PREGUNTA ESCRITA P-0841/01

de Malcolm Harbour (PPE-DE) a la Comisión

(13 de marzo de 2001)

Asunto: Directivas y reglamentos

¿Podría la Comisión proporcionar las siguientes estadísticas:

- El número de directivas y reglamentos oficialmente aprobados durante el año 2000 y en enero y febrero de 2001 en los ámbitos de los que son responsables los Comisarios Bolkestein, Byrne, Diamantopoulou, Liikanen, Solbes Mira y Wallström;

- El número de directivas y reglamentos del mismo período que fueron objeto de una evaluación del impacto sobre las empresas antes de su entrada en vigor;

- El coste acumulado para las empresas de las directivas y reglamentos sobre los que se dispone de una evaluación del impacto sobre las empresas?

Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisión

(30 de abril de 2001)

Entre el 1 de enero de 2000 y el 28 de febrero de 2001 la Comisión aprobó, bajo la responsabilidad de los miembros a los que hace referencia Su Señoría, 99 propuestas de Directiva o Reglamento que se remitieron para su aprobación al Consejo y, en su caso, al Parlamento.

De las 99 propuestas se consideró que 49 podrían tener una repercusión económica sobre las empresas y ser objeto de un estudio de impacto.

La Comisión lleva realizando evaluaciones de impacto de las propuestas legislativas sobre las empresas desde 1986 y lleva a cabo una labor de sensibilización con relación a las preocupaciones de las empresas dentro de los servicios de la Comisión así como en el Parlamento y en el Consejo, antes de que se adopten algunas propuestas legislativas.

Toda propuesta de este tipo, que pueda afectar significativamente a las empresas debido al coste suplementario derivado de su aplicación o de los nuevos procedimientos administrativos, es objeto de una evaluación de impacto. En ella se exponen los principales problemas existentes, lo que permite a la Comisión y, más tarde al Consejo y al Parlamento, estar informados del impacto potencial de la propuesta y adoptar las medidas necesarias.

El sistema de evaluación de impacto en las empresas demostró ser útil para las propuestas legislativas relativas a las pequeñas y medianas empresas (PYME) pero debe encuadrarse dentro del compromiso permanente de la Comisión en favor de la mejora de la legislación comunitaria. La necesidad de disponer de un sistema más exhaustivo de evaluación del impacto se puso de manifiesto, particularmente, en las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 según las cuales las instituciones europeas deben seguir prestando especial atención a las repercusiones y a los costes que supone el cumplimiento de la normativa propuesta y deberían proseguir el diálogo con el sector empresarial y con los ciudadanos sin perder de vista este objetivo. Como consecuencia, el sistema de evaluación del impacto está siendo objeto actualmente de una revisión en el marco de un proyecto piloto.

Dicho proyecto se puso en marcha y se desarrollará de forma paralela a la continuación del sistema de Evaluación del impacto sobre las empresas (BIA) utilizado desde 1986. El proyecto tiene como objetivo contribuir al desarrollo del debate sobre la calidad reglamentaria, mejorando al mismo tiempo el instrumento existente para la incorporación de las técnicas más recientes de análisis de impacto. Al evaluar el impacto de las propuestas reglamentarias sobre la actividad de las empresas, el proyecto piloto integrará los conocimientos técnicos de los servicios de Comisión, mejorará el servicio de consulta a disposición de los ciudadanos y proporcionará información más clara a los responsables en lo que se refiere a las consecuencias previstas relativas a la legislación propuesta sobre las empresas europeas y sobre su competitividad.