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PREGUNTA ESCRITA P-0517/96 de Freddy Blak (PSE) a la Comisión (29 de febrero de 1996)

Asunto: Tramitación excesivamente lenta de las quejas

La Confederación de industrias danesas ha llevado a cabo una investigación que muestra que de las 589 empresas danesas que exportan a la UE, 90 han sido objeto recientemente de obstáculos técnicos al comercio que son ilegales. La tramitación de sus quejas se prolonga durante años.

La investigación muestra que muchas empresas danesas renuncian de antemano a presentar una queja. La lentitud del sistema de quejas es un problema tanto para el desarrollo del mercado interior como para la confianza en el sistema de la UE.

¿Puede la Comisión informar de lo que tarda en tramitarse una queja y explicar por qué tarda tanto tiempo?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (19 de abril de 1996)

La Comisión es plenamente consciente del problema citado por Su Señoría. El estudio de asuntos, generalmente complicados, impone a la Comisión unos plazos que, cuando son demasiado dilatados, pueden perjudicar la credibilidad de su acción.No obstante, la Comisión señala que todo el procedimiento de infracción se basa en un objetivo de regularización por parte del Estado miembro incriminado.

Por este motivo, la Comisión está considerando actualmente, en función de la experiencia derivada de la tramitación de los procedimientos de infracción, cuáles son los medios para mejorar y agilizar estos procedimientos. En vísperas de la Conferencia Intergubernamental, la Comisión subrayó que «era necesario incrementar la eficacia de sus instrumentos de aplicación del derecho comunitario, especialmente en lo que respecta al mercado interior» ((Dictamen de la Comisión de 28.2.1996, «Reforzar la Unión política y preparar la ampliación», Doc. COM(96)90 final. )).

Finalmente, la Comisión recuerda que siempre se puede interponer recurso contra las infracciones del derecho comunitario ante las jurisdicciones nacionales. Además, este tipo de recurso permite, tal y como señalaba una reciente sentencia del Tribunal de Justicia ((Sentencia de 5.3.1996, Asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, pendiente de publicación. )), obtener reparación, por cuenta de los Estados miembros, de los daños causados por la infracción del derecho comunitario.
PREGUNTA ESCRITA E-0628/96 de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión (13 de marzo de 1996)

Asunto: Central nuclear turca

Han llegado a mi conocimiento nuevos elementos de información que me obligan a volver sobre el tema de la central nuclear en Turquía.

Una empresa japonesa ha realizado un estudio de viabilidad sobre la central nuclear AKKUYU y la empresa coreana KAERI-GAMB ha conseguido la parte técnica de una subasta internacional para su construcción.

El 25 de mayo, los ecologistas turcos han previsto realizar una cadena humana de 80 kilómetros de largo con todos los que protestan contra la central nuclear mencionada anteriormente.

El ministerio turco de Energía tiene prevista la construcción de dos centrales nucleares para la producción de energía eléctrica de aquí al año 2010.

Dada la unión aduanera UE-Turquía, ¿puede la Comisión contestar a las siguientes preguntas?:

1. ¿Tiene conocimiento de la actuación de Turquía en relación con el tema en objeto?

2. ¿Es conforme dicha actuación con la política europea relativa a la utilización de la energía nuclear?

3. ¿Se ha realizado algún estudio relativo a la seguridad de las personas y del medio ambiente?

4. ¿Cómo piensa reaccionar?

Respuesta del Sr. Van den Broek en nombre de la Comisión (22 de abril de 1996)

De conformidad con los procedimientos administrativos vigentes en Turquía, la decisión del Ministerio de Energía turco de construir una central eléctrica en Akkuyu no puede tener efecto alguno sin la aprobación previa del Ministerio de Medio Ambiente. Este ministerio debe realizar con anterioridad un estudio riguroso en el que se tengan en cuenta todos los aspectos relacionados con el medio ambiente y la seguridad de la población. Este estudio no se ha iniciado todavía.

