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PREGUNTA ESCRITA E-1913/02

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(2 de julio de 2002)

Asunto: Euro Compatibilidad entre la legislación del Estado de la Ciudad del Vaticano y el Derecho comunitario

Dado que el Convenio monetario entre la República Italiana, en nombre de la Comunidad Europea, y el Estado de la Ciudad del Vaticano y, en su nombre, la Santa Sede(1), autoriza el Estado de la Ciudad del Vaticano a emitir euros y de conformidad con dicho Convenio:

a) al Estado de la Ciudad del Vaticano lo representa la Santa Sede con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Letrán;

b) el primer considerando recuerda los principios establecidos en los acuerdos existentes entre el Estado de la Ciudad del Vaticano y la República Italiana y en particular en el Tratado entre la Santa Sede e Italia del 11 de febrero de 1929 y sus modificaciones;

c) el artículo 10 establece que: Podrá concederse a las instituciones financieras establecidas en la Ciudad del Vaticano acceso a los sistemas de pago dentro de la zona euro en los términos y condiciones determinados al respecto por el Banco de Italia con el acuerdo del Banco Central Europeo.

Puesto que el artículo 11 del Tratado de Letrán garantiza la independencia de los órganos centrales de la Iglesia Católica y, por consiguiente, también del Banco central (IOR, Instituto para las Obras de Religión) respecto de cualquier tipo de injerencia por parte del Estado italiano, puede facilitar la Comisión la siguiente información:

- ¿Cuáles son las instituciones financieras que tienen sede en la Ciudad del Vaticano? ¿a cuáles y con qué condiciones se ha concedido el acceso a los sistemas de pago de la zona euro?

- ¿Considera que el artículo 11 del Tratado de Letrán es compatible con el Derecho comunitario?

- ¿Tiene la República Italiana la capacidad y los instrumentos jurídicos para controlar las actividades del IOR (Banco del Vaticano)?

(1) DO C 299 de 25.10.2001, p. 1.

Respuesta del Sr. Solbes Mira en nombre de la Comisión

(17 de septiembre de 2002)

Ningún banco situado en el Vaticano tiene acceso directo a Target. Un banco (l' instituto di opere di religione) es participante indirecto(1) y dispone de dos accesos, a través de un gran banco alemán y de un gran banco italiano, ambos conectados al sistema.

Al estar relacionada la imposición de controles por las autoridades con la existencia de un acceso directo, la cuestión de la compatibilidad del artículo 11 del acuerdo del Letrán con el Derecho comunitario no se plantea.

(1) Un participante indirecto es un establecimiento que no dispone por cuenta propia de un sistema de liquidación bruta en tiempo real nacional (RBTR) pero que, no obstante, es reconocido por un sistema RBTR nacional y está sujeto a sus normas y puede ser directamente accesible en Target. Todas las operaciones de un participante indirecto se liquidan en la cuenta de un participante que aceptó representar al participante indirecto.
PREGUNTA ESCRITA P-2643/02

de Benedetto Della Vedova (NI) a la Comisión

(13 de septiembre de 2002)

Asunto: La representatividad de la CES (Confederación Europea de Sindicatos) y de sus organizaciones

Considerando que, en virtud del artículo 138 del TCE, las instituciones de la UE y, en particular, la Comisión, garantizan la función de los interlocutores sociales en el establecimiento de sus propios objetivos de política económica y social y en la elaboración de las políticas idóneas para alcanzar dichos objetivos;

Considerando que de dicha función se deriva la necesidad, no sólo para las instituciones comunitarias, sino también para los ciudadanos de la UE, de conocer a ciencia cierta la representatividad de las organizaciones a las que se reconoce el estatuto de interlocutores sociales;

Considerando el reconocimiento de la CES como único interlocutor en cuanto a la representación de los trabajadores que dependen del sector privado;

Considerando, además, que la página web de la CES incluye la lista de las organizaciones que forman parte de ella pero no informa sobre el número de trabajadores inscritos, información que los responsables de la CES, contactados por teléfono, declaran no tener.

¿Puede la Comisión proporcionar una información precisa sobre la representatividad de las organizaciones con las que coopera y, en particular, de la CES? En particular, ¿conoce y puede comunicar el número de trabajadores inscritos en cada organización miembro de la CES?

Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisión

(28 de octubre de 2002)

El Tratado CE reconoce el papel de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de la política social. En el ejercicio de su función de fomento del diálogo social europeo, la Comisión ha fijado criterios de representatividad(1) que permiten seleccionar a las organizaciones a las que se consulte con arreglo al artículo 138 del Tratado CE.

