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PREGUNTA ESCRITA P-0879/98

de David Hallam (PSE) a la Comisión

(11 de marzo de 1998)

Asunto: Normas propuestas por el Ministerio de Agricultura estadounidense en materia de productos biológicos

¿Está al tanto la Comisión de que el Ministerio de Agricultura estadounidense acaba de publicar un documento de 600 páginas sobre sus normas en materia de agricultura biológica?

¿Podría confirmar la Comisión que la propuesta del Ministerio de Agricultura estadounidense clasifica como "biológicas" las siguientes prácticas:

- los cultivos genéticamente manipulados;

- la ganadería intensiva;

- la utilización rutinaria de antibióticos;

- la irradiación de alimentos;

- la utilización de productos químicos inaceptables en la normativa europea en materia de productos biológicos;

- la utilización libre de ingredientes no biológicos en la elaboración de alimentos biológicos?

¿Tiene la Comisión la intención de ponerse en contacto con el Ministerio de Agricultura estadounidense para explicarle que dichas normas distan mucho de las definiciones europeas de "producto biológico" y que su introducción ocasionaría una enorme confusión entre los consumidores y tendría unas repercusiones negativas sobre la reputación de los productos biológicos, perjudicando a la mayoría de los pequeños agricultores europeos especializados en la producción biológica?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(24 de abril de 1998)

La Comisión se remite en primer lugar a su repuesta a la pregunta escrita E-0325/98 del Sr. Gahrton(1).

La Comisión está examinando a fondo actualmente las normas propuestas por el Gobierno norteamericano con el fin de presentar sus observaciones al amparo del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre barreras técnicas al comercio y ha observado ya que, respecto a determinadas cuestiones, como la utilización de organismos modificados genéticamente, la irradiación, el empleo de determinados abonos y productos fitosanitarios y la incorporación de ingredientes procedentes de la agricultura convencional en los alimentos compuestos, las normas norteamericanas propuestas parecen menos estrictas que las disposiciones del Reglamento (CEE) 2092/91, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios(2), y de la propuesta(3) mediante la que se incluye la producción animal en el ámbito de ese Reglamento.

(1) DO C 310 de 9.10.1998, p. 50.

(2) DO L 198 de 22.7.1991.

(3) COM(97)747 final.
PREGUNTA ESCRITA n. 1434/98 del Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA a la Comisión. Cooperación europea para el desarrollo del sector pesquero de terceros Estados



Diario Oficial n° C 386 de 11/12/1998 p. 0127



PREGUNTA ESCRITA E-1434/98 de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) a la Comisión (11 de mayo de 1998) Asunto: Cooperación europea para el desarrollo del sector pesquero de terceros Estados ¿Puede la Comisión informar de cuáles han sido los 15 proyectos de desarrollo del sector pesquero llevados a cabo en los países africanos del Atlántico Occidental a los que la DG VIII ha destinado un mayor importe de recursos, indicando, en cada caso, dicho importe?
PREGUNTA ESCRITA E-1804/98 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (11 de junio de 1998)

Asunto: Utilización de créditos comunitarios para propaganda gubernamental

El Gobierno griego utiliza fondos comunitarios del paquete Delors II (que ascienden a 1.500 millones de dracmas) para propaganda claramente partidista mediante emisiones televisivas parciales y campañas publicitarias en los medios electrónicos de información, lo que tiene como resultado la información tendenciosa del ciudadano griego. Con estas actuaciones el Gobierno persigue apropiarse de proyectos que se llevan a cabo gracias a la decisiva contribución de la UE.

