TÍTULO II

TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA (1*)

SU MAJESTAD EL REY DE LOS BELGAS,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ITALIANA,

SU ALTEZA REAL LA GRAN DUQUESA DE LUXEMBURGO,

SU MAJESTAD LA REINA DE LOS PAÍSES BAJOS,

RESUELTOS a sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos,

DECIDIDOS a asegurar, mediante una acción común, el progreso económico y social de sus respectivos países, eliminando las barreras que dividen Europa,

FIJANDO como fin esencial de sus esfuerzos la constante mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus pueblos,

RECONOCIENDO que la eliminación de los obstáculos existentes exige una acción concertada para garantizar un desarrollo económico estable, un intercambio comercial equilibrado y una competencia leal,

PREOCUPADOS por reforzar la unidad de sus economías y asegurar su desarrollo armonioso, reduciendo las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas,

DESEOSOS de contribuir, mediante una política comercial común, a la progresiva supresión de las restricciones a los intercambios internacionales,

PRETENDIENDO reforzar la solidaridad de Europa con los países de ultramar y deseando asegurar el desarrollo de su prosperidad, de conformidad con los príncipios de la Carta de las Naciones Unidas,

RESUELTOS a consolidar, mediante la constitución de este conjunto de recursos, la defensa de la paz y la libertad e invitando a los demás pueblos de Europa que participan de dicho ideal a asociarse a su esfuerzo,

HAN DECIDIDO crear una Comunidad Europea y han designado con tal fin como plenipotenciarios:

SU MAJESTAD EL REY DE LOS BELGAS:

al señor Paul-Henri SPAAK,

Ministro de Asuntos Exteriores;

al baron J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS,

Secretario General del Ministerio de Asuntos Economicos, Presidente de la delegación belga en la Conferencia intergubernamental;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA:

al doctor Konrad ADENAUER,

Canciller Federal;

al profesor doctor Walter HALLSTEIN,

Secretario de Estado de Asuntos Exteriores;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA:

al señor Christian PINEAU,

Ministro de Asuntos Exteriores;

al señor Maurice FAURE,

Secretario de Estado de Asuntos Exteriores;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ITALIANA:

al señor Antonio SEGNI,

Presidente del Consejo de Ministros;

al profesor Gaetano MARTINO,

Ministro de Asuntos Exteriores;

SU ALTEZA REAL LA GRAN DUQUESA DE LUXEMBURGO:

al señor Joseph BECH,

Presidente del Gobierno, Ministro de Asuntos Exteriores;

al señor Lambert SCHAUS,

Embajador, Presidente de la delegación luxemburguesa en la Conferencia intergubernamental;

SU MAJESTAD LA REINA DE LOS PAÍSES BAJOS:

al señor Joseph LUNS,

Ministro de Asuntos Exteriores;

al señor J. LINTHORST HOMAN,

Presidente de la delegación neerlandesa en la Conferencia intergubernamental,

QUIENES, después de haber intercambiado sus plenos poderes, reconocidos en buena y debida forma, han convenido las disposiciones siguientes:

PRIMERA PARTE

PRINCIPIOS

Artículo 1

Por el presente Tratado, las Altas Partes Contratantes constituyen entre sí una Comunidad Europea.

Artículo 2 (2*)

La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas o acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 3 A, un desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el medio ambiente, un alto grado de convergencia de los resultados económicos, un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros.

Artículo 3 (3**)

Para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, la acción de la Comunidad implicará, en las condiciones y según el ritmo previstos en el presente Tratado:

a) la supresión, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana y de las restricciones cuantitativas a la entrada y salida de las mercancías, así como de cualesquiera otras medidas de efecto equivalente,

b) una política comercial común,

c) un mercado interior caracterizado por la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales,

d) medidas relativas a la entrada y circulación de personas en el mercado interior, conforme a las disposiciones del artículo 100 C,

e) una política común en los ámbitos de la agricultura y de la pesca,

f) una política común en el ámbito de los transportes,

g) un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior,

h) la aproximación de las legislaciones nacionales en la medida necesaria para el funcionamiento del mercado común,

i) una política en el ámbito social que incluya un Fondo Social Europeo,

j) el fortalecimiento de la cohesión económica y social,

k) una política en el ámbito del medio ambiente,

l) el fortalecimiento de la competitividad de la industria de la Comunidad,

m) el fomento de la investigación y del desarrollo tecnológico,

n) el fomento de la creación y del desarrollo de redes transeuropeas,

o) una contribución al logro de un alto nivel de protección de la salud,

p) una contribución a una enseñanza y a una formación de calidad, así como al desarrollo de las culturas de los Estados miembros,

q) una política en el ámbito de la cooperación al desarrollo,

r) la asociación de los países y territorios de Ultramar, a fin de incrementar los intercambios y continuar en común el esfuerzo por el desarrollo económico y social,

s) una contribución al fortalecimiento de la protección de los consumidores,

t) medidas en los ámbitos de la energía, de la protección civil y del turismo.

Artículo 3 A (4***)

1. Para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, la acción de los Estados miembros y de la Comunidad incluirá, en las condiciones y según el ritmo previstos en el presente Tratado, la adopción de una política económica que se basará en la estrecha coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, en el mercado interior y en la definición de objetivos comunes, y que se llevará a cabo de conformidad con el respeto al principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia.

2. Paralelamente, en las condiciones y según el ritmo y procedimientos previstos en el presente Tratado, dicha acción implicará la fijación irrevocable de tipos de cambio con vistas al establecimiento de una moneda única, el ecu, la definición y la aplicación de una política monetaria y de tipos de cambio única cuyo objetivo primordial sea mantener la estabilidad de precios y, sin perjuicio de dicho objetivo, el apoyo a la política económica general de la Comunidad, de conformidad con los principios de una economía de mercado abierta y de libre competencia.

3. Dichas acciones de los Estados miembros y de la Comunidad implican el respeto de los siguientes principios rectores: precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable.

Artículo 3 B (5*)

La Comunidad actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuye el presente Tratado y de los objetivos que éste le asigna.

En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario.

Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado.

Artículo 4 (6**)

1. La realización de las funciones asignadas a la Comunidad corresponderá a:

- un Parlamento Europeo,

- un Consejo,

- una Comisión,

- un Tribunal de Justicia,

- un Tribunal de Cuentas.

Cada institución actuará dentro de los límites de las competencias atribuidas por el presente Tratado.

2. El Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones, con funciones consultivas.

Artículo 4 A (7***)

Con arreglo a los procedimientos previstos en el presente Tratado, se crean un Sistema Europeo de Bancos Centrales, denominado en lo sucesivo «SEBC», y un Banco Central Europeo (denominado en lo sucesivo «BCE»), que actuarán dentro de los límites de las atribuciones que les confieren el presente Tratado y los Estatutos del SEBC y del BCE anejos, denominados en lo sucesivo «Estatutos del SEBC».

Artículo 4 B (8***)

Se crea un Banco Europeo de Inversiones que actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuyen el presente Tratado y los Estatutos anejos.

Artículo 5

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad. Facilitarán a esta última el cumplimiento de su misión.

Los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del presente Tratado.

Artículo 6 (9****)

En el ámbito de aplicación del presente Tratado, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en el mismo, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad.

El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 C, podrá establecer la regulación necesaria para prohibir dichas discriminaciones.

Artículo 7 (10*****)

1. El mercado común se establecerá progresivamente durante un periodo transitorio de doce años.

El período transitorio se dividirá en tres etapas, de cuatro años cada una, cuya duración podrá modificarse en las condiciones que a continuación se prevén.

2. A cada etapa se asignarán un conjunto de acciones que deberán emprenderse y realizarse conjuntamente.

3. El paso de la primera a la segunda etapa estará condicionado por la comprobación de que se han efectivamente alcanzado, en lo esencial, los objetivos específicamente establecidos en el presente Tratado para la primera etapa y que, sin perjuicio de las excepciones y procedimientos previstos en este Tratado, se han cumplido las obligaciones asumidas.

Dicha comprobación será efectuada, al finalizar el cuarto año, por el Consejo, que decidirá por unanimidad, previo informe de la Comisión. Sin embargo, ningún Estado miembro podrá impedir la unanimidad alegando el incumplimiento de sus propias obligaciones. A falta de unanimidad, la primera etapa será automáticamente prorrogada por un año.

Al finalizar el quinto año, el Consejo procederá a la comprobación en las mismas condiciones. A falta de unanimidad, la primera etapa se prorrogará automáticamente por otro año.

Al finalizar el sexto año, el Consejo efectuará la comprobación por mayoría cualificada y previo informe de la Comisión.

4. En el plazo de un mes a partir de esta última votación, cualquier Estado miembro que haya quedado en minoría o, si no se hubiere alcanzado la mayoría requerida, todo Estado miembro podrá pedir al Consejo la constitución de un órgano de arbitraje, cuya decisión vinculará a todos los Estados miembros e instituciones de la Comunidad. Este órgano de arbitraje estará compuesto por tres miembros designados por el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión.

A falta de designación por el Consejo en el plazo de un mes desde la presentación de la petición, los miembros del órgano de arbitraje serán nombrados por el Tribunal de Justicia, en el plazo de otro mes.

El órgano de arbitraje elegirá a su presidente.

Dicho órgano dictará su laudo en un plazo de seis meses desde la fecha de la votación del Consejo prevista en el último párrafo del apartado 3.

5. La segunda y tercera etapas sólo podrán prorrogarse o reducirse por una decisión del Consejo, tomada por unanimidad, a propuesta de la Comisión.

6. Las disposiciones de los apartados precedentes no podrán tener por efecto una duración del período transitorio superior a un total de quince años, a partir de la entrada en vigor del presente Tratado.