Asimismo ha puesto en marcha un estudio sobre la representatividad de los interlocutores sociales, cuyos resultados precisos pueden consultarse en la siguiente página web: www.trav.ucl.ac.be/partenaires.

Se ha establecido una lista de alrededor de medio centenar de organizaciones interprofesionales europeas(2). Todas estas organizaciones europeas se componen de miembros reconocidos como interlocutores sociales a escala nacional según los procedimientos y las prácticas propios de cada Estado miembro. Por lo tanto, su legitimidad y representatividad quedan fuera de toda duda. Además, deben ser de alcance europeo y disponer de estructuras que les permitan actuar a este nivel.

(1) COM(93) 600 final y COM(98) 322 final.

(2) COM(2002) 341 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1085/02

de Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) a la Comisión

(18 de abril de 2002)

Asunto: Financiación de programas del marco comunitario de apoyo en Grecia

Según se ha publicado en la prensa griega, el Gobierno helénico ha solicitado a la Comisión que se acelere el ritmo de financiación de aquellos Programas Operativos previstos en el Marco Comunitario de Apoyo (posiblemente además de los fondos destinados desde un principio a dichos programas en virtud del Reglamento (CE) 1260/1999(1) sobre los Fondos Estructurales) que considere que pueden avanzar más rápidamente en el futuro, como compensación por no haber financiado otros programas que aún no han sido suficientemente madurados.

1. ¿Puede confirmar la Comisión la veracidad de estas informaciones?

2. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para contestar a la solicitud del Gobierno griego?

(1) DO L 161 de 26.6.1999, p. 1.

Respuesta complementariadel Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(3 de julio de 2002)

A principios de este año, las autoridades griegas solicitaron cambios en los perfiles financieros de cuatro programas operativos del marco comunitario de apoyo de Grecia para el período 2000-2006, con el fin de facilitar la financiación de infraestructuras de transportes con vistas a los Juegos Olímpicos del 2004.

La Comisión es consciente de la importancia de los Juegos Olímpicos para Grecia y para el conjunto de la Unión. En la actualidad, está colaborando estrechamente con las autoridades griegas de forma prioritaria para determinar la posibilidad de una transferencia de fondos de otros programas a las infraestructuras relacionadas con los Juegos Olímpicos, y las medidas prácticas necesarias para llevarla a cabo en el contexto de la normativa que regula los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión.
PREGUNTA ESCRITA E-2144/02

de Fernando Fernández Martín (PPE-DE) a la Comisión

(18 de julio de 2002)

Asunto: Lesotho

En relación con Lesotho, ¿puede la Comisión especificar qué proyectos han sido financiados con cargo al presupuesto de la UE, en el año 2000?

¿Puede la Comisión esclarecer cuál es el volumen total de la ayuda a lo largo del año 2000 en todos los conceptos referentes al citado país?

Respuesta comúna las preguntas escritas E-1867/02, E-1868/02, E-1869/02, E-1870/02,E-1871/02, E-1872/02, E-1873/02, E-1874/02, E-1875/02, E-1876/02, E-1877/02, E-1878/02,E-1879/02, E-1880/02, E-1881/02, E-1882/02, E-1883/02, E-1884/02, E-1908/02, E-1909/02,E-1996/02, E-1997/02, E-1998/02, E-1999/02, E-2000/02, E-2001/02, E-2002/02, E-2003/02,E-2004/02, E-2005/02, E-2006/02, E-2007/02, E-2008/02, E-2009/02, E-2134/02, E-2135/02,E-2136/02, E-2137/02, E-2138/02, E-2139/02, E-2140/02, E-2141/02, E-2142/02, E-2143/02,E-2144/02, E-2145/02, E-2146/02, E-2147/02, E-2148/02, E-2149/02, E-2150/02, E-2151/02,E-2152/02, E-2153/02, E-2154/02 y E-2155/02dada por el Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(23 de septiembre de 2002)

En vista de la amplitud de su pregunta, la Comisión envía directamente a Su Señoría y a la Secretaría del Parlamento un cuadro que contiene la información requerida.

