ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
l.y

2. Según la información de que dispone la Comisión, en el año 2002 se importaron 250 toneladas de carne de vacuno de Estados Unidos y 350 toneladas de Canadá. La mayor parte de la carne de vacuno procedente de estos países se produce con ayuda de hormonas del crecimiento, por lo que no puede importarse a la Comunidad. Se permiten, no obstante, importaciones de Estados Unidos en el marco del programa de ganado no tratado con hormonas (NHTC), que consiste en que ganado de explotaciones agrícolas o pastos específicamente aprobados se lleva al matadero con una declaración jurada del explotante que atestigua que los animales no han sido tratados con hormonas del crecimiento. En el matadero, estos animales o su carne se separan y manipulan de modo que se garantiza que no se mezclan con otros animales o carne. Además, al sacrificarlos se recogen muestras tisulares y se analizan en un laboratorio homologado antes de que el Gobierno de Estados Unidos conceda el certificado de exportación a este producto. En este contexto, y pese a las 11 500 toneladas de cuota de importación preferencial de carne de vacuno de alta calidad concedida a Estados Unidos y a Canadá conforme a lo establecido en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Comisión no anticipa que las importaciones de carne de vacuno de esos dos países aumenten considerablemente en el futuro. No obstante, está claro que ello también depende de factores monetarios y de otras consideraciones comerciales, por naturaleza variables.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/548

(2004/C 84 E/0625)

PREGUNTA ESCRITA E-0204/04

de Christopher Huhne (ELDR) a la Comisión

(29 de enero de 2004)

Asunto: Informes financieros

¿Qué beneficios ve la Comisión para los accionistas y los obligacionistas de Parmalat por el hecho de que la empresa presentase informes financieros trimestrales?

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(15 de marzo de 2004)

La Comisión tiene por costumbre no comentar asuntos que son objeto de una instrucción y de procedimientos judiciales.

Generalmente, y sin referirnos en particular al caso Parmalat, la Comisión considera que la probabilidad de detectar rápidamente fraudes contables es más elevada cuando las sociedades tienen la obligación de presentar informes o estados financieros cuatro veces al año en vez de una única vez al año ya que así un inversor puede disponer más rápidamente de elementos de información sobre una posible crisis de tesorería, siempre que la información difundida no sea falsa ni engañosa. Una mayor información no tiene como efecto hacer imposible un fraude sino permitir detectarlo más fácilmente.

Por último, desde un punto de vista estadístico, no es posible establecer conclusiones definitivas o correlaciones basándose únicamente en una investigación aislada.
1.

La prevalencia de la enfermedad de Parkinson pasa del 0,6 % a los 65 años de edad al 3,5 % a partir de los 85; no se observan grandes diferencias entre hombres y mujeres. Se trata de una de las enfermedades neuro-degenerativas más comunes entre las personas mayores. Las diferencias entre países no parecen significativas (datos disponibles para España, Francia, Italia y los Países Bajos, 1997). (Fuente: L'Etat de santé de la population dans l'UE, Sanco C, 2003). No existe ninguna prueba convincente de las diferencias de prevalencia entre los países europeos. Algunas estimaciones consideran que alrededor de 400 000 hombres y 540 000 mujeres de a partir de 65 años residentes en la Unión Europea padecen la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, un porcentaje considerable de los pacientes que padecen esta enfermedad sigue sin ser detectado entre la población general. Cabe decir, por otro lado, que en 1998 la Comisión financió un estudio sobre el número de altas hospitalarias de determinados países de la UE en lo que respecta a la enfermedad de Alzheimer y a otras enfermedades neuro-degenerativas (entre las que se encuentra la de Parkinson), pero basándose en períodos diferentes. Los resultados muestran que la enfermedad de Parkinson es una patología con un nivel de hospitalización muy bajo. La enfermedad de Parkinson supone un problema sanitario grave, al igual que el resto de las enfermedades discapacitantes relacionadas con el envejecimiento de la población. Cabe decir que el tema «salud y envejecimiento» forma parte de los asuntos prioritarios del plan de trabajo 2004, parte no 1 — Información sanitaria del programa comunitario de salud pública.
—

