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PREGUNTA ESCRITA E-3869/02

de Sérgio Marques (PPE-DE) a la Comisión

(10 de enero de 2003)

Asunto: Territorio del archipiélago de Madeira

Al leer el periódico portugués Diário de Notícias del 18 de diciembre de 2002 supe que los mapas de la Unión Europea elaborados bajo la responsabilidad del servicio de cartografía de la Comisión incluían las islas Selvagens, pertenecientes a la Región Autónoma de Madeira (Portugal), en el territorio español de las Canarias. De acuerdo con dicha noticia, esta adscripción, cuando menos insólita, figura en el sitio oficial de la Unión Europea (http://www.europa.eu.int/abc/maps/regions/spain/canarias_en.htm), como tuvimos oportunidad de constatar al consultarlo.

Asimismo, según las mismas fuentes, al parecer no se trata del primer error de este tipo que se comete, por lo que se refiere a la delimitación fronteriza entre Portugal y España, al elaborar los mapas oficiales de la UE.

1. ¿Puede indicar la Comisión a qué obedece un error tan garrafal en los mapas oficiales de la UE y quién es el responsable? ¿Cuándo se procederá a corregir este error?

2. ¿Confirma que el responsable de los servicios de cartografía en los que se supone se ha llevado a cabo la confección de dichos mapas es de nacionalidad española?

3. ¿Qué medidas considera la Comisión que deben adoptarse para evitar que se reproduzcan en el futuro errores de este tipo?

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(12 de febrero de 2003)

El mapa a que se refiere Su Señoria podía dar lugar, efectivamente, a una interpretación errónea de la delimitación fronteriza entre España y Portugal. El error se corrigió en cuanto la Comisión tuvo conocimiento de ese error técnico. En el nuevo mapa, la pertenencia de las islas Selvagens a Portugal no deja lugar a dudas.
PREGUNTA ESCRITA P-3352/02

de Baroness Sarah Ludford (ELDR) a la Comisión

(19 de noviembre de 2002)

Asunto: Petición CE 566/2000

La Comisión alegó (mediante escrito de 19 de junio de 2002) que no se pueden tomar medidas efectivas en virtud del Acuerdo CE-Noruega de 1973. De conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 27, las Partes Contratantes deben comunicar al Comité mixto los detalles de cualquier infracción del artículo 23 con toda la información respectiva, y se ha de tomar una decisión en el plazo de tres meses. ¿Ha procedido la CE, en tanto que Parte Contratante, de este modo, cuál ha sido el resultado, y en caso de que no se haya procedido así, cuáles son los motivos?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 2002)

El escrito de 19 de junio de 2002 al que hace referencia Su Señoría indica cuál podría ser el resultado de llevar un asunto de competencia en el que esté implicada una empresa noruega al Comité mixto Comisión Económica Europea-Noruega en virtud del Acuerdo de Libre Comercio Comisión Europea-Noruega de 1973.

Sin embargo, el artículo 27 de dicho Acuerdo, al que Su Señoría también hace referencia, solamente estable el derecho a que cualquiera de las Partes Contratantes remita el asunto al Comité mixto. En el caso que trata la petición CE 566/2000 y la pregunta de Su Señoría, los hechos establecidos por la Comisión no probaban una infracción de los artículos 85 y 86 del entonces Tratado CEE y no requerían la remisión del asunto de conformidad con el artículo 27.
PREGUNTA ESCRITA E-1906/02

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(2 de julio de 2002)

Asunto: Subordinación de la concesión de préstamos a estudiantes en el Reino Unido al criterio de residencia permanente

¿Considera la Comisión que el criterio de residencia permanente aplicado por las autoridades británicas para determinar la elegibilidad de los estudiantes para obtener préstamos es conforme a los Tratados europeos?

Respuesta complementariade la Sra. Reding en nombre de la Comisión

(29 de enero de 2003)

De acuerdo con la legislación comunitaria, los trabajadores de la Unión y sus hijos tienen derecho a ser tratados de igual forma que los nacionales de un Estado miembro en relación con las ayudas, ya sean becas o préstamos, que se conceden para facilitar el acceso a la educación y/o cubrir los gastos de manutención.

