iii)

Garantizar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales a través de una amplia cooperación para la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular en el sentido destacado en el informe de Thomas Hammarberg, «Georgia in Transition». Esta cooperación incluirá, en particular: Prioridades a corto plazo — Aplicar activamente la estrategia y el plan de acción nacionales sobre derechos humanos, en particular las recomendaciones específicas de los organismos de las Naciones Unidas, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa, y las organizaciones internacionales de derechos humanos, en particular en las actividades relacionadas con la ejecución de las políticas de lucha contra la discriminación, la protección de las minorías y la vida privada y la defensa de la libertad religiosa. — Continuar la aplicación efectiva de la Ley contra la Discriminación a fin de garantizar una protección eficaz contra este fenómeno. — Tomar medidas encaminadas a la firma, la ratificación y la incorporación en la legislación nacional de los instrumentos pertinentes del Consejo de Europa en el ámbito de la lucha contra la discriminación, incluido el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul); y medidas encaminadas a la aplicación en la legislación nacional de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. — Reforzar el acceso a la salud reproductiva y sexual y a los servicios de información y prevención correspondientes, y continuar la lucha contra las prácticas perniciosas dirigidas contra las mujeres, como la mutilación genital y otras formas de trato degradante, en particular en las zonas rurales. Prioridades a medio plazo — Mantener unos mecanismos prejudiciales y no judiciales efectivos tanto para la resolución de conflictos como para la protección de los derechos humanos. — Continuar las actividades de promoción y sensibilización respecto de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación en la judicatura, los cuerpos y fuerzas de seguridad y la administración, en particular mediante la correspondiente labor de formación. — Continuar reforzando el pluralismo, la transparencia y la independencia de los medios de comunicación, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Europa. — Tener en cuenta las recomendaciones de la Oficina del Defensor del Pueblo al elaborar las políticas, proporcionar recursos adecuados a dicha oficina y reforzarla. Cooperar con la Fiscalía en sus recomendaciones relativas a los casos de discriminación y el funcionamiento eficaz del mecanismo institucional previsto en la Ley contra la Discriminación, incluso modificando la legislación. — Continuar reforzando las capacidades de supervisión de la Comisión Parlamentaria sobre derechos humanos e integración civil y sobre cuestiones jurídicas vinculadas a la aplicación de la Estrategia y el Plan de Acción en materia de Derechos Humanos. — Cooperar con las organizaciones de la sociedad civil y los representantes de los interlocutores sociales (sindicatos y organizaciones patronales), que son partes interesadas y cumplen funciones de vigilancia en ámbitos prioritarios del Acuerdo de Asociación entre la UE y Georgia, incluidos los derechos laborales, la protección de la vida privada, los derechos de las personas pertenecientes a minorías y otros grupos vulnerables, y la libertad de los medios de comunicación. — Garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa. Malos tratos y tortura Prioridades a corto plazo — Adoptar el Plan de Acción contra la tortura para el periodo 2017-2018 y seguir tomando medidas para combatir los malos tratos y la tortura, e intensificar la lucha contra la impunidad. — Garantizar que toda alegación de torturas y malos tratos en el sistema penitenciario y en centros cerrados la policía, el ejército o de otro tipo sea objeto de una investigación independiente, transparente y en profundidad, creando a tal fin un mecanismo independiente para investigar las acusaciones de malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad. — Seguir prestando apoyo y colaboración al Mecanismo Nacional de Prevención de la Oficina del Defensor del Pueblo a fin de prevenir los abusos, garantizando a tal fin su funcionamiento efectivo. Prioridades a medio plazo — Seguir trabajando para mejorar el sistema de asistencia sanitaria penitenciario y el acceso de los presos a los servicios de asistencia sanitaria, incluidos los de salud mental. Desarrollar la capacidad del personal sanitario que trabaja en instituciones cerradas, o para ellas, para denunciar y notificar malos tratos, y dotarle del poder necesario para ello. — Seguir reforzando la supervisión interna y externa efectiva del sistema penitenciario y de los centros cerrados de la policía, el ejército o de otro tipo a fin de detectar rápidamente y prevenir los abusos y malos tratos. Igualdad de trato Prioridades a corto plazo — Mejorar la igualdad de género y garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres y para las personas pertenecientes a minorías, con independencia de su religión o convicciones, su origen étnico o nacional, su raza, lengua, orientación sexual, identidad de género, capacidad u otros factores, en la vida social, política y económica. — Tomar medidas adicionales para reforzar la aplicación de la legislación contra la violencia de género, incluidas campañas de sensibilización de la población y de los grupos profesionales específicos, tales como la policía, en particular en las zonas rurales y de minorías. Favorecer el acceso de las víctimas a los servicios de asesoramiento y a los refugios. Prioridades a medio plazo — Aproximar la legislación nacional a las normas europeas en materia de higiene y seguridad, protección de la maternidad y conciliación de las responsabilidades familiares y profesionales según lo previsto por el Acuerdo de Asociación. — Adoptar medidas activas para promover una mayor representación de las mujeres en los foros de toma de decisiones políticas. Derechos del niño Prioridades a corto plazo — Proporcionar recursos adecuados y reforzar el papel de la Oficina del Defensor del Pueblo para que pueda emprender nuevas tareas como defensor de los niños, en particular el seguimiento anual de la situación en las instituciones pertinentes, incluidos los centros de día. — Prestar especial atención a las medidas destinadas a proteger a los niños de todas las formas de violencia. Prioridades a medio plazo — Mejorar las medidas destinadas a atender a las necesidades de los niños más vulnerables (en particular, los niños con discapacidad y los niños de la calle), a través de la mejora y la ampliación de los mecanismos de protección social, así como el apoyo al acceso territorial a programas de habilitación y rehabilitación para los niños con discapacidad, y tomar medidas para la erradicación del trabajo infantil. — Continuar la reforma de la justicia de menores. — Seguir trabajando con vistas a la desinstitucionalización de los niños. Derechos sindicales y normas fundamentales del trabajo Prioridades a corto plazo — Adoptar el marco legal que define las funciones de supervisión del sistema de inspección del trabajo en el ámbito de la salud y seguridad en el trabajo, y eliminar las restricciones a las facultades de los inspectores en la legislación vigente de conformidad con las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Prioridades a medio plazo — Aplicar el Código Laboral (adoptado en junio de 2013) y armonizarlo, al igual que el resto de la legislación pertinente, con las normas de la OIT. Reforzar el Código Laboral con procedimientos para la resolución de conflictos laborales y desarrollar una cultura de la negociación aprobando una lista de mediadores. — Seguir trabajando para establecer un sistema eficaz de inspección del trabajo con competencias y capacidades adecuadas para la inspección de todas las condiciones de trabajo y las relaciones laborales de acuerdo con las normas de la OIT. — Garantizar el funcionamiento eficaz de la Comisión de Concertación Social Tripartita y seguir mejorando el diálogo social mediante la cooperación con la OIT.