Por otro lado, la decisión adoptada por el Ministerio de Energía turco ha sido objeto de una impugnación judicial por parte de una organización no gubernamental turca de protección del medio ambiente. El tribunal no se ha pronunciado aún.

Así las cosas, la Comisión sigue atentamente el curso del expediente.
PREGUNTA ESCRITA E-0349/96 de Luis Campoy Zueco (PPE) al Consejo (26 de febrero de 1996)

Asunto: Ampliación de la UE y perjuicios para el sector agrícola

Prevista la adhesión de los países de Europa central y oriental (PECOS) a la UE, ¿cómo se pretende corregir los desequilibrios graves para el sector agrícola que se producirán en algunas regiones de la actual UE?

Respuesta (3 de junio de 1996)

Acaban de establecerse los contactos formales del diálogo estructurado entre el Consejo (Agricultura) y los Ministros de Agricultura de los países de Europa central y oriental. En septiembre de 1995 se celebró una primera reunión y se ha previsto otra para el mes de mayo de 1996.

Habida cuenta de que aún no se han iniciado en cuanto tales las negociaciones para la posible adhesión de los PECOS *puesto que la Comisión sigue estudiando las solicitudes de adhesión para emitir su dictamen al respecto, tal como está previsto en el Tratado* no es posible todavía prever los futuros problemas que deberán abordarse a la hora de una posible ampliación, teniendo en cuanta, en particular, la evolución dinámica del sector agrícola tanto en la Comunidad como en los países candidatos a la adhesión.

En cualquier caso, en términos generales, la Comisión ya ha emprendido la reflexión sobre esta problemática, al presentar al Consejo Europeo de Madrid en diciembre de 1995 una serie de informes con vistas a la futura ampliación de la Unión Europea.

En dicha ocasión, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a que profundizara su evaluación de los efectos de la ampliación sobre las políticas comunitarias, en particular por lo que se refiere a la política agrícola y a las políticas estructurales. El Consejo Europeo continuará dicho examen en sus próximas reuniones sobre la base del informe de la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-0636/96 de Cristiana Muscardini (NI) y Spalato Belleré (NI) a la Comisión (15 de marzo de 1996)

Asunto: Abono al transporte público para los funcionarios de la UE

La Dirección General de Personal de la Comisión se ha puesto en contacto con la STIB, la sociedad de transportes de Bruselas, con el fin de obtener abonos de transporte para sus funcionarios a precio reducido.

Actualmente dichas conversaciones se hallan en suspenso.

¿Puede decir la Comisión si es cierto que la causa de la interrupción de las negociaciones se debe a la intencion de intercambiar el paquete anual de productos exentos de impuestos previstos para los funcionarios con la gratuidad del abono STIB para todo el personal?

Teniendo en cuenta que, de los 15.000 funcionarios existentes, sólo 3.000 utilizan los transportes públicos, ¿no opina la Comisión que esta iniciativa de la Dirección General de Personal llevaría únicamente a enriquecer aún más las finanzas del Estado belga, que ya se beneficia ampliamente de la presencia de las Instituciones europeas en su territorio?

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión (14 de mayo de 1996)

La Comisión no tiene en la actualidad la intención de canjear el paquete anual de productos libres de impuestos por billetes gratuitos de temporada para el transporte público.

Los Secretarios Generales de las instituciones europeas discutirán el problema que plantea Su Señoría en una de sus próximas reuniones.
PREGUNTA ESCRITA E-0851/96 de Hans-Gert Poettering (PPE) a la Comisión (12 de abril de 1996)

Asunto: Documento europeo de identificación del pensionista

En los Países Bajos, no se concede últimamente a los pensionistas alemanes el descuento sobre el precio de los billetes de los transportes públicos, mientras que los pensionistas neerlandeses sí se benefician de dicho descuento.