Debe señalarse que las cifras que figuran en el cuadro resumido por países también pueden encontrarse en la parte de Cuadros financieros del Informe Anual sobre la ejecución de la ayuda exterior de la CE.
PREGUNTA ESCRITA E-2341/02

de Antonios Trakatellis (PPE-DE) a la Comisión

(29 de julio de 2002)

Asunto: Financiación comunitaria de obras en el sector del medio ambiente y la Red Natura 2000 en Grecia

A la luz de los datos pormenorizados facilitados por el Comisario Barnier en el anexo a su respuesta a la pregunta oral (E-0796/02(1)) de este diputado sobre la ayuda comunitaria a proyectos y obras para la aplicación de la red Natura 2000 y la aportación del FEOGA a la protección del medio ambiente en Grecia, ¿puede indicar la Comisión:

1. con vistas a completar el cuadro informativo y en aras de la transparencia, qué personas físicas y jurídicas (ministerio competente, ONG, órgano administrativo, etc.) responsables de las obras cofinanciadas a través del FEDER (programa operativo sobre medio ambiente) y del programa Life-Natura 2000, han recibido y utilizan estas ayudas comunitarias en Grecia (se ruega facilitar un cuadro analítico en el que se desglose cada proyecto por separado);

2. en qué obras y actividades concretas se han gastado los 778 217 320 millones de dracmas (2 283 836,6 euros) para la realización del proyecto Parque marino de Laganás en Zante Gestión del biotopo, cofinanciado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (programa operativo sobre medio ambiente) para la protección de la tortuga Caretta-caretta, y qué personas físicas y jurídicas concretas (ministerio competente, órgano administrativo, ONG, etc.) han recibido dicha ayuda comunitaria?

3. ¿Cómo puede hacerse frente a casos de mala gestión de los fondos comunitarios de cofinanciación para la protección del medio ambiente y de qué manera puede garantizarse un mayor aprovechamiento de estos recursos?

(1) DO C 301 E de 5.12.2002, p. 54.

Respuesta del Sr. Barnier en nombre de la Comisión

(30 de septiembre de 2002)

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales(1), la selección de los proyectos que pueden recibir cofinanciación comunitaria y el seguimiento de la ejecución de los mismos corresponden a las autoridades nacionales o regionales competentes. Por consiguiente, la Comisión no dispone de la información completa solicitada por Su Señoría, información que sólo se le comunica cuando efectúa inspecciones, y le aconseja que se la pida a la autoridad gestora del programa operativo de medio ambiente (calle Evrytanias e Iteas 2, 11523 Atenas, tfno.: 010-6971700).

Por lo que se refiere a los proyectos cofinanciados con cargo al programa LIFE, la Comisión le adjunta un cuadro pormenorizado que también envía a la Secretaría General del Parlamento.

De manera general, la Comisión recuerda que cualquier irregularidad en una medida cofinanciada por la Comunidad, sea cual sea, da lugar a la aplicación de las sanciones previstas por la normativa vigente. Por lo demás, el Reglamento (CE) no 1260/1999 prevé la creación de estructuras sólidas de planificación, seguimiento y control para mejorar la utilización de esos fondos.

(1) DO L 161 de 26.6.1999.
PREGUNTA ESCRITA E-2624/02

de Markus Ferber (PPE-DE) a la Comisión

(18 de septiembre de 2002)

Asunto: Transposición de la nueva directiva postal 2002/39/CE

En primavera se aprobó la nueva Directiva 2002/39/CE(1) del Parlamento y del Consejo, con fecha de 10 de junio de 2002, modificándose así la Directiva 97/67/CE(2) con el fin de continuar con la liberalización del mercado de los servicios postales dentro de la Comunidad. Los Estados miembros deben incorporar la nueva directiva antes del 31 de diciembre de 2003 a su Derecho nacional.

¿Dispone la Comisión de información sobre el estado de la transposición? ¿Cabe esperar que los Estados miembros cumplirán con el plazo para la transposición?

¿Conoce la Comisión qué Estados miembros tienen intención de reservar la correspondencia transfronteriza de salida?

¿Tienen la obligación estos Estados miembros de demostrar específicamente que es necesario seguir manteniendo la correspondencia transfronteriza de salida en el ámbito reservado?

(1) DO L 176 de 5.7.2002, p. 21.

(2) DO L 15 de 21.1.1998, p. 14.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(16 de octubre de 2002)

La Comisión está supervisando la transposición a los Estados miembros de la Directiva 2002/39/CE del Parlamento y del Consejo de 10 de junio de 2002, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad. En la actualidad, nada hace suponer que alguno de los Estados miembros no vayan a poder cumplir el plazo para su aplicación, si bien parece que los procedimientos parlamentarios nacionales podrían motivar algún retraso.

En relación con la reserva de correspondencia transfronteriza de salida, la Comisión ha sido informada de que un Estado miembro (Luxemburgo) tiene intención de continuar llevándola a cabo.

