ES Diario Oficial de la Unión Europea L 11/9

Declaraciones para el acta del Consejo

Índice

1. Declaración del Consejo relativa al artículo 20.12 «grabación con videocámaras de mano» (procesos penales para el control de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual). 11

2. Declaración del Consejo relativa a la aplicación provisional del artículo 20.7 «protección concedida» (competencias de los Estados miembros por cuanto se refiere a los derechos morales protegidos por el Convenio de Berna). 11

3. Declaración del Consejo relativa a la aplicación provisional de las disposiciones en materia de transportes y servicios de transporte (relativa a la asignación de competencias). 11

4. Declaración del Consejo relativa a la aplicación provisional de los capítulos 22, 23 y 24: « Comercio y desarrollo sostenible», «Comercio y trabajo» y «Comercio y medio ambiente» (relativa a la asignación de competencias). 11

5. Declaración del Consejo relativa a la aplicación del Reglamento (UE) n. o 912/201 4 sobre «responsabilidad financiera» a la solución de diferencias en materia de inversiones. 11

6. Declaración de la Comisión con respecto a la protección de las indicaciones geográficas. 11

7. Declaración de la Comisión con respecto a la protección del principio de cautela en el AECG. 12

8. Declaración de la Comisión con respecto al agua. 12

9. Declaración de la Comisión con respecto al contenido de las bases jurídicas añadidas por el Consejo. 12

10. Declaración de Irlanda (sobre el título V de la tercera parte del TFUE). 13

11. Declaración del Reino Unido (sobre el título V de la tercera parte del TFUE). 13

12. Declaración de Hungría (sobre la aplicación provisional del AECG). 13

13. Declaración de Portugal (en lo que se refiere a la aplicación provisional del AECG y la autonomía de decisión en cuestiones de competencia nacional). 13

14. Declaración de Grecia (relativa a la protección de la denominación de origen protegida [POD] «feta» en el AECG). 13

15. Declaración del Consejo sobre el alcance de la aplicación provisional del AECG. 14

16. Declaración del Consejo relativa a la aplicación provisional del reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales (asignación de competencias). 14

17. Declaración del Consejo relativa a la aplicación provisional de la protección de los trabajadores (asignación de competencias). 14

18. Declaración de la Comisión sobre decisiones del Comité Mixto del AECG. 15

19. Declaración del Consejo y los Estados miembros sobre decisiones del Comité Mixto del AECG. 15

20. Declaración del Consejo sobre la terminación de la aplicación provisional del AECG. 15

21. Declaración de Alemania y Austria sobre la terminación de la aplicación provisional del AECG. 15

22. Declaración de Polonia sobre la terminación de la aplicación provisional del AECG. 15

23. Declaración de Eslovenia (sobre el sistema bilateral de tribunales de inversiones y otras cuestiones). 15

24. Declaración de Austria (sobre las posiciones que deberán adoptarse en nombre de la Unión en el Comité Mixto). 16

25. Declaración de Polonia (sobre el ámbito de competencia nacional y otras cuestiones). 16

26. Declaración de la Comisión sobre el mantenimiento de la prohibición de sustancias de efecto hormonal para estimular el crecimiento de los animales de cría (como la carne de vacuno tratada con hormonas). 17

27. Declaración de la Comisión sobre la adjudicación de contratos públicos. 17

28. Declaración de la Comisión sobre el sistema de seguro obligatorio belga y las mutualidades conforme a la legislación belga. 17

29. Declaración de la Comisión sobre los servicios públicos. 18

30. Declaración de la Comisión sobre la continuación de la legislación de la UE relativa a productos modificados genéticamente, en lo referente a alimentos, piensos y cultivos. 18

31. Declaración de la Comisión sobre el significado del término «actividad empresarial importante» del artículo 8.1 del Acuerdo (definiciones de inversión) . 18

32. Declaración del Consejo y de la Comisión sobre la agricultura en el AECG. 18

33. Declaración de la Comisión Europea relativa a la consecución de plena reciprocidad con Canadá en materia de visados para los ciudadanos rumanos y búlgaros. 19

34. Declaración de Bulgaria (relativa a la exención de visado). 19

35. Declaración de Rumanía (relativa a la exención de visado). 19

36. Declaración de la Comisión y del Consejo sobre la protección de las inversiones y el Tribunal de Inversiones («ICS»). 20

37. Declaración del Reino de Bélgica relativa a las condiciones aplicables a los plenos poderes del Estado Federal y las Entidades Federadas para la firma del AECG. 21

38. Declaración del Servicio Jurídico del Consejo sobre la naturaleza jurídica del Instrumento Interpretativo Conjunto. 22

DECLARACIONES:

Las siguientes declaraciones forman parte integrante del marco en el que el Consejo adopta la decisión por la que se autoriza la firma del AECG, en nombre de la Unión. Se consignarán en el acta del Consejo en esa ocasión.

1. Declaración del Consejo relativa al artículo 20.12:

El Consejo declara que el acuerdo alcanzado por los Estados miembros en relación con los procesos penales para el control de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual no sentará un precedente para los acuerdos que la Unión Europea celebre en el futuro con terceros países.

2. Declaración del Consejo relativa a la aplicación provisional del artículo 20.7:

El Consejo declara que su decisión, en la medida en que dispone la aplicación provisional por parte de la UE del artículo 20.7 del Acuerdo, se entenderá sin perjuicio del reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros, por cuanto se refiere a los derechos morales protegidos por el Convenio de Berna.

3. Declaración del Consejo relativa a la aplicación provisional de las disposiciones en materia de transportes y servicios de transporte:

El Consejo de la Unión Europea declara que su decisión, en la medida en que dispone la aplicación provisional por parte de la UE de disposiciones relativas a los servicios de transporte, que se incluyen en el ámbito de las competencias compartidas entre la Unión Europea y los Estados miembros, se entiende sin perjuicio del reparto de competencias entre ambos en este ámbito, y no impide a los Estados miembros ejercer sus competencias con respecto a Canadá en aquellos asuntos que no estén contemplados en el Acuerdo, o con respecto a otro tercer país en asuntos relacionados con los servicios de transporte que estén incluidos en dicho ámbito.

