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PREGUNTA ESCRITA E-0724/00

de Joaquim Miranda (GUE/NGL) al Consejo

(14 de marzo de 2000)

Asunto: Apoyo al proceso de paz en Djibouti

El pasado 7 de febrero el Gobierno y el Frente para la Restauración de la Unidad y la Democracia (FRUD) firmaron un acuerdo marco con objeto de crear las condiciones de una paz civil en Djibouti.

La Presidencia del Consejo ha puesto de manifiesto su satisfacción por la suspensión de las hostilidades entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes.

En este contexto, ¿puede indicar el Consejo de qué manera pretende incentivar y apoyar la aplicación de dicho acuerdo?

Respuesta

(25 de mayo de 2000)

La firma, el pasado 7 de febrero, de un acuerdo marco de reforma y de concordia civil por el Gobierno de Djibouti y el Frente para la Restauración de la Unidad y la Democracia (FRUD) prevé la suspensión de las hostilidades entre el Gobierno y las fuerzas rebeldes, así como la liberación de los prisioneros detenidos por ambas partes. El acuerdo al que Su Señoría se refiere se acogió positivamente en una Declaración de la Presidencia realizada el 21 de febrero de 2000. La Unión Europea manifestó el deseo de que este acuerdo, además del que se firmó en diciembre de 1994, contribuya a reforzar la paz civil y a consolidar la democracia y el proceso de desarrollo en este país.

Con respecto a la pregunta de Su Señoría relativa al fomento y al respaldo a la aplicación del acuerdo marco, el Consejo recuerda que Djibouti se beneficia de ayuda comunitaria concedida en el ámbito del Acuerdo de Lomé. Siempre puede estudiarse una posible ayuda complementaria que se destinaría a objetivos de naturaleza política y se sufragaría con las partidas presupuestarias comunitarias dedicadas al apoyo de los derechos humanos y la democracia, en función de una propuesta de la Comisión.
PREGUNTA ESCRITA E-0651/00

de Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) a la Comisión

(9 de marzo de 2000)

Asunto: Ecotasa

En el mes de febrero en Palma de Mallorca se ha celebrado un Forum con la participación de D. Eusebio Murrillo de la Dirección General de Política Regional, donde se debatió el proyecto de una ecotasa, por parte del Gobierno Regional de las Islas Baleares, a los turistas que visiten las Islas Baleares.

¿Ha recibido la Comisión Europea algún proyecto o consulta sobre dicha ecotasa en las Islas Baleares?

Si fuera así, ¿cuáles son las recomendaciones dadas por la Comisión al Gobierno Regional de las Islas Baleares sobre dicho proyecto de Ecotasa?

¿En qué condiciones considera la Comisión Europea que se puede implantar?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(18 de abril de 2000)

La Comisión tiene el honor de informar a Su Señoría de que no ha recibido notificación alguna sobre un proyecto de impuesto ecológico en las Islas Baleares.
PREGUNTA ESCRITA E-1061/00

de Karin Riis-Jørgensen (ELDR) a la Comisión

(4 de abril de 2000)

Asunto: Trato diferenciado de los propios ciudadanos de un Estado miembro

En referencia a mi pregunta escrita prioritaria a la Comisión (P-0555/00)(1), considero que la Comisión no ha respondido a mi pregunta.

El Gobierno danés ha presentado una propuesta de reforma de la legislación danesa en materia de vacaciones. El problema consiste en que esta ley prevé un trato diferenciado para los trabajadores cubiertos por convenios colectivos en relación a los trabajadores no cubiertos por convenios colectivos.

Mi pregunta era la siguiente: ¿Considera la Comisión que es conforme con el Tratado que un Estado miembro trate de manera diferente a sus ciudadanos, es decir, a los trabajadores cubiertos por un convenio colectivo en relación con los trabajadores no cubiertos por un convenio colectivo, de manera que los primeros tienen la posibilidad de transferir días de vacaciones al año siguiente, mientras que los segundos carecen de esta posibilidad?

¿Considera razonable la Comisión que un Estado miembro discrimine a sus propios ciudadanos dependiendo de si están o no cubiertos por un convenio colectivo?

