20070628

Resolución [1]

sobre la buena gobernanza, la transparencia y la responsabilidad en la explotación de los recursos naturales en los países ACP

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,

- Reunida en Wiesbaden (Alemania) del 25 al 28 de junio de 2007,

- Visto el apartado 1 del artículo 17 de su Reglamento,

- Visto el Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra ACP-CE firmado en Cotonú (Benín) el 23 de junio de 2000, en su versión modificada por el Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de asociación, firmado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 ("Acuerdo de Cotonú"), y en particular sus artículos 9, 68, 96 y 97,

- Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 31 de octubre de 2003,

- Vista la creación de la Corte Penal internacional (CPI) en Roma, el 17 de julio de 1998,

- Vista la Declaración de las Naciones Unidas contra la corrupción y el soborno en las transacciones comerciales internacionales de 16 de diciembre de 1996,

- Vista la Convención Interamericana contra la corrupción adoptada en Caracas el 29 de marzo de 1996,

- Vista la Convención de la Unión Africana sobre la prevención y la lucha contra la corrupción adoptada en la 2a sesión ordinaria de la Conferencia de la Unión Africana en Maputo el 11 de julio de 2003,

- Visto el Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de 21 de noviembre de 1997,

- Vistas las leyes sobre el blanqueo de capitales vigentes en los ordenamientos jurídicos de los Estados ACP-UE,

- Vista la Declaración de París de 2 de marzo de 2005 sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo,

- Vista la Declaración efectuada el 2 de junio de 2003, por la Cumbre del G8 en Evián, a favor de la lucha contra la corrupción y de la mejora de la transparencia, y la Declaración efectuada por la Cumbre del G8 de los días 6 a 8 de junio de 2007 en Heiligendamm, Alemania, sobre el crecimiento y la responsabilidad en África,

- Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo no 2/2005 sobre las ayudas presupuestarias del FED a los países ACP [2],

- Vista la Guía sobre la transparencia de los ingresos provenientes de los recursos naturales, adoptada por el FMI en junio de 2005,

- Vista la Reseña del Banco Mundial sobre las industrias extractivas, de 2004,

- Vistas las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para luchar contra el blanqueo de capitales,

- Vistos los resultados de la reunión plenaria del GAFI celebrada en Vancouver del 9 al 13 de octubre de 2006,

- Vistas las iniciativas Publish What You Pay ("Publica lo que pagas") y Publish What You Earn ("Publica lo que ganas"),

- Vistos los principios y criterios de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE),

- Visto el apoyo prestado por la Unión Europea al proceso de certificación de Kimberley para las importaciones y exportaciones de diamantes y la participación de los países ACP en el proceso de Kimberley,

- Visto el Plan de acción de la Unión Europea sobre la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) y el Reglamento (CE) no 2173/2005,

- Vista la iniciativa africana para la aplicación de las leyes y la gobernanza en el sector forestal, adoptada en 2003,

- Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo de 31 de marzo de 2004 sobre la gobernanza en la política de desarrollo de la Unión Europea [3] y de 6 de abril de 2006 sobre "Eficacia de la ayuda y corrupción en los países en desarrollo" [4],

- Vistas sus Resoluciones de 24 de noviembre de 2005 sobre la función de los Parlamentos nacionales en la aplicación del Acuerdo de Asociación de Cotonú, y sobre los productos básicos agrícolas y mineros [5],

- Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo y el Comité Económico Social Europeo — "Estrategia de la UE para África — Hacia un pacto euroafricano para acelerar el desarrollo en África",

- Visto el Manual del parlamentario para luchar contra la corrupción, elaborado por la Organización mundial de parlamentarios contra la corrupción (GOPAC),

- Visto el Índice de percepción de la corrupción (IPC) 2006, publicado el 6 de noviembre de 2006 en Berlín por Transparency International,

- Vista el acta literal de la misión de información y de estudio en Mauritania de la Mesa de la APP, del 23 al 27 de febrero de 2006,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Políticos (ACP-UE/3937/07),

A. Adhiriéndose al principio de la responsabilidad de los gobiernos hacia sus países, y hacia el conjunto de sus ciudadanos, por lo que respecta a la gestión de los ingresos y gastos públicos,

B. Considerando que los beneficios económicos y financieros obtenidos por la explotación de los recursos naturales deben provocar un aumento sustancial del desarrollo humano,

