Resolución [1]

sobre la situación en la República Democrática del Congo, especialmente en la parte oriental, y sus repercusiones sobre la región

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,

- Reunida en Kigali (Ruanda) del 19 al 22 de noviembre de 2007,

- Visto el apartado 2 del artículo 17 de su Reglamento,

- Vistas sus resoluciones anteriores sobre la República Democrática del Congo (RDC) y la región de los Grandes Lagos,

- Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en la República Democrática del Congo y los informes mensuales del Secretario General de las Naciones Unidas al respecto,

- Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de miércoles 15 de diciembre de 2004, sobre la situación en el Este de la República Democrática del Congo [2],

- Visto el Pacto de Seguridad, Estabilidad y Desarrollo en la región de los Grandes Lagos firmado en Nairobi (Kenia) el 16 de diciembre de 2006 por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de dicha región,

- Vista la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, que prohíbe de la participación de menores en conflictos armados,

- Visto el informe de la misión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE sobre la observación de las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en la RDC el 30 de julio y el 29 de octubre de 2006 respectivamente,

- Vista la acción conjunta del Consejo a propósito de la misión de la Unión Europea (UE) destinada a facilitar asesoramiento y asistencia en el marco de la reforma del sector de la seguridad en la RDC,

- Visto el proceso de Kimberley, cuyo objetivo último consiste en poner fin al comercio de "diamantes sangrientos" y mejorar la gobernanza en tales países ricos en recursos naturales a través de la verificación y la publicación completa de todos los pagos efectuados por las empresas y los ingresos obtenidos por los gobiernos a través del petróleo, el gas y los productos de la minería,

A. Considerando que los muchos años de duración del conflicto armado han producido, de manera directa o indirecta, cuatro millones de víctimas directas e indirectas y ocasionado el desplazamiento de, al menos, un millón y medio de personas, la mayoría de las cuales son mujeres y niños, así como la destrucción de las infraestructuras socioeconómicas de la RDC,

B. Recordando, con preocupación, que, desde finales de 2006, aproximadamente 300000 personas que vivían en la provincia de Kivu septentrional se han visto obligadas a abandonar sus hogares por causa de la guerra que enfrenta a las fuerzas armadas oficiales de la RDC y las tropas rebeldes que dirige el general destituido Laurent Nkunda y otros grupos armados, de modo que la cifra total de personas desplazadas ha aumentado a 800000,

C. Sumamente preocupada por la escalada de violencia, las frecuentes violaciones de los derechos humanos, las violaciones y otras formas de violencia sexual perpetrada contra las mujeres de las provincias orientales de Kivu septentrional y Kivu meridional,

D. Muy preocupada por la persistencia y el aumento del fenómeno del reclutamiento de niños soldado en el este de la RDC por parte de las milicias armadas,

E. Preocupada por la situación cuasi permanente de inseguridad en el este de la RDC, que impide a las organizaciones humanitarias distribuir alimentos y productos básicos necesarios tales como medicamentos a la población civil,

F. Considerando la presencia de grupos armados extranjeros, incluidas las antiguas fuerzas armadas ruandesas/Interahamwe (Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, FDLR), que siguen cometiendo impunemente atrocidades, a saber, asesinatos, violaciones, torturas e incursiones, por lo que obligan a los civiles a desplazarse al este de la RDC y a los países vecinos, lo que constituye una amenaza para la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del país,

G. Considerando que la persistencia de los conflictos armados y la presencia continuada de los grupos armados renegados en la región de los Grandes Lagos constituye una grave amenaza para la paz, la estabilidad, la democracia y el desarrollo de dicha región; que pone en peligro la cooperación entre los países de la región y anula los esfuerzos de la comunidad internacional por lograr el avance de los vibrantes y prósperos países democráticos de la región y la mejora de las condiciones de vida de sus respectivas poblaciones,

