PREGUNTA ESCRITA P-3047/02

de Benedetto Della Vedova (NI) a la Comisión

(18 de octubre de 2002)

Asunto: Conformidad de la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS Fondo de garantía salarial extraordinario) con el artículo 87 del Tratado CE

Con relación a mi pregunta escrita del 6 de junio 2002 (P-1680/02), relativa a la conformidad de la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Fondo de garantía salarial extraordinario) con la normativa comunitaria en materia de ayudas públicas a las empresas y en favor del empleo(1), y más concretamente en relación con la respuesta de la Comisión de 5 de julio 2002, en la que:

- afirma, por una parte, que la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria cumple la función de proteger a los trabajadores por cuenta ajena en caso de insolvencia del empleador, aunque en la práctica vaya más allá de dicho objetivo;

- precisa, por otro lado, que aun si dichas medidas de apoyo a los trabajadores por cuenta ajena benefician de forma selectiva a algunas empresas, concediendo ayudas de forma discrecional o favoreciendo sólo a determinados sectores, determinadas regiones geográficas o a empresas de determinadas dimensiones, pueden constituir ayudas de Estado, en cuyo caso debiera evaluarse la conformidad de las ayudas a la luz de los apartados 2 y 3 del artículo 87 del Tratado CE.

Teniendo en cuenta el carácter discrecional de estas ayudas, el hecho de que las sufrague casi íntegramente el Estado italiano y que accedan a ellas sólo los trabajadores de algunas categorías de empresas;

Considerando, además que con frecuencia, la CIGS ha sido utilizada para prestar apoyo a trabajadores manifiestamente excedentarios y sin posibilidades de volver a trabajar en la empresa, contrariamente a los artículos 1 y 24 de la ley 223 de 1991, que prohíben esta utilización de la CIGS, y que una utilización de este tipo se está perfilando, como dejan entrever las declaraciones de algunos representantes del Gobierno italiano, en el contexto de la grave crisis que está atravesando la FIAT.

¿Considera la Comisión que la CIGS es acorde con el artículo 87 del Tratado CE?

(1) DO C 92 E de 17.4.2003, p. 79.

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(26 de noviembre de 2002)

En prácticamente todos los Estados miembros existen sistemas nacionales a menudo muy complejos que prevén medidas en favor del desempleo temporal o parcial o encaminadas a la protección del trabajador en los procedimientos colectivos aplicados en caso de insolvencia de una empresa(1).

Como ya ha indicado la Comisión en su respuesta a la pregunta escrita P-1680/02 de Su Señoría(2), en ciertas condiciones es posible que estas medidas, encaminadas en principio a proteger a los trabajadores en casos de interrupción de la actividad de la empresa, puedan de hecho presentar elementos de ayuda estatal conforme al artículo 87 del Tratado CE. Esta situación podría darse en varios Estados miembros.

No obstante, es indudable que todas estas medidas presentan ciertamente características de mutualización de los riesgos y se enmarcan en la estructura de medidas sociales compensatorias de cada Estado miembro.

Estas características imponen a la Comisión un enfoque respetuoso con las normas, especialmente en materia de ayudas estatales, y responsable respecto del ciudadano europeo. Por ello, la Comisión debe, por una parte, evitar la desestabilización radical de los sistemas que, entre otras cosas, garantizan la protección social de los trabajadores y, por otra, garantizar la igualdad de trato entre Estados miembros.

En este contexto, la Comisión considera que el enfoque más correcto y equilibrado consiste en abordar el problema globalmente, teniendo en cuenta tanto los aspectos de competencia como los de empleo, en estrecha cooperación con los propios Estados miembros. Este enfoque podría permitir llegar de modo uniforme en todos los sistemas nacionales a una solución verdaderamente comunitaria. Esta solución podría concretarse en un instrumento apropiado.

(1) Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, DO L 283 de 28.10.1980.

(2) DO C 92 E de 17.4.2003, p. 79.