Artículo 66.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, requerirá la autorización previa de la Alta Autoridad toda operación que, en los territorios a que se refiere el párrafo primero del artículo 79, y como resultado de la acción de una persona o de una empresa, de un grupo de personas o de empresas, tenga por sí misma por efecto directo o indirecto una concentración de empresas, una de las cuales al menos quede sujeta a la aplicación del artículo 80, tanto si la operación se refiere a un mismo producto o a productos diferentes como si se efectúa mediante fusión, adquisición de acciones o de elementos del activo, préstamo, contrato o cualquier otro medio de control. Para la aplicación de las disposiciones precedentes, la Alta Autoridad determinará, mediante un reglamento adoptado previa consulta al Consejo, los elementos que constituyen el control de una empresa.

2. La Alta Autoridad otorgará la autorización mencionada en el apartado anterior si reconociere que la operación contemplada no conferirá a las personas o empresas interesadas, con respecto al producto o productos de su competencia, el poder:

- de determinar los precios, controlar o limitar la producción o la distribución u obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en una parte importante del mercado de tales productos;

- o de sustraerse a las normas sobre la competencia que resulten de la aplicación del presente Tratado, estableciendo, en particular, una posición artificialmente privilegiada, que implique una ventaja sustancial en el acceso a los abastecimientos o a los mercados.

En esta apreciación, y de acuerdo con el principio de no discriminación enunciado en la letra b) del artículo 4, la Alta Autoridad tendrá en cuanta la importancia de las empresas de la misma naturaleza que existan en la Comunidad, en la medida en que lo considere justificado para evitar o corregir las desventajas que resultan de una desigualdad en las condiciones de competencia.

La Alta Autoridad podrá subordinar la autorización a cualesquiera condiciones que estime apropiadas a los fines del presente apartado.

Antes de pronunciarse sobre una operación que afecte a empresas, una de las cuales al menos no esté sujeta a la aplicación del artículo 80, la Alta Autoridad recabará las observaciones del Gobierno interesado.

3. La Alta Autoridad eximirá de la obligación de autorización previa a aquellas categorías de operaciones que ella reconoce que, por la importancia de los activos o de las empresas a que se refieren, considerada en relación con la naturaleza de la concentración a que den lugar, deben reputarse que reúnen las condiciones requeridas en el apartado 2. El reglamento adoptado a tal fin, previo dictamen conforme del Consejo, determinará igualmente las condiciones a que quedará sujeta tal exención.

4. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 47 a las empresas sometidas a su jurisdicción, la Alta Autoridad podrá, bien mediante un reglamento adoptado previa consulta al Consejo, que defina la naturaleza de las operaciones que le deban ser comunicadas, bien por medio de una petición especial dirigida a los interesados en el marco de dicho reglamento, obtener de las personas físicas o jurídicas que hayan adquirido o reagrupado, o que deban adquirir o reagrupar, los derechos o activos de que se trate, cuantas informaciones sean necesarias para la aplicación del presente articulo relativas a aquellas operaciones que puedan producir el efecto contemplado en el apartado 1.

5. Si llegare a producirse una concentración, que la Alta Autoridad reconoce que ha sido efectuada infringiendo las disposiciones del apartado 1 pero que reúne, no obstante, las condiciones previstas en el apartado 2, supeditará la aprobación de esta concentración al pago, por parte de las personas que hayan adquirido o reagrupado los derechos o los activos de que se trate, de la multa prevista en el párrafo segundo del apartado 6, sin que el importe pueda ser inferior a la mitad del máximo previsto en dicho párrafo, en los casos en que resulte evidente que debía haberse solicitado la autorización. A falta de este pago, la Alta Autoridad aplicará las medidas previstas a continuación respecto de las concentraciones reconocidas como ilícitas.

Si llegare a producirse una concentración, que la Alta Autoridad reconoce que no puede satifacer las condiciones generales o particulares a las que se supeditaría una autorización de conformidad con el apartado 2, declarará mediante una decisión motivada, el carácter ilícito de tal concentración y, después de que los interesados hayan tenido la posibilidad de formular sus observaciones ordenará la separación de las empresas o de los activos indebidamente reunidos, o la cesación del control común, así como cualquier otra acción que estime apropiada para restablecer la explotación independiente de las empresas o de los activos de que se trate, y reintroducir las condiciones normales de competencia.

