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PREGUNTA ESCRITA P-2805/02

de Christos Folias (PPE-DE) a la Comisión

(30 de septiembre de 2002)

Asunto: Directiva 2000/35/CE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

De conformidad con el artículo 6 de la Directiva 2000/35/CE(1) por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, los Estados miembros debían adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 8 de agosto de 2002.

¿Puede indicar la Comisión si la Directiva 2000/35/CE se ha incorporado ya a la legislación de todos los Estados miembros? De no ser así, en qué Estados miembros no se ha transpuesto y qué medidas piensa adoptar la Comisión al respecto?

(1) DO L 200 de 8.8.2000, p. 35.

Respuesta del Sr. Liikanen en nombre de la Comisión

(21 de octubre de 2002)

Más de la mitad de los Estados miembros ha transpuesto ya la Directiva 2000/35/CE del Parlamento y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Sin embargo, con fecha de 30 de septiembre de 2002, la Comisión aún no había recibido notificación de los siguientes países: Grecia, España, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria y Portugal.

Puesto que este tema es de gran interés para el público en general, y en especial para las pequeñas y medianas empresas (PYME), la Comisión ha creado un sitio WEB en Internet accesible al público. Figura en él, además de otra información, una lista que refleja el proceso de transposición a la legislación nacional y que se actualiza a medida que la Comisión recibe información de los Estados miembros. El sitio Internet puede encontrarse en la dirección siguiente: http://europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/late_payments/index.htm.

El 30 de septiembre de 2002, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del Tratado CE, la Comisión incoó procedimientos de infracción contra los Estados miembros que todavía no habían realizado la transposición.
PREGUNTA ESCRITA P-1520/02

de Ioannis Marínos (PPE-DE) al Consejo

(27 de mayo de 2002)

Asunto: Inclusión de Chipre en los billetes de euros

El prestigioso semanario European Voice (edición de 2-8 de mayo de 2002) dio especial publicidad a la muy loable iniciativa del eurodiputado británico Sr. Chris Davies, quien señaló al comisario Sr. Pedro Solbes Mira la necesidad de incluir a Chipre en las representaciones de Europa que figuran en los billetes de la nueva moneda única europea.

Según la citada publicación, el colega británico señaló que en dichos billetes no figura Chipre, pese a que se espera que dicho país sea Estado miembro de la Unión a partir de 2004, y solicitó que se adapte la representación gráfica de Europa de manera que incluya a la República de Chipre. Conviene señalar que en las monedas de euros no aparece ningún país candidato, mientras que figuran los países que no han adoptado el euro, es decir, Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia.

¿Puede indicar el Consejo si se adaptarán las ilustraciones de las monedas y los billetes de euros para que figure una imagen lo más exacta posible de nuestro continente? ¿Cuándo se hará?

Respuesta

(16-19 de diciembre de 2002)

En virtud del Tratado, el BCE es competente para todo lo relacionado con el diseño de los billetes en euros.

Por lo que respecta las monedas en euros, se acordó que tendrían una cara común y otra nacional. La cara común la seleccionaron en junio de 1997, con motivo del Consejo Europeo de Amsterdam y sobre la base de un concurso europeo, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros participantes.

Por consiguiente, corresponde a estos últimos y al BCE estudiar el futuro diseño de los billetes en euros y la cara común de las monedas después de la ampliación.
PREGUNTA ESCRITA E-0727/02

de Michl Ebner (PPE-DE) a la Comisión

(14 de marzo de 2002)

Asunto: Cigarrillos y tarjetas inteligentes

En declaraciones al Frankfurter Allgemeine Zeitung, las autoridades en materia de drogas de la República Federal de Alemania se pronunciaron a favor de que los jóvenes menores de 16 años ya no puedan adquirir cigarrillos en las máquinas expendedoras. Para ello, estas máquinas deberían estar equipadas de forma que en lugar de monedas sólo acepten tarjetas de previo pago que llevarían un chip incorporado en el que más tarde se grabaría la edad del usuario.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para proteger a los jóvenes contra las llamadas drogas blandas (tabaco) que también pueden crear dependencia y perjudicar gravemente la salud?

¿Cabría pensar también en hacer extensiva al conjunto de la UE esta propuesta relativa a la protección de los jóvenes contra el fácil acceso a los cigarrillos?

