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ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 33/107

(2004/C 33 E/108)

PREGUNTA ESCRITA E-1359/03

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) a la Comisión

(10 de abril de 2003)

Asunto: Parada temporal flota Gran Sol

La flota gallega que faena en las aguas del Gran Sol tiene previsto realizar una parada biológica a partir del próximo día 1 de Julio. Para que dicha parada biológica pueda ser llevada a cabo con todas las garantías necesarias para la flota implicada es necesario que la correspondiente autorización sea publicada a su debido tiempo en el Diario Oficial de la Unión Europea (DO).

¿Podría informar la Comisión qué medidas piensa adoptar o ha adoptado ya para que la flota implicada pueda llevar a cabo dicha parada biológica y para que la autorización correspondiente sea publicada en el DO a su debido tiempo?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(26 de mayo de 2003)

La Comisión desea poner en conocimiento de Su Señoría que ha recibido una comunicación de las autoridades españolas, con registro de entrada el 20 de marzo de 2003, relativa a la situación a que se hace referencia.

Este tipo de proyecto de medida debe ser objeto de una evaluación para determinar si su adopción puede considerarse procedente, en particular desde el punto de vista biológico.

En la actualidad, la Comisión está analizando si esta iniciativa es compatible con las disposiciones pertinentes establecidas en la normativa comunitaria aplicable (1) (Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, modificado por el Reglamento (CE) no 2369/2002).

(1) Reglamento (CE) no 2369/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, que modifica el Reglamento (CE) no 2792/1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, DO L 358 de 31.12.2002.
1.

En general, hay que indicar que el principio de la igualdad de costos entre las transferencias transfronterizas y las nacionales correspondientes, objeto de la pregunta escrita, se basa en el Reglamento (CE) no 2560/2001 del Parlamento y del Consejo, de 19 de diciembre de 2001, relativo a los pagos transfronterizos en euros (1). Como las disposiciones del Reglamento son directamente aplicables en los Estados miembros, no es necesario proceder a su transposición en la legislación nacional de los Estados miembros. Los bancos interesados ya están vinculados a las disposiciones del Reglamento. El Reglamento también ha de respetarse en el Reino Unido por lo que respecta a los pagos transfronterizos en euros. Además, pueden cobrarse costos de cambio (libra/euro) en transferencias transfronterizas de y hacia Gran Bretaña. Ello significa que una transferencia de Alemania a Gran Bretaña será más cara que una transferencia nacional en euros cuando sea preciso proceder al cambio correspondiente. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, incumbe al banco facilitar información sobre los costos de cambio. En este caso concreto, no es posible determinar sobre la base de las informaciones facilitadas en la pregunta escrita si las disposiciones del Reglamento fueron respetadas por los bancos implicados. Sin embargo, Su Señoría, o el ciudadano interesado, pueden enviar más información a la Comisión (por ejemplo, extractos de cuenta y listas de precios), con vistas a una información y verificación más rigurosas. Además, en caso de litigio relacionado con servicios financieros transfronterizos, el ciudadano interesado puede dirigirse a los organismos de resolución de litigios en la red «FIN NET». Se trata de un servicio de resolución extrajudicial de litigios, que asiste al ciudadano en caso de problemas con los proveedores de servicios financieros. Para recabar información más detallada sobre posibles puntos de contacto, consulte el siguiente sitio web: http://europa.eu.int/comm/internal_market/de/finances/consumer/intro.htm. Por fin, la Comisión remite al informe que se presentará el año próximo sobre las consecuencias del Reglamento (CE) no 2560/2001 y que abordará la cuestión del desarrollo del nivel del precio nacional en los pagos.
1.