H. Considerando que es perentorio, por tanto, adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a los conflictos, desmantelar los grupos armadas y prevenir cualquier futuro conflicto, así como consolidar la paz y la democracia, promover la estabilidad y el desarrollo en la región, en aras del bienestar de todos los pueblos de la región de los Grandes Lagos, y permitir que las instituciones legítimas de la RDC dediquen su energía a reconstruir su país, que ha sido destruido por guerras recurrentes,

I. Considerando que la paz y la seguridad, tanto en la RDC como en la región de los Grandes Lagos, sólo podrá lograrse poniendo fin a la amenaza que representan los grupos armados extranjeros y nacionales presentes en el país y sus organizaciones políticas, así como a través del completo desarme de todos los grupos paramilitares que merodean por la región,

J. Considerando que la Corte Penal Internacional (CPI) lleva desde 2004 investigando los crímenes que pueden haberse cometido en la RDC,

K. Considerando los compromisos contraídos en Kigali, el 28 de agosto de 2007, por las partes de la cumbre "Tripartite Plus", a saber, los jefes de los ejércitos de la RDC, Ruanda, Uganda y Burundi, y los contraídos el 16 de septiembre de 2007 por los ministros de asuntos exteriores de tales países con objeto de lograr la paz neutralizando a las fuerzas armadas rebeldes situadas en sus respectivos territorios; considerando la Declaración conjunta de los ministros de asuntos exteriores de la RDC y Ruanda, publicada a la finalización de la reunión celebrada en Kinshasa los días 3 y 4 de septiembre de 2007,

L. Considerando que el Comunicado conjunto del Gobierno de la RDC y del Gobierno de la República de Ruanda sobre una estrategia común para poner fin a la amenaza para la paz y la estabilidad de ambos países y de la región de los Grandes Lagos, firmado el 9 de noviembre de 2007 por los ministros de asuntos exteriores de los dos con la mediación de las Naciones Unidas y en presencia de los Estados Unidos de América y de la UE, esboza nuevas perspectivas de paz y cooperación entre los Estados de la región,

M. Considerando que el Presidente de la RDC, Joseph Kabila, y su homólogo ugandés, Yoweri Museveni, se reunieron en Tanzania en septiembre de 2007 para crear, con el apoyo de la ONU, una fuerza militar conjunta cuyo objetivo consiste en derrotar a los rebeldes del Ejército de Resistencia del Señor (Lord's Resistance Army, LRA) y, asimismo, en llevar a cabo campañas conjuntas de prospección petrolífera,

N. Considerando que la RDC posee abundantes reservas minerales naturales y recursos forestales, entre otros, que deben gestionarse de manera cuidadosa y eficaz con el fin de garantizar el desarrollo económico y social del país,

O. Considerando la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), de la que la RDC es parte,

P. Considerando la decisión del Gobierno de la RDC de revisar los contratos mineros y forestales firmados durante el periodo de guerra y la fase de transición,

Q. Considerando que la nueva Constitución, aprobada el 18 de diciembre de 2005 por el pueblo congoleño, ofrece la sólida base necesaria para construir un Estado fundamentado en el Estado de derecho y en una sociedad verdaderamente democrática,

R. Considerando que las elecciones presidenciales y legislativas multipartidistas celebradas en la RDC el 30 de julio y el 29 de octubre de 2006 respectivamente han renovado las esperanzas de la población de que se alcance un periodo de paz, estabilidad y prosperidad tras muchos años de dictadura y guerra; considerando que, en la actualidad, se están organizando unas elecciones municipales,

S. Considerando que todos los ciudadanos congoleños tienen derecho a una protección equitativa por parte de las instituciones del Gobierno, sobre todo en lo que respecta a la seguridad y la protección de las personas y de su propiedad,

T. Considerando que el Parlamento congoleño ha aprobado recientemente la ley sobre el estatuto de la oposición política en la RDC, con objeto de fortalecer la democracia y la función de dicha oposición en el gobierno del país,

