PACTO DE PREADHESIÓN PARA LUCHAR CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS PAÍSES CANDIDATOS DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL (Texto aprobado por el Consejo JAI el 28 de mayo de 1998) (98/C 220/01)

Nosotros, los Ministros de Justicia y de Asuntos de Interior de los Estados miembros de la Unión Europea, actuando en nuestra capacidad de miembros del Consejo de la Unión Europea, en plena asociación con la Comisión,

y

Nosotros, los Ministros de Justicia y de Asuntos de Interior de los países candidatos de Europa Central y Oriental, incluidos los Estados bálticos y Chipre,

los primeros denominados en lo sucesivo «Estados miembros de la UE» y los últimos, «PECO y Chipre»,

HABIÉNDONOS REUNIDO en Bruselas el 28 de mayo de 1998,

HABIENDO CONSIDERADO el Plan de acción de la Unión Europea para luchar contra la delincuencia organizada, aprobado por el Consejo Europeo de Amsterdam en junio de 1997 (1) y, en particular, su Recomendación n° 3,

HACIENDO HINCAPIÉ en nuestro compromiso común con la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho y conscientes de que la delincuencia organizada constituye una grave amenaza para dichos valores porque penetra, contamina y corrompe la estructura de los Gobiernos, las actividades mercantiles y financieras legítimas y la sociedad a todos niveles,

RECONOCIENDO que al menos son necesarios los siguientes elementos para una eficaz cooperación judicial y entre los servicios de policía, tanto a escala nacional como internacional:

- una administración policial estructurada de modo eficiente, con poderes de acción, personal preparado y el equipo técnico adecuado para combatir con eficacia la delincuencia,

- un sistema judicial dotado de las competencias adecuadas que funcione sobre la base de normas modernas tanto materiales como procesales,

- bases jurídicas satisfactorias para luchar contra la corrupción, y aplicación consecuente de las mismas,

- capacidad de las autoridades policiales para luchar contra la delincuencia organizada, incluida la relativa a los estupefacientes y el tráfico internacional de armas, para confiscar las ganancias de procedencia delictiva y para impedir el blanqueo de dinero,

- medios de prevención suficientes en la lucha contra el consumo de estupefacientes,

- estrictos controles de la adquisición legal de armas,

RESUELTOS a trabajar en estrecho contacto para combatir la delincuencia organizada y otros tipos de delincuencia grave, incluidos el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal organizada,

RESUELTOS asimismo a mejorar la cooperación para abordar este fenómeno,

VISTAS la Declaración de Berlín de septiembre de 1994, la Conferencia ministerial mundial de las Naciones Unidas sobre la delincuencia transnacional organizada de noviembre de 1994, las 40 Recomendaciones sobre delincuencia organizada transnacional del G7/P8 de 12 de abril de 1996, las 25 recomendaciones del G7/P8 en la Conferencia ministerial sobre terrorismo de 30 de julio de 1996 y los 10 Principios para luchar contra la delincuencia de alta tecnología suscritos por el G8 el 10 de diciembre de 1997,

RECONOCIENDO que ya estamos desarrollando una opinión común sobre la manera de luchar contra la delincuencia organizada, ya que todos nosotros nos hemos adherido a los instrumentos internacionales pertinentes para la lucha contra la delincuencia organizada,

TENIENDO EN CUENTA las deliberaciones sobre la delincuencia organizada que se celebran en otros foros internacionales, como las Naciones Unidas, que actualmente están estudiando la posibilidad de elaborar un Convenio de las Naciones Unidas sobre la delincuencia organizada, a raíz de una iniciativa de la República de Polonia,

RECONOCIENDO la cooperación que ya tiene lugar entre nuestras autoridades y deseando reforzarla inmediatamente y a más largo plazo,

DESEOSOS a tal efecto de elaborar un pacto que permita intensificar la cooperación existente durante el período previo a la adhesión,

TOMANDO EN CUENTA la necesidad, para los PECO y Chipre, de articular el acervo de la UE previamente a su ingreso en la Unión Europea,

DECLARAMOS lo siguiente:

Principio 1

Expresamos nuestra determinación de cooperar plenamente en la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada y otras formas de delincuencia grave.