No obstante, esta disposición no puede influir en la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1954/2003 y, en particular, en su artículo 5. En efecto, sucede con frecuencia en Derecho que varias disposiciones regulen el mismo asunto. En caso de conflicto, se aplica la norma más reciente. Eso es lo que sucede con el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1954/2003. Este artículo da una exclusividad menos amplia a los buques españoles y portugueses que el régimen anterior, que oficialmente no se ha derogado aún. En tal caso, prevalece la norma más reciente, es decir, el Reglamento (CE) no 1954/2003.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/810

(2004/C 84 E/0904)

PREGUNTA ESCRITA E-0564/04

de Caroline Jackson (PPE-DE) a la Comisión

(26 de febrero de 2004)

Asunto: Transbordo de crudo

¿Puede indicar la Comisión qué legislación de la Unión Europea, si es que la hay, existe en relación con la seguridad de los transbordos de crudo en las aguas costeras de la Unión Europea?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(6 de abril de 2004)

No existe una legislación comunitaria expresa en relación con las operaciones de transbordo de carga entre buques en las aguas jurisdiccionales de los Estados miembros.

Con todo, en esta materia, son aplicables varias directivas y reglamentos de la UE referidos a la seguridad marítima que contienen disposiciones sobre diversos aspectos de control de los buques que realizan ese tipo de operaciones en los puertos y aguas sometidos a la jurisdicción de los Estados miembros miembros.

Entre ellos, cabe destacar los siguientes:

— Directiva 2001/106/CE (1) del Parlamento y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 95/21/CE del Consejo (2) sobre el control del Estado del puerto, que trata indirectamente esa cuestión pues prevé que las inspecciones se realicen prioritariamente en los buques que se consideren de riesgo, incluidos los buques cisterna que pueden efectuar transbordos a otros buques.

— Reglamento (CE) no 1726/2003 (3) del Parlamento y del Consejo, de 22 de julio de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 417/2002 (4). Este Reglamento prohibe que los petroleros monocasco que transporten petróleo pesado operen (lo que incluye transbordar combustible) en los puertos y fondeaderos de los Estados miembros.

(1) Directiva 2001/106/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 95/21/CE del Consejo sobre el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas bajo jurisdicción de los Estados miembros (DO L 19 de 22.1.2002).

(2) DO L 157 de 7.7.1998.

(3) Reglamento (CE) no 1726/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 417/2002 relativo a la introducción acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco único (DO L 249 de 1.10.2003).

(4) DO L 64 de 7.3.2003.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/632

(2004/C 84 E/0710)

PREGUNTA ESCRITA E-0581/04

de Glyn Ford (PSE) a la Comisión

(26 de febrero de 2004)

Asunto: Relaciones entre los medios de comunicación y las empresas discográficas

¿Puede la Comisión aclarar su postura con respecto a la relación que mantienen los organismos de radiodifusión con las empresas discográficas? Muchas pequeñas empresas discográficas consideran que están siendo tratadas injustamente por las empresas de radio y televisión, frente a las empresas discográficas más importantes y que, por lo tanto, están siendo excluidas del mercado.

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(19 de marzo de 2004)

Los servicios de la Comisión responsables de la política de competencia han prestado especial atención a los mercados de la música en Europa, en particular estos últimos años, en los que la tecnología digital y la convergencia de los medios de comunicación parecían presionar fuertemente hacia una gran concentración de las empresas más importantes. Estas cuestiones se plantearon con mayor énfasis en el año 2000, durante el procedimiento de fusión de AOL/Time Warner y el intento de fusión de EMI/Time Warner. En el procedimiento de fusión en curso de las actividades de grabación de música a nivel mundial de la alemana Bertelsmann AG y la japonesa Sony Corp, la Comisión ha decidido abrir una investigación pormenorizada de la concentración propuesta debido a sus sospechas de que la operación podría crear o reforzar una posición dominante colectiva de las principales empresas de grabación de música en estos mercados. En el curso de la investigación, la Comisión también investigará otros aspectos de competencia relacionados con la integración vertical de las sociedades matriz en otros mercados, tales como las posibles implicaciones de la empresa en participación notificada para las actividades de Bertelsmann en el sector de la radiodifusión (1).