4. Declaración del Consejo relativa a la aplicación provisional de los capítulos 22, 23 y 24:

El Consejo de la Unión Europea declara que su decisión, en la medida en que dispone la aplicación provisional por parte de la UE de las disposiciones de los capítulos 22, 23 y 24, que se incluyen en el ámbito de las competencias compartidas entre la Unión Europea y los Estados miembros, se entiende sin perjuicio del reparto de competencias entre ambos en este ámbito y no impide a los Estados miembros ejercer sus competencias con respecto a Canadá en aquellos asuntos que no estén contemplados en el Acuerdo, o con respecto a otro tercer país.

5. Declaración del Consejo relativa a la aplicación del Reglamento (UE) n.o 912/2014:

El Consejo señala que el Reglamento (UE) n.o 912/2014, de 23 de julio de 2014, por el que se establece un marco para gestionar la responsabilidad financiera relacionada con los tribunales de resolución de litigios entre inversores y Estados establecidos por acuerdos internacionales en los que la Unión Europea sea parte, se aplica a todas las denuncias y litigios que se interpongan contra la UE o cualquiera de sus Estados miembros en virtud de la sección F (Solución de diferencias en materia de inversiones entre inversores y Estados) del capítulo 8 del AECG.

6. Declaración de la Comisión con respecto a la protección de las indicaciones geográficas:

1. La Comisión, durante las negociaciones en curso o futuras en materia de indicaciones geográficas, en particular las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP), mantendrá un estrecho contacto con cada Estado miembro interesado a través de las estructuras consultivas existentes y acogerá favorablemente las solicitudes específicas de nuevas consultas.

2. La Comisión se compromete a lograr el máximo nivel de protección de las indicaciones geográficas registradas de la Unión en las negociaciones en curso o futuras de los acuerdos comerciales, a la luz de la situación del mercado de cada socio comercial y de los intereses de los Estados miembros.

3. La Comisión toma nota de las preocupaciones de Grecia en cuanto a los resultados obtenidos en materia de protección de determinadas indicaciones geográficas en el marco del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, en particular en lo que se refiere a la denominación de origen protegida «feta». La Comisión reconoce que los resultados logrados en relación con las condiciones incluidas en el artículo 20, apartado 21 del AECG, con inclusión de la feta, brindan un nivel de protección que no sienta precedente para negociaciones ni en curso ni futuras.

4. La Comisión confirma su intención, con vistas a lograr un acuerdo sobre el AECG, de garantizar una aplicación estricta de la protección de las indicaciones geográficas previstas en dicho Acuerdo, en particular de sus disposiciones sobre el procedimiento administrativo, y en relación con las entidades facultadas para hacer uso de las excepciones previstas en el artículo 20, apartado 21.

5. La Comisión se compromete a utilizar plenamente los mecanismos del Comité del AECG sobre Indicaciones Geográficas establecido en el artículo 26.2 del Acuerdo, de manera que se garantice que los consumidores canadienses sean informados de manera adecuada sobre la calidad intrínseca y las características de los productos cubiertos por el artículo 20.21 del AECG.

6. La Comisión se compromete a utilizar los mecanismos adecuados que figuran en el AECG en un plazo máximo de cinco años, con la finalidad de lograr el mismo nivel de protección para todas las indicaciones geográficas de la UE que figuran en la lista del anexo 20-A del Acuerdo, incluida la feta.

7. La Comisión se compromete a utilizar plenamente los mecanismos establecidos en el artículo 26.2 del AECG en materia de indicaciones geográficas (IG) con el objetivo de incluir nuevas indicaciones geográficas en el acuerdo sobre la base de una solicitud de un Estado miembro de la UE.

8. A la vista las posibilidades ofrecidas en el Reglamento (UE) n.o 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países, la Comisión seguirá ofreciendo apoyo a los Estados miembros y a los productores y exportadores de indicaciones geográficas, especialmente a los más vulnerables entre ellos, para promover las indicaciones geográficas.

7. Declaración de la Comisión con respecto a la protección del principio de cautela en el AECG:

La Comisión confirma que el AECG mantiene la capacidad de la Unión Europea y de sus Estados miembros para aplicar los principios fundamentales que rigen sus actividades de regulación. Para la Unión Europea, dichos principios incluyen los establecidos en el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, el principio de cautela citado en el artículo 191 y reflejado en el artículo 168, apartado 1, y el artículo 169, apartados 1 y 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En consecuencia, la Comisión confirma que ninguna disposición del AECG impide la aplicación del principio de cautela en la Unión Europea establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

8. Declaración de la Comisión con respecto al agua:

La Comisión reafirma que ninguna disposición del AECG interferirá con el derecho de un Estado miembro a decidir autónomamente cómo desea utilizar y proteger sus manantiales. El artículo 1.9 del AECG reafirma que ninguna disposición del Acuerdo obligará a la Unión Europea a permitir el uso comercial del agua para cualquier fin. El AECG únicamente se aplicaría en este sector si la Unión Europea o sus Estados miembros decidiesen autónomamente permitir el uso comercial del agua.

Incluso en el caso de que un Estado miembro de la Unión Europea decidiese permitir el uso comercial del agua, el AECG garantiza plenamente la posibilidad de que los Estados miembros revoquen sus decisiones en este sentido, así como el derecho a regular el uso comercial del agua con fines de política pública.

9. Declaración de la Comisión con respecto al contenido de las bases jurídicas:

La Comisión señala que el Consejo ha añadido el artículo 43, apartado 2, el artículo 153, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del TFUE a las bases jurídicas sustantivas propuestas por la Comisión para la «Decisión del Consejo relativa a la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra». La Comisión considera que esta modificación es injustificada porque todas las materias afectadas corresponden íntegramente al ámbito de aplicación del artículo 207 del TFUE.

10. Declaración de Irlanda:

En caso de que la aplicación del Acuerdo por parte de la Unión Europea exija recurrir a las medidas previstas en el título V de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se deberán respetar plenamente las disposiciones del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

11. Declaración del Reino Unido:

El Reino Unido acoge favorablemente la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra.