Respuesta del Sr. Byrne en nombre de la Comisión

(8 de abril de 2002)

Desde el punto de vista de la salud pública, sería conveniente que se impidiera el acceso de los niños y los jóvenes a los productos del tabaco. Sin embargo, el establecimiento de una edad mínima para la adquisición de estos productos, el control de la observancia de estas edades, así como la normativa general sobre la venta de productos del tabaco, no es competencia de la Comisión, sino de los Estados miembros.

Vista la importancia de este asunto, la Comisión tiene la intención de presentar, en los próximos meses, una propuesta de Recomendación del Consejo para la prevención del tabaquismo y la realización de una campañaespecífica especialmente dirigida hacia los jóvenes contra el consumo de productos del tabaco. En esta propuesta, la Comisión prevé incluir recomendaciones a los Estados miembros sobre el acceso a las máquinas expendedoras de cigarrillos.

Además, la Comisión señala que su propuesta de Directiva en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco(1), que se presentó al Parlamento a mediados del año pasado, así como la Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco(2) están a favor de la protección de los niños y de los jóvenes.

(1) COM(2001) 283 final.

(2) DO L 194 de 18.7.2001.
PREGUNTA ESCRITA E-0671/02

de Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) a la Comisión

(8 de marzo de 2002)

Asunto: Cárceles en Turquía

De los 50 000 presos que tiene actualmente Turquía, 10 000 son presos políticos acusados de terrorismo o de pertenencia a una organización política ilegal.

Estos presos son mantenidos aislados en celdas individuales o en grupos de tres. Deben esperar una media de cuatro años en prisión preventiva antes de comparecer ante un juez.

Durante más de un año se han multiplicado las protestas contra este régimen, en particular, mediante huelgas de hambre llevadas a cabo por los presos. Estas huelgas de hambre, seguidas en la actualidad por 130 personas, podrían producir la muerte de 50 de ellas.

El Consejo de Europa ha denunciado este sistema de aislamiento como una forma de tortura. Los decanos de los cuatro principales colegios de abogados del país han propuesto una solución de compromiso bautizado 3 puertas, 3 cerraduras, un sistema que permitiría a los presos de tres celdas vecinas comunicarse entre ellos durante ocho horas al día.

Esta solución se ha visto rechazada por las autoridades turcas.

¿Considera la Comisión, ahora que Turquía solicita insistentemente su adhesión a la Unión Europea, que la actitud de las autoridades turcas en este asunto favorece su admisión?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(16 de abril de 2002)

La Comisión es consciente de las condiciones en las cárceles turcas a las que se refiere Su Señoría y comparte su preocupación respecto a los presos que están en huelga de hambre. El número de presos que han muerto a consecuencia de ello asciende a 48. La Comisión considera que esta situación es inaceptable desde un punto de vista humanitario, independientemente de los motivos de las personas implicadas en la organización de las huelgas de hambre.

La Comisión está siguiendo de cerca la reforma del régimen carcelario, y está al corriente de que la solución de compromiso bautizada 3 puertas, 3 cerraduras ha sido rechazada por el Ministro de Justicia basándose en que infringe el artículo 16 de la Ley Antiterrorista.

El Ministerio de Justicia ha intentado encontrar una alternativa, y ha propuesto en una circular emitida el 10 de enero de 2002 que las cárceles permitan que grupos de más de 10 presos se reúnan cinco horas a la semana. Sin embargo, esta medida todavía no se ha llevado a la práctica, ya que el Ministerio insiste en que sólo podrá aplicarse cuando acaben las huelgas de hambre.

La Comisión está de acuerdo con Su Señoría en que la situación en las cárceles turcas no contribuye positivamente a la preparación del país para su adhesión a la Unión Europea. El Miembro de la Comisión encargado de la ampliación ha planteado el tema de la reforma del régimen carcelario durante su visita a Ankara los días 14 y 15 de febrero de 2002. La Comisión espera que se realicen mejoras y que Turquía, tal como se estipula en las prioridades a medio plazo de la Asociación para la Adhesión, mejore las condiciones de detención en las cárceles para ajustarlas a las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y otras normas internacionales.
PREGUNTA ESCRITA E-0985/02

de Toine Manders (ELDR) a la Comisión

(12 de abril de 2002)

Asunto: Competencia perjudicial en materia de fiscalidad

En el marco de los trabajos del Grupo Primarolo, se elaboró una lista de 66 medidas fiscales perjudiciales. Los Países Bajos figuraban en dicha lista con 10 medidas fiscales; de estas medidas, 8 han sido suprimidas entretanto. Por el contrario, se rumorea que otros Estados miembros, a saber Luxemburgo, Francia y Dinamarca, han copiado justamente estas medidas abolidas en los Países Bajos (véase en este contexto el artículo del periódico neerlandés NRC Handelsblad de 18 de febrero de 2002). Parece ser que hoy día es posible obtener en España un acuerdo financiero previo tal que un establecimiento permanente en Suiza sea objeto de una fiscalidad mucho más baja. En los Países Bajos, este tipo de acuerdo previo ha dejado de ser posible.

