PREGUNTA ESCRITA E-3159/02

de Erik Meijer (GUE/NGL) a la Comisión

(5 de noviembre de 2002)

Asunto: La aplicación de los medios más eficaces para combatir el fraude empresarial a las empresas que operan dentro o fuera de la UE y/o que cotizan en bolsa

1. ¿En virtud de qué elementos objeta la Comisión, representada por su Comisario Bolkestein, la aplicación de la ley estadounidense conocida como Sarbanes-Oxley a las empresas europeas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York o que tienen sucursales en EE.UU? Dicha ley exige que las empresas establecidas en EE.UU. impidan el suministro de datos financieros engañosos mediante la sujeción de sus presidentes a ciertas obligaciones y a una norma de control independiente.

2. ¿Se refieren las objeciones mencionadas en la pregunta 1, en particular, a la obligación de crear una comisión independiente para controlar al supervisor y a la prohibición de que una empresa conceda préstamos a sus propios comisarios? ¿Por qué se objetan estas obligaciones?

3. ¿Por qué se considera la sujeción de las empresas activas fuera de la UE a las normas vigentes en el país en el que operan o en el que cotizan, que forman parte de la ley contra fraude empresarial, como una forma de derechos extraterritoriales? ¿No sería más apropiado hablar de tales derechos si las empresas activas en su propio territorio no están sujetas a las normas nacionales?

4. ¿Está la Comisión dispuesta, con objeto de la introducción de un sistema eficaz de medidas contra el fraude empresarial, a cerrar un acuerdo con EE.UU. que parta de la base de que las normas de control más eficaces sean aplicables a las empresas con actividades transfronterizas de la otra parte contratante, sin que ella misma establezca excepciones a este acuerdo o sin que permita excepciones a terceros, de modo que las empresas estadounidenses que cotizan en bolsas europeas y/o que tienen sucursales en los Estados miembros de la UE estén sujetas a las normas actualmente válidas en la UE o a las normas que serán introducidas en el futuro por parte de la UE?

Fuente: diario neerlandés de Volkskrant de 9 de octubre de 2002.

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(19 de diciembre de 2002)

1. En su intercambio de cartas con el Presidente de la US Securities and Exchange Commission (SEC), Sr. Pitt, y con los miembros del Congreso estadounidense Sarbanes y Oxley, la Comisión ha marcado siempre su apoyo total a los objetivos de la ley Sarbanes-Oxley, que son asegurar una información financiera apropiada y restaurar así la confianza del inversor en los mercados de capitales. Sin embargo dicha ley, adoptada sin ninguna consulta previa, incluye varias disposiciones que son desproporcionadas y suponen una carga para las empresas de la UE y las auditoras, que ya están sujetas a normas comunitarias y nacionales equivalentes. En algunos casos hay incluso conflictos claros de leyes.

2. La Comisión Europea ha detectado siete cuestiones clave que plantean un conflicto, tales como el registro de las auditoras comunitarias en el Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), el acceso de EE.UU. a documentos de trabajo de auditoría de la UE, los requisitos de los comités de auditoría, la independencia del auditor, préstamos a directores y ejecutivos, la certificación de informes financieros y la certificación de sistemas de control interno. Estos problemas se discutieron con el Sr. Pitt cuando el Comisario responsable de mercado interior y fiscalidad y unión aduanera se reunió con él a principios de octubre de 2002 y continuaron en el marco del mecanismo de diálogo UE-USA sobre normas.

Un registro PCAOB de las auditoras de la UE que llevan a cabo auditorías de empresas de la UE con una lista paralela en EE.UU. implicaría un doble control (Estado miembro y EE.UU.) para todas las auditoras importantes de la UE. Esto es innecesario, pesado e ineficaz y puede incluso traer consigo conflictos entre ambos mecanismos de control. Como consecuencia de los requisitos de registro, las empresas de auditoría de la UE tendrían que aplicar normas estadounidenses en materia de ética empresarial, auditoría, control de calidad e independencia del auditor también con respecto a determinadas auditorías efectuadas en auditoras de la Unión. Las auditoras de la UE (también en la UE) estarían sujetas a inspecciones por el PCAOB, que duplicaría el sistema del control de calidad del Estado miembro.

En cuanto a los préstamos a directores y ejecutivos, la ley Sarbanes-Oxley exime expresamente de la prohibición a los ejecutivos de bancos de EE.UU. En cambio la exención no se aplica a bancos de la UE inscritos en Estados Unidos, incluso cuando están sujetos a la supervisión completa por parte de los reguladores de sus Estados miembros. La SEC ha reconocido que esto es discriminatorio y la Comisión ha pedido que se elimine tal discriminación.

3. Las autoridades estadounidenses esperan legítimamente las mismas normas de conducta por parte de empresas que reúnen el capital en mercados estadounidenses con independencia de si tienen su sede en Estados Unidos o en otros países, pero no están necesariamente mejor situadas que otras autoridades pertinentes para establecer las normas exactas que deberían aplicarse fuera de la jurisdicción de EE.UU. A menos que se conceda una exención muchas empresas y auditoras de la UE estarán sujetas a normas extremamente equivalentes, lo que se traducirá, como menos, en una duplicación y, en el peor de los casos, en un conflicto de normas, confusión, dobles obstáculos y un coste innecesario.

4. La Comisión cree que la ley Sarbanes-Oxley es una oportunidad excelente de llevar a cabo un diálogo UE-USA sobre normas para resolver los problemas de regulación de manera positiva y constructiva. Como la Comunidad está integrando rápidamente su mercado de capitales y sus legislación sobre servicios financieros, el diálogo UE-USA será cada vez más importante. La Comisión planteará todos los motivos de preocupación durante los próximos meses a la SEC, tan pronto como vayan haciéndose públicas las normas de aplicación.