La actividad de la Comisión en el ámbito de la política de competencia no sólo abarca las fusiones, sino también las prácticas restrictivas y acuerdos como a los que Su Señoría se refiere. No obstante, para intervenir en mercados no regulados, como el sector de la música, la Comisión necesita basarse en hechos que le permitan evaluar debidamente las distorsiones alegadas en el funcionamiento de los mercados. Según la normativa comunitaria de competencia, la Comisión tiene jurisdicción únicamente cuando se manifiesta una repercusión apreciable en el comercio entre Estados miembros.

Hasta el momento, la Comisión no ha encontrado pruebas que le permitan presuponer la existencia de prácticas restrictivas en la relación entre los diferentes tipos de empresas discográficas y los organismos de radiodifusión que tengan una repercusión apreciable en el comercio entre Estados miembros.

(1) Comunicado de prensa disponible en:

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/04/200|0|RAPID&lg=EN.
2.

Cada año, la Comisión otorga subvenciones de funcionamiento a organizaciones europeas de consumidores tras una convocatoria de propuestas. Esto contribuye a una mejor participación de estas organizaciones en las políticas comunitarias, uno de los tres objetivos clave de la estrategia para la política de los consumidores 2002-2006 que sostiene el Parlamento. Este tipo de intervención financiera está explícitamente contemplado en el fundamento jurídico que permite la financiación de actividades en el ámbito de los consumidores (1). Esta suma no puede superar el 50 % del coste de las actividades subvencionables. La ayuda comunitaria concedida a la BEUC con cargo a estas subvenciones de funcionamiento asciende a 1 172 790 de euros en 2004. Además, la Comisión concede periódicamente y tras una convocatoria de propuestas subvenciones a proyectos específicos cuyo objetivo sea el fomento de los intereses de los consumidores en los Estados miembros (letra c) del artículo 2 y artículo 6 de la Decisión no 283/1999 y acción 18 de la Decisión no 20/2004 mencionadas). Tras la convocatoria de propuestas publicada en septiembre de 2002 (2), se seleccionó el proyecto «European Consumer Law Group» presentado por la BEUC (contribución comunitaria solicitada: 56 422,79 euros). Las subvenciones concedidas se publicarán próximamente en el sitio Internet de la Dirección General Salud y Protección de los Consumidores.
2.

Según la letra c) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo (5): «podrán concederse ayudas públicas al equipamiento de los buques de pesca, incluido para el uso de técnicas de pesca más selectivas …». Sin embargo, justo al final del punto 1.4 del anexo III se especifica que «la sustitución de las artes de pesca no se considerará un gasto subvencionable». Por otra parte, en el inciso i) de la letra b) del punto 1.4 (b)(i) del anexo III del mismo Reglamento se especifica que «las inversiones deberán referirse a (…) la racionalización de las operaciones de pesca mediante la utilización de tecnologías y métodos de a bordo más selectivos o de menor impacto con objeto de evitar capturas accesorias no deseadas, distintos de los métodos ya previstos en la legislación comunitaria». Dado que el Derecho comunitario ha impuesto la obligación de usar redes de deriva tipo Bacoma en las aguas del mar Báltico, las inversiones encaminadas a la utilización de dichas artes de pesca en aguas del Báltico ya no pueden recibir ayudas del tipo mencionado.
2.

