la Cámara pidió a los países donantes y, en particular, a la UE que garantizaran que las mujeres afganas se beneficiasen directamente de un 25 % a un 30 % de las ayudas económicas que se destinen a la reconstrucción del Afganistán,

¿Piensa el Consejo crear una supervisión de estos compromisos en relación con las mujeres y la concesión de ayuda económica desde la Unión Europea?

¿Piensa el Consejo apoyar la sugerencia del Parlamento Europeo de que las Naciones Unidas designen a una mujer como ponente para la igualdad de género que vele por el cumplimiento de los compromisos contraídos en relación con las mujeres durante el proceso de transición y reconstrucción del Afganistán?

Respuesta

(30 de septiembre de 2002)

1. El Consejo apoya plenamente el objetivo de promover el papel de las mujeres afganas en la sociedad en general, y en particular su participación en el proceso de decisión política. El Consejo ha subrayado ya en repetidas ocasiones que la ayuda de reconstrucción de la UE está condicionada a que todas las partes afganas contribuyan de manera positiva al proceso y metas acordados en el acuerdo de paz de Bonn. El Consejo proseguirá, pues, animando a las sucesivas administraciones afganas a aplicar los principios generalmente aceptados contenidos en los instrumentos internacionales de los que Afganistán es parte, con inclusión el respeto de los derechos humanos, sin discriminación basada en el sexo, religión o raza.

2. En sus últimas conclusiones sobre Afganistán adoptadas el 15 de abril de 2002, el Consejo declaró explícitamente lo siguiente:

13. La UE considera que las mujeres afganas deberán gozar de todos los derechos humanos, así como de igualdad de acceso a la atención sanitaria, la educación y el empleo, tener la posibilidad

de participar en la vida política y social de su país en condiciones de igualdad, y desempeñar un papel central en la reconstrucción de Afganistán. Por consiguiente, la UE velará por mantener en su actuación incluida la ayuda al desarrollo un planteamiento sensible a los problemas de igualdad de los sexos.

3. El Consejo intentará garantizar que las mujeres afganas sean beneficiarias directas de un porcentaje significativo de la ayuda internacional a la reconstrucción. La Presidencia y la Comisión, en su papel de copresidentes del Comité Director para la Reconstrucción de Afganistán, contribuirán a la aplicación de estos compromisos y seguirán su evolución.

4. El Consejo no ha debatido la sugerencia del Parlamento Europeo de que las Naciones Unidas nombrar un Relator de sexo femenino sobre igualdad de sexos en Afganistán, pero lo podrá considerar cuando el tema se plantee.
PREGUNTA ESCRITA E-1739/02

de Mario Borghezio (NI) al Consejo

(19 de junio de 2002)

Asunto: Violación del derecho de no revelar las fuentes de información

En Italia, país en el que el número de las interceptaciones telefónicas ordenadas por la magistratura ha alcanzado una dimensión numérica orwelliana está causando una enorme sensación el caso de las escuchas de que ha sido objeto el periodista Marco Chiocci de Il Giornale.

De hecho, Chiocci ha sido objeto, durante más de tres años, de interceptaciones telefónicas ordenadas por la Fiscalía de Roma y que se referían a todas sus comunicaciones telefónicas profesionales y privadas.

Los órganos representativos de la Prensa y de los periodistas han señalado también otros casos no menos graves.

¿No considera el Consejo que semejante comportamiento, tan extendido entre los magistrados italianos, constituye una grave y reiterada violación del derecho de los periodistas a no revelar las propias fuentes de información, tal como prevé expresamente la Recomendación no R(2000)7 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes de información, adoptada el 8 de marzo de 2000, y, en particular, el principio 6, que tienen por objeto impedir que una simple decisión de interceptación, de vigilancia o registro y secuestro sirva para eludir la protección de las fuentes de información de los periodistas o se aplique de tal manera que se limite dicha protección?

Respuesta

(8 de octubre de 2002)

Según el artículo 33 del Tratado de la Unión Europea, el ejercicio de responsabilidades en materia de mantenimiento del orden público y salvaguardia de la seguridad interior incumbe a los Estados miembros. Así pues, el Consejo no tiene por qué pronunciarse sobre las medidas adoptadas por un Estado miembro en un caso concreto en este ámbito.

Las recomendaciones mencionadas por Su Señoría son recomendaciones del Consejo de Europa, por lo que no corresponde al Consejo de la Unión Europea determinar si han sido violadas o no.
PREGUNTA ESCRITA E-1898/02

de Mario Borghezio (NI) a la Comisión

(1 de julio de 2002)

Asunto: Solicitud de informe sobre la cuantía de las ayudas comunitarias a los países de los que provienen los principales flujos de inmigrantes ilegales

La cooperación al desarrollo europea desempeña un papel estratégico en la prevención de la inmigración extracomunitaria.

Por desgracia, no todos los países que se benefician de las ayudas europeas colaboran activamente con los Estados miembros de la Unión en la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos.

¿Puede indicar la Comisión si considera útil llevar a cabo un estudio sobre los elementos cuantitativos y metodológicos en base a los que se realiza dicha colaboración en la lucha contra la inmigración ilegal?

