RESOLUCIÓN(1)

sobre el cambio climático y los pequeños Estados insulares en el contexto de la cooperación ACP-UE

La Asamblea Paritaria ACP-UE,

- Reunida en Estrasburgo (Francia) del 29 de marzo al 1 de abril de 1999,

- Visto el informe del Grupo de trabajo sobre el cambio climático y los pequeños Estados ACP insulares,

- Vistas sus anteriores resoluciones sobre el cambio climático, los pequeños Estados insulares y el medio ambiente,

- Vistas las correspondientes disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), en las que se reconoce de forma específica la particular vulnerabilidad y la especial situación de los países en desarrollo, sobre todo de los pequeños Estados insulares así como de otros países con regiones costeras bajas o de las regiones expuestas a la sequía y la desertización,

- Vistos en particular los artículos 4.1 (e), 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 y 4.8 de la CMCC, en los que se establece el compromiso contraido por los países desarrollados (entre ellos la Unión Europea y sus Estados miembros) de ayudar a los países en desarrollo con recursos financieros y transferencia de tecnología,

- Visto el Protocolo de Kioto adjunto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y, en particular, su artículo 12 (mecanismo de desarrollo limpio),

- Visto el Plan de acción de Buenos Aires, comprendido en las decisiones de la Cuarta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el que se pide a los países industrializados signatarios que, a través del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMMA), liberen fondos destinados a atenuar las repercusiones negativas de los cambios climáticos y a minimizar los efectos desfavorables,

- Visto el Programa de Acción para los pequeños Estados insulares aprobado por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo (Barbados, 1994) y, en particular, su Capítulo I,

- Visto el informe de la Comisión sobre desarrollo sostenible (CDS) relativo a los avances en la realización del Programa de Acción para los pequeños Estados insulares, en el que se indican los escasos avances realizados en los capítulos relativos al cambio climático y a los recursos energéticos,

- Vistas las conclusiones de la Conferencia de donantes a los pequeños Estados insulares en desarrollo, que se celebró en la Naciones Unidas, del 24 al 26 de febrero de 1999, en el marco de la ejecución del Programa de acción de Barbados,

- Vistas las conclusiones del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea del 6 de octubre de 1998 en las que se pide a la Comisión que indique cómo podrían servir mejor al objetivo de la Convención Marco sobre el Cambio Climático los recursos asignados por la UE a la Ayuda Pública al Desarrollo (APD), entendiendo que dichos recursos no deberían utilizarse para financiar la adquisición de unidades de reducción certificada de las emisiones,

- Visto el Convenio internacional sobre la lucha contra la desertización,

- Visto el artículo 41 del Convenio de Lomé, por el que las partes reconocen el valor del intercambio de puntos de vista sobre los principales riesgos ecológicos, como el efecto invernadero, con el fin de evaluar las perspectivas de acción conjunta dentro de los términos del Convenio,

A. Observando que la Conferencia donantes a los pequeños Estados insulares en desarrollo, que se celebró en febrero de 1999, destacó que la asistencia al desarrollo en favor de los pequeños Estados insulares acusaba una notable recesión y que la movilización de los recursos seguía siendo uno de los principales desafíos; que los donantes, entre ellos los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea, han reafirmado la necesidad vital de reforzar y mejorar la coordinación en el marco de la cooperación con los pequeños Estados insulares en desarrollo a fin de reducir sus costes y mejorar su eficacia y rentabilidad,

B. Considerando que el cambio climático constituye una amenaza sin precedentes para el bienestar y la supervivencia humanos y que se debe a patrones de consumo injustos y no sostenibles y cada vez más extendidos a nivel mundial,

C. Comprometida, como los países que figuran en el Anexo I, con el objetivo de reducir, de aquí al año 2005, en un 20 %, tomando como base los niveles de emisión de 1990, los gases de efecto invernadero, reducción propuesta por la Asociación de Pequeños Estados Insulares (AOSIS) en la primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,

D. Considerando que el Protocolo de Kioto es considerado un paso en la buena dirección, aunque sigue siendo adecuado,

E. Manifestando su profunda preocupación por el hecho de que la UE haya subordinado la ratificación del Protocolo de Kioto a las iniciativas de otros países y preocupada asimismo porque en numerosos Estados miembros de la Unión Europea se registra un rápido crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero,