No obstante, el Reino Unido considera que el Acuerdo contiene disposiciones relacionadas con la presencia temporal de personas físicas con fines empresariales o de readmisión con arreglo al título V de la parte III del Tratado de Funcionamiento de la Unión. El Reino Unido recuerda que, de conformidad con el artículo 2 del Protocolo n.o 21 de los Tratados sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, ninguna disposición incluida en un acuerdo internacional celebrado por la Unión con arreglo a dicho título será vinculante para el Reino Unido o aplicable en el Reino Unido a menos que este, de conformidad con el artículo 3 del Protocolo, notifique su deseo de participar en la adopción y aplicación de una medida propuesta.

Por consiguiente, de conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.o 21, el Reino Unido ha notificado al Presidente del Consejo que, en la medida en que las Decisiones estén relacionadas con la presencia temporal de personas físicas con fines empresariales, tiene la intención de participar en las Decisiones del Consejo.

12. Declaración de Hungría relativa a la aplicación provisional del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra:

Hungría desea señalar que, en el caso de que le fuera necesario modificar su legislación nacional a efectos de la aplicación provisional por parte de la Unión Europea de aquellas disposiciones del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra, que formen parte del ámbito de las competencias compartidas, dichas modificaciones se efectuarán, debido a la naturaleza del ordenamiento jurídico húngaro, en conjunción con el proceso de ratificación nacional que Hungría prevé poner en marcha a su debido tiempo.

13. Declaración de Portugal:

Teniendo presente el respeto del principio de reparto de competencias entre la Unión Europea y sus Estados miembros, tal y como se define en los Tratados, las Decisiones del Consejo por las que se autorizan la celebración, la firma y la aplicación provisional del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, no afectará a la autonomía de decisión de Portugal sobre cuestiones de su competencia, cuya vinculación internacional depende, de conformidad con los principios y normas constitucionales, de la conclusión de los procedimientos internos de ratificación y de la entrada en vigor del acuerdo en el ordenamiento jurídico internacional.

14. Declaración de Grecia:

Grecia observa que los resultados obtenidos durante las negociaciones del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra, en relación con la protección del queso griego «feta», sujeto a protección especial con arreglo a la legislación de la UE en materia de productos con denominación de origen protegida (DOP), ofrecen un nivel de protección mínimo y, en consecuencia, no sientan precedente para acuerdos comerciales futuros de la UE con terceros países.

Grecia considera que la DOP «feta», una de las principales indicaciones geográficas de la UE, ha de tener el mismo nivel de protección que las indicaciones geográficas de la UE de importancia similar. Grecia considera asimismo que la protección de la DOP «feta», así como de otras indicaciones geográficas, contribuye considerablemente a la promoción del desarrollo regional, el crecimiento y el empleo en la Unión Europea. Los resultados obtenidos en la protección específica de la DOP «feta» en virtud del Acuerdo AECG no tienen en cuenta en absoluto el objetivo anterior y, por consiguiente, no garantizan su protección plena dentro del mercado canadiense.

En este marco, Grecia toma buena nota del compromiso de la Comisión Europea de: a) lograr el mayor grado de protección posible de todas las indicaciones geográficas registradas de la UE, incluida la DOP «feta», en las negociaciones en curso o futuras de acuerdos comerciales con terceros países, teniendo suficientemente en cuenta el objetivo anterior; y b) adoptar todas las medidas necesarias a fin de proteger la DOP «feta» no solo dentro de la UE, sino también en los mercados de terceros países, especialmente en lo que se refiere a la utilización de prácticas desleales que inciten a la desinformación de los consumidores.

A este respecto, Grecia se congratula de la declaración de la Comisión Europea relativa a: 1) el compromiso de la Comisión Europea de mantener un estrecho contacto con los Estados miembros interesados durante las negociaciones en curso o futuras en materia de indicaciones geográficas; 2) su compromiso de lograr el máximo nivel de protección posible para las indicaciones geográficas en las negociaciones en curso o futuras con terceros países; 3) su intención de garantizar, en cooperación con todas las autoridades canadienses competentes, la aplicación estricta de la protección prevista en el AECG, a saber, el establecimiento de verdaderos mecanismos y procedimientos administrativos de cumplimiento internos canadienses con el fin de ajustar el mercado interior canadiense a las disposiciones del AECG, así como el registro de las entidades canadienses facultadas para hacer uso de las excepciones previstas en el artículo 20.21; 4) su compromiso de utilizar plenamente los mecanismos del Comité del AECG sobre Indicaciones Geográficas de manera que se garantice que los consumidores canadienses sean informados de manera adecuada sobre la calidad intrínseca y las características de los productos cubiertos por el artículo 20.21 del AECG; 5) su compromiso, en un plazo de cinco (5) años a partir de la entrada en vigor del AECG, de utilizar los mecanismos adecuados, con la finalidad de lograr el mismo nivel de protección para todas las indicaciones geográficas de la UE, incluida la DOP «feta»; 6) el apoyo a Grecia en sus esfuerzos por promover las indicaciones geográficas aprovechando las posibilidades que ofrece el Reglamento (UE) n.o 1144/2014.

Grecia se propone hacer un seguimiento de los puntos anteriores y considera que forman parte de la buena fe en la aplicación del AECG.

Al presentar la presente declaración, Grecia ha tomado plenamente en consideración la dimensión estratégica política y económica del AECG.

Sobre el alcance de la aplicación provisional del AECG:

15. Declaración del Consejo:

El Consejo de la Unión Europea confirma que solo las materias comprendidas en el ámbito de competencia de la UE serán objeto de aplicación provisional.

16. Declaración del Consejo relativa a la aplicación provisional del reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales:

El Consejo de la Unión Europea declara que su decisión, en la medida en que dispone la aplicación provisional por parte de la UE de disposiciones en materia de reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales, y en la medida en que dicha materia se incluye en el ámbito de las competencias compartidas entre la UE y los Estados miembros, se entiende sin perjuicio del reparto de competencias entre ambos en este ámbito, y no impide a los Estados miembros ejercer sus competencias con respecto a Canadá, o con respecto a otro tercer país, en asuntos que no estén contemplados en el Acuerdo.

17. Declaración del Consejo relativa a la aplicación provisional de la protección de los trabajadores:

El Consejo de la Unión Europea declara que su decisión, en la medida en que dispone la aplicación provisional por parte de la UE de disposiciones en materia de protección de los trabajadores, y en la medida en que dicha materia se incluye en el ámbito de las competencias compartidas entre la UE y los Estados miembros, se entiende sin perjuicio del reparto de competencias entre ambos en este ámbito, y no impide a los Estados miembros ejercer sus competencias con respecto a Canadá, o con respecto a otro tercer país, en asuntos que no estén contemplados en el Acuerdo.

