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PREGUNTA ESCRITA E-1646/98

de Panayotis Lambrias (PPE) a la Comisión

(29 de mayo de 1998)

Asunto: Necesidad de armonización de la legislación griega con la legislación comunitaria en materia de alimentos con miras a la protección del consumidor

Según una propuesta de los servicios griegos competentes dada a conocer recientemente, Grecia presenta un retraso extraordinario en lo que concierne a la transposición de la legislación comunitaria en materia de alimentos, al tiempo que la legislación griega correspondiente se caracteriza por la falta de coherencia, que se ve reforzada por la fragmentación de los procedimientos y mecanismos de control de los alimentos.

¿Puede indicar la Comisión si tiene el propósito de adoptar medidas para promover la aplicación en Grecia de la Directiva 93/43/CEE(1), referente al establecimiento de condiciones adecuadas de higiene en los lugares de producción, transporte y comercialización de los productos alimenticios, así como la creación de los servicios y las estructuras necesarias para garantizar la salud de los ciudadanos griegos?

Respuesta del Sr. Bangemann en nombre de la Comisión

(20 de julio de 1998)

En el marco del control de la aplicación de la legislación comunitaria, la Comisión dirigió a Grecia, en febrero de 1996, una carta de emplazamiento y, en diciembre de 1996, un dictamen motivado por no haberle sido comunicadas, en los plazos previstos, las eventuales medidas de incorporación de la Directiva 93/43/CEE, relativa a la higiene de los productos alimenticios. Desde entonces, la Comisión no ha podido obtener elementos que le permitan concluir que se ha llevado a cabo la incorporación de dicha Directiva a la legislación nacional y ha decidido someter el asunto al Tribunal de Justicia.

(1) DO L 175 de 19.7.1993, p. 1.
PREGUNTA ESCRITA E-1767/98

de Gunilla Carlsson (PPE) a la Comisión

(5 de junio de 1998)

Asunto: Informe anual de la Comisión sobre las playas de la Unión Europea

Hoy se hace público el informe anual de la Comisión sobre las playas de la Unión Europea. Dicho informe otorga un suspenso, entre otras, a todas las playas de Estocolmo.

¿Qué motivos mueven a la Comisión a elaborar esta clasificación? ¿Considera la Comisión que el mejor modo de controlar las playas es hacerlo a nivel de la Unión, y que esta clasificación se ajusta a lo estipulado en el artículo 5 del Tratado CE, relativo a la subsidiariedad?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(2 de julio de 1998)

La Comisión publica el informe anual a que se refiere Su Señoría antes de la temporada de baño del año en curso. Lo que se pretende es informar a la población de la calidad de las zonas de baño de los distintos Estados miembros durante el año anterior.

La Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño(1) obliga a las autoridades competentes de los Estados miembros (por ejemplo, gobiernos locales o gestores de playas) a inspeccionar y proceder a una recogida de muestras en las zonas de baño seleccionadas durante la temporada de baño con una frecuencia mínima establecida en la directiva (en general cada 14 días). A continuación se analizan las muestras en laboratorios con objeto de determinar la cantidad presente de una serie de indicadores de contaminación (parámetros). La organización de los programas de control se realiza según el principio de subsidiariedad.

No obstante, el informe anual de la Comisión sobre la calidad de las aguas de baño se publica con arreglo al artículo 13 de la Directiva 76/160/CEE, de 8 de diciembre de 1975, modificado por el artículo 3 de la Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la normalización y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio ambiente(2), que obliga a los Estados miembros a notificar a la Comisión los resultados de los análisis de laboratorio y de las inspecciones.