Principio 2

Observamos con satisfacción que los PECO y Chipre han expresado su intención de adoptar y aplicar efectivamente el Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal de 1959, así como los Convenios internacionales mencionados en la Recomendación n° 13 del Plan de acción de la Unión Europea para luchar contra la delincuencia organizada. Esto se llevará a cabo tan pronto como sea posible tal como se establece en la Recomendación n° 13.

Haciendo notar que todos nosotros hemos ratificado algunos de dichos instrumentos, los Convenios internacionales mencionados en la Recomendación n° 13 son los siguientes:

- Convenio europeo de extradición, París, 1957,

- Segundo Protocolo adicional al Convenio europeo de extradición, Estrasburgo, 1978,

- Protocolo al Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, Estrasburgo, 1978,

- Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, Estrasburgo, 1990,

- Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras y Protocolo anejo al mismo, Nápoles, 1967 (2),

- Acuerdo del Consejo de Europa sobre el tráfico ilícito por mar, que da cumplimiento a las disposiciones del artículo 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y substancias psicotrópicas, Estrasburgo, 1995,

- Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Viena, 1988,

- Convenio europeo para la represión del terrorismo, Estrasburgo, 1977.

Por otra parte, observamos con satisfacción la intención de los PECO y de Chipre de adoptar y aplicar la legislación que les permita ratificar, antes de su adhesión, los Convenios mencionados en la Recomendación n° 14 del Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada.

Principio 3

Nos proponemos cooperar en la creación y funcionamiento eficaz de órganos centrales policiales y judiciales responsables de la lucha contra la delincuencia organizada. Estos órganos son en particular los contemplados en las Recomendaciones n° 1 (órganos nacionales centrales responsables de la coordinación de la lucha contra la delincuencia organizada), n° 19 (puntos de contacto nacionales centrales para el intercambio de información), n° 20 (equipos multidisciplinarios nacionales) y n° 21 (red judicial europea) del Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada.

De acuerdo con el marco jurídico nacional pertinente, dichos órganos facilitarán asimismo:

- una rápida y eficaz cooperación internacional judicial y de servicios de policía relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, y

- coordinación nacional de la lucha contra la delincuencia organizada.

Notificaremos los puntos de contacto nacionales establecidos de conformidad con la Recomendación n° 19 del Plan de acción a la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, que distribuirá la información sobre dichos puntos de contacto a todos los interesados.

Conscientes de que la coordinación de las investigaciones penales es esencial para lograr el éxito en la lucha contra la delincuencia organizada, consideramos, dentro del pleno respeto de las estructuras constitucionales de cada uno de nuestros Estados, que es aconsejable considerar el establecimiento de equipos multidisciplinarios integrados a nivel nacional, según lo previsto en la Recomendación n° 20 del Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada. Nos proponemos organizar ocasionalmente reuniones entre dichos equipos para debatir estrategias y acciones comunes, con la asistencia de Europol cuando proceda.

Acordamos esbozar y elaborar, con la ayuda de Europol, una estrategia anual común para determinar las amenazas más significativas en relación con la delincuencia organizada, común a todos nosotros. A estos efectos, cada Presidencia del Consejo organizará reuniones para elaborar y revisar esta estrategia anual que podría basarse provechosamente en la experiencia del informe anual sobre delincuencia organizada de la Unión Europea. Los PECO y Chipre están preparados para contestar al cuestionario elaborado con este fin por la UE y se les informará adecuadamente sobre los trabajos de la red de contacto y apoyo del Consejo y sobre el trabajo de Europol.

Principio 4

Subrayamos la importancia de cooperar estrechamente en cuestiones relativas al intercambio rápido y eficaz de información con fines de investigación y de asistencia judicial, así como en materia de apoyo operativo y a las investigaciones.

Los PECO y Chipre considerarán la posibilidad de establecer puntos de contacto de cooperación judicial para facilitar la cooperación judicial entre sí y con los Estados miembros de la Unión Europea con vistas a su incorporación gradual en la red de la Unión Europea.

Principio 5

Concedemos gran importancia al intercambio de información policial de los servicios de policía, salvaguardando al mismo tiempo la protección de los datos relativos a particulares. El intercambio de esta información debería llevarse a cabo no sólo como parte de un intercambio de información en el ámbito de las investigaciones, sino también con el fin de recabar y compartir información para la elaboración de estrategias a largo plazo.