Al evaluar la compatibilidad de las ayudas estatales, la Comisión tiene en cuenta los objetivos de las demás políticas de la Unión, como la política del empleo, y los integra en su análisis. Lo primero que tiene que hacer la Comisión es determinar, basándose en criterios objetivos, si la medida en cuestión es una ayuda estatal con arreglo a lo dispuesto en el Tratado CE. Una intervención estatal es constitutiva de ayuda estatal si falsea el libre juego de la competencia y afecta al comercio intracomunitario confiriendo una ventaja a una o más empresas. A continuación, la Comisión tiene en cuenta los efectos de la medida sobre las demás políticas de la Unión —incluidos, por supuesto, los efectos sociales— en el marco de su examen de la compatibilidad de la ayuda con el Tratado CE. Sólo cabría hablar de incompatibilidad entre la estrategia de Lisboa y la política sobre ayudas estatales si las medidas adoptadas para la realización de la estrategia de Lisboa constituyesen ayudas estatales incompatibles con el Tratado CE. Hasta la fecha, la Comisión no ha adoptado decisión alguna sobre los fondos de formación. Aunque hay fondos que en determinadas circunstancias pueden falsear la competencia, no tiene por qué ser así en el caso de los fondos de formación. Vistos los efectos sociales indiscutiblemente beneficiosos de estos fondos y su contribución a los objetivos de Lisboa, la Comisión no tiene motivos para considerar que los fondos de formación de que tiene conocimiento tienen una incidencia significativa en la competencia y el comercio a escala comunitaria. La Comisión considera justificado que las autoridades públicas adoptan medidas para inducir a las empresas a crear empleo y aumentar el nivel de capacitación de los trabajadores. Por consiguiente, no hay incompatibilidad entre los objetivos de Lisboa y los de la política sobre ayudas estatales.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/441

(2004/C 84 E/0514)

PREGUNTA ESCRITA P-0645/04

de Bill Newton Dunn (ELDR) a la Comisión

(25 de febrero de 2004)

Asunto: Asesoramiento de expertos en el ámbito JAI

¿Cuántos grupos de expertos asesoran a la Comisión en el ámbito JAI? ¿Qué medidas se han adoptado siguiendo sus recomendaciones sin consultar al Parlamento Europeo?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(17 de marzo de 2004)

Alrededor de 60 grupos de expertos aconsejan a la Comisión en el ámbito de justicia e interior y se prevé crear otros 11 en el 2004. Estos grupos estudian e intercambian información sobre problemas relacionados con la aplicación práctica de la legislación comunitaria, discuten informalmente proyectos preliminares de propuestas legislativas o documentos políticos, reúnen a los interesados en debatir nuevos planteamientos o apoyan a la Comisión en el desarrollo de grandes sistemas de tecnología de la información. Muy a menudo el Parlamento es invitado a las reuniones y las actividades de muchos de estos grupos le son comunicadas.

Estos grupos no formulan ni adoptan recomendaciones formales y no redactan conclusiones particulares. Las opiniones expresadas por los expertos de estos grupos no ligan de ningún modo a la Comisión, aunque ésta tiene en cuenta los puntos de vista y los comentarios expresados por los expertos al desarrollar las políticas y preparar propuestas legislativas o documentos políticos.
7.

¿Está la Comisión dispuesta a promover que se mantenga sin restricciones el embargo sobre la venta de armas a la República Popular China mientras no haya un Estado de derecho democrático a nivel nacional, mientras se impida la democracia en Hong Kong y mientras no se haya cerrado ningún pacto de no agresión entre China y Taiwán?
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 84/880

(2004/C 84 E/0974)

PREGUNTA ESCRITA E-0785/04

de Proinsias De Rossa (PSE) a la Comisión

(11 de marzo de 2004)

Asunto: Deportación de padres de ciudadanos irlandeses y de la UE

¿Tiene conocimiento la Comisión de que 11 000 padres de hijos nacidos en Irlanda corren el riesgo de ser obligados a abandonar Irlanda? Y ello a pesar de que estos menores nacieron en Irlanda y, por consiguiente, son ciudadanos irlandeses y de la Unión. La política consistente en permitir la deportación de padres de ciudadanos irlandeses y de la UE puede implicar que estos menores se vean obligados a abandonar Irlanda para acompañar a sus padres y vivir en países en los que sus derechos, contemplados en el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, podrán no estar protegidos.

¿Se ha puesto la Comisión en contacto con el Gobierno irlandés para hablar de los derechos de los ciudadanos irlandeses y de la UE cuyos padres corren riesgo de ser deportados? ¿Está de acuerdo la Comisión con que esta política constituye un acto de discriminación contra los ciudadanos menores que son hijos de nacionales de terceros países?

Respuesta del Comisario Vitorino en nombre de la Comisión

(7 de abril de 2004)

La situación descrita por Su Señoría se refiere a niños nacidos en Irlanda de padres nacionales de Estados terceros. Tal como ocurre con toda persona nacida en Irlanda, estos niños adquieren la nacionalidad irlandesa en virtud del jus soli. En materia de expulsión de nacionales conviene recordar que el apartado 1 artículo 3 del Protocolo no 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé que nadie puede ser expulsado, mediante una medida individual o colectiva, del territorio del Estado del que tiene la nacionalidad.

