PREGUNTA ESCRITA P-3479/00

de Ari Vatanen (PPE-DE) a la Comisión

(31 de octubre de 2000)

Asunto: La actual imposición fiscal sobre los automóviles y su incoherencia con el mercado interior y el libre comercio

La Comisión debe examinar con carácter prioritario la corrección de las distorsiones en lo que respecta a la fiscalidad de los automóviles. En varios Estados miembros, el sistema fiscal trata de manera desigual la importación de automóviles, especialmente cuando el importador es un ciudadano particular. Con frecuencia, los impuestos a que están sujetos los automóviles importados no se basan en el valor real del automóvil, en particular si se trata de un coche usado. Los impuestos excesivamente altos constituyen una barrera para el comercio intracomunitario e impiden el establecimiento de mercados competitivos en la Unión Europea. El artículo 25 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea prohibe los derechos de aduana de importación y exportación entre los Estados miembros así como las exacciones de efecto equivalente.

¿Qué tiene intención de hacer la Comisión para corregir las distorsiones causadas por las normas arbitrarias que rigen la importación de automóviles en los Estados miembros? ¿Qué va a hacer la Comisión para conseguir que las importaciones de automóviles se hagan de manera transparente, en armonía con el Derecho comunitario?

¿Cuándo podrán disfrutar los consumidores europeos de los beneficios de un auténtico mercado interior al adquirir un automóvil?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(8 de diciembre de 2000)

Respecto a la cuestión del cálculo del valor imponible a efectos de la aplicación de los impuestos específicos sobre los automóviles, la Comisión ya ha incoado procedimientos de infracción contra varios Estados miembros que no respetan plenamente el principio definido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según el cual es necesario gravar el valor real del vehículo. Otros procedimientos de infracción, también en curso, se refieren a las franquicias fiscales para la utilización temporal de los vehículos en un Estado miembro distinto de aquél en que se matricularon, así como las franquicias fiscales vinculadas a la transferencia de vehículos con motivo de un cambio de residencia, con origen en otro Estado miembro (Directiva 83/182/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de transporte(1), y Directiva 83/183/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables a las importaciones definitivas de bienes personales de los particulares procedentes de un Estado miembro(2)). Si los Estados miembros en cuestión no se ajustan a lo que la Comisión les recomienda en sus dictámenes motivados, ésta puede recurrir al Tribunal de Justicia de acuerdo con las disposiciones de los artículos 226 (ex artículo 169) y siguientes del Tratado CE.

Por lo que se refiere al artículo 25 del Tratado CE, que prohíbe los derechos de aduana y las exacciones de efecto equivalente, la Comisión informa a Su Señoría de que su acción en el ámbito fiscal se basa en la prohibición de las discriminaciones (artículo 90 (ex artículo 95) del Tratado CE) y no en el artículo 25 (ex artículo 12) del Tratado CE.

Además de ejercer el control de la aplicación del Derecho comunitario, en febrero de 1998, la Comisión presentó al Consejo una propuesta destinada a modificar las directivas 83/182/CEE y 83/183/CEE en un sentido más favorable a las exigencias del mercado interior. El Consejo todavía no ha adoptado esta propuesta. Por último, la Comisión está preparando una comunicación global en el ámbito de la fiscalidad de los vehículos.

La Comisión considera que su acción tendrá por resultado de mejorar significativamente la situación del ciudadano europeo en este ámbito.

(1) DO L 105 de 23.4.1983.

(2) DO L 105 de 23.4.1983.