Sobre decisiones del Comité Mixto del AECG:

18. Declaración de la Comisión:

Se señala que no es probable que sea preciso que el Comité Mixto del AECG adopte en el futuro próximo ninguna decisión por la que se modifique el AECG ni ninguna interpretación vinculante del AECG. Por consiguiente, la Comisión no tienen intención de presentar propuesta alguna en virtud del artículo 218, apartado 9, con miras a modificar el AECG o a adoptar una interpretación vinculante del mismo antes de que se complete el procedimiento principal ante el Tribunal Constitucional alemán.

19. Declaración del Consejo y los Estados miembros:

El Consejo y los Estados miembros recuerdan que, en caso de que una decisión del Comité Mixto del AECG esté incluida en el ámbito de competencia de los Estados miembros, la posición que deban adoptar la Unión y sus Estados miembros reunidos en el seno del Comité Mixto del AECG deberá adoptarse de común acuerdo.

Sobre la terminación de la aplicación provisional del AECG:

20. Declaración del Consejo:

En caso de que no pueda procederse a la ratificación del AECG de manera permanente y definitiva a causa de una sentencia de un tribunal constitucional o a raíz de la finalización de otros procesos constitucionales y la notificación formal correspondiente por parte del gobierno del Estado de que se trate, deberá ponerse fin a la aplicación provisional, que se dará por terminada. Se adoptarán las medidas necesarias de conformidad con los procedimientos de la UE.

21. Declaración de Alemania y Austria:

Alemania y Austria declaran que, en calidad de Partes en el AECG, pueden ejercer sus derechos derivados del artículo 30.7, apartado 3, letra c), del AECG. Se adoptarán las medidas necesarias de conformidad con los procedimientos de la UE.

22. Declaración de Polonia:

Polonia declara que, en calidad de Parte en el AECG, puede ejercer sus derechos derivados del artículo 30.7. apartado 3), letra c), del AECG. Se adoptarán todas las medidas necesarias de conformidad con los procedimientos de la UE.

23. Declaración de Eslovenia:

Al tiempo que recuerda el carácter extremadamente delicado del capítulo relativo a las inversiones, la República de Eslovenia considera que la decisión de acordar la firma del AECG se entiende sin perjuicio de la posición principal que mantiene la República de Eslovenia en relación con el sistema bilateral de tribunales de inversiones. Habida cuenta de las distintas preocupaciones manifestadas durante las negociaciones sobre las disposiciones relativas al sistema de tribunales de inversiones, la República de Eslovenia espera que dicho sistema siga desarrollándose de manera continuada en consonancia con la Declaración interpretativa conjunta y con el Derecho de la Unión Europea, y que las correspondientes disposiciones del AECG se adapten para introducir las mejoras ya antes de que se instauren el tribunal multilateral sobre inversiones y el mecanismo de recurso sobre la solución de diferencias en materia de inversiones.

Basándose en el reparto de competencias entre la Unión Europea y sus Estados miembros en virtud de los Tratados, la Decisión del Consejo por la que se autoriza la aplicación provisional del AECG entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra, no afectará a la autonomía de la República de Eslovenia para decidir quedar vinculada por dicha Decisión por lo que atañe a las cuestiones que sean de su competencia nacional. Esto implica que debe entenderse que la referencia hecha en dicho Acuerdo a los procedimientos y requisitos internos necesarios para su aplicación provisional se refiere, en el caso de la República de Eslovenia, a la conclusión de los procedimientos de ratificación.

La República de Eslovenia entiende que el AECG no afectará a la legislación de la Unión Europea o de Canadá relativa a la autorización, la comercialización, el cultivo y el etiquetado de organismos modificados genéticamente (OMG) y de productos obtenidos mediante nuevas tecnologías de cultivo, y en particular a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de OMG en sus territorios. Además. la República de Eslovenia entiende que ninguna disposición del AECG impedirá la aplicación del principio de cautela en la Unión Europea, con arreglo a lo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Por lo que respecta al agua, la República de Eslovenia entiende que ninguna disposición de este Acuerdo crea obligación alguna para la Unión Europea y sus Estados miembros que vaya más allá de la legislación de la UE o que limite el derecho de cada Parte a adoptar o mantener cualquier medida destinada a gestionar, proteger y preservar sus manantiales (ya se trate de agua de utilización comercial, de agua potable, de manantiales mixtos o de otros usos), incluido el derecho de cada Parte a limitar o cancelar los derechos concedidos en materia de agua. La República de Eslovenia también entiende que los manantiales utilizados para el abastecimiento de agua potable (incluidos aquellos que se utilizan tanto para abastecimiento de agua potable como para cualquier otro uso) no están cubiertos por el apartado 3 del artículo 1.9.

24. Declaración de Austria:

La República de Austria toma nota de que se está tratando de conseguir un acuerdo interinstitucional para garantizar la adecuada participación de los Estados miembros, a través del Consejo de la Unión Europea, en las decisiones por las que se establecen las posiciones que deberán adoptarse, en nombre de la Unión, en el Comité Mixto creado por el Acuerdo, de conformidad con el artículo 218, apartado 9, del TFUE. La participación del Nationalrat en tales decisiones se garantizará con arreglo al artículo 23e de la Constitución.

25. Declaración de Polonia:

Habida cuenta del reparto de competencias entre la Unión Europea y sus Estados miembros, según se define en los Tratados, ha de declararse que las decisiones del Consejo por las que se autorizan la firma, la aplicación provisional y la celebración del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, no afectan a la autonomía de decisión de la República de Polonia en relación con los asuntos incluidos en el ámbito de su competencia nacional. La decisión de Polonia de celebrar el Acuerdo, de conformidad con los principios y disposiciones constitucionales, depende de la conclusión de los procedimientos internos de ratificación.

