PREGUNTA ESCRITA P-1262/00

de Mogens Camre (UEN) a la Comisión

(12 de abril de 2000)

Asunto: Control de la mentalidad de los Estados miembros de la UE

De conformidad con un artículo publicado en el acreditado diario danés Berlinske Tidende del 4 de abril de 2000, en una conversación con periodistas escandinavos, el miembro de la Comisión, Sr. Barnier, anunció que ha elaborado una propuesta clara relativa a la introducción de un control de la opinión de los Estados miembros de la UE.

Del mencionado artículo se desprende que el Sr. Barnier opina que la actual legislación de la UE, en concreto, el artículo 7 del Tratado, que prevé sanciones contra los Estados miembros que cometan violaciones graves y persistentes de los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos, es de difícil aplicación. El Miembro de la Comisión opina, de conformidad con el mencionado diario, que es necesario que la Comisión o el Consejo de Ministros vigilen de manera permanente el desarrollo democrático de los Estados miembros, de tal forma que, en el caso de que en un país se diera una evolución política indeseable a juicio de la Comisión o del Consejo de Ministros, inmediatamente se pudieran imponer sanciones internas contra el mismo.

Según estas informaciones, no se trata de que la UE pueda actuar con rapidez en caso de un golpe militar contra el gobierno de un país elegido democráticamente (ya existen disposiciones previstas para esta eventualidad) sino de que la UE quiere determinar las posiciones y los puntos de vista que debe tener la población de un Estado miembro. En el contexto de la acción Austria se debe entender que sólo se considerarán aceptables las ideas socialdemócratas, socialistas y similares.

Por lo tanto, parece que las sanciones contra Austria de los 14 Jefes de Gobierno acordadas en el seno del Consejo de Ministros y que no tiene base en la legislación vigente dispondrán de un fundamento jurídico en la UE. Es sumamente importante informar de inmediato al público de estos planes, dado que se trata claramente de un intento de uniformizar y controlar la opinión siguiendo el mejor modelo de Estado dictatorial.

¿Piensa la Comisión informar a la población europea del contenido de la propuesta relativa al control de la opinión que el Sr. Barnier tiene la intención de presentar a examen, a más tardar, en el mes de mayo?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(25 de mayo de 2000)

Como se desprende del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros. La Comisión, como institución de la Unión, concede la máxima importancia al respeto de estos derechos fundamentales y, en particular, a los derechos de libertad de pensamiento y expresión, especialmente afianzados en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que está en proceso de elaboración, de acuerdo con las decisiones de los Consejos Europeos de Colonia y de Tampere, confirma el compromiso de la Unión con la defensa de estos derechos.

En el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea se instaura un procedimiento que permite a la Unión suspender algunos de los derechos de un Estado miembro que hubiere violado de manera grave y persistente los principios contemplados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. En el grupo de negociación de la presente Conferencia Intergubernamental sobre las reformas institucionales, algunas delegaciones plantearon la cuestión de la oportunidad de incluir en el Tratado un dispositivo específico de alerta o vigilancia para prevenir posibles violaciones de estos principios. El objetivo de tal mecanismo consistiría en favorecer el debate público y la confrontación de ideas en torno a los valores en que se funda la Unión, pero indudablemente no en controlar la opinión pública como parece temer Su Señoría. La Comisión, que participa en los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, mantuvo intercambios internos preliminares sobre este tema, pero no ha adoptado todavía posición alguna al respecto.