Resolución [1]

sobre las elecciones y los procesos electorales en los Estados ACP y de la Unión Europea

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,

- Reunida en Kigali (Ruanda) del 19 al 22 de noviembre de 2007,

- Visto el apartado 1 del artículo 17 de su Reglamento,

- Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (el "Acuerdo de Cotonú") [2], y modificado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 [3], y, en especial, sus artículos 8, 17, apartado 2, 20, 31, 33, 96 y 97,

- Reconociendo que un clima político que garantice la paz, la seguridad y la estabilidad, el respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de derecho y la buena gestión de los asuntos públicos, forma parte integrante del desarrollo a largo plazo (preámbulo del Acuerdo de Cotonú),

- Poniendo de relieve que, de conformidad con el artículo 9 del Acuerdo de Asociación ACP-UE, el "respeto del conjunto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluido el respeto de los derechos civiles fundamentales, la democracia basada en el Estado de derecho y una gestión transparente y responsable de los asuntos públicos forman parte integrante del desarrollo sostenible",

- Subrayando que, de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo de Asociación ACP-UE, "las Partes ejercerán una política activa, global e integrada de consolidación de la paz y prevención y resolución de los conflictos" basada en el principio de la apropiación, y que debe concentrarse, en particular, en el desarrollo de la capacidad regional,

- Vista su Resolución sobre el diálogo político ACP-UE (artículo 8 del Acuerdo de Cotonú), aprobada en su 8a sesión, celebrada en La Haya el 25 de noviembre de 2004,

- Vista su Resolución sobre la rehabilitación posconflicto en los países ACP, aprobada en su 9a sesión, celebrada en Bamako el 21 de abril de 2005,

- Vista su Resolución sobre el papel de los Parlamentos nacionales en la aplicación del Acuerdo de Asociación de Cotonú, aprobada en su 10a sesión, celebrada en Edimburgo el 24 de noviembre de 2005,

- Vista su Resolución sobre el papel de la integración regional en el fomento de la paz y la seguridad, aprobada en su 11a sesión, celebrada en Viena el 22 de junio de 2006,

- Vista la Resolución sobre la cooperación ACP-UE, la implicación en los procesos electorales en los países ACP y el papel de la Asamblea Paritaria (ACP-UE 2748/99/fin),

- Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre las misiones de apoyo y observación electoral de la UE (COM(2000) 0191),

- Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de abril de 2002, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — El papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países [4],

- Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2001, sobre la comunicación de la Comisión sobre las misiones de apoyo y observación electoral de la UE [5],

- Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo, de 31 de marzo de 2004, sobre la gobernanza en la política de desarrollo de la Unión Europea [6], y 6 de abril de 2006, sobre la eficacia de la ayuda y la corrupción en los países en desarrollo [7],

- Vistos la Declaración de principios para la observación internacional de elecciones y el Código de Conducta para los observadores internacionales de elecciones, de 24 de octubre de 2005, aprobados por el Parlamento Europeo el 16 de mayo de 2007,

- Vistos la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Constitutiva de la Unión Africana, la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los Pueblos y todos los instrumentos jurídicos internacionales y regionales pertinentes,

- Vista la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), que ha establecido un mecanismo para evaluar la actuación de los Gobiernos africanos en todos los sectores mediante el Mecanismo de evaluación inter pares africano (APRM),

- Vistos los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas y otros instrumentos jurídicos internacionales, que abogan por mecanismos de acción positiva intencionados, inmediatos y sostenibles para corregir los desequilibrios creados por la historia, la tradición o las costumbres que excluyen a las mujeres de la participación en la esfera pública,

- Vistos el artículo 21.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los compromisos de la OSCE, acordados en Copenhague en 1990,

- Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, promulgada en Niza el 7 de diciembre de 2000,

- Vista la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea una Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

- Vistos todos los acuerdos entre la Unión Europea y terceros países,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Políticos (ACP-UE 100.123/07/def.),

A. Considerando que el desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de derecho, así como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, constituyen un objetivo global de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y deben ser parte integrante de la política exterior de la Unión Europea,

B. Considerando que los esfuerzos para promover el respeto de los derechos humanos y la democracia como objetivos fundamentales de las políticas de relaciones exteriores de la UE fracasarán si no se da a los principios inherentes suficiente prioridad con respecto a los intereses relacionados con la seguridad, económicos y políticos,