(1) DO C 303 E de 24.10.2000.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(15 de mayo de 2000)

Como indicó la Comisión en respuesta a su pregunta no P-0555/00(1), la cuestión planteada por su Señoría es competencia de las autoridades danesas, a condición de que la legislación danesa, en caso de que se modifique, garantice el cumplimiento del artículo 7 de la Directiva 93/104/CE(2) del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.

Desde un punto de vista general, sin embargo, las legislaciones de los Estados miembros establecen a menudo distinciones entre los derechos y las obligaciones de los ciudadanos por motivos diversos. De cualquier forma, la evaluación del fundamento de dichas distinciones corresponde, siempre que no infrinjan el Derecho comunitario, a las autoridades competentes a escala nacional.

(1) DO C 303 E de 24.10.2000.

(2) DO L 307 de 13.12.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-0685/00

de Andrew Duff (ELDR) a la Comisión

(9 de marzo de 2000)

Asunto: CIG

¿Qué distinción hace la Comisión entre mercado abierto y economía social de mercado?

¿Es partidaria la Comisión de que se revisen los términos empleados en los artículos 4 y 98?

Respuesta del Comisario Solbes Mira en nombre de la Comisión

(11 de mayo de 2000)

La diferencia entre mercado abierto y economía social de mercado radica, en opinión de la Comisión, en que la primera hace referencia al marco regulador e institucional para mercados en que las empresas compiten mientras que la última denota un principio rector para la política económica que los Gobiernos pueden seguir. Mercado abierto significa que la competencia es libre y sin obstáculos a la entrada y, por el contrario, economía de social de mercado personifica unos objetivos políticos que deberían promoverse, tal como se refleja en el artículo 2 del Tratado CE, es decir, un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas y un alto nivel de empleo y de protección social. Evidentemente, como en cualquier otro ámbito de la formulación de normas, hay que lograr un equilibrio entre diversos objetivos pero es importante subrayar que no hay ninguna contradicción intrínseca entre intentar tener una economía de mercado abierto y aspirar a una economía con una clara dimensión social.

Las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa del 23 y 24 de marzo de 2000 atestiguan el objetivo político de garantizar que los objetivos de política económica y social se lleven a cabo de forma coherente. El Consejo ha decidido supervisar los avances en el campo de la protección social y de la coherencia como parte de un esfuerzo más amplio de supervisión que, además, cubre el empleo, la innovación y la reforma económica. Los esfuerzos de supervisión sostienen el objetivo de lograr progresos económicos y una coherencia estableciendo y ejecutando objetivos políticos, comparando las mejores prácticas y evaluando los indicadores estructurales. Por ello los objetivos fijados en los artículos 4 y 98 (antiguos artículos 3a y 102a) del Tratado CE deben considerarse en el contexto del Tratado CE en conjunto y, por lo tanto, la Comisión no ve ninguna razón para modificar la redacción de dichos artículos.
PREGUNTA ESCRITA P-2237/00

de Jean-Claude Fruteau (PSE) a la Comisión

(29 de junio de 2000)

Asunto: Fraude sobre las importaciones de plátanos

Desde hace aproximadamente un año están circulando dentro de la Unión Europea falsos certificados de importación de plátanos, que han permitido la entrada ilegal en el territorio europeo de 164 000 toneladas de plátanos producidas por terceros países. Los operadores implicados abonaban derechos por valor de 75, en lugar de los 750 por tonelada correspondientes a la cantidad que deberían haber pagado en calidad de importadores de plátanos fuera del cupo.

Así pues, la caída de los precios registrada estos últimos meses, muy perjudicial para numerosos productores de las regiones ultraperiféricas, podría estar motivada por la actitud poco escrupulosa de determinados operadores.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión Europea, y dentro de qué plazos, para compensar el perjuicio sufrido por estos productores?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(13 de julio de 2000)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.
PREGUNTA ESCRITA P-1374/00

de Luis Berenguer Fuster (PSE) a la Comisión

(26 de abril de 2000)

Asunto: Confidencialidad de los datos contenidos en el expediente de ayudas públicas al sector eléctrico español

A repetidas preguntas de éste y otros diputados sobre determinados extremos del expediente de ayudas públicas a las empresas eléctricas españolas en relación con los CTC, la Comisión ha manifestado que éste contenía datos confidenciales que, por lo tanto, no podrán facilitarse ni al Parlamento ni a la representación de los consumidores, personada en el expediente. El 17 de abril de 2000, la prensa española (El Mundo y Expansión) publicó la noticia de la existencia de un informe técnico que da luz verde a los CTC, e incluso se citan párrafos del informe.

