Resolución [1]

sobre la protección de la población civil durante las operaciones de mantenimiento de la paz a cargo de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,

- Reunida en Port Moresby (Papúa Nueva Guinea) del 24 al 28 de noviembre de 2008,

- Visto el artículo 17, apartado 1, de su Reglamento,

- Vistos los Convenios de Ginebra y, en particular, el Cuarto (de 12 de agosto de 1949), relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, y sus protocolos adicionales de 1977 y 2005,

- Vistos el Tratado de Prohibición de Minas (Tratado de Ottawa) firmado en septiembre de 1997 y la Convención de las Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales (CAC), que fue firmada en Ginebra el 10 de octubre de 1980 y entró en vigor en diciembre de 1983, y sus protocolos adicionales,

- Vistas la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1948, y la Declaración y Programa de Acción de Viena, que resultó de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada del 14 al 25 de junio de 1993,

- Visto el Estatuto de Roma para el establecimiento de la Corte Penal Internacional, aprobado en 1998, y, en particular sus artículos 6, 7 y 8,

- Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados miembros de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 ("Acuerdo de Cotonú") [2], y modificado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 [3], y en particular los artículos 8, 17 (2), 20, 31, 33, 96 y 97 del mismo,

- Vista su Resolución sobre la reconstrucción posterior a los conflictos en los países ACP, aprobada en su 9a sesión celebrada en Bamako el 21 de Abril de 2005 [4],

- Vista su Resolución sobre la función de la integración regional para la paz y la seguridad, aprobada en su 11a reunión celebrada en Viena el 22 de junio de 2006 [5],

- Visto el informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas S/1998/318, de 13 de abril de 1998, "Las causas de los conflictos y el fomento de la paz duradera y el desarrollo sostenible en África",

- Vistos los informes del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad sobre la protección de las personas civiles en los conflictos armados, contenidos en los documentos S/1999/957 ( 8 de septiembre de 1999), S/2001/331 ( 30 de marzo de 2001), S/2002/1300 ( 30 de noviembre de 2002), S/2004/431 ( 28 de mayo de 2004), S/2005/740 ( 28 de noviembre de 2005) y S/2007/643 ( 28 de octubre de 2007),

- Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1265 de 17 de septiembre de 1999, 1296 de 19 de abril de 2000, 1674 de 28 de abril de 2006, y 1738 de 23 de diciembre de 2006, sobre la Protección de las personas civiles en los conflictos armados, las cuales reafirman que todas las partes de un conflicto armado tienen la responsabilidad primordial de garantizar la protección de las personas civiles en los conflictos armados, y reconocen a su vez la importante contribución de las organizaciones regionales en la protección de los civiles en los conflictos armados,

- Vistas las Declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 15 de marzo de 2002 y de 15 de diciembre de 2003 y el "Aide-mémoire para el examen de cuestiones relativas a la protección de los civiles durante las deliberaciones del Consejo de Seguridad sobre mandatos de mantenimiento de la paz",

- Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 de 31 de octubre de 2000, y 1820 de 19 de junio de 2008, que destacan la importancia de la participación equitativa y plena de las mujeres, así como de los esfuerzos para mantener y fomentar la paz y la seguridad,

- Visto el Informe final del Centro de Operaciones de la UE sobre Género en el marco de EUFOR RD Congo,

- Visto el informe sobre "Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos" (2004), publicado por el Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, en el que se expone la urgencia de obtener respuestas enérgicas de la comunidad internacional,

- Vista la Declaración de la Cumbre Mundial, aprobada en Nueva York en septiembre de 2005,

- Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 1385 (2004) y su Recomendación 1665 (2004) sobre el "Papel de la mujer en la prevención y resolución de conflictos", ambas aprobadas el 23 de junio de 2004,

- Vista la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas S/2001/1366, de 30 de agosto de 2001, sobre la función del Consejo de Seguridad en la prevención de los conflictos armados,

- Vista la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas S/2003/1502, de 26 de agosto de 2003, sobre la protección del personal de las Naciones Unidas, el personal asociado y el personal humanitario en las zonas de conflicto, y la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, de 9 de diciembre de 1994, y su Protocolo Facultativo, de 8 de diciembre de 2005,

- Vistas las declaraciones bianuales del Subsecretario General para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad sobre la protección de las personas civiles en los conflictos armados,