¿Puede indicar la Comisión si tiene conocimiento de esta campaña publicitaria y propagandística, si se ha formado una opinión sobre su objetividad, y qué medidas tiene intención de adoptar para poner fin a este intento de «lavar el cerebro» de los ciudadanos griegos sobre los «logros» del Gobierno griego, cuando prácticamente ningún gran proyecto se realiza en Grecia sin la ayuda de los Fondos estructurales de la UE?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (30 de junio de 1998)

Se ruega a Su Señoría se refiera a las respuestas de la Comisión a las preguntas orales H-542/98 y H-543/98 respectivamente por el Sr. Anastassopoulos y el Sr. Hatzidakis, en el turno de preguntas de la sesión de junio de 1998 ((Debates del Europeo (junio de 1998). )) del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA P-0852/98 de Danielle Darras (PSE) a la Comisión (11 de marzo de 1998)

Asunto: Directivas europeas sobre el trabajo de los niños

¿Puede la Comisión informarnos del estado de puesta en práctica de las directivas europeas sobre la aplicación de las legislaciones relativas al trabajo de los niños?

¿Se dispone de datos relativos a los distintos Estados miembros de la Unión? Concretamente, ¿en qué situación se encuentra su aplicación en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en Portugal...?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (11 de mayo de 1998)

La Comisión todavía no puede informar sobre la aplicación en los quince Estados miembros de las disposiciones de la Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo.

Las comunicaciones sobre las medidas nacionales de ejecución de esta Directiva siguen siendo incompletas. Se han iniciado procedimientos según el artículo 169 del tratado CE contra varios Estados miembros por no comunicación o por comunicación incompleta.

En lo que respecta a los Estados miembros mencionados por Su Señoría, la situación es la siguiente:

- Francia ha transmitido una gran parte de su legislación en vigor precisando que es necesario realizar algunos ajustes en la Directiva comunitaria con respecto a las normas existentes que próximamente serán objeto de transposición legislativa;

- el Reino Unido sólo ha transmitido una parte de su legislación;

- Alemania y Portugal ya han transmitido sus disposiciones nacionales en la materia y actualmente se están examinando.

Cuando la Comisión haya recibido todas las comunicaciones, podrá examinar el conjunto de la situación con respecto a la aplicación de dichas disposiciones en los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA E-0817/98 de Giuseppe Rauti (NI) a la Comisión (26 de marzo de 1998)

Asunto: El escándalo de los bajos salarios en la Europa del Este

¿Está prestando la Comisión la debida atención al boicot que está preparando la NTIF (Federación Noruega de Trabajadores de la Industria Forestal) «en todos los países del Norte de Europa» de los productos de IKEA, gigante sueco del mueble con centenares de filiales en toda la Unión Europea? La NTIF ha llevado a cabo una movilización (véase la edición del pasado 25 de febrero del diario «Le Monde, p. 28) tras la publicación en el «Sunday Times» del pasado 22 de febrero de una investigación sobre las condiciones laborales y salariales de los proveedores de IKEA en Rumania. El resultado de esta investigación, entre otros, es la revelación de que los 900 trabajadores de IKEA en Rumania perciben un salario de 2,25 francos franceses/ hora (aproximadamente 600 liras), mientras que el coste por hora trabajada de un trabajador del mismo sector en Suecia es de 80 francos franceses. Es decir, un empleado rumano cuesta a IKEA 35 veces menos que un empleado sueco, noruego, finlandés o comunitario en general. Este hecho explica las deslocalizaciones de la producción que también está llevando a cabo IKEA, con el consiguiente incremento del desempleo. No obstante, IKEA vende el producto rumano en Europa a precios que no tienen en cuenta esta diferencia abismal de costes, por lo que los beneficios son enormes.

¿Tiene intención la Comisión de intervenir, o por lo menos de tomar medidas, contra este tipo de situaciones, proponiendo, por ejemplo, para la importación de productos de terceros países donde los costes laborales son menores que en la Comunidad un «impuesto social a la importación» con cuya recaudación podría hacerse frente a los problemas del desempleo generado y agravado cada día más precisamente por estas prácticas de «capitalismo salvaje»?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (28 de abril de 1998)

Las relaciones comerciales entre Rumania y la Comunidad se rigen por las disposiciones del Acuerdo Europeo de 1 de febrero de 1995 y por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Rumania es, en efecto, miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estas disposiciones no permiten establecer impuestos sociales compensadores sobre las importaciones procedentes de Rumania.

