PREGUNTA ESCRITA E-0881/00

de Harlem Désir (PSE) a la Comisión

(22 de marzo de 2000)

Asunto: Plan de supresión de empleos tras la fusión de los grupos ABB y Alstom

La Comisión Europea autorizó, en noviembre de 1999, la fusión de los grupos ABB y Alstom, lo que dio origen al primer productor mundial de energía ABB-Alstom-Power. Ahora, tal como temían los trabajadores, el grupo anuncia un plan de supresión de 10 000 puestos de trabajo, 5 460 de los cuales en Europa, principalmente en Francia y Alemania.

La Comisión tiene una gran responsabilidad en este asunto. Al autorizar la fusión de los grupos ABB y Alstom, debía haber garantizado el empleo y velado por el cumplimiento de la Directiva 94/45/CE(1), relativa a la información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria. En su Resolución de 17 de febrero de 2000, el Parlamento Europeo recordó este requisito a la Comisión, pero no se ha tenido en cuenta, y el grupo no ha respetado en absoluto la obligación de informar a sus trabajadores en caso de reestructuración de la empresa.

¿Informaron los directivos del grupo a la Comisión de sus planes de supresión de empleos en el momento de presentar la solicitud de autorización de fusión? En caso afirmativo, ¿por qué aceptó la Comisión? Si los directivos ocultaron su plan a la Comisión, sin lugar a dudas previsto ya en noviembre de 1999, ¿no está la Comisión en su derecho de exigir responsabilidades al grupo por encubrimiento de las consecuencias sociales de esta fusión?

Tanto en un caso como en el otro, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para responder a esta violación de la legislación comunitaria y conseguir que el grupo suspenda su plan de supresión de empleos?

(1) DO L 254 de 30.9.1994, p. 64.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(11 de mayo de 2000)

La Comisión autorizó la fusión en cuestión cumpliendo los cometidos que le asigna el Tratado CE y conforme a las normas del Derecho comunitario vigente. En el ejercicio de estas competencias específicas, la Comisión se limitó, como imponen las normas pertinentes, a los aspectos que están relacionados con el Derecho de la competencia.

El reglamento de fusión se basa en parte en las disposiciones del Tratado CE que reconocen que las distorsiones de la competencia pueden impedir a los ciudadanos de la Comunidad compartir los beneficios del mercado europeo común de bienes y servicios. En otros términos, el Tratado CE considera que los mercados competitivos, en los que los compradores y los vendedores pueden vender abierta y libremente, pueden dar los mejores resultados para los ciudadanos de toda la Comunidad, tanto en términos de precios, de eficacia, de elección de los clientes, de calidad del producto, de empleo u otros. Por consiguiente, el criterio que la Comisión debe aplicar a las fusiones se centra en el efecto previsto de éstas sobre la competencia. La Comisión examinó cuidadosamente el impacto de la iniciativa conjunta de ABB y Alstom sobre la estructura competitiva de los mercados en cuestión en el Espacio Económico Europeo (EEE), realizando una encuesta escrita para conocer las reacciones de los competidores, los clientes y los proveedores. A tenor de ello, la Comisión ha podido concluir que no había riesgo de que surgieran problemas mayores de competencia, y ha autorizado la transacción conforme a los criterios establecidos en el reglamento de fusión.

No obstante, la Comisión, como guardiana del Tratado CE y del Derecho derivado ha de examinar ese tipo de operaciones desde diversos puntos de vista. También está obligada, sobre todo, a vigilar y garantizar, por todos los medios previstos en el Tratado CE el respeto de otros instrumentos de Derecho comunitario que rigen ese tipo de operación bajo otra perspectiva, tales como los que están relacionados con la información y la consulta de los trabajadores.

Dado que estas normas vienen impuestas por las Directivas comunitarias y por las disposiciones nacionales que las transponen al Derecho interno, corresponde en primer lugar a las autoridades nacionales apreciar sus eventuales infracciones cuando se les remiten estos asuntos en el marco de los procedimientos de defensa de los derechos a que se refieren dichas disposiciones nacionales.

Por otra parte, la Comisión ha solicitado a las autoridades nacionales aclaraciones tan pronto como tengan conocimiento de indicios de contravención de las normas.

En un plano más general, la Comisión comparte plenamente el punto de vista de Su Señoría según el cual el impacto social previsible de toda decisión de gestión debe ser objeto de información y consulta de los representantes de los trabajadores con la mayor antelación posible, a fin de permitir la búsqueda de soluciones adecuadas para proteger el empleo. Ello constituye el objetivo de las propuestas recientes en este ámbito que la Comisión espera que lleguen rápidamente a buen puerto.