Toda persona directamente interesada podrá interponer recurso contra tales decisiones en las condiciones previstas en el artículo 33. No obstante lo dispuesto en dicho artículo, el Tribunal tendrá competencia plena para apreciar si la operación realizada tiene el carácter de una concentración con arreglo al apartado 1 del presente artículo y a los reglamentos adoptados en aplicación de dicho apartado. Este recurso tendrá efecto suspensivo. Sólo podrá interponerse una vez que se hayan ordenado las medidas antes mencionadas, salvo acuerdo otorgado por la Alta Autoridad para la interposición de un recurso distinto contra la decisión que declare ilícita la operación.

La Alta Autoridad podrá, en cualquier momento, y salvo eventual aplicación de las disposiciones del párrafo tercero del articulo 39, adoptar o promover las medidas cautelares que considere necesarias para proteger los interese de las empresas competidoras y de terceros, y para prevenir toda acción que pudiere obstaculizar la ejecución de sus decisiones. Salvo decisión en contrario del Tribunal, los recursos no suspenderán la aplicación de las medidas cautelares así adoptadas.

La Alta Autoridad concederá a los interesados, para ejecutar sus decisiones, un plazo razonable transcurrido el cual podrá imponer multas coercitivas diarias que no excedan de uno por mil del valor de los derechos o activos de que se trate.

Por otra parte, si los interesados no cumplieren con sus obligaciones, la Alta Autoridad adoptará medidas para la ejecución de sus propias decisiones y podrá, en especial, suspender, en las empresas sometidas a su jurisdicción, el ejercicio de los derechos inherentes a los activos irregularmente adquiridos, promover el nombramiento por la autoridad judicial de un depositario de estos activos, organizar su venta forzosa en condiciones que protejan los interés legítimos de sus propietarios y anular, con respecto a las personas físicas o jurídicas que hayan adquirido, a consecuencia de la operación ilícita, los derechos o activos de que se trate, los actos, decisiones, resoluciones o acuerdos de los órganos directivos de las empresas sometidas a un control irregularmente establecido.

La Alta Autoridad estará, además, facultada para dirigir a los Estados miembros interesados las recomendaciones necesarias a fin de conseguir, en el marco de las legislaciones nacionales la ejecución de las medidas previstas en los párrafos precedentes.

En el ejercicio de sus competencias, la Alta Autoridad tendrá en cuenta los derechos de terceros adquiridos de buenas fe.

6. La Alta Autoridad podrá imponer multas hasta el:

- 3 % del valor de los activos adquiridos o reagrupados, o que deban adquirirse o reagruparse, a las personas físicas o jurídicas que eludan las obligaciones previstas en el apartado 4;

- 10 % del valor de los activos adquiridos o reagrupados a las personas físicas o jurídicas que eludan las obligaciones previstas en el apartado 1; este máximo será elevado, transcurridos doce meses desde la realización de la operación, en una veinticuatroava parte por cada mes que transcurra hasta la declaración de la infracción por la Alta Autoridad;

- 10 % del valor de los activos adquiridos o reagrupados, o que deban adquiridos o reagruparse, a las personas físicas o jurídicas que hubieren obtenido o intentado obtener el beneficio previsto en el apartado 2 por medio de informaciones falsas o deformadas;

- 15 % del valor de los activos adquiridos o reagrupados a las empresas sometidas a su jurisdicción, que hubieren participado o hubieren estado dispuestas a participar en la realización de operaciones contrarias a las disposiciones del presente artículo.

Las personas que fueren objeto de las sanciones previstas en el presente apartado podrán interponer recurso ante el Tribunal, en las condiciones establecidas en el artículo 36.

7. Si la Alta Autoridad reconociere que empresas públicas o privadas, que tienen o adquieren, de hecho o de derecho, en el mercado de uno de los productos de su competencia, una posición dominante que las sustrae a una competencia efectiva en una parte importante del mercado común, utilizan tal posición para fines contrarios a los objetivos del presente Tratado, les dirigirá cuentas recomendaciones fueren apropiadas para conseguir que dicha posición no sea utilizada para estos fines. De no aplicarse satisfactoriamente, en un plazo razonable, dichas recomendaciones, la Alta Autoridad, por medio de decisiones tomadas consultando al Gobierno interesado, fijará los precios y condiciones de venta que deberá aplicar la empresa de que se trate, o establecerá programas de fabricación o programas de entrega que esta última deberá ejecutar, so pena de las sanciones previstas, respectivamente, en los artículos 58, 59 y 64.