ASAMBLEA PARITARIA DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS DE ÁFRICA, DEL CARIBE Y DEL PACÍFICO Y LA UNIÓN EUROPEA (ACP-UE)

RESOLUCIÓN () sobre las relaciones futuras entre los Estados ACP y la Unión Europea

La Asamblea Paritaria ACP-UE,

- Reunida en Luxemburgo del 23 al 26 de septiembre de 1996,

- Visto el informe sobre las relaciones futuras entre los Estados ACP y la Unión Europea (doc. ACP-UE 1793/96),

- Visto el «Plan de acción de Dakar», aprobado en su reunión de los días 30 de enero de 1995 a 3 de febrero de 1995 (),

- Vistas las negociaciones relativas a la modificación del Cuarto Convenio de Lomé, concluidas con la firma del mismo el 4 de noviembre de 1995,

A. Considerando que, de conformidad con el artículo 366 del Cuarto Convenio de Lomé, a más tardar 18 meses antes de que el día 29 de febrero de 2000 expire el período de vigencia deberán iniciarse negociaciones sobre el futuro de las relaciones entre los Estados ACP, por una parte, y la Comunidad Europea y los Estados miembros, por otra,

B. Considerando que teniendo en cuenta la complejidad de la materia, los intereses en juego y los numerosos interesados, así como con vistas a la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados ACP proyectada para 1997, es conveniente que el proceso de formación de opinión relativo al mantenimiento de las relaciones se inicie a la mayor brevedad,

C. Considerando que además de políticos y tecnócratas, en este proceso de formación de opinión deberían participar representantes de los agentes económicos y sociales, de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales, así como los medios universitarios y entidades de investigación tanto de los Estados miembros de la CE como de los Estados ACP,

D. Considerando que la Asamblea Paritaria, como instancia de los pueblos de la Unión Europea y de los Estados ACP legitimada democráticamente, pretende desempeñar una función de gran importancia como foro para la elaboración de una posición relativa a las nuevas orientaciones de las relaciones y a su estructuración, así como en relación con la movilización de la opinión pública,

E. Considerando los cometidos y objetivos de política exterior de la UE en materia de seguridad y desarrollo, de conformidad con los artículos B y C y con el artículo 130 U del Tratado de Maastricht, así como en referencia a su identidad como comunidad de valores que defiende los derechos humanos y el derecho a una existencia digna,

F. Considerando la situación internacional, profundamente modificada desde la celebración del Cuarto Convenio de Lomé y que se caracteriza ahora por el final de la guerra fría, la revisión de las prioridades de la política de seguridad y de la política económica, la agudización de la competencia debida al aumento de la liberalización y de la mundialización, y por un cambio estructural económico profundo, así como por progresos tecnológicos rapidísimos y revolucionarios, particularmente en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones,

G. Considerando las oportunidades y los riesgos que de ello se derivan para los Estados ACP, de los que algunos han hecho progresos satisfactorios en las reformas económicas y políticas, mientras que muchos otros se encuentran aún en una situación precaria,

H. Considerando que más de la mitad de los Estados ACP se cuentan entre los países menos desarrollados de la Tierra, y que el empeoramiento de la situación socioeconómica, observable en numerosos síntomas, se deriva de factores externos e internos, y considerando que los países afectados no están en condiciones de realizar el proceso de restablecimiento por sus propios medios,

I. Considerando que los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial, previstos para «enderezar» la economía de los países ACP, han agravado los problemas socioeconómicos: reducción del presupuesto de los sectores sociales, que perjudica a la mayoría de la población, debilitamiento del sector público e incremento del desempleo y de la pobreza,

J. Considerando la futura ampliación de la Unión Europea, que por las notables tensiones financieras que entraña puede dar lugar a una nueva ponderación de los intereses de política exterior y de desarrollo,

K. Considerando que la dependencia de los países ACP de los países del Norte, el descenso del poder adquisitivo, el incremento de la deuda, el deterioro de las condiciones de los intercambios y las exportaciones subvencionadas de la UE han puesto en peligro, entre otras cosas, el desarrollo autónomo de los países ACP,

L. Considerando los éxitos y los fracasos de la cooperación para el desarrollo aplicada en el marco de los Convenios de Lomé y las dudas reinantes en parte de la opinión pública sobre la eficacia y la conveniencia de la ayuda al desarrollo tradicional,