7. Salvo las excepciones o los supuestos de inaplicación previstos en el presente Tratado, la expiración del período transitorio constituirá la fecha límite para la entrada en vigor del conjunto de las normas previstas y la aplicación de las medidas necesarias para el establecimiento del mercado común.

Artículo 7 A

La Comunidad adoptará las medidas destinadas a establecer progresivamente el mercado interior en el transcurso de un período que terminará el 31 de diciembre de 1992, de conformidad con las disposiciones del presente artículo, de los artículos 7 B, 7 C y 28, del apartado 2 del artículo 57, del artículo 59, del apartado 1 del artículo 70 y de los artículos 84, 99, 100 A y 100 B y sin perjuicio de lo establecido en las demás disposiciones del presente Tratado.

El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado.

Artículo 7 B

La Comisión informará al Consejo antes del 31 de diciembre de 1988 y antes del 31 de diciembre de 1990 sobre el desarrollo de los trabajos encaminados a la realización del mercado interior en el plazo previsto en el artículo 7 A.

El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, definirá las orientaciones y condiciones necesarias para asegurar un progreso equilibrado en el conjunto de los sectores considerados.

Artículo 7 C

En el momento de formular sus propuestas encaminadas a la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 7 A, la Comisión tendrá en cuenta la importancia del esfuerzo que determinadas economías, que presenten un nivel de desarrollo diferente, tendrán que realizar durante el período de establecimiento del mercado interior, y podrá proponer las disposiciones adecuadas.

Si dichas disposiciones adoptaren la forma de excepciones, deberán tener carácter temporal y perturbar lo menos posible el funcionamiento del mercado común.

SEGUNDA PARTE (11*)

CIUDADANÍA DE LA UNIÓN

Artículo 8

1. Se crea una ciudadanía de la Unión.

Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro.

2. Los ciudadanos de la Unión serán titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos en el presente Tratado.

Artículo 8 A

1. Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el presente Tratado y en las disposiciones adoptadas para su aplicación.

2. El Consejo podrá adoptar disposiciones distinadas a facilitar el ejercicio de los derechos contemplados en el apartado anterior. Salvo disposición en contrario del presente Tratado, se pronunciará por unanimidad a propuesta de la Comisión y previo dictamen conforme del Parlamento Europeo.

Artículo 8 B

1. Todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Este derecho se ejercerá sin perjuicio de las modalidades que el Consejo deberá adoptar antes del 31 de diciembre de 1994, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo; dichas modalidades podrán establecer excepciones cuando así lo justifiquen problemas específicos de un Estado miembro.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 138 y en las normas adoptadas para su aplicación, todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Este derecho se ejercerá sin perjuicio de las modalidades que el Consejo deberá adoptar antes del 31 de diciembre de 1993, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo; dichas modalidades podrán establecer excepciones cuando así lo justifiquen problemas especícficos de un Estado miembro.

Artículo 8 C

Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de calquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Antes del 31 de diciembre de 1993, los Estados miembros establecerán entre sí las normas necesarias y entablarán las negociaciones internacionales requeridas para garantizar dicha protección.

Artículo 8 D

Todo ciudadano de la Unión tendra el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 D.

Todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse al Defensor del Pueblo instituido en virtud de lo dispuesto en el artículo 138 E.

Artículo 8 E

Antes del 31 de diciembre de 1993 y, posteriormente, cada tres años, la Comisión informará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social sobre la aplicación de las disposiciones de la presente parte. Dicho informe tendrá en cuenta el desarrollo de la Unión.

Sobre dicha base, y sin perjuicio de las restantes disposiciones del presente Tratado, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar disposiciones encaminadas a completar los derechos previstos en la presente parte y recomendar su adopción a los Estados miembros con arreglo a sus respectivas normas constitucionales.

TERCERA PARTE (12*)

POLÍTICAS DE LA COMUNIDAD

TÍTULO I

LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS

Artículo 9

1. La Comunidad se basará en una unión aduanera, que abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países.

2. Las disposiciones de la Sección primera del Capítulo 1 y las del Capítulo 2 del presente Título se aplicarán a los productos originarios de los Estados miembros y a los productos procedentes de terceros países que se encuentren en libre práctica en los Estados miembros.

Artículo 10

1. Se considerarán en libre práctica en un Estado miembro los productos procedentes de terceros países respecto de los cuales se hayan cumplido, en dicho Estado miembro, las formalidades de importación y percibido los derechos de aduana y cualesquiera otras exacciones de efecto equivalente exigibles, siempre que no se hubieren beneficiado de una devolución total o parcial de los mismos.

2. La Comisión, antes de finalizar el primer año a partir de la entrada en vigor del presente Tratado, determinará los métodos de cooperación administrativa para la aplicación del apartado 2 del artículo 9, teniendo en cuenta la necesidad de reducir en la mayor medida posible las formalidades impuestas al comercio.

Antes de finalizar el primer año a partir de la entrada en vigor del presente Tratado, la Comisión determinará las disposiciones aplicables, en lo que respecta al tráfico entre los Estados miembros, a las mercancías originarias de otro Estado miembro en cuya fabricación se hayan empleado productos que no hayan estado sujetos a los derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente que les eran aplicables en el Estado miembro exportador, o que se hayan beneficiado de una devolución total o parcial de los mismos.

Al adoptar tales disposiciones, la Comisión tendrá en cuenta las normas previstas para la supresión de los derechos de aduana dentro de la Comunidad y para la aplicación progresiva del arancel aduanero común.

Artículo 11

Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones apropiadas a fin de permitir a los Gobiernos el cumplimiento, en los plazos establecidos, de las obligaciones que les incumben, en materia de derechos de aduana, en virtud del presente Tratado.

Capítulo 1

Unión aduanera

Sección primera

Supresión de los derechos de aduana entre los Estados miembros

Artículo 12

Los Estados miembros se abstendrán de establecer entre sí nuevos derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente y de incrementar los que ya estén aplicando en sus relaciones comerciales recíprocas.

Artículo 13

1. Los derechos de aduana de importación, en vigor entre los Estados miembros, serán suprimidos progresivamente por éstos, durante el período transitorio, en las condiciones previstas en los artículos 14 y 15.

2. Las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana de importación, en vigor entre los Estados miembros, serán suprimidas progresivamente por éstos durante el período transitorio. La Comisión determinará, mediante directivas, el ritmo de tal supresión. Se inspirará en las normas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 14 y en las directivas adoptadas por el Consejo en aplicación del citado apartado 2.

Artículo 14

1. Para cada producto, el derecho de base sobre el cual se operarán las reducciones sucesivas será el derecho aplicado el 1 de enero de 1957.

2. El ritmo de las reducciones se determinará de la siguiente forma:

a) durante la primera etapa, la primera reducción se efectuará un año después de la entrada en vigor del presente Tratado; la segunda, dieciocho meses más tarde; la tercera, al final del cuarto año a partir de la entrada en vigor de este Tratado;

b) durante la segunda etapa, se efectuará una primera reducción diechiocho meses después del comienzo de dicha etapa; la segunda reducción se realizará dieciocho meses después de la anterior; un año más tarde se efectuará una tercera reducción;

c) las reducciones que queden por realizar se lleverán a cabo durante la tercera etapa. El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, determinará, mediante directivas, el ritmo de tales reducciones.

3. En la primera reducción, los Estados miembros aplicarán entre sí y para cada producto un derecho igual al derecho de base rebajado en un 10 %.

En cada reducción posterior, todo Estado miembro deberá disminuir el conjunto de sus derechos de forma que la recaudación aduanera total, tal como se define en el apartado 4, descienda un 10 %, teniendo en cuenta que la reducción por producto deberá ser al menos igual al 5 % del derecho de base.

No obstante, para los productos sobre los que subsista todavía un derecho superior al 30 %, cada reducción deberá ser al menos igual al 10 % del derecho de base.

4. En cada Estado miembro, la recaudación aduanera total a que se refiere el apartado 3 se calculará multiplicando los derechos de base por el valor de las importaciones procedentes de los demás Estados miembros durante el año 1956.

5. Los problemas particulares derivados de la aplicación de los apartados precedentes serán resueltos mediante directivas del Consejo, adoptadas por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión.

6. Los Estados miembros darán cuenta a la Comisión de la forma en que aplican las normas anteriores para la reducción de los derechos. Procurarán que la reducción de los derechos que recaen sobre cada producto alcance:

- al final de la primera etapa, un 25 % al menos del derecho de base;

- al final de la segunda etapa, un 50 % al menos del derecho de base.

La Comisión dirigirá a los Estados miembros las recomendaciones que considere apropiadas, si comprobare que existe el peligro de que no puedan alcanzarse los objetivos establecidos en el artículo 13 ni los porcentajes fijados en el presente apartado.

7. El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá modificar las disposiciones del presente artículo.

Artículo 15

1. Independientemente de lo dispuesto en el artículo 14, cualquier Estado miembro podrá suspender total o parcialmente, durante el período transitorio, la percepción de los derechos aplicados a los productos importados de los demás Estados miembros. Informará de ello a los demás Estados miembros y a la Comisión.

2. Los Estados miembros se declaran dispuestos a reducir sus derechos de aduana, respecto de los demás Estados miembros, a un ritmo más rápido del previsto en el artículo 14, si su situación económica general y la del sector afectado se lo permiten.

La Comisión dirigirá, a este fin, recomendaciones a los Estados miembros interesados.

Artículo 16

Los Estados miembros suprimirán entre sí, a más tardar, al finalizar la primera etapa, los derechos de aduana de exportación y las exacciones de efecto equivalente.

Artículo 17

1. Las disposiciones de los artículos 9 a 15, apartado 1, serán aplicables a los derechos de aduana de carácter fiscal. No obstante, tales derechos no se tendrán en cuenta para el cálculo de la recaudación aduanera total ni para el de la reducción del conjunto de los derechos mencionados en los apartados 3 y 4 del artículo 14.

