ANEXO 1

EL TRATADO SOBRE LA CARTA DE LA ENERGÍA

Preámbulo

LAS PARTES CONTRATANTES DEL PRESENTE TRATADO,

Vista la Carta de París para una nueva Europa firmada el 21 de noviembre de 1990,

Vista la Carta Europea de la Energía, aprobada en el documento final de la Conferencia de La Haya sobre la Carta Europea de la Energía, firmado en esa misma ciudad el 17 de diciembre de 1991,

Considerando que todos los signatarios del documento final de la Conferencia de La Haya se comprometieron a perseguir los objetivos de la Carta Europea de la Energía y a aplicar sus principios, así como a ampliar o establecer la colaboración entre ellos lo antes posible negociando de buena fe el Tratado sobre la Carta de la Energía y sus protocolos y dispuestos a dotar a los compromisos incluidos en esa Carta de un fundamento jurídico internacional firme y vinculante;

Deseosas también de crear el marco estructural necesario para aplicar los principios enunciados en la Carta Europea de la Energía,

Deseosas de aplicar el concepto básico de la iniciativa de la Carta Europea de la Energía, que consiste en catalizar el crecimiento económico mediante medidas de liberalización de la inversión y el comercio en energía;

Afirmando que las Partes contratantes estiman de la mayor importancia la aplicación efectiva y plena del trato nacional, y del trato de nación más favorecida, y que estos compromisos se aplicarán a la realización de inversiones según lo dispuesto en un tratado complementario;

Considerando el objetivo de liberalización progresiva del comercio internacional y el principio de no discriminación en este terreno, tal como se expresan en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y los instrumentos relacionados con éste, y tal como se recogen en el presente Tratado;

Decididos a eliminar gradualmente los obstáculos técnicos, administrativos y de cualquier otro tipo al comercio de materias y productos energéticos, y de equipo, tecnologías y servicios relacionados con éstos;

Considerando la posible adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de las Partes contratantes que todavía no son Partes contratantes de éste y preocupados por llegar a acuerdos comerciales de transición que ayuden a dichas Partes contratantes y no les impidan prepararse para esta adhesión;

Conscientes de los derechos y obligaciones de determinadas Partes contratantes que son también Partes en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y en los instrumentos relacionados con éste;

Considerando las normas de competencia sobre fusiones, monopolios, prácticas contrarias a la competencia y abuso de posición dominante;

Vistos también el Tratado de no proliferación de armas nucleares, las directrices para los suministradores nucleares y otras obligaciones y acuerdos internacionales nucleares de no proliferación,

Reconociendo la necesidad de una mayor eficacia en la exploración, producción, conversión, almacenamiento, transporte, distribución y uso de la energía;

Recordando el Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia y sus protocolos, y otros acuerdos internacionales de medio ambiente relacionados con la energía;

Reconociendo la cada vez más acuciante necesidad de contar con medidas de protección del medio ambiente, incluidas las necesarias para el desmantelamiento de instalaciones energéticas y la eliminación de residuos, así como de objetivos y criterios acordados a nivel internacional para estos fines,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

PARTE I DEFINICIONES Y OBJETIVO

Artículo 1

Definiciones

A efectos del presente Tratado se entenderá por:

1. «Carta», la Carta Europea de la Energía aprobada en el documento final de la Conferencia de La Haya sobre la Carta Europea de la Energía, firmado en esa misma ciudad el 17 de diciembre de 1991; se considera que la firma del documento final equivale a la firma de la Carta.

2. «Parte contratante», un Estado u organización regional de integración económica que han acordado vincularse mediante el presente Tratado y para los cuales el Tratado está en vigor.

3. «Organización regional de integración económica», una organización constituida por Estados a la que éstos han transferido competencias relativas a determinados ámbitos, algunos de los cuales están regulados por el presente Tratado, incluida la facultad de tomar decisiones vinculantes para dichos Estados con respecto a dichos ámbitos.

4. «Materias y productos energéticos», basados en el sistema armonizado del consejo de cooperación aduanera y en la nomenclatura combinada de las Comunidades Europeas, son las partidas incluidas en el Anexo EM.

5. «Actividad económica en el sector de la energía» se refiere a una actividad económica dedicada a la exploración, extracción, refino, producción, almacenamiento, transporte por tierra, transmisión, distribución, comercio, comercialización y venta de materias y productos energéticos, salvo los incluidos en el Anexo NI, o relativa a la distribución de calor a instalaciones múltiples.

6. «Inversión», cualquier tipo de activo, poseído o controlado directa o indirectamente por un inversor, y que abarque:

a) bienes tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, propiedades y cualesquiera derechos de propiedad tales como arrendamientos, hipotecas, gravámenes y prendas;

b) una empresa o sociedad mercantil, o bien acciones, títulos u otras formas de participación en una empresa o sociedad mercantil, o bonos y otros títulos de deuda de una empresa o sociedad mercantil;

c) créditos pecuniarios y derechos a prestaciones contractuales que tengan un valor económico y estén relacionadas con una inversión;

d) propiedad intelectual;

e) rendimientos;

f) cualquier derecho conferido por ley o contrato, o en virtud de cualesquiera licencias o permisos otorgados conforme a las leyes para emprender cualquier actividad económica en el sector de la energía;

Los cambios en los modos de invertir los bienes no afectan a su carácter de inversión y la palabra «inversión» incluye todas las inversiones, bien sean ya existentes o bien se hagan después de la última de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado para la Parte contratante del inversor que efectúe la inversión y para la Parte contratante en el área en la que se haga la inversión (que en adelante se denominará «fecha efectiva»), siempre que el Tratado sea aplicable únicamente a aquellos aspectos que afecten a dichas inversiones después de la fecha efectiva.

«Inversión» se referirá a toda inversión relacionada con una actividad económica en el sector de la energía y a las inversiones o clases de inversión designadas por una Parte contratante en su región como «proyectos de eficacia de la Carta», y hayan sido así notificados a la secretaría.

7. «inversor»:

a) con respecto a una Parte contratante:

i) la persona física que posea la ciudadanía o nacionalidad de dicha Parte contratante o resida permanentemente en ésta, con arreglo a la legislación nacional aplicable;

ii) la empresa u otra organización constituida con arreglo a la legislación aplicable en la Parte contratante;

b) con respecto a un «tercer Estado», la persona física, empresa u otra organización que cumpla, mutatis mutandis, las condiciones especificadas en la letra a) para una Parte contratante.

8. «Realizar inversiones» o «realización de inversiones», efectuar nuevas inversiones, adquirir, en todo o en parte, inversiones ya existentes, o bien dedicarse a distintos campos de inversión.

9. «Rendimientos», las cantidades que se deriven o tengan relación con una inversión, indistintamente de la forma en que se paguen éstas, incluidos los beneficios, dividendos, intereses, ganancias del capital, pago de derechos de patente, honorarios de gestión, de asistencia técnica o por otros conceptos, y pagos en especie.

10. «Territorio», con respecto a un Estado que sea una Parte contratante:

a) el territorio sobre el que ésta ejerza su soberanía, entendiéndose por territorio el suelo, las aguas interiores y el mar territorial, y

b) de conformidad con el Derecho marítimo internacional, el mar, el lecho marino y su subsuelo, sobre los que la Parte Contratante ejerza derechos de soberanía y jurisdicción.

Con respecto a una Organización regional de integración económica que constituyan Partes contratantes, el término «territorio» abarcará los «territorios» de los Estados miembros de dicha organización, con arreglo a lo dispuesto en el acuerdo por el que se crea tal organización.

11. a) «GATT», «GATT 1947» o «GATT 1994», o ambos cuando los dos son aplicables;

b) «GATT 1947», el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, celebrado el 30 de octubre de 1947, adjunto al acta final aprobado en las conclusiones de la segunda sesión del comité preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y empleo, en su versión rectificada, enmendada o modificada posteriormente;

c) «GATT 1994», el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio especificado en el Anexo 1 A del Acuerdo por el que se crea la Organización mundial del comercio, en su versión rectificada, enmendada o modificada posteriormente.

Una parte en el Acuerdo por el que se crea la Organización mundial del comercio se considera parte en el GATT 1994;

d) «instrumentos relacionados», según proceda:

i) acuerdos, convenios u otros instrumentos jurídicos, incluidos decisiones, declaraciones y acuerdos celebrados bajo los auspicios del GATT 1947, en su versión rectificada, enmendada o modificada posteriormente; o

ii) el Acuerdo por el que se crea la Organización mundial del comercio, incluidos los Anexos 1 (excepto el GATT 1994), 2, 3 y 4, y las decisiones, declaraciones y acuerdos referentes a éste, en su versión rectificada, enmendada o modificada posteriormente.

12. «Propiedad intelectual», los derechos de autor y derechos conexos, marcas registradas, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes y topografías de circuitos integrados, así como cualquier otro tipo de información reservada que deba protegerse.

13. a) «Protocolo de la Carta de la Energía» o «Protocolo», un tratado cuya negociación está autorizada y cuyo texto es adoptado por la Conferencia sobre la Carta y celebrado por dos o más Partes contratantes con el fin de completar, aumentar, desarrollar o ampliar las disposiciones del presente Tratado con respecto a sectores específicos o categorías de actividad comprendidas en el ámbito del presente Tratado, con inclusión de las zonas de cooperación a las que se hace referencia en el título III de la Carta;

b) «Declaración de la Carta de la Energía» o «Declaración», un instrumento no vinculante cuya negociación está autorizada por la Carta de la Energía, y cuyo texto está aprobado por ésta, celebrado entre dos o más Partes contratantes con objeto de completar o aumentar las disposiciones del presente Tratado.

14. «Moneda libremente convertible», una moneda con la que se negocia habitualmente en los mercados internacionales de cambio y que es ampliamente utilizada en las transacciones internacionales.

Artículo 2

Objetivo del Tratado

El presente Tratado establece un marco legal para fomentar la cooperación a largo plazo en el campo de la energía, basado en la consecución de complementariedades y beneficios mutuos, con arreglo a los objetivos y principios expresados en la Carta.

PARTE II COMERCIO

Artículo 3

Mercados internacionales

Las Partes contratantes harán todo lo posible para facilitar el acceso a los mercados internacionales en las condiciones normales del comercio y, en general, para conseguir un mercado abierto y competitivo de materias y productos energéticos.

Artículo 4

No derogación del GATT y sus instrumentos relacionados

Nada de lo dispuesto en el presente Tratado derogará, entre Partes contratantes que sean partes en el GATT, las disposiciones del GATT y los instrumentos relacionados con éste, tal como se aplican en virtud del mismo entre las Partes contratantes que son miembros del GATT.

Artículo 5

Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio

1. Ninguna Parte contratante aplicará medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio que contravengan lo dispuesto en los artículos III o XI del GATT; ello se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones de la Parte contratante derivados de lo dispuesto en el GATT e instrumentos relacionados con éste, y del artículo 29 del presente Tratado.