C. Considerando que los gobiernos de los países ricos en recursos naturales tienen el deber y la responsabilidad de dedicar sus ingresos prioritariamente a la satisfacción de las necesidades básicas de sus poblaciones, especialmente en materia de salud y educación, así como a la lucha contra la pobreza,

D. Considerando que una buena gestión gubernamental debería tener en cuenta que los beneficios son mayores si las riquezas naturales se procesan y perfeccionan en el propio país, en lugar de ser exportadas como materias primas,

E. Considerando que los gobiernos soberanos y los poderes públicos competentes tienen asimismo el deber de utilizar responsablemente los ingresos derivados de la explotación de los recursos naturales de su país para el beneficio directo de los habitantes actuales y futuros de su país respectivo,

F. Considerando que el sector de los recursos sólo puede convertirse en un factor de desarrollo sostenible si se reducen al mínimo sus efectos negativos en el ámbito social y medioambiental y se reparten equitativamente sus beneficios y costes,

G. Considerando que las poblaciones de los países ricos en recursos naturales tienen el derecho inalienable de beneficiarse, de la manera más equitativa posible, de las riquezas de su país y de los frutos del crecimiento económico que puedan generar,

H. Considerando que las empresas dedicadas a la explotación de los recursos naturales son también responsables de garantizar que sus inversiones contribuyen al desarrollo sostenible de los países ricos en recursos naturales,

I. Considerando que la ausencia de transparencia sobre los pagos — legítimos — que las empresas efectúan a los gobiernos constituye un riesgo empresarial considerable, ya que las hace vulnerables frente a acusaciones de complicidad con comportamientos de corrupción y empaña la legitimidad de su actividad,

J. Considerando que los gobiernos europeos tienen la obligación luchar contra tales prácticas,

K. Considerando que la mala gobernanza y la deficiente transparencia en la gestión de los ingresos gubernamentales generados por los recursos naturales pueden acentuar la corrupción política y aumentar el riesgo de malversación de caudales públicos,

L. Considerando el incremento de los precios mundiales del petróleo durante los últimos 36 meses y los ingresos adicionales obtenidos,

M. Considerando que la extracción de petróleo en los países en desarrollo, como consecuencia de los importantes ingresos que genera, puede crear graves desequilibrios económicos y sociales, agravar las injusticias sociales e incluso favorecer un clima de violencia si aquéllos no se emplean adecuadamente en beneficio de todos los sectores de la población y con el objetivo del desarrollo nacional y considerando que, en el caso del petróleo, existe el riesgo de que se presenten unos indicadores de crecimiento artificialmente elevados en detrimento de los indicadores de desarrollo humano,

N. Considerando que el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2004 una enmienda a la Directiva sobre las obligaciones de transparencia en la que invitaban a los Estados miembros de la UE a incitar a las empresas cotizadas en las bolsas europeas a publicar los pagos efectuados a instancias gubernamentales,

O. Considerando que la mejora de la gobernanza y de la responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas tiende a reducir el riesgo de conflictos relacionados con la explotación de los recursos naturales,

P. Considerando que un aumento significativo de la transparencia fiscal, así como la erradicación de la corrupción pública, reducirán los riesgos políticos y crearán un entorno más estable y propicio para las inversiones nacionales y extranjeras, en particular en el sector de las industrias extractivas, como han reconocido los inversores institucionales que administran unos fondos que ascienden a un total de 12300 billones de euros,

Q. Considerando que la transparencia fiscal y la seguridad de los suministros de energía están vinculadas, dado que la corrupción y la mala gobernanza en los países proveedores de energía pueden reforzar los sentimientos locales de resentimiento en relación al sector energético y provocar amenazas para las instalaciones energéticas, reduciendo el abastecimiento de los mercados mundiales,

R. Considerando que la mala gobernanza y la irresponsabilidad en la gestión de los recursos naturales pueden tener graves consecuencias para el medio ambiente, puesto que la tala de árboles puede conducir a la desertización o a otros cambios climáticos y deteriorar el entorno vital de las personas, los animales y las plantas,

S. Considerando que las poblaciones de las zonas de explotación de recursos naturales no solamente están excluidas de los beneficios de la explotación, sino que con frecuencia se ven afectadas, además, por graves daños medioambientales como la contaminación del aire, del agua y del suelo,