Con arreglo al artículo 33 de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (2), se permite a los Estados miembros mantener o establecer, entre otros impuestos, los derechos de registro, siempre que no tengan carácter de impuesto sobre el volumen de negocios. En la práctica, una tasa puede tener carácter de impuesto sobre el volumen de negocios si presenta las mismas características esenciales que el IVA que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pueden resumirse del siguiente modo: — se aplica generalmente a las transacciones de bienes o servicios; — es proporcional al precio de dichos bienes o servicios; — se percibe en cada fase del proceso de producción y distribución; — grava el valor añadido de bienes y servicios. En la sentencia de 16 de diciembre de 1992 (Asunto C-208/91 Beaulande (3)), el Tribunal de Justicia analizó el caso concreto de los derechos de registro percibidos por Francia además del IVA por la adquisición de terreno edificable. La sentencia dictaminó que una imposición de este tipo no reunía las características esenciales del IVA. El Tribunal corroboró que la percepción de este impuesto además del IVA no es contraria a la Sexta Directiva del IVA. En concreto, el Tribunal afirma que el derecho de registro no es un impuesto general, ya que su objeto no es abarcar la totalidad de las operaciones económicas. En segundo lugar, no se trata de procesos de producción y de distribución, puesto que los derechos de registro se perciben únicamente cuando el bien inmueble entra en el patrimonio del consumidor final. Además, no se pueden deducir de derechos de la misma naturaleza, abonados en transmisiones posteriores. Finalmente, la percepción de dichos derechos no tiene en cuenta el valor añadido, sino que se basa en la totalidad del valor del bien (puntos 16 a 18).
7.

La Comunidad se halla a la cabeza del plan de acción internacional para erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). No se ha solicitado la elaboración de ningún plan de acción para las capturas accesorias.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/903

(2004/C 78 E/0954)

PREGUNTA ESCRITA E-4044/03

de Theresa Villiers (PPE-DE) a la Comisión

(12 de enero de 2004)

Asunto: Acceso gratuito de los residentes locales a los sitios del patrimonio histórico y turísticos

1. ¿Puede confirmar la Comisión si, en virtud de un próximo reglamento de la UE, los sitios del patrimonio histórico y turísticos no podrán ser de acceso gratuito a las personas sobre la base del criterio de la proximidad geográfica?

2. Como consecuencia de esta normativa europea, ¿se verán obligados los sitios del patrimonio histórico y turísticos, tales como el Hampton Court Palace de Londres, a retirar los pases de acceso gratuito concedidos a los residentes locales?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(17 de febrero de 2004)

En su sentencia de 16 de enero de 2003, en el asunto C-388/01 sobre el acceso a los museos en Italia, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó que no sólo las ventajas tarifarias basadas en la nacionalidad sino también las preferencias concedidas en función del lugar de residencia, incluso la local, para los visitantes de instalaciones culturales, son discriminatorias y, por tanto, incompatibles con el Tratado CE y, concretamente, con el principio de libre circulación de servicios.

En efecto, según una jurisprudencia consolidada, una distinción fundada en el criterio de residencia puede ir, principalmente, en detrimento de los ciudadanos de los demás Estados miembros puesto que los no residentes suelen ser no nacionales. En particular, resulta irrelevante que una medida afecte, en su caso, tanto a los ciudadanos residentes en otras partes del territorio nacional como a los de otros Estados miembros.

Únicamente podrá aceptarse una discriminación basada en la residencia local cuando esté justificada por razones imperiosas de interés general, esto es, en ningún caso por motivos puramente económicos, y cuando respete los principios de necesidad y proporcionalidad.

En su propuesta de Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, de 13 de enero de 2004, la Comisión retoma el principio de prohibición de discriminaciones por razón de nacionalidad y lugar de residencia, tal como lo desarrolla la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en lo que respecta a las condiciones de acceso a las prestaciones de servicios.

En virtud de estos principios, las autoridades nacionales competentes deberán examinar los casos en los que existan diferentes tarifas de acceso a los lugares turísticos, como los mencionados en la pregunta de Su Señoría y, asimismo, adoptar medidas adecuadas en función de las circunstancias específicas de cada situación, a fin de evitar discriminaciones entre ciudadanos comunitarios.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/737

(2004/C 78 E/0785)

PREGUNTA ESCRITA E-2328/03

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(16 de julio de 2003)

Asunto: Servicio de helicópteros a las islas de Scilly

¿Prevé la Comisión garantizar que la interpretación del informe Lisi, sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos, tenga en cuenta la situación de las compañías aéreas que vuelan en rutas especialmente difíciles por motivos técnicos o meteorológicos, como es el caso citado más arriba? En definitiva, el objetivo del informe es compensar a los pasajeros aéreos por los costes que hacen repercutir en ellos las compañías que no prevén medidas adecuadas para que los pasajeros no sufran molestias innecesarias, y no la salida del mercado de aquellas compañías aéreas que realizan un servicio público importante y valioso en rutas de reconocida dificultad.

