PREGUNTA ESCRITA E-0058/99

de Lucio Manisco (GUE/NGL) a la Comisión

(27 de enero de 1999)

Asunto: Medidas disciplinarias

En el caso concreto del Sr. Van Buitenen la Comisión ha demostrado que se ha utilizado el Estatuto de los Funcionarios únicamente para sancionar duramente al personal y sin posibilidad alguna de defensa.

¿Puede precisar la Comisión:

1. por lo que se refiere al Sr. Van Buitenen:

- en cuántos días tomó la decisión y aplicó las sanciones;

- cuáles son exactamente las sanciones impuestas y por qué motivos;

- con qué posibilidades de defensa ha contado el funcionario sancionado;

- si no considera que una aplicación literal y burocrática del Estatuto en un caso de esta envergadura tienen una connotación de represalia contra el Sr. Van Buitenen y de amenaza disuasoria contra otros funcionarios que tuvieran la intención de denunciar irregularidades en la gestión;

2. en general:

- cuántos son los funcionarios sancionados de la misma manera que el Sr. Van Buitenen en los últimos tres años y con qué motivos;

- cuándo se inició y qué duración ha tenido la investigación sobre las malversaciones -los denominados "problemas de gestión"- del Servicio de Seguridad de la Comisión y de la Oficina Humanitaria ECHO?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(31 de marzo de 1999)

En el caso citado por Su Señoría, la Comisión desea señalar que al Sr. Van Buitenen no se le ha impuesto hasta el momento ninguna sanción disciplinaria. La decisión de suspensión adoptada en relación con el citado funcionario es una medida administrativa cautelar contemplada por el artículo 88 del Estatuto en respuesta a alegaciones de falta grave, condición que la Comisión considera cumplida. Está en curso un procedimiento disciplinario contra el Sr. Van Buitenen. La suspensión no es un caso único ya que la Comisión la ha aplicado en otros casos de distinta naturaleza en años anteriores (1997-6 casos, 1998-5 casos).

La Comisión desea asimismo subrayar que el procedimiento disciplinario abierto en relación con el caso que nos ocupa no responde al hecho de que el funcionario en cuestión haya denunciado casos de fraude, sino a que éste transmitió a terceros, sin autorización y en contra de las disposiciones estatutarias, entre otras cosas:

- Documentos bajo investigación judicial, abierta por iniciativa de la Comisión, comprometiendo así la buena marcha de la misma.

- Documentos de auditorías provisionales que todavía no habían sido objeto de un procedimiento contradictorio con el auditado.

- Documentos con alegaciones no fundadas contra sus colegas.

Por lo que se refiere a los derechos de la defensa, hay que señalar que el procedimiento disciplinario tiene carácter estrictamente contradictorio y el interesado tiene derecho a ser asistido por el defensor que elija.

En cuanto al caso de Groupe 4/Securitas, el interventor y la UCLAF iniciaron una investigación en agosto de 1997. Tras la presentación del informe de la UCLAF, la Comisión pidió la apertura de una instrucción judicial a la Fiscalía de Bruselas y abrió una investigación administrativa interna, tras la cual la Comisión inició un procedimiento disciplinario en julio de 1998 contra 4 funcionarios. Estos procedimientos siguen su curso.

Por lo que respecta a ECHO, la UCLAF inició en octubre de 1997 una investigación relativa a cuatro contratos firmados por ECHO. La UCLAF hizo un informe con sus constataciones el 18 de mayo de 1998. Las conclusiones de los controles in situ en las empresas implicadas figuran en un informe definitivo de 10 de julio de 1998, que se transmitió inmediatamente a las autoridades judiciales ese mismo día. La investigación administrativa subsiguiente a un informe de la UCLAF de 18 mayo de 1998 y a las observaciones de los responsables dio lugar a un informe el 9 de noviembre de 1998. En este asunto, la Comisión ha abierto tres procedimientos disciplinarios.