1. Pide a todas las fuerzas implicadas en los conflictos en el este de la República Democrática del Congo que respeten los derechos humanos y el Derecho humanitario internacional, que pongan fin a los ataques contra civiles y que permitan a las agencias humanitarias asistir a la población civil;

2. Insta encarecidamente a que se denuncie, identifique, enjuicie y castigue a los autores de violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos de violencia sexual contra las mujeres y del reclutamiento de niños soldado de conformidad con el Derecho penal nacional e internacional;

3. Pide al Gobierno de la República Democrática del Congo y a la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo que garanticen un nivel de seguridad adecuado para los miembros de las organizaciones humanitarias;

4. Pide a los gobiernos de los países de la UE y de la ACP, al Consejo de la UE, a la Comisión Europea, a las Naciones Unidas y a la Unión Africana (UA) que hagan todo lo posible para prestar una ayuda eficaz y adecuada a la población del este de la RDC y para contribuir a la subsanación de lo que constituye una catástrofe "humanitaria";

5. Expresa su grave preocupación por la situación y por la cifra de desplazados internos y refugiados que siguen hallándose en los países vecinos y pide a las autoridades de la RDC y a los países de acogida que hagan lo posible por facilitar el regreso seguro de los refugiados congoleños, sobre todo a través de una cooperación plena con socios como el Programa Alimentario Mundial de las Naciones Unidas (PAM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR);

6. Pide a la Comisión Europea y al Consejo que preparen, con la cooperación de organizaciones no gubernamentales (ONG) y del Gobierno de la RDC, un programa humanitario para la República Democrática del Congo cuyo objetivo consista en aumentar la cuantitativa y cualitativamente la asistencia médica prestada a la población congoleña;

7. Pide a la Comisión Europea que preste ayuda, incluso económica, para la organización de una conferencia de paz en Kivu, con objeto de que la población pueda participar en la búsqueda de soluciones duraderas;

8. Toma nota de los compromisos mutuos contraídos por Burundi, la RDC, Uganda y Ruanda y, en concreto, del Comunicado conjunto firmado por los gobiernos de Ruanda y la RDC en Nairobi el 9 de noviembre de 2007, con vistas a hallar una solución concertada y duradera a los problemas de seguridad de la región; felicita a las partes por los esfuerzos emprendidos;

9. Insta a toda las partes a que cumplan rigurosamente los compromisos contraídos y pide a las Naciones Unidas, la UE, la AU, los socios de los Estados afectados y los Amigos de los Grandes Lagos que apoyen firme y activamente los esfuerzos emprendidos para llevar a la práctica tales compromisos y el Pacto de Seguridad, Estabilidad y Desarrollo en la región de los Grandes Lagos;

10. Insta al Gobierno de la RDC a que, con ayuda de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo — cuyos recursos habrán de incrementarse — y, de conformidad con lo enunciado en el apartado 9, letra b), del Comunicado conjunto de 9 de noviembre de 2007, emprenda urgentemente operaciones militares conducentes a desmantelar las antiguas fuerzas armadas ruandesas/Interahamwe, en su calidad de organización militar genocida, en la RDC, y a que tales operaciones se lleven a cabo junto a operaciones encaminadas a desmantelar los grupos armados ilegales presentes al norte y al sur de Kivu;

11. Se congratula de la voluntad expresada por Ruanda y la RDC durante la reunión de sus respectivos ministros de asuntos exteriores celebrada en Kinshasa los días 3 y 4 de septiembre de 2007 de normalizar las relaciones entre ambos países y anima a estos países en ese sentido;

12. Pide que los países signatarios del Pacto de Seguridad, Estabilidad y Desarrollo en la región de los Grandes Lagos lo ratifiquen y apliquen plenamente;

13. Pide que se emprendan esfuerzos de ámbito nacional e internacional para reforzar el estado de derecho en la RDC, sobre todo en los ámbitos de la gobernanza y la seguridad;