Para calcular el grado de calidad, la Comisión tiene en cuenta dos parámetros microbiológicos -coliformes totales y fecales- y tres parámetros fisicoquímicos -aceites minerales, sustancias tensoactivas y fenoles-. Con respecto a esos parámetros, la Directiva determina una frecuencia mínima de muestreo y unos valores obligatorios que no pueden excederse. Las autoridades suecas, en este caso de Estocolmo, no controlan sistemáticamente o no controlan en absoluto los tres parámetros fisicoquímicos, lo que explica el gran número de símbolos naranjas (que corresponden a zonas de baño donde las muestras no se toman con la frecuencia exigida) y rojos (correspondientes a las zonas donde no se toman muestras y que, por consiguiente, no cumplen la directiva) que aparecen en el informe.

(1) DO L 31 de 5.2.1976.

(2) DO L 377 de 31.12.1991.
PREGUNTA ESCRITA E-1003/98

de Gianni Tamino (V) a la Comisión

(2 de abril de 1998)

Asunto: Base aérea de Aviano: solicitud de precisiones

En relación con mi anterior pregunta E-3480/96(1) y las posteriores respuestas de la Comisaria Bjerregaard de 20 de enero de 1997 y de 4 de julio de 1997, ¿podría indicarme la Comisión si se ha enviado el recordatorio de que se habla en dichas respuestas y si se ha recibido una respuesta de las autoridades italianas, teniendo, asimismo, en cuenta los graves daños ocasionados al Cermins por un avión militar estadounidense estacionado en dicha base?

Respuesta de la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(2 de junio de 1998)

De la información enviada por las autoridades italianas se deduce que la Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(2), no es aplicable al caso concreto de la base aérea norteamericana de Aviano, toda vez que, como se afirma en el apartado 4 de su artículo 1, la misma "no se referirá a los proyectos destinados a los fines de defensa nacional".

(1) DO C 83 de 14.3.1997, p. 130, y DO C 60 de 25.2.1998, p. 7.

(2) DO L 175 de 5.7.1985.
PREGUNTA ESCRITA E-2258/98

de Miguel Arias Cañete (PPE) a la Comisión

(22 de julio de 1998)

Asunto: FEOGA-Garantía en Holanda, 1986-1995

¿Puede especificar la Comisión cuál es el importe total recibido durante los años 1986 a 1995 por Holanda con cargo al FEOGA-Garantía, especificando

- la distribución por capítulos (cultivos herbáceos, azúcar, textiles y gusanos de seda, otros sectores o productos vegetales, sector vitivinícola, tabaco, leche y productos lácteos, carne de vacuno, carne de ovino y caprino, carne de porcino, huevos y aves de corral, otras medidas de producción animal, restituciones de productos agrícolas transformados, restituciones de ayuda alimentaria de la UE, distribución de productos agrarios a los desfavorecidos, medidas de acompañamiento, medidas de desarrollo rural relacionadas con el funcionamiento de los mercados, otras medidas, ayudas a la renta y Fondo Europeo de Garantía Pesquera);

- y por modalidades (restituciones a la exportación, ayudas compensatorias de precios, ayudas por superficies, ayudas por cabeza de ganado, primas orientativas, ayudas al almacenamiento privado, retirada y operaciones similares, montantes compensatorios, medidas de acompañamiento de la reforma de la PAC, y gastos de almacenamiento público)?
PREGUNTA ESCRITA E-1220/98

de Ernesto Caccavale (UPE) a la Comisión

(29 de abril de 1998)

Asunto: Presuntas irregularidades en la gestión de los fondos para la cooperación por parte del Cestas

En 1993, la DG VIII de la Comisión confió a una organización no gubernamental italiana, el CESTAS, de Bolonia, la gestión de un proyecto de cooperación en Angola para intervenciones urgentes en el sector sanitario. El valor total del proyecto resultaba, en origen, de aproximadamente 6.000 millones de liras. Tras comprobar que la mencionada ONG tenía dificultades para realizar el proyecto debido a la inestabilidad en el país, la Comisión le pidió que lo reorientara y prolongó la duración del mismo.

