Resolución [1]

sobre las catástrofes naturales en los países ACP: Financiación de la UE para la preparación de cara a las catástrofes (fondos FED) y la ayuda (fondos ECHO)

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,

- Reunida en Kigali (Ruanda) del 19 al 22 de noviembre de 2007,

- Visto el apartado 2 del artículo 17 de su Reglamento,

- Visto el Acuerdo de Cotonú y, especialmente, sus artículos 30 (cooperación regional) y 32 (medio ambiente y recursos naturales),

- Vista la Nueva Estrategia de Cooperación para el Desarrollo Africano (NEPAD),

- Vista la Decisión sobre cambio climático y desarrollo y la Decisión sobre la aplicación de la iniciativa relativa a la "muralla verde" del Sáhara, adoptada por la Asamblea de la UA durante su reunión de los días 29 y 30 de enero de 2007,

- Vista la Decisión no 3 de la 79a Reunión del Consejo de Ministros de la ACP, celebrada en Gaborone (Botsuana) los días 4 y 5 de mayo de 2004, en la que se hizo hincapié en la necesidad de integrar las políticas de lucha contra la desertización y las cuestiones relativas a las tierras yermas con objeto de abordar asuntos fundamentales en materia de gestión sostenible, tales como la sequía, la deforestación y los recursos hídricos,

- Vista la Decisión no 3 3/LXXIX/04 de la 4a Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno ACP, celebrada en Maputo (Mozambique) los días 23 y 24 de junio de 2004, en la que se destacó la extrema vulnerabilidad de multitud de países, regiones y poblaciones ACP frente a las catástrofes naturales y los problemas medioambientales conexos y se alentó la consecución de un compromiso para apoyar iniciativas de índole anticipatoria destinadas a combatir tales problemas,

- Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo de 2007, en las que se destaca la importancia de lograr el objetivo estratégico de limitar el aumento mundial de la temperatura a no más de 2 °C por encima de los niveles preindustriales,

- Visto el acuerdo alcanzado por la UE, Canadá y Japón en la reunión del G8 celebrada en Heiligendamm en junio de 2007 de reducir como mínimo a la mitad el nivel mundial de emisiones de CO2 en 2050,

- Vistos los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), galardonado en 2007 con el premio Nobel de la Paz, y, en concreto, el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo de Trabajo II del IPCC titulado "Impactos, adaptación y vulnerabilidad",

- Visto el Informe de 2005 de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, en el que se estudian el uso y la degradación de muchos de los recursos naturales del planeta,

- Vista la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kyoto,

- Vistas la Agenda 21, la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo y la Declaración de principios sobre la gestión sostenible de los bosques, aprobadas por más de 178 Gobiernos durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro (Brasil) entre los días 3 y 14 de junio de 1992, cuyos principios se reafirmaron enérgicamente durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS) celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002,

- Vista la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, adoptada en París el 17 de junio de 1994, que entró en vigor el 26 de diciembre de 1996,

- Vistos el informe final de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales, celebrada de los días 18 a 22 de enero de 2005 y, en particular, el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres,

- Vistas la Resolución 57/256 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 2002, sobre la revisión de la Estrategia de Yokohama para un Mundo más Seguro: Directrices para la Prevención, Preparación y Mitigación de los Desastres y su Plan de Acción, y la Reunión Internacional de las Naciones Unidas "Barbados + 10" sobre Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) celebrada en Mauricio en enero de 2005,

- Vistas sus resoluciones anteriores sobre el cambio climático y los pequeños Estados insulares en el contexto de la cooperación ACP-UE [2], aprobada el 1 de abril de 1999 en Estrasburgo, sobre los daños causados por los ciclones en el Pacífico, el océano Índico y el Caribe y la necesidad de dar una respuesta rápida a las catástrofes naturales [3], aprobada el 19 de febrero de 2004 en Addis Abeba, sobre los daños causados por los ciclones en la región del Caribe [4], aprobada el 25 de noviembre de 2004 en La Haya, y sobre las causas y las consecuencias de las catástrofes naturales [5], aprobada de 24 de noviembre de 2005 en Edimburgo,

- Visto el informe de su Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente (APP/3802/05),

A. Considerando que las catástrofes naturales y el agotamiento de los recursos naturales representan una grave amenaza para la reducción de la pobreza y la consecución de los ODM,

B. Considerando que la aportación de los países ACP a la causa del cambio climático es insignificante, pese a ser los que padecen las consecuencias con mayor rigor; que el cambio climático puede disminuir el ritmo del avance hacia el desarrollo sostenible, bien de manera directa, debido a la exposición a sus repercusiones negativas, bien de manera indirecta, a través del deterioro de su capacidad de adaptación,