M. Considerando los conflictos internos y las disputas bélicas en determinados países ACP, que dejan a la población en una situación de extrema penuria, desencadenan movimientos de refugiados y amenazan con desestabilizar países vecinos,

N. Considerando que a pesar del Stabex y del Sysmyn las preferencias comerciales de las que gozan los países ACP se han desmoronado: la cuota ACP del mercado europeo descendió de un 7 % en 1975 a un 3,7 % en 1993 y la globalización de la economía, bajo la égida de la Organización Mundial del Comercio, puede incrementar aún más la marginación de los países ACP en general y la de los países africanos en particular,

O. Teniendo en cuenta los numerosos intereses comunes de la Unión Europea y de los Estados ACP y las misiones comunes que se les plantean para la superación de problemas mundiales en el ámbito de la seguridad y la estabilidad, los éxodos de población, las cuestiones ambientales y la lucha contra las drogas y la delincuencia,

1. Observa que la cooperación internacional está cada vez más dominada por un pensamiento centrado en categorías y de política económica vinculadas al problema de la seguridad y por tendencias liberalizadoras cada vez más marcadas, que no tienen en absoluto en cuenta los equilibrios existentes en el juego de las relaciones comerciales internacionales, que desplazan a un segundo plano la idea de solidaridad entre el Norte y el Sur;

2. Considera, teniendo en cuenta el conjunto de intereses en juego, que esta evolución es peligrosa para una cooperación internacional pacífica fundada en relaciones de confianza y es desfavorable para el objetivo de la superación de la creciente fractura entre el bienestar del Norte y del Sur;

3. Pide a los Estados miembros reunidos en la Conferencia Intergubernamental que en su consideración de la política exterior común y teniendo en cuenta los riesgos para la situación internacional que se originan en el considerable retraso del desarrollo de numerosos países, concedan a la política de desarrollo el lugar que se merece;

4. Pide una vez más la presupuestación de los FED, con vistas a garantizar su control democrático;

5. Expresa por lo tanto su convicción de que para después del vencimiento del Cuarto Convenio de Lomé en febrero de 2000, es imprescindible el mantenimiento de la cooperación para el desarrollo con los países del Grupo ACP, con el fin de apoyar las reformas de carácter económico y político que han emprendido así como los procesos de restablecimiento económico y su desarrollo duradero, con el fin de permitir la superación de sus deficiencias estructurales, incrementar su competitividad y asegurar la continuación de su desarrollo socio-económico;

6. Destaca los logros del Convenio de Lomé, consistentes en una cooperación para el desarrollo con perspectivas a largo plazo, de amplio enfoque y basada en una estrecha asociación, con la que se ha podido prestar una importante contribución al diálogo Norte-Sur y a la comprensión entre los pueblos; destaca los progresos apoyados en el marco de Lomé, en la democratización y en el respeto de los derechos humanos en numerosos Estados ACP; aboga por que esta cooperación se mantenga, con las adaptaciones necesarias a la nueva situación;

7. Pide a los responsables políticos de los Estados ACP y de la UE que pongan en marcha un proceso público de formación de opinión sobre el mantenimiento de las relaciones, en el que participen representantes de todos los grupos importantes de la sociedad civil, de los interlocutores económicos y sociales, de las ONG y de entidades de investigación, para garantizar que se toman más en consideración los intereses de todos los implicados en el proceso de desarrollo;

8. Considera que las causas de la pobreza son múltiples: ingresos demasiado bajos o inexistentes para la mayoría de la población africana, por ejemplo, el incremento de la deuda, los programas de ajuste estructural y la liberalización del comercio mundial y que, en consecuencia, será necesario combatir las causas de la pobreza, más que sus efectos;

9. Hace un llamamiento a los responsables políticos de la UE y a los dirigentes económicos y de opinión de la sociedad para que intervengan públicamente en defensa de la importancia que tiene la cooperación para el desarrollo con los Estados ACP de cara a una lucha eficaz contra la pobreza y en relación con los intereses comunes con los Estados ACP en los ámbitos de seguridad, medio ambiente y economía;