Los estudiantes que no son ni trabajadores ni hijos de trabajadores tienen derecho a ser tratados de igual forma que los nacionales de un Estado miembro en relación con las ayudas que éstos reciben de dicho Estado para su formación profesional, incluidos los estudios universitarios, siempre y cuando dichas ayudas cubran las tasas de inscripción u otras tasas, en concreto, las de matrícula. Las ayudas concedidas a los estudiantes para los gastos de manutención no entran dentro del campo de aplicación del Tratado CE a efectos del artículo 12 (asuntos 39/86 Lair, C-357/89 Raulin, etc.). En aplicación de dicha jurisprudencia, el artículo 3 de la Directiva 93/96/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa al derecho de residencia de los estudiantes(1) establece que dicha Directiva no constituye el fundamento de un derecho a recibir becas de subsistencia.

Del análisis de la legislación británica relativa a las ayudas económicas concedidas a los estudiantes se desprende que el criterio de residencia permanente no se aplica a los ciudadanos de la Unión, que solamente deben cumplir con un requisito de residencia trienal en el Espacio Económico Europeo (EEE).

(1) DO L 317 de 18.12.1993.
PREGUNTA ESCRITA E-3019/02

de Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) a la Comisión

(23 de octubre de 2002)

Asunto: Los derechos humanos y la democracia en Myanmar

La Comisión sabe que la situación de los derechos humanos en Myanmar sigue siendo alarmante y que, a pesar de la reciente liberación de algunos presos políticos, el país todavía cuenta 1 500 detenidos por razones políticas.

¿También sabe la Comisión que, estos últimos años, la represión de las minorías religiosas se ha intensificado considerablemente en Myanmar?

¿Está la Comisión dispuesta a mantener las actuales sanciones de la UE con respecto a Myanmar y a presionar a las autoridades nacionales para que lleven a cabo una mejora estructural de la situación de los derechos humanos y, sobre todo, para que restablezcan la democracia?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(26 de noviembre de 2002)

Tal como ha declarado en varias ocasiones, la Comisión está profundamente preocupada por la situación en Birmania/Myanmar y por el daño que el régimen militar está causando al país y a su futuro.

La Comisión está informada de las supuestas persecuciones de grupos de las minorías étnicas por los militares en Birmania/Myanmar y manifiesta de manera continuada su grave preocupación por la situación de los derechos humanos en el país, especialmente en las zonas de las minorías étnicas.

Durante su visita a Birmania/Myanmar en septiembre de 2002, la troika de la Unión expresó una vez más esta preocupación al Gobierno birmano. La troika también exhortó al Gobierno birmano a liberar a todos los presos políticos que quedaban y a suprimir las restricciones políticas aún vigentes a la libertad de expresión, de asociación y de reunión.

La Unión tiene una fuerte Posición Común con respecto a Birmania/Myanmar(1), que fué adoptada por primera vez en 1996(2) y que ha sido reforzada desde entonces en varias ocasiones. Incluye el embargo de armas impuesto en 1990, la suspensión de la cooperación de defensa desde 1991 y la suspensión de toda ayuda bilateral, con excepción de la ayuda estrictamente humanitaria. Hay también una prohibición de visado de la Unión para los miembros del régimen militar, los miembros del Gobierno, los altos funcionarios militares y de seguridad y sus familias, así como de la suspensión de visitas gubernamentales de alto nivel a Birmania/Myanmar.

Además, los privilegios comerciales de la Unión, normalmente concedidos a los países menos desarrollados, le fueron retirados a Birmania/Myanmar en 1997 a causa de los trabajos forzados. Esto significa también que el país no podrá beneficiarse de la iniciativa de la Unión todo excepto armas, puesta en marcha en 2001.

La posición común se renovó para otros seis meses, sin aliviar las sanciones, el 21 de octubre de 2002. En las conclusiones del Consejo, apoyadas completamente por la Comisión, la Unión exhortó de nuevo a la restauración de la democracia, a la búsqueda de la reconciliación nacional, y a la protección de derechos humanos en Birmania/Myanmar.

(1) DO L 285 de 23.10.2002.

(2) DO L 287 de 8.11.1996.
PREGUNTA ESCRITA E-3356/02

de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) a la Comisión

(27 de noviembre de 2002)

Asunto: El Libro Verde de la Comisión sobre la protección de los consumidores y la Comunicación relativa a su seguimiento

El 7 de diciembre de 2001, el Comisario Byrne afirmó que el Libro Verde sobre la protección de los consumidores se elaboró para formar parte de la iniciativa para la Mejor Regulación y sugirió que el éxito del Libro Verde es una piedra de toque para las ideas sobre la gobernanza y la mejor regulación.