Tales derechos serán disminuidos en un 10 % al menos respecto del derecho de base, en cada una de las reducciones previstas. Los Estados miembros podrán reducirlos a un ritmo más rápido del previsto en el artículo 14.

2. Los Estados miembros pondrán en conocimiento de la Comisión sus derechos de aduana de carácter fiscal antes de finalizar el primer año, a partir de la entrada en vigor del presente Tratado.

3. Los Estados miembros conservarán la facultad de sustituir dichos derechos por un tributo interno, de conformidad con las disposiciones del artículo 95.

4. Cuando la Comisión compruebe que la sustitución de un derecho de aduana de carácter fiscal encuentra en un Estado miembro graves dificultades, autorizará a dicho Estado para que mantenga este derecho, siempre que lo suprima en un plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor del presente Tratado. La autorización deberá solicitarse antes de finalizar el primer año, a partir de la entrada en vigor de este Tratado.

Sección segunda

Establecimiento de un arancel aduanero común

Artículo 18

Los Estados miembros se declaran dispuestos a contribuir al desarrollo del comercio internacional y a la reducción de los obstáculos comerciales mediante la celebración de acuerdos dirigidos a rebajar, sobre la base de reciprocidad y de ventajas mutuas, los derechos de aduana por debajo del nivel general que podrían establecer en razón de la constitución entre sí de una unión aduanera.

Artículo 19

1. En las condiciones y dentro de los límites que a continuación se prevén, los derechos del arancel aduanero común se establecerán al nivel de la media aritmética de los derechos aplicados en los cuatro territorios aduaneros que comprende la Comunidad.

2. Los derechos tomados como base para el cálculo de dicha media serán los aplicados por los Estados miembros el 1 de enero de 1957.

No obstante, en lo que se refiere al arancel italiano, el derecho aplicado se entenderá sin tener en cuenta la reducción temporal del 10 %. Por otra parte, en las rúbricas en que dicho arancel establezca un derecho convencional, éste sustituirá al derecho aplicado antes definido, siempre que no sea superior a aquél en más de un 10 %. Cuando el derecho convencional sobrepase el derecho aplicado antes definido en más del 10 %, este derecho aplicado, aumentado en un 10 %, se tendrá en cuenta para el cálculo de la media aritmética.

En lo que se refiere a las partidas enumeradas en la lista A, los derechos que figuran en dicha lista sustituirán a los derechos aplicados para el cálculo de la media aritmética.

3. Los derechos del arancel aduanero común no podrán exceder del:

a) 3 % para los productos de las partidas arancelarias enumeradas en la lista B;

b) 10 % para los productos de las partidas arancelarias enumeradas en la lista C;

c) 15 % para los productos de las partidas arancelarias enumeradas en la lista D;

d) 25 % para los productos de las partidas arancelarias enumeradas en la lista E; cuando el arancel de los países del Benelux establezca, respecto de esos productos, un derecho que no exceda del 3 %, tal derecho será elevado al 12 % para el cálculo de la media aritmética.

4. La lista F establece los derechos aplicables a los productos que en ella se enumeran.

5. Las listas de las partidas arancelarias mencionadas en el presente artículo y en el artículo 20 figuran en el Anexo I del presente Tratado.

Artículo 20

Los derechos aplicables a los productos de la lista G se determinarán mediante negociaciones entre los Estados miembros. Cada Estado miembro podrá añadir otros productos a esta lista hasta el límite del 2 % del valor total de sus importaciones procedentes de terceros países durante el año 1956.

La Comisión tomará cuantas iniciativas sean pertinentes para que dichas negociaciones comiencen antes del final del segundo año a partir de la entrada en vigor del presente Tratado y terminen antes de finalizar la primera etapa.

En caso de que, con respecto a determinados productos, no se hubiere llegado a un acuerdo en los plazos señalados, el Consejo, a propuesta de la Comisión, determinará, por unanimidad hasta el final de la segunda etapa y por mayoría cualificada después, los derechos del arancel aduanero común.

Artículo 21

1. Las dificultades técnicas que puedan presentarse en la aplicación de los artículos 19 y 20 se resolverán, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del presente Tratado, mediante directivas del Consejo, adoptadas por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión.

2. Antes del final de la primera etapa o, a más tardar, cuando se determinen los derechos, el Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, decidirá los ajustes que requiera la armonía interna del arancel aduanero común, tras la aplicación de las normas previstas en los artículos 19 y 20, teniendo especialmente en cuenta el grado de elaboración de las diferentes mercancías sujetas al mismo.

Artículo 22

La Comisión determinará, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del presente Tratado, en qué medida deben tenerse en cuenta, para el cálculo de la media aritmética prevista en el apartado 1 del artículo 19, los derechos de aduana de carácter fiscal mencionados en el apartado 2 del artículo 17. La Comisión tomará en consideración el carácter protector que tales derechos puedan tener.

A más tardar, seis meses después de dicha determinación, cualquier Estado miembro podrá solicitar la aplicación al producto de que se trate del procedimiento contemplado en al artículo 20, sin que le sea oponible el límite previsto en dicho artículo.

Artículo 23

1. A fin de introducir progresivamente el arancel aduanero común, los Estados miembros modificarán sus aranceles aplicables a terceros países del modo siguiente:

a) para las partidas arancelarias en las que los derechos efectivamente aplicados el 1 de enero de 1957 no difieran en más de un 15 % por encima o por debajo de los derechos del arancel aduanero común, estos últimos derechos se aplicarán al finalizar el cuarto año a partir de la entrada en vigor del presente Tratado;

b) en los demás casos, cada Estado miembro aplicará, en la misma fecha, un derecho que reduzca en un 30 % la diferencia entre el tipo efectivamente aplicado el 1 de enero de 1957 y el del arancel aduanero común;

c) tal diferencia disminuirá de nuevo un 30 % al final de la segunda etapa;

d) en cuanto a las partidas arancelarias respecto de las cuales los derechos del arancel aduanero común no sean conocidos al final de la primera etapa, cada Estado miembro aplicará, dentro de los seis meses siguientes a la intervención del Consejo conforme al artículo 20, los derechos que resultarían de la aplicación de las normas del presente apartado.

2. El Estado miembro que haya obtenido la autorización prevista en el apartado 4 del artículo 17 estará dispensado de aplicar las disposiciones precedentes, durante el período de vigencia de dicha autorización, en lo que respecta a las partidas arancelarias a las que ésta se refiere. Al caducar esta autorización, dicho Estado miembro aplicará el derecho que habría resultado de la aplicación de las normas del apartado precedente.

3. El arancel aduanero común se aplicará íntegramente, a más tardar, al final del período transitorio.

Artículo 24

Con objeto de acomodarse al arancel aduanero común, los Estados miembros tendrán libertad para modificar sus derechos de aduana a un ritmo más rápido del previsto en el artículo 23.

Artículo 25

1. Si la Comisión comprobare que la producción en los Estados miembros de determinados productos de las listas B, C y D es insuficiente para el abastecimiento de un Estado miembro y que tal abastecimiento depende tradicionalmente, en parte considerable, de importaciones procedentes de terceros países, el Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, concederá al Estado miembro interesado contingentes arancelarios libres de derechos o con derechos reducidos.

Dichos contingentes no podrán rebasar los límites más allá de los cuales puedan temerse transferencias de actividades en detrimento de otros Estados miembros.

2. En lo que se refiere a los productos de la lista E, y los de la lista G cuyos tipos hayan sido establecidos según el procedimiento previsto en el párrafo tercero del artículo 20, la Comisión concederá a cualquier Estado miembro interesado, a instancia de éste, contingentes arancelarios libres de derechos o con derechos reducidos, cuando un cambio en las fuentes de abastecimiento o un abastecimiento insuficiente en la Comunidad sea de tal naturaleza que pueda tener consecuencias perjudiciales para las industrias transformadoras del Estado miembro interesado.

Dichos contingentes no podrán rebasar los límites más allá de los cuales puedan temerse transferencias de actividades en detrimento de otros Estados miembros.

3. En cuanto a los productos enumerados en el Anexo II del presente Tratado, la Comisión podrá autorizar a cualquier Estado miembro para que suspenda, total o parcialmente, la percepción de los derechos aplicables o concederle contingentes arancelarios libres de derechos o con derechos reducidos, siempre que no se produzcan graves perturbaciones en el mercado de esos productos.

4. La Comisión examinará periódicamente los contingentes arancelarios concedidos en aplicación del presente artículo.

Artículo 26

La Comisión podrá autorizar al Estado miembro que afronte especiales dificultades para que aplace la reducción o el aumento, previstos en el artículo 23, de los derechos de determinadas partidas de su arancel.

La autorización sólo podrá concederse por un período limitado y para un conjunto de partidas arancelarias que no representen para ese Estado más del 5 % del valor de sus importaciones procedentes de terceros países durante el último año del que se disponga de datos estadísticos.

Artículo 27

Antes de finalizar la primera etapa, los Estados miembros procederán, en la medida necesaria, a la aproximación de sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia aduanera. La Comisión dirigirá, a este fin, las pertinentes recomendaciones a los Estados miembros.

Artículo 28

El Consejo decidirá, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, toda modificación o suspensión autónoma de los derechos del arancel aduanero común.

Artículo 29

En el cumplimiento de las funciones que le son atribuidas en la presente Sección, la Comisión se guiará por:

a) la necesidad de promover los intercambios comerciales entre los Estados miembros y terceros países;

b) la evolución de las condiciones de competencia dentro de la Comunidad, en la medida en que dicha evolución tenga por efecto el incremento de la capacidad competitiva de las empresas;

c) las necesidades de abastecimiento de la Comunidad en materias primas y productos semielaborados, procurando que no se falseen, entre los Estados miembros, las condiciones de competencia de los productos acabados;

d) la necesidad de evitar perturbaciones graves en la vida económica de los Estados miembros y garantizar un desarrollo racional de la producción y una expansión del consumo en la Comunidad.

