DECISIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

de 28 de abril de 1999

relativa al Convenio de cooperación en los procedimientos por infracción a la legislación de tráfico y en la ejecución de las sanciones pecuniarias impuestas

[SCH/Com-ex (99) 11, 2a rev.]

EL COMITÉ EJECUTIVO,

Visto el artículo 132 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen,

Vista la Declaración común de la reunión de Ministros y Secretarios de Estado celebrada en Schengen el 19 de junio de 1990,

DECIDE:

Queda aprobado el Convenio de cooperación en los procedimientos por infracción a la legislación de tráfico y en la ejecución de las sanciones pecuniarias impuestas [doc. SCH/III (96) 25, 18a rev.].

Se ruega a los representantes de las delegaciones que redacten un informe explicativo respecto de dicho Convenio, en el que se traten en particular los puntos enunciados en el anexo de la presente Decisión.

Luxemburgo, 28 de abril de 1999.

El Presidente

C. H. Schapper

CONVENIO DE COOPERACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS POR INFRACCIÓN A LA LEGISLACIÓN DE TRÁFICO Y EN LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS IMPUESTAS

SCH/III (96) 25, 18a rev.

El REINO DE BÉLGICA, la REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, la REPÚBLICA FRANCESA, el GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO y el REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, Partes contratantes del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, en lo sucesivo denominado "el Convenio de 1990", así como la REPÚBLICA ITALIANA, el REINO DE ESPAÑA y la REPÚBLICA PORTUGUESA, la REPÚBLICA HELÉNICA, la REPÚBLICA DE AUSTRIA, el REINO DE DINAMARCA el REINO DE SUECIA y la REPÚBLICA DE FINLANDIA, que se adhirieron al Convenio de 1990 por los Acuerdos firmados respectivamente el 27 de noviembre de 1990, el 25 de junio de 1991, el 6 de noviembre de 1992, el 28 de abril de 1995 y el 19 de diciembre de 1996, así como los Gobiernos del Reino de Noruega y de la República de Islandia, que firmaron con los primeros un Acuerdo de cooperación el 19 de diciembre de 1996, en lo sucesivo denominadas "las Partes contratantes",

Considerando que la libre circulación de personas a que se refiere el Convenio de 1990 promueve la circulación interior de los ciudadanos,

Considerando que es un hecho notorio que los ciudadanos de los Estados Schengen también cometen infracciones de tráfico durante su estancia en el territorio de una Parte contratante que no sea aquella en cuyo territorio residen habitualmente,

Partiendo del hecho de que a pesar de la intensa represión de tales infracciones de tráfico, no siempre es posible averiguar la identidad de los infractores antes de su regreso al territorio de la Parte contratante en donde residen habitualmente, e imponer el pago de la multa por la infracción cometida,

Convencidos de la conveniencia de que las Partes contratantes también puedan cooperar entre sí en dicho ámbito, con independencia de que en ellas se haya encomendado a diferentes autoridades velar por el respeto de las normas de tráfico,

Dando desarrollo a la Declaración común de los Ministros y Secretarios de Estado de 19 de junio de 1990, en la que se establece que se iniciarán conversaciones sobre la mejora de la cooperación en los procedimientos por infracciones de tráfico y sobre las posibilidades de la ejecución recíproca de sanciones pecuniarias,

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

CAPÍTULO I

Definiciones

Artículo 1

A los efectos del presente Convenio se entenderá por:

Infracción a la legislación de tráfico

Conducta contraria a la legislación de tráfico considerada como infracción penal o administrativa, en la que se engloban las infracciones a la legislación sobre tiempos de conducción y de descanso y a las normas reguladoras del transporte de mercancías peligrosas.

Sanción pecuniaria

Obligación de pagar una suma de dinero por la comisión de una infracción a la legislación de tráfico, cuya cuantía corresponde determinar a las autoridades judiciales o administrativas de las Partes contratantes.