El Acuerdo contiene una definición amplia de «inversión». Para evitar dudas en cuanto a la formulación acordada de la definición de «inversión», la República de Polonia declara que entiende que dicho concepto incluye bajo protección legal únicamente las inversiones «reales». Por inversión «real» protegida en virtud del AECG, la República de Polonia entiende, en primer lugar, una inversión en la fase posterior al establecimiento, entendido como la fase de obtención, por parte del inversor, de una decisión administrativa (definitiva o ejecutiva, es decir, que permita ejercer el derecho garantizado por dicha decisión), o de otras autorizaciones definitivas o ejecutivas, exigidas por la ley, en caso de que se requiera legalmente dicha decisión o autorización para la inversión. En segundo lugar, el inversor debe ejecutar lo dispuesto en la decisión o autorización mencionadas. En tercer lugar, el elemento que demuestra que la inversión es «real», según entiende la República de Polonia, es la participación real de capital u otros fondos en su ejecución.

El AECG introduce el sistema de tribunales de inversiones. La República de Polonia procurará establecer normas detalladas para la selección de los jueces con objeto de que el tribunal refleje la diversidad de sistemas jurídicos de la Unión Europea y tenga en cuenta el equilibrio geográfico entre los Estados miembros de la UE. Una solución ideal consistiría en seleccionar un juez que tuviera un profundo conocimiento del ordenamiento jurídico polaco.

El AECG concede a las Partes derecho a imponer reglamentaciones en su territorio respectivo con el fin de conseguir objetivos políticos legítimos. La República de Polonia declara que considera justificadas, en particular, las reglamentaciones destinadas a garantizar un elevado nivel de protección de la vida y la salud humanas, incluidas normas equitativas en materia de Derecho laboral, de protección de los datos y de la privacidad, un alto nivel de protección de los animales y las plantas, seguridad y calidad de los alimentos, protección del medio ambiente y de los intereses de los consumidores, también en ámbitos tan delicados como el control eficaz y la utilización de organismos modificados genéticamente (OMG). En relación con los OMG, la República de Polonia considera que el AECG no afecta a las normas existentes en la UE y garantiza la protección de los mercados de la UE y polaco respecto de la introducción indeseada de productos modificados genéticamente.

La República de Polonia tiene la convicción de que, gracias a la eliminación de barreras y la reducción de costes comerciales, el AECG aportará beneficios a los grupos más amplios de nuestra sociedad, así como a las pequeñas y medianas empresas. Al tiempo que mantiene las normas de la UE, el AECG contribuirá a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos polacos.

26. Declaración de la Comisión sobre el mantenimiento de la prohibición de sustancias de efecto hormonal para estimular el crecimiento de los animales de cría (como la carne de vacuno tratada con hormonas):

La Comisión Europea confirma que el AECG no contiene disposición alguna que tenga efecto de ningún tipo sobre la legislación de la Unión Europea relativa a la carne de vacuno tratada con hormonas. En concreto, el AECG no contiene ninguna obligación adicional para la Unión Europea en lo que se refiere a la importación de carne de vacuno tratada con hormonas. Por ello, la Unión Europea seguirá teniendo libertad de aplicar su legislación en vigor sobre la prohibición de sustancias de efecto hormonal para estimular el crecimiento de animales de cría (Directiva 96/22/CE, modificada por la Directiva 2003/74/CE) que permite mantener la prohibición de la producción o importación de carne y productos procedentes de animales tratados con esas sustancias.

En este contexto, la Comisión recuerda que los terceros países autorizados a exportar carne a la UE y que permiten el uso de estimuladores del crecimiento para su utilización a escala nacional están obligados a establecer sistemas de producción separados para garantizar que la carne exportada a la Unión Europea no contenga sustancias prohibidas. Estos sistemas se tendrán que supervisar con arreglo a las disposiciones establecidas en la legislación de la Unión Europea (Directiva 96/23/CE relativa a las medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y los productos de origen animal). El AECG no modifica ninguno de estos requisitos.

La carne y la carne fresca originaria de terceros países, incluido Canadá, únicamente podrán importarse a la Unión Europea si cumplen todas las condiciones de importación de la Unión Europea, acreditadas por un certificado veterinario de la autoridad competente del país exportador, cuya idoneidad para certificar el cumplimiento de los requisitos de importación de la Unión Europea haya sido oficialmente reconocida por la Comisión.

27. Declaración de la Comisión sobre la adjudicación de contratos públicos:

La Comisión confirma la capacidad que tendrán las entidades contratantes de ambas partes de aplicar criterios y condiciones medioambientales, sociales o laborales en sus procedimientos de adjudicación. Los Estados miembros seguirán teniendo capacidad de hacer uso de la posibilidad estipulada en la Directiva de la UE sobre contratación pública (Directiva 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, en particular sus artículos 67, apartado 2, y 70) de aplicar esos criterios y condiciones. Asimismo, las Partes toman nota de que, en lo que respecta a entidades subcentrales, como regiones, municipios y demás entidades locales, el capítulo de contratación pública se aplica solo a la contratación de bienes y servicios por encima del valor umbral de 200.000 DEG (véase el anexo 19-2). En ese sentido, los compromisos de la Unión Europea en el AECG no van más allá de los compromisos de la Unión Europea en el marco de la OMC, conforme al Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), dado que los umbrales en el AECG para la contratación pública de bienes o servicios son los mismos que los del ACP. Además, los umbrales del AECG son superiores a los que se aplican en virtud de las Directivas sobre contratación pública de la Unión Europea.

28. Declaración de la Comisión sobre el sistema de seguro obligatorio belga y las mutualidades conforme a la legislación belga:

La Comisión Europea y el Gobierno belga consideran que no hay disposición alguna en el Acuerdo que exija que Bélgica cambie el sistema vigente de seguro obligatorio.

La Comisión Europea y el Gobierno belga confirman que consideran que las medidas que afectan a los servicios prestados por las mutualidades belgas de conformidad con el sistema de seguro obligatorio belga, como servicio de interés general, quedan excluidas del capítulo 13 (Servicios Financieros) del Acuerdo mediante la aplicación del artículo 13.2, apartado 5. Asimismo, en el caso de que alguno de estos servicios no estén clasificados como servicios financieros, considerarán que esos servicios quedarían incluidos en la reserva de la UE sobre servicios sociales que dice que «la UE se reserva el derecho de adoptar o mantener toda medida relativa a la prestación de todos los servicios públicos que reciban financiación pública o ayuda estatal del tipo que sea, y por eso no se consideran de financiación privada, y a actividades o servicios que formen parte de un plan de jubilación público o de un régimen legal de seguridad social.»