Aparentemente, los Estados miembros en cuestión no han declarado por el momento dichas medidas al Grupo Primarolo.

1. ¿Considera justo la Comisión que medidas abolidas por un Estado miembro a raíz de los trabajos del Grupo Primarolo hayan sido adoptadas por otro Estado miembro?

2. ¿Está dispuesta la Comisión a investigar si los rumores previamente mencionados son fundados?

3. ¿Está dispuesta la Comisión a adoptar medidas si resultase que determinados Estados miembros han introducido medidas fiscales abolidas por otro Estado miembro a raíz de los trabajos del Grupo Primarolo? En caso afirmativo, ¿de qué medidas se trataría?

Respuesta dada por el Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(28 de mayo de 2002)

1. En el momento de la adopción del Código de Conducta sobre el régimen fiscal aplicable a las empresas, los Estados miembros se comprometieron a no introducir nuevas medidas fiscales que resultaran perjudiciales a la luz de dicho Código. Este compromiso explícito, que se denominó cláusula standstill, quedó claramente recogido en el apartado C del Código.

2. El grupo del Código de Conducta tiene como mandato informar al Comité Ecofin sobre si dicha cláusula se respeta o no. Aplicando los apartados E y F del Código, se invita a los Estados miembros a que informen al grupo si han introducido nuevas medidas que puedan potencialmente resultar perjudiciales. También pueden solicitar la oportunidad de discutir y comentar cualquier posible medida perjudicial que haya sido introducida en otro Estado miembro.

3. Si se verifica que un Estado miembro introduce medidas que puedan ser perjudiciales con arreglo al Código de Conducta, dichas medidas tendrán que ser evaluadas por el Grupo del Código de Conducta. Por supuesto, la Comisión examinará por su parte las medidas de cuya existencia haya sido informada para determinar si el Estado miembro de que se trate cumple con las obligaciones se derivan para él del Tratado.
PREGUNTA ESCRITA E-1467/02

de Nirj Deva (PPE-DE) a la Comisión

(27 de mayo de 2002)

Asunto: Juan Carlos González Cuba

Juan Carlos González es un activista por los derechos humanos invidente, preso en Cuba desde el 5 de marzo. ¿Tiene intención la Comisión de pedir la liberación de esta persona e insistir ante las autoridades cubanas señalando que el encarcelamiento de activistas por los derechos humanos y los malos tratos a los prisioneros son inaceptables, sobre todo en el momento en que la Unión Europea trata de ampliar sus relaciones con este país?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-1458/02 y E-1467/02dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(25 de junio de 2002)

La Comisión sigue muy de cerca este asunto: el señor González Leiva fue detenido por las fuerzas de seguridad cubanas el 4 de marzo de 2002 bajo la acusación de desórdenes públicos y menoscabo de la autoridad. Con arreglo a la legislación cubana, ambos delitos pueden dar lugar a una pena de entre uno y tres años. Por el momento no se ha celebrado ningún proceso.

A la Comisión le preocupa mucho este caso, que está siguiendo el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la Unión Europea, creado por las embajadas de los Estados miembros en La Habana. La experiencia adquirida anteriormente con casos similares sugiere que la manera más eficaz de oponerse a las violaciones de los derechos humanos en Cuba es ejerciendo una acción concertada y coordinada a nivel de la Unión. Por regla general, la Comisión y los Estados miembros siguen de cerca la situación de los derechos humanos en Cuba, en el contexto tanto de la evaluación semestral de la Posición Común de la Unión sobre Cuba como de las reuniones anuales que celebra en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hay que añadir que los asuntos de derechos humanos son parte integrante del diálogo político de la Unión con Cuba, diálogo que se reinició durante la Presidencia belga en diciembre de 2001.
PREGUNTA ESCRITA E-2310/02

de Patricia McKenna (Verts/ALE) a la Comisión

(25 de julio de 2002)

Asunto: Falta de reglamentación y legislación sobre animales salvajes y circos en Irlanda

Cabe mencionar el hecho de que Irlanda carece por completo de reglamentación y legislación sobre animales salvajes y circos. Cuando en mayo de 2002 se preguntó al Ministerio de Medio Ambiente irlandés si incluiría los circos en el ámbito de la Directiva relativa a los zoológicos comunitarios (Directiva 1999/22/CE(1) del Consejo), el Ministerio recurrió a evasivas, y todo parecía indicar que la Directiva aún no se había aplicado. Nadie fue capaz de proporcionar información al respecto, si bien se señaló que la exclusión de los animales salvajes de los circos era muy probable, dada la falta de expertos en este campo.