Capítulo 2

Supresión de las restricciones cuantitativas entre los Estados miembros

Artículo 30

Sin perjuicio de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente.

Artículo 31

Los Estados miembros se abstendrán de introducir entre si nueva restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente.

No obstante, tal obligación sólo se refiere al grado de liberalización logrado en aplicación de las decisiones del Consejo de la Organización Europea de Cooperación Económica de 14 de enero de 1955. Los Estados miembros notificarán a la Comisión, a más tardar, seis meses después de la entrada en vigor del presente Tratado, sus listas de productos liberalizados en aplicación de dichas decisiones. Las listas así notificadas quedarán entre los Estados miembros.

Artículo 32

Los Estados miembros se abstendrán, en sus intercambios reciprocos, de restringir aún más los contingentes y las medidas de efecto equivalente existentes en la fecha de entrada en vigor del presente Tratado.

Dichos contingentes deberán ser suprimidos, a más tardar, al final del período transitorio; durante dicho período serán progresivamente eliminados en la forma que a continuación se establece.

Artículo 33

1. Un año después de la entrada en vigor del presente Tratado, cada uno de los Estados miembros transformará los contingentes bilaterales abiertos a los demás Estados miembros en contingentes globales accesibles sin discriminación a todos los demás Estados miembros.

En la misma fecha, los Estados miembros aumentarán el conjunto de los contingentes globales así establecidos de forma que se logre, con respecto al año anterior, un crecimiento no inferior al 20 % de su valor total. En todo caso, los contingentes globales para cada producto quedarán aumentados en un 10 % como mínimo.

Los contingentes serán incrementados anualmente, de acuerdo con las mismas normas y en las mismas proporciones, en relación con el año anterior.

El cuarto aumento tendrá lugar al final del cuarto año desde la entrada en vigor del presente Tratado; el quinto, un año después del comienzo de la segunda etapa.

2. Cuando, respecto de un producto no liberalizado, el contingente global no alcance el 3 % de la producción nacional del Estado de que se trate, se establecerá un contingente igual al 3 % como mínimo de dicha producción, a más tardar, un año después de la entrada en vigor del presente Tratado. Este contingente se elevará al 4 % después del segundo año y al 5 % después del tercer año. A partir de ese momento, el Estado miembro interesado aumentará anualmente el contingente en un 15 % como mínimo.

En caso de que no exista tal producción nacional, la Comisión determinará, mediante decisión, el contingente adecuado.

3. Al final del décimo año, cada contingente deberá ser igual, como mínimo, al 20 % de la producción nacional.

4. Cuando la Comisión haga constar, mediante una decisión, que las importaciones de un producto, durante dos años consecutivos, han sido inferiores al contingente abierto, este contingente global no podrá tomarse en consideración para el cálculo del valor total de los contingentes globales. En tal caso, el Estado miembro suprimirá la contingentación de dicho producto.

5. Para los contingentes que representen más del 20 % de la producción nacional del producto de que se trate, el Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, podrá reducir el porcentaje mínimo del 10 % establecido en el apartado 1. No obstante, tal modificación no podrá afectar a la obligación de aumentar anualmente en un 20 % el valor total de los contingentes globales.

6. Los Estados miembros que hayan sobrepasado sus obligaciones con respecto al grado de liberalización alcanzado en aplicación de las decisiones del Consejo de la Organización Europea de Cooperación Económica de 14 de enero de 1955, quedarán autorizados para computar el total de las importaciones liberalizadas de forma autónoma en el cálculo del aumento total anual del 20 % previsto en el apartado 1. Dicho cálculo precisará la aprobación previa de la Comisión.

7. La Comisión determinará, mediante directivas, el procedimiento y el ritmo de supresión, entre los Estados miembros, de las medidas de efecto equivalente a los contingentes que existan a la entrada en vigor del presente Tratado.

8. Si la Comisión comprobare que la aplicación de las disposiciones del presente artículo, y, en particular, las relativas a los porcentajes, no permite garantizar el carácter progresivo de las supresiones previstas en el párrafo segundo del artículo 32, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá modificar, por unanimidad durante la primera etapa y por mayoría cualificada después, el procedimiento contemplado en el presente artículo y proceder, en particular, al aumento de los porcentajes establecidos.

Artículo 34

1. Quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la exportación, así como todas las medidas de efecto equivalente.

2. Los Estados miembros suprimirán, a más tardar, al final de la primera etapa, las restricciones cuantitativas a la exportación y todas las medidas de efecto equivalente existentes a la entrada en vigor del presente Tratado.

Artículo 35

Los Estados miembros se declaran dispuestos a suprimir, respecto de los demás Estados miembros, las restricciones cuantitativas a la importación y exportación a un ritmo más rápido del previsto en los artículos anteriores, si su situación económica general y la del sector afectado así lo permiten.

La Comisión dirigirá, a este fin, recomendaciones a los Estados interesados.

Artículo 36

Las disposiciones de los artículos 30 a 34, ambos inclusive, no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

Artículo 37

1. Los Estados miembros adecuarán progresivamente los monopolios nacionales de carácter comercial de tal modo que, al final del período transitorio, quede asegurada la exclusión de toda discriminación entre los nacionales de los Estados miembros respecto de las condiciones de abastecimiento y de mercado.

Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a cualquier organismo mediante el cual un Estado miembro, de iure o de facto, directa o indirectamente, controle, dirija o influya sensiblemente en las importaciones o las exportaciones entre los Estados miembros. Tales disposiciones se aplicarán igualmente a los monopolios cedidos por el Estado a terceros.

2. Los Estados miembros se abstendrán de cualquier nueva medida contraria a los principios enunciados en el apartado 1 o que restrinja el alcance de los artículos relativos a la supresión de los derechos de aduana y de las restricciones cuantitativas entre los Estados miembros.

3. El ritmo de las medidas contempladas en el apartado 1 deberá ajustarse a la supresión de las restricciones cuantitativas para los mismos productos prevista en los artículos 30 a 34, ambos inclusive.

En caso de que un producto esté sometido a un monopolio nacional de carácter comercial sólo en uno o en varios Estados miembros, la Comisión podrá autorizar a los demás Estados miembros para que apliquen medidas de salvaguardia, en las condiciones y modalidades que determine, mientras no se haya realizado la adaptación prevista en el apartado 1.

4. En caso de que un monopolio de carácter comercial implique una regulación destinada a facilitar la comercialización o a mejorar la rentabilidad de los productos agrícolas, deberán adoptarse las medidas necesarias para asegurar, en la aplicación de las normas del presente artículo, garantías equivalentes para el empleo y el nivel de vida de los productores interesados, teniendo en cuenta el ritmo de las posibles adaptaciones y de las especializaciones necesarias.

5. Por otra parte, las obligaciones de los Estados miembros sólo serán válidas en cuanto sean compatibles con los acuerdos internacionales existentes.

6. La Comisión formulará, desde la primera etapa, recomendaciones sobre las modalidades y el ritmo de realización de la adaptación prevista en el presente artículo.

TÍTULO II

AGRICULTURA

Artículo 38

1. El mercado común abarcará la agricultura y el comercio de los productos agrícolas. Por productos agrícolas se entienden los productos de la tierra, de la ganadería y de la pesca, así como los productos de primera transformación directamente relacionados con aquéllos.

2. Salvo disposición en contrario de los artículos 39 a 46, ambos inclusive, las normas previstas para el establecimiento del mercado común serán aplicables a los productos agrícolas.

3. Los productos a los que serán de aplicación los artículos 39 a 46, ambos inclusive, son los que figuran en la lista del Anexo II del presente Tratado. No obstante, en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del Tratado, el Consejo decidirá, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, sobre los productos que deban añadirse a dicha lista.

4. El funcionamiento y desarrollo del mercado común para los productos agrícolas deberán ir acompañados del establecimiento de una política agrícola común entre los Estados miembros.

Artículo 39

1. Los objetivos de la política agrícola común serán:

a) incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra;

b) garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura;

c) estabilizar los mercados;

d) garantizar la seguridad de los abastecimientos;

e) asegurar al consumidor suministros a precios razonables.

2. En la elaboración de la política agrícola común y de los métodos especiales que ésta pueda llevar consigo, se deberán tener en cuenta:

a) las características especiales de la actividad agrícola, que resultan de la estructura social de la agricultura y de las desigualdades estructurales y naturales entre las distintas regiones agrícolas;

b) la necesidad de efectuar gradualmente las oportunas adaptaciones;

c) el hecho de que, en los Estados miembros, la agricultura constituye un sector estrechamente vinculado al conjunto de la economía.

Artículo 40

1. Los Estados miembros desarrollarán gradualmente, durante el período transitorio, la política agrícola común, que quedará establecida, a más tardar, al final de dicho período.

2. Para alcanzar los objetivos previstos en el artículo 39, se creará una organización común de los mercados agrícolas.

Según los productos, esta organización adoptará una de las formas siguientes:

a) normas comunes sobre la competencia;

b) una coordinación obligatoria de las diversas organizaciones nacionales de mercado;

c) una organización europea del mercado.

3. La organización común establecida bajo una de las formas indicadas en el apartado 2 podrá comprender todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 39, en particular, la regulación de precios, subvenciones a la producción y a la comercialización de los diversos productos, sistemas de almacenamiento y de compensación de remanentes, mecanismos comunes de estabilización de las importaciones o exportaciones.

La organización común deberá limitarse a conseguir los objetivos enunciados en el artículo 39 y deberá excluir toda discriminación entre productores o consumidores de la Comunidad.

Cualquier política común de precios deberá basarse en criterios comunes y en métodos uniformes de cálculo.

