PREGUNTA ESCRITA E-2532/97 de Gunilla Carlsson (PPE) a la Comisión (24 de julio de 1997)

Asunto: Ayudas estatales y transparencia

De conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 93 del Tratado constitutivo de la CE, las ayudas estatales a los sectores industriales han de ser comunicadas a la Comisión, tras lo cual ésta deberá examinar si la ayuda en cuestión es compatible con las demás secciones del Tratado, de manera que, por ejemplo, no contravenga las disposiciones en materia de competencia recogidas en el apartado 1 de su artículo 92. Sin embargo, la comunicación por parte de los Estados miembros es confidencial, con lo que el asunto queda entre éstos y la Comisión. De esta manera, nadie más puede controlar si realmente la ayuda falsea o no la competencia.

¿Considera la Comisión que esta falta de transparencia es compatible con un mercado sometido a un control eficiente y abierto a la competencia?

Respuesta del Sr. Van Miert en nombre de la Comisión (11 de septiembre de 1997)

No hay duda de que en los casos referentes a ayudas estatales la Comisión debe tomar en consideración la opinión de los terceros interesados. Recuérdese, no obstante, que los procedimientos sobre ayudas estatales establecidos por el Tratado están basados en el diálogo entre la Comisión y el Estado miembro de que se trate y que el destinatario de cualquier decisión adoptada por la Comisión con arreglo a estos procedimientos es ese Estado miembro.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión sólo está obligada a invitar a los terceros interesados a presentar sus observaciones con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE después de haber iniciado el procedimiento formal de investigación. Si al término de un examen preliminar la Comisión está convencida de la compatibilidad de la ayuda con el mercado común, no tiene la obligación de consultar a los terceros interesados. Es más, el hecho de invitarlos a presentar sus observaciones sería una medida desproporcionada ya que se retrasaría el procedimiento sin que la ayuda falsease indebidamente la competencia en el mercado común. Es de señalar que alrededor del 60 % de las decisiones de la Comisión sobre ayudas estatales sirven para autorizar regímenes notificados conformes a sus directrices en la materia. Del 40 % restante, la mitad se refieren a ayudas notificadas que no se encuadran dentro de ningún régimen de ayuda y la otra mitad a ayudas no notificadas (también en su mayoría ayudas ajenas a cualquier régimen de ayuda). En cuanto a las primeras, la Comisión nota que los Estados miembros cada vez tienen más en cuenta los criterios de evaluación que ha establecido en sus directrices sobre ayudas estatales.

Por otra parte, la Comisión considera que, con frecuencia, es preciso garantizar la confidencialidad de las notificaciones de los Estados miembros y de la correspondencia con éstos, a fin de proteger los intereses comerciales de los beneficiarios de la ayuda, lo cual no resta eficacia al control de las ayudas estatales.

Además, las decisiones de la Comisión sobre ayuda estatal pueden recurrirse ante el Tribunal de Justicia. De conformidad con el artículo 190 del Tratado CE, la Comisión motiva las decisiones en que se pronuncia sobre la compatibilidad de una ayuda con el mercado común, de manera que puedan ser objeto de un control jurisdiccional adecuado. Los Estados miembros y los terceros interesados tienen acceso a las decisiones de la Comisión sobre ayuda estatal y, por lo tanto, pueden comprobar si aquélla ha actuado de conformidad con las disposiciones del Tratado. Si un Estado miembro o un tercero interesado directa e individualmente afectado por una decisión de la Comisión considera que ésta no ha aplicado la normativa correctamente, puede interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 173 del Tratado CE.