C. Considerando que la reducción de la pobreza, el principal objetivo de la política de desarrollo de la Unión, requiere la existencia de una verdadera democracia participativa y de unos Gobiernos responsables y exentos de corrupción,

D. Considerando que la Asamblea Paritaria, que representa a los pueblos de los Estados ACP-UE, es un componente clave de las relaciones ACP-UE y puede contribuir esencialmente a la profundización de la dimensión política de la futura cooperación ACP-UE,

E. Considerando que el Acuerdo de Cotonú otorga un mandato a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE para promover procesos democráticos a través del diálogo y la consulta,

F. Considerando que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE constituye un foro único para el diálogo entre los parlamentarios ACP y de la UE, asimismo en materia de derechos humanos y democracia,

G. Considerando que la democracia a nivel político implica mucho más que el simple acto de emitir periódicamente un voto, y abarca la totalidad del proceso de participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones,

H. Considerando que el derecho a que los ciudadanos participen en la gestión de los asuntos públicos puede lograrse a través de una amplia gama de mecanismos políticos democráticos,

I. Consciente de la necesidad de consolidar las capacidades de los parlamentos de los países en desarrollo para que puedan ejercer de manera efectiva sus competencias de control ejecutivo y de autoridad presupuestaria,

J. Reconociendo la vital importancia de la participación de los agentes no estatales y la sociedad civil para el funcionamiento de la democracia, así como del papel que las iglesias y las comunidades o las organizaciones religiosas, los líderes comunitarios tradicionales y la sociedad civil, en forma de ONG y foros nacionales, podrían desempeñar a la hora de promover la paz o de proporcionar mediación mediante la creación de oportunidades para debatir y resolver las diferencias,

K. Considerando que la libertad de los medios de comunicación es uno de los elementos esenciales de unas elecciones democráticas, ya que los ciudadanos tienen derecho a ser informados sobre las distintas opiniones políticas, debiendo tener todas las fuerzas políticas democráticas, así como los candidatos, libre acceso a los medios de comunicación,

L. Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que todos los ciudadanos deben disfrutar del derecho a elegir a representantes libremente escogidos mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto, que constituye un elemento esencial de la democracia y el Estado de derecho, con el que están comprometidos la Unión Europea y los estados ACP en virtud de sus distintas obligaciones legales,

M. Considerando que la Unión Europea debería desempeñar un papel clave a la hora de ayudar a los Estados ACP, de hacer valer los derechos humanos y la democracia, de alentar la promoción de estos derechos a través de su acción exterior y de responder de forma rápida y efectiva en caso de violaciones graves y persistentes de los derechos humanos,

N. Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres y la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones, tanto a nivel legislativo como ejecutivo, son elementos esenciales de la buena gobernanza,

O. Considerando que debe garantizarse y promoverse la universalidad, la individualidad y la indivisibilidad de los derechos humanos, que quiere decir no sólo derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos, sociales y culturales,

P. Considerando que el pluralismo político, la libertad de expresión, la igualdad de acceso a los medios de comunicación durante la campaña, el secreto de las votaciones y el respeto de los derechos fundamentales de los candidatos son elementos esenciales de unas elecciones democráticas, libres y justas,

Q. Reconociendo que el proceso electoral es crucial para determinar en qué medida se respetan los principios clave del pluralismo político, lo que requiere, por lo tanto, que los países organicen las elecciones de conformidad con unas normas reconocidas a nivel internacional y regional,

R. Considerando que la observación y la asistencia electorales son elementos clave de la estrategia global de la UE para el respeto de los derechos humanos, la consolidación de la democracia y del Estado de derecho y el fomento del desarrollo en sus relaciones con los países en desarrollo,

S. Considerando que el fomento de la democracia a través de la asistencia electoral debe basarse en la observación previa del entorno político del país en cuestión, y que el control de las elecciones debe formar parte de un proceso continuo de observaciones y de apoyo a la democratización,

T. Considerando que la observación de elecciones, en particular por parte de parlamentarios democráticamente elegidos, es vital para reforzar la legitimidad del proceso electoral, aumentar la confianza pública en las elecciones, evitar el fraude electoral, mejorar la protección de los derechos humanos y contribuir a la solución de conflictos,