2. Dichas medidas incluyen toda medida en materia de inversiones que sea obligatoria en virtud de leyes o resoluciones administrativas nacionales, o cuyo cumplimiento sea necesario para obtener alguna ventaja, y que exija:

a) la adquisición o uso por cualquier empresa de productos de origen nacional o de un suministrador nacional, tanto si se especifican los productos concretos, como el volumen o valor de los productos, o la proporción de volumen o valor de su producción local, o

b) que la adquisición o el uso por parte de una empresa de productos importados estén limitados a una cantidad relacionada con el volumen o el valor de los productos locales que exporte;

o que restrinja:

c) la importación por cualquier empresa de productos empleados o relacionados con su producción local, en general o en una cantidad relacionada con el volumen o el valor de la producción local que exporte;

d) la importación por una empresa de productos empleados en su producción local o relacionados con ésta, limitando las divisas de que pueda disponer a una cantidad relacionada con los ingresos de divisas atribuibles a dicha empresa, o

e) la exportación o venta para exportación de productos por parte de una empresa, tanto si se especifican los productos concretos, como su volumen o valor, o la proporción del volumen o del valor de su producción local.

3. Lo dispuesto en el apartado 1 no podrá interpretarse de manera que impida que una Parte contratante aplique las medidas sobre inversiones comerciales descritas en las letras a) y c) del apartado 2 como condición para acceder al fomento de la exportación, la obtención de ayuda extranjera, la adjudicación de contratos públicos o la aplicación de programas de aranceles o contingentes preferenciales.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, una Parte contratante podrá seguir manteniendo temporalmente medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio que estuvieran en vigor 180 días antes de la firma del presente Tratado, de conformidad con las disposiciones relativas a la notificación y eliminación establecidas en el Anexo TRM.

Artículo 6

Competencia

1. Las Partes contratantes se esforzarán por disminuir las distorsiones del mercado y los obstáculos a la competencia en actividades económicas en el sector de la energía.

2. Las Partes contratantes garantizarán que dentro de su jurisdicción exista y se aplique la legislación necesaria y adecuada para hacer frente a toda conducta anticompetitiva unilateral y concertada en actividades económicas en el sector de la energía.

3. Las Partes contratantes con experiencia en la aplicación de normas de competencia atenderán adecuadamente las solicitudes de asistencia técnica de otras Partes contratantes en relación con el desarrollo y aplicación de las normas de competencia, a instancia de dichas Partes y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos.

4. Las Partes contratantes podrán cooperar en la aplicación de sus normas de competencia mediante consultas e intercambios de información.

5. Si una Parte contratante considera que existe una conducta anticompetitiva determinada en el territorio de otra Parte contratante que lesiona intereses importantes en relación con los objetivos definidos en el presente artículo, dicha Parte contratante podrá notificarlo a la otra Parte contratante y solicitar que las autoridades de ésta responsables de la competencia tomen las medidas oportunas para asegurar el cumplimiento de las normas. La Parte contratante que efectúe la notificación incluirá en ella información suficiente para que la Parte contratante que ha recibido la notificación pueda determinar cuál es la conducta contraria a las normas de competencia a la que se refiere la notificación y, además, la Parte contratante que efectúe la notificación se brindará a facilitar toda la información complementaria y toda la cooperación que pueda. La Parte contratante que reciba la notificación o, en su caso, las autoridades responsables de la competencia podrán evacuar consultas con las autoridades responsables de la competencia de la Parte que ha efectuado la notificación y deberán tener debidamente en cuenta la solicitud de la Parte contratante que ha efectuado la notificación a la hora de decidir si procede tomar medidas para poner fin a la supuesta conducta anticompetitiva mencionada en la notificación. La Parte contratante que reciba la notificación informará a la Parte contratante que ha efectuado la notificación de su decisión o de la decisión de las autoridades responsables de la competencia y podrá informar, si así lo desea, de los motivos en que se base. Si se entabla una acción para hacer cumplir las normas, la Parte contratante que haya recibido la notificación informará a la Parte contratante que haya enviado la notificación del resultado de ésta y, en la medida de lo posible, de su evolución.

6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá obligar a una Parte contratante a facilitar información en contra de lo dispuesto en su legislación sobre la divulgación de información, la confidencialidad o el secreto comercial.

7. Los procedimientos establecidos en el apartado 5 y en el apartado 1 del artículo 27 serán, dentro del presente Tratado, los únicos medios de solucionar cualquier controversia que pudiera surgir acerca de la aplicación o interpretación del presente artículo.

Artículo 7

Tránsito

1. Las Partes contratantes tomarán las medidas necesarias para facilitar el tránsito de materias y productos energéticos con arreglo al principio de libre tránsito y sin establecer distinciones en cuanto al origen, destino o propiedad de dichas materias y productos energéticos, ni discriminaciones en cuanto a precios basadas en tales distinciones, y sin imponer demoras, restricciones o recargos injustificados.

2. Las Partes contratantes fomentarán la cooperación de las entidades correspondientes para:

a) modernizar las infraestructuras de transporte de energía necesarias para el tránsito de materias y productos energéticos;

b) desarrollar y explotar las infraestructuras de transporte de energía que se encuentren en el territorio de más de una Parte contratante;

c) adoptar medidas que disminuyan los efectos de la interrupción del suministro de materias y productos energéticos;

d) facilitar la interconexión de infraestructuras de transporte de energía.

3. Las Partes contratantes se comprometen a que sus disposiciones relativas al transporte de materias y productos energéticos y al empleo de infraestructuras de transporte de energía tratarán las materias y productos energéticos en tránsito de forma no menos favorable que las materias y productos de este tipo que procedan de o estén destinados, en todo o en parte, a su propio territorio, salvo si un acuerdo internacional ya existente dispone otra cosa.

4. En caso de que el tránsito de materias y productos energéticos no pueda realizarse en condiciones comerciales por medio de las infraestructuras de transporte de energía, las Partes contratantes no pondrán obstáculos a la creación de nuevas infraestructuras, a no ser que se disponga lo contrario en la legislación aplicable, compatible con el apartado 1.

5. Ninguna Parte contratante a través de cuyo territorio transiten materias y productos energéticos estará obligada a:

a) permitir la construcción o modificación de infraestructuras de transporte de energía, o

b) permitir un nuevo tránsito o el aumento de éste a través de las infraestructuras de transporte de energía existentes,

siempre que, como debe demostrar ante las demás Partes contratantes afectadas, ello ponga en peligro la seguridad o eficacia de sus sistemas energéticos, incluida la seguridad de abastecimiento.

Con arreglo a los apartados 6 y 7, las Partes contratantes permitirán el tránsito de flujos ya establecidos de materias y productos energéticos desde o hacia el territorio de otras Partes contratantes.

6. En caso de controversia respecto a cualquier cuestión relacionada con el tránsito, ninguna Parte contratante a través de cuyo territorio transiten materias y productos energéticos interrumpirá ni reducirá, ni requerirá a entidad alguna bajo su jurisdicción que interrumpa o reduzca, el flujo de materias y productos energéticos, antes que lleguen a su término los procedimientos de solución de controversias establecidos en el apartado 7, salvo en el caso de que ello esté contemplado de manera expresa en contrato o acuerdo que regule dicho tránsito, o esté autorizado con arreglo a la decisión del mediador.

7. Las siguientes disposiciones se aplicarán a cualquier litigio descrito en el apartado 6, pero solamente una vez se hayan agotado todos los medios de solución de controversias, ya sean contractuales o de otro tipo, que hayan sido acordados previamente por las Partes contratantes en litigio o entre una entidad contemplada en el apartado 6 y una entidad de otra Parte contratante que sea parte en la controversia:

a) si ello no consigue resolver la controversia, cualquiera de las Partes en litigio podrá recurrir al Secretario General mediante una notificación en la que se resuman las cuestiones en litigio; el Secretario General comunicará a todas las Partes contratantes dicho recurso;

b) en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la citada notificación, el Secretario General, tras efectuar consultas con las Partes en litigio y las demás Partes contratantes afectadas, designará un mediador. Dicho mediador tendrá experiencia en las cuestiones objeto de la controversia y no será nacional, ciudadano ni residente permanente en el territorio en el que tiene lugar la controversia o en el de una de las otras Partes contratantes afectadas;

c) el mediador intentará que ambas Partes alcancen un acuerdo que solucione la controversia o sobre el procedimiento para alcanzar dicha solución. Si en un plazo de noventa días después de su designación, no ha logrado llegar a dicho acuerdo, deberá recomendar una solución de la controversia o un procedimiento para alcanzar dicha solución, y decidirá los aranceles provisionales y otros términos y condiciones que deberán cumplirse para el tránsito a partir de una fecha que deberá especificar hasta que se solucione la controversia;

d) las Partes contratantes se comprometen a garantizar que las entidades bajo su control o jurisdicción observan la decisión transitoria contemplada en la letra c) relativa a aranceles, términos y condiciones durante los doce meses siguientes a la decisión del mediador o hasta la solución de la controversia, según lo que se produzca en primer lugar;

e) sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b), el Secretario General podrá optar por no designar un mediador si, a su juicio, la controversia afecta a una cuestión de tránsito que es o ha sido objeto de los procedimientos de conciliación establecidos en las letras a) a d), y dichos procedimientos no han dado lugar a la solución de la controversia;

f) la Conferencia sobre la Carta tomará las disposiciones habituales relativas al desarrollo de la conciliación y las compensaciones a los mediadores.

8. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse de manera que suponga menoscabo de los derechos y obligaciones de las Partes contratantes en virtud de la legislación internacional, acuerdos bilaterales o multilaterales existentes, incluidas las normas sobre cables y oleoductos submarinos.

9. El presente artículo no se interpretará de manera que obligue a una Parte contratante que no posea un tipo determinado de infraestructura de transporte de energía utilizada para el tránsito a adoptar medidas, en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, en relación con dicho tipo de infraestructura de transporte de energía. No obstante, la Parte contratante está obligada a cumplir lo dispuesto en el apartado 4).

10. A efectos del presente artículo se entenderá por:

a) «Tránsito»:

i) el transporte a través del territorio de una Parte contratante, o hacia o desde instalaciones portuarias de su territorio para la carga y descarga, de materias y productos energéticos originarios del territorio de otro Estado y con destino al territorio de un tercer Estado, siempre que este segundo o tercer Estado sea Parte contratante;

ii) el transporte a través del territorio de una Parte contratante de materias y productos energéticos originarios del territorio de otra Parte contratante y destinados al territorio de esta segunda Parte contratante, a menos que las dos Partes contratantes en cuestión decidan otra cosa y hagan constar su decisión mediante una declaración conjunta en el Anexo N. Las dos Partes contratantes pueden excluirse del Anexo N si así lo notifican conjuntamente por escrito a la Secretaría, la cual a su vez lo notificará a las demás Partes contratantes. Esta exclusión surtirá efecto a las cuatro semanas de la primera notificación;

b) «infraestructuras de transporte de energía», gasoductos de transporte a alta presión, redes y líneas de transporte de electricidad a alta tensión, oleoductos de transporte de crudo, canalizaciones para lodos de carbón, oleoductos de transporte de derivados del petróleo y otras instalaciones fijas específicamente dedicadas al transporte de materias y productos energéticos.