- Vista la definición básica del Departamento de Operaciones de la Paz de las Naciones Unidas (DPKO), en la que el mantenimiento de la paz se define como "una forma de ayudar a los países asolados por los conflictos a crear condiciones favorables para la paz sostenible. Los integrantes de las fuerzas de mantenimiento de la paz (soldados y oficiales militares, oficiales de policía civil y personal civil procedentes de muchos países) supervisan y observan los procesos de paz que surgen con posterioridad a las situaciones de conflicto y prestan asistencia a los excombatientes en la aplicación de los acuerdos de paz que se han firmado. Esa asistencia se presenta de diversas formas, incluida la promoción de la seguridad humana, las medidas de fomento de la confianza, las disposiciones para compartir el poder, el apoyo electoral, el fortalecimiento del Estado de derecho, y el desarrollo económico y social",

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Políticos (ACP-UE/100.291/08/final),

A. Considerando que la noción clásica de mantenimiento de la paz, destinada fundamentalmente a separar a las partes en conflicto tras la firma de un alto el fuego, está cambiando con el transcurso del tiempo e incluye la vigilancia de las fronteras, la demarcación de zonas desmilitarizadas y, si forma parte de los acuerdos, el control del intercambio de prisioneros y la desmilitarización, concebida como parte de un "proceso rutinario" destinado a proporcionar y preservar un espacio político para que las partes puedan negociar y lograr la solución de su conflicto,

B. Considerando que en la Declaración de la Cumbre Mundial, aprobada en Nueva York en septiembre de 2005, 109 gobiernos soberanos reconocieron que es responsabilidad de los Estados y de las Naciones Unidas proteger a la población del genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y la limpieza étnica,

C. Considerando que las numerosas tareas derivadas de los mandatos para la protección de civiles dispersa a los integrantes de las fuerzas de mantenimiento de la paz en distintas direcciones y que las fuerzas se involucran cada vez más en asuntos de "seguridad leve", como el desarrollo, la reconstrucción y la consolidación de la paz a largo plazo, todas ellas actividades para las que las fuerzas militares no suelen estar preparadas,

D. Considerando que uno de los problemas que deben afrontar las misiones de mantenimiento de la paz a la hora de proteger a la población civil consiste en la infravaloración de la capacidad y función potenciales de los recursos civiles permanentes, compuestos por personal civil profesional y multinacional que ha recibido una formación adecuada, que se puede desplegar rápidamente y dispone de las habilidades necesarias para realizar tareas relacionadas directamente con la protección de los civiles, como la vigilancia del respeto por los derechos humanos, las labores de medicación en la comunidad, el asesoramiento en asuntos de género, la movilización de la comunidad y la divulgación de información,

E. Considerando que las Naciones Unidas (NU) y la Unión Africana (UA), en ocasiones respaldadas por la Unión Europea (UE), están aumentando el número de integrantes de las fuerzas de mantenimiento de la paz en el continente durante este año, con nuevas misiones, entre otros, en la región sudanesa de Darfur, la República de Chad, la República Centroafricana y Somalia,

F. Considerando la ayuda aportada a las fuerzas de paz de la Unión Africana por medio del Instrumento para la Paz en África del FED,

G. Considerando que la Política Europea de Seguridad y de Defensa de la Unión Europea tiene asignadas, desde el Tratado de Ámsterdam de 1997, las misiones definidas en Petersberg en 1992, de mantenimiento de la paz, protección de la población civil y protección de la ayuda humanitaria,

H. Considerando que estas misiones, civiles y/o militares, se desarrollan bajo el mandato de las Naciones Unidas, y que cinco de ellas tienen o han tenido lugar en el continente africano,

I. Considerando que las UE, las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, antes de desplegar las operaciones de mantenimiento de la paz, deberían analizar el conflicto y las amenazas, a fin de comprender mejor el contexto en el que van a operar y evitar que su intervención tenga un impacto negativo en la zona al fomentar los conflictos y las tensiones,

J. Considerando que los agentes militares aún no están acostumbrados a identificar y proteger a la población civil en ambientes hostiles en el marco de una intervención internacional o de terceros, y a menudo, la contratación del personal militar de las fuerzas de mantenimiento de la paz no corre a cargo directamente de las Naciones Unidas o las organizaciones regionales, sino que procede de otros países que envían tropas y mantienen la jurisdicción sobre las medidas de formación y disciplinarias que se han de aplicar a sus tropas,

