PREGUNTA ESCRITA E-3241/00

de Gabriele Stauner (PPE-DE) a la Comisión

(20 de octubre de 2000)

Asunto: Riesgos para la salud ocasionados por mantequilla adulterada

El 6 de julio de 2000, la Comisión difundió un comunicado de prensa de su Oficina de lucha contra el fraude (OLAF), en el que se informaba acerca de un fraude con mantequilla adulterada.

Según esta información, miembros de la Camorra que opera en la zona de Nápoles han adulterado mantequilla en grandes cantidades durante varios años, comercializándola con la ayuda de empresas italianas, francesas y belgas.

Casi una tercera parte de la mantequilla adulterada estaba compuesta por aditivos químicos, grasas vegetales, grasa de vaca y otros aditivos que se utilizan normalmente en la fabricación de cosméticos. Entre 1997 y 1999 se elaboraron aproximadamente 16 000 toneladas de este producto adulterado.

La mantequilla alterada se exportó en parte a países terceros. Para ello se pagaron restituciones a la exportación con cargo al presupuesto comunitario. Otra parte se utilizó para la elaboración de productos de pastelería. Para ello se utilizaron también subvenciones procedentes del presupuesto comunitario.

En el comunicado de prensa no se mencionaban riesgos para la salud.

1. ¿Puede confirmar la Comisión si, según la información de la brigada financiera de la policía italiana que dirige las pesquisas, existía un riesgo para la salud?

2. ¿Cuándo se informó a la dirección general competente de la Comisión y de qué datos dispone acerca de la peligrosidad de las sustancias empleadas y el tipo de riesgo que entrañan para la salud?

3. ¿Cuándo y cómo se informó a las autoridades sanitarias de los Estados miembros?

4. ¿Tiene ya la Comisión la lista de las empresas que han fabricado galletas, pasteles, helados y otros productos alimenticios con esta mantequilla adulterada? En caso negativo, ¿por qué no? En caso afirmativo, ¿puede facilitar esta lista?

5. ¿Dónde se vendieron los productos en cuestión y qué ha hecho la Comisión para garantizar que se retiren de la venta las existencias de estos productos?

6. ¿Qué conclusiones extrae la Comisión del hecho de que, al parecer, un fraude de estas dimensiones se descubriera casualmente en el marco de pesquisas sobre la Mafia y no en el marco de los controles de las autoridades sanitarias competentes?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(12 de diciembre de 2000)

El fraude de la mantequilla mencionado por Su Señoría tenía por objetivo la percepción ilícita de subvenciones comunitarias. Son las autoridades judiciales de los Estados miembros quienes proceden a las investigaciones relativas a estos fraudes, en colaboración con la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Comisión.

Cuando se hizo pública la existencia del fraude el 5 de julio de 2000, en el comunicado de prensa del Fiscal de Nápoles se mencionó un riesgo para la salud.

La Comisión inmediatamente se esforzó por recoger informaciones relativas a tal riesgo potencial. Se utilizó el sistema de alerta rápida para informar a todos los Estados miembros de la situación y pedirles los resultados de los análisis efectuados. Además, en una reunión de coordinación entre las autoridades belgas e italianas el 14 de julio de 2000, en presencia de representantes de la Comisión, se discutió la cuestión de los riesgos para la salud. A raíz de esta reunión, las autoridades italianas y belgas pidieron un peritaje por toxicólogos. Los resultados transmitidos hasta ahora indican ausencia de compuestos químicos que puedan representar un riesgo para la salud, como policlorobifenilos (PCB), compuestos organoclorados y metales pesados.

Sobre la base de la investigación conducida por las autoridades italianas, se estableció que la mantequilla presuntamente adulterada se utilizaba en parte para la fabricación de mantequilla de pastelería y en parte se destinaba a la exportación, y se pagaban en ambos casos ayudas comunitarias. La OLAF ha confirmado que tiene conocimiento de los nombres de las empresas que compraron los productos procedentes de Italia y que no existen aún conclusiones definitivas sobre la participación en el fraude de ninguna de estas empresas. Los nombres de las empresas están cubiertos por el secreto del sumario, de conformidad con el derecho penal nacional y las normas de confidencialidad y protección de datos que se aplican a la OLAF y a la Comisión.

La OLAF ha manifestado que en las investigaciones realizadas por las autoridades nacionales en colaboración con sus servicios siempre se indaga el destino final de los productos. La Comisión observa que la cuestión de la retirada de los productos de la venta es responsabilidad de los Estados miembros, que están plenamente informados de los resultados provisionales de la investigación.

Este incidente demuestra que la rastreabilidad a lo largo de toda la cadena de producción y distribución de los productos alimenticios es indispensable y que conviene definir mejor el papel y las responsabilidades de los operadores económicos. La Comisión destacó este punto en el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria adoptado el 12 de enero de 2000(1). Se presentaron algunas propuestas en este sentido al Parlamento y al Consejo en el marco de la revisión de la legislación sobre higiene alimentaria. El papel de los servicios de control de los Estados miembros es primordial a este respecto.

La OLAF (antigua UCLAF) había comunicado a las autoridades italianas a principios de 1999 sus sospechas, y se le había invitado a cooperar con las autoridades policiales y judiciales. Precisamente los medios de investigación de que disponen las autoridades judiciales son los que permitieron desvelar el fraude.

(1) COM(1999) 719 final.