T. Considerando que entre los recursos naturales no sólo se cuentan las riquezas del subsuelo sino también la fauna y la flora así como el agua limpia y el aire poco contaminado, que hay que proteger y mejorar,

U. Considerando la importancia de aplicar las mejores prácticas en materia de gestión de los recursos petrolíferos y de los principales recursos naturales en los países ACP,

V. Considerando la importancia de difundir entre los agentes públicos valores y virtudes tales como el desinterés, la integridad, la responsabilidad, la transparencia y la honradez, valores y virtudes que hacen impensables e imposibles las prácticas de corrupción,

W. Considerando que la búsqueda de la integridad y del comportamiento ético es ante todo un medio de garantizar a la población los servicios que tiene derecho a esperar del Estado en relación con la explotación de los recursos naturales,

X. Considerando la necesidad de reforzar las competencias de los Parlamentos e instituciones democráticas de los países en desarrollo de manera que puedan ejercer efectivamente su función de control del ejecutivo y de autoridad presupuestaria,

Y. Considerando que, en el pasado, la posesión de recursos naturales no ha sido siempre una bendición sino, con demasiada frecuencia, una calamidad para la población afectada en países faltos de control democrático, responsabilidad y Estado de Derecho, donde la lucha por los recursos ha fomentado la corrupción y los conflictos violentos bajo los que la población local ha sufrido con frecuencia,

Z. Considerando que la creciente demanda de recursos naturales por economías en fase de rápido crecimiento, como la de China, ha acelerado la lucha internacional por tales recursos y prolongado con frecuencia la vigencia de regímenes no democráticos, conflictos violentos, violaciones de los derechos humanos,

AA. Considerando que ciertas empresas no se adhieren a las normas fundamentales de trabajo establecidas por la OIT, causan accidentes mortales, utilizan el trabajo infantil, son los verdaderos responsables de la deforestación en África, desencadenan el comercio ilícito de marfil en África y han sido repetidas veces sorprendidos mientras pescaban ilícitamente en aguas africanas,

1. Pide a los países ACP que disponen de ingresos derivados de la explotación de recursos naturales que destinen prioritariamente estos ingresos a la satisfacción de las necesidades básicas de sus poblaciones, en particular en materia de salud y educación, de recursos naturales y conservación del medio ambiente y a contribuir así a la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

2. Pide a los países ACP y europeos que respeten y apliquen íntegramente las definiciones y recomendaciones del Acuerdo de Cotonú en materia de buena gestión de los asuntos públicos (artículo 9, apartado 3);

3. Insta a los Estados miembros de la Unión Europea y a la Comisión a que, en consonancia con la buena gobernanza, concedan a la creación de industrias de transformación en los Estados ACP mayor importancia que al acceso de empresas europeas a las riquezas naturales de dichos Estados;

4. Pide a los países africanos del grupo ACP que ratifiquen la Convención de la Unión Africana sobre la prevención y la lucha contra la corrupción; pide a los países del Caribe que ratifiquen la Convención Interamericana contra la Corrupción; pide a todos los países ACP-UE que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Declaración de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Soborno en las Transacciones Comerciales e Internacionales y que introduzcan mecanismos específicos para la aplicación y el control efectivos de las disposiciones del apartado 3;

5. Pide a los Gobiernos de los países de la Unión Europea y de los países ACP que aprueben y contribuyan a llevar a la práctica los principios de las iniciativas privadas a favor de una mejor gobernanza en la gestión de los ingresos derivados de los recursos naturales, tales como la ITIE y las campañas "Publish What You Pay" y "Publish What You Earn";

6. Pide a la Comisión Europea y a los Gobiernos de los Estados miembros de la UE que promuevan la mejora y la aplicación integral de la Iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas (ITIE), en especial haciendo obligatorias las disposiciones en materia de transparencia y que introduzcan mecanismos eficaces de control aplicando el criterio mínimo 5 que consagra el compromiso activo de la sociedad civil como participante en la ITIE, y que concedan una contribución financiera al fondo fiduciario de la ITIE;

7. Pide a los países ACP que garanticen que los ingresos se utilizan también para diversificar su economía y desarrollar actividades económicas a un nivel más elevado en la cadena de producción, lejos de la mera extracción de recursos naturales;