Como justificación se aduce que los pensionistas alemanes no son pensionistas de acuerdo con el Derecho neerlandés.

1. ¿Existe un modelo único de documento europeo de identificación del pensionista?

2. En caso negativo, ¿será necesaria la presentación de un documento de ese tipo para beneficiarse de las ventajas de que gocen los pensionistas del correspondiente país anfitrión?

3. ¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para poder evitar en el futuro malentendidos semejantes?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (7 de mayo de 1996)

No existe un documento europeo común de identificación del pensionista y no existen planes para proponer la armonización de las políticas de los Estados miembros en este campo. Sin embargo, sí existe una Recomendación de la Comisión, de 10 de mayo de 1989, por la que se crea una tarjeta de ciudadano europeo mayor de 60 años ((DO L 144 de 27.5.1989. )); dicha tarjeta hará patentes los derechos de los ciudadanos mayores, especialmente cuando viajen fuera de su propio Estado miembro. Ningún Estado miembro ha decidido, hasta la fecha, aplicar esta recomendación. No obstante, Portugal ha creado recientemente un grupo de trabajo para examinar el asunto.

La Comisión trabaja en la actualidad con organizaciones no gubernamentales para definir las medidas mediante las cuales se pudiera conseguir mejorar el acceso de las personas mayores a las ventajas a que tienen derecho. El objetivo es elaborar modelos que los Estados miembros pudieran adaptar para conciliarlos con sus respectivas situaciones. A la postre, ello podría proporcionar una base común de beneficios recíprocos y de reconocimientos mutuos dentro de la Comunidad. A mediados de 1997, se conocerán los resultados de un estudio de viabilidad.
PREGUNTA ESCRITA E-0245/96 de Nel van Dijk (V) a la Comisión (9 de febrero de 1996)

Asunto: Ayudas del FEDER al aeropuerto Maastricht-Aachen

En la respuesta de la Comisión de 20 de diciembre de 1995 a la pregunta escrita E-3050/95 ((DO C 109 de 15.4.1996, p. 19. )), de 15 de noviembre de 1995, no se indica claramente si la Comisión comparte la opinión de que «las perspectivas (financieras) del aeropuerto de Beek son extremadamente negativas». Un estudio publicado el 16 de enero de 1996 por la fundación «De Rentmeesters», titulado «Evaluación del aeropuerto Maastricht-Aachen», ha vuelto a poner en tela de juicio la rentabilidad de dicho aeropuerto.

¿Está la Comisión de acuerdo con la conclusión del informe de evaluación del aeropuerto Maastricht Aachen, elaborado por la fundación «De Rentmeesters», según la cual es muy improbable que se llegue a una explotación rentable del aeropuerto, incluso si se amplía con una pista este-oeste y se autorizan vuelos nocturnos, y la rentabilidad de dicho aeropuerto está rodeada de incertidumbre debido a la omisión de partidas de costes en las previsiones oficiales?

Vistos este informe y las investigaciones mencionadas en la pregunta E-3050/95, ¿considera la Comisión razonable que se inviertan una vez más fondos del FEDER en el aeropuerto Maastricht-Aachen y en los terrenos, actualmente en desuso, destinados a actividades aeroportuarias?

¿No se corre el riesgo de que esta incierta aventura financiera se utilice en los Países Bajos para abogar por el mantenimiento o incluso la ampliación, a costa de subvenciones, del aeropuerto Maastricht-Aachen, a pesar de la oposición que suscitan las molestias acústicas y los daños ecológicos que el tráfico aéreo provoca en esta región tan densamente poblada?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión (7 de marzo de 1996)