4. Para permitir que la organización común a que hace referencia el apartado 2 alcance sus objetivos, se podrán crear uno o más fondos de orientación y de garantía agrícolas.

Artículo 41

Para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 39, podrán preverse, en el ámbito de la política agrícola común, medidas tales como:

a) una eficaz coordinación de los esfuerzos emprendidos en los sectores de la formación profesional, investigación y divulgación de conocimientos agronómicos, que podrá comprender proyectos o instituciones financiados en común;

b) acciones comunes para el desarrollo del consumo de determinados productos.

Artículo 42

Las disposiciones del Capítulo relativo a las normas sobre la competencia serán aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas sólo en la medida determinada por el Consejo, en el marco de las disposiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 43, teniendo en cuenta los objetivos enunciados en el artículo 39.

El Consejo podrá autorizar, en especial, la concesión de ayudas:

a) para la protección de las explotaciones desfavorecidas por condiciones estructurales o naturales;

b) en el marco de programas de desarrollo económico.

Artículo 43

1. Con objeto de determinar las líneas directrices de una política agrícola común, la Comisión convocará, a partir de la entrada en vigor del Tratado, una conferencia de los Estados miembros que habrá de proceder a un contraste de sus respectivas políticas agrícolas, estableciendo, en particular, el balance de sus recursos y necesidades.

2. La Comisión, habida cuenta de los trabajos de la conferencia prevista en el apartado 1, presentará, previa consulta al Comité Económico y Social, y en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Tratado, propuestas relativas a la elaboración y ejecución de la política agrícola común, incluida la sustitución de las organizaciones nacionales por alguna de las formas de organización común previstas en el apartado 2 del artículo 40, así como a la aplicación de las medidas especificadas en el presente Título.

Tales propuestas deberán tener en cuenta la interdependencia de las cuestiones agrícolas mencionadas en el presente Título.

A propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, el Consejo, por unanimidad durante las dos primeras etapas y por mayoría cualificada después, adoptará reglamentos o directivas o tomará decisiones, sin perjuicio de las recomendaciones que pueda formular.

3. El Consejo, por mayoría cualificada y en las condiciones previstas en el apartado precedente, podrá sustituir las organizaciones nacionales de mercado por la organización común prevista en el apartado 2 del artículo 40:

a) cuando la organización común ofrezca a los Estados miembros que se opongan a esta medida y dispongan de una organización nacional para la producción de que se trate garantías equivalentes para el empleo y el nivel de vida de los productores interesados, teniendo en cuenta el ritmo de las posibles adaptaciones y de las necesarias especializaciones, y

b) cuando dicha organización asegure a los intercambios dentro de la Comunidad condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional.

4. En caso de crearse una organización común para determinadas materias primas, sin que exista todavía una organización común para los correspondientes productos transformados, tales materias primas utilizadas en los productos transformados destinados a la exportación a terceros países podrán ser importadas del exterior de la Comunidad.

Artículo 44

1. Durante el período transitorio, siempre que la progresiva supresión de los derechos de aduana y de las restricciones cuantitativas entre los Estados miembros pueda conducir a precios tales que pongan en peligro los objetivos fijados en el artículo 39, se permitirá a cada Estado miembro aplicar a determinados productos, en forma no discriminatoria y en sustitución de los contingentes, en una medida que no obstaculice la expansión del volumen de intercambios previsto en el apartado 2 del artículo 45, un sistema de precios mínimos por debajo de los cuales las importaciones puedan ser:

- temporalmente suspendidas o reducidas, o

- sujetas a la condición de que se efectúen a un precio superior al precio mínimo fijado para el producto de que se trate.

En el segundo caso, los precios mínimos se fijarán excluyendo los derechos de aduana.

2. Los precios mínimos no deberán tener por efecto una reducción de los intercambios existentes entre los Estados miembros a la entrada en vigor del presente Tratado ni impedir la progresiva ampliación de dichos intercambios. Los precios mínimos no deberán aplicarse de forma que obstaculicen el desarrollo de una preferencia natural entre los Estados miembros.

3. A partir de la entrada en vigor del presente Tratado, el Consejo, a propuesta de la Comisión, determinará los criterios objetivos para el establecimiento de sistemas de precios mínimos y para la fijación de dichos precios.

Tales criterios tendrán especialmente en cuenta los costes nacionales medios en el Estado miembro que aplique el precio mínimo, la situación de las distintas empresas con respecto a dichos costes medios, así como la necesidad de promover la progresiva mejora de la explotación agrícola y las adaptaciones y especializaciones necesarias dentro del mercado común.

La Comisión propondrá igualmente un procedimiento de revisión de tales criterios que permita tener en cuenta el progreso técnico y acelerarlo, así como aproximar progresivamente los precios dentro del mercado común.

Tales criterios, al igual que el procedimiento de revisión, deberán ser determinados por el Consejo, por unanimidad, durante los tres primeros años siguientes a la entrada en vigor del presente Tratado.

4. Hasta que la decisión del Consejo surta efecto, los Estados miembros podrán fijar los precios mínimos, siempre que informen previamente de ello a la Comisión y a los demás Estados miembros a fin de que puedan éstos presentar sus observaciones.

Una vez tomada la decisión por el Consejo, los precios mínimos serán fijados por los Estados miembros según los criterios establecidos en las condiciones precedentes.

El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, podrá rectificar las decisiones tomadas por los Estados miembros cuando no concuerden con dichos criterios.

5. A partir del comienzo de la tercera etapa y en caso de que no hubiere sido posible aún establecer los criterios objetivos citados para determinados productos, el Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, podrá modificar los precios mínimos aplicados a dichos productos.

6. Al final del período transitorio se procederá a establecer una relación de los precios mínimos todavía en vigor. El Consejo, a propuesta de la Comisión y por mayoría de 9 votos, según la ponderación prevista en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 148, establecerá el régimen aplicable en el marco de la política agrícola común.

Artículo 45

1. Hasta que no se sustituyan las organizaciones nacionales por alguna de las formas de organización común previstas en el apartado 2 del artículo 40 y para aquellos productos respecto de los que existan en algunos Estados miembros:

- disposiciones dirigidas a garantizar a los productores nacionales un mercado para sus productos, y

- necesidades de importación,

los intercambios se desarrollarán mediante la celebración de acuerdos o contratos a largo plazo entre Estados miembros importadores y exportadores.

Tales acuerdos o contratos deberán tender a la progresiva eliminación de cualquier discriminación en la aplicación de estas disposiciones a los diferentes productores de la Comunidad.

Dichos acuerdos o contratos se celebrarán durante la primera etapa; se habrá de tener en cuenta el principio de reciprocidad.

2. En lo que respecta a las cantidades, dichos acuerdos o contratos se basarán en el volumen medio de los intercambios de los productos de que se trate entre los Estados miembros, durante los tres años anteriores a la entrada en vigor del presente Tratado, y preverán un incremento de dicho volumen, dentro del límite de las necesidades existentes, teniendo en cuenta las corrientes comerciales tradicionales.

En cuanto a los precios, estos acuerdos o contratos permitirán a los productores dar salida a las cantidades convenidas, a precios que se aproximen progresivamente a los precios pagados a los productores nacionales en el mercado interior del país comprador.

Tal aproximación se llevará a cabo con la mayor regularidad posible y deberá estar totalmente concluida, a más tardar, al final del período transitorio.

Los precios se negociarán entre las partes interesadas, en el marco de las directivas adoptadas por la Comisión para la aplicación de los dos párrafos precedentes.

En caso de prórroga de la primera etapa, los acuerdos o contratos continuarán ejecutándose en las condiciones aplicables al final del cuarto año, a partir de la entrada en vigor del presente Tratado, quedando en suspenso, hasta el tránsito a la segunda etapa, las obligaciones de aumentar las cantidades y de aproximar los precios.

Los Estados miembros recurrirán a todas las posibilidades que les ofrezca su legislación, especialmente en materia de política de importación, con objeto de garantizar la celebración y ejecución de dichos acuerdos o contratos.

3. En la medida en que los Estados miembros tengan necesidad de materias primas para la fabricación de productos destinados a la exportación fuera de la Comunidad, en competencia con los productos de terceros países, dichos acuerdos o contratos no podrán obstaculizar las importaciones de materias primas realizadas con este fin y procedentes de terceros países. Sin embargo, esta disposición no será aplicable si el Consejo decidiere, por unanimidad, autorizar los pagos necesarios para compensar el exceso de precio pagado por importaciones efectuadas al respecto, en el marco de esos acuerdos o contratos, en relación con los precios de entrega de los mismos suministros adquiridos en el mercado mundial.

Artículo 46

Cuando en un Estado miembro un producto esté sujeto a una organización nacional de mercado o a cualquier regulación interna de efecto equivalente que afecte a la situación competitiva de una producción similar en otro Estado miembro, los Estados miembros aplicarán un gravamen compensatorio a la entrada de este producto procedente del Estado miembro que posea la organización o la regulación anteriormente citadas, a menos que dicho Estado aplique ya un gravamen compensatorio a la salida del producto.

La Comisión fijará el importe de dichos gravámenes en la medida necesaria para restablecer el equilibrio, pudiendo autorizar igualmente la adopción de otras medidas en las condiciones y modalidades que determine.

Artículo 47

Por lo que se refiere a las funciones que el Comité Económico y Social deberá desempeñar en aplicación del presente Título, su Sección de Agricultura estará a la disposición de la Comisión con objeto de preparar las deliberaciones del Comité, de conformidad con las disposiciones de los artículos 197 y 198.

TÍTULO III

LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS, SERVICIOS

Y CAPITALES

Capítulo 1

Trabajadores

Artículo 48

1. La libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad quedará asegurada, a más tardar, al final del período transitorio.

