PREGUNTA ESCRITA E-2356/01

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(6 de agosto de 2001)

Asunto: Alquiler de coches

La mayor parte de las compañías de alquiler de coches europeas ofrecen unos precios a los consumidores, que llegado el momento del pago, varían considerablemente. Más concretamente, cuando se pide información a una compañía sobre el coste del alquiler de un coche, las empresas informan únicamente sobre el coste del alquiler del vehículo, proponen algún seguro e informan sobre la franquicia a pagar en caso de accidente y, por último, piden como garantía el número de la tarjeta de crédito del cliente para asegurarse el cobro de los servicios.

Llegada la hora del pago, se facturan unos conceptos que nunca antes han sido mencionados por la compañía de alquiler de coches, como es el caso de las tasas de aeropuerto, servicio de gasolina, kilometraje, etc. El consumidor no sólo no es advertido previamente del coste y de su obligación de pagar estos servicios, sino que, al estar en posesión del número de su tarjeta de crédito, la compañía puede efectuar el cobro aunque el afectado no esté de acuerdo, quedando éste indefenso.

Además de todo esto, resulta escandaloso que el coste del servicio de relleno del depósito de gasolina sea, en ocasiones, hasta cuatro veces mayor que el precio real de la gasolina en el mercado.

¿Conoce la Comisión el uso de estas prácticas abusivas por parte de las compañías de alquiler de coches? ¿Es consciente la Comisión de los abusos que se ejercen contra los consumidores?

¿Qué normas de control existen contra estas prácticas abusivas generalizadas? ¿Qué acción puede emprender un consumidor cuando se siente estafado de esta forma?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(29 de octubre de 2001)

La Comisión es consciente de que en el sector del alquiler de coches existen ese tipo de problemas que denuncia Su Señoría. Por lo que respecta al marco jurídico, la Recomendación de la Comisión de 30 de julio de 1997 relativa a las transacciones efectuadas mediante instrumentos electrónicos de pago, en particular, las relaciones entre emisores y titulares de tales instrumentos(1) es aplicable a los pagos efectuados con tarjetas de crédito.

El artículo 5 de la citada Recomendación autoriza al titular de una de estas tarjetas a revocar una orden que haya cursado mediante su instrumento electrónico de pago cuando el importe no se hubiere determinado en el momento de cursar la orden.

Se trata, concretamente, de operaciones en las que el consumidor ofrece como garantía a la otra parte un número de tarjeta (por lo general, el que aparece impreso en la misma), tal como sucede en el alquiler de coches. En efecto, el importe se deja en blanco, a título de garantía. Para evitar que se carguen a cuenta del cliente tasas suplementarias sin su consentimiento, está previsto que la transacción sea revocable, lo que constituye una garantía importante para el consumidor.

La Comisión, tras haber realizado un estudio sobre la aplicación de la citada Recomendación, analiza actualmente la posibilidad de introducir medidas más coercitivas en este ámbito.

Por otro lado, la legislación italiana por la que se transpone la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores(2), podría ser aplicable si el contrato entre el profesional y el consumidor contuviera cláusulas abusivas.

Además, prácticas como las que expone Su Señoría podrían entrar en el ámbito de la mala fe en la ejecución de los contratos o de las prácticas comerciales desleales, aspectos todos ellos que son tratados, en lo fundamental, por las legislaciones nacionales.

Habida cuenta de lo importante que es profundizar en estas cuestiones, la Comisión ha adoptado hace poco un Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea(3).

(1) DO L 208 de 2.8.1997.

(2) DO L 95 de 21.4.1993.

(3) COM(2001) 531 final.