F. Considerando que el continente africano es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, debido a factores como la extensión de la pobreza, las repetidas sequías, la injusta distribución de la tierra y el exceso de dependencia de la agricultura alimentada por la lluvia; que el aumento de la sequía podría repercutir muy negativamente en la disponibilidad de alimentos,

G. Considerando que, debido a su ubicación y a su proximidad con el Sahara, ciertos Estados africanos al sur del Sahara son particularmente sensibles y vulnerables al cambio climático, y que figuran entre los países más pobres del planeta,

H. Considerando que las zonas costeras se caracterizan por contar con una gran diversidad de ecosistemas y gran número de actividades socioeconómicas; y que en la actualidad se calcula que alrededor de la mitad de la población mundial vive en regiones costeras,

I. Recordando que alrededor de una tercera parte de todos los signatarios del Convenio de Lomé son pequeños Estados insulares y que estos países son particularmente vulnerables a las consecuencias adversas del cambio climático como la elevación del nivel del mar, la decoloración del coral y el aumento de la frecuencia e intensidad de los ciclones tropicales,

J. Considerando que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los Estados africanos al sur del Sahara son los que menos contribuyen al cambio climático mundial y al aumento del nivel del mar y que serán los que más padezcan los efectos adversos de dichos fenómenos, pudiendo llegar en algunos casos a ser inhabitables,

K. Considerando el resultado provisional de los estudios realizados por la Unidad operativa común Commonwealth/Banco Mundial sobre el índice de vulnerabilidad de los pequeños Estados en el que se destaca que los pequeños Estados insulares en desarrollo se encuentran entre los Estados en desarrollo más vulnerables a los impactos económicos y medioambientales exteriores y que su capacidad de resistencia a esos impactos es la más débil,

L. Considerando las negociaciones en curso con vistas a la celebración del futuro acuerdo entre los países ACP y la Unión Europea y la necesidad de integrar los principios del desarrollo sostenible en todos los ámbitos de la cooperación,

M. Considerando que hasta la fecha ni la Unión Europea ni la Comisión han elaborado una política ni un programa coherentes para cumplir los compromisos contraidos en virtud de los artículos 4.1(e), 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 y 4.8 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en particular en lo que se refiere a la transferencia de tecnología y a la creación de capacidades locales en los países en desarrollo,

En cuanto a la realización del Programa de acción de Barbados para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo

1. Pide a todas las partes que reafirmen la importancia de las prioridades establecidas en el Programa de acción de Barbados para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares, y que integren de forma plena y eficaz dicho programa así como un programa específico para los Estados africanos al sur del Sahara en la elaboración y aplicación del Convenio de Lomé y del acuerdo que le suceda en los pequeños Estados ACP insulares en desarrollo y en los Estados africanos al sur del Sahara;

2. Afirma que los mecanismos regionales de interacción y cooperación entre los pequeños Estados insulares en desarrollo son el principio de acción fundamental del Programa de acción de Barbados;

3. Señala la falta de coordinación entre los Estados miembros de la UE en lo que se refiere a los compromisos contraídos en el marco del Programa de acción de Barbados e insiste en que la coordinación in situ nacional entre los donantes y los socios en el marco general de una estrategia nacional es de crucial importancia para aprovechar al máximo el impacto, la eficiencia y la rentabilidad de las acciones destinadas a fomentar el desarrollo sostenible;

4. Considera que los esfuerzos que se realizan a nivel nacional y regional para llevar a cabo el Programa de acción de Barbados requieren el complemento de un apoyo financiero efectivo por parte de la comunidad internacional;

5. Pide a la UE que desempeñe un papel activo en la sesión extraordinaria de dos días de las Naciones Unidas que se celebrará en Nueva York en septiembre de 1999 con vistas a realizar una revisión y una evaluación completas y exhaustivas del Programa de acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares, de forma que se consigan plenamente sus objetivos;