Autoridad competente

Autoridades judiciales o administrativas de las Partes contratantes competentes de los procedimientos por infracción a la legislación de tráfico, así como de la ejecución de las sanciones pecuniarias impuestas.

Resolución

Acto dictado por las autoridades competentes de una de las Partes contratantes respecto a la comisión de una infracción a la legislación de tráfico, por el que se impone a una persona una sanción pecuniaria que pueda o haya podido ser recurrida ante los Tribunales.

Autoridad requirente

La autoridad competente de la Parte contratante en cuyo territorio se cometió la infracción de tráfico.

Autoridad requerida

La autoridad competente de la Parte contratante en cuyo territorio tiene su domicilio o residencia habitual una persona a la que se imputa la comisión de una infracción de tráfico o a la que se haya impuesto una sanción pecuniaria por tal infracción.

Parte contratante requirente

La Parte contratante en cuyo territorio se dictó una resolución respecto a una persona que tiene su domicilio o residencia habitual en el territorio de otra Parte contratante.

Parte contratante requerida

La Parte contratante en cuyo territorio tiene su domicilio o residencia habitual una persona a cuyo respecto se dictó una resolución en el territorio de otra Parte contratante.

CAPÍTULO I

Principios

Artículo 2

1. Las Partes contratantes se comprometen a cooperar en la medida de lo posible en los procedimientos por infracción a la legislación de tráfico, así como en la ejecución recíproca de resoluciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Convenio.

2. El apartado 1 no afectará a la aplicación de disposiciones más amplias de los acuerdos bilaterales o multilaterales vigentes entre las Partes contratantes.

3. El capítulo IV del presente Convenio no será de aplicación:

a) a la ejecución de una resolución que contenga una pena privativa de libertad impuesta a título principal;

b) a las infracciones de tráfico en concurso con infracciones penales que no incumban únicamente al ámbito del tráfico vial, a no ser que las infracciones de tráfico se persigan a parte o sean las únicas perseguidas.

CAPÍTULO III

Cooperación en procedimientos por infracciones a la legislación de tráfico

Artículo 3

1. Las autoridades competentes podrán, por conducto del organismo nacional encargado de los registros de tráfico y basándose en un número de matrícula, solicitar datos a los organismos encargados de los registros de tráfico de las demás Partes contratantes sobre el tipo y marca del vehículo a motor al que corresponde y la identidad y dirección de la persona o personas registradas en relación con dicho vehículo en el momento de la comisión de la infracción de tráfico.

2. Los organismos encargados de los registros de tráfico de las Partes contratantes se transmitirán directamente los datos mencionados en el apartado 1 a fin de ponerlos en conocimiento de la autoridad competente. Cuando estas autoridades no coincidan, comunicarán igualmente el nombre y dirección de la autoridad requerida.

3. Una Parte contratante podrá designar otro organismo central al objeto del intercambio de los datos mencionados en el apartado 2.

4. Las disposiciones pertinentes del Convenio de 1990 y en particular sus artículos 126 a 128 serán de aplicación a los datos de carácter personal transmitidos en virtud del apartado 1.

Artículo 4

1. La autoridad requirente podrá dar traslado directamente a las personas a quienes se imputare la comisión de una infracción de tráfico, de todas las notificaciones sobre las consecuencias que de ella se deriven y de las resoluciones al respecto. Será de aplicación por analogía lo dispuesto en el artículo 52 del Convenio de 1990.