Somos conscientes de la importancia de recabar información sobre organizaciones delictivas y sobre su paradero para apoyar un análisis eficaz.

Ponemos de relieve la importancia de velar por que cualquier intercambio de información sea conforme a las normas pertinentes relativas a la protección de los datos, especialmente al Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal de 28 de enero de 1981. Observamos con satisfacción la intención de los PECO y de Chipre de ratificar dicho Convenio lo antes posible, si no lo han hecho ya.

Destacamos la necesidad de brindar la protección más completa posible a la información sensible recibida de otros países. Se invita a las autoridades competentes de cada uno de nuestros Estados a que se asesoren mutuamente sobre los requisitos relativos a la publicidad de la información en el curso de las actuaciones judiciales y administrativas y a que debatan, por adelantado, las dificultades potenciales que se derivan de dichos requisitos. En este sentido, consideramos que el Estado transmisor debería poder imponer condiciones que deberá respetar el Estado receptor para la protección de la información sensible antes de decidir transmitirla.

Principio 6

Consideramos que el apoyo práctico mutuo a investigaciones y a operaciones reviste gran importancia.

Este apoyo práctico mutuo puede incluir:

- asistencia en materia de formación y de equipo,

- actividades de investigación conjuntas y operaciones especiales, apoyadas por Europol cuando proceda,

- facilitación de cooperación judicial y cooperación transfronteriza entre servicios de policía respecto a las investigaciones a largo plazo y a las operaciones a corto plazo, en particular cursando rápidamente las solicitudes pertinentes y mediante el apoyo logístico en relación con la cooperación transfronteriza,

- intercambio mutuo de funcionarios de servicios policiales y de autoridades judiciales para períodos de prácticas dentro del marco de las investigaciones relativas a nuestros países.

Ponemos de relieve la importancia y la eficacia de técnicas como la vigilancia electrónica, las operaciones encubiertas y las entregas controladas. Nuestro objetivo es facilitar la cooperación internacional en estos ámbitos, teniendo plenamente en cuenta su repercusión para los derechos humanos.

Principio 7

Concedemos gran importancia a los proyectos conjuntos policiales bilaterales o multilaterales. Se debería procurar entablar esta forma de cooperación especialmente en los ámbitos de la delincuencia organizada que presenten problemas transfronterizos comunes y la misma debería asumir el planteamiento basado en proyectos aprobado por el Consejo de la Unión Europea en su reunión del 4 de diciembre de 1997.

Somos conscientes de la necesidad, siempre que sea necesario y de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de la Unión Europea, de establecer y ejecutar programas de protección de testigos y de personas que cooperen con los procedimientos judiciales, y de prestarse asistencia con este fin, en especial previendo la posibilidad de aceptar, de común acuerdo, a las personas antes mencionadas en nuestros países.

Principio 8

Subrayamos la importancia que tiene Europol como canal de información y como fuente de conocimientos técnicos analíticos y de apoyo operativo, también dirigidos a los PECO y a Chipre en el futuro.

Por consiguiente, los PECO y Chipre se proponen realizar lo antes posible la preparación necesaria que les permita adherirse al Convenio de Europol en el momento de la adhesión y crear las unidades nacionales necesarias.

Observamos con satisfacción que los PECO y Chipre ya han iniciado contactos preliminares con la unidad de drogas de Europol y fomentamos dichos contactos; y que, una vez que el Convenio de Europol haya entrado en vigor, se proponen iniciar los preparativos para unos acuerdos formales una vez adoptado el Pacto, especialmente sobre el envío de funcionarios de enlace a La Haya. El Consejo de la UE y la Comisión tiene la intención de prestar asistencia a los PECO y a Chipre en el establecimiento de las unidades nacionales que sean necesarias y de fomentar la financiación con cargo a los programas comunitarios apropiados de conformidad con las normas que les sean de aplicación.

Principio 9

Para dar eficacia y celeridad a la ejecución de las comisiones rogatorias y de otras peticiones judiciales, hemos observado con satisfacción la voluntad de los PECO y de Chipre de realizar una declaración de buenas prácticas de conformidad con la Acción común sobre las prácticas en la asistencia judicial en materia penal (3), adoptada por el Consejo el 29 de junio de 1998.