Del mismo modo, ¿puede indicar la cuantía de las ayudas concedidas por la Unión Europea a los países de los que provienen los principales flujos de inmigrantes extracomunitarios?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(7 de agosto de 2002)

La Comisión considera que la política de cooperación al desarrollo es un elemento esencial en la normalización, a largo plazo, de los principales flujos migratorios. En este sentido, piensa presentar próximamente una comunicación sobre el tema Desarrollo e inmigración que debería permitir sacar a la luz los medios para actuar sobre las causas profundas de este fenómeno.

Algunos Estados miembros, en el marco de la preparación del Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002, plantearon la cuestión de la actitud que debe adoptarse respecto a países terceros que no cooperarían de forma suficientemente activa con la Unión en la lucha contra la inmigración ilegal. La Comisión suscribe al enfoque equilibrado que reflejan las conclusiones adoptadas en Sevilla.

En ellas se recuerda la importancia de un enfoque integrado y general que combata las causas profundas de la inmigración ilegal, así como el papel a este respecto de la cooperación económica, el comercio, la ayuda al desarrollo y la prevención de conflictos. Conviene sin embargo recordar que los incentivos para emigrar están básicamente vinculados a las divergencias de niveles de vida y al aumento de las desigualdades entre países y regiones del planeta.

El Consejo Europeo pide también que se proceda a una evaluación sistemática de las relaciones con los terceros países que no cooperan en la lucha contra la inmigración ilegal, evaluación que se tendrá en cuenta en las relaciones de la Unión con estos últimos en todos los ámbitos pertinentes. La Comisión colaborará a este respecto.

En cuanto a la importancia de las ayudas pagadas a los países de origen, una información más precisa sobre inmigración y asilo figurará en el informe sobre la eficacia de los recursos financieros disponibles, que el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentar antes de noviembre.
PREGUNTA ESCRITA P-1985/02

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(1 de julio de 2002)

Asunto: Investigación de la Comisión sobre el cártel del azúcar

En respuesta a la pregunta oral H-0401/02(1) de este diputado, el Comisario Monti afirmó que la Comisión Europea había llevado a cabo una investigación, finalizada en 2001, de la que se había concluido que no existía sometimiento a cárteles del sector de la producción industrial de azúcar en la Unión Europea.

¿Puede facilitar la Comisión a este diputado una copia del expediente en cuestión?

(1) Respuesta oral del 11.6.2002.

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(5 de agosto de 2002)

En respuesta a la pregunta oral H-0401/02 de Su Señoría en el turno de preguntas de la sesión de junio de 2002 del Parlamento, la Comisión indicó que tras la denuncia presentada a finales de 2000, durante el año 2001 examinó los hechos denunciados.

La acusación del demandante se refería a una denegación de venta de la cual pretendía ser víctima por parte de productores de azúcar de un Estado miembro. No se refería pues a un acuerdo sobre precios o reparto de mercados a escala europea.

El demandante retiró posteriormente su denuncia y como las circunstancias del asunto no justificaban la continuación de oficio de su examen, la Comisión decidió cerrar el asunto. Por consiguiente, la Comisión no dispone del documento solicitado por Su Señoría.
PREGUNTA ESCRITA E-0851/02

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(27 de marzo de 2002)

Asunto: Euro: cantidades de níquel y tributilo de estaño (TBT) utilizadas para la producción de monedas y billetes, y efectos de las mismas sobre la salud humana

Dado que las monedas de 1 y 2 euros contienen níquel y dado que para estabilizar el color en el papel moneda se utiliza tributilo de estaño (TBT), ¿puede responder la Comisión a las siguientes preguntas?

- ¿Puede ser perjudicial para la salud humana la cantidad de níquel contenida en las monedas de 1 y 2 euros? Antes de la producción de dichas monedas, ¿llevó a cabo la Comisión investigaciones o recabó dictámenes científicos?

- ¿Hay billetes, y de qué importe, en los que se haya utilizado estaño tributilo (TBT)? ¿Puede resultar perjudicial para la salud humana la cantidad utilizada? Antes de su producción, ¿llevó a cabo la Comisión investigaciones o recabó dictámenes científicos?

- ¿Podrían producirse monedas de 1 y 2 euros con un material menos tóxico que el níquel y podría utilizarse para los billetes un estabilizador del color menos tóxico que el estaño tributilo (TBT)?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(28 de mayo de 2002)

Antes de la producción de las monedas de euro la Comisión realizó una investigación científica sobre el problema y no se encontró ninguna prueba concluyente contra el uso de níquel.

El níquel utilizado en las monedas de 1y 2 euros está esencialmente contenido dentro de la aleación por lo que el contacto con la piel es limitado.

La presencia de níquel es necesaria para aplicar las técnicas que minimizan el riesgo de falsificación. Puesto que las monedas de 1 y 2 euros exigen un particularmente alto nivel de seguridad, el níquel es necesario en la producción de estas monedas de alta calidad. Sin embargo el índice de monedas que contienen níquel es actualmente considerablemente más pequeño que en las monedas nacionales previas (el 14 % de las monedas de euro contienen níquel en comparación con un 75 % de las monedas nacionales que estaban en circulación).

La decisión sobre las especificaciones técnicas de los billetes fue tomada por el Instituto Monetario Europeo (IME) y el asunto es actualmente competencia del Banco Central Europeo (BCE).