¿Podría la Comisión:

1. evaluar el grado de emergencia sobre cuya base de otorgaron los fondos;

2. especificar el importe de las cuotas ya entregadas a la ONG para estas intervenciones urgentes en el sector sanitario;

3. indicar quién, por parte de la Comisión, pidió que se reorientara el proyecto;

4. averiguar los motivos aducidos por el CESTAS para justificar su ausencia operativa en Angola y para justificar las onerosas y numerosas misiones de planificación efectuadas en todo caso por sus socios;

5. dar a conocer las medidas que tiene la intención de adoptar en caso de que efectivamente se constataran irregularidades?

Respuesta del Sr. Pinheiro en nombre de la Comisión

(25 de junio de 1998)

La Comisión financia acciones de rehabilitación en Angola basándose en la definición de las necesidades esenciales y en la selección de prioridades efectuada por la Comisión. En 1995, la Comisión precisó una estrategia de cooperación en el ámbito de la rehabilitación de los servicios del sector sanitario (DG VIII y ECHO), en colaboración con el Ministerio de Sanidad y los otros proveedores de fondos.

Se procedió a revisar el proyecto Cestas, y todos los demás proyectos en marcha de organizaciones no gubernamentales (ONG), con el fin de hacere eco de la evolución de la situación en el país, la selección de prioridades por parte de la Comisión y la coordinación de las acciones en cada provincia.

El importe concedido por la Comisión a la ONG Cestas para iniciativas de rehabilitación en el ámbito sanitario en Angola asciende a 1.441.000 ecus desde 1992. Una vez finalizadas las actividades del proyecto y tras aprobación por la Comisión, se abonará el saldo actual de los pagos 123.743 ecus.

La decisión de dar una nueva orientación al proyecto se tomó mediante la coordinación entre la Comisión, los responsables de la ONG y las autoridades sanitarias de la provincia.

Durante la fase activa de ejecución del proyecto, la ONG estuvo presente y representada en el país. En el contrato estaban previstas misiones, en particular, para realizar reuniones y seminarios con las estructuras locales que intervenían en el proyecto.

Los procedimientos de seguimiento y control se aplican a esta ONG como a los otros socios que intervienen en las acciones de cooperación. Los pagos de los tramos dependen de la aprobación de los informes de actividad y financieros. En caso de duda, la Comisión realiza controles financieros más minuciosos.
PREGUNTA ESCRITA E-1865/98

de Graham Mather (PPE) a la Comisión

(16 de junio de 1998)

Asunto: Reclamación no 97/4397: Supuesta utilización de gatos y perros callejeros para investigaciones en Bélgica.

En los últimos meses la Comisión ha hecho públicos los resultados de su investigación sobre este tema. Sin embargo, y a pesar de la investigación de la Comisión, siguen existiendo razones de peso para preocuparse de la situación reinante en Bélgica.

1. ¿Está la Comisión satisfecha de la acción emprendida por los laboratorios belgas objeto de la reclamación arriba mencionada?

2. De acuerdo con la Unión Británica para la Abolición de la Vivisección (BUAV), parece ser que en Bélgica es práctica común el empleo de animales no criados a ese fin. Aunque la legislación europea no prohíbe la utilización de animales no criados para ese fin, la Directiva 86/609/CCE(1) deja bien claro que esa práctica debe constituir la excepción y no la regla. ¿Cree la Comisión que esta Directiva se está aplicando correctamente en Bélgica?

3. ¿Ha presentado el Gobierno belga pruebas ante la Comisión europea de que las condiciones en que se mantiene a los animales en los laboratorios de investigación responden a las disposiciones de esta Directiva

(1) DO L 358 de 18.12.1986, p. 1.

Respuesta común

a las preguntas escritas E-1834/98 y E-1865/98 dada por la Sra. Bjerregaard en nombre de la Comisión

(20 de julio de 1998)

En respuesta a la solicitud de información cursada por la Comisión, Bélgica ha señalado que sus autoridades han investigado los tres centros objeto de la queja a que se refiere Su Señoría y han adoptado las medidas correctoras apropiadas en los casos necesarios.