Como regla general, el hecho de que el nivel salarial de un país socio sea diferente del existente en la Comunidad no constituye de ninguna manera una justificación de medidas proteccionistas. Al contrario, el desarrollo del comercio y la interpenetración de nuestras economías, a través de las inversiones directas, contribuyen al desarrollo económico de las dos partes. Y este desarrollo es especialmente positivo en el caso Rumania, país candidato que se prepara para los desafíos de la adhesión y para su integración en el mercado comunitario, y al que la Comunidad apoya en este esfuerzo.
PREGUNTA ESCRITA E-1129/98 de Konstantinos Hatzidakis (PPE) a la Comisión (8 de abril de 1998)

Asunto: Obstaculización por las autoridades aduaneras griegas del tránsito de mercancías por los puertos griegos

Según información disponible, las autoridades aduaneras griegas, contraviniendo la legalidad, niegan a compañías navieras que mantienen líneas regulares entre puertos comunitarios la posibilidad de proceder al despacho de aduana de las mercancías cargadas o descargadas en los puertos griegos de El Pireo, Salónica e Iraklio según el procedimiento simplificado de tránsito comunitario previsto en el artículo 448 del Código Aduanero Comunitario (Reglamento (CEE) no 2454/93 ((DO L 253 de 11.10.1993, p. 1. ))). Las citadas autoridades aduaneras, tomando como pretexto la clasificación al 100 % de todas las zonas portuarias de los tres puertos mencionados como «zonas francas», obligan a quienes envían o reciben mercancías a través de dichos puertos a respetar un total de 15 trámites aduaneros vigentes en Grecia para las zonas denominadas con el eufemismo de «francas», lo que entraña un aumento de gastos y una pérdida de tiempo.

¿Está informada la Comisión del asunto? En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa adoptar para suprimir esta incongruencia, que sirve claramente a intereses corporativos?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (4 de junio de 1998)

Se ruega a Su Señoría se refiera a la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita E-762/98 del Sr. Jarzembowski ((DO C 323 de 21.10.1998, p. 68. )).
PREGUNTA ESCRITA E-1250/98 de Iñigo Méndez de Vigo (PPE) a la Comisión (29 de abril de 1998)

Asunto: Programa PHARE-TACIS DEMOCRACIA

Las organizaciones no gubernamentales cumplen un papel de primer orden en la consecución de los objetivos de los programas PHARE y TACIS a través del programa PHARE-TACIS DEMOCRACIA (PPTD). Los buenos resultados muestran el éxito de la participación de las ONG en un proceso de singular importancia para la UE como es su ampliación.

¿Comparte la Comisión las conclusiones del informe de evaluación realizado por la Universidad de Sussex? ¿Va la Comisión a seguir la recomendación del mismo e incrementar los fondos del programa PPTD?

Respuesta del Sr. van den Broek en nombre de la Comisión (15 de mayo de 1998)

La Comisión está de acuerdo en que el programa «Democracia» de PHARE y TACIS ha logrado buenos resultados merced a la participación de muchas organizaciones no gubernamentales.

El informe de evaluación del programa efectuado por AIA Consult y el Instituto Europeo de Sussex ha hecho una valiosa contribución a las reflexiones de la Comisión sobre la mejor forma de apoyar el desarrollo de la democracia y la promoción de los derechos humanos en Europa Central y Oriental y en los Nuevos Estados Independientes (NIS).

