PREGUNTA ESCRITA E-3894/00

de Robert Goebbels (PSE) a la Comisión

(13 de diciembre de 2000)

Asunto: Repercusiones sobre el empleo de la propuesta de reglamento sobre los contratos de servicio público en el transporte de viajeros

En su afán desregulador, la Comisión acaba de rebasar un nuevo límite al proponer que las prestaciones de servicio de transporte de pasajeros realizadas en el marco del servicio público se adjudiquen mediante licitación cada cinco años.

Según la Comisario Loyola de Palacio, la reforma propuesta garantizará que los operadores de transporte público se sometan a la competencia con el fin de ofrecer a los viajeros mejores servicios, controlar la evolución del coste y garantizar el nivel de seguridad más elevado posible.

Con esto, la Sra. de Palacio acaba de inventar un nuevo triángulo de incompatibilidad. El sometimiento a la competencia de los operadores de transporte público, si bien puede influir en el coste de éste, tendrá como consecuencia inevitable que esto se lleve a cabo bien en detrimento de la calidad de los servicios ofrecidos (cierre de las líneas no rentables, oferta disminuida, etc.) bien en detrimento de la seguridad (personal menos cualificado, infrapagado y, necesariamente menos motivado).

En numerosos países existen municipios o asociaciones de municipios que ofrecen desde hace mucho tiempo servicios de transporte público bajo su administración. Con frecuencia, las personas que trabajan en esos servicios tienen un estatuto de funcionario o, al menos, de agente municipal. La apertura de la competencia de estos servicios con proveedores de transporte privado significaría por norma general la evicción de las entidades municipales, cuyo personal tiene un estatuto estructurado, en tanto que el adjudicatario privado podrá contratar personal que no tenga antigüedad (y al que con frecuencia se pagará tirando a la baja).

Al proponer que se obligue a los municipios y otras entidades públicas a adjudicar cada cinco años como mínimo todas las prestaciones de transporte público (cuyo valor supera los 800 000 al año), ¿es consciente la Comisión de que de esta forma obligará a estas entidades públicas a cerrar sus propios servicios y a despedir a sus agentes?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(5 de marzo de 2001)

La Comisión llama la atención de Su Señoría sobre el hecho de que el apartado 3 del artículo 9 de su propuesta de reglamento, de 26 de julio de 2000, sobre los servicios públicos en el transporte de viajeros(1), garantiza que las autoridades podrán proteger a los empleados existentes cuando los contratos cambien de titulares. En algunos casos, la protección ya está prevista en la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad(2). La propuesta de la Comisión permite que las autoridades insistan en dicho nivel de protección, incluso cuando el Derecho comunitario no lo exija. En efecto, esta propuesta no obliga a las autoridades a despedir al personal existente.

La propuesta de la Comisión no exije a las autoridades a adjudicar contratos al licitador que presente la oferta más barata. Las autoridades pueden adjudicar contratos con arreglo a la calidad y no sólo al precio. La propuesta enumera una serie de criterios de calidad y de seguridad que deben tenerse en cuenta en la adjudicación de los contratos.

Los operadores internos siguen siendo empresas de conformidad con el Derecho comunitario. Están sujetos a las normas comunitarias sobre ayudas estatales y derechos exclusivos. Con la aparición de los operadores multinacionales, la violación de estas normas ha adquirido una dimensión comunitaria. La Comisión no pretende poner fin a la explotación interna del transporte público, ni a otras formas de explotación por empresas públicas. La propuesta se limita a establecer que dichos operadores, como los demás, deberán demostrar periódicamente que siguen siendo los mejores para el servicio de la zona y de la comunidad de que se trate. Este enfoque es positivo para los pasajeros y refuerza la seguridad jurídica.

(1) DO C 365 E de 19.12.2000.

(2) DO L 61 de 5.3.1977, modificada por la Directiva 98/50/CE de 29 de junio de 1998 (DO L 201 de 17.7.1998).