La Comisión volverá a plantear la cuestión ante Bélgica para comprobar que las medidas adoptadas han servido para garantizar en la actualidad el cumplimiento de la directiva por parte de los establecimientos que la incumplían.

Cabe señalar en este sentido que a la Comisión no le consta hoy en día que la utilización de animales no procedentes de establecimientos de cría sea práctica habitual en Bélgica. Con el fin de evaluar la situación, la Comisión solicitará de las autoridades belgas información sobre las excepciones concedidas en virtud de la directiva y por las que se permite utilizar este tipo de animales.

La Directiva 86/609/CEE, de 24 de noviembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros respecto a la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, no estipula la obligatoriedad de que los Estados miembros informen a la Comisión sobre la procedencia de los animales utilizados para experimentación.
PREGUNTA ESCRITA E-2460/98

de Honório Novo (GUE/NGL) a la Comisión

(30 de julio de 1998)

Asunto: Demora de pagos en el marco del Subprograma A de Pronorte

A finales de junio de 1998, los medios de comunicación portugueses se hicieron eco de las preocupaciones manifestadas por varias autoridades locales acerca de las importantes demoras de pagos registradas en el marco de Pronorte.

Por una parte, varias de estas autoridades comunicaron públicamente que podían verse obligadas a suspender parte de las obras cofinanciadas por el Subprograma A de Pronorte, ya que a pesar de haber enviado a las autoridades gubernamentales las respectivas solicitudes de pago, seguían sin recibir los fondos correspondientes a la ejecución física realizada.

Por otra parte, algunas autoridades gubernamentales y sus representantes sugirieron públicamente que la demora registrada en los pagos de este Subprograma de Pronorte se debía a ciertas dificultades a la hora de desbloquear los fondos del presupuesto comunitario, dificultades que atribuían a la Comisión Europea.

En aras de una información completa y pública sobre este asunto, y de la transparencia con que merece tratarse esta cuestión, ¿podría indicar la Comisión si se han producido efectivamente retrasos en el envío de importes destinados a liquidar los pagos solicitados por las autoridades nacionales para cumplir con las obligaciones derivadas de la ejecución de obras en el marco del Subprograma A de Pronorte?

En caso afirmativo, ¿a qué se deben dichos retrasos? En caso negativo, ¿de qué información dispone la Comisión Europea sobre el retraso que se registrará en Portugal entre el envío de los importes comunitarios y su correspondiente recepción por parte de las autoridades locales?

Respuesta de la Sra. Wulf-Mathies en nombre de la Comisión

(10 de septiembre de 1998)

Los pagos de la Comisión correspondientes a ese programa no están registrando retrasos. La Comisión se informa a través de las autoridades nacionales de los posibles retrasos en las transferencias financieras a las autoridades locales.
PREGUNTA ESCRITA E-1583/98

de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) a la Comisión

(25 de mayo de 1998)

Asunto: Industria de la pizarra y obstáculos al comercio internacional

En su respuesta a mis anteriores preguntas parlamentarias E-4009 y E-4011/97(1), Sir Leon Brittan, en nombre de la Comisión, señala que la Comisión puso en marcha, en noviembre de 1996, una nueva iniciativa sobre la estrategia y las posibilidades de acceso de la industria comunitaria a los mercados de terceros países y, consecuentemente, de determinación y eliminación de los obstáculos a las exportaciones comunitarias. En este contexto, el Comisario Brittan invitaba al sector de la pizarra a participar activamente en esta iniciativa destinada a la determinación de los obstáculos al comercio internacional.

¿Puede informar la Comisión en qué consiste concretamente dicha iniciativa y en qué estado actual se encuentra, así como el procedimiento concreto de participación a seguir por la industria de la pizarra?