La Comisión comprobará que las medidas de transposición nacionales se ajustan a la nueva Directiva a la luz de los criterios que establece, en particular respecto a cualquier reserva de correspondencia transfronteriza de salida.

Estos resultados no se conocerán hasta 2003. La Comisión seguirá informando al Parlamento acerca de ello.
PREGUNTA ESCRITA E-1527/02

de Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) a la Comisión

(3 de junio de 2002)

Asunto: Prohibición francesa de remunerar las cuentas corrientes

La Comisión Bancaria francesa ha prohibido a la entidad Caixa Bank, filial francesa de la española La Caixa, que siga ofreciendo un interés del 2 % en las cuentas corrientes, algo que no ocurre en el sistema bancario francés.

La referida Comisión Bancaria, dependiente de Banco de Francia, decidió examinar el caso de las retribuciones de CaixaBank a petición del gobierno francés. Finalmente, dio orden a la entidad española de no volver abrir ninguna nueva cuenta de este tipo. Además, Caixa Bank tiene un plazo de dos meses para cerrar aquellas que haya abierto con anterioridad.

¿Estima la Comisión ajustada a las correspondientes disposiciones comunitarias la decisión adoptada por la Comisión Bancaria francesa, a instancias del Gobierno francés, de prohibir a CaixaBank remunerar sus cuentas corrientes, cuyos responsables han justificado su iniciativa apoyándose en la lógica del euro y en la necesidad de dar uniformidad a la reglas monetarias europeas?

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(28 de junio de 2002)

La Comisión tiene conocimiento de la decisión de la Comisión Bancaria francesa a la que se refiere Su Señoría. Esta decisión se halla actualmente ante el Consejo de Estado francés que deberá pronunciarse en cuanto a su suspensión y casación y, entre otras cosas, examinarla desde la óptica del derecho comunitario con vistas, si procede, a presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.

Por su parte, la Comisión está examinando las cuestiones de derecho que plantea la legislación francesa en la que se basa la decisión de la Comisión Bancaria. No dejará de adoptar las medidas necesarias en cuanto todos los elementos de hecho y derecho que constituyen la motivación de dicha decisión se hayan aclarado y examinado en el marco de los correspondientes procedimientos previstos en el Tratado. La Comisión no dejará de informar a Su Señoría de la evolución del asunto.
PREGUNTA ESCRITA P-1704/02

de Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) a la Comisión

(7 de junio de 2002)

Asunto: Legislación fiscal en la República Federal de Alemania Normativa relativa a la retención anticipada del 15 %

El 7 de septiembre de 2001 entró en vigor en la República Federa de Alemania una nueva ley que tiene por objeto combatir las actividades ilegales en el sector de la construcción (Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe). Dicha ley estipula que los mandantes de obras

han de reservar un 15 % del tanto alzado de los pagos al contratista con objeto de abonarlo a las autoridades fiscales alemanas. Dicho importe se considera un adelanto sobre cualquier tipo de impuestos de sociedades, impuestos sobre la renta o impuestos sobre el volumen de negocios que deba abonarse en Alemania.

En la respuesta de 21 de diciembre de 2001 a mi pregunta de 22 de octubre de 2001 (E-2875/01(1)) relativa a este asunto, la Comisión señaló que examinaría si la aplicación efectiva de esta nueva ley conlleva una discriminación indirecta de las empresas extranjeras. También señaló que, llegado el caso, la Comisión adoptará las medidas necesarias para eliminar las disposiciones incompatibles con el Tratado CE.

Mientras tanto, me han llegado de nuevo rumores de que, en la práctica, las empresas extranjeras deben satisfacer requisitos diferentes de los que se exigen a las empresas alemanas para obtener una exención de este adelanto. En la práctica, las empresas de construcción que no obtienen este exención sencillamente no consiguen ningún tipo de contrato en Alemania.

¿Ha examinado la Comisión, después del 21 de diciembre de 2001, si el adelanto del 15 % en Alemania (en la práctica) conlleva una discriminación indirecta de las empresas extranjeras? En caso afirmativo, ¿cuáles son los resultados?

¿Considera la Comisión que las normas alemanas infringen la normativa europea y que, por lo tanto, se deberían tomar medidas al respecto?

En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa tomar la Comisión?

(1) DO C 172 E de 18.7.2002, p. 17.

Respuesta del Sr. Bolkestein en nombre de la Comisión

(9 de julio de 2002)

La Comisión está esperando las normas de ejecución coordinadas, que han sido aprobadas por los Länder y están a punto de ser adoptadas, antes de decidir si va a intervenir por motivos legales, en particular de conformidad con el artículo 49 del Tratado CE (libre prestación de servicios). En particular, las formalidades que tienen que cumplir las empresas extranjeras no deben ser desproporcionadas. Si Su Señoría conoce algún incidente específico de presunta incompatibilidad con las normas comunitarias, la Comisión desearía estar informada de los detalles.