C. Considerando que las repercusiones de las catástrofes naturales son particularmente perjudiciales para los países en desarrollo, ya que contrarrestan los efectos positivos de la cooperación al desarrollo, dificultan el crecimiento y la erradicación de la pobreza y ocasionan graves pérdidas de biodiversidad,

D. Considerando que los países ACP se enfrentan al desafío crucial de gestionar con eficacia las repercusiones a largo plazo de las catástrofes naturales mediante el desarrollo y el fortalecimiento de actividades de reducción del riesgo, gestión de catástrofes y recuperación frente a las mismas de ámbito nacional y regional,

E. Considerando que los países ACP prestan al mundo una amplia gama de servicios vinculados a los ecosistemas, sin recibir una compensación adecuada por ello,

F. Considerando que estudios recientes confirman que África es uno de los continentes más vulnerables a la variabilidad climática debido a las múltiples presiones que padece y a su baja capacidad de adaptación; que, según las proyecciones, entre 75 y 250 millones de africanos estarán expuestos en 2020 a un aumento de la escasez de agua debido al cambio climático; que la producción agrícola, la pesca y el acceso a los alimentos también se verán gravemente afectados, según las proyecciones,

G. Considerando que, según las proyecciones, el cambio climático habrá ocasionado en 2050 una reducción de los recursos hídricos tal que éstos no bastarán para satisfacer la demanda en muchos pequeños Estados insulares situados, por ejemplo, en el Caribe, en el Océano Índico y en el Océano Pacífico, especialmente vulnerables a la subida del nivel del mar y a las catástrofes naturales,

H. Considerando que, según las proyecciones, a finales del siglo XXI la subida del nivel del mar afectará a las zonas costeras de baja altitud que albergan grandes cantidades de población y que se prevé que esta subida favorecerá las inundaciones, la formación de tormentas, la erosión y otros peligros vinculados al litoral, lo que repercutirá en los recursos locales y en el turismo y supondrá una amenaza para las zonas pobladas, sus servicios y sus infraestructuras vitales,

I. Considerando que las presiones no vinculadas al clima pueden aumentar la vulnerabilidad frente al cambio climático y las catástrofes naturales al reducir la resistencia, y que asimismo pueden mermar la capacidad de adaptación y los efectos de las políticas de prevención y mitigación debido a los recursos que habrá que destinar para satisfacer otras necesidades,

J. Considerando que ciertos planes de fomento de la sostenibilidad y de reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y las catástrofes naturales han incluido la promoción de la capacidad de adaptación,

K. Considerando que la reducción de los riesgos de catástrofes naturales es, fundamentalmente, una responsabilidad nacional y que es necesario fortalecer la cooperación y la asociación a escala regional e internacional,

L. Considerando que las cuestiones medioambientales, la preparación frente a catástrofes, la prevención de las mismas y la mitigación del cambio climático no se integran en todos los programas comunitarios de ayuda y en sus instrumentos conexos, pese a su importancia para todos los países,

M. Considerando que las políticas de fomento de la seguridad energética y otros esfuerzos de mitigación emprendidos a lo largo de las próximas décadas tendrán importantes repercusiones en las oportunidades de reducir los niveles de estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero,

N. Considerando que, hasta la fecha, los flujos económicos hacia los países en desarrollo a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y la ayuda al desarrollo destinada a la transferencia de tecnología han sido limitados y se han distribuido geográficamente de manera desigual,

O. Considerando que potenciar la sostenibilidad del desarrollo mediante la modificación de las pautas de desarrollo puede representar una aportación fundamental a la mitigación del cambio climático, pero que su aplicación puede precisar recursos para superar múltiples barreras,

1. Hace hincapié en la amenaza que suponen las catástrofes naturales y el cambio climático para el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la consecución de los ODM; destaca asimismo la importancia del ODM número 7 de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

2. Subraya el número y la frecuencia crecientes de las catástrofes naturales, sus repercusiones devastadoras y la especial vulnerabilidad de los pobres en tales situaciones; destaca la dificultad cada vez mayor de distinguir entre las catástrofes naturales y las ocasionadas por el hombre, cuando los riesgos no sólo los determinan los peligros naturales sino, asimismo, la actividad humana y la falta de planificación;

3. Destaca la necesidad de ofrecer una respuesta global al problema de las catástrofes naturales en los países ACP, en la que los países industrializados asuman su responsabilidad y tomen la iniciativa en la lucha contra los efectos de los gases de efecto invernadero, que han contribuido al cambio climático;