Principio 10

Con el fin de impedir que los delincuentes se beneficien de las diferencias de nuestros diversos ordenamientos jurídicos que pueden crear refugios para dichos delincuentes, subrayamos la importancia de la pronta ratificación de los Convenios de extradición de la Unión Europea de 1995 y 1996, elaborados dentro del marco de la Unión Europea y, respecto a los PECO y Chipre, de que adopten la legislación que les permita adherirse a dichos Convenios antes de su adhesión a la Unión. De este modo, expresamos nuestra intención de hacer el menor uso posible de las posibilidades de presentar reservas que brindan dichos Convenios. Velaremos por que se aplique eficazmente el principio de aut dedere, aut iudicare.

Principio 11

Los funcionarios de los servicios policiales y las autoridades judiciales deberían explorar en mayor medida las oportunidades ofrecidas por diferentes programas, como los programas PHARE y MEDA y los programas específicos pertinentes en materia de Justicia y Asuntos de Interior, tales como OISIN, Grotius, STOP, Odysseus y Falcone. En especial, debería estimularse la formación con el objeto de llegar a comprender plenamente la delincuencia organizada y de evaluar y mejorar la forma de abordarla. Por lo que se refiere a la formación, podrían utilizarse módulos pertinentes de formación, tales como los desarrollados por la Asociación de centros de formación de las policías europeas (ACFPE).

Principio 12

Consideramos que la corrupción constituye asimismo una de las amenazas principales para nuestras sociedades, ya que se comete un fraude tanto en perjuicio de los ciudadanos como de las instituciones públicas y privadas. Por lo tanto, subrayamos la necesidad de elaborar conjuntamente una política global contra la corrupción en todas sus formas. Con este fin, organizaremos consultas periódicas conjuntas con los órganos competentes del Consejo y de la Comisión cuando se hayan elaborado dichas políticas y los Estados miembros de la UE procurarán asociar a los PECO y a Chipre a este esfuerzo.

Principio 13

Acordamos que, para combatir el blanqueo de dinero, deberían aplicarse plenamente las 40 Recomendaciones del GAFI, la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (4) y el Convenio de 1990 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito.

Expresamos nuestra intención de crear, si no lo hemos hecho ya, a nivel nacional, unidades de información financiera conforme a la definición del Grupo Egmont, según la cual «Un organismo nacional central responsable de la recepción (y, si se permite, de la solicitud), análisis y difusión a las autoridades competentes, de indicaciones sobre la información financiera:

i) relativa a los beneficios que se sospecha que proceden de actividades delictivas o

ii) requerida por la legislación o normativa nacional para combatir el blanqueo de capitales.».

Principio 14

Para mejorar la cooperación existente entre los Estados miembros de la UE, por un lado, y los PECO y Chipre por otro, deberíamos hacer el mejor uso de nuestros funcionarios y magistrados de enlace e insistimos en la conveniencia de la ampliación de estos acuerdos.

Principio 15

Confiaremos la ejecución del presente Pacto, tal como se establece en los principios anteriormente expuestos, a un Grupo formado por expertos de todos los Estados que participan en este pacto. La ejecución se basará en los siguientes elementos principales:

- el tomar como punto de partida el Plan de acción de la UE sobre la delincuencia organizada, trabajar en la determinación de la amenaza planteada por la delincuencia organizada internacional con objeto de contrarrestarla;

- el seguimiento y evaluación periódica de la evolución de los acontecimientos en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada en cada uno de nuestros países y determinación, en su caso, de las prioridades aplicables a cada país. Este seguimiento y evaluación servirá de base a evaluaciones colectivas emprendidas por los expertos de los Estados miembros y la Comisión en el más amplio marco de los aspectos de justicia e interior del proceso de ampliación;

- la planificación, ejecución y evaluación conjunta, con la participación, en su caso, de Europol, de los proyectos encaminados a luchar contra la delincuencia organizada con vistas, entre otras cosas, a determinar los ámbitos en los cuales una asistencia técnica y financiera ayudaría a los PECO y a Chipre a preparar su adhesión a la Unión.

Hecho en Bruselas, el 28 de mayo de 1998.

Por el Consejo

El Presidente

J. STRAW

(1) DO C 251 de 15.8.1997, p. 1.

(2) Obsérvese que este Convenio no está abierto a la firma de los países candidatos.

(3) DO L 191 de 7.7.1998, p. 1.

(4) DO L 166 de 28.6.1991, p. 77.