K. Considerando que la función y el enfoque de los agentes humanitarios, como las ONG y las agencias de las Naciones Unidas, respecto a la protección de los civiles difieren de los de las tropas de mantenimiento de la paz,

L. Considerando que la responsabilidad en cuanto a decidir la práctica de las agencias en relación con la protección a menudo se suele dejar a cargo de los oficiales que se encuentran sobre el terreno, en vez de ser producto de una dirección clara elaborada a nivel institucional,

M. Considerando que la violencia contra los civiles en los países inmersos en un conflicto, en particular contra las mujeres y los niños, se suele usar como estrategia bélica para humillar y debilitar psicológicamente a las víctimas, que temen denunciar los abusos y la explotación sexual cometida por cualquier persona, incluidos los integrantes de las tropas de mantenimiento de la paz o los trabajadores de la ayuda humanitaria,

N. Considerando que la magnitud de las misiones de mantenimiento de la paz, especialmente en relación con el número adicional de integrantes civiles no armados y su alcance geográfico, constituye un importante factor para aumentar el nivel de protección a las personas civiles,

Definición de la protección de las personas civiles

1. Subraya que la responsabilidad principal en la protección de los civiles y la atención de sus necesidades básicas reside en los Estados u otras autoridades o agentes que tienen el control efectivo sobre ellos, y que la función de las operaciones de mantenimiento de la paz, externas o prestadas por terceros, es secundaria a ésta;

2. Indica que el principio de no injerencia no significa tolerar graves delitos como el genocidio o los asesinatos en masa, la limpieza étnica y la deportación, o violaciones colectivas, sino que es responsabilidad de la comunidad internacional, en estos casos, oponerse resueltamente a tales actos y, cuando sea posible, integrar a las organizaciones regionales de resolución de conflictos;

3. Resalta el valor de reconocer que las operaciones de mantenimiento de la paz deben contar con un mandato suficientemente firme como para poder respaldar la restauración o establecimiento de la paz y el Estado de Derecho, incluida la transición a la reforma del sector de seguridad (RSS); a este fin, debe desarrollarse una estrategia de protección integral que prevea asimismo la formación de fuerzas de seguridad civil (policía), que apoye medidas de desmovilización y establezca unos claros objetivos de reconstrucción;

4. Reitera su preocupación por la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre, y considera que el desarme, la desmovilización y la reintegración deben formar parte integral de las operaciones de mantenimiento de la paz;

5. Resalta la importancia de que los esfuerzos para mejorar la protección de los civiles deben tener en cuenta la amplia complejidad de los problemas y las amenazas a los que se enfrentan los civiles, y se congratula de la mayor interacción sobre el terreno de los distintos agentes civiles no armados como un valor añadido para llevar a la práctica las estrategias de protección;

6. Subraya que las estrategias militares no pueden tener éxito por sí mismas si no se complementan con amplias medidas humanitarias y objetivos políticos de paz; puede ser necesario un firme mandato para superar las controversias entre las partes en conflicto y para garantizar la paz y la reconstrucción, que la estrategia de protección debe asumir explícitamente;

7. Indica que algunos Estados han establecido servicios civiles de paz, que han logrado grandes éxitos, entre otros en la etapa posterior al conflicto entre los estados de la antigua Yugoslavia; recomienda a otros Estados y organizaciones regionales como la Unión Africana o la región europea que creen asimismo una institución permanente para los servicios civiles de paz;

8. Se congratula de la mayor inclusión en los mandatos de mantenimiento de la paz de las actividades de protección de los civiles y apunta la necesidad de una dirección para la aplicación de estos mandatos, a fin de garantizar enfoques más integrales del desarrollo humano, los derechos humanos, la ayuda humanitaria y las acciones de seguridad humana, por lo que insta a las Naciones Unidas y a las organizaciones regionales a poner en claro el concepto de protección de personas civiles en los mandatos de sus misiones, en las misiones conjuntas, a fin de brindar un mejor apoyo para la preparación de sus tropas y el personal de dichas operaciones;

9. Resalta la necesidad de elaborar una mejor capacidad de acción, incluida la creación de un recurso civil permanente de mantenimiento de la paz, compuesto por una oficina coordinadora bien equipada a nivel central de la operación y posiblemente también regional, y por un conjunto de personal civil que pueda desplegarse rápidamente, determinando el tamaño de los efectivos;

10. Indica la necesidad de proteger a la población civil no sólo frente a ataques violentos, sino también frente a delitos tales como el asalto de bandoleros, los saqueos, etc.;

11. Celebra la decisión del Consejo de la UE de establecer un mecanismo de protección civil, y un nuevo instrumento financiero de la UE para la protección civil, dirigido a mejorar la movilización y coordinación de la ayuda en materia de protección civil de emergencia dentro y fuera de la UE;

12. Recomienda que las estrategias militares de las operaciones de mantenimiento de la paz con mandatos de protección específicos incluyan instrumentos prácticos para cumplir dichos mandatos con eficacia, tales como: protección civil no armada, patrullas nocturnas y comunicación por radio, organización de comités de defensa locales que alerten a los integrantes de las fuerzas de mantenimiento de la paz, cobertura aérea, inclusión de una fuerza de reacción rápida para responder inmediatamente a los disturbios, uso de satélites para supervisar e interceptar, y la inclusión de una fuerza policial estabilizadora que sirva de apoyo a las misiones y brinde estrategias de escape a las operaciones de mantenimiento de la paz;

13. Subraya que, en las zonas de conflicto, las tropas de mantenimiento de la paz también deben proteger a los cooperantes humanitarios para que su actividad sobre el terreno pueda llevarse a cabo en condiciones de seguridad;

14. Destaca que los enfoques participativos de los comités de paz y orden, que involucran a los representantes estatales locales y a la sociedad civil, contribuirán a identificar los aspectos vulnerables y poder así desarrollar respuestas apropiadas, y señala la importancia de una mejor coordinación entre las fuerzas económicas, políticas, civiles y militares;

15. Pide a los Estados miembros de la UE y a la comunidad internacional que promuevan la ejecución de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325/2000 y 1820/2008 sobre la situación de las mujeres y los niños en los conflictos armados, y que elaboren planes nacionales de acción y documentos estratégicos;

16. Subraya la importante función que la presencia femenina puede desempeñar en las misiones de mantenimiento de la paz aminorando el grado de violencia que sufren las mujeres en las zonas de conflicto y con posterioridad al conflicto, y que se ha observado a menudo que las integrantes femeninas de las fuerzas de mantenimiento de la paz constituyen un modelo para las mujeres locales que las anima a participar en el proceso de reconstrucción posterior al conflicto, en particular, en la consolidación de la democracia y el desarrollo económico;

17. Pide asimismo que se tome debidamente en cuenta la Resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa a la participación de las mujeres en los mecanismos de prevención, gestión y resolución de conflictos;

18. Condena enérgicamente los casos de abuso de poder y explotación sexual de civiles perpetrados por integrantes de las fuerzas de mantenimiento de la paz sobre el terreno, así como su participación en prácticas de corrupción, y subraya que en estos casos la reacción de los agentes nacionales es de suma importancia; exige que estos actos sean perseguidos por las autoridades del país de origen del inculpado o por la Corte Penal Internacional; rechaza que se conceda inmunidad de ningún tipo, en relación a estos delitos, al personal de las Naciones Unidas o a las tropas que actúan bajo mandato de las Naciones Unidas;

19. Recomienda que toda misión de mantenimiento de la paz esté flanqueada por unidades encargadas específicamente del control, la investigación y la notificación pública de las violaciones del Derecho humanitario internacional y de la legislación sobre derechos humanos, así como por una unidad de investigación independiente que estudie los casos de supuestos abusos sexuales perpetrados por integrantes de las fuerzas de mantenimiento de la paz, y que se establezca un sistema adecuado de asistencia a las víctimas de tales abusos y a los hijos nacidos de los mismos;

20. Insta a la creación de un mecanismo de seguimiento o "watchdog" cuyo mandato sea garantizar la transparencia y eficacia de las investigaciones relativas a las quejas con objeto de que dichas quejas reciban un trato justo a nivel nacional;

21. Subraya la necesidad de que los equipos de contacto participen en las iniciativas internacionales de las Naciones Unidas y de las ONG para prevenir y castigar la explotación sexual y los abusos;

22. Recomienda a los equipos de contacto que garanticen a las comunidades la posibilidad de presentar sus quejas a través de la creación de un mecanismo común para el registro de quejas; este mecanismo debería ser accesible a todas las agencias y equipos de contacto para que las comunidades sepan dónde presentar sus quejas;

Repercusiones en los mandatos, normas de intervención y formación

23. Afirma la importancia de mejorar la formación previa a la misión, así como durante el servicio (especialmente en Derecho humanitario internacional, legislación sobre derechos humanos, ejecución de los mandatos de los comités de paz y orden, incluida la prevención y la respuesta ante la violencia sexual) en el caso de despliegues de tropas multinacionales, tanto a nivel nacional como multinacional, criticando, no obstante, que se considera sólo una responsabilidad nacional para el personal militar de las misiones dirigidas por las Naciones Unidas;

24. Pide que se prevea una formación específica en materia de protección de la infancia, de conformidad con las directrices de la Asamblea Parlamentaria Paritaria sobre la infancia y los conflictos armados;

25. Pide la emisión de una "tarjeta del soldado" —como la utilizada por EUFOR en la República Democrática del Congo— que contenga directrices para los integrantes de las fuerzas de mantenimiento de la paz relativas al comportamiento adecuado con los civiles, y pide una tarjeta semejante específica para la infancia;

26. Reconoce el esfuerzo realizado por el DPKO de las Naciones Unidas para brindar una formación previa al despliegue, centrada especialmente en las normas de intervención, al personal más experimentado y los agentes que envían tropas, aunque lamenta que no se requiera la participación de los Estados;

27. Recomienda a los Estados miembros de las Naciones Unidas que establezcan una academia común de formación para las misiones de mantenimiento de la paz, que prevea, al menos para el personal dirigente, una formación básica uniforme y multinacional relativa a los contenidos humanitarios y a las tareas de ayuda técnica para la asistencia y protección de la población civil;

28. Recomienda que las organizaciones regionales y subregionales de las Naciones Unidas elaboren módulos de formación más normalizados e incrementen los ejercicios de formación bilaterales y multilaterales, incluyendo especialmente medidas de concienciación sobre el respeto de los derechos humanos, de conformidad con el principio de que todos los seres humanos, independientemente de su edad, género, raza u origen étnico, religión o creencias son iguales en derechos y dignidad;

29. Se congratula del esfuerzo de la UE por armonizar mejor entre los Estados miembros los enfoques de protección de los civiles, en particular mediante la provisión de actividades conjuntas de formación, y subraya que la noción de protección de los civiles y la protección de la infancia deberían formar parte integrante de dicha formación mediante la instauración de iniciativas profesionales y globales para la sociedad civil;

30. Solicita que la prevención del abuso y la explotación sexual sea un tema tratado de forma uniforme en la formación del personal de los países que envían tropas, y que, junto con las propias operaciones, se aprueben mecanismos adecuados de financiación y compensación para las víctimas del personal de mantenimiento de la paz;

31. Insta a que una parte importante de los módulos de formación ofrecidos al personal de mantenimiento de la paz, sea de las Naciones Unidas o regional, incluya temas que aborden los casos de abuso, ya que demasiado a menudo el personal de las misiones de las Naciones Unidas no conoce la información sobre la notificación de los abusos y las consecuencias que estos tienen para el perpetrador;

32. Insiste en que toda misión de la PESD incluya a un consejero especializado en la protección de la infancia;

33. Se congratula del hecho de que hoy en día el DPKO de las Naciones Unidas despliegue equipos de evaluación para identificar carencias en la formación y certificar a los países que forman a sus fuerzas en relación con el cumplimiento de las normativas de las Naciones Unidas;

34. Señala que la UE también está llevando a cabo proyectos similares con el Objetivo General y el Objetivo General para los Civiles, aunque subraya que todavía se encuentra retrasada en lo que concierne al enfoque sistemático, ya que en última instancia la formación recae bajo la responsabilidad de los Estados;

35. Recuerda a los Estados miembros de la UE su responsabilidad, con arreglo al Derecho internacional, de asegurar la formación apropiada de todo el personal civil y militar, de conformidad con las normas humanitarias internacionales, y de velar por que se revisen y desarrollen las directrices adecuadas para garantizar el respeto de las poblaciones locales, las culturas y los géneros; recuerda la importancia de tener en cuenta los derechos humanos y la igualdad de género;

36. Pide que la formación ofrecida por militares europeos a militares africanos en el marco del programa "Euro Recamp" incluya sistemáticamente la formación sobre el respeto de los derechos humanos y la protección de la población civil, y esté dotada de un presupuesto suficiente para ello;

37. Destaca la importancia de prestar la debida consideración al valor de las enseñanzas aprendidas y de las buenas prácticas, en particular las enseñanzas recogidas en operaciones con un mandato de protección claro —como ARTEMIS y EUFOR en la República Democrática del Congo— a fin de proporcionar material que permita mejorar la formación de la UE; elogia especialmente el énfasis en facilitar información clara al público y fomentar que las operaciones se perciban de forma positiva, facilitado por el hecho de que la mayoría de las tropas de la UE pueda comunicarse en el idioma de la población;

Mejora de la comunicación

38. Reafirma la función esencial que la APP ACP-UE puede desempeñar incrementando la sensibilización y estimulando el debate sobre la mejor forma de lograr que los asuntos de protección ocupen un lugar central en los órdenes del día de los mandatos de las operaciones de la PESD de la UE y de otras misiones de mantenimiento de la paz de las organizaciones regionales;

39. Destaca la importancia de que las enseñanzas aprendidas no se limiten a una "nación líder" y subraya que es fundamental desarrollar una doctrina europea para intervenir en situaciones humanitarias, derivada sobre todo de la experiencia de los Estados miembros de la UE con mayor visión de futuro a este respecto, a fin de mejorar la adecuación de dichas normas de intervención;

40. Subraya la necesidad de formalizar un sistema de comunicación entre las ONG y las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, que abarque especialmente las zonas en peligro bajo la protección de las operaciones de mantenimiento de la paz;

41. Recuerda el requisito de que los Estados defiendan y respeten los derechos humanos y los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, así como que garanticen que los agentes humanitarios tengan un acceso seguro y sin impedimentos a las poblaciones necesitadas, de conformidad con las disposiciones relevantes del Derecho internacional y las leyes nacionales;

42. Insta a que, sobre el terreno, las operaciones de mantenimiento de la paz participen sistemáticamente con la comunidad humanitaria en lo relativo a la interpretación de su mandato para la protección de los civiles y que la dirección política y militar de la operación aplique iniciativas similares de comunicación con las autoridades políticas y administrativas locales;

43. Apremia respecto a la necesidad de crear un equipo de contacto en cada estructura de mantenimiento de la paz que mantenga la comunicación e informe a la población local, incluida la fronteriza, sobre el mandato real de la misión, como contribución principal para defender la neutralidad de las operaciones de apoyo de la paz; este equipo tendrá por misión principal, con la colaboración de las comunidades locales, la creación de un mecanismo de registro de quejas para la presentación de las mismas;

44. Señala que la comunicación con la población local es fundamental y que se debe adoptar una actitud que fomente la claridad de la información y garantice el acceso a todos los géneros; esto debe hacerse extensivo a otras fuerzas externas y a las organizaciones humanitarias, de derechos humanos y de desarrollo que se encuentren sobre el terreno;

45. Subraya la importancia de que se realice una evaluación continua y eficaz de los factores de la (in)seguridad civil, y que el análisis resultante sirva de base para determinar las estrategias de protección, destinadas a prevenir el resurgimiento de conflictos violentos;

46. Pide a la UE, en consulta con otros actores relevantes como la OCAH, que lleve a cabo un estudio específico adicional sobre la inclusión de estrategias de protección en el proceso de elaboración de las estrategias militares de la UE para la gestión de crisis, e incluya reflexiones sobre la experiencia obtenida en la UE en cuanto a la protección de los civiles y sobre todo de la infancia, y considera que debe constituir la base para la adopción de una "doctrina de protección de la UE" más amplia que incluya elementos orientativos sobre la protección legal, civil, humanitaria y militar;

47. Destaca la importancia de crear agencias pioneras que puedan ofrecer una orientación estratégica clara, identificar carencias relevantes y detallar las funciones y responsabilidades adecuadas para responder al conflicto;

48. Encarga a sus copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, a la Comisión de la Unión Africana, al Parlamento Panafricano y los parlamentos nacionales y regionales, a la Comisión Europea, a las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, a la Presidencia del Consejo y a la Unión Africana.

[1] Aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria el 28 de noviembre de 2008 en Port Moresby (Papúa Nueva Guinea).

[2] DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.

[3] DO L 287 de 28.10.2005, p. 4.

[4] DO C 272 de 3.11.2005, p. 26.

[5] DO C 307 de 15.12.2006, p. 17.

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