Cuando se estableció la cantidad de la subvención del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destinada al desarrollo conjunto del polígono industrial, la conclusión fue que, aun sin ampliar más el aeropuerto, el polígono podía convertirse en un buen polígono industrial y ello debido a su buena ubicación y al número tan limitado de polígonos industriales de buena calidad que hay en Limburgo Meridional. De ahí que las previsiones de los distintos estudios sobre las perspectivas financieras para la ampliación del aeropuerto resulten menos relevantes. Aun así, la subvención del FEDER se ha concedido con una condición y es que otros grupos participen en la financiación del polígono industrial. La subvención no depende de si se amplía o no el aeropuerto. Es por eso por lo que no se puede hablar de una contribución destinada al mantenimiento o a la ampliación del aeropuerto.
PREGUNTA ESCRITA E-0661/96 de Martina Gredler (ELDR) a la Comisión (15 de marzo de 1996)

Asunto: Negocios bancarios anónimos en Italia

La Directiva del Consejo de 10 de junio de 1991 (no 91/308/CEE) ((DO L 166 de 28.6.1991, p. 77. )) relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales señala que, en los Estados miembros, las entidades de crédito deben exigir la identificación de sus clientes mediante un documento acreditativo.

En Italia, se pueden sin obligación de identificación, transacciones financieras por un importe inferior a los 20 millones de liras.

¿Sigue existiendo esta posibilidad en 1996?

¿Es ello conforme a la Directiva de referencia?

¿Desde cuándo sabe la Comisión que se infringe la Directiva?

¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para hacer cumplir la Directiva?

Respuesta común a las preguntas escritas E-0660/96, E-0661/96, E-0662/96 y E-0663/96 dada por el Sr. Monti en nombre de la Comisión (12 de abril de 1996)

El apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales exige a los Estados miembros que obliguen a las entidades de crédito e instituciones financieras a solicitar la identificación de los clientes que abran una cuenta. El apartado 2 del mismo artículo amplía el requisito de identificación a los clientes que, no teniendo cuenta, efectúen una transacción cuya cuantía ascienda o exceda de 15 000 ecus en una o varias operaciones relacionadas entre si. Por lo tanto, la Directiva no requiere que se identifiquen los clientes esporádicos que efectúen operaciones por un importe inferior a 15 000 ecus, salvo que ya existan sospechas de blanqueo (apartado 6 del artículo 3).

Dichas disposiciones de la Directiva ya han sido incorporadas al derecho nacional de los Estados miembros mencionados por Su Señoría. En Francia el umbral ha quedado establecido en 50 000 FF, en Italia es de 20 millones de Lit, en Bélgica de 10 000 ecus y en Alemania de 20 000 DM. La Comisión carece de pruebas de que se estén infringiendo estos límites.

Los pormenores de la legislación de transposición se recogen en el Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva sobre blanqueo de dinero ((COM(95)54 final de 3.3.1995. )), que está siendo examinado por el Parlamento.
PREGUNTA ESCRITA E-0469/96 de Paul Lannoye (V) a la Comisión (29 de febrero de 1996)

Asunto: Infracción no B/95/2264 Bélgica - Carne preembalada - Mención «bio»

En su respuesta de 7 de septiembre de 1995 a mi pregunta escrita P-2215/95 ((DO C 300 de 13.11.1995, p. 49. )) de julio de 1995, relativa a la comercialización de carne preembalada con la etiqueta «bio» - sin hormonas, el Sr. Bangemann manifestó en nombre de la Comisión: « (...) La publicidad presentada a los consumidores para explicar la utilización de la mención «bio» en el envase de la carne, por la que se indica que el producto no contiene hormonas, podría considerarse engañosa de acuerdo con los criterios que establece la Directiva 84/450/CEE ((DO L 250 de 19.9.1984, p. 17. )) sobre publicidad engañosa.

Por consiguiente, la Comisión piensa informar a las autoridades belgas de los problemas planteados por Su Señoría».

Mediante carta de fecha 11 de octubre de 1995 dirigida al Representante Permanente de Bélgica ante la Unión Europea, el Director General de la DG III señalaba que «... el hecho de que, al parecer, las autoridades nacionales de control no hayan emprendido acciones para poner fin a esta práctica es, en nuestra opinión, susceptible de constituir una infracción por mala aplicación del Derecho comunitario».