Habida cuenta de que Irlanda tenía la obligación de aplicar la citada Directiva antes de abril de 2002, ¿qué opinión le merece a la Comisión la actuación de Irlanda?

¿Cómo piensa la Comisión sancionar a Irlanda por ese incumplimiento?

(1) DO L 94 de 9.4.1999, p. 24.

Respuesta de la Sra. Wallström en nombre de la Comisión

(11 de septiembre de 2002)

Los objetivos de la Directiva 1999/22/CE del Consejo, de 29 de marzo de 1999, relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos(1), son proteger la fauna salvaje y conservar la biodiversidad mediante la adopción de medidas por los Estados miembros de autorización e inspección de parques zoológicos en la Comunidad, consolidando así el papel de los parques zoológicos en la protección de la biodiversidad. Esa Directiva no especifica requisitos aplicables a los circos, pues se trata de extremos que deben determinar los Estados miembros.

La Comisión supervisa la transposición por los Estados miembros de la citada Directiva y ha intervenido ya con una carta conforme al artículo 226 del Tratado CE a los Estados miembros que todavía no han notificado a la Comisión la transposición de la Directiva. Una carta de este tipo se envió a Irlanda el 6 de junio de 2002.

Tras tomar nota de las observaciones relativas a la transposición presentadas por los Estados miembros como respuesta a la mencionada carta, la Comisión puede, de ser necesario, adoptar un dictamen motivado de conformidad con el artículo 226 del Tratado CE. También puede adoptar un dictamen motivado si esas observaciones no llegan a la Comisión dentro del plazo fijado.

(1) DO L 94 de 9.4.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-1662/02

de Theresa Villiers (PPE-DE) a la Comisión

(11 de junio de 2002)

Asunto: Protección de la vida marina

1. ¿Considera la Comisión que el uso de redes de arrastre pelágico ha reducido el número de matanzas no intencionadas de cetáceos?

2. ¿Tiene intención la Comisión de encargar una evaluación independiente sobre el daño ocasionado por las redes de arrastre pelágico, incluido el número de delfines, marsopas y ballenas pequeñas que han sido capturados en esas redes?

3. ¿Tiene la Comisión algún plan para exigir un sistema de control obligatorio sobre la captura no intencionada de cetáceos en todas las aguas europeas?

4. ¿Tiene intención la Comisión de prohibir la pesca con redes a gran escala y con redes de deriva?

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(4 de julio de 2002)

1. La Comisión es consciente de que la utilización de las redes de arrastre pelágicas puede dar lugar a capturas accesorias de cetáceos, si bien no tiene información sobre la evolución de estas capturas.

2. En cuanto a la evaluación de las capturas accesorias de cetáceos en las distintas pesquerías, incluidas las de las redes de arrastre pelágicas, y a posibles medidas de control y de reducción de estas capturas que vayan a adoptarse de forma coordinada a escala comunitaria, la Comisión remite a Su Señoría a su respuesta a las preguntas escritas E-0500/02 del señor Martin(1) o E-0967/02 del señor Wyn(2), en particular.

3. En cualquier caso, la Comisión es consciente de la necesidad de un mayor control del estado de conservación de las especies de cetáceos y de la incidencia que pueden tener sobre el mismo las capturas accesorias de cetáceos. A tal fin, la Comisión subraya la obligación por parte de los Estados miembros de cumplir plenamente las disposiciones correspondientes de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, sobre conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(3).

4. La Comisión recuerda también que la Comunidad ya ha implantado a través del Reglamento (CE) no 1239/98 del Consejo, de 8 de junio de 1998, que modifica el Reglamento (CE) no 894/97, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros(4) una prohibición general de la utilización de las redes de enmalle de deriva. Esta prohibición, que entró en vigor el 1 de enero de 2002, es aplicable en todas las aguas comunitarias, excepto el Mar Báltico, y a todos los buques de pesca comunitarios que faenen fuera de las aguas comunitarias.