Sin embargo, en la medida en que estos niños no han ejercido el derecho de libre circulación dejando Irlanda para ir a residir a otro Estado miembro, no es posible aplicar los principios del Derecho comunitario a este caso particular. Por consiguiente, el derecho irlandés (incluso en materia de expulsión) se aplicará a la situación de los niños nacidos en Irlanda de padres nacionales de un tercer Estado y la Comisión no está en condiciones responder a las cuestiones planteadas por Su Señoría.
1.

La Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada no prevé la transformación de contratos de trabajo de duración determinada en contratos de trabajo indefinidos. No obtante, establece que, a fin de evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada, los Estados miembros deben introducir por lo menos una de las siguientes medidas: a) razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones laborales, b) la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada, c) el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales. Corresponde a los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, determinar en qué condiciones los contratos de trabajo de duración determinada se considerarán «sucesivos» y en qué condiciones se considerarán celebrados por tiempo indefinido.
ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 65/166

(2004/C 65 E/181)

PREGUNTA ESCRITA E-2510/03

de Roberto Bigliardo (UEN) a la Comisión

(29 de julio de 2003)

Asunto: Arrendamiento del edificio City Center

La Oficina de Infraestructuras de Bruselas de la Comisión está a punto de tomar en arrendamiento el edificio City Center en las proximidades del barrio de la Gare du Nord, en contra del dictamen negativo de la Unidad de Higiene y Seguridad de la Administración.

Habida cuenta de que los grupos de intereses inmobiliarios de Bruselas tratan desde hace años, sin éxito, de convencer a la Comisión de la necesidad de crear un tercer polo de desarrollo de las instituciones europeas en la zona de la Gare du Nord, ruego a la Comisión conteste a las siguientes preguntas:

1. ¿Puede indicar la Comisión si tal iniciativa es el preludio de una transferencia cuantitativamente importante de personal a dicho barrio?

2. En caso afirmativo, ¿cómo puede justificar la Comisión la transferencia de los funcionarios a un barrio con graves problemas de habitabilidad y seguridad?

3. ¿Puede indicar la Comisión, en cualquier caso, qué piensa hacer para impedir el arrendamiento del edificio City Center?

Respuesta del Sr. Kinnock en nombre de la Comisión

(3 de noviembre de 2003)

La posibilidad de que la Comisión ocupe el «City Center» se empezó a estudiar a raíz de la solicitud de los servicios administrativos del Parlamento de ocupar el edificio «Montoyer 75» (MO75). La Comisión dio una respuesta positiva a dicha solicitud y pidió a la OIB que buscara un edificio para los funcionarios de la Dirección General de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que actualmente ocupa el MO75.

Durante mucho tiempo, el propio Parlamento estuvo negociando para alquilar él mismo el City Center ante la posibilidad de que no fuera posible un intercambio con la Comisión. Debido a la aparente falta de alternativas que permitieran a la Comisión evacuar el MO75 en el plazo deseado por el Parlamento, la OIB se hizo cargo de las negociaciones. Tras analizar la situación se llegó a la conclusión de que el City Center no sería adecuado, y la OIB siguió buscando alternativas mejores, en el barrio de las instituciones europeas o en sus proximidades. A pesar de algunos contratiempos, se está avanzando en las negociaciones para encontrar una alternativa más apropiada y se ha informado a los promotores del proyecto City Center de que la Comisión no ocupará dicho edificio.

Cabe indicar, para que conste, que el CCSHS (Comité consultivo de seguridad, higiene y protección de la salud en el trabajo) de la Comisión en Bruselas no emitió un dictamen negativo ni positivo acerca de la idoneidad del City Center y que la USHT (Unidad de Seguridad e Higiene en el Trabajo) fijó una serie de condiciones para ocupar el edificio. En consecuencia, no es estrictamente correcto afirmar que estudiar la posibilidad de alquilar el City Center vaya en contra del dictamen de los especialistas de la salud y la seguridad de la Comisión.