Según la información recibida de las autoridades alemanas, se han expedido alrededor de 600 000 certificados a empresas alemanas para obtener la exención del 15 % de la deducción fiscal. La misma fuente afirma que alrededor de 10 000 empresas extranjeras han solicitado este certificado, cuya concesión sólo ha sido denegada en unos cuantos casos.
PREGUNTA ESCRITA E-1632/02

de Richard Corbett (PSE) a la Comisión

(10 de junio de 2002)

Asunto: Malta

¿Puede confirmar la Comisión que, en Malta, es ilegal criticar públicamente al Primer Ministro? ¿Coincide la Comisión en que representa una violación del Artículo 10 sobre la libertad de expresión del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en el que se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión?

¿Coincide la Comisión en que dichas violaciones de los derechos humanos pueden influir en la solicitud de adhesión de Malta a la Unión Europea?

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(4 de julio de 2002)

La Comisión no está al corriente de que la legislación maltesa prohiba criticar al Primer Ministro públicamente.

El artículo 41 de la Constitución maltesa establece que:

Salvo con su consentimiento propio, o por motivos de disciplina paternal, no se impedirá que ninguna persona disfrute de su libertad de expresión, incluida la libertad de opinión y la libertad de comunicar o recibir ideas e información sin interferencias (tanto si la comunicación está destinada al público en general como a cualquier persona o grupo de personas), así como la libertad de mantener el secreto de su correspondencia.

La Comisión no está al tanto de ninguna ley que limite la libertad de expresión consagrada en la Constitución por lo que se refiere al Primer Ministro. Al contrario, la lectura de la prensa maltesa confirma que en Malta es una práctica común y frecuente criticar al Primer Ministro y al Gobierno.

La Comisión declaraba en su informe periódico de 2001 sobre este país(1) que Malta seguía cumpliendo los criterios políticos de Copenhague y el respeto por parte de las autoridades de los derechos democráticos y humanos es en general satisfactorio. La Comisión seguirá supervisando el respeto de los derechos humanos fundamentales y, en especial, la libertad de expresión en Malta.

(1) COM(2001) 700 final.
PREGUNTA ESCRITA E-1368/02

de Concepció Ferrer (PPE-DE) a la Comisión

(14 de mayo de 2002)

Asunto: Examen de las carencias de la iniciativa Todo Salvo Armas

A la luz del informe presentado por OXFAM internacional que considera la Unión Europea como una de las economías industrializadas con barreras más altas de la Unión Europea, a pesar de la reciente iniciativa que lanzó la Comisión relativa a Todo salvo Armas que otorga a los PMA una ampliación de la franquicia de los derechos de aduana sin ninguna limitación cuantitativa.

¿Piensa la Comisión examinar cuáles son las carencias de la iniciativa para hacer del acceso al mercado europeo de los PMA una oportunidad real y alcanzar, así, los beneficios positivos derivados del comercio?

Respuesta del Sr. Lamy en nombre de la Comisión

(18 de junio de 2002)

La Unión ha suministrado libre acceso contingentario y arancelario a los países menos adelantados (PMA) con arreglo a la iniciativa Todo salvo armas. Dado que ello supone un pleno acceso al mercado comunitario, es difícil ver cómo puede mejorarse. En consecuencia, la Comisión no prevé reexaminar este plan.

La Comisión sí reconoce que existen otros temas que deben ser abordados para que los países menos adelantados puedan aprovecharse plenamente de este acceso al mercado. La falta de capacidad comercial constituye una dificultad que debe ser superada, y éste es el motivo por el cual la Comisión se está centrando en aumentar sus esfuerzos en el campo de la asistencia técnica vinculada al comercio. La falta de capacidad de suministro es otro serio obstáculo que impide a muchos PMA beneficiarse del acceso al mercado. La Comisión intenta resolver este problema mediante la integración sistemática de los aspectos comerciales en su cooperación al desarrollo y mediante el apoyo a los esfuerzos de los países en desarrollo para hacer lo mismo en lo que respecta a la integración del comercio en sus estrategias y políticas de desarrollo.

Dicho esto, la Comisión quisiera alentar e invitar a todos los países desarrollados que aún no lo han hecho a hacer suya esta iniciativa para intensificar y reforzar las perspectivas de que los PMA se beneficien de un mayor acceso al mercado.