4. Pide a los gobiernos y parlamentos de la ACP y la UE que velen por que la explotación de los recursos naturales no ocasione importantes desequilibrios ecológicos; en ese sentido, señala con preocupación que la tala excesiva e ilegal puede conducir a la desertización y a otros cambios climáticos contra los que se debería actuar adoptando políticas forestales responsables y eficaces, medidas de reforestación adecuadas y prácticas agrícolas sostenibles; pide a las empresas que explotan los recursos naturales que cumplan las normas y los reglamentos medioambientales;

5. Señala las consecuencias y las dificultades que entraña el cambio climático, a saber, unas condiciones meteorológicas extremas y una disminución de los recursos naturales que tendrán graves repercusiones para el desarrollo y la seguridad, tales como un aumento de la vulnerabilidad, la aparición de conflictos en relación con los recursos naturales y el aumento de la migración ocasionada por las catástrofes; destaca, por consiguiente, la necesidad de que la reducción del riesgo de catástrofes (RRC) se ocupe de la mitigación del cambio climático y de la adaptación al mismo;

6. Señala que las catástrofes naturales pueden ocasionar movimientos poblacionales en gran escala y reconoce que, aunque la RRC es, sobre todo, una responsabilidad nacional, corresponde a los gobiernos de la ACP y de la UE mostrar solidaridad con los países afectados;

7. Hace hincapié en las advertencias de la OMS sobre el riesgo extremadamente elevado que representa el calentamiento global para los países del Sur, sobre todo en lo que respecta a la malaria y a los problemas de visión, e insta a que se actúe en apoyo de las medidas encaminadas a prevenir, subsanar y gestionar la propagación de tales problemas sanitarios;

8. Pide que se elabore una estrategia sujeta a plazos para integrar la reducción de catástrofes, la preparación frente a éstas y las estrategias en materia de cambio climático en todos los planes de desarrollo nacionales, la política de desarrollo de la UE y la ayuda humanitaria; destaca que tales estrategias deberían fomentar las acciones emprendidas por la sociedad civil, las comunidades y las autoridades locales en el marco de un planteamiento a largo plazo de reducción de la vulnerabilidad frente a las catástrofes;

9. Pide a los Estados miembros de la UE que apoyen a los países ACP en la elaboración de políticas de reducción de riesgo orientadas a la población, planes en materia de cambio climático y de anticipación a crisis que incluyan estrategias de mitigación y adaptación, sistemas de alerta temprana, estrategias de preparación y evacuación, zonas de seguridad de emergencia, regímenes de aseguración y financiación de recursos humanitarios de distribución rápida; pide asimismo a los países ACP que garanticen que tales acciones constituyan una prioridad nacional y local y que se doten de una sólida base institucional para su ejecución y para la consideración de las necesidades de los grupos vulnerables;

10. Pide a la UE que aumente al menos en un 10 % la cuantía de los créditos destinados a los presupuestos de ayuda humanitaria para la reducción de los riesgos de catástrofe y que incremente de manera significativa los recursos destinados a la RRC, la mitigación del cambio climático y la adaptación a éste en los presupuestos de desarrollo y ayuda, sin que ello menoscabe otras iniciativas emprendidas, en concreto, en el ámbito de la sanidad y la educación básicas;

11. Destaca que los países y regiones ACP exigen el apoyo de la comunidad internacional, el cual es necesario para mejorar su capacidad nacional y regional de mitigación de catástrofes, preparación y alerta temprana, aumentar la sensibilización de la opinión pública frente la reducción del riesgo de catástrofes y su predicción y responder ante situaciones de emergencia;

12. Lamenta la escasez de fondos asignados al Instrumento UE-ACP de respuesta ante las catástrofes naturales, no obstante el aumento de las necesidades, si bien se congratula de su creación; pide a la UE que asigne más fondos al Instrumento con cargo al 10o FED y a otras líneas presupuestarias de la UE, con el fin de prestar asistencia a los países y regiones ACP en la creación de capacidades en materia de RRC y de ayuda de emergencia, rehabilitación y desarrollo y financiar la mejora de los sistemas de alerta temprana y respuesta rápida;

13. Insta a la Comisión Europea, por tanto, a que, en el marco del 10o FED, siga apoyando el Instrumento UE-ACP de respuesta ante las catástrofes naturales y a que aumente su ámbito de aplicación asignándole al menos 250 millones de euros procedentes de los fondos destinados a la cooperación en el seno de la ACP, dedicando una parte de los fondos de la "reserva" propuesta para prestar asistencia a las regiones y los países ACP, sobre todo a los pequeños Estados insulares ACP, a la aplicación exhaustiva de un programa de preparación y gestión de catástrofes naturales que comprenda todos los países ACP y a la reconstrucción posterior a una catástrofe;

14. Cree que el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) debe contar con una financiación suficiente para asistir a los países en desarrollo en la adaptación al cambio climático y la mitigación de los efectos del mismo; hace hincapié, al respecto, en la importancia de la creación de capacidades, la prevención de catástrofes, la educación, las infraestructuras operativas y el acceso a los medicamentos y señala la necesidad de crear capacidades en materia de ciencia, evaluación de impacto y adaptación, pronóstico de riesgos y elaboración de proyectos en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL);

15. Destaca la necesidad de aumentar la financiación del desarrollo de los recursos humanos pertinentes para la prevención, preparación, mitigación y gestión de catástrofes y para la adaptación al cambio climático, así como la necesidad de fortalecer la cooperación Sur-Sur en tales ámbitos;

16. Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE que adopten todas las medidas necesarias para acelerar al máximo la movilización de la ayuda financiera adecuada en casos de emergencia y de la ayuda humanitaria;

17. Destaca la necesidad de actualizar constantemente los perfiles medioambientales de los países ACP y de integrar las cuestiones medioambientales en los documentos estratégicos nacionales, los documentos estratégicos regionales y los programas temáticos; destaca la importancia de asociar a los Parlamentos nacionales y a la sociedad civil en dicho proceso;

18. Cree que la política de desarrollo no se puede disociar de la medioambiental y de otras políticas y pide que se aplique un planteamiento global de la política de desarrollo sostenible que integre la dimensión medioambiental en los documentos estratégicos nacionales y regionales de la ACP, así como en todos los programas y proyectos en materia de desarrollo;

19. Pide que la Alianza Mundial sobre el Cambio Climático (AMCC) se convierta en un instrumento clave en la gestión de la prevención de catástrofes y la preparación frente a las mismas, así como en la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo;

20. Insta a los Gobiernos ACP que elaboren planes de emergencia e intervención previa a las crisis que incluyan estrategias de evacuación, zonas seguras de emergencia, regímenes de seguros y financiación de recursos humanitarios para una rápida distribución;

21. Destaca la necesidad de contar con una estrategia mundial en materia de catástrofes naturales y cambio climático y pide a la comunidad internacional que se comprometa a desarrollar soluciones internacionales de progreso; pide, por tanto, que se entablen negociaciones en la Conferencia de las Naciones unidas sobre el Cambio Climático a propósito de un acuerdo mundial de gran alcance posterior a 2012 que se fundamente en el Protocolo de Kyoto y lo amplíe;

22. Insta a los países desarrollados a que destinen más recursos a los mecanismos de financiación existentes con arreglo al Protocolo de Kyoto y a que procuren que la aportación de tales contribuciones sea obligatoria;

23. Pide que se pongan en común las mejores prácticas, que se transfiera tecnología y que se fomente la sensibilización, en particular en lo que respecta a la planificación para la ordenación del territorio, la construcción en zonas de riesgo, la construcción segura y la protección de las instalaciones sensibles;

24. Pide que se mejore la cooperación regional e internacional con el fin de facilitar la puesta en común de tecnologías de información y comunicación (TIC) y que se sigan financiando soluciones de baja tecnología tales como la radio en zonas rurales y remotas;

25. Pide a los países ACP que alcancen acuerdos regionales para la gestión de las cuencas fluviales y que adopten medidas coordinadas en materia de recursos hídricos y pesqueros;

26. Señala que el uso de energías renovables, como la solar, la eólica y la obtenida a partir de la biomasa, reduciría la dependencia del petróleo de los países ACP; pide a la UE y a sus Estados miembros que transfieran la tecnología pertinente y que proporcionen una financiación adecuada; insta a la Comisión Europea a que revise los criterios de acceso a los recursos de las iniciativas en materia de energía y agua en el marco del 10o FED con objeto de incluir criterios de fomento del medio ambiente, vulnerabilidad e insularidad;

27. Pide a los países de la ACP y de la UE que fijen un objetivo específico en materia de uso de energías renovables y considera que la energía renovable debería situarse en el centro de los programas de cooperación al desarrollo ACP-UE en el marco del Acuerdo de Cotonú;

28. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACP-UE, a la Comisión Europea, a la Unión Africana y al Secretario General de las Naciones Unidas.

[1] Aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 22 de noviembre de 2007 en Kigali (Ruanda).

[2] DO C 271 de 24.9.1999, p. 30.

[3] DO C 120 de 30.4.2004, p. 44.

[4] DO C 80 de 1.4.2005, p. 36.

[5] DO C 136 de 9.6.2006, p. 22.

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