8. Pide a la Comisión Europea que envíe grupos de apoyo a los países en desarrollo proveedores de energía para ayudarles en la aplicación de la ITIE;

9. Pide a todos los países ACP que han firmado formalmente la ITIE que avancen en la puesta en práctica concreta de sus criterios mínimos, en especial el criterio 5, velando por que la sociedad civil pueda desempeñar su papel de supervisora con total libertad y en ausencia de todo temor o intimidación;

10. Alienta a todos los países signatarios del Acuerdo de Cotonú, ricos en recursos naturales, que todavía no lo hayan hecho, a que se adhieran formalmente a la ITIE y pide a los Estados miembros de la UE y a los Gobiernos ACP que pongan en práctica el refuerzo de las capacidades de la sociedad civil, como se prevé en el artículo 7 del Acuerdo de Cotonú y en las recomendaciones de ambos foros de la sociedad civil ACP celebrados en 2002 y abril de 2006;

11. Pide a todos los Gobiernos ACP y de la UE que insten a todos los inversores a adherirse a la ITIE y a otras iniciativas y convenciones que fomenten la gobernanza, la transparencia y la responsabilidad en la explotación de los recursos naturales;

12. Pide a todos los Gobiernos ACP y de la UE que inviten a los Gobiernos de los países emergentes a cumplir las responsabilidades que han contraído tales como la adhesión a las normas fundamentales de trabajo, la abolición del trabajo infantil, la restricción de la proliferación de armas pequeñas y ligeras en particular en zonas de conflicto, la prohibición de importaciones ilegales de materias primas y madera;

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros de la UE que condicionen su ayuda al desarrollo a los países ricos en recursos a los progresos realizados en el ámbito de la buena gobernanza, la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos naturales, adhiriéndose y aplicando activamente iniciativas tales como "Publica lo que pagas", "Publica lo que ganas" e ITIE;

14. Pide a los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea y a la Comisión Europea que tomen la iniciativa de apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para promover la transparencia en las industrias extractivas, por medio de normas contables y del Derecho mercantil, de conformidad con el apoyo prestado por el PE en marzo de 2004 a la enmienda sobre la Directiva relativa a las obligaciones de transparencia, y con PE la comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2005 sobre la estrategia de la UE para África;

15. Pide al conjunto de los interesados que apliquen las normas que requieren transparencia y responsabilidad en los regímenes de gestión de los gastos e ingresos públicos entre las que se encuentran:

- control presupuestario por parte del Parlamento y sus órganos,

- auditorías independientes en materia de presupuesto y gasto público,

- transparencia de los presupuestos estatales,

- seguimiento de los ingresos y los gastos en los Gobiernos de los países ACP,

- responsabilidad de las empresas afectadas por la reglamentación sobre la publicación de información;

16. Pide a todas las partes que velen por que los gobiernos de los países proveedores de energía que tienen graves problemas de gobernanza y de corrupción no obtengan ayudas no esenciales, condiciones comerciales favorables u otras ventajas hasta que demuestren fehacientemente que aplican de mejor modo la transparencia, especialmente en materia de presupuestos nacionales;

17. Insta al conjunto de los proveedores de fondos bilaterales y multilaterales y a las agencias de créditos para la exportación que elaboren, no unas meras condiciones abstractas, sino unas condiciones basadas en la responsabilidad fiduciaria de los gobiernos respecto de sus ciudadanos y en un sistema de asociación que condicione la ayuda no humanitaria a la observancia de una serie de criterios concretos negociados conjuntamente y, en particular, en la transparencia pública sobre los flujos de ingresos resultantes de la explotación de los recursos naturales, utilizando los principios codificados en la "Guía sobre la transparencia de los ingresos provenientes de los recursos naturales";

18. Pide a los Estados ACP-UE que actúen de manera que la promoción de la buena gobernanza, de la transparencia y de la responsabilidad en la explotación de los recursos naturales sean objeto de compromisos mutuos y de criterios negociados conjuntamente en el marco del diálogo político previsto por el Acuerdo de Cotonú (artículo 8);