Resulta insólito que la prensa conozca informes internos de la Comisión que son negados a los parlamentarios, pero más insólito resulta aún que el contenido de ese informe que ratifica los CTC no pueda ser contradicho, teniendo en cuenta que, si llega a esa conclusión, es porque contiene errores evidentes.

¿Puede la Comisión remitir al Parlamento el informe que ya conoce la prensa?

¿Es éste un ejemplo del compromiso de transparencia adquirido por la Comisión?

Respuesta del Comisario Monti en nombre de la Comisión

(26 de mayo de 2000)

El Portavoz de la Comisión ya indicó, con respecto a las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación españoles el 17 de abril de 2000, que es totalmente prematuro pronunciarse sobre la posibilidad de una decisión positiva sobre el expediente de los costes de transición a la competencia en el sector eléctrico español, como lo habían indicado dichos medios. El supuesto informe de la Comisión que dio origen a estas informaciones es en realidad una nota interna de los servicios de la Dirección General de la Competencia, concebida como elemento de debate interno de estos servicios, pero que no fue objeto de ninguna toma de decisión oficial. La Comisión lamenta que el contenido de esta nota haya sido revelado pero no es responsable de las conclusiones que estos medios de comunicación sacaron en cuanto al sentido de la decisión final de la Comisión sobre este asunto. En cualquier caso, este documento no tiene nada que ver con el informe entregado por un experto independiente al que la Comisión encargó que comprobara algunas hipótesis sostenidas por las autoridades españolas para el cálculo de los costes de transición a la competencia. Este informe contiene informaciones confidenciales y está cubierto por el secreto de procedimiento, razón por la cual la Comisión considera que no pueden comunicarse.
PREGUNTA ESCRITA E-1388/00

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(4 de mayo de 2000)

Asunto: Medidas en favor del fomento de la licencia parental para los hombres

En Suecia, pero entretanto también en Italia, se alienta en mayor grado a los hombres, a través de una bonificación especial, a recurrir a la licencia parental. Si el padre se toma, de acuerdo con ello, tres meses de licencia de educación, la familia tiene derecho a un mes suplementario de licencia. Las estadísticas han puesto de manifiesto que, como consecuencia de esta medida, ahora un 80 % de los padres suecos hacen uso realmente de la licencia parental.

¿No desea la Comisión intentar imponer también en los otros Estados miembros estos ejemplos de buenas prácticas y conseguir con ello una participación más equilibrada en la educación?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(16 de junio de 2000)

La Comisión considera que los ejemplos citados por Su Señoría ciertamente son muestras de estímulo a los padres para que soliciten un permiso parental y se enmarcan en la perspectiva de equilibrar la participación de ambos progenitores en la educación de sus hijos; sin embargo, es competencia de los Estados miembros instaurar este tipo de buenas prácticas.

A escala comunitaria, la Unión de Industrias de la Comunidad Europea (UNICE), el Consejo Europeo de Empresas Públicas (CEEP) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) celebraron un Acuerdo marco relativo a la legislación sobre el permiso parental, que se aplicó a través de la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 2 de junio de 1996(1). La cláusula 2.2. del Acuerdo marco prevé que el derecho al permiso parental deberá concederse, en principio, de manera no transferible. Al tratarse de un Acuerdo marco tendente a establecer las disposiciones mínimas, los Estados miembros están en su derecho de adoptar otras medidas más favorables en este ámbito.

(1) DO L 145 de 19.6.1996.
PREGUNTA ESCRITA E-1248/00

de Ioannis Souladakis (PSE) al Consejo

(27 de abril de 2000)

Asunto: Pasaportes verdes turcos

A pesar de las advertencias que se repiten hasta hoy de distintos gobiernos europeos, Turquía continúa expidiendo pasaportes verdes a ciudadanos turcos que viajan al extranjero y a Europa. Se trata de pasaportes que se conceden a los ciudadanos turcos que evitan la solicitud de visado a los países que piensan visitar y, en general, se trata de altos cargos del Estado turco o de miembros de sus familias.