10. Considera, teniendo en cuenta la pérdida de confianza de parte de la población de la Unión Europea sobre la eficacia de la cooperación para el desarrollo, que es oportuno que los responsables políticos de los Estados ACP, en el marco de una campaña de relaciones públicas en la UE, declaren el interés de sus pueblos en el mantenimiento de la cooperación para el desarrollo, con el fin de pedir apoyo político a este importante objetivo y de destacar su compromiso con el mismo;

11. Destaca, con referencia al Tratado de Maastricht, la competencia de la UE para la política exterior y de desarrollo común, y pone de relieve la importancia de una actuación común de los Estados miembros en los órganos internacionales en el marco de la cooperación para el desarrollo; pone de relieve las ventajas de la ayuda multilateral al desarrollo, para los países beneficiarios, en razón de la realización de los objetivos propios de esta política, de la asignación de importes suficientes a largo plazo y de la garantía de la coherencia de las medidas;

12. Considera conveniente ocuparse de las especificidades y particularidades de las diferentes categorías de Estados ACP, como están reconocidas por el Convenio de Lomé en la concepción de los instrumentos de la cooperación para el desarrollo, teniendo en cuenta los distintos niveles de desarrollo y las necesidades de los países ACP y la orientación regional de cada uno de los países;

13. Apoya la posibilidad de que se adhieran al Convenio, por parte ACP, nuevos Estados que presenten un nivel de desarrollo comparable al de los Estados ACP, a fin de mejorar globalmente la coordinación de la cooperación al desarrollo de la Unión Europea;

14. Subraya la importancia de los nuevos instrumentos de cooperación para evitar anquilosamientos y distorsiones en las estructuras de producción y de comercialización, para despejar el camino hacia el necesario cambio estructural y la inserción de la economía mundial;

15. Considera que las reformas económicas de los países ACP deben satisfacer las necesidades de la gran mayoría de la población y combatir la pobreza absoluta;

16. Aboga por que se estudien mecanismos para la prevención y la superación de crisis que permitan evitar los conflictos o al menos limitarlos; remite, en este contexto, a las graves consecuencias y enormes costes de la inacción política;

17. Considera necesario que se desarrolle una relación más estrecha entre las Instituciones europeas y los Estados ACP, a fin de que puedan conocerse mejor y comparar sus respectivos sistemas legislativos, ante todo por lo que respecta a la justicia, cuya falta de aplicación da lugar a condiciones de impunidad e inseguridad que son las primeras causas de los conflictos;

18. Pide a los Estados miembros de la UE y a los Estados ACP que colaboren estrechamente para crear los instrumentos legislativos que permitan luchar de forma coordinada y coherente contra la droga y la criminalidad, respetando, no obstante, el principio de subsidiaridad;

19. Opina que en el curso de la progresiva democratización e introducción de los principios de la economía de mercado, es de imperiosa necesidad un consenso sobre la función y los cometidos del Estado en su relación con la sociedad y con la actividad económica, y que la falta de éxitos de la cooperación para el desarrollo se debe en parte a que no se han cumplido los requisitos institucionales y administrativos necesarios para que ésta fuera eficaz; aboga, por consiguiente, por que se aumenten los esfuerzos por establecer unas instituciones operativas y una administración competente y por que se establezca el marco jurídico, económico y financiero en el que debe integrarse la iniciativa privada;

20. Es de la opinión de que el Convenio que seguirá al IV Convenio de Lomé debería permitir trasladar la cooperación financiera y técnica a órganos distintos de los Gobiernos centrales y que la cooperación la lleven a cabo, en mayor medida, órganos descentralizados como las autoridades regionales y locales, las organizaciones no gubernamentales, las cooperativas, los sindicatos, las Iglesias y los centros de formación e investigación;

21. Considera importante que la cooperación para el desarrollo fortalezca con carácter prioritario la capacidad del país asociado para hacer frente a sus obligaciones en materia de prestaciones sociales básicas en los ámbitos de alimentación, sanidad y educación, para compensar con ello las consecuencias de la pobreza y la injusticia social;

22. Pide que el Convenio que seguirá al IV Convenio de Lomé centre en mayor medida los diferentes ámbitos de la cooperación en el objetivo prioritario de la lucha contra la pobreza y que, por lo tanto, tenga más particularmente en cuenta a los grupos más desfavorecidos, como las mujeres, los niños, las personas mayores, los minusválidos, los refugiados y las minorías étnicas;

