RESOLUCIÓN(1)

sobre el estado actual de las negociaciones relativas al futuro de las relaciones ACP-UE

La Asamblea Paritaria ACP-UE,

- Reunida en Nassau (Bahamas) del 11 al 14 de octubre de 1999,

- Vista la resolución(2) que aprobó el 1 de abril de 1999 en Estrasburgo (Francia), y reiterando con vigor los elementos que contiene,

- Vista sus Resoluciones, aprobadas el 1 de abril de 1999 en Estrasburgo (Francia), sobre la participación de la sociedad civil en el proceso de desarrollo y sobre la Ronda del Milenio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y recordando una vez más las cuestiones que en ellas se trataron,

- Vistas las conclusiones de la segunda Conferencia Ministerial de negociaciones con vistas a un nuevo acuerdo destinado a suceder al IV Convenio de Lomé (Bruselas, 29 y 30 de julio de 1999) y con miras al último ciclo de negociaciones ministeriales que se celebrará a mediados de diciembre,

A. Siendo de la opinión de que, para la credibilidad y pertinencia de la cooperación ACP-UE, es importante que se concluya un nuevo acuerdo antes de la fecha de expiración del Convenio actual, a saber, febrero de 2000,

B. Observando con satisfacción los progresos realizados en el curso de la segunda Conferencia Ministerial de negociaciones y la perspectiva de alcanzar resultados convincentes en los ámbitos clave pendientes en el curso de la próxima Conferencia Ministerial, que deberá abordar diversas cuestiones importantes, entre ellas, la cooperación financiera, la participación del sector privado, la función de la sociedad en el diálogo político y los aspectos migratorios,

C. Manifestando, no obstante, su profunda preocupación por la falta de acuerdo en varios ámbitos críticos, a saber, los principios y objetivos de la cooperación comercial que deben incluirse en el acuerdo marco, la duración y el objetivo del período preparatorio con vistas a la transición a acuerdos de comercio alternativos, el mantenimiento del Stabex y del Sysmin y el concepto de buen gobierno en el futuro Convenio,

D. Congratulándose porque las negociaciones actuales sobre el convenio que sucederá a Lomé IV brindan la ocasión de definir una relación, nueva e innovadora, entre la Unión Europea (UE) y los Estados ACP que puede asimismo enviar un mensaje claro a la atención de los participantes en la inminente Ronda del Milenio en el marco de la OMC,

E. Acogiendo favorablemente el compromiso contraído por la UE en el curso de las negociaciones ministeriales del pasado mes de julio con vistas a una cooperación estrecha con los Estados ACP en la OMC, con objeto de defender las modalidades conseguidas, habida cuenta, en particular, del grado de flexibilidad disponible,

F. Congratulándose por el compromiso recientemente contraído por la UE de destinar más de un millón de euros durante los próximos cincos a la financiación de una mejor coordinación entre los Estados ACP en la OMC, en particular en relación con el próximo ciclo de negociaciones comerciales multilaterales,

G. Alabando la posición más flexible adoptada por la UE con relación a los acuerdos regionales de cooperación económica y el aval que ha dado a la idea de que el acuerdo marco no debe comprender ningún instrumento ni ningún modelo de acuerdo comercial alternativo,

H. Considerando que el mandato de negociación de la UE debería tener en cuenta dicha flexibilidad; haciendo un llamamiento a los Estados miembros de la UE para que proponga a los Estados ACP auténticas opciones para el futuro de las relaciones comerciales con la UE,

I. Haciendo hincapié en la importancia política para ambas partes de la transparencia, la responsabilidad y la lucha contra la corrupción en la administración pública,

J. Reconociendo la dificultad de definir el alcance y la amplitud de ese concepto, visto, en particular, el solapamiento que existe entre el concepto de buen gobierno y los elementos esenciales del respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de Derecho ya inscritos en el Convenio,

K. Constatando que los Estados ACP han comenzado a elaborar una declaración sobre el buen gobierno con vistas a su examen en el curso de la próxima Conferencia Ministerial de negociaciones,