Artículo 8

Transferencia de tecnología

1. Las Partes contratantes acuerdan fomentar el acceso a las tecnologías energéticas y la transferencia de las mismas según criterios comerciales y no discriminatorios para contribuir a la eficacia del comercio de materias y productos energéticos y la inversión y alcanzar los objetivos de la Carta de conformidad con las leyes y normativas de las mismas, dentro del respeto a la protección de los derechos de propiedad intelectual.

2. Por ello, en la medida necesaria para que surta efecto el apartado 1, las Partes contratantes eliminarán los obstáculos existentes y no crearán otros que afecten a la transferencia de tecnología en el campo de las materias y productos energéticos y los equipos y servicios correspondientes, con sujeción a las obligaciones de no proliferación y a otras obligaciones internacionales.

Artículo 9

Acceso al capital

1. Las Partes contratantes reconocen la importancia de la apertura de los mercados de capitales para atraer capitales hacia la financiación del comercio de materias y productos energéticos y realizar o contribuir a realizar inversiones en actividades económicas en el sector de la energía en los territorios de otras Partes contratantes, en especial de aquellas cuyas economías están en transición. Por consiguiente, las Partes contratantes procurarán crear condiciones que faciliten el acceso a su mercado de capitales a empresas y ciudadanos de otras Partes contratantes, con el fin de financiar el comercio de materias y productos energéticos y favorecer la inversión en actividades económicas en el sector de la energía en el territorio de esas Partes contratantes, en condiciones no menos favorables que las de sus propias empresas y ciudadanos en circunstancias similares o que las de empresas y ciudadanos de cualquier otra Parte contratante o un tercer país, siendo de aplicación las que sean más favorables.

2. Toda Parte contratante podrá adoptar y mantener programas que proporcionen acceso a préstamos públicos, subvenciones, garantías o seguros para fomentar el comercio o la inversión en el extranjero. La Parte contratante facilitará el acceso a estos instrumentos para efectuar inversiones en actividades económicas en el sector de la energía de otras Partes contratantes o para financiar el comercio en materias y productos energéticos con otras Partes contratantes, de acuerdo con cualesquiera objetivos, condiciones o criterios de estos programas (incluidos cualesquiera objetivos, condiciones o criterios relativos al lugar en el que lleve a cabo sus actividades el solicitante de estas ayudas o el lugar de entrega de los bienes y servicios suministrados gracias a ellas).

3. Las Partes contratantes procurarán, según proceda, fomentar las actividades y aprovechar plenamente la experiencia de las instituciones financieras internacionales pertinentes, a la hora de poner en práctica programas en actividades económicas en el sector de la energía para mejorar la estabilidad económica y el clima de inversión de las Partes contratantes.

4. Lo dispuesto en el presente artículo no impedirá en modo alguno:

a) a las instituciones financieras que apliquen sus propias prácticas en materia de préstamos o suscripción de seguros según criterios comerciales y consideraciones prudenciales; o

b) a las Partes contratantes que adopten medidas:

i) por razones de prudencia, incluida la protección de los inversores, consumidores, depositantes, titulares de pólizas de seguros o personas respecto a las cuales tenga obligaciones fiduciarias una entidad de servicios financieros; o

ii) para garantizar el mantenimiento de la integridad y estabilidad del sistema financiero y los mercados de capitales.

PARTE III PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES

Artículo 10

Promoción, protección y trato de las inversiones

1. De conformidad con las disposiciones del presente Tratado, las Partes contratantes fomentarán y crearán condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores de otras Partes contratantes realicen inversiones en su territorio. Entre dichas condiciones se contará el compromiso de conceder en todo momento a las inversiones de los inversores de otras Partes contratantes un trato justo y equitativo. Estas inversiones gozarán asimismo de una protección y seguridad completas y ninguna Parte contratante perjudicará en modo alguno, mediante medidas exorbitantes o discriminatorias, la gestión, mantenimiento, uso, disfrute o liquidación de las mismas. En ningún caso podrá concederse a estas inversiones un trato menos favorable que el exigido por el derecho internacional, incluidas las obligaciones en virtud de los tratados. Toda Parte contratante cumplirá las obligaciones que haya contraído con los inversores o con las inversiones de los inversores de cualquier otra Parte contratante.

2. Cada una de las Partes contratantes procurará conceder a los inversores de otras Partes contratantes el trato descrito en el apartado 3 en cuanto haga referencia a la realización de inversiones en su territorio.

3. A efectos del presente artículo, se entenderá por «trato» el trato concedido por una Parte contratante que no es menos favorable que el concedido a sus propios inversores o a los inversores de otra Parte contratante o tercer Estado, siendo de aplicación la situación más favorable.

4. En virtud de un tratado complementario futuro, toda Parte contratante signataria de éste estará obligada, con arreglo a las condiciones que en dicho tratado se establezcan, a conceder a los inversores de otras Partes que hagan inversiones en su territorio el trato descrito en el apartado 3. Ese tratado complementario estará abierto a la firma de los Estados y Organizaciones regionales de integración económica que hayan firmado o se hayan adherido al presente Tratado. Las negociaciones del tratado complementario empezarán antes del 1 de enero de 1995, para concluirlo antes del 1 de enero de 1998.

5. Toda Parte contratante se esforzará, en lo que se refiere a la realización de inversiones en su territorio, a:

a) limitar al mínimo las excepciones al trato descrito en el apartado 3;

b) disminuir gradualmente las restricciones que limiten a los inversores de otras Partes contratantes:

6. a) En lo que se refiere a la realización de inversiones en su territorio, cualquier Parte contratante podrá, en cualquier momento, declarar voluntariamente a la Conferencia sobre la Carta, a través de la secretaría, su intención de no introducir nuevas excepciones al trato descrito en el apartado 3;

b) además, cualquier Parte contratante podrá adoptar, en cualquier momento, voluntariamente el compromiso de conceder a los inversores de las demás Partes contratantes, en cuanto a la realización de inversiones en alguna o en todas las actividades económicas en el sector de la energía de su territorio, el trato descrito en el apartado 3. Dicho compromiso deberá comunicarse a la secretaría e incluirse en el Anexo VC y será vinculante en virtud del presente Tratado.

7. Cada una de las Partes contratantes concederá en su territorio a las inversiones de los inversores de otras Partes contratantes, así como a las actividades relacionadas con las mismas, como las de gestión, mantenimiento, uso, disfrute o liquidación, un trato no menos favorable que el que conceda a las inversiones, y a su gestión, mantenimiento, uso, disfrute o liquidación, de sus propios inversores o de los de cualquier otra Parte contratante o tercer Estado, siendo de aplicación la situación más favorable.

8. Las condiciones de aplicación del apartado 7 a los programas por los que una Parte contratante concede subvenciones u otro tipo de ayuda financiera o firma contratos de investigación y desarrollo de tecnologías energéticas, se reservarán al tratado complementario mencionado en el apartado 4. Las Partes contratantes informarán a la Conferencia sobre la Carta, a través de la secretaría, de las condiciones de ejecución de los programas descritos en el presente apartado.

9. Cada Estado u Organización regional de integración económica que sea signatario o se adhiera al presente Tratado, en la fecha de la firma del Tratado o de depósito de su instrumento de adhesión, deberá presentar a la secretaría un informe en el que se resuma toda la legislación, disposiciones y demás medidas relativas a:

a) las excepciones al apartado 2, o

b) los programas a que se hace referencia en el apartado 8.

Cada Parte contratante mantendrá actualizado su informe presentando puntualmente a la Secretaría las modificaciones introducidas. La Conferencia sobre la Carta revisará periódicamente dichos informes.

Con respecto a la letra a), el informe podrá designar partes del sector de la energía en las que la Parte contratante conceda a los inversores de otras Partes contratantes el trato descrito en el apartado 3.

En cuanto a la letra b), la revisión efectuada por la Conferencia sobre la Carta podrá tomar en consideración las consecuencias que puedan tener los citados programas en la competencia y las inversiones.

10. Sin perjuicio de otras disposiciones del presente artículo, el trato descrito en los apartados 3 y 7 no se aplicará a la protección de la propiedad intelectual, sino que, por el contrario, se aplicará el trato especificado en las correspondientes disposiciones de los acuerdos internacionales vigentes relativos a la protección de los derechos de propiedad intelectual en los cuales son partes las respectivas Partes contratantes.

11. Para los fines del artículo 26, la aplicación por una Parte contratante de una medida de inversión relativa al comercio, tal como se describe en los apartados 1 y 2 del artículo 5, a una inversión realizada por un inversor de otra Parte contratante existente en el momento de dicha aplicación, se considerará, de acuerdo con los apartados 3 y 4 del artículo 5, un incumplimiento de la obligación de la primera Parte contratante con arreglo a esta Parte.

12. Las Partes contratantes se asegurarán de que su derecho nacional proporciona medios eficaces para la tramitación de demandas y el ejercicio de derechos en relación con inversiones, acuerdos de inversión y autorizaciones de inversión.

Artículo 11

Personal con cargos de responsabilidad

1. Toda Parte contratante examinará de buena fe, con arreglo a las leyes y disposiciones sobre entrada, estancia y trabajo de personas físicas, las solicitudes presentadas por los inversores de otra Parte contratante y por personas con cargos de responsabilidad empleadas por dichos inversores o en inversiones de los mismos con objeto de entrar y permanecer temporalmente en su territorio para llevar a cabo actividades relacionadas con la realización de inversiones o el desarrollo, gestión, mantenimiento, utilización, disfrute o liquidación de éstas, incluida la prestación de servicios de asesoramiento o de servicios técnicos clave.

2. Cualquier Parte contratante permitirá a los inversores de las demás Partes contratantes que tengan inversiones en su territorio, y a las inversiones de tales inversores, emplear a cualquier persona en un cargo de responsabilidad, a elección de los inversores o de la inversión, independientemente de su nacionalidad, siempre y cuando la persona empleada haya sido autorizada a entrar, permanecer y trabajar en el territorio de la primera Parte contratante y siempre que el empleo en cuestión se ajuste a los términos, condiciones y plazos del permiso concedido a dicha persona.

Artículo 12

Responsabilidad por pérdidas

1. Excepto en lo que concierne al ámbito de aplicación del artículo 13, los inversores de una Parte contratante cuyas inversiones en el territorio de otra Parte sufran pérdidas debidas a un conflicto armado o guerra, estado de excepción, disturbio u otro acontecimiento similar en dicho territorio, recibirán de la otra Parte contratante el trato más favorable que ésta aplique a cualquier inversor, ya sea propio, o inversor de otra Parte contratante, o de cualquier tercer Estado, en lo relativo a la restitución, indemnización o cualquier otra forma de reparación.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, a los inversores de una Parte contratante que, en alguna de las situaciones mencionadas en dicho apartado, sufran pérdidas en el territorio de otra Parte contratante que se deriven de:

a) la requisa de su inversión o de parte de ésta por las fuerzas armadas o autoridades de la segunda Parte contratante, o

b) la destrucción de su inversión o de parte de ésta por las fuerzas armadas o autoridades de la segunda Parte contratante, cuando no venga exigida por la situación,

se les concederá la correspondiente restitución o indemnización, que será, en cualquiera de los dos casos, rápida, adecuada y efectiva.