El Director General solicitó al Representante Permanente que interviniera ante las autoridades belgas para que éstas hagan llegar sus observaciones a la Comisión en el plazo de cuatro semanas.

1. ¿Han respondido las autoridades belgas a la solicitud del Director General de la DG III planteada en su carta al Representante Permanente de Bélgica? En caso afirmativo, ¿qué observaciones ha formulado Bélgica sobre el análisis de la Comisión?

2. ¿Qué medidas piensa adoptar (o ha adoptado) la Comisión tras comprobar la infracción por mala aplicación del Derecho comunitario?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (15 de abril de 1996)

Las autoridades belgas han respondido recordando que el término «bio» no aparece definido en la legislación nacional. Así pues, se ha de aplicar la legislación relativa a la represión del fraude, es decir la legislación nacional que incorpora la Directiva 79/112/CEE ((DO L 33 de 8.2.1979. )), relativa al etiquetado de los productos alimenticios, y la Directiva 84/450/CEE, sobre publicidad engañosa. Las autoridades nacionales son las responsables de controlar el cumplimiento de dicha normativa. Por lo que se refiere a esta legislación, las autoridades belgas consideran que la mención «bio» no puede inducir a error al consumidor sobre las características del producto en cuestión.

En tales condiciones, la Comisión no tiene la intención de seguir con la instrucción de este asunto.
PREGUNTA ESCRITA E-0064/96 de Yannos Kranidiotis (PSE) al Consejo (30 de enero de 1996)

Asunto: Reunión en Bonn de los ministros de Asuntos Exteriores de cinco Estados miembros de la UE con el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía

El 22 de noviembre de 1995, se reunieron en Bonn el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía y los ministros de Asuntos Exteriores de cinco Estados miembros de la Unión Europea: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España. Dicha reunión era continuación de reuniones similares celebradas con anterioridad en Ankara y Londres.

Dichas reuniones contradicen el espíritu y los principios del Tratado de la Unión Europea y constituyen una especie de cenáculo que recuerda a otros tiempos y sirve a intereses equívocos. Los cinco Estados miembros de la UE tienen obligación, con arreglo al Tratado de la UE, de informar e intercambiar puntos de vista con los restantes Estados miembros de la Unión y, siempre que sea posible, coordinar sus políticas y adoptar posiciones comunes en el marco de la PESC. La UE ha establecido un diálogo político con Turquía y no existe motivo alguno para que las mismas cuestiones que se debaten en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) se debatan en reuniones extra-institucionales tales como la celebrada en Bonn el 22.11.1995. A menos que se debatan cuestiones y se adopten posturas no compatibles con la línea común consensuada, tal como, al parecer, ocurrió en la reunión de Bonn, donde -según informaciones de prensa no desmentidas- los ministros de Asuntos Exteriores de los cinco Estados miembros expresaron ante la parte turca la opinión de que la solución previa del problema chipriota constituye un requisito para la adhesión de Chipre a la UE. Como es sabido, dicha postura no refleja la posición adoptada por la Unión Europea en el Consejo Europeo de Cannes, en la que no se establece ninguna relación entre la adhesión de Chipre a la UE y la solución del problema chipriota.

¿De qué modo explica el Consejo el hecho de que tengan lugar reuniones semejantes acerca de cuestiones que afectan a políticas fundamentales de la Unión Europea?

Respuesta (3 de junio de 1996)

Es bien conocida la posición del Consejo, que se ha pronunciado frecuentemente al respecto, sobre la cuestión de Chipre.