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(9 de septiembre de 2003)

La Comisión conoce las condiciones especiales a que se enfrentan las compañías aéreas, incluidos los operadores de helicópteros, al operar en algunas rutas esenciales y difíciles.

El proyecto de Reglamento «por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y anulación o gran retraso de ios vuelos» (1) examinará en breve el procedimiento de concertación, y el informe Lisi sobre «compensación y asistencia a los pasajeros aéreos» no aborda la situación de las líneas aéreas que vuelan en rutas particularmente difíciles. Sin embargo, el proyecto de reglamento incluye el concepto de «circunstancias extraordinarias que no hubieran podido evitarse incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables».

Tales circunstancias pueden darse especialmente cuando se den condiciones meteorológicas que imposibiliten el vuelo afectado o carencias inesperadas en materia de seguridad. Este concepto es una eficaz salvaguardia pues, en tales circunstancias, se eximirá a las compañías aéreas de ciertas obligaciones en caso de cancelación o retraso, al tiempo que se mantiene un equilibrio entre los derechos de los pasajeros y los riesgos operativos de los que las compañías no pueden ser consideradas responsables.

Sin embargo, «una avería mecánica» no puede, por definición, entrar siempre en el concepto de «circunstancias extraordinarias», ya que las compañías, al estar obligadas a garantizar la calidad y la seguridad del servicio, tendrán normalmente la responsabilidad de evitar tales averías.

(1) DO C 103 E de 30.4.2002.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/497

(2004/C 84 E/0575)

PREGUNTA ESCRITA P-2817/03

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(18 de septiembre de 2003)

Asunto: Nueva Olympic Airways

El pasado 29 de agosto, el Ministro de Transportes griego, Christos Verelis, anunció, al presentar una enmienda al respecto en el Parlamento, la creación de la nueva Olympic Airways, que pasará a denominarse Olympic Airlines (Aerolíneas Olímpicas). Esta nueva compañía desarrollará exclusivamente tareas de transporte aéreo, resultantes de la fusión de los ámbitos respectivos de las compañías Olympic Airways, Olympic Aviation y Makedonikes Aerogrammes. Se anunció asimismo que la compañía Olympic Airlines dará empleo a 1 850 personas y que su capital ascenderá a 140 millones de euros. El Ministro declaró que la compañía Makedonikes Aerogrammes proporciona el marco legal para la creación de la nueva compañía, mientras que el procedimiento seguido, consistente en la separación de un sector de actividad, es totalmente conforme con la legislación comunitaria y nacional.

1. ¿Se informó a la Comisión regularmente durante el proceso de creación de la nueva Olympic Airways, tal como declara el Gobierno griego?

2. ¿Hasta qué punto considera compatible la solución en cuestión con el Derecho comunitario, y en qué medida es segura la posición de los trabajadores en la nueva compañía?

3. ¿De qué modo y cuándo se propone intervenir la Comisión en el asunto en cuestión?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(20 de octubre de 2003)

La Comisión ha mantenido contactos periódicos con las autoridades griegas en relación con el proyecto de privatización de Olympic Airways. Sin embargo, la información recibida no ha dejado de ser relativamente parcial. Con el fin de acelerar la transmisión de ésta, y tras ser votada la ley de privatización el 5 de septiembre de 2003, la Comisión adoptó el 8 de septiembre de 2003 una decisión que instaba a Grecia a comunicar toda la información pertinente sobre la privatización de Olympic Airways. Las autoridades griegas respondieron a la Comisión con fecha de 11 de septiembre de 2003. Su respuesta está siendo examinada actualmente.

En la medida en que la Comisión no dispone de todos los elementos relativos a la privatización, no está en condiciones de pronunciarse sobre la conformidad con el Derecho comunitario de la operación prevista por las autoridades griegas. Además, tampoco se conocen en este momento los aspectos sociales del plan de privatización, ni las modalidades de liquidación de las actividades que no serán continuadas por la nueva compañía.

La Comisión permanece en estrecho contacto con las autoridades griegas, que se han comprometido a comunicarle el proyecto final de privatización antes de su aplicación, a fin de que la Comisión pueda pronunciarse sobre su conformidad con el Derecho comunitario.
2.

