ASAMBLEA PARITARIA DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS DE ÁFRICA, DEL CARIBE Y DEL PACÍFICO Y LA UNIÓN EUROPEA (ACP-UE)

RESOLUCIÓN () sobre la expulsión de inmigrantes en situación jurídica irregular en Europa

La Asamblea Paritaria ACP-UE,

- Reunida en Luxemburgo del 23 al 26 de septiembre de 1996,

A. Profundamente conmovida por la expulsión por la fuerza de familias «indocumentadas» de la iglesia de St. Bernard de París,

B. Vistos los incidentes ocurridos en Melilla entre el 22 y el 24 de junio de 1996 en relación con la expulsión de inmigrantes africanos,

C. Profundamente preocupada por el creciente ritmo de expulsiones de refugiados e inmigrantes «indocumentados» de numerosos Estados miembros de la Unión Europea,

D. Preocupada por la aplicación o preparación de leyes que introducen nuevas restricciones en materia de inmigración y residencia de extranjeros, en particular en lo relativo a los grupos familiares, el derecho de asilo y la libertad de circulación,

E. Considerando que las leyes aplicadas por algunos Estados miembros están ayudando a colocar a los inmigrantes en una posición de constante incertidumbre jurídica a pesar de su presencia desde hace muchos años en el país,

F. Respaldando las medidas adoptadas, en particular en Francia, para regularizar la situación de inmigrantes «indocumentados» que se han establecido por motivos legítimos,

G. Vistos los procedimientos aprobados, en particular en España y Portugal, para regularizar la situación de inmigrantes «indocumentados»,

H. Considerando que corresponde a la Unión Europea desarrollar un régimen jurídico y democrático, incluida la protección de las minorías, en sus relaciones con países terceros y asociados, y ayudar a crear las condiciones favorables como base para dicho cometido,

1. Condena la violencia utilizada por el Gobierno francés contra las familias «indocumentadas» que estaban ocupando la iglesia de St. Bernard;

2. Censura los procedimientos de expulsión de inmigrantes «indocumentados» en los que se cometen irregularidades que pueden violar los derechos humanos, tales como la práctica de la detención ilegal, el hecho de que la cuestión del «asilo político» nunca se tome en consideración, y la ofuscación y el oscurantismo innegables con que dichas medidas se adoptan, como ocurrió en el caso de la «Operación Melilla»;

3. Reafirma que el derecho de los inmigrantes a reunir a su familia y de las familias a vivir juntas es un derecho inalienable;

4. Pide a los Gobiernos de los Estados miembros que reconozcan plenamente el derecho a la reunificación familiar y que regularicen la situación de los inmigrantes «indocumentados» que se han establecido en la Unión Europea por motivos legítimos con el debido respeto a los criterios en materia de derechos humanos, derecho laboral y acuerdos internacionales;

5. Pide que se establezcan medidas para asegurar una mayor rapidez en la tramitación de documentos y que se facilite información a las organizaciones de inmigrantes para que éstos no se sientan abandonados y puedan encontrarse soluciones dentro del marco legal;

6. Condena las políticas que tienden a incrementar la desconfianza hacia los extranjeros y a reforzar la credibilidad de personas que incitan a otros a practicar una política demagógica de exclusión y xenofobia;

7. Pide que los inmigrantes de este tipo sean devueltos a sus países de origen salvo que indiquen lo contrario;

8. Censura enérgicamente el carácter represivo y restrictivo de diversas recomendaciones, declaraciones y resoluciones del Consejo, aprobadas o en curso de elaboración, en particular en lo relativo al derecho de asilo, la reunificación familiar y el concepto de refugiado;

9. Muestra su preocupación por el hecho de que en el Consejo Europeo de Florencia las políticas en materia de asilo e inmigración fueron consideradas únicamente desde el punto de vista de «las necesidades de seguridad» de los ciudadanos de la Unión Europea, en el mismo contexto que la campaña contra el terrorismo y el tráfico de drogas; muestra su oposición a esta peligrosa asociación de ideas y pide una mejora de las políticas de inmigración y asilo respetando los derechos de los inmigrantes y de sus familias;

10. Se muestra a favor de ampliar el concepto de refugiado con derecho a asilo de conformidad con la Convención de Ginebra de 1951 a cualquier persona perseguida en su propio país, aunque esta persecución no proceda de las autoridades gubernamentales;

11. Encarga a sus copresidentes que transmitan la presente resolución al Consejo ACP-UE y a la Comisión.