14. Exige la restauración y el respeto de la autoridad del Estado en todo el país, lo que entraña el desarme de todas las milicias;

15. Pide a la comunidad internacional, incluidos los Estados miembros de la UE y los países ACP, que cumplan sus promesas de cooperar con la RDC y contribuyan a que se logre la estabilidad en el este del país;

16. Pide a las Naciones Unidas, la UE, la UA y los demás socios de la RDC que sigan apoyando los esfuerzos emprendidos por las autoridades de dicho país para reformar el ejército, la policía, los servicios de seguridad y el estamento judicial con vistas a restablecer el Estado y su autoridad, elementos fundamentales para la consolidación de la paz y la seguridad en el país y, asimismo, en la región de los Grandes Lagos;

17. Expresa su satisfacción por la creación de instituciones elegidas democráticamente en la RDC y pide a los dirigentes del país que emprendan todas las iniciativas necesarias para consolidar la democracia y velar por la participación de todas las fuerzas activas de la nación congoleña en el gobierno del país, sobre la base de las normas constitucionales;

18. Se congratula de que el Parlamento de la RDC haya aprobado la ley por la que se establece el estatuto de la oposición política y pide que ésta se promulgue cuanto antes y se aplique satisfactoriamente;

19. Pide el apoyo de la UE y de la comunidad internacional para la organización de las elecciones locales y municipales, previstas en principio para 2007, que representan la última fase del proceso electoral congoleño;

20. Toma nota de la decisión de revisar los contratos de explotación minera y forestal firmados durante el periodo de guerra y la fase de transición con vistas a su renegociación y pide al Gobierno de la RDC que aplique mecanismos transparentes para la gestión de los recursos naturales del país, con el fin de que el Parlamento y, asimismo, la sociedad civil puedan presentar propuestas que redunden en interés de la población congoleña;

21. Considera que el acceso a la riqueza natural del país y el control democrático y la redistribución equitativa de la misma en beneficio de la población en su conjunto son indispensables para lograr el desarrollo sostenible del país;

22. Pide a la Comisión Europea y al Consejo de la UE que fortalezcan sus actuales vínculos de cooperación con el Gobierno de la RDC en el ámbito de la supervisión de la explotación de los recursos naturales del país;

23. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACP-UE, a la Comisión Europea, a los Gobiernos de la República Democrática del Congo y de los países de la región de los Grandes Lagos, al Secretario General de las Naciones Unidas y a la Comisión de la UA.

[1] Aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 22 de noviembre de 2007 en Kigali (Ruanda).

[2] DO C 226 E de 15.9.2005, p. 359.

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Anexo V

Declaración de Kigali

para el desarrollo de Acuerdos de Asociación Económica (AAE)

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, reunida en Kigali (Ruanda) del 19 al 22 de noviembre de 2007:

I. Preámbulo

A. Considerando que el Acuerdo de Cotonú establece la decisión de las partes de alcanzar nuevos acuerdos comerciales compatibles con las normas de la OMC, suprimiendo progresivamente las barreras comerciales entre las partes y reforzando la cooperación en todos los ámbitos relacionados con el comercio, tomando como base el acervo y mejorando el acceso a los mercados,

B. Considerando que la creación de mercados regionales representa un instrumento clave para el éxito de la aplicación de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE), y que la integración regional constituye un fundamento importante del desarrollo económico de los países ACP,

C. Recordando que el objetivo de la cooperación económica y comercial ACP-UE es la promoción del desarrollo y el fomento de la integración gradual de los países ACP en la economía mundial,

D. Recordando que, de acuerdo con Declaración de Ciudad del Cabo, el objetivo principal de las negociaciones de los AAE es la consolidación de las economías de los países ACP,

E. Destacando que la Declaración de Ciudad del Cabo pedía que las negociaciones se estructuraran de forma abierta y transparente y tuvieran en cuenta la diversidad en lo que se refiere a los recursos y al nivel de desarrollo entre las dos partes que participan en las negociaciones,

