PREGUNTA ESCRITA E-0039/03

de Renato Brunetta (PPE-DE) a la Comisión

(21 de enero de 2003)

Asunto: Accidente grave, de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 96/82/CE, de 9 de diciembre de 1996, denominada Directiva Seveso II, ocurrido en el establecimiento químico de Porto Marghera el 28 de noviembre de 2002

- El 28 de noviembre de 2002, en el establecimiento químico de Porto Marghera (Venecia, Italia), se registró un accidente grave, tal como lo define el artículo 3 de la Directiva 96/82/CE(1), de 9 de diciembre de 1996, denominada Directiva Seveso II, consistente en una explosión de gran intensidad, seguida de un incendio que afectó a dos depósitos de pez clorada, lo que, a su vez, provocó una liberación incontrolada de sustancias tóxicas como las dioxinas. Dicha explosión causó cuatro heridos y se declaró el estado de alerta para toda la población de Marghera y Mestre (aproximadamente unas 200 000 personas), a la que se recomendó no salir de casa.

- El DCE y el CVM son sustancias carcinógenas incluidas en la parte 1 del anexo I de la Directiva Seveso II.

- En el mes de junio de 2000, la sociedad propietaria de los establecimientos presentó al Ministerio de Medio Ambiente una solicitud de compatibilidad ambiental para un proyecto de aumento de la capacidad de producción tanto de CVM como de PVC.

- La evaluación realizada por la Comisión nacional de evaluación del impacto ambiental (EIA) obtuvo como resultado un voto negativo (1 de agosto de 2002), siendo negativo, asimismo, el dictamen emitido por el Ministerio de Bienes Culturales y Ambientales.

- La EIA constituye el instrumento que permite a los ciudadanos y a las instituciones conocer los contenidos del procedimiento de instrucción y del dictamen final votado por la comisión, aplicando, así, uno de los principios fundamentales de la evaluación del impacto ambiental: la información al público.

- ¿Puede indicar la Comisión por qué, más de cinco meses después del pronunciamiento de la Comisión de EIA, el Ministro de Medio Ambiente y Protección del Territorio no ha procedido a publicar el decreto de compatibilidad ambiental negativo en relación con la solicitud de aumento de la producción de CMV y DCE?

- Asimismo, ¿puede indicar la Comisión Europea por qué, teniendo en cuenta la legislación comunitaria en vigor, no ha realizado aún una inspección completa de la totalidad de los establecimientos químicos de Porto Marghera que representan un peligro real tanto para la seguridad como para la salud del personal y de la población residente?

(1) DO L 10 de 14.1.1997, p. 13.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(3 de marzo de 2003)

La Comisión no tiene más poderes que los que le confiere el Tratado CE. De conformidad con el artículo 211, la Comisión es responsable de garantizar la correcta aplicación del Derecho comunitario en todos los Estados miembros. Por consiguiente, esta habilitada para comprobar la manera en que los Estados miembros aplican la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control

de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas(1), pero no tiene poder para asumir las responsabilidades de los Estados miembros. Con arreglo al artículo 18 de la Directiva 96/82/CE, corresponde a las autoridades de los Estados miembros organizar un sistema de inspecciones u otras medidas de control adecuadas para el tipo de establecimiento de que se trate. Por consiguiente, la Comisión no tiene competencias para realizar inspecciones de instalaciones reguladas por la directiva.

La Comisión, sin embargo, dado que desconoce la situación concreta descrita por Su Señoría, tomará las medidas oportunas para recabar información detallada al respecto y garantizar, en los límites que le confiere el Tratado, la conformidad con el Derecho comunitario.

En esta fase, el decreto italiano que completa el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto para aumentar la capacidad productiva de cloruro de vinilo monómero y dicloroetano en Porto Marghera no es pertinente en sí con arreglo a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(2), modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997(3), pero podría serlo en el momento en que se concediera una autorización.

El artículo 9 de la Directiva establece lo siguiente: Cuando se haya tomado la decisión de conceder o denegar la autorización de desarrollo del proyecto, la autoridad o autoridades competentes informarán de ello al público con arreglo a las modalidades apropiadas y pondrán a su disposición lo siguiente:

- el contenido de la decisión y las condiciones que lleve aparejadas,

- las principales razones y consideraciones en las que se ha basado su decisión,

- una descripción, cuando sea necesario, de las principales medidas para evitar, reducir y, si es posible, compensar los principales efectos negativos.

Con arreglo a la información proporcionada por Su Señoría, la Comisión observa que en este caso concreto todavía no se ha tomado la decisión de conceder o denegar la autorización de realización del proyecto. Por consiguiente, en esta fase, el hecho de que el Gobierno italiano no haya publicado el decreto relativo a la evaluación de impacto ambiental no es relevante desde el punto de vista de la directiva, y no denota infracción alguna de la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada.

(1) DO L 10 de 14.1.1997.

(2) DO L 175 de 5.7.1985.

(3) DO L 73 de 14.3.1997.