19. Pide a los Gobiernos de los Estados miembros europeos que velen por que la promoción de la transparencia y el control democrático de la utilización de los ingresos en los países proveedores de energía a la Unión Europea constituya una prioridad de la estrategia común europea sobre energía;

20. Recomienda que los retos de buena gobernanza, transparencia y responsabilidad en la explotación de los recursos naturales figuren en lugar preferente en la futura "Estrategia conjunta UE-África";

21. Alienta el desarrollo de mejores prácticas en materia de gestión de los recursos petrolíferos tales como las codificadas en la "Guía sobre la transparencia de los ingresos provenientes de los recursos naturales";

22. Pide a los Gobiernos y a los Parlamentos ACP y de la UE que aseguren una explotación de los recursos naturales que no perjudique a los grandes equilibrios ecológicos; indica con preocupación, a este respecto, que la tala desmesurada de árboles puede conducir a la desertización o a otros cambios climáticos, a los que puede hacerse frente mediante una gestión responsable del sector maderero y medidas adecuadas de reforestación, y pide a las empresas que explotan los recursos naturales que respeten las normas medioambientales;

23. Pide a los gobiernos, parlamentos e instituciones nacionales y regionales que incluyan la explotación legal de recursos naturales en un plan de protección del medio ambiente orientado hacia medidas de protección para la preservación de contaminación del aire, del agua y del suelo y el mantenimiento de la diversidad biológica de la fauna y la flora;

24. Pide a todos los gobiernos que promulguen leyes que prohíban la importación de madera ilegalmente obtenida y, entre tanto, garanticen que mediante contratación pública sólo se adquiera madera de fuentes sostenibles y legales;

25. Pide a todos los países productores de madera que garanticen que la obtención de toda la madera en su país respectivo se realiza de un modo sostenible, respetuoso de los derechos de las poblaciones locales y teniendo en cuenta el impacto sobre el medio ambiente;

26. Pide a la UE que prevea una revisión en profundidad de la legislación forestal, refuerce la posesión de la tierra y los derechos de acceso de las comunidades locales y garantice una importante participación pública;

27. Insta a todos los países que participan en el comercio de diamantes a adherirse plenamente al régimen de certificación previsto en el proceso de Kimberley para el comercio internacional de diamantes brutos; destaca la importancia de avanzar hacia un control independiente de la conformidad de los países participantes y del sector del diamante con las directrices relativas al comercio de diamantes, y a velar por que los participantes en el proceso de Kimberley puedan supervisar el grado en que la industria del diamante respeta este proceso;

28. Pide a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que adopten una definición de "recursos de conflicto" y añada la gestión de los recursos naturales al mandato de la Comisión de Consolidación de la Paz;

29. Pide la instalación y utilización adecuada de sistemas informáticos tales como un banco de datos de recursos mineros;

30. Subraya la responsabilidad y el interés de las empresas que explotan los recursos naturales en la promoción de un entorno económico transparente y respetuoso del desarrollo sostenible, y las alienta a adoptar iniciativas colectivas en este sentido, tales como el etiquetado de empresas "limpias";

31. Recuerda que, con arreglo al Acuerdo de Cotonú, los casos graves de corrupción pueden dar lugar a consultas, con arreglo a sus artículos 96 y 97;

32. Invita a los países ACP a mantener un debate público nacional sobre la utilización de los ingresos provenientes de los recursos naturales y sobre la justicia social;

33. Pide a los Estados ACP productores de petróleo que respeten, apoyen y alienten las actividades de los militantes anticorrupción y de los defensores de la transparencia;

34. Insiste en el papel de los parlamentos nacionales de los países ACP en la promoción de la buena gobernanza y recomienda que se reconozca y consagre este papel en la futura "Estrategia conjunta UE-África";

35. Invita a los Parlamentos nacionales y regionales ACP y de la UE, así como a los representantes de la sociedad civil, a que cooperen para establecer un sistema de poderes y contrapoderes para impedir e incluso perseguir la corrupción por parte de los gobiernos y de las administraciones;

36. Pide a los gobiernos e instituciones así como a los responsables políticos que destinen una parte de los ingresos procedentes de la explotación responsable de los recursos naturales a mejorar la situación de los ingresos de los agentes públicos, de la policía y de los empleados en los correspondientes sectores económicos, con el fin de disminuir los incentivos de la corrupción;