U. Considerando que unas delegaciones y unas misiones de observación de las elecciones ACP-UE constituidas de manera uniforme pueden contribuir al mismo tiempo a calmar situaciones críticas en los países en cuestión,

V. Considerando que el Parlamento Europeo debería asumir un papel preponderante en el control electoral de la UE, dada su legitimidad democrática y su experiencia específica, y que ello acrecentaría el perfil político de dichas misiones,

W. Profundamente preocupado por el hecho de que muchos estados ACP inestables que se encuentran en transición de una situación de conflicto a la democracia, con una capacidad institucional limitada para celebrar elecciones libres, justas y seguras, puedan revertir fácilmente a la situación de conflicto si no cuentan con el respaldo de fuerzas de pacificación electoral para salvaguardar las elecciones y los procesos electorales,

X. Preocupada asimismo por el hecho de que la presencia de fuerzas de seguridad armadas delante de los colegios electorales, así como la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre y la militarización de los ciudadanos en varios países ACP incrementan el riesgo de intimidación, acoso y brotes de violencia durante las elecciones, lo que dificulta que muchas personas puedan votar,

Y. Considerando que la participación de las mujeres como agentes de procesos democráticos en la toma de decisiones en el marco de la cooperación ACP-UE es insatisfactoria y requiere medidas especiales para corregir esos desequilibrios,

Z. Consciente de que estados ACP-UE como Ruanda, Suecia, Sudáfrica y Uganda, entre otros, que han logrado una representación femenina del 30 % en los Parlamentos nacionales, lo han hecho mediante la institucionalización de distintas formas de acción positiva en favor de las mujeres,

AA. Convencido de que es extremamente necesario institucionalizar la educación cívica, la formación y la concienciación pública de los candidatos, los votantes y el personal electoral,

AB. Considerando que es necesario que los gobiernos nacionales establezcan financiación pública para los partidos políticos a fin de evitar que dependan de influencias externas y de impedir que aquellos partidos que dependan de fuentes externas puedan ejercer influencia a favor de su interés específico en dichos países y fomentar la corrupción,

AC. Reconociendo que el establecimiento y el respaldo de marcos institucionales para promover la democracia, la buena gobernanza, la paz y la seguridad, la rendición de cuentas y los derechos humanos son esenciales para potenciar las elecciones y los procesos electorales libres y justos,

AD. Señalando que en varios países ACP se impide de diversas maneras a los partidos de la oposición actuar libremente por lo que se refiere a captar miembros y a ejercer sus derechos de libertad de asamblea, asociación y expresión,

Prácticas y principios democráticos

1. Invita a todos los Estados a reconocer la importancia de unas elecciones libres, igualitarias y secretas como uno de los postulados para garantizar la democracia y a entender que unas elecciones libres y justas y unas instituciones nacionales legítimas son un requisito previo para la democracia, pero no garantizan la gobernanza democrática;

2. Afirma que hay normas y principios democráticos universales recogidos en los instrumentos jurídicos internacionales y regionales que deben constituir un principio de orientación al que deben ajustarse los países mientras establecen instituciones y marcos democráticos;

3. Exhorta a los gobiernos en ejercicio a garantizar una competencia justa entre los partidos y grupos políticos, de modo que las elecciones puedan cumplir con las normas internacionales, y subraya la necesidad de evitar cualquier modificación tardía del sistema electoral, tal como cambiar el proceso o eliminar a votantes del censo;

4. Respalda el que los Estados empleen un sistema político — ya sea pluralidad/mayoría, representación proporcional o una mezcla — que refleje su entorno histórico y cultural y aborde los principios fundamentales de participación de todos los ciudadanos en la gobernanza democrática;

5. Respalda el que los estados empleen un modelo de gestión electoral cimentado en un modelo independiente que reconozca el desarrollo histórico y cultural del estado en cuestión y pueda garantizar unas elecciones libres y justas; y subraya que dicho organismo de gestión electoral no debe tener un sesgo gubernamental y debe emplear a funcionarios independientes y neutrales;

6. Destaca que lo más importante en la preparación de unas elecciones es, por una parte, evitar el mal uso del derecho electoral y el fraude electoral y, por otra, asegurar la inclusión de todos los electores en las listas electorales con una carga administrativa aceptable y mediante un procedimiento lo más sencillo, comprensible y menos costoso posible;