(1) DO C 229 E de 26.9.2002, p. 93.

(2) DO C 277 E de 14.11.2002.

(3) DO L 206 de 22.7.1992.

(4) DO L 171 de 17.6.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-1831/02

de Graham Watson (ELDR) a la Comisión

(27 de junio de 2002)

Asunto: Permiso de conducir europeo

¿Tiene la Comisión intención de impulsar un permiso de conducir europeo con vistas a aliviar los problemas que generan las distintas legislaciones nacionales existentes en la Unión Europea?

Respuesta de la Sra. de Palacio en nombre de la Comisión

(1 de agosto de 2002)

Por lo que al permiso de conducción se refiere, la Comisión remite a Su Señoría a la Directiva del Consejo 91/439/CEE(1), que entró en vigor el 1 de julio de 1996. Esta Directiva prevé el reconocimiento mutuo de todos los permisos de conducción expedidos en los Estados miembros. No obstante, aún subsisten algunas diferencias entre las legislaciones nacionales, derivadas de una limitación explícita a dicho principio de reconocimiento mutuo: según el apartado 3 del artículo 1 de la Directiva mencionada, los Estados miembros mantienen sus competencias para determinar la duración de la validez de los permisos y la periodicidad de los exámenes médicos a nivel nacional.

Esta competencia de los Estados miembros para determinar el período de validez causa una situación diversa en la Unión que sigue siendo poco transparente para los ciudadanos. El hecho de que el período de validez no coincida siempre con los exámenes médicos periódicos contribuye a esta complejidad, reconocida por el Tribunal de Justicia(2).

La Comisión está evaluando actualmente la conveniencia de preparar una propuesta de Directiva que modifique la Directiva 91/439/CEE para hacer frente a esta situación, respetando al máximo el principio de subsidiariedad.

A fin de clarificar para los ciudadanos y las administraciones en cuestión las disposiciones vigentes en cuanto al permiso de conducción antes de que pueda considerarse una posible armonización progresiva, la Comisión adoptó el 25 de marzo de 2002 una Comunicación Interpretativa sobre el permiso de conducción(3).

(1) Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción, DO L 237 de 24.8.1991.

(2) Véase la sentencia de 29 de febrero de 1996, Asunto C-193/94 Skanavi, párrafo 27.

(3) DO C 77 de 28.3.2002.
PREGUNTA ESCRITA E-1698/02

de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) a la Comisión

(12 de junio de 2002)

Asunto: Medidas de información en el ámbito de la política agrícola común

Tras habérsele denegado anteriormente la candidatura que presentó al programa de actividades, la ARP (Alianza por la Defensa del Mundo Rural Portugués) ha vuelto a presentar dentro del plazo establecido otra candidatura a la DG Agricultura para la organización en el marco del Reglamento (CE) no 814/2000(1) sobre las medidas de información en el ámbito de la política agrícola común de una conferencia sobre el mundo rural cuyo tema específico es El papel del desarrollo rural en el futuro de la PAC.

Ahora bien, habida cuenta de la importancia de esta iniciativa y de la necesidad de que se apruebe cuanto antes, lo que implicará la concesión por parte de la DG Agricultura de una subvención del 75 %, a semejanza de lo que sucede en el marco de los Fondos estructurales con las regiones del Objetivo no 1, ¿puede la Comisión facilitar información acerca de esta candidatura y, más concretamente, de la posible fecha de aprobación de la misma?

(1) DO L 100 de 20.4.2000, p. 7.

Respuesta del Sr. Fischler en nombre de la Comisión

(10 de julio de 2002)

La Comisión confirma la presentación por parte de la asociación ARP de una solicitud de subvención referente a la organización de una conferencia sobre el mundo rural, en virtud del Reglamento (CE) no 814/2000 del Consejo, de 17 de abril de 2000, sobre las medidas de información en el ámbito de la política agrícola común (línea presupuestaria B1-382).

Las solicitudes de subvención son examinadas por un Comité mediante un proceso que consta de varias fases (subvencionabilidad, evaluación) previas a la concesión de las subvenciones y este examen sigue en curso. El resultado relativo a la concesión de las subvenciones y, en particular, a la solicitud de ARP, no puede conocerse antes de que finalice este examen.

En estas circunstancias, no puede facilitarse ninguna información antes de que finalice este proceso, que debería terminar en julio de 2002.