PREGUNTA ESCRITA E-0864/00

de Marianne Thyssen (PPE-DE) a la Comisión

(22 de marzo de 2000)

Asunto: Imposición del IVA en mandatos

El punto 3 del párrafo 2 del apartado 1 del artículo 18 del código belga relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) estipula que la ejecución de un contrato que tenga por objeto el ejercicio de un mandato se considera como un servicio.

La administración belga en materia de IVA concluye en consecuencia que las acciones de un mandatario están siempre sujetas al IVA, incluso cuando la intervención del mandatario ocurra en el contexto de una acción susceptible de las exenciones previstas en virtud del artículo 13 de la Sexta Directiva 77/388/CEE(1) del Consejo de 17 de mayo de 1977.

No obstante, el artículo 6 de la Sexta Directiva no define el mandato como un servicio susceptible de imposición. Al contrario, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y, más concretamente de la sentencia de 5 de junio de 1997 en el caso C-2/95 (Sparekassernes Datacenter (SDC) contra Skatteministeriet), se desprende claramente que las acciones de un mandatario deben estar exentas en virtud del artículo 13 de la Sexta Directiva. Por otra parte, de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 25 de febrero de 1999 en el caso C-349/96 (Card Protection) se desprende que una exención no depende de la calidad de los servicios prestados sino únicamente de la naturaleza del servicio proporcionado.

¿Cuál es la interpretación de la Comisión al respecto? ¿Considera que las actividades de un mandatario están en principio siempre sujetas a la imposición de IVA, incluso en aquellos casos en que su intervención se realice en el contexto de acciones susceptibles de exenciones en virtud del artículo 13 de la Sexta Directiva?

(1) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(26 de abril de 2000)

El ejercicio de un mandato a título oneroso por un sujeto pasivo es sin duda una operación imponible según lo dispuesto en el artículo 2 de la 6a Directiva IVA 77/388/CEE. Si esta actividad no se cita concretamente en el artículo 6 de la 6a Directiva, se debe a que en él las prestaciones de servicios se definen por defecto: se considera prestación de servicios toda operación que no constituye una entrega de bienes.

Por otra parte, por regla general, a las operaciones que se sitúan previamente a las operaciones en cuestión no se les aplica esta exención, por lo que deben gravarse (Sentencia de 12 de julio 1985 del asunto 107/84, Comisión contra Alemania).

Puede ocurrir, por el contrario, que el mandatario realice también operaciones exoneradas si el beneficiario de la prestación no es el adquirente exonerado sino el adquirente en cuyo beneficio está prevista la exención.

La Comisión considera no obstante que se trata de un análisis que debe efectuarse caso por caso, teniendo en cuenta que las exenciones a la norma general de la imposición deben interpretarse restrictivamente y, en consecuencia, que de la Sentencia de 7 de junio de 1997 (Asunto C-2/95 SDC) no puede llegarse a un principio general en el sentido de que todos los mandatarios que intervienen en operaciones exoneradas tienen derecho a la exención.