Anexo II- Chatarra

Las disposiciones del presente Tratado serán aplicables a la chatarra, habida cuenta de las modalidades prácticas siguientes que resultan necesarias dadas las condiciones particulares de la recogida y comercio de aquélla:

a) las fijaciones de precios por parte de la Alta Autoridad, en las condiciones establecidas en el Capítulo V del Título III, se aplicarán a las compras efectuadas por las empresas de la Comunidad; los Estados miembros colaborarán con la Alta Autoridad, a fin de velar por que los vendedores respeten las decisiones tomadas;

b) quedarán excluidas de la aplicación del artículo 59:

- la chatarra de fundición que por su naturaleza sólo pueda emplearse en las industrias de fundición no sometidas a la jurisdicción de la Comunidad;

- la chatarra residual utilizada directamente por las propias empresas; sin embargo, se tendrán en cuenta los recursos que procedan de este tipo de chatarra al establecer las bases de reparto de la chatarra de recuperación;

c) para la aplicación de las disposiciones del artículo 59 a la chatarra de recuperación, la Alta Autoridad reunirá, en cooperación con los Gobiernos de los Estados miembros, las informaciones necesarias tanto sobre los recursos como sobre las necesidades, incluidas las exportaciones a los terceros países.

Basándose en las informaciones así reunidas, la Alta Autoridad, ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 59 y habida cuenta tanto de las posibilidades más económicas de utilización de los recursos como del conjunto de condiciones de explotación y de abastecimientos propias de los distintos sectores de la industria siderúrgica sometida a su jurisdicción, repartirá los recursos entre los Estados miembros.

Con objeto de evitar que las entregas previstas, con arreglo a este reparto, de un Estado miembro a otro, o que el ejercicio de los derechos de compra reconocidos a las empresas de un Estado miembro en el mercado de otro Estado miembro impliquen discriminaciones perjudiciales para las empresas de uno u otro de dichos Estados miembros, se adoptarán las medidas siguientes:

1. Cada Estado miembro autorizará la salida de su territorio de las cantidades que deban entregarse a los otros Estados miembros de acuerdo con el reparto efectuado por la Alta Autoridad; en cambio, se autorizará a cada Estado miembro para que aplique los controles necesarios a fin de asegurarse de que las salidas no son superiores a las cantidades así previstas. La Alta Autoridad estará facultada para velar por que las disposiciones adoptadas no tengan un carácter más restrictivo del que requiere su objeto.

2. El reparto entre los Estados miembros será revisado a intervalos de tiempo tan frecuentes como sea necesario para mantener una relación equitativa, tanto para los compradores locales como para los compradores procedentes de otros Estados miembros, entre los recursos verificados en cada Estado miembro y las entregas que le corresponda efectuar a otros Estados miembros.

3. La Alta Autoridad velará por que las disposiciones reglamentarias adoptadas por cada Estado miembro respecto de los vendedores sometidos a su jurisdicción no tengan por efecto la aplicación de condiciones desiguales a transacciones comparables, basándose, en particular, en la nacionalidad de los compradores.