PREGUNTA ESCRITA P-4067/97 de Gianfranco Dell'Alba (ARE) a la Comisión (15 de diciembre de 1997)

Asunto: Reanudación de la cooperación con la República Democrática del Congo

¿Puede explicar la Comisión por qué decidió, al parecer, al margen de la reunión de los «Amigos del Congo» celebrada en Bruselas los días 3 y 4 de diciembre por iniciativa del Banco Mundial, el desbloqueo de una ayuda global por un importe de 77 millones de ecus destinada a la República Democrática del Congo, que parece constituir un primer paso para la reanudación total de la ayuda de la Unión Europea a Kinshasa, mientras que las instituciones de la Unión, recientemente el Parlamento europeo el 23 de octubre pasado y anteriormente el Consejo de Asuntos Generales del 15 de septiembre, han expresado en numerosas ocasiones su preocupación en cuanto a la situación de los derechos humanos en este país y han pedido que el buen desarrollo de la misión de investigación de las Naciones Unidas sobre las acusaciones de matanzas y otras violaciones de los derechos humanos desde 1993 constituyan una condición esencial y previa a cualquier reanudación de la cooperación con la RDC?

¿Considera la Comisión, por ejemplo, que los múltiples obstáculos puestos recientemente para el buen desarrollo de esta misión de investigación, paralizada desde hace más de seis meses, son los avances suficientes a que aludía el Consejo hace tres meses para condicionar la reanudación progresiva de la cooperación de la Unión con la RDC?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión (19 de enero de 1998)

La Comisión anunció, con motivo de la reciente reunión de los «amigos del Congo», el relanzamiento de un programa de apoyo transitorio a la salud (PATS II) de 45 MECU y un primer tramo de 34 MECU del programa de rehabilitación (PR). En el caso del PATS II, se trata de la segunda fase de un programa de salud en favor de las poblaciones más desamparadas en curso desde 1995. El primer tramo del PR tiene como objetivo la reconstrucción de la red de carreteras en torno a Kinshasa con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de la capital congoleña y permitir a los campesinos vender sus productos y obtener unas rentas mínimas.

Estos dos programas se sitúan entre la ayuda humanitaria y la rehabilitación, y se inscriben en la lucha contra la pobreza. Son ejecutados por organizaciones no gubernamentales o a través de contratos directos entre la Comisión y contratistas locales, lo que permite una rápida puesta en marcha de los programas. No se trata pues, en esta fase, de una reanudación de la cooperación con las instituciones gubernamentales, que está suspendida desde 1992.

La Comisión ha iniciado un diálogo constructivo con el Gobierno congoleño y el anuncio de los dos programas se considera como una respuesta a los pasos positivos de las autoridades de Kinshasa, en particular el permiso a la misión de investigación de la ONU sobre los derechos humanos, el nombramiento de una comisión constitucional y la actitud constructiva de la delegación congoleña en la reunión de los «amigos del Congo».

La Comisión es consciente de que persisten en la República Democrática del Congo (RDC) muchos problemas en materia de derechos humanos, y de que la creación de la comisión constitucional no es más que un tímido paso hacia la reanudación del proceso de transición democrática. Pero es preciso considerar estos problemas en el contexto de la crítica situación del país: total hundimiento de las infraestructuras, deuda exterior aplastante, situación económica y social sumamente precaria, notoria inseguridad en algunas provincias, rivalidades regionales y diferencias ideológicas en el equipo dirigente. Habida cuenta de los enormes desafíos a los que se enfrenta el nuevo Gobierno, las medidas políticas mencionadas merecen ser reconocidas como pasos en el buen camino y deben ser alentadas por los socios exteriores de la RDC. El anuncio del relanzamiento de los dos programas por la Comisión responde, por tanto, a la lógica de la «reanudación progresiva y condicional» de la cooperación con el Congo, definida por el Consejo Asuntos Generales el 15 de septiembre de 1997.