La distribución por fuentes de financiación de la I + D es distinta en Grecia que en el resto de la Comunidad en lo que se refiere a su naturaleza y estructura. La financiación por el sector privado es el doble de escasa, mientras que la financiación por fuentes no nacionales es cuatro veces superior, a causa, en particular, de la contribución del programa marco comunitario de investigación. Transmitimos un cuadro (3) directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento. Los indicadores de seguimiento del progreso hacia el objetivo del 3 % definido en el plan de acción de la Comisión «Invertir en investigación» son calculables a partir de la información científica y tecnológica (C + T) que Eurostat recoge de los Estados miembros según modalidades que están en curso en revisión en aplicación de la Decisión no 1608/2003/CE (3).
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/109

(2004/C 84 E/0146)

PREGUNTA ESCRITA E-3887/03

de Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) a la Comisión

(16 de diciembre de 2003)

Asunto: Lucha contra la legionelosis

El pasado 22 de octubre, el Comisario responsable de Salud y Protección de los Consumidores, Sr. Byrne, respondió en nombre de la Comisión a una pregunta escrita presentada por mí referente a la lucha contra la legionelosis (E-2797/03 (1)). Me he visto obligada a constatar que esta respuesta no contesta a ninguna de las cuatro preguntas formuladas.

1. ¿Está dispuesta la Comisión a volver a leer detenidamente la pregunta escrita E-2797/03 y a contestar con precisión a la pregunta formulada?

2. ¿Puede imaginarse la Comisión que no sólo a la autora de la pregunta sino también a todas las personas infectadas por la legionella disguste que les despachen con buenas palabras?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(2 de febrero de 2004)

La Comisión desea confirmar que:

1. No existen directrices de obligado cumplimiento en cuanto al asunto planteado. La red del Grupo Europeo de Vigilancia de la Legionelosis (EWGLI) y sus directrices operativas son totalmente voluntarias, y no existen en la materia reglas vinculantes para los Estados miembros ni para ninguna organización de la Unión.

2. Por supuesto que es deseable que las agencias de viajes ofrezcan la información más completa posible sobre cualquier enfermedad que pudiera afectar a sus clientes.

Por lo que respecta a la presentación de propuestas al respecto por la Comisión, estas dependen del derecho de iniciativa de la Comisión, y este particular se comentó plenamente en la anterior respuesta a la pregunta escrita E-2797/03 de Su Señoría.

(1) DO C 78 E de 27.3.2004, p. 756.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 78/660

(2004/C 78 E/0703)

PREGUNTA ESCRITA P-3853/03

de Joan Colom i Naval (PSE) a la Comisión

(8 de diciembre de 2003)

Asunto: Financiación del Plan Hidrológico Nacional español

La Ley española 10/2001, de 5 de julio de 2001, aprobó el Plan Hidrológico Nacional de ese Estado miembro.

El Gobierno español ha solicitado financiación comunitaria para el desarrollo del citado PHN:

¿Puede indicar la Comisión para qué proyectos incluidos en el ámbito de dicha ley se ha solicitado financiación comunitaria? ¿A qué proyectos se ha concedido? ¿En qué proporción ha habido financiación comunitaria de dichos proyectos? ¿A qué proyectos se ha denegado dicha financiación?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(22 de enero de 2004)

En virtud del principio de subsidiariedad, es competencia de los Estados miembros seleccionar los proyectos que se han de cofinanciar con cargo a los programas del Fondo de Cohesión y de los Fondos Estructurales.

En el caso de los proyectos cofinanciados por los Fondos Estructurales, los Estados miembros sólo están obligados a notificar aquellos cuyo coste supera el umbral de 50 millones de euros establecido en el artículo 25 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo (1).

El anexo II de la Ley española 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional incluye una relación de inversiones relacionadas con varios cientos de proyectos. Las autoridades españolas han comunicado recientemente a la Comisión los proyectos para los cuales tienen la intención de solicitar financiación comunitaria con cargo al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Conforme a lo establecido en el apartado 3 del artículo 14 («Información y publicidad») del Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de cohesión (2), modificado por el Reglamento (CE) no 1264/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999 (3), y por el Reglamento (CE) no 1265/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999 (3), la Comisión publicará cada año, en el Diario Oficial de la Unión Europea, la relación de decisiones por las que se concede ayuda financiera en virtud del citado Reglamento.