L. Alabando el hecho de que las dos partes admiten la importancia de asociar a la cooperación ACP-UE un amplio abanico de partes percibidoras como los representantes de la sociedad civil, los interlocutores económicos y sociales, las mujeres y las organizaciones medioambientales y no gubernamentales, así como la función de estas organizaciones en su reforzamiento,

M. Haciendo un llamamiento a las dos partes para que prevean mecanismos y procedimientos que puedan facilitar la instauración de un diálogo más estructurado entre los Gobiernos ACP y el sector privado,

N. Destacando que los objetivos del futuro acuerdo de cooperación ACP-UE sólo podrán realizarse si en el marco del noveno Fondo Europeo de Desarrollo (FED) se prevé una financiación suficiente,

O. Manifestado su firme convicción de que sólo se podrá lograr una transición fecunda y sin desacuerdos a un nuevo régimen comercial si se propone y aplica asimismo un programa de ayuda al desarrollo coherente y global,

P. Tomando nota de la propuesta presentada por ciertos Estados miembros de la UE de utilizar los créditos no asignados del FED a financiar, por un importe de mil millones de euros, la contribución de la UE a las medidas de condonación de la deuda previstas en el marco de la iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados del Banco Mundial, teniendo en cuenta, en particular, que la infrautilización del FED durante el período 1993-1999 sólo ha ascendido a 25 millones de euros,

1. Pide a los ministros de los Estados miembros de la UE y de los Estados ACP que, en el curso de su reunión de diciembre, acuerden la prórroga del actual Convenio de Lomé así como medidas de transición para el período anterior a la aplicación de acuerdos comerciales alternativos;

2. Pide a los negociadores de la UE que refuercen la cooperación con los Estados ACP a fin de modificar las normas de la OMC y poner fin a las normas supranacionales restrictivas que garantizan el respeto de una jerarquía de valores en la que la liberalización de los intercambios gana por la mano a la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible;

3. Pide que los acuerdos de cooperación económica y comercial mejoren el acceso actual de los Estados ACP al mercado mediante la revisión de las normas de origen, de las medidas no arancelarias y de los intercambios en el sector de los servicios y en los ámbitos vinculados al comercio, sin perjuicio del resultado de los debates que sobre estas cuestiones se celebrarán durante la próxima Ronda del Milenio;

4. Pide al Consejo que adapte la actual Política Agrícola Común (PAC) a fin de que los productos ACP puedan acceder más fácilmente al mercado europeo;

5. Reclama el principio según el cual, durante el período preparatorio para la transición a acuerdos de comercio alternativos, los Estados ACP deberían beneficiarse de un acceso al mercado de la UE al menos tan favorable como el que disfrutan actualmente, compromiso consagrado en una declaración del Consejo realizada durante la Presidencia británica, según la cual la UE examinará todas las posibilidades de sustitución de las zonas de libre comercio para proponer a estos países un nuevo marco de intercambios comerciales que equivalga a la situación actual;

6. Pide que se acepte el principio según el cual uno de los principales objetivos de los acuerdos de comercio alternativos debe ser la ampliación del acceso al mercado de la UE, en particular para los productos procedentes de industrias y sectores de bajo nivel tecnológico en los que los Estados ACP son competitivos en la actualidad o podrían serlo en un futuro próximo;

7. Renueva su llamamiento en favor de un período preparatorio de por lo menos diez años con vistas a la transición a acuerdos comerciales alternativos y en el curso del cual la UE debería mantener y mejorar los acuerdos comerciales que en la actualidad no son recíprocos;

8. Pide a los Estados miembros de la UE y a los Estados ACP que procedan a evaluar las repercusiones de la actual liberalización de los intercambios en la economía de los Estados ACP (creación de puestos de trabajo, sanidad, educación, medio ambiente, etc.) en virtud de los diversos programas de ajuste estructural y en el marco de la revisión del SPG de la UE, de la reforma de la PAC y de la ampliación de la UE, en la perspectiva de los acuerdos de comercio alternativos;

