PREGUNTA ESCRITA E-1258/02

de Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) a la Comisión

(6 de mayo de 2002)

Asunto: Impuesto en las Islas Baleares

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha aprobado la Ley 7/2001 de 23 de abril del Impuesto sobre las estancias en empresas turísticas de alojamiento, destinado a la dotación del Fondo para la mejora de la actividad turística y la preservación del medio ambiente.

En su exposición de motivos se establece que el extraordinario desarrollo de la actividad turística ha significado un desgaste excesivo de los recursos territoriales y medioambientales de las Islas Baleares y que el mantenimiento de la competitividad del producto turístico de las Islas Baleares exige a las instituciones un esfuerzo que garantice su desarrollo sostenible y, dada la insuficiencia de las fuentes de financiación, establece dicho impuesto.

¿Que opina la Comisión sobre dicho impuesto y su relación con el principio comunitario de quien contamina paga?

Puesto que, como se explica en la exposición de motivos, es toda la actividad turística la que ha producido un deterioro medioambiental, ¿no debería dirigirse este impuesto a todas las actividades de este sector de acuerdo con el mencionado principio comunitario?

¿Considera la Comisión que la exclusión de una parte importante del sector turístico refleja una discriminación entre los diferentes prestatarios de servicios?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-1258/02, E-1259/02, E-1260/02 y E-1261/02dada por el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(5 de agosto de 2002)

Como lo sabe Su Señoría, la ley 7/2001, aprobada el 23 de abril de 2001 por la Comunidad autónoma de las islas Baleares, introduce un impuesto sobre las estancias en los establecimientos de alojamiento turístico. Y corresponde al cliente del alojamiento soportar la carga económica final y al establecimiento turístico cobrarla. Aunque el texto de la Ley 7/2001 lo nombra impuesto, se trata en la práctica más bien de un impuesto turístico que se practica también en algunas otros destinos en la Unión, p. ej. bajo la denominación de impuesto de estancia.

El impuesto mencionado por Su Señoría no ha sido objeto de una armonización a escala comunitaria. Así pues, la normativa de ésta así como los criterios de imposición pertenecen a la competencia fiscal de los Estados miembros siempre que los principios básicos del Derecho comunitario se respeten.

Por lo que se refiere a la pregunta sobre el objetivo de desarrollo sostenible de los recursos territoriales y medioambientales en relación al principio comunitario de el que contamina, paga, la Comisión indicó en su Comunicación de julio de 1997(1) que son las características y los efectos de una medida los que determinarán la manera en que dicha medida será considerada en el Derecho comunitario, y no las designaciones utilizadas en los Estados miembros. En términos generales, un impuesto

es medioambiental cuando su base imponible tiene manifiestamente efectos negativos sobre el medio ambiente. En el caso de la ley en cuestión, el impuesto se establece en función del número de noches pasadas en un establecimiento turístico. Por tanto no se puede considerar que este impuesto esté basado en el principio comunitario de el que contamina, paga, aunque los ingresos estén destinados a financiar un Fondo para la mejora de la actividad turística y la protección del medio ambiente.

Por lo que se refiere al objetivo de la mejora cualitativa de la oferta turística de las islas Baleares con los ingresos obtenidos de un impuesto aplicado solamente sobre el sector de los establecimientos de alojamiento turístico y no sobre el conjunto del sector turístico de las Baleares, la Comisión recuerda que la autoridad nacional elige los criterios de imposición fiscal. Por tanto, la aplicación del impuesto en cuestión también a otros operadores del sector del turismo como restaurantes, centros de actividades turísticas, cines, etc, es también competencia de la autoridad fiscal nacional.

La Comisión opina que no se trata tampoco de un caso de doble imposición incompatible con el sistema armonizado de IVA(2). En efecto, el artículo 33 de la sexta Directiva IVA establece que Sin perjuicio de lo que se establezca en otras disposiciones comunitarias, las disposiciones de la presente Directiva no se oponen al mantenimiento o al establecimiento por un Estado miembro de impuestos sobre los contratos de seguros, sobre juegos y apuestas, sobre consumos específicos, de derechos de registro y, en términos generales, de cualquier impuesto, derecho o tasa que no tenga carácter de impuesto sobre el volumen de negocios.