Se calcula que el número de estos pasaportes (de acuerdo con el diario turco Milliyet de 14.03.00) se eleva a la exagerada cifra de un millón y medio. Lo más inquietante de la industria de los pasaportes verdes turcos es que muchos de ellos pertenecen a personas directamente relacionadas con la mafia turca, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, el espionaje y el tráfico de armas de destrucción masiva. Turquía, a pesar de que existen pruebas al respecto desde hace tiempo, no ha actuado para abolir la concesión de los pasaportes verdes ni su concentración en las autoridades turcas.

Se pregunta al Consejo: ¿cómo piensa actuar para establecer controles y límites a la entrada de personas con pasaportes verdes turcos en la UE, para evitar la entrada de personas pertenecientes a la delincuencia organizada internacional?

Respuesta

(10 de julio de 2000)

El Consejo se ve obligado a informar a Su Señoría de que, excepto en los casos contemplados en el apartado 2 del artículo 17 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, la circulación de los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicios es competencia, en las condiciones actuales del Derecho comunitario, de los Estados miembros.
PREGUNTA ESCRITA P-0308/00

de Jean-Claude Fruteau (PSE) a la Comisión

(4 de febrero de 2000)

Asunto: Ampliación y Fondos estructurales

La convergencia económica aún no es efectiva en el seno de la Unión Europea. Por ejemplo, la población que vive en las regiones subvencionables con cargo al Objetivo 1, es decir, el 25 % del total de la Unión, tiene un Producto Interior Bruto (PIB) inferior a los dos tercios de la media comunitaria.

Los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión constituyen, por lo tanto, los principales instrumentos para lograr la reducción de estas disparidades regionales con el fin de que la Comunidad experimente un desarrollo más equilibrado en su conjunto.

En este sentido, los cuatro departamentos franceses de ultramar subvencionables con cargo al Objetivo 1 experimentarán un aumento considerable de su nivel de ayuda por habitante y año entre el período 1994-1999 y el período 2000-2006. Es algo tan significativo como necesario. Sin embargo, la perspectiva de la ampliación a los PECO (países de la Europa Central y Oriental) ya está trazada y puede alterar considerablemente el equilibrio existente.

¿Qué medidas ha previsto la Comisión Europea para que las consecuencias de la ampliación en el reparto de los Fondos estructurales no agraven la situación de las regiones más desfavorecidas de la Unión y, en particular, la de las regiones ultraperiféricas?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(21 de marzo de 2000)

El sexto informe periódico sobre la situación y el desarrollo económico y social de las regiones de la Comunidad indica que el nivel medio del producto interior bruto (PIB) por habitante de las regiones del objetivo no 1 de los Fondos Estructurales, en el período 1994-1999, fue igual, en 1996, al 68 % de la media comunitaria.

Para el actual período de programación 2000-2006, la lista de las regiones del objetivo no 1 y el reparto entre Estados miembros de los créditos de los Fondos Estructurales para estas regiones fueron decididos por la Comisión el 1 de julio de 1999. Estas decisiones no se modificarán con la ampliación de la Unión. Así, los departamentos franceses de ultramar seguirán siendo subvencionables en virtud del objetivo no 1 en todo el período 2000-2006 y los créditos que se les concederán a este respecto se elevarán a 3 254 M (precios 1999).

En cuanto al futuro de la política de cohesión, el segundo informe sobre la cohesión, que la Comisión adoptará a finales del año 2000, analizará particularmente la situación de las regiones en el contexto de una Unión ampliada, evaluará las consecuencias de la ampliación y presentará elementos de reflexión sobre las distintas posibilidades a partir de 2006.
PREGUNTA ESCRITA E-0683/00

de Dana Scallon (PPE-DE) a la Comisión

(9 de marzo de 2000)

Asunto: Directiva relativa a los derechos de autor

En su anterior respuesta a la pregunta H-0691/99(1), la Comisión afirmó que temía que una redacción más restrictiva del artículo 5.1 de la Directiva relativa a los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información pudiera poner en peligro el funcionamiento adecuado de las redes.

Entretanto, el Consejo ha adoptado un acuerdo político sobre la propuesta de directiva relativa al comercio electrónico que contiene disposiciones que eximen a los intermediarios de responsabilidad respecto de los contenidos transmitidos y mantenidos en sus redes, incluyendo los contenidos objeto de derechos de autor.