Además, el Acuerdo no añade ninguna obligación o disciplina más respecto al seguro médico privado en relación con la legislación de la UE o con obligaciones internacionales en vigor de la Unión Europea y Bélgica, en particular el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio (AGCS).

29. Declaración de la Comisión sobre los servicios públicos:

Ningún elemento del Acuerdo, afecta a la capacidad de la Unión Europea y de los Estados miembros de la Unión Europea de definir y suministrar servicios públicos, entre ellos los servicios de interés económico general.

Ningún elemento del Acuerdo impedirá o interferirá en el funcionamiento de los servicios de interés económico general prestados de acuerdo con los artículos 14 y 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, del Protocolo 26 del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 36 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, se entiende que, en la medida en que esos servicios no sean servicios prestados en el ejercicio de la autoridad gubernamental, las obligaciones asumidas (incluso las obligaciones de acceso al mercado mencionadas en los artículos 8.4, 9.6 y 13.6 del Acuerdo) y las reservas adoptadas por la UE y sus Estados miembros respecto a esos servicios, entre ellos servicios públicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales, garantizan que los Estados miembros podrán seguir haciendo funcionar esos servicios de interés económico general como consideren oportuno, de manera coherente con la legislación de la UE. Nótese que el Sistema de Tribunales de Inversiones no se aplica a las disposiciones relacionadas con el acceso a los mercados.

30. Declaración de la Comisión sobre la continuación de la legislación de la UE relativa a productos modificados genéticamente, en lo referente a alimentos, piensos y cultivos:

La Comisión confirma que el AECG no implica ningún cambio en la legislación de la UE por lo que respecta a la evaluación del riesgo y la autorización, el etiquetado y la trazabilidad de alimentos y piensos modificados genéticamente como contempla el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente y el Reglamento (CE) n.o 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de estos, y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo. Respecto a los productos modificados genéticamente para cultivo, sigue siendo de aplicación el procedimiento de autorización de la UE establecido en la Directiva 2001/18/CE y los Estados miembros siguen teniendo la posibilidad de restringir o prohibir el cultivo de organismos modificados genéticamente (OMG) en su territorio con arreglo a las condiciones establecidas en la Directiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, por la que se modifica la Directiva 2001/18/CE.

31. Declaración de la Comisión sobre el significado del término «actividad empresarial importante» del artículo 8.1 del Acuerdo:

El término «actividad empresarial importante» que figura en el AECG debe entenderse en el mismo sentido que el término «operaciones comerciales sustantivas» utilizado en el artículo V, apartado 6, y en el artículo XXVIII, letra m), del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC. La UE ha presentado formalmente a la OMC (1) una notificación en la que declara que interpreta este término como equivalente al término «vinculación efectiva y continua con la economía» utilizado en el Programa general para la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento, adoptado por el Consejo el 15 de enero de 1962 en virtud del artículo 54 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (2).

En definitiva la Comisión considera que una sociedad canadiense que no sea propiedad de nacionales canadienses únicamente podrá litigar con arreglo al capítulo 8, sección F, del Acuerdo si puede demostrar que tiene una actividad empresarial importante en Canadá con un vínculo efectivo y continuo con la economía canadiense, en el sentido de establecimiento aplicado de conformidad con el Tratado de la Unión Europea. Esta será la base de la actitud de la Comisión en la aplicación del AECG.

32. Declaración del Consejo y de la Comisión sobre la agricultura en el AECG:

El Consejo y la Comisión recuerdan el carácter sensible del comercio de productos agrícolas en las negociaciones comerciales de la Unión Europea con terceros países, en particular con un gran exportador de productos agrícolas como Canadá.

El Consejo y la Comisión señalan que en el AECG la Unión Europea ha hecho gestos de apertura en materia de acceso al mercado respecto de determinados productos sensibles como la carne de vacuno y de porcino, que se han compensado con gestos de apertura por parte canadiense que satisfacen importantes intereses europeos en relación con productos de exportación como el queso, el vino y las bebidas espirituosas, las frutas y hortalizas, y los productos transformados y con las indicaciones geográficas.

Al mismo tiempo, el Consejo y la Comisión señalan que la Unión Europea ha mantenido en el AECG el nivel de tratamiento arancelario aplicable más allá de las concesiones limitadas en volumen sobre productos sensibles. Además, la Unión Europea mantiene su capacidad de utilizar todos los instrumentos de salvaguardia necesarios para proteger plenamente todos los productos agrícolas sensibles en la Unión con arreglo a estos compromisos en el marco de la OMC. Los instrumentos de salvaguardia, basados en el artículo XIX del GATT y el Acuerdo de la OMC sobre Salvaguardias, incluyen el Reglamento (UE) 2015/478 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el régimen común aplicable a las importaciones y el artículo 194 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, que entre otras cosas obliga a la Comisión a pronunciarse en un plazo de cinco días hábiles desde la recepción de una solicitud de un Estado miembro.

La Comisión seguirá muy de cerca la evolución del comercio de productos agrícolas sensibles, en particular con Canadá, también a través de los procedimientos previstos en el anexo 2-A (Eliminación arancelaria) y el anexo 2-B (Declaración de las Partes relativa a la administración de contingentes arancelarios) del AECG, y utilizará plenamente los instrumentos antes citados cuando sea necesario. El Consejo seguirá estudiando este asunto.

En caso de desequilibrios del mercado de un producto agrícola de cualquier sector, la Comisión se compromete, inmediatamente y en todo caso dentro del plazo de cinco días laborables, a adoptar las medidas necesarias en el marco de la normativa vigente de la UE para restaurar el equilibrio del mercado.

La Comisión confirma que el AECG no tiene consecuencias sobre los instrumentos de ayuda a los productos agrícolas previstos en la legislación de la UE con arreglo a los compromisos de la UE en el marco de la OMC.

33. Declaración de la Comisión Europea relativa a la consecución de plena reciprocidad con Canadá en materia de visados para los ciudadanos rumanos y búlgaros

La reciprocidad en la exención de visado constituye un principio de la política común de visados de la Unión Europea, así como un objetivo que persigue por anticipado la Comisión Europea en sus relaciones con terceros países.