7. Destaca que lo más importante en la preparación de unas elecciones es, por una parte, garantizar una votación sin obstáculos ni represiones y, por otra, evitar que se produzcan manipulaciones en el recuento de votos, así como asegurar que en todas las fases se pueda acceder de forma transparente y pública a los resultados;

8. Destaca que las medidas soberanas y las medidas de terceros que se adoptan deliberadamente con la intención de influir en la preparación, ejecución o el desarrollo posterior de unas elecciones o de falsificar su resultado deben ser objeto de sanciones penales adecuadas;

9. Exhorta a todos los Estados a seguir consolidando el papel de las mujeres en la arena política, como votantes y como candidatas, a través de incentivos voluntarios o constitucionales para que las mujeres se presenten como candidatas;

10. Insta a los gobiernos a establecer un régimen jurídico que deje margen para unos medios de comunicación independientes, libres y equilibrados, asegurándose de que el estado no tenga una posición monopolista o dominante y fomentando unos medios de comunicación privados y amplios que no estén dominados por un grupo o individuo;

11. Insta a los responsables políticos a que velen por que en los medios de comunicación de masas, en particular en la televisión y, sobre todo, en la radio, ya que a través de la radio se puede llegar también a la población analfabeta y a los habitantes de regiones alejadas, se difunda información objetiva sobre las elecciones, por ejemplo sobre los procedimientos de inscripción, sistemas electorales, horarios de los colegios electorales, partidos o candidatos en liza, etcétera; considera que es asimismo importante difundir esta información también en las lenguas locales y regionales;

12. Invita a todos los gobiernos a reconocer los estándares internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los relacionados con la libertad de expresión y de asamblea y con el fomento de los derechos de la oposición a participar de forma significativa en los procesos electorales;

13. Insta a todos los Estados a prever un trato equitativo y la igualdad política de los ciudadanos (sobre todo aquellos grupos que hayan sido tradicionalmente marginados o las minorías) y a proporcionar una formación totalmente exhaustiva y universal en relación con las elecciones;

14. Exhorta a todos los estados a establecer unos mecanismos jurídicos que salvaguarden la participación efectiva de la oposición y les permita movilizarse y vender sus alternativas políticas libremente para estimular la competencia política;

Democracia y buena gobernanza

15. Insta a los estados ACP-UE a establecer políticas nacionales basadas en el respeto de los valores, principios y normas de la democracia y los derechos humanos y destinadas a desarrollar el Estado de derecho, garantizar la transparencia de los procesos electorales, consolidar la eficiencia de los servicios jurídicos y de seguridad y luchar contra las políticas discriminatorias de exclusión y violencia durante las elecciones;

16. Invita a los estados ACP-UE a integrar las cuestiones de género en las políticas nacionales mediante la introducción de disposiciones legislativas destinadas a afianzar las medidas positivas en favor de las mujeres (cuotas), así como a asegurarse de que dichos mecanismos de acción positiva sean capaces de garantizar una representación mínima de mujeres en puestos de toma de decisiones del 30 %;

17. Invita a los Estados a asegurarse de que las leyes sobre partidos políticos aborden la importancia de la inclusión en igualdad de condiciones de las mujeres en las listas electorales de los partidos, así como que promuevan la democracia interna en dichos partidos mediante normas claras y que a las mujeres que no tienen una buena posición económica les presten un apoyo especial en las campañas electorales a fin de que puedan hacer su campaña como los candidatos masculinos, por lo general mejor situados económicamente;

18. Alienta a los Estados a establecer un organismo electoral independiente desde el punto de vista constitucional que no esté sujeto a la dirección y el control de ninguna autoridad y que sea responsable de organizar, llevar a cabo y supervisar las elecciones; demarcar las circunscripciones electorales; recabar, mantener, revisar y actualizar el censo electoral; recibir las denuncias relacionadas con las elecciones que surjan antes y durante las mismas y dictaminar al respecto, y formular y llevar a cabo programas de educación electoral de los votantes, entre otras funciones;

19. Exhorta a los Estados ACP a castigar severamente el uso indebido de fondos de las campañas electorales, las promesas deshonestas y los regalos de promoción destinados a influir de forma masiva en el voto, la compra de votos, las amenazas de recurrir a la violencia en caso de votación controvertida y el fraude electoral;