¿Puede explicar la Comisión por qué sigue siendo necesaria una amplia excepción relativa a los derechos de autor a favor de los intermediarios de Internet, al amparo del artículo 5.1, habida cuenta de que dicha excepción podría entrar en conflicto con algunas de las disposiciones de la Directiva sobre el comercio electrónico, en particular por lo que respecta a la conservación de información en la memoria cache?

(1) Debates del Parlamento Europeo (diciembre de 1999).

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(2 de mayo de 2000)

La excepción prevista en el apartdo 1 artículo 5 de la propuesta de Directiva sobre los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información(1), que se aplica a los actos de reproducción temporal hechos en redes, es consecuencia necesaria de la amplia definición del derecho de reproducción que se establece en el artículo 2 de la mencionada propuesta. Proporciona a los proveedores de acceso y de servicios seguridad jurídica para ejercer sus actividades, al eximir del ámbito del derecho de reproducción, cuando proceda, determinados actos de reproducción. En opinión de la Comisión, aunque las excepciones y limitaciones a los derechos dispuestas en el artículo 5 de la propuesta, modificada por la Comisión(2), no tienen un campo de aplicación excesivamente amplio, garantizan el equilibrio adecuado entre los derechos de los titulares y los legítimos intereses de otras partes (operadores de telecomunicaciones, usuarios, consumidores y demás).

La necesidad de tal excepción no disminuye con la aprobación de una posición común sobre la propuesta de directiva relativa al comercio electrónico(3), ya que este instrumento no armoniza substancialmente la protección de los derechos de autor, sino que, en lo tocante a la vulneración de dichos derechos y otros tipos de infracciones, aborda determinados aspectos de la responsabilidad jurídica en el caso de las actividades en entornos de red.

La Comisión ha redactado y negociado simultáneamente ambas iniciativas de mercado interior, considerándolas una respecto de la otra, por ser complementarias en su objetivo de conseguir un mercado interior coherente y adecuado para la sociedad de la información.

(1) DO C 108 de 7.4.1998.

(2) DO C 180 de 25.6.1999.

(3) DO C 169 de 16.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-0546/00

de William Newton Dunn (ELDR) a la Comisión

(28 de febrero de 2000)

Asunto: Bienestar de las gallinas ponedoras

Si la UE no consigue que se adopte una cláusula sobre el bienestar en las próximas negociaciones de la OMC, ¿qué se propone hacer la Comisión para garantizar la protección de los productores frente al flujo de importaciones a bajo precio procedentes de terceros países?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(12 de mayo de 2000)

Como sabrá Su Señoría, hubo una considerable resistencia en la Organización Mundial del Comercio (OMC) de Seattle en relación con la iniciativa de la Comunidad de incluir el bienestar animal en la próxima ronda de negociaciones comerciales. Es obvio que dicha resistencia se debe en gran parte al desconocimiento de nuestros objetivos. La Comisión continuará trabajando activamente para impulsar una ronda integral de negociaciones comerciales y para dar a conocer nuestra preocupación por el bienestar animal con el fin de alcanzar un resultado satisfactorio.
PREGUNTA ESCRITA E-1534/00

de Marie-Thérèse Hermange (PPE-DE) a la Comisión

(12 de mayo de 2000)

Asunto: Protección de la familia y del niño

En su Resolución A4-0004/1999(1) sobre la protección de la familia y del niño de 28 de enero de 1999, el Parlamento Europeo apoyaba la idea de que una unidad claramente identificada de la Comisión Europea se dedicara a los asuntos familiares y a la protección de la infancia y pedía encarecidamente la reactivación del Grupo Interservicios consagrado a las cuestiones relativas a la infancia.

¿Podría indicar la Comisión qué medidas ha adoptado, o tiene intención de adoptar, para dar forma concreta a dicha propuesta?

(1) DO C 128 de 7.5.1999, p. 79.

Respuesta común a las preguntas escritas E-1530/00, E-1531/00, E-1532/00, E-1533/00, E-1534/00, E-1535/00, E-1536/00 y E-1537/00 dada por el Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(27 de junio de 2000)

La Comisión está recogiendo las informaciones necesarias para responder a la pregunta. El resultado de sus investigaciones se comunicará en el plazo más breve posible.