9. Considera que la UE y los Estados ACP deberían apelar a las condiciones particulares impuestas por el artículo IX del Acuerdo de la OMC para justificar una excepción de diez años, visto, en particular, el hecho de que entre los Estados ACP se encuentran 39 países menos desarrollados a los que la OMC ha decidido que se les puedan conceder preferencias comerciales no recíprocas; indica que entre los Estados ACP figuran 24 islas y 14 países enclavados, la mayoría de ellos de economía modesta y cuya marginación ha sido reconocida por la OMC; considera que los Estados ACP son asimismo vulnerables y que este concepto cuenta con un creciente reconocimiento por parte de las grandes instituciones financieras y comerciales, entre ellas la OMC;

10. Considera que existen importantes precedentes para justificar una excepción de diez años a las normas de la OMC (ley de recuperación económica de la cuenca del Caribe, excepción concedida al Canadá en virtud del Caribcan);

11. Pide a la UE que, junto con los Estados ACP y otros países en desarrollo, proceda a adoptar medidas concertadas destinadas a modificar la cláusula de habilitación de la OMC, el artículo XXIV y otras disposiciones de la OMC relativas a la realización de los objetivos convenidos, así como las normas de la OMC, a fin de que se reconozca la situación particular de los pequeños Estados vulnerables así como la necesidad de que reciban un trato diferenciado;

12. Considera que el mecanismo de solución de conflictos de la OMC es inaceptable y antidemocrático, porque las decisiones se adoptan únicamente sobre la base de criterios comerciales, como ha puesto de manifiesto el conflicto del plátano entre la UE y los Estados Unidos, y pide a los negociadores de los Estados ACP y de los Estados miembros de la UE que modifiquen el estatuto de la OMC que permite a la organización ser al mismo tiempo juez y parte;

13. Apoya la solicitud formulada por los Estados ACP de que las negociaciones sobre los acuerdos de comercio alternativos comiencen en 2006 y concluyan en 2010, a fin de que los Estados ACP dispongan de tiempo para prepararse para las negociaciones y la liberalización económica;

14. Pide que las negociaciones sobre los acuerdos de comercio alternativos tomen en consideración el nivel de desarrollo y las repercusiones socioeconómicas de las medidas comerciales en los Estados ACP, así como su capacidad para adaptar su economía al proceso de liberalización;

15. Considera que, de conformidad con la Agenda 21, el Convenio de Basilea y la Convención de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, entre otros, debe concederse prioridad al objetivo del desarrollo sostenible;

16. Recuerda que estas negociaciones deberían ser lo más flexibles posible en cuanto a la fijación de la duración del período transitorio y el grado de asimetría, de conformidad con las normas de la OMC entonces vigentes;

17. Considera que la definición y a aplicación de toda opción comercial futura, ya se trate de acuerdos de libre comercio o de otras fórmulas, deberían depender no sólo de un calendario acordado entre las partes, sino asimismo de la realización de objetivos convenidos conjuntamente y basados en indicadores de desarrollo financiero, económico y humano;

18. Destaca que dichos indicadores de desarrollo financiero, económico y humano deberían reflejar, por ejemplo, el nivel de ingresos financieros y gubernamentales, las capacidades institucionales, los recursos humanos, la competitividad y las infraestructuras físicas y sociales;

19. Recuerda que la inestabilidad de los ingresos procedentes de los productos de base y de los productos mineros sigue constituyendo una grave amenaza para los Estados ACP y que sería conveniente prestar una atención continuada al mantenimiento del Stabex y del Sysmin, aunque estos acuerdos deberán ser más transparentes y eficaces, y que los productores de los sectores afectados deben ser los verdaderos beneficiarios de los pagos;

20. Reitera su llamamiento para que se vuelvan a examinar los Protocolos relativos a los plátanos y a la carne de vacuno y estudie la situación precisa y particular de cada sector, y solicita que dichos protocolos se ajusten, caso por caso, a las exigencias de cada uno de dichos sectores y se prorroguen a fin de asegurar la supervivencia de los sectores en cuestión;

21. Se pronuncia a favor de que, en el marco del acuerdo de cooperación, se apoye al sector de producción del ron ACP, en particular a los exportadores tradicionales ACP de este producto, con objeto de mejorar su rentabilidad y competitividad; pide asimismo que se adopten medidas de transición para el período 2000-2002 con objeto de ayudar al sector ACP a mantener su acceso al mercado con vistas a la liberalización que deberá producirse el 1 de enero de 2000;

22. Pide de nuevo a la Comisión que vele por que se mantenga y proteja el acceso al mercado de los plátanos procedentes de los proveedores ACP;

23. Pide encarecidamente a la UE que apoye al sector del arroz ACP con el fin de mejorar su rentabilidad y competitividad, reconociendo de esta forma la importancia fundamental de este producto alimenticio de base tanto para los importadores netos como para los exportadores netos de los Estados ACP;

24. Pide a las partes que defiendan los protocolos de Lomé en la OMC, con objeto de mantenerlos y perfeccionarlos;

25. Pide a los partes que hagan lo necesario para que un nuevo acuerdo de cooperación optimice la contribución del turismo al desarrollo económico y social de los Estados ACP, reduzca las incidencias nefastas, reales o potenciales, del turismo y respete el medioambiente así como el patrimonio local y cultural, instituya un nuevo marco para la cooperación entre el sector público y el sector privado con el fin de promover el desarrollo sostenible de la industria turística en los Estados ACP y vele por que el sector privado, la sociedad civil, la población local y la población indígena de los Estados ACP participen en el futuro programa de cooperación al desarrollo ACP-UE en el sector del turismo;

26. Pide, de manera más general, a las partes que se pongan de acuerdo sobre la función de los agentes de la sociedad civil, incluida la definición de una función claramente establecida para la sociedad civil en la elaboración, preparación, aplicación y evaluación de los programas indicativos nacionales y regionales, un estatuto de observador en todas las instituciones ACP-UE pertinentes y el acceso a la financiación de las acciones de desarrollo, entre ellas el reforzamiento de sus capacidades;

27. Propone que el concepto de buen gobierno se defina como la gestión responsable de los recursos públicos con vistas a un desarrollo sostenible y justo; considera que este concepto debe, por lo tanto, incluir:

a) procedimientos claros en el marco del proceso de toma de decisiones público,

b) una gestión responsable y un control eficaz,

c) instituciones transparentes,

d) medidas efectivas de prevención de la corrupción activa y pasiva y lucha contra esta plaga;

28. Admite que la UE ha tenido que responder muy recientemente a este desafío y que, en consecuencia, se ha adoptado una nueva serie de procedimientos; reconoce que el buen gobierno es un tema prioritario que debe ser abordado en la UE como instrumento capital de lucha contra la corrupción en las sociedades contemporáneas;

29. Reconoce que el buen gobierno es un objetivo mucho más difícil de alcanzar en los países que luchan contra la pobreza; pide, por lo tanto, encarecidamente a los Estados ACP y a la UE que cooperen con vistas a contraer un compromiso conjunto y sin reservas sobre este tema;

30. Es de la opinión de que la corrupción tiene efectos sociales extremadamente perjudiciales y que, por lo tanto, es necesario intervenir eficazmente para poner fin y prevenir el blanqueo de dinero y el tráfico de drogas;

31. Insiste, en particular, en que, por lo que respecta a la lucha contra la corrupción se establezca una distinción clara, entre los casos de corrupción institucional y la malversación de fondos por parte de personas aisladas; destaca que, en el segundo caso, no es aplicable el concepto de buen gobierno y que no debe imponerse ninguna sanción en virtud de él;

32. Considera que la cláusula de "buen gobierno" debería servir, en primer lugar, como medio para favorecer a los países que la respetan;