20. Invita a los países ACP a establecer un marco nacional para financiar a todos los partidos políticos, basado en la representación proporcional de los partidos en la asamblea nacional, como se hace en Sudáfrica, Namibia y Seychelles, y alienta también a los países ACP a prohibir la financiación externa de los partidos políticos;

Importancia del ciclo electoral

21. Subraya que unas elecciones no pueden tener éxito si no se presta una atención suficiente a las tres etapas del proceso electoral — el período pre-electoral, el período electoral y el período post-electoral — ya que, a su manera, cada una de ellas es decisiva y debe reconocerse como tal;

22. Insta a todos los estados a dedicarse a la preparación plena de las elecciones a través de un organismo de gestión electoral que mejore la libertad de expresión, así como la libertad de los partidos para movilizarse y captar miembros;

23. Aboga por un censo electoral transparente, que incluya a todos los ciudadanos y prevea la educación a gran escala de los votantes; y pide que las listas del censo estén disponibles a su debido tiempo, de modo que todos los ciudadanos sean conscientes de su inclusión en el censo y de que haya suficiente tiempo para impugnarlas antes de que los ciudadanos depositen su voto;

24. Invita a los organismos de gestión electoral a hacer todo lo posible para garantizar unas elecciones justas y seguras a través de la accesibilidad total a los colegios electorales y de la transparencia en el recuento y en la tabulación de los resultados;

25. Exhorta a los candidatos y a los partidos a hacer todo lo que esté en su mano para prevenir la violencia y la intimidación en las elecciones;

26. Subraya la necesidad de que los observadores de elecciones sigan el Código de Conducta para los observadores internacionales de elecciones (suscrito por las Naciones Unidas en octubre de 2005) y de que sus recomendaciones sean tenidas firmemente en cuenta por los estados que soliciten la observación de elecciones;

27. Insta a todos los Estados a que doten a los procesos electorales de normas destinadas a alcanzar la máxima transparencia, lo que incluye la participación de observadores nacionales neutrales procedentes de organizaciones de la sociedad civil que, mediante un proceso de acreditación, estén facultados para acceder a todos los colegios electorales y presenciar todo el proceso electoral, desde la apertura de los colegios hasta el final del recuento de votos, y que emitan una valoración sobre su desarrollo, debiéndose comprometer a observar una estricta neutralidad política;

28. Insta a los Estados a que también faciliten libre acceso a los colegios electorales, desde su apertura al cierre y el término del recuento de votos, a los representantes acreditados de los partidos, que deberán observar una actitud estrictamente neutral y no hacer ningún tipo de propaganda en favor de sus partidos; reafirma su constatación de que la observación crítica por parte de las fuerzas políticas en liza limita considerablemente el riesgo de abusos y fraudes;

29. Destaca la necesidad de designar observadores electorales en la APP, que representen de forma paritaria a las partes ACP y UE, y de enviarlos a todos los países ACP en los que la Unión Europea se ha comprometido a apoyar los procesos democráticos, y hace hincapié en la importancia de enviar estas delegaciones de observación de elecciones a diferentes ciudades y regiones, a fin de obtener una imagen lo más detallada posible de los hechos;

30. Considera absolutamente necesario que se informe a los observadores electorales sobre el país de que se trate, así como sobre su situación política y social, que viajen al país con tiempo suficiente para informarse in situ y conocer la zona en que van a trabajar y que permanezcan ahí hasta que el desenlace de las elecciones esté próximo, ya que sólo entonces es posible emitir un juicio fiable;

31. Insta a que la totalidad del Derecho electoral nacional permita la compensación y las denuncias sobre las elecciones, que deberán ser abordadas por mecanismos efectivos a través de una judicatura independiente, y a que se reconozca la importancia del período post-electoral;

32. Aboga por el apoyo post-electoral de un gobierno que sea elegido en unas elecciones legítimas que cumplan con las normas internacionales y regionales, y pide que se adopte una postura firme contra los gobiernos que no sean el resultado de unas elecciones libres y justas;

33. Invita a la comunidad internacional de donantes y, en especial, a la Comisión Europea a organizar asistencia post-electoral para consolidar las instituciones democráticas recientemente elegidas, las organizaciones de la sociedad civil y las ANS, en especial para supervisar la aplicación de la democracia en el país;

Paz y seguridad

34. Invita a los Estados ACP-UE a asegurarse de que el desarme, la desmovilización y la reintegración de los excombatientes y las milicias reciban la máxima prioridad en todos los programas de reconstrucción posconflicto a fin de asegurarse de que el período que conduce a reformas democráticas para la celebración de elecciones sea seguro y esté exento de violencia;