F. Reconociendo que hasta ahora, por varias razones, ningún grupo de negociación de los países ACP ha sido capaz de concluir las negociaciones sobre un AAE global,

II. El proceso de negociación

1. Constata la declaración de los países ACP en el sentido de que la Comisión Europea los ha presionado para que firmen un AAE y que ello es contrario al espíritu de la Asociación ACP-UE;

2. Insta a la Comisión Europea a que reconozca que los países ACP necesitan más tiempo para evaluar de forma exhaustiva las consecuencias de los acuerdos propuestos, dado que no se empezó a negociar seriamente hasta hace dos años;

3. Constata con preocupación que la Comisión Europea ha declarado que, si no se celebran los acuerdos, se aplicarán aranceles a muchas exportaciones de los países ACP que no pertenecen al grupo de países menos desarrollados a partir del 1 de enero de 2008, y que esta medida pondría en peligro el bienestar y los medios de subsistencia de millones de trabajadores en los países ACP;

4. Toma nota de la reciente decisión de la Comisión Europea sobre la necesidad de adoptar un enfoque en dos fases, con el fin de evitar perturbaciones comerciales en algunos países ACP, y de proseguir después del 31 de diciembre de 2007 las negociaciones relativas a AAE globales y favorables al desarrollo;

5. Destaca la importancia de los mercados regionales, así como la necesidad de evitar todo enfoque en dos fases o cualquier otra iniciativa que pueda socavar el actual proceso de integración regional de los países ACP;

6. Destaca que la Comisión Europea debe cumplir los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Cotonú, con el fin de garantizar que los países ACP, incluidos los que no pertenecen al grupo de países menos desarrollados y que no se encuentren en una situación que les permita firmar un AAE, dispongan de un nuevo marco de relaciones comerciales equivalente a su actual situación y conforme al artículo 37, apartado 6, del Acuerdo de Cotonú;

7. Pide a las partes que incluyan una cláusula de revisión periódica en todos los AAE, con el fin de evaluar su aplicación y permitir las adaptaciones necesarias;

III. Principios

Enfoque global

8. Considera que todos los acuerdos alcanzados, sean acuerdos provisionales o AAE a todos los efectos, deben asegurar que ningún país se encuentre en una situación menos ventajosa al término del plazo de negociación;

9. Pide que, en el caso de los acuerdos provisionales, se reduzca el umbral de acceso para los países menos desarrollados, con el fin de adaptarlo a su nivel de desarrollo;

10. Destaca que el proceso de integración regional de las regiones AAE debe ser un principio fundamental de los acuerdos, y que éstos han de ser coherentes con las iniciativas de integración regional en los países ACP y contribuir a consolidar dicha integración;

Mejora del acceso al mercado

11. Reconoce que, en el caso de los países menos desarrollados que no son todavía parte de acuerdos provisionales, la iniciativa "Todo menos armas" no es suficiente por sí misma, y que debería asociarse a una mejora y simplificación de las normas de origen;

12. Destaca que la simplificación de las normas de origen es una condición sine qua non, y que debería introducirse toda la flexibilidad que sea necesaria en la aplicación de los nuevos acuerdos;

13. Destaca que la Comisión Europea debería contemplar modelos asimétricos apropiados en los acuerdos, especialmente por lo que se refiere a la definición del concepto de "prácticamente todos los sectores del comercio", la cobertura de productos sensibles, la duración de los períodos transitorios y el ritmo de la liberalización, sobre la base de evaluaciones comparativas del desarrollo, salvaguardias y solución de controversias;

14. Constata que la celebración de una nueva generación de acuerdos de libre comercio por la Comisión Europea podría traducirse en una ulterior erosión de las relaciones comerciales preferenciales de las que se benefician actualmente los países ACP; por consiguiente, la UE debería tener en cuenta este factor y ofrecer la asistencia adecuada para la adaptación, el refuerzo de la competitividad y la diversificación en los países ACP;