6. Pide a la Comisión Europea que, en el marco de la aplicación del Programa de acción de Barbados, tome la iniciativa en relación con el decisivo expediente de la coordinación de los donantes entre los Estados miembros de la Unión, la Comisión y los pequeños Estados insulares en desarrollo; pide asimismo a la Comisión que en colaboración con los Estados miembros elabore un plan de acción centrado en mejorar la coordinación en la materia, que será presentado con ocasión de la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) en septiembre de 1999;

En cuanto al cambio climático en el marco de la cooperación ACP-UE

7. Considera que la prevención y adaptación al cambio climático es un ámbito en el que la cooperación ACP-UE debe reforzarse en el marco del nuevo acuerdo que suceda a Lomé IV;

8. Está de acuerdo en que las acciones financiadas en el marco de los programas indicativos nacionales y regionales (PIN/PIR) se realicen conforme a un enfoque integrado del desarrollo sostenible; señala, en particular, que las estrategias de adaptación relacionadas con el cambio climático y la elevación del nivel del mar deben integrarse en los procesos de planificación a largo plazo; considera que los donantes bilaterales y las agencias y organizaciones de las Naciones Unidas, así como el Banco Mundial, deben contribuir a la elaboración de programas coordinados para la creación de capacidades destinados a apoyar la elaboración y aplicación de estrategias nacionales, subregionales y regionales;

9. Recomienda que la elaboración de políticas y programas sobre el cambio climático en el contexto de la cooperación ACP-UE se concentre en tres ámbitos: los recursos energéticos renovables, la adaptación y la preparación para hacer frente a las catástrofes;

10. Toma nota del establecimiento del mecanismo de desarrollo limpio (MDL), de conformidad con el Protocolo de Kioto, e insiste en que, en virtud del Convenio de Lomé, deben hacerse esfuerzos para asegurar la coherencia entre los proyectos elaborados en virtud del MDL y los programas relacionados con las energías renovables, la adaptación al cambio climático y la preparación para hacer frente a las catástrofes;

11. Señala que, hasta ahora, no se ha elaborado ninguna metodología reconocida a nivel general para evaluar los resultados de los proyectos realizados de acuerdo con el MDL; está, por lo tanto, convencida de que un sistema de control y verificación estricto y transparente así como la definición de requisitos inequívocos en materia de participación son esenciales para que el MDL sea eficaz;

12. Toma nota del potencial que ofrece el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) para generar recursos sustanciales destinados a financiar proyectos de limitación y adaptación en los países ACP; recomienda, con vistas a garantizar que el MDL pueda competir con los demás mecanismos de aplicación previstos por el Protocolo y que se realizan proyectos de limitación en las regiones que durante mucho tiempo no han sido tenidas en cuenta por el mercado, que:

- a las transacciones previstas en el artículo 6 (aplicación común) y el artículo 17 (transacciones de emisiones) se les aplique una exacción de adaptación, y

- que los criterios de elegibilidad de los proyectos emprendidos en virtud del MDL promuevan proyectos en los países ACP y en los países menos desarrollados;

13. Observa que en el Plan de acción de Buenos Aires se pide a los países desarrollados signatarios de la Convención que, a través del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMMA), liberen fondos destinados a ejecutar medidas de adaptación, en particular en los países y regiones vulnerables y, especialmente, en los países expuestos a catástrofes naturales vinculadas al clima; pide a los representantes de la UE y de los países ACP en el Consejo FMMA que garanticen que dicha decisión se aplica plenamente en el curso del ciclo completo de proyectos FMMA;

14. Recomienda que se elaboren y apliquen políticas y programas para ayudar a los países ACP a crear sus propias capacidades, difundir información y asegurar la formación y el desarrollo de políticas focalizadas, de forma que el MDL resulte más comprensible y aceptable, facilitando de este modo la presentación de proyectos al MDL por parte de los países ACP;

15. Subraya que, aunque muchos ámbitos prioritarios del Programa de acción de Barbados ya figuran en el actual Convenio de Lomé, algunos ámbitos de gran importancia para los pequeños Estados insulares y las regiones costeras y los países sin salida al mar, vulnerables al cambio climático no aparecen en dicho Convenio, como la gestión integrada de las costas o el enfoque integrado de los utilización de las tierras;