23. Insiste en la importancia de la promoción de la cultura, no sólo en el marco de la enseñanza obligatoria, sino en todas las actividades sociales, de manera que, respetando las diferencias de raza, etnia y expresión, se pueda lograr la integración de los pueblos;

24. Considera necesario establecer y coordinar procesos de educación y formación que se desarrollen desde la escuela obligatoria hasta los niveles más especializados;

25. Destaca la importancia de suministrar nuevas estructuras sanitarias y de fomentar la cooperación entre los centros de investigación y análisis que se ocupan principalmente de las enfermedades transmisibles, como el SIDA y la malaria, que, desgraciadamente, están experimentando actualmente un considerable desarrollo;

26. Pide a los Estados ACP que determinen, en sus territorios, las prioridades relativas a las intervenciones apropiadas destinadas a proteger y respetar el medio ambiente;

27. Defiende la opinión de que en un futuro Convenio han de estar presentes en mayor medida que hasta ahora los agentes del desarrollo, las fuerzas vectoras de la sociedad civil y de la iniciativa privada, y ha de apoyarse la creación y el desarrollo de medianas y pequeñas empresas; recomienda por consiguiente que se reserven los recursos adecuados para el fomento de la iniciativa privada;

28. Insiste, no obstante, en el hecho de que una mayor concentración de la cooperación ACP-UE en el apoyo a las empresas privadas no debe perjudicar la lucha contra la pobreza ni la aplicación de los derechos sociales para el conjunto de la población y que no debe perderse de vista que el desarrollo del sector privado debe tener como objetivo la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la población y tomar debidamente en cuenta los principios fundamentales del equilibrio social, la ecología y un desarrollo económico duradero;

29. Destaca, teniendo en cuenta la creciente liberalización del comercio, que es imprescindible fomentar en mayor medida los intercambios comerciales, manteniendo el acceso preferencial de los productos de los Estados ACP tanto tiempo como sea posible, pero también impulsando a la vez la competitividad y favoreciendo la diversificación de las exportaciones, así como la apertura de nuevos mercados;

30. Reafirma la opinión de que el Convenio que seguirá al IV Convenio de Lomé no deberá basarse únicamente en los instrumentos e instituciones existentes, en particular en los que se aplican a un cierto número de productos básicos, sino que deberá asegurar, asimismo, su eficaz funcionamiento y aplicación, habida cuenta del hecho de que numerosos Estados ACP dependen aún de estos instrumentos, vitales para la continuación de su desarrollo socioeconómico;

31. Recuerda el gran potencial de la cooperación regional para el aprovechamiento transfronterizo de recursos, el engrandecimiento de los mercados de salida, el aprovechamiento de ventajas comparativas y la inserción en la economía mundial; pide, por consiguiente, que en un futuro Convenio se fomente en mayor medida la cooperación regional;

32. Opina que los resultados de la cooperación para el desarrollo deberán tener en el futuro un papel más importante que hasta ahora y que en este contexto son fundamentos irrenunciables el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos y del Estado de derecho, así como la responsabilidad y la transparencia de la administración pública (buen gobierno); pide, por otra parte, que los fondos se destinen prioritariamente a medidas con repercusiones socioeconómicas indiscutiblemente positivas; considera que para incrementar la eficiencia de los proyectos futuros, es irrenunciable proceder a evaluaciones sistemáticas de los proyectos realizados y a la publicación de las mismas;

33. Opina que sin que se condone la deuda de los Estados ACP, como mínimo de los menos desarrollados, es imposible una mejora a largo plazo de su situación socioeconómica, y pide por ello a los Gobiernos de los Estados ACP que condonen de modo bilateral las deudas públicas de estos países, que actúen en favor de su condonación por las instituciones financieras multilaterales y que impulsen asimismo una reducción notable de la carga de la deuda pública de los demás Estados ACP;

34. Decide constituir un grupo de trabajo encargado de acompañar los trabajos preparatorios para las negociaciones sobre las relaciones futuras entre los Estados ACP y la UE y las propias negociaciones; recuerda a este respecto su Resolución de 28 de septiembre de 1995 ();

35. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente resolución y el informe correspondiente al Consejo ACP-UE, al Consejo y a la Comisión de la Unión Europea, así como a los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea.