PREGUNTA ESCRITA P-1329/97 de Giacomo Santini (UPE) a la Comisión (10 de abril de 1997)

Asunto: Directiva 92/50/CEE sobre contratos públicos

Desde la entrada en vigor de la Directiva 92/50/CEE ((DO L 209 de 24.7.1992, p. 1. )) y del Decreto legislativo 157 del 17 de marzo de 1995 por el que se aplica dicha directiva, la mayoría de los contratos públicos de servicios se adjudican a la oferta con mayor reducción.

Esto conlleva un desequilibrio del mercado ya que empresas piratas se adjudican los contratos con precios que no reflejan los costes reales que debe soportar una empresa que actúa correctamente en el mercado.

El artículo 25 del Decreto legislativo 157 del 17 de marzo de 1995 prevé que las ofertas anómalas (esto es, que presentan un porcentaje de reducción que supera en un quinto la media de las ofertas presentadas y admitidas) deberán ser controladas por la entidad adjudicadora, lo que sucede regularmente, pero visto que ninguna entidad cuenta con parámetros de evaluación cuyos valores resulten de actos oficiales, la entidad adjudicadora no está en condiciones de establecer si una oferta es anómala y, por lo tanto, el contrato se adjudica aun si se han presentado reducciones superiores al 50 %.

1. ¿Qué piensa hacer la Comisión para que las ofertas anómalas se consideren como tales y se excluyan de las licitaciones?

2. ¿Qué piensa hacer la Comisión para garantizar que se pueda participar en las licitaciones sobre la base de las capacidades técnicas y financieras, sin que la entidad adjudicadora pueda excluir a las empresas que no han prestado servicios anteriormente?

3. ¿Cómo piensa garantizar la Comisión la igualdad de condiciones entre las empresas que participan en las convocatorias de contratos?

4. ¿Qué medidas adoptará la Comisión para que se comprueben los resultados reales de las normas sobre desfiscalización de las cargas sociales?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (4 de junio de 1997)

En virtud del artículo 36 de la Directiva 92/50/CEE del Consejo de 18 de junio de 1992, por la que se coordinan los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios, el poder adjudicador puede conceder un contrato no sólo aplicando el criterio del precio más bajo, sino el de la oferta económica más ventajosa, que permite tomar en consideración diversos aspectos tales como la calidad, el valor técnico, el carácter estético o funcional, la asistencia técnica y el plazo de ejecución. Dicha disposición fue incorporada a la legislación italiana en los párrafos primero y segundo del artículo 23 del Decreto legislativo no 157, de 17 de marzo de 1995.

1. El artículo 37 de la Directiva no permite excluir las ofertas que a priori se hayan juzgado anormalmente bajas aplicando un criterio automático (matemático). A fin de evitar discriminaciones entre empresas, se considera necesario solicitar precisiones por escrito a fin de comprobar la composición de la ofertas antes de decidir su posible exclusión. A continuación, corresponde al poder adjudicador dotarse de instrumentos que le permitan evaluar correctamente las justificaciones enviadas por los candidatos para la comprobación de las ofertas anormalmente bajas.

2. La Directiva 92/50/CEE prevé en su artículo 29 los casos de exclusión de los procedimientos de adjudicación y en sus artículos 31 y 32 los criterios de selección en función de la capacidad económica y financiera y de la capacidad técnica. No se contempla en absoluto la posibilidad de que una empresa quede excluida por el hecho de no haber prestado anteriormente servicios al poder adjudicador. Una cláusula de exclusión de este tipo no sólo se opondría a las disposiciones anteriormente mencionadas, sino a la prohibición general de la discriminación por razones de nacionalidad establecida en el artículo 7 del Tratado CE y a la libre prestación de servicios prevista en los artículos 59 y siguientes del Tratado.

3. La Comisión considera que el marco legislativo actual basta para garantizar la igualdad de trato de las empresas que participan en los procedimientos de adjudicación de contratos. En efecto, este derecho queda garantizado por las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías y de servicios, así como por las Directivas comunitarias sobre contratación pública, que constituyen la plasmación de las primeras y que, como ha señalado repetidamente el Tribunal de Justicia, garantizan el respeto efectivo de los derechos conferidos a los particulares por dichas disposiciones. Además del principio de igualdad de trato, son asimismo de aplicación en la materia los demás principios sentados por el Tribunal de Justicia, tales como el principio de publicidad y transparencia de los anuncios de contrato y de las condiciones de participación, el principio de reconocimiento de los títulos, cualificaciones y capacidades de los candidatos y el principio de proporcionalidad. Los problemas suelen plantearse, más bien, a la hora de incorporar las disposiciones comunitarias a las legislaciones nacionales de los Estados miembros o en la aplicación concreta de dichas disposiciones comunitarias por parte de los poderes adjudicadores.

4. La Comisión agradecería que su Señoría precisara el alcance de su última pregunta.