2. La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.

3. Sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas, la libre circulación de los trabajadores implicará el derecho:

a) de responder a ofertas efectivas de trabajo;

b) de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros;

c) de residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales;

d) de permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo, en las condiciones previstas en los reglamentos de aplicación establecidos por la Comisión.

4. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los empleos en la administración pública.

Artículo 49

A partir de la entrada en vigor del presente Tratado, el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará mediante directivas o reglamentos, las medidas necesarias a fin de hacer progresivamente efectiva la libre circulación de los trabajadores, tal como queda definida en el artículo 48, en especial (13*):

a) asegurando una estrecha colaboración entre las Administraciones nacionales de Trabajo;

b) eliminando, sistemática y progresivamente, aquellos procedimientos y prácticas administrativos, así como los plazos de acceso a los empleos disponibles, que resulten de la legislación nacional o de acuerdos celebrados con anterioridad entre los Estados miembros, cuyo mantenimiento suponga un obstáculo para la liberalización de los movimientos de los trabajadores;

c) eliminando, sistemática y progresivamente, todos los plazos y demás restricciones previstos en las legislaciones nacionales o en los acuerdos celebrados con anterioridad entre los Estados miembros, que impongan a los trabajadores de los demás Estados miembros condiciones distintas de las impuestas a los trabajadores nacionales para la libre elección de un empleo;

d) estableciendo los mecanismos adecuados para poner en relación las ofertas y las demandas de empleo y facilitar su equilibrio en condiciones tales que no se ponga en grave peligro el nivel de vida y de empleo en las diversas regiones e industrias.

Artículo 50

Los Estados miembros facilitarán, en el marco de un programa común, el intercambio de trabajadores jóvenes.

Artículo 51

El Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, adoptará, en materia de seguridad social, las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores, creando, en especial, un sistema que permita garantizar a los trabajadores migrantes y a sus derechohabientes:

a) la acumulación de todos los períodos tomados en consideración por las distintas legislaciones nacionales para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones sociales, así como para el cálculo de éstas;

b) el pago de las prestaciones a las personas que residan en los territorios de los Estados miembros.

Capítulo 2

Derecho de establecimiento

Artículo 52

En el marco de las disposiciones siguientes, las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro serán suprimidas de forma progresiva durante el período transitorio. Dicha supresión progresiva se extenderá igualmente a las restricciones relativas a la apertura de agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado miembro establecidos en el territorio de otro Estado miembro.

La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, especialmente, de sociedades, tal como se definen en el párrafo segundo del artículo 58, en las condiciones fijadas por la legislación del país de establecimiento para sus propios nacionales, sin perjuicio de las disposiciones del Capítulo relativo a los capitales.

Artículo 53

Los Estados miembros no introducirán nuevas restricciones al establecimiento en su territorio de nacionales de otros Estados miembros, sin perjuicio de las disposiciones previstas en el presente Tratado.

Artículo 54

1. Antes de finalizar la primera etapa, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Comité Económico y Social y al Parlamento Europeo, establecerá un programa general para la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento existentes dentro de la Comunidad. La Comisión someterá tal propuesta al Consejo durante los dos primeros años de la primera etapa.

El programa fijará, para cada tipo de actividades, las condiciones generales para la realización de la libertad de establecimiento y, en especial, las etapas de esta realización.

2. A efectos de ejecución del programa general o, a falta de dicho programa, para la realización de una de las etapas fijadas para alcanzar la libertad de establecimiento en una determinada actividad, el Consejo decidirá, mediante directivas, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B y previa consulta al Comité Económico y Social. (14*)

3. El Consejo y la Comisión ejercerán las funciones que les atribuyen las disposiciones precedentes, en particular:

a) ocupándose, en general, con prioridad, de las actividades en las que la libertad de establecimiento contribuya de manera especialmente útil al desarrollo de la producción y de los intercambios;

b) asegurando una estrecha colaboración entre las Administraciones nacionales competentes a fin de conocer las situaciones particulares, dentro de la Comunidad, de las distintas actividades afectadas;

c) eliminando aquellos procedimientos y prácticas administrativos que resulten de la legislación nacional o de acuerdos celebrados con anterioridad entre los Estados miembros, cuyo mantenimiento suponga un obstáculo para la libertad de establecimiento;

d) velando por que los trabajadores asalariados de uno de los Estados miembros, empleados en el territorio de otro Estado miembro, puedan permanecer en dicho territorio para emprender una actividad no asalariada, cuando cumplan las condiciones que les serían exigibles si entraran en el citado Estado en el momento de querer iniciar dicha actividad;

e) haciendo posible la adquisición y el aprovechamiento de propiedades inmuebles situadas en el territorio de un Estado miembro por un nacional de otro Estado miembro, en la medida en que no se contravengan los principios establecidos en el apartado 2 del artículo 39;

f) aplicando la supresión progresiva de las restricciones a la libertad de establecimiento, en cada rama de actividad contemplada, tanto en lo que respecta a las condiciones de apertura, en el territorio de un Estado miembro, de agencias, sucursales o filiales, como a las condiciones de admisión del personal de la sede central en los órganos de gestión o de control de aquéllas;

g) coordinando, en la medida necesaria y con objeto de hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el párrafo segundo del artículo 58, para proteger los intereses de socios y terceros;

h) asegurándose de que las condiciones para el establecimiento no resultan falseadas mediante ayudas otorgadas por los Estados miembros.

Artículo 55

Las disposiciones del presente Capítulo no se aplicarán, en lo que respecta al Estado miembro interesado, a las actividades que, en dicho Estado, estén relacionadas, aunque sólo sea de manera ocasional, con el ejercicio del poder público.

El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, podrá excluir determinadas actividades de la aplicación de las disposiciones del presente Capítulo.

Artículo 56

1. Las disposiciones del presente Capítulo y las medidas adoptadas en virtud de las mismas no prejuzgarán la aplicabilidad de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que prevean un régimen especial para los extranjeros y que estén justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas.

2. Antes del final de período transitorio, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará directivas para la coordinación de las mencionadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas. No obstante, después de finalizar la segunda etapa, el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B, adoptará directivas para la coordinación de las disposiciones que, en cada Estado miembro, correspondan al ámbito reglamentario o administrativo. (15**)

Artículo 57 (16*)

1. A fin de facilitar el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B, adoptará directivas para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos.

2. Con el mismo fin, el Consejo adoptará, antes de la expiración del período transitorio, directivas para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al acceso y ejercicio de las actividades no asalariadas. Será necesaria la unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, para aquellas directivas cuya ejecución en un Estado miembro al menos implique una modificación de los principios legales vigentes relativos al régimen de las profesiones en lo que se refiere a la formación y a las condiciones de acceso a las mismas de las personas físicas. En los demás casos, el Consejo decidirá con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 B.

3. En cuanto a las profesiones médicas, paramédicas y farmacéuticas, la progresiva supresión de las restricciones quedará subordinada a la coordinación de las condiciones exigidas para su ejercicio en los diferentes Estados miembros.

Artículo 58

Las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Comunidad quedarán equiparadas, a efectos de aplicación de las disposiciones del presente Capítulo, a las personas físicas nacionales de los Estados miembros.

Por sociedades se entiende las sociedades de Derecho civil o mercantil, incluso las sociedades cooperativas, y las demás personas jurídicas de Derecho público o privado, con excepción de las que no persigan un fin lucrativo.

Capítulo 3

Servicios

Artículo 59

En el marco de las disposiciones siguientes, las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad serán progresivamente suprimidas, durante el período transitorio, para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la Comunidad que no sea el del destinatario de la prestación.

El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, podrá extender el beneficio de las disposiciones del presente Capítulo a los prestadores de servicios que sean nacionales de un tercer Estado y se hallen establecidos dentro de la Comunidad.

Artículo 60

Con arreglo al presente Tratado, se considerarán como servicios las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la medida en que no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y personas.

Los servicios comprenderán, en particular:

a) actividades de carácter industrial;

b) actividades de carácter mercantil;

c) actividades artesanales;

d) actividades propias de las profesiones liberales.

Sin perjuicio de las disposiciones del capítulo relativo al derecho de establecimiento, el prestador de un servicio podrá, con objeto de realizar dicha prestación, ejercer temporalmente su actividad en el Estado donde se lleve a cabo la prestación, en las mismas condiciones que imponga ese Estado a sus propios nacionales.

Artículo 61

1. La libre prestación de servicios, en materia de transportes, se regirá por las disposiciones del Título relativo a los transportes.

2. La liberalización de los servicios bancarios y de seguros vinculados a los movimientos de capitales se realizará en armonía con la liberalización progresiva de la circulación de capitales.

Artículo 62

Los Estados miembros no introducirán nuevas restricciones a la libertad efectivamente lograda, en materia de prestación de servicios, en el momento de la entrada en vigor del presente Tratado, salvo lo dispuesto en este último.

Artículo 63

1. Antes de finalizar la primera etapa, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Comité Económico y Social y al Parlamento Europeo, establecerá un programa general para la supresión de las restricciones relativas a la libre prestación de servicios existentes dentro de la Comunidad. La Comisión someterá esta propuesta al Consejo durante los dos primeros años de la primera etapa.

El programa fijará, para cada tipo de servicios, las condiciones generales y las etapas de su liberalización.

2. A efectos de ejecución del programa general o, a falta de dicho programa, para la realización de una de las etapas fijadas para alcanzar la liberalización de un servicio determinado, el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Comité Económico y Social y al Parlamento Europeo, decidirá, mediante directivas, por unanimidad hasta el final de la primera etapa y por mayoría cualificada después.

3. Las propuestas y decisiones previstas en los apartados 1 y 2 se referirán, en general, con prioridad, a los servicios que influyan de forma directa en los costes de producción o cuya liberalización contribuya a facilitar los intercambios de mercancías.