Bulgaria y Rumanía han puesto de relieve asimismo de manera coherente la importancia que reviste la situación de no reciprocidad entre Canadá y la Unión Europea en el ámbito de la política de visados, tanto desde la perspectiva del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la UE y Canadá como de la preparación de la firma y la ratificación del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la UE y Canadá.

En el proceso conducente a la celebración del AECG, la Comisión Europea adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que Canadá confirme la supresión plena de los requisitos de visado para los ciudadanos rumanos y búlgaros en un plazo satisfactorio para todas las partes, y a más tardar antes de finales de 2017.

34. Declaración de Bulgaria:

Bulgaria destaca la importancia de garantizar la exención de visado entre la UE y Canadá de modo que sus ciudadanos puedan beneficiarse en igual medida del comercio y las oportunidades económicas que brinda el Acuerdo Económico y Comercial Global.

Bulgaria recuerda el compromiso jurídico de ambas partes de poner todo el empeño en lograr, tan pronto como sea posible, la exención de visado entre sus territorios para todos los ciudadanos en posesión de un pasaporte válido, según dispone el Acuerdo de Asociación Estratégico entre Canadá y la UE y sus Estados miembros.

Bulgaria declara que la finalización de sus procedimientos internos, requerida para que el Acuerdo Económico y Comercial Global entre en vigor, con arreglo al artículo 30.7, apartado 2, del Acuerdo, está en función de la total supresión de la obligación de visado para todos los ciudadanos búlgaros.

35. Declaración de Rumanía:

Rumanía recuerda el valor de una mayor movilidad, en particular a través de la exención de visados entre la Unión Europea y Canadá para todos nuestros ciudadanos respectivos, como se prevé en el Acuerdo de Asociación Estratégica entre Canadá y la UE.

En este contexto, reiteramos la importancia de la aplicación plena y rápida del acuerdo alcanzado con Canadá sobre la supresión, el 1 de diciembre de 2017, de los requisitos de visado para todos los ciudadanos rumanos, que facilitará aún más las sólidas relaciones culturales, educativas, familiares y comerciales entre Canadá y Europa. La aplicación plena y rápida de dicho acuerdo facilitará además el progreso adecuado de los procedimientos internos necesarios para la ratificación nacional tanto del AECG como del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE).

36. Declaración de la Comisión y del Consejo sobre la protección de las inversiones y el Tribunal de Inversiones («ICS»):

El AECG tiene por objeto una reforma importante de la resolución de litigios en materia de inversiones, basada en los principios comunes a los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea y sus Estados miembros y de Canadá, así como a los órganos jurisdiccionales internacionales reconocidos por la Unión Europea y sus Estados miembros y Canadá, como son la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para avanzar en el refuerzo del respeto de la norma jurídica. La Comisión Europea y el Consejo consideran que este mecanismo revisado sobre la base de los términos de la presente declaración marca una etapa en el establecimiento de un tribunal multilateral de inversiones que, con el tiempo, constituirá el órgano jurisdiccional encargado de resolver los litigios entre los inversores y el Estado.

Dado que todas estas disposiciones están excluidas del ámbito de aplicación provisional del AEGC, la Comisión Europea y el Consejo confirman que no entrarán en vigor antes de que el AEGC sea ratificado por todos los Estados miembros, cada uno conforme a su propio proceso constitucional.

La Comisión se compromete a proseguir la revisión, sin demora, del mecanismo de solución de diferencias (ICS) y con tiempo suficiente para que los Estados miembros puedan tenerla en cuenta en sus procesos de ratificación, con arreglo a los principios siguientes:

La selección de todos los jueces del Tribunal y del Tribunal de Apelación se llevará a cabo, bajo el control de las instituciones europeas y de los Estados miembros, de forma rigurosa, con objeto de garantizar la independencia y la imparcialidad, así como la máxima competencia. En lo que se refiere a los jueces europeos en particular, la selección deberá garantizar asimismo que esté representada, sobre todo a largo plazo, la riqueza de las tradiciones jurídicas europeas. Por consiguiente: — Los candidatos a jueces europeos serán designados por los Estados miembros, que también participarán en la evaluación de los candidatos. — Sin perjuicio de las demás condiciones enunciadas en el artículo 8.27.4 del AECG, los Estados miembros propondrán candidatos que reúnan los criterios indicados en el artículo 253.1 del TFUE. — La Comisión, en consulta con los Estados miembros y con Canadá, velará por que se lleve a cabo una evaluación igual de rigurosa de las candidaturas de los demás jueces del Tribunal.

Los jueces serán remunerados por la Unión Europea y Canadá con carácter permanente. Deberá ir evolucionándose hacia jueces que trabajen a tiempo completo.

Los requisitos éticos que deben cumplir los miembros de los tribunales, ya previstos en el AEGC, se elaborarán detalladamente, a la mayor brevedad y con tiempo suficiente para que los Estados miembros puedan tenerlos en cuenta en sus procesos de ratificación, en un código de conducta obligatorio y vinculante (algo que también está previsto ya en el AECG). Este código contendrá: — las normas de conducta precisas aplicables a los candidatos que puedan ser designados miembros del Tribunal o del Tribunal de Apelación en lo que respecta, en particular, a la divulgación de sus actividades pasadas o actuales que puedan tener influencia en su nombramiento o en el ejercicio de sus funciones; — las normas de conducta precisas aplicables a los miembros del Tribunal y del Tribunal de Apelación durante toda la duración de su mandato; — las normas de conducta precisas aplicables a los miembros del Tribunal y del Tribunal de Apelación al término de su mandato, y que incluirá la prohibición de ejercer determinadas funciones o profesiones durante un período determinado después del término de su mandato; — un mecanismo de sanción en caso de incumplimiento de las normas de conducta que sea eficaz y respete plenamente la independencia del poder judicial.

Se mejorará y facilitará el acceso a este nuevo órgano jurisdiccional para los usuarios más vulnerables, es decir, las PYME y los particulares. Para ello: — la adopción por el Comité mixto de las normas complementarias, previstas por el artículo 8.39.6 del AECG, destinadas a reducir la carga financiera que pesa sobre los solicitantes que sean personas físicas o pequeñas y medianas empresas, será tramitada de forma que dichas normas puedan adoptarse cuanto antes. — con independencia del resultado de los debates en el seno del Comité Mixto, la Comisión propondrá medidas adecuadas de (co)financiación pública para las acciones de las pequeñas y medianas empresas interpuestas ante dicho órgano jurisdiccional así como la concesión de asistencia técnica.