2. Las comunicaciones y resoluciones a que se refiere el apartado 1 contendrán o irán acompañadas de toda la información que precise el destinatario para reaccionar al respecto, y en particular sobre:

a) el tipo de infracción de tráfico, así como el lugar, el momento de la comisión y la forma en que fue constatada;

b) la matrícula y, si es posible, el tipo y marca del vehículo a motor con el que se cometió la infracción de tráfico o, en su defecto, cualquier elemento de identificación del vehículo;

c) la cuantía de la sanción pecuniaria que puede ser aplicada o, en su caso, la cuantía de la sanción pecuniaria impuesta, así como el plazo en el cual deberá hacerse efectiva y la forma de pago;

d) la posibilidad de alegar circunstancias eximentes, el plazo en que debe efectuarse tal alegación y la forma que debe revestir;

e) los recursos de que dispone para impugnar las resoluciones, el plazo en que debe interponerlos, las modalidades de incoación, la autoridad ante la que deban interponerse y su dirección.

Artículo 5

1. Si la reacción a las comunicaciones o resoluciones a que se refiere el artículo 4 no se produjere en el plazo establecido o la autoridad requirente considerare necesarias nuevas informaciones a los fines de la aplicación del presente Convenio, ésta podrá solicitar directamente a la autoridad requerida su asistencia. Tal solicitud deberá ir acompañada de una traducción a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales de la Parte contratante requerida.

2. A las solicitudes contempladas en el apartado 1 les será de aplicación lo dispuesto en el capítulo 2 del título III del Convenio de 1990.

CAPÍTULO IV

Ejecución reciproca de resoluciones

Artículo 6

1. De conformidad con el presente Convenio, la transmisión de la ejecución únicamente podrá solicitarse cuando:

a) la resolución sea firme y ejecutoria en el territorio de la Parte contratante requirente;

b) las autoridades competentes, especialmente en aplicación de lo estipulado en el artículo 4, hayan requerido en vano de la persona afectada el cumplimiento de la sanción pecuniaria impuesta en la resolución;

c) la sanción pecuniaria no haya prescrito con arreglo al Derecho de la Parte contratante requirente;

d) la resolución afecte a una persona que tenga su domicilio o residencia habitual en el territorio de la Parte contratante requerida;

e) la cuantía de la sanción pecuniaria impuesta sea de 40 euros como mínimo.

2. Las Partes contratantes podrán decidir a nivel bilateral la modificación del ámbito de aplicación de lo dispuesto en la letra e) del apartado 1.

Artículo 7

1. La Parte contratante requerida no podrá negarse a que se le transmita la ejecución de una resolución, salvo si a su juicio:

a) la infracción de tráfico en que se basa la resolución no está prevista en el Derecho de la Parte contratante requerida;

b) el cumplimiento de la solicitud es incompatible con la aplicación del principio non bis in idem a que se refieren los artículos 54 a 58 inclusive del Convenio de 1990;

c) la sanción pecuniaria prescribió con arreglo al Derecho de la Parte contratante requerida.

d) la persona afectada hubiere beneficiado de una amnistía o indulto decretados por la Parte contratante requerida de haber cometido la infracción de tráfico en el territorio de esta última.

2. La Parte contratante requerida notificará lo antes posible a la Parte contratante requirente su negativa a ejecutar una resolución, señalando el motivo en que se funde.

Artículo 8

1. La ejecución de una resolución por parte de las autoridades competentes de la Parte contratante requerida será inmediata.

2. La ejecución será efectuada en la moneda de la Parte contratante requerida, siendo de aplicación a la conversión el tipo de cambio oficial vigente en el momento en que se dictó la resolución contemplada en el apartado 1.

3. Si una vez efectuada la conversión se pusiere de manifiesto que la cuantía de la sanción pecuniaria impuesta en la resolución supera la máxima sanción pecuniaria imponible con arreglo al Derecho de la Parte contratante requerida por el mismo tipo de infracción de tráfico cometida, la ejecución de la resolución quedará limitada a la cuantía de la máxima sanción pecuniaria.

4. En el momento del depósito de su instrumento de ratificación, aprobación o aceptación, cada Estado podrá declarar que por razones de rango constitucional o razones importantes comparables, dejará sin aplicación el apartado 1, definiendo en su declaración los casos en los que la sanción pecuniaria que haya de ejecutarse deba ser declarada ejecutiva, previa ejecución, por una resolución judicial de la Parte contratante requerida. No obstante, dicha resolución judicial no afectará al contenido ni a la cuantía de la sanción contemplada en la resolución de la Parte contratante requirente que haya de ejecutarse.

Artículo 9

1. A la ejecución de una resolución le será de aplicación el Derecho de la Parte contratante requerida.

2. Cualquier parte de la sanción pecuniaria administrativa o penal que ya se hubiere satisfecho en la Parte contratante requirente se descontará de la sanción que deba hacerse efectiva en la Parte contratante requerida.

3. Si la ejecución resultare en todo o en parte imposible, la Parte contratante requerida podrá imponer la prisión substitutiva o el arresto coercitivo, si estuviere previsto en ambas Partes contratantes y la Parte contratante requerida no lo hubiere excluido expresamente.

Artículo 10

Una vez solicitada la transmisión de la ejecución de una resolución, la Parte contratante requirente ya no podrá proceder a su ejecución. El derecho a la ejecución únicamente quedará restablecido si la Parte contratante requerida le comunicare que desestima la solicitud de transmisión o que su ejecución resulta imposible.

Artículo 11

La Parte contratante requerida interrumpirá la ejecución de la sanción tan pronto como la Parte contratante requirente le notificare cualquier decisión o medida que tenga por efecto suspender o anular su carácter ejecutorio.

Artículo 12

1. Las solicitudes de transmisión de la ejecución de una resolución y todas las comunicaciones que de las mismas se deriven se harán por escrito. Podrán transmitirse por cualquier medio adecuado que deje constancia escrita, incluido el fax.

2. La transmisión de documentos se hará directamente entre las autoridades competentes de las Partes contratantes que se mencionaren en la comunicación realizada por el organismo encargado de los registros de tráfico (apartado 2 del artículo 3). Esta transmisión se efectuará entre las autoridades centrales designadas cuando en la comunicación contemplada en la primera frase no se mencionare la autoridad competente.

Artículo 13

1. La petición de transmisión de la ejecución de una resolución irá acompañada de una copia de la resolución, así como de una declaración de la autoridad competente de la Parte contratante requirente en la que se certifique que se reúnen las condiciones previstas en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 6.

2. La Parte requirente adjuntará, en su caso, a su solicitud cualquier otra información que sea relevante en relación con la transmisión de la ejecución de una resolución, en particular información relativa a las circunstancias particulares relacionadas con la infracción y tenidas en cuenta a la hora de fijar la sanción pecuniaria, así como, de ser posible, el tenor de los preceptos aplicados.

3. La autoridad competente de la Parte contratante requerida comunicará a la autoridad competente de la Parte contratante requirente, en la misma forma y en el plazo más breve posible, si ha decidido aceptar o denegar la petición.

4. Se adjuntará una traducción de los documentos contemplados en el presente artículo a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales de la Parte contratante requerida.

Artículo 14

Las autoridades competentes de la Parte contratante requerida informarán a la Parte contratante requirente sobre la ejecución de la sanción pecuniaria o, llegado el caso, sobre la imposibilidad de ejecutar la resolución.

Artículo 15

La ejecución abarcará la sanción pecuniaria y las costas procesales ocasionadas a la Parte contratante requirente. Las cantidades percibidas en concepto de ejecución de las resoluciones revertirán a la Parte contratante requerida.

Artículo 16

Las Partes contratantes renunciarán entre sí al reembolso recíproco de los gastos que resultaren de la aplicación del presente Convenio.

CAPÍTULO V

Disposiciones finales

Artículo 17

1. El Comité ejecutivo creado por el Convenio de 1990 tendrá como cometido general velar por la correcta aplicación del presente Convenio, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 132 del Convenio de 1990.

2. La Autoridad de control común instituida por el Convenio de 1990 será competente para emitir, en materia de protección de datos de carácter personal, un dictamen sobre los aspectos comunes que resulten de la aplicación del presente Convenio.

3. A propuesta de una Parte contratante, el Comité ejecutivo podrá decidir la modificación de la cuantía contemplada en la letra e) del apartado 1 del artículo 6.

Artículo 18

El presente Convenio será de aplicación en el territorio de las Partes contratantes. No obstante, de conformidad con el artículo 138 del Convenio de 1990, el presente Convenio sólo será de aplicación, respecto de la República Francesa, al territorio europeo de la República Francesa y, respecto del Reino de los Países Bajos, al territorio europeo del Reino de los Países Bajos. De acuerdo con el apartado 1 del artículo 5 del Acuerdo de adhesión del Reino de Dinamarca al Convenio de 1990, el presente Convenio no será de aplicación a las Islas Feroe y a Groenlandia.

Artículo 19

1. El presente Convenio también será de aplicación a las infracciones a la legislación de tráfico cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.

2. En el momento del depósito de su instrumento de ratificación, aprobación o aceptación, cada Estado podrá declarar que, por lo que a él respecta y en relación con aquellos Estados que hubiesen depuesto la misma declaración, el presente Convenio únicamente será de aplicación a infracciones de tráfico cometidas con posterioridad a su entrada en vigor o a su puesta en aplicación.

Artículo 20

1. El presente Convenio queda sujeto a ratificación, aprobación o aceptación. Los instrumentos de ratificación, aprobación o aceptación serán depositados ante el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, el cual notificará el depósito a todas las Partes contratantes.

2. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha del depósito del último instrumento de ratificación, aprobación o aceptación de los Estados en los que el Convenio de 1990 haya entrado en aplicación de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la primera Declaración de su Acta final.

El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo notificará la fecha de entrada en vigor a todas las Partes contratantes.

Para los demás Estados, el presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación, aprobación o aceptación, aunque nunca con anterioridad a la fecha de entrada en aplicación en dicho Estado de su acuerdo de adhesión al Convenio de 1990 o del Acuerdo de cooperación de 1996.

3. Todo Estado en el que se aplicare el Convenio de 1990 en la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación, aprobación o aceptación, podrá declarar hasta la entrada en vigor del presente Convenio, con ocasión de tal depósito o en un momento posterior, que el presente Convenio será de aplicación en su relación con los Estados que hubiesen depuesto la misma declaración. Dicha declaración surtirá efectos el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de su depósito.

Artículo 21

1. Cada Parte contratante podrá remitir al Depositario una propuesta de modificación del presente Convenio. El Depositario dará traslado de dicha propuesta a las demás Partes contratantes.

2. Las Partes contratantes establecerán de común acuerdo las modificaciones que deban introducirse en el presente Convenio.

3. Las modificaciones entrarán en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha del depósito del último instrumento de ratificación, aprobación o aceptación.

Artículo 22

1. A más tardar con ocasión del depósito de su instrumento de ratificación, aprobación o aceptación, cada Estado notificará al Depositario el nombre y dirección de las autoridades contempladas en los artículos 1 y 3 y en el apartado 2 del artículo 11.

2. A diferencia de lo dispuesto en el artículo 19, las listas de autoridades contempladas en el apartado 1 podrán ser modificadas con posterioridad mediante notificación al Depositario.

3. El Depositario comunicará a cada Parte contratante las autoridades designadas así como las modificaciones posteriores.

Artículo 23

El presente Convenio quedará abierto a la adhesión de todos los Estados que se adhieran al Convenio de 1990.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Hecho en Luxemburgo, el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y nueve, en un ejemplar único, redactado en lenguas alemana, española, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa y portuguesa, siendo los textos en cada una de estas lenguas igualmente auténticos. Los textos en lenguas danesa, finesa, islandesa, noruega y sueca, cuya presentación será posterior a la firma, serán igualmente auténticos.