Artículo 64

Los Estados miembros se declaran dispuestos a proceder a una liberalización de los servicios más amplia que la exigida en virtud de las directivas adoptadas en aplicación del apartado 2 del artículo 63, si su situación económica general y la del sector afectado se lo permiten.

La Comisión dirigirá, a este fin, recomendaciones a los Estados miembros interesados.

Artículo 65

En tanto no se supriman las restricciones a la libre prestación de servicios, cada uno de los Estados miembros aplicará tales restricciones, sin distinción de nacionalidad o residencia, a todos los prestadores de servicios a que se refiere el párrafo primero del artículo 59.

Artículo 66

Las disposiciones de los artículos 55 a 58, ambos inclusive, serán aplicables a las materias reguladas por el presente Capítulo.

Capítulo 4

Capital y pagos (17*)

Artículo 67

1. Los Estados miembros suprimirán progresivamente entre sí, durante el período transitorio y en la medida necesaria para el buen funcionamiento del mercado común, las restricciones a los movimientos de capitales pertenecientes a personas residentes en los Estados miembros, así como las discriminaciones de trato por razón de la nacionalidad o residencia de las partes o del lugar de colocación de los capitales.

2. Los pagos corrientes relacionados con los movimientos de capitales entre los Estados miembros quedarán liberados de cualquier restricción, a más tardar, al final de la primera etapa.

Artículo 68

1. Los Estados miembros concederán con la mayor liberalidad posible, respecto de las materias a que se hace referencia en el presente Capítulo, autorizaciones de cambio en la medida en que éstas sean aún necesarias después de la entrada en vigor del presente Tratado.

2. Cuando un Estado miembro aplique a los movimientos de capitales liberalizados con arreglo a las disposiciones del presente Capítulo su regulación interna relativa al mercado de capitales y al crédito, procederá en forma no discriminatoria.

3. Los empréstitos destinados a financiar directa o indirectamente a un Estado miembro o a sus entes públicos territoriales sólo podrán ser emitidos o colocados en los demás Estados miembros cuando los Estados interesados hayan llegado a un acuerdo al respecto. Esta disposición no será obstáculo para la aplicación del artículo 22 del Protocolo sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones.

Artículo 69

El Consejo, a propuesta de la Comisión, que consultará, a este fin, al Comité Monetario previsto en el artículo 105, adoptará, por unanimidad durante las dos primeras etapas y por mayoría cualificada después, las directivas necesarias para la progresiva aplicación de las disposiciones del artículo 67.

Artículo 70

1. La Comisión propondrá al Consejo medidas encaminadas a la coordinación progresiva de las políticas de los Estados miembros en materia de cambio, respecto de los movimientos de capitales entre dichos Estados y terceros países. Con tal fin, el Consejo adoptará, por mayoría cualificada, directivas, procurando alcanzar el más alto grado de liberalización posible. Será necesaria la unanimidad para aquellas medidas que constituyan un retroceso en materia de liberalización de los movimientos de capitales.

2. En caso de que la acción emprendida en aplicación del apartado anterior no permita la eliminación de las divergencias entre las regulaciones de cambio de los Estados miembros y cuando tales divergencias puedan inducir a las personas residentes en uno de los Estados miembros a utilizar las facilidades de transferencia dentro de la Comunidad, tal como están previstas en el artículo 67, con objeto de eludir la regulación de uno de los Estados miembros respecto de terceros países, dicho Estado podrá, previa consulta a los demás Estados miembros y a la Comisión, adoptar las medidas apropiadas para eliminar dichas dificultades.

Si el Consejo comprobare que tales medidas restringen la libertad de los movimientos de capitales dentro de la Comunidad más de lo necesario para alcanzar los fines del párrafo anterior, podrá decidir, por mayoria cualificada y a propuesta de la Comisión, que el Estado interesado modifique o suprima tales medidas.

Artículo 71

Los Estados miembros procurarán no introducir dentro de la Comunidad ninguna nueva restricción de cambio que incida en los movimientos de capitales y en los pagos corrientes relacionados con tales movimientos ni hacer más restrictivas las regulaciones existentes.

Los Estados miembros se declaran dispuestos a sobrepasar el grado de liberalización de capitales previsto en los precedentes artículos, en la medida en que su situación económica, especialmente la situación de su balanza de pagos, se lo permita.

La Comisión, previa consulta al Comité Monetario, podrá dirigir, a este fin, recomendaciones a los Estados miembros.

Artículo 72

Los Estados miembros mantendrán informada a la Comisión sobre los movimientos de capitales a terceros países y desde éstos de que tengan conocimiento. La Comisión podrá dirigir a los Estados miembros los dictámenes que considere oportunos al respecto.

Artículo 73

1. En caso de que los movimientos de capitales provoquen perturbaciones en el funcionamiento del mercado de capitales de un Estado miembro, la Comisión, previa consulta al Comité Monetario, autorizará a dicho Estado para que adopte, en el ámbito de los movimientos de capitales, medidas de protección, en las condiciones y modalidades que ella determine.

El Consejo, por mayoría cualificada, podrá revocar dicha autorización y modificar tales condiciones y modalidades.

2. No obstante, el Estado miembro que se halle en dificultades podrá adoptar directamente las medidas anteriormente mencionadas, cuando resulten necesarias por razones de secreto o urgencia. La Comisión y los Estados miembros deberán ser informados de tales medidas, a más tardar, en el momento de su entrada en vigor. En este caso, la Comisión, previa consulta al Comité Monetario, podrá decidir que el Estado interesado modifique o suprima tales medidas.

Artículo 73 A (18*)

A partir del 1 de enero de 1994, los artículos 67 a 73 serán sustituidos por los artículos 73 B a 73 G.

Artículo 73 B (19*)

1. En el marco de las disposiciones del presente Capítulo, quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países.

2. El el marco de las disposiciones del presente Capítulo, quedan prohibidas cualesquiera restricciones sobre los pagos entre Estados miembros y entre Estados miembros y tercercos países.

Artículo 73 C (20*)

1. Lo dispuesto en el artículo 73 B se entenderá sin perjuicio de la aplicación a terceros países de las restricciones que existan el 31 de diciembre de 1993 de conformidad con el Derecho nacional o con el Derecho comunitario en materia de movimientos de capitales, con destino a terceros países o procedentes de ellos, que supongan inversiones directas, incluidas las inmobiliarias, el establecimiento, la prestación de servicios financieros o la admisión de valores en los mercados de capitales.

2. Aunque procurando alcanzar el objetivo de la libre circulación de capitales entre Estados miembros y terceros países en el mayor grado posible, y sin perjuicio de lo dispuesto en los demás Capítulos del presente Tratado, el Consejo podrá, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, adoptar medidas relativas a los movimientos de capitales, con destino a terceros países o procedentes de ellos, que supongan inversiones directas, incluidas las inmobiliarias, el establecimiento, la prestación de servicios financieros o la admisión de valores en los mercados de capitales. Se exigirá unanimidad para adoptar medidas en virtud del presente apartado que supongan un retroceso respecto de la liberalización contemplada en la legislación comunitaria sobre movimientos de capitales con destino a terceros países o procedentes de ellos.

Artículo 73 D (21*)

1. Lo dispuesto en el artículo 73 B se aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a:

a) aplicar las disposiciones pertinentes de su Derecho fiscal que distingan entre contribuyentes cuya situación difiera con respecto a su lugar de residencia a con respecto a los lugares donde esté invertido su capital;

b) adoptar las medidas necesarias para impedir las infracciones a su Derecho y normativas nacionales, en particular en materia fiscal y de supervisión prudencial de entidades financieras, establecer procedimientos de declaración de movimientos de capitales a efectos de información administrativa o estadística o tomar medidas justificadas por razones de orden público o de seguridad pública.

2. Las disposiciones del presente Capítulo no serán obstáculo para la aplicación de restricciones del derecho de establecimiento compatibles con el presente Tratado.

3. Las medidas y procedimientos a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 no deberán constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta de la libre circulación de capitales y pagos tal y como la define el artículo 73 B.

Artículo 73 E (22*)

No obstante lo dispuesto en el artículo 73 B, los Estados miembros que el 31 de diciembre de 1992 se hallan acogidos a excepciones conforme al Derecho comunitario vigente, podrán mantener, a más tardar hasta el 31 de diciembre de 1995, las restricciones a los movimientos de capitales amparadas por las excepciones existentes en esa fecha.

Artículo 73 F (23*)

Cuando en circunstancias excepcionales los movimientos de capitales con destino a terceros países o procedentes de ellos causen, o amenacen causar, dificultades graves para el funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, el Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al BCE, podrá adoptar respecto a terceros países, por un plazo que no sea superior a seis meses, las medidas de salvaguardia estrictamente necesarias.

Artículo 73 G (24*)

1. Si, en los casos contemplados en el artículo 228 A, se considerare necesaria una acción de la Comunidad, el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 228 A, podrá tomar las medidas urgentes que sean necesarias sobre movimiento de capitales y sobre pagos respecto de los terceros países de que se trate.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 224 y hasta tanto el Consejo no haya tomado medidas con arreglo al apartado 1, un Estado miembro podrá, por razones políticas graves y por motivos de urgencia, tomar medidas unilaterales contra un tercer país en lo relativo a los movimientos de capitales y a los pagos. La Comisión y los demás Estados miembros deberán ser informados de dichas medidas a más tardar en la fecha de entrada en vigor de las mismas.

El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, podrá acordar que el Estado miembro de que se trate deba modificar o suprimir tales medidas. El presidente del Consejo informará al Parlamento Europeo de las medidas que tome el Consejo.

Artículo 73 H (25*)

Hasta el 1 de enero de 1994 serán aplicables las disposiciones siguientes:

1) Cada Estado miembro se compromete a autorizar los pagos relacionados con los intercambios de mercancías, servicios y capitales, así como las transferencias de capitales y salarios, en la moneda del Estado miembro donde resida el acreedor o el beneficiario, en la medida en que la circulación de mercancías, servicios, capitales y personas haya sido liberalizada entre los Estados miembros en aplicación del presente Tratado.