Artículo 13

Expropiación

1. Las inversiones de los inversores de una Parte contratante en el territorio de otra Parte contratante no serán objeto de nacionalización, expropiación o medida o medidas de efecto equivalente a la nacionalización o a la expropiación (a las cuales se aludirá en lo sucesivo como «expropiación»), excepto si dicha expropiación se lleva a cabo:

a) por un motivo de interés público;

b) de manera no discriminatoria;

c) con arreglo al debido procedimiento legal; y

d) mediante el pago de una indemnización rápida, adecuada y efectiva.

El importe de la indemnización equivaldrá al justo valor de mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes de que el anuncio de la expropiación o de la intención de llevar a cabo la expropiación hubiese afectado al valor de la inversión (en lo sucesivo denominado «fecha de valoración»).

Este justo valor de mercado se expresará, a elección del inversor, en una divisa libremente convertible, basándose en el tipo de cambio existente en el mercado para esta divisa en la fecha de valoración. La indemnización incluirá intereses según un tipo comercial fijado con arreglo a criterios de mercado, desde la fecha de la expropiación hasta la del pago.

2. Con arreglo a la legislación de la Parte contratante que realice la expropiación, el inversor afectado tendrá derecho a que un tribunal u otra autoridad competente e independiente de dicha Parte, revise con prontitud su caso, el pago de la indemnización y la valoración de su inversión, de acuerdo con los principios enunciados en el apartado 1.

3. En aras de una mayor claridad, se considerará un acto de expropiación la situación en la que una Parte contratante expropie los bienes de una sociedad o empresa de su territorio en la cual hayan invertido los inversores de cualquier otra Parte contratante, incluso cuando se haya hecho mediante una participación en el capital.

Artículo 14

Transferencia de pagos relacionados con inversiones

1. Las Partes contratantes garantizarán, con respecto a las inversiones realizadas en su territorio por inversores de cualquier otra Parte contratante, la libertad de las transferencias a su territorio y fuera de él, incluidas las transferencias:

a) del capital inicial más el capital adicional para el mantenimiento y desarrollo de una inversión;

b) de los rendimientos;

c) de los pagos resultantes de un contrato, con inclusión de la amortización del principal y el pago de intereses devengados en virtud de un acuerdo de préstamo;

d) de los ingresos no gastados y otras remuneraciones del personal contratado en el extranjero en relación con dicha inversión;

e) del producto obtenido de la venta o liquidación de la totalidad o parte de una inversión;

f) de los pagos derivados de la solución de una controversia;

g) de los pagos de indemnizaciones con arreglo a los artículos 12 y 13.

2. Las transferencias efectuadas en virtud del apartado 1 se realizarán sin demoras y (excepto en el caso de un rendimiento en especie) en una divisa libremente convertible.

3. Las transferencias se harán al tipo de cambio que se aplique, en la fecha en que se realicen dichas transferencias, a las transacciones al contado en la moneda correspondiente. Cuando no exista un mercado de moneda extranjera, el tipo de cambio será o bien el más reciente que se aplique a la inversión interior o bien el más reciente que se emplee para la conversión de monedas en derechos especiales de giro, aplicándose siempre el más favorable para el inversor.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 3, las Partes contratantes podrán proteger los derechos de los acreedores, o asegurar la observancia de las leyes sobre emisión y transacción de valores y el cumplimiento de sentencias en procesos civiles, administrativos y penales, mediante la aplicación de sus leyes y reglamentos de forma equitativa, no discriminatoria y de buena fe.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las Partes contratantes que hayan sido partes constituyentes de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas podrán establecer acuerdos que permitan realizar las transferencias de pagos en la divisa de dichas Partes contratantes, siempre que tales acuerdos no den lugar a un tratamiento a los inversores de otras Partes contratantes que sea menos favorable que el que se concede a los inversores de las Partes contratantes que hayan celebrado tal acuerdo o a los inversores de cualquier tercer Estado.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1, una Parte contratante podrá restringir la transferencia de rendimientos en especie, en circunstancias en las que se permite a la Parte contratante en virtud de la letra a) del apartado 2 del artículo 29, o en virtud del GATT e instrumentos relacionados con éste, con el fin de limitar o prohibir la exportación, o la venta para exportación, del producto que constituye el rendimiento en especie; siempre que la Parte contratante permita efectuar transferencias de rendimientos en especie con arreglo a lo especificado o autorizado en un acuerdo o autorización de inversión, o en otro acuerdo escrito entre la Parte contratante y otro inversor de otra Parte contratante o su inversión.

Artículo 15

Subrogación

1. Cuando una Parte contratante o el organismo por ella designado (en lo sucesivo denominados la «Parte indemnizadora») realice un pago como indemnización o garantía con respecto a una inversión de un inversor (en lo sucesivo denominado la «Parte indemnizada») en el territorio de otra Parte contratante (en lo sucesivo denominada la «Parte anfitriona»), la Parte anfitriona reconocerá:

a) la cesión a la Parte indemnizadora de todos los derechos y créditos derivados de dicha inversión, y

b) que la Parte indemnizadora está facultada para ejercer dichos derechos y reclamar dichos créditos por subrogación.

2. La Parte indemnizadora tendrá en toda circunstancia derecho a:

a) el mismo trato con respecto a los derechos y créditos adquiridos en virtud de la cesión a la que se hace referencia en el apartado 1, y

b) los mismos pagos derivados de los derechos y créditos mencionados,

a que tenía derecho la Parte indemnizada en virtud del presente Tratado, en relación con la inversión correspondiente.

3. En cualquier procedimiento en virtud del artículo 26, la Parte contratante no esgrimirá como defensa, reconvención, derecho de compensación ni ningún otro motivo, que la indemnización u otra compensación por todo o parte de los daños alegados se haya recibido o debe recibirse en virtud de un contrato de seguros o de garantía.

Artículo 16

Relación con otros acuerdos

Cuando dos o más Partes contratantes sean signatarias de un acuerdo internacional anterior, o firmen un acuerdo internacional posterior, cuyas condiciones afecten, en cualquiera de los dos casos, a las cuestiones reguladas en las partes III ó V del presente Tratado,

1. nada de lo dispuesto en las partes III ó V del presente Tratado se interpretará de manera que deje sin efecto ninguna disposición del otro acuerdo, o del derecho de exigir una solución de la controversia relativa a ello con arreglo a dicho acuerdo, y

2. nada de lo dispuesto en el otro acuerdo se interpretará de manera que deje sin efecto ninguna disposición de las partes III o V del presente Tratado o del derecho de exigir una solución de la controversia relativa a ello con arreglo al presente Tratado,

en la medida en que tales disposiciones sean más favorables para los inversores o la inversión.

Artículo 17

No aplicación de la parte III en determinadas circunstancias

Cada Parte contratante se reserva el derecho de denegar los beneficios de la presente Parte a:

1. cualquier entidad jurídica cuando ciudadanos o nacionales de un tercer país posean o controlen dicha entidad y cuando ésta no lleve a cabo actividades empresariales importantes en el territorio de la Parte contratante en la que esté establecida, o

2. a una inversión, cuando la Parte contratante que decida dicha denegación establezca que se trata de la inversión de un inversor de un tercer Estado con el cual, la Parte contratante que decide la denegación:

a) no mantenga relaciones diplomáticas, o

b) adopte o mantenga disposiciones que:

i) prohíban las transacciones con los inversores de dicho Estado, o

ii) puedan resultar infringidas o soslayadas de concederse las ventajas de la presente Parte a los inversores de dicho Estado o a sus inversiones.

PARTE IV DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 18

Soberanía sobre los recursos energéticos

1. Las Partes contratantes reconocen la soberanía estatal y los derechos soberanos sobre los recursos energéticos y, asimismo, reiteran que tales derechos se deben ejercer con arreglo a las disposiciones del Derecho internacional, y con sujeción a las mismas.

2. Sin que ello afecte al objetivo de fomentar el acceso a los recursos energéticos y la prospección y explotación de éstos en condiciones comerciales, el Tratado no supondrá en modo alguno menoscabo de las disposiciones de las Partes contratantes que regulan el régimen de propiedad de los recursos energéticos.

3. Los Estados conservan en particular el derecho a determinar dentro de su territorio las zonas geográficas que han de ser destinadas a la prospección y explotación de recursos energéticos, a optimizar su extracción, a decidir cuál ha de ser el ritmo de extracción o explotación de los mismos, a establecer y recaudar las exacciones, cánones u otros impuestos devengados en virtud de dicha prospección o explotación, y a regular los aspectos ambientales y de seguridad de dicha prospección, desarrollo y recuperación dentro de su territorio, y a participar en dicha prospección y explotación mediante, entre otras cosas, la participación directa del gobierno o la participación de empresas estatales.

4. Las Partes contratantes facilitarán el acceso a los recursos energéticos concediendo, de forma no discriminatoria y basándose en criterios públicos, autorizaciones, licencias, concesiones y contratos de prospección y exploración para explotar o extraer recursos energéticos.

Artículo 19

Aspectos medioambientales

1. Con vistas a un desarrollo sostenible y teniendo en cuenta las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales sobre medio ambiente de los que son Parte, las Partes contratantes harán cuanto esté en su mano para minimizar, de forma eficaz desde el punto de vista económico, los efectos perniciosos sobre el medio ambiente que se den tanto dentro como fuera de su territorio, como consecuencia de cualesquiera actividades relacionadas con el ciclo de la energía en su territorio, teniendo debidamente en cuenta la seguridad. Las Partes contratantes procurarán que su actuación sea rentable. En la formulación de sus políticas y en sus actuaciones concretas, las Partes contratantes pondrán todo su empeño en adoptar medidas precautorias para evitar o reducir al mínimo el deterioro del medio ambiente. Las Partes contratantes acuerdan, asimismo, que el que contamine en los territorios de las Partes contratantes debe pagar, en principio, el coste de la contaminación, incluida la contaminación transfronteriza, teniendo en cuenta el interés público y sin distorsionar la inversión en el ciclo de la energía ni el comercio internacional. Por lo tanto, las Partes contratantes:

a) tendrán en cuenta las consideraciones medioambientales cuando formulen y apliquen sus políticas energéticas;

b) fomentarán la formación de precios según criterios de mercado y propiciarán una reflexión más a fondo respecto a los costes y beneficios medioambientales a lo largo de todo el ciclo de la energía;

c) teniendo en cuenta el apartado 4 del artículo 34, fomentarán la cooperación para alcanzar los objetivos medioambientales de la Carta, así como la cooperación en el campo de las normas internacionales de medio ambiente relativas al ciclo de la energía, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias de las Partes contratantes en cuanto a los efectos negativos y reducción de los costes;

d) pondrán especial empeño en aumentar el rendimiento energético, desarrollar y utilizar fuentes de energía renovables, fomentar el uso de combustibles menos contaminantes y aplicar tecnologías y medios tecnológicos para reducir la contaminación;

e) fomentarán la recogida y difusión entre todas las Partes contratantes de información relativa a políticas energéticas seguras para el medio ambiente y eficaces desde el punto de vista económico, y de prácticas y tecnologías rentables;

f) promoverán la sensibilización del público acerca de las repercusiones sobre el medio ambiente de los sistemas energéticos, acerca de las posibilidades de evitar o reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente, y acerca de los costes de las diversas medidas de prevención o reducción;

g) promoverán y cooperarán en la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, prácticas y procesos energéticamente eficaces y seguros para el medio ambiente, que minimizarán las repercusiones negativas para el medio ambiente de todos los aspectos del ciclo de la energía, de manera eficaz desde el punto de vista económico;

h) fomentarán condiciones favorables para la transferencia y divulgación de tecnologías, asegurando, al mismo tiempo, una protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual;

i) fomentarán la evaluación transparente, en una primera fase y previa a la decisión, y el ulterior control, de las repercusiones medioambientales de los proyectos de inversión en el sector de la energía que puedan afectar al medio ambiente;

j) fomentarán la sensibilización internacional y el intercambio de información sobre los programas y normas medioambientales pertinentes de las Partes contratantes y sobre la aplicación de tales programas y normas;

k) participarán, si así se les solicita, y dentro de sus posibilidades, en el desarrollo y aplicación de programas medioambientales en las Partes contratantes.