Por supuesto, la misma es vinculante para los Estados miembros. El Consejo no tiene motivos para creer que haya Estados miembros que no muestren sin reservas su decidido apoyo, en reuniones que puedan celebrar individual o conjuntamente fuera del marco institucional de la Unión con terceros países, a la política y de seguridad de la Unión, con un espíritu de total lealtad y mutua solidaridad, con arreglo al Tratado de la Unión Europea y, en particular a su artículo J 5.
PREGUNTA ESCRITA P-0973/96 de Raymonde Dury (PSE) a la Comisión (22 de abril de 1996)

Asunto: Domiciliación en campamentos y parques residenciales de fin de semana

En Bélgica, en particular en la región valona, se produce actualmente un fenómeno de domiciliación de personas desfavorecidas en los campamentos y parques residenciales de fin de semana.

Esta situación es especialmente preocupante y se buscan soluciones en el marco de la lucha contra la exclusión social.

¿Podría la Comisión indicar

1. si se han observado situaciones similares en otros países de la Unión y, en caso afirmativo, en cuáles de ellos,

2. si se han realizado estudios al respecto,

3. si no considera oportuno ocuparse de este asunto para que se tome en cuenta en los programas de lucha contra la pobreza?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión (15 de mayo de 1996)

La Comisión no está al corriente de estudios realizados específicamente acerca de la domicialización de personas desfavorecidas en los campings y parques residenciales de fin de semana. Sin embargo, este asunto ha sido tratado en algunos informes de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo en los informes del Observatorio Europeo de las Personas Sin Techo, coordinado por la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabajan con las Personas Sin Techo (FEANTSA), al que la Comisión concede una ayuda financiera regularmente.

En la reunión informal de ministros de Vivienda de los Estados miembros, que se celebrará en octubre de 1996 en Irlanda, se abordará el problema de la vivienda para las personas desfavorecidas.
PREGUNTA ESCRITA E-0552/96 de Anita Pollack (PSE) a la Comisión (11 de marzo de 1996)

Asunto: Edulcorantes

¿Para cuándo estará terminado el estudio de la Comisión sobre el nivel de etiquetado de los edulcorantes en los Estados miembros?

¿Es consciente la Comisión de que en el Reino Unido se permite que numerosos envases de patatas fritas para niños, refrescos, etc. lleven impresas las indicaciones «sin azúcar» o «contenido de azúcar reducido» en letra muy grande, mientras que el número de edulcorantes contenidos en esos productos se encuentra únicamente en letra muy pequeña en la lista de ingredientes, lo que se podría calificar de etiquetado engañoso?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión (22 de abril de 1996)

El Consejo ha adoptado recientemente una directiva sobre el etiquetado de productos alimenticios que contienen edulcorantes ((Directiva 96/21/CE del Consejo, 29.3.1996. DO L 88 de 5.4.1996. )). Esto supone la obligación de incluir la indicación con edulcorante(s) junto al nombre con que se comercializa el producto, con el fin de ofrecer mejor información al consumidor.

Actualmente la legislación comunitaria no obliga a indicar la cantidad de edulcorante(s) utilizada en un producto alimenticio y la Comisión no tiene la intención de imponer dicha obligación en el futuro.
PREGUNTA ESCRITA E-0727/96 de Salvador Garriga Polledo (PPE) a la Comisión (26 de marzo de 1996)

Asunto: Medidas contra el despilfarro y la malversación de recursos comunitarios a nivel nacional

¿Podría la Comisión facilitar el «análisis comparado de los informes de los Estados miembros relativos a las medidas adoptadas a nivel nacional para luchar contra el despilfarro y la malversación de recursos comunitarios», en el que se afectúa asimismo un balance del estado de aplicación del artículo 209 A CE, que la Comisión remitió al Consejo el 17 de noviembre de 1995?

Respuesta de la Sra. Gradin en nombre de la Comisión (3 de mayo de 1996)

La Comisión envía directamente a Su Señoría su documento de síntesis y análisis comparado ((COM(95)556 final. )). Este documento ha sido enviado al Parlamento.