En muchas ocasiones(3), el Tribunal de Justicia ha tenido que pronunciarse sobre el concepto de impuesto que no tenga carácter de impuesto sobre el volumen de negocios. En particular, en el apartado 11 de su sentencia de 31 de marzo de 1992 sobre el asunto C-200/90, el Tribunal, después de haber recordado que el objeto del artículo 33 es evitar que se instauren impuestos, derechos e impuestos que, debido a que se gravarían la circulación de los bienes y servicios de una manera comparable al IVA, comprometerían el funcionamiento del sistema común de este último, recordaba las características esenciales del IVA(4).

El impuesto cuya legalidad respecto al Derecho comunitario cuestiona Su Señoría no responde a las características esenciales del IVA, condiciones que deben reunirse, según la jurisprudencia del Tribunal, para que una imposición se juzgue incompatible. En particular no se aplica de forma generalmente sino a un único sector, el de la hostelería y otros alojamientos turísticos, no es proporcional al precio de los servicios y carece del mecanismo de repercusión/deducción inherente al IVA.

Por lo que se refiere a la libertad de establecimiento (artículo 43 del Tratado CE) y a la libre circulación de servicios (artículo 49 del Tratado CE), el Derecho comunitario se opone a la aplicación de toda reglamentación nacional, incluida legislación fiscal, que sin justificación objetiva prohíba, obstruya o haga menos atractiva la posibilidad de que un operador pueda ejercer efectivamente estas libertades y que tengan por efecto hacer que la prestación del servicio entre Estados miembros sea más difícil que la prestación puramente interna en un Estado miembro(5). En el caso de este impuesto, no parece haber discriminación fiscal entre los establecimientos de alojamiento turísticos, todos establecidos en las islas Baleares.

Además, si bien consta que entre los destinatarios de los servicios figuran los turistas y que la libre prestación de servicios incluye su libertad de ir a otro Estado miembro para que se le preste un servicio(6), la Comisión no dispone, en esta fase, de información que indique que la medida en cuestión afecte a los turistas de una manera discriminatoria o desproporcionada. La Comisión sigue analizando este caso.

(1) Comunicación de la Comisión Impuestos, impuestos y cánones medioambientales en el mercado único, DO C 224 de 23.7.1997.

(2) Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, DO L 145 de 13.6.1977.

(3) La última vez en una sentencia de 9 de marzo de 2000 sobre el asunto Evangelischer Krankenhausverein Wien C-437/97, sentencia de 9 de marzo de 2000, Rec. 2000, página I-01157.

(4) que son las siguientes: el IVA se aplica de forma general a las transacciones que tienen por objeto bienes o servicios; es proporcional al precio de estos bienes y estos servicios; se percibe a cada fase del proceso de producción y distribución; y, finalmente, se aplica sobre el valor añadido de los bienes y servicios, por lo que el impuesto devengado o en una transacción se calcula después de deducir el que pagó en la transacción anterior. Asunto Denkavit C-200/90, sentencia de 31 de marzo de 1992, Rec. 1992 de página I-02217.

(5) AFF. C-381/93 Comisión/Francia, sentencia de 5 de octubre de 1994, pp. 16 y 17, Rec.1994 página I-05145; Asunto C-118/96 Safir, sentencia de 28 de abril de 1998, pp. 22 y 23, Rec. 1998 de página I-01897; Asunto C-439/99 Comisión/Italia pp. 22, sentencia de 15 de enero de 2002, no aún publicado.

(6) Según la jurisprudencia del Tribunal en el Asunto Luisi y Carbono C-286/82, sentencia de 31 de enero de 1984, p. 16, Rec. 1984 de página 00377; y Asunto Bickel y Franz C-274/96, sentencia de 24 de noviembre de 1998, p. 15, Rec. 1998 de página I-07637.