33. Es profundamente consciente de las lagunas que contienen la definición y la aplicación de la cláusula de no ejecución que figura en el artículo 366 bis del presente Convenio; insiste para que esta cláusula de no ejecución sea revisada a fin de evitar todo riesgo de medida arbitraria; considera, en este contexto, que el dictamen conforme del Parlamento Europeo, previo a toda imposición de sanciones, constituiría una garantía de mayor objetividad;

34. Considera que es fundamental reducir al mínimo los elementos arbitrarios del proceso de toma de decisiones relativo a la aplicación de la cláusula de no ejecución en relación con el buen gobierno;

35. Propone que se estudie la creación de un órgano conjunto constituido por representantes del Tribunal de Cuentas Europeo y sus homólogos de los Estados ACP, y aboga por que este órgano sea consultado antes de la aplicación de la cláusula de no ejecución en este ámbito particular;

36. Toma nota de las divergencias de opinión con relación a la naturaleza y la amplitud de los riesgos que deben garantizarse en el marco del establecimiento de un mecanismo de inversión ACP-UE para favorecer el desarrollo y las inversiones del sector privado, y pide que este mecanismo conserve su carácter preferencial con respecto al capital-riesgo;

37. Manifiesta el deseo de que se racionalicen y simplifiquen los instrumentos de cooperación financiera con vistas a una mejor selección de los créditos;

38. Insta a la Presidencia finlandesa a que adopte las iniciativas necesarias para que el presupuesto del próximo FED traduzca la voluntad de los Estados miembros de apoyar decididamente los esfuerzos de desarrollo de los países ACP en el momento en que estos deban responder al desafío de la mundialización; recuerda que es conveniente incluir el FED en el presupuesto, a fin de que pueda ser controlado por el Parlamento Europeo;

39. Pide a los Estados miembros de la UE que incrementen notablemente el volumen del próximo FED a fin de financiar de manera adecuada los importantes costes de ajuste estructural que los Estados ACP deberán soportar durante el período preparatorio, tomando en consideración criterios como el crecimiento demográfico, la evolución del precio de las materias primas, el peso de la deuda así como la necesidad de reforzar las capacidades y los instrumentos existentes, y que busquen nuevos ámbitos y nuevos métodos de cooperación;

40. Reafirma la importancia de ampliar la cooperación ACP-UE a los agentes del desarrollo y, en particular, a los representantes de la sociedad civil organizada, a los que se debería consultar con ocasión de la definición y ejecución de los programas de desarrollo; pide que el Comité paritario consultivo ACP-UE instituido en el Comité Económico y Social Europeo sea explícitamente mencionado en el texto del nuevo Convenio como instrumento de promoción y seguimiento de la ampliación de la cooperación;

41. Pide que se cree un grupo de trabajo ACP-UE sobre la sociedad civil que se compondría de representantes de la sociedad civil de los Estados ACP y de los Estados miembros de la UE así como de la Secretaría ACP y de la Comisión, y manifiesta el deseo de que el Acuerdo de cooperación ACP-UE prevea reuniones y consultas anuales entre los representantes designados de las instituciones ACP-UE pertinentes y del grupo de trabajo;

42. Recomienda que la Asamblea Paritaria prolongue el mandato del Grupo de trabajo sobre el futuro de las relaciones ACP-UE a fin de velar por que continúe sus trabajos de supervisión de la totalidad de los aspectos de la cooperación ACP-UE;

43. Insta a la UE (Consejo y Comisión) a que considere que los Estados ACP beneficiarios han adquirido definitivamente los recursos asignados en el séptimo y octavo FED (ayuda programable, Stabex, Sysmin, etc.); considera, en consecuencia, que estos recursos no deben imputarse como contribución de la UE cuando se fije el importe del noveno FED (2000-2005) o utilizarse al margen del marco del Convenio de Lomé revisado (Kosovo, alivio de la deuda de los países más pobres, etc.);

44. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente resolución al Consejo ACP-UE y a la Comisión.

(1) Aprobada por la Asamblea Paritaria ACP-UE el 14 de octubre de 1999 en Nassau (Bahamas).

(2) AP/2688/def.