(1) DO C 196 de 22.6.1998, p. 56.
PREGUNTA ESCRITA E-2060/98

de Felipe Camisón Asensio (PPE) a la Comisión

(7 de julio de 1998)

Asunto: Retrasos en los pagos comerciales

Las instituciones europeas se han pronunciado con frecuencia sobre el problema de la morosidad, cuyos perjuicios, en forma de cargas financieras y administrativas, recaen fundamentalmente sobre las medianas y pequeñas empresas (PYME), tanto si quien infringe es la Administración pública como la empresa privada. Las normas consecuentes a tales pronunciamientos tratan de imponer medidas disuasorias y procedimientos de reclamación tendentes a conseguir que las deudas no impugnadas se abonen realmente en el plazo estipulado, y se llega incluso a propugnar el concepto de reserva de dominio.

¿Puede comunicar la Comisión cuáles son los Estados miembros más afectados por este problema y cuáles los que menos?

Respuesta del Sr. Papoutsis en nombre de la Comisión

(2 de octubre de 1998)

En su informe sobre los retrasos en el pago en las transacciones comerciales(1), la Comisión ha recopilado información de diversas fuentes sobre los plazos de pago en los países del Espacio Económico Europeo. Según una encuesta(2) utilizada como referencia en la Comunicación, el plazo medio de pago (tiempo transcurrido entre la entrega de los bienes o servicios y su pago) en Europa es de 54 días mientras que el plazo contractual medio del pago (tiempo transcurrido entre la entrega de los bienes o servicios y la fecha de pago prevista) es de 39 días, lo que supone una morosidad media de 15 días. Los plazos de pago medios más largos se han observado en Grecia (94 días), Portugal (91 días) e Italia (87 días) y los más cortos en Noruega (27 días), Finlandia (29 días) y Suecia (32 días).

Otra encuesta confirma los resultados de la anterior aunque con ligeras diferencias(3). El plazo de pago medio en Europa es de 61 días, con los más largos Grecia (85 días), seguida por Italia (83 días) y España (73 días) y los más cortos en Finlandia (29 días), Noruega (33 días) y Dinamarca (35 días).

Con el fin de atacar este problema la Comisión ha propuesto recientemente una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales(4). El Parlamento ya la ha aprobado en primera lectura y el Consejo la está examinando.

(1) DO C 216 de 17.7.1997.

(2) Payment Habits Survey 1996 (Encuesta sobre prácticas de pago), Intrum Justitia, Amsterdam, abril de 1997.

(3) European Business Survey (Encuesta de las empresas europeas), Grant Thornton International, Londres, mayo de 1997.

(4) DO C 168 de 3.6.1998.
PREGUNTA ESCRITA E-2261/98

de Miguel Arias Cañete (PPE) a la Comisión

(22 de julio de 1998)

Asunto: FEOGA-Garantía en Dinamarca, 1986-1995

¿Puede especificar la Comisión cuál es el importe total recibido durante los años 1986 a 1995 por Dinamarca con cargo al FEOGA-Garantía, especificando

- la distribución por capítulos (cultivos herbáceos, azúcar, textiles y gusanos de seda, otros sectores o productos vegetales, sector vitivinícola, tabaco, leche y productos lácteos, carne de vacuno, carne de ovino y caprino, carne de porcino, huevos y aves de corral, otras medidas de producción animal, restituciones de productos agrícolas transformados, restituciones de ayuda alimentaria de la UE, distribución de productos agrarios a los desfavorecidos, medidas de acompañamiento, medidas de desarrollo rural relacionadas con el funcionamiento de los mercados, otras medidas, ayudas a la renta y Fondo Europeo de Garantía Pesquera);

- y por modalidades (restituciones a la exportación, ayudas compensatorias de precios, ayudas por superficies, ayudas por cabeza de ganado, primas orientativas, ayudas al almacenamiento privado, retirada y operaciones similares, montantes compensatorios, medidas de acompañamiento de la reforma de la PAC, y gastos de almacenamiento público)?
PREGUNTA ESCRITA E-1791/98

de Nikitas Kaklamanis (UPE) a la Comisión

(11 de junio de 1998)