35. Invita a los Estados, y a los Estados ACP-UE en particular, a apoyar y a consolidar la aplicación y el seguimiento del Protocolo de Nairobi sobre armas ligeras y de pequeño calibre, a fin de asegurarse de que no se conviertan en armas utilizadas para intimidar a los opositores y a los votantes durante el período electoral;

36. Insta a los Estados ACP y de la UE a que establezcan mecanismos para garantizar el apoyo de los estados que surjan de conflictos, como la República Democrática del Congo, Ruanda, Sierra Leona y Liberia, mediante el despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz durante el período previo a las elecciones y después de las mismas, a fin de consolidar la paz y la seguridad mientras se efectúan reformas democráticas en dichos países;

Asociación ACP-UE

37. Invita a la UE a crear un punto para centralizar y coordinar el apoyo a la democratización, así como la asistencia electoral y la observación de elecciones; e insta a la UE a hablar con una sola voz por lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con la democracia y las elecciones;

38. Recomienda que las tres instituciones de la UE tengan conjuntamente papeles definidos y complementarios en el ámbito de la democracia, la asistencia electoral y la observación de elecciones que puedan maximizar la eficiencia y la capacidad de la UE;

39. Reconoce la importancia de la democracia en la prevención de conflictos (violentos) y para el éxito del desarrollo económico a largo plazo;

40. Reconoce la labor realizada por la Comisión Europea en el proceso de observación de elecciones, y subraya el importante papel desempeñado por los miembros del PE en las delegaciones de observación de elecciones de la UE, y expresa la voluntad de continuar la buena cooperación ya establecida;

41. Subraya la importancia de una coherencia clara en la política de la CE relativa a los procesos electorales, que aporte continuidad y armonización a la observación de elecciones y a la asistencia electoral para asegurar el respeto del ciclo electoral;

42. Invita a los Estados miembros de la UE y a los países ACP a trabajar en colaboración y a aumentar la cooperación en el ámbito del desarrollo democrático y de los procesos electorales; y recomienda que se lleven a cabo más misiones conjuntas ACP-UE, especialmente en el ámbito de la democratización;

43. Insta a la UE y a los Estados ACP a respaldar la colaboración con otras organizaciones internacionales, agentes no estatales, ONG, la sociedad civil, las autoridades locales y los movimientos de base para mejorar o solidificar el apoyo a la gobernanza democrática;

44. Invita a los estados a consagrarse al desarrollo de capacidades y a la formación para los administradores electorales y parlamentarios (así como a apoyar y a consolidar a los partidos políticos);

45. Exhorta al respeto y a la garantía de la igualdad de acceso al voto, así como de los derechos civiles y políticos de los grupos desfavorecidos y marginados, como las personas con discapacidad, las minorías étnicas y otras minorías y los desplazados;

Papel de la sociedad civil

46. Recomienda iniciativas de formación de alto nivel dirigidas a la sociedad civil, los Parlamentos nacionales, el Parlamento Panafricano y el personal de administración electoral, que deben ser llevadas a cabo por adelantado, de forma permanente y no justo antes del período electoral;

47. Insta a los Estados a apoyar un planteamiento sostenible para aumentar la capacidad nacional de administrar procesos electorales y de consolidar la democratización;

48. Insta a los Estados a observar los procesos electorales siempre que existan las condiciones necesarias para celebrar elecciones democráticas y que los países en cuestión soliciten dicha observación, como medio de asegurar que sean libres y justas, y a promover iniciativas de asistencia electoral a través de una mejor planificación y ejecución de las actividades;

49. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, a la Comisión de la Unión Africana, al Parlamento Panafricano y a los Parlamentos nacionales y regionales, a la Comisión Europea, a la Presidencia del Consejo y a la Unión Africana.

[1] Aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 22 de noviembre de 2007 en Kigali (Ruanda).

[2] DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.

[3] DO L 287 de 28.10.2005, p. 4.

[4] DO C 131 E de 5.6.2003, p. 147.

[5] DO C 343 de 5.12.2001, p. 270.

[6] DO C 103 E de 29.4.2004, p. 550.

[7] DO C 293 E de 2.12.2006, p. 316.

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