16. Considera que la gestión integrada de las regiones costeras es un proceso evolutivo que identifica y aplica opciones para lograr el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático en las regiones costeras y en los pequeños Estados, y opina que el Convenio de Lomé debe establecer un marco que permita desarrollar la gestión integrada de las regiones costeras en los pequeños Estados insulares y en las regiones costeras ACP;

17. Señala la necesidad de reforzar las redes de observación sistemática con vistas a identificar la posible aparición y la distribución del cambio climático, así como de evaluar los posibles impactos, sobre todo a nivel regional; considera que debe estudiarse la posibilidad de facilitar asistencia a los Estados ACP vulnerables en sus esfuerzos por establecer estructuras de control y previsión del clima y la meteorología;

18. Está convencida de que la prevención y la preparación para hacer frente a los desastres debe formar parte integrante de la cooperación al desarrollo y considera que es esencial que este aspecto se tenga en cuenta en las negociaciones relativas a la firma del nuevo Convenio ACP-UE, así como su integración en los programas indicativos nacionales y en cada uno de los proyectos;

19. Afirma, en este contexto, que es particularmente necesario crear capacidades que permitan prever y gestionar las catástrofes y fomentar y facilitar la transferencia de tecnologías de alerta temprana a los países expuestos a catástrofes;

En cuanto a la cooperación económica y comercial

20. Hace hincapié en la importancia de reconocer las necesidades específicas de los pequeños Estados ACP insulares, física y económicamente vulnerables a los efectos del cambio climático y, en particular, a las catástrofes naturales como los ciclones y las sequías, que afectan a su economía en ámbitos como la agricultura, la pesca y el turismo, de los que dependen como consecuencia de su pobreza en recursos naturales;

21. Pide a la Unión Europea que en su ayuda al desarrollo a los países expuestos a tales riesgos dé más importancia al índice de vulnerabilidad, tomando en consideración los trabajos realizados por la Unidad operativa común Commonwealth/Banco Mundial sobre los pequeños Estados;

22. Pide a la Unión Europea que procure un trato diferenciado, que se traduzca en la concesión de un acceso preferencial al mercado, para los pequeños Estados y los Estados insulares vulnerables;

En cuanto a los acuerdos internacionales

23. Está convencida de que, visto el creciente número de organismos con poder de decisión que se ocupan de diversos aspectos del desarrollo sostenible, incluidos los convenios internacionales, cada vez resulta más necesario mejorar la coordinación a nivel intergubernamental así como mantener y concertar mejor los esfuerzos para reforzar la colaboración entre las secretarías de dichos organismos;

24. Insta encarecidamente a los Gobiernos a que concluyan y apliquen la Convención de las Naciones Unidas sobre lucha contra la desertización en los países que sufren graves sequías o procesos de desertización, sobre todo en África;

25. Pide a la Comisión que examine las modalidades con arreglo a las que el Convenio de Lomé podría utilizarse para llevar a la práctica partes de la CMCC; recomienda en este contexto que se cree un grupo de trabajo operativo ("task force") con representantes de las Direcciones Generales correspondientes. Las tareas de dicho grupo de trabajo serían:

- elaborar las estructuras, los instrumentos y los programas de la cooperación ACP-UE que podrían aplicarse para apoyar la realización de los compromisos de la Unión Europea, sus Estados miembros y los países ACP en virtud de la CMCC, sobre todo en lo referente a la transferencia de tecnología y la creación de capacidades. Dicho estudio debería tratar sobre los siguientes temas concretos: las energías renovables, la adaptación a los efectos del cambio climático y la preparación para hacer frente a las catástrofes;

- preparar un plan de acción, sobre la base de los análisis del estudio anterior, que permita a: a) un mayor conocimiento sobre la CMCC, el Protocolo de Kioto y los instrumentos relacionados entre los agentes implicados por la programación y la aplicación de los instrumentos del Convenio de Lomé, y viceversa, b) una mayor coherencia en la aplicación de la CMCC, el Protocolo de Kioto y el Convenio de Lomé, sobre todo en lo que respecta a las energías renovables, la adaptación a los efectos del cambio climático y la preparación para hacer frente a las catástrofes.

El grupo de trabajo debería informar con regularidad a la Asamblea Paritaria ACP-UE y presentar su primer informe 6 meses después de la aprobación de la presente resolución y, posteriormente, informes anuales sobre sus progresos y actividades;

26. Pide a los Estados ACP y a la UE que convoquen, utilizando los mecanismos existentes en virtud del Convenio de Lomé (artículo 41), una conferencia ministerial conjunta sobre el cambio climático;

27. Pide a la UE y a los Estados Unidos que ratifiquen con prontitud y sin condiciones el Protocolo de Kioto y que adopten de inmediato medidas preparatorias para su rápida aplicación mediante la adopción de políticas y disposiciones enérgicas;

En cuanto a la participación en la información y el acceso a las tecnologías

28. Expresa su firme convicción de que la disponibilidad de información científica y tecnológica así como el acceso a tecnologías respetuosas con el medio ambiente, y su transferencia, son requisitos esenciales para el desarrollo sostenible;

29. Subraya la necesidad, con vistas a contribuir a la mejora nacional de capacidades, de acelerar la puesta en marcha de la red de información de los pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDSnet) y del programa de asistencia técnica a los pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS/TAP), apoyando las instituciones regionales y subregionales existentes;

30. Considera que el acceso a las redes electrónicas constituye una oportunidad única para mitigar diversos problemas específicos de los pequeños Estados insulares en desarrollo, como la lejanía, el aislamiento y la falta de infraestructuras; en este sentido, SIDSnet puede constituir un mecanismo sumamente eficaz para facilitar la recogida, síntesis y difusión de la información, así como los conocimientos y las experiencias pertinentes, más allá de las fronteras regionales y para elaborar una agenda mundial sobre los problemas que afectan a los pequeños Estados insulares y a los Estados vulnerables a los cambios climáticos;

31. Pide a la Comisión (DG VIII/C) que facilite, para su presentación en SIDSnet, información sobre los proyectos, programas y actividades de la UE en favor de los pequeños Estados insulares en desarrollo;

32. Recomienda que, con vistas a lograr un desarrollo sostenible, cada Estado o grupo de Estados insulares en desarrollo de una región elabore un plan para la puesta en marcha y la gestión de las redes electrónicas, y pide a la Comisión que, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), facilite asistencia técnica y financiera a tal efecto;

En cuanto a la concienciación de la opinión pública

33. Manifiesta su satisfacción por el aumento general de la concienciación pública sobre los problemas asociados al cambio climático desde la Cumbre de la Tierra de 1992, pero deplora que aún no se haya traducido en una acción significativa y eficaz;

34. Pide a los Gobiernos de los Estados signatarios del Convenio de Lomé y a la Comisión que se comprometan a facilitar a la opinión pública la información y comunicación que, a corto plazo, le hará aceptar las iniciativas necesarias y, a largo plazo, modificar sus modos de vida y, en consecuencia, apoyar las necesarias iniciativas administrativas y económicas; considera que debe prestarse especial atención a la educación con vistas a incrementar la concienciación y el sentido de responsabilidad de la población con respecto a las consecuencias de la producción y el consumo de energía en el medio ambiente;

35. Considera que, dado que el cambio climático tendrá consecuencias en los actuales sistemas y actividades y que es probable que la adaptación se deje en manos de responsables cuyos intereses cotidianos estén en ámbitos distintos del cambio climático, sería conveniente que en los países ACP y en los países de la UE se realicen programas destinados a aumentar la concienciación sobre la necesidad de tener en cuenta el cambio climático al adoptar decisiones sobre actividades vinculadas a la meteorología, en particular en el ámbito de los recursos hídricos, la agricultura, el transporte, la producción de energía, la ordenación urbana, etc.;

36. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, a la Comisión, a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con la petición de que la transmitan a todas las partes contratantes que no son miembros de la UE, así como a la Secretaría de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) de las Naciones Unidas.

(1) Aprobada por la Asamblea Paritaria ACP-UE el 1 de abril de 1999 en Estrasburgo (Francia).