Asunto: Diálogo social y medidas policiales

El 19 de enero de 1998, el Comisario Sr. Flynn respondió amablemente a mi pregunta escrita no 3605/97(1) señalando que "el diálogo entre los interlocutores sociales contribuye poderosamente a dar forma al medio económico y social y se ha impuesto como uno de los fundamentos esenciales de nuestro modelo de sociedad". En otro momento de dicha respuesta, el Sr. Comisario señalaban que "la puesta en práctica de las orientaciones decididas en Luxemburgo prevé una estrecha asociación de los interlocutores sociales en todas las etapas del proceso", algo que apunta a la necesidad de un consenso social.

El Gobierno griego se ha negado a mantener un diálogo con los trabajadores sobre la venta del "Banco Jónico" (filial del "Banco Comercial"), infringiendo el principio del diálogo social, y el 24 de mayo de 1998 sus fuerzas policiales intervinieron contra los trabajadores en el centro mecanográfico del Pireo eligiendo la táctica del enfrentamiento total con éstos.

¿Puede facilitar la Comisión su posición oficial sobre esta actuación sin precedentes del Gobierno griego que constituye una flagrante violación de los compromisos adquiridos en el marco de la UE en lo relativo al diálogo social?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(10 de julio de 1998)

La Comisión tiene la función de fomentar el diálogo social a nivel comunitario. Estas competencias se especifican en el artículo 118 B del Tratado CE y en el artículo 3 del Acuerdo sobre la política social.

Asimismo, la Comisión ha presentado un gran número de propuestas para que se incluyan como contenido en la Carta de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores. Ésta considera, por ejemplo, que el procedimiento de información y consulta a los trabajadores son elementos imprescindibles de una cultura de relaciones laborales ampliamente compartida en Europa.

El modelo de relaciones sociales que la Comisión debe fomentar a nivel europeo está inspirado de este modo en un enfoque de las relaciones laborales fundado en el diálogo y la cooperación.

En lo que se refiere a los hechos aludidos por el honorable parlamentario sobre un conflicto social a nivel nacional, estos hechos son competencia únicamente de los Estados miembros. Así pues, no compete a la Comisión juzgar prácticas nacionales en estos campos.

(1) DO C 174 de 8.6.1998, p. 85.
PREGUNTA ESCRITA E-2074/98

de Roberta Angelilli (NI) a la Comisión

(7 de julio de 1998)

Asunto: Barreras arquitectónicas en edificios comerciales

En distintas zonas de Roma se alzan barreras arquitectónicas que impiden el acceso a personas discapacitadas y ancianos. Esto sucede no sólo en los edificios públicos, sino también en muchos edificios privados de uso comercial, que por la gran afluencia de personas que los visitan, se pueden considerar en algunos casos auténticos servicios públicos.

Por consiguiente:

1. ¿Puede decir la Comisión si existen directivas destinadas a facilitar el acceso de las personas discapacitadas a los edificios?

2. ¿Puede decir si estas directivas incluyen también a los edificios privados de uso comercial?

3. ¿Puede decir si Italia ha transpuesto estas directivas?

4. ¿Puede emitir un juicio general sobre este asunto?

Respuesta del Sr. Flynn en nombre de la Comisión

(3 de septiembre de 1998)

No existen directivas comunitarias que regulen el acceso de las personas con discapacidades a los edificios públicos.

En su Comunicación sobre la igualdad de oportunidades para las personas con minusvalía(1), la Comisión observaba que muchos edificios públicos siguen siendo inaccesibles o difícilmente accesibles para ese tipo de personas. También observaba que los principios de "concepción para todos" y de acceso universal reportarían numerosas ventajas recíprocas para muchos otros grupos. La Comisión reitera su compromiso con estos principios.

(1) COM(96)406 final.