ES Diario Oficial de la Unión Europea C 244/1

Protocolo de acuerdo entre el Defensor del Pueblo Europeo y el Banco Europeo de Inversiones relativo a la información sobre las políticas, normas y procedimientos del Banco, así como a la tramitación de las reclamaciones, incluidas las reclamaciones presentadas por no ciudadanos y no residentes de la Unión Europea

(2008/C 244/01)

1. Antecedentes y objetivos del presente protocolo de acuerdo

Tanto el Defensor del Pueblo Europeo (el «DPE») como el Banco Europeo de Inversiones (el «BEI») son instituciones que forman parte del marco institucional de la Unión Europea y funcionan como parte integrante del mismo.

El BEI es la institución financiera de la Unión Europea, teniendo por accionistas a los Estados Miembros de la UE. Posee personalidad jurídica propia y goza de autonomía financiera dentro del sistema institucional europeo. El BEI solicita el préstamo de importantes volúmenes de fondos en los mercados de capitales que luego adelanta en condiciones favorables para facilitar la realización de proyectos conducentes a los objetivos de la UE. La actividad del BEI en terceros países («financiaciones exteriores») responde a la política europea de cooperación y ayuda al desarrollo.

Elegido por el Parlamento Europeo y responsable ante éste, el DPE desempeña su misión con total independencia. Está facultado para investigar las alegaciones de mala administración en las actividades de las instituciones u órganos comunitarios, a excepción del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Dichas investigaciones podrán ser realizadas por propia iniciativa del DPE o a raíz de la presentación de una reclamación. Todo ciudadano de la Unión Europea y toda persona natural o jurídica que tenga su residencia o domicilio social en un Estado miembro, tiene derecho a presentar una reclamación ante el DPE.

El presente protocolo de acuerdo se basa en los resultados de la cooperación mantenida entre el BEI y el DPE con motivo de las investigaciones practicadas por este último como resultado de reclamaciones por presunta mala administración del BEI.

Tanto el DPE como el BEI comparten el objetivo de brindar la máxima participación y protección a todos los interesados por las actividades del BEI, asegurando en particular hacer extensiva dicha protección a las personas físicas y jurídicas que no sean ciudadanos o residentes de un Estado miembro de la UE o que no tengan un domicilio social en un Estado miembro de la UE. El presente Protocolo sienta las bases para una buena cooperación en aras de este objetivo.

2. Principios básicos

El DPE y el BEI convienen en los siguientes principios básicos:

I. El BEI debe facilitar al público información sobre las políticas, normas y procedimientos aplicados a los aspectos medioambientales, sociales y de desarrollo de sus actividades.

II. El concepto de «mala administración» aplicado por el DPE incluye la violación de los derechos humanos, el incumplimiento de la legislación vigente y la inobservancia de las normas de buena administración.

III. Una importante norma de buena administración exige que el BEI se atenga a las políticas, normas y procedimientos que él mismo ha establecido.

IV. Antes de acudir al DPE, los reclamantes deben haber agotado los recursos ofrecidos por el procedimiento interno de reclamación del BEI.

En base a los antedichos principios y a la experiencia proporcionada por su mutua cooperación hasta el presente, el DPE y el BEI manifiestan lo siguiente:

— el BEI declara: 1) que ha puesto en marcha una política de gestión de reclamaciones que ofrece al público un procedimiento institucional interno para la tramitación de tales quejas. Por medio de tal política, el BEI se compromete a garantizar la adecuada participación de los interesados y a habilitar para ello los correspondientes procedimientos internos; 2) que en el empeño de mejorar la información facilitada al público en torno a las normas y las políticas aplicables a las actividades del BEI, en el Anexo I de la política de gestión de reclamaciones figura una lista de documentos pertinentes que también pueden ser consultados en la página en internet del BEI; 3) que tiene intención de iniciar un proceso de consulta pública en torno a su política de gestión de reclamaciones a comienzos de 2009,

— el DPE declara: 1) que cuando el único motivo para no poder investigar una reclamación por presunta mala administración del BEI sea que el reclamante no es ciudadano o residente de la UE, el DPE hará uso del derecho que le asiste de iniciar investigaciones de oficio; 2) que no estima procedente imponer su propio criterio al BEI en lo referente a cuestiones fundamentales de orden medioambiental, social y de desarrollo que puedan suscitarse en el transcurso de una investigación sobre un caso de presunta mala administración. El DPE considera que su misión es examinar si el BEI ha explicado de manera coherente y razonable su postura con respecto a dichas cuestiones; 3) que el examen a realizar por el DPE ha de tomar como punto de partida el expediente que acredita el tratamiento dado por el BEI, en uso de sus mecanismos y procedimientos internos, a las cuestiones planteadas en la reclamación; y que por consiguiente cada reclamación debe contener una explicación del motivo por el que el reclamante se eleva contra dicho expediente o contra la postura del BEI que aparece reflejada en el mismo (1).

3. Disposiciones finales

El presente protocolo de acuerdo no pretende crear derechos ni obligaciones legales en la relación entre el DPE y el BEI, como tampoco frente a terceros.

Ninguna disposición del presente protocolo de acuerdo menoscabará en modo alguno la autonomía decisoria de ambas partes en sus respectivas esferas de actividad, como tampoco desvirtuará ni modificará las obligaciones legales de ninguna de las partes.

El BEI y el DPE procurarán reunirse periódicamente, en principio una vez al año por lo menos, para intercambiar opiniones sobre la aplicación práctica de las disposiciones del presente protocolo de acuerdo y estudiar la posibilidad de introducir mejoras en el mismo. En particular, el BEI y el DPE procurarán revisar el presente protocolo de acuerdo para ponerlo en consonancia con los resultados de la consulta pública a realizar por el BEI en torno a su Política y Mecanismo de Reclamaciones.

El presente protocolo de acuerdo podrá ser revisado a petición de cualquiera de las partes y cada una de ellas estará facultada para declararlo resuelto de pleno derecho en todo momento.

Luxemburgo, 9 de julio de 2008. P. Nikiforos DIAMANDOUROS Defensor del Pueblo Europeo Philippe MAYSTADT Presidente del Banco Europeo de Inversiones

(1) Los Estatutos del Defensor del Pueblo Europeo (artículo 2.4) imponen a todo reclamante la obligación de realizar previamente las oportunas gestiones administrativas ante las instituciones u órganos de que se trate.