15. Pide que la ayuda financiera y técnica a los países ACP les permita cumplir las normas y regulaciones comunitarias en materia de importación y beneficiarse plenamente de un acceso mejorado al mercado;

Examen de las limitaciones de la oferta

16. Expresa su preocupación por el hecho de que algunas regiones ACP no estén dispuestas a tratar numerosas propuestas formuladas por las Comisión Europea en los ámbitos de los servicios, la competencia, la propiedad intelectual y la contratación pública, al tiempo que insta a la Comisión Europea a que muestre flexibilidad en esta cuestión;

17. Lamenta los retrasos en la ratificación del Acuerdo de Cotonú revisado, que podrían impedir la aplicación del décimo Fondo Europeo de Desarrollo (FED), lo que podría traducirse a su vez en una reducción de la ayuda anual a la cooperación ACP-UE, y alienta, por tanto, a todas las partes a que concluyan cuanto antes el proceso de ratificación;

18. Destaca que un acuerdo relativo únicamente al intercambio de mercancías ("only goods") debe incluir disposiciones específicas en materia de ayudas AAE a favor del comercio, además de la financiación en concepto del FES, con el fin de potenciar las capacidades de la oferta y afrontar las repercusiones sociales de la liberalización del comercio en los países ACP;

19. Destaca, por otra parte, que la entrega de fondos en concepto del FES no debe vincularse ni subordinarse a la firma de los AAE;

Diversificación de ingresos públicos

20. Pide que se conceda una mayor atención a los desafíos que deben afrontar los países ACP en lo que se refiere a la diversificación de los ingresos, especialmente teniendo en cuenta que está prevista la supresión de los derechos a la importación sobre prácticamente todo el comercio con la UE;

21. Acoge favorablemente la propuesta de crear fondos regionales AAE que podrían incluir un "mecanismo de ajuste fiscal" financiado por la Comisión y los Estados miembros de la UE, con el objeto de ofrecer ayuda financiera a las iniciativas de diversificación de los ingresos en los países ACP y respaldar las iniciativas de comercio justo;

Repercusiones en el comercio exterior de la reforma de la política agrícola común (PAC)

22. Insta a la UE a que se asegure de que toda reforma de la política agrícola común (PAC) sea plenamente coherente con los objetivos de su política de ayuda al desarrollo y de cooperación con los países ACP;

23. Considera que deben extraerse importantes lecciones de las anteriores reformas agrícolas (incluidos los ajustes en los sectores del plátano y del ron, así como la reforma de la PAC) en el proceso de elaboración y aplicación de las medidas de acompañamiento en el sector del azúcar;

La dimensión de género

24. Lamenta que no se hayan elaborado hasta ahora medidas específicas positivas dirigidas a salvaguardar y promover los derechos de las mujeres y las niñas, de conformidad con el artículo 31 del Acuerdo de Cotonú, y que no se haya tenido en cuenta la dimensión de género en el proceso de negociación de los AAE; insta, por tanto, a la Comisión a que efectúe un análisis sistemático, durante las negociaciones y después de su conclusión, del impacto social de los AAE en los grupos más vulnerables;

Conclusión

25. Expresa su acuerdo con una supervisión conjunta por parte del Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE dirigida a controlar y analizar públicamente el impacto en el comercio y el desarrollo de la aplicación de los AAE, con el fin de mejorar la coherencia política de la ayuda al desarrollo y establecer mecanismos que garanticen la rendición de cuentas y la información regular sobre la contribución de los AAE a un desarrollo justo y sostenible;

26. Destaca que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE continuará velando por que cualquier nuevo marco de relaciones comerciales no se traduzca en una degradación de las condiciones para ningún país; velará, asimismo, por que las nuevas disposiciones en materia de comercio contribuyan a la prosperidad y al desarrollo sostenible en todos los países ACP.

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