Los Estados miembros se declaran dispuestos a proceder a una liberalización de sus pagos mayor de la prevista en el párrafo anterior, siempre que su situación económica, en general, y la situación de su balanza de pagos, en particular, se lo permitan.

2) En la medida en que los intercambios de mercancías y servicios y los movimientos de capitales estén únicamente limitados por restricciones de los pagos correspondientes, se suprimirán progresivamente dichas restricciones mediante la aplicación analógica de las disposiciones del presente Capítulo y de los Capítulos relativos a la supresión de las restricciones cuantitativas y a la liberalización de los servicios.

3) Los Estados miembros se comprometen a no introducir en sus relaciones nuevas restricciones a las transferencias relacionadas con las transacciones invisibles enumeradas en la lista del Anexo III del presente Tratado.

La supresión progresiva de las restricciones existentes se efectuará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 63 a 65, ambos inclusive, siempre que no fueren de aplicación las disposiciones de los apartados 1 y 2 u otras del presente Capítulo.

4) Cuando fuere necesario, los Estados miembros se concertarán sobre las medidas que deban adoptarse para hacer posible la realización de los pagos y transferencias a que hace referencia el presente artículo; dichas medidas no podrán perjudicar los objectivos enunciados en el presente Tratado.

TÍTULO IV

TRANSPORTES

Artículo 74

Los Estados miembros perseguirán los objetivos del presente Tratado, en la materia regulada por el presente Título, en el marco de una política común de transportes.

Artículo 75 (26*)

1. Para la aplicación del artículo 74, y teniendo en cuenta las peculiaridades del sector de los transportes, el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 C y previa consulta al Comité Económico y Social, establecerá:

a) normas comunes aplicables a los transportes internacionales efectuados desde el territorio de un Estado miembro o con destino al mismo o a través del territorio de uno o varios Estados miembros;

b) condiciones con arreglo a las cuales los transportistas no residentes podrán prestar servicios de transportes en un Estado miembro;

c) medidas que permitan mejorar la seguridad en los transportes;

d) cualesquiera otras disposiciones oportunas.

2. Las disposiciones previstas en las letras a) y b) del apartado anterior se adoptarán durante el período transitorio.

3. No obstante el procedimiento previsto en el apartado 1, las disposiciones relativas a los principios del régimen de transportes cuya aplicación pueda afectar gravemente al nivel de vida y empleo en algunas regiones, así como a la explotación del material de transporte, serán adoptadas por el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, teniendo en cuenta la necesidad de una adaptación al desarrollo económico que resulte del establecimiento del mercado común.

Artículo 76

Hasta la adopción de las disposiciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 75, ningún Estado miembro podrá, sin el acuerdo unánime del Consejo, hacer que las diferentes disposiciones que regulen esta materia a la entrada en vigor del presente Tratado produzcan efectos que, directa o indirectamente, desfavorezcan a los transportistas de los demás Estados miembros con respecto a los transportistas nacionales.

Artículo 77

Serán compatibles con el presente Tratado las ayudas que respondan a las necesidades de coordinación de los transportes o que correspondan al reembolso de determinadas obligaciones inherentes a la noción de servicio público.

Artículo 78

Toda medida en materia de precios y condiciones de transporte, adoptada en el marco del presente Tratado, deberá tener en cuenta la situación económica de los transportistas.

Artículo 79

1. A más tardar, antes de finalizar la segunda etapa, deberán suprimirse, respecto del trafico dentro de la Comunidad, las discriminaciones que consistan en la aplicación por un transportista, para las mismas mercancías y las mismas relaciones de tráfico, de precios y condiciones de transporte diferentes en razón del país de origen o de destino de los productos transportados.

2. El apartado 1 no excluye que el Consejo pueda adoptar otras medidas en aplicación del apartado 1 del artículo 75.

3. El Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Comité Económico y Social, establecerá, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Tratado, una regulación que garantice la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1.

En particular, podrá adoptar las disposiciones necesarias para permitir a las instituciones de la Comunidad controlar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 y asegurar a los usuarios el pleno beneficio de tal disposición.

4. La Comisión, por propia iniciativa o a instancia de un Estado miembro, examinará los casos de discriminación a que se hace referencia en el apartado 1 y, previa consulta a cualquier Estado miembro interesado, tomará las decisiones que considere necesarias en el ámbito de la regulación establecida de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.

Artículo 80

1. A partir del comienzo de la segunda etapa quedará prohibida la imposición por un Estado miembro, al transporte dentro de la Comunidad, de precios y condiciones que impliquen en cualquier forma una ayuda o protección a una o más empresas o industrias determinadas, a menos que tal imposición haya sido autorizada por la Comisión.

2. La Comisión, por propia iniciativa o a instancia de un Estado miembro, examinará los precios y condiciones mencionados en el apartado 1, teniendo especialmente en cuenta, por una parte, las exigencias de una política económica regional adecuada, las necesidades de las regiones subdesarrolladas y los problemas de las regiones gravemente afectadas por circunstancias políticas y, por otra, la incidencia de tales precios y condiciones en la competencia entre los distintos tipos de transporte.

La Comisión, previa consulta a todos los Estados miembros interesados, tomará las decisiones necesarias.

3. La prohibición a que se alude en el apartado 1 no afectará a las tarifas de competencia.

Artículo 81

Los derechos o cánones que, independientemente de los precios de transporte, exija un transportista por cruzar las fronteras no deberán sobrepasar un nivel razonable, teniendo en cuenta los gastos reales a que efectivamente dé lugar el paso por esas fronteras.

Los Estados miembros procurarán reducir progresivamente dichos gastos.

La Comisión podrá dirigir a los Estados miembros recomendaciones relativas a la aplicación del presente artículo.

Artículo 82

Las disposiciones del presente Título no obstarán a las medidas adoptadas en la República Federal de Alemania, siempre que fueren necesarias para compensar las desventajas económicas que la división de Alemania ocasiona a la economía de determinadas regiones de la República Federal, afectadas por esta división.

Artículo 83

Se crea un Comité Consultivo adjunto a la Comisión, compuesto por expertos designados por los Gobiernos de los Estados miembros. La Comisión consultará a este Comité en materia de transportes, siempre que lo estime conveniente, sin perjuicio de las atribuciones de la Sección de Transportes del Comité Económico y Social.

Artículo 84

1. Las disposiciones del presente Título se aplicarán a los transportes por ferrocarril, carretera o vías navegables.

2. El Consejo, por mayoría cualificada, podrá decidir si, en qué medida y de acuerdo con qué procedimiento podrán adoptarse disposiciones apropiadas para la navegación marítima y aérea.

Se aplicarán las normas de procedimiento de los apartados 1 y 3 del artículo 75.

TÍTULO V

NORMAS COMUNES SOBRE COMPETENCIA, FISCALIDAD Y APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES (27*)

Capítulo 1

Normas sobre la competencia

Sección primera

Disposiciones aplicables a las empresas

Artículo 85

1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en:

a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;

b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;

c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;

d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;

e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.

3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:

- cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas;

- cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas;

- cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,

que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:

a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;

b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.

Artículo 86

Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo.

Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en:

a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas;

b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;

c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;

d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

Artículo 87

1. En el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Tratado, el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará, por unanimidad, los reglamentos o directivas apropiados para la aplicación de los principios enunciados en los artículos 85 y 86.

Si tales disposiciones no hubieren sido establecidas en el plazo indicado anteriormente, serán adoptadas por el Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo.

2. Las disposiciones a que se refiere el apartado 1 tendrán especialmente por objeto:

a) garantizar la observancia de las prohibiciones mencionadas en los artículos 85, apartado 1, y 86, mediante el establecimiento de multas y multas coercitivas;

b) determinar las modalidades de aplicación del apartado 3 del artículo 85, teniendo en cuenta la necesidad, por una parte, de asegurar una vigilancia eficaz y, por otra, de simplificar en lo posible el control administrativo;

c) precisar, eventualmente, respecto de los distintos sectores económicos, el ámbito de aplicación de los artículos 85 y 86;

d) definir las respectivas funciones de la Comisión y del Tribunal de Justicia en la aplicación de las disposiciones establecidas en el presente apartado;

e) definir las relaciones entre las legislaciones nacionales, por una parte, y las disposiciones de la presente Sección y las adoptadas en aplicación del presente artículo, por otra.

Artículo 88

Hasta la entrada en vigor de las disposiciones adoptadas en aplicación del artículo 87, las autoridades de los Estados miembros decidirán sobre la admisibilidad de los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas y sobre la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado común, de conformidad con su propio Derecho y las disposiciones del artículo 85, en particular las de su apartado 3, y las del artículo 86.

Artículo 89

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88, la Comisión, desde su entrada en funciones, velará por la aplicación de los principios enunciados en los artículos 85 y 86. A instancia de un Estado miembro o de oficio, y en colaboración con las autoridades competentes de los Estados miembros, que le prestarán su asistencia, la Comisión investigará los casos de supuesta infracción de los principios antes mencionados. Si comprobare la existencia de una infracción, propondrá las medidas adecuadas para poner término a ella.

2. En caso de que no se ponga fin a tales infracciones, la Comisión hará constar su existencia mediante una decisión motivada. Podrá publicar dicha decisión y autorizar a los Estados miembros para que adopten las medidas necesarias, en las condiciones y modalidades que ella determine, para remediar esta situación.

Artículo 90

1. Los Estados miembros no adoptarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas del presente Tratado, especialmente las previstas en los artículos 7 y 85 a 94, ambos inclusive.

2. Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas del presente Tratado, en especial, a las normas sobre la competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma