PREGUNTA ESCRITA E-0007/02

de Guido Sacconi (PSE), Paolo Bartolozzi (PPE-DE)y Enrico Ferri (PPE-DE) a la Comisión

(17 de enero de 2002)

Asunto: Ayudas a los jóvenes agricultores en Toscana

Una política adecuada de desarrollo rural hace necesaria en la actualidad la renovación generacional de los empresarios agrícolas mediante medidas que favorezcan el asentamiento de jóvenes agricultores. Ésta es una de las prioridades de la política agrícola de la Unión Europea.

La Región de Toscana ha actuado de manera coherente en este sentido en el marco del plan de desarrollo rural 2000-2006, financiando casi 3 000 proyectos de implantación de jóvenes agricultores (primera región italiana en hacerlo) y concediendo carácter prioritario a sus solicitudes.

La Dirección General de Agricultura antepone la forma al fondo y en la actualidad no parece querer aceptar la revisión del plan de financiación que ha propuesto la Región de Toscana para orientar las ayudas de acuerdo con las prioridades de los jóvenes agricultores ni tiene intención de dar validez a la nueva situación. Por estos motivos, parece estar comprometida la cofinanciación comunitaria de los gastos efectuados, con lo que la Región de Toscana y el organismo nacional encargado de los pagos quedan en una grave situación, ya que éstos se han efectuado.

Asimismo, se ha dado cuenta a la prensa de esta orientación de la DG Agricultura antes de que hayan tenido conocimiento de ella el Estado miembro y la región correspondiente, lo que constituye un comportamiento que va en detrimento de la buena colaboración y de la correcta cooperación que deberían presidir las relaciones entre instituciones.

Habida cuenta de lo expuesto anteriormente, ¿podría dar seguridades la Comisión en cuanto a la salvaguardia de los intereses de los jóvenes agricultores y a la actuación de la Región de Toscana, comprometida decididamente en la aplicación de las prioridades comunitarias mediante una política renovada en favor de la agricultura y del desarrollo rural?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(19 de febrero de 2002)

El plan de desarrollo rural de la región de Toscana para el período 2000-2006, aprobado mediante la Decisión no C(2000)2510 de la Comisión de 7 de septiembre de 2000, incluye una medida relativa a la concesión de ayudas a la instalación de jóvenes agricultores, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos(1).

El plan financiero vigente, anejo a la Decisión por la que se aprueba el plan, prevé para esta medida una contribución de la sección de garantía del FEOGA de 10 millones de euros para el conjunto del período de programación.

Ante una solicitud de ayuda, en el contexto de esta medida, notablemente superior a las previsiones globales del plan de desarrollo rural, la región de Toscana y el organismo pagador nacional Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) procedieron a lo largo del ejercicio financiero 2000 a la liquidación de un volumen de gastos muy superior al límite máximo de la medida en cuestión para los siete años de programación.

Estos pagos se efectuaron sin que se presentara a la Comisión una comunicación o una solicitud de modificación del plan de conformidad con las disposiciones pertinentes. Tal comunicación hubiese sido necesaria, en virtud del artículo 35 del Reglamento (CE) no 1750/1999 de la Comisión, de, 23 de julio de 1999(2), para aumentar la dotación financiera de la medida y ofrecer de este modo una cobertura financiera adecuada a los gastos efectuados, indicándose claramente a tal efecto la fecha a partir de la cual dichos gastos son subvencionables.

Aun siendo consciente de la importancia de la medida de apoyo a los jóvenes agricultores de la región de Toscana y de las dificultades que se plantean durante el primer año de aplicación de la nueva normativa sobre desarrollo rural, la Comisión, como responsable del seguimiento de los planes de desarrollo rural y de la ejecución del presupuesto de la Unión, debe garantizar el riguroso cumplimiento de la normativa vigente. Tras un examen detenido del problema y a la luz de las disposiciones reglamentarias antes citadas, la Comisión comunicó a las autoridades italianas, mediante carta del miembro de la Comisión responsable de agricultura y pesca con fecha 21 de diciembre de 2001, su posición negativa acerca de la posibilidad de admitir los gastos antes citados, efectuados por la región.

La Comisión desmiente el que la Dirección General de Agricultura haya comunicado tal postura a la prensa antes que a las autoridades nacionales y regionales.

(1) DO L 160 de 26.6.1999.

(2) DO L 214 de 13.8.1999.