El mecanismo de apelación previsto en el artículo 8.28 del AECG se materializará y mejorará para que dicho mecanismo sea plenamente adecuado para garantizar la coherencia de las resoluciones dictadas en primera instancia y contribuir así a la seguridad jurídica. Esto supone, en particular, lo siguiente: — la composición del Tribunal de Apelación se materializará para garantizar la mayor permanencia posible. — se establecerá que cada miembro del Tribunal de Apelación tenga la obligación de estar informado de las resoluciones dictadas por las divisiones del Tribunal de Apelación de las que no forme parte. — el Tribunal de Apelación deberá tener la posibilidad de reunirse en una Gran Sala en los asuntos que planteen importantes cuestiones de principio o en los que las divisiones del Tribunal estén divididas.

El Consejo apoya, por otra parte, a la Comisión Europea en su voluntad de trabajar con vistas al establecimiento de un tribunal multilateral de inversiones, que sustituirá al sistema bilateral establecido por el AEGC, una vez que se establezca, y de conformidad con el procedimiento previsto en el AECG.

37. Declaración del Reino de Bélgica relativa a las condiciones aplicables a los plenos poderes del Estado Federal y las Entidades Federadas para la firma del AECG:

A. Bélgica precisa que, de acuerdo con su derecho constitucional, la constatación de que el proceso de ratificación del AECG ha fracasado de manera permanente y definitiva, en el sentido de la declaración del Consejo del 18 de noviembre de 2016, puede ser el resultado de los procedimientos de aprobación que están en marcha tanto en el Parlamento Federal como en cada una de las asambleas parlamentarias de las Regiones y Comunidades. La autoridades afectadas, cada una por lo que a ella le ataña, llevarán a cabo a intervalos regulares una evaluación de los efectos socioeconómicos y medioambientales de la aplicación provisional del AECG. En el caso de que una de las entidades federadas informe al Estado Federal de su decisión definitiva y permanente de no ratificar el AECG, el Estado Federal notificará al Consejo, a más tardar en el plazo de un año a partir de la notificación de la susodicha entidad, la imposibilidad definitiva y permanente de que Bélgica ratifique el AECG. Se adoptarán las medidas necesarias de conformidad con los procedimientos de la UE.

B. Bélgica ha tomado nota de que la aplicación provisional del AECG no comprende diversas disposiciones del AECG, en particular las relativas a la protección de las inversiones y de solución de diferencias, de conformidad con la Decisión del Consejo relativa a la aplicación provisional del AECG. Además, ha tomado nota del derecho de cada una de las partes a poner fin a la aplicación provisional del AECG de conformidad con lo dispuesto en su artículo 30.7. Bélgica solicitará un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del sistema de tribunales de inversiones con los Tratados europeos, en particular a la vista del dictamen A-2/15. Salvo decisión en contrario de sus respectivos Parlamentos, la Región de Valonia, la Comunidad Francesa, la Comunidad Germanófona, la Comisión Comunitaria Francófona y la Región de Bruselas-Capital no tienen intención de ratificar el AECG sobre la base del sistema de solución de diferencias entre los inversores y las Partes, previsto en el capítulo 8 del AECG, tal como existe en la fecha de la firma del AECG. La Región Flamenca, la Comunidad Flamenca y la Región de Bruselas-Capital se congratulan en particular de la declaración conjunta de la Comisión Europea y del Consejo de la Unión Europea sobre el sistema de tribunales de inversiones.

C. La declaración del Consejo y de los Estados miembros sobre las decisiones del Comité mixto del AECG en materia de cooperación reglamentaria para competencias propias de los Estados miembros confirma que estas decisiones deberán ser adoptadas por el Consejo y los Estados miembros de común acuerdo. En este contexto, los Gobiernos de las entidades federadas indican que, para las materias que sean de su competencia exclusiva o parcial en el marco del sistema constitucional belga, tienen intención de someter al acuerdo previo de sus parlamentos toda cooperación en materia reglamentaria, e informar de cualquier decisión reglamentaria que se derive de la misma.

D. El Estado federal o una entidad federada competente en materia agrícola se reserva el derecho de activar la cláusula de salvaguardia en caso de desequilibrio de mercado, incluso en caso de que dicho desequilibrio se observe para un solo producto. Se establecerán umbrales específicos dentro del plazo de doce meses inmediatamente posterior a la firma del AECG para definir concretamente el concepto de desequilibrio de mercado. Bélgica defenderá los umbrales fijados en el marco del proceso decisorio europeo. Bélgica reafirma que el AECG no afectará a la normativa de la Unión Europea en materia de autorización, comercialización, crecimiento y etiquetado de OMG y de productos obtenidos mediante nuevas tecnologías de reproducción, y en particular a la posibilidad de los Estados miembros de limitar o prohibir el cultivo de OMG en su territorio. Además, Bélgica reafirma que el AECG no impedirá garantizar la aplicación del principio de precaución en la Unión Europea tal como lo define el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, el principio de precaución establecido por el artículo 191 y tomado en consideración en el artículo 168, apartado 1, y en el artículo 169, apartados 1 y 2 del TFUE. En caso de solicitud en relación con las indicaciones geográficas (DOP e IGP) de una de las entidades federadas, el Gobierno federal se compromete a transmitirla inmediatamente a la Unión Europea.

38. Declaración del Servicio Jurídico del Consejo sobre la naturaleza jurídica del Instrumento Interpretativo Conjunto:

El Servicio Jurídico confirma por la presente que, en virtud del artículo 31, apartado 2, letra b), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Instrumento Interpretativo Conjunto que habrán de adoptar las Partes con motivo de la firma del AECG, del cual dicho Instrumento constituye el contexto, es un documento de referencia que deberá utilizarse en caso de que se plantee cualquier cuestión en la aplicación del AECG relativa a la interpretación de sus términos. A tal efecto, tiene fuerza jurídica y carácter vinculante.

(1) WT/REG39/1 de 24 de abril de 1998.

(2) DO 2 de 15.1.1962, p. 32.