La información sobre proyectos españoles se publicó en los siguientes Diarios Oficiales:

El anexo I de la presente respuesta contiene una enumeración de los proyectos para los que se solicitó financiación con cargo al Fondo de Cohesión aprobados en 2003 o en vías de tramitación. En el anexo II se incluyen los grandes proyectos del ámbito hidrológico, con arreglo a la definición contenida en el artículo 25 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo sobre los Fondos Estructurales, notificados por el Estado miembro.

Ambos anexos se han enviado directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento Europeo.

(1) Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999 por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, DO L 161 de 26.6.1999.

(2) DO L 130 de 25.5.1994.

(3) DO L 161 de 26.6.1999.
1.

¿Es consciente la Comisión de que Italia podría estar haciendo uso de procedimientos administrativos como instrumentos proteccionistas para restar participación en el mercado a empresas procedentes de otros Estados miembros? Concretamente Skopos Design Ltd de Dewsbury, Yorkshire, obtuvo hace más de un año el «certificato di classificazione di reazonaone al fuoco», necesario para vender sus productos en Italia, pero todavía está a la espera de la «homologación» del Ministerio dell'Interno. El 20 de noviembre de 2002 escribí a dicho ministerio y hasta ahora no he recibido respuesta. Posteriormente me dirigí dos veces al Embajador de la Representación permanente de Italia ante la Unión Europea en Bruselas para referirme a esta cuestión, y tampoco he recibido una respuesta satisfactoria.
1.

La Comisión adoptó el 23 de julio de 2003 una propuesta de Directiva sobre los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido (1). Como el objetivo perseguido por la Comisión es mejorar el funcionamiento del mercado interior, era importante garantizar a todos los Estados miembros las mismas posibilidades de aplicar o no tipos reducidos y esto para los mismos sectores. La propuesta de Directiva no contempla tipos reducidos para los servicios de mano de obra intensiva como tales. En efecto, en su informe de evaluación de los resultados de la experiencia de tipos reducidos (2) para estos servicios, llegó a la conclusión de que «los datos aportados por los Estados miembros y los límites de los métodos de análisis utilizados (…) no determinan de manera fehaciente la repercusión de la medida de reducción del tipo del IVA sobre el empleo. Por lo que se refiere a la economía sumergida, también se observa esto mismo». Por otro lado, en el marco de esta evaluación, la Comisión ha efectuado por medio de su modelo macroeconómico QUEST un análisis comparativo de las consecuencias que tendría una reducción del tipo del IVA y las relacionadas con una reducción de las cargas sobre el trabajo. Este ejercicio demuestra que, aún en la hipótesis más favorable de una transmisión total de la reducción de los tipos del IVA en los precios nacionales, una reducción de las cargas sobre el trabajo crea, a nivel de la Unión, un 52 % más de empleos por un mismo coste presupuestario. Es conveniente señalar no obstante que si algunos sectores actualmente cubiertos por la experiencia (los trabajos relativos a los alojamientos privados y los servicios de asistencia domiciliaria) se han incorporado en el anexo H, ha sido porque algunos Estados miembros aplican ya, sobre la base de excepciones específicas de las que se benefician, tipos reducidos o exenciones por estos servicios. Esta justificación no es válida para los pequeños servicios de reparación y de peluquería, puesto que sólo una minoría de Estados miembros les aplican actualmente un tipo reducido.
1.

¿Cuáles son las razones por las que entre los terceros países no figura la Santa Sede, a pesar de que: a) el banco central, el Istituto Opere di Religione (IOR), no forma parte de ningún organismo internacional de control; b) el IOR participa indirectamente en los sistemas de pago de la zona euro —disponiendo de dos accesos a través de dos grandes bancos, uno alemán y otro italiano, a su vez unidos al sistema-para escapar así al control de las autoridades bancarias, al cual sólo están sometidos los participantes directos; c) no tiene ninguna legislación contra el blanqueo de dinero; d) no ha aceptado el intercambio de información sobre la base de los parámetros de la OCDE de 2002, que definen los delitos penales y civiles en los ámbitos fiscal y del fraude; e) se ha visto implicada en diversas ocasiones en graves operaciones financieras que no han desembocado nunca en un juicio ante los tribunales por el Concordato con la República Italiana, que garantiza la más absoluta impunidad a la jerarquía católica?