Posteriormente, el 5 de junio de 2002, la Comisión aprobó una comunicación relativa a la evaluación del impacto como parte del paquete Legislar mejor, en el que se definía la evaluación del impacto como una parte integrante del proceso de definición de propuestas de actuación y de sensibilización de los responsables políticos y el público sobre tales consecuencias.

Teniendo en cuenta la declaración del Comisario Byrne, ¿podría confirmar la Comisión que su enfoque del Libro Verde sobre la protección de los consumidores y de la comunicación relativa a su seguimiento es coherente con los principios establecidos en la Comunicación de la Comisión sobre la evaluación del impacto?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(17 de diciembre de 2002)

A la Comisión le complace confirmar que su enfoque del Libro Verde(1) y de la Comunicación(2) relativa a su seguimiento es coherente con los principios establecidos en la Comunicación sobre la evaluación del impacto y, de hecho, sigue estando en la vanguardia de los trabajos

que tienen por objetivo la mejora de la regulación. En la Comunicación relativa al seguimiento se encomendó a la Comisión la elaboración de un informe sobre la evaluación del impacto que complementase la futura propuesta de directiva marco sobre prácticas comerciales justas. El programa de trabajo de la Comisión para 2003 confirma que en el segundo trimestre de 2003 se entregará un informe ampliado de la evaluación del impacto que irá acompañado de una propuesta. El Comisario responsable de Sanidad y Protección de los Consumidores presentó también las conclusiones de diversos informes y un estudio sobre la evaluación del impacto en el Consejo de Competitividad de 14 de noviembre de 2002. Dicho estudio, que será la base de la evaluación del impacto que acompañe a la propuesta, se pondrá a disposición del público en el sitio web de la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores.

(1) COM(2001) 531 final.

(2) COM(2002) 289 final.
PREGUNTA ESCRITA P-3184/02

de Robert Evans (PSE) a la Comisión

(31 de octubre de 2002)

Asunto: Prestación de invalidez

En respuesta a mi pregunta anterior (E-1347/02(1)), la Comisaria Diamantopoulou afirmó que la Comisión estaba examinando la continua exclusión de determinados beneficios, entre ellos la pensión de invalidez, del Reglamento CEE 1408/71(2).

¿Podría informar la Comisión sobre los progresos que se han hecho al respecto e indicar cuándo piensa tener concluido ese examen?

(1) DO C 277 E de 14.11.2002, p. 191.

(2) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2.

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(6 de diciembre de 2002)

La Comisión ha mantenido discusiones bilaterales con varios Estados miembros en relación con las prestaciones inscritas en la correspondiente rúbrica del anexo II bis del Reglamento (CEE) no 1408/71(1) exentas del principio de exportación, que, en el caso del Reino Unido, incluye un subsidio de subsistencia para minusválidos, denominado Disability Living Allowance (DLA). Estos debates han permitido que la Comisión amplíe sus detallados conocimientos de las prestaciones en cuestión.

Actualmente, la Comisión está trabajando en una propuesta legislativa para modificar el Reglamento (CEE) no 1408/71, especialmente su anexo II bis. El objetivo de su propuesta es eliminar del anexo II bis aquellas prestaciones que no cumplen las condiciones de ser especiales y no contributivas de conformidad con la definición del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Se prevé que la Comisión considere esta propuesta en la primavera de 2003; una vez adoptada, la presentará al Consejo y al Parlamento Europeo.

(1) Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, que actualiza el Reglamento (CE) no 118/97 de 2 de diciembre de 1997, DO L 28 de 30.1.1997.
PREGUNTA ESCRITA P-3220/02

de Pedro Marset Campos (GUE/NGL) a la Comisión

(7 de noviembre de 2002)

Asunto: Viabilidad en la construcción de un nuevo aeropuerto en Corvera (Murcia-España)

Noticias aparecidas en la prensa durante los últimos días indican la disposición del Gobierno Central de construir un nuevo aeropuerto tras aprobar la Comisión interministerial de Defensa y Transportes un informe favorable sobre la construcción de este aeropuerto regional. La construcción de este nuevo aeródromo responde a una supuesta necesidad de nuevas instalaciones debido a la masiva afluencia de turistas.

¿Tiene conocimiento la Comisión de esta situación?

¿No estima la Comisión que este nuevo proyecto va en contra de lo recogido en el Libro Blanco sobre la política europea de transportes de cara al 2010(1), que recomienda paralizar la construcción de nuevos aeródromos?

¿No estima la Comisión que España cuenta con sobrecapacidad en los aeropuertos lo que pone en duda la viabilidad de los nuevos proyectos?