La Comisión está obligada a considerar los recursos disponibles en las líneas presupuestarias específicas a la luz de las prioridades globales para el uso de los recursos comunitarios.
PREGUNTA ESCRITA E-0815/98 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (26 de marzo de 1998)

Asunto: Planta de depuración de aguas residuales en San Juan de los Terreros (Pulpí)

El Sr. Howard, que sirve en la circunscripción electoral del diputado que formula la pregunta, posee un chalet en San Juan de los Terreros, en Pulpí (Almería, España). A unos 400 metros de su propiedad se encuentra un planta de depuración de aguas residuales que desprende olores profundamente desagradables, lo que el Sr. Howard y otros habitantes de su urbanización consideran inaceptable. Todos los intentos razonables de resolver este problema a nivel local han sido infructuosos. Aunque los olores no representan un riesgo para la salud, ¿podría investigar la Comisión por qué no se considera la propuesta de realizar una operación de cobertura de la planta? Al menos, esto haría diminuir los molestos olores procedentes de la misma.

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión (30 de abril de 1998)

La Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas ((DO L 135 de 30.5.1991. )), obliga a los Estados miembros a velar por que todas las localidades de más de 2.000 equivalentes-habitantes (e-h) (el equivalente-habitante es una unidad de medida que representa la carga orgánica producida por persona y día) estén dotadas de sistemas de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas.

Por lo que se refiere a la localidad de San Juan de los Terreros, en Pulpí (Almería-España), de tamaño ligeramente inferior a 15.000 e-h y con una fuerte fluctuación estacional, según la información facilitada por las autoridades municipales, la fecha límite para la instalación de este sistema es el 31 de diciembre de 2005.

También según los datos facilitados a la Comisión, esta población se equipó de una planta depuradora secundaria (es decir, biológica), con arreglo a lo dispuesto por la Directiva, en 1995.

Conforme a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente ((DO L 175 de 5.7.1985. )), el proyecto de planta depuradora fue objeto de evaluación en 1992. Hay que recordar al respecto que, en virtud de dicha Directiva, el Estado miembro es el responsable de determinar el grado de importancia ambiental del impacto del proyecto para someterlo a evaluación, cosa que consideró necesaria.

Respecto a la emisión de olores por las instalaciones de depuración de aguas, el municipio ha instalado una serie de lechos de turba para tratar las emanaciones y proyecta reforzar este tratamiento de desodorización añadiendo una nueva serie de lechos de turba.
PREGUNTA ESCRITA E-0478/98 de Richard Howitt (PSE) a la Comisión (27 de febrero de 1998)

Asunto: Cuotas para acciones específicas en el marco de los Fondos estructurales

¿Hasta qué punto considera la Comisión como fijos los cuadros financieros incluidos en los documentos únicos de programación (DOCUP) acordados y en qué medida fomenta la flexibilidad en los Estados miembros para que los acepten a título indicativo exclusivamente? Además, ¿en qué medida prepara con antelación la Comisión las cuotas para los importes totales destinados a acciones específicas, aplicadas mediante los DOCUP, y en qué medida permite que la distribución se acuerde a nivel regional, recopilando después los totales de toda Europa? ¿Tiene intención la Comisión de modificar su planteamiento al respecto, haciendo mayor o menor uso de las cuotas a nivel europeo para el nuevo período de programación de los Fondos estructurales 1999-2006?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (7 de abril de 1998)

La Comisión considera que los planes de financiación forman parte integrante del documento único de programación (DUP) y constituyen un elemento esencial para el control del avance general de cada uno. No obstante, dada la flexibilidad propia de la programación plurianual, se espera que, como es debido, esos planes se actualicen periódicamente para tener en cuenta los progresos realizados. Las autoridades nacionales responsables de la aplicación de los programas pueden así, en el marco de los programas actuales, decidir o proponer que se modifiquen los planes dentro de los límites acordados previamente con la Comisión.

Por otra parte, no se aplican cuotas por medidas o sectores concretos ni a nivel regional ni a nivel comunitario. El importe de la cofinanciación comunitaria de cada DUP se fija en cada uno de los programas, y ello en el contexto de la cooperación y teniendo en cuenta los objetivos perseguidos y el tipo o tipos de medidas que se proyecten.