37. Insta a los Gobiernos de los países ACP y a la Comisión Europea a que apoyen a los Parlamentos nacionales y regionales ACP en su actividad de autoridad presupuestaria, por medio del diálogo, del intercambio de información y del refuerzo de las capacidades;

38. Pide a la Comisión que elabore una comunicación en la que defina la estrategia de la Unión Europea para reforzar la democracia parlamentaria y el Estado de Derecho en los países en desarrollo;

39. Anima a los Parlamentos nacionales de los países ACP a presionar a sus Gobiernos para que luchen contra la corrupción interna y favorezcan así una mejor gobernanza en la gestión de los ingresos públicos, mediante la incorporación de disposiciones anticorrupción y de mecanismos de control independientes dirigidos a una mayor transparencia o que susciten un mayor acceso a la información relativa a la utilización y asignación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales;

40. Subraya que es también necesario reforzar las Administraciones de justicia, un sistema judicial independiente y los Tribunales de Cuentas en los países ACP;

41. Incita asimismo a los parlamentos ACP a dotarse de códigos de conducta específicos a la buena gobernanza para prevenir todo riesgo de corrupción interna; considera que la publicación de los ingresos de los diputados puede contribuir también al objetivo de la transparencia;

42. Invita a los Parlamentos nacionales y regionales a prestar su apoyo y a facilitar las actividades de los representantes de la sociedad civil en su lucha contra la mala gobernanza y la corrupción, permitiéndoles efectuar su trabajo en las mejores condiciones y con una libertad de acción óptima, y garantizándoles la capacidad, los medios y los recursos necesarios para realizar sus actividades;

43. Pide que la sociedad civil y los Parlamentos nacionales participen en un seguimiento presupuestario eficaz por medio de controles del gasto público ("Public Expenditure Tracking Survey" o PETS), que comparan con precisión los "ingresos" con los "resultados", sobre la base de los criterios del Comité de ayuda al desarrollo (CAD) de la OCDE;

44. Considera que conviene elaborar indicadores sociales específicos para obtener datos más precisos sobre la calidad de la gobernanza realizada por los países signatarios del Acuerdo de Cotonú y pide que las organizaciones de la sociedad civil participen en este proceso dando prueba de la transparencia de su gestión de los fondos recibidos;

45. Insta a los gobiernos e instituciones así como a los responsables políticos a que procuren que los agentes públicos reciban formación sobre la importancia de una utilización responsable y medioambientalmente respetuosa de los recursos naturales;

46. Subraya que la lucha contra la corrupción puede contribuir eficazmente a la promoción de un clima de inversiones más seguro; invita a la Unión Europea, como copresidenta del Programa sobre el gasto público y la responsabilidad financiera ("Public Expenditure and Financial Accountability" o PEFA) — que proporciona un marco armonizado para evaluar el riesgo fiduciario en los países destinatarios — a incluir indicadores específicos destinados a medir el nivel de corrupción;

47. Invita a la Comisión a basarse en los niveles de corrupción así detectados para promover la buena gobernanza y para adoptar medidas adecuadas contra los regímenes corruptos; recuerda, sin embargo, que la promoción de la gobernanza no debe servir de pretexto para una condicionalidad de la ayuda impuesta de manera unilateral;

48. Recuerda el importante papel desempeñado por las iniciativas regionales para reducir la corrupción y promover la buena gobernanza, tales como el Mecanismo de evaluación inter pares africano (MAEP); destaca la necesidad de que los países africanos apliquen estas iniciativas y de que la Comisión y los Estados miembros ofrezcan asistencia técnica y financiera a tal efecto;

49. Pide a los Estados miembros de la Unión Europea provistos de centros financieros que adopten todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar la repatriación al Estado de origen de los fondos ilegalmente adquiridos;

50. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACPUE, a la Comisión Europea, a la Comisión de la Unión Africana, al Parlamento Panafricano así como a los parlamentos nacionales y regionales y a la Organización mundial de parlamentarios contra la corrupción (GOPAC).

[1] Aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 28 de junio de 2007 en Wiesbaden (Alemania).

[2] DO C 249 de 7.10.2005.

[3] DO C 103 E de 29.4.2004, p. 550.

[4] Pendiente de publicación en el DO.

[5] DO C 136 de 9.6.2006, p. 17.

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