PREGUNTA ESCRITA E-1196/01

de Paulo Casaca (PSE) a la Comisión

(19 de abril de 2001)

Asunto: Cumplimiento de las normas de competencia previstas en el Tratado en las operaciones marítimas y portuarias de la Región Autónoma de Madeira

La Asociación de Comerciantes e Industriales de Madeira ha llevado a cabo un amplio estudio comparativo de ámbito regional, nacional y comunitario sobre los costes de las operaciones portuarias y marítimas en la Región Autónoma de Madeira, estudio del que se hizo amplio eco la prensa regional y nacional.

Este estudio llega a la conclusión de que los costes portuarios aplicados en Funchal son incomparablemente más elevados que los de todos los demás puertos objeto de estudio, a pesar de que, al contrario de lo que sucede en los demás casos, la Administración Portuaria de Funchal cede con carácter gratuito la explotación del puerto, sin concurso público, al operador privado OPM.

Sin embargo, según informaciones de agentes económicos de la isla de Porto Santo, no se está cumpliendo una de las condiciones fundamentales establecidas en la legislación nacional, según la cual se limita el acceso al servicio público del transporte marítimo en esta región, esto es, la existencia de fletes equivalentes entre el continente y cualquier isla del archipiélago (letra e) del artículo 6 del Decreto-Ley no 194/98 de 10 de julio(1)), en detrimento de esta pequeña isla del archipiélago de Madeira.

1. ¿De qué manera ha cumplido la Comisión su deber como guardiana de los Tratados por lo que se refiere al control de las condiciones de competencia en las operaciones portuarias y marítimas en la Región Autónoma de Madeira?

2. ¿Qué tiene intención de hacer la Comisión ante los resultados del estudio mencionado y ante el incumplimiento de las condiciones de servicio público en el archipiélago de Madeira?

(1) Diário da República, I Série A, no 157 de 10.7.1998.

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión

(8 de junio de 2001)

En lo que respecta a la concesión de derechos exclusivos tales como la explotación de un puerto, debe señalarse que no es incompatible como tal con las normas de competencia del Tratado CE. La concesión de este derecho (esto es, la decisión estructural) solamente sería contraria a estas normas si crea una situación en la que la empresa en cuestión abusa necesariamente de su posición dominante o se ve inducida a hacerlo.

En el caso que describe Su Señoría nada indica que se haya creado una situación similar.

Además, si la explotación del puerto es una concesión de servicio, el poder público debe adjudicarla respetando las normas y principios pertinentes del Tratado, en especial, la igualdad de trato, la no discriminación, la transparencia y la proporcionalidad. Estas normas se exponen en una Comunicación interpretativa de la Comisión sobre las concesiones en el Derecho comunitario(1).

En el caso que nos ocupa, la Comisión no tiene ningún indicio de que estas normas y principios se hayan incumplido.

Desde el punto de vista del comportamiento, la aplicación de precios excesivos por parte de una empresa que goza de una posición dominante puede constituir en principio una infracción de las reglas de competencia. Sin embargo, el mero hecho de que los precios de un determinado puerto sean superiores a los de otros puertos, evidentemente, no es indicativo en sí de que esos precios sean excesivos.

De la información facilitada por Su Señoría se desprende que los tribunales o las autoridades de competencia nacionales son los más indicados para estudiar la situación descrita, teniendo en cuenta sobre todo que, como Su Señoría afirma, los criterios de igualdad de trato entre los puertos del continente y los de las islas se derivan de un acto legislativo nacional. Por lo tanto, corresponde en primer término a las autoridades y tribunales nacionales garantizar el cumplimiento de dichas normas.

Por último, la Comisión desea informar a Su Señoría de la reciente adopción de una propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios(2).

En resumen, el objetivo de esta propuesta es establecer normas claras y crear un marco abierto y transparente para el acceso a la prestación de servicios portuarios, teniendo en cuenta al mismo tiempo las características específicas de cada puerto.

Se pretende conseguir con ello una mejora de la calidad de los servicios portuarios y una disminución de los precios inducida por una competencia reforzada.

(1) DO C 121 de 29.4.2000.

(2) COM(2001) 35 final.