En sus propuestas de reforma de los Fondos estructurales adoptadas el pasado 18 de marzo ((COM(1998)131. )), la Comisión pretende ofrecer a los Estados miembros una mayor flexibilidad de programación, previendo así que sólo tengan que ser aprobados por ella los cambios del marco financiero que afecten al conjunto del programa o a prioridades fundamentales. En cambio, las transferencias de créditos entre medidas dentro de una misma prioridad estratégica del programa serán dejadas a la discreción de los Estados miembros y de las autoridades nacionales encargadas de la ejecución.
PREGUNTA ESCRITA E-0444/98 de Edward Kellett-Bowman (PPE) a la Comisión (27 de febrero de 1998)

Asunto: Régimen de franquicia aduanera de Tenerife

¿Tiene conocimiento la Comisión de la anomalía creada en la UE por el anunciado mantenimiento de las ventas libres de impuestos a los viajeros que viajen desde Estados miembros de la UE a las Islas Canarias después de la fecha límite de 1999? ¿No supone este mantenimiento de las ventas libres de impuestos una infracción de las normas comunitarias al respecto?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (5 de mayo de 1998)

En virtud del Acta de adhesión de España a la Comunidad y de lo dispuesto para su desarrollo en el artículo 3 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme ((DO L 145 de 13.6.1977. )) (IVA), y el artículo 2 de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales ((DO L 76 de 23.3.1992. )), las islas Canarias no forman parte del territorio fiscal de la Comunidad. Por el contrario, se las considera explícitamente territorio tercero.

Ello significa que después del 30 de junio de 1999 los viajeros con destino a las islas Canarias podrán seguir beneficiándose de las ventas libres de impuestos en concepto de exportaciones. Sin embargo deberán respetar los límites definidos en materia de franquicia, de la misma manera que cualquier viajero que entre en el territorio de la Comunidad procedente de un tercer país.
PREGUNTA ESCRITA E-1605/98 de Francisco Lucas Pires (PPE) a la Comisión (25 de mayo de 1998)

Asunto: Nivel de ejecución de los distintos Marcos comunitarios de apoyo

¿Cuál es, de acuerdo con la última evaluación realizada por la Comisión, el nivel de ejecución de los Marcos comunitarios de apoyo por parte de los distintos países que disponen de esta forma de encuadramiento de las respectivas ayudas comunitarias?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (19 de junio de 1998)

Debido a la gran extensión de la respuesta, que consta de numerosos diagramas, la Comisión la remite directamente a Su Señoría y a la Secretaría General del Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-1236/98 de Allan Macartney (ARE) a la Comisión (29 de abril de 1998)

Asunto: Inspecciones en virtud de los regímenes de prima por vaca nodriza (PVN) y de indemnizaciones compensatorias para el ganado de montaña (ICGM)

En relación con las disposiciones para poder acogerse a los regímenes de prima por vaca nodriza y de indemnizaciones compensatorias para el ganado de montaña, ¿está al tanto la Comisión de las pautas que se siguen para la aplicación de la norma según la cual las inspecciones se producirán sin previo aviso (PVN/1998 - ICGM/1998)?

¿Se puede rechazar la inspección si existen circunstancias atenuantes, tales como falta de personal para cuidar el ganado?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión (18 de mayo de 1998)

De conformidad con el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 3887/92 de la Comisión, de 23 de diciembre de 1992 ((DO L 391 de 31.12.1992. )), por el que se establecen las normas de aplicación del sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias, el aviso previo en los controles inopinados deberá limitarse al plazo estrictamente necesario, aunque, como norma general, no deberá ser superior a 48 horas.

En principio, una vez que se hayan anunciado, los controles sobre el terreno deberán llevarse a cabo hasta su conclusión. En este contexto, se recuerda que, al presentar la solicitud de ayudas comunitarias para el ganado, los solicitantes declaran que son conscientes de los requisitos del régimen, uno de los cuales es la obligación de que los Estados miembros lleven a cabo controles sobre el terreno. En el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 3887/92 de la Comisión, se estipula que, salvo en caso de fuerza mayor, si no puede efectuarse un control sobre el terreno por motivos atribuibles al solicitante, la solicitud de ayuda será denegada.