(1) COM(2001) 370.

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(2 de diciembre de 2002)

Las autoridades españolas no han informado oficialmente a la Comisión de sus intenciones relativas a la construcción de un nuevo aeropuerto en la región de Murcia, y tampoco están obligadas a hacerlo.

La Comisión tiene conocimiento de la evolución reciente de este asunto sobre la base de la información general que está a disposición de todos.

La Comisión no considera que el potencial proyecto aludido vaya a estar en contradicción con la política por ella propugnada en su Libro Blanco La política Europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad(1).

El Libro Blanco no recomienda limitar ni restringir la construcción de nuevos aeropuertos. Por el contrario, afirma claramente que Europa no podrá eludir la construcción de nuevas infraestructuras aeroportuarias, incluso en los países candidatos a la adhesión ().

La Comisión entiende que corresponde principalmente a los Estados miembros determinar si existe o no un déficit de capacidad, que podría o no sugerir la conveniencia de construir infraestructuras aeroportuarias adicionales. La Comisión no tiene competencias directas en estos asuntos.

(1) COM(2001) 370 final.
PREGUNTA ESCRITA E-2871/02

de Charles Tannock (PPE-DE), Neil Parish (PPE-DE)y Theresa Villiers (PPE-DE) a la Comisión

(11 de octubre de 2002)

Asunto: Prohibición ilegal francesa de las importaciones de carne de vacuno británica

Al parecer, el Gobierno francés está considerando la posibilidad de retirar la prohibición que aplica ilegalmente a la carne de vacuno británica desde hace más de dos años. ¿Tiene previsto la Comisión imponer una multa a Francia incluso si este país levanta la prohibición? En caso afirmativo, ¿tendrá dicha multa efectos retroactivos?

¿Puede la Comisión confirmar que, en caso de que ella no imponga una multa a Francia, el Gobierno británico tiene derecho, en virtud de los Tratados, a solicitar reparación al Tribunal de Justicia?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(11 de diciembre de 2002)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Tratado CE, en caso de que un Estado miembro no tome las medidas que entraña la ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia en el plazo establecido por la Comisión, ésta podrá someter el asunto al Tribunal. En este caso, la Comisión indicará el importe que considere adecuado para la suma a tanto alzado o la multa coercitiva que debe ser pagada por el Estado miembro afectado. Si el Tribunal de Justicia declara, conforme al procedimiento previsto en el artículo 228, que el Estado miembro afectado ha incumplido su sentencia, podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva, que no tiene que corresponderse necesariamente con la propuesta de la Comisión.

La Comisión incoó debidamente el procedimiento previsto en el artículo 228 contra Francia en el caso de la carne de vacuno mencionado por Sus Señorías e indicó al Tribunal de Justicia la suma que consideraba adecuada como multa. No obstante, antes de que el procedimiento entrara en la fase de juicio, Francia adoptó la legislación pertinente para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por el Derecho comunitario en este caso. Tras haber examinado detenidamente la legislación francesa, la Comisión consideró que se cumplían los requisitos establecidos en la normativa comunitaria, por lo que ha retirado el procedimiento contra Francia y ha solicitado que dicho Estado miembro se haga cargo de los costes de todo el procedimiento.

Teniendo en cuenta la experiencia de casos recientes (incluido el mencionado por Su Señoría), la Comisión ha decidido revisar su enfoque de la aplicación del artículo 228 a fin de examinar la manera de mejorar la eficacia de las sentencias del Tribunal utilizando todas las posibilidades que ofrece la imposición de sumas a tanto alzado o multas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 227 del Tratado CE, cualquier Estado miembro podrá recurrir al Tribunal de Justicia si estima que otro Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado. No obstante, aun en el caso de que el Tribunal se pronunciara favorablemente, el procedimiento previsto en dicho artículo no tendría como resultado el pago de una reparación económica al Estado miembro que hubiera entablado el procedimiento en cuestión.
PREGUNTA ESCRITA E-3027/02

de Patricia McKenna (Verts/ALE) a la Comisión

(23 de octubre de 2002)

Asunto: Relaciones de la Unión Europea con el Sudán

¿Podría la Comisión facilitar detalles del estado actual del diálogo que mantiene con el Sudán y del propósito del mismo? Esta información debería incluir detalles sobre los participantes, la estructura del diálogo, los progresos realizados y el papel de la Comisión.