2. A petición de una o más Partes contratantes, las controversias relativas a la aplicación o interpretación de las disposiciones del presente artículo serán examinadas por la Conferencia sobre la Carta con el fin de hallar una solución, siempre que no existan procedimientos para tratar tales controversias en otros foros internacionales.

3. A efectos del presente artículo, se entiende por:

a) «ciclo energético», la totalidad de la cadena energética, con inclusión de las actividades relacionadas con la prospección, exploración, producción, conversión, almacenamiento, transporte, distribución y consumo de las distintas formas de energía, así como el tratamiento y la eliminación de residuos, y el desmantelamiento, interrupción y finalización de estas actividades, minimizando las repercusiones medioambientales adversas;

b) «repercusiones medioambientales», los efectos provocados por una actividad determinada sobre el medio ambiente, con inclusión de la salud y la seguridad humanas, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, el clima, el paisaje y los monumentos históricos u otras estructuras físicas, o las interacciones entre estos factores; también se incluyen los efectos sobre el patrimonio cultural o las condiciones socioeconómicas derivadas de la alteración de los mencionados factores;

c) «mejorar la eficiencia energética»; producir la misma cantidad de bienes o prestar los mismos servicios sin reducir la calidad o el rendimiento y disminuyendo la cantidad de energía necesaria para ello;

d) «medidas económicas»; las que permiten alcanzar un objetivo definido con el mínimo coste, o alcanzar las máximas ventajas a un coste dado.

Artículo 20

Transparencia

1. Las leyes, reglamentos, resoluciones judiciales y administrativas de aplicación general que afectan al comercio de materias y productos energéticos estarán, con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 29, entre las medidas sometidas a las normas sobre transparencia del GATT y los instrumentos pertinentes relacionados con éste.

2. Se harán públicas con prontitud las leyes, reglamentos, resoluciones judiciales y administrativas de aplicación general promulgadas por una Parte contratante, y los acuerdos en vigor entre las Partes contratantes, que tengan relación con otros aspectos a los que se aplique el presente Tratado, de forma tal que otras Partes contratantes e inversores puedan estar al corriente de ellos. Las disposiciones del presente apartado no obligarán a ninguna Parte contratante a revelar información confidencial de manera que se entorpezca la aplicación de la ley, se actúe contraviniendo el interés público, o se cause perjuicio a intereses comerciales legítimos de cualquier inversor.

3. Las Partes contratantes designarán uno o varios servicios de información al que se podrán dirigir consultas sobre las citadas leyes, reglamentos y resoluciones judiciales y administrativas, y comunicarán con prontitud dicha designación a la secretaría, que la facilitará cuando así se le solicite.

Artículo 21

Tributación

1. A no ser que se disponga lo contrario en el presente artículo, no existe disposición alguna en el presente Tratado que establezca derechos o imponga obligaciones con respecto a las medidas impositivas de las Partes contratantes. En caso de que hubiese incompatibilidad entre el presente artículo y cualquier otra disposición del Tratado, prevalecerá lo dispuesto en el presente artículo en la medida en que haya incompatibilidad.

2. El apartado 3 del artículo 7 se aplicará a las medidas impositivas distintas de los impuestos sobre la renta o el capital, excepto que dicha disposición no se aplicará a:

a) una ventaja concedida por una Parte contratante con arreglo a las disposiciones sobre fiscalidad de cualquier convenio, acuerdo o arreglo descrito en el inciso ii) de la letra a) del apartado 7, o

b) cualquier medida impositiva destinada a asegurar una recaudación efectiva de impuestos, salvo cuando tal medida de una Parte contratante discrimine arbitrariamente a materias y productos energéticos originarios de o destinados al territorio de otra Parte contratante o restrinja arbitrariamente beneficios concedidos de conformidad con el apartado 3 del artículo 7.

3. Los apartados 2 y 7 del artículo 10 se aplicarán a las medidas impositivas de las Partes contratantes distintas de los impuestos sobre la renta o el capital, con la salvedad de que dichas disposiciones:

a) no se aplicarán de manera que impongan obligaciones de nación más favorecida en relación con las ventajas concedidas por una Parte contratante en virtud de las disposiciones sobre impuestos de cualquier convenio, acuerdo o arreglo descrito en el inciso ii) de la letra a) del apartado 7, o que se deriven de su pertenencia a una Organización regional de integración económica;

b) ni se aplicarán a cualquier medida impositiva destinada a asegurar una recaudación efectiva de impuestos, excepto cuando la medida discrimine arbitrariamente a inversores de otra Parte contratante o restrinja arbitrariamente beneficios concedidos en virtud de las disposiciones sobre inversión del presente Tratado.

4. Los apartados 2 a 6 del artículo 29 se aplicarán a las medidas impositivas distintas de los impuestos sobre la renta o el capital.

5. a) El artículo 13 se aplicará a los impuestos.

b) Siempre que surja un conflicto en relación con lo dispuesto en el artículo 13 en el sentido de si un impuesto determinado constituye una expropiación o si un impuesto que se alega constituye una expropiación es discriminatorio, se aplicarán las siguientes disposiciones:

i) el inversor de la Parte contratante que alegue se trata de una expropiación someterá la cuestión de si el impuesto es una expropiación o si es discriminatorio a las autoridades fiscales competentes; de no mediar dicho recurso por parte del inversor o de la Parte contratante, los organismos a los que se recurra para resolver controversias de conformidad con la letra c) del apartado 2 del artículo 26 o el apartado 2 del artículo 27 someterán la cuestión a la autoridad fiscal competente;

ii) en un plazo de seis meses a partir de la presentación del recurso, la autoridad fiscal competente procurará resolver la cuestión que se le haya sometido. Cuando se trate de cuestiones de no discriminación, la autoridad fiscal competente aplicará las disposiciones sobre no discriminación del convenio fiscal correspondiente o, cuando no existan disposiciones sobre no discriminación en el convenio fiscal correspondiente aplicable a dicho impuesto o no exista convenio fiscal alguno en vigor entre las Partes contratantes en cuestión, aplicará los principios sobre no discriminación del Convenio modelo sobre la doble imposición de los ingresos y del capital de la Organización para la cooperación y el desarrollo económico;

iii) los organismos a los que se recurra para resolver controversias de conformidad con la letra c) del apartado 2 del artículo 26 o el apartado 2 del artículo 27 podrán tener en cuenta las conclusiones a las que hayan llegado las autoridades fiscales competentes respecto a si el impuesto en cuestión constituye una expropiación. Dichos organismos tendrán en cuenta las conclusiones a las que hayan llegado las autoridades fiscales competentes dentro del plazo de seis meses indicado en el inciso ii) de la letra b) respecto a si el impuesto es discriminatorio. Estos organismos podrán también tener en cuenta las conclusiones a las que hayan llegado las autoridades fiscales competentes una vez finalizado el plazo de seis meses;

iv) en ningún caso la intervención de las autoridades fiscales competentes, más allá del plazo de seis meses mencionado en el inciso ii) de la letra b), podrá justificar una demora en los procedimientos que establecen los artículos 26 y 27.

6. Para evitar dudas, el artículo 14 no limitará el derecho de las Partes contratantes a imponer o recaudar un impuesto reteniéndolo o por otros medios.

7. A efectos del presente artículo:

a) el término «medida impositiva» incluye:

i) las disposiciones sobre impuestos de la legislación nacional de la Parte contratante, o de una subdivisión política de la misma o de una autoridad local dentro de ésta; y

ii) las disposiciones sobre impuestos de cualquier convenio para evitar la doble imposición y de cualquier acuerdo o arreglo internacional al que esté vinculada la Parte contratante;

b) se considerará impuesto sobre la renta o el capital cualquier impuesto sobre la totalidad de la renta, la totalidad del capital o partes de la renta o del capital, incluidos los impuestos sobre ganancias derivadas de la enajenación de bienes, los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, las herencias o donaciones u otros impuestos semejantes, los impuestos sobre el total de las remuneraciones o salarios pagados por las empresas, y los impuestos sobre las plusvalías del capital;

c) por «autoridad fiscal competente» se entiende la autoridad competente en virtud de un acuerdo de doble imposición en vigor entre las Partes contratantes o, cuando no esté en vigor ningún acuerdo de este tipo, el ministro o el ministerio encargado de los impuestos o sus representantes autorizados;

d) para evitar dudas, los términos «disposiciones fiscales» e «impuestos» no incluyen los aranceles.

Artículo 22

Entidades estatales y privilegiadas

1. Las Partes contratantes garantizarán que toda empresa estatal que creen o mantengan llevará a cabo sus actividades, en relación con la venta o suministro de bienes y servicios en sus territorios respectivos, de forma que se ajuste a las obligaciones de la Parte contratante en virtud de la parte III del presente Tratado.

2. Ninguna Parte contratante alentará a sus empresas estatales a que lleven a cabo sus actividades en el territorio de dicha Parte de forma contraria a las obligaciones de la Parte contratante en virtud de lo dispuesto en este Tratado, ni les exigirá que lo hagan.

3. Las Partes contratantes se comprometen a garantizar que, en caso de que creen o mantengan una entidad estatal a la que confieran poderes de tipo regulador, administrativo o de otro tipo, ésta ejercerá esa autoridad de forma que se ajuste a las obligaciones de las Partes contratantes en virtud del presente Tratado.

4. Ninguna Parte contratante alentará o exigirá a cualquier entidad a la que conceda privilegios exclusivos o especiales a llevar a cabo sus actividades en el territorio de ésta de forma que contravenga las obligaciones de la Parte contratante en virtud del presente Tratado.

5. A efectos del presente artículo, por «entidad» se entiende cualquier empresa, organismo o cualquier otra organización o individuo.

Artículo 23

Observancia por parte de las autoridades de rango inferior al nacional

1. En virtud del presente Tratado, las Partes contratantes son plenamente responsables de la observancia de todas las disposiciones del mismo, y tomarán todas las medidas pertinentes que estén a su alcance para garantizar la observancia de las disposiciones del presente Tratado por parte de los gobiernos y autoridades regionales y locales de su territorio.

2. Las disposiciones de las partes II, IV y V del presente Tratado relativas a la solución de controversias podrán ser invocadas con relación a medidas que afecten la observancia del Tratado por una Parte contratante, adoptadas por gobiernos o autoridades regionales o locales del territorio de la Parte contratante.

Artículo 24

Excepciones

1. El presente artículo no se aplicará a los artículos 12, 13 y 29.

2. Ninguna disposición del presente Tratado distinta de:

a) las enumeradas en el apartado 1, y

b) las relativas al inciso i) de la parte III del Tratado

impedirá a ninguna Parte contratante adoptar o aplicar medidas:

i) necesarias para proteger la vida o la salud humanas, animales o vegetales,

ii) esenciales para la adquisición o distribución de materias y productos energéticos en situaciones de escasez local motivadas por causas no controladas por dicha Parte contratante, siempre que tales medidas se ajusten al principio de que:

A) todas las Partes contratantes tienen derecho a gozar de una parte equitativa de las existencias internacionales de dichas materias y productos energéticos,

B) cualquier medida que no se ajuste al presente Tratado se interrumpa tan pronto como dejen de existir las condiciones que las originaron;

iii) destinadas a beneficiar a inversores, o a sus inversiones, que sean poblaciones aborígenes o individuos o grupos en inferioridad de condiciones económicas o sociales, notificados como tales a la secretaría, siempre que dichas medidas:

A) no tengan efectos significativos en la economía de las Partes contratantes, y

B) no constituyan una discriminación para los inversores de cualquiera de las demás Partes contratantes ni para los inversores de esa Parte contratante no incluidos entre aquellos a los que está destinada la medida,

a condición de que ninguna de dichas medidas constituya una restricción encubierta a actividades económicas en el sector de la energía, ni discriminaciones arbitrarias o injustificadas entre Partes contratantes o entre inversores u otras personas interesadas de las mismas; dichas medidas estarán debidamente motivadas y no anularán ni afectarán a otros beneficios que las Partes contratantes puedan obtener razonablemente en virtud del presente Tratado, en mayor medida de lo que es estrictamente necesario para alcanzar el fin perseguido.

3. Ninguna disposición del presente Tratado distinta de las mencionadas en al apartado 1 podrá interpretarse de manera que impida a una Parte contratante tomar las medidas que considere necesarias:

a) para la protección de sus intereses esenciales de seguridad, incluidas:

i) las relacionadas con el suministro de materias y productos energéticos a establecimientos militares; o

ii) las tomadas en tiempo de guerra, conflicto armado o cualquier otra situación de emergencia en las relaciones internacionales;

b) relacionadas con la aplicación de su política nacional sobre no proliferación de armas nucleares o cualesquiera otros artefactos explosivos nucleares, o cualquier medida que sea necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en virtud del Tratado de no proliferación de armas nucleares, las directrices para los suministradores nucleares, y otros compromisos y acuerdos internacionales sobre no proliferación nuclear; o

c) para el mantenimiento del orden público.

Tal medida no debe constituir una restricción encubierta del tránsito.

4. Las disposiciones del presente Tratado que conceden el trato de nación más favorecida no obligarán a ninguna Parte contratante a que haga extensivo a los inversores de otra Parte contratante cualquier trato preferente:

a) fruto de su pertenencia a una zona de libre comercio o a una unión aduanera;

b) obtenido por un acuerdo bilateral o multilateral de cooperación económica entre Estados que hayan sido partes constituyentes de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta el establecimiento de relaciones económicas entre los mismos con carácter definitivo.

Artículo 25

Acuerdos de integración económica

1. Lo dispuesto en el presente Acuerdo no podrá interpretarse de manera que obligue a ninguna Parte contratante que sea Parte en un Acuerdo de integración económica (en adelante denominado «AIE»), a que haga extensivas, mediante el trato de nación más favorecida, a otra Parte contratante que no sea Parte en dicho AIE las ventajas de cualquier tipo de trato preferente aplicable entre las Partes por ser Partes en dicho Acuerdo.

2. A los efectos del apartado 1, se entenderá por «AIE» un acuerdo que liberalice sustancialmente, entre otras cosas, el comercio y la inversión estableciendo la ausencia o eliminando toda discriminación entre las Partes en el acuerdo mediante la supresión de las medidas discriminatorias existentes o la prohibición de nuevas medidas discriminatorias, ya sea en el momento de la entrada en vigor del acuerdo o dentro de un plazo razonable.

3. El presente artículo no tendrá efectos en la aplicación del GATT y los instrumentos relacionados con éste, con arreglo al artículo 29.

PARTE V SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 26

Solución de controversias entre un inversor y una parte contratante

1. En la medida de lo posible, se resolverán amigablemente las controversias entre una Parte contratante y un inversor de otra Parte contratante respecto al supuesto incumplimiento por parte de aquélla de una obligación derivada de la parte III relativa a una inversión de éste en el territorio de la primera.

2. Si dichas controversias no pueden resolverse con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 en un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que cualquiera de las partes en conflicto hubiera solicitado una solución amigable, el inversor afectado podrá optar por someter una controversia para su solución:

a) ante los tribunales ordinarios o administrativos de la Parte contratante implicada en la controversia, o

b) de acuerdo con un procedimiento de solución de controversias previamente acordado, o

c) de acuerdo con los siguientes apartados del presente artículo.

3. a) Salvo lo establecido en las letras b) y c), las Partes contratantes consienten incondicionalmente en someter sus controversias a arbitraje o conciliación internacional de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

b) i) Las Partes contratantes incluidas en el Anexo ID no darán su consentimiento incondicional en el caso de que el inversor haya recurrido previamente a los procedimientos indicados en las letras a) o b) del apartado 2;

ii) en aras de una mayor transparencia, las Partes contratantes incluidas en el Anexo ID deben especificar por escrito a la secretaría, no más tarde de la fecha en que se deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación con arreglo al artículo 39, sus políticas, prácticas y condiciones que se apliquen al respecto o depositará su instrumento de adhesión con arreglo al artículo 41.

c) Las Partes contratantes incluidas en el Anexo IA no darán su consentimiento incondicional con respecto a una controversia suscitada en torno a la última frase del apartado 1 del artículo 10.

4. En el caso de que un inversor opte por someter la controversia para su solución con arreglo a la letra c) del apartado 2, dicho inversor deberá asimismo presentar su consentimiento por escrito de que la controversia se someta:

a) i) al Centro internacional para el arreglo de diferencias relativas a inversiones, creado en virtud del Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, abierto a la firma en Washington, el 18 de marzo de 1965 (en adelante denominado «Convenio CIADI»), en caso de que tanto la Parte contratante del inversor como la Parte contratante en litigio sean Parte en el Convenio CIADI; o

ii) al Centro internacional para el arreglo de diferencias relativas a inversiones, creado en virtud del Convenio mencionado en el inciso i) de la letra a), de acuerdo con la normas por las que se rige el mecanismo adicional de aplicación de procedimientos por la secretaría del Centro (en adelante denominadas «normas sobre el mecanismo adicional»), en caso de que o la Parte contratante del inversor o la Parte contratante en litigio, pero no ambas, sean Parte en el Convenio CIADI;

b) un único árbitro internacional o tribunal de arbitraje ad hoc establecidos en virtud del reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho mercantil internacional (en adelante denominado «CNUDMI»), o

c) un procedimiento de arbitraje por parte del Instituto de arbitraje de la cámara de comercio de Estocolmo;

5. a) El consentimiento dado con arreglo al apartado 3, junto con el consentimiento escrito del inversor en relación con el apartado 4, se considerará que cumple lo prescrito para:

i) el consentimiento escrito de las Partes en una controversia, según el capítulo II del Convenio del CIADI y según las normas del mecanismo adicional;

ii) el «acuerdo por escrito», según lo dispuesto en el artículo II del Convenio de las Naciones Unidas sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras de arbitraje, hecho en Nueva York, el 10 de junio de 1958 (en adelante denominado «Convenio de Nueva York»); y

iii) «que las Partes en un contrato hayan acordado por escrito» para los fines del artículo 1 del reglamento de arbitraje de la CNUDMI.

b) Cualquier arbitraje que se lleve a cabo con arreglo al presente artículo tendrá lugar, a petición de cualquiera de las partes en la controversia, en un Estado que sea Parte en el Convenio de Nueva York. Se considerará que las demandas que se presenten a arbitraje con arreglo a este artículo se derivan de una relación o transacción comercial conforme a lo dispuesto en el artículo I de dicho Convenio.

6. En virtud del apartado 4 se creará un tribunal que decidirá las cuestiones en litigio con arreglo al presente Tratado y a las normas del Derecho internacional aplicables.

7. Cualquier inversor que no sea persona física, que tenga la nacionalidad de una Parte contratante que sea parte en la controversia en la fecha del consentimiento por escrito mencionado en el apartado 4 y que, antes de que se plantee una controversia entre éste y dicha Parte contratante, esté controlado por inversores de otra Parte contratante, será tratado, a los efectos de la letra b) del apartado 2 del artículo 25 del Convenio del CIADI, como «ciudadano nacional de otro Estado contratante», y como «ciudadano de otro Estado» para los fines del apartado 6 del artículo 1 de las normas del mecanismo adicional.

8. Los laudos arbitrales, que pueden incluir laudos de intereses, serán firmes y vinculantes para las partes en litigio. Los laudos arbitrales relativos a una medida de un gobierno o autoridad de rango inferior de la Parte contratante litigante deberán dar a la Parte contratante la opción de indemnizar pecuniariamente en lugar de cualquier otra reparación. Las Partes contratantes deberán ejecutar sin demora los laudos y adoptar las medidas necesarias para que se imponga el efectivo cumplimiento de éstos en su territorio.

Artículo 27

Solución de controversias entre las Partes contratantes

1. Las Partes contratantes procurarán dirimir las controversias acerca de la interpretación o aplicación del presente Tratado a través de los conductos diplomáticos.

2. Cuando una controversia no se haya resuelto según lo dispuesto en el apartado 1 dentro de un plazo razonable, siempre y cuando no exista disposición en contra en el presente Tratado ni las Partes contratantes hayan acordado otra cosa por escrito, y excepto en lo que se derive de la aplicación o interpretación de los artículos 6 o 19 o, en el caso de una de las Partes contratantes enumeradas en el Anexo IA, de la última frase del apartado 1 del artículo 10, cualquiera de las Partes en litigio podrá, tras notificarlo por escrito a la otra parte en litigio, someter la cuestión a un tribunal arbitral ad hoc con arreglo al presente artículo.

3. Dicho tribunal se constituirá del modo siguiente:

a) la Parte contratante que incoe el procedimiento designará a un miembro del tribunal e informará a la otra Parte contratante de esa designación, dentro de un plazo de treinta días a partir de la recepción por la otra Parte contratante de la notificación mencionada en el apartado 2,

b) en un plazo de sesenta días a partir de la recepción de la notificación por escrito mencionada en elapartado 2, la otra Parte contratante en litigio designará a su vez a un miembro. Si la designación no se realiza en el plazo prescrito, la Parte contratante que haya incoado el procedimiento podrá, en un plazo de noventa días a partir de la recepción de la notificación escrita mencionada en el apartado 2, solicitar que se efectúe la designación con arreglo a lo dispuesto en la letra d) del presente apartado;

c) las Partes contratantes en litigio designarán a un tercer miembro, que no podrá ser nacional ni ciudadano de ninguna de ellas. Dicho miembro será el presidente del Tribunal. Si, en un plazo de ciento cincuenta días a partir de la recepción de la notificación mencionada en al apartado 2, las Partes contratantes no pueden llegar a un acuerdo sobre la designación del tercer miembro, dicha designación se llevará a cabo, con arreglo a la letra d) del presente apartado, a solicitud de cualquiera de las Partes contratantes, presentada en un plazo de ciento ochenta días a partir de la recepción de la citada notificación;

d) las designaciones con arreglo a este apartado serán realizadas por el secretario general del Tribunal permanente de arbitraje internacional, en un plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud. Si el secretario general no pudiera llevar a cabo esta tarea, los nombramientos serán efectuados por el primer secretario de la Oficina. En caso de que tampoco este último pudiera desempeñar este cometido, hará los nombramientos el funcionario de mayor rango;

e) al realizar las designaciones con arreglo a las letras a) a d) del presente apartado, se tendrán en cuenta la cualificación y experiencia de las personas que vayan a designarse, especialmente en relación con los asuntos a los que se aplica el presente Tratado;

f) a menos que las Partes contratantes dispongan otra cosa, regirá el reglamento de arbitraje de la comisión de las Naciones Unidas para el Derecho mercantil internacional (CNUDMI), salvo en los aspectos modificados por las Partes contratantes en litigio o los árbitros. El tribunal tomará sus decisiones por mayoría de los miembros que lo componen;

g) el tribunal resolverá la controversia con arreglo al presente Tratado y las normas y principios aplicables del Derecho internacional;

h) el laudo arbitral será firme y vinculante para las Partes contratantes en litigio;

i) cuando, al adoptar un laudo, el tribunal considere que una medida de un gobierno regional o local del territorio de una Parte contratante incluida en la parte I del Anexo P no sea conforme con el presente Tratado, cualquiera de las partes en litigio podrá invocar lo dispuesto en la parte II del Anexo P;

j) las costas del Tribunal, con inclusión de la remuneración de sus miembros, correrán a cargo de las Partes contratantes en litigio, a partes iguales. Sin embargo, el tribunal, según su criterio, podrá fallar que corresponde a una de las Partes contratantes en litigio pagar una proporción mayor de las costas;

k) a menos que las Partes contratantes en litigio acuerden otra cosa, el Tribunal se reunirá en La Haya y utilizará las instalaciones y servicios del Tribunal permanente de arbitraje;

l) se depositará una copia del laudo en la secretaría, que se encargará de darle difusión.

Artículo 28

No aplicación del artículo 27 a determinadas controversias

Una controversia entre Partes contratantes en relación con la aplicación o interpretación de los artículos 5 o 29 no podrá resolverse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27 a menos que las partes en litigio así lo acuerden.

PARTE VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 29

Disposiciones transitorias sobre cuestiones comerciales

1. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán al comercio de materias y productos energéticos cuando alguna de las Partes contratantes no sea Parte en el GATT y los instrumentos relacionados con éste.

2. a) El comercio de materias y productos energéticos entre Partes contratantes cuando alguna de ellas no sea Parte en el GATT o los instrumentos relacionados con éste, se regirá, dependiendo de las letras b) y c) y de las excepciones y normas establecidas en el Anexo G, por las disposiciones del GATT 1947 y los instrumentos relacionados con éste, como han sido aplicadas hasta el 1 de marzo de 1994 aplicadas a las materias y productos energéticos por las partes en el GATT 1947 entre ellas mismas como si todas las Partes contratantes fueran partes del GATT 1947 y los instrumentos relacionados con éste.

b) El comercio de ese tipo realizado por una Parte contratante que formara parte de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas podrá regirse, dependiendo de las disposiciones del Anexo TFU, por un acuerdo entre dos o más de esos Estados hasta el 1 de diciembre de 1999 o hasta la admisión en el GATT de esa Parte contratante, la fecha más temprana de las dos.

c) En lo que se refiere al comercio entre dos Partes en el GATT, no se aplicará la letra a) a ninguna de esas dos Partes si una de ella no fuera Parte en el GATT 1947.

3. Todo signatario del presente Tratado y todo Estado u Organización regional de integración económica que se adhiera a éste entregarán a la secretaría, en la fecha de la firma o del depósito de su instrumento de adhesión, una lista de todos los aranceles y gravámenes impuestos sobre materias y productos energéticos en el momento de la importación a su territorio, en la que se indique su cuantía en la fecha de la firma o depósito. Deberá comunicarse a la secretaría toda modificación de dichos aranceles y gravámenes, la cual a su vez la comunicará a las Partes contratantes.

4. Las Partes contratantes se comprometen a no aumentar los aranceles u otros gravámenes aplicados en el momento de la importación o la exportación:

a) en el caso de la importación de las materias y productos energéticos descritos en la parte I del calendario referente a la Parte contratante mencionada en el artículo II del GATT, por encima del nivel establecido en ese calendario, cuando la Parte contratante sea Parte en el GATT;

b) en el caso de la exportación de las materias y productos energéticos, y de su importación cuando la Parte contratante no es Parte en el GATT, por encima del último nivel comunicado a la secretaría, excepto en los casos autorizados por las disposiciones aplicables según la letra a) del apartado 2.

5. Las Partes contratantes podrán aumentar los aranceles u otros gravámenes por encima del nivel a que se refiere el apartado 4 únicamente si:

a) en el caso de un arancel o gravamen aplicado a la importación, dicha acción no es incompatible con las disposiciones aplicables del GATT distintas de las disposiciones aplicables del GATT 1947 y los instrumentos relacionados que figuran en el Anexo G y las correspondientes disposiciones del GATT 1994 y los instrumentos relacionados con éste; o

b) ha notificado a la secretaría, hasta el extremo que lo autoricen sus procedimientos legislativos, su intención de proceder a tal aumento, ha ofrecido a las demás Partes contratantes interesadas la oportunidad de consultar sobre esa intención y ha tomado en consideración las peticiones de esas Partes contratantes.

6. Los signatarios se comprometen a iniciar las negociaciones antes del 1 de enero de 1995 para poder concluir antes del 1 de enero de 1998 unos textos que, habida cuenta de la evolución del sistema del comercio mundial, sean apropiados para modificar el presente Tratado y que, dependiendo de las condiciones que en ellos se establezcan, obligarán a las Partes contratantes a no aumentar los aranceles ni los gravámenes por encima del nivel establecido en esa modificación.

7. El Anexo D se aplicará a las controversias en relación con el cumplimiento de las disposiciones aplicables al comercio en virtud del presente artículo y, a menos que ambas Partes contratantes acuerden otra cosa, a las controversias en relación con el cumplimiento del artículo 5 entre Partes contratantes de las que por lo menos una no sea Parte en el GATT, si bien el Anexo D no se aplicará a cualquier diferencia entre las Partes contratantes derivada, en lo fundamental, de un acuerdo que:

a) haya sido notificado con arreglo a la letra b) del apartado 2 y al Anexo TFU y cumpla los demás requisitos de éstos; o

b) establezca una zona de libre comercio o una unión aduanera tal como se definen en el artículo XXIV del GATT.

Artículo 30

Evolución de los acuerdos de comercio internacional

A la luz de los resultados de la Ronda Uruguay de las negociaciones comerciales multilaterales, recogidos principalmente en el acta final de ésta redactada en Marrakesh el 15 de abril de 1994, las Partes contratantes se comprometen a tomar en consideración, no más tarde del 1 de julio de 1995 o de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, si ésta se produce en fecha posterior, las enmiendas pertinentes al presente Tratado con vistas a la adopción de tales enmiendas por la Conferencia sobre la Carta.

Artículo 31

Equipo energético

La Conferencia provisional sobre la Carta empezará a examinar en su primera reunión la inclusión de equipos energéticos en las disposiciones del Tratado, relativas a cuestiones comerciales.

Artículo 32

Disposiciones transitorias

1. Reconociendo que es necesario un plazo para adaptarse a las exigencias de la economía de mercado, las Partes contratantes enumeradas en el Anexo T, con arreglo a las condiciones estipuladas en los apartados 3 a 6 del presente artículo podrán suspender temporalmente el pleno cumplimiento de las obligaciones derivadas de alguna o algunas de las siguientes disposiciones del presente Tratado:

- apartados 2 y 5 del artículo 6,

- apartado 4 del artículo 7,

- apartado 1 del artículo 9,

- apartado 7 del artículo 10 (medidas específicas),

- letra d) del apartado 1 del artículo 14 (únicamente relacionado con la transferencia de ingresos no desembolsados),

- apartado 3 del artículo 20,

- apartados 1 y 3 del artículo 22.

2. Las Partes contratantes prestarán asistencia a cualquiera de ellas que, de acuerdo con el apartado 1, haya suspendido el pleno cumplimiento de sus obligaciones, a fin de que pueda alcanzar las condiciones que le permitan poner fin a dicha suspensión. Esta asistencia podrá prestarse de la forma que las demás Partes contratantes consideren más adecuada para hacer frente a las necesidades que se hayan notificado con arreglo a la letra c) del apartado 4 del presente artículo, si procede, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales.

3. En el Anexo T se incluyen, para cada Parte contratante que solicite un régimen transitorio, las disposiciones aplicables, las fases de aplicación de cada una de ellas, las medidas que deban tomarse y la fecha, o, en casos excepcionales, la circunstancia que marca el fin de cada fase o la adopción de cada medida. Cada una de las Partes contratantes citadas deberá adoptar la medida enumerada en la fecha fijada por la correspondiente disposición y fase del Anexo T. Las Partes contratantes que, con arreglo al apartado 1, hayan suspendido temporalmente el pleno cumplimiento de sus obligaciones se comprometen a cumplir plenamente sus obligaciones antes del 1 de julio de 2001. Cuando, debido a circunstancias excepcionales, una Parte contratante considere necesario solicitar que el período de suspensión temporal se prorrogue o que se apliquen otras suspensiones temporales no enumeradas previamente en el Anexo T, será la Conferencia sobre la Carta la que tome la decisión relativa a la solicitud de modificación del Anexo T.

4. Las Partes contratantes que se hayan acogido a un régimen transitorio informarán a la secretaría, como mínimo cada doce meses, acerca de los siguientes aspectos:

a) la aplicación de todas las medidas incluidas en el Anexo T y de los avances conseguidos hacia el pleno cumplimiento;

b) los progresos que espera alcanzar en los próximos doce meses hacia el pleno cumplimiento de sus obligaciones, o de los problemas previstos y de sus propuestas para tratar dichos problemas;

c) la necesidad de asistencia técnica a fin de facilitar la superación de las fases establecidas en el Anexo T, con vistas a la plena aplicación del Tratado, o bien para hacer frente a los problemas comunicados de acuerdo con la letra b), así como para fomentar otras reformas necesarias según criterios de mercado y facilitar la modernización de su sector energético;

d) de cualquier posible necesidad de hacer una solicitud del tipo mencionado en el apartado 3.

5. La secretaría:

a) distribuirá a todas las Partes contratantes las notificaciones mencionadas en el apartado 4;

b) distribuirá las demandas y ofertas de asistencia técnica mencionadas en la letra c) del apartado 4 y en el apartado 2 y promoverá activamente, si procede apoyándose en acuerdos celebrados por otras organizaciones internacionales, el acoplamiento de las demandas y ofertas de asistencia técnica mencionadas en el apartado 2 y en la letra c) del apartado 4;

c) distribuirá a todas las Partes contratantes a finales de cada período de seis meses un resumen de las notificaciones presentadas con arreglo a la letra a) o d) del apartado 4.

6. La Conferencia sobre la Carta revisará anualmente los avances realizados por las Partes contratantes respecto a la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo y estudiará el acoplamiento de las demandas y ofertas de asistencia técnica mencionadas en el apartado 2 y en la letra c) del apartado 4. En el transcurso de esta revisión podrá decidir la adopción de medidas adecuadas.

PARTE VII ESTRUCTURA E INSTITUCIONES

Artículo 33

Protocolos y declaraciones de la Carta de la Energía

1. La Conferencia sobre la Carta podrá autorizar la negociación de algunos Protocolos o Declaraciones de la Carta de la Energía con el fin de que surtan efecto por completo los objetivos y principios de la Carta.

2. En la negociación podrá participar cualquier signatario de la Carta.

3. Ningún Estado ni Organización regional de integración económica podrá ser Parte en ningún protocolo ni declaración a menos que sea signatario de la Carta y Parte contratante en el presente Tratado, o adquiera dicha condición al mismo tiempo.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 y en la letra a) del apartado 6, las disposiciones definitivas aplicables a un protocolo se definirán en dicho protocolo.

5. Los protocolos se aplicarán sólo a las Partes contratantes que consientan en vincularse mediante los mismos, y no supondrán eximente de los derechos y obligaciones de las Partes contratantes que no sean Parte en el protocolo.

6. a) Los protocolos podrán imponer obligaciones a la Conferencia sobre la Carta y funciones a la secretaría, siempre que dichas obligaciones procedan de una modificación de un protocolo y a menos que dicha modificación haya sido aprobada por la Conferencia sobre la Carta, aprobación que no estará sujeta a ninguna de las disposiciones del protocolo que estén autorizadas por la letra b).

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a), los protocolos que establezcan que la Conferencia sobre la Carta debe tomar una decisión determinada podrán exigir respecto a ésta:

i) normas de votación diferentes de las incluidas en el artículo 36;

ii) que sólo se consideren Partes contratantes las Partes en el protocolo para los fines del artículo 36 o para tener derecho a voto de acuerdo con las normas del protocolo.

Artículo 34

Conferencia sobre la Carta de la Energía

1. Las Partes contratantes se reunirán periódicamente en la Conferencia sobre la Carta de la Energía (aquí denominada «Conferencia sobre la Carta»), en la cual cada Parte contratante tendrá derecho a un representante. Las reuniones ordinarias se celebrarán con una periodicidad que determinará la Conferencia sobre la Carta.

2. Podrán celebrarse reuniones extraordinarias de la Conferencia sobre la Carta cuando así lo determine la Conferencia sobre la Carta o mediante solicitud escrita de cualquiera de las Partes contratantes, siempre que, en el plazo de seis semanas posterior a la comunicación de dicha solicitud por la Secretaría al resto de las Partes contratantes, la apoyen al menos un tercio de las mismas.

3. La Conferencia sobre la Carta tendrá las siguientes funciones:

a) desempeñará las funciones que le atribuye el presente Tratado y sus protocolos;

b) someterá a revisión continua los principios de la Carta y las disposiciones del presente Tratado y los protocolos, y facilitarán la aplicación de éstos;

c) facilitará con arreglo al Tratado y los protocolos la coordinación de medidas generales adecuadas para la puesta en práctica de los principios de la Carta;

d) estudiará y adoptará programas de trabajo para su ejecución por la secretaría;

e) estudiará y aprobará las cuentas y el presupuesto anuales de la secretaría;

f) estudiará y aprobará o adoptará las condiciones sobre fijación de sede o sobre otros acuerdos, incluidos los privilegios e inmunidades que la Conferencia de la Carta y la secretaría consideren necesarios;

g) fomentará la cooperación para facilitar y promover reformas según criterios de mercado, y, asimismo, la modernización del sector de la energía de los países de Europa central y oriental y la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que se encuentran en fase de transición económica;

h) autorizará y aprobará el mandato para la negociación de dichos protocolos y estudiará y aprobará el texto de éstos y de sus modificaciones;

i) autorizará la negociación de declaraciones y aprobará su establecimiento;

j) decidirá sobre las adhesiones al Tratado;

k) autorizará la negociación y estudiará y aprobará o adoptará acuerdos de asociación;

l) estudiará y adoptará textos de enmienda al presente Tratado;

m) considerará y aprobará las modificaciones y los cambios técnicos de los anexos del presente Tratado;

n) nombrará al secretario general y tomará todas las decisiones necesarias para la creación y el funcionamiento de la secretaría, especialmente, en lo que se refiere a su estructura, niveles de personal y condiciones de trabajo generales de funcionarios y empleados;

4. En el desempeño de sus tareas, la Conferencia sobre la Carta, a través de la secretaría, y de acuerdo con criterios de economía y eficacia, cooperará con los servicios y programas de otras instituciones y organizaciones con competencias reconocidas en materias relacionadas con los objetivos del Tratado, y utilizará, en la mayor medida posible, dichos servicios y programas.

5. La Conferencia sobre la Carta podrá crear los organismos auxiliares que considere necesario para el desempeño de sus funciones.

6. La Conferencia sobre la Carta elaborará y aprobará sus normas de procedimiento y sus normas financieras.

7. En 1999, y a continuación a intervalos (no superiores a cinco años) que decidirá la Conferencia sobre la Carta, ésta procederá a una revisión a fondo de las funciones que le asigna el presente Tratado, teniendo en cuenta el grado de aplicación de las disposiciones del Tratado y los protocolos. Al término de cada revisión, la Conferencia sobre la Carta podrá modificar o anular alguna de las funciones indicadas en el apartado 3 y, además, podrá disolver la secretaría.

Artículo 35

Secretaría

1. En el desempeño de sus funciones, la Conferencia sobre la Carta dispondrá de una secretaría compuesta por un secretario general y el personal mínimo necesario para la realización eficaz de las mismas.

2. El secretario general será nombrado por la Conferencia sobre la Carta, inicialmente para un período máximo de cinco años.

3. En el desempeño de sus funciones, la secretaría será responsable ante la Conferencia sobre la Carta y rendirá cuentas a ésta.

4. La secretaría proporcionará a la Conferencia sobre la Carta toda la asistencia necesaria para el desempeño de sus tareas, y llevará a cabo las misiones que le encomienda el presente Tratado y las que le asigne cualquier protocolo, así como cualesquiera otras funciones que le encomiende la Conferencia sobre la Carta.

5. La secretaría podrá concertar todos los acuerdos contractuales y administrativos que juzgue necesarios para desempeñar eficazmente su misión.

Artículo 36

Votaciones

1. Para las decisiones de la Conferencia sobre la Carta relativas a los asuntos mencionados a continuación, será necesaria la unanimidad de las Partes contratantes que estén presentes y voten en la reunión de la Conferencia sobre la Carta donde corresponda decidir tales asuntos:

a) la adopción de enmiendas al presente Tratado distintas de las referidas a los artículos 34 y 35 y al Anexo T;

b) la aprobación de adhesiones al presente Tratado, con arreglo al artículo 41, de Estados y Organizaciones regionales de integración económica que no sean signatarios de la Carta en fecha de 16 de junio de 1995;

c) la autorización de negociaciones para la celebración de acuerdos de asociación y la aprobación o adopción del texto de dichos acuerdos;

d) la aprobación de modificaciones de los Anexos EM, NI, G y B;

e) la aprobación de cambios técnicos en los anexos del presente Tratado; y

f) la aprobación de nombramientos del secretario general de miembros de los grupos especiales con arreglo al apartado 7 del Anexo D.

Las Partes contratantes procurarán en la mayor medida posible alcanzar acuerdos por consenso en todos los demás asuntos que requieran su decisión con arreglo al presente Tratado. En caso de que no se alcance el consenso, se aplicarán los apartados 2 a 5.

2. Las decisiones relativas a cuestiones presupuestarias, contempladas en la letra e) del apartado 3 del artículo 34, se tomarán por mayoría cualificada, consistente en la proporción de las Partes contratantes que, con arreglo al Anexo B, represente en total una contribución de, al menos, las tres cuartas partes de los fondos preceptivos estipulados.

3. Las decisiones relativas a lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 34 se adoptarán por mayoría de tres cuartos de las Partes contratantes.

4. Con excepción de los casos especificados en las letras a) a f) del apartado 1, en los apartados 2 y 3, y con sujeción al apartado 6, las decisiones a las que hace referencia el presente Tratado se adoptarán por una mayoría de tres cuartos de las Partes contratantes que estén presentes y voten en la reunión de la Conferencia sobre la Carta en la que corresponda decidir tales asuntos.

5. A efectos del presente artículo, la expresión «las Partes contratantes que estén presentes y voten» designará a las Partes contratantes que se hallen presentes y que emitan un voto afirmativo o negativo, teniendo en cuenta que la Conferencia sobre la Carta podrá adoptar unas normas de procedimiento que permitan a las Partes contratantes tomar dichas decisiones por correspondencia.

6. Salvo lo dispuesto en el apartado 2, ninguna decisión de las contempladas en el presente artículo será válida a menos que cuente con el apoyo de la mayoría simple de las Partes contratantes.

7. Cuando vote una Organización regional de integración económica, tendrá un número de votos igual al de los Estados miembros de ésta que sean Partes contratantes del presente Tratado; siempre que la Organización no ejerza su derecho de voto cuando los Estados miembros que la forman ejercen el suyo, y viceversa.

8. En caso de que una Parte contratante se retrase reiteradamente en el cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas en virtud del presente Tratado, la Conferencia sobre la Carta podrá suspender total o parcialmente los derechos de voto de dicha Parte contratante.

Artículo 37

Principios aplicables a la financiación

1. Cada Parte contratante correrá con sus propios gastos de representación en las reuniones de la Conferencia sobre la Carta y de cualquier organismo auxiliar.

2. Los gastos originados por las reuniones de la Conferencia sobre la Carta y de otros organismos auxiliares se considerarán gastos de la secretaría.

3. Los gastos de la secretaría serán sufragados por las Partes contratantes mediante una contribución que se establecerá para cada Parte contratante, según su capacidad de pago, en la pro