¿Podría la Comisión facilitar detalles de la posición actual y de los objetivos inmediatos y a largo plazo del diálogo con el Sudán?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(21 de noviembre de 2002)

Como la cooperación al desarrollo no se pudo ejecutar en Sudán desde marzo de 1990 a causa de las violaciones de los derechos humanos y de la reanudación de las hostilidades en el sur del país, la Comisión suspendió el diálogo directo con el Gobierno. En noviembre de 1999, la Unión y Sudán iniciaron un diálogo político formal para apoyar un proceso de paz reforzado y fomentar el progreso de la gobernanza al que la Comisión estaba plenamente asociada. En diciembre de 2001, durante una visita de una misión de funcionarios con experiencia de la Troika de la UE que incluía a representantes de la Comisión, ambas Partes convinieron en la necesidad de proseguir e intensificar el diálogo con vistas a una normalización progresiva de las relaciones.

Desde febrero de 2002 y tras la carta de notificación del 9o FED al Gobierno de Sudán de 22 de enero de 2002, la Comisión abrió el diálogo político con los socios sudaneses para la preparación del Documento Estratégico Nacional. El 21 de octubre el Comité del FED emitió un dictamen unánimemente favorable sobre el Documento Estratégico Nacional. Se espera una decisión de la Comisión sobre dicho Documento en el curso del mes de noviembre de 2002.

En 2002, el diálogo Unión Europea Sudán se ha basado en reuniones mensuales entre los Jefes de Misión de la Unión en puesto en Jartún y el Gobierno de Sudán, en las que participa el Jefe de la Delegación de la Comisión en Sudán. En esta fase, los progresos realizados en este diálogo están siendo evaluados por las misiones de la Unión en Jartún y en las capitales de la Unión. Las conclusiones de esta evaluación se harán públicas en el momento oportuno.

La Unión también está preparando una misión de la Troica a Jartún, prevista para diciembre de 2002, a la que la Comisión estará plenamente asociada. Durante esta misión, se efectuará con el Gobierno una evaluación de los progresos realizados en los compromisos de 2002 en los ámbitos de democracia y Estado de Derecho, derechos humanos y proceso de paz.
PREGUNTA ESCRITA E-3660/02

de Rosa Miguélez Ramos (PSE) a la Comisión

(18 de diciembre de 2002)

Asunto: Marea negra en Galicia: declaraciones de la Comisaria de Transportes

En el debate celebrado en el Pleno del Parlamento Europeo el 21 de noviembre de 2002, la Comisaria de Transportes calificó a los Gobiernos de los Estados miembros de banda de incoherentes, por decir en la Cumbre de Niza hace dos años que había que adelantar la puesta en marcha de los paquetes legislativos Erika I y II y luego no aplicarlos. La Comisaria afirmó que si los Gobiernos no hubieran retrasado la puesta en vigor de las medidas propuestas por la Comisión, el accidente del Prestige no hubiera tenido lugar.

¿Podría informar la Comisión acerca de qué Estados se opusieron en el Consejo de Ministros a adoptar las propuestas y los plazos propuestos por la Comisión en los paquetes legislativos Erika I y Erika II?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-3600/02 y E-3660/02dada por la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(7 de febrero de 2003)

La Comisión recuerda a Sus Señorías que, en efecto, en su momento deploró que el calendario de retirada de los petroleros de casco único que figuraba en su proposición inicial no hubiera sido aceptado. Según dicha propuesta, los petroleros de casco único de categoría 1, como el Erika y el Prestige, habrían debido ser retirados a la edad de 23 años.

Ahora bien, con arreglo al Reglamento adoptado finalmente por los colegisladores, la explotación del Prestige debería cesar el 15 de marzo del 2005. De haberse mantenido el calendario propuesto por la Comisión, el Prestige se habría retirado de servicio del 1 de septiembre de 2002 (fecha de aplicación del reglamento finalmente adoptado) puesto que tenía 26 años en el momento del accidente.

En este contexto, la Comisión se congratula por el apoyo unánime dado por los Estados miembros a las medidas presentadas en su Comunicación de 3 de diciembre de 2002, tanto en las conclusiones del Consejo de Transportes del 6 de diciembre de 2002, como en las del Consejo Europeo de Copenhague.

El 20 de diciembre de 2002, la Comisión transmitió al Parlamento y al Consejo una propuesta de reglamento(1) que acelerará la retirada de los petroleros de casco único, volviendo al calendario de su primera propuesta. La Comisión confía en que el nuevo texto se aprobará durante la presidencia griega.

(1) COM(2000) 780 final.